Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208
Timestamp: 2018-04-19 23:04:31
Document Index: 27110031

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'artículo 83', 'Artículo 34', 'artículo 12', 'artículo 14', 'Artículo 38', 'artículo 24', 'artículo 58', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 636', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 189', 'artículo 326', 'artículo 74', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 65', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 61', 'artículo 45', 'Artículo 65', 'artículo 20', 'Artículo 71', 'Artículo 80', 'artículo 13', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'artículo 24', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'artículo 61', 'Artículo 97', 'artículo 11', 'artículo 41', 'Artículo 98', 'Artículo 101', 'artículo 326', 'artículo 6', 'Artículo 109', 'Artículo 111', 'artículo 36', 'artículo 83', 'Artículo 281', 'Artículo 282', 'Artículo 115', 'artículo 91', 'Artículo 64', 'artículo 28', 'Artículo 117', 'artículo 2', 'Artículo 118', 'artículo 281', 'artículo 25', 'Artículo 127', 'artículo 58', 'artículo 3', 'Artículo 128', 'artículo 56', 'Artículo 129', 'artículo 105', 'Artículo 130', 'artículo 156', 'Artículo 131', 'artículo 158', 'artículo 2', 'Artículo 132', 'Artículo 136', 'artículo 52', 'artículo 6', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'artículo 115', 'Artículo 150', 'Artículo 151']

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Artículo 5º.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2751 de 2002 Pago de obligaciones de entidades de previsión social. Las entidades de previsión social consignarán en cuentas corrientes o de ahorros o enviarán por correo certificado el importe de las prestaciones sociales a su cargo, a los pensionados o acreedores que así lo soliciten.
Artículo 8º.- Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Prohíbese la exigencia de comparencia personal, para hacer pagos ante las entidades de la Administración Pública.
Parágrafo.- Para estos efectos previstos en este artículo el Ministerio de Relaciones Exteriores incluirá en los pasaportes de los menores, los nombres y los documentos de identidad de los padres.
Artículo 10º.- Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 019 de 2012, Modificado por el art. 25, Ley 962 de 2005. Prohibición de declaraciones extrajuicio. En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimeinto de un derecho particular y concreto. Para estos efectos bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio.
Artículo 12º.- Firma mecánica. Los jefes de las entidades que integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún medio mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico. Ver la Resolución de la Secretaria de Transito y Transporte 3142 de 2001
Artículo 14º.- Modificado por el art. 11, Ley 962 de 2005. Prueba de requisitos previamente acreditados. No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste se debió acreditar por mandato legal o reglamentario, en un trámite o actuación anterior que ya se surtió. En tal caso, el servidor público tendrá por cumplido, para todos los efectos legales, el requisito que debió servir de fundamento a una actuación concluida.
Artículo 16º.- Modificado por el art. 14, Ley 962 de 2005. Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información.
Parágrafo.- Las entidades de la Administración Pública a las que se les solicite información, darán prioridad a la atención de dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor de diez (10) días y deberán establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir la información.
Artículo 18º.- Modificado por el art. 23, Ley 962 de 2005. Prohibición de retener documentos de identidad. Ninguna autoridad de la Administración Pública podrá retener la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, o la licencia de conducción de los administrados. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del citado documento. Queda prohibido retenerlos, para ingresar a cualquier dependencia pública o privada Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-521 de 1999
Artículo 19º.- Modificado por el art. 19, Ley 962 de 2005. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, no se requerirá la presentación de cuentas de cobro por parte del prestatario del servicio. La orden de trabajo, el contrato o el documento en el cual conste la obligación, acompañado si es del caso, de la manifestación del recibo o cumplimiento a satisfacción suscrita por el funcionario competente de la entidad contratante, serán requisitos suficientes para el pago de la obligación contraída.
Si la información tan variada como la que se consigna en una nómina (nombres y apellidos, factores, porcentajes de prima técnica que varían de un caso a otro, cargos, niveles, grados, etc.), se elabora en formatos uniformes sin una nómina individual para cada empleado, ¿por qué razón no se hace lo mismo en otras situaciones, aún por varias entidades que requieren información de igual o similar naturaleza-. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 24º.- Formularlos oficiales. Los particulares podrán presentar la información solicitada por la Administración Pública en formularios oficiales, mediante cualquier documento que respete integralmente la estructura de los formatos definidos por la autoridad o mediante fotocopia del original. Ver el Decreto Nacional 2232 de 1995
El artículo en comento va más allá. Los particulares pueden presentar la información que se les requiere, mediante cualquier documento. La única exigencia que se hace es que se respete de manera integral la estructura del formato, es decir, que no se suprima información, o que se consigne más de la solicitada. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 25º.- Modificado por el art. 10, Ley 962 de 2005. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado. En ningún caso se podrán inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recepcionado por correo certificado a través de la Administración Postal Nacional, salvo que los códigos exijan su presentación personal.
Parágrafo.- Para efectos del presente artículo, sé entenderá válido el envío por correo certificado, siempre y cuando la dirección del despacho público, esté correcta y claramente diligenciada.
Al interesado en obtener un documento o información no se le podrá exigir que concurra personalmente a reclamarla. Si se solicita que el envío se haga por correo, la entidad oficial esta en la obligación de hacerlo. (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 26º.- Utilización del sistema electrónicos de archivo y transmisión de datos. Las entidades de la Administración Pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración.
Los sistemas de transmisión electrónica de datos se impone cada día mas y su frecuente utilización empieza a masificarse.
Esta norma en el fondo no hace nada distinto a obligar a las entidades de la Administración Pública que se modernicen. Es necesario acabar con el estado de hipoconexión existentes entre instituciones pública, o entre estas y la empresa privada, o entre todas y el ciudadano común, para dar paso a una hiperconesión que facilite la retroalimentación constante de datos, de solicitudes y peticiones. Es necesario que la Administración Pública se adecue a las necesidades del siglo XXI.
Ninguna entidad podrá limitar el uso de tecnología para el archivo documental por parte de los particulares, a menos que se trate de estándares tecnológicos ya adoptados. Aunque, a decir verdad, todos sabemos que el más avanzado diseño tecnológico puede, en muy poco tiempo tornarse en algo absoleto. (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 27º.- Avalúo de bienes inmuebles. Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la Lonja de Propiedad Raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos. Ver el Decreto Nacional 1420 de 1998
Parágrafo.- Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles. Ver el Decreto Nacional 1420 de 1998
Este artículo fue demandado por inconstitucional, pero la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C 509/96 de octubre 8 de 1996 resolvió inhibirse en relación con la constitucionalidad del artículo 28 del Decreto Nacional 2150 de 1995, por ineptitud sustantiva de la demanda. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 29º.- Expedición de actos y comunicaciones de las entidades públicas. Todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese la Administración Pública por escrito, deberán adelantarse en original y un máximo de dos copias. Una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta al archivo central de la entidad. Ver el Concepto del Archivo General de la Nación 500636 de 2005
Nota: Se buscó que las entidades públicas saquen las copias estrictamente necesarias de los actos administrativos, y así como deben conservar una en su archivo central, deberán entregar otra copia a la parte interesada o afectada con el mismo, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 31 .- Supresión de la firma de los secretarios generales. Ningún acto administrativo cuya competencia esté atribuida a ministro, director, superintendente, presidente, gerente, subdirectores de áreas técnicas y en general a algún funcionario del nivel directivo o ejecutivo, requerirá, para su expedición la firma del Secretario General de la entidad.
En consecuencia, no se requerirá, para la expedición de actos administrativos, de la firma de los secretarios generales de las entidades cuando la competencia esté atribuida a ministros, directores, superintendentes, presidentes, gerentes, subdirectores de áreas técnicas o cuando se trate, como claramente se lee en la norma en comento, de funcionarios de nivel directivo o ejecutivo, de donde se deduce que todos los funcionarios con nivel directivo o ejecutivo, cuya naturaleza está determinada en la estructura misma de las organizaciones y en sus propias plantas de personal, podrán legalmente expedir actos administrativos de su competencia sin que para tal menester requerirán de la firma del Secretario General de la Entidad (Tomado de la publicación: "Un año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Nota: Con las oficinas o ventanillas únicas se pretende que las entidades estatales en ese sólo sitio se le facilite a los particulares la recepción de documentos, los cuales deben ser debidamente radicados en la dependencia de correspondencia, las solicitudes y atención de sus requerimientos con el fin de agotar toda la actuación administrativa, y no poner al peticionario dar vueltas de un sitio a otro dentro de la misma entidad o lo que es peor, fuera de ella. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Repetimos: de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, que permitió la expedición del Decreto Nacional 2150/95, el Presidente de la República no podía modificar códigos, ni leyes estatutarias ni orgánicas. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 34 Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 019 de 2012, Modificado por el art. 12, Ley 962 de 2005. Prohibición de exigencia de pagos anteriores. En relación con los pagos que deben efectuarse frente a la Administración Pública, prohíbese la exigencia del comprobante de pagos hechos con anterioridad, como condición para aceptar un nuevo pago.
Pero no siempre sucedía esto. Era posible que el ciudadano estaba efectivamente a paz y salvo con la entidad pero en el momento de llegar a la ventanilla no portar los comprobantes de pagos anteriores. Como la entidad no le aceptaba ese pago el ciudadano incurría en mora con los consiguientes perjuicios que se le ocasionaban. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República".
Hay entidades que han adoptado mecanismos que facilitan a los ciudadanos el pago de sus obligaciones, los cuales pueden realizar, incluso, en almacenes y supermercados, de día, noche, festivos, sábados y domingos. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Esta norma facilita la toma de decisiones. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Nota: Esta disposición subrogó el artículo 12 de la Ley 80, así como el Decreto 1985 de 1995 y el artículo 14 del Decreto 679 de 1994. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 38º.- Corregido por el Decreto Nacional 62 de 1996. "Menor cuantía para la contratación. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales".
Nota: Esta disposición, modificó el literal a) numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80, Estatuto General de Contratación Pública, la cual fue corregida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 62 de 1996 el cual expresa:
MEN0R CUANTÍA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA
MENOR CUANTÍA EN SALARIOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DIIRECTA
*Salario mínimo legal mensual vigente 1997 $172.005. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
No es el único caso en que hay tanta drasticidad. De acuerdo con el ordinal 2°, artículo 58, del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), la única sanción prevista para los casos de declaratoria de responsabilidad disciplinaria es la destitución. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye. Ver los conceptos de la Secretaría General 1685 de 1997 , 1745 de 1998 , 1760 de 1998 , 1775 de 1998 , 1780 de 1998
Parágrafo.- Con sujeción a las normas previstas en este capitulo, el Gobierno Nacional reglamentaría la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio. Ver los conceptos de la Secretaría General 1700 de 1998 , 1750 de 1998 y 1765 de 1998
Artículo 41 .- Licencia o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la Ley exija obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley para ejercer los actos propios de su actividad principal. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998
Artículo 42º.- Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de administradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, derechos y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales. Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 , Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998
Artículo 44º.- Prohibición de requisitos adicionales. Ninguna autoridad podrá exigir requisito adicional para la creación o el
reconocimiento de personas jurídicas a las que se refiere este Capítulo. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998
Artículo 45º.- Excepciones. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1396 de 1997. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos; Cámaras de Comercio; y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la Ley expresamente regule en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas especiales. Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996 , Ver los Conceptos de la Secretaría General 1645 de 1997 , 1655 de 1997 , 1665 de 1997 , 1670 de 1997 , 1690 de 1998 , 1745 de 1998 , 1780 de 1998
En primer lugar tenemos que el artículo 18 del Decreto Nacional 576 de 1974 otorgaba competencia al Ministerio de Justicia para reconocer y cancelar la personería jurídica a las asociaciones, corporaciones y fundaciones cuando esas funciones no hayan sido
atribuídas a otros organismos.
El ordinal a) del artículo 13 del Decreto Nacional 576 de 1974, orgánico del Ministerio de Justicia, le da competencia a su Oficina Jurídica para reconocer y cancelar personería jurídica a las asociaciones, corporaciones y fundaciones. El artículo 636 del Código Civil le atribuye al órgano ejecutivo la aprobación de los reglamentos o estatutos de las corporaciones, obviamente si satisfacen los requisitos legales. Finalmente, el artículo 3° del Decreto Nacional 1326 de 1922 establecía que las reformas o alteraciones estatutarias de las personas jurídicas reconocidas deberán ser aprobadas por el mismo órgano.
Después, se expidió la Ley 22 de 1987, asignándole la función al Gobernador del Departamento de Cundinamarca y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, reconocer y cancelar personería jurídica a las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común que tengan su domicilio en el Departamento de Cundinamarca, y en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, respectivamente, competencia que tenía el Ministerio de Justicia. Así mismo, esta Ley en su artículo 2° delega a estas autoridades la función de inspección y vigilancia que ejerce sobre las entidades de utilidad común el Presidente de la República (numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Nacional).
El artículo 326 del Decreto 663 de 1993 facultaba a la Superintendencia Bancaria para expedir certificaciones sobre existencia y representación legal, de conformidad con el numeral 2° del artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Los Decretos 1930 de 1979, 2726 de 1980 y 300 de 1987, señalaban que correspondía al Ministerio de Gobierno, hoy del Interior, del reconocimiento de personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal.
En lo relacionado con las entidades sin ánimo de lucro existentes antes del 6 de marzo de 1996, en cuanto a cual es la entidad competente para aprobar las reformas de los estatutos, el registro del representante legal etc., es de anotar que éstas pasarán a las Cámaras de Comercio el 2 de enero de 1997 (artículo 7o. del Decreto 427 de 1996). En consecuencia, debe entenderse que sólo a partir de tal fecha obrará la inscripción de todos los actos, libros o documentos respecto de los cuales la Ley exija tal formalidad ante las Cámaras de Comercio.
Según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° del Decreto 427 de 1996 las autoridades de inspección, vigilancia y control conservan los archivos y con ellos podrán, no sólo ejercer la inspección y vigilancia, sino también expedir certificaciones históricas respecto a eventos que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 1997.
El Decreto 427 de 1996 es normativo de obligatorio cumplimiento. Señala el inciso 2° de su artículo 8° que las inscripciones de dignatarios y demás actos sujetos a registro de las juntas de acción comunal, con personería jurídica reconocida por acto administrativo anterior al 6 de marzo de 1996, deberá efectuarse ante las entidades que realizaban tales funciones al 5 de marzo de 1996 y hasta el 2 de enero de 1997. Serán estas mismas entidades las que deberán certificar sobre las inscripciones ocurridas hasta el 2 de enero de 1997.
El artículo 7° del Decreto reglamentario 427 de 1996 dispuso que la inscripción de las cooperativas reconocidas deberá efectuarse en las Cámaras de Comercio a partir del 2 de enero de 1997. En consecuencia, tratándose de las cooperativas existentes antes del 6 de marzo y después de esa misma fecha, las reformas estatutarias que tengan lugar, deberán cumplir ante el Dancoop simplemente el trámite de información a que se refiere el Decreto Nacional 2150 y sólo para efectos de la función de inspección y vigilancia.
Se deben reconocer los méritos del Decreto , pues si bien los trámites del registro tienen un costo, estos se realizan mucho más rápido en las Cámaras de Comercio que por el sistema que existía antes del Decreto Nacional 2150, lo que agiliza las actividades de las juntas de acción comunal con innegables beneficios. Adicionalmente, por lo dispuesto en el artículo 40 las nuevas juntas de acción comunal surgen a la vida jurídica al momento de inscribirse en las Cámaras de Comercio.
También están exceptuadas las entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte de los niveles Nacional, departamental y municipal regulados por la Ley 181 y el Decreto 1228 de 1995 (numeral 8 artículo 3° Decreto 427 de 1996).
Expedir futuras "...certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u otros eventos que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 1997" (artículo 8° Decreto 427 de 1996).
Fuente: Minjusticia
Las personas jurídicas de la propiedad horizontal están dentro de las excepciones del artículo 45 de este Decreto , porque su creación y funcionamiento están regulados por la ley. En consecuencia, no requieren inscripción en las Cámaras de Comercio y su normatividad no fue modificada por el Decreto Nacional 2150.
Es cierto que el Titulo XXXVI del Libro Primero del Código Civil contiene una regulación general, que en su momento comprendía toda la normatividad alusiva al régimen de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Sin embargo, el desarrollo posterior de la legislación, merced a la expedición sucesiva de numerosas normas no incluidas en la preceptiva del Código en referencia (por ejemplo, la Ley 22 de 1987 y los Decretos 3130 de 1968, 054 de 1974, 1318 del 1988 y 2344 del mismo año, y las disposiciones sobre instituciones de utilidad común y juntas de acción comunal, entre otras), modificó substancialmente esos mandatos iniciales, derogó alguno de ellos, dio lugar a la existencia de nuevas modalidades de personas jurídicas, excediendo el primitivo criterio que las limitaba a corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, y plasmó requisitos específicos para la constitución, objeto, estatutos, reforma y disolución de los diversos tipos de entidades, reconocimiento de personería jurídica, control y vigilancia, por lo cual las reformas sobre tales aspectos no implican por ser, como lo entiende la actora, la reforma del mencionado Título del Código Civil".
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante radicación No. 897, del 24 de octubre de 1996, referente al ámbito de competencia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas frente al Decreto Nacional 2150 de 1995 y la Ley 222 de 1995, estableció:
Las entidades sometidas a la acción (inspección y vigilancia) del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas para su liquidación, observarán las normas especiales que las regula, siendo este mismo Departamento Administrativo el organismo gubernamental competente para conocer de los procesos a que dicho acto da lugar. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 46º.- Supresión de las licencias de funcionamiento. Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 de 2008. Sin perjuicio del régimen establecido para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ningún establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y salubridad pública. Ver el Concepto de la Secretaría de Salud 1495 de 1997 , Ver el Concepto del Consejo de Justicia 1325 de 1997 , Ver el Concepto del Consejo de Justicia 0835 de 1997 y. 0850 de 1997, Ver el Concepto de la Sec. General 062 de 2005
La intención del Decreto Nacional 2150 en el tema específico de las licencias de funcionamiento consiste en que los interesados son responsables del cumplimiento de tales requisitos y son también responsables de obtener la información respectiva en forma adecuada y suficiente para ejercer la actividad correspondiente, convirtiéndose en autocontroladores, sin perjuicio del control y vigilancia que las autoridades de policía y demás autoridades especiales y específicas según la actividad, deban ejercer los establecimientos señalados en el artículo 46 de esta norma.
No sobra advertir que al eliminarse algunos trámites o procedimientos en la administración pública, era para facilitarle al ciudadano un acceso más efectivo con el Estado y en ningún momento podemos concebir que éstos sean reemplazados por otros, toda vez que se desdibujaría el postulado de la buena fe.(Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Ver los Conceptos del Consejo de Justicia 1325 de 1997 , 0850 de 1997 , 0835 de 1997 , 1320 de 1997 , 0840 de 1998 y 0845 de 1998
Parágrafo.- Dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura de un establecimiento, su propietario o administrador deberá comunicar tal hecho a la Oficina de Planeación del Distrito o Municipio correspondiente.
Tales funciones serán ejercidas por las autoridades, sin perjuicio de la interposición que 1os particulares hagan de las acciones populares, policivas, posesorias especiales previstas en el Código Civil y de la acción de tutela cuando quiera que se vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales. Ver los Conceptos del Consejo de Justicia 870 , 1325 y 1320 de 1997, y 845 de 1998
El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995, estableció que en cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del comercio señalados en el artículo 2o. de la misma ley. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de urbanización, parcelación para construcción de inmuebles y de terrenos en las áreas urbanas y rurales, se deberá obtener licencia de urbanismo o de construcción las
cuales se expedirán con sujeción al plan de ordenamiento físico que para el adecuado uso del suelo y del espacio público, adopten los concejos distritales o municipales.
Mientras se organizan los curadores urbanos el departamento de Planeación Distrital es la entidad encargada de tramitar la expedición de licencias de urbanismo y construcción, con base en la normatividad existente en la materia no derogada por el Decreto Nacional 2150. Por tanto, los Decretos 327/92 y 736/93 relativos a inmuebles de conservación continúan vigentes.
Las licencias de urbanismo y construcción y las de funcionamiento, reguladas por los artículos 46 a 61 del Decreto Nacional 2150, seguirán sometidas al procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989 en cuanto a comunicación, notificación y publicación. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 50º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Definición de Curador Urbano. El Curador Urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir las Licencias de Urbanismo o de Construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que la administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción.
Artículo 51 .- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Designación de los curadores urbanos. El alcalde municipal o distrital designará los curadores urbanos previo concurso de méritos teniendo en cuenta a quienes figuren en los tres primeros lugares de la lista de elegibles
Parágrafo.- Los curadores se designarán por los alcaldes municipales o distritales a razón de uno (1) por cada doscientos mil habitantes, cuando menos. Los municipios con población entre cien mil y doscientos mil habitantes tendrán dos (2) curadores.
Artículo 52º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Derechos y honorarios. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a cargo de los particulares que realicen trámites ante las Curadurías Urbanas al igual que lo relativo con la remuneración de quienes ejercen esta función, teniendo en cuenta, entre otros, la cuantía y naturaleza de las obras que requieren licencia y las actuaciones que sean necesarias para expedirla.
Artículo 53º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Período, inhabilidades e incompatibilidades. Los curadores urbanos serán designados para períodos individuales de cinco (5) años y podrán ser reelegidos. Igualmente, estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de previstos para los notarios públicos.
Artículo 54º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico ejercer la inspección, vigilancia y control de los curadores urbanos.
Artículo 56º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Vigencia de la licencia. Las licencias tendrán una duración de veinticuatro (24) meses prorrogables a treinta y seis (36), contados a partir de su entrega. Las licencias señalarán plazos para iniciar y ejecutar la obra autorizada.
Parágrafo.- En los eventos en los cuales la obra no alcance a ser concluida por causa no imputable al constructor, los términos previstos en el inciso anterior podrán prorrogarse, siempre y cuando se demuestre previamente dicha circunstancia.
Artículo 57º.- Derogado por el art. 138, Ley 388 de 1997. Documentos para solicitar la licencia. Toda solicitud de licencia debe ir acompañada únicamente de los siguientes documentos:
Parágrafo.- En los municipios con población superior a 100.000 habitantes, la copia heliográfica del proyecto arquitectónico deberá presentarse suscrita por arquitecto. Así mismo, el juego de la memoria de los cálculos estructurales, de los estudios de suelos y planos estructurales que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, deberá ir firmado por el ingeniero civil.
Nota: Los artículos 56, 57 y 58 relacionados con las licencias de urbanismo y construcción entraron en vigencia desde el momento de la publicación del Decreto sobre supresión de trámites, es decir, el 6 de diciembre de 1995. Luego lo establecido en los artículos 56 a 58 del Decreto Nacional 2150 debe ser acatado por las entidades que hoy expidan las licencias y, posteriormente, también por los curadores urbanos en los municipios y distritos con población superior a 100.000 habitantes. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 61 .- Control. Corresponde a los alcaldes distritales o municipales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control, durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo o de construcción y de las demás normas y
especificaciones técnicas contenidas en el plan de ordenamiento físico, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto en orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses de la sociedad en general y los intereses colectivos. Ver el art. 83, Decreto Nacional 1052 de 1998
De conformidad con el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, fijar el término de treinta (30) días, contados a partir de la comunicación de la presente decisión, para que el Congreso de la República subsane el vicio observado, hecho lo cual se enviará inmediatamente el proyecto a la Corte, para que ésta proceda a decidir sobre la exequibilidad del mismo. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 65º.- Supresión del registro de diplomas. Suprímase el registro de cualquier otro diploma otorgado por una institución de educación legalmente reconocida en Colombia. Ver el Decreto Nacional 180 de 1981
Con base en el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, se promulgó el Decreto Nacional 2132 de 1992, con el cual se constituyó el Sistema Nacional de Cofinanciación. El objetivo de la creación del sistema fue concentrar el trámite de todas las fuentes de cofinanciación de los recursos apropiados en el presupuesto Nacional en pocas entidades. El Sistema está conformado por los Fondos de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS), resultado de la fusión del Fondo Nacional Hospitalario y del Fondo del Ministerio de Educación Nacional; el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI); y el Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y Urbana, el cual asumió funciones del Fondo de Acueducto y Alcantarillado, que ejecutaba el Programa de Ajuste Sectorial (PAS) del Fondo Vial y del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Posteriormente, la Ley 105 de 1993 dividió
el Fondo de Infraestructura Vial y Urbana (FIU) en los Fondos de Cofinanciación de Vías y de Infraestructura urbana, administrados por Findeter. Los procesos de reestructuración del Sistema han sido bastante complejos, especialmente por la recomposición de las plantas de personal, la reacomodación institucional y los dispendiosos procesos de Liquidación de los Fondos que desaparecieron. (Documento CONPES 2791 - Comité Nacional de Cofinanciación - DNP UDT Ajustes al Sistema Nacional de Cofinanciación, Santa Fe de Bogotá, D.C., junio 21 de 1995).
Los cambios efectuados por el Decreto Nacional 2150 de 1995 al Decreto 2132 de 1992, fueron los siguientes: (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República ).
Nota: Lo relevante de esta disposición es que elimina el comité interfondos, cuyas funciones serán ejercidas por el Comité Nacional de Cofinanciación. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 71 .- Fondos departamentales y distritales. Los Fondos de Cofinanciación, a nivel Nacional, podrán contratar la ejecución global o parcial de los recursos con las entidades que administren los Fondos Departamentales o Distritales de Cofinanciación, creados por las entidades territoriales como cuentas especiales dentro de su presupuesto. Los proyectos serán aquellos que sean aprobados por los Comités Departamentales de Cofinanciación y su ejecución corresponderá, en todo caso, a la entidad territorial que determine el Fondo de Cofinanciación Nacional correspondiente.
De allí la necesidad de revalidar el pasaporte vencido. A partir de su renovación empieza a correr el término de 10 años. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Debe ser mirada en concordancia con el artículo III del Decreto Nacional 2150, que estableció taxativamente los casos en que las entidades públicas o privadas pueden exigir la presentación de este documento. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
"2. Acreditar ausencia de antecedentes penales provenientes de autoridades competentes, en el país de origen o en aquellos de donde hubiere estado domiciliado durante los últimos cinco (5) años antes de su ingreso a Colombia. Se exceptúan de este requisito a quienes hayan ingresado al país siendo menores de edad y quienes a la fecha de la presentación de la solicitud tengan diez (10) años o mas de domicilio continuo en Colombia.
Parágrafo 1 .- El peticionario que no pueda acreditar algunos de los requisitos señalados en este artículo, deberá acompañar a la solicitud de Nacionalización una carta dirigida a la Comisión para asuntos de nacionalidad explicando los motivos que le impiden hacerlo para que considere las pruebas supletorias del caso y lo exoneren en el evento de no poder aportarlas.
Artículo 80º.- Juramento y promesa de cumplir la Constitución y la Ley. Adiciónase el artículo 13 de la Ley 43 de 1993, con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo.- En caso de conveniencia Nacional, el juramento podrá ser tomado por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores".
Parágrafo.- Si el Nacionalizado está interesado en renunciar a
su Nacionalidad de origen o de adopción, el Gobernador o el Alcalde, así como el Presidente o el Ministro de Relaciones Exteriores dejará constancia de este hecho en el acto de juramento".
Parágrafo.- Modificado por el art. 36, Ley 962 de 2005. En ningún caso se solicitará y/o expedirá el Certificado sobre Carencia de Informes sobre Narcotráfico a entidades, organismos o dependencias de carácter público o a quienes lo soliciten sin fin específico
Parágrafo 1 .- No obstante, el certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella
procede únicamente el recurso de reposición
Artículo 85º.- Supresión de visto bueno de la Dirección de Estupefacientes en licencias de Importación. Elimínase el visto bueno previo de la Dirección Nacional de Estupefacientes para la aprobación de las licencias de importación de sustancias químicas controladas. El lncomex expedirá tales licencias, de conformidad con el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, dentro de los límites aprobados, y reportará mensualmente las licencias de importación aprobadas.
Artículo 86º.- Eliminación de la Inscripción en el Ministerio de Salud. Elimínase la inscripción ante el Ministerio de Salud para las personas naturales o jurídicas que compren, importen, distribuyan, consuman, produzcan y almacenen sustancias químicas controladas, sin perjuicio de las visitas de control que dicha entidad pueda realizar cuando sea necesario, así como la obligación de sellar y foliar el libro de control de las sustancias químicas.
Artículo 90º.- Inscripción de abogados. Suprímase el trámite de inscripción de los abogados en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial previsto en el Decreto 1996 de 1971.
La licencia temporal seguirá expidiéndose por el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial debido a que no se derogaron las normas que la regulan. Aunque es pertinente anotar que por ser más rápida la expedición de la tarjeta profesional que la de la licencia provisional, en la práctica ésta dejará de ser solicitada. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 91 .- Prohibición de aprobar tarifas de honorarios de abogados para el ejercicio profesional. Suprímase la facultad del Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas de honorarios para el ejercicio profesional de abogado.
Nota: Las tarifas de honorarios para el ejercicio de la abogacía, que aprobaba el Ministerio de Justicia, no tuvieron nunca un efecto práctico. Pocos, aparte de los colegios de abogados, las conocían. Hoy se rigen por las tarifas que apruebe el respectivo colegio de abogados. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 92º.- Competencia. En adelante corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, ejercer la función de expedir el certificado que acredite el cumplimiento de la judicatura para optar al título de abogado. Suprímense las demás funciones previstas en el artículo 24 del Decreto 3200 de 1979.
Artículo 95º.- Publicaciones en el Diario Oficial. A partir de la vigencia del presente Decreto , sólo se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos:
e) La parte resolutiva de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata, a terceros que no hayan
intervenido en una actuación administrativa, a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones;
Parágrafo.- Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación.
Artículo 96º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, los convenios o contratos interadministrativos no requerirán la publicación en el Diario Único de Contratación. Ver el Concepto de la Secretaría General 1925 de 1999 , Ver Concepto del Consejo de Estado 1024 de 1997, Ver el Concepto de la Sec. General 29 de 2010
Artículo 97º.- Derogatorias. Derogase el artículo 11 de la Ley 51 de 1898, la Ley 139 de 1936, los artículos 2, 10,11, de la Ley 57 de 1985 y las demás normas que sean incompatibles con lo expuesto en el presente Decreto .
El parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 prevé que salvo lo previsto sobre operaciones de crédito público, perfeccionado el contrato se solicitará su publicación en el Diario Oficial o gaceta oficial correspondiente a la respectiva entidad oficial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.
Crear como anexo de todo contrato celebrado por entidades públicas del orden Nacional el Extracto Único de Publicación, cuyo formato lo diseña la Imprenta Nacional de Colombia y se diligenciará de acuerdo con los lineamientos señalados por esa misma entidad. Como mínimo el Extracto Único de Publicación debe contener la información prevista en el artículo lo. de este Decreto .
Este artículo se reglamentó por los artículos 6o. y lo. del Decreto 1477 de 1995, de la siguiente manera:
Para el efecto, diligenciarán el Extracto Único de Publicación con la misma información consignada en el artículo lo. de este Decreto .
Las entidades del orden Nacional podrán sustituir la relación a que se refiere el presente artículo con la declaración de que la totalidad de los contratos celebrados el mes anterior han sido remitidos para publicación a la Imprenta Nacional de Colombia, de acuerdo con lo previsto en este Decreto .
una relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes, el objeto, el valor total y los costos unitarios, el plazo, los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado, el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación. Esta información deberá diligenciarse especialmente con lo establecido en los artículos lo. y 6o. del Decreto 1477 de 1995. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 98º.- Certificaciones del interés bancario. La Superitendencia Bancaria surtirá el trámite de certificación del interés bancario corriente, mediante su envío periódico a las Cámaras de Comercio, una vez hayan sido expedida. De igual manera, publicará tales certificaciones en un Diario de amplia circulación nacional..
Nota: Ninguna autoridad, incluídos por supuesto los integrantes de la Rama Jurisdiccional, podrá exigir la presentación de esta certificación para adelantar procesos o actuaciones ante sus despachos.
Adicionalmente, esta disposición en ningún momento atenta contra las normas procedimentales, toda vez que la prueba sigue siendo la misma. Lo que cambió fue la forma de acreditarla, con el único propósito de eliminar un trámite considerado innecesario, al tiempo que se pretendió imprimir mayor celeridad a la justicia en este caso específico. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Con sujeción a las instrucciones que con carácter general imparta esta Superintendencia, las entidades vigiladas deberán remitirle con la periodicidad que ésta señale un informe cuando
el valor de la operación de estas mejoras exceda el 50% del patrimonio técnico de las entidades, o cuando los activos fijos de éstas superen el 100% de su patrimonio técnico.
Artículo 101 .- Facultades en relación con las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida. La Superintendencia Bancaria continuará ejerciendo en relación con las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, además de las funciones asignadas específicamente en el numeral 7 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las funciones adscritas de manera general a la entidad para el ejercicio de sus funciones de Inspección y Vigilancia respecto de las instituciones financieras, siempre que no pugne con su especial naturaleza.
Artículo. 103º.- Visitas de la Superintendencia. Derogado por el art. 75, Ley 964 de 2005. Modificar las reglas 2a, 4a y 6a, del artículo 6 del Decreto 1169 de 1980, las cuales quedarán así:
Artículo 109º.- Derogatoria. (Derógase el Decreto 3141 de 1983; Decreto 297 de 1996. Aclara de que es el Decreto 3141 de 1983 y no 3141 de 1982, norma que se entiende incorporada al Decreto Extraordinario Nacional 2150 de 1995).
k) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción temporal de kioscos, instalación de carpas, ventas y, en general de construcciones no
permanentes en bienes de uso público.
Artículo 111 .- Libreta militar. El artículo 36 de la Ley 48 de 1993, quedará así: Derogado por el art. 81, Ley 1861 de 2017.
Fue demandado por inconstitucional, por considerar la actora que vulnera los artículos 40, numeral 7, 93, 95, 216 y 217 de la Constitución Política, pues las facultades extraordinarias son restringidas y que sólo se otorgan cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. No puede aducirse -sostiene- que en las actuales circunstancias, Convenga al país que el servicio militar no sea obligatorio y concluye diciendo que, se convirtió un acto obligatorio en uno voluntario. Además, se violan tratados Internacionales , según los cuales es con la libreta militar como se acredita ante esos Estados el cumplimiento del deber de prestar este servicio.
Que la Corte haya declarado la constitucionalidad de disposiciones legales precedentes en las cuales la exigencia de la tarjeta militar se extendía a numerosos actos y trámites, precisamente en razón de esas atribuciones del legislador, no significa en modo alguno que repugne a la Carta Política la supresión del requisito en uno o en varios de ellos, pues, por el contrario, como se dijo en el fallo del 1° de agosto del presente, tal política se ajusta mucho más al principio de la buena fe (artículo 83 C. P. ) y a la lucha del Estado contra la corrupción administrativa.
En nada se afecta la constitucionalidad del artículo objeto de proceso por el hecho de que el Estado colombiano haya celebrado tratados Internacionales mediante los cuales se haya comprometido a que los individuos de su Nacionalidad, al acreditar la satisfacción de sus obligaciones en materia militar conforme a las leyes de los Estados con los cuales ha pactado a ese respecto, lo hagan mediante la exhibición de la tarjeta militar. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Nota: Esta norma le permite además al ICA, realizar dichas actividades directamente, mediante la celebración de contratos o convenios o por delegación para el caso de las personas jurídicas oficiales. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
"Artículo 281 .- Conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, las licencias de construcción y de transporte público terrestre deberán suspenderse si no se acredita la afiliación de la respectiva empresa a organismos de seguridad social una vez inicien labores".
Nota: El propósito de la norma es contribuir con la afiliación de todos los colombianos al Sistema General de Seguridad Social. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
"Artículo 282º.- Las personas naturales que contraten con el Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta Ley, siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a tres meses". Ver el art. 4, ley 797 de 2003 , Ver Concepto 615 DE 1998, Ver Concepto Secretaría General 10 de 2002 , Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 739 de 2002, Ver el Concepto del Min. Protección 3825 de 2005
Artículo 115º.- Competencia de sanciones. El inciso primero del artículo 91 del Decreto Nacional 1295 de 1994, quedará así:
"Artículo 64º.- Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas, de que trata el artículo 28 del Decreto Nacional 1295 de 1994, serán consideradas como empresas de alto riesgo, y deberán inscribirse como tales en las direcciones regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de este Decreto . Igualmente aquellas que se constituyan hacia el futuro deberán inscribirse a más tardar en los dos meses siguientes a la iniciación de sus actividades".
Artículo 117º.- Derogado por el art. 11, Decreto Nacional 2090 de 2003. Pensiones especiales de vejez. El artículo 2 del Decreto Nacional 1281 de 1994, quedará así:
Artículo 118º.- Derogatorias. Deróganse el inciso segundo del artículo 281 de la Ley 100 de 1993 y el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 10 de 1991 y las normas que lo reglamentan.
Nota: Esta norma introduce otra excepción a la regla general de la contratación estatal que consiste en que siempre la escogencia del contratista se efectuará a través de licitación o concurso públicos, salvo las excepciones legales en que se podrá contratar directamente. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. Ver el Decreto Nacional 2223 de 1996
Parágrafo.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios.
Nota: Se obliga a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, a dar cabal cumplimiento a las peticiones, quejas y recursos presentadas por los usuarios o suscriptores, en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, para lo cual se establece el respectivo procedimiento. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Nota: Se establecen los derechos y las obligaciones que tienen los suscriptores o usuarios y las empresas prestadoras de los respectivos servicios. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 127º.- Legalización de explotaciones mineras. Prorrógase por un año (1) el término estipulado por el artículo 58 de la Ley 141 de 1994 para que la autoridad competente adelante el trámite de las solicitudes de legalización de explotaciones mineras de hecho.
Dentro del citado término las autoridades ambientales y mineras competentes estarán obligadas a agotar todos los trámites que sean del caso, en las actuaciones iniciadas para
legalizar explotaciones mineras de hecho. Para tal propósito, la viabilidad ambiental y plan de manejo ambiental de que trata el artículo 3 literales e) y f) del Decreto 2636 de 1994 tendrán la fuerza y efectos de una licencia ambiental. Como parte de la asistencia técnica a que tiene derecho interesado en el trámite, la autoridad ambiental competente diseñará el respectivo plan de manejo ambiental.
Artículo 128º.- Distribución de regalías. Adiciónase el artículo 56 de la Ley 141 de 1994, así:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NAClONAL
Artículo 129º.- INEXEQUIBLE. Vinculación al servicio educativo estatal. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994, quedará así: Sentencia C 562 de1996, Corte Constitucional
Igualmente, si el concurso debidamente celebrado se declara desierto, se podrán nombrar docentes y directivos docentes, sin necesidad del requisito del concurso, para proveer vacantes o nuevas plazas ubicadas en zonas de difícil acceso o en situación critica de inseguridad, o cuando se trate de los contratos celebrados en desarrollo de los artículos 8 de la Ley 60 de 1993 y 200 de la Ley 115 de 1994.
Parágrafo 2º.- Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial. Ver el art. 3, Decreto Nacional 2277 de 1979 , Ver el art. 56, Ley 60 de 1993 , Ver el art. 129 Y 134, Ley 115 de 1994
Artículo 130º.- Miembros y período de la junta. Parágrafo del artículo 156 de Ley 115 de 1994, quedará así:
Artículo 131 .- El literal g) del artículo 158 de la Ley 115 de 1 994, quedará así:
"g) Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y administrativo, dentro del municipio, con sujeción en el artículo 2 de la Ley 60 de 1993, estatuto Docente y la carrera Administrativa y sin solución de continuidad". Ver los Decretos Nacionales 1645 de 1992 , 2886 de 1994 y 1140 de 1995
Artículo 132º.- De la licencia ambiental y otros permisos. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de carácter ambiental necesario. para la construcción, desarrollo y operación de la obra industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la misma de la Licencia Ambiental. Ver el Decreto Nacional 1791 de 1996
Parágrafo.- El presente artículo comenzará a regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia del presente Decreto .
Esto no exime a las entidades territoriales de ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordinación con las respectivas autoridades ambientales. Corte Constitucional Sentencia C 243 de 1997
Artículo 136º.- Licencia ambiental global para la etapa de explotación minera. Adiciónase el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo:
Parágrafo.- Cuando dichos vehículos sean de diseño y fabricación Nacional, deberán enviar las características de los modelos para su aprobación por parte de las autoridades de desarrollo económico y ambiental.
Dentro del señalamiento de las condiciones técnicas requeridas para la homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte, se le otorgará prelación a los factores de verificación en cuanto al alto rendimiento de los mecanismos de seguridad en la operación de los mismos, a las opciones de control ambiental y a las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Parágrafo.- A partir del 1 de enero de 1996, queda prohibido en todo el territorio Nacional la repotenciación, habilitación, transformación, adecuación o cualquier otra categoría similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley, para los equipos destinados al servicio público transporte.
A partir del 1° de enero del 2002, queda prohibida en todo el territorio Nacional la repotenciación, habilitación, transformación, adecuación o cualquier otra categoría similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley, para los equipos destinados al servicio público de transporte".
La reposición implica el ingreso de un vehículo nuevo en sustitución de otro que sale definitivamente del servicio y que será sometido a un proceso de desintegración física total, para lo cual se le cancelará su matricula.
Parágrafo 1°. Ampliase las fechas límites consagradas en el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 105 de 1993, a los vehículos modelos 1970 en adelante hasta el año 1998 contados a partir de la vigencia de la presente Ley con el fin de que el Gobierno Nacional expida la reglamentación para la reposición de estos vehículos que garanticen la seguridad del usuario.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de pequeños propietarios del transporte público de pasajeros con capacidad de un solo vehículo el programa de reposición de que trata este artículo deberá tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes:
3. Que se establezca a través del IFI una línea de crédito blanda con intereses y plazos acorde con su generación de ingresos. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Parágrafo.-. Las licencias de conducción de vehículos de servicio particular vigentes al momento de expedición del presente Decreto , serán de vigencia indefinida.
Nota: Es importante resaltar que se mantiene la obligación para los particulares de acreditar ante el Estado su aptitud para conducir, de conformidad con lo previsto en los artículos 3° a 12 del Decreto 491 de 1996 (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Parágrafo.- En todo caso, es obligación del propietario de cada vehículo mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y pagar los impuestos de timbre y rodamiento previstos en la ley. Las autoridades de tránsito impondrán las sanciones previstas en la Ley por el incumplimiento de las normas de tránsito y transporte.
"Por razones de seguridad vial, el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre deberá estipular,
desarrollar y reglamentar la obligación de la revisión técnico - mecánica vehicular en transporte público y privado y con tal objetivo adoptar una política Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor".
Esa no fue la voluntad del legislador porque el llamado código, fue expedido por el Gobierno, mediante un Decreto , para lo cual utilizó las facultades que le fueron conferidas por el Congreso, el cual lo facultó para reglamentar la materia relacionada con el tránsito y no para dictar un código; así pues la denominación de código nació de una iniciativa del ejecutivo y no de la voluntad del legislador.
Agrega la Corte que si el Gobierno consideró que la medida que suprimía no era necesaria, fue porque se apoyó en la obligación constitucional del Estado, de presumir la buena fe de los particulares en sus actuaciones, sin perjuicio de establecer que es responsabilidad personal de los propietarios de los automotores mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y que las autoridades competentes vigilarán el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 141 .- Trámite de la posesión. Para efectos de la posesión en un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios, bastará la presentación de la cédula de ciudadanía. Una vez verificada la posesión o suscrito el contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses, la entidad pública procederá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, a solicitar los antecedentes disciplinarios y judiciales
En caso de verificarse que quien tomó posesión de un cargo público ó quien suscribió contrato de prestación de servicios está incurso en antecedentes de cualquier naturaleza, se procederá a revocar el nombramiento o a terminar el contrato de prestación de servicios. Ver el art. 2, Ley 190 de 1995
Mediante fallo del Consejo de Estado de fecha 11 de marzo del 1996 se expresó que con las disposiciones previstas en la Ley 190 de 1995, en su capítulo I, o Régimen de Servidores Públicos, o se quiso significar que la obligación de diligenciar las correspondientes hojas de vida comprende no sólo a las personas naturales que aspiran a ocupar un cargo público o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios de duración superior a tres meses con entidad u organismo estatal, sino también a las personas naturales que ocupan cargos o empleos públicos. De ahí que a los servidores públicos, en cuanto ocupan cargos o empleos públicos, la autoridad competente está autorizada legalmente para exigirles la actualización de sus hojas de vida. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 142º.- Comisiones para empleos de libre nombramiento y remoción. El acto administrativo que confiere la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción deberá ser autorizado solamente por el jefe del organismo en donde presta sus servicios el empleado, de lo cual se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública. Ver la Ley 443 de 1998.
Artículo 143º.- Constitución de entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuas. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa. Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 , Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 77 de 1997 , Ver la Ley 79 de 1988
Parágrafo.- Las entidades de que trata el presente artículo formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados, cuando se realice su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la empresa asociativa, el fondo de empleados o la asociación mutua.
Artículo 145º.- Cancelación del registro ó de la lnscripción. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, en cualquier momento, la cancelación del registro de una entidad bajo su competencia o de la inscripción en el mismo de los nombramientos de los miembros de sus órganos de dirección y administración, revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las normas legales o estatutarias.
Artículo 146º.- Reformas estatutarias. A partir de la vigencia del presente Decreto , las reformas de estatutos de las cooperativas y demás organismos vigilados por el Dancoop no requerirán ser autorizadas por parte de ese organismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste debe otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, las reformas estatutarias deberán ser informadas a ese Departamento tan pronto sean aprobadas, para el cumplimiento de sus funciones para que pueda ordenar las modificaciones respectivas cuando las reformas se aparten de la ley.
Este capítulo está reglamentado por el Decreto 427 de 1996. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 148º.- Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio. Ver el Decreto Nacional 2574 de 1998 , Ver el Concepto de la Secretaría General 1700 de 1998.
Artículo 149º.- Derogatorias. Derógase el Decreto Nacional 131 de 1976 y los que lo reglamenten y el Decreto 1820 de 1990.
El Presidente es Jefe de Gobierno, como lo índica el artículo 115 de la Carta y, por tanto, a él corresponde encomendar ciertas responsabilidades propias de objetivos gubernamentales, por él buscados en tal condición, a sus inmediatos colaboradores. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Artículo 150º.- Afectación. Nada de lo dispuesto en el presente Decreto afectará disposiciones vigentes cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados en códigos, leyes orgánicas o estatutarias. Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996 , Ver el Concepto de la Secretaría General 1775 de 1998
Artículo 151 .- Sanciones. El desconocimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos en el presente Decreto será considerado falta gravísima, sancionable conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario único.
Nota: De conformidad con el presente artículo, con excepción de las normas contenidas en el Capítulo II del Título I y en el Capítulo XV del Título II, este estatuto antitrámites entró a regir a partir de la fecha de su publicación la cual tuvo ocurrencia en Santa Fe de Bogotá el día 6 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial número 42.138, por tanto las mencionadas excepciones entraron a regir desde el 6 de marzo de l996. (Tomado de la publicación: "Un Año del Estatuto Antitrámites". Editado por la Presidencia de la República).
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de diciembre del año 1995
NOTA: El presente Decreto aparece publicado Diario Oficial No. 42.137