Source: http://ulpilex.es/2012/01/18/una-hipoteca-para-tiempos-de-crisis/
Timestamp: 2016-08-30 10:44:26
Document Index: 35252615

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 41', 'artículo 131', 'artículo 24', 'artículo 117', 'artículo 131', 'artículo 685', 'artículo 130', 'artículo 34']

Una hipoteca para tiempos de crisisUlpilex.es | Ulpilex.es
Una hipoteca para tiempos de crisis	Posted on January 18, 2012 by Plotino	Estos días atrás daba noticia la prensa de unos coloquios organizados por el notariado con ocasión de la efemérides por el cientocincuentenario de su ley reguladora. Se trataba, en esta ocasión, de reflexionar sobre la autonomía privada en el Derecho patrimonial, tanto en materia de obligaciones y contratos como de derechos reales. No podía estar ausente de ese debate, por consiguiente, la hipoteca, pues, a fin de cuentas, casi todas las inscripciones que se practican en los registros de la propiedad (sin riesgo de exageración) o son de dominio o son de hipoteca. Alguna vez puede aparecer un usufructo o un derecho de superficie o una servidumbre. De vez en cuando entra también algún embargo, ahora, desgraciadamente, con más frecuencia que antes, pero su anotación no deja de ser un asiento excepcional. La gran masa de inscripciones son de dominio pero, sobre todo, muchas más todavía, de hipoteca, pues el propietario sólo vende una vez, pero puede hipotecar muchas veces y ampliar o modificar y novar esa hipoteca repetidamente. Las servidumbres, el usufructo, los contratos de opción, en fin, todos los demás derechos reales tienen frente a la hipoteca una importancia, en términos cuantitativos, casi irrisoria. No por otra cosa la ley que regula el registro de la propiedad se llama, por eso, hipotecaria. De modo que cuando hablamos de la hipoteca, hablamos del asiento más frecuente en los registros de la propiedad, es decir, de lo que constituye el principal factor de actividad de los registradores de la propiedad, también de los notarios, pero, sobre todo, mucho más aún, de los registradores.
Tampoco está claro qué cláusulas del préstamo hipotecario, según hayan sido inscritas o no, sean ahora ejecutables judicialmente ni en qué procedimiento. Una de las disposiciones adicionales de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, mediante una reforma inopinada del artículo 130 de la Ley Hipotecaria, hizo depender la ejecutoriedad del préstamo hipotecario del contenido de la inscripción, invocando su carácter constitutivo, como si el título ejecutivo fuese el asiento y no la escritura pública. Lo curioso es que semejante norma de alcance procesal no se estableciera en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en la Ley Hipotecaria. El nuevo artículo 130 era corolario del viejo artículo 131. Resulta paradójico que la misma reforma legislativa que eliminaba uno, introducía, a la vez, el otro, de modo que ese nuevo texto del artículo 130, al entrar en vigor, más que una novedad, era ya un anacronismo. Como dijo Elías Campo, comentando este precepto, aquí “el legislador no legisla, sino que se equivoca”. Por eso, muy pronto, en el año 2007, se vuelve a retocar otra vez ese mismo artículo 130 de la Ley Hipotecaria, suprimiéndose la mención del carácter constitutivo de la inscripción, pero no del carácter ejecutivo del título limitado al contenido del asiento.
Así, la enseñanza de la hipoteca ha enfrentado a civilistas y procesalistas ante el dilema de definir el proceso desde el derecho o, al contrario, el derecho desde el proceso. Un enfrentamiento en el que han llevado las de perder en nuestro país (por lo menos hasta ahora) los procesalistas. De ahí la protesta de Miguel Fenech, un catedrático de Derecho procesal, al decir en los años 50, no sin cierta ironía, que “cuando los tratadistas del Derecho hipotecario escribían sus doctos manuales, en realidad, hacían Derecho procesal sin saberlo”. También el gran procesalista italiano Carnelutti tildó a los hipotecaristas o al estudio de la hipoteca en el Derecho civil de “provincialismo científico”.
Desde este planteamiento, el peligro sería que por inscribir la hipoteca como derecho real se confundiera la misión del registro, que no es aquí informar sobre el contenido de un derecho real (el ius vendendi del acreedor), sino sobre la existencia del crédito garantizado. Esa referencia al crédito quedaría cumplida registralmente (igual que en las anotaciones de embargo) por la remisión al título de constitución de la obligación garantizada, que es la escritura pública. Es verdad -como dice José María Miquel- que “el registro es un medio de legitimación en el tráfico y que los medios de legitimación deben dispensar a los terceros de investigar más allá de los mismos, pero sólo en los aspectos cubiertos (como él mismo reconoce) por el principio de legalidad, es decir, en el ámbito de los extremos sobre los que recaiga la calificación registral”. Esta calificación (ni la presunción de legalidad que comporta) no se extiende al crédito, que, por definición, no es inscribible. Por tanto no es preciso que el registro refleje, en todo ni en parte, las condiciones del crédito ni que éstas se inscriban o transcriban, pasando o no por el tamiz de la calificación registral3.
Este error de enfoque determinó así el planteamiento de la ejecución hipotecaria como un supuesto de tutela judicial al ejercicio de un derecho inscrito, a través de un expediente de apremio, como era el del antiguo artículo 131 de la Ley Hipotecaria, basado en la presunción de exactitud del registro, igual que el antiguo artículo 41 (también suprimido ya) regulaba otro expediente interdictal para dar efectividad a la presunción posesoria en favor del titular inscrito derivada del mismo principio de legitimación registral. Se trataba de un expediente judicial sin margen de contradicción, en que la importancia del registro reducía casi al mínimo la del juzgado, un “trámite sin proceso” o un “proceso sin juicio”, frente al que no faltaron voces discrepantes en la discusión parlamentaria, cuando se entronizó el artículo 131 por la Ley Hipotecaria de 1909, tachándolo de privilegio injustificable al permitir -como profirió algún parlamentario5 – una “condena sin audiencia”.
El equívoco de esa expresión (acuñada por José Manuel García García) de un “procedimiento de base registral” serviría, sin embargo, para dar cobertura al absurdo de no admitir la oposición al procedimiento por la causa primordial que sería el pago de la deuda. El procedimiento podía suspenderse por la cancelación registral de la garantía, pero no por el pago o la extinción de la deuda garantizada. Lo curioso es que semejante procedimiento con esa descompensación pro actore superara el test de constitucionalidad en repetidos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, siempre con el mismo argumento (ciertamente pobre) de la inexistencia de indefensión por la falta de eficacia de cosa juzgada de ese procedimiento, cuando, en realidad, la discusión de fondo no debiera haber sido el artículo 24 de la Constitución, sino su artículo 117, al proclamar que “sólo a los jueces corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, de donde resulta que no cabe ejecutoriedad judicial sin juicio (salvo los casos legalmente previstos, como el arbitraje o la jurisdicción voluntaria).
Quiere ello decir que en todo juicio ejecutivo no puede faltar cierta actividad cognitiva, por sumarial que sea. No cabe el automatismo de un juicio ejecutivo falto de contradicción. Por eso, cuando el procedimiento judicial sumario del antiguo artículo 131 de la Ley Hipotecaria se transplanta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando cabida a sus particularidades dentro un capítulo específico, aunque en él se reproduzca en buena parte el mismo texto de la Ley Hipotecaria casi literalmente, una vez integrado, a su vez, dentro del régimen general del procedimiento ejecutivo común, por el solo efecto de su nuevo encaje sistemático, deja de ser ya un procedimiento autónomo, siéndole aplicables supletoriamente las reglas del procedimiento ejecutivo común. Ese salto -como señala la Profesora de Derecho procesal Corazón Mira- “hacia una ejecución hipotecaria propiamente jurisdiccional” supone que el procedimiento hipotecario se haya, en realidad, “deshipotecarizado”. Ya no se trata de un procedimiento dirigido a la venta del bien dado en garantía, sino de un procedimiento dirigido al cobro de una deuda, de modo que la demanda (como exige el artículo 685 LEC) deberá entablarse necesariamente ahora, en todo caso, contra el deudor y sólo, en su caso, además, contra el propietario no deudor.
Con ello, el procedimiento judicial sumario ha cambiado de rumbo. Ya no se justifica una interpretación pro actore del procedimiento, sino que, al contrario, sobre el telón de fondo de la actual recesión económica, el paro, la creciente morosidad…, también ha cambiado, pienso, el paradigma interpretativo. Lo demuestra la introducción legislativa reciente de algunas las medidas paliativas frente al rigor de la subasta en el procedimiento hipotecario. Ingenuamente se pensaba, hasta hace muy poco, que el éxito de la hipoteca como motor de propulsión del crédito y de la economía estribaba en su rigor ultrarriguroso. La hipoteca cuanto más dura, más segura, más eficiente, más beneficiosa para la difusión y el abaratamiento del crédito y el impulso, en suma, de la economía en general. Ése ha sido el tópico imperante durante décadas entre los hipotecaristas, que ha servido para blindar la concepción registralista de la hipoteca y de la ejecución hipotecaria. Pero la desgraciada situación económica por la que ahora pasamos ha demostrado que estábamos equivocados. El grifo del crédito se ha cerrado, con independencia, por completo, de cómo opere el sistema de ejecución hipotecaria.
Desde ambas perspectivas, la del ejecutado y la del ejecutante, interesa una mayor permeabilidad entre las distintas variantes del procedimiento ejecutivo, sin que las vicisitudes del procedimiento deban suponer ningún riesgo de que, al final, el registrador deniegue la inscripción a favor del rematante por no ajustarse su adjudicación conforme al procedimiento a las vicisitudes previstas en la inscripción constitutiva de la hipoteca. Contrariamente a lo establecido en el artículo 130 de la Ley Hipotecaria, la parquedad del asiento no puede condicionar la ejecución del crédito, ya que no se trata de un procedimiento de base registral, sino que la ejecución del crédito se despacha a la vista del título, que es la escritura pública, a la que el registro debiera hacer escueta remisión. La transparencia del sistema consiste en la complementación entre el título y su asiento, y la clandestinidad, en su disociación. El privilegio que nace por la inscripción de la hipoteca tiene por objeto el crédito identificado documentalmente a través del registro, de modo que, como dice Ignacio Paz-Ares, lo que se ejecuta es el crédito y no la hipoteca, el título y no la inscripción. También en Alemania, donde la inscripción es siempre constitutiva, el contenido de la obligación garantizada queda, en todo caso, al margen del registro, no sólo en la hipoteca sino también, de modo más absoluto todavía, en la deuda territorial (la Grundschuld), que absorbe hoy en Alemania más del 80% de todas las operaciones hipotecarias. Los alemanes hablan aquí de Unverbindlichkeit o Unfassbarkeit, que Antonio Pau ha traducido como el “principio de inabarcabilidd del registro”, tanto en el ámbito contractual como también judicial.
4 Para la formalización masiva de subrogaciones en la llamada “guerra de las hipotecas”, contrariamente a la justificación dada a la reforma, no se necesitaba refundir el contenido del contrato en el asiento registral por la sospecha de una previsible falta de colaboración del anterior acreedor a la hora de facilitar información sobre las condiciones mejorables del contrato, pues, en realidad, esa información contractual, lógicamente, iba a proceder siempre, al contrario, del propio deudor interesado en la subrogación, tenedor de otra copia del contrato o, en todo caso, legitimado para solicitarla.
6 La verdad es que, en la práctica, no hay razón de peso en la hipoteca para que la inscripción opere autónomamente, abstracción hecha del título de la obligación, como medio de legitimación en protección del tercero. La subrogación de otro acreedor en la hipoteca no se practica a la vista del registro, sino del contrato aportado por el deudor interesado en la subrogación. Por otra parte, el llamado “tercero poseedor”, como tercero ajeno a una obligación sólo oponible en la medida de su cognoscibilidad indirecta a través del registro, no deja de ser una figura casi fantasmagórica, que no se da en la práctica. En toda venta de finca hipotecada, cuando no se cancela la hipoteca de modo previo o simultáneo, es porque el comprador se subroga en la deuda hipotecaria (al menos con eficacia interna frente al vendedor, a falta de aprobación del acreedor). Puede haber, a veces, una subrogación fallida por falta de previa distribución de la hipoteca, pero no deja de ser un caso patológico. Tampoco es tercero poseedor el hipotecante no deudor, cuyo conocimiento directo de la obligación le es imputable como parte otorgante del negocio jurídico constitutivo de la hipoteca, del mismo modo que tampoco el rematante puede legítimamente desconocer el título constitutivo de la obligación sobre el que se despacha la ejecución, aportado inexcusablemente al procedimiento como anexo a la demanda. Tercero poseedor es el donatario de la finca hipotecada, cuya adquisición libre de hipoteca viene determinada por razones fiscales, pero, precisamente, por su falta de título oneroso, tampoco sería un tercero hipotecario protegido por el artículo 34.