Source: http://www.fcarm.org.mx/postura-fcarm-sobre-el-convenio-unam-sedatu/
Timestamp: 2020-08-03 20:18:51
Document Index: 3232221

Matched Legal Cases: ['Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 42', 'Artículo 5', 'Artículo 25', 'Artículo 29', 'Artículo 40', 'Artículo 13', 'Artículo 18', 'Artículo 250', 'artículo 5', 'artículo 26', 'Artículo 3', 'Artículo 73']

POSTURA FCARM SOBRE EL CONVENIO UNAM-SEDATU – FCARM
Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura
La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana está en contra de la suplantación del ejercicio profesional de la arquitectura mediante el convenio firmado entre la Universidad Nacional quien prestará servicios profesionales de arquitectura y desarrollo urbano a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mediante el diseño y la elaboración de proyectos para el mejoramiento urbano, el rescate de espacios públicos y la dotación de infraestructura básica a la población marginada, de acuerdo al convenio firmado por el rector Enrique Graue Wiechers y el secretario Román Meyer Falcón.
Abajo la Declaración de la FCARM del 2018 que todavía sigue siendo relevante a pesar del cambio de gobierno.
SOBRE LA SUPLANTACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA EN MÉXICO
Como resultado de la 102ª| Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación de Colegios de Arquitectos de la Republica Mexicana, realizada el pasado 19 de mayo del año 2018, en seguimiento a la propuesta presentada por el Coordinador Ejecutivo del Comité Mexicano para la Practica Internacional de la Arquitectura (COMPIAR), de realizar una declaración gremial de carácter nacional sobre la “suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México” y,
1.- De manera creciente, la mayoría de las dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (federal, estatal y municipal) han estado utilizando a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados, como prestadores de servicios profesionales relacionados con la obra pública.
2.- Algunos de estos servicios, como son los relacionados a la planeación territorial, desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, planes maestros, diseños de anteproyecto y desarrollo de proyectos ejecutivos, así como actividades de campo como la supervisión y la dirección técnica y arquitectónica de obra, servicios que se engloban dentro de la práctica profesional de la arquitectura, el urbanismo, paisajismo y algunas ramas afines, han estado contratándose con diversas instituciones de educación superior y organismos públicos descentralizados, que no cuentan con el fin, la misión, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollarlos.
3.- Una gran parte de estas instituciones de educación superior y de organismos públicos descentralizados ejercen la práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo como mecanismo alterno para obtener recursos económicos, con base en una triangulación de recursos públicos, siendo contratados por funcionarios, autoridades y representantes de las diversas dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (gobierno federal, estatal y municipal).
4.- Con frecuencia leemos y escuchamos en los medios de comunicación, que tal universidad u organismo público se encuentran realizando actividades relacionadas a la obra pública sobre arquitectura y urbanismo utilizando a estudiantes, profesores e incluso extranjeros, bajo argumentos de apoyo al servicio social, de extensión universitaria o de colaboración y asesoramiento institucional, actividades que restan en la oferta, demanda y viabilidad laboral y económica de los verdaderos profesionales.
5.- El Titular de la Auditoria Superior de la Federación hasta el año 2017, considero que la ola de contrataciones de instituciones de educación superior por parte de algunas dependencias federales, estatales y minicipales representa un daño económico al estado al incrementar su costo, siendo en algunos casos fraude, desvió y desaparición de recursos públicos.
6.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
• Articulo 3º. Inciso VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
7.- La Ley para la Coordinación de la Educación Superior (LCES- 29/09/1978) señala en su:
• Capítulo III. Asignación de recursos. Artículo 22. Los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas.
• Articulo 23. Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos. Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas.
• Artículo 26. Cuando las instituciones requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Ejecutivo Federal podrá apoyarlas con recursos específicos, previa celebración del convenio respectivo y, en su caso, atendiendo al desarrollo de los convenios anteriormente celebrados.
8.- Las autoridades y funcionarios que asignan por excepción este tipo de contratos, basan su justificación, por un lado, en la reducción de tiempos de licitación y por el otro en la permisibilidad de convenios entre entidades, dependencias públicas y organismos descentralizados (incluyendo universidades públicas y privadas), permisibilidad que la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM-13/01/2016) restringe y establece excepciones a las licitaciones señalando:
• Articulo 1ro. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento”
• Capítulo II. De la licitación pública. Articulo 31. La convocatoria a la licitación pública deberá contener: XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto.
• Capítulo III. De las excepciones de la licitación pública. Artículo 42. X; Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de: XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.
9.- En México, la práctica profesional se encuentra regulada desde 1945 en la Ley Reglamentaria del Artículo 5to Constitucional, donde se destaca lo siguiente:
• En su Artículo 25 señala que: para ejercer cualquiera de las profesiones se requiere; III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio (Cedula Profesional).
• En su Artículo 29 señala que: las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece esta Ley….
• En su Artículo 40 señala que, los profesionistas podrán asociarse, para ejercer, ajustándose a las prescripciones de las leyes relativas; pero la responsabilidad en la que incurran; será siempre individual.
10.- La Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA- 13/01/2016) señala en su:
• Artículo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: VIII Arquitectónica, entre otras.
• Artículo 18. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.
11.- El Código Penal Federal (DOF 20-08-2009) señala en su:
• Artículo 250.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien: 1. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. a).- Se atribuya el carácter del profesionista b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales. c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.
Por las anteriores consideraciones, la 102º Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la Republica Mexicana, hace la siguiente:
1.- Reconocemos la autonomía y capacidad de autogestión de las universidades e instituciones de educación superior y las apremiamos a cumplir y orientar los fines que señala el Artículo 3ro de nuestra Constitución y que corresponden a la educación, investigación y difusión de la cultura.
2.- Entendemos que los presupuestos asignados a las instituciones de educación superior son en general insuficientes, de acuerdo a la expectativa de calidad demandada, sin embargo esta situación no debería de ser un pretexto para apegarse y cumplir la Ley para la Coordinación de la Educación Superior vigente.
3.- La contratación por excepción de instituciones de educación superior (públicas o privadas) y organismos públicos descentralizados para realizar actividades profesionales de servicios relacionados a la obra pública, es contrario a la misión del estado que tiene dentro de sus objetivos el ofrecer alternativas de trabajo, empleo y sustento en marcos de igualdad de oportunidades.
4.- Los contratos anteriormente señalados, generan una triangulación de recursos que por un lado, reducen en forma significativa la remuneración de quien verdaderamente realiza el trabajo, produciendo con ello una potencial deficiencia en la calidad y responsabilidad de los productos y por el otro, una cadena nociva de contradicciones legales, administrativas, fiscales y de derechos de autoría.
5.- Recomienda a las dependencias, instituciones y autoridades respectivas de los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como a los órganos desconcentrados, entre otros, estudiar, revisar y aplicar el marco legal correspondiente, previo a ocupar los servicios de una institución de educación superior o un organismo público descentralizado, con el objetivo de que no incurran en la violación de nuestras leyes y reglamentos.
6.- Recuerda a los actores del sector de la construcción y la educación, de acuerdo al Artículo 73 de la Ley Reglamentaria, el que se concede acción popular para denunciar a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio.
Los colegios de arquitectos que aprueban la presente declaración, tienen el propósito, tanto de prever y evitar que algunos tomadores de decisión, en materia de servicios relacionados a la obra pública violenten nuestro actual marco jurídico, como el compromiso de difundir ampliamente esta declaración en los medios de comunicación disponibles, coadyuvando así al cumplimiento de lograr procesos transparentes y apegados a derecho.
Ciudad de Oaxaca a 19 de mayo del 2018