Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28SEII2003103101590c.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-10 00:48:41
Document Index: 209196651

Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 107', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 17', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 2', 'artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 53', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 54', 'artículo 107', 'artículo 11', 'artículo 107', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 15', 'Artículo 27', 'artículo 89', 'artículo 29', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 59', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 20', 'artículo 72', 'artículo 107', 'artículo 21', 'artículo 107', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 110', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 53', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 622', 'Artículo 622', 'artículo 636', 'artículo 636', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23']

BOCG. Senado, serie II, núm. 159-c, de 31/10/2003
Núm. 159 (c)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2003.--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 12 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2003.--Inmaculada de Boneta y Piedra.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 7, punto 1.
7.1.«Corresponde al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, así como a los órganos judiciales competentes y al Ministerio Fiscal, decidir la presentación de la denuncia (...).»
Dado que los particulares también podrían poner en conocimiento directamente al Fiscal de la Corte unos hechos delictivos presuntamente constitutivos de crimen de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, parece lógico que el Poder Judicial estuviese habilitado para recoger las denuncias o querellas de los particulares y, considerándolas admisibles, presentarlas ante el Fiscal de la Corte Penal. El Tribunal español que recogería
dichas denuncias o querellas, dadas las normas competenciales, sería la Audiencia Nacional.
La universalidad de la Justicia penal ante delitos contra la comunidad internacional no puede quedar en manos de decisiones políticas. El Proyecto de Ley parte de la base de que la acción penal ante la Corte es una cuestión de política exterior, constituyendo, por tanto, un acto político. Pero esto no puede ser así, dado que los Tribunales españoles ostentan competencia en virtud del principio de justicia universal del artículo 23.4í LOPJ. Resulta incoherente que los Tribunales españoles puedan juzgar a personas extranjeras por determinados delitos --entre ellos los de competencia de la Corte-- cometidos en el extranjero, sin intromisión de criterios políticos, sino en exclusiva aplicación de la legalidad penal española, y, sin embargo, no les esté permitido ahora presentar a la Corte como Estado Parte una solicitud de intervención del Fiscal de la Corte, por la posible intromisión de criterios de política exterior.
Además, el Gobierno puede resultar presionable por potencias extranjeras, minando así la posibilidad de las víctimas de obtener justicia por los graves delitos competencia del Tribunal. El genocidio, el asesinato masivo, los desplazamientos forzados de población, las violaciones sistemáticas, la limpieza étnica, no puede quedar sujeta a criterios de conveniencia política coyuntural. Es sabido que en las relaciones entre Estados, como los acontecimientos internacionales más recientes demuestran, prima la fuerza en demasiadas ocasiones sobre el Derecho.
El Ministerio de Justicia debiera ser mero transmisor de las denuncias o querellas admitidas por los Tribunales españoles sin que deba realizar ponderación alguna de carácter político. ¿Cómo se podría justificar que un posible delito de genocidio pueda quedar impune por conveniencias políticas coyunturales del Gobierno español?
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 7, punto 2.
7.2.«Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial (...) se abstendrán de proceder de oficio. Si el Fiscal de la Corte o la Sala de Cuestiones preliminares desestimasen el inicio de la investigación, los tribunales españoles mantendrán la competencia prevista en el artículo 23.4í LOPJ.»
Introducción de la competencia en virtud del principio de justicia universal subsidiaria ante la inacción por parte de la Corte, y de la posibilidad de que se remitan a la Corte delitos cometidos por españoles.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 7, punto 4 (nuevo).
7.4.«Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores sean nacionales españoles o hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a los hechos, dichos órganos estudiaran la conveniencia de reconocer la competencia de la Corte penal internacional, sin perjuicio de que se mantenga la competencia de los tribunales españoles tras la posible inacción de la Corte.»
En caso de concurrencia de competencia entre la Corte y los Tribunales españoles, en virtud del artículo 23.3 ó 23.4 LOPJ, se obliga a éstos a abstenerse y a limitarse a informar de la posibilidad de acudir directamente, cuando lo lógico sería que el propio Tribunal diese traslado de la denuncia o querella al Fiscal de la Corte, salvo que la considerase totalmente infundada.
Se produce una derogación implícita del principio de justicia universal del artículo 23.4í LOPJ para los delitos sometidos a la jurisdicción de la Corte, que confiere competencia a los Tribunales españoles.
El nacimiento de la Corte Penal Internacional produce el declive en España del principio de Justicia universal, lo cual constituye una auténtica paradoja. Un hito en la protección de los Derechos Humanos, un inicio de construcción de un sistema de justicia penal universal, la relativización de la soberanía estatal del «ius puniendi» a favor de los intereses de la Comunidad internacional y la protección de los Derechos Humanos de todas las personas, sobre todo frente a su propio Estado, se convierte en nuestro país en una manera de cercenar el principio de Justicia universal y en una politización de la Justicia penal mediante la introducción de criterios de oportunidad política, política de Estado, política exterior, inter-estatal.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 9.
Si se trata de causas tasas y legales no se entiende qué margen de decisión le puede quedar al Gobierno.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 13, punto 1.
Se propone sustituir el término «Juez Central de Instrucción» por «la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional», de modo que la redacción definitiva sería la siguiente:
13.1.«En la comparecencia regulada en el artículo 11 de la presente Ley (...) y si se diere el consentimiento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictará (...).»
No es oportuno otorgar la competencia para decidir sobre la entrega al Juzgado Central de Instrucción. La atribución competencial correcta es a la Sala de lo Penal, tal como ocurre en los procedimientos de extradición y en la orden de detención europea. Cuestiones de tan relevante naturaleza no deben quedar en manos de un órgano unipersonal meramente instructor, sino que corresponden mejor a la Sala de lo Penal, un órgano colegiado.
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 13, punto 2.
Se propone sustituir el término «Juez Central de Instrucción» por «la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» de modo que la redacción definitiva sería la siguiente:
13.2.«La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitirá urgentemente (...).»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 15, punto 1.
Se propone sustituir el término «Juzgado Central de Instrucción» por «la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» de modo que la redacción definitiva sería la siguiente:
«15.1.No habiéndose accedido (...) o una vez recibida en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la documentación prevista (...).»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 15, punto 2.
15.2.«Cuando se alegare la excepción de cosa juzgada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicará al Ministerio de Justicia (...).
Dicha Sala (...).»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 15, punto 5.
15.5.«Si la resolución fuera estimatoria (...) comunicarán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Interior.»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16, punto 1.
16.1.«Cuando concurriere (...) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estuviere conociendo (...).»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16, punto 2.
16.2.«La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolverá de acuerdo con el Estatuto (...).»
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 17.
Atribuida la competencia sobre la entrega a un órgano colegiado, en vez de al Juzgado Central de Instrucción, y en coherencia con lo previsto para la Orden de detención y entrega europea, se hace innecesario regular un sistema de recursos, quedando la Sala de lo Penal como única instancia a estos efectos.
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 22 enmiendas al Proyecto de Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2003.--José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares.
ENMIENDA NUM. 13 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 2.
Se propone sustituir «España prestará» por un texto del siguiente tenor:
«Las Autoridades españolas, tanto centrales, autonómicas como locales, y en todos sus ámbitos deberán prestar...»
Si bien consideramos positivo que en el proyecto se contenga una obligación de cooperación con la Corte Penal Internacional, proponemos que se incluya expresamente la extensión del compromiso a todas las Autoridades españolas tanto centrales, autonómicas como locales, y en todos sus ámbitos (político, judicial, militar y administrativo).
ENMIENDA NUM. 14 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 4.
«h)El Consejo General del Poder Judicial.»
ENMIENDA NUM. 15 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 7.1.
Se propone suprimir el término «exclusivamente» de la primera línea de este apartado 1 del artículo 7.
ENMIENDA NUM. 16 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Se propone añadir un nuevo segundo párrafo a este apartado con el siguiente texto:
«Corresponde igualmente al Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, decidir la presentación de una denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional o pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto. Será competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional examinar que las denuncias presentadas ante ellos y dirigidas al Fiscal de la Corte Penal Internacional reúnen los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 17 y siguientes del Estatuto. Una vez comprobados la existencia de los anteriores supuestos de admisibilidad, el Juzgado Central de Instrucción remitirá la denuncia al Consejo General del Poder Judicial, quien, tras examinar que dicha denuncia se ajusta a lo previsto en el Estatuto de Roma, la remitirá al Fiscal de la Corte.»
Modificar la competencia exclusiva del Gobierno para presentar denuncias ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional. También deben tener esta competencia los órganos del poder judicial, para así salvaguardar la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la Corte Penal Internacional sin pasar un «filtro» claramente político como es el Gobierno, es decir, a través de los órganos de uno de los poderes del estado de Derecho, el poder Judicial, poder sin duda menos político y más «imparcial».
ENMIENDA NUM. 17 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 7.2.
Se propone modificar el texto desde «... pudiera ser competente la Corte, ...» y hasta el final del párrafo, por un texto del siguiente tenor:
«..., dichos órganos tramitaran tal denuncia o querella si tuvieran competencia conforme a lo establecido en las leyes procesales españolas, informando al querellante o denunciante de la posibilidad de presentar ante el Juzgado Central de Instrucción denuncia para ser remitida ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, opción que éste deberá comunicar al Juzgado Central de Instrucción, en un plazo de 10 días, en cuyo caso si la opción del denunciante/querellante fuera favorable a la presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte, el Juzgado Central de Instrucción remitirá al Consejo General del Poder Judicial la denuncia o querella presentada, todo ello conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7.1 de esta Ley y siempre que se dieran los requisitos de admisibilidad por el Juzgado Central de Instrucción (el párrafo que hemos propuesto antes sobre competencia del Consejo General del Poder Judicial).
La incorporación de España al Tratado de Roma y la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional no puede significar la desaparición de la jurisdicción universal en materia de crímenes graves contra la humanidad, ejercida por las jurisdicciones nacionales de los países democráticos miembros del sistema de Naciones Unidas, entendiendo por «miembros del sistema» aquellos que por haber ratificado la mayoría de las Convenciones y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos han convertido en derecho interno los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La presente enmienda tiene la exclusiva finalidad de preservar el ejercicio por parte de España de la Jurisdicción Universal en materia penal en caso de graves crímenes contra la humanidad. Finalmente, y en consonancia con lo expuesto, artículo 7.2, cuya modificación se propone, entra en clara contradicción con el Principio de Jurisdicción Universal, consagrado en el artículo 23.3 y 4 de la LOPJ.
ENMIENDA NUM. 18 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 7.3.
«3.No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes.»
ENMIENDA NUM. 19 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en
el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 8.2.
Se propone la modificación de esta apartado segundo por uno del siguiente tenor:
«2.Cuando la información suministrada por el Fiscal General de la Corte apareciera que se ha ejercido jurisdicción en España, se está ejerciendo o, como consecuencia de la notificación recibida, se ha iniciado una investigación por las Autoridades españolas, el Juez Central de Instrucción que estuviere conociendo de la causa, en plazo que no podrá rebasar los veinte días desde la recepción de la notificación del Fiscal de la Corte, deberá resolver sobre sostener la competencia de las autoridades españolas, y en su caso, pedir la inhibición al Fiscal de la Corte, conforme al artículo 18 del Estatuto.»
Que las decisiones de inhibición de un Juzgado o Tribunal español a favor de la Corte, para el caso de que se inicie una investigación sobre hechos que están siendo conocidos en sede judicial española, deberían corresponder al Juez Instructor de cada caso y no al Consejo de Ministros.
ENMIENDA NUM. 20 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 9.1.
«1.Corresponde al Juez o Tribunal español que haya resuelto o esté conociendo del asunto acordar la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.»
ENMIENDA NUM. 21 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 9.3.
«3.Conformarán la instrucción y, en todo caso, se deberán considerar válidos los actos realizados por el Fiscal conforme a Derecho o las órdenes dictadas por la Corte previamente a la impugnación, así como las diligencias realizadas por el Fiscal para proteger las pruebas obrantes y evitar que las personas acusadas eludan la acción de la Justicia.»
ENMIENDA NUM. 22 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 9.4.
«4.Las autoridades españolas, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, deberán facilitar al Fiscal y a la defensa el ejercicio de sus atribuciones para realizar investigaciones en España, de conformidad con el artículo 54.2 del Estatuto, prestar asistencia en la identificación, búsqueda, protección, presentación de documentación y registros, información, documentos y pruebas físicas u objetos, facilitarán los decomisos de pruebas, incluida la exhumación de cadáveres y la preservación
de pruebas, prestarán asistencia para localización, incautación y decomiso de los haberes de los acusados, y en cualquier otra medida que fuera requerida por la Corte.»
ENMIENDA NUM. 23 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 11.1.
«1.Cuando las autoridades españolas reciban una orden de detención de la Corte actuarán con la mayor diligencia posible para proceder a la inmediata detención de la persona requerida.»
ENMIENDA NUM. 24 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 13.5.
«5.El procedimiento de entrega simplificada previsto en este artículo será de aplicación en aquellos casos en los que la persona reclamada por la Corte manifieste prestare su consentimiento con independencia de que hubiere mediado o no una previa detención.»
ENMIENDA NUM. 25 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 15.4.
«Las autoridades españolas estarán obligadas a entregar a la Corte a las personas que ésta solicite, salvo en los supuestos señalados en el Estatuto.»
Se pretende incluir una redacción que ofrezca mayor seguridad jurídica, puesto que en la redacción original se establece la posibilidad de denegar la entrega, sin que se mencione expresamente las razones por las cuales puede denegarse. Mediante esta enmienda se refleja el compromiso de los Estados parte a garantizar la ausencia de obstáculos a la detención y entrega. Concretamente, no se pueden considerar, si atendemos a la remisión legal que se propone, los siguientes motivos para denegar la entrega:
a)Que la persona buscada sea «nacional» del Estado Parte, ya que la prohibición de extraditar o entregar a ciudadanos del país no tienen validez para la Corte.
b)Que la persona buscada goce de «inmunidad» en virtud del derecho interno por ser jefe de Estado, diplomático u autoridad del Gobierno.
Artículo 27.1 Estatuto.
c)Que el crimen objeto de investigación o enjuiciamiento sea un «delito político o una falta de disciplina puramente militar» (el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son delitos políticos ni faltas de disciplina de carácter puramente militar).
d)Que haya «riesgo de juicio injusto» (el Estatuto ofrece mejores garantías de derecho a un juicio justo que muchos Estados).
e)Que haya peligro de que se imponga «la pena de muerte» (esta pena no figura en el Estatuto).
f)«Que el crimen no sea un delito en el Estado requerido», por lo que se aplica el principio de doble jurisdicción. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son crímenes que todos los Estados están obligados a castigar.
g)Que la «persona haya sido ya absuelta o declarada culpable» del acto objeto de investigación o enjuiciamiento (principio de «in bis in idem»). Es la Corte la que debe decidir si este principio es aplicable con arreglo al Estatuto.
h)Que la «persona se halle cumpliendo condena por otro delito». El artículo 89.4 obliga expresamente al Estado Parte a atender la solicitud de entrega y a consultar posteriormente con la Corte.
i)Que el «crimen» haya prescrito. El artículo 29 estipula que los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben.
j)Que se «hayan aplicado amnistías, indultos o medidas similares de impunidad» que impiden que se celebre un juicio y se conozca la verdad.
ENMIENDA NUM. 26 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 15.5.
«... para que procedan a la entrega del detenido tan pronto como fuera posible.»
Incluir, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.7 del Estatuto, que la entrega será inmediata, se pondrá al detenido a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.
ENMIENDA NUM. 27 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 16.4.
«4.Las autoridades españolas garantizarán la preferencia de las solicitudes de la Corte sobre las solicitudes de los Estados a través de los Tratados y Acuerdos de Extradición que suscriba con otros Estados.»
ENMIENDA NUM. 28 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 18.1.
«1.Cuando hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega, el Tribunal Sentenciador o Instructor, previa consulta con la Corte, deberá decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución
a España que se determinen y computándose en todo caso el período pasado a disposición de la Corte.
El órgano judicial competente trasladará informaciones precisas al Ministerio de Interior para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.»
ENMIENDA NUM. 29 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 18.2.
ENMIENDA NUM. 30 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 20.2.
«... para lo cual se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 72 del Estatuto.»
ENMIENDA NUM. 31 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 21.1.
«6.Las Autoridades españolas deberán prestar asistencia a la Corte para facilitar la identificación y búsqueda de las personas citadas por la Corte como testigos o peritos y adoptará las medidas necesarias para la eficaz protección de clase de víctimas y testigos.»
ENMIENDA NUM. 32 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 23.1.
«1.Los Tribunales y las autoridades españolas deberán ejecutar las Sentencias y decisiones dictadas por la Corte con respecto a reparaciones de las víctimas.»
ENMIENDA NUM. 33 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición Adicional Cuarta.
«El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá promover la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir los procedimientos necesarios para cooperar con la Corte.»
ENMIENDA NUM. 34 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)
Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición Adicional Quinta.
«El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá promover la reforma del Código Penal en el sentido de incorporar un nuevo artículo que tipifique los delitos de lesa humanidad no previstos actualmente en el referido texto legal. A tal efecto, la redacción del nuevo artículo deberá trasladar lo establecido en el artículo 7 del Estatuto.» JUSTIFICACION
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2003.--El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 2.
«Artículo 2.De la cooperación pasiva.
A estos efectos se entenderá que todos los poderes y órganos del Estado actuarán en el marco de sus competencias con respeto al citado principio de cooperación.»
Sin embargo, este postulado no tiene un fiel reflejo en el articulado del proyecto, que únicamente prevé con carácter difuso en su artículo 2 que «España prestará plena cooperación», sin mayores concreciones.
Pues bien, estimamos oportuno singularizar los sujetos de colaboración, y tal singularización conlleva, obviamente, una nueva redacción del artículo 2, en cuanto añadir como sujetos de la cooperación pasiva a todas las instancias y poderes del Estado, y del artículo 4, en cuanto adicionar como autoridades competentes para la aplicación de la ley --y tanto en sus ámbitos preliminar, en el juicio como en el posterior de ejecución de las sentencias-- de todas las Administraciones públicas.
«h)El resto de poderes y órganos del Estado.» JUSTIFICACION
Se propone la modificación del apartado 3 y la incorporación de un nuevo 4 con la siguiente redacción:
«3.No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo cuando las víctimas de los hechos sean de nacionalidad española, en cuyo caso, de conformidad con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el conocimiento de los mismos corresponderá a la jurisdicción española.
4.Si los órganos de la Corte no acordaran la apertura de la investigación, acordaran la inadmisibilidad del enjuiciamiento o, en su caso, dispusieran la suspensión de la investigación o enjuiciamiento prevista en el artículo 16 del Estatuto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes de la jurisdicción española.»
El artículo 7 del proyecto supone una modulación del artículo 23 de la LOPJ, que proclama la justicia universal, de tal forma que siendo el autor de los hechos un extranjero y cometidos los delitos fuera del territorio español, la jurisdicción española se vería superada por la de la Corte. Con la enmienda que se introduce se pretende dotar de equilibrio a esta apuesta por la jurisdicción internacional, adicionando un supuesto en el que la preferencia no tiene lugar, cual es cuando la víctima del hecho delictivo sea un nacional español, en cuyo caso siempre se entenderá competente la jurisdicción española. Además se introduce una segunda cláusula de equilibrio que permite la repetición de la denuncia ante los tribunales y órganos del Estado español, en el supuesto de que no se inicie, por la Corte, la investigación, se inadmita el enjuiciamiento o se suspenda cualesquiera de tales procedimientos en los casos previstos en el artículo 16 del Estatuto de Roma, es decir, cuando el Consejo de Seguridad acuerde tal suspensión.
ENMIENDA NUM. 38 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV)
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos (GPSNV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16.2.
«2.El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la audiencia Nacional, que resolverá, en los supuestos en que el Estado requirente sea un Estado Parte, dando prioridad a la solicitud de la Corte en aplicación del artículo 90 del Estatuto. En los supuestos en los que el Estado requirente no sea parte del Estatuto, resolverá de acuerdo con el Tratado que existiera con el citado Estado. Cuando no existiese Tratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte.»
Respetando lo establecido en el Estatuto de Roma, con la presente enmienda se gana en claridad normativa, ya
que se explicitan los supuestos contemplados en el artículo 90 del Estatuto relativo de las solicitudes concurrentes de entrega de la Corte y de extradición por un Estado, según sea éste parte del Estatuto o no.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2003.--El Portavoz, Isidre Molas i Batllori.
ENMIENDA NUM. 39 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 7, apartado 2.
«2.Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal, en relación con hechos producidos en su totalidad en otros Estados, cuyos presuntos autores, víctimas y perjudicados no fueran nacionales españoles, para cuyo enjuiciamiento fuera competente la Corte y respecto de los cuales no hubiera el Fiscal o la Sala de Cuestiones Preliminares adoptado una decisión contraria a su investigación o enjuiciamiento, dichos órganos informarán al denunciante o querellante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte para que inicie, en su caso, una investigación, absteniéndose de proceder de oficio o de adoptar otras medidas que las previstas en las normas procesales, cuando sean procedentes, para asegurar la presentación de los presuntos responsables ante la Justicia, impedir la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba u otros actos de obstrucción a las investigaciones o a las actuaciones judiciales o evitar el riesgo de que los presuntos responsables cometan otros hechos delictivos. La adopción de estas medidas será comunicada inmediatamente al Fiscal de la Corte para que pueda tomar las decisiones que correspondan con arreglo al Estatuto.»
El apartado 2 del artículo 7 del proyecto modifica un principio que ha caracterizado la jurisdicción penal española desde 1985: el principio de jurisdicción universal sobre determinados delitos. Así impone a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal que se abstengan de todo procedimiento por hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, y en caso de denuncia o querella, se limiten a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte. En este supuesto, la imposibilidad de iniciar actuaciones por estos delitos, aunque las víctimas fueran españolas, se referiría a cualquier actuación que pudiera ser competencia de la Corte, aunque no exista causa abierta en la misma, se haya desestimado su incoación en la misma o se hubiera paralizado la actuación por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que no es consecuencia de principios como el de cosa juzgada, litispendencia penal, extinción de la acción o prohibición de doble incriminación.
Por otro lado, la Corte Penal Internacional no persigue todos los delitos previstos en el Estatuto, sino que se limita al conocimiento de «los más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto», pudiendo desestimar por ello la Sala de Cuestiones Preliminares, o paralizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una investigación del Fiscal sobre estos crímenes, lo que tiene como consecuencia que la jurisdicción de la Corte sea expresamente, por precepto del Estatuto de Roma, de carácter complementario o subsidiario de las jurisdicciones nacionales.
ENMIENDA NUM. 40 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 8, apartado 1.
Se propone sustituir «... por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, ...», por el siguiente texto:
«... por haberse realizado en todo o en parte o haberse producido su resultado en territorio español u ostentar sus presuntos responsables, las víctimas o perjudicados las nacionalidad española, ...».
ENMIENDA NUM. 41 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16, apartado 2.
«2.El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolverá de acuerdo con el Estatuto.»
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2003.--El Portavoz, Juan José Laborda Martín.
ENMIENDA NUM. 42 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 7, apartado 2.
ENMIENDA NUM. 43 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 8, apartado 1.
«... por haberse realizado en todo o en parte o haberse producido su resultado en territorio español u ostentar sus presuntos responsables, las víctimas o perjudicados la nacionalidad española, ...»
ENMIENDA NUM. 44 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16, apartado 2.
Francesc Xavier Marimon i Sabaté, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 12 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2003.--El Portavoz, Francesc Xavier Marimon i Sabaté.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 5 del referido texto.
«1.La representación y defensa en juicio ... (resto igual) ... por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de algún Departamento Ministerial o sobre a las que tengan competencias otras Administraciones, se oirá a aquéllos y éstas antes de impartir las citadas instrucciones.»
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 6 del referido texto.
«2.El Ministerio de Justicia es también el órgano ... (resto igual) ...
En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del ámbito competencial de los Ministerios de Interior o Defensa o de las Comunidades Autónomas, recabará el informe de aquellos Departamentos o de estas Administraciones.
Cuando la consulta...» (resto igual).
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 7 del referido texto.
«1.Corresponde exclusivamente al Gobierno ... (resto igual) .... conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.
Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas podrán remitir al Gobierno del Estado una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte para la presentación de la denuncia ante el Fiscal de la Corte. El Gobierno comunicará a la Administración remitente la remisión de la situación a la Corte.»
El respeto a la configuración del Estado como un Estado de las Autonomías hace conveniente prever la posibilidad que las Comunidades Autónomas puedan comunicar al Gobierno una situación en que parezca haberse cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 8 del referido texto.
«1.Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del Fiscal de la Corte de inicio de una investigación conforme al artículo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española por haberse acaecido en territorio español o ser las víctimas u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho...» (resto igual).
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 18 del referido texto.
«2.Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes, según los casos, al Ministerio del Interior y, en su caso, a las Administraciones con competencias en materia penitenciaria, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.»
ENMIENDA NUM. 50 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 21 del referido texto.
«2.Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte ... (resto igual) ... el Ministerio de Justicia autorizará el traslado, comunicándolo al citado órgano judicial, al Ministerio del Interior y, en su caso, a las Administraciones competentes, en coordinación con la Corte.»
ENMIENDA NUM. 51 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 22 del referido texto.
«1.De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre ... (resto igual) ... que impidiesen la aceptación de dicho traslado. En el caso que la condena esté prevista que se cumpla en un establecimiento penitenciario de una Comunidad Autónomas con competencias en la materia será necesario el informe previo de ésta.
Por el Ministerio de Justicia...» (resto igual).
ENMIENDA NUM. 52 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de modificar el apartado 5 del artículo 22 del referido texto.
«5.Cuando se celebre una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducción de la pena de quien estuviera cumpliendo condena en España, corresponderá al Ministerio de Justicia determinar, previa consulta, en su caso, a la Administración con competencia en materia penitenciaria, la conveniencia de la intervención procesal y los términos en deba producirse.»
ENMIENDA NUM. 53 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, a los efectos de adicionar una nueva Disposición Final al referido texto.
«4.Sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica xx/xxxx, de x de xxx, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:
a)Genocidio.
b)Terrorismo.
c)Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d)Falsificación de moneda extranjera.
e)Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
f)Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
g)Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.»»
ENMIENDA NUM. 54 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Se adiciona un nuevo artículo 10 bis a la Ley 38/1988, de 28 diciembre 1988, de Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente redacción:
En los supuestos en que, debido a la concentración de Tribunales y oficinas judiciales, unida a la indisponibilidad de suelo urbano suficiente, se ubiquen oficinas o complejos judiciales ocupando parte de dos términos municipales, se considerará sede de los órganos judiciales el municipio al cual pertenezcan, con independencia de su concreta ubicación física en el edificio o conjunto de edificios.»»
Con la finalidad de renovar los edificios judiciales de Barcelona y concentrar en un único recinto los órganos judiciales de los diferentes ámbitos jurisdiccionales de dicha ciudad, el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña ha iniciado un proyecto para la construcción de un complejo o ciudad judicial.
La envergadura de un proyecto de este tipo requiere la localización de un solar de grandes dimensiones, lo que, habida cuenta de la escasez de suelo en la ciudad de Barcelona y las limitaciones urbanísticas propias de una gran ciudad, ha condicionado en gran medida su ubicación.
Barcelona es una gran urbe con unas características especiales. Su desarrollo urbanístico ha conllevado una necesaria expansión geográfica, que al ser limítrofe con el mar Mediterráneo, se ha desarrollado hacia el interior y se ha ensanchado hacia los extremos, llegando a lindar con otros términos municipales como el de L'Hospitalet de Llobregat.
Ante la insuficiencia de espacio dentro del casco urbano de Barcelona, se ha adquirido un solar en el área metropolitana de Barcelona, donde estaban ubicadas las instalaciones militares del denominado cuartel de Lepanto, el cual pertenece a dos términos municipales, de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat.
El solar adquirido permite concentrar en un único recinto todos los juzgados de Barcelona de 1ª Instancia e Instrucción, Sociales, Penales, Contencioso-Administrativos, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, así como la Audiencia Provincial de Barcelona y los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de L'Hospitalet de Llobregat, a la vez que dispone de una red de comunicaciones lo suficientemente desarrollada como para garantizar su fácil acceso y disponibilidad.
La localización del complejo o ciudad judicial entre dos términos municipales es una posibilidad que no prevé la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (LDPJ).
La Ley de Demarcación y de Planta Judicial establece que las Audiencias Provinciales y los Juzgados con jurisdicción provincial tienen su sede en la capital de la provincia (art. 8 LDPJ) y que los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción tienen su sede en la capital del partido judicial (art. 9 LDPJ). Asimismo, el partido judicial es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a la misma provincia (art. 32.1 LOPJ y art. 4.2. LDPJ); la capitalidad de los partidos judiciales corresponde a un solo municipio (art. 4.4 LDPJ), las Salas y Secciones de cada órgano judicial se hallan en el municipio de su sede (art. 10.2), y el municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre (art. 31 LOPJ) La Ley de Demarcación y de Planta Judicial, que establece la demarcación de los partidos judiciales, configura
en el anexo 1 los municipios de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat como dos partidos judiciales diferenciados, que integran exclusivamente el municipio de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, respectivamente.
En consecuencia, los Juzgados de 1ª Instancia y de Instrucción de Barcelona extienden su jurisdicción al municipio de Barcelona y los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de L'Hospitalet de Llobregat al municipio de L'Hospitalet.
El asentamiento de los órganos judiciales de Barcelona sobre parte del municipio limítrofe de L'Hospitalet de Llobregat es una posibilidad que no prevé la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, por lo que se hace necesario introducir en dicha Ley un nuevo artículo a fin de que los órganos judiciales de un municipio, en circunstancias muy especiales, como las que se plantean en esta proposición de Ley, puedan asentarse sobre el territorio del municipio limítrofe.
ENMIENDA NUM. 55 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Se modifica el artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la siguiente redacción:
«Artículo 622.
Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer el delito, una vez el auto de conclusión haya adquirido firmeza.
Contra el auto de conclusión del sumario podrá imponerse recurso de reforma.
Cuando no haya otra acusación que la del Ministerio Fiscal y éste considere que en el proceso se han reunido los suficientes elementos para su terminación y prosecución, lo hará presente al Juez de instrucción para que, sin más dilaciones, se declare terminada la fase de instrucción, con envío, en su caso, de lo actuado al Juez o Tribunal competente.
A estos efectos, obligatoriamente y una vez transcurridos seis meses desde el inicio de la fase de instrucción, el Fiscal examinará, cada mes, el proceso en la sede del Juzgado a fin de interesar su conclusión o la adopción de las medidas necesarias para su agilización.
En tales casos, al hacer el Juez la remisión del sumario a la Audiencia, cuidará de expresar los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes. En la Audiencia quedará en suspenso la aplicación de los artículos 627 y siguientes hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la resolución en que así se acuerde sea firme, continuará la sustanciación de la causa conforme a los artículos citados; y si se diera lugar a alguna apelación, se revocará sin más trámite el auto del Juez declarando concluso el sumario y se le devolverá éste con testimonio del auto resolutorio de la apelación, para la práctica de las diligencias que sean consecuencia de tal resolución.»»
Por un lado, en la práctica la no posibilidad de recurrir el auto de conclusión produce un notable retraso en su tramitación. Parece aconsejable, por ello, conceder a las partes la posibilidad de proceder a su impugnación mediante un recurso de trámite sencillo y de rápida resolución. Además, la propuesta es conforme con lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la misma Ley, que disponen que todos los autos del Juez de instrucción son susceptibles de ser recurridos en reforma.
Asimismo, se potencian las facultades del Ministerio Fiscal en el proceso penal.
ENMIENDA NUM. 56 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Se modifica el artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la siguiente redacción:
Contra los autos de sobreseimiento libre o provisional dictados por el juez o Tribunal competente cabrá recurso de reforma o de súplica y, de ser desestimados, el de apelación ante la Audiencia Provincial o, en el caso de tratarse de resolución de esta última, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.»»
El objetivos es doble. Por un lado, buscar solución al actual sistema impugnatorio contra los autos de sobreseimiento en proceso por delitos graves, según la interpretación dada por la jurisprudencia al artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, unificar este sistema con el previsto en el procedimiento abreviado y en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Artículo 2 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 13
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 35
Artículo 4 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 14
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 36
Artículo 5 G. P. Convergència i Unió 45
Artículo 6 G. P. Convergència i Unió 46
Artículo 7 Sra. De Boneta y Piedra 1 Sra. De Boneta y Piedra 2 Sra. De Boneta y Piedra 3
Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 15 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 16 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 17 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 18
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 37
G. P. Entesa Catalana de Progrés 39
G. P. Socialista 42
G. P. Convergència i Unió 47
Artículo 8 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 19
G. P. Entesa Catalana de Progrés 40
G. P. Socialista 43
G. P. Convergència i Unió 48
Artículo 9 Sra. De Boneta y Piedra 4
Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 20 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 21 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 22
Artículo 11 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 23
Artículo 13 Sra. De Boneta y Piedra 5 Sra. De Boneta y Piedra 6
Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 24
Artículo 15 Sra. De Boneta y Piedra 7 Sra. De Boneta y Piedra 8
Sra. De Boneta y Piedra 9
Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 25 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 26
Artículo 16 Sra. De Boneta y Piedra 10 Sra. De Boneta y Piedra 11
Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 27
G. P. Senadores Nacionalistas Vascos 38
G. P. Entesa Catalana de Progrés 41
G. P. Socialista 44
Artículo 17 Sra. De Boneta y Piedra 12
Artículo 18 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 28 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 29
G. P. Convergència i Unió 49
Artículo 20 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 30
Artículo 21 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 31
G. P. Convergència i Unió 50
Artículo 22 G. P. Convergència i Unió 51 G. P. Convergència i Unió 52
Artículo 23 Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 32
Disp. Adicional Cuarta (nueva) Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 33
Disp. Adicional Quinta (nueva) Sres. Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares 34
Disp. Final (nueva) G. P. Convergència i Unió 53 G. P. Convergència i Unió 54 G. P. Convergència i Unió 55 G. P. Convergència i Unió 56