Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5947
Timestamp: 2019-10-20 17:48:00
Document Index: 154488578

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'Artículo 657', 'Artículo 718', 'Artículo 719', 'Artículo 781', 'Artículo 784', 'Artículo 785', 'Artículo 66', 'Artículo 242']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 345/2006
SENTENCIA 345/2006, de 11 de diciembre
ECLI:ES:TC:2006:345
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 6 de abril de 2004 el demandante solicitó la designación de Procurador del turno de oficio a fin de interponer demanda de amparo contra las Sentencias que se mencionan en el encabezamiento, que le habían condenado, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación, a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesoria legal y costas.
2. La condena impugnada declaró probado que el pasado 28 de julio de 2001 el demandante accedió al domicilio de doña Luna Espina Martínez, de 81 años de edad, y tras darle varios puñetazos en la mano y advertirle de que se la partiría si no lo soltaba le arrebató un bolso en el que guardaba 23.500 pesetas y las llaves de la vivienda. Los órganos judiciales apreciaron en la conducta del demandante la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción.
3. El recurrente aduce en su demanda de amparo la vulneración de sus derechos a obtener tutela judicial efectiva sin indefensión, de defensa, a ser presumido inocente, a un proceso con todas las garantías y al uso de los medios de prueba pertinentes (art. 24.1 y 2 CE), con fundamento en que la única prueba de cargo que ha justificado su condena son las manifestaciones de la víctima prestadas en fase sumarial, las cuales carecerían de validez probatoria dados los déficits de contradicción que en ellas concurren, pues en fase sumarial se prestaron sin la presencia de su Abogado defensor, y en la fase de plenario no pudo ser interrogada la víctima dada su incomparecencia al acto del juicio oral. En su opinión dichos defectos no pueden ser suplidos por la lectura de la declaración sumarial en el acto del juicio oral, pues no se daban tampoco las circunstancias que, conforme a la ley, permiten darle validez probatoria. En su opinión las circunstancias antes descritas suponen un vacío probatorio que impide fundar justificadamente su condena. Con la perspectiva del derecho a obtener la tutela judicial efectiva cuestiona también la calificación penal de su conducta, tanto por inaplicación del tipo privilegiado de robo —que permite rebajar la pena si se aprecia que, en la conducta del autor, concurre una violencia o intimidación de menor entidad (art. 242.3 Código penal)—, como por la inapreciación de su drogadicción como eximente incompleta o atenuante muy cualificada (arts. 21.1 y 66.2 y 68 del Código penal). 4. El pasado 26 de mayo de 2005 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo previsto en el número 3 del art. 50 LOTC, conceder al demandante y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para formular las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda, causa recogida en el artículo 50.1 c) LOTC.
5. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 7 de febrero de 2006, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atentas comunicaciones a los órganos judiciales competentes para la remisión de testimonio de las actuaciones y el emplazamiento a quienes hubieran sido parte en este procedimiento para comparecer en el mismo. Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó Auto de fecha 13 de marzo de 2006, por el que se acordó suspender de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta y de su accesoria (inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo).
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala de 13 de junio de 2006 se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
7. El recurrente no presentó alegaciones adicionales. En escrito registrado el 3 de julio de 2006 las presentó el Ministerio Fiscal, que interesó la estimación del recurso de amparo, argumentando, desde la perspectiva del derecho a ser presumido inocente, la falta de validez probatoria de la lectura en el juicio oral, del contenido de las declaraciones sumariales de la víctima. Considera que, siendo como era dicha declaración la única prueba de cargo, ante su incomparecencia en el juicio oral justificada en razones de salud, el órgano judicial debió haber utilizado alguno de los mecanismos procesales legalmente previstos (cita los arts. 718 y 719 LECrim), que hubieran permitido que la víctima prestara su testimonio en condiciones respetuosas con el derecho de defensa del acusado. En definitiva, no se daban las circunstancias objetivas que permiten dar valor probatorio a la lectura de las declaraciones sumariales, por lo que, concluye, dicha forma de introducir la prueba testifical no es constitucionalmente legítima. En cuanto a las quejas que aducen el derecho a la tutela judicial efectiva, entiende que las mismas sólo expresan la disconformidad del demandante con la interpretación de las leyes penales, por lo que carecen de contenido constitucional.
8. Por providencia de 7 de diciembre de 2006, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
En este contexto hemos de recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona por sí misma los derechos reconocidos en los párrafos 3 d) y 1 del art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado; esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar el testimonio de cargo e interrogar a su autor bien cuando se presta, bien con posterioridad (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski, § 41; 15 de junio de 1992, caso Lüdi, § 47; 23 de abril de 1997, caso Van Mechelen y otros, § 51; 10 de noviembre de 2005, caso Bocos-Cuesta, § 68, y de 20 de abril de 2006, caso Carta, § 49). Como el Tribunal Europeo ha declarado en la Sentencia de 27 de febrero de 2001, caso Lucà, § 40, “los derechos de defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del art. 6 cuando una condena se funda exclusivamente o de forma determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario”.
Otorgar el amparo solicitado por don Rafael López Alfaro y, en su virtud:
1º Declarar que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de 22 de enero de 2004, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Huelva, y la de la Sentencia de la Sección Tercera de su Audiencia Provincial, de 12 de septiembre siguiente, que ratificó aquélla en apelación
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2243-2004
Promovido por don Rafael López Alfaro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Huelva que le condenaron por delito de robo con violencia e intimidación.
Carece de validez probatoria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado la declaración sumarial de la víctima a la que no fue convocado el defensor del demandante, máxime dadas las irregularidades de que en dicha declaración no aparece más firma que la de la víctima, sin refrendo de autoridad judicial ni fe pública del Secretario Judicial, que no acudió a la misma [FJ 4].
Como regla general, sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral, estando condicionada la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial al cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos (STC 31/1981) [FJ 3].
Hemos de recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona por sí misma los derechos reconocidos en el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado [FJ 3].
La invalidez de la prueba conlleva la estimación de la pretensión de amparo por vulneración de la presunción de inocencia y, por ello procede declarar la nulidad de las Sentencias condenatorias impugnadas [FJ 4].
Artículo 657.3, f. 4
Artículo 718, f. 4
Artículo 719, f. 4
Artículo 781.1, f. 4
Artículo 784.2, f. 4
Artículo 785.1, f. 4
Artículo 66.2, f. 1
Artículo 242.3, f. 1