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Timestamp: 2017-10-17 22:18:50
Document Index: 146230512

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 47', 'artículo 145', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 145']

Sentencia T.S. (Sala 4) de 9 de julio de 2001. Concurrencia de pensiones públicas. Reintegro del cobro indebido. Estimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 9 de julio de 2001
Concurrencia de pensiones públicas. Exceso sobre los topes previstos. Reintegro del cobro indebido. Estimación.
Primero.-1. La presente sentencia debe decidir si el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede regularizar la prestación que percibe un beneficiario de la Seguridad Social por concurrir con otra pensión de clases pasivas del Estado, reduciendo la parte proporcional de aquélla cuyo pago le incumbe en lo que exceda de los topes previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En tal sentido presentó demanda el Instituto y la Tesorería contra la beneficiaria que venía percibiendo pensión de jubilación del Régimen General y de orfandad de clases pasivas del Estado. La pretensión fue estimada por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid. Mas presentado recurso de suplicación, tras diversos abatares procesales, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2000 estimó el recurso, revocó la resolución recurrida y absolvió a la demandada "de toda responsabilidad en relación con el objeto de la demanda".
El INSS interpone el presente recurso de casación para la unificación de doctrina en el que, como sentencia de contraste, invoca la de ésta Sala de 10 de febrero de 1997. Resolución que, como pone de relieve el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, cumple los requisitos exigidos por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la admisión a trámite del recurso. En ambos casos los beneficiarios perciben prestaciones concurrentes, determinantes de la aplicación de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que fijan los topes legales máximos. A consecuencia de ello el INSS reclama el importe de una deuda por cobros indebidos en la pensión de la Seguridad Social, exigiendo su reintegro. Resulta indiferente el que en el caso de la sentencia recurrida la Entidad Gestora haya presentado demanda y en el de la de contraste la pretensión se planteara por vía reconvencional. También resulta indiferente que en el caso enjuiciado se trate de concurrencia con pensión de clases pasivas y en la de contraste la pensión concurrente provenía de una empresa pública. La identidad sustancial se produce en la medida en que existen dos pensiones públicas concurrentes. Y, mientras en la sentencia que hoy se recurre no se admite que el INSS pueda aplicar los topes previstos en las Leyes de Presupuestos, en la parte proporcional de la pensión de Seguridad Social, estableciéndose que la minoración ha de realizarse de acuerdo con el sistema de clases pasivas del Estado, que es quien abona la otra prestación, en la sentencia de esta Sala se reconoce tal facultad a la Entidad Gestora.
Cumplidos los requisitos necesarios para la admisión a trámite del recurso, procede que la Sala se pronuncie sobre la doctrina correcta.
Segundo.-Denuncia la recurrente la infracción, por interpretación errónea, de los artículos 41.4 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y posteriores equivalentes de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en relación con el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 145.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Censura que debe prosperar.
Como pone de relieve la sentencia que se invoca de contraste, dictada en Sala General el 10 de febrero de 1997, las Leyes de Presupuestos contienen mandatos encaminados a fijar el límite máximo para el importe de las pensiones públicas. Este mandato se repite en todas las leyes de presupuestos a partir de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre.
Estos preceptos recogen una norma limitativa de carácter imperativo y de ineludible cumplimiento, y por ello el Instituto Nacional de la Seguridad Social (así como cualquier otra entidad u organismo que lleve a cabo el pago de una pensión pública) está obligado a velar por su más completa aplicación y efectividad, ostentando plenas facultades para adoptar las medidas pertinentes en el momento en que esta entidad gestora se percate de que un determinado pensionista recibe unas prestaciones que sobrepasan el límite legalmente marcado para ese año.
La naturaleza y alcance de esta disposición le otorga un acusado carácter imperativo, que alcanza no sólo a los perceptores de las pensiones públicas, sino también al propio INSS (y a los demás organismos pagadores de tales pensiones), de modo tal que éste tiene forzosamente que acatar y hacer efectivo el mandato contenido en la Ley de presupuestos vigente en el momento en que comprueba que el pensionista de que se trate está cobrando sumas que exceden del límite que esta Ley fija.
Por ello en las leyes de presupuestos comentadas se faculta al Instituto Nacional de la Seguridad Social para revisar periódicamente el importe de los señalamientos iniciales de las pensiones públicas, en los casos de concurrencia de éstas y en lo que concierne a la aplicación de los topes referidos. Así el párrafo cuarto del número cuatro del artículo 41 de la ley 39/1992 (vigente cuando el INSS dictó la resolución de 23 de junio de 1993, impugnada en esta litis) prescribe que "en todo caso, los señalamientos iniciales efectuados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetos a revisión o inspección periódica". Sin duda, este precepto es consecuencia de los criterios y principios consignados en los párrafos anteriores; la revisión que en él se establece puede ser efectuada de oficio por el INSS, si bien ha de tenerse en cuenta que la misma se refiere únicamente a la aplicación del repetido límite legal, como pone de manifiesto el propio contenido de este artículo 41, sin que la revisión comentada pueda afectar a otras materias o temas; es claro además que el referido párrafo cuarto del número cuatro de este artículo atañe a los señalamientos iniciales definitivos, pero debe de entenderse que, a los efectos de esta disposición, esa condición no se pierde por el hecho de que con posterioridad se hubiese aplicado a la pensión inicialmente fijada las revalorizaciones o actualizaciones de los años siguientes.
Se ha de concluir, por tanto, que en los casos de concurrencia de pensiones públicas, cuando el INSS se cerciora de que el beneficiario está percibiendo cantidades que superan el límite máximo establecido por la Ley de presupuestos vigente en ese momento, dicha entidad gestora puede y debe reducir la cuantía de la prestación que ella viene haciendo efectiva, de modo que el titular de ésta, a partir de ese momento, no cobre más de lo debido; y ello aun cuando el exceso en tal percepción se hubiese venido produciendo desde años atrás. No cabe, pues, tener en cuenta aquí lo que dispone el artículo 145.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues la aplicación en el momento presente (en el que se toma consciencia de la irregularidad) y hacia el futuro de los topes que señala la pertinente ley de presupuestos, se regula por los específicos preceptos de la misma, quedando excluida tal aplicación por ende del radio de acción de aquél.
En el caso presente la Entidad Gestora procedió a demandar en petición de condena al abono del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, y en virtud de la doctrina más arriba expuesta, procedía condenar a la demandada al abono de dichas cantidades. Por ello, procede hoy, de conformidad con el dictámen del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimar el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 17 de Madrid, de 28 de enero de 2000.