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Timestamp: 2020-06-04 02:27:11
Document Index: 401316651

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 44', 'artículo 44', 'in fine']

DECRETO 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado. - Registros Administrativos - Euskadi.eus
Nº orden: 4937
Nº disposición: 146
DISPOSICIÓN ADICIONAL .– Dotación de medios.
ANEXO AL DECRETO 146/2008, DE 29 DE JULIO REGLAMENTO SOBRE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA Y SU PROTECTORADO
CAPÍTULO I CARÁCTER, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO
CAPÍTULO II RECONOCIMIENTO DE UTILIDAD PÚBLICA
Artículo 7 – Inicio del procedimiento.
Artículo 8 – Instrucción del procedimiento.
Artículo 9 – Finalización de la instrucción.
Artículo 10 – Utilidad pública de Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.
CAPÍTULO III DE LAS RELACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA Y EL PROTECTORADO
SECCIÓN 1.ª DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA
Artículo 11 – Ejercicio económico.
Artículo 12 – Régimen contable.
Artículo 13 – Cuentas anuales.
Artículo 14 – Llevanza de Libros.
Artículo 15 – Conservación de Libros.
SECCIÓN 2.ª DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL PROTECTORADO
Artículo 16 – Presentación de las cuentas.
Artículo 17 – Memoria anual de actividades.
Artículo 18 – Memoria única.
Artículo 19 – Auditoría de cuentas.
Artículo 20 – Informe de los auditores.
SECCIÓN 3.ª DE LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROTECTORADO
Artículo 21 – Seguimiento de las actividades asociativas.
Artículo 22 – Plazo de las diligencias informativas.
Artículo 23 – Personal encargado de las diligencias informativas.
Artículo 24 – Finalización del expediente informativo.
CAPÍTULO IV REVOCACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA
Artículo 25 – Inicio del procedimiento.
Artículo 26 – Instrucción del procedimiento.
Artículo 27 – Finalización de la instrucción.
Artículo 28 – Revocación de la utilidad pública de Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.
– Las demás funciones que corresponden al Protectorado serán ejercidas por el Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico.
– El procedimiento para obtener la declaración del reconocimiento de utilidad pública se iniciará mediante una solicitud dirigida al Protectorado, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta de la asociación, en la que expresará su denominación exacta y los demás datos registrales.
– En la Memoria de actividades se contendrá una descripción detallada de los siguientes extremos:
Las retribuciones que perciban los miembros del órgano de gobierno por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de dicho órgano.
– Si la solicitud no estuviera cumplimentada en todos sus términos, o no viniera acompañada de la documentación descrita en el presente artículo, el Encargado o Encargada del Protectorado requerirá a la asociación interesada para que, en el plazo de diez días, subsane dicha falta o aporte los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se la tendrá por desistida, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.
– Una vez presentada, y en su caso subsanada, la solicitud, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.
– En particular, podrá solicitar informes a los Departamentos del Gobierno que sean competentes por razón de la materia de que se trate, los cuales deberán ser evacuados en el plazo de quince días.
– Asimismo, podrá acordarse además un periodo de información pública, mediante la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial del País Vasco, a fin de que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular alegaciones, durante un plazo de quince días.
– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.
– Finalizada la instrucción del procedimiento, en el caso de que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y en función de la valoración que los fines y actividades desarrolladas por la asociación merezca a los Departamentos que corresponda, el Consejero o la Consejera del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social propondrá al Consejo de Gobierno, conjuntamente con los Consejeros o Consejeras de los Departamentos que corresponda en función de la materia, el proyecto de Decreto de reconocimiento de la utilidad pública de una asociación.
– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto que declare el reconocimiento de utilidad pública de una asociación, el Protectorado remitirá una copia compulsada del mismo al Registro General de Asociaciones del País Vasco.
– Si no se considerara acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos o la valoración que de los fines y actividades desarrolladas por la asociación no resultara favorable a criterio de los Departamentos que corresponda, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará una propuesta de resolución desestimatoria, que se notificará, antes de someterla al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, a la asociación interesada concediéndole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.
– A la vista de las alegaciones y de la documentación aportada, si se mantuviera el criterio no favorable al reconocimiento, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social resolverá, mediante Orden, desestimar la solicitud, notificándose la misma a la asociación interesada.
– Las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones podrán ser reconocidas de utilidad pública siempre y cuando se acredite que sus fines y actividades realicen el interés general o el bien común por sí mismas, con independencia de los fines y actividades que realicen las asociaciones que las integran.
– En tal caso, se aplicarán a dichas entidades los requisitos y el procedimiento establecidos en el presente Reglamento para las asociaciones que solicitan su reconocimiento de utilidad pública.
– Las asociaciones de utilidad pública deberán llevar el Libro de Inventario y Cuentas Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro de Actas y el Libro Diario. Asimismo podrán llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente según el sistema de contabilidad empleado.
– El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio inicial de la asociación y en el que se anotarán las altas y bajas de los bienes y derechos asociativos, su valoración y los balances de situación al cierre de cada ejercicio económico.
– El Libro de Presupuestos comprenderá el presupuesto de gastos e ingresos confeccionado anualmente para el ejercicio siguiente así como la liquidación del presupuesto correspondiente.
– Los asientos de los Libros Diario y de Actas se llevarán de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.
– Las asociaciones de utilidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, deberán presentar ante el Registro General de Asociaciones del País Vasco las cuentas anuales del ejercicio anterior junto con una memoria descriptiva de las actividades realizadas en dicho ejercicio, en el plazo de seis meses siguientes a su finalización.
– Las cuentas anuales vendrán acompañadas de:
Solicitud firmada por el Presidente o Presidenta de la asociación, en la que se incluirá la manifestación de si existe o no la obligación de auditar las cuentas, de acuerdo con los supuestos contemplados en la Ley que regula la auditoría de cuentas o en el presente Reglamento.
Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, del acuerdo de Asamblea General de aprobación de las cuentas anuales, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación así como con expresión de que las cuentas aprobadas se corresponden con las auditadas en aquellos supuestos en que existe la obligación de auditar, en cuyo caso se adjuntará también el informe de auditoría.
– Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación, el Protectorado examinará si los documentos presentados ante el Registro son los exigidos por el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, si están debidamente aprobados por el órgano competente y si constan las preceptivas firmas del Presidente o Presidenta y del Secretario o Secretaria. En el supuesto de que el examen de los documentos presentados fuera favorable se procederá a su registro o depósito en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.
Las actividades realizadas durante el ejercicio con descripción de las condiciones y circunstancias en que se han desarrollado.
Las variaciones ocurridas entre los miembros del órgano de gobierno.
La forma en que se ha dado consecución al interés general o al bien común realizando de manera significativa los valores de generosidad, altruismo, solidaridad y pluralismo.
El cuadro de financiación de la asociación, con expresión detallada y diferenciada del origen, público o privado, cuantía, destino y aplicación de los ingresos percibidos.
Descripción de los actos de disposición y gravamen llevados a cabo, de las operaciones de crédito concertadas así como de las actividades económicas desarrolladas por la asociación.
Las retribuciones de los miembros del órgano de gobierno percibidas por la realización de servicios diferentes a las funciones que les correspondan como miembros de dicho órgano.
En general, cualquier otra cuestión relevante relativa al cumplimiento de los fines de la asociación o de la normativa vigente.
– La Memoria anual de actividades contemplada en el artículo anterior podrá ser sustituida por la Memoria única prevista en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
– Esta Memoria única comprenderá tanto la información relativa a la gestión económica como la correspondiente a las actividades de la Asociación, y ello sin perjuicio de que las Asociaciones puedan desarrollar en documento anexo una información más detallada de sus actividades.
– Las asociaciones de utilidad pública que tengan relevancia económica deberán someterse a auditoría externa de cuentas en los términos establecidos en la Ley que regule la auditoría de cuentas y en las normas que la desarrollen.
– Tendrán la consideración de relevancia económica aquellas asociaciones en que concurran al menos dos de las siguientes circunstancias durante dos años consecutivos:
Que el valor del patrimonio de la asociación sea igual o superior a 2.000.000,00 de euros. Se entiende por patrimonio la cifra total del activo que figure en el balance de situación de la asociación referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.
Que el volumen de actividades gestionadas por la asociación sea igual o superior a 3.000.000,00 de euros, entendiendo por tal el importe neto anual de los ingresos que figuren en el haber de la cuenta de resultados como consecuencia de las actividades ordinarias de la asociación.
Realización por sí misma de actividades empresariales o participación superior al 5% en cualquier sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios.
Que el número o volumen de servicios remunerados por las personas beneficiarias predomine sustancialmente entre los prestados por la asociación.
– En todo caso, tendrán esta consideración las asociaciones de utilidad pública en las que se den las circunstancias que obligan a las sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas.
– El informe redactado por los auditores de cuentas deberá contener, al menos, las siguientes consideraciones:
Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y de las cuentas anuales.
Si las cuentas anuales expresan o no, a su juicio, la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la asociación.
Si de la contabilidad y cuentas anuales presentadas cabe concluir, a juicio de los auditores, que la asociación lleva a cabo o no una ordenada y transparente gestión económica.
– Cuando la asociación esté obligada a auditoría externa, el informe que emitan los auditores deberá presentarse ante el Registro junto con las cuentas sobre las que verse, al objeto de pueda ser examinado por parte del Protectorado.
– Al Protectorado corresponde, entre otras funciones, velar por el efectivo mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública así como examinar y realizar un seguimiento de la documentación presentada por las asociaciones de utilidad pública.
– El Protectorado incoará expediente informativo acerca del cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones cuando se constaten o resulten indicios de cualquiera de los siguientes supuestos:
La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada.
Irregularidades en la gestión económica de la asociación.
La falta de adecuación entre los fines de interés general perseguidos y las actividades efectivamente realizadas.
Inactividad de la asociación.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico vigente o por los estatutos de la asociación.
– La resolución del Protectorado de incoación de este expediente determinará la forma y las condiciones en que se llevarán a cabo las diligencias informativas.
– El procedimiento de diligencias informativas deberá concluir en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de su notificación al Presidente o Presidenta de la asociación.
– No obstante, podrá ampliarse dicho plazo durante tres meses más cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando la realización de las diligencias informativas revista especial complejidad en atención al patrimonio de la asociación, al volumen de actividades gestionadas, a la realización de actividades empresariales o a la participación en sociedades mercantiles.
Cuando en el transcurso de la realización de dichas diligencias se constaten nuevos hechos distintos de los que hubieren motivado la incoación del expediente.
– Si como consecuencia de las diligencias informativas practicadas se concluyera en la falta de fundamento de los indicios o no se acreditaran efectivamente los supuestos que dieron lugar a la incoación del expediente, se dictará Resolución por la que se archiva el expediente informativo, la cual será notificada a la asociación interesada.
– En el caso de que, a la vista de las diligencias practicadas, se observara bien una falta transitoria de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública, bien un incumplimiento leve o puntual de sus obligaciones, o bien una irregularidad cometida de manera no deliberada en su funcionamiento o en la realización de sus actividades, el Protectorado podrá requerir a la asociación para que adopte las medidas que resulten necesarias para la corrección de la falta, del incumplimiento o de la irregularidad detectadas.
– Si, por el contrario, se dedujera del expediente informativo la no acreditación del mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de utilidad pública, el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones, o en general graves y continuas irregularidades en su funcionamiento o actividades, se dictará resolución de finalización del expediente informativo e inmediatamente se incoará el procedimiento de revocación del reconocimiento de utilidad pública.
– El procedimiento para revocar el reconocimiento de utilidad pública concedido a una asociación se iniciará en todo caso de oficio mediante Resolución por parte del Protectorado cuando concurran alguno de los supuestos contemplados en el número 3 del artículo anterior.
– La iniciación del procedimiento se notificará a la asociación afectada y se le concederá un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.
– Una vez recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.
– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la fecha de su incoación. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se declarará caducado el procedimiento, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
– Finalizada la instrucción del procedimiento, si no resultara acreditado el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de utilidad pública, o se hubiera demostrado el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones o, en general, se hubieran acreditado graves y continuas irregularidades en el funcionamiento o actividades de la asociación, el Director de Estudios y Régimen Jurídico concederá audiencia a la asociación interesada otorgándole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.
– Recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, si hubiera de mantenerse el mismo criterio, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará y someterá a los Consejeros o Consejeras competentes el proyecto de Decreto de revocación de la utilidad pública correspondiente.
– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el mencionado Decreto, el Protectorado remitirá al Registro una copia compulsada del mismo para su oportuna constancia registral.
– Si a la vista de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada se considerara que no ha lugar a la revocación de la utilidad pública, el Director de Estudios y Régimen Jurídico dictará Resolución de archivo del expediente, que se notificará a la asociación interesada.