Source: https://www.scribd.com/document/285652069/C-278-14
Timestamp: 2018-11-14 04:04:02
Document Index: 28952619

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 13', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 58', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 3', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 58', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 58', 'artículo 1774', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 13', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 177', 'artículo 176', 'Artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 193', 'artículo 42', 'artículo 140', 'artículo 23', 'artículo 140', 'artículo 23', 'artículo 143', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 113', 'artículo 1', 'Artículo 181', 'artículo 5', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 13', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1771', 'artículo 1781', 'artículo 140', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 669', 'artículo 1781', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 1781', 'artículo 670', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 2', 'artículo 1781', 'artículo 1771', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 44', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1781', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 1781']

Sentencia 278 de 2014
TAREAS 10-02
Objeto y contenido del Derecho Constitucional
4 Consejos Para Reavivar La Pasión en El Matrimonio
FACULTAD DE APORTAR BIENES RAICES AL HABER
RELATIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Extensión a ambos
cónyuges/BIENES APORTADOS POR LOS CONTRAYENTESValor adicional que adquieren pertenece a la sociedad conyugal y debe
ser divido entre ellos sin que ello configure una vulneración del derecho
de propiedad privada/MATRIMONIO Y LA UNION MARITAL DE
HECHO-Diferencias no implican un desconocimiento del derecho a la
COMPOSICION DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGALAptitud de la demanda
COMPOSICION DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGALMarco normativo
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones diferentes/IGUALDAD
ANTE LA LEY-Alcance y forma de desconocimiento/IGUALDAD DE
TRATO-Alcance y forma de desconocimiento/IGUALDAD DE
PROTECCION-Alcance/IGUALDAD
PROTECCION-Es
sustantiva/IGUALDAD DE PROTECCION-Es positiva
Del derecho fundamental a la igualdad, se desprenden las tres dimensiones
que se exponen a continuación: (i) La ley “debe ser aplicada de la misma
forma a todas las personas”. El desconocimiento de este deber se produce
cuando la ley se aplica de manera diferente a una o a varias personas con
relación al resto de ellas. Así, se viola el derecho a la igualdad desde esta
perspectiva, cuando se reconocen efectos jurídicos diferentes a personas que
se encuentran en un mismo supuesto normativo; (ii) Por otra parte, la
igualdad supone la obligación de que la ley no regule de manera diferente la
situación de personas que deberían ser tratadas de la misma manera o que
regule “de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas
diferente”; (iii) Finalmente, el derecho a la igualdad implica que todas las
personas reciban la misma protección de la ley para lo cual será necesario
efectuar distinciones protectivas. En palabras de la Corte, esta dimensión del
derecho a la igualdad tiene una connotación sustantiva pues parte de la
situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el
tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual,
cuando debería ser igual; es, también, positiva, pues si se presenta una
situación de desigualdad que no pueda apoyarse en razones objetivas y
justificadas relacionadas con el goce efectivo de derechos constitucionales
fundamentales. Corresponde al Estado adoptar “acciones para garantizar la
igual protección.
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES-No sometimiento a ninguna clase de
DERECHO A LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE
GENERO-Protección constitucional
CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Deber de
los Estados de asegurar una igualdad real entre los miembros de la pareja
que conforma el matrimonio o unión de hecho
PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Compromiso de
Estados Partes de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos
PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOSIgualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo
por parte de Estados Partes
RELACIONES FAMILIARES-Jurisprudencia constitucional
SOCIEDAD CONYUGAL-Transformación radical de administración
REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD CONYUGALJurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
DERECHOS Y DEBERES EN RELACION MATRIMONIAL-Test
POTESTAD DE APORTAR BIENES RAICES AL HABER
RELATIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Facultad se reconoce
tanto para la mujer como para el hombre
DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Expresión de la libertad
económica del individuo
La Corte Constitucional ha enunciado las características propias del derecho
a la propiedad privada en los siguientes términos: (i) Es un derecho pleno
porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede
ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento
jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en
que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un
tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras
persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se
extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no
depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un
derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o
transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y
no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y
finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un
poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser
respetado por todas las personas.
La jurisprudencia también ha señalado que, en ocasiones, el derecho a la
propiedad privada puede revestir el carácter de derecho fundamental, cuando
se asocia de manera íntima con otros derechos de esta categoría como el
derecho a la vida, a la dignidad o a la igualdad, de acuerdo con la valoración
específica de cada caso.
DERECHO A LA PROPIEDAD-Enriquecimiento sin causa como
una de las formas en que se viola este derecho
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Jurisprudencia del Consejo de
SOCIEDAD CONYUGAL-Bienes del haber relativo implican
obligación de recompensar al cónyuge que los aportó
BIENES APORTADOS AL MATRIMONIO-Diferenciación entre
actualización del precio de un bien y la valorización o desvalorización
BIENES APORTADOS AL MATRIMONIO-Deber de recompensa
al cónyuge que los aportó comprende el valor aportado con la
corrección monetaria correspondiente/BIENES APORTADOS AL
MATRIMONIO-Valorización adicional del bien como resultado de
las fluctuaciones económicas del mercado pertenece a la sociedad
conyugal y deberá ser dividida entre los cónyuges
SOCIEDAD CONYUGAL-Cónyuges cuentan con la posibilidad de
excluir sus bienes del régimen de la sociedad conyugal a través de
FAMILIA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTEInstitución básica e imprescindible de toda organización social
Esta Corporación ha destacado que el ámbito de protección especial de la
familia, se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la
inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el
imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y
obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la
necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando
cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en
el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos,
independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la
pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener;
y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos
para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.
En cuanto al alcance del concepto de familia, la Corte ha considerado que
debe considerarse la realidad social y por ende, ha ampliado su ámbito de
protección a todo tipo de familias, originadas en el matrimonio, en las
uniones maritales de hecho. en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 40. Carlos Mario Ulloa Mateus y Mónica Alejandra Rodríguez Ruiz. Como se señaló arriba. es decir. esta clasificación no implica discriminaciones para uno u otro tipo de familia sino solo un reconocimiento que hace la Constitución según el origen de la misma. “por la voluntad responsable de conformarla”. instauraron demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 1781 del Código Civil. I. como en el caso de la unión marital de hecho (Ley 54 de 1990). o las constituidas por parejas del mismo sexo. De este modo. o (ii) por vínculos jurídicos. Magistrado Sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. FAMILIA-Constitución por vínculos naturales o jurídicos La Constitución establece que la familia se puede constituir (i) por vínculos naturales. así como a las familias monoparentales. ANTECEDENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1781 (parcial) del Código Civil. numeral 6 de la Constitución Política. por la “decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”. sino en concordancia con el principio del pluralismo. Actor: Carlos Mario Ulloa Mateus y Mónica Alejandra Rodríguez Ruiz. teniendo en cuenta que el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada. esto es. se ha entendido que la familia debe ser especialmente protegida independientemente de la forma en la que se conforma el grupo familiar. el texto normativo acusado con los apartes demandados subrayados es el siguiente: 5 . Texto normativo demandado.: Expediente D-9903. MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias SOCIEDAD CONYUGAL Semejanzas y diferencias Y SOCIEDAD PATRIMONIAL- TRATO DIFERENTE ENTRE SOCIEDAD CONYUGAL Y SOCIEDAD PATRIMONIAL-Jurisprudencia constitucional Ref. 1. Los ciudadanos.
réditos. 2.) De todos los frutos. sea de los bienes sociales. “ARTICULO 1781.2.) De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero. o durante él adquiriere.) Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio. designándolas en las capitulaciones. Se expresara así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte. El haber de la sociedad conyugal se compone: 1.019 del 20 de abril de 1887. puede restituirse en dinero a elección de la misma mujer o del marido.) De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio.) De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio. intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan. Se estiman vulnerados el Preámbulo y los artículos 13. 5. 6. 4.1. designándose el valor.) De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio. Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles. quedando obligada la Sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición. obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. 4 y 6º del artículo 1781 del Código Civil. se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas”. 2. 7.CÓDIGO CIVIL Ley 57 de 1887 (abril 15) Diario Oficial No. 42 y 58 de la Constitución Política. 2. pensiones. Pretensión. Los demandantes solicitan la inexequibilidad total de los apartes señalados y que corresponden a los incisos 3. 2.1. o en una lista firmada por ambos y por tres testigos domiciliados en el territorio. 3. Pretensión y cargos formulados. por los siguientes motivos: 6 . Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer aporta. y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes raíces. 2. o durante el adquiere <sic>. COMPOSICION DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
la disposición acusada no es idónea. que consagran la recompensa del haber relativo. la norma acusada genera un riesgo económico desproporcionado al disminuir la expectativa económica de las partes.2. Si un sujeto tiene la expectativa de aumento de su patrimonio por la valorización de sus bienes. “fue una herramienta de conservación del capital de la mujer a la hora de la liquidación de la sociedad conyugal que se tomó y conservó de la acción re in verso que con la ley Julia estableció Justiniano en cuanto a la dote. presumiendo de forma errada que el aumento patrimonial solo puede darse en los segundos.1. 2. la recompensa que se deriva del haber relativo es inconstitucional y desconoce el principio de equilibrio económico. De este modo.3. fueron inicialmente establecidos en un contexto en el que la mujer se consideraba incapaz y en el que existía la necesidad de protegerla y de garantizarle su patrimonio. no ha cambiado con el transcurso del tiempo a pesar de las reformas que han ocurrido a lo largo de los años especialmente con respecto a la igualdad en las relaciones de pareja. 2.2. La regulación sobre la constitución de la sociedad conyugal dispuesta en la norma acusada del Código Civil. implica para él una pérdida injustificada de su patrimonio y un correlativo enriquecimiento del cónyuge o. La recompensa es una figura incoherente con el sistema económico actual puesto que los bienes no conservan el mismo valor nominal del momento en el que se constituyó la sociedad conyugal.2. En este orden de ideas. prerrogativa que era imprescindible antes de la Ley 28 de 1932”. por mantener vigentes mecanismos de protección económica que fueron creados para la mujer en un régimen en el que se requerían.3. en el caso en el que los bienes hayan perdido valor.2. 2. lo que 7 . La norma acusada desconoce el derecho a la propiedad de los cónyuges. Así. La recompensa derivada del haber relativo. los apartes acusados desconocen el derecho a la igualdad. Esta figura genera un desequilibrio patrimonial. 2. Las normas acusadas no concuerdan con el nuevo contexto constitucional y desconocen el derecho a la igualdad.1. 2. la sociedad debe pagarlos con el valor que tenían al momento de su aporte. 4º.3. y 6º del artículo 1781.2. porque se regula de la misma manera a los bienes muebles e inmuebles. Hoy en día no existe fundamento para conservar la intervención estatal en la regulación patrimonial de la sociedad conyugal ya que la igualdad entre los miembros de la pareja supone una administración dual de los bienes que la conforman. Por lo anterior. la disolución de la sociedad conyugal. y la recompensa se constituye en fuente de enriquecimiento sin justa causa.2. los numerales 3º. Adicionalmente.
el desarrollo de un proyecto de vida común”. Universidad de los Andes: exequibilidad. Adicionalmente. Al parecer. 3. sino de conveniencia para solicitar la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas acusadas. En este sentido. Ministerio de Justicia y del Derecho: inhibición. que no tiene como fin el lucro de los cónyuges sino el cuidado. no se tiene en cuenta que el matrimonio “es un contrato sui generis. De este modo. 2.3.2. 2. la sociedad patrimonial de las uniones permanentes no distingue entre el haber absoluto y el haber relativo.lleva a protegerlos jurídicamente incluyéndolos en el haber absoluto de la sociedad. no es cierto que la sociedad conyugal devuelva los bienes a las partes sin tener en cuenta el transcurso del tiempo y los efectos que por estos se producen. por lo cual no se contempla la figura de las recompensas que sí se mantiene para la sociedad conyugal. no se encuentra que exista vulneración de un marco económico justo.2. Las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución y en particular al artículo 13 Superior porque consagran un régimen patrimonial del matrimonio diferente al de las uniones permanentes. 8 .1. Por lo tanto. ni puede hablarse del “empobrecimiento” o “enriquecimiento” de alguna de las partes. por lo cual si lo que aporta el contribuyente es lo que la sociedad le ha de restituir. 3.1. sino que se unifica el haber social. los argumentos expuestos carecen de suficiencia y claridad. los demandantes no tienen en cuenta que los valores se devuelven indexados y que los efectos o frutos causados hacen parte de la sociedad conyugal. precisamente por no tener un fundamento económico. de este tipo de vínculo no puede predicarse el principio de equilibrio económico.4. La jurisprudencia ha señalado que la suma de dinero que la sociedad restituye a los cónyuges tiene que estar debidamente indexada. En efecto. Los argumentos presentados por los demandantes no cumplen con el requisito de pertinencia al no demostrar razones de constitucionalidad. 2. Academia Colombiana de Jurisprudencia: inhibición. a diferencia de la sociedad conyugal. pues no tiene que haber expectativa alguna de aumento del patrimonio personal para ninguno de ellos.4.4. 3. amor la ayuda mutua. Violación del derecho a la igualdad por regulación diferente de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial de las uniones permanentes. Intervenciones 3.
de igual suma. de la redacción de los numerales 3 y 4 del Código Civil. Respecto del cargo por igualdad.de la mujer aportar sus bienes raíces al matrimonio por capitulaciones o mediante otro instrumento público. En cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la propiedad privada (art. se deduce que la norma no contradice la Ley 28 de 1932 puesto que debe entenderse que dicho aporte lo puede hacer. se advierte que no le asiste 9 . En otras palabras la Ley 28 de 1932 y el artículo 1781 del Código Civil regulan aspectos diferentes puesto que la primera reconoce la capacidad civil de la cónyuge y. relativo a la supuesta violación del derecho a la igualdad. se estima que la figura del haber relativo no contraviene el nuevo régimen de administración que reconoce la plena capacidad de la cónyuge. se señala que la Corte. En efecto. en la sentencia C-014 de 1998. en caso de dinero. se desprende que es potestativo –no obligatorio. tampoco se advierte ningún trato diferenciado entre hombre y mujer puesto que. 58 CP) por parte de las normas acusadas. encontrando que no puede aplicarse un tratamiento idéntico a ambas instituciones. Específicamente. el segundo. por mantener las disposiciones acusadas. sin que esto supusiera remplazar la sociedad conyugal por un régimen de separación de bienes. mecanismos de protección económica creados cuando se presuponía la incapacidad de la mujer. de acuerdo con la doctrina. Con respecto al posible desconocimiento del derecho a la igualdad en razón de la diferenciación en la regulación de la sociedad conyugal y otro tipo de sociedades originadas en la familia como la sociedad patrimonial de compañeros permanentes. en relación con el numeral 6º del artículo 1781 que otorga una facultad a la mujer para aportar inmuebles a la sociedad conyugal.El matrimonio es un contrato con efectos personales y patrimoniales. determina la composición del haber relativo. De la lectura de dicha disposición. aunque el artículo 1781 del Código Civil contiene disposiciones sobre le haber relativo de los bienes muebles aportados a la sociedad conyugal. Frente al primer cargo. y del valor al tiempo de su aporte de los bienes muebles. este numeral no debe aplicarse debido a la reforma sustancial de la Ley 28 de 1932. Considerando lo anterior. en el momento de la disolución de la misma. se desprende que los bienes muebles que aporten ambos cónyuges a la sociedad supone una obligación de restitución. se indica que. Dicha jurisprudencia sostuvo igualmente que. estas no son incompatibles con la Ley 28 de 1932 que destacó la capacidad de ambos cónyuges para la administración y disposición del patrimonio de la misma. la reforma de la Ley 28 de 1932 que llevó a la desaparición del sistema basado en la incapacidad de la mujer casada. no solo la mujer. fue interpretado sucesivamente por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el nuevo régimen reconoció la capacidad plena de la cónyuge para administrar y disponer de los bienes propios y sociales. sino también el marido. por lo cual no se limita a ser una empresa económica. ya ha hecho referencia a la diferencia de la regulación diferenciada de estos dos regímenes.
o que se tengan como aportes definitivos del haber absoluto de la sociedad conyugal. No queda claro. si esta regla subsista en la actualidad. Con la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932.4. En este orden de ideas si estas reglas desaparecieran del ordenamiento jurídico. situación que en cambio no se contemplaba para el marido. los bienes que mencionan los incisos demandados pasarían a un limbo jurídico. dichos bienes se entienden incluidos en los artículos 1782 o 1783 del Código Civil. por tratarse quizás de un rezago de la antigua dote femenina. (4) que el sistema de recompensas no afecta la expectativa patrimonial de mayor o menor valor y la sentencia C-014 de 1998 ya había establecido que la actualización del precio de un bien no equivale al acrecentamiento del patrimonio. que se configuren los elementos del enriquecimiento sin justa causa señalado en la demanda. la primera. 3. Universidad del Rosario: exequibilidad. estos bienes del haber relativo quedarían como parte del haber absoluto de la sociedad conyugal. La demanda se limita a solicitar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas pero no especifican si su pretensión es que estos bienes se mantengan en el haber propio. Sobre la eventual discriminación entre los cónyuges que se desprende de los numerales acusados del artículo 1781. se planteó si los cambios sobre administración libre del haber de la sociedad conyugal por parte de cada cónyuge. (5) que para que exista violación de un derecho debe afectarse su núcleo esencial. e incluso si la Corte se limitase a declarar la inexequibilidad de los numerales demandados. (3) el hecho de que el matrimonio aunque tiene efectos patrimoniales no es una empresa económica. se argumenta que respecto de los numerales 3 y 4. el numeral 6 tiene un trato discriminatorio objetivo. por otra parte. suponían que dicha disposición había quedado derogada o si había pasado a cobijar al marido. Los demandantes tampoco tienen en cuenta que al liquidarse la sociedad conyugal primero debe calcularse el pasivo externo antes que las recompensas puesto que al mismo tiempo esta recibirá gananciales. (2) el haber relativo para la sociedad conyugal adoptada en nuestra legislación el cual se conforma solo cuando las partes así lo desean puesto que los cónyuges no se encuentran obligados a aportar los bienes muebles y el dinero que poseían antes del matrimonio. Existen dos posiciones al respecto. que es la que comparte la intervención.razón a los demandantes y que estos no tuvieron en cuenta varios aspectos tales como (1) que las capitulaciones son una facultad que otorga el ordenamiento a los futuros cónyuges. sino que debería modificar el texto legal para establecer que a partir de ahora. No se advierte. no se viola el derecho a la igualdad de derechos y de las cargas entre los asociados o entre los cónyuges. con cargo de restitución en dinero o en especie. lo cual no ocurre en el presente caso. es que cuando a raíz del cambio normativo el marido dejó de ser el único que 10 . La Corte no solo tendría que interpretar el alcance de la demanda. ya que solo está previsto para la mujer que en el pasado aportaba su inmueble propio para que hiciera parte de la sociedad conyugal. Sin embargo.
5. se comprendió al marido en dicho numeral. se recuerda que la Corte en la sentencia C014 de 1998 aclaró que el mayor valor de los bienes solo puede establecerse una vez que el valor inicial del aporte se haya ajustado según las variaciones monetarias que hayan ocurrido con el paso del tiempo. Sobre la eventual violación del artículo 58 Superior. las recompensas se pagan al momento de la liquidación aplicando los índices de corrección monetaria sobre el monto nominal del momento del aporte para determinar su verdadero valor real. porque de lo contrario podrían suscribir un acuerdo a través de las capitulaciones. esta pasó a tener una posición jurídica equiparable con la de su esposo y quedaría habilitada para acordar con el futuro marido el aporte del inmueble en los términos del numeral 6 del artículo en cuestión. Sea cual sea la posición que se adopte. Ciencias Políticas y Sociales. La segunda interpretación es que. Si los cónyuges permiten que la sociedad conyugal nazca con una alteración del derecho de propiedad o con una inequidad. Es de anotar que la sociedad conyugal no se confunde con el matrimonio y no es tampoco un elemento esencial del mismo. Departamento de Derecho Privado: exequiblidad. La sociedad conyugal no es una sociedad común en la que los socios se reparten las ganancias o las pérdidas sino que representa un patrimonio universal muy equitativo respecto del cual los cónyuges tienen derecho a aportar bienes pero también los pasivos propios.administra la sociedad conyugal. reiteró que el concepto de haber relativo al que se refieren los numerales 3 y 4 del artículo 1781 del Código Civil. Universidad del Cauca. Ahora bien. al devolvérsele la suma nominal se estaría devolviendo menos o más de lo que se aportó. en pronunciamientos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932. los cónyuges también pueden resolver disolver la sociedad conyugal para no someterse a la eventual inequidad. Así. se estima que la demanda es confusa y que no se entiende cuál es el cargo. Facultad de Derecho. con la Ley 28 de 1932. el numeral 6 del artículo 1781 no contradice la Constitución porque no es una regla legal imperativa por lo que requiere de la aceptación voluntaria del afectado. dado que al entrar la mujer a administrar libremente la sociedad conyugal. 3. asunto que no mencionan los demandantes. De otro lado. Si la preocupación de los demandantes radica en el hecho de que la recompensa se toma por el valor del momento del aporte. se reconoce que el legislador dispuso que los bienes muebles quedaran por fuera de la misma y no previó lo que pasaba cuando estos se usaban a favor de ambos miembros de la pareja. es por voluntad propia. siguen 11 . esa aportación de la mujer dejó de ser eficaz y por ende se entiende que la disposición quedó tácitamente derogada. La Corte Suprema de Justicia. con respecto a la sociedad patrimonial.
6. por consiguiente es constitucional que existan diferencias entre las mismas. De las disposiciones acusadas. se advierte que el sistema de recompensas no es exclusivo del concepto del haber relativo y por consiguiente. Con la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932 surgieron varias posiciones sobre la vigencia del haber relativo del artículo 1781 del Código Civil. se advierte que. herencia legado. debería seguir existiendo cm un mecanismo para mantener el equilibrio patrimonial. ello obedece a la libertad de configuración del Legislador que quiso excluir este tipo de haber de la sociedad patrimonial. se considera que esta obedece a una distinción hecha por el Legislador que no necesariamente se sustenta en las razones que exponen los demandantes. Para algunos. la sociedad conyugal debe recompensar el valor del bien al momento de su aporte. 3. Sobre las recompensas. si bien en un principio la finalidad de estas disposiciones era la de otorgar un tratamiento igual a los cónyuges aportantes. Con respecto a la diferencia entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. la nueva normatividad modificó la estructura de los activos de los bienes que formaban la masa social dado que el marido dejó de ser el único administrador de la sociedad y la mujer adquirió la capacidad para administrar libremente los bienes. aunque sí las rentas y frutos de las mismas. la única que genera cierta duda es el numeral 6 del artículo 1781 y que con la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932. se estima que debería ser el Legislador quien se pronuncie sobre este asunto para lograr un reconocimiento justo que compense la pérdida del valor adquisitivo de los bienes aportados a la sociedad conyugal. como lo sostienen los demandantes. en los términos del mencionado numeral. debería concluirse que alguna de las dos sobra. que no forman parte de la sociedad los bienes adquiridos en virtud de donación. En todo caso. el haber relativo de los numerales 3 y 4 del artículo 1781 no ha sido derogado y es aplicable al sistema de administración de ambos cónyuges con respecto a la sociedad conyugal. establecida en la Ley 54 de 1990. Universidad Externado de Colombia: exequibilidad condicionada. En cuanto al valor de la recompensa. si bien el Legislador estableció en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 54 de 1990. no al momento de la disolución y/o liquidación. De otro lado.vigentes después de expedida dicha normatividad y que no se trata de mecanismos previstos única y exclusivamente para la protección de la mujer. se trata simplemente de una facultad que tienen los futuros cónyuges el aportar los bienes inmuebles. debería entenderse que hoy opera también para el marido. se considera que no se desconoce la Constitución por cuanto. la institución del haber relativo se entiende derogada y sin vigencia. Con relación a las diferencias entre sociedad conyugal y sociedad patrimonial. De acuerdo con esta postura. ni los que se hubiesen adquirido antes de conformarse la unión marital. lo que puede resultar en desmedro de uno de los cónyuges o de 12 . Si las dos figuras tuvieran que ser iguales en todos sus efectos. hoy en día “dicha finalidad no se cumple y por el contrario puede ser objeto de inequidades por cuanto. Para la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
pero nada se menciona sobre los bienes del hombre. por lo cual el Legislador ha regulado de manera distinta estas dos instituciones atendiendo a las facultades constitucionales que le han sido otorgadas en esta materia. Tampoco es posible equiparar el matrimonio con la unión marital de hecho o con la sociedad patrimonial que surge de esta última dado que se trata de realidades jurídicas diferentes tal y como lo ha sostenido en numerosas ocasiones la jurisprudencia constitucional. 3. es decir que nadie está obligado a casarse ni a constituir la sociedad conyugal. al no reunirse los requisitos para que configure. Sin embargo. no es una imposición del Estado. Intervención del ciudadano Carlos Andrés Ramírez Buitrago: inhibición. Con respecto a los numerales 3 y 4 del artículo 1781 del Código Civil. ya que esta puede no existir o disolverse por el mutuo acuerdo de los cónyuges. La ley no hace ninguna distinción considerando si el bien se deprecia o se valoriza y la jurisprudencia nada ha dicho al respecto. por lo que se subraya la importancia de modificar la institución de las recompensas para reconocer el valor de estos bienes en el momento de la disolución de la sociedad conyugal.7. se concluye que esta situación no se traduce en la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas. sino que depende de la libertad de los cónyuges. Por otra parte. se señala que no se produce una vulneración de la Constitución dado que dichas disposiciones no generan ningún trato discriminatorio hacia la mujer. Aunque en este caso se utiliza un criterio que podría considerarse sospechoso. por consiguiente. la regulación del matrimonio. Procuraduría General de la Nación: exequibilidad. Únicamente el numeral 6 confiere un trato distinto al hombre y a la mujer dado que dispone que los bienes raíces de esta última forman parte del haber relativo de la sociedad y que. Adicionalmente los cargos carecen de certeza porque se desprenden de posibles efectos y de conjeturas relacionadas con la aplicación de las normas acusadas que llevan al demandante a creer que existe un riesgo patrimonial. Señala que el matrimonio no se circunscribe a meras formalidades o solemnidades sino que es una verdadera comunidad de vida que conforman libremente los cónyuges. 4. se advierte que la Constitución otorgó un amplio margen de configuración al Legislador para regular el contrato de matrimonio y sus efectos civiles. ni puede considerarse como fuente de enriquecimiento sin causa. pueden ser susceptibles de una eventual recompensa. En primer lugar. siendo solo uno de sus efectos la configuración de una sociedad de tipo patrimonial. 13 .la sociedad conyugal por el paso del tiempo sin hacer los reajustes correspondientes”. La demanda carece de pertinencia por tratarse de argumentos que no son de orden constitucional.
al igual que la mayoría de las intervenciones. Competencia La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por ciudadanos colombianos. II.1. 2. se refiere a los bienes raíces aportados por la mujer sin mencionar los del marido. 4º y 6º del artículo 1781 por la posible violación del artículo 58 de la Constitución. Finalmente. Solo en este caso. En vista de la solicitud de inhibición formulada por algunos de los intervinientes. la Corte considera.2. la Procuraduría reitera que esta regulación se desprende de la amplia libertad de configuración del Legislador en esta materia. Por lo tanto. contra una disposición vigente contenida en el Código Civil. Así fuera una institución que únicamente se previera para la mujer. Con respecto al primer cargo. dirigido contra los numerales 3º. con relación al primer cargo. Por consiguiente. se considera que se genera una mínima duda respecto del régimen de 14 . así como del carácter libre del contrato de matrimonio.3. de manera expresa. la sociedad le restituyera el valor de los bienes aportados a la misma. Sobre el segundo cargo. 2. la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución. dicha discriminación no se configura puesto que también existe la posibilidad de que los bienes raíces del hombre entren al haber de la sociedad conyugal si así se pacta a través de las capitulaciones. convendría examinar si existe un eventual desconocimiento del artículo 13 y 42 –inciso 5ºSuperiores. en caso de liquidación. solo se estudiará la posible inconstitucionalidad del numeral 6º del artículo 1781 por la presunta violación del derecho a la igualdad. es preciso revisar los planteamientos de los demandantes y establecer si los cargos cumplen con los requisitos exigidos para las demandas de inconstitucionalidad.la Vista Fiscal considera que lo único que establece la norma es una posibilidad o facultad para los futuros cónyuges y no un mandato de que los bienes raíces de la mujer entren a la sociedad conyugal. En todo caso. 2. 2. en el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil que. con respecto a la supuesta afectación que representa la recompensa para el patrimonio de ambos cónyuges. permitiría salvaguardar su patrimonio asegurando que. Análisis de los cargos de las demandas. que solamente puede sostenerse un eventual trato diferente entre hombre y mujer. esto lejos de perjudicarla. CONSIDERACIONES 1. la condición accidental que en el mismo tiene la sociedad conyugal y la absoluta libertad con la que cuentan los cónyuges para decidir qué bienes entran o no al haber de la sociedad conyugal.
sin establecer dicha prerrogativa también para el marido? 3. Cuestión previa: marco normativo. consista únicamente en la restitución del valor nominal de los bienes en el momento de la constitución de la sociedad conyugal? 3. la sociedad de bienes se encuentra subordinada a la existencia del matrimonio sin embargo. Finalmente. es irrazonable y afecta de manera desproporcionada el derecho a la propiedad privada.1. establecido en el artículo 13 Superior y el mandato constitucional de iguales derechos y deberes de la pareja en el matrimonio. efectivamente. 3. se entenderá que ésta ha existido desde el momento en el que el matrimonio fue celebrado1. considerando que dicha disposición mantiene la facultad. Al disolverse el vínculo matrimonial o al liquidarse la sociedad. el hecho de que la recompensa del haber relativo consagrado en los numerales 3º. ¿Se viola el derecho a la igualdad. Así. Problema jurídico constitucional.recompensas por lo cual deberá examinarse si. la sociedad conyugal se contrae por el mero hecho del matrimonio. consagrado en el artículo 42.2. La Corte Constitucional. resolverá los siguientes problemas jurídicos: 3. 4. a falta de pacto escrito. éste no depende de la sociedad conyugal y su disolución tampoco lo afecta. 4º y 6º respecto del derecho a la igualdad.4. por el hecho de que el Legislador haya regulado de manera diferente la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de las uniones permanentes? 4. ¿Desconoce el numeral 6 del artículo 1781 del Código Civil el derecho a la igualdad. Las normas aplicables serán las del Título XXII del Libro IV del 1 Existe en este punto un debate teórico de modo que para algunos doctrinantes la sociedad conyugal nace con el matrimonio y para otros con la disolución y liquidación de la misma. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil. 2. ¿Vulnera el artículo 58 de la Constitución.3. 15 . en guarda de la supremacía de la Constitución. 4. de aportar al haber relativo de la sociedad conyugal bienes raíces que deberán serle recompensados en caso de disolución y liquidación de la misma. el hecho de que solo se restituya el valor nominal de los bienes en el momento de la disolución de la sociedad conyugal. la Corte estima que también se produce una duda mínima en relación con la posible violación de los numerales 3º. únicamente en cabeza de la mujer. en razón de las diferencias que existen en la regulación de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial.1.2. En los términos del artículo 1774 del Código Civil.
Editorial Universidad del Rosario. de acuerdo con el régimen legal aplicable actualmente en esta materia. pertenecen a la sociedad conyugal y no deben ser restituidos a la parte que los obtuvo. 1995. Acorde con el numeral 1º. el haber social se entiende conformado por los bienes establecidos en el artículo 1781 del Código Civil3. 2 Cañon Ramírez. Los bienes del haber absoluto se encuentran definidos en los numerales 1º. El régimen de bienes aplicable a la sociedad conyugal. sin que se hayan estipulado las capitulaciones. siempre que no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales de acuerdo con los artículos 1771 a 1773 del mismo Código. los salarios. luego de pagadas las deudas de la sociedad. Facultad de Jurisprudencia. que se devenguen durante el matrimonio. depende entonces de la voluntad de los futuros esposos. indemnizaciones y. en general. Tomo II-Volumen 1. de acuerdo con el numeral 5º. 2º y 5º del artículo 1781 de Código Civil. todos aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas. se reparten por partes iguales entre los cónyuges en el momento de la disolución y liquidación de la sociedad. Bogotá. a falta de capitulaciones. La sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el haber absoluto y el haber relativo4. Derecho de Familia. la sociedad los cónyuges pueden disponer libremente de los bienes propios que adquieran antes del matrimonio y de los bienes de la sociedad que adquieran con posterioridad al mismo (C-1294 de 2001). Editorial Presencia LTDA. remuneraciones.Código Civil.3.1. 2011. Una vez contraído el matrimonio. prestaciones sociales. Familia. Quedan completamente excluidos del haber social los bienes que se señalen en las capitulaciones o los bienes inmuebles adquiridos antes de la vigencia del matrimonio o los bienes que se adquieren con recursos designados para tal efecto en las capitulaciones o en el acto de donación y las creaciones intelectuales. Bogotá. 4 Ver Medina Pabón. Derecho Civil. 3 Es importante precisar que. 4. los cónyuges no podrán modificar las reglas aplicables por ser la sociedad conyugal una institución de orden público familiar2. intereses y lucros naturales o civiles que se deriven de los bienes sociales o de los bienes de cada cónyuge. pensiones. utilidades. Derecho Civil. 4. En este orden de ideas. Los bienes del haber absoluto.3. los bienes y derechos reales muebles e inmuebles que cualquiera de los esposos adquiera durante el matrimonio a título oneroso ya que se presume que se compran con los recursos de la propia sociedad. pertenecen a la sociedad conyugal. Legislación – Jurisprudencia – Doctrina 1887-1994. honorarios. Pedro Alejo. Igualmente los frutos. 16 . tal y como lo determina el numeral 2º del artículo 1781. Juan Enrique. réditos. Se incluyen también en este grupo.
4. 5.1. 17 . quedan integrados de manera automática al haber social en el momento del matrimonio.3. El derecho a la igualdad en el matrimonio y en la administración de la sociedad conyugal. El numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil desconoce el artículo 13 y 42 de la Constitución al establecer una diferencia de trato entre hombres y mujeres en relación con la posibilidad de aportar inmuebles al haber relativo de la sociedad conyugal. Todos los bienes de los cónyuges que ingresan al haber relativo implican el deber de recompensar su valor en el momento de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. que cualquiera de los cónyuges aporta al matrimonio o durante él adquiere. 4. son los bienes y derechos reales inmuebles adquiridos a cualquier título antes de la vigencia de la sociedad conyugal. en virtud del matrimonio como en el caso anterior.2.3. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda.3. Los dineros. 5. son aquellos descritos en los numerales 3º. Igualmente se excluyen del haber social los bienes presentes o futuros que se señalen en las capitulaciones. Cargo 1: Violación del derecho a la igualdad entre hombre y mujer en el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil.2. a los que se refieren los artículos 3º y 4º. 5. las cosas fungibles y las especies muebles –incluso los adquiridos por donación. Finalmente. Los bienes que se incorporan al haber relativo de la sociedad. el bien raíz aportado por la mujer y expresado mediante capitulaciones o en cualquier instrumento público en el momento de su aporte. aquellos cuyo título o causa se produzca antes del matrimonio y también los inmuebles propios subrogados después del matrimonio. los bienes que no se incluyen en la sociedad conyugal y que por ende no son considerados en el momento de la disolución de la misma. sino de un aporte voluntario de la cónyuge antes o durante la vigencia del matrimonio. De otro lado. herencia o legado-. En este caso no se trata de un incorporación automática. también ingresa al haber relativo de acuerdo con el numeral 6º del artículo 1781.
24). sin que estas fueran recíprocas. en el presente caso. pues si se presenta una situación de desigualdad que no pueda apoyarse en razones objetivas y justificadas relacionadas con el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales. también. Considerando que.2. ésta le debía “obediencia” a aquél. Corresponde al Estado adoptar “acciones para garantizar la igual protección”10”11. Ibíd. 11 C-008 de 2010. El desconocimiento de este deber se produce cuando la ley se aplica de manera diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas7. 5. además de no compartir la patria potestad sobre sus hijos. (ii) Por otra parte. antes de promulgarse la Constitución de 1991 “el marido le debía “protección” a la mujer. y la mujer obediencia al marido. se desprenden las tres dimensiones que se exponen a continuación: (i) La ley “debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas”6. aprobada mediante la Ley 16 de 1972. en este punto. positiva. a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. cuando debería ser igual” .2. Tal y como lo señala la sentencia C-507 de 2004. 12 Código Civil. (iii) Finalmente. es. Así. el derecho a la igualdad implica que todas las personas reciban la misma protección de la ley para lo cual será necesario efectuar distinciones protectivas. los demandantes alegan que la ley establece una diferencia de trato en razón del género con relación a los bienes raíces que la mujer puede aportar a la sociedad y que deben ser recompensados en el momento de su liquidación.13 y tenía obligaciones específicas de “seguirlo”.5. En palabras de la Corte. la igualdad supone la obligación de que la ley no regule de manera diferente la situación de personas que deberían ser tratadas de la misma manera o que regule “de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente”9. 7 Ibídem.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974] 13 Código Civil. esta dimensión del derecho a la igualdad “tiene una connotación sustantiva pues “parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual. y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (Art. es preciso referirse. || El marido debe protección a la mujer.12 La mujer. a la igualdad entre el hombre y la mujer en el matrimonio y en el marco de la sociedad conyugal. cuando se reconocen efectos jurídicos diferentes a personas que se encuentran en un mismo supuesto normativo8.1. estaba sometida a la potestad marital.2. 2 y 3). se viola el derecho a la igualdad desde esta perspectiva. 10 Ibíd. 9 C-507 de 2004. Del derecho fundamental a la igualdad5.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974] 18 . 13 CP y Tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (arts. 6 C-507 de 2004. decía el artículo 177: ‘La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. decía el artículo 176: ‘Los cónyuges están obligados a guardarse fe. 8 C-008 de 2010. aprobado mediante la Ley 74 de 1968. tan 5 Art.
Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información. 5.sólo se le daba el derecho a ser admitida en la casa del marido. 1. 5. 17 Artículo 16. en todos los casos.4. o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional. f. d. en el derecho internacional. se estableció la igualdad definitiva entre marido y mujer al eliminarse la potestad marital. la capacidad de la mujer en el manejo de los bienes era limitada. En el marco de las relaciones familiares y en el matrimonio. también se introdujeron disposiciones que promovían la dirección conjunta del hogar y del sostenimiento de la familia.2. El progresivo reconocimiento legal de los derechos de la mujer fue recogido en la Constitución de 1991. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. e. fijando la potestad parental en cabeza de ambos padres y.2. se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico. c. decía el artículo 178: ‘El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirlo a dondequiera que traslade su residencia. los hombres. la cual. los intereses de los hijos serán la consideración primordial. Posteriormente. en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a. la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. cualquiera que sea su estado civil. en particular. decía el artículo 193: ‘El marido menor de dieciocho años necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal. sin embargo. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento. en el tema puntual de la familia. establece en el artículo 42. con la Ley 1ª de 1976 “Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil. El mismo derecho para contraer matrimonio. ya no requerían curador para administrar su sociedad conyugal15”16. en materias relacionadas con sus hijos. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores. b. por ende. solo con la expedición del Decreto 2820 de 1974 “Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”. en todos 19 . curatela. desde los 18 años. || La mujer. consagran el deber de los Estados de asegurar una igualdad real 14 Código Civil. custodia y adopción de los hijos. tiene derecho a que su marido la reciba en su casa. 14 Como se dijo. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y. se reconoció el derecho de la mujer para solicitar el divorcio en igualdad de condiciones que el hombre. Incluso la posibilidad de que la mujer trabajara se encontraba sometida a la voluntad del marido. Asimismo.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974] 15 Código Civil.’ [derogado por la Ley 28 de 1932] 16 C-507 de 2004. y se modifican algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia”. por su parte. la igualdad de derechos y deberes sobre los hijos no emancipados. que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. asegurarán.3. || Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. instrumentos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer17. inciso 5.
De este modo. La Corte también ha señalado la necesidad de reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer en las relaciones familiares. PDCP. Los mismos derechos personales como marido y mujer. el Comité de Derechos Humanos emitió la Observación general N° 18 No discriminación. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad. 6 del Código Civil establecía una diferencia injustificada entre hombre y mujer. Esta igualdad se aplica también a todas las cuestiones derivadas del vínculo matrimonial. 19 En el 37° período de sesiones (1989). en relación con el matrimonio19. En dicha Observación se señaló que las medidas adoptadas para garantizar la igualdad entre esposos. gestión. compras. la Corte se planteó el siguiente problema jurídico: “¿Una norma desconoce los derechos fundamentales de los niños (art. 18 Art. 44. Asimismo. 17 n. la gestión de los asuntos del hogar. la educación de los hijos y la administración de los haberes. en los términos de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. en la cual se planteó si el artículo 140 n. suponía una discriminación para las mujeres así como el desconocimiento del deber del Estado de suprimir. 13 y 43. entre muchas otras. administrativo o de otro tipo. 4 Convención Americana de Derechos Humanos. goce y disposición de los bienes. en la Observación general N° 19 La familia (artículo 23) se estableció que “durante el matrimonio. durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”20. al prever que solo esta última podía convalidar el matrimonio celebrado por rapto. en la sentencia C507 de 200421 se consideró que el hecho de que el Código Civil consagrara edades diferentes para efectos de contraer matrimonio en razón del género. g. tanto a título gratuito como oneroso. entre ellos el derecho a elegir apellido. 3 PDCP. el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados Partes se “comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” 18 y. los esposos deben tener iguales derechos y responsabilidades en la familia. Esta igualdad es también aplicable a los arreglos relativos a la separación legal o la disolución del matrimonio”. en el 39° período de sesiones (1990).entre los miembros de la pareja que conforma el matrimonio o la unión de hecho. art. determina que “los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio.5. Sin pretender ser exhaustivos conviene citar. los intereses de los hijos serán la consideración primordial. al examinar la constitucionalidad del artículo 140 del Código Civil. 21 En este caso. 23 n. Asimismo. Por su parte. 20 Art. como la elección de residencia. como lo exige el Pacto”. 5. implica la puesta en marcha de medidas de carácter legislativo. “los Estados Partes tienen la obligación positiva de asegurarse de que los esposos tengan igualdad de derechos. 2. Como sea. CP) al declarar “nulo y sin efecto” el matrimonio celebrado por una mujer adolescente menor de doce (12) años. la sentencia C-007 de 2001. en los mismos términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. la citada sentencia estimó los casos. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias. administración. profesión y ocupación. CP) y el principio de igualdad (en especial la igualdad de protección y la prohibición de discriminación entre sexos —arts. en esa ocasión la Corte condicionó la exequibilidad de la norma a que se entendiera que también el hombre raptado podía convalidar el matrimonio. h. incluso de carácter legislativo. 4. mientras que en el caso de un varón adolescente igual efecto sólo se otorga a los matrimonios cuando éste es menor de catorce (14) años?”. para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. en los términos del párrafo 4 del artículo 23. todas aquellas disposiciones que mantengan y reproduzcan la discriminación culturales y tradicional de género.2. 20 .
la asistencia y auxilio mutuo. siempre y cuando no se trate de medidas que busquen promover la igualdad de personas tradicionalmente marginadas. El régimen patrimonial de la sociedad conyugal del Código Civil. Por eso. por esa sola circunstancia. las obligaciones y deberes mutuos de los esposos se relacionan con el debítum conyugal. debiéndose establecer si la distinción es proporcional en sentido estricto. también incidió en el paulatino reconocimiento de los derechos y obligaciones de estas últimas con respecto a los efectos económicos del vínculo matrimonial.6. bajo la modalidad de acciones afirmativas. 21 . al examinar las excepciones para solicitar la nulidad del matrimonio22. La progresiva igualdad lograda entre hombres y mujeres en el seno de la familia y el matrimonio. de este modo. bien sea. “por su condición de esposos” o por su calidad de padres. En el mismo orden de ideas. en la administración exclusiva del marido de los bienes propios. En primer lugar. se fundamentaba en dos supuestos básicos. Sentencia C-875 de 2005. prima facie. 25 Cfr. inconstitucionales salvo que estén orientadas a definir el ámbito de acciones afirmativas en favor de la mujer”. las clasificaciones basadas en el género son. cargas. en la misma providencia se destacó que dicha presunción de inconstitucionalidad puede desvirtuarse siempre que se demuestre que hay fines legítimos e imperiosos que sólo pueden alcanzarse acudiendo al sexo como criterio de clasificación. deberes y obligaciones. así como si la distinción es necesaria para alcanzar dicho fin. recíprocos derechos. La 22 Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 143 del Código Civil. la convivencia. en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1361 de 2009. Sentencia C-271 de 2003. 23 Demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del Código Civil. antes de la reforma introducida por la Ley 28 de 1932. si llegan a serlo 25”. también era responsable de las deudas frente a terceros. los de la cónyuge y los de la sociedad conyugal. pero también “frente a la sociedad y al Estado” 24 […] “en el seno de la familia” y en forma conjunta. “cuando el legislador distingue entre hombres y mujeres.2. No obstante lo anterior. 24 Cfr. así como el esposo era quien administraba los bienes. la fidelidad. en estos casos será preciso aplicar un juicio de proporcionalidad. De lo anterior se desprende que. se encuentra ante una prohibición constitucional expresa de discriminar por razones de género. en la medida en que son miembros de una relación familiar y los tienen en condiciones de igualdad entre ellos mismos como pareja.que. “asumen el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos que el orden natural y positivo les imponen”. reiteró que la Constitución prohíbe cualquier trato diferente en razón del género. conformados por los bienes muebles e inmuebles que los cónyuges aportaban al matrimonio y de los inmuebles adquiridos a título oneroso después del matrimonio. la sentencia C-008 de 2010. la solidaridad y la tolerancia. En la sentencia C-577 de 201123 también se estableció que “quienes tienen la calidad de cónyuges adquieren. 5.
Por otra parte.P.S.2494. entrada en vigor el 1º de enero de 1933. En efecto. consagró un sistema compartido de administración de bienes por virtud del cual cada uno de los cónyuges es autónomo en la administración y disposición de los bienes adquiridos con anterioridad a la celebración del matrimonio. pero tampoco único responsable de las deudas de la sociedad a quién los acreedores recurrían para perseguir la satisfacción de sus créditos”28.administración de los bienes por parte del marido.9. Gaceta Judicial Tomo CCLV No. se considera que los cónyuges han tenido dicha sociedad desde la celebración del matrimonio si bien durante la vigencia del mismo se tengan como separados de bienes29. como resultado de la entrada en vigencia de la Ley 28 de 1932.2. en dicho régimen patrimonial. 7145 del 19 de diciembre de 2004). 29 Sentencia N° 91.8. 5.P. especialmente en relación con la disposición de derechos económicos que servían para proteger los intereses de la mujer.2. C. en ese caso. Cesar Julio Valencia Copete (Exp. Sala de Casación Civil. 28 C-1294 de 2001. decae con la disolución de la misma y que. 5. Lo anterior fue reiterado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Con la expedición de la Ley 28 de 1932. 5. A partir de la expedición de la Ley 28 de 1932. Retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. también quedó claro que la capacidad dispositiva de la que goza cada cónyuge en el marco de la sociedad conyugal. en adelante. así como en la administración y disposición de los bienes adquiridos con posterioridad a ésta. M. Jorge Antonio Castillo Rugeles. de modo que esta adquirió capacidad plena civil.2. la Corte Constitucional ha descrito el nuevo régimen patrimonial de la sociedad conyugal en los siguientes términos: “La Ley 28 de 1932. la mujer no podía disponer de sus bienes ni celebrar contratos sin autorización del marido o. quedaron derogadas todas las disposiciones que consagraban la incapacidad de la mujer. judicial y extrajudicial. como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera”. El marido no era ya. Sala de Casación Civil. subsidiariamente del juez. el artículo 1º de dicha ley determino que “durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él.J. estaba sin embargo sujeto a ciertas restricciones. el régimen patrimonial de la sociedad conyugal sufrió un cambio trascendental puesto que se estableció que tanto el marido como la mujer tendrían en adelante la capacidad de administrar de manera compartida la sociedad. M. para disponer de los bienes de la sociedad conyugal y el marido dejó de ser considerado como representante legal de su esposa27. Los bienes aportados a la comunidad debían ser restituidos en su valor original al momento de disolverse la sociedad conyugal26. dueño de los bienes sociales ante terceros. Proceso 4920. Se trata de una combinación de los regímenes de separación y de 26 C-1294 de 2001. 22 . Así. 27 Artículo 181 del Código Civil subrogado por el artículo 5 de la Ley 28 de 1932. en punto al aspecto patrimonial.7.
además de ser la contribución de la mujer a la economía familiar.3.2. los bienes comprendidos en el numeral 6º del artículo 1781 del Código. tenía la obligación de restituir o recompensar los bienes aportados por su esposa. El numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil no desconoce el derecho a la igualdad del artículo 13 y 42 inciso 5º. la finalidad de la norma era proteger los bienes aportados por la mujer la cual no trabaja y los aportaba al matrimonio para contribuir a la economía familiar y como indemnización en caso de que el hombre quisiera divorciarse. antes de las reformas que consagraron la igualdad entre los cónyuges en la administración de la sociedad patrimonial. de lo cual se desprende la obligación de restitución o recompensa en caso de disolución de la sociedad. (ii) establece una diferencia de trato entre hombres y mujeres. los cónyuges gozan hoy en día de los mismos derechos y deberes no solo en el marco del matrimonio y de las relaciones familiares. representan la herencia de la antigua dote que.1. como una especie de indemnización.3. este tipo de bienes. 23 . usualmente inmuebles. ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal.10. Dicho esto. de modo que “existen a la par dos patrimonios ubicados autónomamente en cabeza de cada uno de los cónyuges.3.3. 5. En conclusión. Así. es decir que su aplicación depende de la voluntad del cónyuge. Cit. El numeral 6º del artículo 1781 determina la posibilidad de que la mujer aporte a la sociedad conyugal un bien inmueble que entra a formar parte del haber relativo de la misma. cuya individualidad se desvanece al disolverse la sociedad conyugal.2. momento en el cual emergerá ‘del estado de latencia en que yacía a la más pura realidad”30.3. Medina Pabón. la mujer aportaba al momento de casarse. tan singular sociedad permanecerá latente hasta su disolución.comunidad restringida. 31 Op. como en otras legislaciones en Occidente. 30 Ibídem. queda claro que el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil: (i) consagra una facultad. pues. 5. (iii) determina que los bienes raíces aportados por la mujer en las capitulaciones o en otro instrumento público en el momento de su aporte. 5. De acuerdo con algunos tratadistas 31. Asimismo. tenían como finalidad evitar que el hombre abandonara el matrimonio ya que en caso de disolución del vínculo. 5. sino también en relación con la posibilidad de administrar en igualdad de condiciones la sociedad conyugal pudiendo disponer libremente tanto de sus propios bienes como de los bienes comunes. en dicha disposición se establece que dicho aporte puede expresarse en las capitulaciones o a través de instrumento público en el momento del aporte del bien. (iv) en su momento. 5. En el sistema patriarcal en el que se originó el Código Civil y.
la diferenciación de trato se genera en razón del género. Teniendo en cuenta lo anterior. la orientación sexual o la filiación política (C-673 de 2001). considerado como criterio sospechoso. no existe un fin imperioso que haga necesario la permanencia de este tratamiento especial exclusivo para mujeres. se encuentra que la finalidad de la norma acusada pudo haber sido imperiosa cuando se expidió debido a la debilidad e inferioridad de la mujer en la relación matrimonial. por lo cual habrá que establecer si la medida cumple un fin importante y si es efectivamente conducente. si la medida es adecuada y efectivamente conducente. no solo se reconoce la igualdad entre los cónyuges en el marco de la familia. Si bien aún persisten algunas limitaciones. o cuando se ha vulnerado un derecho constitucional no fundamental o cuando la medida genera dudas sobre la afectación del goce de un derecho fundamental. tanto la Constitución como la Ley reconocen y promueven la igualdad de género. del matrimonio y en la administración de la sociedad conyugal. 24 . por lo cual es preciso examinar si efectivamente se desconoce el derecho a la igualdad. hoy en día.4. si es necesaria y si es proporcional en sentido estricto. la Corte no puede descartar por este solo motivo la norma del ordenamiento jurídico. la medida se torna desproporcionada. Sin embargo. Para determinar si existe una posible afectación del derecho a la igualdad en la modalidad de diferente tratamiento de la ley a grupos de personas que se encuentran bajo el mismo supuesto. esto con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias o caprichosas (C-673 de 2001). es decir que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos. en este caso. (iii) finalmente. La Corte estima que. En conclusión. el examen estricto supone un estudio integral de proporcionalidad en el que se analiza si existe una finalidad imperiosa. y al no poder trabajar. y que exige la aplicación de un test estricto. es necesario realizar previamente un juicio de razonabilidad32. sino también en todos los demás aspectos económicos y sociales. rara vez se aplicará el estudio de proporcionalidad (C-301 de 2013).5. en este caso.3. la mujer ha ingresado en el mercado laboral y cuenta con la posibilidad de ganar y gestionar su propio dinero. Al no superar la primera fase del juicio estricto de igualdad. Al no poder administrar sus propios recursos o los de la sociedad. Si bien la disposición acusada se originó en un momento histórico en el que la mujer se consideraba incapaz y el hombre era quien administraba de manera exclusiva la sociedad conyugal. al marido y a la mujer que gozan de los mismos derechos y deberes en la relación matrimonial. este juicio se requiere cuando los valores y principios constitucionales se encuentran en riesgo y cuando se adoptan categorías sospechosas como la raza. (ii) utiliza un juicio intermedio cuando el juez considera que pudo haberse presentado una situación arbitraria. porque no existe una finalidad que permita justificar 32 Las modalidades del juicio de razonabilidad dependen del nivel de intensidad y de la materia sobre la cual recaiga la norma demandada: (i) se aplica un control débil o flexible cuando. por el amplio margen de configuración del Legislador en determinada materia. De este modo. y que el medio sea adecuado para alcanzar el fin propuesto. la posibilidad de aportar bienes que pudieran ser recompensados representaba un seguro para la mujer. solo se justifica realizar un estudio sobre la finalidad y la idoneidad de la medida.
la Corte considera que el hecho de que no se justifique implementar una medida únicamente dirigida a las mujeres. Incluso se trata de una opción diferente a la contemplada en el artículo 1771 del mismo Código que establece que en las capitulaciones pueden también señalarse los bienes que se aportan y las donaciones y concesiones que se hacen en el presente y futuro los cónyuges. y no a los maridos.3. en virtud del respeto al principio democrático. se determinó que a raíz de dicha omisión. 25 . o al de los bienes raíces de propiedad del cónyuge con anterioridad al matrimonio. se puede mantener en el sistema legal. la posibilidad de incorporar el bien inmueble en el haber relativo plantea una hipótesis diferente al de los bienes inmuebles que se integran al haber absoluto de la sociedad sin deber de recompensa. Atendiendo al principio de la conservación del derecho. En dicha providencia.la existencia. C-1294 de 2001. 5. la causal de nulidad del matrimonio y la convalidación de la misma. en el entendido de que el establecimiento de esos requisitos mínimos corresponde al Gobierno”33. C-486 de 2009. “pero en el entendido de que.3. esta Corporación sostuvo que era discriminatorio negar al hombre la posibilidad de convalidar el vicio del consentimiento derivado del secuestro –o rapto-. se extienda al hombre. la norma acusada puede mantenerse en el ordenamiento jurídico con un condicionamiento.6. Ya en otras ocasiones. de acuerdo con el cual “los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador. C-336 de 2013. no supone de por sí su inconstitucionalidad y mucho menos su derogatoria. sin que la disposición pierda sentido o utilidad. si bien el contexto de la norma ha cambiado con el paso del tiempo. la norma no podía permanecer en el ordenamiento jurídico tal y como estaba redactada por lo cual decidió mantener la expresión mujer. de una medida que excluye a los hombres de la posibilidad de aportar bienes raíces al haber relativo de la sociedad conyugal. 33 C-100 de 1996. con el condicionamiento de incluir como titular de la facultad de aportar bienes inmuebles al marido. se considera que la norma puede permanecer en el ordenamiento siempre que la potestad establecida en el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil. hoy en día. No obstante lo anterior.5. consagrada en el numeral 6º del artículo 140 del Código Civil. entre muchas otras. De este modo. 5. puede predicarse de cualquiera de los contrayentes”. en virtud del principio de igualdad de sexos. En efecto. Por ejemplo. la Corte ha optado por esta solución. en la citada sentencia C-007 de 2001. Así. que se excluyen de la sociedad conyugal. siendo esta una posibilidad reservada únicamente a la mujer. Por ello esta Corte declarará exequible el inciso estudiado.
y tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia. la obligación de ingresar los bienes raíces a la sociedad conyugal. 34 Corte Suprema de Justicia. la Corte considera que tiene sentido mantener la disposición acusada siempre que se extienda a los maridos. el dinero y los bienes muebles que cualquiera de los cónyuges aportara al matrimonio. Se subraya que la norma no establece –y por lo demás jamás lo hizo-. sentencia de la Sala de Casación Civil. se ha concluido respecto de los numerales 3º y 4º del artículo 1781. como que las mismas. el fin de la aludida Ley. De este modo. En síntesis. que.Con el artículo 1781 numeral 6º. era reconocer la capacidad de la esposa para administrar la sociedad conyugal en igualdad de condiciones con el marido no siendo su objetivo alterar la composición del haber absoluto y relativo de dicha sociedad. se promueve la libre disposición de los bienes por parte de los cónyuges. tanto del social como el de la esposa. En conclusión. condicionado en los términos de la presente providencia. Como argumento adicional.7. por esta razón. 7145 del 19 de diciembre de 2004). la reforma de 1932 no tuvo como efecto modificar la composición del haber relativo. por consiguiente. (2) aportar dichos bienes raíces antes o durante la vigencia del matrimonio. De esta manera. repítese. 26 . la posibilidad de gestionar los bienes raíces propios de acuerdo con el numeral 6º del artículo 1781 supone: (1) poder decidir de manera libre y autónoma si se aportan o no inmuebles al matrimonio. “lejos están de deber su existencia al hecho de que fuera el marido el exclusivo administrador y quien podía disponer de todo el patrimonio. no resulta ser verdad que tales normas hubieran quedado tácitamente derogadas por el devenir de la ley 28 preanotada. Cesar Julio Valencia Copete (Exp.P. no debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Desde 1935 la jurisprudencia de esta Corporación estimó que hacían parte del conjunto ganancial de la sociedad conyugal entre otros bienes. permite que estos puedan gestionar sus bienes raíces de acuerdo con su voluntad y sus propias necesidades. el nuevo régimen de administración común de los bienes de la Ley 28 de 1932 no derogó la disposición que establece la facultad de aportar a la sociedad conyugal bienes raíces dado que. M.3. (3) incluirlos al haber relativo con deber de recompensa. puesto que se trata de una potestad que permite disponer de los bienes raíces antes y durante el matrimonio. no entrañan conexión con el sistema administrativo y dispositivo para entonces imperante”34. Es por consiguiente una facultad de disposición de los bienes por parte de los cónyuges que no contraviene la Constitución y que. es importante destacar que. preservar dicha facultad en cabeza de los esposos. Así. al permitir que los bienes raíces de cualquiera de los dos ingrese al haber relativo con derecho de recompensa. 5. no solo antes del matrimonio sino también durante su vigencia en el momento del aporte.
6. El haber relativo de la sociedad conyugal y el derecho a la propiedad privada. 6. no tiene el potencial de modificar la composición del haber relativo.2. Cargo 2º. ya que dicha facultad expresa una de las maneras de gestionar libremente los bienes en el marco de la sociedad conyugal. no siendo contra ley o derecho ajeno”. siempre que se extienda al marido la potestad de aportar a este haber sus bienes raíces. 6. el artículo 669 del Código Civil. ni le resta sentido al numeral 6º del artículo 1781.3.2. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda. en el entendido que la potestad de aportar bienes raíces al haber relativo de la sociedad conyugal. En consecuencia.1. expresado a través de capitulaciones o de cualquier otro instrumento público en el momento de la aportación del bien.9. Por su parte.2. El artículo 58 Superior consagra el derecho subjetivo a la propiedad privada y garantiza la protección de la misma y de los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles. La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el derecho a la propiedad privada se relaciona íntimamente con la libertad económica del individuo porque le permite obtener los bienes y servicios que requiera en el marco del Estado liberal y democrático35. 6.2. Los numerales 3º. Así. define el dominio o propiedad como “el derecho real en una cosa corporal.5. desconocen el artículo 58 de la Constitución al consagrar el deber de recompensar el valor nominal de los bienes al tiempo de la constitución de la sociedad conyugal sin considerar la valorización o desvalorización de los mismos en el momento de su liquidación. De otro lado. lo cual provoca el eventual enriquecimiento sin causa de uno de los cónyuges y el correlativo empobrecimiento del otro. 27 . se reconoce tanto a la mujer como al hombre. La progresiva igualdad reconocida a los cónyuges en la administración de la sociedad conyugal. para gozar y disponer de ella. 5. se declarará exequible el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil.2.4. 6. La Propiedad Privada: alcances y restricciones justificadas de este derecho. la propiedad privada protege las facultades de uso. el artículo 670 del mismo Código establece el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales. impidiendo su desconocimiento o vulneración por leyes posteriores. 35 C-864 de 2004.1. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil. goce y disposición de los bienes. Conclusión del cargo.
en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. por regla general. 6. no se extingue -en principio. principio que fue constitucionalizado también en la Carta Política de 1991. entre otras. se reconoce el principio de solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el particular en materia de propiedad y se justifican medidas como el establecimiento de tributos. el derecho a la propiedad privada puede revestir el carácter de derecho fundamental. con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas” 37. en ocasiones. 36 C-595 de 1999. (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que. En este sentido. (v) Es un derecho irrevocable. (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio.2. 28 . ni tiene relación con la supremacía del interés general o con el principio de solidaridad. “la Corte ha entendido que el contenido esencial del derecho de propiedad puede determinarse por los intereses jurídicamente protegidos. cuando se asocia de manera íntima con otros derechos de esta categoría como el derecho a la vida. la expropiación. de acuerdo con la valoración específica de cada caso38. el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada se desconoce cuando su restricción no responde a fines razonables y proporcionales. La Corte Constitucional ha enunciado las características propias del derecho a la propiedad privada en los siguientes términos: “(i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos. dejando a un lado el concepto “absolutista” 36 de la misma. 6. (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal.2.5. el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio.3. y finalmente. La reforma del Acto Legislativo 1º de 1936 introdujo la función social de la propiedad. cuando el derecho queda sometido a límites que lo hacen impracticable.2. 37 C-189 de 2006. lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su protección”39. de modo que se rebasa o se desconoce su núcleo básico.por su falta de uso. La jurisprudencia también ha señalado que. y que delimita el alcance del mencionado derecho.4. la extinción del dominio o la ocupación temporal en caso de guerra. Con fundamento en lo anterior. T-554 de 1998. En consecuencia. 38 T-506 de 1992. (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa. y además. a la dignidad o a la igualdad.6. 39 T-245 de 1997.
Como ya se ha mencionado en esta providencia. como un elemento supletorio de las disposiciones normativas. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. la sociedad conyugal se compone del haber absoluto y relativo. igualmente. 29 . Por otra parte. 2º y 5º del artículo 1781 del Código Civil. Editorial Óptima. El primero.3. se requiere que el empobrecimiento no haya sido causado por quien lo alega41. no cubiertos por el Derecho”42.C. no tiene causa en la ley40. que provee soluciones justas en los eventos de desequilibrios patrimoniales injustificados. (iii) debe existir una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. es necesario que exista un empobrecimiento de la otra consistente en una pérdida material. De esta manera. 6. 1939. el enriquecimiento sin causa es un principio general de derecho que tiene las siguientes características: (i) requiere que una de las partes se enriquezca. es a través de la figura del enriquecimiento sin causa. Una de las tantas formas en las que se viola el derecho a la propiedad privada. los bienes del haber relativo a los que se refieren los numerales 40 Tafur Morales. como se desprende del nombre de esta figura. Bogotá. otorga a su titular la capacidad de goce. cuya prevención y remedio han escapado de las previsiones jurídicas. 6. que en este caso fundamenta el cargo de inconstitucionalidad presentado por los demandantes en contra de los numerales 3º.2. Radicación número: 25000-23-26-000-1999-01968-01(25662). no genera deber de recompensa. descrito en los numerales 1º. se ha destacado que “la figura del “enriquecimiento sin causa” es un elemento corrector de posibles situaciones injustas. de este modo. (v) el Consejo de Estado.1. el derecho a la propiedad privada como expresión de la libertad económica del individuo. En este orden de ideas. el enriquecimiento sin causa nace y existe actualmente. El enriquecimiento sin causa se constituye en una de las maneras en las que se vulnera el núcleo esencial de este derecho al afectarse el equilibrio patrimonial entre las partes sin que exista justificación alguna en el marco del Derecho. 41 CONSEJO DE ESTADO. (ii) correlativamente al enriquecimiento de una de las partes. 6.3. En síntesis. La recompensa del valor nominal de los bienes no constituye un enriquecimiento sin causa. D. (iv) el enriquecimiento no tiene ningún fundamento legal ni contractual. 42 Ibídem. ha señalado que. La jurisprudencia ha sostenido que el enriquecimiento sin causa desconoce la justicia como fundamento de las relaciones que regula el Derecho y. Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA. Francisco.2. uso y disposición de bienes corporales o incorporales. Bogotá. En la legislación civil. atenta contra el equilibrio patrimonial. pero debe someterse a las restricciones que establezca la Constitución y la ley.6. La nueva jurisprudencia de la Corte.6. es decir que obtenga provecho de cualquier circunstancia y que dicha ventaja se aprecie en dinero.7. treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006).. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil.
43 C-014 de 1998. generando un posible perjuicio económico para el compañero a quien pertenece el bien.2. 6.3. 6. La recompensa. fue abordado por la Corte en la sentencia C-014 de 1998. en algunos apartes de la demanda se hace referencia al valor nominal de los bienes aportados al matrimonio y.3º. surge de los desplazamientos patrimoniales o del pago de las obligaciones a favor o en contra de la sociedad o de los cónyuges.3. en la mencionada sentencia se condicionó la exequibilidad de la norma acusada. era que ingresaban a la sociedad el mayor valor que produzcan los bienes propios durante la unión marital de hecho. por causa de la corrección monetaria.3. Sin embargo “la mera actualización del precio de un bien. no ingresa la sociedad patrimonial. también denominada deuda interna de la sociedad. 4º y 6º del mismo artículo del Código. En dicha providencia. se examinó si se planteaba un tratamiento desigual entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial considerando que en esta última. Dado que. Para poder hablar de que un bien ha producido un mayor valor es necesario que se pueda constatar un incremento material de la riqueza de su propietario”43. De este modo. El tema de la corrección monetaria del precio de los bienes del haber relativo de las sociedades patrimoniales. Dicha interpretación es perfectamente aplicable a las sociedades conyugales. implican la obligación de recompensar al cónyuge que los aportó. El valor con el precio actualizado de los bienes no es parte de la sociedad conyugal sino que se reconoce como parte de la recompensa al cónyuge que lo aportó. consiste en la restitución del valor nominal actualizado de dichos bienes. en otros. se entiende que el deber de recompensa en relación con los bienes del haber relativo en las disposiciones acusadas. Dicho mecanismo. 30 . de lo cual se desprende la necesidad de restablecer el equilibrio patrimonial. Considerando lo anterior.4. el mayor valor que durante la unión marital producen los bienes de propiedad personal de uno de los compañeros ingresa a la sociedad patrimonial. en el entendido que la valorización de los bienes propios de los convivientes. como resultado de la tasa de devaluación de la moneda. no constituye un producto de la cosa. es decir del valor que tuvieron al momento del aporte o adquisición con la correspondiente corrección monetaria. pues de esa valorización monetaria no se deduce que el poseedor del bien haya acrecentado realmente su patrimonio. lejos de constituir un detrimento patrimonial o un riesgo económico desproporcionado garantiza el orden económico justo. resulta necesario diferenciar entre la actualización del precio de un bien y la valorización o desvalorización del mismo como consecuencia de un aumento o disminución de su valor debido a los flujos del mercado. En dicha ocasión la Corte señaló que la correcta interpretación del parágrafo del artículo 2 de la Ley 54 de 1990.3. 6. se menciona la valorización o desvalorización de los mismos.
no resulta irrazonable ni contrario al orden económico justo que el Legislador haya previsto mecanismos de recompensa de los bienes que los cónyuges aportan al haber relativo de la sociedad conyugal.6. si dichos bienes durante el matrimonio se valorizaron o desvalorizaron debido a los flujos del mercado es claro que. En palabras de la Corte. Por consiguiente. el matrimonio no es un contrato que tenga como fundamento el enriquecimiento de las personas y que. socorro y ayuda mutua entre los cónyuges. que aparte de los efectos patrimoniales supone importantes efectos de orden personal. especialmente porque “los componentes afectivos y emocionales que comprende la relación matrimonial” impiden esa aplicación y. fuente de derechos y obligaciones recíprocas para los esposos. implique reconocer la valorización de los bienes a la persona que los aportó. cabe reiterar que la activación del régimen de recompensas para los bienes del haber relativo no se desprende automáticamente del matrimonio ni es una situación a la que deben someterse de manera ineludible los cónyuges. antes de 44 C-533 de 2000. 6. no se circunscribe el matrimonio a meros cálculos de valorización económica de los bienes que conforman la sociedad conyugal porque no es este ni su objeto ni su fin 45. No hay que olvidar que el matrimonio es ante todo una comunidad de vida. Sentencia C-660 de 2000).5. al devolverse justamente el valor aportado por una de las partes. más allá de sus efectos patrimoniales.3. fidelidad. también lo es que las principales características de la familia a la que da lugar “impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de voluntades en sus diversas etapas. Ahora bien. no se está propiciando un enriquecimiento u empobrecimiento de alguno de los cónyuges. Lo anterior tampoco supone una injusticia ni un enriquecimiento sin causa y un correlativo empobrecimiento de alguno de los cónyuges. 6. le confieren singulares caracteres que lo diferencian de cualquier otro acto convencional o acuerdo de voluntades” (Cfr. con la respectiva actualización monetaria.3. considerando su valor nominal. En efecto. sino que se está recompensado lo que realmente cada uno entregó voluntariamente a la sociedad. no se verifican los elementos del enriquecimiento sin causa puesto que.En este sentido. si bien el matrimonio se ha definido como un contrato bilateral. Tal y como lo advierten algunos de los intervinientes. por consiguiente. además del deber de solidaridad. De todos modos. (…)” 44. se dividirá el valor real del mismo entre las dos partes. no puede concebirse esta institución desde la perspectiva de las expectativas económicas de los cónyuges en el momento de la liquidación de la sociedad. cohabitación. 45 C-577 de 2011: “Ahora bien. aun cuando es cierto que en su configuración legal el matrimonio está concebido como un contrato. los mismos criterios que se aplican dentro del régimen general de los actos jurídicos y de los contratos en particular”. luego de haber recompensado al cónyuge aportante el valor con la corrección monetaria. “el matrimonio (…) comporta una entrega personal a título de deuda para conformar una comunidad de vida y amor y una participación mutua en la sexualidad. no puede darse sino por la libre decisión de cada uno de los cónyuges. Tal y como se señaló arriba. 31 . En este orden de ideas.
Cargo 3: Numerales 3º. que comprenden las disposiciones sobre haber relativo y deber de recompensa contenidos en los numerales acusados en esta ocasión. En otras palabras. 7. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil y el derecho a la igualdad en la regulación de los efectos patrimoniales de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. porque implican un tratamiento diferente entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. 7. En todo caso. serán excluidos de manera definitiva de la sociedad conyugal en los términos del artículo 1771 del Código Civil. 7.1. la comunidad de bienes y el sometimiento al régimen de la sociedad conyugal del Código Civil es una opción de los cónyuges. ya que no es el fin del matrimonio lucrarse ni enriquecerse a costa del otro. La valorización adicional del bien como resultado de las fluctuaciones económicas y del mercado pertenece a la sociedad conyugal y deberá ser divididas entre los cónyuges sin que lo anterior se configure en una violación del derecho a la propiedad privada. la cual no pertenece a dicha sociedad.4. por el contrario. Los numerales 3º. los futuros esposos tienen la posibilidad de suscribir capitulaciones para determinar qué bienes aportarán al matrimonio y cuáles. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil desconocen el derecho a la igualdad.2. El deber de recompensa al cónyuge que ha aportado a la sociedad conyugal los bienes del haber relativo descritos en los numerales 3º. 32 . El matrimonio y la unión marital de hecho. 6.casarse. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda. Solo en el caso en el que las partes no celebren capitulaciones se aplicarán las reglas establecidas en el capítulo II del Título XXII del Código Civil. los cónyuges no están obligados a someter todos sus bienes al régimen de la sociedad conyugal. Conclusión del cargo. comprende el valor aportado con la corrección monetaria correspondiente. Alcance de la configuración legislativa en la regulación de los efectos patrimoniales de estas instituciones. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil. ya que cuentan con la posibilidad de excluirlos a través de las capitulaciones.
“por la voluntad responsable de 46 (i) El artículo 5°. entre muchas otras. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. ha ampliado su ámbito de protección a todo tipo de familias. (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener. (iii) el artículo 13. Sociales y Culturales Políticos. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma. se ha entendido que la familia debe ser especialmente protegida independientemente de la forma en la que se conforma el grupo familiar. la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. en las uniones maritales de hecho.1.2. es decir. (vi) el artículo 33. entre otros aspectos. C-997 de 1994. dignidad e intimidad de la familia. se manifiesta.2. (vi) el artículo 15. independientemente de su origen. la Constitución establece que la familia se puede constituir (i) por vínculos naturales. así como a las familias monoparentales. entre otros. C-821 de 2005. que imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. 47 El Pacto Internacional de Derechos Económicos.2. (ii) el artículo 42 que la consagra como institución básica de la sociedad y establece la obligación de protección integral en cabeza del Estado y de la sociedad.4. La Constitución46. independientemente de cuál sea su origen familiar. De este modo. C-271 de 2003. 49 C-289 de 2000 50 C-821 de 2005 51 T-527 de 2009 33 . (v) el artículo 28. sino en concordancia con el principio del pluralismo”51. C-660 de 2000. C-482 de 2003. (vii) el artículo 43. que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad. C-278 de 1994. y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos50. los tratados internacionales47. (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia. que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada.2. A partir de lo anterior. la ley y la jurisprudencia48 establecen el deber del Estado de preservar y proteger la familia como institución básica de la sociedad. segundo de afinidad o primero civil. (viii) el artículo 44. que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de la misma. esta Corporación49 ha destacado que el ámbito de protección especial de la familia. originadas en el matrimonio. (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes. 7. al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge. (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos. (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra. 7.3. que reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar. en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar.7. o las constituidas por parejas del mismo sexo. T-527 de 2009. 48 C-242 de 2012.2. la Corte ha considerado que debe considerarse la realidad social y por ende. teniendo en cuenta que “el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada. Por su parte. en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación. En cuanto al alcance del concepto de familia. 7.
T-122 de 2000. A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles. 53 Entre otras. y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. se destacó que el consentimiento. aunque es necesario proteger a todos los tipos de familia sin importar su origen.2. es lo que resulta esencial al matrimonio. las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro. Artículo 1o. T-518 de 1998. como en el caso de la unión marital de hecho (Ley 54 de 1990). C-521 de 2007. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges. “no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho. siempre que éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias”. pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica. 7. 55 C-533 de 2000: “Las diferencias son muchas. o (ii) por vínculos jurídicos. el vinculo matrimonial y el que surge a raíz de una unión marital de hecho son diferentes porque el primero genera una relación jurídica con derechos y deberes para las partes que se extingue por divorcio. la formada entre un hombre y una mujer. se denomina Unión Marital de Hecho. ejerciendo el amplio margen de configuración que tiene en esta materia ha optado por regular de manera diferente los efectos 52 C-098 de 1996. 34 . Asimismo. 7. C-289 de 2000. como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente”. Así. las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. T-049 de 2002.5. no es predicable en el caso de la unión marital55. esta clasificación no implica discriminaciones para uno u otro tipo de familia sino solo un reconocimiento que hace la Constitución según el origen de la misma52. se denominan compañero y compañera permanente. el Legislador. al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. es requisito de existencia y validez del matrimonio (Código Civil art. hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente. cuyo principio formal es precisamente el vínculo jurídico. la Corte Constitucional 53 ha considerado que el vínculo matrimonial y el que surge a raíz de una unión marital 54 de hecho son diferentes en relación con sus efectos y características. que sin estar casados. C-821 de 2005.6. esto es. Como se señaló arriba. la sentencia C-1035 de 2008 resaltó que. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio.2. C-821 de 2005. nulidad o fallecimiento. C-814 de 2001. mientras que en el segundo. y para todos los efectos civiles. Por su parte. 54 Ley 54 de 1990. T-286 de 2000. C-879 de 2005. Igualmente. en la sentencia C-821 de 2005. hacen una comunidad de vida permanente y singular. Por lo anterior. siendo también causa de las obligaciones conyugales. por lo que se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su disolución. En contraposición a lo anterior. A pesar de lo anterior. C-271 de 2003. T-842 de 1999. Entre ellas. C-1035 de 2008.conformarla”. es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico. Por ejemplo. como generador de derechos y obligaciones. se destacó en el citado fallo que el consentimiento. la relación nace del solo hecho de la convivencia y las partes son libres. por la “decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”. 115).
se destacó que proclamar la sociedad patrimonial era acorde con la justicia conmutativa al reconocer que los compañeros.: 23001-3110-002-200100011-01.patrimoniales de la sociedad conyugal que se deriva del matrimonio y de la sociedad patrimonial propia de la unión marital de hecho. “Hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes”. ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho. Medellín. M. once (11) de septiembre de dos mil trece (2013). De lo anterior se desprende que la sociedad patrimonial depende de que exista unión marital de hecho pero requiere de manera inueludible que se haya conformado un capital común. ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes”. introdujo una presunción de existencia de la sociedad patrimonial cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años sin impedimento legal para contraer matrimonio entre compañeros. han contribuido a la formación de un haber social”.P. al percatarse el Legislador de la omisión del Código Civil en relación con la regulación de los efectos patrimoniales de las uniones maritales de hecho.. ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes. los bienes adquiridos por donación. Roca Betancur Luz Stella y García Restrepo Álvaro Fernando. De otra parte. 35 . Con base en lo anterior. Editorial Semilla y Viento. que no hacen parte del haber de la sociedad. Bogotá. de que como consecuencia del trabajo. Tal y como lo describe la Corte Suprema de Justicia. El parágrafo del mencionado artículo. siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la unión marital de hecho56. y entre el haber relativo y el haber absoluto. la sociedad patrimonial fue regulada en la Ley 54 de 1990. 56 En los debates en el Congreso que precedieron la promulgación de la Ley 54 de 1990. la sociedad conyugal se encuentra regulada en el Código Civil en los artículos 1771 a 1848. sí se consideran parte de la sociedad patrimonial los réditos. 1994. En este sistema se diferencia entre los bienes de la sociedad y los que pertencen a cada cónyuge. frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. de la existencia de una unión marital de hecho y.C. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. rentas. D. herencia o legado. se haya consolidado un “patrimonio o capital” común” . en primer lugar. “como resultado de la convivencia y de la división del trabajo que de ella se deriva. establece por su parte. Como se señaló anteriormente. o cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes. sin embargo. en segundo término. “la sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva.-Ref.:ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ. La sociedad patrimonial se define en el artículo 3º en el que se establece que “El patrimonio o capital producto del trabajo.
También los réditos y el mayor valor de los bienes. en capiutlaciones o instrumento público). 3. porque todos los bienes que ingresan al patrimonio fruto del trabajo y ayuda en el marco de la unión marital de hecho se dividen en partes iguales entre los compañeros. n.expresado del matrimonio).7. comportan mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objeto de reconocer la legitimidad de este tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia”57.1781relativo: art. 2 y 5 (salarios. En primer lugar.2. De este modo “las presunciones legales sobre la existencia de la unión marital de hecho. la sociedad patrimonial no distingue entre el haber relativo y el haber absoluto. cónyuge y todo lobienes raíces que que se adquieraaporta la mujer-y el durante la vigenciahombre. 57 C-098 de 1996. la configuración de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja. por consiguiente no hay lugar a recompensas.De lo anterior se desprende que la Ley 54 de 1990. que no sea resultado de la mera actualización monetaria. se entiende que pertenecen a la sociedad patrimonial y se divide en partes iguales. reconoció jurídicamente su existencia. la libertad probatoria para acreditar la unión. los bienes que tenían los compañeros antes de unirse no hacen parte de la sociedad patrimonial por ende no se consideran ni siquiera en el momento de liquidarla. 1781 capitulaciones.n. sin establecer la igualdad entre los compañeros permanentes y los cónyuges. Las semejanzas y diferencias entre estos dos tipos de sociedades se ilustran a continuación: Bienes que noBienes que hacenBienes que se hacen parte de laparte de larestituyen las sociedad. sociedad y que separtes en el dividen en partesmomento iguales aldisolverse la disolverse lasociedad. Aunque tanto en la sociedad conyugal como en la patrimonial se distinguen los bienes de la sociedad y los propios de cada cónyuge o compañero a diferencia de la sociedad conyugal. 4 y 6 (dinero y -Inmuebles réditos. lucros ybienes muebles que adquiridos antesfrutos de los bienesel cónyuge aporta del matrimonio asociales o de cadaal matrimonio y cualquier título. misma. Sociedad conyugal-Los bienesBienes del haberBienes del haber excluidos en lasabsoluto: art. 1. 7. Sin embargo. 36 . sino de la valorización de los mismos.
por lo cual. ayuda y -Bienes adquiridossocorro mutuos.2. la Corte estimó que la Constitución no consagre la igualdad absoluta entre el matrimonio y la unión marital de hecho. en la sentencia C-114 de 1996. En dicha sentencia se indicó que la Ley 54 de 1990 había creado una nueva institución jurídica. hay un abismo”. De este modo. Asimismo. al mismo tiempo. frutos o de iniciar la uniónmayor valor que marital de hecho. en la que se analizaba la exequibilidad del artículo 8° de la ley 54 de 1990. porque todos los bienes anteriores a la unión son de cada compañero y todo lo que se produzca o se compre durante la vigencia de la unión se entiende que les pertenece por partes iguales. tampoco consideró que fuera posible establecer la igualdad entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial ya que “las diferencias consagradas en la ley 54 son lógicas y no contrarían el principio de igualdad”58. El tratamiento diferenciado entre estos dos tipos de sociedades. la unión marital de hecho.8. se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1o. de la ley 54 de 1990. (parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7o. la sociedad patrimonial no reconoce bienes del haber relativo. sin embargo advirtió que “de allí. 37 . produzcan los bienes propios de los compañeros durante la unión marital de hecho. En la sentencia C-239 de 1994. con unos efectos económicos o patrimoniales. se insistió en aquella ocasión en resaltar las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio ya que asimilar ambas figuras “equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado. y que. trabajo. la Corte se planteó si se justifican las diferencias entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial y si se justificaban igualmente las diferencias de trámite para la liquidación de dichas sociedades. que no es otro que el de ser una unión libre”. En definitiva. 58 C-114 de 1996. En este caso. por cada-Los réditos. ha sido reconocido por la Corte. al establecimiento de los mismos derechos y obligaciones que existen entre los cónyuges.Sociedad patrimonial -Bienes adquiridos-Los bienes por donación. pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial. 7. compañero antesrentas.producto del herencia o legado.
debe recibir la misma protección independientemente del modo como se constituya. Los numerales 3º. siempre que éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias.En la sentencia C-014 de 1998. es decir. “tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo. 59 C-014 de 1998. 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil no vulneran el derecho a la igualdad en la medida en que el matrimonio y la unión marital de hecho son dos instituciones diferentes respecto de las cuales no existe ninguna obligación Constitucional que exija darles el mismo tratamiento en cuanto a sus efectos patrimoniales.9. Al tratarse de dos instituciones diferentes. faculta ampliamente al Legislador para regular la materia. 7. se puedan sustentar con una razón objetiva”59. En efecto la Constitución no establece la obligación de dar un tratamiento igual a estas dos instituciones ni a los efectos patrimoniales de las mismas. Con arreglo a lo dicho.2. en la que se examinó la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal b) del artículo 2 y el parágrafo del artículo 3 de la Ley 54 de 1990. no resulta contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho. en este caso.2. 7. ello no implica que el matrimonio y la unión marital de hecho deban equipararse en todos los aspectos. si bien la familia. También la jurisprudencia ha reconocido que. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones.3. no se ha desconocido el derecho a la igualdad por la diferente regulación que el Legislador ha otorgado a la sociedad conyugal y a la patrimonial. no hay una obligación para el Legislador de regular sus efectos de manera idéntica. 38 . En efecto.10. las diferencias sean razonables. En aquella ocasión la Corte dictaminó que aunque tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son creadoras de familia y que por ende deben ser protegidas de la misma manera. Conclusión del cargo. Por el contrario. la demandante consideraba que los efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión marital debían ser regulados de manera idéntica. No se trata entonces de supuestos iguales ni de situaciones que exijan ser reguladas de la misma manera por la ley. siempre y cuando. no puede dársele un tratamiento idéntico en los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de dichas instituciones. 7. la Corte estima que. como se ha expresado reiteradamente por esta Corporación.
debían ser declarados inexequibles por las siguientes razones. 4º.2. 8. dado que los bienes del haber relativo se restituyen con el valor actualizado pero sin reconocer al cónyuge aportante la posible valorización o desvalorización del bien. siempre que se entienda que la potestad de aportar los bienes raíces al haber relativo de la sociedad.2. Razón de la decisión. Sobre el segundo cargo. Síntesis del caso. Se alegó el desconocimiento del derecho a la igualdad dado que el Código conserva regulaciones que inicialmente buscaban favorecer a la mujer pero que hoy en día carecen de sentido en vista del reconocimiento de los mismos derechos y deberes entre los cónyuges. tanto en el matrimonio. Se consideró vulnerado el derecho a la igualdad por haberse regulado de manera diferente la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. Finalmente.3. En el presente caso.2. Con respecto al primer cargo.2. 8.1. 8. 8.2. y se consideró que la disposición puede mantenerse en el ordenamiento jurídico como expresión de la libre disposición de los bienes por parte de los cónyuges. como en la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Se demandó la violación del derecho a la propiedad privada. Conclusión: síntesis del caso y razón de la decisión. 8.2.1.13. la Corte consideró que no le asistía razón a los demandantes dado que la jurisprudencia ya ha sostenido en otras ocasiones que la valorización del bien hace parte del haber absoluto de la sociedad conyugal y no del haber relativo. en todo caso la aplicación del régimen de recompensas es optativo puesto que las partes tienen la posibilidad de excluir sus bienes actuales y futuros de la sociedad conyugal a través de las capitulaciones. incluye al marido. 8.8. además se estimó que el fin del contrato matrimonial no el enriquecimiento de las partes.1. 8. pudiéndose producir un enriquecimiento sin causa y un correlativo empobrecimiento de la otra parte. 39 . se admitió solo con respecto al numeral 6º. los demandantes consideraban que los numerales 3º. 8. se estimó que las diferencias en relación con la regulación de la sociedad conyugal y patrimonial no desconocen el derecho a la igualdad puesto que se trata de instituciones diferentes respecto de las cuales la Constitución no ha previsto el deber de igual tratamiento.1.1. y 6º del artículo 1781 del Código Civil.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 6º del artículo 1781 del Código Civil. RESUELVE: Primero. En mérito de lo expuesto. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Presidente MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ Magistrado JORGE IVAN PALACIO PALACIO Magistrado JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MAR Magistrado NILSON ELÍAS PINILLA PINILL Magistrado ALBERTO ROJAS RIOS Magistrado 40 . Segundo.III. DECISIÓN. Notifíquese y cúmplase. el suscrito Magistrado Sustanciador.. en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. en el entendido de que tal potestad se predica de cualquiera de los contrayentes..Declarar EXEQUIBLES los numerales 3º y 4º del artículo 1781 del Código Civil.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General 41 .
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Dania Villafuerte