Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20023334
Timestamp: 2019-05-24 17:22:42
Document Index: 100890945

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 241', 'artículo 122', 'ARTÍCULO 90', 'artículo 178', 'artículo 122', 'artículo 29', 'artículo 250', 'Artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 90', 'artículo 250', 'artículo 29', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 250', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 29', 'Artículo 181', 'Artículo 180', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 122', 'artículo 150', 'artículo 158', 'artículo 7', 'artículo 250', 'artículo 146', 'Artículo 90', 'Artículo 122', 'Artículo 91', 'Artículo 179', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 250', 'Artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 446', 'artículo 445']

C-371 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020023334CC-SENTENCIAC371201111/05/2011CC-SENTENCIA_C_371__2011_11/05/2011200233342011Sentencia C-371/11 TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES EN LA AUDIENCIA DE LECTURA DEL FALLO- No vulnera el derecho de defensa, los principios de inmediación y contradicción/ TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES EN LA AUDIENCIA DE LECTURA DEL FALLO- Entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010 a partir de su promulgación, no impide invocar el principio de favorabilidad TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS Y SENTENCIAS EN MATERIA PENAL- Regulación RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN MATERIA PENAL- Cosa juzgada constitucional respecto de la interposición, sustentación y traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE TERMINOS PROCESALES- Jurisprudencia constitucional La jurisprudencia vertida en torno a la libertad de configuración del legislador en materia de términos procesales, se pueden extraer las siguientes conclusiones, que resultan relevantes para la resolución del problema jurídico que plantea este proceso: i) El establecimiento de términos perentorios no contradice la Carta Política; ii) Los términos procesales persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial los de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso; iii) Los términos procesales cumplen la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso; iv) No existen parámetros en la Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es adecuada; v) Por lo anterior, el legislador tiene una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las formas procesales, cual es permitir la realización del derecho sustancial; vi) La función del juez constitucional a la hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a controlar los excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de celeridad, eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria. DEBIDO PROCESO- Garantías/ PRINCIPIO DE CELERIDAD Y DERECHO DE CONTRADICCION- Posibles tensiones en la aplicación del debido proceso Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho " a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho". Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra. Ha destacado así mismo la jurisprudencia que en el proceso de producción del derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman la noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término judicial breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia probatoria o argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que algunas de las garantías procesales son prevalentes, pero también ha aceptado que otras pueden verse limitadas a fin de dar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o a otros derechos fundamentales implicados. DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION- No son absolutos y pueden ser limitados por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales La Corte ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa y contradicción- no son absolutas y pueden ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean garantizados en la mayor medida posible. PRINCIPIO DE INMEDIACION Y CONTRADICCION EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Alcance/ PRINCIPIO DE INMEDIACION Y CONTRADICCION EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Jurisprudencia constitucional GARANTIA DEL DERECHO DE DEFENSA, EL DERECHO DE IMPUGNACION Y LA POSIBILIDAD DE DISPONER DEL TIEMPO Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA SU EFECTIVIDAD- Línea jurisprudencial/ DERECHO DE DEFENSA- Garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico DERECHO DE DEFENSA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO -Reglas En relación con el plexo de garantías que involucra el ejercicio del derecho de defensa, en el contexto de un sistema acusatorio, la corporación ha sentado las siguientes reglas: (i) ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa; (ii) el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal; (iii) el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso; (iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal; (v) el procesado puede hacer valer por sí mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial; (vi) e l derecho de defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación; (vii) constituye una de las principales garantías del debido proceso, y representa la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga; y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado; (ix) en el contexto de los procesos penales, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho. DERECHO DE IMPUGNACION- Finalidad RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION- Contenido y alcance DERECHO A IMPUGNAR LA SENTENCIA CONDENATORIA Y LA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA DE LA SENTENCIA POR VIA DEL RECURSO DE CASACION- Propósitos DERECHO A DISPONER DEL TIEMPO RAZONABLE Y DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA DEFENSA- Esta garantía se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Constitución Política y Ley 906 de 2004 DERECHO A DISPONER DEL TIEMPO RAZONABLE Y DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA DEFENSA- Doctrina y jurisprudencia internacional PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENAL Y SU RELACION CON NORMAS QUE ESTABLECEN LA VIGENCIA DE UNA LEY- Contenido PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL- No distinción entre normas sustantivas y procesales APLICACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD- Es tarea que compete al juez de conocimiento, en cada caso particular y concreto, pues solo a él le corresponde determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PLASMADO EN EL INCISO TERCERO DEL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA- Se dirige al juzgador y supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o desfavorables La aplicación del principio de favorabilidad es tarea que compete al juez de conocimiento, en cada caso particular y concreto, pues solo a él le corresponde determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto significa que el referido principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y abstractas, como ya ha tenido oportunidad señalarlo la Corte: "En principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por sí misma, no quebranta la Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa la inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede deducirse de su autónomo escrutinio frente a la Constitución". (…) "El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P. art. 29)". DEBIDO PROCESO- Derecho de estructura compleja El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena no admite restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o el principio de favorabilidad (C.P. art. 29). PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD- Conserva plena efectividad frente a normas que regulan la vigencia de una ley/ LEGISLADOR- Competencia para determinar la iniciación de la vigencia de las leyes CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PENALES QUE ESTABLECEN REGLAS DE VIGENCIA- Jurisprudencia constitucional/ PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD PENAL ADSCRITO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Aplicación en armonía con los principios generales y derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD- Sometido a unos presupuestos lógicos/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD- Aplicable frente a supuestos de hecho similares pero que reciben en los estatutos sucesivos en el tiempo, soluciones de derecho diferentes/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD -Consagrado como un principio rector del derecho punitivo, forma parte integral del debido proceso penal y se contempla como derecho fundamental intangible y de aplicación inmediata/ NORMA- Potestad para fijar su vigencia radica en el legislador/ NORMA- Precepto que prevé su vigencia hacia el futuro se limita a hacer expreso el principio de irretroactividad como expresión del postulado de legalidad, sin que por ello se vulnere el principio de favorabilidad TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES- No vulnera los derechos de defensa, doble instancia, ni los principios de inmediación y contradicción UNIDAD NORMATIVA- Integración SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES- Alternativas RECURSOS ORDINARIOS Y OPORTUNIDAD PARA SU INTERPOSICION- Forman parte de las atribuciones del legislador para la regulación de los procesos judiciales y la determinación de las formas propias del juicio/ FIJACION DE TERMINOS Y OPORTUNIDADES PROCESALES PERENTORIAS- Cumple con la finalidad constitucional de ordenación del proceso para hacer efectivo el derecho de acceso oportuno a la administración de justicia, al debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia y seguridad jurídica JUEZ CONSTITUCIONAL- Su labor se limita a determinar si el legislador incurrió en excesos o restricciones indebidas que hacen nugatorias las posibilidades de defensa y contradicción PRINCIPIOS DE INMEDIACION Y CONTRADICCION- Importancia en el proceso de producción de la prueba Los principios de inmediación y contradicción cumplen su papel estelar y protagónico en el proceso producción de la prueba, tarea que en el contexto del sistema acusatorio se desarrolla en la fase del juicio oral. Tal como se deriva del texto constitucional (art. 250.4) que establece las características del juicio en el sistema penal acusatorio, los principios de inmediación y contradicción técnicamente despliegan su eficacia en el momento del debate probatorio, con miras a facilitar y optimizar la actividad cognitiva propia proceso de conocimiento que acompaña la producción de la prueba. La actitud crítica, conciente y controlada que debe asumir el juez que dirige el debate en el juicio oral, exige el contacto directo con los actores que intervienen en esa fase. RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS- No constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación de las pruebas frente al juez de segunda instancia TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES- Garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación, y armoniza los principios de celeridad y debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos mínimos Referencia: expedientes D-8301 y D-8322
Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio Hidalgo Escobar | Antoine Joseph Stepanain Santoyo.CONSTITUCIONALIDADLuis Ernesto Vargas SilvaDemandas de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la ley 1395 de 2010, "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".D8301 y D8322Identificadores20020023335true38951Versión original20023335Identificadores
Norma demandada: Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la ley 1395 de 2010, "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".
Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho". Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra. Ha destacado así mismo la jurisprudencia que en el proceso de producción del derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman la noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término judicial breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia probatoria o argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que algunas de las garantías procesales son prevalentes, pero también ha aceptado que otras pueden verse limitadas a fin de dar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o a otros derechos fundamentales implicados.
La aplicación del principio de favorabilidad es tarea que compete al juez de conocimiento, en cada caso particular y concreto, pues solo a él le corresponde determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto significa que el referido principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y abstractas, como ya ha tenido oportunidad señalarlo la Corte: "En principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por sí misma, no quebranta la Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa la inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede deducirse de su autónomo escrutinio frente a la Constitución". (…) "El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P. art. 29)".
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la ley 1395 de 2010, "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241.4 de la Constitución Política, los ciudadanos Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio Hidalgo Escobar y Antoine Joseph Stepanain Santoyo solicitaron a la Corte declarar inexequibles algunas expresiones contenida en los artículos 90, 91, 98, 101, y en integridad el artículo 122 de la Ley 1395, del 12 de julio de 2010, "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".
"Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".
"ARTÍCULO 90. El artículo 178 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
De otra parte, para los demandantes salta a la vista, que las normas señaladas contienen cambios que restringen los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, porque reducen excesivamente los términos para sustentar los recursos de apelación de providencias (autos interlocutorios - sentencias) y extraordinario de casación, con lo cual se afecta el derecho de defensa, puesto que no se cuenta con el tiempo y los medios razonables para el adecuado ejercicio de esta garantía. Esta limitación es "abiertamente inconstitucional porque el articulo 122 dispone la aplicación retroactiva de normas procedimentales de efectos sustanciales que son desfavorables a los intereses de los intervinientes en el proceso penal, entre ellos la defensa." Así, anotan los actores que en el caso específico de los artículos 90 y 101, se modifican las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 en referencia a la oportunidad de interponer y presentar el recurso de casación, por ende, se aplican retroactivamente las normas demandadas a hechos que no ocurrieron bajo su vigencia. Por consiguiente, es necesaria la aplicación del principio de favorabilidad como manifestación del mandato de optimización de legalidad de la ley penal y del derecho al debido proceso.
Adicionalmente, sostienen los accionantes, que a la finalización del proceso, este ha adquirido unos volúmenes materiales impresionantes, y ponen como ejemplo "el caso de DRAGACOL", asunto que según refieren cuenta con un expediente compuesto por más de 700 folios y 300 cuadernos. Además, la casación es un problema jurídico eminentemente técnico, que requiere un máximo estudio de todo un proceso y en ocasiones implica que el abogado que llevaba el proceso en las instancias, ceda el poder a un profesional, especialista en elaboración de demandas de este tipo.
"Mayoritariamente se ha sostenido en la doctrina que la forma más efectiva de ejercer la represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos no es modificar el código penal y hacer aumentos punitivos, sino que la verdadera persecución de un Estado autoritario se hace, modificando el código procesal, limitando el derecho a la defensa, dificultando el derecho de probar y ejercer la contradicción, desconociendo el principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera que se hagan nugatorias las posibilidades defensivas".
"(…) Hoy, con los problemas de la delincuencia organizada y profesionalizada y con los casos de corrupción, en los que fácilmente encontramos procesos con diez, quince y más sindicados, el hecho de reducirse el término para la sustentación de la casación y hacerlo común a los sujetos procesales recurrentes, lo convierte en un instrumento procesal prácticamente imposible de ser interpuesto y sustentado, por que nos preguntamos, cómo y cuando podrían tener los sujetos procesales acceso al expediente para estudiarlo y poder elaborar la demanda de casación
Si a lo anterior se agrega que a su finalización el proceso ha adquirido unos volúmenes materiales bastante considerables, que la casación es un problema eminentemente técnico - de allí la complejidad en la elaboración de las demandas-, y que de manera regular cuando el abogado que ha llevado el proceso en las instancias, sino es especialista cede el poder para que uno especializado en técnicas de casación elabore la demanda; nos encontramos en presencia de unos términos que al ser reducidos y al convertirse en comunes para los sujetos procesales harán prácticamente imposible la elaboración de las demandas e inoperante el derecho a la defensa y el derecho al acceso a la justicia.
Esta manera de concebir el término para sustentación, "significará que todos los sujetos procesales deban estudiar el proceso en la secretaría de los Tribunales, puesto que no podría operarse como tradicionalmente se está haciendo, que a cada sujeto procesal se le prestaba el expediente durante el transcurso de sus términos para que elaborara la demanda."
Y pone de presente el actor: "Imagínense ustedes Sres. Magistrados el ejercicio del recurso extraordinario de casación en un proceso penal como el de Dragacol, en el cual actuamos como defensores principal y suplente de uno de los procesados, que cuenta con más de 700 cuadernos (…) ¿Creen ustedes que es posible elaborar la demanda en el precario término de 30 días (…)
"Imagínense ustedes el caso de David Murcia Guzmán ¿creen ustedes que es posible en el insignificante término de 30 días sustentar el recurso de casación . Este es un proceso complejo por su propia naturaleza, con infinidad de estudios financieros y bancarios que requieren de estudios especializados y conocimientos técnicos evidentes. En realidad es imposible preparar una demanda de casación en período de tiempo tan breve".
Lo anterior como es apenas obvio deducirlo elevaría igualmente los costos profesionales para elaborar una demanda de casación, por las dificultades que los abogados van a tener en relación con el acceso al expediente y como es apenas obvio la elevación de los costos, también afecta el acceso de los ciudadanos a la justicia".
Luego de hacer una introducción a cerca del concepto de constitución, de derechos fundamentales, de bloque de constitucionalidad y de destacar la primacía de las normas constitucionales, y hacer referencia al fenómeno de la constitucionalización del derecho, se adhiere al planteamiento de la demanda en el sentido que los artículos 90, 91, 98 y 101 son leyes procesales con efectos sustanciales que admiten la invocación de la favorabilidad, por lo tanto "pueden ser aplicadas o inaplicadas en un caso concreto según resulte benigna a los intereses de la persona investigada y/o juzgadas".
Con respecto al artículo 122 de la ley 1395 de 2010, la universidad considera que si bien esta norma establece que la ley de descongestión judicial comienza a regir desde su promulgación, no niega la posible invocación y aplicación del principio de favorabilidad; por ende, la norma demandada no está modificando, limitando o contrariando el artículo 29 de la Carta Política. No obstante estima que el pronunciamiento en relación con este precepto podría ser de exequibilidad condicionada "en el entendido de que la norma de suyo no está limitando la factible invocación y/o aplicación de leymás favorable"
La universidad realiza un estudio de los principios de oralidad, concentración e inmediación que rigen el sistema penal, definiéndolos y ubicándolos en el marco del artículo 250 de la Constitución P olítica, en las normas del bloque de constitucionalidad relativas al debido proceso (Artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), así como en el artículo 8 de la ley 906 de 2004.
Desde esa perspectiva, recordando jurisprudencia de esta Corte[2] sugiere que los artículos 90 y 91 de la ley de descongestión, sean declarados inconstitucionales por vulnerar normas de rango superior, como son los principios de "oralidad e inmediación al obligar a los intervinientes a sustentar su impugnación ante el juez de primera y no ante aquel que decide finalmente el recurso, contrariando los desarrollos que en garantía de los principios rectores se han analizado".
En tercer lugar, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal concluye que para poder determinar si las normas demandadas son contrarias a la Carta Política, debe realizarse un juicio de razonabilidad. Así, el primer elemento del test se encuentra verificado, en tanto las normas increpadas se encaminan hacia un fin constitucionalmente legítimo, como lo es la descongestión de la administración de justicia[4]. Igualmente, el segundo paso del juicio que adelantó también se satisface, pues la medida de reducción de términos no se encuentra prohibida. Así mismo, el tercer escalón del examen de razonabilidad se entiende superado por los artículos 90 y 91 de la ley 1395 de 2010, en razón a que las medidas contenidas en estas normas, podrían ser adecuadas para conseguir la descongestión judicial. En cambio, la reducción de los tiempos de sustentación e interposición de los recursos de apelación contra providencias no supera la exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, dado que "de ellas se derivan una afectación considerable de las garantías fundamentales de los sujetos del proceso penal, que excede sus beneficios en materia de descongestión judicial," como son los derechos a la doble instancia, a la defensa y al acceso a la justicia.
Ahora bien, el interviniente repite el ejercicio de ponderación en relación con los artículos 98 y 101 de la 1395 de 2010, llegando a la conclusión de que dichos preceptos superan el juicio de proporcionalidad, en tanto las medidas adoptadas por el legislador "no anulan en la práctica las posibilidades de que los sujetos procesales impugnen las decisiones judiciales por ésta vía y sólo se reduce los plazos con que cuentan para hacerlo, deja operantes los derechos a la defensa y los derechos a la justicia."
Para el Procurador, "Si bien las demandas acumuladas en este proceso identifican las normas legales demandadas y citan como vulneradas varias normas de la Constitución y de tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de la lectura cuidadosa de su texto se puede concluir que los reproches no se dirigen en contra de una proposición jurídica real y existente, sino contra una deducida o implícita, valga decir contra una perversa e inequívoca intención, que se supone, del legislador, de intentar lograr la efectividad del procedimiento penal a costa de los derechos fundamentales de los individuos. Los argumentos de las demandas, más que en cargos constitucionales o siquiera jurídicos, se organizan en interpretaciones subjetivas sobre el sentido teleológico, la conveniencia y la suficiencia de las normas, frente a la complejidad de los procesos penales".
Agrega que tampoco los instrumentos internacionales de derechos humanos que citan los demandantes establecen límites o condiciones temporales para la interposición y sustentación de los recursos de apelación y casación, "como se supone de manera subjetiva y arbitraria en las demandas".
i)El artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, vulnera el derecho al debido proceso (Art. 29), específicamente al principio de legalidad y favorabilidad, toda vez que establece la vigencia inmediata de toda la ley y por ende, de los artículos 90, 91, 98 y 101 de la misma, preceptos estos de naturaleza procesal con efectos sustanciales, que contemplan mandatos más restrictivos para el ejercicio del derecho de defensa que los modificados.
ii)Los artículos 90 y 91 de la ley acusada infringen el debido proceso (art. 29), los principio de concentración e inmediación (art. 250 C.P.), y el derecho de acceso a la justicia (Art. 229), comoquiera que el recurso de apelación, se sustentará en la misma audiencia en que se profiere la decisión impugnada, ante el funcionario que la dictó y no frente al juez que definirá la segunda instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los medios para el ejercicio de la defensa.
(iii)La reducción de los términos para la sustentación del recurso extraordinario de casación a la mitad, y el traslado común a los recurrentes para la elaboración de la demanda, tal como lo prevén los artículos, 98 y 101 de la ley acusada, hace nugatorio el derecho de defensa (Art. 29).
(i) ¿Vulnera el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010 el derecho al debido proceso, en particular los principios de legalidad y favorabilidad, referidos a los términos y condiciones para el ejercicio de los medios de impugnación en el proceso penal, al establecer la vigencia general de la ley a partir de su promulgación
(ii) ¿Desconocen los artículos 90 y 91 de la Ley 1395 de 2010, el derecho a la doble instancia, así como los principios de concentración e inmediación, al disponer que los recursos de apelación de autos interlocutorios y de sentencias sean sustentados en la misma audiencia, ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante aquél que tiene la competencia para pronunciarse de fondo sobre el asunto objeto de la discusión
(iii) ¿Vulneran los artículos 98 y 101 de la Ley 1395 de 2010 las garantías de defensa y de acceso a la justicia en los procesos penales, al reducir los términos para la sustentación del recurso extraordinario de casación, y establecer que este sea común para todos los recurrentes
"Al disponer el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que el recurso de apelación se sustenta - además de interponerse y correrse traslado a los no impugnantes- ante el juez de primera instancia quien estudia la sustentación del mismo y no ante el de segunda instancia que es el que habrá de conocerlo y decidirlo, se vulnera el principio de la inmediación procesal establecido en el artículo 250 de la Carta Política. La inmediación exige que el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, esto es con los sujetos del mismo - partes e intervinientes - y con su contenido o materia. Como consecuencia de la violación (…) del principio de la inmediación procesal, se da la violación del principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza que a toda persona imputada o acusada, a ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada juicio, en cuyo caso la inmediación es parte de esa garantía".
En la mencionada sentencia, la Corte declaró "EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010".
9. En el proceso que se sustancia en esta oportunidad, el cargo contra el artículo 90 - que se amplia al 91- se hace consistir en que desconoce los principios de inmediación y concentración establecidos en el artículo 250 de la Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice la sustentación del recurso ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez que habrá de resolverlo. Este último, sólo podrá acceder a la sustentación del recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video, con lo cual se vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen que las actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen presencialmente.
13. No obstante, también ha destacado la jurisprudencia que la mencionada facultad de configuración no es absoluta, pues hay limitaciones que surgen de la propia Constitución. Ciertamente, al respecto la Corte ha dicho que la libertad del legislador en materia de regulación de los procedimientos judiciales no significa que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos,[11]"pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso."[12]
Dentro de las limitaciones que admite la potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos, y en particular la regulación del derecho de defensa en materia penal, cabe mencionar el estándar internacional establecido en los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados en el orden jurídico interno colombiano, conforme al cual dentro de las garantías que se reconoce a toda persona acusada de un delito se contempla la de "disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa"[13].
14. En estrecha relación con el principio constitucional de celeridad que preside la función judicial, y que exige que ella se adelante "sin dilaciones injustificadas" (C.P. art. 29), se encuentra el asunto de la libertad de configuración del legislador en materia de establecimiento de términos procesales. Sobre este asunto la Corte ha vertido una jurisprudencia en donde se ha referido a varios asuntos implicados en la materia, así:
En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha definido que los términos procesales constituyen el momento o la oportunidad que la ley establece para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por el juez, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia.[14] Ha indicado así mismo que la fijación de términos perentorios no contradice la Carta Política, sino que, por el contrario,"busca hacer efectivos los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, en la medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones injustificadas, como lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, en armonía con el 228 ibídem."
De otro lado, examinando el alcance de las potestades del legislador en el diseño de los términos procesales, la Corte ha dicho que el Congreso es autónomo para fijar los plazos que tienen las personas para ejercer sus derechos ante las autoridades judiciales[15], no obstante lo cual, la extensión de los mismos "está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho sustancial".[16] También ha indicado que la autonomía del legislador en esta materia, a pesar de ser amplia, pues no existe en la generalidad de los casos un parámetro estricto al cual pueda referirse el juez constitucional para juzgar si su longitud es adecuada[17], en todo caso debe atender a que la extensión de los términos procesales sea razonable y permita garantizar el derecho sustancial[18].
Ahora bien, concretamente en relación con el asunto de la mayor o menor amplitud de los términos procesales, y de la labor de control del juez constitucional en la materia, la jurisprudencia ha dicho que "a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales."[19] Por lo anterior, el juez constitucional no está "llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación."[20]
El principio de celeridad y el derecho de contradicción.Posibles tensiones.
16. Esta Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho "a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho".
17. Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra.
"En efecto, una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último (…) de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas" (C.P art. 29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere el artículo 228 superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con diligencia".[22]
"… si los derechos del procesado - como el derecho de defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en suma, a someter al proceso a las decisiones del procesado.
"En síntesis, como la concepción ¨absolutista¨ de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica."[23] (Negrillas y subrayas fuera del original)
El artículo 29 de la Constitución contempla a favor de quien tenga la condición de sindicado la garantía "a un debido proceso público,sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra". En tanto que el artículo 250 numeral 4 de la Carta, tal como fue modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, establece como una de las funciones nucleares de la Fiscalía General de la Nación la de: "Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público,oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las garantías."(Destaca la Sala).
Estos mandatos fueron desarrollados por los artículos 15 y 16 de la Ley 906 de 2004, según los cuales, el principio de contradicción concede a las partes en el proceso penal el "derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada". En tanto que el de inmediación incorpora el imperativo según el cual "en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas."
"El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto de la Fiscalía como del acusado y del Juez; sin embargo, el numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta, tal y como fueron modificados por el Acto Legislativo, establecen cambios trascendentales en materia probatoria. Cabe resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción". (Se destaca).
"En efecto, las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral.
En tal sentido,la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales (…).
En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente "pruebas", salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros (…). Finalmente, envirtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia. (subrayado fuera del texto original) (…)".
"En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia[25], en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios deinmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción". (Subrayado fuera del texto original)
22. El derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Así lo estableció la Corte en la sentencia C-799 de 2005[26] en la que señaló que este derecho "surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso," pero sin desconocer que el mismo se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley.
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho de las personas procesadas penalmente a "impugnar la sentencia condenatoria". Al respecto la Corte ha señalado que la existencia de doble instancia en los procesos penales, integra el núcleo esencial del derecho al debido proceso penal y constituye un elemento central en la configuración constitucional del derecho fundamental a la defensa, en tanto que "busca la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia"[37], estableciéndose en una oportunidad adicional para controvertir el caso.
Ha destacado que la compatibilidad del diseño del proceso con el derecho fundamental al debido proceso, está determinada por el reconocimiento de la necesidad de asegurar un amplio espectro de controversia dentro del proceso. No resulta, en consecuencia, admisible que existan nulas o limitadísimas oportunidades para controvertir, tanto el material probatorio como las consideraciones jurídicas. Tales oportunidades "deben ser generosas; claro está, dentro de un diseño que armonice el derecho de defensa con otros derechos e intereses de igual valor constitucional"[38].
"(…) Surge el recurso de casación como un remedio extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito. De allí que el recurso de casación plantee un juicio de legalidad contra la sentencia proferida en un proceso penal.
En ese sentido, el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna. Es extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse proferido con violación de la ley. Es interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación. Finalmente, implica un juicio de valor que exige la confrontación de la sentencia con la ley".
En la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación fue constituido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (Artículo 181)"[41].
De acuerdo con el nuevo régimen de procedimiento penal, el recurso extraordinario de casación pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia (Artículo 180, Ley 906 de 2004). De este modo, los vicios de procedimiento o de juicio que se formulan contra una sentencia penal de segunda instancia se dirigen a que, con la mediación del Tribunal de Casación, en un supuesto específico, se realicen los fines del proceso penal y se unifique la jurisprudencia".
28. Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 14 3.b. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 8.2.c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[42]. Está así mismo implícita en el enunciado del artículo 29 de la Carta que contempla de manera universal el derecho de defensa a favor de quien sea sindicado, y se incluyó explícitamente en el artículo 8.i) de la Ley 906 de 2004, según el cual la persona sometida a investigación o juzgamiento tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal a "disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración a las audiencias a las que deba comparecer".
En relación con el tiempo adecuado para la preparación de la defensa el Comité de Derechos Humanos ha señalado que se trata de una garantía ligada al principio de igualdad de armas; que la determinación de lo que pueda ser considerado "tiempo suficiente" para preparar la defensa debe ser evaluado atendiendo las circunstancias particulares de cada caso, y ha sido aplicado en forma limitada, en casos de condenas de especial severidad (pena capital).
"El derecho de una persona acusada a disponer del tiempo y de los medios suficientes para la preparación de su defensa es un aspecto importante del principio de igualdad de armas. Cuando cabe la posibilidad de condena a la pena capital, hay que dar al acusado y a su defensor tiempo suficiente para preparar la defensa. Para determinar lo que constituye ¨tiempo suficiente¨ hay que evaluar las circunstancias particulares de cada caso[44]". (Se destaca).
30. Según el Comité la solicitud de una prórroga ha sido determinante en orden a establecer la vulneración de esta garantía. En algunos casos el Comité ha concluido que los plazos muy exiguos de preparación no fueron incompatibles con la garantía de un tiempo suficiente para la preparación de la defensa, toda vez que los defensores no solicitaron al tribunal una prórroga. Sobre el particular observó el Comité: "Lo expuesto anteel Comité no demuestra que ni el letrado ni el acusado se hayan quejado a la juez de que el tiempo para preparar la defensa no era suficiente. Si el letrado o el acusado no se sentían bien preparados, les incumbía pedir un aplazamiento[50]"
En cuanto el derecho a los medios adecuados para la preparación de la defensa la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Humanos ha señalado que la preservación de esta garantía incluye el derecho de "acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa[51]".
31. En suma, el derecho a contar con el tiempo adecuado para la defensa, es una garantía vinculada al principio de igualdad de armas, que no obstante su limitada aplicación, ha desplegado su eficacia en la fase de preparación del juicio; se ha reconocido en causas complejas y en donde media una especial severidad en la punibilidad, especialmente la pena capital, y ha tenido una importante incidencia para negar la protección, el hecho de que se hubiese omitido una solicitud por parte de la defensa o del acusado, de ampliación del plazo. Su consagración en el derecho nacional está influenciada por esta concepción, en la medida que su configuración va acompañada de la posibilidad de solicitar "prórrogas justificadas," y se reconduce a "las audiencias a las que deba comparecer" el procesado. En tanto que el derecho a disponer de los medios adecuados para la preparación de la defensa se ha relacionado con la posibilidad de acceso a información y a medios de prueba, se ha estimado además, que los juicios colectivos que involucren una gran cantidad de acusados, vulneran esta garantía.
"El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Como acaba de ser explicado, algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena no admite restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o el principio de favorabilidad (C.P. art. 29)."[58]
36. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la compatibilidad de normas que establecen la vigencia de un nuevo estatuto o de una nueva regulación penal con el principio de favorabilidad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en desarrollo de la potestad asignada por el constituyente al legislador de "hacer las leyes", y en virtud de la denominada cláusula general de competencia a él reconocida, la determinación de la fecha en que debe entrar en vigencia una ley, es un asunto que compete al órgano legislativo[59]. A respecto precisó:
"Ahora bien: si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc, para poder determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide[60]".
Y subrayó que el legislador al señalar la vigencia hacia el futuro de una normatividad de contenido penal -procesal o sustantivo- no obstaculiza ni restringe la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, que como se indicó debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien le ha sido asignada la competencia para resolver el proceso penal respectivo. Ello por cuanto el precepto que prevé la vigencia de las normas hacia el futuro, o que precisa aspectos temporales en la aplicación de una reforma, se limita a hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del de legalidad.
"En este acápite, el constituyente derivado reiteró, para el ámbito de aplicación de la reforma del proceso penal, la regla de acuerdo con la cual las normas jurídicas rigen hacia futuro. En razón de ese principio no es posible que a una conducta punible determinada se le aplique un procedimiento que sólo entró a regir después de su comisión. De allí que esa formulación normativa del constituyente no sea más que la manifestación del principio de legalidad del proceso, principio de acuerdo con el cual los procedimientos se rigen por la ley vigente al momento de la conducta punible que se imputa. Mucho más si frente a una reforma estructural como la emprendida a través del citado Acto Legislativo, no solo se variaron las formas procesales, sino que también se modificó el régimen de múltiples disposiciones procesales susceptibles de producir efectos sustanciales al interior del proceso penal"[65].
"En la sentencia C-581 de 2001, al pronunciarse sobre las normas de vigencia establecidas por el legislador en las Leyes 599 y 600 de 2000, la Corte indicó que¨En el presente caso el legislador al señalar la vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien se le ha asignado competencia para resolver el procesopenal respectivo, a partir del momento en que aquellos comiencen a regir¨".
37. De conformidad con estas consideraciones la Corte ha recordado a los operadores del sistema penal que las normas que contemplan la vigencia de una ley de esta índole, hacia el futuro - " a partir de su promulgación" o bajo una fórmula de gradualidad- no hacen otra cosa que reafirmar el principio de irretroactividad de la ley penal, adscrito al principio de legalidad, y por ende ellas deben ser interpretadas y aplicadas en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior[66].
40. El artículo 122 acusado establece que"Esta ley rige a partir de su promulgación". Es decir a partir de su publicación, en este caso, mediante la inserción en el diario oficial, requisito al que se dio cumplimiento con la mediante su inclusión en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.
En armonía con el marco teórico establecido para resolver este cargo, observa la Sala que mediante la estipulación de vigencia de la ley - a partir de su promulgación - prevista en el precepto acusado, el legislador no hizo nada distinto a cumplir con una competencia que la propia Constitución le asigna, en cuanto se trata de un actuación que se enmarca dentro de la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Carta.
En este sentido, el artículo 158, prevé:"Prórroga y restitución de términos. Los términos previstos por la ley, o en su defecto, fijados por el juez, no son prorrogables. Sin embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado". A su turno, el artículo 7.i), norma rectora del procedimiento, establece como un elemento integrante del derecho a disponer del tiempo razonable y de los medios adecuados para la preparación de la defensa la posibilidad excepcional de "solicitar las prórrogas necesarias debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer".
En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé -la interposición, concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de fallo- observa la Corte que se trata de una opción que responde a la naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas,contradictorio, concentrado (…), delineado en el artículo 250.4 de la Constitución.
"El recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación de las pruebas frente al juez de segunda instancia. Es la oportunidad en la cual el juez controla una decisión adoptada en la primera instancia, sin tener que reconstruirse íntegramente la acusación y defensa, siendo la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa. Es evidente que al no haber una repetición del juicio, por tratarse no de un análisis general y abstracto tendiente a revisar la totalidad de lo actuado, es suficiente que cuente con los registros que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso se hayan realizado en audio y/o video, y que hayan sido allegados al juez de la segunda instancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 del C.P.P.. Con base en ellos, podrá adquirir elementos de juicio para la decisión que corresponda[71]"
49. Aducen los demandantes que el término común de 30 días, plasmado en los artículos 98 y 101 de la ley de descongestión examinada parcialmente, para la elaboración de la demanda de casación mediante la cual se sustenta este recurso extraordinario, no garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229) y el derecho de defensa (Art. 29); su precariedad,"hace prácticamente imposible el ejercicio de este recurso constitucional, al punto de convertirlo en inoperante".
"Mayoritariamente se ha sostenido en la doctrina que la forma más efectiva de ejercer la represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos no es modificar el código penal y hacer aumentos punitivos, sino que la verdadera persecución de un Estado autoritario se hace, modificando el código procesal, limitando el derecho a la defensa, dificultando el derecho de probar y ejercer la contradicción, desconociendo el principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera que se haga nugatorias las posibilidades defensivas".
Si a lo anterior se agrega que a su finalización el proceso ha adquirido unos volúmenes materiales bastante considerables, que la casación es un problema eminentemente técnico - de allí la complejidad en la elaboración de las demandas-, y que de manera regular cuando el abogado que ha llevado el proceso en las instancias, sino es especialista cede el poder para que uno especializado en técnicas de casación elabore la demanda; nos encontramos en presencia de unos términos que al ser reducidos y al convertirse en comunes para los sujetos procesales harán prácticamente imposible la elaboración de las demandas e inoperante el derecho a la defensa y el derecho al acceso a la justicia".
Sobre el requisito de pertinencia ha subrayado la jurisprudencia de esta corporación, que exige que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que utiliza la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola "de inocua, innecesaria, o reiterativa" a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Exequible Artículo 90 LEY_1395_2010_12/07/2010
Exequible Artículo 122 LEY_1395_2010_12/07/2010
Exequible (inciso 1 ) Artículo 91 LEY_1395_2010_12/07/2010
Exequible Artículo 179 LEY_906_2004_31/08/2004
[6]Cfr., entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-310 de 2001, C-397 de 1995 y C-774/2001; los Autos A-174 y A-289A de 2001 y SU-047 de 1999.
[7] La sentencia C- 250 de 2011, estableció una cosa juzgada relativa respecto del artículo 90 al disponer en su numeral 3º que "Declara exequible el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 "en relación con los cargos estudiados", limitando así su pronunciamiento a la vulneración del artículo 250 y 29 de la Constitución como consecuencia del desconocimiento de los principios de inmediación y concentración.
[8]Sentencia C-555 de 2001. En el mismo sentido, pueden verse las sentencias C-832 de 2001, C-012 de 2002 y C-814 de 2009.
[10]Sentencia C-135 de 1999.
[13] Artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La misma garantía se encuentra contemplada en el artículo 8.2.c, de la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona inculpada de un delito a la "concesión (…) del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa".
[15]Sentencia C-1264 de 2005 y C- 814 de 2009.
[16]Sentencia C-1264 de 2005
[17]Sentencia C-012 de 2002.
[18]Sentencia C-832 de 2001.
[21]Cfr. Sentencia C-814 de 2009.
[22]Sentencia C-648 de 2001.
[24] En esta sentencia la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones del Decreto 261 de 2000 "Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación", y sobre algunos preceptos de la Ley 906 de 2004.
[26] En la sentencia C-799 de 2005 (MP: Jaime Araujo Rentería) se revisó la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2005 que consagra el principio del derecho a la defensa. El demandante consideraba que la norma era inconstitucional pues ésta consagraba el derecho a la defensa como norma rectora y establecía que ese derecho solo se adquiere una vez se obtenga la calidad de imputado lo que va en contra del artículo 29 de la Constitución. Uno de los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fue "siexiste violación al derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de imputado(...)." La Corte después de hacer un análisis del derecho a la defensa y de señalar las posibles interpretaciones del artículo demandado consideró que "En este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos. Por ello, la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio del derecho de defensa." De acuerdo a lo anterior, la Corte condicionó la exequibilidad de la expresión acusada "sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación." La Parte resolutiva de la sentencia dice: "3. DeclararEXEQUIBLE la expresión "una vez adquirida la condición de imputado" contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación."
[42]La misma garantía se encuentra contemplada en términos más generales en los artículos 9 y 7 respectivamente, de dichos instrumentos.
[43] Al respecto el Comité de Derechos Humanos, señaló: "El Comité recuerda que el concepto ¨juicio imparcial¨, en el sentido del párrafo 1 del artículo 14, exige que se cumplan una serie de requisitos a saber, la igualdad de posibilidades y el respeto del principio del procedimiento contradictorio. Estos requisitos no se cumplen cuando (…) al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente motivada." (Comité de Derechos Humanos, caso Wolf c. Panamá, párr. 6.6. (1992).
[44]Comité de Derechos Humanos, citado por la Corte Interamericana, caso Henry (N) c. Jamaica, párr.7.5 (1998).
[45]O´Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano.Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p. 418.
[46]Comité de Derechos Humanos, caso Reid (G.W) c. Jamaica, párr.13.1 (1994).
[49]Comité de Derechos Humanos, caso Philipp c. Trinidad y Tobago, párr. 7.2 (1998).
[50]Comité de Derechos Humanos, caso Henry (N) c. Jamaica, párr. 7.5 (1998).
[51]Comité de Derechos Humanos, caso Yaseen y Thomas, c. Guyana, párr. 7.10 (1998).
[62] En esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 5º del A.L. 2002 que establece: "Artículo 5°. Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008".
[63] En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 que prevé que "Las disposiciones de este código se aplicaránúnica y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia".
[68] En reiterada jurisprudencia esta Corte ha señalado las hipótesis en que le es autorizado a la Corte extender su análisis y aún su pronunciamiento, a enunciados no demandados. Así ha indicado que "En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico, claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio.En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad." (Sentencia C-055 de 2010).
[69] De acuerdo el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, "El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente". De acuerdo con el artículo 445 ib. luego de terminado el debate el juez podrá decretar un receso hasta de dos (2) horas, para anunciar el sentido del fallo.
[75] Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales" que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.