Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-442-de-septiembre-16-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920417312f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-26 02:04:03
Document Index: 222677977

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 57', 'artículo 79', 'artículo 42', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA SU-442 DE SEPTIEMBRE 16 DE 1997
SENTENCIA SU-442 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:OBJETO Y NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - LAS ACCIONES POPULARES COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS. (DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y EL DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA)
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, MEDIO AMBIENTE, PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS, SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, SERVICIO DE ASEO, DERECHOS COLECTIVOS, CALIDAD DE LAS AGUAS, CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO
Sentencia SU-442 de septiembre 16 de 1997
Ref.: expedientes T-120.950 y T-124.621 (acumulados)
Demandantes: Francisco Escobar Silebi, Jorge Eduardo Escobar Silebi y otros contra el Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el gerente de la Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A. ESP, Metroagua, las empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo, denominadas ESPA e Interaseo y el director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag.
Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
I. Expediente T-120.950
6. Al respecto, el representante de Corpamag sostiene que “actualmente sobre las partes bajas de los ríos Manzanares y Gaira, la bahía de Santa Marta y el Balneario de El Rodadero, se presenta el vertimiento directo de aguas residuales, estimadas en 600 L/s de la siguiente manera:
“En la bahía de Santa Marta (en el sitio El Boquerón), se descargan parcialmente las aguas recolectadas en la ciudad y las procedentes de El Rodadero, cuyo caudal es aproximadamente de 600 L/s.
En el río Manzanares desemboca en la parte sur de la ciudad, recolecta a cielo abierto 50 L aproximadamente de aguas residuales domésticas de gran parte del sur de la ciudad.
El río Gaira que desemboca al sur del Rodadero recolecta cerca de 25 L de aguas residuales procedentes de la parte sur de Gaira”.
“El sistema actual de acueducto se abastece aproximadamente en un 57% de las aguas superficiales provenientes de los ríos Manzanares, río Piedra y Gaira; con base en estimativos de caudal la oferta de las aguas superficiales tratadas es de 820 L/s los cuales tienen tratamiento en la planta de Mamatoco y el de la planta de El Roble. El restante 47% corresponde a aguas subterráneas que son captadas en los pozos construidos sobre los acuíferos del Cundi, Tamaca y Gaira, los cuales solo reciben tratamiento de desinfección, debido a las pérdidas de aguas registradas por Metroagua, estimadas en el 50%. La población actual es atendida con racionamientos periódicos”.
13. En relación con el funcionamiento del acueducto, aportan una serie de cifras y datos que los lleva a señalar que “la insuficiencia de la cobertura del acueducto, en virtud de que las pérdidas alcanzan el 50% de los caudales aprovechados, sumados a la disminución que ocurre en época de verano, indica que el servicio a más de precario (30% real aproximadamente), incumple los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que nos ilustra la Constitución Política, lo cual no se compadece con lo dictaminado por el Consejo Nacional Ambiental con respecto a la cultura del agua potable que nos presume en virtud de la Sierra Nevada como zona de alta disponibilidad de agua potable”.
14. De otro lado, agregan los actores que “en la brevísima respuesta obtenida de ESPA, se observa el incumplimiento de las disposiciones sanitarias, ambientales y en especial sobre manejo de desechos sólidos y emisiones atmosféricas insanas en virtud de la quema de basuras. Dicha respuesta fue reiterada por ESPA e Interaseo, mediante ejercicio posterior del mismo derecho de petición, respuesta en la que observamos que no existe plan de manejo ambiental ni licencia ambiental para dicha actividad que se desarrolla en predios aledaños a la zona de recarga de acuíferos de la ciudad o lugares donde surcan los caños que recargan dichos acuíferos, lo cual hace aún de más riesgo la actividad por el lavado de basuras en épocas de invierno y de lluvias, aguas que se infiltran a las subterráneas que luego se aprovechan para el acueducto. El manejo ambiental del basurero es precario o inexistente lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las mismas personas que laboran allí, incumpliéndose las normas constitucionales y ambientales” (negrillas y subrayas fuera de texto).
“La descarga de aguas servidas a las aguas costeras del municipio genera básicamente contaminación bacteriana. Los estudios bacteriológicos no son abundantes, pero se ha establecido en mediciones previas de Escobar (1988) y otras más recientes (sep./95) realizadas en cuatro estaciones costeras (Boquerón, Boca del río Manzanares, a la altura de la calle 10 y a la altura de la calle 22), que la bahía de Santa Marta presenta niveles altos de coliformes (hasta 24000/100 ml como NMP); se identifica como es de esperar, al Boquerón como el sector más contaminado bacteriológicamente. Además, se encontraron en todos los sectores de la bahía escherichia coli y streptococcus fecalis, como indicadores de presencia de bacterias patógenas” (negrillas y subrayas fuera de texto).
16. Por consiguiente, expresan que ante este dictamen, “el hecho de la presencia de bacterias patógenas en la bahía nos muestra claramente la peligrosidad de la situación y nos advierte que ya el mar no actúa como diluyente, ni bactericida, exponiendo a los bañistas al peligro de contraer salmonellas y otras enfermedades (enteritis), así como nos evidencia la presencia de metales pesados en los recursos ictiológicos, que por cierto son transmisibles al ser humano ocasionando estragos para la salud y ponen en riesgo la vida misma”.
17. Además, indican que es conocida por todos los habitantes de la ciudad la situación de rebosamiento continuo de la red de alcantarillado, que se caracteriza por la insuficiente cobertura, advirtiendo que “dentro de las limitaciones descritas, es notoria la caótica y crítica situación ambiental del centro de la ciudad, así como de sus barrios populares, sitios como las calles 1 a 20 con carreras 1 a 8 muestran los continuos rebosamientos de las redes, donde emergen aguas negras que se canalizan superficialmente por las calles y andenes de la ciudad, además de poner en alto riesgo de contaminación los distintos acuíferos de la ciudad” (negrillas y subrayas fuera de texto).
19. Así mismo, observan que zonas como El Rodadero Sur, Gaira, Bello Horizonte y Taganga se encuentran abandonadas a su suerte y expuestas a los continuos rebosamientos, infiltraciones de pozas sépticas en los acuíferos existentes, contaminación ambiental, lo que ocasiona riesgos a la salud y por tanto a la vida humana.
22. Para el efecto, expresa que “ninguna autoridad ha puesto coto a esta situación ni muestra interés real en solucionar la problemática, que de no tomarse las medidas pertinentes en forma inmediata pondrán en situación de irreversibilidad la garantía constitucional al ambiente sano, a la salud, a la vida, y a los demás derechos que se vulneran directa o conexamente con las omisiones señaladas, entre las que se destaca la falta de planeación de la ciudad, la cual no solo crece en forma desordenada, sino de manera irresponsable sin prestación de servicios públicos domiciliarios, sin exigencia de requisitos mínimos para el otorgamiento de las respectivas licencias de construcción, sin ordenamiento en cuanto a usos del suelo se refiere, sin la intervención en forma legal y rigurosa de la máxima autoridad ambiental, la cual no ha exigido el cumplimiento de los decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984, y donde la administración distrital no paraliza las actividades que atentan contra la estabilidad ambiental del distrito y que directamente afectan los derechos fundamentales antes enunciados”.
25. Por su parte, el ciudadano Rafael Granados, accionante en este proceso, señala que en su vivienda la calidad del agua no es la óptima, ya que con base en pruebas realizadas a las redes de servicios que abastecen su domicilio, se encuentra una alta concentración de coliformes, por lo que no puede consumir el agua que le es distribuida por el sistema de acueducto, y que “en horas de la mañana el olor que expiden las llaves de agua es nauseabundo”; del mismo modo, expresa que las alcantarillas se rebosan continuamente al interior de su hogar, al igual que en barrios como Gaira, Pando, María Eugenia, Américas, Pescadito y otros de la ciudad, en especial en época de lluvias.
26. Finalmente, manifiestan que durante cuatro años de seguimiento que incluyen desde 1992 hasta 1995, se encuentra que las enteritis y otras enfermedades diarreicas ocuparon la quinta causa de morbilidad en consulta externa entre 183 motivos de consulta. Así mismo, según la información suministrada, las enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo ocuparon la novena causa de morbilidad en consulta externa, dejando entrever que los problemas de saneamiento básico y de degradación ambiental de la ciudad y de sus bahías influyen directamente sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes y transeúntes de Santa Marta.
1. Ordenar a Corpamag que imponga al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a Metroagua S.A., a más tardar dentro de los dos meses siguientes, los respectivos planes de cumplimiento sobre vertimientos establecidos en el Decreto 1594 de 1984, que garanticen al menos, el cumplimiento de las metas globales fijadas en la Ley 188 de 1995 en su artículo 20 numeral 1, 1.1, 1.1.1, en especial para tutelar los artículos 1º, 2º, 4º, 8º, 11, 12, 13, 29, 42, 48, 49, 51, 52, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 209 y 365 a 368 de la Constitución, contemplando igualmente los sistemas de tratamiento previo sobre vertimientos.
9. Ordenar a Corpamag exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental señalada, y al distrito y a Metroagua para que den estricto cumplimiento a la misma y se ajuste acorde a los planes de cumplimiento que se señalen; así mismo, se ordene a Corpamag para que controle las actividades realizadas por ESPA e Interaseo imponiendo a Corpamag dentro del mes siguiente, los términos de referencia para el trámite de la licencia ambiental o dentro de los dos meses siguientes los planes de manejo ambiental sobre recolección y disposición de desechos sólidos o basuras (D. 1753/94, art. 8º, num. 16 o art. 38 en consonancia con las normas de protección al aire y las contenidas en el D. 2811/74, art. 34 y ss.).
Además, que se ordene a dicha alcaldía cumplir con la potalización total del recurso aprovechado por el actual sistema de acueducto y de su ampliación, contemplando en estos mandamientos judiciales la prestación universal del servicio, y se ordene igualmente, al distrito y Metroagua para que cumplan lo dispuesto en el artículo 20 numeral 1º de la Ley 188 de 1995 y 4º de la Ley 60 de 1993. En el mismo sentido, se ordene dotar de sistema de recolección de aguas pluviales a toda la ciudad, en especial en las llamadas zonas críticas.
De otro lado, señala el tribunal que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al tenor de los artículos 1005 del Código Civil, 8º de la Ley 9ª de 1989, 5º y 6º del Decreto 2400 de 1989, 414-8 del Código de Procedimiento Civil y por mandato del Decreto 2303 de 1989, no le está atribuida la facultad de conocer y tramitar la acción popular impetrada para proteger el medio ambiente y la salubridad pública de los habitantes de Santa Marta, por lo que debe rechazarse.
Así pues, para el h. Consejo de Estado no es la tutela el instrumento judicial adecuado para obtener la garantía de los derechos que se dicen vulnerados por cuanto dicha acción fue instituida para proteger derechos fundamentales individuales y no colectivos, para cuyo amparo la Constitución estableció las acciones populares, por lo que al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la tutela es improcedente porque además, tampoco se acreditó que con la acción de tutela se trate de impedir un perjuicio irremediable. En el fondo, señalan, lo que los actores buscan es que las entidades a cuyo cargo corren las obras de saneamiento ambiental y manejo de los residuos sólidos y líquidos las realicen en los precisos términos de sus solicitudes, como si ello fuera posible en tan breve término y sin tomar en cuenta las limitaciones presupuestales que aquejan a todo país en vías de desarrollo, y primordialmente a las entidades territoriales.
II. Expediente T-124.621
En relación con el Expediente T-124.621, el apoderado del representante legal del edificio Mendiguaca de la ciudad de Santa Marta, afirma que el problema de las aguas negras en el sector turístico del Rodadero es al parecer endémico, “que jamás ha sido solucionado por las diversas administraciones distritales, que en el tiempo se han sucedido. Es dentro de este contexto como se puede analizar el caso específico del edificio Mendiguaca quien soporta desde hace muchos años el problema de las aguas negras, las cuales para esta época del año afloran con inusitado volumen al frente del edificio, con toda su carga de detritus y malos olores; aguas negras que al evaporarse por la acción del sol expelen un vaho nauseabundo, haciendo prácticamente invivible la existencia de los numerosos copropietarios que habitan el mencionado edificio, convirtiéndose en un foco de contaminación ambiental y por ende, de propagación de enfermedades de tipo respiratorio y dermatológico. La situación se hace más gravosa, pues se trata de un sector turístico”, todo lo cual, señala, vulnera el derecho al medio ambiente sano.
Conoció de la referida acción de tutela en primera instancia, el juzgado cuarto civil municipal de Santa Marta, el cual en forma previa a la decisión de instancia, procedió a practicar una inspección judicial para establecer las condiciones sanitarias y ambientales y las correspondientes responsabilidades de la empresa accionada. Además de ello, se solicitó al señor Jorge Eliécer Rodríguez Saavedra, ingeniero civil de profesión, un dictamen pericial en lo que hace al sistema de acueducto y alcantarillado de El Rodadero. Al respecto señaló en su informe que:
“Como conclusión a su primera pregunta puedo responderle que el edificio Mendiguaca no presenta problemas de aguas negras a nivel externo. (...). El vertimiento de aguas negras solo se produce cuando hay lluvias intensas.
Mediante auto de 18 de abril de 1997, se dispuso por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, la práctica de una inspección judicial en la ciudad de Santa Marta, con la asistencia de los magistrados integrantes de la misma, a fin de verificar los hechos de la demanda, y se ordenó así mismo, la recepción de testimonios relacionados en dicha providencia, para cuyo efecto en este último caso, se comisionó al magistrado auxiliar Guillermo Francisco Reyes González.
Durante la diligencia de inspección judicial, la Sala en asocio de las partes interesadas, recorrió las instalaciones de la planta de asfalto “Álvarez y Collins” donde pudo verificar el proceso de acopio y tratamiento del asfalto, que según el director de Corpamag es objeto de constantes visitas para controlar el impacto ambiental. Igualmente, se visitaron la planta de tratamiento de agua potable del sector del Irotama (que es una planta de bombeo del acueducto del sur, y que surte de agua a todo el sector), a las instalaciones del Hotel Zuana Beach Resort (donde se pudo constar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas y basuras, que según funcionarios del distrito es modelo en el país); el edificio Mendiguaca (a fin de verificar los hechos materia de una de las demandas en referencia), las plantas o tanques de agua del sector de El Rodadero y Gaira (para observar la situación del fluido y vertimiento de las aguas en la zona), y finalmente las instalaciones de Metroagua para constatar el funcionamiento del sistema de agua y alcantarillado del distrito.
En la Sentencia T-405 de 1993, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, expresó lo siguiente en relación con este tema:
“La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional como un mecanismo procesal específico y directo, cuyo objeto consiste en la eficaz protección, concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales en una determinada situación jurídica, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública, o de un particular en las situaciones y bajo las condiciones determinadas específicamente en el Decreto 2591 de 1991.
Dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan solo resulta procedente instaurarla en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces; esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (C.P., art. 86, inc. 3º); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de la violación o amenaza.
Así las cosas, la acción de tutela es un instrumento constitucional de carácter directo de protección de los derechos constitucionales fundamentales, por cuanto siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir solo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial de aquellos derechos, “salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (D. 2591/91, art. 6º, num. 1º), y en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado o amenazado.
Su efectiva aplicación, entonces, solo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que el ordenamiento jurídico ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger inmediata y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de un particular.
Desde sus orígenes, estas acciones fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de bienes y derechos que comprometen altos intereses cuya protección no siempre supone un daño. Además, su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales” (Sent. T-405/93) (negrillas y subrayas fuera de texto).
De la misma manera, en Sentencia T-366 de 1993, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, esta corporación tuvo oportunidad de precisar lo siguiente en relación con las acciones populares:
“Por considerar que esta corporación ya se ha ocupado en repetidas oportunidades acerca de las características y alcances de las acciones populares(1) debe esta Sala tan solo señalar que ellas son un mecanismo consagrado en la Constitución y en la ley para la protección de los derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales cabe destacar el patrimonio, el espacio público, el ambiente, la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad pública, según los términos del artículo 88 de la Carta Política. Con todo, es importante advertir que la lista a que hace referencia la disposición constitucional mencionada, no reviste el carácter de taxativa sino, por el contrario, es meramente enunciativa, correspondiéndole al legislador asumir la tarea de definir otros derechos e intereses colectivos que podrán ser protegidos mediante la utilización de este mecanismo jurídico.
Característica principal de este tipo de acciones, es que su ejercicio supone la protección de un interés colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de una agrupación de individuos, lo que conlleva a la imposibilidad de enmarcarla dentro de un ámbito meramente subjetivo o particular. Sin embargo, debe señalarse que se parte del supuesto de que cualquier persona perteneciente a un grupo o a una comunidad —dependiendo del caso—, puede acudir ante los jueces para defender a la colectividad afectada, con lo cual logra, simultáneamente, proteger su propio interés. Adicionalmente, estos instrumentos jurídicos presentan como cualidad esencial, la de que su implementación debe corresponder única y exclusivamente a una finalidad preventiva; por tanto, jamás podrá intentarse una acción popular para lograr la reparación de un daño causado por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular. De igual forma, quien acuda ante las autoridades judiciales con el fin de proteger un derecho colectivo, no podrá buscar un beneficio económico o pecuniario, sin que ello obste para que, de conformidad con lo establecido en las normas del Código Civil (arts. 1005 y 2359, entre otros) o en las demás disposiciones legales, se obtenga una recompensa o gratificación a título de reconocimiento por el fin altruista que motiva la preocupación de que prevalezca el interés general y se proteja el bienestar social.
Ahora bien, la Sala reconoce el hecho de que en diversas ocasiones, la protección que se pretende por medio de una acción popular, abarca, además, el amparo de uno o varios derechos fundamentales de una determinada persona. Tal es el caso del medio ambiente, la salubridad o el espacio público. Conviene, entonces, remitirse a algunos de los pronunciamientos de esta corporación, con el fin de reafirmar que, a pesar de existir un medio de defensa judicial —como es el caso de las acciones populares—, es posible intentar una acción de tutela para la protección de los derechos constitucionales fundamentales que en cada caso se encuentren amenazados o vulnerados. Al respecto, ha dicho la Corte:
“Fundamental advertencia sobre este punto es aquella que señala de modo indubitable que este derecho constitucional colectivo (gozar de un ambiente sano) puede vincularse con la violación de otro derecho fundamental como la salud, la vida o la integridad física entre otros, para obtener, por vía de la tutela que establece el artículo 86 de la Constitución Nacional, el amparo de uno y otros derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho constitucional fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra este. En estos casos, como se ha dicho, el juez al analizar la situación concreta que adquiera las señaladas características de violación de un derecho constitucional fundamental deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama”(2) (negrillas y subrayas fuera de texto original).
“La Constitución Nacional precisa el derecho al ambiente sano dentro de los derechos colectivos. Este derecho hace relación no a una persona en particular por lo que no se puede sectorizar o parcelar, sino que la situación ambiental es comunicante y extensiva, es decir que se va extendiendo a través del aire, sin que encuentre barreras o diques que pongan término a su propagación. Su límite está señalado por la misma fuerza que la contaminación produce. Además de ser un derecho el goce del ambiente sano, es una obligación del Estado procurar mantener la diversidad del ambiente y fomentar la integridad del mismo. Es factible ejercer la acción de tutela frente a la presunta vulneración o amenaza de un derecho fundamental que ha tenido su origen precisamente en la violación del derecho colectivo del ambiente sano”(3) (negrillas y subrayas fuera de texto original)
“Con todo, cuando la violación del derecho a un ambiente sano, implica o conlleva simultáneamente un ataque directo y concreto a un derecho fundamental, se convierte la acción de tutela en el instrumento de protección de todos los derechos amenazados, por virtud de la mayor jerarquía que ostentan los derechos fundamentales dentro de la órbita constitucional.
“Esa conexidad por razón de la identidad del ataque a los derechos colectivo y fundamental genera, pues, una unidad en su defensa, que obedece tanto a un principio de economía procesal como de prevalencia de la tutela sobre las acciones populares, que de otra manera deberían aplicarse independientemente como figuras autónomas que son”(1) (M.P. Antonio Barrera Carbonell) (negrillas y subrayas fuera de texto original).
Por consiguiente, como quiera que las sentencias de instancia proferidas por el Consejo de Estado el 12 de diciembre de 1996 y por el juzgado primero civil del circuito de Santa Marta el 15 de enero de 1997, rechazaron por improcedentes las acciones de tutela, con base en que para la protección de los derechos que se dicen amenazados en el caso sub examine existen las denominadas acciones populares, y por cuanto además, tampoco se acreditó según dichos proveídos, la existencia de un perjuicio irremediable, habrán de revocarse esos pronunciamientos, ya que a juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el instrumento judicial utilizado, de que trata el artículo 86 ibídem es el pertinente para casos como los aquí contemplados, donde resulta evidente que al lado del interés colectivo perseguido, se encuentran comprometidos derechos fundamentales individuales de carácter constitucional, como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública, los que de acuerdo a la jurisprudencia transcrita ameritan el estudio de fondo de la cuestión planteada, a lo cual se procede.
Acerca de la naturaleza y definición del mismo, cabe recordar lo expresado por esta corporación en Sentencia C-328 de 1995, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz:
“No en vano el constituyente elevó el interés colectivo por el ambiente sano al rango de derecho constitucional. La conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, es necesaria para garantizar la vida y la salud de todos. Por su naturaleza de derecho colectivo, el ambiente goza de mecanismos constitucionales específicos para su defensa, como son las acciones populares (C.P., art. 88) y los deberes calificados, en cabeza del Estado, para su protección.
La protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado y de los particulares (C.P., arts. 8º, 58 y 95). En virtud de expreso mandato constitucional (C.P., arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales contraídos por Colombia (Convención sobre diversidad biológica, art. 14), al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer.
La Constitución impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su diversidad e integridad (2); conservar las áreas de especial importancia ecológica (3); fomentar la educación ambiental (4); planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente (7); y, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (8) (C.P., arts. 79 y 80). Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P., art. 78).
En virtud del “Convenio sobre la diversidad biológica”, suscrito en Río de Janeiro en 1992, y de la Ley 165 de 1994, aprobatoria del mismo, Colombia contrajo el compromiso internacional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica, entre otras cosas, obligándose a explotar sus recursos naturales de manera que no se perjudique el equilibrio ecológico. La Corte, mediante Sentencia C-519 de noviembre 21 de 1994, declaró exequible el convenio y la Ley 165 de 1994”.
“Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P., art. 80), es el estudio de impacto ambiental que debe llevar a cabo quien planee realizar una obra o actividad que pueda afectar el ambiente. Las facultades de prevención y control, permiten a la autoridad fijar los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental.
Las entidades públicas promotoras o constructoras de obras públicas, deben ceñirse a los parámetros definidos en el artículo 57 de la Ley 99 de 1993. Solo así, la administración está en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus efectos.
Acorde con lo anterior, en Sentencia T-366 de 1993, igualmente se anotó:
“El artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y la posibilidad de que la comunidad, de conformidad con las previsiones legales, pueda participar en las decisiones que puedan afectarlo. Se trata, pues, de una protección que responde a una preocupación universal, por cuanto afecta igualmente a todos los estados, a todas las comunidades y, por ende, a todos los hombres. En cuanto a la naturaleza y alcances de este derecho, ha dicho la corporación:
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”(2).
El constituyente de 1991, quiso establecer un marco jurídico adecuado para la debida atención de este asunto; por ello señaló como una responsabilidad de orden estatal, la de atender el servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (C.P., art. 49). Puede decirse, entonces, que las obligaciones del Estado en relación con la preservación, conservación y protección del medio ambiente, apuntan, todas ellas, a un mismo fin: el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general (art. 366).
“Al derecho a un ambiente sano, se le asigna a su vez la condición de servicio público, y constituye, por lo mismo, junto con la salud, la educación y el agua potable, un objetivo social, cuya realización se asume como una prioridad entre los objetivos del Estado y significa la respuesta a la exigencia constitucional de mejorar la calidad de vida de la población del país (C.P., art. 366).
“Todo lo anterior, se repite, consagra el ambiente sano como un derecho colectivo, y le otorga unos mecanismos y estrategias de defensa particulares y plenamente identificables”(3).
Sin embargo, el derecho que le asiste a todas las personas de gozar de un ambiente sano, no puede entenderse como una prerrogativa absoluta que implique la asistencia única y exclusiva de las autoridades estatales. Si bien las personas gozan de instrumentos jurídicos precisos para lograr el amparo de este derecho, como es el caso de las “acciones populares para la protección de los derechos colectivos y del ambiente” (C.P., art. 88), la Constitución también se ha encargado de señalar algunos deberes y obligaciones de los asociados frente a los asuntos de orden ambiental; tal es el caso del deber de toda persona de “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” (C.P., art. 8º), de “Obrar conforme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de la personas” (C.P., art. 95-2); y, principalmente, de “velar por la conservación de un ambiente sano” (C.P., art. 95-8)”.
De la misma manera, en la Sentencia T-284 de 1995, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, proferida por la Sala Plena de esta corporación en relación con el derecho al ambiente sano y su carácter de fundamental, se precisó lo siguiente:
“El derecho al ambiente sano no tiene el carácter de fundamental, es un derecho colectivo susceptible de ser protegido a través de las acciones populares. Sin embargo, cuando en razón de la acción o la omisión de las autoridades públicas o de un particular se amenacen o vulneren derechos fundamentales (vida, integridad física, salud u otros), e igualmente se afecte el derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente sano, es posible accionar en tutela, tanto para la defensa directa de aquellos como de este.
La situación ambiental, derivada principalmente del problema sanitario que afecta a toda la isla de San Andrés, conduce a establecer no solo la existencia de la vulneración del derecho que tienen los peticionarios de la tutela a gozar de un ambiente sano, sino la conexidad de dicha transgresión con la amenaza de violación de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida de los peticionarios e igualmente de todos los habitantes de dicha isla. Si bien el derecho a disfrutar de un ambiente sano se halla reconocido como un derecho colectivo que se ampara a través de las acciones populares, cuando su violación, como en el presente caso, se encuentra ligada a su vez a la violación de derechos fundamentales, procede la acción de tutela como mecanismo judicial indirecto de protección del referido derecho colectivo”.
Así mismo, la Carta Política consagra los deberes y obligaciones que tienen los asociados frente al ambiente, entre los cuales se encuentra aquel, según el cual, le corresponde a toda persona para proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (C.P., art. 8º), obrar conforme al principio de solidaridad (C.P., art. 93-2) y velar por la conservación de un ambiente sano (C.P., art. 95-8).
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos. (...)”.
De esta manera, si el derecho a la vida es fundamental, los derechos que esencialmente se derivan de él, como la salud, también lo son necesariamente bajo ciertas condiciones, y en razón de su conexidad, emergen como fundamentales cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho a la vida, de manera que es preciso ampararlo para proteger aquel.
Así se expresó la Corte en Sentencia T-484 de 1992, magistrado ponente Fabio Morón Díaz, respecto a los alcances jurídicos del derecho a la salud:
“El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques: el primero, que lo identifica como un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental. El segundo bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado social de derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de tutela”(4) (negrillas fuera de texto original).
Igualmente, en cuanto al derecho a la salubridad pública, el cual se concreta en la salud de cada uno de los asociados, esta corporación en la Sentencia T-366 de 1993, señaló que:
“De las 33 muestras examinadas, 28 no presentaron contaminación por coliformes, sin embargo, 5 muestras resultaron con un número de colonias pero estas presentaron resultados negativos a coliformes fecales. De las mismas 33 pruebas analizadas 18 presentaron cifras por encima del rango establecido como valor admisible por el Ministerio de Salud, esto se debe a que son algunas provenientes de pozos profundos con presencia de cationes de calcio y magnesio que dan origen a la dureza de las aguas (...).
“De estos 154 casos no todos fueron sintomáticos, es decir, no todos presentaron diarreas, lo cual permite deducir que la fuente de propagación de la enfermedad no fue por el consumo de agua potable sino por el consumo de productos marinos, tales como el pescado y otros provenientes de las zonas endémicas(...) Además, nunca se ha podido demostrar que la fuerza de propagación del vibrión-cólera haya sido el agua, sino otros productos de origen marino” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Al respecto, dentro de las pruebas que obran en el expediente, aparece el testimonio rendido por el gerente de Metroagua, quien sostuvo que para contrarrestar los desbordamientos de aguas residuales en el sector de El Rodadero aledaño al canal de El Laguito, se construyó una elevadora o cárcamo recolector de aguas residuales con bombas sumergibles y una línea de impulsión conectada a la estación Gaira - Rodadero, a fin de evitar desbordamientos de agua residuales en dicho sector. En el asunto relacionado con el edificio Mendiguaca, señala que este se encuentra conectado al sistema de alcantarillado, libre de obstrucciones o taponamientos. Sin embargo, advierte que este edificio no cuenta con trampas de grasa ni de arena “ya que al encontrarnos en el balneario turístico es importante contar con esas trampas”. La construcción de dichas trampas se ha solicitado por Metroagua a las diferentes edificaciones y restaurantes del balneario de El Rodadero para así evitar taponamiento en la tubería, que podrían afectar la salud”.
A efecto de solucionar esta situación, el gerente de Metroagua, así como el alcalde de Santa Marta manifestaron haber contratado con la Empresa Técnicas Hidráulicas de Cuba el diseño del emisario submarino para tratamiento por dilución y disposición final las aguas servidas de Santa Marta. Actualmente, señalan que, el distrito carece de plantas de tratamiento de las aguas residuales que se vierten crudas sin ningún tratamiento. Por ello, a juicio de las autoridades distritales de Santa Marta, el emisario se plantea como una solución técnica y económica viable en materia de aguas residuales. El proyecto se encuentra en la fase de construcción, aunque según se pudo verificar por la Sala durante la práctica de la inspección ocular sobre esta zona de El Boquerón, los trabajos de iniciación de construcción del emisario no se han iniciado, de manera que, por ello continúa el vertimiento de estas aguas sobre la bahía Taganga sin control ni tratamiento alguno, produciendo serios efectos en la bahía por la contaminación ambiental.
“En Santa Marta existe contaminación fecal de las aguas marinas, la cual al parecer se incrementa durante las temporadas turísticas y se presume que la capacidad de carga del sistema del alcantarillado no es suficiente para evacuar el volumen total de las aguas residuales de la ciudad.
De acuerdo con oficio de marzo 14 de 1997 emanado del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, “Invemar”, se adjuntan los resultados del análisis de la calidad de agua del río Manzanares y se expresa:
“Respecto del análisis bacteriológico, los valores sobrepasan en las tres estaciones (localizadas en Paso del Mango, Quinta de San Pedro Alejandrino y Puente de la carrera 4 con calle 31) los valores máximos permisibles”.
Igualmente, según informe de dicho instituto, “El hecho de que ciertas bacterias son habitantes normales del tracto intestinal del hombre y de animales de sangre caliente, como es el caso de la escherichia coli, su presencia indica con certeza una contaminación de tipo fecal. Los altos valores encontrados en las 15 estaciones ubicadas en la bahía de Santa Marta durante los muestreos realizados en noviembre, sobrepasan los valores permisibles dados por el Ministerio de Salud en el Decreto 1594 de 1984 en el artículo 42”.
“En relación con el problema de contaminación en la bahía de Santa Marta, la falta de un sistema de recolección de aguas negras que en el caso que nos ocupa se reduce a soluciones puntuales de instalación de tanques séptimos [sic] y campos de infiltración determinan la probable contaminación indirecta de las aguas de la bahía de Taganga, por aguas residuales domésticas, excluyéndose cualquier tipo de contaminación de origen industrial.
Así mismo, esta bahía se ve afectada por las condiciones temporales del efecto de la contracorriente, que predomina en los meses de lluvias durante los cuales aguas procedentes del sitio denominado “El Boquerón” pueden interferir directamente la bahía de Taganga por efectos de la influencia de los vientos procedentes del sur oeste denominados “vendaval”, Por lo anterior se prevé que la solución proyectada de la instalación del emisario submarino de aguas negras contribuirá con una solución adecuada al manejo de las aguas residuales”.
“En relación a la concesión de licencias de construcción en el distrito de Santa Marta, y el procedimiento que las mismas demandan, tenemos un plan de desarrollo vigente consignado en el Decreto 1045 de 1992, el cual contempla un código de urbanismo como instrumento para el manejo y otorgamiento de licencias de construcción (...). Aparte de lo establecido por el plan de desarrollo en base al plan de gobierno, se le hizo un ajuste al plan de desarrollo de acuerdo al mandato legal; allí quedó por primera vez en la historia de Santa Marta el componente ambiental (...).
Siendo conscientes de que en el sector sur zona turística comprendida entre El Rodadero y la quebrada El Doctor es deficiente el servicio de alcantarillado, específicamente en El Rodadero se han establecido internamente mecanismos para evitar la alta densificación (...). La secretaría de planeación no otorga licencias de construcción a proyectos que no traigan viabilidad de servicios públicos dadas por las empresas prestadoras de servicios públicos, como Metroagua que da la viabilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.
En el caso sub examine no se encuentra acreditado que en lo concerniente a la expedición de las licencias de construcción, se hubiese obtenido la exigencia por parte de la secretaría de planeación distrital de Santa Marta, acerca de la viabilidad ambiental como requisito previo para la concesión de las mismas. Es de anotar que las licencias ambientales se otorgan una vez el propietario o ejecutor de un proyecto, obra o actividad, cumple con la elaboración de los estudios de impacto ambiental que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena le exige, después de formulada la solicitud con el cumplimiento de los requisitos legales (D. 1753/94 y Res. 655/96 del Ministerio del Medio Ambiente). Admitida la petición, deben efectuarse por parte de la corporación mencionada, las inspecciones correspondientes al lugar de construcción del proyecto o de realización de la actividad u obra, y su área de influencia, con el fin de determinar los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental. De acuerdo a ello, satisfechos los requisitos de estudio de impacto ambiental, se evalúan las medidas allí contempladas y se determina su aplicabilidad para la ejecución de la obra y de ser viable, se otorga la licencia ambiental incluyendo los permisos a que haya lugar.
Con relación a lo anterior, el gerente de la Empresa de Aseo de Santa Marta, afirmó que “en la actualidad el cubrimiento es del 97.78% (reciben el servicio 60.860 de las 62.240 viviendas del distrito)”. Y agregó que “el distrito cuenta con el botadero de basuras Veracruz, pero por problemas de contaminación que ha venido generando, se ha previsto el cambio de lote para la disposición de los desechos o basuras. En el momento se viene realizando un tratamiento primario de las basuras, medianamente tecnificado para mitigar los efectos del material allí presente”.
En relación con el manejo de las basuras, el director de Corpamag expidió la Resolución 581 de marzo 6 de 1997 por medio de la cual impuso medidas preventivas de saneamiento ambiental a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Santa Marta, ESPA, por el manejo del botadero Veracruz.
Además de ello, teniendo en cuenta la función primordial que en el proceso de protección y defensa del medio ambiente viene cumpliendo y desarrollando en el Departamento del Magdalena la Corporación Autónoma Regional, Corpamag, y las dificultades existentes, generadas primordialmente por la demora ostensible por parte de la administración distrital en transferir los recursos recaudados por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, dentro de los términos legales, los cuales constituyen el patrimonio necesario para el cumplimiento adecuado y eficiente de las funciones de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a fin de garantizar a los habitantes del distrito de Santa Marta una eficaz prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se ordenará a la tesorería distrital de Santa Marta que haga efectiva la transferencia de los recursos recaudados por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, dentro de los términos legales (L. 99/93, art. 44).
V. El medio ambiente y el carbón
Cabe destacar la afirmación hecha por el señor Ávila Peña, según el cual “es excesivo el polvo de carbón que se encuentra en todas partes, en capas aterradoras, que cuando hay brisa forma verdaderas nubes que hacen imposible la respiración normal de un ser humano. Esta es una zona urbana, estrato seis de Santa Marta y los efectos de esa situación han sido gravísimos para mi familia y para mí porque me han obligado a ausentarme de la vivienda por la imposibilidad física de respirar aire denso y pesado de carbón tanto para mi, mi señora e hijo, que se ha visto afectado en su salud por esta situación, hasta el punto que he decidido abandonar la terminación de la construcción de la cabaña por la imposibilidad de vivir en ella por las situaciones anotadas. Pero no solo el problema es de las gruesas capas de nubes de carbón en el ambiente, sino que es también los altos niveles de ruido que produce la operación del puerto como son los rodillos metálicos de las bandas transportadoras del carbón en el muelle y que lamentablemente operan las 24 horas del día llevando a la persona a un estado de angustia sicológica por los altos niveles de ruido. Además la maquinaria de palas y buldózeres operando especialmente de noche con sus ruidos característicos que imposibilitan dormir y permanecer tranquilos. Cuando no se presenta el caso de que ya cansada la persona logra conciliar el sueño, a la una o dos de la mañana suenan los pitos de los remolcadores en el puerto que jalan las barcazas haciendo imposible la tranquilidad y un estado de ánimo sin alteraciones anímicas y sicológicas”. Todo ello según él y demás vecinos del sector, viene amenazando en forma grave e inminente su derecho fundamental a la vida y a la salud, lo que requiere de medidas urgentes e impostergables por parte de las autoridades competentes, que hasta la fecha han sido renuentes a buscar soluciones que atiendan sus necesidades.
Al respecto, la señora ministra de salud, Maria Teresa Forero de Saade, a través de oficio remitido a esta corporación, puso en conocimiento de la misma la información relacionada con los efectos causados a la salud humana por la exposición al polvo de carbón. Sobre el particular, expresó:
“Principales efectos de la exposición a polvo de carbón
3. Neumoconiosis del carbón (el agravante es su gravedad y pronóstico, dado que sus efectos son irreversibles).
1. Incremento de explotación artesanal (mayor riesgo de enfermar - accidente o muerte).
2. Adecuación ambiental de la política carbonífera por el impacto ambiental y la afectación poblacional.
Riesgo de accidente de trabajo en la extracción de carbón
Estudio epidemiológico social y ambiental de la minería del carbón - Cerrejón zona centro y la Jagua de Ibérico - 1990 - 1995
Muestra total de trabajadores: 410, en los cuales se encontró 12.5% prevalencia neumoconiosis y 46%, sospechosos de enfermedad neumoconiótica.
La extracción de carbón constituyó la 4ª actividad económica causante de costos a cargo del ISS durante 1995.
Sus efectos no solo tienen impacto ocupacional, sino que realmente comprometen la salud poblacional de aquellas regiones en las que se explota el mineral”(negrillas y subrayas fuera de texto).
Para los mismos efectos, se recomendará a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, en desarrollo de las funciones que le corresponden, para que efectúe la evaluación de los citados controles con una periodicidad no superior a los treinta (30) días.
REVÓCANSE las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santa Marta y por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fechas 12 de noviembre y 12 de diciembre de 1996 respectivamente, dentro del proceso de tutela promovido por el ciudadano Francisco Escobar Silebi y otros, así como por el juzgado primero civil del circuito de Santa Marta de fecha 13 de noviembre del mismo año, dentro del proceso de tutela instaurado por el ciudadano Roberto Parra Ruíz. En su lugar se dispone:
1. TUTELAR los derechos a la vida, al ambiente sano y a la salud de los ciudadanos Francisco Escobar Silebi y otros, habitantes del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, amenazados por las acciones y omisiones en que han incurrido las autoridades administrativas del distrito, a que se refiere la presente providencia.
2. En orden a la protección de los citados derechos, se dispone lo siguiente:
2.1. El alcalde distrital de Santa Marta, en coordinación con el comité ambiental distrital así como el director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y las demás autoridades ambientales, deberán elaborar y adoptar un plan de ordenamiento de los usos del suelo para el distrito de Santa Marta, para los efectos indicados en la parte motiva de esta providencia.
2.2. La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la secretaría de planeación distrital, exigirá así mismo, la viabilidad ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena como requisito previo para la expedición de las licencias de construcción y/o instalación de los proyectos, obras y actividades que las requieren, de acuerdo a las definiciones legales pertinentes.
2.3. Con el fin de proteger los acuíferos de Santa Marta, la administración distrital deberá acogerse en los plazos fijados por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena a las obligaciones impuestas en la Resolución 581 del 6 de marzo de 1997, por medio de la cual se establecieron medidas preventivas para el manejo del botadero Veracruz, actual basurero del distrito.
2.4. Así mismo, el alcalde distrital de Santa Marta en un plazo no superior a los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, procederá a iniciar los trámites requeridos para la construcción o reubicación del botadero de basuras, con sus respectivos estudios técnico-ambientales, así como la elaboración del plan de manejo de los residuos sólidos del distrito.
2.5. La tesorería distrital de Santa Marta deberá efectuar dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación de esta providencia, las transferencias de los recursos recaudados por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, así como los demás recursos recaudados por el distrito bajo el concepto de patrimonios y rentas de la corporación, conforme a lo establecido para el efecto en los artículos 44 y 46 de la Ley 99 de 1993.
2.6. A fin de optimizar e independizar los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de Santa Marta, Rodadero y Rodadero Sur, hasta la quebrada El Doctor, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en coordinación con la empresa Metroagua S.A. y ESPA, realizará las gestiones encaminadas a terminar el sistema de bombeo, teniendo en cuenta las especificaciones necesarias para realizar una adecuada difusión de las aguas residuales de la ciudad.
2.7. El distrito de Santa Marta deberá definir e implementar los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final para las aguas residuales de Taganga.
3. ORDENAR al alcalde distrital de Santa Marta, que, a partir de la notificación de esta providencia, disponga lo conducente a fin de que la administración a su cargo, suspenda el otorgamiento de todo tipo de licencias de construcción en el corregimiento de Taganga, durante el término de tres (3) años, y adopte las medidas a que haya lugar, a fin de evitar que se sigan realizando nuevas construcciones en dicha zona, mientras se adoptan las medidas necesarias que garanticen la prestación adecuada de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector.
4. RECOMENDAR al Ministerio del Medio Ambiente que elabore y adopte un proyecto de control integral al manejo del carbón, desde su extracción de las minas hasta el cargue del mismo en los respectivos puertos, para así evitar daños en la salud de las personas.
En este sentido, se recomienda a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, que efectúe la evaluación de los citados controles con una periodicidad no superior a los treinta (30) días.
5. COMISIONAR al Tribunal Contencioso Administrativo de Santa Marta para que vigile el estricto cumplimiento de todas las decisiones adoptadas en esta providencia, en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
6. ORDENAR que por la secretaría general de la Corte Constitucional se comunique esta providencia al Tribunal Contencioso Administrativo de Santa Marta y al juzgado primero civil del circuito de Santa Marta, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Ver. Corte Constitucional sentencias T-508 de 1992, T-067 de 1993, T-254 de 1993, entre otras.
(2) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-067/93 del 24 de febrero de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón.
(3) Corte Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia T-092/93 del 19 de febrero de 1993. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(1) Corte Constitucional. Sala de Revisión 2. Sentencia T-254/93 del 30 de julio de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(2) Corte Constitucional. Sala de Revisión 6. Sentencia T-092/93 del 19 de febrero de 1993. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(4) Corte Constitucional. Sala de Revisión 5. Sentencia T-484 del 13 de agosto de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz.
2. La acción de tutela solo procede contra acciones u omisiones que vulneren o amenacen los derechos fundamentales. La Corte ha indicado, reiteradamente, que los derechos constitucionales al medio ambiente, a la salud y a la salubridad pública son, en principio, derechos constitucionales no fundamentales. Sin embargo, su afectación podría, por conexidad, comprometer alguno de estos últimos. En este evento, el juez constitucional debe demostrar la relación de conexidad entre el derecho constitucional claramente violado y los derechos fundamentales que serían protegidos.
La doctrina consolidada de esta corporación acepta que solo en casos como el derecho a la educación y a la seguridad social de las personas de la tercera edad, se predique la existencia de una conexidad necesaria. En los restantes eventos en los cuales se afecte uno o varios derechos constitucionales no fundamentales, la tarea del juez constitucional consiste en demostrar la llamada “conexidad eventual”, a fin de dar curso al amparo constitucional solicitado.
3. En el caso que dio lugar a la sentencia de la cual me aparto, quedó demostrada la vulneración del derecho al medio ambiente. Por su parte, la violación del derecho colectivo a la salubridad pública, generada por las omisiones de las autoridades locales, habría podido acreditarse. Sin embargo, nunca se demostró —lo que no significa que, a la postre no resulte cierta—, la afectación del derecho fundamental a la vida de los habitantes de las poblaciones comprometidas.
En efecto, después de una larga exposición sobre la necesidad de probar la relación de conexidad entre el medio ambiente, la salubridad pública y la salud con el derecho a la vida —único derecho fundamental que, al parecer, resultaría afectado—, la sentencia se limita a suponerla o presumirla. Basta verificar que la mayoría tan solo expresa que “resulta evidente que al lado del interés colectivo perseguido, se encuentran comprometidos derechos fundamentales individuales de carácter constitucional, como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública...”, sin aportar ninguna prueba que fundamente su aserto.
4. Los hechos probados, como el desbordamiento en algunas áreas de aguas residuales, la expedición irregular de licencias de construcción, la deficiente recolección y tratamiento de basuras, y la existencia de partículas de carbón en el aíre, pueden dar lugar a graves problemas ambientales que, eventualmente, podrían afectar los derechos fundamentales —como la vida, el mínimo vital o la integridad— de los miembros de la comunidad. Sin embargo, para que proceda la acción de tutela es requisito necesario demostrar tal afectación y no, simplemente, suponerla.
5. Pero la sentencia no solo omite demostrar el aspecto central que le permite al juez constitucional proceder a conceder el amparo —la conexidad—, sino que la propia mayoría entra en una grave contradicción interna y con la doctrina constitucional vigente.