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Timestamp: 2018-02-21 06:48:45
Document Index: 374090061

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 31', 'artículo 129', 'artículo 20', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 129', 'artículo 11', 'Artículo 127', 'Artículo 49', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 4']

El 14 de agosto de 2009, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.
El 6 de octubre de 2009, el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, anteriormente identificado, solicitó a esta Sala que se pronuncie sobre la admisión del amparo y decrete la medida cautelar referida a que se paralice el juicio penal que motivó el presente caso.
El 1° y el 18 de febrero de 2009, el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, presentó escritos mediante los cuales manifiesta su interés procesal en la presente causa.
Los abogados Carmen Judith González de López y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento fundamentaron la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, la Sala resume:
Que interponen acción de amparo constitucional “…contra la Sentencia dictada, en fecha 06 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas…, por la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de aquel Circuito, que desestimó la acusación presentada por el Vindicterio (sic) contra nuestro representado, toda vez que en dicho acto conclusivo figuraba solamente éste como acusado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con motivo de un accidente del tránsito, cuando está comprobado en autos que en dicho accidente también tomó parte otro conductor, que se hallaba en evidente estado de embriaguez alcohólica, el cual ni siquiera fue imputado”.
Que “[e]n fecha 03 de mayo de 2002, aproximadamente a las 8:30 P.M., en un lugar muy oscuro, conocido como Sector La Orchila, de la Carretera Nacional, entre las poblaciones de El Tejero y Maturín, nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, ya identificado, conducía el Autobús No. 1041, Placas AD1-63X, perteneciente a la empresa Aeroexpresos Ejecutivos, C.A., con 46 pasajeros a bordo, cuando se encontró de pronto con un vehículo tipo pesado (Gandola), marca Mark, placas 041-XIP, el cual estaba estacionado sobre la vía, en el mismo canal de circulación de nuestro representado, completamente a oscuras sobre la vía”.
Que “[a]nte esta circunstancia, nuestro representado tuvo que realizar una maniobra de esquive, que lo llevó a invadir el carril contrario, pero sin que pudiera evitar que el lateral derecho del autobús colisionara con el lado izquierdo de la batea del camión. Asimismo, al invadir el canal de circulación contraria, el autobús chocó ligeramente con un automóvil, marca Chrysler, placas OAB-07E, que venía de frente por la senda contraria, sacándolo de la vía, pero sin mayores consecuencias”.
Que “…EL CHOFER DE LA GANDOLA, DE NOMBRE ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, PONÍA EN MOVIMIENTO SU VEHÍCULO Y SE DABA A LA FUGA, PERO FUE DETENIDO UNOS KILÓMETROS MÁS ADELANTE, EN LA POBLACIÓN DEL COROZO Y AL PRACTICÁRSELE LA CORRESPONDIENTE PRUEBA DE ALCOLEMIA, RESULTÓ QUE TENÍA 1,36 GRAMOS DE ALCOHOL POR CADA 100 MILILITROS DE SANGRE, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTABA EN PROFUNDO ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCOHÓLICA Y ASÍ QUEDO ASENTADO EN LAS ACTUACIONES”.
Que, “…como consecuencia de [esos] hechos fallecieron tres (3) personas y resultó gravemente lesionado otra, todos los cuales viajaban en el autobús”.
Que, “[s]in embargo, a pesar de que de autos consta que el conductor ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ estaba borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se dio a la fuga al momento del accidente, el Ministerio Público NO LO ACUSÓ y sólo pretende llevar a juicio oral y público a nuestro representado”.
Que “[e]sta actuación del Ministerio Público resulta incomprensible” conforme al contenido del “… artículo 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001, vigente para el momento del accidente que nos ocupa”; que refiere “…[s]e presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir éste, el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o conduzca a exceso de velocidad”.
Que “[e]s evidente que las circunstancias, debidamente en autos, de que el conductor ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ estuviera comprobadamente borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se diera a la fuga al momento del accidente, constituían argumentos suficientes para presumir la responsabilidad de este en el siniestro y para fundamentar la defensa de nuestro representado, bajo la tesis de descargo en el coacusado”.
Que “…llegado el momento del juicio oral de la presente causa, en fecha 17 de marzo de 2008, la Defensa de nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, de conformidad con el artículo 31 del COPP, en relación con los artículos 28, numeral 4, literal e) y 346 ejusdem, opuso como EXCEPCIÓN a la Acusación, el incumplimiento de requisitos de procedibilidad por parte del Ministerio Público para intentarla, toda vez que se había omitido la práctica de diligencias de investigación solicitadas oportunamente por la Defensa y porque, además de obrar en su contra las evidencias que ya hemos señalado, así como la presunción de responsabilidad consagrada en el artículo 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”.
Que “…en fecha 24 de marzo de 2009, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas profiere un AUTO en el cual declara CON LUGAR, por sus propios fundamentos, las EXCEPCIONES opuestas por la Defensa, e inadmite la Acusación del Ministerio Público, dejando a salvo lo establecido en el último aparte del artículo 20 del COPP”.
Que “[c]ontra esta Decisión del Juez de Juicio, el Ministerio Público por órgano del Fiscal Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, estableció Recurso de Apelación de Autos, el cual fue declarado CON LUGAR por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de aquel Estado, en fecha 06 de marzo de 2009, mediante la decisión que aquí impugnamos”.
Que “…la Defensa de nuestro representado ha escogido como tesis adversativa, la llamada estrategia de DESCARGO EN TERCERO PRESENTE, que consiste en atribuir la responsabilidad que se nos endilga a un real o potencial coacusado, dando lugar a un esquema de defensas incompatible por recíproca incriminación”.
Que “…la responsabilidad por existencia de una colisión de vehículos automotores está regulada por el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”.
Que el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre “[s]e trata de un precepto de carácter general y común en materia de responsabilidad que no distingue entre las de carácter penal y las de carácter civil o administrativo, lo cual es plenamente entendible, pues sabemos que la determinación de la vía jurisdiccional para la exigencia de esas responsabilidades dependerá de si en la colisión de marras han existido o no muertos o lesionados”.
Que “…el dispositivo del artículo 127 de nuestro actual Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, no es una norma de carácter exclusivamente civil, como erróneamente lo declara la Corte de Apelaciones monaguense en la Decisión impugnada, y por ello, habida cuenta de que en nuestro caso estamos ante un proceso penal, la presunción iuris tantum contenida en la norma en comento debió ser aplicada para llevar ante los tribunales al conductor de la gandola o camión pesado que pudo haber causado la colisión, en la que se vio involucrado el vehículo que conducía nuestro representado y cuya responsabilidad se le achaca en solitario”.
Que “[p]or tanto, si desde la mera investigación, el Ministerio Público, ignorando inclusive los pedimentos de diligencias de investigación promovidos por la Defensa de nuestro defendido, determina que el ciudadano conductor del otro vehículo (gandola), o sea ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, no es responsable del accidente en grado alguno y decide no acusarlo, a pesar de que está documentalmente acreditado en autos que estaba borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se dio a la fuga al momento del accidente, entonces el Ministerio Público estaría violando el derecho a la defensa de nuestro representado, por cuanto le estaría privando del derecho a controlar y contradecir la prueba de exculpación de aquel”.
Que “…la infracción del artículo 49, numeral 1 constitucional que atribuimos a la Corte de Apelaciones sindicada de agraviante consiste en que refrendó esa inconstitucional, ilegal y arbitraria actuación del Ministerio Público, que ya había sido corregida por el Juez de Juicio”.
Que “[e]s evidente que la Corte de Apelaciones sindicada de agraviante, infringe el derecho constitucional a la defensa de nuestro representado, al cohonestar y respaldar al fiscal del Ministerio Público con esa conducta y así lo denunciamos”.
Que “…la Corte de Apelaciones agraviante toma como fundamento para su infortunada decisión la llamada ‘Doctrina acerca del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público’, consagrada hoy no sin reservas, en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. En este mismo orden de ideas, la Corte de Apelaciones monaguense supone que dicho ‘monopolio’ implica que ningún Tribunal de la República puede ordenar al Ministerio Público que acuse a tal o cual persona”.
Que “[s]e equivoca de medio a medio la Corte de Apelaciones agraviante, pues, en primer lugar, el llamado monopolio de la acción penal, que implica solamente que ningún otro sujeto procesal penal venezolano, quedó seriamente cuestionado por la Sentencia No. 3267, dictada por la Sala Constitucional en el caso VIPROCA…Dicha sentencia autorizó a las víctimas a presentar directamente una acusación particular propia ante el Juez de Control en los casos donde el Ministerio Público no acuse dentro de los plazos de prórroga que se le confieran conforme a los artículos 313 y 314 del COPP. Por otra parte, los tribunales de lo penal y en particular esta Sala Constitucional SI pueden conminar al Ministerio Público a que acuse EN AQUELLOS CASOS EN QUE SEGÚN LA LEY SEA OBLIGATORIO HACERLO”.
Que “…el caso que nos ocupa es precisamente uno de esos casos, en los que la Ley obliga al Ministerio Público a acusar a una persona, porque nuestro defendido solo puede defenderse plenamente y la justicia solo puede alcanzar sus fines si el otro conductor que se vio involucrado en la colisión objeto del proceso, es llevado juicio (sic) oral y público: única oportunidad donde puede demostrarse cuál de los dos fue el causante del accidente”.
Que “…la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas de fecha 06 de marzo de 2009, contra la que solicitamos amparo constitucional viola flagrantemente este artículo 21 de nuestra Carta Magna, y no garantiza para nada el derecho a la igualdad de nuestro representado”.
Que “…es evidente que nuestro representado, JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, no ha sido objeto de ese trato igualitario por parte del Ministerio Público, y que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que venía obligada a ello como Tribunal Superior Colegiado, no salvaguardó los derechos legítimos de igualdad de aquel”.
Que “[l]a ley es clara en este punto y sin embargo, la Corte de Apelaciones agraviante, basada en su errónea interpretación del llamado monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal y en su no menos equivocada concepción de que los artículos 127 y 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre son normas de estricta responsabilidad civil, ha ignorado olímpicamente el derecho al tratamiento igualitario de nuestro representado, apoyando una posición de la Vindicta Pública que es a todas luces ilegal y arbitraria”.
Que “[e]ra a la Corte de Apelaciones a quien le tocaba tomar nota de que el Ministerio Público, en la propia acusación contra nuestro cliente, admite que el otro conductor, ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, estaba comprobadamente borracho para el momento del accidente, y que se dio a la fuga. También debió la Corte de Apelaciones notar que el Ministerio Público imputa a nuestro cliente, como circunstancia de agravación, el que éste supuestamente dañó el tacógrafo o dispositivo regulador de velocidad de su vehículo, sin que en las investigaciones haya la menor evidencia de ello”.
Que “…en las condiciones mismas en que ocurrieron los hechos, no es posible un juzgamiento sereno y veraz, si la persona que, conforme a las presunciones legales explicadas, resulta presuntamente culpable de los hechos, es judicialmente dispensado de comparecer ante la justicia, en razón de la decisión que aquí impugnamos. Esto, como ya hemos explicado en anteriores denuncias, lesiona el derecho a la defensa de nuestro representado, en tanto le priva de la posibilidad de descargo en su coacusado y más aún lesiona el valor justicia y la transparencia de la actuación judicial, ya que la exoneración de aquel podría producir impunidad”.
Que “…era imperativo que todos los conductores involucrados en el accidente, en tanto presuntos responsables, fueran acusados y ninguno exonerado a priori. En este sentido resalta la confesión que realiza el Fiscal Cuarto del Ministerio Público en Monagas, en su escrito de apelación contra la decisión del Juez de Juicio, de fecha 24 de marzo de 2008, cuando dice que ya estableció que el ciudadano ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, quien estaba comprobadamente borracho para el momento del accidente y que se dio a la fuga en ese momento, no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el accidente y que solamente, nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS SERÍA EL ÚNICO RESPONSABLE DEL ACCIDENTE. ¿Quién lo estableció y cuando? Nosotros pensamos que esas solo pueden ser determinaciones judiciales y estas no se han dado aún”.
Que “…el Fiscal del Ministerio Público usurpó, con anuencia de la Corte de Apelaciones, las funciones de los Jueces de Primera Instancia, pues con el sólo hecho de no presentar acto conclusivo alguno contra ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ , ya decretó la absolución de aquel contra quien obran las máximas presunciones de culpabilidad, sin que ni siquiera hubiere solicitado su SOBRESEIMIENTO, y en segundo lugar, ya el mismo Fiscal, por ese mismo hecho, estaría pre-condenando penalmente a nuestro patrocinado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, aun antes del juicio oral. Este tratamiento desigual es inaceptable, ante la existencia de una norma típica de culpa concurrente como lo es el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito Terrestre y Transporte Terrestre”.
Que “…nuestra solicitud de amparo constitucional no se dirige contra la actuación del Ministerio Público, sino contra la Decisión de fecha 06 de marzo de 2009, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas”.
Que “…la Decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas que adversamos, no cumple para nada con aquel hermoso predicamento [que el proceso constituye un instrumento fundamental para la búsqueda de la justicia y la verdad], porque pretende que nuestro representado, JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, sea juzgado en solitario, cuando en su caso hay otro presunto responsable (ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ) por ministerio de la Ley”.
En virtud del anterior fundamento, los abogados accionantes solicitaron que se declare con lugar la acción de amparo constitucional y “…se reponga la vigencia de la Decisión dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, en fecha 24 de marzo de 2008”; asimismo, pidieron que se decretara una medida cautelar referida a la suspensión del proceso penal que se le sigue al quejoso de autos, hasta tanto se resuelva la presente solicitud de amparo constitucional.
El 6 de marzo de 2009, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas declaró con lugar el recurso de apelación que interpuso el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas contra la decisión dictada el 24 de marzo de 2008, por el Tribunal Primero de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, la cual revocó y se ordenó la celebración de un juicio oral y público, ante el Juez del referido Tribunal Primero de Juicio.
En cuanto al alegato esgrimido por el Fiscal recurrente, señalado en el punto anterior; esta Alzada Colegiada, una vez analizado el mismo, así como los argumentos esbozados por el juez a quo para proceder a declarar con lugar la excepción interpuesta (en la audiencia oral y pública) por la defensa del acusado Jesús Amado Muñoz Villegas, y desestimar la acusación Fiscal, considera que, le asiste la razón al recurrente de autos, en virtud de que, no se encuentra ajustado al actual sistema procesal penal venezolano, el pronunciamiento emitido por el juez de instancia, que declaró con lugar una excepción interpuesta por la defensa del acusado Jesús Amado Muñoz Villegas, que hace mención a la falta de requisitos de procedibilidad para intentar la acción penal, por cuanto a su parecer, el representante fiscal no intentó la acción penal en contra del otro conductor Anibal (sic) José Ruiz, quien según las actas se encontraba en estado de ebriedad al momento de ocurrir el accidente, y que por ello, a criterio del jurisdicente, era aplicable para el caso en concreto, el contenido del artículo 127 de la Ley de Transito (sic) y Transporte Terrestre, que establece que, en caso de colisión, salvo prueba en contrario, los conductores tienen igual responsabilidad de los daños causados, y, el contenido del artículo 129 eiusdem, que señala que, se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito, cuando al ocurrir éste, se encuentre bajo los efectos del alcohol.
Afirmación que permitimos hacer, porque resulta cierto -a nuestro criterio- lo argumentado por el representante del Ministerio Público en cuanto a que no era aplicable al caso de marras las disposiciones previstas en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en virtud de que, estamos en presencia de un sistema procesal penal de corte acusatorio, donde de conformidad con el artículo 11 del COPP, la titularidad de la acción penal corresponde al Estado venezolano a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, que vienen dadas por aquellos casos de delitos de acción privada perfectamente establecidos en la ley sustantiva penal. Así las cosas, ha de entenderse que en el actual sistema procesal penal, el juez es un tercero imparcial, que resuelve los conflictos surgidos entre las partes, a saber, fiscal, victima (sic) e imputado; por lo cual, mal puede el juez asumir atribuciones de cualquiera de estas partes, es decir, no puede convertirse en Fiscal, victima (sic) o imputado y tomar el rol que por ley le es atribuido a cada uno de ellos. En el caso que nos ocupa, a criterio de esta Alzada, el juez de Juicio Abogado Manuel Enrique Padilla, al declarar con lugar la excepción interpuesta por la defensa, tomando como fundamento de su decisión, el derecho de la victima (sic) de exigir la reparación de los daños que le fueron generados con ocasión al accidente de tránsito origen del proceso que nos ocupa; lejos de amparar los intereses y derechos de ésta, ha producido, tal y como lo señala el representante fiscal, un gravamen irreparable en contra de ella, al haber dilatado el proceso penal retrotrayéndolo a etapas superadas (Investigación), como consecuencia de la decisión emitida de ordenar al representante fiscal, adelantar investigación con respecto al conductor del otro vehículo; arrogándose el juez con tal actuación, el rol del Ministerio Público, cuando lo correcto y ajustado a derecho, es que realizara la audiencia oral y pública y determinara si efectivamente la acusación fiscal, debidamente admitida por el juez de control, arrojaba elementos para fundar una sentencia de condena en contra del ciudadano acusado; mucho más cuando las victimas (sic) del proceso penal que nos ocupa, en momento alguno, solicitaron al juez recurrido, ser amparadas en su derecho de exigir la reparación de los daños sufridos.
Además de todo lo anteriormente expuesto, no deja de sorprender a esta Alzada Colegiada que el juez a quo, en la decisión objetada, aplicó normas de índole netamente civil que establecen una presunción responsabilidad civil (Artículo 127 y 129 de la Ley de Transito (sic) Terrestre), en un proceso penal, de índole garantista, donde prevalece tanto por orden constitucional (Artículo 49 ordinal 2° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) como por orden procesal (Artículo 8 del COPP) el principio de presunción de inocencia de responsabilidad penal a favor del imputado; al presumir responsable un sujeto que no había sido formalmente imputado por el titular de la acción penal (Fiscal del Ministerio Público, al Tratarse de un delito de acción pública), ni considerado como tal, por la victima (sic); asunto éste inaceptable desde todo punto de vista, toda vez que, con tales argumentos jurídicos, emite un fallo contrario a las normas rectoras del proceso penal, cuya incolumidad le fue encomendado velar, ocasionando con ello, un gravamen irreparable a la parte que, bajo argumentos irracionales señala que protege con su decisión (Victima) (sic), y prácticamente obligando al Representante Fiscal (Titular de la Acción Penal) a acusar penalmente a un ciudadano, en contra del cual, a criterio de éste último, no surgen elementos para hacerlo; motivos por los cuales, ha de establecerse, tal y como se señaló precedentemente que, le asiste la razón al recurrente autos, debiendo declararse CON LUGAR el recurso interpuesto, y revocarse la decisión impugnada. Y así se establece.
Emitidos como han sido los pronunciamientos ut supra declarados, con base a los argumentos antes explicados, se dan por respondidos los alegatos indicados por el representante de la defensa en su escrito de contestación al recurso interpuesto, por lo cual ténganse como resueltos, debiendo negarse la solicitud de sobreseimiento requerida en dicho escrito. Y así se establece.
Por todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expuestos se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público en contra de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo penal en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a cargo del abogado Manuel Enrique Padilla, en consecuencia se REVOCA la aludida decisión y se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto al que emitió el fallo aquí revocado, no obstante, como quiera que actualmente se encuentra en el citado Tribunal una Jueza distinta a aquel que emitió el fallo, se ordena la remisión de las presente actuaciones a dicho Tribunal para que proceda a fijar y celebrar nueva audiencia oral y pública. Y así se establece.
De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1, del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal, conforme lo dispone el numeral 20 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto una decisión dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, esta Sala Constitucional se declara competente para resolver la presente acción, en atención al literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la antedicha Ley Orgánica, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no ha sido derogada y establece el amparo contra sentencia. Así se establece.
Exp: 09-0945
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/87-5310-2010-09-0945.html
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