Source: https://www.scribd.com/doc/116337936/TOJO-Pablo-G-Libertad-Condicional-y-Reincidencia-A-Proposito-de-Recientes-Pronunciamientos-de-La-Corte-Suprema-de-Justicia-de-La-Pcia-de-Santa-Fe-Rev
Timestamp: 2017-01-20 23:14:09
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Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 51', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 75']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLibertad condicional y reincidencia. A propósito de recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Por Pablo G.Tojo Abreviaturas empleadas CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos CN Constitución Nacional CP Código Penal CSJN Corte Suprema de Justicia de la Nación DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
I.- Introducción En cuatro fallos dictados durante el mes de diciembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe se pronunció mayoritariamente por la validez constitucional del art. 14 del Código Penal en cuanto prohíbe la concesión de la libertad condicional a los sujetos reincidentes. II.- El fallo H., G. G.1 Es en éste decisorio en el que los miembros del Tribunal exponen con mayor amplitud sus perspectivas al respecto, lo que se ve corroborado por las diversas remisiones al mismo que se efectúan en las restantes causas. Es por ello que, en lo esencial, daremos cuenta aquí de la posición mayoritaria, expuesta en el voto del ministro Mario Netri, y las ópticas minoritarias manifestadas, con diverso fundamento, por los ministros María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta. II.1- El caso G. G. H. solicita su libertad condicional por haber cumplido las dos terceras partes de la pena y haber observado los reglamentos carcelarios con regularidad. Por su condición de reincidente, solicita la inaplicabilidad del art. 14 CP y subsidiariamente su declaración de inconstitucionalidad. El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Ejecución de Rosario deniega la petición, por la prohibición contenida en el art. 14 CP.
Dictado el 07/12/2011. Acuerdos y Sentencias, Tomo 242, págs. 301 y ss.
La Defensa apela, y la Sala 2da. de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirma la resolución inferior, sosteniendo: - Que dicha prohibición no vulnera derecho constitucional alguno. - Que la misma no se aplica cuando resulta con evidencia una solución irrazonable, lo que ocurre cuando el servicio penitenciario encargado de la ejecución evaluó positivamente la reinserción social del interno y le concedió salidas transitorias bajo promesa jurada que aquél cumplió sin infracción. Pero, a su vez, sostiene que no se da esta situación cuando hubo errónea concesión de salidas transitorias por existir pronóstico negativo de reinserción social o concepto deficiente del interno o por tratarse de un delincuente sexual compulsivo que no hubiere sido sometido a tratamiento específico con resultado favorable. En este último supuesto enmarca la situación de H., por cuanto fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, sin que constara el tratamiento realizado ni los resultados de la terapia, agregándose que tras diversas salidas transitorias retornó al penal con lesiones “que pueden derivarse de situaciones comprometidas”. La Defensa interpone recurso de inconstitucionalidad, afirmando que el art. 14 CP viola: - El principio de “non bis in idem” (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8.4 CADH y 14.7 PIDCP). - El principio de Derecho Penal de acto (arts. 18, 19, 75 inc. 22 CN, 9 CADH, 14 y 15 PICDP, 11.2 DUDH). - El principio de culpabilidad por el hecho. - El principio de lesividad. La Cámara concede el recurso, que llega así a la Corte para su tratamiento. II.2- Voto mayoritario del Dr. Netri La Corte, por mayoría, resuelve la cuestión declarando improcedente el recurso. Los cuatro votos que concurren a conformar esa mayoría (Gutiérrez, Spuler, Netri y el camarista Jukic) se fundamentan en el desarrollo argumental que realiza Netri, cuyos puntos fundamentales son los siguientes: a) La constitucionalidad de la prohibición del art. 14 CP ha sido afirmada por la CSJN (menciona los precedentes “Gómez Dávalos” 2, “Valdez” 3, “L’Eveque” 4 y “Gago” 5) y
Fallos: 308:1938 Fallos: 311:552 4 Fallos: 311:1451 5 Fallos: 331:1099
por tribunales inferiores que han seguido su línea (cita a las cuatro Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal). b) “El desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho” (considerando 1º, in fine) 6. c) No se viola el principio “non bis in idem”, pues lo que se toma en cuenta es la condena anterior (y no el hecho anterior), entendida como un dato objetivo y formal, para ajustar el tratamiento penitenciario en la nueva condena (como lo afirma la CSJN en “Valdez”). Ponderar un dato objetivo y formal no es ajeno a la sistemática del Código Penal, que lo hace por ejemplo para acceder a la condena condicional o a la suspensión del juicio a prueba, institutos ambos elaborados para los primarios o presuntos primarios, y aceptables constitucionalmente según la CSJN. d) La libertad condicional tiene raigambre legal y no constitucional, por lo que así como el legislador puede establecerla o no, puede fijar requisitos para acceder a ella, no siendo irrazonable distinguir entre el reincidente y quien no lo es. e) Conforme a la CSJN, se permite la valoración dual de la reincidencia, como reflejo de una mayor culpabilidad en el marco del art. 41 CP, y como dato que autoriza al legislador a denegar formas de ejecución penal atenuada, siempre que ese análisis se dé en el marco del cumplimiento de una pena cuyo fundamento sea la culpabilidad del sujeto, dentro de la escala legal respectiva. f) Sostener que la reincidencia debería computarse a favor del penado conduciría a la paradoja, en materia de libertad condicional, de un tratamiento más perjudicial para los primarios por su condición de tales. g) Respecto a la posible violación de los arts. 18 CN, 15 PIDCP y 9 CADH, en cuyo respaldo se acude a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Fermín Ramírez c/Guatemala” (que descalificó a la peligrosidad) y al fallo de la CSJN en “Gramajo” 7 (que invalidó la multirreincidencia y la pena prevista en consecuencia por el art. 52 CP), tales precedentes no pueden trasladarse acríticamente a la prohibición de la libertad condicional para los reincidentes. Esto se ve reforzado por el fallo de la CSJN en “Gago”, posterior a “Gramajo”, que afirmó la constitucionalidad de la reincidencia. h) Cita a Alejandro Carrió en cuanto éste apunta que la pena tiene un mensaje disuasorio para que los habitantes no delincan, y que la explicación para el tratamiento más
Esta es precisamente la síntesis de la visión que la CSJN comenzó a desarrollar en “Gómez Dávalos” y terminó de formular en “L’Eveque”. 7 Fallos: 329:3680
conducta y concepto ejemplares. inhumana o desproporcionada.6 CADH) que establecen como imperativo que las penas privativas de libertad conlleven el menor efecto desocializador y deteriorante posible. se expide por la procedencia del recurso. Agrega que si dicha exigencia fuese condicionante. otras son las disposiciones legales aplicables.660. ya que puede agravar la respuesta punitiva en cuanto impida la libertad condicional y se use. ello significaría partir de su consideración como un “enfermo.3. probado y decidido. podría configurar un trato desigual e infundado vedado por el bloque constitucional. II. debe ser incorporado oportunamente al proceso.. sin fundamentar que fuera tal.
. pasible de curar”. vicia la resolución. y que eventualmente podría llegar a obtener la libertad asistida que permite la libertad anticipada aún para reincidentes conforme al art. previo a su declaración. discutido.Voto minoritario de la Dra. En función de todo ello. favoreciendo la reinserción social. al incurrir en autocontradicción. Y ello. para obtener su libertad. descarta que en el caso se configure una pena cruel. 54 de dicha ley. pese a los informes favorables. El ministro Netri enfatiza que no se reprime a la persona por lo que es. como por haber sido incorporado al régimen de salidas transitorias en la modalidad prevista por el art. II.3 PIDCP y 5. en muchos códigos procesales. para obstaculizar la libertad durante el proceso.4. Pues.). y le exige una constancia especial relativa a un tratamiento específico que no funda normativamente.grave que recibe el reincidente hay que buscarla en su propia conducta. Gastaldi Sostiene que negar la libertad condicional por la sola declaración de reincidencia. falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa. la denegación de la Cámara no se basó en la reincidencia. Que dicha declaración contiene un agravio eventual. etc. sino por lo que hizo. cumplimiento de salidas transitorias. para lo cual y en todo caso. Erbetta Comienza señalando que la reincidencia es un hecho que. Pero entiende que. i) Por último. sino más bien en la índole del delito sin que conste el tratamiento específico realizado y los resultados a que arribara la terapia impartida.Voto minoritario del Dr. 10. sin considerar las disposiciones convencionales (arts. en este caso. a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. 16 de la ley 24. a su criterio. a la par que H cuenta con cantidad de elementos positivos para acceder al beneficio (informes favorables y progresivos. la Cámara lo encuadra como delincuente sexual compulsivo. tanto por el monto de la pena unificada que recibió H.
básicamente. pues estos se apoyan en ese hecho anterior. Citando el voto de Zaffaroni en el pleno “Guzmán” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En cuanto al principio de culpabilidad por el acto. con lo que se viola el principio de “non bis in idem” y de culpabilidad. 18. entiende que la prohibición del art. 18 y 75 inc. 40 y 41 CP.En lo esencial. también considera que es lesionado por la prohibición del art. Respecto al principio de “non bis in idem”. Luego apunta que la discusión en torno a la agravación de la pena como consecuencia de la previa declaración de reincidencia no es novedosa. o se aplica por el hecho anterior. apunta que es una sutileza ilógica argüir que los efectos no se derivan del primer delito sino de la condena o del cumplimiento de la pena. Remarca que “el derecho penal del Estado de Derecho se apoya. se pronuncia por la inconstitucionalidad de la prohibición que contiene el art. quienes legitiman dicha agravación no logran evitar ubicarse en una de dos hipótesis: o la pena más severa se aplica por el hecho actual. Señala que esa afectación del “non bis in idem” se acentúa cuando. al cuantificar la pena en función de los arts. Menciona numerosa doctrina en este sentido. lo que afecta la coherencia interna de la sentencia y la proporcionalidad de la pena. sobre todo del concepto de peligrosidad social moderno introducido por el positivismo. Plantea que. 19 y 75 inc. 9 CADH y 15 PIDCP). en el principio del acto y la culpabilidad del autor por el acto cometido. Cualquiera de ambas. 14 CP lo viola. y que en estos supuestos ello resulta no del segundo hecho sino del primero. es inconstitucional. así como que la denegación de un beneficio es una agravación de la pena. Pues se aplica un plus punitivo que deriva de un hecho anterior y de la pena cumplida por él.4 CADH y 14. y ése ha sido su origen histórico en nuestro Código Penal. el juez valora a la reincidencia como circunstancia agravante. pues ella ha sido objetada por el pensamiento penal liberal desde hace más de doscientos años. dado el efecto generador de penalidad que la anterior condena cancelada sigue produciendo”.7 PIDCP). con lo que además de doble punición existe doble desvaloración. el cual “es castigado más de una vez. 22 CN. y apunta que el plus punitivo que acarrea la reincidencia se basa en lo que el sujeto es y no en lo que hizo. con l o que se viola el principio de culpabilidad por el acto y de proporcionalidad. conforme a sus postulados constitucionales. 14 CP (arts. configurando un “bis in idem” (arts. entre otros y básicamente. 22 CN. para demostrar lo cual hace un breve pero claro señalamiento de antecedentes históricos en tal sentido. y no del hecho actual. 8. la peligrosidad no es complemento ni alternativa 5
. pues aquella nunca se ha soltado de la idea de peligrosidad. 14 CP. y la procedencia del recurso planteado.
“L’Eveque” y “Gago”. en tanto la pena anterior cumplida puede haber provocado un deterioro y una estigmatización reductores del ámbito de autodeterminación.2005) y la del más alto Tribunal del país (“Gramajo”. suponer una mayor culpabilidad por la comisión de un segundo delito. A continuación fundamenta su discrepancia con el argumento central de los precedentes “Gómez Dávalos”. 4) La realidad de la cárcel y del sistema penitenciario muestran que se trata de un argumento artificial que “no pasa de especulación idealista carente de todo sustento en la realidad operativa”. 5) En todo caso. por el contrario. no puede presumirse “iure et de iure” ni quedar como mera afirmación dogmática. Considerar una circunstancia personal ajena al nuevo hecho implica introducir una categoría propia de un Derecho Penal de autor.a la culpabilidad. lo que sería incompatible con un Derecho Penal respetuoso de los principios constitucionales. Por otra parte. relativo al desprecio por la pena anterior que se refleja en una mayor culpabilidad que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho. más allá de su incierta y casi imposible determinación.no configura un injusto como base y objeto del juicio de reproche”. es violatoria de esos postulados. precisamente por ello. Fallos: 329:3680)”. CIDH. pues siendo una imputación gravosa relacionada con la culpabilidad. sino una condición personal que. constituye la negación misma de aquéllos y. controvertido y probado en la causa.06. en un minucioso desarrollo expone diversas razones que cuestionan aquella tesis: 1) Se pregunta si puede integrarse “la consciencia de la antijuridicidad del segundo delito con el encierro cumplido por el primero o si. del 20. para desembocar en un encierro por tiempo indeterminado. el aludido “desprecio” debería estar invocado. la consciencia de la antijuridicidad de uno y otro hecho son por completo independientes”. 2) La culpabilidad supone reprochar en forma personalizada el injusto a su autor y no una supuesta o imaginada actitud de insensibilidad basada en el desprecio por la pena anterior. “porque esa actitud –además de carente de toda comprobación concreta. tal como ha expresado la jurisprudencia internacional (“Fermín Ramírez”. 3) No es válido afirmar la mayor culpabilidad del reincidente. Para ello. conduce a un círculo vicioso en el que sucesivas comisiones de delitos evidenciarían un desprecio por las anteriores penas cumplidas cada vez mayor. lo que se desbarata con la 6
. pues por lo general puede ser incluso una fuente de menor culpabilidad. que autoriza el agravamiento de pena.
057 se inspira en la doctrina de la insuficiencia de la pena cumplida. Si un beneficio legal es condicionado. por lo que su otorgamiento puede ser condicionado. que el Derecho Penal debe ser “de acto”. 52 CP.. desarrollada por Carrara. 6) Se trata de un argumento inconsistente con distintos fundamentos sostenidos tanto por la Corte santafesina como por la nacional. Luego prosigue añadiendo razones en respaldo de su posición. en una interpretación sistemática y de acuerdo al principio “pro homine” (que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal).Aspectos relevantes de los restantes fallos
III. se cargue exclusivamente sobre el sujeto. 14 CP. 52 CP. En vez de cambiar un “remedio” que no funcionó. y luego neutralizado no por ausencia de esas condiciones. Por añadidura. sería irracional negar la libertad condicional al reincidente y otorgársela al multirreincidente. que el fundamento de la pena no es la personalidad del sujeto sino la conducta lesiva realizada.jurisprudencia constitucional expuesta por la CSJN en “Gramajo” al descalificar el art. este nuevo condicionamiento se sustenta en una lesión constitucional. una hermenéutica sistemática conduciría a considerar cancelado el requerimiento negativo previsto en el art. como lo hace el art. b) Respecto al argumento de que la libertad condicional es de raigambre legal y no constitucional. por razones de coherencia y consistencia. las que pueden sintetizarse de este modo: a) El sistema de reincidencia real implementado por la ley 23. una lógica de motivación sobre institutos cuya naturaleza histórica y función no admiten demasiadas diferencias. Realizando una interpretación razonable que armonice ambas disposiciones. 53 CP. ya que de lo contrario se variaría. es un fundamento aparente e inconsistente. Ello conduce a que el fracaso del tratamiento penitenciario. se aumenta su “dosis”. sin razón atendible. sino por la calidad de reincidente. c) Es aplicable el razonamiento hecho por la CSJN respecto a la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena para los casos de multirreincidencia que regula el art. y que dicha pena debe ser proporcional a la magnitud de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho. generador de la agravación de la nueva pena. en el sentido del respeto que merecen la dignidad y la autonomía ética del individuo.
En los tres casos, los Jueces de Ejecución Penal denegaron los pedidos de libertad condicional, por la aplicación del art. 14 CP. Las Salas de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rosario intervinientes revocaron dichas decisiones, entendiendo que no es aplicable a los casos el art. 14 CP, por violentar derechos constitucionales en la situación concreta. La finalidad de la pena es la resocialización, y son prioritarias otras normas de superior jerarquía, según los principios de progresividad, reinserción social y mínima resocialización. La Corte Suprema revoca los fallos de las Cámaras, en todos los casos con cuatro votos a favor de la constitucionalidad del art. 14 CP. III.1- El caso S., H. A.8 III.1.1- Voto de la Dra. Gastaldi (minoritario) A diferencia de lo que plantea en la causa H., G. G., aquí sí entra de lleno a la cuestión de la reincidencia, y en lo esencial señala dos cuestiones: a) Su posición se inscribe en la línea de las Salas de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que entienden que la previsión del art. 14 CP no es de por sí inconstitucional, sino que lo sería en caso de pretender su aplicación mecánica sin atender a las características del caso concreto. Dicha regulación debe ser contrapesada con las proyecciones del PIDCP y la CADH, según las cuales la pena debe favorecer la reinserción social del penado. Negar automáticamente la libertad condicional por el solo hecho de ser reincidente, podría configurar un trato desigual e infundado. Por el contrario, si en el caso concreto se excepciona dicha prohibición en base a los antecedentes fácticos del mismo (informes favorables y progresivos, buena calificación de conducta y concepto, cumplimiento del régimen de salidas transitorias, etc.) y al marco normativo de superior jerarquía (CN y tratados de derechos humanos), ello constituye una fundamentada derivación del Derecho vigente. b) Agrega consideraciones sobre la propia declaración de reincidencia en función del carácter “real” de ésta en nuestro sistema, y señala que si de la condena anterior a cuatro años, el sujeto cumplió menos de un año como penado sometido a tratamiento penitenciario, sería harto opinable la declaración de reincidencia fundada en la insuficiencia preventiva especial de ese tratamiento anterior, pues el individuo fue escasamente sometido a él. III.1.2- Los otros votos
Dictado el 07/12/2011. Acuerdos y Sentencias, Tomo 242, págs. 327 y ss.
El Dr. Erbetta vota en el mismo sentido en que lo hace en “H., G. G.”, mientras los Dres. Spuler, Gutiérrez, Jukic (camarista) y Netri se remiten al voto de este último en dicho fallo. III.2- El caso Vega9 III.2.1- Voto del Dr. Falistocco (mayoritario) Sostiene que el art. 14 CP establece una causa negativa de operatividad del beneficio de la libertad condicional. Menciona el criterio expuesto por la CSJN en los casos “Valdez”, “L’Eveque” y “Gago”. Señala que las razones que da la Cámara, apoyándose en la favorable evolución del condenado al tratamiento carcelario, como así también en su adaptación al régimen penitenciario, al cumplimiento del régimen de salidas transitorias y a su buen concepto y conducta ejemplar, son insuficientes para soslayar dicha prohibición. Ello es así porque, para determinar la validez de una interpretación, la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, a la que no debe dársele un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una armonización integral de sus preceptos. Al excepcionar la aplicación del art. 14 CP por la finalidad de reinserción social como finalidad esencial de la ejecución penal, se deja de lado que ésta se halla garantizada a través del régimen que la propia ley 24.660 contempla en su art. 54 para los reincidentes. El sujeto podrá obtener la libertad asistida al cumplir el plazo previsto por la ley, lo que lleva a concluir que el Estado no resigna su obligación de reinserción social respecto al reincidente, sino que lo reglamenta con un régimen propio. Mantener la vigencia del art. 14 CP no es un olvido del legislador, sino una decisión de éste. El “Poder Legislativo ponderó esta situación a la luz de las normas constitucionales consagradas el año 1994 (especialmente 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCP en función del art. 75, inc. 22 CN)”. Por ello, ha mediado “un inequívoco apartamiento del texto expreso de la ley y sin brindar una motivación suficiente (art. 95, Constitución Provincial), que hace pasible de descalificación constitucional a la sentencia impugnada como acto jurisdiccional”. III.2.2- Restantes votos El Dr. Erbetta vota del mismo modo que lo hace en “H., G. G.” y en “S., H. A.”; la Dra. Gastaldi lo hace igual que en S., H. A.; y los Dres. Spuler, Gutiérrez y Netri se remiten al voto de este último en “H., G. G.”.
Dictado el 07/12/2011. Acuerdos y Sentencias, Tomo 242, págs. 337 y ss.
III.3- El caso R., M. A. 10 No agrega nada diferente a los anteriores, pues el Dr. Erbetta se expide igual que en “H., G. G.”, “S., H. A.” y “Vega”; la Dra. Gastaldi lo hace igual que en S., H.A. y Vega; el Dr. Falistocco se remite a su voto en Vega, y los Dres. Spuler, Gutiérrez y Netri se remiten al voto de este último en “H., G. G.”.
IV.- Algunos antecedentes provinciales En los fallos comentados, se hacen diversas alusiones a tres fallos anteriores de la misma Corte, por lo que estimamos oportuno incluir una breve referencia a ellos. IV.1- Noguera, C. R. y M., D. J. –Lesiones leves dolosas y violación de domicilios/Recurso de inconstitucionalidad 11 M., D. J. es condenado en 1ra. Instancia a un año de prisión por violación de domicilio, y se lo declara reincidente por cuarta vez, imponiéndosele como accesoria la pena de reclusión por tiempo indeterminado (art. 52 CP). La Sala 4ta. de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirma el fallo. En lo que aquí interesa, la Corte se remite al criterio expresado poco tiempo antes por la CSJN en “Gramajo” 12 para declarar la inconstitucionalidad de la accesoria del art. 52 CP, por violación de los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena, reserva, legalidad, derecho penal de acto, prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in idem) y prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes. IV.2- Lezama, Carlos David –Robo con homicidio-Resistencia a la autoridads/Recurso de inconstitucionalidad 13 Lezama y otro sujeto (Ramírez) intentan robar a un repartidor, produciéndose un enfrentamiento con el custodio de éste, a consecuencia del cual muere Ramírez. En 1ra. Instancia, Lezama es condenado a cuatro años y medio de prisión, por tentativa de robo calificado por uso de armas y resistencia a la autoridad en concurso real. La Sala 4ta. de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario revoca dicho fallo, condenándolo a doce años de prisión por robo con homicidio. La Corte, en fallo de los Dres. Vigo, Spuler, Falistocco y Gastaldi, revoca el decisorio de la Cámara por arbitrario, pues soslaya el marco delimitador propio de un Estado de Derecho, que veda criminalizar acciones que no importen un obrar voluntario. Conforme
Dictado el 20/12/2011. Acuerdos y Sentencias, Tomo 242, págs. 411 y ss. Dictado el 20/12/2006. Acuerdos y Sentencias, Tomo 217, págs. 299 y ss. 12 Fallo del 05/09/2006 13 Dictado el 21/03/2006. Acuerdos y Sentencias, Tomo 212, págs. 334 y ss.
lo condena a dos años de prisión de cumplimiento efectivo. con la única disidencia del Dr. A. Tomo 229. aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. roza el “non bis in idem” y la culpabilidad. –Portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada s/Queja14 En 1ra. 23 y ss.
.doctrina de la CSJN. y lo declara reincidente. lo que no es el caso. Instancia Gamboa es absuelto de la imputación de portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada por registrar antecedentes penales. G. en cuanto a que la reincidencia es un hecho que debe probarse e incorporarse oportunamente al juicio para asegurar el derecho de defensa.. La violación más grosera al principio de culpabilidad es el “versari in re illicita”. “Gago”. Erbetta Señala aquello que luego reitera en “H. IV. aspectos que hacen a una cuestión constitucional que merece pronunciamiento a su respecto.”. pues encierra un agravio eventual.. M. motiva la queja ante la Corte. Erbetta. 50 CP. etc. Entiende que ello tampoco se contrapone con lo resuelto por la Corte santafesina en “Noguera”. Resulta oportuno referir dos de los votos pronunciados.3. que denegado por la Cámara. págs. El Derecho Penal de un Estado de Derecho sólo puede ser “de acto”. salvo que se demuestre arbitrariedad normativa. Falistocco Sostiene que la interpretación que la Cámara hace del art. de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe revoca dicha absolución. Adjudicar responsabilidad penal a un sujeto por un resultado que no haya causado ni con dolo ni con culpa. La Sala 4ta. en cuestiones de índole sancionatoria rige el criterio de la personalidad de la pena. Acuerdos y Sentencias. lo cual es ajeno a la órbita de los recursos extraordinarios. El máximo Tribunal rechaza la queja. en que se descalificó la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la
Dictado el 19/11/2008. que en su esencia responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable.Gamboa. a) Voto del Dr. a criterio de la mayoría. precepto de derecho común. viola el principio de culpabilidad. G. y luce acorde con los criterios emanados de la CSJN en “Gómez Dávalos”. porque la cuestión. La Defensa interpone recurso de inconstitucionalidad agraviándose de la declaración de reincidencia. b) Voto del Dr. 50 CP no es irrazonable ni ilógica. es decir. se reduce a un mero disenso con la interpretación dada al art.
citando el voto del Dr. posibilitando su ulterior libertad condicional. el 19/06/1984. sino sólo en la presunción legal de que quienes entran en dicha categoría constituyen un “peligro para la sociedad”. Petracchi en “Gramajo”. Sinforiano (16/10/1986) El thema decidendum del caso es si el tiempo de encierro que el sujeto cumplió como condenado antes de cometer el segundo delito debía o no considerarse como cumplimiento parcial de la primera condena a los fines de la declaración de reincidencia. planteando que se dejara sin efecto dicha declaración. Realizaremos un breve recorrido por tales decisorios. en la causa “Juárez”. “que destaca que la responsabilidad penal sólo puede ser por ‘actos’ y no por un ‘estado’”. cuando soportó tratamiento penitenciario un plazo superior a los dos tercios del monto impuesto. señalando que en “Juárez” la Cámara partió de que el fundamento de la reincidencia es “la insuficiencia preventiva especial del anterior tratamiento penitenciario”. apunta que dicho magistrado también distingue la situación del multirreincidente del reincidente simple. Pero.1. V. por analogía ese porcentaje podía ser un indicador general de la magnitud temporal significativa de prevención especial que justificase la declaración de reincidencia ante un nuevo delito.Gómez Dávalos. pues las consecuencias jurídicas que aquél debe soportar no se apoyan en una mayor culpabilidad. que es básico y fue resaltado en “Lezama”.. tras ésta la Defensa interpone recurso de revisión. lo que para él es erróneo. pues si ese era el plazo relevante para la libertad condicional. arguyendo que sólo podía considerarse que hubo cumplimiento parcial de la pena anterior. que en diversos fallos se expidió a favor de la constitucionalidad de aquélla. El Procurador General dictamina en contrario.última condena (art.La posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Como hemos tenido oportunidad de ver. 14 CP se refieren de manera reiterada a la postura de la CSJN.
V. las dos perspectivas enfrentadas respecto a la constitucionalidad o no de la prohibición contenida en el art. 52 CP) por violar el principio de culpabilidad. Declarado reincidente antes de la sanción de la ley 23. pues “la razón de ser de la declaración de reincidencia es la mayor insensibilidad a la pena demostrada por quien la soportó efectivamente y hubo tomado conciencia de haberla sufrido.057. En esa sensación 12
. Invoca en apoyo de su posición lo resuelto por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Instancia como por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Carlos S. podría discutirse siempre no sólo la circunstancia misma de la efectiva aplicación de dicho tratamiento en el caso. del planteo de inconstitucionalidad del art. Entiende que para que una persona asuma la sensación de haber soportado una pena privativa de libertad. recae en el delito. ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena (considerando 5º). Belluscio. con lo que se desvirtuaría el régimen de la ley. cuyo alcance ya conoce.2. basta el mínimum legal de dicha clase de penas. independientemente de su duración. Éste es tomado en cuenta por el legislador como un aspecto más de la 13
. si la reincidencia dependiera de la existencia de suficiente tratamiento anterior. y cuya sanción fuera cumplida. 14 del mismo texto)”. 14 CP por imponer una agravación de la pena en virtud de un delito anterior ya juzgado. Fayt. sea erigido en circunstancias agravantes para la individualización de la pena en el caso posterior (art. y señala dos puntos fundamentales: a) La reincidencia se basa en el desprecio que manifiesta por la pena quien. El Procurador dictamina que no hay tal afectación. total o parcialmente padecida. 2do. b) “Por otra parte. que ha considerado suficiente el dato objetivo de la condena anterior. Caballero. debe buscarse el por qué de que el desprecio por la solemne advertencia contenida en la condenación y su efectivo cumplimiento. tanto en 1ra. Se manifiesta. pese a haberla sufrido antes. el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior. Bacqué. Con ello demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza. Enrique S. Augusto C. 41 del Código Penal) o en causa impediente de la libertad condicional (art.Valdez. Enrique Carlos (21/04/1988) La causa llega a la Corte tras el rechazo. pues la condena anterior es considerada con valor de cosa juzgada. V. lo que viola el principio de “non bis in idem”. Petracchi y Jorge A. compuesta por José S.impresa en el ánimo del condenado. y no en la presunta eficacia disuasiva del antecedente tratamiento carcelario. rechaza el planteo de Gómez Dávalos. La Corte. párrafo). sino también su idoneidad a los fines de la resocialización del individuo en particular. total o parcial. Basta con tener el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de libertad. sin someter al sujeto a un nuevo proceso ni castigarlo por el delito anterior. así. con el único requisito de que haya mediado cumplimiento total o parcial” (considerando 6º.
La Corte reitera lo dicho en “Gómez Dávalos” respecto al desprecio por la pena que evidencia quien recae en el delito. plazo inferior a los dos tercios que a su criterio debía tomarse como base para el cumplimiento parcial de pena privativa de libertad a que se refiere el art. La Corte se expide en igual sentido. Tras repetir lo dicho en “Valdez” en cuanto al “ajuste” del tratamiento penitenciario. 14 CP por violatorio de los principios de “non bis in idem” y de igualdad. El Procurador General entiende que la interpretación que hace la Cámara importa agregar un requisito que la ley no prevé.3. a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal”. que denegado da lugar a que la cuestión llegue en queja a la Corte. exclusivamente. esta revoca la decisión.4. deja sin efecto la sentencia recurrida. Instancia. Llegado el caso a la Corte. señala que aunque la pérdida de la libertad condicional fuese considerada una mayor pena. pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal-. 13 CP estima relevantes a los fines de la concesión del beneficio. El Fiscal de Cámara interpone recurso extraordinario. V.enasta. “lo que se sancionaría con mayor rigor sería. y otorga a L’Eveque la libertad condicional. no comprendida ni penada –como es obvio. Rubén Guillermo 15 (07/07/1988) La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revoca parcialmente la condena impuesta a Gelabert en 1ra. bastando el antecedente objetivo del cumplimiento total o parcial de la condena. Ramón Rafael (16/08/1988) La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declara la inconstitucionalidad del art. señalando que el “non bis in idem” “prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho. 50 CP. Menciona que ya Carrara rebatió exitosamente el cuestionamiento a la reincidencia como circunstancia agravante. A lo
Fallos: 311:1209
. que junto a las demás condiciones prevsitas por el art. la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia. En función de ello.Gelabert. como condenado. “independientemente de su duración”. dejando sin efecto la declaración de reincidencia entonces efectuada.conducta precedente del sujeto. por lo que el fallo incurre en arbitrariedad. Para ello se fundó en que Gelabert sólo había cumplido. dos años de prisión de los ocho años que anteriormente le había impuesto la justicia provincial. V.L’Eveque.
La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley. las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso”. Sin embargo. En cuanto a la igualdad. sostiene que el distinto tratamiento entre reincidentes y no reincidentes se justifica “por el aludido desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta” a los primeros. “el legislador se encuentra facultado para establecer. el Procurador General dictamina que al extender el concepto de “pena” a encierros de diversa ratio. sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad.E.Mannini. 50 CP. y al haber un fundamento razonable para distinguir. Andrés16 (17/10/2007) El aspecto central de este caso se halla en que Mannini sólo había estado encarcelado en forma provisional. no formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria. V. y dictar uno nuevo conforme a derecho. porque se dirige contra una condena inferior al monto mínimo que fija la ley procesal como condición de admisibilidad. recae en el delito (…). en lo referente a que no cualquier encierro en prisión es admisible como “cumplimiento de pena” a los fines de la declaración de reincidencia. al pronunciarse sobre el fundamento de la reforma operada en el sistema de la reincidencia en el precedente publicado en Fallos:
Fallos: 330:4476
. pues había sido excarcelado antes de que la condena quedase firme.5. el dictamen del Procurador contiene un último párrafo en su Punto III. Esta es la cuestión central de la causa. Arribada la causa a la CSJN. los Tribunales han prescindido sin razón valedera de la letra de la ley. sosteniendo que la prisión preventiva es equiparable al cumplimiento de pena que alude el art. por lo que entiende que cabe revocar el pronunciamiento. lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien.que cabe añadir que la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior. pese a haberla sufrido antes. dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal. es importante advertir que luego de expedirse sobre lo sustancial. Es evidente que esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal. por lo que mal puede argüirse que se ha vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta”. así lo ha entendido V. La Sala I de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires rechaza el recurso. que dice: “Por lo demás. y en este sentido suele citarse a este fallo.
Gago. Pero la Corte se pronuncia de un modo que merece especial atención. La primera acepción de la voz “salvedad”. Es decir. con la salvedad de que. a cuyos términos se remite en razón de brevedad”. hecha excepción de. la Corte no hace suya la reflexión que el Procurador hace. Universitat de Barcelona. por quien corresponda. etc”19. como por ejemplo.308:193817. ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que.es/draeI/ (04/04/2012) 19 Condición y excepción en textos decimonónicos no literarios. la insensibilidad ante ella.6.). V. p. Se manifiesta. cabe recordar que la Corte avaló la declaración de reincidencia a partir del tiempo de la condena ‘cumplido efectivamente como penado (…) sin computar el tiempo de detención y prisión preventiva’ (conf. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena. a esas cuestiones del desprecio por la pena. que son las que la Corte había sostenido en los precedentes citados.rae. 351. en lo pertinente. Cursivas en el original. los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal. en el sentido que ‘el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien. el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior. y con la salvedad de lo afirmado en el último párrafo del punto III. Barcelona. hoy en día es frecuente recurrir a los originario participios salvo y excepto y a las expresiones que se han construido tomando como base estas formas. precisamente. según el Diccionario de la Real Academia Española. exceptuando. cuyo alcance ya conoce. total o parcialmente padecida’. se trata de lo que la Corte ha dicho en Gómez Dávalos. Laura ROMERO AGUILERA y Carolina JULIÁ LUNA (Coordinadoras. así. haciendo lugar a la queja y dejando sin efecto la sentencia recurrida. limitación o cortapisa de lo que se va a decir o hacer” 18. no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza. pues expresa: “Que esta Corte comparte y hace suyos. 2009. descargo. En sentido concordante. recae en el delito. De este modo. España. en Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua: actas del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española.
. pese a haberla sufrido antes. La Corte hace suyo el dictamen del Procurador. se dicte un nuevo pronunciamiento. considerando 7º)”. Pues no es de otra manera que debe entenderse la expresión “con la salvedad”. es “razonamiento o advertencia que se emplea como excusa. Damián Andrés (06/05/2008)
Se refiere a “Gómez Dávalos” Ver http://buscon. Olga Julián Mariscal señala “mecanismos lingüísticos que los hablantes de español pueden utilizar para expresar que un hecho se presenta como excepción de otro… Así. Gelabert y L’Eveque. En el caso citado.
no está de más recordar que el autor que ha experimentado el encierro que importa la condena. pues de lo contrario se estaría ejecutando dos veces la parte ya cumplida. por lo que se pronuncian por hacer lugar al recurso. para lo cual comparte los fundamentos del Procurador. salvo el mayor o menor énfasis puesto en cuestionar o defender uno u otro aspecto particular en lo atinente a su constitucionalidad o
Se refiere a “Gómez Dávalos” Se refiere a “L’Eveque”
.La cuestión central en este caso es el quantum de la pena única de diecinueve años. Ese desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad. y el dictamen del Procurador lo hace de un modo tangencial. El dictamen del Procurador se expide por la confirmación del fallo cuestionado. Argibay vota por la inadmisibilidad del recurso en función del art. que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)21”.
VI. que se dan por reproducidos. Tan es así. 14 CP. afirmando que la pena única impuesta mantiene incólume la medida de la culpabilidad de Gago por los hechos ilícitos reprochados. cuyo alcance ya conoce (Fallos: 308:1938)20. que se le impusiera como comprensiva de una anterior de nueve años y la actual de diez años. y así lo corrobora el hecho de que la propia disidencia no realiza la menor alusión a ella. se mantiene inalterada la anterior sanción y se le suma la nueva pena por el último hecho cometido. Y en un sentido similar a lo dictaminado en Mannini. que cada reanudación del debate a su respecto no arroja casi nada novedoso. sin superarlos. en esta oportunidad sin mencionar “salvedad” alguna.. La Corte desestima el recurso. De manera que.Algunas reflexiones Mucho es lo que se ha escrito y dicho sobre el instituto de la reincidencia y el efecto que ella produce en virtud de la disposición del art. y a pesar de ello reincide. demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza. Lorenzetti y Zaffaroni votan en disidencia cuestionando que aunque el condenado ya había cumplido parte de la sanción. se aprecia que la cuestión de la reincidencia no reviste relevancia para lo que se debe resolver. La Defensa se agravia de que se viola el principio de culpabilidad. el último párrafo del Punto III señala: “Finalmente. se le aplicó un criterio aritmético al fijar la pena única. y los Dres. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. en este caso. cuando sólo se podría disponer de lo que restaba por cumplir de pena. Aunque la Dra.
Edgardo A. 2005. 929 y ss.” tiene un gran mérito al brindar una visión completa y concisa de dichas razones. 1911. más allá de lo que habitualmente se suele discutir que. David BAIGÚN – Eugenio ZAFFARONI (Dirección). Buenos Aires. La ley. págs. Procuración General de la Nación.. 85 y 568-569. Esteban – FERNÁNDEZ. J. reafirmada en “Gelabert” y “Valdez”. VI. 500 y 507 y ss. ROXIN. Editorial Hammurabi. Parte General. reimp. esp. Editorial Hammurabi. compilación de Bernard Schünemann. Revista Nueva Doctrina Penal.
.. CASTEX. G.. La reforma penal y el nuevo régimen de la reincidencia. Derecho Penal. Buenos Aires. AUED. Teoría del galantismo penal. un segundo motivo de elogio cuando. Derecho Procesal Penal argentino. Tomo I. coherentes y contundentes 22. España. 1980. en Revista del Ministerio Público Fiscal. trad.. Francisco. sin quedarse en la reafirmación de esas razones. La recaída en el delito: modos de reaccionar contra ella. La extremaunción de la reincidencia. ZAFFARONI.. Código penal comentado y anotado. La reincidencia en Casación. Derecho penal. Tecnos. En ese sentido. Madrid. trad. Editorial Hammurabi. culpabilidad y proporcionalidad. Editorial Juris. Rosario. en Nueva Doctrina Penal. D'ALESSIO. ZAFFARONI. Jesús-María Silva Sánchez. págs.. MAIER. págs. entre muchos otros. Nº 7. Derecho y razón. 327 y ss. 2005-A-173. Y encierra. María José. 2da. El Dr. DONNA.1. 186. Invalidez constitucional de la reincidencia. Buenos Aires. Parte general. Sertesa. Editorial Astrea. 2002. 1997. ARNEDO. es abundante y de gran calidad. trad.. 1984..no. Julio B. Andrés (Director) . a nuestro criterio. Héctor M. Mario. Luigi.057 de reforma al Código Penal. La probation y otros institutos del Derecho Penal. MAGARIÑOS. HAFFKE. Ed. 2da. esp. 1995. 1989. Eugenio . avanza para enfrentarse con lo que. Editorial Ad-Hoc. págs. ed. Roberto. tomo 115. vol. Tomo 1. y estimamos que los argumentos vertidos desde esa perspectiva son abundantes.DIVITO. Buenos Aires.. Eugenio – SAL LLARGUÉS. págs. Claus. págs.. Gustavo L. adherimos a la inmensa mayoría doctrinaria y creciente minoría jurisprudencial que se pronuncia por su descalificación. Editorial Civitas. Buenos Aires. SANSONE. Tomo I. FERRAJOLI. revista jurídica El Derecho (ED). esp.Una cuestión hermenéutica
Ver. Buenos Aires. Erbetta desmenuza los dichos relativos a la insensibilidad y al desprecio por la pena cumplida y expone numerosos y sólidos argumentos que.. Pablo Martín. b. Derecho Penal. En lo personal. estimamos que el voto del Dr. 29 y ss. Juan Manuel. RIGHI. 1. Alejandro SLOKAR. p. Editorial Universidad. 1992. Volumen 12. 1057 y ss. España. Año III. España. evidencian los serios problemas de fundamentación que aquellos presentan. 2005. A continuación compartimos algunas reflexiones que nos generan los decisorios reseñados. Reincidencia y Constitución Nacional (El resabio de un ‘modelo peligroso’ de Derecho Penal). Ediar. 97 y ss. Alberto A.ALAGIA. Perfecto Andrés Ibáñez y otros. Editorial Trotta.. 1998-B. Barcelona. págs. CLEMENTE. G. Erbetta en “H. 107 y ss. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid. para nuestra óptica. Reincidencia y culpabilidad. Derecho Penal. Reincidencia y medición de la pena en El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales. en Revista de doctrina y jurisprudencia. en Código Penal y normas complementarias. 368 y 415 y ss.. HERRERA. 2001. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. 1991. La reforma penal. Mauro (Coordinador). Diego Manuel Luzón Peña y otros. Julio. ed. Buenos Aires. págs.IUVARO. y completada en “L’Eveque”. 2007. VITALE. Librería e Imprenta de Mayo. págs. La reincidencia contamina el derecho penal constitucional”. Miguel. como ya se dijo. Buenos Aires. Comentario a la ley 23. 2004. págs. esp. Buenos Aires. págs.. desde hace un cuarto de siglo. 1997. El proceso y la pena. Editorial La Ley. Buenos Aires.. 186 y ss. El delito. Benjamín. BERGALLI.. Norberto – JULIANO. Madrid. 543 y ss. comentario a los arts. 50 a 53 CP. . Bernhard. Alejandro. se reitera en las posturas legitimantes: la doctrina iniciada por la CSJN en “Gómez Dávalos”. y casi siempre en función de los principios de “non bis in idem”.
Como bien señala el Dr. Que proceder de otro modo deviene en una construcción artificiosa. en todo caso. En segundo lugar. Entendemos que no es éste el caso. Y. se aprecia con claridad en “H. donde la Cámara no invalida la prohibición. existen excepciones de las excepciones que hacen recuperar fuerza a la prohibición original. histórica y sistemática. y resuelta por un juez imparcial. así debe ser declarado en el caso concreto. en cuanto a que la declaración de reincidencia.. G. Erbetta. G. lo único que debe analizarse es la reunión de las restantes condiciones que hacen procedente la libertad condicional. sino que decide no aplicarla en función de ciertas excepciones pero. puede dar lugar al menos a dos posibles sentidos divergentes. a fin de morigerar la regulación. pues en esta perspectiva. en sentido contrario. como su examen “genético” y su contexto sistemático. G. a su vez. VI. la cuestión es mucho más sencilla: si dicha prohibición es inconstitucional. En primer lugar. y caída la misma. en que tanto la letra de la norma. 14 CP cuando ella aparezca como irrazonable en función de la historia penitenciaria del sujeto y de su pronóstico de reinserción.No compartimos las posiciones de las Cámaras de Apelaciones que intentan realizar una interpretación que compatibilice el texto del art. no pasan por la calidad o no de reincidente. Sobre todo. cabe hacer excepción de la prohibición del art. no dejan dudas en cuanto a que el instituto de la reincidencia apunta a generar una habilitación de mayor poder punitivo sobre el sujeto declarado reincidente.”. porque al ser el vigente un sistema de reincidencia “real”. No luce admisible el intento de erigir un sistema diferente al que establece la ley. G. lucen carentes de sustento legal en regla o principio alguno. la cuestión del cumplimiento o no de la pena es por demás relevante.”. en definitiva. no procede la excepción cuando esos elementos no son favorables. Erbetta en “H.2.La declaración de reincidencia Se evidencia como imprescindible la exigencia que apunta el Dr. debe ser precedida de su oportuna introducción en el proceso. es decir… por motivos que siguen sin rozar la calidad o no de reincidente. Creemos que tal procedimiento puede ser admisible cuando la interpretación literal. controvertida y probada por las partes. Con el agregado de que dichas excepciones a las excepciones. En tercer lugar. en cuyo caso el intérprete no fuerza nada cuando opta por aquélla que se ajusta a principios de superior jerarquía. por su eventual efecto gravoso para el sujeto. cuando se advierte que en lo que se concluye es en algo que es pura creación del intérprete. etc. argüida. porque en el marco de 19
.. 14 CP con el bloque de constitucionalidad.. cuestiones todas que. creando excepciones donde aquélla no las prevé.
infamantes o inusitadas”. a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles. 1º DUDH: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. . Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. 1º y 2º b CADH: “1. . A nivel normativo. 2º hacen referencia a otros aspectos de la defensa que refuerzan el carácter fundamental de su inviolabilidad. 14 incs. 2º y 3º a y b PIDCP: “1.Art.un sistema acusatorio. . Durante el proceso. a lo cual debe añadirse: . . para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.Art. a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. nada de lo que termine siendo considerado y decidido en la sentencia debería ser ajeno a la plena contradicción. 18 CN. 11 inc. independiente e imparcial.…” Los restantes apartados del inc.Art. en plena igualdad. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Toda persona tiene derecho a ser oída. hasta que se pruebe que es culpable. c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. creemos que esta exigencia se halla abarcada por los conceptos de “juicio previo” y de “inviolabilidad de la defensa” que establece el art. en igualdad de armas. a las siguientes garantías mínimas… b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada .Art. 1º. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. en condiciones de plena igualdad.Art. 8 incs. toda persona tiene derecho. conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. establecido por la
. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. entre las partes y ante un órgano judicial auténticamente imparcial. laboral. fiscal o de cualquier otro carácter. XXVI DADDH: “Se presume que todo acusado es inocente. 2. 10 DUDH: “Toda persona tiene derecho. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. independiente e imparcial.
31 inc. en su Opinión Consultiva 5/85 del 13/11/1985 (solicitada por el gobierno de Costa Rica respecto a la colegiación obligatoria de periodistas). de acuerdo al lenguaje que habitualmente utilizamos con sentido técnico.XLIII.ley. considerando 8º. y con ese sentido. en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil… 2. 14 PIDCP también apuntan a reforzar el ejercicio del derecho de defensa. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. “José. voto concordante de Highton de Nolasco y Maqueda en “Arriola”. señaló que conforme este principio. Cuando estos instrumentos se refieren a “acusación” y a “delito”. arts. a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora. Pero sí es una cuestión susceptible de discusión y prueba. “Madorrán”. debe considerarse incluido todo extremo imputativo del cual pueda eventualmente derivarse un efecto gravoso para el sujeto.1023. “Germano”. 8 inc. 03/05/2007.XLVI. A. “Cardozo”. Jorge y Dante Peirano Basso / República Oriental del Uruguay”. 3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Una perspectiva amplia
“Todo tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objetivo y fin”. en plena igualdad. 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 23) y “pro homine” 24 (vg.. 2 de la CADH. Durante el proceso. y de cuyo resultado al respecto puede surgir un efecto gravoso para el individuo. 07/12/2010. Fallos: 329:2265. inversamente. G. “en materia de reconocimiento de derechos. se ha dicho que es un “principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones” (considerando 12 de la opinión separada del Juez Rodolfo E. la imputación de un delito. 14/02/2012. consid. VI. convide. “Alvarez”. 23/04/2008. de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.553. 24 En el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. último párrafo.3. 3º del art. 01/05/2007). los demás apartados del inc.763. entendemos que. en su Informe 35/2007 (Caso 12. ha sido afirmado por la CSJN en diversos fallos (vg. 29 CADH. por respeto a la realidad y por aplicación de los principios de “buena fe” (art. 25/08/2009. b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. consid.891. 23º. Ver también en sentido similar considerandos 84 y 137 del mismo Informe. en un idioma que comprenda y en forma detallada. Este principio. Piza Escalante). 5 PIDCP y PIDESC.…” Al igual que como señalamos respecto al art. etc. se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e. “Acosta”. Fallos: 330:1989. A. a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos” (considerando 75. 20/06/2006. considerando 6º.)
. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.XLIV. 6 in fine.). Efectuamos esta aclaración porque la introducción de la cuestión de la condena anterior parcial o totalmente cumplida a los fines de la declaración de reincidencia no es. etc. Fallos: 331:858.
casi nunca parece quedar demasiado claro para qué se pena y cómo se lo hace. 26 y ss. por ejemplo. en comisarías. de resocialización. no podrá volver a delinquir. 2008. porque es lo que siempre se ha empleado y ya todos estamos habituados a que así funcionen las cosas (o. más bien. por lo menos. al menos fuera del
Ver al respecto ZIFFER. El tiempo como pena. en toda sentencia penal condenatoria. Por un lado. lo cual es particularmente trascendente en materia de privación de libertad. Todo este panorama constituye una ficción. En los hechos. y por cierto tiempo. 26 Sobre este tema puede verse MESSUTI. plazo en el cual. 1996. Patricia S. es un mero depósito de personas. con todo. Ni siquiera es necesario acudir al extremo de quienes cumplen sus penas. Editorial Ad-Hoc. dos razones. Por añadidura. a que no funcionen pero al menos nos da ciertas certezas con las cuales nos sentimos tranquilos) 26. su carácter inhumano. manteniéndolo encerrado durante cierto tiempo. Entendemos que ello ocurre debido a. y no hay confesión más contundente al respecto que la escasa o nula fundamentación que en la materia exhibe la inmensa mayoría de los fallos condenatorios 25. que apunta a neutralizar al sujeto que comete un delito.
. obviamente. a fin de paliar. hace más de dos décadas que resulta evidente que no es racionalmente previsible que alguien egrese de prisión en mejores condiciones personales de las que poseía al ingresar en ella. que no se dice ni se “puede” decir.Entendemos que existe una cuestión básica. Ana. sencillamente porque no se nos ocurre otra alternativa.. Editorial Ediar. siquiera mínimamente. y teóricamente. Lo cual es tanto como decir: “impongo esta pena porque puedo hacerlo”. Como tampoco lo hace el sostener un sistema basado en la pena privativa de libertad. una alternativa menos inhumana que el modelo penitenciario “incapacitante” o “neutralizador”. ¿Por qué se impone cierto tiempo de condena? En función de los arts. el modelo correccional representa. Aún el establecimiento carcelario mejor concebido. Buenos Aires. además de adoptar la lógica del modelo penitenciario “correccional”. Nada distinto puede decirse respecto al “tiempo” a transcurrir en dichos depósitos. de tratamiento. Más allá de las fórmulas más o menos solemnes. en nuestro sistema. Ello no satisface la mínima racionalidad republicana que cabría esperar de un decisorio judicial. págs. Buenos Aires. 1ra.. Y es una ficción a la que suelen recurrir aún quienes deslegitiman este sistema. Apenas es obvio que se condena a alguien a prisión. Hablar de régimen progresivo. implica una ficción. Lineamientos de la determinación de la pena. uno de características embrutecedoras. ed. esp. y que está presente. sin embargo. plagada de conceptos y términos propios de la criminología positivista totalmente desmentidos en los hechos. 40 y 41 CP.
reimp. págs.660. y se observan claros signos de un desplazamiento de la ejecución penal desde el ámbito del modelo correccional hacia el modelo incapacitante (abrumadora mayoría de presos sin condena. Por otro lado. etc. por ej. cuanto menos como discurso justificativo 28. Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la CADH y el PIDCP hablan este lenguaje. o de la “funcionalidad manifiesta” de la que habla Zaffaroni. Metodología jurídica y Lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho.
.ALAGIA. reeducar.. ed. deterioro de las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios. como ocurre. Werner. 24 y s. Editorial Zeus.SLOKAR. esp. 29 Aquellas que asignan a la pena funciones tales como rehabilitar. Eugenio . y así lo hace también nuestra ley de ejecución penitenciaria 24. Derecho penal… cit. el modelo correccional aún conserva fuerza en diversos planos. 56 y 62 y s. Ver al respecto. al individuo sujeto a ella.. sus juntas calificadoras. Miguel Angel. Alejandro. apoyado en la insuficiencia de la pena cumplida. escasez de programas tendientes a la supuesta “resocialización”. con sus gabinetes criminológicos. Alejandro . Derecho penal… cit.SLOKAR. superpoblación carcelaria. 1987. no se le puede dar cabida ni siquiera discursiva a esa realidad. Buenos Aires. 6ª. readaptar. Así ocurre en la esfera judicial. Es el mismo lenguaje que utilizan los operadores judiciales cuando aluden al fin de prevención especial positiva que orienta la aplicación de una pena. 57. esp. institucional y normativa. Editorial Depalma. esp. pues no se
Se trata de una suerte de “estado de naturaleza” concebido al más puro estilo hobbesiano. esp. p. Es el mismo lenguaje que se habla en la dimensión institucional.. Rosario. págs. pues da una clara pauta de que se trata de un espacio bastante al margen de la “ley”.. resocializar. empleo indiscriminado de la prisión “preventiva”. 2000. Y si. Cuando resulta evidente que todo esto no supera el ámbito del discurso.ALAGIA. cunde el pesimismo.). sus legajos individuales. Eugenio .establecimiento carcelario. un no-lugar jurídico. Alejandro . la concepción jurídica dominante continúa siendo una que sólo entiende al Derecho como construcción normativa. 5ª. En el plano de las “razones alegadas” que de modo tan certero señala la teoría trialista del mundo jurídico. Alejandro. CIURO CALDANI. Como. ZAFFARONI. ZAFFARONI. desentendimiento de las condiciones de vida a las que retorna quien egresa de prisión.. págs. Introducción filosófica al Derecho. reinsertar. lo que no es casual pues fueron diseñados en pleno auge de las llamadas teorías “re”29. Es el mismo lenguaje que se utiliza a nivel político cuando se plasman reformas como la que importó la ley 23.057 al consagrar el sistema de reincidencia real. aumento en la cuantía de las escalas penales. desde esa perspectiva. política.. 38 y 96. y no es un detalle menor que lo que ocurra dentro de aquél no revista mayor trascendencia. donde las lesiones de derechos que puedan producirse unos a otros no interesan mayormente 27. Ver por ejemplo: GOLDSCHMIDT. que la realidad discurre por un carril no sólo distinto sino opuesto. se vuelve casi imposible superar el abismo que separa al deber ser ideal que prescribe la norma de lo que sucede en la realidad.
Madrid. 34 Arts. Como afirma Zaffaroni. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. 5.SLOKAR. Alejandro . nos vemos obligados a continuar empleando el lenguaje de lo que sí “se puede” decir. ya alejada de cualquier contenido positivo anteriormente atribuido a la prevención especial. Buenos Aires. en cuanto se refieren a la “reforma”. en Marginación social y derecho represivo. p. la Antropología. 63 y ss. 103 y ss. aunque sepamos que ello es ficticio 33.. Derecho penal… cit. existe una tendencia a reinterpretar el lenguaje de los instrumentos internacionales y de la ley 24. en la mayor medida posible. que se trata de evitar. Derecho Penal y control social. “Eppur si muove” podría decirse. Alejandro. de un modo más acorde a lo que muestra la realidad. Editorial Ciudad Argentina. La resocialización de los penados. Editorial Temis. Victimación terciaria y necesidad de reforma. etc. España. p. Francisco. y entendiéndola como simple limitación de mayores daños. de manera decidida en la doctrina. se señala que las condiciones efectivas de vida en la cárcel como mínimo rozan lo cruel. “a pesar de” la realidad que conlleva la propia prisión. Eugenio . Cursiva en el original. p. España. Derecho penitenciario. 10. esp. San Sebastián.3 PIDCP. se trata de un supuesto de “necesaria interpretación progresiva” de los términos normativos 37. Por una parte. y a las valoraciones que ella nos suscita.. en Eguzkilore. “readaptación social” o “reinserción social” de los penados como finalidad de la pena privativa de libertad 34.. 1993. HADDAD. págs.6 CADH. GIMENEZ PERCIÁS. Alejandro. págs. 95.entiende a esta como parte de lo jurídico 30. España. 35 Al respecto. inhumano y degradante. En este último sentido. no queda más alternativa que acudir a la revalorización de ese modelo correccional que establecen las normas. en todo caso. 55. Barcelona. Como “no se puede” abrir la puerta de la “ciencia” jurídica a lo que ocurre en la realidad. págs. 1998. y en forma mucho más aislada a nivel de pronunciamientos judiciales. MUÑOZ CONDE. Por otra parte. 2004. señala Marino BARBERO SANTOS: “socializar significa que el sujeto lleve en el futuro una vida sin cometer delitos. Es en esta dirección. Eugenio . Resocialización y tratamiento del delincuente en los establecimientos penales españoles. págs.660. 32 Se acuerda en que la prisión es deteriorante y criminógena. la desocialización y demás consecuencias negativas que acarrea la pena privativa de libertad. 63 y ss. Antonio. 33 Como destaca Zaffaroni: “El respeto a las estructuras reales del mundo es una condición de cualquier derecho que pretenda tener alguna eficacia sobre éste”. 37 ZAFFARONI. Francisco. Un desafío en el nuevo milenio. que se recurre a las previsiones normativas del bloque de constitucionalidad al respecto 36.
Se la destierra. no que haga suyos los valores de una sociedad que puede repudiar”. en La reforma penal. Editorial Ad-Hoc. 36 Ver en este sentido. Jorge. Derecho penal… cit. Jorge. Alejandro SLOKAR. MUÑOZ CONDE. etc..
. Marino BARBERO SANTOS y otros.. 81 y ss. esto es. KENT. 1999. 1982.ALAGIA. a otros ámbitos como la Sociología. y 75 y ss.660.ALAGIA. que se conforma con que el sujeto cumpla la ley 35. en ZAFFARONI. 1 ley 24. Editorial Bosch. parafraseando la conocida expresión atribuida a Galileo Galilei. que se trata de un programa con un contenido “mínimo”. 23. Colombia. 1980. Editorial Instituto Alemán. Buenos Aires. como instrumento discursivamente limitante de la brutalidad aún mayor que propone el modelo incapacitante. debe señalarse que. la Psiología. Nº 7. y sin embargo ella existe31 y mueve a una reflexión valorativa negativa 32. Cuatro cuestiones fundamentales.
si se pena “para” algo. se afirmó que era erróneo argüir a partir de “la insuficiencia preventiva especial del anterior tratamiento penitenciario”. sería discutible tanto la efectiva aplicación del mismo en el caso. en el debate parlamentario. pues de lo que se trataba era de a mayor insensibilidad a la pena. Así como. según su criterio.
.La argumentación. se pretenda saber “qué” y “cuánto” se hizo al respecto. sea verificable qué fue lo que se hizo en tal dirección. 14 CP en particular: 1. como su idoneidad a los fines de la resocialización del sujeto en particular. fue insuficiente. la Corte señala que al cometer un nuevo delito se demuestra esa insensibilidad… la cual manifiesta el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior. coadyuvarían a tal fin. lo que para el Procurador era un enfoque equivocado y le permitía hablar de un fundamento diferente. se anticipó que la fórmula del cumplimiento “parcial” podría dar lugar a dudas en cuanto a qué tanto tratamiento debería haberse recibido. en el mismo caso. de quince días). Pero ya en el dictamen del Procurador General en “Gómez Dávalos”. no se mencionan cuáles son los otros aspectos que. 2.. de cuánto es el aporte de cada uno de esos aspectos... porque el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena. quedó más que claro que se siguió la doctrina carrariana de la insuficiencia de la pena cumplida. Como tampoco resulta descabellado que.057 que estableció el sistema de reincidencia “real”. Parece evidente que.Sostenemos que este estado de cosas es evidente en el tema que nos ocupa. Hacerlo explícito resultaría conveniente para efectuar una adecuada ponderación. Que si fuese necesaria la existencia de suficiente tratamiento anterior. para la Corte se vuelve una fórmula sintética en la cual un aspecto es manifestación del otro. si aquello destinado a tal supuesto fin. 3.Pero. en términos de proporcionalidad. se vuelve más difícil de seguir lógicamente cuando la Corte agrega: . en la misma causa “Gómez Dávalos”. . para lo cual sería suficiente el mínimo legal de la pena privativa de libertad (en ese tiempo. Con lo cual. y de la prohibición del art. Que basta el antecedente de la condena independientemente de su duración.Al sancionarse la ley 23. y la mejor prueba de ello es la combinación de argumentos abiertamente contradictorios que se exhiben desde las posturas legitimantes de la reincidencia en general. Lamentablemente.
sostenga aquí que la condena anterior se considera para ajustar.En “L’Eveque”. Numerosos autores han remarcado la obviedad de que dicha condena previa no tiene apoyo sino en el hecho previo. de modo ineludible la tendrá en función de la vinculación subjetiva con el individuo. La tercera.. la misma Corte que un año y medio antes enfatizara que el tratamiento penitenciario no era sino uno de los aspectos del fin de prevención especial de la pena. señalando que no se vuelve a considerar el hecho anterior sino la condena anterior. pues si tiene importancia. Con lo cual parece crearse un “tiempo intermedio” no ya solo violatorio del principio de culpabilidad. porque si se tratase de ello.De todos mods. la Corte refuerza su línea argumentativa. en “Valdez” la Corte avanza en su razonamiento. que evidencia la mayor culpabilidad en el segundo hecho. 4. Lo cual bastaría para desbaratar toda construcción que pretendiera erigirse sobre dicho fundamento. para determinar en qué tipo de establecimiento carcelario cumplirá su condena. que en ninguna cuestión penal existe un hecho relevante que sea exclusivamente objetivo. que todo vestigio de responsabilidad objetiva debería ser erradicado de manera terminante del ámbito penal. y por completo atípico. Pues introduce la cuestión de que lo que se sanciona más severamente es la conducta manifestada “tras” la anterior condena.. La segunda. Que ese no es el régimen de la ley. De manera que lo que sentó la CSJN en “Gómez Dávalos” fue una interpretación que resulta en una presunción “iure et de iure” de responsabilidad objetiva. La cuarta. que esa sola declaración es suficiente para demostrar el carácter ficcional de cualquier argumento que alegue basarse ya sea en la insuficiencia de la pena cumplida o en la insensibilidad ante ella del sujeto. tomar en cuenta el sexo o la edad de un sujeto. de manera obvia serían cuestiones a evaluar caso por caso. para el cual se consideró suficiente el “dato objetivo” de la condena anterior. sino groseramente lesivo del requisito de legalidad. bastando el requisito del cumplimiento siquiera parcial. ni su efectiva aplicación. La primera. por ser absolutamente contraria al sistema que consagra el bloque de constitucionalidad.. 5. precisamente. Ya que si no se 26
. y que no debía analizarse ni su duración. y descarta la violación del “non bis in idem”. de un modo que a nuestro criterio incrementa la falta de coherencia interna de la misma. que un simple dato objetivo puede ser. Esto genera diversas reflexiones. La quinta. pero no uno del cual dependerá cuánto tiempo estará de manera efectiva privado de su libertad. y ello al único fin de ajustar “con mayor precisión” el tratamiento penitenciario. Pero el argumento exhibe una inconsistencia mayor cuando. ese tratamiento. por ejemplo. que no es un simple dato objetivo aquél cuya consideración tiene la virtualidad de volver más gravosa la ejecución de una pena.
que sólo al final de su dictamen alude a la insensibilidad y al desprecio que se reflejan en una mayor culpabilidad.En “Gago”. entendemos que. en el dictamen del Procurador General. “Gelabert”. se vuelve a hablar del fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior que. sino absolutamente sui géneris.. a las cuestiones de la insensibilidad y del desprecio por la pena cumplida sentadas anteriormente por la propia Corte. consideramos esclarecedor traer a colación lo que expresa José PUIG BRUTAU: “Podría afirmarse que existen tres grados en el conocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo. pero no con referencia a casos aislados. que es a lo único a que se refiere la disidencia de los Dres. pues este último evidenciaría algo que proviene de ese tiempo posterior a la anterior condena.. semejante uso trae escaso valor y en ocasiones incluso puede resultar engañoso… El segundo grado en el conocimiento de la jurisprudencia se obtiene examinando íntegramente la resolución judicial y poniendo en estrecha relación la doctrinada proclamada con carácter general con las circunstancias concurrentes en la situación particular. su naturaleza no sólo es cuestionable. 6. era una cuestión que constituía un punto de partida erróneo en la materia. no se quiere. Como hemos sostenido. 7. y centra lo esencial de la causa en el quantum de la pena. de modo expreso se excluye la alusión. sino con grupos de casos. “L’Eveque” y “Gago” (y apenas se menciona a “Mannini” en el sentido de la necesidad del cumplimiento de la pena en calidad de condenado). Dictamen en el que. A la luz de este breve recorrido. Consiste en aislar del contexto una afirmación general contenida en un considerando y utilizarla o invocarla en todos los casos en que resulte posible. En este orden de ideas. la Corte da por reproducidos los argumentos del procurador. Lorenzetti y Zaffaroni. equiparándolos tanto en atención a los
. El primero y más elemental es el que predomina en el ejercicio profesional y aun en muchos trabajos doctrinales. se está diciendo bastante menos de lo que se pretende (y bastante más de lo que no se pretende. cuando desde una postura legitimante se reproduce un párrafo de “Gómez Dávalos”. sin olvidar que el recurso de casación contribuye a que aparezcan excesivamente distanciados ambos extremos.En “Mannini”. El tercer grado en dicho conocimiento se alcanzaría procediendo de la manera que acabamos de señalar. ni se puede decir). dicho sea de paso. y tampoco se trata sólo del hecho actual. para el Procurador en funciones en la época de “Gómez Dávalos”. y se sostiene que lo allí expresado se ve corroborado por los sucesivos pronunciamientos en “Valdez”.vuelve a juzgar lo ya sentenciado.
es sabiamente señalado en el “Amicus curiae” que la Asociación Pensamiento Penal presentó en 2008 ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza planteando la inconstitucionalidad del art. constituye una ficción abstracta y deshumanizante. sino que tampoco admiten invalidación. 14 CP39. VI. La concreta culpabilidad.El fundamento antropológico del sistema Cuando se afirma que el sujeto que cumplió una condena parcial o totalmente. de las necesidades de estabilidad del sistema. Puede verse su texto completo en http://new.267 s/Acción declarativa de certeza. El Derecho a través de la jurisprudencia: su aplicación y creación.ar/01072008/amicus. p. en función de idealizaciones construidas en términos de cómo “debería” comportarse un individuo. Barcelona. y de los sujetos que son sus protagonistas. que se niega a la necesaria apertura que cada caso concreto exige para la cabal comprensión de todos los elementos que hacen a su complejidad real. simplifican Edmundo. Editorial Bosch.hechos que provocaron el conflicto entre actor y demandado. como en consideración a la doctrina proclamada en los considerandos con carácter general” 38. Este carácter ficticio. etc.5. y de los roles que éste espera que aquél satisfaga. para el cual basta cualquier tiempo de cumplimiento. promovida por los internos de la Penitenciaría de Mendoza.com. pero dicha simplificación puede traducirse en una visión empobrecedora de ese mundo y de lo humano. Con lo cual o bien nos desplazamos hacia una perspectiva casi organicista. sobre todo cuando son “iure et de iure”. que se desentiende de las particularidades del caso concreto y consagra un modelo generalizante que produce resultados desjerarquizadotes de lo humano. pudiendo mencionarse algunas cuestiones que allí se resaltan:
En BOEHMER. y a ello se refiere de modo expreso dicho Tribunal cuando menciona que lo contrario sería abrir la puerta a la discusión de la aplicación efectiva de un tratamiento. traducción y anotaciones de Derecho español por José PUIG BRUTAU. En uno u otro caso.4. VI. u otra que cataloga a ciertas personas como “enemigos”. España. Gustav.pensamientopenal. 625.pdf (04/04/2012)
.Presunción y realidad del caso. La consagración de presunciones que no sólo no requieren demostración. se desplaza el centro de la atención del conflicto existente en la realidad. al cometer un nuevo delito exhibe una insensibilidad y un desprecio ante la pena que se manifiesta en una mayor culpabilidad. 39 En la causa Nº 93. de su idoneidad para los fines declarados. Creemos que así ocurre cuando la CSJN alude al carácter de dato objetivo y formal de la condena anterior. de trámite ante la Sala II del Tribunal. 1959. Las presunciones. el Derecho Penal sirve como instrumento de deshumanización y no como garante de la dignidad humana.
¿es automáticamente más culpable que otro individuo que “sólo” comete un homicidio calificado? Aspecto que ya señalara Julio Herrera. en estos términos: “… es contradictorio e injusto conceder el beneficio al autor de un crimen brutal. c) ¿Existe una mayor culpabilidad.
. d) Si dos personas son coautoras de un hecho. tanto si el segundo hecho se produjo meses después de la primera condena. desde una primera condena por libramiento de cheques sin provisión de fondos a un hecho posterior de lesiones gravísimas. por ejemplo. como si se cometió cinco o nueve años después. ha descalificado de modo enfático ese tipo de presunciones:
La reforma… cit. ¿es ello suficiente para determinar. causa G. en caso de ser más gravosa su ejecución resulta una modificación de la pena impuesta en perjuicio del condenado”. por ende. pero una de ellas ha sido declarada reincidente. inciso 2 del Código Penal”? Como se plantea. que en otros ámbitos de la misma materia penal.. susceptible de ser afirmada de manera automática. Fallo del 14/02/2012. 211 y s. que revela honda perversidad en el que lo comete. y no al que ha reincidido en un delito de mucho menor importancia…” 40.a) ¿“Tienen el mismo desvalor la reincidencia homogénea y la heterogénea”? En este sentido. ¿Es posible y legítimo realizar una interpretación común de ambos hechos? b) ¿“Devenga diferencias la mayor o menor proximidad del segundo delito respecto a la extinción de la condena por el primer delito. Y aquí podemos volver a mencionar a la propia CSJN. nos preguntamos si es posible y legítimo afirmar la existencia de ese pretendido hilo conductor.763. que se evidencia por la comisión de un segundo delito luego de haber cumplido parcial o totalmente condena por un hecho anterior? Un sujeto que cumplió condena por lesiones. y luego hurta mercadería de un almacén. p. habida cuenta del plazo de diez años previsto por el artículo 51.792” 41: “… una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y.XLVI. que por referirse al vínculo subjetivo entre el individuo y el hecho. debe ser apreciado en lo concreto de cada situación. al criticar el Proyecto de 1906. podemos traer a colación lo que la propia CSJN ha dicho recientemente en “Germano. a priori. Karina Dana s/causa Nº 12. nos preguntamos si puede establecerse un hilo común que conduzca. esto es particularmente grave cuando ella opera en relación al principio de culpabilidad. una diferente modalidad de ejecución penitenciaria? En este sentido. Si toda presunción “iure et de iure” implica un desentendimiento respecto a la realidad del caso que la vuelve una ficción arbitraria.
Fallos: 316:1190. considerando 6º. Fallos: 284:355)”43. 209:317. 276:102 y 301:618). pues tal criterio comporta una interpretación de la presunción legal que es incompatible con la del principio según el cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable. del 20/11/2001. Como señala Guillermo Yacobucci al tratar el tema y exponer la doctrina de la CSJN al respecto: “Queda claro en esos razonamientos que no es posible suponer la culpabilidad de las personas –cuestión asumida por el principio de inocencia. considerando 7º.687. 266:44..292:17. mutatis mutandi. P.489. 45 Abbott Laboratories Argentina Sociedad Anónima s/Infracción ley 16.XXXIV.y que la sola comprobación objetiva de ciertos presupuestos legales no resulta suficiente para el reproche sancionador. 300:680 y 303:1579)”44. “… la existencia de presunciones legales de culpabilidad que no admiten prueba en contrario implica desconocer la preciosa garantía fundamental según la cual la culpa bilidad del agente es presupuesto de su responsabilidad penal (Fallos: 271:297. 301:618. es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” 45. 254:301. y ha señalado que no basta con la introducción de cualquier incertidumbre sobre la culpabilidad o buena fe del imputado. resuelta el 14 de febrero de 1989) y en tanto se acuerde a los procesados oportunidad de defensa y prueba de descargo (Fallos: 251:219. ya que haría ilusoria toda posibilidad de defensa o descargo (confr. . 302:1123 y 303:267 entre muchos)… una aplicación automática de la pena en tales supuestos resultaría frustratoria de la garantía constitucional de la defensa en juicio. s/querella c/Faerman. Neli Adela. Fallos: 313:235. 255:112. responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable. resulta insostenible el agravio del recurrente en cuanto califica de “objetiva” a la responsabilidad del director técnico en la infracción constatada.463. . Que. causa A. del 13/03/1990. “Cosecha Cooperativa de Seguros Limitada c/Provincia de Buenos Aires”. 44 Sandys Confezioni … cit. por ende. del 08/06/1993. “… esta Corte ha admitido la validez de las presunciones legales sobre la existencia de un delito en tanto las circunstancias fácticas contempladas por la ley la sustenten razonablemente (Fallos: 254:301. “Que en cuestiones de índole sancionatoria. Marcos. sino que en esos casos la prueba debe ser eficiente y no debe arrojar ninguna duda de que con ella ha procedido aquél (Fallos: 254:301. 274:487. 274:487. y pasible. esta Corte tiene consagrado el criterio de la personalidad de la pena que. 293:101. considerando 7º. en tales condiciones. . A. 255:112 y 305:1299 y causa C. 296:608. 257:28. es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297)”42. de sanción… Ello es así.
. en su esencia. considerando 4º. Sandys Confezioni.XXI.
Buombicci. S.. 289:336. 272:30. 282:193.
47 Normativamente captado por el art. G.La real comprobación jurisdiccional de la culpabilidad posee. y sin embargo ello no basta para formularle reproche penal alguno. constituye una inferencia que viola el ámbito interno del sujeto garantizado por el principio de reserva 47. Erbetta en “H. 19 in fine CN. Aquí también es aplicable lo que afirmamos al hablar de la necesidad de que la declaración de reincidencia sea precedida de su oportuna introducción. Este principio ha sido claramente expuesto por la propia CSJN en “Itzcovich. una referencia clara a la acusación y la defensa. Fallos: 328:566. 48 Pronunciamiento dictado el 29/03/2005. pues. y que evidenciarían una mayor culpabilidad. y son aplicables las referencias normativas a las que allí aludimos. contradicción y decisión. y sólo entonces es que deberá invocarse y acreditarse la particular configuración del vínculo subjetivo entre el individuo y su actuar. desde una perspectiva más amplia que la únicamente referida a una inadmisible presunción de culpabilidad.
. y solo tras ello la determinación de que el hecho es atribuible al sujeto”46. G. en cuanto a si es posible integrar la consciencia de la antijuridicidad del segundo delito con el encierro cumplido por el primero. debe señalarse que la alusión a argumentos tales como la “insensibilidad” y el “desprecio” que se pondrían de manifiesto por la comisión del nuevo delito. 2002. Aún más. 318 y s. Mabel c/Anses s/reajustes varios” 48: . Buenos Aires. sin que pueda presumirse ni su existencia ni su graduación en función de meras disposiciones internas del ánimo. debe enfatizarse que en ninguna manifestación de lo jurídico tiene cabida una aplicación automática de cualquier regulación que se desentienda de las características del caso concreto. Por añadidura.”. propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los
El sentido de los principios penales. lo que iría en desmedro del propósito de “afianzar la justicia”. enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional. De manera que lo relevante es el obrar humano que se traduce en una modificación del mundo.. p. “Que el Tribunal ve comprometida su misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales lo que lo lleva a ponderar cuidadosamente las circunstancias evitando que por aplicación mecánica e indiscriminada de la norma se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto. Alguien que no cometa delito alguno puede exhibir la mayor insensibilidad y el más absoluto desprecio por la pena. Con esto se encuentra directamente relacionado el interrogante que se formula el Dr. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Su naturaleza y funciones en la argumentación penal.
importa una modalidad de ejecución más gravosa que si no se produjese aquella. ello por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 249:37.660. Ello constituye una diferencia notoria en los hechos. mientras accederá a la libertad asistida a los 3 años y 6 meses (87. mientras accederá a la libertad asistida a los 11 años y 6 meses (95. Una diferencia de 18 meses. ha dicho esta Corte.6.conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.25% más de tiempo de encierro.El agravamiento en la ejecución de la pena La denegación de la libertad condicional al declarado reincidente. . pudiendo destacar en este sentido el ya citado “Amicus curiae” de la Asociación Pensamiento Penal. no se agota con la remisión a la letra de la ley.83% de la
Considerando 8º. La misión judicial. Un condenado a 12 años de prisión puede obtener la libertad condicional a los 8 años. en la realidad.65% de la condena). no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma. Algunos ejemplos darán una cabal medida de las diferencias existentes. no se produce un agravamiento en el cumplimiento de la pena porque al sujeto le queda la posibilidad de acceder. a lo que aludiéramos en el Punto VI. Una diferencia de 10 meses. VI. oportunamente.
. aspecto que no ha recibido mayor consideración al tratar el tema. Pero. desde que acarrea un mayor tiempo de encierro efectivo. en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia. que representa un 37. . mientras que la libertad asistida permite el egreso del penado seis meses antes del agotamiento de la pena. además.5. La libertad condicional procede cumplidas dos terceras partes de la condena (lo cual representa un 66% de la misma). Un condenado a 4 años de prisión puede obtener la libertad condicional a los 2 años y 8 meses. a la libertad asistida que prevé el art. que representa un 31. no es cierto el argumento que efectúan las posturas legitimantes en cuanto a que negada la libertad condicional al reincidente. 54 de la ley 24. toda vez que los jueces. Recordamos lo dicho por la propia CSJN en “Germano”. 302:1284)”49. mientras accederá a la libertad asistida a los 5 años y 6 meses (91. o algunos fallos del Juez de Ejecución Penal de General Roca.50% de la condena). Un condenado a 6 años de prisión puede obtener la libertad condicional a los 4 años.50% más de tiempo en prisión. entre uno y otro instituto: . provincia de Río Negro.
Editorial Herder. Barcelona.
. Media una diferencia de 7 años y 10 meses. cuya función esencial se manifiesta a través del dictado de normas de carácter general dirigidas a lo futuro. conlleva la particularidad de que. en gran medida. Como se ve. Ed. implica que somos seres no inmovilizados en el tiempo. trad. establece una prohibición como la del art. sino que estamos siendo. ni quienes seremos en el futuro. 1991. Víctor. pero no nos determina de manera automática ni invariable. que representa un 47% más de tiempo de encierro. De allí que uno de los desafíos de la coexistencia radique en asegurar unas condiciones mínimas de existencia que vuelvan efectiva. Diorki.7. que condena a importantes sectores de la población a la marginalidad. sumada a la incertidumbre respecto a en qué momento ello habrá de ocurrir. No somos ya quienes fuimos. se vuelve aplicable todo lo que ya señalamos al respecto en los Puntos precedentes (vg. la imagen del ser humano que fundamenta el sistema. VI. La certidumbre de que hemos de morir. y es un factor que no debe ser desatendido cuando de establecer el real grado de autodeterminación que posee un sujeto se trata. la realidad de la pena de prisión. Y si se pretende que esa mayor rigurosidad sólo deriva de la propia conducta del sujeto. esa posibilidad será de mayor o menor amplitud no sólo en función de decisiones personales. mientras accederá a la libertad asistida a los 24 años y 6 meses (98% de la pena total). esa posibilidad de realizar cambios en nuestras vidas. conspira contra ello. Nuestro pasado nos condiciona. Un condenado a 25 años de prisión puede obtener la libertad condicional a los 16 años y 8 meses. que representa un 43. Pero más allá de ello. Cuando el legislador. para todos. 12ª. continuamente tengamos la posibilidad de asignar distintos sentidos a nuestras vidas 50. la arbitrariedad de construir una ficticia presunción “iure et de iure”. sino también del hecho de formar parte de grupos sociales que generan una inevitable interdependencia. aquella posibilidad. las diferencias entre una y otra modalidad de ejecución son notorias. lo cual desmiente que sea indistinto acceder a una de ellas o tener que aguardar a la otra.. De modo obvio. etc.).El triunfo del pasado sobre el presente para diseñar el futuro Los seres humanos tenemos la característica de ser en el marco de una temporalidad.
Puede verse al respecto FRANKL. Se trata de una característica de nuestra realidad.condena). El hombre en busca de sentido. con una diferencia de 3 años y 6 meses. necesidad de contradicción previa a la declaración de reincidencia. La exclusión. . España.75% más de tiempo de encierro.
14 CP. Derecho penal… cit. 1980. sino con el devenir de la vida humana.. Eugenio . como ya señalamos. ZAFFARONI. no es razonable pretender realizar un ejercicio de ese tipo escogiendo el peor sentido posible para el individuo. 1º (ambos parte de nuestro bloque de constitucionalidad. 22 CN) se expresan en similares términos al reconocer esta realidad52: . hacerlo en buena medida puede ser equiparable a la “profecía autorrealizada” de la que hablara Robert Merton 51: si a alguien se le dice que su futuro va a ser la prisión durante cierto tiempo. México. porque desconocemos de cuánto futuro disponemos. la condena que recibe ahora deberá ser cumplida en prisión en su totalidad. y que nada de lo que haga durante ese tiempo podrá modificar que así sea. sino que por ello mismo afecta la dignidad humana por desentenderse de una de las cualidades esenciales de su existencia. Alejandro SLOKAR. esp. de este modo. ni las que señalamos ya aquí. 139 y ss. Y es evidente que. No obstante ello. Alejandro. y 672 y ss. altera la línea de la temporalidad. págs.DADDH: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. como la DUDH en su art.ALAGIA. art. deben conducirse fraternalmente los unos con los otros” (1er.660 y los instrumentos internacionales de derechos humanos. y porque somos seres que producimos y experimentamos cambios. La fórmula del art. Por otra parte. una prospectiva. pese al encierro. 75 inc. mal puede pretenderse que en modo alguno se cumpla con la finalidad pretendida para la pena privativa de libertad por la ley 24. o como mínimo hasta que se le otorgue la libertad asistida”. el sujeto puede estar realizando durante el cumplimiento de su pena actual). y que sella su futuro (consagrada su no liberación hasta el total o casi total agotamiento de la condena). Esto no tiene que ver con el “non bis in idem”. párrafo)
Teoría y estructura sociales. que no puede ser revertida por el presente (los efectivos progresos que.
. Fondo de Cultura Económica. Pues establece una suerte de “cláusula pétrea” anclada en el pasado (la declaración de reincidencia). Si siempre es difícil efectuar una prognosis. dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. además de cerrarse a las características que pueda presentar cada caso concreto. Supongamos que ello no implique ninguna de las violaciones constitucionales que tradicionalmente se le imputan. pues tanto la DADDH en su Preámbulo. constituye una negación de la realidad de la temporalidad humana que no sólo se cierra a la consideración de esa realidad. Puede verse. 14 CP puede ser individualizada del siguiente modo: “Porque usted ha sido declarado reincidente. se le está negando todo aliciente a darle algún sentido positivo a su encierro. en una línea similar a la que exponemos. Lo que sostenemos encuentra respaldo normativo en nuestro sistema.
para lo cual podemos comenzar observando diversas disposiciones de la ley 24. puede plantearse el interrogante acerca de si no desplaza a aquél en la regulación de la materia.Una mirada exclusivamente normativa Supongamos ahora que no hemos dicho nada de lo hasta aquí afirmado. tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social. Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. Art. VI. se configuran serias tensiones entre la previsión del art. Art.a.8. y que se ocupa de manera específica de la ejecución penitenciaria. la disciplina y el trabajo. Entendemos que. 5: “El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales. 3: “La ejecución de la pena privativa de libertad. En este orden de ideas. dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria”. la ley 24. veamos qué tanta compatibilidad existe entre uno y otro instrumento.660 y el bloque de constitucionalidad. también desde esta perspectiva.8. los tratados internacionales
. 1: “La ejecución de la pena privativa de libertad.660 es una ley posterior al Código Penal. de acuerdo con las circunstancias de cada caso. en todas sus modalidades. Art. En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales.DUDH: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. VI. 14 CP y la disposiciones de la ley 24. El régimen penitenciario deberá utilizar. . intereses y necesidades para el momento del egreso.El régimen de la ley 24. por lo que a nivel infraconstitucional. deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.660: .. estará sometida al permanente control judicial. todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada”. en todas sus modalidades.660 En un primer sentido. promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. dotados como están de razón y conciencia. y pretendemos abordar la cuestión desde un aspecto exclusivamente normativo. .
devianza e marginalitá. b) Período de tratamiento.htm (04/04/2012)
. Art. se caracterizará por su progresividad y constará de: a) Período de observación. http://www. inevitablemente. ideología. hubiera importado incidir sobre las actitudes internas y escala de valores del condenado” 53. de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante la resolución fundada de la autoridad competente”. condición social o cualquier otra circunstancia. lo que. en el sitio web L’altro diritto – Centro di documentazione su carcere. Art. . cualquiera fuere la pena impuesta. Cesano. . Art. 6: “El régimen penitenciario se basará en la progresividad. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado”. Para dicho cometido. la internalización de los mandatos legales. del sujeto. 7). el respeto de la legalidad… postula el logro de su cometido a través de un proceso que sólo exige entender el mensaje contenido en la ley (esto es: la expectativa de conducta legalmente determinada) y comportarse en consecuencia. d) Período de libertad condicional”.
Panorama normativo del Derecho Penitenciario Argentino.altrodiritto.it/ricerche/latina/cesano. 8: “Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza. . “persigue conseguir. Art. . a tal grado que esa atención a la individualidad del sujeto es la única que puede justificar diferencias en la ejecución (art. Reinserción con carácter mínimo. establece un sistema que: . c) Período de prueba.ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”. sexo. idioma. Del conjunto de estas disposiciones surge que la ley de ejecución penitenciaria establece a la reinserción social del sujeto como finalidad de la pena privativa de libertad. religión. pues como sostiene José D. 8) e incluso dar lugar a un avance excepcional a cualquier fase ejecutiva (art.unifi. 12: “El régimen penitenciario aplicable al condenado. 7: “El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales. procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina”. 5).Es programado e individualizado (art. sin requerir en modo alguno.
56 bis (homicidio criminis causa. 42 y concs. designados por la autoridad administrativa. si el tratamiento de los internos se ajusta a las normas contenidas en la presente ley y en los reglamentos que en su consecuencia se dicten. Esta incompatibilidad no es sorprendente. pueden tener acceso a: .948.) . En el caso de revocación de la condenación condicional del art. 55 Excepto aquellos condenados por ciertos delitos que enumera el art. 27 bis CP. introducido por la ley 25. Prisión discontinua (arts. 36 y concs. Salidas transitorias (arts. en todo caso. 6 y 12). homicidio cometido con motivo o en ocasión de robo y secuestro extorsivo agravado por muerte intencional de la víctima). Sin perjuicio de ello. 39 y concs. a períodos regulares. pues el art. Incorporación al régimen de semilibertad (arts. privación ilegítima de la libertad agravada por muerte intencional de la víctima. puede llegar a
Lo cual representa un cambio significativo con relación al régimen penitenciario anterior.Es progresivo. . ni los avances logrados por el penado. y sin otro distingo que los que justifique el tratamiento individualizado.) .Está sujeto a control jurisdiccional permanente 54 (art. 1. El mismo garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales. sino de los progresos alcanzados por el penado. y previa resolución del juez de ejecución o juez competente. 3). abusos sexuales seguidos de muerte. y apunta ir reduciendo el nivel de encierro (arts. 14 CP. cualquiera sea la pena impuesta (arts. Semidetención (arts. dividido en etapas sucesivas por las que se va transitando no en función del mero transcurso del tiempo. Lo sorprendente.) . 23 y concs. Prisión nocturna (arts.
. 3. que también excluía a los reincidentes de la posibilidad de acceder a la libertad condicional). 121 del decreto-ley 412/1958 disponía: “La autoridad judicial que corresponda verificará directamente. es la pretensión de seguir manteniendo vigente una institución que va a contramano de la arquitectura del sistema. 26 CP por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el art. todos los penados55. 5. expresamente excluidos por dicho precepto de estas posibilidades. 8 y 12.Rige para todos los condenados. si tomamos en consideración que la ley 24. de acuerdo a la fase ejecutiva en que se encuentren. inspectores penitenciarios calificados. Estas características son difícilmente conciliables con la prohibición fija y general que estipula el art. . Prisión diurna (art. que no considera ni las particularidades del caso concreto. 15 inc. los tratados internacionales y los derechos de los penados no afectados por la condena o por la ley. 2 y concs. 41) . realizarán verificaciones periódicas del mismo carácter”.660 diseña un sistema de ejecución de la pena privativa de libertad inspirado en principios diferentes a los que se sostenían en la materia para la época de la sanción del Código Penal (o del Proyecto de 1906.. Por otra parte.) .) .
de acuerdo al texto de la ley. en cuanto a requisitos. a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional”. Editorial Hammurabi. es obvio que esta disposición ha perdido vigencia. 13 CP) 60 .
. Recordemos brevemente estos requisitos: . Como también que. 13 CP establece que debe cumplir el sujeto “hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez años más en las perpetuas. cit. a la que debe agregarse la libertad condicional. op. 1997. 174 y s. págs. Sobre todo si se tiene en cuenta que la libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena. Debe señalarse que ésta es para todos los penados. 28 de la ley dispone: “El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal. 35 inc. 61 CHIARA DÍAZ.) . no sólo para los reincidentes56. 54).Que se trate de pena privativa de libertad impuesta de modo efectivo por condena firme y principal (art.. 13 CP) 59 . cit. 60 CHIARA DÍAZ. p. Carlos A. cit. págs. sólo se hallan excluidos de ella los condenados con la accesoria del art. 52 CP.. Con lo cual la ley se remite. 56 bis.. Carlos A. el art. 50 y concs. p. 177 y ss.sustituirse la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo para la comunidad (arts. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta. 14 CP) 62
Como algunos fallos sostienen. Que todos los penados57 puedan acceder a esta amplia gama de posibilidades. a los que fije el Código Penal. Con directa referencia a la libertad condicional. y no una modificación o suspensión de la misma. 13 CP) 61 . comentario a los arts. David BAIGÚN – Eugenio ZAFFARONI (Dirección).Un cierto tiempo mínimo de cumplimiento de la condena (art. Con la excepción señalada de los supuestos mencionados por el art.Observancia regular de los reglamentos carcelarios (art. en nota anterior. 187. 13 CP) 58 . como surge claramente de las condiciones que el art. en Código Penal y normas complementarias. concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena”.. op. op. y que los reincidentes se encuentren privados de esta última.. 13 a 17 CP. previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Análisis doctrinal y jurisprudencial. c..Informe previo de la dirección del establecimiento carcelario (art. en virtud de la descalificación constitucional de esta accesoria por la CSJN en la causa “Gramajo”. Carlos A.Que no medie declaración de reincidencia (art. 175 y ss. Carlos A. resulta de difícil explicación. Buenos Aires. 58 CHIARA DÍAZ. Libertad asistida (art. 59 CHIARA DÍAZ.
que establece el “Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución”. Existe un elemento más a considerar.087). Al respecto.. Párrafo CP y 56 bis ley 24. Reformas penales actualizadas (Hasta la ley 26. jamás podría hacerlo de modo general. y se trata de que el Decreto 396/99 66. edición del 05/05/1999. págs. de la ley 24. 3. Una interpretación sistemática vuelve más que dudosa la razonabilidad de este supuesto tan excepcional y discordante con el resto del régimen 64. Al respecto. Párrafo CP (que son los mismos del art. con la extraña excepción del instituto de la libertad condicional que estaría vedado para los sujetos declarados reincidentes. Buenos Aires. Carlos A. pues ambos textos fueron introducidos por la misma ley de reforma) Dicho esto más allá de las discusiones existentes respecto a la validez constitucional de los tres últimos requisitos. en su art. que introducidos en el año 2004. 180 y ss. 67 Boletín Oficial… cit. 5 de la ley 24. p.
CHIARA DÍAZ.. 14. p. 180. Edgardo (Director) y otros. orientado al futuro. 2do. págs. Rubinzal-Culzoni Editores. 2007. Buenos Aires. señala Rubén Alderete Lobo: “si la ley realmente quisiera ‘ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario’ de aquellas personas declaradas reincidentes. 1 y ss.660. 64 Sin mencionar los supuestos de los arts.. encaminado hacia el egreso de prisión.660. atento a las circunstancias individuales. el interno no se encontrare en condiciones de obtener la libertad condicional por estar comprendido en los artículos 14 ó 17 del Código Penal o no hubiese cumplido el tiempo mínimo de los artículos 13 ó 53 del Código Penal. mucho menos privando a aquellos de un instituto que constituye una herramienta de ‘reinserción social’… es decir. 56 bis de la ley 24. 186 y s.
. 65 La libertad condicional en el Código Penal argentino. 2006. cit. 14 2do. puede verse con provecho DONNA. 66 Boletín Oficial de la República Argentina.660 y del bloque de constitucionalidad. el Director del establecimiento remitirá la solicitud a consideración del Juez de Ejecución y se procederá conforme a las instrucciones que éste imparta.. 17 CP) 63 . De este modo. pareciera que la cuestión se zanja a favor del establecimiento de un sistema progresivo e individualizado.. págs. CHIARA DÍAZ. op. 47 67 dispone: “Cuando de acuerdo a la documentación existente en el establecimiento.Que no se trate de condenados por los delitos mencionados en el art.Que no le haya sido revocada la libertad condicional (art. forman parte de una reforma que ella misma reviste esas características de “excepcional” y “discordante”. Carlos A. op. cit... la afirmación sería cierta si la ley mandara expresamente considerar la condición de reincidente del penado a los efectos del cumplimiento del principio de individualización del tratamiento penitenciario (art. pues violenta la sistemática del Código Penal.660)…”65. Editorial Lexis Nexis.
en concreto. y ello permite afirmar que no obstante la terminante prohibición del art. 14 CP no da lugar a dos interpretaciones posibles. 69 Boletín Oficial… cit. sino que éste puede considerarla atendible. se procederá de acuerdo con los artículos 41 a 43” 68.660. Esto corrobora que el espíritu que fundamenta al sistema es la consideración de la realidad del caso concreto. por tratarse de una ley posterior especial que vence a la previsión anterior de tipo general70. Si esta misma disposición estuviese inserta en el texto de la ley 24. permitiendo optar por la que se concilie con el bloque de constitucionalidad. Esta disposición establece así que tanto cuando medie declaración de reincidencia. 1. etc. Como no ocurre así. Sin embargo. Otra sería nuestra opinión si la regulación de una ley específica desnaturalizara una garantía consagrada por el bloque constitucional. Y. a nuestro criterio presenta dos serios inconvenientes: a) El precepto del art.
. por la compatibilidad constitucional que luce la regulación específica. 70 Con la aclaración de que entendemos que esta sería la solución en éste caso. pues de no ser así esta disposición resultaría ociosa o. dictamen del Consejo Correccional acerca de la conveniencia social de su otorgamiento. como cuando haya habido revocación de la libertad condicional o incluso no se haya cumplido el tiempo mínimo señalado por el Código Penal. Es cierto que un decreto reglamentario no puede modificar al Código Penal.. sin embargo. 14 CP. la solicitud debe remitirse al juez correspondiente. debería ordenar la desestimación inmediata u otra solución equivalente para la solicitud. p. propuesta fundada del Servicio Criminológico sobre la evolución del tratamiento. el juez podría acudir a tales fundamentos para resolver la concesión o no de la libertad condicional con prescindencia de aquélla. cuyo párrafo 4º señala: “Que el proyecto contiene la flexibilidad necesaria para que la progresividad del régimen penitenciario se adecue a la evolución. no obstante. 41 a 43 se refieren a la conformación de un expediente con diversa información sobre el sujeto: conducta y concepto. quien tiene la última palabra al respecto. 14 CP.Si el juez considerase atendible lo peticionado y dispusiere el envío de los informes previstos. ninguna duda tendríamos respecto a la supresión lisa y llana de la condición negativa impuesta por el art. el decreto reglamentario aporta claridad en cuanto confirma los fundamentos en que se asienta el sistema de ejecución. de cada condenado respondiendo a una auténtica individualización que excluya toda posibilidad de otros condicionamientos predeterminados que no sean los legal y reglamentariamente establecidos” 69. no sólo se envía la misma al juez. Esto se ve corroborado por los considerandos del Decreto. si registra sanciones disciplinarias. Adoptar este temperamento. de existir.
Los arts. subsiste la tensión entre ambas normas.
a la luz de las cuales se resolverá cuáles de las disposiciones en pugna satisfacen el examen de su validez. Art. la finalidad de la pena es la que señalan los mencionados instrumentos internacionales y.660. con el límite máximo del tiempo fijado en la sentencia condenatoria 71. en consonancia con ellos. contenidas en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (art.8.b) Dicho precepto establece una regulación absolutamente incompatible con la que contiene la ley 24. lo estaría haciendo independientemente de la disposición del art.660. aún cuando no se logre dicha finalidad para entonces.
.660. la prohibición del art. 10 inc. Con lo cual se vuelve evidente que en la pugna de preceptos de nivel legal. y que el bloque de constitucionalidad al establecer una finalidad para la pena privativa de libertad no impone un determinado programa de ejecución de la misma. la ley 24. Erbetta logra señalar con
Con lo cual estamos diciendo que. con independencia de la modalidad con que ella se lleve a cabo. a nuestro criterio el Dr. En nuestro sistema. A ella debe ajustarse la ejecución penitenciaria. ellos no pueden ser sometidos a condiciones que violenten dicha finalidad. 6 CADH: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. así declararlo. VI. Para decidir con prescindencia de una norma expresa que no admite interpretación compatible. Esta es la diferencia que. y cuando ello ocurre. ése es el plazo máximo de ejecución de la pena. si bien el instituto de la libertad condicional es de carácter legal y no constitucional. Art. De lo cual también se desprende que. por lo que si bien el juez podría resolver el otorgamiento o no de la libertad condicional en función del sistema erigido por esta última. 75 inc. encontramos dos disposiciones de claridad meridiana. 3 párrafo 1º PIDCP: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.b. . 14 CP. 22 CN): . respecto a la regulación de la libertad condicional.El bloque de constitucionalidad En este nivel. y que en cambio recoge el sistema de la ley 24. 14 CP es contraria a la finalidad que de la pena privativa de libertad se consagra a nivel constitucional. 5 inc. la vía para resolver el conflicto es acudir a las normas y principios de mayor jerarquía del ordenamiento. en caso de que no supere dicho test. Creemos que este análisis nos demuestra que a nivel legal existen disposiciones claramente inconciliables. sino evaluar su constitucionalidad para. entendemos que el camino apropiado no es simplemente dejar de lado su aplicación. una vez establecidos éste programa y aquél instituto.
1 impone a los Estados una primera obligación que es “respetar los derechos y libertades”. una vez instalada. origen nacional o social. A. 2º . prescindirse de la libertad condicional. “Art. según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 (la cual también impone deberes a dos niveles: a) suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación
En sus votos ya mencionados supra en “H. en el ámbito del art. M. G.. opiniones políticas o de cualquier otra índole. color. nacimiento o cualquier otra condición social”.” y “Vega”. la CADH impone: “Art. los Estados Partes se comprometen a adoptar.660). Lo cual. y una segunda consistente en “garantizar su libre y pleno ejercicio”. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención. G. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Puede. sexo. H. los tratados internacionales y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley (art.Deber de adoptar disposiciones de derecho interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art.profundo acierto72. tal vez. implicaría un avasallamiento del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo. Esta tarea se halla directamente enfocada a las circunstancias particulares del caso concreto de cada individuo.. y resultaría inconstitucional por violatorio de la separación de poderes consagrada por nuestra Constitución Nacional. garantizando el cumplimiento de las normas constitucionales.
. Pretender que una disposición normativa de carácter general como la que contiene el art. 3 de la ley 24. “R. lo que comprende la función de proseguir el proceso de individualización de la sanción penal iniciado de manera abstracta por las escalas penales establecidas por el legislador. 1º . Por otra parte. se la condicione de modo inconstitucional.. religión. ambas mucho más inmediatas que la señalada por el art. 1º no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. “S. posición económica.Obligación de respetar los derechos 1. sin discriminación alguna por motivos de raza. 1. y continuado ya de manera concreta al momento de la sentencia condenatoria. idioma.”. A. debemos recordar la tarea jurisdiccional de controlar la ejecución de la pena privativa de libertad. 14 CP impida dicha labor. pero no es admisible que.”. las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. Por añadidura a cuanto hemos señalado.
relativa a las excepciones al agotamiento de los recursos internos). párrafo. con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Caso Velásquez Rodríguez vs. Serie C No. 2º PIDCP dispone: “1. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto. Serie C No. el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1. las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizadas por disposiciones legislativas o de otro carácter”. Honduras. Opinión Consultiva 11/90 del 10/08/1990 (solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 5.a las garantías previstas en la convención. manifestando: . lo cual comprende el ejercicio del “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas aplicables in concreto y los tratados internacionales enunciados en el art. Chile. y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. expresa sin dejar lugar a dudas: “La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. origen nacional o social. párrafos 23 y 34. considerando 17. 74 La Corte Interamericana de Derechos Humanos. En términos coincidentes. Sin embargo. cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana. color. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado. 75. esp. según el artículo 1. en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.. párrafos 165 y ss. 2. Maqueda y Zaffaroni en la causa “Itzcovich” mencionada supra..
. recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto. Fallos: 318:514. En esta línea se ha expedido claramente la CSJN. En el mismo sentido. 530. el art. Sentencia de 29/07/88. inciso 22. Serie C No. religión. Honduras. opinión política o de otra índole. sexo. Caso Godínez Cruz vs. de la
Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. consecuentemente. 154. nacimiento o cualquier otra condición social. Cada Estado Parte se compromete a adoptar. 4. idioma. en el Caso Almonacid Arellano y otros vs. sin distinción alguna de raza. ver el voto conjunto de los Dres.1 de la misma y. b) expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de tales garantías) 7374. Sentencia de 20/01/89. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.1 de la Convención Americana” (párrafo 123). debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. párrafos 175 y ss. 2do. posición económica. “… es doctrina de esta Corte que “garantizar“ los derechos humanos implica para el Estado el deber “de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar” de aquéllos (“Giroldi y otro”.
. por ello. creemos que no sólo es razonable. considerando 21. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos 76’. del 02/12/2008.3 al referirnos a dichos precedentes. 14 CP. 77 Mazzeo. del 13/07/2007. con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” 75. contradice lo afirmado en el bloque de constitucionalidad. la Corte Interamericana ha señalado que ‘es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. entendemos que no basta con dar por cerrada la discusión en función de los precedentes mencionados de la CSJN. 14 CP. caso ‘Almonacid’. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. considerando 7º. 76 Si bien en el caso se alude a una disposición legislativa que establece una amnistía general a responsables de delitos que revisten el carácter de ser de lesa humanidad. y desde la consideración de ese solo nivel. que debe practicarse en todos los casos. también están sometidos a ella. 3297.XLIV. por su parte. de inferior jerarquía. VI. como parte del aparato del Estado. “Que. Fallos: 330:3248. continuar planteando la inconstitucionalidad de la prohibición contenida en el art. ello es suficiente para descalificarla. Laura Cristina s/causa Nº 7537. su consideración detallada nos suscita la convicción de hallarnos ante la combinación de argumentos contradictorios aún al propio interior de la postura legitimante que se pretende
García Méndez.9. ello no influye en cuanto al control de convencionalidad que se menciona.El replanteo de la cuestión En virtud de cuanto hemos expuesto. intérprete última de la Convención Americana (CID Serie C Nº 154. 3er. 124)” 77. del 26 de septiembre de 2006. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. En conclusión. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. a nivel normativo la disposición del art. sus jueces. con independencia a cuanto hemos dicho respecto a la realidad de la imposición y de la ejecución de la pena privativa de libertad. En otras palabras. . En esta tarea. párrafo.Constitución Nacional (“Mazzeo”. y por ello se habla de que carece de efectos jurídicos “desde un inicio”. por diversas razones: a) Como manifestamos en el Punto VI. Al respecto. Fallos: 330:3248. sino también imprescindible. causa G. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.147. Julio Lilo y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad. el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Emilio y Musa. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. parágrafo.
sea aplicable al supuesto de la prohibición que contiene el art. 14 CP de acceder a la libertad condicional.
. b) Si bien la CSJN tiende a referirse a alguna especie de “deber” de conformarse a sus decisiones.sostener con ellos. pues como bien destaca Alberto F. se trata de una tendencia y no de un criterio uniforme y sostenido. o son una mala repetición de esta. “L’Eveque”). por más que en casi todas las oportunidades se cite una fórmula que ya casi ha devenido en cliché. Por otra parte. y en otra lo central es el quantum de una pena única (“Gago”). en otras se encara la cuestión del “non bis in idem” (“Valdez”. aunque se lea en su totalidad el texto de un fallo (o incluso varios de ellos). Garay: “El criterio que ha privado hasta la fecha ha sido uno laxo y errático. A veces la Corte ha admitido explícitamente la obligatoriedad. tanto por parte de los tribunales inferiores como de ella misma. a su vez. coincidimos con lo que hace nueve décadas manifestaran Tomás Jofré y Leónidas Anastasi: “Hay que desterrar la costumbre de que las citas se hagan exclusivamente por los sumarios. “Gelabert”). porque muchos de los resúmenes que figuran en los repertorios de uso corriente. jamás el sumario puede expresar la totalidad del pensamiento contenido en la sentencia. Que en todos los casos se encuentre involucrado un sujeto reincidente no es razón suficiente para extraer de ellos una pauta única que. Es difícil sostener que. cuando la lectura de cada decisorio en forma íntegra arroja que ello no es así. y se procede a su reiteración sin cuestionamientos. Entendemos que el mismo efecto se produce cuando. Creemos necesario remarcar este aspecto. 5-10. se exponen a frecuentes tropiezos” 78. sin la compulsa del texto del fallo o de la nota crítica que se encuentra al pie del mismo. en otra el thema decidendum pasa por el tiempo de encierro en prisión preventiva (“Mannini”). pues socava la coherencia de un único hilo conductor que enlazaría una variedad de temas a decidir por el Tribunal. Al respecto. dicen más de lo que pretende la sentencia. cuando en realidad en ocasiones el holding de la sentencia es la proporción del tiempo de cumplimiento de la pena (“Gómez Dávalos”. en otras oportunidades ha dicho que sus fallos deciden únicamente el caso concreto sometido a su conocimiento y no obligan sino en él. otras veces y refiriéndose al acatamiento de su
Revista jurídica Jurisprudencia Argentina. en todas ellas ese cliché constituya la centralidad de la cuestión. se pretende sintetizarlo en una sola frase. Por otra parte. ante todo es preciso señalar que no existe obligación constitucional ni infraconstitucional en tal sentido. y los que sólo a él se atienen. Más aún.
párrafo. infractores ley 20.jurisprudencia por parte de los demás tribunales. 19/10/95. Nº 1-2. 04/07/1985. considerando 2º y sus citas. Gustavo s/acción de amparo. Horacio y Herrera.ss. Balbuena. Infracción a la ley 20. –incidente. “un criterio jurisprudencial sólo puede reiterarse en la medida en que se presenten circunstancias fácticas equivalentes y un análogo marco jurídico”85. considerando 6º. 2do. Fallos: 312:2008. entre otros)” 83. causa A. p. último párrafo. Esto ha sido afirmado de manera reiterada por la CSJN. Buenos Aires. Fiscal c/Fernández. Plan Rombo s/denuncia de Silveira. 23/05/2006.c/Dirección General Impositiva. b) Según esta segunda pauta. Elisa. Martín H.XXXV. 13/03/2007. Fallos: 303:1769.476. Rolón Zappa. 17/11/81. año 2. en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. 25/08/88. Juan José. considerando 5º. 84 Cáseres. 12/08/97. voto de la mayoría. Julio Gabriel s/homicidio culposo.
El precedente judicial en la Corte Suprema.
. la CSJN también ha sentado dos pautas que tienen directa incidencia en el aspecto que consideramos ahora: a) De acuerdo a una de ellas. 81 Pulcini. ha sostenido que los jueces tienen la obligación moral de conformar sus decisiones a la jurisprudencia del alto tribunal” 79. s/tenencia de arma de guerra. etc. Fallos: 320:1660.aa. 83 Lloyds Bank (BLSA) Limited c/Okecki. Aldo Darío p. 7º. Carranza Latrubesse.aa. Carlos. Así.XXII “Suárez Pravaz.XXXV. Fallos 318:2060). Fallos: 323:1669. tiene estrecha relación con la siguiente pauta. considerando 5º. al fortalecimiento de “la seguridad jurídica” evitando “situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales” 82. “carecen de fundamento las sentencias de los tribunales que se apartan de los precedentes de la Corte sin proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por el tribunal (Fallos: 307:1094. Víctor Francisco s/Queja. 03/11/48. A la vez. Fallos: 212:251. Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo. pudiendo mencionarse a título de ejemplo: “…esta Corte ha reconocido que los jueces pueden apartarse de sus pronunciamientos cuando introducen nuevos argumentos no considerados en la decisión de este Tribunal (doctrina de Fallos: 307:1094. Luis Benjamín y Oscar Alberto Dobla p. 311:1644 y S. es innegable que sí tiene fundamento apartarse de él cuando se brindan nuevos argumentos.771. etc. Pedro Ricardo s/homicidio culposo. 311:1644. aún si se concibe al seguimiento del precedente como un deber. El destacado es nuestro. consid. 85 Durante. como fundamento de aquél deber se ha aludido a su “carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia” 80. 26/10/89. 80 Autolatina Argentina S. último párrafo).771”. Eugenio s/sucesión testamentaria. 21/06/2000. a su vez. Con lo cual. Fallos: 311:1644.A. 17/02/2004. abril de 1997. Alejandra.754. Fallos: 307:1094. Maldonado. 27/02/2001. etc. al “reconocimiento de la autoridad que la inviste” 81.ss. En idéntico sentido. causa M. 51. 82 Mostaccio. del 15 de agosto de 1989”84. considerando 6º. Lo cual. García Rams. 25/09/97. César Aníbal s/extorsión.528.
la doctrina y los comportamientos de los actores políticos” 87. edición del 18/06/2008. que Paolo COMANDUCCI describe en estos términos: “Se trata de un proceso al término del cual el derecho es “impregnado”. 88 Formas … cit. entendemos que se han producido modificaciones tan profundas en el panorama jurídico. sino de “identidad”. garantía jurisdiccional de la Constitución. págs. Sin entrar en esas
distinciones. “saturado” o “embebido” por la Constitución: un derecho constitucionalizado se caracteriza por una Constitución invasiva. págs. Víctor. a saber: existencia de una Constitución rígida. 89. Señalemos algunos aspectos que corroboran esta afirmación: b. no revisten ni pueden revestir la calidad de tales. término que es multívoco y puede ser enfocado desde distintas perspectivas 90. fuerza vinculante de la Constitución (conjunto de normas “preceptivas” y no “programáticas”). que incorpora los derechos fundamentales. ¿Es el Derecho un juego de los jueces?.
. en La Ley. Mario E.. se asiste a lo que se ha dado en llamar la constitucionalización del orden jurídico. al menos de “similitud” que. se habla de “neoconstitucionalismo” 89. 1 y ss. 775 y ss. Nº 16. p. en Isonomía. que condiciona la legislación. aplicación directa de las normas constitucionales. sino que engloba a numerosos autores con variados enfoques. “sobreinterpretación” de la Constitución (se la interpreta extensivamente y de ella se deducen principios implícitos). Relacionado con este desarrollo. 775/776. México. Neoconstitucionalismo e inconstitucionalidad por omisión. págs. p. puede respaldar a un precedente. Por otra parte. abril 2002. no se trata de un cuerpo homogéneo de doctrina. 89 La literatura sobre el mismo es vastísima. sugerimos la lectura de CHAUMET.. El sistema jurídico ha cambiado a tal grado que es innegable que el mundo del que se da cuenta en aquellos decisorios es uno que ya no existe. que los fallos de la CSJN que suelen mencionarse como “precedentes”. esp.En este sentido. 2005-F. en todo caso. Andrea A. Luego.. por lo que mal puede subsistir el fundamento.. digamos que aquí lo emplearemos en el particular sentido de aludir a la
Y en el marco de la crisis que para las concepciones positivistas del Derecho ella representó. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. 96. Con carácter orientativo. y bibliografía allí mencionada. Instituto Tecnológico Autónomo de México. – MEROI. con cita de Riccardo GUASTINI. la jurisprudencia. menciona las condiciones de constitucionalización. 90 Ver una interesante síntesis al respecto en BAZÁN. Formas de (Neo)Constitucionalismo: Un análisis metateórico. en revista La Ley. interpretación adecuadora de las leyes 88.1) La constitucionalización del orden jurídico De modo particularmente intenso a partir de la finalización de la segunda guerra mundial86.
71. CHAUMET. V. 75 inc.
. V. etc. CHAUMET. 21). Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Así la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos
Caracterizado por la idea de Constitución como “límite negativo” al poder (estableciendo lo que no se puede hacer. y ‘Montalvo’ de 1990. OUVIÑA. p.. la CSJN. La ley del más débil. ordenar. Derechos y garantías. Mario E. desplazamiento del “centro de gravedad” que de las reglas pasa a los principios. Como sostiene Gustavo VITALE. en Teorías actuales en el Derecho Penal – 75º aniversario del Código Penal. trad.2) La reforma constitucional de 1994 La reforma constitucional argentina de 1994. 1998. “resulta francamente problemático hablar de un Derecho Penal propio de un Estado Constitucional de Derecho desde un sector del planeta en el cual. Ad-Hoc. ‘Bazterrica’ es un pronunciamiento del año 1986. 93 VITALE. el principio de legalidad como justificación exclusiva y suficiente. sino de una tarea a realizar. entre otros.. De manera reciente. b. En efecto. la concepción del orden jurídico como desarrollo positivo de los derechos fundamentales. ¿Es el Derecho… cit. Ed. empleo de la técnica de ponderación para determinar el peso relativo de un principio ante la concurrencia de otro principio en el caso concreto. sobre todo en lo concerniente a los derechos de índole económico-social” 93. p.. Trotta. Madrid. 4ta. no rige tal modelo de Estado. prohibir. en absoluto se trata de un paradigma ya consolidado. – MEROI. p.. en el caso “Arriola”. Andrea A. Estado Constitucional de Derecho y Derecho Penal. Guillermo y otros. enmarcó sin lugar a dudas a nuestro sistema en el contexto del fenómeno de la constitucionalización del orden jurídico que señaláramos precedentemente. y establecer que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes (art. FERRAJOLI. España.. 2. la legitimidad de los contenidos pasa por verificar si se respetan los límites que imponen las normas constitucionales. en los hechos. esp.transformación del paradigma de Estado constitucional clásico o legislativo 91. 22). es que el debate jurídico plasmado en ‘Bazterrica’ y ‘Montalvo’. que en esta visión pasa a ser concebido como un Estado constitucional y democrático de Derecho 92. Mario E. Gustavo L. – MEROI. al reconocer jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos. 22). Buenos Aires. Por tanto. rol protagónico del juez como control de la supremacía constitucional. Luigi. ¿Es el Derecho… cit. se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. p-2. castigar). se refirió al impacto que esto produjo en los siguientes términos: “Que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída. 2004. fijar las condiciones en las cuales otros tratados y convenciones sobre derechos humanos pueden acceder a tal jerarquía. inc. Andrea A. ed. 92 Cuyas notas salientes son que a la dimensión formal del principio de legalidad se suma la legitimidad sustancial del contenido (v. Cabe tener presente que una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 fue el de incorporar a los tratados internacionales sobre derechos humanos como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (artículo 75..
Mazzeo… cit. 30. allí se señaló expresamente que lo que se pretendía establecer “es una política constitucional. 96 Desde “Gómez Dávalos” hasta “L’Eveque”. se configuraron en el período 1986-198896. Sebastián y otros s/causa Nº 9080. causa A. Diario de Sesiones.. para que informe sobre el alcance de las normas consagradas en el Pacto.Sesión ordinaria del 2 de agosto de 1994 de la Convención Constituyente de 1994.humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones (considerandos 18 y 19 in re ‘Mazzeo’. los vinculados a la política criminal del Estado. Como hemos visto. pág. III.891. inc. Fallos: 330:3248). 14 CP. En efecto. entre ellos. 2861)” 95. Estamos en presencia de un sistema con una nueva arquitectura. los argumentos centrales de la posición de la CSJN que se suele invocar en apoyo de la constitucionalidad de la prohibición del art. En “Mannini” 97 hemos señalado la salvedad que se hace respecto a la fundamentación que brinda el Procurador General. y en “Gago” 98 la cuestión ni siquiera puede sostenerse que constituya un “obiter dictum”. De este modo.XLIV. fue una de las pautas básicas sobre la que se constituyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 a incorporar los tratados internacionales como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (art. que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional” 94. Este último acontecimiento histórico ha modificado profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos. considerando 16. reconocer los organismos supranacionales de solución de conflictos como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promover opiniones consultivas de la Corte Interamericana. T. 75. así como también sobre leyes y disposiciones conforme a sus propias resoluciones para asegurar que estén en armonía…” (Convencional Alicia Oliveira en la 220 Reunión. 25/08/2009. no contamos con ningún auténtico precedente en el cual la CSJN haya abordado la materia a la luz de los cambios sustanciales producidos tras la reforma constitucional de 1994. y al respecto es ilustrativo lo expresado por la CSJN en “Mazzeo”: “Que la integración entre estos principios recibidos por la comunidad internacional para la protección de los derechos inherentes a la persona con el sistema normativo de punición nacional. cual es la de universalizar los derechos humanos. considerando 18. 97 De 2007.
Arriola. 98 De 2008. 22).
p. en cada uno de los cuales el discurso habilite el tránsito de menor poder punitivo y de menor intensidad irracional. creemos que los argumentos expuestos desde las posiciones mayoritarias de los fallos que analizamos. El grado de incompletividad de su observancia es parejo al de defecto realizador del estado de derecho. 93. manteniendo la vigencia de la prohibición del art. Esta progresión reductora no puede quedar librada a las coyunturas del poder.8 ya expusimos nuestro criterio al respecto. El mismo es de tal magnitud. 100 Op. de mayor respeto a los principios constitucionales e internacionales limitadores. como dijimos.En este orden de ideas. 94. Es evidente que no compartimos tal perspectiva. coincidimos con Zaffaroni cuando señala que “los principios limitadores del poder punitivo no son estáticos sino de realización progresiva”99. Por el contrario. 14 CP. creemos oportuno añadir otro elemento a lo que ya dijéramos entonces.660. requiere una fuerte justicia constitucional: un sistema de comprensión del derecho penal que cumpla esos requisitos configura un apéndice indispensable del derecho constitucional”101. 101 Op. porque en un estado totalitario el discurso penal sería correcto si se limitase a impedir la tortura y habilitase el resto del poder punitivo. La reforma constitucional de 1994 conlleva un impacto más que significativo en nuestro sistema. Cursiva en el original. Derecho penal… cit.. A esta altura de nuestro análisis. y que dicha realización “requiere pasos sucesivos. que no preserva de las mayorías políticas coyunturales) y que. en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. basándose en lo más reductor del derecho penal comparado para extenderlo”100. Esta consideración dinámica es “condición de eficacia del derecho penal. el progreso de sus standards de realización
ZAFFARONI.SLOKAR. la progresión reductora debe ser racional e impulsar la propia conciencia jurídica universal.
. Alejandro . y loc. que sus efectos no se producen eo ipso a partir de la reforma. Los principios limitativos sentados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos son “reglas de realización progresiva o principios inacabados (unfinished). si bien se apoyan de manera decisiva en aquellas razones brindadas por la CSJN antes de la reforma constitucional. y en el Punto VI. en ese nuevo marco. cit. cit. intentan abordar el impacto de ésta. Cursiva en el original. Al respecto. que alcanza su mayor fuerza como estado constitucional de derecho (cuando supera al precario estado legal de derecho. por ende. Alejandro. entendido como instrumento para el perfeccionamiento del estado de derecho.. y que éste. Cursiva en el original.ALAGIA. o sea. p. por ejemplo al sostener que ella fue tenida en cuenta por el legislador al dictar la ley 24. Eugenio . en nota anterior. decidió establecer un régimen de ejecución propio para los reincidentes.
111. así en cuestiones tales como las condiciones carcelarias mínimas aceptables (‘Verbitsky’ Fallos: 328:1146). reiteremos lo ya apuntado en cuanto a que la ley 24. como también por efecto de su propio avance realizador. Cursiva en el original.
. a la revisión del fallo condenatorio en causas penales (‘Casal’ Fallos: 328:3399).será paralelo al poder jurídico y a la reducción de la violencia de las restantes agencias del poder punitivo… (dichos principios) no sólo son inacabados en su realización. discursos y aportes de otras disciplinas. derecho de los menores en conflicto con la ley penal (‘Maldonado’ Fallos: 328:4343). al momento de dictar la ley de ejecución penitenciaria. aún cuando el legislador.660 103 excluía del régimen de la libertad asistida a los condenados con la reclusión accesoria del art. 54. entendiera que esa exclusión era acorde con el bloque constitucional. en estrecha relación con la materia que estamos tratando. pretextos. De manera que. sino también abiertos en su enunciación… pues nuevos conflictos. violaciones. marcan un momento a partir del cual es necesario avanzar en la realización y consiguiente contención y reducción” 102. el debido proceso en internaciones psiquiátricas involuntarias (‘Tufano’ Fallos: 328:4832). precisiones sobre el concepto de peligrosidad (‘Gramajo’ Fallos: 329:3680). 104 Y por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en “Noguera”.. ‘Llerena’ y ‘Dieser’ Fallos: 328:1491 y 329:3034. respectivamente). 52 CP. p. y fundamentalmente. la dinámica posterior de la realización progresiva condujo a determinar que no era así. pues inmediatamente a continuación de señalar el impacto de la reforma constitucional de 1994. respectivamente). 33)… toda realización de estos principios es transitoria y perfectible. todo lo
Op. derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (‘Barra’ Fallos: 327:327). demandan su permanente actualización. y toda enunciación de los mismos es provisional. tecnologías. y esta fue invalidada en 2006 por la CSJN en “Gramajo” 104. Esto se aprecia de modo claro en el ya citado fallo “Arriola” de la CSJN. cit. A modo de ejemplo de que la ampliación de los límites al poder punitivo es un proceso dinámico. como lo revela la admisión de nuevos derechos humanos y lo prevé la CN al admitir los derechos implícitos (art. menciona una serie de casos y materias que ejemplifican la amplitud y la progresividad del mismo: “Estos parámetros internacionales han sido especialmente tenidos en cuenta por esta Corte al dictar diferentes pronunciamientos. alcance de la garantía de imparcialidad (‘Quiroga’ Fallos: 327:5863. derecho de las víctimas (‘Santillán’ Fallos: 321:2021). defensa en juicio (‘Benítez’ y ‘Noriega’ Fallos: 329:5556 y 330:3526. En su art. en el mismo año.
pues aún cuando se sostenga que al momento de dictarse la ley 24.Recapitulación De acuerdo a los argumentos tradicionalmente vertidos por la mayoría de la doctrina y una creciente jurisprudencia. Mal puede sostenerse. a lo que se suma lo que hemos pretendido aportar desde nuestro enfoque.. que esta dinámica también se ha dado en el tema que nos ocupa en el ámbito del legislador. considerando 16. la prohibición de otorgar la libertad condicional al sujeto declarado reincidente incurre en numerosas infracciones al bloque de constitucionalidad. aún en los casos comprendidos por dicho precepto. Debe notarse. a su vez. como señalamos en el Punto VI. está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción…” 106. Pauta que es reiterada y afirmada en “Itzcovich” en estos términos: “También admitió esta Corte que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen. no es novedoso para la Corte. Fallos: 241:291. porque toda ley. por naturaleza. y éste decidiera. sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad.R. que en esta específica materia debemos aferrarnos a un criterio de comienzos del siglo XX. pudieron haberse tornado indefendibles desde elpunto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas” 107. 05/09/58. 107 Itzcovich… cit.
Arriola… cit. Este criterio de tomar nota de los cambios producidos en la realidad.8. último párrafo.
.. 14 CP. considerando 7º. tiene una visión de futuro. y en vista del proceso de expansión de derechos del individuo 108 que la CSJN viene consagrando en el ámbito penal. se sometiera la cuestión al juez competente.660 se optó por la supervivencia intacta de la prohibición del art. es evidente que cuando se dicta el decreto reglamentario 396/1999 el criterio fue que. último párrafo. entre otras cuestiones” 105. s/recurso de hábea s corpus” manifestó: . ‘Simón’ Fallos: 328:2056 y ‘Mazzeo’ Fallos: 330:3248).L. más de una década después.. y así ya en “Samuel Kot S.
VII. 108 Y correlativa limitación del poder punitivo estatal.vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos (‘Arancibia Clavel’ Fallos: 327:3312. “Las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente.
. cometan el mismo delito. . mencionamos las de mayor entidad.Culpabilidad: al aplicar una pena más severa por la culpabilidad del hecho actual más un plus de culpabilidad presumido por la comisión del nuevo delito. A lo que eventualmente puede agregarse el supuesto de las leyes procesales que deniegan el estado de libertad durante el proceso en función de la existencia de antecedentes y. antes del fallo “Gramajo”.“Non bis in idem”: al tomar en cuenta el delito anterior y la pena cumplida por él. uno reincidente y otro que no lo sea. . un aumento desproporcionado en el tiempo efectivo de encierro a cumplir. contradicha y resuelta en el marco del proceso penal. que se concretan en la violación de los siguientes principios: .Legalidad: al presumir una consciencia de la antijuridicidad de un tipo autónomo no escrito y accesorio al tipo penal que realmente se infringe con el delito actual.A modo de recapitulación. al establecer la presunción de mayor culpabilidad en el hecho actual con carácter de “iure et de iure”. al crear una culpabilidad que excede el vínculo subjetivo entre el individuo y su acto. . . proyectándola además hacia el futuro.Prohibición de doble desvaloración: incurriendo a menudo en una triple. y al prohibirse la libertad condicional se desvalora por tercera vez. 53
. pues el hecho anterior ya fe desvalorado en el momento de la correspondiente condena. sin atender a si ello responde o no a las circunstancias del caso en examen. por la prohibición automática de la libertad condicional. sin requerir su prueba y sin admitir la demostración en contrario.Lesividad: al privilegiar cierta condición personal (haber sido declarado reincidente) para agravar el ejercicio del poder punitivo más allá de la lesión efectivamente producida.Inocencia: al basarse en una declaración de reincidencia que no es oportunamente introducida. si se considera a la declaración de reincidencia como un agravante al momento de determinar la pena actual se procede a la segunda desvaloración. al establecer. al presumir el fracaso del fin de prevención especial de la pena ya cumplikda en quien es reincidente. lo que no ocurre en el supuesto de quien no es reincidente. . . al presumir una responsabilidad objetiva. también la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en caso de multirreincidencia.Proporcionalidad: al imponer una pena más grave a la que correspondería por la magnitud del injusto y por la culpabilidad del sujeto en el delito actual.Igualdad: al acarrear una presunción de culpabilidad mayor en el supuesto en que dos sujetos.
Racionalidad republicana: el complejo de principios violentados. no se privilegia la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. el cual luce más ajustado a los requerimientos del bloque constitucional.Debido proceso: tanto en la medida en que la declaración de reincidencia se decida sin previa contradicción. .Realidad: al construir el agravamiento punitivo en función de un confuso deber ser ideal puro (respeto a la norma. así como la combinación contradictoria de argumentos legitimantes de la agravación de la respuesta punitiva. sino todo lo contrario.. conduce a que esta no exhiba los mínimos requisitos de fundamentación que hacen a dicha racionalidad. . al acarrear un agravamiento en la ejecución de la pena que va más allá de lo que permiten los principios de culpabilidad.Supremacía constitucional: al lesionar derechos y garantías reconocidos a nivel del bloque de constitucionalidad. al brindar de modo automático respuestas de mayor contenido punitivo y al proyectar hacia lo futuro pronósticos desfavorables. También aquí puede ubicarse a la incoherencia que produce en el ordenamiento normativo. .Reserva: al establecer un agravamiento en la ejecución penitenciaria que hace renacer una pena ya cumplida. inhumanas o degradantes. desconociendo tanto la realidad de lo efectivamente actuado por el individuo. . Del mismo modo. y que va más allá de los actos para dar por supuestos tendencias puramente internas y absolutamente atípicas. en este marco puede inscribirse la ruptura de la sistemática de la teoría del delito. sino reducido al rol de objeto (casi irrecuperable) del poder punitivo. sino por la condición de haber sido declarado reincidente. sin atender a los planteamientos que puedan hacerse en relación a las características individuales del caso concreto. estabilización del sistema.Pro homine: al establecer presunciones incontrastables. o cualquier otra denominación que se escoja). desconociendo a la vez su condición de sujeto capaz de autodeterminarse y de experimentar cambios en su vida. al hallarse en pugna con el sistema establecido por la ley 24.Derecho penal de acto: al agravar la pena no por el acto cometido. .660.Humanidad: En la modalidad de prohibición de penas crueles. .Dignidad humana: el conjunto de principios lesionados hace que el sujeto no sea respetado como tal. al quebrantar 54
. al desentenderse de lo que el sujeto haga durante la ejecución de su pena. . . privilegiando aquella misma condición. como del sistema penitenciario. como por la prohibición de la libertad condicional de manera automática. lesividad y proporcionalidad. finalidad positiva de la pena.
antijurídica y culpable. el Tribunal Constitucional había declarado que dicha agravante era constitucional.A modo de horizonte Entendemos importante y oportuno mencionar algunas circunstancias que contribuyen a enriquecer el panorama que nos propusimos brindar: a) En la ex República Federal de Alemania. amplio ejercicio del control jurisdiccional y división de poderes: al sujetar al juez a la aplicación automática de una previsión legislativa que. págs. Tomo I. 1996. España. esp. Gonzalo (Director) .. por sentencia del 16/01/79.
. Barcelona. QUINTERO OLIVARES.Tutela judicial efectiva. España. 110 En Comentarios al nuevo Código Penal. tampoco durante la ejecución de la pena actual.. Ed. en todos sus niveles. quien refiriéndose al régimen español apunta
CHOCLÁN MONTALVO. 48 del Código Penal. . Derecho Penal. También en este sentido se expresa Esperanza Vaello Esquerdo. 1996. niega a aquél la consideración completa de las características individuales del caso concreto.de modo arbitrario la definición de aquél como acción típica. la 23ª Ley de Reforma Penal. “siempre que se evitara una presunción de mayor culpabilidad y se verificara en cada caso si se le podía reprochar al autor reincidente el no haber tomado como advertencia las anteriores condenas” 109. José Antonio – CALDERÓN CEREZO. . Pamplona. de carácter general y abstracto.Finalidad de reforma y readaptación social del condenado como fin esencial de la pena privativa de libertad: al dar por supuesto que ella no se ha operado en la condena anterior por la comisión del nuevo delito.Principio de realización progresiva de los derechos y garantías reconocidos a nivel del bloque de constitucionalidad: al hacer caso omiso de las modificaciones producidas con la reforma constitucional de 1994 y derivadas de ella con posterioridad. Parte General. Es interesante la reflexión que efectúa el autor español José Miguel Prats Canut. 268.VALLE MUÑIZ.. 255 y s. Ángel. 1ª ed. . . José Manuel (Coordinador). p. País en el cual. pretendiendo mantener inalterada una disposición formulada hace casi un siglo. y proyectarla hasta el momento del cumplimiento total o casi total de dicha pena (al menos hasta el momento en que sea posible acceder a la libertad asistida). 1999. 1ª. del 13/04/1986. Editorial Aranzadi. en el sentido de que la evolución histórica reciente del instituto de la reincidencia es la historia de su limitación 110. Editorial Bosch. derogó la agravante de reincidencia que contemplaba el art.Contradicción con las obligaciones de respetar los derechos y libertades reconocidos en el bloque constitucional y de garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna.
Por su parte. de modo obvio. en Homenaje al Dr. con dictamen favorable del Procurador General. Sólo la disposición del art.). Javier Augusto De Luca. en lo fundamental. También eliminó los institutos de la condenación y de la libertad condicionales. Marino Barbero Santos – In Memoriam. España. c) En fecha 24/11/2011 la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos. el voto del Vocal Chiara Díaz señaló que elevar la declaración de reincidente a condición objetiva determinante para denegar la libertad condicional. “importa desconocer los principios
En Aspectos problemáticos de la reincidencia. 303/04 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. pero imparable suavización de su radio de acción y de los efectos que genera sobre la pena…” 111 b) El Anteproyecto de Código Penal redactado por la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal” 112113. en los arts. 14 CP obsta a que el sujeto acceda a la última etapa de dicho régimen. Raúl Gustavo Ferreyra. 14 CP en la causa “Falconi. En efecto.pensamientopenal. la reciente evolución legislativa de la reincidencia se inserta en un proceso de lenta. El voto de la Vocal Mizawak se basó.ar/sites/default/files/2012/02/fallos31_0. Joaquín Pedro da Rocha.s/Apelación” 114. Vol. Edmundo Samuel Hendler. 497/05 y 736/06. puedan acceder o no a distintas etapas en función de una circunstancia que ya fue valorada al momento de fijarse la pena”. Carlos Chiara Díaz. previendo en su lugar un amplio abanico de alternativas de reemplazo a la ejecución de la pena de prisión y en función del principio de que todas las penas deben cumplirse efectivamente. NIETO MARTÍN. Slokar. sometidas todas al mismo régimen ejecutivo de la pena. 5.com. prescindiendo de su trayectoria institucional. Ello es recogido por el régimen progresivo de ejecución penitenciaria. en cuanto establecen a la reinserción social como finalidad esencial de la ejecución de la pena. p. con iguales exigencias en cuanto a su cumplimiento.que el instituto “se caracteriza en los últimos tiempos por tener cada vez más restringido su ámbito de aplicación. declaró la inconstitucionalidad de la prohibición establecida por el art. 112 Creada por la Resolución Nro. Constituida por David Baigún. 2001. lo cual además lesiona el principio de igualdad pues es injustificado que “distintas personas institucionalizadas. Ignacio (Directores).Ediciones de la Universidad de Salamanca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha . Cuenca. todos los efectos agravantes derivados de ella. 113 El texto del Anteproyecto fue elevado por la Comisión al Ministro de Justicia y Derechos Humanos el 31/08/2006. y coordinada por Alejandro W. Todo ello conduce a que la disposición mencionada no supere el test de racionalidad. Adán (Coord. – BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. ARROYO ZAPATERO. 10.pdf (04/04/2012). 114 Puede verse su texto completo en http://www.
. Luis A. Carlos Roberto –Legajo de Ejecución de Penas.6 de la CADH. y sus anexas 136/05. Daniel Erbetta. Alejandro Tizón. I.3 del PIDCP y 66 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. suprimió el instituto de la reincidencia y. 1360. Raúl Ochoa.
decidiendo exclusivamente en función de dicha circunstancia el otorgamiento o no de la libertad. d) En sentido concordante con lo recién indicado. ordenándoles “que en los dictámenes correspondientes a las peticiones de libertad condicional no se argumente como motivo de rechazo la condición de reincidente del penado atento a su inconstitucionalidad”. incurriéndose en arbitrariedad”. y que pretender que aquella declaración “se proyecte como sanción adicional hacia el futuro e impida que a su respecto se aplique el régimen progresivo de ejecución de la pena privativa de libertad consagrado por la ley 24660 en sintonía con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. y culpabilidad de acto” 115. y analizar entonces si se hallan o no reunidos los restantes requisitos establecidos por la ley (arts.
Puede consultarse su texto completo en http://www. es sin duda una interpretación sesgada propia de un derecho penal de autor y de responsabilidad objetiva que por su contradicción con el esquema institucional resulta inadmisible”. del ‘non bis in idem’ y de motivación suficiente. si implica una agravante fija a la pena.pensamientopenal.
.com.pdf (04/04/2012). respondiendo al criterio de la Procuración de que la reincidencia. Penal. como ocurre vg. en especial el de la culpabilidad. 14 del C. en fecha 29/11/2011 el Procurador General de Entre Ríos dictó una Instrucción General para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.. 13 y concordantes CP).ar/sites/default/files/2012/02/fallos29_0. 14 CP. entendemos que planteada la solicitud de libertad condicional por una persona a cuyo respecto se haya procedido a la declaración de reincidencia.Conclusión Por todo lo expuesto. con base en la literalidad de lo establecido en el art. el tribunal interviniente debería declarar la inconstitucionalidad de la prohibición contenida en el art.cardinales del Derecho Penal liberal y del debido proceso según Constitución.
IX. si se hace jugar al texto del art. 14 CP como obstáculo impeditivo. “vulnera los principios constitucionales de legalidad -ne bis in idem-.
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Sinforiano (16/10/1986) V.Gómez Dávalos.2. II. –Lesiones leves dolosas y violación de domicilio. Enrique Carlos (21/04/1988) V.Una cuestión hermenéutica VI. IV.4.Lezama..Algunos antecedentes provinciales IV. G. Gastaldi II.s/Recurso de inconstitucionalidad IV. Falistocco (mayoritario) III.Valdez. Ramón Rafael (16/08/1988) V..Voto minoritario del Dr.2.L’Eveque.5.Voto mayoritario del Dr.Índice
Pág.3.1.Gamboa..Gago.Algunas reflexiones VI.La posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación V.1..2.El caso S.El caso II.Voto minoritario de la Dra.3.2..El caso Vega III.El fallo H..s/Recurso de inconstitucionalidad IV.Mannini.2.1.1. –Portación ilegal de arma de fuego de uso civil agravada s/Queja V. III.1. M.3.1.4.Noguera.La declaración de reincidencia VI. Rubén Guillermo (07/07/1988) V. A.2.3. Andrés (17/10/2007) V. A. y M. D. Gastaldi (minoritario) III..Introducción II. Damián Andrés (06/05/2008) VI.. G. C.2. M..2.1. A.Restantes votos III. Carlos David –Robo con homicidioResistencia a la autoridad.1. H.Gelabert.Aspectos relevantes de los restantes fallos III.El caso R.Voto del Dr.3.Voto de la Dra.6. Netri II.2. J.Una perspectiva amplia 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 21 63 10 10 1 1 1 2 4 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10
..Los otros votos III.1.. Erbetta III. R. I.
El agravamiento en la ejecución de la pena VI.El triunfo del pasado sobre el presente para diseñar el futuro VI.5.Recapitulación VIII.b.4.Presunción y realidad del caso.6.VI.7.El replanteo de la cuestión VII.8.El bloque de constitucionalidad VI..A modo de horizonte IX.660 VI.9.El fundamento antropológico del sistema VI.Conclusión Bibliografía
28 28 32 33 35 35 41 44 52 55 57 58
. La concreta culpabilidad. VI.El régimen de la ley 24..8.Una mirada exclusivamente normativa VI.8.a..
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