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Timestamp: 2020-07-12 02:43:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 1827', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 127', 'artículo 1827', 'artículo 1827', 'artículo 24']

BOE.es - Documento BOE-A-2010-19812
Documento BOE-A-2010-19812
Pleno. Sentencia 114/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestión de inconstitucionalidad 933-2000. Planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida en relación con el artículo 1827 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, en la redacción dada por la Ley 21/1987, de 12 de noviembre. Tutela judicial efectiva e interdicción de la indefensión: incorrecta formulación del juicio de relevancia al promoverse la cuestión de inconstitucionalidad respecto de un precepto de cuya validez no depende el fallo que deba dictarse en el recurso de apelación.
«BOE» núm. 312, de 24 de diciembre de 2010, páginas 16 a 25 (10 págs.)
BOE-A-2010-19812
b) El Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Lleida, de 31 de julio de 1999, falló: «Que desestimando la petición formulada en el escrito origen de este expediente, declaro no haber lugar a la adopción» de NNN por don AAA. La motivación de esta decisión se encuentra en el fundamento de Derecho segundo: «Son requisitos de la adopción el consentimiento del adoptante y de la adoptada si tiene doce años o más (artículo 121 de la Ley 19/1998 de 15 de julio del Código de Familia [sic]). Además, según el artículo 122 del mismo texto legal, deberán prestar su asentimiento a la adopción si no están imposibilitados para hacerlo el padre y la madre del adoptado o adoptada salvo que estén privados legalmente de la potestad o estén sometidos a una causa de privación de ésta. De los citados artículos y del artículo 123 de la Ley 19/1998 [sic] resulta que el régimen general de los padres biológicos en el expediente de adopción de un hijo de éstos promovido por un tercero es el siguiente: a) Deben asentir en la adopción cuando ni estén privados legalmente de la potestad ni estén incursos en causa legal de privación. b) Deben ser simplemente oídos cuando estén incursos en causa legal de privación. c) No deben ser ni oídos cuando estén privados legalmente de la potestad. En este caso, consienten a la adopción el adoptante y la adoptada, mayor de edad, y ha prestado su asentimiento a la misma la madre biológica que es a su vez cónyuge del adoptante. No obstante, no ha prestado su asentimiento el padre biológico a la adopción de su hija, por lo que no cabe dar lugar a la adopción por ser su asentimiento preceptivo en este expediente. Tanto el adoptante como la madre biológica manifestaron que el padre nunca se ha ocupado de ella, lo que de ser cierto determinaría la declaración de que está incurso en causa de privación de la potestad. Sin embargo tal declaración no deja de ser una afirmación sobre la cual ninguna prueba se ha practicado en autos. Tanto la hija como la madre reconocen que visita a su padre y a sus abuelos paternos una vez al mes ‘aunque nunca se ha ocupado de su hija’, extremo negado por el padre que afirma que le ha comprado ropa y le ha dado dinero. Ante la ausencia de prueba, no cabe acceder a la petición formulada, de gran trascendencia puesto que privaría al padre de los derechos que como tal ostenta respecto de su hija al implicar la adopción la extinción de la relación de parentesco con la familia de origen (artículo 127.2 de la Ley 19/1998 [sic])».
La motivación expuesta en el Auto de 10 de febrero de 2000 parte de la discrepancia de la Audiencia Provincial con la premisa que sustenta el informe del Ministerio Fiscal, contrario al planteamiento de la cuestión, en el sentido de que el procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto en la Ley de enjuiciamiento civil «es suficiente para cumplir el mandato constitucional de tutela judicial efectiva con interdicción de la indefensión, por entender que cabe a todo interesado y por tanto al padre natural de la adoptanda comparecer como parte en dicho procedimiento, efectuar alegaciones, proponer prueba y recurrir las resoluciones que se dicten en el mismo». Por el contrario, la Sala entiende que esto «equivaldría a transformar de facto en contencioso un procedimiento creado precisamente para los supuestos en los que no se plantee oposición por parte de ninguno de los posibles afectados o interesados y contra la expresa voluntad del legislador (artículo 1827), pues con el precepto cuestionado lo que se busca es excluir la oposición y la controversia, no que la oposición se articule en forma atípica (sin asistencia letrada, ni plazo, ni fases procesales)». Pero, aun admitiendo tal premisa, la Audiencia Provincial consideraba dudoso que se cumplieran los mínimos exigidos por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión con «el simple trámite de ‘audiencia’ del padre, sin asistencia de letrado ni información alguna al mismo sobre la finalidad y trascendencia del procedimiento y la posibilidad de intervenir en él en forma distinta a la de dicha manifestación a presencia judicial».
Por su parte, el Auto de 31 de diciembre de 1999, cuyos argumentos incorpora por referencia el Auto de planteamiento, también pone de manifiesto las dudas de la Audiencia Provincial respecto al artículo 1827 de la Ley de enjuiciamiento civil: «Habida cuenta de la trascendencia no solamente para el adoptante y el adoptado, sino también para la familia de origen del segundo de la decisión aprobando judicialmente la adopción, la interpretación literal de dicho precepto es para la Sala difícilmente conciliable con el mandato constitucional de tutela judicial efectiva con interdicción de la indefensión que contempla el artículo 24 CE, puesto que la intervención del padre natural en el expediente de adopción de un mayor de edad, cual acontece en el presente se limita por la Ley a su simple ‘audiencia’». Es decir, su participación en el procedimiento es sumamente limitada, máxime si se pone en relación con las consecuencias que pueden resultar del mismo (la extinción del parentesco y supresión de los derechos derivados del mismo, especialmente en materia sucesoria y de reclamación de alimentos) y no sólo para el padre natural sino también para toda la familia paterna. Y sin que esa limitada participación procesal se vincule a una valoración negativa de la conducta del progenitor o un incumplimiento de sus deberes paterno-filiales, como ocurre en los supuestos de adopción de un menor de edad.
DICTADA en la CUESTIÓN 933/200 (Ref. BOE-A-2000-8009).
la INADMISIÓN de la CUESTIÓN 933/2000, en relación con el art. 1827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Decreto de 3 de febrero de 1881 (GAZETA) en la redacción dada por la LEY 21/1987, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-1881-813) y (Ref. BOE-A-1987-25627).