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Timestamp: 2018-09-20 03:54:32
Document Index: 305274999

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 34', 'Artículo 92', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 121', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 7']

﻿ SENTENCIA 2014-00521/0713-2017 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2017
SENTENCIA 2014-00521 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. SE ESTABLECIÓ POR PARTE DEL MÁXIMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL SOLO SURGE PARA LOS BENEFICIARIOS DE UN EMPLEADO PÚBLICO CUANDO A LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO ESTE HABÍA PERFECCIONADO O CONSOLIDADO COMPLETAMENTE EL DERECHO JUBILATORIO. POSTERIORMENTE EL LEGISLADOR LO EXTENDIÓ PARA LOS CASOS EN LOS QUE EL EMPLEADO PÚBLICO HUBIESE LOGRADO EL TIEMPO DE SERVICIOS SIN REUNIR O COMPLETAR LA EDAD PENSIONAL, CON EL FIN DE AMPARAR CON TAL MEDIDA EL DERECHO DE LA FAMILIA DEL MISMO, QUE POR LA CONTINGENCIA DE MUERTE NO LOGRO CONSOLIDAR PLENAMENTE SU DERECHO PENSIONAL. DE IGUAL FORMA, SE ESTABLECIÓ QUE SE PUEDE PARA APLICAR IGUALMENTE COMO UNA POSTURA FAVORABLE PARA LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN PENSIONAL, ES DECIR QUE CUANDO LA NORMA ESPECIAL NO CUMPLIERA UNAS MÍNIMAS GARANTÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, RÉGIMEN PENSIONAL, BONO PENSIONAL, RÉGIMEN DEL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN
Sentencia 2014-00521/0713-2017 de septiembre 28 2017
Rad. 050012333000201400521 01
Num. Interno: 0713-2017
Actora: Alba Rocío Rúa Gil.
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de Antioquia.
Asunto: Improcedencia de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes de un ex docente fallecido con anterioridad a su vigencia.
Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub lite el problema jurídico se contrae a determinar; si para efectos de conceder la pensión de sobrevivientes de un ex docente, es posible aplicar por favorabilidad y de forma retrospectiva la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que la fecha de fallecimiento del causante es anterior a la de su entrada en vigencia.
Para el efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: (i) Marco legal de la pensión de sobrevivientes; (ii) Marco jurisprudencial sobre la pensión de sobrevivientes; y (iii) Del caso concreto.
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-111 de 2006, al resolver una acción pública de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, literal d), parcial, de la Ley 797 de 2003(12), indicó que la pensión de sobrevivientes tiene por objeto impedir que ocurrida la muerte de una persona, los miembros del grupo familiar que dependían económicamente de ella, se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales de su fallecimiento. Lo anterior, mediante la asignación de una prestación económica que suple la ausencia repentina del apoyo financiero del causante, con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación.
“ART. 36.—Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción señalados en el artículo 34(15), tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin perjuicio de las prestaciones anteriores.
“ART. 80.—Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este Decreto(16), para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se refiere la citada norma legal.
Posteriormente se expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, reemplazando la sustitución pensional por la pensión de sobrevivientes tanto en el régimen de prima media con prestación definida(17) como en el de ahorro individual(18), y señalando que esta prestación se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del pensionado sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ése momento, o habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:(20)“ (Destaca la Sala).
2.1.3. De lo dispuesto por el Decreto 224 de 1972, “por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente” en materia de sustitución pensional.
Teniendo en cuenta que dentro del escrito de apelación la parte actora refiere que el a quo pudo inaplicar lo previsto por el Decreto 224 de 1972, a continuación la Sala de pronunciará sobre lo que dicha norma dispone en materia de pensión de sobrevivientes en su artículo 7º, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“ART. 7º:—En caso de muerte de un docente que, aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos dieciocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años”.
La norma transcrita fue expedida con base en la Ley 14 de 1971(21), mediante la cual se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para “(…) reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente del Ministerio de Educación”.
Así las cosas y de la lectura de la totalidad del articulado del Decreto 224 de 1972, se colige que el legislador extraordinario ejerció las facultades a él conferidas, de acuerdo con los límites fijados por la ley y por ello se refiere a los “docentes dependientes del Ministerio de Educación”, para regular sus asignaciones y crearles estímulos.
Por lo que lo previsto en el citado artículo 7º, para que en caso de muerte de un docente, que aún no hubiere cumplido la edad, pero que hubiera trabajado 18 años, a su cónyuge e hijos menores le fuere reconocida una pensión del 75% del salario, por él devengado, necesariamente se entiende referido a los docentes dependientes del Ministerio de Educación Nacional y no a los que prestan sus servicios en establecimientos educativos de entes territoriales, tal como ha sido considerado por esta Sección(22).
En este orden de ideas, es ostensible que los docentes a quienes les resulta aplicable lo previsto por el Decreto 224 de 1972 son aquellos que prestaron sus servicios en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación, como quiera que la Ley 14 de 1971 en virtud de la cual el Presidente de la República profirió dicho Decreto, expresamente lo facultó para reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente del citado Ministerio, razón por la cual sus efectos no pueden hacerse extensivos a quienes laboraron como educadores en instituciones educativas no dependientes de aquél.
“(…) No obstante lo anterior, tal como lo afirmó la entidad demandada en el acto administrativo acusado, debe decirse que en el caso concreto el señor Carlos Mario Castro Hoyos al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como Agente de la Policía Nacional igual a 15 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su cónyuge supérstite, en los términos del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como Agente de la referida institución, esto es, el 21 de abril de 1985 hasta su muerte, 24 de diciembre de 1992, transcurrieron 7 años, 9 meses y 11 días (fl.8).
“ART. 151.—Vigencia Del Sistema General De Pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994”.
Al respecto, se tiene que la demandante pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes establecida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pretensión que en primera instancia fue negada, con fundamento en que para la fecha de fallecimiento del extinto docente, esto es, para el 18 de enero de 1982, la norma vigente (L. 12/1975(29), art. 1º) exigía un tiempo de servicio que no cumplió el causante.
De acuerdo con la Resolución 1682 del 8 de febrero de 2008, proferida por la Secretaría del Recurso Humano de la Gobernación de Antioquia(30), se evidencia que el señor Leonardo Antonio Posada Correa (q.e.p.d.) prestó sus servicios como docente desde el 21 de febrero de 1963 hasta el 17 de enero de 1982, para un total de tiempo de servicio de 18 años y 335 días.
El 18 de enero de 1982, falleció el señor Leonardo Antonio Posada Correa, como consta en la copia del registro civil de defunción obrante a folio 20 del plenario.
El 8 de diciembre de 1965 la actora contrajo matrimonio con el causante, conforme lo acredita el registro civil de matrimonio que reposa a folio 21.
La demandante solicitó al departamento de Antioquia el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme a lo previsto por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, lo cual fue negado a través de la Resolución 01682 del 8 de febrero de 2008(31), aduciendo que el occiso no consolidó los 20 años de servicio establecidos por la Ley 12 de 1975(32) en su artículo 1º, necesarios para el otorgamiento del derecho reclamado, y que tampoco le resultaba aplicable la Ley 100 de 1993, como quiera que esta norma es posterior a la del deceso del causante, cuya vigencia para las entidades territoriales fue a partir del 30 de junio de 1995, sin que su aplicación pueda realizarse de manera retroactiva.
Mediante peticiones presentadas el 16 de febrero y el 30 de marzo de 2011, la actora peticionó el reconocimiento del derecho pensional señalado, las cuales fueron resueltas desfavorablemente a través de los oficios con radicación E201100020707 del 24 de marzo y E201100027290 del 15 de abril siguientes, por parte del Director de Prestaciones Sociales y Nómina de la gobernación de Antioquia.
Conforme al material de prueba obrante en el expediente, se encuentra acreditado y no es objeto de controversia, que el fallecido docente del departamento de Antioquia, prestó sus servicios desde el 21 de febrero de 1963 hasta el 17 de enero de 1982, para un total de tiempo de servicio de 18 años y 335 días.
Ahora bien, dado que la muerte del señor Leonardo Antonio Posada Correa (q.e.p.d.) quien era cónyuge de la demandante, acaeció el 18 de enero de 1982, fecha para la cual no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, por cuanto la misma comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994 y para el nivel territorial el 30 de junio de 1995, la normatividad aplicable al caso, corresponde a la contenida en las Leyes 6ª de 1945(33) y 12 de 1975(34).
Al respecto se debe señalar que la vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica, entendida esta como obligatoriedad, en tanto hace referencia” (…) desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor (…)”(35). Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos.
“(…) Ahora bien: si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del momento a partir del cual dicha normatividad (sic) empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide.
Conforme a lo anterior, es evidente que a la demandante no le asiste el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes consagrada en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales causadas con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos de tiempo de servicios no se colmaron, en la medida en que laboró solo 18 años y 335 días al servicio de la Gobernación de Antioquia, de los 20 necesarios para el reconocimiento de la pensión de que trata el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945(36).
En este orden de ideas, se acoge y reitera el criterio jurisprudencial prohijado por esta Corporación en Sentencia de la Sala Plena de Sección Segunda del 25 de abril de 2013(37), que estableció la postura en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, según la cual la ley que gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional(38).
Igualmente, esta Corporación ha señalado que el principio de favorabilidad debe emplearse respetando el de inescindibilidad de la ley, el cual consiste en que la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables(39).
“La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos. Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. En ese orden de ideas, se reitera, que en virtud de que la demandante prestó sus servicios durante más de 10 años en la Contraloría General de la República, su situación pensional se debe regir por los mandatos del Decreto 929 de 1976. En efecto, como las situaciones fácticas que rodearon a la actora se encuentran amparadas en el Decreto 929 de 1976, por ser más favorable, no es posible tomar los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación, como lo pretende la entidad demandada, porque al principio de favorabilidad le secunda el de inescindibilidad de las leyes, en virtud del cual, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables”(40).
Finalmente y en relación con lo planteado dentro del recurso de alzada en el sentido de que no se le puede exigir a un docente nacionalizado 20 años de servicio de conformidad con la Ley 6ª de 1945, que es una norma para regímenes ordinarios más no para especiales, de modo que el a quo debió en ejercicio de la interpretación más favorable a la demandante, extender la aplicación del artículo 7º del Decreto Ley 224 de 1972 para concederle beneficio pensional, toda vez que esta norma fija una situación especial para los docentes en comparación con los demás empleados del sector público.
La Sala considera que dicho requerimiento se torna improcedente como quiera que los docentes a quienes resulta aplicable lo previsto por el Decreto 224 de 1972, son aquellos que prestaron sus servicios en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación, como quiera que la Ley 14 de 1971 en virtud de la cual el Presidente de la República profirió dicho Decreto, expresamente lo facultó para reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente de dicho Ministerio, razón por la cual sus efectos no pueden hacerse extensivos a quienes laboraron como educadores en instituciones no dependientes de aquél, como aconteció respecto del causante, quien de conformidad con lo aportado al plenario, prestó sus servicios como docente del Departamento de Antioquia.
En las anteriores condiciones se confirmará la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad el 14 de diciembre de 2016, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Alba Rocío Rúa Gil en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia.
CONFÍRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad el 14 de diciembre de 2016, en cuanto negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Alba Rocío Rúa Gil en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia.
12. “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
“ARTÍ. 13.—Los artículos 47 y 74 quedarán así:
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este; (…)”
13. “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
14. “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
15. “ART. 34.—En caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, las prestaciones a que haya lugar se pagarán a los beneficiarios que a continuación se determinan, así: 1. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o trabajador en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por la ley civil.
16. “ART. 92.—Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado”.
17. Artículos 49 a 49 de la Ley 100 de 1993.
18. Artículos 73 a 78 de la Ley 100 de 1993.
19. “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
20. Literales a) y b) declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
21. Por la cual se determinan condiciones de ingreso y ascenso en el Escalafón Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria, y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reajustar asignaciones y fijar estímulos al profesorado dependiente del Ministerio de Educación Nacional.
22. Al respecto la Sentencia dictada el 12 de septiembre de 1989 dictada dentro del proceso con radicación R-105 con ponencia de Consuelo Sarria Olcos, se consideró lo siguiente: “De la lectura cuidadosa de todo el articulado del Decreto 224 de 1972, se observa que el legislador extraordinario ejerció las facultades a él conferidas, de acuerdo con los límites fijados por la ley y por ello se refiere a los docentes dependientes del Ministerio de Educación, para regular sus asignaciones y crearles estímulos.”
26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09)
27. Ver, entre otras, las Sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06).
29. “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
30. Folios 136 y 137.
31. Folios 136 y 137.
32. Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación.
33. “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”.
34. “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
35. Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
36. “(…) ART. 17.—Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (…) b). Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
37. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09)
38. Sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06).
39. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Radicación 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 27 de noviembre de 2014. Radicación 25000-23-42-000-2013-00322-01(4250-13). Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
40. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Radicación 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.