Source: http://www.bloqueconstitucional.org/2015/11/ley-de-honorarios-profesionales-media.html
Timestamp: 2019-05-26 21:13:08
Document Index: 49555243

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 1255', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 1255', 'artículo 17', 'artículo 730', 'artículo 505']

Bloque Constitucional: LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES - MEDIA SANCIÓN
¡¡PELIGRO INMINENTE DE PÉRDIDA DE LIBERTAD!!
El Senado dio media sanción al Proyecto de Ley de Honorarios Profesionales para Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal (Proyecto S-2993/15). Este proyecto aclara y mejora algunos problemas de la actual Ley 21.839, pero avanza sobre la libertad de contratación en forma inaceptable.
La falta de libertad de contratación perjudica el ejercicio profesional de los abogados independientes y obstruye el acceso a la Justicia a los más necesitados.
Estas disposiciones son tan artificiales que resultarán en la práctica imposible de cumplir y de hacer cumplir, en un mercado que es totalmente atomizado y muy populoso como es el de los matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (casi llega a los cien mil abogados). La amenaza de sanción ética a quienes se apartaren de las normas propuestas configura una amenaza gravísima para todos los abogados, que pasan así a quedar expuestos a todo tipo de denuncias e investigaciones persecutorias por parte de los colegios profesionales.
Otros graves defectos de este proyecto son mantener la discrecionalidad judicial para regular por debajo de las escalas (CCyCN art. 1255) y el límite del 25% de la sentencia para atender a todas las costas (CCyCN art. 730)
CLICK ACÁ para ver las reformas mínimas imprescindibles que requiere este proyecto de ley en la Cámara de Diputados
1. MÍNIMOS OBLIGATORIOS
El artículo 5° del proyecto prohibe la renuncia o pacto de honorarios por debajo de los aranceles fijados en el mismo. A tal efecto declara nulos los acuerdos y considera incurso en falta ética al abogado que renunciare o acordare con sus clientes honorarios inferiores a los legales. Concordantemente, el artículo 17 considera "de orden público" los mínimos establecidos en esta ley.
Los mínimos arancelarios que se declaran “de orden público” son porcentuales (las alícuotas mínimas son del 12% al 22%, según el importe del asunto judicial) y también de importes nominales, fijados en “Unidades de Medida Arancelaria” (UMA), que actualmente sería de aproximadamente $ 1.200 por UMA. Por ejemplo:
- Divorcio: 10 UMA (cada parte) = $ 24.000
- Efectos del divorcio (p.ej, separación de bienes): 25 UMA (cada parte) = $ 60.000
- Adopción: 20 UMA = $ 24.000
- Excarcelación: 10 UMA = $ 12.000
- Habeas corpus: 25 UMA = $ 30.000
- Carta documento: 1 UMA = $ 1.200
Esta restricción a la libertad de trabajo, a la privacidad de los actos que en modo alguno ofenden al orden y a la moral públicos y a la libre competencia es insostenible de cara a las garantías de la Constitución Nacional en sus artículos 14, 19 y 43. Pero, además de ello, produce gravísimos perjuicios a nuestra profesión y a la sociedad en general.
Entres tales perjuicios destacamos los siguientes:
· Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1255, acaba de sancionarse definiendo que “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.” El mero hecho de haberse incluido esta norma en el novísimo Código que regula todas las relaciones de derecho privado, es una definición explícita de que la legislación procesal y/o administrativa –como lo son las leyes de aranceles profesionales- no pueden avanzar por sobre la libertad de contratación, pues esta libertad es una cuestión jurídica de fondo y derivada directamente de garantías constitucionales de orden superior. La mera definición de que esta ley sería “de orden público” no alcanza para sanear esta contradicción, sino que la muestra con toda crudeza. Pues no puede ser que simultáneamente sea “de orden público” la libertad de contratación (según el Código Civil y Comercial) y la prohibición de esa misma libertad de contratación (según el proyecto del Senado).
· Asimetrías e ineficiencias territoriales. Más allá de que no tendría ningún sentido ni razonabilidad legislativa que el Código Civil y Comercial prohíba la indisponibilidad de los mínimos arancelarios en todas las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los fueros nacionales y federales rigiese exactamente lo contrario, esta situación crearía un doble estándar de trabajos profesionales: los remunerados en condiciones de libertad y los remunerados según mínimos obligatorios. Se establece así un incentivo para la migración de la litigiosidad hacia jurisdicciones provinciales, lo cual perjudicaría nuestras posibilidades de trabajo y la eficiencia en la asignación macroeconómica de esfuerzos profesionales. La consecuencia sería que las empresas que puedan hacerlo pactarán jurisdicción u optarán por demandar en la Provincia de Buenos Aires y no ante la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
· Abogados perjudicados. En el ámbito profesional quienes mayormente sufren estas restricciones contractuales son los abogados independientes y los abogados jóvenes. Se trata de los colegas que no tienen un gran estudio o empresa detrás, pero que pueden ofrecer sus propios servicios con costos más eficientes y competir de esa forma con los estudios establecidos. El efecto económico de esta norma, entonces, es condenar a estos profesionales a ser empleados toda su vida, dificultándose su desarrollo en forma independiente.
· Quiénes pagan el mayor costo. Dado que este aspecto del proyecto está ordenado a encarecer el precio de los servicios legales, es importante identificar quiénes serán los que habrán de soportar este encarecimiento. Quienes, en forma individual o colectiva, mayor demanda hacen de nuestros servicios profesionales son:
§ En primer lugar el Estado Nacional. La mayor parte de los servicios legales que consume el Estado lo hace con su personal en relación de dependencia, lo cual le podría hacer creer que está inmune a este mayor costo. Pero no es así, ya que el Estado Nacional también contrata servicios jurídicos como locación de servicios, sea para complementar a los profesionales de planta, como también para encarar cuestiones de alta especialización y enorme volumen, como podrían ser la emisión de deuda pública o la asistencia en otros contratos administrativos relevantes. Si los abogados a contratar por el Estado Nacional a tales efectos están obligados a cobrar en términos porcentuales de los contratos en que intervienen un mínimo del 1% ó del 0,3% “del valor del contrato”, se establecen costos fijos que terminan repercutiendo en el erario público en forma sustantiva.
§ En segundo lugar, el mayor demandante de servicios legales –como colectivo- es la enorme población de familias e individuos que requieren asistencia legal para sus divorcios, separación de bienes y sucesiones. Si bien individidualmente, el incremento derivado de la innegociabilidad de los hoonorarios podría parecer pequeño, en su conjunto significa trasladar un costo significativo a toda la población, con el agravante de que los sectores de menor poder adquisitivo, al no poder asumir este costo, habrán de quedar directamente excluidos del orden jurídico, con detrimento de sus derechos de propiedad, títulos inmobiliarios, alimentos, filiaciones, etc.
§ Por último, las empresas que contratan y litigan en forma masiva, como las compañías de seguros, bancos y cadenas de comercios minoristas también habrán de incrementar grandemente sus costos legales. Este tipo de empresas suelen tener también la posibilidad de trasladar estos costos a los precios de sus productos, por lo cual también este mayor costo legal terminará repercutiendo en la población, en general.
2. PROHIBICIÓN DE “CUOTA LITIS” (previsional y alimentos)
El artículo 6° inciso c) del proyecto prohíbe los pactos de “cuota litis” en los asuntos “previsionales, de alimentos y con intervención de menores de edad que actuaren con representante legal”. Esto fue incorporado en el debate (VER ACÁ), sin ninguna explicación razonable.
La aparente justificación de esta prohibición es la protección de quienes –se presume- estarían en peores condiciones de negociación con el abogado, debido al carácter alimentario de sus créditos. Pero lo cierto es que al limitar de esta forma el honorario profesional quedan sin abogado los casos en los que por su complejidad, menor cuantía o imposibilidad de cubrir los gastos mediante el pago de anticipos, la mera expectativa de una regulación judicial futura resulta insuficiente para satisfacer el interés del profesional. Se trata de los casos de mayor necesidad y se los condena así a la indefensión.
Por supuesto que, además de entorpecer el acceso a la Justicia de los más necesitados, esta disposición prohíbe el ejercicio profesional de los miles de abogados que ejercen legítimamente su profesión, en mutuo provecho, de sus clientes y suyo propio. Además perjudica la relación de confianza entre el abogado y su cliente, haciendo creer que quien propone un pacto de “cuota litis” es un abusador de la necesidad de su cliente, cuando en realidad es el último refugio de la confianza de ciudadanos que son víctimas de arbitrariedades e incumplimientos de terceros.
Los únicos beneficiarios de esta prohibición son la ANSES y los deudores alimentarios morosos, que verán reducida la capacidad de reclamo de las víctimas de sus arbitrariedades y contumaces incumplimientos.
3. FALTA DE LIBERTAD INSTRUMENTAL
Además de las cuestiones de fondo señaladas, el artículo 4 del proyecto también cercena la libertad de las partes para instrumentar los acuerdos de honorarios. Se obliga a que el contrato de honorarios se haga “por escrito” y se establece que no puede ser probado de otra forma que mediante “la exhibición del propio documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago”.
Esta limitación contraría inexplicable e injustificadamente la libertad de formas y pruebas que el Código Civil y Comercial de la Nación admite y protege en general (arts. 1015 y 1019).
Dada la relación de confianza –y a veces de urgencia- en la que se suele contratar los servicios del abogado, es usual que los honorarios se cierren por correo electrónico, notas o meras facturas. Prohibir estas formas de instrumentación puede resultar en una grave inequidad, perjudicial para el abogado, y eventualmente también para el cliente.
4. DISCRECIONALIDAD JUDICIAL
Si bien el artículo 17 del proyecto incluye una referencia a "los mínimos establecidos en la presente ley" indicando que los mismos son "de orden público" y que en ningún caso los jueces podrán apartarse de ellos, los redactores del proyecto no advirtieron que el Código Civil y Comercial de la Nación mantiene en su artículo 1255 una norma de máxima discrecionalidad:
"Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución."
La coexistencia de ambas normas hará prevalecer la del Código Civil y Comercial, por tratarse de una norma destinada a regir en todo el país, como un límite sobre las normas procesales. Es posible prever que la interpretación se vuelque a limitar el artículo 17 a los mínimos absolutos, y haga prevalecer el artículos 1255 cuando se trate de los mínimos de las escalas.
La discrecionalidad judicial, entonces, continuará existiendo. Y potenciada por la existencia de una contradicción legal que podrá resolverse para un lado o para el otro, según las preferencias personales del juez.
Esta falta de previsibilidad y de objetividad en la valoración de la tarea profesional es una gran injusticia, es económicamente ineficiente y otorga un poder innecesario e injustificado a los jueces.
5. TOPE DE COSTAS: 25%
El Código Civil y Comercial de la Nación también incluyó un tope para todas las costas -incluyendo honorarios de abogados y peritos- del 25% del importe de la sentencia. El artículo 730 dice:
"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas."
Entonces, de poco sirve fijar jugosas escalas en el proyecto (que llegan al 33%, para los pleitos de menor cuantía), y referirlos al monto del proceso, si luego deben pasar todas las regulaciones por este escueto filtro del 25% de la sentencia.
Esta norma apareció por primera vez en la Ley 24.432 (año 1995), que la incluyó en el viejo artículo 505 del Código Civil, y así se mantuvo en el nuevo cuerpo. Su arbitrariedad es evidente. Sólo protege a los demandados incumplidores, que han obligado a litigar y han perdido el juicio. Y los únicos que pagan el costo de proteger así a los morosos son los abogados.
Resta saber si fue la impericia de los redactores del proyecto, o su malicia para hacer puro gatopardismo, y que nada cambie en cuanto a la máxima arbitrariedad judicial y desprotección de los honorarios profesionales en juicio.