Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-764-de-septiembre-17-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d368f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 09:17:39
Document Index: 355686497

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA C-764 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2002
SENTENCIA C-764 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:SE DECLARA EXEQUIBLE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO DE ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, ADOPTADA EN WASHINGTON D.C., EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1997, ASÍ COMO LA LEY 737 DEL 5 DE MARZO DE 2002, POR MEDIO DE LA CUAL FUE APROBADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO, PERMISO PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
Sentencia C-764 de septiembre 17 de 2002
Sentencia C-764 de 2002
Ref.: L.A. T-221
Revisión de constitucionalidad de la Ley 737 del 5 de marzo de 2002 “por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de dos mil dos
Dice así la ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial Nº 44.734 del 9 de marzo de 2002.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Visto el texto de la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que a la letra dice:
(Para ser transcrito. Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
"Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados".
a) A partir de componentes o partes ilícitamente traficados;
2. “Tráfico ilícito": la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de luego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o a través del territorio de un Estado parte al de otro Estado parte si cualquier Estado parte concernido no lo autoriza.
3. “Armas de fuego":
4. “Municiones": el cartucho completo o sus componentes, incluyendo cápsula, fulminante, carga propulsora, proyectil de bala que se utilizan en las armas de fuego.
5. “Explosivos": toda aquella sustancia o artículo que se hace, se fabrica o se utiliza para producir una explosión, detonación, propulsión o efecto pirotécnico, excepto:
6. “Otros materiales relacionados": cualquier componente, parte o repuesto de un arma de fuego o accesorio que pueda ser acoplado a un arma de fuego.
7. “Entrega vigilada": técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos mencionados en el artículo IV de esta convención.
2. La denuncia no afectará los solicitudes de información o asistencia formuladas durante la vigencia de la convención para el Estado denunciante.
El término “explosivos" no incluye: gases comprimidos; líquidos inflamables; dispositivos activados por explosivos tales como bolsas de aire de seguridad (air bags) y extinguidores de incendio; dispositivos activados por propulsores tales como cartuchos para disparar clavos; fuegos artificiales adecuados para usos por parte del público y diseñados principalmente para producir efectos visibles o audibles por combustión. que contienen compuestos pirotécnicos y que no proyectan ni dispersan fragmentos peligrosos como metal, vidrio o plástico quebradizo; fulminante de papel o de plástico para pistolas de juguete; dispositivos propulsores de juguete que consisten en pequeños tubos fabricados de papel o de material compuesto o envases que contienen una pequeña carga de pólvora propulsora de combustión lenta que al funcionar no estallan ni producen una llamarada externa excepto a través de la boquilla o escape; y velas de humo, balizas, granadas de humo, señales de humo, luces de bengala, dispositivos para señales manuales y cartuchos de pistola de señales tipo “very”, diseñadas para producir efectos visibles para fines de señalización que contienen compuestos de humo y cargas no deflagrantes.
Certifico que el documento adjunto es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la Convención interamericana contra la fabricación y el trafico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, suscrito en la ciudad de Washington, D. C., el 14 de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y que los textos firmados de dicho original se encuentran depositados en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la misión permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
Director Departamento de Derecho Internacional".
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Gustavo Bell Lemus".
1. El carácter preventivo del control que hace la Corte sobre los tratados internacionales.
El control, tal como lo ha sostenido la Corte (1) , tiene un carácter preventivo en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es previo al perfeccionamiento del instrumento internacional.
(1) Ver Sentencia C-333 del 21 de julio de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz).
Es importante advertir que a la Corte ya había correspondido el análisis del instrumento internacional ahora revisado, pero mediante Sentencia C-1137 del 30 de agosto de 2000 declaró inexequible la Ley 540 de 1999 “por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados”, toda vez que no se subsanó el vicio de forma consistente en que al momento de surtirse el trámite en el Congreso de la República, éste omitió tramitar y aprobar el anexo que hacía parte de la convención, a pesar del requerimiento hecho por la corporación.
Se requiere, en razón del trámite ordinario, su publicación oficial previa, la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.P., art. 157), que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días, que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160) y ser sancionado por el gobierno.
No obstante lo anterior, existen dos rasgos característicos que conviene recordar. En primer lugar, como se trata de asuntos relativos a relaciones internacionales, su trámite debe iniciar en el Senado de la República (C.P., art. 154), y, en segundo lugar, el gobierno debe remitir a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción, la ley para efectos de su revisión definitiva (C.P., art. 241-10).
En este orden de ideas, procede la Corte a revisar el proceso de formación de la Ley 737 del 5 de marzo de 2002 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)".
a) La convención objeto de análisis fue suscrita, en representación del gobierno de Colombia, por Fernando Cepeda Ulloa, quien para ese entonces era el representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, de acuerdo con los poderes conferidos por el Presidente de la República y refrendados por la Ministra de Relaciones Exteriores el día 11 de noviembre de 1997, tal como consta en la certificación expedida por el jefe de la oficina asesora jurídica de ese ministerio (fls. 226 a 229).
c) El texto del Proyecto de Ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara fue publicado en la Gaceta 435 del 31 de octubre de 2000 (fl. 81).
d) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el honorable senador Jimmy Chamorro Cruz, cuya publicación se hizo en la Gaceta Nº 480 del 30 de noviembre de 2000 (fl. 89).
No obstante lo anterior, a folio 33 obra certificación suscrita por el honorable Senador Juan Gabriel Uribe Vegalara, en la cual pone de presente que durante la época en que se desempeñó como vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado, autorizó al secretario general de esa célula legislativa para reproducir en fotocopias, con destino a los honorables senadores, la ponencia para primer debate del proyecto de ley referido el día 27 de noviembre de 2000 (fl. 33).
g) Según la misma certificación, el Proyecto de Ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, con un quórum de votación ordinario de 92 senadores de 102, en sesión ordinaria del 14 de junio de 2001, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 331 del 9 de julio de 2001 (fls. 80 y 96).
h) Rindieron ponencia para primer debate en la Cámara los honorables representantes Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Omar Armando Baquero Soler, cuya publicación se hizo en la Gaceta Nº 459 del 13 de septiembre de 2001.
i) El Proyecto de Ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara, fue aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en sesión del 17 de octubre de 2001 con un quórum de 18 representantes y 18 votos a favor (fl. 184).
j) Para segundo debate en la Cámara, la ponencia fue presentada por los honorables representantes Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Omar Armando Baquero Soler y fue publicada en la Gaceta Nº 597 del 22 de noviembre de 2001 (fl. 184).
k) Obra certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, según la cual el Proyecto de Ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara, fue aprobado en sesión plenaria del 28 de noviembre de 2001 por 134 votos (fl. 161).
3.1. Contenido de la convención.
Las medidas tendientes a optimizar la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de tales elementos se relacionan en especial con el deber de las autoridades de proteger a las personas en sus derechos y libertades, y de asegurar la vigencia de un orden justo establecido en el artículo 2º de la Constitución.
La convención objeto de análisis favorece la realización del objetivo de la integración internacional y, por tanto, se enmarca dentro de las previsiones del artículo 9º de la Carta. Así mismo, contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tales como la promoción de la prosperidad general, el aseguramiento de la convención pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).
Los fines perseguidos por la convención se formulan conforme a lo previsto en el artículo 4º de la Constitución al reconocer el respeto de la legislación interna de cada uno de los Estados partes y a lo prescrito en el artículo 9º ibídem sobre el respeto de los principios de derecho internacional, de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.
En efecto, la finalidad del acuerdo internacional, consistente en impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a través de la cooperación internacional, no es más que un desarrollo de los artículos 9º y 22 de la Constitución Política, debido a que la fabricación y el tráfico ilícitos de tales elementos inciden en los factores que generan violencia en nuestro país y atentan contra un orden justo y al mantenimiento de la paz en Colombia.
En efecto, tal obligación internacional para Colombia será declarada exequible, pero ello no obsta para advertir que en el momento de tipificar como punibles las conductas mencionadas en el instrumento internacional, se deberá respetar el principio de legalidad. Ello sin perjuicio, lógicamente, de que en el futuro la Corte pueda pronunciarse sobre la exequibilidad de esos delitos, en el evento en que la norma sea demandada (2) .
(2) En igual sentido se pronunció la corporación en Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
3.3. La pena de confiscación, una figura proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.
No obstante lo anterior, tal parece que la convención toma ese vocablo como sinónimo de “decomiso”. De tal forma que si se entiende que cuando en tal instrumento se hace alusión al término confiscar —figura que, como se anotó, está prohibida por el constituyente— a lo que realmente se alude es a la posibilidad de decomisar las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, encuentra la Corte que el artículo referido sí se encuentra acorde con la Carta Política.
El comiso o decomiso, a diferencia de la confiscación, no está prohibido por la norma fundamental y se autoriza como sanción penal, limitada a los objetos y valores producto del ilícito (3) .
(3) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-076 del 25 de febrero de 1993 (M.P. Jaime Sanín Greiffistein). Sobre el punto también se pueden consultar las sentencias T-460 del 15 de julio de 1992, C-374 del 13 de agosto de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), y C-677 del 18 de noviembre de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
3.4. La técnica de la entrega vigilada se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico.
3.5. El compromiso de incluir como delitos que dan lugar a extradición los señalados en el artículo IV de la convención no vulnera la Carta.
De acuerdo con el artículo XIX de la convención, los Estados partes deben incluir los delitos de fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados —señalados en el artículo IV—, dentro de los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados contratantes o los que concierten. Así mismo, que si uno de los Estados supedita la extradición a la existencia de un tratado y recibe una solicitud de otro Estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la convención como base jurídica de la extradición respecto de los delitos mencionados.
“...el Congreso de la República, mediante el Acto Legislativo 01 de 16 de diciembre de 1997, modificó el artículo 35 de la Constitución, estableciendo que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley. Además, precisó el acto reformatorio de la norma constitucional, que la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, correspondiéndole al legislador reglamentar la materia. Determinó también dicho acto, que la extradición no procederá por delitos políticos, o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicho acto legislativo" (4) .
(4) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-351 del 15 de julio de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
Encuentra la Sala que este artículo no desconoce precepto constitucional alguno en cuanto que, como lo ha señalado la corporación, la extradición tiene su fundamento en la cooperación internacional y en el interés que tienen los Estados en lograr que los delitos que sean cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad (5) .
(5) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).