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Timestamp: 2017-07-27 16:34:50
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Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of IRAN - systema legal Irani
systema legal Irani
EN EL NOMBRE DE DIOS INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LEGAL DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
Imám Khomeini (QEPD). El Gran Fundador de la Revolución Islámica:
“La Justicia es el tópico quizás más importante de entre todos en el Islam”.
“La Justicia es un asunto importante, que compete a la vida, prosperidad, y honor de las gentes”.
Líder supremo de la República Islámica de Irán:
“El Poder Judicial debe cumplir con la función de consagrar los derechos, a todas las gentes y ser un foco de esperanza y justicia para las personas oprimidas”.
“El deber más importante del Poder Judicial es luchar contra el crimen e impartir justicia de forma contundente”.
Esta obra ha sido traducida del Inglés al Castellano. Y cuya finalidad excluyente es facilitar el acceso a los lectores interesados en la temática que trata la misma.
El motivo de la traducción descansa en la firme convicción que se debe maximizar el uso del lenguaje tanto en su versión escrita como oral, gracia conferida a los seres humanos por la Providencia, para poder alcanzar la comprensión mutua.
En consecuencia con lo expresado anteriormente, no se formulan juicios de valor de clase alguna sobre el contenido de la obra, puesto que no es esa la finalidad. Sea pues el lector quien saque sus propias conclusiones.
Capítulo 1: Aproximación al sistema judicial Iraní.
Sección 1: El Poder Judicial en la Constitución de Irán.
Sección 2: Las relaciones del Poder Judicial con otros poderes (Ejecutivo y Legislativo).
Sección 3: Derechos y Obligaciones del Jefe del Poder Judicial.
Sección 4: Derechos y Obligaciones del Ministro de Justicia.
Capítulo 2: Estructura y Organización del Poder Judicial de la República Islámica de Irán.
Esquema de la estructura de la organización del Poder Judicial.
Organización Judicial del Poder Judicial.
Sección 1: Suprema Corte.
Sección 2: Fiscalía General.
Sección 3: Tribunal Disciplinario de la Judicatura y Fiscalía Disciplinaria.
Sección 4: Tribunal de Justicia Administrativa.
Sección 5: Autoridades judiciales en materia penal y civil.
a- Autoridades Especializadas.
Organización Judicial en las Fuerzas Armadas.
b- Autoridades Públicas:
1- Fiscal Revolucionario y Público.
2- Tribunal Revolucionario y Público.
2.1. Tribunal Civil.
2.2. Tribunal Penal.
2.3. Tribunal Revolucionario.
2.4. Tribunal de Menores.
2.5. Tribunal de Familia.
3- Tribunal Provincial Penal.
4- Tribunal Provincial de Apelaciones.
Sección 6: Instituciones cuasi judiciales.
a- Arbitraje.
b- Consejo de Solución de Conflictos.
Capítulo 3: Organizaciones no judiciales, vinculadas con el Poder Judicial.
Sección 1: Contralor de penas alternativas de prisión y Organización de Prisiones.
Sección 2: Cuerpo de Inspectores Generales del Estado.
Sección 3: Organización de Medicina Forense.
Sección 4: Organización del Registro de Actos o Documentos legales y de la Propiedad.
Sección 5: Organización del Boletín Oficial.
Sección 6: Facultad de Ciencias Judiciales.
Capítulo 4: Instituciones y personas relacionadas con el Poder Judicial:
Sección 1: Abogados (Asociación de Abogados).
Sección 2: Funcionarios Expertos en Justicia Administrativa (Asociación de Funcionarios Expertos )
Sección 3: Traductores públicos.
La victoria de la Revolución Islámica contra el régimen monárquico en 1.979, tuvo importantes ventajas y consecuencias. La más significante consecuencia, es la restauración de los excelentes pensamientos Islámicos y sus respectivos puntos de vista. Los valores y enseñanzas resultantes desde ese punto de partida, particularmente los relacionados con los problemas sociales más comunes, han venido siendo aplicados en la República Islámica de Irán, inter alia en el sistema legal y judicial Iraní, y han sido motivo de atención por parte de filósofos y eruditos simultáneamente.
La República Islámica de Irán es el único estado en el mundo, que tuvo la oportunidad y capacidad para establecer el sistema judicial Islámico, recreando los decretos Islámicos. En Irán todos los aspectos judiciales, relativos a la estructura del Poder Judicial, Leyes y Reglamentaciones, Políticas de represión del crimen, procedimientos, jurisprudencia y demás, encuentran su fundamento en las bases de los principios y pilares Islámicos en los cuales se deposita la confianza y a parte de ello, en una excelente jurisprudencia.
La condición única de República Islámica de Irán y sus concomitantes privilegios y bendiciones han hecho que otros estados Islámicos se planteen la cuestión del establecimiento del sistema judicial Islámico; sin embargo esos estados en mayor o menor medida tratan de establecer el sistema legal Islámico, pero su rol e importancia en los procesos judiciales e islamización de sus poderes judiciales, mayormente queda circunscripta al establecimiento de Tribunales para la aplicación de la Sharia y tribunales ad hoc para la consideración de la esfera civil.
Las infraestructuras judiciales y legales Islámicas y los elementos del bien conocido y extenso sistema judicial Islámico han sido incorporadas en la Constitución Iraní así como en otras leyes y regulaciones. Por lo tanto la estructura del Poder Judicial de la República Islámica de Irán y sus organizaciones han sido establecidos y sus leyes y reglamentaciones han sido erigidas sobre las bases de los fundamentos y principios Islámicos, mencionados en la Constitución.
La separación de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial o en otras palabras, la necesaria independencia del sistema judicial y del Poder Judicial en Irán, han sido remarcadas en la Constitución más que en otros estados.
Desde el punto de vista del enjuiciamiento, interpretación de sentencias, estructura y la forma de dirección de las organizaciones judiciales, el Poder Judicial en Irán es independiente. Esta independencia abarca desde la más inferior hasta la más superior autoridad judicial, que es el Jefe del Poder Judicial.
Difiere de otros estados en los cuales el jefe del Poder Judicial y los más altos cargos judiciales son designados o deben contar con la aprobación de la rama ejecutiva o legislativa o por una combinación de ambas. En Irán no existe ese vínculo de aprobación de esas autoridades o de otras ramas. El Jefe del Poder Judicial debe contar con la aprobación del Supremo Líder quien es a su vez su superior y superintendente sobre las tres ramas del poder estatal, y otras autoridades deben contar con la aprobación del Jefe quien previamente deberá consultar con los jueces de más alto rango.
Asimismo, otras ventajas son; el sistema judicial islámico, mencionado precedentemente es doblemente independiente, y esa característica es muy importante y efectiva para alcanzar y garantizar la administración de justicia en el proceso judicial ab initio hasta la etapa procesal de dictado de sentencia.
También existe otra ventaja; la Constitución confiere al Poder Judicial no solo competencias de índole judicial, sino también de control mediante la función de inspección. Desde este punto de vista el Poder Judicial, mediante la Organización del Cuerpo de Inspectores Generales del Estado y de la Corte de Justicia Administrativa que ejerce sus potestades de supervisión y contralor respecto de la aplicación de las leyes y reglamentaciones y el debido uso de las funciones ejecutivas y administrativas del Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial tiene potestades para revocar todas las reglamentaciones y decretos de cualquier órgano ejecutivo que no se ajusten a las leyes y reglamentaciones, emanadas del Parlamento, por contradecirlos. Los Jueces en Irán tienen la facultad para interpretar las leyes y reglamentaciones y si en el caso que los mismos se encuentren en la situación descripta anteriormente; pueden por propia iniciativa, dejar de aplicarlas y solicitar a la Corte de Justicia Administrativa, su revocación. Cabe señalar que esta clase de jurisdicción es conferida por la Constitución y es útil e importante a los efectos de reforzar la independencia del Poder Judicial.
Se puede mencionar otra ventaja, similar a la existente en otros estados, que es la creación de Oficinas de Fiscalía o Ministerio Público, en el Poder Judicial, que colaboran como una de las principales e inseparables partes del sistema judicial y que es dirigida por jueces; esta condición, debido a su calidad legal, juega un importante papel en la administración de justicia y en el control y represión del delito y las faltas. Los Fiscales no son personal administrativo y, no trabajan invocando la administración, dicho de otra forma, la seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir las disposiciones legales, son consideradas en su cabalidad como oficiales de justicia y trabajan entonces bajo la supervisión y mandato de los jueces.
Esa ha sido la filosofía que fundamenta la separación de los Fiscales del Poder Ejecutivo; esta separación es muy valorada e importante. Hace a la esencia de la imparcialidad de la justicia. Los Fiscales generalmente toman parte en materia de faltas contra el orden público y la comunidad; por tanto si los mismos estuviesen bajo la órbita del Poder Ejecutivo, les resultaría más difícil sostener su rango de imparcialidad. En resumen lo más importante es el hecho que los Fiscales, los asistentes de los mismos, y los investigadores trabajan todos en las oficinas fiscales, son considerados a sí mismos como representantes de las gentes, defensores de sus derechos y protectores de las legítimas libertades. La Constitución exige al Poder Judicial que sea el encargado de impartir justicia y defender los derechos de las gentes; así como también asigna competencias en determinados asuntos relacionados con las obligaciones de los Fiscales y las oficinas de los Fiscales.
Los Fiscales son competentes en la defensa y protección de los derechos de las gentes y actúan como contraparte de aquellos que los han violado o desconocido. Por lo general la base sobre la cual deben actuar y seguir, los fiscales, los asistentes de los fiscales, los investigadores y el personal de las oficinas de los fiscales, es la misma que es tomada en consideración por los jueces, la administración de justicia y las ramas judiciales. Y no es necesariamente la misma que la que toma en consideración el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Para el caso de denuncias administrativas, este tipo de separación de tareas, implica mantener la imparcialidad en todo momento. En Irán, tal como ha sido señalado por la Constitución, todo proceso judicial desde su inicio con la investigación hasta la etapa de dictado de sentencia, e incluso los proyectos de codificación, son reconocidos como acciones judiciales y están bajo la jurisdicción del Poder Judicial.
La Organización de las Prisiones Estatales y Medidas Contralor de Asistencia, está también vinculada al Poder Judicial. Esta organización, está bajo la supervisión de jueces, ejecuta las sentencias de condena a prisión que fueron dictadas al amparo de la ley e interpretadas por los jueces en los tribunales y eso, de forma clara impide cualquier clase de problemas, o injusticias.
Otra ventaja es que el Poder Judicial está integrado también por Cortes Marciales, que son competentes para el tratar en los casos de denuncias militares, así orientadas para mantener la imparcialidad. El Poder Judicial también es competente para supervisar y examinar los desempeños y cualidades de los oficiales de alto rango. Su posicionamiento no implica inmunidad ni impunidad y las denuncias contra los funcionarios de alto rango son solamente tratadas por los jueces y ninguna otra organización está autorizada para ello.
Asimismo, la Constitución, las leyes y las reglamentaciones crean las organizaciones que son necesitadas por los jueces del Poder Judicial. En la mayoría de los casos, los jueces necesitan de expertos de determinadas organizaciones y personas. La Asociación de Funcionarios Expertos, la Organización Estatal de Registro de Actos Documentos legales y de la Propiedad, la Organización de Medicina Forense, y otras que se encuentran bajo la órbita del Poder Judicial. La filosofía que sustenta esta forma de organización es la misma. Supervisión e Inspección deben interactuar y, el Poder Judicial es el mejor lugar donde se dé esta combinación y para que se considere estos dos aspectos juntos. Ellos son complementarios entre sí, brazos auxiliares del Poder Judicial para poder ejercer sus facultades de impartir justicia e implica también sus propias responsabilidades.
Este tópico es muy importante y debe ser cotejado con otros sistemas ya sean Islámicos o no. Estos temas tales como la administración de justicia, protección de los derechos individuales, protección de los derechos de la sociedad y el proporcionar seguridad y certeza a toda la sociedad, la supervisión, e inspección y control están bajo la órbita del Poder Judicial.
En Irán, los jueces deben tener una determinada aptitud. Ellos son designados y removidos de sus cargos, sin ninguna injerencia de los otros dos poderes del Estado, por tanto no hay sospecha alguna en ese sentido y los jueces pueden actuar de forma independiente, imparcial y correcta.
Algunas ventajas estructurales ya han sido mencionadas anteriormente, en resumen hay muchas importantes, invalorables y sustantivas ventajas que se pueden encontrar en la Constitución, y otras leyes y reglamentaciones. Los derechos humanos, la dignidad humana, los derechos de ciudadanía, justicia, y libertades legítimas son tratados de forma especial en la República Islámica de Irán. Con frecuencia en la Constitución se enfatiza en estos ítems, en el sentido que deben ser promovidos, protegidos y defendidos. Los derechos de las gentes, mediante el uso de diferentes términos incluyen los derechos individuales y los de ciudadanía, son mencionados más de cien veces en la Constitución.
A continuación se analizará las leyes penales y las reglamentaciones. No existen dos clases de tribunales; uno religioso y otro no religioso, y el sistema judicial en su totalidad está y actúa de acuerdo a los preceptos Islámicos.
Otro tema que merece ser señalado es la política de desjudicialización; que significa que toda contienda civil e incluso aquella de naturaleza criminal que se relacionan con los derechos individuales, en otras palabras crímenes contra las personas, que son de índole privada, acciones que no constituyen delitos por su propia naturaleza, y que son simples incumplimientos de términos contractuales, o de sus previsiones, o los que se cometen contra los sistemas administrativos deben ser expuestos fuera de los tribunales, y para tratar tales situaciones fueron creadas las instituciones públicas cuasi judiciales como el Consejo de Solución de Contiendas, el Tribunal de Arbitraje etc, y por medio de las leyes civiles y reglamentaciones tanto como sea posible. Todo esto favorece al sistema judicial y a las gentes, aportando muy buenos resultados a nivel social y sicológico, resolviendo de forma más fácil y rápida, mejorando la convivencia y afecto y desechando la envidia y la contienda. En los casos en los cuales no se haya podido alcanzar un acuerdo, el pleito será tratado como caso especial mediante órganos judiciales. Contando con reglamentaciones emparentadas; el resultado de este pleito puede ser apelado por única vez. De esta forma, al tener acceso a los consejos, se facilita el trabajo del Poder Judicial, alcanzando en los hechos en algunas provincias, entre el 55 al 60% de los casos, resueltos por el Consejo de Tratamiento (o Solución) de Contiendas.
Otro importante y fundamental pilar del sistema es la mención en la Constitución del principio del debido proceso. Cada persona tiene derecho de comparecer ante cualquier tribunal a defenderse y asimismo tiene el derecho de contratar abogado. La persecución y arresto de una persona solamente es posible bajo el cumplimiento de las garantías estipuladas. Las fuerzas de mantenimiento del orden, las fuerzas de seguridad, y la policía no pueden detener a persona alguna a menos que haya orden al respecto y, además cuando el delito sea flagrante. La detención solo puede durar 24 horas y solo puede extenderse ese plazo cuando existe orden judicial al respecto, de lo contrario se debe liberar al arrestado.
Las reglas del procedimiento así como el accionar judicial deben estar en todo tiempo en concordancia con los preceptos Islámicos. Los métodos de recopilación de pruebas básicamente son los mencionados en las leyes Islámicas, que están integradas en las leyes y reglamentaciones Iraníes. En ese sentido, las pruebas del delito en su versión Islámica como el juramento tribal, requerirá el número exacto de testigos; la confesión, y otras pruebas consideradas por la religión son usadas por el Poder Judicial.
Seyed Mahmoud Hashemi Shahroudi.
Jefe del Poder Judicial de la República Islámica de Irán.
Aproximación al Poder Judicial de la República Islámica de Irán Sección I: El Poder Judicial en la Constitución.
La principal finalidad del Islam en el campo individual y social, es la de hacer justicia en dichas áreas. El sistema judicial de la República Islámica de Irán está basado en las reglamentaciones Islámicas, en la Ley y Jurisprudencia del Canon Shia.
El establecimiento de un sistema judicial basado en la justicia Islámica, consistente en la existencia de jueces justos, bien formados en las reglamentaciones legales y religiosas, está consagrado como una de las secciones más importantes de la Constitución.
El artículo 157 de la Constitución, menciona que existen en la República Islámica de Irán tres poderes del estado:
El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, todos los cuales se encuentran bajo la supervisión del Líder Supremo, Justo Absoluto. Los mencionados poderes son independientes entre sí y por el artículo 161 de la Constitución, todas las tareas que se desarrollan mediante el Poder Judicial deben ser en total acuerdo con las reglamentaciones Islámicas, preservando en los casos que resuelva los derechos ciudadanos, desarrollando el concepto de justicia, reafirmando los límites de lo sagrado.
Si bien el principio de separación de poderes y su independencia ha sido aceptado por la Constitución de la República Islámica de Irán, existe una diferencia con otras constituciones de otros países que también aceptan dicho principio; por ejemplo los poderes se encuentran bajo supervisión del Líder Supremo. Esta supervisión es uno de los principios básicos del Gobierno Islámico, que es ejercido por el Justo Sabio, durante la ausencia del Imám Zaman (el 12º Imám Shiita). El Líder Supremo, como Gobernador, tiene la supervisión de todos los asuntos del país. El principio de democracia y elecciones es totalmente visible en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, dado que el presidente y los miembros del parlamento son elegidos directamente por las gentes, mientras que el Jefe del Poder Judicial es designado por el Líder Supremo, de la forma que veremos en los siguientes capítulos, en cuyo caso el voto popular no incide.
Sección II: La relación de Poder Judicial con otros poderes
Así como la Constitución de la República Islámica de Irán establece la independencia de poderes entre sí; los mismos se relacionan entre sí, basados en la necesidad de cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos generales del Sistema. Las relaciones entre los distintos poderes estatales son relaciones de control, y en algunos casos un poder estatal puede estar bajo supervisión de otro y ser responsable ante uno diferente. Sin embargo, el Poder Judicial es el que goza de más libertad respecto a las facultades de supervisión de los otros poderes y casi nunca es responsable frente a ellos. Para un mejor entendimiento de las situaciones referenciadas con anterioridad, las relaciones entre los distintos poderes estatales serán analizadas a renglón seguido:
El Poder Legislativo tiene una amplia gama de mecanismos y casi totales facultades de control sobre el Poder Ejecutivo. Esto es así porque la idoneidad de los ministros debe ser corroborada por los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento). Ante cualquier acto, el Consejo de Ministros debe obtener el voto de confianza de la Asamblea Consultiva Islámica. Los ministros son responsables ante los miembros del Parlamento desde que son designados hasta que cesan en sus cargos. La destitución del Presidente, la posibilidad de interrogar a los ministros, y la convocatoria de los mismos, son algunos ejemplos de las facultades de control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. El Parlamento tiene los más amplios poderes de supervisión de todos los actos de gobierno y sobre todos los asuntos financieros. El presupuesto anual del país, es elaborado por el Gobierno y puesto a consideración de la Asamblea Consultiva Islámica para su estudio y aprobación. Cualquier cambio en las cifras presupuestales debe ser analizada y aprobada por el Parlamento. Además existe un instituto denominado “La Corte Suprema de Auditoría”, que funciona bajo la supervisión de la Asamblea Consultiva Islámica y que controla todas las cuentas de los ministerios y empresas públicas, a los efectos de verificar e impedir que se gasten importes superiores a los aprobados por el Parlamento y que verifica la exactitud, corrección y legalidad del gasto. (Artículos 52, 54, 77, 89, 120 y 133 de la Constitución).
Por disposición del artículo 90 de la Constitución, las gentes están legitimadas a presentar quejas o demandas contra las actuaciones del Poder Judicial ante el Poder Legislativo. Los miembros del Parlamento pueden en tal caso, pedir informes al Poder Judicial. Sin embargo, los resultados de tales informes e investigaciones por parte del Poder Legislativo son solamente válidas a título informativo, pero no tienen fuerza vinculante, pero son efectivas desde el punto de vista político y social.
Los proyectos de reglamentación aplicables a la órbita judicial, son recopilados por el Poder Judicial y remitidos al Parlamento para su aprobación. Los Jueces tienen el poder suficiente para interpretar las leyes aprobadas por el Parlamento. En casos en que existan diferentes interpretaciones por varios jueces, la Suprema Corte procede a dictar una única interpretación válida como precedente judicial, en una función semejante a la de la acción legislativa en sí misma. Todos los jueces deben acatar esa interpretación de la Suprema Corte, y deben considerarla como precedente para dictar sentencias, puesto que tienen fuerza de ley.
Los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento), no gozan de inmunidad en materia civil y penal durante el lapso que dura su mandato. Por ejemplo, el ejercicio de su cargo no prohíbe que sean arrestados. Ellos solamente gozan de inmunidad parlamentaria dentro de los límites de su actuación comprendida en sus obligaciones de representación y les comprende la inmunidad en el momento de verter sus opiniones y votar en el Parlamento. Por ejemplo los mismos gozan de inmunidad por las opiniones expresadas en el Parlamento para el cumplimiento de los deberes propios de su cargo. (Artículos 158, 161 y 86 de la Constitución).
El Poder Judicial puede ejercer control sobre el Poder Ejecutivo porque, en primer término, los jueces están obligados a impedir que se concedan aprobaciones a reglamentaciones emanadas del Poder Ejecutivo que sean contrarias a la ley o sean dictadas con exceso de poder; segundo; la Corte de Justicia Administrativa, que ejerce sus potestades y que está vinculada institucionalmente al Poder Judicial, es competente para tratar demandas promovidas por las gentes contra la actuaciones de los agentes gubernamentales, unidades y resoluciones, y por tanto sobre la actuación del Poder Ejecutivo que desde este punto de vista, está bajo la supervisión del Poder Judicial. El Cuerpo de Inspectores Generales del Estado, es un organismo relacionado institucionalmente con el Poder Judicial, tiene competencia para supervisar la correcta aplicación de las leyes por la administración pública; tercero, no solamente los funcionarios no gozan de inmunidad civil o penal, sino que también la Suprema Corte está facultada para juzgar al presidente por sus acciones y su actuaciones no ajustadas a derecho, y solicitar su dimisión ante el Líder Supremo.
La única competencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, es que este último elabora el presupuesto anual del Poder Judicial, incluido dentro del Presupuesto General del país, que es competencia del Ejecutivo.
El principio de la separación de poderes, ha sido aceptado en la Constitución de la República Islámica de Irán. Por otra parte el artículo 156 de la Constitución, presenta al Poder Judicial como un poder independiente y separado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, lo que supone un adecuado apoyo y protección de los derechos individuales y sociales con el fin de alcanzar la meta de impartir justicia. La separación e independencia del Poder Judicial no está limitada a los organismos que la integran; los jueces son independientes en el Poder Judicial, por ejemplo; primero; cualquier juicio requiere inevitablemente la existencia de un juez neutral; segundo; la neutralidad e independencia de los jueces solo se materializa cuando los mismos, dictan sentencias fundadas en reglamentaciones judiciales, libres de cualquier presión política o económica. Es por ello que el artículo 166 de la Constitución expresa: Los juicios ante los tribunales deben estar fundados en disposiciones legales. Artículo 167 de la Constitución agrega: Los jueces deben extremar esfuerzos para que cualquier caso sometido a juicio esté fundado en las leyes escritas.
El otro principio que fundamenta la independencia de los jueces, es el principio de no existencia de jerarquías institucionales ni administrativas en el desarrollo de los juicios. Los jueces son en principio independientes para dictar sus propias sentencias dentro del sistema judicial del país, no están sometidos a la autoridad de ningún funcionario de más alto rango, y en caso de suscitarse opiniones divergentes, la diferencia es analizada y resuelta por otra autoridad judicial. Por ejemplo, si los miembros de la oficina de fiscalía ( i.e; el investigador a cargo del interrogatorio y el fiscal) que juntos forman una unidad de acción en cuanto al trámite de formalización de la acusación, no están de acuerdo en cuanto que el investigador tiene la convicción que la persona acusada es inocente, mientras el fiscal opina lo contrario, en el sentido de que es culpable, el caso será estudiado antes por el tribunal; de forma tal que el fiscal no puede imponer su opinión sobre la del investigador. Lo mismo ocurre cuando se suscitan diferentes puntos de vista entre los tribunales de enjuiciamiento y la Suprema Corte vinculados con los procedimientos establecidos para apelar los fallos de los primeros.
Sección III: Obligaciones y Derechos del Jefe del Poder Judicial.
Los procesos judiciales han sido objeto de especial atención y consideración en la Constitución de la República Islámica de Irán. El prefacio de la Constitución expresa en este sentido:
“La actividad judicial es vital para salvaguardar los derechos que les confiere a las gentes el modo de vida Islámico, y así evitando cualquier probable desviación que pudiese ocurrir en la nación Islámica. Ello es así porque el sistema judicial que ha sido establecido, está basado en la justicia Islámica, consistente en la existencia de jueces justos, con adecuada formación en las cuestiones y preceptos religiosos. Aportando su elemental sensibilidad y la atención que es precisa en su naturaleza religiosa, este sistema judicial debe mantenerse apartado de cualquier forma de relación perniciosa.”
El Poder Judicial tiene independencia y está separado de los otros poderes estatales, después de la revolución con el objeto de evitar cualquier influencia de los mismos. El Poder Judicial era, antes de la primera enmienda de la Constitución, acontecida en 1989, dirigido por el Alto Consejo Judicial. Este consejo estaba integrado por el Jefe de Justicia de la Suprema Corte, el Fiscal General, y tres jueces justos Mujtahed, que eran elegidos por los jueces de todo el país y el lapso de sus mandatos era de cinco años. La Constitución fue reformada en 1999 y el Poder Judicial fue encabezado por un juez Mujtahed quien es erudito en cuestiones judiciales y que es un director dotado de múltiples recursos, en todos los asuntos judiciales y administrativos en los que es competente. El Mujtahed es designado por el Líder Supremo, y su mandato dura cinco años y es considerado la autoridad con más jerarquía en la órbita judicial del país. (Artículo 157 de la Constitución).
Las tareas encomendadas al Poder Judicial son enumeradas por el artículo 156 de la Constitución, y se mencionan a renglón seguido:
1- Investigar, examinar, dirigir los procesos, y dictar sentencias en relación con las demandas, tratar casos de injusticia, solución de controversias, remover enemistades, y tomar decisiones así como medidas vinculadas la materia probatoria que son determinadas por la Ley.
2- La administración de justicia para todas las gentes, y garantizar el desarrollo de la justicia y las libertades consagradas a texto expreso.
3- Supervisar la aplicación de las reglamentaciones.
4- Detectar crímenes, acusar, y penalizar a los criminales, ejecutar las penas, y hacer cumplir las regulaciones Islámicas escritas.
5- Adoptar las medidas necesarias para prevenir el crimen, así como la rehabilitación de los criminales.
Las tareas encomendadas al Jefe del Poder Judicial son las siguientes y están incluidas en el artículo 158 de la Constitución:
1- Establecer la organización del Poder Judicial; el Jefe del Poder Judicial establecerá las unidades administrativas y judiciales con el objeto de hacer cumplir la Constitución, las leyes y las reglamentaciones, de acuerdo a las necesidades que se susciten.
2- Presentar proyectos de reglamentación judiciales: El Poder Judicial necesita tener sus propias y actualizadas reglamentaciones para poder cumplir sus cometidos. Para ese propósito, el Jefe del Poder Judicial elabora sus proyectos de reglamentación judiciales y los presenta al Consejo de Ministros, mediante el Ministro de Justicia. Una vez que el o los proyectos han sido aprobados por el Consejo de Ministros, son presentados a la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento).
3- Designar justos y meritorios jueces, y removerlos, contratar justos y versados jueces, designarlos y destituirlos, trasladarlos, asignarles cargos, ascenderlos. Es importante mencionar que esas tareas serán cumplidas en total acuerdo con las leyes y reglamentaciones; por ejemplo, no es posible destituir a un juez a menos que su crimen y sentencia de condena haya quedado firme, y no es posible trasladar a un juez a menos que preste su consentimiento para el mismo. Sin embargo, en los casos en que el interés general requiera tal cambio, el Jefe del Poder Judicial puede proceder en tal sentido y trasladar a un juez luego de efectuadas las consultas del caso con el Jefe de Justicia de la Suprema Corte y el Fiscal General.
Como ha sido señalado precedentemente, la designación de jueces es una de las más importantes obligaciones del Jefe del Poder Judicial, en tanto los jueces son los competentes para impartir justicia en el ámbito social y son el principal sostén del Poder Judicial (a). Las características de los procesos judiciales en la República Islámica de Irán son tomadas de las doctrinas religiosas y están basadas en los recursos Islámicos; en esta posición está en primer lugar Dios, y luego los profetas y los Imam(es) (b).
(a) “Si tu juzgas entre ellos, juzga con equidad. Ciertamente, Allah aprecia a aquellos que juzgan de acuerdo con la justicia”. Sagrado Corán, Surah: Al – Maidah, Palabra de la Revelación 42 (Fuente de la versión inglesa: “El Sagrado Corán. Traducción Persa e Inglesa, comentada por Tahereh Saffarzadeh. Explicación agregada por el traductor).
(b) “Y le fue dicho: ¡O, Dawud! Ciertamente te hemos designado como Gobernador Divino en estas tierras: Entonces pues imparte justicia entre los hombres de acuerdo a la justicia y no sigas los designios de tu propio corazón...” Sagrado Corán, Surah Sad, Palabra de la Revelación 26 (Fuente de la versión inglesa: “El Sagrado Corán. Traducción Persa e Inglesa, idem anterior).
Sección IV: Obligaciones y Derechos del Ministro de Justicia.
Antes de la gloriosa Revolución Islámica de Irán, el Ministro de Justicia era la más alta autoridad judicial del país, pero luego de la Revolución, y con la aprobación de la Constitución de la República Islámica de Irán, el Poder Judicial de la República Islámica de Irán se le confirió el posicionamiento adecuado como poder independiente dentro del estado. Como resultado de ello, las competencias del Ministro de Justicia en los asuntos judiciales, quedó circunscripta a los siguientes casos:
Designación, Obligaciones y Derechos del Ministro de Justicia.
1- Designación del Ministro de Justicia.
El Presidente de la República Islámica de Irán lo designa de entre un grupo de personas, postuladas para dicho cargo por el Jefe del Poder Judicial y lo presenta ante la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento), para ser sometido al voto de confianza de la misma.
2- Obligaciones y Derechos del Ministro de Justicia.
a- El artículo 160 de la Constitución de la República Islámica de Irán, el Ministro de Justicia es responsable por los asuntos atinentes a las relaciones del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además el Jefe del Poder Judicial puede delegar potestades administrativas y financieras en el ministro y la facultad de contratar empleados, excepto los jueces.
1- Actuar en todos los asuntos vinculados a las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo:
1.1- Presentar y promover los asuntos vinculados con el programa, presupuesto, personal, administración, empleo, y servicios que requiere el Poder Judicial.
1.2- Presentar los proyectos de reglamentaciones del Poder Judicial al Gobierno, y promoverlos y defenderlos, para que sean aprobados y promulgados por la Asamblea Consultiva Islámica.
1.3- Compilar la leyes relacionadas con el Poder Judicial en vista de hacer valer su cumplimiento y reglamentaciones y disposiciones referidas a ellas.
1.4- Continuar los programas y plasmar los objetivos del Poder Judicial en los proyectos de reglamentaciones o leyes emanados del gobierno.
1.5- Ser el nexo para el relacionamiento y coordinación necesaria entre el Poder Judicial y el Ejecutivo con la finalidad de completar, e implementar los programas, políticas y objetivos del Poder Judicial.
2- Actuar en todos los asuntos vinculados con las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativos:
2.1- Promover y defender los proyectos vinculados con el Poder Judicial.
2.2- Trasmitir opiniones y sugerencias emanadas del Poder Judicial a los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento), teniendo en consideración los mismos, en los proyectos que se plantean respecto del Poder Judicial.
2.3- Establecer relaciones y la coordinación que sea necesaria entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
b- Obligaciones y derechos del Ministro de Justicia, teniendo en consideración su cargo como ministro y su integración en el Consejo de Ministros.
1- Estar a disposición del Presidente y responder ante éste, teniendo en cuenta sus especiales obligaciones asignadas por el Presidente como resultado de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Ministro.
2- Ejercer las competencias y cumplir las obligaciones que le han sido asignadas por la ley o por el Presidente o por el Consejo de Ministros.
3- Compilar las leyes, reglamentos y circulares dentro del ámbito de sus competencias y aprobadas por el Consejo de Ministros.
4- Ejercer la dirección de los asuntos vinculados a hacer cumplir las medidas punitivas gubernamentales en total acuerdo con las leyes y reglamentaciones.
5- Participar en la provisión y compilación de los contratos y acuerdos judiciales con otros países y, suscribirlos en representación del Presidente.
3- Esquema Organizativo del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia incluye cuatro direcciones, y oficinas generales, el Departamento de Inspección General, etc.
a- Dirección Jurídica y de Asuntos vinculados con el Parlamento. Esta sección incluye dos oficinas, por ejemplo, la Oficina de Estudios Jurídicos y recopilación de proyectos. Otra es la Oficina de Asuntos del Parlamento, y que tienen las siguientes competencias:
1- Promover y defender los proyectos vinculados con el Poder Judicial ante la Asamblea Consultiva Islámica, especialmente formando parte de las comisiones y del pleno de la Asamblea Consultiva Islámica.
2- Dar a conocer a la Asamblea Consultiva Islámica las opiniones, políticas y sugerencias del Poder Judicial.
3- Establecer las relaciones y la coordinación necesarias entre el Poder Judicial y la Asamblea Consultiva Islámica.
4- Promover y defender los proyectos vinculados al Poder Judicial en el gobierno, formado parte de las comisiones redactoras de proyectos y otras comisionas y reuniones del mismo.
5- Suministrar y compilar proyectos que por ley están relacionados con el Poder Judicial o leyes ejecutivas y reglamentaciones, como la tarea encomendada de hacer cumplir las leyes o las que le han sido encargadas por el Poder Judicial o el Gobierno.
6- Participar en la provisión y compilación de los proyectos de reglamentaciones para posibilitar el funcionamiento del Poder Judicial.
7- Participar en la provisión y compilación de contratos judiciales y acuerdos con otros gobiernos y llevar a delante las tratativas para alcanzar dichos acuerdos.
8- Actuar en otros asuntos que son competencia del Ministerio de Justicia.
b- Sección de Relaciones y Coordinación: Esta sección tiene dos oficinas; una es la Oficina para las Relaciones con el Poder Ejecutivo, y otra es, la Oficina para las Relaciones con el Poder Judicial, para lo cual se le asignan las siguientes tareas:
1- Establecer relaciones con los departamentos jurídicos de los ministerios gubernamentales y las organizaciones vinculadas.
2- Coordinar con los ministerios gubernamentales y las organizaciones teniendo presente la promoción de las materias y objetivos del Gobierno en las cortes.
3- Coordinar con las diferentes secciones del Poder Judicial, a los efectos de simplificar las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
4- Intervenir en toda tarea que vincule el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
5- En el presente, los asuntos vinculados con las relaciones internacionales que serán diligenciados por la Sección de Coordinación, hasta tanto no se cree la sección correspondiente.
6- Diligenciar otros asuntos atinentes al Ministerio de Justicia.
c- Sección de Provisiones y Coordinación de Programas del Ministerio de Justicia; esta sección está compuesta por tres departamentos generales; por ejemplo el Departamento General de Asuntos Financieros; el Departamento General de Asuntos Administrativos, y el Departamento General de Programas. Unidad de pensiones para los familiares de aquellos fallecidos en el cumplimiento de sus deberes , fue creado bajo la órbita de este departamento último, y tiene la finalidad de pagar las mismas para las personas necesitadas y los insolventes, bajo las órdenes impartidas por la justicia competente, requiriendo que el pago se haga efectivo con fondos de la Tesorería de la República Islámica de Irán.
d- Organización Gubernamental de Sanciones. La Organización Gubernamental de Sanciones es una de las organizaciones vinculadas con el Ministerio de Justicia, y el jefe de esta organización es el vice ministro. Esta organización fue creada debido a la necesidad de supervisar y controlar lo que el Gobierno, en el uso de las potestades que debe ejercer en lo referente a asuntos económicos y por la necesidad de coordinación entre las diversas autoridades competentes para la distribución de bienes y aquellas que son competentes para fijar los precios, y para el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones referentes al punto. Esta organización tiene competencia sobre todas las secciones sean gubernamentales o no , e incluye la inspección, supervisión, contratación y revisión de los veredictos finales y su cumplimiento, cuyos contenidos en cuanto a las sanciones por los crímenes, deben ajustarse a la Ley de Sanciones Gubernamentales.
e- Departamento General de la Oficina Ministerial. Este departamento, es el encargado de conocer y gestionar en las cuestiones administrativas y servicios del Ministerio de Justicia, y sus unidades vinculadas. Incluye la Secretaría, la Unidad de Relaciones Públicas y otras secciones vinculadas.
f- Departamento General de Supervisión e Inspección. Este departamento general es el encargado de entender en las quejas presentadas y en los asuntos relativos a su deber de inspección.
Estructura Judicial y Organización del Poder Judicial en la
Sección 1: La Suprema Corte
La Suprema Corte es la más alta autoridad judicial en el sistema jerárquico contencioso, que está establecida por el artículo 161 de la Constitución “ para supervisar el debido cumplimiento de las leyes en los tribunales, la determinación del precedente judicial uniforme, y la realización de las tareas que le han sido asignadas fundadas en la Ley”.
1- Instituciones de la Suprema Corte.
La Suprema Corte está compuesta por dos partes desde el punto de vista de su esquema organizativo: las divisiones de la Suprema Corte y la Fiscalía de Corte.
1.1- Divisiones o Salas de la Suprema Corte.
Las Salas de la Suprema Corte fueron divididas en dos; la sección legal y la sección penal, una vez que la Suprema Corte fue establecida. Esta clasificación es frecuentemente usada y las divisiones de las Suprema Corte son destinadas a la parte legal, penal, y de familia, basadas en su especialidad. La jurisdicción de las divisiones de la Suprema Corte sin embargo, no está limitada a alguna temática especial. La más común de las potestades de la Suprema Corte, por ejemplo la supervisión del debido cumplimiento de las leyes y reglamentaciones en los tribunales, es llevada a cabo por las divisiones de la Suprema Corte en la etapa de producción de prueba en la apelación de una sentencia.
La Suprema Corte tiene hasta el presente 43 divisiones. Cada división de la Suprema Corte está integrada por dos jueces de alta jerarquía. En los casos en que las opiniones de ambos jueces no sean coincidentes, un juez de otra división pasa a integrar la división en cuestión. Este tercer juez es designado por el Jefe de la Suprema Corte de Justicia, y por mayoría se decide. De acuerdo a la Ley, los jueces de la Suprema Corte, según opinión discrecional del Jefe del Poder Judicial o sea Mujtahed, deben tener antecedentes de haber asistido al Curso Kharej durante los últimos diez años, o haber realizado trabajos como abogados o jueces, en los últimos diez años, y deben poseer amplios conocimientos de las leyes escritas Islámicas y sus reglamentaciones. En el presente casi la totalidad de los jueces de la Suprema Corte tienen más de 25 años de trabajo en el ámbito judicial. Las Divisiones de la Suprema Corte en principio tienen su sede en Teherán, sin embargo, pueden localizarse en otras ciudades si es considerado apropiado por el Jefe del Poder Judicial y según su opinión discrecional. Por ley, 4 divisiones de la Suprema Corte están en el presente en la ciudad de Ghom y 3 divisiones en la ciudad de Mashhad.
El Jefe de la Suprema Corte es designado por el Jefe del Poder Judicial, previas consultas con los jueces de la Suprema Corte, y tiene un mandato de 5 años, y debe ser un justo juez Mujtahed con amplios conocimientos en asuntos judiciales.
El Consejo General de la Suprema Corte debe ser mencionado cuando se analiza la organización de la Suprema Corte. El mencionado consejo está previsto por Ley, de dos formas:
Primero. El Consejo General para la Uniformización del Precedente Judicial, está compuesto por todos los jueces de las divisiones de la Suprema Corte. Este Consejo se reúne cuando los tribunales del Departamento de Administración de Justicia o las divisiones de la Suprema Corte, han emitido fallos de contenido diverso basados en sus respectivas interpretaciones de las leyes y reglamentaciones, en situaciones civiles, penales, y casos no litigiosos, similares. En estos casos, el Jefe de Justicia de la Suprema Corte y el Fiscal General procederán de forma expeditiva requiriendo la opinión del Consejo General con el fin de alcanzar un criterio único de precedente judicial, una vez que sus miembros hayan sido informados del caso por cualquier vía. La reunión del Consejo General se lleva a cabo con un quórum mínimo de tres cuartos de miembros de la Suprema Corte, y está presidido por el Jefe de la Suprema Corte o su vice, y asiste también el Fiscal General. Durante la sesión el Consejo analiza el caso, y toma una decisión final luego de haber oído la opinión del Fiscal General. La opinión mayoritaria del Consejo General de la Suprema Corte es obligatoria para casos idénticos, y debe ser cumplida y debe ser acatada por todas las divisiones de la Suprema Corte y todos los tribunales de justicia, y solamente puede anularse por medio de la sanción de una ley.
Segundo: en caso que una división de la Suprema Corte rechace el fallo de una corte inferior, en su etapa de volver a producir evidencia, en la apelación (o en su etapa de volver a producir evidencia en los casos penales en la etapa de revisión), y reenvíe el caso a otra división de la misma jerarquía, y ésta última emite una opinión coincidente con el fallo de la primera instancia, esta última sentencia es llamada “ sentencia reafirmativa ”, y en caso de apelación (o revisión en asuntos penales), en caso que la división de la Suprema Corte ratifique su opinión previa, y no acepte el fallo de la corte inferior con los detalles que componen el pleito y sobre los cuales la apelación o el pedido de revisión ha sido formulado, el caso será remitido al Consejo General de Casos Legales o Penales. El Consejo General analizará el caso y escuchará la opinión del Fiscal General o su representante, y mantendrá el fallo de primera instancia si acepta el criterio del tribunal originario. Si por el contrario rechaza el fallo de la primera instancia, remitirá el caso a un tribunal paralelo para producir evidencia y dictar sentencia basada en el criterio del Consejo General. Los fallos del Consejo General de las divisiones civiles o penales, tienen un importante papel en la determinación de unificación de criterios entre los tribunales y divisiones de la Suprema Corte en cuanto a la interpretación de las leyes y reglamentaciones.
La Oficina del Fiscal de la Corte Suprema trabaja en conjunto con la Suprema Corte y está presidida por el Fiscal General. Por el artículo 162 de la Constitución, el Fiscal General es designado por el Jefe del Poder Judicial, de entre una nómina de justos y reconocidos Mujtaheds, y con la consulta a los miembros de la Suprema Corte, y dura cinco años en su cargo. El Fiscal General tiene un segundo fiscal en orden de jerarquía y otros tantos para otros asuntos, en tanto sea necesario.
Además de los fiscales mencionados precedentemente, la Oficina de la Fiscalía de la Suprema Corte, incluye algunos fiscales colaboradores que actúan bajo la supervisión del Fiscal General en calidad de delegados. La Oficina del Fiscal de la Suprema Corte es una unidad inseparable en sí misma y las decisiones de los fiscales de inferior rango al Fiscal General y de los fiscales delegados son consideradas decisiones de la Oficina del Fiscal y del Fiscal General. La reforma de la Ley que creó los Tribunales Públicos Revolucionarios en 2006, le confirieron a la Oficina del Fiscal de la Suprema Corte una importante tarea, como es la de solicitar al Jefe del Poder Judicial, el rechazo de los fallos definitivos de los tribunales y divisiones de la Suprema Corte, cuando la Oficina Fiscal detecte cualquier contradicción entre los fallos mencionados y los preceptos religiosos.
2. Obligaciones de la Suprema Corte.
Por el artículo 161 de la Constitución, las obligaciones de la Suprema Corte son la supervisión del debido cumplimiento de las reglamentaciones en los tribunales, la creación de precedente judicial uniforme, y actuar en otras funciones asignadas a la Suprema Corte por la Ley. La supervisión y creación del precedente judicial uniforme son las mas importantes obligaciones de la Suprema Corte. A parte de ello, tareas y obligaciones especiales son atribuidas al Jefe de Justicia de la Suprema Corte, además de sus competencias relativas a la evidencia probatoria, en los asuntos administrativos de la Suprema Corte y el Consejo General de la Suprema Corte.
2-1. Supervisión del debido cumplimiento de las Reglamentaciones
La Suprema Corte actúa en su principal función, a través de decisiones que rechazan o confirman los fallos que le son traídos a su conocimiento, vale decir aquellos que pueden ser apelados ante la misma, (en los asuntos penales, esta función puede ser ejercida mediante la potestad de revisión, es decir sin apelación). Las partes perdidosas en los pleitos civiles (legal) pueden apelar, en aquellos casos que están previstos por la Ley, contra las sentencias definitivas de los tribunales públicos o los tribunales de apelaciones cuyos fallos son definitivos en principio. La Suprema Corte es el organismo competente ante el cual la apelación debe ser promovida, en algunos casos especiales de materia penal, contra todos los fallos de los tribunales (no solo los definitivos). Además la Suprema Corte es el organismo competente ante el cual se pueden apelar todos los fallos de los tribunales provinciales, que están compuestos de cinco jueces de los tribunales de apelaciones provinciales y recepcionan toda la prueba en los casos de crímenes importantes, y que pueden imponer penas de condena a muerte o prisión perpetua. En estos casos, si la apelación es presentada ante la Suprema Corte ( o si por la revisión de oficio en los asuntos penales), considera que el fallo objeto de la apelación no está acorde con las leyes y reglamentaciones, y detecta cualquier violación de la ley por el tribunal, o averigua que los principios del debido proceso no han sido cumplidos, rechazará el fallo de la instancia inferior y enviará el caso al tribunal (al mismo o a otro paralelo, según el caso) para ampliar la investigación y en definitiva obtener una sentencia adecuada.
Cualquier contradicción entre fallos y las directivas religiosas del Jefe del Poder Judicial es considerada una nueva etapa de producción de prueba ( la cual es tenida en cuenta como una forma extraordinaria de formular desacuerdos contra los fallos). Los jefes de los departamentos de justicia de las provincias y el de la Suprema Corte tienen la obligación de informar al Jefe del Poder Judicial de cualquier contradicción entre las sentencias definitivas y los preceptos religiosos. Puesto en conocimiento de tal situación el Jefe del Poder Judicial tiene las facultades para ordenar tramitar de forma adecuada la etapa de producción de prueba. Esta competencia de nueva etapa de prueba está asignada en los casos litigiosos al tribunal que ha entendido en el fallo definitivo. En los casos penales, solamente la Suprema Corte está autorizada a ordenar una nueva etapa de prueba y reenviar el caso al tribunal que dictó el fallo definitivo.
2-2. Determinación del Precedente Judicial Uniforme.
El Consejo General de la Suprema Corte (reunido con por lo menos tres cuartos de los jueces de divisiones, incluye los jefes de división, consejeros y suplentes), es competente para formular la interpretación correcta de las leyes y determinar el precedente judicial uniforme, en los casos en que los tribunales y divisiones de la Suprema Corte tienen diversas interpretaciones de las leyes. Esta tarea se desarrolla mediante según la explicación que se dará a continuación. El precedente judicial uniforme se basa en lo dispuesto por el artículo 161 de la Constitución y el artículo 270 del Código de Procedimientos de los Tribunales Públicos Revolucionarios, en los asuntos penales, y es de cumplimiento obligatorio por parte de los tribunales y las divisiones de la Suprema Corte, a menos que el mismo haya sido declarado nulo por ley.
2-3. Otras obligaciones atribuidas por Ley.
Por el artículo 161 de la Constitución, la Ley puede asignar otras competencias a la Suprema Corte incluyendo la resolución de la contienda de competencias y asignación de competencia en casos litigiosos, la autorización para la apertura de nueva etapa de prueba en los asuntos penales, autorización para apertura de nueva etapa de prueba en los asuntos penales, en otro tribunal distinto al que en principio es competente, investigar los posibles incumplimientos de los deberes del cargo del Presidente (titular del Poder Ejecutivo).
2-4. Obligaciones del Jefe de la Suprema Corte.
El Jefe de Justicia de la Suprema Corte, también preside la primera división de la Suprema Corte, además de su dirección de los asuntos administrativos de la Suprema Corte y el Consejo General de la Suprema Corte. Desde este punto de vista, cumple sus actuaciones judiciales ejerciendo sus obligaciones en la primera división de la Suprema Corte, así como en otras divisiones de la misma. El Jefe de Justicia de la Suprema Corte tiene, sin embargo, otras obligaciones en función de su cargo, y las cuales son asignadas por Ley, incluyendo:
a- Estudio y confirmación de fallos emitidos por los tribunales revolucionarios que refieren a la temática de narcóticos.
b- Integra el Alto Tribunal Disciplinario de la Judicatura.
c- Designa dos miembros de la Junta de Revisión del Alto Tribunal Disciplinario de la Judicatura.
Sección 2: La Fiscalía General.
De acuerdo a la Constitución, el Fiscal General que es un justo Mujtahed, con amplios conocimientos de los asuntos judiciales, es designado por el Jefe del Poder Judicial, y su mandato dura cinco años. El Jefe del Poder Judicial recaba la opinión de los jueces miembros de la Suprema Corte con el fin de designar al Fiscal General. La Fiscalía de la Suprema Corte está presidida por el Fiscal General.
Las obligaciones y responsabilidades del Fiscal General son:
1- Con relación al Poder Judicial:
a- Expedirse sobre la propuesta de ascensos o traslados de los jueces, de acuerdo al artículo 164 de la Constitución.
b- Proponer para ser aprobada por el Poder Judicial, la designación del Jefe de Prisiones y Medidas Educacionales y de Seguridad.
2- Con relación a la Suprema Corte.
a- Participar en las reuniones del Consejo General de la Suprema Corte.
b- Solicitar la formulación de nueva etapa probatoria y tiene la potestad para dar su consentimiento cuando a su vez esa circunstancia es requerida por otro.
c- Emitir opiniones en las divisiones de la Suprema Corte.
d- Solicitar el cambio de tribunal en los casos penales.
3- Con relación al Tribunal Disciplinario de la Judicatura.
a- Ordenar al Tribunal Disciplinario de la Magistratura a que investigue e inspeccione la actuación de los jueces.
b- Decidir en los casos que existan diferencias entre la opinión del Fiscal con la opinión del Fiscal Asistente del Tribunal Disciplinario de la Judicatura.
c- Investigar y emitir opinión en los procesos de denuncias contra los miembros del Tribunal Disciplinario de la Judicatura.
4- Con relación a los Tribunales Públicos:
Dar su conformidad a la solicitud de revisión de los fallos de
los tribunales públicos, con arreglo a lo informado por el
Cuerpo General de Inspectores del Estado.
5- Con relación con los tribunales revolucionarios:
a- Confirmar las sentencias de muerte referidas a las figuras delictuales que tratan el tema de estupefacientes, fundado en el artículo 32 de la Ley de Lucha contra los Estupefacientes, ratificada en 1988 por el Consejo Estatal de Emergencias.
b- Revisar otros fallos relacionados con figuras delictuales que tratan el tema de estupefacientes, de acuerdo al último párrafo del mencionado artículo 32.
6- Con relación a los tribunales militares:
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 8 y 17 de la
Ley de Revisión de fallos de los tribunales, solicitar la
revisión de los mismos.
7- Con relación al Instituto de Prisiones:
a- El derecho a acudir a todas las prisiones.
b- Asignar representantes para integrar la Junta de Directores de la Asociación para la Protección de los Detenidos.
8- Con relación a otras autoridades, institutos y ministerios.
a- Ser miembro de la Asamblea General del Instituto para la adquisición y venta de propiedades estatales.
b- Ser miembro del Alto Consejo de Información.
c- Ser miembro de Comisión creada de acuerdo con el artículo de la Reglamentación Complementaria de la norma que contiene la Declaración de Protección y Desarrollo de la Industria Iraní.
d- Ser miembro de la dirección encargada de la lucha contra los estupefacientes.
e- De acuerdo al artículo 3 de la Ley para la compra de tierras, edificaciones, e instalaciones para la preservación de los Antiguos e Históricos Monumentos.
f- Ser miembro del Alto Consejo de Documentos Nacionales.
g- Ser miembro de la Comisión de Divulgación de la Oficina Presidencial.
h- Ser miembro del Consejo Central para la Supervisión de las Elecciones que se llevan a cabo para designar el Consejo Médico, de acuerdo al artículo 18 de la Ley que crea la Organización del Consejo Médico.
i- Ser miembro de la Comisión de Nota 1 de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Pasaportes.
j- Ser miembro del Alto Consejo del Mercado de Valores.
k- Ser miembro del Consejo del Crédito y la Moneda.
l- Ser miembro del Consejo para la Supervisión de Cuentas de Ahorro.
m-Ser miembro de la Comisión para la Supervisión de las Operaciones de Grupos y de Partidos, de acuerdo a la Cláusula 1 del artículo 10 de la normativa que regula las operaciones de los Partidos.
n- Ser miembro del Consejo para la Supervisión de la Impresión de Documentos Gubernamentales y Papeles, etc.
8- Con relación a los Documentos:
a- obligar a los terceros a presentar documentos y actas relacionados con la determinación de la obligación tributaria, de acuerdo al artículo 203 de la Reglamentación de los Impuestos Directos.
b- Dar su conformidad a la presentación de documentos judiciales e información relacionados con impuestos, de acuerdo al artículo 231 de la Reglamentación de Impuestos Directos.
c- Dar su conformidad a la presentación de documentos bancarios e información respecto a los impuestos directos, de acuerdo a la Nota del Artículo 231 de la Reglamentación de Impuestos Directos.
d- Dar su conformidad a la presentación de documentos e información relacionados con el Mercado de Valores, de acuerdo al artículo 19 de la Reglamentación del Mercado de Valores.
9- Actuar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Reglamentación que reformó la normativa de los Tribunales Públicos Revolucionarios y que fue ratificada en 2006, en los casos en que es evidente la contradicción entre las Leyes Islámicas y los fallos.
10- Supervisar los asuntos relativos a municiones y armamentos.
11- Supervisar los asuntos relacionados con las oficinas de los fiscales públicos, revolucionarios y militares.
Sección 3: Tribunal Disciplinario de la Judicatura y la Fiscalía.
Los documentos históricos demuestran que en Irán, los gobiernos han sido sensibles a las denuncias contra los jueces, y que han penado severamente a aquellos que faltan a sus obligaciones.
La doctrina Islámica enfatiza en la supervisión de los fallos, y hasta el presente, por ley, la autoridad encargada de supervisar desde el punto de vista disciplinario a los jueces en cuanto su actuación es el Tribunal Disciplinario de la Judicatura, que tiene su sede en Teherán y está compuesto por un fiscal y varios miembros y los empleados de oficina. La supervisión judicial es tarea asignada a la Suprema Corte.
La Oficina del Fiscal Disciplinario desarrolla sus tareas junto con el Tribunal Disciplinario de la Judicatura, que tiene tres divisiones o salas. Las denuncias contra los miembros del Alto Tribunal Disciplinario de la Judicatura son tratadas y sustanciadas ante el Consejo General de la Suprema Corte. Cualquier falta en el desempeño de sus cargos, y la no observancia de sus obligaciones, vinculados a las leyes y reglamentaciones son consideradas como faltas de servicio en general, y el transgresor será condenado mediante la imposición de penas previstas por la ley según sea el caso.
Las sanciones disciplinarias que aseguran el correcto funcionamiento de las bases judiciales son:
1- Amonestación por escrito sin inclusión en el legajo personal.
2- Apercibimiento por escrito con anotación en el legajo personal.
3- Deducción de por lo menos un tercio de su retribución mensual, por un lapso de entre uno a seis meses.
4- Suspensión provisoria por un lapso de entre tres meses a un año.
5- Descenso de uno o más lugares en la esquema jerárquico.
6- Destitución e Inhabilitación Permanente para prestar cualquier clase de servicio en la justicia.
7- Inhabilitación Permanente para trabajar en la Administración de Justicia.
8- Inhabilitación permanente para ejercer cualquier cargo público.
Competencia de la Fiscalía Disciplinaria de la Judicatura.
1- Inspeccionar y detectar irregularidades y ejercer la acción pública de acusación contra los empleados judiciales.
2- Investigar los asuntos morales y conductas y actuaciones contrarios al prestigio del Poder Judicial, así como la mala reputación de los empleados judiciales y su negligencia y sus faltas en el cumplimiento de sus deberes.
En caso que las investigaciones comprueben que un juez cometió una irregularidad y el Fiscal Disciplinario de la Judicatura, considere suficientemente probada la falta, para lo cual requiere la acusación formal, se solicitará la separación de su cargo, del juez infractor hasta el fallo final de las autoridades competentes, vale decir el Alto Tribunal Disciplinario. El mencionado tribunal formalizará la orden de destitución luego de la investigación y análisis de la prueba. Sin embargo, en el caso en que el juez sea exento de toda falta, el período de separación de su cargo será considerado como si hubiese prestado el servicio y le tendrá que ser abonado el salario correspondiente.
A los efectos de mantener una total imparcialidad de los jueces en el cumplimiento de sus funciones y respetando el código de conducta judicial, los empleados judiciales tienen prohibido ser miembros de ningún partido político y cualquier organización vinculada a los mismos. Asimismo tienen prohibido ser partícipe en ninguna publicidad partidaria o publicación o periódico o revista partidaria. Quienes infrinjan estas prohibiciones, serán penados con su remoción del cargo por el Alto Tribunal Disciplinario.
La Fiscalía Disciplinaria de la Judicatura, es competente para promover denuncias y evaluar el trabajo de los jueces cualitativa o cuantitativamente, por medio de inspecciones periódicas. Es en definitiva para sugerir a los magistrados quienes prestan un valioso y glorioso servicio al Jefe del Poder Judicial, a incentivarlos y formalizar sus actuaciones, informes de evaluación, a los efectos de la posibilidad de conferir la Condecoración de la Justicia, y proponer los nombres de los postulantes a la misma, asimismo es competente para proponer ascensos o descensos de los jueces de acuerdo a los servicios que hayan prestado.
El ascenso de categoría será posible solo con la aprobación del Alto Consejo Disciplinario de la Judicatura.
A parte del control disciplinario de los jueces, la Fiscalía Disciplinaria de la Judicatura es competente para intervenir como parte acusadora en las faltas disciplinarias de los miembros de la junta de directores, fiscal, e inspectores del Centro de Funcionarios Expertos de la Administración de Justicia de cada ciudad. Las faltas de los jueces miembros de los consejos de conciliación de los diferendos atinentes a cuestiones tributarias, y relativas a sus competencias asignadas por la ley y las reglamentaciones, serán competencia de la Fiscalía Disciplinaria de la Judicatura, y se basará en los informes previos confeccionados por el Fiscal Disciplinario Tributario.
El Fiscal General debe asistir personalmente a las sesiones de los consejos de revisión.
La supervisión y evaluación del trabajo de los jueces se funda en el presente, en las instrucciones contenidas en 29 artículos y 3 notas, aprobadas por el Jefe del Poder Judicial el 29 de junio de 2003.
De acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial supervisa la correcta aplicación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo. El artículo 173 de la Constitución expresa: “El Tribunal llamado Tribunal de Justicia Administrativa, está establecido bajo la supervisión del Jefe del Poder Judicial y es competente sobre las demandas y quejas de las gentes contra los agentes del gobierno, unidades estatales, e instrucciones, y con el objeto de proteger los derechos de las gentes.”
El Tribunal de Justicia Administrativa tiene su sede en Teherán y no tiene dependencias en otras ciudades. Cualquier división de este tribunal está compuesto por un presidente y consejeros. El presidente de la división 1 del Tribunal de Justicia Administrativa es el Presidente General del Tribunal. Los miembros del tribunal pueden tener delegados y consejeros, tantos cuantos sean necesarios. El Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer en los siguientes asuntos:
1- Conocer de las demandas y quejas de las gentes contra las decisiones y actuaciones de los funcionarios gubernamentales, instrucciones y reglamentaciones.
2- Conocer de las demandas y quejas de las gentes contra los fallos definitivos y decisiones de los tribunales administrativos, consejos de inspección, y comisiones tales como la Comisión de Tributos y el Consejo de Solución de controversias en materia laboral.
3- Anular las reglamentaciones gubernamentales que son contrarias a las leyes y al Islam.
4- Establecer el precedente judicial unificado en los casos en que existan fallos contradictorios emitidos por las diferentes divisiones del Tribunal de Justicia Administrativa.
5- Conocer de las demandas de los funcionarios gubernamentales y jueces, que se fundan en la transgresión de sus derechos como empleados.
Sección 5:Autoridades Judiciales Competentes en materia Legal y Penal.
a- Autoridades Especiales:
Organización Judicial de las Fuerzas Armadas.
La Organización Judicial de las Fuerzas Armadas, es una parte integrante del Poder Judicial y es la única autoridad judicial especial introducida por la Constitución de la República Islámica de Irán, y está compuesta por tribunales militares y fiscalías.
Por el artículo 172 de la Constitución de la República Islámica de Irán, los tribunales militares son creados para conocer en las faltas relacionadas con el campo militar o la ley haciendo cumplir las obligaciones y tareas de los cuerpos integrantes del Ejército, Gendarmería, Departamento de Ejecución de Ley, y el Cuerpo de Guardianes Islámicos. Sin embargo, las faltas o irregularidades de dicho cuerpo o las que ellos cometen como oficiales de justicia son competencia de los tribunales públicos.
Los tribunales militares y las fiscalías son una parte del Poder Judicial y están sujetos a los principios que rigen al mismo.
La Organización Judicial de las Fuerzas Armadas es competente para conocer en los siguientes casos:
1- Faltas o irregularidades de las fuerzas armadas de las funciones específicas de los militares o en el cumplimiento de la ley.
2- Faltas o irregularidades vinculadas a las tareas y deberes del personal del Ministerio del Información.
3- Faltas o irregularidades detectadas cuando se investiga y se acusa por faltas especiales militares.
4- Faltas o irregularidades de los prisioneros de guerra Iraníes o extranjeros en el país.
La acusación en la Organización Judicial de las Fuerzas Armadas tiene dos etapas. Ello es así, porque una consta del informe que es elaborado o cuando la denuncia es formalizada por las autoridades competentes o las gentes, el expediente es formalizado en primer término en la Fiscalía Militar y las investigaciones preliminares son llevadas a cabo por los fiscales colaboradores e investigadores bajo la supervisión del fiscal superior.
En el caso que se hayan reunido suficientes evidencias para probar el delito, el dictamen con los elementos de la irregularidad es formalizado y el caso es enviado al tribunal militar, donde el fallo final será dictado después del juicio (segunda etapa).
Los tribunales militares están divididos en los tribunales militares 1 y 2. Los tribunales militares 1 son competentes en los casos de crímenes susceptibles de ser castigados con severas sanciones previstas en la ley. Salvo algunos fallos definitivos, que son irrevocables, por mandato legal, otras sentencias de los tribunales militares son pasibles de ser revisadas ante los tribunales militares 1 y los fallos de los tribunales militares 1 pueden ser apelados ante la Suprema Corte. Las acusaciones en los tribunales militares y las fiscalías actúan en total acuerdo con el Código Penal y los acusados pueden tener abogados en todas las etapas del juicio.
La Organización Judicial de las Fuerzas Armadas tiene tribunales y fiscalías en todos los centros provinciales del país, y su ámbito territorial de competencia abarca todos los delitos y faltas que acontezcan en cada provincia.
b- Autoridades Públicas.
1- Fiscalía Pública y Revolucionaria.
Entre los más importantes deberes y tareas del Poder Judicial está la detección de los delitos y su enjuiciamiento e imposición de penas a los infractores. El Jefe del Poder Judicial es responsable del establecimiento de las organizaciones necesarias para dicha finalidad. (Clásula 4, artículos 156 y 158 de la Constitución). Para ese objetivo, las fiscalías que una vez fueron excluidas para conocer en los asuntos relativos al sistema penal de la República Islámica de Irán, fueron reestablecidas en el años 2002, después de 10 años , y se les asignó la responsabilidad de detectar delitos y actuar en las investigaciones preliminares y acusaciones eventuales.
Las Fiscalías fueron establecidas en cada ciudad junto con los tribunales públicos y revolucionarios, y tienen a su cargo la tarea de detectar crímenes, acusar la imputado, y llevar adelante las acciones penales, bajo la supervisión del fiscal, generalmente, y en vista de la ejecución de las sentencias. Entretanto los asuntos como los de protección de los menores y enfermos mentales que no tienen curadores, la preservación de los bienes de los fallecidos que no tienen herederos conocidos, etc, son competencia de esta fiscalía pública y revolucionaria. Las Fiscalías están compuestas por un fiscal y varios fiscales colaboradores, suplentes del fiscal, e investigadores en número que sea necesario. El Fiscal es el jefe de la oficina y supervisa la actuación de la policía. Los fiscales colaboradores y los suplentes ocupan los cargos de menor jerarquía administrativa en comparación con el Fiscal, pero los investigadores tienen libertad de acción, así si acontece alguna diferencia de opinión entre los investigadores y los fiscales, el tribunal decidirá y resolverá esa divergencia. Los investigadores son competentes para conocer en las investigaciones de todos los delitos (desde los más graves a los menos graves), sin embargo, los fiscales están autorizados para supervisar los asuntos relacionados con todas las categorías de delitos, y además están autorizados para impartir las instrucciones necesarias a los investigadores con el objeto de proteger los derechos de la sociedad y del acusado. Una vez que las investigaciones preliminares están terminadas en la fiscalía y las evidencias y pruebas son suficientes para formular la acusación, el decreto de inculpación será formalizado y el caso será remitido al tribunal competente, que podrá ser el tribunal público, el revolucionario o el penal, provincial. Merece la pena mencionar que en algunos casos no es necesario la investigación previa de los fiscales, y la formalización de la acusación:
1- Crímenes Juveniles.
2- Los delitos cuyas penas no superan los tres meses de prisión o las multas de hasta un millón de Rials.
3- Casos de adulterio y sodomía.
Debe ser señalado que no existen fiscalías en los ámbitos judiciales de distrito, donde los tribunales públicos son competentes para conocer con toda clase de delitos públicos. Sin embargo en los casos de importantes delitos, tales como homicidios, o delitos cuyas penas son de prisión perpetua, el juez del tribunal de distrito, actúa como sustituto del investigador, y lleva adelante las investigaciones preliminares bajo la supervisión del fiscal de la ciudad donde el tribunal de distrito está ubicado.
2- Tribunal Público y Revolucionario.
Los tribunales públicos con jurisdicción general son
competentes para conocer en toda clase de acciones y conciliaciones.
El Jefe del Poder Judicial establece los tribunales públicos en cada ámbito judicial y decide el área de su competencia y el número de sus divisiones.
Mandatos de las Fiscalías tales como la orden de clausura de procedimientos, dictámen de incompetencia, orden de arresto preventivo, orden de incrementar medidas de seguridad, orden de seguridad, y una orden que vincula una decisión judicial con otra, pueden ser atacadas en sus fundamentos ante los tribunales públicos competentes, dentro de los diez días que las mismas fueron emitidas.
Los fallos de los tribunales públicos y revolucionarios son definitivos, excepto en los casos en que los mismos pueden ser declarados nulos o revisados según la ley lo prevenga.
Las órdenes y los mandatos de los tribunales deben ser fundados, en las previsiones legales, las reglamentaciones Islámicas, o en los principios en los cuales la orden debe ser formalizada. Es causa de sanción disciplinaria la falta de fundamentos y la formalización e emisión de un fallo sin documentación.
Cada ámbito judicial está compuesto por tantos tribunales, divisiones, jueces suplentes, funcionarios de tribunales, unidades de servicio, y unidades de ejecución de sentencias como sean necesarios, y si fuese del caso, también está integrado por una unidad de ayuda y guía legal. Asimismo habrá un office general en caso que haya numerosas divisiones.
El presidente de la división 1 de los tribunales públicos en cada ámbito judicial es la cabeza de ese ámbito judicial y puede tener varios delegados, tantos como sean necesarios, mediante aprobación del Jefe del Poder Judicial.
El Jefe de los departamentos de justicia en las ciudades son los presidentes de los ámbitos judiciales y división 1 del tribunal. También preside los tribunales de la ciudad. En los centros provinciales, los directores generales de los departamentos de justicia de las provincias son los jefes generales de los tribunales de apelaciones (y penales), de las provincias y supervisan desde el punto de vista administrativo todos los tribunales, fiscalías, y departamentos de justicia de las ciudades provinciales.
Cualquier juez solo puede desempeñarse como tal en una sola división de tribunal.
Los jueces sustitutos son competentes en todos los asuntos y tareas asignadas por los presidentes de las divisiones de los tribunales, en la medida que está prevista por las leyes y las reglamentaciones. Ellos también supervisan y presiden sobre todos las divisiones del tribunal en ausencia de los presidentes titulares.
El orden de los procesos en los tribunales, se basa en las disposiciones de procedimientos relacionadas con los tribunales.
El juez del tribunal es el encargado de emitir el fallo dentro de una semana después del anuncio formal de cierre del proceso.
Las divisiones de cualquier ámbito judicial que tienen más de un tribunal público son divididas en dos secciones: la legal y la penal. Las divisiones civiles solamente son competentes para conocer en los asuntos legales (civiles), y las divisiones penales lo son exclusivamente para los asuntos penales.
La asignación de algunas divisiones de los tribunales civiles y penales para conocer algunos asuntos civiles o penales especiales como los casos de familia o los de crímenes juveniles es una de la potestades del Jefe del Poder Judicial, de acuerdo a los intereses y necesidades. Es posible si fuese necesario, remitir casos civiles a las divisiones penales y viceversa.
Hasta el presente los tribunales especializados son:
2-1. Tribunal Civil.
El tribunal civil o tribunal público civil es presidido por el juez (presidente del tribunal o su suplente).
Todas las acciones civiles como la materia sucesoria, la materia comercial, la registración de documentación y la materia de propiedad intelectual e industrial, así como las quejas contra las decisiones de las autoridades no judiciales, los casos civiles en que ocurran lesionados, las acciones internacionales, etc son temas en los que cuales los tribunales civiles son competentes.
Los recursos o acciones de apelación pueden ser gestionadas contra los fallos de los tribunales civiles, excepto en los casos donde la cuantía del asunto es menor a tres millones de Rials.
La autoridad competente para revisar en segunda instancia los fallos de los tribunales civiles es cada ámbito es el tribunal de apelaciones del centro de la misma provincia.
2-2. Tribunal Penal.
Los tribunales penales o tribunales públicos penales, son competentes en los asuntos de esa materia y las acciones deben llevarse a cabo ante el presidente del tribunal o el juez sustituto y el fiscal o su respectivo representante. Ellos solamente son competentes para tratar crímenes previstos en la ley de indicios en total acuerdo con el código de procedimiento correspondiente. El juez del Tribunal debe emitir el fallo luego de haber oído las opiniones del fiscal o su representante y de los defensores de los acusados, de acuerdo a las leyes.
En el caso que el tribunal penal detecte algún defecto en las investigaciones o dictámenes, respecto de alguna medida necesaria a tomar, el propio tribunal puede solicitar la corrección del defecto o el completar alguna medida que faltases tomar en el expediente, expresando la falla en el caso y comunicándosela a la fiscalía.
Los delitos tales como hurtos, secuestros, libramiento de cheques sin fondos, delitos relacionados con los vicios sociales, falsificación, fraude, etc, asumen competencia los tribunales civiles - penales.
Los tribunales penales son competentes en los asuntos de delitos que están previstos por la ley de indicios y delitos que son directamente puestos a conocimiento del tribunal. Con los delitos no comprendidos en la ley de indicios, tales como los delitos cuyas penas solo son de tres meses de prisión o multas de no más de un millón de Rials.
Además los tribunales penales son competentes para conocer contra los dictámenes fiscales definitivos y también para tratar las diferencias de opiniones entre los investigadores y los fiscales.
La acción o recurso de apelación contra los fallos definitivos de los tribunales penales se presentan ante el tribunal de apelaciones provincial correspondiente o ante la Suprema Corte, según sea el caso.
2-3. Tribunal Revolucionario.
Los tribunales revolucionarios se encuentran en cada centro provincial y así como también pueden existir en las áreas donde el Jefe del Poder Judicial estima son necesarios su establecimiento. Los tribunales revolucionarios son una clase de tribunales penales que son competentes para conocer en los siguientes asuntos:
1- Delitos contra la seguridad pública.
2- Conspiración contra el gobierno de la República Islámica de Irán o, acciones terroristas.
3- Casos de espionaje.
4- Todos los delitos relacionados con el tráfico de drogas.
5- Agravios al Fundador de la República Islámica de Irán o al Líder Supremo.
6- Acciones relacionadas con el artículo 49 de la Constitución.
Los fallos de los tribunales revolucionarios pueden ser
apelados ante los tribunales de apelaciones provinciales, a menos que se trate de importantes delitos en los que recae pena de prisión perpetua o sentencia de muerte, en cuyos casos la apelación debe tramitarse ante la Suprema Corte.
2-4. Tribunal de Menores.
Una o varias divisiones del tribunal civil en cada ámbito judicial ha sido establecida para tratar el tema de la delincuencia juvenil. Todos las faltas de las personas de menos de 18 años, son tratadas por los tribunales de menores de acuerdo con las reglamentaciones generales aplicables al caso.
En el caso en que los padres o sus tutores no contraten abogado para el menor, el tribunal les designa uno.
El tribunal de menores deberá cumplir con todas las etapas del procedimiento, incluyendo la investigación y acusación, e incluso todas las tareas y deberes que deben realizarse por la policía de acuerdo a la ley.
Los procedimientos de las infracciones de los menores son en audiencia pública y el acusado es detenido de forma provisional en un reformatorio hasta su juzgamiento y fallo. Los fallos relativos a menores pueden ser apelados.
2-5. Tribunales de Familia.
Los tribunales de familia son parte de los tribunales públicos y son competentes para conocer en los siguientes asuntos:
1- Matrimonios permanentes y temporales.
2- Divorcios, dispensa del cumplimiento de los términos en los matrimonios temporales, y fecha de vencimiento de los términos de los mismos.
3- Porción Conyugal.
4- Dotes.
5- Donación.
6- Determinar el monto de la pensión cóngrua de la mujer divorciada y a los parientes más próximos de la misma, a quien se les debe abonar.
7- Régimen de tenencia y visitas de los hijos.
8- Acción de reconocimiento de filiación.
9- Acción por el rechazo de la mujer a cumplir sus deberes conyugales y negarse a la sumisión sexual.
10- Designación de tutores y curadores y su remoción.
11- Acción de habilitación de edad.
12- Autorización para permitir nuevo matrimonio.
13- Las condiciones que integran el contrato marital.
14- Condiciones de cuidado de los no nacidos.
A los efectos de proteger la integración de la familia como institución, y como en los hechos, las decisiones de los tribunales de familia tienen relación con el destino de las personas involucrada, el legislador dispuso que los jueces integrantes de los tribunales de familia deben reunir determinadas condiciones como estar casado, y tener por lo menos cuatro años de antigüedad en el servicio de justicia, y los tribunales deben comenzar los procesos en presencia de una consejera judicial y antes de formalizar los fallos, se la debe consultar , tanto tiempo como sea posible.
La unidad de ayuda y consulta ha sido creada en los tribunales de familia, con las siguientes competencias:
1- Reconciliación entre los cónyuges para mejorar la convivencia de las familias y evitar de esa forma la separación y el divorcio.
2- Acciones de familia verificadas por expertos.
3- Ayudar a decidir cual de las acciones es la mejor a favor de los hijos para apoyar a la mujer y tenencia de los hijos, tal como está previsto por la Constitución.
4- Servir de guía a la familia en los asuntos no litigiosos que son determinados por la ley.
La preservación y mejoramiento de la existencia de la institución familiar, el respeto de los derechos de la mujer, y el respeto de los derechos de los hijos, cuando las divergencias se suceden entre los padres, y lo más importante, la reconciliación entre los esposos, están entre los principales objetivos de los tribunales de familia.
3- Tribunal Penal Provincial.
El tribunal penal provincial es una de las más importantes autoridades a las cuales les compete el conocer en los asuntos penales y delitos más graves con sanciones más estrictas. Este tribunal está compuesto de forma diferente de los demás y depende de la clase de delito que trate.
El tribunal provisional penal está integrado por cinco personas, incluyendo el presidente y cuatro consejeros o jueces sustitutos provenientes del tribunal provincial de apelaciones y es competente para tratar los delitos cuando el castigo es la pena de muerte o la prisión perpetua. Cuando se trata de delitos cuyo castigo es una acción de igual naturaleza a la delictiva, como ser una pierna o brazo, por una pierna o brazo, y por delitos políticos, el tribunal penal se compone de tres persona incluyendo al presidente y dos consejeros o jueces sustitutos del tribunal provincial de apelaciones.
El tribunal penal provincial es denominado “formal” cuando asisten al mismo el presidente y todos los consejeros, y la ubicación de sus divisiones, para dicho propósito es una facultad discrecional del Jefe del Poder Judicial. Todas las acusaciones contra los miembros del Consejo Estatal de Emergencias, Consejo de Guardianes de la Constitución, Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento), ministros, ministros delegados, delegados, y consejeros de los jefes de los tres poderes del Estado, embajadores, fiscal y el jefe de la Suprema Corte de Auditoría, gobernadores provinciales, y denuncias generales contra los militares y general brigadier de policía, y otros altos oficiales y directores generales de departamentos de información provinciales son tratadas y llevadas a juicio de acuerdo al procedimiento legal, ante este tribunal.
4- Tribunal de Apelaciones Provincial.
El tribunal de apelaciones provincial es la principal autoridad ante la cual las apelaciones deben ser promovidas contra los fallos de los tribunales públicos y revolucionarios en cada ámbito judicial. El método que numerosos jueces han usado en este tribunal y las reuniones del mismo son formales cuando asisten al mismo dos consejeros o un jefe y un asesor. Los fallos de este tribunal deben ser suscriptos y aprobados por dos miembros del tribunal.
Sección 6:Institutos Cuasi Judiciales.
En las acciones civiles , todas las personas que tienen capacidad para litigar pueden someter el asunto al arbitraje de una o más personas, de común acuerdo, aún cuando su caso ya haya sido sometido a conocimiento de un tribunal. Los interesados pueden prever, cuando suscriben contratos y realizan transacciones, remitir las posibles divergencias a un árbitro. En los asuntos civiles, todas las acciones pueden ser sometidas a arbitraje excepto los procesos de bancarrota, las acciones relativas al divorcio o su cancelación, y las acciones referidas al reconocimiento filiatorio. El dictamen del árbitro (s) es obligatorio tanto como una sentencia de un tribunal y se dictan al amparo del soporte legal, y en caso que una parte incumpla su obligación contenida en el dictamen, la contraparte está autorizado para recurrir a los tribunales y solicitar el cumplimiento forzoso del dictamen; el tribunal asumirá competencia y dará la orden de ejecución basada en el dictamen del árbitro.
b- Consejo para la Solución de Controversias.
Las bases legales para la creación de este instituto público están contenidas en el artículo 189 de la Ley del 3º Programa de Desarrollo Económico, Social y Cultural de la República Islámica de Irán.
El artículo 189 expresa: “A los efectos de descomprimir la actividad judicial ante los tribunales, y también para mejorar la participación pública y las contribuciones, los consejos para la solución de controversias son creados para resolver divergencias locales y asuntos que no son judiciales en su naturaleza, o que siéndolo es de importancia relativa. La naturaleza de sus obligaciones y derechos y su composición y la forma de elegir a sus miembros están basadas en los proyectos reglamentarios que propondrá el Ministro de Justicia y que sean aprobados por el Consejo de Ministros y el Jefe del Poder Judicial.
El instituto cuasi judicial de solución de controversias será competente en la solución de controversias y problemas de las gentes basados en la paz y en los acuerdos, confiado en la participación del público, siendo apoyado por los viejos clérigos, y los grupos locales y sociales, en asuntos que no son de naturaleza judicial compleja, o que comparándolos con otras materias judiciales son más fáciles.
Pruebas fáciles y sin ninguna dificultad formal, procedimientos fáciles y rápidos, servicios disponibles, participación pública, proceso económico, obtención de satisfacción por ambas partes, compartir puntos de vista e ideas, intentos bilaterales de solucionar problemas, planificación para remover obstáculos, son las ventajas características de esta clase de procedimientos en comparación con los que se desarrollan ante los tribunales.
Alrededor de 17.000 consejos de solución de controversias se han establecidos, en pueblos, ciudades y distritos de todo el país y están en el presente trabajando.
Cada consejo está integrado por tres miembros principales que son electos y presentados de acuerdo a lo previsto por los Consejos Ejecutivos de Reglamentación. Los miembros trabajan de los consejos son honorarios, no perciben salario alguno, y su cargo dura tres años, que pueden ser extendidos.
Un juez asesor también trabaja junto con los miembros de cada consejo, y es el quien inicia los procedimientos y confirma los resultados.
Los consejos tienen la función de intentar solucionar las divergencias en todos los casos.
La jurisdicción de los consejos abarca los asuntos legales hasta la cuantía de no más de diez millones de Rials, y en otras acciones financieras, bajo mutuo acuerdo de partes, sin límites, asimismo comprende las acciones relativas a los bienes muebles, deudas, intereses, pérdidas causadas por delitos, y acciones por evicción de bienes inmuebles, acciones de desalojo, acciones vinculadas con el fácil acceso al pleno ejercicio de los derechos como en los casos de necesidad, derecho de navegación, y recabar prueba.
Los consejos son competentes, en los asuntos penales, para salvaguardar las evidencias y consecuencias del delito, y para evitar que el acusado se fugue en aquellos crímenes infragantes, durante la rápida tramitación del caso ante la autoridad policial o judicial más cercana. Los consejos además tienen la función de conocer en delitos cuyas penas son multas de hasta cinco millones de Rials, y en aquellos delitos cuyas penas no sobrepasan los noventa días de prisión o en los cuales cabe la posibilidad de penas discrecionales dependiendo del manejo de la falta.
Los consejos expresan su opinión ante el juez consejero luego de haber hecho su análisis. En el caso en que el consejero encuentra que la decisión del consejo es correcta tomando en consideración todas las reglamentaciones, se confirmará la opinión y el dictamen será hecho conocer a las partes en cada caso.
Organismos no judiciales vinculados al Poder Judicial.
Sección 1: Organización de las Prisiones y de Contralor de Asistencia
La Organización de las Prisiones y de Contralor de las penas alternativas (contralor de asistencia), trabaja directamente bajo la supervisión del Jefe del Poder Judicial, y su tarea principal es la de mantener bajo arresto a las personas y el cumplimiento de las sentencias de condena; durante ese lapso tratando de reeducar a los delincuentes y así luego puedan ser reintegrados a la sociedad y a sus respectivas familias.
Competencias de la Organización de Prisiones y contralor de penas alternativas (contralor de asistencia).
- Mantener al acusado bajo y al sentenciado en prisión, de acuerdo a las órdenes escritas de las autoridades judiciales competentes, de acuerdo al reglamento de funcionamiento de la organización.
- Dirigir las prisiones, los centros de detención, los centros de contralor de las penas alternativas, centros de empleos y vocaciones, otras instituciones vinculadas, y los institutos industriales, de agricultura y de servicios.
- Establecer centros para el empleo y la formación vocacional en las prisiones, centros de detención, institutos industriales, de agricultura y de servicios, y otros institutos necesarios para mantener, reformar, enseñar y suministrar trabajo a los acusados y sentenciados.
- Actuar en las investigaciones criminológicas modernas a los efectos de mejorar los métodos y el servicio de custodia de prisioneros.
- Formular políticas para el manejo, y supervisar todas las actuaciones relativas a los asuntos concernientes a las prisiones, institutos y centros vinculados.
- Elaborar los proyectos de leyes y regulaciones necesarias y presentarlos ante las autoridades competentes.
- Proveer todos los elementos necesarios para la implantación de las medidas reformatorias para los prisioneros.
- Proveer servicios de consulta y de ayuda a los condenados y sus familias con soluciones a sus problemas.
- Gestionar toda clase de ayuda tanto pública como de institutos de caridad, y proyectar su debida utilización para destinarlos a resolver la problemática de las prisiones, los condenados y sus familias.
- Llevar a cabo políticas y proyectar asuntos vinculados al empleo y desarrollo de las vocaciones para los sentenciados, así como los asuntos relativos a la independencia de los centros de enseñanza de las prisiones y sus entidades vinculadas.
- Proveer las estadísticas e información necesarias de los acusados y sentenciados , para que puedan ser utilizadas de forma científica para la confección y aplicación de las políticas pertinentes e investigaciones criminológicas y publicarlas anualmente.
- Proveer y sugerir nombres de los sentenciados de buena conducta y que ameriten la solicitud de perdón o gracia y presentarlos ante el consejo de perdón o gracia.
- Proveer y sugerir los nombres de los sentenciados que sean pasibles de obtener la libertad condicional y presentarlos ante los jueces de inspección de las prisiones.
- Elaborar programas de cuidado luego de la salida del condenado, mediante la cooperación con los organismos competentes.
- Educar y preparar a los empleados de las prisiones de acuerdo a las nuevas regulaciones de criminología y de acuerdo al desarrollo de políticas judiciales del Poder Judicial.
- Actuar en otros asuntos necesarios para la reforma y educación de los prisioneros. Sección 2: El Cuerpo General de Inspectores del Estado.
Fundado en el principio que el Poder Judicial es el encargado de supervisar el correcto desempeño en los asuntos y el cumplimiento de las leyes en las organizaciones administrativas, una organización llamada “El Cuerpo General de Inspectores del Estado” fue creado, bajo la supervisión del Jefe del Poder Judicial por el artículo 174 de la Constitución.
Deberes y Competencias.
Por el artículo 2 de la Ley de Establecimiento del Cuerpo General de Inspectores del Estado, las principales competencias y tareas de este instituto son las siguientes:
a- Inspeccionar de forma contínua todos los ministerios, departamentos, fuerzas armadas y policía, instituciones gubernamentales y empresas, ayuntamientos e instituciones vinculadas con los mismos, oficinas públicas de escribanía, institutos de interés público, institutos revolucionarios, organizaciones donde todo o parte de su capital pertenece al estado, o aquellas cuyo funcionamiento está bajo su supervisión, o las que reciben ayudas estatales y todas las organizaciones que las ley dispone que deban estar sometidas a este control bajo un plan regular del mismo.
b- Realizar inspecciones extraordinarias por mandato del Líder Supremo, del Jefe del Poder Judicial, en cualquier momento por decisión del Presidente o de la Comisión de la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento), de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la Constitución; por la solicitud de un ministro; o jefe de un determinado departamento; o en casos en que la acción sea estimada necesaria por el jefe de la organización.
c- Dar a conocer las faltas, déficits, y mal uso financiero y administrativo, y observar la actuación de los ministerios, las organizaciones de la Revolución Islámica y fundaciones, observar los institutos gubernamentales y empresas y aquellos que están vinculados con el gobierno con determinado ministerio, observar las actuaciones de los ayuntamientos e institutos vinculados, al Ministerio del Interior, a las organizaciones no gubernamentales que reciben ayuda del estado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, observar el mal uso administrativo y financiero de las autoridades judiciales y unidades vinculadas a la Administración de Justicia, al Jefe de Justicia del Poder Judicial, y todos los casos referidos por la Comisión de acuerdo a los artículo 88 y 90 de la Constitución.
A los efectos de establecer más conexiones y relaciones con las gentes y asimismo para conocer las demandas de las gentes contra las organizaciones gubernamentales dentro del marco de sus competencias legales, el Cuerpo General de Inspectores del Estado estableció un centro de relaciones públicas. Este centro atiende mediante el número telefónico 139 al cual se deben remitir los interesados y estableció diferentes buzones de quejas en las áreas y departamentos administrativos del país y así de esa manera recopilar información. Además las gentes pueden concurrir a la sede de esta organización que está ubicada en Teherán y otros centros provinciales y brindar nuevos datos e información.
Sección 3:La Organización de Medicina Forense.
Esta organización trabaja bajo la supervisión de Jefe de Justicia del Poder Judicial, y el jefe de la misma es designado por el Jefe de Justicia del Poder Judicial entre importantes profesionales. La tarea más importante de esta organización es formular opiniones y análisis expertos en los asuntos de medicina forense, realizar autopsias, y actual como laboratorio médico y en asuntos clínicos por mandato judicial ya sea del fiscal, investigador, y juez del tribunal público. Algunas otras competencias y tareas de esta organización son las siguientes:
- Responder a los requerimientos de los departamentos gubernamentales.
- Brindar cursos de medicina forense y verificar la calificación científica de los postulantes a ingresar al servicio.
- Realizar investigaciones y cooperación científica con universidades e intercambiar información con centros educativos y de investigación dentro y fuera del país.
Esta organización tiene 300 centros en todo el país y los funcionarios intentan establecer un centro de medicina forense en cada unidad judicial.
sección 4: Organización de Registro de Documentos – Actos legales y de la Propiedad.
El jefe de esta organización es el segundo en jerarquía después del Jefe del Poder Judicial. Los departamentos generales para el registro de documentos – actos legales y de la propiedad en las provincias y las unidades de registro trabajan bajo la supervisión de esta organización.
Competencias de esta organización:
- Manejar las relaciones legales, registrar la propiedad, prevenir acciones resultado de relaciones financieras, preservar los derechos de los propietarios mediante la potestad de hacer cumplir las leyes y reglamentaciones respectivas.
- Otorgar licencias de escribanos públicos, asistentes de escribanos públicos, de oficiales registradores de matrimonios, de divorcios, autorizar la firma de certificados por escribanos públicos de acuerdo a la normativa pertinente y supervisar la actuación de todos ellos.
- Llevar registro de las empresas comerciales sean nacionales o extranjeras y los institutos situados en Irán de acuerdo a las regulaciones aplicables.
- Llevar registro de marcas sean nacionales o extranjeras, e invenciones en Irán, de acuerdo con la ley.
- Avalar documentos públicos confeccionados en la medida en que hagan cumplir las previsiones existentes para los mismos, teniendo en consideración las reglamentaciones, instrucciones; Solucionar divergencias resultantes de relaciones financieras; validar los contratos oficiales y documentos confeccionados por escribanos públicos y supervisar los asuntos relativos a centros de ventas de automotores y agencias de viviendas.
Sección 5: Organización del Diario Oficial.
Basado en las doctrinas religiosas, no es posible imponer ninguna pena o sanción a las personas, a menos que las mismas estén debidamente informadas de las reglamentaciones. Resoluciones de la Asamblea Consultiva Islámica y los resultados de los referendums deben ser notificados al Presidente y, luego de cumplir con requisitos formales y este debe promulgarlos, notificarlos a los agentes ejecutivos, y ordenar su publicación a no más tardar cinco días después. El Diario Oficial está encargado de publicarlos para información pública por lo menos durante tres días.
El Diario Oficial es una organización vinculada al Poder Judicial.
Competencias del Diario Oficial:
- Publicación de las leyes.
- Publicación de certificados de defunción de personas declaradas ausentes (artículo 1023 del Código Civil).
- Publicación de edictos cuando el demandante no conoce el paradero del demandado (artículo 73 del Código del Proceso Civil).
- Publicación de emplazamiento al acusado en el caso que no sea posible determinar con certeza el domicilio del mismo (artículo 151 de Código del Proceso Penal).
- Publicación de los testamentos que son legalmente pasibles de ser cumplidos forzosamente, en los casos en que no existe acuerdo y hay divergencias entre los herederos respecto de los testamentos (Cláusula 8 del Reglamento, del artículo 299 del Código de Sucesiones, aprobado por el Ministerio de Justicia en 1943).
- Imprimir y publicar órdenes del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, y otras organizaciones vinculadas (artículo 4 de Asociación de Artículos legales del Diario Oficial).
- Publicación de las resoluciones del Consejo Estatal de Emergencia.
- Publicación de las resoluciones del Consejo de Ministros.
- Publicación de los reglamentos aprobados por el Jefe de Justicia.
- Publicación de las resoluciones del Alto Consejo de Revolución para la Cultura.
- Publicación de las resoluciones de Alto Consejo Administrativo.
- Publicación de las resoluciones del Alto Consejo de Planeamiento y Arquitectura Urbana.
Sección 6:Facultad de Ciencias Judiciales.
A los efectos de suministrar el personal requerido, incluyendo el de naturaleza judicial y administrativa, el Poder Judicial creó su propia Facultad de Ciencias Judiciales, con la cooperación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, después de la Revolución Islámica. El Poder Judicial de esta forma emplea a los graduados de esta facultad quienes están formados para los servicios administrativos y el dictado de sentencias en la Administración de Justicia, a parte de emplear jueces entre los graduados de las escuelas de leyes de todo el país y seminario de estudiantes mediante pruebas. Los graduados de esta facultad pueden actuar como jueces luego de terminar los cursos de capacitación.
El Poder Judicial en el presente intenta mejorar el nivel científico de esta facultad y transformarlo en la universidad de ciencias judiciales, para que de esa forma los jueces con maestrías y posgrados puedan ser empleados.
Institutos y personas vinculadas con el Poder Judicial.
Así como es deber de los jueces discriminar lo bueno de lo malo y hacer justicia mediante el dictado de sentencias, las partes involucradas en las acciones, están facultadas por la Constitución a tener sus propios abogados, y en caso que no tuviesen la capacidad para designar uno, los tribunales pueden designárselos de oficio. Es por ello que la administración de justicia está garantizada por el sistema de la República Islámica de Irán con la cooperación de los abogados. Incluso es obligatorio que en un caso en el que el acusado por importantes delitos, no contrató abogado(s), el tribunal está encargado de asignarle abogados, dado que los procedimientos seguidos en ausencia de letrados son nulos absolutamente y no tienen valor judicial ninguno. La profesión de abogado es considerada una actividad no gubernamental y se consideran como trabajadores independientes. No están bajo la supervisión del gobierno y pueden defender libremente a sus clientes ante los tribunales. En el presente, contratar abogado para promover acciones civiles es obligatorio por una circular del Jede del Poder Judicial.
Los abogados tienen la misma garantía, seguridad y respeto que los jueces, cuando defienden a sus clientes ante los tribunales.
Sección 2: Funcionarios Expertos en Administración de Justicia.
(Asociación de Funcionarios Expertos).
(Equiparable a peritos).
Los funcionarios expertos en la Administración de Justicia son un numeroso grupo de personas que auxilian a los jueces, en la averiguación de la verdad y la administración de justicia, tanto en la esfera civil como penal. Las Leyes de Procedimiento Civil y Procedimiento Criminal, autorizan a los jueces para recabar la opinión de los expertos. Los Expertos en la Administración de Justicia cumplen un importante papel en la averiguación de la verdad y la formalización de verdaderos fallos justos en los diferentes casos civiles y penales como los accidentes de tránsito, estimación de daños, averiguación de causas de los accidentes laborales, etc. La Asociación de Funcionarios Expertos es independiente del Poder Judicial y el Gobierno y los mismos no son considerados funcionarios públicos. Para obtener la licencia para actuar como funcionario experto, el postulante debe reunir determinadas cualidades, y calificaciones de suficiencia mínima en determinadas áreas, y debe aprobar un examen de admisión y aprobar los cursos curriculares. En el caso que los expertos emitan una opinión que faltase a la verdad como resultado de una labor negligente, que repercute en el fallo, al experto se lo responsabilizará.
Sección 3:Traductores Públicos.
En el caso en que una parte en una acción, testigos, o expertos que deban comparecer ante un tribunal y no conozcan el idioma Persa, sus afirmaciones serán traducidas por un traductor público. Los traductores públicos no son considerados empleados públicos y se toman como trabajadores independientes. Los postulantes a ser traductores públicos tienen que reunir determinadas condiciones por ejemplo tener como mínimo 20 años de edad, aprobar pruebas científicas, etc. El Poder Judicial es la autoridad que decide las calificaciones de los traductores y otorga las licencias como traductor público. Todos los documentos que son traducidos por traductores públicos deben ser revisados y aprobados por el Poder Judicial.