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Timestamp: 2019-06-18 17:11:13
Document Index: 46509408

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 3']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 15/03/2018
cve: DSCD-12-PL-110
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 110
Sesión plenaria núm. 105
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000021) ... (Página3)
- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 18-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000008) ... (Página3)
- Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 31-1, de 16 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000020) ... (Página13)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página26)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página26)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página3)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página3)
La Presidencia anuncia que, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, no habrá intervenciones y se votará al final de la sesión.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página3)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal ... (Página3)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página13)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Salvador Armendáriz y las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hacen uso de la palabra el señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 260 votos a favor y 82 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal, se rechaza por 134 votos a favor más 1 voto telemático, 135; 177 en contra más 2 votos telemáticos, 179, y 32 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechaza por 166 votos a favor más 1 voto telemático, 167; 176 en contra más 2 votos telemáticos, 178 y 1 abstención.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechaza por 166 votos a favor más 1 voto telemático, 167; 176 en contra más 2 votos telemáticos, 178, y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000021).
En primer término, señorías, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados. De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, ningún grupo parlamentario intervendrá en este punto, por lo que se someterá a votación junto con el resto de asuntos al final de la sesión.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA MEJORA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL. (Número de expediente 122/000008).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Moro Almaraz. Adelante, señoría.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenos días.
Hoy tornamos a un debate que convierte en broma las paradojas cuánticas. Explicaré de inmediato por qué digo esto. Cuando algunos grupos se han permitido trufar el camino para impedir las reformas que la justicia necesita y que esperan miles de profesionales y todos los españoles, la hoja de ruta basada en derogaciones selectivas y de conveniencia nos pone en el camino la propuesta de derogación de las últimas reformas en materia de justicia universal de la legislación española, formulada en esta ocasión por un grupo político que no cree en España, que incluso la combate, que no respeta la justicia española, que no pierde ocasión de esgrimir los peores calificativos o comparaciones y que se acomoda ante las puertas de los tribunales en posición incomprensible de presión sobre la actuación de los mismos.
Algunos de ustedes vienen hablando reiteradamente de justicia politizada comparable a la del apartheid sudafricano (muestra un documento), una justicia que no es independiente, que es arbitraria, defendiendo la exclusión de España y la imposición de su posición política a quienes no opinan de igual forma, justificando el incumplimiento de las leyes. Hoy, sin embargo, durante todo este tiempo desde que se tomó en consideración, ustedes eligen como prioridad de política legislativa una no tan nueva e ineficaz regulación de justicia universal para que los tribunales españoles actúen ilimitadamente, sin reparar con qué efecto, cual Quijote del siglo XXI, cuando de otro lado defienden que los suyos queden al margen de las normas y de los tribunales españoles. (Aplausos). ¿No les resulta cuando menos paradójico?
Esta es la realidad de su iniciativa respecto de la que mi grupo parlamentario ha formulado una enmienda a la totalidad con texto alternativo porque, a pesar de todo, nosotros seguimos queriendo construir en lugar de destruir, mejorar en lugar de mirar siempre al pasado, integrar en lugar de excluir. Por eso esta enmienda se construye para defender, en lugar de su vuelta a un pasado poco realista, el mantenimiento en las líneas generales de la regulación vigente en todo lo que tiene de marco asimilable a nuestros socios europeos y a las primeras democracias del mundo, complementada y mejorada con aspectos que proponemos incorporar y que pasaré a detallar en un momento.
El principio de justicia universal, señorías, es una excepción al principio de territorialidad que es, a su vez, manifestación básica del principio de legalidad penal. La sentencia del Tribunal Supremo 327/2003, entre otras, advertía que el ejercicio de jurisdicción no puede contravenir otros principios del derecho internacional público ni operar cuando no existe un punto de conexión directa con intereses nacionales. No le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden recurriendo al derecho penal contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción. La reforma de 2009 del Gobierno socialista restringió la activación de la justicia universal, hasta ese momento definida como absoluta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, a una serie de requisitos en aplicación del principio de subsidiariedad, por la que se fortalecieron los vínculos de conexión con intereses nacionales. Con la Ley Orgánica 1/2014 se siguió en la línea abierta por esa reforma, vinculando la justicia universal a los puntos de conexión, ampliando los tipos penales susceptibles de persecución, dejando más perfilados los supuestos de extraterritorialidad, delimitando el principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica. Tras esta ley existe un triple nivel por el que la jurisdicción española se ampliará más allá de sus fronteras: que el delito esté entre los enumerados en el extenso, desde ese momento, artículo 23.4; si no está enumerado específicamente el delito y existe punto de conexión, se estará a los tratados ratificados por España y a la jurisdicción internacional; si no existe punto de conexión, es decir, extranjeros que cometen delitos en el extranjero, se comprueba la activación de un doble mecanismo de jurisdicción internacional y de persecución y castigo por terceros países con mejor derecho.
Ya señalé en el debate de toma en consideración de su proposición de ley que no es verdad que acoger el principio de justicia universal de una forma u otra suponga una violación del derecho internacional o liquidar la justicia universal, como se dice sin mayor rigor. No es verdad que la proposición de ley orgánica que ahora enmendamos recupere la justicia universal o dé mayor amplitud al catálogo de delitos, cosa que sí hizo la reforma del Partido Popular de 2014 tan denostada por ustedes, incorporando la corrupción de agente público extranjero, delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas son menores de edad, delitos vinculados a la violencia de género, abuso de menores o turismo sexual en aplicación de la Convención contra la Tortura o convenios del Consejo de Europa y de la OCDE suscritos por España. En la de 2015 se ampliaron a otros supuestos en materia terrorista.
Hay límites, sí, límites que determinan la exclusión de los tribunales españoles en aquellas causas en las que se hubiera iniciado un procedimiento por un tribunal internacional o por la jurisdicción del país en el que se hubieran cometido los delitos o por la nacionalidad de la persona a la que se impute su causa, pero nuestros tribunales podrán actuar en el caso de que el Estado extranjero no quiera o no pueda proceder en el enjuiciamiento conforme a los criterios que rigen en el tribunal internacional. Decíamos también que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial admite mejoras técnicas y nosotros somos coherentes. Por eso hoy proponemos mejoras e incorporaciones que, sin duda, ponen de manifiesto que estamos dispuestos a lo que señalábamos hace un año en el debate de la toma en consideración, a mejorar la norma, pero a lo que no estamos dispuestos es al objetivo de mirar atrás y generar falsas expectativas. Ustedes, a los que sin razones objetivas tan poco les gusta la justicia española, pretenden extender ilimitadamente su trabajo superando ampliamente el principio de territorialidad, el mismo con el que algunos de los suyos juegan para eludir el cumplimiento de las normas que democráticamente nos
hemos dado los españoles. No es verdad que seamos la gran excepción en el tratamiento de la jurisdicción universal en España o en el mundo.
Hoy probablemente me dirán que esta no es una enmienda a la totalidad, cuando saben que nuestra propuesta sí es una alternativa a la proposición que debatimos en este trámite legislativo. Es una proposición, la suya, con alcance derogatorio de la norma vigente en la actualidad. Nosotros pretendemos no mantenerla inamovible sino mejorarla y ampliarla en aspectos muy relevantes a los que nos obligan incluso nuestros compromisos internacionales. Si tienen la intención, la tentación habitual de investirse de una legitimidad que le niegan al Grupo Popular para legislar en ciertas materias, por favor, ahórrense esos argumentos para explicarnos de verdad y explicar a los españoles por qué quieren decir no a lo que hoy les proponemos.
Yo, con todo respeto y consideración, que también pido y espero alcanzar de ustedes para mi grupo, les digo que sería muy bueno para la justicia y el derecho en nuestro país que ustedes y algunos de los grupos que con su voto les apoyan y les favorecen y que de alguna manera permiten que desviemos la atención de las reformas fundamentales para nuestro sistema de justicia, por favor, se olviden de su técnica favorita, la del corta y pega, y también la del derecho penal y procesal de conveniencia, es decir ese "solo aplicable para los demás pero nunca para los propios actos".
El relato de sus propuestas es un claro ejemplo en este Pleno -ayer mismo- de una nueva especialidad jurídica, a saber: Este tipo delictivo no me gusta por si fuera interpretado en contra de lo que pretendo hacer yo con los míos pese a quien pese. Suprímase. Este tipo delictivo se ha aplicado y no me gusta. Modifíquese. Estos tribunales no resuelven a mi gusto, no son independientes, pero, eso sí, le pido al Gobierno que interfiera y que les pida hacer lo que yo quiero hacer para los míos, que rasgaron los tipos penales aunque, claro, ahora alegan que solo lo hicieron de mentirijillas. ¡Oh, cómo se pone la justicia española por cuatro pequeñeces, de verdad! Yo a veces me pregunto: ¿no habrán pensado ustedes: vamos a hacer una cosa, mejor que estos tribunales a los que tanto critico se dediquen a otras cosas, asequibles o no, realizables o no, y así nosotros podemos sobrevolar la razón y el derecho? O quizá -voy a ser mejor pensada- sea el reconocimiento a la independencia e imparcialidad de los profesionales de la justicia en España. Si así fuera, bienvenida su iniciativa, aunque no compartamos sus términos.
Señorías, les pido que superen la demagogia y la paradoja casi cuántica practicada por quien no cree en el Estado ni en el derecho español pero quiere imponer a los españoles su peculiar visión de la justicia y el derecho, que quieren someterse en un ejercicio de cinismo sobre la impunidad para los propios y la persecución permanente e indefinida para todos los demás. En el debate serio, coherente y riguroso de ajuste y mejora en el contexto de los derechos de la Unión Europea de la que formamos parte y del contexto internacional nos encontrarán siempre; la enmienda que presentamos hoy permite hacerlo también con la justicia universal. A ese encuentro llamamos a los demás grupos. Al Partido Socialista, con quien mostramos una actitud de acuerdo en 2009 muy diferente a la que ustedes nos brindan ahora; seguro que lo recuerdan, pero pueden repasar el Diario de Sesiones de 25 de junio 2009 y ver qué grupos acordaron la reforma en la línea del resto de socios europeos sobre justicia universal; ahí estuvimos con ustedes. Y a Ciudadanos, porque en estos temas últimamente han abandonado la centralidad que tanto se han atribuido, y yo que ustedes empezaría a preocuparme.
Encontrémonos en una justicia universal donde los Estados respetan el derecho internacional, la soberanía del otro, el principio de supletoriedad y las competencias de la Corte Penal Internacional. Cabe dudar de la legitimidad para imponer la derogación pretendida por quienes amparan el incumplimiento de las leyes, la adhesión de los derechos de las minorías; por quienes promueven el estrangulamiento de la separación de poderes cuando diseñan su estructura territorial. Cabe dudar de la coherencia de sus planteamientos cuando un día quieren derogar la vigente regulación relativa a delitos de terrorismo o ver la aplicación de penas exorbitantes por delitos de extrema gravedad respecto a menores, supuestos de genocidio o terrorismo cuando del Código Penal se trata. Sin embargo, persiguen la extensión urbi et orbi de la jurisdicción española sin miedo a generar desesperanza, desconfianza y decepción.
Intuyo, por su previsibilidad y estrategia del no por lo que hace o lo que propone el Partido Popular, que hoy van a decir no, y no debieran, a perseguir la comisión del delito de blanqueo de capitales con mejores herramientas jurídicas, perseguir los delitos de pesca ilegal que permitirá dar respuesta a delitos de gran importancia de interés económico y protección del medio ambiente. Asimismo, dirán no a una regulación mejor de la persecución de los delitos de tráfico de órganos o de trata de seres humanos con fines de extracción de tráfico de órganos y, finalmente, es posible que también digan no a lo que les proponemos en la modificación del artículo 23.6, por el que se faculta a la autoridad y a sus agentes al
aseguramiento de personas, bienes o efectos perseguibles en tránsito, en vía aérea o por los mares cuando el destino de su hecho delictivo, por ejemplo, el tráfico de drogas, no es España.
Termino, señora presidenta. Apelo a que no digan no a todo esto; apelo, pues, a hacer de la necesidad virtud, y ya que ustedes han elegido traer a esta Cámara esta reforma, hagamos que la transformemos de acción destructiva en constructiva, de punto de desencuentro en punt de trobada y que algunos de ustedes decidan no decir no a todo aquello en lo que sin duda estamos de acuerdo pero que se empeñan en ocultar. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Tardà i Coma.
Señorías, la diputada del Partido Popular, a sabiendas de que fue una proposición de ley de Esquerra Republicana la que hizo posible que este plenario admitiera a trámite el texto republicano para dar lugar a su tramitación, sabiendo, pues, que todo tenía como origen al grupo parlamentario republicano, hoy ha sacado, de entrada, el trío de ases: no creemos en España, queremos destruir España y todo lo fundamentamos en el incumplimiento de la ley. El trío de ases salió de entrada, de primeras. Nos parece que esto es un reduccionismo intelectual y un infantilismo político que no nos merecemos y que creo que no se merece nadie, independientemente del partido político o la ideología que secunda. ¿No se hubiera podido preguntar la diputada por qué razón el independentismo ha crecido en Cataluña? Quizá debería plantearse que si el Estado español hubiera reconocido su plurinacionalidad, su pluriculturalidad y el plurilingüismo el independentismo no hubiera crecido tanto. Se hubiera podido preguntar por qué creen a pies juntillas que la defensa a ultranza de la legalidad colma todos los principios democráticos; también se hubiera podido preguntar por qué abonarse a una respuesta no dialogada ante un problema garantiza su éxito; y finalmente se hubiera podido preguntar por qué creen que van a conseguir el consentimiento de una mayoría de los catalanes utilizando respuestas autoritarias. Este es mi póquer de ases, cuatro razones, frente al trío de ases de la diputada.
Vayamos al meollo de la cuestión. No entendemos que un grupo parlamentario tan importante como el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta un Gobierno monocolor del Partido Popular, no presente proposiciones de ley. Habrían tenido la posibilidad de presentar proyectos de ley ante la reforma de la justicia universal, teniendo en cuenta que los proyectos de ley tienen preeminencia en el trámite parlamentario. Al día siguiente del 9 de octubre de 2016, cuando se admitió a trámite la proposición de ley de Esquerra Republicana, habrían podido presentar un proyecto de ley sobre justicia universal si consideraban que la ley que ustedes impulsaron y aprobaron en solitario en 2014 requería modificaciones, es decir, reconocer que ustedes mismos habían omitido aspectos que ahora consideran oportuno incorporar. Ese proyecto de ley habría pasado por delante de nuestra proposición de ley, que ya no es nuestra sino del conjunto de este Parlamento. Si no estaban satisfechos con el proyecto de ley de 2014, si consideraban que se habían olvidado algunas cuestiones, podían haber presentado un proyecto de ley y lo habrían resuelto.
Respecto al grupo parlamentario, dicho con todo el respeto porque no queremos invadir ni que se considere una desconsideración hacia los compañeros del Grupo Parlamentario Popular, ustedes son el grupo mayoritario de la Cámara y pueden presentar todas las proposiciones de ley que les venga en gana. Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, como otros grupos parlamentarios minoritarios, tenemos muy pocas posibilidades: una sola proposición de ley por periodo de sesiones. ¿De verdad no han encontrado otro mecanismo para enmendar los errores de la ley que ustedes aprobaron en 2014? Ya no hablo de fair play -eso es quizá pedir demasiado-, pero creo que desmerece un tanto la importancia del Grupo Parlamentario Popular, que es un grupo parlamentario que ha apoyado Gobiernos o ha liderado históricamente la oposición. Resulta que en poco más de tres años, desde que el Gobierno tuvo la oportunidad y el tiempo de corregir sus errores, no lo ha hecho, y ahora vienen a desvirtuar la proposición de ley que este Parlamento asumió.
Nuestra proposición de ley no tenía como finalidad enmendar sus errores, sino derogar su ley. De hecho, también pretendíamos -ese el quid de la cuestión de si en el trámite parlamentario podremos llegar a más o menos consensos con el Grupo Socialista- derogar la reforma que ustedes pactaron con el PSOE en el año 2009. Por cierto, es posible que los distintos grupos parlamentarios estuviésemos de acuerdo en incorporar las correcciones que ustedes ahora presentan, es posible. Creo que no pondríamos oposición a incorporar lo que ustedes solicitan en el trámite de enmiendas al texto de la ponencia.
Podríamos incorporar el apartado 4, letra d), la pesca ilegal, y el aparto o) del mismo apartado sobre el tráfico de órganos, pero ¿dónde está la trampa? Nosotros creemos en la justicia universal, y si decidimos incorporar lo que ustedes pretenden, habría que contextualizarlo bajo el prisma de la justicia universal, es decir, que se persiga, independientemente de la vinculación de que exista una víctima española o que el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España, etcétera. Es decir, una verdadera justicia universal.
Por otro lado, nuestro grupo parlamentario y quizá también otros grupos parlamentarios que difieren de ustedes veríamos bien incorporar en el apartado 3 los delitos de blanqueo de capitales, y votaríamos a favor de una enmienda pese a que no forma parte de los preceptos que modifica nuestra proposición de ley. Digo esto para que quede claro que no nos chupamos el dedo. Somos un grupo parlamentario minoritario, ciertamente, pero esto no es sinónimo de ser tontos y entendemos que ustedes aquí han pretendido, diría que incluso ridiculizarnos a todos y a todas. Pero vayamos ahora al quid de la cuestión. Ustedes, en el fondo, lo que pretenden es consolidar el modelo español de impunidad, desarrollarlo por completo. Fíjense, hay un hilo que enfila la justicia universal, ahora en jaque mate -la reforma de 2009 era jaque, era solo un jaque; la reforma de ustedes es jaque mate-, se alinea con la Ley de memoria histórica e incluso con leyes colaterales como la Ley de asilo; todo forma parte de un mismo modelo legislativo que va reforzando aquello que internacionalmente se ha venido en llamar el modelo español de impunidad. De hecho, la próxima semana seguiremos en ello. La próxima semana se presenta una proposición de ley firmada por distintos grupos parlamentarios de esta Cámara -se va a sustanciar el próximo martes- para que la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 incorpore la capacidad de juzgar a aquellas personas que cometieron en el Estado español delitos contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad o delitos similares.
Ahora estamos instalados en la casi imposibilidad de que se puedan juzgar crímenes cometidos fuera de los límites del Estado y esto se constata porque es necesaria la concurrencia de que el responsable debe ser español o extranjero, que haya adquirido la nacionalidad con posterioridad al delito, que el hecho sea punible en el lugar de la ejecución, que el agraviado o la fiscalía interpongan querella ante los tribunales -es decir, adiós, bye, bye, a la acusación popular- y que el afectado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. ¿Por qué repito esto? Para que quede evidenciado aquello que hemos denominado el jaque mate a la justicia universal. Y en esto andamos en el actual contexto. Llevamos solo dieciocho años del siglo XXI -quizá, ingenuamente, habíamos creído que el siglo XXI sería otro siglo de las luces, de la paz, y que la tecnología nos permitiría grandes avances en el bienestar de las sociedades- y ya vislumbramos que quizá será incluso más duro que el siglo XX, con dos guerras mundiales, genocidios a granel y un desequilibrio en la distribución de la riqueza a nivel planetario enorme. Llevamos dieciocho años del siglo XXI y todo apunta a que será un siglo duro, difícil, en el que encaramos retos que no hemos querido ver o que -repito- ingenuamente y estúpidamente habíamos creído que eran cosa del pasado, lo cual pone en valor el compromiso de las sociedades avanzadas no solamente en frenar el dinamitar la justicia universal, sino preguntarnos cómo y de qué manera estamos obligados a convertirnos en el faro, en la avanzadilla de aquellas sociedades que precisamente porque han sufrido pasados fascistas, totalitarios o militaristas estamos obligados a ser el mascarón de proa para encarar estos tiempos venideros tan difíciles. Y esto, señora diputada, no tiene nada que ver con el hecho de ser republicanos o ser monárquicos.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Ciuró i Buldó.
Buenos días, señorías. Subimos hoy a la tribuna para dar respuesta a la enmienda a la totalidad que sobre el texto de modificación de la Ley de Justicia Universal ha presentado el Grupo Popular. Nuestra opinión es que esta enmienda a la totalidad no enmienda el error de base que formaba parte del texto que se aprobó en 2014, de forma única y sin apoyo parlamentario, por parte del grupo de la mayoría en aquel entonces y ahora. Sí amplía el catálogo de delitos y por tanto podríamos estar de acuerdo, como se ha dicho, en incorporar en el trámite de enmiendas el catálogo de delitos que propone el Grupo Popular, pero entendemos que le falta ampliar los requisitos de perseguibilidad para que sea una auténtica justicia universal. Para nosotros los límites que mantiene la enmienda a la totalidad del Grupo Popular siguen
siendo demasiados. Señorías, presenten si ustedes quieren estas enmiendas en el trámite parlamentario para que las podamos debatir, las podamos consensuar y posiblemente conseguir que el texto definitivo que salga de la ponencia cuente con un consenso mayor que el que tenía la ley ahora mismo en vigor. Siempre es bueno negociar, siempre es bueno pactar, por tanto no perdamos la oportunidad de dotar al ordenamiento jurídico de una auténtica justicia universal que permita la perseguibilidad de los delitos de lesa humanidad, de los delitos humanitarios, de los delitos de tráfico de drogas o de preservación de la biodiversidad, como ahora proponen, pero hagámoslo de manera que los puntos de conexión no sean harto restrictivos y sean los casos únicamente acaecidos en el Estado español los que puedan ser perseguibles por los tribunales españoles a través de la Ley de Justicia Universal. Por tanto votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad.
Apostamos por la proposición que presentó el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana básicamente porque contiene prácticamente todas las propuestas que nosotros hicimos ya respecto a la Ley de 2014, por lo que nos vemos perfectamente reflejados en la misma. Sobre ese texto nos gustaría que ustedes aportasen sus enmiendas para conseguir una Ley de Justicia Universal que no limite la perseguibilidad de delitos execrables que afectan a la convivencia en todo el mundo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Debatimos sobre la toma en consideración de una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley de Esquerra Republicana sobre la reforma de la jurisdicción penal universal, enmienda a la totalidad que, ya adelanto, no contará con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, pues pretende que no se modifique la desnaturalización que respecto a la justicia universal sufrió a manos de la Ley Orgánica 1/2014 y que el Partido Popular patrocinó. Este Grupo Parlamentario Vasco ya tiene fijada su posición respecto a la jurisdicción universal de la justicia penal española, y no la vamos a cambiar ahora en este debate. Nuestra posición ya ha sido fijada en esta XII Legislatura con ocasión de la proposición de Ezquerra, y también en la proposición de ley que sobre el mismo asunto de la justicia universal el Partido Nacionalista Vasco ha presentado en esta Cámara. Sostenemos la recuperación de la naturaleza genuina de la justicia universal, que lo es desvinculada de intereses nacionales, ya que el bien jurídico protegido es un interés internacional que se basa exclusivamente en las características de los delitos cometidos, de los delitos sometidos a aquella jurisdicción, delitos que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto, tales como los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de tortura y desaparición forzada, entre otros, y que son los previstos en los tratados internacionales, al margen del lugar de comisión y de la nacionalidad de su autor y víctima.
Estas reglas de atribución competencial de la jurisdicción penal española se contenían en estos mismos términos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción original de 1985. Sin embargo esa plenitud del principio de jurisdicción penal universal de los juzgados ha ido desvirtuándose a través de sucesivas reformas: la de la Ley 1/2009 y la de la Ley Orgánica 1/2014. La primera, la Ley Orgánica 1/2009, introdujo una serie de vínculos de conexión con criterios de interés estatal que operaban como criterios limitadores del principio de persecución universal y evitación de crímenes de derecho internacional, además de incorporar una regla llamada de subsidiariedad por la que se daba prioridad, frente a los juzgados y tribunales españoles, a la jurisdicción de un tribunal internacional o de otro país competente, aunque sin definir los criterios para determinar este último supuesto. Cuatro años después la Ley Orgánica 1/2014 dio otra vuelta de tuerca, la definitiva, para desvirtuar por completo la jurisdicción universal. Así se exacerban los vínculos de conexión con criterios de interés estatal, delito a delito, de tal modo que hacen en la práctica inviable la aplicación de la jurisdicción universal a cada uno de ellos. Además se hace preciso presentar querella por el ofendido o por el ministerio fiscal, dejando de caber las denuncias por la acusación popular, como hasta el momento se posibilitaba. También se da prioridad, frente a la jurisdicción penal española, a un tribunal internacional, a la jurisdicción del Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos, lo que puede ser atendible al principio general de jurisdicción territorial como criterio general del derecho penal, y también da prioridad, frente a la jurisdicción penal española, a la jurisdicción del Estado de la nacionalidad, bien de la víctima a que se impute la comisión
de los hechos o bien a aquella de cuya nacionalidad fueran las víctimas, lo que no parece tan atendible al principio del locus delicti. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
En definitiva, señorías, la actual regulación de la justicia universal de la Ley Orgánica 1/2014, que la enmienda a la totalidad que hoy debatimos pretende que no se derogue, no puede tener el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco, pues entendemos que contraviene la concepción de la jurisdicción universal en materia penal, y recuerdo en este sentido la canónica definición del Instituto de Derecho Internacional de Cracovia, que define a la justicia universal como aquella competente de un Estado para perseguir y en su caso declarar culpable y castigar a los autores, independientemente del lugar de comisión del delito y sin condición a vínculo alguno de nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la ley internacional, criterios estos acogidos por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 21/1997, 87/2000 y la muy importante 237/2005, entre otras.
Voy finalizando, presidenta. La Ley 1/2014, que está enmienda a la totalidad que debatimos pretende proteger, no contará con nuestro apoyo, y no dejaré pasar la ocasión de recordar el doble rasero que han puesto de manifiesto las reformas de 2009 y 2014. Mientras que la jurisdicción universal de los tribunales españoles se dirigió a encausar a países del tercer mundo España alardeaba de su liderazgo; ahora bien, cuando tocó encausar a países o ciudadanos del primer mundo se comenzó, primero por el Partido Socialista, a desvirtuar el principio de jurisdicción universal, y posteriormente por el Partido Popular, a restringirlo.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular pretende mantener la regulación actualmente en vigor de la justicia universal recogida en el artículo 23 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial. Su redacción actual, operada por la reforma de 2014, durante esa mayoría absoluta del Partido Popular, supuso una reducción sustancial y extrema de los derechos de los españoles víctimas de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en el extranjero. Su redacción actual prácticamente supuso acabar con el principio de justicia universal. Con dicha Ley 1/2014 se establecieron una serie de límites a la extensión de la jurisdicción española, estableciendo un carácter marcadamente excepcional a la persecución de delitos cometidos fuera de España. La exigencia de que su autor resida o se encuentre en nuestro país supone en la práctica un gran impedimento para que estos delitos se puedan perseguir, y que efectivamente muchos ciudadanos españoles queden desprotegidos por la falta de competencia de nuestros órganos judiciales, una falta de competencia casi insalvable.
Sí es cierto, por otra parte, y es de justicia reconocerlo, que la señora Moro ha hecho honor a sus palabras vertidas en el debate de toma en consideración, cuando dijo que la normativa actual era perceptible, y que la enmienda presentada introduce modificaciones interesantes que permitirían la persecución de delitos de blanqueo de capitales que afecten al orden socioeconómico español; pesca ilegal, en los supuestos regulados en tratados internacionales y delitos relativos al tráfico de órganos humanos. Pero también es cierto que estos tipos pueden introducirse como enmiendas al articulado, sin tener que condicionar su incorporación a mantener a ultranza su modelo restrictivo de justicia universal. La técnica legislativa del Grupo Popular no deja de sorprendernos y eso que esta enmienda no tiene comparación con las cincuenta enmiendas que han presentado a su ley de permisos y licencias. Cincuenta enmiendas a cinco artículos, todo un ejercicio de creatividad sobrevenida o, si lo prefieren, todo un ejercicio de incongruencia legislativa que debería dar lugar a su inadmisión de plano.
Por otra parte, en esta intervención me gustaría dejar meridianamente clara una cuestión, en aras de esa centralidad de mi grupo que tanto preocupa a la portavoz popular: que no apoyemos esta enmienda a la totalidad no significa que apoyemos la proposición de Esquerra en sus propios términos. Lo dijimos en el debate de toma en consideración y lo reiteramos hoy. En el trámite de enmiendas trataremos de acomodar esta reforma al modelo de justicia universal que ya había obtenido un acuerdo muy mayoritario en la Comisión de Justicia, cuando fue debatida esta cuestión. Acuerdo mayoritario que consistía en revertir la que nosotros consideramos inaceptable reforma de 2014 y volver a la situación anterior, a la redacción del artículo 23 existente tras la reforma de 2009. Además esa reforma cumplía con el mandato de esta Cámara mediante resolución aprobada el 19 de mayo de 2009, con motivo del debate del Estado de la nación, cuya aprobación contó con el apoyo de PSOE, PP, Convergència, Coalición Canaria,
Nafarroa Bai, UPyD y UPN. Esta gran mayoría sin embargo no ocurrió con la reforma posterior de 2014, que fue solo aprobada por el Partido Popular, con el rechazo en bloque de toda la oposición. Eso fue lo que defendimos en la Comisión de Justicia en el debate de toma en consideración de esta proposición de ley orgánica, y esa es nuestra posición en el debate de enmiendas a la totalidad de hoy.
Aquel modelo de justicia universal de la Ley Orgánica 1/2009, tal y como decía su exposición de motivos, además de incorporar tipos penales que no estaban incluidos hasta entonces adaptaba la redacción del citado artículo 23 al principio de subsidiariedad, a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Supremo. Este principio condicionaba la competencia de nuestros órganos jurisdiccionales a que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado otro procedimiento de investigación sobre los mismos hechos. Es decir, lo condicionaba a que no existiera prejudicialidad penal, lo cual nos parece bastante razonable. Se establecían además una serie de presupuestos y de vínculos con nuestro país que eran lo suficientemente amplios como para permitir la persecución de estos delitos por los tribunales españoles en circunstancias que garantizasen una mínima conexión con nuestro país. Se restringía la competencia de nuestros tribunales solo en aquellos casos en los que no tenían nada que ver ni nuestros ciudadanos ni nuestro país con los delitos cometidos. Señorías, no ponemos en duda ni la importancia ni la legitimidad de tales causas, pero sí ponemos en duda los medios de nuestra maltrecha Administración de Justicia para perseguirlas. ¿Causas legítimas? Sí. ¿Delitos execrables? Sí. Pero exigirían una ingente cantidad de dedicación y recursos frente a una remota posibilidad de acabar obteniendo una verdadera justicia material y una reparación. Por tanto, señorías de Esquerra -y especialmente me dirijo también a las señorías del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)-, ¿quieren ampliar y explorar las capacidades de nuestra Administración de Justicia? Pues permitan que salga adelante el acuerdo de presupuestos de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular para que se puedan convocar hasta 300 nuevas plazas de jueces y fiscales (aplausos), gracias a ese plan de choque que ha negociado Ciudadanos con el Gobierno; por cierto, manteniendo la inversión que ya conseguimos el año pasado para el Plan de Modernización de la Administración de Justicia. De lo contrario, señorías, no se cubrirán ni las plazas de jueces y fiscales que se jubilen este año.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.
El señor MOYA MATAS: Molt bon dia. Muy buenos días, señorías.
Nos encontramos ante una enmienda que a primera vista debiera tratarse como una enmienda parcial, pero bajo esa apariencia se nos presenta un instrumento que supuestamente pretende cambiarlo todo para no cambiar en realidad absolutamente nada, contra el acuerdo que ya hubo en su momento y que fue mayoritario en esta Cámara. Señorías, el objetivo compartido debería ser que España no solo protegiera y garantizara los derechos de todos y de todas dentro de sus fronteras, sino que el Estado español volviera a ser un líder y un referente en el resto del mundo en la protección de estos derechos y libertades. El objetivo debería ser recuperar aquel prestigio perdido en el año 2009 con las reformas del Partido Socialista por miedo a enemistarse con el Estado de Israel, cuando fue denunciado por los bombardeos sobre la población civil en Gaza. Aquel prestigio fue perdido en 2009 y después fue absolutamente desintegrado con la reforma Gallardón del año 2014, por miedo esta vez a la reacción de China cuando la justicia española tomó cartas en el genocidio del Tíbet. Entre unas y otras dejaron en nada la competencia de los tribunales españoles para defender a las víctimas de los crímenes más execrables en la esfera internacional. De aquellos barros, señorías, estos lodos. Para vergüenza de todos y todas el Estado español sigue incumpliendo sus compromisos internacionales en defensa de los derechos humanos.
Ahora, señorías del Grupo Parlamentario Popular, nos traen una enmienda a la totalidad que pretende ampliar el catálogo de delitos perseguibles, incluyendo una serie de supuestos que ya de entrada le digo que aceptamos. Ustedes pretenden incluir en este catálogo el blanqueo de capital. Adelante. Incluyamos el blanqueo de capital. Eso sí, no se resistan a acabar con las sicav, el gran instrumento de elusión fiscal de las grandes fortunas. (Aplausos). Pretenden también incluir en este catálogo la pesca ilegal. Adelante. Persigamos también la pesca ilegal a través de la justicia internacional y de la jurisdicción universal española. Pero, por otro lado, no defiendan los tratados internacionales de comercio que abren nuestras fronteras precisamente a productos de terceros países a menudo procedentes de esta misma pesca ilegal
que ahora ustedes pretenden perseguir. Pretenden incluir también en la persecución internacional el tráfico de órganos. Evidentemente incluyámoslo. ¿Pero qué hacen ustedes para frenar el desamparo de todos los menores que están llegando a los campos de refugiados, las grandes víctimas de esta lacra, los más desesperados, los más vulnerables, convertidos a día de hoy en materia prima, en puros recambios de piezas para los enfermos acaudalados del mundo privilegiado? No es suficiente incluirlo en la jurisdicción universal. Hagan medidas, luchen, protejan a los más desamparados. No jueguen al engaño. Sumen, recuperen para el ordenamiento español esa jurisdicción universal, esa defensa internacional de los derechos humanos. Introduzcan estos supuestos en enmiendas parciales y nosotros, ya se lo digo desde este estrado, les vamos a dar apoyo, de la misma manera que les solicitamos su apoyo a nuestras enmiendas parciales, que ya hemos registrado, en las que también ampliamos el catálogo del artículo 23, incluyendo la persecución del apartheid, de la esclavitud, de los delitos contra los recursos naturales, de los delitos contra el medio ambiente, de los delitos relativos a la protección de la flora y de la fauna; incluso también arreglamos la chapuza incluida en la reforma Gallardón de 2014 respecto a los delitos cometidos en aguas internacionales, evitando, por ejemplo, aquel bochorno de 2014, cuando fue detenido un buque cargado con 16 000 kilos de hachís en el mar de Alborán y cuyos tripulantes quedaron en libertad puesto que la Audiencia Nacional entendió, en aplicación de su reforma, que no quedaba claro que aquellas 16 toneladas de hachís tuvieran como destino España. Por tanto delito impune, sus causantes fugados y la Audiencia Nacional con un instrumento que le dota de una absoluta inseguridad para perseguir estos crímenes. Señorías del PP, no sigan por este camino. Basta de recortes, basta de represión de los derechos humanos y las libertades democráticas.
Seguro que está en sus mentes en el debate de hoy el asesinato del cámara José Couso. Sus familiares nos acompañan hoy, claro ejemplo de lucha por la dignidad. Catorce años después todavía reivindican una justicia que los tribunales españoles no han podido darles. (Aplausos). Respecto al caso de José Couso seguro que han leído la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz; seguro que la conocen, pero me voy a permitir el lujo de recordársela. Santiago Pedraz, cuando archivó la causa por el crimen contra el cámara Couso, dijo literalmente: Los crímenes de guerra quedan impunes en España pese a los múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos. Y no solo está el caso del asesinato del cámara Couso, podemos hablar también de la impunidad, por ejemplo, en el asalto de la embajada de Guatemala que causó la muerte del secretario Jaime Ruiz del Árbol; podemos hablar también de otras personas, como del padre de Rigoberta Menchú, que fue quemado vivo y cuyo delito queda impune en España, o del caso de Ruanda, seis religiosos y tres cooperantes españoles, que queda impune también. ¿Sabe que la justicia española no puede hacer nada contra los culpables de las mutilaciones genitales de las niñas, que son obligadas a abandonar el Estado español y entonces son víctimas de la ablación, y cuando regresan nadie hace justicia por aquellos graves daños, por aquellas secuelas que les perseguirán el resto de la vida? ¿Saben la impunidad en la que quedan los causantes de estos crímenes y tantos otros, en el Tíbet, en Gaza, en Guatemala, tantos crímenes a menudo causados por personas paramilitares que a día de hoy ocupan cargos políticos y militares y que están impunes ante la justicia española? Sin matices, señorías; o se ampara a las víctimas o se da impunidad a los verdugos. Ni siquiera con la legislación que ustedes pretenden no corregir las víctimas, sus familiares, ni siquiera el ministerio fiscal, podrán interesar la apertura de diligencias en el Estado español que permitan al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes, ni investigar cómo sucedieron los hechos. Por no hablar de la auténtica indefensión en que se encuentran cooperantes españoles, defensores y defensoras de derechos internacionales, periodistas continuamente agredidos cuando realizan sus labores de denuncia de ataques contra los derechos humanos en Oriente Medio, en África, etcétera.
Termino, señorías, leyendo los argumentos que también dan en su enmienda. Dicen que la recuperación de la justicia universal provocaría en los juzgados españoles escasa efectividad o desgaste excesivo. Díganles esto a los jueces, a las juezas y a los fiscales que van a organizar una huelga judicial el próximo mes de mayo, y díganles que sus motivos de queja son el desgaste que provoca en la justicia española la jurisdicción universal. Díganselo a ellos y a ver si así evitan la huelga que, contra sus medidas de recorte y de dilapidación de recursos, van a encontrarse el próximo mes de mayo en la justicia española.
En realidad es su instrumentalización de la justicia para combatir la disidencia política, para combatir la libre expresión, el libre ejercicio de los derechos sociales lo que desgasta la justicia, lo que desgasta a los trabajadores y trabajadoras de la justicia y lo que desgasta la calidad del Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar.
El señor CÁMARA VILLAR: Señor presidente, señorías, como ha argumentado el Tribunal Supremo en su Sentencia 296/2015, el carácter ilimitado de la jurisdicción universal, plasmado originalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, fue cuestionándose por la práctica jurídica, toda vez que se generaban problemas vinculados a la idea de que no tiene por qué corresponder a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden mediante el derecho penal en un ámbito potencialmente mundial.
Se consideraba necesario el establecimiento de algún punto de conexión que legitime razonablemente la extensión territorial de su jurisdicción, y al tiempo se evite el excesivo desgaste de los órganos jurisdiccionales nacionales ante supuestos en los que la efectividad práctica de los procedimientos pueda resultar ciertamente nula. Lo que se estipula en los tratados internacionales es un compromiso ineludible con el establecimiento de una reacción eficaz contra la impunidad, suprimiendo la posibilidad de que existan Estados que sean utilizados por los delincuentes como refugio.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 237/2005, subraya la idea de que si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial instauró un principio de jurisdicción universal de carácter absoluto, no por ello este carácter viene impuesto de manera ineludible por principios constitucionales. Antes bien el tribunal entiende que resulta legítima la posibilidad de establecer criterios reguladores, tanto por vía de interpretación como legislativa. Los problemas que se generaban a partir de la interpretación tan extensiva que se estaba realizando de la jurisdicción universal llevaron a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2009. El principal retoque, señorías, realizado por esta ley, a iniciativa socialista, de manera ponderada y con el concurso de la mayoría de los grupos, lo fue para que los jueces españoles pudieran perseguir delitos de tan especial gravedad, incorporando un requisito consistente en que el presunto autor de los hechos se encuentre en territorio español, que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate la existencia de algún otro vínculo de conexión relevante con España.
La práctica consolidada en el derecho comparado muestra que en la mayoría de los países, de manera explícita o implícita, se contemplan con toda normalidad criterios de conexión en el ejercicio de la justicia universal, y en particular la presencia del acusado en el territorio nacional sin que se entienda que los tratados obligan a un modelo de justicia universal, por así decirlo, pura o absoluta. Así ocurre en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Finlandia, por citar algunos casos. En este sentido con la reforma de 2009 España se situaba en una posición razonable y enteramente congenial con el derecho de los países de nuestro entorno. Sin embargo un negativo cambio se introdujo mediante la Ley Orgánica 1/2014, perpetrada en solitario por el Grupo Popular, orillando por la vía elegida los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Se hizo además a toda prisa y necesitando a su vez una reforma inmediata por su deficiente redacción, para poder precisar y ampliar precisamente la competencia en delitos como los de terrorismo. Rechazada por multitud de organizaciones defensoras de los derechos humanos esta malhadada reforma ha incidido muy negativamente sobre el principio de justicia universal en nuestro país, estrangulándolo y con vulneración múltiple de la Constitución, lo que llevó a nuestro grupo a plantear un recurso de inconstitucionalidad todavía no resuelto. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Cámara. Señorías, por favor, les ruego silencio. Muchas gracias. (Pausa). Continúe.
El señor CÁMARA VILLAR: Gracias, señor presidente.
Ahora el Grupo Parlamentario Popular trae a debate una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley 6/1985, presentada por Esquerra Republicana de Cataluña, que a su vez se orienta por una vuelta al planteamiento originalista. No nos engañan, señores del Grupo Parlamentario Popular, su iniciativa no es en absoluto un texto alternativo sino el aprovechamiento de este trámite para sostener por entero y no enmendar en ninguno de sus elementos la injusta ley de 2014. Señora Moro, con el señuelo de introducir nuevos supuestos delictivos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conservan en su integridad el muy restrictivo y lesivo paradigma sobre la condición universal, instaurado con su reforma. Es decir, lo que podría haber sido un conjunto de propuestas para unas enmiendas de adición o para otra iniciativa, ustedes lo convierten de manera oportunista en una enmienda a la totalidad sin que manifiestamente sea un texto alternativo. Dicho esto, con independencia de que podríamos ponernos de acuerdo en relación con la introducción de esos nuevos
supuestos. Pero lo que hacen de esta manera es tergiversar el procedimiento y empecinarse en mantenella y no enmendalla, sosteniendo un texto que rechaza la mayoría de la Cámara y sobre el que hay pendiente -les recuerdo- otra proposición de ley de reforma de nuestro grupo, en la línea del razonable modelo de 2009 que conecta con esa mayoría.
Por estas razones no vamos a apoyar su iniciativa. Su pretendida alternativa sigue siendo mantener la injusta e inconstitucional reforma que a rodillo impusieron en 2014, como era su pauta de actuación cuando tenían mayoría absoluta. A ella simplemente pretenden añadir ahora tres nuevos supuestos delictivos y una previsión de facultades de la autoridad de sus agentes para adoptar diligencias a prevención. Insisto, en ello podríamos estar de acuerdo y discutirlo para mejorar esa propuesta, pero, señores del Grupo Popular, optar por ampliar el catálogo de delitos de persecución universal para imponerles un marco legal con tantas trabas, con tantas restricciones que prácticamente hace imposible que pueda perseguirse tales delitos, no es ni mucho menos la vía adecuada, es sencillamente un engaño. Es un engaño para todos -también para ustedes- porque se convierte en un medio de derogar en la práctica el principio de jurisdicción universal. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y no nos vamos a prestar a hacerles el juego. Ustedes hicieron, en solitario y frente a los demás grupos, una ley de apariencia y de técnica compleja, ciertamente, pero sin alma y sin sustancia de justicia universal. Deberían tener muy en cuenta la sentencia del chief justice Earl Warren: "Es el espíritu de la reforma y no la forma de la ley lo que mantiene viva la justicia".
Gracias, señor presidente, gracias, señorías. (Aplausos).
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000020).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, del Código Penal. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de sus respectivas enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, permítanme antes de nada que dé la bienvenida a esta su casa a Juan Carlos Quer, padre de Diana; a Antonio del Castillo, padre de Marta; a Juan José Cortés, padre de Mari Luz; a Francisco Palo y María del Mar Bermúdez, padres de Sandra; a Jessica Sánchez, en representación de la familia de Jéremy Vargas; a Blanca Estrella, de la Asociación Clara Campoamor, y un recuerdo muy especial para los padres de Gabriel, Ángel y Patricia. (Aplausos).
Señorías, no neguemos la evidencia, nuestro sistema penal necesita una reflexión, necesita reformas y llenar lagunas en casos como aquellos en los que la reincidencia es demasiado habitual. Aquí el sistema falla. Tenemos que admitir el problema como primer paso para reformarlo; somos legisladores y tenemos la obligación de hacerlo. En contra de lo que las acciones de algunos grupos políticos muestran, nosotros sí queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Nos parece que es lo más lógico cuando existen legítimas y comprensibles diferencias en la doctrina y entre los profesionales. Nos parece que en una materia tan sensible un pronunciamiento del Tribunal Constitucional facilitará las cosas, dibujará un campo de juego claro y unos límites indubitados dentro de los cuales nos podremos mover a la hora de legislar.
Pero algunos quieren derogar en caliente, sí, derogar en caliente. Una de las razones por las que uso esa expresión es por el hastío que produce ya el topicazo de advertir del uso de legislar en caliente. ¿Cómo que legislar en caliente? Esto ya estaba legislado. Otros trajeron la iniciativa de derogar sin esperar la resolución de un recurso que el PSOE había interpuesto. Es el PNV quien toma la iniciativa de decidir cómo va a quedar el Código Penal, sin esperar... (Rumores).
El señor GIRAUTA VIDAL: ... al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del PNV por un par de razones. Primera, porque mantiene la prisión permanente revisable en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, evitando la derogación en caliente. Segunda, porque creemos que
ha llegado el momento, una vez suscitado el debate, de reforzar el principio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de modo que impidamos supuestos de penalidad real insuficiente frente a crímenes especialmente horrendos y con peligro objetivo de reincidencia. Quiero pedirle por favor al Partido Socialista que recapacite y se abstenga, que den ocasión a que el Tribunal Constitucional resuelva.
Hay una parte de los juristas que solo conocen el principio orientador de la reinserción. Es un principio constitucional, es un principio loable, es un principio de civilización, sí, pero las penas tienen -y siempre han tenido- otros fines, como el de proteger a la sociedad, el de proteger a las personas. La prevención especial de aquellos que han sido víctimas y la protección general de la sociedad está en el padre de todo esto, en Cesare Beccaria, autor De los delitos y las penas, obra sin la cual no estaríamos hablando de nada de esto. El objetivo de la reinserción está ahí por Cesare Beccaria, por una obra del siglo XVIII. Señores, la prevención ya estaba y formaba parte de una obra con una sola visión coherente que es la visión contemporánea de los sistemas penales. Pocas cosas resultan más absurdas estos días que oír cómo se arguye que la prisión permanente revisable no ha salvado a Gabriel. ¡Por Dios!, es que las vidas que se salvan no están a la vista. Pueden negar si quieren otro fin de las penas, el preventivo, pero sí les digo que la laxitud en la concesión del tercer grado en algunos casos sí que es visible, lamentablemente, en forma de reincidencias en conductas especialmente execrables. (Aplausos). El debate de la prisión permanente revisable es solo la punta del iceberg de una problemática que nos apela como legisladores acerca de la necesidad de proteger a las personas cuando el principio orientativo constitucional de la reinserción no funciona y, particularmente, en los crímenes donde habitualmente no funciona. No se puede legislar en caliente pero tampoco se puede dejar que las cosas se pudran. Nosotros somos reformistas y creemos que hay que corregir las disfunciones. ¿Quieren ejemplos de disfunciones? Yo les voy a poner tres y solo voy a dar nombres propios en uno de los casos, y yo sé por qué.
El año pasado un joven ceutí secuestró y violó a una mujer de veintidós años en la carretera del Hacho mientras disfrutaba del tercer grado. Un condenado por violar a dos mujeres en 2010 fue detenido en junio de 2015 en Mallorca por llevar a la fuerza a un descampado y violar a una adolescente de catorce años mientras disfrutaba de un permiso penitenciario y se encontraba en régimen de tercer grado. El 15 de octubre de 2004 Pedro Jiménez, interno de la prisión de Can Brians, condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo, asesinó en Hospitalet, mientras gozaba de un permiso penitenciario, a las dos agentes en prácticas de la Policía Nacional Aurora Rodríguez y Silvia Nogaledo, de veintiocho y veintidós años respectivamente; no solo las asesinó, las agredió sexualmente y profanó los cadáveres. Antes del doble crimen había escrito un texto en prisión donde recreaba su sensación de poder -cito textualmente- mientras violaba a una mujer.
En Ciudadanos defendemos la necesidad de que se garantice el cumplimiento íntegro y que al menos nos acerquemos al cumplimiento efectivo de las penas por los crímenes de especial gravedad. Son puntos principales de nuestra propuesta que el condenado a prisión permanente revisable por la comisión de un delito no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva y no quince como ahora; restringir aún más el acceso al tercer grado cuando exista condena por varios delitos, estando al menos uno de ellos castigado con prisión permanente revisable; aún más cuando el condenado por prisión permanente revisable lo es por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Modificar el régimen de concesión de permisos de salida ordinarios para que en el caso de la prisión permanente revisable solo operen a partir de quince años de prisión efectiva, y algunas otras medidas que les ahorro porque las tienen todos ustedes por escrito.
La fórmula de la prisión permanente revisable admite, es cierto, un debate sobre su constitucionalidad, todos lo sabemos, claro que sí, pero en Ciudadanos pensamos, y eso es lo que he venido a defender, que lo sensato no es derogarla, pensamos que lo sensato es que el Tribunal Constitucional sea el que establezca las limitaciones, dibuje el campo de juego y marque el ámbito dentro del cual podamos regular esas situaciones particularmente peligrosas para la sociedad en casos de crímenes especialmente execrables y ante delincuentes que muestran un tipo de conductas que la criminología contemporánea sabe que están basadas muchas veces en pulsiones que tienen muy difícil rehabilitación, si es que la tienen. Pero mientras el Tribunal Constitucional resuelve, sí podemos -y aun debemos- abordar la gran laguna del sistema: un régimen de permisos y una clasificación de tercer grado que incluso en la propia regulación de la prisión permanente revisable se manifiestan incoherentes con las finalidades de la pena, como es el caso, como les decía, de delitos particularmente odiosos, delitos que provocan un especial rechazo de la sociedad. Es incoherente que se establezca una regulación de ese tipo para una prevención especial mantenida en el tiempo cuando aquel tipo de crímenes del que estamos hablando sabemos
lamentablemente que se pueden producir y se producen en demasiadas ocasiones cuando se da un permiso o cuando se da la clasificación de tercer grado y establecer permisos a los ocho años o establecer terceros grados a los quince años en la pena más grave que recoge el Código Penal. Algo que no sucede con otras penas, que el Código Penal también recoge, y que no tienen la consideración ni de la pena más grave ni están pensadas para delitos de ese tipo.
Solo quiero añadir, con todo el respeto, que ruego a los señores del Partido Socialista, les ruego, que se abstengan para permitir... (Rumores).
El señor GIRAUTA VIDAL: Yo no sé por qué están tan nerviosos, francamente. (Rumores).
El señor GIRAUTA VIDAL: Bueno, quizá luego me entere de por qué están tan nerviosos y tenga ocasión de darles la réplica Yo no me dirigía a ustedes (señalando al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), me dirigía al Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).
El señor GIRAUTA VIDAL: Y les quería pedir, con todo el respeto, que recapacitaran, que se abstuvieran y que permitan que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que tomemos ninguna otra decisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señorías, les ruego silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, hace apenas unos días escuchaba a unos padres, cuya hija había sido salvajemente asesinada, responder: ¿Venganza? Nosotros no queremos venganza, eso no nos devolvería a nuestra hija. Solo queremos justicia para que otras familias, otros padres, otras niñas no sufran lo que sufrió nuestra hija. (Aplausos). Ni venganza ni rabia, solo justicia. (Aplausos). Eso es, señorías, lo que hoy venimos a defender. Hoy venimos a defender su causa, una causa justa, una causa que debería de ser la de todos, señorías. Hoy venimos a defender la protección de los más vulnerables frente a los crímenes más detestables y deleznables, alguno de los cuales ha vuelto a sacudir estos días nuestras conciencias. Hoy venimos a defender, a pedirles que no deroguen la prisión permanente revisable, y en esta causa no estamos solos porque esa posición sabemos que la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española. (Aplausos). Una pena excepcional para delitos de excepcional gravedad, para los delitos más atroces, aquellos que generan el mayor rechazo social y que merecen el mayor reproche penal con una pena justa, proporcionada, constitucional, revisable a partir de veinticinco años de condena y, por tanto, compatible con la reinserción. Una pena avalada por el derecho comparado, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional y por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una pena similar a la que existe en la inmensa mayoría de los países europeos, también con Gobiernos de izquierdas, y que tiene periodos de ejecución de revisión de ejecución de la condena que van desde los quince años en Alemania, los veintidós en Francia o los veintiséis en Italia. Una figura, un tipo penal, señorías, cuyo mantenimiento es un clamor social, y todos los indicadores publicados así lo reflejan, con un respaldo de al menos el 80 % de los españoles. (Aplausos). Ya sé que a ustedes no les gusta, que la cuestionan en el fondo y en la forma, pero eso no significa que tengan razón. Cuestionan su denominación y nos dicen que lo que en realidad esconde es una cadena a perpetuidad. Por favor, señorías, no confundan. Ni la Ley de cumplimiento íntegro de las penas, que avalamos con ustedes en el año 2003, ni la prisión permanente revisable lo es porque es una pena que está sujeta a revisión en un plazo concreto y también es compatible con los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.
Cuestionan su constitucionalidad porque dicen que no está encaminada a la resocialización ni a la reinserción. ¿Dónde dice eso, señorías? La prisión permanente revisable no renuncia, porque no podría hacerlo, a la reinserción del penado, pero esa rehabilitación no se consigue de manera automática por el mero transcurso del tiempo. A veces esa reinserción se consigue, pero otras veces lamentablemente no,
y es a estos últimos casos y a los crímenes más graves a los que esta figura pretende dar respuesta. (Aplausos). Y es que la reinserción es un derecho del reo, pero es al reo a quien corresponde acreditar y demostrar ante un tribunal que es capaz de reintegrarse a la sociedad sin riesgo de volver a delinquir. Por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre prisión perpetua ineludible y aquella otra pena de prisión, como es el caso de la prisión permanente revisable, que permite bajo condiciones la excarcelación del condenado, siendo esta última conforme con los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo va a ser esta pena inhumana si viene avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¡Por favor, señorías, un poco de mesura! (Aplausos).
Y no confundan tampoco la pena con el cumplimiento de la pena. Es el cumplimiento de la pena lo que tiene por objetivo la rehabilitación del delincuente, pero la pena tiene otras finalidades. La pena es también la respuesta ante el delito, es el componente preventivo y el efecto disuasorio que produce. Significa ser justos con el daño causado a las víctimas y, por supuesto, es la garantía de protección y seguridad a toda nuestra sociedad. Por ello les pediría un poco de rigor y de prudencia antes de hablar de manera tan concluyente de tacha de inconstitucionalidad de esta pena, porque ha sido informada favorablemente por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal y por el propio Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).
Ya sé que una parte de la doctrina jurídica no piensa lo mismo, que la cuestionan, lo mismo que ustedes. Ustedes verán, busquen ustedes si quieren el aplauso de una parte de la doctrina. Nosotros seguiremos trabajando y legislando para ganar la confianza del conjunto de los españoles, como siempre lo hacemos. (Aplausos). Lo digo porque si en este caso existe una presunción es precisamente a favor de la constitucionalidad de esta pena. El propio Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse obiter dicta sobre este tema y viene admitiendo peticiones de extradición de delincuentes extranjeros por parte de países que prevén penas similares a la prisión permanente revisable. Pero, miren, si a pesar de ello les siguen asaltando las dudas, dejen que el Tribunal Constitucional las resuelva. Y, dado que ustedes presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no creen que lo más prudente y además lo más coherente sería no derogar esta pena hasta conocer el pronunciamiento del alto tribunal? (Aplausos). Nosotros lo pensamos, se lo pedimos en nombre de la sociedad española, señorías. (Aplausos).
Se lo pedimos si no nos aceptan nuestra enmienda a la totalidad, como han anunciado. Una enmienda, la nuestra, que persigue no solo mantener, sino fortalecer y extender esta figura penal, ampliando en cinco los supuestos de aplicación de la pena de prisión permanece revisable: A los asesinatos tras secuestro o con ocultamiento del cadáver, que prolongan el dolor de las víctimas o sus familias; a los que provoquen varias muertes por estragos, incendios o fugas radiactivas intencionadas; o a los violadores en serie o a los violadores de menores. Con ello pretendemos dar respuesta a nuevas situaciones e iniciativas sociales que se han venido produciendo, hasta definir trece supuestos de aplicación de esta pena, aún por debajo de la legislación comparada, pues, por ejemplo, en Alemania esta pena se aplica a veinte supuestos, en Italia a diecinueve o en Francia a veintiséis. ¿Acaso los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que el resto de los europeos? Nosotros pensamos que sí y que con esta pena y con estos nuevos supuestos vamos a defender mejor los derechos y libertades o la seguridad de toda la libertad; por cierto, no nos acusen de legislar en caliente. Es justo lo contrario. La prisión permanente revisable lleva vigente en España casi tres años. Pueden discutir si quieren algunos de los nuevos supuestos que les proponemos; pero lo que hoy realmente nos jugamos, lo que hoy pretendemos evitar es que ustedes la deroguen en caliente, señorías. (Aplausos). Eso es lo que nosotros pretendemos evitar. Allá su responsabilidad.
La misma responsabilidad que les reclamo a ustedes, señores de Ciudadanos. Hace dos años firmaron en su pacto con el PSOE la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Hace apenas unos meses calificaron en esta tribuna esta pena de 'demagogia punitiva' -cito literalmente- y en la votación se abstuvieron facilitando la tramitación para su derogación. Hace tan solo unas semanas, su líder afirmó en un diario nacional que suscribiría de nuevo los 200 puntos del acuerdo con el PSOE sin excepción, ratificando de nuevo su posición a favor de la derogación de la prisión permanente revisable. Y hoy, con distinto portavoz, la defiende y nos alegramos por ello; pero es que encima acusan al sistema de laxitud por lo que proponen elevar los requisitos temporales para acceder a la revisión de la ejecución de la pena y a los beneficios penitenciarios, en una suerte de subasta al alza de tiempos -de todos los tiempos- sin más justificación que esa supuesta laxitud y sin presentar ningún informe técnico ni propuesta de institución alguna que avale tales medidas ni ningún tipo de adecuación de la legislación penitenciaria. Desde luego no es la mejor forma de legislar, señor Girauta; pero en todo caso quiero recordarle que todos esos mecanismos de resocialización, de beneficios penitenciarios, están en manos de los jueces de vigilancia penitenciaria y de los funcionarios de prisiones. (Aplausos). Usted sabrá a quién quiere criticar. Pero lo
importante no es eso; lo importante no es ese debate, señor Girauta. Lo importante es saber cuál es su verdadera posición sobre la prisión permanente revisable. (Protestas). Lo digo porque han defendido en los últimos tiempos una cosa y su contraria. Hoy parece que están en contra de su derogación y por eso, a pesar de esas imprecisiones técnicas, vamos a apoyar sin fisuras su enmienda. (Aplausos). Me alegro de que hayan cambiado de criterio. Espero que en este tema sea la última vez que lo hagan. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Bravo!).
Señorías, existe el delito y la pena porque hay delincuentes; porque no hay ninguna ley que permita vacunarnos contra el lado negativo de la condición humana. Pero sí podemos protegernos mejor de los crímenes más graves y más atroces. Podemos protegernos mejor de aquellos terroristas que son capaces de atropellar discriminadamente dejando a su paso un reguero de sangre, de terror y de víctimas inocentes. Podemos protegernos mejor de los genocidas, de los asesinos de menores, de los violadores en serie, de los delincuentes más peligrosos, para garantizar que nunca más puedan volver a causar ningún mal a nadie, repito, para que garantizar que nunca más puedan volver a causar ningún mal a nadie. (Aplausos). Nosotros pensamos que la figura de la prisión permanente revisable es un buen mecanismo de prevención contra este tipo de delitos y su mantenimiento está sustentado en argumentos de peso más que suficientes. ¿Ustedes creen que los españoles quieren reducir el tiempo de condena o aplicar penas más leves a los delitos más graves? ¿Ustedes creen que el 80 % de los españoles están equivocados? Alguna reflexión deberían hacer sobre ello antes de calificar esta pena de populismo punitivo. No miren al Partido Popular, miren a España porque este es el Parlamento de España, somos representantes del conjunto de la sociedad española y la sociedad española nos está reclamando una mayor protección frente a esos crímenes porque han podido comprobar el dolor, el daño y el sufrimiento, ahí sí a perpetuidad (aplausos), que han causado en muchas familias españolas.
Termino. ¿Se imagina alguno de ustedes que esa desgracia nos hubiera ocurrido a cualquiera de nosotros? ¿De verdad estarían pensando lo mismo? Es muy difícil ponerse en esa situación y es imposible imaginar hasta dónde alcanza ese sufrimiento sin consuelo porque no nos ha ocurrido a ninguno de nosotros. Pero hoy, aquí, en la tribuna de invitados, nos acompañan personas, familias, que han vivido esas tragedias y durante todo este tiempo nos han dado a todos una lección y un ejemplo de fortaleza, de dignidad y de integridad. Por eso, ahora, cuando suban a este estrado e intenten justificar su posición, no me contesten solo a mí, no respondan solo al Grupo Popular, miren también arriba, a la tribuna, y convénzanles a ellos. (Rumores y protestas.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, dirigidos a la tribuna pública).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Oramas González-Moro.
Quería empezar por fijar la posición de Coalición Canaria, y Coalición Canaria y los nacionalistas canarios creemos que en este momento no se debe derogar la prisión permanente revisable, por dos razones. (Aplausos). La primera, porque tiene muy poco recorrido y muy poca aplicación, y segunda, porque está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional. Dicho eso, no podemos compartir estas enmiendas a la totalidad, esa guerra, esa lucha, esa fiesta de Ciudadanos y del PP por ver quién es más duro aprovechándose de un sentimiento de la sociedad; eso no lo podemos compartir. (Rumores.-Aplausos). La sociedad lo que quiere es que la gente que no se ha arrepentido, que no se ha rehabilitado, no se pueda acoger a beneficios penitenciarios. Esta ley la hizo el PP sin consultar con nadie. Si se hubiera querido un acuerdo, si hoy se hubiera intentado un acuerdo político, si se me hubiera llamado a mí... Pero no, a ustedes no les interesa si sale adelante o no la enmienda a la totalidad. Hoy no se está decidiendo eso. Ahora empieza la tramitación de la ley. No se ha buscado el consenso para encontrar una solución de dignidad. También hay una ceguera de la izquierda, de no darse cuenta de lo que piensa la sociedad, y se lo quiero decir. No se puede acusar de populismo ni de demagogia a una persona como Blanca Estrella, progresista, de izquierdas, que ha estado al pie del terreno con la Asociación Clara Campoamor y sabe los fallos que tiene nuestra justicia y qué agujeros hay en la misma. No se puede acusar tampoco a unos padres que quieran venganza. Desgraciadamente, ni a Sonia, ni a Sandra, ni a Diana ni a cualquiera de estos niños los van a recuperar esos padres. Creo que es una vergüenza este
espectáculo. Terminemos este debate con dignidad, con respeto a esos padres que lo que quieren, en positivo, es una esperanza de que haya una justicia no de venganza, sino una justicia de verdad, que es lo que quiere la sociedad. Nosotros no nos vamos a prestar a esto, nos vamos a abstener en la enmienda de totalidad, porque además nuestro voto no es decisivo, y con un compromiso, que en la tramitación podamos mejorar y llegar a algún consenso político que responda a por qué estamos aquí, no para acusaciones ni para guerras en un tema de la sociedad, sino para ponernos de acuerdo en lo que quieren los ciudadanos que nos pusieron aquí.
Muchas gracias y muchas gracias también a Blanca Estrella, a la Asociación Clara Campoamor y a padres con ese corazón y con su tiempo dedicado a que la memoria de sus hijas, que no van a recuperar, pueda servir para las hijas de otros, como nosotros.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
Señorías, defendí la postura de Unión del Pueblo Navarro en el debate de toma en consideración de esta propuesta y ya entonces manifesté nuestro desacuerdo con la pretensión del Partido Nacionalista Vasco de rebajar las penas a los delitos más repugnantes, más odiosos y más graves en nuestro país. Insisto, como hice entonces, no nos sorprende la dirección despenalizadora de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, porque nunca, al menos desde que yo estoy, ha apoyado ni apoyó ninguna normativa que agravara las penas a quienes han protagonizado el mayor desafío delincuencial organizado contra la ley, la vida, la libertad y la estabilidad política de nuestro país en los últimos sesenta años. De otros partidos independentistas o de extrema izquierda podríamos esperar cierto seguidismo a esa misma propuesta. Con lo que yo desde luego no contaba era con que las prioridades de Ciudadanos permitieran que esta pena de prisión permanente revisable fuera a desaparecer.
La pena de prisión permanente revisable, señorías -ya se ha dicho aquí-, no es una excepción en Europa, no es perpetua, aunque se diga así falsamente, es perfectamente legal y por tanto constitucional, es justa y es justificada por la extrema gravedad de los delitos y es proporcional al daño, a la alarma social y a los bienes y valores que entre todos queremos proteger. Nosotros no hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero tenemos ya preparadas enmiendas parciales para intentar dejar sin efecto la normativa que impulsa el Partido Nacionalista Vasco, y daremos el sí a las enmiendas presentadas, aunque mucho tendrían que cambiar las cosas para impedir ya la derogación de esta pena gracias al desbloqueo que Ciudadanos hoy, por desgracia, va a facilitar.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
En realidad, hoy me valdría con una única frase para marcar la posición de Euskal Herria Bildu: somos favorables a la derogación de la prisión permanente revisable. (Rumores). Por tanto, no apoyaremos una enmienda que pretende ampliarla y otra que procede de un partido que hace apenas cuatro meses utilizaba todo tipo de calificativos contra la cadena perpetua encubierta y ahora quiere reformarla para dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios a las personas a las que pudiera aplicárseles esta medida, que no es más que una prisión de por vida, como lo hemos venido haciendo. Señor Girauta, eso sí que es legislar en caliente.
Pese a que las tasas de criminalidad siguen disminuyendo, no se les ocurre a los proponentes más que continuar aprobando leyes excepcionales que lo único que buscan es endurecer todas las medidas penales y represivas, empeorando más si cabe su lamentable carta de presentación ante el mundo, que no es más que un Estado en el que tuiteros, titiriteros y raperos son condenados, al igual que procesados aquellos que quieren una ciudadanía soberana de sus decisiones, mientras se despide con honores a franquistas, incluso ante la presencia de altos cargos, o se indulta, condecora y asciende a torturadores. Se recortan los derechos y las libertades, se insiste en mantener los sistemas carcelarios y penales más represivos en Europa en contra de sus propios criterios constitucionales, que no son los míos, pero sí los de ustedes, que apostaban por penas orientadas a la reinserción y que rechazaban taxativamente la
cadena perpetua. Atenta contra la dignidad de las personas, contra la prohibición del trato cruel y degradante, contra los principios básicos europeos de derechos humanos. En última instancia, y sí lo voy a decir aunque han dicho que no lo digamos, imponen un populismo punitivo, buscan un exacerbamiento del castigo a golpe de titular de prensa, se valen del sufrimiento de las víctimas, un sufrimiento que es real, pero no para ofrecerles justicia, más bien para actuar en clave de venganza. Ante esta actuación ampliamente denunciada que no busca más que definir sectores a perseguir para hacer un traje a medida de la criminalización que se busca, nosotros al menos seguiremos trabajando para que haya una legislación ordinaria y no una excepcional. Les voy a dar un dato para que se den cuenta de la gravedad de lo que plantean y de lo que defienden. El relator para la tortura lo suele decir bien claro. Una permanencia en prisión de veinte años tiene consecuencias irreversibles, más si alguien piensa o no tiene esperanza de que su situación vaya a cambiar. (Rumores). Yo les escucho a ustedes con respeto, es lo mínimo que pido, pero es igual, reitero, votaremos en contra de ambas enmiendas.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, por favor.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Ciuró i Buldó.
Como si de una coincidencia perfectamente preparada se tratase, debatimos hoy dos enmiendas a la totalidad del Partido Popular y Ciudadanos, justo cuando la actualidad nos ha mostrado su cara más cruel, su cara más reprochable. Posiblemente, hoy no sea el mejor día para poder debatir sobre el mantenimiento o no de una medida extrema en el Código Penal como es la vocación de cadena perpetua que tiene la prisión permanente revisable. El asesinato del niño Gabriel, presuntamente a manos de un ser que formaba parte de su núcleo familiar íntimo, añade si cabe mayor indignación, rechazo e irritación a nuestro lado humano más brutal. Pero, sin duda, como legisladores que somos, debemos abstraernos de nuestra pulsión más primaria cuando legislamos y, en particular, cuando lo hacemos en materia de Código Penal, porque es en cuestiones de política criminal cuando el modelo de sociedad se la juega. Para nosotros hay dos modelos de sociedad: el que cree que la política criminal va ligada al castigo contra quien causa el daño, a la justicia ágil, a la reparación y acompañamiento a favor de las víctimas, a las medidas de reinserción y rehabilitación del preso o el modelo de sociedad que cree que la política criminal va ligada a la venganza y al ojo por ojo. Señor Bermúdez de Castro, no es la pena lo que protege a la sociedad; lo que protege a la sociedad son los medios para la justicia, la prevención del delito y el acompañamiento de las víctimas hasta que lo necesiten. (Rumores.-Aplausos). Finalmente, lo que necesitaríamos es que se retirasen las enmiendas a la totalidad porque, en nuestra opinión, la de Ciudadanos, por un lado, viene bañada en oportunismo, con visos de inconstitucionalidad a la vez que diametralmente opuesta al artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos, ya que aparca cualquier expectativa razonable del preso a alcanzar un día la libertad. Las mismas dosis que, en nuestra opinión, tiene de populismo la enmienda del Partido Popular, puesto que podríamos reconocer un caso concreto por cada agravamiento de la pena que propone.
Acabo, presidenta. Difícilmente una justicia con pocos medios, saturada, puede hacer y apoyar buenas políticas de rehabilitación porque la deficiencia en el sistema condena asimismo al individuo, porque no puede rehabilitarse. Por tanto, no procedería en estos contextos una medida tan represiva como la prisión permanente revisable. Modernicen la justicia, agilícenla, acompañen a las víctimas y apuesten por la reinserción. Es un Estado del siglo XXI, no del siglo XIX.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Les ruego silencio, señorías.
En primer lugar, como ya han hecho otros portavoces, quiero mostrar nuestra solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas que hoy nos acompañan y también con todos aquellos a los les hubiera gustado estar hoy aquí, pero que por diversas circunstancias no pueden acompañarnos.
Señorías, la sociedad se dota del derecho penal para dar respuesta a aquellos comportamientos más graves para la convivencia, estableciendo restricciones en los derechos y libertades de sus autores. Por
eso, existe consenso en afirmar que es una norma valorativa que combina en nuestro entorno civilizatorio y cultural elementos de intervención mínima, retribución o castigo, resocialización del penado y legalidad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte el deseo de protegernos contra peligros y el miedo, siempre enraizado en toda sociedad, están creciendo de manera exponencial y demandan su incorporación al derecho penal. Es lo que se llama el derecho penal del riesgo, de la peligrosidad o el derecho penal del miedo, y con él se reclama no solo la sanción de conductas, sino también de riesgos o peligros, anticipando la pena o prorrogándola en el tiempo cuando se la vincula al cumplimiento de unos requisitos muchas veces inciertos por parte del recluso y a la falible predicción de su futura conducta. Esta concepción del derecho penal de la peligrosidad o del miedo abona la politización del derecho penal como satisfacción a la impaciencia del público, reclamando castigos cada vez más severos, azuzado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación. A esto se le ha calificado como populismo punitivo, derecho penal exagerado o incluso demagogia punitiva. Ahora suena a sarcasmo, porque así calificó Ciudadanos a la prisión permanente revisable hace cinco meses aquí mismo en el Pleno. Esta situación descrita alcanza su máxima tensión cuando interesadamente se anuda al miedo de la sociedad el dolor de las víctimas.
La prisión permanente revisable, a juicio del Grupo Parlamentario Vasco, es un ejemplo de este derecho penal exagerado y, por eso, nos opusimos desde su aprobación y hoy lo reiteramos y por las mismas razones. Resumidamente, rompe el consenso constitucional que optó por una respuesta penal garantista regida por el principio de humanización de la pena plasmado en el artículo 25 de la Constitución. Además, no hay razones de política criminal que reclamen esta sanción. Se ha dicho ya hasta la saciedad que en nuestra realidad criminal la cifra de delitos más graves no deja de disminuir año a año, según los informes de la fiscalía. Además, tenemos las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno y en bastantes casos de cumplimiento íntegro. A la baja tasa de criminalidad se anuda una alta tasa de población reclusa y con edades que pueden superar los setenta años. Tampoco puedo dejar de recordar que en el resto de países donde existe la que sin tapujos llaman cadena perpetua, esta se puede suspender mucho antes -a partir de quince años- y en ninguno de esos países tienen la orientación constitucional de que las penas se reorientan a la reinserción social. Por cierto, esto último que acabo de decir es una cita literal de lo que aquí nos dijo Ciudadanos también hace cinco meses.
Como les decía, la prisión permanente revisable es una de las decisiones de política criminal más importantes desde que se instauró la democracia y tendría que hacernos reflexionar el hecho de que no era reclamada por los expertos en la materia cuando fue aprobada. Cuando me refiero a los expertos, me estoy refiriendo a la abogacía, a la doctrina criminalista y a los criminalistas, a la universidad a través de las cátedras de Derecho Penal y Penitenciario, a la fiscalía en sus memorias y también al Consejo General del Poder Judicial, a la Policía Judicial y a Instituciones Penitenciarias. Tampoco a día de hoy es reclamada por ninguno de estos colectivos. Anteayer mismo se dio a conocer un comunicado firmado por cien catedráticos de Derecho Penal y Penitenciario rechazándola. Señorías, insisto en que esto debiera hacernos reflexionar. Por nuestra parte, también dijimos que la prisión permanente revisable no era necesaria ni idónea para el fin que decía perseguir ni proporcional en sentido estricto. También dijimos -y ahora lo ratificamos- que no podíamos compartir la prisión permanente revisable desde la ideología humanista del Partido Nacionalista Vasco, que postula valores éticos de justicia, libertad, igualdad y dignidad de las personas y en el derecho penal los valores garantistas de intervención mínima, resocialización y también -porque no somos ingenuos- de retribución o castigo.
Por estas razones, el Partido Nacionalista Vasco presentó la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable que este Congreso tomó en consideración hace cinco meses y cuyo trámite de enmiendas y debate se encontraba bloqueado por obra, principalmente, del Partido Popular y Ciudadanos. Ahora Ciudadanos decide desbloquear el debate para este trámite de enmiendas a la totalidad, y lo hace porque, como han reflejado certeramente distintos medios de comunicación, ha hallado, tras las elecciones en Cataluña, en el Código Penal y en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana un instrumento de competición electoral que usa sin pudor, y se nos dice que este debate es sobre la derogación de la prisión permanente revisable y que no cabe debatirla en caliente y que habría que esperar a la resolución del Tribunal Constitucional. Señorías, los que han presentado este debate en caliente han sido el Partido Popular y Ciudadanos (rumores), sí señorías, que han decidido que debatamos ahora el endurecimiento de la prisión permanente revisable en vez de presentar estas cuestiones en el trámite de debate en Comisión junto a las observaciones del resto de grupos y, al final, tratarlas de manera sosegada y profundamente tras escuchar, en su caso, la opinión de profesionales y expertos concernidos por el asunto. Nunca nada de esto se ha querido hacer, primero por Ciudadanos y después por el Partido
Popular, pero estoy convencido de que si son rechazadas estas propuestas de endurecimiento de la prisión permanente revisable no volveremos a hablar del asunto, porque con sus votos volverán a bloquear su tramitación volviendo a quedar embalsado a través de la prórroga ad eternum en los plazos de enmienda. También pronostico cuál será el argumento que se utilizará, no debatamos en caliente y nunca antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, como si el debate que tuviera que tener esta Cámara fuera sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable en vez de sobre su oportunidad. Señorías, el debate que el Partido Nacionalista Vasco trajo a esta Cámara es una debate de política criminal sobre si es necesaria, idónea y proporcional la pena de prisión permanente revisable, un debate sobre si es una medida que necesitamos dada la criminalidad y la tipología con la que nos enfrentamos. Claro que, si el Tribunal Constitucional declarara su inconstitucionalidad, no habría nada más que hablar, pero sí que cabría hablar, y mucho, si la declara constitucional, porque el Tribunal Constitucional, aunque es un legislador en negativo, no es una Cámara legislativa.
Voy finalizando, presidenta. El derecho penal no se construye olvidando el dolor de las víctimas; lo tiene en cuenta, pero también lo pone en relación con la situación de la criminalidad y con otros valores civilizatorios que han permitido la evolución en sociedades democráticas y avanzadas. Dicho de otro modo, con el dolor de las víctimas nos solidarizamos fraternalmente, pero al regular sobre las respuestas penales el legislador, sin desconocer ese dolor, tiene que trascenderlo en aras de una mejor tutela del interés general, pues, como han señalado esos cien catedráticos de Derecho Penal y Penitenciario en el día de ayer y que ya he citado, la prisión permanente revisable no es una buena ley, no hace de nuestra sociedad una sociedad mejor, no añade eficacia a la evitación de delitos graves y sí comporta un significativo riesgo y deterioro de nuestros valores básicos. Por nuestra parte, y si tenemos ocasión de debatir en Comisión sobre la prisión permanente revisable, que lo dudo, lo haremos buscando aquello que consideremos lo más adecuado a las situaciones a tratar, guiados por los valores humanistas que inspiran nuestra actuación como Partido Nacionalista Vasco y en aras del mejor interés general.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats, quítense las caretas y llamemos a las cosas por su nombre. Hoy debatimos cómo dos partidos, el Partido Popular y la derecha del Partido Popular, Ciudadanos, pretenden que no se derogue la prisión permanente revisable, eufemismo que han utilizado para evitar hablar de la cadena perpetua. Quítense las caretas y digan si quieren estar más cerca de Ankara o más cerca de Estrasburgo; ustedes eligen. (Rumores).
Esquerra Republicana se opone frontalmente a las enmiendas a la totalidad planteadas, defendemos la derogación de la prisión permanente revisable y planteamos toda una serie de cuestiones que deberían hacer modificar la posición del Partido Popular y de Ciudadanos. En primer lugar, en atención a los efectos de la prevención general y que la prisión permanente revisable se encuentra, a día de hoy, en vigor. ¿De qué manera ha evitado o evita la prisión permanente revisable la comisión de determinados delitos? La respuesta, a criterio de Esquerra Republicana, en poco o en nada. ¿Ha evitado la muerte de Diana Quer? ¿Ha evitado la muerte del pequeño Gabriel? Ustedes, el Partido Popular, aprobaron prácticamente solos, culminando así su trilogía represiva, la ley que permitía la cadena perpetua. Qué inmenso error; qué gran error intentar tapar sus miserias con cuestiones que no son o no obedecen a demandas sociales reales ni han sido una prioridad de la ciudadanía. (Rumores).
La señora CAPELLA I FARRÉ: Ustedes dieron pátina de veracidad a lo que determinados medios de comunicación iban fabricando a diario, instalándose en el llamado populismo punitivo. Desde hace un tiempo, ustedes se encuentran instalados en la vindicación, en la venganza, en la imposibilidad de que las cosas cambien hagas lo que hagas, por encima de valores humanitarios como la compasión -¿se acuerdan de aquello de "odia el delito y compadece al delincuente"?-, por encima de valores democráticos, por encima de todos aquellos valores que nos han hecho avanzar como sociedad. La prisión permanente revisable vulnera los principios y valores de justicia de una sociedad democrática, así nos lo recuerdan más de cien catedráticas y catedráticos de Derecho Penal, por cierto, de distintas
universidades públicas del Estado español; una sociedad democrática que proclama y establece la prohibición de infligir penas inhumanos y degradantes, artículo 15 de la Constitución; una sociedad democrática que proclama y mandata que la finalidad de la pena debe ser la resocialización, la rehabilitación, la reinserción en la sociedad de las personas que han sido privadas de libertad, artículo 25.2 de la Constitución, y mediante tal pena dichos principios y valores fundamentales son vulnerados cuando se impone una condena de por vida y con un horizonte a muy largo plazo para su revisión y, en consecuencia, para la obtención de la libertad. Con todo este panorama, ¿dónde debemos buscar los principios del artículo 25.2 de la Constitución? ¿Dónde encontramos estos principios en las dos enmiendas a la totalidad? ¿Cómo se da cumplimiento al principio de legalidad del artículo 15 y el de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución? Las enmiendas de Ciudadanos y del Partido Popular empeoran el texto legal vigente. La pena de prisión permanente continúa siendo doblemente indeterminada; no permite que quien cumpla la pena pueda intuir mínimamente un horizonte de libertad.
Dejen de faltar a la verdad. La prisión permanente revisable no es homologable a lo que acaece en otros países de Europa: Suecia, revisión a los diez años; Alemania a los quince; Francia a los dieciocho. Por tanto, la pregunta es clara: ¿qué función debe cumplir la pena y dónde ponen ustedes el acento, en la vindicación y la venganza o en la reinserción? Para Esquerra republicana la pena privativa de libertad debe ir encaminada a la resocialización, a la rehabilitación, a la reeducación; debe preparar necesariamente a la persona para la vida en libertad. Sí, la libertad, ese bien supremo; y sí, la libertad también para aquellos que causan un daño inmenso y un dolor irreparable. Ahí radica la diferencia entre la brutalidad y la humanidad, entre la barbarie y la civilización, en la capacidad de cambiar, en la capacidad de compadecerse incluso de aquel o de aquella incapaz de imaginar el sufrimiento y el dolor que causa a sus víctimas. El Gobierno de España maneja datos, cifras reales, índices de criminalidad. Explíquenlos, digan la verdad. España es un país seguro, con bajos índices de criminalidad. Expliquen qué tipo de delincuencia existe, expliquen que los índices de criminalidad bajan año tras año, que cuando ustedes aprobaron la prisión permanente revisable acumulaban índices a la baja de más de seis años. Compárense con otros países del planeta donde los índices de delincuencia son altísimos, donde los delitos muy graves son el pan de cada día y, por cierto, en algunos de ellos existe la pena de muerte y esto no es un obstáculo para que se cometan estos crímenes. Expliquen las ratios de inserción, expliquen el ingente trabajo de criminólogos, trabajadores sociales, funcionarios de prisiones, jueces de vigilancia penitenciaria y hagan suya la máxima de Concepción Arenal: cerremos cárceles y abramos escuelas. Por cierto, hay países que lo hacen.
El Estado español es uno de los Estados de la Unión Europea donde se dan los períodos de más larga estancia en prisión, a pesar de tener los índices más bajos de criminalidad y en especial de aquellos delitos más graves. Y sí, la pena de prisión permanente revisable es inhumana porque es permanente, es imprecisa e indeterminada porque es revisable. Por ello, contraviene los principios penales y los valores de justicia de un Estado democrático. (Aplausos del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Egun on, buenos días.
Comparezco hoy como portavoz de un grupo, el Grupo Confederal, que se horroriza -porque está compuesto de personas- con los crímenes que derivan de la maldad, que compadece a las víctimas, empatiza con ellas y pretende en todos los casos -dentro de lo humano que habita en cada uno de nosotros y nosotras- acompañar su dolor y su proceso. Y ese es el primer pensamiento que quiero hacer extensivo a todas las personas que nos acompañan hoy en esta tribuna. (Aplausos). Sin embargo, somos muy conscientes como formación política, por mandato de nuestros votantes, de que no existen las víctimas como masa, de que las víctimas son individuales, tienen ideologías diferentes, son diversas en su pluralidad, que incluso en su proceso de duelo, de asimilación de lo que les pasa, pueden tener reacciones completamente diferentes y defender posturas completamente distintas. Por tanto, la primera cuestión que hay que señalar es que desde la política nos debemos a ellos y a ellas y nos debemos al respeto a sus opiniones y al respeto a su proceso y a su duelo.
Desde este punto de vista, creemos que la idea de justicia la tenemos que construir entre todos y todas, con ellos y con ellas, pero también con el conjunto de la sociedad que se siente atacada y que se siente vulnerable cuando ocurren hechos como los que estos últimos días hemos estado viendo. Hay
víctimas, a las que hay que escuchar, que piden que todo lo hermoso que les ha sucedido -la solidaridad y la emotividad- no se conviertan únicamente en rabia y en ira. Y me permitiré citar a una víctima, a Javier Couso, cuyos familiares -que nos acompañan también- dijeron que en los días terribles, tras un crimen horroroso, cuando la lluvia miserable del odio vengativo cala hasta en las mejores almas, no vamos a pedir perdón por defender que nuestro sistema de justicia tenga un fin reinsertador. Señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, no vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador. (Aplausos). La prisión permanente revisable es contraria a cualquier consideración relativa a los derechos humanos. No vamos a pedir al Partido Popular que cambie su forma de actuar. Para el Partido Popular, cuando las cosas vienen torcidas, siempre está el Código Penal. (Rumores). Siempre podemos echar mano del Código Penal para desviar la atención del debate de los problemas que realmente pueden importar. (Rumores). Saben ustedes perfectamente que la prisión perpetua que ustedes han establecido es un placebo. Llevan ustedes desde hace muchos años, y singularmente desde el año 2003, enarbolando cumplimientos íntegros, enarbolando endurecimiento de las penas, cuestiones sobre las que ningún estudio criminológico o social ha determinado cuál es su verdadera eficacia, más allá de un sufrimiento gratuito que lo único que hace es destruir la confianza en nuestro sistema penal y penitenciario. (Rumores). Arguyen ustedes que lo hacen siguiendo una voluntad mayoritaria de la sociedad española, que no hemos visto por ninguna parte salvo en su planteamiento voluntarista y en las encuestas de algunos periódicos que les son afines. Ustedes están haciendo depender el cumplimiento de los derechos humanos en España de las encuestas de algunos periódicos. (Aplausos). Y esto hay que decirlo alto y claro.
De Ciudadanos no esperamos gran cosa. Realmente, ustedes son de lo que haga falta; se lo hemos dicho muchísimas veces. Esta vez se les ha recordado el acuerdo al que llegaron con el Partido Socialista para derogar la prisión permanente revisable en el año 2016 y se les han recordado las declaraciones, en octubre del año pasado, sobre que la prisión permanente revisable era demagogia punitiva. No perderé el tiempo con su propuesta porque no merece la pena desde un punto de vista científico. (Aplausos). Simplemente les voy a decir que lo que hemos oído por parte del portavoz del Grupo Ciudadanos en esta tribuna no puede ser calificado de otra manera que como demagogia populista de extrema derecha. (Aplausos).
Señorías, me podría extender muchísimo sobre todas las consideraciones que hacen que la prisión permanente revisable sea una pena inconstitucional, demagógica y contraria a los derechos humanos. Otros portavoces ya lo han hecho por mí y la doctrina penal, la práctica totalidad de la abogacía y las personas que se dedican a esto ya lo hacen diariamente en tribunas y otros espacios y foros. Debido a lo limitado del tiempo, únicamente les voy a decir una cosa: nuestro grupo confederal se considera orgullosamente heredero de la tradición española ligada sencillamente a unos principios europeos de la Ilustración. Señor Girauta, léase a Beccaria, pero léaselo bien porque cuando se lo lea verá que Beccaria dice que cualquier pena excesiva es tiránica y, a partir de ahí, vayan ustedes a la mejor doctrina española -empezando por Concepción Arenal -ya citada-, siguiendo por Victoria Kent, otra gran feminista que hizo la revolución humanista de las prisiones-, váyanse ustedes al Convenio Europeo de Derechos Humanos (rumores), léanse ustedes la Constitución del año 1978, examinen la legislación penitenciaria, la primera ley de esta democracia que ustedes tanto ensalzan, de 1979, y, a partir de ahí, saquen las conclusiones que tengan que sacar. No nos lleven a un planteamiento emotivista. Tengamos un debate racional, que es lo que ustedes no quieren porque saben que perderían ese debate. Solo les voy a decir una cosa: defenderemos la derogación de esa barbaridad desde esta tribuna, la defenderemos en las tertulias, la defenderemos en las radios, la defendemos en los medios de comunicación. (Una señora diputada: En la calle). No vamos a callar, no vamos a pedir perdón. (Aplausos).
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para mostrar nuestro apoyo y tener una primera reflexión hacia ellos: padres, madres y familiares que hoy nos acompañan en la tribuna. Posiblemente se vayan de aquí sin haber compartido ninguna de las palabras que este portavoz va a decir. Solo les pido una cosa: que intenten hacer un esfuerzo para ver que la actuación del Partido Socialista es de respeto absoluto a las víctimas, son el centro de atención para cualquier política. (Aplausos).
Señorías, convendrán conmigo en que la muerte del pequeño Gabriel nos ha dejado a todos, y digo a todos sin excepción, con dolor y con desgarro, como dolor y desgarro hemos tenido con cada una de las víctimas brutalmente asesinadas con anterioridad, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ojalá pudiéramos encontrar un mecanismo para evitar eso, pero todos sabemos que la condición humana lo impide.
Señorías, hoy no deberíamos estar debatiendo eso, y lo saben el Grupo Popular y Ciudadanos, y si lo estamos debatiendo es porque han querido traer este debate al calor de los acontecimientos. (Rumores.-El señor Rivera Díaz hace gestos negativos). Saben que no, saben que no, señor Rivera, no; saben que no. Nunca deberíamos haber tenido este debate bajo el paraguas de la tristeza y el desgarro que produce la muerte de un pequeño. (Una señora diputada: ¡Qué vergüenza!).
Me van a permitir una pequeña reflexión. Hoy voy a intentar que mis palabras -no puedo evitarlo- no estén tanto en la razón jurídica, ya que nacen gran parte de ellas desde lo más profundo del yo, de la mismidad; como muy bien saben, lo íntimo aflora con dificultad, y en mi caso además con torpeza, por eso pido disculpas. Pero, miren, estamos hablando de un comportamiento humano como humanos que somos y por eso en nuestro paladar no es difícil que tengamos sabor a ira, a rabia, a sed de venganza. Pero también sabemos que la construcción del Estado -y así nos lo enseñaron autores como Weber o Locke- sustrae la venganza de los particulares a la resolución de los conflictos; eso lo hacemos a través de procesos racionales como es la justicia, y la justicia necesita leyes, y eso es lo que tenemos que hacer aquí.
Voy a rememorar a Aristóteles porque hace 2400 años nos decía que la ley es razón, pero no cualquier razón, razón libre de pasión. Pero después de invocar a Aristóteles, me van a permitir que 2400 años después traiga palabras de una mujer destrozada y rota por el dolor, Patricia Ramírez: No tengo palabras para agradecer a la gente las acciones bonitas, aunque no haya tenido un final feliz. Veo muchas frases de rabia hablando de esta mujer. En memoria del "Pescaíto", pido que no se extienda la rabia, que no se hable de la mujer detenida y que queden las buenas personas, las buenas acciones y la imagen de Gabriel. (Aplausos). Una última: La fe y las buenas acciones han sacado lo más bonito de la gente y no puede quedar en la cara de esa mujer.
Señorías, soy padre de dos hijas, juez desde hace más de treinta años y les puedo asegurar que el dolor de las víctimas no me es ajeno; conozco el dolor de las víctimas, conozco su sufrimiento, conozco su fuerza, pero también conozco su vulnerabilidad y, por eso, yo mismo y el grupo al que represento siempre hemos tenido muy claro que las víctimas son el eje central de cualquier política, también de la política criminal. Voy a decirles dos obviedades. La primera, que en los tiempos de la modernidad líquida, de la criminalización del adversario, del pensamiento único, las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor. (Aplausos). Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor, y eso es lo que ustedes están haciendo. (Aplausos).
Hace unos días, muy pocos, escuchaba las declaraciones del portavoz del principal partido de la oposición en la capilla ardiente del pequeño y sentí vergüenza, bochorno y sonrojo. (Una señora diputada: ¡Hala!). Vi cómo el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre al haberle regalado una bufanda para colarse con ella en la catedral donde se estaban realizando las honras fúnebres por el pequeño. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Señorías, esa no es la sociedad que quiero para mis hijas. (Protestas.-Aplausos.-Rumores).
El señor CAMPO MORENO: Esa no es la sociedad que deberíamos querer.
Una última obviedad... (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio. (Protestas.)
El señor CAMPO MORENO: Lo que hoy estamos debatiendo, no es... (Protestas.-El señor Chiquillo Barber pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señorías.
Señor Chiquillo, le llamo al orden.
Voy a decir una obviedad. Hoy no estamos derogando la prisión permanente revisable, hoy solo estamos viendo la enmienda a la totalidad con texto alternativo que han presentado dos grupos parlamentarios.
Señorías, entramos en el capítulo del sonrojo y la desvergüenza como grupos parlamentarios; la del Partido Ciudadanos. (Rumores). La prisión permanente revisable es demagogia hasta en su denominación. (Protestas). La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos ante la cadena perpetua. La cadena perpetua que ustedes introdujeron entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna. No juguemos con ese dolor; hay muchas víctimas que lo padecen de manera directa. Además, no debemos trasladar la falsa creencia desde el Legislativo de que un endurecimiento de las penas se vaya a traducir en una mayor protección y seguridad. Señorías, podría haber suscrito esta frase, pero no, la dice la portavoz del Grupo Ciudadanos para mantener su posición en la derogación de la prisión permanente revisable. (Aplausos). Hoy, en un ejercicio de transformismo obsceno, señor Girauta, obsceno, porque es lo que han hecho, vienen a defender una postura contraria y lo que hacen es endurecer las penas. Señorías, es una forma de hacer política que algún día nos pasará factura.
Respecto del Partido Popular, estamos hablando de lo mismo. Han dicho por activa y por pasiva que no deberíamos tocar la prisión permanente revisable mientras no se pronunciara el Tribunal Constitucional que, como saben, es la postura del Partido Socialista (varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡No, no!), que no trajo esta introducción, la trajo el PNV; señorías, miren los diarios de sesiones. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡No, no!). El Partido Nacionalista Vasco, con toda la legitimidad, lo trajo y les dije en el debate de octubre que era inoportuna e innecesaria porque tenemos un tiempo de cumplimiento de cuarenta años íntegros y efectivos, y les puse ejemplos de que teníamos unas penas tremendamente duras, incluso -que es donde se ha agarrado Ciudadanos- algunas muestras de que la legislación anterior era aún más dura, pero no. Les digo una cosa, señores del Partido Popular: sin prisión permanente revisable vencimos a ETA; con prisión permanente revisable, hemos tenido la muerte de Gabriel. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡No, no!). No está ahí el tema. (Aplausos.-Protestas). Y si tanto les preocupan las víctimas, les diré una cosa: el artículo 3 de sus estatutos hablan de la protección de las víctimas. Concluyo, señora presidenta. (Rumores).
El señor CAMPO MORENO: Les digo una cosa: preocúpense de todas las víctimas porque hay víctimas que hace ochenta años que están esperando su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-El señor Hernando Fraile pide la palabra.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio.
Señor Hernando. (Rumores). ¡Silencio!
El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, pido la palabra por alusiones personales formuladas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Señorías, no me hagan suspender el Pleno, que sería todo un bochorno. (Rumores). Un segundo, señoría. ¡Les ruego a todos silencio!
Tiene un minuto para hacer referencia a la alusión.
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, señora presidenta.
El portavoz del Grupo Socialista se ha referido o ha pretendido referirse a unas declaraciones que realicé en la Diputación Provincial de Almería el pasado lunes. Quiero decirle que no fui el primero que hizo declaraciones ese día. Las hice en el mismo sitio y en el mismo lugar que la señora Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No!). Tan solo diez minutos después. Por lo tanto, si quiere hablar usted de vergüenza, será de la vergüenza propia, no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles tras haber escuchado su vergonzosa declaración hoy aquí. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías, en tres minutos comenzará la votación. (Rumores.-La señora Robles Fernández y el señor Campo Moreno piden la palabra). Perdón, ¿alguien quiere pedir la palabra? (Rumores). Señorías, por favor, respeto. (Rumores). Solamente puede intervenir una persona del grupo.
Adelante, señora portavoz. Tiene un minuto para contestar.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señora presidenta, el portavoz del Grupo Popular ha pedido la palabra por supuestas alusiones personales. No ha habido ni una sola consideración a una alusión personal que se le haya hecho por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Ha aprovechado para atacar a la presidenta de la Comunidad de Andalucía (protestas) y me parece que no es aceptable en este momento. (Aplausos.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Señorías, en tres minutos comenzará la votación. (Pausa).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000021).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones. (Rumores).
Les ruego silencio, señorías, por favor.
Votamos, en primer lugar, el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 260; abstenciones, 82.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la enmienda a la totalidad del texto alternativo a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 3 votos telemáticos, 346; a favor, 134 más 1 voto telemático, 135; en contra, 177 más 2 votos telemáticos, 179; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, la enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 3 votos telemáticos, 346; a favor, 166 más 1 voto telemático, 167; en contra, 176 más 2 votos telemáticos, 178; abstenciones, 1.
Pasamos a votar la enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señorías, muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública).
Eran las once y treinta y cinco minutos de la mañana.