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Timestamp: 2019-02-22 02:00:57
Document Index: 13512202

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 197', 'artículo 456', 'artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 133', 'artículo 41', 'artículo 133', 'artículo 137', 'artículo 40', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 434']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-10162
Documento BOE-A-2018-10162
«BOE» núm. 174, de 19 de julio de 2018, páginas 72739 a 72747 (9 págs.)
BOE-A-2018-10162
Por don Francisco Consegal García, notario de Madrid, se autorizó, el día 10 de noviembre de 2017, con el número 4.113 de protocolo, escritura pública por la que la sociedad «Parque Empresarial del Olivar, S.L.» vendía a la sociedad «Gestilar Isla de Cortegada, S.L.» determinada finca (registral número 42.170). Del apartado cargas de la escritura pública resultaba que la finca estaba sujeta a la anotación letra A de declaración de concurso voluntario. Se indicaba que existía asiento de presentación de una certificación del Juzgado de lo Mercantil por la que se ordenaba la cancelación de la anotación de declaración de concurso. En el expositivo III, se hacía constar que, en virtud de sentencia de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada en el seno de incidente concursal, se ha declarado la finalización del concurso voluntario y la reactivación de la sociedad «Parque Empresarial del Olivar, S.L.». Se hacía constar que la sentencia no es firme al haberse interpuesto sendos recursos de apelación estando pendientes, en el momento de la autorización, de la decisión del Juzgado de lo Mercantil sobre su admisión a trámite. En la estipulación décima se hacía constar que las partes solicitaban del Registro de la Propiedad la cancelación de la mención relativa a la situación concursal de la parte transmitente y que la parte vendedora se comprometía a solicitar y obtener cuando la sentencia fuera firme, el mandamiento de cancelación de la anotación de concurso con testimonio de firmeza. El notario protocolizó mandamiento expedido por la letrada de la Administración de Justicia en el que se contenía la expresada sentencia.
Documento calificado: Número de protocolo: 4113/2017, del Notario Don Francisco Consegal García, de fecha 10 de noviembre de 2017.
Con fecha 10 de noviembre de 2017, Don Francisco Consegal García presentó telemáticamente el citado documento a las 14:24 horas con el número de entrada 4073/2017, motivando el asiento 401 del Diario 82. Se suspendió la calificación por no haberse acreditado el pago del Impuesto correspondiente, lo que se ha hecho al presentar la copia en papel el día 13 de diciembre pasado.
Se trata de una escritura de compraventa de la finca n.º 42.170, perteneciente a la demarcación de este Registro. La vendedora es «Parque Empresarial del Olivar S.L.U» y la compradora «Gestilar Isla de Cortegada, S.L.U.»
Solicitada calificación sustitutoria, la anterior fue confirmada por el registrador de la Propiedad de Móstoles número 1, don José Ángel Gutiérrez García, en fecha 2 de marzo de 2018.
Primero.—Que el supuesto defecto de capacidad de la mercantil vendedora traería causa de la falta de firmeza de la sentencia por la que se acordó la terminación del procedimiento concursal pese a que dicha resolución no es objeto de calificación en el negocio jurídico de compraventa y pese a que la sentencia consta en el Registro de la Propiedad por medio de anotación preventiva con plena garantía para posibles terceros; Que la calificación implica convertir la anotación preventiva de la sentencia de conclusión en una verdadera prohibición de disponer, y Que el Registro invade competencias que no le son propias para acordar la suspensión de la sentencia de conclusión del concurso que despliega todos sus efectos desde el día en que se dictó.
Segundo.—Que a pesar de las deficiencias de la Ley Concursal, hay que destacar la diferenciación que subyace entre la conclusión por auto sin oposición y consiguiente firmeza y la conclusión por sentencia susceptible de recurso de apelación y extraordinario por infracción procesal y casación. En el supuesto de hecho el fallo es íntegramente desestimatorio de la pretensión del actor que se opuso a la conclusión del concurso, y Que el auto de declaración de concurso tiene eficacia constitutiva de la situación concursal aunque no sea firme. De forma correlativa debe tenerla la sentencia de conclusión del concurso que declara dicha conclusión, el cese de los efectos de la declaración de concurso sobre las facultades de administración y disposición del deudor. Dicha eficacia inmediata deriva en primer lugar del artículo 178 de la Ley Concursal; en segundo lugar porque el mandato de cese de efectos se diferencia, en el artículo 177, de los recursos procedentes y del régimen de publicidad; en tercer lugar porque la ausencia en aquel artículo de toda referencia a la firmeza abona el restablecimiento de la plena capacidad del deudor.
Tercero.—Que el régimen de recursos contra las sentencias recaídas en incidentes concursales es de naturaleza especial, y Que el artículo 177.2 de la Ley Concursal dispone la procedencia de los recursos de apelación en primera instancia y los extraordinario por infracción procesal y de casación «de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil».
Cuarto.—Que del artículo 197.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta la privación general del efecto suspensivo en el recurso de apelación, lo que abona la eficacia inmediata de la sentencia que declara la conclusión del concurso y acuerda el cese de limitaciones.
Quinto.—Que así viene recogido en general en el artículo 456.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexto.—Que otras normas abonan el efecto inmediato de la sentencia: el artículo 178 de la Ley Concursal cuyos términos categóricos no concretan el estado procesal y además se integra en un capítulo cuya estructura es idéntica al dedicado al convenio que distingue entre las causas de conclusión del concurso, sus aspectos procedimentales y sus efectos; Que no puede establecerse conexión alguna entre la publicidad prevista en el artículo 177.3 y la eficacia de la sentencia que declara la conclusión del concurso, conexión que es la que erróneamente establece la calificación; Que el artículo 133 de la Ley Concursal anticipa el cese de los efectos del concurso desde la eficacia del convenio que se produce, por regla general, desde la fecha de la sentencia que lo apruebe. De modo que es ilógico que cesen los efectos del concurso desde la aprobación del convenio y no desde que lo haga la sentencia que le pone fin; Que el artículo 41 de la Ley Concursal sobre efectos de la declaración del concurso en las comunicaciones, residencia y libre circulación del deudor debe dejar de desplegar efectos desde la conclusión del concurso por su carácter instrumental, y Que la propia Exposición de Motivos de la ley limita los efectos de la declaración de concurso a aquellos que beneficien la normal tramitación del procedimiento.
La situación presenta cierta semejanza con la de los actos dispositivos posteriores a la aprobación del convenio que infringen las medidas impuestas en el mismo, cuestión que ha sido objeto de singular atención por este Centro Directivo. Desde la eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso (artículo 133.2 de la Ley Concursal), siendo plenamente eficaces a partir de ese preciso momento los actos del concursado sobre los bienes y derechos integrados en la masa. Pero ahora interesa el contenido del convenio aprobado, y más específicamente el de las posibles medidas prohibitivas y limitativas que en dicho convenio cabe establecer, y que el artículo 137.1 de la Ley Concursal declara inscribibles. Estas medidas no tienen la consideración de efectos de la declaración de concurso, sino de efectos del convenio, y por eso su infracción no queda sometida a la sanción establecida para la infracción del régimen de intervención o suspensión (anulabilidad del artículo 40.7 de la Ley Concursal), sino a la posible declaración de incumplimiento del convenio (artículo 137.1 de la Ley Concursal) y a una hipotética acción de reintegración de la masa (artículo 137.2 de la Ley Concursal). En atención a esa posible acción futura, este Centro Directivo ha considerado necesaria la aportación del convenio, «para evitar que la publicidad registral sea incompleta, reflejando en su caso, es decir, en el caso de que existiesen, las medidas prohibitivas o limitativas a que hace referencia el artículo 137.2 y no sólo nada más la sentencia aprobatoria del convenio» (Resoluciones de 27 de febrero de 2012 y 18 de abril de 2012, entre otras). Para ello no es necesaria la inscripción previa del convenio, o de dichas medidas por medio de un asiento independiente, sino su indicación en el asiento referido al negocio inscrito sobre la base del artículo 434, párrafo sexto, del Reglamento Hipotecario (eso no excluye que pueden estar inscritas previamente, y en ese nada se debería indicar en el nuevo asiento referido al negocio —Resolución de 2 de marzo 2013—). Como se afirmó en la Resolución de 27 de febrero 2012, «al no constar en este caso el contenido del convenio, por no haberse aportado, es decir, al no constar si existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la acción de reintegración de la dación en pago, no resulta posible sin más la inscripción de ésta, ya que en otro caso, quedaría inscrita una dación en pago sin advertencia alguna sobre si el contenido del convenio afecta o no a la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la modalidad del asiento a practicar, pues a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una dación en pago con o sin limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo dispuesto en el art. 137.2 LC, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas prohibitivas o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del art. 34 LH que impidiese el ejercicio de la acción de reintegración que resulta del art. 137.2 de la ley citada». Por ese motivo la aprobación del convenio no comporta necesariamente la cancelación de la anotación o inscripción de la declaración del concurso (Resolución de 13 de diciembre de 2013). De lo anterior se desprende que el registro de la propiedad no cumple su función por impedir la inscripción del negocio que infrinja esas medidas previstas en el convenio, sino advirtiendo a los terceros de las posibles consecuencias de dicha infracción, consecuencias que en todo caso habrá de determinar el juez competente.