Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0622-14-07-03-2014-684901
Timestamp: 2020-06-03 22:40:16
Document Index: 144702718

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 140', 'artículo 60', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 25', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 75', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 135', 'artículo 5', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 20', 'artículo 135', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20']

Resolución Vinculante de DGT, V0622-14, 07-03-2014 | Iberley
Núm. Resolución: V0622-14
Ley 37/1992, de 27 de diciembre, art. 20.Uno.18º
1. Si los pagos de intereses a realizar por las Pymes o, en su caso, por la entidad aseguradora, están sujetos a retención, y si es correcto que las Pymes o, en su caso, la entiad aseguradora, y no la consultante, practiquen dicha rtención sobre los intereses a los inversores.
2. Si las comisiones cobradas por la consultante a las Pymes y a los inversores tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles para estos.
3. Si los servicios prestados por la consultante están sujetos y exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La consultante opera una plataforma por internet que permite poner en contacto a inversores (personas físicas o jurídicas) con sociedades mercantiles y autónomos residentes en España que necesiten financiación (Pymes). Para ello la consultante efectuará un análisis de riesgo de las Pymes y fijará un tipo de interés a pagar por esta. Por su parte, los inversores podrán participar en los préstamos hasta el importe depositado previamente por ellos. Cuando el préstamo sea cubierto en su totalidad por participaciones de los inversores y sea aceptado por la Pyme, se otorgará el correspondiente contrato de préstamo y la consultante, que ha recibido previamente el dinero de los inversores, entregará el importe del préstamo a la Pyme.
Los inversores firmarán un contrato de mandato con la consultante mediante el que el aquellos facultarán a esta a firmar el correspondiente contrato de préstamo, que actuaría en nombre propio pero por cuenta de los inversores. En los correspondientes contratos de préstamo, la consultante y las Pymes dejarán constancia de dicha circunstancia, si bien en los propios contratos de préstamo o en un documento separado, la consultante facilitará a las Pymes la identidad de cada inversor, su NIF y el importe del préstamo asociado.
La consultante recibirá las cuotas de los préstamos de las Pymes, netas de retenciones, y distribuirá sus cuantías entre los inversores. En el caso de que los préstamos sean asegurados por una entidad aseguradora y la Pyme incurra en un impago, la consultante informará a la entidad aseguradora y se encargará de cobrar de ésta las cantidades estipuladas en el contrato de seguro/aval y de distribuirlas a sus inversores.
Los inversores podrán retirar el dinero recibido por la consultante o mantenerlo para conceder nuevos préstamos.
La consultante facturará por los siguientes conceptos:
- A la Pyme, en el momento de la firma del préstamo por haberle conseguido la financiación, por el servicio de reserva y uso de un espacio en la web para que su préstamo pueda ser visto y cubierto por los inversores y en concepto de publicidad en el caso de que la Pyme decida utilizar el espacio reservado como elemento publicitario.
- A los inversores, una comisión anual sobre el saldo medio de los préstamos en los que han participado, por haber hecho posible la consecución de dicha inversión en los préstamos y por los servicios de pagos derivados de los mismos y realizados a lo largo del año.
En primer lugar, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la presente consulta sólo se contestan aquellas cuestiones que afectan a las obligaciones tributarias de la consultante. Por tanto, este Centro Directivo no entrará analizar si las comisiones cobradas por la consultante a los inversores tienen consideración gastos fiscalmente deducibles.
El artículo 140 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS) aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, dispone que:
"1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de retención indicados en el apartado 6 de este artículo a la base de retención determinada reglamentariamente, y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y formas que se establezcan.
Asimismo, los apartados 1 y 2 del artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (en adelante RIS) aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, establecen que:
"1. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta cuando satisfagan o abonen rentas de las previstas en el artículo 58 de este Reglamento:
2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de entidades depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España."
Por otra parte, el apartado 1 del artículo 58 del RIS dispone que:
"1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de:
g) Las rentas obtenidas como consecuencia de la reducción de capital con devolución de aportaciones y de la distribución de la prima de emisión realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen u organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones, así como por las sociedades amparadas en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios."
En lo que respecta al sometimiento a retención de los intereses satisfechos a los inversores prestamistas, debe indicarse que los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio proceda calificarlos como rendimientos de actividades económicas por tratarse de "…la contraprestación obtenida por el contribuyente por el aplazamiento o fraccionamiento del precio de las operaciones realizadas en desarrollo de su actividad económica habitual", circunstancia que no se produce en el caso consultado, procediendo en consecuencia su calificación como rendimientos del capital mobiliario.
Por su parte, el artículo 75.1.b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, RIRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, incluye entre las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, los rendimientos del capital mobiliario.
Por otro lado, el artículo 76.1 del RIRPF establece que "con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación:
4.º Tratándose de cooperativas agrarias, cuando distribuyan o comercialicen los productos procedentes de las explotaciones de sus socios."
La doctrina administrativa ha determinado cuándo concurren las condiciones precisas para entender que se está ante una mediación de pago. De esta manera, los requisitos exigidos son los siguientes: que el tercero sea el obligado al pago, que identifique al perceptor, que cuantifique el rendimiento y que ponga a disposición del mediador los fondos necesarios. Cuando concurran todos y cada uno de los anteriores requisitos la obligación de retener será responsabilidad del mandante.
En otro caso se entenderá que no existe mediación de pago y el obligado a practicar la correspondiente retención será el intermediario.
Por consiguiente, en la medida en la que las sociedades prestatarias identifiquen precisa y claramente a los perceptores del rendimiento generado, cuantifiquen el mismo y lo pongan a disposición de la entidad consultante, se considerará que esta última efectúa una simple mediación de pago, y no quedaría obligada a practicar la correspondiente retención.
Sin embargo, en el supuesto de que no se cumplan todos y cada uno de los requisitos anteriores, la entidad consultante estará obligada a practicar dicha retención, puesto que no se entenderá producida la mediación.
En lo que respecta a las indemnizaciones satisfechas por las entidades aseguradoras a las personas físicas sujetas al IRPF, en virtud de los contratos de seguro celebrados con éstas que cubran el riesgo del impago de los préstamos, debe tenerse en cuenta que bajo su calificación de ganancias patrimoniales a efectos del Impuesto, no están incluidas dentro de las que el artículo 75 del Reglamento del Impuesto establece como sujetas a retención, por lo que no procederá realizar retención sobre dichas indemnizaciones.
Respecto a la deducibilidad de las comisiones satisfechas a la entidad consultante, el artículo 26.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario se deducirán de los rendimientos íntegros una serie de gastos, estableciéndose expresamente el carácter exclusivo de los gastos enumerados en dicho artículo.
Así, el referido artículo 26.1 establece:
"1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros exclusivamente los gastos siguientes:
b) Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos de que los ingresos procedan."
Por lo tanto, al no encontrarse los gastos objeto de la consulta comprendidos dentro de la anterior enumeración, no procederá su deducción de los rendimientos íntegros de capital mobiliario correspondientes a los préstamos concedidos.
Por otra parte en lo que al Impuesto sobre el Valor Añadido se refiere:
El artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece la exención del Impuesto en relación con una serie de operaciones financieras.
En particular, la letra m) de dicho artículo dispone que, asimismo, se hallará exenta la mediación en las operaciones financiera exentas descritas en las letras anteriores del número 18º del apartado uno del artículo 20 de la Ley y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.
La exención se extiende a los servicios de mediación en la transmisión o en la colocación en el mercado de depósitos, de préstamos en efectivo o de valores, realizados por cuenta de sus entidades emisoras, de los titulares de los mismos o de otros intermediarios, incluidos los casos en que medie el aseguramiento de dichas operaciones.
Este número 18º es transposición al Derecho interno de lo dispuesto por el artículo 135 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006). De acuerdo con el precepto comunitario, "los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:
b) la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron;
c) la negociación y la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía, así como la gestión de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron;
d) las operaciones, incluidas las negociaciones, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos;
e) las operaciones, incluida la negociación, relativa a las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago, con excepción de las monedas y billetes de colección; se considerarán de colección las monedas de oro, plata u otro metal, así como los billetes, que no sean utilizados normalmente para su función de medio legal de pago o que revistan un interés numismático;
f) las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el depósito y la gestión, relativas a acciones, participaciones en sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos-valores, con excepción de los títulos representativos de mercaderías y los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 5;
g) la gestión de fondos comunes de inversión definidos como tales por los Estados miembros;
Este artículo de la Directiva ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 5 de junio de 1997 (asunto SDC, C-2/95). En la sentencia citada se establecen varios criterios de interés a efectos de la contestación que ha de darse a la consulta planteada.
En primer término, y como criterio general reiterado en numerosas sentencias del Tribunal (así, las de 15 de junio de 1989 y 26 de junio de 1990, Asuntos C 348-97 y C 152-88, respectivamente) las normas que establecen las exenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido se deben interpretar estrictamente, "dado que constituyen excepciones al principio general de que el impuesto sobre el volumen de negocios se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo" (apartado 20 de la sentencia). De la misma forma, el Tribunal ha establecido que las normas que establecen excepciones a las exenciones no pueden ser objeto de interpretaciones restrictivas (sentencia de 13 de julio de 1989, entre otras).
El criterio determinante para delimitar la exención del artículo 135 de la Directiva es el tipo de operación efectuada, no siendo necesario que la operación se efectúe por un banco o entidad financiera. Ello llevó al Tribunal, en su día (sentencia de 27 de octubre de 1993, asunto C-281/91) a afirmar la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los créditos concedidos por los proveedores de bienes en forma de aplazamientos de pago.
Esto es así, salvo en los casos en que el artículo 135 exige expresamente que la operación se realice por una persona determinada: así, la letra b) del artículo 135 de la Directiva reconoce la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido para las operaciones de gestión de créditos siempre que dicha gestión se efectúe por el concedente del crédito y no por un tercero (apartado 33 de la sentencia). Por ello, la irrelevancia de los elementos subjetivos a efectos de la caracterización de la exención sólo se afirma de forma expresa por el Tribunal respecto de las letras d) y f) del artículo 135, pues en dichas disposiciones no se hace referencia alguna al prestador del servicio ni a su destinatario (apartado 32 de la sentencia).
En definitiva, los elementos subjetivos son irrelevantes, excepto cuando el artículo 135 contempla "servicios que, por su naturaleza, van destinados a los clientes de las entidades financieras" (apartado 48 de la sentencia).
En lo que respecta a los servicios de mediación establecidos en la letra m) del artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992, debe considerarse que la Directiva no establece exención alguna para servicios de intermediación relativos a operaciones financieras calificados como tales, sino que regula los supuestos de exención que hemos señalado incluyendo dentro de su ámbito objetivo la negociación del resto de operaciones exentas, conforme al citado artículo 135.
Por tanto, se hace necesario conciliar los conceptos de "negociación" en la normativa comunitaria y "mediación" en el Derecho español para delimitar con precisión el ámbito de la exención contenida en la letra m) del artículo 20.Uno.18º de la Ley del Impuesto.
En lo relativo al concepto comunitario de "negociación", debe tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la cuestión en sentencia de 13 de diciembre de 2001, asunto CSC Financial Services, Ltd, C-235/00, señalando lo siguiente:
"39. Sin que sea necesario interrogarse sobre el alcance exacto del término "negociación", que también aparece en otras disposiciones de la Sexta Directiva y, en concreto, en los números 1 a 4 del artículo 13, parte B, letra d), cabe señalar que, en el contexto del número 5, se refiere a una actividad prestada por una persona intermediaria que no ocupa el lugar de una parte en un contrato relativo a un producto financiero y cuya actividad es diferente de las prestaciones contractuales típicas que prestan las partes de dichos contratos. En efecto, la actividad de negociación es un servicio prestado a una parte contractual y retribuido por ésta como actividad diferenciada de mediación. Puede consistir, entre otras cosas, en indicarle ocasiones de celebrar tal contrato, en ponerse en contacto con la otra parte y en negociar en nombre y por cuenta del cliente los detalles de las prestaciones recíprocas. Por lo tanto, la finalidad de la referida actividad es hacer lo necesario para que dos partes celebren un contrato, sin que el negociador tenga un interés propio respecto a su contenido.
40. No se trata, en cambio, de una actividad de negociación cuando una de las partes del contrato confía a un subcontratista una parte de las operaciones materiales vinculadas al contrato, como la información a la otra parte y la recepción y tramitación de las solicitudes de suscripción de títulos valores que son objeto del contrato. Si así sucede, el subcontratista ocupa el mismo lugar que el vendedor del producto financiero y, por consiguiente, no es una persona intermediaria que no ocupa el lugar de una parte del contrato en el sentido de la disposición controvertida".
Hay que tener en cuenta que las menciones que en esta sentencia se hacen al artículo 13.B.d) de la Sexta Directiva deben entenderse realizadas al artículo 135 de la Directiva 2006/112/CE.
Del contenido de esta sentencia se deduce que el Tribunal estima necesaria, para la extensión de la exención de las operaciones financieras a los servicios de negociación de las mismas, considerando que el mismo concepto es el que se utiliza en la letra d) del artículo 135 de la Directiva 2006/112/CE, la concurrencia de dos requisitos:
1º. Que el prestador del servicio de negociación o, en este caso, de intermediación, sea un tercero, distinto del comprador y del vendedor en la operación principal.
2º. Que las funciones que realiza vayan más allá del suministro de información y la recepción de solicitudes, y que se plasmen en la indicación de las ocasiones en las que se puede realizar la operación y, una vez existen dichas ocasiones, haciendo lo necesario para que ésta se efectúe.
En consecuencia, el mediador ha de ser un tercero, distinto de las partes que aproxima y que actúe de modo independiente. El mediador no puede hallarse ligado o depender de ninguna de las partes, pues el servicio que presta es el de acercamiento de las partes, indicando ocasiones para la celebración del contrato y haciendo lo posible para que éste se concluya.
Esta labor de mediación ha de diferenciarse de la mera subcontratación de los servicios del supuesto mediador por una de las partes. Así, si una de las partes solicita de un tercero la realización de un segmento de las actividades que dicha parte realiza en lo que respecta a la colocación de sus productos financieros, no existe tal mediación, pues dicho tercero estará ocupando el mismo lugar que el vendedor del producto financiero y, por consiguiente, no es una persona intermediaria entre las partes para la celebración del contrato.
El mediador ha de percibirse como un tercero completamente independiente de las partes, conocido por ambas y cuya actividad también es sabida y aceptada por dichas partes.
Desde el punto de vista del Derecho español, el contrato de mediación ha sido objeto de tratamiento por la sentencia del Tribunal Supremo de 10 noviembre 2004 de la siguiente manera:
"Como dice la sentencia de 4 de julio de 1994, «es doctrina consolidada de esta Sala (véase la sentencia de 22 de diciembre de 1992) la de que en el contrato de mediación o corretaje, que es un contrato innominado «facio ut des», por el que una de las partes (el corredor) se compromete a indicar a la otra (el comitente) la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o a servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución, y en similares términos se pronuncia la sentencia de 10 de octubre de 2002".
Por tanto, el contrato de mediación implica la existencia de un mediador que se limita a poner en relación a los sujetos que, en el futuro, celebrarán un contrato. El mediador no participa personalmente en dicho contrato futuro, ni como representante, ni como comisionista o mandatario de ninguna de las partes.
Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en jurisprudencia más antigua. Según la sentencia de 23 de octubre de 1959, "el contrato de corretaje supone y tiene por natural contenido la intervención activa de una persona -mediador-, bien para informar a otra de la simple ocasión y oportunidad de la conclusión de otro contrato, ora para prestar, mediante una prima, los servicios atinentes a conseguir la coincidencia de voluntades entre sujetos que deseen formar entre sí un vínculo o negocio jurídico principal (...) precisándose, además, que el corredor o mediador no se halle preliminarmente ligado a las partes, cuyas voluntades aproxima y aúna, por relaciones de colaboración, de dependencia o de representación, pues entonces existirán fuentes de obligaciones distintas y bien diferenciadas del corretaje".
Como se puede apreciar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia de la Unión no distan en sus conclusiones. Es más, se podría decir que son coincidentes en cuanto al concepto de mediador como tercero independiente de las partes, que no se puede encontrar ligado o depender de ninguna de ellas y cuya labor consiste en conseguir la coincidencia de voluntades para la celebración de un futuro contrato en el que no participa.
De acuerdo con lo expuesto en puntos anteriores de esta contestación, parece que los conceptos de "negociación", en el Derecho comunitario, y "mediación", en el Derecho español, tienen como característica fundamental la existencia de un tercero, el denominado mediador, cuya función principal es la de aproximar a las partes para la celebración de un contrato posterior.
La jurisprudencia de la Unión ofrece ejemplos de situaciones que se engloban dentro del concepto de "negociación", como indicar a las partes la ocasión de celebrar el contrato, ponerse en contacto con la otra parte y negociar en nombre y por cuenta del cliente los detalles de las prestaciones recíprocas. Estos ejemplos no agotan el concepto que se trata de definir ni, mucho menos, es necesaria la concurrencia de todos ellos para que se tenga por realizada la citada función de negociación. De lo que se trata es de "hacer lo necesario para que dos partes celebren un contrato, sin que el negociador tenga un interés propio respecto a su contenido".
Sin embargo, la sentencia de 13 de diciembre de 2001 sí determina dos tipos de servicios cuya realización no implicaría por sí sola que tuviera lugar dicha negociación, a menos que fuese acompañada de otras actividades que supongan por sí mismas hacer lo necesario para que las partes celebren el contrato. Estos servicios son el mero suministro de información y la simple recepción de solicitudes.
Los puntos de conexión entre las nociones de "mediación" y "negociación" pasan por la existencia de un tercero (mediador), sin interés en el negocio jurídico que, en su caso, celebrarán las partes. Este tercero tiene como labor la función de aproximación de dichas partes, sin que se considere que tal función de aproximación tiene lugar si el mediador solamente se limita a suministrar información sobre el futuro contrato o a recibir solicitudes. Es decir, para que se produzca realmente un servicio de mediación, o de negociación en la normativa comunitaria, es necesario que la existencia del mediador sea conocida por todas las partes que tienen la intención de celebrar el contrato en el futuro, de modo que perciban efectivamente la existencia y la labor del citado mediador.
En consecuencia, el término "mediación" a que se refiere la letra m) del artículo 20.Uno.18º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido implica la existencia de un tercero que tiene por función aproximar a las partes para la futura celebración de un contrato. Las partes deben conocer la existencia del mediador, así como la misión que tiene encomendada. El mero suministro de información y la simple recepción de solicitudes no suponen, por sí mismos, la realización de un servicio de mediación del artículo 20.Uno.18.m). El hecho de que, tras la prestación del servicio de mediación en estos términos, las partes, finalmente, no lleguen a la conclusión del contrato, no obsta para que el servicio de mediación se tenga por realizado.
En el caso planteado en la consulta se lleva a cabo una actividad de intermediación financiera en los términos descritos en los expositivos anteriores puesto que la entidad consultante actúa como mediador de pago de las sociedades que acceden al sistema formalizando préstamos, realizando pagos y gestionando dichas operaciones. Su labor, por tanto, va más allá del mero suministro de información y la simple recepción de solicitudes.
En consecuencia, la comisión que abonan las entidades adscritas a la plataforma se califica como un pago por un servicio de intermediación financiera, que estará exento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por el contrario, los pagos que se realizan a la entidad consultante por el servicio de reserva de un espacio en la web para que su préstamo sea visto y la publicidad que en si caso la sociedad desee alojar en dicha página web, no constituyen servicios financieros y, por tanto, los mismos estarán sujetos y no exentos del Impuesto.
Por último, señalar que la comisión que se cobra a los inversores por los servicios de pago y la inversión realizada supone la retribución de un servicio financiero en los términos previstos en el artículo 20.Uno.18º de la Ley del Impuesto que quedará sujeta y exenta del mismo.
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