Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2007/01/registro-oficial-17-de-enero-del-2007-suplemento
Timestamp: 2020-08-08 21:07:47
Document Index: 410727695

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 46', 'artículo 276', 'artículo 35', 'artículo 192', 'artículo 49', 'artículo 98', 'artículo 276', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 45', 'artículo 92', 'artículo 93', 'artículo 95', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 24', 'artículo 48', 'artículo 35']

Registro Oficial. 17 de ENERO del 2007 Suplemento
0369-2005-RA Confírmase la resolución dictada por el señor Juez Primero de lo Civil de Napo en la acción de amparo constitucional interpuesta por Tito Egidio Merino Quezada.
0465-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Marco Iván Quinteros Portilla.
0559-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Sonia Magdalena González Martínez.
0021-06-RA Ratifícase la resolución pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas y concédese la acción de amparo interpuesta por la señorita Jessica del Rocío Alava Romero.
0396-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional y concédese el amparo constitucional solicitado por el ciudadano Antonio Gagliardo Loor.
0793-2006-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por la doctora María Rosa Merchán Larrea.
0834-2006-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por el doctor Rosendo Miguel Angel Hidrovo Vásquez y otros.
0122-2006-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el doctor Milton Hernán Caluguillin Catucuago.
0171-06-RA Revócase la resolución pronunciada por el abogado Diego Lainez Espinoza, Juez Primero de lo Civil de Sucumbíos (E) y deséchase el amparo constitucional propuesto por Carlos Alberto Morla Murillo, Gerente de la Compañía de Taxis de Servicio Público "CODESTAPU C. A.", por improcedente.
0182-06-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil de Tungurahua y niégase la demanda de amparo constitucional planteada por el Cbop. de Policía Nacional Miguel Antonio Herrera Ortega, por improcedente.
0195-06-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Undécimo de lo Civil de Guayaquil y niégase el amparo constitucional propuesto por la abogada Patricia Castro Coronel.
0245-06-RA Confírmase la resolución de mayoría del Tribunal de instancia constitucional y concédese el amparo constitucional solicitado por el ciudadano Luis Daniel Sánchez Cedeño.
0277-06-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Carlos Humberto Martínez Suárez.
0278-06-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Mónica Alexandra Jaramillo Pazmiño.
0295-06-RA Confírmase la resolución de primer nivel y concédese el amparo constitucional interpuesto por Rosa Elvira Suárez Insuasti y otros.
0825-06-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional e inadmítese el amparo solicitado por el ciudadano Julio Remigio Escobar Pérez.
0028-2005-HD Revócase la resolución venida en grado y concédese el hábeas data propuesto por el señor Alfredo Roditti Viteri y otra.
0517-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por la señora Miguelina Grimaneza Fonseca Díaz.
0526-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Nelson Enrique Espinoza Sarmiento.
0633-05-RA Confírmase la resolución adoptada por el Juez inferior y concédese la acción de amparo constitucional planteada por Jorge Adalberto Meza Quiñónez.
0002-2006-HD Confírmase la resolución del Juez aquo y niégase el recurso de hábeas data solicitado por Rolando René Cisneros.
0016-2006-RS Niégase la apelación presentada por la I. Municipalidad de Ambato y confírmase la Resolución Nº 178-2006 de fecha 8 de agosto del 2006, adoptada por el Consejo Provincial de Tungurahua.
0022-2006-HD Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas data planteado por el doctor Gustavo Arturo García Unda, por los derechos que representa de la Compañía Movimientos Agrícolas S. A. (MOVIAGRI).
0041-2006-HD Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas data planteado por el señor ingeniero Luis Felipe Borja Salgado.
0073-2006-HC Confírmase la resolución subida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor del ciudadano Luis Alberto Imbaquingo Yagualcota.
0179-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Fabián Aquiles Muñoz González.
No.\n 0369-2005-RA
En el caso signado\n con el Nro. 0369-2005-RA
ANTECEDENTES: Tito Egidio Merino\n Quezada comparece ante el Juzgado Primero de lo Civil del Napo,\n con asiento en Tena y fundamentado en el artículo 95 de\n la Constitución Política del Estado, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes de la\n Ley Orgánica de Control Constitucional, interpone acción\n de amparo constitucional en contra de la Prefecta y Procurador\n Síndico de la Prefectura Provincial de Napo, impugnando\n la omisión de la autoridad demandada respecto al pago\n de su sueldo del mes de febrero de 2005.
Señala el accionante,\n en lo principal, lo siguiente: que en septiembre de 2000 fue\n designado Tesorero del Consejo Provincial de Napo, cargo que\n desempeñó hasta el 2 de febrero de 2005, fecha\n en que su renuncia voluntaria fue aceptada mediante acción\n de personal.
Con fecha 1 de marzo de 2005\n presentó su solicitud a la Prefecta a fin de que se cumpla\n lo establecido en los artículos 117 y 120 de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Unificación\n y Homologación y 100 del Reglamento a la misma, es decir,\n el pago de su remuneración y todos los valores a que dice\n tener derecho, sin que se haya dado contestación alguna;\n que el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado establece\n que si se ha planteado legalmente un pedido a una autoridad pública\n y ésta no responde dentro del término de quince\n días, se entenderá por el silencio administrativo\n que la solicitud ha sido aprobada o la reclamación ha\n sido resuelta a favor del reclamante, dejando a salvo el derecho\n del administrado a iniciar la acción penal correspondiente.
Indica el accionante, que la\n señora Prefecta dispuso la suspensión del pago\n de los haberes, sin que su liquidación haya sido pagada\n hasta la fecha; que la Prefecta del Napo ha vulnerado el Art.\n 125 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n así como el Art. 23, número 17, Art. 35 y Art.\n 124 de la Constitución. Con estos antecedentes solicita\n se disponga a la demandada el pago de la última remuneración\n correspondiente al mes de enero de 2005; los proporcionales de\n los décimos de ley; el bono institucional del día\n del Oriente ecuatoriano, correspondiente a un sueldo básico,\n vacaciones no gozadas por el periodo 2003-2004, equivalentes\n a una remuneración; el bono profesional de acuerdo a la\n Resolución 153 del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público que se hizo exigible desde el mes de\n enero de 2003 hasta la fecha de su renuncia, bono que asciende\n a la suma de mil novecientos veinte dólares; y, todos\n los valores a que tenga derecho.
El 4 de mayo del 2005, se llevó\n a cabo la audiencia pública convocada, con la comparecencia\n de las partes, mismas que presentan sus exposiciones por escrito.\n En lo principal, el accionante, se afirman y ratifican en los\n fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión. La\n accionada, impugna la solicitud de pago que se refiere al bono\n por el día del Oriente Ecuatoriano; y, el relacionado\n con el bono profesional, por cuanto la disposición Décima\n General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público establece que ha partir del seis de\n octubre de 2003, está prohibido en las Instituciones y\n entidades previstas en los artículos 3 y 102 de la misma\n ley, por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la creación\n o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones\n salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales,\n en general cualquier tipo de erogación adicional a lo\n previsto en este cuerpo legal; y, en segundo lugar por cuanto\n la resolución No. 153 del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, fue derogada por el inciso veinte\n y dos de las derogatorias de la LOSCCA. Que preservando los intereses\n públicos de la entidad, se ha retenido los egresos, en\n virtud de que el ex Procurador Síndico Provincial contribuyó\n con su informe jurídico a erogar fondos públicos\n no justificados ni legales conforme así se puede ver en\n el informe habilitante de diciembre 31 deL 2004. Que la decisión\n de retener la liquidación de haberes se debe a que el\n actor contribuyó a erogar fondos públicos no justificados\n ni legales, a través del informe favorable para el pago\n por concepto de vacaciones al ex Prefecto. Excepcionan la falta\n de derecho para presentar este recurso por parte del actor por\n encontrarse inmerso en el pago indebido de valores de vacaciones;\n Inexistencia de violación de ningún derecho constitucional;\n improcedencia de la acción; ilegitimidad de personería,\n por lo que solicita se rechace el presente recurso.
Con fecha 6 de mayo de 2005,\n el Juez Primero de lo Civil de Napo, resuelve inadmitir la acción\n propuesta, la misma que es apelada por el accionante para ante\n este Tribunal.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad\n con lo que dispone el artículo 276, número 3, de\n la Constitución Política de la República.
SEGUNDO.- La presente causa se\n ha tramitado de conformidad con el ordenamiento jurídico\n constitucional y legal vigente.
TERCERO.- La acción de\n amparo procede, entre otros aspectos, ante la concurrencia simultánea\n de los siguientes elementos: a) que exista un acto u omisión\n ilegítimo de autoridad pública; b) que el acto\n viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución,\n convenio o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional ante actos de particulares que\n prestan servicios públicos.
CUARTO.- Un acto es ilegítimo\n cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia\n para ello, que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados\n por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no\n se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.
QUINTO.- El accionante impugna\n la omisión de la Prefecta de la provincia de Napo por\n no haberle pagado la liquidación de haberes con ocasión\n de su separación del Consejo Provincial de Napo producida\n por renuncia presentada por su parte.
SEXTO.- Revisado el expediente,\n el Tribunal Constitucional determina que el accionante presentó\n su renuncia a las funciones de Tesorero del Consejo Provincial\n de Napo el 2 de febrero de 2005 como consta en la acción\n de personal anexa a fojas 11 del proceso; que el 21 de enero\n del mismo año solicitó el pago de su sueldo y la\n liquidación de haberes como ex Tesorero (f. 4);
La parte accionada no ha demostrado\n haber cancelado la liquidación que el ex Tesorero del\n Consejo Provincial reclama, por el contrario, en la audiencia\n pública ante el Juez de instancia, constante a fojas 29\n y 30, reconoce haber retenido los valores que le corresponden\n al accionante por considerar que tendría responsabilidad\n en el pago de valores indebidos al ex Prefecto de la provincia\n de Napo.
SEPTIMO.- Que consta de los autos\n que el legitimado activo ha planteado su demanda laboral ante\n el Juez Primero de lo Civil del Napo, misma que se halla en trámite\n en consecuencia este Tribunal no tiene competencia para conocer\n mediante la acción de amparo un tema de legalidad.
OCTAVO.- Que la acción\n de amparo constitucional no procede y será inadmitida\n de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo\n 50 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal\n Constitucional, respecto de peticiones que exclusivamente impugnen\n la legalidad del acto y que no conlleven la violación\n de derechos subjetivos constitucionales.
NOVENO.- Tanto en la demanda\n como en el escrito posteriormente presentado, el accionante justifica\n la presentación del amparo señalando que el legitimado\n pasivo no ha cumplido con las obligaciones patronales mientras\n mantenía el vínculo laboral como valores que le\n corresponderían en concepto de liquidación de haberes,\n llegando a establecer una suma total, cuyo pago solicita se disponga\n mediante esta acción. La demandada, por su parte, impugna,\n con argumentación jurídica, dos de los rubros señalados\n por el actor. Al respecto, se recuerda que la acción de\n amparo no es un proceso de conocimiento, sino tutelar de derechos,\n por lo que no puede determinar cuáles son los valores\n que le correspondería percibir al actor en concepto de\n liquidación por su cesación de servicios.
Por lo expuesto, en uso de las\n atribuciones constitucionales y legales,
1.- Confirmar la Resolución\n dictada por el señor Juez Primero de lo Civil del Napo.
2.- Se deja a salvo los derechos\n del legítimo activo para que reclame en la vía\n correspondiente.
3.- Devolver el proceso al juez\n de instancia constitucional para los efectos determinados en\n los artículos 55 y 58 de la Ley de Control Constitucional.
4.- Publicar la presente resolución\n en el Registro Oficial".
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal\n Constitucional con cinco votos a favor correspondientes a los\n doctores Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Carlos Soria\n Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo y Santiago Velázquez Coello\n y un voto salvado del doctor Tarquino Orellana Serrano; sin contar\n con la presencia de los doctores Jorge Alvear Macías,\n José García Falconí y Manuel Viteri Olvera,\n en sesión del día martes doce de diciembre de dos\n mil seis.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR TARQUINO\n ORELLANA SERRANO, EN EL CASO SIGNADO CON EL Nro. 0369-05-RA
Quito D. M., 12 de diciembre\n del 2006.
PRIMERA.- El artículo\n 100 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n establece, para el caso de cesación de funciones, lo siguiente:\n "Liquidación y pago de haberes.- La liquidación\n y pago de haberes a que hubiere lugar a favor del servidor público,\n se realizará dentro del término de quince días\n posteriores a la cesación de funciones, bajo la directa\n responsabilidad de la autoridad nominadora.". En consecuencia,\n en el caso de análisis, corresponde a la Prefecta Provincial,\n como autoridad nominadora, realizar el pago de liquidación\n de haberes al ex Tesorero de la Entidad, por lo que, al no haber\n procedido conforme a su responsabilidad, ha incurrido en omisión\n ilegítima.
SEGUNDA.- Las razones señaladas\n por la demandada para haber retenido la liquidación que\n corresponde al accionante no tienen fundamento jurídico\n alguno; por el contrario, se ha procedido en actitud violatoria\n al derecho de los trabajadores a percibir su remuneración\n como contrapartida de la prestación de servicios que la\n Constitución reconoce en el artículo 35, primer\n inciso; y, concretamente, el derecho a la inembargabilidad de\n la remuneración, salvo por pensiones alimenticias, previsto\n en el número 7 del mismo artículo constitucional.
Si el accionante tiene responsabilidades\n provenientes del ejercicio de sus funciones, deberá asumirlas\n previas las correspondientes instancias juzgadoras y sancionadoras,\n no siendo procedente la retención de su liquidación.
TERCERA.- La retención\n de la liquidación de haberes del actor le causa daño\n grave e inminente pues se trata de la privación de valores\n necesarios para afrontar las necesidades diarias, en circunstancias\n en que se separa de sus funciones.
Por lo que considero que la parte\n resolutiva debería decir:
1.- Revocar la resolución\n del Juez de instancia; en consecuencia se concede parcialmente\n el amparo constitucional propuesto, y se dispone se supere la\n omisión ilegítima impugnada procediendo liquidar\n al actor sus haberes de conformidad con la ley.
2.- Devolver el proceso al juez\n de instancia constitucional para los efectos determinados en\n los artículos 55 y 58 de la Ley de Control Constitucional.
f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano,\n Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es\n fiel copia del original.- Revisado por f.) Quito, a 10 de enero\n del 2007.- f.) El Secretario General.
No. 0465-2005-RA
En el caso signado con el Nro.\n 0465-2005-RA
ANTECEDENTES: El ciudadano Marco\n Iván Quinteros Portilla, por sus propios derechos, comparece\n ante el Juez Séptimo de lo Civil del Carchi y deduce acción\n de amparo constitucional en contra del Alcalde del Gobierno Municipal\n del Cantón Espejo, a fin de que se deje sin efecto el\n acto administrativo constante en el oficio número 007-IME-A,\n expedido por dicha autoridad, el 7 de enero del 2005, mediante\n el cual se lo cesó de sus funciones de Comisario Municipal\n de la I. Municipalidad del Cantón Espejo. En lo principal,\n el accionante manifiesta lo que sigue:
\n Que mediante resolución del 21 de junio del 2004, la autoridad\n demandada, lo designó como Comisario Municipal del cantón\n Espejo en forma definitiva;
Que el Alcalde del Gobierno Municipal\n de Espejo, en un acto por demás ilegal y arbitrario, le\n hizo llegar el oficio número 007-IME-A del 7 de enero\n del 2005, a través del cual se le comunicó que\n fue cesado en sus funciones de Comisario Municipal, al amparo\n de lo estatuido en el artículo 192 (actual 175) de la\n Ley Orgánica de Régimen Municipal;
Que el acto impugnado violó\n sus derechos constitucionales consagrados en los artículos\n 23, numerales 26 y 27; 24, numeral 10; 26; 35; y 124 de la Constitución\n Política del Ecuador; y,
Que en razón de lo expuesto,\n fundamentada en lo que disponen los artículos 95 de la\n Constitución y 46 y siguientes de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, solicita se deje sin efecto el acto\n impugnado, por causarle daño inminente, a más de\n grave e irreparable.
La audiencia pública tuvo\n lugar el 13 de mayo de 2005, y concurrieron ambas partes. El\n accionante por intermedio de su defensor, se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión.\n Por su parte, la Procuradora Sindica Municipal de Espejo, ofreciendo\n poder o ratificación del señor Alcalde propuso\n las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos\n de hecho y de derecho expuestos en la demanda; inexistencia de\n derecho para demandar, en razón de que el nombramiento\n del accionante como Comisario Municipal, no cumplió con\n los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico\n vigente, pues, no se llevó a cabo el concurso de merecimientos\n y no existe el registro del nombramiento; que el actor presentó\n su renuncia voluntaria al cargo de Comisario Municipal, por lo\n que se configuró la causal de cesación de funciones\n establecida en la letra a) del artículo 49 (actual 48)\n de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa;\n que la acción interpuesta no procede, el actor debió\n acudir ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,\n tal como lo dispone el artículo 98 (actual 97) ibídem;\n que existe falta de legítimo contradictor, ya que solo\n ha sido demandado el Alcalde del Cantón Espejo y no el\n Procurador Sindico Municipal, quien también es representante\n judicial y extrajudicial de la Municipalidad; que por las razones\n aducidas solicita se rechace la acción de amparo constitucional\n formulada por el demandante.
El Juez Séptimo de lo\n Civil del Carchi, negó la acción de amparo propuesta.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional,\n de acuerdo con el numeral 3 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República; y, los artículos\n 12 numeral 3, y 62 de la Ley Orgánica de Control Constitucional,\n es competente para conocer y resolver el presente caso.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad\n sustancial alguna que pueda incidir en la resolución del\n presente caso, por lo que se declara su validez.
\n TERCERO.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley Orgánica de Control Constitucional, se establece\n de manera concluyente que la acción de amparo constitucional\n es procedente cuando de manera simultánea y unívoca,\n concurren los siguientes presupuestos: a) Que exista un acto\n u omisión ilegítimos proveniente de autoridad pública;\n b) Que sea violatorio de un derecho subjetivo consagrado en la\n Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente; y, c) Que de modo inminente, amenace con causar un daño\n grave.
Un acto de autoridad pública\n es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad\n que no tiene competencia para ello, o sin observar los procedimientos\n previstos por el ordenamiento jurídico, o cuando su contenido\n es contrario a dicho ordenamiento, o ha sido dictado arbitrariamente,\n esto es, sin fundamento o suficiente motivación.
CUARTO.- La pretensión\n del accionante es que se suspenda de manera definitiva, los efectos\n del acto administrativo contenido en el oficio número\n 007-IME-A expedido por el Alcalde del cantón Espejo (Provincia\n de Carchi), el 7 de enero del 2005, y notificado al actor el\n mismo día, mediante el cual se lo cesó en el desempeño\n de sus funciones de Comisario Municipal de la I. Municipalidad\n de Espejo.
Por tanto, atenta a las aspiraciones\n procesales esgrimidas por el demandante en su libelo inicial,\n corresponde a esta Magistratura efectuar una disquisición\n de las piezas que obran dentro del proceso a fin de establecer,\n la concurrencia coetánea de los requisitos de procedibilidad\n de la acción de amparo constitucional.
QUINTO.- Uno de los requisitos\n de procedibilidad de la acción de amparo constitucional,\n es que el acto ilegítimo que viole o pueda violar cualquier\n derecho fundamental, cause o amenace con causar un daño\n grave e inminente.
Si bien es cierto que la violación\n de una garantía o derecho fundamental causa por ese sólo\n hecho, un daño a quien lo sufre, la inminencia es relevante\n para determinar la procedencia de la acción de amparo\n constitucional. En esta clase de acción, la inminencia\n es un concepto que implica, necesariamente, la proximidad del\n mal, daño o perjuicio una vez que se conculca un derecho\n fundamental.
Nuestro ordenamiento jurídico\n no contempla un plazo de caducidad para la interposición\n de una acción de esta naturaleza; no obstante, el operador\n constitucional debe calificar la inmediatez o urgencia del daño,\n según las reglas de la sana crítica y tomando como\n referencia los fallos que a este respecto ha expedido el Tribunal\n Constitucional.
SEXTO.- El daño que se\n produce o ha de producirse por la violación de un derecho\n fundamental, no puede ser eventual o remoto. En eso consiste,\n precisamente, la característica de la inminencia. Lo eventual\n es lo que puede suceder, pero no existe certeza, lo que lo convierte\n en una contingencia incierta. Lo remoto, en cambio, es lo lejano.\n Lo ocurrido tiempo atrás no puede ser remediado por una\n medida cautelar como el amparo, sino por un proceso de conocimiento.\n Con el transcurso del tiempo, la facultad de oponerse pierde\n consistencia y los derechos subjetivos que han sido potencialmente\n negados o desconocidos no pueden recuperar su vigencia por la\n vía del amparo constitucional. Si lo que se impugna es\n un acto expedido y notificado el 7 de enero del 2005, es decir,\n más de cinco meses antes de la fecha en que el demandante\n propuso la presente acción, esto es, el 10 de mayo del\n 2005; es evidente que el factor de la inminencia no puede ser\n tomado en cuenta, pues, su debate por medio del amparo está\n fuera de su característica de medida tutelar, preferente\n y sumaria, apta para solicitar la adopción de medidas\n urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar\n inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos. En este sentido ha fallado el Tribunal Constitucional\n en los casos números 0203-03-RA, 0225-04-RA, 0451-04-RA,\n 1065-04-RA, 1082-04-RA; 0002-05-RA; 444-05-RA, 480-05-RA; y 500-05-RA.
Por lo tanto, al no existir uno\n de los elementos de procedibilidad de la acción de amparo\n constitucional, se hace innecesario el análisis de los\n demás.
En virtud de lo expuesto y en\n uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
1.- Confirmar la resolución\n venida en grado; y, en consecuencia, negar la acción de\n amparo constitucional propuesta por el demandante;
2.- Devolver el expediente al\n Juez de origen, para los fines pertinentes. Notifíquese\n y publíquese".-
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal\n Constitucional con cinco votos a favor correspondientes a los\n doctores Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Enrique Tamariz\n Baquerizo, Carlos Soria Zeas y Santiago Velázquez Coello\n y un voto salvado del doctor Tarquino Orellana Serrano; sin contar\n con la presencia de los doctores Jorge Alvear Macías,\n José García Falconí y Manuel Viteri Olvera,\n en sesión del día martes doce de diciembre de dos\n mil seis.- Lo certifico-
VOTO SALVADO DEL DOCTOR TARQUINO\n ORELLANA SERRANO EN EL CASO SIGNADO CON EL NRO. 0465-2005-RA.
Quito, 12 de diciembre de 2006.
Con los antecedentes constantes\n en la resolución adoptada me separo de la misma por las\n siguientes consideraciones:
PRIMERA.- El acto impugnado por\n el accionante, que consta a foja uno del cuaderno de instancia,\n contiene el oficio N° 007-IME-A de 7 de enero de 2005 , con\n el que el Alcalde del cantón Espejo, profesor Lenin Carrera\n López, comunica al señor Marco Quinteros que ha\n cesado en sus funciones de Comisario Municipal.
A fojas dos del proceso consta\n el nombramiento de ingreso al servicio civil otorgado al señor\n Marco Quinteros, el 21 de junio de 2004, para que desempeñe\n funciones de Comisario Municipal en la ciudad de El Angel,
SEGUNDA.- El artículo\n 18 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público clasifica los nombramientos en virtud\n de los cuales se ejerce la función pública en:\n regulares y provisionales, pudiendo estos últimos extenderse\n en 4 situaciones: a) En caso de ingreso a la función pública,\n cumplimiento un período de prueba; b) Para ocupar un puesto\n de un servidor suspendido o destituido; c) Para llenar el puesto\n de un servidor ascendido o trasladado; d) Para desempeñar\n las funciones de un servidor en licencia sin remuneración.
En los tres últimos casos,\n la situación de provisionalidad, evidentemente se ha establecido\n para poder garantizar que, el servidor que ocupaba anteriormente\n el puesto, pueda volver a ocuparlo, en determinadas condiciones,\n como cuando la suspensión o destitución hayan sido\n declaradas nulas por el Tribunal o Juez competente, conforme\n prevé el artículo 46 de la Ley en comento, si el\n servidor no es apto para el ascenso y cuando concluya la licencia\n de un funcionario.
En tanto que, en el primer caso,\n es decir para aquellos trabajadores que se encuentran cumpliendo\n el período de prueba, el artículo 74 de la Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público establece que el referido período\n será de 6 meses, durante el cual el Jefe inmediato puede\n solicitar a la autoridad correspondiente la cesación de\n funciones del servidor, a cuyo efecto debe proceder una evaluación\n técnica y objetiva de sus servicios aprobada por la unidad\n de administración de recursos humanos en la que se determine\n que no califica para el desempeño del puesto, lo cual\n significa que se encuentra debidamente comprobado que el servidor\n de nuevo nombramiento no es apto para desempeñar las funciones\n en las que que, precisamente, se encontraba en período\n de prueba. Si no se ha presentado esta situación, es decir,\n si el trabajador ha superado este período, pues, ha demostrado\n la aptitud necesaria y se encuentra calificado para desempeñar\n las funciones, goza de la estabilidad que garantiza al artículo\n 124 de la Constitución Política de la República;\n excepto si incurre en causales por las que deba ser separado\n de la institución pública en que preste servicios,\n previo el respectivo sumario administrativo, conforme determina\n el artículo 45 de la LOSCCA..
El nombramiento otorgado al demandante,\n evidentemente, corresponde a aquellos concedidos a servidores\n que ingresan al servicio civil en una institución pública,\n con período de prueba, debiendo la autoridad nominadora,\n para cesar las funciones del servidor, observar el procedimiento\n establecido para el efecto, como se ha analizado anteriormente.
TERCERA.- Del análisis\n del expediente se concluye que la cesación de funciones\n del accionante no estuvo precedida de evaluación técnica\n alguna que haya determinado que el Comisario Municipal no califica\n para el desempeño del puesto, contrariando así\n la normativa vigente para el efecto, en consecuencia, el acto\n que lo contiende adolece de ilegitimidad.
CUARTA.- Por otra parte, el cargo\n de comisario municipal no es de aquellos comprendidos en el literal\n b) del artículo 92 de la Ley Orgánica de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público a los que el\n artículo 93 de la misma Ley autoriza nombra y remover\n libremente a la autoridad nominadora, por tanto, para la cesación\n de funciones de estos servidores debe observarse la normativa\n aplicable al caso prevista en la Ley en referencia.
QUINTA.- Al separar de sus funciones\n al accionante se vulnera el derecho al debido proceso previsto\n en los artículos 23, número 27 y 24, número\n 10, así como el derecho al trabajo previsto en el artículo\n 35, inciso primero de la Constitución, el que se encuentra\n protegido por el Estado, que está obligado a proveerlo\n y garantizarlo; pues bien, el accionante se encontraba desempeñando\n una función pública, de la misma que ha sido separado\n sin que para el efecto se haya observado las disposiciones legales\n pertinentes, situación que evidentemente causa daño\n grave e inminente que se concreta en la pérdida de su\n fuente de trabajo y de ingresos para su subsistencia.
Por las consideraciones que anteceden,\n debe concederse el amparo constitucional solicitado por el actor\n y disponer su reingreso a las funciones que desempeñaba.
Nro. 0559-2005-RA
En el caso signado con el Nro.\n 0559-2005-RA
ANTECEDENTES: Sonia Magdalena\n González Martínez, amparada en lo que establece\n el artículo 95 de la Constitución de la República\n y 46 y siguientes de la Ley Orgánica de Control Constitucional,\n interpone acción de amparo constitucional ante el Juez\n Cuarto de lo Civil de Pichincha en contra del Ministro de Bienestar\n Social y solicita la suspensión definitiva del acto administrativo\n constante en la Acción de Personal No. 4088 de 18 de octubre\n de 2004. La accionante, en lo principal manifiesta:
Que luego del concurso legal\n correspondiente fue designada Médico Tratante y en función\n administrativa 3 4H del Ministerio de Bienestar Social; que sin\n embargo, el Ministro de Bienestar Social mediante Acción\n de Personal de No. 4088 GDRH de 22 de Octubre del 2004, acordó:\n "Dar por terminado el nombramiento de Médico Tratante\n y en Función Administrativa 3 4H expedido a favor de la\n señora Sonia González Martínez contenido\n en la acción de personal Nro. 1984 GDRH de junio 1 del\n 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48\n de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público". La acción de personal\n es inconstitucional y lesiona varios derechos fundamentales señalados\n en la Constitución Política de la República.
\n Solicita se suspenda definitivamente por inconstitucional el\n acto contenido en la Acción de Personal No. 4088 sin perjuicio\n de que pueda suspenderla de manera provisional en el momento\n de calificar esta demanda, dados los méritos de ella,\n y, adicionalmente, disponer que se le paguen todas las remuneraciones\n que ha dejado de percibir desde la fecha en que fue cesada hasta\n aquella que se produzca la reincorporación; así\n como todos los dineros adicionales que legalmente le correspondan,\n incluso los de afiliación al IESS, con los intereses y\n multas que el Ministerio de Bienestar Social deberá cancelar.
Para el evento que el Ministerio\n de Bienestar Social respondiese que la antigua función\n la ocupa ahora el señor doctor Juan Eduardo Alarcón,\n se servirá disponer que en el menor tiempo posible se\n proceda a la creación del puesto necesario para la accionante,\n se asigne la partida presupuestaria con la misma remuneración\n que antes percibía y se expida la Acción de Personal\n de restitución -no un nuevo nombramiento- que le permita\n prestar la misma función que antes desempeñaba,\n y en suma, se cumpla con remediar el daño que se le ha\n causado sin merma alguna.
En la Audiencia Pública,\n el accionante se ratifica en el libelo de la demanda, mientras\n tanto el Delegado de la Procuraduría General del Estado\n señala que no existe daño inminente y solicita\n que en la resolución al expedirse, se niegue la acción\n de amparo constitucional por improcedente e inadmisible.
El Juez de instancia, resuelve\n rechazar la demanda de amparo constitucional por improcedente\n por estimar entre otras razones que la presentel Constitucional,\n procede cuando coexisten los siguientes elementos a) Acto ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que ese\n acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamado.\n Decisión que es apelada ante el Tribunal Constitucional.
PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad\n con lo dispuesto en los artículos 95 y 276, numeral 3\n de la Constitución Política de la República,\n en concordancia con el Art. 62 de la Ley Orgánica del\n Control Constitucional.
SEGUNDO.- Que, en el presente\n trámite no se ha omitido solemnidad legal alguna que pueda\n incidir en la resolución del mismo, por lo que se declara\n la validez del proceso.
TERCERO.- Que, la acción\n de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el\n Art. 95 de la Constitución y el Art. 46 de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, procede cuando coexisten los siguientes\n elementos a) Acto ilegítimo de autoridad pública;\n b) Que ese acto haya causado, cause o pueda causar un daño\n inminente y grave; y, c) Que ese acto vulnere los derechos consagrados\n en la Carta Fundamental o los consignados en las declaraciones,\n pactos, convenios y demás instrumentos internacionales\n vigentes en el Ecuador.
CUARTO.- Que, es pretensión\n de la recurrente se suspenda definitivamente los efectos de la\n acción de personal Nro. 4088 de octubre 22 del 2004, mediante\n la cual, se da por terminado el nombramiento de Médico\n Tratante y en Función Administrativa 3 4HD del Ministerio\n de Bienestar Social, con sede en Quito.
QUINTO.- Que, uno de los requisitos\n de procedibilidad de la acción de amparo constitucional,\n es que el acto ilegítimo que viole o pueda violar cualquier\n derecho fundamental, cause o amenace con causar un daño\n grave e inminente.
SEXTO.- Que, si bien es cierto\n que la violación de una garantía o derecho fundamental\n causa por ese solo hecho, un daño a quien lo sufre, la\n inminencia es relevante para determinar la procedencia de la\n acción de amparo constitucional. En esta clase de acción,\n la inminencia es una característica que implica, necesariamente,\n la proximidad en el tiempo del daño o perjuicio una vez\n que se conculca un derecho fundamental.
Si bien es verdad, nuestro ordenamiento\n jurídico no contempla un plazo de caducidad para la interposición\n de una acción de esta naturaleza; no obstante, el juez\n constitucional debe calificar la inmediatez o urgencia del daño,\n según las reglas de la sana crítica y tomando como\n referencia los fallos que a este respecto han expedido tanto\n las salas como el Pleno del Tribunal Constitucional.
SEPTIMO.- Que, el daño\n que se produce o ha de producirse por la violación de\n un derecho fundamental, no puede ser eventual o remoto. En eso\n consiste, precisamente, la característica de la inminencia.\n Lo eventual es lo que puede suceder, pero no existe certeza,\n lo que le convierte en una contingencia incierta. Lo remoto en\n cambio, es lo lejano. Lo ocurrido en tiempo atrás, no\n puede ser remediado por una medida cautelar como el amparo, sino\n por un proceso de lato conocimiento. Con el transcurso de tiempo,\n la facultad de oponerse pierde consistencia y los derechos subjetivos\n que han sido potencialmente negados o desconocidos no pueden\n ser remediados por la vía del amparo constitucional. En\n la especie, el acto que se impugna ha sido expedido el 22 de\n Octubre de 2004 (fojas 10); mientras que, la presente acción\n ha sido propuesta el 3 de Junio de 2005, según se desprende\n del "recibido" de la Oficina de Sorteos y Casilleros\n Judiciales del Distrito Judicial de Pichincha (fojas 15); es\n decir, a los más de siete meses de expedido el acto, lo\n cual evidentemente ha dejado de tener la característica\n de la inminencia, requisito fundamental para la procedencia del\n amparo, lo cual a la vez, nos impide continuar en el análisis\n de fondo de la presente acción.
1.- Confirmar la decisión\n del Juez de instancia; y, en consecuencia, negar el amparo solicitado;
2.- Dejar a salvo el derecho\n del recurrente para proponer las acciones que estime pertinente;\n y,
3.- Devolver el expediente para\n los fines legales consiguientes.
\n Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede\n fue aprobada por el Tribunal Constitucional con seis votos a\n favor de los doctores Jacinto Loaiza Meteus, Juan Montalvo Malo,\n Carlos Soria Zeas, Enrique Tamariz, Tarquino Orellana Serrano\n y Santiago Velásquez Coello; un voto salvado del doctor\n José García Falconí; sin contar con la presencia\n de los doctores Jorge Alvear Macías y Manuel Viteri Olvera,\n en sesión del día martes veintiséis de diciembre\n de dos mil seis.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR JOSE\n GARCIA FALCONI EN EL CASO SIGNADO CON EL NRO. 0559-2005-RA.
Quito D. M., 26 de diciembre\n del 2006.
PRIMERA.- De la copia del nombramiento\n expedido el 3 de junio de 2004 con vigencia a partir del 4 de\n los mismos mes y año que obra a foja doce del cuaderno\n de instancia se determina que la doctora Sonia Magdalena González\n Martínez fue designada médica tratante y en función\n administrativa 3 4HD en el Centro Infantil Antonio Gil de la\n Dirección de Gestión y Atención de la Población\n Vulnerable Menos Protegida, del Ministerio de Bienestar Social.
El referido nombramiento fue\n concedido a la accionante en virtud de haber ganado el concurso\n de merecimientos convocado para el efecto, conforme consta de\n la actas de idoneidad, oposición, merecimiento y apelaciones\n remitidas por el Colegio de Médicos de Pichincha.
SEGUNDA.- A foja diez del proceso\n consta copia de la acción de personal de 26 de octubre\n de 2004 con vigencia a partir del 22 de los mismos mes y año,\n mediante el cual se da por terminado el nombramiento expedido\n a favor de la Dra. Sonia Magdalena González Martínez.
La explicación contenida\n en la acción referida señala que la Dra. Sonia\n González fue nombrada en el cargo que venía ocupando\n el Dr. Eduardo Alarcón quien presentó una acción\n de amparo en la que el Tribunal Constitucional confirma la resolución\n de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo\n y dispone su restitución al cargo del que fue separado\n y justifica la decisión señalando como fundamento\n de derecho el artículo 48 de la Ley Orgánica de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.
TERCERA.- El artículo\n 48 de la LOSSCA (hoy 47 en la codificación de la Ley)\n señala "Mientras se tramita un juicio por suspensión\n o destitución el puesto del servidor afectado solo podrá\n llenarse provisionalmente" .
El nombramiento otorgado a la\n accionante no fue concedido con carácter provisional pues\n no consta este particular en la acción de personal que\n lo contiene y no se ha demostrado que el Dr. Eduardo Alarcón\n haya iniciado juicio por destitución, caso en el cual\n habría procedido el otorgamiento de nombramiento provisional;\n el nombramiento hace referencia a la resolución emitida\n en un proceso de garantía constitucional de derechos como\n es la acción de amparo constitucional, distinta a un juicio\n por destitución o suspensión.
El actual artículo 48\n de la LOSSCA establece las causales de cesación de funciones\n de los servidores públicos, entre las cuales no se encuentra\n la de dar por terminado el nombramiento que es la forma con la\n que se cesa en sus funciones a la accionante.
Al disponer dar por terminado\n el nombramiento conferido a favor de la actora la autoridad actuó\n apartándose de la normativa jurídica para el efecto,\n en consecuencia, el acto que contiene la acción de personal\n impugnada adolece de ilegitimidad.
CUARTA.- El artículo 24,\n número 13, de la Constitución Política,\n dentro de las normas referidas al derecho al debido proceso contempla\n el de debida motivación de los actos, en virtud del cual,\n las resoluciones que afecten a las personas deben ser motivadas,\n en virtud de lo cual no solo debe enunciarse las normas o principios\n jurídicos que las fundamenten sino además en la\n explicación de la pertinencia de su aplicación\n a los antecedentes de hecho. En el caso de análisis, la\n acción de personal con la que se cesa en sus funciones\n a la Dra. Sonia González, consigna como fundamento de\n hecho el artículo 48 (hoy 47) de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, disposición\n que, como se ha analizado, no es aplicable al caso de la accionante,\n a quien se le extendió el nombramiento por haber ganado\n un concurso de merecimientos.
Por otra parte, la acción\n de personal señala como fundamento la resolución\n del Tribunal Constitucional emitida en la acción de amparo\n propuesta por el Dr. Eduardo Alarcón, en la que se dispone\n su reincorporación al puesto que se encontraba ocupando\n la Dra. Sonia González, sin embargo, revisada la referida\n resolución, no se encuentra que la accionante haya formado\n parte del proceso y que la misma ordene se le cese en sus funciones.
El acto impugnado, en consecuencia,\n vulnera el derecho al debido proceso consagrado en los artículos\n 23, número 27 y 24, número 13 de la Constitución\n Política , así como el derecho al trabajo protegido\n por el artículo 35 de la Carta Fundamental, concretamente\n el inciso primero de la Constitución, en tanto se encuentra\n protegido por el Estado, que está obl