Source: http://www.derechos.org/nizkor/doc/ai/argelia1.html
Timestamp: 2018-06-23 21:55:10
Document Index: 248862146

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 40']

EARGELIA-DESAPARICIONES:EL MURO DE SILENCIO SE RESQUEBRAJA
«Desapariciones»:
El muro de silencio se resquebraja
Marzo de 1999 - RESUMEN - ÍNDICE AI: MDE 28/01/99/s
DISTR: SC/CO/GR (05/99)
En los últimos seis años, unos tres mil hombres y mujeres argelinos han «desaparecido» tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad. Las víctimas son de lo más dispar. Proceden de todos los ámbitos sociales, económicos y políticos y de casi todas las zonas del país. El fenómeno ha afectado a personas de todas las edades.
Las víctimas «desaparecieron» después de que miembros de la policía, la gendarmería y las unidades de la seguridad militar, así como de las milicias armadas por el Estado, se las llevaron de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio, a menudo en presencia de sus familiares, sus vecinos o sus compañeros de trabajo. Al parecer, algunos de los «desaparecidos» fueron detenidos por sospecharse que tenían algún tipo de vinculación con grupos armados. A otros sencillamente se los denunció como sospechosos. Y hay otros casos en los que no se sabe la razón de su «desaparición».
La forma de efectuar las detenciones y la práctica habitual de la detención secreta han contribuido a la difusión del fenómeno de las «desapariciones». Con frecuencia, los agentes de las fuerzas de seguridad no se identifican ni muestran orden alguna al practicar las detenciones. Pueden vestir de uniforme y conducir vehículos con distintivos, pero igualmente pueden llegar en vehículos particulares e ir vestidos de civil y con pasamontañas.
En flagrante violación de las leyes argelinas y las normas internacionales de derechos humanos, los detenidos permanecen recluidos en secreto durante días, semanas o meses, y después son puestos en libertad sin cargos, trasladados a una cárcel reconocida o simplemente «desaparecen». El gobierno argelino lleva seis años incumpliendo sus obligaciones internacionales de impedir el arresto arbitrario, la detención secreta y la «desaparición» de sus ciudadanos.
Los familiares de los «desaparecidos», especialmente las madres y las esposas, han sido los más afectados por la tragedia, al tenerse que enfrentar a las dificultades burocráticas, unidas a la angustia, la desesperación y los apuros económicos. Las familias no han escatimado esfuerzos para tratar de conseguir la más mínima noticia sobre el paradero de sus «desaparecidos». La mayoría de las veces, sus averiguaciones con las autoridades no han dado fruto y, en los pocos casos en que han conseguido alguna explicación, por lo general ésta ha sido que las autoridades no conocen al «desaparecido», que éste se ha unido a un grupo armado o que ha sido secuestrado y tal vez asesinado por un grupo armado. Sin embargo, tales explicaciones a menudo contradicen las declaraciones de testigos sobre la detención del «desaparecido» y los posteriores informes de personas que han estado recluidas con él en secreto y luego han quedado en libertad.
Hasta el año pasado, la cuestión de las «desapariciones» fue un tema tabú en Argelia y recibió muy poca atención internacional. Durante años, las familias de los «desaparecidos» se abstuvieron de protestar públicamente para proteger la seguridad de sus detenidos y la suya propia. Sin embargo, durante 1998 cada vez más familias de «desaparecidos» han vencido sus temores, y sus protestas y presiones, cada vez más persistentes, han hecho que la cuestión sea debatida en el parlamento, en la calle y en las primeras páginas de los periódicos del país.
El muro de silencio que rodea a la «desaparición» se resquebraja, pero aún queda mucho por hacer para encontrar a los «desaparecidos». Amnistía Internacional trata de contribuir a la creciente presión para que se tomen medidas a fin de salvar a los muchos «desaparecidos» que se cree que aún están con vida en detención secreta, y pide que se inicie una investigación completa, imparcial e independiente de todos los casos de «desaparición».
Aunque este documento sólo se ocupa de la cuestión de las «desapariciones» en Argelia, Amnistía Internacional continúa manteniendo bajo observación y condenando reiteradamente y sin reservas el resto de las formas de abusos contra los derechos humanos recogidas en su Mandato que se cometen en el país, como los homicidios, la tortura y otros abusos que en Argelia perpetran las fuerzas de seguridad, las milicias armadas por el Estado y los grupos armados que se autodenominan «grupos islámicos». La organización hace campaña contra estos abusos, que ha documentado ampliamente en informes publicados en los últimos años.
PALABRAS CLAVE: DESAPARICIONES1 / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / GRUPOS RELIGIOSOS - ISLÁMICOS / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS / COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / ACTIVISTAS POLÍTICOS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / PIDCP / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / MANIFESTACIONES / FAMILIAS
Este texto resume el documento titulado Argelia. «Desapariciones»: El muro de silencio se resquebraja (Índice AI: MDE 28/01/99/s), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1999, que se complementa con el documento titulado Argelia: ¿Quiénes son los «desaparecidos»? Casos (Índice AI: MDE 28/02/99/s), una selección de casos detallados de personas «desaparecidas», también publicado en marzo de 1999. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten ambos documentos.
Índice AI: MDE 28/01/99/s
Desde 1993, unos tres mil hombres y mujeres argelinos han «desaparecido»(1) tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad. Un porcentaje mínimo de estos «desaparecidos» han vuelto a aparecer. Sobre algunos otros hubo posteriormente informes de que habían muerto, aunque las circunstancias de su muerte nunca se aclararon. Sin embargo, sigue sin conocerse la suerte de la inmensa mayoría.
La policía, la gendarmería y las unidades de la seguridad militar, así como las milicias armadas por el Estado, se han llevado a personas de toda condición de sus casas -- a menudo de noche y en presencia de sus familiares o vecinos--, de sus lugares de trabajo delante de sus compañeros, o en plena calle. Al parecer, muchas fueron arrestadas porque las fuerzas de seguridad las consideraban sospechosas de tener algún tipo de conexión con grupos armados o por haber sido denunciadas por ello. En otros casos no hay razón aparente para su «desaparición».
La práctica sistemática de la detención secreta(2) tras el arresto es uno de los factores que más contribuyen a las «desapariciones». Según la actual ley argelina, los sospechosos pueden permanecer detenidos en régimen de incomunicación un máximo de doce días, si bien esto es incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argelia. Aunque la ley dispone que los familiares deben ser informados sin demora del arresto y la detención, a menudo los detenidos pasan semanas, meses o incluso años detenidos en secreto por la policía, la gendarmería y la seguridad militar. Después, algunos son puestos en libertad sin cargos o trasladados a un lugar de detención reconocido, y las autoridades admiten su detención, pero de muchos sencillamente no se vuelve a saber nada. Se cree que algunos «desaparecidos» han muerto en el lugar donde estaban detenidos en secreto a consecuencia de la tortura, el desamparo o la ejecución extrajudicial, pero muchos otros aún siguen vivos.
Los familiares de los «desaparecidos» han hecho constantes esfuerzos para conseguir información sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. En los últimos años, Amnistía Internacional ha estado en contacto con cientos de familias que no han escatimado esfuerzos para buscar a familiares de los que nada se ha vuelto a saber, indagando en comisarías, cuarteles y ministerios y dirigiéndose al organismo oficial de derechos humanos argelino, el Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos (Observatoire national des droits de l'homme, ONDH). Muchas han visitado también hospitales y depósitos de cadáveres y han frecuentado los cementerios con la esperanza de encontrar algún rastro de sus seres queridos. En la inmensa mayoría de los casos sus esfuerzos han resultado infructuosos.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos internacionales y argelinas, abogados y activistas de derechos humanos han pedido en repetidas ocasiones al gobierno argelino que facilite información sobre estas «desapariciones», pero no ha recibido ninguna respuesta significativa. Además, estas organizaciones y un número cada vez mayor de familias han presentado cientos de casos al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En julio de 1998, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su gran preocupación por la crisis de derechos humanos argelina y, entre otras cosas, por la suerte corrida por los «desaparecidos», e instó al gobierno argelino a tomar medidas para resolver esta cuestión.
A pesar de que cada vez hay más signos de la enorme magnitud del problema, las autoridades han negado sistemáticamente saber nada de los «desaparecidos», incluso en los casos de personas cuya detención secreta ha sido confirmada confidencialmente a sus familiares por funcionarios y agentes de las fuerzas de seguridad. Durante años, las familias de los «desaparecidos» se abstuvieron de protestar públicamente por miedo a comprometer la seguridad de sus familiares detenidos y la suya propia, y con la esperanza de que su paciencia y su incansable búsqueda darían resultado. Las madres de los «desaparecidos» han estado en la vanguardia de las averiguaciones. En los últimos meses, tras años de solicitar noticias a las autoridades sin obtener respuesta, su frustración ha ido en aumento y, desesperadas, se han mostrado dispuestas a arriesgar cada vez más para conseguir sus objetivos. Con ello han vencido el miedo y han comenzado a expresar su dolor en público, celebrando manifestaciones, exigiendo públicamente noticias de sus familiares y hablando con los medios de comunicación.
La reciente campaña emprendida abiertamente por las madres en nombre de sus hijos, con ayuda de un puñado de valientes abogados de derechos humanos, ha roto el tabú que ocultaba hasta entonces las «desapariciones» en Argelia. La cuestión ha ocupado los titulares de la prensa nacional y se ha convertido en tema de debate público. Con este informe, Amnistía Internacional trata de contribuir a los esfuerzos para arrojar luz sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» y poner fin a la práctica de la «desaparición» en Argelia.
Este informe estudia el fenómeno de la «desaparición» en Argelia desde sus comienzos, hace aproximadamente seis años. Trata de señalar diferentes modalidades de «desapariciones» e ilustrarlas con casos presentados a Amnistía Internacional. El informe muestra lo que las familias han hecho para encontrar a sus «desaparecidos» y qué respuestas han recibido de las autoridades argelinas. Amnistía Internacional pide una investigación completa, imparcial e independiente de todos los casos de «desaparición». El informe se centra en las «desapariciones» porque muchos de los «desaparecidos» pueden estar aún vivos. Mientras permanezcan en detención secreta, sus vidas corren peligro y, por consiguiente, es preciso actuar con urgencia para aclarar la suerte que han corrido. El informe viene acompañado de un documento, titulado Argelia: ¿Quiénes son los «desaparecidos» ? Casos (Índice AI: MDE 28/02/99/s), selección de casos detallados de personas «desaparecidas».
La organización mantiene su vigilancia sobre los homicidios, la tortura y otros abusos cometidos en Argelia por las fuerzas de seguridad y por las milicias armadas por el Estado, haciendo campaña contra ellos y condenándolos reiteradamente y sin reservas. Amnistía Internacional se centra primordialmente en las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos porque es obligación de los Estados aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos y en ellos recae la responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos y poner a disposición judicial a sus perpetradores. Sin embargo, la organización también se mantiene vigilante en lo que respecta a los homicidios, las violaciones y otros abusos cometidos en Argelia por grupos armados que se autodenominan «grupos islámicos», hace campaña contra ellos y los condena. El siguiente apartado se ocupa brevemente de otros abusos distintos de la «desaparición» que perpetran las fuerzas de seguridad, las milicias armadas por el Estado y los grupos armados. Estos abusos han sido documentados en anteriores informes(3) publicados por la organización en los últimos años, pero no son el tema de este informe.
El fenómeno de las «desapariciones» en Argelia ha ido surgiendo en un marco de crisis de derechos humanos que se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos siete años. Además de homicidios generalizados, el país ha tenido que soportar los cotidianos abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad, las milicias armadas por el Estado y los grupos armados que se autodenominan «grupos islámicos».
Tras cancelarse a comienzos de 1992 la segunda ronda de las primeras elecciones multipartidarias en Argelia, en las que todos los pronósticos indicaban como ganador al Frente Islámico de Salvación (Front islamique du salut, FIS), el FIS fue declarado ilegal y decenas de miles de miembros y presuntos partidarios fueron detenidos. Amnistía Internacional había saludado la práctica erradicación de la tortura en el periodo comprendido entre 1989 y 1991. Sin embargo, en 1992 las fuerzas de seguridad comenzaron a utilizar de nuevo métodos de tortura y ésta se generalizó rápidamente. Miles de personas fueron detenidas por la vía administrativa y recluidas sin cargos ni juicio en campos de internamiento situados en el desierto, en el sur del país. Decenas de miles fueron encarceladas tras juicios sin garantías, y en 1993 hubo 26 ejecuciones, las primeras desde 1989. A finales de 1993 se declaró una suspensión de las ejecuciones, pero desde entonces han aumentado las ejecuciones extrajudiciales, que parecen haberse utilizado frecuentemente como alternativa a la detención y el juicio. En 1992 se aprobó un decreto «antiterrorista» de excepción, que se incorporó casi íntegramente a la legislación permanente en 1995, y el estado de excepción declarado a comienzos de 1992 continúa vigente.
En 1992, miembros y simpatizantes armados del FIS comenzaron a hacer blanco de sus ataques a los agentes de las fuerzas de seguridad, produciendo centenares de muertes. Sin embargo, desde 1993 han proliferado diversos grupos armados que se autodenominan «grupos islámicos» y cuyas víctimas son cada vez con más frecuencia civiles. El liderazgo, la composición y las exigencias de estos grupos siguen sin estar claros, ya que no tienen portavoces y apenas emiten comunicados. Se sabe poco sobre la comunicación que existe entre ellos y hay frecuentes informes de facciones escindidas de las que a menudo no se vuelve a oír hablar. Estos grupos han asesinado a personas y a grupos de civiles de toda condición, incluidos los miembros más vulnerables de la sociedad, desde niños aún en el vientre de sus madres o recién nacidos hasta ancianos y enfermos. Han llevado a cabo atentados indiscriminados contra objetivos civiles, como mercados, cafés, trenes y autobuses, e incluso cuando han colocado bombas cerca de comisarías y gendarmerías, la mayoría de sus víctimas han sido civiles. Además, los grupos armados han matado a civiles, a agentes de las fuerzas de seguridad y a jóvenes reclutas tras secuestrarlos y torturarlos, y han violado, a veces reiteradamente, a sus prisioneras. Los grupos armados también han aterrorizado a la población con amenazas de muerte --a menudo cumplidas-- contra personas a las que acusaban de apoyar a las autoridades o de no apoyar a los grupos armados, o cuya conducta o forma de vida les parecía objetable. Además, muchos de estos grupos han perpetrado actividades delictivas, como robos y extorsiones.
En 1994, dándose una situación en la que las fuerzas de seguridad no protegían suficientemente a la población civil, hicieron su aparición las milicias paramilitares armadas por el Estado, que fueron legalizadas en 1997. La expansión --especialmente en las zonas rurales-- de estas milicias, que actúan fuera de la estructura de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ha incrementado aún más el número de agentes que contribuyen a mantener un elevado nivel de violencia en Argelia. Aunque tienen un mandato de «autodefensa», han llevado a cabo ofensivas militares, en solitario o junto con el ejército y las fuerzas de seguridad, y en algunas zonas prácticamente han ocupado el puesto de las fuerzas de seguridad durante largos periodos. Estas milicias han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos y secuestros. En abril de 1998, dos jefes de la milicia de la zona de Relizane (en la parte occidental del país), también alcaldes del principal partido gobernante, la Agrupación Nacional para la Democracia (Rassemblement national démocratique, RND), fueron detenidos y acusados de estar implicados desde 1995 en el secuestro y asesinato de varios ciudadanos de la comunidad. A pesar de los gravísimos cargos que pesaban contra ellos, quedaron en libertad a las pocas semanas y no han comparecido ante la justicia.
Decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, han muerto desde 1992, a menudo de la forma más brutal. Hombres, mujeres, niños, incluso bebés, han sido masacrados por grupos armados, decapitados, acuchillados, quemados vivos, mutilados con navajas, machetes y sierras, abatidos a tiros o víctimas de la explosión de bombas. En algunos casos han rellenado de explosivos los cádaveres de sus víctimas para utilizarlos como trampas. Han destripado a mujeres embarazadas, eliminado a familias enteras y atacado mercados de pueblo con disparos de mortero.
En 1997 y a comienzos de 1998, Argelia pasó por el periodo más intenso de violencia vivido por el país desde el inicio del conflicto, ya que la violencia se cebó en la población civil de forma sin precedentes. Se produjeron regularmente matanzas a gran escala de hasta centenares de personas, la mayoría en comunidades rurales pobres. Sus autores fueron hombres que actuaban en grandes grupos y de noche, cuando la mayoría de la gente dormía, matando a familias enteras y persiguiendo y matando a todo el que intentaba escapar. Muchas de estas matanzas, entre ellas casi todas las mayores, se perpetraron en los alrededores de la capital, la parte más militarizada del país, y a menudo muy cerca de cuarteles del ejército y puestos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ejército y las fuerzas de seguridad no intervinieron para ponerles fin ni para atrapar a los agresores, que invariablemente pudieron huir sin problemas. La evidente falta de protección de las autoridades argelinas a la población civil suscitó manifestaciones de preocupación sin precedentes por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, las autoridades rechazaron las peticiones de investigaciones para determinar los hechos y las responsabilidades de las matanzas y de otros abusos, y han continuado negando el acceso a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a muchos periodistas extranjeros.
Desde entonces, aunque los medios de comunicación de todo el mundo han tendido a desviar su atención de la crisis de derechos humanos en Argelia, continúan muriendo civiles todos los días. La censura que las autoridades ejercen sobre los medios de comunicación nacionales y las limitaciones y la selección de los periodistas extranjeros que pueden acceder al país han hecho que se hayan oído pocas voces que ofrecieran una versión de los acontecimientos significativamente distinta de la del gobierno argelino sobre la situación de los derechos humanos.
En la mayor parte de los casos, la comunidad internacional no ha asumido sus responsabilidades con respecto a la crisis de derechos humanos de Argelia. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha abstenido de actuar en repetidas ocasiones y no ha tomado ninguna medida eficaz. Iniciativas políticas de 1998, como las visitas de la representación de la terna presidencial de la Unión Europea, la delegación del Parlamento Europeo y la comisión creada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y presidida por el ex presidente portugués Mário Soares, han tenido un alcance muy limitado, ya que no tenían ningún componente de derechos humanos, no contaban ni con la facultad ni con los medios para llevar a cabo ninguna investigación y carecían de disposiciones de seguimiento.
En julio de 1998, cuando los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias seguían sin lograr acceso al país, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue el primer mecanismo de la ONU que formuló recomendaciones concretas al gobierno argelino sobre las medidas que debía tomar para detener y evitar graves violaciones. Tras su examen del informe de Argelia --presentado con tres años de retraso-- sobre la aplicación por parte del gobierno argelino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos expresó su honda preocupación por la crisis de derechos humanos del país.
Desde el estallido del conflicto en 1992, Amnistía Internacional ha documentado y condenado reiteradamente casos y modalidades de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad, los grupos armados que se autodefinen como «grupos islámicos» y, más recientemente, las milicias armadas por el Estado. La organización ha intentado en repetidas ocasiones mantener con el gobierno argelino un diálogo constructivo, pero no ha recibido respuesta a su petición de conversaciones y correspondencia. Hasta mediados de 1996, Amnistía Internacional llevó a cabo visitas regulares a Argelia a pesar de las restricciones de acceso, pero desde esa fecha se ha negado la entrada al país a sus representantes. Otras organizaciones internacionales de derechos humanos también han recibido el mismo trato, como la Internacional Federation of Human Rights Leagues (Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos) y Human Rights Watch, que llevaron a cabo sendas visitas a mediados de 1997. Las visitas a las cárceles que efectuaba el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fueron suspendidas en 1992 a petición de las autoridades argelinas, que se negaron a facilitar al CICR un acceso completo, regular y confidencial a los detenidos. Sólo una organización en favor de la libertad de prensa radicada en Estados Unidos, el Committee to Protect Journalists, pudo visitar el país en octubre de 1998.
Los «desaparecidos» constituyen un grupo muy dispar. Abdellah Bounab, empleado de hospital de 44 años de edad, fue detenido el 4 de septiembre de 1994 en Relizane y posteriormente «desapareció». Amina Benslimane, secretaria, de 28 años de edad, fue detenida frente al domicilio de su madre en Argel el 13 de diciembre de 1994 a las ocho y media de la mañana y desde entonces no se han tenido noticias suyas. A Abderrahmane Sahraoui, estudiante de enseñanza media de 17 años, se lo llevaron de su domicilio en Argel el 30 de diciembre de 1996 y «desapareció». Abdelkader Bouziane Boulenouar, agricultor de 30 años, fue visto por última vez el 6 de mayo de 1996 en un cuartel del ejército de Ain Frass, donde se le había citado. Naima y Nadjoua Boughaba, dos hermanas de entre veinte y treinta años de edad que trabajaban como administrativas en el juzgado de El Harrach [un barrio de las afueras de Argel] fueron detenidas la mañana del 12 de abril de 1997 cuando se dirigían juntas al trabajo y «desaparecieron». Abdelkader Nekrouf, abogado de 47 años, fue detenido en su bufete en la provincia de Mascara el 8 de julio de 1997 y no se lo ha vuelto a ver.
Hay «desaparecidos» de todas las clases sociales, de todas las orientaciones políticas y de toda condición. Gente de ciudades y de zonas rurales, ricos y pobres, jóvenes solteros y ancianas viudas, profesionales de mediana edad y jóvenes en paro: el fenómeno les ha afectado a todos.
Mustapha Benkara, cirujano del Hospital de Medea de 41 años, casado y con dos hijos, fue candidato del Frente de Liberación Nacional (Front de libération nationale, FLN) en las elecciones legislativas de 1991. El 31 de marzo de 1994, las fuerzas de seguridad lo detuvieron cuando se encontraba trabajando en el hospital. Durante los primeros diez días después de su detención, la familia recibió información no oficial de que Benkara se encontraba con vida y en buen estado de salud, pero pronto dejaron de filtrarse noticias y desde entonces se desconoce su paradero. Mustapha Benkara ya había sido detenido en 1993, según los informes porque se sospechaba que un grupo armado lo había obligado a tratar las heridas de uno de sus miembros y no había informado de lo sucedido a las fuerzas de seguridad.
Mohamed Rosli, director de estudios del Instituto de Sociología de la Universidad de Blida, había sido elegido como candidato del Frente Islámico de Salvación en la primera ronda de las elecciones legislativas de 1991. El 30 de octubre de 1993, unos agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil lo detuvieron cuando se encontraba en su despacho de la universidad y desde entonces no se lo ha vuelto a ver. Unos dos años después de la detención, la familia de Rosli recibió una carta suya a través de una persona que había estado detenida con él en la prisión militar de Blida y que más tarde había quedado en libertad. En la carta, Mohamed Rosli afirmaba que había sido torturado. Todos los intentos de la familia por conseguir que las fuerzas de seguridad y las autoridades les facilitaran información sobre su paradero han sido en vano. Cuando se produjeron la detención y la «desaparición» de Mohamed Rosli, su hermano, que era policía, intentó averiguar dónde estaba detenido, pero se le aconsejó que no continuara investigando. El hermano, un hombre joven y recién casado, huyó de Argelia con su esposa después de la «desaparición»: se sentía amenazado tanto por los grupos armados, debido a su trabajo, como por sus compañeros de las fuerzas de seguridad, por ser familiar cercano de una persona tan mal vista por las autoridades.
Entre los «desaparecidos», especialmente en el periodo 1993-94, se encuentran numerosos miembros del FIS --entre ellos varios candidatos a las elecciones de 1990 y 1991--, así como partidarios, simpatizantes y presuntos simpatizantes de este partido. Otros al parecer «desaparecieron» porque los servicios de seguridad sospechaban que habían prestado activamente su apoyo a grupos armados o no se habían opuesto a ellos. Se cree que otros fueron denunciados por vecinos o conocidos con los que mantenían algún tipo de enfrentamiento --a veces de índole económica-- y que los acusaron de ser miembros o partidarios de grupos armados. En ocasiones, las denuncias las hacían los detenidos durante interrogatorios en los que eran torturados. Muchas personas que estuvieron detenidas han contado a Amnistía Internacional que, tras su detención, las fuerzas armadas las interrogaban en profundidad sobre sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos del colegio y conocidos sospechosos de tener contacto con grupos armados. Varios de estos detenidos, al ser torturados no vieron otra salida que denunciar a gran número de personas a las que apenas conocían, como compañeros de trabajo, vecinos, ex condiscípulos a los que no habían visto hacía años, etc. Algunos admitieron que algunos de sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos o incluso familiares podrían estar relacionados con grupos armados, pero insistieron en que no podían saberlo a ciencia cierta.
Numerosas personas han sido detenidas y muchas han «desaparecido» tras recibir la visita de un antiguo condiscípulo, de algún familiar o del familiar de algún amigo a quienes brindaron la tradicional hospitalidad sin saber que estaban vinculados a algún grupo armado o eran sospechosos de estarlo. Esto ha sucedido sobre todo en las áreas pobres y densamente pobladas, especialmente con los jóvenes y los desempleados, entre quienes los grupos armados reclutan a muchos de sus miembros. Es más, no es extraño encontrar familias en las que unos miembros trabajan para el gobierno, la administración o las fuerzas de seguridad, mientras que otros pertenecen a grupos armados. Muchas personas han sido torturadas, y algunas pueden haber «desaparecido», al suponer las fuerzas de seguridad que estaban al corriente de las actividades de un familiar perteneciente a un grupo armado, o que ellas mismas participaban en estas actividades, aunque no fuera cierto.
Algunas personas han «desaparecido» tras ser absueltas en juicios celebrados en tribunales de justicia. Sus familias creen que su secuestro fue ordenado por facciones de las fuerzas de seguridad en desacuerdo con la decisión del tribunal. Otras personas comparecieron ante un juez tras haber permanecido recluidas en secreto, pero, en vez de ser trasladadas a un lugar oficial de detención, las volvieron a recluir en secreto y «desaparecieron». Hamou Mahboub, periodista del diario El Djazair el Youm (Argelia Hoy), actualmente prohibido, fue secuestrado el 23 de abril de 1994 en la calle, en pleno centro de Argel. Amnistía Internacional ha podido saber que, aproximadamente un mes después de su detención, Mahboub compareció ante un juez instructor del Tribunal Especial de Argel. Más tarde, otras personas que habían estado detenidas con él entre el 15 y el 18 de abril de 1995 lo vieron en la Comisaría Central de Policía de Argel (Commissariat central), pero después «desapareció».
Algunas personas han «desaparecido» tras cumplir sus condenas de prisión. Ahmed Chouchane está convencido de que él hubiera corrido la misma suerte de no haber estado esperándolo su abogado a las puertas de la prisión el día en que quedó en libertad. Un tribunal militar condenó a Ahmed Chouchane a tres años de cárcel cuando éste servía como capitán en el ejército argelino. Los abogados de la defensa se habían retirado del juicio en protesta por ciertas irregularidades. El 1 de abril de 1995, el día en que terminaba su condena, fue secuestrado por agentes de las fuerzas de seguridad, que se habían congregado en gran número a las puertas de la Prisión de El Harrach de Argel, tanto en vehículos oficiales como particulares. Su abogado, que lo esperaba a la puerta, fue testigo del secuestro y avisó a Amnistía Internacional y a los medios de comunicación internacionales. Amnistía Internacional hizo averiguaciones ante las autoridades argelinas intentando conseguir información sobre el paradero de Chouchane y sobre el motivo de su detención y, aunque la organización no recibió información alguna al respecto, Chouchane fue liberado de un lugar secreto de detención unos días más tarde.
Es corriente que las fuerzas de seguridad lleven a cabo operaciones coordinadas al detalle en las que en un breve periodo de tiempo, generalmente durante una misma noche, se detiene a determinados individuos, miembros de una misma comunidad, que después «desaparecen». Las personas así agrupadas pueden ser amigos o familiares, pero también puede simplemente darse la coincidencia de que vivan en el mismo pueblo o en el mismo barrio. A veces, algunas de las personas detenidas en una redada a una comunidad aparecen más tarde recluidas bajo custodia formal y son llevadas a juicio, mientras que otras «desaparecen». En mayo de 1997, las fuerzas de seguridad se llevaron a un hombre de 70 años que se encontraba a la puerta de una mezquita de Constantina; otras de las personas que fueron detenidas más o menos a la vez y que estuvieron con él durante los primeros días de detención, fueron liberadas, o acusadas y trasladadas a la cárcel, y sin embargo él «desapareció». Su familia no encontró razón alguna por la que este hombre pudiera haber sido detenido y declaró que, debido a su precario estado de salud, no era capaz de realizar ninguna actividad excepto acudir a la mezquita y se pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Un año después, fue liberado del lugar donde había estado recluido en secreto. Lo único que sabe es que lo llevaron a la jefatura de las fuerzas de seguridad local, donde permaneció algún tiempo, y que más tarde fue trasladado a dos lugares de detención, pero no sabe dónde porque le vendaron los ojos durante los traslados.
Entre las once de la noche y las tres de la madrugada del 21 al 22 de julio de 1994, agentes de las fuerzas de seguridad y de la guardia comunal (garde communale) detuvieron en sus domicilios a 15 personas que residían en Rass El Oued, una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada al sudeste de Argel. Varios vehículos todoterreno de las marcas Toyota y Nissan, empleados a menudo por el ejército, estaban estacionados frente a la gendarmería de la localidad desde aproximadamente las once y media de la noche del 21 de julio. Con estos vehículos como medio de transporte, los agentes de las fuerzas de seguridad practicaron las detenciones y, una vez acabada la operación, se reagruparon en la gendarmería antes de abandonar Rass El Oued alrededor de las tres de la madrugada del 22 de julio, llevándose a los hombres que habían detenido. Desde entonces, los familiares de los detenidos han estado intentando sin éxito obtener información sobre la suerte que corrieron. Entre los detenidos había profesores, vendedores, el imán de la mezquita de Rass El Oued y un antiguo candidato del Frente Islámico de Salvación. El más joven de los detenidos tenía 19 años y el mayor, 72.
Hay casos de personas «desaparecidas» después de que agentes de las fuerzas de seguridad se los llevaran para interrogarlos sobre algún familiar. Douia Gat Benaziza, una mujer viuda de 68 años de edad, fue detenida en su domicilio en Constantina a las once de la noche del 2 de junio de 1996 por unas personas que se identificaron ante la familia como agentes de las fuerzas de seguridad. Buscaban a uno de sus hijos, reclamado por las autoridades, y se llevaron a Douia Gat Benaziza --según los informes para interrogarla sobre él--, prometiendo a sus familiares que la dejarían en libertad en un par de horas. Dos días más tarde, el hijo al que buscaban compareció voluntariamente ante las autoridades y quedó en libertad ese mismo día, aclaradas todas las denuncias presentadas contra él. Su madre, en cambio, no ha vuelto a aparecer.
En ocasiones, cuando se llevan a alguien en un caso de «desaparición», las fuerzas de seguridad también detienen más o menos al mismo tiempo a familiares o vecinos. En casi todos los casos, los familiares o vecinos permanecen detenidos por lo menos durante un día y son torturados o maltratados, tras lo cual se los pone en libertad sin cargos. Cuando detuvieron a Younès Soualah en su casa de Argel a la una de la madrugada del 21 de febrero de 1995, también se llevaron a su esposa, que permaneció detenida diez días en la prisión de Belcourt antes de ser puesta en libertad. La familia, tras saber por fuentes no oficiales que Younès Soualah estaba detenido por el ejército en Blida, consiguió comunicarse por carta indirectamente con él hasta finales de marzo de 1995, pero desde entonces se desconoce su paradero y la suerte que ha corrido.
DETENCIÓN SECRETA: LA ABRUPTA PENDIENTE HACIA LA «DESAPARICIÓN»
Los procedimientos de arresto y detención y la amplia gama de poderes de que gozan sin restricciones las unidades de las fuerzas de seguridad, que operan fuera del control del poder judicial y violan el derecho argelino y el internacional, han contribuido en gran medida a la práctica de las «desapariciones» en Argelia.
Las enmiendas introducidas en 1992 a las leyes que regulan los procedimientos de detención parecen haber contribuido a la generalización del fenómeno de la «desaparición». Con anterioridad a 1992, los agentes de policía sólo podían efectuar detenciones en su distrito. En situaciones de emergencia, su jurisdicción territorial podía ampliarse fuera de los límites de su distrito a petición de un juez, pero siempre que fueran acompañados por un policía del distrito donde se desarrollaba la operación. Estas condiciones no regían para los agentes de seguridad militar, que podían operar en todo el país y en todo momento. En 1992 se modificó la ley para permitir a los policías operar en cualquier lugar del país sin necesidad de autorización de la policía y los jueces de la zona. La consecuencia de este cambio es que la policía bajo cuya jurisdicción se encuentra un determinado distrito puede desconocer las detenciones practicadas en dicho distrito por agentes de la seguridad militar y otras ramas de las fuerzas de seguridad. La falta de comunicación y coordinación entre la policía, la gendarmería, la seguridad militar y otras unidades de las fuerzas de seguridad parecen haber exacerbado aún más el problema.
El procedimiento general de arresto a lo largo de los últimos años ha sido el siguiente: un grupo de hombres armados, con uniforme o con ropas civiles y en ocasiones con pasamontañas, se presentan en el domicilio o en el lugar de trabajo del «sospechoso» y se loa llevan. A veces, al no encontrar en el domicilio a quien buscan, las unidades de las fuerzas de seguridad piden a un miembro de la familia que los acompañe al domicilio de familiares o amigos donde se supone que puede estar. En otras ocasiones, la detención se efectúa en la calle, y a la persona la abordan en el trayecto del trabajo o de la universidad a su domicilio o viceversa, o en el exterior de una mezquita o en el vecindario. Con frecuencia las detenciones se efectúan a altas horas de la noche, pero también a plena luz del día, delante de familiares, compañeros, vecinos y otros. Los hombres armados que los realizan pueden comportarse con gran amabilidad con los miembros de la familia o los compañeros de trabajo y asegurarles que sólo se llevan al detenido para un trámite rutinario, como por ejemplo comprobar de su identidad, o que necesitan interrogarlo y enseguida lo dejarán en libertad.
En la inmensa mayoría de los casos planteados a Amnistía Internacional, los agentes de las fuerzas de seguridad que han llevado a cabo detenciones en los últimos años no muestran ninguna orden de arresto ni de registro a las personas a las que van a detener o a sus familiares. En ocasiones no se identifican en absoluto, mientras que algunas veces admiten que son agentes de las fuerzas de seguridad, pero sin mostrar ninguna identificación ni especificar a qué cuerpo pertenecen. Se llevan a los detenidos en vehículos de las fuerzas de seguridad o del ejército sin distintivos. En un país acosado por la violencia, con grupos armados como el Grupo Islámico Armado (Groupe islamique armé, GIA) cuyos integrantes con frecuencia se hacen pasar por agentes de las fuerzas de seguridad cuando llevan a cabo sus ataques, el hecho de que las fuerzas de seguridad efectúen sus detenciones de forma similar a la que usan los grupos armados para secuestrar ha contribuido a aumentar el clima de confusión y terror. A menudo los detenidos por las fuerzas de seguridad han pensado, al igual que sus familiares, que los hombres armados artífices de la operación eran miembros de un grupo armado, y sólo se han dado cuenta de que se trataba de una operación de las fuerzas de seguridad al analizarse las indicaciones relacionadas con la hora y el lugar de la operación o al recibirse informes de detenidos que han compartido su cautiverio con los «desaparecidos».
Un periodista al que se llevaron en marzo de 1997 unos hombres armados que irrumpieron en la habitación de su hotel en mitad de la noche, recuerda que en ese momento pensó que lo estaba secuestrando un grupo armado. Los hombres vestían de civil y no se identificaron ni mostraron orden alguna. Lo esposaron, le vendaron los ojos y lo metieron en un automóvil sin distintivos policiales. Durante todo el trayecto en el automóvil lo obligaron a fijar la vista en el suelo para que no viera adónde lo llevaban. Cuando el vehículo se detuvo, lo condujeron hacia un edificio y se dio perfecta cuenta de que estaba en un centro secreto de detención. Según contó a Amnistía Internacional este periodista: «Cuando ahora lo pienso, veo que debí haberme dado cuenta inmediatamente de que los que me llevaban sólo podían ser agentes de las fuerzas de seguridad, ya que yo estaba en un hotel del gobierno» (un lugar protegido para periodistas, funcionarios, personalidades y otros grupos que pueden ser objeto de ataques por los grupos armados). Además, no se sabe que el GIA y otros grupos similares hayan secuestrado nunca a nadie en estos lugares. El periodista consiguió sacar clandestinamente de este centro de detención secreta un mensaje para sus amigos en los medios de comunicación avisándolos de su detención. Unas semanas después lo pusieron en libertad. Dos meses más tarde, volvieron a llevárselo a la fuerza, esta vez en la calle y a media mañana. Al igual que la vez anterior, los artífices de la operación fueron hombres armados vestidos de civil que, sin identificarse ni mostrar ninguna orden, lo metieron a empujones en un vehículo sin distintivos y lo encapucharon para impedir que viera adónde lo llevaban. En esta ocasión también estaba convencido de que lo había secuestrado un grupo armado, pero una vez más fue a parar a un centro de las fuerzas de seguridad, donde pasó doce días hasta quedar en libertad sin cargos. En ambas ocasiones lo torturaron al interrogarlo y dos años después aún sigue en tratamiento por las torturas sufridas. En ninguna de las dos ocasiones pudieron sus familiares conseguir confirmación de su arresto ni de su lugar de detención, a pesar de realizar reiteradas averiguaciones ante las autoridades.
Algunas familias, que al principio creyeron que sus familiares habían sido secuestrados por un grupo armado, tuvieron el primer indicio de que los autores de la operación habían sido las fuerzas de seguridad cuando se dieron cuenta de que los medios de comunicación argelinos no hablaban del caso debido a la autocensura.(4) Más tarde recibirían más indicios que apuntaban a la participación de las autoridades. Esto fue así especialmente en los casos de «desaparición» de periodistas, profesores universitarios, médicos, abogados, funcionarios, etc. Resulta evidente la nula o escasa atención informativa que se presta a estos casos. Sin embargo, cuando este tipo de profesionales mueren a manos de grupos armados o son secuestrados por ellos los medios de comunicación argelinos suelen dar una gran cobertura del incidente y condenarlo ampliamente.
Durante los últimos siete años, las personas detenidas en Argelia han sido recluidas en secreto, lo cual viola las leyes argelinas y las normas internacionales de derechos humanos. Según la legislación de Argelia, en concreto el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal (Code de procédure pénale, CPP), las personas detenidas pueden permanecer en régimen de incomunicación (garde à vue) un máximo de doce días,(5) pero a sus familiares se les debe informar inmediatamente de la detención y permitirles comunicarse con ellos(6). Este mismo artículo dispone también que, al final del periodo de incomunicación, el detenido debe ser examinado por un médico de su elección.
En la práctica, sin embargo, estas disposiciones son sistemáticamente conculcadas y los familiares de los detenidos casi nunca pueden conseguir que las autoridades o las fuerzas de seguridad les faciliten información alguna sobre su paradero. En casi todos los casos investigados por Amnistía Internacional durante los últimos siete años, las autoridades y las fuerzas de seguridad se han negado a responder a las preguntas de los familiares y los abogados de los detenidos o han negado saber nada de su arresto y detención durante todo el tiempo en que han permanecido en detención secreta, haya durado ésta días, semanas o meses. Al final, los detenidos han quedado en libertad sin cargos tras largos periodos de detención secreta, o se han presentado cargos contra ellos y se les ha trasladado a lugares de detención oficiales, o simplemente han «desaparecido».
El poder judicial, del que normalmente se espera que desempeñe un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, no ha cumplido esta función por diversas razones. La falta de independencia, debido a la injerencia directa del ejecutivo, ha obstaculizado su labor, y los jueces que no se han sometido han sido hostigados por las autoridades. Así, en reiteradas ocasiones el poder judicial no ha tratado de investigar violaciones de los procedimientos de arresto y detención cometidas por las diferentes ramas de la seguridad del Estado, a pesar de existir claros indicios de que los detenidos estaban en detención secreta en vulneración de la ley. El artículo 51 del Código de Procedimiento Penal argelino dispone que todo miembro de las fuerzas de seguridad que viole las disposiciones de este artículo será castigado con la pena correspondiente a un delito de detención arbitraria. Sin embargo, los jueces y magistrados por lo general han hecho oídos sordos incluso ante los casos mejor documentados de detención secreta, y las fuerzas de seguridad responsables de la violación de la ley han gozado sistemáticamente de impunidad. A Amnistía Internacional no le consta que se haya realizado ninguna investigación sobre alguno de los numerosos casos de detención secreta que se han planteado a las autoridades argelinas, ni que ningún miembro de las fuerzas de seguridad haya pasado a disposición judicial por tales delitos. Las autoridades argelinas informan periódicamente de que agentes de las fuerzas de seguridad y de las milicias han sido juzgados por «abusos», pero hasta ahora se han negado a facilitar detalles de estos casos. Hay informes de que algunos agentes de las fuerzas de seguridad y las milicias han sido juzgados por asesinato, pero no se sabe de ningún caso de juicio por detención arbitraria.
Los casos de detención secreta prolongada que Amnistía Internacional ha planteado a las autoridades argelinas desde 1992 nunca han sido investigados. Nadir Hamada, arquitecto, fue arrestado en octubre de 1992 y pasó cuarenta días detenido en secreto. Ceden Hacen, estudiante, fue detenido en noviembre de 1993 y pasó dos meses en detención secreta. Noureddine Lamdjadani, profesor de medicina, arrestado en mayo de 1994, pasó dos meses detenido en secreto. Noureddine Ameur, ortopeda, fue detenido en diciembre de 1994 y pasó cinco meses en detención secreta. Salima Djeffal, maestra desempleada, fue detenida en julio de 1995 y pasó cinco semanas detenida en secreto. Estos son sólo unos cuantos ejemplos de hombres y mujeres cuya prolongada detención secreta se planteó a las autoridades argelinas. Ninguna de estas personas tuvo contacto con el mundo exterior, y el mundo exterior, incluidas sus familias, no supo dónde estaban retenidas, ni siquiera si estaban vivas o muertas. Todas ellas comparecieron ante los tribunales e informaron a los jueces de su detención secreta. Algunas quedaron en libertad sin cargos o fueron absueltas y otras fueron condenadas a penas de cárcel por «terrorismo». En algunos casos, las autoridades prometieron que investigarían, pero hasta la fecha no lo han hecho.
Saida Kherroubi, de 31 años, fue detenida el 7 de mayo de 1997 en la comisaría de Bouroubaa, donde había ido a llevar comida a su madre Messaouda Boukhari, que estaba detenida. Llevaba con ella a su hija de corta edad y los policías le pidieron que se marchara y volviera sola, cosa que hizo. Al regresar a la comisaría, fue detenida y «desapareció». A su madre la dejaron en libertad a finales de mayo de 1997, pero Saida Kherroubi permaneció detenida en secreto cinco meses, después de los cuales compareció ante un juez de instrucción y fue trasladada a una cárcel a la espera de ser juzgada por cargos de «relación con grupos terroristas». La judicatura y las autoridades, que habían sido informadas de su «desaparición», negaron en todo momento saber nada de su paradero hasta que fue trasladada a la cárcel, y luego no tomaron ninguna medida para investigar la «desaparición».
Dado el gran número de casos de detención secreta prolongada y «desaparición» que se han puesto en conocimiento de las autoridades argelinas, especialmente de los ministros de Justicia y de Interior, la ausencia de investigaciones y de medidas concretas para resolver la cuestión indica que no es simplemente un problema de falta de comunicación o ineficacia, sino más bien que tales prácticas han sido toleradas --cuando no fomentadas-- al más alto nivel. La atmósfera de impunidad, cada vez más arraigada, ha fomentado a su vez invariablemente nuevos abusos.
El Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos (ONDH), organismo oficial de derechos humanos que siempre ha negado o restado importancia a las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, ha admitido que la detención secreta es un problema. En el informe anual de esta organización correspondiente al año 1996, se indicó lo siguiente:
...las condiciones y los límites temporales de la detención en régimen de incomunicación que disponen la Constitución y el Código de Procedimiento Penal deben ser estrictamente respetados a fin de garantizar que no se superan los plazos de detención en régimen de incomunicación y que ésta no se prolonga en secreto en lugares y establecimientos cuyo funcionamiento no está regulado por ley.
En cualquier caso, el Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos considera que hay buenas razones para poner fin a la existencia de lugares de detención que están fuera del control que la ley establece.(7)
A pesar de esta recomendación, no se tomaron medidas, y en el informe del Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos del año siguiente no se volvió a mencionar el tema de la detención secreta.
Es durante la detención secreta, periodo en que los detenidos no tienen acceso a sus familiares, amigos o abogados, cuando corren más peligro de «desaparecer», así como de ser torturados, maltratados o ejecutados extrajudicialmente. Las leyes examinadas anteriormente, que regulan los procedimientos de arresto y detención, contienen disposiciones que, de aplicarse, ofrecerían importantes salvaguardias contra las «desapariciones». No hay duda de que si las autoridades argelinas y el poder judicial hubieran tomado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estas leyes por parte de las fuerzas de seguridad, Argelia no se enfrentaría actualmente a un problema de «desapariciones» de tal magnitud.
NEGLIGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
Argelia se ha mostrado en repetidas ocasiones negligente en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la protección de sus ciudadanos contra la detención arbitraria, la reclusión secreta y la «desaparición». El gobierno ha ratificado tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 1989) como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en 1987), y con ello ha asumido la responsabilidad de garantizar ciertos derechos humanos.
Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 9:
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad [...]
También la Carta Africana garantiza el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y prohíbe el arresto o la detención arbitrarios.(8)
Como miembro de las Naciones Unidas, Argelia está obligada a actuar de acuerdo con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, adoptada sin votación por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992. La Declaración subraya el peligro para la vida y la libertad de los «desaparecidos». El artículo 1 señala:
1.	Todo acto de desaparición forzosa constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave y manifiesta de los derechos humanos [...].
2.	Todo acto de desaparición forzosa sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humanos el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.
1.	Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzosas.
2.	Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas.
El gobierno argelino ha prestado poca atención a sus responsabilidades según el derecho internacional. Argelia lleva en estado de excepción desde comienzos de 1992, y las autoridades han incumplido durante unos seis años las disposiciones relativas a la prevención de las «desapariciones» que existen en los acuerdos internacionales de los cuales el país es Estado Parte.
En 1998, el gobierno argelino presentó --con unos tres años de retraso-- el informe sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano de vigilancia del Pacto. Durante los dos días de julio de 1998 que dedicó al examen del informe, el Comité expresó reiteradamente y sin ambages su preocupación por la falta de información concreta de éste y de los comentarios orales de la delegación argelina, que en repetidas ocasiones no dio respuestas precisas y detalladas a las preguntas concretas de los expertos. Las observaciones finales del Comité, publicadas en agosto de 1998, reflejan la gravedad de la situación:
Preocupan asimismo al Comité las respuestas poco satisfactorias de la delegación respecto de los innumerables informes de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, algunas de ellas de personas en detención policial y otras de personas de las que se sospechaba que estuvieran asociadas de algún modo con grupos terroristas.(9)
Habida cuenta de las respuestas no satisfactorias de la delegación y del número de quejas presentadas por los familiares, el Comité está gravemente preocupado por las numerosas desapariciones y por la respuesta insuficiente o nula del Estado ante esas graves violaciones.(10)
El Órgano Nacional de Vigilancia de los Derechos Humanos ha reconocido en su informe anual correspondiente a 1996 que existen lugares de detención que están al margen del control estipulado por la ley. Este hecho refuerza las múltiples denuncias de que hay detenidos que no quedan registrados ni son llevados ante los tribunales, como lo exigen tanto el derecho argelino como el artículo 9 del Pacto.(11)
LA TORTUOSA BÚSQUEDA DE LOS FAMILIARES
Tras la detención de un familiar, lo habitual es que la familia visite comisarías y gendarmerías locales e indague sobre su paradero. La respuesta más habitual que reciben es que no hay constancia de ninguna detención, incluso cuando familiares, compañeros de trabajo o vecinos han reconocido entre los agentes de seguridad que efectuaron la detención a uno o varios de los agentes de la comisaría o la gendarmería local.
A veces, a los familiares se les dice que la persona está detenida y no puede recibir visitas, pero que será puesta en libertad pronto. En algunos casos, la policía o la gendarmería han aceptado alimentos, ropas o medicinas traídas por los familiares para el detenido, pero al cabo de algunos días les han dicho que no vuelvan a molestar, ya que éste ha sido trasladado a otro lugar de detención. Cuando esto ha sucedido, todos los esfuerzos de la familia por conseguir información sobre el nuevo lugar de detención han sido infructuosos.
A los familiares que preguntan por los detenidos suele tratárselos con poco respeto y pueden recibir malos tratos en sus visitas a comisarías y gendarmerías. Hay informes de madres de detenidos que han sido insultadas e incluso maltratadas cuando han ido a comisarías o gendarmerías para investigar la suerte de sus hijos. Amine Amrouche «desapareció» el 30 de enero de 1997 cuando estaba a la puerta de su casa en Baraki, un distrito de Argel. Su abuela, Fatima Yous, que vivía con él, fue a comisarías, gendarmerías, tribunales, hospitales e incluso depósitos de cadáveres de la zona, pero no pudo conseguir información alguna sobre su nieto. Afirmó que en la gendarmería la insultaron y que cuando, angustiada, insistió en que había que hacer algo para encontrarlo, la expulsaron de allí. «Me trataron como a una delincuente», dijo a Amnistía Internacional.
Algunos «desaparecidos» han vuelto a aparecer semanas o meses después. En algunos casos han podido arrojar luz sobre la suerte de otros «desaparecidos», aunque normalmente sólo pueden facilitar escasos detalles sobre las primeras semanas o meses de la detención de éstos y no están dispuestos a testificar públicamente por temor a las represalias.
La esperanza de que el detenido acabaría por ser puesto en libertad hizo que muchas familias no divulgaran la «desaparición» de sus familiares, especialmente en los primeros momentos. Suponían que, si mantenían el silencio, sería más probable que los volvieran a ver con vida. Otros creían que si planteaban sus casos a las autoridades, se pondrían en peligro a sí mismos y a otros miembros de la familia. En otros casos, el miedo de arriesgarse para localizar a un familiar «desaparecido» iba unido a su desconocimiento sobre con quién debían ponerse en contacto o qué trámites debían seguir. Muchos más, especialmente las personas con escasos recursos económicos y las que viven en zonas más alejadas del país, han encontrado difícil actuar por falta de recursos o, simplemente, por no conocer sus derechos.
Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos los familiares de los «desaparecidos» optaron por no divulgar los casos, miles de familias han seguido buscando a sus familiares con incesante valor y determinación. Tras recibir poca o ninguna ayuda en comisarías, gendarmerías y tribunales, han enviado cartas --a menudo por correo certificado para guardar alguna prueba del envío-- a ministros, especialmente los de Interior, Justicia, Defensa y Solidaridad y Familia, al Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos, al Mediador de la República (Médiateur de la République) y al presidente. Han presentado denuncias a través de abogados dispuestos a ocuparse de este tipo de casos, potencialmente peligrosos para ellos, y se han puesto en contacto con partidos políticos y organizaciones de derechos humanos del país y del extranjero.
Desde 1994, miles de personas se han dirigido a Amnistía Internacional en busca de ayuda para encontrar a sus familiares «desaparecidos». Algunas lo han hecho a través de familiares que viven en el extranjero, otras han escrito directamente a la organización tras oír hablar de ella a amigos, parientes o abogados de derechos humanos del país o en entrevistas y programas en emisoras de radio y televisión extranjeras que se captan en Argelia. Muchos de los que escribieron a Amnistía Internacional habían oído hablar de la organización, pero no sabían cómo ponerse en contacto con ella, y enviaron cartas en sobres que llevaban como única dirección las palabras «Amnistía, Londres» o «Amnistía - Organización de derechos humanos» en francés, árabe o inglés. Desde 1997, el número de personas que se han puesto en contacto con organizaciones de derechos humanos a causa de familiares «desaparecidos» ha aumentado, y desde 1998 centenares de familias han presentado casos ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Ante la imposibilidad de conseguir información sobre los «desaparecidos», muchos familiares --especialmente madres-- han vuelto una y otra vez a los juzgados con la esperanza de encontrarlos cuando los pongan a disposición judicial. A los familiares no se los informa cuando los detenidos son trasladados desde los lugares secretos de detención a cárceles reconocidas, y generalmente se enteran del nuevo lugar de detención a través de otros detenidos, que informan a sus propias familias de la nueva llegada y éstas a su vez pasan la información a la familia del recién llegado. Este proceso suele llevar tiempo, ya que los detenidos proceden de todo el país y muchas familias no tienen teléfono. Por este motivo, muchas veces los familiares recorren las cárceles y visitan los juzgados para solicitar un permiso para visitar a su «desaparecido», con la esperanza de que haya sido trasladado a una cárcel y aún no les haya llegado la noticia.
En un intento desesperado por conseguir noticias de un «desaparecido», aunque sean mínimas, muchos familiares han viajado a hospitales y cuarteles buscándolo o tratando de hallar al menos algún indicio de su paso por el lugar. Al no poder obtener ninguna información, han ido aún más allá y han pasado horas y días buscando en depósitos de cadáveres y cementerios, suplicando o sobornando a empleados de hospitales y a sepultureros para que busquen en las listas donde figuran los nombres de los cuerpos llevados hasta allí, angustiados ante la idea de que su familiar pueda estar entre los muchos cadáveres sin identificar registrados como «X algérien» (X argelino).
En la mayoría de los casos son las madres las que, un día tras otro, perseveran en esta dolorosa búsqueda, en parte porque intuyen que siendo mujeres, y a menudo ancianas, corren menos peligro que otros. Son ellas las que más han sufrido los muchos problemas prácticos con que se enfrentan las familias tras la «desaparición» de un hombre, además del dolor y la angustia que produce la pérdida del esposo o el hijo. En Argelia, el esposo es generalmente el que mantiene a la familia y, si «desaparece», la esposa suele quedar en la difícil situación de tener que sacar adelante a su familia sin ayuda del Estado, salvo que el marido haya muerto a manos de un grupo armado. Dada la tasa de desempleo que actualmente existe en Argelia (un 30 por ciento de la población activa) y la falta de calificación y de experiencia laboral de muchas mujeres, encontrar un trabajo puede resultarles casi imposible. Además, las madres deben resolver los graves problemas burocráticos que afectan a los hijos de un padre «desaparecido». En Argelia, muchos formularios, como por ejemplo los de matriculación escolar o solicitud de pasaporte u otros documentos, no se tramitan sin la firma del padre, salvo que éste haya sido declarado muerto, algo que no sucede con los «desaparecidos». Las propias mujeres se encuentran con problemas similares si más adelante desean volver a casarse o hacerse cargo de su herencia.
Muchas familias de «desaparecidos» han tenido noticias de que se ha visto con vida a sus familiares en lugares secretos de detención días, semanas o meses después de su arresto. En la mayoría de los casos, la información proviene de personas que han estado detenidas con ellos y posteriormente han sido puestas en libertad o trasladadas a cárceles reconocidas. Algunas veces, personas que han estado detenidas han dado una información detallada y precisa sobre «desaparecidos» con los que compartieron detención secreta, indicando por ejemplo la ropa que vestían, o los lentes, relojes o zapatos que llevaban, o han transmitido mensajes suyos a sus familiares. Hay quien ha podido utilizar a conocidos en el ejército y en las fuerzas de seguridad para conseguir noticias sobre familiares «desaparecidos». No obstante, la información recibida suele ser deliberadamente vaga, a veces poco más que comunicar que la persona ha muerto o está viva en detención, ya que quienes la facilitan temen arriesgarse dando a conocer más detalles. Un número muy reducido de familias que tienen buenos contactos han podido divulgar la «desaparición» de un familiar en los medios de comunicación argelinos, pero sin hacer mención alguna de que es obra de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades argelinas no suelen responder a las peticiones de información sobre la suerte de personas «desaparecidas», pero en los últimos tres años se han sentido obligadas a hacerlo en un reducido número de casos. Generalmente las respuestas se han dado a organismos de la ONU que habían preguntado por casos concretos de «desaparición», pero en las raras ocasiones en que las familias han recibido respuestas del Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos, éstas han sido siempre inadecuadas y a veces contradictorias.
Las autoridades argelinas han utilizado diversos argumentos para explicar casos de «desaparición», pero nunca han aportado los detalles necesarios para probarlos. Además, nunca han explicado por qué no facilitaron durante meses o años a las familias que incesantemente les pidieron noticias sobre sus «desaparecidos» la información que posteriormente brindaron a los organismos de las Naciones Unidas.
Una de las explicaciones ofrecidas es que la persona nunca ha sido detenida y las fuerzas de seguridad no saben nada de ella. Sin embargo, en algunos casos de «desapariciones» se sabía que la persona había sido detenida y recluida y, por tanto, las fuerzas de seguridad debían estar al corriente. Ni las fuerzas de seguridad ni las autoridades parecen haber hecho nada para investigar los casos de estos «desaparecidos» y, en la mayoría de las ocasiones, las fuerzas de seguridad han impedido que la familia presentara una denuncia sobre la «desaparición».
Otra de las explicaciones es que la persona nunca ha sido detenida, pero que las fuerzas de seguridad la buscan y al parecer se ha unido a un «grupo terrorista», a pesar de que a los familiares nunca les dijeron que la buscaban en las numerosas ocasiones en que se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad y las autoridades con la vana esperanza de conseguir información sobre la suerte del «desaparecido».
Una tercera explicación es que la persona era un «terrorista» muerto a manos de las fuerzas de seguridad en el curso de un enfrentamiento armado o al intentar huir después de ser detenida. Esta información se da a la familia tras meses y años de no dar ninguna, a pesar de lasa veces que los familiares, los abogados y organizaciones como Amnistía Internacional han abordado a las autoridades. Además, el gobierno no explica por qué nunca ha llamado a los familiares para identificar el cadáver, ni les han entregado los restos, ni un certificado de defunción, ni ha ordenado una autopsia y dado a la familia copia del resultado. Tampoco han abierto una investigación sobre las circunstancias de la muerte y han dado a conocer los resultados a la familia.
Una cuarta explicación es que la persona ha sido secuestrada o ha muerto a manos de un «grupo terrorista», argumento a cuya verosimilitud contribuye el hecho de que las detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad en muchos casos parecen secuestros de grupos armados. Algunas veces, las autoridades han dicho a los organismos de la ONU que la muerte de un «desaparecido» a manos de un «grupo terrorista» quedó establecida casi inmediatamente después del incidente, pero de nuevo siguen sin explicar por qué nunca informaron a sus familiares e hicieron oídos sordos durante meses y años a sus peticiones de información. Algunas veces las fuerzas de seguridad y las autoridades han dicho a los organismos de las Naciones Unidas que una persona ha sido secuestrada o muerta a manos de un «grupo terrorista» tras haber dicho a sus familiares que el «desaparecido» era un «terrorista» que se había ocultado en un «grupo terrorista». En algunos casos, las autoridades han dado respuestas similares a los delegados de Amnistía Internacional. En ninguno de los casos de «desaparecidos» que según las autoridades han sido secuestrados por grupos armados se ha realizado ninguna investigación después de que las familias informaran del secuestro a las fuerzas de seguridad y las autoridades. Sin embargo, en el caso de personas realmente secuestradas por grupos armados, se han llevado a cabo investigaciones y las fuerzas de seguridad han interrogado a familiares y vecinos en busca de información sobre el incidente y sobre el grupo armado responsable.
Por supuesto, hay variaciones sobre este tema. Mohamed Amraoui y Kheir Bouadi fueron detenidos por las fuerzas de seguridad el 2 de mayo y el 22 de julio de 1994 respectivamente y luego «desaparecieron». En octubre de 1996, el gobierno argelino respondió al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias que Mohamed Amraoui había sido detenido el 2 de mayo de 1994 y que durante su traslado se tiró al mar desde un acantilado y su cadáver fue encontrado tras varias horas de búsqueda. En el caso de Kheir Bouadi, el gobierno respondió al Grupo de Trabajo en agosto de 1997 que nunca había sido detenido. Al mismo tiempo, las autoridades respondieron al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que el 22 de julio de 1994 se había encontrado el cadáver de Kheir Bouadi y de otras 15 personas en un bosque, lo que indicaba que había sido secuestrado y muerto por un «grupo terrorista». Sin embargo, durante el periodo transcurrido entre la detención de estas dos personas y la respuesta del gobierno a las Naciones Unidas --dos años en el caso de Mohamed Amraoui y tres en el de Kheir Bouadi-- el gobierno nunca informó a sus familiares de su muerte, a pesar de que éstos pidieron en repetidas ocasiones información sobre los «desaparecidos». Hasta la fecha, a las familias no les han entregado los restos para enterrarlos ni les han mostrado sus tumbas si ya están enterrados.
Entre diciembre de 1992 y febrero de 1996 se dieron muchos casos de personas que «desaparecieron» tras ser detenidas en sus domicilios en Argel y en sus alrededores, así como en otras ciudades del país. Durante este periodo, al anochecer había en estas ciudades toque de queda, durante el cual sólo las fuerzas de seguridad gubernamentales podían circular libremente y en gran número. Según las autoridades, algunos de los «desaparecidos» --a quienes se llevaron de sus casas grupos de hombres armados que llegaban al centro de Argel y de otras ciudades después del toque de queda, con vehículos de las fuerzas de seguridad y del ejército--, fueron secuestrados por «grupos terroristas». En algunas ocasiones la operación de detención duraba bastante tiempo, ya que las fuerzas de seguridad registraban el domicilio del detenido e interrogaban a familiares e incluso a vecinos. El gobierno sostiene estas afirmaciones sin explicar jamás cómo los «grupos terroristas» podían llevar a cabo los secuestros sin que hubiera ninguna reacción por parte de las fuerzas de seguridad, ni en el momento del suceso ni posteriormente. Las afirmaciones del gobierno resultan aún más sorprendentes en los casos de «desaparecidos» a quienes se llevaron de casas situadas cerca y a veces enfrente de cuarteles o puestos de la policía o la gendarmería y de edificios oficiales fuertemente vigilados.
Aziz Sidhoum, estudiante universitario de 28 años de edad, fue detenido la noche del 3 de julio de 1994 después del toque de queda. A su domicilio, situado frente a la vigilada Maison de la presse (casa de la prensa), en el centro de Argel, llegaron unos agentes de las fuerzas de seguridad en tres vehículos. Al no encontrarlo allí, preguntaron a la familia y pidieron a uno de sus hermanos que los acompañara al domicilio de un policía amigo de Aziz, a quien había ido a visitar. Allí lo encontraron y se lo llevaron. Aziz «desapareció».
Algunos temen que en las fosas comunes descansen los restos de tal vez cientos de «desaparecidos». Siempre que se ha encontrado una, la explicación oficial ha sido que los cadáveres enterrados en ella son de víctimas de grupos armados o de «terroristas» asesinados por otros grupos armados. Sin embargo, no se sabe que se haya llevado a cabo ninguna investigación oficial para establecer con certeza la identidad de las personas enterradas en las fosas comunes descubiertas en los últimos años y las circunstancias exactas de su muerte.
La impresión general, a juzgar por la respuesta de las autoridades argelinas a los informes de «desapariciones», es que intentan divulgar información inexacta y contradictoria. En lugar de afrontar su responsabilidad de llevar a cabo investigaciones sobre la suerte de los «desaparecidos», el gobierno parece haberse aplicado a la tarea de ocultar la participación de las fuerzas de seguridad en las «desapariciones».
El hecho de que, a finales de 1998, se descubriera que soldados marroquíes habían pasado hasta 18 años recluidos en centros de detención secretos de Argelia, ha reforzado la teoría de que el número de «desaparecidos» que figuran en las listas presentadas al gobierno y las organizaciones internacionales puede ser sólo una fracción de la cifra real. También ha alimentado la esperanza de que muchos «desaparecidos» argelinos estén aún con vida. Unos seiscientos soldados marroquíes fueron hechos prisioneros de guerra en 1978, durante el conflicto del Sahara Occidental (entre Marruecos y el Frente Polisario, radicado en Argelia, que desea la independencia del Sahara Occidental). Argelia entregó a cientos de estos prisioneros al Frente Polisario en la década de los ochenta, pero hubo cincuenta que continuaron recluidos en centros de detención argelinos hasta finales de 1996, es decir, durante dieciocho años. Entonces fueron puestos en libertad y pudieron volver a Marruecos con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Durante todos esos años permanecieron completamente aislados del mundo exterior y sus familias no supieron si estaban vivos o muertos. Los informes de los marroquíes liberados en 1996 indican que desde 1994 convivieron en el mismo centro de detención con algunos argelinos «desaparecidos». El hecho de que la detención secreta de estos soldados haya podido permanecer oculta durante dieciocho años y, lo que es más, durante bastante tiempo después de su liberación, es otra señal de la urgente necesidad de realizar investigaciones sobre la cuestión de las «desapariciones» en Argelia.
Hasta comienzos de 1998, la cuestión de los «desaparecidos» fue tabú en Argelia. No se hablaba de ella en los medios de comunicación estatales ni privados del país, salvo alguna excepcional mención cuando organizaciones como Amnistía Internacional publicaban informes sobre el tema, e incluso en esas ocasiones se daba a entender que las denuncias de «desapariciones» eran falsas. Amnistía Internacional, y otras organizaciones que han denunciado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como «desapariciones», torturas y ejecuciones extrajudiciales, siempre han sido calificadas en los medios de comunicación argelinos de «partidarias de los terroristas», a pesar de la condena reiterada e inequívoca de los crímenes cometidos por los grupos armados que expresaran estas organizaciones.
En el ámbito internacional, el tema también ha resultado difícil de plantear hasta 1997. Por un lado, los medios de comunicación internacionales se han centrado en otras cuestiones, y por otro, los periodistas extranjeros que han conseguido permiso para entrar en Argelia han tenido que trabajar permanentemente escoltados por las fuerzas de seguridad. Esto ha hecho que les resulte difícil reunirse con las familias de los «desaparecidos», la mayoría demasiado asustadas para hablar en tales condiciones. En este último año, sin embargo, el muro de silencio que ha rodeado la cuestión de las «desapariciones» ha comenzado a resquebrajarse y cada vez se habla más sobre ella, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Las semillas de estas protestas públicas a gran escala se sembraron en 1997. Cansadas de esperar a que las autoridades dieran respuestas que parecían cada vez más improbables, dado que cada vez aumentaba más el número de casos de «desaparición» conocidos, un grupo de madres de «desaparecidos» se reunieron en el Hotel Aurassi de Argel en septiembre de 1997, donde se celebraba una conferencia sobre la violencia, organizada por el Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos. No lograron su objetivo de entrevistarse con los delegados argelinos y extranjeros asistentes, ya que las fuerzas de seguridad las expulsaron del lugar y las amenazaron con detenerlas, pero sentaron un precedente. En octubre de 1997, las madres de los «desaparecidos» trataron de manifestarse ante la oficina central de correos de Argel para protestar por la «desaparición» de sus hijos. Esta vez las acompañó el presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH) y un abogado de derechos humanos que trabaja en favor de los «desaparecidos». El abogado fue detenido y lo retuvieron durante algunas horas, y la concentración de madres fue rápidamente disuelta por las fuerzas de seguridad. Pero a pesar de la rapidez, las madres pudieron enarbolar las fotos y los documentos de identificación de sus hijos «desaparecidos» ante las cámaras de los periodistas extranjeros que se encontraban en la ciudad con motivo de las elecciones municipales.
Las fuerzas de seguridad también intentaron evitar que algunos de los periodistas extranjeros tomaran fotos de las madres y las entrevistaran. A una periodista le confiscaron la grabadora durante la manifestación. Más tarde pudo recuperarla, pero la cinta con entrevistas a varias de las madres nunca le fue devuelta, a pesar de las reiteradas promesas de las autoridades. En los medios de comunicación de todo el mundo aparecieron artículos y fotografías de las madres de los «desaparecidos» y de éstos, y algo de este despliegue informativo llegó a Argelia, donde se vieron algunas imágenes en televisión vía satélite, se escucharon algunos programas de radio en francés y en árabe sobre el tema y se enviaron por fax y por correo recortes de prensa. Por primera vez, el grito de auxilio de las familias de los «desaparecidos» se escuchaba y encontraba eco, aunque todavía no en Argelia, donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación pasaron por alto este suceso.
Durante 1998, esta tendencia se acentuó gracias a varias circunstancias. En primavera aparecieron en televisión parlamentarios argelinos de la oposición que preguntaron al gobierno sobre el tema. Animadas por esto, fue aumentando el número de familias que presentaron a partidos políticos los expedientes de sus familiares «desaparecidos» e intensificaron sus averiguaciones en los ministerios, el Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos y otras instituciones oficiales. La cuestión se le planteó también a las delegaciones extranjeras que visitaron Argelia, ya que organizaciones de derechos humanos, parlamentarios de la oposición y abogados expusieron el problema de las «desapariciones» a representantes del Parlamento Europeo durante una visita oficial realizada en febrero de 1998, y también a los miembros del grupo de las Naciones Unidas que visitó el país en julio y agosto.
Entretanto, aumentaba el número de familias de «desaparecidos» que se reunían en grupos informales para compartir sus experiencias traumáticas e intentar adoptar medidas más audaces. Con la ayuda de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, una delegación de diez personas (seis madres, una abuela, una esposa y dos padres de «desaparecidos») realizaron una gira por las capitales europeas en julio de 1998 para informar a la opinión pública sobre su situación. En los Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza y el Reino Unido se reunieron con parlamentarios, altos cargos, organizaciones de derechos humanos y periodistas, desafiando el peligro de aparecer en la prensa y en la televisión, para destacar la cuestión de los «desaparecidos». Una de las mujeres declaró a Amnistía Internacional: «Llevo esperando tanto tiempo, que haría cualquier cosa por tener noticias. Me da igual que las fuerzas de seguridad argelinas puedan pegarnos un tiro en la calle». Durante su estancia en Ginebra, estos familiares de «desaparecidos» se reunieron con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas mientras el Comité de Derechos Humanos examinaba el informe del gobierno argelino sobre la aplicación de los derechos humanos en el país.
En julio de 1998, el Comité de Derechos Humanos expresó una honda preocupación por la crisis de derechos humanos de Argelia y formuló algunas recomendaciones al gobierno argelino sobre las medidas que debían tomarse para resolver la cuestión de las «desapariciones», así como la de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el papel de las milicias armadas por el Estado. El grupo de las Naciones Unidas que visitó Argelia en julio y agosto de 1998, no se ocupó de los principales aspectos de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, ya que no tenía ningún componente de derechos humanos y carecía de facultades de investigación en su mandato. No obstante, en su informe, publicado en septiembre, el grupo pidió al gobierno argelino que prestara inmediata atención a las denuncias de detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición.(12)
En agosto de 1998, cientos de personas, la mayoría madres de «desaparecidos», comenzaron a manifestarse todas las semanas ante dependencias oficiales y ante el parlamento, exigiendo información sobre la suerte y el paradero de sus familiares. Estas manifestaciones comenzaron a recibir una atención sin precedentes en los medios de comunicación argelinos, a menudo ocupando la primera plana en los periódicos de ámbito nacional. Al principio, el tratamiento que algunos daban a la noticia era negativo, tildando a las madres de los «desaparecidos» de «madres de terroristas», pero posteriormente el tono mejoró y muchos artículos han planteado importantes preguntas sobre la cuestión. En respuesta a este clima de protesta, el gobierno se sintió obligado a reconocer el problema y anunció que el Ministerio del Interior abriría oficinas en Argel y en las ciudades de todas las regiones (wilayas) del país, en las que se podrían presentar denuncias por la «desaparición» de familiares. A finales de 1998, más de tres mil familias habían planteado ante las autoridades los casos de sus familiares «desaparecidos». Sin embargo, no se sabe que las autoridades hayan iniciado --ni siquiera sugerido--, una investigación imparcial e independiente sobre el problema.
A medida que aumentaban y se organizaban las protestas públicas, los familiares comenzaron a emitir comunicados, entre ellos cartas abiertas al presidente Liamín Zerual. Al mismo tiempo, trataron de constituirse en asociación oficial a fin de organizar mejor sus actividades. En noviembre de 1998, los familiares fundaron la Asociación Nacional de las Familias de Desaparecidos (Association nationale des familles de disparus, ANFD). No obstante, hasta la fecha, las autoridades siguen negándose a registrarla y, a pesar de los avances conseguidos en la atención prestada a su situación, los familiares de los «desaparecidos» continúan teniendo problemas para realizar sus actividades. Por ejemplo, el 2 de diciembre de 1998, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se encontraba de visita en Argelia en su viaje por el Norte de África y el Órgano Nacional de Observación de los Derechos Humanos celebraba un acto conmemorativo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se impidió que los familiares de los «desaparecidos» se manifestaran ante el lugar donde se celebraba el acto, y las fuerzas de seguridad los dispersaron, golpeando a algunas de las mujeres manifestantes.
La presión ejercida sobre las autoridades argelinas gracias a los esfuerzos de los familiares de los «desaparecidos» y a las organizaciones internacionales de derechos humanos ha rescatado del estancamiento la cuestión de las «desapariciones», aportándole una atención sin precedentes tanto dentro de Argelia como en el extranjero. Sólo se conseguirán nuevos avances si se mantiene esta presión.
La complejidad del fenómeno de las «desapariciones» y la necesidad de proporcionar mejores salvaguardias contra él llevó a la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección a las Minorías a adoptar en 1998 una nueva norma: el ante-proyecto de Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Se espera que esta Convención sea adoptada pronto por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de esta forma refuerce la armonía legal internacional necesaria para lograr la protección frente a las «desapariciones».
Recomendaciones al gobierno de Argelia
En varias ocasiones a lo largo de los últimos siete años Amnistía Internacional ha formulado al gobierno argelino recomendaciones detalladas sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura, juicios sin garantías, ejecución de la ley y actividades de las milicias, así como sobre el tema de las «desapariciones». La organización vuelve a pedir a las autoridades que apliquen todas estas recomendaciones urgentemente.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Argelia a que permita al Relator Especial sobre la tortura y al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias un acceso inmediato al país y a que coopere con otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Asimismo, insta al gobierno argelino a que aplique sin demora todas las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto de 1998, especialmente las que hacen referencia al fenómeno de las «desapariciones». Entre ellas están las siguientes:
El Estado Parte debería garantizar urgentemente que:
a) se establezcan mecanismos independientes para investigar todas las violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal;
b) los infractores sean llevados ante la justicia;
c) se dé acceso cuanto antes al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros observadores independientes.(13)
El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas a fin de:
a) establecer un registro central de todos los casos notificados de desapariciones y de las medidas adoptadas día a día para encontrar a los desaparecidos; y
b) ayudar a las familias afectadas a encontrar a los desaparecidos.(14)
El Comité pide asimismo al Estado Parte que en su próximo informe periódico dé cuenta del número de casos notificados, de las investigaciones realizadas y de los resultados conseguidos.(15)
El Estado Parte debe velar por que:
a) nadie pueda ser o detenido o retenido «al margen de la ley»;
b) las denuncias de ese tipo de detenciones o retenciones sean atendidas de inmediato y los parientes, amigos o abogados de los detenidos tengan acceso a un recurso eficaz, incluido el examen de la legalidad de la detención;
c) todas las personas detenidas sean llevadas a lugares de detención oficialmente designados; se informe sin tardanza a sus familias; y los detenidos tengan acceso inmediato a un abogado y sean acusados y juzgados sin demora;
d) la detención de esas personas no exceda del límite dispuesto por la ley y se les garantice el derecho a un reconocimiento médico en el momento de la detención y al término de ésta.(16)
Amnistía Internacional insta al gobierno de Argelia a:
poner inmediatamente en libertad a toda persona que esté en detención secreta y no reconocida y «desaparecida», salvo que se la acuse de algún delito tipificado en el Código Penal, en cuyo caso deberá ser detenida en un lugar reconocido y puesta sin demora a disposición judicial;
aplicar, como medida provisional, el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal argelino, garantizando que los detenidos no permanecen en régimen de incomunicación más de doce días, permitiéndoles comunicarse con sus familiares y recibir visitas e investigando todas las violaciones de este artículo y poniendo a los responsables a disposición judicial;
reducir el plazo legal de la detención garde à vue (en régimen de incomunicación) para que se ajuste al artículo 9(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su Comentario General a ese artículo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que el retraso en poner a un detenido a disposición judicial no debe exceder de unos días;
hacer que todos los elementos de las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado sean conscientes de que las «desapariciones» violan la legislación internacional de derechos humanos, y crear mecanismos competentes para supervisar las actividades de todas estas fuerzas;
permitir que el CICR tenga acceso de forma habitual y confidencial a todos los detenidos por motivos de seguridad en Argelia, y permitir inmediatamente que Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos gocen de acceso inmediato al país;
garantizar que los defensores de los derechos humanos que hay en el país puedan llevar a cabo su labor sin obstáculos tales como arrestos arbitrarios y detenciones.
Recomendaciones a la judicatura argelina
Amnistía Internacional insta a los jueces argelinos a que apliquen la ley e investiguen todos los casos en los que existan indicios de que se ha superado el plazo máximo de detención garde à vue, y que actúen en todos los incidentes de detención secreta y presunta «desaparición» que llegan a su conocimiento.
Recomendaciones al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas
Amnistía Internacional insta al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas a que solicite al gobierno argelino permiso para visitar el país lo antes posible, a fin de llevar a cabo una investigación independiente sobre el terreno de los casos de «desaparición» y a fin de formular recomendaciones al gobierno argelino sobre las medidas que debe tomar para aplicar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas.
Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que:
realicen todos los esfuerzos posibles y utilicen toda su influencia para que cese la práctica de la «desaparición» y otras graves violaciones de derechos humanos en Argelia;
establezcan sistemas eficaces de supervisión y control de las transferencias de material y conocimientos al ejército y las fuerzas de seguridad para garantizar que tales transferencias a Argelia no contribuyen a violar los derechos humanos.
1. Amnistía Internacional utiliza el término «desaparición» siempre que existen motivos razonables para creer que una persona ha sido puesta bajo custodia (tanto en centros de detención reconocidos como no reconocidos) por las autoridades del Estado y sus agentes, que posteriormente niegan que la víctima esté bajo custodia, ocultando su paradero y la suerte que ha corrido.
2. Los recluidos en detención secreta son mantenidos por las fuerzas de seguridad en:
a) lugares tales como puestos de la policía, la gendarmería, el ejército y la seguridad militar donde hay zonas de detención destinadas a breves periodos de detención en régimen de incomunicación;
b) lugares administrados por las fuerzas de seguridad no destinados a detención;
c) casas, edificios y otros lugares que las fuerzas de seguridad utilizan, pero que no tienen ninguna función oficial conocida.
En todos los casos de detención secreta, las fuerzas de seguridad responsables no reconocen que tienen en su poder al detenido.
3. Véanse:
- Argelia: La población civil, atrapada en una espiral de violencia (Índice AI: MDE 28/23/97/s); noviembre de 1997.
- Argelia: Miedo y silencio. Una crisis oculta de derechos humanos (Índice AI: MDE 28/11/96/s); noviembre de 1996.
- Argelia: Acción médica: Matanza en la prisión de Serkedji (Índice AI: MDE 28/01/96/s); febrero de 1996.
- Argelia: La represión y la violencia deben cesar (Índice AI: MDE 28/08/94/s); octubre de 1994.
- Algeria: Executions after unfair trials; a travesty of justice (Índice AI: MDE 28/15/93); octubre de 1993.
- Algeria: Deteriorating human rights under the state of emergency (Índice AI: MDE 28/04/93); marzo de 1993.
4. Los pocos periódicos que han informado sobre casos concretos de «desaparición» han sido clausurados por las autoridades.
5. El Decreto Legislativo 92-03, relativo a la lucha contra la subversión y el terrorismo (Décret législatif No 92-03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme), de septiembre de 1992, prolongó el periodo de detención en régimen de incomunicación de cuarenta y ocho horas (o el doble como máximo en casos relacionados con la seguridad del Estado) a doce días. El 25 de febrero de 1995 esta disposición (y la mayoría de las demás) del decreto de excepción «antiterrorista» fue incorporada a la legislación permanente, y se modificó el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal de tal manera que permitiera un periodo máximo de doce días de detención en régimen de incomunicación.
6. El artículo 51 dispone: «Sin comprometer el secreto de la investigación, el policía judicial debe poner a disposición de la persona retenida en régimen de incomunicación todos los medios necesarios para que pueda comunicarse de forma inmediata y directa con sus familiares y recibir visitas de éstos».
7. ONDH, Rapport annuel: 1996, página 48.
8. El artículo 6 dispone: «Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad salvo por los motivos y en las condiciones establecidos de antemano por la ley. En particular, nadie puede ser detenido ni encarcelado arbitrariamente.»[traducción de AI]
9. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (63º periodo de sesiones), agosto de 1998, CCPR/C/79/Add.95. Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 de Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Argelia, párrafo 7.
10. ibídem, párrafo 10.
11. ibídem, párrafo 12.
12. Algeria: Report of eminent panel: July-August 1998; elaborado por el departamento de información pública de la ONU; DPI/2007; septiembre de 1998; página 27.
13. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (63º periodo de sesiones), agosto de 1998, CCPR/C/79/Add.95. Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Argelia, párrafo 7.
14. ibídem, párrafo 10.
15. ibídem, párrafo 10.
16. ibídem, párrafo 12.