Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=21
Timestamp: 2019-08-24 09:49:07
Document Index: 224021525

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 110', 'artículo 317', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 317', 'artículo 137', 'artículo 317', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 314', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 40']

Caso 11.765, Informe No. 55/02, Paul Lallion (Granada)
En el Informe No. 55/02, del 21 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado de Granada era responsable de: a) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar al señor Lallion a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al señor Lallion un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no respetar el derecho del señor Lallion a la integridad física, mental y moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas; y d) la violación de los derechos del señor Lallion consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no otorgar asistencia letrada para iniciar una acción constitucional, y e) la violación del derecho del señor Lallion a la libertad personal, dispuesto en el artículo 7(2), 7(4) y 7(5) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no proteger su derecho a la libertad personal y no ser llevado sin demora ante un funcionario judicial.
1. Otorgue al señor Lallion una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que considere necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte en violación de los derechos y libertades garantizados por la Convención, incluidos los artículos 4, 5 y 8, y, en particular, garantice que ninguna persona sea sentenciada a muerte por sentencia obligatoria en Granada.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana tengan efecto en Granada en relación con el recurso a acciones constitucionales.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un trato humano, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención del señor Lallion.
6. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7(2), 7(4) y 7(5) de la Convención Americana respecto del señor Lallion.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
Caso 12.158, Informe No. 56/02 Benedict Jacob (Granada)
En el Informe No. 56/02 de 21 de octubre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en los artículos 4(1), 5(1) 5(2) y 8(1), conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, por sentenciar al señor Jacob a una pena de muerte obligatoria; b) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no brindar al señor Jacob un derecho efectivo de solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no respetar el derecho del señor Jacob a la integridad física, mental y moral, por confinarlo en condiciones de detención inhumanas, y d) de la violación de los derechos del señor Jacob consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por no otorgarle asistencia letrada para iniciar una acción constitucional.
1. Otorgue al señor Jacob una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización.
5. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un trato humano, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención del señor Jacob.
En el Informe No. 4/01 de fecha 19 de enero de 2001, la CIDH indicó que “reconoce plenamente y valora las reformas efectuadas por el Estado de Guatemala en respuesta a las recomendaciones expuestas en el Informe 86/98. Según ha sido reconocido por las partes, éstas constituyen un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de la víctima y de la mujer en general en Guatemala. Estas reformas representan una medida de cumplimiento sustancial con las recomendaciones de la Comisión, y son congruentes con las obligaciones del Estado como Parte en la Convención Americana”. Por lo anterior concluyó que el Estado había cumplido en parte importante con las recomendaciones emitidas en el Informe 86/98.
En el mismo Informe indicó la Comisión no estaba en posición de concluir que el Estado había cumplido plenamente con las recomendaciones y reiteró que el Estado de Guatemala era responsable por haber violado los derechos de María Eugenia Morales de Sierra a igual protección, al respeto por su vida familiar y al respeto por su vida privada establecidos en los artículos 24, 17 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el título y el inciso 1 del artículo 110 y el inciso 4 del artículo 317, y que por ello, el Estado era responsable del incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1 de respetar y garantizar esos derechos consagrados en la Convención, así como de la obligación que le impone el artículo 2 de adoptar la legislación y demás medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos de la víctima.
En el Informe No. 4/01, la Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
El 3 de marzo de 2006, los peticionarios y el Estado de Guatemala suscribieron un “Acuerdo de Cumplimiento Específico de Recomendaciones” con el objeto de formalizar las obligaciones del Estado. En dicho acuerdo, María Eugenia Morales de Sierra renunció expresamente a la reparación económica que la CIDH recomendaba en su condición de víctima porque “su lucha consiste en la dignificación de la mujer”.
Respecto al cumplimiento, la peticionaria ha planteado en reiteradas ocasiones que no se ha reformado el artículo 317 del Código Civil guatemalteco y que por ello se continuaban conculcando sus derechos en contravención a la Convención Americana y que no se la había “reparado ni indemnizado por los daños ocasionados”.
Por su parte, el Estado ha reiterado que ha realizado todas las reformas al Código Civil planteadas como necesarias por la CIDH y quedaba pendiente sólo reformar el artículo 137 de dicho cuerpo legal. Al respecto, ha indicado anteriormente que el Proyecto de Ley para su reforma había sido ingresado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, donde se encontraba pendiente de aprobación.
Respecto de la recomendación sobre reparar e indemnizar adecuadamente a María Eugenia Morales de Sierra, como se expresó, consta en el “Acuerdo de Cumplimiento Específico de Recomendaciones”, suscrito entre las partes el 3 de marzo de 2006 que la Licenciada Morales de Sierra manifestó expresamente “que su lucha consiste en la dignificación de la mujer, y por ello no tiene interés pecuniario personal, renunciando expresamente a la reparación económica que recomienda la CIDH por su condición de víctima”.
El 4 de octubre de 2013 la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. Durante el 2013, los peticionarios indicaron que no ha habido ninguna gestión sustantiva para impulsar la reforma del artículo 317 del Código Civil. Indicaron que el Estado se ha limitado en señalar que desde el 2 de octubre de 2007 se encuentra pendiente de dictamen una iniciativa de Ley que pretende modificar el artículo en cuestión. El Estado no presentó información al respecto.
Por lo expuesto, la Comisión reitera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 58/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala había violado los derechos del señor Oscar Manuel Gramajo López a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5), la libertad personal (artículo 7) y la protección judicial (artículos 8 y 25), en conjunción con la obligación de garantizar los derechos protegidos en la Convención, según se establece en el artículo 1(1) de la misma. De acuerdo a los antecedentes del Caso, el 17 de noviembre de 1980 Oscar Manuel Gramajo López y tres compañeros fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional, la cual contaba con la ayuda de miembros de la Policía de Hacienda y algunos efectivos militares. La detención se produjo en circunstancias que la víctima y sus amigos se encontraban en la casa de habitación de uno de estos últimos, escuchando radio a todo volumen, tomándose unas copas cuando un vecino los denunció a la policía como consecuencia del bullicio que producían.
En el Informe No. 58/01 la Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente caso. Los peticionarios no aportaron información.
El Estado informó respecto de la primera recomendación que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público había elaborado un plan de investigación pero que estaba bajo reserva de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal y por ello no podía entregar detalles específicos de la investigación. Sin embargo, mencionó que el Ministerio Público estaba investigando el presente caso, y que en cuanto se tengan avances, se estarían enviando a la CIDH.
En relación con la segunda recomendación de la CIDH, el Estado informó lo siguiente:
En cuanto a la búsqueda de los restos del señor Oscar Manuel Gramajo López expresó que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) -organización no gubernamental, autónoma, técnico-científica-, entrevistó y tomó muestras de ADN a los familiares del señor Gramajo López. Dichas muestras y las obtenidas de las osamentas recuperadas en los trabajos de exhumación realizados por la FAFG en diferentes lugares de Guatemala, se habrían comparado en su banco de datos genético (BDD), sin que a la fecha se haya obtenido identificación de Oscar Manuel Gramajo López.
Sobre los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su familia con respecto al lugar de descanso final de los restos de Oscar Manuel Gramajo, indicó que en el momento que se localicen e identifiquen sus restos, realizará –con aprobación de su familia– las coordinaciones relacionadas con el lugar de su descanso final.
En relación con la recomendación de otorgar una reparación adecuada y oportuna a los familiares de la víctima, expresó que el 5 de diciembre de 2008 el Programa Nacional de Resarcimiento otorgó una reparación económica de veinticuatro mil quetzales a la señora Edelia López Escobar por la desaparición forzada de su hijo Oscar Manuel Gramajo, por lo que este compromiso ya fue cumplido.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 59/01 de fecha 7 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de la violación a los siguientes derechos: a) derecho a la vida en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalán, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tiu Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us, según lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. b) derecho a la libertad personal en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana. c) derecho a la integridad personal en perjuicio de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en virtud de las tentativas de ejecución extrajudicial en contra de los señores Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj, Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez, la Comisión concluyó que el Estado guatemalteco era responsable por la violación del derecho a la integridad física, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. d) derechos del niño en perjuicio de los niños Rafael Sánchez y Andrés Abelicio Galicia Gutiérrez, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana. e) Garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de todas las víctimas, tanto aquellas que fueron ejecutadas extrajudicialmente como aquellas que fueron objeto de tentativa de ejecución extrajudicial, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Además, la CIDH consideró responsable al Estado guatemalteco en todos los casos por no haber cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se establece en el artículo 1 de la misma.
De acuerdo a los antecedentes, la CIDH determinó que cada uno de los Casos 10.626; 10.627; 11.198(A); 10.799; 10.751 y; 10.901 se referían a denuncias donde se indicaba que los presuntos autores materiales de las diversas violaciones de los derechos humanos eran las Patrullas de Autodefensa Civil o los Comisionados Militares, y tras considerar el carácter con que éstos operaban, el marco cronológico de las diferentes denuncias y el modus operandi en cada uno de los hechos denunciados, la Comisión decidió, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de su Reglamento vigente a la época, acumular los casos y referirse a ellos en un mismo informe.
En el Informe No. 59/01 la Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
En relación con el Caso 10.626 (Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez) contenido en el Informe No. 59/01, el 24 de abril de 2006, la CIDH por Resolución 1/06, resolvió rectificar el Informe citado, en el sentido de declarar que el 28 de junio de 1990 los señores Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez, fueron detenidos por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil siendo el mismo día conducidos al Hospital de Huehuetenango para ser atendidos por heridas múltiples corto contundentes que presentaban, egresando ambos del hospital el día 3 de julio de 1990. La citada Resolución fue notificada al Estado de Guatemala y a los peticionarios y publicada a continuación del Informe Nº 59/01.
El 8 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 59/01. Los peticionarios no aportaron información.
El Estado en su respuesta se refirió al Caso 10.626 (Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez) y expresó que si los peticionarios consideraban que sus derechos habían sido violados por parte del Estado durante el conflicto armado interno, estaba establecido y funcionando el Programa Nacional de Resarcimiento, cuyo fin era resarcir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante dicho conflicto, siempre y cuando cualifiquen para la reparación de conformidad con los criterios del Programa.
En relación con la recomendación cuarta del Informe 59/01, el Estado reiteró que las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron disueltas por el Decreto 143-96 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 28 de noviembre de 1996 y que el proceso de desarme de las PAC había sido verificado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, (MINUGUA).
Respecto a la quinta recomendación, el Estado manifestó “que está organizado para garantizar a todos sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, preceptuados en la Constitución Política de Guatemala [y], que constituyen el imperativo ético-jurídico del ordenamiento jurídico interno”. En este sentido, señaló que “garantiza el derecho de libertad de expresión de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”.