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Timestamp: 2019-08-17 13:05:18
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Matched Legal Cases: ['Artículo 340', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 78', 'artículo 6', 'Artículo 206', 'artículo 6']

Reforma e Interpretación Constitucional - Monografia | Constitución | Constitución de Estados Unidos
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Reforma e Interpretación Constitucional - Resumen
Derecho Constitucional contenidos_sesion8
Derecho Constitucional - Décima Semana
UNIVERSIDAD DE LIMA Programa de Facultad de Derecho
Monografía del curso Derecho Constitucional I
Giacomo Bacigalupo Diego Alonso Trigoso Juan Gonzalo Galindo Kael Butterman Mariana Pardo Emilio Noguerol
Sección 401 Monografía D. Constitucional
I. A. Reforma Constitucional
◦ I. A.1. Introducción
◦ I. A.2. Reforma como mecanismo de respuesta la temporalidad en el
I. A.3. La iniciativa de la Reforma
I. A. 4. Funciones de la Reforma
I. A. 5. La norma sobre la Reforma
I. A. 6. Enmienda Constitucional
I. D. Reforma en el ordenamiento jurídico peruano
I. D. 1. Constitución política del Perú de 1993
I. B. Rigidez Constitucional
I. C. Mutación constitucional
◦ I. C.1. Introducción
I. C. 1.1. Mecanismos formales
I. C. 1.2. Mecanismos no formales
◦ I. C. 2. Definición de mutaciones constitucionales
I. C. 3. Teoría de Hsu Dau Lin
interpretación: Una relación singular
II. A. 1. Introducción
tradicional ausencia de la
II. A. 3. La incorporación de la Interpretación al Derecho Constitucional
II. A. 3.1. La ley y la Constitución en cuanto Normas Jurídicas
Leyes y la Constitución desde la
perspectiva del Intérprete y ambas Normas
La interpretación de la Ley y la Constitución desde una
perspectiva Teleológica
II. A. 4. La interpretación jurídica como fuente de la interpretación constitucional
II. B. Criterios de la interpretación jurídica
II. B. 1. Clasificación de la interpretación de la Ley
En el presente trabajo, usted encontrará un desarrollo sistematico de los criterios de Interpretación e integración de la normativa jurídica y constitucional a la luz de las reformas consitutcioneles recientes. \
Se buscara reforzar en el lector, los elementos base de los conceptos
ya antes mencionados.
En las primeras páginas se encontrarán las definiciones de rigidez constitucional, mutación constitucional y fundamentales motivos que la
separan de una reforma constitucional. Asimismo se desarrolla la importancia de los postulados de Hsu – Dao – Lin, una eminencia en el mundo del Derecho quien se dedicó a profundizar este rubro.
se presentara un desarrollo
conceptiual de la la enmienda constitucional hecha a la consitutcion de
xxx el xxx, para lo cual analizaremos tuyente y sus fundamentos
jurídicos, y además la someteremos a de contar con los medios de
interpretación e integración que son determinantes en la aplicación del Derecho.
El presente volumen se presenta de la siguiente maneraasí: En lo que
presentaremosencontramos,una definición, del concepto, asi como una aproximación al concepto de la rigidez constitucional,. Tambien analizaremos las mutaciones constitucionales, los postulados de teoría de H.S.U. y la importanica enmienda constituyente hecha a xxxx.
Luego, en el marco de en la interpretación e integración presetaremos nuestro propio entendimiento dehayamos la interpretación jurídica y constitucional asi como nuestro entendimiento y, finalmente, los criterios de interpretación.
El ideal de los presentes autores del presente proyecto, es compartir y un entendimiento propio nacido deldifundir los conocimientos impartidos asignados por el Doctorprofesor Natale Amprimo, a modo claro de profundizar las enseñanzas del curso con los demás miembros del cuerpo académico. pPues squeda claro e debe tener en cuenta que el curso de Derecho Constitucional es elemental en la carrera.
Tenemos la certeza de que el presenteEsperamos que este trabajo sera
de su agrado, dado que demuestra contando con las capacidades de
equipo y la formación academica asi como la cpaicdad de
, organización respectiva para llevar a cabo la respectiva investigación que demanda la realización de un trabajo de la embergadura del presente ..
Trabajo que se verá finalizado en el momento en que se expongan oralmente los criterios de la materia.
I. A. 1. Introducción
desenvuele necesariamente dentro de ciertos parámetros preestablcidos,
pero históricamente lograr definir dichos parámetros esto ha traído múltiples
complicaciones y en suma una preocupación para las analistas políticos y
operadores jurídicos en genreala la humanidad.
Queda claro que Loslos efectos negativos del ejercicio del poder, sin control
fueron percibidos desde el primer momento en el el nacimiento de la idea
que los hombres se empezaron ade organizar políticamente en una
obra “La
Política”, afirma que “(
dirección suprema y el director supremo es el soberano. Este soberano es
necesario absolutamente que sea, o una persona o una minoría, o la masa
general de los ciudadanos. Cuando uno solo, o algunos, o todos ejercen el
poder sumo con miras al interés común, el gobierno es sabio y bueno.
Cuando uno solo o algunos o todos gobiernan por su interés personas, el
gobierno es vicioso ( ...
Tal como se desprende del texto anteriomente citado, Ppara que el uso del
poder sea “virtuoso’’;, se propone la subordinación de los intereses
particulares de los gobernantes, al interés general y por otro lado, que las
atribuciones y funciones del gobierno se distribuyan de manera adecuada.
“(…) Aunque las constituciones son hechas con vocación de
permanencia, es decir, para que se mantengan vigentes de
manera indefinida, es natural que ellas deban prever los
mecanismos para su propia reforma, cuando las circunstancias
1 Poner cita exacta. Hoja ediutoriual. y
políticas, económicas, sociales o culturales así lo exijan, teniendo
en cuenta que estas circunstancias son cambiantes. Como decía
Condorcer, “Cada generación tiene derecho a gobernar con sus
propias ideas”. Para este enciclopedista no existe, por ejemplo,
una lista inmutable de derechos del hombre: cada época tiene
diferentes problemas y las necesidades determinar qué derechos
deben ceder paso a otros, frente a las nuevas circunstancias
La necesidad de un cambio institucional que se adecue a las
nuevas realidades de un Estado es lo que motiva la reforma
constitucional, la cual no implica necesariamente el cambio de una
Constitución por otra. Más aún, la estabilidad de la Constitución
consiste en que esta se adecue, a través de las necesarias
reformas, a las situaciones cambiantes de la sociedad a la cual ha
Por ello, cada vez que esos cambios se producen, no es el cambio
de Constitución la vía más acertada para a la estabilidad, sino el
La reforma de una Constitución no plantea los mismos problemas
que su establecimiento. No se trata, por una parte de un acto
creador o fundador, como es el caso del establecimiento. Por otro
lado, el procedimiento de revisión no suscita, con el mismo grado
el problema relativo al detentador de la soberanía, del poder
constituyente de derecho; los procedimientos de revisión están,
por lo general, comprendidos en la propia Constitución. Frente al
establecimiento de la Constitución, el procedimiento de revisión no
plantea sino el ejercicio parcial del poder constituyente. Es pues,
ante todo, una cuestión de técnica jurídica más que dqe principios
Los procedimientos de revisión constitucional son muy diversos,
según el tipo de régimen político imperante y según la tendencia a
facilitar o no las modificaciones constitucionales.” 2
La reforma constitucional, como un poder constituido, adquiere
trascendencia al constituirse en un valioso instrumento para mantener la
coherencia del Estado constitucional, puesto que así ningún poder
organizado y regulado por la Constitución aparecerá por encima de ella, por
lo tanto esta garantiza su carácter de norma fundamental.
De esta manera, se dejarán a salvo dos principios que sirven como base del
Estado constitucional. En primer lugar, el Poder constituyente, como una
fuerza externa al sistema, quedará siempre en la posibilidad de reformar o
cambiar la Constitución explicados en términos políticos o de hecho. Y por
el otro lado la Reforma, como poder constituido, le corresponde la tarea de
adecuar la Constitución a la realidad social, respetando los límites en ella
establecidos, con lo cual se legalizan los cambios, mas no la revolución.
1. A. 2. Reforma Constitucional como mecanismo de respuesta a la
temporalidad en el Derecho Constitucional
(…) Las constituciones no pueden ser inalterables, ya que por
necesidades políticas, jurídicas o sociales, puede llegar a ser
necesario reformar algunas de sus partes, o sustituir la totalidad
del texto constitucional, con el fin de amoldarlo a la realidad
existente. (Vallés, 2008)
concepto antes desarrollado de
perfectibilidad, se podría afirmar que existe una contradicción entre la
atemporalidad de ella y, al mismo tiempo, la necesidad de su adecuación al
tiempo histórico. Como solución a aquella contradicción nace la Reforma
como mecanismo de respuesta a la temporalidad en el Derecho
2 D. Constitucional general, Teoría de la Constitución, pag. 391 – 392, U de Medellín
(…) Las reformas constitucionales obedecen a la necesidad de
ajustar la constitución a los cambios históricos, sin que esto implique
la posibilidad que la constitución se sitúe al servicio de una mayoría y
se descuide a las minorías, o que una mayoría se convierta en poder
constituyente. (De Vega, 1985)
De ello también ha escrito CARLOS DE CABO MARTÍN en su libro “LA
REFORMA CONSTITUCIONAL en la perspectiva de las Fuentes del
Derecho”:
en el Derecho Constitucional se borra o atenúa al máximo la
contingencia propia del resto del Derecho positivo, en cuanta trata
de anular el “tiempo histórico”. Sucede así que aunque como todo
Derecho surge en un determinado tiempo, a diferencia de las otras
manifestaciones del mismo –que no solo tienen vigencia también
determinada sino una vocación de vigencia indeterminada, de
situarse “fuera del tiempo”.
Esta peculiaridad se basa en esas dos características propias del
Derecho constitucional cada una de las cuales contiene ya esa
tendencia y que al conjugarse ambas de manera compleja la
refuerzan considerablemente: una es su singularidad técnica que –
dadas su supremacía y rigidez- dificulta notablemente su dinámica
reproductiva y fuerza a su estabilidad; la otra es de naturaleza
material, ya que el contenido fundamental de las Constituciones –
fines, valores, derechos-, por su carácter de prácticamente
inagotable cumplimiento, implica una vigencia continuada e,
inicialmente, sin límites. La permanencia y atemporalidad son la
consecuencia de ambas.
Ocurre, además, en tercer lugar, que la vinculación básica que el
Derecho constitucional establece con el Tiempo añade una nueva
problematicidad. Porque esta vinculación básica es la del momento
en que surge, y el tiempo en el que surgen las Constituciones en
un tiempo crítico. Los procesos y períodos constituyentes son la
expresión de crisis profundas. Y ese tiempo de crisis es, en
principio, el menos adecuado para que surja una Norma que
precisamente por sus contenidos, trascendencia y –como se veía
antes- vocación de permanencia, exigiría unas condiciones de
reflexión y objetividad bien lejos de las que se dan en la época en
la que nacen; y sin embargo y contradictoriamente, ese Tiempo es
el propiamente “constitucional”, en el sentido de que es el único en
el que las Constituciones surgen como necesidad.
De ahí que ese Tiempo “entre” las Constituciones, dejando,
inevitablemente, una huella de contigencia, de manera que
justamente las Constituciones que, por las características que
antes se indicaba, tienen una vocación de permanencia y
atemporalidad, están fuertemente marcadas por la coyuntura. Se
trata de una contradicción que, además de hacer más compleja la
relación del Derecho constitucional con el Tiempo, no deja de
añadir complicaciones. Porque buena parte de los defectos,
patologías, desajustes y hasta omisiones que se contienen en las
Constituciones tienen su origen en esa circunstancia, lo que
termina creando en el interior de la Norma una dinámica -otra vez-
contradictoria: la de , frente a su vocación de permanencia, incluir
la necesidad de una inmediata -pasada la coyuntura de la que
nacen- corrección de todas esas adherencias. De ahí que pudiera
formularse de manera generalizable la necesidad de una Reforma
“depurativa” de las Constituciones cuando el tiempo constitucional
recobrara su normalidad histórica. Y debe tenerse en cuenta que
esta “necesidad” puede sentirse no solo respecto del contenido de
las Constituciones, sino del mismo procedimiento de la Refomra,
obviamente también sometido a la sevidumbre del timepo que
puede convertir en obsoleto o inadecuado un procedimiento
previsto en función de circunstancias que cambias o se perciben de
otra manera que en el “tiempo constituyente”; cuestión que puede
sugerir algún tipo de reflexiones en aspectos tanto teóricos o
formales (como los límites a la Reforma y, en concreto, sobre la
reforma de la Reforma), como en supuestos históricos específicos.
(…) A todo lo cual cabe añadir una última consideración. Y es que,
de acuerdo con la perspectiva antes indicada en la que se sitúan
las que aquí se hacen, si “todo está en el Tiempo”, quiere decirse
que lo está no solo el Derecho positivo sino las concepciones y las
construcciones, (
e incluso la comprensión y las posiciones que
se sostengan acerca del cambio general y del cambio
constitucional en particular. Por tanto, en lo que se refiere a este
último aspecto, debe entenderse que la reflexión sobre el mismo,
sobre la estabilidad constitucional y en consecuencia sobre la
Reforma constitucional, no puede plantearse en términos
atemporales. Porque parece fuera de toda discusión que la relación
actual Constitución-Sociedad, en la que se inscribe la cuestión de
la Reforma, no es comparable a la que existía en las formaciones
sociales en las que se genera y construye la teoría clásica de la
Constitución; tanto en las transformaciones del Estado y sus
funciones como la complejidad experimentada por los
Ordenamientos, además en constante cambio, las implicaciones
que añaden las nuevas formas de internacionalización y
globalización, sitúan la valoración de los cambios constitucionales
en una perspectiva bien distinta de aquella en la que la -al menos
aparente estabilidad general no sólo no los demandaba sino que
daba una valoración positiva a la inamovilidad constitucional acorde
con el escaso dinamismo de su “tiempo histórico”.
Se invierte así la situación, en cuanto que si todo presiona hacia el
cambio, hacia su aceptación, de manera que la predisposición al
mismo pasa a ser una exigencia de la mentalidad moderna y de la
modernización, no parece que pueda dejar de afectar al cambio
constitucional en concreto tal como lo hace respecto del cambio
jurídico en general. Supuesto además que en el ámbito del
Derecho Constitucional operan dos principios que son congruentes
con ese cambio o aceleración del cambio como nuevo signo del
actual tiempo histórico: el primero es que, desde el comienzo, el
constitucionalismo fue la expresión inmediata del racionalismo
ilustrado y ha seguido siendo después una manifestación cada vez
más compleja y fundamentada en la corriente más clara del
racionalismo europeo en su sentido más propio, es decir, como
única vía de compresión de la historia y ordenación de la sociedad
(G.Luckács, El asalto a la razón); el segundo es el de su
fundamento democrático, lo que supone que también el cambio
constitucional tiene que serlo y que por tanto cuando ocurra
siempre implicará un ejercicio democrático ( ) ...
I. A. 3. Funciones de la Reforma
De esta manera y entendiendo que las normas constitucionales no pueden
ser eternas, así como aceptando la necesidad de mantener la coherencia
del Estado constitucional, los legisladores se han vistovieron obligados a
introducir en los textos normasnormas relativas ade la regulación de las
procesostécnicas de reforma constitucional.
El establecimiento, casi universal, de la Reforma constitucional representa
nuevamente el triunfo del cambio sobre la inmutabilidad al aceptarse como
válido el carácter imperfecto e inacabado de toda Constitución. Estas
consideraciones convierten a la Reforma, en primer lugar, en el instrumento
más idóneo para realizar la importante función de hacer posible el
acoplamiento del texto a la realidad, al ofrecer los mecanismos apropiados
para la incorporación de los cambios históricos, sin los cuales podría
producirse una peligrosa separación entre la realidad política y la realidad
Una segunda función que cumple la Reforma constitucional y no menos
importante que la anterior, consiste en hacer que los cambios producidos
en los textos constitucionales se realicen dentro de la continuidad jurídica
formal del ordenamiento fundamental antes que dentro de los cauces
meramente políticos que, como se ha dicho, exigen la presencia del Poder
constituyente revolucionario con los riesgos que estos comportan.
Una tercera función de la Reforma es la referida a la protección de los
derechos fundamentales de la persona, particularmente de sectores que
conforman minorías dentro de los estados y que, por lo general, se
encuentran en permanente indefensión. La Reforma constitucional, desde
este punto de vista, supone determinados niveles de consenso y
compromiso de parte de las diferentes fuerzas políticas del país, lo cual
redunda en beneficio de la comunidad en general.
I. A. 4. La norma sobre la Reforma
Las normas sobre la Reforma tienen una notable peculiaridad que las hace
ser permanentemente discutidas hasta en su propia naturaleza normativa.
Se plantea así – y después se verá por qué- si las normas sobre producción
en materia constitucional no son verdaderas normas de Derecho, sino solo
simples directrices, jurídicamente no vinculantes, o que, en todo caso,
agotan su virtualidad jurídica en la limitación o regulación de los actos de
los órganos encargados de la Reforma. Pero ocurre, además, que esas
normas – que obviamente son normas constitucionales – no se dirigen
como las demás a los que genéricamente se conocen como “poderes
constituidos”, sino a uno específico que precisamente ellas definen y que
tienen una naturaleza bien distinta. Porque al tratarse – como se acaba de
decir – de normas constitucionales y, por tanto, jerárquicamente superiores
que surjan a partir de ellas, en este caso, al órganos de referencia le
atribuyen una competencia tal que le doten su ejercicio de una fuerza activa
capaz de imponerse a las normas constitucionales.
Y es que aunque como normas sobre producción no regulan contenidos,
las normas sobre la Reforma realizan una determinación del objeto de la
norma de Reforma, es decir, incluyen un aspecto que las configura como
regla de competencia y no solo de procedimiento.
De ahí que un análisis de las normas sobre la Reforma deben incluir ambos
aspectos: el de la competencia y el del procedimiento. (…)
I. A. 5. La iniciativa de la Reforma
(…) Uno de los medios de lograr mayor estabilidad para una Constitución
es el de limitar la posibilidad de emprender reformas a la misma. Por lo
general se confiere este derecho al órgano del Estado al cual se quiere dar,
en un sistema determinado, mayor preponderancia política. Así, en el
sistema presidencial la iniciativa de la Reforma es compartida entre las
ramas ejecutiva y legislativa, cuando no se le da exclusivamente al
gobierno, lo cual resulta, a todas luces, antidemocrático, en tanto que en el
sistema parlamentario se da, generalmente con exclusividad, al
Parlamento. Pero si lo que se quiere es ampliar la democracia, a través de
una mayor y más directa participación ciudadana en materia tan
trascendental como esta, la iniciativa debe darse también al pueblo. En
consecuencia, la iniciativa de la reforma constitucional puede ser
restringida, compartida o popular. 3
a) Iniciativa restringida: Cuando la tiene, de manera exclusiva, el gobierno.
Ellos ocurre en las constituciones inspiradas en la idea de fortalecer ante
todo al órgano ejecutivo, constituciones de corte autoritario.
3 D.Constitucional general, p 392 – 393, U de Medellín.
b) Iniciativa compartida: Cuando la iniciativa la comparten el gobierno y el
Parlamento, como se da en los sistemas de gobierno presidencial, en los
cuales se busca un equilibrio entre las ramas del poder.
c) Iniciativa popular: Cuando se le da al pueblo también la iniciativa que
puede operar mediante ciertos procedimientos, no exentos de complejidad.
Entre estos procedimientos figuran:1) El de que un cierto número mínimo
de ciudadanos presente, respaldado en firmas auténticas, temas generales
o proyectos concretos de reforma a la consideración del Parlamento o de
un órgano especial. Esta es la llamada propiamente iniciativa popular. 2)
Que los proyectos elaborados por el Parlamento o un órgano especial sean
sometidos al procedimiento de la consulta popular, para que así obtengan o
no la ratificación del pueblo. 3) Que corporaciones populares de carácter
seccional o local se pronuncien sobre proyectos de reforma, bien sea para
aprobarlos directamente o para someterlos a la consideración del
Parlamento o de un órgano especial. Este último procedimiento existe en
Estados Unidos, donde si las legislaturas de los dos tercios de los Estados
federados lo solicitan, se reúne una Convención para estudiar las
El órgano competente para hacer las reformas:
materia de reformas
constitucionales y otro el órgano competente para realizarla. En la mayoría
de los regímenes demoliberales contemporáneos ese órgano es el
Parlamento, pero puede ser también un cuerpo especial, o el pueblo
mismo, o adoptarse un sistema mixto (…) 4
a) El Parlamento: Es entonces el órgano al cual se confía en la mayoría de
los casos, la atribución de dar trámite a los proyectos de reforma. Siendo la
gran mayoría de las constituciones de carácter rígido, lo que se hace es
consagrar en ellas, para efecto de reformas a la Constitución, un
4 D.Constitucional general, p 394 - 395, U de Medellín
procedimiento más complicado o agravado que el previsto para la
aprobación de leyes ordinarias, con objeto de que aquella no pueda ser
constantemente modificada. Es importante aclarar que cuando el
parlamento discute y decide sobre una reforma constitucional, no actúa
como legislador sino como constituyente derivado
b) Un órgano especial: Muchas veces para agilizar las reformas a la
Constitución, o para sustraerlas del ámbito del Parlamento, por razones
diversas se confía la competencia para realizarlas a un órgano especial,
que puede ser una asamblea constituyente, o una Convención, o una
b.1) Asamblea Constituyente: Una Asamblea Constituyente es una
corporación especialmente integrada para elaborar un texto constitucional
para un Estado en formación, para reemplazar una Constitución ya
existente, o para introducirle a la vigente modificaciones sustanciales,
básicamente en cuanto a la forma de Estado, al sistema de gobierno o al
régimen político. b.2) Convención: Se trata de una asamblea especialmente
elegida para elaborar o derogar una Constitución. Su carácter es pues,
constituyente. No acumula el poder legislativo ordinario, sino que, una vez
cumplido su cometido, la asamblea se disuelve, solo por excepción aprueba
leyes de carácter ordinario. Este sistema como dice HAURIOUR, pone
claramente el mayor énfasis sobre el carácter de fundación de la operación
constituyente, por reunir un cuerpo especial que tiene, por otra parte, la
ventaja de buscar la concentración del poder en manos del órgano
constituyente, lo que pudiera llegar a ser peligroso.
El procedimiento de la convención fue primeramente utilizado en Estados
Unidos en 1887. Francia utilizo el mismo procedimiento para el
establecimiento de constituciones de 1791, 1848, y 1875.
c) El pueblo: Como en el caso del establecimiento de la Constitución, el
pueblo puede ser también competente para adelantar su reforma. por
medio de un referendo, el cual tiene por objeto someter a la consideración
del pueblo un texto de reforma a la carta, hecho por el gobierno, o el
parlamento, un órgano especial, o el mismo pueblo, para que este diga sí o
Comúnmente definido como la tentativa de modificación de algunos o varios
artículos de una la constitución, sin cambiar la estructura de la misma, es
decir, sin alterarr su estructura fundamental.
Dichasenmiendas Ppueden darseser deen dos tipos: enmiendas de
totalidad,las cuales presentan unando la versión alternativa de un texto; o
enmiendas concretas a articulosal articulado, que postulanpostulando la
supresión, modificación o adición de determinadas normas al cuerpo
normativo sujeto a la enmienda. ,
En caso una enmienda de si se da el caso de los últimos dos supuestos se
debe acompañar la enmienda con el texto correspondiente.
Ejemplos predominantes de este fenómeno constitucional, son las
modificaciones a las diez enmiendas originales de la Constitución
Estadounidense, dictaminadas en 1789, en las cuales se previó una futura
adición, cambio o ratificación que se daría por los cambios naturales que
tiene el derecho con el tiempo. Es también el caso de Venezuela, cuya
constitución 1999 en el título IX define las diferentes vías para modificar el
texto Constitucional, entre las cuales, se encuentra la enmienda.
Según Norman Pino que comenta el caso de la constitución Bolivariana de
Venezuela: “(…)La tercera de las vías, la de menor alcance y extensión, se
refiere a la enmienda (DRAE: Del lat. Emendar 1. tr. Arreglar, quitar
defectos. 2. tr. Resarcir, subsanar los daños), cuyo objetivo es la adición o
modificación de uno o varios artículos de la Constitución “sin alterar su
estructura fundamental” (“Artículo 340. La enmienda tiene por objeto la
adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin
alterar su estructura fundamental.”)(…) 5
Una institución esencial en el funcionamiento del Estado constitucional de
Derecho es la rigidez constitucional. Actualmente, esta es recogida por la
totalidad de constituciones escritas y codificadas del mundo. Su precisión
constituye el intento más serio por garantizar la estabilidad de las normas
constitucionales en la medida que establece complicados obstáculos para
su modificación, asegurando así su permanencia y continuidad.
Según el británico James Bryce, se puede llegar a la conclusión de que su
establecimiento se debe a los siguientes motivos:
(1) El deseo de los ciudadanos, o sea de la parte de la población, que
los derecho políticos e asegurar sus propios derechos
(2) El deseo de los ciudadanos, o del gobernante que quiere agradar a
los ciudadanos de establecer la forma de gobierno preexistente en
términos definidos y positivos evitando posterior controversia a su
(3) El deseo de quienes están estableciendo una nueva comunidad
política de corporizar el esquema político bajo el cual proponen ser
gobernados en un instrumento que asegurará su permanencia y lo
hará comprensible por el pueblo.
(4) El deseo de las comunidades separadas o de distintos grupos o
secciones dentro de una gran comunidad, de establecer y sancionar
5 Norman Pino. (2008). http://webarticulista.net.free.fr/np200825122229+Norman- Pino.html. webarticulista.net. Extraído el 1 de mayo de 2015.
los términos bajo los cuales sus derechos e intereses respectivos
han de ser asegurados, como también asegurada una acción
conjunta efectiva en materias comunes, por medio de un gobierno.
De estas consideraciones deduce Bryce que las constituciones que tienen
este carácter poseen una autoridad mayor a las demás leyes del Estado y
únicamente pueden ser modificadas por un procedimiento diferente de
aquel por el que las demás leyes son sancionadas o derogadas, siendo sus
méritos más destacables los relativos a la precisión y estabilidad.
Respecto a la precisión, cabe señalar que una Constitución que pretende
limitar el poder de los agentes políticos deberá, para el logro de sus
objetivos constar en términos expresos e inequívocos y, en cuanto a la
estabilidad, diremos que es una cualidad muy importante para la seguridad
jurídica de un Estado, debido a que ella inspira un sentimiento de confianza
en la conciencia de los ciudadanos, promoviendo el orden y permitiendo la
acumulación de experiencias que hagan posible mejorar la Constitución.
Desde este punto de vista la rigidez constitucional debe ser entendida como
el sistema característico del constitucionalismo escrito que al establecer
determinados obstáculos técnicos para la modificación de sus normas,
agrava el procedimiento de la reforma asegurando no solamente la
estabilidad sino también la continuidad de las mismas.
Dentro de estos términos, la rigidez constitucional deviene en el
complemento lógico e ideal para la garantía de la Constitución como
auténtica norma suprema, en tanto exige para su reforma un procedimiento
especial y diferenciado del procedimiento ordinario.
En la medida en que esta institución ha sido vista como una garantía de
permanencia y continuidad de las normas constitucionales y en tanto ella,
en el transcurso del tiempo, ha demostrado su eficacia práctica, los
ordenamientos constitucionales, como hemos visto, lo han adoptado,
dificultando así no solo las modificaciones constitucionales, sino, además,
limitando las competencias de los órganos legislativos ordinarios.
El énfasis puesto en desarrollar la rigidez constitucional no deberá
entenderse como una aproximación a aquellas tendencias que buscan
petrificar la Constitución. Nada mas lejos de ello es su finalidad práctica,
que es la de establecer mayores dificultades para la modificación de las
normas contenidas en los textos escritos y codificados, garantizando así
nuevamente su estabilidad y continuidad jurídica, al disponer que su
revisión se realice observando un procedimiento especial, anteriormente
Por último, la supremacía constitucional, como hemos señalado, solo
adquiere verdadera significación dentro de las constituciones escritas y
rígidas. El esfuerzo del constitucionalismo por dotar al sistema jurídico-
político de una institución como la rigidez constitucional, no tiene otro objeto
que el de delimitar, establecer y fijar con claridad el orden jurídico
I. C. Mutaciones constitucionales
I. C. 1 Introducción
El hecho de que la Constitución venga a ser un documento incompleto no
significa que al momento de su elaboración se dejen indeterminados los
fundamentos del orden de la comunidad, ni menos la estructura estatal y los
procedimientos mediante los cuales se resuelvan los conflictos sociales. El
Derecho Constitucional asume la tarea de crear y recrear las reglas de
actuación y las decisiones políticas que proporcionen a los órganos políticos
competentes las directrices y puntos de orientación para su concretización.
Una de las instituciones con frecuencia utilizada para cumplir con esta
finalidad es la Mutación constitucional, fenómeno que por sus
repercusiones ha despertado un gran interés por su estudio con el propósito
de dotar y hallar sus características específicas que la diferencia de manera
clara, de la reforma constitucional, con la que muchas veces, se la
confunden debido a que en la práctica ambas instituciones cumplen una
Jellinek afirma:
por Reforma de la Constitución entiendo la
modificación de los textos constitucionales producida por acciones
voluntarias e intencionadas, y por Mutación de la Constitución entiendo la
modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente, que se
produce por hechos que no tienen que ir acompañados por la intención, o
conciencia de la mutación”.
Como señalamos, se encuentra en el carácter voluntario o involuntario de la
modificación la nota diferencial entre reforma y mutación constitucional lo
que en la práctica los convierte en fenómenos complementarios y, en
algunos casos, excluyentes, de forma tal que allí en donde los
ordenamientos están sujetos a continuas reformas, la mutación deja de
tener sentido y, por el contrario, allí donde los ordenamientos miran con
recelo a la reforma, las mutaciones tienden a su proliferación o desarrollo.
El autor que mayor interés ha puesto en el estudio de la mutación
constitucional es el alemán Conrad Hesse, quien ha establecido con
precisión y nitidez que la verdadera naturaleza de la mutación radica en el
hecho de no contar con un procedimiento expresamente establecido en el
texto constitucional, lo que lo define como una modificación no formal que
actuando dentro de los parámetros razonables permite a los operadores
constitucionales adecuar la realidad jurídica a la realidad social, al plasmar
en una situación diferente el significado de una norma prevista para
circunstancias distintas sin tener que recurrir a la reforma constitucional.
Confirmando lo dicho, el autor afirma que “(
constitucionales, de modo que la norma, conservando el mismo texto,
recibe una significación diferente”.
Como ya hemos visto, la función que cumple la Mutación dentro del sistema
constitucional es en gran medida similar a la que corresponde a la reforma
constitucional. Ambas instituciones actúan como mecanismos de
adecuación del texto normativo a la realidad política y social, permitiendo de
esta manera que la Constitución se concretice. Sin embargo, la Mutación
adquiere particular importancia al ofrecer la posibilidad de complementar el
texto constitucional sin tener que recurrir a la reforma, a la que hay que
acudir en última instancia para no quebrantar el orden constitucional.
En efecto, con mucha frecuencia los operadores constitucionales la han
utilizado para reemplazar a la reforma, con lo cual ha distorsionado su
naturaleza y han contribuido al desprestigio al producir el falseamiento de la
Constitución, fenómenos por el que se da a las normas una interpretación y
un sentido erróneo y distorsionado del que realmente tienen.
Para evitar los riesgos que su mal uso genera, André Hariou cree necesario
abordar el problema de los límites admisibles de la Mutación como
instrumento de integración constitucional. Se trata de encontrar una división
entre la práctica que modifica sensiblemente la Constitución escrita y lo
que constituye una violación de la Constitución. Detallaremos tres teorías a
1) Mutaciones Praeter Legem
Este tipo de mutaciones no viola ninguna disposición constitucional puesto
que no se oponen a ella. Por el contrario, regulan una situación no prevista
inherente a la distribución de las competencias fundamentales. Es el caso
de la Judicial Review, que tuvo lugar en los Estados Unidos a propósito del
fallo del Juez Marshall, en el caso Marbury vs. Madison. Este fallo llenó un
vacío importante en la Constitución de 1787 que al momento de su
redacción no previó el órgano encargado de examinar la constitucionalidad
2) Mutaciones Contra Legem
Estas resultan de prácticas políticas opuestas a los preceptos
constitucionales afectando su eficacia aunque no su validez. Este tipo de
mutación es una imposición de lo fáctico sobre lo normativo. Es el caso del
mandato imperativo que ha desplazado en la práctica al mandato
representativo. En efecto, aun cuando el artículo 93 de la Constitución del
Perú, por ejemplo, expresamente dice que “los congresistas representan a
la Nación”. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, sin
embargo, en la práctica la norma opera como una mutación opuesta al
precepto constitucional, debido a que los congresistas no son ajenos a
presiones y consignas provenientes de sus agrupaciones políticas.
3) Mutaciones por Imposibilidad de Cumplimiento
Ellas son el resultado de la aplicación de normas constitucionales
discrecionales y que por el transcurso del tiempo o las circunstancias
propias de la época caen en desuso. El caso más relevante fue el de la
Constitución francesa de la Tercera República, en 1877, que autorizaba al
Presidente a disolver el Parlamento cuando este le era hostil. Sin embargo,
en cuanto el Presidente, en acatamiento de la norma, procedió a disolverlo
por decreto, el resultado le fue tan adverso que no volvió a ejercitar jamás
este derecho por el temor a que el pueblo otorgue nuevamente su
confianza a una representación, igualmente, hostil al Presidente.
4) Mutaciones por Interpretación
producen cuando los órganos encargados de aplicar la
Constitución eligen una entre varias opciones existentes que ofrece el texto.
Son el resultado de la acción modificadora que realizan las instancias
ejemplo, el Tribunal Supremo, a través de una jurisprudencia interpretó que
la palabra comercio incluía dentro del texto constitucional tanto al
internacional como al interestatal, con lo que despejó toda duda sobre la
competencia del Congreso Federal para efectuar regulaciones sobre esta
Existen mecanismos formales y no formales de modificaciones o cambios
 Mecanismos Formales
Como mecanismos formales de modificación o cambio
constitucional, se encuentran, en primer lugar, el denominado Poder
Constituyente o Poder Originario, este poder se caracteriza por ser
soberano, ilimitado, previo, y total, que tiene su objeto en la
elaboración de un nuevo orden jurídico constitucional, es decir en la
Es un poder que se justifica por sí mismo, es un poder pre-jurídico,
de hecho, no sólo ilimitado en los contenidos de su voluntad sino en
las propias formas de sus ejercicios, y es un poder total ya que todo
lo puede. Una vez que este ha cumplido su misión, el de elaborar un
nuevo ordenamiento jurídico Constitucional, desaparece y cede lugar
a su propia obra, la norma Constitucional. Es aquí, donde todos los
poderes del Estado por él creados pasan a ser así poderes
constituidos, y la Constitución, que encierra estos poderes, pasa a
ser la ley suprema.
En segundo lugar, como mecanismo formal de modificación, aparece
el denominado Poder de Reforma o Poder de revisión. Este
mecanismo se entiende como aquella técnica, mediante la cual se
establece un procedimiento más agravado y difícil para modificar la
Constitución que el que se sigue para modificar la ley ordinaria. Con
esto se pretende como señala PEDRO DE VEGA "salvar en tanto el
principio político democrático como el principio jurídico de
supremacía constitucional". El poder de reforma o poder de revisión
está condicionado por las exigencias políticas, derivadas del principio
democrático, y los requerimientos jurídicos, emanados del principio
de supremacía constitucional, como medio de control del gobernante.
Nos parece que no vale la pena abordar un poco más a fondo el
contenido de estos dos mecanismos (Poder Constituyente y Poder
de Reforma), así como la problemática que los mismos encierran, no
porque, ambos, no sean de gran
importancia, al contrario, es importante conocerlos y plantearlos, pero
el presente trabajo tiene como objeto estudiar los cambios no
formales que operan en los ordenamientos jurídico constitucionales.
Es aquí, entonces, en los cambios no formales, donde radica el
objeto del presente trabajo y donde se tratará de abordar un poco
 Mecanismos No Formales
Los cambios no formales aparecen bajo el nombre de mutaciones
constitucionales, es así como la doctrina se ha encargado en
denominarlos. En el presente trabajo trataremos de hacer un análisis
de la problemática que conlleva el tema de las mutaciones
constitucionales, su importancia teórica y práctica, así como sus
alcances y consecuencias en la vida del Estado Constitucional.
Antes de entrar en el tema, creemos oportuno, dejar planteada
algunas ideas que ayuden a una mejor comprensión de las
mutaciones Constitucionales. Nos referimos a partir del hecho de
definir una constitución y su importancia en el Estado Constitucional
de Derecho, creemos que aunque se presume de lo que se habla, no
está de más hacer este pequeño planteamiento inicial.
I. C. 1. Definición de mutaciones constitucionales
Por mutación constitucional se puede entender según RAUL CHANAME,
cuando se produce una transformación en la realidad de la configuración
del poder político, de la estructura social o el equilibrio de intereses, sin
que quede actualizada dicha transformación en el documento
constitucional. Así mismo también se puede entender a la mutación
constitucional como un proceso muy importante para la vida de la
constitución, es así que podemos entender por mutación al fenómeno de
cambio lento y progresivo de la configuración del poder político y de los
mecanismos institucionales, permaneciendo inalterable el texto
constitucional escrito.
Siguiendo la misma línea, resulta ilustrativo y didáctico lo que nos
proporciona José Alonso De Silva en torno a este tema, citando a algunos
importantes autores, es así que considera que la doctrina tradicional sobre
el tema, que viene de Laband, G. Jellinek, pasando por Hsü-Dau-Lin y
Heller, concibe a las mutaciones constitucionales en un sentido bastante
amplio, bajo el cual se subsumen diferentes hechos, según lo demuestra
Conrad Hesse. De hecho, Jellinek admite mutaciones constitucionales
derivadas de la práctica parlamentaria inconstitucional, bajo el argumento
de que lo que aparece en un momento inconstitucional emerge más tarde
conforme a la Constitución. Pero no sólo interpretaciones parlamentarias
incorrectas pueden provocar esas mutaciones, también las puede
producir la administración y los tribunales, pues, según Jellinek, esas
actuaciones inconstitucionales pueden originar modificaciones de la
Constitución cuando reiteradamente efectuadas se imponen en la práctica.
Luego, señala que las mutaciones constitucionales se producen por
necesidad política, ya que las usurpaciones y las revoluciones provocan
en todas partes situaciones en las que el derecho o el hecho, aun cuando
estrictamente distintos, se transforman uno en otro, pues el fait
accompli o hecho consumado es un fenómeno histórico con fuerza
constituyente, ante el cual toda oposición de las teorías de la legitimidad
es, en principio, impotente. Jellinek no para ahí, pues también admite las
mutaciones constitucionales derivadas de las convenciones
constitucionales, del desuso de las competencias constitucionales y de la
necesidad de cubrir lagunas constitucionales. Antes que nada, es
pertinente hacer, desde ya, algunas observaciones respecto de esa
doctrina amplia de las mutaciones constitucionales.
La cuestión más seria que se deriva es que esa doctrina genera una
verdadera flexibilización de las Constituciones rígidas. Así, Milton Campos
lo dice expresamente cuando afirma que "los procesos indicados se
destinan en las Constituciones rígidas, en estado de eventual flexibilidad
para adaptarse, sin deformaciones maliciosas y sin subversiones
traumatizantes, a las mutaciones de los pueblos
No carece de razón
que tal postura sea sustentada por los espíritus conservadores,
aristocráticos, pues como señala Bryce, las " constituciones flexibles
tienen una natural afinidad con una estructura de gobierno aristocrática",
ya que " existe una atracción natural entre una aristocracia y una forma de
gobierno elástica e indefinida" , al paso que " la masa popular gana mucho
sin perder nada con una Constitución rígida debido a las limitaciones
definidas y fijas que ella implica, en mayor medida que las flexibles" . La
rigidez constitucional produce la supremacía de las normas
constitucionales que constituye una garantía de permanencia de los
derechos fundamentales que precisamente protegen a las masas
populares del arbitrio del poder, porque " esa teoría de las mutaciones
constitucionales, como observa Hesse, debilita, tanto en su conjunto como
particularmente, el sentido normativo de la Constitución" , especialmente
porque destruye la función racionalizadora, estabilizadora y limitadora del
poder que asume la Constitución rígida. La función limitadora de la
Constitución tiene precisamente el objeto de impedir el surgimiento de
realidades políticas contrapuestas a los derechos del pueblo tomando
como punto de partida los planteamientos anteriormente establecidos,
seguiremos como clasificación de las mutaciones constitucionales, las que
establece Pedro de Vega en su obra "La reforma Constitucional y la
problemática del poder constituyente".
I. C. 3. Concepto de mutación constitucional según Hsu Dau-Lin
Define mutación como un contraste que se produce entre la realidad
jurídica de muchas constituciones y sus normas escritas, un contrasentido
que existe entre normas constitucionales y la realidad constitucional que
intentan abarcar. Fundamenta esta existencia en la naturaleza del estado
que, tanto a nivel propio como institucional, se encuentra en constante
necesidad de cambios constitucionales. Esto se da porque el sentido
principal de toda Constitución es englobar la totalidad del Estado y no solo
proposición que pretender ser válidas por siempre.
Se diferencian cuatro clases de mutación de la constitución:
1. Mutación de la Constitución mediante una práctica estatal que no viola formalmente la Constitución:
Sucede cuando se ignora
Constitución o se contradice cierto mandato constitucional,
pues las relaciones jurídicas que se busca tratar todavía no se
encuentran reguladas por un precepto específico. El conflicto
que se observa en este caso se da entre la situación legal que
la Constitución busca cubrir y la situación real; no entre la
situación existente y lo prescrito. Se encuentran en
contradicción el sollen, del alemán debe ser, y el sein, del
alemán ser, situación que resulta no solo de algún artículo
constitucional sino de varias prescripciones o del global de la
red constitucional.
Un ejemplo que usa Dau-Lin en su libro es el siguiente:
“Como segundo ejemplo servirá el instituto de los suplentes de
los mandatarios al Bundesrat. Según el artículo 6/II de la vieja
Constitución del Reich, cada miembro federal poda nombrar
tantos mandatarios como votos disponía. Entonces en número
de mandatarios era completo y no más de 58 personas
deberían tener derechos y obligaciones como la Constitución
del Reich concedía a los miembros del Bundesrat. Así, por
ejemplo, el artículo 8, III establecía que la elección de una
comisión para asuntos exteriores debía hacerse con
determinados plenipotenciarios. Ahora bien, esta decisión no
se cumplió, debido al instituto de los mandatarios suplentes.
Se nombraban suplentes y se les concedía exactamente los
mismos derechos y obligaciones que los de los mandatarios
ordinarios, entonces era de facto «mandatarios» reales y no,
en absoluto, «representantes». Entonces para no contravenir
formalmente el artículo 6, se omitió aumentar el número de
mandatarios y se palió con el título engañoso de «suplente».
Si políticamente fue necesario dotara un círculo más amplio
de personas con importante s derechos y obligaciones, cosa
que la vieja Constitución del Reich previó, y si fue adecuado
evitar, de esa manera, una reforma explícita de la misma
según el artículo 78 o no hacerla, eso lo dejaremos por el
momento en suspenso: sin embargo conviene subrayar que la
situación constitucional existente desde 1871-pues ya en el
año 1871 apareció en el Bundesrat un «plenipotenciario
suplente»- ello no correspondía, de ningún modo, con lo que
previó el artículo 6, II de la vieja Constitución del Reich. El
contenido de la Constitución y la situación constitucional
llegaron a una situación tensa sin que se infringiere,
formalmente, ningún artículo de la Constitución”. 6
2. Mutación de la Constitución mediante la imposibilidad de ejercer ciertos derechos estatuidos constitucionalmente:
Ciertos artículos constitucionales cesan de pertenecer a la
realidad jurídica, porque la competencia de ejercer poder que
pertenece a ciertos sujetos se pierde ante la imposibilidad de
ejercerlos. En ese sentido las normas legales antes
mencionadas pierden sentido.
“Otro ejemplo de mutación constitucional de este tipo lo vio
Jellinek en la responsabilidad ministerial constitucional en el
antiguo Reich alemán. Aquí los ministros – Canciller del Reich,
sus representantes, el Gobernador de Alsascia-Lorena y el
secretario de Estado del territorio del Reich- ciertamente se
consideran «responsables», pero sin que esa responsabilidad
se defina con detalle, Ahora bien, hay que resolver esta difícil
pregunta: ¿corresponde la responsabilidad ministerial a las
instituciones constitucionales o no? Las experiencias de la
acusación ministerial y del Tribunal Supremo parecen
entender la configuración de la responsabilidad ministerial
«como exigencia puramente doctrinal». Y de hecho ni si
quiera se piensa en una ley que concrete ese «principio
solamente pronunciado», si no se alinea con la
responsabilidad política, que es prácticamente, la única
importante. «Sin embargo, la bibliografía constitucional o se
6 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 34.
rechaza». Empero, cuando se afirma no se supera la tesis de
la lex imperfecta y no se puede deducir ningún efecto legal de
ella. A pesar de todo la garantía de las Constituciones ha
quedado en letra muerta. Lo que ha dicho el Reich también
vale para Prusia y muchos otros estados”. 7
3. Mutación de la Constitución mediante una práctica estatal contradictoria con la Constitución:
Esta mutación consiste en una ley cuyo contenido contradice
la Constitución, una vez reconocida esta contradicción se
realiza una reforma de la Constitución. De manera que, el
texto constitucional quede como antes y las normas afectadas
por la reforma material quedan sin efecto al no coincidir con la
realidad constitucional.
“Ejemplo de una reforma material de la Constitución dad a
conocer mediante su cláusula de publicación es la ley del
ferrocarril del Reich del 30 de agosto de 1924 (RGBI.II, 272).
Según la Constitución de Weimar, arts. 89 corresponde al
Reich encargarse de los ferrocarriles que sirven « para el
tráfico común y de administrarlos como una institución de
tráfico uniforme». Para promover esta empresa económica
con bienes excepcionales del Reich, la Constitución ha
previsto en una serie de artículos, varias competencias y
derechos del Gobierno del Reich: por ejemplo: competencia
para expropiar: art. 90; monopolio: art. 94; inspección de los
ferrocarriles no administrados por el Reich: art. 95 etc. Y el
tránsito de los ferrocarriles estatales entre el Reich - que
probablemente fue condicionada por las circunstancias
7 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 38.
económicas y financieras del tiempo de postguerra - creó una
sociedad de ferrocarriles estatales en el Reich también se
efectuó mediante diversos contratos estatales entre el Reich y
los Países. Sin embargo, la ley de ferrocarriles del Reich-que
económicas y financieras del tiempo de la postguerra- creó
una sociedad de ferrocarriles del Reich con carácter jurídico
propio para su funcionamiento. Esto significa, en realidad,
una considerable carga para la administración general de
Estado y para la Hacienda. La contradicción de esta
legislación con los preceptos constitucionales también se
percibe claramente pues la ley se aprobó en el Reichstag con
mayoría suficiente para reformar la Constitución (art. 76 I de la
Constitución del Reich) y el cumplimiento de esa necesidad se
mencionó en la fórmula de promulgación, pero el texto
constitucional quedó totalmente intacto”. 8
Así también, una legislación ordinaria puede convertir un
precepto constitucional cuando una ley vigente es la que
contradice la Constitución y a falta de instancias especiales
que examinen su constitucionalidad puede quedar integro.
Ejemplo de esto es la famosa clausula Frankenstein:
“Puede citarse, como ejemplo
famosa clausula
FRANKENSTEIN que quebranto el principio fundamental de
los artículos 38 y 70 de la antigua Constitución del Reich.
Según estos artículos los ingresos aduaneros y
determinados impuestos deberían
administración del Reich, evitándolos a la caja del Reich para
8 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 40.
la provisión de los gastos correspondientes. Si hubiera
superávit los ingresos se atribuirían al año siguiente, en caso
contrario los Lander estaban obligados, según su población a
aprobarlos (Matrikularbeitrage). En consecuencia, las
aportaciones de los Estados miembros eran instituciones
facultativas y los ingresos pasarían a la caja del Reich.
No obstante, mediante la cláusula Frankestein, incluida en
varias leyes fiscales, se acordó que el instituto de las
aportaciones de las matrículas (Matrikularbeitrage) de los
Lander se elevase al rango de institución permanente y el
rendimiento de los ingresos por el tabaco y bebidas
alcohólicas, se transfirió a los Lander al final del año una vez
descontadas ciertas sumas: 130 millones de marcos. Tales
aportaciones que según el texto de la Constitución deberían
ingresarse «en la caja del Reich», en realidad se hacía «a
través de la caja del Reich»”. 9
También se da el caso en que un precepto legal constitucional
se modifica mediante el reglamento dictado por algún órgano
estatal supremo.
“El art. 33 II de la Constitución del Reich, prescribe que a las
sesiones del Reichstag y de sus comisiones a las que tienen
acceso el Canciller del Reich, los ministros del Reich y sus
mandatarios, también «los Lander» tenían derecho a enviar
«plenipotenciarios» para exponer la posición de su Gobierno
sobre la cuestión que se discutía. Es evidente que los
miembros del Reichstat no se designaban con la expresión
«plenipotenciarios», más bien cada Land puede enviar a los
9 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 42.
debates del Reichstag a cualquier persona adecuada como
«mandatario». Según esto el nombramiento y envió de estos
mandatarios es un derecho ilimitado de los Lander. Sin
embargo, el reglamento del Reichstag del 12 de diciembre
1922 habla en sus parágrafos 96, 97, solamente de
«mandatarios de Reichsrat». Así pues, seria dudoso si un
«mandatario de un Land» que no es a la vez miembro del
Reichsrat puede pedir la palabra en las sesiones del
Reichstag (23). De hecho, varios miembros del Reichsrat
participaron, en diversas ocasiones, en el pleno y en las
comisiones del Reichstag cumpliendo su función como
representantes del primero (24). Ahora bien, no está previsto
por la Constitución del Reich que los miembros del Reichsrat
participen, como tales, en las sesiones del Reichstag, al
revés de lo que sucede con el Consejo Económico del Reich
art. 165, IV párrafo 4 de la Constitución de Weimar. Que sea
esto constitucional parece por lo menos dudoso, si tenemos
en cuenta que los mencionados parágrafos, de su
reglamento, imponen una estricta limitación al derecho
ilimitado de los Lander pues indudablemente contrastan con
la constitución”. 10
Por último, un precepto constitucional se puede transformar
mediante la práctica efectiva de un órgano estatal que discrepe
“La permanencia del Bundesrat en el Reich imperial. Según
los artículos 12 y ss. De la Constitución del Reich el
Bundesrat no fue una asamblea permanente, porque se
10 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 43.
reunía solamente de vez en cuando al ser convocado. La
convocatoria debería hacerse regularmente una vez al año
(art.13) y excepcionalmente si un tercio de los votos lo pedía
en 1883. «Los asuntos, siempre crecientes, no permitían
interrumpir su actividad por más tiempo», de modo contrario
al texto de la Constitución, el Bundesrat fue, en realidad, un
colegio permanente”. 11
4. Mutación de la Constitución mediante su interpretación:
Esta mutación sucede cuando normas constitucionales solo se
interpretan según las consideraciones y necesidades que
cambian temporalmente sin tomar en cuenta el texto fijo de la
Constitución, o sin que se considere el sentido originario que
dio el constituyente a las normas constitucionales en cuestión.
La norma queda intacta, pero la práctica constitucional que
sigue es distinta. La Constitución muta porque sus normas
reciben otro contenido, ya que sus normas regulan
circunstancias distintas a las imaginadas. Como ejemplo de
“Un ejemplo de mutación de la Constitución mediante la
interpretación lo estableció el derecho de gracia del Gran
Duque de Baden en tiempo de anteguerra. Según el
parágrafo 3 de la Constitución de 1818, el Gran Duque unía
en su persona todos los derechos de la autoridad pública y
detallados se contaba también el
de gracia, ejercido
menudo (27). Más Tarde,
embargo, la opinión del
Gobierno cambió considerando, probablemente, la
11 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 44.
independencia de la justicia penal y se intentó excluir ese
derecho. Se argumentó basándose en el parágrafo 15 de la
Constitución que atribuía el Gran Duque el derecho de
atenuar, o abolir, totalmente una pena y se decía que este
precepto constitucional contenía las facultades del Monarca
respecto a la justicia penal, retenidos constitucionalmente.
Puesto que no se mencionaba el derecho de abolición,
entonces ya no correspondía al Monarca. Así que a
mediados de los años sesenta ya no se dio caso alguno de
abolición. Un derecho que hasta entonces se aplicó durante
casi medio siglo como derecho mayestático, se eliminó
mediante la interpretación. El texto de la Constitución siguió
sin modificarse pero, su contenido material, sin embargo
experimentó un cambio sustancial en un punto muy
importante”. 12
I. D. Procedimiento actual de la Reforma Constitucional en el Perú
Artículo 206.- Reforma Constitucional Toda reforma constitucional
debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum.
Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se
obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación
favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal
12 Hsu Dau-Lin. (1998). Mutación de la Constitución. Bilbao . Instituto Vasco de Administración Pública. Págs. 46.
de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser
observada por el Presidente de la República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de
la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los
congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero
punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas
comprobadas por la autoridad electoral. 13
II. A. Constitución e interpretación: Una relación singular
II. A. 1 Introducción
Siempre que tomamos contacto con una realidad específica intentamos
sacar a la luz el sentido que ella alberga. A esa actividad intelectual
encargada de comprender, explicar o declarar el sentido de todo aquello
que es objeto, lo llamaremos interpretación. Se tendrá que tomar en
cuenta que la interpretación no solo esclarece el sentido de la norma sino
también el sentido de los hechos que suscitan un problema jurídico.
Es así, que el derecho por ser una ciencia considera una amplia gama de
temas que se correlacionan, entre los cuales está la interpretación jurídica
dentro de la cual se ubica estrechamente ligado a la interpretación
constitucional, que es el tema que tocaremos en el presente trabajo.
La interpretación de las normas jurídicas significa otorgarles un sentido.
En el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial
importancia pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas
fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país.
Además, dada su peculiar característica de norma suprema del
13 Constitución Política del Perú de 1993, art. 206.
demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel
ordenamiento debido a su inconstitucionalidad.
El presente tiene por objeto acreditar que una Corte Suprema de Justicia,
o en su caso un Tribunal Constitucional, cuenta por lo común con un
arsenal de pautas interpretativas. Como consecuencia de esto con
relación a una norma constitucional concreta, según cuál herramienta sea
empleada, el Tribunal está habilitado para arribar a productos y resultados
interpretativos distintos.
Se busca aproximar al lector al tema de la interpretación constitucional, así
como de la labor hermenéutica desarrollada por los tribunales
constitucionales en defensa de los derechos fundamentales.
Adicionalmente, la tarea del jurista es interpretar normas, este debe
encontrar una norma o, en su defecto, en el conjunto del ordenamiento
jurídico, una respuesta al problema que se someta a su consideración,
bien sea de manera contenciosa o conflictiva, bien sea de manera
pacífica. Cuando el jurista tiene que intervenir, lo que haces es interpretar
como se dijo anteriormente y dar a través de dicha interpretación una
respuesta a la cuestión que se haya suscitado. Lo que lleva a decir que
detrás de cada actuación de un jurista hay siempre una operación de
La interpretación es metafóricamente como la sombra que acompaña al
cuerpo. De la misma manera que ningún cuerpo puede librarse de su
sombra, el derecho tampoco puede librarse de la interpretación.
Ocurre que la interpretación no siempre fue aplicada en el Derecho
constitucional, de hecho no fue aplicada hasta los años cincuenta del siglo
XX. Solo a partir de esa fecha ha habido interpretación de la constitución.
Adicionalmente de ello, en ninguna de las otras ramas del derecho ha
ocurrido algo parecido. En todas, la interpretación ha sido siempre una
cuestión de excepcional importancia.
“La interpretación de la norma constitucional- también
llamada hermenéutica o exegesis- consiste, en la labor,
adelantada por autoridad competente, de averiguar o
desentrañar el sentido de las reglas plasmadas en el texto
de la constitución política de un Estado, para acotejarlas con
otras normas del derecho positivo interno, tomando en
cuenta la realidad sobre la cual han de aplicarse, con objeto
de hacer prevalecer aquellas, como resultado del principio de
. Órgano competente para la interpretación constitucional
‘’por vía de autoridad’’
Se entiende por ‘’vía de autoridad’’ aquella que se adelanta
por el órgano competente del Estado para tal efecto, y que
por tanto tiene el carácter de definitiva y de obligatoria; esto
es, tiene fuerza vinculante para los demás órganos del
Estado y, en general, para toda la población del mismo (…).
El control de la constitucionalidad de las leyes se a confiado,
según los países, las épocas o los sistemas o bien a un
cuerpo de naturaleza política-generalmente el congreso o
parlamento-o bien, a un cuerpo de naturaleza jurisdiccional.
Cuando este control se confía a un cuerpo político, es natural
que a este- es generalmente el propio órgano legislativo
encargado de hacer las leyes-, se le confié al mismo tiempo
la labor de interpretar por ‘’vía de autoridad’’ la
constitucionalidad que el mismo hace. Es decir, que con
estos sistemas al Parlamento o Congreso- salvo que se haya
establecido otro cuerpo político para el efecto- le
Constitución y de la ley. 14
En cambio, cuando el control de la constitucionalidad se ha
confiado a un cuerpo de naturaleza jurisdiccional- los jueces
y tribunales ordinarios o un tribunal especial- la interpretación
constitucional se le confía a estos. En tales casos, entonces
la titularidad de la función de la interpretación puede estar,
por asi decirlo, repartida entre los jueces y tribunales, según
su competencia o concentrada en un solo órgano, un tribunal
especialmente revestido de esta facultad, que suele ser el
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria- la corte suprema
de justicia-, o un tribunal especial de constitucionalidad- una
corte o tribunal constitucional-. También puede darse el caso
de que esta atribución sea compartida con otro Tribunal
especial, como podría ser el máximo tribunal de lo
contencioso administrativo (…) 15
Interpretación constitucional e Interpretación legal
Tradicionalmente la interpretación constitucional, que se
cumplía bien por un órgano político -el propio Congreso o
Parlamento, encargados de hacer las leyes o por tribunales
ordinarios, empleaba los mismos métodos y técnicas de la
interpretación de las leyes, a partir de la sistematización de
Von Savigny.
Prevalecía la idea de que la interpretación de las normas
constitucionales participaba de las mismas características de
la interpretación legal ordinaria y, por tanto, se trataba de
asignar sentido a los términos utilizados en aquellas, con
14 Vladimiro Naranjo Mesa. (2006). Teoría Constitucional e Instituciones políticas. Bogotá: Temis. Págs. 425. 15 Vladimiro Naranjo Mesa. (2006). Teoría Constitucional e Instituciones políticas. Bogotá: Temis. Págs. 426.
base en las reglas que ofrecían los diferentes métodos,
como el literal, el sistemático, el histórico, el teleológico o el
analógico (…)
Debe precisarse que estos métodos aplicables en el caso de
la Interpretacion de la ley, no pueden serlo se la misma
manera en el caso de la interpretación de la constitución. En
el caso de la ley se tiene, en primer término, que existe el
principio de que la ley posterior en el tiempo deroga la
anterior, y asi mismo, que la ley especial prevalece sobre la
general en tratándose de la misma materia. En el caso de la
Constitución ello no es así, porque, por una parte, aunque la
codificación lleve un orden numérico, jamás puede decirse
que un artículo posterior dentro del texto de la Carta
prevalezca sobre uno anterior, así resulten contradictorios,
como a veces ocurre. Tampoco puede decirse que una
norma de tipo especial (la que consagre un derecho
especifico) prevalezca sobre una de carácter general ( la que
consagre el interés general sobre el particular o individual).
Debe tenerse en cuenta que en los cuerpos constituyentes,
las normas, por lo general, son aprobadas separadamente,
en oportunidades diferentes, sin seguir un orden específico.
Se pueden aprobar primero por ejemplo, las referentes a
determinada materia o capitulo las cuales luego, en la
codificación final aparecen colocadas después de otras que
fueron aprobadas con posterioridad. Y debe tenerse en
cuenta también, que la constitución no es un cuerpo de
normas homogéneo sino heterogéneo, que contiene
diversidad de materias, de preceptos, de valores, de
principios. Respecto a estos últimos, por ejemplo, ¿cómo
interpretarlos? Para ello muchas veces resulta inapropiada la
interpretación gramatical y debe apelarse, en cambio a la
Todo ello hace que no puedan ser aplicados los mismos
sistemas o principios para la interpretación legal que para la
constitucional. Y de ellos resulta, entonces, que tampoco
deban ser, necesariamente, los mismos órganos los
encargados de adelantar una y otra. De ahí que, como se
explicó anteriormente, tal vez en la mayoría de los estados
de derecho contemporáneos se confié la una- la legal- al
propio órgano encargado de hacer las leyes (Parlamento o
Congreso), en tanto que la otra, la de interpretar la
Constitución, a un órgano jurisdiccional, generalmente a un
Tribunal especial”. 16
La interpretación constitucional es uno de los órganos más importantes y
útiles de la vida política de la Constitución. Casi en todos los
ordenamientos jurídico-políticos del mundo la reconocen como tal,
habiendo en muchos de estos ordenamientos a nivel mundial órganos
especializados en la interpretación constitucional. El problema principal
existe cuando hay que aplicar ciertas normas. Para la aplicación correcta
de las normas se deberán seguir principios y mantener ciertos parámetros
y límites al momento de interpretar, como base del principio fundamental
de la supremacía constitucional. Esto quiere decir que cada operador del
derecho encargado de interpretar deberá tener como límite a la propia
base de la Constitución pues su labor no es la creación de preceptos
constitucionales, de modo que cuando las normas dejan de tener un pleno
y correcto sentido o entran en clara contradicción, allí también terminarán
las facultades de la interpretación.
16 Vladimiro Naranjo Mesa. (2006). Teoría Constitucional e Instituciones políticas. Bogotá: Temis. Págs 426-428
A continuación citaremos a Hesse que nos manifiesta su punto de vista de
los límites de la interpretación constitucional:
“(…) Es el presupuesto de la función racionalizadora, estabilizadora y
limitadora del poder que le corresponde a la Constitución”.
Por lo tanto, si el intérprete u operador intenta salirse del marco o de este
límite que traza la propia Constitución, ya no se estará realizando una
interpretación adecuada, sino
inconstitucionalidad. Y en estos casos el autor manifiesta que es preferible
2. La tradicional ausencia de la interpretación del Derecho
La interpretación de la constitución no ha sido incluida hasta fecha muy
reciente en la exposición del Derecho Constitucional. Ni en España ni en
ningún país europeo.
No es infrecuente que los Manuales de Derecho Constitucional publicados
en España no contengan una lección dedicada a la interpretación. El peso
de la tradición es extraordinario.
Constitucional del Estado democrático, del Estado que arranca de la
soberanía popular, la interpretación Constitucional es una cuestión
decisiva, de la que no se puede prescindir sin que se resienta todo e
edificio. Pero esto pertenece al siguiente apartado. Todavía no estamos en
él por qué sí, sino en el por qué no. Sigamos el orden.
Como los conocimientos que ya tenemos por las lecciones anteriores,
pienso que es fácil entender por qué no ha habido interpretación de la
Constitución durante todo el siglo XIX y primeros decenios del siglo XX.
En realidad, la ausencia de la interpretación del Derecho Constitucional es
una consecuencia insoslayable del principio de soberanía parlamentaria,
“importado” de Inglaterra en el continente europeo a lo largo del siglo XIX.
Si el Parlamento es su soberano y no hay límites jurídicos para su
manifestación de voluntad, la Constitución sólo puede tener una
interpretación política: la que hace el Parlamento al dictar la le. La
Constitución es un documento político que “Está a disposición” del
legislados, que lo interpreta políticamente, porque es de la única manera
que un Parlamento puede hacerlo.
La naturaleza de la interpretación constitucional obliga al intérprete de las
normas a manejar algunos principios necesarios para facilitar y adecuar de
manera correcta la norma jurídica en el contexto en el que se encuentre,
en la realidad social. Los métodos tradicionales en la actualidad son
insuficientes y la razón de la utilización de estos principios es permitir que
los operadores del derecho realicen una eficaz concretización.
La finalidad de la interpretación de las normas de la Constitución es
encontrarles un sentido concreto, y para tal efecto en la doctrina podemos
encontrar algunos principios que tratan de orientar y adecuar al intérprete
u operador del derecho la manera o la forma de interpretarlas. Estos
principios q a continuación nombraremos fueron expuestos por Conrad
Hesse en su ensayo: La Interpretación Constitucional, publicado como
parte de su obra denominada “Ensayos de Derecho Constitucional”, en la
que el autor señala lo siguiente:
1. Principio de Unidad de la Constitución
Algunos señalan que es el principio más importante de interpretación de la
Constitución. Se trata de analizar la Constitución de manera integral, es
decir como parte de un conjunto o de un todo. Para interpretar las normas
constitucionales se debe analizar todo el conjunto de normas que contiene
para entrar siempre en concordancia y nunca en ninguna contradicción
que haga que nuestra interpretación vaya por el camino equivocado.
2. Principio de Concordancia Práctica de los Bienes Jurídicos
Se trata de una interpretación equilibrada, es decir que cuando se
produce un conflicto o una contradicción entre dos o más bienes jurídicos,
se deberá encontrar una solución armónica evitando la aplicación de una
de las partes y la eliminación completa de la otra.
3. Principio de Corrección Funcional
Este principio obliga a los órganos estatales a cumplir con sus funciones
siempre dentro del marco de la propia Constitución, evitando alguna
confrontación o conflicto con otros poderes del Estado.
4. Principio de Eficacia Integradora
Este principio consiste en siempre crear y mantener la unidad política
como esencia y finalidad principal de la Constitución. El operador deberá
siempre promover dicha unidad para la solución de problemas jurídicos y
constitucionales que aparezcan.
5. Principio de Eficacia o Efectividad
Consiste, como su propio nombre lo indica, obligar al intérprete a que la
solución de problemas o la propia interpretación de las normas tanto
jurídicas como constitucionales contribuyan a obtener la mayor eficacia
posible para su posterior aplicación. (…)” 17
17 DERECHO CONSTITUCIONAL, Humberto Henriquez Franco, Ffecat, 2012.
Comencemos definiendo: ¿qué es lo que diferencia a la interpretación
de la ley de la interpretación de la Constitución? Si la interpretación
jurídica tradicional ha sido interpretada por la Ley, habrá que investigar
por qué no se puede hacer uso de tal interpretación exclusivamente
cuando la norma que ha de ser interpretada es la constitución.
La diferencia entre ambas interpretaciones se establecen bajo tres
criterios: uno objetivo, otro subjetivo y otro teleológico. Fuera de estos
criterios no hay otros que permitan justificar una interpretación
diferenciada. Habrá que examinar la interpretación de la Ley y la
interpretación de la Constitución desde estos tres puntos de vista para ver
si realmente existen diferencias que justifiquen una interpretación
Constitucional diferente de la interpretación jurídica tradicional.
Que la Ley es norma jurídica no se ha discutido nunca. Que la
Constitución es Norma tampoco se discute ya hoy. Pero se ha
discutido durante más de siglo y medio. Definitivamente, no es
una casualidad. Algo tiene que diferenciar a la Ley y a la
Constitución en cuanto normas jurídicas para que así haya sido.
Presentamos 3 perspectivas que permitirán identificar diferencias
entre las ya antes mencionadas:
- La Ley no existe. La constitución sí. La Ley es un concepto, una categoría normativa, en la que se incluyen miles de ejemplares. Esta existe como concepto, pero no como norma real y efectiva. La constitución por el contrario, si existe. Es al mismo tiempo un concepto y una norma real y efectiva que se ve y se toca.
- La Ley, las leyes, son expresiones de la regularidad de los comportamientos de los individuos en sus relaciones sociales.
Se usa con la finalidad de evitar consecuencias no deseadas
y es básicamente una expresión de las relaciones sociales
con algunas correcciones introducidas por el legislador.
La Constitución, por el contrario, no es norma de nada, no
expresa regularidad alguna de comportamientos. No es nada
más que un cauce para que la sociedad se auto dirija
políticamente como un mínimo de seguridad. Se trata de una
norma que canaliza el enfrentamiento político en la sociedad,
estableciendo unos límites al mismo.
- La Ley se caracteriza también por su contenido normativo, por una estructura normativa en la que se produce la fijación de un presupuesto de hecho y la vinculación al mismo de unas consecuencias jurídicas. “SI ocurre tal cosa…, tales serán las consecuencias jurídicas”. Con esto se quiere decir que una Ley prefigura una determinada conducta típica con la cual se puede comparar la conducta real y efectiva del ciudadano. La Constitución, no tiene ni una sola disposición que tenga esa estructura normativa. Solo se elimina a “reconocer y garantizar” algunos derechos y libertades, a fin de que los ciudadanos puedan auto determinar su conducta en condiciones de igualdad y determinar qué órganos y con qué procedimientos vana manifestarla voluntad del Estado y hacer cumplir.
II. A. 3.2 La Ley y la Constitución desde la perspectiva del
Intérprete y ambas Normas
La Ley es una norma destinada a ser interpretada en principio por
todos los ciudadanos. De ahí el artículo 6 del Código Civil: “La
ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Todas las
leyes susceptibles de ser conocidas, son conocidas. El ciudadano
permanece constantemente interpretando la ley, porque
permanentemente está realizando operaciones jurídicas. Por eso,
las leyes no tienen intérpretes privilegiados. Son los mismos
ciudadanos los que interpretan las leyes en pie de igualdad.
La Constitución, por el contario, tiene intérpretes privilegiados. No
es una norma destinada a ser interpretada por los ciudadanos y a
que dicha interpretación sea “verificada” por los jueces. Todo lo
contrario, es el marco dentro del cual los ciudadanos se mueven
para interpretar la ley. La interpretación de la Constitución camina
básicamente por otros derroteros.
El primer intérprete de la constitución y el más importante, es el
legislador. Este es el intérprete normal, ordinario, de la
Constitución. En consecuencia, la Constitución es una norma
jurídica que remite en la primera instancia a un intérprete político. El
Parlamento es un órgano político que interpreta la Constitución de
la única manera que sabe hacerlo: clave política. Además, el
intérprete privilegiado es el representante democrático elegido por
los ciudadanos y expresa, la voluntad general. Justamente por eso,
su interpretación en forma de ley se impone a toda la sociedad.
El segundo intérprete privilegiado es el Tribunal Constitucional.
Únicamente él puede revisar la interpretación de la Constitución
efectuada por el legislador. Y únicamente puede hacerlo
jurídicamente, es decir, únicamente puede controlas la ley, pero
nunca la motivación política que condujo al legislador a dictarla.
La Constitución no es, por lo tanto, una norma pensada para que
los ciudadanos la interpreten en pie de igualdad y los jueces
verifiquen cuál de las interpretaciones contradictorias es la mejor,
sino que es una norma pensada para recibir una interpretación
política controlada en su manifestación normativa en última
instancia por un órgano ad hoc no integrado en el Poder Judicial
La interpretación de la Ley y la interpretación de la Constitución son
un reflejo de la Sociedad Civil y del Estado Constitucional. La
interpretación de la Ley es el reino de la igualdad. La interpretación
de la Constitución es el reino del monopolio. Los individuos son
iguales en la interpretación de la Ley porque así exige la sociedad
igualitaria, en la que no puede haber relaciones de sujeción
personal. Los individuos son iguales en la interpretación de la
Constitución, porque así lo exige un Estado que tiene el monopolio
del poder. En la primera, los individuos interpretan libremente la ley
en pie de igualdad, sin intermediarios, como son las relaciones
sociales. Por eso se añade que es una interpretación igualitaria y
libre. En la segunda, la interpretación es igual para todos, porque la
hacen por igual para todos los ciudadanos 2 órganos que expresan
el monopolio del poder en que el Estado consiste: el Parlamento y
el Tribunal constitucional, que tiene el monopolio del control de
constitucionalidad de la ley. Por ello, la interpretación de la
Constitución y de la Ley es una manera específica de reflejar la vida
de la Sociedad Civil y del Estado Constitucional.
II. A. 3.3 La interpretación de la Ley y la Constitución desde una
La finalidad que se persigue con la interpretación de la ley es algo
que nadie discute: cada ciudadano tiene que encontrar la mejor de
las soluciones posibles al problema que sea. Si no hay conflicto, es
que los ciudadanos están contentos con la solución que han
encontrado al problema. En caso de conflicto, es el juez el que
decide cuál es el mejor. En la interpretación de la ley, sino que no
hay intentar encontrar cuál es la mejor de todas, tomando en
consideración todas las circunstancias particulares que concurren
En la interpretación jurídica el juez tiene que intentar verificar cuál
de las interpretaciones que se someten a su consideración es la
mejor. La finalidad de la interpretación es hacer justicia. Como el
legislador no ha podido prever todas las circunstancias que pueden
concurrir en cada caso, ha fijado la ley, la norma. Hay que encontrar
el mejor encaje posible del caso concreto en la ley, en la norma.
Este es el objetivo de la Interpretación jurídica.
Luego, en la interpretación de la Constitución la ejerce el
legislador. El criterio de interpretación mejor o peor es un criterio
exclusivamente político. Es la sociedad a través de sus
representantes la que decide cuál es la mejor interpretación de la
Constitución. Y ¿por qué considera que es la mejor?, es por lo que
la sociedad considera adecuadas a las preferencias políticas
manifestadas por los ciudadanos en las urnas.
La Constitución opera como un límite para dicha interpretación y
tiene, por tanto, que ser interpretada en cuanto tal. La interpretación
efectuada por el legislador no tiene por qué ser la mejor desde una
perspectiva racional. El tribunal Constitucional puede considerar
que no es la mejor ni la que mejor responde a la letra y al espíritu
de la Constitución. Y sin embargo, si la interpretación cabe dentro
de la Constitución. Dicha interpretación no debe ser anulada, la Ley
tiene que ser declarada Constitucional.
Y es que el objetivo de la interpretación constitucional es
completamente distinto del de la interpretación jurídica en
general. En la interpretación jurídica rige la igualdad. Por eso la
interpretación tiene que estar destinada a hacer justicia, a buscar lo
mejor. En la interpretación constitucional rige el privilegio. Se
trata de un privilegio igualitario, democráticamente definido,
democráticamente legitimado. Pero es un privilegio interpretativo
del legislador. Siempre que el privilegio no traspase el límite fijado
por el constituyente debe ser mantenido.
Ante esto, surge la siguiente pregunta: ¿pueden las reglas de
interpretación pensadas para alcanzar la finalidad de administrar
justicia las mismas que aquellas que están desinadas a una
finalidad completamente distinta?
Ahora se comprenderá con claridad por qué se ha planteado el
problema de la interpretación de la Constitución, una vez que ésta
se afirma como norma jurídica, como algo distinto de la
interpretación jurídica tradicional. La operación de interpretar la ley
y la Constitución son distintas por el objeto, por el intérprete y por la
finalidad que persiguen. Por eso ha habido que construir una teoría
de la interpretación constitucional.
II. A. 4. La interpretación jurídica como fuente de la interpretación
La interpretación jurídica es el conjunto de procesos lógicos a través de
los cuales se atribuye un significado a una norma o se describe el sentido
de sus enunciados. Actividad a la que podemos atribuir las siguientes
notas o caracteres:
Es siempre necesaria en el mundo del Derecho, por
sencillo que pueda parecer en un principio el sentido de
Es una operación conceptualizada. Es decir: tiene lugar
en unas condiciones social e históricamente determinadas,
que generan usos lingüísticos, a partir de los cuales se
confiere significado a las normas. El lenguaje es el
obligado marco de referencia del intérprete.
Constituye un proceso unitario. No hay diversos tipos de
interpretación sino distintas fases o momentos de un único
proceso interpretativo. Los cuatro métodos sevignyanos de
interpretación (gramatical, lógico, histórico y sistemático)
son cuatro vías de una operación conjunta para la
interpretación correcta de la norma.
En definitiva, la interpretación es una forma de actividad
creadora, de razonamiento práctico que no se reduce a
inferencias lógico-formales sino que, entre varios
significados posibles de una norma, valora y opta, con lo
que, en alguna medida, ayuda a innovar o por lo menos a
completar y perfeccionar el Ordenamiento jurídico como
unidad de sentido.
De otro lado, el intérprete actúa siempre desde una cierta re comprensión
del texto. Esto significa que el intérprete, aun sin quererlo, proyecta sobre
la interpretación su propia ideología.
Se acostumbra a citar los cuatro métodos interpretativos que acuñó
Savigny: literal, lógico, histórico y sistemático. Ahora bien, se esquematiza
La interpretación literal apenas es interpretación.
 La interpretación lógica no puede prescindir de ningún
elemento, ni literal, ni histórico, ni sistemático, so riesgo de
incurrir en una notoria falta de lógica.
 La interpretación histórica, aporta elementos
imprescindibles para el conocimiento del porqué y del cómo
de la creación normativa, pero es insuficiente por sí sola para
extraer de la norma sus posibilidades conformadoras de la
La interpretación sistemática, incluye los otros tres
métodos: el valor
los términos, el
origen histórico del
precepto, su ubicación en el texto global y en el
preceptos del mismo cuerpo normativo y con otros más del
Todas las operaciones intelectuales descritas son partes de un proceso
cuyo resultado es o debe ser único: la significación, sentido y alcance del
Por otra parte, la interpretación constitucional, como toda
interpretación jurídica, busca el sentido incorporado a la norma jurídica
misma y no el sentido subjetivo, o sea, el pensamiento de las personas
que intervienen en su creación. Ello obliga a conocer y entender las leyes
mejor que las mismas personas que intervienen
De todos modos, el intérprete busca y selecciona el material normativo y
el material hermenéutico, y, según sea la selección de uno y otro, así
será la interpretación resultante.
En diferentes ordenamientos existen normas para la interpretación de las
normas. En el Ordenamiento español esta materia ha sido regulada
tradicionalmente en el Código Civil, cuyos artículos 3 y 4 ordenan la
interpretación conforme a los criterios literal, histórico, sistemático,
teleológico (atención al espíritu y finalidad de la norma) y evolutivo
(interpretación de la norma en relación con la realidad social del tiempo en
que ha de ser aplicada).
La Constitución contiene una norma de este tipo que dice la interpretación
de las normas constitucionales relativas a los derechos y libertades de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
los tratados internacionales sobre dicha materia ratificados por España. A
su vez, el Tribunal Constitucional ha desenvuelto diversos criterios de
interpretación, entre los que acaso el más importante sea el de
interpretación favorable a la libertad. Inversamente, las limitaciones de los
derechos deben ser interpretadas de forma restrictiva.
Todo el Ordenamiento jurídico queda impregnado, empapado de "sentido
constitucional", pues recibe de la Constitución su fundamento y
legitimidad, así como también sus límites.
El Ordenamiento jurídico es algo más que un mero conjunto o agregado
de normas. Es una totalidad normativa organizada, estructurada, con
muchas subestructuras u ordenamientos menores. Esta pluralidad de
ordenamientos parciales ha de tener una unidad de sentido para poder ser
un todo sistemático y eficaz. Y esa unidad de sentido la proporciona la
Pero, evidentemente, la unidad del Ordenamiento jurídico exige la de la
Constitución. La interpretación constitucional debe detectar su unidad de
sentido, su coherencia, su concordancia práctica, la integración de sus
elementos, para, así, maximizar la eficacia de sus mandatos sin
distorsionar su contenido.
Además, es políticamente necesario y jurídicamente obligatorio interpretar
todo el Ordenamiento jurídico desde el prisma de la Constitución, de
conformidad con ella, y no, interpretar la Constitución de acuerdo con las
Concluiremos con palabras del propio Tribunal Constitucional español:
"siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la
Constitución y la otra no conforme a ella, debe admitirse la primera".
II.B. Criterios de la interpretación
Métodos o elementos de interpretación de la ley son los medios de
que dispone el intérprete para establecer el o los posibles sentidos y
alcances de la ley interpretada. Estos medios son comúnmente
aceptados por la doctrina y en ocasiones consagrados expresamente
por los propios ordenamientos jurídicos. Estos elementos son el
elemento gramatical, el histórico, el lógico, el sistemático y el
 El elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los
sentidos y alcances de la ley haciendo uso del tenor de las
propias palabras de la ley, es decir, al significado de los términos
y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar
su pensamiento. Este método interpretativo parte del supuesto
que la voluntad e intención del legislador está impregnada en la
ley; y como la ley está escriturada, entonces la mejor manera de
descifrar la verdadera intención legislativa es a través de las
palabras de que hace éste.
 El elemento histórico permite interpretar el derecho legislado
aludiendo para ello a la historia del texto legal que se trata de
interpretar. Esta historia se ve reflejada en cada una de las
historias o etapas del proceso de formación de la ley.
El elemento lógico es aquel que para establecer el o los
sentidos o alcances de una ley se vale del análisis intelectual de
las conexiones que las normas de una misma ley guardan entre
sí o bien, con otras leyes que versen sobre la misma materia.
El elemento sistemático permite interpretar la ley atendiendo a
las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento
jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del
Derecho. Así, este método no es sino un grado más avanzado
del método lógico.
 El elemento teleológico, por último, es aquel que permite
establecer el sentido o alcance de un precepto legal atendiendo
al fin de esta, es decir, a los determinados objetivos que se buscó
conseguir mediante su establecimiento.
II.B.1.Clasificación de la interpretación de la Ley
En cuanto a las clasificaciones más frecuentes de la interpretación de
la ley, ellas se hacen desde el punto de vista del agente que la lleva
a cabo, desde el punto de vista del resultado a que conduce, y
desde el punto de vista de si la actividad interpretativa se encuentra o
no reglada por el ordenamiento jurídico.
En atención al agente que la lleva a cabo, es posible distinguir
entre interpretación pública e interpretación privada.
La interpretación pública se clasifica en interpretación
legal, judicial y administrativa.
En cuanto a la interpretación privada, se trata de la que
realizan los propios sujetos de derecho, los juristas y las
que llevan a cabo los abogados en su condición de
expertos en derecho.
del resultado a
interpretación legal se clasifica en estricta, extensiva y restrictiva.
Interpretación estricta es aquella que conduce a la
conclusión de que el texto legal debe ser interpretado
únicamente a los casos que él expresamente menciona,
sin extenderse a más casos de los que este contempla ni
restringirse a menos de los señalados por el legislador.
Interpretación extensiva, en cambio, es la que como
misma se concluye
situaciones de los que
expresamente menciona.
 Interpretación restrictiva, por último, es aquella en cuya
virtud se desprende que la ley objeto de interpretación
debe aplicarse a menos situaciones de las que ella
menciona expresamente.
última clasificación de la
distingue entre interpretación reglada y no reglada.
Interpretación reglada es aquella que en cuanto al
método que debe seguir el intérprete para establecer el o
los significados de las normas legales interpretadas se
encuentra normado por el respectivo ordenamiento
 Interpretación no reglada, en contraste, es aquella que
no se encuentra regulada por el ordenamiento, de modo
tal que el intérprete puede atribuir el significado a la norma
legal de una manera más libre que en la anterior
CONSTITUCIONAL MARCIAL RUBIO CORREA
(5) Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 31 de diciembre de 2004 en el exp_0004_2004_CC_TC sobre acción de conflicto de competencia interpuesta por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo
(6) Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 12 de mayo de 2003 en el exp_2209_2002_AA_TC sobre acción de amparo interpuesta por Mario Antonio Urrello Alvarez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.
2. INTERPETACIÓN CONSTITUCIONAL (MATERIAL DE ENSEÑANZA) PROF. EDGAR CARPIO MARCOS
AYALA) PIERRE PACTET FERDINAND MELÍN – SOUCRAMANIEN
4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993
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