Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32784-de-diciembre-1-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7e006ae3f298c038e0430a010151c038&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-22 04:14:41
Document Index: 176670510

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 177', 'artículo 37', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 229', 'artículo 91', 'artículo 162', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 42']

SENTENCIA 32784 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:NO SE PRESENTA DESPIDO INJUSTO CUANDO EL TRABAJADOR NO JUSTIFICA INASISTENCIA Y HACE CASO OMISO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. SE RECUERDA SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PREVISTO EN LOS REGLAMENTOS INTERNOS, EN PARTICULAR A CUMPLIR CON LA EXIGENCIA DE OÍR EN DESCARGOS AL TRABAJADOR SUJETO A UN PROCESO DISCIPLINARIO. ADICIONALMENTE SE HA DE SEÑALAR QUE LA RECLAMACIÓN POR NO HABER SIDO OÍDO EN DESCARGOS, CUANDO HUBO DEJACIÓN DE ESE DERECHO, EL QUE LLEVA IMPLÍCITO EL ABANDONO DEL CARGO, NO PUEDE PRESENTARSE HOY COMO DERECHO VULNERADONADIE PUEDE HACER DERIVAR PROVECHO DE SU PROPIA NEGLIGENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABANDONO DEL CARGO, EMPLEADOR, PROCESO DISCIPLINARIO, DESCARGOS, TRABAJADOR, TRÁMITE DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, PRESENTACIÓN DE DESCARGOS
Sentencia S32784CSJ SL 2009[S1573856] de diciembre 1º de 2009
Rad.: 32784
Bogotá, D. C., primero de diciembre de dos mil nueve.
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por MARÍA LUZ SÁNCHEZ DE RODRÍGUEZ contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 31 de octubre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
María Luz Sánchez de Rodríguez demandó al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en lo que interesa al recurso extraordinario, para que se declare: 1) Que el demandado está obligado a pagar la pensión causada por el tiempo prestado; 2) Que Víctor Rodríguez Ospino (q.e.p.d.), fue despedido por la empleadora en contravención del reglamento interno de trabajo, la convención colectiva 1973-1976 y el Decreto 2127 de 1945; 3) Que Víctor Rodríguez Ospino (Q.E.P.D.) fue despedido en forma ilegal e injusta a partir de 30 de enero de 1989; y que se condene al demandado a reconocerle la sustitución pensional vitalicia en el derecho causado y no disfrutado por su extinto marido, Víctor Rodríguez Ospino, con efectividad a partir de 3 de octubre de 2002.
En sustento de tales súplicas afirmó que Víctor Rodríguez Ospino estuvo vinculado contractualmente con la extinta Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entre el 15 de julio de 1974 y el 30 de enero de 1989, con salario de $74.864,14, estaba afiliado al sindicato, y fue despedido ilegalmente a partir de 30 de enero de 1989; que el trabajador falleció el 30 de octubre de 2002, a la edad de 59 años, por lo que dejó causado el derecho a la pensión sanción y su transmisión a la demandante por el matrimonio que contrajeron el 9 de diciembre de 1972.
El demandado se opuso a las pretensiones; de los hechos admitió algunos, negó otros y de los demás adujo que no le constan. Invocó las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, falta de título y de causa en la demandante, compensación, buena fe, prescripción, y las que resulten probadas (folios 65 a 71).
El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 9 de agosto de 2006, condenó a pagar la pensión deprecada, a partir de 30 de octubre de 2002, en cuantía inicial de $587.583. De lo demás absolvió.
De la decisión apeló el demandado y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la revocó y, en su lugar, absolvió.
El ad quem aseveró que Víctor Rodríguez Ospino (Q.E.P.D.) trabajó para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia de 15 de julio de 1974 a 30 de enero de 1989, como Celador, con un salario promedio mensual de $74.864,14, como se colige de la contestación de la demanda, los boletines de ingreso y retiro, la relación de tiempo de servicios, la liquidación de cesantía y la constancia que obran en el informativo.
Transcribió el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y aclaró que en el caso estudiado el ex trabajador fallecido laboró 14 años, pero no llena el otro requisito que es el despido ilegal e injusto, toda vez que del documento de folio 111 le corresponde al demandado demostrar el hecho invocado en el DCTR-0038 de 16 de enero de 1989, o sea el abandono del cargo, hecho que no es indefinido, es decir, de los que conforme al inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil no requieren ser demostrados, porque la no presencia de una persona en un sitio determinado y en un momento dado es una afirmación de carácter definido en el tiempo y el espacio.
Explicó que el demandado probó el abandono del cargo por el ex trabajador, desde el 15 de noviembre de 1988, como lo demuestran las informaciones del expediente administrativo levantado por la empleadora en 1988 (folios 44 a 47), lo que es contrario a la conclusión del a quo, porque tomando como fundamento el télex del Jefe de Estación de Puerto Salgar, el proceso administrativo y la investigación que obra a folios 38 a 49, en la que se determinó que el causante abandonó el trabajo el 15 de noviembre de 1988 y hasta el 20 de diciembre de 1988 no se había presentado a laborar, ni allegó comunicación alguna sobre las causas por las que no se hizo presente en el sitio de trabajo.
Concluyó que por ello no es dable la condena a pensión restringida de jubilación, porque el causante no fue despedido injustamente por la empleadora, sino que dicho trabajador abandonó el sitio de su trabajo, por lo cual fue retirado por la empresa el 30 de enero de 1989, y sólo el 21 de junio de 2000 pidió a la entidad una pensión vitalicia por edad, mas no restringida de jubilación.
Lo interpuso la demandante y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado.
Con esa intención propuso un cargo, que fue replicado.
Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 1º, 9º, 10, 13, 16, 18 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 2, 11, 36 y 49 de la Ley 6 de 1945, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 8º y 12 de la Ley 171 de 1961, 11, 21 y 22 del Decreto 1611 de 1962, 74 del Decreto 1848 de 1969, 1º de la Ley 33 de 1973, 1º del Decreto 690 de 1974, 1º y 4º de la Ley 12 de 1975, 1º y 2º de la Ley 113 de 1985, 3º, 10 y 11 de la Ley 71 de 1988, 5º, 6º y 11 del Decreto 1160 de 1989, 11, 21, 36, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 251 del Código de Procedimiento Civil, como violación de medio.
Señala como errores evidentes de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que a Víctor Rodríguez Ospino la empleadora lo despidió con justa causa.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el causante fue despedido por el empleador sin justa causa.
Afirma que el ad quem apreció indebidamente los documentos de folios 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, y no apreció el reglamento interno de trabajo (folios 147 a 190), las convenciones colectivas de trabajo de 1973 (folios 191 a 216) y de 1978 (folios 217 a 239).
Reproduce lo que asentó el Tribunal y arguye que ese juzgador cometió desatino fáctico porque en la empresa hay un procedimiento disciplinario extralegal previsto en las convenciones colectivas de trabajo, en sus artículos 25 y 14, y no apreció el reglamento interno de trabajo, en especial los folios 154 a 156, que lo contiene en su artículo 37 y siguientes, para suspensiones o para despedir a sus subordinados, pues no se cumplieron las formalidades previstas para despedir a Víctor Rodríguez Ospino (Q.E.P.D.).
Copia el artículo 25 de la convención colectiva de trabajo de 1973 (folios 220 y 221), y el procedimiento disciplinario del artículo 14 de la convención de 1978 (folios 235 y 236), los artículos 43 y 44 del reglamento interno de trabajo (folios 154 a 156), y no se percató el Tribunal que de la providencia que se dicte y que imponga el despido, el trabajador podrá apelarla, la cual no aparece inserta en las pruebas que obran en el informativo, con lo cual habría concluido que se le despidió sin justa causa, como lo expresó la Corte en la sentencia de 2 de septiembre de 2004, radicación 22657.
Insiste en que el procedimiento que se le adelantó al causante no se agotó, como lo dio a entender equivocadamente el ad quem, con el oficio de investigarlo, ni con las declaraciones extra proceso de los señores Eduardo Money Gómez Hernández (folio 43), Germán Brisneda Lugo (folio 44) y Truman Ignacio (folio 45), los que, por carecer de prueba alguna que acreditase su ratificación o práctica de dichas testimoniales, no le permitían al juzgador de segundo grado darles valor probatorio alguno, por transgredir los postulados del artículo 229 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ni con la calificación del expediente administrativo (folios 48 y 49), las que no merecen judicialmente valor probatorio alguno.
Reitera que el Tribunal falló en toda la información que erradamente legitimó, al no echar de menos que allí brilla por su ausencia la diligencia de descargos de Víctor Rodríguez Ospino (Q.E.P.D.), y ni siquiera pidió prueba de algún télex o comunicación citatoria a dicho causante para descargos, en el que se le hubiese respetado su constitucional derecho a defenderse de las imputaciones de abandono efectuadas en su contra, y si ese hubiese sido el análisis jurídico del ad quem a folios 39 a 47, habría fulminado que el procedimiento llevado a cabo por los Ferrocarriles Nacionales de Colombia para despedirlo, no cumplía los mínimos requisitos extralegales previstos en las convenciones colectivas de trabajo de 1973 y 1978, ni las del reglamento interno de trabajo, ni tampoco las de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945.
Sostiene que la recurrente no alegó, como hoy lo enrostra como error de hecho al Tribunal, el no haber apreciado la existencia de un proceso disciplinario como trámite previo al despido, lo que es inadmisible ahora en casación, porque ello desconoce el debido proceso y atenta contra el derecho de defensa de la otra parte.
Afirma que el ad quem sí hizo mención al estudio del “expediente administrativo levantado por la entidad demandada en 19988” (sic), visible a folios 44 a 47, lo que indica que el error endilgado no lo cometió, y que en el cargo la impugnante ataca la legitimidad de la sentencia de segundo grado por la vía indirecta, pero hace un juicio de valores de derecho, como si se tratara de un cargo por encauzado por la vía directa, pese que le correspondía dirigir la demostración a situaciones estrictamente fácticas para conseguir su cometido y no realizar conglomerados, y transcribe la sentencia de la Corte radicada con el No. 21263.
De conformidad con el artículo 91 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 del Decreto 446 de 1998, que flexibilizaron las exigencias de técnica en el recurso de casación, a la Corte se le permite salvar un cargo desbrozándole de los aspectos ajenos a la vía escogida, como en el sub lite los reproches de naturaleza jurídica, impropios para la vía indirecta, a la que la Sala circunscribirá su examen; de esta manera se superan los defectos señalados por el opositor.
Se duele el recurrente de la indebida apreciación del artículo 44 del Reglamento Interno de Trabajo que a la letra prescribe:
“Para la imposición de la sanción de despido se procederá de conformidad con las siguientes normas:
“a) Notificado el Administrador de la Empresa respectiva de la comisión de la falta, ordenará, si no lo puede hacer personalmente, que se adelante, por escrito, la correspondiente investigación;
“b) Perfeccionada la investigación citará a su despacho al inculpado, a quién (sic) oirá los descargos que tenga a bien formular, practicará las diligencias que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y dictará la providencia del caso.
“De la providencia que se dicte, y por medio de la cual se imponga una sanción, el trabajador podrá apelar ante el Administrador General, el cual resolverá el recurso con vista en la actuación adelantada.” (Folios 155 y 156).
El recurrente igualmente protesta por la indebida apreciación del artículo 44 de la misma preceptiva y de las Convenciones Colectivas de 1973 – artículo 25 - y 1978,- artículo décimo cuarto- se ha de señalar que no conciernen al caso, por regular lo relativo a las sanciones, sin que ellas comprendan el despido.
El error se hace consistir en que pese a que de las pruebas así referidas se ha de deducir la necesidad de cumplir con la diligencia de cargos y descargos del trabajador dentro del un proceso administrativo disciplinario tendiente a imponer la sanción de despido, el Tribunal se abstuvo de verificar si el trabajador sancionado había sido llamado o no a descargos como se exige expresamente en el Reglamento Interno de Trabajo; porque de haberlo hecho, reclama el censor, habría advertido que no se cumplió con dicho trámite.
El Tribunal dio por asentado, con base en el trámite administrativo disciplinario que el trabajador abandonó el cargo el 15 de noviembre de 1988 y hasta el 20 de diciembre siguiente no se había presentado a laborar.
Del conjunto de documentos allegados al expediente, que dan cuenta del proceso administrativo adelantado se advierte lo siguiente:
1. El memorando DCTR-1.232, de 29 de noviembre de 1998, contiene una solicitud de investigación administrativa “por presunto abandono del cargo por parte del Sr. VICTOR RODRIGUEZ OSPINO, Celador de Estación Puerto Salgar, quien no se presenta a laborar desde el 15 del mes en curso” (folio 39).
2. La actuación administrativa del instructor en el que se dispone la realización de las diligencias tendientes a formar el expediente de la Información Administrativa, y para el efecto dispone adelantar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; y se ordena: “Óigase en información administrativa de cargos y descargos al trabajador Víctor Rodríguez Ospino y de todos los trabajadores que dentro de la instrucción resultase comprometido en el hecho materia de investigación”.
3. El oficio SG-I-I-263 de 6 de diciembre de 1988, dirigido al sindicato, da cuenta de que se “ha iniciado Investigación Administrativa por presunto abandono del trabajo parte del señor VICTOR RODRIGUEZ OSPINO, Celador Estación Puerto Salgar” (folio 42).
4. El Informe Interno de la Investigación Administrativa, de 23 de diciembre de 1988, concluyó que “Como se puede ver en los folios 5 y 6, el trabajador señor VICTOR RODRIGUEZ OSPINO, sí abandonó el trabajo y hasta el momento de decepcionar tanto al Jefe de la Estación, como al Coordinador de Transportes, dicho trabajador no ha pasado ninguna comunicación sobre las causas para no hacerse presente al sitio de trabajo. En consecuencia de lo anterior, el calificador debe darle cumplimiento al artículo 42 numeral seis (6) del Reglemaneto (sic) General de la Empresa.” (Folio 47).
5. El memorando DCTR-0038 de 16 de enero de 1989, que califica el expediente administrativo No. 675, da noticia de que el señor Víctor Rodríguez Ospino no se presenta a laborar desde el 15 de noviembre de 1988 (folios 48 y 49).
6. Los informes administrativos de Eduardo Bony Gómez Hernández, Germán Briznada Lugo y Truman Ignacio Alfaro, son claros al afirmar que el señor Víctor Rodríguez Ospino “no se ha presentado a trabajar desde el 15 de Noviembre” (folios 43, 44 y 45).
Del examen de las probanzas antes referidas se ha de concluir que la entidad demandada se dispuso darle cumplimiento al trámite administrativo disciplinario previsto en el Reglamento Interno, en particular a cumplir con la exigencia de oír en descargos al trabajador sujeto a un proceso disciplinario, de lo cual le valió al Tribunal para suponer que la demandada cumplió con el debido proceso.
La anterior conclusión no encierra el yerro evidente que pregona la censura por cuanto, si bien es claro que el trámite disciplinario no fue agostado, también aparece al canto la razón por la que este no se concluyó, como es la del desaparecimiento del trabajador del escenario empresarial, supuesto más que circunstancial para poder hacer la notificación del trámite y vincularlo a él oyéndolo en descargos.
Adicionalmente se ha de señalar que la reclamación por no haber sido oído en descargos, cuando hubo dejación de ese derecho, el que lleva implícito el abandono del cargo, no puede presentarse hoy como derecho vulnerado; nadie puede hacer derivar provecho de su propia negligencia.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 31 de octubre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió MARÍA LUZ SÁNCHEZ DE RODRÍGUEZ contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
Costas en casación a cargo de la recurrente, porque hubo oposición.
Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.