Source: http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm
Timestamp: 2018-11-17 15:05:16
Document Index: 61692607

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 41']

Presione aquí para ver las Medidas Cautelares otorgadas en 2009 ordenadas por país, en orden alfabético
Debajo están las Medidas Cautelares otorgadas en 2009 en orden cronológico, comenzando por la última medida otorgada.
El 23 de diciembre de 2009, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Emerson Yovany Martínez Amaya y su núcleo familiar. Según la información recibida, Emerson Yovany Martínez Amaya, quien ha estado activo en la Resistencia contra el golpe de Estado, habría sido detenido violentamente por la policía hondureña. Informaron que en la madrugada del 28 de noviembre del 2009, aproximadamente ocho agentes policiales fuertemente armados llegaron a su residencia y lo llevaron del brazo al dormitorio, donde apuntaron a la cabeza de su esposa con una arma. Agregaron que procedieron a sacarlo de la casa y lo llevaron detenido, sin justificar el motivo, y que en el camino le colocaron una capucha con olor a gas pimienta, lo cual le provocó ardor en la piel y los ojos. Añadieron que fue llevado a un cuarto de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde le habrían propinado golpes y le habrían amenazado con matar a toda su familia. Informaron que luego, lo pasaron a una celda en un sótano de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y que un fiscal del Ministerio Publico lo presionó para que hablara en contra de una persona a quien ha visto en las marchas de la resistencia. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Emerson Yovany Martínez Amaya y su familia, que se acuerden las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas. La CIDH solicitó contar con información en un plazo de 20 días y actualizar la información periódicamente.
MC-297-09 - Juan Almonte Herrera y otros, República Dominicana
El 11 de diciembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera en República Dominicana. En la solicitud de medida cautelar se alega que el señor Juan Almonte Herrera fue detenido por cuatro agentes del Departamento de Anti Secuestro de la Policía Nacional el 28 de septiembre de 2009. Agrega que habría sido llevado a un lugar desconocido sin acceso a visitas de su familia ni de sus representantes legales. El 2 de octubre de 2009, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional habría ordenado la liberación del señor Almonte Herrera, pero la solicitud indica que aún se desconoce su paradero y que la información disponible sugiere que podría haber fallecido a causa de golpes proferidos por la policía durante su detención. El 30 de noviembre de 2009 la CIDH solicitó al Estado de República Dominicana que informara en un plazo de 48 horas sobre el paradero del señor Almonte Herrera, sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, y sobre la situación de seguridad de sus familiares y representantes. Hasta la fecha, la CIDH no ha recibido respuesta a esa solicitud de información. Adicionalmente, la CIDH recibió información el 5 de diciembre de 2009 que indica que los familiares y representantes del señor Almonte Herrera habrían sido objeto de seguimientos y hostigamientos por parte de agentes de la Policía Nacional desde la fecha en que el señor Almonte Herrera fue detenido. En vista de la gravedad y urgencia de la situación y la falta de respuesta sobre el paradero del señor Almonte Herrera, la Comisión Interamericana solicitó al Gobierno de República Dominicana que informe sobre el paradero de Juan Almonte Herrera, su estado de salud, y la situación de seguridad en la cual se encuentra; que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón, y Francisco de León Herrera; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 118/09 – Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro, Panamá
El 30 de noviembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de los líderes del Pueblo Naso Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra; para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro, en Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 30 de marzo del 2009, policías y empleados de la empresa Ganadera Bocas llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, a fin de ejecutar una orden de desalojo. Según la información recibida, los agentes policiales procedieron a realizar un desalojo violento de las familias que ocupaban las tierras en conflicto con la empresa, arrojando bombas lacrimógenas donde había niños y destruyendo unas 30 casas, el centro cultural Naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias. Se indica que los indígenas desalojados se habrían instalado en campamentos, y que efectivos de la Policía Nacional habrían sitiado a varias comunidades Naso y habrían restringido el libre tránsito a los miembros de la comunidad a través de retenes, lo que habría impedido llevar alimentos y agua a las personas dentro del campamento. Se agrega que los días 15, 16 y 17 de abril de 2009, empleados de la Ganadera Boca escoltados por agentes policiales habrían efectuado disparos al aire y tumbado seis ranchos y el campamento de la comunidad. Se informó también que el 2 de octubre de 2009, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas Naso, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral. Estas personas habrían sido liberadas el 4 de octubre. La información añade que el 19 de noviembre de 2009, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes de policía habrían llegado a las comunidades Naso de San San y San San Druy y habrían lanzado bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas habrían tumbado varias casas con sus maquinarias. La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso, brindar atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales; adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; garantizar la libre circulación y la seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias; e investigar los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.
El 30 de noviembre de 2009, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y su núcleo familiar. Según la información recibida, el señor Sarmiento Galindo ha sido miembro activo de la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado. Se alega que el 18 de noviembre de 2009, José Manuel Beltrán y Delis Noel Hernández Figueroa estaban esperando al señor Sarmiento Galindo fuera de la casa, cuando unas ocho personas dispararon desde un carro, provocando la muerte de ambos. Se señaló que las personas habrían disparado armas y granadas a las puertas y ventanas de la casa, dañando muebles y estructuras interiores. La información recibida indica que los atacantes ingresaron a la casa y dieron puntapiés al señor Sarmiento Galindo, y que los fusiles granaderos empleados serían de uso de las Fuerzas Armadas de Honduras. La solicitud indica que la Policía Nacional, que tiene su sede a unas cinco cuadras de la casa, llegó 40 minutos después de iniciado el ataque. Se agrega que las autoridades no habrían investigado los hechos con debida diligencia y que hasta la fecha, los cuerpos de seguridad no habrían brindado seguridad al señor Sarmiento y su familia. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y su familia, que se acuerden las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas. La CIDH solicitó contar con información en un plazo de 20 días y actualizar la información periódicamente.
MC 224/09 – Adolescentes privados de libertad en la Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), Brasil
El 25 de noviembre de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los adolescentes privados de libertad en la Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), Brasil. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la vida e integridad física de unos 290 adolescentes privados de libertad en UNIS está en riesgo. Indica que muchos de los internos han sido objeto de palizas, agresiones y torturas, presuntamente por parte de agentes del Estado y de otros adolescentes, y que entre abril y julio de 2009 tres adolescentes murieron en la unidad como resultado de estos hechos. La Comisión Interamericana solicitó al Estado brasileño adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los adolescentes privados de libertad en UNIS, evitando que ocurran muertes y actos de tortura en el establecimiento, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de estas medidas cautelares.
MC 319/09 – Liga de Mujeres Desplazadas – Cartagena, Colombia
El 18 de noviembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Doris Berrio Palomino y su familia, en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 31 de agosto de 2009, Jair Pantoja Berrio, hijo de Doris Berrio Palomino y fundador de la Liga Joven, de la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), fue asesinado en Cartagena. La solicitud indica que el asesinato tuvo lugar a pesar de que la familia de Doris Berrio Palomino cuenta con medidas de seguridad proporcionadas por el Estado colombiano. Añade que la Corte Constitucional se habría pronunciado sobre la situación de riesgo de los integrantes de la LMD en tres ocasiones, y que los integrantes de la Liga han informado al Ministerio del Interior sobre la insuficiencia de las medidas de seguridad, pero alega que el Estado colombiano no habría actuado con diligencia para asegurar que los esquemas de seguridad sean eficaces. La solicitud indica además que durante el año 2009, varios líderes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos de la población desplazada en Cartagena habrían sido asesinados, y que desde marzo de 2001 los integrantes de la LMD serían víctimas de actos de violencia y amenazas, presuntamente perpetrados por grupos armados al margen de la ley. La Comisión solicitó al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Doris Berrio Palomino y su familia, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.
MC 240/09 – Mauricio Meza, Colombia
El 18 de noviembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Mauricio Meza Blanco en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el defensor de derechos humanos y ambientalista Mauricio Meza regresó a sus labores en septiembre de 2009 tras alejarse de su familia y de su trabajo a fin de disminuir el nivel de riesgo que enfrentaba. Señala que se desconocen los avances en las investigaciones sobre el intento de secuestro de marzo de 2009 y las amenazas que fueron denunciadas a las autoridades competentes, y que el sistema de protección otorgado por el Ministerio del Interior sigue siendo temporal puesto que la evaluación de nivel de riesgo dio como “ordinario”. La solicitud agrega que en una audiencia pública ambiental realizada el 23 de octubre de 2009, guardias de seguridad habrían seguido al señor Meza y le habrían tomado fotografías, y que un automóvil adscrito a la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) le habría realizado seguimientos. Se alega asimismo que el 25 de octubre de 2009, un desconocido disparó con arma de fuego contra su vivienda y que el 31 de octubre de 2009 habría sido objeto de hostigamiento, presuntamente por parte de agentes de inteligencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Mauricio Meza Blanco y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
El 17 de noviembre de 2009, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de Antonia Damary Coello Mendoza y de los 17 miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y sus respectivos núcleos familiares. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas en un plazo de 20 días.
En relación a la señora Antonia Damary Coello Mendoza, la solicitud de medida cautelar indica que ella participó el 13 de agosto de 2009 en una manifestación de oposición al régimen de facto en San Pedro Sula, la cual habría sido reprimida por la policía hondureña con bombas lacrimógenas, ante lo cual intentó encontrar refugio. La solicitud indica que agentes de la policía preventiva la habrían perseguido y obligado a subirse a la patrulla, donde recibió golpes y amenazas de que la violarían y matarían, mientras le arrojaban gas pimienta en los ojos. Se indica que un medio televisivo de San Pedro Sula grabó el momento en que la señora Coello Mendoza se tiró de la patrulla, video que ha sido divulgado. La solicitud señala que después de estos hechos, la señora Coello Mendoza ha sido objeto de persecución por patrullas policiales y que su vehículo fue dañado; agrega que se han realizado diligencias debidamente formalizadas en el Tribunal de lo Penal, pero que hasta el momento no se ha establecido un sistema de protección. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Antonia Damary Coello Mendoza y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares.
En relación al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la solicitud de medidas cautelares alega que el personal y sus familiares vienen siendo objeto de llamadas intimidatorias y seguimientos. Indica que el 21 de septiembre de 2009 la sede fue objeto de un ataque con bombas lacrimógenas cuando había adentro unas 120 personas, muchas de ellas heridas, ofreciendo testimonios sobre los hechos de violencia ocurridos frente a la Embajada de Brasil, y que desde esa fecha la sede es vigilada por personas que toman fotografías. La solicitud añade que el 18 de septiembre de 2009, cuando se encontraban en un destacamento policial donde se realizaba una audiencia, fueron alterados los frenos del automóvil de Berta Oliva, Presidenta de COFADEH, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH desde el 28 de junio de 2009; indica que también fueron aflojados los tornillos de las llantas del automóvil de otra abogada de COFADEH que se encontraba en el lugar. Asimismo, la solicitud alega que los miembros de COFADEH vienen recibiendo llamadas intimidatorias en sus teléfonos celulares y mensajes por Internet en que les dicen que deben dejar de denunciar al gobierno de facto y que conocen dónde se encuentran o qué actividades realizan diferentes familiares, tal como hijos o hermanos. La Comisión Interamericana solicitó que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los 17 miembros de COFADEH y sus núcleos familiares y para otorgar protección perimetral a la sede de COFADEH, así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 119/09 – César Julio Valencia, Colombia
El 17 de noviembre de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del magistrado César Julio Valencia Copete, en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el magistrado Valencia Copete ha recibido amenazas contra su vida a raíz de su participación en investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos armados al margen de la ley. Se agrega que en marzo de 2008, el Magistrado Valencia Copete tuvo conocimiento de que su teléfono celular fue interceptado por el Departamento Administrativo de Seguridad; que se habría tomado conocimiento de que un funcionario de la Oficina de Protección, quien también se encontraba adscrito en la Subdirección de Contrainteligencia, poseía información personal sobre el Magistrado Valencia Copete; que el Estado aún no habría tomado las medidas necesarias para investigar la vigilancia e intercepción telefónica de la cual ha sido objeto el Magistrado Valencia Copete; y que a pesar que el Estado le ha brindado un esquema de seguridad, ni él ni sus representantes han podido participar en su diseño e implementación, y las autoridades responsables de implementar dicho esquema no habrían sido receptivas a sus solicitudes. La Comisión Interamericana solicitó al Gobierno de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de César Julio Valencia Copete; que garantice el acceso a la información a los archivos de inteligencia que sea necesario a fin de proteger su seguridad personal; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.
MC 242/09 - Miembros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
El 16 de noviembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Enrique Rojas Rodríguez, Marco Romero Silva y Edna Bibiana Ortiz, miembros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que estas tres personas habrían sido objeto de interceptaciones telefónicas, seguimientos y otras actividades de inteligencia por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Agrega que los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo en vista de alocuciones de altos funcionarios públicos contra el desarrollo de sus actividades de defensa de personas en condición de desplazamiento forzado. Adicionalmente, se informa que el 30 de octubre de 2009, Edna Bibiana Ortiz formaba parte de la misión de verificación humanitaria sobre la situación de poblaciones desplazadas en el alto Sinú y alto San Jorge, la cual fue atacada con armas de fuego, presuntamente por grupos paramilitares, resultando en la muerte de un maestro y la hospitalización de una enfermera. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; proveer un sistema de enlace y/o protección para miembros de CODHES que se desplazan a zonas de conflicto durante el desempeño de sus funciones; proveer protección perimetral a la sede de CODHES; y garantizar el acceso a la información a los archivos de inteligencia que sea necesario a fin de proteger su seguridad personal.
MC 302/09 - Mario Alberto Pérez Aguilera, Cuba
El 22 de octubre de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Mario Alberto Pérez Aguilera, Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega la presunta obstaculización, por parte de las autoridades carcelarias a que Pérez Aguilera tenga acceso a la alimentación diaria sin ser objeto de actos degradantes. Los solicitantes aducen que la celda del beneficiario se encuentra al final del corredor por lo que la comida muchas veces no le es repartida y que ha tenido que suplicar para obtener su ración. En este contexto, informaron que en enero de 2009 el beneficiario estuvo 11 días sin recibir alimentación. Por otra parte, sostuvieron que Pérez Aguilera se encontraría aislado del resto de las personas privadas de libertad y que había sido objeto de golpizas al intentar comunicarse con otros detenidos. La Comisión Interamericana solicitó al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Mario Alberto Pérez Aguilera y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas para implementar las medidas cautelares.
1. Ampliación de la MC 196/09 para los miembros de la Asociación de Jóvenes en Movimiento, y de un miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras.
En la solicitud de medida cautelar se alega que el día 21 de septiembre de 2009, la Asociación de Jóvenes en Movimiento se unió a la actividad convocada por la Resistencia contra el Golpe frente a la Embajada de Brasil. En la madrugada del martes 22 de septiembre, Eduardo Sorto Ortiz (director de la asociación) Osmin David Valle Castillo y Yuris Espinoza fueron interceptados cuando se dirigían a la embajada por un vehículo particular con vidrios polarizados y sin placa, en el que se trasladaban 6 agentes vestidos de moteado y con pasamontañas que, apuntándolos con fusiles, les ordenaron bajarse del carro. Se indica que los agentes los interrogaron, les ordenaron tirarse en el pavimento de la calle, revisaron el carro, encontraron banderas de la Asociación Arco Iris y los insultaron, acusándolos de “culeros, maricas, solo falta que anden apoyando al culero de Mel”. Informan que los golpearon con toletes (bastones policiales) y les dieron patadas, les sustrajeron los documentos y pertenencias personales que tenían en el vehículo, y quebraron vidrios y el espejo retrovisor del carro. Se indicó que el 24 de septiembre de 2009 el director de la Asociación se presentó en la Jefatura Metropolitana No. 1, pero se negaron a levantar la denuncia. Asimismo, la solicitud indica que el 27 de septiembre de 2009, al salir de las oficinas de la asociación, Jonathan Pastrana Pineda fue detenido por una patrulla policial; un agente le preguntó si era de la resistencia, lo lanzó al pavimento, le propinó golpes con el tolete y le quemó el antebrazo izquierdo con cigarrillos; fue trasladado a la Jefatura Policial No. 3 sin cargos y liberado al día siguiente.
Respecto del maestro Luís Alexis Vallecillos Maradiaga, vicepresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, filial departamental de Francisco Morazán, la solicitud de medida cautelar indica que es perseguido por carros sin placa, fotografiado en los lugares a donde se desplaza, y habría recibido llamadas intimidatorias a sus teléfonos particulares. Como antecedente, la solicitud informa que el 11 de agosto de 2009, el señor Maradiaga tomó fotografías de los hechos de la Universidad Pedagógica, cuando agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas hacia el interior de la institución educativa, y que Maradiaga habría fotografiado a un agente con pasamontañas que golpeó a un joven. Se informó que un policía lo habría visto, tras lo cual fue seguido, detenido, esposado y despojado de su cámara; fue trasladado a la posta policial de El Manchen, sin informarle el motivo de la detención ni registrar su ingreso en la estación policial; fue trasladado a la Jefatura Metropolitana No. 1, momento en que se le informó por primera vez que se había presentado un requerimiento fiscal por los delitos de terrorismo, incendio y daños a la propiedad pública; en la madrugada del 12 de agosto fue examinado por el médico forense y se firmó su auto de libertad.
2. Derecho a la libertad de expresión de los trabajadores de medios de comunicación y derecho a la información de la sociedad hondureña.
MC 276/09 – R.S., A.B. y otros, Haiti
El 14 de octubre de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de R.S., su hija A.B., de doce años de edad, así como de cinco miembros de una organización de defensa de los derechos humanos en Haití, cuya identidad se mantiene en reserva a instancia de los solicitantes de las medidas. En la solicitud de medidas cautelares se alega que A.B. habría sido violada en enero de 2009 por un empleado de una institución escolar. A.B. y su madre habrían sido objeto de amenazas y de actos de violencia debido a las denuncias efectuadas. Los cinco miembros de la organización de derechos humanos mencionada habrían sido objeto de amenazas telefónicas y de hostigamiento en el curso de los últimos meses, en razón del apoyo jurídico y psicosocial ofrecido a A.B. En la solicitud se alega asimismo que el 25 de abril de 2009, la residencia de R.S. habría sido incendiada por individuos fuertemente armados. Según los solicitantes, los actos de violencia de los cuales fueron víctimas habrían sido ejecutados por un policía local, que sería el hermano del profesor acusado de haber violado a A.B. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Haití adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar judicialmente los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 239/09 – Héctor Antonio García Berríos y otros, El Salvador
El 7 de octubre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los integrantes de la Asociación Amigos de San Isidro (ASIC), Héctor Antonio García Berríos, Alirio Napoleón Hernández Leiva y Miguel Ángel Rivera Moreno; de los integrantes de la Radio Comunitaria Victoria, Alexander Beltrán Castillo, Ludwin Iraheta y Vladimir Abarca, y del sacerdote Luis Alberto Quintanilla, en El Salvador. En la solicitud de medidas cautelares se alega que los beneficiarios habrían sido objeto de amenazas en los últimos meses, presuntamente a raíz de su activismo en defensa del medio ambiente en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, y de denuncias contra la administración local. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de El Salvador adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.
MC 290/09 – Jesús Tecú Osorio y familia, Guatemala
El 6 de octubre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del señor Jesús Tecú Osorio y familia, en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor Jesús Tecú Osorio fue objeto de amenazas de muerte y que el 14 de septiembre de 2009 recibió varias llamadas telefónicas en que lo amenazaron con asesinar a su familia. Según la solicitud, tales hechos podrían estar relacionados con las actividades de Jesús Tecú Osorio como defensor de derechos humanos en Guatemala. El señor Tecú Osorio habría requerido protección ante diferentes instancias de la Policía Nacional Civil, las cuales se habrían comprometido con brindarle protección perimetral, pero la solicitud afirma que esto no sería adecuado frente a la situación de riesgo en la que se encontrarían los beneficiarios. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.
El 23 de septiembre de 2009, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor del Presidente Manuel Zelaya Rosales, su familia y funcionarios de su gabinete constituidos en la Embajada de Brasil de Tegucigalpa, como así también para los funcionarios diplomáticos y demás personal que actualmente está en esa sede.
En base a hechos de conocimiento público, la CIDH otorgó medidas cautelares a las personas antes mencionadas según lo previsto en el artículo 25 de su Reglamento, y solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. La Comisión solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. Estos beneficiarios se añaden a las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio; el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio; y el 7, 17 y 21 de agosto y el 4 de septiembre de 2009.
Solicitud de información en base al Artículo 41 de la Convención Americana
Adicionalmente, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH solicitó información sobre los siguientes temas, en un plazo de 48 horas:
Las circunstancias, motivación y extensión del toque de queda; particularmente, ¿cuál es la base constitucional y legal de la institución toque de queda, su alcance, tiempo de duración y derechos que esta afectando?
Las medidas adoptadas para que la población pueda manifestarse en forma pacifica sin ser objeto de actos de violencia o represión por parte de agentes de seguridad.
Los cortes de energía y la puesta fuera del aire de la radio Globo y el canal 36;
Las personas presuntamente detenidas; informar sus nombres, circunstancias, motivo y lugar de detención, como así también su estado físico.
Si en los incidentes de violencia registrados desde el 21 de septiembre de 2009 han resultado en personas heridas y/o muertas. En caso afirmativo, proveer sus nombres completos, las circunstancias que rodearon los hechos y en los casos de los lesionados su estado de salud.
MC 270/09 – X y XX, Colombia
El 21 de septiembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de dos personas en Colombia, cuya identidad la CIDH decidió mantener en reserva. En la solicitud de medidas cautelares se alega que X y su hija de 15 años XX habrían sido objeto de seguimientos, agresiones físicas, amenazas y un intento de secuestro tras denunciar la violación sexual de XX, presuntamente ocurrida en diciembre de 2006. Se indica asimismo que XX presentaría secuelas generadas por la violación sexual y la conducción de un embarazo de riesgo. La solicitud señala que la salud física y mental de la adolescente se habría deteriorado en los últimos meses a raíz de los hechos de violencia de los que habría sido objeto su núcleo familiar, y por la presunta ausencia de un tratamiento médico adecuado. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias, garantizar que XX cuente con un tratamiento médico adecuado a las afectaciones provocadas por la violación sexual y la conducción de un embarazo en circunstancias presuntamente riesgosas; concertar las medidas a adoptarse con las beneficiarias y su representante; informar a la CIDH en un plazo de 20 días sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares y actualizar la información periódicamente; y adoptar las medidas necesarias para que la identidad de las beneficiarias sea debidamente protegida en la implementación de las medidas cautelares.
Ariel Vargas, Primer Secretario de la Embajada de Venezuela en Honduras. Según la información recibida, ocho personas se habrían presentado en su residencia el 24 de julio de 2009, cuatro de ellas encapuchadas y portando armas largas, y a partir de esa fecha vehículos con vidrios polarizados estarían apostados frente al lugar.
José Francisco Funes Rodríguez, Marco Tulio Cartagena Santos, Ministro y Vice Ministro del Instituto Nacional Agrario respectivamente. Según la información recibida, el 21 de agosto de 2009 autoridades del Gobierno de facto habrían anunciado que procederían a acusar de sedición, terrorismo y otros delitos de orden público a los miembros del Instituto Nacional Agrario que lideran la resistencia al golpe de Estado, y que desde el 20 de agosto de 2009 habrían sido perseguidos y vigilados.
Ángel Murillo Selva-Reina, Sub Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería del gabinete del Presidente Zelaya, quien, según la información recibida, el 22 de agosto de 2009 habría sido perseguido por un vehículo desde el cual se realizaron varios disparos de arma de fuego, resultando en herida de bala en el antebrazo y varios impactos en su vehículo.
Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera y Nery Argentina Rivera López. Según la información recibida, Mabel Carolina López y Nelson Gustavo Rivera fueron sometidos a golpes y malos tratos en el patio del Congreso Nacional el 12 de julio de 2009. Nery Argentina Rivera López habría ido en busca de sus hermanos y, según la información recibida, al llegar a las instalaciones del Congreso habría sido detenida, golpeada con bastones policiales y se le habría arrojado gas pimienta en la cara. Según se informó, habría recibido una amenaza el 12 de agosto de 2009 al presentar su denuncia ante la Secretaria de Seguridad de Honduras.
Ricardo Antonio Medina Ordoñez, estudiante de la UNAH. Según información recibida, el 30 de junio de 2009 una patrulla de la policía preventiva habría estado apostada frente a su domicilio, y al dirigirse a su residencia de regreso de una manifestación habría sido seguido por cuatro agentes de la policía preventiva, quienes le dieron alcance y lo golpearon en el pecho con los bastones policiales. También se informó que el 6 de agosto de 2009, tras manifestar su posición contra el golpe de Estado en un debate universitario, el señor Medina Ordóñez habría recibido tres amenazas de muerte por medio de mensajes de texto.
Nohemy Lizeth Carias Girón, maestra, quien el 24 de julio de 2009 habría resultado herida en la pierna con una bomba lacrimógena durante una manifestación. Adicionalmente, se indicó que el 12 de agosto de 2009, policías y militares ingresaron a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, y mantuvieron a las personas que allí se encontraban detenidas e incomunicados por varias horas; se les decomisaron los teléfonos celulares y se les obligó a tirarse al piso; la señora Carias Girón habría solicitado no estar en el piso dado que había sido recientemente operada de la columna, pero habría sido empujada y tirada al suelo. Se indicó que los agentes de seguridad habrían tomado fotos y filmado a los detenidos. El 13 de agosto de 2009 la señora Carias Girón habría recibido una amenaza en su celular.
Milton Omar Ávila Benítez, Según la información recibida el beneficiario habría llevado al, hoy occiso, Roger Abraham Vallejo, herido al hospital Escuela en Tegucigalpa. Según se indicó al entrar al hospital habría sido interceptado por miembros de la Dirección General de Investigación Criminal, quienes le habrían decomisado su tarjeta de identidad. Según la información allegada, tres días después de haber testificado ante CIPRODEH por la muerte de Vallejos habría comenzado a recibir amenazas por teléfono. Se informa que el día antes de rendir testimonio, mientras se trasladaba en su vehiculo particular, Ávila Benítez habría sido retenido por policías no identificados, quienes le habrían dicho que ya lo conocían, y le habrían mostrado una fotografía de su hijo de 4 meses.
En base a solicitudes de medidas cautelares y hechos de conocimiento público, la CIDH ha decidido otorgar medidas cautelares a las personas antes mencionadas, según lo previsto en el artículo 25 de su Reglamento. La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios, y solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de siete días. La lista complementa las que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio; el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio; y el 7, 17 y 21 de agosto de 2009.
Solicitud de información en el marco de la MC 196/09
Asimismo, en el marco de la MC 196/09, la CIDH solicitó información en un plazo de 10 días sobre la situación de otras personas, según el siguiente detalle:
Norma Yanina Parada Martínez, quien labora en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa INICE. Según información allegada, el 29 de junio de 2009 la policía habría roto los vidrios de su vehiculo; el 22 de julio de 2009 un automóvil con vidrios polarizados se habría parado frente a su vivienda y al salir de su casa otros tres autos con vidrios polarizados la habrían seguido; seguimientos similares habrían tenido lugar el 23, el 25 y el 28 de julio de 2009.
Joel Armando Martínez Paz, Gerson Adolfo Fajardo, Carlos Josué Bueso, Junior Arturo Antúnez, Ilián Hernández y Marcelino Martínez Espinel, abogado, y coordinador de la ONG “Mártires de Guainas” de Progreso. Según la información recibida, el 30 de junio de 2009 ellos participaban de una marcha cuando, tras el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la policía, buscaron refugiarse en oficinas de HONDUTEL. De acuerdo a la información recibida, la policía habría entrado violentamente a HONDUTEL y en el proceso de detención habrían golpeado a estas personas y le habrían quebrado la mano al señor Martínez Espinel; los habrían transportado en un vehículo de la Dirección Nacional de Investigación a la Comisaría de Progreso, donde los habrían puesto en un calabozo cubierto de orina y heces por 24 horas, tras lo cual se presentó un requerimiento fiscal contra ellos por delito de rebelión y alzamiento armado para derrocar al gobierno. Según se informa todos fueron liberados con medidas sustitutivas y fueron sobreseídos definitivamente un mes más tarde, por falta de prueba. Según la información recibida, desde el 30 de junio de 2009 habría movimientos de personas de civil en autos con vidrios polarizados y armados con armas de fuego frente a la casa de Marcelino Martínez Espinel y la organización que dirige.
José Amílcar Espinoza Perdomo. Según la información recibida, el 29 de junio de 2009 un pelotón del ejército habría roto el vidrio de su bus Toyota gris, sacaron del bus al señor Espinoza Perdomo por la fuerza y lo golpearon en la espalda con los bastones policiales. Conforme se ha indicado, le habrían tomado fotografías y videos y estaría siendo perseguido por personas desconocidas.
Valeska Yamileth Mejía y Dunia Carolina Rodríguez Trochez, profesoras de educación. Según información recibida, el 12 de agosto de 2009 se encontraban en la Universidad Pedagógica Nacional colaborando en repartir comida a las personas que se alojaban allí y las que venían de participar de una manifestación cuando llegaron efectivos del Ejército. Conforme se indicó, habrían sido encerradas junto con otras personas y luego sacadas a la cancha de la universidad con las manos en la nuca y a punta de fusil, obligándoles a tirarse en el piso. Según se informó, les habrían sacado los celulares, cámaras y otras pertenencias. Los soldados habrían sacado fotos y filmado a los detenidos.
Ariel Fabricio Varela Moncada, Coordinador Nacional de Tecnología de Care International en Honduras, quien el 15 de julio de 2009 habría recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte para él, su madre y sus hijos.
Juan Gabriel Figueroa Tomé, de 30 años de edad quien habría sido encontrado muerto el 8 de agosto de 2009 con un disparo de arma de fuego en la nuca y otra herida en el tórax en el sector que se conoce como La Platanera del sector López Arellano, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, Honduras.
Gabinete del Presidente Zelaya. Según la información recibida habría una persecución contra las personas señaladas a continuación a través de acciones de investigación administrativas y criminales, seguimientos y persecución como retaliación a su filiación con la Presidencia de Zelaya. Las personas por las cuales se solicita información incluyen:
Gloria Valladares, Secretaria del Presidente Zelaya;
Karen Lizeth Zelaya, Secretaría del Estado en el Despacho Técnico y de Cooperación;
Rebeca Santos, Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; se indica que se han incoado dos requerimientos fiscales por asuntos administrativos.
Ricardo Martínez, Secretario de Estado en el Despacho de Turismo;
Rodolfo Pastor Fasquelle, Secretario del Estado en los Despachos de Cultura, Arte y Deportes;
Víctor Meza, Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia;
Marlon Breve, Secretario de Estado en el Despacho de Educación;
Fredis Cerrato, Secretario de Estado en el Despacho de Industria y Comercio;
Suyapa Otero, Ministra Directora del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre;
Gustavo Cáceres, Ministro de la Juventud;
Cesar Salgado, Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social;
Francisco Funes, Ministro Director del Instituto Nacional Agrario;
Nerza Paz, Subsecretaria del Despacho de Salud;
Marcio Sierra, Subsecretario del Despacho Presidencial;
José Antonio Borja, Subsecretario del Despacho de Finanzas;
Jaime Turcio, Subsecretario de Estado en el Despacho de industria y Comercio;
Beatriz Valle, Subsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores;
Marco Velásquez, Subsecretario de Obras Publicas, Trasporte y Vivienda;
Marco Tulio Cartagena, ViceMinistro del Instituto Nacional Agrario;
Ángel Murillo, Subsecretario de Agricultura y Ganadería;
Mario Ramón López, Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola;
Jorge Méndez, Gerente de Servicios de Acueductos y Alcantarillados;
Jorge Rosa, Gerente de la Empresa Hondureña de telecomunicaciones;
Raúl Valladares, Presidente Comisionado Nacional de Telecomunicaciones;
Marco Rosa, Director Poder Ciudadano;
Carlos Montoya, Asesor Presidencial
Mario Arturo Padilla Mendoza. Según la información recibida, el 14 de agosto habría recibido amenazas en su teléfono celular.
Guido Eguigure, representante de la oficina Regional Centroamérica para Dan Church Aid. Según se indica, el 16 de agosto de 2009 se habría apostado un vehículo no identificado y con vidrios polarizados en la puerta de su oficina. Se indica también que Eguigure habría sido objeto de seguimiento en su casa una semana después del golpe de Estado.
Francisco Cruz Reyes, quien, según se informó, integra un grupo de tres médicos que acuden a los centros de detención para dar asistencia a los manifestantes que se encuentran lesionados. Conforme a la información recibida, el 14 de agosto de 2009 se apersonó en la posta policial de Choloma, donde encontró a cuatro personas en estado grave, y al intentar asistirlos fue golpeado en el hombro izquierdo con un bastón policial por el subcomisario del lugar. Según se indica estaría siendo vigilado.
María Isabel Matute, quien, según lo informado, el 12 de agosto de 2009 recibió un llamado de atención en su trabajo como encargada de la Oficina Municipal de la Mujer de la Alcaldía, consistente en que se le prohibió “terminantemente” asistir a cualquier reunión o manifestación organizada contra el golpe de Estado. Adicionalmente, se indicó que el 14 de agosto de 2009 fue objeto de humillación, intimidación y amenazas de despido por asistir a una reunión de este tipo.
Manuel de Jesús Zelaya, maestro. Según la información recibida, el 29 de junio de 2009 habría resultado herido de bala durante una manifestación, y habría sido objeto de actos de agresión e intimidación por ser dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), haber dirigido huelgas magisteriales y participar activamente en el movimiento social.
Glenda Zaldaña, formaba parte del despacho de la Primera Dama Xiomara Zelaya. Según se ha informado, el 24 de julio de 2009 su hijo habría sido golpeado por un vecino de la colonia en la que reside, momento en el cual los agresores habrían enviado un mensaje a la familia indicando que se retiraran de la colonia porque eran “Zelayistas” e indeseables. Según se ha indicado, al ser convocada a una audiencia de conciliación ante la jueza de paz, la madre de los agresores de su hijo la habría amenazado de muerte, y la jueza no habría tomado acción al respecto.
Víctor Manuel Cruz Gómez. Según se ha informado, el 11 de agosto de 2009 habría recibido una amenaza de que iban a incendiar el lugar donde trabaja (INTUR) y que posteriormente le habrían roto los cristales de su automóvil.
Héctor Enrique Clara Cruz, reportero gráfico del Diario Tiempo. Según lo informado, el señor Clara Cruz se encontraba cubriendo la marcha del 5 de agosto de 2009 en la UNAH cuando tomó fotografías de dos policías golpeando a un estudiante. Según se informó, un policía lo golpeó con el bastón policial indicándole que no continuara tomando fotos. Como resultado de los golpes clara Cruz habría caído al suelo y quedado incapacitado por una semana. Según se informa, el reportero grafico habría recibido amenazas.
Según información recibida, el 11 de agosto ocurrieron hechos de violencia y detenciones en el marco de una caminata de protesta llevada a cabo en Tegucigalpa. Con relación a este hecho la Comisión solicita se informe sobre la situación actual de las siguientes personas y, en caso de haber resultado lesionadas, su estado de salud y las circunstancias en las que habrían sido lesionadas. A continuación se identifican las personas sobre las cuales se solicita la mencionada información:
Personas que habrían estado detenidas en la posta No. 14 de la Colonia Kennedy, Tegucigalpa: Ronal Geovani Sosa Lagos, Jesús Romero Carias y Jaime Roberto Flores Castellanos, así como Allan Ricardo Barahona, Gerardo David Banegas (ambos habrían sido severamente golpeados).
Personas que habrían estado detenidas en la posta del Manchen, ciudad de Tegucigalpa: Alex Matamoros, Fran Mejia, Arnoldo Flores Mendoza, Marvin Antonio Matamoros, Fredy Protón, José Elvin Savillon, Douglas Orlando Arita, German, Henry Villatoro, Luís Vallecillo.
Personas que habrían estado detenidas en la estación Metropolitana de la policía en Tegucigalpa: Rafael Ortega Vásquez, Wilmer Neptali Martínez, Wilmer Leonel Domínguez, Luis Fiallos, Miguel Alfonso Domínguez, Sebastian Domínguez, Estanislao Domínguez, José Mercedes Domínguez, Hipólito Manuel Domínguez, Wenerges Meza Santos, Fausto Hernández, Antonio Parada Sánchez, Miguel Ángel Meza, Sebastian Calix Manueles, Santos Vásquez López, Policarpo Martínez, Agustín López Rodríguez, Faustino López Benítez, Juan Antonio Guevara, Rosa Amanda Oliva, José Antonio Torres López, Dagoberto Andrade, German Fuentes Girón, Henry Reyes Herrera, Santos Banegas Hernández, Melvin Javier Gálvez Matute, Víctor Funez Matute, Henry Brasil Vásquez Moran.
El 21 de agosto de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la señora Hedme Castro, directora de la Escuela Alba Nora Gúnera. Según la información recibida, la señora Castro ha venido siendo objeto de actos de seguimiento, agresiones verbales y hostigamiento en virtud de su posición en contra del golpe de Estado. La información señala que carros sin placas y con vidrios polarizados rondan su domicilio y su lugar de trabajo, que los candados de los portones de la escuela han sido violentados, y que una patrulla de 10 soldados ingresó a la escuela el 18 de agosto de 2009. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de siete días. La lista complementa las que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio; el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio; y el 7 y 17 de agosto de 2009.
El 17 de agosto de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la señora Nelly Guadalupe Doblado Guevara, el señor Justo Pastor Henríquez y el señor Eddy René Doblado Guevara. Según la información recibida, la señora Nelly Guadalupe Doblado Guevara y su hermano Eddy René Doblado Guevara fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de una manifestación llevada a cabo en Comayagua el 30 de julio de 2009, y que fueron fuertemente golpeados. Asimismo, la vivienda de la señora Nelly Guadalupe Doblado Guevara y del señor Justo Pastor Henríquez habría sido objeto de un ataque con bombas molotov en la madrugada del 17 de agosto de 2009. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de cinco días. La lista complementa las que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio; el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio; y el 7 de agosto de 2009.
MC 192/09 – Lydia Cacho y otros, México
El 10 de agosto de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la señora Lydia Cacho, su familia y funcionarios del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de Cancún, México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que entre el 17 y el 30 de julio de 2009 desconocidos rondaron y tomaron fotografías frente a su residencia y que el 5 de agosto de 2009 la señora Cacho recibió amenazas de muerte. La información recibida indica asimismo que funcionarios del CIAM recibieron amenazas recientemente y que Lydia Cacho suspendió el servicio de comentarios en su blog personal debido a amenazas recibidas por este medio. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
Gerson Evelar Vilches Almendares, desaparecido. Conforme a lo informado Almendares se habría visto vivo por última vez en manos de agentes del Estado quienes presuntamente lo habrían detenido.
Eduardo Castañeda Perdomo, abogado, se recibió información indicando que habría sido perseguido por militares y que su vivienda habría sido allanada por miembros de las fuerzas armadas.
· Norma Estela Mejía, vicepresidenta del sindicato Sitrajerzeesh el cual está afiliado a la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas de muerte por su oposición al golpe de Estado.
· Daniel Durón, líder a nivel nacional de la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas a muerte. Estas amenazas incluyen mensajes de texto recibidos en su teléfono celular.
· Evangelina Argueta dirigenta de la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas vía telefónica por su oposición al golpe de Estado.
La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. La lista complementa las que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio y el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio de 2009.
Maestro Roger Vallejos Soriano
La CIDH solicitó información sobre la muerte del maestro Roger Vallejos Soriano, quien habría recibido un disparo en la cabeza el 30 de julio de 2009 y posteriormente habría fallecido.
Conforme a la información recibida, varias personas habrían resultado heridas y detenidas en el marco de manifestaciones y protestas, según el siguiente detalle:
Manifestación del 30 de julio en Comayagüela, en que agentes de seguridad con tanquetas antimotines habrían desalojado en forma violenta a los manifestantes con disparos y bombas lacrimógenas. Según la información recibida, habría 61 personas detenidas, de las cuales 16 habrían sufrido heridas y lesiones, según el siguiente detalle:
16 personas que se encontrarían detenidas y que habrían sufrido heridas, fracturadas y golpeadas: Enmanuel Alberto Banegas Caballero, Luis Rodolfo Figueroa, Cristian David Herrera, Carlos Humberto Reyes Banegas, Carlos H. Reyes, Oscar Moncada, Marcial Cruz, Glenys Rodríguez, Alexis García, Nefris Pineda, Ody José Valeriano, Tania Guiselle Guzmán, Carlos Alberto Cuello Canales, Manuel Banegas, Rommel Espinal, Emilio Castro.
45 personas detenidas en la posta policial del barrio Belén: Héctor Armando Romero, Raúl Ernesto Meza, Lester Chávez, Eduardo Lagos, Fran Alexander Hermindo, Fredy Ariel Morazan, Marlon Dagoberto Villalobos, Dia Dec Shofol Rodriguez, Eric Alexander Romero, Dagoberto Aristde Moncada, Edas Dalmiro Moncada, José Ramiro Elvir Matamoros, Quintín García Hernández, Alex Osman Sierra Rodríguez, Rafael Pavón, Modesto Aguilar Herrera, Vivian Ramos Mejía, Oscar A. Flores, Luis Moncada, Julio Salas Posas, Marcos Mendoza, Luis Baquedano, Obed Fernando Banegas, Milton Nahun Borjas, Juan José Vargas, David Varrales, Amado Sandoval Peña, Milton Medardo Torres, José Celestino Barahona, Fernando Izaguirrez, Jorge Luis Ortega, Rudy Izaguirre, Daniel Rivera Amador, Juan Barahona, Cesar Adolfo García, Carlos Ramos, Olvin Mejía, Héctor Manuel Herrera, Johan Ordoñez, Abraham Lincol, Gabriel Galeano, Melvin Roberto Vaca, Gerardo Abrachar Soleno López, Héctor Rolando Hernández, Joel Antonio Munguia.
Posta del Danlí, frontera con Nicaragua, 29 de julio de 2009: Habrían sido detenidos siete Garifunas en un retén de la policía Hondureña, en la posta de Danlí, frontera con Nicaragua. Se denuncia que al momento de la detención se les habría decomisado sus documentos e instrumentos musicales a la vez de haberlos hostigado con manifestaciones discriminatorias por razón de su raza.
Posta del Danlí, frontera con Nicaragua, 25 de julio de 2009: Las siguientes personas habría sido detenidas y se encontrarían en la Posta Policial del Distrito N° 7 de Danlí, en el marco de los actos de violencia acaecidos en el Departamento de El Paraíso el 25 de julio de 2009: Adrián Carranza, Alfredo Redondo Comayagua, Ángel de Jesús Rivera Cruz, Arnaldo Hernández, Brayab Ernesto Ávila (15 años de edad), Carlos Alejandro Hernández, César Samuel Escalante Vásquez, Dave Ezequiel Torres (16 años), David Orlando de Canton, Eduardo Javier Mendoza (de 15 años de edad), Eduardo José Redondo Rudy (de 17 años de edad), Eliasa Mejía, Eráclito Isaac Sierra, Eser Peralta Lavaire (Cruz Roja), Feliz Antonio Doblado López, Florentino Urbina Acuña, Fran Anderson Corrales (16 años), Gustavo Adolfo Suazo, Henry Antonio Molina, (11 años de edad), Jeremías Gómez Comayagua, Jhonatan Noe Osorio Cañada (17 años de edad), Joaquín Rueda Muñoz, Jhony Salgado, Jorge Franciso Valle, José Francisco Sanhesdias, Katerine Romero (14 años de edad), Kenia Sarai Funes (15 años de edad), Leo Gabriel Astriaco, Lidia Margarita Portillo, Linda Rosio Romero (17 años de edad, Luis Beltrán Alvardopadilla, Mario Javier García Mayrena, Marlon Iván Méndez., Marta Socorro, Marvin Javier Sánchez, Maycol Jamel Corrales Ventura (13 años), Miguel Ángel Rodríguez Amador, Milton Ariel Ortiz Sierra (de 15 años de edad), Norma Supaya Ruiz Padilla, Nubia Xiomara Valladares, Orlyn Joel Flores, Roberto Bautista, Rony Misael Mejia Mairena, Sabas de Jesús García Ocampo, Santos Ilarios Sánchez, Sergio Raúl Geresano Correa (de 17 años de edad), Teresa de Jesús Rivera, Vicenta Bautista, Víctor Isaí Soto Hernández, Vilma Yolanda Flores.
San Pedro Sula, 3 de agosto de 2009: El 3 de agosto de 2009 varias decenas de personas habrían sido detenidas y otras tantas resultaron con hematomas y fracturas producto de hechos de violencia registrados durante una manifestación en contra del golpe de Estado en San Pedro Sula. Según lo informado, los hechos de violencia habrían sido perpetrados por agentes policiales, del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y efectivos de la 105 Brigada con sede en San Pedro Sula. Se reportó el uso de tanques de agua, gases lacrimógenos y golpes con toletes que dejaron varios heridos. Algunas de las personas que habrían sido detenidas reportadas como parte de los actos de violencia incluyen: Eva Aguilar, Marcela Rosales, Porfirio Castro, José Matías Vásquez, Roberto Mejía, Cristobal, Gustavo, José Edgardo Castro (golpeado), Profesor Gustavo Mejía (director UTR), Prof. Miguel Ramos (subdirector INTAE), Antonio Carballo (director del reyes), Wilson Mejía, Prof. Alexis Orellana, Prof. Osman (Patria de la lima), Porfirio Casco (Padre de familia, Valle de Sula. Golpeado, decomisaron carro y le quebraron los vidrios), Valdemar García, Carlos Muñoz, José Natividad Vásquez, Gustavo Mejía Escobar, Cristóbal Rolando Villafranca, José Luis Argueta, Oscar López, Walter Geovanny Córdova Bermúdez, Edwin Antonio Enamorado, José Antonio Ramos, José Alexis Orellana, Edgardo Castro (quebraron vidrios del carro), Manuel de Jesús Ríos, Manuel Dionisio Montes, José Leonel González, Tony Ulloa, Eugeni Castro Mendoza (fractura en brazo derecho, lesiones brazo izquierdo), Gustavo Henríquez (lesión en la cabeza por golpe con cacha de pistola), Juan Ramón Urbina (golpes en la espalda), José Germán Martínez (golpes en la espalda con la punta del fusil), y Nelly Marcela Rosales (embarazada, Golpes en la rodilla).
Sobre estas detenciones, la CIDH solicita la siguiente información:
1. información actualizada sobre las personas que hayan resultado lesionadas y su estado de salud, así como las circunstancias en las que fueron heridas;
2. la identificación de el o los lugares en los que se encontrarían privados de libertad las personas detenidas durante los eventos antes mencionados, las causas de la detención y si cuentan con representación legal;
3. información sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos de referencia.
La CIDH solicitó asimismo información sobre las siguientes situaciones:
· Según la información recibida, Radio Globo denunció el 4 de agosto de 2009, haber recibido una notificación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras, que asigna las frecuencias de radio y televisión, con la petición de un abogado que presuntamente tiene oficina en la auditoría jurídico militar de las Fuerzas Armadas, que solicitó suspender al medio por ser usado para cometer delitos de sedición.
· Se recibió información según la cual se habría lanzado un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula, registrado a fines de julio. El canal es conocido por cubrir todos los sectores en relación al golpe de Estado.
· El 5 de agosto de 2009, en la cuidad de Tegucigalpa, una manifestación concentrada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) habría sido reprimida por las fuerzas militares, el Comando de Operaciones Especiales "Cobra" y personal de la Policía Antimotines. De acuerdo a lo informado, las fuerzas de seguridad habrían reprimido a los estudiantes mediante el uso de bombas lacrimógenas, tanquetas de agua con gas pimienta, disparos de arma de fuego, presuntamente con balas de goma. Además, se habrían despojado de sus cámaras de videos a estudiantes que se encontraban documentando la situación, en tanto que un grupo aún indeterminado de manifestantes, habrían resultado heridos. En particular, se recibió información que indica que la Rectora de la UNAH Julieta Castellanos, el Profesor Ramón Romero (también señalado como vice-rector), el Comisionado Universitario Olvin Rodríguez (también señalado como Secretario de la Institución), y el profesor Daniel Matamoros Watson habrían sido agredidos físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad, luego de que hubieren intentado mediar con ellos a efectos de evitar represión contra los manifestantes. Finalmente, se indicó que uno de los estudiantes heridos, Allan Noe Hernández, habría sido trasladado hacia el Hospital Escuela, otro de ellos habría recibido atención médica en una institución privada, y que el resto de los heridos habrían sido atendidos en las instalaciones de la misma universidad.
· Juan Carlos Trochez, de 24 años de edad, quien habría recibido dos impactos de bala presuntamente como resultado de un ametrallamiento de 11 balazos dirigido a su vehículo el pasado 24 de julio de 2009. Según se informó a la CIDH, Juan Trochez, hijo del diputado del partido Liberal Rodrigo Trochez, habría sido baleado luego de que miembros de la Asamblea hondureña, entre los que se encontraba su padre, denunciaran ante congresistas y senadores estadounidenses en Washington el golpe de Estado llevado a cabo en Honduras.
· Rommel Gómez, periodista de Radio Progreso, y su esposa, Miryam Espinal, quienes estarían recibiendo llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Respecto de Rommel, el 10 de julio de 2009 la CIDH solicitó información en el marco del Art. 41 de la Convención Americana, sin haber recibido respuesta a la fecha.
La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas.
Asimismo, en el marco de la MC 196/09, la CIDH solicitó información sobre la situación de otras personas, con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares recibidas en razón de los hechos que se describen a continuación:
· La CIDH ha recibido información y solicitudes de medidas cautelares a favor de diputados de la Banca del Partido Liberal y del Partido Unificación Democrática, los cuales habrían sido objeto de actos de hostigamiento. Según se ha informado, estos actos incluirían: disparos en las cercanías de sus viviendas; allanamientos; presunto sembrado de pruebas falsas; inicio de investigaciones por sedición y traición a la patria y el congelamiento de cuentas bancarias, presuntamente como resultado de sus pronunciamientos públicos de condena al golpe de Estado y denuncias de las violaciones a los derechos humanos que se estarían produciendo en Honduras desde el golpe de Estado. Los diputados sobre los que se requiere información son los siguientes:
1. Eric Mauricio Navarrete, diputados del Partido Liberal,
2. Elías Arnaldo Guevara diputados del Partido Liberal,
3. Edna Carolina Echavarría, diputada del Partido Liberal
4. Eleazar Juárez, diputado del Partido Liberal
5. Rodrigo Trochez, diputado del Partido Liberal
6. Manuel de Jesús Velásquez , diputado del Partido Liberal
7. Javier Hall Polio, diputado del Partido Liberal
8. Norma Calderón, diputada del Partido Liberal
10. José Simón Azcona, diputado del Partido Liberal
15. Víctor Cubas, diputado suplente del Partido Liberal
16. Francis Hernández, diputado suplente del Partido Liberal
18. José de la Paz Herrera, diputado del Partido Liberal
19. Silvia Ayala, diputado del Partido Unificación Democrática (UD)
20. Oscar Mejía, diputado del Partido Unificación Democrática (UD)
21. Marlene Paz. Diputada del Partido Unificación Democrática (UD)
22. Tomas Andino diputado suplente del Partido Unificación Democrática (UD)
· Situación del señor Albencio Fernández Pineda, miembro del CIPRODEH, quien indicó que en múltiples oportunidades, desde el golpe de Estado, frente a su vivienda hubieron disparos con el fin de intimidarlo para que cesara en su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado. Conforme se ha informado, el señor Pineda se encontraría acompañando alguno de los miembros de diputados hondureños antes mencionada que estarían en Washington. Ante estas circunstancias, la Comisión requiere información referente a los hechos narrados y a las medidas adoptadas a fin de asegurar el retorno seguro del señor Pineda y la comitiva de diputados que retornaría próximamente a Honduras.
· Situación de los comunicadores sociales de Radio PROGRESO y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús de Honduras, situado en la ciudad de Progreso, al norte de Honduras. Se indicó que estos comunicadores sociales estaría recibiendo amenazas en sus teléfonos celulares así como también a través de correos electrónicos. Asimismo, se recibió información indicando que desde el 24 de julio de 2009 la sede del ERIC, se encontraría rodeaba por contingentes de la policía y el ejército fuertemente armados.
Asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz (también identificado como Pedro Ezequiel o Pedro Mondiel Martínez). Según reportes de prensa, su cadáver se habría encontrado el 25 de julio de 2009, en un terreno baldío, cerca de un retén militar, en la ruta a la frontera con Nicaragua y que su cuerpo tenía señales de tortura y múltiples heridas de arma blanca. Los reportes recibidos señalan que la última vez que se habría visto con vida al joven, éste estaría siendo detenido por agentes de la fuerza pública hondureña.
Situación de Lourdes Amalia Sánchez, miembro del ejército que estaban a cargo de la custodia de la familia del Presidente Zelaya y que estuvo presente el 28 de junio de 2009, a las 5:00 horas, momento en el cual efectivos del Ejército hondureño fuertemente armados, ingresaron a la residencia presidencial y, luego de enfrentarse con fuerzas de seguridad ahí destacadas, privaron de libertad al Presidente Zelaya. Según se indicó a la CIDH, la señora Sánchez habría sido presionada para que cambie su declaración sobre los sucesos de los cuales fue testigo.
Respecto de los hechos sucedidos en la frontera con Nicaragua el 24 de julio de 2009, se han recibido múltiples comunicaciones relatando la situación vivida en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de El Paraíso en el cual se encuentra el paso fronterizo con Nicaragua. Según se ha informado, el régimen de facto habría colocado aproximadamente de 15 a 18 retenes militares y policiales presuntamente con el fin de restringir el derecho a la libre circulación de las personas manifestantes. Según reportes de prensa y organizaciones de derechos humanos locales, en estos retenes, cientos de personas habrían sido sometidas a registros degradantes, interrogatorios, decomiso de sus documentos de identidad y en algunos casos detenidas presuntamente ilegalmente por varias horas. Se indico a su vez, que entre los retenes se encuentran aproximadamente 4000 personas sin posibilidad de desplazarse o acceso a alimentación y servicios de salud y sanitarios, dado que el libre tránsito se encuentra limitado con base en los toques de queda decretados, que se habrían extendido durante varios días en esa región. En el contexto de las movilizaciones de personas hacia la zona fronteriza con Nicaragua se habría producido hechos de represión con balas y bombas lacrimógenas. Según se recibió información se registraron tres heridos y decenas de detenidos, quienes habría sido llevados a las estaciones policiales de las ciudades de El Paraíso y Danlí.
- Respecto de las personas a las que se les habría limitado el derecho de circulación en la carretera se incluyen: la Primera Dama de la Nación doña Xiomara Castro de Zelaya y su hija Xiomara Zelaya Castro quienes estarían intentando reunirse con el Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales. Según se indica, el grupo familiar se encontraba acompañado, entre otros, por los jóvenes Armando Licona y Lenin Ernestos Canales.
- El 27 de julio se recibió una comunicación indicando que los jóvenes Armando Licona y Lenin Ernestos Canales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de facto y conducidos a una posta en el departamento de El Paraíso. Estos, formaban parte de la comitiva de la Primera Dama Xiomara Castro de Zelaya, que pretende llegar a Las Manos, donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosales.
- Se registró otro herido de bala de nombre Moisés Hernández Ventura con disparo de nueve milímetros disparado presuntamente por un miembro de la Fuerzas Armadas de Honduras.
- Respecto de las personas detenidas en las celdas de la policía en el departamento del Paraíso y otras en tapones militares en la carretera que conduce a la frontera con Nicaragua en las Manos, Departamento de El Paraíso, se encontrarían: Mario López, Josefa Escoto, Hayde o Aidé Saravia, Nicole Yánez, Wilfredo Serrano, José Serrano, Eduardo Flores, Donaldo Domínguez, Oqueli Mejia, Marcia García, Martina García, Pedro Aguilar, Ivan Eduardo Sanchez Perez, Cesar Arnoldo Bobadilla, Carlos Geobany Salinas, Elsy Leticia Castellanos, Gilma Siliezar, Lesbia Daniela Velásquez, Julia Bobadilla, Dinora Pineda, Edith Umanzor, Sandra Sandoval, Ramón Roger Díaz, Maritza Azucena Osejo, Concepción Zepeda, Milciades Zuniga, Nidia Osejo, Fatima Melisa Zuniga, Angela Carcomo, Yobany Gonzales, Halvin Alexander Sandoval, Mari Cruz Portillo Varela, Francisco Javier Armas, Blanca Azucena Rodríguez, Balbitrudis sosa Ortiz, Lesbia soriano, Olman Eduardo Soriano, Santos Zacarías Ríos o Santos Sacarías Ríos, Justo Pastor Mondragón, Rufino Aguilar, Karen Martínez, Jonathan de Jesús Canales, Manuel Ordóñez, Clemente Sambrano, Juan Antonio Torres, Domingo Solórzano, Luís Alfredo Funez, Carlos Rodrigues, Oscar Alberto Gonzáles, Rony Martínez (beneficiario de medidas cautelares de la CIDH), Claudia Ruiz, Alexis andino, Juan Carlos García, Oscar Rene Serón, Alfonso Ávila, José Antonio Zelaya, Aída Días Rosales, Flavio Fernando Sevilla Álvarez, Asolia Mineth Gradiz Reyes, Geraldina Pineda, Carmen Sánchez, Vicente Beatriz, Jacobo Pineda, Gustavo Orellana Martínez, Elena Melgar Dubon, Antonio Bustamante, Delhi Patricia Barahona, Merlin Salgado, Nubia Moncada, Oneyda Barahona, Leticia Barahona, Sonia Castillo, Iris Yolanda Ramos Ávila, María Angela Gomes, Elda Barahona, Pablo Balerio, Maria Eugenia Salgado, José Humberto Meza, Javier Escoto Berrios, Santos Cruz.
· Respecto de comunicadores sociales, se informó que el 25 de julio de 2009, un grupo de periodistas extranjeros habría sido agredido por miembros de la Policía en la zona de Danli. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, habría sido agredida tras intentar tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial. Se indicó que cuando se negó a entregar su cámara de fotos a los policías, Olivo habría sido golpeada. También otros periodistas habrían sido agredidos al intentar que dejaran de agredir a la fotógrafa.
· Asimismo, reporteros del diario La Tribuna denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes presuntamente a favor del retorno del Presidente Zelaya, ocurridas el 26 de julio de 2009 en el departamento El Paraíso. Según la información recibida, un grupo de personas habría intentado quitarle la cámara al fotógrafo Henry Carvajal, y cuando el periodista Martín Rodríguez intervino, también le habrían pegado, al tiempo que los habrían acusado de golpistas. Carvajal habría perdido las fotos que tomó durante ese día.
Situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Según se ha informado, la situación de la comunidad reviste especial gravedad presuntamente por las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo quienes habría solicitado expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de Estado y quienes habrían amenazado con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera.
Hechos de violencia contra los manifestantes magisteriales en Tegucigalpa y Comayagüela, presuntamente por parte de agentes policiales y militares. Conforme a lo reportado, al menos ocho personas habrían resultado heridas de gravedad, uno de ellos identificado como el maestro Roger Vallejos Soriano, quien habría recibido un disparo en la cabeza. Asimismo, se encontraría herido con fractura de brazo el dirigente y beneficiario de medidas cautelares Carlos H. Reyes. Por otra parte, habrían sido detenidas aproximadamente 200 personas entre los que se encontraría Juan Barahona, también beneficiario de medidas cautelares. La Comisión solicitó información sobre los hechos y las medidas adoptadas a fin de asegurar la vida e integridad de los manifestantes; la identificación de las personas que hayan resultado lesionadas y su estado de salud, así como las circunstancias en las que fueron heridas; la identificación de personas detenidas en el marco de los hechos descritos, y el o los lugares en los que se encontrarían privados de libertad, las causas de la detención y si cuentan con representación legal; información sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos de referencia.
MC 196/09 – Solicitud de información, Honduras
El 25 de julio de 2009, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión solicitó información sobre la situación de la esposa, la madre, la suegra y los hijos del Presidente Manuel Zelaya Rosales, después de recibir información según la cual se habría obstaculizado su desplazamiento por la zona fronteriza, mediante el cual buscaban encontrarse con el Presidente. La CIDH solicitó la información en un plazo de 24 horas. El 28 de junio de 2009, la Comisión había solicitado información sobre los y las familiares del Presidente Zelaya en el marco de la MC 196-09, con el fin de tomar una decisión sobre solicitudes de medidas cautelares.
El 24 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio y el 2, 3, 10 y 15 de julio de 2009.
La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. A través de la ampliación decidida el 24 de julio de 2009 por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:
Nahún Palacios, Director de la Televisora del Aguán, Canal 5;
María Margarita Zelada Rivas, Diputada por el Departamento de Cortés en el Congreso Nacional hondureño;
Gladys Lanza, Coordinadora del Comité por la Paz Visitación Padilla;
Elsy Benegas, Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario y dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA;
Manuel Montoya, Dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica;
Eduardo Flores, Miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA;
José Luis Galdámez Álvarez, Director del Programa “Tras la Verdad” de la Radio Globo;
Andrés Armando Molina Zelaya (periodista de la radio Radio “Juticalpa” ubicada en el departamento de Olancho);
Martha Elena Rubí (propietaria de la radio Radio “Juticalpa” ubicada en el departamento de Olancho) y sus hijos, María José, José Daniel y José Levi, todos de apellido Méndez Rubí;
Kenia Irias, Directora Técnica del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y sus hijos Kimberly Nairoby Hernández Irias (16 años) y Jancarlos Emanuel Velásquez Irias (5 años);
Lilibeth Reyes Cartagena, Lídice Isabel Ortega Reyes, Keyla Amador e Isis Gabriela Arriaga Hernández, integrantes del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).
La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 29 de julio de 2009.
Muerte de Vicky Hernández Castillo (Jhonny Emilson Hernández), Miembro de la Comunidad Travesti por impacto de bala en la cabeza y marcas de estrangulamiento el 29 de junio de 2009, presuntamente durante redadas llevadas a cabo por la Policía Nacional en virtud del toque de queda decretado por el régimen de facto.
Situación del señor Ariel Fabricio Varela Moncada, Coordinador Nacional de Tecnología de Care International en Honduras quien habría recibido el 15 de julio de 2009 llamada telefónica con amenazas de muerte para él, su madre y sus hijos.
Situación del señor Julio César Dubón del cual se informó que el 15 de julio de 2009 individuos armados irrumpieron en su casa, maniataron al señor Dubón y a su esposa y golpearon a su hijo, amenazándoles de muerte. Asimismo, habrían registraron la casa llevándose bienes personales tales como su automóvil, computadoras y dinero.
Investigación policial por funcionarios de la Dirección General Investigaciones Criminales (DGINC) al Centro de Capacitaciones Reverendo Fausto Milla, luego de que su Director Ejecutivo, el Rvdo. Fausto Milla -líder de los movimientos sociales del Occidente del país que se han mantenido en permanente resistencia contra el régimen de facto- diera posada a personas que se habían trasladado desde otro municipio para participar en manifestaciones a favor del Presidente Zelaya.
Amenazas y hostigamiento a maestros en los municipios de Trujillo y Tocoa, Departamento de Colon; El Paraíso Copan, Jocon Yoro y Olanchito Yoro por encontrase realizando desde el 28 de junio un paro en protesta al golpe de Estado. Según información recibida, particularmente en El Paraíso Copan, maestros habrían sido buscados por agentes de las fuerzas policiales en sus domicilios y obligados bajo golpizas a asistir a los establecimientos educativos donde se los había mantenido encerrados sin agua por dos días.
Prohibición de ingreso a la Casa de Gobierno de la periodista de Radio Globo, Liliet Díaz, sin perjuicio de que está acreditada para ingresar hace más de un año.
Canal 8. Este canal, propiedad del gobierno de Honduras, dejó de emitir su señal el 28 de junio de 2009. Cuando volvió al aire unos días después, todo el personal que trabajaba en el canal fue reemplazado por nuevos miembros. Según la información recibida, cambió desde la programación hasta la publicidad de ese canal, para reflejar la opinión editorial del régimen de facto.
La CIDH solicitó contar con esta información antes del 29 de julio de 2009.
MC 196/09 - Solicitud de Información, Honduras
El 15 de julio de 2009 la CIDH decidió solicitar información detallada respecto de la situación de las siguientes personas, sobre quienes recibió información de que se encuentran en riesgo:
2. Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, Alcalde Municipal de la Corporación Municipal de San Pedro Sula (líder del partido liberal).
Asimismo, en el ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH solicitó información sobre la situación de las siguientes personas y eventos:
1. el asesinato, el 11 de julio de 2009, del dirigente popular Roger Bados, en San Pedro Sula;
2. el asesinato, el 12 de julio de 2009, del dirigente popular Ramón García, en Santa Bárbara;
3. la detención, el 11 de julio de 2009, de periodistas de los medios informativos TeleSUR y Venezolana de Televisión, y la conducción de operativos migratorios el 12 de julio de 2009 en el hotel en que éstos se hospedaban. La Comisión solicito información pormenorizada sobre este evento teniendo presente particularmente que 6 de esos periodistas están cobijados por las medidas cautelares dictadas en este asunto.
MC 220/09 –Ariel Sigles Amaya, Cuba
El 10 de julio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Ariel Sigles Amaya, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la vida e integridad personal del señor Ariel Sigles Amaya están en situación de riesgo inminente debido a su grave estado de salud. La información recibida por la CIDH indica que desde septiembre de 2008 su salud se ha deteriorado de manera progresiva a raíz de sus condiciones de detención. La Comisión Interamericana solicitó al Estado cubano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y salud del beneficiario y, específicamente, brindarle la atención médica adecuada en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de tratamiento de personas privadas de libertad; también se requirió que las medidas sean concertadas con el beneficiario y sus familiares. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su Informe No. 67/06 del 21 de octubre de 2006, en el cual la CIDH recomendó ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas de este caso, incluido el señor Ariel Sigler Amaya, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos.
el hallazgo de un cuerpo en "La Montañita", con aparentes señales de tortura y una camiseta de apoyo a la cuarta urna; y
MC 236/08 – Personas Privadas de Libertad en la penitenciaría Polinter-Neves, Brasil
El 1 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en la penitenciaría Polinter-Neves, en la ciudad de São Gonçalo, Estado de Rio de Janeiro. En la solicitud de medidas cautelares se alega que las personas custodiadas en la penitenciaría Polinter-Neves no tienen acceso a una atención médica adecuada. Se alega asimismo que internos con tuberculosis y otras enfermedades contagiosas comparten celdas con otras personas en una situación de gran hacinamiento y sin luz solar. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Brasil adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los beneficiarios; asegurar la provisión de atención médica adecuada a los beneficiarios y evitar la transmisión de enfermedades contagiosas a través de una reducción sustantiva de la superpoblación en esta penitenciaría, así como informar a la CIDH sobre las acciones que se adopten en respuesta a esta solicitud.
MC 136/09 – Iduvina Hernández y 12 miembros de la SEDEM, Guatemala
El 21 de mayo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la señora Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) de Guatemala, y otros 12 miembros de la organización. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Iduvina Hernández y miembros de SEDEM habrían sido objeto de una serie de amenazas en abril y mayo de 2009, a través de mensajes y llamadas telefónicas anónimas. Añade que no se implementaron medidas de seguridad a pesar de haber interpuesto denuncias ante las autoridades públicas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.
MC 150/09 – Mario David García y Familia, Guatemala
El 19 de mayo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del señor Mario David García y su núcleo familiar, en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor García y su familia se encuentran en una situación de riesgo inminente en virtud de haber filmado el video en el cual aparecía el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano emitiendo acusaciones por asesinato y corrupción contra altos funcionarios del Estado y empresarios. El 10 de mayo de 2009 Rodrigo Rosenberg Marzano apareció muerto con impactos de bala en su cuerpo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Mario David García y su núcleo familiar así como informar a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.
MC 139/09 – Martha Lucía Giraldo Villano y otros, Colombia
El 19 de mayo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor los familiares del señor José Orlando Giraldo Barrera, a saber: sus hijas, Martha Lucía Giraldo Villano y Ximena Giraldo Villano; su esposa, Luz Marina Villano Morales; sus hermanos: Marcial Orlando Giraldo Barrera, José Wilson Orlando Giraldo Barrera y Jairo Giraldo Barrera Orlando Giraldo Barrera, así como sus respectivos núcleos familiares en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que estas personas fueron objeto de seguimientos e intimidaciones, presuntamente a raíz de su participación como testigos en el juicio penal por la muerte del señor José Orlando Giraldo Barrera, ocurrida el 11 de marzo de 2006. Se indica que el 28 de abril de 2009 personas uniformadas habrían permanecido en frente a la residencia del señor José Wilson Orlando Giraldo Barrera por varias horas y preguntado por su paradero, y que el 10 de mayo de 2009 habría sido objeto de un atentado con arma de fuego en la ciudad de Cali. Se alega asimismo que la Fiscalía General de la Nación ha ofrecido incluir a algunos de los beneficiarios en su programa de protección a víctimas y testigos, pero que esta medida dificultaría la participación de los beneficiarios en el juicio penal sobre la muerte del señor José Orlando Giraldo Barrera. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios y sus respectivos núcleos familiares, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.
MC 120/09 – Marcelino Coache Verano y familia, México
El 8 de mayo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del señor Marcelino Coache Verano y su familia, en México. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor Coache Verano, líder social y miembro del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Oaxaca de Juárez, así como su familia, habrían sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007. Añade que en marzo de 2009 el señor Coache Verano habría sido abordado por extraños, quienes lo trasladaron a un lugar desconocido, donde le habrían quemado con cigarro en partes sensibles del cuerpo. Asimismo, se indica que los familiares del señor Coache Verano habrían recibido amenazas telefónicas en abril de 2009. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.
MC 91/08 – Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), Colombia
El 1 de mayo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los líderes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que los líderes de FEDEAGROMISBOL serían objeto de amenazas desde abril de 2008, y que el 22 de abril de 2009 el señor Edgar Martínez Ruiz, uno de los líderes de la Federación, fue asesinado. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios.
MC 5/09 – X, Haití
El 17 de abril de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de seis personas en Haití, cuya identidad se reserva a instancia de los solicitantes de las medidas. En la solicitud de medidas cautelares se alega que estas personas son víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad del Estado desde 2008. Se indica asimismo que el padre de una de las personas beneficiarias de estas medidas fue asesinado el 28 de marzo de 2009. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Haití adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar judicialmente los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 63/09 - Raúl Santiago Monzón Fuentes, Gladys Monterroso Velásquez de Morales y otros, Guatemala
El 8 de abril de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Raúl Santiago Monzón Fuentes, Director del departamento de Procuración de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; Gladys Monterroso Velásquez de Morales, esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala; y empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala. En la solicitud de medidas cautelares se alega que como consecuencia de las acciones impulsadas por la Procuraduría relacionadas con la publicación de los archivos históricos de la Policía Nacional de Guatemala, estas personas habrían sido víctimas de diversos actos de violencia. Entre éstos, mencionan el secuestro de la señora Gladys Monterroso Velásquez de Morales y una serie de amenazas de las que habría sido objeto el señor Raúl Santiago Monzón Fuentes. Adicionalmente, indican que personas no identificadas realizaron seguimientos y actos de vigilancia en los edificios de la Procuraduría de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Raúl Santiago Monzón Fuentes y Gladys Monterroso Velásquez de Morales; asignar protección perimetral en los edificios de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala con el fin de proteger la vida e integridad personal de sus empleados; e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.
MC 80/09 – Ronald John, Trinidad y Tobago
El 6 de abril de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Sr. Ronald John, quien se encuentra privado de libertad en espera de la ejecución de la pena de muerte por la presunta comisión de un crimen en 2002. Las medidas cautelares fueron presentadas en el contexto de una petición sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los Artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana. Esta petición, que está en trámite ante la Comisión, alega, entre otras cuestiones, presuntas irregularidades en el proceso, la detención arbitraria y la condena del señor John. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Trinidad y Tobago abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana.
MC 69/09 – Inés Yadira Cubero González, Honduras
El 6 de abril de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Inés Yadira Cubero González, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Inés Yadira Cuberto González habría sido objeto de un atentado con arma de fuego el 16 de marzo de 2009, presuntamente a raíz de su labor como Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. La solicitud indica asimismo que estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Comunes de San Pedro Sula, pero que la señora Inés Yadira Cubero no habría sido informada de los resultados de la investigación ni contaría con medidas de protección. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de la beneficiaria, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.
MC 78/09 – Ronald Tiwarie, Trinidad y Tobago
El 3 de abril de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Sr. Ronald Tiwarie, quien se encuentra privado del libertad en espera de la ejecución de la pena de muerte por la presunta comisión de un crimen en 2001. Las medidas cautelares fueron presentadas en el contexto de una petición sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los Artículos I, II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana. Esta petición, que está en trámite ante la Comisión, alega, entre otras cuestiones, irregularidades en el proceso y condena del señor Tiwarie. A través de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Trinidad y Tobago abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tenga la oportunidad de decidir sobre el reclamo del peticionario sobre la presunta violación de la Declaración Americana.
MC 10/09 – Wong Ho Wing, Perú
El 31 de marzo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Wong Ho Wing, en Perú. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el Sr. Wong Ho Wing habría sido sometido a un proceso de extradición a solicitud de la República Popular de China y que los tribunales peruanos habrían declarado la procedencia de la extradición, a pesar de que el delito por el cual se le juzgaría en China podría ser penado con la muerte. El solicitante afirma que las seguridades otorgadas por la República Popular de China no son suficientes para garantizar que dicha sanción no será aplicada. La Comisión Interamericana solicitó al Estado peruano abstenerse de extraditar al Sr. Wong Ho Wing hasta tanto la CIDH se pronuncie sobre la petición en trámite en la CIDH, así como informar sobre la implementación de esta medida a la brevedad posible.
MC 50/09 - Alejandro Jiménez Blanco, Cuba
El 18 de marzo de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Alejandro Jiménez Blanco, en Cuba. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el señor Alejandro Jiménez Blanco fue objeto de actos de violencia en la Penitenciaría Paso de Cuba, donde permanecería incomunicado en una celda de castigo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado cubano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física del beneficiario y brindarle tratamiento médico adecuado en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas para implementar las medidas cautelares.
El 14 de enero de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 32 dirigentes y asesores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia. En la solicitud de medidas cautelares se alega que los dirigentes y asesores del CRIC serían blancos de actos de violencia, amenaza y estigmatización por causa de sus actividades como líderes indígenas. Asimismo, se alega que desde agosto de 2008 se habrían incrementado los homicidios, amenazas y actos de hostigamiento contra la dirigencia del CRIC, y se hace referencia entre otras a la muerte de Edwin Legarda Vásquez, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aída Marina Quilcué Vivas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de remover los factores de riesgo que justifican la adopción de estas medidas cautelares. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación.