Source: http://www.justiniano.com/revista_doctrina/tesina_de_gardo_%20Dra%20Maria%20Nelva%20LLadhon_2001.htm
Timestamp: 2018-01-18 07:43:25
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La "violencia" en el delito de robo con armas.
Diferencia con la extorsión
Nombre: María Nelva Lladhon
LIBRO II, TITULO VI DEL CODIGO PENAL DE LA NACIÓN
En su desarrollo individual y colectivo, el hombre necesita entrar en posesión de diferentes objetos tanto del mundo espiritual como del material. Cuando el ordenamiento legal reconoce esa necesidad humana como bienes dignos de protección para una convivencia social pacífica y organizada, dichos bienes se transforman en bienes jurídicos integradores y rectores, por sus contenidos, de la interpretación de los diferentes tipos penales que les están subordinados[1].
PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD
En la Constitución Nacional hallamos una protección a la propiedad, que da base a la posterior regulación civil y penal del derecho de propiedad.
Si bien la propiedad no está definida por la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invariablemente ha sostenido que el termino propiedad utilizado por nuestra constitución nacional, en sus artículos 14 y 17, o en otras disposiciones de ella, debe ser tomado en sentido amplio y comprensible de todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida, y de su libertad[2].
El artículo 17 de la Constitución Nacional al sostener que la propiedad es inviolable, quiere significar que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla.
En este sentido, el artículo 17 de nuestra Norma fundamental ampara todo aquello que constituye el patrimonio del habitante de la Nación, tratase de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales, cubriendo también en su acepción lata la protección de los derechos subjetivos incorporados al patrimonio[3]
La propiedad como bien jurídico tutelado por el título VI del Libro II del Código Penal tiene un significado mucho más amplio que el que le acuerda el ordenamiento Civil, según el cual es "el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de un apersona" (artículo 2.506 del Código Civil); la protección penal se extiende al sentido que le otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional que comprende no sólo el dominio y demás relaciones jurídicas con las cosas, constitutivas de derechos reales, sino también el poder que se tiene sobre bienes o que se puede llegar a tener en virtud de derechos que reconocen su fuente en relaciones personales.
Así la protección penal en este Título comprende tanto el dominio, la posesión, es decir la tenencia de una cosa con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, como la simple tenencia; reconociendo en otro la propiedad y hasta el poder de hecho que las personas tienen sobre las cosas que tienen consigo aunque ésta reconozca un origen ilegítimo o delictivo. Pero además de estos derechos, también integran el concepto de propiedad tutelado penalmente los créditos y derechos personales con contenido económico y que constituyen el patrimonio de la persona.
“La propiedad como bien protegido penalmente está constituida por los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria que, sin ser inherentes a ella, jurídicamente, pertenecen a una persona física o moral”[4].
Es menester aclarar que no todo aquello que representa un bien para las personas en razón de serles útil o aprovechable, es una propiedad en el sentido expresado. Existen bienes inherentes a las personas que no son una propiedad porque no constituyen objetos con existencia distinta e independiente de la persona misma.
Más aún, existen bienes que aunque tienen existencia objetiva, pertenecen a las personas y son propiedad en el sentido constitucional, como por ejemplo los derechos de familia, no son bienes constitutivos de la propiedad protegida penalmente porque carecen de naturaleza económica
Debe mediar entre el sujeto y el objeto una relación jurídica particular en virtud de la cual el sujeto puede invocar una pertenencia del objeto particular respecto del objeto. Si falta de esa relación jurídica no media una vinculación de propiedad entre una persona y una cosa[5].
Por su parte, Sebastián Soler sostiene que es un error confundir la propiedad con el dominio definido por el Código Civil, puesto que en nuestro derecho existe un concepto jerárquicamente superior, como lo es el constitucional, que tiene un contenido positivo mucho más amplio y que desde el punto de vista penal, el tipo de delito agrupado bajo este bien jurídico no consiste en "alterar simplemente el patrimonio de otro, o modificarlo, sino en disminuirlo, esto es en alterar la relación interna al patrimonio mismo entre el activo y el pasivo", pues, en términos generales, estos delitos tienden siempre a quitar o disminuir un derecho o en poner o aumentar una obligación, como que son delitos contra la parte activa del patrimonio, es decir contra el derecho del sujeto a que no sea alterado su estado patrimonial sin intervención de su voluntad o en forma arbitraria[6].
PROPIEDAD COMÚN Y ESPECIAL
El artículo 17 de la Constitución Nacional ampara, también, la denominada propiedad intelectual preceptuando que "...Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley...".
Esta es una propiedad de naturaleza especial que se diferencia de la común –ut supra descripta- porque no se refiere a objetos corporales o derechos, sino a creaciones del espíritu o inteligencia del hombre.
Dicha propiedad está excluida de la protección que el Título VI del Código Penal otorga a la propiedad común, sin embargo no está excenta de protección penal ya que la misma se reglamenta por leyes especiales entre las que podemos mencionar la Ley de Propiedad Científica, Literaria y Artística; la Ley sobre Falsificación y Uso Indebido de Marcas y Designaciones.
RESEÑA HISTORICA DE LAS PRINCIPALES REDACCIONES DEL TITULO VI DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN:
- Proyecto del Dr. Carlos Tejedor de 1868:
En la parte segunda del proyecto del Dr. Tejedor, bajo al denominación "de los delitos contra la propiedad en particular", el artículo 1 describe el robo con violencia en las personas de la siguiente manera: "El que comete robo, hiriendo o maltratando a una persona para que descubra, entregue o no defienda la cosa que intenta robar, sufrirá seis a diez años de presidio o penitenciaría. Si la persona es puesta en peligro de muerte por las violencias ejercidas sobre ella, si ha sido herida mortalmente o mutilada o alterada permanente e incurablemente su salud, la pena será de diez a quince años de la misma pena"[7].
Por su parte el artículo 2 del mismo proyecto castiga con seis años de presidio o penitenciaría a quien “1) amenace o intimide para que se descubra, entregue o no se defienda la cosa; 2) robe empleando armas o en despoblado o camino público; 3) se hubiese asociado a tres o más personas para cometer el robo; y 4) retuviese en rehenes una persona para sacar rescate”[8].
En el caso del artículo 2 del proyecto, la nota que lo acompaña aclara que en el Código Francés la amenaza de hacer uso de un arma estaba equiparada a la violencia misma. Por su parte, el Código de Baviera castigaba como culpable de hurto con violencia a quien sin proponerse más que un hurto simple, iba provisto de armas y, sorprendido en flagrante delito hacía uso de ellas para intimidar o maltratar a alguno.
Finalmente el Dr. Tejedor completa el articulado en estudio con una definición del término "arma", expresando que: "por la palabra "armas" empleada en este artículo y otras disposiciones del presente Código se entiende todo instrumento con el cual se puede inferir una herida corporal capaz de poner en peligro la vida". En la nota del artículo el Dr. Tejedor sostiene que "todos los legisladores han considerado el uso, y aún la simple posesión de armas, como una circunstancia agravante de ciertos delitos. Encuéntrase, en efecto, en esta posesión o este uso el indicio de una intención más culpable, que confiere a la acción un carácter más grave"(...) "de esto se sigue que el arma toma su carácter no tanto de la materia que la forma como del uso a que se destina; (...) todos los objetos con los cuales se puede matar o herir, pueden convertirse en armas ..."[9].
Tanto el artículo 9 como el 10, denominados como "extorsión", ofrecían la característica de, por un lado, ubicar este delito como delito contra el patrimonio y por otro lado la de prohibir bajo la mencionada denominación una conducta modernamente considerada como robo.
El artículo 9, denominado como Extorsión, expresa: "el que obligue a otro con violencia o intimidación a firmar, otorgar o entregar una escritura pública, letra, vale, o documento que contenga obligación o descargo, será castigado como culpable de robo con las penas señaladas en los artículos respectivos".
- Proyecto de los Dres. Villegas, Ugarriza y García de 1881
Originalmente en el año 1868 se nombró una comisión para que revisara el proyecto presentado por el Dr. Carlos Tejedor, la misma sufrió varias modificaciones con respecto a sus integrantes y finalmente quedo conformada por los tres jurisconsultos nombrados en el título de este apartado.
La comisión, superando la tarea encomendada que era la revisión el proyecto anterior, presentó un nuevo proyecto de Código Penal que fue enviado al Congreso de la Nación.
Este nuevo proyecto trata los "delitos contra la propiedad" englobándolos bajo la denominación común de "Robos, Usurpaciones y Hurtos" y describe al robo con violencia como "el arrebato violento de una cosa mueble" al cual castiga con pena de prisión mayor.
En el articulado incluye la intimidación al establecer que "la misma pena corresponde cuando para evitar la resistencia se hubiese invocado orden de autoridad o se usaren insignias de funcionarios".
Seguidamente tipifica un robo agravado estableciendo que "la pena será de penitenciaría media si el robo se ejecutase por los medios siguientes: 1) hiriendo o maltratando a una persona para que descubra, entregue o no defienda la cosa que se trata de robar, o empleando los mismos medios para conservar su posesión o asegurar la fuga, 2) obligando por violencias a suscribir documentos de obligación o cancelación"[10].
La disposición del artículo 314 del proyecto que estamos analizando castiga con pena de penitenciaría menor cuando se dieran sólo "alguna de las circunstancias siguientes: a) amenaza o intimidación para que se descubra, entregue o no se defienda la cosa, o para asegurar su posesión o la fuga; 2) ejecutarse con violencia del domicilio, en despoblado o en camino público; 3) asociarse a dos o más personas para cometerla; y 4) cometerse por funcionario público al amparo de sus funciones"[11]
- Primer Código Penal Argentino, Ley 1920 de 1886:
Basándose en los dos proyectos anteriores, pero en especial en el proyecto del Dr. Tejedor, el Congreso Nacional sancionó el 7 de diciembre de 1886 un Código Penal que comenzó a regir en marzo de 1887.
En este Código encontramos un capitulo "de los delitos contra la propiedad particular" y dentro de éste el título dedicado a los "Robos y Hurtos". Sin embargo, es difícil hallar en este Código un tipo básico de robo puesto que el articulado referido a esa materia comienza con una referencia al culpable del robo "con violencia o intimidación en las personas", que castigaba con pena de presidio por tiempo indeterminado o de diez a quince años: "1) si con motivo u ocasión del robo resultase un homicidio; 2) si pone en peligro de muerte a una persona por las violencias ejercidas en ella, si se le infiere una herida mortal, si se la mutila, si su salud es alterada permanentemente o incurablemente o si ha habido violación; 3) si el robo se comete en despoblado y en banda o complot"[12].
El artículo siguiente sanciona con seis a diez años de presidio "si se comete el robo en despoblado y con armas; 2) si se comete en lugares poblados y en banda o complot; 3) si se hiere o maltrata a una persona, para que descubra, entregue o no defienda la cosa que se intenta robar"12.
Por su parte, el artículo 189, manteniendo la confusión entre robo y extorsión establecía una pena de tres a seis años de presidio "1) cuando se amenace o intimide a una persona para que descubra, entregue o no defienda la cosa que se intenta robar; 2) cuando se detiene con rehenes a una persona para sacar rescate; 3) cuando se obligue por violencia a firmar un documento de obligación o de cancelación; 4) cuando se simule autoridad pública"12.
De conformidad con lo establecido por el artículo 191, las penas se reducían a prisión de uno a tres años si el valor de lo robado no excedía de quinientos pesos. Pero el artículo siguiente expresaba que "si hubiese a la vez intimidación o violencia en las personas y fuerza en las cosas, se aplicará el máximo de las penas establecidas", calificaba de esta manera lo que hoy sería un tipo básico de robo12.
- Proyecto del año 1891:
Los encargados de redactar las reformas al Código Penal en ese momento vigente advirtieron que el mismo era susceptible de observaciones varias, que enmendaron, entre ellas: "1) que carece de una disposición que reprima el robo fuera de los casos individualmente enumerados en los artículos 187 a 191, lo que puede dar lugar a que alguna vez quede sin reprimirse un hecho grave que merezca esta calificación; 2) que caracterizándose el robo por la violencia o intimidación en las personas o la fuerza en las cosas, el artículo 190 enumera casos de robo en que falta la violencia o intimidación en las personas, comprendiendo casos en que tampoco concurre la fuerza en las cosas, ..."[13].
De esta manera, en el capítulo II, como delito de "robo" el artículo 199 del proyecto definía: "El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con ánimo de lucro y con fuerza en las cosas, o con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o intimidación en las personas tenga lugar antes del robo par facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido, para procurar su impunidad, será reprimido con penitenciaría de dos a seis años". El artículo 201, por su parte establecía "se aplicará penitenciaría de tres a diez años: 1) si se cometiere el robo en despoblado y con armas; ..."[14]
Finalmente, podemos señalar que este proyecto no tuvo favorable acogida parlamentaria.
- Proyecto del año 1900:
En el mes de junio del año 1900 la cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto que introducía reformas parciales al código vigente, pero ninguna reforma sustancial en la materia que nos ocupa; y en el mismo año se aprobó en la cámara de Senadores ese proyecto, el que quedó sancionado como ley 4.189.
- Proyecto del año 1906:
El Poder Ejecutivo dictó una resolución por la cual creaba una comisión de reformas legislativas. Dicha comisión presentó un proyecto que contenía un Título dedicado a los "Delitos contra la propiedad", el capítulo II de ese Título definía al "Robo" con la misma clase y escalas de pena de nuestro Código actual, pero con la inclusión, junto a la violencia, de la intimidación. Por último, el artículo 182 expresaba: "se aplicará prisión de tres a diez años: 1) si se cometiere el robo en despoblado y con armas; ..."[15]
- Proyecto del año 1917. - Código del año 1922
El proyecto antes referido sirvió de base para un nuevo proyecto presentado al Congreso Nacional. Este proyecto fue aprobado en general en el año 1920, luego de haber sido revisado por una "Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria" designada a tal efecto. Finalmente el 30 de septiembre de 1921 quedó sancionado el nuevo Código Penal.
Dicho Código cambió la sanción de presidio por la alternativa de "reclusión o prisión"; además contenía un título de los "delitos contra la propiedad" y dentro de éste trataba en diferentes capítulos los delitos de "hurto", "robo" y "extorsión". Con relación al delito de robo aceptaba, en su redacción, el criterio general asumido por el proyecto de 1906, pero suprimiendo la palabra intimidación, al exigir que la violencia sea física y pasar la intimidación al delito de extorsión, pues el Dr. Moreno, autor de este proyecto, consideraba tal distribución de los matices que puede revestir el ataque a las personas una fórmula sencilla para evitar la confusión entre ambos delitos[16].
El texto era el siguiente: art. 164: “será reprimido con prisión de uno a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad"; art. 167: "se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años: , inc 1): si se cometiere el robo en despoblado y con armas"...[17]
Este texto, como ya lo mencionamos, quedó sancionado y promulgado en el año 1921, mediante ley 11.179, pero su vigencia se estipuló para seis meses más adelante, por lo que comenzó a regir en el año 1922.
- Proyecto del año 1937
En el año 1936, mediante decreto el Poder Ejecutivo encomendó la redacción de un proyecto íntegro de Código Penal. Este proyecto se presentó en el año 1937 y contenía la denominación de "Delitos contra el Patrimonio" en lugar de "Delitos contra la Propiedad"; también incluía nuevas circunstancias calificativas para los delitos de hurto y robo e incluía entre los bienes que pueden ser objeto de los mismos, toda energía económicamente apreciable (energía eléctrica, genética, etc.).
Además volvía a introducir la intimidación en la figura básica del robo.
Al definir al robo en general, el proyecto establecía: "se impondrá prisión de un mes a seis años, al que se apoderare de una cosa mueble o de una energía económicamente apreciable, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo, par facilitarlo, o en el acto de cometerlo, o después de cometido, para continuar teniendo la cosa o facilitar que otro se la lleve, o con el fin de procurar la impunidad para sí o para un tercero".
Por su parte el artículo 217, denominado "Intimidación con armas" sancionaba con "reclusión o prisión de seis a diez años, si el robo se cometiere intimidándose a la víctima con armas"[18].
Este proyecto tampoco fue recogido por el Congreso Nacional.
- Proyecto del año 1941
El Dr. José Peco presentó un proyecto de Código Penal a fines del año 1941. En lo referente a los delitos contra la propiedad el autor de este proyecto explica que prefiere denominarlos "delitos contra el patrimonio" porque “las disposiciones de este título no sólo atacan al derecho de propiedad en la acepción civil, sino que también al derecho de posesión, la mera tenencia y hasta los derechos pecuniarios y los bienes inmateriales de valor económico”[19].
Sostiene, además que si bien el proyecto no se aparta del apoderamiento como elemento constitutivo del hurto y del robo, prefiere atenerse a la sustracción como determinante del momento consumativo, pues ésta "se acomoda a la naturaleza de los hechos, a la realidad de la vida, a la sustancia del delito, a la vez que penetra los verdaderos designios del autor"[20]. Por otra parte, suprime todas las circunstancias calificativas de agravación tanto para el hurto como para el robo porque las considera pertenecientes a un "sistema casuístico" en decadencia[21].
Dentro de los "delitos contra el patrimonio", en el capítulo I, titulado "delitos contra la propiedad u otros derechos reales", bajo el título de "robo" ubica el artículo 143 que prescribe: "Al que sustrajere una cosa mueble, total o parcialmente ajena, apoderándose de ella en beneficio propio o de un tercero, con violencia o intimidación sobre la persona, ejercida antes, durante o tras el apoderamiento, se le aplicará privación de libertad de seis meses a seis años. La sanción podrá elevarse hasta diez años si el delito revelare particular peligrosidad en el autor"[22]
- Proyecto del año 1951
El Dr. Isidoro De Benedetti presentó un proyecto de Código penal que finalmente no tuvo tratamiento en el Congreso. En este proyecto el autor expresaba que si bien la Constitución Nacional asigna al concepto de propiedad una significación amplia y genérica, él prefirió referirse a los delitos contra el patrimonio, por considerar esa denominación como más adecuada para un conjunto de normas que prevén modos de conducta que alteran los patrimonios de los sujetos activo y pasivo del delito.
El delito de robo, en este proyecto, fue objeto de grandes y fundamentales modificaciones que eliminaron toda posibilidad de confusión con la extorsión, por lo que la frecuente conducta de asalto con armas o adoptando otras actitudes amenazadoras quedaron incluidas en el ámbito del robo.
Así, el título "De los delitos contra el patrimonio", contenía un capítulo dedicado al "Robo". El artículo 234, expresaba: "Al que se apoderare de una cosa mueble o de una energía susceptible de apreciación económica, total o parcialmente ajenas, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tuviese lugar antes del apoderamiento, para facilitarlo, o en el acto de consumarlo, se impondrá prisión de uno a seis años. En idéntica sanción incurrirá quien entrare en posesión de dichas cosas o energías, por medio de la amenaza de ejercer inmediata violencia física sobre la persona de la víctima del robo". Por último, al artículo 236 disponía una pena de entre tres y diez años de prisión: "1) si el robo se cometiere en despoblado y con armas; ...".[23]
- Proyecto del año 1960 y las reformas de los gobiernos militares
Por un convenio con el Poder Ejecutivo, el Dr. Sebastián Soler redactó un Anteproyecto de Código Penal en el año 1960, el que fue convertido en Proyecto tras una modificaciones introducidas por la Comisión Consultiva Asesora y Revisora designada al efecto. La exposición de motivos del proyecto del Dr. Soler, refiriéndose a los "Delitos contra el Patrimonio" señalaba que en el delito de robo se hacía una diferencia considerable según medie fuerza o violencia en las personas [24].
El proyecto que nos ocupa, en su artículo 210, como "Robo simple" establecía: "El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido: 1, con prisión de uno a seis años, cuando el hecho fuere cometido con fuerza en las cosas; 2, con prisión de dos a ocho años, o reclusión hasta ocho años, cuando el hecho fuere cometido con intimidación o violencia en las personas. Estas penas se aplicarán sea que la fuerza, la violencia o la intimidación tengan lugar antes del hecho, para facilitarlo, en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el objeto propuesto o la impunidad". El artículo 211, bajo el título "Robo agravado", expresaba que "se impondrá reclusión o prisión de tres a quince años: ...2) si el robo fuere cometido con armas..."[25]
Finalmente este proyecto no tuvo tratamiento legislativo por la caída del gobierno democrático.
- La reforma de los años 1963/1964
El gobierno del Dr. Guido reformó algunos de los artículos referidos a los delitos contra la propiedad, mediante un Decreto. Dicha reforma estuvo vigente desde el 20 de junio de 1963 hasta el 26 de noviembre de 1964.
El referido Decreto ente otra reformas, sustituía el texto del artículo 166 por el siguiente: "se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años: ... 2) si el robo se cometiere en despoblado, con armas o con intervención de tres o más personas ... " y sustituía también el texto del artículo 167 por: "se aplicará prisión de tres a diez años: 1) si se cometiere en poblado, con armas, o con intervención de tres o más personas...".
- La ley 17.567
Esta reforma al Código Penal dictada durante el gobierno del Dr. Onganía, en lo referente al delito de robo repitió lo establecido en los artículos 210 y 211 del proyecto del Dr. Soler, quien también integraba la comisión redactora del presente proyecto.
- Reformas del año 1976 – Ley 21.338
Durante la tercera presidencia del Gral. Perón, en el año 1972, el Congreso dictó la ley 20.509 que derogaba, salvo algunas figuras, las modificaciones introducidas al Código penal por la ley 17.567, con lo cual recobró vigencia el texto del Código del año 1922.
Este gobierno, además, mediante ley 20.642, introdujo modificaciones en el delito de robo agravado, las cuales actualmente siguen vigentes. Reemplazó el inciso 2° del artículo 166 por el siguiente: "si el robo se cometiese con armas, o en despoblado y en banda", elevando la pena para este delito de robo con armas de una pena de prisión de tres a diez años a una de cinco a quince años. Como consecuencia de la reforma el delito de robo con armas dejó de agravar solamente el robo en despoblado para transformarse en una calificante genérica, que actúa con independencia de que se cometa en lugares poblados o despoblados, con banda o sin ella.
Dicho Código Penal, sin embargo, tuvo vigencia hasta el advenimiento del golpe militar de marzo del año 1976. La Junta militar introdujo mediante ley 21.338, nuevos delitos y más severas penas, manteniendo, en líneas generales, respecto de los delitos contra la propiedad, las reformas introducidas por la ley 17.567
- La Ley 23.077
En el año 1984, con el gobierno democrático del Dr. Alfonsín, se sancionó la ley 23.077 cuyo artículo 1° derogó la ley de facto 21.338, con excepción de algunos artículos incorporados al Código Penal. En lo referente a los Delitos contra la Propiedad, el Código volvió a su articulado originario.
CARACTERISTICAS DEL TIPO BÁSICO DEL DELITO DE ROBO
TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL
"Será reprimido con prisión de un (1) mes a seis (6) años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad".
ANTECEDENTES DEL ARTICULO 164 DEL C.P.[26]
El tipo penal de robo proviene del Proyecto de 1891, que inspirado en la legislación española, establece una clara distinción entre el hurto y el robo, caracterizando al robo como el apoderamiento realizado con fuerza en las cosas o con violencia en las personas.
El texto vigente establece la misma penalidad para los dos supuestos de robo contemplados, esto es robo con fuerza en las cosas o con violencia en las personas, a diferencia del proyecto de Tejedor y del Código de 1886, así como de otras legislaciones entre las que se puede mencionar a la Alemana, Suiza, Italiana, Brasilera, etcétera, que distinguen estas dos formas de apoderamiento castigando con más severidad al cometido con violencia sobre las personas, por la mayor gravedad que tradicionalmente ha tenido este hecho con relación al cometido con fuerza en las cosas, ya que en aquél el agente viola no sólo el derecho de propiedad, sino también la libertad y la integridad personal.
La ley 17.567 y luego la ley 21.338, reformularon al artículo 164 previendo en su inciso 1° el robo con fuerza en las cosas reprimiéndolo con pena inferior a la prevista en el inciso 2° que contemplaba el supuesto de robo cometido con intimidación o violencia en las personas, la pena era de 1 a 6 años de prisión para el primer supuesto y de 2 a 8 años de reclusión o prisión para el segundo. La fuente más inmediata de estas reformas fue el artículo 210 del proyecto de 1960, cuya nota señalaba: “Distinguimos las dos formas de robo, reconociendo la mayor gravedad ordinaria del que se ejecuta con violencia o intimidación en las personas, según la hacen muchas leyes”[27].
Finalmente la ley 23.077 derogó las reformas que había introducido la ley 21.338 al artículo 164 del Código penal, y retomó la redacción original del Código de 1921, siendo este el texto actualmente vigente.
En el delito de Robo, el bien jurídico al que se le asigna protección penal es la tenencia de cosas muebles[28]. Resulta por lo tanto secundario que el tenedor sea sólo un simple tenedor, en virtud de otro derecho real; o que tenga la cosa en su poder en virtud o no de un derecho, es decir que dado que se protege la simple tenencia, ese tenedor puede ser el ladrón o el defraudador de la cosa y aún así lo ampara la protección penal, aunque ésta cede ante el propietario de la cosa, quien no comete hurto si se apodera de la cosa suya que está en poder de un ladrón.
Como dijimos, no se protege el dominio, además el ataque al dominio sin vulneración de la tenencia de la cosa no constituye hurto o robo, sino que puede llegar a encuadrar en algún tipo de defraudación.
En este sentido, la cosa la tiene quien la mantiene corporalmente bajo su poder; quien tiene su posesión corporal en forma autónoma. La cosa está en poder tanto del que la porta, como del que la mantiene dentro de una esfera donde ejerce efectivos poderes de dueño y custodio, o del que sólo la tiene simbólica o representativamente.
Por lo tanto, para que pueda darse el tipo penal que estudiamos, es requisito el actual mantenimiento corporal de la cosa por parte de alguien; si no existe una cosa tenida por otro, el agente no podrá cometer el delito. Consiguientemente, el hurto no puede recaer sobre las cosas sin dueño (res nullius), la abandonada por su dueño (res derelicta), las perdidas y las que tiene el mismo agente aunque su dominio pertenezca a otro. Asimismo es dable mencionar que no “tiene” en el sentido de la ley quien sólo es servidor de la tenencia de otro sin tener él de modo autónomo, pero sí puede él cometer el delito de hurto respecto de la cosa a cuya tenencia sirve, salvo que quien tenga la tenencia sea responsable de ella con facultades dispositivas en cuyo caso no puede cometer hurto[29].
“Una vez violada la tenencia, existe ya el perjuicio a la propiedad inherente al delito de hurto, pues lo que este delito ataca no es la incolumidad cuantitativa o económica del patrimonio sino su integridad material”[30]
CONCEPTOS GENERALES DE LA FIGURA BASICA DE ROBO
Como se puede advertir el tipo del artículo 164 del Código Penal se trata de una figura legal que prevé un delito "general", es decir una conducta prohibida que el legislador pone a cargo de "el que", como equivalente a cualquier persona, a diferencia del llamado delito especial.
Además se trata de un tipo penal cuya norma subyacente es prohibitiva, cual es la de "no robar", por lo cual el comportamiento contrario a la norma se concreta mediante una "acción". También es un delito de lesión pues requiere que se perjudique el objeto de la acción de que se trate, o sea según la posición adoptada por nosotros la incolumidad del vínculo de poder efectivo que liga a las persona con las cosas que tiene consigo. Finalmente es un delito instantáneo pues el desvalor típico se agota con la producción de la situación ilegal, esto es con el apoderamiento ilegítimo, de modo que el hecho queda consumando al producirse ese resultado lesivo como consecuencia objetiva de la acción[31].
Sin embargo se excluye de la posibilidad de ser autor a la persona que se halle en la tenencia de la cosa, entre las cuales están también los poseedores de la cosa indivisa, el depositario, el acreedor prendario, el usuario, y todo otro que tenga sobre la cosa una tenencia material por lo que su acto de apropiación podría configurar una defraudación conforme el artículo 173 incs. 2° y 5° y arts. 175 incs. 1°, 2° y 3° del Código Penal[32].
Pero, algunas de estas personas, ya sean los co-propietarios, socios, co-herederos, etc., y en virtud de que la cosa hurtada puede ser también parcialmente ajena, si no están previa y legítimamente en poder de ella, pueden llegar a revestir el carácter de sujetos activos de este delito
Como en todo delito cabe distinguir entre sujeto pasivo del acto de apoderamiento y damnificado del delito. El sujeto pasivo resultará ser el tenedor de la cosa que fue privado del poder material sobre ella, el segundo es el propietario de la cosa que ha visto disminuida la parte activa de su patrimonio. Pueden, sin embargo, coincidir ambas calidades, cuando el caso de desapoderamiento se da sobre el mismo propietario de la cosa.
También pueden ser sujetos pasivos quienes tienen la cosa bajo su poder por un acto de apropiación ilegítima, o viciado por error, abuso de confianza, clandestinidad, compulsión, fraudulencia o caso fortuito.
OBJETO DEL DELITO DE ROBO
* COSA:
El delito de robo recae sobre una cosa mueble total o parcialmente ajena.
La noción de cosa no está ligada a una idea de corporeidad en el sentido físico de objeto con extensión, sino al del objeto material cuyo mundo en el ámbito del patrimonio económico de las personas, comprende todo lo que, fuera de los derechos, es un bien por ser susceptible de valor. Sería más correcto, entonces hablar de materialidad del objeto en lugar de corporeidad el mismo.
Por lo tanto de los objetos que componen el patrimonio sólo los derechos pueden quedar exentos de ser susceptibles de robo.
Pueden ser objeto del delito de robo, por el contrario, los objetos cuya materia es sólida, fluida, liquida o gaseosa, en cuanto sean detectables materialmente y como tales puedan integrar el patrimonio. Por otro lado, son inmateriales y no forman parte del patrimonio de una persona los productos de la inteligencia, ya sea que se trate de ideas artísticas, científicas o literarias; la materialización de estos productos en obras o inventos o descubrimientos está sometida y protegida por leyes penales especiales, como puede ser la ley de propiedad intelectual; estos objetos conforman la denominada propiedad especial, cuyo contenido no es objeto de protección por el Título VI del Código Penal (en tal sentido, ver página 4).
*VALOR PATRIMONIAL DE LA COSA
Este requisito, si bien no está exigido específicamente en el artículo 164 del Código Penal, surge de la definición de cosa que trae el artículo 2311 del Código Civil: "... susceptibles de tener un valor"..
Para que un objeto pueda ser jurídicamente denominado "cosa" debe ser, como ya dijimos, material y además debe ser susceptible de tener valor patrimonial; y sólo pueden tener este valor los objetos materiales que siendo apropiados por las personas pueden serles útiles para satisfacer sus necesidades, usos o placeres. Siendo apropiable el objeto material, ya es apto para servir económica o afectivamente a las personas, por lo tanto ya es susceptible se tener valor jurídico y convertirse en un bien[33].
Sostiene Creus[34] que una cosa posea valor patrimonial fundamentalmente implica que esté incorporada a un patrimonio. Para que ello ocurra es necesario que se trate de una cosa apropiable por las personas para satisfacer sus necesidades, utilidades o placeres sin importar la licitud o ilicitud de la finalidad a la que se aplica. Quedan, entonces excluidas las cosas que no son susceptibles de apreciación y las que siendo susceptible de ella, no están actualmente incorporadas al patrimonio de una persona.
El valor ínfimo de la cosa no funciona para excluir la calidad del objeto sino para deducir en determinadas circunstancias el consentimiento o abandono del tenedor de ella.
Cualquiera sea el valor de la cosa, si el objeto está incorporado a un patrimonio, será cosa a los fines del robo, aún cuando la cosa carezca de valor para los terceros, inclusive para el ladrón[35].
El delito no requiere la disminución del patrimonio del sujeto pasivo, sino la privación de la disponibilidad de la cosa con algún valor; por lo tanto el delito se habrá cometido aunque con la acción del agente la víctima se haya beneficiado económicamente.
*COSA MUEBLE:
La naturaleza mueble de la cosa se condice con la acción consumativa del delito de hurto, la cual exige el traslado del objeto del poder del tenedor al del ladrón.
Son cosas muebles, según el Código Civil, las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea que se muevan por sí mismas, o por una fuerza externa (art. 2318 C.C.). Pero el concepto penal de cosa mueble no es exactamente igual que el civil, a los efectos del delito de robo es mueble toda cosa susceptible de ser trasladada de un lugar a otro, sea que se mueva por sí misma, como los semovientes, o por una fuerza externa; sea que tenga independencia o se encuentre permanente o accidentalmente unida a otra cosa por sí misma inmovilizada y de la cual el ladrón la separa (arts. 2315, 2316 y 2317 del Código Civil).
Tal como afirmamos, el Código Penal no sigue en este caso el criterio civil, para el cual el principio del transportabilidad fundamentalmente determinante del concepto de la cosa mueble, está restringido por los principios de la accesoriedad y de la representación que les confieren el carácter de inmueble a cosas que son muebles para el Código Penal.
Para el criterio penal, el principio de transportabilidad rige sin excepciones, no sólo quedan comprendidos en la noción de cosas muebles los casos en que ella es transportable por una fuerza propia o externa a ella, sino también aquellos en que el propio agente la ha convertido en transportable, separándola del inmueble al cual estaba adherida (por ejemplo el hurto de un molino), consiguientemente, cosa mueble en el derecho penal puede serlo la que es inmueble en el derecho civil.
Entonces, podemos afirmar que para la ley penal será cosa mueble, objeto del delito de robo, todo inmueble por su carácter representativo y por accesión o por su naturaleza, que el agente tenga la posibilidad de darle existencia independiente de su adherencia, haciéndola susceptible de ser transportada.
*AJENIDAD DE LA COSA
Para ser objeto del delito de robo, es necesario que la cosa mueble sea total o parcialmente ajena; este carácter de ajenidad tiene que ser encarado desde el punto de vista del sujeto activo del delito. Dicho requisito de ajenidad de la cosa importa un concepto integrado por un aspecto positivo y uno negativo[36]. En cuanto al aspecto positivo es menester que la cosa pertenezca a alguien es decir, que no sea del patrimonio del agente; y lo negativo reside en que la cosa no pertenezca al autor del apoderamiento[37].
La cosa sigue siendo ajena aún cuando no se conozca ni su propietario ni quien ejerce actualmente su tenencia, pero hay cosas que sin pertenecer al patrimonio del agente, al no pertenecer tampoco a un patrimonio diferente no pueden ser catalogadas como ajenas, y por lo tanto no serán objeto del delito de robo. En este acaso se trata de cosas que son apropiables por cualquiera, ello ocurre con las res nullius, las cosas sin dueño y con las res derelictae, es decir las abandonadas por su dueño, que se ha desprendido de su posesión con la mira de no continuar con el dominio de ella. Mas no posee esa condición la cosa pedida que no deja de pertenecer a su dueño respecto de la cual falta la voluntad de abandonar, aunque éstas tampoco pueden ser objeto de hurto, su apropiación en tanto nadie ejerce su actual tenencia queda cubierta por el tipo del art. 175, inc. 1ª del C.P. Pero no es cosa perdida la cosa olvidada por el legítimo tenedor que puede proceder a su búsqueda, pues no se ha desarmando todavía su esfera de disposición sobre ella, el hecho de quitarla del lugar a dónde dicho tenedor pueda regresar a buscarla constituye hurto.
No reúne las exigencias negativas del concepto de cosa ajena la cosa que es propiedad del autor de la sustracción. La sustracción de la cosa propia de quien la tenía legítimamente en su poder es un tipo de defraudación especial previsto por el inc. 5° del artículo 173 del C.P., y por lo tanto no constituye el objeto del delito que analizamos.
La cosa es totalmente ajena cuando esta no tiene ni una parte ideal de ella en comunidad con su propietario. Es parcialmente ajena si tiene en propiedad parte de ella como condómino o comunero hereditario, quien es propietario en estas últimas condiciones puede cometer el delito de hurto con referencia a la cosa parcialmente ajena si no es el que ejerce su tenencia en el momento de la acción.
Conviene mencionar, sin embargo, que la cosa perteneciente a una sociedad constituida por una persona jurídica diferente a los socios es ajena para cada uno de ellos[38].
ACCIÓN TIPICA DEL DELITO DE ROBO
* APODERAMIENTO: CONCEPTO
a) Teoría de la attrectatio, o del simple tocamiento, para la cual el delito se consuma cuando la mano del delincuente entra en contacto físico con la cosa que pretende sustraer.
b) Teoría de la Aprehensio rei, o de la aprehensión, que requiere la captación material de la cosa, que el delincuente la tome entre sus manos.
c) Teoría de la Amotio, o de la remoción, que considera consumado el hurto cuando el agente ha movido la cosa, cuando la cambiado del lugar donde se encontraba.
d) Teoría de la Ablatio, o de la traslación, consagrada por el Código Penal Italiano de 1889, consistente en transportar la cosa de un lugar a otro, sacándola de la esfera de custodia de quien la tenía.
e) Teoría de la Illatio, que señala como momento constitutivo del hurto cuando el ladrón ha puesto la cosa en lugar seguro, a buen resguardo.
“Al utilizar nuestro Código Penal el verbo en la conjunción "apropiare" está dando una simple noción compuesta, comprensiva de un acto material y de un propósito por parte del ladrón cual es la de que, sin que deba tener otra finalidad específica que la inteligencia de poner bajo su dominio y ación inmediata a una cosa de la cual desapoderó a otro con la voluntad de apoderamiento y por tanto de disposición de ella”[39].
La afirmación anterior pone de manifiesto la necesidad de un dolo directo en el autor que excluye por lo tanto cualquier posibilidad de realizar el tipo por medio del dolo eventual. Además el propósito constitutivo del dolo específico del hurto no se excluye por noble que sea el motivo del autor o por atendible que sea ese motivo.
El criterio rector en el robo no radica en el desplazamiento de la cosa en el espacio sino en el desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición. Con otras palabras hurtar no es tomar la cosa, sino usurpar el poder sobre ella, traer la cosa a la esfera del propio dominio de hecho.
Apoderarse, en cambio, exige no solamente la pérdida de poder de parte de la víctima sino la adquisición de poder de parte del autor, lo que lleva a considerar que el momento consumativo del robo, esto es el de la consolidación del propio poder debe coincidir con la exclusión de hecho del poder del dueño o de quien por éste tenía la cosa[40].
Por su parte sostiene Creus[41] que en la actualidad no se discute que el concepto de apoderamiento utilizado por nuestro legislador está conformado por un aspecto subjetivo y otro objetivo[42]. Objetivamente se requiere en primer lugar el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia de la cosa, lo cual implica retirarla de la denominada esfera de custodia, que no es otra cosa que la esfera dentro de la cual el tenedor puede disponer de la cosa tenida, no necesariamente es una noción referida a un determinado lugar sino a una determinada situación de la cosa que permite el ejercicio del poder de disposición de ella y que se extiende hasta donde el tenedor pueda hacer efectivas sus facultades sobre la cosa, la que, por lo tanto no requiere imprescindiblemente un contacto físico con la cosa. “Hay desapoderamiento cuando la acción del agente, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia impide que el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de disposición”.
El desapoderamiento de la cosa no basta, resulta necesario el apoderamiento de la cosa por parte del agente, ya que esta primera acción no implica por sí misma la segunda. En tanto el apoderamiento exige como presupuesto indefectible el desapoderamiento.
El apoderamiento se caracteriza por la posibilidad de que el agente pueda realizar sobre la cosa actos materiales de disposición y haya tenido su origen en la propia acción por haber carecido antes de ella, ya que si el agente ha tenido con anterioridad esa posibilidad no se estará ante el delito de robo sino ante otros tipos penales.
En el robo hay una sustracción de la cosa de la esfera de disponibilidad del tenedor que la hace pasar a la esfera de disponibilidad del agente, lo cual implica en aquella, un desplazamiento de un sujeto por otro.
Finalmente, el apoderamiento de la cosa puede realizarse de los más diversos modos, por lo general el apoderamiento de la cosa exige la remoción de la misma y ésta puede realizarse directamente por el ladrón o valiéndose de otras personas o de animales o mecanismos.
DISPOSICION DE LA COSA AJENA
El aspecto subjetivo del apoderamiento está constituido por la voluntad por parte del agente, de someter la cosa al propio poder de disposición; no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, es necesario querer apoderarse de aquella, lo cual no importa requerir para este acto subjetivo el llamado animus rem sibi habendi, con la extensión amplia que cierta parte de la doctrina le ha otorgado (querer tener la cosa como verdadero dueño), pero que coincide con aquella subjetividad en cuanto no se lo mire más que como el propósito de llevar a cabo actos de disposición que el legítimo tenedor puede realizar, dentro de lo cual queda comprendida toda finalidad de uso, goce, afectación o destino, aún cuando el agente no pretenda prolongar la tenencia que ha obtenido en el tiempo.
Pero, cuando ese propósito está ausente y la sustracción se motiva en finalidades distintas faltará la coincidencia subjetiva que el apoderamiento típico requiere y no se dará el tipo penal que estamos analizando[43].
En este sentido, sostiene Nuñez[44] que quien no es movido por el motivo de apoderarse de la cosa, no es un ladrón según la idea vulgar; es decir que no es ladrón quien lleva para hacer una broma; o quien la coge y saca con la intención de salvarla del incendio, o quien la arrebata para agredir, repeler o impedir la agresión en acto; o quien la sustrae para comprobar la falta de vigilancia de los guardianes; o quien la saca del negocio ajeno sólo para comprobar su calidad; o quien la lleva para hacerla componer.
* ILEGITIMIDAD DEL APODERAMIENTO
Este elemento normativo no debe confundirse con la no concurrencia de cualquier causa general de justificación pues él sólo se mueve en el ámbito de las causas de esta especie que autorizan al autor, que no tiene el dominio total de la cosa, a disponer de ella[45]
El requisito de la ilegitimidad del hecho que por sí se relaciona con el complejo de la acción típica del autor puede ser también una genuina característica del tipo si este concepto aparece puesto por el legislador como atributo de una circunstancia de hecho tal y como ocurre con esta ilegitimidad del apoderamiento requerida en los artículos 162 y 164 del C.P. la cual debe por tanto estar abarcada por el dolo de tipo esto es el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo.
En este sentido nuestra doctrina admite generalmente que, si bien se trata de un aspecto objetivo de la acción este requisito del tipo ofrece también un aspecto subjetivo, cual es el que el autor obre a sabiendas de que el apoderamiento es ilegítimo[46].
No tiene ese saber el que por error, incluso si le es imputable cree que tiene derecho a disponer de la cosa, ni lo tiene el que duda al respecto, porque quien se encuentra con su ánimo en suspenso sobre si tiene o no ese derecho, no sabe que obra ilegítimamente. Pero sí lo tiene el que sabiendo que no puede hacerse justicia por propia mano se la hace, en este caso el autor no cree tener el derecho subjetivo a disponer de la cosa cuya, sino que conociendo su falta de derecho para disponer por sí de ella, la sustrae por un motivo que, aunque sustancialmente justo, no excluye el ánimo de obtener el objeto para ejercer un poder ilegítimo sobre él[47].
MODOS DE COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO
La fuerza constitutiva del robo no es la necesaria para transportar la cosa, pues esa fuerza no se ejerce en la cosa sino en razón de la cosa. La fuerza en la cosa requiere que ésta sea forzada, es decir ocupada mediante el ejercicio sobre ella de una energía física humana o artificial que la rompa, tuerza, saque de su sitio, por ejemplo tratándose de un semoviente lo mate o dañe de otra manera, o que sin afectar la integridad de la cosa venza su resistencia a la ocupación.
El daño de la cosa es algo que cuando se produce debe considerarse absorbido por la fuerza que lo ocasiona ya que es una consecuencia incluida en ella según lo que ordinariamente ocurre[48].
La idea es forzar una cosa para apoderarse de ella o de otra a cuyo apoderamiento se opone; para que se de este modo de apoderamiento es presupuesto la existencia de una cosa que ofrezca resistencia a la consumación del hurto de ella o de otra cosa respecto de la cual está predispuesta o no como defensa y de un vigor necesario para vencer esa oposición[49].
Por lo tanto podemos afirmar que la fuerza requerida por esta modalidad de robo consiste en el despliegue de energía, humana, animal, mecánica o de cualquier naturaleza, que el agente debe utilizar para vencer la resistencia que se opone al apoderamiento de la cosa. Con lo cual, será típica no sólo la fuerza física que despliega el agente o un tercero, energía humana, sino también la que proviene de un animal, como la del perro utilizado para atrapar la oveja (conf. ejemplo de Nuñez) o la energía producida por elementos mecánicos tales como taladros, martillos neumáticos, etc.
Parte de nuestros autores sostienen, además que la destrucción o vencimiento de la cosa por ciertos medios, por ejemplo, empleando ácidos o por el fuego, no implica fuerza en las cosas; en tanto que sí la constituye el uso adecuado de la energía eléctrica[50]. En distinto sentido, hay quienes sostienen que la utilización de ácido, para corroer las adherencias de la cosa, debe valorarse como uno de los procedimientos equiparables a la fuerza en las cosas[51].
Sostiene la parte mayoritaria de nuestra doctrina[52] que, al no señalar la ley sobre qué cosas debe recaer la fuerza, se entiende que ésta puede ejercerse no sólo sobre las defensas predispuestas por el tenedor con fines de cercamiento como los muros, puertas, ventanas, o de guardia o custodia de la cosa como los baúles, armarios, sino también sobre otros elementos sólidos que sin estar dispuestos como defensa o custodia de la cosa, realmente la contienen o defienden; o sobre la cosa misma, venciendo sus reparos naturales de contención (aunque en este supuesto no sería típica la fuerza ejercida para trasladar la cosa que se sustrae, dado que no es fuerza que se ejerce en la cosa sino por el peso de la cosa).
La ley sólo exige "fuerza en las cosas", la que ocurre cuando la separación de ésta se realiza mediante actos directos de fuerza, como son los de cortar o hachear o cuando esta separación se realiza por medios mecánicos que también la requieren (ejemplo desatornillando una placa) o utilizando una palanca.
Aunque la resistencia que oponga la cosa no responda a una intención de custodia o de defensa, es necesario que la cosa ofrezca una verdadera resistencia que requiera el forzamiento de la misma por medio de la fuerza desplegada por el agente para su sustracción ya que el espíritu de la ley es calificar el apoderamiento como robo cuando, para consumarlo, el ladrón debe vencer una resistencia ofrecida por alguna cosa, utilizando normal o anormalmente, una fuerza. Pero no es suficiente que una cosa esté adherida a otra para que su apoderamiento deba considerarse violento. Así como un papel, un sello o un precinto son objetos cuya rotura no ofrece resistencia, también hay adherencias que no la presentan, como por ejemplo la fruta al árbol o la del un farol sostenido por un tornillo flojo[53].
Entiende gran parte de la doctrina que la fuerza desplegada por el agente debe ser destructiva y anormal. Lo primero implica que se altere dañosamente lo que rodeaba a la cosa, como parte de ella o como reparo. Lo segundo, que la actividad del agente represente algo más de la actividad normal que el legítimo tenedor haya de realizar para tomar él mismo la cosa, aunque ésta exija una actividad alteradora de su estado, la anormalidad o normalidad, dependerá por lo tanto del modo de apoderamiento.
Por su parte, y con apoyo minoritario dentro de la doctrina y jurisprudencia, Núñez[54] rechaza la corriente doctrinal mayoritaria sosteniendo que "la aceptación del principio de que la fuerza debe tener un sentido anormal ha conducido a excluir indebidamente del ámbito del robo casos de verdadero ejercicio de energía sobre cosas cuya resistencia al apoderamiento lo requiere. Además, considera que tales características no son requisitos típicos, asegurando que la fuerza se da siempre que el apoderamiento exija del agente el despliegue de una energía que importe el vencimiento de resistencia, sea que ésta se origine en la unión natural de la cosa a otras o en las particularidades del mecanismo de unión, aunque ese despliegue sea idéntico al que tiene que realizar el legítimo tenedor para remover la cosa. Seguidamente, aclara que no basta con que la cosa esté adherida a otra, ya que hay casos de adhesión que no representan una resistencia.
Con esta teoría se introduce el tema de saber cuál es la cantidad de energía que se necesita desplegar para convertir el hurto en robo; la dificultad para determinar esta cantidad o la imprecisa distinción entre la fuerza suficiente e insuficiente para caracterizar la robo, hacen preferible la tesis mayoritarias.
MOMENTO DE LA FUERZA EN LAS COSAS
La ley requiere el apoderamiento con fuerza en las cosas, sin extender el momento de su ejercicio como lo hace con la violencia en las personas. Por lo tanto, podemos entender que la fuerza debe practicarse en los actos ejecutivos del apoderamiento mismo, para vencer materialmente la resistencia que la cosa opone a su sustracción o a la del objeto del hurto. Como tales, no deben considerarse sólo los actos consumativos sino todos los que integran el proceso ejecutivo del apoderamiento, aunque entre ellos y la sustracción de la cosa haya mediado un intervalo.
Pero cabe agregar que la fuerza desplegada antes de los típicos actos ejecutivos del delito, aunque sean para prepararlo o facilitarlo, no convierten el posterior apoderamiento en robo; tampoco es fuerza típica la ejercida luego de consumado el apoderamiento, la que resulta indiferente para los fines de transformar el hurto en robo.
VINCULACION DE LA FUERZA Y EL APODERAMIENTO
Para que el hurto se convierta en robo resulta necesaria la existencia de una doble vinculación (objetiva y subjetiva) entre la fuerza desplegada por el agente y el apoderamiento.
La vinculación objetiva requiere que la fuerza haya sido el procedimiento empleado por el agente para perpetrar o consolidar el apoderamiento. Pero no es suficiente la coincidencia temporal de la fuerza desplegada sobre la cosa con el proceso ejecutivo del delito; subjetivamente se requiere, además, que esa fuera haya estado dirigida al apoderamiento, es decir que la fuerza haya sido querida por el agente -con cualquier tipo de dolo- como procedimiento relacionado con el apoderamiento.
Si falta esta vinculación subjetiva entre la fuerza y el apoderamiento, el empleo de la fuerza no convierte el hurto en robo. Así no serán típicos los daños ocasionados accidentalmente por el agente en el momento de la sustracción[55]; la fuerza desplegada y los daños ocasionados por finalidades distintas al apoderamiento, sean estas lícitas o ilícitas, como el ejemplo del albañil que por orden de su patrón separa el marco de la pared y después decide hurtarlo[56]; o el ladrón que por pura revancha o espíritu vandálico destruye o daña otras cosas en el momento del apoderamiento[57].
La unidad del contexto del apoderamiento tiene como consecuencia que no sea necesario que la fuerza haya recaído sobre la cosa sustraída o sus reparos, o que el apoderamiento haya sido consumado en definitiva merced a ella[58], o que el autor de la fuerza sea el autor del apoderamiento, pudiendo serlo cualquiera de los participantes del robo[59].
LA VIOLENCIA FISICA EN LAS PERSONAS
La violencia consiste en el despliegue que hace el agente de una energía física, humana, animal o mecánica, fluida o química (entre las que se ubican los medios narcóticos o hipnóticos de conformidad con el artículo 78 del Código Penal), real o simulada, ante una víctima que la vivencia como real, y que se utiliza para vencer física o psíquicamente, la resistencia que ésta pudiera oponer al apoderamiento.
Además ese despliegue puede estar destinado a vencer una resistencia en actual ejecución o destinado a evitar que la persona sobre la que recae pueda, eventualmente, ponerla en ejecución cuando todavía no lo ha hecho, con lo cual el robo se da igualmente cuando el agente ejerce violencia sobre quien está incapacitado para desplegar resistencia[60].
Por lo tanto la violencia así definida afecta la libertad de opción del sujeto pasivo y lo hace actuar con libertad coartada, entregando al ladrón o aceptando que éste se lleve la cosa que es de su propiedad, pero también esta violencia puede actuar de otro modo: privando a la víctima de movimiento voluntario, tal sería el caso siguiendo el ejemplo citado por Carlos Tozzini[61] de quien es empujado por otro contra una vidriera, rompiéndola, hecho que el ladrón aprovecha para apoderarse de los objetos que había en ella, concurriendo en este caso los dos medios comisivos del delito de robo: la fuerza en las cosas y la violencia física en las personas.
Entonces, podemos afirmar que la agravación del delito se produce porque al ataque contra la propiedad se suma ya sea una violencia psíquica y un daño psicofísico que la intimidación produce en la persona atacada, como cuando se emplea un arma de juguete o descargada, que la víctima cree verdadera; o una violencia física sobre ella, que la coacciona, al ponerla ante un riesgo objetivo de sufrir in daño vital inmediato, como ocurre por ejemplo en el caso de la misma amenaza con un arma; o bien, por último, una violencia incontrastable, que transforma a la víctima en un mero "instrumento" del robo cometido por otro.
VINCULACION DE LA VIOLENCIA Y EL APODERAMIENTO
Al igual que en el supuesto de la fuerza sobre las cosas, en el caso de la violencia sobre las personas también se necesita una doble vinculación objetiva y subjetiva de la violencia con el apoderamiento.
En el aspecto objetivo, se requiere que haya sido la violencia lo que permitió al agente apoderase o consolidar el apoderamiento de la cosa. En el aspecto subjetivo, en cambio, la violencia debe ejercerse para facilitar el robo, consumarlo o lograr su impunidad; si no media esta relación de medio a fin, si la violencia no responde a estos propósitos, el empleo de la misma no transformará el hurto en robo; en estos casos si la violencia desplegada constituye un delito independiente, concurrirá materialmente con el hurto.
MOMENTO DE LA VIOLENCIA
El artículo 164 del Código penal admite que la violencia sea desplegada antes del robo, para facilitarlo; en el acto de cometerlo o inmediatamente después de cometido, para lograr la impunidad del autor o sus cómplices.
*EN LA FACILITACION: La violencia facilita el robo antes de su comisión, conforme el artículo 164 del C.P., cuando para hacer más fácil o posible la ejecución del apoderamiento, se la ejerce mediante "actos directos e inmediatamente tendientes" a él, como lo dice Núñez [62], tal como se daría en el caso del empleado doméstico que usa narcóticos para adormecer a su patrón y permitir que esa noche actúen los ladrones.
* EN LA COMISIÓN: la violencia tiene lugar en el acto de cometer el robo cuando se ejerce desde el comienzo de los actos de ejecución del apoderamiento, que admite la forma del artículo 42 del C.P., hasta el término de su consumación. También en este supuesto la violencia debe ser cometida para lograr el apoderamiento, aunque a diferencia de los otros dos casos, el texto legal no lo dice expresamente. Esto hace que la violencia ejercida en mera concomitancia con el contexto de la ejecución de un hurto, no alcance a éste como para transformarse en un robo[63].
*EN PROCURA DE LA IMPUNIDAD: La violencia se ejerce después de cometido el delito para procurar su impunidad si una vez consumado el apoderamiento (o su tentativa[64]), se ejerce en el mismo contexto de la acción del robo, es decir mientras el ladrón se encuentra flagrante[65], para lograr la propia impunidad o la de otro participante en la comisión del delito, lo cual descarta la violencia para procurar la impunidad de quien no tomó parte en la comisión del robo, aunque haya intervenido activamente por ejemplo, en su planeamiento.
Finalmente, y dado que el tipo penal se consuma cuando se dan todos los requisitos que lo componen, este robo se completa con la concurrencia conjunta del apoderamiento y de la violencia física posterior, dado que, como bien señala Núñez, antes del ejercicio de la violencia sólo existe un hurto consumado, mientras que la tentativa de apoderamiento con violencia consumada para lograr la impunidad, configura sólo un robo tentado.
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE ROBO CON ARMAS
TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 166, INC. 2° DEL CÓDIGO PENAL
Se aplicará prisión o reclusión de cinco a quince años: (...)
ANTECEDENTES - DISTINTAS REDACCIONES (T. 298)
En el inciso 2° del artículo 166 del Código Penal, al utilizar la conjunción disyuntiva "o" el legislador ha otorgado autonomía del robo en despoblado y en banda, al empleo de armas como medio comisivo especial de este delito.
La redacción original del Código Penal, realizada en base al proyecto de 1917, era diferente ya que en ella, el "arma" constituía un elemento agravante cuando el robo era cometido, además, "en despoblado".
Posteriormente, la ley 17.567 independizó al robo con armas y, luego de ser derogada esta norma por la ley 20.509, fue reimplantada por la ley 20.642 quedando definitivamente incorporada el arma como agravante autónoma, cuando recobró vigencia por la ley 23.077.
Sin embargo, podemos mencionar que ya en el proyecto del Dr. Tejedor el arma cobraba autonomía puesto que agravaba el delito al que "robe empleando armas, o en despoblado o camino público", y al que Tejedor ponía un cierto límite al exigir que "por la palabra armas empleada en este Código se entiende todo instrumento con el cual se puede inferir una herida capaz de poner en peligro la vida".
RAZON DE LA AGRAVANTE
El inciso 2° del artículo 166 del C.P. agrava el robo cometido con armas por dos razones: la primera es el mayor poder intimidante del arma. No cabe duda que es mucho mayor el temor de la víctima de un robo con el uso de un instrumento que supone altamente ofensivo. Y la segunda es el mayor peligro concreto que constituye para el agraviado la utilización del arma por parte del agente.
Tal y como surge de la exposición de motivos de la ley 20.642: "la agravación de la sanción resulta de la mayor indefensión de la víctima y de la mayor fuerza ofensiva del agente"[66].
Por lo tanto podemos afirmar que el delito de robo con armas es una figura que importa no sólo una lesión a la propiedad, sino también un peligro para la vida o integridad física de las personas.
"El empleo de armas agrava el robo porque disminuye de manera notoria las posibilidades de defensa del sujeto pasivo, le neutraliza cualquier posible reacción en ese sentido ..."[67]
Por su parte, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, sostuvieron que "la intimidación o vis moral que encierra la amenaza con un arma, está contenida en la propia definición del robo, en tanto figura alterada del hurto. Por ello cabe concluir que lo que se requiere para tener por configurada esta nueva agravación es algo más que el mero estado subjetivo de la víctima caracterizado por el amedrentamiento: hace falta poner en peligro un nuevo bien jurídico, no tenido en cuenta en la figura básica del robo, como es la vida o integridad física de quien es desapoderado. Así como la violencia o las amenazas agravan el desapoderamiento, y lo convierten al robo, la puesta en peligro de un conjunto de bienes jurídicos que incluyen no sólo la propiedad y la libertad, sino además la vida y la integridad física, es lo que fundamenta la nueva agravación contenida en la figura de artículo 166, inciso 2° del C. Penal"[68]
ARMA: CONCEPTO - ARMA PROPIA Y ARMA IMPROPIA
La Real Academia Española, en su diccionario de la Lengua Española, define el concepto de "arma" como "instrumento, medio o máquina destinados a ofender o a defenderse"[69] pero esta significación no se adecua exactamente a lo que en general se entiende por arma que es todo elemento que aumenta de cualquier modo el poder ofensivo del hombre.
Nuestro Código penal no define de un modo directo el concepto de arma; esto ha hecho surgir los conceptos de armas "propias" e "impropias" entre nuestros juristas, quienes, en general, coinciden en incluir ambas especies en el concepto genérico de armas.
Afirma Gómez que como la ley no definía el arma, había que entender por tal "cualquier instrumento apto para ofender el físico de una persona, aunque no estuviera especialmente destinado a ese objeto. Lo que se requiere es que dicho instrumento tenga una evidente potencialidad ofensiva"[70].
Soler sostiene que "por arma debe entenderse tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona como cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su destino al ser empleado como medio contundente"[71].
Por su parte, Núñez afirma que "arma es tanto el objeto destinado para la defensa u ofensa (arma propia) como el que eventualmente, por su poder ofensivo, puede utilizarse para ese fin (arma impropia)" [72].
Para Oderigo[73], arma es todo adminículo apto para ofender o dañar, cualquiera sea su destino aunque su poder ofensivo sea ocasional, siempre que por las circunstancias pueda estimarse que ha sido llevada ex profeso para cometer el robo o que, al menos, ha sido utilizada para tal fin.
Afirma Rodríguez Palma que "debe entenderse por arma todo objeto destinado específicamente a herir o dañar y todos aquellos objetos que, en el caso dado, de haber sido empleados contra la víctima, hubieran podido causar la muerte o grave daño en el cuerpo o en el salud de la misma"[74].
Expresa Tozzini[75] que "el concepto de arma debe darlo, en primer lugar, como elemento descriptivo que es, su estricta definición con apego a las disposiciones extrapenales vigentes, que conforman el mosaico jurídico en que también debe injertarse la ley penal, y a partir del cual, luego, podrán determinarse los instrumentos que, conforme a un criterio objetivo, le puedan ser asimilados".
Considera, además dicho autor que el concepto de arma impropia "termina por vulnerar el principio de legalidad, al introducir en el tipo un concepto extensivo, por analógico, como asimismo el de certeza jurídica, al desdibujar el contorno lo más preciso posible que debe otorgarse a todo elemento del tipo penal, mediante distinciones que no aparecen como surgidas de un análisis sistemático del Código". Además afirma que esto ha llevado a excesos en la aplicación de la ley penal, con los cuales se ha olvidado, entre otras cosas, que ya el robo es un hurto agravado por el ejercicio de violencia sobre las personas y que, como consecuencia, el robo agravado una vez más por el empleo de un arma requiere, para la aplicación de esta segunda agravación, de una mayor precisión en el contenido de la calificante. Finalmente concluye que el concepto de armas debe otorgarse únicamente a todo artificio que, concretamente utilizado en cada caso, haya creado un peligro vital, tan real y de efecto inmediato para la víctima, como para haberla privado de toda posibilidad de reacción o evasión efectivas. Este peligro es ponderable mediante un juicio ex -ante y no ex -post y con independencia del resultado a que se llegó en el robo[76].
Concluye, entonces Tozzini, sosteniendo que en definitiva, están incluidas en la voz legal de arma todos los instrumentos fabricados por el hombre y destinados a herir de modo de poner en riesgo real la vida, y en el mismo momento de su empleo (armas de fuego provistas de munición y que lanzan un proyectil mediante fuerza balística, y todo artificio que contenga materias explosivas; también las arrojadizas como flechas, lanzas, y manuales como cuchillos, dagas, puñales, machetes, etc.); y los similares que resulten objetivamente aptos para ello, y que la ley prohibe tener o portar sin autorización previa o causa justificada (comprensivo de las armas impropias, es decir de los instrumentos con punta o filo como navajas, tijeras, etc., que contengan hojas de más de seis centímetros, leznas, hachas, y demás herramientas de trabajo autorizadas a portar por ser indispensables para le ejercicio de la profesión u oficio del portador)[77]
Por su parte Estrella/ Godoy Lemos[78] afirman que la capacidad vulnerante es la única exigencia típica requerida para el arma, ya sea propia o impropia, por lo cual no resulta admisible la limitación del concepto a las armas de fuego, y tampoco parece adecuada a la ley la limitación impuesta a las armas impropias por el Dr. Tozzini, al exigir que se trate de las que la ley prohibe tener o portar sin autorización previa o causa justificada.
Entonces, de las definiciones adoptadas por los diversos autores y del concepto de arma proporcionado por la Real Academia podemos advertir que todas ellas coinciden en que el elemento esencial y distintivo de toda arma es su poder ofensivo o capacidad para dañar físicamente a las personas.
Por lo tanto, sería arma impropia cualquier objeto, aún sin la específica propiedad de las armas propias, que utilizado idóneamente en función ofensiva tiene la suficiente capacidad vulnerante para poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, deviene jurídicamente en arma.
ARMAS SIMULADAS, ARMAS DE FUEGO DESCARGAS O INEPTAS PARA EL DISPARO
Dado que la calificante sólo opera cuando el robo se comete con armas, propias o impropias, las armas de juguete -que simulan ser verdaderas- no son eficaces para gravar el delito, salvo que ésta tengan la suficiente capacidad vulnerante como para ser utilizadas como elemento contundente, convirtiéndose en armas impropias.
Por otra parte, no son consideradas armas para la aplicación de la agravante del inciso 2° del artículo 166, las armas de fuego inútiles, descompuestas y las descargadas, ya que no son aptas para herir vitalmente y en el mismo momento de su empleo. En tales casos estaríamos ante la figura del artículo 164 del C.P. ya que estos elementos constituirían los medios de violencia física sobre las personas que integran tal delito.
Debido a que se dictaban sentencias contradictorias por falta de un único criterio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en pleno ("Scioscia"), sostuvo que "encuadra en el concepto de arma del artículo 166, inc. 2, del Código Penal el uso de un arma descargada apta para disparar"[79]. Dicho criterio fue seguido por la Cámara de Apelaciones de Rosario, la que afirmó que "la utilización, por parte de los sujetos activos de un robo, de un arma de fuego sin balas, configura la calificación del tipo del inc. 2 del art. 166 del Código Penal."[80].
Posteriormente, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, nuevamente en un fallo plenario ("Costas"), determinó que "no encuadra en el concepto de arma del art. 166, inc. 2, del C. Penal, el uso de un arma descargada apta para disparar". El Dr. Zaffaroni, al emitir su voto sostuvo que "cuando se trata de un arma descargada, se trata de un robo simple, porque existe mayor intimidación, pero no existe el peligro para al vida o la integridad física"[81].
Gran parte de la doctrina y la mayoría de nuestro Tribunales se adhiere a la tesis restringida o del peligro sosteniendo que el uso de un arma de fuego inepta para el disparo o descargada no agrava el delito de robo quedando el hecho sólo en la figura básico ya que uno de los fundamentos de la agravante radica en el real peligro corrido por la víctima de un robo a mano armada, peligro éste que no se produce cuando el ladrón intimida al sujeto con un arma descargada o inservible, cuando lo hace simulando un arma o empleando un juguete que simula un arma.(así, Soler, Nuñez, Creus, etc.)[82]
Finalmente cabe agregar que hay autores que consideran arma inclusive a la de fuego descompuesta o inútil y otros al arma que aunque esté descargada, esté en condiciones de disparar[83]. Para sostener esta tesis de la intimidación, sus seguidores argumentan que el arma de fuego, aún descargada o inepta para le disparo, sigue siendo arma, tanto para le agente como para la víctima, y que nuestro Código sólo requiere de la utilización de armas, con independencia de su aptitud para el disparo; que la agravante se fundamenta en el mayor poder intimidatorio de la utilización del arma de fuego, aunque funcionalmente no tenga poder lesivo; y que también el arma inepta descargada, es peligrosa para las personas pues puede utilizarse como medio contundente, y que si el agente no lo hace será porque no le resulta necesario debido a la falta de reacción de la víctima ante el temor de encontrarse frente a un ladrón que porta un arma (en tal sentido Fontán Balestra, Vázquez Iruzubieta, Della Vedova, etc.)
MODO DE COMISION
Dado que el Código Penal exige, en el inciso 2° del artículo 166, que el robo se haya cometido con armas para aplicar la agravante, ésta se transforma en un medio de ejercer la violencia sobre las personas, por lo que su utilización requiere de un despliegue de actividad física, es decir, un uso efectivo del arma como tal, como amenaza directa a la víctima, por lo tanto no resulta suficiente para configurar la agravante el hecho de llevar un arma o su mera exhibición en la cintura, el bolsillo, o dentro de una bolsa, lo mismo que el que la víctima se intimide simplemente porque sepa que el ladrón está armado. Este es el concepto aprobado por la mayoría de los autores y receptado por nuestros Tribunales.
Así lo entendió el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, al sostener que "para que el robo haya sido cometido con armas, ésta deben haber sido utilizadas para tal fin, actuando físicamente sobre la víctima o blandiéndolas como amenaza (...) La mera circunstancia de llevar o tener o portar armas, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la alemana o la francesa, no es suficiente para que la agravación funcione según nuestra ley".[84]
En igual sentido, Creus[85], sostiene que la interpretación del inciso 2° del artículo 166 del C.P. tiene como primera consecuencia que el arma debe haber sido empleada por el agente en una efectiva acción violenta o intimidatoria para doblegar o evitar la resistencia de la víctima de esa acción, disparándola, apuntando con ella, blandiéndola o mostrándola significativamente, afirma además que "el hecho no se agrava porque el ladrón haya llevado o portado el arma a la vista de la víctima".
Por último, agregamos que de conformidad a los fundamentos que conforman la agravante, es decir la mayor intimidación y el concreto peligro corrido por las personas, el arma debe utilizarse para ejercer violencia sobre las personas, quedando fuera del tipo del inc. 2° del artículo 166 del C.P. cuando ésta es utilizada para desplegar fuerza sobre las cosas
Finalmente, señalamos que este robo presupone, en el tipo subjetivo, el conocimiento por parte del ladrón de que se esgrime un instrumento capaz de crear un peligro vital y actual para terceros.
MOMENTO DEL USO DEL ARMA
La opinión mayoritaria concuerda con que dado que la ley requiere que el robo sea cometido con armas, ésta deben ser utilizadas en la oportunidad y con la finalidad del despliegue de la violencia física típica del robo, esto significa que puede ser utilizada antes del hecho, para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de realizado para procurar loa impunidad (conforme el art. 164 del C.P.)
En sentido contrario hay autores que sostienen que el arma debe ser utilizada en el momento de cometer el delito, es decir "en la etapa ejecutiva del apoderamiento y hasta su consumación" quedando fuera de la agravante los casos en que el uso del arma sea anterior o posterior al hecho. Tal es la postura de Creus[86] quien afirma que otra de las consecuencias de la interpretación de la agravante es que "el arma debe haber sido utilizada en la comisión del robo, es decir en la etapa ejecutiva del apoderamiento hasta su consumación; la utilización el arma con anterioridad o con posterioridad no sirven para calificar y dejan vigente la figura del art. 164".
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE EXTORSIÓN[87]
TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 168 DEL CODIGO PENAL
Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.
Incurrirá en la misma pena el que por los mismo medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.
ANTECEDENTES NACIONALES. DISTINTAS REDACCIONES
La ubicación de este delito entre los “delitos contra la propiedad”, tiene su origen en el Proyecto de 1891, que se aparta del sistema seguido por el proyecto de Tejedor y por el Código de 1886, que ubicaban las diferentes modalidades de extorsión que preveían, algunas entre los delitos contra la propiedad y otras entre los delitos contra las garantías individuales.
El referido proyecto de 1891 prevé la extorsión como delito autónomo y lo incluye entre los delitos contra la propiedad; este mismo criterio fue adoptado por los proyectos de 1906 y 1917 de donde pasó al Código actualmente en vigencia. Por su parte, los proyectos de 1937 y de 1960 siguen el mismo criterio incluyéndolo entre los delitos contra la propiedad, y el de 1941 lo incluye entre los delitos contra el patrimonio, en el capítulo sobre los delitos contra el patrimonio en general.
En los diferentes tipos de extorsión previstos por nuestro ordenamiento penal sustantivo se ataca a la libre determinación de la persona y la propiedad de ésta. Es decir, es un ataque a la libertad de la persona que se lleva a cabo mediante una intimidación, que tiene por finalidad lograr o constreñir su libre determinación en cuanto a la disposición de sus bienes o de los que están a su cuidado. Por lo tanto el ataque a la libertad no es en este delito un fin en sí mismo, sino un medio para atacar a la propiedad.
Sostiene la doctrina, casi en forma unánime, que el delito de extorsión no radica en la ilicitud o licitud del mal con que se amenaza, sino en la ilegitimidad del provecho patrimonial que se procura o exige. En tal sentido ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que “la extorsión es un delito contra la propiedad y no un simple atentado a la libertad o dignidad personal o a la administración de justicia y requiere especialmente una lesión dolosa del patrimonio”[88]
Del análisis de los artículos que integran el capítulo en estudio surge que el Código Penal prevé cinco tipos de extorsión:
· -la extorsión común (art. 168, primera parte)
· -la extorsión de documentos (art. 168, segunda parte)
· -la extorsión por amenazas de imputaciones contra el honor o de violación de secretos (art. 169)
· -el secuestro extorsivo (art. 170)
· -la extorsión mediante la sustracción de cadáver (art. 171).
EXTORSIÓN COMÚN
La primera parte del artículo 168 reprime la acción de obligar o exigir a otro, por medio de intimidación, simulación de autoridad u orden de la misma, a entregar, enviar, depositar, o poner a disposición del agente o de un tercero, los distintos objetos típicos señalados por la ley, en perjuicio del patrimonio del coacto.
En la extorsión es el sujeto pasivo quien realiza la actividad que le impone el agente o sujeto activo, pero con la voluntad viciada por la coacción a que es sometido; por lo tanto debe haber una relación causal entre la intimidación ejercida sobre la víctima y la disposición patrimonial que realiza[89].
Podemos entonces afirmar que el delito supone medios determinados y objetivos también determinados, ligados causalmente.
MEDIOS DE COMISION DE LA EXTORSIÓN COMUN
Los medios son la intimidación, la simulación de autoridad pública, y la invocación de falsa orden de autoridad pública. Sólo referiremos las características del primero de los medios señalados, debido al objeto y alcance señalados para el presente trabajo.
Intimidar es alarmar, asustar, angustiar, causar miedo al sujeto pasivo, amenazándolo con el anuncio de un daño o mal futuro que el agente o un tercer sujeto a su voluntad, le ocasionará a sus intereses legítimos o a los intereses legítimos de un tercero, si no accede a las exigencias patrimoniales típicas que se le imponen.
La intimidación extorsionadora es un medio de compulsión puramente moral, cuyo instrumento no es el despliegue de una energía física sobre o contra la persona, sino la exigencia ilegítima, hecha a otro, de entrega, envío, etc., de uno de los objetos mencionados en el artículo 168, parágrafo 1°, mediante el anuncio de un mal en una forma que no implique despliegue de aquella actividad física, es decir que puede formularse directa o indirectamente, ya sea en forma verbal, escrita, telefónica, anónima, etc. La intimidación es el medio propio de la extorsión común, y la violencia física el del robo[90].
Mal: El mal es un daño u ofensa realizable por cualquier medio, inclusive por omisión -siempre que el agente tenga la obligación de actuar-, a cualquier interés del amenazado, privado o público, material o moral, pecuniario o no; es un daño u ofensa a causar por el autor[91].
Pero es necesario que la amenaza, como medio extorsivo, tenga la suficiente idoneidad atemorizante, la determinación de la objetiva idoneidad para atemorizar de la amenaza sólo será necesaria si ésta en el caso concreto no ha infundido en la víctima el temor buscado, ya que si logró intimidar a su destinatario, es obvio que fue idónea. Para la valoración de la idoneidad del medio extorsivo en el supuesto que el sujeto pasivo no llegó a ser intimidado, deberá tenerse en cuenta la objetiva gravedad del daño amenazado y recurrirse a criterios de razonabilidad objetivos u subjetivos, referidos al hombre medio, común, en iguales circunstancias de tiempo, lugar, etc., en que se encontraba la particular victima que realmente no se atemorizó, debiendo analizarse también las concretas circunstancias y características subjetivas tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo.
Tampoco es necesario que la intimidación llegue a crear en la víctima una situación de necesidad inevitable, ya que la extorsión no requiere la certeza e inminencia del mal que determina al coacto. La intimidación extorsiva se conforma con hacer nacer en la víctima un temor o miedo que lo lleva a realizar la disposición que se le exige, a pesar de que lo hace con la voluntad viciada por la amenaza a que se lo somete. Casi unánimemente destaca la doctrina que no es necesario que el mal con que se amenaza en el delito de extorsión, sea “grave e inminente”
Fuera de que la amenaza debe ser la causa de la disposición patrimonial por la víctima, no hay nada preestablecido sobre la medida del daño u ofensa amenazada. La ley no dice que deba ser un mal grave e inminente de la naturaleza del requerido para las amenazas.
Lo decisivo en este punto, para que el delito se considere consumado es que la amenaza haya producido en la víctima el temor buscado, obligándola a efectuar la disposición patrimonial exigida mediante la intimidación.
ILEGITIMIDAD DE LA EXIGENCIA:
Es requisito típico del delito de extorsión la ilegitimidad de la exigencia, esto significa que el sujeto pasivo no debe estar obligado jurídicamente a cumplir con la disposición que se le reclama o bien que se le reclame más de lo que debe. El autor del hecho no debe tener derecho a la prestación que exige. Por lo tanto no se dará el tipo de extorsión aunque con amenazas se imponga una exigencia patrimonial debida y legítima, como el acreedor que por medios intimidatorios reclama al deudor el cumplimiento de su obligación ya vencida.
OBJETIVOS DE LA EXTORSIÓN COMUN
Los objetivos del sujeto activo de la extorsión pueden ser: la entrega, el envío, el depósito o la puesta a disposición suya o de un tercero, de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. En este punto y tal como lo aclaramos al desarrollar los medios de comisión del delito, en función del contenido y alcance del presente trabajo, sólo desarrollaremos las características de la entrega.
La entrega como modo de disposición por parte de la víctima de extorsión, se consuma cuando, dándole el objeto la víctima al autor o admitiendo su despojo, el último estando presente, lo toma.
Para que se configure el delito de extorsión común previsto en la primera parte del artículo 168 del ordenamiento penal, el objeto del mismo deben ser cosas muebles, pero en el sentido amplio que las mismas tienen para el derecho penal.
El carácter de mueble de las cosas estará definido por su transportabilidad, consiguientemente, también serán muebles aquellas cosas definidas como inmuebles por su carácter representativo (de conformidad con el artículo 2317 del Código Civil) o por accesión perpetua o accidental (conforma artículos 2315 y 2316 del referido ordenamiento) (ver página 26).
Debido a que la extorsión es un delito de resultado, éste se consuma cuando la víctima ha sido obligada por el autor a realizar una de las acciones típicas. Para la consumación del delito no es necesario que el autor haya aprovechado la cosa, el dinero o el documento, ni siquiera , salvo en el caso de la entrega, es necesario que esos objetos hayan llegado a poder del culpable[92].
El desapoderamiento o el desprendimiento del extorsionado de la cosa o documento marca el momento consumativo del delito, pero los actos ejecutivos del delito comienzan desde que el autor inicia la intimidación o simulación de autoridad. Con lo cual a partir de ese momento los hechos ya son punibles como tentativa.
Por otro lado, señalamos que cuando la amenaza ha sido absolutamente inidonea para atemorizar al “hombre medio o común”, estaremos ante una tentativa de delito imposible por inidoneidad del medio (art. 44, ap. 4° del Código Penal). Cuando la amenaza fue idónea y su destinatario no se intimida, por causas ajenas a la voluntad del autor, existirá una verdadera tentativa (art. 42 y ss. del C.P.).
Finalmente cabe agregar que el tipo penal de la extorsión requiere que el autor de la misma obre con dolo, es decir con el dolo específico inherente a la acción de obligar. No obliga el que con su conducta intimidadora, simuladora o falsa, da ocasión a la disposición patrimonial de la víctima, sino el que la compele a hacerlo, el que se la exige. Sólo la intención directa del autor es compatible con tal conducta. “El ánimo del autor debe tender a lograr la disposición patrimonial”[93].
CONCLUSIÓN DEL PRESENTE TRABAJO:
DISTINCIÓN ENTRE LAS ACCIONES TÍPICAS DE LOS DELITOS DE EXTORSIÓN Y ROBO CON ARMAS
Durante la vigencia de la formula original del Código Penal que consideraba expresamente la intimidación como uno de los medios del robo, la distinción entre el robo y la extorsión se establecía en razón de los medios. Cuando el perjuicio patrimonial de la víctima se producía por medio de una violencia física, se daba la figura de robo; cuando se producía por medio de pura intimidación, se daba la extorsión.
Es a partir del Proyecto de 1891 cuando se empieza a distinguir entre una acción puramente física sobre la víctima, caracterizadora del robo, y una compulsión moral sobre ella caracterizadora de la extorsión. Decía la exposición de motivos: "bajo el rubro de extorsión colocamos la represión de aquellos actos que, tendiendo como una de las formas del robo, al apoderamiento ilegítimo por medio de la violencia sobre las personas, no pueden causar el apoderamiento sino de una manera mediata o indirecta, o con un intervalo"[94].
Al momento de explicar la reforma que introdujo en el artículo 164, el legislador que sancionó la ley 17.567, en la Exposición de motivos sostuvo: "Incluimos la intimidación, que debe entenderse como amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima; en la extorsión el mal amenazado puede ser de otro género y supone cierto intervalo entre la amenaza y su cumplimiento".
El texto de la ley 21.338, al tipificar el delito de robo, incluyó también la "intimidación" como circunstancia calificatoria; por lo tanto debió volverse a la distinción clásica entre ambas figuras, es decir a tomar en cuenta el intervalo que separa los momentos. Esto debido a que en la figura de la extorsión siempre se da la amenaza de un daño futuro para lograr una prestación actual o futura, es decir que hay una desarticulación entre dos momentos, el de la prestación no se produce en el mismo contexto de acción en que se puede producir el daño con el que se amenaza; por su parte, en el robo la intimidación y la eventual producción del daño es un procedimiento que se desarrolla ininterrumpidamente con referencia a la prestación de la víctima, ésta se produce o se debe producir mientras se ejerce la actividad intimidatoria del agente que se refiere a un daño que se producirá en el mismo contexto de acción.
Pero, el texto vigente no menciona la intimidación y sólo hace referencia a la "violencia física en las personas". La referida exclusión nos ha planteado diversos interrogantes, entre ellos si toda intimidación quedaba excluida del robo y por lo tanto llevaba a la figura de la extorsión.
En este sentido podemos reconocer que una forma de intimidación queda comprendida en la violencia física del robo: la amenaza con armas ejercida por el agente para apoderarse de la cosa ajena, considerando que en ese caso se desplega sobre la víctima una verdadera fuerza (o energía) física que, aún sin operar sobre su cuerpo, vence materialmente su resistencia.
Consiguientemente, la amenaza con un arma a una persona, para apoderarse de la cosa ajena, no es una simple intimidación, sino que constituye el despliegue de una energía física que, aunque no obra sobre el cuerpo de la víctima, se dirige contra ella y, por su poder material, vence su resistencia. Por lo tanto podemos afirmar que no se trata de un medio puramente moral, sino de un acto de apremio físico.
Por todo lo que se ha desarrollado en este documento, y a fin de remarcar las diferencias existentes entre la violencia, típica del robo, y la intimidación típica de la extorsión, afirmamos que no es correcto equiparar la intimidación requerida por la extorsión con la violencia moral o coacción del artículo 34 inciso 2° del C.P.
Esto es así dado que la extorsión, no requiere la certeza e inminencia del mal que determina al coacto, no es necesario que la amenaza o intimidación llegue a crear una situación de necesidad inevitable a la víctima. Basta que ésta haga nacer en el sujeto pasivo una situación de temor que el mal amenazado ocurra en un tiempo más o menos incierto.
Por su parte, la violencia requerida por el robo, no sólo comprende el acto físico que ejercitado sobre el cuerpo de la víctima vence materialmente su resistencia (vis absoluta), sino también toda forma de vis compulsiva, consistente en la presente e inmediata amenaza de empleo de la violencia, que sin recaer sobre el cuerpo de la víctima, "quebranta o paraliza la voluntad sin motivarla".
Hay violencia, por lo tanto y no intimidación, cuando la amenaza no es un hecho instantáneo y discontinuo, sino presente, inmediato y subsistente en toda su intensidad[95].
Además, la violencia física requerida para el robo es la energía física que desplegada sobre el cuerpo de la víctima, tiende a impedir su acción de resistencia, como el que ata, golpea, retiene, etc., Pero también la amenaza con un arma, aún sin obrar sobre el cuerpo de la víctima no es una intimidación, sino una energía física que vence la resistencia material de la víctima. "No se trata de un medio puramente moral, sino de un acto de apremio físico".
En el robo con armas, la intimidación que se produce por el uso de la misma, es un medio para realizar el apoderamiento, y por lo tanto es una forma de ejercer la violencia física sobre las personas que caracteriza a la acción típica de este delito. En tanto que en la extorsión, la intimidación es sólo un medio para obligar a la entrega de la cosa por parte de la víctima.
Además, podemos señalar a la acción típica requerida por cada una de las figuras que analizamos, como elemento diferenciador entre el robo y la extorsión, esto es apoderarse para el robo y obligar a entregar en la extorsión. En el robo la cosa es tomada por el delincuente en tanto que en la extorsión la cosa es entregada por la víctima.
Este criterio no es pacífico en nuestra doctrina, quienes lo rechazan argumentan que no es posible encontrar una diferencia esencial entre la conducta de quien atemorizado por la amenaza que sufre, da de propia mano la cosa mueble que le exige le agente, con la de aquel que por los mismos motivos, asiente que el ladrón la tome y se la lleve en su presencia (en este sentido, Soler, Fontán Balestra, entre otros).
Pero dado que la intimidación en forma expresa ha sido excluida del tipo penal de robo, a fin de diferenciar la que se produce en la comisión del tipo del artículo 166, inc. 2; y la propia del artículo 168, debe entenderse que todo lo que es violencia física por si o porque tiene que considerarse como tal, empleada como medio del apoderamiento, constituirá robo; en tanto que todo lo que radique en un procedimiento intimidatorio, no equiparable a la violencia física para apoderase o lograr la disposición patrimonial, estará, en principio, comprendido en la extorsión, fuere cual fuese la secuencia temporal.
MARIA NELVA LLADHON
MAT. 101-24996/3
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v “VELÁSQUEZ, Rubén”; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, 28/02/78 (L.L. 1980-D-781)
Delitos contra la propiedad. Libro II, Titulo VI del Código Penal
Bien Jurídico Protegido.................................................................................pág. 01
Protección Penal de la propiedad .................................................................pág. 01
Propiedad Común y Especial ........................................................................pág. 04
Reseña histórica de las principales redacciones del Titulo VI del C.P.
Proyecto del Dr. Carlos Tejedor - 1868- ......................................................pág. 05
Proyecto de los Dres. Villegas, Ugarriza y García - 1881- ..........................pág. 06
Primer Código Penal Argentino - Ley 1920 - 1886- ....................................pág. 08
Proyecto del año 1891 ..................................................................................pág. 09
Proyecto del año 1900 ..................................................................................pág. 10
Proyecto del año 1906 ..................................................................................pág. 10
Proyecto del año 1971. Código del año 1922 ...............................................pág. 11
Proyecto del año 1937 ..................................................................................pág. 12
Proyecto del año 1941.................................................................................. pág. 13
Proyecto del año 1951...................................................................................pág. 14
Proyecto del año 1960 y las reformas de los gobiernos militares ................pág. 15
La reforma de los años 1963/1964.................................................................pág. 16
La ley 17.567.................................................................................................pág. 16
Reformas del año 1976 - Ley 21.338 ...........................................................pág. 17
La ley 23.077 ................................................................................................pág. 17
Características del tipo básico del delito de robo
Tipo penal del artículo 164 del Código Penal ..............................................pág. 19
Antecedentes del artículo 164 del Código Penal ..........................................pág. 19
Bien jurídico protegido .................................................................................pág. 20
Conceptos generales de la figura básica de robo ..........................................pág. 22
Sujeto activo ..................................................................................................pág. 22
Sujeto pasivo ..................................................................................................pág. 23
Objeto del delito de robo:
Cosa ..............................................................................................................pág. 24
Valor patrimonial de la cosa .........................................................................pág. 24
Cosa mueble .................................................................................................pág. 26
Ajenidad de la cosa .......................................................................................pág. 27
Acción típica del delito de robo
Apoderamiento: concepto ............................................................................pág. 29
Disposición de la cosa ajena .........................................................................pág. 32
Ilegitimidad del apoderamiento ....................................................................pág. 33
La fuerza en las cosas ...................................................................................pág. 35
Momento de la fuerza en las cosas ...............................................................pág. 38
Vinculación de la fuerza y el apoderamiento ...............................................pág. 39
La violencia física en las personas ................................................................pág. 40
Vinculación de la violencia con el apoderamiento .......................................pág. 41
Momento de la violencia: .............................................................................pág. 42
- en la facilitación ..............................................................................pág. 42
- en la comisión................................................................................... pág. 42
- en procura de la impunidad.............................................................. pág. 43
Tipo penal del artículo 166, inciso 2, del Código Penal............................... pág. 44
Antecedentes.- Distintas redacciones ...........................................................pág. 44
Razón de la agravante ...................................................................................pág. 45
Arma: concepto: arma propia y arma impropia ..........................................pág. 46
Armas simuladas, armas de fuego descargadas o ineptas para el disparo ....pág. 50
Modo de comisión ........................................................................................pág. 52
Momento del uso del arma ............................................................................pág. 53
Características del delito de Extorsión
Tipo penal del artículo 168 del Código Penal ..............................................pág. 55
Antecedentes nacionales. Distintas redacciones ...........................................pág. 55
Bien jurídico protegido .................................................................................pág. 56
Tipos de extorsión .........................................................................................pág. 56
Extorsión común ...........................................................................................pág. 57
Medios de comisión de la extorsión común .................................................pág. 57
Intimidación ..................................................................................................pág. 58
Ilegitimidad de la exigencia ..........................................................................pág. 60
Objetivos de la extorsión común .................................................................pág. 60
La entrega .....................................................................................................pág. 60
Objeto del delito ...........................................................................................pág. 61
Consumación y tentativa ..............................................................................pág. 61
Distinción entre la Intimidación producida en el delito de robo con armas y la acción típica del delito de extorsión .....................................................pág. 63
Bibliografía .............................................................................................................I
Jurisprudencia .......................................................................................................III
Índice General ......................................................................................................IV
[1] Carlos A. TOZZINI, “Los Delitos de Hurto y Robo (en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia)”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995, páginas 76 y 77.
[2] Helio J. ZARINI, “Constitución Argentina”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, páginas 57/58.
[3] Oscar Alberto ESTRELLA, Roberto GODOY LEMOS, “Código Penal. Parte especial. De los Delitos en Particular. Análisis doctrinario. Jurisprudencia seleccionada”, Tomo 2 - arts. 140/185-, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1996, página 279.
[4] Ricardo C. NÚÑEZ, “Derecho Penal Argentino”, Tomo V, Editorial Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1967, página 173.
[5] Ricardo C. NÚÑEZ, ob. cit., páginas 164/167.
[6] Sebastián SOLER, “Derecho Penal Argentino”, Editorial Tipográfica Editora Argentina, Tomo IV, Buenos Aires, 1970, páginas 157/159.
[7] Carlos TEJEDOR, “Proyecto de Código Penal para la República Argentina”, parte segunda, Imprenta de “El comercio de la Plata”, Buenos Aires, 1867, páginas 389 a 391.
[8] Carlos TEJEDOR, op.cit., páginas 392 a 394.
[9] Carlos TEJEDOR, op. cit., página 392.
[10] Sixto VILLEGAS, Andrés UGARRIZA y Juan Agustín GARCÍA, “Proyecto de Código Penal”, Imprenta de “El Nacional”, Buenos Aires, 1881, páginas 129 y 130.
[11] Sixto VILLEGAS, Andrés UGARRIZA y Juan Agustín GARCÍA, op.cit., páginas 130 y 131.
[12] Carlos A. TOZZINI, op.cit. página 33 y ss.
[13] RIVAROLA, PIÑERO, MATIENZO, “Proyecto de Código Penal para la República Argentina”, Talleres Tipográficos de la Penitenciaría, Buenos Aires, 1891, página 186.
[14] RIVAROLA, PIÑERO, MATIENZO, op. cit., páginas 351/353.
[15] BEAZLEY- RIVAROLA- SAAVEDRA- MOYANO, “Proyecto de Código Penal para la República Argentina”, Tipografía en la Cárcel de Encausados, Buenos Aires, 1906, páginas 44 a 46.
[16] Carlos A. TOZZINI, op. cit. Página 47.
[17] Rodolfo MORENO (h), ”Proyecto de Código Penal para la Nación Argentina”, Talleres Gráficos Argentinos, Buenos Aires, 1917, páginas 62 y 63.
[18] Jorge E. COLL, Eusebio GÓMEZ, “Proyecto de Código Penal para la República Argentina”, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1937, Páginas 55 a 57.
[19] José PECO, “Proyecto de Código Penal”,Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1942, Página 275.
[20] José PECO, op. cit. Páginas 276/277.
[21] José PECO, op.cit., páginas 280 y 281.
[22] José PECO, op.cit., páginas 695 a 697.
[23] Isidoro DE BENEDITI, “Proyecto de Código Penal”, Dirección General de Biblioteca y Publicaciones del Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1951.
[24] Sebastián SOLER, “Proyecto de Código Penal”, Comisión e Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, 1960, páginas 22 y ss.
[25] Sebastián SOLER, op.cit., páginas 96 a 99.
[26] Carlos A. TOZZINI, op.cit. páginas 22 y ss.
[27] Oscar Alberto ESTRELLA, Roberto GODOY LEMOS, op.cit., página 362.
[28] "La acción típica del delito de robo , se consuma en el mismo instante en que se lesiona el bien jurídicamente protegido que consiste en la tenencia autónoma, legítima o ilegítima de cosas muebles". T.S. Córdoba, Sala Penal, 18/11/83, "Salas Miguel". L.L. C.D. 1979-1994, Jurisprudencia.
[29] Carlos CREUS, “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo I, 4° Edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, páginas 413 y 414.
[30] Ricardo C. NÚÑEZ, op. cit., página 171.
[31] Carlos A. TOZZINI, op. cit., página 114.
[32] Carlos A. TOZZINI, op. cit., página 117.
[33] Carlos A. NÚÑEZ, op.cit., página 173.
[34] Carlos CREUS, op.cit., página 419 y ss.
[35] C.N.Crim. y Correc, Sala I, 28/02/1978, "VELAZQUEZ, Rubén", publicado en L.L. 1980-D, página 781.
[36] Oscar A. ESTRELLA, Roberto GODOY LEMOS, op. cit., página 300.
[37] En sentido contrario sostiene Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 177, que “la idea de que la palabra “ajena” denota el concepto positivo de que la cosa debe pertenecer a alguien es inexacta, porque hace pensar lo contrario”.
[38] Carlos CREUS, op. cit., página 418.
[39] Carlos A. TOZZINI, op. cit. página 122.
[40] Carlos A. TOZZINI, op. cit., página 123
[41] Carlos CREUS, op.cit., páginas 413 y 414.
[42] En igual sentido, S.C. Mendoza, 6/08/93, "Fiscal c/E.A. y otro s/ Rob agravado s/ casación", L.S. 138-48: "El concepto de desapoderamiento que utiliza nuestro Código se compone de un aspecto objetivo y otro subjetivo. El primer aspecto requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia de la cosa, lo cual implica quitarla de la llamada esfera de custodia, que no es otra cosa que la esfera dentro de la cual el tenedor puede disponer de ella, implica un desapoderamiento de un sujeto por otro. Desde la óptica subjetiva el desapoderamiento se consuma cuando el aspecto objetivo se corresponde con la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición".
[43] Carlos A. CREUS, op. cit., páginas 145 y 146.
[44] Ricardo NÚÑEZ, op. cit, páginas 183 y 184.
[45] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 184.
[46] Carlos A. TOZZINI, op. cit., página 127.
[47] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 185.
[48] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 215.
[49] Cam. Crim. Rosario, Sala II, 06/09/1979, "RODRIGUEZ, Ramón", publicado en L.L. C.D. 1979-1994, Jurisprudencia.
[50] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 216, nota 22.
[51] En tal sentido, Carlos CREUS, op. cit., página 441.
[52] Oscar A. ESTRELLA y Roberto GODOY LEMOS, op. cit., página 362; en igual sentido Soler, Núñez, Creus.
[53] Ricardo C. NÚÑEZ, op. cit., página 218.
[54] Ricardo NÚÑEZ, op. cit, página 215/218.
[55] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 220, Nota 38.
[56] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 220, Nota 36.
[57] Carlos CREUS, op. cit, página 443.
[58] C.C.C., 30-IX-932, Fallos T. II, página 385.
[59] C.C.C., 29-XII-931, Fallos T. II, página 384: “la violencia califica de robo al delito cometido y esa circunstancia se extiende a todos los partícipes aún cuando por su actuación circunstancial no la hayan realizado directamente.
[60] Carlos CREUS, op. cit., página 444.
[61] CarlosTOZZINI, op. cit, página 256.
[62] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 224.
[63] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 224.
[64] Ricardo NÚÑEZ, op. cit. Página 225, Nota 58.
[65] Ricardo NÚÑEZ, op. cit., página 225, “vale decir, mientras el ladrón se encuentra en flagrante. Una solución de continuidad entre el apoderamiento y la violencia, excluye la unidad de contexto y la calificación del primero por la segunda”.
[66] Diario de Sesiones, Congreso Nacional, 24 y 25 de enero de 1974.
[67] "Suarez, Anibal", fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal. y Correccional. de la Capital Federal, 30/09/1975, publicado en L.L. 1976-B, páginas 311 y 312.
[68] Causa "Henkel, Carlos Javier", del T.O.C. Nro. 7 de la Capital Federal, 14/10/1993, publicada en D.J., 1994-2, paginas 432 a 436.
[69] Diccionario de la Real Academia Española de Letras, 21° Edición, España, 1998, página 189, primera acepción del término.
[70] Eusebio GOMEZ, "Tratado de Derecho Penal", Tomo IV, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1941, página 150.
[71] Sebastián SOLER, op. Cit., página 267.
[72] Ricardo NUÑEZ,op. Cit., página 240.
[73] Mario ODERIGO, "Código Penal Comentado", Editorial De Palma, Buenos Aires, 1957, página 239, Nota 786.
[74] Bernardo RODRÍGUEZ PALMA, "el concepto de arma en el delito de robo", Jurisprudencia Argentina, sección Doctrina, 1972, Páginas 873 y 874.
[75] Carlos TOZZINI, op. Cit., pagina 304 y ss.
[76] Carlos TOZZINI, op. cit., página 306.
En igual sentido, Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV, causa "Godoy Maximiliano" del 27/07/093: "constituye arma a los efectos del agravamiento del robo, el uso de un elemento contundente y un gas químico, pues el tipo penal en cuestión comprende tanto a las armas propias como a las impropias, debiendo entenderse por tal todo instrumento con el cual pueda inferirse una herida corporal capaz de poner en peligro la vida"
[77] Carlos TOZZINI, op. cit., páginas 308 y 309.
[78] Oscar ESTRELLA, Roberto GODOY LEMOS, op. cit., página 400.
[79] C.C. y C., en pleno, causa "SCIOSCIA, Carlos Alberto", 18/12/1976.
[80] Cámara de Apelaciones de Rosario, en pleno, causa "MOGLIA, Jorge y otros", del 11/04/1980, publicada en J.A:, 1980-IV, página 492.
[81] C.C. y C. , en pleno, causa "COSTAS, Héctor y otro", 15/10/1986, publicado en L.L., 1986-E páginas 376 y ss; también publicado en J.A., 1986-IV-532.
[82] En tal sentido, C.N.Crim y Corr, en pleno, "COSTAS", antes citado.
[83] En tal sentido: C.N. Crim. y Correc, en pleno, "SCIOSCIA", publicado en L.L., 1977-A-1.; Cam. Crim. 6° Mendoza, 13/12/1991, R.A.C.; S.C. San Juan, Sala II, 18/02/1991, "MORENO, Carlos".
[84] Causa "Henkel, Carlos Javier", del T.O.C. Nro. 7 de la Capital Federal, 14/10/1993, publicada en D.J., 1994-2, paginas 432 a 436.
[85] Carlos CREUS, op. cit., página 456.
[86] Carlos CREUS, op. cit., página 456.
[87] En este capítulo sólo desarrollaremos los conceptos generales del delito de extorsión, dado que el presente trabajo no tiene por objeto específico profundizar en el delito de extorsión, sino que lo que interesa de este delito es el modo de comisión: la intimidación, a fin de diferenciarla de la intimidación producida en el delito de robo con armas, típica de la violencia requerida por este tipo penal.
[88] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fallo del 03/10/1924, publicado en J.A., 14-605.
[89] Oscar ESTRELLA, Roberto GODOY LEMOS, op. cit., página 443
[90] Ricardo NUÑEZ, op. cit., página 256.
[91] Ricardo NUÑEZ, op. cit., páginas 256 y 257.
[92] Ricardo NUÑEZ, op. cit., página 261, Nota 37.
[93] Ricardo NIÑEZ, op. cit., página 263
[94] RIVAROLA, PIÑERO, MATIENZO, op. cit., página 163.
[95] En este sentido ha sostenido la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que "ha cometió el delito de robo, no el de extorsión, el procesado que revólver en mano amenazó a la víctima, la palpó de armas y la despojó así de varios efectos, pues la violencia en las personas caracteriza también al robo, antes de consumado, para facilitarlo, siempre que se ejecute contra la misma persona en perjuicio de quien se lleva a cabo la sustracción". SCBA., 25/02/1938, "BARRAZA, Francisco", publicado en L.L. 9-697 a 698.