Source: https://elderecho.com/el-ofendido-articulo-348-bis-protegiendo-a-los-socios-minoritarios
Timestamp: 2019-02-19 01:07:14
Document Index: 227533919

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El «ofendido» artículo 348 bis protegiendo a los socios minoritarios - El Derecho
Tribuna 12-11-2018
La voluntad del legislador español de proteger al socio minoritario se manifiesta, entre otras disposiciones, en la redacción del polémico y doctrinalmente discutido artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC” -EDL 2010/112805-), que establece lo siguiente:
«Estos derechos mínimos fundamentales del socio son los siguientes: tres de carácter económico - patrimonial (derecho a participar en los beneficios, a participar en la cuota de liquidación y derecho de suscripción preferente) y dos derechos de carácter político – personal (derecho de asistencia y voto en las Juntas generales) [además de] otros derechos derivados del de voto (derecho de información y derecho de impugnación de acuerdos sociales), o de la mera condición de socio (derecho a transmitir las acciones y derecho de separación en determinados casos).»[1]
Del derecho patrimonial a participar en los beneficios sociales ex art. 93.a) de la LSC -EDL 2010/112805- nace el artículo 348 bis, cuya finalidad es de doble rasero al (i) garantizar, siempre y cuando las condiciones económico - contables así lo habiliten, el reparto de dividendos a los socios minoritarios que así lo deseen (ii) so pena social de tener que amortizar estas participaciones sociales o acciones.
El legislador consideró necesario incluir un artículo específico que permitiera a los socios ejercer su derecho de separación en el marco de la no distribución de dividendos teniendo en cuenta que, en época pre 348 bis, la jurisprudencia resolvía estas controversias a través del artículo 7 del Código Civil -EDL 1889/1- en prevención de actuaciones constituyentes de abuso de derecho.
Dado que la participación en las ganancias sociales es un derecho del socio esencial pero condicionado – debe (i) cumplir requisitos económicos y contables; (ii) ser adoptado vía acuerdo favorable de la Junta General y (iii) estar alineado con el interés social – la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia número 117/2016 -EDJ 2016/119550- considera que «no puede hablarse de un derecho del socio "al dividendo", es decir, a que se le entregue su parte alícuota del beneficio obtenido ya que el derecho al dividendo es, pues, de carácter contingente, condicionado por la existencia de beneficios y porque se produzca el acuerdo válido de distribución.»
La Sala entiende que el bloqueo al reparto no está justificado y que se está incurriendo en una situación de abuso de derecho del artículo 7 del Código Civil -EDL 1889/1-.
Esta necesidad legislativa de regular expresamente el derecho del socio minoritario a participar en las ganancias sociales ha tenido como consecuencia la inclusión del artículo 348 bis en la LSC -EDL 2010/112805-. Parece que la modificación está dirigida a sociedades «cerradas» cuyo régimen de transmisión es más limitado tanto jurídicamente como en la práctica, ya que el principal perjuicio pecuniario que supone la salida del socio es la obligación de que la propia sociedad adquiera sus participaciones caso de no haber tercer adquirente.
En cualquier caso, es evidente que la efectividad fáctica del precepto presenta deficiencias desde su creación y prueba de ello ha sido la dificultad que ha encontrado la norma para que verdaderamente pueda ser aplicada e influir en el tráfico mercantil, es por ello que el presente artículo habla del «ofendido» 348 bis -EDL 2010/112805- cuya historia puede destacarse en los siguientes hitos:
(i) Nacimiento: el artículo 348 bis se incluye en la LSC -EDL 2010/112805- a través de la Ley 25/2011 de 1 de agosto -EDL 2011/152628-, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, y entra en vigor el 1 de octubre del mismo año.
El 24 de junio de 2012, un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 1/2012, de 22 de junio -EDL 2012/114833-, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, la disposición transitoria añadida por el artículo 1.4 de la mencionada Ley suspende, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis -EDL 2010/112805-.
(iii) Segunda suspensión: parece que el legislador, en plena crisis económica, seguía poniendo en tela de juicio los efectos económico - sociales que pudiera tener el 348 bis -EDL 2010/112805- ya que, con una técnica legislativa algo deslucida, alargó el periodo de suspensión poco antes del 31 de diciembre de 2014, momento en que debería haber entrado en vigor.
Así, la disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre -EDL 2014/137807-, de medidas urgentes en materia concursal, modificó la disposición transitoria incluida dos años antes para suspender hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis -EDL 2010/112805-.
Nótese la preocupación mostrada al modificar la LSC -EDL 2010/112805- a través de un Real Decreto-ley sobre «medidas urgentes en materia concursal».
Posteriormente, dado que el instrumento jurídico utilizado tenía carácter de urgencia y carecía de rango de ley, se publicó la Ley 9/2015, de 25 de mayo -EDL 2015/75516-, de medidas urgentes en materia concursal, que confirmaba la suspensión del artículo hasta el 31 de diciembre de 2016.
(iv) Entrada en vigor - 1 de enero de 2017:
Y por fin, tras más de cinco años de sombría existencia, el 1 de enero de 2017 el artículo 348 bis de la LSC -EDL 2010/112805- entra en vigor.
Siguiendo con la inestabilidad de la norma, el pasado 1 de diciembre de 2017 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó la Proposición de Ley 122/000151 -EDL 2017/243368-[2] solicitando la suspensión mediante decreto-ley del actual 348 bis y la propuesta de incluir una nueva redacción «con el fin de evitar el incremento de litigios debido a la poca claridad del artículo».
- Definición de beneficios propios de la explotación del objeto social.
- Naturaleza jurídica del precepto en cuanto a su consideración de norma imperativa o dispositiva.
- Aspectos en sede concursal.
En términos generales, la redacción de la LSC -EDL 2010/112805- hace referencia al concepto de (a) beneficios o (b) beneficios distribuibles, siendo los primeros, a grandes rasgos, reflejo de los resultados positivos obtenidos por una sociedad en un año fiscal y los distribuibles aquellos que pueden tener tal consideración una vez cubiertos los resultados negativos de otros años y dotadas las correspondientes reservas legales o estatutarias.
Sin embargo, la redacción añadida por la Ley 25/2011 -EDL 2011/152628- es novedosa y no está alineada con la técnica legislativa de la LSC -EDL 2010/112805-, que únicamente cuenta con un precedente parecido incluido en el artículo 128 en cuanto a las reglas de liquidación del usufructo al referirse a los «beneficios propios de la explotación de la sociedad».
La cuestión es: ¿qué beneficios no se entienden como propios de la explotación del objeto social y deben excluirse por tanto del ámbito de aplicación del 348 bis -EDL 2010/112805-?
La Dirección General de Registros y Notariados (“DGRN”), en su primera y necesaria interpretación del artículo objeto de estudio, ha emitido dos resoluciones de fecha 28 de noviembre de 2017 – recursos contra resoluciones interpuestas por el Registrador Mercantil de Sevilla y de Cádiz – acogiéndose a los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia 81/2015 de 26 de marzo -EDJ 2015/128110- al interpretar que el legislador ha buscado excluir los beneficios extraordinarios de los propios de la explotación del objeto social.
La SAP de Barcelona basa su argumentación en la definición de ingreso extraordinario o excepcional incluido en el Plan General Contable de 1990 -EDL 1990/15621- y 2007 -EDL 2007/194098- siendo, respectivamente, los ingresos extraordinarios los que «(i) caen fuera de la actividades ordinarias y típicas de la empresa y (ii) no se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia y los excepcionales aquellos beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa, [encontrándose entre ellos] los precedentes de aquellos créditos que en su día fueron amortizados por insolvencias firmes.»
Como conclusión, la Audiencia Provincial indica que los ingresos ajenos a la actividad típica de la empresa cuya cuantía sea significativa y no sean recurrentes no serán considerados como propios de la explotación del objeto social y por tanto no deberán tenerse en cuenta a los efectos del artículo 348 bis -EDL 2010/112805-.
La redacción propuesta por el legislador ofrece dudas sobre la naturaleza jurídica de la norma en cuanto a su vinculación a las partes afectadas. Es decir, ¿es válido el acuerdo de no aplicación del artículo 348 bis -EDL 2010/112805-?
Aquellos que se muestran a favor de que prime la autonomía de voluntad de los socios[3] consideran que el artículo 28 de la LSC -EDL 2010/112805- hace del 348 bis un precepto dispositivo al establecer que «[e]n la escritura y en los estatutos se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido.»
Es decir, los socios podrían suscribir un acuerdo privado renunciando a la posibilidad de ejercer el derecho de separación en caso de no reparto de dividendos y el artículo 348 bis -EDL 2010/112805- quedaría anulado de iure. Este acuerdo parasocial, que debería ser suscrito de forma unánime, sería válido en tanto en cuanto no vulnere el interés social y su redacción protegiera los derechos de los socios minoritarios que aceptan la renuncia al ejercicio de cualquier acción de separación por no reparto de dividendos.
El ejercicio del derecho de separación del socio ex art. 348 bis -EDL 2010/112805- tiene como consecuencia (i) la pérdida de condición de socio del actor interesado y (ii) el reembolso del valor al socio de las participaciones sociales o acciones que deberán ser adquiridas por un tercero o por la sociedad.
Ya en sede concursal, aparece la pregunta que encabeza este apartado: y a mí, ¿cuándo me pagan? La sección 3ª de la Ley Concursal (en adelante, “LCon” -EDL 2003/29207-) clasifica los créditos en privilegiados, ordinarios y subordinados en función de su origen y naturaleza jurídica.
Aquellos partidarios de la teoría del reembolso consideran que el crédito surgido sería subordinado por ser el socio persona especialmente relacionada con el concursado en virtud de los artículos 92. 5º y 93 LCon -EDL 2003/29207- y aquellos que se posicionan con la teoría de la recepción argumentan que el socio ya no ostenta tal condición en el momento de la declaración de concurso y, por tanto, el crédito debería ser ordinario.
Antagónicamente a lo expuesto, jurisprudencia menor se posiciona con la teoría de la recepción. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) número 12/2018 de 15 de enero - EDJ 2018/2405- analiza un recurso de apelación en el que el crédito de reembolso de 1.263.654,70 € por el ejercicio del derecho de separación ex art. 348 bis -EDL 2010/112805- ha sido considerado en primera instancia como subordinado y condicional por ser el socio persona especialmente relacionada con el concursado (y condicional por la pendencia de otro procedimiento judicial de valoración de las acciones).
Sobre estos mecanismos de protección la Sala concluye que el artículo 357 de la LSC -EDL 2010/112805- sobre la protección de los acreedores es suficiente medida ad cautelam para poder garantizar la salida del socio manteniendo su responsabilidad frente a los acreedores.
La Audiencia Provincial basa sus argumentos en lo dictado por la sala primera del Tribunal Supremo en su Sentencia 32/2006 de 23 de enero -EDJ 2006/2819- que indica que el ejercicio de separación es un derecho unilateral del socio que despliega sus efectos en el momento en que la sociedad recibe la comunicación en forma y plazo; manifestando que no existe un «derecho de arrepentimiento» y el pago o reembolso de la cuota no es un presupuesto para el status socii.
Por tanto, la Audiencia concluye que el socio saliente no es persona especialmente vinculada con la concursada sino titular «de un crédito al reembolso del art. 356 de la LSC -EDL 2010/112805-, que ya ha sido legalmente cuantificado, si bien hallándose su importe pendiente de impugnación, y no de un derecho de crédito a participar en los beneficios sociales vía art. 93 a) LSC, que no son compatibles».
A mayor abundamiento, incluso siguiendo la teoría del reembolso y llegando a considerar que el socio ostenta tal condición hasta el efectivo cobro de sus acciones, la Audiencia interpreta que el crédito no debería ser subordinado puesto que el artículo 92.5º de la LSC -EDL 2010/112805- incluye en el orden de prelación como subordinados a aquellos créditos de persona especialmente relacionada cuyo origen sean préstamos o actos de análoga finalidad y «sería una interpretación extensiva, y, por lo tanto, inasumible, considerar que la aportación que el socio hace al capital social constituye una forma de financiación a la sociedad y que debe asimilarse a una operación de préstamo a los efectos analizados. Al realizar la aportación al capital social el socio sabe que ésta es una cantidad de garantía, a la que no tiene derecho a devolución, como, por el contrario, acontece en el supuesto de que se tratase de un préstamo, sin perjuicio de lo que resulte de las operaciones liquidatorias, una vez disuelta la sociedad, que conforma un situación jurídica muy diferente».
En conclusión, la Audiencia sostiene que el crédito es ordinario por no ser el socio saliente persona especialmente relacionada y confirma que, caso de que así lo fuera, el crédito de liquidación tampoco sería subordinado por no cumplir los presupuestos objetivos del artículo 92.5º LCon -EDL 2003/29207-.
El legislador habilita distintos mecanismos para proteger, especialmente, los derechos de los socios minoritarios, siendo el artículo 348 bis de la LSC -EDL 2010/112805- una controvertida vía de escape para aquellos socios que encuentran el ejercicio de separación de la sociedad como solución al no reparto de dividendos.
[4] Garcia-Villarrubia sobre el carácter extraconcursal del crédito al reembolso de su participación por el socio - https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/01/garcia-villarrubia-sobre-el-caracter.html
Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Mercantil" el 1 de octubre de 2018.