Source: https://www.slideshare.net/Nicoagus/reforma-transparencia
Timestamp: 2017-05-25 11:08:53
Document Index: 80199173

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 135', 'artículo 6', 'artículo 73', 'artículo\n76', 'artículo 89', 'artículo 105', 'artículo 108', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 116', 'artículo 122', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 110', 'artículo 6', 'Artículo 111', 'artículo 6', 'artículo\n6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo\n6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 123']

by vanuleon
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO
DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adiciona una fracción VIII al
artículo 6o.; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo
76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se reforma el inciso l) de la fracción
I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del
artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales
incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que
se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus
objetivos y de los resultados obtenidos.
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso
a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos
que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios
generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo
que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos
jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un
comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal
que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o
del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos
obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan
poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores,
previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante,
siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la
República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas
partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores,
en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes,
designará al comisionado que ocupará la vacante.
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser
removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un
periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe
anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará
los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán
sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo.
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes
para el buen desempeño de sus funciones.
El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación,
con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación,
procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes
de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.
I. a XXIX-R. ...
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia
de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las
autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los
archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución,
en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y
XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o.
de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución
y en la ley;
a) a k). ...
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el
Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el
presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.
a) a g). ...
h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal
y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la
protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la
República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal,
en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas
Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y
a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal,
los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el
secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del
organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de
los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante
establecido en el artículo 6o. constitucional, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados
Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento
establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que
se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como
VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales
y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo
6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases,
principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
a) a n). ...
ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración
de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un
organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y
de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y
patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y su organización interna;
o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la
p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el
derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y
q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución,
así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha
de publicación del presente Decreto.
TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa
petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se
extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores
presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se
entenderá la negativa a su petición.
En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, continuarán en
sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del
actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del
artículo 6o. constitucional materia del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días después de su
entrada en vigor, conforme a lo siguiente:
I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos
del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de
acceso a la información que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del período
para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.
II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que
se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo
hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se
extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo
transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.
En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los
comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función,
tendrán los períodos de desempeño siguientes:
Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el
nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;
Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el
encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.
encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.
Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas comisionadas que
habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta
III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo
garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar
la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República
especificará el período de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente:
Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.
Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.
Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y
Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.
CUARTO. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el
artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este
Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado
de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo
Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.
Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el
Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el
31 de marzo de 2026.
Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el
1 de noviembre de 2021.
Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno
concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de
QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo
de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido
SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las
facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de
las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.
SÉPTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de
protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo
6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.
OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de
transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.
NOVENO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de
este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución,
creado en los términos del presente Decreto.
DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público
autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el
apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos
laborales y de seguridad social.
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN .- México,
D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña,
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil catorce.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
Tesis ing dgd
Ley General en Materia de Delitos Electorales_CAP_6_junio