Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321348L.html
Timestamp: 2019-03-26 04:44:06
Document Index: 242835683

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 110', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 42', 'artículo 8']

as201321348L
Auto Supremo: Nº 348
Expediente: C – 43 – 08 – S
Partes: Paulino Gutiérrez Guzmán c/ Dionicio P. Maldonado Guzmán y otra
VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 357 a 358 interpuesto por Paulino Gutiérrez Guzmán, contra el Auto de Vista cursante a fojas 351 y vuelta, de fecha 10 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de NULIDAD DE CONTRATOS seguido por el recurrente contra Dionicio Paulino Maldonado Guzmán y otra, los antecedentes del proceso, y el auto de concesión del recurso de fojas 360 vuelta; y,
ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 11º en lo Civil y Comercial de Cochabamba, emitió sentencia de fecha 12 de octubre de 2005 cursante a fojas 321 a 325 vuelta de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda cursante a fojas 63 a 66, con referencia a la nulidad de los documentos de fecha 13 de febrero de 1985 y de 8 de julio de 1996, improbada la acción reivindicatoria, nulo y sin valor legal alguno el contrato de venta de fecha 13 de febrero de 1985; una vez ejecutoriada la presente resolución, se determina la cancelación de su inscripción en el registro de derechos reales. Probada la demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria planteada por Dionicio Paulino Maldonado Guzmán sobre el inmueble de la extensión superficial de 793,01 m2; improbadas las excepciones perentorias opuestas contra la demanda principal, sin lugar al pago de daños y perjuicios.
Que, en grado de apelación incoada por el demandante, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Cochabamba, confirma la sentencia apelada, con costas.
HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- Contra el auto de vista el demandante interpone recurso de casación, denunciando:
Incumplimiento del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y 138 del Código Civil, pues los demandantes de usucapión decenal, eran simple detentadores, aparentando dominio con el documento falsificado de transferencia.
No se consideró que los demandantes de usucapión cometieron el delito de falso testimonio, al declarar, al manifestar que poseían el bien inmueble desde 1971.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que pese a la falta recursiva en la interposición del recurso y sólo con la finalidad de dar respuesta a las “supuestas acusaciones” realizadas, debemos decir.
Que, uno de los medios derivativos de adquirir el derecho de propiedad es la usucapión como prevé el artículo 110 del Código Civil, instituto de derecho real que está regulado en los artículos 134 al 138 y lo referido a la posesión, su suspensión e interrupción del mencionado Sustantivo. La decenal o extraordinaria requiere tres de los cinco requisitos establecidos para la ordinaria, siendo relevante la posesión ánimus dómine y el transcurso del tiempo exigido por la norma jurídica, es decir, diez años.
Significa entonces que en esta clase de acción que nos ocupa, se discute la posesión y la intención de actuar como propietario de la cosa que se pretende usucapir, y se verifica si quien ocupa un inmueble es a título de poseedor o de simple detentador.
Que la posesión, conforme previene el artículo 87 del Código Civil, es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denoten tener sobre ésta un derecho de dominio u otro derecho real, deben concurrir para configurarla los presupuestos que la integran: material (corporal) y anímico (ánimus). La tenencia material o corporal se ha demostrado en autos mediante la prueba, documental, testifical y la de inspección e igualmente el elemento espiritual o "ánimus" mediante los actos de disposición desplegados por la poseedora al realizar no solo las construcciones objetivamente constatadas, sino también mediante el pago de impuestos y la instalación de servicio eléctrico y de agua, máxime si a ésta le favorece la "presunción de no precariedad" establecida en el artículo 88 parágrafo I) del Código Civil.
Que, revisados los obrados en función al recurso interpuesto, este Tribunal Supremo no encuentra que el tribunal ad quem a tiempo de confirmar la sentencia de instancia hubiere violado las normas acusadas en su recurso.
En efecto, en el sub lite, los codemandados re convencionistas han demandado usucapión y por la prueba documental venida a obrados que es precisa y clara, han sabido acreditar tanto con las declaraciones testificales de descargo cursantes a fojas 269, 271, 273, 275 y 277, así como con las literales de fojas 85 a 107 del proceso (contratos, facturas, comprobantes relacionados a la contratación e instalación de energía, comprobantes de pago por la instalación de agua, alcantarillado sanitario, plano de aprobación de la Alcaldía de Cochabamba e impuestos anuales, al mismo tiempo por el informe pericial de fojas 186 a 200, (construcción y mejoras realizadas), demostraron plenamente que el re convencionista junto a su familia han venido poseyendo con ánimo de dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida sobre la fracción de 793, 01 m2 por más de 10 años.
Que, en cuanto a la valoración de los medios probatorios, debemos anotar que conforme las previsiones contenidas en los artículos 1286 del Código Civil, 397 y 476 de su Procedimiento, los tribunales de grado se hallan facultados para valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, por esa facultad privativa conferida en virtud de la ley, que es incensurable en casación, a menos que, como expresa el artículo 253 numeral 3) del igual adjetivo, hubieran incurrido en error de derecho o de hecho; en el caso específico de la valoración de la prueba se tiene que los Tribunales de instancia, apreciaron los medios probatorios, dentro de los marcos y reglas de la sana crítica, entendiéndose por ésta como una categoría intermedia que no tiene rigidez de la prueba legal ni la excesiva liberalidad de la conciencia, con la facultad incensurable que les confiere los artículos 1286 y 476 del Código Civil y de su Procedimiento respectivamente, por lo que se concluye que la prueba aportada en obrados ha sido valorada en su conjunto, sin que los Tribunales de instancia hubieran infringido o vulnerado ninguna norma legal.
En suma las argumentaciones vertidas por los recurrentes, fuera de ser imprecisas y no fundamentadas jurídicamente, además ya resueltos por los jueces de grado, no enervan los fundamentos del fallo recurrido ni configuran causal de ningún numeral del artículo 253 y 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, que dicho sea de paso, tampoco fueron invocados como base del recurso de casación en el fondo en examen, pudiendo haberse declarado la improcedencia por estas omisiones y errores.
Correspondiendo en consecuencia la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo contenido en el memorial de fojas 357 a 358 interpuesto por Paulino Gutiérrez Guzmán, con costas.
Libro de Tomas de Razón 348/2013