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Timestamp: 2019-11-18 15:01:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 840', 'artículo 228', 'artículo 839', 'artículo 141', 'artículo 835', 'artículo 8', 'artículo 1677', 'artículo 2495', 'artículo 32', 'artículo 2']

﻿ Sentencia 2009-00092 de abril 12 de 2012
SENTENCIA 2009-00092 DE 12 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. EN EL CASO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL COBRO EL OBJETIVO ES OBTENER EL PAGO FORZOSO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y CAMBIARIAS, INCLUSO MEDIANTE EL REMATE DE LOS BIENES DEL DEUDOR. PARA ESTE FIN, EL ESTATUTO TRIBUTARIO, PREVÉ EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE, EL CUAL, COMO SE VIO, TAMBIÉN CONLLEVA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, PAGO DEL TRIBUTO, ORIGEN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Sentencia 2009-00092 de abril 12 de 2012
Rad. 15001-23-31-000-2009-000-92-01(18720)
Actor: Jairo Roberto González Lara
El recurrente sostiene que la DIAN le violó el derecho al debido proceso y el derecho a la propiedad, porque remató el inmueble con base en un avalúo muy inferior al valor real del bien. Ello, porque en su opinión el valor comercial del bien es de $ 450.000.000 y la DIAN aprobó el dictamen o avalúo por $ 100.887.000.
Por lo anterior, el demandante alega que hubo un enriquecimiento sin justa causa del rematante y una correlativa disminución injustificada de su patrimonio y, que además, sufrió lesión enorme.
El proceso administrativo de cobro, está regulado en los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario(2). Se inicia con la expedición del mandamiento de pago(3), que ordena al deudor cancelar las obligaciones pendientes por impuestos, anticipos, retenciones, y sanciones que consten en títulos ejecutivos(4) ejecutoriados(5) en contra de este.
Si dentro de los quince días siguientes a la notificación del mandamiento de pago el deudor no paga el monto de la deuda con sus intereses o no se proponen excepciones, la administración ordena seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados(6).
Conforme el artículo 840 del mismo estatuto, en firme el avalúo se llevará a cabo el remate de los bienes según los artículos 523 a 529 del Código de Procedimiento Civil(7).
Así, entonces, se fijará fecha y hora para la diligencia de remate cuya base será el 70% del valor del avalúo en firme. Para fines de publicidad, con mínimo diez días de antelación a la fecha del remate se publicará, por una sola vez, un aviso en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere. Las constancias certificadas, copia del diario y el certificado de libertad del inmueble se allegarán al Auto antes de iniciar el remate.
El bien se adjudicará al mejor postor, quien dentro de los 3 días siguientes a la realización del remate deberá consignar el saldo del mismo. Luego de ello, la DIAN, mediante Auto motivado, aprobará la diligencia de remate (CPC, art. 530 antes de la modificación de la L. 1395/2010)(8).
Adicionalmente, la Sala ha admitido que el Auto aprobatorio de un remate puede ser objeto de control judicial(9).
En el caso concreto, la DIAN inició proceso administrativo de cobro contra el demandante mediante la expedición de los respectivos mandamientos de pago(10), que fueron notificados por correo(11).
Por Resolución DIAN 2007039000157 del 6 de agosto de 2007(12), notificada el 17 de agosto del mismo año, la DIAN ordenó seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados.
Previos embargo y secuestro del inmueble del demandante ubicado en la calle 3N° 2-70 de Duitama, el 11 de septiembre de 2007 se avaluó el inmueble por un perito en la suma de $ 100.887.000.
—Por Auto del 19 de septiembre 2007(13), notificado por correo el 9 de octubre de 2007 la DIAN corrió traslado del avalúo al demandante.
—El avalúo quedó en firme puesto que el demandante no solicitó la práctica de uno nuevo.
—En consecuencia, por Auto 13 de noviembre de 2007(14) notificado por correo el 11 de diciembre de 2007, la DIAN acogió el avalúo del perito por valor de $ 100.887.000.
—Con fundamento en la Ley 1175 de 2007, la DIAN envió al actor oficio persuasivo penalizable del 25 de julio de 2008, para que se pusiera al día en el pago de sus obligaciones tributarias insolutas(15).
—El demandante solo se puso al día en algunas de las obligaciones, como lo aceptó en la demanda y lo sostuvo la DIAN.
—Mediante Auto de 1º de septiembre de 2008(16), la DIAN fijó fecha para la práctica de la diligencia de remate del inmueble.
—Previas publicaciones de ley, la diligencia de remate se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas en el Auto anterior, como consta en el Acta 8526161-005-605. El bien se adjudicó al primer postor, con base en el 70% del avalúo.
—Por Auto 8526161-606-005 de 9 de octubre de 2008 notificado el 15 de noviembre del mismo año, la DIAN aprobó el remate del inmueble del demandante, a favor de Marco Fidel Tapias Ladino.
—El 6 de octubre de 2008, el actor interpuso recurso contra el Auto aprobatorio de remate, porque, a su juicio, el avalúo del bien no se ajustó a la realidad comercial(17).
—Por Auto 1-26 de 24 de diciembre de 2008, la administración confirmó el Auto apelado(18).
A pesar del conocimiento que tuvo el demandante del avalúo, no solicitó la práctica de uno nuevo(19). En consecuencia, ante la firmeza del avalúo(20) la DIAN procedió al remate del inmueble, para que con su producto se pagaran las obligaciones tributarias a cargo del demandante.
Adicionalmente, para llevar a cabo el remate y su posterior aprobación se agotaron las formalidades de los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil(21).
El demandante alega que el predio rematado tenía un valor comercial mayor, porque en él había unos bienes inmuebles por destinación que no fueron tenidos en cuenta. Este argumento no tiene sustento, porque las medidas cautelares recayeron únicamente sobre el inmueble(22) junto con las construcciones existentes(23). Además, no se avaluaron equipos sino el terreno y la edificación(24), que finalmente constituyó el predio rematado, sin que allí se incluyeran inmuebles por destinación o bienes muebles.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores(25), según la prelación legal(26). Por último, no hubo lesión enorme porque esta figura no opera en las ventas forzadas(27).
Se reitera(28) que, “El principio de congruencia de la sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso”.
A su vez, el artículo 228 de la Constitución Política(29) prevé que en todas las actuaciones de los jueces prevalecerá el derecho sustancial.
Esta es una de las garantías de toda persona en cuanto a la aplicación, logro, realización y reconocimiento de sus derechos sustantivos, máxime que uno de los fines esenciales del Estado social de derecho es la garantía efectiva de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.
El fin de la prevalencia de la sustancia sobre la forma es que el reconocimiento de los derechos sustanciales no se vea menoscabado por el exceso de rigor de las formas jurídicas, a punto tal que anulen un derecho no adjetivo cierto en cabeza de un sujeto de derecho. Aun así, no puede perderse de vista que las normas de procedimiento son de derecho público y orden público(30) cuyo fin es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley(31).
En relación con el alcance y la importancia de las normas procesales, la Corte Constitucional ha precisado que tienen una función instrumental, y ha sostenido que “... es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho”(32).
Para este fin, el estatuto tributario, prevé el procedimiento que debe seguirse, el cual, como se vio, también conlleva la aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
Estas normas no pueden ser desconocidas por la DIAN, el contribuyente, ni mucho menos por la administración de justicia, pues garantizan el debido proceso y el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y así mismo, evitan la arbitrariedad.
Por el contrario, aceptar que un avalúo debidamente aprobado pueda ser revivido a través de la nulidad del acto aprobatorio del remate, implica el abierto desconocimiento del debido proceso y de la igualdad de las partes.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el Auto al tribunal de origen. Cúmplase.
(2) ART. 823.—Procedimiento administrativo coactivo. Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes.
(3) “ART. 826.—Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.
(4) “ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:
5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales...”.
(5) “ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso...”.
(6) “ART. 836.—Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.
PAR.—Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos”.
(7) El artículo 839-2 del estatuto tributario señala que en los aspectos compatibles y no contemplados en dicho estatuto se aplican en el proceso administrativo de cobro las normas del Código de Procedimiento Civil sobre el embargo, secuestro y remate del bien.
(8)“ART. 530.—Aprobación o invalidez del remate. Pagado oportunamente el precio el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los artículos 523 a 528, y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141. En caso contrario, declarará el remate sin valor y ordenará la devolución del precio al rematante.
3. La expedición de copia del acta de remate y del Auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al Auto.
(9) Sentencia del 27 de enero de 2005, Expediente 14949, C.P. Ligia López Díaz. “Siguiendo el anterior criterio, se ha dado curso a demandas contra otros actos administrativos diferentes de los enunciados en el artículo 835 del estatuto tributario, en la medida que constituyan decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta, como ocurre con los actos de liquidación de costas o el que fija fecha para la diligencia de remate, entre otros eventos.
En este orden de ideas, dentro del proceso coactivo que adelanta la administración tributaria se profieren actos administrativos susceptibles de control judicial por expresa disposición legal, otros que crean, modifican o extinguen una situación jurídica diferente de la que se ejecuta, contra los que es posible ejercer el control de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pero así mismo se profieren otros actos sobre los cuales no es procedente ejercer este control, por ser de trámite”.
(10) Fl. 129, c.a. 1, proceso 1; fls. 21-23, c.a. 1, proceso 2; fls. 5-7, c.a. 1, proceso 3; fls. 154-157, c.a. 2, proceso 1; fls. 161-163, c.a. 2, proceso 1; fls. 180-182, c.a. 2, proceso 1; fls. 185-190, c.a., proceso 2; fls. 200-202, c.a. 2, proceso 1; fls. 212-214, c.a. 2, proceso 1.
(11) Fl. 131, c.a. 1, proceso 1.
(12) Fls. 223-225, c.a. 2, proceso 1.
(13) Fls. 256-258, c.a. 2, proceso 1.
(14) Fls. 262-267, c.a. 2, proceso 1.
(15) Fl. 1, c.a. 1, proceso 3.
(16) Fls. 296-297, c.a. 2, proceso 1.
(17) Fls. 313-314, c.a. 3, proceso 1.
(18) C.P., fls. 11-14.
(19) “ART. 838.—Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la administración, caso en el cual, el deudor le deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso alguno (destacado fuera de texto)”.
(20) Estatuto Tributario. “ART. 840.—Remate de bienes. ‘Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:’ En firme el avalúo, la administración efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la Nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el reglamento.
(21) Fls. 301-312, c.a. 3, proceso 1.
(22) Fls. 176-177, c.a. 2, proceso 1.
(23) Fls. 207-208, c.a. 2, proceso 1.
(24) Fls. 227-248, c.a. 2, proceso 1.
(25) Código Civil. “ART. 2488.—Persecución bienes. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”.
(26) Código civil. “ART. 2498.—Exclusión de créditos entre sí. Afectando a una misma especie crédito de la primera y créditos de la segunda, excluirán estos a aquellos; pero si fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, tendrán estos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie, en el orden y forma que se expresan en el inciso primero del artículo 2495”.
(27) “ART. 1949.—Improcedencia de la acción rescisoria por lesión enorme. ‘Artículo subrogado por el artículo 32 de la Ley 57 de 1887. El nuevo texto es el siguiente’. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia”.
(28) Sentencia de 16 de agosto de 2002, Auto 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(29) “ART. 228.—La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
(30) Código de Procedimiento Civil. “ART. 6º. Observancia de normas procesales. ‘Artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:’ Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
(31) Código de Procedimiento Civil. “ART. 4º—Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.
(32) Sentencia C-029 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.