Source: http://www.franciscosantana.net/2015/09/constitucionalidad-del-estado-de_97.html
Timestamp: 2019-04-22 13:17:53
Document Index: 279337422

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 196', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'artículo 339', 'artículo 336', 'artículo 339', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 3']

Que en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la república, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones de orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y a la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
Artículo 1°. El estado de excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como, la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que refiere este Decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido:
1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se llevan a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves lícitos administrativos, contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, así como delitos o ilicitudes relacionadas con la afección de la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad y orden migratorio y delitos conexos, podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas y se respetará el debido proceso. A tal efecto, será aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia.
2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, y exclusivamente a los fines de determinar la comisión de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas, podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones o determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.
Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 7°. Se extiende a los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, la aplicación del Decreto N° 1.959 de fecha 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, relativo a la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. A tales efectos, serán aplicables las disposiciones de dicho decreto en el ámbito de los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
Artículo 8°. La Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, así como defensores especiales y nacionales, para atender la situación excepcional objeto de regulación en este Decreto, con el fin de que velen por el respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto, podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados.
Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), garantizará los controles migratorios en el Municipio Páez del estado Apure, en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional. A tal efecto, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles a implementar en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos y ratificados con la República de Colombia.
Artículo 12°. Se designa al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure, responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión de este Decreto deban ejecutarse bajo la coordinación del funcionario en quien se delega la ejecución del presente Decreto.
Los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los municipios objeto del presente Decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en los municipios correspondientes, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure.
Artículo 14°. El gobernador del estado Apure, Ramón Alonso Carrizales Rengifo, será el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adopten en este decreto, con el apoyo de los Ministros
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la Defensa y de Economía y Finanzas y de la Autoridad Única que se designare con competencia en la zona determinada por los limites de los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
Artículo 18°. El Gobernador del Estado Apure, Ramón Alonso Carrizales Rengifo, queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Conoce esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio n.° ANS.228/2015, suscrito por el Secretario de la Asamblea Nacional, sobre la consideración y aprobación del Decreto dada por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 de fecha 15 de septiembre de 2015, cuyo texto es el que a continuación se señala:
Primero. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Decreto N° 2.016 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.746, de fecha 15 de septiembre de 2015.
Que “… el Decreto restringe de manera DESPROPORCIONADA los Derechos constitucionales”. (Mayúsculas del escrito).
Que “… [e]L DECRETO ES DESPROPORCIONADO AL SOMETER A TODA MANIFESTACIÓN PÚBLICA, PACÍFICA Y SIN ARMAS A UNA PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA CON AL MENOS 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN”. (Mayúsculas del escrito).
Que “… [e]l DECRETO en los artículos 2.3, 2.6 y 4 al Restringir derechos constitucionales, y en vez regular de manera extraordinaria, temporal, explícita y alternativa, delegó tal irregularmente la competencia, generándose un INCONSTITUCIONAL vacío normativo y así solicitamos que se declare…” (Mayúsculas del escrito).
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
Ahora bien, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 2139 del 7 de agosto de 2003, se pronunció favorablemente sobre su competencia en este supuesto, afirmando que “…de conformidad con el artículo 336.6 del Texto Fundamental, esta Sala es competente para revisar ‘en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República’, por ser actos dictados en ejecución directa de la Constitución…”.
Por su parte, en recientes sentencias dictadas por esta Sala, bajo los números 1173 del 28 de agosto de 2015, 1174 y 1176 del 8 y 15 de septiembre de 2015, respectivamente, este órgano asumió la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015, así como en el Decreto n° 1.989 dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Indigena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.740 del 7 de septiembre de 2015.
De acuerdo con las normas constitucionales y legales anteriormente transcritas, así como con el criterio mantenido por esta Sala Constitucional, corresponde a la misma revisar la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República; control judicial automático al que se refiere la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción enmunicipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.Así se declara.
Una vez establecida la competencia, esta Sala pasa a considerar el escrito de alegatos presentado por el ciudadano Andrés Velásquez, ya identificado, contra la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016 del 15 de septiembre de 2015, para lo cual se observa lo siguiente:
Ahora bien, visto que la remisión del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
El cuerpo del Decreto, cuyo artículo 1, manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
Los artículos 8 y 9, señalan que la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios objeto de aplicación del Decreto, para que éstos puedan velar por el respeto de los derechos humanos y la garantía de los controles migratorios por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
El artículo 11, según el cual los Poderes Públicos, los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colaborarán entre sí y desarrollarán sus actividades de manera coordinada, orientadas al logro de las medidas contenidas en este Decreto, determinando además que corresponden al Poder Judicial y al Ministerio Público, realizar las actividades propias de su competencia, a fin de garantizar la aplicación estricta de la ley para evitar la impunidad o la injusticia, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del referido Decreto.
De la misma manera, el artículo 12, contiene la designación al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión del Decreto deban ejecutarse; señalándose también que los órganos de seguridad ciudadana y la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los Municipios objeto del Decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en los Municipios fronterizos correspondientes, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure.
El artículo 14 del Decreto delega en el Gobernador del estado Apure, “Ramón Alonso Carrizales Rengifo” para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”.
El artículo 17 establece una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más, para la ejecución de los objetivos plasmados en el Decreto, mientras que el artículo 18 delegó en el Gobernador del estado Apure, su ejecución.
Ahora bien, una vez analizado el contenido del Decreto sometido al control constitucional correspondiente, se observa que aborda el mismo objetivo que los Decretos n.° 1.950, del 21 de agosto de 2015, n.° 1.969, del 31 de agosto de 2015, y n.° 1.989 del 7 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyos propósitos son impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la Nación, con la salvedad de que en esta ocasión el Ejecutivo Nacional consideró necesario extenderlo al estado Apure, específicamente a los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
“Que en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la república, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones de orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y a la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano”.
Igualmente, el Decreto sostiene que, en efecto, las mismas circunstancias que en los Municipios Fronterizos de los estados Táchira y Zulia, los cuales originaron la declaratoria de estado deexcepción, se hacen presentes en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure (las cuales constituyen hechos notorios comunicacionales que serán referidos en esta sentencia), lo que conllevó a que se tomaran medidas de igual magnitud para restituir el orden público en esas poblaciones.
Dentro de este contexto resulta pertinente resaltar que esta Sala Constitucional, el 28 de agosto de 2015, dictó la sentencia n.° 1173, en la que afirmó la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira; al igual que en la sentencia n.°1174, del 8 de septiembre de 2015, declaró la constitucionalidad del Decreto n.° 1.969, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira, y de la sentencia n°. 1176 que declaró la constitucionalidad del Decreto n° 1.989 dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, sobre la base de las consideraciones de derecho, respecto del análisis de los estados de excepción, las cuales se reiteran en el presente fallo, pues versan sobre circunstancias similares a las inherentes al Decreto n.° 2.016, sub examine.
Adicionalmente, para mayor precisión es pertinente acotar que la medida declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de continuar con la protección de las instituciones, expresión directa del Poder Público y de la sociedad, que fueron rebasadas en sus funciones y derechos de control y paz social en los Municipios sobre los cuales versa el Decreto sometido a examen, al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha venido desplegando el Poder Público, junto a otras tantas que han sucedido a los Decretos nros. 1.950, 1969 y1.989, ya identificados, cuyos resultados a favor de la garantía del orden público y de los derechos de todas las personas, sin distinción alguna, son notorios, siendo ineludibles para el restablecimiento del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional como internacionalmente, según la ley.
Así pues, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del Estado Táchira, en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho de ese mismo estado fronterizo, luego en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, y ahora en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure con el propósito de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción organizado en diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, impidiendo el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto de la moneda venezolana en la frontera, todo lo cual constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los acontecimientos que han venido reportando los medios de comunicación sobre las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes reseñas periodísticas a título enunciativo:
“Efectivos militares encontraron contrabando en frontera. Apure. RÓMULO GALLEGOS, 07 de febrero de 2014- Dando cumplimiento al dispositivo de seguridad fronteriza, llevado a cabo en jurisdicción del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure, bajo los lineamientos del ciudadano Tcnel. Ricardo Rafael Dávila Hernández, Comandante de la Unidad Fundamental, efectivos pertenecientes al Primer Pelotón de la Primera Compañía del DF-63 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Elorza Estado Apure, realizando patrullaje en materia de seguridad ciudadana y en atención a denuncia sobre presunto contrabando de combustible’, específicamente en el sector del Capanaparo vía Hato Santa Elena, efectuaron la retención de Seis (06) Recipientes (Tambores plásticos), contentivos en su interior de aproximadamente Doscientos Veinte (220) litros de combustible, tipo Gas Oíl, cada uno, para un total de Mil
Trescientos Veinte (1.320) litros de combustible. El caso sigue su curso por contrabando, el cual fue detectado entre unos arbustos.
De igual manera se efectuó un reconocimiento alrededor de dicha área, en busca del propietario del mismo, siendo infructuosa la misma, procediendo a trasladar el combustible hasta la sede del Destacamento de Fronteras Nro. 63, para realizar las actuaciones correspondientes y colocar el mismo a la orden de la Oficina de Energía y Petróleo con sede en la ciudad de Barinas, Edo. Barinas. Este tipo de
procedimientos están enmarcados en el Operativo de Seguridad Fronteriza implementado por el Cap. Jorge Luis Briceño Castillo, Comandante de la 1ra Compañía del Destacamento de Fronteras Nro. 63, con sede en Elorza, Estado Apure.” http://www.visionapurena.com/NoticeSuceso.php?ID=5974
“Incautados 363 kilos de cocaína en Apure 30 de agosto de 2014.
Este viernes fueron encontrados 363 kilos de cocaína de alta pureza, en Apure, en una operación del Ejército de la Zona de Defensa Integral (Zodi) y de la Aviación Militar, anunció este sábado el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB), Vladimir Padrino López.
‘Es parte de la acción que entra dentro del plan sistemático’ contra el contrabando, afirmó Padrino López.
Informó además que se incautaron 36.797 kilos en alimentos de la cesta básica y artículos de higiene personal, en el estado Apure, como parte de los resultados de la operación contra el contrabando que se realizan en la frontera. En esta ocasión, en Puerto Páez en la sede del Grupo de Caballería en el municipio Pedro Camejo de esa entidad.
‘Harina Pan, refresco, espagueti, arroz y una serie de productos usados para contrabando de extracción’, indicó López al señalar los tipos de productos que fueron encontrados por los funcionarios militares, en compañía de representantes del Ministerio Público y el gobernador de Apure, Ramón Carrizales.” http://globovision.com/36-670-kilos-de-alimentos-se-incautaron-en-apure/
“FANB aun sigue el combate contra el contrabando en Venezuela. Apure, 07 de Septiembre de 2014- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 36 mil 670 mil kilos en alimentos y artículos de la higiene personal en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, informó este sábado el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López.
‘Harina Pan, refresco, espagueti, arroz y una serie de productos usados para contrabando de extracción’, indicó López al señalar los tipos de productos que fueron encontrados por los funcionarios del Ejército Bolivariano, en compañía de representantes del Ministerio Público y el gobernador de Apure, Ramón Carrizales.
El funcionario castrense dijo que la incautación se realizó en el marco de la lucha contra el contrabando que emprende el Gobierno Bolivariano, encabezado por el presidente Maduro.
Desde la sede del Grupo de Caballería en el municipio Pedro Camejo, López señaló también que los vehículos usados para el contrabando de esta mercancía pasarán a orden del fisco.
Finalmente, también comunicó que ayer -viernes- se incautó 363 kilos de cocaína de alta pureza, la cual se suma a la cantidad de laboratorios desmantelados en el estado Zulia.”http://www.visionapurena.com/NoticeX.php?ID=14639cantidad de laboratorios desmantelados en el estado Zulia.
“CICPC captura a ‘El Piloto’ miembro activo de las Farc en Apure 30 de diciembre 2014.
Funcionarios de la policía judicial adscritos a Interpol apresaron en Elorza al colombiano Germán Arturo Rodríguez Ataya, señalado por las autoridades de su país de ser uno de los encargados de llevar en aviones la droga comercializada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El hombre de 49 años de edad fue apresado cerca de la manga de coleo de la referida población, el 24 de diciembre en la tarde, informaron fuentes policiales.
Extraoficialmente se indicó que Rodríguez había llegado al país en un vuelo ilegal procedente de Toluca, México.
Los documentos enviados por el gobierno colombiano indican que el hombre nacido en Arauca supuestamente operaba con los frentes 10 y 16 del grupo guerrillero.
Rodríguez, también conocido como ‘el Gago’, era investigado por el Cicpc desde 2012.
En octubre de ese año agentes de la subdelegación Guadualito allanaron la finca San Rafael del municipio Rómulo Gallegos, desde la cual supuestamente hacía envíos de droga para las FARC y para el grupo liderado por Daniel Barrera, alias ‘el Loco’. http://noticiaaldia.com/2014/12/cicpc-captura-a-el-piloto-miembro-activo-de-las-farc-en-apure/
Por tanto, esta Sala Constitucional constata que el decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Estado Apure, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, especialmente, los derechos de acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, soberanía alimentaria igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
Por otra parte, se observa que el decreto bajo examen hizo referencia a la aplicación del Decreto Presidencial n.° 1.959 del 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, en el que se estableció la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, el cual será igualmente aplicado a los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, con lo cual se pone en evidencia que la actuación del Ejecutivo Nacional está dirigida a garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de productos para el consumo, la aplicación de políticas públicas determinadas a satisfacer otros derechos económicos y sociales de la nación.
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en municipiosRómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
3.- Se DESECHAN los argumentos esgrimidos por el ciudadano Andrés Velásquez, contra el Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual declaró el Estado de Excepción municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, el 15 de septiembre de 2015.
“Sentencia que declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015”.
Expediente n.° 15-0997.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/181243-1184-22915-2015-15-0997.HTML
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