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Timestamp: 2019-11-19 05:37:56
Document Index: 164265613

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 35', 'Artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 29', 'Artículo 42', 'Artículo 44']

Ley 8/2005, de 30 junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja. TÍTULO IV. Régimen sancionador
Ley 8/2005, de 30 junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja
Publicado en BOLR núm. 92 de 12 de Julio de 2005 y BOE núm. 178 de 27 de Julio de 2005
Vigencia desde 12 de Enero de 2006
Artículo 29 Responsabilidades
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras del transporte urbano corresponderá:
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetos a concesión, autorización o licencia administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión, autorización o licencia.
b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo habilitante, a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietario del vehículo.
c) En las infracciones cometidas por usuarios y, en general, por terceros que sin estar comprendidos en anteriores apartados realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora del transporte urbano de viajeros por carretera, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el punto 1, sin perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
Artículo 30 Clasificación de las infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas de las normas reguladoras del transporte urbano, las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente Ley.
2. Las infracciones de la legislación reguladora de transporte urbano se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 31 Prescripción
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves en el plazo de un año desde la fecha en que se hubiesen cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de tres meses por causa no imputable al presunto responsable.
2. Las sanciones prescribirán a los tres años cuando se trate de infracciones muy graves, a los dos años cuando se trata de infracciones graves y al año en el caso de las infracciones leves. El plazo de prescripción de las sanciones se contará a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que imponga la sanción.
Artículo 32 Ejercicio de la inspección
1. La función inspectora de los transportes urbanos será desempeñada por el personal de los correspondientes Ayuntamientos, especialmente designado para ello que cumplan los requisitos que a tal efecto determine el propio municipio y por los Agentes de las respectivas Policías Locales, en la forma que determinen las disposiciones municipales.
La estructura de los servicios de inspección será determinada por cada Ayuntamiento de acuerdo con sus necesidades.
El personal adscrito a la inspección estará provisto de documento acreditativo de su condición que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones, teniendo obligación de exhibirlo.
2. Los servicios de inspección de transportes del Gobierno de La Rioja podrán realizar inspecciones de cualquier transporte de viajeros, para verificar si el mismo es o no interurbano. En caso de que de las actuaciones practicadas se detecte la comisión de alguna infracción y el transporte tuviese la consideración de urbano, éstas serán remitidas a los Ayuntamientos respectivos para la instrucción de los expedientes sancionadores que procedieran.
Artículo 33 Presunción de veracidad
Los hechos constatados en las actas e informes de los servicios de inspección o en las denuncias formuladas por las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia del transporte urbano tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 34 Facultades de la inspección
1. Los funcionarios de la inspección del transporte que ejerzan funciones de dirección tendrán, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozarán de plena independencia en el desarrollo de las mismas. El resto del personal adscrito a los Servicios de Inspección y las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia del transporte urbano tendrán, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de agentes de la autoridad.
Quienes cometieran atentados o injurias contra los funcionarios o agentes de los Servicios de Inspección, en acto de servicio o con motivo del mismo, incurrirán en las responsabilidades a que hubiere lugar según la legislación vigente. A estos efectos, dichos funcionarios y agentes pondrán tales actos en conocimiento de los órganos competentes, a fin de que se insten los oportunos procedimientos y se ejerciten, en su caso, las acciones legales que procedan para la exigencia de tales responsabilidades.
2. Los titulares de los servicios y actividades a los que se refiere la presente Ley, los titulares de empresas en cuyas instalaciones se realicen actividades de transporte o relacionadas con el mismo, los usuarios de un transporte de viajeros y, en general, las personas afectadas por sus preceptos, vendrán obligadas a facilitar al personal de la inspección del transporte, en el ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos e instalaciones y el examen de los documentos, libros de contabilidad, facturas, títulos de transporte y datos estadísticos que estén obligados a llevar, así como cualquier otra información relativa a las condiciones de prestación de los servicios realizados que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes. Dicha obligación alcanzará, en todo caso, a todos aquellos libros, documentos de gestión, control o estadísticas cuya cumplimentación o llevanza obligatoria venga establecida por la normativa económica, fiscal, social y laboral o medioambiental que resulte de aplicación a los sujetos anteriormente señalados. Por cuanto se refiere a los usuarios del transporte de viajeros, estarán obligados a identificarse a requerimiento del personal de la inspección.
A tal efecto, los Servicios de Inspección podrán recabar la documentación precisa para el mejor cumplimiento de su función en la propia empresa o bien requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes, así como, en su caso, la comparecencia del empresario o su representante ante las oficinas públicas cuando sea requerido para ello. A tales efectos, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, el vehículo en que se esté realizando el transporte tendrá, además, la consideración de centro empresarial y su conductor la de representante de la empresa en relación con la documentación que existe obligación de llevar a bordo del vehículo, la información que le sea requerida respecto al servicio realizado, así como para recibir el acta o denuncia correspondiente.
Cuando la documentación que se solicite sea la acreditativa del cumplimiento de las obligaciones relativas a los tiempos de conducción y descanso de los conductores, la empresa no podrá excusarse de aportarla por la ausencia del empresario o la persona responsable de su llevanza o custodia.
La exigencia a que se refiere este punto únicamente podrá ser realizada en la medida en que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transporte.
La desobediencia a los requerimientos de los Servicios de Inspección formulados en el marco de este artículo será constitutiva de la infracción tipificada en el artículo 35.e).
3. Si, en su actuación, el personal de los Servicios de Inspección descubriese hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrá en conocimiento de los órganos competentes en función de la materia de que se trate.
Similares actuaciones a las previstas en el punto anterior deberán realizar los órganos de cualquier sector de la actividad administrativa que tengan conocimiento de infracciones de las normas de ordenación de los transportes.
Con objeto de conseguir la coordinación requerida para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente apartado, los órganos que ostenten competencias sobre cada una de las distintas materias afectadas deberán prestar la asistencia activa y cooperación que resulte necesaria al efecto.
Artículo 35 Infracciones muy graves
a) La realización de transportes públicos careciendo de la preceptiva concesión, autorización o licencia.
La prestación de servicios para los que se requieran conjuntamente alguna de las concesiones, autorizaciones o licencias reguladas en esta Ley, se considera incluida en la infracción tipificada en este apartado, tanto si se carece de la una como de la otra o de ambas.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando el infractor cumpla los requisitos exigidos para el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa, la cual hubiera podido ser obtenida por el mismo, la carencia de dicha autorización se sancionará conforme a lo previsto en el apartado a) del artículo 37.
b) Organizar, establecer o realizar servicios regulares de transporte de viajeros sin ser titular de la correspondiente licencia, concesión o autorización especial, ya sean propios o ajenos los medios con los que se preste.
c) La prestación de los servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas; a estos efectos se entenderá que existe peligro grave y directo para las personas en los siguientes supuestos:
Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate cuando el exceso sea igual o superior al 30%.
Exceder los tiempos de conducción en su caso establecidos por el Ayuntamiento en un porcentaje superior al 20%.
d) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un tipo de transporte para el que no se tiene autorización.
e) La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas.
f) La realización de transporte público incumpliendo los requisitos de los artículos 8 y 24 de esta Ley. No se apreciará dicha falta cuando la misma concurra con la carencia del necesario título habilitante en cuyo caso será únicamente esta última lo que será objeto de la correspondiente sanción.
g) La utilización de títulos habilitantes expedidos a nombre de otras personas. La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen títulos administrativos ajenos, como a las personas a cuyo nombre estén éstos, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento.
h) El abandono de la concesión o paralización de los servicios, sin que haya tenido lugar la finalización del plazo de concesión, sin el consentimiento de la Administración y su puesta en conocimiento.
i) Las infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la presente Ley, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva en vía administrativa, por otra infracción tipificada en un mismo apartado de dicho artículo.
Artículo 36 Infracciones graves
a) La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles.
b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, licencia o autorización administrativa, salvo que deba calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
c) La connivencia en actividades de mediación no autorizadas, o en la venta de billetes para servicios clandestinos, en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicios al que esté destinado el local.
d) La venta de billetes para servicios clandestinos, y, en general, la mediación en relación con servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de estimar la infracción muy grave que, en su caso, corresponda, cuando no se posea título habilitante para realizar actividades de mediación.
e) Incumplimiento del régimen tarifario.
f) La carencia o no adecuado funcionamiento o la manipulación de los instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
g) El falseamiento de la documentación obligatoria.
h) El reiterado incumplimiento no justificado de los horarios en los servicios en que éstos vengan prefijados con intervención de la Administración.
i) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento del Municipio, de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél.
j) La negativa u obstrucción a la actuación de la inspección cuando no se den las circunstancias previstas en el apartado e) del artículo anterior.
k) La no suscripción de los seguros que haya obligación de realizar según lo previsto en los artículos 8 y 24 de esta Ley.
l) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deba ser calificada como muy grave.
m) El exceso en los tiempos máximos de conducción permitidos en su caso por el Ayuntamiento superior al porcentaje del diez e inferior al veinte por ciento.
n) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate cuando el exceso sea igual o superior a un porcentaje del diez e inferior al veinte por ciento.
ñ) Además de lo anterior tendrán la consideración de infracción grave en los servicios del taxi la falta de atención a la solicitud de un usuario estando de servicio, así como el incumplimiento de los servicios obligatorios o del régimen de descansos en su caso establecidos reglamentariamente.
o) Las infracciones que, no incluidas en los apartados precedentes, se califiquen como leves, de acuerdo con el artículo 37 de la presente Ley, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva, por infracción tipificada en un mismo apartado de dicho artículo.
a) La realización de transportes para los cuales se exija la previa autorización administrativa, careciendo de la misma, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento.
b) Realizar transportes públicos sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos.
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos en la normativa vigente relativos al tipo de transporte autorizado, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el apartado d) del artículo 35 de la presente Ley.
d) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, cuando el exceso sea inferior al diez por ciento.
e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de obligada exhibición para conocimiento del público.
f) Incumplir las normas generales de policía de instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.
g) El trato desconsiderado con los usuarios en el transporte de viajeros. La infracción a que se refiere este apartado se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa sobre derechos de los usuarios y consumidores.
h) Las conductas de los usuarios de servicios de transporte urbano de viajeros contrarias a las prohibiciones establecidas en las correspondientes Ordenanzas municipales y en tanto no sean previstas en éstas, las siguientes:
Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.
Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista.
Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.
Efectuar acciones que por su naturaleza puedan perturbar a los demás usuarios o alterar el orden público en los vehículos.
Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento.
Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios.
Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de los demás usuarios o pueda considerarse molesto u ofensivo para éstos o para el conductor del vehículo.
Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la empresa titular de la correspondiente concesión, licencia o autorización.
Desatender las indicaciones que formule el personal de la empresa transportista en relación a la correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos.
i) El exceso no superior al diez por ciento en los tiempos máximos de conducción permitidos en su caso por el Ayuntamiento.
j) Carencia o falta de datos esenciales en la documentación obligatoria.
k) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como grave.
Artículo 38 Condiciones esenciales de las concesiones, licencias y autorizaciones
1. Se considerarán condiciones esenciales de las concesiones, licencias o autorizaciones aquellos aspectos que configuren la naturaleza del servicio o actividad de que se trate y delimiten su ámbito, así como el mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización; en todo caso tienen el carácter de condiciones esenciales las que se establecen en los puntos siguientes.
2. Concesiones:
2.1. El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8.
2.2. La realización del servicio.
2.3. La prestación de los servicios de acuerdo con los tráficos autorizados.
2.4. La explotación del servicio por el propio concesionario, salvo los supuestos de colaboración expresamente autorizados.
2.5. El respeto de los puntos de parada establecidos, así como el itinerario, calendario, horario y tarifas, salvo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.
2.6. La realización del número de expediciones establecidas en el contrato, así como la disponibilidad del número mínimo de vehículos que aquél determine, y el cumplimiento por éstos de las condiciones exigidas.
3. Autorizaciones:
3.1. El mantenimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8.
3.2. La prestación del servicio con el vehículo al que esté referida la autorización y el cumplimiento por éste de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles.
3.3. En los servicios discrecionales la contratación global de la capacidad del vehículo y la no reiteración de itinerario.
3.4. En los servicios regulares temporales la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas.
3.5. En los servicios regulares de uso especial el carácter específico de los usuarios y la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones autorizadas.
4. Licencias:
4.1. El mantenimiento de los requisitos del artículo 24 de la presente Ley.
4.2. La iniciación de los servicios interurbanos dentro del municipio otorgante de la correspondiente licencia, salvo las excepciones legalmente previstas.
4.3. La plena dedicación del titular de la licencia de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
4.4. La contratación global de la capacidad del vehículo de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
4.5. La instalación y adecuado funcionamiento de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el vehículo para el control de las condiciones de prestación del servicio, incluidas las tarifarias.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 euros; las graves, con multa de 301 a 1.500 euros y las muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado en su caso, o el número de infracciones cometidas.
2. La comisión de las infracciones previstas en los apartados a) y c) del artículo 35 podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y la retirada de la correspondiente autorización, así como la clausura del local en el que en su caso venga ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año.
La infracción prevista en el apartado g) del artículo 35, además de la sanción pecuniaria que corresponda llevará aneja la anulación de la correspondiente autorización.
3. Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 35 de la presente Ley hayan sido sancionados mediante resolución definitiva en vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho artículo en los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente autorización administrativa, al amparo de la cual se realizaba la actividad, o se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses, llevará aneja la retirada temporal o definitiva de la autorización. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido posible realizar la actividad, o prestar el servicio por haber sido temporalmente retiradas la autorización o licencia.
4. Cuando sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los apartados a) o c) del artículo 35, podrá ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Artículo 40 Caducidad
1. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las concesiones, autorizaciones o licencias administrativas podrá dar lugar a la caducidad de la concesión o a la revocación de la autorización o licencia, con pérdida de la fianza en su caso.
2. A los efectos previstos en el número anterior, se considerará que existe incumplimiento reiterado cuando la correspondiente empresa haya sido sancionada mediante resoluciones que pongan fin a la vía administrativa por la comisión en un período de un año de tres o más infracciones en las que se haya apreciado el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, autorización o licencia.
Artículo 41 Agravaciones
Las agravaciones previstas en el apartado i) del artículo 35 y en el apartado o) del artículo 36, únicamente serán de aplicación en los supuestos siguientes:
a) Cuando las infracciones se hayan cometido con motivo de la prestación de servicios o realización de actividades sometidas a una misma concesión o autorización administrativa.
b) Cuando las infracciones hayan sido cometidas con ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquellas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad, entendiendo por tales las que deberán haberse realizado al amparo de un título habilitante único.
c) Cuando las infracciones resulten imputables a un mismo responsable de entre aquellos a los que se refiere el apartado c) del punto 1 del artículo 29 de la presente Ley.
Artículo 42 Competencia sancionadora
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley corresponderá a los órganos municipales que legal o reglamentariamente la tengan atribuida.
El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se ajustará a lo dispuesto en las normas estatales y de la Comunidad Autónoma de La Rioja que regulan el procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 44 La exigencia del pago de sanciones
Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la legislación que rige el procedimiento administrativo, el abono de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución definitiva, será requisito necesario para que proceda la realización del visado así como la autorización administrativa a la transmisión de los títulos habilitantes para la realización del transporte.
El Gobierno de La Rioja pondrá especial vigilancia en la determinación de las limitaciones para el establecimiento de empresas destinadas a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, teniendo en cuenta la relación entre el número de autorizaciones vigentes y el de autorizaciones de transporte discrecional interurbano de viajeros en vehículos de turismo, domiciliadas en La Rioja.
Asimismo, cuando se detecten desajustes entre la oferta y la demanda de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, la Consejería competente en materia de transportes, previa audiencia a los Ayuntamientos afectados, podrá aprobar un plan o programa de transporte en el que se establezcan limitaciones al otorgamiento de autorizaciones o criterios relativos a la prestación de la actividad y de su distribución territorial.
Los Ayuntamientos podrán mantenerse en la explotación de los tráficos actuales que de acuerdo con esta Ley tengan la consideración de interurbanos, durante el plazo de duración de las vigentes concesiones de transporte urbano.
Asimismo, en cuanto fuere compatible con la presente Ley, mantendrán su vigencia los Convenios de cooperación administrativa en materia de transporte urbano celebrados entre Ayuntamientos de La Rioja, en conformidad con lo previsto en sus cláusulas.
Las personas jurídicas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley sean titulares de licencias de autotaxi podrán mantener la titularidad de éstas, si bien no podrán ser titulares de nuevas licencias.
En lo no previsto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo se aplicarán, primeramente, las normas vigentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja que regulen los transportes interurbanos y, subsidiariamente, las normas estatales reguladoras de los transportes interurbanos, en cuanto sean compatibles con aquéllas.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente Ley, a fin de adecuarlas a los cambios de valor adquisitivo de la moneda, de acuerdo con el índice de precios al consumo de La Rioja.
Se faculta al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.