Source: https://costasmaritimas.wordpress.com/2012/11/27/propuestas-al-congreso-en-relacion-a-la-reforma-de-la-ley-de-costas/
Timestamp: 2017-06-27 20:47:07
Document Index: 233119531

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4']

PROPUESTAS AL CONGRESO EN RELACIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS | Costas Marítimas
Filed in General ·Etiquetas: deslindes, José Ortega, ley de costas, Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas 2 Comments »	2 comentarios to “PROPUESTAS AL CONGRESO EN RELACIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS”
PROPUESTAS AL CONGRESO EN RELACIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS « Asociación de afectados por la Ley de Costas de Denia said
noviembre 27, 2012 at 11:32 am […] PROPUESTAS AL CONGRESO EN RELACIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS […]
Responder	2012/11/27 Propuestas Al Congreso En Relacion a La Reforma De La Ley De Costas JOSE ORTEGA said
noviembre 27, 2012 at 7:53 pm […] FUENTE Costasmaritimas VERSION COMPLETA El balance de la reforma según la PNALC es moderadamente positivo en el mecanismo compensatorio por la pérdida de la propiedad y negativo en las nuevas definiciones del dominio público. Los afectados nunca aceptarán ningún tipo de concesión, sea de la duración que sea, como pago por una expropiación La declaración del pleno del Parlamento Europeo 26-3-2009, a instancias de la PNALC, incluye la constatación de que las expropiaciones derivadas de la ley de costas no están suficientemente compensadas con una concesión administrativa Debemos pedir, en consecuencia, que las Cortes estudien fórmulas de indemnización respetuosas con el artículo 33.3 de la Constitución. La reforma incluye ciertas mejoras en el régimen concesional que sin embargo no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos ni resuelven el problema social originado por los deslindes Analicemos la reforma de la disposición transitoria primera, apartado tercero, de la ley de costas, que resulta especialmente de aplicación a Canarias Este precepto recoge la situación de los terrenos que quedan incluidos dentro del dominio público cuando el deslinde tramitado con arreglo a la ley de costas vigente es el único existente. En resumen, la redacción vigente de ese precepto no reconoce derecho alguno a los titulares de espacios que queden comprendidos dentro del primer deslinde. Esto carece de sentido puesto que el concepto legal de dominio público ha experimentado continuas expansiones desde su primera definición en la ley de puertos de 1880, por lo que es perfectamente posible que ocupaciones localizadas en espacio demanial con arreglo a las definiciones actuales se encontraran perfectamente fuera de él en el momento de producirse, con lo que nos encontraríamos con ocupaciones legales que la ley tiene por ilegales. El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno es el de salvar los derechos de los ocupantes cuyos títulos estén amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que deja sin resolver la inmensa mayoría de los casos, al menos en Canarias, por los motivos que a continuación se exponen. En primer lugar, la desafortunada realidad es que en Canarias existe un sinnúmero de ocupaciones, tanto en la costa como en el interior, que carecen de documento público que acredite la propiedad El Parlamento no debería dar la espalda a esta realidad legislando de forma uniforme para todo el Estado. De la misma forma que el anteproyecto de reforma retira del dominio público a determinados núcleos de población o asigna un estatuto especial a la isla de Formentera, así también debería tener en especial consideración los problemas particulares del archipiélago canario en lo tocante a los casos mencionados. En segundo lugar, la referencia al artículo 34 de la Ley Hipotecaria se supone que traslada la misma referencia del artículo 6.3 de la ley de costas de 1969, que establecía el carácter demanial de determinados espacios salvo los derechos amparados por dicho precepto. El artículo 34 LH no es, en cambio, un precepto pensado para regular los derechos adquiridos por los ciudadanos frente al Estado A juicio de este Letrado, la incorporación del precepto en cuestión al artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 supuso un defecto de técnica legislativa por ser el artículo 38 y no el 34 de la Ley Hipotecaria el que debería haberse citado en aquel precepto. Considero, por tanto, que la reforma debería orientarse de un lado hacia el tratamiento especial del territorio canario, teniendo en cuenta su indiscutible singularidad histórica, cultural y geográfica, y por otro a la unificación de todos los afectados que resulten ser titulares inscritos en el registro de la propiedad mediante la sustitución de la referencia al artículo 34 LH por otra a su artículo 38. Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:“Los espacios que ya eran dominio público con arreglo a un deslinde anterior a la presente ley y que estuvieran inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a dicho deslinde, serán dados en concesión a sus antiguos propietarios con las condiciones establecidas en el apartado primero de esta disposición transitoria”. Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:“En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Los propietarios de los terrenos que resulten incluidos en el dominio público pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado primero de esta disposición transitoria. Reglamentariamente se determinará la forma en la que los afectaos deberán acreditar la propiedad”. En cuanto a las nuevas definiciones de dominio público, los cambios son decepcionantes o no existen. Recuerdo que son precisamente tales definiciones las que con su carácter ambiguo promueven la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en la práctica administrativa de los deslindes. En cuanto a la modificación del artículo 3.1.a), el el proyecto de reforma se define la zona marítimo terrestre de la siguiente manera: “La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”. Lo que resulta muy significativo y particularmente perjudicial para los afectados (y pienso especialmente en Canarias), es la supresión de la condición establecida en el borrador de acreditación de que los temporales han tenido lugar cinco veces en los últimos diez años. Esto proporcionaba seguridad jurídica al ser preciso determinar la fecha concreta de cada temporal Lo único que queda en el proyecto es una referencia parecida para la privilegiada Formentera (tres temporales en cinco años), pero los afectados de otros espacios de costa parece que deberán seguir soportando el a mi juicio insidioso modo de proceder de la Administración al señalar el alcanza del temporal de forma subjetiva y sin pruebas. Salvo, naturalmente, que el reglamento de costas establezca criterios serios y rigurosos, pero eso está por ver.. La reforma del artículo 3.1.b) en cuanto a la definición de playa tampoco llega muy lejos. Se ha suprimido la referencia existente en borrador, que definía como demaniales los depósitos de materiales sueltos “que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución”, lo que excluía las llamadas dunas muertas y tenía la virtud de sintonizar la definición legal con la reglamentaria. por lo que con el texto actual las dunas de origen artificial seguirán siendo dominio público natural lo mismo que hasta ahora. Como quiera que diputados y senadores viven ajenos a la práctica administrativa de los deslindes y desconocen tanto el trasiego de los expedientes como la conflictividad social y jurídica asociada a ellos, será preciso informar de que la piedra angular sobre la que se asientan los abusos es precisamente la ambigüedad en las definiciones del dominio público natural. La redacción alternativa que se propone:- En cuando a la zona marítimo terrestre la razón es simple: Las idas y venidas entre el borrador y proyecto a cuenta de la necesidad de establecer procedimientos y condiciones preestablecidos para acreditar el alcance de los máximos temporales conocidos está basada en la realidad de que dichos temporales son extraordinarios y singulares, por lo que es necesario singularizarlos. Tal cosa es innecesaria cuando la definición se remite a los temporales ordinarios, lo que resulta más congruente con el requisito de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución. Propuesta de redacción del artículo 3.1.a):“La zona marítimo‐terrestre, entendida como espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”. La propuesta en relación a la definición de playa elimina las dunas muertas y los depósitos de arena de origen artificial. Propuesta de redacción del artículo 3.1.b):“La playa, entendida como depósitos de materiales sueltos formados por la acción del mar o del viento marino, con vegetación nula o escasa y característica. Se entenderán incluidas dentro de este concepto las dunas que se encuentran en movimiento o evolución”. La Disposición adicional segunda del proyecto de reforma garantiza de forma más teórica que real una vuelta a empezar con los deslindes, ahora para hacer la línea avanzar hacia el mar siempre que se den las condiciones. No parece que se vayan a producir nuevos deslindes a vista de que los cambios en las definiciones del dominio público natural con prácticamente inexistentes. Es uno de los preceptos que más claramente inciden en los derechos de los afectados, pero puede dar lugar a una conflictividad paralela cuando dichos afectados soliciten la incoación de deslindes y la Administración lo niegue bajo pretexto de que el deslinde está bien hecho y todo sigue igual,. En este caso se podría desatar una nube de procedimientos judiciales sólo para pedir que la sentencia condene a la Administración a abrir expediente. La Disposición adicional quinta de la reforma no es compatible con el artículo 4.5 de la vigente ley de costas, que no se cambia. El trámite parlamentario deberá revisar o suprimir éste último precepto, ya que en caso contrario la ley contendrá dos preceptos opuestos entre sí. José Ortega Abogado, colegiado 4941 […]