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Timestamp: 2019-10-16 10:42:44
Document Index: 141332988

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 11', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 316', 'artículo 51', 'artículo 40', 'artículo 296', 'artículo 325', 'artículo 11', 'artículo 40', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 2011-00284 de mayo 21 de 2015
SENTENCIA 2011-00284 DE 21 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:COMPETENCIA DEL FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN. ANULA UN APARTE DEL ARTÍCULO 11.3.1.1.6 DEL DECRETO 2555 DEL 2010 QUE AMPLIÓ LA FUNCIÓN DE VIGILAR LA ACTIVIDAD DEL LIQUIDADOR EN LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DETERMINÓ QUE LA TRANSMISIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE VALORES (HOY SUPERFINANCIERA) NO IMPLICÓ EL CAMBIO DE NATURALEZA DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, LO QUE SIGNIFICA QUE LAS INSTITUCIONES QUE NO TIENEN ESTE CARÁCTER CONTINÚAN FUNCIONANDO SEGÚN SU CALIDAD PARTICULAR, COMO LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SISTEMA FINANCIERO, FUNCIONES DE FOGAFIN, FOGAFIN, ENTIDAD ASEGURADORA, PROCESO DE LIQUIDACIÓN, ACTIVIDAD ASEGURADORA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:528 DE DICIEMBRE DE 2015, PÁG.2489
Sentencia 2011-00284 de mayo 21 de 2015
Ref.: 110010324000201100284 00
De acuerdo con el actor, la vulneración cuestionada consiste en que el legislador previó, en el mencionado artículo 40, que al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, corresponde la función de efectuar el seguimiento de la actividad de los liquidadores de las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; lo cual, no implica que dicha función se extienda a todas las entidades vigiladas por esa superintendencia, tal como la norma acusada lo prevé. En tal orden, el artículo demandado amplía el ámbito subjetivo de vigilancia establecido por el legislador.
Ahora, la entidad demandada señaló, en esencia, que en la compilación normativa que efectúa el Decreto 2555 de 2010 el ejecutivo dispuso la redacción de la norma en los términos cuestionados, por cuanto dicho seguimiento en la actividad de los liquidadores en los procesos de liquidación voluntaria, respecto de todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, corresponde a las funciones de Fogafín y se erige en garantía del interés público. Además, sugiere que a partir de la fusión de las Superintendencias Bancaria de Colombia y la de Valores, las instituciones objeto de inspección y vigilancia por parte de aquellas pasaron a ser vigiladas por la Superintendencia Financiera sin que a hoy exista ningún tipo de distinción entre ellas.
3. Pues bien, la Sala ha de abordar el estudio de legalidad así planteado, comenzando por establecer si, en efecto, el ejecutivo vulneró el orden jurídico al ampliar las competencias del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, en lo que respecta a la función de vigilar la actividad del liquidador en los procesos de liquidación voluntaria frente a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en lugar de conservar tal intervención en relación únicamente con las entidades financieras.
Sea lo primero precisar que la Superintendencia Financiera realiza funciones de inspección y vigilancia frente a entidades cuya naturaleza es la de instituciones financieras, y hacia otros entes que no ostentan tal categoría. Así se deriva de lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993 o E.O.S.F., que en su artículo 1º estatuye la estructura del sistema financiero así:
2. Entidades vigiladas. Corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones:
PAR. 3º—Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
Las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales y sus miembros, las bolsas de futuros y opciones y sus miembros, las sociedades que realicen la compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, opciones y otros; las sociedades comisionistas de bolsa, los comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, las sociedades calificadoras de valores, las sociedades titularizadoras, (…)”.
Pues bien, ello es materia de regulación en los términos del artículo 316 del E.O.S.F., que en lo pertinente señala:
La función de seguimiento de la actividad de los liquidadores deberá sujetarse a las reglas que mediante normas de carácter general establezca el Gobierno Nacional”.(3) (resaltado fuera de texto).
Obsérvese que de la redacción de la norma se evidencia, que el objeto y las competencias del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, versan exclusivamente sobre instituciones que ostentan la naturaleza de financieras, tal como en su misma razón social se anuncia. Igualmente, es claro que a dicha Entidad se le han otorgado funciones de seguimiento en relación con la actividad de los liquidadores de instituciones financieras, bien sea que la liquidación se desarrolle bajo la figura de forzosa administrativa o de cualquier otra modalidad prevista en la legislación, dentro de lo cual se encuentra la voluntaria, señalada en la norma acusada.
Es de inferir, entonces, que la labor de vigilancia en comento de Fogafín, no se consagró legalmente frente a instituciones desprovistas de la naturaleza de financieras, aunque se hallen vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Ahora bien, cabe anotar que la norma transcrita indica, además, que la función de seguimiento de la actividad de los liquidadores, deberá sujetarse a las reglas que mediante normas de carácter general establezca el Gobierno Nacional; lo cual permite aclarar, que no obstante tal potestad normativa, es claro que las facultades de intervención del ejecutivo en esta materia, se hallan sometidas a los límites previstos en el artículo 51 del E.O.S.F., que en lo pertinente indica:
En la aplicación de este artículo, el Gobierno Nacional no podrá desconocer la naturaleza y principios propios de las entidades cooperativas autorizadas para desarrollar las actividades financiera, aseguradora, o cualesquiera actividades que se relacionen con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público sin perjuicio del cumplimiento de las normas de regulación prudencial que le sean aplicables a las entidades financieras y aseguradoras…” (resaltado fuera de texto).
Así, y en consonancia con la disposición transcrita, se ha de considerar que las funciones de seguimiento de la actividad de los liquidadores en procesos de liquidación de instituciones financieras, fue regulado de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 1328 de 2009, por el que se modificó el literal b) del artículo 296 del E.O.S.F., tal como advierte la parte actora. El texto de la norma preceptúa lo siguiente:
A partir de la vigencia de la presente ley, las entidades financieras en liquidación respecto de las cuales el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras deba realizar seguimiento a la gestión del liquidador, deberán pagar a favor del Fondo las tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general. En todo caso, tales tarifas deberán ser cubiertas por la entidad respectiva, con cargo a los gastos de administración. Tratándose de entidades financieras sometidas a proceso de liquidación voluntaria, el seguimiento por parte del Fondo se llevará a cabo hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes a los accionistas, una vez pagado el pasivo externo.”
Nótese, entonces, que esta disposición normativa concuerda con el objeto correspondiente legalmente a Fogafín frente a las instituciones de carácter financiero, pues conserva la función de seguimiento de la actividad de los liquidadores exclusivamente respecto de dichas entidades.
Así las cosas, para la Sala resulta evidente que aun cuando el Gobierno cuenta con facultades regulatorias derivadas de su potestad de intervención en el sector financiero y asegurador(4), las mismas, no le permiten variar la normativa concerniente a la estructura del sistema financiero, ni tampoco modificar la naturaleza o el objeto de las entidades que desarrollan actividades financieras, como es Fogafín, al ser esta una institución con funciones de dicha categoría, las cuales se hallan específicamente señaladas en la Ley, según se anotó.
Lo anotado conlleva a concluir que la norma acusada, configura una palmaria transgresión al orden jurídico al ampliar el objeto de Fogafín, referente a su función de seguimiento de la actividad de los liquidadores en los procesos de liquidación voluntaria, a todas las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. Ello, se reitera, constituye una intervención regulatoria irregular del ejecutivo, pues desnaturaliza la órbita competencial que le fue otorgada por el legislador a fogafín en relación con las instituciones financieras de manera exclusiva.
Por otro lado, no sobra advertirle a la entidad demandada que la redacción de la disposición acusada no entraña la finalidad protectora del interés público por ella planteada, pues el hecho de que Fogafín cumpla las funciones de seguimiento mencionadas, en relación con las instituciones financieras y no frente a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, según se concibió por el Legislador, no implica que exista una desprotección del Estado en lo que respecta a estas últimas. En este punto, conviene aludir, por ejemplo, a las medidas de salvamento y protección de la confianza pública previstas en los artículos 113 y siguientes del E.O.S.F., entre otras, y a lo señalado por esta Sección en Sentencia de 22 de mayo de 2014, Expediente 200300913, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, así:
“…Cabe anotar que las disposiciones legales sobre vigilancia especial se hallan dentro del Capítulo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que trata sobre las medidas de salvamento y la confianza pública, de modo que a aquella se le atribuye el propósito último de proteger y solventar situaciones que comprometan el interés general asociado a la confianza del público en el sistema financiero, en concordancia con las funciones asignadas a la Superintendencia en el artículo 325 del E.O.S.F” (resaltado fuera de texto).
Lo hasta aquí expuesto otorga razonamientos más que suficientes para concluir que el aparte del artículo 11.3.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010, en el que se indica “entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia” debe ser declarado nulo en razón de su clara vulneración al orden jurídico, principalmente, del artículo 40 de la Ley 1328 de 2009. Ahora, ha de entenderse, sin lugar a duda, que la regulación prevista en dicho artículo se refiere exclusivamente a las instituciones financieras vigiladas por esa Superintendencia, en concordancia con el objeto que corresponde desarrollar a Fogafín en los términos de la normativa aquí referenciada.
(1) Artículos 2º, 4º y 5º del E.O.S.F.
(2) El artículo 1º del Decreto 4327 de 2005 dispone:
“Fusión y denominación. Fusiónase la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia”.