Source: https://abogadomartin.es/amenazas/
Timestamp: 2018-08-17 06:00:28
Document Index: 127303714

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 169', 'artículo 170', 'artículo 171', 'artículo 169', 'artículo 171', 'artículo 173', 'artículo 84', 'artículo 169', 'artículo 38', 'artículo 14']

La amenaza es la expresión conferida por un sujeto contra otro u otros de causarle un mal con el fin de menoscabar su libertad. Este tipo penal, cuya estructura es bastante simple, tiene diversas formas delictivas y todas ellas tratan de proteger el mismo bien jurídico: la libertad.
Índice de Contenidos en Amenazas
1 DELITO DE AMENAZAS
1.1 TIPOS DE AMENAZAS
1.2 DELITO DE AMENAZAS Y SUS PENAS
1.3 Amenazas de un mal no constitutivo de delito
2 AMENAZAS LEVES
3 DELITO LEVE DE AMENAZAS
Por ello, las amenazas están contempladas en el Capítulo II del Título VI que lleva por rúbrica los “delitos contra la libertad”. Este derecho, que es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico punitivo, tiene su mayor exponente en el artículo 17 de la Constitución Española, que dispone “toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridad”.
Sobre la base de este precepto la jurisprudencia ha extendido el bien jurídico a la seguridad del individuo, así se considera que lo que debe protegerse es
El derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de sus vidas.”
El artículo que define penalmente el delito de amenazas mantiene en gran medida la configuración y redacción del código penal derogado, si bien introduce algunas novedades. Amplía el objeto personal sobre el que recae la amenaza, que ya no es sólo la víctima (sujeto pasivo) o su familia sino que se extiende a otras personas con las que el sujeto pasivo esté “íntimamente vinculado”.
Esta expresión supone cierta incertidumbre jurídica ya que no se específica quiénes son esas personas con las que el sujeto pasivo puede estar unidas y sobre las que recaerá el mal amenazado. Por ello, serán los jueces los que deberán ir fijando a través de sus sentencias qué sujetos tendrán cabida en esa expresión. En último lugar, y también como novedad, se añaden en la figura agravada de las amenazas hechas por escrito “el teléfono y otros medios de comunicación”, y ello con el fin de adaptarse a las nuevas formas de comunicación que existe en la actualidad.
El delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto. Nos encontramos ante un delito de peligro o mera actividad y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se llegara a producir se sancionaría por la lesión en sí (muerte o lesiones por ejemplo) y no por la amenaza, la cual quedaría absorbida por ese delito.
Amenazas de un mal constitutivo de delito Este tipo penal se contempla en el artículo 169 del Código Penal, el cual dispone que:
Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, en nombre de entidades o grupos reales supuestos.
Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional. “
La estructura de este tipo penal tiene dos partes:
La primera, recoge el supuesto de hecho en el que la persona que realiza un comportamiento contemplado en la norma comete un delito de amenazas;
la segunda parte, contempla la pena a imponer, dependiendo de si la amenaza es condicional o no.
Según este tipo penal, puede ser sujeto activo cualquier persona que realiza la conducta descrita en el tipo; es decir que amenaza a otro. Y sujeto pasivo lo será la persona que reciba esa amenaza, pudiendo ser el objeto amenazado el mismo sujeto pasivo o cualquiera de las personas que se señalan en el precepto: su familia o cualquier otra persona con la que esté íntimamente vinculado. El mal con el que se amenaza debe ser un delito, y sólo puede ser de los que el precepto señala, no se puede aplicar por analogía a otros tipos delictivos distintos.
DELITO DE AMENAZAS Y SUS PENAS
La pena es distinta según la amenaza sea condicional o no.
En el primer caso, hay un mayor reproche social en la conducta del reo, lo que justifica una mayor pena.
Esta agravación de la pena se aplica cuando la amenaza tiene como fin reclamar alguna cantidad (dinero o cualquier otro bien económicamente evaluable) o se imponga otra condición.
No se exige que esa condición impuesta sea ilícita, basta con que se amenace para conseguida, y ello es así aunque el derecho permita la realización de la condición impuesta.
Es indiferente que esa cantidad objeto de la amenaza sea debida o no, puede darse el caso que alguien deba dinero a otro y éste para conseguido proceda a amenazar al deudor para ver satisfecho su crédito.
Nuestro ordenamiento jurídico prevé diferentes fórmulas para que una persona pueda cobrar sus deudas, sin necesidad de acudir a vías antijurídicas.
La existencia de un crédito no justifica que el acreedor pueda atentar contra los derechos de su deudor, como es el de la libertad.
Si el sujeto activo consigue su propósito la pena es mayor que si no lo consigue, lo que de por sí justifica una mayor penalidad de la conducta.
Los elementos que deben concurrir para apreciar este delito son los siguientes:
Una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la conminación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata. Este es el núcleo esencial del tipo penal.
Que la expresión o acto sea seria, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso. No basta, por tanto, con que el sujeto profiera expresiones amenazantes si no que esas tengan la suficiente credibilidad como para que la persona que las reciba se sienta intimidado o violentado en su ánimo.
Es un delito meramente circunstancial en el que deberá valorarse la forma en que se lleva a cabo esas expresiones amenazantes, el lugar donde se desarrollan, el momento en el que se ejecutan y los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la amenaza.
Con todos estos datos, se podrá saber si estas expresiones tienen la suficiente entidad y credibilidad como para condenar.
Que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de antijuridicidad de la acción y su calificación como delictiva. No basta, por tanto, sólo que esa acción o expresión haya provocado cierto miedo en la víctima sino que la misma sea socialmente reprobable y que a cualquier otra persona, en esa misma situación, se habría sentido amenazada.
El artículo 170 del Código Penal establece que:
Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior
Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”
Este es un subtipo agravado del 169, por lo que se puede aplicar los mismos criterios que los expuestos en dicho precepto. Se trata de una amenaza colectiva en el que el sujeto pasivo es plural, ampliándose a “grupos étnicos” o a un “amplio grupo de personas” y no sólo a los habitantes de una población, que es lo que contemplaba el anterior código penal.
Es una amenaza genérica, con la gravedad necesaria para conseguido y con indeterminación de la persona concreta en que pudiera materializarse el contenido de la amenaza.
Este supuesto penal se regula en el artículo 171 del Código Penal, el cual dispone que:
No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. “
El apartado primero de este precepto contempla la amenaza genuina cuando ésta no consista en un mal que constituya delito. Este último aspecto es lo que lo diferencia del tipo delictivo del artículo 169 del Código Penal.
La reforma del Código Penal del año 2015 incorpora el punto séptimo al artículo 171:
7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo”
Una de las diferencias con el delito del artículo 169, en el que la amenaza puede ser condicional o no, tal y como hemos visto anteriormente, mientras que en el artículo analizado se exige que siempre sea condicional.
La condición es lo que justifica la sanción penal de esa conducta. El adverbio de tiempo que el legislador estableció en el tipo penal “cuando la amenaza fuere condicional”, hace que la condición impuesta por el sujeto activo sea un requisito necesario para aplicar este tipo penal, por lo que si no se da la condición no habrá delito, al igual que tampoco lo habrá cuando la condición consista en una conducta debida.
El último inciso de este primer apartado establece una agravación de la pena cuando el sujeto consigue su propósito con la amenaza.
El apartado segundo recoge lo que tradicional y comúnmente se conoce como chantaje.
Para apreciar este delito es necesario que el sujeto exija una cantidad o recompensa para no difundir hechos que afectan a su intimidad o a la de su familia y que pueda perjudicar su fama.
Esa cantidad o recompensa debe tener una valoración económica. También castiga con mayor pena, al igual que en el apartado anterior, cuando se consigue el propósito que llevó al delincuente a realizar dicha conducta.
Los apartados número cuatro a seis han sido introducidos por el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, sobre los que se plantearon diversas cuestiones de constitucionalidad por considerarse que vulneran el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española.
El apartado cuarto eleva a la categoría de delito un simple delito leve de amenazas cuando el sujeto pasivo es una mujer que ha tenido una relación de convivencia sea o no conyugal. En estos casos el sujeto activo será el hombre y el pasivo siempre la mujer, mientras que en el caso contrario (cuando la mujer amenaza levemente al hombre) no sería delito.
El apartado quinto establece una agravación de la pena cuando la amenaza se realiza en presencia de menores y el apartado sexto dispone la posibilidad de que el juez pueda imponer una pena inferior cuando así lo estime oportuno, atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho.
Se trata de un tipo atenuado abierto en el que el juez podrá rebajar la pena en un grado de forma motivada. Deberá el juez, por tanto, explicar en la sentencia cuáles son esas circunstancias personales o concurrentes al hecho que hacen merecedor al condenado de una rebaja de la pena a imponer.
El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y una a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado por el delito leve de amenazas con la pena de multa de uno a tres meses.
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