Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-11-noviembre-2004-ministerio-de-justicia-89937
Timestamp: 2017-03-23 03:03:26
Document Index: 323920854

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 236', 'artículo 378', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 378', 'artículo 413', 'artículo 236', 'artículo 413', 'artículo 134']

Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Canet de Mar, don Miguel Roca Bermúdez de Castro, contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número XIV, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de sociedad
Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Canet de Mar, don Miguel Roca Bermúdez de Castro, contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número XIV, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de sociedad Mis Leyes
Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Canet de Mar, don Miguel Roca Bermúdez de Castro, contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número XIV, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de sociedad Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Canet de Mar, don Miguel Roca Bermúdez de Castro, contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número XIV, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de sociedad.
En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Canet de Mar (Barcelona), don Miguel Roca Bermúdez de Castro, contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona n° XIV, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de sociedad.
El 13 de julio de 2004, mediante escritura autorizada por la Notario de Canet de Mar (Barcelona), don Miguel Roca Bermúdez de Castro, se constituyó la sociedad «Torres-Luna Inversiones y Promociones, S. L.».
Dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil el 20 de julio de 2004, causando el asiento de presentación 1256 del Diario 915, siendo objeto de la siguiente calificación «Fundamentos de Derecho: Son defectos que impiden la inscripción del título, los siguientes: 1. Imposibilidad de comprobar la vigencia del certificado de la firma electrónica empleada en la certificación de la denominación expedida por el Registrador Mercantil Central ya que ésta se aporta en soporte papel, sin que las manifestaciones contenidas en el mismo documento acerca de su autenticidad y vigencia puedan considerarse suficientes, ya que se incumple el régimen previsto para la firma electrónica de Notarios y Registradores establecido en la Ley 24/2001. Se está privando al Registro receptor de esta documentación de la posibilidad de comprobar su autenticidad, en contra de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley hipotecaria y de las prescripciones de la ley 24/2001. No se respeta la competencia de la entidad prestadora de servicios de certificación correspondiente, ya que a Disposición adicional primera.2 de la ley 59/2003 dispone: «2. En el ámbito de la documentación
electrónica, corresponderá a las entidades prestadoras de servicios de certificación acreditar la existencia de los servicios prestados en el ejercicio de su actividad de certificación electrónica, a solicitud del usuario, a de una autoridad judicial o administrativa. «2. No se puede comprobar la vigencia en el cargo del Registrador firmante, tal y como exigen los artículos 108 y 109 de la ley 24/2001, ya que el soporte papel no lo permite, y, además, no se acompaña la certificación maestra electrónica sobre la vigencia del cargo de Registrador firmada por el Colegio de Registradores (DGRN de 18 de marzo de 2003). 3. Tampoco se respeta el sistema de sellado de tiempo exigido en la misma RDGRN de 18 de marzo de 2003. Los defectos consignados tienen carácter insubsanable. El Registrador Mercantil. Firma ilegible».
Dicha calificación es de fecha 30 de julio de 2004; se comunicó al Notario mediante correo electrónico el día 3 de agosto de 2004, y se recurrió por el mismo medio en escrito de 6 de agosto de 2004, con fecha de entrada en el Registro Mercantil de Barcelona el 2 de septiembre de 2004.
El Registrador Mercantil efectuó su informe el día 7 de septiembre de 2004, elevando el expediente a esta Dirección General para su resolución.
Vistos los artículos 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 106 y siguientes de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social; el artículo 17 bis de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado; artículo 236 del Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944; el artículo 378.3 del Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil; los artículos 409 y siguientes del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el vigente Reglamento del Registro Mercantil; artículo 2.1 a) último párrafo del Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el sistema de tramitación telemática a que se refiere el artículo 134 y la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada; artículo 14 de la Orden de 31 de diciembre de 1991; la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 18 de marzo de 2003, con relación al artículo 107 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 30 de mayo de 2003, en relación a la entrada en vigor de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa y las Resoluciones de 6 de octubre de 1994, 23 de enero, 8 de febrero y 17 de noviembre de 2003, y 13 de septiembre de 2004.
El Registrador Mercantil afirma que en el ejercicio de su función de calificación le compete comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica empleado por el Registrador Mercantil Central, pues en caso contrario se está privando a tal Registrador Mercantil provincial de la posibilidad de comprobar la autenticidad de la documentación remitida. Añade en su nota que, primero, no se respeta la competencia de la entidad prestadora de servicios de certificación (Disposición Adicional, primera, apartado segundo, de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica); segundo, que no se puede comprobar la vigencia en el cargo del Registrador firmante de la certificación electrónica remitida al Notario y que no se acompaña la certificación maestra a que se refiere la Instrucción de este Centro Directivo de 18 de marzo de 2003, con relación al artículo 107 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y, tercero y último, que no se respeta el sistema de sellado de tiempo previsto en la citada Instrucción de esta Dirección General.
El Notario en su recurso sostiene, en síntesis, lo siguiente: primero, que el funcionario calificador incurre en un error de principio ya que pretende comprobar lo que normativamente no le corresponde, pues respecto del certificado de denominación sólo debe verificar la aseveración del Notario de que dicha certificación existe y que consta incorporada de modo adecuado a la escritura; segundo, que cuando el Notario autoriza la escritura de constitución retira el original de la certificación, procediendo
a su protocolización, atribuyendo esta actuación al Notario la responsabilidad de ser el único funcionario, junto con el Registrador Mercantil Central, que va a entrar en contacto con la certificación quedando, a partir de ese momento, reemplazada por el tratamiento que se le de como documento complementario en la copia autorizada que se le expida; tercero, que todo lo anterior no se altera por el hecho de que se haya empleado una certificación suscrita por el Registrador Mercantil Central con su firma electrónica y que la misma haya sido remitida telemáticamente al Notario y, cuarto y último, que el sistema a través del cual se obtiene la certificación electrónica redunda en beneficio de los fundadores de la sociedad al facilitar y agilizar trámites.
2. Como cuestión formal previa, esta Dirección General debe recordar que el informe del Sr. Registrador no es el momento procedimentol idóneo para incluir nuevos argumentos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.
3. Entrando en el fondo de la cuestión, el recurso debe ser estimado en su integridad. La cuestión planteada en este recurso es idéntica a la resuelta por este Centro Directivo en su Resolución de 13 de septiembre de 2004, razón por la cual esta Dirección General debe por un mero principio de unidad de doctrina reiterar los argumentos expuestos en dicha Resolución.
Así, afirmábamos que «la incorporación de las denominadas técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas realizada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (artículos 106 y ss.) se efectuó partiendo de una consideración esencial: dicha incorporación no podía, en ningún caso, alterar las funciones habituales que corresponden a los funcionarios encargados de prestar la indicada seguridad jurídica preventiva.
Así las cosas, es evidente que dicha Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y la ulterior Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, no atribuyen, en ningún caso, al Registrador Mercantil provincial la posibilidad de comprobar los extremos a que se refiere su nota de calificación, pues al margen de que la certificación emitida por el Registrador Mercantil Central sea en soporte electrónico, en ningún caso, desde que se instauró el actual sistema el Registrador Mercantil provincial, respecto de una certificación expedida en soporte papel, califica cuestiones tales como la
vigencia del cargo del Registrador Mercantil Central, la fecha de expedición de la certificación o, por ejemplo, la firma autógrafa de dicho Registrador (artículo 378.3 del Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento del Registro Mercantil y artículo 413.3 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio).
El Notario expide copia de la matriz que documenta una escritura de constitución, pudiendo utilizar el medio de reproducción de la certificación que considere oportuno (artículo 236 del Reglamento Notario y Resolución de este Centro Directivo de 6 de octubre de 1994). Dicha copia autorizada, junto con la certificación, ya se haya incorporado ésta mediante fotocopia o mediante transcripción, se presenta en el Registro Mercantil provincial competente el cual, respecto de dicha certificación, limita su calificación a dos cuestiones: que efectivamente está incorporada la certificación por el medio que sea y que por su contenido se trata de una certificación.
Primero, corresponde al Notario en el ejercicio de su función de control de legalidad, la comprobación de que la certificación electrónica ha sido expedida por el Registrador Mercantil Central y que la misma reúne los requisitos a que se refiere el artículo 413 del Reglamento del Registro Mercantil.
Segundo, tratándose de una certificación electrónica es el Notario destinatario el que deberá comprobar la vigencia del certificado de firma electrónica reconocida con el que tal certificación deberá estar obligatorianiente firmada.
Cuarto, comprobados tales extremos es el Notario el que asume, bajo su responsabilidad, las consecuencias inherentes a cualquier error, negligencia o fallo producido en esa comprobación y, en lógica consecuencia, si el Notario, acreditados tales extremos, entiende que la certificación electrónica
remitida reúne los requisitos legalmente previstos, deberá proceder a su traslado en soporte papel y posterior incorporación al protocolo.
Podemos observar, por tanto, que la única modificación que ha producido la existencia de la certificación del Registro Mercantil Central en soporte electrónico es que el Notario no puede protocolizar la misma directamente, pues no se encuentra en soporte papel, mas este leve matiz no implica que el Notario deje o deba dejar de controlar el resto de los elementos antes expuestos, trasladando la responsabilidad de este control al Registrador Mercantil provincial, pues no existe precepto alguno
que haya ocasionado tal traslado de responsabilidad.
5. Además, este Centro Directivo debe llamar la atención sobre el hecho de que el sistema de expedición de certificaciones electrónicas utilizado es el mismo que el previsto para la constitución de la sociedad limitada nueva empresa (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el sistema de tramitación telemática a que se refiere el artículo 134 y la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada e Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 30 de mayo de 2003, en relación a la entrada en vigor de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa). Desde ese punto de vista, tiene razón la Notario recurrente cuando afirma que el sistema utilizado en el caso debatido sólo proporciona beneficios para todos los que de un modo u otro intervienen en el proceso de constitución de una sociedad; muy especialmente, resultan beneficiados los destinatarios del sistema de seguridad jurídica preventiva que no son otros que los usuarios y, por ende, los ciudadanos en general.
A los solos efectos ilustrativos, en el sistema nueva empresa la comunicación telemática se efectúa entre el servidor del Consejo General del Notariado y el del Registro Mercantil Central a través de la plataforma CIRCE; la certificación en soporte electrónico utiliza el formato PDF que está firmado electrónicamente por el Registrador Mercantil Central con su certificado de firma electrónica reconocida, obtenido de conformidad con lo previsto en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, e Instrucción de este Centro Directivo de 18 de marzo de 2003; dicho formato PDF está configurado de modo tal que, una vez impresa la certificación, resulta imposible volver a imprimir la misma, cumpliendo con ello lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil y Orden de 30 de diciembre de 1991 y, por último, el hecho de la impresión se notifica telemáticamente y con firma electrónica del Notario al Registrador Mercantil Central.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre,
los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria y art. 86 ter 2.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Madrid, 11 de noviembre de 2004.-La Directora general, Pilar BlancoMorales Limones.
Sr. Registrador Mercantil número XIV de Barcelona.