Source: http://www.empleo.gob.es/es/Guia/leyes/RD68905.htm
Timestamp: 2017-11-18 02:59:59
Document Index: 40203136

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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Real Decreto 689/2005, de 10 de junio
BOE de 23 de junio de 2005, núm. 149, Corrección de errores BOE del 27 de agosto de 2005, incluida en texto.
Modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales.
Las reformas introducidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, en lo que se refiere a sus artículos primero (colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) sexto (reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales), octavo (habilitación de funcionarios públicos) decimoquinto (infracciones por obstrucción), decimoséptimo (contenido de las actas) y, en particular, el desarrollo reglamentario que se prevé en el tercer párrafo añadido en la nueva redacción del apartado 2 del artículo 9 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a los nuevos cometidos atribuidos a los funcionarios públicos dependientes de las Administraciones públicas que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, afectan necesariamente al contenido del Reglamento general sobre procedimientos para imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, así como al Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que, inevitablemente, han de modificarse en consonancia con las innovaciones introducidas por la citada Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
En concreto, las distintas modificaciones normativas que se prevén de ambos reglamentos pretender asegurar que las actuaciones comprobatorias realizadas por dichos funcionarios públicos en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se efectúen conforma a una serie de principios que garanticen:
a) La coherencia del sistema de inspección bajo la actuación de criterios comunes y trabajo programado.
b) Que los funcionarios técnicos habilitados para ejercer esas labores comprobatorias lo sean en relación con su capacitación técnica y actúen conforme a un procedimiento reglado y común.
c) Que las actuaciones previas practicadas por dichos funcionarios, en las que se detecten irregularidades, tras un requerimiento inicial, puedan dar lugar directamente a un acta de infracción extendida por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sin necesidad de que éstos realicen obligatoriamente una visita posterior de comprobación, arbitrando para ello los mecanismos necesarios en relación con los datos que deben ser incorporados a los informes de dichos técnicos habilitados, para su posterior integración en las correspondientes actas de infracción, así como en relación con la salvaguarda de la presunción de certeza» respecto de los hechos comprobados por dichos técnicos.
En este sentido se hace preciso recordar que existe una doctrina reiterada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (así, las Sentencias de 21 de enero de 1997, de 27 de abril de 1998 y de 14 de diciembre de 1999) en virtud de la cual la presunción de veracidad y de certeza de que gozan las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, siempre que se extiendan con las condiciones y requisitos exigibles, se mantienen cuando, mediante comprobación o expediente administrativo, y sin necesidad de visita del inspector actuante,se extiendan a partir de comprobaciones y visitas realizadas por funcionarios de otros cuerpos legalmente habilitados (los antiguos controladoras de empleo del INEM, luego controladores laborales).
Todo ello parece aconsejar, por razones de lógica y técnica normativa, que las modificaciones de ambos textos reglamentarios se agrupen en un solo real decreto.
Por otro lado, aunque la normativa reglamentaria de desarrollo del nuevo párrafo tercero añadido al apartado 2 del artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, corresponde al Estado en cuanto que legislación laboral, de acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, dicha normativa reglamentaria ha de ser respetuosa con las competencias autonómicas, particularmente en cuanto a la habilitación de los técnicos por cada una de las Comunidades Autónomas y en aquellos aspectos que sólo supongan autoorganización de la respectiva Administración.
Como consecuencia de todo lo anterior, por este real decreto se introducen sendas modificaciones en dos reales decretos, mediante la agregación de nuevas disposiciones que se estructuran en dos artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
En el artículo primero se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, al que se añade un nuevo título IV que se denomina «Del régimen de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los funcionarios públicos dependientes de Administraciones públicas que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio de las funciones a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre».
El referido título IV se estructura en tres capítulos. El capítulo I comprende los artículos 58 a 60 y se refiere a los requisitos de los funcionarios técnicos para el ejercicio de acciones comprobatorias, entre los que se establece el de contar con la titulación universitaria y la formación mínima prevista en el artículo 37 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para el ejercicio de las funciones preventivas de nivel superior; igualmente, se determina su régimen de habilitación y el ámbito funcional de dicha actuación; en el capítulo II, que comprende los artículos 61 y 62, se desarrollan las facultades y deberes de dichos técnicos habilitados, y el capítulo III, que comprende los artículos 63 a 67, se denomina «actuaciones de los técnicos habilitados».
En el artículo segundo se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, al que se añade un capítulo VIII bajo el siguiente título: «Procedimiento sancionador derivado de la actuación previa de funcionarios, técnicos habilitados por las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la legislación laboral, y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo». Este capítulo se desarrolla en cuatro artículos, del 39 al 42.
Con independencia de ello, conviene prever, en relación con la materia que nos ocupa, una previa acción formativa y de información a los técnicos habilitados, que se articula en la disposición adicional primera, mediante la cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas que ejercen competencias en materia de prevención de riesgos laborales, en las que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su condición de Autoridad Central del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cooperará mediante la impartición de cursos relacionados con los aspectos jurídicos y procedimentales que se derivan de la asunción de estas nuevas competencias por los técnicos habilitados, para el refuerzo de la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención y control de los riesgos laborales.
Asimismo, mediante la disposición final primera se modifica el artículo 23 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en el que se establece que en las órdenes de servicio, dado su carácter singular, no serán exigibles otras actuaciones al margen del servicio encomendado, para reforzar la seguridad jurídica en la actuación de los inspectores de trabajo y seguridad social, ante algunas interpretaciones judiciales que han entendido que todas las visitas habrían de tener carácter integral.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a las autoridades labores competentes de las Comunidades Autónomas, y se ha obtenido el acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 2005,
Artículo primero. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Se añade un título IV al Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, con la siguiente redacción:
Del régimen de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los funcionarios públicos dependientes de las Administraciones Públicas que ejercen labores técnica en materia de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio de las funciones a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Requisitos de los funcionarios técnicos para el ejercicio de actuaciones comprobatorias, régimen de habilitación y ámbito funcional de dicha actuación.
Artículo 59. Requisitos de los funcionarios para el ejercicio de actuaciones comprobatorias.
1. La colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad social por parte de los funcionarios públicos, técnicos en prevención de riesgos laborales, dependiente s de las Comunidades Autónomas, así como los del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en le caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se desarrollará en los términos que se establecen en el artículo 9.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 60. Régimen de habilitación.
3. Para su habilitación regirán las reglas de incompatibilidad establecidas en el artículo 62.2.
4. La habilitación específica de dichos funcionarios quedará sin efecto cuando lo determine la misma autoridad que la confirió y, en todo caso, cuando concurran o se hayan alterado los requisitos y la aptitud para el desempeño de estas funciones a que se refiere el artículo anterior, o se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 62.
Artículo 61. Ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias de los técnicos habilitados y principios generales de actuación.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
d) Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colectivo como individual.
e) Las realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los protocolos sanitarios específicos de vigilancia de la salud, establecidos en el artículo 37.3.c) del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
2. Dichos técnicos habilitados, en el ejercicio de tales funciones comprobatorias, actuarán bajo el principio de trabajo programado, establecido en el artículo 19.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia, y conforme a los planes y programas comunes establecidos por la correspondiente comisión territorial de inspección o del grupo de trabajo específico que ésta establezca al efecto.
Artículo 62. Facultades de los técnicos habilitados.
b) Hacerse acompañar durante las visitas por los peritos y técnicos de la empresa o habilitados oficialmente que estime necesarios para el mejor desarrollo de su actuación. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.d).
Artículo 63. Deberes de los técnicos habilitados.
a) Requerirán al empresario la adopción de medidas para la subsanación de las deficiencias observadas con los mismos requisitos que establece el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
b) En el caso de que en el curso de la visita se aprecie la existencia de un riesgo grave e inminente, deberá practicar el requerimiento pertinente para su cumplimiento inmediato por el empresario y, en el caso de que no se adopten o puedan adoptarse puntualmente por el empresario las medidas para su pronta subsanación a lo largo de la visita, deberá ponerse tal circunstancia urgentemente en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que por ésta se adopten las medidas de paralización o cautelares correspondientes. En estos casos el inspector a quien se asigne el servicio correspondiente para recabar del técnico habilitado actuante el asesoramiento técnico y la colaboración pericial a que se refiere el artículo 63.3, el cual deberá acompañar al inspector actuante en las visitas o comprobaciones posteriores que se realicen, cuando así se requiera.
b) Comunicar su presencia al empresario, a su representante, a los trabajadores designados o técnicos del servicio de prevención de la empresa y a los delegados de prevención de la empresa y a los delegados de prevención en los términos previstos en el artículo 40.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, para que puedan acompañarle en sus visitas y formular las observaciones que consideren necesarias.
3. En todo caso, dichos funcionarios estarán afectados por el régimen general de incompatibilidades de la función pública y no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos empresariales objeto de su actuación, ni asesorar o defender a título privado a personas físicas o jurídicas susceptibles de la acción inspectora, y deberán abstenerse de intervenir en actuaciones comprobatorias si concurre cualquiera de los motivos del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La abstención y recusación de funcionarios a que se refieren los artículo 28 y 29 de la citada ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa en su respectiva Comunidad Autónoma.
Artículo 64. Modalidades y formas de actuación de los técnicos habilitados.
1. Las actuaciones de los técnicos habilitados se desarrollarán, en el marco de los programas establecidos por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 60.2, mediante visita a los centros y lugares de trabajo, con la personación del referido técnico en dichos centros y lugares, y podrán efectuarse por un único técnico habilitado o conjuntamente por más de uno, en función de la planificación establecida.
Dado el carácter programado de las actuaciones de los técnicos habilitados, no les serán exigibles otras actuaciones al margen de los servicios encomendados, salvo si, en el curso de la visita, hubiese una evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores; en tal caso, se procederá conforme a lo previsto en el artículo 62.1.b).
4. Cuando se trate de actuaciones que afecten a centros de trabajo de la Administración General del Estado, o a otros centros de las Administraciones públicas sometidos al procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previsto en el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, la forma ordinaria de actuación de los técnicos habilitados será la prevista en el apartado anterior. No obstante, cuando se trate de centros o lugares de trabajo de una Comunidad Autónoma, y por esta se haya previsto, mediante normativa propia, un procedimiento distinto respecto del personal civil a su servicio, conforme a lo establecido en la disposición adicional segundo del referido reglamento, en la redacción dada por el Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, se estará a lo que se disponga en dicha normativa.
Artículo 65. Informes remitidos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de la actividad de comprobación y requerimiento realizada por los técnicos habilitados.
1. Los informes de los técnicos habilitados, en los supuestos a que se refiere el artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se constate el incumplimiento de un requerimiento previamente formulado por aquéllos, darán lugar a la práctica de actas de infracción, que serán extendidas por Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, si resultara procedente.
b) Nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad o número de identificación fiscal del empresario o empresarios que hubieran incumplido el requerimiento previo del funcionario.
d) Los hechos y circunstancias relativos a las deficiencias detectadas en las condiciones materiales o técnicas de seguridad o salud comprobadas en la empresa o centro de trabajo conforme al artículo 60, así como el contenido del requerimiento para la subsanación y los términos en que el funcionario actuante estime incumplido dicho requerimiento.
Estos hechos gozarán de la presunción de certeza en los términos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Igualmente podrán informar, de forma separada y como observaciones, de otros hechos y circunstancias que afecten a la materia de prevención de riesgos laborales pero no estén incluidos en el ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias a las que se refiere el artículo 60, respecto a las que no procederá la extensión del acta de infracción por expediente administrativo a que se refiere el apartado 7 de este artículo, si bien podrán dar lugar a la realización de actuaciones inspectoras, en ejercicio de sus facultades de comprobación, de conformidad con lo establecido en el referido apartado.
5. Si el inspector de trabajo y seguridad social considerara que el relativo de hechos contenido en el informe no es constitutivo de infracción o es insuficiente a los efectos sancionadores, si apreciara la ausencia o deficiencia de algún otro extremo de los citados anteriormente, en el plazo máximo de veinte días a partir de la recepción del informe recabará del funcionario actuante su subsanación o ampliación. Procederá el archivo del expediente si no se remitiese el informe complementario de subsanación en el plazo de quince días hábiles desde su recepción, sin perjuicio de nuevas comprobaciones.
7. Una vez completado el expediente mediante la recepción del informe complementario del técnico habilitado o, en su caso, de las aclaraciones pertinentes efectuadas por el sujeto presuntamente responsable, o transcurrido el plazo para su emisión, el inspector de trabajo y seguridad social actuante extenderá acta de infracción si lo considera procedente o bien dispondrá el archivo del expediente de forma motivada y lo comunicará al órgano del que dependa le funcionario técnico que remitió el informe, con devolución de los antecedente, o bien asumirá hasta su conclusión la realización de actuaciones inspectoras, conforme a sus propias facultades comprobatorias, mediante la práctica de visita al centro o lugar de trabajo afectado, o mediante comparecencia de los sujetos presuntamente responsables.
Artículo 66. Actos de obstrucción a los técnicos habilitados.
Si los técnicos habilitados a los que se refiere este título se vieran impedidos o perturbados en el ejercicio de sus funciones de comprobación, además de cumplimentar los datos identificativos establecidos en los párrafos a) y b) del artículo 64.2, así como de la fecha de la visita o de la actuación comprobatoria, en el informe que se emita se relatará sucinta y suficientemente la obstrucción padecida, y se sujetarán los plazos de informe, subsanación o ampliación y de práctica de las actas de infracción a lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 67. Duración de las actuaciones.
3. En aquellos supuestos en que, tras el envío del informe del técnico habilitado, el inspector actuante decida desarrollar actuaciones propias conforme a las facultades inspectoras que tiene atribuidas, se entenderá que se trata de nuevas actuaciones, y respecto de éstas se aplicarán las reglas generales sobre cómputo de los plazos establecidos en el artículo 17.2. En este caso, las comprobaciones previas efectuadas por los técnicos habilitados tendrá carácter de antecedente únicamente a los efectos de los hechos descritos en el informe.
Artículo 68. Constancia documental de las actuaciones y requerimientos realizados por los técnicos habilitados.
En todo caso, en las diligencias referidas junto a la identidad del funcionario actuante, se hará constar la mención "Técnico habilitado (artículo 9.2 y 3 y disposición adicional decimoquinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre)".»
Artículo segundo. Modificación del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Se añade un capítulo VIII al Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, con la siguiente redacción:
Procedimiento sancionador derivado de la actuación previa de funcionarios técnicos habilitados por las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la legislación laboral, y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Ciudades de Ceuta y Melilla
1. Conforme a lo establecido en el artículo 9.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, según su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, los funcionarios públicos, técnicos en prevención de riesgos laborales, dependientes de las Comunidades Autónomas, así como los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando se trate de lugares o centros en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de acciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pueden realizar actuaciones comprobatorias de las condiciones técnicas y materiales de seguridad de las empresas y centros de trabajo.
Para ello deben contar con la debida habilitación de las autoridades autonómicas competentes, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus actuaciones comprobatorias deberán corresponderse con los planes de acción programados establecidos por la respectiva comisión territorial, conforme al artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene dicha habilitación será expedida por la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta del referido Instituto.
2. Cuando los técnicos habilitados referidos en el apartado anterior, como consecuencia de las actuaciones de comprobación, hubieran extendido un requerimiento de subsanación de las deficiencias observadas, y en posterior visita de comprobación se deduzca la existencia de infracción por incumplimiento del requerimiento previo, lo pondrán en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante informe, en el que se recogerán los hechos comprobados, a los efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, conforme a lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
1. Cuando el acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales se extienda a la vista del informe emitido como consecuencia de las actuaciones practicadas previamente por funcionarios técnicos, habilitados por las Administraciones públicas a que se refiere este capítulo, se hará en el acta expresa mención de tal circunstancias y se indicará que se actúa por expediente administrativo.
2. En este supuesto, el acta de infracción deberá reflejar el contenido del apartado 1 del artículo 14, y se harán constar los elementos suficientes de comprobación y de convicción para efectuar la propuesta sancionadora, con las siguientes particularidades:
a) La identificación del empresario o sujeto responsable será la prevista en el apartado 1.a) del artículo 14, si bien no exigirá el reflejo del código de cuenta de cotización o del número de identificación de autónomos, al tratarse de un acta de infracción en prevención de riesgos laborales.
b) Deberá consignarse la identificación del técnico habilitado actuante que emitió el informe con expresión de su habilitación.
c) El relato de los hechos será el correspondiente informe sobre éstos, conforme a la comprobación realizada por el citado técnico habilitado, y se consignarán igualmente los demás datos contenidos en el informe que tengan relevancia para la tipificación y calificación de la infracción, y de graduación de la propuesta de sanción que el inspector considere procedentes.
d) Los medios utilizados por el funcionario técnico habilitado en su comprobación.
e) La fecha y el contenido del requerimiento de subsanación de la infracción observada, emitido por el técnico habilitado actuante, así como la fecha en que comprobó e hizo constar documentalmente su incumplimiento.
En los supuestos en que el funcionario técnico actuante fuese objeto de obstrucción en las funciones para las que está habilitado, el acta de infracción dará cumplimiento, en lo que corresponda, a lo dispuesto en los párrafos a) y c).
Las actas de infracción formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 40 tendrán presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en ellas que se correspondan con los que hayan sido constatados y reflejados en su informe por los funcionarios técnicos habilitados de las Administraciones públicas, salvo prueba en contrario, conforme a lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 53.5 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En la tramitación de los expedientes iniciados por las actas de infracción a que se refiere este capítulo, se seguirá la misma tramitación e instrucción de carácter general prevista en el artículo 18, con la única particularidad de que si se formulasen alegaciones que afecten al relato fáctico de aquélla, el órgano competente para resolver podrá recabar informe ampliatorio del técnico habilitado que realizó las actuaciones comprobatorias, que lo emitirá en quince días.»
Disposición adicional única. Formación de los técnicos habilitados.
La Administración General del Estado, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas respectivas cooperarán en el diseño e impartición de cursos específicos destinados a los técnicos habilitados por estas últimas, con especial incidencia en aspectos jurídicos relacionados con la normativa aplicable, el régimen de responsabilidades y las obligaciones de los empresarios sometidos a actuaciones de comprobación y control, las reformas operadas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, el alcance y desarrollo de las actuaciones de dichos técnicos, así como el procedimiento sancionador que puede iniciarse a consecuencia de sus actuaciones.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se añade un apartado 4 al artículo 23 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, con la siguiente redacción:
«4. Dado el carácter singular de las órdenes de servicio, no serán exigibles otras actuaciones al margen del servicio encomendado. No obstante, si el inspector apreciara, en el curso de la visita, la evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.»
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo la disposición adicional única y la disposición final primera, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación.