Source: https://supremo.vlex.es/vid/685029761
Timestamp: 2017-09-20 05:49:01
Document Index: 164332122

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 51', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 51', 'artículo 210', 'artículo 24', 'artículo 6']

Sentencia nº 526/2017 de TS, Sala 4ª, de lo Social, 20 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 685029761
Sentencia nº 526/2017 de TS, Sala 4ª, de lo Social, 20 de Junio de 2017
DESPIDO COLECTIVO. CAUSAS ORGANIZATIVAS. Es ajustado a derecho el despido colectivo del personal laboral de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid por concurrir causas organizativas. Existe una íntima relación entre las razones presupuestarias y las organizativas porque una mejor organización de los servicios los hace más eficientes y a la par permite mejorar sus costes. Se desestima el recurso de casación.
Por la representación de CGT, CC.OO., UGT se plantearon demandas de despido colectivo que fueron acumuladas y de las que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en las que tras exponer los hechos y motivos que estimaron de aplicación se terminó por suplicar por la CGT que se dictara sentencia por la que se «declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido y condene a la empresa a la readmisión de los trabajadores afectados con el pago de salarios de tramitación o les abone la indemnización que corresponde en el caso de despido improcedente a elección de la empresa demandada, correspondiendo dicha opción al personal afectado que ostente la condición de representante de los trabajadores». Por CC.OO que se dictara sentencia por la que «declare que el despido colectivo impugnado es nulo por incumplimiento de las obligaciones de Información, entrega de la documentación legalmente exigible y negociación de buena fe con observancia de las reglas procedimentales aplicables, o subsidiariamente se declare que es nulo por fraude de ley o abuso de derecho o, por último, y con carácter subsidiario a todas las pretensiones anteriores, se declare la improcedencia o falta de justificación 0 el carácter de no ajustado a derecho del despido colectivo por no haberse acreditado la concurrencia de causa organizativa indicada en la Comunicación escrita y asimismo condene a la Universidad Politécnica de Madrid demandada a la readmisión de los trabajadores afectados y al abono de los salarios dejados de percibir». Por UGT que se dictara sentencia por la que «estimando la demanda, declare la nulidad de los despidos, por encontrar fundamento la demanda en las causas recogidas en el articulo 124.11 y 13, en consecuencia, ordene la readmisión inmediata de los trabajadores afectados con el pago de los salarios dejados de percibir; o subsidiariamente, se declaren los despidos como improcedentes con la consecuencia de la readmisión o la indemnización que corresponda en virtud del artículo 110 de LRJS .».
1º.- La Universidad Politécnica de Madrid (en adelante "UPM) es una entidad de derecho público con vinculación administrativa a la Comunidad de Madrid (en adelante "CM"), cuyos Estatutos fueron aprobados por Decreto 74/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno de esa Comunidad, siendo publicados en el BOCAM de 15 de noviembre de 2010.
2º.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPM de 24 de septiembre de 2012 se tomaron una serie de medidas, entre las cuales: supresión de la convocatoria de IR acción social para 2012, incremento de cánones, supresión de complementos a excargos de la Universidad, conversión de contrato de determinados profesores de jornada completa a jornada parcial, supresión de ayuda vestuario al personal de administración y servicios (en adelante "PAS", definido en el art. 158 de los Estatutos de la UPM), reducción de cantidad destinada a plan de formación, reducción de ayudas a asociaciones sindicales y de jubilados, reducción de crédito presupuestario para becas y actividades culturales y deportivas, supresión de uso de taxi para recorridos en Madrid cuando exista alternativa de transporte publico, supresión de prórrogas de edad de jubilación más allá de 65 años para personal funcionario salvo excepciones legas (folios 32 y ss EA).
5º.- Recurrida la indicada resolución judicial ante el Tribunal Supremo, fue revocada por sentencia de 24 de junio de 2014 (casación 217/13 ), por entender que las extinciones en ella enjuiciadas debían haberse tramitado a través de expediente de despido colectivo (folios 46 a 56 EA).
9º.- El 30 de septiembre de 2014 se celebró una reunión entre la gerencia de la UPM y el comité de empresa, tratando nuevamente sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 , manifestando la empresa que, terminado el período de vacaciones y disfrute de asuntos propios de 42 días antes mencionado, no resultaba posible la incorporación material de los trabajadores, de forma que seguirían percibiendo su salario sin prestación de servicios (hecho pacífico).
12º.- En reuniones de 28 de octubre y 22 de diciembre de 2014 mantenidas entre la gerencia de la UPM y el comité de empresa volvió a abordarse el tema del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 , sin llegar a ningún acuerdo (folios 1092 a 1108 y 1209 a 1211 EA).
17º.- El "Plan de medidas sociales de acompañamiento Social" elaborado por la UPM recoge: "crear una bolsa de trabajo con las personas afectadas por la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 (recurso de casación n° 217/2013 ), clasificadas por especialidades y categoría, para ser llamadas preferentemente según las necesidades de la Universidad y siempre respetando los límites impuestos por las leyes de presupuestos generales vigentes en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, la UPM pondrá todo el esfuerzo en que los trabajadores que finalmente resulten afectados por la extinción de su contrato de trabajo cuenten con un completo plan de recolocación externa. Finalmente podrán ser objeto de estudio y negociación cualesquiera otras medidas que pudieran contribuir a paliar los efectos del presente procedimiento de despido colectivo, siempre que sean compatibles con la naturaleza y régimen jurídico de la UPM en su calidad de Administración Pública" (folios 1283 y ss EA).
24º.- La reunión el 6 de marzo de 2015 requiere mención especial, por su muy extenso contenido, dado que la negociación desarrollada ese día duró desde la 9'30 a la 0'00 horas del 7 de marzo, figurando transcrita a lo largo de 86 páginas, dentro de las cuales consta que la UPM no admitió la existencia de las 55 vacantes de las que hablaba la representación social, así como que en un momento determinado "La Sección sindical CGT se retira de esta negociación por entender que lo que se plantea no es algo aceptable para las condiciones de los afectados por el ERE. Dicho esto, CGT se retira de la Mesa". Consta también en ese acta que la empresa manifestó que en el plazo legal tomaría una decisión que sometiera al preceptivo informe de la "CM", oponiéndose los trabajadores por razones de forma y fondo al cese de la negociación (documento n° 9 BIS -particularmente sus páginas 31 y 43- de los incorporados al CD aportado por la UPM, anexo al folio 205 de autos).
25º.- Por escrito de 24 de febrero de 2015 la UPM se dirigió a la inspección de Trabajp y seguridad social solicitando su mediación en el despido colectivo, sin que ésta se llevase a cabo por no considerarse necesaria por la parte social (folios 771 y 772 autos y hecho 24 de la demanda de CCOO, folio 35).
36º.- Diversas sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que vamos a referir han desestimado las demandas interpuestas por funcionarios interinos de la "CM" impugnando la extinción de su relación funcionarial como consecuencia de la citada amortización de los puestos de trabajo: juzgados n° 18, sentencia de 30 de abril de 2014; n° 33, sentencia de 8 de octubre de 2014; n° 23, sentencia de 21 de noviembre y 10 de diciembre de 2013; n° 6, sentencia de 5 de junio de 2014.
Admitidos los recursos de casación por esta Sala, se dió traslado al Ministerio Fiscal que emitió informe en el sentido de considerar que los recursos de CC.OO y CGT deben ser desestimados, y el recurso de la Universidad Politécnica de Madrid debe ser estimado. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo por el Pleno de la Sala el día 14 de junio de 2017, en que tuvo lugar.
La amortización de las 156 plazas del personal laboral interino por vacante, acordada en marzo de 2013, fue impugnada en proceso de conflicto colectivo ante la jurisdicción social recayendo en la instancia sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 14 de junio de 2013 por la que se desestimó la demanda y se declararon ajustadas a derecho las extinciones por amortización de las vacantes. Esta resolución fue recurrida en casación donde recayó sentencia del Pleno de esta Sala de 24 de junio de 2014 (R. 217/2013 ) que se casó la sentencia recurrida y se declaró la nulidad de los despidos colectivos impugnados. La razón de esta decisión fue que se entendió que, tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional Vigésima del ET era de aplicar a las Administraciones Públicas lo dispuesto en el artículo 51 del ET , sobre la forma de efectuar los despidos colectivos, razón por la que, al no haberse seguido el procedimiento del citado art. 51, los despidos eran nulos, pues los contratos se habían extinguido por amortización de la vacante, esto es antes de cumplirse el término pactado para su duración: la cobertura de la plaza de forma reglamentaria.
En ejecución de nuestra sentencia la UPM readmitió a los trabajadores afectados, los dió de alta en la Seguridad Social y les pagó sus salarios, pero no les dió ocupación, lo que dió lugar a distintas vicisitudes y negociaciones a las que la UPM puso fin comunicando, tras varias reuniones el 25 de julio, el 30 de septiembre, el 28 de octubre y el 22 de diciembre de 2014, a la representación de los trabajadores (RLT), el 25 de enero de 2015, el inicio de procedimiento de despido colectivo y la apertura de negociaciones al efecto el posterior día 2 de febrero de 2015 con el fin de extinguir la relación laboral de los trabajadores con contrato de interinidad por vacante, cuyas plazas habían sido amortizadas por la RLT que dió lugar a la sentencia de esta Sala de 24 de junio de 2014 . Tras los trámites legales y reglamentarios el 27 de marzo de 2015 se notificó a la RLT la decisión final sobre el despido colectivo, trabajadores afectados y plan de recolocación externa de los 66 trabajadores (PAS) que quedaban con contrato de interinidad por vacante, pues el resto había resuelto ya sus contratos por diferentes vías.
Frente a la anterior decisión se interpuso demanda que ha sido estimada por la sentencia recurrida que ha declarado no ajustados a derecho los despidos, tras estimar que no han existido defectos en la tramitación, ni mala fe en la negociación, ni en la designación de los afectados, basa su decisión en la no justificación de la causa alegada para los despidos.
Sobre la revisión de los hechos declarados probados.
El primer motivo del recurso pretende, al amparo del artículo 207-d) de la LJS, la revisión de los hechos que declara probados la sentencia recurrida, para que en el hecho probado vigesimosexto se diga que la comunicación del rector de la UPM se envió a las 23'39 horas del día 6 de marzo de 2015 y no a las 00'03 del día siguiente.
El segundo motivo del recurso, al amparo del artículo 207-e) de la LJS, alega la infracción del art. 44 del RD 1483/2012 , en relación con el artículo 51-4 del ET , al entender la recurrente que se ha violado el principio de buena fe negocial, cual muestra que la UPM convirtió la ejecución de la sentencia de esta Sala en un procedimiento de despido colectivo y actuó durante la negociación llevada a cabo en el periodo de consultas de mala fe.
El último motivo del recurso de CC.OO. alega la infracción de los artículos 14 , 24 y 28 de la Constitución en relación con los artículos 55-5 del ET y 108-2 y 113 de la LJS por entender que se ha vulnerado la garantía de indemnidad, al haber resultado afectados por el despido colectivo los mismos que se vieron beneficiados por la sentencia del Pleno de esta Sala de 24 de junio de 2014 que anuló su despido colectivo. En esencia, entiende la recurrente que el nuevo despido colectivo constituye una represalia a quienes obtuvieron la sentencia favorable antes citada, pues han sido objeto de un nuevo despido colectivo por razones organizativas, hecho indiciario de vulneración de la garantía de indemnidad. A ello se une, según el recurso, el diferente trato dado, a efectos indemnizatorios, a los 66 trabajadores afectados por el presente despido colectivo con relación a los otros 90 que habían rescindido sus contratos vía art. 286 de la LJS, vía demandas individuales por despido o por rescisión del contrato, ex art. 50 del ET , donde obtuvieron superiores indemnizaciones mediante pacto.
El motivo examinado adolece de defectos formales en su articulación que son contrarios a lo normado en el art. 210-2 de la LJS, por cuanto mezcla el análisis de las distintas infracciones que alega, sin articular un motivo separado para cada una de ellas. Así, alega la infracción del art. 28 de la Constitución , pero en ningún momento examina en que ha consistido la infracción de ese precepto cuya violación se alega por primera vez en esta alzada, lo que impide su examen por ser una cuestión nueva y por no haberse procedido a su alegación cumpliendo los requisitos del citado artículo 210-2 de la LJS. Tampoco se pueden estudiar las alegaciones de no concurrencia de causas organizativas, por cuanto, no se citan los preceptos legales infringidos, ni el concepto en el que lo han sido y se incurre en la incongruencia de pedir la nulidad de la medida y no la confirmación de la sentencia que estimó que no concurrían causas organizativas y declaró el despido no ajustado a derecho, cual ordena para estos casos el art. 124-11 de la LJS.
Pero, además, resulta que nuestra sentencia de 24 de junio de 2014 anuló los ceses no por cuestiones de fondo, sino de forma, al no haberse seguido el procedimiento legal para acordar los ceses, pronunciamiento que permitía proceder a un nuevo despido colectivo subsanados los defectos formales que supusieron la anulación del anterior, lo que impide estimar que el despido colectivo que nos ocupa fuese motivado por un ánimo revanchista. Más aún, la inexistencia del fin revanchista contra el que protege la "garantía de indemnidad" la evidencia el hecho de que desde el primer momento, antes de acordarse el primer despido colectivo, se sabía quienes eran los afectados: aquellos cuyos puestos habían sido suprimidos por nueva la RPT. En efecto, la amortización de 156 vacantes de PAD, ocupadas con contratos de interinidad por vacante, determinó que resultaban afectados quienes ocupaban las plazas suprimidas y tenían menos antigüedad, lo que supuso, posteriormente, que la readmisión fuese irregular, al no existir plaza vacante dotada presupuestariamente, hecho que abocaba a que en el nuevo despido colectivo resultasen afectados los mismos empleados, aquellos cuyos puestos se habían amortizado, regla general y objetiva que impide estimar la existencia de indicios de represalia en el proceder de la empresa, salvo algún supuesto concreto que deberá resolverse en el oportuno proceso individual.
El único motivo del recurso de la CGT alega, también, la violación de la garantía de indemnidad que consagra el artículo 24 de la Constitución en relación con la doctrina del fraude de ley del artículo 6-4 del Código Civil .
Sentado lo anterior, debe señalarse que la elaboración de una RPT es una función inherente a la potestad organizativa de la Administración ( art. 7-4 EBEP ) sujeta al control de la jurisdicción contencioso administrativa, cual muestran la reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª de este Tribunal (S.TS. (3ª) de 26 de enero de 2011 ), entre otras y los Autos de la Sala de Conflictos de Competencia de 12 de abril de 2011 (Conflicto 26/2010) y 5 de diciembre de 2014 (Conflicto 30/2014). en el último de estos autos se dice: «La relación de puestos de trabajo, en cuanto instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto ( art. 15 de la Ley 30/1984 y 74 de la Ley 7/2007 ) y las previsiones que se adopten en relación con su retribución y las funciones que se asignan a los diferentes puestos de trabajo es un acto administrativo sujeto administrativo -( SSTS de 5 de febrero de 2014 (rec. 2986/2012 ) y 6 de noviembre de 2014 (rec. 524/2013 )- y los actos que la modifiquen tienen la misma consideración. Así se pronunció esta Sala de conflictos en sentencia de 12 de abril de 2011 (conflicto de competencia nº 26/2010 ) en la que se recogía la sentencia del STS de 7 de diciembre de 2010 (Rec 1818/2009 ) afirmando que en " las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son instrumentos públicos, a tenor con lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , por la que se aprobó el Estatuto del Empleado Público y deben ser aprobadas necesariamente por la CECIR, de conformidad con los preceptos citados más arriba, siendo irrelevante, a estos efectos, que la RPT modificada afecte a personal laboral, puesto que la resolución de la CECIR es una resolución administrativa, sometida a derecho administrativo, que debe ser impugnada obligatoriamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, quien podrá enjuiciar, siquiera prejudicialmente, las infracciones laborales que hubieran podido producirse en la tramitación de la modificación de la RPT del Ministerio de Defensa ".».
Si ello es así, la sentencia que declaró válida la modificación de la RPT y la nueva relación de puestos de trabajo constituye un antecedente a valorar, pues, como ya apuntó esta Sala en su sentencia de 24 de junio de 2014 y ha reiterado en las de 18 de noviembre de 2014 (R. 2167/2013 ) y 5 de abril de 2016 (R. 1874/2014) la nueva RPT tiene valor probatorio para acreditar la concurrencia de la causa extintiva, organizativa en este caso. Efectivamente, debe estimarse que concurren las circunstancias organizativas alegadas, pues la amortización de 156 vacantes, entre ellas las ocupadas con carácter temporal por los 66 afectados por el presente despido, únicos contratos pendientes de extinguir tras la amortización por la RPT de los puestos de trabajo que ocupaban lo que suponía que la empleadora se encontraba imposibilitada para darles ocupación, al no existir puesto al que destinarles. Sin que ahora se pueda juzgar la bondad de esa decisión, aparte que en el Anexo 5 de la memoria consta que las funciones que realizaban se han asumido por personal fijo de la recurrente, lo que evidencia que se ha operado una reorganización del servicio justificada por el déficit presupuestario y la disminución del número de alumnos que, como señala el Ministerio Fiscal, justificaba el despido de los afectados, al no existir en la RPT plaza que pudieran ocupar ni dotación presupuestaria al efecto. En efecto, la amortización de 156 vacantes, ocupadas por interinos, debido el déficit presupuestario existente, reconocido por las demandantes, obligaba a reorganizar los servicios para cubrir las necesidades de los mismos, lo que se hizo encomendándoselas al personal fijo al que, además se aumentó la jornada laboral por la Ley General de Presupuestos para el año 2012 a 37'30 horas semanales.
: 1. Desestimar los recurso de casación interpuestos por la representación legal de Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. y por la representación legal de la Confederación General del Trabajo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 12 de junio de 2015, en actuaciones nº 333/2015 , 334/2015 Y 337/2015. 2. Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la Universidad Politécnica de Madrid contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 12 de junio de 2015, en actuaciones nº 333/2015 , 334/2015 y 337/2015, y por tanto se casa la sentencia recurrida y se desestiman las demandas origen de este procedimiento. 3. Sin costas.
D. Jesus Gullon Rodriguez Dª. Milagros Calvo Ibarlucea D. Luis Fernando de Castro Fernandez D. Jose Luis Gilolmo Lopez Dª. Mª. Luisa Segoviano Astaburuaga D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana Dª. Rosa María Virolés Piñol Dª. Mª. Lourdes Arastey Sahún D. Antonio V. Sempere Navarro D. Angel Blasco Pellicer D. Sebastian Moralo Gallego D. Jordi Agusti Julia PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.