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Timestamp: 2018-12-12 10:06:07
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2.2 Marco Teórico - Universidad nacional autónoma de méxico
2.2.2. Clasificaciones internacionales
2.2.3 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
2.2.4 Discriminación por motivos de discapacidad
2.2.5 Antecedentes de la inclusión de personas con discapacidad en procesos electorales
2.2.6 El Instituto Nacional Electoral y las Mesas Directivas de Casilla
2.2.1. Modelos en torno a la discapacidad
A lo largo de la historia de la humanidad es posible distinguir a grandes rasgos, cuando menos tres modelos de la discapacidad: el modelo de prescindencia, modelo médico y modelo social de discapacidad (Palacios, 2008).
El modelo de prescindencia, adjudica a creencias religiosas las causas de la discapacidad y asume que las personas con discapacidad no pueden aportar algo a la comunidad. Las consecuencias de este modelo son: la aplicación de políticas eugenésicas, la segregación espacial y de la vida pública, así como la dependencia y sometimiento de las personas con discapacidad. En este modelo, que dominó durante siglos, y que aún permea en algunos sectores de la sociedad, la caridad y el asistencialismo son parte de la cotidianeidad para sortear las insuficiencias.
El segundo modelo es el médico o rehabilitador, el cual considera que las causas de la discapacidad son las enfermedades (derivadas en limitaciones individuales de las personas con discapacidad). Se presenta como una dicotomía salud-enfermedad. Esta última tiene que ser superada a consecuencia de los avances médico-científicos. La rehabilitación es el medio por el cual las personas con discapacidad pueden aportar a la colectividad, y adaptarse a las condiciones, prácticas y estructuras de la sociedad. Lo que este modelo busca es ocultar o desaparecer las diferencias que la discapacidad produce. La secuencia plantea que las personas pueden sufrir una enfermedad o accidente, y ésta a su vez causa deficiencia, posteriormente discapacidad y finalmente distintos niveles de minusvalía.
El modelo médico se fundamenta exclusivamente a un nivel patológico y abstrae toda circunstancia socio-cultural. Su atención implica que estén alejados y asilados de la sociedad hasta que logren conseguir la cura o por lo menos una mejor adaptación de su enfermedad para después integrarse a la sociedad. Este abordaje de la discapacidad resulta ser biológico-organicista, unidireccional y con un enfoque centrado en el individuo, construyendo una perspectiva de rehabilitación para las necesidades de los individuos que padecen o sufren discapacidad. La conceptualización de ésta se confina a “lo inválido”, “lo imposibilitado” y “lo incapacitado”, debido al abordaje negativo centrado en la limitación de la funcionalidad por sus deficiencias (Stern, 2005); todo esto ocasiona que el modelo, alimente estigmas, sea limitado y excluyente.
Finalmente, con el modelo social de discapacidad, impulsado en las últimas dos décadas del siglo pasado, parte de un rechazo a los modelos antes expuestos. Esta postura exalta que la discapacidad no es problema del individuo, sino de la sociedad, y que por lo tanto es ésta quien debe asegurar que las personas sean incluidas en el entorno. Reconoce que las condiciones del medio limitan el acceso y su participación. Parte de que cualquier persona es igualmente valiosa y útil para la vida en sociedad. Se basa en el respeto a la dignidad humana y la igualdad, sobre principios como la no discriminación, la accesibilidad universal y la autonomía personal.
En el ámbito de la intervención estatal, se asume que son fundamentales las políticas de reestructuración ambiental, de igualdad de oportunidades, que fomenten el reconocimiento de sus necesidades y de sus derechos, así como la desinstitucionalización2 y desmedicalización3 de la política social.
En el modelo social se reconoce que las necesidades son de todos los miembros de la sociedad. Esta nueva conceptualización tiene un abordaje positivo en su terminología: “enfermedad” es sustituido por “condición de salud” que se refiere al efecto de las enfermedades o trastornos que padece el individuo y que afectará su funcionamiento.
Desde esta perspectiva el modelo social no clasifica a las personas sino a los procesos de exclusión. Si bien la interrelación de estos factores es compleja, se entiende que hay un proceso básico, continuo compuesto por dos líneas básicas: los aspectos internos (aspectos básicos, capacidad, desempeño) y los aspectos externos (ambientales y personales). Así, la discapacidad incluye los déficits, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación; es decir, se revelan los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y su contexto.
La evolución y debate de estos dos últimos modelos, el médico y el social4, se ha reflejado en las acciones y estándares de la comunidad internacional en torno al tema.
A partir de la discusión sobre los modelos de discapacidad la Organización Mundial de la Salud ha impulsado en las últimas décadas principalmente dos clasificaciones internacionales para brindar un lenguaje estandarizado y un marco conceptual de abordaje: la Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, 1980) en versión experimental, y su revisión la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001), la cual fue aprobada por la OMS, en el mismo año para ser empleada a nivel internacional.
En la década de 1980, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalías5 (CIDDM, 1980). El catálogo, vinculado al modelo médico donde se delimitó el significado y tipos de deficiencia, discapacidad y minusvalía.
Figura 1. Secuencia discapacidad según Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)
Fuente: (Herrera-Castañeda, 2008, p. 270)
Atendiendo a este esquema, el diagnóstico de una persona con discapacidad se basa en la deficiencia que la origina y en las consecuencias que derivan en minusvalía. Esta clasificación médica se fundamenta exclusivamente a un nivel patológico individual y abstrae este hecho de toda circunstancia socio-cultural.
En el año 2001 se aprobó la revisión de la CIDDM y se estableció la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001). Este nuevo catálogo, actualmente vigente, tiene como objetivo brindar un marco conceptual para la descripción de la salud y los Estados relacionados con la salud del bienestar (educación trabajo, participación, recreación, etc.), con lo cual se deja el enfoque sobre consecuencias de la enfermedad. Se habla de salud6, funcionamiento7 y discapacidad8. Se trata de un modelo que va más allá del campo médico-sanitario y se ocupa de ámbitos sociales más extensos:
La CIF está basada en la integración de estos dos modelos opuestos (médico y social). Con el fin de conseguir la integración de las diferentes dimensiones del funcionamiento, la clasificación utiliza un enfoque “biopsicosocial”. Por lo tanto, la CIF intenta conseguir una síntesis y, así, proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y social. (CIF, 2001, p.33)
Desde la CIF el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción dinámica; y a diferencia de la CIDDM que se componía de tres escalas: discapacidad, deficiencia y minusvalía, la CIF se compone de cuatro escalas: funciones corporales y estructuras corporales, actividad, participación y factores contextuales (CIF, 2001)9.
Figura 2. Interacciones entre los componentes de la CIF
Fuente: (CIF, 2001, p. 30)
Este esquema de múltiples interacciones rebasa al causal y lineal de la CIDDM. El modelo social de la discapacidad se ocupa de resaltar el carácter multidimensional, relacional y dinámico que tiene ésta; y plantea que se trata de un proceso, el cual es complejo, interactivo y evolutivo que tendrá como resultado el funcionamiento y la discapacidad (Pisonero, 2007).
Así, la discapacidad incluye los déficits, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación; es decir, se indican los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y su contexto. El concepto desde lo social explica que las situaciones de desventaja no se limitan exclusivamente a un origen de salud sino que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona que tiene alguna deficiencia. La CIF ofrece un marco para la información que elimina o reduce los obstáculos y que promueve el desarrollo de soportes sociales y elementos que faciliten participar en la sociedad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2007)10 es un tratado internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas en el cual se describe la situación ideal para las personas con discapacidad. Se trata de una respuesta de la comunidad internacional a la larga historia de discriminación y exclusión. Su propósito es promover, proteger y garantizar sus derechos humanos así como su igualdad ante la ley. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, autonomía e independencia, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación.
La importancia de la CDPD radica en que reconoce en la persona con discapacidad su condición de individuo con plenos derechos y dignidad humana. Considera que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como el entorno y sus barreras -físicas, de comunicación e información-, así como las actitudes sociales/culturales imperantes que impiden su participación en la sociedad. Esto representa un cambio de paradigma al cuestionar la perspectiva con la que se ha tratado a las personas que tienen deficiencias y la discapacidad que con ello se compone.
El Estado mexicano ratificó la CDPD en 2007, lo cual obliga a sus instituciones a tomar acciones informadas y contundentes para la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la esfera social, incluida la participación en la vida pública y política.
Esta investigación retoma las definiciones de la CDPD para su análisis, documento que en su artículo 1° define que:
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras se impide su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (CDPD, 2007).
Asimismo, otras definiciones esenciales de la CDPD (2007) que esta investigación comparte del artículo 2° son:
Por su parte, la Convención también establece una serie de principios específicos sobre la participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, los cuales son eje de análisis de la presente investigación. La CDPD en el artículo 29 refiere:
Las medidas que se implementen para la inclusión de las personas con discapacidad, no sólo buscan su consideración en la literalidad de las normas jurídicas e integrarlas en el discurso institucional, sino que se requieren de acciones coordinadas que desemboquen en una verdadera inclusión.
Especialmente en el apartado jurídico son abordados de manera transversal otros artículos y definiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales permiten visibilizar los obstáculos detectados en la integración de las mesas directivas de casilla.
Los grupos humanos se definen a sí mismos o son definidos por otros como culturalmente distintos con base en justificaciones que les atribuyen características físicas o culturales innatas o inmutables. Así, en los casos de discriminación, un grupo o colectivo es tratado socialmente en forma negativa por determinadas características físicas o culturales, las cuales no tienen ningún significado inherente, sino que el mismo es atribuido por diversos factores socio-estructurales.
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación define la discriminación como (CONAPRED, 2015):
[…] práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.” [Sus efectos:] “negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.
En palabras de Jesús Rodríguez Zepeda (2006, p. 22):
[…] discriminar es tratar a otro u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad, la opción religiosa, etcétera.
Específicamente, en el caso de las personas con discapacidad, la discriminación, la exclusión, la segregación espacial, la violación de derechos humanos, los estigmas, los prejuicios y los estereotipos han sido históricamente nutridos desde distintos sectores sociales, institucionales y mediáticos. Esto ha provocado un trato diferente arbitrario o injustificado hacia las personas con discapacidad, en situaciones similares en los más amplios contextos de la vida cotidiana: transporte, educación, empleo, acceso a la información, infraestructura; en general en el efectivo ejercicio de sus derechos, incluidos los políticos.11
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define en su artículo 2° a la “discriminación por motivos de discapacidad” como (CDPD, 2007):
[…] cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
La discriminación se puede analizar como formal y sustantiva; éstas son identificadas una vez que se presenta la discriminación directa y/o indirecta, pues buscan no sólo encontrarla sino erradicarla. Al respecto CONAPRED distingue entre discriminación formal y sustantiva (pp. 21 y 22, 2013):
Discriminación formal. Para erradicarla es preciso asegurar que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos.
Discriminación sustantiva. Para eliminar la discriminación de grupos o personas que sufren injusticias históricas y/o persistentes, se deben adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto.
Por su parte, en ocasiones la discriminación por motivos de discapacidad (y por cualquier otro motivo) no es tangible a simple vista, y puede darse en diversos contextos que la hacen sutil, legal e incluso culturalmente normalizada. En este sentido para esta investigación resulta preciso analizarla como discriminación directa e indirecta, vista desde una perspectiva general12.
La discriminación directa consiste en comparar a una persona con otra u otras personas por sus atributos, y con base en eso, tratarla de forma menos favorable.
Por otro lado, la discriminación indirecta es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra, muchas veces institucionalizada, pone a una persona con determinados atributos en desventaja particular con respecto de otra u otras personas.
La discriminación directa es más observable, mientras que la discriminación indirecta tiende a ser ejercida principalmente a través de leyes y políticas públicas, aunque ambas son expresadas en el ámbito social e institucional13.
Finalmente, es importante resaltar que la discriminación hacia personas con discapacidad puede ser también interseccional, es decir, que una persona puede ser víctima de discriminación por diversos factores: edad, condición económica, color de piel, trabajo, preferencia sexual, entre otras. Por lo tanto, es necesario analizar la discriminación desde una perspectiva compleja que considere factores familiares, culturales, sociales, legales, e institucionales. La presente investigación asume transversalmente éstos para coadyuvar en el análisis cuantitativo, jurídico y cualitativo para detectar los obstáculos en la inclusión de la ciudadanía con discapacidad en la integración de mesas directivas de casilla.
La inclusión plena de la ciudadanía en todo proceso electoral es parte nodal de la vida en democracia. Aunque la discusión sobre ciudadanía, derechos políticos y civiles, parece un tema rebasado tiempo atrás (Marshall, 2005), en México y gran parte del mundo, el efectivo reconocimiento de los mismos a las personas con discapacidad, continúa siendo una materia pendiente.
En este tenor, diversas instituciones electorales mexicanas cuentan con antecedentes de estrategias y acciones para rebasar obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad durante los procesos electorales locales y federales. El siguiente listado expone algunos de los esfuerzos encaminados en la inclusión de las personas con discapacidad de los últimos 15 años.
Desde el año 2000, en el Distrito Federal se han adoptado acuerdos para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad. (OACDH, 2011)
En el 2003 el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó un acuerdo que dispone que todas y todos los funcionarios del servicio profesional, así como las y los consejeros locales y distritales están obligados(as) a procurar la erradicación de condiciones que provoquen discriminación. (OACDH, 2011)
Desde 2006 el IFE incorporó el uso de la mascarilla en Braille y utilizó por primera vez la mampara especial diseñada para ciudadanos y ciudadanas usuarios de sillas de ruedas y personas de baja estatura para emitir su sufragio. (OACDH, 2011)
El IFE para las elecciones de los años 2006 y 2009 elaboró materiales didácticos en los cuales se considera de manera transversal la importancia de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Dicho material estuvo dirigido a supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, ciudadanos sorteados, funcionarios de casilla y observadores electorales, mediante los cuales se les instruía sobre la importancia de las facilidades que deben otorgarse a las personas con discapacidad para que emitan su voto. (OACDH, 2011)
En el año 2010 el IFE y el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México organizaron el seminario titulado “Implementación del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: participación en la vida política y pública”. (OACDH, 2011)
El 1º de octubre de 2010 los partidos políticos con registro ante el IFE establecieron el Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad mediante el cual se comprometieron a favorecer la inclusión en la vida política de este sector de la población. (OACDH, 2011)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) inició en 2011 el Programa Institucional de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, a fin de fomentar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en lo que concierne a su derecho de acceso a la justicia electoral y al ejercicio de sus derechos político-electorales. (OACDH, 2011)
El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Indepedi), el Instituto Electoral de Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal firmaron un convenio para la elaboración de materiales de fácil acceso para personas con discapacidad. Asimismo, el convenio contempló que se sensibilicen a las y los funcionarios de casilla en materia de no discriminación a las personas con discapacidad. (Instituto Electoral del Distrito Federal [IEDF], 2015)
En abril del 2015 el INE y el CONAPRED presentaron la Guía para la Acción Pública “Elecciones sin Discriminación”, el Consejero Presidente del INE y el Presidente del CONAPRED coincidieron en que la presentación de dicho material representaba no sólo una medida a favor de la no discriminación e inclusión en las elecciones, sino también una oportunidad para que partidos políticos y candidatos hicieran sus campañas sin discriminación e hicieran compromisos con las políticas de no discriminación. (CONAPRED, 2015).
Como se puede observar, son patentes los avances en el INE y otras instituciones electorales en lo que concierne a la generación de medidas de inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, como se diagnostica a lo largo de la presente investigación, su inclusión efectiva en las mesas directivas de casilla es todavía una tarea pendiente con diversas aristas. Si pensamos que las mesas son el punto de encuentro donde concurre un largo camino de organización y donde se materializa el proceso democrático institucional, la búsqueda de ajustes razonables e igualitarias condiciones materiales, normativas y culturales para fomentar la participación de las personas con discapacidad, es una tarea que requiere los más amplios esfuerzos de las instituciones electorales mexicanas.
El Instituto Nacional Electoral es “un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios” en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo el mismo ordenamiento, también es considerado como una autoridad en materia electoral, encargada de organizar y llevar a cabo las elecciones para renovar a los Poderes de la Unión Ejecutivo y Legislativo federal y a solicitud de las autoridades competentes, de asumir la organización de procesos electorales a nivel local.14
De acuerdo con lo estipulado por los numerales 33 y 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,15 el INE para realizar sus funciones se encuentra organizado a partir de sus órganos centrales como el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, y la Secretaría Ejecutiva; y en el territorio nacional en 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal.
El INE tiene a su cargo, a nivel federal, la preparación de la jornada electoral y con ello la ubicación y designación de los funcionarios en las mesas directivas de casilla. Sólo si la elección es recurrente, es decir, si la elección es tanto de autoridades federales como locales, el INE también asume la ubicación y designación de las casillas de acuerdo a lo establecido por el artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución.
La mesa directiva de casilla es un órgano electoral formado por la ciudadanía; éste sólo funciona el día de las votaciones y tiene como finalidad principal recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de cada una de las secciones electorales en que se dividen los 300 distritos electorales del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este órgano también se encarga de respetar y hacer respetar la emisión y efectividad del voto, de garantizar su emisión de manera secreta y de darle autenticidad al proceso de escrutinio y cómputo del mismo.
En el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla interviene desde el Consejo General, las juntas locales y distritales, hasta los y las Supervisores Electorales (SE), y los y las Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). El procedimiento está diseñado para generar confianza a partir de mecanismos objetivos de selección. Las mesas directivas de casilla se integran por una persona presidenta, una persona secretaria, dos personas escrutadoras y tres suplentes generales. De manera sucinta, el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla es el siguiente:
Primero, se realiza un corte del listado nominal y el Consejo General sortea un mes del calendario que sirve como base para insacular por primera vez a la ciudadanía que haya nacido en el mes sorteado que integra las mesas directivas de casilla. Después, las juntas distritales ejecutivas insaculan al 13 por ciento de la ciudadanía a partir del mes sorteado, la cual es visitada, notificada y capacitada por los y las CAE como posibles funcionarias de casilla; en este proceso el o la CAE se encarga de verificar que la ciudadanía cumpla con los requisitos legales para ser funcionaria de casilla. De inmediato el Consejo General sortea una letra del alfabeto que sirve junto a la escolaridad para seleccionar a la ciudadanía que integre las mesas directivas de casilla y el cargo que desempeñe. Las juntas distritales ejecutivas determinan a partir de los datos obtenidos, a la ciudadanía que cumpla con los requisitos legales para ser funcionaria de casilla, que se clasifica a partir de la primera letra de su apellido paterno y prefiriendo a aquella que cuente con mayor escolaridad. Finalmente, el o la CAE notifica el cargo de manera personal a la ciudadanía sorteada y la capacita por segunda ocasión16.
En suma, es tangible la importancia de las mesas directivas de casilla en el proceso electoral y por lo tanto, no pueden ser ajenas a las medidas de inclusión para las personas con discapacidad, ya que se trata de un espacio en el que converge una obligación ciudadana con el derecho de participar en la vida política y pública de nuestro país.