Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-980821-17-10-2000-104211
Timestamp: 2019-09-23 11:12:45
Document Index: 358402206

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 176', 'artículo 144', 'artículo 178']

Resolución de TEAF Navarra, 980821, 17-10-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980821 de 17 de Octubre de 2000
Núm. Resolución: 980821
Solicita el recurrente, mediante la interposición de este recurso, la exención por el impuesto del préstamo destinado al pago de obras de rehabilitación de su vivienda. Se inadmite por extemporaneidad ya que, desde el momento de la notificación de la liquidación, no más tarde del momento en que realizó el ingreso de la deuda tributaria, hasta el momento de la impugnación hubo un lapso de tiempo mayor al establecido legalmente. No se trata de un recurso que verse sobre un posible error de hecho o de una devolución de ingresos indebidos (en cuyo caso el plazo para corregirlos sería de cinco años ) sino que el recurso versa sobre la aplicación o no de la exención solicitada por el recurrente, y entraría en el ámbito de las cuestiones de Derecho, impugnables vía recurso.
Visto escrito presentado por Don (AAA), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (?), en relación con liquidación girada por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
PRIMERO.- Mediante escritura otorgada ante el Notario de (?), Don (?), en (?) de 1994 (número de Protocolo (?)) vino a celebrarse contrato de préstamo garantizado con hipoteca en el que la entidad prestamista era la (?) y los prestatarios, Don (AAA) y Doña (BBB).
SEGUNDO.- Presentada dicha escritura a liquidación, dio lugar a la número (?) de la Oficina Liquidadora de (?) por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por importe de 68.429 pesetas, comprensivo de cuota y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1998, señalando que el préstamo del caso debe disfrutar de exención por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, al haberse destinado al pago de obras de rehabilitación de su vivienda.
UNICO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 19 de junio de 1981, habiendo sido interpuesto por persona debidamente legitimada al efecto. Ahora bien: por lo que se refiere a su interposición en plazo, que es condición de admisibilidad del recurso y que, como tal, ha de examinarse previamente a lo concerniente a la cuestión de fondo que en él se plantee, ha de indicarse que el artículo 178.2 del Reglamento del Impuesto, aprobado en 23 de diciembre de 1982, establece que ?contra las liquidaciones practicadas por las Oficinas liquidadoras podrá ser interpuesto recurso ante la Diputación Foral dentro del plazo de un mes siguiente al de su notificación formal?. Para que no fuese aplicable el dicho precepto y el señalado perentorio plazo de recurso, sería preciso que en el acto liquidatorio se hubiese incurrido en error de hecho, en cuyo caso sería aplicable un procedimiento de corrección y, eventualmente, de devolución, que sólo caducaría una vez transcurrido el amplio plazo de cinco años. Pero no cabe hablar aquí de que si en el concreto acto liquidatorio de que se trata se incurrió, por hipótesis, en un error, éste lo hubiese sido de esa especie de los de hecho (aritméticos o materiales). En efecto, de orden netamente jurídico es el problema referente a la hipotética exención del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de un préstamo hipotecario concedido con el fin de acometer obras de rehabilitación en un inmueble. Todo ello exige subsumir unos determinados elementos fácticos de la realidad en el presupuesto de hecho descrito al efecto en la normativa, lo cual significa efectuar unas determinaciones calificadoras en las que se requiere la invocación, interpretación y aplicación de las correspondientes normas jurídico-tributarias. Así pues, ha de estarse a que si algún error se dio (y no puede afirmarse que se diese), éste lo habría sido de Derecho, puesto que para llegar a la conclusión contraria se requeriría que el tal error resultase patente a la vista de los documentos obrantes en el expediente en el momento en que el correspondiente acto liquidatorio se practicó y que, por otra parte, para su detección no fuese necesario interrogar y aplicar, ni siquiera mínimamente, normativa jurídica alguna (aquí, especialmente la tributaria). Así pues, queda claro que no es de aplicación al caso el mero procedimiento de devolución por errores de hecho (aritméticos o materiales) que se regulan en los artículos 176 y siguientes del Reglamento del Impuesto. No cabe tampoco aplicar (en un intento de exhaustivo examen de posibilidades procedimentales en favor del recurrente) el artículo 144.d del Reglamento del Impuesto, que establece que el derecho a la devolución de los ingresos indebidos prescribe a los cinco años desde que se efectuó el ingreso que indebido se repute. En efecto, ya en general ha de tenerse en cuenta que el procedimiento de devolución de ingresos indebidos tiene que referirse estrictamente o bien a supuestos en que se haya declarado ya el derecho a tal devolución en el caso concreto de que se trate y con contemplación, por tanto, específica del mismo (en cuyo caso se convierte en un simple procedimiento de ejecución de resoluciones administrativas o de sentencias judiciales); o bien a supuestos en que se haya producido un error de hecho que por el propio procedimiento autónomo de devolución venga a ser señalado, en cuyo caso el tal procedimiento no es de naturaleza diferente del de rectificación de errores de hecho; o bien, por último (y de conformidad con lo señalado en Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1971), a supuestos en que lo acontecido haya sido la producción de un ingreso originado en un acto nulo de pleno derecho o que infrinja manifiestamente la ley. Y especialmente por lo que se refiere a la normativa del Impuesto, el artículo 144 del Reglamento del Impuesto, relativo a esa hipotética devolución de ingresos indebidos, ha de ponerse en relación con aquel mismo artículo 176 ya citado más arriba, el cual se refiere a devolución de ingresos indebidos por error de hecho, como equivocación aritmética al practicar la liquidación o señalamiento de tipo de gravamen que con evidencia no corresponda al concepto liquidado, o duplicación de pago de la deuda tributaria, a cuyos supuestos podría agregarse el ya dicho de reconocimiento por parte de la Administración del carácter de indebido de un ingreso; el dicho artículo 144.d del Reglamento del Impuesto no puede conectarse indiscriminadamente con el derecho que el contribuyente pretenda a la devolución de cualesquiera ingresos que el mismo juzgue indebidos, pues tal interpretación conduciría al absurdo de producir en todos los casos (también en aquellos en que no puede hablarse, por ejemplo, de error de hecho) la inutilidad del perentorio plazo de impugnación establecido por la normativa en relación con la materia que en las liquidaciones venga determinada por la interpretación y por la aplicación de las correspondientes normas jurídico-tributarias. Y es que, como se señala en Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1988, ?... una cosa es lo que vulgarmente se entiende por ingreso indebido y otra muy distinta lo que técnicamente constituye esa figura?. Y cualquiera que sea en el caso el fundamento de la pretensión de devolución, el tal ha de relacionarse con pretendido error de Derecho, como se ha visto, pues el contrario error de hecho es aquel que resulta evidente a la vista de los documentos obrantes en el expediente ya en su momento (cuando se dictó el acto administrativo -aquí liquidación tributaria- que se pretenda aquejado de error) y ello tal como tiene señalado el Tribunal Supremo en Sentencias de 8 de julio de 1982 y 20 de julio de 1984; y además, naturalmente, se requiere que la detección de tal error de hecho resulte independiente de cualquier criterio interpretativo acerca de normativa tributaria (o de otra índole) aplicable. En definitiva, que, como se ha señalado hasta la saciedad, si es que en el presente caso se dio error en la práctica de la dicha liquidación, el tal habría de calificarse como de Derecho, y para su corrección había de estarse a la necesidad de interposición de recurso en plazo, siendo éste, de conformidad con lo que se señala en el artículo 178.2 del Reglamento del Impuesto, de un mes contado desde el día siguiente al de notificación del acto liquidatorio que se pretenda impugnar. Pues bien: de los datos del expediente se desprende que ha de entenderse producida la notificación y el conocimiento de la liquidación no más tarde del día (?) de 1994, en que se produjo el pago de la correspondiente deuda tributaria, como queda acreditado en el expediente; así que, habiendo de entenderse producida la notificación y el conocimiento de la dicha liquidación no más tarde de esa fecha, resulta que la impugnación al respecto se produjo en (?) de 1998, en que aparece registrado de entrada en las dependencias de la Administración el correspondiente escrito, con lo que es claro que en su formulación no se respetó el repetido plazo de un mes, sino que la misma se llevó a cabo extemporáneamente. Y a este respecto ha de decirse que a aquella caracterización del plazo de recurso como perentorio ha de agregarse, naturalmente, la de su indisponibilidad por parte de la propia Administración. Ha de verse como en esta materia tiene sentado el Tribunal Supremo (Sentencia de 28 de mayo de 1987) que ?como ha dicho el Tribunal Constitucional en Auto de 12 de diciembre de 1986, el cumplimiento de los plazos procesales no constituye una mera exigencia formal sin justificación, sino que representa una garantía esencial de la seguridad jurídica, y para la confianza en los efectos de las resoluciones de los Organos judiciales?, de lo cual extraía el Tribunal Supremo la conclusión de que la impugnación del caso por él examinado, referente a materia tributaria, y formulada luego de transcurrido el plazo establecido al efecto, había de tenerse, como extemporánea, por ineficaz a los efectos pretendidos. Y esa tal perentoriedad e indisponibilidad de los plazos de recurso viene igualmente señalada por el mismo Tribunal Supremo en Sentencias diversas; así, una de 31 de mayo de 1975, en la que se refiere a que ?... el efecto fatal e improrrogable de los plazos procesales no puede quedar al arbitrio, no sólo del administrado sino de los propios Organos administrativos ...?; y en otra de 18 de febrero de 1980, en que más específicamente dice que ?... siendo precisamente la institución de los recursos una de las sometidas a una mayor disciplina, calificada como de ?orden público? o de derecho necesario, lo que descarta toda idea de disponibilidad, tanto en la forma de ejercitarlos, como en la de ejercer el control sobre ellos?. Y por todo ello y de tal suerte, este Organo ha de abstenerse del conocimiento del fondo del asunto, ante la falta de tan ineludible presupuesto procedimental como es el de actividad impugnatoria en plazo, dado que no pudiendo tomarse el caso como de corrección de errores de hecho padecidos en un acto liquidatorio sino que como recurso frente a éste, la impugnación efectuada lo fue fuera del plazo establecido al efecto.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por Don (AAA) contra liquidación número (?) practicada por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (Oficina Liquidadora de (?)), sin que pueda entrar a conocerse del fondo de las cuestiones planteadas.
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 87/2018, JCA - Santander, Sec. 1, Rec 55/2018, 09-05-2018
Orden: Administrativo Fecha: 09/05/2018 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Santander Ponente: Varea Orbea, Juan Num. Sentencia: 87/2018 Num. Recurso: 55/2018
Sentencia Administrativo Nº 1402/2013, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 9, Rec 521/2011, 21-11-2013
Orden: Administrativo Fecha: 21/11/2013 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Santillan Pedrosa, Berta Maria Num. Sentencia: 1402/2013 Num. Recurso: 521/2011
Resolución de TEAF Navarra, 970055, 17-10-2000
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 17/10/2000 Núm. Resolución: 970055
Resolución de TEAF Navarra, 000626, 16-02-2001
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 16/02/2001 Núm. Resolución: 000626
Resolución de TEAF Navarra, 970389, 11-12-2000
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 11/12/2000 Núm. Resolución: 970389