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Timestamp: 2017-09-23 09:24:00
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btcaec Carmen Garcimartín M., Enseñanza y religión en la República de Irlanda, “Il Diritto Ecclesiastico”, CXVI, 2-3, 2005, pags. 708-736
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(Publicado en “Il Diritto Ecclesiastico”, CXVI, 2-3, 2005, pags. 708-736.)
B. Sistema educativo y derechos subjetivos
C. Deberes del Estado
1. Alcance de los deberes estatales en materia de educación
2. Contenido de los deberes
D. La financiación pública de la enseñanza confesional
III. EDUCACIÓN SECUNDARIA
A. Tipos de educación secundaria
B. La financiación de la enseñanza secundaria
IV. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Las relaciones entre la Iglesia católica y la República de Irlanda tiene unas características propias, que han configurado un sistema singular[1]. Estos rasgos específicos pueden apreciarse en todas las materias que son de interés común de la Iglesia y el Estado, pero la enseñanza es, posiblemente, el ámbito en que las peculiaridades del sistema se manifiestan con mayor intensidad.
No es fácil –y tampoco es nuestra intención- condensar en pocas páginas los problemas a que ha dado lugar el sistema de enseñanza irlandés, entre otras razones, porque una exégesis legal o un estudio jurisprudencial no son suficientes para mostrar toda su complejidad. Los factores históricos y sociológicos, por mencionar sólo algunos, son casi tan importantes como los jurídicos para hacer una valoración rigurosa de este tema, y no es posible prescindir de ellos de manera absoluta, porque se correría el riesgo de elaborar planteamientos desvinculados de la realidad o ajenos a la tradición jurídica del país. No obstante, aludiremos a cuestiones extrajurídicas sólo en la medida necesaria para comprender mejor las situaciones que vayamos exponiendo o las propuestas que puedan formularse.
La finalidad de este trabajo, por tanto, es limitada. Se trata de analizar las líneas fundamentales del sistema educativo desde una doble perspectiva: la interpretación doctrinal de la legislación –principalmente, de los artículos de la Constitución- y de la jurisprudencia sobre todos aquellos asuntos que tienen algún punto de conexión con las relaciones Iglesia-Estado. Pero antes de comenzar la exposición pormenorizada del tema, conviene situarlo brevemente en el marco histórico y político.
La Iglesia católica en Irlanda ha mostrado siempre una gran sensibilidad hacia la enseñanza. A la vez, es éste uno de los campos en que ha dejado sentir su influencia con más intensidad, aunque para mantener sus principios ha tenido que sostener una larga lucha, con perseverante tenacidad[2]. En particular, desde la independencia del Estado Libre de Irlanda, en 1921, la Iglesia puso un especial empeño en salvaguardar la importante posición que ocupaba en el ámbito educativo, y que llevaba consigo un amplio control de la enseñanza. El Estado, por su parte, fue muy cauteloso para intervenir en este campo, considerado durante mucho tiempo un dominio de la Iglesia, y, si lo hacía, procuraba contar con el beneplácito de ella[3].
Este equilibrio de poderes era asumido y aceptado por ambas partes, lo que explica, en buena medida, que, aunque la enseñanza es uno de los asuntos que suele causar mayores problemas en las relaciones entre la Iglesia y los Estados, en Irlanda raramente ha dado lugar a situaciones conflictivas. Además, y a diferencia de otros países, en los que ha provocado largos litigios, las controversias pocas veces llegaron a los tribunales[4].
En los años sesenta del pasado siglo hubo un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tras unos años en los que pasaron por momentos delicados –aunque sin llegar a una verdadera situación de crisis-, derivaron hacia posturas más abiertas por las dos partes. En este clima de entendimiento, y a instancias de algunos Ministros de Educación más enérgicos, se abordaron reformas de cierta envergadura en la enseñanza, que implicaban una mayor y más decidida intervención del Estado en este ámbito[5]. Estas modificaciones, en contra de lo que inicialmente hubiera podido preverse, fueron muy bien recibidas por la Iglesia, que no sólo no puso objeciones sino que apoyó gran parte de los planes de reforma gubernamentales.
En los últimos años se han producido profundos cambios sociales, económicos, y de otra índole, que han afectado también a un campo tan crucial como la enseñanza. Como consecuencia, ha habido un incremento de pronunciamientos judiciales sobre esta materia, y la doctrina ha empezado a cuestionar los fundamentos mismos del sistema educativo, mirando con cierta perplejidad a un futuro que pasa por la plena integración europea, pero que no puede, ni debe, ignorar sus raíces y sus tradiciones.
Por muchas y muy distintas razones (siglos bajo dominación británica, población mayoritariamente católica, tradiciones culturales, estructura geo-económica, etc.), Irlanda ha desarrollado un intrincado sistema educativo, heredado del siglo XIX, que ha permanecido a lo largo de todo el siglo XX y pervive actualmente. Tiene una peculiaridad destacada: es un sistema de iure no confesional, pero, en la práctica, está integrado por una abrumadora mayoría de escuelas católicas -en torno al 97% desde sus comienzos-[6]. Hoy este porcentaje ha disminuido, pero la mayor parte de las escuelas siguen siendo confesionales, algo ciertamente inusual en la Europa del siglo XXI.
Los principios jurídicos básicos sobre la enseñanza están contenidos en los artículos 42 y 44-2-2º y 4º de la Constitución de 1937[7]. No ha habido nunca una legislación de desarrollo, propiamente dicha, de estos preceptos[8]. Inevitablemente, esta laguna ha provocado una multiplicación de las Circulares del Ministerio de Educación, para resolver problemas concretos que deberían haberse abordado en disposiciones legales. Este modo de proceder no sólo adolece de técnica jurídica, sino que incluso ha llevado a algún autor a dudar de su adecuación a la Constitución[9]. La enseñanza, por tanto, sigue siendo un tema pendiente de revisión legal, y resulta cada vez más necesaria una regulación de conjunto, que armonice todas las normas de distinto rango actualmente vigentes[10].
El sistema educativo está estructurado en tres niveles: educación primaria, educación secundaria y enseñanza universitaria. Nos referiremos separadamente a cada uno de ellos.
La educación primaria está regulada principalmente en dos normas de rango no legal, las Rules for National Schools, cuya última edición es de 1965, y las Rules and Constitution of Boards of Management, elaboradas veinte años más tarde. Por su rango jerárquico, pueden ser modificadas sin las garantías previstas para las reformas legales, lo cual, aunque las dota de una muy deseable flexibilidad, tiene también notables inconvenientes. En 1998 se promulgó el Education Act,[11] que introdujo importantes disposiciones en esta materia. Se ocupa sobre todo del reconocimiento de centros docentes, incluidos los aspectos económicos, y de las competencias del Ministro, pero también en estos ámbitos continúa habiendo lagunas. Por ejemplo, no recoge los criterios para la adjudicación de fondos públicos a las escuelas, por lo que han de ser distribuidos anualmente a través de los Appropriation Acts, elaborados conjuntamente por los Ministros de Educación y Economía[12].
Por otra parte, hasta hace relativamente poco tiempo no ha habido apenas intentos de implicar a los padres en las cuestiones educativas[13], aun cuando la Constitución reconoce y garantiza ampliamente los derechos de los padres, declarando que la familia es el principal y natural lugar de educación de los niños. Pese a todo, en los últimos años es posible observar una evolución en la actitud de los padres y de la Iglesia al respecto. En efecto, en la época en que fue redactado el texto constitucional, era una idea generalmente aceptada que la jerarquía eclesiástica actuaba en representación de los padres en las negociaciones sobre educación[14]. Actualmente, los padres tienen un mayor protagonismo; quieren ser consultados acerca de las decisiones del Gobierno que afecten a la educación de sus hijos sin intermediarios. El Ministerio de Educación, y las autoridades civiles en general, han aceptado esta dinámica, como ponen de manifiesto las consultas que realizan a las entidades representativas de los padres, o la previsión de una mayor participación de los padres en los comités de gestión de las escuelas[15]. En concreto, el Education Act de 1998 establece un nuevo sistema de gestión obligatorio de las escuelas de educación primaria, hasta entonces controladas en última instancia por un patron -normalmente un obispo de la respectiva Iglesia, o una sociedad en el caso de los centros docentes pluriconfesionales-; ahora, todos los centros de educación primaria son gestionados obligatoriamente por comités, en los que tiene que haber siempre una representación de los padres y de los profesores.[16]
La Constitución de 1937 recoge, en los artículos relativos a los derechos fundamentales, las libertades en materia educativa. El artículo 42-1 reconoce el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral que quieran para sus hijos. De conformidad con los párrafos 2 y 3 de ese mismo artículo, los padres podrán libremente enviar a sus hijos a escuelas privadas, a escuelas reconocidas o establecidas por el Estado, o incluso educarlos en casa; en ningún caso podrán ser obligados los padres, en contra de su conciencia o de sus preferencias, a enviar a sus hijos a escuelas establecidas o designadas por el Estado. El artículo 44, que trata de la religión, dispone en el párrafo 2-4º que la legislación que regule la ayuda estatal a las escuelas no podrá hacer discriminación entre escuelas gestionadas por distintas confesiones, ni podrá afectar al derecho de todos los niños de asistir a un centro docente sostenido con fondos públicos sin estar obligados a recibir educación religosa. Veremos, a continuación, cómo se hacen efectivos estos derechos, teniendo en cuenta la articulación del sistema educativo irlandés.
La educación primaria se imparte principalmente en escuelas primarias, como hoy prefiere llamarse a las escuelas nacionales[17]. Estas escuelas, pese a denominarse “nacionales”, no son públicas, sino propiedad de las Iglesias –mayoritariamente de la Iglesia católica-, salvo escasas excepciones, y son gestionadas por éstas, aunque están sostenidas en gran parte con fondos públicos. En consecuencia, el Estado y la Iglesia se encuentran en una situación de estrecha interdependencia: las escuelas confesionales no podrían subsistir sin ayuda financiera del Estado, y éste a su vez depende de las escuelas confesionales para mantener el sistema educativo.
El predominio de las escuelas confesionales, sin embargo, no responde a una prevención del Estado frente a otro tipo de centros docentes, ya que reconoce con gran amplitud el derecho a la creación de escuelas, y facilita ayuda económica para este fin bajo ciertas condiciones. Cualquier grupo de padres, con un sustrato confesional o no, puede solicitar ayuda para la creación de un centro si demuestra que hay matrículas potenciales que lo justifiquen, y aporta el solar y el 15% del coste de edificación y equipamiento del inmueble. El Estado financia entonces el 85% restante, además del 80% de los costes de funcionamiento y el salario íntegro de los profesores[18]. Por tanto, no hay inconveniente legal para que puedan crearse, con ayuda del Estado, escuelas de confesiones minoritarias o ajenas a cualquier confesión, aunque es obvio que la viabilidad de estos centros dependerá de factores demográficos[19].
Una de las señas de identidad de la sociedad irlandesa -consecuencia no sólo de factores ideológicos, sino también históricos y políticos- es la mayoría católica de la población. Desde la perspectiva de la enseñanza, esto se ha traducido, como hemos apuntado, en un amplio predominio de las escuelas católicas. Por tanto, los padres que desean que sus hijos asistan a un centro docente de la Iglesia católica, no suelen tener dificultades para enviarlos a una escuela de estas características. Pero hay que analizar qué medios arbitra el derecho para la defensa de las minorías, esto es, de aquellos padres que no quieren que sus hijos reciban una educación católica.
La Constitución contiene dos previsiones al efecto. La primera, recogida en el artículo 44-2-4º, se refiere al derecho de los niños de asistir a un centro educativo sostenido con fondos públicos sin estar obligados a recibir educación religiosa. De acuerdo con este artículo, las Rules for National Schools de 1965 exigían que las escuelas identificaran con precisión los tiempos destinados a la instrucción religiosa, y, de este modo, facilitar que los niños cuyos padres no quisieran para ellos esa educación pudieran ausentarse[20]. Sin embargo, tras la revisión del curriculum educativo aprobada por el Ministerio de Educación en 1971, se ha integrado la formación religiosa en las demás asignaturas[21], por lo que la instrucción religiosa y la secular se imparten a través de todas las materias que constituyen el curriculum educativo[22].
Por consiguiente, los padres que por distintas razones quieran que sus hijos asistan a un centro confesional sin asistir a clases de religión, pueden solicitarlo y el centro debe facilitarlo y determinar el modo de llevarlo a la práctica. Sin embargo, es evidente que un niño que asista a un centro confesional, aun sin estar presente en las clases de religión, de alguna manera recibirá una educación religiosa. Estos centros, como es obvio, tienen un substrato confesional, que trasciende las clases de religión y de cualquier otra asignatura. No parece sencillo encontrar un modo en que los alumnos de un centro confesional no reciban educación religiosa; habría que entender que están exentos de las actividades estrictamente religiosas, pero no cabe exigir a estos centros que impartan una educación desprovista de connotaciones religiosas; entre otras razones, porque iría contra el derecho de los centros a mantener su propia identidad confesional.
La segunda previsión constitucional es la que contempla el derecho de los padres a enviar a sus hijos a cualquier tipo de centro, público o privado, o a facilitarles la educación en su propia casa, sin que puedan ser compelidos, en contra de su voluntad, a escolarizar a sus hijos. La posibilidad de recibir la educación primaria en casa -que puede resultar sorprendente en nuestro entorno cultural más próximo- está contenida en el artículo 42-2 de la Constitución. El origen de esta norma se halla en el siglo XIX, en la denominada “cláusula de conciencia”, que pretendía asegurar que ningún niño recibiría un tipo de educación religiosa que sus padres no aprobaran[23]. En la actualidad, puede ser invocada por aquellos padres que, por no poder enviar a sus hijos a un colegio de su propia confesión, o de carácter aconfesional, prefieren educar a sus hijos en casa. No obstante, las razones por las que los padres pueden preferir la educación en el propio hogar no tienen que ser necesariamente de índole religiosa, puesto que la Constitución dispone que el Estado no obligará a los padres a enviar a sus hijos a la escuela “in violation of their conscience and lawful preference”.[24]
La protección de la libertad religiosa, en coherencia con la declaración que reconoce a la familia como primer y principal educador del niño, alcanza en este ámbito cotas muy altas. El modelo de escuela estatal aconfesional -frecuente en los países europeos- que no prevé la posibilidad de la educación en casa, lleva consigo, en no pocos casos, que los padres únicamente puedan elegir para sus hijos una enseñanza laica, -en su caso, con una mínima instrucción religiosa-. En Irlanda, por el contrario se reconoce con tanta amplitud la posibilidad de crear centros confesionales como aconfesionales, de elegir el centro educativo que se prefiera o de impartir la educación en el propio hogar; por tanto, no podrá imponerse nunca una educación que pueda resultar contraria a las ideas religiosas y morales de los padres o tutores de los niños.
El Informe del Comité de Revisión Constitucional se ha hecho eco de algunas posturas doctrinales que consideran que el artículo 44-2-4º no presta suficiente protección a quienes no quieran una enseñanza religiosa[25], afirmando que el Estado garantizaría el derecho a no recibir instrucción religiosa, pero no la posibilidad de recibir una educación integral no religiosa en cualquier escuela pública[26].
Para dar una respuesta a estas objeciones, hay que partir de la idea de que el sistema educativo irlandés, como cualquier otro, es una opción válida, siempre que se respeten los derechos de los padres en esta materia. La actividad del Estado que podríamos denominar “promocional” o de fomento en materia educativa admite diferentes alternativas, y en Irlanda –por distintas razones, podemos recordar una vez más- se ha optado por la intervención subsidiaria del Estado, dando primacía a la iniciativa privada de padres y confesiones, y ejerciendo el Estado una función de control y moderación de las fuerzas sociales.
Desde otra perspectiva, puede afirmarse que la preponderancia de la educación confesional responde a una demanda social, no a una imposición de los poderes públicos. El texto constitucional reconoce el derecho a la creación de centros docentes en condiciones de igualdad a todos los grupos y confesiones, sin discriminación de ningún tipo. El mayor o menor número de centros confesionales, o, más concretamente, católicos, no es sino un reflejo de la voluntad de los padres, que pueden, sin trabas legales, crear centros docentes conforme a sus ideas religiosas o morales. Por tanto, sostener, como hace algún autor, que el sistema educativo irlandés es de facto confesional[27], supone trasladarse del ámbito jurídico al de las realidades sociológicas.
Tampoco parece factible actualmente crear ex novo un sistema de enseñanza pública aconfesional en Irlanda[28], empezando por los obstáculos constitucionales que encontraría su implantación. Si el Estado retirara la ayuda económica a los centros confesionales, se vulneraría el artículo 42-4 (que prevé la ayuda estatal a las iniciativas educativas privadas), y se produciría posiblemente una discriminación por motivos religiosos, en este caso negativa, prohibida por el artículo 44-2-3º.
En la práctica, las dificultades que pueden encontrar los padres en el ejercicio de su derecho a elegir la educación religiosa y moral para sus hijos, se resuelven por una vía pragmática, es decir, buscando una solución para cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren.
El artículo 42-4 de la Constitución comienza diciendo que el Estado proporcionará una educación primaria gratuita: “The State shall provide for free primary education”. Este párrafo presenta diferencias sustanciales respecto de su antecedente inmediato, el artículo 10 de la Constitución de 1922, que señalaba: “All citizens of the Irish Free State (Saorstát Éireann) have the right to free elementary education”. Posiblemente la modificación que ha suscitado más controversia ha sido la inclusión de la preposición “for” en el texto de la Constitución vigente. Los motivos de esta adición pueden ayudar a comprender e interpretar el actual artículo 42-4.
El origen del cambio se remonta a la creación por el Gobierno, en mayo de 1934, de un Comité de Revisión de la Constitución, presidido por John Hearne (entonces asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, y uno de los principales artífices del borrador de la Constitución de 1937), cuya función era señalar qué disposiciones de la Constitución de 1922 deberían considerarse fundamentales, y, por tanto, preservarlas de modificaciones esenciales en la futura Constitución. El Comité no incluyó el número 10 entre esos artículos, aunque recomendó mantener los principios subyacentes en él. En defensa de la exclusión se alegó que no había una interpretación auténtica del artículo, y por consiguiente, no podía determinarse con exactitud qué obligaciones imponía al Estado; pero además –y entendemos que de manera primordial-, se temía que, al amparo de los términos literales del artículo pudiera reclamarse al Estado que hiciera efectivo el derecho a la educación aún en situaciones extremas. Por ejemplo, se citaba el caso de que tres o cuatro niños vivieran en una isla o a una distancia considerable de un centro docente; ¿estaría el Estado obligado a crear una escuela?. Podría entenderse, asimismo, que el Estado, además de pagar los salarios de los profesores, debería financiar la construcción y equipamiento de los centros, facilitar gratuitamente libros de texto, etc. Por todo ello, la recomendación del Comité era que, si bien el derecho a la educación gratuita debía mantenerse, en ausencia de una clara determinación de las obligaciones del Estado en esta materia habría que recoger ese derecho en la nueva Constitución de manera que se evitaran todas estas posibles controversias. De ahí que, siguiendo este consejo, en la segunda revisión del borrador de la Constitución de 1937 se sustituyó la frase “The State shall provide free primary education” por “The State shall provide for free primary education”[29].
Esta modificación, sin embargo, no ha evitado la polémica en torno a la obligación que el artículo 42-4 de la Constitución impone al Estado.
El primer dato sobre el que hay que llamar la atención es que, frente al artículo 10 de la Constitución de 1922, que concebía la educación como un derecho subjetivo de los ciudadanos, la Constitución de 1937 lo considera una obligación del Estado, pero el contenido de esta obligación no es una cuestión pacífica ni siquiera desde la perspectiva de su formulación[30]. Según algunos autores, la versión irlandesa del artículo tendría un enunciado más “activo”, mientras que, por el contrario, la versión inglesa tendría un carácter más “pasivo”[31]; en consecuencia, las obligaciones exigibles serían distintas en uno y otro caso[32]. No obstante, la diferencia ente el texto inglés y el irlandés es más aparente que real, y, en definitiva, subsiste el problema de determinar el alcance de la obligación que este artículo impone al Estado. De modo más concreto, la dificultad principal estriba en precisar si, atendiendo a la expresión “provide for”, el Estado está obligado a impartir la enseñanza con sus propios medios y efectivos o si, por el contrario, debe garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación primaria gratuita, aunque ésta sea impartida en centros no estatales.
La Supreme Court se pronunció sobre esta cuestión en el caso Crowley vs Ireland[33]. Acudiendo, entre otras, a una interpretación histórica del precepto, sostuvo que el Estado no está obligado a educar por sí mismo, sino a adoptar las medidas necesarias para asegurar que se imparta la educación en los niveles obligatorios. En este mismo pronunciamiento, O’Higgins J.[34] afirmaba que el artículo 42-4 de la Constitución evitó imponer al Estado la obligación de impartir la educación primaria por sí mismo, porque tendría que impartirse necesariamente en escuelas estatales, lo cual resultaría imposible con el sistema educativo que había –y hay- en Irlanda. Si, además, se recuerda la historia de las escuelas confesionales en la Isla, es fácil suponer el cuidado con que habrán sido elegidos los términos en que aparece redactado el artículo. Por tanto, la disposición del artículo 42-4 debe ser interpretada en el sentido de que el Estado debe garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación primaria gratuita, aunque ésta no sea impartida en centros estatales. Esta interpretación es la que ha prevalecido, también en instancias gubernamentales, y la que parece más conforme con el espíritu del texto constitucional[35].
La garantía de una educación primaria gratuíta alcanza, obviamente, a todos los niños. Pese a todo, suscitó alguna duda si el artículo 42-4 garantizaba la educación de los niños que tiene necesidades educativas especiales (discapacitados, niños con trastornos de atención, etc.). Inicialmente, en Comerford vs Minister for Education[36], se consideraba que el Estado tiene una obligación, derivada de la propia Constitución, de adoptar las medidas necesarias para que estos niños puedan acceder a la educación primaria, de acuerdo con su capacidad y sus circunstancias, bien integrándolos en la estructura educativa ordinaria, si es posible y beneficioso para ellos, o bien de otra manera, cuando no sea factible la integración escolar. Pocos años después, en Sinnott vs Minister for Education [37], se matizaron más los conceptos. Afirmaba esta Sentencia que la educación de los niños con necesidades especiales no estaría propiamente incluida en la obligación del Estado de garantizar la educación primaria –provide for free primay education-, entendiendo por educación primaria la que con carácter general han de recibir todos los niños. La obligación del Estado de subvenir a las necesidades educativas especiales, cuando sea preciso, resulta de su deber de “provide other educational facilities or institutions”. Sin negar la importancia de esta distinción, hay que reconocer que, en la práctica, no tiene una gran relevancia. Ambas obligaciones están contenidas en el mismo artículo, por lo que su garantía es idéntica, y no parece que el Estado pueda negarse a facilitar los medios necesarios para la educación de quien lo requiera alegando que tales medios no responden a lo que se conoce como educación primaria.
En el ámbito legislativo, el Education for Persons with Disabilities Bill, de 2002, propone algunas medidas tendentes a facilitar la educación apropiada a personas con discapacidades[38], que pueden ser exigidas del Estado. Pese a todo, no es posible reclamar del Estado una ayuda tan especial que sea impracticable, o económicamente tan desmedida que no pueda considerarse incluida dentro de las obligaciones constitucionales del Estado.[39]
Los deberes que conforme al artículo 42-3-2º corresponden al Estado en materia educativa, no se limitan a garantizar el acceso general y gratuito a la educación. Este artículo dispone también que los niños deben recibir una mínima educación moral, intelectual y social, atendiendo a las circunstancias actuales. Dos cuestiones, principalmente, se plantean a este respecto: delimitar qué se entiende por educación y cual es el mínimo que el Estado debe garantizar.
El texto constitucional no recoge ningún concepto de educación. La jurisprudencia y la doctrina han ido perfilando el significado de este término, tomando como punto de partida los datos que ofrece el artículo 42. Conforme a este precepto, la enseñanza que ha de impartirse es la enseñanza “primaria”, esto es, la educación elemental que han de recibir todos los niños[40]. Por otra parte, el artículo 42 alude a diversos aspectos de la educación, pero sin la claridad que sería deseable. Así, el párrafo 1 reconoce el derecho de los padres a procurar para sus hijos una educación “religiosa y moral, intelectual, física y social”, mientras el párrafo 2-2º, al referirse al mínimo educativo que ha de garantizar el Estado, menciona la educación “moral, intelectual y social”. Las diferencias de contenido entre uno y otro derecho no están muy claras, como tampoco lo están las razones por las que cita estos aspectos de la educación y no otros que pueden considerarse igualmente importantes para la educación del niño[41]. Respecto de la educación religiosa, cabría argumentar que está suficientemente garantizada por el artículo 44, pero hay otras dimensiones de la educación que podrían reclamar un lugar en la Carta Magna al lado de las ya enumeradas.[42]
La jurisprudencia ha ido delimitando el sentido del término “educación”, aunque no ha seguido una línea uniforme. En Ryan vs Attorney General[43], la High Court entendió que la Constitucion no empleaba la palabra “educación” en un sentido amplio, que incluyera cualquier enseñanza que pudiera contribuir a la formación del niño, sino más restringido. Con una expresión concluyente, decía que la educación a que se refería la Constitución era “de naturaleza escolástica”. La Supreme Court, por su parte, consideró que la educación consistía, esencialmente, en impartir las enseñanzas teóricas y prácticas necesarias para que el niño obtenga el máximo rendimiento de su capacidad y de sus aptitudes físicas, mentales y morales. Esta definición fue aceptada más tarde por la High Court en O’Donoghue vs Minister for Health[44].
Más difícil aún que definir la educación es averiguar en qué consiste el “certain minimun education” en el contexto del artículo 42, es decir, como garantía de un nivel educativo que el Estado ha de procurar a todos los niños, cualquiera que sea el lugar en que reciben la enseñanza primaria.
La doctrina y la jurisprudencia han mantenido dos posturas opuestas acerca de la fijación del mínimo educativo: una, que considera que ese mínimo ha de ser establecido por ley y ha de tener carácter general; y otra que entiende que el mínimo exigible es variable, en función de distintas circunstancias, sin que sea posible establecer un nivel mínimo exigible con carácter general.
La primera postura ha sido recogida por la Supreme Court, en In Re Article 26 of the Constitution and the School Attendance Bill, 1942[45]. Según esta Resolución, el Estado puede, en el ejercicio de la función legislativa, determinar el mínimo que un niño ha de recibir en la enseñanza primaria[46], y que, en última instancia, consiste en “un nivel mínimo de educación elemental de aplicación general”[47], expresión que, lejos de aclarar su significado, lo complica aún más. Aunque ha habido otros intentos de definir ese mínimo[48], no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva, ni sobre la potestad del Parlamento ni sobre el contenido del mínimo educativo. El Parlamento, en todo caso, no ha establecido legalmente el nivel mínimo de educación exigible, lo que hace casi imposible –salvo casos extremos- que los tribunales puedan decidir con certeza si un niño está recibiendo una educación que alcance ese nivel mínimo.[49]
La segunda postura sostiene que el mínimo educativo que un niño debe recibir puede variar en función de circunstancias familiares, sociales, etc. En Direct of Public Prosecutions vs Best se mencionan incluso algunos parámetros que deberían tenerse en cuenta para fijarlo, variables según la época y las circunstancias de cada niño. No obstante, es evidente el riesgo que entraña hacer depender el mínimo educativo de factores contingentes, puesto que puede haber grandes diferencias entre lo que se considera “educación mínima” en unos u otros ámbitos familiares o culturales, y se podría llegar un resultado opuesto al pretendido por la Constitución; en otras palabras, a que no hubiera un mínimo exigible legalmente, porque con frecuencia habría factores que podrían justificar que no se alcanzara el nivel requerido.
Un problema práctico que existirá con independencia del modo en que sea fijado el mínimo educativo es cómo puede el Estado controlar que todos los niños reciben una educación que esté dentro de ese límite. La asistencia a una escuela primaria reconocida o establecida por el Estado, garantizaría que se recibe el mínimo,[50] pero no es tan seguro en el caso de los niños que reciben la educación primaria sin asistir a la escuela[51].
Si el derecho que asiste a los padres en este ámbito no deja lugar a dudas, es evidente también que la posibilidad de control del Estado sobre la educación impartida en el propio hogar es mucho más limitada. Ya desde los primeros años de vigencia de la Constitución de 1937 existía la duda de si el Estado tenía competencia para comprobar que quienes no asistían a un centro educativo estaban recibiendo, efectivamente, el mínimo de educación exigible. Para dar una respuesta a esta cuestión, en 1942 se presentó en el Parlamento para su aprobación el School Attendance Bill. En la sección 4, decía que sólo se consideraba que un niño estaba recibiendo la educación adecuada si asistía a una escuela nacional, o a otra escuela reconocida por el Estado, a menos que constara en un certificado expedido por el Ministerio que la educación y el modo en que era impartida, eran adecuadas. Esta sección fue declarada inconstitucional[52], entre otras razones, por vulnerar los derechos de los padres reconocidos en la Constitución. El principal argumento en defensa de esta decisión era que, conforme al artículo 42, el niño, efectivamente, ha de recibir un nivel mínimo de educación, pero el cómo o dónde lo reciba es un asunto que corresponde decidir a los padres exclusivamente. Por otra parte, atribuía al Ministro facultades para certificar no sólo que un niño recibía la educación necesaria, sino también que la recibía de una manera adecuada, lo cual excedía lo previsto por la Constitución[53].
Esta Resolución, sin embargo, difícilmente sería sostenible en la actualidad, tanto desde un punto de vista jurídico como pedagógico. Hoy en día son pocos los que aceptan que el contenido y los métodos de la educación son separables en el sentido que indicaba la Sentencia. Tampoco existe el temor que reflejaba la Supreme Court de que un Ministro, en el ejercicio de sus competencias, pudiera exigir un nivel educativo superior al que prescribe la Constitución[54], aunque, sin duda, la falta de desarrollo legal de este precepto dificulta el intento de delimitar con exactitud las obligaciones y competencias de los poderes públicos en este ámbito.
Una de las cuestiones más controvertidas en materia de enseñanza en el Derecho irlandés es el fundamento legal de la financiación de la enseñanza confesional[55]. El artículo 44-2-2º de la Constitución, que prohibe la financiación de las confesiones, no es suficientemente preciso acerca de la posibilidad de que el Estado preste ayuda financiera a instituciones confesionales que cumplen una finalidad social. Pero, además, puede observarse una cierta tensión en la propia Constitución en cuanto se refiere específicamente a la financiación de la enseñanza. Más en concreto, el artículo 42-4 prevé la ayuda estatal a las iniciativas privadas en el campo de la educación, y el 44-2-4º prohibe la discriminación en las ayudas que se concedan a los centros educativos de las distintas confesiones, lo que presupone que, efectivamente, el Estado interviene en la financiación de los centros confesionales, aunque debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la Constitución.
La simple posibilidad de que el Estado financie la enseñanza confesional ha sido criticada por un sector doctrinal[56]. Las razones que alegan para defender su postura apuntan, principalmente, a que la financiación de la enseñanza confesional, cuando tiene carácter monopolístico, es contraria a la libertad de conciencia del niño y a los derechos de quienes no quieran asistir a un centro confesional; y, por otra parte, vulnera la prohibición estatal de financiación de las confesiones.
Hemos tratado ya, al hablar de los derechos de los padres, de la interpretación de los artículos 42 y 44 sobre la libertad de enseñanza; podríamos dar por reproducidos los argumentos expuestos, ya que sería difícil admitir que el Estado protege y garantiza los derechos y libertades educativas si no contribuye a su financiación. Podríamos, sin embargo, matizar algún aspecto más.
Ante todo, el derecho vulnerado no sería nunca la libertad de conciencia, sino, eventualmente, la libertad religiosa. Pero, además, y sobre todo, es necesario distinguir el monopolio de hecho –que, en todo caso, no existe en Irlanda-, consecuencia de una elección mayoritaria de educación confesional, y el monopolio legal, que únicamente permitiría un tipo de escuela, la que el Estado decidiera, pero no admitiría el pluralismo educativo. Vimos por extenso que la Constitución no hace distinción entre centros aconfesionales y confesionales, y dentro de éstos de una u otra confesión, antes al contrario, acoge y garantiza los principios de igualdad y no discriminación en la ayuda financiera que preste a los centros educativos.
Los artículos de la Constitución, por otro lado, han de ser interpretados conjuntamente, y de esta interpretación resulta que el texto constitucional permite que el Estado financie la enseñanza confesional, con sometimiento a ciertos requisitos[57]. Estos requisitos serían cuatro: que la financiación se haya acordado por ley; que no sea discriminatoria; que no afecte al derecho de los niños de no asistir a clase de religión, y que la ayuda estatal no suponga una financiación de la confesión. Nos referiremos separadamente a cada uno de ellos.
Respecto del primer requisito, las únicas normas que autorizan la financiación estatal de la enseñanza confesional son los Appropriation Acts que se aprueban anualmente, aunque el artículo 44-2-4º parece que hace referencia a una legislación que autorizara de manera permanente la financiación de las escuelas confesionales. Esta legislación no existe actualmente, por lo que podría decirse que se cumple la letra, pero no el espíritu del artículo 44-2-4º[58].
En cuanto al segundo requisito, que no haya discriminación en la financiación de los centros, es tal vez el que más dificultades puede crear, por distintos motivos. El Estado ha establecido, con carácter general, unas exigencias mínimas –número de alumnos, confinanciación del propietario, etc.- para que sea procedente la ayuda financiera a una iniciativa educativa; lógicamente, estas exigencias serán iguales para todos, con independencia de cuál sea la confesión –o el grupo no confesional- que pretenda crear una escuela. Sin duda, en las circunstancias particulares de Irlanda, la Iglesia católica tendrá muchas más posibilidades de crear una escuela que cualquier otra confesión o grupo no confesional, dado su profundo arraigo socioal. Por poner un ejemplo, si el número mínimo de alumnos para que sea viable una escuela se fijara en 200, una escuela confesional católica seguramente no tendría dificultad, para conseguir ese número de matrículas, mientras que una escuela de otra confesión sólo en casos muy contados podría alcanzarlo. Ahora bien, el establecer unos criterios aplicables a todos por igual permite atender a las demandas sociales reales, porque no sería factible que el Estado financiara todas las iniciativas de cualquier grupo o confesión que quisiera establecer una escuela.
El Informe del Comité de revisión de la Constitución alertaba sobre un posible conflicto entre los derechos de las minorías y las demandas sociales de la mayoría en un sistema de enseñanza con predominio de las escuelas confesionales[59]. Es cierto que se trata de un problema que aún no ha adquirido grandes dimensiones, pero sí podría ir en aumento, habida cuenta de los movimientos migratorios de ciudadanos de países de Europa del Este, asiáticos y africanos –con frecuencia pertenecientes a confesiones no católicas- hacia Europa occidental, y que también afectan a Irlanda. Por ejemplo, podría pensarse en el supuesto de una escuela nacional –que recibe fondos públicos-, gestionada por una orden religiosa católica, que fuera la única en un núcleo de población de credo casi exclusivamente católico. Si se trasladan a esa localidad miembros de una comunidad islámica, la única alternativa escolar realista sería que los niños asistieran a la escuela católica, pero, aunque no fueran a clase de religión, los padres podrían poner objeciones a que estuvieran a una escuela confesional católica, puesto que toda la enseñanza estará permeada de ideas católicas. Teniendo en cuenta que se trata de una escuela financiada con fondos públicos, el problema es qué debe hacer el Estado: ¿debe atender a las demandas de los miembros de una minoría, puesto que estamos hablando de financiación pública? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál sería la solución?. No es posible que el Estado preste ayuda financiera si no se dan los requisitos que garanticen viabilidad del centro, pero a la vez, tendría que garantizar los derechos de estos contribuyentes. El propio Informe reconoce que no es fácil arbitrar una solución satisfactoria para todos. Habrá que esperar a ver cómo van resolviéndose en la práctica los conflictos que puedan surgir, y cómo entiende la jurisprudencia que deben articularse los derechos que reconoce la Constitución.
Por otra parte, una escuela confesional puede dar preferencia a las solicitudes de admisión de los miembros de la confesión de que se trate, con la finalidad de mantener su identidad religiosa. Se produciría entonces otro problema: si el centro no da preferencia a los miembros de la confesión, el carácter religioso de la escuela puede quedar difuminado, o hacerse muy difícil mantener la identidad confesional; pero si se otorga preferencia a los alumnos de una determinada confesión, podría haber –y de hecho habría- una discriminación, especialmente si de esta manera se priva a un alumno de acudir al centro más próximo o más conveniente para él[60]. Parece que también en este supuesto quedará en manos de los tribunales la concreción práctica del principio de no discriminación aplicado al sistema educativo.
El tercer requisito –respetar el derecho del niño a no asistir a clases de religión- ha sido ya tratado a propósito de los derechos subjetivos; nos remitimos, en consecuencia, a lo que entonces se dijo.
Por último, se requiere que la financiación de la enseñanza no suponga en la práctica una financiación de la confesión. Sobre esta exigencia se han pronunciado tanto la doctrina como la jurisprudencia.
Brian Walsh, antiguo Decano de la Supreme Court, se refirió a este tema en términos concluyentes, en un pronunciamiento extrajudicial[61]. Entiende que no parece que haya objeción a que el Estado financie la educación confesional, si los padres así lo desean. Como contribuyentes, los padres serían libres de exigir que parte de su impuestos se destine a financiar la enseñanza que quieren para sus hijos, y esto no es contrario a la disposición del artículo 44 de la Constitución, que garantiza que el Estado no financiará ninguna confesión religiosa. En efecto, la enseñanza de la religión, o de una religión en concreto, como parte del contenido de la educación en general, no puede ser considerado como financiación de una confesión. Apela también este autor a la tradición irlandesa, donde el modelo seguido ha sido el de la enseñanza confesional, y, en consecuencia, en los centros educativos se enseñaba una religión determinada, sin que nunca se haya identificado esto con una financiación estatal de las confesiones. Simplemente, la religión es una materia que puede recibirse en la mayoría de las escuelas, y los padres son libres de decidir si sus hijos han de recibir o no dicha educación[62].
En análogo sentido se pronunció la Supreme Court, confirmando el pronunciamiento que ya había realizado la High Court[63]. Según esta Sentencia, financiar la educación confesional no equivale a una “financiación de una confesión” en el sentido del artículo 44-2-2º[64]. Por lo demás, este último artículo en ningún modo se ha previsto para dejar inoperante el sistema de ayuda a la educación confesional, cuya validez ha sido expresamente reconocida por la Constitución. El Comité de Revisión Constitucional considera que el artículo 44-2-4º -que prevé la ayuda estatal a la enseñanza confesional- representa una excepción a la regla general del artículo 44-2-2º[65] que prohíbe la financiación estatal de las confesiones, aunque por diversas razones considera que no es necesaria una modificación del artículo. No obstante, señala el Informe, si un centro confesional acepta la financiación pública, debe entender que esta ayuda no se presta incondicionalmente. Sería exigible, en contraprestación, que acepte alumnos de otras confesiones religiosas, y que adopte las medidas necesarias para que pueda realmente impartirse de forma separada la educación secular y la religiosa[66], pero no especifica de qué medidas se trata, lo que hubiera sido muy deseable, dadas las dificultades prácticas para impartir en un centro confesional este tipo de educación separada.
En conclusión, el sistema de enseñanza primaria o elemental que resulta de los artículos 42 y 44 de la Constitución de 1937 está informado por los principios que conforman la laicidad: los principios de neutralidad y cooperación, concretados en la libertad de creación de centros docentes y la previsión de la ayuda estatal en condiciones de igualdad, prohibiéndose la discriminación por motivos religiosos; la libertad religiosa, que implica el reconocimiento del derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral que desean para sus hijos; y, todo ello, en el marco de un Estado no confesional y sin religión de Estado. La laicidad, sin embargo, no impone un modelo único de organización del sistema educativo. Como todos los principios constitucionales, permite, e incluso exige, una diversidad de realizaciones prácticas en los diferentes ámbitos de la vida pública que sean respetuosas con las peculiaridades del país.[67] Desde esta perspectiva, el sistema educativo irlandés ha integrado los principios constitucionales con la realidad social y las tradiciones culturales, lo que ha hecho posible su pervivencia, sin grandes dificultades, durante de más de un siglo.
La educación secundaria se imparte en distintos tipos de centros. Los más antiguos son las escuelas secundarias –secondary schools-, que, en su mayoría, están regidas y gestionadas por instituciones religiosas católicas, y, en número muy inferior, por otras confesiones religiosas o por personas privadas. Desde 1964, el Estado financia en torno al 80% de la edificación de estas escuelas, y también se hace cargo de los salarios de los profesores y de los gastos ordinarios de mantenimiento[68]. Además, el Estado entrega a las escuelas secundarias católicas una cantidad anual por alumno, mientras que, en el caso de las escuelas protestantes, la cantidad correspondiente es adjudicada no a la escuela, sino al Comité de financiación de escuelas secundarias protestantes, que puede redistribuir estos fondos entre los alumnos de sus escuelas o financiar becas de internado[69].
La formación religiosa que se imparte en estas escuelas se realiza bajo la responsabilidad y supervisión de las autoridades de cada confesión, y han de adoptarse las medidas necesarias para que no asistan a la instrucción religiosa quienes no lo deseen[70].
Otro tipo de escuelas son las denominadas vocational schools que imparten una educación de carácter más técnico. Están bajo el control de las autoridades locales, regidas y administradas por un comité de formación profesional, y son financiadas principalmente por el Estado[71]. No son confesionales, pero la religión forma parte del curriculum docente y, generalmente, algún miembro de la Iglesia integra el comité de la escuela[72].
A partir de los años sesenta, se introdujeron importantes modificaciones en la enseñanza secundaria, con la creación primero de las comprehensive schools, y posteriormente de las community schools. Inicialmente, las comprehensive schools nacieron para facilitar el acceso de los alumnos a este nivel de educación en áreas donde había necesidad de centros educativos[73]. Se pretendía también que fueran escuelas abiertas a todo tipo de alumnos, con un curriculum que integrara enseñanzas propias de las secondary school y de las vocational schools. La idea originaria era que estos centros no fueran confesionales, pero no se pudo llegar a un acuerdo para que tuvieran carácter pluriconfesional, y la realidad es que eran católicos o protestantes. Las escuelas católicas estaban regidas por un comité integrado por tres miembros: un representante del Ministerio de Educación, un representante del obispo de la diócesis y un representate del comité nacional de formación profesional; en el caso de las escuelas protestantes, la diferencia en la composición del comité es que había un mayor número de representantes de la Iglesia correspondiente.
En octubre de 1970 se anunció la creación de las community schools, que venían a ser un ulterior desarrollo de las comprehensive schools[74]. Con estos nuevos centros se pretendía dar un paso más hacia la igualdad de oportunidades en la educación, reduciendo los solapamientos de los distintos centros, integrando todas las enseñanzas de nivel secundario en una sola, y eliminando el modelo bipartito de escuelas secundarias y escuelas de formación profesional. El documento elaborado por el Ministerio de Educación justificando la creación de estas escuelas hace referencia a diversos argumentos: primero, la cuestión práctica de que en muchos sitios existen escuelas secundarias y de formación profesional demasiado pequeñas para ofrecer a sus alumnos todos los servicios que precisarían; segundo, la conveniencia de eliminar todo tipo de distinciones entre los diferentes tipos de enseñanza que siguen a la educación primaria; y tercero, se considera también que estas escuelas pueden prestar un servicio a la comunidad, como centros de educación de adultos y sede de asociaciones. [75]
Algunas community schools surgieron de la unificación de las escuelas secundarias y de formación profesional ya existentes, y otras fueron establecidas ex novo en áreas de fuerte expansión urbana, en vez de crear escuelas secundarias y de formación profesional separadas.[76] No obstante, faltaban por aclarar algunos aspectos de su régimen. Por ejemplo, durante las primeras décadas de su funcionamiento, se había producido un áspero debate entre la Iglesia católica y el Estado sobre el control y la propiedad de estas escuelas. La Iglesia había recibido bien el cambio que suponían las community schools, pero pretendía que siguieran teniendo un cierto carácter católico, ya que, como expresamente señalaron destacados miembros de la jerarquía, no se podía pretender que la Iglesia consintiera una “descatolización” legal de los centros de educación secundaria. La postura de la Iglesia, unida al hecho de que el Ministro de Educación hubiera informado previamente del proyecto a la jerarquía católica y no a los protestantes, levantó protestas en algunos sectores. Ante estas protestas, el Ministro argumentó que había informado a la jerarquía católica y no a las autoridades protestantes porque todas las escuelas a las que afectaba el proyecto -no más de treinta en un primer momento- eran confesionalmente católicas.[77] Finalmente, el plan inicial fue modificado; se suprimieron algunas cláusulas del proyecto y, aunque se mantuvo la participación de eclesiásticos en los comités de gestión, se redujo su porcentaje; igualmente se acordó que formara parte del cuadro de personal a tiempo completo de estas escuelas un capellán nombrado por el obispo.
Inicialmente, estas modificaciones parecieron satisfactorias a todos los implicados. Sin embargo, este modelo de community school fue cuestionado más adelante; el caso llegó hasta la Supreme Court[78], que consideró aceptable el modo de gestión de estos centros, precisando que aquellas escuelas en que se impartiera instrucción religiosa y se realizaran actos de culto católicos serían denominadas Catholic community schools.
La Constitución de 1937 no impone la financiación estatal obligatoria de la enseñanza secundaria, pero permite hacerlo al amparo del artículo 42-4[79]. No obstante, la ayuda financiera no es incompatible con el mantenimiento del carácter confesional del centro.
Esta interpretación, que era generalmente aceptada por la doctrina, fue recogida en Greally vs Minister for Education and others (Nº 2) [80]. Aunque la demanda se refería propiamente a la selección del profesorado de enseñanza secundaria, la Sentencia aludió también a la financiación. A este respecto, señalaba que el Estado no puede establecer un sistema de financiación de la enseñanza secundaria que lleve consigo la pérdida de la naturaleza confesional de los centros que reciben financiación, y así lo garantiza el artículo 42 de la Constitución. Es cierto que, en sentido estricto, la Constitución sólo obliga a la financiación de la educación primaria, pero si el Estado decide financiar también la enseñanza secundaria no puede imponer unas condiciones tales que lleven, en la práctica, a la pérdida del carácter confesional de las escuelas que reciben la ayuda pública.
En los últimos años, ha sido también objeto de polémica la financiación estatal de los capellanes de las community schools[81]. La cuestión fue resuelta por la Supreme Court en Campaign to Separate Church and State vs Minister for Education[82]. Alegaba la demanda que la función de los capellanes es única y exclusivamente religiosa, y, por tanto, mantenerlos con fondos públicos constituye una financiación indirecta de la confesión religiosa respectiva, contraria al artículo 44 de la Constitución[83]. La Supreme Court sostuvo la conformidad con el texto constitucional del sistema de financiación de los capellanes; consideraba que, de esta manera, el Estado cumple la obligación que le impone el artículo 42 de la Constitución de ayudar a los padres en su tarea educativa; al financiar un sistema de capellanías en los colegios, presta apoyo económico a la elección de los padres relativa a la formación religiosa y moral de sus hijos, prevista en el artículo 42-4, y que es diferente de la educación religiosa, garantizada por el artículo 42-1. La diferencia entre educación y formación, continúa la Sentencia, es clara: la educación religiosa de un niño comprende la enseñanza de la doctrina y de la historia de la religión, mientras que la formación religiosa busca familiarizar al niño con la práctica religiosa, y atender a su desarrollo espiritual.[84]
Es preciso destacar que los cinco miembros de la Supreme Court coincidieron en afirmar que el sistema de financiación estatal de los capellanes era conforme con la Constitución –aunque basándose en fundamentos diferentes, por lo que hubo dos pronunciamientos distintos-, siempre y cuando la financiación alcanzara a todas las community schools, de cualquier confesión, y respetara el principio de igualdad entre las escuelas[85]. Por tanto, están definitivamente resueltas las dudas que pudiera plantear la constitucionalidad del sistema.
El actual sistema universitario irlandés, estructurado principalmente en torno a la National University of Ireland y el Trinity College, no presenta ninguna característica destacable desde la perspectiva de las relaciones Iglesia-Estado, pero su mención aquí está justificada por motivos de carácter histórico. En los últimos siglos, la enseñanza universitaria ha estado dominada por una nota singular en el contexto de Europa Occidental: Irlanda es el único país en el que la jerarquía católica ha apelado al principio de educación separada para los católicos en el nivel universitario. Aunque es frecuente en otros Estados europeos la coexistencia de universidades católicas y no confesionales, las autoridades eclesiásticas nunca han insistido en que los estudiantes católicos deben cursar los estudios universitarios en los centros de la Iglesia[86].
Las razones a que obedece esta singularidad hay que encontrarlas, una vez más, en la historia. En el siglo XIX, las únicas universidades en que podían realizarse estudios superiores eran el Trinity College, en Dublín, fundado en 1592, con una marcada identidad protestante, y los tres Queen’s Colleges de Belfast, Cork y Galway, fundados en 1845, de carácter no confesional[87]. En 1847, un rescripto papal consideró estas instituciones perjudiciales para la religión católica, e instó a los obispos irlandeses a crear una universidad católica, tomando como modelo la de Lovaina. El Sínodo de Thurles, celebrado en 1850, reiteró la condena y aceptó la propuesta del Pontífice. Un año más tarde, el 12 de noviembre de 1851, fue creada la Universidad Católica, que abrió sus puertas formalmente a finales de 1854 e hizo posible para los estudiantes católicos acceder a los grados universitarios, hasta entonces vetados para ellos. Su primer rector fue J. H. Newman, cuyas ideas sobre la universidad dejaron una impronta fácilmente perceptible en el sistema universitario de la época[88].
En 1908, el Irish Universities Act estableció la National University of Ireland, con tres Colleges en Dublín, Cork y Galway, que, de algún modo, vinieron a ocupar el lugar de la Universidad Católica, disuelta en 1909[89]. En efecto, aunque formalmente no confesional, la jerarquía católica tenía asegurada la intervención en sus órganos de gobierno, y se buscaba, en definitiva, que un mayor número de católicos pudieran acceder a los estudios universitarios.
La postura de la jerarquía acerca de la prohibición a los católicos de asistir al Trinity College se mantuvo a lo largo de la primera mitad del siglo XX, e incluso fue endureciendose progresivamente, de manera que los católicos no podía cursar estudios en dicha institución sin un permiso especial de las autoridades eclesiásticas. Esta actitud cambió paulatinamente a partir de 1960. Buena muestra de este cambio fue la reacción de la jerarquía ante el plan de las autoridades civiles para unir el Trinity College y el University College of Dublin, en 1967. El proyecto tenía su razón de ser en motivos fundamentalmente económicos; los obispos apreciaron lo acertado del plan, y consideraron que podía ser un gran paso en la racionalización de la situación de estos Colleges. La unión, finalmente, no se produjo, pero la actitud de la Iglesia en este asunto sí que cambió radicalmente, hasta el punto de que en 1970 solicitó de Roma la remoción de la prohibición de la asistencia de los católicos al Trinity College. Oficialmente, este cambio en la postura de las autoridades eclesiásticas obedecía a que se había alcanzado un sustancial acuerdo en cuestiones básicas entre la National University of Ireland y el Trinity College, pero en realidad era consecuencia de un replanteamiento de la actitud de los obispos en materia educativa que se venía realizando desde mediados de los sesenta.
Actualmente, las Universidades están desprovistas de una identidad estrictamente confesional, y no hay diferencia alguna entre los alumnos de los diferentes centros en cuanto a admisión, acceso a becas y subvenciones, etc. por razón de sus creencias[90]. La reestructuración de la National University of Ireland[91] y la creación de nuevas Universidades[92] han configurado un sistema universitario que hace difícil recordar las profundas divisiones que existían hace sólo unas décadas.
[1] Nos hemos ocupado de este tema en Relaciones Iglesia-Estado en Irlanda. Una perspectiva desde la Constitución, en “Ius Ecclesiae”, vol. XVI, num. 1, 2004, pp. 67 y ss.
[2] Vid. una aproximación histórica a este materia en e. mcgrath, Education in Ancient and Medieval Ireland, Dublín, 1979.
[3] De hecho, algunas modificaciones legislativas no prosperaron porque no gozaban de la aprobación de la Iglesia, o, en contadas ocasiones, porque se opuso a ellas. Cfr. j. h. whyte, Church and State in modern Ireland 1923-1979, Dublín, 1980, p. 19.
[4] Cfr. w. n. osborough, Education in the Irish Law Constitution, en “The Irish Jurist”, 13, 1978, p. 150.
[5] Entre estas modificaciones destacan los cambios radicales en el programa de educación primaria; la creación de comités de gestión en las escuelas primarias; la elevación de la edad de la enseñanza obligatoria hasta los 15 años; la apertura, entre 1969 y 1972, de ocho Escuelas Técnicas –hasta entonces muy escasas en el país-, etc. Puede dar una idea de la importancia de estos nuevos planteamientos de política educativa el dato de que en una década (de 1963/4 a 1973/4) el presupuesto público de educación aumentó del 3,45% del PIB al 6,29%. Trata con detalle este tema j. h. whyte, en Church and State…, cit., pp. 337 y ss.
[6] Cfr. a. hyland, The multidenominational experience, anexo al Report of the Constitutional Review Group, Dublín, 1996, p. 632.
[7] Artículo 42: “1. The State acknowledges that the primary and natural educator of the child is the Family and guarantees to respect the inalienable right and duty of parents to provide, according to their means, for the religious and moral, intelectual, physical and social education of their children. 2. Parents shall be free to provide this education in their homes or in private schools, or in schools recognised or established by the State. 3. 1º. The State shall not obligue parents, in violation of their conscience and lawful preference to send their children to schools established by the State, or to any particular type of schools designated by the State. 2º The State shall, however, as guardian of the common good, require, in view of actual conditions that the children receive a certain minimum education, moral, intellectual and social. 4. The State shall provide for free primary education and shall endeavour to supplement and give reasonable aid to private and corporate educational initiative, and, when the public good requires it, provide other educational facilities or institutions with due regard, however, for the rights of parents, especially in the matter of religious and moral formation. 5. In special cases, where the parents for physical or moral reasons fail in their duty towards their children, the State as guardian of the common good, by appropiate means shall endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child”. Artículo 44: “2 2º The State guarantees not to endow any religion. 4º: “Legislation providing State aid for schools shall not discriminate between schools under the management of different religious denominations, nor be such as to affect prejudicially the right of any child to attend a school receiving public money without attending religious instruction at that school”.
[8] Tampoco hay –ni ha habido- Concordato o Acuerdos formales entre la Iglesia católica y la República de Irlanda.
[9] Cfr. j. m. kelly, The Irish Constitution, Dublín, 2003 (4ª edic., a cargo de g. w. hogan y g. f. whyte), pp. 1059-1060. Afirma Kelly que esta práctica podría infringir el artículo 15.2.1 de la Constitución, interpretado por la Supreme Court en el sentido de que el Parlamento sólo puede delegar las facultades de ejecución de principios o políticas previamente aprobadas por el propio Parlamento. En O’Callaghan vs Meath VEC, la High Court se refirió a este asunto, señalando que una característica del sistema educativo irlandés es que las actuaciones del Ministerio de Educación no han sido establecidas en normas con rango de ley; por el contrario, el Ministerio ha elaborado cientos, o quizá miles de reglamentos, memoranda y circulares, algunos relativos a importantes aspectos de la política educativa. En consecuencia, un buen número de decisiones han sido adoptadas no en el ejercicio de la potestad legislativa, sino como meras medidas administrativas. Estas medidas, evidentemente, no son ilegales, pero no tienen fuerza de ley, y con frecuencia los criterios que se tienen en cuenta para su elaboración son principalmente de carácter financiero.
[10] Cfr. j. casey, Constitutional Law in Ireland, Dublín, 2000, pp. 702 y ss. En 1995 el Ministerio de Educación publicó el White Paper on Education, donde se hace eco de esta carencia. Comenta este documento g. f. whyte, White Paper on Education: A Lawyer’s response, en “Studies in Education”, 11, 1995, p. 22.
[11] Para un análisis detallado del Education Act, y, en general, de la normativa sobre educación, vid. d. glendenning, Education and the Law, Dublín, 1999.
[12] Cfr. casey, j., Constitutional Law…, cit., p. 654.
[13] Cfr. j. coolahan, Irish education. History and structure, Dublín, 1981, p. 145.
[14] En el debate constitucional, se entendía que los intereses de los padres y de la Iglesia eran esencialmente los mismos, como refleja el texto del artículo 42 de la Constitución. Sobre la premisa de esta identificación, no hay previsión alguna para el hipotético supuesto de conflicto entre los intereses de los padres y de los propietarios de las escuelas: el artículo no hace referencia a los propietarios o consejos de gestión. Es decir, se reconocen los derechos de los padres en la enseñanza, pero no se prevé un control estatal de la gestión educativa. Vid, sobre esta cuestión, g. f. whyte, The White Paper…, cit., p. 26.
[15] Trata este tema con más extensión g. f. whyte, Education and the Constitution: convergence of paradigm and praxis, en “The Irish Jurist”, 25-27, 1990-92, pp. 72 y ss.
[16] Cfr. artículo 14. Cfr. sobre este tema Report of the Constitutional Review Group, Government of Ireland, Dublín, 1996, pp. 338-339 y 345.
[17] En el período preconstitucional se crearon también las denominadas model schools, que podrían considerarse un subtipo de las escuelas nacionales. No estaban bajo el control de un patron o de un consejo de gestión, sino bajo el control exclusivo del Parlamento. Vid. sobre este tipo de escuelas Report…, cit., p. 343.
[18] Cfr. j. casey, Estado e Iglesia en Irlanda, en G. Robbers (ed.), “Estado e Iglesia en la Unión Europea”, Baden-Baden – Madrid, 1996, pp. 159-160.
[19] Cfr. j. casey, Estado e Iglesia en Irlanda, cit., p. 160.
[20] Vid., también sobre los aspectos históricos de este tema, las Actas del Congreso celebrado en Dublín en 1996 sobre el futuro de la religión en la educación irlandesa (The future of religion in Irish Education, Dublín, 1997)
[21] La Section 68 de las Rules for National Schools dispone ahora: “Of all the parts of a school curriculum Religious Instruction is by far the most important, as its subject-matter, God’s honour and service, includes the proper use of all man’s faculties, and affords the most powerful inducements to their proper use. Religious Instruction is, therefore, a fundamental part of the school course, and a religious spirit should inform and vivify the whole work of the school. The teacher should constantly inculcate the practice of charity, justice, thruth, purity, patience, temperance, obedicence to lawful authority, and all the other moral virtues. In this way, he will fulfil the primary duty of an educator, the moulding to perfect form of his pupil’s character, habituating them to observe, in their relations with God and with their neighbour, the laws which Gos, both directly through the dictates of natural reason and throug Revelation, and indirectly through the ordinance of lawful authority, imposes on mankind.” Resultan también interesantes y reveladoras las anotaciones a esta sección contenidas en el “Teacher’s Handbook”, publicado en 1971.
[22] a. hyland, The multidenominational experience, cit., p. 632.
[23] Cfr. r. keane, Fundamental rights in Irish Law. A note on the historical bachground, en j. o’reilly (ed.), “Human rights and Constitutional Law”, Dublín, 1992, p. 29; m. farry, Education and the Constitution, cit., p. 15. Vid. sobre este tema, ampliamente, w. n. osborough, Education in the Irish Law Constitution, cit., pp. 145 y ss.
[24] Cfr. m. farry, Education and the Constitution, cit., p. 78.
[25] Recoge ampliamente esta discusión g. whyte, Education and the Constitution, en d. a. lane (editor), “Religion, Education and the Constitution”, Dublín, 1992, pp. 107-108.
[26] Cfr. Report…, cit., p. 386. Veremos con más detenimiento este problema a propósito de la financiación de la enseñanza confesional.
[27] Cfr. g. w. hogan, Law and Religion: Church-State relations in Ireland from Independence to the present day, en (1987) 35 “American Journal of Comparative Law”, p. 91.
[28] De hecho, se intentó desde el principio, sin éxito, establecer un sistema de enseñanza no confesional. La Stanley Letter de 1831, en la que tienen su origen las escuelas primarias, realmente pretendía crear un sistema educativo no confesional, en el que la enseñanza de la religión se impartiría fuera del horario lectivo ordinario. Sin embargo, las tres Iglesias principales con presencia en Irlanda (católica, presbiteriana y anglicana) rechazaron este sistema, y paulatinamente las escuelas devinieron centros confesionales de uno u otro signo, pero sobre todo, católicos (cfr. m. farry, Education and the Constitution, Dublín, 1996, p. 87). Sobre esta cuestión puede verse también, más ampliamente, d. alvey, Irish Education, The case for Secular Reform, Dublín, 1991.
[29] La preposición “for” fue introducida personalmente por De Valera en el segundo borrador del artículo 42-4 de la Constitución, en abril de 1937. Cfr. 1079/3 De Valera Papers, que se conservan en el Franciscan Institute of Celtic Studies and Historic Research (Killiney, Co. Dublin). Cfr. este tema en Report…, cit., pp. 343-344.
[30] Conviene recordar que la Constitución irlandesa tiene dos versiones oficiales, redactadas respectivamente en irlandés, primera lengua oficial, y en inglés, segunda lengua oficial; en caso de duda o discrepancia, prevalece la versión irlandesa (cfr. artículos 8 y 25 de la Constitución).
[31] La versión inglesa más correcta y conforme con el texto irlandés sería entonces “The State must make an arrangement/provision towards elementary education being available free”. En m. ó cearvil, Bunreacht na hÉireann. A study of the Irish text, Dublín, 1999, se examinan y tratan de resolver las divergencias entre el texto inglés y el irlandés de la Constitución. Vid. sobre las dificultades que plantea el artículo 42 pp. 609 y ss.
[32] Recoge esta polémica m. farry, Education and the Constitution, cit., p. 15.
[33] [1980] I.R. 102.
[34] Cfr. ibidem., at 122.
[35] En octubre de 1993, en la National Education Convention, el representante del Ministerio de Educación manifestó que el Estado cumple su obligación de proporcionar educación primaria gratuíta aportando la mayor parte del capital y de los costes de mantenimiento de la escuela, pagando los salarios de los profesores, estableciendo un curriculum y facilitando transporte escolar gratuito cuando sea necesario. Cfr. Report…, cit., p. 343.
[36] [1997] 2 I.L.R.M., at 134.
[37] [2001] 2 I.R. 545.
[38] Sobre este tema puede verse, con más amplitud, g. f. whyte, Social Inclusion and the Legal System: Public Interest Law in Ireland, Dublín, 2002, pp. 198 y ss.
[39] m. farry, Education and the Constitution, cit., p. 47.
[40] En Landers vs. Attorney General ([1975] 109 I.L.T.R. 1) se especificó que la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación se refiere a la enseñanza primaria, en general, pero no incluye las pretensiones de cada individuo singular; por ejemplo, el Estado no tiene obligación de financiar la carrera musical de un niño, como pretendían los demandantes en este caso.
[41] Por ejemplo, es frecuente la referencia a la importancia de la educación, artística, cívica, ética, etc., aunque justo es reconocer que la mayor o menor relevancia de algunas de estas facetas de la educación depende, en ocasiones, de factores coyunturales.
[42] A la luz de estas discusiones, el Informe del Comité Constitucional proponía, y ésta parece ser la mejor solución, mantener simplemente el término “educación” sin más precisiones. Cfr. Report…, cit., p. 355.
[43] Cfr. Ryan vs Attorney General [1965] I.R. 294.
[44] O’Donoghue vs Minister for Health [1996] 2 I.R. 20, at 65. En analogo sentido, vid. O’Shiel vs Minister for Education, [1999] 2 I.R. 321
[45] Cfr. In Re Article 26 of the Constitution and the School Attendance Bill, 1942, [1943] I.R. 334.
[46] En análogo sentido dice g. f. whyte: “Una cuestión que puede considerarse definitiva es que la potestad del Estado para determinar el mínimo exigible en la educación puede ejercitarse sólo por el Parlamento a través de una ley” (Education and the Constitution…, cit., p. 90).
[47] Cfr. In Re Article 26…, cit., at 345.
[48] En Direct of Public Prosecutions vs Best [2000] 2 I.R. 17, at 20, Murphy J. consideraba que el mínimo educativo consistía en “provide young people with a basic education so that they can communicate orally and in writing within society and record, organise and deal with ordinary social and business matters involving communication, enumeration and arithmetic”.
[49] Cfr. b. doolan, Constitutional Law and Constitutional rights in Ireland, Dublín, 1994, p. 260. Vid. sobre este tema j. m. kelly, Education and the Irish State, App. a g. f. whyte, Education and the Constitution, cit. En el año 2000 el Education (Welfare) Act creó el National Educational Welfare Board, una de cuyas principales funciones es asegurar que todos los niños asisten a una escuela reconocida por el Estado, o al menos, adquieren un nivel mínimo de educación, si sus padres optan por la educación en el propio hogar, pero nada dispone sobre el contenido de la educación. Se ha dejado pasar nuevamente la oportunidad de definir el mínimo educativo, por lo que cabe presumir que no hay voluntad de Estado de fijar el mínimo por ley.
[50] En opinión de Casey, el artículo 42-3-2º viene a sancionar una disposición preconstitucional, la sección 17 del School Attendance Act de 1926, que disponía que si los padres rehusaban enviar a sus hijos a la escuela, sin una justa causa, las autoridades podían obligarles a hacerlo, y la negativa a acatar este mandato se consideraría una infracción. Por tanto, esta norma presupone que la asistencia a la escuela primaria satisface prima facie la exigencia del artículo 42-3-2º de recibir a certain minimun education. (Cfr. j. casey, Constitutional Law…, cit., p. 659).
[51] El Report on the Constitution cita un ejemplo. En un futuro próximo –quizá ya actualmente-, se puede reputar esencial en un nivel básico de educación un cierto conocimiento de informática y de las redes de información. Si fuera así, los padres que han optado por educar a sus hijos en casa no podrían eludir la obligación de asegurar esos conocimientos a sus hijos argumentando que no los juzgan necesarios, o que económicamente no pueden afrontar los gastos que les exige. (Cfr. Report…, cit., p. 351).
[52] In re Art. 26 of the Constitution and the School Attendance Bill 1942 [1943] I.R. 334.
[53] Osborough opina que este “revés” influyó en la decisión del Ministerio de no realizar nuevos intentos legislativos en materia educativa durante largos años (cfr. w. n. osborough, Education in the Irish Law Constitution, cit., p. 174).
[54] Vid. con más amplitud Report…, cit., p. 351; j. casey, Constitutional Law…, cit., p. 660. En la Section 14 del Educational Welfare Act del 2000 se contempla la creación de un registro en el que deben figurar todos aquellos niños que estén recibiendo la educación en sus hogares o en centros distintos de las escuelas reconocidas, y se reconoce la posibilidad de inspección por parte de las autoridades educativas.
[55] Puede verse un planteamiento general del tema en k. williams, State support for Church Schools: is it justifiable?, en (1995) 11 “Studies in Education”, pp. 37 y ss.
[56] Principalmente, d. clarke. Vid. Church and State. Essays in Political Philosophy, Cork, 1984; Education, the State and the Sectarian Schools, en murphy&twomey (ed.), “Ireland’s evolving Constitution 1937-1997: Collected Essays”, Oxford, 1998. Estas críticas no resisten un análisis medianamente riguroso; vid. con más detalle los comentarios de j. m. kelly, The Irish Constitution, cit., p. 1941 y g. f. whyte, Education and the Constitution, cit., pp. 94 y ss.
[57] La exigencia de determinados requisitos para acceder a la financiación estatal aparece también en O’Shiel vs Minister for Education, cit, aunque en este supuesto desvinculada de las connotaciones de confesionalidad. La Sentencia rechaza la solicitud de los padres –que solicitaban el reconocimiento y financiación de una escuela, en la que, entre otras cosas, no se enseñaba irlandés, que tiene carácter obligatorio-, amparada en los artículos 42 y 44. Se fundamentaba este pronunciamiento en que el Estado puede establecer unas exigencias que considere necesarias para el reconocimiento y financiación de las escuelas primarias, y rechazar aquéllas que no reúnan los requisitos previstos. En este sentido, puede afirmarse que el Estado no está obligado a reconocer todas y cada una de las escuelas que a un grupo de padres se les ocurra establecer, cualquiera que sea su nivel o sistema educativo.
[58] Cfr. Report…, cit., p. 373-374.
[59] Cfr. Report…, cit., p. 375; g. f. whyte, Education and the Constitution, cit., pp. 108-109.
[60] Cfr. Report…, cit., p. 386. Vid. con detalle todas estas cuestiones en r. mccrea, The Supreme Court and the School Chaplains Case, en “Trinity College Law Review”, 2, 1999, p. 26.
[61] Cit. por g. whyte, en Education and the Constitution, cit., pp. 103. Vid. una crítica a sus planteamientos en m. farry, Education and the Constitution, cit., p. 131.
[62] Cfr. el comentario en g. f. whyte, Education and the Constitution, cit., pp. 103-104, en el que se hace referencia a la interpretación histórica de la Constitución en apoyo de la constitucionalidad de la financiación de la educación confesional.
[63] Campaign to Separate Church and State vs Minister for Education [1998] 2 I.L.R.M. 81, at 88-89, 99-100.
[64] m. forde, en la misma línea de razonamiento, pero apelando a un crítica gramatical, llega a idéntica conclusión partiendo del texto irlandés de la Constitución: “In fact –señala- this clause speaks of State aid (cúnamh) and not merely of funding” (cfr. m. forde, Constitutional Law in Ireland, Dublín, 2004., p. 620).
[65] El Informe se refiere al artículo 42-2-3º, pero entendemos que se trata de un error.
[66] Cfr. Report…, cit., pp. 386-387.
[67] El respeto de la diversidad cultural y religiosa aparece recogida como uno de los derechos fundamentales de la Unión Europa. Cfr. artículo 22 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18-XII-200 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 364/1).
[68] Hasta ese momento, bajo el Intermediate Education Act de 1878, las entonces denominadas escuelas “intermedias” no recibían ninguna ayuda estatal para construcción o equipamiento. Los únicos fondos públicos que podían percibir se distribuían mediante un sistema basado en los resultados obtenidos por los alumnos en un examen realizado ante un comité especial al final del curso académico (Cfr. Report…, cit., p. 341). Vid. con más detalle sobre la historia de la educación secundaria en Irlanda m. farry, Education and the Constitution, cit., pp. 105 y ss.
[69] Cfr. j. casey, Estado e Iglesia en Irlanda, cit., p. 161. Actualmente, pueden percibir también otras ayudas específicas, como los fondos de la Unión europea para el Leaving Certificate Applied Programme (cfr. Report…, cit., p. 341).
[70] Cfr. j. coolahan, Irish Education…, cit., p. 159. La asignatura de religión no tiene carácter evaluable en la enseñanza secundaria, situación un tanto anómala en un territorio en que la religión ha sido un elemento tan importante. En 1994, los obispos de la Iglesia católica solicitaron que esta asignatura fuera evaluable en el curriculum de la enseñanza secundaria. El Ministerio de Educación respondió a esta solicitud alegando que había inconvenientes legales para llevar a efecto esta petición, que podrían requerir, incluso, una modificación de la Constitución, pero no aclaró cuáles eran esos inconvenientes legales (Cfr. j. casey, Church and State in Ireland, 1994, en “European Journal for Church and State”, 2, 1995, p. 25).
[71] En el año 2001 se aprobó el Vocational Education Amendment Act, que principalmente regula los vocational education commitees.
[72] Cfr. j. coolahan, Irish Education…, cit., p. 143.
[73] Estas escuelas estaban previstas para un mínimo de ciento cincuenta alumnos, y contarían con un servicio de transporte escolar que abarcara todo el área que le correspondía. (Cfr. j. coolahan, Irish Education…, cit., p. 193).
[74] De hecho, desde los años setenta no se han creado nuevas comprehensive schools, excepto una escuela protestante creada a finales de la década de los 80 en East Glendalough, County Wicklow (Cfr. Report…, cit., p. 342).
[75] Cfr. j. h. whyte, Church and State…, cit., p. 390.
[76] Cfr. j. coolahan, Irish Education…, cit., p. 219.
[77] Vid. estas discusiones por extenso en j. h. whyte, Church and State…, cit., pp. 391 y ss.
[78] Campaign to Separate Church and State vs Minister for Education [1998], cit.
[79] Dispone este artículo, después de asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria: “The State (…) shall endeavour to supplement and give reasonable aid to private and corporate educational initiative, and, when the public good requires it, provide other educational facilities or institutions with due regard, however, for the rights of parents, especially in the matter of religious and moral formation”.
[80] Greally vs Minister for Education and others [1999] 1 I.R. 1; 2 I.L.M.R. 296. Vid. sobre esta Sentencia j. kelly, The Irish Constitution, cit., pp. 1963-1964; también el comentario de j. casey, Church and State in Ireland, 1998, en “European Journal for Church and State”, 7, 1999, p. 93; afirma este autor que la Sentencia ilustra los cambios que ha habido en la educación secundaria en Irlanda en las últimas décadas.
[81] La presencia de los capellanes en las community schools era un medio de adecuar las escuelas no confesionales al deseo de los padres de que sus hijos recibieran una “instrucción” religiosa en estas escuelas. El demandante consideraba que el pago de los salarios de los profesores de religión en esos centros era aceptable, pero el supuesto de los capellanes era totalmente distinto, porque su función está más relacionada con el culto que con la enseñanza (cfr. m. forde, Constitutional Law, cit., p. 620). Este problema no se había planteado con anterioridad, entre otras razones, porque la mayor parte de las escuelas estaban regidas por órdenes religiosas, y muchos de los profesores eran también sacerdotes, por lo que la figura del capellán podía ser fácilmente suplida con el personal del propio centro docente. Cfr. g. f. whyte, Education and the Constitution, cit., pp. 106-107.
[82] Campaign to Separate Church and State es una asociación cuyo principal objetivo es asegurar la separación entre las Iglesias y el Estado en los asuntos de interés común. El caso de los capellanes fue planteado ante la High Court ([1996] 2 I.L.R.M. 241), y recurrido en apelación ante la Supreme Court, que decidió definitivamente ([1998] 2 I.L.R.M. 81; 3 I.R. 321). Vid. un comentario a estas Resoluciones en r. mccrea, The Supreme Court …, cit. pp. 19 y ss.
[83] Es cierto que los capellanes pueden cumplir una función secular de consejo y asesoramiento no estrictamente religiosa a los alumnos o al personal del centro, pero, aun así, podría producirse una vulneración del artículo 44-2-3º, porque, obviamente, los capellanes habrían de nombrarse entre los miembros de unaa confesión religiosa, lo que supondría una discriminación, prohibida por este artículo (cfr. g. f. whyte, Education and the Constitution, cit., p. 106).
[84] Campaign to Separate Church and State vs Minister for Education [1998] cit, at 40-41. f. w. Ryan considera que la Supreme Court ha hecho prevalecer la tendencia general a facilitar la práctica de la religión, aunque ello lleve consigo la financiación de las confesiones o la discriminación entre ellas (f. w. ryan, Constitutional Law, Dublín, 2002., p. 213). Por el contrario, Forde entiende que el hecho de que una ley haga discriminaciones por motivos religiosos no supone que hayan de ser necesariamente inconstitucionales: se pueden prohibir ciertas prácticas religiosas por motivos de moralidad u orden público, y la discriminación a favor de la religión, o de una determinada confesión, podría ser permisible cuando la finalidad de tal discriminación fuera facilitar la práctica de una religión. (Cfr. m. forde, Constitutional Law, cit., p. 620).
[85] Campaign to Separate Church and State vs Minister for Education [1998] cit., at 101.
[86] Cfr. j. h. whyte, Church and State…, cit., p. 18.
[87] Estos tres Queen’s Colleges se transformaron en la Queen’s University of Ireland, establecida por Cédula Real en 1850. Fue disuelta en 1882.
[88] Las reflexiones de Newman acerca de la Universidad están recogidas en diversas obras suyas, entre las que destaca The idea of a University. En 1990, el University College of Dublin publicó un volumen que contiene una selección de sus escritos sobre esta materia, titulado Cardenal Newman and the Catholic University: a selection from Newman’s Dublin writtings. Pueden verse también c. barr, Paul Cullen, J. H. Newman and the Catholic University of Ireland 1845-1865, París, 2003; t. w. moody, The Irish university question of the nineteenth century, en “History” (XLIII, nº 148), junio 1958, pp. 90 y ss.
[89] En 1910, St. Patrick’s College of Maynooth fue reconocido como College de la National University of Ireland. Posteriormente, han sido reconocidos otros centros de enseñanza superior en distintas ciudades de la República.
[90] Cfr. j. casey, Estado e Iglesia…, cit., p. 162.
[91] Esta reestructuración fue realizada por el Universities Act de 1997, que define a la National University of Ireland como una universidad federal, con cuatro Colleges constituyentes (National University of Ireland Dublin, Cork, Galway y Maynooth); existen también cinco Colleges reconocidos. El Trinity College es el único College de la ahora denominada University of Dublin, y se rige por el Trinity College Dublin (Charters and Letters Patent Amendment) Act, 2000.
[92] En 1972 se creó la Universidad de Limerick, y en 1980 la Dublin City University.