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Timestamp: 2017-08-22 06:17:35
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Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 70', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 79', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 17', 'Artículo 35', 'artículo 70', 'artículo 47', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 47', 'artículo 80', 'artículo 64', 'Artículo 36', 'artículo 70', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 70', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 6', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 70', 'Artículo 44', 'artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 45', 'artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 45', 'artículo 63', 'Artículo 48', 'artículo 70', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 51']

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. TÍTULO II. Otras cuestiones del régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las restantes entidades que prestan servicios de inversión
Otras cuestiones del régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las restantes entidades que prestan servicios de inversión
Artículo 27 Requisitos generales de organización
1. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 70 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las entidades que presten servicios de inversión deberán cumplir los siguientes requisitos, teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de su actividad empresarial y la naturaleza y gama de los servicios prestados:
a) Emplear personal con las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar las funciones que se les asignen.
b) Llevar un registro ordenado y adecuado de su actividad y organización interna.
c) Garantizar que las personas competentes cumplen sus distintos cometidos de forma adecuada, honesta y profesional.
2. Las empresas de servicios de inversión deberán establecer, aplicar y mantener sistemas y procedimientos para salvaguardar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información que sean adecuados en función de la naturaleza de la información de que se trate.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.b) de la citada ley, las entidades deberán contar con una política de continuidad y regularidad en la prestación de sus servicios que garantice, en caso de interrupción de sus sistemas y procedimientos, la preservación de datos y funciones esenciales y el mantenimiento de servicios de inversión o, cuando esto no sea posible, la oportuna recuperación de tales datos y funciones y la reanudación de los servicios de inversión.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.a) de la citada ley, las entidades deberán contar con procedimientos contables que les permitan presentar oportunamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a petición de ésta, informes financieros que ofrezcan la imagen fiel del patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados y que cumplan las disposiciones y normas contables en vigor.
5. Las entidades deberán realizar un seguimiento y evaluación periódica de la adecuación y eficacia de sus sistemas, mecanismos de control interno y medidas establecidas de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo. Asimismo, deberán adoptar medidas adecuadas para subsanar las posibles deficiencias.
Artículo 28 Función de cumplimiento normativo
1. Las entidades que prestan servicios de inversión deberán establecer, aplicar y mantener medidas y procedimientos adecuados para detectar cualquier riesgo de incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones impuestas por las normas que resulten de aplicación, así como los riesgos asociados, y para minimizar dichos riesgos y permitir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ejerza sus facultades de manera efectiva.
2. Para garantizar que la función de cumplimiento normativo se desarrolla de forma adecuada e independiente, las entidades que presten servicios de inversión deberán asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones:
a) La unidad que garantiza el desarrollo de la función de cumplimiento normativo deberá estar dotada de la autoridad, los recursos y la experiencia necesarios y deberá tener acceso a toda la información pertinente.
b) Deberá nombrarse un responsable del cumplimiento que estará a cargo del desarrollo de la función de cumplimiento así como del informe sobre cumplimiento para la alta dirección de la entidad.
c) Las personas encargadas de garantizar el desarrollo de la función de cumplimiento no podrán participar en la prestación de los servicios y actividades que controlan.
d) El sistema para fijar la remuneración de las personas señaladas en la letra anterior no deberá comprometer, ni real ni potencialmente, su objetividad.
En cualquier caso, la entidad no estará obligada a cumplir lo dispuesto en las letras c) y d), siempre que, en función del tamaño, naturaleza, escala y complejidad de sus actividades y de la naturaleza y gama de sus servicios de inversión, pueda demostrar que el cumplimiento de tales requisitos no resulta proporcionado, y que el funcionamiento de la unidad sigue siendo eficaz.
Artículo 29 Gestión de riesgos
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán adoptar las siguientes medidas:
i) Que las políticas y procedimientos de gestión del riesgo de la empresa son adecuadas y eficaces.
ii) El nivel de cumplimiento por la entidad y por sus personas competentes de las medidas, procesos y mecanismos indicados en la letra b) anterior.
iii) Que las medidas adoptadas para hacer frente a cualquier posible deficiencia en las políticas, procedimientos, medidas, procesos y mecanismos son adecuadas y eficaces, indicando aquellos casos en los que el personal de la empresa no cumpla tales medidas, procesos y mecanismos, o no aplique las políticas y procedimientos.
2. Cuando resulte proporcionado en función de la naturaleza, escala y complejidad de su actividad empresarial y de la naturaleza y gama de servicios de inversión que presten, las empresas de servicios de inversión deberán crear y mantener una unidad de gestión de riesgos que funcione de manera independiente y que desarrolle las siguientes funciones:
b) Elaboración de informes y prestación de asesoramiento a la alta dirección de la entidad.
Artículo 30 Auditoría interna
1. La función de auditoría interna deberá informar sobre los asuntos de auditoría interna a la alta dirección.
2. Asimismo, la función de auditoría interna deberá desempeñarse por un órgano independiente cuando resulte proporcionado a la luz de la naturaleza, escala y complejidad de su actividad y de la naturaleza y gama de los servicios de inversión que preste la entidad.
Artículo 31 Responsabilidad de la alta dirección
1. La alta dirección ha de garantizar que la empresa cumple las obligaciones que le impone la Ley 24/1988, de 28 de julio y sus disposiciones de desarrollo. En particular, deberá evaluar y revisar con la periodicidad que se estime en función del tamaño de la entidad, la complejidad en la gestión de sus riesgos y la naturaleza de los servicios de inversión prestados y, al menos, anualmente, la eficacia de las políticas, medidas y procedimientos establecidos para cumplir con las obligaciones que impone a la entidad la ley y adoptar medidas para hacer frente a las posibles deficiencias.
2. La alta dirección deberá recibir con cierta periodicidad y, al menos anualmente, informes escritos sobre cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna. En estos informes deberá señalarse en particular si se han adoptado medidas adecuadas para subsanar las deficiencias aparecidas en su caso.
Artículo 31 bis introducido por el apartado diez del artículo único del R.D. 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el R.D. 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre («B.O.E.» 9 mayo).
Artículo 31 ter introducido por el apartado diez del artículo único del R.D. 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el R.D. 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre («B.O.E.» 9 mayo).
Artículo 32 Mantenimiento de registros
1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán conservar durante al menos cinco años los datos incluidos en todos los registros exigidos por el título V y VII, capítulo I de la Ley 24/1988, de 28 de julio y por el presente real decreto.
Sin perjuicio de ello, el registro de contratos señalado en el artículo 79 ter de dicha ley deberá mantenerse mientras dure la relación con el cliente. Cuando la empresa de servicios de inversión vea revocada su autorización antes de que transcurran los cinco años, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá exigir a la entidad que conserve los datos hasta que se complete dicho periodo.
En cualquier caso, cuando resulte necesario para el ejercicio de sus funciones de supervisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, en circunstancias excepcionales, exigir el mantenimiento de todos o algunos de los registros indicados en el párrafo anterior por un período tan largo como lo justifique la naturaleza del instrumento o de la operación.
Véase Res. 7 octubre 2009, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los registros mínimos a mantener por las empresas que presten servicios de inversión («B.O.E.» 21 octubre).
2. Los registros deberán guardarse en un soporte que permita el almacenamiento de la información de forma accesible a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se cumplirán en todo caso las siguientes condiciones:
a) La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acceder a ellos con facilidad y podrá reconstruir cada una de las fases fundamentales en la tramitación de cada operación.
b) Debe ser posible distinguir cualquier corrección o modificación realizada del contenido de los registros con anterioridad a aquellas, sin que sea posible, en ningún caso, la manipulación o alteración de los registros de otro modo.
3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar la lista de registros exigidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.
Artículo 33 Registro de órdenes de clientes sobre instrumentos financieros y registro de operaciones
1. Los datos a incluir en los registros de órdenes de clientes son los establecidos en el Reglamento 1287/2006, de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de servicios de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva.
En el registro deberá conservarse:
a) El ejemplar original de la orden firmada por el cliente o por persona autorizada de forma fehaciente, cuando sea realizada en modo escrito.
Las entidades dispuestas a aceptar órdenes recibidas por vía telefónica no escrita deberán establecer los medios necesarios para la identificación de sus ordenantes, así como disponer de cintas para la grabación de dichas órdenes; siendo necesario, no obstante, advertir previamente al ordenante de dicha grabación. Será necesaria, asimismo, la existencia de confirmación escrita de la orden por parte del ordenante, siendo admisible la utilización de cualquier medio escrito tales como telex, fax u otros similares. En cualquier caso, se entenderá confirmada la orden cuando el receptor de la misma comunique a su ordenante por cualquier medio escrito la ejecución y, en su caso, la liquidación de la misma según sus instrucciones y éste no manifieste disconformidad en el plazo que al efecto le indique la entidad, que no podrá ser inferior a quince días desde la recepción de dicha información por el ordenante.
Las órdenes que se refieran a operaciones a plazo superior a tres meses, deberán confirmarse antes de la fecha valor. Dicha confirmación deberá ser realizada por cualquier medio escrito bien por el ordenante o por el receptor de la orden.
2. El registro de operaciones deberá llevarse por medios informáticos.
3. Cada anotación en el registro de operaciones deberá estar sustentada por una orden de entre las comprendidas en el registro de órdenes. Las entidades establecerán las correspondencias que deben existir entre el registro de órdenes y el registro de operaciones, y entre éste y la base contable y los saldos de los estados financieros y estadísticos relacionados con ellos.
Artículo 34 Concepto de operación personal
Operación personal es cualquier transacción con un instrumento financiero realizada por una persona competente o por cuenta de ésta, cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a) Que la persona competente actúe fuera del ámbito de las actividades que le corresponden en virtud de sus cometidos en la empresa.
b) Que la transacción sea realizada por cuenta de cualquiera de las siguientes personas:
i) De la persona competente;
ii) De cualquier persona con la que la persona competente tenga una relación de parentesco o mantenga vínculos estrechos. A tales efectos se estará a la definición de vínculos estrechos establecida en el artículo 17.3 de este real decreto;
iii) De una persona cuya relación con la persona competente sea tal que ésta tenga un interés, directo o indirecto, significativo en el resultado de la operación. No se entenderá que existe interés alguno por el mero cobro de los honorarios o comisiones debidos por la ejecución de la transacción.
Artículo 35 Actividades prohibidas y medidas a adoptar
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 ter.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán establecer medidas adecuadas encaminadas a evitar las actividades señaladas en el siguiente párrafo cuando se realicen por cualquier persona competente que, o bien, participe en actividades que puedan dar lugar a un conflicto de interés, o bien, tenga acceso a información privilegiada o relevante, o a otra información confidencial relacionada con clientes o con transacciones con o para clientes, en virtud de una actividad que realice por cuenta de la empresa.
Las actividades prohibidas a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior son:
a) La realización de una operación personal, cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
i) Que la operación esté prohibida para esa persona en virtud de lo dispuesto en el capítulo II del título VII de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y sus disposiciones de desarrollo.
ii) Que la operación implique el uso inadecuado o la divulgación indebida de información confidencial.
iii) Que la operación entre o pueda entrar en conflicto con una obligación de la entidad con arreglo a lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio y sus disposiciones de desarrollo.
b) El asesoramiento o la asistencia a otra persona, al margen de la realización normal de su trabajo o, en su caso, de su contrato de servicios, para que realice una transacción con instrumentos financieros que, si se tratase de una operación personal de la persona competente entraría dentro de lo dispuesto en la letra a) anterior o en el artículo 47.2.a) o b) o en el artículo 80.e) de este real decreto.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 81.2.b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la comunicación, salvo en el ejercicio normal del trabajo o del contrato de servicios, de cualquier información u opinión a cualquier otra persona cuando la persona competente sepa, o puede razonablemente saber, que como consecuencia de dicha información la otra persona podrá, o cabe suponer que pueda, llevar a cabo cualquiera de las siguientes actuaciones:
i) Efectuar una operación sobre instrumentos financieros que si se tratase de una operación personal de la persona competente estaría afectada por lo dispuesto en la letra a) anterior o en el artículo 47.2 a) o b) o en el artículo 80.e) de este real decreto.
ii) Asesorar o asistir a otra persona para que efectúe dicha operación.
2. Las medidas indicadas en el apartado anterior deberán estar diseñadas para garantizar, en particular, que:
a) Las personas competentes indicadas en el apartado anterior estén al corriente de las restricciones existentes sobre las operaciones personales y de las medidas que la entidad tenga establecidas en relación con las operaciones personales y la revelación de información, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
b) La empresa sea informada rápidamente de cualquier operación personal efectuada por una persona competente por medio, bien de la notificación de la operación, bien de otros procedimientos que permitan a la entidad identificar las operaciones.
En el caso de que existan acuerdos para la delegación de funciones o servicios, la empresa deberá velar por que la entidad en quien haya delegado la actividad lleve un registro de las operaciones personales realizadas por cualquier persona competente y por que facilite esa información a la empresa de servicios de inversión lo antes posible, cuando ésta lo solicite.
c) Se lleve un registro de las operaciones personales notificadas a la empresa o identificadas por ésta, incluidas cualquier autorización o prohibición relacionada con tales operaciones.
3. No resultarán de aplicación los dos apartados anteriores, cuando se trate de las siguientes operaciones:
a) Operaciones personales realizadas en el marco de la prestación del servicio de inversión de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, cuando no exista comunicación previa sobre la operación entre el gestor de la cartera y la persona competente u otra persona por cuya cuenta se efectúe la operación.
b) Operaciones personales sobre participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, armonizadas o que estén sujetas a supervisión conforme a la legislación de un Estado miembro que establezca un nivel equivalente a la normativa comunitaria en cuanto a la distribución de riesgos entre sus activos, siempre que la persona competente o cualquier otra persona por cuya cuenta se efectúe la operación no participen en la gestión de la institución tal y como ésta se define en el artículo 64.a) del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES O SERVICIOS
Artículo 36 Definición de funciones esenciales para la prestación de servicios de inversión
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 70 ter.2.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, se entenderá que una función es esencial para la prestación de un servicio de inversión si una deficiencia o anomalía en su ejecución puede, bien, afectar, de modo considerable, a la capacidad de la empresa de servicios de inversión para cumplir permanentemente las condiciones y obligaciones que se derivan de su autorización y del régimen establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, bien, afectar a los resultados financieros o a la solidez o continuidad de sus servicios de inversión.
2. Sin carácter exhaustivo, no tendrán la consideración de funciones esenciales:
a) La prestación a la empresa de servicios de inversión de asesoramiento u otros servicios que no formen parte de la actividad inversora de la empresa, incluida la prestación de asesoramiento jurídico, la formación del personal, los servicios de facturación y los de vigilancia y seguridad de los locales y del personal de la entidad.
b) La compra de servicios estandarizados, incluidos los servicios de información sobre el mercado y sobre los precios.
Artículo 37 Condiciones para delegar la realización de servicios de inversión o el ejercicio de funciones esenciales para su prestación
1. La delegación de servicios de inversión o de funciones esenciales por parte de las empresas de servicios de inversión en terceros no disminuirá su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, y en sus disposiciones de desarrollo. En particular deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La delegación no supondrá delegación de responsabilidad por parte de la alta dirección.
b) La delegación no podrá alterar las relaciones y obligaciones de la empresa de servicios de inversión con su clientela.
c) Las condiciones que debe cumplir la empresa de servicios de inversión para recibir y conservar la autorización no podrán eliminarse o modificarse por la existencia de un acuerdo de delegación.
2. Las empresas de servicios de inversión deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que:
a) El tercero delegatario:
ii) Realiza eficazmente los servicios delegados. A tal fin, la empresa de servicios de inversión deberá establecer medidas para evaluar su nivel de cumplimiento.
iv) Comunica a la empresa de servicios de inversión cualquier suceso que pueda afectar de manera significativa al desempeño eficaz y conforme a la normativa aplicable de las funciones delegadas.
v) Coopera con la Comisión Nacional del Mercado de Valores en todo lo relativo a las actividades delegadas en él.
vi) Protege toda la información confidencial referida a la empresa de servicios de inversión y a sus clientes.
b) La empresa de servicios de inversión toma las medidas adecuadas cuando se aprecie que el tercero no puede realizar las funciones eficazmente y de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables.
c) La empresa de servicios de inversión cuenta con la experiencia necesaria para supervisar eficazmente las funciones delegadas y para gestionar adecuadamente los riesgos asociados a tal delegación.
d) La empresa de servicios de inversión puede rescindir el contrato de delegación cuando resulte necesario sin detrimento para la continuidad y calidad en la prestación de servicios a los clientes.
e) La empresa de servicios de inversión, sus auditores y las autoridades competentes tienen acceso efectivo a los datos referidos a las actividades delegadas y a las dependencias del tercero delegatario. Asimismo, la empresa de servicios de inversión deberá asegurarse de que las autoridades competentes pueden efectivamente ejercer el derecho de acceso.
f) La empresa de servicios de inversión y el tercero elaboran, aplican y mantienen un plan de emergencia para la recuperación de datos en caso de catástrofes y comprueban periódicamente los mecanismos de seguridad informática, cuando ello sea necesario habida cuenta de la función o servicio delegado.
3. El acuerdo de delegación entre la empresa de servicios de inversión y el tercero deberá formalizarse en un contrato escrito en el que se concretarán los derechos y obligaciones de las partes.
4. Cuando la empresa de servicios de inversión y el tercero pertenezcan al mismo grupo, aquella deberá valorar su capacidad para controlar al tercero y para influir en su actuación.
5. Las empresas de servicios de inversión deberán poner a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando ésta lo solicite, toda la información que sea necesaria para la supervisión del cumplimiento de las actividades delegadas.
Artículo 38 Delegación del servicio de gestión de cartera en prestadores de servicios situados en terceros países
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se delegue el servicio de gestión de cartera que se preste a clientes minoristas en terceros situados en un tercer país, la empresa de servicios de inversión deberá comprobar que se cumplen los siguientes requisitos:
a) El tercero deberá estar autorizado o registrado en su país de origen para la prestación de ese servicio y deberá, asimismo, estar sujeto a supervisión prudencial.
b) Deberá existir un acuerdo apropiado de cooperación entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la autoridad supervisora del país de origen del tercero. A estos efectos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar una lista de terceros países con los que haya celebrado los pertinentes acuerdos de cooperación.
2. Cuando no se cumpla uno o los dos requisitos señalados en el apartado anterior, la empresa de servicios de inversión sólo podrá delegar el servicio en una entidad de un tercer país si, habiéndole notificado previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el contrato de delegación, ésta no manifiesta su oposición en el plazo de un mes desde su recepción.
Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá publicar un comunicado en el que indicará la política que pretende aplicar en los casos señalados en el párrafo anterior. En el comunicado deberán incluirse ejemplos concretos de supuestos en los que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se opondrá, o es previsible que no se oponga, a los acuerdos de delegación en entidades de terceros países, debiendo fundamentar porqué se considera que, en esos casos, la delegación no pone en peligro la capacidad de la empresa de servicios de inversión para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 39 Protección de los activos de los clientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 ter, apartado 1, letra f) y apartado 2, letra c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberán mantener los registros y cuentas necesarios para que puedan en todo momento y sin demora distinguir los activos de un cliente de los de los otros clientes y de sus propios activos.
b) Los registros y cuentas deberán garantizar la exactitud de los datos que contengan y su correspondencia con los instrumentos financieros y los fondos de los clientes.
c) En su caso, deberán conciliar regularmente sus cuentas y registros internos con los de los terceros en cuyo poder obren los activos de sus clientes.
d) Deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar:
i) Que los instrumentos financieros de clientes depositados en un tercero se distingan de los que pertenezcan a la empresa de servicios de inversión y a dicho tercero.
Para ello, deberán establecerse cuentas con denominación diferente en la contabilidad del tercero, u otras medidas equivalentes que aseguren un nivel similar de protección.
ii) Que los fondos de los clientes estén contabilizados por el depositario en una cuenta o cuentas distintas de aquellas en las que se contabilizan los fondos pertenecientes a la empresa de servicios de inversión.
e) Tiene que adoptar las medidas organizativas necesarias para minimizar el riesgo de pérdida o disminución del valor de los activos de los clientes, o de los derechos relacionados con aquellos, como consecuencia de una mala utilización de los activos, fraude, administración deficiente, mantenimiento inadecuado de los registros o negligencia.
Artículo 40 Custodia de instrumentos financieros de los clientes
1. Las entidades que prestan servicios de inversión podrán depositar los instrumentos financieros de sus clientes en una cuenta o cuentas abiertas con un tercero siempre que actúen con la debida diligencia, competencia y atención en la selección, designación y revisión periódica del tercero y de los acuerdos que regulen la tenencia y custodia de los instrumentos financieros.
En particular, las entidades deberán tener en cuenta la experiencia y prestigio en el mercado del tercero, así como cualquier requisito normativo o práctica de mercado relacionados con la tenencia de esos instrumentos financieros que puedan perjudicar los derechos de los clientes.
2. Cuando la entidad pretenda depositar los instrumentos financieros en un tercero domiciliado en un Estado que sujete a regulación y supervisión la custodia de instrumentos financieros por cuenta de otra persona, aquella deberá designar a un tercero que esté sujeto a tal regulación y supervisión.
Asimismo, únicamente podrá depositar los instrumentos financieros de sus clientes en un tercero domiciliado en un Estado que no sujete a regulación y supervisión la custodia de instrumentos financieros por cuenta de otras personas, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) La naturaleza de los instrumentos financieros o de los servicios relacionados con esos instrumentos requiere que la custodia se efectúe en un tercero de ese Estado.
b) Los instrumentos financieros pertenecen a un cliente profesional y éste solicita por escrito a la empresa que se depositen en un tercero de ese Estado.
Artículo 41 Depósito de fondos de los clientes
1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán depositar inmediatamente los fondos que reciban de sus clientes en alguna de las siguientes entidades:
a) Bancos centrales.
b) Entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Bancos autorizados en terceros Estados.
d) Fondos del mercado monetario habilitados. Tendrán este carácter las instituciones de inversión colectiva armonizadas o sujetas a la supervisión y, en su caso, autorización de un Estado miembro, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
i) Que el principal objetivo de la inversión sea el mantenimiento del valor neto del patrimonio de la institución de inversión colectiva, entendido como el valor constante a la par (es decir, sin las ganancias), o como el valor del capital inicial de los inversores más las ganancias.
ii) Que sólo inviertan en instrumentos de elevada calidad del mercado monetario con un vencimiento o vencimiento residual que no sea superior a 397 días, o con ajustes de rendimiento regulares coherentes con ese vencimiento y con un vencimiento medio ponderado de 60 días. Asimismo, podrán invertir de forma accesoria en depósitos en entidades de crédito. Sólo tendrán la consideración de instrumentos de alta calidad aquellos a los que se le haya concedido la más alta calificación de solvencia disponible por parte de cada organismo de calificación competente que los haya valorado, teniendo esta consideración únicamente aquellos organismos de calificación que atribuyan calificaciones de solvencia a fondos del mercado monetario de forma regular y con carácter profesional y que, además cumplan lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.
iii) Que proporcionen liquidez el mismo día o al día siguiente a la liquidación.
En cualquier caso, el cliente podrá negarse en cualquier momento a que sus fondos se depositen en un fondo del mercado monetario, por lo que habrá de otorgar siempre su consentimiento expreso y previo. Dicho consentimiento podrá otorgarse con carácter general en el momento de celebrar el contrato de prestación de servicios con la entidad.
2. Cuando los fondos no se depositen en un Banco central, las entidades que prestan servicios de inversión deberán actuar con la debida competencia, atención y diligencia en la selección, designación y revisión periódica de la entidad elegida y en la adopción de los acuerdos que regulen la tenencia de esos fondos.
En particular, deberán tener en cuenta la experiencia y prestigio en el mercado del tercero con el fin de asegurar la protección de los derechos de los clientes, así como cualquier requisito normativo o práctica de mercado relacionados con la tenencia de fondos de clientes que puedan perjudicar los derechos de los clientes.
Artículo 42 Utilización de los instrumentos financieros de los clientes
1. Las entidades que presten servicios de inversión sólo podrán establecer acuerdos para operaciones de financiación de valores sobre los instrumentos financieros de sus clientes, o utilizarlos de cualquier otro modo, tanto por cuenta propia como por cuenta de otro cliente, con arreglo a los siguientes requisitos:
a) El cliente deberá dar su consentimiento expreso con carácter previo a la utilización de los instrumentos financieros. En el caso de clientes minoristas será necesario que el consentimiento conste en documento escrito con la firma del cliente o en cualquier mecanismo alternativo equivalente.
b) La utilización de los instrumentos financieros se ajustará a las condiciones especificadas y aceptadas por el cliente.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los instrumentos financieros del cliente estén depositados en una cuenta global siempre que lo permita la normativa aplicable, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Todos los clientes cuyos instrumentos financieros estén depositados en la cuenta global deberán haber expresado su consentimiento individual y previo con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior.
b) La entidad deberá contar con sistemas y controles que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en la letra anterior.
Para permitir la correcta atribución de posibles pérdidas, los registros de la entidad deberán incluir datos de los clientes conforme a cuyas instrucciones se hayan utilizado los instrumentos financieros y el número de instrumentos financieros utilizados pertenecientes a cada cliente.
Artículo 43 Informes de auditores externos
1. Las entidades que prestan servicios de inversión deberán asegurarse de que sus auditores externos remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe anual sobre la adecuación de las medidas adoptadas por aquella para cumplir lo dispuesto en las letras f) del apartado 1 y c) del apartado 2 del artículo 70 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio y en la presente sección. En el caso de las entidades de crédito el Banco de España deberá recibir copia de dicho informe.
2. Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para fijar el contenido del informe así como los medios y plazos para su remisión.
Véase la Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos de Clientes («B.O.E.» 8 diciembre).
Artículo 44 Conflictos de interés potencialmente perjudiciales para los clientes
Al objeto de identificar los conflictos de interés a los efectos de lo dispuesto en el artículo 70 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán tener en cuenta, como criterio mínimo, si la propia empresa, o bien una persona competente u otra persona directa o indirectamente vinculada a aquella mediante una relación de control, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
a) La entidad o la persona en cuestión puede obtener un beneficio financiero, o evitar una pérdida financiera, a costa del cliente, o,
b) tiene un interés en el resultado del servicio prestado o de la operación efectuada por cuenta del cliente, distinto del interés del propio cliente en ese resultado, o,
c) tiene incentivos financieros o de cualquier otro tipo para favorecer los intereses de terceros clientes, frente a los propios intereses del cliente en cuestión, o,
d) la actividad profesional es idéntica a la del cliente, o,
e) recibe, o va a recibir, de un tercero un incentivo en relación con el servicio prestado al cliente, en dinero, bienes o servicios, distinto de la comisión o retribución habitual por el servicio en cuestión.
En cualquier caso, tal y como se señala en el mencionado artículo 70 quáter de la Ley no se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda obtener una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida concomitante de un cliente.
Artículo 45 Política de gestión de los conflictos de interés
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos de interés eficaz y adecuada al tamaño y organización de la empresa y a la naturaleza, escala y complejidad de su actividad. Asimismo, la política se plasmará por escrito y cuando la empresa pertenezca a un grupo, se deberá tener en cuenta cualquier circunstancia derivada de la estructura y actividades de otras entidades del grupo que la entidad conozca o debiera conocer susceptible de provocar un conflicto de interés.
2. La política de gestión deberá:
a) identificar, en relación con los servicios de inversión y auxiliares realizados por la empresa o por cuenta de ésta, las circunstancias que den o puedan dar lugar a un conflicto de interés que implique un riesgo importante de menoscabo a los intereses de uno o mas clientes.
b) Especificar los procedimientos y medidas a adoptar para gestionar tales conflictos, garantizando que las personas competentes que participan en las actividades que puedan implicar un conflicto de interés de acuerdo con lo señalado en la letra anterior actúan con un nivel de independencia adecuado al tamaño y actividades de la empresa y, en su caso, de su grupo, y a la importancia del riesgo de menoscabo de los intereses de los clientes. Los procedimientos y medidas deberán ser aquellos de los enumerados a continuación que resulten necesarios y apropiados para garantizar el necesario grado de independencia:
i) Procedimientos eficaces para impedir o controlar el intercambio de información entre personas competentes que participen en actividades que comporten el riesgo de un conflicto de interés, cuando tal intercambio pueda ir en detrimento de los intereses de uno o más clientes.
ii) La supervisión separada de aquellas personas competentes cuyas funciones principales consistan en la realización de actividades o de servicios por cuenta de clientes con intereses distintos que puedan entrar en conflicto, o de aquellas personas competentes que de cualquier otro modo representen intereses distintos que puedan entrar en conflicto, incluidos los de la propia empresa.
iii) La eliminación de cualquier relación directa entre la remuneración de aquellas personas competentes que realizan principalmente una actividad y la remuneración o los ingresos generados por otras personas competentes que realizan principalmente otra actividad, cuando pueda surgir un conflicto de interés en relación con estas actividades.
iv) Medidas para impedir o limitar que cualquier persona pueda ejercer una influencia inadecuada sobre la forma en que una persona competente presta servicios de inversión o auxiliares.
v) Medidas para impedir o controlar la participación simultánea o consecutiva de una persona competente en varios servicios de inversión o auxiliares cuando dicha participación pueda ir en detrimento de una gestión adecuada de los conflictos de interés.
Cuando la adopción de las medidas y procedimientos anteriores no garantice el necesario grado de independencia, la empresa deberá aplicar los procedimientos y medidas alternativos o adicionales que considere necesarios y apropiados para conseguir tal fin.
3. La revelación al cliente de los conflictos de interés de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 quáter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, deberá hacerse en un soporte duradero y deberá incluir los datos suficientes, en función de la naturaleza del cliente, para que éste pueda tomar con conocimiento de causa una decisión en relación con el servicio de inversión o auxiliar al que afecte el conflicto de interés.
Artículo 46 Registro de servicios que originan conflictos de interés perjudiciales
Las entidades que prestan servicios de inversión deberán tener y actualizar regularmente un registro de las clases de servicios de inversión y auxiliares realizados por la empresa o por cuenta de la misma en los que, o bien, haya surgido un conflicto de interés, o bien, pueda surgir si se trata de servicios en curso.
Artículo 47 Requisitos organizativos adicionales cuando una entidad que presta servicios de inversión elabora y divulga informes de inversiones
1. Las entidades que prestan servicios de inversión que elaboren o encarguen la elaboración de informes de inversiones que se pretendan difundir, o que puedan difundirse con posterioridad, entre los clientes de la entidad o al público en general, bajo su propia responsabilidad o bajo la de empresas de su grupo, garantizarán la aplicación de todas las medidas señaladas en el apartado 2.b) del artículo 45 en relación con los analistas financieros implicados en la elaboración de los informes de inversiones y en relación con otras personas competentes cuyas responsabilidades o intereses profesionales puedan entrar en conflicto con los intereses de las personas destinatarias de los informes. A los efectos de lo dispuesto en este artículo se estará al concepto de informe de inversiones establecido en el artículo 63.2.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
2. Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los analistas financieros y las otras personas competentes indicadas en el apartado anterior no podrán realizar operaciones personales o negociar por cuenta de cualquier persona, incluida la propia empresa, salvo si lo hacen como creadores de mercado actuando de buena fe y en el curso ordinario de esta actividad o al ejecutar una orden no solicitada por un cliente sin que haya mediado previa propuesta de la entidad, en relación con los instrumentos financieros a los que se refiera el informe de inversiones, o con cualquier instrumento financiero conexo, si tienen conocimiento de las fechas de difusión o del contenido probable del informe y esos datos no se han hecho públicos o no se han revelado a los clientes ni pueden inferirse fácilmente de la información disponible, hasta que los destinatarios del informe hayan tenido una posibilidad razonable de actuar al respecto.
b) En circunstancias no cubiertas por la letra anterior, los analistas financieros y las otras personas competentes encargadas de la elaboración de informes sobre inversiones no podrán realizar operaciones personales con los instrumentos financieros a que se refieran dichos informes, o con instrumentos financieros conexos de modo contrario a las recomendaciones vigentes, salvo en circunstancias excepcionales y con la aprobación previa por escrito de un miembro del servicio jurídico o del servicio encargado del cumplimiento normativo.
c) Las entidades que prestan servicios de inversión, los analistas financieros y las otras personas competentes implicadas en la elaboración de informes sobre inversiones no podrán aceptar incentivos de aquellos que tengan un interés relevante en el objeto del informe en cuestión ni podrán comprometerse con los emisores a elaborar informes favorables.
d) Cuando el borrador del informe sobre inversiones contenga una recomendación o bien un objetivo de precio, no se permitirá que los emisores, las personas competentes, con excepción de los analistas financieros, y cualquier otra persona revisen el borrador antes de la difusión pública del informe, con el fin de verificar la exactitud de declaraciones objetivas contenidas en el informe, o con cualquier otra finalidad, salvo la de comprobar que la empresa cumple con sus obligaciones legales.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por instrumento financiero conexo aquel cuyo precio se vea directamente afectado por las variaciones del precio de un instrumento financiero objeto de un informe sobre inversiones, entendiendo incluidos los instrumentos financieros derivados sobre aquel.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resultará de aplicación cuando la entidad que presta servicios de inversión difunda un informe de inversiones si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que la persona que elabora el informe no sea miembro del grupo al que pertenece la entidad.
b) Que la entidad no modifique de manera importante las recomendaciones que figuren en el informe.
c) Que la entidad no presente el informe como elaborado por ella.
d) Que la entidad verifique que la persona que elabora el informe está sujeta a requisitos equivalentes a los previstos en este real decreto en relación con la elaboración de informes de inversiones o bien ha adoptado una política que prevea tales requisitos.
Artículo 48 Coeficiente de liquidez
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las empresas de servicios de inversión, a excepción de las sociedades gestoras de carteras, de las empresas de asesoramiento financiero y de las agencias de valores que únicamente estén autorizadas para la recepción y transmisión de órdenes sin mantener fondos o instrumentos financieros que pertenezcan a sus clientes, deberán mantener en todo momento el volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que, como porcentaje sobre la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un año, excluidos los saldos de las cuentas acreedoras, establezca el Ministro de Economía y Hacienda, con un mínimo del 10 por 100.
2. Por el Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se establecerán:
Artículo 49 Operaciones financieras con entidades financieras
1. Las empresas de servicios de inversión podrán obtener financiación, incluso en forma de préstamo o depósito, de las entidades españolas o extranjeras que figuren inscritas en alguno de los registros relativos a entidades financieras mantenidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda o en registros de igual naturaleza de la Unión Europea.
2. Las empresas de servicios de inversión podrán efectuar operaciones activas de préstamo o depósito con las entidades mencionadas en el apartado anterior, en la medida y con las limitaciones que, con objeto de garantizar su dedicación efectiva a las actividades que les son propias, establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 50 Operaciones financieras con el público
2. Constituirán excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, las cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio que las sociedades y agencias de valores abran a clientes en relación con la ejecución de operaciones desarrolladas por cuenta de ellos. Los saldos de estas cuentas deberán estar invertidos en aquellas categorías de activos líquidos y de bajo riesgo que el Ministro de Economía y Hacienda determine.
3. El Ministro de Economía y Hacienda determinará el régimen de emisión de acciones y de emisión de deuda de las empresas de servicios de inversión.
Artículo 51 Operaciones por cuenta propia de las agencias de valores
2. También podrán adquirir los siguientes valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado:
a) Los necesarios para adquirir la condición de miembro de un mercado secundario o de otro mercado regulado o de sus sistemas de compensación y liquidación.
3. La inversión en instrumentos financieros derivados, estén o no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado, estará limitada exclusivamente a asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en el resto de la cartera a que se refiere el apartado 1 anterior.
4. En su negociación por cuenta propia sólo podrán ofrecer, con carácter instrumental y transitorio, contrapartida a sus clientes cuando resulte indispensable para evitar el incumplimiento de obligaciones derivadas del desarrollo de sus actividades de negociación por cuenta ajena o en los casos que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 52 Régimen de las sociedades gestoras de carteras
Las sociedades gestoras de carteras no podrán poseer u ostentar a su nombre ni los fondos ni los instrumentos financieros puestos a su disposición por sus clientes para su gestión discrecional o que sean el resultado de dicha gestión. Dicha prohibición alcanza también a cualquier otra actividad que se incorpore en su programa de actividades.
Artículo 53 Actividad por cuenta propia de las sociedades gestoras de carteras
Las sociedades gestoras de carteras sólo podrán adquirir valores por cuenta propia en las circunstancias previstas en los apartados 1, 2, a excepción de sus párrafos a) y b), y 3 del artículo 51 del presente real decreto.