Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-222-14.htm
Timestamp: 2017-11-21 21:28:10
Document Index: 237118300

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 355', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 1160', 'artículo 1058', 'artículo 1058', 'artículo 1058', 'artículo 1546', 'artículo 1546', 'artículo 335']

La Corte ha sostenido en reiteradas decisiones que la acción de tutela es procedente frente a particulares que ejercen actividades bancarias. Esto al menos por dos razones. En primer lugar, porque las labores que ejercen se enmarcan dentro del concepto de servicio público y, en segundo lugar, porque entre aquellas y las personas existe una verdadera situación de indefensión o subordinación. Este Tribunal Constitucional ha entendido que por la naturaleza y magnitud de las actividades de las entidades financieras, no es posible que el ciudadano carezca de mecanismos eficaces para la defensa de sus derechos. En este contexto el amparo constitucional funciona, además, como una forma de control de las actividades financieras.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
SISTEMA DE PRECEDENTES CONSTITUCIONALES-Importancia/RESPETO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Finalidad
El sistema de precedente ha sido valorado por la Corte como un método de interpretación que no solo ayuda a unificar su jurisprudencia, sino también incentiva la seguridad jurídica y materializa el derecho a la igualdad. En ese orden, por ejemplo, permite a los jueces conocer con exactitud cuáles son las reglas aplicables a un caso y cómo este Alto Tribunal ha entendido la vulneración, o no, de un derecho fundamental en ese evento en específico. Así mismo, garantiza que las personas sean tratadas de igual manera, siempre que los supuestos fácticos de sus casos coincidan en lo esencial. Pues bien, este método consiste en identificar las sentencias más relevantes sobre un asunto, y extraer de ellas las principales razones que ha tenido la Corte a la hora de fallar situaciones similares. Ello para fijar una regla concreta aplicable al caso estudiado. Naturalmente, todas las veces los casos no serán exactamente iguales y por tal motivo se hace necesaria una interpretación adicional por parte del juez, quien deberá a su vez desplegar una carga argumentativa lo suficientemente fuerte en su decisión. Si fuera de otra forma, cada juez, según su arbitrio, podría tomar decisiones por fuera del marco constitucional vigente. Y mucho más, por fuera de lo que la Corte Constitucional ha establecido.
COMPAÑÍA ASEGURADORA-Obligación de pagar la póliza a pesar de haber acaecido algún tipo de preexistencia
En primer lugar, (i) carecer de recursos económicos. La Corte ha entendido que no basta ser un sujeto de especial protección constitucional para que pueda reclamarse el pago de la póliza. Efectivamente, la persona debe carecer de los recursos económicos necesarios para continuar pagando las cuotas del crédito. En segundo lugar (ii), que la familia del asegurado dependa económicamente de él. En efecto, el no pago de la póliza, en estos eventos, puede incluir la lesión y/o vulneración de los derechos fundamentales de todo un núcleo familiar. Si una persona no puede pagar la cuota de un crédito, muy probablemente esto tendrá efectos en su familia por los posibles cobros del banco. En tercer lugar (iii), la carga de declarar no puede convertirse en una carga excesiva para el tomador del seguro, pues existen casos en los que las cláusulas son tan ambiguas que no es posible, naturalmente, suministrar con toda certeza las calidades del asegurado. En cuarto lugar (iv), la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora. Finalmente, en quinto lugar (v), la aseguradora está en la obligación de pedir exámenes médicos previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no podrá alegar preexistencia alguna en un futuro.
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO/PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL CONTRATO DE SEGURO
La reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia.
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Banco abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro en contra del actor por el crédito o créditos del cual es deudor, el cual deberá cubrir la aseguradora
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Mauricio González Cuervo y la Magistrada María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1997, profiere la siguiente
3. El señor Argemiro Arzuaga Manjarrez, actuando por medio de apoderado, suscribió un contrato de mutuo con el banco Bancolombia S.A. quien le exigió adquirir un seguro con el fin de acceder al préstamo para la compra de su vehículo nuevo. El valor del crédito fue de veinticuatro millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos pesos ($24.782.600).
5. El siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012), la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA, dictaminó que el tutelante sufría una pérdida de capacidad laboral del 50.07%, con fecha de estructuración del veintiuno (21) de Junio de dos mil once (2011). Su estado de salud es grave pues presenta un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, necrosis idiopática ósea en cadera derecha, secuelas funcionales definitivas de artrosis de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos neuromusculares, cambios artrósicos degenerativos de cadera derecha.
6. Tras esta valoración, el nueve (09) de noviembre de dos mil doce (2012), el actor presentó reclamación a la aseguradora para hacer valer la póliza. Solicitó la indemnización por un valor de diecinueve millones doscientos siete mil novecientos ochenta y cinco pesos ($19.207.985). Sin embargo, el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) la compañía de seguros se negó a la petición del tutelante, pues, dijo, al momento de adquirir la póliza el señor Arzuaga ya se encontraba enfermo.
9. En el escrito de tutela, el señor José de Jesús Núñez, docente de profesión, a través de apoderado judicial, sostuvo que el veintisiete (27) de mayo de dos mil once (2011) recibió un crédito del Banco BBVA por un valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000). Esta obligación se pagaría en cuotas mensuales que se descontarían directamente de su salario, a través de la modalidad de libranza.
10. Para amparar dicho préstamo, ese mismo día, el señor Núñez suscribió un contrato de seguro[1] con la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. La respectiva póliza operaría por muerte, incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e incapacidad total temporal. En caso de que ocurriera alguno de estos eventos, la aseguradora pagaría el saldo insoluto de la obligación adquirida con el banco BBVA.
11. El peticionario dijo que en la declaración de asegurabilidad, la aseguradora suministró un cuestionario en el que se preguntaba si sufría algún tipo de enfermedad allí enlistada, a lo cual “el asegurado no respondió ni afirmativa ni negativamente a dicho cuestionario, mas sin embargo el Representante Legal de la aseguradora avaló con su firma el certificado de ingreso a la póliza”. Adicionalmente, manifestó que en el mismo certificado el señor Núñez autorizó a la aseguradora a consultar cualquier médico, hospital, clínica etc. para que suministrara información sobre su salud aún con posterioridad a la ocurrencia de los riesgos amparados.
12. En desarrollo de su trabajo como docente, el accionante sufrió un quebranto de salud, particularmente por problemas en su voz. Por tal motivo, fue incapacitado en diferentes oportunidades. Luego de varios tratamientos sin efectiva recuperación, “fue valorado por medicina especializada en Salud Ocupacional por la Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco” quien le diagnosticó una pérdida de capacidad laboral del 95.45 %. La fecha de estructuración de la invalidez fue el cinco (05) de diciembre de dos mil doce (2012).
13. Tras haberse declarado su incapacidad total y permanente, dijo, acudió al banco acreedor con el fin de que, como beneficiario, solicitara a la aseguradora el pago insoluto de la deuda. El tres (03) de abril de dos mil trece (2013), BBVA Seguros de Vida negó el pago de la respectiva póliza argumentando que el actor, al momento de suscribir la póliza, no informó que padecía varias patologías. Así, de acuerdo con la historia clínica de la Fundación Médico Preventiva de enero veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992), el peticionario “tiene diagnóstico de HTA (Hipertensión arterial), en junio de 2004m hiperplasia prostática y en marzo de 2010 disfonía”.
En segundo lugar, argumentó que el asegurado incurrió en reticencia pues la legislación comercial colombiana “consagra la obligación para el asegurado de declarar sinceramente el estado del riesgo al momento de contratar el seguro, en atención al principio de buena fe, característico de este contrato”[2]. En ese sentido, en relación con el estado de salud del señor Núñez, manifestó que “los hechos o circunstancias sobre los cuales versó la reticencia e inexactitud del Asegurado fueron de tal relevancia que de haber sido conocidos por el Asegurador, lo habrían sin duda retraído de celebrar el contrato (…)”. En consecuencia, el señor Núñez, al no manifestar su verdadero estado de salud, incurrió en esta falta consagrada por el Código de Comercio Colombiano. En consecuencia, el contrato nació nulo relativamente.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar- Cesar, en sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013), confirmó la decisión impugnada. En dicha providencia, este juzgado consideró, nuevamente, que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para controvertir asuntos comerciales y netamente contractuales. Reiteró que este trámite constitucional es procedente de manera subsidiaria, lo que quiere decir que cuando el tutelante cuente con otras vías de defensa, como en este caso, el amparo se tornará improcedente. Mucho más tratándose de asuntos contractuales. Adicionalmente, no se probó la existencia de un perjuicio irremediable.
16. En su escrito de tutela, el accionante sostuvo que trabajaba como maestro de la planta global del Municipio de Barrancabermeja, cargo del cual fue retirado el siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012) mediante Resolución 1410. Mientras ejercía esas funciones, adquirió dos créditos con el Banco Davivienda. Uno por un valor de tres millones de pesos ($3.000.000) y el otro por treinta y cinco millones de pesos ($35.00.000).
17. Para respaldar dicha obligación, suscribió un contrato de seguro con la empresa Seguros Bolívar S.A. Esta póliza operaría por muerte o pérdida de capacidad laboral superior al 50 %. El accionante suscribió la declaración de asegurabilidad el día quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). El primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012), el médico laboral Miguel Ángel Vertel Camacho de FOSCAL Fundación Avanzar FOS, entregó concepto sobre su pérdida de capacidad laboral, el cual le calificaba con una disminución del 95.3% por enfermedad común. De acuerdo con el expediente, la fecha de estructuración corresponde a la misma fecha del dictamen. Esto es, primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012).
19. Mediante Resolución 1410 de 2012, la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja resolvió“(…) b) que de conformidad con el certificado expedido por U.T ORIENTE REGIÓN de fecha 01 de Septiembre de 2012, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 95,3%, lo cual le da derecho a disfrutar de una pensión por invalidez a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio”.
Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente. En su concepto, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela “no es procedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales. En este orden de ideas, la accionante cuenta con otros medios legales que sin lugar a dudas protegerían su derecho eventualmente violado, y no al mecanismo excepcional de tutela”. Por tales razones, solicita no sea concedido el amparo constitucional.
En este orden de ideas, en relación con el concepto de servicio público, por ejemplo, en la Sentencia T-738 de 2011, esta Corporación sostuvo que “las razones para hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las actividades financieras – dentro de las que se encuentran la bancaria y aseguradora-, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público es una manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de interés público[3] de acuerdo con el artículo 355 Constitucional”. Es decir, la actividad financiera involucra no solo un interés particular, sino también un interés público. En efecto, el mal funcionamiento de este sector puede causar efectos de proporciones insospechadas. Cuando los ciudadanos acuden a estas entidades para tomar sus servicios, están otorgándoles un voto de confianza “cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de un país”[4].
En ese mismo sentido, el sector bancario y asegurador constituye un servicio fundamental en el desarrollo económico y social del país. Según la Corte, “los ciudadanos confían en que cuando depositan su dinero en el banco, este será devuelto cuando así lo requieran. Lo mismo sucede cuando una persona contrata una póliza de seguro y confía en que con el pago de la prima mensual, la aseguradora las hará efectivas cuando ocurra el siniestro”[5]. De allí que su responsabilidad como particular sea mucho mayor, al punto de que sus labores sean catalogadas como servicio público.
Por otra parte, la actividad financiera no solo comporta un servicio público sino que por sus mismas características, sitúan al ciudadano en estado de indefensión[6]; situación que refuerza la procedencia de la acción de tutela. Ello se explica en buena medida por la relación asimétrica que existe entre las partes. Evidentemente, el banco como particular tiene muchas más prerrogativas que el ciudadano “al tener (…) atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas”[7]. Este tipo de relaciones no se dan entre iguales; las entidades financieras tienen más prerrogativas y posibilidades. Por ejemplo, son ellos quienes fijan, normalmente, las cláusulas de los contratos, establecen unilateralmente las condiciones de sus servicios, e incluso en algunos casos tienen la posibilidad de variar las estipulaciones contratadas con los ciudadanos. En ese mismo sentido, en la Sentencia T-136 de 2013 esta Corporación manifestó que el “cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”.
De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela solo procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus derechos. Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá reclamar ante los jueces “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión” de autoridades públicas o particulares, siempre que el peticionario “no disponga de otro medio de defensa judicial”. Lo anterior, sin perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Pues bien, siguiendo esta misma lógica, una de las primeras sentencias en pronunciarse sobre el tema fue la C-543 de 1993. En esta providencia, la Corte sostuvo que “la tutela fue concebida para dar solución eficiente a situaciones de hecho causadas por acciones u omisiones que lesionaran derechos fundamentales, respecto de las cuales el sistema jurídico no contara con algún mecanismo de protección”[8]. Es decir, “la tutela no fue diseñada para remplazar a la justicia ordinaria. Es un trámite excepcional que solo procede ante la carencia de otro recurso”[9]. Si la tutela procediera en todos los casos, el trámite constitucional dejaría sin contenido los demás procesos judiciales. Las demás jurisdicciones carecerían de eficacia práctica. Por ello, el constituyente previó que la acción de tutela cumpliera con algunos requisitos de procedibilidad a fin de evitar estos efectos.
En relación con la idoneidad, la Corte ha establecido que el medio de defensa lo es, siempre y cuando sea “materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”[10]. En otras palabras, que el recurso esté diseñado para ese preciso fin y no para otro. Si la persona, en un caso hipotético, cuenta con recursos para debatir la vulneración de sus derechos, la idoneidad se verifica si ellos efectivamente producirán el efecto esperado. Por ejemplo, no sería idóneo un recurso que una vez decidido, así sea resuelto favorablemente, no proteja los derechos del ciudadano. El mecanismo no sirve para lo que el ciudadano necesita. Por su parte, eficacia significa que el medio de defensa debe “estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”[11]. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad competente, tenga la virtualidad de garantizar oportunamente, a tiempo, el derecho. De poco o nada sirve que el ciudadano cuente con medios de defensa si una vez se deciden, el derecho ya se ha lesionado. Ello tiene que ver con la eficacia de los derechos fundamentales.
Ahora bien, este análisis de subsidiariedad debe hacerse caso a caso. Según las circunstancias particulares del asunto, la tutela se resolverá de fondo. Para esta Corte “las herramientas procesales no son adecuadas y/o eficaces en abstracto (…). Si fuera de otra manera, el amparo constitucional perdería eficacia pues las personas, hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos y/o eficaces”. No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis concreto. Ello implica que el juez constitucional despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de subsidiariedad. Con estas actitudes lo que se obtiene es una pérdida de eficacia de la acción de tutela. A pesar de que muchos asuntos cuenten con vías ordinarias o regulares para tramitarse, esta no es razón suficiente para negar el mencionado trámite constitucional.
Sumado a lo anterior, en el análisis que el juez haga, debe estudiar, además, que el probable mecanismo de defensa tenga el mismo nivel de protección que el amparo constitucional. En la Sentencia T-662 de 2013 la Corte, reiterando los argumentos de las sentencias T-414 de 1992 y SU-961 de 1999, resaltó el valor de esta regla. En esa ocasión señaló que “de no ser así, se estaría simplemente frente a una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente”. Así, el otro medio “(…) ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.”[12] Estas razones han hecho que la Corte establezca que “el otro medio de defensa judicial debe ser siempre analizado por el juez constitucional, a efectos de determinar su eficacia en relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional, podría otorgar”[13].
“[L]a labor del juez de tutela no es simple. Debe realizar un examen de cada caso y poder establecer “(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[14]; (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[15]; (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración[16][17]”[18]
Por otra parte, dado que el requisito de subsidiariedad debe analizarse de manera particular, la Corte ha considerado que lo mismo sucede con los sujetos de especial protección constitucional. Respecto de estas personas, es claro que no se pueden aplicar las mismas reglas que al común de la sociedad. Lo que para una persona sin ningún grado de vulnerabilidad puede ser eficaz o idóneo, para un sujeto de especial protección, en las mismas circunstancias fácticas, no. Para esta Corporación “el artículo 86 Superior debe interpretarse en concordancia con los artículos 13 y 47 constitucionales, pues no debe olvidarse que existen personas que por sus condiciones requieren una especial protección por parte del Estado[19]”[20]. Frente a estas personas, no es posible hacer el análisis con la misma rigurosidad. El juez debe prever los aspectos subjetivos del asunto estudiado.
“No puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”[21], y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)”[22]”[23]
En igual sentido, la Corte ha considerado que “la condición de sujeto de especial protección constitucional – especialmente en el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.) – así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”[24]. Como se observa, la Corte ha invertido el análisis de subsidiariedad en estos casos. Frente a estas personas el recurso se presume inidóneo e ineficaz, salvo que el juez en su estudio, luego de una carga argumentativa seria, constate lo contrario. Aquí sucede lo contrario que a la sociedad en general pues allí el juez debe realizar “un análisis estricto de subsidiariedad si el peticionario no enfrenta situaciones especiales que le impidan acudir a la jurisdicción en igualdad de condiciones que a los demás ciudadanos”[25].
En síntesis, para verificar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez constitucional debe “(i) confirmar que no existe un mecanismo de defensa en el ordenamiento jurídico; (ii) en caso de existir, que este mecanismo no sea idóneo y/o eficaz; (iii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto se concluya que las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la existencia de un perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la protección constitucional transitoriamente[26]”[27].
“, este comportamiento de las accionadas como entidades pertenecientes al sistema financiero (…), evidencia una vez más la utilización de la posición dominante, tanto en el contrato de mutuo como en el de seguros cuando, amparadas en la aparente legalidad de la literalidad de las cláusulas de los documentos con que se instrumentaron los contratos de crédito hipotecario y el de seguros respectivamente, actuando en sus condiciones de acreedora sin satisfacción de su crédito por parte de la ejecutante y de no obligada al pago de indemnización por terminación del amparo vida ante la no cancelación de las primas, por parte de la aseguradora, se propicia la terminación formal de la vía ejecutiva, en la que como se dijo, ya no era factible debatir las controversias que podían llevar a que la obligada al pago de la deuda fuera la aseguradora, lo que obviamente liberaba a la accionante de esa carga. Es para la Sala entonces, un comportamiento con el que sin permitir que fuera la justicia la que decidiera el asunto, se causó a la accionante el riesgo inminente de perder su vivienda, que como se ha considerado en esta providencia, para ella hace parte de su mínimo vital”
A pesar de que los supuestos de hecho pueden variar un poco, lo importante de esta providencia es que de ella se pueden extraer algunas reglas aplicables a los casos concretos. En efecto, la principal diferencia entre estos contratos es el “riesgo asegurado” y la “prestación de la aseguradora”, pues los dos contratos persiguen un mismo propósito el cual es cubrir los posibles siniestros pactados entre las partes. Adicionalmente, comparten los elementos esenciales de los contratos de seguro[29]. Así, aunque parezcan dos escenarios diferentes, el objetivo de esta clase de seguros es el mismo.
En aquella ocasión, esta Corporación resaltó dos puntos muy importantes en los contratos de seguro. El primero de ellos (i), el relativo a la buena fe contractual, y el segundo (ii), relacionado con la carga de probar las preexistencias médicas. En cuanto al primer punto, sostuvo que la buena fe en los contratos de seguros adquiere mayor importancia y se predica de ambas partes. No solo del asegurado sino también de la aseguradora. Así, “aún cuando en principio la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia enfatiza la buena fe en las cargas que debe asumir el asegurado, en realidad dicho principio se predica de las dos partes, es decir, tanto del tomador como del asegurador, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de adhesión. En suma, si en los contratos en general se exige la buena fe, en el contrato de seguro la exigencia es máxima: tanto en el solicitante como en el asegurador debe campear la pulcritud moral e intelectual”[30]. Es decir, la carga de la buena fe corresponde a las dos partes, no solo al tomador del seguro. Respecto al segundo punto, “no es posible interpretar los términos del contrato en perjuicio de los intereses del beneficiario o asegurado, a partir de dictámenes médicos posteriores donde se afirme que una enfermedad o dolencia detectada durante la ejecución del convenio se había venido gestando, madurando o desarrollando desde antes de su celebración.(…) No es, en consecuencia, constitucionalmente admisible la inclusión de una preexistencia o la negación de un servicio médico que no haya sido enunciado como tal en el contrato, ya que se presume la buena fe de las partes al momento de obligarse[31]”[32].
Como se mencionó, la Corte en esta providencia dijo que “en el caso objeto de estudio, la Sala de Revisión encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria Margoth Turriago Rojas a la póliza de vida grupo deudores”. Con base en ello, es posible concluir, entonces, que esta Corporación estableció que quienes deben probar la preexistencia son las aseguradoras y que actúan negligentemente si no realizan exámenes médicos o exigen la entrega de unos recientes para así verificar el verdadero estado de salud del asegurado. Así, esta Sentencia evidencia que para la Corte existen algunos casos donde, a pesar de existir enfermedades previas a la celebración del contrato, de ello no se sigue reticencia pues el deber de buena fe estaría en cabeza, más intensamente, de la compañía de seguros. Por tales motivos, concedió el amparo.
En dicha providencia, si bien la Corte encontró probado un hecho superado, sostuvo que “[b]ajo los anteriores supuestos y la realidad fáctica que ha quedado dilucidada, es claro que la tutela pedida ha debido concederse, por la realidad de la afectación del derecho del actor al mínimo vital, quebrantado al tener que seguir abonando a una obligación crediticia, no obstante está cubierto con un seguro de vida grupo de deudores, siendo un anciano pensionado con menos de un millón de pesos de mesada, calificado “con 58.12% de pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración enero 5/06, día del reporte de biopsia con adenocarcinoma recurrente". En otros términos, esta Corporación no encontró suficiente el argumento de la aseguradora que indica que por el hecho de no informar a la aseguradora una enfermedad, es suficiente para que una persona en condición de discapacidad deba continuar pagando el crédito por sí misma.
“[C]uando las cláusulas no definen de la manera explícita las condiciones de la cobertura debido a la incorporación de textos de excesiva vaguedad o exclusiones de carácter eminentemente genérico, se vulnera la buena fe del tomador en tanto no resulta posible establecer el alcance de la cobertura. En ese marco, y en síntesis, las partes del contrato de seguro deben tener un acceso equitativo a la información relevante, sobre el alcance del riesgo asegurado -por una parte- y la cobertura real del contrato -por otra-.” [En consecuencia] “la carga de declarar sinceramente la información relevante para la determinación del estado de riesgo (en este caso, el estado de salud) no puede traducirse en una imposibilidad absoluta de hacer efectiva la póliza, como consecuencia de un establecimiento ambiguo de la cobertura, mediante cláusulas simplemente genéricas o mediante una alusión descontextualizada de las condiciones generales del contrato, carente de la precisión que se obtiene mediante las condiciones específicas del mismo”[33].
De acuerdo con ello, los límites a la libertad asegurativa “se concretan en la inoponibilidad de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de seguro, cuando la entidad aseguradora no efectuó un examen al momento de la suscripción del contrato”[34]. Ello implica, entonces, que la aseguradora, siguiendo la tesis de la Sentencia T-832 de 2010, debe exigir un examen médico so pena de no poder alegar preexistencias en eventos futuros.
“De las pruebas allegadas al expediente, y en concordancia con el citado parágrafo de las condiciones generales del contrato de seguro, encuentra la Sala que al momento de adquirir los créditos, el actor no llenó formulario alguno para ser asegurado, pese a ser una garantía para la entidad financiera que en caso de muerte o incapacidad total y permanente, como efectivamente ocurrió, Equidad Seguros sufragara los saldos insolutos de las deudas existentes al momento del siniestro. Tampoco se observa que Equidad Seguros haya realizado algún tipo de examen médico, ni exigido que el actor como asegurado allegara uno, para así determinar su estado de salud y confrontarlo con las exclusiones y preexistencias del contrato que deben ser establecidas por la compañía”[35].
“Art. 1058.- El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”.
Sobre este mismo punto, la Jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que el artículo 1058 del Código de Comercio privilegia la buena fe de los contratantes y castiga a quien no haya actuado de dicha manera. Así, “el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanción de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos, observándose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tomó el seguro”[39]. Dicho de otra manera, las sanciones del Código de Comercio están dirigidas a quienes, subjetivamente, hayan actuado de manera deshonesta. Ello no significa otra cosa que la valoración de la mala y buena fe siempre, en todos los casos, será subjetiva.
En este orden de ideas, si el artículo 1058 del Código de Comercio obliga al asegurado a declarar “sinceramente”, es claro que la preexistencia, no siempre, será sinónimo de reticencia[40]. En efecto, como se mencionó, la reticencia implica mala fe en la conducta del tomador del seguro. Eso es lo que se castiga. No simplemente un hecho previo celebración del contrato. Por su parte, la preexistencia es un hecho objetivo. Se conoce con exactitud y certeza que “antes” de la celebración del contrato ocurrió un hecho, pero de allí no se sigue que haya sido de mala fe. La preexistencia siempre será previa, la reticencia no[41].
En criterio de esta Sala, la preexistencia puede ser eventualmente una manera de reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la celebración del contrato y sabiendo ésto no informa al asegurador dicha condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o sencillamente la otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso evento la preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede cuando una persona no conozca completamente la información que abstendría a la aseguradora a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente, casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía posibilidad de conocer completamente la información y con ello, no es posible que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación sería imponerle una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo de deudores, suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad.
Ahora bien, ¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo que “las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su actividad” (subraya por fuera del texto)[42]. Lo anterior significa que la reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe.
De acuerdo con las consideraciones realizadas a lo largo de esta providencia, esta Sala resolverá los casos concretos. Para tal fin, se permite reiterar, entonces, que la Corte ha considerado que se violan los derechos fundamentales de las y los asegurados, especialmente al mínimo vital, cuando: (i) la persona carezca de recursos económicos para continuar con el pago de las cuotas del crédito; (ii) exista probabilidad de lesionar los derechos de personas que dependan económicamente de él; (iii) en los casos de preexistencias la obligación de declarar no puede ser absoluta, pues existen eventos donde no es posible informar con certeza todas las condiciones del asegurado, especialmente, cuando las clausulas del contrato son muy amplias o ambiguas; (iv) la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora quien deberá solicitar exámenes médicos previos a la celebración del contrato, so pena de no poderlos alegar en un futuro y, finalmente; (v) preexistencia no es sinónimo de reticencia. En este último evento, se deberá acreditar mala fe del asegurado. Cuando se acrediten tales condiciones, no excluyentes, las aseguradoras tendrán que pagar el saldo insoluto de la obligación. A partir de dichas reglas, se resolverán los casos concretos.
Así, obligar a los accionantes acudir a un proceso ordinario, es condicionar la protección de su derecho a un trámite que no se sabe con certeza cuál será su resultado. Ello quiere decir que, independientemente tengan o no tengan razón, que por la gravedad del asunto y las condiciones de las personas, la acción de tutela se convierte en el mecanismo apropiado. Ir a jurisdicciones ordinarias es obligar a la accionante a asumir cargas desproporcionadas que si bien son soportables para el común de la sociedad, para ella no lo son. Esta clase de procesos “lleva consigo una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales, práctica de pruebas, etc.) que [los accionantes no están] en capacidad de cumplir en condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse ya es una situación tortuosa para ella y sus familiares”[43]. Por tales motivos, la Corte conocerá el fondo del asunto.
Pese a ello, esta Sala estima hacer un análisis de subsidiariedad más detallado en el caso del Señor José del Carmen Martínez en contra de del banco Davivienda y Compañía de Seguros Bolívar S.A., pues encuentra que existen elementos especiales que hacen necesaria una consideración particular.
En el presente caso, manifiesta el accionante que suscribió un contrato de mutuo con Bancolombia S.A. quien le exigió adquirir una póliza con el fin de respaldar la obligación. Dicho contrato de seguro fue celebrado el veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2011) y operaría por muerte o incapacidad total y permanente del tomador. El siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012), la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA, dictaminó que el tutelante sufría una pérdida de capacidad laboral del 50.07%, con fecha de estructuración del veintiuno (21) de Junio de dos mil once (2011), por padecer enfermedades como lupus eritematoso sistémico, necrosis idiopática ósea en cadera, secuelas funcionales definitivas de artrosis de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos neuromusculares, cambios artrósicos degenerativa de cadera derecha. Por tal motivo, solicitó a la aseguradora el pago de la póliza, quien se negó a tal pretensión argumentando que al momento de adquirir el crédito, el peticionario ya se encontraba enfermo. Sostuvo el tutelante, hecho no controvertido, que carece de condiciones económicas para continuar con el pago del crédito y para sostenerse a él y a su familia. Las decisiones de instancia consideraron que el señor Arzuaga Manjarrez cuenta con otros recursos para defender sus derechos, como por ejemplo, la jurisdicción ordinaria civil. Por tal motivo, declararon improcedente la acción, sosteniendo que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
En primer lugar, está demostrado que el peticionario padece de una enfermedad bastante grave, razón por la cual, no puede continuar trabajando. En efecto, una vez realizada la valoración médica, le fue diagnosticado lupus eritematoso sistemático, necrosis idiopática ósea en cadera, secuelas funcionales definitivas de artrosis de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos neuromusculares, cambios artrósicos degenerativa de cadera derecha, motivo por el cual tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50.07 %. Ello quiere decir que de acuerdo con las condiciones del contrato, había operado el siniestro pues efectivamente padecía de invalidez total y permanente. Esa situación, no solo obligaría a la aseguradora a pagar la póliza y cumplir con sus obligaciones, sino también sitúa al asegurado en condición de vulnerabilidad pues por sus problemas de salud, se encuentra en una condición de discapacidad que le impide desarrollar su vida como lo venía haciendo. Lo anterior, no solo tiene consecuencias en su diario vivir, sino que para efectos del caso, implica que esta Sala le brinde una protección particular al convertirse en un sujeto de especial protección constitucional. En este contexto, el caso adquiere relevancia constitucional, pues esta Sala no puede ignorar que un fallo desfavorable a los intereses del actor, ocasionaría serias cargas que muy probablemente el peticionario no podría soportar. Por ejemplo, a pesar de haber operado el siniestro, tener que pagar el crédito respaldado por la póliza que la aseguradora no quiere cancelar y sin, al parecer, ingresos para hacerlo por no poder continuar trabajando.
Por otra parte, existe un dilema probatorio pues el peticionario afirma que al momento de celebrar el contrato, no firmó ninguna declaración de asegurabilidad. No obstante, la aseguradora sostiene que el 31 de enero de 2011, el señor Arzuaga firmó el debatido documento. Revisadas las pruebas, esta Sala encuentra que la defensa de la aseguradora no tiene la virtualidad de desvirtuar las afirmaciones del declarante. Tal y como se observa en la contestación de la acción de tutela[44], la aseguradora sostiene que si existe una declaración en la que, cuando se le pregunta al peticionario si “¿sufre o ha sufrido enfermedades mentales, cerebro vasculares, renales, cáncer, pulmonares, gastrointestinales, hipertensión arterial, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, SIDA, y en general cualquier otro tipo de enfermedad o patología preexistente a la fecha de otorgamiento de cada crédito?”, este sostiene que no. No obstante, revisado minuciosamente el expediente, la aseguradora no aporta en ninguna parte constancia en la que el peticionario firme o acepte expresamente no padecer ninguna enfermedad previa a la celebración del contrato. Tan solo, sin prueba alguna, copia parte de una supuesta declaración que nunca fue aportada al proceso.
Así entonces, el señor José de Jesús Núñez sostuvo en su escrito de tutela que recibió un crédito del Banco BBVA por un valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000). Esta obligación se pagaría en cuotas mensuales que se descontarían directamente de su salario, a través de la modalidad de libranza. Para amparar dicho préstamo, ese mismo día, el veintisiete (27) de mayo de dos mil once (2011), suscribió un contrato de seguro[45] con la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. La respectiva póliza operaría por muerte, incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e incapacidad total temporal. En desarrollo de su trabajo, sufrió quebrantes de salud, particularmente por problemas en su voz. Luego de varios tratamientos sin efectiva recuperación, “fue valorado por medicina especializada en Salud Ocupacional por la Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco” quien le diagnosticó una pérdida de capacidad laboral del 95.45 %., con fecha de estructuración del cinco (05) de diciembre de dos mil doce (2012). Finalmente expresó, hecho que no fue controvertido[46], que carece de recursos económicos y es padre cabeza de familia y tiene a su cargo la alimentación y educación de sus hijos Álvaro José Núñez González de 17 años, estudiante de ingeniería civil, y Aura Patricia y José Fernando quienes cursan octavo y sexto de bachillerato.
El tres (03) de abril de dos mil trece (2013), BBVA Seguros de Vida negó el pago de la póliza argumentando que el actor, al momento de suscribir la póliza, no informó que padecía varias patologías. Así, de acuerdo con la historia clínica de la Fundación Médico Preventiva de enero veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y dos (1992), el peticionario “tiene diagnóstico de HTA (Hipertensión arterial), en junio de 2004 hiperplasia prostática y en marzo de 2010 disfonía”. Por su parte, los jueces de instancia declararon improcedente la acción de tutela, argumentando que este es un amparo residual y que solamente es viable cuando se agotan los demás recursos de defensa con los que cuenta el peticionario. Así, al tratarse de una controversia contractual, el petente pudo acudir a la justicia ordinaria.
En este orden de ideas, como se dijo, la Corte tutelará los derechos del peticionario, además, por las siguientes razones. En primer lugar, de las pruebas halladas en el expediente, está demostrado plenamente que el señor Núñez padece de una pérdida bastante alta; exactamente, del 95.45 %. Ello quiere decir, no solo que el riesgo asegurado debería estar cubierto, sino que efectivamente el siniestro acaeció, según examen realizado por “medicina especializada en Salud Ocupacional por la Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco”. Así, en el contrato aportado por las partes, está claro que la póliza debería ser pagada siempre que el asegurado, en este caso el petente, sufriera una pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%. Por estos motivos, en principio, la aseguradora, sin poderse oponer, debería pagar el saldo insoluto de la obligación. No obstante, como se mencionó en la parte motiva de esta providencia, el hecho de encontrarse en esta difícil situación de salud, no es suficiente para que el juez constitucional ordene el pago del contrato de seguro. No obstante, si es razón para que el caso adquiera relevancia constitucional, al encontrarse inmerso en la discusión un sujeto de especial protección constitucional.
De igual forma, la ausencia de mala fe en el presente caso se reafirma, además, porque de acuerdo con las fechas establecidas en los certificados de pérdida de capacidad laboral, la estructuración de la invalidez se generó el cinco (05) de diciembre de dos mil doce (2012). Es decir, un poco más de un año y medio después de haber celebrado el contrato de seguro. Ello indica que al momento de suscribirse la obligación, el señor Núñez no tenía posibilidad de conocer la causa de su enfermedad. Si la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral fue después de celebrado el contrato, no entiende esta Sala cómo la aseguradora se niega a cumplir con el cumplimiento de su obligación. Pero como si ello fuera poco, no existe en ninguna parte del expediente algún documento donde se evidencie que efectivamente el peticionario diligenció y firmó la declaración de asegurabilidad que probarían la reticencia del tomador. Es decir, en ningún momento omitió información, porque sencillamente, nunca firmó los cuestionarios que la aseguradora debió haber suministrado. Esta Corte no debe exigir cargas imposibles de cumplir al asegurado, mucho más teniendo en cuenta que el contrato de seguro, en muchas ocasiones, se trata de un contrato de adhesión en donde las estipulaciones contractuales depende de la aseguradora.
En el caso concreto, el accionante sostuvo que trabajaba como maestro de la planta global del Municipio de Barrancabermeja, cargo del cual fue retirado el siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012) mediante resolución 1410. Mientras ejercía esas funciones, adquirió dos créditos con el Banco Davivienda. Para respaldar dichas obligaciones, suscribió un contrato de seguro con la empresa Seguros Bolívar S.A. Esta póliza operaría por muerte o pérdida de capacidad laboral superior al 50 %. El primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012), el médico laboral Miguel Ángel Vertel Camacho de FOSCAL Fundación Avanzar FOS, entregó concepto sobre su pérdida de capacidad laboral, el cual le calificaba con una disminución del 95.3% por enfermedad común, con fecha de estructuración igual a la del dictamen; esto es, primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012). Por este motivo, el peticionario solicitó a la compañía Seguros Bolívar el pago de la póliza por haber acaecido el riesgo amparado. No obstante, la aseguradora negó el reconocimiento de la respectiva indemnización, según el accionante, porque la enfermedad causante de la disminución laboral fue adquirida antes de celebrar el contrato. Los jueces de instancia consideraron que el amparo se tornaba improcedente, en tanto el accionante contaba con mecanismos de defensa diferentes a la acción de tutela. El señor Martínez, es beneficiario de una pensión de invalidez.
En el presente caso, es claro que el peticionario cuenta con una herramienta de defensa de sus derechos fundamentales. Ha sido dicho en esta decisión que las controversias surgidas por el cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato de seguro, cuentan con un recurso idóneo, el cual es la vía declarativa civil. Así, “para ventilar sus inconformidades, las partes tienen la posibilidad, por regla general[47], de acudir al juez civil para que declare el incumplimiento del contrato por parte de alguna de ellas. En efecto, el artículo 1546 del Código Civil establece que “en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios””[48].
Adicionalmente, el Código de Procedimiento Civil, remplazado y en algunos casos complementado por el Código General del Proceso, establece que el proceso declarativo es el conducto procesal adecuado para desatar las controversias contractuales. En efecto, “este proceso permite que cuando exista discusión entre las partes por las obligaciones surgidas de un contrato, acudan a la justicia ordinaria en su especialidad civil y adelanten un proceso declarativo, particularmente ordinario, para formular sus pretensiones. Este proceso tiene la connotación de residual[49] y como tal, es la vía adecuada para que las partes de un contrato exijan su cumplimento de conformidad con el artículo 1546 del Código Civil. Como su nombre lo indica, en los procesos declarativos las partes acuden al juez para que declare la existencia de un derecho que está en discusión y sobre el cual aún no existe certeza de quién es su titular”[50]. Ello quiere decir, que al tratarse de obligaciones surgidas de un contrato, así sea de seguro, la vía adecuada es la justicia ordinaria civil.
En primer lugar, existen algunas pruebas que acreditan que el peticionario recibe rentas adicionales, como una pensión por invalidez. En el expediente, específicamente en el Cuaderno 1 Folio 19, se tiene que mediante Resolución 1410 de 2012, la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja resolvió“(…) b) que de conformidad con el certificado expedido por U.T ORIENTE REGIÓN de fecha 01 de Septiembre de 2012, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 95,3%, lo cual le da derecho a disfrutar de una pensión por invalidez a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio”. Ello, en principio, llevaría a esta Sala a pensar que el señor Martínez cuenta con recursos económicos para sufragar los gastos de la deuda adquirida con el banco. Mucho más teniendo en cuenta que la persona no afirma en su escrito de tutela, ni en actuaciones posteriores, hacerse cargo de alguna familia y/o presenta una relación de gastos que lleven a la Sala a concluir que efectivamente su mesada pensional no es suficiente para subsistir. En ese sentido, en principio, al contar con una mesada pensional y no tener, presuntamente, familia por la cual hacerse cargo, obligar a pagar una cuota mensual del crédito que adquirió con el banco no sería una afectación desproporcionada a sus ingresos.
No obstante, en reiteradas oportunidades esta Corporación ha manifestado que el hecho de que una persona tenga ciertos ingresos, no quiere decir que se garantice su derecho al mínimo vital. Si bien es cierto que la persona recibe una pensión por invalidez, debe recordarse que el máximo permitido, por regla general, es el 75% del promedio del último año laborado. Así, el hecho de que su último trabajo fue maestro de obra en la planta global del Municipio de Barrancabermeja, conlleva a esta Sala a pensar que su pensión, probablemente, no será tan elevada como para subsistir y pagar su crédito. A ello, añadiéndole su condición de discapacidad y los gastos que ello involucra. Al padecer una pérdida de capacidad laboral del 95,3 %, los recursos que esta persona requiere para subsistir son mucho más altos que los de una persona en condiciones regulares. Los ingresos que recibe el accionante por una pensión de invalidez, podrían no serán suficientes para subsistir. Lo que se quiere decir en esta providencia es que no existe certeza de que la persona pueda continuar pagando el crédito.
“(i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”[51]
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, que resolvió negar la acción de tutela promovida por Argemiro Arzuaga Manjarrez en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez.
SEGUNDO: ORDENAR a Seguros de Vida Suramericana S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al Banco Bancolombia S.A., como beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez.
TERCERO: ORDENAR al Banco Bancolombia S.A. abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en contra del Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez por el crédito o créditos del cual es deudor, el cual deberá cubrir la aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A. En caso de haber iniciado algún trámite judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de este fallo.
CUARTO: REVOCAR el fallo proferido el veintidós (22) de agosto de dos mil trece por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, que resolvieron negar la acción de tutela promovida por José de Jesús Núñez Contreras en contra de la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor José de Jesús Núñez Contreras.
QUINTO: ORDENAR a la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al Banco BBVA S.A., como beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el Señor José de Jesús Núñez Contreras.
SEXTO: ORDENAR al Banco BBVA S.A. abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en contra del Señor José de Jesús Núñez Contreras por el crédito o créditos del cual es deudor, el cual deberá cubrir la aseguradora condenada. En caso de haber iniciado algún trámite judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de este fallo.
SÉPTIMO: REVOCAR el fallo proferido diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Barrancabermeja, que resolvió negar la acción de tutela promovida por José del Carmen Mejía Martínez en contra de Seguros Bolívar S.A. y el Banco Davivienda. En su lugar CONCEDER DE MANERA TRANSITORIA la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor José del Carmen Mejía Martínez, que regirá hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
OCTAVO: ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, suspenda la ejecución del crédito, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
NOVENO: ORDENAR al Banco Davivienda abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en contra del Señor José del Carmen Mejía Martínez por el crédito o créditos del cual es deudor. En caso de haber iniciado algún trámite judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de este fallo.
[3] Cita tomada de Sentencia T-738 de 2011: Es importante señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria, derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[6] Cita tomada de Sentencia T-662 de 2013. “Sentencia T-192 de 1997. En sentencia T-277 de 1999, la Corte agrupó algunos criterios que ejemplifican situaciones de indefensión así: “3.4. El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. - sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-347/96 MP. Julio César Ortiz. En el mismo sentido ver la Sentencia T-416/01 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[26] Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales[26]. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007.
[29] Sentencia T-152 de 2006. “Se observa que por su naturaleza se trata de un contrato sometido a las reglas del derecho privado. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convención; es bilateral puesto que origina derechos y obligaciones entre asegurador y asegurado; es oneroso, en cuanto, compromete al primero a pagar el siniestro y al segundo a reconocer el valor de la prima y es aleatorio porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario – como ocurre con la muerte- no se sabe cuándo ello ha de acontecer”.
[37] Sobre el concepto de riesgo, ver: Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros. Tercera edición ed. Abeledo Perrot. 1998. Buenos Aires.
[38] Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla. Bogotá D.C., primero de septiembre de dos mil diez Ref.: Exp. No. 05001-3103-001-2003-00400-01.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Bogotá D.C. Sent. Cas. Civ. de 1º de junio de 2007, Exp. No. 00179-01.
[40] Incluso, la Real Academia de la Lengua Española, las define de la siguiente manera: “Reticencia: 1. f. Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse. 2. f. Reserva, desconfianza. 3. Figura que consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se calla”. Por su parte, “Preexistencia: Existencia anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen”. Tomado de www.rae.es Consultado en marzo de 2014.
[42] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Bogotá D.C. Sent. Cas. Civ. de 11 de abril de 2002, Exp. No. 6815.
[47] Cuando la aseguradora no responde la reclamación hecha por el interesado, este tiene la posibilidad de acudir a un proceso ejecutivo. En el presente caso, la aseguradora respondió la reclamación de la señora Montoya.
[51] Sentencias T-107 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-816 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1309 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.