Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30899
Timestamp: 2018-04-19 15:32:03
Document Index: 26370913

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 113', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 154']

Sentencia C-660 de 2000 Corte Constitucional
El reconocimiento que hace la Constitución Nacional de la familia como fundamento de la nacionalidad por su natural tendencia a la unidad, afinidad, coherencia y estabilidad, no permite, antes por el contrario proscribe, la utilización de mecanismos coactivos para imponer la permanencia de la pareja. Según los principios, reglas y orientaciones de la Carta Política, es la estabilidad del grupo familiar, más no la duración del matrimonio, la que permite la realización humana de sus integrantes y por ende la que persigue el orden superior. De ahí que el propio artículo 42 de la Constitución Política prevea que los efectos civiles de todo matrimonio cesen "por divorcio, con arreglo a la ley civil".
"LEY 25 DE 1992
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado."
A juicio del demandante, la expresión "salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado", que hace parte del numeral 1º del artículo 6° de la ley 25 de 1992 (art. 154 Código Civil) disposición que incluye las relaciones sexuales extramatrimoniales entre las causales de divorcio, desconoce los artículos 1º, 2º, 4º, 5°, 12, 13, 16, 22, 42, 70, 93 y 94 de la Carta Política. Como razones o motivos de la violación expone:
*No se puede obligar al cónyuge que aceptó, consintió o perdonó una sola vez las relaciones sexuales extramatrimoniales de su consorte, a permanecer ligado a éste, porque se desdibuja el contenido ideológico implícito en la Constitución Política que permite a las personas modificar una decisión tomada.
*La norma demandada convierte el consentimiento y el perdón en formas de instrumentación contrarias al respeto, auto-respeto y desarrollo de la personalidad, fuentes esenciales de la dignidad humana que la Carta Política consagra, porque obliga al cónyuge agraviado a renunciar a su autonomía e independencia así como al respeto que se debe a sí mismo.
*Reflexiona sobre la imposibilidad de lograr la armonía conyugal que el ordenamiento superior impone, cuando se somete, como lo hace la disposición controvertida, a uno de los cónyuges a mantener el vínculo matrimonial en contra de sus deseos y derechos. Considera que, al contrario de lo planteado por la norma demandada, se protegería la institución de la familia si se le diera al agraviado la oportunidad de replantear su vida si así lo desea aún después de haber perdonado las relaciones extramatrimoniales de su cónyuge.
*La culpa del cónyuge que aceptó la conducta del otro no es un problema que se pueda solucionar con la aplicación del principio jurídico de que nadie puede alegar su propia torpeza porque, dada la complejidad de los problemas intrafamiliares, éstos últimos no pueden solucionarse con fórmulas jurídicas sin que medie un análisis interdisciplinario serio.
*Para el actor las expresiones objeto de la presente demanda se explicarían en una constitución de mentalidad retardataria, no en nuestra Carta Política, fundada en la unidad familiar y el respeto a sus integrantes.
Cuestiona los planteamientos del actor puesto que, según su criterio, las relaciones sexuales extramatrimoniales permitidas, consentidas o perdonadas no constituyen infidelidad. Para reafirmar su posición cita al Dr. Arturo Valencia Zea, quien sostiene que para que la relación sexual extramatrimonial sea causal de divorcio, debe constituir siempre una falta contra el otro cónyuge.1
La Corte deberá decidir si la expresión "salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado", en cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una familia.
Tal como lo ha sostenido esta Corporación2, la Asamblea Constituyente descartó el carácter puramente asistencial que le otorgaba a la familia el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno y optó por definirla como institución básica de la sociedad (artículos 5º y 42 de la Constitución Nacional) y la asoció a la primacía de los derechos inalienables de la persona humana (artículo 5º de la Constitución Nacional), al tiempo que estableció como formas posibles de constituirla "la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio" o "la voluntad responsable de conformarla" (artículo 42 de la Constitución Nacional).
De otra parte, el ordenamiento constitucional asigna al Estado (artículos 5º y 42 de la Constitución Nacional) los cometidos de amparar a la familia "como institución básica de la sociedad" y de garantizar su "protección integral", al tiempo que defiere a la ley la función de regular las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, así como lo concerniente con los efectos civiles de los matrimonios religiosos y los de las sentencias de nulidad que profieran las autoridades de la respectiva religión.
Dentro del marco general enunciado procede, entonces, determinar hasta dónde la norma demandada es contraria o nó al texto íntegro de la Constitución Política, especialmente si se tiene en cuenta que una primera aproximación a la misma indica que su objetivo coincide con el de mantener la unidad de la familia, también consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Para ello procede, en primer término establecer la relación entre la familia y el matrimonio3, con el fin de indagar, posteriormente, sobre el alcance del poder normativo del Estado y la forma como interactúan los derechos de los cónyuges dentro de ámbito matrimonial.
Ahora bien, respecto de la familia surgen para el Estado precisos cometidos de preservación y protección que se orientan a garantizar la existencia y el desarrollo de esta institución como básica de la sociedad (artículo 5º de la Constitución Nacional), según ha quedado dicho. Y entre las potestades que el ordenamiento superior le asigna al Legislador está la de regular las formas de disolución del acuerdo matrimonial, acuerdo que la legislación interna ha definido como "contrato solmente por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente" (artículo 113 del Código Civil). De esta manera, habrá de entenderse que las potestades normativas que consagren el régimen legal matrimonial deben condicionarse, además de lo que en este aspecto prevé expresamente la Constitución, a la naturaleza y características que el ordenamiento superior asigna a la familia.
Por lo demás, el reconocimiento que hace la Constitución Nacional de la familia como fundamento de la nacionalidad por su natural tendencia a la unidad, afinidad, coherencia y estabilidad, no permite, antes por el contrario proscribe, la utilización de mecanismos coactivos para imponer la permanencia de la pareja. En efecto, según los principios, reglas y orientaciones de la Carta Política, es la estabilidad del grupo familiar, más no la duración del matrimonio, la que permite la realización humana de sus integrantes y por ende la que persigue el orden superior. De ahí que el propio artículo 42 de la Constitución Política prevea que los efectos civiles de todo matrimonio cesen "por divorcio, con arreglo a la ley civil".
Considera la Corte, al respecto, que asiste razón al demandante cuando expresa que la norma parcialmente demandada viola los artículos 15, 16 y 18 de la Constitución Nacional. En primer término esta Corporación encuentra que la expresión "salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado", referida a las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, es contraria al derecho a la intimidad que consagra la primera de las normas constitucionales mencionadas.
Así, al atribuirle al perdón o al consentimiento que haya prestado uno de los miembros de la pareja a las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro, un efecto como el que asigna la norma demandada, el legislador se está inmiscuyendo en el fuero íntimo de los cónyuges, en el devenir de sus emociones y sus afectos, en su esfuerzo por adecuarse en un momento dado a las conductas de su pareja. De esa manera atribuye a estas emociones, afectos y esfuerzos propios de una relación esencialmente mutante y vital unos efectos definitivos e ignora que estas formas de aceptación y justificación de conductas ofensivas que en muchos casos pueden ser admitidas por el ofendido sin que él tenga real conciencia del daño que ha sufrido. Consciencia que puede cobrar fuerza con el paso de los años y transformar en intolerable lo que en otro momento se consideró aceptable o justificable. Se contraría, pues, el artículo 15 del ordenamiento superior, que dispone que "todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar", la cual es deber del Estado respetar y hacer respetar.
(...) Las acciones moralmente elogiables que están por fuera de los deberes legales o que las exceden, no pueden tener otro fundamento distinto que el consentimiento de quien las asume y no admiten, por lo tanto, constreñimiento alguno para su realización o para que se persista en las mismas4.
En concordancia con los artículos 15 y 16 de la Constitución Nacional, el artículo 18 del mismo ordenamiento consagra la libertad de conciencia, en virtud de la cual "nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones o creencias o compelido a revelarlas u obligado a actuar en contra de su conciencia". Reconoce esta disposición que los grupos humanos, concepto que comprende a la pareja, no responden a ideas absolutas sino a convicciones individuales, complejas, no siempre coincidentes. De ahí que el facilitar o consentir las relaciones sexuales del otro, por pertenecer a una realidad entrelazada con factores personales profundos y dinámicos, impide la calificación jurídica de culpa.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión "salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado" que hace parte del numeral 1° del artículo 6° de la ley 25 de1992 modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil.
1 Obra citada. Valencia Zea, Arturo. " Derecho Civil. Tomo V. Derecho de Familia. Editorial Temis, Bogotá, 1988. Sexta Edición, pag.175.
2 T-08/92, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín Greiffenstein.
Como es sabido los doctrinantes- principalmente civilistas-, enfrentados en la discusión sobre el carácter contractual o institucional del matrimonio, trataron, aunque no siempre lo lograron, de no involucrar en ella el concepto de familia; sin lugar a dudas porque la concepción de la familia como entidad jurídica fue el problema de "mayor entidad sustantiva" que tuvo que afrontar el derecho civil en la determinación de su "contenido propio o específico", problemática generada por la tesis del profesor Antonio Cicu, hoy superada, de conformidad con la cual al derecho de familia se le debía asignar, en la distinción bipartita entre derecho público y derecho privado, un lugar independiente. Este ilustre profesor fundamentó su propuesta en que el carácter institucional de la familia debía significar el sometimiento de la voluntad de sus integrantes a un fin superior a la desaparición de su personalidad individual; calificó este interés de "supraindividual" con el propósito de distinguirlo del interés particular inspirador del derecho privado como el "interés de estado", que a su juicio distingue al derecho público.
En consecuencia, en su tarea actual de "homologación o concordancia" de su contenido propio con el nuevo orden constitucional resulta posible al derecho la adopción, sin temor, del concepto de familia así como el carácter institucional de ésta. Aceptación que, no obstante su trascendencia, no implica el desconocimiento de los derechos individuales fundamentales de sus integrantes.
4 T-062/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.