Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2017/82/12/
Timestamp: 2019-09-17 10:19:23
Document Index: 327553895

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 35', 'artículo 24', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 21', 'artículo 17', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 35']

Diario de Sesiones 82/2017, de fecha 12/7/2017 - Punto 12 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 82/2017, de fecha 12/7/2017 - Punto 12
9L/PPL-0012 DEBATE EN LECTURA ÚNICA. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1989, DE 2 DE MAYO, DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo que acordamos en la Junta de Portavoces, vamos ahora al debate en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Y, tal y como también hemos acordado, en primer lugar -y, además, corresponde así-, comienza la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Podemos por tiempo de diez minutos.
La señora SANTANA PERERA: Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.
Para comenzar mi intervención, me gustaría dar la bienvenida a los trabajadores y trabajadoras de la Audiencia de Cuentas que han tenido a bien hoy acompañarnos y hacerles desde aquí un reconocimiento por la encomiable labor que hacen y el enorme trabajo que realizan a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de medios y, sin embargo, la verdad es que todos los informes que nos llegan son informes de calidad por parte de todos estos técnicos.
Estamos justo en un momento en el cual hay que demostrar cuando se habla que deseamos avanzar en la despolitización de las instituciones y no solo con palabras, sino también con hechos. Es una cuestión de hacer lo que se dice y se promete. Y cuando hablamos de cuestiones como la despolitización, la regeneración democrática y la transparencia, hay un enorme abismo entre lo que se dice en esta Cámara, lo que se dice en los discursos y lo que después se hace.
Por eso desde Podemos hemos presentado un texto alternativo. Un texto alternativo en contraposición con la modificación de la Ley de la Audiencia de Cuentas presentada por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Coalición Canaria, que, bajo nuestro punto de vista, entendemos que solo pretende parchear la situación de los puestos políticos, esos usados como puertas traseras o como generosos echaderos. Una modificación, por cierto, en la que, cómo no, otra vez se ponen de acuerdo los tres partidos tradicionales. Qué casualidad que en esto del reparto de sillones y en el reparto de puestos siempre se pongan de acuerdo.
Nosotras hemos presentado un texto alternativo y lo hacemos por convicción. La convicción de que las instituciones como esta deben despolitizarse, que deben alejarse de cualquier tipo de color político y que deben potenciarse y tecnificarse, poniéndolas siempre al servicio del interés público.
No queremos una modificación de ley que solo abarque la cuestión política; queremos de verdad una modificación remodeladora, que potencie la Audiencia de Cuentas, su actividad fiscalizadora y que le dé mayores funciones y un mayor ámbito de estudio y trabajo. Por ejemplo, debemos dejar atrás conceptos tan abstractos y susceptibles de interpretación como es eso de "reconocido prestigio" para avanzar a perfiles de "reconocida competencia" a la hora de elegir nuestros auditores. Así lograremos evitar coladeros y puertas traseras que poco o nada tienen que ver con la actividad fiscalizadora.
Creemos no solo en los perfiles técnicos, también creemos en esa renovación tan solo por un mandato; además de todo esto, creemos en la eliminación del pleno político. Los órganos de control -y de todos es sabido- que mejor funcionan y que además emiten informes de mayor interés para la ciudadanía son los que tienen menor número de consejeros y, además, para ello los que exigen mayor capacidad de sus técnicos para ocupar estos puestos.
Canarias mantiene una ley en la cual los requisitos para acceder a la Audiencia de Cuentas son muy débiles, de los más débiles si los comparamos con el resto de comunidades autónomas. Mientras que en el resto del territorio español se exige una titulación específica y el ejercicio competente durante en torno a diez o quince años, aquí en Canarias nos valemos con eso del reconocido prestigio para repartir los cargos. Un reconocido prestigio que hasta el propio Consejo Consultivo de esta comunidad autónoma ha puesto en entredicho. Un agujero en la cualificación que ha valido a algunos de los partidos políticos aquí presentes para elegir perfiles que poco o nada tienen que ver con la actividad fiscalizadora. Y lo que es peor es que no podemos, encima, acceder a través del portal web de la Audiencia de Cuentas a las declaraciones patrimoniales de estos miembros de la Audiencia de Cuentas. Tampoco podemos acceder a las compatibilidades de los consejeros, ni a la información completa de sus retribuciones, ni a la información actualizada sobre los gastos de representación.
Bueno, nuestra propuesta, la propuesta del Grupo Parlamentario Podemos, se basa en ofrecer un órgano unipersonal con una renovación, como ya dije anteriormente, limitada y que se asuma a través de la figura de un presidente o presidenta que sea el que tenga las funciones del Pleno; no en un reparto sistemático de sillones, que es lo que propone la modificación de ley del Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria.
Señores de Coalición Canaria, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, ustedes, por ejemplo, en su texto no limitan las renovaciones y eso sí que condiciona la estructura y el funcionamiento futuro de un órgano como es la Audiencia de Cuentas, donde hay un alto cargo por cada ocho trabajadores y donde, además, algunos de sus miembros llevan más de veinticinco años en el puesto.
La eficacia, la eficiencia y la valía del órgano y de la gestión pública son para nosotros un reto fundamental y por ello creemos que hay que hacer hincapié y especial esfuerzo en hacer de estos entes, estas instituciones, unas instituciones renovadas. Por ello creemos que la Audiencia de Cuentas debe tener esta actividad fiscalizadora, de la que les hablábamos antes, con más ámbitos y con más funciones, que ejerza un control externo en el que no solo se vele por la legalidad y por la eficiencia y economía de cuantos actos den lugar a reconocimiento, sino que también de la extinción de derechos y obligaciones de contenido económico; una de las funciones que ya reconocen las instituciones análogas en otras comunidades autónomas, como les venía diciendo antes. Y, además, dotarla de otras funciones, como puede ser la lucha contra la corrupción, la lucha para prevenir la corrupción. Por ejemplo, proponiendo códigos de conducta, declaraciones voluntarias autorreguladoras que garanticen un comportamiento ético entre los gestores públicos. También la evaluación, de manera sistemática, de los sistemas de prevención de la corrupción, analizando las actividades con mayor riesgo y proponiendo mejoras que reduzcan la posibilidad y las oportunidades que tienen de que se genere fraude fiscal, o que a través de esto también se pueda aumentar la transparencia en la toma de decisiones.
¿Y por qué hablamos de esta vocación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas? Porque en la manera en la que hoy concebimos a este ente, a esa Audiencia de Cuentas, con un cincuenta por ciento de todos los efectivos orientados a cabildos y ayuntamientos, hace que nos encontremos con cosas como que el último informe exclusivo de contratación sea del año 2001. U otras cosas, como que, a pesar de que en Canarias se gasten cada año más de 2600 millones de euros en sanidad, tan solo se han realizado dos informes exclusivos en el ámbito sanitario en la última década. De hecho, hay que remontarse hasta el año 2007 para encontrar el informe sobre la evaluación de la gestión del gasto de las administraciones públicas canarias en el sector de la sanidad. Y, además, como un apunte bastante curioso, este informe tuvo que ser elaborado con la colaboración de una entidad privada.
Aquí les he puesto unos ejemplos, en la pantalla (refiriéndose a los medios audiovisuales), de cómo se dilata el inicio de la elaboración de los trabajos, de los informes solicitados...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora Santana.
La señora SANTANA PERERA: Cómo se dilata esa elaboración de los informes y trabajos desde que los pedimos en la Comisión de Presupuestos y Hacienda hasta que se ponen en funcionamiento los trabajos, que muchas veces han llegado a dilatarse hasta más de dos años.
En definitiva, lo que pedimos es una Audiencia de Cuentas menos política y con más recursos. No quiero recordarles a sus señorías el voto en contra a las enmiendas de Podemos en los Presupuestos Generales del Estado, donde dotábamos de más fondos, de más recursos a la Audiencia de Cuentas y ustedes quisieron votar en contra, a pesar de que se ha reconocido la falta de medios por parte de nuestros auditores para poder desarrollar sus trabajos de una manera satisfactoria.
Y para finalizar, también poner sobre la mesa el agravio comparativo histórico de los trabajadores de la Audiencia de Cuentas con respecto a otros trabajadores de órganos de...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana, se acabó su turno.
Tiempo ahora para las enmiendas al articulado.
Por orden de menor a mayor -artículo 83-, le correspondería al Grupo Mixto.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes y bienvenidos los trabajadores y las trabajadoras de la Audiencia de Cuentas.
Comenzaré mi intervención agradeciendo el talante de consenso político de los grupos proponentes de esta iniciativa legislativa que han tenido a la hora de ser inclusivos en los trabajos y la tramitación de esta modificación de la Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Lo digo para dejar constancia de que se ha rectificado la postura que siempre han tenido los grupos mayoritarios de votar en bloque los cambios institucionales.
Hace unas semanas, dejábamos claro en el debate de toma en consideración de esta ley que nos sorprendía que los proponentes no hubieran buscado el apoyo de los demás grupos como paso previo al registro de esta proposición de ley que viene a modificar, en parte, el funcionamiento de la institución garante de la adecuación de la gestión económica de las administraciones públicas en Canarias. Está claro que, tanto en el presente como en el futuro, las decisiones importantes requerirán de una pluralidad democrática inédita en pasadas legislaturas.
Los partidos que nos esforzamos por trabajar por la ciudadanía con coherencia estamos aquí para sumar y para conseguir que se lleguen a resolver las necesidades de los canarios. Por todo eso, todo avance lo consideramos importante. Y hoy estamos avanzando para resolver problemas operativos y de organización que tenía la Audiencia de Cuentas que, tras veintiocho años de vigencia de la ley, hay que aclarar, precisar o modificar. Y para ello hemos contando con la inestimable ayuda de otras instituciones canarias de prestigio, como es el Consejo Consultivo, que, en su dictamen, ha dejado claro que hay que enmendar profundamente la proposición de ley.
Por eso, junto con otros grupos, hemos presentado un conjunto de enmiendas y consensuado con otros enmendantes una propuesta transaccional que recogerá, en el texto legal que se apruebe definitivamente, el sentido mayoritario de esta Cámara. Algunas de las enmiendas son correcciones técnicas para que no se genere confusión y en otras se han plasmado directamente las recomendaciones del Consejo Consultivo. Hay que precisar que la nueva redacción que se propone en el artículo segundo de esta ley mantiene la posibilidad de que la Audiencia de Cuentas haga recomendaciones para prevenir conductas inadecuadas que podrían recaer en corrupción de no ser corregidas, de forma que se eviten en el futuro por las administraciones públicas fiscalizadas; lo que da un plus a la gran labor que venía desempeñando la Audiencia de Cuentas hasta ahora y supondrá una mejora sustancial en beneficio de todos los canarios.
Porque nuestros ciudadanos esperan que se añadan a la fiscalización, claramente, no solo las organizaciones sindicales y empresariales o quienes reciban cualquier ayuda del sector público, sino también que todas las administraciones cumplan con la obligación de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Y, por supuesto, era necesario ser más taxativo y reforzar la obligación de colaborar de las personas físicas y jurídicas de la Audiencia de Cuentas.
En el artículo sexto se plasma la precisión del Consejo Consultivo con respecto a establecer quién convoca la sesión constitutiva de la Audiencia y también se recogen sus recomendaciones con respecto al régimen que se aplica a los consejeros auditores, recogido en la disposición transitoria única.
En muchas de las otras enmiendas se ha buscado expresamente que lo dispuesto en otras leyes, como la de transparencia, la de medidas tributarias o la de estabilidad presupuestaria, se reproduzca en la Ley de la Audiencia de Cuentas, lo que creemos que es un acierto porque lo abunda no daña y porque reforzamos los valores y las funciones recogidas en estas leyes al incluirlo en la Ley de la Audiencia de Cuentas.
Por último, precisar que se han hecho algunas supresiones al articulado que se presentó al inicio, manteniendo la obligación de que fiscalice la Cuenta General en tres meses, ya que se ha llegado a un acuerdo. Sabemos que la Audiencia de Cuentas está en disposición de cumplirlo y debemos reconocer que los posibles retrasos serían por la dificultad que todavía se tiene en varios de los entes del sector público de cumplir con los plazos legalmente establecidos. Y quiero dejar claro que la Audiencia no ha faltado nunca a su deber de presentar en este Parlamento los resultados del informe de la Cuenta General, porque su profesionalidad y solvencia no se discuten hoy aquí, ni esta ley viene a generar dudas sobre la gran labor que realizan.
En definitiva, mejoras que permitirán que esta ley de modificación de la Audiencia de Cuentas tenga un efecto claramente positivo y estabilizador en una de las instituciones clave de autogobierno de nuestra comunidad autónoma. Una ley necesaria que debe ir aparejada con el apoyo institucional y la colaboración tanto del Ejecutivo como del resto de administraciones para que se facilite la labor de la Audiencia y se optimicen los esfuerzos en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la gestión pública, que es responsabilidad de todos.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señora González... (La señora Mendoza Rodríguez habla con el señor Antona Gómez al regresar a su escaño).
Señora Mendoza, le ruego que ocupe su escaño si es tan amable. (Pausa). Gracias.
Señora González, cuando quiera.
Como ya mencioné en la intervención cuando tomamos en consideración esta proposición de ley, desde Nueva Canarias hemos compartido que, después de transcurridos veintiocho años desde la entrada en vigor de la actual Ley de la Audiencia de Cuentas, se lleve a cabo una modificación en profundidad. Pero la verdad es que hubiéramos preferido que hubiéramos tenido la posibilidad de que en este pleno se hubiera debatido el texto de una proposición de ley que hubiera sido consensuada entre todos los grupos, pero como los proponentes -el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria- decidieron no hacerlo así y como, además, se ha tramitado, pues, de la manera que se ha tramitado, por el procedimiento de urgencia, directamente y en lectura única, pues aquí nos encontramos sin haber podido consensuar nada de nada. Y, una vez llegados a este punto, y a pesar de que -insisto- desde Nueva Canarias entendíamos que era necesario adecuar la ley al actual marco normativo que regula la actividad económico-financiera del sector público, que, además, entendíamos que era adecuado clarificar los preceptos de la ley referidos al sistema de elección de los miembros de la Audiencia de Cuentas, de la duración del mandato del presidente y de modificar la denominación de los miembros de la Audiencia de Cuentas, entre otras cosas, porque es algo que de facto, y no estaba en la ley, se ha venido haciendo desde el 2012; pues estábamos absolutamente de acuerdo. Pero también entendíamos que era necesario llevar a cabo otras modificaciones que eran igualmente urgentes e igualmente necesarias.
Y dado el escaso tiempo que hemos tenido además, después de no haber tenido posibilidad de consensuar nada para presentar las enmiendas, además el nulo debate que ha existido sobre el contenido de la proposición de ley, mi grupo parlamentario ha presentado once enmiendas: tres de supresión, dos de adición y seis de modificación. De estas once enmiendas, hemos transado nueve y hay dos que no hemos transado. Por el tiempo que queda, voy a referirme, en primer lugar, a aquellas que no hemos transado y, si me diera tiempo, hablaría de las del resto.
La primera enmienda que no transamos es la enmienda número 22 de las presentadas por Nueva Canarias y mediante esta enmienda lo que proponíamos era añadir a esta proposición de ley un nuevo artículo de modificación del artículo 35 de la Ley de la Audiencia de Cuentas que, y el planteamiento o la proposición es que se redactara diciendo que el personal al servicio de la Audiencia de Cuentas estaría integrado por funcionarios con titulación adecuada, teniendo consideración de personal del Parlamento de Canarias, con los mismos derechos, deberes e incompatibilidades a partir del 1 de enero del año 2018. Y estas modificaciones, además, las planteábamos por razones de equidad y por razones de adaptarnos o acogernos a la legalidad actual, tal como se ha planteado en la proposición de ley para otras situaciones como son la situación económico-financiera y la legislación económico-financiera que existe en estos momentos y actualizarla después de veintiocho años.
El Parlamento de Canarias, en este momento, cuenta con cuatro órganos auxiliares y así reza, además, la web de parcan.es. Estos cuatro órganos son la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo de Canarias y el Comisionado de Transparencia. En la web, además, se define cada uno de estos órganos y de la Audiencia de Cuentas se dice que es una institución dependiente del Parlamento de Canarias, que realiza las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la comunidad autónoma y demás entes públicos de Canarias y que ejerce sus funciones por delegación del Parlamento en el examen y comprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma.
Cuatro órganos con distinta naturaleza jurídica pero con algunos puntos en común. Todos son órganos auxiliares del Parlamento, tres de los cuatro son órganos estatutarios, son órganos que están contemplados en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y me refiero a la Audiencia de Cuentas de Canarias, al Diputado del Común y al Consejo Consultivo de Canarias; y en todos, menos en la Audiencia de Cuentas, el personal tiene la asimilación del personal del Parlamento de Canarias. El Diputado del Común la tiene desde el año 2001 y el Consejo Consultivo desde julio del 2005, fecha en la que el Gobierno de Canarias aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento, cuestión a la que no se puede acoger la Audiencia de Cuentas de Canarias... O sea, me refiero a modificarlo reglamentariamente, ya que, a diferencia de lo que ocurre en la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, que estableció en su artículo 24 que el régimen al que tendría que acomodarse el personal del Consultivo vendría por cuenta de su dependencia orgánica y funcional. Dicha redacción permitió que se pudiera hacer a través de desarrollo reglamentario en el artículo 40 del reglamento. Las normas aplicables a los funcionarios del Consejo Consultivo -dice el artículo 40 de ese reglamento- serán las mismas a las previstas para los funcionarios del Parlamento de Canarias.
Como dije antes, la Audiencia de Cuentas no pudo hacer esto porque no lo puso en su ley, razón por la cual planteamos que esa ley se modificara; y, además, no solo porque no lo puso, sino que la Audiencia de Cuentas pidió un informe al señor don Fran Villar -el catedrático don Francisco Villar, muy conocido en esta Cámara en tanto en cuanto fue el redactor de la Ley del Suelo y el redactor de anteproyectos o borradores de anteproyectos de leyes actuales, llámese la ley del transporte...-, donde dice que la posibilidad de que al personal de la Audiencia de Cuentas se le aplique el mismo régimen que a los funcionarios del Parlamento de Canarias requiere la modificación de la vigente Ley de la Audiencia de Cuentas, en tanto en cuanto se remite a la legislación de la función pública, sin que sea posible hacerlo a través del reglamento de organización y funcionamiento de la institución ni tampoco de un reglamento de régimen interior sin la previa derogación del citado artículo 35 de la ley. Insisto: o derogación o modificación, tenemos las dos posibilidades.
Y desde Nueva Canarias entendemos que, a todas luces, esto es ilógico, porque -no es la primera vez que lo dijo- los poderes públicos, sea el legislativo o sea el ejecutivo, pueden tomar decisiones discrecionales, pero no pueden tomar decisiones arbitrarias, y entendemos que en cuatro órganos, órganos todos auxiliares del Parlamento, y además el único dependiente del Parlamento, porque no olviden que los informes de la Audiencia de Cuentas los aprueba este Parlamento, cosa contraria a los del Consultivo, al del Diputado del Común o al del Comisionado de Transparencia, que no los aprueba este Parlamento, pues resulta que haya lo que parece una decisión arbitraria: todos como funcionarios del Parlamento, excepto la Audiencia de Cuentas.
Pero, además, entendemos que, aparte de este hecho en particular y de la falta de lo que entendemos que es equidad... Y, bueno, que todos los que son iguales tengan el mismo régimen jurídico y la misma consideración, pues entendemos que también permite otro tipo de distorsiones a la acción de este Parlamento porque también, si lo miramos con detenimiento y hacemos un análisis -supongo que todos los diputados que estamos aquí presentes conocemos el Reglamento del Parlamento-, pues, bueno, la Ley de la Audiencia de Cuentas tiene contradicción con el Reglamento del Parlamento. Obviamente, después de veintiocho años, parece razonable que pudiera tenerlas. Estamos en este momento en la posibilidad de evitar que esas distorsiones sigan existiendo y esa era, básicamente, la razón de la propuesta de esta enmienda al artículo 35 de la ley.
El segundo artículo que no consensuamos era la disposición transitoria, en la que, originalmente, en la proposición de ley, se determinaba que, a partir de la entrada en vigor de esta proposición de ley, cuando sea ley, los auditores de la Audiencia de Cuentas que en este momento tienen un mandato expirado, con lo cual están en funciones, tuvieran la consideración de consejeros auditores, que es como se les denomina a partir de ahora. No hemos llegado a acuerdo en tanto y cuanto desde Nueva Canarias entendemos que esa es la redacción que hay que darle y esa es la que hay que plantear, que los consejeros están en funciones, eso es obvio, todos para los que expira su mandato están funciones, ahora y desde hace veintiocho años que se inicio la Audiencia de Cuentas, y el planteamiento es que a partir de ahora tuvieran esa consideración. Entendemos que esa enmienda transitoria no cumple con la que presentan los grupos proponentes, que no cumple con ese planteamiento, y por eso no la hemos podido transar.
Respecto al resto, hemos llegado a un planteamiento...
La señora PRESIDENTA: (Sin micrófono), señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Que, bueno, yo supongo que se lo habrán pasado a los servicios de la Cámara y en las que hemos planteado, básicamente, o por ser la principal, con respecto a la prevención de la corrupción.
Yo sí quiero decir, y lo dije ya en la toma en consideración, que la Audiencia de Cuentas es un órgano de control externo que hace la fiscalización ex post, nunca ex ante; que para prevenir algo, tienes que hacerlo desde antes, no después; y que eso, esa función, ya existe y existe para los órganos de control interno, que son los que hacen la fiscalización previa, nunca para la Audiencia de Cuentas, que solo puede hacer fiscalización ex post. Pero no solo la Audiencia de Cuentas de Canarias: cualquier órgano de control externo, incluido el Tribunal de Cuentas.
Turno ahora para el Grupo Popular, señor Estalella.
El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Tenía previsto empezar el discurso de otra forma, pero la actualidad obliga a responder. Señora Santana, critica usted el consenso y el acuerdo de las tres fuerzas políticas y la aportación de Nueva Canarias como algo no deseable o detestable. Muy al contrario, yo creo que es deseable que en las cosas importantes nos pongamos de acuerdo; en las menores también, pero en las importantes, desde luego, creo que es necesario y obligado en los tiempos que corren. En la calle nos lo dicen: pónganse de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo. ¿Que no le gusta el acuerdo? Muy bien, tiene usted la capacidad ahora de votar en contra del acuerdo, pero no puede decir: "no, no, es que lo que hacen ustedes es siempre ponerse de amiguitos en un lado y votar en contra de lo nuestro". No, vamos a ver, vamos a ser un poco más serios; o sea, nosotros nos ponemos de acuerdo porque creemos en que el texto que va a salir de la ley -si después sale porque se aprueba- es en el que creemos actualmente.
Yo creo que ha hecho un ejercicio de demagogia también al decir que hay algunos consejeros que llevan veinticinco años. Por llevar veinticinco años no es criticable la situación; sería criticable, en todo caso, si usted hubiese argumentado que no hacen su trabajo o que no aportan nada a la Audiencia de Cuentas, pero ¿por estar veinticinco años? No, no, esto no me parece que sea una manera lógica de afrontar el debate.
Ya se ha dicho que la ley tiene veintiocho años y que es necesario hacer una actualización de ella, porque las normas con las que tiene que convivir y la actualidad de la vida económica de la Comunidad Autónoma de Canarias han cambiado en veintiocho años muchísimo. Por tanto, debemos hacer ahora una ley que permita al órgano fiscalizador, que es un órgano muy importante para Canarias, realizar su labor de manera eficiente y eficaz.
Decía que esta nueva ley, además de adecuar diversos aspectos formales necesarios para una mejor comprensión y una adecuación a las diferentes modificaciones legislativas que se han producido.
Quiero destacar como aspecto fundamental el compromiso de la ley en la lucha contra la corrupción que hemos soportado en dos aspectos básicos. Por un lado, dotando de un mayor y mejor soporte jurídico a la Audiencia sometiendo a las personas físicas y jurídicas beneficiarias de cualquier tipo de subvención o de ayuda pública y también a las formaciones políticas y a las fundaciones y entidades vinculadas a las mismas en lo que a la justificación de subvenciones percibidas por el sector público se refiere; ampliándose también este sometimiento a las organizaciones sindicales y empresariales. Asimismo, por otro lado, se adiciona expresamente en la ley a las funciones de la Audiencia de Cuentas el proponer recomendar buenas prácticas administrativas, contables, financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público; y también prestar asesoramiento al Parlamento en materias de su competencia; asesorar al sector público para mejorar la competitividad y la gestión en la recaudación y mejora para incrementar la transparencia en la gestión.
También usted, en su propuesta, del Grupo Podemos, hablaba de proponer un órgano unipersonal. Cabe decir que, en la seguridad que perseguimos el mismo fin, ambos -una Audiencia de Cuentas ágil y eficaz, al tiempo que independiente-, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo porque creemos que el Pleno debe ser un órgano colegiado y no unipersonal, puesto que el órgano debe reflejar la pluralidad de las fuerzas políticas que representan el arco parlamentario y no centrar toda su capacidad de censura a la actividad del sector público en un cargo plenipotenciario.
Una de las dificultades del acuerdo con Nueva Canarias se basaba en la enmienda número 22, del Grupo Nueva Canarias, como digo, que también está contenida en la propuesta del Grupo Podemos. Pero nuestro no no es una oposición frontal, nuestra opinión es que se estudie con detenimiento la situación y que se aplique el conjunto de normas que deban ser aplicadas en el ámbito laboral. Pensamos que en la actualidad no contamos con informes suficientemente clarificadores para tomar la decisión de incorporar ese aspecto al cuerpo de la ley. Hemos tenido conocimiento de varias simulaciones, hemos tenido conocimiento de informes que decían una cosa y la contraria. La señora González ha manifestado la opinión que tenía el catedrático de la Universidad de La Laguna al respecto de la situación, pero no nos hemos dado el tiempo suficiente para formarnos una opinión sobre el calado de la decisión y si la decisión que debíamos tomar es la adecuada. Es más, lo ha dicho usted antes, es decir, se ha tramitado por urgencia y, bueno, pues, creo que, independientemente de cuando lleguen estos informes, tomaremos la decisión; en un futuro, si concluyen que se deben adoptar las medidas, tomaremos las medidas que sean necesarias y cuantas medidas sean necesarias.
Otra de las novedades es la modificación del plazo de duración de los consejeros auditores, que ahora se desvincula del ritmo de elección de los miembros de este Parlamento.
Yo quiero finalizar agradeciendo la predisposición de todos los grupos firmantes y de Nueva Canarias en el texto que, finalmente, si lo aprobamos, saldrá adelante, y los que han participado en las enmiendas. Hay que decir que los textos transados han simplificado, aclarado y, en muchísimos casos, mejorado los aspectos que inicialmente habíamos contemplado en la ley.
Como en la toma de consideración, no quiero finalizar mi intervención sin tener una especial mención a los trabajadores de la Audiencia, profesionales íntegros que realizan en ocasiones una tarea titánica y que nos sirven al Parlamento de Canarias y a las consejerías y a la Presidencia del Gobierno de Canarias para tomar las mejores decisiones y las decisiones adecuadas. Desde aquí mi estímulo, mi ánimo y mi aliento para que continúen con su inestimable labor.
Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Pérez Hernández.
El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.
Saludar también a los miembros de la Audiencia de Cuentas, que se encontraban aquí, no sé si se siguen encontrando o ya no están, pero, igualmente, saludarles.
Y señalar que, cuando en el Grupo Socialista nos embarcamos en la modificación de esta ley, lo hicimos convencidos de la necesidad, señorías, de reforzar y actualizar los mecanismos que garantizan la labor fiscalizadora de la Audiencia. Un órgano en el que el Grupo Socialista ha depositado siempre su plena confianza y lo ha hecho, además, en momentos en los que se caminaba contracorriente, en los que esta confianza no era tal, pero la hemos mantenido y la seguimos manteniendo por la función que desarrolla y por la profesionalidad de todos sus miembros.
Hoy renovamos este apoyo y lo hacemos en el marco de una de las principales herramientas que hemos dado, que es la herramienta legislativa. Nos encontramos en un momento con una altísima tecnificación, señorías, en materia financiera, contable y económica. Hoy, las administraciones públicas desarrollan sus funciones en un escenario normativo profuso, riguroso, que trata de garantizar la eficiencia y la eficacia y de evitar conductas que se alejen de estos objetivos y que puedan ser reprochables política o jurídicamente. Y en este escenario es en el que se hacía necesaria esta actualización normativa.
Durante la tramitación, hemos reforzado el papel fiscalizador, hemos dotado de mayor sistemática a la normativa, hemos actualizado el régimen de nombramientos, mejorando la definición de competencias y funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y creo que este resultado al que hemos llegado ha sido satisfactorio, como lo demuestra el consenso que se ha suscitado en esta Cámara. Con estas palabras, lógicamente, estoy ya adelantando cuál es la posición del Grupo Socialista a la enmienda a la totalidad, pero queremos reconocer el trabajo constructivo de Podemos presentando una enmienda a la totalidad con texto alternativo. No es frecuente siempre eso, por lo tanto, creemos que es un aspecto positivo y, en este sentido, ya les señalo que espero también que mantengamos en la tramitación ese mismo espíritu constructivo que ha habido hasta ahora.
Y paso a señalar, señorías de Podemos, algunas de las cuestiones fundamentales que nos separan:
La primera y la principal, sin duda, es que ustedes quieren un órgano unipersonal y nosotros queremos un órgano colegiado. Y queremos un órgano colegiado, señorías, porque creemos que la independencia queda garantizada con este órgano y es, además, más eficaz si se ejerce por cinco personas designadas por el conjunto de las fuerzas políticas. Es nuestro criterio y por eso lo defendemos. De lo contrario, nos encontraríamos con que cada vez que se renuevan sus miembros de fiscalización del Gobierno de Canarias vendría encomendada, la fiscalización, a un órgano que se sustentaría siempre sobre la mayoría que sustenta al Gobierno.
Compartimos también una austeridad entendida como un ahorro, como un menor gasto que no afecte a los servicios públicos. Ahora bien, si esos servicios públicos se ven afectados, esa austeridad pasa a ser recortes, y de recortes ya hemos hablado mucho y sufrido y padecido mucho.
Ustedes y todos los grupos hemos puesto mucho énfasis en el tema de la prevención de la corrupción. Nosotros, lógicamente, compartimos este objetivo e incluso los formatos de fiscalización, pero creemos, sinceramente, que es mucho más efectivo quedarnos en una definición más general y que, por lo tanto, comprenda más actuaciones que irnos a una regulación mucho más taxativa hasta el último término.
En el resto de cuestiones creo que coincidimos, coincidimos todos los grupos parlamentarios. Las diferencias que nos separan son más de semántica y de sistemática que de fondo, sin duda. De hecho, algunas de las propuestas que se han hecho en la enmienda a la totalidad de Podemos coinciden plenamente con algunas de las que hemos hecho los grupos que hemos alcanzado un consenso en la Cámara.
Señorías, ahora quiero también pasar a agradecer al resto de grupos políticos su generosidad y la disposición para sacar adelante la reforma que hoy votaremos. Como ya han adelantado algunos intervinientes, cinco de los seis grupos de la Cámara hemos alcanzado un acuerdo sobre más del 90 % del texto, solo nos ha quedado un artículo sobre el que mantenemos una discrepancia y otro artículo más que no fuimos capaces al final de transar.
Pero, señorías -y quiero dejar bien clara la posición de mi grupo-, en el debate de toma en consideración expuse la voluntad del Grupo Socialista de equiparar el personal de la Audiencia al de esta Cámara. Una voluntad que, hoy por hoy, mantenemos, pero que queremos acometer con seguridad y con garantías. Queremos conocer con seguridad el coste económico que ello implica, todas las consecuencias jurídicas que traería aparejadas esta equiparación, las adaptaciones de normativa interna que resulten necesarias. Queremos, por tanto, hacerlo bien y queremos hacerlo de la mano de los nuevos consejeros y consejeras que salgan elegidos tras la aprobación de esta reforma. Por ello, entendemos que es una cuestión que tenemos que aparcar de momento y estudiarla, como ya he dicho, con detenimiento, con los oportunos análisis, así como por su repercusión, sin duda, en el personal de otros órganos de relevancia estatutaria, como el Consejo Consultivo de Canarias.
El resto de cuestiones que se abordan en las enmiendas transaccionales las hemos pasado a la Mesa y las conocen los grupos parlamentarios, por lo tanto, voy a ahorrarles a sus señorías tener que defenderlas aquí porque ya han sido transadas y les constan a los grupos y les constan a los servicios de la Cámara.
Solo me resta agradecer el alto grado de consenso que hemos alcanzado y hacer votos para que esta modificación contribuya al objetivo para el que la hemos hecho, que es para mejorar, sin duda, el funcionamiento de un órgano tan importante como es la Audiencia de Cuentas sobre la que siempre, insisto, hemos depositado nuestra confianza, aunque en otros momentos otros no la depositaron.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pérez Hernández.
El Grupo Nacionalista.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes, y buenas tardes también a las personas que nos acompañan en la tribuna.
Poco más que añadir respecto a los portavoces que me han precedido de los grupos coproponentes de esta iniciativa junto con el Grupo Nacionalista, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, a cuyos argumentos, naturalmente, nos adherimos en la defensa de esta proposición de ley que surge con la pretensión de superar las disfunciones y complicaciones de carácter práctico derivadas de la redacción actual del artículo 21 sobre el sistema de elección y del régimen de renovación de los consejeros auditores. Se cambia la denominación diferenciándolos ahora de los técnicos auditores funcionarios. Se trata, por tanto, de una ley sencilla que incorpora algunas modificaciones técnicas y las necesarias derivadas de la entrada en vigor más reciente en estos veintiocho años de nuevas leyes.
En cuanto a la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Podemos, presenta claras diferencias con la proposición de ley tomada en consideración en mayo por este Pleno, y me centraré en destacar algunos aspectos más relevantes.
En cuanto a la función en materia de prevención de la corrupción, ya se encuentra recogida en nuestra enmienda inicial y se confirma con la enmienda transada, que prevé la posibilidad de informar y recomendar buenas prácticas como medio de prevención de la corrupción.
En relación con la evaluación de los sistemas de prevención, analizando las actividades con mayor riesgo y proponiendo mejoras, ya la Audiencia de Cuentas analiza las actividades con mayor riesgo y propone medidas para que no se den nuevos casos de incumplimiento. Y así hay una previsión en el artículo 17 de la ley actual: que si hay indicios de responsabilidad contable se traslada sin dilaciones al Tribunal de Cuentas y, si fuera el caso de que se detectaran indicios de delito, actuaría denunciándolo inmediatamente al Ministerio Fiscal y al tribunal competente. Por lo tanto, existen previsiones al respecto.
Sobre fomentar la participación y la concienciación de la ciudadanía, no es una función de este órgano, porque la principal tarea de la Audiencia de Cuentas es fiscalizar la gestión económica o financiera de las entidades públicas canarias. Esto es algo que resalta el propio dictamen del Consejo Consultivo cuando subraya el marco competencial limitado y restrictivo regulador de la Audiencia en el Estatuto de Autonomía. Que ni siquiera tiene relevancia, actualmente, relevancia estatutaria, hasta tanto prospere la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía que se tramita en las Cortes Generales, que en su artículo 57 prevé, le otorga la relevancia estatutaria a esta institución.
Pero la mayor diferencia de la enmienda a la totalidad radica en la pretensión de transformar la Audiencia de Cuentas en un órgano unipersonal bajo la dirección de un presidente auditor. Lo dijimos en el debate de la toma en consideración y lo reiteramos hoy: un órgano colegiado, además de más capacidad de gestión, resulta más garantista, indudablemente, que un órgano unipersonal. Con el modelo colegial existe la ponderación de puntos de vista de los miembros del colegio en aras de encontrar la solución más adecuada y ajustada a derecho. Precisamente, el Pleno de la Audiencia, conformado por diferentes consejeros auditores, elegidos también por mayoría de tres quintos y por el conjunto de las fuerzas políticas, tiene como principal función conocer y decidir sobre las fiscalizaciones realizadas por los técnicos de la institución sin funciones ejecutivas.
El carácter colegiado de las decisiones le proporciona una mayor ponderación, mayor calidad, mayor rigor al permitir la pluralidad de opiniones y un mayor grado de especialización de sus componentes en materia concretas de fiscalización. Además, la condición de órgano colegiado se ajusta más a los antecedentes históricos y al derecho comparado en los países de nuestro entorno. Tanto el Tribunal de Cuentas del Estado como los órganos de control externo autonómicos son todos órganos colegiados, a excepción de la Cámara de Comptos de Navarra e incluso en el proyecto de ley de reposición del órgano fiscalizador externo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en tramitación, se sigue el criterio de órgano colegiado abandonando la anterior postura que establecía el órgano unipersonal, que fue suprimido en la legislatura pasada.
Con el sistema unipersonal, el presidente tendría, además, la sobrecarga de dirigir y emitir el informe sobre la cuenta general de la comunidad autónoma, así como respecto a los restantes informes sobre la gestión económico-financiera del sector público canario para su remisión a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de este Parlamento, algo que se nos antoja inasumible por un órgano unipersonal. Tenemos concepciones, en este punto, distintas sobre el carácter del órgano, no compartimos que sea un órgano unipersonal, y en ello radica el eje conductor de su enmienda a la totalidad. Por lo tanto, no vamos a poder apoyarla.
En cuanto a nuestras enmiendas, ya han sido explicadas con detalle por los portavoces que me han precedido. Solo destacar que la mayoría son de carácter técnico y recogen las observaciones del dictamen del Consejo Consultivo, se amplía su ámbito de actuación e incluye las organizaciones empresariales y sindicales entre los grupos que quedan sometidos a la actuación de la Audiencia, y, como decíamos antes, incorpora la función de informar y recomendar buenas prácticas como medio de prevención de la corrupción.
Agradecemos el esfuerzo de consenso de los grupos coproponentes, el Socialista y el Popular, al que se sumó también el Grupo Parlamentario Mixto. Y agradecemos también al Grupo de Nueva Canarias su voluntad de diálogo, por lo que hemos podido consensuar y transar la mayoría de las enmiendas mejorando la redacción de la futura norma.
La simplicidad de la proposición de ley, cuyo objeto es aclarar el sistema de elección de los consejeros auditores y adaptarlo a las nuevas leyes, como la de Transparencia, la de Hacienda Pública Canaria o la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha permitido su tramitación con carácter de urgencia y en lectura única, lo que constriñe nuestra capacidad para abordar en este momento aspectos sustantivos que requerirían de un mayor análisis y de la incorporación de informe sobre su repercusión y sobre su posible alcance.
Con esta modificación, dotamos a la institución de una mejor ley para un mejor ejercicio de sus competencias y que preste mejores servicios, y de una herramienta para que la Audiencia pueda avanzar en el propio desarrollo de su gobierno y de su organización, incluidas también sus competencias en materia de personal, en virtud del principio de autonomía que tiene reconocido. Un principio de autonomía que le permite dotarse de un reglamento interno propio para mejorar su funcionamiento y resolver algunas de las cuestiones que aquí se han planteado.
Señorías, voy a llamar a la votación. Antes quisiera comentarles, para que lo sepan, que tenemos una enmienda a la totalidad, tenemos enmiendas que han presentado los grupos y también nos han hecho llegar enmiendas transaccionales, que entiendo que esas enmiendas transaccionales tienen la anuencia de todos los grupos para poderlas hacer, ¿entiendo que sí? (Asentimiento). Bien. Pues, señorías, llamo a la votación. (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).
Señorías, comienzan las votaciones.
Empezamos por la votación a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Señorías, 49 votos emitidos: 7 sí, 42 no, ninguna abstención.
Queda, por tanto, rechazada esta enmienda a la totalidad.
Vamos entonces con las votaciones al articulado. Señorías, sobre la base de lo que acabo de comentar antes de empezar la votación, que ningún grupo ha hecho lo contrario, vamos a votar en bloque las transaccionales que entiendo que cuentan con la anuencia de todos. Por tanto, tendremos que ir alterando las que tienen transaccional con las que no la tienen. Espero no liarme, en cualquier caso, los servicios de la Cámara están también aquí.
Votaríamos, en primer lugar, la enmienda número 1 a la exposición de motivos, señorías. Vamos a ir intercalando las enmiendas vivas con las transaccionales en el orden del articulado...
(El señor Pérez Hernández solicita intervenir).
Dígame, señor Pérez. Dígame. Señorías, por favor, escuchemos al diputado a ver lo que quiere decir.
El señor PÉREZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Una cuestión en aras de ver si podemos agilizar un poco más este asunto.
Podríamos votar las transaccionales, se pueden votar todas en conjunto y luego votaríamos... (Se formula un comentario desde los escaños). Ah, perdón, no... Ah, vale, vale, bien, bien (ante comentarios que se siguen formulando desde los escaños). Pues, entonces...
La señora PRESIDENTA: Haga usted la propuesta y después escucho a los demás y vemos la decisión que se pueda adoptar.
El señor PÉREZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): De acuerdo. Pues podríamos votar transaccional a transaccional y después las enmiendas que quedaron vivas que no formaron parte de la transaccional. ¿Es posible así?
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver lo que dicen los demás grupos, señor diputado.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Si no le he entendido mal, ¿lo que estamos haciendo es que vamos a votar los artículos en definitiva? Porque la transaccional lo que ha hecho es coger cada uno de los artículos, coger las enmiendas tanto de los grupos proponentes como las de Nueva Canarias y aunarlas por artículos. Entiendo que si votamos solo los artículos es suficiente y ahorramos tiempo porque son transaccionales.
La señora PRESIDENTA: No, señora González, porque es que hay enmiendas vivas que no se han transado.
Entonces, lo que yo les estaba proponiendo era, por orden del articulado, vamos viendo las enmiendas vivas, se votan y después el paquete de las transaccionales, donde entran los artículos que están transados. Era lo que yo les había propuesto, para no ir a las transaccionales y después a las vivas para atrás. ¿De acuerdo?
(El señor Jorge Blanco solicita intervenir).
Dígame, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Que digo que cuanto más estemos hablando más vamos a tardar. (Risas en la sala). Lo que le digo es que...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge, sobre todo por la intervención suya, que contribuye más al enredo...
(La señora presidenta consulta con el señor letrado-secretario general).
Señorías, si siguen a la Presidencia, conforme al asesoramiento de los servicios de la Cámara, vamos a votar las enmiendas vivas con transaccionales y los artículos que no han sido enmendados, que también los tenemos que votar. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Señorías, vamos a votar la enmienda número 1, que es a la exposición de motivos. ¿De acuerdo, señorías? (Asentimiento). Votamos la enmienda número 1, a la exposición de motivos. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, 50 votos emitidos: 43 sí, ningún no, 7 abstenciones.
Vamos a votar ahora el texto transaccional número uno con el cual se retirarían las enmiendas números 2, 3 y 13 y quedaría modificado el artículo 2, que es el que se modifica en este caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? (Asentimiento). Votamos, señorías. (Pausa).
50 votos emitidos: 43 sí, ningún no, 7 abstenciones.
Vamos ahora, señorías, a votar el texto transaccional número dos por el cual se retirarían las enmiendas 4, 5, 15, 16 y 17. ¿De acuerdo, señorías? ¿Sí? (Asentimiento). Votamos. (Pausa).
Vamos a la enmienda viva número 6 que modifica el artículo 13. Enmienda viva número 6 que modifica el artículo 13. Espero, señora González, espero (dirigiéndose a la señora González González, doña María Esther. Pausa).
Enmienda viva número 6, de los grupos Nacionalista Canario, Socialista Canario, Popular y Mixto. Es una enmienda de adición, que sería el artículo 3-bis, que modifica el artículo 13 de la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí? (Asentimiento). Enmienda viva número 6. Votamos, señorías. (Pausa).
49 votos emitidos: 49 sí, ningún no, ninguna abstención.
Vamos ahora, señorías, a la enmienda viva número 7, que modifica el artículo 14 de la ley. ¿Sí? (Asentimiento). Votamos, señorías. (Pausa).
50 votos emitidos: 43 sí, 7 no, ninguna abstención.
Señorías, vamos ahora a la votación del texto transaccional número tres. Texto transaccional número tres por el que se retirarían las enmiendas número 8, 14 y 18. ¿De acuerdo, señorías? ¿Repito otra vez? Votación del texto transaccional número tres, retiraríamos las enmiendas 8, 14 y 18, ¿de acuerdo? (Asentimiento).Votamos, señorías. (Pausa).
Señorías, 50 votos emitidos: 50 sí, ningún no, ninguna abstención.
Vamos ahora a la votación del texto transaccional número cuatro por el cual se retirarían las enmiendas 9 y 19, ¿de acuerdo, señorías? (Asentimiento). Votamos. (Pausa).
50 votos emitidos: 50 sí, ningún no, ninguna abstención.
Vamos a la votación del artículo 5, que no ha sido enmendado. Artículo 5. Votamos. (Pausa).
Vamos a la votación del texto transaccional número cinco. Señorías, texto transaccional número cinco por el cual se retiran las enmiendas números 10, 20 y 21.
Votos emitidos, 49: sí 42, 7 no, y ninguna abstención.
Vamos ahora a la votación de la enmienda número 22. Votación de la enmienda número 22, que modifica el artículo 35. (Pausa).
50 votos emitidos: 11 sí, 36 no, 3 abstenciones.
Votación de la enmienda número 11. Votamos. (Pausa).
Votación de la disposición adicional única. Votamos, señorías... (Se formula un comentario desde los escaños).
¿Dígame? Un momento, paramos la votación. Un momento. ¿Perdón?
La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas. Es que no tiene enmiendas, estamos votando la disposición adicional única. No hay enmiendas. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Votación de la disposición adicional única. Votamos, señorías. (Pausa).
Votación de la enmienda número 12. Votamos, señorías. (Pausa).
Emitidos 48: 37 sí, 11 no, ninguna abstención.
Votación de la enmienda número 23. Votamos, señorías. (Pausa).
50 votos emitidos: 4 sí, 46 no, ninguna abstención.
Votación de la disposición derogatoria. Votamos, señorías. (Pausa).
Votación de la disposición final única. (Pausa).
Señorías, vamos a votar ahora la exposición de motivos. (Pausa).
Votamos ahora, señorías, el título de la ley. El título de la ley, señorías (Pausa).
Señorías, votamos el texto de la ley en su conjunto. Votación del texto de la ley en su conjunto. (Pausa).
Hemos finalizado, señorías, la votación de esta proposición de ley y comentarles que se autoriza a los Servicios Jurídicos de la Cámara a hacer las adaptaciones técnico-legislativas que puedan ser necesarias para la mejor comprensión de la ley.
9L/PPL-0012 Sobre De modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.