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Timestamp: 2019-06-17 20:45:21
Document Index: 186896999

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 301', 'artículo 303', 'artículo 386', 'artículo 301', 'artículo 16', 'artículo 53', 'artículo 23', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 311', 'artículo 311', 'artículo 313', 'artículo 313']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-4819
Documento BOE-A-2018-4819
«BOE» núm. 86, de 9 de abril de 2018, páginas 36794 a 36807 (14 págs.)
BOE-A-2018-4819
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de fecha 5 de abril de 2018, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 301.5, 311.1 y 311.3 y 313 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha acordado:
1. Convocar un proceso selectivo para la provisión de cuatro (4) plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado o magistrada.
2. De las plazas expresadas, la tercera parte se reservará a miembros del cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría, acreciendo a las del resto de juristas en el caso de no ser cubiertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Se reservará 1 plaza para ser cubierta por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Capítulo III del Título I del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, cuyas previsiones resultarán de aplicación a este proceso selectivo.
4. A todos los efectos, se considerará una única convocatoria la que, con la misma fecha, sea aprobada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial relativa al mismo turno de ingreso en la Carrera Judicial en el orden jurisdiccional social. Por lo anterior, no podrán tomar parte en estas pruebas quiénes se hayan presentado a las pruebas del mismo turno y la misma fecha para el acceso al orden jurisdiccional social.
5. El proceso selectivo se ajustará en su desarrollo a las siguientes normas:
PARTE PRIMERA: BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera: Normas aplicables
El proceso selectivo para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado o magistrada entre juristas de reconocida competencia, con más de diez años de ejercicio profesional y especialización en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se regirá por las normas contenidas en el presente acuerdo y, en lo no contemplado expresamente, por las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.
Segunda: Requisitos de las personas aspirantes
1. Para concurrir a este proceso selectivo se requiere ser mayor de edad y tener nacionalidad española y la licenciatura o el grado en Derecho, así como no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Las personas aspirantes no deberán tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial prevista en el artículo 386 de la misma Ley Orgánica, ni alcanzarla durante el tiempo que dure el proceso selectivo hasta la toma de posesión, según dispone el artículo 301.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Será preciso contar con más de diez años de profesión jurídica y especializada en las materias objeto del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 311.1 y 311.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4. El tiempo de ejercicio profesional se computará, para quien ejerza la función pública, desde su nombramiento en prácticas o desde la toma de posesión de su primer destino, certificada por el organismo del que dependa el cuerpo o escala y, para quien ejerza la abogacía, desde la fecha de la primera alta como ejerciente en cualquier colegio, certificada por el Consejo General de la Abogacía.
5. Los requisitos anteriores se entienden referidos a la fecha en la que expire el plazo establecido para la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se presentarán ajustadas al modelo oficial en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, directamente o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
El modelo oficial para solicitar la participación en el proceso selectivo y liquidar la tasa por derecho de examen estará disponible en la página web del Consejo General del Poder Judicial www.poderjudicial.es, dentro de la pestaña «Servicios» en el apartado «Acceso a la categoría de Magistrado/a» en la sección «convocatorias en curso».
2. Las personas aspirantes aportarán, junto a su solicitud:
1. Fotocopia del documento nacional de identidad.
2. En su caso, las certificaciones que acrediten el derecho a la exención del pago de la tasa por derechos de examen.
3. Certificado al que se refiere la base segunda apartado cuarto, al objeto de acreditar que cuentan con, al menos, diez años de ejercicio profesional.
4. Currículum adaptado al baremo recogido en la base segunda.
5. Autovaloración, conforme a dicho baremo, de los méritos alegados.
6. Documentación relativa a los méritos alegados.
Toda la documentación se presentará debidamente escaneada, en dos soportes digitales (CD ó DVD) y siguiendo las instrucciones que aparecerán en la página web www.poderjudicial.es dentro de la pestaña «Servicios» en el apartado «Acceso a la categoría de Magistrado/a» en la sección «convocatorias en curso».
La autovaloración también se adaptará al modelo colgado en la página web.
Solamente la solicitud se presentará en formato papel.
No se admitirá ninguna solicitud que no cumpla con estos requisitos.
Dicha documentación digital quedará en poder del Consejo General del Poder Judicial, que tratará los datos obtenidos de conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, respecto de los cuales la persona interesada podrá ejercer los derechos previstos en la misma.
El Tribunal podrá exigir la presentación de la documentación original en cualquier momento del proceso.
3. Las personas aspirantes por el turno de reserva para discapacitados, además de lo indicado en el punto anterior, y en el mismo formato, presentarán junto a su solicitud la eventual petición sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo para su participación en el proceso en condiciones de igualdad, consignando las necesidades específicas que se precisan y si se solicitan para el ejercicio escrito o para la entrevista, debiendo adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo, emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que dan origen al grado de minusvalía reconocido. La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo al Tribunal calificador resolver la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio.
Cuarta: Tasa por derechos de examen
1. La tasa por derechos de examen asciende a 30,19 euros, según establece la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, actualizada por Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE de 28 de junio). Se abonará en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. Para efectuar el abono, se acompañará el impreso oficial de solicitud, en el que la entidad colaboradora dejará constancia del ingreso efectuado, mediante validación mecánica o, en su defecto, sello y firma autorizada, en el espacio reservado a estos efectos.
3. Los ingresos realizados en el extranjero se recogerán en la cuenta restringida ES06-0182-2370-49-0200203962, abierta en la sucursal del BBVA, a nombre de "Tesoro Público. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuenta Restringida para la recaudación de tasas en el extranjero". El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del BBVA o mediante transferencia desde cualquier otra entidad bancaria.
4. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen, en virtud de lo establecido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
d) Las personas aspirantes que sean víctimas de terrorismo, de acuerdo con la modificación introducida en la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio.
Quinta: Publicación de listas
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobará las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. En el correspondiente acuerdo, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se indicará la relación de personas excluidas, con expresión de las causas de la exclusión, así como los lugares en los que se encuentren expuestas al público las mencionadas listas. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo, para subsanar los defectos advertidos o formular las reclamaciones a que hubiere lugar.
2. Las listas provisionales de personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web www.poderjudicial.es dentro de la pestaña «Servicios» en el apartado «Acceso a la categoría de Magistrado/a» en la sección «convocatorias en curso».
3. Concluido el plazo para la subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolverá acerca de estas últimas y elevará a definitiva la relación de personas admitidas y excluidas, publicando este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
4. La inclusión en la lista definitiva a que se refiere el apartado anterior no prejuzga el cumplimiento del requisito de contar con más de diez años de ejercicio de profesión jurídica en las materias objeto de la convocatoria, cuya concurrencia podrá ser examinada posteriormente por el Tribunal calificador al amparo de lo dispuesto en el apartado siguiente, ni tampoco prejuzga la valoración de los méritos que resulte de dicho ejercicio.
5. En cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal podrá excluir del mismo a quien no acredite los requisitos exigidos en la convocatoria.
1. Será nombrado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y lo presidirá el Presidente del Tribunal Supremo o magistrado o magistrada del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán vocales: dos magistrados o magistradas, un o una fiscal, dos catedráticos o catedráticas de universidad designados por razón de la materia, un abogado o una abogada con más de diez años de ejercicio profesional, un abogado o una abogada del Estado, un letrado o una letrada de la Administración de Justicia de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, que tenga la licenciatura en Derecho y que actuará como secretario o secretaria. Cuando no sea posible designar catedráticos o catedráticas de universidad, podrá nombrarse, excepcionalmente, profesores o profesoras titulares. La composición del Tribunal será paritaria, en atención a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. El nombramiento de los miembros del Tribunal a que se refiere el apartado anterior será realizado por el Consejo General del Poder Judicial de la siguiente manera: el Presidente y los/as magistrados /as serán nombrados/as directamente por el Consejo General del Poder Judicial; el/la fiscal, oído el Fiscal General del Estado; el/la letrado/a de la Administración de Justicia y el/la abogado/a del Estado, oído el Ministerio de Justicia; los/as catedráticos/as, oído el Consejo de Universidades y el/la abogado/a, oído del Consejo General de la Abogacía.
3. El Tribunal será nombrado en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas definitivas de las personas admitidas y excluidas.
4. El nombramiento del Tribunal se hará público en el «Boletín Oficial del Estado».
5. El Tribunal no podrá actuar sin, al menos, la presencia de los dos tercios de sus miembros. De no hallarse presente el Presidente o Presidenta, realizará sus funciones el magistrado o magistrada de mayor antigüedad. En caso de ausencia del Secretario o de la Secretaria, realizará sus funciones el abogado o abogada o, en su defecto, otro de los miembros del Tribunal, por el orden inverso a aquel en que aparezcan enumerados en el acuerdo de su nombramiento.
6. Dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, el Tribunal, a instancia de su Presidencia, procederá a constituirse, levantándose la correspondiente acta, donde deberán constar los criterios referidos en la base séptima apartado A) 5.
7. En la sesión de constitución, los miembros del Tribunal en quienes concurra alguna de las causas de abstención establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán manifestarlo expresamente, salvo que tuvieren conocimiento de ella en un momento posterior. Por los mismos motivos podrán las personas aspirantes, en su caso, promover la recusación de los miembros del Tribunal.
8. La Presidencia del Tribunal pondrá en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la abstención o la recusación de cualquiera de sus miembros, a fin de que aquél resuelva sobre ella y proceda, en su caso, a la designación de otro miembro del Tribunal de la misma condición que el que se hubiera abstenido o hubiera sido recusado. En el ínterin, sin embargo, el Tribunal podrá seguir actuando si cuenta con el quórum mínimo reglamentario.
9. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por la regla de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad del Presidente o de la Presidenta.
10. Las sesiones se documentarán por el Secretario o la Secretaria, que levantará acta de las mismas, suscribiéndolas con el visto bueno del Presidente o de la Presidenta. En las actas se indicarán necesariamente los miembros presentes, las causas de la ausencia de los demás y las motivaciones de las decisiones del Tribunal.
11. Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante el Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la calle Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, teléfono 91 700 59 77; fax 91 700 58 59. Las comunicaciones por correo electrónico se realizarán a la siguiente dirección: seleccion.escuela@cgpj.es.
Séptima: Desarrollo del proceso selectivo
A) Valoración de méritos:
1. Una vez constituido, el Tribunal determinará los criterios para la ponderación y valoración de los méritos señalados en el baremo que sean susceptibles de graduación.
2. A continuación, se distribuirá la documentación aportada por las personas aspirantes entre los miembros del Tribunal, a fin de que cada uno lleve a cabo un examen preliminar de los méritos alegados y justificados por las personas concursantes que le hayan correspondido.
3. Posteriormente, la Presidencia del Tribunal convocará las sesiones que resulten necesarias para la valoración conjunta de la documentación, actuando en cada caso como ponente el miembro del Tribunal a quien hubiera correspondido el mencionado examen preliminar.
4. El Tribunal, teniendo en cuenta la documentación aportada por las personas aspirantes, valorará los méritos con arreglo a los parámetros de puntuación que se expresan en el Baremo. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
5. La calificación correspondiente a cada aspirante será la que apruebe el Tribunal por mayoría de sus miembros, superando esta primera fase de concurso quienes cumplan los requisitos objetivos obtengan la puntuación previamente establecida por el Tribunal en su primera sesión. Esta puntuación no podrá ser inferior a 12 puntos, de los que al menos 10 procederán de la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» al «f» y en el «h.2». La superación definitiva de esta fase dependerá, en su caso, del resultado de la entrevista de valoración de los méritos, y en concreto de lo dispuesto en la base séptima, apartado C)3.
6. El Tribunal calificador adoptará el correspondiente acuerdo con la valoración provisional de los méritos, debiendo constar en acta qué méritos específicos han sido considerados y valorados, así como los que no lo fueron y por qué razón. El citado acuerdo contendrá asimismo la puntuación total otorgada y su desglose con arreglo a cada uno de los apartados que conforman el baremo, facilitando esta información sólo a la persona interesada.
7. El Tribunal calificador elaborará un listado de las personas aspirantes que han superado esta fase de valoración con su puntuación, convocándolas a participar en la siguiente fase del proceso selectivo en un plazo no inferior a quince días naturales. El acuerdo del Tribunal será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dando comienzo al plazo anteriormente señalado.
B) Elaboración de un dictamen:
1. Las personas aspirantes que superen la fase de valoración de méritos serán convocadas para efectuar un dictamen que permita al Tribunal evaluar su aptitud y deducir el grado de capacitación profesional necesario para el ejercicio de funciones jurisdiccionales en órganos adecuados a la naturaleza de esta convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Se efectuará un dictamen escrito. El Tribunal podrá disponer que la confección del dictamen se realice por medios informáticos. El dictamen versará sobre aspectos sustantivos y procesales de las materias de la convocatoria y podrá contener uno o varios supuestos, inspirados sustancialmente en casos reales tomados de la jurisprudencia. El tiempo del que dispondrán las personas aspirantes será, como máximo, de cinco horas, pudiendo señalar el Tribunal una duración inferior en atención a su grado de dificultad. Las personas aspirantes podrán hacer uso para la realización del dictamen de la documentación de carácter oficial publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, de las bases de datos electrónicas de carácter oficial, que se pondrán a su disposición a estos efectos, según lo que acuerde el Tribunal calificador. El Tribunal calificador resolverá sobre las adaptaciones solicitadas por las personas que concurran por el turno de reserva para discapacitados, velando por que compitan con el resto de personas en condiciones de igualdad.
3. El Tribunal calificador puntuará el dictamen de 0 a 30 puntos. Para su valoración se tendrá en cuenta:
a) La formación jurídica en las materias propias de la convocatoria.
b) La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en dichas materias.
c) La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico para alcanzar conclusiones válidas, tanto formal como materialmente.
4. Realizado el dictamen, el tribunal calificador convocará a las personas aspirantes para que procedan a su lectura, que tendrá lugar en audiencia pública que será registrada en soporte audiovisual.
El orden de actuación de las personas aspirantes se regirá por el orden alfabético de sus apellidos, comenzando por aquellos o aquellas cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ» según lo establecido en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE núm. 94, de 20 de abril de 2017).
5. Cuando el Tribunal, consultado a tal efecto por su Presidencia y por decisión unánime de sus miembros, apreciara en cualquier momento de la exposición del dictamen una manifiesta deficiencia de contenido, invitará a la persona aspirante a retirarse y dará por concluido para ésta el desarrollo de las pruebas, dejando sucinta motivación de ello en el acta de la sesión correspondiente.
6. Al concluir cada aspirante la exposición del dictamen, el Tribunal, previa deliberación, votará sobre el aprobado o suspenso, exigiéndose para el aprobado la mayoría de votos del Tribunal y decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia. En caso de que la persona aspirante resulte eliminada, la decisión aparecerá motivada en el acta. En caso contrario, cada miembro del Tribunal le concederá una puntuación de 0 a 30 puntos y la nota final resultante se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones, excluyendo la máxima y la mínima, sin que en ningún caso pueda ser excluida más de una máxima y de una mínima, y dividiendo el total entre el número de puntuaciones computadas, siendo la nota mínima para acceder a la siguiente fase de 15 puntos.
7. Finalizadas las lecturas de los dictámenes, el Tribunal calificador hará pública la relación de personas candidatas que hayan superado esta fase, y las convocará a la realización de una entrevista en los términos recogidos en el apartado siguiente.
C) Entrevista de acreditación de méritos:
1. Las personas aspirantes que hubieren superado el dictamen serán convocadas por el Tribunal a una entrevista personal, de una duración máxima de una hora, en la que se debatirán los méritos aducidos y su currículum profesional. Se celebrará en audiencia pública y será registrada en soporte audiovisual. La entrevista tendrá como exclusivo objeto la acreditación de la realidad de la formación jurídica y la capacidad para ingresar en la Carrera Judicial que se deduzcan de los méritos alegados, sin que pueda convertirse en un examen general de los conocimientos jurídicos de la persona candidata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. En la entrevista, el Tribunal valorará los méritos profesionales de las personas candidatas que se pongan de manifiesto a lo largo de su desarrollo, con arreglo a los siguientes criterios:
b) La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales sobre dichas materias.
c) La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico.
d) La aptitud que se infiera del debate sobre los méritos aducidos.
3. Como consecuencia de la entrevista y por la aplicación de los criterios expuestos, el Tribunal calificador podrá aumentar o disminuir motivadamente la puntuación provisional concedida en la fase de valoración de méritos a cada aspirante en un 25 por 100 de la misma como máximo. La disminución por debajo de la nota fijada conforme a la base séptima, apartado A)5 determinará la no superación de la fase de valoración de méritos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado de la entrevista, así como de los criterios aplicados para la calificación de cada aspirante.
5. Con carácter previo a la celebración de la entrevista, el Tribunal se dirigirá a las entidades u organismos en los que las personas aspirantes hubieran desarrollado con anterioridad su actividad, según resulte de la documentación aportada o, en su caso, a los Servicios de Inspección o Salas de Gobierno correspondientes, a fin de tener conocimiento directo y reservado de las demás incidencias que les hubieran afectado a lo largo de su vida profesional y que pudieran tener importancia en orden a valorar su aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Respecto a las personas candidatas que hayan ejercido la abogacía, el Tribunal pedirá al Consejo General de la Abogacía y a la Sala de Gobierno respectiva información sobre aquellas incidencias de carácter disciplinario que hubieran afectado a la persona aspirante durante su ejercicio profesional y que no se hallaren canceladas. En ningún caso se podrá solicitar o proporcionar información relativa a la intimidad de las personas candidatas.
6. El Tribunal, por mayoría de votos, teniendo en cuenta los méritos alegados por las personas aspirantes, los resultados tanto de la entrevista como del dictamen realizado, y las informaciones recibidas conforme a lo establecido en el apartado anterior, podrá excluir mediante acuerdo motivado a aquellos aspirantes en quienes se aprecie insuficiencia o falta de aptitud deducida de los datos objetivos del expediente, por existir circunstancias concretas que supongan un demérito incompatible con la pertenencia a la Carrera Judicial, aun cuando se hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. Todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 313.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. El Tribunal calificador motivará por separado la exclusión a la que se refiere el apartado anterior, que será notificada a las personas interesadas por el Consejo General del Poder Judicial.
8. Sobre las circunstancias que supongan demérito incompatible, habrá de oírse a la persona afectada en la entrevista, notificándosele la correspondiente resolución debidamente motivada.
9. Al finalizar las entrevistas, tras la deliberación y trámites descritos en los apartados 5 al 8, el Tribunal elevará al Consejo General del Poder Judicial la relación de personas aprobadas. Igualmente, el Tribunal calificador remitirá al Consejo General del Poder Judicial el acuerdo motivado sobre exclusión de personas candidatas para su notificación a las afectadas, así como un informe final valorativo del desarrollo de las pruebas.
10. Recibida en el Consejo General del Poder Judicial la propuesta de aspirantes declarados aptos por el Tribunal calificador, su Comisión Permanente establecerá un orden de prelación único, situando en primer lugar al número uno, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en cada en cada una de las fases del proceso selectivo, deshaciendo los posibles empates entre las personas aspirantes a favor del que mayor puntuación hubiera obtenido en el dictamen y, si persistiera el empate, a la mayor puntuación alcanzada en la entrevista de acreditación de méritos. Tras él se situará la persona aspirante con el número 2 y así sucesivamente.
11. También podrá la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial rechazar a una persona aspirante, de forma motivada y previa audiencia, a pesar de la propuesta favorable del Tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la misma, se hubiere tenido conocimiento de alguna circunstancia que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suponga un demérito insuperable. A los mismos efectos, y antes del ingreso en la Escuela Judicial, podrá someterse a las personas aspirantes a un examen de personalidad y aptitud para el desarrollo de las funciones judiciales.
12. Cumplidos los anteriores trámites, la Comisión Permanente del Consejo dispondrá lo necesario para el comienzo de la siguiente fase teórico-práctica en la Escuela Judicial.
D) Curso de formación:
1. Las personas aspirantes aprobadas accederán a la fase teórico-práctica del proceso selectivo, que tendrá una duración de 12 semanas.
2. Comprenderá módulos teórico-prácticos repartidos en dos fases, con una duración, la primera, de cuatro semanas y, la segunda, de ocho semanas. Las personas aspirantes realizarán las actividades programadas para estas pruebas selectivas que se desarrollarán, en la primera fase, en la sede de formación inicial de la Escuela Judicial. La segunda fase se llevará a cabo mediante tutorías en órganos judiciales correspondientes al orden jurisdiccional respectivo.
3. El programa formativo del curso comprenderá elaboración de resoluciones, estudio de jurisprudencia, seminarios y realización de trabajos o ponencias, así como todas las actividades docentes que se estimen necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional. El programa formativo se elaborará por los órganos correspondientes de la Escuela Judicial y será sometido a la aprobación de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
4. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial podrá dispensar de la fase de tutorías en órganos jurisdiccionales o acordar su sustitución por formación teórica complementaria a quienes hubieran ejercido tiempo suficiente como jueces sustitutos o magistrados suplentes, previo informe favorable al respecto de la correspondiente Sala de Gobierno.
5. Mientras dure el curso, las personas aprobadas tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, dependiendo del Consejo General del Poder Judicial.
6. Concluidas las dos fases del curso teórico-práctico, profesorado y tutores que hubieran intervenido efectuarán un informe razonado de las actividades realizadas por cada aspirante, con una evaluación de aptitud final.
7. Siguiendo el anterior informe, la Escuela Judicial confeccionará la relación de personas aspirantes que hayan participado en el curso, con la calificación de apta o no apta, con la debida motivación en este último supuesto, y la elevará a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que disponga el nombramiento de las primeras como Magistrados o Magistradas, de conformidad con el art. 301.5 LOPJ.
8. Si no se superase alguna de las dos fases, la persona repetirá el curso en su totalidad y si no fuera declarada apta en esa segunda ocasión, no podrá acceder a la Carrera Judicial al amparo de esta convocatoria. De aprobar la fase teórico-práctica en la segunda ocasión, se incorporaría al escalafón al final de esta promoción.
E) Nombramiento de las personas aprobadas:
1. Las personas aspirantes incluidas en la lista de aprobadas publicada en el «Boletín Oficial del Estado» se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación de la última magistrada o magistrado que hubiese accedido a la categoría, desde la fecha del Real Decreto del nombramiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 311.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Las personas que se incorporen a la Carrera Judicial como consecuencia de este proceso no podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto de aquél en que hubieran sido declaradas aptas. Todo ello según prescribe el artículo 311.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la salvedad de que las personas interesadas superen posteriormente las pruebas de especialización previstas en la Ley en materia contencioso-administrativa, social o mercantil.
Octava: Recursos
1. Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» ante el mismo órgano que la ha dictado o, bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
PARTE SEGUNDA: BAREMO DE MÉRITOS
La valoración de los méritos de las personas participantes se ajustará a lo dispuesto en el artículo 313.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en cuenta la documentación aportada a tal efecto, y en concreto, de conformidad con el siguiente baremo de méritos:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 313.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo podrán apreciarse por el Tribunal calificador los méritos que, estando comprendidos en el baremo, guarden relación con las materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siempre que se acrediten debidamente.
2. A todos los efectos, se considerarán materias propias de esta convocatoria el Derecho Político, el Constitucional, la Filosofía del Derecho, la Teoría del Derecho, la Historia del Derecho, el Derecho Romano, el Derecho de la Unión Europea y todas aquellas materias que, por su íntima relación con la Teoría General del Derecho, la Constitución Española o los Tratados Internacionales de los que España sea parte, informen el conjunto de ramas que conforman el ordenamiento jurídico.
3. Se considera, además, materia propia de la convocatoria el Derecho Administrativo.
4. Los criterios anteriores se entienden sin perjuicio de casos particulares derivados de ciertos planes de estudios, que serán analizados individualmente por el Tribunal.
5. Los méritos a valorar por el Tribunal son los siguientes, teniendo en cuenta que la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» al «f» y en el «h.2», no podrá superar los 18 puntos:
Apartado A): Licenciatura o grado en Derecho con calificación superior al aprobado, incluido el expediente académico (hasta 6 puntos):
1. Premio Extraordinario: 5 puntos.
2. Por cada matrícula de honor en las materias propias de la convocatoria: 0,50 puntos.
3. Por cada sobresaliente en las mismas materias: 0,25 puntos.
4. Por cada notable en las mismas materias: 0,10 puntos.
Apartado B): Doctorado en Derecho en materias propias de la convocatoria y calificación alcanzada en su obtención, incluido el expediente académico (hasta 6 puntos):
1. Premio extraordinario: 6 puntos.
2. Aptitud «cum laude»: 4 puntos.
3. Restantes calificaciones: 3 puntos.
Apartado C): Ejercicio efectivo de la abogacía ante los juzgados y tribunales, dictámenes emitidos y asesoramientos prestados en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (hasta 12 puntos):
1. Se computará 0,50 puntos por cada año de ejercicio profesional de la abogacía ante los juzgados y tribunales en las materias propias de la convocatoria o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. Además, por cada asunto en que haya tenido participación efectiva al menos en una instancia completa, se reconocerá 0,01 puntos.
2. Se equiparará, a estos efectos, los asesoramientos prestados y los servicios efectivos realizados en departamentos jurídicos de empresas relevantes en su sector, asociaciones, corporaciones, organismos o empresas públicas en materias propias de la convocatoria, pudiéndose computar hasta un máximo de 0,50 puntos por cada año en atención a la complejidad y dedicación realizada, o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. En su caso, se valorará con hasta 0,75 puntos cada año de ejercicio como director o responsable de dichos servicios jurídicos o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. Estos periodos no podrán valorarse cumulativamente, en periodos concurrentes, con la práctica de la abogacía forense.
3. El período total de ejercicio efectivo profesional se acreditará mediante la presentación conjunta de:
– Certificación del Consejo General de la Abogacía;
– Certificación del Colegio de Abogados correspondiente;
– Justificación de participación efectiva en asuntos o bien de prestación de asesoramientos o de realización de servicios en departamentos jurídicos.
Las certificaciones mencionadas recogerán las circunstancias de especialización del ejercicio, en su caso, así como de aquellas otras circunstancias que pudieran tener importancia en orden a valorar la aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional.
4. El número de asuntos en los que haya intervenido en al menos una instancia completa se acreditará exclusivamente mediante certificación expedida por los Tribunales y organismos correspondientes. Si cursada la solicitud de dicha certificación, con indicación concreta y precisa de los procedimientos de referencia, no fuera oportunamente cumplimentada en plazo, deberá acompañarse, además de la solicitud mencionada, una declaración jurada de haber asumido dicha dirección letrada.
5. El período total del tiempo en el que se ha ejercido el cargo como director o responsable de los servicios jurídicos se acreditará mediante certificación emitida por la empresa, asociación, corporación, organismo o empresa pública en la que ha trabajado.
Apartado D): Años de servicio efectivo como catedrático o catedrática o como profesor o profesora titular en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo completo (hasta 12 puntos):
1. Se valorará hasta 0,75 puntos cada año de ejercicio como catedrático o catedrática en alguna de las materias propias de la convocatoria o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores.
2. Se valorará hasta 0,50 puntos cada año de ejercicio como profesor o profesora titular en alguna de las materias propias de la convocatoria o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores.
3. Para el reconocimiento de estos méritos será necesario presentar certificado extendido por el Rectorado correspondiente, detallando los años de servicio, asignaturas impartidas, programa y créditos correspondientes a las mismas, así como copia del nombramiento como funcionario o funcionaria.
4. Para valorar estos méritos, así como los descritos en la letra h.2, el Tribunal establecerá las equivalencias que procedan entre los diferentes tipos de créditos universitarios, según la carga lectiva que históricamente hayan comportado en los respectivos planes de estudio.
Apartado E): Años de servicio como funcionario o funcionaria de carrera en la Carrera Fiscal, en el cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia o en cualquier cuerpo de las Administraciones públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del doctorado o la licenciatura o el grado en Derecho e impliquen intervención ante los Tribunales de Justicia, destinos servidos y funciones desempeñadas en los mismos en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (hasta 12 puntos):
1. Se valorará un punto por cada año de servicio en materias propias de la convocatoria o la proporción correspondiente en el caso de periodos inferiores. La prestación del servicio se acreditará mediante certificación de la Administración o Corporación a la que hubiere estado vinculado, que especificará con detalle el tiempo de ejercicio y las características de las funciones desempeñadas, así como aquellas otras circunstancias que pudieran tener importancia en orden a valorar la aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional. Sólo se valorará el tiempo de servicio en relación con las materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Se considerará que implican participación en el proceso aquellas profesiones que, sin que sea necesaria actuación directa, lleven a cabo la presentación de dictámenes, informes o cualesquiera actuaciones que coadyuven en la impartición de la justicia, valorándose en este caso con 0,50 puntos cada año de servicio.
3. La superación de la oposición para acceder a la Carrera o el Cuerpo respectivo se valorará con dos puntos adicionales, siempre respetando el máximo de 12 puntos atribuido a este apartado.
Apartado F): Años de ejercicio efectivo de funciones judiciales sin pertenecer a la Carrera Judicial y número de resoluciones dictadas, valorándose además la calidad de las mismas, en órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (hasta 12 puntos):
1. El cargo de juez o jueza de provisión temporal se valorará con 1 punto por cada año de desempeño efectivo o la proporción correspondiente para periodos inferiores en órganos judiciales propios de las materias de la convocatoria.
2. El nombramiento como juez sustituto o jueza sustituta en órganos judiciales propios de las materias de la convocatoria se valorará con 0,20 puntos por año judicial. El tiempo de ejercicio efectivo se valorará con hasta 0,80 puntos por cada año judicial, siempre que la ocupación sea equiparable al año natural, computándose en caso contrario la proporción correspondiente.
3. El nombramiento como magistrado o magistrada suplente en órganos judiciales propios de las materias de la convocatoria se valorará con 0,25 puntos por año judicial. El tiempo de ejercicio efectivo se entenderá referido a haber desempeñado la función de ponente en el dictado de sentencias, acreditándose 0,01 puntos por sentencia, con el límite de 0,75 puntos por año.
4. Estos méritos se acreditarán exclusivamente mediante certificación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del ámbito en el que se hayan desempeñado los cargos. Los certificados deberán contener los siguientes extremos:
a) Año judicial y cargo para el que fueron nombrados.
b) Número de días en el que se llevaron a cabo actuaciones efectivas como juez sustituto o jueza sustituta y órgano de destino.
c) Número de sentencias en las que fue ponente como magistrado o magistrada suplente en el órgano correspondiente y periodos en que fueron dictadas.
5. Las funciones como fiscal sustituto o sustituta en régimen de provisión temporal en órganos judiciales propios de las materias de la convocatoria se valorarán de forma similar a las del ejercicio de juez sustituto o jueza sustituta y se acreditarán exclusivamente mediante certificado extendido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia o de la Fiscalía Provincial que corresponda, señalando expresamente el número de días por año judicial de prestación efectiva de servicios.
6. Las funciones como letrado o letrada de la Administración de Justicia en régimen de provisión temporal en órganos judiciales propios de las materias de la convocatoria se valorarán de forma similar a las del ejercicio de juez sustituto o jueza sustituta y se acreditarán exclusivamente mediante certificado extendido por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, señalando expresamente el número de días por año judicial de prestación efectiva de servicios.
7. El tribunal calificador podrá valorar la calidad de las resoluciones dictadas tanto de los jueces y juezas sustitutos y sustitutas como de los magistrados y magistradas suplentes, de los fiscales y las fiscales sustitutos y sustitutas, y de los letrados y letradas de la Administración de Justicia en régimen de provisión temporal hasta en dos puntos, a cuyos efectos los participantes podrán aportar copia de las mismas en número máximo de 25, siempre respetando el máximo de 12 puntos atribuido a este apartado.
Apartado G): Publicaciones científico-jurídicas en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (hasta 6 puntos):
1. El Tribunal calificador, en el ejercicio de su discrecionalidad técnica, podrá otorgar hasta un punto por cada libro en materias propias de la convocatoria, atendiendo a su contenido y valor doctrinal, o la fracción correspondiente en caso de coautoría.
2. Igual criterio se adoptará con los artículos en materias propias de la convocatoria, puntuándose con hasta 0,15 puntos cada uno de los que presenten diferente contenido.
3. La publicación de tesis doctorales no se valorará si formó parte de los trabajos para la obtención de doctorado que hubiera sido tenido en cuenta en el apartado «b)» de este baremo.
Apartado H): Ponencias y comunicaciones en congresos, así como la impartición de cursos de relevante interés jurídico en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (hasta 6 puntos):
1. Cada ponencia, comunicación, memoria o trabajo similar en materias propias de la convocatoria se valorará con hasta 0,10 puntos, siempre que sean de diferente contenido. La persona aspirante deberá indicar el número de ponencias, etc. de diferente contenido, acompañar la certificación de ellas y una copia de dichas ponencias en soporte digital.
La impartición reiterada de la misma ponencia no podrá ser objeto de valoración cumulativa.
2. En este apartado, se valorará la actividad docente en materias propias de la convocatoria, siempre que no corresponda a la actividad de servicios que le haya sido previamente valorada al aspirante en el apartado d): hasta 0,25 puntos por cada curso académico completo, o la proporción inferior que corresponda a la duración del curso, teniendo en cuenta la/s asignatura/s impartida/s, programa y número de créditos correspondiente.
Apartado I): Realización de cursos de especialización jurídica, en materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de duración no inferior a trescientas horas, así como la obtención de la suficiencia investigadora (hasta 6 puntos):
1. Cada curso de especialización jurídica en materias propias de la convocatoria de duración no inferior a trescientas horas en centros oficiales o vinculados a centros oficiales se valorará con hasta un punto. Para la valoración de los impartidos en centros no oficiales o vinculados a centros no oficiales, se tendrá especialmente en cuenta la solidez docente de la institución que lo imparta.
2. Los cursos de especialización jurídica de duración inferior a trescientas horas no serán valorados.
3. La obtención de la suficiencia investigadora se valorará con hasta 2 puntos, sin que en ningún caso se valoren créditos tenidos en cuenta para la puntuación asignada en el apartado «b)».
Apartado J): Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso a la Carrera Judicial (hasta 6 puntos):
1. Por haber superado alguno de los ejercicios orales de las pruebas convocadas desde el Acuerdo de 20 de noviembre de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, acreditado por certificación extendida por dicho Órgano:
a) Desde 12,51 hasta 15 (o puntuación equivalente): 1 punto.
b) Desde 15,01 hasta 20 (o equivalente): 1,50 puntos.
c) Desde 20,01 hasta 25 (o equivalente): 2 puntos.
2. Por haber superado alguno de los ejercicios escritos en las convocatorias realizadas a partir del año 2003: 0,25 puntos por ejercicio aprobado, hasta un máximo de un punto.
3. Por haber superado algún ejercicio con anterioridad al Acuerdo de 20 de noviembre de 1996: 1 punto. Este mérito se acreditará mediante certificación extendida por el Consejo General del Poder Judicial, en lo que respecta al proceso selectivo convocado por Acuerdo de 15 de mayo de 1995, y por el Ministerio de Justicia en el caso de ser anterior.
4. Por haber superado el dictamen en las pruebas de acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado o Magistrada en materias propias de la convocatoria en las convocatorias de 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010, hasta dos puntos.
5. Por haber superado ejercicios en pruebas de ingreso en la Carrera Fiscal, se otorgará una puntuación similar a la señalada en los puntos anteriores, graduada en función de la homogeneidad de los procesos aprobados con los de acceso a la Carrera Judicial, siempre que no haya sido objeto de cómputo en otro apartado anterior.