Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc244_96.html
Timestamp: 2019-08-26 05:20:59
Document Index: 126567203

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 61', 'artículo 66', 'artículo 135', 'artículo 61', 'artículo 277', 'artículo 278', 'artículo 61', 'artículo 277', 'artículo 278']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-244_1996]
PROCESO DISCIPLINARIO/PROCESO PENAL
ACCION DISCIPLINARIA/ACCION PENAL/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
PRESUNCION DE INOCENCIA/IN DUBIO PRO DISCIPLINARIO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Competencia disciplinaria prevalente/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia disciplinaria/CONTROL DISCIPLINARIO EXTERNO/CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
REGIMEN DISCIPLINARIO DE EMPLEADOS JUDICIALES
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Distinción irrazonable o desproporcionada/CADUCIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Término (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 2º, artículo 6º, parágrafo 1º del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1º parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la Ley 200 de 1995 "Código Disciplinario Unico".
Marcela Adriana Rodríguez Gómez
"Es que si el Estado no ejercita su potestad disciplinaria dentro del término quinquenal señalado por el legislador, no puede después, invocando su propia ineficacia, desinterés o negligencia, ampliar dicho lapso prescriptivo sin violar el derecho del infractor, de exigir una pronta definición de su conducta. Es que la potestad sancionadora no puede quedar indefinidamente abierta, hasta cuando la autoridad respectiva la quiera ejercer. De ahí que el legislador haya establecido un límite en el tiempo - 5 años -".
3. No puede sostenerse que en la hipótesis de la norma relativa a la extensión del término de prescripción - el que a mi juicio ha debido ser entendido como un término de caducidad, particularmente porque se refiere a la acción y no al derecho, es irrenunciable y no puede ser interrumpido ni suspendido. Además, lo aprecia el juez de oficio -, el Estado "no ejerció su potestad disciplinaria". Por el contrario, se trata justamente del caso en que la autoridad competente profiere y notifica en tiempo la decisión. De otra parte, tampoco se puede presumir que el transcurso de cinco años sin que se hubiere producido la segunda instancia obedece a la ineficacia, al desinterés o a la negligencia de las autoridades de control. Sin desconocer que en muchos casos las razones expresadas por la sentencia son las verdaderas causas de la caducidad, lo cierto es que en otros, el tardío conocimiento de los hechos ocurre por circunstancias ajenas a la administración. Las dificultades probatorias o de evaluación técnica etc., pueden generar una dilación justificada en la etapa de investigación y valoración previa al fallo. Por último, no es acertada la afirmación de la sentencia en virtud de la cual la prórroga, declarada inexequible, tenía el efecto de dilatar indefinidamente la potestad sancionadora. La norma fijaba un plazo perentorio de seis meses dentro del cual las autoridades de control debían culminar su tarea.
PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA-Prórroga del término (Salvamento de voto)
REGIMEN DISCIPLINARIO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia disciplinaria (Salvamento de voto)
Considero que el inciso tercero del artículo 61 de la ley 200 de 1995, es inconstitucional en la parte que se demanda inicialmente, la cual dice que "...en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación...", pues, en mi opinión, ni el Procurador General de la Nación, ni el organismo que dirige han sido atribuídos de competencia ordinaria prevalente ni preferente para investigar y sancionar la conducta de los funcionarios judiciales, si acaso, únicamente, en la hipótesis de la llamada vigilancia oficial y superior de quienes ejercen funciones públicas según el artículo 277 numeral 6o. que le permiten poner en movimiento las instancias correspondientes del Consejo Superior de la judicatura o de la Cámara de Representantes formulando quejas, denuncias o presentando informes preliminares sobre la conducta de estos, y en la facultad de desvinculación del cargo según los términos del artículo 278 de la Carta Política, pero no en el desarrollo de la función jurisdiccional disciplinaria ordinaria que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En este sentido estimo que la mencionada disposición de la ley 200 de 1995 entre otras cosas y entre otros graves defectos de constitucionalidad que también aparecen en los artículos 2o., 3o. y 20 entre otros, se arroga una fuerza que no puede tener, y que en su pretendida aplicación y extensión a los funcionarios de la Rama Judicial, desconoce la existencia de disposiciones constitucionales expresas y específicas que entregan dicha competencia a un órgano constitucional diferente a la Procuraduría General de la Nación, por lo que resulta incompatible con la Carta Constitucional.
JURISDICCION DISCIPLINARIA-Alcance/ACTO JURISDICCIONAL (Salvamento de voto)
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Competencia respecto a empleados judiciales (Salvamento de voto)
CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Improcedencia de la expresión/CODIGO DISCIPLINARIO DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL (Salvamento de voto)
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Ejercicio del poder disciplinario preferente(Salvamento de voto)
El adverbio de modo "preferentemente", empleado por el Constituyente significa, en mi opinión, que el ejercicio del poder disciplinario radicado en cabeza del señor Procurador debe cumplirse con primacía y ventaja sobre el de otras personas o titulares del mismo poder disciplinario; es decir, sobre los superiores jerárquicos de los empleados de las distintas ramas del poder público. Además, este adverbio de modo también significa, en una segunda acepción, inclinación favorable o predilección del titular del poder disciplinario hacia su ejercicio frente a otros poderes suyos. En ningún caso esta expresión del Constituyente de 1991 significa el reconocimiento o la atribución de un poder de exclusión, de absorción, de atracción, ni de imposición ante los otros poderes disciplinarios; eventualmente podría predicarse dicho entendimiento del poder disciplinario de carácter administrativo que ejercen los superiores jerárquicos frente a sus subordinados o dependientes, pero nada más.
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia en materia disciplinaria (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del art. 2o., art. 6o.; parágrafo 1o. del art. 34; inciso 3 parcial del art. 61; numeral 1o. parcial del art. 66 y art. 135 parcial de la Ley 200 de 1995 "Código Disciplinario Unico".
En este orden de ideas considero que el inciso tercero del artículo 61 de la ley 200 de 1995, es inconstitucional en la parte que se demanda inicialmente, la cual dice que "...en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación...", pues, en mi opinión, ni el Procurador General de la Nación, ni el organismo que dirige han sido atribuídos de competencia ordinaria prevalente ni preferente para investigar y sancionar la conducta de los funcionarios judiciales, si acaso, únicamente, en la hipótesis de la llamada vigilancia oficial y superior de quienes ejercen funciones públicas según el artículo 277 numeral 6o. que le permiten poner en movimiento las instancias correspondientes del Consejo Superior de la judicatura o de la Cámara de Representantes formulando quejas, denuncias o presentando informes preliminares sobre la conducta de estos, y en la facultad de desvinculación del cargo según los términos del artículo 278 de la Carta Política, pero no en el desarrollo de la función jurisdiccional disciplinaria ordinaria que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En efecto, respecto de las disposiciones legales mencionadas se permite que el Ministerio Público, ejercido por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, invada las esferas de competencia constitucional y legal que en materia disciplinaria en razón de la conducta de los funcionarios judiciales, corresponden a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a las salas disciplinarias de los consejos seccionales del mismo organismo, pues, al invocar las competencias relacionadas con la "vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas", y la interpretación extrema del supuesto alcance del "ejercicio preferente del poder disciplinario" que le encarga la Carta Política a dicho órgano de control, el Ministerio Público queda habilitado para desconocer de plano el fuero constitucional establecido para todos los funcionarios de la Rama Judicial y para imponer su competencia.
El adverbio de modo "preferentemente", empleado por el Constituyente significa, en mi opinión, que el ejercicio del poder disciplinario radicado en cabeza del señor Procurador debe cumplirse con primacía y ventaja sobre el de otras personas o titulares del mismo poder disciplinario; es decir, sobre los superiores jerárquicos de los empleados de las distintas ramas del poder público. Además, este adverbio de modo también significa, en una segunda acepción, inclinación favorable o predilección del titular del poder disciplinario hacia su ejercicio frente a otros poderes suyos.
[2] Sent. C-427/94 M.P. Fabio Morón Díaz
[3] . Sent. T-413/92 M.P. Ciro Angarita Barón
[5] "cfr. la sentencia C-265 del 8 de julio de 1993, M.P. Dr. FABIO MORON DIAZ en la que se advierte que ... "La Corte encuentra que la creación del Consejo Superior de la Judicatura obedece a varios propósitos del Constituyente entre los que está la idea de modernizar y transformar las funciones correspondientes a la administración de los recursos económicos y de personal de la justicia y la del fortalecimiento de la actividad disciplinaria garantizando el mantenimiento de elementos doctrinarios y de distribución de competencias orgánicas y funciones de los distintos poderes públicos que en especial se relacionan con la autonomía de integración de la misma Rama Judicial.
[6] Cfr. la sentencia del 17 de Febrero de 1995, C.P. Libardo Rodr¡guez Rodr¡guez, expediente 2614, en acci¢n de nulidad, Actor Jos? Lenin Strusverg, en uno de cuyos apartes se se¤ala que:
[7] . Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria consulta de la sentencia en el caso del Dr. Gonzalo Cusguen Rubio, 18 de abril de 1996. M.S. Dr. R¢mulo Gonz lez Trujillo
[8] La Ley Estatutaria de la Administraci¢n de Justicia advierte que "las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relaci¢n con funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de acci¢n contencioso administrativa.
[9] Cfr. sentencia citada m s arriba del H. Consejero Libardo Rodr¡guez (PP. 40 y ss.)