Source: http://munozmontoya.wordpress.com/category/derecho-civil/
Timestamp: 2014-10-31 11:57:10
Document Index: 152004865

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'ARTÍCULO 420', 'artículo626', 'artículo 627', 'artículo 1', 'artículo 381', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 1501']

Derecho Civil | De Hechos y de Derechos
Hace unos meses escribí un interesante artículo sobre el Contrato de Arrendamiento de vivienda urbana, y en él dejé en claro mi posición sobre las garantías que algunos arrendadores piden. Por si no se ha leído el artículo, se la resumo: Si pide fiadores con propiedad raíz como garantía, entonces esa garantía es basura.
¿Cómo funcionan? El propietario solicita el servicio a una aseguradora o afianzadora. Al hacerlo será esta empresa la que se encargará de hacer el estudio de capacidad de pago del inquilino y de aprobarlo o desaprobarlo, según su historia crediticia y referencias comerciales y bancarias. Además, esta se ocupará de hacer el contrato y de asesorar al propietario en todos los aspectos relacionados con el proceso de arrendamiento.
¿Qué cubren? En principio, con la póliza básica, todas las opciones existentes en el mercado cubren la elaboración del contrato de arriendo, el pago de hasta 36 meses de arriendo, en caso de que el inquilino incumpla, al igual que todos los costos jurídicos -si hay necesidad de un proceso-. Sin embargo, algunas empresas ofrecen como parte de la póliza básica servicios y cubrimientos adicionales como la administración (36 meses), los servicios públicos (equivalentes a 2 meses) y asistencia domiciliaria para daños en tubos, chapas, vidrios, tejas, etc… . (Nota: en otras empresas para obtener estos servicios hay que pagar una prima adicional. -Consulte el Cuadro Comparativo de pólizas-).
¿Qué se debe hacer para tomar la póliza? Basta con que el propietario solicite la póliza y de ahí en adelante, la aseguradora o afianzadora lo asesorará. Quien desee tomar en arriendo el inmueble debe cumplir con la documentación y condiciones estipuladas con la aseguradora o afianzadora.
a. Directamente con la aseguradora o afianzadora. De este modo, el propietario sigue manejando su inmueble con la seguridad de que la aseguradora o afianzadora le garantizará los pagos. b. Por medio de una inmobiliaria. En este caso es necesario consignar el inmueble para que la firma inmobiliaria lo administre y le realice el trámite ante la correspondiente aseguradora o afianzadora. c. A través de Internet. Con esta opción, los propietarios pueden solicitar el servicio sin tener que desplazarse a una oficina y además, seguirán manejando directamente su inmueble con la seguridad de que la correspondiente afianzadora le garantizará los pagos. ¿Cuánto cuesta una póliza o afianzamiento de arriendo? Las tarifas de las pólizas y los montos de cubrimiento variarán según la aseguradora o afianzadora a la que se acuda. En algunos casos el valor de la póliza o fianza básica, que se cancela de contado una vez cada año, es del 50 o 60 por ciento de 1 canon y en otros casos, el pago se realiza mensual sobre un porcentaje que varía entre el 2 y el 6 por ciento del arriendo. Para ampliar los cubrimientos cada empresa ofrece diferentes alternativas y tarifas adicionales.
¿Qué más cobran? - Algunas de las firmas afianzadoras y aseguradoras cobran el formulario de solicitud de arrendamiento. Otras lo obsequian. - Los derechos de realización del contrato también tienen un costo, el cual varía según la afianzadora o aseguradora. En otros casos, son las inmobiliarias las que cobran este servicio. - El estudio de capacidad de pago y aprobación de arrendamiento del inquilino (este lo asume el interesado en alquilar el inmueble). ¿Cuál es la vigencia de la póliza o afianzamiento? Es de un año pero se puede renovar cuantas veces se renueve el contrato.
¿Cuáles son los requisitos exigidos al arrendatario? Para hacerse a un seguro, el arrendatario debe adquirir el formulario y, luego, conseguir dos fiadores (por lo menos uno con finca raíz) y anexar los siguientes documentos: certificado laboral, certificado de Libertad y Tradición, fotocopias de extractos bancarios y de cédulas de ciudadanía.
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El pasado 21 de febrero entró en vigencia la Ley 1676 de 2013 “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, que reforma integralmente el sistema de garantías mobiliarias mediante la unificación de conceptos y modernización de los mecanismos para constituir, registrar y ejecutar las garantías muebles, ahora denominadas Garantías Mobiliarias. La ampliación de bienes sobre los cuales se puede constituir garantías, la centralización de la información en un solo registro de libre consulta y las ejecuciones en plazos cortos y sin intervención judicial son sólo algunos de los mecanismos que ofrece la nueva normatividad para superar trabas normativas, operativas y procesales que impedían que las garantías mobiliarias se tuvieran como respaldo eficaz de las obligaciones en caso de incumplimiento. Sin duda la Ley está diseñada para lograr una mayor bancarización a través del crédito y beneficiar particularmente a segmentos como las Pymes. Sin embargo, para que se logren los efectos deseados se requiere de varias acciones. Los decretos reglamentarios del Gobierno y el análisis y ajuste de la regulación financiera serán un punto de inicio determinante para impulsar el nuevo esquema y brindar claridad a los actores en cuanto a la aplicación de la Ley. Experiencias internacionales exitosas de países que han adoptado normativas similares basadas también en la Guía Legislativa de la CNUDMI (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) son un indicador de lo que posiblemente pueda ocurrir en nuestro país. Colombia cuenta con una Ley moderna y ajustada a las necesidades económicas y comerciales del país. Ahora comienza la etapa de implementación que requiere de la intervención coordinada de todos los actores para así conseguir el objetivo propuesto que no es otro que incrementar el acceso al crédito y fortalecer el sector productivo. Hace seis meses y gracias a un importante esfuerzo del Gobierno y del Congreso de la República se expidió la Ley 1676 de 2013 “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. Inició su vigencia el pasado 21 de febrero, adoptando el concepto de Garantía Mobiliaria como aquella figura mediante la cual un bien mueble, es decir aquel que puede trasladarse de un lugar a otro sin afectarse su naturaleza, respalda el pago de una obligación. La ley, en una definición funcional, trasciende esa visión clásica ampliando el concepto a derechos e intangibles, entre otros. Para lograr el objetivo de acceso al crédito, la Ley contempla una reforma al sistema de garantías mobiliarias mediante su actualización, unificación de conceptos y modernización de los mecanismos para constituir, registrar y ejecutar las garantías sobre bienes muebles, ahora denominados Garantías Mobiliarias. Son grandes las expectativas que genera la nueva normatividad en un país en vías de desarrollo como Colombia. El reto de la banca ha sido incrementar la inclusión financiera en sectores y con clientes que tradicionalmente no han logrado acceder al crédito. La inclusión financiera tiene implicaciones sobre la reducción de la pobreza al estimular la prosperidad y acelerar la participación de los estratos de menores ingresos en las ganancias del desarrollo. Según cifras de Asobancaria, sólo el 33.43% de la población adulta tiene actualmente créditos con el sector financiero. El caso de la Pequeña y Mediana empresa (Pymes) es aún más preocupante debido a que, según cifras de la CEPAL, para 2011 sólo el 12% de ellas se financiaba con crédito formal. Nuestro país, al igual que otros de la región, se caracteriza por tener una alta cantidad de Pymes, varias de ellas operando en la informalidad y con pocas posibilidades de acceso al crédito o con acceso en condiciones onerosas debido a ausencia de información verificable o por falta de garantías, factores que contribuyen a aumentar la percepción de riesgo.
El Banco Mundial en el Informe Global de Desarrollo Financiero 2014, dedicado al análisis de la inclusión financiera, identifica como uno de los obstáculos para lograr una mayor inclusión a través del crédito las limitaciones al régimen de garantías mobiliarias y hace algunas recomendaciones para superar dichas barreras. Indica el Informe que para aumentar la inclusión financiera deben superarse varios problemas normativos y de mercado. En cuanto al crédito, señala que debe contarse con un marco legal y reglamentario adecuado que contenga un sistema de información centralizado y confiable, por lo que estima que la creación de registros de garantías de bienes muebles puede impulsar considerablemente las posibilidades de financiamiento. Según el Informe, el 78% de los bienes que poseen las Pymes en los países en vías de desarrollo son muebles, pero la falta de información sobre estos y la inseguridad al momento de su ejecución conlleva que los bancos no las reciban fácilmente como respaldo de las obligaciones. El Banco Mundial recomienda que los sistemas legales se basen en tres aspectos básicos: 1. Que no se limiten los bienes que pueden servir como garantía. 2. Que se cuente con mecanismos que permitan hacer líquido el bien que está en garantía de manera privada, o a través de procedimientos ágiles. 3. Que cuando un sólo bien respalde más de una obligación, se respete el orden del registro, orden que debe poderse verificar de manera electrónica. Este último punto lo resalta el Banco Mundial, entidad que estima que el registro funciona mejor si en el país se cuenta con un único registro de garantías que permita a los potenciales acreedores establecer, por ejemplo, si existe un reclamo sobre algún bien. El Informe señala que un estudio reciente realizado en 73 países indicó que estos registros unificados y electrónicos de garantías mobiliarias ayudan a incrementar el acceso de las empresas al crédito y que este efecto es mayor en las Pymes. Fundamentos para el funcionamiento del nuevo sistema en Colombia La normativa aprobada busca superar las trabas normativas, operativas y procesales que impedían que las garantías mobiliarias se posicionaran como un respaldo eficaz de las obligaciones en caso de incumplimiento. Es posible identificar cuatro pilares sobre los que se estructura la normatividad promulgada, a saber: PRIMERO: Todas las figuras jurídicas que respalden una obligación, independientemente de cómo se denominen, son garantías. SEGUNDO: Se amplían los bienes que pueden darse en garantía a todos aquellos bienes y derechos a los que las partes atribuyan valor económico. Se podrán dar en garantía infinidad de bienes como por ejemplo, inventarios, cosechas, ganado, cuentas por cobrar, solo por mencionar algunos, en adición a la tradicional prenda sobre vehículos y maquinaria, y se prevé una interesante figura según la cual cuando el bien objeto de garantía se venda o transforme, el resultado de la operación, es decir, el dinero o el producto de la transformación, continuará garantizando la obligación. Así, si un agricultor da en prenda cierta cantidad de semillas, su cosecha y el dinero producto de la venta de los frutos quedan igualmente gravados. Piénsese en un empresario que da en garantía su inventario de materia prima la cual transforma en bienes finales que son vendidos, obteniendo de sus clientes unas cuentas por cobrar. De esta forma, la garantía otorgada originalmente sobre el inventario de materia prima se transforma en el proceso productivo sin necesidad de constituir nuevas garantías en cada etapa del mismo. TERCERO: Información centralizada, la cual será pública y se podrá verificar de manera electrónica por cualquier persona. En el registro administrado por Confecámaras estará toda la información sobre la constitución, modificación, prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de las garantías de bienes muebles. Quien desee consultarlo, a través del número de identificación del garante, podrá saber si sobre un bien específico e identificado pesa una o más garantías, verificando cuál de esos acreedores tiene prelación, el monto de la obligación garantizada, o si se ha iniciado un proceso de ejecución por haberse presentado mora. Esta última información, por ejemplo, no se podrá verificar en ninguna base o central de información diferente a la de garantías mobiliarias de Confecámaras. El registro en Confecámaras es la columna vertebral de la Ley. Tan es así que solo contarán con prelación las obligaciones fiscales y tributarias cuando se encuentren en él, lo cual genera seguridad para cualquier acreedor, pues no puede ser desplazado si a su favor se ha otorgado una garantía, por otro acreedor que no aparezca en el Registro, así sea el fisco. Igualmente, si el Estado como acreedor aparece registrado en fecha posterior a un acreedor privado, tendrá este privado preferencia frente al valor del bien. En este Registro los costos de inscripción se reducirán notablemente frente a los cobrados anteriormente por las Cámaras de Comercio, puesto que no es un acto sujeto al impuesto de registro, y su valor se establecerá en una tasa fija. La Resolución 834 del pasado 5 de marzo estableció dicho valor en $30.000 para el registro de formularios de inscripción inicial. Así las cosas, Confecámaras contará con una base que será una herramienta de permanente consulta y utilización por parte de los acreedores, al ofrecer información confiable, completa y necesaria para la realización de estudios de crédito, reduciendo la asimetría de información hasta ahora reinante frente a las garantías de bienes muebles. Los beneficios para los deudores también son evidentes ya que, de funcionar correctamente el sistema, se disminuirá el costo de las operaciones al facilitar el análisis y otorgamiento de crédito, pues de manera centralizada, ágil y oportuna se contará con información veraz que brindará elementos de juicio para determinar la situación de compromiso patrimonial del garante. Buena parte de las expectativas sobre el éxito del nuevo esquema de garantías mobiliarias recae en su registro. El fracaso del sistema en países que han adoptado estándares similares al de la Ley 1676, ha radicado en una inadecuada operación del registro o en falta de comunicación entre registros cuando existe más de uno en el cual deban inscribirse las garantías. Para evitar lo anterior, se espera que superados los impases legales con el Ministerio de Transporte frente a la inscripción de garantías sobre vehículos en el Registro Nacional Automotor, se logre una intercomunicación permanente y en línea entre aquel y el Registro de Garantías Mobiliarias. Es de trascendental importancia que a la mayor brevedad el Ministerio de Transporte y el de Comercio, Industria y Turismo definan los procedimientos, desarrollos y demás requerimientos para garantizar la interoperatividad de los dos registros. Hasta tanto, y según lo indica el Decreto 400 de 2014 que reglamenta el Registro, la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos continuará haciéndose tanto en el Registro Nacional Automotor como en el Registro de Garantías Mobiliarias. Esta situación no es recomendable pues derivaría transitoriamente en dobles registros, dobles costos y, esperemos que no genere información desactualizada. En este punto, es preciso mencionar que las entidades financieras deben inscribir las garantías otorgadas con antelación para mantener su prelación frente a acreedores a los que les otorguen nuevas garantías y obtengan registros posteriores, para lo cual cuentan con un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la ley. Para ello se recomienda que se permita adelantar procesos en los cuales la información depositada en el Registro Nacional Automotor pueda ser cargada en el registro de garantías mobiliarias de manera automática y directa. Esto ayudaría a disminuir eventuales
equivocaciones al registrar la información de cada garantía manualmente y garantizaría que la información estuviera completa en el registro de Confecámaras en plazos menores. CUARTO: Creación de dos mecanismos de ejecución expeditos: la ejecución extrajudicial y el pago directo. La efectividad de una garantía se determina cuando se ejecuta, es decir, al momento de lograr el pago de la obligación con la adjudicación del bien o con el producto de su venta. Antes de expedición de la Ley 1676 estos mecanismos solo podían darse por la vía del proceso ejecutivo en caso de impago. En Colombia la congestión de la rama judicial y los obstáculos dentro de los procesos impedían una ejecución ágil y eficaz de la garantía. Lo anterior resulta más grave en el caso de las garantías mobiliarias, en donde los bienes, luego de la terminación del proceso están depreciados. En el informe “Doing Bussines 2011”, el Banco Mundial confirma lo anterior. En éste se indica que en la resolución judicial de controversias contractuales Colombia ocupa el puesto 150 en un ranking de 183 países y el puesto 25 en América Latina y el Caribe entre 32 países. La justicia colombiana es la sexta más lenta del mundo y la tercera más lenta de América Latina y del Caribe. Como se observa en la siguiente gráfica un proceso judicial en Colombia tarda en promedio 1.346 días, mientras que en los países de la región dicho promedio asciende a 707 días.
El Estado, consciente de la situación descrita y con el fin de disminuir la congestión de la administración de justicia, ofrece los mecanismos extrajudiciales descritos en la ley. La ejecución extrajudicial se podrá adelantar ante notarios y Cámaras de Comercio, sin intervención judicial en caso de no presentarse oposición del deudor o del garante. El nuevo régimen de ejecución implicará que el pago de la obligación incumplida a través del bien dado en garantía se realice sin mayores demoras. Adicionalmente, a través de la figura del pago directo, se permite al acreedor satisfacer su crédito directamente con el bien dado en garantía cuando conserva su tenencia o cuando las partes así lo acordaron. Para lograr lo anterior resultó necesario que el legislador eliminara expresamente en la Ley la prohibición de pactar que el acreedor pudiera disponer de la garantía. Acciones a seguir Los mecanismos previstos en la ley indiscutiblemente están diseñados para lograr la inclusión financiera a través del crédito y serán las Pymes las más beneficiadas por las bondades de la nueva normatividad. Sin embargo, para que se logren los efectos deseados los cuales solo podrán ser evidenciados transcurrido un tiempo prudencial, se precisa de varias acciones, entre ellas lograr una reglamentación lo suficientemente clara que permita la puesta en práctica de las novedades regulatorias, además de la socialización, comprensión y adecuada interpretación de la Ley por parte de todos los actores. También resulta necesario que el Gobierno, conjuntamente con las entidades financieras, analice las necesidades de ajustar la actual regulación financiera en lo atinente a las garantías, para adecuarla a la nueva filosofía de la novedosa disposición. Teniendo en cuenta que las garantías mobiliarias podrían ser consideradas como admisibles bajo los criterios de la Superintendencia Financiera se sugiere se califiquen como tales. Es posible, por ejemplo, que se requiera la derogatoria de algunas normas, como por ejemplo el artículo 2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 que califica como no admisible aquella garantía que consista exclusivamente en la prenda sobre el activo circulante del deudor, lo cual está expresamente permitido por la Ley 1676, y que limitaría el marco de acción de las Entidades Financieras. Experiencias Internacionales Si bien las expectativas son grandes, en este momento no es posible anticipar los efectos que esta normatividad tendrán en el crédito. La experiencia internacional de países que han adoptado modelos similares al de la Ley 1676 de 2013 es por ahora un indicador de lo que posiblemente pueda ocurrir en nuestro país de implementarse correctamente la Ley. A continuación se muestran algunas de tales experiencias: CHINA En octubre de 2007 se promulgó la ley de propiedad y creó un registro nacional en línea para las garantías reales que contiene los principales elementos de un registro moderno de garantías sobre bienes muebles. En 2011, la IFC (Corporación Financiera Internacional) realizó un estudio que evidenció lo siguiente: • Se han registrado más de 385.000 inscripciones, que representan préstamos por un valor aproximado de más de US$3,5 billones. • De los US$3,5 billones en nuevo financiamiento otorgado, alrededor de US$1,1 billones corresponden a financiamiento para Pymes. • Se han realizado más de 490.000 consultas al registro. • Casi 68.500 Pymes se han beneficiado al tener acceso al crédito. • El porcentaje de préstamos garantizados por bienes muebles en China ascendió luego de la reforma del 12% al 20%. GHANA En 2008 Ghana reformó el marco jurídico de las garantías mobiliarias creando un registro cuyos efectos son los siguientes: • Se han realizado más de 45.000 inscripciones desde marzo de 2011 • Más de 5.000 Pymes y más de 30.000 microempresas han obtenido préstamos. • Women´s World Banking es el mayor usuario del registro, más de 40 bancos y entidades no bancarias utilizan el registro. MÉXICO En 2009 se reformó el Código de Comercio y se creó el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Desde su creación se han multiplicado por 4 el número de inscripciones, evidenciándose un total de más de 150.000 préstamos por valor de aproximadamente US$ 200.000 millones, de los cuales 45% son créditos para el sector agrícola. Consideraciones Finales La Ley 1676 de 2013 ofrece mecanismos y herramientas adecuados para lograr incrementar el acceso al crédito, especialmente para las Pymes. Sin embargo, la Ley por sí sola no es suficiente pues requiere de un cambio de mentalidad de todos los actores y de acciones coordinadas para alcanzar su objetivo. Los decretos reglamentarios del Gobierno, la regulación de la Superintendencia Financiera y la adecuada implementación del Registro serán un punto de inicio determinante para impulsar el nuevo esquema y brindar claridad a los actores en cuanto a la aplicación de la Ley. Son varios los paradigmas jurídicos que rompe la Ley. Se requerirá de una importante labor de socialización para conseguir que todos los actores entiendan la necesidad de dejar en el pasado esquemas y ataduras jurídicas que no se compadecen con los nuevos rumbos de la economía, ni con las necesidades de financiación que requiere el sector productivo y comercial. Es necesario que los actores financieros y empresariales, la rama judicial, los consumidores, la comunidad legal y académica, los notarios, las Cámaras de Comercio y Confecámaras, interpreten unificadamente las normas y de esta forma su aplicación fluya armónicamente. De lograrse lo anterior se espera que aumente la inclusión financiera a través del crédito, se reduzca el riesgo de crédito, disminuyan las provisiones, bajen los costos de los créditos, aumente la competitividad por la mayor financiación que obtendrán las empresas, se logre la ejecución de la garantía en plazos cortos, disminuya la duración de los procesos de ejecución y se descongestionen los despachos judiciales. Colombia no es pionera en la adopción de este modelo. Existen exitosas experiencias internacionales de países que con esquemas similares al acogido por la Ley 1676, han logrado incrementar el crédito favoreciendo al sector empresarial y a las Pymes, que se espera se repliquen en Colombia. Estos efectos esperados serán medidos por la IFC con encuestas periódicas similares a las realizadas en otros países tanto a Pymes como a instituciones financieras. Colombia cuenta ahora con una ley moderna y ajustada a las necesidades económicas y comerciales del país. Comienza la etapa de implementación de un proyecto de gran envergadura que requiere de la intervención coordinada de todos los actores para así conseguir el objetivo propuesto. Tomado de la publicación “Semana Económica” del 14 de Marzo de 2014 de Asobancaria, que a su vez se encuentra en la página web de la Superintendencia de Sociedades Share this:FacebookTwitterLinkedInGoogleRedditPocketTumblrPinterestMe gusta:Me gusta Cargando...
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Tagged with garantías mobiliarias	Hablemos del Pago Por Consignación
¿Qué es? Es un modo especial de pago; para que el pago sea válido debe ser hecho al acreedor, el pago es un acto Jurídico, no lo dice el Código Civil, el Código de Comercio establece esto , por eso se necesita del consentimiento del acreedor de la obligación, es un convenio entre el acreedor y el deudor por medio del cual se extingue una obligación por eso el pago es un acto Jurídica, hay veces en las cuales el acreedor no quiere recibir el pago, otras en las cuales el deudor no encuentra al acreedor para efectuarle el respectivo pago de la obligación no sabe quiénes el acreedor de la obligación porque éste murió , entonces tiene que pagarle a los herederos del acreedor de la obligación y no sabe quienes son los herederos del acreedor de la obligación, para saberlo es necesario que se abra el correspondiente proceso de sucesión del acreedor y soliciten su reconocimiento como herederos del acreedor y dentro de la masa herencial de bienes señalen el crédito ésta es la manera mediante la cual un deudor puede saber quienes son los herederos de su acreedor. Cuando el acreedor no quiere recibir no comparece a recibir el pago lo elude o el deudor no sabe o no lo encuentra puede acudir al pago por consignación.
Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida, vale decir debe hacer una explicación detallada de lo que debe, de cual es el monto de la obligación.
¿Y qué procedimiento debo seguir? El procedimiento del pago por consignación es el señalado en Art. 420 del C de P. Civil .
ARTÍCULO 420. PAGO POR CONSIGNACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 223 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En el proceso de pago por consignación se observarán las siguientes reglas:
No obstante, ahora con el Código General del Proceso, en su artículo 381, simplificó este trámite. Téngase en cuenta que ahora el proceso de pago por consignación no será más un proceso abreviado especial sino un proceso declarativo verbal:
Hay una excepción y es la consignación propia del contrato de arrendamiento en aquellos casos en los cuales el arrendador no quiere recibir el arrendamiento por parte del arrendatario; hay que acudir a la sección de depósitos judiciales del Banco Agrario en defecto de éste al banco de la República en defecto de estas Instituciones o a través de la Institución bancaria que exista en ese lugar, siempre y cuando no haya Banco Agrario o Banco de la República depositando el canon correspondiente comunicándole al arrendador de que se le consignó el pago dentro de unos términos, los cinco días siguientes al vencimiento para pagar el canon de arrendamiento y cinco días después darle la noticia por correo certificado de que se produjo la consignación, de ésta manera se valida el pago. Seria increíble de que mes a mes tuviera el Arrendatario que demandar al arrendador en proceso de pago por consignación para que le reciba válidamente esto seria absurdo que se le pusiera este tipo de carga.
REQUISITOSDE PAGO POR CONSIGNACIÓN. La demanda de pago por consignación debe ser dirigida contra el acreedor.
Si la demanda reúne los requisitos de Ley de esa demanda; se le da traslado al acreedor que es el demandado dentro del proceso el acreedor como consecuencia del traslado de la demanda puede aceptar lo que se le ofrece consignar hasta ahí llega el pago por consignación y termina con un pago valido de la obligación; él se puede oponer a lo que se le ofrece consignar, él deberá señalar en qué no esta de acuerdo. si la obligación para él tiene un mayor monto y esto implica que debe seguirse el tramite procesal correspondiente practicar las pruebas para establecer cual de ellos tiene la razón si lo que ofrece el deudor constituye lo que es objeto de la obligación lo que señale el acreedor constituye lo que es objeto de la obligación y finalmente la sentencia, es una sentencia a través de la cual califica la consignación como suficiente. Entonces si la sentencia de pago por consignación la califica como insuficiente, en realidad no hay sentencia de ninguna clase, él no va a condenar al deudora que complete el pago, si él lo quiere completar y el acreedor lo acepta esta bien. Como consecuencia de ello se terminará la discusión entre el acreedor y el deudor él solamente va a dictar sentencia de pago por consignación cuando lo que se consigno, lo que constituya el ofrecimiento de la consignación era el objeto de la obligación; cuando el objeto de la obligación no es ese . él no va a dictar sentencia que cese el objeto de la obligación, simplemente se abstiene de dictar sentencia de pago por consignación. La sentencia de pago por consignación extingue la obligación con todos sus accesorios que se hayan constituido para la seguridad de esa obligación; la sentencia de pago por consignación tiene la particularidad en el sentido de que durante el proceso la obligación no causa ningún tipo de Interés no tiene ningún tipo de aumento en la medida que se haya producido la consignación por parte del deudor porque el Juez no va a calificarla consignación al final del proceso, sino al momento en el cual se produjo, la consignación se produce dentro del termino que señale el juez en el mismo auto admisorio de la demanda, es una de las modificaciones; hoy en día el Juez señala un término prudencial de acuerdo a lo que constituya el objeto de la obligación si es en dinero dará un termino corto; si se tratara de una cosa, ejemplo un millón de ladrillos tendrá que señalar un secuestre para que reciba válidamente la cosa y tenga un lugar dónde pueda recibir la cosa que constituya el objeto de la obligación, como se consigne inmediatamente la calificación es el momento en el cual se produjo la consignación. ¿El deudor se podrá arrepentir de la consignación? SI él puede retirar la consignación en cualquier momento, mientras el juez no la haya calificado. Esto, dado que el pago por consignación es una decisión unilateral del deudor.
La ley la establece en beneficio del deudor, cuando él ofrece pagar por consignación una vez que comienza el trámite procesal significa, que congeló la obligación, hasta ese momento ya no produce mas nada hacia delante pero si él retira la consignación entonces la obligación va a seguir creciendo, los intereses se van a seguir produciendo, pero si ya el juez ha dictado sentencia que califica la consignación como valida, ya no la puede retirar a menos que medie el consentimiento o la autorización del acreedor.
Tomado, ampliado y adaptado (porque estaba muy desorganizado) de este espectacular blog: http://migonzalezp.blogspot.com/2008/03/pago-por-consignacion.html (con acceso al 28 de mayo de 2014)
Tagged with pago por consignación	Cómo negociar con un acreedor cuando no le puedo pagar todo lo que le pide
Tagged with negociación	Lo que nadie considera de las cooperativas de papel
Como les expliqué en otro artículo, en principio todos sus acreedores pueden embargar el 25% de su salario, con dos excepciones: los créditos en favor de menores de edad y los créditos en favor de cooperativas. El fin de esta medida es garantizar el pronto pago de estas obligaciones. En el caso de los menores, porque las deudas en favor de ellos sólo son un incordio que afecta su normal desarrollo. En el caso de las cooperativas, porque cada préstamo compromete los aportes de los socios de la cooperativa, los cuales van destinados a cumplir los fines de las economías solidarias (artículo 5 y 6 de la Ley 454 de 1998). Sin embargo, estas cooperativas de papel, como yo les llamo, no cumplen ningún objetivo más que garantizar que un usurero pueda embargar la pensión o el salario de un deudor en el 50%, o en su defecto, realizar descuentos por nómina por esa misma cantidad. Cabe decir que en la modalidad de libranza ser una cooperativa le permite a estas casas usureras tener prioridad en el pago de sus acreencias frente a otros acreedores (como Bancos).
Mi recomendación como abogado es que usted evite al máximo a estas cooperativas. Créame, si necesita dinero siempre hay otra solución aparte de venderle su tranquilidad financiera a un usurero. Sólo es cuestión de ser creativo y perseverante (y de estar jurídicamente bien asesorado). Ahora, si usted es dueño de una de estas cooperativas de papel, mi recomendación es que madure y mejor haga algo de verdad con su dinero, en lugar de cometer abusos. Share this:FacebookTwitterLinkedInGoogleRedditPocketTumblrPinterestMe gusta:Me gusta Cargando...
Filed under Derecho Civil, Derecho Penal
Tagged with cooperativas	Heredero que alega prescripción adquisitiva debe probar interversión del título
Ámbito jurídico nos trae un apunte importante de una sentencia reciente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:
El heredero que alega haber adquirido por prescripción un bien que pertenece a la masa sucesoral debe probar que lo posee como dueño único, sin reconocer dominio ajeno e inequívoca, pública y pacíficamente y no en calidad de sucesor del causante.
Así lo recordó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que el heredero deberá acreditar el momento preciso de la interversión del título, es decir, el cambio de la posesión material que ostenta como tal a la del propietario del predio.
Por el contrario, mientras se tenga el ánimo de heredero, se carece del de señor y dueño, y, así, el tiempo de la primera posesión no es apto para usucapir la cosa, recalcó la corporación.
De otro lado, ante la existencia de varios testimonios contradictorios, el juzgador debe establecer su mayor o menor credibilidad, según la sana crítica, señaló la sentencia.
(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia 11001310301319990755901, nov. 28/13, M. P. Margarita Cabello) Para los que no los sepan, la Interversión de un titulo consiste en la usurpación de un titulo que se obtuvo, inicialmente, de forma legitima pero que por el paso del tiempo derivó en posesión. Un ejemplo es el de una persona que ingresa en un inmueble, sea mediante un contrato (normalmente es un contrato verbal) de de comodato, o de trabajo como cuidador, o como arrendatario. Con el tiempo, los contratos celebrados quedan en desuso y el comodatario, arrendatario o trabajador se convierte en poseedor.
Tagged with Derecho	¿Las compras hechas en línea por los menores de edad están viciadas de nulidad relativa?.
A mas de una persona le ha ocurrido que un niño, sin su permiso, compra algún artículo o aplicación “on line” mediante uso de información de los padres (que en un descuido la dejan al alcance), lo cual trae una serie de implicaciones que van desde un regaño hasta la penosa petición a la empresa de la devolución del dinero (pasando por las malas calificaciones, si se trata de Mercado Libre, o portales por el estilo)
Según el Código Civil, los menores impúberes (los niños de 14 años o menos) son absolutamente incapaces y sus actos adolecen de nulidad absoluta (C.C Art. 1504) (C.C Art. 1527), por lo cual, si un niño de menos de 14 años hace una compra en línea de las características indicadas entonces adolecería de nulidad absoluta. Sin embargo, según Ámbito Jurídico, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció lo siguiente en Concepto 12234480 febrero 11 de 2013:
El derecho del consumo es aplicable a las operaciones efectuadas por menores de edad, pues están incluidos en la categoría de personas naturales a la que hace referencia la noción de consumidor del artículo 5º del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011).
La Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) recordó que el artículo 28 de esta ley contempla una protección especial del derecho a la información de los niños y establece un régimen especial para las operaciones de comercio electrónico realizadas por los menores (art. 52). En estas últimas, la Ley 1480 ordena al proveedor tomar medidas para verificar la edad del consumidor y, en caso de que sea un menor de edad, aquel deberá dejar constancia de la autorización expresa de los padres para realizar la transacción.
No obstante, la Superindustria recordó que la legislación civil y comercial permite acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar la recisión de estos negocios jurídicos, que estarían viciados de nulidad relativa.
Por eso, precisó que mientras dichos contratos no sean declarados nulos en sede judicial, se presumirá su validez desde que fueron celebrados, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos para su existencia, contemplados en el artículo 1501 del Código Civil.
(Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 12234480, feb. 11/13)
¿A cuales menores de edad se refería la SIC para que se pasara el Código Civil por el Arco del Triunfo? Dejo la pregunta en el aire para el que quiera responderla. Pero en todo caso, mi recomendación es que cuide muy bien sus datos de sus hijos, para no pasar momentos jurídicos incomodos. Share this:FacebookTwitterLinkedInGoogleRedditPocketTumblrPinterestMe gusta:Me gusta Cargando...
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Tagged with Cali, Colombia, Derecho	Los riesgos del contrato de fianza y cómo dejar de ser fiador
- Se trate de contratos de arrendamiento, porque la cuantía es muy poca y porque en un año deja de causarse el canon
- se trata de créditos de consumo, especialmente si son destinados por el deudor para comprar cosas que no necesita. - A usted le sobran bienes y dinero
- El deudor ha demostrado ser alguien de poca confianza en el pasado
- El deudor toma el préstamo para realizar un proyecto económico viable (como montar su propio negocio o comprar un taxi)
- Cuando la situación económica del deudor sea inversa a la cuantía de la obligación que toma (Ej: una persona que compra un carro a crédito a pesar de tener un empleo inestable o de ganarse apenas un mínimo)
- El acreedor sea una persona o una entidad seria y respetuosa de la Ley. - cuando el acreedor sea una Cooperativa, un agiotista o alguien en quien usted no confía.
- El deudor demuestra ser alguien de su entera confianza y que además paga sus obligaciones cumplidamente.
- Cuando el deudor esté en riesgo inminente de morir o de perder su empleo
Atención: lo anterior no aplica para codeudores a menos que usted como codeudor se encuentre en la situación que enuncié en un articulo anterior. En ese caso, podría buscar la aplicación del Art. 1579 del Código Civil y solicitar que usted sea reconocido como fiador en lugar de codeudor. Share this:FacebookTwitterLinkedInGoogleRedditPocketTumblrPinterestMe gusta:Me gusta Cargando...
Tagged with Cali, Colombia, Derecho, fiador	Este es mi artículo favorito del Código Civil
ARTICULO 1579. <SUBROGACION DE DEUDOR SOLIDARIO>. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad. (la negrilla es mía)
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Si Gobno quiere simplificar las transacciones en dinero entonces no debería de emitir un billete de cien mil pesos, sino quitar el 4x1000 1 day ago
Sigan queriendo un billete de cien mil pesos, que con suerte se podrán comprar un pan y una gaseosa con él en unos 3 años. 1 day ago
Tenga esto en cuenta si usted aspira a pensionarse en España wp.me/p1tlQv-6l vía @munoz_montoya 2 days ago
El triste panorama de la justicia colombiana (fuente: Revista Semana) http://t.co/2ft95SobLC 4 days ago
La indignación en twitter sirve apenas para dos cosas, menos para lo que sirve la indignación de verdad. 5 days ago
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