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Timestamp: 2020-01-18 07:42:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 184', 'in fine', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

Sentencia nº 1126 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Julio de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 741225401
Exp. núm. 2016-1197
Rec. Empresa Edesur Dominicana, S.A., vs. Zacarías Comercial, S.R.L. Fecha: 27 de julio de 2018
Sentencia No. 1126
Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 27 de julio del 2018, que dice así:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Empresa Edesur Dominicana, S. A. (EDESUR), constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en la avenida Tiradentes núm. 47, séptimo piso, ensanche Naco de esta ciudad, debidamente representada por su administrador gerente general R.M.D., dominicano, mayor de edad, soltero, ingeniero, titular Exp. núm. 2016-1197
de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0018905-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00022-2015, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 19 de enero de 2016, ahora impugnada, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que procede acoger, el recurso de casación interpuesto por la empresa EDESUR DOMINICANA, S.A., contra la Sentencia No. 00022-2015 de fecha diecinueve (19) de enero del dos mil dieciséis (2016) dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal”;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de marzo de 2016, suscrito por el Lcdo. R.Q.P., abogado de la parte recurrente, Empresa Edesur Dominicana, S.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Exp. núm. 2016-1197
Suprema Corte de Justicia, el 7 de diciembre de 2016, suscrito por el Lcdo. R.O.P.L., abogado de la parte recurrida, Zacarías Comercial, S.R.L.;
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 20 de junio de 2018, estando presentes los magistrados F.A.J.M., presidente; P.J.O. y B.R.F.G., asistidos del secretario;
Visto el auto dictado el 22 de julio de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados M.A.R.O. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se Exp. núm. 2016-1197
trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por Zacarías Comercial, S.R.L., contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la sentencia civil núm. 00331-2015, de fecha 8 de junio de 2015, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por la razón social ZACARÍAS COMERCIAL, SRL, debidamente representado por el señor ZACARÍAS DE LA ROSA PINALES, en contra de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), mediante acto No. 234/2012, de fecha veintitrés (23) de abril de 2012, contentivo de Emplazamiento de Demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, instrumentado por el ministerial RAFAEL REYES TORRES, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, por los motivos Exp. núm. 2016-1197
(sic), la razón social ZACARÍAS COMERCIAL SRL, al pago de las costas del procedimiento, sin distracción; TERCERO: C. al ministerial D.C.M., para la notificación de lugar”; b) no conforme con dicha decisión, Z.C., S.R.L., interpuso formal recurso de apelación contra la decisión antes descrita, mediante acto núm. 326-2015, de fecha 24 de julio de 2015, instrumentado por el ministerial R.A.R., alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Asuntos Municipales de San Cristóbal, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 00022-2015, de fecha 19 de enero de 2016, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Zacarías Comercial, S.R.L., contra la sentencia número 331-2015, dictada en fecha 8 de junio del año 2015, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por los motivos indicados; y, en consecuencia: a) Revoca, en todas sus partes, la sentencia recurrida, por las razones dadas precedentemente; b) Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) a pagar a la sociedad Zacarías Comercial, S.
R.L. la suma de un millón seiscientos veinticinco mil pesos dominicanos (RD$1,625,000.00), como justa reparación por los daños sufridos; SEGUNDO: Exp. núm. 2016-1197
Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad, S. A. (EDESUR) a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del L.. R.O.P.L., quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”;
Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Inconstitucionalidad del artículo único de la ley 491-08 que modifica el artículo 5 de la ley 3726 sobre Procedimiento de Casación; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos”;
Considerando, que la parte recurrente solicita en su memorial de casación que se declare inconstitucional el artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, por conspirar contra el sagrado derecho de defensa, el debido proceso de ley y el derecho al recurso, principios que imperan en la Constitución de la República Dominicana;
Considerando, que la referida disposición legal ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC-0489-15 del 6 de noviembre del 2015 por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar Exp. núm. 2016-1197
afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios números SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el Secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”; que en consecuencia, la petición de inconstitucionalidad formulada por la parte recurrente, resulta inadmisible por carecer de objeto; Exp. núm. 2016-1197
modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir.”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la referida Ley núm. 137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;
Considerando, que al dictar la sentencia TC-0489-15, nuestro Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las Exp. núm. 2016-1197
constitucional, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 está desprovista de todo efecto retroactivo;
Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia TC-0489-15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017;
Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente: a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de la Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes Exp. núm. 2016-1197
situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”1;
la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por nuestro Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma
Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio Exp. núm. 2016-1197
legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada”2, y finalmente, d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no el fallo que al respecto dicte esta jurisdicción de suerte que es la fecha de la interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;
Considerando, que en atención a lo anterior, procede examinar el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida en su memorial de defensa, en el cual solicita que se declare inadmisible el presente recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, en razón de que la sentencia recurrida contiene condenaciones que no alcanzan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos;
Considerando, que como el presente recurso se interpuso el día 8 de marzo de 2016, es decir, durante el período de vigencia del antiguo artículo 5,
Sentencias TC/0024/12, del 21 de junio de 2012, TC/0013/12 del 10 de mayo de 2012, TC/0457/15, del 3 de Exp. núm. 2016-1197
párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, dicho texto legal es aplicable en la especie, y por lo tanto, procede valorar su admisibilidad a la luz de contenido, en el cual se disponía que:
“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”;
Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, cual era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 8 de marzo de 2016, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$12,873.00) mensuales, conforme a la Resolución núm. 1-2015, dictada por el Comité Nacional de Exp. núm. 2016-1197
Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;
Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta lo siguiente, que: a. Zacarías Comercial, S.R.L., interpuso una demanda en daños y perjuicios contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR) que fue declarada inadmisible por el tribunal de primer grado apoderado; b. la corte a qua revocó la decisión de primer grado, acogió en parte la demanda y condenó a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR) al pago de una suma indemnizatoria ascendente a la cantidad de un millón seiscientos veinticinco mil pesos con 00/100 (RD$1,625,000.00); que es evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte Exp. núm. 2016-1197
Casación; que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala.
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR) contra la sentencia civil núm. 00022-2015, dictada el 19 de enero de 2016, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) al pago de las costas procesales a favor del L.. R.O.P.L., quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte o totalidad.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Exp. núm. 2016-1197
pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 27 de julio de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.
(Firmado) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G..- P.J.O..- J.A.C.A..-
Sentencia nº 702 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 21 de Agosto de 2017.