Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?ESTONIA&action=printMS&member=1
Timestamp: 2019-12-13 13:33:21
Document Index: 187267892

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 176', 'artículo 224', 'artículo 178', 'artículo 175', 'artículo 671', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 599']

Marco normativo por el que se rigen los honorarios de las profesiones jurídicas
Costes de participación en los procedimientos
Base jurídica para la tasación de las costas
Los honorarios de los asesores jurídicos no están regulados en Estonia.
Los honorarios de los letrados no están regulados en Estonia.
Los honorarios de los procuradores no están regulados en Estonia.
En Estonia, los honorarios de los oficiales de justicia se regulan en la Ley de oficiales de justicia. Pueden incluir una tasa por la apertura del proceso, una tasa procesal y una tasa adicional por trabajos de ejecución de la sentencia. Los oficiales de justicia también están autorizados a cobrar una tasa por la prestación de un servicio profesional.
En Estonia, los honorarios de los abogados defensores no están regulados, sino que se fijan en el contrato con el cliente. El responsable del bufete o el abogado hacen una primera oferta al cliente y explican cómo han llegado a esa cantidad. El cliente reembolsa los gastos necesarios contraídos por el abogado o el bufete por la prestación de servicios.
Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos civiles
Los costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos civiles abarcan varios conceptos:
las tasas estatales;
la fianza por presentar un recurso de casación;
la fianza por solicitar la reapertura del proceso o la reposición del plazo establecido;
los gastos relativos a la publicación de anuncios y notificaciones en el Ametlikud Teadaanded o en un periódico;
los honorarios de peritos, traductores e intérpretes;
otros gastos relativos a la vista y gastos extrajudiciales.
Fase del proceso civil en la que deben pagarse los gastos fijos
Los siguientes gastos deben ser abonados por adelantado por la parte que interpone la acción o solicita la realización de una actuación procedimental:
los gastos relativos a la revisión de un asunto, en la medida que determine el tribunal.
A menos que el tribunal resuelva lo contrario, los honorarios de peritos, traductores e intérpretes deben ser abonados por adelantado por la parte que haya interpuesto la demanda que origine los gastos.
Costes fijos en los procedimientos penales
Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos penales
Los costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos penales se establecen en el Código de enjuiciamiento criminal y se clasifican en costas procesales, costas específicas y costas adicionales.
Las costas procesales son las siguientes:
los honorarios razonables del defensor o representante elegido y cualesquiera otros gastos necesarios contraídos por una parte en relación con el procedimiento penal;
las cantidades pagadas a víctimas, testigos, peritos y personas cualificadas de conformidad con el artículo 178 del Código de enjuiciamiento criminal, salvo los gastos contemplados en el artículo 176, apartado 1, punto 1, de dicho Código;
los gastos contraídos por un instituto público forense o cualquier otro organismo público o persona jurídica para la elaboración de informes periciales o la constatación de una intoxicación;
la minuta del abogado de oficio designado y sus gastos, en la medida en que sean razonables y estén justificados;
los gastos contraídos para hacer copias de documentos de un expediente penal destinadas al defensor de conformidad con el artículo 224, apartado 1, del Código de enjuiciamiento criminal;
los gastos de almacenamiento, envío y destrucción de pruebas;
los gastos de almacenamiento, traslado y destrucción de bienes confiscados;
los gastos de constitución de la garantía para la interposición de una acción civil;
las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas en las sentencias penales condenatorias;
otros gastos a los que haya hecho frente un organismo que conozca procedimientos penales, excepto los considerados costas específicas o costas adicionales de conformidad con el Código de enjuiciamiento criminal.
Si una parte en el procedimiento tiene uno o varios defensores o representantes, sus honorarios estarán comprendidos en las costas procesales en la medida en que no superen el nivel de remuneración razonable normalmente pagado a un defensor o representante.
Si un sospechoso o acusado se defiende a sí mismo, los gastos necesarios para su defensa se incluirán en las costas procesales. No se incluirán los gastos excesivos en los que no se hubiera incurrido de haber participado en el procedimiento un defensor.
Los gastos contraídos por personas que no son partes en el proceso y que atañan a peritajes se reembolsarán con arreglo a las condiciones y las normas definidas en la Ley sobre exámenes periciales médico-forenses.
Las costas específicas son los gastos relacionadas con el aplazamiento de la vista por incomparecencia de una parte y los gastos de comparecencia obligatoria.
Las costas adicionales son:
las cantidades pagadas a una persona que no es parte en el procedimiento por facilitar información sobre hechos relacionados con un elemento de prueba;
los gastos derivados de la prisión preventiva de sospechosos o acusados;
las cantidades abonadas a traductores e intérpretes de conformidad con el artículo 178 del Código de enjuiciamiento criminal;
las cantidades abonadas en el marco de un procedimiento penal de conformidad con la Ley relativa a la indemnización de los daños causados por el Estado a una persona injustamente privada de libertad;
los gastos contraídos por organismos públicos y entes locales en relación con un procedimiento penal que no se mencionan en el artículo 175, apartado 1, puntos 1 a 10, del Código de enjuiciamiento criminal;
las cantidades abonadas a los representantes de los testigos de conformidad con el artículo 671 del Código de enjuiciamiento criminal.
Fase del procedimiento penal en la que los litigantes deben pagar los costes fijos
En caso de absolución, el Estado reembolsa las costas procesales. En caso de condena, estas corren a cargo del condenado. En caso de absolución parcial, el Estado reembolsa las costas en función de la medida en que el acusado haya sido absuelto. El devengo de la obligación de reembolsar las costas procesales se produce en el momento en que la resolución es firme.
Si se desestima una acción civil, la parte damnificada debe pagar las costas procesales relativas a la constitución de la garantía correspondiente. Si se estima plenamente la acción civil, corren a cargo del condenado o del defensor. Si se estima solo en parte, el tribunal repartirá las costas procesales entre la parte damnificada y el condenado, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Si se rechaza la revisión de una acción civil, las costas procesales relativas a la constitución de la garantía correspondiente corren a cargo del Estado.
Costes fijos en los procedimientos constitucionales
Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos constitucionales
Fase de los procesos constitucionales en la que los litigantes deben pagar los costes fijos
En los procedimientos constitucionales, los litigantes no deben pagar costes fijos.
Los abogados deben informar a sus clientes de todas las actividades ejercidas en relación con la prestación de servicios jurídicos y todos los costes asociados. El responsable del bufete o el abogado hacen una primera oferta motivada al cliente y explican cómo han llegado a esa cantidad.
Costes a cargo de la parte ganadora
La parte vencedora debe pagar la parte de los honorarios del representante o asesor jurídico que el tribunal no considere razonable y que no deba sufragar la parte perdedora.
Costes a cargo de la parte perdedora
Según la resolución sobre la determinación de las costas procesales, la parte perdedora debe reembolsar las costas procesales de la parte ganadora, que pueden incluir:
las fianzas;
los gastos correspondientes a testigos, peritos, traductores e intérpretes, así como los gastos en concepto de análisis periciales realizados por personas que no sean parte en el procedimiento y que deban reembolsarse con arreglo a la Ley sobre exámenes periciales médico-forenses;
los gastos ligados a la obtención de pruebas documentales y materiales;
los gastos de inspección, incluidos los gastos de desplazamiento del tribunal;
los gastos de expedición, envío y entrega de documentos procesales;
los gastos relacionados con la determinación de la cuantía de un asunto civil;
los gastos de desplazamiento, postales, de comunicación, de alojamiento y otros gastos similares en que incurran las partes del proceso;
los salarios u honorarios no percibidos o la pérdida de otras fuentes de ingresos permanentes de las partes;
los honorarios de los oficiales de justicia relacionados con el ejercicio de acciones y los gastos de ejecución de las sentencias resultantes del ejercicio de esas acciones;
los honorarios de los oficiales de justicia por la entrega de los documentos procesales;
los gastos de tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita;
los gastos del procedimiento acelerado de requerimiento de pago;
los gastos derivados de la participación en un procedimiento de conciliación si el tribunal ha ordenado a las partes que participen en virtud del artículo 4, apartado 4, del Código de enjuiciamiento civil o, si se trata de un procedimiento de conciliación previa obligatoria, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Ley de conciliación.
Si la sentencia impone a una de las partes el pago de los honorarios del representante o asesor jurídico de la parte contraria, la cuantía de estos, fijada por el tribunal, ha de ser razonable y no exceder de lo necesario. Los gastos derivados de la contratación de varios representantes solo se reembolsan si se deben a la complejidad del asunto o a la necesidad de cambiar de representante.
¿Dónde puedo encontrar información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas en Estonia?
Las bases jurídicas para la tasación de las costas figuran en:
el Código de enjuiciamiento civil;
los actos jurídicos basados en el Código de enjuiciamiento civil.
¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas en Estonia?
La información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas está disponible en estonio.
En el sitio web del Boletín Oficial (Riigi Teataja) se publican traducciones al inglés de instrumentos legales estonios en los que figura información sobre las costas y sus bases jurídicas.
El Ministerio de Justicia es responsable de la transposición de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Las preguntas de índole general relacionadas con la mediación pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico del Ministerio de Justicia: info@just.ee.
Los procedimientos de conciliación en materia civil están regulados por la Ley de conciliación, que establece los derechos y las obligaciones de los mediadores, así como directrices para la aplicación y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación. Con arreglo a esta Ley, las siguientes personas están habilitadas para dirigir un procedimiento de conciliación:
las personas físicas a las que las partes en el procedimiento hayan encomendado la tarea de realizar el procedimiento;
los procuradores;
en los casos contemplados en la Ley, un órgano de conciliación del Estado o de un ente local.
Los procedimientos de conciliación en asuntos contencioso-administrativos están regulados por el Código de procedimiento contencioso-administrativo, y en asuntos penales, por el Código de enjuiciamiento criminal.
En lo que se refiere al uso de la mediación en asuntos de Derecho de familia, el Ministerio de Asuntos Sociales está promoviendo el papel y las actividades de los mediadores y conciliadores de familia. La Asociación Estonia de Mediadores tiene un sitio web con información en estonio y en inglés. De igual modo, la Unión Estonia para el Bienestar de los Niños, una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los niños, ofrece asesoramiento a los progenitores que quieren separarse o divorciarse y les alienta a utilizar los servicios de conciliadores para proteger los intereses de sus hijos. La asociación organiza la formación que se imparte en el ámbito de la mediación familiar.
Sitio web con información sobre las costas
Las costas de los procesos judiciales y su cuantía dependen de la duración y la naturaleza del caso. Las fuentes primarias de información sobre las costas de los procedimientos judiciales son los códigos que regulan dichos procedimientos y la Ley de tasas del Estado. El Ministerio de Justicia edita y gestiona el órgano oficial Boletín Oficial (Riigi Teataja), que da acceso a:
las resoluciones del Tribunal Supremo y los acuerdos internacionales;
El Boletín Oficial (Riigi Teataja) contiene las versiones oficiales consolidadas de las leyes, reglamentos y decretos del Gobierno, los reglamentos ministeriales, los reglamentos del Presidente del Banco de Estonia (Eesti Pank), los reglamentos del Comité Electoral Nacional, las decisiones del Parlamento (Riigikogu) y los reglamentos de los consejos y gobiernos locales. La legislación y otros documentos publicados en el Riigi Teataja pueden consultarse desde 1990.
El sitio web del Tribunal Supremo ha publicado un análisis de la jurisprudencia en materia de costas procesales.
El sitio web de tribunales contiene estadísticas sobre los procesos en órganos de primera y segunda instancia desde 1996.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado tipo de proceso?
• En la Ley de tasas del Estado se indica la cuantía de las tasas judiciales que deben pagarse por los distintos tipos de procedimientos.
• En la Ley de oficiales de justicia se regula la retribución de los oficiales de justicia.
• No se dispone de estadísticas sobre los gastos totales medios de los distintos tipos de proceso.
Las retribuciones de los oficiales de justicia se gravan con el IVA, a un tipo del 20 %.
Para solicitar la devolución del IVA aplicado a las costas procesales, el demandante debe confirmar primero que no está obligado a pagar el IVA o que no puede recuperarlo por otras razones.
A partir del 1 de julio de 2009, el tipo del IVA en Estonia es del 20 %
El Estado puede conceder asistencia jurídica gratuita cuando las costas procesales superen en más del doble los ingresos mensuales medios del solicitante en los cuatro meses anteriores a la presentación de la demanda.
Deben deducirse del resultado obtenido los impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias, los gastos correspondientes a las obligaciones de alimentos y los demás gastos razonables relacionados con la vivienda y el transporte.
Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandantes
El Estado puede conceder asistencia jurídica con arreglo al Código de enjuiciamiento civil. Los tipos de asistencia jurídica que garantiza el Estado y las condiciones y normas para obtenerla se regulan en la Ley de asistencia jurídica del Estado.
El Estado puede conceder el beneficio de la asistencia jurídica gratuita a las personas físicas que, en el momento de solicitarla, sean residentes o nacionales de Estonia o de otro Estado miembro de la Unión Europea. La condición de residente se determina con arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Las demás personas físicas solamente pueden recibir asistencia jurídica gratuita si así se contempla en un acuerdo internacional.
La asistencia jurídica gratuita no se concede si:
el solicitante tiene recursos suficientes para su defensa;
el solicitante no tiene derecho a la protección que solicita;
el solicitante puede pagar las costas procesales recurriendo a bienes que ya posee y que puede realizar sin gran dificultad;
los gastos de los servicios jurídicos no superan el doble de los ingresos mensuales medios del solicitante, calculados sobre la base de los ingresos mensuales medios de los cuatro meses anteriores a la presentación de la solicitud, de los cuales se deducen los impuestos y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, los gastos para cumplir obligaciones de alimentos y una cantidad razonable en concepto de gastos de vivienda y transporte;
las circunstancias ponen de manifiesto que el solicitante tiene pocas posibilidades de defender sus derechos;
la solicitud se presenta para interponer una demanda de indemnización por daños no materiales y el caso no presenta un interés público apremiante;
el litigio concierne a las actividades profesionales del demandante y no afecta a sus derechos no relacionados con ellas;
la solicitud se presenta para proteger una marca registrada, una patente, un modelo de utilidad, un dibujo industrial, una topografía de circuito integrado o cualquier otra forma de propiedad intelectual, exceptuados los derechos derivados de la Ley de propiedad intelectual;
el demandante tiene intereses comunes evidentes con una persona que no tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita; en tal caso, existe el riesgo de que transfiriera la asistencia jurídica gratuita que recibiese a otras personas sin derecho a ella;
la solicitud se presenta para defender un derecho cedido al solicitante y existen motivos para creer que dicho derecho fue cedido al solicitante a fin de obtener asistencia jurídica grauita del Estado;
la prestación de servicios jurídicos está garantizada por un seguro de defensa jurídica o por un seguro obligatorio contratado por el solicitante;
la cantidad estimada que el solicitante recuperaría cuando se dictara la sentencia es irrazonablemente pequeña en comparación con el coste estimado de la asistencia jurídica gratuita prestada por el Estado.
En el sitio web del Colegio de Abogados de Estonia se puede encontrar información adicional sobre la asistencia jurídica del Estado.
Otras condiciones aplicables a la concesión de asistencia jurídica gratuita a sospechosos y demandados
Las condiciones aplicables a la concesión de la asistencia jurídica gratuita son las mismas para sospechosos y demandados que para demandantes.
Procedimientos judiciales gratuitos
La Ley de tasas de Estado define las circunstancias en que caben exenciones al pago de las tasas. En un proceso, están exentas del pago de tasas las siguientes actuaciones:
la revisión de un recurso o reclamación para solicitar una retribución o un salario, para establecer la nulidad de la terminación de un contrato laboral, para ser readmitido o para modificar la formulación del fundamento de un despido;
la revisión de un recurso de solicitud de una pensión alimenticia y, en una demanda de alimentos para menores, un requerimiento de pago acelerado;
la revisión de una demanda por daños y perjuicios por condena ilegal, un procesamiento penal ilegal, una detención provisional ilegal u otros casos injustificados de privación de libertad; también la revisión de una demanda por daños y perjuicios a la propiedad originados por la imposición ilegal de una sanción por falta;
la primera expedición de documentos judiciales relacionados con una causa penal;
los trámites para recluir a una persona en un establecimiento cerrado;
la revisión de una demanda de devolución de bienes confiscados o abandonados en conjunción con una represión ilegal y de compensación por daños y perjuicios;
la revisión de un proceso para probar el tiempo de servicio a efectos del derecho a pensión;
la revisión de un recurso en un asunto administrativo;
la revisión de una solicitud de exención del pago de honorarios notariales y la presentación de una reclamación al órgano que entienda del caso;
la revisión de una solicitud de asistencia procesal y la presentación de una reclamación al órgano que entienda del caso;
la revisión de un recurso o querella por daños y perjuicios causados por lesiones corporales o similares o por el fallecimiento del miembro del hogar que aportaba los principales ingresos;
la copia de hasta cinco páginas de documentos procesales en un asunto contencioso-administrativo.
Están exentas de tasas las actuaciones siguientes:
la presentación por un menor de un recurso contra una resolución judicial en un caso en que la ley le otorgue un derecho de recurso independiente;
la demanda interpuesta por el beneficiario de una pensión o subsidio en relación con el pago inexacto o la falta de pago de la pensión o el subsidio;
la presentación por una persona física de una reclamación contra una decisión de un comité electoral;
la presentación por una institución de custodia de una solicitud de retirada de la patria potestad o de nombramiento del tutor de un menor o la presentación de cualquier otra solicitud realizada en defensa de un menor del que sea responsable la institución;
la presentación por las autoridades fiscales de una solicitud de declaración de quiebra o cualquier otra solicitud relacionada con un procedimiento de insolvencia o determinación del importe de los impuestos;
la presentación por una autoridad regional de un recurso conforme a la normativa derivada de la Ley de reforma del suelo para ejecución de los derechos de un acreedor hipotecario en un caso relacionado con una hipoteca establecida en beneficio del Estado;
la presentación a un órgano judicial por un agente judicial de una solicitud relacionada con un mandato de ejecución conforme al Código de procedimientos de ejecución o de un recurso contra una resolución judicial en relación con un procedimiento de ejecución de conformidad con el artículo 599 del Código de enjuiciamiento civil.
El órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo del asunto debe resolver, en la propia sentencia o en resolución separada, sobre el reparto de las costas procesales entre las partes. El tribunal ha de especificar la cuota que ha de pagar cada una de estas, o en su caso, el reparto proporcional entre ellas. Si un tribunal de nivel superior modifica la sentencia o dicta otra nueva sin necesidad de celebrar vista, deberá también modificar, en su caso, el pronunciamiento anterior sobre el reparto de las costas procesales.
Las partes en un procedimiento judicial tienen derecho a solicitar al juzgado de primera instancia que determine las costas procesales en términos monetarios mediante la división proporcional de las costas establecidas en la sentencia. Pueden hacerlo en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surta efectos la decisión judicial sobre el reparto de costas. La petición debe ir acompañada de una lista de las costas procesales, en la que se indique igualmente el desglose de las mismas. El tribunal puede fijar un plazo para que las partes en el procedimiento faciliten más información sobre las costas procesales que deban reembolsarse o pedirles que presenten documentos que justifiquen dichas costas. El tribunal trasladará de inmediato la petición, la lista de costas y los justificantes a la parte contraria.
La parte contraria puede presentar objeciones dentro del plazo fijado por el tribunal tras la presentación de la petición. El plazo de respuesta no puede ser inferior a siete días. La concesión de asistencia jurídica gratuita no excluye ni limita la obligación de su beneficiario de reembolsar, en virtud de una decisión del tribunal, las costas de la parte contraria. La parte perdedora tendrá que pagar la totalidad de las costas procesales aunque esté exenta de tal obligación o se le haya reconocido el beneficio de la asistencia jurídica gratuita en relación con ellas.
Al resolver sobre la acción ejercida, el tribunal ordena al demandado pagar una parte de las costas procesales de las que el demandante haya sido declarado exento o cuyo pago se le haya autorizado a efectuar a plazos. Esta cantidad debe pagarse al Tesoro Público, en proporción a la parte de la acción que haya sido estimada.
Salvo decisión en contrario del tribunal, las costas esenciales para el proceso deben ser pagadas, en la cuantía que disponga el tribunal, por quien haya formulado la solicitud causante de las mismas. Si ambas partes han solicitado la intervención de peritos o si es el tribunal quien ha solicitado sus servicios, las costas se reparten entre ellas por igual.
Las retribuciones de los peritos se les abonan una vez concluido su trabajo. Se permite el pago por tarifa horaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos reglamentariamente. Las retribuciones de los peritos pueden ser entre 10 y 40 veces mayores que el salario mínimo por hora establecido por ley. Al determinar las retribuciones por hora, el tribunal debe tener en cuenta:
todos los gastos inevitables a que haya hecho frente;
También deben reembolsarse los gastos correspondientes a la preparación y redacción del peritaje, incluidos los gastos en personal auxiliar y materiales, y los medios utilizados para la investigación, así como cualquier gasto necesario incurrido como consecuencia del procedimiento judicial, en particular los de alojamiento y manutención.
El importe de los honorarios de los peritos y de los demás gastos que hayan corrido a su cargo se determina mediante resolución del tribunal que haya solicitado sus servicios.
Las peritos solo reciben una retribución previa solicitud. Una vez que el perito haya concluido su trabajo, el tribunal ha de pagarle sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.
Los honorarios de los peritos y los gastos relacionados con las actuaciones periciales de un instituto público forense forman parte de las costas procesales y han de ser reembolsados por la parte perdedora de la misma forma que las costas procesales.
Honorarios de los traductores e intérpretes
Los honorarios de los intérpretes que no pertenezcan a la plantilla judicial e intervengan en procesos judiciales pueden variar entre 2 y 40 veces el salario mínimo legal por hora. Los honorarios de los traductores por la traducción escrita se calculan por página y pueden llegar a ser hasta 20 veces el salario mínimo por hora.
Los honorarios de los traductores o intérpretes y las costas reembolsadas se determinan por resolución del tribunal que haya solicitado sus servicios.
Las retribuciones de los intérpretes y traductores solo se abonan previa solicitud. El tribunal ha de pagarles sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.
Las retribuciones de los intérpretes y traductores forman parte de las costas procesales y deben ser reembolsadas por la parte perdedora a la parte ganadora de la misma manera que el resto de las costas procesales.