Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90305
Timestamp: 2019-12-13 06:28:51
Document Index: 186928127

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 422', 'artículo 422', 'artículo 421', 'artículo 410', 'artículo 422', 'artículo 422', 'Artículo 422', 'artículo 410', 'artículo 410', 'Artículo 422', 'artículo 71', 'ARTÍCULO 422', 'artículo 422']

Gaceta: LXIV/1SPO-95/90305
INICIATIVA QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recorriendo los sucesivos, conforme a la siguiente:
El nuevo Sistema de Justicia Penal introducido en nuestro marco jurídico en 2008, estableció la transición del Sistema de Justicia Penal Mixto- Inquisitivo a un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y, entre otras aspectos, contempla nuevas figuras jurídicas, mecanismos procesales, así como procedimientos especiales.
Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 05 de marzo de 2014, de acuerdo con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se establecieron las normas por observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, tanto en el fuero federal como el fuero local, homologándose así el procedimiento de justicia penal a nivel nacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos , establecen en sus artículos 26 y 10, respectivamente, las siguientes obligaciones:
En el ámbito nacional, el 17 de junio de 2016 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las que destaca el procedimiento para personas jurídicas previsto en el citado código procesal, el cual contempla un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también conocidas como personas morales.
Concretamente, en el artículo 421 se dispuso que las personas jurídicas podrán ser sujetas de responsabilidad penal por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.
Es de destacar para los fines de la presente iniciativa que, de acuerdo con el referido artículo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue en los casos de transformación, escisión o fusión, así como tampoco cuando exista una “disolución aparente”, pero continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores o empleados, en cuyos casos el traslado de la pena se determina en atención a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable del delito.
De la misma forma, el numeral 422 del Código Penal Federal establece las sanciones aplicables a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia, en virtud de su participación en los hechos que la ley considera como delitos, que pueden ser: a) Sanción pecuniaria o multa; b) Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; c) Publicación de la sentencia, y d) Disolución, considerando para ello los criterios previstos en el artículo 410 de del ordenamiento procesal en mención, y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos relacionados en el artículo 422, como son:
La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;
El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;
La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;
El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito;
El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y
El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.
Por su parte, a las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles: 1) Suspensión de sus actividades, 2) Clausura de sus locales o establecimientos, 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, 4) Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público, 5) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o 6) Amonestación pública.
En cuanto hace a la imposición de la sanción relativa a la disolución, adicionalmente el órgano jurisdiccional deberá ponderar que dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos.
De lo expuesto es posible apreciar que respecto al Procedimiento Especial para Personas Jurídicas contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se toman ciertas previsiones sobre las estrategias que pudieran llegar a usar las personas jurídicas con la finalidad de evadir su responsabilidad, indicándose que aun y cuando las personas morales pudieran ser sujetas a transformación, fusión, absorción o escisión, estas situaciones no serán causas de extinción de la responsabilidad penal. A la par, también se establece que la disolución aparente tampoco será causa de extinción de la acción penal.
Por otro lado, hoy en día desgraciadamente las personas morales tienen un rol importante en el desarrollo de múltiples actividades delictivas, de este modo, en la actualidad se hace un uso constante de las personas jurídicas colectivas como organizaciones empresariales o financieras; organismos sin ánimo de lucro; o bien, a través de paraísos fiscales, jurídicos o financieros, como medios móviles para la comisión de ilícitos, con pleno conocimiento de la ilicitud de los actos.
Ahora bien, entre las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, se encuentra la disolución de las mismas; sin embargo, no se puede dejar pasar la cuestión acerca de lo que sucede con el producto de la liquidación que se pueda dar por la sanción impuesta, y el riesgo existente de que éste pueda ser usado nuevamente para la realización de alguna actividad ilícita, similar a los fines que perseguía la extinta.
Asimismo, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita lograr resultados más efectivos y eficaces en las sanciones impuestas en las que se ven involucradas las personas jurídicas y, con ello, avanzar notablemente en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia.
Por ello, se considera necesario adicionar un párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en el caso concreto de la sanción correspondiente a la disolución de una persona moral o jurídica se coloque una barrera al destino que se le pueda dar al producto de la liquidación, para con ello evitar la utilización de los recursos producto de la terminación, para actividades similares por las que fue sancionada dicha persona jurídica.
De igual modo, la relevancia de la propuesta de reforma que se presenta radica en otorgar mayor efectividad a las sanciones ya previstas para personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es la disolución de las mismas.
Así, con esta medida se otorga una herramienta eficaz para que, al imponer el juzgador la sanción de disolución de la persona jurídica, realmente se garantice que se haga cesar la comisión de los delitos, pues al quedar prohibida la utilización del producto de la liquidación que se derive de la disolución, éste no podrá ser destinado para la constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que persiga los mismos fines que tuvo la sociedad disuelta
Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Artículo 422. Consecuencias jurídicas
A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones:
I. Sanción pecuniaria o multa;
II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito;
III. Publicación de la sentencia;
IV. Disolución, o
V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente artículo.
Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes:
a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;
b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;
c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;
d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito;
e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y
f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.
Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá ponderar además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos.
Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:
I. Suspensión de sus actividades;
II. Clausura de sus locales o establecimientos;
III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión;
IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público;
V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o
VI. Amonestación pública.
En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas en este apartado, conforme a lo dispuesto en el presente artículo y a lo previsto en el artículo 410 de este Código.
Artículo 422. …
Asimismo, el producto de la liquidación que se derive de la disolución no podrá ser destinado para la constitución del patrimonio de otra persona jurídica con alguna actividad que persiga los mismos fines que tuvo la sociedad disuelta.
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recorriendo los subsiguientes, para quedar como sigue:
I. … a V. …
a) … a f) …
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2019.
Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ratificada por México el 20 de julio de 2004), Naciones Unidas, Nueva York, 2004, p. 22, consultado en: https://bit.ly/2oN8w5S el 10 de febrero de 2019.
Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (ratificada por México el 04 de marzo de 2003), Naciones Unidas, Nueva York, 2004, p. 11, consultado en: https://bit.ly/1I8XuB6 el 10 de febrero de 2019.