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Timestamp: 2020-04-09 01:21:20
Document Index: 125384253

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'e contrario', 'artículo 28', 'artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 48', 'artículo 27', 'artículo 48', 'artículo 27', 'artículo 48', 'artículo 28']

Anuncio de 27 de julio de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de aprobación del laudo arbitral de interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de transportes de viajeros por carreteras y urbanos de la provincia de Castellón.
FUNDAMENTOS DE LA SOLUCIÓN EN DERECHO
Visto el texto del LAUDO ARBITRAL del Convenio Colectivo de Trabajo nº 1334 para el SECTOR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERAS Y URBANOS de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200645), suscrito con fecha 3 de julio de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90 párrafos 2º y 3º del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
QUE EMITEN LOS ÁRBITROS D. VICENTE SAMPEDRO GUILLAMÓN, D. TOMÁS SALA FRANCO, D. CARLOS LUÍS ALFONSO MELLADO, EN EL CONFLICTO SOMETIDO A SU ARBITRAJE POR LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, LA FEDERACIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE DE CCOOPV (FCT-CCOO-PV) Y LA FEDERACIÓN DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT-PV (TCM-UGT-PV).
En Valencia, a tres de julio de dos mil nueve, tras el análisis del conflicto sometido a arbitraje, hemos procedido a dictar por unanimidad el presente Laudo Arbitral, de conformidad con los siguientes
PRIMERO.- Que, al amparo de lo previsto en el art. 19 del IV ASECLCV de 14 de junio de 2005 (DOGV n º 5057, de 26/07/2005), por escrito de todas las partes antes citadas se solicitó mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana para resolver el bloqueo producido en la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector del Transporte de Viajeros por Carretera de la Provincia de Castellón, relativo a la determinación del incremento salarial para el año 2009 y en concreto a la interpretación del párrafo tercero del artículo 28 del convenio mencionado, en concreto en el aspecto que hace referencia al IPC previsto para el año 2009.
Esta mediación se solicitaba en cumplimiento de lo acordado por la citada Comisión Paritaria que, como consta en el acta de la reunión sostenida por la misma el 20 de mayo de 2009, acordaba someter la citada cuestión a un arbitraje en Derecho del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana.
SEGUNDO.- Que intentada la mediación, según fi gura en el Acta de la reunión celebrada ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, en fecha 28 de mayo de 2009, las partes, en cumplimiento de lo pactado en la reunión de la Comisión Paritaria antes mencionada, llegaron al acuerdo de someterse a un arbitraje de Derecho de quienes firman el presente Laudo, suscribiendo el correspondiente Convenio Arbitral en esa misma fecha y acta y sometiendo a nuestra resolución la cuestión antes aludida en atención a las posiciones que ambas partes establecieron conjuntamente, que consistían, literalmente en "la interpretación del párrafo 3º del artículo 28 del convenio vigente, en concreto el aspecto que hace referencia al IPC previsto para 2009".
TERCERO.- En cumplimiento de los trámites establecidos en el IV ASECLCV, al que se acogieron las partes y por el que se tramita el presente arbitraje, se convocó a las partes para el pasado día 17 de junio de 2009, fecha en la que efectivamente comparecieron ante quienes suscriben, al efecto de que en dicha reunión, mantenida con ellas, expusieran de palabra lo que a sus intereses conviniera y aportaran al expediente la documentación que estimaran oportuno, agotando los turnos de réplica y dúplica.
En dicha reunión, la representación de los trabajadores aludió a existencia de una sentencia de la Audiencia Nacional y diversos laudos dictados en diferentes comunidades, uno de ellos en la Valenciana, en los que se entendía que el IPC previsto para el año 2009 era del 2% y la representación de la empresa alegó la existencia de previsiones distintas, publicadas en el Boletín del Ministerio de Economía y Hacienda y de un Acuerdo del Consejo de Ministros que fijaban, bien el deflactor de inflación, bien previsiones de inflación para 2009, distintas e inferiores al citado 2%, por lo que entendía que no existía una previsión oficial de inflación, manifestando su disposición, como fórmula de solución, a establecer un incremento igual al 1,4% que había sido la evolución real del IPC en 2008, más el 0,8% previsto en el convenio.
Esta propuesta no fue aceptada de contrario, rechazándose también que el arbitraje pudiera producirse en Equidad.
Ambas partes concretaron que el arbitraje se debía ceñir exclusivamente a la determinación de si existía para el año 2009 un IPC previsto o no y, en caso afirmativo, su cuantía.
CUARTO.- El presente laudo cumple las formalidades y se dicta dentro del plazo establecido en el IV ASECLCV y conforme a los condicionantes fijados por las partes.
La cuestión a resolver queda concretada, pues, en determinar si existe para el año 2009 un IPC previsto o no, y en su caso la cuantía del mismo.
PRIMERO.- Para resolver la cuestión es procedente fijar, en primer lugar, una serie de antecedentes de hecho y normativos que parecen claros y que se desprenden de las propias manifestaciones de las partes, de la documentación aportada y de la consulta de los textos legales aplicables.
Así, puede afirmarse lo siguiente:
1º) La Ley de Presupuestos Generales para el año 2009, no contiene de forma expresa una referencia concreta y específica al IPC previsto para el año 2009.
2º) Esta situación no es nueva, sino que viene produciéndose en todas las Leyes de Presupuestos posteriores a la que los aprobó para el año 2002. Por lo tanto, desde el año 2003 no ha existido una previsión expresa recogida en concreto en las Leyes de Presupuestos acerca del IPC previsto.
3º) Pese a lo anterior, es habitual que los convenios colectivos establezcan las tablas salariales, bien de forma definitiva, bien de forma provisional y con revisiones posteriores que se regulan en diferentes formas (revisión al alza y a la baja, sólo al alza, etc.), con arreglo al IPC previsto.
No obstante, no todas las redacciones de los convenios son iguales y, por tanto, en cada caso hay que partir de la literalidad de lo pactado.
En el caso concreto del Sector de Transporte de Viajeros por Carretera de la Provincia de Castellón, es el artículo 28 del convenio vigente en el año 2009, publicado por resolución de 16 de junio de 2008 y suscrito por las partes el 3 de junio de 2008, el que regula la cuestión y en concreto establece en su tercer párrafo:
"El mismo criterio se seguirá para el año 2009, tanto para la aplicación del incremento salarial, IPC previsto más 0,8%, como para la cláusula de revisión, IPC a 31 de diciembre de 2009 más 0,8%". La referencia al mismo criterio se relaciona con el párrafo anterior del mismo artículo en el que se ha pactado el incremento para el año 2008.
4º) El artículo 44.1 y 2 de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2009, Ley 2/2008, de 23 de diciembre, establece un incremento general del 2% en las pensiones de clases pasivas, conforme al artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y un incremento, igualmente del 2%, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
5º) Existe, pues, en la Ley de Presupuestos de 2009 una remisión expresa a los dos preceptos indicados, artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas y artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Pues bien, ambas remisiones son de interés al respecto de lo que se debate en este procedimiento arbitral.
En efecto, el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas literalmente dispone: "1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de la pensión mínima y de los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del índice de precios al consumo previsto para dicho año".
En sentido absolutamente coincidente con lo anterior, el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social establece literalmente: "1. Las pensiones reconocidas por jubilación o por invalidez permanente, en su modalidad contributiva, cuya base reguladora se hubiera determinado de conformidad con lo establecido en los artículos 162.1 y 140, respectivamente, serán revalorizadas al comienzo de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año".
6º) El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, aprobó el 9 de enero de 2009 (BOE del 10 de enero) el Real Decreto 1/2009, de revalorización y complementos de las pensiones de clases pasivas para el año 2009.
En la introducción del mismo, literalmente se dice: "La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando con carácter general, su revalorización de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) previsto para dicho ejercicio económico...".
La presentación pública de dicho Decreto se hizo mediante una nota de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda, disponible en su página web, en la que en uno de sus párrafos literalmente se decía lo siguiente: "La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 fija, con carácter general, la revalorización de las pensiones para el citado ejercicio económico en un 2 por 100, igual al IPC previsto para ese mismo año...".
7º) Es claro que es imposible en estos momentos conocer la evolución real del IPC del año 2009, si bien bastantes previsiones de diversos organismos la sitúan, desde luego, por debajo del 2%. El propio Gobierno y el Ministerio de Economía y Hacienda han hecho, también, previsiones inferiores a ese 2% al comprobar como los datos que se iban conociendo sobre inflación real se desviaban de ese resultado.
Es también cierto que han existido dudas y discusiones en los interlocutores sociales acerca de si existía o no una previsión oficial de IPC para el año 2009.
Segundo.- Conforme a todo lo anterior puede establecerse una solución acerca de si existe o no previsión de IPC para el año 2009.
En principio, el convenio alude a un concepto indeterminado: IPC previsto.
La determinación de ese concepto debe dar prioridad, sin duda, a lo que pueda desprenderse de las normas legales vigentes que, además, por un elemental principio de jerarquía normativa prevalecerían sobre cualquier otra previsión distinta.
Si se empieza el análisis por ese estudio de las normas legales vigentes, debe concluirse que efectivamente hay una previsión legal de IPC para el año 2009.
Así se desprende de la Ley de Presupuestos para el año 2009 que, cuando establece el incremento de las pensiones públicas, tanto de clases pasivas como de la seguridad social contributiva, concreta un porcentaje, el 2%, pero no como previsión propia o discrecional, sino en aplicación, mediante remisión expresa, de dos preceptos legales en los que se establece que ese incremento se hará conforme al IPC previsto.
No pueden existir dudas al respecto, no sólo por la claridad de los textos legales, sino porque así lo entiende también el propio Gobierno que, cuando desarrolla el precepto en materia de clases pasivas, expresamente afirma en el Real Decreto 1/2009, que el incremento se ha producido acudiendo al IPC previsto y así lo confirma, también expresamente, la nota de prensa que difunde el Ministerio de Economía y Hacienda presentando la citada norma.
Se podría aludir a otras referencias en la Ley de Presupuestos que generalmente se han asociado, también, al IPC previsto, como la subida salarial establecida para los empleados públicos, o el incremento del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), pero las mismas no gozan del respaldo normativo claro con que cuentan las otras que aquí se han citado.
No puede, pues, existir dudas de que hay una previsión de IPC que cuenta con respaldo del legislador, del Gobierno e incluso que se asume inicialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Esa previsión no es otra que la de un 2%.
TERCERO.- Al dato normativo, claro de por sí, se añade la propia conducta habitual de los negociadores de los convenios en los años precedentes, que ha sido habitualmente la de aceptar como IPC previsto el que se desprendía de las leyes presupuestarias.
No ha cambiado la situación normativa. La Ley de Presupuestos para 2009 no es diferente, en esta materia, de la regulación de numerosas leyes presupuestarias precedentes y en ellas era práctica habitual de los negociadores aceptar como IPC previsto el que anteriormente se ha indicado, pese a que el IPC real se desviaba habitualmente del previsto.
Precisamente esa realidad es la que motivó las cláusulas de revisión salarial que en cada convenio se han pactado de una manera distinta y que pretendían ajustar, más o menos, el incremento producido en atención al IPC previsto al IPC real que posteriormente se comprobaba.
Esas cláusulas no son objeto de este arbitraje y además son complejas de interpretar pues en cada convenio presentan perfiles distintos, pero evidencian la realidad de que las partes siempre han conocido y podido buscar soluciones para el caso, harto frecuente, de que el IPC previsto no se ajustase al real, si bien hasta ahora la desviación normal hacía que este último fuese superior al previsto.
No existen, pues, razones jurídicas que sustenten una solución contraria a lo que claramente se desprende de las normas vigentes.
Todo lo anterior conduce a entender que ciertamente existía una previsión de IPC del 2% para el año 2009.
Así se ha entendido igualmente ya en diversos laudos a los que se hizo referencia con anterioridad y en sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, como la de 21 de mayo de 2009, si bien es cierto que hay alguna otra sentencia de órganos diferentes que ha entendido lo contrario.
"Debemos resolver el conflicto que nos ha sido sometido entendiendo que, a los efectos del párrafo tercero del artículo 28 del Convenio Colectivo de trabajo para las empresas de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de la Provincia de Castellón, en el año 2009 existe un IPC previsto del dos por cien (2%)".