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Timestamp: 2020-08-06 10:12:29
Document Index: 413351269

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 24']

Vigencia desde 25 de Junio de 2003. Revisión vigente desde 25 de Junio de 2003 hasta 22 de Abril de 2018
CAPÍTULO III. Tributación de las distintas clases de rentas
Artículo 21 Otras rentas no expresamente mencionadas
CAPÍTULO IV. Impuestos sobre el Patrimonio
Artículo 27 Asistencia a la recaudación
BOE 22 Abril 2004. Corrección de errores Convenio entre España-Bélgica, hecho en Bruselas, 14 Jun. 1995 (para evitar doble imposición y prevenir evasión y fraude fiscal en impuestos de renta y patrimonio)
BOE 10 Diciembre 2003. Corrección de erratas Convenio entre España-Bélgica 14 Jun. 1995, hecho en Bruselas (para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Instrumento de ratificación)
Apartado 2.º de la letra h) del número 1 del artículo 3 modificado conforme establece el artículo I del Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en Madrid el 15 de abril de 2014 («B.O.E.» 2 agosto 2018).
Número 1 del artículo 26 modificado conforme establece el artículo II del Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en Madrid el 15 de abril de 2014 («B.O.E.» 2 agosto 2018).
Protocolo 2 Dic. 2009, hecho en Bruselas (modifica Convenio entre España y Bélgica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre renta y patrimonio y el Protocolo,Bruselas el 14 Jun. 1995)
Artículo 26 modificado conforme establece el artículo I del Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Acta Adicional firmada en Madrid el 22 de junio de 2000, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009 («B.O.E.» 23 mayo 2018).
Véase el artículo I del Acta adicional que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995 («B.O.E.» 4 julio 2003, corrección de errores «B.O.E.» 22 abril 2004), que da nueva redacción al artículo 29 del citado Convenio.
Convenio España-Bélgica 14 junio 1995 rectificado por Corrección de erratas («B.O.E.» 10 diciembre 2003). Convenio Internacional España-Bélgica 14 junio 1995 rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 22 abril 2004).
a dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
1.º El término «España» significa el Reino de España; utilizado en sentido geográfico, designa el territorio del Reino de España, incluyendo el mar territorial, así como las zonas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, España puede ejercer jurisdicción o derechos de soberanía.
2.º El término «Bélgica» designa el Reino de Bélgica empleado en un sentido geográfico, designa el territorio del Reino de Bélgica incluyendo el mar territorial, así como las zonas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, Bélgica puede ejercer jurisdicción o derechos de soberanía.
b) Las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Bélgica, según el contexto;
f) La expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotada únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
1.º Toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante; y
2.º Toda persona jurídica, asociación o entidad constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
1.º En el caso de España, el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado; y
2.º En el caso de Bélgica, el Director General de impuestos directos.
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por las rentas que obtengan procedentes de fuentes situadas en él o por el patrimonio que posean en el mismo.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona --distinta de un agente que goce de un estatuto independiente, al que será de aplicación el párrafo 6-- actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que le faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de todas las actividades que dicha persona realice por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar como establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado --y someta, en consecuencia, a imposición-- los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre dos empresas independientes, ese otro Estado procederá, si lo estima conveniente, al ajuste que juzgue apropiado del montante del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar este ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio, consultándose las autoridades competentes de los Estados contratantes en caso necesario.
a) Sin embargo, tales dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por 100 del importe bruto de los dividendos.
3. El término «dividendos» empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas --incluso las satisfechas en forma de intereses-- sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad que las satisface.
4. El término «intereses» empleado en el presente artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular las rentas de fondos públicos y de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen fiscal que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación del Estado contratante del que las rentas procedan. Sin embargo, el término no comprende, en el sentido del presente artículo, las penalizaciones por mora en el pago, ni los intereses considerados como dividendos.
6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el deudor es el propio Estado o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y soporten la carga de los mismos, los intereses se considerarán procedentes del Estado contratante donde están situados el establecimiento permanente o la base fija.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden también someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y conforme a la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por 100 del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas o cintas grabadas para radio y televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y por el suministro de informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
5. Los cánones se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el deudor es el propio Estado o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de los cánones y soporten la carga de los mismos, los cánones se considerarán procedentes del Estado donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
4. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotadas en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques, o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
5. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2, las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, participaciones u otros derechos que constituyan una participación sustancial en una sociedad que sea residente de un Estado contratante, pueden ser sometidos a imposición en ese Estado. Se considera que existe una participación sustancial cuando el transmitente solo, con personas asociadas o emparentadas, hayan detentado directa o indirectamente, en cualquier momento en el curso de cinco años precedentes a la transmisión las acciones, participaciones u otros derechos que en conjunto otorga el derecho de, al menos, el 25 por 100 de los beneficios de la sociedad o representen, al menos, el 25 por 100 del capital de esta sociedad.
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce en ese otro Estado, las remuneraciones percibidas por tal concepto pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las remuneraciones que una persona de las mencionadas en el párrafo 1 recibe de la sociedad debido al ejercicio de una actividad cotidiana de dirección o de carácter técnico así como las remuneraciones que un residente de un Estado contratante obtenga de su actividad personal en tanto que socio de una sociedad, distinta de una sociedad por acciones, que sea residente del otro Estado contratante están sujetas a imposición conforme a las disposiciones del artículo 15, como si se tratase de las remuneraciones que un empleado obtiene de un empleo asalariado y el empleador fuese la sociedad.
a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
1. Una persona física que sea o haya sido, inmediatamente antes de su llegada a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante, y que, por invitación del Gobierno del primer Estado, de una universidad, u otra institución de enseñanza superior o de investigación, situada y oficialmente reconocida en el primer Estado, permanezca en ese Estado con la finalidad exclusiva de ejercer la enseñanza o la investigación, o ambas, sólo puede estar sometido a imposición en el otro Estado contratante por lo que respecta a las remuneraciones que perciba por dichas actividades durante un período que no exceda de dos años desde la fecha de su primera llegada a ese Estado.
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que posea un residente de un Estado contratante y que estén situados en el otro Estado contratante.
c) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente en España o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.
d) Cuando conforme a la legislación belga las pérdidas sufridas por una sociedad explotada por un residente de Bélgica en un establecimiento permanente situado en España hayan sido efectivamente deducidas de los beneficios de esta sociedad a efectos de su imposición en Bélgica, la exención prevista en el apartado a) no se aplicará en Bélgica a los beneficios de otros períodos impositivos imputables a este establecimiento, en la medida en que estos beneficios hayan estado también exentos de impuestos en España por su compensación con dichas pérdidas.
e) Para la aplicación del apartado b) precedente, los intereses correspondientes a los empréstitos emitidos y a los préstamos concedidos antes del 1 de enero de 1992 y que se benefician de una reducción del impuesto español en virtud del artículo 1 del Decreto Ley de 19 de Octubre de 1961, tal y como ha sido modificado posteriormente y que permite reducciones de ciertos impuestos aplicables a los empréstitos emitidos por empresas españolas y a los préstamos concedidos por organismos financieros extranjeros para financiar nuevas inversiones, se consideran que han soportado un impuesto del 10 por ciento hasta el vencimiento inicialmente convenido de estos empréstitos o préstamos, pero como máximo durante dos períodos impositivos a partir del primera período impositivo en el cual el convenio surte sus efectos conforme a las disposiciones del artículo 29 párrafo 2 b).
1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular en lo que se refiere a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o la aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. Cuando se considere que tal acuerdo puede facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista podrá tener lugar en el seno de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.
2. A petición del Estado requirente, el Estado requerido procederá a la notificación y a la recaudación de la deuda tributaria de dicho Estado siguiendo la legislación y la práctica administrativa aplicables a la notificación y a la recaudación de sus propias deudas tributarias, a menos que el Convenio lo disponga de otra manera.
b) una copia oficial del título que permita la ejecución en el Estado requirente;
7. Los actos de recaudación realizados por el Estado requerido como consecuencia de una demanda de asistencia y que según la legislación de este Estado, pudieran tener por objeto la suspensión o interrupción del plazo de prescripción tiene el mismo efecto con respecto a la legislación del Estado requirente. El Estado requerido informará al Estado requirente de las medidas tomadas a este fin.
12. En lo referente a las deudas tributarias de un Estado contratante que sean objeto de recurso o sean todavía susceptibles de recurso, la autoridad competente de ese Estado podrá, para salvaguardar sus derechos, pedir a la autoridad competente del otro Estado contratante que adopte las medidas cautelares previstas por la legislación de éste. Las disposiciones de los párrafos precedentes son aplicables «mutatis mutandis» a estas medidas.
Hecho en doble ejemplar en Bruselas
el 14 del 6 de 1995,
en las lenguas española, francesa y neerlandesa, siendo los tres textos igualmente auténticos.
Se entiende que el término «dividendos» comprende los beneficios de liquidación de una sociedad.
a) Se entiende que el término «cánones» comprende las remuneraciones pagadas por la utilización o la concesión de uso de un programa de ordenador.
a) A los Estados contratantes de aplicar las disposiciones de su derecho interno concerniente a la subcapitalización;
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios abajo firmantes firman y sellan el presente Protocolo. Hecho en doble ejemplar
a cuatro de marzo de dos mil tres.
deseando concluir un Acta adicional que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995 (en adelante «el Convenio»)
«1. El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Madrid lo antes posible.
a) a los impuestos debidos en la fuente sobre las rentas devengadas o puestas al cobro a partir del día 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigor del Convenio;
3. Las disposiciones del Convenio entre España y Bélgica a fin de evitar la doble imposición y de regular ciertas cuestiones en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y del Protocolo adicional firmados en Bruselas el 24 de septiembre de 1970, dejarán de aplicarse a todo impuesto español o belga respecto del cual el presente Convenio y el Protocolo anexo surtan efectos conforme a las disposiciones del párrafo 2.»
«1. La presente Acta Adicional será ratificada y los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Madrid lo antes posible junto con los instrumentos de ratificación del Convenio.
2. El Acta Adicional entrará en vigor el decimoquinto día a partir del intercambio de los instrumentos de ratificación.»
el 22 de Junio de 2000,
por duplicado, en las lenguas española, francesa y neerlandesa, haciendo fe los tres textos igualmente.
18 de junio de 2003.--