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Timestamp: 2020-05-30 23:37:13
Document Index: 149749315

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 322', 'artículo 175', 'artículo 1329', 'artículo 1338', 'artículo 169', 'artículo 276', 'artículo 200', 'artículo 290', 'artículo 267', 'artículo 171', 'artículo 222', 'artículo 9', 'artículo 12']

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La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos de los que se es titular. Toda persona, por el hecho del nacimiento tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de obrar, la cual dependerá de la situación personal de cada uno.
¿Qué caracteriza a la capacidad de obrar?
¿Puede modularse la capacidad de obrar?
¿Afecta el estado civil a la capacidad de obrar?
¿Cómo se ha pronunciado la Jurisprudencia?
Para la definición y, debida comprensión de la capacidad de obrar, se hace preciso contraponer dichos términos a la capacidad jurídica.
Por capacidad jurídica se entiende la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. El concepto de capacidad jurídica es coincidente con el de personalidad; y de este modo, toda persona, por el hecho del nacimiento con los requisitos previstos en el artículo 30 del Código Civil, tendrá capacidad jurídica.
Por el contrario, por capacidad de obrar se entiende la aptitud para el ejercicio de los derechos de los que se es titular; capacidad de obrar que no tiene toda persona, sino que dependerá de la situación personal de cada uno.
Partiendo de lo anterior, se podría definir la capacidad de obrar como "la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos".
a) Como característica esencial del concepto de capacidad de obrar se entiende la de que ni toda persona tiene capacidad de obrar, ni todas aquellas que tienen dicha aptitud, la tienen en el mismo grado o intensidad. De esta forma, se pueden distinguir distintos grados de capacidad de obrar que corresponden al estado civil y que se encuentran íntimamente ligados con la edad, la incapacitación y la nacionalidad y vecindad civil.
b) Presunción de que la capacidad de obrar es plena para todas las personas; por lo que la falta o la limitación de la capacidad de obrar ha de probarse o acreditarse debidamente.
Los grados de la capacidad de obrar, basados o fundamentados esencialmente en las condiciones naturales del sujeto, pueden ser clasificados en:
Es el grado de capacidad más pleno o amplio o sin limitaciones. De conformidad con el artículo 322 del Código Civil, se encuentra en dicho grado, la persona mayor de edad, y así dispone el mismo:
"El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código".
No obstante, y pese a la presunción general de capacidad de los mayores de edad para todos los actos de la vida civil, esta presunción se encuentra sujeta a excepciones, en las que previamente a la realización de un acto, se requiere la comprobación de la capacidad natural de la persona para prestar válidamente el consentimiento.
Asimismo y, para determinados supuestos, no es requisito único de plena capacidad la mayoría de edad, sino que se requeriría para la validez y plena eficacia del acto o negocio jurídico, un plus, como es el caso de la adopción, en el cual no sólo se requiere que el adoptante sea mayor de edad, sino que además se precisa que tenga al menos la edad de veinticinco años (artículo 175 del Código Civil).
Como contraposición al grado superior de capacidad plena, se halla el grado inferior o incapacidad. En este caso la persona carece absolutamente de aptitud para el ejercicio de derechos subjetivo y deberes jurídicos, por lo que precisa de un representante legal, que ejercita los derechos y deberes de los cuales si es titular.
La capacidad restringida es el grado intermedio de la capacidad. Dicha capacidad, requiere de un complemento de la misma para determinados y específicos actos o negocios jurídicos, denominado, bien consentimiento, bien autorización o asentimiento. En este tipo de capacidad se encuentran tanto los menores emancipados, como los pródigos y el incapacitado parcial, así como un caso muy especial, como es, el del menor que va a contraer matrimonio en cuanto al otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, artículo 1329 del Código Civil, o para el caso de las donaciones, según el artículo 1338 del mismo texto legal.
Supuestos de capacidad restringida:
a) Emancipación. Produce produce la extinción de la patria potestad (artículo 169.2 del Código Civil) y de la tutela (artículo 276.4 del Código Civil), comenzando desde dicho momento una capacidad restringida, esto es, una capacidad plena para la mayoría de los actos y negocios jurídicos, precisando para algunos de los actos un complemento de capacidad, que será otorgado bien por los padres que ejercían la patria potestad, o a falta de éstos, por el curador.
Destacable, como supuesto de capacidad restringida, lo constituye el menor, que no emancipado va a contraer matrimonio, el cual siendo incapaz, como menor de edad que es, no obstante tiene capacidad restringida para el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales o para hacer donaciones por razón de su matrimonio, ahora bien para dichos actos requerirá de complemento de capacidad, ofrecido bien por los padres bien por el tutor.
b) Prodigalidad. La persona declarada pródiga, e incapacitada parcialmente, tendrá capacidad restringida, requiriendo para todos aquellos actos y negocios jurídicos relacionados en la sentencia de prodigalidad, de complemento de capacidad, que en todo caso será otorgado por el curador.
c) Incapacitado parcial, según el artículo 200 del Código Civil, esto es, por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. En este supuesto la sentencia que declare la incapacidad parcial de la persona, fijará taxativamente todos los actos y negocios jurídicos para los cuales precisará de complemento de capacidad, bien otorgado dicho complemento por tutor o curador. Para el caso de que la sentencia de incapacitación no enumerase los actos y negocios jurídicos que requieren de complemento de capacidad, se entenderá que son todos aquellos en que los tutores necesitan de autorización judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Código Civil.
Este grado es el grado más especial de la capacidad de obrar, en cuanto que no tiene una extensión concreta y determinada, sino que dependerá de cada caso específico, y habrá de fijarlo expresamente la sentencia que declara la incapacitación.
El declarado incapacitado quedará bajo la representación legal bien del tutor (artículo 267 del Código Civil), bien de los padres, a los cuales se les prorrogará o rehabilitará la patria potestad, según el artículo 171 del Código Civil).
Directa e íntimamente relacionado con la capacidad de obrar, se encuentra el estado civil, entendido éste como conjunto de situaciones, de especial carácter, permanencia y relevancia o de cualidades por estar en cada una de estas situaciones, que tiene cada persona.
El estado civil podrá tanto determinar la capacidad de obrar de la persona, así en los casos de la mayoría de edad o la incapacitación, como también un conjunto de derechos y deberes, como es el caso de la nacionalidad.
a) - Personalidad, en cuanto que atributo de la persona.
b) - Carácter de orden público, ya que todas las normas que regulan el estado civil son imperativas.
c) - Eficacia erga omnes. Según lo contenido en el artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen eficacia y validez frente a todos.
Clases de estados civiles:
a) La edad y la incapacitación, que determinan los grados de la capacidad de obrar.
b) El matrimonio, cuyo estado de soltero, casado, divorciado o viudo determinan derechos y deberes especiales.
c) La filiación, en este caso con derechos especiales, pero sin que quepa hacer diferencias entre la matrimonial, extramatrimonial y adoptiva.
d) La nacionalidad y vecindad civil, estados civiles que determinarán la legislación aplicable, vía artículo 9.1 y 14.1 del Código Civil.
En cuanto a la prueba de estado civil, ésta se encuentra en las inscripciones y anotaciones efectuadas en el Registro Civil, y atinentes al estado civil. A falta de dicho medio, se acudirá a la denominada "posesión de estado", entendida ésta como el reconocimiento del estado civil a quien de modo habitual, notorio y público lo viene empleando.
La Fiscalía del Tribunal Supremo interpretó, en informe elevado a la Sala Primera del Alto Tribunal que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de agosto de 2006, incide de lleno en el proceso especial de «capacidad de las personas», fundamentalmente en la incorporación del «modelo de apoyos», que se enfrenta directamente al sistema de tutela tradicional .
En concreto la Fiscalía, y también previamente algún sector doctrinal, se basaba en el artículo 12 de Convención que dice: Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona , lo que a su juicio comportaba una mutación radical del régimen previsto por el Código Civil.
No tiene, sin embargo, en cuenta que en no pocas ocasiones, la persona carece por completo de capacidad de obrar en uno, alguno o todos los ámbitos de la vida, o bien, el déficit de capacidad de obrar en uno, varios o todos los ámbitos de la vida es tan marcado que no es suficiente ese mero complemento, sino que hay que suplir la capacidad de la que naturalmente carece para una adecuada protección de sus derechos, de modo que pueda actuar en la vida jurídica en igualdad de condiciones con las personas que, por naturaleza, tienen plena capacidad de obrar. Así pues, frente a lo que sostiene mediante la incapacitación se otorga el estado civil correspondiente a su estado natural supliendo la deficiencia que le sitúa en o inferioridad respecto a los demás confiriéndole los medios e instrumentos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos, y ello valorando en el caso la intensidad con la que se manifiesta en la persona el estadio de la enfermedad, las condiciones personales y el grado de afectación.
Este es el criterio que sostiene el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la STS 282/2009 de 29/4/2009, rec. 1259/2006, en la que señala en relación a las instituciones de protección fundamental:
"Queda acreditado en la prueba practicada que Dª Victoria está afectada por una incapacidad total y permanente que limita funcionalmente la capacidad para regir su persona y administrar sus bienes. Tal como se ha argumentado en los anteriores fundamentos, la incapacitación, con el consiguiente nombramiento de tutor, es una medida de protección para quienes no pueden autogobernarse y por tanto, se toma en su beneficio y no en el de familiares o de otras personas del entorno. En consecuencia, no es posible someter a una persona que sufre las limitaciones que quedan probadas en el presente procedimiento a una medida cautelar como es la curatela, que es una institución de guarda de la persona a la que se nombra un asistente en atención a su grado de discernimiento, para que pueda realizar determinados tipos de actos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 289 del Código Civil; la curatela es un órgano estable, pero de actuación intermitente que se caracteriza porque la función no consiste en la representación de quien está sometido a ella, sino completar la capacidad de quien la posee, pero necesita un plus para la realización de determinados actos. La diferencia se encuentra entonces en que el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de protección es la representación, mientras que el sometido a curatela es capaz, pero requiere de un complemento de capacidad. Los argumentos de los recurrentes se enfrentan con las pruebas realizadas en el procedimiento que determinaron la falta de capacidad de la ahora recurrente, de modo que la medida de protección adecuada es el nombramiento de tutor. Y como se ha afirmado antes, no se trata de medidas discriminatorias, sino que se deben tomar para adaptar la medida de protección a la situación de la persona, ya que sólo en los casos de falta de capacidad deberá tomarse la medida más drástica, que implica representación".
Así pues, el denominado modelo de sustitución o apoyo en la toma de decisiones -tutor o curador- es necesario para la protección del incapacitado.
• La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos de los que se es titular.
• Se presume que todos los mayores de edad tienen plena capacidad de obrar, por lo que su falta o limitación habrá de ser probada.
• Los incapaces carecen absolutamente de esta aptitud, por lo que necesitan de un representante legal.
• No obstante, la incapacidad puede ser restringida parcialmente, requiriendo un complemento para determinados actos o negocios jurídicos.