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Timestamp: 2018-09-23 12:15:33
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Junta de Portavoces. - Página 4
Tema: Re: Junta de Portavoces. Jue Jul 07, 2011 11:27 pm
Proposición de Ley por la que se actualiza la denominación oficial de las tres provincias de la CAV
El Estatuto de Gernika recoge de forma clara y concreta que la toponimia a emplear, será la propia de cada lengua del territorio. Por ello, y por avanzar en la simplicidad y claridad de la denominación de las mismas, además de por cumplir con la realidad social, que se da en el uso extensivo de la denominación de los territorios forales en la lengua propia de Euskadi, corresponde a las Cortes ahora modificar la denominación de las tres provincias que forman la CAV.
El territorio histórico que se denomina hasta ahora Álava, pasará a denominarse Araba.
El territorio histórico que se denomina hasta ahora Vizcaya, pasará a denominarse Bizkaia.
El territorio histórico que se denomina hasta ahora Guipuzcoa, pasará a denominarse Gipuzkoa.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Miér Jul 20, 2011 6:32 pm
Proyecto de Ley de Símbolos.
España es la Nación más antigua de Europa. Ello ha permitido a nuestra Nación gozar de una Historia, de una tradición y de unas costumbres ampliamente reconocidas a escala planetaria. La bandera de España, que simboliza la sangre derramada bajo el Sol; el escudo de nuestra Patria como expresión del pluralismo inherente a la misma; el idioma español, como lengua de Cervantes y tantos otros ilustres autores que han llevado nuestra lengua común a todos los continentes; la figura de Don Felipe VI como representante máximo de la Corona y una monarquía que ha ido unida casi permanentemente a la Historia de nuestro país, son algunos de los rasgos que caracterizan España en sí misma y así son reconocidos en todas las esferas posibles.
Acontecimientos recientes exigen una reforma de la llamada Ley de Banderas y un mayor desarrollo legislativo en determinados aspectos relacionados con la simbología de España. Con el fin de evitar interpretaciones extremistas de textos legales manifiestamente claros en los que el espíritu el legislador es evidente, el Consejo de Ministros ha procedido a elevar a norma con rango de Ley determinados preceptos relacionados con el uso de los retratos de Su Majestad El Rey Don Felipe VI, así como a la adición de nuevos artículos a una Ley de Banderas que no verá derogados ninguno de los preceptos que la componen. Así, la presente Ley fomenta de manera incuestionable el espíritu nacional y de concordia que también es característico de España desde la Transición Democrática.
TÍTULO I. Los Símbolos de la Nación.
Son símbolos de España, entre otros:
. El idioma español, como lengua común a todos los españoles e internacionalmente reconocida.
. Las Cortes Generales, como expresión máxima de la democracia y la soberanía nacional.
. La Constitución, como norma suprema garante del régimen de libertades que habitamos.
. La bandera de la Nación, formada por dos franjas rojas y una central amarilla de igual anchura que las dos franjas rojas.
. El escudo del país, que podrá integrarse en la bandera nacional, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Banderas.
. Las banderas propias de cada Comunidad Autónoma, como expresión del pluralismo recogido en la Constitución.
. La Corona, como símbolo de unidad y permanencia de España.
TÍTULO II. De la Reforma de la Ley de Banderas.
Se añade el artículo 4 bis a la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas, con la siguiente redacción:
Todas las Comunidades Autónomas deberán lucir, en las instituciones dependientes de los Gobiernos autonómicos, la bandera de España en lugar de preferencia y honor. En el caso de que junto a la bandera de España ondeasen la de la propia Comunidad y una tercera, la española se colocará en el centro y tendrá mayor tamaño que las restantes. Si el número de banderas es par, la colocación se realizará en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas.
Se añade el artículo 10.5 a la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas, con la siguiente redacción:
5. Específicamente, se considerará ultraje a la bandera de España la exhibición en sede pública de cualquier bandera de España que no sea la compuesta en los términos expresados en la Constitución y en la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas. También la sustitución en sede pública de la bandera de la España constitucional por cualquier otra bandera de España.
Se añade el artículo 11 a la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas, con la siguiente redacción:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la presente Ley, ninguna institución pública podrá exhibir otra bandera de España que no sea la compuesta en los términos expresados en la Constitución y en la Ley 39/1981, de 28 de Octubre, por la que se Regula el Uso de la Bandera de España y el de Otras Banderas y Enseñas. El Gobierno de España podrá corregir las infracciones de lo establecido en esta Ley de acuerdo con lo dispuesto el artículo 9.
TÍTULO III. Del Uso de los Retratos de Su Majestad El Rey.
Los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o cualesquiera otras corporaciones locales deberán celebrar sus sesiones plenarias con la efigie de Su Majestad El Rey ubicada en un lugar preferente y de honor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Todos los edificios públicos dependientes de los Gobiernos autonómicos, incluida la sede de dichos Gobiernos, deberán disponer de la efigie de Su Majestad El Rey colocada en un lugar de preferencia y honor. Las que no lo tuvieren en el momento de publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado dispondrán de un plazo de quince días a partir del día siguiente a la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado.
Se habilita al Gobierno a elaborar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo pleno de la presente Ley y a realizar cuantas acciones fueran necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente norma.
Quedarán derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan a la presente Ley.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Miér Jul 20, 2011 10:00 pm
Ana Cueto, Presidenta del Parlamento de Cantabria, al amparo del Reglamento vigente, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, para su debate en Pleno, relativa a “La propuesta de consulta sobre el modelo de estado”. La cuál la defenderá la misma persona que la ha defendido en el propio Parlamento de Cantabria y la ha llevado allí a debate, el señor Luis Alcázar, Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en el Parlamento de Cantabria.
En el Parlamento de Cantabria se ha aprobado esta moción por mayoría simple, es por ello, y siguiendo la legalidad vigente que remitimos esta propuesta apoyada por el Parlamento de Cantabria al debate del Congreso de los Diputados y su posterior votación.
Las manifestaciones que tras la muerte del anterior jefe del estado están recorriendo lo largo y ancho de España son muestra inequivoca de que algo está cambiando en la sociedad española. A nadie se le escapa que España es la ultima monarquía del Mediterraneo y el sentimiento de desapego con esa institución ha sido alto, pero sin embargo los acontecimientos acaecidos en los últimos días supone un punto de inflexión que debe abrir un periodo de reflexion importante donde se revise la actual estructura constitucional, incluyendo la figura del jefe del estado . Por todo ello:
1. El Parlamento de Cantabria, insta al Gobierno de España a la apertura del proceso para una consulta no vinculante relativa al modelo de estado y la jefatura del estado.
2. El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a trasladar la presente moción al Congreso de los Diputados.
Fdo.: Ana Cueto
Tema: Re: Junta de Portavoces. Miér Jul 27, 2011 7:31 pm
Proyecto de Ley de Medidas de Reforma del Mercado de Trabajo.
La crisis económica ha tenido unos efectos devastadores en España en no pocas materias. En particular, en materia de empleo, la crisis ha provocado la destrucción en masa de millones de puestos de trabajo, lo que ha conllevado el cierre de cientos de miles de empresas (en su mayoría, PYMES) y la ruina económica para centenares de miles de familias. La crisis ha provocado que los niveles de emigración e inmigración de España se equilibren, cosa que no sucedía desde la época del final del franquismo, porque dada la prosperidad económica de España, pasamos a ser un país de inmigrantes en lugar de un país de emigrantes.
Un desempleo masivo es la piedra angular de la motivación de la presente Ley. La reforma laboral es imprescindible para resolver la crisis. La creación de empleo depende de ella, y todas las medidas que ha adoptado hasta la fecha el actual Ejecutivo no se entenderían sin la Ley de Medidas de Reforma del Mercado de Trabajo. Es inconcebible plantear la creación de puestos de trabajo únicamente rebajando los impuestos o facilitando el crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas y a los emprendedores. Medidas que, en todo caso, orientan la economía en pos del consumo y de la creación de empleo, pero insuficientes si lo que se pretende es rebajar en términos amplios la tasa de paro.
La presente Ley incorpora varias medidas al mercado de trabajo. Las principales, la implantación de una nueva modalidad de contratación, el llamado Contrato Único; el fomento de la contratación indefinida; la introducción al mercado laboral de personas discapacitadas ampliando el límite de plazas de la Administración Pública para este colectivo; el nuevo carácter de contrato inter partes de los convenios y el máximo rango para dichos convenios, entre empresa y trabajadores. Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, el texto emanado del Parlamento dispone que si el trabajador está un máximo de 13 semanas en el paro, tendrá que aceptar cualquier empleo adecuado mientras no le suponga un desplazamiento de más de dos horas desde su domicilio hasta el puesto de trabajo, lo que supone una novedad en el mercado de trabajo español.
TÍTULO I. Medidas para Favorecer el Empleo de las Personas Discapacitadas.
1. Se reservará un 9% de las plazas ofertadas en las Ofertas de Empleo Público a personas con discapacidad. Se entiende por "personas con discapacidad" las así definidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
2. El 5% de las plazas ofertadas para discapacitados corresponderá a personas que presenten una discapacidad psíquica. Las restantes plazas ofertadas lo serán para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
1. Las empresas que contraten de manera temporal a personas con discapacidad, inscritas en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante el ejercicio económico en que se haya producido la contratación.
2. Si la contratación es indefinida, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social será de 1600 euros durante cinco años.
TÍTULO II. El Marco de la Negociación Colectiva.
1. El convenio laboral firmado entre la empresa y sus trabajadores será el convenio de máximo rango. Los convenios nacionales y autonómicos serán inferiores en rango al convenio entre empresa y trabajadores.
1. Los convenios laborales son contratos inter partes.
2. Al vencimiento de un convenio, éste no podrá renovarse salvo que hubiere negociación y acuerdo. Las partes están obligadas a negociar un nuevo convenio o prorrogar la vigencia del anterior en el marco del consenso y el entendimiento en el ámbito laboral.
TÍTULO III. Medidas para Favorecer la Contratación y el Empleo.
1. El trabajador que se encontrare en paro deberá presentar por escrito, de acuerdo con determinados formularios y cada quince días, todas las actuaciones que hubiere llevado a cabo para la consecución de un puesto de trabajo.
2. Los formularios a que se refiere el artículo 5.1 de la presente Ley serán distribuidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a todas las Oficinas de Empleo del territorio nacional.
3. En caso de que el trabajador estuviere un máximo de 13 semanas completas en situación de desempleo y percibiere el correspondiente subsidio, deberá aceptar cualquier empleo válido, siempre que no le suponga un desplazamiento superior a dos horas desde su domicilio hasta su puesto de trabajo.
4. Se entiende por "empleo válido" toda profesión remunerada, con contrato que cotice a la Seguridad Social y no suponga la explotación del ser humano ni un trato degradante hacia la persona.
1. Se crea el Contrato Único, cuya regulación básica se establece en la presente Ley.
2. No podrán acogerse a este contrato:
. Los trabajadores con contrato indefinido.
. Los trabajadores con contrato de interinidad o de obra.
. Los trabajadores con más de tres contratos consecutivos temporales, cuya duración máxima sea de seis meses cada uno. Estos trabajadores pasarán a la categoría de Personal Fijo.
3. El Contrato Único es un documento que suscriben empresario y trabajador cuya duración máxima será de 24 meses. Una vez transcurrido dicho plazo, el contrato será indefinido.
4. Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el contrato avisando a la otra parte con un plazo mínimo de 12 días vista de la fecha en la que se pretende hacer efectiva la rescisión, si el contrato está todavía en su fase temporal, sin perjuicio de rescindir el contrato de mutuo acuerdo entre las partes.
5. Si el trabajador viera rescindido su contrato por el empresario, tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario.
6. Si el contrato es ya indefinido, podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mientras una avise a la otra con un plazo mínimo de 15 días vista de la fecha en la que se pretende hacer efectiva la rescisión, sin perjuicio de la rescisión mutua.
7. En caso de que el empresario sea el que rescinda el contrato del trabajador, este último tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario por año, con un tope de 12 mensualidades.
Todos los trabajadores contarán con un seguro de despido financiado con cargo a las cotizaciones sociales y acumulado en las cuentas individuales de cada trabajador.
Las empresas cuyas acciones fueran subsumibles en los artículos 2.1 y 2.2 de la presente Ley están obligadas a mantener el nivel de empleo al que se llegue con la contratación indefinida y temporal, durante el plazo en que esté vigente la bonificación pertinente.
La presente Ley tiene su fundamento constitucional en los artículos 149.1.7 y 149.1.17, que garantizan la competencia exclusiva del Estado sobre legislación laboral.
Se habilita al Gobierno de España para elaborar los Reglamentos y cuantas disposiciones de Derecho fueran necesarias para el desarrollo pleno de la presente Ley.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Jue Ago 11, 2011 3:48 pm
Proyecto de Ley de Reforma de las Administraciones Públicas de España.
La Constitución Española de 1978 establece el Estado de las Autonomías, en el marco de una monarquía parlamentaria, como el modelo de Estado de nuestro país desde el final de la Transición Democrática. En la Carta Magna está prevista la creación del Estado Autonómico mediante la constitución de las Comunidades Autónomas, que tendrán en los Estatutos de Autonomía su norma institucional básica de autogobierno. Todo ello, sin perjuicio de la vigencia del modelo provincial, la misma división en provincias que existe en España desde la época de Javier de Burgos (1833). En ese sentido, las Diputaciones Provinciales, de una vigencia hoy ratificada por el Tribunal Constitucional, en STC 46/2010, son los órganos representantes de estas divisiones territoriales. Finalmente, las Corporaciones Locales (ayuntamientos, municipios, concejos, cabildos insulares, etcétera) son las administraciones últimas y más próximas a los ciudadanos. Éste es el modelo de Estado que establece la Constitución.
Sin embargo, el Constituyente no podía prever (era imposible que fuera previsto) el caos administrativo organizado en España pasado un tiempo desde la aprobación de la Constitución. Hoy, las Comunidades Autónomas tienen funciones duplicadas con el Estado, y el mismo problema lo sufren las Corporaciones Locales con las Comunidades Autónomas. Los conflictos competenciales, sobre todo entre el Estado y las Comunidades Autónomas han dado lugar a una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al amparo de los pertinentes artículos de la Ley Suprema que reparten las competencias de uno y otro ente público. Por ello, varias Comunidades Autónomas, como Galicia, Cataluña, la Región de Murcia o Castilla - La Mancha entre otras, han comenzado a reducir su estructura administrativa eliminando la institución del Defensor del Pueblo autonómico, puesto que ya existe uno de ámbito nacional. No era el espíritu del legislador constitucional la multiplicación por diecisiete de todos los organismos del Estado, desde Cartagena hasta La Coruña.
Pero también la propia Administración General del Estado se encuentra viciada y con un sobrepeso insostenible, que la crisis ha puesto de manifiesto junto con las deficiencias del Estado de las Autonomías que han sido mencionadas en líneas anteriores. Todas las Administraciones Públicas de España requieren de una gran reforma estructural, que es de lo que se ocupa esta norma. El conjunto de Administraciones Públicas necesita ver establecidos unos techos de gasto que eviten gastar lo que no se tiene y todas necesitan ver reducida su estructura. Es responsabilidad de las Comunidades Autónomas eliminar los organismos creados al amparo de las competencias que a ellas le fueron transferidas por el Estado, y es responsabilidad de la Administración General del Estado eliminar, entre otras cosas, el sinfín de organismos públicos de dudosas eficacia y eficiencia. Por todo ello, ha lugar a la presente Ley.
La presente Ley tiene por objeto la contención del gasto público y el ahorro de más de quince mil millones de euros.
. La contención del gasto público en aras de reducir el déficit público.
. La racionalización de la Administración Pública para conseguir un Estado más eficiente.
. La simplificación de la estructura administrativa en Departamentos Ministeriales.
. La reducción de la burocracia y de los tiempos de espera en la tramitación de procedimientos administrativos.
. El complemento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura.
Título II. Reforma de la Administración General del Estado.
La Comisión de Hormigón se integra en la Comisión de Cemento, formando la Comisión de Cemento y Hormigón, dependiente del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural.
Se suprime el Centro de Estudios Jurídicos, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Justicia, quedando derogado el Real Decreto 1763/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos.
1. Se suprime el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de la Presidencia, quedando derogado el Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se Regula la Organización y Funcionamiento del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
2. Se suprime la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de la Presidencia, quedando derogado el Real Decreto 1418/2006, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
1. Se suprime el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, quedando derogado el Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, por el que se Aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de la Administración Pública.
2. Sus funciones serán asumidas directamente por el Ministerio de Administraciones Públicas, en coordinación con los Departamentos Ministeriales que requiriera la ocasión de turno.
1. Se suprime la Academia de España en Roma, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, quedando derogado el Real Decreto 813/2001, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Academia de España en Roma. Las becas concedidas por el Ministerio de Educación y Cultura para la convocatoria 2012 - 2013 no serán suprimidas.
2. Se suprime la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, quedando derogado el Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, por el que se Regula la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, así como la. Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
3. Se suprime el Centro Documental de la Memoria Histórica, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, quedando derogado el Real Decreto 697/2007, por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica. Todas sus funciones pasarán a ser desempeñadas por su componente básico y mayoritario, el Archivo General de Salamanca para la Guerra Civil, previa consulta con la Junta de Castilla y León.
1. Se suprime el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quedando derogado el Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
2. Se suprime el Instituto de la Mujer, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quedando derogados el Real Decreto 1174/2007, de 10 de septiembre, por el que se Modifica el Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el que se Establece la Nueva Regulación del Instituto de la Mujer; y la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de Creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer.
Se suprime el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quedando derogado el Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
1. Se suprime la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, quedando derogado el Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, y el Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
2. La Alta Inspección del Estado quedará vinculada al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se suprime la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con rango de organismo autónomo y dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, quedando derogado el Real Decreto 1403/2007, por el que se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Título III. Relación entre la Administración General del Estado y la Administración Pública Autonómica.
1. Se crea un Consejo Coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuyas funciones serán la reducción de trámites burocráticos y la mejora de la coordinación y la cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas.
2. El Consejo Coordinado estará compuesto por el Presidente de cada Comunidad Autónoma y, en el caso de Ceuta y Melilla, por el Presidente-alcalde de cada ciudad autónoma, además de por el Presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas o, en su defecto, cualesquiera otros Ministros que la ocasión requiera.
3. La periodicidad de las reuniones del Consejo Coordinado será la que las circunstancias requieran. La convocatoria de dicho Consejo podrá ser fijada por el Gobierno de España, mediante Real Decreto, o por siete o más Comunidades Autónomas. La sede del Consejo será el Ministerio de Administraciones Públicas.
4. Una Ley de Cooperación de Administraciones Públicas desarrollará las funciones de este Consejo Coordinado.
1. Se habilita una moratoria de tres años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, que se sume a la anterior actualmente vigente y con vencimiento en 2016, por la cual se amplía el plazo a las Comunidades Autónomas hasta 2019 para hacer efectivo el pago del total de 18.736'46 millones de euros que los entes públicos autonómicos adeudan a la Administración General del Estado.
2. El Estado regulará un mecanismo de concesión de avales de la deuda autonómica, en virtud del cual las Comunidades Autónomas no competirán entre sí y del cual sólo podrán beneficiarse las Comunidades Autónomas que, simultáneamente, cumplan los techos de gasto fijados para cada ejercicio económico por las leyes y el objetivo del equilibrio presupuestario en cada ejercicio económico.
3. Alcanzar y cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria será obligatorio para todas las Administraciones Públicas.
Título IV. Reforma de las Corporaciones Locales.
1. En el plazo de diez días a partir de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos instruirá al Instituto de Crédito Oficial para la creación de la Línea ICO-Ayuntamientos.
2. La línea de crédito ICO-Ayuntamientos tendrá por finalidad el pago de facturas pendientes de entidades locales con autónomos y empresas. El Instituto de Crédito Oficial será el que realice directamente el pago a los proveedores.
3. El plazo del préstamo a cada ayuntamiento no podrá superar los tres años ni el 50% de la participación del municipio en el sistema tributario estatal.
4. Las Corporaciones Locales que liberen más suelo del inicialmente previsto en sus planes de ordenación urbanística podrán disponer de este mismo préstamo a cinco años y no podrá superar el 75% de la participación del municipio en el sistema tributario estatal.
Se da una nueva redacción del artículo 112.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando redactado de la siguiente manera: "A cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo antes fijado se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan:
a) El 2'0 % de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b)El 2'0 % de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a cada municipio.
c) El 3'0 % de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores de Tabaco".
Se añade el Título VII. Estatuto de las Localidades al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se compondrá de los siguientes artículos:
224. Los municipios serán parte activa de la negociación de los modelos de financiación y se sujetarán al principio de corresponsabilidad fiscal.
225. El presente Estatuto constituye el marco regulador de las relaciones institucionales entre las distintas Corporaciones Locales de España.
226. Las Comunidades Autónomas beneficiarias de los distintos fondos del Estado distribuirán el 25% de los mismos entre las distintas Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares.
227. Los Gobiernos locales tienen competencia compartida o exclusiva sobre las siguientes materias, siendo también sus funciones, las siguientes:
b) Cementerios y servicios funerarios.
c) Seguridad en lugares públicos.
f) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vía urbana.
g) Protección Civil y prevención y extinción de incendios.
h) Protección de la salud pública.
i) Patrimonio histórico - artístico.
j) Abastos, mataderos, ferias y mercados.
k) Gestión de atención primaria de la salud.
l) Ordenación y gestión urbanística.
m) Ocupación del tiempo libre, turismo y actividades culturales y/o deportivas.
228. Todos los cargos públicos de las Corporaciones Locales del Estado velarán siempre y por encima de cualquier otro, por el interés general de la ciudadanía.
229. Los cargos públicos a los que se refiere el artículo 228 de esta Ley se abstendrán de realizar cualquier conducta que, aun siendo legal, lesione el honor o la imagen de la Corporación Local correspondiente. Del mismo modo, no realizarán ninguna actividad que pueda suponer un conflicto de intereses con el interés general.
230. Todos tienen la obligación de cumplir el régimen de incompatibilidades previsto en el ordenamiento jurídico.
231. Los cargos públicos de las Corporaciones Locales, en particular los alcaldes y los alcaldes-presidentes deberán ejercer sus funciones desde los principios de la honradez, honorabilidad, profesionalidad, transparencia y eficacia.
232. Las Corporaciones Locales son aquellas instituciones más próximas al ciudadano y están sujetas al principio de reserva de ley. Podrán dictar Reglamentos y Bandos los Ayuntamientos, mientras que en las Diputaciones Provinciales los bandos recibirán el nombre de "ordenanza".
Título V. De las Partidas Ministeriales.
Lo dispuesto en el presente Título deberá constar necesariamente también en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura y será de aplicación a partir del 1 de Enero de 2014. Los Presupuestos Generales del Estado no podrán en ningún caso incrementar la cuantía de las partidas a las que hace referencia esta Ley.
1. El Ministerio de Educación y Cultura suprime las siguientes partidas:
. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (18'70 millones de euros).
. Promoción del libro y publicaciones culturales (16'01 millones de euros).
. Promoción y cooperación cultural (48'10 millones de euros).
. Fomento de las industrias culturales (27'08 millones de euros).
2. El Ministerio de Educación y Cultura reduce las siguientes partidas:
. Música y Danza (de 125'64 a 25'64 millones de euros).
. Teatro (de 54'90 a 4'90 millones de euros).
. Cinematografía (de 124'22 a 4'22 millones de euros).
El Ministerio de Asuntos Exteriores reduce las siguientes partidas:
. Cooperación para el Desarrollo (de 2808 a 808 millones de euros).
. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (de 111'90 a 11'90 millones de euros).
Se empleará el fondo de Imprevistos y Funciones No Clasificadas, en su totalidad, para reducir el déficit. Su cuantía es de 2094'00 millones de euros.
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio suprime las siguientes partidas:
. Ordenación y modernización de las estructuras comerciales (28'90 millones de euros).
. Coordinación y promoción del turismo (769'50 millones de euros).
. Desarrollo industrial (517'3 millones de euros).
. Reconversión y reindustrialización (754'20 millones de euros).
2. El Ministerio de Industra, Turismo y Comercio reduce las siguientes partidas:
. Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (de 134'50 a 130'00 millones de euros).
. Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón (de 460 a 450 millones de euros).
. Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Carbón (de 280'30 a 250'00 millones de euros).
. Normativa y Desarrollo Energético (de 80'40 a 10'40 millones de euros).
. Explotación Minera (de 749'50 a 740'50 millones de euros).
. Promoción Comercial e Internacionalización de la Empresa (de 651'30 a 650'00 millones de euros).
1. El Ministerio de Fomento reduce la siguiente partida:
. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre (de 737'70 a 7'70 millones de euros).
2. El Ministerio de Fomento suprime las siguientes partidas:
. Subvenciones y apoyo al transporte marítimo (114'049 millones de euros).
. Subvenciones y apoyo al transporte extrapeninsular de mercancías (57'00 millones de euros).
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suprime la siguiente partida:
. Cooperación al desarrollo (3'70 millones).
2. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reduce la siguiente partida:
. Fomento de la inserción y estabilidad laboral (de 7574 a 574 millones de euros).
Las políticas de gasto vigentes por la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, se reforman de la siguiente manera:
1. Reducción de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias (de 8401'92 a 8001'92 millone de euros).
2. Reducción del Pago de Intereses de la Deuda Pública (de 27.400'00 a 25.350'00 millones de euros).
3. Reducción de la Emisión de Deuda Neta (de 46.796'30 a 45.000 millones de euros).
4. Reducción de la Investigación, Innovación y Desarrollo civil (de 7518'49 a 7500 millones de euros).
5. Reducción del gasto en Cultura (de 1051'03 a 1000'03 millones de euros).
6. Reducción en la Administración Financiera y Tributaria (de 1410'10 a 1400 millones de euros).
Título VI. Techos de Gasto.
Las Corporaciones Locales, en sus presupuestos anuales, tendrán un techo de gasto que:
. Se reducirá un 10% del actual presupuesto de cada Corporación Local en el ejercicio 2014 - 2015.
. Se reducirá un 5% del presupuesto del ejercicio 2014 - 2015 en el ejercicio económico siguiente.
. Se reducirá un 5% del presupuesto del ejercicio 2015 - 2016 en el ejercicio económico siguiente.
Las Comunidades Autónomas, en sus presupuestos generales, tendrán un techo de gasto que:
. Se reducirá un 10% del actual presupuesto de cada Comunidad Autónoma en el ejercicio 2014 - 2015.
. Se reducirá un 10% del presupuesto del ejercicio 2014 - 2015 en el ejercicio económico siguiente.
La Administración General del Estado establecerá, en sus Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura, un techo de gasto no financiero (anual) de 110.000.000.000 de euros.
Ninguna Administración Pública podrá, una vez que hubiere conseguido el déficit cero o equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas, incurrir en déficit público. Las autoridades podrán corregir las infracciones a lo dispuesto en el presente artículo.
Lo dispuesto en el presente Título deberá constar necesariamente también en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura y será de aplicación a partir del 1 de Enero de 2014. Los Presupuestos Generales del Estado no podrán en ningún caso incrementar la cuantía de los techos de gasto establecidos en la presente Ley.
Título VII. Disposiciones.
Se autoriza al Gobierno para elaborar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Lo dispuesto en los Títulos V y VI de la presente Ley deberá constar necesariamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley, y expresamente, quedan derogados los Reales Decretos a los que se hace referencia en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Título II de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con la excepción del artículo 15 y los Títulos V y VI, que entrarán en vigor el día uno de enero de 2014, y del artículo 7.1, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2013.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Jue Ago 11, 2011 3:50 pm
Tema: Re: Junta de Portavoces. Mar Ago 16, 2011 8:29 pm
Declaración Institucional Contra el Terrorismo.
El terrorismo ha sido, es y será siempre un medio violento para que quienes lo practican consigan sus objetivos políticos a través de medios sanguinarios y alejados de la democracia que habitamos desde la Transición Democrática. En ese sentido, los demócratas siempre hemos estado dispuestos a pagar un único precio, muy alto, en nuestra lucha contra el terror: la sangre de las víctimas. Por eso las víctimas del terrorismo son el mejor estímulo para seguir luchando y representan la respuesta de los demócratas ante los asesinos: indican que nunca nos vamos a rendir y que los terroristas no podrán ganar jamás la batalla a una Nación de cuarenta y siete millones de habitantes.
En el contexto actual, la banda terrorista ETA ha emitido un comunicado en el que anuncia su autodisolución, previo cumplimiento de unas condiciones que el Gobierno de España ya ha dicho que no está dispuesto a cumplir. ETA se ampara en la buena marcha de un supuesto "proceso de paz" que los demócratas debemos rechazar y rechazamos, porque no estamos dispuestos a aceptar que nos impongan una paz sin libertad: la paz de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, Carlos Alonso Palate, Diego Armando Estacio y tantos otros héroes que murieron al servicio de España, en defensa de la libertad y por el afán saguinario de sus asesinos.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han mostrado su indignación manifiesta ante el comunicado de ETA y la actitud de determinadas fuerzas políticas en relación al mismo comunicado, y también para con la reciente Declaración contra la Política de Dispersión de Presos que ha aprobado el Parlamento Vasco, en un hecho que atenta gravemente contra la buena salud de nuestra democracia. Por todo ello, el Congreso de los Diputados, ratificando la Declaración consensuada entre el Gobierno de España y las víctimas del terrorismo, proclama:
* Que el Gobierno no debe negociar con la banda terrorista ETA ninguna de las condiciones impuestas por los asesinos, en virtud del Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo.
* Que las víctimas de ETA son la respuesta del Estado de Derecho ante los terroristas que tienen las manos manchadas de sangre.
* Que esta Cámara rechaza el comunicado de ETA y no le da el menor crédito.
* Que esta Cámara rechaza también la Declaración Contra la Política de Dispersión de Presos aprobada por el Parlamento Vasco.
* Que se reforme el Código Penal para endurecer las penas para los delitos relacionados con el terrorismo.
20 - 05 - 2013.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Dom Ago 21, 2011 9:37 pm
Juan Karlos Izagirre, Presidente del Parlamento Vasco, al amparo del Reglamento vigente, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY, para su debate en Pleno, relativa al Acuerdo “Euskalduna 2012”.
1. Se expresa el apoyo al Acuerdo Euskalduna 2012 y y se adhiere a sus contenidos.
2. Compromiso a tomar las decisiones oportunas para garantizar la materialización de los contenidos recogidos en el acuerdo.
Tema: Re: Junta de Portavoces. Mar Sep 06, 2011 4:59 pm
Proyecto de Ley Orgánica Modificadora del Plazo de Sentencia de los Recursos de Inconstitucionalidad y Amparo Constitucional.
La alarmante ralentización en la resolución de los procedimientos judiciales afecta también al órgano situado fuera del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. El Tribunal, en procedimientos de inconstitucionalidad, puede perpetuarse a la hora de emitir su fallo si lo estima oportuno, hasta el punto de que sobre un determinado asunto comiencen a deliberar unos jueces y la sentencia final la emitan otros completamente distintos, con el consiguiente retraso que esto genera. Lo cierto es que el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional da a entender que el Tribunal debe emitir su sentencia en un plazo máximo de diez días desde la personación y formulación de alegaciones. No obstante, el tenor literal del mencionado artículo afirma también que mediante resolución motivada, el propio Tribunal puede estimar necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días.
Es razonable pensar que treinta días puede ser un plazo de tiempo insuficiente para la resolución de recursos de inconstitucionalidad, pero ello no es motivo para tardar años en sentenciar dichos procedimientos jurídicos. No puede ser que el órgano garante de la Constitución viole la Ley Orgánica que lo regula. Corresponde al Tribunal cumplir dicho plazo en la medida de lo posible (algo que en los últimos años no se ha hecho) y al legislador adaptar los plazos de tiempo a la realidad, y no a utopías irrealizables. Del mismo modo, para los recursos de amparo constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no prevé ningún plazo de resolución, por lo que a tal efecto, el Gobierno de España, en la reforma de la Justicia emprendida en la Legislatura 2012 - 2016, previo acuerdo con el principal partido de la oposición, presenta ante las Cortes Generales el texto siguiente:
Título Único. Plazo de Resolución de los Recursos de Inconstitucionalidad y de Amparo Constitucional.
1. Se da una nueva redacción del artículo 34.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que quedará redactado de la siguiente manera:
La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictara sentencia en el de treinta, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de trescientos sesenta y cinco días.
2. Se añade el artículo 56.7 a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que quedará redactado de la siguiente manera:
El Tribunal Constitucional dispondrá de un plazo de un año para resolver el recurso de amparo constitucional, a partir del inicio de las deliberaciones de los jueces.
Se autoriza al Gobierno a elaborar cuantas disposiciones fueran necesarias para el cumplimiento de la presente Ley Orgánica.
El Gobierno dotará al Tribunal Constitucional de todos los medios, telemáticos, informáticos o de cualquier otro tipo, que éste solicitare para llevar a cabo el efectivo cumplimiento de la presente Ley Orgánica.
Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se aplicará a cuantos recursos de inconstitucionalidad o de amparo constitucional se presentaren tras la entrada en vigor de la presente norma. Los recursos de inconstitucionalidad o de amparo constitucional en estado de tramitación deberán ser resueltos en el menor tiempo posible.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tema: Re: Junta de Portavoces. Vie Sep 09, 2011 12:14 pm
Desde la fundación de la primera agencia de viajes (Thomas Cook & Son) a finales del siglo XIX, es innegable que el turismo constituye una fuente de ingresos nada desdeñable y, en algunos casos y según qué circunstancias, lo cierto es que el turismo puede llegar a ser la principal fuente de ingresos y financiación de una Administración Pública. España es, en ese contexto, el segundo destino turístico a nivel mundial, seguido de cerca por Estados Unidos y China, y sólo superado por Francia. Nuestros principales focos de atracción turística (Barcelona, Madrid, los archipiélagos balear y canario, etcétera) generan ingresos y también empleo, lo que contribuye a mejorar el dinamismo de nuestra economía de mercado.
El final del siglo XX ha servido para confirmar el progresivo abandono de las actividades de los sectores primario y secundario, llegando a mínimos históricos, en favor del crecimiento espectacular del sector servicios (terciario) en el que se enmarca el turismo, que ha vivido un auge continuo desde su paralización total a causa de la II Guerra Mundial (1939 - 1945, aunque no será hasta 1949 cuando el turismo comenzara a dar señales de recuperación). De hecho, no será hasta el comienzo de la década de los 70 cuando se empiece a legislar sobre la materia, que en su progresión continua hasta la fecha, ha llegado incluso a fragmentarse en distintos tipos de turismo: hoy podemos discernir entre el ecoturismo, el turismo rural, el turismo científico y un amplio abanico de variedades más, todo ello en el marco de lo que Zivadin Jovicic denominó "turismología".
España es, pues, un país con una oferta turística muy amplia, y deben establecerse unas pautas básicas en la legislación sobre esta materia. Se consolidarán como fuentes de ingresos las ya existentes; se favorecerá el turismo en aquellas regiones donde sea necesario, y se establecerá una normativa clara y responsable para el desarrollo del turismo accesible y de calidad para todos. Mención aparte merece el Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo en las Islas Canarias. La tercera Comunidad Autónoma en el ranking de visitas de turistas (sólo por detrás de Cataluña y las Islas Baleares) ha establecido en el turismo su principal fuente de financiación, impuestos y tasas aparte y por eso merece un especial cuidado y protección. A tal efecto, ha lugar a la presente Ley.
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de una normativa básica en materia de turismo y la garantía de continuidad de la materia como fuente de ingresos de las Administraciones Públicas locales, autonómicas y nacional.
. El desarrollo normativo en aras de un turismo accesible y de calidad para todos.
. Establecer los distintos tipos de turismo de manera discernible, clara y plausible.
. La consolidación del turismo como una fuente de ingresos de las arcas públicas.
. Fortalecer la marca España y la imagen del país en el exterior.
. Incentivar el fenómeno turista en aquellas áreas en las que fuere necesario.
La presente Ley tiene en la totalidad del territorio nacional su ámbito de aplicación.
El Gobierno de España consultará con las Comunidades Autónomas las Estrategias de Turismo venideras, en el marco del Consejo Coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas creado en el marco de la Ley 7/2013, de 16 de Mayo, de Reforma de las Administraciones Públicas.
1. El Consejo Español de Turismo quedará integrado en el Instituto de Calidad Turística, en aras de la modernización de la estructura administrativa en materia de turismo.
2. Lo dispuesto en el artículo 5.1 de la presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Título III. Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo en las Islas Canarias.
1. El Gobierno de España, previa consulta con la Comunidad Autónoma de Canarias y oído el Consejo de Ministros, anunciará en los medios de comunicación públicos del Estado la amplia oferta turística de las Islas Canarias al menos un mes antes del comienzo de la temporada turística veraniega (Junio - Septiembre).
2. El Gobierno de España promoverá el turismo internacional en las Islas Canarias en los distintos foros y encuentros multilaterales en los que España tenga participación.
1. El Gobierno de España declarará a los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria como Fiesta de Interés Turístico Nacional en un plazo no superior a 30 días después de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. También serán declarados, en el mismo plazo, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, los Carnavales de San Sebastián de La Gomera y del Puerto del Rosario.
1. El Gobierno destinará, con cargo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una partida anual de 55 millones de euros a la Consejería de Turismo de Canarias, hasta el año 2016 (inclusive), con el objeto de fomentar el desarrollo del turismo en las islas.
2. Correspondiendo al ejercicio económico 2012 - 2013, en los Presupuestos Generales del Estado para la Legislatura se incluirá una partida de 55 millones de euros para el mismo fin que la partida regulada en el artículo anterior.
Título IV. De la Accesibilidad y la Calidad del Turismo.
Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un turismo accesible, adaptado y de calidad para todos, en especial para las personas con discapacidades psíquicas o físicas.
1. Las personas con discapacidad que contrataren sus viajes con sociedades públicas o privadas de Derecho Mercantil percibirán un descuento en el precio total del viaje del 10% del importe total, que sufragará el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
2. Para beneficiarse de la bonificación que establece el artículo 10.1 de la presente Ley, el beneficiario o en su defecto, su tutor o representante legal, deberá presentar ante la agencia de viajes la documentación que certifique su discapacidad.
3. La compañía contratada para efectuar el viaje deberá remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dicha documentación, así como todos los datos referentes al viaje turístico.
4. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio abonará el 10% del total del importe a la sociedad de Derecho Mercantil en un plazo no inferior a treinta días después de haber recibido la totalidad de la documentación pertinente.
5. Lo dispuesto en los artículos 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4 de la presente Ley será de aplicación:
a) En los viajes de avión con compañías aéreas.
b) En los viajes con compañías aéreas que incluyan vuelo + hotel.
c) En los viajes de autobús con un recorrido superior a 15 km.
d) En los viajes de tren.
e) En los cruceros.
1. El Gobierno publicará, con carácter semestral, un Catálogo de Hoteles Accesibles para las personas con discapacidad. Este catálogo estará disponible para todos en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y podrán solicitar ejemplares físicos quienes presenten la solicitud ante la Delegación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio más próxima a su domicilio familiar.
2. El Gobierno enviará el formulario de solicitud a todos los domicilios familiares donde tenga constancia de la residencia de personas con discapacidad.
3. Los ejemplares físicos del Catálogo de Hoteles Accesibles serán de carácter gratuito.
Se autoriza al Gobierno a elaborar cuantas normas fueran necesarias para garantizar el cumplimiento y desarrollo íntegro de la presente Ley.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente Ley.
Tema: Re: Junta de Portavoces.