Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2016/acuerdos_y_sentencias/ays_1917_16.php
Timestamp: 2019-06-19 16:45:03
Document Index: 318058775

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 550', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 137', 'artículo 550', 'artículo 550', 'artículo 95', 'Artículo 552', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 95', 'Artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 48', 'artículo 552']

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Obs.: Hacemos constar que la presente publicación constituye una transcripción fiel e integral del fallo emitido, sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza.
Fuente: Página web del la Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.917/16
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “LINO ASCIAN ACOSTA AMARILLA Y OTROS C/ LA LEY 98/92”. AÑO: 2013 -N° 1313.
En la Ciudad de Asunción, Capital de La República del Paraguay, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctora MIRYAM PEÑA CANDIA, Presidenta y doctores MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI y SINDULFO BLANCO, quienes integran esta Sala por inhibición de los Doctores ANTONIO FRETES y GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, respectivamente, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “LINO ASCIAN ACOSTA AMARILLA Y OTROS C/ LA LEY 98/92”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Roberto Amándola Galeano, bajo patrocinio del Abogado Vidal F. Molinas Cabello, en nombre y representación de los Señores Lino Ascian Acosta Amarilla y otros.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION:
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.
A la cuestión planteada el Doctor BAJAC ALBERTINI dijo: Que, los señores LINO ASCIAN ACOSTA AMARILLA, TEODORO RUBÉN ACOSTA BAEZ, DIEGO IGNACIO ALMADA CUBILLA, ABEL SANTACRUZ ALVAREZ DURE, JOSUÉ ALVAREZ DURE, DELFIN AMARILLA SÁNCHEZ, PRIMITIVO AMARILLA SANCHEZ, JUAN RAMON APODACA FRAGUEIRO, ARCENIO RUBÉN AQUINO CABALLERO, LIBORIO AQUTNO SERVIN, LUIS ALBERTO AQUINO, LAUREANO AVALOS, OSCAR ALEJANDRO BARRETO TORALES, AMADO ROQUE BENGOECHEA VÁZQUEZ, BERNARDINO RAMON BENITEZ MORINIGO, ERNESTO RAMON BERNAL PÉREZ, GUSTAVO EMILIO BOGADO, ANIBAL BORJA BOGADO, GERARDO MERCEDES BRITEZ ROMERO, JOSE LUIS CABAÑAS ROBLES, JUAN PABLO CACERES RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO CANDIA ALVARENGA, RUBEN CANDIA BRITEZ, ANTONIO CASTEL PERALTA, VICTOR MANUEL CESPEDES GODOY, PABLINO CHAPARRO BAEZ, RAMON CONTRERA ROLON, ARNALDO OSCAR CORRALES LOPEZ, JOAQUIN CRISTALDO CACERES, MODESTO DELVALLE MOURA, NERY NELSON RAMON DELVALLE YMAZ, JOSE RAMON DEVACA LOPEZ, ELVIO DIAZ YAHARY, NESTOR HUGO DURE ALMADA, ELVIO ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ, JORGE RAUL FERREIRA PANIAGUA, REINALDO GAMARRA TOLEDO, CESAR GAUTO, JOSE HUMBERTO GAUTO RUIZ DIAZ, PEDRO ANTONIO GIMENEZ ENCINA, TROADIO RAMON GIMENEZ PEREZ, RICARDO GODOY MEDINA, LUIS ALBERTO GOMEZ ALFONZO, ROSALINO RAMON GOMEZ ALFONZO, VALENTINO GONZALEZ, BLAS ALBERTO GONZALEZ CHAPARRO, ROBERTO DARIO GONZALEZ CHAPARRO, PABLO FRANCISCO HAEDO SUCEDO, HECTOR DENIS HARERA AQUINO, JORGE ANTONIO IBARRA RIVEROS, JUAN CARMELO INSAURRALDE, SIXTO RAMON INSAURRALDE, GILBERTO GIMENEZ ALCARAZ, SERGIO LEDESMA, JOSE MIGUEL GARARDO LUIZZI, ROQUE ARNILDO LUIZZI DELGADO, OSMAR DARIO LOPEZ MARTINEZ, ESTEBAN ABRAHAN LOPEZ ORTIZ, EMIGDIO LOPEZ RIVEROS, VICTOR RAMON LOPEZ ROJAS, CALIXTO LOPEZ VALDEZ, EUCLIDES JAVIER LOPEZ VERA, JOSE ISIDORO LOVERA, ARNALDO RAMON MANZI AYALA, MARCOS AURELIO MAÑOTTI GONZALEZ, ARNALDO ANDRES MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ, LUIS AUGUSTO MONTIEL ESTIGARRIBIA, VICTORINO MONTIEL, ILDEFONSO MORENO MEDINA, LUIS RAMON NAVARRO MEDINA, GERARDO ANTONIO OCAMPOS, IGNACIO RAMON ORTIZ OCAMPOS, SILVIO CIPRIANO PAREDES GONZALEZ, JUAN ESTEBAN PARINI ESTIGARRIBIA, ALFREDO MARCEL PARINI ESTIGARRIBIA, HORACIO GERARDO PATIÑO BEITIA, JAIME Q. PATIÑO ESQUINEL, EVARISTO PERALTA GONZALEZ, ANIBAL PINTO FLORENTIN, OCTACIANO PITTA AGÜERO, ISABELINO PITTA RODRIGUEZ, MAURICIO PITTA RODRIGUEZ, FRANCISCO SOLANO QUIÑONEZ URBIETA, CATALINO RAMIREZ CONTRERA, FELIX DANIEL RAMIREZ PITTA, VICTOR ANASTACIO RAMOS PATIÑO, RODRIGO RAMON RECALDE ESCOBAR, HUMBERTO RIOS BELLO, CARLOS JAVIER RIOS NEGRETE, HIGINIO RIVEROS, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, HECTOR ROJAS GONZALEZ, ELEUTERIO RAMON ROJAS ESQUIVEL, DIEGO VALENTIN ROLOU, AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, SE VERI ANO ROMERO MEDINA, VICENTE ROMERO MOLINAS, NICOLAS MILCIADES ROMERO, JUAN ROMERO TORRES, DERLIS CORAZON RUIZ DIAZ, CLAUDIO MILCIADES SALINAS SOSA, ZENON ALCEDE SAMANIEGO MORENO, NELSON EUCLIDES SAMUDIO PAREDES, JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, MIGUEL TORRES DURE, JOEL TORRES SILVA, EULOGIO VALDEZ AMARILLA, ARNALDO ANDRES VERA LOPEZ, HUGO SIGILFREDO VILLALBA MARTINEZ, IGNACIO ZARATE MORENO, OSCAR ZELADA MELGAREJO, ANDRES AVELINO ZELAYA ORTIZ, RUBEN DARIO ALMADA BRITOS, JORGE LUIS ALVARENGA AMARILLA, PEDRO PABLO BENITEZ BENITEZ, TEODORO CABRERA FRANCO, TEODORO URSINO FERREIRA GAONA, AURELIO GIMENEZ TORRES, MARIO AGUSTIN KEIM MEDEN, DAMIAN LOPEZ VALDEZ, SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ MELGAREJO, GABRIEL EUSEBIO MERELE, MARIO MIRANDA PAVON, ELIO PASTOR RECALDE BAREIRO, DIEGO RIVAS ALEGRE, DERLIS ANTONIO SERVIN, VICENTE VAZQUEZ CACERES y JOSE ANGEL YAHARI BENITEZ, bajo patrocinio del Abog. Roberto Amándola impugnan de inconstitucional los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 98/92 “Que establece el régimen unificado de jubilaciones y pensiones”.
El Artículo 3 de la Ley 98/92 modifica los artículos 6, 8 y 12 de la Ley 1.286/87, que quedan redactados como sigue: "El monto máximo de cualquier jubilación mensual otorgado en virtud de esta Ley, en el momento de la liquidación inicial, no sobrepasará el equivalente a 300 (trescientos) veces el valor del jornal mínimo vigente para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República".
Por su parte, el artículo 4° de la Ley 98/92, modifica los artículos 14, 23 y 25 de la Ley 430/73, que quedan redactados de la siguiente forma: “A los efectos de la concesión de los beneficios previstos en esta ley, se computará 50 (cincuenta) semanas de aportes como un año, entendiéndose como semanas de aportes: d) para el trabajador de temporada, a destajo, navegante u obrajero, la acumulación simple de aportes equivalentes a 6 (seis) hasta un máximo de 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año calendario”.
Los accionantes sostienen que las citadas modificaciones violan la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales relativos a la protección de los Derechos Humanos.
Concretamente, sostienen los impugnantes que el establecimiento del límite máximo jubilatorio de 300 jornales para actividades diversas no especificadas de la Capital, implica para ellos un retroceso en lo que hace a sus derechos jubilatorios, ya que con la vigencia de este artículo impugnado, aportan mucho más hoy que la expectativa jubilatoria que les espera en el futuro.
Así, la fundamentación de los impugnantes queda resumida en el siguiente párrafo del escrito inicial de demanda, en el que sostienen (fs. 90/91): “La fórmula "salvaje" que aplica en forma inconstitucional la Previsional, no se compadece en absoluto con los derechos y principios laborales del trabajador, y más aún que, crea un engaño al tener una falsa expectativa, como en consecuencia del aporte millonario que hacen mis mandantes, en relación a la pobre retribución que ha de recibir al beneficiarse con la jubilación, máxime que ambos artículos, solo limitan a "300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año calendario ”, esto en relación al pago, y relación al monto que debe ser considerado al momento de calcular la retribución de los haberes jubilatorios que tampoco pueden ser aplicados, pues los aportes que se pagan mensualmente corresponden a sumas muy superiores a los fijados y limitados por la Ley. Esto a más de ser inaplicable es vergonzoso, no se puede limitar el pago jubilatorio en detrimento de los aportes, en el cual sale beneficiado el trabajador...".
En cuanto a las normas constitucionales conculcados por los Artículos de la Ley que fueron impugnados, mencionaron los impugnantes a los Arts. 86, 88, 92 y 95, así como los Arts. 1° y 137 de la Constitución Nacional (fs. 91). Mencionaron también que los Artículos legales impugnados van contra los principios básicos de igualdad, de prelación, de seguridad y razonabilidad jurídica (fs. 95).
Corrido el traslado pertinente, el Fiscal General del Estado lo contestó en los términos del escrito de fs. 237/239, pidiendo el rechazo de la acción deducida, sobre la base de la falta de legitimación de los accionantes para la inconstitucionalidad pretendida.
La falta de legitimación, según el parecer del Fiscal General del Estado, radicaría en que la citada ley nunca fue aplicada a los accionantes, en razón de que los mismos aún no se acogieron al régimen jubilatorio (es decir, no son aún jubilados). En este sentido - dijo el Fiscal General del Estado - declarar la inconstitucionalidad de las normas legales en estas condiciones generaría una declaración “a futuro” o “'preventiva”, contrariando claras normas legales que rigen la acción de inconstitucionalidad.
Entrando al análisis de la cuestión planteada, se trata de decidir en primer lugar, acerca de la legitimación de los accionantes en la presente acción de inconstitucionalidad (cuestionada por la Fiscalía General del Estado), y en segundo lugar - si se resolviese que sí hay legitimación suficiente - acerca de la constitucionalidad o no de los artículos 3 y 4 de la Ley 98/92, impugnados por los accionantes.
En cuanto a la cuestión de la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad, debo decir que para resolver el punto se hace necesario examinar si los accionantes se encuentran o no en una determinada situación jurídica de la cual surja el derecho a pretender ante esta Sala la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
De acuerdo a los términos en los que fue planteada la demanda de impugnación de inconstitucionalidad, puede advertirse que se atacan específicamente artículos de la Ley 98/92 que establecen los límites legales máximos en que pueden ser liquidados los haberes jubilatorios. Dicho máximo está establecido en la Ley 98/92 en un equivalente a 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la Capital.
Sobre la base de lo dicho en el párrafo precedente, a tenor de lo que dispone el artículo 550 del Código Procesal Civil, que limita la legitimación para impugnar de inconstitucionalidad a los casos de aquellas personas que se vean lesionadas por la aplicación del acto normativo impugnado, debemos preguntarnos: ¿quiénes son las personas que efectivamente pueden verse lesionadas por laaplicación de los artículos 3° y 4° de la Ley 98/92?.
La respuesta, prima facie, parece bastante clara: las únicas personas que lógicamente podrían verse lesionadas por la aplicación de los artículos 3° y 4° de la Ley 98/92 son aquellas que pese a haber aportado al sistema de seguridad social sobre un salario superior a los 300 jornales mínimos, se les liquide mensualmente sus haberes jubilatorios como máximo a una suma equivalente a 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la Capital.
Por ende, y prima facie también, parece razonable concluir que algunos de los accionantes carecerían de la legitimación activa suficiente para pretender la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 4° de la Ley 98/92, ya varias veces citados.
En consecuencia, sólo en base a lo dicho, y considerando especialmente lo que dispone el Código Procesal Civil, correspondería que se rechace la acción de inconstitucionalidad deducida por las personas arriba citadas, por no contar las mismas -aún- con la legitimación activa requerida, por no existir una lesión actual de sus derechos derivadas de la aplicación de los artículos legales invocados.
Los argumentos propuestos por la Fiscalía General del Estado son, pues, aparentemente, procedentes, ya que no parece razonable declarar la inconstitucionalidad de derechos que lo son sólo en expectativa a fin de que los accionantes puedan ampararse de lesiones que sólo eventualmente se producirían en el futuro.
Sin embargo de todo lo dicho, dada la naturaleza de los derechos que los accionantes estiman conculcados, se impone una lectura (y un juzgamiento) completamente diferente del caso concreto que la explicitada hasta aquí, que se encuentra plenamente justificada a la luz de varios instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte de nuestra legislación positiva interna, y a las obligaciones que en virtud de los mismos ha contraído el Estado Paraguayo; como asimismo, a la acertada doctrina de la “prohibición de regresividad” de los derechos sociales ya reglamentados por el Estado que paulatinamente se ha ido construyendo por la hermenéutica que en materia de derechos sociales han realizados diversos Tribunales Constitucionales y órganos jurisdiccionales especializados en Derechos Humanos.
A fin de justificar acabadamente lo que afirmado precedentemente, se vuelve necesario recordar que desde una perspectiva de los Derechos Humanos, los derechos sociales son caracterizados como aquellos que - de manera distinta que los derechos civiles y políticos, que implican una obligación de no hacer del Estado - implican un deber de actividad o una obligación de hacer de parte del Estado, a fin que puedan ser realmente efectivos.
Es así como la doctrina más autorizada en la materia, nos dice que: "En contraposición con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales tienen la característica de que generalmente su cumplimiento conlleva el deber esencial del Estado de proporcionar los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades de carácter social, económico y cultural de los ciudadanos, mientras que, en los primeros, el Estado está obligado a abstenerse de violarlos, mediante cualquier tipo de acción u omisión. La obligación del Estado respecto de los derechos civiles y políticos es, en lo esencial y estricto, la de no violarlos, no lesionarlos mediante acción u omisión, en su caso, por parte de un órgano o agente gubernamental o administrativo. Todo ello sin perjuicio del deber genérico de establecer y garantizar la existencia y ejercicio de estos derechos. El titular de estos derechos es el ser humano, en el caso de los derechos civiles y, en general, aunque no siempre ni necesariamente, el ciudadano en el caso de los políticos, considerando al hombre y al ciudadano, no como abstracciones autónomas aisladas, sino como entidades que actúan necesariamente en el complejo de la vida socio política. En cambio, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene especial, aunque no exclusivamente, una obligación por hacer: la obligación de brindar los medios materiales para que los servicios de asistencia económica, social, sanitaria, cultural, etc., provean los medios y elementos necesarios para satisfacerlos. La obligación del Estado radica en el deber de dedicar, dentro de sus posibilidades económicas y financieras, los recursos necesarios para la satisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales" (Manuel E. Ventura Robles. “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales" en la Revista IIDH. Vol. 40, págs. 88/89. Ver documento digital disponible en la página Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr tablas R08064-3.pdf).
Lo anteriormente señalado a fin de caracterizar a los derechos sociales no significa, sin embargo, afirmar que exista una división entre los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Sociales, ya que, como precisamente lo ha establecido la mejor doctrina, los Derechos Humanos se caracterizan por su indivisibilidad: “Por otra parte, recordemos que todos los derechos humanos, ya sean civiles y políticos, económicos, sociales o culturales, se encuentran íntimamente ligados entre sí, ya que éstos son interdependientes e indivisibles, tal como lo establece en su Preámbulo el propio Protocolo de San Salvador. En virtud de lo anterior, en muchos casos, la Corte Interamericana al momento de interpretar derechos civiles y políticos ha analizado elementos característicos de los derechos económicos sociales y culturales, así como también muchas de las medidas dispuestas por el Tribunal afectan de una u otra manera esta categoría de derechos” (Ibid.,pág. 107).
La implementación o la concreción de dicha obligación de hacer de parte del Estado se consagra básicamente a través de una vía empírica (a medida que se vayan haciendo de hecho efectivos los derechos sociales) Y una vía normativa (a medida que se vayan reconociendo mediante actos normativos concretos los derechos sociales o se vaya ampliando la extensión de los ya reconocidos).
La importancia de la vía normativa en el derecho interno para el reconocimiento y efectivización de los derechos sociales, es particularmente elevada, debido a que tradicionalmente se ha considerado que dado que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos establecen que los Estados partes deben adoptar medidas para hacer efectivos progresivamente” los derechos sociales, la obligación del Estado no sería sino meramente programática -y no operativa - y por consiguiente, inexigible al Estado sin un expreso reconocimiento legal interno de los derechos sociales.
Ahora bien: como lo dice la doctrina más autorizada, “Afortunadamente, de manera creciente, los Estados parecen estar tomando conciencia de que este tipo de interpretaciones no sólo atenían al objeto fin del Pacto y son contrarias a las intenciones de sus redactores, sino que además tampoco son congruentes con la dinámica evolución que ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En efecto, el desarrollo que han tenido los derechos económicos, sociales culturales en las últimas décadas ha hecho evidente que se trata de “verdaderos derechos” y, por ende, ha obligado a moderar el lenguaje utilizado en contra de estos derechos en foros internacionales. Así, aunque algunos delegados gubernamentales aún niegan la posibilidad de que estos derechos sean justiciables, por lo general admiten abiertamente que estos derechos imponen obligaciones de carácter legal” (Sepúlveda, Magdalena. “La interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la expresión “progresivamente”, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtís, compilador - pág. 121. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
En el contexto y a la luz de todo lo explicado basta aquí, se vuelve patente que la concreción de parte del Estado, en sede legislativa (o en general, normativa), de los derechos de naturaleza social - como sin duda lo es el derecho a la jubilación - constituye un cumplimiento evidente del deber de actividad que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos le imponen de implementar de forma progresiva o gradual los mencionados derechos.
E1 deber que atañe a los Estados de implementar de forma progresiva los derechos sociales está expresamente establecido en varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Paraguayo es parte.
Así por ejemplo, el Capítulo III de la Convención Americana de Derechos Humanos que lleva por rúbrica el nombre de “DERECHOS ECONÓMICOS. SOCIALES Y CULTURALES'’, contempla bajo dicha rúbrica al Artículo 26 de la citada Convención, cuyo epígrafe se intitula precisamente “Desarrollo Progresivo”.
El Artículo 26 de la Convención Americana arriba citado, reza textualmente: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados" (negritas son mías).
Asimismo, el artículo 2° del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Conforme a lo que establecen el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, citados precedentemente, no puede caber entonces ninguna duda sobre el deber de los Estados parte de los citados instrumentos de ir adoptando progresivamente todas las medidas que estuvieren a su alcance, inclusive hasta el “máximo de los recursos que disponga”, y especialmente mediante medidas legislativas, para que los derechos sociales sean plenamente efectivos.
En este punto, se vuelve imperiosa la necesidad de establecer qué exactamente significa la expresión “progresivamente” utilizada en el contexto normativo de los instrumentos internacionales citados.
La necesidad de conocer el significado de la expresión “progresivamente”, y en especial aquel que le asignan los órganos especializados en materia de Derechos Humanos - como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión - es especialmente importante para los órganos jurisdiccionales de derecho interno de los Estados partes. Así lo ha reconocido la doctrina especializada, al decir que “...conocer la interpretación que hace el Comité de las obligaciones asumidas por los Estados Parte del PIDESC, puede servir a los tribunales domésticos cuando resuelven sobre materias relativas a derechos económicos, sociales y culturales..." “La interpretación del Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales de la presión “progresivamente”, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtis. compilador - pág. 119. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
Queda de esta forma justificada, pues, la necesidad de conocer cuál es el significado preciso de la expresión “progresivamente” que utilizan los órganos especializados en Derechos Humanos, a fin de indagar también, posteriormente, sus implicancias, que a mi criterio son esenciales para la resolución del presente caso.
Ya se ha adelantado líneas arriba una primera aproximación al significado de la expresión “progresivamente” en el contexto de los derechos sociales, explicando que afortunadamente ya se ha abandonado la perspectiva tradicional que atribuía a la expresión “progresivamente” (utilizadas en artículos específicos de los instrumentos de Derechos Humanos, como ya hemos visto) sólo el alcance de que los derechos sociales constituyen meras obligaciones programáticas de los Estados partes, pero sin operatividad alguna.
Interesa ahora señalar que el significado de la expresión “progresivamente” ha sido delineado precisamente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciéndose asimismo la naturaleza de las obligaciones que para los Estados derivan, de forma inmediata, de dicha expresión.
Así, a la luz de la expresión “progresivamente” se ha establecido que existen ciertas obligaciones emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que dependen de la disponibilidad de recursos de los Estados parte, de tal suerte que su efectivización se hace de manera gradual y paulatina, por lo que su exigibilidad dependerá forzosamente la acción positiva del Estado para su implementación.
Pero asimismo, se estableció que la expresión “progresivamente” también importa para los Estados parte un cúmulo de obligaciones de exigibilidad inmediata cuya eficacia o concreción material no depende de la disponibilidad actual de recursos.
En efecto, en línea con lo que venimos diciendo, se ha dicho que: "Gracias al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha logrado esclarecer el significado del lenguaje utilizado en los Pactos, así como la naturaleza de las obligaciones que ellos imponen. En este sentido, se ha establecido que todos los derechos humanos -cualquiera sea la categoría del cual provenga establecen una pluralidad de obligaciones de distinta naturaleza y se niega la existencia de una dicotomía entre las obligaciones emanadas de cada categoría de derechos. En este sentido, se entiende que el PIDESC impone una variedad de obligaciones a los Estados Parte. Algunas de estas obligaciones dependen de la disponibilidad de recursos y, por ende, se han de cumplir de manera paulatina, a medida que el Estado Parte cuente con los recursos necesarios. Sin embargo, se asume también que el Pacto contiene además una serie de obligaciones que deben cumplirse de manera inmediata por todos los Estados Parte, cualquiera sea su nivel de desarrollo, puesto que no están condicionados a la disponibilidad de recursos. A través de los años, el Comité ha identificado una serie de obligaciones legales que se desprenden del artículo 2.1 del Pacto. De conformidad con la labor realizada por el Comité, es posible distinguir las siguientes obligaciones: 1. Obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga; 2. Obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos y prohibición de medidas regresivas; 3. Obligación de dar prioridad a los derechos humanos en la distribución de recursos disponibles; 4. Obligación de buscar “a través de todos los medios apropiados” la plena efectividad de los derechos; 5. Obligación de medir el estado de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y elaborar un plan de acción para su implementación o puesta en práctica; 6. Obligación de asegurar el contenido mínimo para cada uno de los derechos; y 7. Obligaciones relativas a la asistencia y cooperación internacional. Estas obligaciones constituyen el “núcleo duro” del artículo 2.1 del Pacto, y se caracterizan por el hecho de que se aplican uniformemente a lodos los Estados Parte, sin importar el nivel de desarrollo que tengan, puesto que no están condicionadas a la existencia de recursos. A su vez, éstas limitan de manera considerable el margen de discrecionalidad que tienen los Estados respecto a la implementación del Pacto. Además, por su ubicación (Parte II del Pacto), se aplican respecto a todos los derechos sustantivos contenidos en la Parte III del mismo (arts. 6 al 15, PIDESC) (negritas son mías) (Sepúlveda, Magdalena “La interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la expresión “progresivamente”, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtis, compilador - pág. 123/124. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
Así pues, de la interpretación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionada detalladamente en la doctrina precedentemente transcripta, surge claramente que las obligaciones que emergen de forma directa e inmediata para los Estados Parte no dependen de la disponibilidad de recursos, y se aplican a todos los Estados parte, con prescindencia del grado de desarrollo que tengan.
De las serie de obligaciones de exigibilidad inmediata expuestas hasta aquí, nos interesa especialmente aquella obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos y prohibición de medidas regresivas.
Acerca del alcance de la obligación precedentemente mencionada, en consonancia con el alcance que cabe atribuir a la palabra “progresivamente”, la doctrina especializada ha establecido que de la expresión citada derivan básicamente dos obligaciones concretas, que consisten en la continuidad de la implementación de los derechos sociales, y en la prohibición de adoptar medidas denominadas “regresivas”: “III. Las obligaciones derivadas de la expresión “progresivamente”... De acuerdo al sentido corriente del término “progresivamente”, los Estados han asumido una obligación de “avanzar” continuamente hacia la plena efectividad de los derechos. Según se desprende del trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta obligación “avanzar” supone, a lo menos, dos obligaciones implícitas: 1) la obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y 2) la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. El incumplimiento de cualquiera de estas dos obligaciones constituiría una violación al Pacto. Por lo tanto, como veremos, una violación de las obligaciones derivadas de la noción de “realización progresiva” podría tener lugar tanto si los Estados no toman ninguna medida para ir avanzando en el disfrute de los derechos (omisiones), como cuando toman medidas deliberadamente regresivas (acciones) negritas son mías) (Sepúlveda. Magdalena “La interpretación del Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales de la expresión “progresivamente”, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtis, compilador - pág. 123/124. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).- Como ya podrá apreciarse en este punto, la interpretación técnica especializada en materia de Derechos Humanos ha establecido que la palabra “progresivamente” conlleva tanto un deber de hacer (mediante el avance en el disfrute de los derechos), como un deber de no hacer (prohibición de regresar sobre los avances ya logrados).
La llamada “prohibición de regresividad” no es otra cosa, pues, según lo explicado hasta aquí, que una implicancia natural de la obligación de hacer paulatinamente efectivos los derechos sociales.
Una vez que el Estado ha cumplido por vía legislativa el deber que le imponen los instrumentos internacionales de ir efectivizando los derechos sociales - y máxime aún si lo hizo por vía legislativa - no puede regresar sobre sus propios pasos y negar posteriormente, ya sea por vía normativa o de hecho, los mencionados derechos, sin violar los compromisos asumidos internacionalmente, y principios básicos de hermenéutica y de actuación expresamente establecido en dichos instrumentos, como el principio pro homine.
En efecto, regresar legislativamente sobre normas progresivas que sobre la base del mandato de los instrumentos de Derechos Humanos efectivizan derechos sociales, implica una directa y patente violación de dicho principio, desde el momento en que el Artículo 29 de la Convención .americana de Derechos Humanos establece expresamente: “Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros ditos internacionales de la misma naturaleza” (negritas son mías).
Como podrá advertirse, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que consagra el principio pro homine) establece expresamente, como línea directriz. que las disposiciones de la Convención no pueden ser interpretadas como un límite a derechos expresamente reconocidos por las leyes del derecho interno de los Pistados.
La norma de interpretación consagrada en el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos avala entonces que, por respeto al principio pro homine, debe estarse siempre a favor de los derechos expresamente reconocidos por vía legislativa, y que cualquier parte de la Convención debe interpretarse en favor de la extensión de los derechos, y no de su restricción.
En consonancia con lo apuntado, y respecto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha dicho que: "Interpreta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el PIDESC establece una prohibición absoluta de medidas regresivas respecto de cualquier derecho comprendido en el Pacto. El dictado de normas que vulneren el contenido mínimo esencial de esos derechos implica violar el Pacto. Asi, en referencia al derecho a la salud, que se puede extender por analogía a otros derechos económicos, sociales o culturales limitados, dijo que “los Estados Parte tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto” (González, Horacio. “Derecho a la seguridad social en Argentina” en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtis, compilador - pág. 207, Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
El análisis puramente teórico que hemos realizado hasta aquí se centró netamente en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De la lectura que se hizo de los mismos - avalada por la más autorizada doctrina especializada en la materia - se pudo concluir que indudablemente el Estado asumió el deber de efectivizar progresivamente los derechos sociales y que, al hacerlo, asumió también implícitamente la obligación (derivada también de los instrumentos internacionales) de no regresar sobre los derechos sociales ya efectivizados.
Pero no debe deducirse de ello que la doctrina de la prohibición de regresividad tenga como fuente solamente a los instrumentos internacionales citados en este fallo. La noción de la prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales puede encontrarse fácilmente en la misma Constitución Nacional, que comparte los mismos principios de otras Constituciones de otros Estados a partir de cuyos textos, acertadamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia construyeron lo que se conoce con el nombre de la doctrina de la irreversibilidad en materia de conquistas sociales.
Se trata de la Nichtumkehrbarkeitstheorie (o teoría de la irreversibilidad), desarrollada por el eminente jurista alemán Konrad Hesse.
En pocas palabras, la misma establece que si bien en muchos casos es, en la práctica, imposible desprender de una Constitución una enumeración detallada de derechos, una vez que los mismos son reconocidos expresamente por la ley ordinaria o por la Administración, no puede regresarse sobre dichas conquistas sociales sin vulnerar la Constitución.
Al respecto, dice la doctrina especializada: "La prohibición de regresividad no es ajena al derecho constitucional. Constitucionalistas de la talla de Konrad Hesse han propuesto, en materia de derechos sociales, la teoría de la irreversibilidad (Nichtumkehrbarkeitstheorie). De acuerdo con esta noción, si bien residía imposible inducir de la propia constitución el contenido sustantivo de las obligaciones sociales del Estado, una vez que el legislador o la Administración ha regulado los diferentes campos mandados por la Constitución, toda medida regresiva que afecte el contenido esencial de las regulaciones establecidas es inconstitucional. Se trata de la irrever sibil idad de las conquistas sociales alcanzadas - al menos de su contenido esencial -. Ver Hesse, Konrad. Grunzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. CF Müller, Heidelberg y Karlsruhe, 1978, ps. 86-87, citado por Parejo Alfonso. Luciano. Estado social y administración pública, Civitas, Madrid, 1983, ps. 53-54... "(Courtis. Christian. “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios” en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales- Christian Curtis, compilador - pág. 17, Nota 17. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Inter americana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf). Asimismo, se ha dicho que: “Como señala Luciano Parejo Alfonso, ha sido K. Hesse quien “ha intentado una mayor consistencia del principio [social], a través de la teoría de la irreversibilidad (...) Una vez que ha tenido lugar la conformación legal o reglamentaria (...) del principio, éste determina la inconstitucionalidad de toda medida regresiva que afecte el contenido esencial de las regulaciones establecidas, es decir, la irreversibilidad —al menos en su contenido esencial- de las conquistas sociales alcanzadas" (Estado social y administración pública, cit., p. 54)’’ (González, Horacio. “Derecho a la seguridad social en Argentina” en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales- Christian Curtís, compilador -pág. 206, Nota 34. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
La doctrina de la irreversibilidad de los derechos sociales de Konrad Hesse ya ha sido acogida en la jurisprudencia europea, señalándose la importancia de concebir a las normas que establecen al Estado Social como normas no solamente programáticas, sino también operativas, que pueden ser vulneradas por cualquier acto normativo que implique un retroceso en los derechos sociales efectivizados.
Es así que la doctrina española, en un prolijo análisis de lo apuntado en el párrafo anterior, nos dice que “Nuestra, jurisprudencia constitucional - tributaria a través del artículo 9.2 de la Constitución Española de la Cláusula Basso - “E compito della Reppublica rimuovere gli ostacoli di ordine económico e sociale, che, limitando di fatto la libertó e l'eguagliunza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'eftetiva partecipazione di tutti i lavoratori all ’organizzazione política, económica e sociale del Paese” - cristalizada a su vez en el parcialmente trascrito artículo 3 de la Constitución Italiana de 1947 - no ha sido ajena a las cuestión de la irreversibilidad de las conquistas sociales, y así lo ha puesto de manifiesto nuestro Tribunal Constitucional en las ya clásicas Sentencias 81/1982, de 21 de diciembre o 65/1987, de 21 de mayo, subrayando que la categoría de Estado Social contemplado en el artículo 1.1 CE no puede considerarse como un mero principio programático sino que constituye, mas al contrario, el núcleo elemental, de directa y efectiva aplicación y emanador del resto del articulado constitucional. Consecuentemente, toda aquella alteración de la almendra esencial del contenido normativo de los derechos de orden social y económico por parte del legislativo/ejecutivo, adolecería de inconstitucionalidad, pudiendo ser únicamente objeto de regresión aspectos de carácter no fundamental y siempre que tales medidas legislativas pudieran catalogarse como razonables en función de la coyuntura económica sobrevenida” (Cancio C., Raúl. “De la irreversibilidad de las conquistas sociales de Konrad Hesse al legacentrismo neopositivista del nuevo milenio (o como la crisis económica ha venido con una Reine Rechtslehre bajo el brazo)" en Legalidad y Legitimidad en el Estado Contemporáneo, Juan Antonio Gómez García, editor, p. 212. Madrid: Editorial Dykinson, S.L.).
Podemos ver así, mediante la cita doctrinaria arriba transcripta, que el concepto de Estado Social es esencial para la protección de la efectivización de los derechos sociales, de tal suerte que toda normativa infraconstitucional que de cualquier maneta - afecte el contenido sustancial de dichos derechos, adolecería de inconstitucionalidad.
En este punto del análisis, no podemos dejar de hacer mención del texto de la cláusula Basso, que se refleja también en los artículos 46 (en lo que respecta a la obligación de remover obstáculos) y 6 de la Constitución Nacional (de donde se desprende el deber de garantizar el desarrollo de la persona humana).
Es bien sabido también que la Constitución paraguaya adoptó expresamente como forma de Estado al Estado “Social” de Derecho, con un gobierno democrático que se funda constitucionalmente - y que por ende tiene el deber de reconocerla - en la dignidad humana (art. 1° de la Constitución).
Por ende, en virtud de todo el trabajo analítico que se hizo hasta aquí, estamos en condiciones de afirmar, sin temor a equivocamos, que en la República del Paraguay rige la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, y que la misma deriva normativamente tanto de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos -que por imperio del artículo 137 de la Constitución tienen categoría de derecho intemo - que se analizaron en este fallo, como directamente de la misma Constitución.
Por ende, desde un punto de vista puramente teórico, estamos en la senda correcta al afirmar que esta Sala puede estudiar el caso propuesto a solución desde la perspectiva apuntada.
Sólo resta por resolver la cuestión de si, más allá de lo dicho con respecto a la prohibición de regresividad, podemos verdaderamente estudiar el fondo del caso propuesto por los accionantes, habida cuenta de que muchos de ellos aún no invisten el status legal de jubilados.
O en otras palabras: ¿puede existir regresividad legislativa sobre derechos que actualmente lo son sólo en expectativa? ¿puede existir regresividad sobre leyes que actualmente no son retroactivas con respecto a los accionantes?.
El punto a resolver a continuación es arduo, y no es pacífico en la doctrina especializada. Por ello, de la posición que adopte esta Sala con respecto a las interrogantes formuladas en el párrafo anterior, dependerá tanto la aplicabilidad del artículo 550 del Código Procesal Civil- en el sentido apuntado por la Fiscalía General del Estado - y la consecuente posibilidad de que esta Sala estudie la cuestión de fondo: sobre si las reformas legislativas impugnadas son o no regresivas de los derechos sociales de los impugnantes. Como primera aproximación, podemos mencionar que en la mejor doctrina se ha dicho con respecto a este tema: “II. Posibles manifestaciones de la prohibición de retroceso:... en línea con los desarrollos de derecho constitucional extranjero y, particularmente, frente a la experiencia de la práctica normativa (aunque no exclusivamente en esta esfera), es cada vez más frecuente constatar la existencia de medidas inequívocamente regresivas que no llegan a tener carácter propiamente retroactivo, por el hecho de que no afectan posiciones jurídicas ya consolidadas en el patrimonio de su titular, o que, de modo general, no alcanzan a situaciones anteriores. Asi, por paradójico que esto pueda parecer a primera vista, el retroceso también puede ocurrir mediante actos con efectos prospectivos. Basta recordar aquí la hipótesis -tal vez la más común si se consideran las referencias hechas por la doctrina y la jurisprudencia - de la concreción por el legislador infraconstitucional del contenido y la protección de los derechos sociales, especialmente (pero no exclusivamente) en su dimensión positiva: ello nos remite directamente a la noción de que el contenido esencial de los derechos sociales debe ser interpretado a partir de la definición legislativa de los elementos nucleares del nivel prestacional, lo que, a su vez, desemboca inevitablemente en el ya anunciado problema de la prohibición de retroceso social ” (negritas son mías)(Ingo Wolfgang Sarlet. “Prohibición de retroceso en Brasil”, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtis, compilador - pág. 333. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf).
Como podemos advertir, se admite en sede doctrinaria que la regresión de los derechos sociales puede existir aún sin que la ley regresiva sea retroactiva, por no afectar posiciones jurídicas ya consolidadas en el patrimonio de su titular, o que, de modo general, no alcanzan a situaciones anteriores: es decir, se admite que la regresividad también puede darse sobre derechos que aún no forman parte del patrimonio del titular, es decir, sobre derechos “en expectativa”.
Si aceptamos la tesis anterior estamos a escasa distancia de poder afirmar también, legítimamente, que tratándose de regresividad de derechos sociales, se pueden producir lesiones de derechos que lo son solo en expectativa. Esta lectura nos obligaría, naturalmente, a recaracterizar a la palabra “lesión” contenida en el artículo 550 del Código Procesal Civil desde la perspectiva teórica explicitada hasta aquí. Pero antes de hacerlo, profundicemos un poco más en sede teórica sobre la viabilidad de tal posibilidad.
En la misma tesitura, y analizando ciertos precedentes del Tribunal Constitucional de Alemania, ha dicho la doctrina especializada , lo siguiente, que nos permitimos transcribir largamente porque precisamente analiza a fondo la cuestión de la posibilidad de protección de los derechos en expectativa frente a las normas regresivas: "Aunque no sea el caso de embarcarnos aquí en toda su amplitud, en la discusión sobre la prohibición de retroceso social en Alemania, vale la pena destacar que allí, a pesar de que ni siquiera existe en el plano constitucional una protección expresa de los derechos adquiridos, tanto la doctrina como el Tribunal Constitucional Federal siempre dieron cabida a la protección (aunque no ilimitada) tanto del derecho adquirido como de las propias expectativas de derechos (aunque con menor intensidad en este caso), dimensiones que, como ya he señalado, integran una comprensión amplia de la prohibición de retroceso. Más allá de eso, en el ámbito de una Jurisprudencia considerada como un referente, especialmente en lo que hace a la creatividad de la solución, el Tribunal Constitucional Federal reconoció, en una serie de decisiones, que la garantía de la propiedad alcanza también a la protección de posiciones jurídico - subjetivas de naturaleza pública (entre las que se destacan los derechos de prestación concretados legislativamente en el ámbito de la seguridad social). A pesar de una serie de críticas, existe actualmente un determinado grado de consenso en esta esfera. Como bien ha demostrado Peter Badura, a partir del concepto funcional de propiedad desarrollado por Martin Wolff en la época de Weimar, la garantía de la propiedad, más allá de su protección en términos de derechos reales, alcanzó también una función de conservación de derechos, ofreciendo al individuo seguridad jurídica relativa a los derechos patrimoniales reconocidos por el orden jurídico además de proteger la confianza depositada en el contenido de sus derechos. El Tribunal Federal Constitucional adoptó esta interpretación considerando que la protección por medio de la garantía de la propiedad tiene como presupuesto la circunstancia de que al titular del derecho se le atribuye una posición jurídica equivalente a la de propiedad privada y que, en el caso de una supresión sin compensación alguna, ocurriría una colisión frontal con el principio del Estado de derecho, lo que, especialmente a partir de la inclusión en el ámbito de la protección de la garantía de la propiedad de derechos patrimoniales en la esfera de la seguridad social, acabó llevando a una ampliación del concepto de propiedad vigente en el derecho privado, del cual el concepto constitucional de propiedad vino a desprenderse casi completamente. Cabe señalar, sin embargo, que no todos los derechos patrimoniales de naturaleza pública (ni siquiera todos los derechos sociales) fueron considerados protegidos por la garantía de la propiedad, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, presentada aquí en apretadísima síntesis, deben satisfacerse algunos requisitos: a) a la posición jurídica individual (esto es, al derecho subjetivo a la prestación social) debe corresponder una contraprestación personal de su titular, que no puede ser irrelevante -aunque no es indispensable una equivalencia absoluta entra la prestación estatal y la contrapartida persona, bastando que la pretensión del particular no esté basada única y exclusivamente en una prestación unilateral del Estado; b) debe tratarse de una posición jurídica de naturaleza patrimonial, que pueda ser considerada como de goce privado para su titular, lo que ocurre cuando el titular del derecho puede partir de la premisa de que se trata de una posición jurídica personal, propia y exclusiva, caracterizada por una esencial disponibilidad por parte de su titular; e) La prestación debe servir a la garantía de la existencia de su titular, ya que la propiedad también protege las condiciones necesarias para una vida autónoma y responsable, especialmente si se considera que la mayor parte de los ciudadanos alcanza su seguridad existencial menos por medio del patrimonio privado mobiliario y/o inmobiliario, que por resultado de su trabajo y, por lo tanto, por medio de sus posiciones jurídicosubjetivas patrimoniales. En el ámbito de estos tres presupuestos y de su incremento gradual, así como de la protección de las posiciones jurídico-subjetivas patrimoniales de derecho público fue considerablemente robustecida, y alcanza una parte considerable de las prestaciones la ampliación del contenido social de la propiedad vinculada con ellos que integran el sistema público de seguridad social (especialmente jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, seguro contra accidentes de trabajo, etcétera), además de alcanzar aun las expectativas de derechos, especialmente aquellas posiciones que, mediante el cumplimiento de otras condiciones (por ejemplo, un cierto plazo de espera y/o de carencia), se tornan plenamente exigibles. Por otra parte, han sido excluidas de la protección las prestaciones de cuño rehabilitador y secundario, sin contraprestación respectiva, así como las prestaciones discrecionales, que no están fundadas en una posición jurídica similar a la de la propiedad privada, de modo que debe tratarse de prestaciones obligatorias. A pesar de las diversas y relevantes críticas formuladas en relación con la solución preconizada por el Tribunal Constitucional Federal, que no pueden ser presentadas y discutidas íntegramente aquí, y aun considerando la existencia de otras formas de contra el retroceso reconocidas y desarrolladas en la doctrina y jurisprudencia constitucional germánica (como es el caso de las alternativas fundadas en la protección de la confianza, en el principio de isonomía y en la dignidad de la persona humana, lo que importa, a efectos de esta exposición, es la constatación de la importancia que se le ha atribuido a la prohibición de retroceso, aún más extensa que la protección de los derechos adquiridos, en órdenes constitucionales donde no existe una previsión de tal prohibición y donde -conviene subrayar este aspecto- los niveles de protección social son muy superiores a los nuestros. Que también en Alemania (y, por lo demás, en la esfera europea) tal protección no sea absoluta y en qué medida -y bajo qué presupuestos- sea considerado constitucionalmente legitimo algún tipo de retroceso, volverá a ser tratado más adelante, aunque sin mayor profundización (negritas son mías) (Ingo Wolfgang Sarlet. “Prohibición de retroceso en Brasil, en Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales - Christian Curtís, compilador - pág. 340/343. Ver documento digital disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/25896.pdf). Como puede fácilmente advertirse de lo precedentemente transcripto, la doctrina especializada y la jurisprudencia extranjera - en el caso analizado, la de Alemania - han reconocido expresamente que: a) la “comprensión” de la protección de los derechos sociales y la prohibición de regresividad abarca no solamente a los derechos adquiridos, sino también a las expectativas de derechos, b) que la protección contra la regresividad se da especialmente sobre la base de una interpretación constitucional de que la garantía de la propiedad privada se extiende también a aquellas posiciones jurídicas de derecho público (como las de la seguridad social) que impliquen una contraprestación obligatoria de parte de la persona, c) que la supresión de los derechos sociales de naturaleza patrimonial así reconocidos sin compensación alguna constituye una colisión frontal con el Estado de Derecho, d) que la garantía del derecho de propiedad abarca a aquellas prestaciones que sirvan para un mantenimiento de una vida responsable de parte de su titular, habida cuenta de que la mayor parte de las personas vive del producto de su trabajo más que de su patrimonio privado mobiliario o inmobiliario.
No quedan dudas pues, de que tanto en doctrina como en jurisprudencia constitucional extranjera se admite la posibilidad de que la prohibición de regresividad proteja también los derechos en expectativa, por los motivos brevemente esbozados líneas arriba.
Ahora sólo resta que decidamos si tal posibilidad es viable en Paraguay, y, en caso de que ello sea posible, cuál es la nueva lectura que cabría dar al art. 550 del Código Procesal Civil cuando habla de “lesión” de derechos como presupuesto de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad.
Lo que hacen las normas atacadas de inconstitucionalidad, es establecer un tope máximo de 300 jornales mínimos para cualquier jubilación otorgada por el IPS.
En efecto, cualquier trabajador que perciba una remuneración mensual por encima de dicho tope, estará constreñida, junto con la patronal, a realizar los aportes obligatorios al régimen de seguridad social: pero dicho aporte se efectúa sobre el total de las remuneraciones; en contrapartida, el IPS recibirá dichos aportes pero al momento de otorgar el beneficio jubilatorio, ésta quedará limitada al máximo establecido de 300 jornales, con lo cual se produce una pérdida de beneficios por parte de aquel aportante que haya percibido una remuneración superior a dicho tope. Este tope establecido como monto máximo de jubilación, provoca una pérdida proporcional equivalente a la suma percibida como remuneración que se encuentre por encima de dicho tope; puesto que el trabajador se encuentra obligado a aportar sobre la totalidad de su remuneración, por lo cual espera una devolución similar al momento de acogerse a la jubilación, es decir, el disfrute de un haber jubilatorio equivalente a su aporte. Este tope, lo que hace es confiscar todo aporte efectuado por encima del límite, así como deja a los afectados en una situación de desigualdad con respecto a los demás aportantes que no se verán disminuidos en su haber jubilatorio. Incluso, con esta retención indebida, aquel trabajador que aporte por un salario equivalente a 300 jornales, al momento de acogerse a la jubilación, percibirá un haber igual a aquel que haya aportado por un salario de 350 jornales, por lo que el perjuicio a éste último resulta evidente.
En la práctica, cuando un aportante con una remuneración superior a los 300 jornales, solicite su jubilación, el IPS practicará en cálculo correspondiente y reconocerá los aportes efectuados, por más que estos se encuentren por encima del tope; pero, a la hora de establecer el haber jubilatorio final, procederá a retener toda suma que exceda el tope de 300 jornales, que será a final de cuentas el haber jubilatoria que corresponderá a ese trabajador.
Los aportes efectuados por encima del tope de los 300 jornales, tampoco constituye una especie de aporte indebido, todo trabajador y la patronal se encuentra obligada a practicar los descuentos y realizar los aportes correspondientes a la seguridad social de manera mensual; pero, esos aportes efectuados sobre salarios superiores a los 300 jornales son válidamente admitidos y computados en la planilla de aportes, de los, trabajadores.
Podría considerarse que la lesión se producirá recién cuando sea solicitada la jubilación y el IPS efectúe la retención del haber jubilatorio en la proporción que supere los 300 jornales; pero, la realidad es que esta lesión se produce mes a mes, por cada aporte mensual; ya que al computarse la totalidad del aporte, por más que este supere el tope de 300 jornales, se está perjudicando la expectativa jubilatoria del trabajador que se encuentre en dicha situación y que efectuó un mayor esfuerzo contributivo.
El establecimiento de un tope de 300 jornales mínimos para el otorgamiento de jubilaciones, se traduce en una suerte de castigo para aquellos trabajadores que más han aportado y de manera efectividad sistema de seguridad social. Este tope se contradice además, con la finalidad protectoría del sistema de seguridad social reconocido en el artículo 95 de la Constitución Nacional, que tutela de manera integral al trabajador y su familia.
Este tope, no sólo deviene inconstitucional, sino que además resulta irracional; pues en la práctica implica que el aporte mensual de cada trabajador con una remuneración superior a los 300 jornales, sólo tendrá una devolución jubilatoria de hasta dicho tope, sin posibilidad de devolución del aporte superior efectuada; dicha detracción mensual, en la parte que no se encuentra amparada como computable para el cálculo del haber jubilatorio, comporta además la lesión que hemos caracterizado en párrafos anteriores.
Esta lesión, si bien recién será percibida de manera efectiva, al momento del cálculo del haber jubilatorio, por afectar económicamente a la capacidad de pago del jubilado, no resulta tan grave como la lesión que se produce cada mes, en donde cada detracción salarial destinada al sistema de seguridad social con miras a formar el haber jubilatorio, sufre una suerte de confiscación, ya que sólo será considerado como computable aquel aporte inferior a los 300 jornales, toda suma que exceda dicho tope ingresará al patrimonio de la previsional, pero sin derecho a devolución, ya sea como pago en exceso o como integrantes del cálculo del haber jubilatorio.
No existe pues, justificación constitucional para que un trabajador que aporte en concepto de seguridad social sobre un salario superior a los 300 jornales, no tenga derecho a disfrutar en su vejez de un haber jubilatorio proporcional a su aporte efectivamente realizado; ni que la previsional perciba un aporte sobre un salario superior a los 300 jornales y que el beneficio de la jubilación sea limitado al tope de 300 jornales.
Por lo tanto, el establecimiento de un tope de 300 jornales como monto máximo de jubilación, contraviene la garantía de la seguridad social, porque restringe el derecho a percibir una jubilación íntegra, acorde con el real esfuerzo contributivo efectuado por aquellos trabajadores que han aportado sobre un salario superior a los 300 jornales durante cada mes a lo largo de su vida laboral activa, con lo cual puedan disfrutar de una vejez digna, y más que nada, con una jubilación que sea retributiva con su mayor aporte efectuado para tal fin.
Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar inaplicable los artículos 3 y 4 de la Ley 98/92, “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987 en relación a los señores LINO ASCIAN ACOSTA AMARILLA, TEODORO RUBÉN ACOSTA BAEZ, DIEGO IGNACIO ALMADA CUBILLA, ABEL SANTACRUZ ALVAREZ DURE, JOSUÉ ALVAREZ DURE, DELFIN AMARILLA SÁNCHEZ, PRIMITIVO AMARILLA SANCHEZ, JUAN RAMON APODACA FRAGUEIRO, ARCENIO RUBÉN AQUINO CABALLERO, LIBORIO AQUINO SERVIN, LUIS ALBERTO AQUINO, LAUREANO AVALOS, OSCAR ALEJANDRO BARRETO TORALES, AMADO ROQUE BENGOECHEA VÁZQUEZ, BERNARDINO RAMON BENITEZ MORINIGO, ERNESTO RAMON BERNAL PÉREZ, GUSTAVO EMILIO BOGADO, ANIBAL BORJA BOGADO, GERARDO MERCEDES BRITEZ ROMERO, JOSE LUIS CABAÑAS ROBLES, JUAN PABLO CACERES RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO CANDIA ALVARENGA, RUBEN CANDIA BRITEZ, ANTONIO CASTEL PERALTA, VICTOR MANUEL CESPEDES GODOY, PABLINO CHAPARRO BAEZ, RAMON CONTRERA ROLON, ARNALDO OSCAR CORRALES LOPEZ, JOAQUIN CRISTALDO CACERES, MODESTO DELVALLE MOURA, NERY NELSON RAMON DELVALLE YMAZ, JOSE RAMON DEVACA LOPEZ, ELVIO DIAZ YAHARY, NESTOR HUGO DURE ALMADA, ELVIO ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ, JORGE RAUL FERREIRA PANIAGUA, REINALDO GAMARRA TOLEDO, CESAR GAUTO, JOSE HUMBERTO GAUTO RUIZ DIAZ, PEDRO ANTONIO GIMENEZ ENCINA, TROADIO RAMON GIMENEZ PEREZ, RICARDO GODOY MEDINA, LUIS ALBERTO GOMEZ ALFONZO, ROSALINO RAMON GOMEZ ALFONZO, VALENTINO GONZALEZ, BLAS ALBERTO GONZALEZ CHAPARRO, ROBERTO DARIO GONZALEZ CHAPARRO, PABLO FRANCISCO HAEDO SUCEDO, HECTOR DENIS HARERA AQUINO, JORGE ANTONIO IBARRA RIVEROS, JUAN CARMELO INSAURRALDE, SIXTO RAMON INSAURRALDE, GILBERTO GIMENEZ ALCARAZ, SERGIO LEDESMA, JOSE MIGUEL GARARDO LU1ZZI, ROQUE ARNILDO LUIZZI DELGADO, OSMAR DARIO LOPEZ MARTINEZ, ESTEBAN ABRAHAN LOPEZ ORTIZ, EMIGDIO LOPEZ RIVEROS, VICTOR RAMON LOPEZ ROJAS, CALIXTO LOPEZ VALDEZ, EUCLIDES JAVIER LOPEZ VERA, JOSE ISIDORO LOVERA, ARNALDO RAMON MANZI AY ALA, MARCOS AURELIO MAÑOTTI GONZALEZ, ARNALDO ANDRES MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ, LUIS AUGUSTO MONTIEL ESTIGARRIBIA, VICTORINO MONTIEL, ILDEFONSO MORENO MEDINA, LUIS RAMON NAVARRO MEDINA, GERARDO ANTONIO OCAMPOS, IGNACIO RAMON ORTIZ OCAMPOS, SILVIO CIPRIANO PAREDES GONZALEZ, JUAN ESTEBAN PARINI ESTIGARRIBIA, ALFREDO MARCEL PARINI ESTIGARRIBIA, HORACIO GERARDO PATINO BEITIA, JAIME Q. PATIÑO ESQUINEL, EVARISTO PERALTA GONZALEZ, ANIBAL PINTO FLORENTIN, OCTACIANO PITTA AGÜERO, ISABELINO PITTA RODRIGUEZ, MAURICIO PITTA RODRIGUEZ, FRANCISCO SOLANO QUIÑONEZ URBIETA, CATALINO RAMIREZ CONTRERA, FELIX DANIEL RAMIREZ PITTA, VICTOR ANASTACIO RAMOS PATIÑO, RODRIGO RAMON RECALDE ESCOBAR, HUMBERTO RIOS BELLO, CARLOS JAVIER RIOS NEGRETE, HIGINIO RIVEROS, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, HECTOR ROJAS GONZALEZ, ELEUTERIO RAMON ROJAS ESQUIVEL, DIEGO VALENTIN ROLOU, AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, SE VERI ANO ROMERO MEDINA, VICENTE ROMERO MOLINAS, NICOLAS MILCIADES ROMERO, JUAN ROMERO TORRES, DERL1S CORAZON RUIZ DIAZ, CLAUDIO MILCIADES SALINAS SOSA, ZENON ALCEDE SAMANIEGO MORENO, NELSON EUCLIDES SAMUDIO PAREDES, JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, MIGUEL TORRES DURE, JOEL TORRES SILVA, EULOGIO VALDEZ AMARILLA, ARNALDO ANDRES VERA LOPEZ, HUGO SIGILFREDO VILLALBA MARTINEZ, IGNACIO ZARATE MORENO, OSCAR ZELADA MELGAREJO, ANDRES AVELINO ZELAYA ORTIZ, RUBEN DARIO ALMADA BRITOS, JORGE LUIS ALVARENGA AMARILLA, PEDRO PABLO BENITEZ BENITEZ, TEODORO CABRERA FRANCO, TEODORO URSINO FERREIRA GAONA, AURELIO GIMENEZ TORRES, MARIO AGUSTIN KEIM MEDI A, DAMIAN LOPEZ VALDEZ, SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ MELGAREJO, GABRIEL EUSEBIO MERELE, MARIO MIRANDA PAVON, ELIO PASTOR RECALDE BAREIRO. DIEGO RIVAS ALEGRE, DERLIS ANTONIO SERVIN, VICENTE VAZQUEZ CACERES y JOSE ANGEL YAHARI BENITEZ. ES MI VOTO.
A su tumo el Doctor BLANCO dijo: Me adhiero parcialmente al voto del distinguido colega preopinante, Dr. MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, en el sentido de hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada, pero exclusivamente y en relación los accionantes AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVEROS, no así respecto de los demás accionantes, conforme a las ampliaciones hermenéuticas de las circunstancias fácticas y legales observadas en autos, que a continuación expongo:
Que, en primer término corresponde establecer de manera clara la legitimación de los accionantes, a fin de determinar y enmarcar los derechos que efectivamente han sido objeto de inobservancia legal actual y desde el punto de vista Constitucional.
En este contexto, la LEY N° 98/92 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1.987, en el Art. 2, modifícalos arts. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 24. 26, 27, 28, 30, 33, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 77, 78, 79 y 84 del Decreto Ley N° 1860/50 aprobado por Ley N° 375 del 27 de agosto de 1.956. En este sentido, el Art. 60 que hace a los requisitos legales para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, establece cuanto sigue: “Tendrá derecho a la jubilación ordinaria, el asegurado que haya cumplido 60 (sesenta) años de edad y tenga 25 (veinte y cinco) años como mínimo de servicios reconocidos, debiendo corresponderle el 100% (cien por ciento) del promedio de los salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último aporte, o (cincuenta y cinco) años de edad y 30 (treinta) años como mínimo de servicios reconocidos, debiendo corresponderle el 80% (ochenta por ciento) del promedio de salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último salario, Este porcentaje aumentará a razón del 4% (cuatro por ciento) por cada año que sobrepasa los 55 (cincuenta y cinco) años de edad, en el momento de solicitarlo hasta los 59 (cincuenta y nueve) años de edad”.
Del texto legal transcripto se deduce que los requisitos para el acceso al beneficio de la jubilación ordinaria, respecto de la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, se enmarca en la siguiente relación años de edad - años de servicios prestados: (60) sesenta años de edad y (25) veinticinco años de servicios: 100 % del promedio de los salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último aporte, o bien que el pretendiente de acceder al beneficio de jubilación posea (55) cincuenta y cinco años de edad y (30) treinta años de servicio reconocido, debiéndole corresponderle el 80 % (ochenta por ciento) del promedio de salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último salario. De esta manera se fija indubitablemente la relación años de edad - años de servicios, necesarios y suficientes, que se requieren para tener el derecho de la jubilación ordinaria y en consecuencia, gozar del porcentual de promedio jubilatorio/que la ley establece.
Ello es así teniendo en cuenta, que la pretensión a formular, debe estar basamentada estrictamente una efectiva, real, actual y contemporánea violación de derechos constitucionales y no meramente a una posibilidad efímera o posible. Es decir, los derechos que se reclaman violados, deben encontrarse en ese contexto, vale decir, la violación debe ser vigente y actual, no en expectativa de serlo.
En este sentido el Art. 550 del Código Procesal civil dispone cuanto sigue: “PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y JUEZ COMPETENTE. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este Capítulo. ". La norma transcripta, hace referencia al tiempo pasado, es decir, enuncia el vocablo legal individualizado como “lesionada” otorgándole la significación contextual, de existencia anterior a la facultad de promover la Acción de Inconstitucionalidad.
En el mismo sentido el Art. 552 del Código Procesal Civil, dispone cuanto sigue: "REQUISITOS DE LA DEMANDA. Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición". De la misma manera; el texto normativo transcripto, utiliza la afirmación siguiente: “...Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición”. Esta circunstancia reafirma la necesidad de que el derecho reclamado en la Acción de Inconstitucionalidad, por parte del ciudadano, debe haberse infringido y no solamente derivarse a una expectativa, sujeta al transcurso del tiempo, es decir, a futuro.
En los términos apuntados, se debe determinar en autos, quienes de los accionantes, se encuentran legítimamente habilitados para reclamar la subsanación de los derechos infringidos. Para ello se deberá determinar si reúnen los requisitos temporales a los cuales se ha hecho referencia en párrafos anteriores.
Es así, que luego de un exhaustivo análisis documental existente en autos, este Ministro de la Corte Suprema de Justicia, entiende que los accionantes habilitados formal y legalmente para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad en los términos presentados, son los señores AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RNEROS, conforme a la siguiente argumentación hermenéutica de circunstancias fácticas y legales que a continuación se formulan.
En cuanto al señor AUGSTIN ROMAN RAMIREZ, resulta un tanto sencilla la cuestión. En este contexto, lo establecido por la norma contenida en el Art. 60 de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1.987, claramente dispone, respecto a los años de edad - años de servicio/aporte para acceder al beneficio de jubilación ordinaria, el asegurado deberá haber cumplido 60 (sesenta) años de edad y tener 25 (veinte y cinco) años como mínimo de servicios reconocidos, correspondiéndole el 100% (cien por ciento) del promedio de los salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último aporte y por otro lado; (cincuenta y cinco) años de edad y 30 (treinta) años como mínimo de servicios reconocidos, correspondiéndole el 80% (ochenta por ciento) del promedio de salarios de los 36 (treinta y seis) últimos meses anteriores al último salario. De las constancias de autos, surge que el señor AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, ha nacido en fecha 28 de agosto de 1958, lo que equivale a la fecha de presentación de la Acción de Inconstitucionalidad (23 de setiembre de 2013) a cincuenta y cinco años de edad (55 años), según constancia obrante fs. 232 de autos (copia autenticada de Cédula de Identidad). Es relevante, mencionar que si el cálculo realizado se desarrollara el momento del dictamiento del presente Acuerdo y Sentencia, el accionante tendría 58 años de edad, circunstancia esta irrefutable, teniendo en cuenta la valoración del instrumento Publico obrante en autos- (copia autenticada de la Cédula de identidad) y que sirve para la determinación efectiva de los años de edad que posee el señor AGUSTIN ROMAN RAMIREZ.
Igualmente y teniendo en cuenta el segundo requisito legal, el accionante referido, ha empezado a aportar en la Caja de Jubilaciones del instituto de Previsión Social, en el año 1985 y a la fecha de presentación de la presente Acción de Inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013), el mismo ya contaba con 1524 semanas de aportes, lo que equivale a 30 años de aportes a la caja de Jubilaciones, lo que se traduce en el cumplimiento de los requisitos legales para la jubilación ordinaria, específicamente en la segunda posibilidad legal contenida en el Art. 60 de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1.987. De igual modo, en el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada) consta el computo de Semanas Consolidadas has tasta el año 2014, y según está, el señor AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, en el mes de mayo de ese año, ya tenía aportado 1545 semanas, lo que equivale a 30 años y 10 meses de aporte.
En todo este contexto se puede observar que, el señor AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, efectivamente reúne los requisitos legales para optar a la jubilación ordinaria, prevista en el segundo supuesto legal contenido en el Art. 60 de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1.987, es decir, contaba con 55 años de edad y 30 años de aporte, lo que igualmente se traduce en la legitimidad de accionar por inconstitucional las disposiciones legales que afectan a su derecho ya consolidado.
Por otro lado, el accionante LUIS ALBERTO DURE ALMADA, su pretensión igualmente se encuentra habilitada legalmente, para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad, en razón a las siguientes formulaciones tácticas y jurídicas que a continuación de desarrollan.
Que a fs. 195 de autos consta la copia autenticada de la cédula de identidad, del accionante, señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA, del cual surge que el mismo ha nacido en fecha 04 de mayo de 1961, y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013,) el mismo, en principio no ha alcanzado la edad requerida en la norma legal. Sin embargo, constituyendo el documento referido (copia autenticada de cédula de identidad) un instrumento público, que hace fecha cierta, al momento del estudio, análisis y dictamiento del presente acuerdo y sentencia, el señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA, posee 55 años de edad. Es decir, la lesión generada respecto de los derechos reclamados por el señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA, a la fecha, se encuentran plenamente acaecidos. Ello es así, además, teniendo en cuenta que el mismo ha empezado a aportar en el año 1980, teniendo como aporte a la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013) la cantidad de 1516 semanas aportadas, lo que equivale a treinta (30) años de aporte. No esta demás afirmar, que en el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada) consta el computo de Semanas Consolidadas hasta el año 2014, y según está, el señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA; en el mes de septiembre de ese año, ya tenía aportado 1553 semanas, lo que equivale a 31 años de aporte.
Como puede verificarse, el señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA, a la fecha reúne los requisitos necesario y suficientes, para acceder a los beneficios de la jubilación obligatoria, y por lo mismo, el derecho reclamado por el mismo se encuentra plenamente justificado, atendiendo que a la fecha cuenta con 55 (cincuenta y cinco) años de edad y con más de 31 (treinta y un) años de aportes a la caja de jubilaciones, en concordancia con el supuesto legal contenido en la segunda parte del Articulo 60 de la ley N° 98/92 y por lo mismo, se encuentra habilitado legalmente para ejercer la presente acción de inconstitucionalidad.
Finalmente, respecto del señor HIGINIO RIVERO, según constancia obrante a fs. 181 de autos (copia autenticada de cédula de identidad), el mismo ha nacido en fecha 11 de enero de 1955, y considerando la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, el mismo en esta fecha, ya contaba con más de 60 años de edad, constituyéndose ello en uno de los requisitos temporarios establecidos por el Art. 60 de la Ley N° 98/92. Igualmente, remitiéndonos al cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada) en el mismo se puede observar que a la fecha de presentación de la presente acción (23 septiembre de 2013) el señor HIGINIO RIVERO, ya tenía aportados los 25 años necesarios y suficientes exigidos como condición legal, para acceder al beneficio de jubilación ordinaria. No está demás referir que la planilla referida, al encontrarse como copia autenticada y no habiendo sido impugnada, se constituye en instrumento público que hace plena fe y las fechas consignadas en el mismo datan como ciertas, en este sentido la planilla mencionada, justifica que los aportes se extienden hasta el mes de septiembre del año 2014, correspondiendo en ese sentido a 1288 semanas de aportes, equivalentes a 25 años y 9 meses, por lo que a la fecha de estudio, análisis y dictamiento de la presente resolución, ha sobrepasado el factor legal temporario; años de aporte/ servicios, exigidos como requisito para la jubilación ordinaria. Estas circunstancias, determinan que el señor HIGINIO RIVERO, se encuentra plenamente habilitado para promover la acción de inconstitucionalidad, habiendo justificado que el derecho material que posee se encuentra ya en el ámbito de la actualidad y no en la eventualidad o en expectativa.
Es decir, esta Sala Constitucional, no encuentra obstáculos legales de fondo y forma, que impidan el estudio de la acción planteada, en relación a las personas individualizadas en párrafos anteriores, por lo que se afirma que la misma es admisible, respecto de los señores AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVERO.
Atendiendo al criterio adoptado, considero que para iniciar una acción ante los tribunales de justicia se requiere indudablemente, a) el derecho real o personal que sirva de fundamento la acción, b) interés actual en ejercitarla y c) capacidad de gestión ante la jurisdicción. En este contexto, la acción procesal como fenómeno jurídico, se traduce como el ejercicio del derecho subjetivo violado, es decir, ya acontecido, y no en expectativa de serlo. En el caso de autos, las circunstancias que encuadran a los derechos de los señores AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVERO, ya se encuentran en al ámbito de lo actual y no expectante, teniendo en cuenta que los mismos han cumplido con los requisitos legales para acceder a la jubilación ordinaria, tal como lo prevé la ley. Aunando más en cuanto a ello, las constancias de autos, respaldan las pretensiones sostenidas por los mismos, justificándose el ejercicio procesal de accionar contra la violación de derecho subjetivo, ya acontecido.
Desarrollando un ejercicio lógico de lo explicitado en párrafos anteriores, se tiene que nadie niega el derecho de accionar que uno posee y que efectivamente integra, como elemento componente del derecho material violado (derecho subjetivo), vale decir, cualquier ciudadano podría eventualmente accionar, sin embargo, al no poseer o generarse, la violación de sus derechos subjetivos, previamente, el proceso carecería de razón.
Por otro lado, y refiriéndonos a los demás accionantes, que igualmente han esbozado sus pretensiones, considero que los mismos, luego de un arduo análisis documental, no han reunido los requisitos legales para acogerse a los beneficios de la jubilación obligatoria, por lo mismo, no podría afirmarse la existencia de un perjuicio o violación a sus derechos jubilatorios, que en puridad aún no han acontecido, es decir, en autos no consta documento alguno que asegure que a la fecha los demás accionantes, hayan completado los requisitos de años de edad - años de aporte/servicios que generen el derecho que posteriormente, afirman, ha sido lesionado.
Si bien es cierto que consta en autos, el escrito presentado por la Abogada SILVIA SÁNCHEZ DE SAMUDIO, en fecha treinta de septiembre del año 2016, en su carácter de representante convencional de los señores DELFIN AMARILLA SANCHEZ, ANDRES ZELADA ORTIZ, HIGINO RIBEROS, JORGE LUIS ALVARENGA AMARILLA, DEIZLIS ANTONIO STEFFEN SERVIN, LUIS ALBERTO DURE ALMADA, JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, SEVERIANO ROMERO MEDINA Y PEDRO ANTONIO JIMENEZ ENCINA. En el escrito de referencia, la profesional, afirma cuanto sigue: “por el presente escrito vengo a informar a V. V.E.E. que 9 de mis representados ya se han acogido al beneficio de la jubilación del Instituto de Previsión Social durante el transcurso de la presente Acción de la inconstitucionalidad presentada. Al respecto me cabe desarrollar el siguiente ejercicio hermenéutico de circunstancias fácticas – legales.
El señor DELFIN AMARILLA SANCHEZ, según constancia de fs. 208 de autos, ha nacido en fecha 26 de diciembre de 1957, lo que acredita sin lugar a dudas que el mismo a la fecha de presentación de la presente acción, (23 de septiembre de 2013) ya contaba con más de 55 (cincuenta y cinco) años, tal como lo exige la norma que rige la jubilación ordinaria y que fuera transcripta en párrafos anteriores. Sin embargo, las constancias que acrediten que el mismo, efectivamente, ha aportado los 30 años requeridos legalmente, no se encuentran agregados ni en autos, ni en el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada). Siendo que la afirmación de que el mismo a la fecha se encuentra acogido al beneficio de la Jubilación no se encuentra plenamente demostrada, no podrá la Corte Suprema de Justicia expedirse respecto de derechos en expectativa.
El señor ANDRES ZELAYA ORTIZ, según constancia obrante a fs. 173 de autos, ha nacido en fecha 10 de noviembre de 1948 lo que acredita sin lugar a dudas que el mismo a la fecha de presentación de la presente acción. (23 de septiembre de 2013) ya contaba con más de 60 (sesenta) años, tal como lo exige la norma que rige la jubilación ordinaria, que fuera transcripta en párrafos anteriores. Sin embargo, en el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada), consta que el mismo hasta el año 2013, contaba con 1199 semanas de aporte, lo que equivale a 23 años y 11 meses de aportes, lo que no se ajusta a los años de aportes requerido por el sistema normativo de jubilaciones. Ello es así, teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional, no puede decidir más de lo que las constancias de autos le indican, máxime cuando se trata de elementos objetivos de valoración que concatenados, como en el caso de autos, resultan en una valoración exacta y tasada como lo son los años de edad y años de aporte/servicios requeridos para la jubilación ordinaria.
Respecto del señor HIGINIO RIVEROS, esta alta magistratura, se ha expedido con relación al accionante referido, en párrafos anteriores.
El señor JORGE LUIS ALVARENGA, si bien es cierto ha otorgado poder especial según constancias de fs. 21/23 de autos, y en el mismo, como instrumento público, nacionalidad, estado civil, y numero de cédula de identidad, no es menos cierto que no consta en autos copia autenticada ni simple de su cédula de identidad, y tampoco otro instrumento público o privado que permita conocer la fecha de nacimiento del señor JORGE LUIS ALVARENGA, a fin de efectuar los cálculos de edad, para comprobar el cumplimiento del requisito legal - temporario para el acceso al beneficio de la jubilación ordinaria. En el mismo contexto, no consta en autos prueba documental que determine cuantos años de aportes/ servicios ha realizado el accionante HIGINIO RIVEROS, esto es, documental que refiera el año en que comenzó a aportar a la caja de jubilados del Instituto de Previsión Social. Es más, en el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada), no se encuentra agregada constancia alguna que refiera dicho dato, cual resulta determinante para al cálculo legal a realizar. Finalmente, y refiriéndonos a la falta de constancias documentales, no consta siquiera en autos elementos de convicción que tan siquiera, demuestren que el Señor HIGINIO RIVERO, sea o haya sido aportante/afiliado de la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, como si consta respecto de otros accionantes (copia autenticada de la “Tarjeta de Comprobación de Aportes”) que obran de fs. 101 a 157 de autos.
Ante esta falta de material objetivo, base de apreciación y valoración jurisdiccional de los hechos articulados por el accionante, se incumple con el requisito establecido en el Art. 219 del Código Procesal Civil, el cual transcripto dispone: “AGREGACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. El actor deberá acompañar con la demanda la prueba documental que tuviere en su poder. Si no la tuviere a su disposición, la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. Considerando que el Artículo 552 del Código Procesal Civil, relacionado a los REQUISITOS DE LA DEMANDA (en la acción de inconstitucionalidad) al utilizar el enunciado inicial: “Al presentar su escrito de demanda” ineludiblemente hace referencia a todos los requisitos que debiera de contener el escrito de la demanda, así como los documentos que debieran de acompañar, se tiene que el señor HIGINIO RIVERO, no ha acompañado un solo documento que justifique los hechos que fundan el derecho reclamado y que afirma ha sido violado por el sistema legal impugnado.
En estas condiciones, el señor HIGINIO RIVERO, no ha demostrado, por ningún medio probatorio eficaz y eficiente, que se encuentra legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad, considerando que en las circunstancias apuntadas no existe un derecho plausible que en la actualidad haya sido lesionado por la norma legal impugnada por la presente acción.
El señor, DERLIS ANTONIO STEFFEN SERVIN, según constancia de fs. 215 de autos (copia autenticada de Cédula de Identidad), ha nacido en fecha 23 de junio de 1961, y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013,) el mismo, en esa fecha no había alcanzado la edad requerida en la norma legal. Sin embargo, constituyendo el documento referido (copia autenticada de cédula de identidad) un instrumento público, que hace fecha cierta, al momento del estudio, análisis y dictamiento del presente acuerdo y sentencia, el señor DERLIS ANTONIO STEFFEN SERVIN, posee 55 años de edad, constituyendo ello el cumplimiento de uno de los requisitos legales temporarios para el acceso al beneficio de la jubilación obligatoria. Sin embargo, remitiéndonos al cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada) el señor DERLIS ANTONIO STEFFEN SERVIN, a la fecha de presentación de la presente acción tan solo contaba con 1421 semanas de aportes, lo equivale a 28 años; tiempo este insuficiente para acceder al derecho de jubilación obligatoria. Igualmente y a fin de arrojar más claridad a la fundamentación desarrollada por este Ministro, en la planilla de referencia, consta que los aportes se extienden, inclusive, hasta el mes de septiembre del año 2014, lo que equivale a 1458 semanas de aportes, resultando ello a 29 años 1 mes de aportes/ servicios, espacio temporal este, que igualmente es insuficiente en los términos del Art. 60 de la Ley N° 98/92, que requiere el aporte de 30 años. Ello es así, teniendo en cuenta que las constancias de autos demuestran plenamente lo afirmado, no existiendo en el expediente otra prueba documenta] que pudiera determinar que a la fecha el señor DERLIS ANTONIO STEFFEN SERVIN, ha completado los años de aportes necesarios y suficientes.
Respecto del señor LUIS ALBERTO DURE ALMADA, esta alta Magistratura ya se ha expedido en relación a la legitimación que posee el mimo, en párrafos anteriores, a los cuales me remito.
El señor JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, según constancia de fs. 185 de autos (copia autenticada de Cédula de Identidad), ha nacido en fecha 27 de diciembre de 1959, y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013,) el mismo, en esa fecha no había alcanzado la edad requerida en la norma legal. Sin embargo, constituyendo el documento referido (copia autenticada de cédula de identidad) un instrumento público, que hace fecha cierta, al momento del estudio, análisis y dictamiento del presente acuerdo y sentencia, el señor JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, posee más de 55 años de edad, constituyendo ello el cumplimiento de uno de los requisitos legales temporarios para el acceso al beneficio de la jubilación obligatoria. Sin embargo, la única constancia que justifica la calidad de asociado - aportante de la Caja de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social del señor JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, lo es la copia autenticada de la Tarjeta de Comprobación de Aportes, obrante a fs. 147 de autos, en el cual se consigna y justifica los aportes al año 2012, siendo imposible determinar con exactitud, si a los efectos legales, el accionante ha aportado los 25 años o 30 años, que exige la ley, para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, y por lo mismo encontrarse legitimado para reclamar el derecho, que dice, ser vulnerado.
El señor SEVERIANO ROMERO MEDINA, según constancia de fs. 186 de autos (copia autenticada de Cédula de Identidad), ha nacido en fecha 8 de noviembre de 1958, y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013,) el mismo, en esa fecha ya había alcanzado la edad requerida en la norma legal, entendiéndose cumplido uno de los requisitos legales establecidos para el acceso al beneficio de la Jubilación obligatoria. Sin embargo, el otro requisito legal temporario, cual es el que establece 30 años de aportes, no puede ser determinado en autos, teniendo en cuenta que no consta una sola prueba que haga referencia a los años de aportes con que cuenta el accionante SEVERIANO ROMERO MEDINA, tan siquiera consta elemento probatorio que pueda llevar a la afirmación de que el mismo sea asociado - aportante de la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, por lo que respecto de este accionante, tampoco queda establecida, la efectiva y actual, vulneración de derechos reclamados, lo que se traduce en una reclamación de expectativa o a futuro.
El señor PEDRO ANTONIO JIMENEZ ENCINA, según constancia de fs. 183 de autos (copia autenticada de Cédula de Identidad), ha nacido en fecha 14 de abril de 1960, y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad (23 de septiembre de 2013,) el mismo, en esa fecha no había alcanzado la edad requerida en la norma legal.-Sin embargo, constituyendo el documento referido (copia autenticada de cédula de identidad) un instrumento público, que hace fecha cierta, al momento del estudio, análisis y dictamiento del presente acuerdo y sentencia, el señor PEDRO ANTONIO JIMENEZ ENCINA, posee más de 55 años de edad, constituyendo ello el cumplimiento de uno de los requisitos legales temporarios para el acceso al beneficio de la jubilación obligatoria. Sin embargo la única constancia que justifica la calidad de asociado - aportante de la Caja de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social del señor PEDRO ANTONIO JIMENEZ ENCINA, lo es la copia autenticada de la Tarjeta de Comprobación de Aportes, obrante a fs. 147 de autos, en el cual se consigna y justifica los aportes al año 2012, siendo imposible determinar con exactitud, si a los efectos legales, el accionante ha aportado los 25 años o 30 años, que exige la ley, para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, y por lo mismo encontrarse legitimado para reclamar el derecho, que dice, ser vulnerado. Conforme a las circunstancias relatadas, la valoración y apreciación de las pruebas, principalmente las que conllevan a formar la convicción jurisdiccional vinculante a los hechos controvertidos deberá enmarcarse dentro de las reglas de la sana crítica. En este contexto, las pruebas valoradas por este Ministro, son las que en puridad hacen al contexto objetivo de los hechos controvertidos. Así, el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada) demuestra de manera indubitable, los años de aportes de las personas que constan en el mismo, o bien de los accionantes en autos. De igual modo, las copias autenticadas de las Tarjetas de Comprobación de Aportes, como se explicara en párrafos anteriores, demuestra la calidad de aportantes de algunos de los accionantes, sin embargo a los efectos constitutivos del derecho invocado por los actores de la presente acción, no pueden ser demostrados por este medio probatorio, teniendo en cuenta que en los mismos solo es consignado el año que efectivamente se ha aportado o bien el que se encuentra en actual ejercicio, y no los años anteriores de aportes que se deberán de probar para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, y por lo mismo la generación de la vulneración actual del derecho que aquellos invocan en la presente acción de inconstitucionalidad.
Las presunciones que podrían generar las circunstancias temporales en el caso de autos, no puede ser tenida como acaecidas, especialmente cuando tratamos sobre cuestiones que se enmarcan en cálculos temporales, que de por si son de discusión limitada, ya que solo basta probarlos con documentos objetivos e indubitables. Ello es así, tal como se constituye la adquisición de derechos y obligaciones que se producen al cumplir la mayoría de edad. Ello es indiscutible, lógico y demostrable solo con documentos o instrumentos públicos. Siendo así, el hecho de acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, como consecuencia del transcurso de tiempo de aporte y edad, y por consiguiente, la legitimación de promover la acción de inconstitucionalidad, solo podrá quedar demostrado con las documentales que se ofrezcan para el efecto, y no por meras presunciones. Es así, que las presunciones legales por ejemplo, solo podrán ser tenidos como hechos verdaderos, si la presunción de referencia, estuviera respaldada por un indicador que lo pueda demostrar, tal como en autos y para algunas circunstancias ya explicadas, sirvieron de prueba el cuadernillo de planillas de aportes a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social emanada de la Dirección de Administración de Jubilaciones (copia autenticada por cuerda separada), o bien el documento de identidad, que al acontecer de algunos de los accionantes, se ha generado la presunción de que a la fecha ya cuentan con más de 55 años, considerando que ese documento de identidad, analizado con el espacio de tiempo transcurrido hasta la fecha, generan caracteres graves, precisas y concordantes con los hechos que se pretenden comprobar (alcanzar la edad para el acceso al beneficio de la jubilación ordinaria).
Habiendo analizado las circunstancias que encierran a los accionantes que reúnen los requisitos de acceso a los beneficios de la jubilación ordinaria y por lo mismo, legitimados para la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad, corresponde declarar admisible el estudio de la presente acción de inconstitucionalidad, planteada por los señores: AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVERO, de conformidad a los argumentos expuestos en párrafos anteriores.
Respecto de los señores, LINO ASCIAN ACOSTA AMARILLA, TEODORO RUBEN ACOSTA BAEZ, DIEGO IGNACIO ALÑMADA CUBILLA, ABEL SANTACRUZ ALVAREZ DURE, JOSUE ALVAREZ DURE, DELFIN AMARILLA SANCHEZ, PRIMITIVO AMARILLA SANCHEZ, JUAN RAMÓN APODACA FRAGUEIRO, ARCENIO RUBEN AQUINO CABALLERO, LIBORIO AQUINO SERVIN, LUIS ALBERTO AQUINO, LAUREANO AVALOS, OSCAR ALEJANDRO BARRITO TORALES, MADO ROQUE BENGOCHEA VAZQUEZ, BERNARDINO RAMON BENITEZ MORINIGO, ERNESTO RAMON BERNAL PEREZ, GUSTAVO EMILIO BOGADO, ANIBAL BORJA BOGADO, GERARDO MERCEDES BRITEZ ROMERO , JOSE LUIS CABAÑAS ROBLES, JUAN PABLO CACDERES RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO CANDIA ALVARENGA, RUBEN CANDIA BRITEZ, ANTONIO CASTEL PERALTA. VICTOR MANUEL CESPEDES GODOY, PABLINO CHAPARRO BAEZ, RAMON CONTRARA ROLON, ARNALDO OSCAR CORRALES LOPEZ, JOAQUIN CRISTALDO CACERES. MODESTO DELVALLE MOURA, NERY NELSON RAMON DELVALLE YMAZ, JOSE RAMON DEVACA LOPEZ, EL VIO DIAZ YAHARY, MESTOR HUGO DURE ALMADA, ELVIO ABRAHAN FERNANDEZ LOPEZ, JORGE RAUL FERRERIRA PANIAGUA, REINALDO GAMARRA TOLEDO, CESAR GAUTO, JOSE HUMBERTO GAUTO RUIZ DIAZ, PEDRO ANTONIO GIMENEZ ENCINA, TROADIO GIMENEZ PEREZ, RICARDO GODOY MEDINA, LUIS ALBERTO GOMEZ ALFONZO, ROSALINO RAMON GOMEZ ALFONZO, VALENTINO GONZALEZ, BLAS ALBERTO GONZALEZ CHAPARRO, ROBERTO DARIO GONZALEZ CHAPARRO, PABLO FRANCISCO HAEDO SUCEDO, HECTOR DENIS HERRERA AQUINO, JORGE ANTONIO IBARRA RIVEROS, JUAN CARMELO INSAURRALDE, SIXTO RAMON INSAURRALDE, GILBERTO GIMENEZ ALCARAZ, SERGIO LEDESMA, JOSE MIGUEL GARARDO LUIZZI, ROQUE ARNILDO LUIZZI DELGADO, OSMAR DARIO LOPEZ MARTINEZ, ESTEBAN ABRAHAN LOPEZ ORTIZ, EMIGDIO LOPEZ RIVEROS, VICTOR RAMON LOPEZ ROJAS, CALIXTO LOPEZ VALDEZ, EUCLIDES JAVIER LOPEZ VERA, JOSE ISIDORO LOVERA, ARNALDO RAMON MANZI AYALA, MARCOS AURELIO MAÑOTI GONZALEZ, ARNALDO ANDRES MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ, LUIS AUGUSTO MONTIEL ESTIGARRIBIA. VICTORINO MONTIEL, ILDEFONSO MORENO MEDINA, LUIS RAMON NAVARRO MEDINA, GERARDO ANTONIO OCAMPOS, IGNACIO RAMON ORTIZ OCAMPOS, SILVIO CIPRIANO PAREDES GONZALEZ, JUAN ESTEBAN PARINI ESTIGARRIBIA, ALFREDO MARCEL PARINI ESTIGARRIBIA, HORACIO GERARDO PARIÑO BEITIA, JAIME Q. PATIÑO ESQUINEL, EVARISTO PERALTA GONZALEZ, ANIBAL PINTO FLORENTIN, OCTACIANO PITTA AGÜERO, ISABELINO PITTA RODRÍGUEZ, MAURICIO PITTA RODRIGUEZ, FRANCISCO SOLANO QUIÑONEZ URBIETA, CATALINO RAMIREZ CONTRERA, FELIX DANIEL RAMIREZ PITTA, VICTOR ANASTACIO RAMOS PATIÑO, RODRIGO RAMON RECALDE ESCOBAR, HUMBERTO RIOS BELLO, CARLOS JAVIER RIOS NEGRETE, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, HECTOR ROJAS GONZALEZ, ELEUTERIO RAMON ROJAS ESQUIVEL, DIEGO VALENTIN ROLON, SE VERI ANO ROMERO MEDINA, VICENTE ROMERO MEDINA, NICOLAS MILCIADES ROMERO, JUAN ROMERO TORRES, DERLIS CORAZON RUIZ DIAZ, CLAUDIO MILCIADES SALINAS SOSA, ZENON ALCEDE SAMANIEGO MORENO, NELSON EUCLIDES SAMUDIO PAREDES, JUAN EVANGELISTA SOSA AGUILERA, MIGUEL TORRES DURE, JOEL TORRES SILVA, EULOGIO VALDDEZ AMARILLA, ARNALDO ANDRES VERA LOPEZ, HUGO SIGILFREDO VILLALBA MARTINEZ, IGNACIO ZARATE MORENO, OSCAR ZELADA MELGAREJO, ANDRES AVELINO ZELADA ORTIZ, RUBEN DARIO ALMADA BRITOS, JORGE LUIS ALVARENGA AMARILLA, PABLO BENITEZ BENÍTEZ, TEODORO CABRERA FRANCO, TEODORO URSINO FERRERIRA GAONA, AURELIO GIMENEZ TORRES, MARIO AGUSTIN KEIM MEDEN, DAMIAN LOPEZ VALDEZ, SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ MELGAREJO, GABRIEL EUSEBIO MERELE, MARIO MIRANDA PAVON, ELIO PASTOR RECALDE BAREIRO, DIEGO RIVAS ALEGRE, DERLIS ANTONIO SERVIN, VICENTE VAZQUEZ CACERES y JOSE ANGEL YAHARI BENITEZ, en autos no ha quedado demostrado que los mismos hayan cumplido con los requisitos legales de edad y/o años de aportes, necesarios y suficientes, para el acceso al beneficio de la jubilación ordinaria y por lo mismo habilitados legalmente para el planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad, resultando ser sus pretensiones de carácter expectante y no vigente y actual, por lo que corresponde declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad, respecto de los nombrados anteriormente.
No obstante, los mencionados accionantes en el párrafo anterior, al invocar un derecho en expectativa, podrían eventualmente v si así consideraren conveniente a sus derechos, plantear la pertinente acción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta los que dispone el Art. 551 del Código Procesal Civil, el cual transcripto expresa cuanto sigue: “IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y SU EXCEPCIÓN. La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible, sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. ", En este contexto los artículos del sistema normativo, accionados de inconstitucionales, claramente establecen y regulan derechos de carácter general, por lo que el ejercicio de eventuales derechos se encuentra incólume.
Pasando al análisis de los derechos reclamados, que según los accionantes, han sido vulnerados, por los Art. 3 que modifica el Art. 6 de la Ley 1286 y el Art. 4 que modifica el Art. 23 Inc. d) de la Ley 430/73, ambos de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES del Instituto de Previsión Social.
En lo que respecta a ello, se hace imprescindible transcribir las normas que son objeto de la presente acción y conforme a ello elaborar el ejercicio lógico - jurídico que corresponda.
Así, el Artículo 3 de la mencionada ley establece cuanto sigue: “Modificase los artículos 6° 8° y 12° de la Ley N° 1.286 del 14 de diciembre de 1.987, que quedan redactados en la siguiente forma: Artículo 6o.- El monto máximo de cualquier jubilación mensual otorgado en virtud de esta Lev, en el momento de la liquidación inicial, no sobrepasará el equivalente a 300 (trescientos) veces el valor del jornal mínimo vigente para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República”. Como podrá verificarse los accionantes, atacan de inconstitucional solo la modificación del Art. 6 de la Ley N° 1.286 del 14 de diciembre de 1.987, teniendo en cuenta que también modifica los artículos 8 y 12 de la Ley 1286 del 14 de diciembre de 1987.
Igualmente, del escrito de promoción de la presente acción, se extrae que los actores, cuestionan de inconstitucional el enunciado normativo contenido en el Art. 4 de la Ley N° 98/92, el cual en la parte pertinente e invocada por los accionantes establece: “Artículo 4°- Modificase los artículos 14, 23 y 25 de la Ley N° 430/73 que quedan redactados en la siguiente forma: Articulo 23°- A los efectos de la concesión de los beneficios previstos en esta Ley, se computará 50 (cincuenta) semanas de aportes como un año, entendiéndose como semanas de aportes: ... d) Para el trabajador de temporada, a destajo, navegante u obrajero, la acumulación simple de aportes equivalentes a 6 (seis) hasta un máximo de 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año calendario ”. Cabe advertir que solo es cuestionada la norma contenida en el Art 4, que modifica el Art. 23, específicamente el Inc. d) transcripto anteriormente. Y es en base a estos cuestionamientos que se deberá desarrollar el análisis referido anteriormente.
Primeramente considero necesario determinar el sistema jubilatorio que rige nuestra legislación.
Así, partiendo en sentido decreciente, y acorde a la importancia del sistema normativo que rige nuestra república, la Constitución Nacional, al respecto establece en sus articulado cuanto sigue: Artículo 95 - De la seguridad social: El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de tos seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.
Articulo 103 - Del régimen de jubilaciones: Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a tos aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier titulo, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. (CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Como podrá observarse, la misma carta magna, establece como directriz, la adopción del sistema de reparto, al considerar la actualización del haber jubilatorio con el funcionario que se encuentre en actividad. Se debe tener en cuenta igualmente, que los aportes que el interesado realiza, no puede considerarse como de su exclusiva propiedad, considerando que, lo actualmente aportado por el mismo, sirve para el pago de jubilaciones actuales, y lo será en su momento para él, lo que en un futuro próximo realicen los aportantes respectivos, asegurando la plena actualización de sus haberes, circunstancia esta que merece una crítica aceptable y razonable por parte de este Ministro, que será esbozada en su oportunidad. Sin embargo, ello no significa, que la limitación pretendida por la norma atacada de inconstitucional, sea correcta, teniendo en cuenta que, el aportante al haber cumplido con los porcentajes de aportes, que en su oportunidad fueron consistentes con su ingreso, al momento de jubilarse, difiera de lo que él ha aportado para recibir equitativamente a su jubilación, resulta altamente confiscatorio e incoherente con la actualización ordenada por la misma constitución nacional.
Si bien es cierto, la norma contenida en el art. 103 de la constitución nacional, hace referencia a los funcionarios públicos, no es menos cierto que dentro de la institución de la seguridad social se encuentra inserta la figura de la jubilación. En este sentido y formulando una interpretación sistémica, el Art. 95 de la constitución Nacional establece al respecto: “El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado.". En estas condiciones, la seguridad social, comprendida en ella la figura de la jubilación, se extenderá a todos los sectores de la población, es decir, y a los efectos de adecuar a las circunstancias de autos, a los funcionarios públicos o privados, reafirmando esta posición, el enunciado que a continuación se desarrolla en la norma constitucional habilita a que el sistema de seguridad social podrá ser público, privado o mixto. No está de más decir que en cualquiera de los casos, los sistemas estarán supervisados por el Estado.
Se destaca, y siempre dentro del marco de la interpretación sistémica desarrollada y que surge entre la concatenación de los Artículos 95 y 103 de la Constitución Nacional, que en la parte final de este último articulado, el texto de la carta magna, expresa: “La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad". (El subrayado pertinente y las negritas son míos).
A fin de aclarar aún más, la semántica contenida en los enunciados normativos transcriptos, y el razonamiento desarrollado por este Ministro, se hace imprescindible desentrañar el significado del término “actualización en el marco de la presente acción de inconstitucionalidad. Se aclara que la actualización jubilatoria es característica propia de la movilidad de los haberes, índice propio del sistema de reparto.
En estas condiciones el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del reconocido jurista Manuel Osorio, define al término “Actualización” en la siguiente formulación lingüística: “En las prestaciones, la actualización trata de equilibrar el déficit originado por una acumulación fortuita de tareas, por negligencia propia o ajena o por circunstancias incluso legales, como el disfrute de las vacaciones o las insuperables provenientes de una enfermedad.
Coincidiendo con la definición otorgada por el mencionado jurista, respecto al termino actualización, rescato el enunciado utilizado en el texto transcripto, cual es equilibrar déficit”, es decir, equilibrar las diferencias que surjan a través del tiempo, entre alguna percepción y los costos que generarían, por ejemplo, el costo de vida. Así la movilidad previsional, o bien la actualización, se justifica en la reparación de los eventuales altibajos que generarían y de hecho generan a los haberes jubilatorios la inflación y las consecuencias del mismo, o bien, el incremento salarial de los trabajadores activos. Por ello, si consideráramos la inexistencia de la inflación o el aumento salarial, por dar un ejemplo, seria insulso que la misma constitución haga referencia a la actualización, como sistema de resguardo de los haberes jubilatorios.
Otra característica que otorga la calidad de reparto al sistema utilizado por nuestra legislación, se da con el enunciado normativo contenido en el Art. 23 del Decreto Ley N° 1860/50 aprobado por Ley N° 375 del 27 de agosto de 1.956, modificado por el Art. 2 de la Ley 98/92, el cual dispone: Artículo 23°.- Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. El Instituto destinará cada año para el pago de Jubilaciones y Pensiones una cantidad igual al 12,5 %(doce y medio por ciento) calculado sobre el monto de los salarios imponibles sobre los cuales fueron pagadas las cuotas establecidas en los inc. a), b), j), ll), m), n), ñ), y la totalidad del inciso c) del artículo 17 de esta Ley, más los capitales constitutivos de las Jubilaciones y Pensiones como consecuencia de accidentes de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Decreto-Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 y sus modificaciones".
Vale decir, que se constituye en caja común de los aportantes, todos los fondos provenientes de los aportes consignados en ese artículo, v no a determinado interesado,
como si lo es en el sistema de capitalización.
Habiendo realizado las anteriores afirmaciones legales y fácticas, entiendo que, se trata de un sistema de reparto el utilizado por nuestra legislación jubilatoria, no cabe razonamiento alguno que el beneficio de la jubilación ordinaria, al cual acceden los interesados que cumplieren con los requisitos legales previos, se encuentre limitado en cuanto y tanto al retomo que corresponda como jubilación. Y resulta ilógico e incoherente, considerando que la actualización en igualdad de condiciones de quien se encuentre en actividad, en realidad no se cumple.
Se podría partir de la premisa que si la remuneración, en términos y efectos jubilatorios; es todo tipo de ingreso que percibiere el afiliado, en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria resultando lógico, que el ingreso referido debe corresponderse a una retribución o compensación o haya percibido con motivo de su actividad personal o laboral. Pues, bien esa retribución necesariamente deberá estar acorde y ser consecuente con sus necesidades y las de su familia, no solo en cuanto a vivienda habitación, vestimenta etc. sino también con su vida social. La jubilación en su aspecto económico, genera un haber, un monto determinado, una prestación que debe ajustarse a la finalidad del derecho que encierra, esto es, que el titular y su familia mantengan y aseguren el nivel de vida alcanzado en la época que se encontraba en actividad cuando la percepción se denominaba remuneración tal como se ha establecido como premisa inicial, teniendo en cuenta no solo las necesidades de alimentación y vestido sino también todo lo concerniente para que su vida social no se vea disconformemente alterada por el hecho de haber accedido a la jubilación. El haber jubilatorio en este sentido, es y debería ser la sustitución del ingreso o remuneración percibida en actividad, pero no en sentido estático, sino constante, con el objeto de mantener el nivel económico y social, tal como se enmarca en nuestro sistema legislativo, de reparto.
Al respecto, me permito afirmar que el sistema de reparto, en las circunstancias que actualmente se encuentra legislada, genera en si una situación, por decir, injusta al no permitir que los aportes oblados por los afiliados, sean identificables a cada aportante, es decir, al constituirse e integrarse en una caja común, propiedad de todos y al mismo tiempo administrada por el Estado, se convertiría en una especie de impuesto, teniendo en cuenta que la finalidad que poseen los haberes jubilatorios, es la retribuir el trabajador, los años de labor que ha desempañado, a fin de este, pueda enfrentar los embates de la vejez y la enfermedad y así mantener la calidad de vida que ha desarrollado en su etapa de actividad, mientras que el sistema hoy aplicado, tan solo posee la política que obliga al trabajador a hacer entrega al Estado parte de su patrimonio, no individualizare y en caja común, a los efectos de que el órgano estatal pueda cumplir con sus propios objetivos, y no la de la seguridad social, tal como se encuentra legislada en la Constitución Nacional.
Finalmente, y a los efectos de encuadrar la lesión del derecho de los accionantes, conforme se ha justificado razonadamente en párrafos anteriores, el Art. 3 que modifica el Art. 6 de la Ley 1286 y el Art. 4 que modifica el Art. 23 Inc. d) de la Ley 430/73, ambos de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL REGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES del Instituto de Previsión Social, al establecer como monto máximo de liquidación de la jubilación mensual en 300 jornales mínimo vigente para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, colisiona de manera directa con el enunciado Constitucional contenido en el Art. 95 de la carta magna, al evitar que el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador y su familia se extienda a todos los sectores de la población, en este caso a los señores: AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVERO, pues de esta manera los mismos, no podrían y de hecho no pueden acceder al beneficio de la actualización de sus haberes jubilatorios, en consonancia con su calidad de vida, que justamente así lo han mantenido cuando se encontraban en actividad y para ello han previsto; al aportar durante los años necesarios y suficientes en los porcentajes legales, que los haberes de su jubilación sean acorde a la remuneración que percibían en actividad, sirviendo ello para el mantenimiento de la calidad de vida de ellos y la de su familia, alcanzada durante los años de trabajo.
Siendo así, considero que se debe hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, respecto de los accionantes AGUSTIN ROMAN RAMIREZ, LUIS ALBERTO DURE ALMADA e HIGINIO RIVERO, de conformidad a los argumentos expuestos precedentemente y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del Art. 3 que modifica el Art. 6 de la Ley 1286 y el Art. 4 que modifica el Art. 23 Inc. d) de la Ley 430/73, ambos de la Ley N° 98/92 QUE ESTABLECE EL REGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en relación a los mismos y solo para este caso concreto, de conformidad al Art. 555 del Código Procesal Civil.
A su tumo la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Me adhiero al voto del Ministro Dr. MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTTNI por los mismos fundamentos, y me permito agregar los siguientes:
1. En cuanto al fondo de la cuestión:
El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. No obstante, como el Estado puede enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, el acto normativo, por medio de los legisladores, debe demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social.
Así, a través del análisis de los criterios interpretativos del respeto a la norma de derecho vivo y de la interpretación conforme a Constitución, así como de su contraste con la jurisprudencia relativa a la interpretación auténtica, resulta que la intención del legislador fue meramente limitativa, sin razones constitucionales válidas que permitan el retroceso en cuestión de derechos sociales.
Vale decir, la norma impugnada colisiona con el principio de idoneidad (que rige el mandato de progresividad), principio que consiste en verificar si la medida regresiva tiene un fin constitucionalmente legítimo y un presupuesto constitucional que la justifique. El presupuesto de justificación de la regresividad de un derecho social debe constatar, que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un estudio cuidadoso, y que el legislador analizó otras alternativas, pero consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas, en términos de la protección del derecho al trabajo, entre otros.
Finalmente, queda verificado que la medida impuesta por la norma resulta desproporcionada en estricto sentido, esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo frente a los logros en términos de fomento del empleo.
2. En cuanto a la forma de la cuestión:
Ahora bien, se hace necesario también, aunque ello resulte un tema harto conocido por los operadores de justicia, distinguir entre dos realidades procesales completamente distintas e inconfundibles: la legitimación ad causam y la legitimación ad processum. La primera se dirige a determinar si un determinado sujeto actor es o no titular del derecho que invoca como fundamento de su pretensión; hace, pues, relación con la razón de juicio y está íntimamente ligada a la procedencia sustancial de la demanda. La segunda, la legitimación ad processum, hace referencia al análisis de la capacidad del sujeto actor, vinculada a dos puntos principales: la capacidad de derecho, que en nuestro derecho procesal actual se limita a la averiguación de si se es persona o no, y que solo representa un problema cuando se trata de personas jurídicas, mas no cuando se trata de personas físicas, pues es de todo sabido que en nuestro sistema jurídico actual toda persona física es automática e inmediatamente también un sujeto de derecho, y por tanto con capacidad de iure para incoar peticiones a la justicia.
De una somera lectura del escrito de demanda, y de las extensas documentales que acompañan al mismo, puede verificarse con facilidad que los actores presentan distintas situaciones, en cuanto al régimen de pensión se refiere; así pues, algunos ya cumplen con la edad y aportes necesarios para acogerse al sistema de pensión social (Señores Agustín Román Ramírez, Luis Alberto Dure Almada e Higinio Riveras), mientras que otros se encuentran ante una situación de expectativa legítima, y no una mera expectativa.
Estas figuras resultan diferentes a la hora de valorar la prohibición de regresividad o principió de irretroactividad de la Ley, pues esta expectativa legítima refiere a que en determinados casos se puede aplicar el principio de no regresividad a las aspiraciones pensionales de los trabajadores cuando se trata de un cambio de legislación abrupto, arbitrario e inopinado, que lleve a que se vulnere el derecho al trabajo de manera desproporcionada e irrazonable.
La característica diferenciadora se encuentra en el grado de aspiración, vale decir, las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa a los artículos contenidos en el Capítulo VIII, Sección I, que ordena dar especial protección a los derechos laborales.
Cada uno de los accionantes cuenta con distintos plazos para el acceso a la calidad de pensionado: que van desde 6 meses hasta 1 año, pero por ello no puede negarse el interés jurídicamente tutelable en la declaración; este interés tutelable está determinado por la situación de la persona que se dice perjudicada por el acto normativo impugnado, frente a dicha norma. En este caso, la legitimación para los accionantes, para promover la presente acción surge próximo al dictado de sentencia, vale decir, los mismos cumplirían con los requisitos legales requeridos por los artículos 550 y 552 del Código Procesal Civil y los artículos 11 y 12 de la Ley 609/95, en cuestión de tiempo. En este punto debemos recordar que el interés, puede ser actual, o sea al momento de promoción de la acción, pero más que nada debe existir/ser al momento del dictado de la sentencia que conceda, o no, la petición del accionante.
Sin embargo, en base a las razones de economía y celeridad procesal, se hace necesario, en este caso extender el alcance de la presente acción a todos los accionantes, cumplidos o por cumplir, de lo contrario se caería en el absurdo de tener que mover el órgano judicial, con todo el costo que ello implica, por una deficiencia de meses para acceder al beneficio de la pensión social por parte de los restantes accionantes.
A su vez, ésta particular situación pone de relieve el mencionado macro derecho al acceso al proceso y la consiguiente prohibición de obstáculos excesivos o irrazonables. En este particular, el requerir el cumplimiento efectivo de los 55 o 60 años de edad, y sus correspondientes aportes (30 o 25 años de aportes), para accionar contra la impugnada ley resultaría innecesaria, excesiva y carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente pretendía seguir el legislador con aquel requisito.
Aquí, el derecho a la tutela efectiva se vería afectado por incompatibilidad con la exigencia de tales requisitos previos, lo que implicaría dilatar sin razón alguna el dictado a favor de estos accionantes con respecto de la impugnada norma.
En este punto, debemos insistir en que ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, así como que, desde la perspectiva de la constitucionalidad, no son admisible aquellos obstáculos que sean producto de un formalismo y que no se compaginen con el necesario derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las formalidades para que se establecen, que deben, en todo caso ser adecuadas a la Constitución.
Así, conviene recordar que los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer las garantías necesarias para los accionantes. Esta exigencia impuesta por el artículo 552, y concordantes, del Código Procesal Civil, debe cohonestarse con el principio de proporcionalidad en las sanciones anudables al incumplimiento de dichos requisitos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta, al margen de su finalidad, en obstáculos que impidan prestar una tutela judicial efectiva, como el caso que nos ocupa.
La tutela judicial efectiva, no se vería afectada cuando el requisito legal exigido permite desestimar o rechazar por otros motivos formales como ser defectos insubsanables o que no se subsanasen en el plazo legal requerido, que no es el caso de autos, pues tal defecto alegado necesariamente se verá subsanado con el mero transcurso del tiempo, ya sea dentro del proceso o bien con el dictado de la sentencia.
No obstante todo lo dicho, se hace necesario destacar la excepcionalidad de la cuestión, vale decir, que este criterio asumido en el particular del caso no reviste una aplicación absoluta, sino en idénticos casos, donde se debe tener en cuenta las circunstancias que justifiquen la apreciación modificatoria de la norma legal. En estos casos se utilizan los criterios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad de la modificación, tendientes a impedir reformas pensiónales arbitrarias, abruptas e inopinadas. Tal postura asumida encuentra fundamento en la salvaguarda de las aspiraciones (expectativa legítima) de quienes están cerca de acceder al derecho de pensión social dispuesta por la Ley N.° 98/92, con el propósito de minimizar y armonizar la intervención del órgano judicial, intervención que necesariamente conlleva un costo a toda la ciudadanía.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 22 de diciembre de 2.016.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la
HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de los Artículos 3 y 4 de la Ley 98/92, "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA DE SETIEMBRE DE 1.958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1.973 Y 1.286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987, en relación a todos los accionantes.
ANOTAR, registrar y notificar.
Miryam Peña Candia. Ministra
Miguel Oscar Bajac. Ministro
Sindulfo Blanco. Ministro
Abog. Julio C. Pavón M. Secretario
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