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Timestamp: 2018-11-21 09:35:24
Document Index: 63368005

Matched Legal Cases: ['artículo 737', 'artículo 737', 'Artículo 737', 'artículo 14', 'artículo 737', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 17']

Solicitud de ejercicio de la facultad de atraccióN 400/2013 relacionada con la s. E. F. A. 401/2013 y con la s. E. F. A. 402/2013 solicitante: segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito ministro ponente: arturo zaldívar lelo de larrea
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SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 400/2013
RELACIONADA CON LA S.E.F.A. 401/2013 Y CON LA S.E.F.A. 402/2013
SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO eN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
SecretariO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ
Resolución mediante la cual se resuelve la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 400/2013, solicitada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la que pide se atraiga el juicio de amparo directo 623/2013, de su índice, promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, Sociedad Cooperativa Limitada.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se reúnen los requisitos necesarios de interés y trascendencia para ejercer la facultad de atracción del amparo directo 623/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en atención a los argumentos que se exponen a continuación.
Estudio de la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Como quedó debidamente señalado en los antecedentes de la presente resolución, el 20 de agosto de 2013, la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dando cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dentro del amparo en revisión 82/2013, dictó una resolución en la que declaró prescrita la acción intentada por la actora con fundamento en el artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual a la letra establece:
Artículo 737 D.- En ningún caso podrá interponerse la acción de nulidad de juicio concluido:
I. Si ha transcurrido un año desde que hubiere causado cosa juzgada la resolución que en ese juicio se dictó y;
II. Si han transcurrido tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o debió conocer los motivos en que se fundare la misma.
En contra de dicha resolución, los representantes de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante presentaron una demanda de amparo en la que, entre otras cuestiones, alegaron que la citada disposición transgredía los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, en tanto que a su consideración, el mismo restringía el derecho fundamental de acceso a la justicia de las personas afectadas por actos fraudulentos dentro de un procedimiento, al establecer plazos tan reducidos para la interposición de la acción. Además, argumentaron que dicho artículo claramente violentaba el principio de tutela judicial efectiva, del que se deriva la prerrogativa del justiciable de contar con un recurso judicial sencillo y rápido que permita combatir las resoluciones que sean contrarias a sus intereses.
Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, el Pleno de este Alto Tribunal se pronunció respecto de la constitucionalidad de los artículos 737-A y 737-B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, concluyendo que dichas disposiciones en efecto transgredían la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, no existe hasta el día de hoy pronunciamiento alguno por parte de este Máximo Tribunal respecto de la constitucionalidad de los plazos para interponer la acción de nulidad de juicio concluido, establecidos en el artículo 737-D del mismo ordenamiento.
En consecuencia, esta Primera Sala considera que la atracción del presente asunto permitirá fijar un criterio relevante y novedoso respecto de si los plazos contenidos en las fracciones I y II de la multicitada disposición transgreden el derecho fundamental de acceso a justicia y el principio de tutela judicial efectiva, establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o si por el contrario éstos constituyen una medida adecuada y razonable por parte del legislador para asegurar el principio de seguridad jurídica entre las partes.
Para atender este cuestionamiento, esta Primera Sala deberá tener en consideración que si bien el artículo 17 constitucional prevé la facultad del legislador de establecer los correspondientes plazos y términos para el ejercicio de acciones y defensas frente a los tribunales, lo cierto es que dicha facultad del legislador no es ilimitada en tanto que dichos plazos y términos deben ser razonables para lograr que el acceso a la justicia sea expedito, eficaz y confiable para los gobernados.
Lo anterior, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 113/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRA NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL”.
No obstante todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el simple hecho de que de que se impugne la constitucionalidad o convencionalidad de un determinado precepto legal, no colma por sí solo los requisitos para que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer de un determinado asunto, sino que es necesario que esta circunstancia se vea complementada por otros elementos que doten a la resolución que se llegue a dictar en el caso particular de una especial relevancia para el ámbito nacional.
En consecuencia, a continuación esta Primera Sala procederá a analizar las circunstancias particulares que rodearon al caso que se pretende traer para determinar si mediante las mismas, sumadas a lo anteriormente expuesto, se satisfacen los requisitos constitucionales previstos para que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción.
Características que dotan al presente caso de un interés superlativo para efectos de su atracción por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Posible afectación a las finanzas públicas de la Federación.
Como se desprende de lo narrado en el capítulo de antecedentes de la presente resolución, el 27 de septiembre de 2011, el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dentro del juicio ordinario civil 262/2011, dictó sentencia definitiva en la que declaró la inexistencia de la compraventa judicial celebrada el 18 de noviembre de 1992, condenando a las demandas al pago de $23,581’382,511.70 pesos M/N por concepto de frutos naturales e industriales que la actora había dejado de recibir. Además, condenó a Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, al pago de los $531’754,509.95 pesos M/N que ésta recibió por concepto de pagos concursales durante el procedimiento de quiebra.
También es importante destacar, como se hizo en repetidas ocasiones dentro de la presente sentencia, que las demandadas Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, y Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable, al encontrarse en liquidación, fueron representadas en todas las etapas procesales del presente asunto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes -SAE-. Lo anterior tuvo como consecuencia que el juez de primera instancia considerara procedente condenar a este organismo público al pago de las cantidades señaladas en el párrafo anterior.
Así, consideramos oportuno recordar, como se señaló en el apartado correspondiente, que una de las condicionantes que se han establecido para que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción consiste en que el asunto cumpla con el requisito de “interés” o “importancia”, el cual se traduce en que la naturaleza intrínseca del asunto en cuestión revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano.
En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es posible sostener que un determinado asunto satisface dicho requisito de “interés” o “importancia”, cuando del estudio de las constancias se derive la posibilidad de que la decisión que eventualmente se tome dentro del mismo pueda llegar a generar una afectación grave en el patrimonio o a las finanzas públicas de la Federación, situación que se encuentra latente en el presente asunto tal como se deriva de lo expuesto en párrafos anteriores.
La producción de azúcar como área de importancia económica y social a nivel nacional.
En este mismo orden de ideas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que igualmente se debe considerar colmado el requisito de “interés” o “importancia” cuando, conforme a los criterios anteriormente expuestos, existe la posibilidad de que la resolución que eventualmente se dicte dentro del asunto que se pretende atraer pueda llegar a perjudicar áreas o sectores de importancia económica y social para el país.
Bajo esta premisa, es importante destacar que el asunto que se pretende atraer tiene su origen en un procedimiento de quiebra iniciado en contra de una sociedad cooperativa de participación estatal dirigida al cultivo de la caña de azúcar, producción de azúcar y producción de alcoholes. Posteriormente, una vez que la mencionada sociedad fue declarada en quiebra, sus bienes fueron puestos a remate y adjudicados a Ingenio el Mante, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa también encaminada al negocio del azúcar, que desde 1992 hasta la fecha se ha encargado de la explotación del ingenio azucarero “El Mante”.
En consecuencia, esta Primera Sala advierte que es claro que la resolución que eventualmente se dicte en el presente asunto tendrá un efecto directo en un sector de enorme importancia tanto económica como social para nuestro país: la agroindustria de la caña de azúcar. Lo anterior, pues como puede observarse, de la decisión que recaiga sobre la controversia planteada dependerá el futuro del ingenio azucarero “El Mante”, el cual, de acuerdo con estadísticas de la Unión Nacional de Cañeros, cuenta con una producción óptima anual de 110,781 toneladas de azúcar (lo cual se traduce en 8,024 kilogramos por hectárea), cifra que lo coloca en el nivel 36 nacional en cuanto a producción de azúcar.
La duración que el presente asunto se ha encontrado sub judice y la necesidad de que se dicte una resolución que resuelva de manera definitiva la controversia planteada.
Finalmente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el presente asunto tuvo su origen en un procedimiento de quiebra que inició el 2 de julio de 1991 y que finalizó, una vez declarada en quiebra de la Sociedad Cooperativa y habiéndose enajenado sus bienes, el 27 de abril de 1994. Así, como puede observarse, la controversia sobre la que versa el presente asunto se ha mantenido vigente durante aproximadamente 23 años, sin que hasta el día de hoy haya sido posible dar una respuesta definitiva que ponga fin al conflicto.
Tomando esto en consideración, este Alto Tribunal considera que es posible sostener que un asunto es de “interés” o “importancia” para efectos de su atracción, cuando del estudio de los autos se derive que el asunto en cuestión ha sufrido de una demora prolongada, de la cual se pueda derivar una posible afectación del derecho a la justicia de las partes contrincantes, en relación con la obligación de las autoridades jurisdiccionales competentes de otorgar una solución a la controversia en un tiempo o plazo razonable.
Así, esta Primera Sala considera que el presente asunto también debe ser atraído en virtud del tiempo que ha transcurrido desde que tuvo origen la controversia planteada, de tal manera que esta Suprema Corte esté en condiciones de emitir una resolución definitiva en la que se resuelva en definitiva el conflicto y sea posible dar seguridad jurídica a las partes involucradas en cuanto a los derechos en pugna.
En consecuencia, por las razones expuestas anteriormente, esta Primera Sala considera colmados los requisitos para el ejercicio de la facultad de atracción sobre el amparo directo 623/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se considera que el presente asunto sí debe atraerse.
PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción para conocer y resolver el amparo directo 623/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes.
TESIS QUE SE CITAN EN EL PROYECTO:
“FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO” (p. 24).
“JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRA NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL” (p. 28 y 29).
“FACULTAD DE ATRACCION. NO PROCEDE EJERCITARLA CUANDO SE PLANTEA EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY” (p. 29).
“FACULTAD DE ATRACCIÓN. LAS RAZONES EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA EJERCERLA NO SON DE ESTUDIO OBLIGADO AL ANALIZARSE EL FONDO DEL ASUNTO” (p. 33).
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día treinta de abril de dos mil catorce.
Hechos que dieron origen al presente asunto.
Trámite relativo al procedimiento de quiebra 33/91 y su correspondiente resolución.
El 28 de octubre de 1939 se constituyó en el Ingenio del Mante, Ciudad del Mante, Tamaulipas, una sociedad cooperativa de participación estatal dirigida al cultivo de la caña de azúcar, producción de azúcar y producción de alcoholes a la que originalmente se le otorgó la denominación de “Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, Sociedad Cooperativa de Participación Estatal de Responsabilidad Suplementada”1.
El 2 de julio de 1991, el apoderado legal de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, presentó un escrito ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el que solicitó se declarara en estado de quiebra a la Sociedad Cooperativa a que hace referencia el párrafo anterior, en virtud de un adeudo de $6,609’397,674.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $6’609,397.67 pesos M/N) por concepto de suerte principal que constaba en 16 pagarés y un adeudo de $14,685’555,713.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $14’685,555.71 pesos M/N) por concepto de cartera vencida que constaba en 44 pagarés, todos suscritos por la mencionada Sociedad Cooperativa2.
Ese mismo día, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal admitió a trámite la solicitud de quiebra, registrándola bajo el número de expediente 33/91, y tuvo por recibido el escrito presentado por el señor Juan Manuel Gómez Mendoza, en representación de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, por el que manifestó que era cierto que su representada había incumplido sus obligaciones frente a Financiera Nacional Azucarera y, en consecuencia, se allanaba frente a la demanda de quiebra3.
El mismo 2 de julio de 1991, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal dictó sentencia interlocutoria en la que declaró y constituyó en estado de quiebra a la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, designando como síndico provisional a Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable, y como interventora provisional a Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito; las cuales, en esa misma fecha, aceptaron y protestaron el desempeño de su respectivo cargo4.
Además, en dicha sentencia interlocutoria, la Juez Tercero de lo Concursal determinó que debía darse posesión de los bienes de la quebrada al síndico, por lo que ordenó girar exhorto al Juez Competente en la Ciudad del Mante, Tamaulipas, para que realizara la toma de posesión y de ocupación de todos los bienes de la empresa quebrada, facultándolo para hacer uso de la fuerza pública y de todas las medidas que fueran necesarias para la práctica de dicha diligencia de ocupación. Por tanto, el 3 de julio de 1991, a las 7:00 horas, el Juez de Primera Instancia de lo Civil en Ciudad del Mante, Tamaulipas, dio cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada juez5.
El 27 de mayo de 1992, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal dictó sentencia definitiva en la que reconoció como acreedor a Financiera Nacional Azucarera, por las cantidades de $9,553’270,785.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $9’553,270.70 pesos M/N) y $57,257’922,700.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $57’257,922.70 pesos M/N), es decir, un total de $66,811’193,485.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $66’811,193.48 pesos M/N) por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios correspondientes hasta la total solución del adeudo6.
Enajenación de los bienes propiedad de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante y pago de deudas a los acreedores.
Por auto de 15 de octubre de 1992, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal ordenó sacar a remate en pública almoneda los bienes propiedad de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante. Dicho remate se llevó a cabo el 18 de noviembre de 1992, a las 11:30 horas, fincándose a favor de Ingenio el Mante, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la suma de $59,200’000,000.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente 59’200,000.00 pesos M/N)7.
El 4 de diciembre de 1992, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal aprobó el remate a que hace referencia el párrafo anterior en favor de Ingenio el Mante y, en consecuencia, mandó adjudicar los bienes a su favor8.
El 20 de agosto de 1993, la Notaría Pública 141 en la Ciudad del Mante, Tamaulipas, procedió a protocolizar en el acta 3,462 las constancias certificadas del expediente 33/91 y formalizó el otorgamiento de la escritura pública de adjudicación en favor de Ingenio el Mante, Sociedad Anónima de Capital Variable9.
Con el producto de la venta de los activos de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, el síndico de la quiebra procedió a cubrir el crédito para hacer frente al pago de las liquidaciones del personal que con motivo de la quiebra fueron apoyados económicamente, el crédito concedido para la constitución del Fideicomiso de Jubilados y los créditos ejercidos para la operación provisional10.
Por otra parte, el 25 de febrero de 1993, el síndico solicitó a la juez la autorización para realizar un primer pago concursal por la cantidad de $42,000’000,000.00 antiguos pesos mexicanos (hoy aproximadamente $42’000,000.00 pesos M/N), en favor de Financiera Nacional Azucarera; pago que fue autorizado por resolución de 5 de abril de 199311.
Posteriormente, por escrito presentado el 1 de julio de 1993, el síndico informó a la juez que a esa fecha contaba con un saldo de $22’000,000.00 pesos M/N, los cuales, previa reserva para el pago de honorarios, obligaciones laborales y otros conceptos, significaban un remanente de $10’000,000.00 pesos M/N, por lo que solicitó la autorización para un segundo pago concursal por esa cantidad a Financiera Nacional Azucarera; el cual fue autorizado el 21 de octubre de 199312.
El 29 de noviembre de 1993, el síndico informó a la juzgadora que contaba con un saldo de $10’783,624.28 pesos M/N, de los cuales, previa reserva para el pago de obligaciones laborales y otros conceptos, quedaba un remanente de $8’000,000.00 pesos M/N, por lo que se solicitó la autorización para un tercer pago concursal por esa cantidad a Financiera Nacional Azucarera; el cual fue autorizado el 9 de febrero de 199413.
El 1 de marzo de 1994, el apoderado legal de Azúcar, síndico provisional dentro de la quiebra a que se hace referencia, formalizó la constitución de un fideicomiso de inversión y administración dirigido a atender las contingencias laborales que pudiesen surgir derivado la quiebra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante14.
El 10 de marzo de 1994, teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, el apoderado de Azúcar presentó un escrito por el que promovió la declaración de extinción y conclusión del procedimiento de quiebra. Además, por escrito presentado el 22 de marzo de 1994, pidió autorización para realizar un cuarto y último pago concursal por la cantidad de $10’699,108.86 pesos M/N15.
El 27 de abril de 1994, la Juez Tercero de lo Concursal en el Distrito Federal dictó resolución mediante la que declaró concluida la quiebra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante por falta de activo y, mediante diversa resolución de misma fecha, autorizó un cuarto y último pago concursal a la acreedora16.