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Timestamp: 2019-01-23 07:52:19
Document Index: 1620442

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 145', 'artículo 54', 'artículo 254', 'artículo 54']

﻿ SENTENCIA SL13936-2016/49095 DE JULIO 27 DE 2016
SENTENCIA SL13936-2016 DE 27 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:CARGO QUE DEBE SER DESEMPEÑADO POR UN EMPLEADO PÚBLICO ES LEGAL QUE LO EJERZA UN TRABAJADOR OFICIAL. SE PRECISA QUE ES LEGAL Y PERFECTAMENTE POSIBLE QUE UN CARGO CATALOGADO PARA SER DESEMPEÑADO POR UNA PERSONA QUE TENGA LA CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO PASE A SER REALIZADO POR UNA PERSONA QUE TENGA LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR OFICIAL, Y VICEVERSA. CONFORME CON LA JURISPRUDENCIA, LA NATURALEZA JURÍDICA DEL VÍNCULO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBE ESTAR DEFINIDA POR LA LEY Y SE DESPRENDE CLARAMENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PÚBLICA. EN TAL VIRTUD, SE PRECISA QUE EL SOLO HECHO DE HABER TENIDO PREVIAMENTE LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR OFICIAL NO LE OTORGA A ESE SERVIDOR PÚBLICO EL DERECHO, DE MANERA AUTOMÁTICA, A PERMANECER INDEFINIDAMENTE EN ESE ESTADO, DE MANERA QUE ESTA CONDICIÓN NO PUEDA SER VARIADA O MODIFICADA POR EL LEGISLADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, FUNCIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURA DEL ESTADO
Sentencia SL13936-2016/49095 de julio 27 de 2016
SL13936-2016
Rad. 49095
Interpuesto por el demandante y concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte; se procede a resolver.
Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto por su numeral 2 confirmó la absolución impartida en primera instancia y, en sede de instancia, “revoque totalmente el fallo del a quo y consecuencialmente acceda a las pretensiones de la demanda primitiva (…)”.
Con tal propósito formula tres cargos, no replicados, que se resuelven enseguida.
Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa “en el concepto de aplicar una ley (D. 930/93, art. 28, Mincomunicaciones) no habiendo lugar a ello, y como consecuencia violando los artículos 29, 53, 228, 230, de la Constitución Nacional; artículos 14, 16, 21, del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 23, 24, del Decreto 930 de 1993”.
Dice que la violación fue consecuencia de aplicar el referido artículo 28, que establece que el cargo de Auditor Interno en Telecaribe es desempeñado por un empleado público, y que no debió ser aplicado porque el señor Villa laboraba para la entidad desde 1987, antes del Decreto 930 de 1993, como también lo fue la fecha en que fue nombrado en ese cargo, como se acredita con el contrato de trabajo que adjuntó a la demanda inicial. Alega que su reclasificación como empleado público de libre nombramiento y remoción, no está contemplada en la ley, ni es función del gerente de la misma y que se le violó su derecho de defensa, debido a que no se le brindó la oportunidad de impugnar el acto administrativo mediante el que se produjo la reclasificación, además de que tampoco existe documento alguno en el que renuncie a su condición de trabajador oficial.
Enseguida, bajo el título de normas violadas invoca y comenta brevemente los artículos 29, 53 y 228 constitucionales, 14, 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo y enlista las funciones del gerente de Telecaribe, según el artículo 23 del Decreto 930 de 1993.
Dada la orientación del cargo por la vía directa, debe recordarse que el tribunal dio por establecido que mediante acta 009 del 26 de mayo de 1994, el actor se posesionó en propiedad como auditor interno con fundamento en el artículo 28 del Decreto 930 de 1993. Ese supuesto fáctico, como lo ha dicho la Corte desde antiquísimo tiempo, debe ser aceptado necesariamente por la censura.
De otro lado, no desconoce la censura que el artículo 28 del Decreto 930 de 1993, expedido, según sus textuales palabras, por el Ministerio de Comunicaciones, determinó que el cargo de auditor interno debía ser desempeñado por funcionario que tendría la calidad de empleado público de libre nombramiento y remoción.
En ese orden, la estructura del cargo se cimenta, básicamente, en que por haberse vinculado el demandante como trabajador oficial desde el 15 de diciembre de 1987, es decir antes de la expedición del Decreto 930 de 1993, esta normatividad no le podía ser aplicable al demandante, además de que el cargo de auditor lo venía desempeñando desde el 22 de enero de 1992, y que la reclasificación que según la empresa le hizo al demandante como empleado público, no está contemplada en la ley ni en las funciones del Gerente de acuerdo con el decreto citado, en tanto la reclasificación debió darse a través de acto administrativo, lo que no ocurrió.
Así las cosas, desde la estricta óptica que plantea el cargo, debe advertirse desde ya que no le asiste razón a la censura en sus apreciaciones; primero, porque para establecer si son ciertas las afirmaciones del demandante relativas a su desempeño como auditor, la Corte tendría que examinar el expediente y esa labor es ajena en tratándose de la violación directa de la ley; y segundo, porque es legal y perfectamente posible que un cargo catalogado como susceptible de ser desempeñado por persona que tenga la calidad de empleado público, pase a ser desempeñado por persona que tenga la condición de trabajador oficial, y viceversa. Desde este ángulo, razón le asiste al tribunal cuando afirma que la naturaleza jurídica del vínculo de los servidores públicos corresponde definirla a la ley, pues así lo ha definido pacíficamente la jurisprudencia de esta Corporación y se desprende paladinamente de la estructura del Estado colombiano en cuanto a la función pública se refiere.
Por tanto, el hecho de haber tenido previamente la condición de trabajador oficial, no le da derecho automáticamente a ese servidor público a permanecer indefinidamente en ese estado, de manera que la dicha condición no pueda ser variada o modificada por el legislador.
Y si el demandante, conforme se recuerda que lo dijo el tribunal, tomó posesión en propiedad del cargo de auditor interno el 26 de mayo de 1994, conforme a lo señalado en el artículo 28 del Decreto 930 de 1993, apreciación que admite la censura, la conclusión inexorable que se sigue es que no demostró cabalmente que la condición de trabajador oficial que tenía antes de esa posesión, permaneció inalterada después de la misma, pues sus argumentos en tal sentido no conducen a mostrar un desacierto jurídico del tribunal.
Acusa la sentencia del tribunal por vía indirecta “en el concepto de error de hecho, al dar por demostrado un hecho con un medio probatorio que no es de recibo, y como consecuencia violando los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 54ª (sic) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
Bajo el título de ERROR DE DERECHO, arguye que los falladores de 1ª y 2ª instancia dieron valor probatorio a la copia al carbón del acta que da cuenta de su posesión (fl. 72) el 26 de mayo de 1994, siendo que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil dota de valor probatorio a las copias, solamente cuando: (i) hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa, y Secretario de oficina judicial; (ii) sean autenticadas ante Notario, previo cotejo con el original y (iii) sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial.
Si se considera que la alusión a un error de hecho como generador de la supuesta equivocación del ad quem, es un típico error de desatención del autor de la demanda, de todas maneras esta acusación tampoco está llamada a prosperar, en la medida en que en casación laboral, el error de derecho solo se presenta cuando se da por probado un hecho con un medio de prueba no autorizado por la Ley, “por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo”.
Desde luego, no es esta la situación que se presenta en este litigio, toda vez que la posesión de un empleado público puede demostrarse por cualquiera de los medios de prueba establecidos en la ley procesal.
Y si lo que pretende el impugnante es cuestionar la validez probatoria de la copia al carbón del acta de posesión que milita al folio 72 del expediente, el reproche es ostensiblemente desafortunado, porque de un lado, la acusación debió ventilarse por la violación directa de la ley, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte en ese sentido, y de otro, porque a pesar de esta deficiencia, las firmas de quienes intervinieron en el acto se encuentran en original, lo que se traduce en reconocer que el documento es perfectamente auténtico. No se olvide, además, que en el proceso laboral, en materia probatoria, rige el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo, que estima auténticas las copias incorporadas al expediente por las partes.
Adicionalmente, la posesión del demandante en calidad de empleado público en el cargo de auditor interno de la enjuiciada, es un hecho que no está en discusión, puesto que precisamente es sobre este supuesto fáctico que giró el debate.
Finalmente, como quiera que la catalogación del tribunal como empleado público del actor, no fue desvirtuada en los cargos anteriores, la tercera acusación está llamada igualmente al fracaso, pues su intención es la de que se reconozca la culpabilidad plena de la empresa en el accidente de trabajo que dice haber sufrido el demandante, y por la cual busca la indemnización plena de perjuicios. Si no quedó acreditado que hubo contrato de trabajo entre las partes, ningún pronunciamiento puede hacer la Corte en torno a ese tópico.
A pesar del fracaso de los cargos, debido a que no hubo réplica, no se imponen costas por el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por una Sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el 31 de agosto de 2010, en el proceso que promovió Laureano Villa Corrales contra el Canal Regional de Televisión de la Costa Atlántica Ltda. Telecaribe.