Source: https://www.scribd.com/document/312729964/Tc-Inconstitcuionalidad-de-Proceso-Coactivo
Timestamp: 2018-10-22 15:11:45
Document Index: 76608834

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 16', 'Artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 195', 'artículo 75', 'artículo 194', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 194', 'artículo 191', 'artículo 194', 'artículo 189', 'artículo 43', 'artículo 148', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 195', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 139', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 194', 'artículo 29', 'artículo 79', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 33', 'Artículo 79', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 1428', 'artículo 611', 'artículo 28', 'artículo 118', 'artículo 194', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 194', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 192', 'artículo 118']

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º 0015-2005PI/TC
Proceso de inconstitucionalidad interpuesto
por don Óscar Luis Castañeda Lossio, en
Metropolitana de Lima, contra el artículo 1.º
de la Ley N.º 28165, que modifica el inciso e)
del numeral 16.1 del artículo 16º; el numeral
23.3 del artículo 23º y el numeral 28.1 del
artículo 28º de la Ley N.° 26979, de
En Lima, a los 5 días del mes de enero de 2006, el Tribunal Constitucional en
sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García
Toma, Presidente; Gonzales Ojeda, Vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, representada por su alcalde, Óscar Luis Castañeda Lossio,
contra el artículo 1.º de la Ley N.º 28165, que modifica el inciso e) del numeral 16.1 del
artículo 16º; el numeral 23.3 del artículo 23º y el numeral 28.1 del artículo 28º de la
Ley N.° 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
: Proceso de inconstitucionalidad
: Municipalidad Metropolitana de Lima,
: Congreso de la República
vulneración se alega
: Artículos 194º y 195º de la Constitución,
referidos a la autonomía y competencia de los
: Que se declare la inconstitucionalidad de las
artículo 16º; el numeral 23.3 del artículo 23º y
numeral 28.1 del artículo 28º de la Ley N.°
26979, de
Ley N.° 28165, que mediante su artículo 1.º modifica diversos artículos de la Ley
N.º 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva
Artículo 1.- Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 33 y 38
de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en los términos
16.1. Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento,
con excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la
Artículo 23..Revisión judicial del procedimiento 23.   Que el referido numeral 23. modificado por la Ley N. la misma que constituirá elemento suficiente para que se abstengan de efectuar retenciones y/o proceder a la entrega de los bienes sobre los que hubiere recaído medida cautelar de embargo. dispone la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva con la sola presentación de la demanda contencioso. Demanda Con fecha 19 de mayo de 2005.1 de la Ley N. inciso e). ANTECEDENTES 1. de la presente ley.1. en calidad de medida cautelar previa. mientras dure la suspensión del procedimiento”. El obligado o el administrado al cual se imputa responsabilidad solidaria sujeto a ejecución coactiva. la Municipalidad Metropolitana de Lima interpone demanda de inconstitucionalidad contra “(. sin mediar solicitud cautelar. por consiguiente.) los artículos 16.. el embargo en forma de intervención en información previsto en el artículo 33°.administrativa.. de fecha 16 de diciembre de 2003” (sic). de la presente ley.)..administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución.3 permite la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva con la simple presentación de la demanda “contencioso administrativa” (sic) [se refiere a la demanda de revisión judicial]. de la presente ley (. ocasionando que las acreencias a favor de su representada se dilaten y corran riesgo.).. literal a). entre otros. 23.3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior.1 del artículo 16º.5. numeral 18. revisión o demanda contencioso.3 y 28. debiéndose entender que la demanda se interpone contra el artículo 1º de la Ley N. y.º 28165. además de restringir el cumplimiento de las normas de competencia municipal y las rentas asignadas a los gobiernos locales.3 del artículo 23º y el numeral 28. apelación. sin previa evaluación de los presupuestos .. bajo responsabilidad.1 del artículo 28º de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N. numeral 16. El demandante alega los siguientes fundamentos de hecho y derecho:   Que el inciso e) del numeral 16. IV. siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16°..° 26979. que modifica.° 28165.. el numeral 23. Artículo 28.° 28165. debiendo cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13° (.3. así como efectuar nuevas retenciones.1 Los Ejecutores coactivos únicamente podrán ejecutar. entregará a los terceros copia simple del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial.Medidas cautelares previas 28. o contra el acto administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado.1. el inciso e) del numeral 16.presentación del recurso administrativo de reconsideración.
° 26979 están sustentadas en la adaptación de la autotutela administrativa al Régimen Constitucional de Derecho. el embargo en forma de intervención en información.   Que el propósito de las modificaciones introducidas por la Ley N. en calidad de medida cautelar previa.   Que el inciso e) del numeral 16. las entidades administrativas no cuentan intrínsecamente con un poder o un derecho de ejecutar sus actos mediante la coacción. que modifica diversos artículos de la Ley N. Se fortalece así el proceso de racionalidad democrática frente a las reglas del sistema absolutista. es decir.   Que la modificación efectuada por la Ley N. promulgación o publicación. materia de la demanda de inconstitucionalidad.º 28165.procesales del fumus boni iuris y perículum in mora. se fundamentan en la necesidad de garantizar el derecho a un Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva . modificados por la Ley N. El demandado aduce los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:   Que la ejecución coactiva constituye un resabio del sistema monárquico que la legislación viene tolerando excepcionalmente. así como facilitar la injerencia judicial en el procedimiento de ejecución coactiva.3 y 28.° 28165 a la Ley N. En este sentido. 2. en particular.° 26979. transgrediendo así el artículo 195° de la Constitución.° 26979.º 28165.° 28165 es restringir y debilitar las facultades de la Administración Pública en materia de ejecución forzosa de sus propios actos. así como los numerales 23.1 de la Ley N. no contraviene la Constitución por el fondo ni en lo referido a su aprobación.º 28165. con los Derechos Fundamentales. sosteniendo que la Ley N. pero compatibilizándolo con el Estado Constitucional de Derecho y. vulneran su autonomía como gobierno local.   Las modificaciones de los artículos de la Ley N. Contestación de la demanda Con fecha 22 de agosto de 2005.º 26979.1. pues únicamente podrá ejecutar. la llamada “autotutela ejecutiva” no es la regla sino la excepción. actualmente vigente. el apoderado del Congreso de la República contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada. procediendo a perfilarse como ente director de la actuación administrativa el respeto a los derechos constitucionales de los administrados. efectuadas por la Ley N.° 26979 incorpora una limitación a las facultades del Ejecutor Coactivo. de modo que no se configuran las causales establecidas en el artículo 75º del Código Procesal Constitucional. sino que dicha potestad deberá ser expresamente atribuida por la Constitución y las Leyes.1 de la Ley N.º 28165 al numeral 28.   Que las modificaciones introducidas por la Ley N.   La inconstitucionalidad de las normas se produce también por el vaciamiento del núcleo esencial de la institución de la cobranza o ejecución coactiva. reconocida en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú.
  Que. de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Al respecto. de fecha 28 de setiembre del 2004. 3. podría configurar el supuesto de cosa juzgada en el extremo de la presente demanda concerniente a la alegada inconstitucionalidad del numeral 23. pues ya ha sido objeto de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad de Cañete.º 28165. este Colegiado estima que entre la STC 0026-2004-AI/TC y la actual acción de inconstitucionalidad presentada.1 del artículo 28º de la Ley N. MATERIAS PRONUNCIAMIENTO CONSTITUCIONALES RELEVANTES DE En la presente sentencia. 1.º 28165. 2.º 0015-2005PI/TC. FUNDAMENTOS §1. a raíz de la presentación de las demandas contencioso-administrativa o de revisión judicial. modificados por la Ley N.1 del artículo 16º. se ha producido la cosa juzgada. con relación a la alegada inconstitucionalidad del numeral 23. Este Tribunal procederá a analizar si se configura. numeral 23. respecto a la inconstitucionalidad del inciso e) del numeral 16. o no.º 26979.º 26979. vulnera la autonomía y competencia de los gobiernos locales previstas en los artículos 194º y 195º de la Constitución.3 de la Ley N. deben dilucidarse los siguientes temas: 1. Este Tribunal. la cual fue declarada infundada por este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp.º 28165 y la “cosa juzgada” 1. el mencionado supuesto. 0026-2004-AI/TC. Si la restricción del número de medidas cautelares previas ejecutables.3 del artículo 23º de la citada Ley N. 2.º 26979. 3.º 26979 producen “el vaciamiento del núcleo de la institución de la cobranza o ejecución coactiva” (sic). 2.3 del artículo 23º y del numeral 28. modificada por la Ley N.° 26979. Sobre el artículo 23º.º de la Constitución.de los ciudadanos (artículos 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 139° de nuestra Constitución). no existe identidad en el elemento relativo a la disposición objeto de examen . vulnera la autonomía y competencia de los gobiernos locales prevista en los artículos 194° y 195. del numeral 23. Esta circunstancia. V. modificado por la Ley N. VI.º de la Ley N. Si las modificaciones efectuadas por la Ley N. declaró infundada la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 23º de la Ley N.º 28165. modificado por la Ley N.º 26979. 1.1 del artículo 28º. tal como lo ha advertido la parte demandada. Si la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.º 28165 a los referidos artículos de la Ley N. prevista en el cuestionado numeral 28.3 del artículo 23. mediante sentencia recaída en el Expediente 0026-2004-AI/TC. signada con el N. este Tribunal considera que. 2.
que hace referencia a la posición de las municipalidades en el desempeño de sus funciones. La autonomía y competencia de los gobiernos locales previstas en los artículos 194º y 195º de la Constitución Definición de autonomía 3. b) b) El contenido objetivo o sustantivo de la autonomía. 4. no se configura el supuesto de cosa juzgada. en el presente caso. ha precisado que “(…) frente a la diversidad de significados y contenidos de la garantía institucional de la autonomía municipal. principalmente: “(…) a) a) El contenido subjetivo u organizativo de la autonomía: la existencia de las municipalidades. 5. que dispone la suspensión automática del referido procedimiento coactivo con la sola presentación de la demanda de revisión judicial. la autonomía como ejercicio bajo la propia responsabilidad del ámbito de funciones públicas confiado por el legislador. debiendo proceder este Tribunal a examinar la constitucionalidad de la norma cuestionada. señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú consagra en favor de las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno.º 26979. con sujeción al ordenamiento jurídico. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones.º 28165. por lo que. esto es. el artículo II del Título Preliminar de la Ley N. en el Exp. 3. administrativos y de administración. En el artículo 8º de la Ley de Bases de la Descentralización N. modificada por la Ley N. y c) c) El contenido institucional de la autonomía.de constitucionalidad –petium–. mientras que en la segunda se observa el numeral 23. 4. este Tribunal. Orgánica de Municipalidades. con lo que se alude a cierto grado de libertad e independencia que caracteriza la posición de la actuación de las municipalidades frente a injerencias de instancias superiores [Antonio . deben tenerse en consideración. es decir.º 27783 se ha definido a la autonomía como “(…) el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles. la autonomía como garantía de la gestión de los asuntos que interesen a la comunidad local. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”. en el marco de la unidad de la nación. Por su parte. regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. alegándose que con la revisión judicial del procedimiento coactivo se dejaría sin valor los actos administrativos que determinan la deuda tributaria y administrativa establecida por los municipios. pues en la primera de ellas se cuestionó el primer párrafo del artículo 23º de la Ley N. En el caso de la autonomía municipal.3 del citado artículo. de normar.° 27972. 5. 0013-2003AI/TC. §2.
la Ley Orgánica de Municipalidades ha señalado. decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son inherentes.Autonomía administrativa Viene a ser la facultad de organizarse internamente. los legislativos) (.. económica y administrativa en los asuntos de su competencia (. define: - . Su ejercicio supone reconocer el derecho de percibir los recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias. Asimismo. autonomía ..)”. económico y administrativo. 007-2002-AI/TC. pp. Sobre los ámbitos de la autonomía municipal. - .. determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. la Ley de Bases de la Descentralización ha desarrollado el contenido de cada uno de estos ámbitos. - . en aplicación de la Ley N. modificado por la Ley N. Tienen autonomía política.). que mediante la autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales “desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos.° 27680. 1990. En la misma línea. en su artículo II. recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 7. 7. este Tribunal. se garantiza que los gobiernos locales. planes y normas en los asuntos de su competencia. económica y administrativa”. este Colegiado ha sostenido. en los asuntos que constitucionalmente les atañen. Al respecto. económicos y políticos (entre ellos.Autonomía económica Consistente en la facultad de crear. 00072001-AA/TC.. Centro de Estudios Constitucionales. “Fundamentos constitucionales de la autonomía local”. La garantía institucional de la autonomía municipal aparece en el artículo 194° de la Constitución Política. en la sentencia recaída en el Exp. en sus ámbitos político.” Ámbitos de la autonomía municipal 6. que enuncia que “[L]as municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. aprobar y expedir sus normas. Sobre las dimensiones de la autonomía municipal.Faulo Loras. 256-257].Autonomía política Consiste en la facultad de adoptar y concordar las políticas. en la sentencia recaída en el Exp. puedan desarrollar las potestades necesarias que garanticen su autogobierno. es decir. manifestó que «El artículo 191° de la Constitución [ahora artículo 194º. en los asuntos de su competencia. Sin embargo. 6. fundamento 9. que “[L]os gobiernos locales gozan de autonomía política. Madrid. Esta garantía permite a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos.º 27680] garantiza el instituto constitucional de la autonomía municipal.
Sobre el tema abordado.) El Estado es uno e indivisible. su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento jurídico. que dispone que “El territorio de la República está integrado por regiones. en la STC 0038-2004-AI/TC. como una unidad donde todas sus disposiciones deben ser entendidas armónicamente”. Tal como el Tribunal Constitucional lo ha expuesto en su jurisprudencia. en el desarrollo de sus actividades. regional y local. que “[S]i bien la Constitución ha establecido que los gobiernos locales gozan de la garantía institucional de la autonomía municipal en materia política. STC 007-2001-AI/TC]». ello no implica que tales organismos gocen de una irrestricta discrecionalidad en el ejercicio de tales atribuciones. como en su artículo 189°. representativo. los gobiernos locales se encuentran vinculados por el principio de unidad del Estado. Orgánica de Municipalidades. en los términos que establecen la Constitución y la ley. por supuesto..no debe confundirse con autarquía. provincias y distritos. en el ejercicio de la garantía constitucional-institucional de autonomía. son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto. . En consecuencia. pues tiene ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su ejercicio.. preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación”. en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional. 6. como tal. 9. (. que en el artículo VIII de su Título Preliminar dispone que “Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que. Límites a la autonomía municipal 9. Como ya lo precisara este Supremo Tribunal. además de la Constitución. Jur. pues sigue dentro de él y. Autonomía municipal y el principio de unidad del Estado 8. en cuanto declara que “(. departamentos. conforme al principio de unidad de la Constitución.. Su gobierno es unitario. 10. económica y administrativa. La autonomía municipal no puede ser ejercida de manera irrestricta. toda vez que. no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a este y. pues desde el mismo momento en que aquella le viene atribuida por el ordenamiento. descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes”. Los gobiernos locales deben tener en cuenta. no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado. de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú. normas como la Ley N. el Tribunal ha expresado. regionales y locales de desarrollo”.. 8. además.) Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales. a aquel [Fund. 10. y que. autonomía “[N]o supone autarquía funcional al extremo de que de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal.° 27972. esta debe ser interpretada como un todo. regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. que se encuentra consagrado tanto en el artículo 43° de la Constitución.
a su entender.. de las normas previstas por la Ley Nº 26979.. planes y normas en asuntos de su competencia (autonomía política). salvo que dicho ejercicio se efectúe al margen del ordenamiento jurídico. situación que. implica restringir la actuación de los gobiernos locales y elcumplimiento de las normas de competencia municipal. este Colegiado manifestó: “(. en la STC 510-2004-AA/TC. 14. tal medida no interfiere en la capacidad de las municipalidades de desenvolverse con plena libertad en los aspectos políticos y administrativos. en modo alguno atenta contra la facultad municipal de adoptar las políticas.) la autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad.. con lo cual se suspende el procedimiento de ejecución coactiva. o no. 11. debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco constitucional y legal”. y lesione derechos de los administrados u otros entes estatales o privados”. por lo que un ejercicio enmarcado en tal premisa no puede vulnerar ni amenazar. En ese sentido. La demandante considera que la norma impugnada vulnera la autonomía política. pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte. §3. 0012-1996-I/TC. en concordancia con el artículo 148. Asimismo.) En la sentencia recaída en el Exp. en la sentencia recaída en el Exp. fundamento 2. que regula el proceso contencioso administrativo. económica y administrativa municipal. 2[2] Proceso en el cual se revisa la legalidad y el cumplimiento. es decir. Este Tribunal no comparte los argumentos esgrimidos por la demandante.11. pues considera que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva hasta que en sede judicial se dirima sobre la demanda contencioso-administrativa 1[1] planteada contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución o hasta que la Corte Superior se pronuncie en el proceso de revisión judicial 2[2] interpuesto por el administrado. en el inicio y tramitación del procedimiento de ejecución coactiva. 12. Este Tribunal. y que está representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a este”. modificados por la Ley N. estableciendo que “(.3 del artículo 23º de la Ley N. 13. derechos constitucionales. . 12. 007-2002-AI/TC..º 27584. en sus ámbitos político.º de la Constitución. conforme lo establece el artículo 1º de la Ley N. ha precisado el carácter restringido del concepto de autonomía de los órganos creados por la Constitución.° 26979. en tanto dichas normas están ocasionando que las acreencias a favor de las entidades o las obligaciones de hacer o no hacer dispuestas por la autoridad administrativa dentro de un debido procedimiento administrativo se dilaten debido a que la ejecución de las mismas dependerá de si el obligado (administrado) presenta. una demanda contencioso administrativa o una demanda de revisión judicial. ni de organizarse internamente (autonomía administrativa).º 28165 13. 14. económico y administrativo. per se. en los asuntos de su competencia. La autonomía y competencia municipal y el caso concreto: el inciso e) del numeral 16. 1[1] Demanda que tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. este Tribunal ha precisado que la Constitución garantiza la autonomía municipal.1 del artículo 16º y el numeral 23.
. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Tampoco se viola su autonomía económica ni se vulnera la competencia de los gobiernos locales para administrar sus bienes y rentas (artículo 195º.. dicha cualidad se desprende de su interpretación. . de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución).. rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.)”. de manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo. derechos tales como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 18. es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y el derecho a la tutela judicial efectiva 16. sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales. reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. 16.. deben ser ejercidos de forma tal que garanticen. ante los tribunales nacionales competentes. tal restricción es legítima. Si bien la citada norma no hace referencia expresa a la “efectividad” de las resoluciones judiciales.) ni retardar su ejecución”. Tal autonomía y competencia no pueden ser ejercidas de manera irrestricta. entre los que destacan el acceso a la justicia. busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.. la ley o la presente Convención (. impida o disuada irrazonablemente. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos. el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del administrado. como se ha señalado. de la Constitución). pues se orienta a proteger. 17. es decir. cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (. conforme se desarrollará in extenso en los fundamentos siguientes.) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (. 18. 17.. numeral 3. pues si bien es cierto que la suspensión de la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva implica –en los dos casos previstos por la ley modificatoria– la dilación del pago de las acreencias a favor de las municipalidades. El referido derecho también se encuentra recogido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139º. y el artículo 25. el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. entre otros. sin que se le obstruya. el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. Precisamente. sino que tienen ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su ejercicio. por el contrario. el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado. 15. derechos constitucionales. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. per se.15. De este modo. los que no pueden vulnerar ni amenazar. y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.
no vulneran los artículos constitucionales 194º y 195º. entre las cuales mencionan las señaladas en los artículos 46°. la de embargo en forma de intervención en información.° 26979. Señala la demandante que el numeral 28. Es decir.° 26979. . así como la clausura de establecimientos.) capaz de consentir los resultados alcanzados. referentes a la autonomía y competencia de los gobiernos locales. situación que garantiza la efectividad de las decisiones del Poder Judicial. modificados por el artículo 1º de la Ley N.En efecto. ha incorporado limitaciones a las facultades del Ejecutor Coactivo. El referido numeral 28. con rapidez y efectividad”. 19. el inciso e) del numeral 16. 23. 21. Sostiene la demandante que estas medidas revelan un indubitable propósito de restringir y hasta debilitar las facultades de la Administración Pública en materia de ejecución forzosa que. las demandas contencioso-administrativas o de revisión judicial del procedimiento no serían efectivas si la Administración ejecutó coactivamente el cumplimiento de una obligación antes de conocer el pronunciamiento en sede judicial sobre la actuación de la Administración Pública o sobre la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el trámite del procedimiento de ejecución coactiva. En ese sentido. únicamente. una de ellas consiste en que los ejecutores coactivos podrán ejecutar como medida cautelar previa. modificada por la Ley N. 49° y 93°.° 26979. impidiendo la ejecución inmediata de las sanciones impuestas por la Administración a fin de evitar a los administrados perjuicios irreparables o de difícil reparación.1 del artículo 28º de la Ley N. establece una serie de atribuciones y facultades especiales de los gobiernos locales.. 20. Evidentemente. que facultan al ejecutor para exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas por la autoridad administrativa. 22.. tal como se expresara en la STC 010-2002-AI/TC. 20. entre otras obligaciones.3 del artículo 23º de la Ley N. En el caso concreto.1 señala: Los Ejecutores coactivos únicamente podrán ejecutar. nuestra Carta Fundamental no solo garantiza un proceso “intrínsecamente correcto y leal. Sobre la medida cautelar de embargo en forma de intervención en información 21. solo la conservan pendiente hasta que los procesos entablados sean resueltos jurisdiccionalmente. en calidad de medida cautelar previa. sino también (. 22.1 del artículo 28º de la Ley N. de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades N. 23. el embargo en forma de intervención en información previsto en el artículo 33°. 19.º 28165. justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito.° 27972 (Ley de Desarrollo Constitucional).1 del artículo 16º y el numeral 23. Al suspenderse la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva se evita que la administración ejecute el patrimonio del administrado.º 28165. las modificaciones introducidas por la norma impugnada no suprimen la facultad de los gobiernos locales de realizar el cobro de sus acreencias. acciones que se ven afectadas por la aplicación del modificado numeral 28. §4.
Transcurridas las cuarenta y ocho (48) horas de producida la caducidad. de la presente ley.. Vencido dicho plazo la medida caducará.5. el Ejecutor levantará en forma inmediata la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta fianza o póliza de caución emitida por una empresa del sistema financiero o de seguros por el mismo monto ordenado retener..] que determine con precisión la Obligación debidamente notificada.1. 13.4. podrá disponer que el Ejecutor trabe como medida cautelar previa cualquiera de las establecidas en el artículo 33° de la presente Ley. Mediante medida cautelar previa no se podrá disponer la captura de vehículos motorizados. vinculados al cumplimiento de ..literal a). dentro del plazo señalado en el numeral 13.3. vencidos los cuales caducará en forma definitiva.. Son principios y derechos de la función jurisdiccional [. clausura de locales públicos. luego de iniciado dicho procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el artículo 14 de la presente Ley.2. afectados por medidas cautelares en forma de secuestro o retención.] la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. suspensión de actividades.. en tanto no se conviertan en definitivas. en uno u otro caso. deberán sustentarse mediante el correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada (en concordancia con lo establecido por el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú. podrá ejecutar las medidas y disposiciones necesarias para el caso de paralizaciones de obra. 13. en cuyo caso se podrá prorrogar por un plazo máximo de treinta 30 días hábiles.1). por la suma que satisfaga la deuda en cobranza. Lo dispuesto resulta de igual aplicación en el caso de que terceros tengan en su poder bienes del obligado. en forma excepcional y cuando existan razones que permitan objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede devenir en infructuosa. 13. La medida cautelar dispuesta no podrá exceder el plazo de treinta (30) días hábiles. La entidad. previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el cumplimiento de la Obligación y aunque se encuentre en trámite el recurso impugnatorio interpuesto por el obligado.7. deberá procederse de manera inmediata y de oficio a dejar sin efecto la medida cautelar y a la devolución de los bienes afectados por dicha medida.) De acuerdo con lo expuesto por artículo 13° de la Ley N. previa emisión del acto administrativo correspondiente y siempre que se cumpla con las demás formalidades. Cuando la cobranza se encuentra referida a obligaciones de dar suma de dinero. 13. 13.2. son requisitos para las medidas cautelares previas: 13.° 28165 (al que nos remite el precitado numeral 28.° 26979.6. demolición o reparaciones urgentes. excepto los decretos de mero trámite.3. por disposición de la Entidad. Las medidas cautelares previas trabadas antes del inicio del Procedimiento no podrán ser ejecutadas. salvo que se hubiere interpuesto recurso impugnatorio. 13. 13. u otros actos de coerción o ejecución forzada.. Las medidas cautelares previas. El Ejecutor. con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan [. también modificado por el artículo 1° de la Ley N. a que se refiere el numeral anterior. debiendo cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13° (.
sin ser autónomo. 49° y 93°. 26. de la presente ley. 4[4] Carnelluti.º 26969 y el artículo 194° de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades N. en cuanto a las medidas cautelares: Vencido el plazo a que se refiere el artículo 29° de la presente ley.. aun cuando se encuentren en poder de un tercero. Buenos Aires 1973. Al respecto. así como en los casos en los que se vulnere las normas de urbanismo y zonificación. 26.).8. además de las normas constitucionales.obligaciones de hacer o de no hacer. 24. estipulado en el artículo 79° del Código Procesal Constitucionalidad y que fuera aplicado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia (cf. (. Asimismo. 24. En cuanto a las medidas cautelares 27.º 26979 establece que las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes: a) a) En forma de intervención en recaudación. el Ejecutor podrá disponer se traben como medidas cautelares cualquiera de las previstas en el siguiente artículo. se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”. sirve para garantizar el buen fin de otro proceso4[4]. Tratándose del cobro de ingresos públicos a que se refiere el artículo 12. el Tribunal Constitucional considerará. en aplicación del denominado “bloque de constitucionalidad”3[3]. señala. 13. 25. el artículo 32° de la Ley N. coincidimos con la doctrina en la definición tradicional de la medida cautelar en tanto el proceso que. [Ley de Desarrollo Constitucional. el artículo 33° de la Ley N. etc. en información o en administración de bienes. “Para apreciar la validez constitucional de las normas. definición que también resulta aplicable a los procedimientos 3[3] Artículo 79° C.1 del artículo 28º de la modificada Ley N. los gobiernos locales únicamente podrán ejecutar. dentro del marco constitucional. de la presente Ley.° 26979. I.P.° 27972. las que surtirán sus efectos desde el momento de su recepción. pág. y siempre que la fiscalización de tales actividades sea de competencia de la Entidad y se encuentre en peligro de salud. Para tal efecto: a) a) Notificará las medidas cautelares. literales a) y b). y b) b) Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del obligado. Antes de entrar a dilucidar sobre el tema materia de inconstitucionalidad. Instituciones del Proceso Civil. es pertinente precisar algunos conceptos sobre la institución de la medida cautelar. debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio. STC 3330-2004-AA/TC. Este Colegiado estima que. al ser aquella una norma remisiva. a fin de establecer si existe alguna incompatibilidad entre el numeral 28. 0041-2004-AI/TC. en los artículos 46°. las leyes que..)]. Por su parte. 32º y 33º del mismo cuerpo legal. Francesco. 88. higiene o seguridad pública. literal a). en calidad de medida cautelar previa. . 27. Ejea. el embargo en forma de intervención en información previsto en el artículo 33. 004-2004CC/TC. su lectura debe hacerse en concordancia con los artículos 13º. Const. 25. Vol.
. cit. Las medidas cautelares son acciones destinadas a asegurar el pago de la deuda mediante la afectación de uno o varios bienes del presunto deudor. Estos requisitos son considerados básicos pues la doctrina viene estudiando otros elementos o datos para la configuración de tales medidas. la cual se basa en la certeza de tal pretensión. por Jové.Actualidad Jurídica N. pág. Como bien señala Piero Calamandrei6[6].administrativos como el que nos ocupa. sobre el mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal. “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”. Presupuestos que debe considerar el Ejecutor Coactivo para decretar una medida cautelar 28. Estas medidas serán trabadas por el ejecutor coactivo. Piero. J. siempre que sean apreciados con el rigor que ello implica. 1962. en Actualidad Tributaria. Verosimilitud en el Derecho (fumus bonis iuris) Este es un presupuesto básico para obtener una medida cautelar e implica que quien afirma que existe una situación jurídica pasible de ser cautelada. estas se convertirían en “armas preciosas para el litigante temerario y en vehículo ideal para el fraude”7[7]. Peligro en la demora (perículum in mora) 5[5] Nima Nima. debe acreditar la apariencia de la pretensión reclamada. sin que pudiese razonablemente preverse que la resolución principal será favorable a quienes solicitan las medidas cautelares. y desde el punto de vista opuesto. Una medida cautelar no puede decretarse de manera automática ante la sola petición del solicitante. María Angeles. pág. “Las medidas cautelares del artículo 1428º de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en el que se funda la pretensión. por lo menos. Bibliográfica Argentina. 28. a saber: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. una vez transcurrido el plazo otorgado en la resolución de ejecución coactiva5[5]. esto es. pág. ante eventuales actos del deudor que pudieran obstaculizar su cobranza.° 138. con Fenech. con lo previsto por nuestro Código Procesal Civil. en “Medidas Cautelares innominadas en el Proceso Civil”. Se debe tener en cuenta. al ser suficientes y razonables los señalados. “Las Medidas Cautelares en un Procedimiento de Cobranza Coactiva”. 572. 7[7] Carreras Llansanas. 31. Barcelona. 78. Asimismo. El peticionario tiene la carga de acreditar. valdría más esperar esta y no complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud”. a diferencia de la sentencia favorable sobre el fondo. en concordancia. 207. dos requisitos mínimos. Elizabeth. como norma rectora en materia procesal civil. Buenos Aires. además. los que no serán desarrollados aquí. “[S]i para emanar la medida cautelar fuera necesario un conocimiento complejo y profundo sobre la existencia del derecho. si solo se exigiera la afirmación de una situación jurídica cautelable sin que esta apareciese como muy probable. 1945. 6[6] Calamandrei. Bosch. sin control de su contraria. es decir. en Estudios de Derecho Procesal. Barcelona 1995.. pág.
existían otras medidas cautelares previas que podían ser ejecutadas. para asegurar la eventual ejecución futura. Este presupuesto básico está referido al peligro de daño (peligro procesal) al derecho esgrimido en el proceso judicial (o coactivo. derivado del propio retraso en la administración de justicia. Este Colegiado considera conveniente señalar que antes de la modificatoria del numeral 28. Señala Ramiro Podetti9[9] que el embargo preventivo es la medida cautelar que. 57 ss. esta no pueda ser cumplida. Señala la misma autora que este requisito se ve configurado por dos elementos: la demora en la obtención de una sentencia definitiva. y el daño marginal que se produce precisamente a causa de este retraso.. ínterin se obtiene la pertinente sentencia de condena o se desestima la pretensión principal. es el embargo en forma de intervención en información el acogido por la norma acusada (numeral 28. Capítulo II: Medidas Cautelares Específicas. en caso de obtenerse una sentencia favorable. Entre las categorías “medidas cautelares para asegurar bienes” a los fines de una futura ejecución forzosa se encuentra el embargo preventivo. siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso. el artículo 611° del Código Procesal Civil (Título IV. como el caso de autos) derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho reclamado. María Angeles. 31. 29. como son los embargos en forma de intervención en recaudación. pp. a fin de evitar que. Por su parte. 215. Capítulo. 30. El embargo en forma de intervención en información 31. afectando un bien o bienes determinados de un presunto deudor. Embargo preventivo 30. Buenos Aires. en información o en administración de bienes. Dicho derecho. debe ser protegido de manera inmediata. Título IV: Proceso Cautelar. dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal (. la constatación de un peligro de daño jurídico.). De todos ellos. o por cualquier otra razón justificable. Subcapítulo 1: Medidas para Futura Ejecución Forzada) y establece que “Cuando se 8[8] Jové.1 del artículo 28º de la Ley Nº 26979. en forma de depósito o secuestro conservativo. Barcelona 1995. “Medidas Cautelares innominadas en el Proceso Civil”.Tal como refiere María Ángeles Jové8[8]. 29. ante un peligro inminente o irreparable. Subcapítulo 1) en cuanto al contenido de la decisión cautelar señala: El Juez. Ediar. “Tratado de las Medidas Cautelares”.. 1969. pág. Dicha forma de embargo es una figura procesal que en nuestro país se encuentra recogida primigeniamente por el Código Procesal Civil (artículos 665° a 668°.1). individualiza a aquellos y limita las facultades de disposición y de goce de este. Ramiro. 9[9] Podetti. es el fundamento indiscutible de la tutela cautelar. en forma de inscripción y en forma de retención. en forma de depósito con extracción (de manera excepcional). .
el interventor está obligado a informar por escrito al Juez. De igual manera esta forma de embargo se encuentra prevista en el artículo 118° del TUO Código Tributario. de las comprobaciones sobre el movimiento económico de la empresa intervenida. y a darle cuenta inmediata de los hechos que considere perjudiciales al titular de la medida cautelar. numeral 28. ¿La restricción del número de medidas cautelares previas ejecutables a consecuencia de la modificación del numeral 28. modificado por la Ley N. En el siguiente cuadro se muestran todas las medidas cautelares específicas que podían ser trabadas en un proceso de cobranza coactiva.1 de la Ley N. vulnera la autonomía de los gobiernos locales prevista en el artículo 194° de la Constitución? . aprobado por el Decreto Supremo N. o que obstaculicen el ejercicio de la intervención. el Juez nombrará uno o más interventores informadores.1 del artículo 28º) han quedado reducidas al denominado “embargo en forma de intervención en información”. señalándoles el lapso durante el cual deben verificar directamente la situación económica del negocio afectado y las fechas en que informará al juez”.º 1 EN RECAUDACIÓN EN FORMA DE INTERVENCIÓN EMBARGOS EN INFORMACIÓN art.solicite recabar información sobre el movimiento económico de un empresa de persona natural o jurídica. con la modificación en comento ( numeral 28. Es decir. las que.1 del artículo 28º de la Ley N. 28°. Gráfico Informativo N.° 26979. así como de otros temas que interesen a la materia controvertida.º 28165 EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS EN FORMA DE INTERVENCIÓN CON EXTRACIÓN SIN EXTRACCIÓN EN FORMA DE INSCRIPCIÓN EN FORMA DE RETENCIÓN DESCERRAJE §4.° 135-99-EF.º 26979. en las fechas señaladas por este.
° 27972. Al respecto.-200. entre otros documentos. 33. Ley Orgánica de Municipalidades. la autonomía municipal no puede ser ejercida de manera irrestricta. remitío. la modificación introducida no vulnera el principio de autonomía municipal. se estimó necesario restringir el ejercicio de potestades en la materia. en la cual se fundamenta la modificación del mencionado numeral 28.1 del artículo 28° de la Ley en cuestión y bajo la cual debe interpretarse la referida norma. de acuerdo con el artículo 8º de la Ley de Bases de la Descentralización N. como medida cautelar previa. ilegal y arbitrario por parte de los ejecutores coactivos. 34. y la jurisprudencia expedida por este Colegiado. en salvaguarda y concordancia con las demás normas contenidas en la Carta Política y en base a la tutela de los derechos constitucionales de los ciudadanos. se ha expuesto y definido lo referente a la autonomía municipal. Como ya se señaló. sin que ello signifique la inconstitucionalidad de la misma. Se expone que en el caso específico de las obligaciones vinculadas al pago de tributos. de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos precedentes y con su línea jurisprudencial en materia municipal. 35. también expuesta. En los fundamentos 3 a 12. de manera que actuó (a través de la modificación legislativa) dentro de los límites que la Constitución le señala y de conformidad con el principio de unidad del Estado .° 27783. sino que tal autonomía tiene ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su ejercicio (cf. 34. Asimismo.° 5152-2005-PCM/SG. mediante Oficio N. el artículo II del Título Preliminar de la Ley N. es decir. supra. en la citada Exposición de Motivos se señala la necesidad de modificar las disposiciones sobre dicha materia debido al uso reiterado. la Exposición de Motivos de la norma presuntamente inconstitucional. este Tribunal consideró pertinente solicitar información al Congreso de la República. se ha optado por restringir la facultad de los ejecutores coactivos de los gobiernos locales para ejecutar. STC 0038-2004-AI/TC). en la necesidad de limitar las facultades del ejecutor coactivo en materia de medidas cautelares previas al procedimiento de ejecución coactiva. el embargo en forma de intervención en información. principalmente de los gobiernos locales. el que. Es precisamente esta la línea que se ha seguido para la modificación del numeral 28.32. se consideró que tales obligaciones (vinculadas al pago de tributos. multas y otros ingresos públicos no dinerarios) constituyen el principal sustento de los procedimientos de ejecución coactiva y que. Este Tribunal Constitucional opina que. Asimismo. 33. se han desarrollado los temas vinculados a la autonomía municipal y el principio de unidad del Estado. ante las consiguientes arbitrariedades observadas en el trámite de las mismos. no obstante el carácter excepcional de su procedencia y la exigencia del requisito de peligro en la demora. 35. En cuanto a los cambios introducidos con relación a las medidas cautelares. multas y otros ingresos públicos no dinerarios. 32. ya que el Estado no podía permanecer inmóvil ante los abusos y arbitrariedades cometidas por los ejecutores coactivos en uso de sus atribuciones. y los límites de dicha autonomía.1.
así como rápidamente y con un sentido realista. 37. 37. Estos criterios no están establecidos en la Ley N. 40. como ya se ha señalado en el fundamento 10. económico y administrativo. los gobiernos locales deben tener en cuenta que sus actividades deben desarrollarse dentro del marco legal que regula las actividades y funcionamiento del sector público nacional. 2165-2003-AA/TC. Sobre el vaciamiento del núcleo de la institución de la cobranza o ejecución coactiva . 36. STC 06032004-AA/TC.1 del artículo 28º de la Ley N. 38. §4. en ese sentido. conforme se sustentará a continuación. Queda claramente establecido que. 39. los que precisamente se han venido originando a raíz de los constantes abusos por parte de los gobiernos locales en la iniciación y tramitación de procedimientos de ejecución coactiva (cf. tratándose de medidas cautelares previas. la modificación al numeral 28. 38. a fin de evitar la transgresión de estos límites que impone la Constitución y en vista de las irregularidades que se han cometido por parte de los ejecutores coactivos de los gobiernos locales. derechos constitucionales. En materias como la que hoy nos ocupa. salvo que dicho ejercicio se efectúe al margen del ordenamiento jurídico.º 26979. per se. considera que.° 26979. un ejercicio enmarcado en tal premisa no puede vulnerar ni amenazar. resulta razonable y suficiente la prescrita en el numeral 28. entre otras). sus competencias y funciones específicas deben cumplirse en armonía con las políticas y planes nacionales.° 28165. aunque la Constitución garantiza la autonomía municipal –en sus ámbitos político.(artículo 43° de la Constitución). 40. se ha realizado dentro del marco y orden constitucional respetando la autonomía municipal prevista en el artículo 194° de la Constitución Política. como el respeto al derecho de propiedad. Por otro lado. sin embargo. en los asuntos de su competencia–. Por ello.1 del artículo 28º de la modificada Ley N. 1943-2005-PA/TC. el ejecutor coactivo no debe ir más allá de ciertos límites que impone la Constitución. económico y político).° 28165. y lesione derechos de los administrados o de otros entes estatales o privados. y que. 4265-2004-AA/TC. regionales y locales de desarrollo. mediante el artículo 1° de la Ley N. en todos sus niveles (administrativo. En consecuencia. al debido proceso o a la tutela procesal efectiva. precedente. como bien se señala en la Exposición de Motivos de la Ley N. y que han sido evaluadas muchas veces por este Tribunal mediante procesos de amparo. 39. pues debe obrar con prudencia. y con el deber de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación (artículo 44º de la Constitución). 36.° 26979. este Tribunal juzga que el criterio del ejecutor coactivo es muy importante y relevante.
en virtud de las facultades otorgadas por las leyes específicas. En cuanto al Código Tributario. que “(. basadas en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para cada Administración. La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos 44.. está vinculada a la validez del acto administrativo.. habilita a la Administración a hacer cumplir . 41. Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N. La ejecución coactiva en el Perú 42. siempre dentro de un marco normativo (. la citada ley establece en su artículo 2°. regional y local. ha señalado. El Tribunal Constitucional. en tal sentido. que es El conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la obligación materia de ejecución coactiva.º 28165.° 26979. La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia. Asimismo. en nuestro país. constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo. está regulada. tema que no se desarrollará en esta oportunidad por no ser materia de inconstitucionalidad.. o sea. tanto por el Código Tributario como por la Ley de Ejecución Coactiva N. inciso e). en cuanto a la definición del procedimiento. en cambio.. señala que La presente ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que ejercen los órganos del gobierno central. obligatoriedad.[que] las obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones que cada entidad tiene. en el sentido en que es el procedimiento que utilizan las entidades de la Administración Pública para hacer efectivo el acto administrativo que estas emiten frente a los administrados. exigibilidad. es una facultad inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto. modificado también por la Ley N.° 26979 43. 42. en el Título II del Libro III (artículos 114° al 122°). El procedimiento de ejecución coactiva nace como una manifestación de la autotutela de la Administración. El artículo 1° de la Ley N. en el fundamento 4 de la sentencia 0774-1999-AA/TC.El procedimiento de ejecución coactiva 41. es decir. 44. en cuanto a este instituto.) el procedimiento de ejecución coactiva es la facultad que tienen algunas entidades de la Administración Pública para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma Administración.° 26979.)”. La ejecutoriedad del acto administrativo. así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación. Asimismo. Se hace necesario señalar que la institución de la ejecución coactiva en la actualidad. 43. se regula lo referente al procedimiento de cobranza coactiva de las deudas tributarias.
la Administración Pública tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses.º 27444) la disposición que.º de nuestra Carta Magna. como bien lo advierte Juan Carlos Morón Urbina 10[10]. Gaceta Jurídica.º 2 11[11] DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LIMITACIONES CONSTITUCIONALES DERIVADAS DEL DEBIDO RESPETO DE DERECHO A LA LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PRESUNCIÓN DE FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS INOCENCIA INVIOLABILIDAD DE INGRESO LIMITACIONES A LA AL DOMICILIO Y A LAS EJECUTORIEDAD DEL PROPIEDADES INMUEBLES ACTO ADMINISTRATIVO LIMITACIONES LEGALES A LA EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 46. pág. respetando los límites impuestos por mandato legal. dicho mandato constitucional “(.º 27444. 46. setiembre 2005. por ende.) no llega a sustentar la ejecutoriedad administrativa.. opta por dotarle de ejecutoriedad (coerción propia) a los mandatos de la Administración”. 16. Sin embargo. Límites que impone la Constitución a la ejecución coactiva Gráfico Informativo N. del Procedimiento Administrativo General.. “La Suspensión de la Cobranza Coactiva por la interposición de la demanda contencioso administrativa – Una apreciación constitucional”. 45. Será la Ley de Desarrollo (Ley N. al Poder Ejecutivo y a toda la Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. en Actualidad Jurídica. Juan Carlos . Como bien lo señala la demandante. Lima. En ese sentido.º 2. leyes y demás disposiciones legales”.por sí misma un acto administrativo dictado por ella. pues..Señalando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y que limitan a la institución de la “ejecución coactiva”. asentándose en la Constitución. sin la intervención del órgano judicial. el artículo 192. 45. mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”. 11[11] Gráfico Informativo N. . sino solo la ejecutividad de la voluntad administrativa. pudiendo incluso exigir por sí 10[10] Morón Urbina. que ordena al Presidente de la República –y. en los términos estudiados. una consecuencia del acto administrativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118. salvo disposición legal expresa en contrario. Tomo 142. La ejecutoriedad es. establece que “Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario.º de la Ley N. así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho.
SS. FALLO Por estos fundamentos. esta facultad de autotulela de la Administración Pública de ejecutar sus propias resoluciones. conforme se ha desarrollado a lo largo de la presente sentencia. Publíquese y notifíquese. En consecuencia. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA las demanda de inconstitucionalidad de autos. como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva. este Tribunal no considera que las normas materia del presente proceso vulneren el núcleo de la institución de la ejecución coactiva. GARCÍA TOMA GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO . implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración. sustentada en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas. VII. el Tribunal Constitucional. Sin embargo.misma el cumplimiento de sus actos. VII.
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