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Timestamp: 2017-10-24 09:30:09
Document Index: 259649479

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Sentencia A.P. León 208/2010 de 21 de mayo. Incidente concursal. Recargos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. León 208/2010 de 21 de mayo
Incidente concursal: Se trata de determinar si los recargos e intereses generados con posterioridad a la declaración del concurso tienen la consideración de créditos contra la masa. Crédito contra la masa. Análisis de distintas posturas y normativa.
SENTENCIA: 00208/2010
Domicilio: C/ EL CID, NÚM. 20
Telf: 987.23.31.35
Fax: 987.23.33.52
N.I.G.: 24089 37 1 2010 0100410
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000166 /2010 CIVIL
Juzgado procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.8 de LEON
Procedimiento de origen: INCIDENTES 0001776 /2009
RECURRENTE: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGUR
Letrado/a: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL
RECURRIDO/A: ADMINISTRACION CONCURSAL ADMINISTRACION CONCURSAL, ESTEBAN FERNANDEZ E HIJOS SA
Procurador/a: MARIA LUISA FERNANDEZ SANCHEZ,
Letrado/a: JOSE-RAMON LOPEZ-GAVELA NOVAL,
SENTENCIA N.º 208/2010
D. MANUEL GARCÍA PRADA. Presidente.
D. RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ. Magistrado.
D.ª ANA DEL SER LOPEZ.- Magistrada.
En la ciudad de León, a Veintiuno de mayo de 2010.
VISTO ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial el recurso de apelación civil arriba indicado, en el que han sido partes la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada y asistida por el letrado del Servicio Jurídico de la Administración General de la Seguridad Social, como APELANTE, y la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de ESTEBAN FERNÁNDEZ E HIJOS, SA, representada por la procuradora D.ª María-Luisa Fernández Álvarez y asistida por el letrado D. José-Ramón López-Gavela Noval, como APELADA. Interviene como Magistrada Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. D. RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ.
Primero.-El Ilmo. Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia N.º 8 y Mercantil de León dictó sentencia de fecha 4 de febrero de 2010, cuyo fallo literalmente copiado dice así: "FALLO: ESTIMO PARCIALMENTE la demanda incidental deducida por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a cuyo favor deberá reconocer la administración concursal como crédito contra la masa a su favor a fecha 19 de noviembre de 2009 la suma de 23.766,10 euros, sin que proceda pronunciamiento de condena en costas".
Segundo.-Contra la precitada sentencia se interpuso recurso por la Tesorería General de la Seguridad Social, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás trámites se señaló el día 25 de mayo de 2010 para deliberación, votación y fallo.
Primero.-Cuestiones controvertidas en el recurso de apelación.
Presenta la Tesorería General de la Seguridad Social demanda incidental para el reconocimiento como créditos contra la masa de recargos por importe de 4.753,21 euros e intereses por importe de 433,69 euros.
La Sentencia del Juez de Mercantil admite la calificación como deuda contra la masa de la deuda principal (deudas por cuotas generadas con posterioridad a la declaración de concurso) pero la deniega respecto del importe referido a los recargos e intereses, y por ello estima sólo de forma parcial la demanda.
La cuestión controvertida con el recurso de apelación se limita a determinar si los recargos e intereses generados con posterioridad a la declaración del concurso tienen la consideración de créditos contra la masa.
Segundo.-Crédito contra la masa.
La noción de deudas de la masa surge en el concurso en el que se distingue entre una pasiva integrada por las deudas del concursado y unas deudas de la masa, cuya característica es su "prededucibilidad" de la masa activa antes de la satisfacción de los acreedores concursales. Esta distinción aparece en el art. 84 LC que diferencia entre créditos concursales y créditos contra la masa, que son los que se relacionan en el número 2 del art. 84, cuya característica común, salvo alguna excepción, como la del apartado 1.°, es la de ser créditos vinculados por el propio desenvolvimiento del concurso y la gestión del patrimonio del concursado.
Dentro de la lista del art. 84.2. LC, las deudas de la Administración como deudas contra la masa se relacionan en el apartado 5.° que se refiere a los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, pues aunque el precepto incluye expresamente los créditos laborales a ellos se unen necesariamente los de Seguridad Social por cuotas en la medida en que la obligación de abonar éstas surge como consecuencia del simple desarrollo de una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en la LGSS, con lo que, en realidad, la continuidad de las obligaciones de Seguridad Social se liga a las decisiones generales sobre el mantenimiento de la actividad empresarial o profesional del deudor (art. 44 LC); materia en la que la regla general es la continuidad salvo que, como excepción, se acuerde el cese o suspensión de actividades conforme al art. 44. 4 en relación con los arts. 64 y 65 LC.
Las cuotas pueden referirse tanto a los trabajadores del deudor como a las de éste mismo, en cuanto trabajador por cuenta propia, si continúa desarrollando su actividad: lo decisivo será que el período de devengo sea posterior a la declaración del concurso.
Y la característica básica de estos créditos es que son prededucibles y se abonan "antes de proceder al abono de los créditos concursales" (art. 154.1 LC). Así pues, es importante destacar que en principio, su pago no queda afectado por el concurso, pues han de satisfacerse "de forma inmediata" a sus respectivos vencimientos cualquiera que sea el estado del concurso" aunque hay limitaciones importantes de este principio general pues "no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos", lo que supone que la satisfacción no es tan inmediata y por otra parte el n.° 3 del art. 154 LC prevé que las deducciones para atender el pago de los créditos contra la masa se harán sobre los bienes y derechos no afectos al pago de los créditos con privilegio especial y si el importe de esos bienes y derechos resulta insuficiente, "lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos".
Y partiendo de esta regulación y concepto de los créditos contra la masa, esta Audiencia Provincial llega a la conclusión de que debe confirmarse el criterio señalado por el Juez Mercantil tal como ya fijamos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010.
Tercero.-Distintas posiciones de los Juzgados y Tribunales.
Respecto de los recargos e intereses derivados de deudas posteriores al concurso y por tanto contra la masa básicamente la postura del Juzgado Mercantil consiste en que no es posible admitir determinados instrumentos administrativos que pretenden la intimación de pago cuando en el propio concurso y según la normativa concursal tales créditos por principal se someten a un orden de pago concreto en función de su vencimiento. Y consideran que los créditos contra la masa se regulan por las normas de la Ley Concursal al igual que los créditos concursales, salvo que expresamente se excluya su aplicación en relación con aquellos.
Esta línea es seguida por algunas resoluciones de Juzgados Mercantiles (sentencias del Juzgado Mercantil N.º 1 de Málaga de fecha 12 noviembre 2007, y del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Cádiz de fecha 30 de octubre de 2009).
En contra de esta opinión existen igualmente resoluciones dictadas tanto por los Juzgados como por las Audiencias Provinciales, pudiendo citarse las Sentencias de la AP de La Rioja de 6 de octubre de 2008, de la AP de Pontevedra de 24 de Enero de 2008 y de la AP de Córdoba de 27 de octubre de 2006. Entre tales resoluciones se encuentran las de los Juzgados de lo Mercantil que cita la parte recurrente en su escrito de recurso.
No obstante, observando el contenido de estas últimas resoluciones favorables a la postura de la parte recurrente, y a pesar del expreso pronunciamiento que contienen sobre la materia analizada, la conclusión adoptada ha partido de la premisa de que los recargos de apremio son créditos contra la masa cuando surgen después de la declaración del concurso respecto de una deuda principal igualmente posterior, sin plantearse la posibilidad de diferenciar entre la deuda principal y los recargos e intereses que no tienen porque seguir el mismo régimen jurídico. El régimen de pago de los créditos es diferente: los créditos anteriores a la declaración de concurso (como regla general, créditos concursales) se someten a los criterios de pago establecidos para dichos créditos, según su clasificación, y los generados con posterioridad (como regla general, créditos contra la masa) se rigen por lo dispuesto en el artículo 154 LC. No se puede, por lo tanto, equiparar -sin más- créditos concursales y créditos contra la masa, y menos aún en todo aquello referente a su pago y exigibilidad, lo que nos lleva a analizar de manera diferenciada los recargos de apremio en atención al momento en que se declara el concurso.
Cuarto.-Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso: recargos.
A) Prioridad de las normas concursales en relación con los créditos de la Administración de la Seguridad Social.
El artículo 22 de la LGSS, en su párrafo segundo, establece: "En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley Concursal".
De la declaración de concurso se deriva el sometimiento de los créditos de la Administración de la Seguridad Social a lo establecido en la Ley Concursal, por lo que cualquier liquidación o actuación contraria a las normas concursales no puede prevalecer frente a las normas contenidas en dicha Ley, y sería nulo de pleno derecho por vulneración de normas imperativas: no estamos ante un mero reconocimiento de créditos sino ante la procedencia misma del crédito por contravención de las normas de la Ley Concursal.
Como ya expusimos en nuestra sentencia de fecha 2 de Febrero del año 2010, el recargo de apremio por demora en pago del crédito público con posterioridad a la declaración del concurso vulnera lo establecido en la Ley Concursal (en adelante LC), y concretamente en relación con:
1.- La identificación de los créditos contra la masa contenida en el artículo 84.2 LC.
2.- Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: no pueden iniciarse ni seguirse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 de la LC).
3.- El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en sus artículos 154 a 162, por lo que toda norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal.
B) Imperatividad y exhaustividad de la norma concursal que identifica los créditos contra la masa: artículo 84.2 LC.
El artículo 84.2 de la LC identifica los créditos que han de ser considerados como créditos contra la masa, y la relación contenida en dicho precepto es exhaustiva, porque se somete a un estricto régimen de tipicidad legal, conforme se infiere del apartado 11.º: "Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley atribuya expresamente tal consideración". Es decir, se excluyen inferencias presuntivas no contempladas de modo expreso en las normas contenidas en la LC. Afirmación que viene a ser refrendada por el apartado 1 del artículo 84 de la LC que define los créditos concursales de manera residual: todos aquellos que no tengan consideración de créditos contra la masa. Por lo tanto, aquellos créditos no identificados con arreglo a criterios de tipicidad legal como créditos contra la masa no se pueden considerar como tales porque serían créditos concursales.
Pues bien, en el apartado 2 del artículo 84 no se contemplan los recargos de apremio, sin que tengan encaje legal en el apartado 5.º porque los recargos no se generan por la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso: de la actividad profesional o empresarial se pueden derivar diversos créditos (por cuotas u otros conceptos), pero no los recargos que sólo son medidas compulsivas para el pago de aquellos.
En realidad, como veremos, no es que los recargos de apremio sean créditos concursales, al no ser calificados como créditos contra la masa, sino que no se puede integrar en la masa pasiva, pero al no ser incardinables en el ámbito de créditos contra la masa ya nos da una referencia contraria a su calificación como tales.
C) No pueden iniciarse ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor (artículo 55.1 LC).
Uno de los efectos de la declaración de concurso es la prohibición de inicio o seguimiento de ejecuciones singulares o procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
En el artículo 1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, se define la gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social como el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Y en el artículo 6 se describe el desarrollo del procedimiento: se inicia con el periodo voluntario de recaudación y se prolonga hasta la emisión de la providencia de apremio que da inicio al periodo de recaudación ejecutiva. Es decir, la gestión recaudatoria es única y se articula a través de un único procedimiento, aunque se desarrollo en dos fases: voluntaria y de apremio. Pero una y otra están implicadas, como así resulta del recargo de apremio (art. 10 del citado Reglamento), cuya finalidad, compeler al pago, es una medida compulsiva de apremio, aun cuando formalmente todavía no se haya iniciado el apremio contra el deudor. Pero el artículo 55 LC no distingue entre uno y otro periodo y se limita a dejar en suspenso cualquier procedimiento (sea cual sea la fase en la que se encuentre) contra el patrimonio del deudor, y el recargo de apremio tiene una clara finalidad compulsiva que grava el patrimonio del deudor, por lo que la generación del recargo por demora en el pago posterior a la declaración del concurso va en contra de lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 55 LC, y cuya sanción es su nulidad de pleno derecho, conforme establece el apartado 3 del precitado artículo: "Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho".
D) El régimen jurídico del pago de los créditos se recoge de modo exclusivo y excluyente por la LC, en sus artículos 154 a 162: cualquier otra norma que los contradiga no sería aplicable en sede concursal.
El artículo 154.2 de la Ley Concursal establece: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso". Esta norma regula el orden de los pagos en el seno del concurso y en relación con los créditos contra la masa, por lo que -como norma especial- debe de ser aplicada en el ámbito del procedimiento concursal. El concurso es consecuencia de la insolvencia del deudor, por lo que la disponibilidad de efectivo para hacer frente a los pagos depende de la situación de tesorería del concursado. Por lo tanto, el artículo 154.2 sólo establece una orden de pago, como así resulta igualmente de lo dispuesto en el artículo 84.2, donde se indica qué créditos se consideran contra la masa y se dice: "y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en el art. 154 ".
El artículo 154.2 de la Ley Concursal es una norma reguladora de la ordenación de los pagos: el pago se ha de hacer a cada vencimiento, y en caso de ser insuficientes los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, la prioridad en el cobro se establece también por el orden de los vencimientos. Por lo tanto, la preferencia no se establece en atención a la naturaleza de los créditos sino por razones puramente temporales (la fecha del vencimiento).
El recargo previsto por el artículo 27 de la LGSS tiene una clara finalidad coercitiva, disuasoria y de estímulo al pago, conforme se indica en las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la sentencia recurrida: sentencia del Pleno 164/1995, de 13 Noviembre, ratificada en las sentencias, también de Pleno, 198/1995, de 21 Diciembre y 44/1996, de 14 Marzo, y la posterior del Pleno del Tribunal Constitucional, 216/2000 de 16 Noviembre. Esta compulsión para el pago entra en contradicción con lo dispuesto por el artículo 154.2 de la LC, ya que no se contempla de modo necesario el pago inmediato salvo para los créditos del artículo 84.2.1.º LC (créditos por salarios por los últimos 30 días), lo que supone la implícita admisión de la posposición del pago, justificada por la situación de insolvencia que presupone todo concurso de acreedores, y que se vuelve a poner de manifiesto en el apartado 3 del artículo 154 LC que prevé la realización de bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial para atender a los créditos contra la masa (la previa realización de bienes es otra muestra de la posposición del pago). Y, por último, en el último inciso del apartado 2 del artículo 154 LC, se acuerda posponer la exigibilidad de los créditos contra la masa a la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o el transcurso de un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido alguno de estos actos: no tiene sentido que la norma condicione la exigibilidad al ejercicio de acciones y posponga la ejecución y, paralelamente, se establezcan recargos que tienen como clara finalidad la coerción para evitar una demora en el pago que la propia Ley impone. El pago de los créditos contra la masa se regula en un contexto muy específico de insolvencia del concursado, en el que la falta de disponibilidad de tesorería es algo más que previsible: el recargo por falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social es contradictorio con una liquidación ordenada en caso de insolvencia, porque supone aplicar coerción para el pago cuando ya se está desarrollando un proceso de liquidación de activos o cuando se procura la superación de las dificultades económicas.
Las deudas de la Seguridad Social, con alguna excepción, son susceptibles de aplazamiento, como así resulta de lo dispuesto en el artículo 20 de la LGSS y en los artículos 31, 32 y 33 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y precisamente lo son en casos de insolvencia (apartado 1 del artículo 31), pudiendo el aplazamiento ser de hasta 5 años, sin que ni siquiera sean precisas garantías de pago para supuestos de deuda igual o inferior a 30.000 euros (apartado b/ del art. 33): en el caso que nos ocupa el principal de la deuda sin recargos ni intereses es de poco más de 11.000 euros (algo más de 13.000 euros con intereses y recargos). Las normas citadas no son de aplicación al caso que nos ocupa, pero ponen de manifiesto que, en caso de dificultades económicas de una empresa, se otorga aplazamiento y no se genera recargo, por lo que no es insólito ni extraño que en tales casos el recargo no se genere.
En este contexto de insolvencia hemos de situar la ordenación de los pagos prevista en el artículo 154.2 de la LC, que es incompatible con el recargo previsto en el artículo 27 de la LGSS: el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley (pago de un crédito de vencimiento anterior al de la TGSS) conllevaría, sin embargo, una sanción o medida compulsiva contraria a ese criterio de prioridad temporal, cuya finalidad no sería otra que la de anteponer el pago del crédito de la Administración de la Seguridad Social; único medio de evitar el pago de recargos.
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 154.2 LC, los administradores concursales han de proveer lo que resulte preciso para atender al pago de los créditos contra la masa: de modo inmediato los salariales antes indicados, y los demás en función de la disponibilidad de tesorería o previa la realización de bienes y derechos del concursado, anteponiendo el pago del crédito de vencimiento más antiguo al pago del más reciente. El cumplimiento del orden de pago legalmente dispuesto y de los criterios de preferencia establecidos no puede ser contradichos por una medida coercitiva, como lo es el recargo, por lo que la norma especial (la Ley Concursal) prevalece sobre la norma general (la LGSS), y porque expresamente así se dispone en el párrafo segundo del artículo 22 de la LGSS, anteriormente citado.
Pero incluso aunque el crédito de la Seguridad Social no concurriera con ningún otro, si no existe efectivo en un momento dado para llevar a cabo el pago, la aplicación del recargo sería frontalmente contraria a la superación de la crisis mediante convenio (se incrementaría el pasivo y se dificultaría la recuperación del patrimonio del concursado) y sería completamente inútil en relación con la otra finalidad del concurso (la liquidación del patrimonio del concursado), porque se estaría compeliendo al pago de una deuda cuando el procedimiento ya se encamina a ello: realización de los bienes y derechos para su pago (prioridad del pago del crédito contra la masa), y hasta donde alcance lo obtenido.
Quinto.-Demora en el pago de cuotas de Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso: intereses.
Haciendo extensivos a los intereses buena parte de los fundamentos expuestos en el precedente fundamento, concretamos lo siguiente:
A) Suspensión del devengo de intereses.
El artículo 59.1 de la LC establece la suspensión del devengo de los intereses, legales o convencionales, con tan solo dos excepciones: créditos con garantía real y los salariales.
La Ley Concursal regula tanto los créditos concursales como los créditos contra la masa, por lo que el diferente régimen jurídico de unos y otros depende únicamente de lo que se establezca en aquella norma, por lo que cualquier interpretación tendente a sustraer los créditos contra la masa de su regulación no puede ser acogida. Los créditos contra la masa no forman un aparte en relación con el conjunto de los créditos, ni se pueden considerar como unos créditos "extraños" al concurso, porque no sólo se regulan en la Ley Concursal de manera exhaustiva (art. 84.2), sino que se identifican y describen en la lista de acreedores que se ha de acompañar al informe de la administración concursal (aunque se relacionen de manera separada: 94.4), puede ser impugnada su exclusión o pedirse su inclusión igual que ocurre con los créditos concursales (art. 96), la falta de impugnación produce los mismos efectos para créditos concursales y créditos contra la masa (art. 97), se someten, en general, a las reglas comunes de la fase de liquidación, con la particularidad de la prededucibilidad prevista en el art. 154 LC, y los efectos derivados de la declaración del concurso se extienden también a ellos (art. 55.1 LC).
Así pues, el régimen jurídico diferenciado que tienen los créditos contra la masa por la particularidad de los pagos de dichos créditos no permite justificar la exclusión de la aplicación de las normas generales del concurso.
El artículo 59 de la LC se engloba en la sección 3.ª del Capítulo II del Título III de la LC. El título III regula los efectos de la declaración del concurso, entre los que está la delimitación temporal entre los créditos concursales y créditos contra la masa, que, a su vez, engloba el Capítulo II cuya rúbrica se refiere a los efectos sobre los acreedores (no distingue entre acreedores concursales o contra la masa), y en el que, por su parte, se encuentra la sección 3.ª, que se refiere a los efectos sobre los créditos en particular (sin distinguir entre créditos concursales y créditos contra la masa). En definitiva: la ubicación sistemática del art. 59 LC no justifica la exclusión de los créditos contra la masa de su ámbito normativo.
B) Inexigibilidad de intereses de demora
Los intereses de demora sólo son exigibles desde la notificación de la providencia de apremio por impago de las deudas contra la Seguridad Social, y así lo establece el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio 1994. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: "Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, en todo caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción".
Como quiera que por las cuotas posteriores a la declaración de concurso no se puede iniciar vía de apremio (art. 55.1 LC), los intereses de demora no serían exigibles: sin apremio no son exigibles los intereses de demora, y el apremio no es posible cuando se ha iniciado un procedimiento concursal.
En materia de costas de esta alzada no procede hacer expreso pronunciamiento a pesar de la desestimación del recurso, a la vista de las serias dudas de Derecho concurrentes (art. 394 y 398 LEC).
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL en la representación y defensa que por Ley le corresponde de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la Sentencia de fecha 4 de febrero de 2010, dictada en el incidente concursal 1776/2009 del Juzgado de Primera Instancia N.º 8 y Mercantil de León, que CONFIRMAMOS íntegramente sin imposición de las COSTAS de la apelación.
Dése conocimiento, al notificar esta Sentencia, de los recursos que caben contra ella y, con testimonio de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.