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Timestamp: 2017-08-21 12:06:34
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Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 54', 'artículo 20', 'artículo 187']

trabajo por cuenta propia | Asociación Jurídica Cubana
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Atemperémonos a los Cambios
Publicado en 5 de octubre de 2016 por ajudicuba
Lic. Moraima Leyva Pérez
A partir de los cambios económicos que se producen en el país con las nuevas formas de gestión no estatal y en consonancia con los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el sexto Congreso del Partido, se han dictado un grupo de normativas relacionadas con el trabajo por cuenta propia, que se temen llevar hasta el final.
La Instrucción 7 de 2011 del Ministerio de Economía y Planificación incluye las indicaciones a las entidades estatales para la contratación de los productos y servicios de los trabajadores por cuenta propia, en el sentido de posibilitar que estos trabajadores puedan suscribir contratos con personas jurídicas para la realización de su trabajo.
A su vez las Resoluciones 12 y 32 de 2013 del propio organismo establecen el pago en CUC a las personas naturales, siempre a partir de la autorización superior, a saber: Ministros, Presidentes de CAP, de OSDES, según el nivel de subordinación. Esto limita a las entidades a las que aun las autoridades facultadas no le han aprobado relaciones comerciales en CUC con trabajadores por cuenta propia, con la consiguiente afectación que de ello se deriva.
Hay servicios en Cuba que el estado no está en condiciones de garantizar y que con la voluntad e inteligencia de estos trabajadores se logran con eficacia y calidad. Pongamos un ejemplo: la reparación en moneda nacional de un equipo de climatización, puede estar en el orden de $1000 CUP, sin embargo, si el pago estuviese autorizado en CUC, solo costaría $40.00. Las entidades económicas sea cual fuere la moneda, contabilizan el gasto en paridad de uno por uno. Por tanto la retribución en moneda nacional, por ser más alta la cifra, no solo afecta considerablemente el epígrafe de gastos para la prestación de servicios, sino que va en contra de la eficiencia de la entidad y del valor agregado e influye en el ingreso de los trabajadores.
¿Cuál es el temor a pagar a las personas naturales en CUC? ¿Qué incidencia negativa pudiera haber en ello? Si queremos desatar el desarrollo de las fuerzas productivas y que la empresa estatal lleve las riendas de la economía, tenemos que librarnos de la inercia y la desconfianza. Es hora de que las autoridades encargadas de resolver esta problemática den respuesta a estas interrogantes.
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Ataquemos las causas y no las consecuencias
Publicado en 22 de julio de 2016 por ajudicuba
Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles
Lic. Yanelis Ramirez Cruz
Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.
Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.
En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.
Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?
Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.
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Otra promesa sin cumplir
Publicado en 2 de junio de 2014 por ajudicuba
imagen; yusnaby.com
Mrc Dayanara Vega
Con la rapidez que fueron aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular los lineamientos económicos salidos del Congreso del Partido Comunista de Cuba, la opinión pública en el país se diversificó. Unos creyeron que ahora sí se arreglaría la economía y otros no porque “total, desde cuándo el Partido está haciendo promesas sin cumplir, esto va a ser una más”.
Entre las aprobaciones estuvo la apertura del trabajo por cuenta propia con su cobro de impuestos, pero olvidaron una vez más las garantías, esas que permitirían que cada trabajador por cuenta propia pudiera tener todo el ingreso que su gestión y esfuerzo personal permita, de acuerdo a la actividad que realiza y la población un servicio o un producto acorde a su poder adquisitivo.
Estamos hablando de que el cuentapropista, no tiene donde adquirir a precio mayorista ningún producto, tiene que recurrir al comercio minorista, o peor aún, al mercado negro o subterráneo como única opción para adquirir la materia prima necesaria. En este segundo caso, cae en actividad ilícita porque lo que se vende en ese mercado es robado al propio Estado de sus instalaciones gastronómicas, almacenes, etc, y se encarece el producto o el servicio porque sube el costo de producción, a veces de forma exorbitante.
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Comentarios al Decreto Ley 305 de las Cooperativas no agropecuarias (II)
Publicado en 2 de mayo de 2014 por ajudicuba
Lic. Argelio M. Guerra Aliaga
Para el reconocimiento legal del Decreto Ley 305 de las Cooperativas no Agropecuarias, se impone su nacimiento a la vida jurídica al amparo del texto constitucional, el que en su Capítulo I Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado regula y reconoce las posibles formas de propiedad y organizaciones económicas productivas en que pueden asociarse los ciudadanos, a saber:
Artículo 15. Propiedad estatal socialista;
Artículo 19. Propiedad de los agricultores pequeños;
Artículo 20. Propiedad Cooperativa de producción agropecuaria;
Artículo 21. Propiedad personal;
Artículo 22. Propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales; y Artículo 23. Propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas.
Como vemos, el magno texto, no brinda reconocimiento de la propiedad ni tutela constitucional a formas de organización económicas y productivas diferentes a las ya mencionadas.
De lo anterior se colige la naturaleza inconstitucional del mencionado D.L-305 que da origen a las llamadas Cooperativas no agropecuarias.
Desde una interpretación amplia del mencionado Artículo 23 se ha pretendido brindar sustento constitucional a estas nuevas formas de gestión colectiva. A los que así piensan podríamos preguntarles:
1. ¿por qué nacen entonces a tenor de la Ley 59 Código Civil y no bajo la tutela constitucional del articulo 23 cuya redacción supuestamente permite reconocer este tipo de cooperativas, como en buena técnica jurídica normativa sería lo adecuado, tal y como aconteció con el D.L-288/11 modificativo de la Ley 65 de la Vivienda y quien vio la luz bajo la cobertura constitucional del articulo 21?;
2. ¿por qué incluir y reconocer derechos a quienes no estaban contemplados en el diseño inicial del mencionado artículo 23, cuando lo cierto es que el constituyente pensó en facilitar la inversión extranjera en la economía nacional a raíz de las reformas de 1992, lo que fue concretado con la posterior ley complementaria No.77 de la Inversión Extranjera?
Vale la pena recordar que la Constitución, desde el punto de vista jurídico normativo se convierte en pauta obligada en el proceso de elaboración de todas las disposiciones normativas de inferior rango, pues ésta es el presupuesto inviolable de la legalidad de las demás leyes.
El D.L-305/12 a la vez que debe su nacimiento a la Ley 59 Código Civil y omite hacer referencia a la Constitución de la República, constituye un claro ejemplo de la noción de inseguridad jurídica que impera en el sistema de derecho cubano.
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Expropiar: “Por qué y Para qué”
Publicado en 23 de abril de 2014 por ajudicuba
Lic. Noel Rodríguez Avila.
El presente trabajo se circunscribe al proceso de Expropiación Forzosa seguido contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga y de pasaje pertenecientes a personas naturales de las Provincias de Holguín y Las Tunas.
Previo a la iniciación de este proceso, se crearon Comisiones de Compraventa en ambas provincias dirigidas por los extintos sectoriales de Transporte, los que a su vez cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos teniendo en cuenta presuntas ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores; una vez inspeccionados los vehículos se relacionaban las deficiencias detectadas, las que se hacían constar mediante acta, posteriormente se le extendía un documento pre elaborado donde se le imponía la violación cometida; y al final se le conminaba a vender su vehículo por la irrisoria suma, según su tonelaje de $ 1800.00 o $ 2500.00 MN.
Dicho acto jurídico se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino Contrato de Compraventa, al amparo legal de la Resolución No. 118-88, de fecha 8 de junio de 1988, emitida por el Ministro del Transporte, la Ley 1090 de fecha 1ro de febrero de 1963, cumplimentada por la Ley 1148 de 17 de febrero de 1964 y la ley 1206 de fecha 7 de junio de 1967, las que autorizaban a los organismos de la administración central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades. Es de señalar que en el acto de compraventa se obvió el consentimiento de las esposas de los propietarios de dichos vehículos, trayendo consigo que al presentarse demandas antes la sala de lo civil y administrativo de los tribunales provinciales, se declarara mediante sentencia la nulidad de dicho acto jurídico.
Ahora bien en los casos que el propietario del vehículo se negaba a realizar la venta, se le iniciaba Procesos de Expropiación Forzosa, Proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la constitución de la república en su artículo 25, como los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial la declaración de utilidad pública e interés social del bien a expropiar.
El presente caso resulta totalmente contradictorio, pues aunque el Ministro del Transporte emitió las resoluciones No. 40 y 85 de 1989, mediante las que se declaraba la utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos para la Empresa de Camiones de Holguín, con posterioridad quedó evidentemente demostrado que el fin de tales procesos de Expropiación Forzosa no era otro que el de desaparecer el sector privado.
Para argumentar tal afirmación nos hemos remitido a un Dictamen Legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a quejas presentadas por transportistas de la Provincia de Holguín, ante el Consejo de Estado de la República, el que entre otras cosas fundamenta lo siguiente:
Las Expropiaciones Forzosa de los vehículos de Transporte de Carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se propuso lo que denominaron “La Política de endurecimiento al sector Privado con vista a su paulatina desaparición”, disposición recogida en el acuerdo No. 1507 del Secretariado del Comité Central del PCC.
A modo de conclusión hacemos las siguientes observaciones:
 El Sector de Porteadores Privados antes de realizarse los Procesos de Expropiación Forzosa se encontraba agrupado en la extinta Operadora de fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la administración central del estado.
 El estado, amparado en supuestas violaciones de orden técnico, realizó compraventa forzosa de camiones mediante un viciado y amañado Contrato de Compraventa y en total ausencia de voluntad, dando lugar a que se declarara la nulidad de dichos actos, por ser contrarios a la ley.
 El Estado enmascaró el verdadero fin de sus intenciones al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.
 Ha quedado demostrado que ese sector sí representa una verdadera utilidad pública e interés social para el pueblo y el Estado, pues este último ha tenido que recurrir a los porteadores privados para resolver la aquejante situación de transportación, tanto de pasajeros como de carga, en todo el territorio nacional.
Vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar Por qué y Para qué.
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Qué persiguen…
Publicado en 2 de abril de 2014 por ajudicuba
Lic. Yureisy Ceballos
Como forma de trabajo por cuenta propia, en Cuba existe el arrendamiento de espacios habitaciones, o vivienda, regulado mediante el Decreto 171 además de otras disposiciones para este tipo de actividad. Pero al unísono del maratón de inspectores, ministerios y políticas gubernamentales para controlar más a estos trabajadores, se encuentran los funcionarios de inmigración y extranjería, quienes en el polo turístico de la Playa Santa Lucía, al norte de Camagüey, fuera de los límites de su competencia y de los principios que regula el derecho, se han dado la tarea de informarle a los arrendadores que deben mantener la puerta principal de su vivienda abierta, para que cuando de manera sorpresiva ellos decidan efectuar una inspección, tengan fácil acceso. También les han comunicado que son los responsables de los autos en los que se mueven los turistas y los han obligado firmar un acta con todas estas condiciones.
Los miembros de este cuerpo de oficiales han olvidado los derechos que tienen reconocido los ciudadanos en la Constitución de la República, sobre la inviolabilidad del domicilio y la disposición sobre los bienes de propiedad individual. Es así como operan desafortunadamente los que consideran tener todas las prerrogativas para someter a quienes realizan una actividad que le aporta a las arcas del Estado grandes sumas de dinero.
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Publicado en 6 de enero de 2014 por ajudicuba
Las cosas deben cambiar para atemperarse con los tiempos. Y en este sentido, en nuestro país deben también cambiar las formas de producción con el mismo propósito de adecuación.
Así, se habla en las últimas semanas de una forma o modo de producción que se ha dado en llamar oficialmente “cooperativa no agropecuaria”.
Si no me equivoco, éste será un tema que va a dar mucho de qué hablar en el país por las implicaciones que tendrá para toda la población laboral (y no laboral).
Pero, para que las cosas salgan bien y no haya después que introducir grandes cambios, o incluso que cerrar el proyecto porque demostró a posteriori su inviabilidad, debe actuarse correctamente desde el principio.
Y, siempre según mi humilde opinión, actuar bien desde el principio comienza por explicar clara y absolutamente a todos los interesados en el tema,
qué se entiende a nivel internacional por “cooperativa”,
cuáles son sus características esenciales,
qué derechos imprescriptibles corresponden a los cooperativistas,
los organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con este asunto,
quién cómo y por qué se constituirá en contrapartida de esas cooperativas, con qué potestades y bajo qué regulación legal,
y un largo etcétera más que no puede faltar aquí si, como dije antes, queremos que las cosas salgan bien desde el principio.
Y, otro asunto que no puede faltar en esto, es la TRANSPARENCIA más absoluta en los convenios y el reconocimiento de la autonomía de la cooperativa en sus decisiones internas y externas,…si de verdad estamos hablando de una cooperativa y no de otra cosa.
Habrá muchas preguntas a las que responder pero, para empezar, se me ocurre la siguiente. ¿Por qué se utiliza la adjetivación de “no agropecuaria”, y no “cooperativa” a secas?
¿Pudiera alguien responder esto?
Por el momento, el problema está planteado. La cooperativa de trabajadores es la nueva modalidad.
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Publicado en 3 de enero de 2014 por ajudicuba
Lic. Amado Calixto Gammalame.
El anuncio por parte del gobierno cubano sobre el comienzo del proceso para la unificación monetaria, si bien alegró a gran parte de la ciudadanía cubana que lo espera como una necesidad real, por otra parte, ha creado una gran incertidumbre, por lo debilitada que se encuentra la economía cubana y las realidades que se viven día a día. Pondré tres ejemplos para tratar de ilustrar.
En La Cuevita, San Miguel del Padrón, existe un comercio informal de trabajadores por cuenta propia, hoy están advertidos que hasta el mes de diciembre pueden vender las prendas de vestir que de forma lícita adquirieron. Esencialmente son personas que consiguieron una licencia, viajaron a Haití, Ecuador o México, solo por citar algunos países; pagaron el servicio del aeropuerto, el peso del equipaje, su pasaje, y el impuesto del vendedor.
Todos estos trabajadores por cuenta propia llevaban gran cantidad de tiempo realizando esta actividad, es cierto que la licencia entregada es para sastrería o confección de vestuario, pero ¿no es posible entregar otra o modificar la anterior?, no hay dudas que estos pequeños comerciantes resuelven un problema. Este cambio brusco modifica lo legalmente establecido y provoca la inseguridad a que nos referimos.
La cita del psicólogo y profesor Manuel Calviño en su programa Vale la Pena, se refería a la diferencia de salario que hoy tienen los trabajadores por cuenta propia y la gran cantidad que devengaba el dueño, por lo cual él interpeló al dueño de un negocio sobre la posibilidad de poder recuperar sus inversiones de manera más lenta, a lo que el nuevo mercante le respondió: –No tengo la seguridad de que esto mañana cambie.
El profesor aludió hay que guardar los cambios para que no se pierdan como en las computadoras.
La Sentencia 157 de 2013 de la Sala de lo Civil, Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana, respalda a ultranza una inconstitucional Resolución de la Ministra de Justicia, que irrespeta a los fundadores de la pretendida Asociación Jurídica Cubana en su petición viable jurídicamente, violándose así el fundamental derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin dudas se necesita dar pasos que den seguridad al ciudadano cubano en su actuar cotidiano.
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Publicado en 30 de diciembre de 2013 por ajudicuba
El tema de desarrollo en Cuba transita por las disímiles soluciones que entre verdades y desaciertos, encamina hacia nuevos laberintos que encierran nuevas formas y más complejas situaciones difíciles de controlar con un simple decreto.
El año pasado se emitieron los Decretos Ley 305 y 306, con vistas a establecer como fuente de derecho una norma que por sí alberga desventajas con los principios exclusivos de las nuevas formas de cooperativas no agropecuarias.
La centralización para su aprobación desvirtúa las facilidades con que se pudiera contar y deja a un lado los intereses puramente locales por la que serán creadas, teniendo en cuenta que además de los órganos locales Municipales y Provinciales, son evaluadas por la Comisión Permanente y un Consejo de Ministros.
Existen limitantes respecto a la contratación de trabajadores que puede ser hasta de tres meses y por lo tanto crea inestabilidad laboral y salarial para los que no pueden continuar laborando bajo estas condiciones, limitando a ciclos cortos los períodos laborales sin que medie una justificación legal para este impedimento.
Por último alegaré las posibles situaciones delictivas derivadas de no garantizar los insumos para la actividad en un mercado mayorista que amortigüe la diferencia entre los sectores estatal y privado, que agrava en gran medida la competencia, como forma intrínseca de desarrollo de las relaciones productivas.
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¿Ahora no es Propagación de Epidemia?
Publicado en 2 de diciembre de 2013 por ajudicuba
Lic, Amado Calixto Gammalame.
En la sabiduría popular, los cubanos, o no llegamos, o nos pasamos; el razonamiento a continuación es un ejemplo de ello.
Durante algún tiempo ya, ha llamado mi atención la frecuencia con que personas adultas de diferentes edades se sumergen en los contenedores de basura en busca de lo que le llaman materia prima o por desperdicios o comida para animales, especialmente cerdos.
Durante el año 2009 pude observar gran cantidad de individuos confinados en la Prisión de Valle Grande Municipio La Lisa en la Ciudad de la Habana, por un supuesto delito de Propagación de Epidemias. Cuando indagué sobre el asunto, me explicaron que se hacían operativos y de inmediato se les celebraba un juicio sumario a los acusados en un Tribunal Municipal, y a todos se les imponía como sanción, un año de privación de libertad.
El común denominador en todas las sentencias era DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, el artículo 187 del Código Penal, Propagación de Epidemias, pero el razonamiento en los hechos, se refería a que los acusados habían sido sorprendidos cuando intentaban recoger en la basura diversos productos, los que pudieran consumir, redistribuirlos, o comercializarlos, con peligro de enfermar a otras personas o a sí mismos.
En la actualidad estas personas no son perseguidas¸ todo lo contrario, se le ha dado un viso de legalidad conforme a lo establecido en las nuevas disposiciones (Decreto, Reglamento y Resoluciones que establecen el ejercicio del trabajo por Cuenta Propia).
Con la pregunta que intitulamos este trabajo terminamos ¿Ahora no es Propagación de Epidemia?
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Relato de un cuentapropista
Publicado en 27 de noviembre de 2013 por ajudicuba
Recientemente nos visitó un cuentapropista de la provincia de Camagüey. Carlos Tejeda Carrión, alarmado por una Resolución que le fuera notificada y firmada por la Directora de la OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, quien disponía una Multa de 750.00 CUP y más de 12 000 CUP, por concepto de violar la Declaración Jurada hecha a principios de año. Encargado de asesoralee, me percaté de las colosales violaciones cometidas por dicha oficina. Según esta administración se aplicaba el Régimen de presunción indirecta por subdeclaración. En tanto no era así lo planteado por la oficina, porque al revisar el Decreto 308 de 2012 nos percatamos que el mismo solo se aplica: 1. Cuando existe ausencia de Declaración Jurada, no siendo este el caso ya que presentó su Declaración Jurada en fecha 11 de febrero de 2013. 2. Declaración incorrecta del respectivo obligado tributario no permita a esta el conocimiento de los datos necesarios para la determinación directa de la base imponible o los rendimientos. Según lo establecido y lo que hasta el momento era de pleno conocimiento tanto para la ONAT como para él, teniendo en cuenta el porciento a liquidar, así como el cálculo de la base imponible, NO HUBO DECLARACIÓN INCORRECTA. 3. Cuando estos se resisten u obstruyen la actuación fiscalizadora. Ese escenario según nos cuenta nunca sucedió. 4. Incumplen sus obligaciones contables; o cuando la naturaleza misma del hecho imponible así lo aconseje. Según los cálculos efectuados se cumplen contablemente los parámetros de deducción matemáticas que requiere la actividad, cumpliendo las obligaciones sobre contabilidad.
Como podrán observar, lo aplicado junto al resto de los cuentapropista expedidores de alimentos y transportistas, a quienes la cifra asciende incluso en algunos casos a más de 40 000 CUP no tiene fundamento de derecho y por tanto no procede. No obstante se argumentaron todas las ideas planteadas que rebaten esta actuación, esperando de esta instancia una respuesta en apego a la Ley, ya que según los propios funcionarios de la oficina, estaban conscientes de lo incorrecto del procedimiento y solo cumplían indicaciones de su organismo superior.
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Publicado en 16 de octubre de 2013 por ajudicuba
Vienen unos ciudadanos a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) para que le demos información y asesoría sobre un tema de actualidad: las Cooperativas no agropecuarias.
Se pretende formar una cooperativa con un grupo de compatriotas que -hasta ahora- han sido trabajadores estatales y pasarían a ser cooperativistas en esta nueva modalidad.
Pero resulta evidente que no tienen la menor idea de lo que se trata y no se les ha infomado adecuadamente al respecto.
Es algo simpático esto por cuanto esa misma mañana hemos tenido una vista en el Tribunal Supremo Popular relacionada con el reconocimiento legal de AJC como ONG independiente. Lo gracioso está en que nuestra contraparte expuso allí, entre sus argumentos, que todos los trabajadores cubanos disponían de la información posible y necesaria en cuanto a los asuntos legales que les tocaban o que quisieran saber. Y esa era una razón más para hacer innecesaria la existencia de la AJC.
Evidentemente hay una seria contradicción entre nuestra contraparte y la presencia de estas personas solicitando de nosotros asesoramiento apropiado.
Estos capitalinos, entre otra muchas cosas, necesitan saber
Qué elementos tienen obligatoria presencia en la existencia de esa forma económica, sin los cuales podemos estar en presencia de cualquier cosa, pero no de una verdadera cooperativa como ésta se entiende en el mundo.
Qué es la libre contratación y como se relaciona con el tema de las cooperativas.
Los derechos inalienabes de los trabajadores en la conformación de los documentos que crean la cooperativa y sus estatutos.
Qué ejemplos comparativos podemos traer a colación para tener una información mas amplia y real del asunto.
El concepto de propiedad cooperativa y el uso, disfrute y disposición que los cooperativistas tienen sobre ella.
Y unos cuantos más que no pongo aquí por no alargarme mucho.
Quiero creer que no volverá a ocurrir ahora lo que pasó hace unos cinco años, cuando los omnipresentes y omnisapientes vinieron a decirnos que NO PODÍAMOS EXPLICARLES a nuestros compatriotas los derechos que les reconocían el Código Penal y la Ley de Procedimiento.
¿Son en realidad los actuales otros tiempos?
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