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Timestamp: 2018-03-24 11:47:14
Document Index: 165078534

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 36', 'in fine']

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La Plata, 28 de septiembre de 2012.
Por devueltos, hágase saber (art. 34 inc. 5° del C.P.C.C.).
Encontrándose pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia de mérito dictada en los presentes, estése a la orden de lanzamiento dispuesta en la resolución de fs. 330 ultimo párrafo/330 vta., con todas las previsiones allí indicadas.
Asimismo, en atención a lo requerido por la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 506/506 vta. y haciendo mérito de lo expresado por la Alzada a fs. 471, tercer párrafo, con el objeto de garantizar la efectiva intervención de los Organismos Estatales pertinentes, para que arbitren todas las medidas tendientes a ubicar a los menores y sus grupos familiares que ocupan el inmueble a desalojar en lugares de habitabilidad y/o que abastezcan las necesidades de vivienda acorde a la estructura de los emplazamientos familiares desahuciados, asegurando su salud e integridad física, concertando y concretando -en caso de no contar con las posibilidades ciertas de cobertura de las necesidades habitacionales referenciadas- los dispositivos acordes con dicho requerimiento, líbrese oficio por Secretaría a los encargados de los Servicios de Protección de los Derechos de la Niñez -Zonal y Local- notificándoles íntegramente el presente y haciéndoles saber, además, que serán anoticiados con una antelación no menor a diez días de la fecha en que se efectivizará el lanzamiento ordenado en autos, para que se asegure su presencia en forma efectiva en el momento y lugar del desahucio, todo ello bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de pasarse los antecedentes a la Justicia Penal (art. 239 y ccdtes. del Código Penal).
En ese orden, hágase saber a la parte actora que una vez concertada la fecha para proceder al desalojo con el Oficial de Justicia al que le corresponda intervenir en la diligencia, deberá denunciarla en autos con tiempo suficiente para efectuar las notificaciones dispuestas precedentemente (art. 34 inc. 5°, 36 inc. 2° del CPCC).
DANIEL JOSE DIPP - JUEZ
PROVEIDO RECURSO DE AMPARO JUZGADO ADMINISTRATIVO 3 RECHAZA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITA DE SUSPENSION DEL DESALOJO.
19227-"ALVAREZ CALDERON CELIA BENITA y otros C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES y otro/a S/AMPARO"
LA PLATA, 5 de Octubre de 2012.
1.- Por recibidas las presentes actuaciones.
2.- Atento lo resuelto por la Suprema Corte Provincial, tiénese a los peticionantes por presentados, por parte y por constituido el domicilio indicado (arts. 5 Ley 13.928, 40, 47 y concs. CPCC).
3.- Respecto del beneficio de litigar sin gastos solicitado, deberán los peticionantes formar incidente por separado. Sin perjuicio de ello concédese el mismo con carácter provisorio en los términos del art. 83 del CPCC.
4.- Respecto del pedido de eximición de acompañar copias, atento el beneficio de litigar sin gastos provisorio y el volumen de la documentación acompañada, se hace lugar a lo solicitado (art. 121 CPCC).
5.- Atento el estado de autos, reuniendo la acción promovida los recaudos exigidos por el art. 6 de la Ley 13.928 (modif. Ley 14.192), córrase traslado de la demanda de amparo a la Fiscalía de Estado y a la Municipalidad de La Plata para que en el plazo de cinco (5) días la contesten de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 13.928 (modif. Ley 14.192). Amplíase dicho plazo en un (1) día en función de lo resuelto en el punto precedente respecto de la eximición de acompañar copias. Notifíquese por Secretaría (arts. 5, 18, 25 y concs. Ley 13.928 modif. Ley 14.192, 121 CPCC).
Asimismo, líbrese oficio por Secretaría al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 13 de La Plata a fin de que, con la urgencia del caso, informe: a) El estado procesal de los autos caratulados “AGOSTINELLI MIRTA BEATRIZ Y OTROS C/ LA PLATA FUTBOL CLUB S/ DESALOJO FALTA DE PAGO” (Causa N° 40964); b) La fecha en la cual se encuentra previsto efectivizar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble objeto de dichos autos ubicado en la intersección de la Avenida 25 s/n esq. 514 de la ciudad de La Plata, conforme fuera ordenado con fecha 2-VI-2011, y c) Si ha adoptado medidas tendientes a la reubicación de los ocupantes del inmueble y en su caso, se sirva indicar el alcance de las mismas y si comprenden a la totalidad de los ocupantes o sólo a un grupo de ellos.
6.- Respecto de la medida cautelar solicitada, tendiente a suspender el desalojo dispuesto por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 13 de La Plata en los referidos autos, y a ordenar a las autoridades provinciales abstenerse de dar cumplimiento a dicha manda judicial (conf. Capítulo VI y X-4 de la demanda), la misma constituye una injerencia inaceptable en las facultades jurisdiccionales de otro magistrado con la consecuente violación de la garantía constitucional de juez natural (art. 18 de la CN).
Acceder a la medida cautelar solicitada implicaría admitir que puedan enervarse los efectos de una resolución de un juez de primera instancia mediante una decisión emanada de otro magistrado de igual rango, la cual constituye justamente una de las consecuencias que tiende a evitar la ley de amparo cuando establece que dicha acción no procede contra actos jurisdiccionales emanados de órganos del Poder Judicial (art. 2 inc. 4 de la ley 13.928). Si bien dicha referencia legal ha de ser entendida en relación al objeto de la pretensión de fondo (que en el caso de autos no se dirige a impugnar actos de naturaleza jurisdiccional, motivo por el cual se ha dado curso a la acción interpuesta), debe hacérsela extensiva a las medidas cautelares solicitadas en el marco de una acción de amparo, atento el carácter instrumental que presentan.
Agréguese que incluso podría plantearse la posibilidad de emisión de dos órdenes judiciales contradictorias sobre un mismo caso, emitidas por dos juzgados de primera instancia y dirigidas a los mismos funcionarios provinciales, por las cuales se les solicitaría, simultáneamente, proceder al desalojo del inmueble y abstenerse de llevar adelante el mismo; ello con la consecuente afectación de la seguridad jurídica, principio básico que es deber de los jueces preservar. Por todo ello, corresponde desestimar la medida cautelar solicitada.
7.- Atento lo solicitado en el punto 7 del petitorio de la demanda, pasen los autos al asesor de incapaces (art. 59 CC y art. 23 inc. 1 Ley 12061), por intermedio de la mesa general de entradas, debiéndose procurar la intervención de quien la ha asumido en los autos caratulados “AGOSTINELLI MIRTA BEATRIZ Y OTROS C/ LA PLATA FUTBOL CLUB S/ DESALOJO FALTA DE PAGO” (Causa N° 40964) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 13 de La Plata, por la íntima vinculación existente entre ambas causas.
8.- Una vez devueltos de la Asesoría de Incapaces, pasen los autos a la Unidad Funcional de Defensa Civil N° 2 de La Plata para que tome conocimiento de lo que en este auto se dispone.
9.- REGISTRESE.-
en lo Contencioso Administrativo nº 3
RECURSO DE AMPARO HABITACIONAL
Actores: Barrio La Cantera
Demandados: Provincia de Buenos Aires - Municipalidad de La Plata
INICIAN ACCION DE AMPARO - MEDIDA CAUTELAR - SE SUSPENDA DESAHUCIO
CELIA ALVAREZ CALDERON, Cristina Zarate Echalar, Paola Serrano, Jesica Blatter, Judith Alba, Aquilina García, Zulma Zurita Zandoval, Tejerina Tapia Maribel, Coro Yucra Miriam, Gutierrez Rosas Melvi, Arancibia Perez Yolanda, Taraña Canaviri Sonia, Almendras Olivera Gregorio, Padilla María, Castro Saldaña Juan, Listh, Reina Marcelina ……………, todos habitantes de la villa de emergencia "Barrio La Cantera", sita en calle 513-514, 27, 28 y calles aledañas de La Plata, por derecho propio, y en representación de nuestros hijos menores de edad, con el patrocinio letrado del doctor JUAN SANTIAGO BO, Defensor Oficial, constituyendo domicilio legal en Palacio de Tribunales, calle 13 entre 47 y 48 de La Plata (Unidad Funcional de Defensa Civil N° 2), ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
Que venimos en legal forma a impetrar ACCION DE AMPARO en los términos normados por el art. 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las leyes 13.928, 14.192, y sus modificatorias, contra la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con domicilio constituido en calle 1 esquina 60, primero piso (Fiscalía de Estado) de La Plata, y contra la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, con domicilio en calle 12 entre 51 y 53 de esta ciudad.
El objetivo de la presente acción es que el Estado Provincial y/o Municipal aseguren, conjunta o separadamente, por los medios más rápidos y eficaces con que cuenten, el constitucional derecho a una vivienda digna, a la salud y la dignidad, de los habitantes de la Villa de Emergencia “Barrio La Cantera”, de tal manera que nos evite quedar sin vivienda y en situación de calle, otorgandonos un lugar donde podamos vivir preservando nuestros hogares en condiciones de habitabilidad suficientes dignos para una familia, hasta tanto se nos adjudique en forma definitiva una vivienda digna, preservándose la unidad de las numerosas familias que componen la villa de emergencia que habitamos, en riesgo inminente por el desalojo firme dictado en nuestra contra.
Solicitamos que, en aras de la protección de los numerosos niños y adolescentes que conforman nuestros grupos familiares, se dé inmediata y urgente vista a la Asesoría de Incapaces que corresponda (art. 59 C. Civil).
II.- Justificación de la legitimación activa:
Legitima esta acción nuestra calidad de titulares del derecho a la vivienda, la vida y la salud, la integridad física y sus derivaciones, violentado en forma directa por la inacción culpable de las demandadas.
Siguiendo el razonar del señor Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, doctor Luis Federico Arias, en la causa 21505 - "CARRIZO ROSANA Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO" del 7 de julio de 2010, el derecho que da sustento a la pretensión, se halla especialmente reconocido en diversas prescripciones constitucionales y en los tratados Internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 11-, la Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 25-, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. XI-, la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 27-, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -art. 14-; los que, en las condiciones de su vigencia, gozan de jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22, CN- (Conf.Tedeschi, Sebastián, "El derecho a la vivienda a más de diez años de la reforma de la Constitución", en Abramovich, Víctor Bovino, Alberto Courtis, Christian (compiladores), La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local, Ed. Del Puerto, 2007, pág. 751).-
En particular, ha de tenerse presente lo estatuido por el artículo 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo texto expresamente prevé: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento".
En nuestro ordenamiento interno el 14 bis de la Constitución Nacional, prevé expresamente "el acceso a una vivienda digna", mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga a la Provincia a promover "el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia", garantizando "el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos".-
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General N 4, Punto 7, ha señalado con relación al 11, inciso 1 del PIDESC- que "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la persona humana', de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término 'vivienda' se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable" (O.G. N4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto período de sesiones, 1991, documento E/1991/23).-
Asimismo, se ha señalado con notable acierto que "contra los intentos de reductio ad absurdum del derecho a la vivienda, es evidente que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata todos los elementos que integran el contenido del derecho a una vivienda adecuada. El deber de progresividad establecido en el art. 2.1. del propio PIDESC, de hecho, reconoce este límite. Sin embargo, que la satisfacción del derecho pueda ser progresiva, no debe entenderse, como ya se ha apuntado como una autorización para postergar sine die el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de vivienda. Siguiendo los criterios de la Observación general N 3 y los Principios de Limburgo y Maastricht, los estados tienen, al menos los siguientes deberes inmediatos en materia de vivienda: A) El deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente regresivo en cuestiones habitacionales, promoviendo desalojos arbitrarios o impulsando recortes o limitaciones en sus políticas, a menos que éstas redunden en mayor eficacia global del conjunto de derechos sociales garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y dirigidas de la manera más clara posible a cumplir con los objetivos del PIDESC. C) El deber de adoptar esas medidas en un tiempo razonablemente cortom . D) El deber de desplegar todos los esfuerzos posibles y de recurrir al máximo de recursos humanos, naturales, tecnológicos, informativos y financieros a su alcance para satisfacer el derecho a la vivienda. E) El deber de garantizar el ejercicio de los derechos habitacionales sin discriminación. F) El deber de dar prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes. G) El deber de garantizar, incluso en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez de recursos, al menos el contenido mínimo del derecho a la vivienda, sobre todo para aquellas personas y colectivos que carezcan de un techo de manera absoluta" (Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs. 117/118).-
Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos - conocida más comúnmente como "Hábitat II", que tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996 aprobada sin reservas de la Argentina-, se señaló que las condiciones inadecuadas, tales como el impacto de la pobreza, la falta de acceso a la tierra y tenencia segura son la causa principal de los conflictos sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal. Teniendo esto como referencia, se llegó a un acuerdo sobre el derecho a la vivienda adecuada, reconociendo la obligación fundamental de los Estados de facilitar a las personas la obtención de vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.-
En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha enfatizado en un reciente pronunciamiento que "tal como lo ha expresado el Comité D.E.S.C. (Observación General N 4), "los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención especial () a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones dimanadas del Pacto continúan aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de contracción económica" (v. punto 11). Por tales razones, cobra plena actualidad la necesidad de proveer de inmediato a una solución respecto del problema habitacional. De ello surge claro, según entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones positivas por parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión, derechos y principios de raigambre constitucional y convencional." (causa A.70.717 del 14-VI-2010).
Respecto de los desalojos forzosos tiene especial importancia la Observación General N 7, que los define como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos ..." (Observación General N 7, Punto 3).- Particular interés para el caso de autos presenta el punto 16 de la Observación General citada, en cuento dispone que "Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda".-
En dicho documento el Comité puso de manifiesto que "fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto en relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 interpretado junto con otras disposiciones pertinentes. En particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar todos los medios apropiados para promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2 al logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos (tal como se definen en el párrafo 3 supra). Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa el derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada" (Observación General N 7, Punto 8).-
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la afectación del derecho a la vivienda digna puede traer aparejada la violación de otros derechos también protegidos por nuestra Constitución Nacional. En este sentido ha señalado el citado Comité que "dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios" (Observación General N 7, Punto 4). También destacó que "las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación" (Observación General N 7, Punto 10).
III.- Legitimación pasiva:
A la luz de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional citados en el acápite que antecede, surge evidente la legitimación que tienen tanto el Estado Provincial como Municipal para ser demandados por el cumplimiento de los prístinos derechos constitucionales y supra-constitucionales invocados. Y cabe recordar – una vez más - que en nuestro ordenamiento interno el 14 bis de la Constitución Nacional, prevé expresamente "el acceso a una vivienda digna", mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga a la Provincia a promover "el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia", garantizando "el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos".
Pero hay más: como se verá en el relato de los hechos, los propios demandados han intervenido en la problemática social planteada a través de diversas acciones, si bien a la postre sin resultado positivo ninguno; pero ese accionar basta para afirmar que (sacaría implícitamente) reconocen la responsabilidad que les compete en materia de otorgar soluciones en casos como el presente, de gravísima emergencia habitacional, con un núcleo poblacional compuesto por 39 familias de escasos ingresos, con numerosos niños y adolescentes. Así, han intervenido en la causa de desalojo funcionarios públicos de la Secretaría de Tierras y Vivienda de la Municipalidad de La Plata; del Ministerio de Desarrollo Social de esta Provincia, de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaria Urbanismo Social de la Provincia, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Defensor del Pueblo de la Provincia, sin que su accionar produjera el resultado esperado, a saber, la obtención de una vivienda digna para las 39 familias que ocupamos la Villa de Emergencia “Barrio La Cantera”, quienes al momento de esta presentación nos encontramos al borde de un desalojo masivo de nuestras viviendas, de nuestro Barrio La Cantera.
IV.- Fundamentos de la acción:
La vía elegida resulta la idónea y adecuada para proteger los derechos constitucionales violados en la emergencia, dado que por sus características permite el ejercicio de una protección adecuada para nuestros derechos amenazados actualmente en su integridad por la inacción culpable de los demandados. La consagración constitucional expresa del amparo en los nuevos textos de la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, marcan directivas precisas al respecto, estableciendo requisitos que se encuentran debidamente cumplidos en el presente. La exigencia de otra vía devendría como inexcusable en el aniquilamiento de los derechos que intentamos amparar, ya que requieren de una acción expedita y rápida para ello.
En el expediente de desalojo se encuentra ya ordenado y firme el libramiento de mandamiento de desahucio, el cual, de llevarse a cabo, nos dejaría sin viviendas y en situación de calle, con gravísima afectación de los derechos humanos invocados supra y poniendo en riesgo, incluso, la salud, la integridad física y hasta la vida de los menores integrantes de nuestras familias. La única vía legal que nos queda para la protección de los derechos señalados de la totalidad de familias habitantes de la Villa de Emergencia “La Cantera”, es esta acción de amparo.
Que por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 13 del Departamento judicial de La Plata, tramitan los autos: "AGOSTINELLI MIRTA c/LA PLATA FUTBOL CLUB Y OCUPANTES S/ Desalojo por Falta de Pago". En dichos autos, con fecha 8 de julio de 2010, el señor juez a cargo doctor Daniel Dipp resolvió en la parte dispositiva de la sentencia lo siguiente: "…Haciendo lugar a la demanda de desalojo por intrusión entablada por MIRTA BEATRIZ AGOSTINELLI de BORDAGARAY, EDITH MABEL AGOSTINELLI de BERTOIA y CATALINA RICARDA NERI de AGOSTINELLI contra COMEDOR "LA CANTERA", ROSA VAZQUEZ, MARTA GUEVARA, ROSA QUISPE, GRACIELA JALDIN, JUANA PACHECO, OSCAR COTA, REBECA MARTINEZ y, en consecuencia, condenando a estos últimos, a su grupo familiar y a cualquier otro ocupante a entregar a las actoras, dentro del plazo de diez días de consentida o ejecutoriada esta sentencia (art. 163 inc. 7 del CPCC), la fracción de terreno que ocupan en el inmueble sito en la Avenida 25 esq. 514 de La Plata, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento mediante el auxilio de la fuerza pública (art. 513 del CPCC)". Dicha sentencia se encuentra en la actualidad firme y no cabe contra ella recurso procesal alguno.
Luego del dictado de la sentencia, con fecha octubre de 2010, un grupo de vecinos ocupantes de los terrenos cuyo desalojo se pretende, con el patrocinio de la Unidad Funcional de Defensa Civil N 2 de La plata, nos presentamos a los referidos autos, solicitando intervención de la Asesoría de Incapaces y manifestando lo siguiente: "Somos todos integrantes de muchas familia de escasos recursos, habitantes de una de las llamadas "Villas de Emergencia" y por ello, en permanente riesgo socio-habitacional, bajo el límite de la pobreza, lo que nos ha llevado a recurrir al patrocinio de la Defensoría Oficial y a solicitar el beneficio de litigar sin gastos. Nos hemos enterado que se ha dictado en contra nuestro sentencia de desalojo en autos .Nuestra situación actual es de desesperante emergencia, porque no tenemos, hoy día, otro domicilio donde refugiarnos, lo que colocaría a nuestros numerosos grupos familiares, sobremanera a los menores de edad que los integran, nuestros hijos, en situación de extremado riesgo habitacional, lo que vulnera sus derechos constitucionales y supra constitucionales, especialmente a la vida, la salud y al desarrollo de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, moral, espiritual, mental y social (art. 6, 27 inc. 1 y concs. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ley 23.849 y art. 75 inc. 22 Constitución Nacional). .. Que el art. 4 de la ley provincial 7165 establece que: "En todo juicio por el que se demande el desalojo de inmuebles ubicados en tierras ocupadas por las llamadas villas de emergencia, antes de concretar el lanzamiento, el Juez lo hará saber al Poder Ejecutivo en la forma que determine la reglamentación".
Y el decreto provincial 4217/91, reglamentario de la ley citada, establece que el órgano de aplicación de dicha ley será el Ministerio de Acción Social (hoy la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) previéndose que se podrá suspender la orden de lanzamiento por un plazo de hasta 180 días.
En consecuencia, solicitamos a V.S. que se dé cumplimiento con el art. 4 de la ley citada, y su decreto reglamentario, y se ordene notificar al Poder Ejecutivo Provincial de la forma establecida.
Asimismo, sin desconocer los derechos patrimoniales de la actora, no puede escapar al conocimiento y ponderación de V.S. las graves consecuencias sociales que acarrearía el cumplimiento sin más de la sentencia de desahucio, poniendo en riesgo y emergencia la vida y la salud de tantas personas de condición humilde, sobremanera de nuestros niños”.
En cumplimiento de lo solicitado, el señor Juez interviniente ordenó como primera medida, la realización de un informe ambiental (que en copia se acompaña) en el llamado "Barrio La Cantera", por intermedio de tres Asistentes Sociales de la Asesoría Pericial de La Plata, cuyas conclusiones, en marzo de 2011, fueron las siguientes: "Teniendo en cuenta la definición del Decreto 4217/91 "asentamientos constituidos de hecho sobre tierras de propiedad pública o privada por familias de bajos ingresos que erigieron su vivienda única en condiciones deficitarias de habitabilidad conforme los parámetros censales oficiales, con prescindencia de la forma física que adopte el fraccionamiento" y los indicadores sociales analizados, el grupo habitacional relevado constituye una villa de emergencia. Dicho grupo habitacional exceptuando las dos viviendas que no pudieron relevarse, se constituye por 30 familias, con 53 niños y adolescentes en edad escolar. La mayoría son de nacionalidad boliviana, migrantes de su país de origen en búsqueda de mejores condiciones laborales. todos pertenecen a la clase trabajadora, se desempeñan mayoritariamente en el rubro de la construcción, con un mínimo porcentaje abocado al rubro textil y al servicio doméstico. Un mínimo de esas familias acceden a planes sociales de asistencia directa".
Una vez establecido por el informe social que el asentamiento se trataba efectivamente de una villa de emergencia, el señor juez del desalojo doctor Dipp, dictó la siguiente providencia: "La Plata, 5 de abril de 2011. Conforme a la evaluación de los datos recogidos por las expertas y la conclusión arribada por las mismas, considero dejar establecido que el asentamiento ubicado en el inmueble objeto de autos constituye una "villa de emergencia" en los términos del art. 1 del Dec. Reg. 4217/91, resultando aplicable, por ende, la ley 7165 y el mentado decreto reglamentario (arg. arts. 36, inc. 2, 384 y 474 del C.P.C.C.). En consecuencia, previo a ejecutarse el desahucio ordenado en autos, líbrese cédula -por Secretaría y con habilitación de días y horas inhábiles- dirigida al Sr. Ministro de Desarrollo Social Baldomero Alvarez de Olivera -a quien se lo notificará personalmente en su Público Despacho-, para que en el improrrogable plazo de diez días se expida acerca de: a) la existencia o no de proyectos de leyes de expropiación del bien objeto de autos; b) proponga fórmulas conciliatorias para las partes; c) exprese la posibilidad de reubicar a las familias afectadas o manifieste la posibilidad de tomar cualquier otra acción que atempere las consecuencias del desalojo dispuesto. Adjúntese a la cédula a librarse copia de la sentencia firme dictada en autos y del relevamiento efectuado por la Asesoría Pericial de Tribunales" .
En cumplimiento de tal citación, con fecha 10 de Junio de 2011, se presenta a los autos el Arquitecto Pablo Néstor Gualchi, en su carácter de titular de la Subsecretaría Social de Tierras del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, quien solicita la suspensión del procedimiento por 180 días hábiles, a fin de tratar de lograr una solución al problema habitacional de los habitantes de la villa de emergencia.
Paralelamente al trámite judicial, otras cosas sucedían en el ámbito público, ya que los vecinos tratamos de interesar a todos los poderes del Estado en nuestra grave problemática, obteniendo diferentes respuestas que, en definitiva, NO HAN LOGRADO a la fecha el resultado anhelado de asegurar nuestro derecho a la vivienda y evitar la situación de calle.
Con fecha abril de 2011, los vecinos iniciamos el expediente 1093/11 por ante el Defensor del Pueblo de la Provincia, quien procedió a remitir nota (que se acompaña), a la señora Ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, para lograr que se obtenga la prórroga de 180 días hábiles previstos por le ley 7165 y su decreto reglamentario 4217/91. Asimismo, el señor Defensor del Pueblo remitió nota al señor Juez a cargo de la causa de desalojo, solicitando suspensión del lanzamiento hasta tanto el Ministerio de Infraestructura tome debida intervención.
Por su parte, el entonces senador provincial Guido Miguel Carlotto, del Frente para la Victoria, hoy Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, inició el proyecto de ley E-123/11-12 con fecha 5 de junio de 2011, a fin de lograr la expropiación de las tierras cuyo desalojo se pretende a fin que sean entregadas a sus actuales ocupantes, a cambio de un precio justo. Dicho proyecto de ley todavía tiene estado parlamentario durante todo el año 2012, desconociéndose el trámite legislativo seguido y si será votado en las sesiones que restan del año.
Los vecinos presentamos en junio de 2012 una nota al Presidente del Senado de la Provincia, Gabriel Mariotto, por intermedio del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Guido Miguel Carlotto, solicitándole la urgente aprobación de dicho proyecto de ley, sin que hayamos obtenido respuesta ninguna hasta la fecha.
La emergencia habitacional que padecemos adquirió tal trascendencia pública, que el diario "Diagonales" de La Plata, publicó una nota en su portada del día 4 de junio de 2011, titulándola "TREINTA FAMILIAS AL BORDE DEL DESALOJO" Un fallo judicial ordenó que dejen las tierras en las que viven hace cinco años. Son vecinos de bajos recursos que proponen comprar". Más allá de la repercusión social que alcanzó la noticia, nada hicieron las autoridades para solucionar nuestra urgente necesidad habitacional.
Siguiendo el relato del desarrollo del proceso, con fecha abril de 2011 presentamos una petición de retención del inmueble, basadas en las mejoras que realizamos en el mismo.
Fundamos nuestra presentación en el hecho que, en razón de nuestra urgente e impostergable necesidad de vivienda, ocupamos el terreno desde hace varios años a la fecha en calidad de poseedores y con ánimo de dueños, sin violencia y sin ningún tipo de oposición de terceros, dado que el inmueble se encontraba sin cercar y estaba absolutamente abandonado. Al ingresar, como resulta de público conocimiento, el terreno se encontraba notoriamente deprimido y era totalmente inundable, ya que se encontraba totalmente "hundido" en relación a los terrenos circundantes por haber sido utilizado como cantera, por lo que era absolutamente inhabitable. Y en un trabajo verdaderamente "de hormiga" lo elevamos al nivel de las calles circundantes, con lo cual aumentamos notoriamente su valor.
Del mismo modo, en junio de 2011 los vecinos acompañamos una presentación al Juez, solicitando la suspensión del procedimiento en tanto el proyecto de ley mencionado mantuviera su estado parlamentario, a fin de no frustrar su elevado fin social. Ambas peticiones - esta suspensión, y el alegado derecho de retención - fueron pospuestas en su tratamiento para su oportunidad.
Finalmente, el señor Juez de Primera Instancia doctor Dipp resolvió rechazar el pedido de suspensión del procedimiento efectuado por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia en los siguientes términos: "La Plata, 15 de diciembre de 2011.AUTOS Y VISTOS: Que vienen los autos para decidir -conforme lo ordenado por el Superior- el pedido de suspensión de la orden de lanzamiento que formulara el Arquitecto Pablo Néstor Gualchi, en su carácter de titular de la Subsecretaría Social de Tierras del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a fs. 360/361 en ocasión de asumir intervención en autos y que fuera contestado por la parte actora en la presentación en proveimiento (ver a fs. 439 vta. punto 4/440 vta.). Solicita el peticionante de fs. 360/361 que se suspenda la orden de lanzamiento dispuesta en el decisorio de fs. 330/330 vta. por el plazo de 180 días hábiles judiciales, a fin de que la Subsecretaría que representa pueda expedirse respecto a la existencia de proyectos de leyes de expropiación, proposición de fórmulas conciliatorias, reubicación de familias, y/o de toda otra acción tendiente a atemperar las consecuencias del desalojo conforme al art. 3 del Dec. 4217/91.Dicho pedido fue nuevamente sustanciado en esta instancia -de acuerdo a lo ordenado por el Superior y sin perjuicio de lo que emerge de las constancias obrantes en autos (ver en especial el traslado conferido a fs. 412 por la misma Alzada)- mereciendo la oposición expresa del letrado apoderado de la actora en el conteste entonces efectuado, tal como el que luce a fs. 439 vta./440 vta. Sentado esto, he de merituar que de las constancias de la causa se desprende que la sentencia de mérito fue dictada a fs.155/157 vta., con fecha 8 de julio de 2010, la que debidamente notificada a todas las partes interesadas, no fue recurrida (ver cédulas de fs. 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167 y presentación de fs. 191/193). Que en virtud de ello, se dispuso la efectivización del lanzamiento mediante la resolución obrante a fs. 330/330 vta., de fecha 2 de junio de 2011. Puede aseverarse, entonces, que tal como lo sostiene la parte actora, han transcurrido en la especie diecisiete meses desde el dictado de la sentencia de mérito y seis meses desde la orden de lanzamiento recaída en autos, de todo lo cual fueron debidamente anoticiados los encartados y, consecuentemente, el representante del Ministerio de Infraestructura quien efectuó el planteo en estudio (ver cargo inserto a fs. 361 de fecha 9 de junio de 2011). Además, cabe valorar el silencio guardado por los organismos del Estado frente a las notificaciones que se les cursaran en autos, esto es al Ministerio de Desarrollo Social (ver cédula de fs. 325/326), a los Servicios de Protección a la Niñez (ver cédula librada por la Alzada a fs. 429/429 vta.), a la Dirección General de Tierras y Vivienda de la Municipalidad de La Plata (ver cédula de fs. 432/433) y al Defensor del Pueblo (ver cédula de fs. 435/435 vta.), toda vez que no han arrimado a autos ninguna propuesta clara, precisa y concreta, tal como lo dispone el art. 3 del Dec. 4217/1991. En consecuencia, fácil resulta colegir que el plazo de suspensión requerido se ha consumado por el solo transcurso del tiempo desde el dictado de las providencias aludidas, por lo que corresponde desestimar el planteo formulado. Por ello Resuelvo: Rechazar el pedido de suspensión requerido por el Arquitecto Pablo Néstor Gualchi, en su carácter de titular de la Subsecretaría Social de Tierras del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a fs. 360/361, debiendo seguir los autos con la orden de lanzamiento dispuesta a fs. 330/330 vta. dándose cumplimiento así con la sentencia de mérito dictada en autos (arts. 34 inc. 5 del C.P.C.C.). Notifíquese por Secretaría y cumplida la misma vuelvan los autos al Superior a sus efectos (art. 135 inc. 12 del C.P.C.C.)." Firmado: Dr. DANIEL JOSÉ DIPP, JUEZ
La Excma. Cámara II de Apelación, Sala I, con fecha 3 de abril de 2012, resolvió también rechazar el pedido de audiencia conciliatoria solicitado por la señora Asesora de Incapaces interviniente, por entender que: "ninguno de los organismos convocados... ha formulado una propuesta concreta y viable que justifique la suspensión de la orden de lanzamiento ordenada por el "a quo", a lo que se aduna que desde que éste fue dispuesto a fs. 330 - 2 de junio de 2011 - han transcurrido más de nueve meses y más de un año y ocho meses desde que fuera dictada la sentencia que hizo lugar a la demanda de desalojo (v. fs. 155/57 vta.)".
Devuelto el expediente a primera instancia, los vecinos solicitamos se resolvieran los planteos efectuados acerca del derecho de retención articulado y suspensión de procedimiento, en tanto el proyecto de ley expropiatoria del inmueble de autos, mantuviera su estado parlamentario. A dicho pedimento, a fs. 484, el señor Juez doctor Dipp resolvió: "La Plata, 1 de junio de 2012. Proveyendo la presentación de fs. 367/371: Agréguese. En relación al pedido de suspensión del trámite de estos obrados el mismo debe ser desestimado; ya que -tal como lo sostienen los propios interesados- su fundamento radica en un proyecto de ley que por su propia naturaleza carece de fuerza suficiente para enervar la sentencia de mérito dictada en autos, la cual se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada (arg. arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2, 497 y ccdtes. del C.P.C.C.). Proveyendo la presentación de fs. 392/395: Habida cuenta que la presentación en proveimiento resulta extemporánea, toda vez que ha sido interpuesta luego del dictado del auto de lanzamiento dispuesto en autos (ver a fs. 330/330 vta.), corresponde su desestimación sin más trámite atento el estado alcanzado por las actuaciones (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2, 155 y ccdtes. del C.P.C.C.)".
Apelada dicha resolución de fs. 484 por los vecinos de la villa de emergencia, con fecha 28 de agosto de 2012, la Excma. Cámara interviniente resolvió confirmar la misma, con lo que queda expedito el camino para librar el mandamiento de desahucio ya ordenado en autos. Ello coloca a los habitantes de la villa de emergencia y sus hijos menores de edad al borde de quedar SIN VIVIENDAS Y EN SITUACION DE CALLE, vulnerándose todos sus derechos humanos básicos una vivienda digna, a la salud, la integridad física y quizás hasta a la vida.
Los habitantes de la villa de emergencia llamada "Barrio La Cantera", continuamos con nuestras acciones para obtener una solución a nuestra emergencia habitacional: en conjunto con otros barrios carenciados que se encuentran en situaciones similares a la nuestra, (San Cayetano, El Olvido, 28 de Agosto, Los Robles) realizamos una movilización a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires el 10 de junio de 2012, que es reflejada por la noticia del diario "El Dia" que adunamos, y fuimos recibidos por funcionarios de la Subsecretaría de Tierras de la Provincia y por Funcionarios del propio Poder Ejecutivo Provincial, quienes nos prometieron soluciones a nuestros problemas, a través de un espacio de diálogo y trabajo que se formaría con los vecinos.
El día 26 de junio de 2012, en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se conformó la MESA PROVINCIAL PARA LAS CAUSAS DE DESALOJO de los Barrios de la Provincia de Buenos Aires, cuya acta constitutiva con firmas originales agregamos. Dicha mesa está conformada por los siguientes funcionarios:
* Dr. Luciano Pagola y Cr. Pablo Delgado, por el Ministerio de Desarrollo Social.
* Dra. Maria Florencia Franchini y Lic. Erica Osterrieth, por la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda.
* Cra. Victoria Tolosa Paz y Dra. Natalia Mainoldi, por la Subsecretaría de Urbanismo Social, y
* Dra. Leticia Zabala por la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de La Plata.
Dice el Acta de Reunión: “En virtud de la problemáticas planteadas a la Subsecretaría de Urbanismo Social por nota de fecha 22 de junio del corriente año y lo conversado en la reunión llevada a cabo ese mismo día con representantes de los 5 barrios, la mesa provincial luego de intercambiar opiniones con respecto a cada uno de los barrios, se comprometen a realizar las siguientes acciones:… LA CANTERA: En el caso el martes 3/7/12 a las 9 hs la SSTUV (Subsecretaria Social de Tierras Urbanismo y Vivienda) realizará la tareas de medición correspondiente y en forma conjunta, una vez delimitada la parcela 7, la Subsecretaría de Urbanismo Social y el Ministerio de Desarrollo Social realizará el censo para identificar a las familias que ocupan dicha parcela”.
Y efectivamente, en consonancia con lo resuelto en la reunión de la Mesa, el día mencionado los funcionarios que la conformaron se dirigieron al Barrio La Cantera, donde se procedió a la medición de las parcelas a desalojar, con la presencia de todos los vecinos e incluso, de un representante de los propietarios de las mismas y se efectuó un censo por medio de la Secretaría de Espacios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. El mismo arrojó los siguientes resultados:
TOTAL DE LOTES: 30
TOTAL DE VIVIENDAS: 38
TOTAL DE PERSONAS: 154
TOTAL DE HOGARES: 38
También se tomaron fotografías aéreas por medio de Urbanismo Social de la Provincia. En una de ellas – que se acompaña – se distingue la villa de emergencia, con un recuadro naranja, en los dos sectores en que está dividida. Ese día, parecía que se abría para nosotros, los habitantes de la villa, una luz de esperanza. El representante de los propietarios comenzó negociaciones con la Municipalidad de La Plata, por el cual podía donar el terreno a los ocupantes a cambio de que se levantaran determinadas restricciones catastrales en el “barrio cerrado” de su propiedad, ubicado junto al asentamiento (que se distingue perfectamente en la fotografía aérea acompañada).
Dichas negociaciones con el titular continuaron desde la Mesa Interministerial Provincial, según consta en las actuaciones administrativas expediente 2172-117-12 de la Subsecretaria Urbanismo Social de la Provincia de Buenos Aires, donde a fojas 10 consta un informe sobre el abordaje de la Mesa Interministerial Provincial con respecto a nuestra emergencia habitacional: “En reunión de mesa interministerial de fecha de 5 de julio (del corriente), tal como se había establecido en la jornada de campo se hizo presente el Sr. Bertoia Leonel hijo del propietario de Dominio ocupado, acompañado por su abogado patrocinante Dr. Jaureguilorda Marcos. En la misma se trabajo sobre la predisposición del propietario de llegar a una solución acordada, se expusieron las distintas propuestas y se estableció presentar a la brevedad un Plan Integral de Urbanismo Social al propietario, que defina: apertura de calles, infraestructura de servicios básicos, subdivisión de sector a ceder, mecanismo de cesión, costos de rectificación de nuevos planos, levantamiento de restricciones Municipales sobre apertura de calles y desafectación de espacio verde común a subdividir”
Todo esto ocurría mientras el expediente del desalojo estaba en la Cámara Segunda de Apelación de La Plata. Pero las negociaciones entre el Municipio, la Mesa Interministerial Provincial y los propietarios, no han arribado a buen puerto por falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por los distintos organismos públicos intervinientes. Los señores Jueces Camaristas han fallado en contra de las pretensiones de los demandados con fecha 28 de agosto de 2012. Nada se interpone ya, entonces, para que se efectivice el desahucio ordenado en los autos de desalojo, y seamos colocados en situación de calle las 39 familias habitantes de la villa de emergencia y vulnerado nuestro derecho a tener una vivienda digna.
Solo el accionar de V.S. puede impedir que se avasallen nuestros derechos a una vivienda y a una vida digna, evitando situaciones violentas que pongan en riesgo también nuestra integridad fisica y hasta nuestra propia vida y de nuestros hijos, por lo cual solicitamos que se haga lugar a la acción de amparo de la forma solicitada en el acápite I, con costas.
VI. Medida cautelar: Habida cuenta de la urgencia que el caso presenta, y a fin de no tornar abstracto e ilusorio el objeto de ese juicio sumarísimo, y en orden a la protección integral de nuestros derechos a la vivienda digna, a la salud, la integridad física y hasta a la vida, es que solicitamos, a modo de medida cautelar (art. 9 ley 13.928) , se disponga, “inaudita parte” y con habilitación de días y horas, el libramiento de oficio ordenando la SUSPENSION DEL CUMPLIMIENTO DEL DESAHUCIO dispuesto en los autos "AGOSTINELLI Mirtha c/ LA PLATA FUTBOL CLUB y ocupantes s/ DESALOJO" en trámite por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 13 de La Plata. Ello, hasta tanto se dirima la situación planteada en este amparo y el Estado Provincial y/o Municipal asegure nuestros derechos habitacionales, a la salud, la integridad física y la dignidad, sobremanera teniendo en cuenta el superior interés de los menores habitantes en la villa de emergencia. En tal sentido, la legislación local dispone que todos los derechos reconocidos a los niños –tanto por los instrumentos internacionales como por la Constitución y las leyes-, se deberán “asegurar con absoluta prioridad” (conf. art. 6, Ley 13.298). Dicha preferencia comprende –según su art. 7 in fine- la prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas. Del mismo modo, el art. 4 último párr. establece que “En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”. –
En definitiva, cuando los niños encuentran vulnerados sus derechos, las acciones tendientes a restablecer su ejercicio impone a las autoridades estatales en general, y a los magistrados muy en particular, la adopción de medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.
Por ello, solicitamos asimismo a V.S. que ordene a la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de los organismos competentes, a que de manera inmediata a la notificación de la presente, se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo ordenada en la causa "AGOSTINELLI Mirtha c/ LA PLATA FUTBOL CLUB y ocupantes s/ DESALOJO" en trámite por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 13 de La Plata, sin antes resguardar los derechos constitucionales de los ocupantes, y en especial, de los niños afectados conforme lo expresado en los considerandos precedente, en particular la Observación General N° 7 del Comité D.E.S.C.. A tales fines deberá arbitrar los medios necesarios y adecuados para garantizar en forma efectiva e integral la vivienda de las familias, en especial por los niños afectados por la orden judicial de lanzamiento dictada por el Juzgado N° 13 de La Plata, en un lugar que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente y dignas para una familia, hasta tanto se de efectivo cumplimiento con el derecho a una vivienda digna para cada familia.
En cuanto a la contracautela prevista en la normativa citada, no debe dejar de merituarse nuestra modesta condición de habitantes de una villa de emergencia, lo que fuera acreditado en autos por la pericia social que se agrega a esta demanda, por lo cual solicitamos que se nos exima de la misma.
VII: Prueba:
1)Documental: a) Copia de pericia social elaborada por Asistentes Sociales de la Asesoría Pericial de La Plata, con fecha 31-3-2011; b) Nota dirigida al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia suscripta por vecinos del barrio “La Cantera”, recibida el 8-4-2011; c) Copia certificada del Proyecto de Ley E-123/11-12 presentada por el entonces senador provincial Guido Carlotto; d) Nota de fecha 8 de junio de 2011, dirigida a la Ministra de Infraestructura de la Provincia, suscripta por el Defensor del Pueblo Dr. Carlos Bonicatto; e) Nota de fecha 8-6-2011 dirigida al Dr. Daniel Dipp, Juez del desalojo, suscripta por el Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Bonicatto; f) Nota periodística en tres hojas correspondientes a la edición del 4-6-2011 del diario “Diagonales de La Plata”; g) Nota de fecha 15-5-2012, dirigida a la Subsecretaria de Urbanismo social, doctora Victoria Tolosa Paz, suscripta por los vecinos del “Barrio La Cantera”; h) Nota de fecha 8-6-2012 suscripta por los vecinos del “Barrio La Cantera” al Vicegobernador de la Provincia Dr. Gabriel Mariotto; i) Nota de fecha 7-6-201, dirigida por el Defensor del Pueblo de la Provincia, al patrocinante oficial de los vecinos, doctor Juan Santiago Bó; j) Nota de fecha 8-6-2012, dirigida por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto, al doctor Daniel Dipp, juez del desalojo; k) Nota de fecha 11-6-2012 dirigida por los vecinos del “Barrio La Cantera” al Gobernador de la Provincia don Daniel Scioli; l) Nota periodística de la edición del 12-6-2012 del diario “El Dia” de La Plata titulada “Movilización en el centro por desalojos en barrios”; ll) Nota de fecha 15-8-2012 dirigida al patrocinante oficial de los vecinos, Dr. Juan Santiago Bo, suscripta por la Directora Provincial de Coordinación de Programas Habitacionales Lic. Erica Osterrieth; m) ACTA CONSTITUTIVA de la Mesa Provincial Interministerial, de fecha 26-6-2012; n) CENSO HABITACIONAL del “Barrio La Cantera”, realizado por la Secretaría de Espacio Público de la Provincia de Buenos Aires, de fecha agosto de 2012; ñ) Fotografía Aérea del “Barrio La Cantera”, tomada en agosto de 2012 por Urbanismo Social de la Provincia; o) …. Partidas de nacimiento de los menores habitantes de la Villa de Emergencia “Barrio La Cantera”. SOLICITAMOS QUE DICHA DOCUMENTACION SEA RESERVADA EN CAJA DE SEGURIDAD DEL JUZGADO.
Asimismo, atento el volumen de la documentación aportada, solicitamos se nos exima de acompañar copias (art. 120 CPCC)
a) Para el supuesto de considerarlo necesario o en caso de ser negadas por la contraria, solicitamos se acredite la autenticidad de la documentación acompañada, librándose oficio a las entidades responsables de cada una de ellas.
b) Se oficie al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, a fin que remita “ad effectum videndi et probandi”, los autos “Agostinelli Mirta Beatriz y otros c/ La Plata Fútbol Club y ocupantes, s/ desalojo”.
c) Se oficie a la Defensoría del Pueblo de la Provincia a fin que remita “ad effectum videndi et probandi”, el expediente 1093/11 “Delgadillo Miguel José s/ Reclamo por Desalojo”.
d) Se oficie al Honorable Senado de esta Provincia, para que remita todos los antecedentes del proyecto de ley E-123/11-12 iniciado por el entonces Senador Guido Carlotto e informe si todavía conserva estado parlamentario.
e) Se oficie a la Subsecretaria Urbanismo Social de la Provincia a fin que remita “ad effectum videndi et probandi”, el expediente administrativo 2172-117-2012.
3)Pericial: Para el caso que V.S. lo estime necesario, se practique nueva pericia social en la villa de emergencia de autos, “Barrio La Cantera”, determinándose cantidad de lotes existentes, cantidad de viviendas, nivel socioeconómico de sus habitantes; cantidad de familias ocupantes y cantidad de niños y adolescentes que la habitan.
VIII. Beneficio de litigar sin gastos:
Nuestra condición de habitantes de una villa de emergencia, condición demostrada por la pericia social elaborada por los Asistentes Sociales de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Plata, y el censo efectuado por la Secretaría de Espacios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, las cuales se acompañan, demuestran a las claras nuestra carencia de recursos para litigar, por lo que solicitamos se nos conceda el beneficio de litigar sin gastos previsto por los arts. 77 y ss. Del CPCC. Para el caso que V.S. lo considerara pertinente, y dado el carácter colectivo de la presente accion, ofrecemos se reitere la pericia social que determine el nivel socioeconómico de los habitantes de la villa de emergencia “Barrio La Cantera”.
Asimismo y hasta tanto se dicte la resolución respectiva, solicitamos se nos otorgue la franquicia en forma provisoria, con el alcance que determina el art. 83 del ritual.
IX. Caso Federal:
Conforme lo prescribe el art. 14 de la ley 48, dejamos desde ya planteado el caso federal, para el supuesto caso en que no se acogiera favorablemente la acción. Arbitrariedad que estaría por sí conculcando los derechos constitucionales que fundamentan esta presentación
X. Petitorio: por lo expuesto a V.S. solicitamos:
1) Nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio procesal.
2) Se tenga por agregada la documentación ofrecida y se produzca el resto de la prueba. SE RESERVE la documentación acompañada en caja de seguridad del Juzgado. Se nos exima de acompañar copias atento el volumen de la misma (art. 120 CPCC).
3) Se nos otorgue el beneficio de litigar sin gastos, dado nuestro carácter de habitantes de una villa de emergencia en riesgo habitacional.
4) Se disponga “inaudita parte” y con habilitación de días y horas inhábiles, la medida cautelar impetrada, ordenándose la suspensión del desalojo ordenado en los autos "AGOSTINELLI Mirtha c/ LA PLATA FUTBOL CLUB y ocupantes s/ DESALOJO" en trámite por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 13 de La Plata, para lo cual se librará el oficio correspondiente. Asimismo, se ordene a la Provincia de Buenos Aires se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo ordenada en la causa hasta se aseguren los derechos constitucionales de los habitantes, en especial de los niños y adolescentes.
6) Se tenga presente la reserva federal pronunciada para su oportunidad.
7) Se dé intervención a la Asesoría de Incapaces que corresponda, y se corra traslado de la demanda instaurada (art. 10 ley 14.192)
8) Oportunamente, se haga lugar al amparo promovido dictando sentencia a favor de esta pretensión y con el alcance peticionado, con costas a la contraria.
Proveer conforme que
Adhesiones al No Desalojo