Source: http://revistadepatrimonio.es/revistas/numero21/legislacion/estudios/articulo5.php
Timestamp: 2018-01-17 22:17:29
Document Index: 347692822

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 149', 'artículo 27', 'artículo 149', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 8']

La Asamblea de Madrid, por su parte, señala en su argumentación que no puede aceptarse la relación que el recurso establece entre el acceso, contemplación y disfrute de los bienes, cuya visita regula este precepto autonómico, con la defensa frente a la expoliación del artículo 149.1.28 CE; que la no inclusión de los bienes muebles no implica necesariamente que no puedan ser visitados de ningún modo; y que la Ley autonómica contiene suficientes previsiones protectoras de estos bienes, y aun de muebles que ni siquiera han sido declarados de interés cultural, para preservarlos de su posible expoliación. Además, sostiene que corresponde a la Comunidad de Madrid, en exclusiva, la regulación del régimen de visitas a los bienes de interés y en el caso de los bienes de titularidad privada, el derecho de los ciudadanos a la difusión del Patrimonio Histórico se modula para proteger otros legítimos derechos derivados del derecho de propiedad y del derecho al domicilio.
Una vez presentadas las alegaciones de ambas partes, la reflexión emitida por el TC parte del hecho de que la función social última de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, y en especial de los que son declarados formalmente BIC, es asegurar que dichos valores puedan ser conocidos y disfrutados por todas las personas, siendo este fin último el que justifica las medidas que se adopten para impedir su destrucción o deterioro. Por ello, configurar como vinculante un sistema de visita pública de mínimos, que impida que los bienes que hayan sido calificados como BIC queden completamente sustraídos al goce de todos aquellos que no sean sus titulares, es un medio necesario para garantizar esta función social y, por tanto, debemos entender que la sujeción de los bienes muebles y de los inmuebles de titularidad privada a un sistema de visitas de mínimos, tal como dispone el artículo 13.2 de la LPHE, se ajusta plenamente a la extensión limitada que tiene la competencia exclusiva estatal mediante el artículo 149.1.28 de la CE. Ahora bien, prosigue en esta reflexión, la regulación de la visita pública de los BIC, más allá del régimen mínimo orientado a garantizar su función social, defendiéndolos así de esta clase de expoliación, puede sin duda servir a otras finalidades de entre las que son propias del Patrimonio Histórico, por lo que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia están habilitadas para proceder a tal regulación, siempre que con ésta no se menoscabe la competencia estatal.
En este contexto, el TC considera que tanto al prever un régimen de visita pública inferior a la norma estatal como al excluir la mención a los bienes muebles y a los inmuebles de titularidad privada, la Ley 3/2013 incurre en una contradicción en su artículo 27, excediéndose de la competencia autonómica e invadiendo las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.28 de la CE.
Por lo tanto, el TC declara inconstitucional el artículo 27 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, al igual que todos los demás artículos impugnados a excepción del 26.1. Con esta decisión, aparte de clarificar en cierta medida algunos de los conflictos competenciales entre el ordenamiento estatal y autonómico en materia de Patrimonio Histórico, el TC contribuye al establecimiento de unos estándares mínimos en cuanto a la visita pública: los recogidos en el artículo 13.2 de la LPHE, que deberían ser respetados en las futuras normas de protección del Patrimonio Cultural que puedan surgir al amparo de las Comunidades Autónomas.
3.2. La visita pública y el derecho a la intimidad personal y familiar
El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen quedó establecido en la CE de 1978 mediante el artículo 18, y fue desarrollado posteriormente por la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a la intimidad no es ilimitado, tal y como se desprende de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo. El límite de este derecho se encontraría en el carácter de la intromisión, mejor dicho, en el carácter ilegítimo de la intromisión, reconociendo expresamente en el artículo 8.1 que no se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. Por lo tanto, cuando el fin y los efectos de una inspección se reducen a la defensa del Patrimonio Histórico, no puede pensarse en un atentado a la intimidad privada o al derecho de propiedad (Nieto, 1987:30).
Pero, ¿cómo afectan estas limitaciones al derecho de acceso a los BIC del Patrimonio Histórico Español? ¿Y a las actuaciones de la Administración? Los mecanismos de concreción de que puede hacer uso la Administración con respecto al deber de conservación y el derecho de acceso a la cultura pasan por la inspección de la situación de los BIC y la garantía de la visita pública y gratuita a los mismos. La información necesaria sobre el estado de conservación de los BIC lleva aparejada en muchos casos la entrada en el domicilio de los particulares, algo que es preciso compatibilizar con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Con la regulación constitucional de este derecho y la indefinición de la LPHE en este aspecto, no se deja margen a la Administración para que ordene por sí misma la entrada de sus agentes, necesitándose resolución judicial. Esto implica que en caso de que la Administración lleve a cabo actos de inspección habilitada por la LPHE, pero sin la autorización judicial, tal actividad puede ser reputada como inconstitucional y las pruebas obtenidas pueden carecer de valor en un subsiguiente procedimiento administrativo sancionador o proceso penal (Alonso Ibáñez, 1992:290-296). Igualmente, en lo que respecta a la visita pública, cuando ésta colisiona con algún otro derecho, serán los tribunales los que deban valorar en cada caso los intereses en conflicto.
Debido a esto, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio es uno de los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de estudiar la visita pública, sobre todo si hablamos de BIC inmuebles, ya que tanto la inspección de los mismos por parte de la Administración como la permisión de la visita pública, dos de los mecanismos básicos con los que cuenta para garantizar el deber de conservación y de acceso a la cultura, implican la entrada en el domicilio de algunos propietarios particulares.
Evidentemente, juzgar el frágil equilibrio que existe entre dos derechos tan importantes como son el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho de acceso a la cultura, no es nada fácil. No obstante, en los últimos años, son varios los casos que han llegado a los tribunales españoles, destacando tres de ellos: el del Pazo de Meirás, el de la Casa Castelao y el del Castillo de Vilassar de Dalt.