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Timestamp: 2019-05-21 19:44:03
Document Index: 184358118

Matched Legal Cases: ['Artículo 374', 'Artículo 374', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 934', 'artículo 1915', 'artículo 176', 'Artículo 40', 'Artículo 1', 'Artículo 23', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 230', 'artículo 368', 'artículo 368', 'Artículo 368', 'artículo 414']

corte suprema de justicia fiducia
Auto de Corte Suprema de Justicia - nº de 26 de Agosto de 2014
RECURSO DE CASACIÓN - Inadmisión por falencia en la técnica, en proceso de responsabilidad contractual por ejecución de contrato TÉCNICA DE CASACIÓN - Las normas citadas como violadas no son de carácter sustancial, en proceso de responsabilidad contractual por ejecución de contratos NORMA SUSTANCIAL - Artículos 1618 a 1624 del Código civil no tienen este carácter en proceso de responsabilidad contractual derivada de la ejecución de contratos CARGO INCOMPLETO - Se deja de lado el argumento esencial del fallo, en proceso de responsabilidad contractual Fuente Formal Artículo 374 numeral 3º Código de procedimiento civil
La Sala de Casación Civil inadmitió la demanda y declaró desierto el recurso de casación dentro del proceso de responsabilidad médica contractual por complicaciones postoperatorias y equivocado diagnóstico médico, debido a que la parte recurrente no presentó la demanda con cabal cumplimiento de los requisitos formales para recibirla a trámite, dado que pretendiendo abordar la acusación por la vía directa, solo se planteó la violación de normas que estimó infringidas, sin demostrar claramente la razón de su aserto limitándose tan solo a apelar a la equidad y a cuestiones fácticas. DEMANDA DE CASACIÓN - inadmisión de la demanda en proceso de responsabilidad médica contractual por deficiencia en la técnica de casación / RESPONSABILIDAD MÉDICA - por complicaciones postoperatorias y equivocado diagnóstico médico / TÉCNICA DE CASACIÓN - desenfoque del cargo por no atacar los pilares fundamentales del fallo / VÍA DIRECTA - se debe prescindir de toda discrepancia con las conclusiones fácticas y probatorias del juez, ya que parte de la conformidad con las mismas. Fuente formal: Artículo 374 del Código de Procedimiento Civil Fuente jurisprudencial: Sentencia No. 102 de 3 de diciembre de 1998 Sentencia No. 055 de 13 de agosto de 1996 Auto de 29 de julio de 2010, exp. 00366 Sentencia No. 102 de 3 de diciembre de 1998 Sentencia No. 055 de 13 de agosto de 1996 Auto de 29 de julio de 2010, exp. 00366
¿Hasta dónde responden las entidades fiduciarias por el incumplimiento ocurrido en desarrollo de una relación jurídica subyacente -esto es, la relación jurídica contraída por la fiduciaria actuando como vocera del patrimonio autónomo, con el fin de cumplir el encargo encomendado- al contrato de fiducia mercantil? Este trabajo pretende abordar dicho interrogante considerando cinco puntos: 1) el desarrollo del contrato de fiducia como negocio de sustitución; 2) la delegabilidad de las obligaciones y la responsabilidad por el hecho de terceros; 3) los deberes generales de conducta de las fiduciarias; 4) el tratamiento jurisprudencial (Corte Suprema y justicia arbitral) de la responsabilidad por obligaciones delegadas y 5) unas conclusiones generales. Metodológicamente, se hace un estudio normativo y doctrinario sobre responsabilidad fiduciaria, así como una revisión sistemática de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y arbitral. Considerando la ausencia en el estado del arte de la categoría negocio jurídico subyacente, esta se introdujo y se definió, dándole alcance a la responsabilidad por su incumplimiento a partir de elementos circunscritos a la debida diligencia y cuidado. Se concluye argumentando que la suscripción de negocios subyacentes es una forma de cumplir el objeto contractual, de tal suerte que la responsabilidad de la fiduciaria solo podrá derivarse de su falta de diligencia y cuidado, mas no de la frustración objetiva de un resultado.
Artículo 50. De la responsabilidad de las entidades estatales. 74 - Artículo 51. De la responsabilidad de los servidores públicos. 74 - Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas - Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores interventores y asesores - Artículo 54. De la acción de repetición - Artículo 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual - Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal - Artículo 57. De la infracción de las normas de contratación - Artículo 58. De las sanciones - Artículo 59. Del contenido de los actos sancionatorios
Carta de Intención: responsabilidad precontractual, contractual y su fuerza vinculante
El matrimonio es hoy una realidad regulada por el ordenamiento jurídico, que hace que la unión de dos personas con el objetivo de alcanzar una comunidad de vida y ayuda mutua se vea revestida de un conjunto de derechos y de obligaciones. No obstante, lo que hoy conocemos como matrimonio ha contado con un contenido diverso a lo largo de los siglos, derivado de la realidad socio-cultural de cada momento histórico. Ello nos permite por tanto avanzar que el concepto de matrimonio no es totalmente estático, sino algo en constante evolución, a tenor de las variaciones que los acontecimientos han ido generando. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio. De él se ha dicho que se trata de un auténtico negocio jurídico (un negocio jurídico de familia), por cuanto se basa en un acuerdo de voluntades entre los que lo celebran, toda vez que es requisito imprescindible que los contrayentes emitan una declaración de voluntad prestando su consentimiento. Mas ello cabría objetar de todo negocio jurídico no es tanto la producción de determinados efectos jurídicos como que tales efectos jurídicos sean precisamente los queridos por las partes, esto debido a que los efectos del matrimonio ya vienen establecidos por la ley, esto indica que quienes contraen matrimonio no pueden determinar por su propia voluntad cuál es el estatuto jurídico por el que habrá de regularse el matrimonio, pues la propia ley determina el régimen al que habrá de quedar sometido. A diferencia de cualquier contrato, en que los interesados podrán establecer sus contenidos jurídicos.
Conforme lo señalan la doctrina y la jurisprudencia, la responsabilidad civil contractual resulta de la inejecución parcial o total, o de la ejecución imperfecta o total, o de la ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. Por lo tanto, son elementos esenciales de la responsabilidad contractual: el incumplimiento de una obligación asumida por el deudor; que dicho incumplimiento le sea imputable al mismo deudor; es decir, que se haya debido a su culpa o dolo y que tal incumplimiento le haya generado un daño al acreedor; elementos que deben ser probados por quien demanda. Para que se produzcan los efectos peticionados en razón a un vicio de la cosa, es necesario que el mismo haya sido ignorado por el comprador sin culpa suya, como lo establece el artículo 934 del Código de Comercio, o ser este, como lo exige el artículo 1915 inciso 3º del Código Civil, que el comprador haya podido ignorarlo sin negligencia grave de su parte, o tal que él no haya podido fácilmente conocerlo en razón de su profesión.
Pretende la parte demandante la responsabilidad contractual de una entidad financiera derivada del incumplimiento en las cláusulas del contrato de mutuo –crédito hipotecario de vivienda- respecto a las condiciones del crédito, la aplicación del alivio, el reporte negativo a las centrales de información a sabiendas del error cometido y el grave detrimento moral al someterlos en una situación de zozobra y angustia extrema por insistentes cobros de algo que no debía. En primera instancia fueron negadas las pretensiones, decisión confirmada por el Tribunal bajo el argumento de que si bien estaba probado el incumplimiento contractual no había prueba de los perjuicios. La Corte casó la sentencia y dicto la sustitutiva, al encontrar acreditado el cargo planteado el recurrente por errores de hecho, al suponer que no estaba demostrado el daño extrapatrimonial. RESPONSABILIDAD BANCARIA CONTRACTUAL - por reporte injustificado en las centrales de riesgo menoscabando el derecho al buen nombre del demandante y el cobro reiterado y prolongado de sumas no debidas ocasionando perjuicio moral por afectación psíquica. Categorías de daño no patrimonial y la acumulación de sus prestaciones Para la Sala, el daño no patrimonial “se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.” La Sala informa que la atención debe centrarse, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales -pues su existencia hoy en día no se pone en duda-; sino en precisar en qué casos resulta viable su concesión, con el fin de evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento. Advierte la Sala que el problema de la acumulación de prestaciones de carácter extrapatrimonial no genera el mismo tipo de interrogantes que se presentan en tratándose de perjuicios patrimoniales, pues frente a estos últimos la cuestión gira en torno a la prohibición de pagar al damnificado una cifra que excede el resarcimiento pleno del perjuicio sufrido. Indica que la indemnización del daño patrimonial tiene como fin remediar el detrimento económico sufrido por la víctima, por lo que una condena excesiva puede ser fuente de riqueza o ganancia injustificada. La reparación del daño no patrimonial, por el contrario, no cumple una función resarcitoria en sentido estricto, pues ningún bien material es equiparable al valor absoluto de la dignidad humana, el cual es, por lo tanto, irremplazable. Señala que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro. De manera que, para la Sala, el dinero no es en estos casos una estimación del bien conculcado porque simplemente cumple la función de contribuir a la adquisición de satisfacciones o sensaciones placenteras que atenúen la pérdida del bien no patrimonial, aunque no siempre esos mecanismos sustitutivos resultan aptos para anular o hacer desaparecer las consecuencias adversas a las que haya dado lugar el hecho lesivo. Por esas razones, -concluye la Sala- técnicamente no es un lucro o ganancia lo que puede derivarse de una indebida acumulación de indemnizaciones no patrimoniales, porque la aludida circunstancia solo tiene la aptitud de engendrar una irrazonable o injustificada complacencia, lo cual es sustancialmente distinto. Precisa la Sala que, la pauta de esta justa proporción la marca el criterio de razonabilidad del juez, pues es esa noción intelectiva la que le permitirá determinar en cada caso concreto si la medida de satisfacción que otorga en razón del daño a la persona es equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para consolar a la víctima por la pérdida de un bien inestimable en dinero, para reivindicar su derecho fundamental y para reparar el agravio o la ofensa infligida a su dignidad. CONTRATO DE MUTUO - incumplimiento del Banco por reversar alivio del crédito de manera unilateral, cobrar sumas injustificadas de dinero y reportar negativamente en las centrales de riesgo a quien ya había cancelado la totalidad de la deuda. El acreedor financiero y el deudor hipotecario de vivienda. DAÑO EXTRAPATRIMONIAL - reconocimiento ante el incumplimiento contractual. Análisis de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera de su reparación a partir del postulado de la reparación integral del daño. Revisión de la sentencia de casación de 6 de julio de 1955. Función no resarcitoria de este tipo de daños. DAÑO MORAL - el cobro insistente y prolongado de obligaciones inexistentes es una circunstancia que debe ser valorada como afectación a la espera psíquica cuando genere angustia, estrés, zozobra, intranquilidad, preocupación ansiedad y aflicción. Criterio de razonabilidad del juez. Precisa la Sala que, no es la fuente de la que emana la responsabilidad (contractual o extracontractual) el criterio que permite otorgar el pago de la indemnización integral del perjuicio, dado que no existe una necesaria correlación entre la patrimonialidad de la prestación y la naturaleza del daño. Informa que, por el contrario, es la comprobación de un daño a la persona lo que da lugar al resarcimiento no patrimonial, con independencia de si tuvo o no su origen en un convenio que en principio pudo perseguir un beneficio netamente económico. DAÑO AL BUEN NOMBRE - constituye una categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales cuando se agravia o lesiona un derecho inherente al ser humano. Acumulación con el daño moral. Tasación en $20.000.000.oo. DAÑO MORAL - medio probatorio por la presunción simple. Tasación en $10.000.000.oo por responsabilidad contractual de acreedor financiero. PRESUNCIÓN SIMPLE - como forma de acreditación del daño moral Indica la Sala que, con relación a la demostración del daño moral, el medio probatorio que resulta más idóneo es la presunción simple, sin que ello signifique que ésta sea la única probanza admisible, pues en punto a las pruebas la legislación procesal entregó al fallador un sistema de libre apreciación razonable dentro del cual pueden ser valorados todos los medios legales de convicción que logren sacar a la luz la verdad de los hechos que constituyen la base de la controversia jurídica. Señala que, tal presunción, conocida también como “de hombre o judicial”, no puede ser confundida en modo alguno con las presunciones legales a las que alude el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, pues estas últimas son directamente establecidas por el legislador, y ante la comprobación del hecho en que se fundan, el juzgador no realiza inferencia alguna sino que simplemente se limita a aplicar la consecuencia jurídica que ellas prevén. Para la Sala, la presunción judicial, por el contrario, consiste básicamente en una inferencia lógica que, como los indicios, se extrae de las reglas de la experiencia; pero que a diferencia de éstos, cuyo razonamiento debe ser explicado paso a paso -atendiendo a su gravedad, concordancia y convergencia-, aquéllas solo requieren la prueba del hecho que les da origen porque el proceso intelectual es tan claro y común que la mente lo verifica mecánicamente. De manera que para su existencia, solo se necesita la confirmación del hecho probatorio, el cual, naturalmente, puede ser desvirtuado mediante prueba en contrario. Concluye que, las presunciones judiciales son operaciones intelectuales consistentes en tener como cierto un evento, denominado hecho presunto, a partir de la fijación normal de otro dato denominado hecho base que debe haber sido probado. Su elaboración forma parte del procedimiento de valoración de la prueba y del conjunto de operaciones de carácter epistemológico y jurídico que debe llevar a cabo el juez para fijar las circunstancias fácticas en las que debe fundarse la decisión. A partir de un hecho probado puede admitirse la certeza de otro, siempre y cuando entre los dos se produzca un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. MORAL - prueba por la presunción simple BUEN NOMBRE - afectación por el reporte negativo e injustificado en las centrales de riesgo. Calificación como derecho humano fundamental. DEBER DE INFORMACIÓN - se incurre en responsabilidad por su inobservancia cuando el buen nombre de las personas que aparecen en las bases de datos sufre menoscabo injustificado POSICIÓN DOMINANTE - abuso por parte del acreedor financiero. BUENA FE CONTRACTUAL - En observancia de ella no resulta admisible que el acreedor-Banco reverse a su capricho el alivio aplicado a un crédito en aplicación de la Ley 546 de 1999, sin antes no informar y permitir que el deudor ejerza sus derechos ALIVIO DEL CRÉDITO - El usuario es quien debe escoger el crédito al que se aplicará el alivio, según le resulta más benéfico, o en caso que guarde silencio, el abono se hará al de mayor monto ARBITRIUM JUDICIS - Es el juez quien debe estimar la reparación de los perjuicios extrapatrimoniales con sustento en su sano arbitrio y bajo criterios de equidad y razonabilidad. DERECHO CIVIL - No es solo un conjunto de normas con significado patrimonial, sino que la inviolabilidad de los derechos fundamentales es objeto de su protección y exigibilidad Señala la Sala que “en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil, y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional”. Por otra parte, “Si bien es cierto que no cualquier tipo de molestias o frustraciones constituyen un daño moral resarcible, en el presente caso median razones suficientes para tenerlo por demostrado, en atención al evidente malestar emocional e impresión negativa que el hecho que motivó el reclamo causó a los pretensores. Y es que no se trata de cualquier quebranto afectivo, ni de una simple incomodidad o molestia como aquéllas a las que normalmente da lugar una negociación que se desarrolla dentro de los estándares de conducta contractual adecuada y conforme a la buena fe; sino que la experiencia muestra que someter a una persona y a su núcleo familiar a frecuentes cobros y amenazas durante varios años por una deuda inexistente, ocasiona -al menos desde la regularidad de casos semejantes que se dan en nuestro medio-, un grave menoscabo a un interés espiritual prexistente, de trascendencia jurídica, y que puede reconocerse bajo la forma de la alteración de la esfera íntima de los sujetos (…) Desde luego que todo contratante está compelido a soportar el cobro de la obligación, y aún de la que no debe si ese cobro obedece a un error involuntario e inocuo. Pero lo que no puede admitirse, porque sería una nociva permisión del abuso de la posición dominante (…)” PRESUNCIÓN SIMPLE O JUDICIAL - Medio probatorio que resulta más idóneo para la demostración de los perjuicios morales Expone la Sala que “las presunciones judiciales, simples o de hombre, en suma, hacen parte de las denominadas pruebas indirectas o críticas, y se definen como las implicaciones que el juez extrae de un hecho conocido para dar por supuesta la existencia de un hecho presunto. De ahí que no pueda considerársele como un mero ‘prejuicio sin prueba’, dado que siempre hay que demostrar el dato del cual se infiere que es cierto otro hecho que importa hacer valer en el juicio. En ese orden, una vez acreditados los hechos que según las reglas de la experiencia y la sana crítica constituyen una afectación a la esfera íntima de las personas, es preciso reconocer esa clase de perjuicio si el mismo no ha sido desvirtuado por otros medios de prueba”. ERROR DE HECHO - al no dar probados, estándolos, los daños extrapatrimoniales cuyo resarcimiento se invocó VÍA DIRECTA - no puede alegarse imputando inaplicación de varias normas sustanciales, cuando la sentencia está sostenida en un aspecto netamente probatorio TÉCNICA DE CASACIÓN - para rebatir la conclusión a la que llegó el Tribunal respecto de la necesidad de declarar la consecuencia jurídica prevista en la norma, debe dirigirse la acusación por la causal primera y no por la segunda INCONGRUENCIA - sentencia que niega totalmente las pretensiones en proceso de responsabilidad ante el incumplimiento de obligaciones suscritas en contrato de mutuo con crédito hipotecario de vivienda. Confusión técnica Fuente Formal Artículos 305, 368, del Código de Procedimiento Civil Artículos 1603, 1613 y 1615 del Código Civil Artículos 871 y 1006 del Código de Comercio Artículos 16 de la Ley 446 de 1998 Artículo 40 parágrafo 1 Ley 546 de 1999 Artículo 1º del Decreto 712 de 2001 Artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 Artículos 1, 2 inciso 2º y 15 de la Constitución Política Artículo 5º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos Artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Fuente Jurisprudencial Sentencia de 17 de noviembre de 2011, expediente 1999-0053-01 Sentencia de 18 de septiembre de 2009, expediente 2005-406-01 Sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 2000-624-01 Sentencia de 13 de mayo de 2008, expediente 1997-9327-01 Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 5214-01 Sentencia de 5 de octubre de 2004, expediente 6191 Sentencia Nº 042 de 26 de marzo de 2001, expediente 5562 Sentencia de 26 de septiembre de 2000, expediente 6388 Sentencia de 17 de agosto de 1999, expediente 5170 Sentencia de 7 de marzo de 1997, expediente 4636 Sentencias de 12 de julio de 1994, G.J. t. CCXXXI Nº2470, p. 49 Sentencia de 11 de abril de 1994 Sentencia de 25 de noviembre de 1992, expediente 3382 Sentencia de 22 de enero de 1980. G.J. t. CLXVI, p. 9) Sentencia de 28 de agosto de 1974. G.J. t. CXLVIII, pág. 229 Sentencia de 4 de abril de 1968. CXXIV, pág. 63 Sentencia de 28 de agosto 1959, G.J. LIX, p. 748 Sentencia de 6 de julio de 1955. G.J. LXXX p. 658 Sentencia de 23 de noviembre de 1954, G.J. LXXIX, p. 669 Sentencia de 29 de octubre de 1945, G.J. LIX, p. 751 Sentencia de 20 de febrero de 1945. G.J. LVIII, p. 613 Sentencia de 21 de julio de 1922 G.J. t. CCXLVI, Vol. II, pág. 1251 Corte Constitucional. Sentencia C-489/02 Fuente Doctrinal CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, 266 Digesto, Libro XXXIX, título II, Ley 3ª: “Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonio dicta sunt” FUEYO LANERI, Fernando. Instituciones de derecho civil moderno, 72 IHERING, La lucha por el derecho. Buenos Aires: Editorial Atalaya, 1947, 176 MAZEAUD y TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Tomo I. Buenos Aires, 5ª edición, 429 PIZARRO, Ramón Daniel. Daño moral. Buenos Aires: Edit. Hammurabi, 1996. P. 173 SALINAS UGARTE, Gastón. Responsabilidad civil contractual. Tomo II. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2011, 673 TRIGOS REPRESA, Tratado de la responsabilidad civil. Tomo I. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2008,494. REPARACIÓN SIMBÓLICA - del daño al buen nombre como categoría de derecho fundamental no como exclusivo del daño no patrimonial. La dignidad humana como esencia del derecho fundamental. La reparación satisfactiva y / o simbólica y la garantía de no repetición (Aclaración de voto). REPARACIÓN SATISFACTIVA - rol protagónico y visionario de la Corte Suprema de Justicia en su reconocimiento en las sentencias de 21 de julio de 1922 y 22 de agosto de 1924. Devolución de lápida signo de perenne recuerdo y edificación de mausoleo (aclaración de voto) DAÑO EXTRAPATRIMONIAL - se compone de perjuicio moral, daño a la vida de relación y reparación satisfactiva o simbólica y la garantía de no repetición. Lo simbólico como forma de reparación. (aclaración de voto) REPARACIÓN INTEGRAL - perspectiva constitucional. Plexo normativo nacional. Artículo 16 ley 446 de 1998. (aclaración de voto) DAÑO EMERGENTE - puede ser reconocido por daño al buen nombre (aclaración e voto) RESPONSABILIDAD POR AGRESIÓN A DERECHO FUNDAMENTAL - daño al buen nombre. No constituye una subespecie de daño no patrimonial. Análisis histórico de los derechos fundamentales. Principio de progresividad. Elementos axiológicos de la responsabilidad (aclaración de voto). DIGNIDAD HUMANA - perspectiva biológica, ética y antropológica en la construcción de la teoría de los derechos humanos (Aclaración de voto) DERECHOS HUMANOS - como mandatos jurídicos imperativos y como derechos subjetivos. Mecanismos de reparación. Indemnización en abstracto del daño emergente en acción de tutela. (Aclaración de voto) Sentencia de 17 de noviembre de 2011, expediente 1999-0053-01 Sentencia de 18 de septiembre de 2009, expediente 2005-406-01 Sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 2000-624-01 Sentencia de 13 de mayo de 2008, expediente 1997-9327-01 Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 5214-01 Sentencia de 5 de octubre de 2004, expediente 6191 Sentencia Nº 042 de 26 de marzo de 2001, expediente 5562 Sentencia de 26 de septiembre de 2000, expediente 6388 Sentencia de 17 de agosto de 1999, expediente 5170 Sentencia de 7 de marzo de 1997, expediente 4636 Sentencias de 12 de julio de 1994, G.J. t. CCXXXI Nº2470, p. 49 Sentencia de 11 de abril de 1994 Sentencia de 25 de noviembre de 1992, expediente 3382 Sentencia de 22 de enero de 1980. G.J. t. CLXVI, p. 9) Sentencia de 28 de agosto de 1974. G.J. t. CXLVIII, pág. 229 Sentencia de 4 de abril de 1968. CXXIV, pág. 63 Sentencia de 28 de agosto 1959, G.J. LIX, p. 748 Sentencia de 6 de julio de 1955. G.J. LXXX p. 658 Sentencia de 23 de noviembre de 1954, G.J. LXXIX, p. 669 Sentencia de 29 de octubre de 1945, G.J. LIX, p. 751 Sentencia de 20 de febrero de 1945. G.J. LVIII, p. 613 Sentencia de 21 de julio de 1922 G.J. t. CCXLVI, Vol. II, pág. 1251 Corte Constitucional. Sentencia C-489/02 Fuente Doctrinal CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, 266 Digesto, Libro XXXIX, título II, Ley 3ª: “Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonio dicta sunt” FUEYO LANERI, Fernando. Instituciones de derecho civil moderno, 72 IHERING, La lucha por el derecho. Buenos Aires: Editorial Atalaya, 1947, 176 MAZEAUD y TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Tomo I. Buenos Aires, 5ª edición, 429 PIZARRO, Ramón Daniel. Daño moral. Buenos Aires: Edit. Hammurabi, 1996. P. 173 SALINAS UGARTE, Gastón. Responsabilidad civil contractual. Tomo II. Santiago de Chile: Thomson Reuters, 2011, 673 TRIGOS REPRESA, Tratado de la responsabilidad civil. Tomo I. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2008,494.
incumplimiento del contrato proceso verbal sumario derechos humanos derechos fundamentales víctima marca reparación integral derechos civiles y políticos corte constitucional Acción de tutela
La promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia ha generado una reforma fundamental en el Derecho colombiano. Se ha dado lugar a la juridización de la Constitución, antes considerada esencialmente un programa político. Esta fenomenología ha dado lugar a una crisis de la concepción tradicional del derecho. Tal tendencia tiene que ver directamente con el debate Hart-Dworkin: el poder creador del juez, o la distinción entre reglas y principios. El régimen de la responsabilidad civil no ha sido ajeno a este proceso. Las perspectivas que se abren ante esta nueva realidad ofrecen interesantes oportunidades para modernizar el derecho de la responsabilidad ante las nuevas realidades sociales y económicas. The promulgation or public announcement of the Colombian constitution of 1991 has generated a fundamental reform to the Colombian law. Juridization has born. This reality has generated a reshuffle of the traditional conception of law. This tendency is connected with Hart-Dworkin debate: the creative power of juge, or distinction between principles and rules. The responsability regime also has been touched by this news realitys. The perspectives than are open afford interesting opportunities to modernize responsibility law in view of the news situations.
1. La existencia de un hecho antijurídico - 2. La presencia de un daño o perjuicio - 3. Relación de causalidad - 4. Responsabilidad civil contractual del abogado - 4.1. ¿Qué tipo de contrato regula la relación abogado-cliente? - 4.1.1. Teoría del mandato civil - 4.1.2. Contrato de Prestación de Servicios - 4.1.3. Contrato de obra - 4.1.4. Contrato multiforme o variable - 4.1.5. Contrato innominado o atípico - 4.1.6. Contrato de trabajo - 4.2. Perfeccionamiento del contrato abogado-cliente - 4.3. Obligaciones de abogados y clientes en el marco del contrato - 4.4. Casos típicos de responsabilidad contractual de abogados - 4.5. Obligaciones contractuales implícitas - 4.6. Responsabilidad civil del abogado por no conocer el derecho -lex artis- - 4.7. Los abogados y las obligaciones de resultado - 4.8. Abogados responden contractualmente hasta por la culpa leve - 5. Responsabilidad civil extracontractual - 6. Monto de los perjuicios - 6.1. La teoría resarcitoria - 6.2. La posición de la duda - 6.3. La posición intermedia - 6.4. La pérdida de oportunidad - 7. Responsabilidad civil de las firmas de abogados - 8. Pólizas de responsabilidad para abogados
Pretenden los demandantes la responsabilidad civil contractual por los daños y perjuicios sufridos por una de las demandantes derivada de la negligencia e impericia del procedimiento quirúrgico efectuado en los ojos a cargo de las demandadas. El a-quo estimó parcialmente las pretensiones, que ordenó el pago solidario a cargo del centro oftalmológico y el médico tratante, por concepto de lucro cesante pasado, perjuicios morales y daño a la vida de relación. El Tribunal confirmó la decisión del a-quo en su integridad. La parte actora formuló el recurso extraordinario con fundamento en un único cargo tendiente a debatir el lucro cesante pasado, en consideración que la víctima al culminar sus estudios, de no haber sido golfista profesional, como mínimo habría tenido ingresos equivalentes a los obtenidos por profesionales de su misma especialidad universitaria. La Corte no casó la sentencia, por no encontrar acreditada la violación directa de la ley sustancial en la tasación del lucro cesante. Salvedad de voto RESPONSABILIDAD MÉDICA CONTRACTUAL - negligencia de procedimiento quirúrgico que deriva incapacidad permanente parcial por pérdida anatómica de ojo derecho. Reiteración de la sentencia de 5 de marzo de 1940 respecto a la calificación de la responsabilidad médica como contractual HERMENÉUTICA - aplicación de los artículos 1613, 1614 y 2341 del código civil artículo 16 de la ley 446 de 1998 para estimar el lucro cesante consolidado de quien no se desempeña profesionalmente pese a contar con título universitario y ejercitar como aficionada una actividad deportiva LUCRO CESANTE PASADO - aplicación de la equidad y la justa reparación del daño acorde con el valor del salario mínimo legal mensual. Tasación sobre base superior al salario mínimo de quien no se desempeña profesionalmente pese a contar con título universitario y ejercitar como aficionada una actividad deportiva LUCRO CESANTE FUTURO - pérdida de oportunidad de quien queda con incapacidad permanente parcial por pérdida anatómica y se desempeña en actividad remunerada. Ganancias frustradas o ventajas dejadas y frustración de la chance. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - se diferencia del lucro cesante futuro por el grado de certidumbre y la fuente obligacional. Reiteración jurisprudencial. SALARIO MÍNIMO MENSUAL - para estimar el lucro cesante consolidado de quien no se desempeña profesionalmente pese a contar con título universitario y ejercitar como aficionada una actividad deportiva INCAPACIDAD LABORAL - cobro de lucro cesante de quien devenga un salario INDEMNIZACION EQUITATIVA - de la ventaja futura sufrida por quien tiene incapacidad permanente parcial por pérdida anatómica PRINCIPIO DE EQUIDAD - aplicación al caso concreto para reconocer lucro cesante consolidado, con sustento en el salario mínimo legal mensual de quien no se desempeña profesionalmente y ejercitaba como aficionada una actividad deportiva EQUIDAD - como fuente de derecho VIA DIRECTA - de los artículos 2341, 1613, 1614 del Código Civil y artículo 16 de la ley 446 de 1998. MEDIO NUEVO - debate de la pérdida de oportunidad para cuantificar el daño de quien tiene incapacidad permanente parcial por pérdida anatómica derivada de responsabilidad médica contractual. Para la Sala, la pérdida de oportunidad, cuya aplicación se ha excluido por tratadistas foráneos y nacionales en tratándose de la responsabilidad médica dada la imposibilidad o dificultad de establecer el nexo de causalidad, constituye una especie de daño independiente, provisto de unas singulares características y que, en últimas, se ve concretado en el desvanecimiento de la posibilidad de obtener una ganancia o de evitar que se produzca un evento, frustración que correlativamente, coloca a quien sufre el menoscabo en la posición de poder demandar la reparación de los perjuicios. Informa que, aquella, en sí misma considerada, causa daño a quien se privó o se frustró de ese “chance”, razón por la cual tiene un valor en sí misma, independientemente del hecho futuro, pues la lesión consistente en la desaparición absoluta de una probabilidad objetiva, posee una naturaleza cierta y directa. Indica la Sala que sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de la Corporación refieren a: (i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en inconveniente; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que, incluso, de continuar el normal desarrollo de las cosas, su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos. Dicho de otro modo, el afectado tendría que hallarse, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en un escenario tanto fáctico como jurídicamente idóneo para alcanzar el provecho por el cual propugnaba. Concluye que, dilucidada la etiología y elementos de la pérdida de una oportunidad, que la ubican como un daño indemnizable, al descender al caso concreto, es evidente que el perjuicio médico por la lesión en el ojo derecho de la demandante quedó plenamente demostrado, así como la culpa y el nexo causal, siendo únicamente el motivo de discusión su cuantificación, punto sobre el que giró la inconformidad en el recurso de casación. Nada se alegó ni se demostró sobre la causación de un daño por aquél concepto en las correspondientes instancias; tampoco se discutió el perjuicio mirado desde el prisma de la cuantificación del hecho dañoso como consecuencia de perder “la chance”. Arguye que, además, aún de aceptarse su coincidencia teórica como lo expone la parte recurrente, al reclamar “lucro cesante futuro por pérdida de una oportunidad”, no fue objeto de debate en los primeros niveles a la manera como aquí lo plantea la crítica. En efecto, ni en la demanda, ni en el escrito arrimado cuando se corrió traslado para alegar de conclusión, ni en el recurso de apelación, la parte actora esgrimió la causación de un daño puntual bajo ese rubro. Precisa la Sala que, bien mirando la institución que se estudia como cuantificación del hecho dañino, una especie del daño emergente —pues también hay quienes ahí lo sitúan— o del lucro cesante, ora como una modalidad indemnizable autónoma, el colofón sería el mismo, en el sentido de que se está esgrimiendo ante esta Corporación un punto nuevo inadmisible en casación, pues no fue propuesto bajo ninguno de los esquemas anteriores en el ámbito de los momentos procesales que la ley confiere para ese propósito. F. Formal Artículos 2341,1613 y1614 del código civil. Artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Artículo 230 de la Constitución Política. Sentencia de casación civil de 30 de enero de 2001, expediente 5507. Sentencia de casación civil de 4 de abril de 2001, expediente 5502. Sentencia de casación civil de 7 de julio de 1964. G.J.t. CVIII, 56. CCXXVII, 870, reiterada en sentencia de 30 de junio de 2005, expediente 00650-01. Sentencia de casación civil de 4 de marzo de 1998, expediente 4921. Sentencia de casación civil de 9 de septiembre de 2010 ref. 2005-00103. Sentencia de casación civil de 24 de junio de 2008, expediente 2000-01141-01. Sentencia de casación civil de 1º de noviembre de 2013, expediente 199426630. Sentencia de casación civil de 1º de marzo de 1955, G.J. LXXXIII, 76 Sentencia de casación civil de 24 de abril de 1977 y el 19 de noviembre de 2001. F. Doctrinal DE CASTRO y BRAVO. F. Derecho Civil de España. Instituto de Estudios Políticos de Madrid, 1995. p. 367. DWORKIN, Ronald. El imperio de la justicia. Editorial Gedisa,11. Barcelona 1988 MEDINA ALCOZ, Luis. La teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio jurisprudencial y doctrinal de derecho de daños público y privado, 87 SALINAS UGARTE, Gastón. Responsabilidad Civil Contractual. Tomo I. Editorial Abeledo Perrot. Santiago de Chile 2011. TRIGO REPERAS, Félix y LÓPEZ MESA, Marcelo. Tratado De la Responsabilidad Civil. Cuantificación del daño. Fondo Editorial del Derecho y la Economía. Buenos Aires 2006.
Providencia nº 68001110200020080052201 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 20 de Septiembre de 2010
Apelacion de Providencia, Que Impone Sancion con Suspencion, con Ocasion a La Queja Instaurada por Presunta Falta de Diligencia en Adelantar un Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Contractual en contra de La Cooperativa Santandereana de Trasportadores Ltda. Coopetran (Rc 015211) Agp
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 26 de Junio de 2003
Se presentó demanda de responsabilidad civil contractual derivada del incumplimiento de contrato de mutuo mercantil, la primera instancia no acogió las pretensiones y declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de legitimación en causa del demandante, decisión que fue apelada por la parte demandante donde el Tribunal revocó la sentencia de primer grado, como consecuencia se interpuso recurso de casación con sustento en la causal primera y quinta del artículo 368 del Código de procedimiento civil, la entidad bancaria llamada en garantía acuso la sentencia de incongruente al incurrir el Tribunal en error in procedendo, la Corte caso parcialmente al encontrar configurado el incumplimiento del a quem al incluir unas decisiones condenatorias que no fueron pedidas en la demanda y exoneró al banco garante de la condena en costas, en sentencia sustitutiva revocó en todas sus partes la sentencia de primer grado. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL - perjuicios materiales y morales derivados de contrato de mutuo mercantil que le determinó la dación en pago que se vio forzado a hacer por causa ilícita / CONTRATO DE MUTUO MERCANTIL - préstamo otorgado por entidad bancaria para capital de cupo de emergencia / INCONGRUENCIA - error in procedendo / NULIDAD PROCESAL - Trámite inadecuado / RECURSO DE APELACIÓN - Legitimación e interés jurídico La causal de inconsonancia o incongruencia prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que configura un error in procedendo, pues proviene del incumplimiento por parte del juez, de una norma de procedimiento que le impone un específico comportamiento al emitir su fallo, comprende la necesaria conformidad de la sentencia con la causa y el objeto, lo que impone una necesaria comparación entre lo decidido y lo pedido. Aflora por tanto la evidente inconsonancia del Tribunal al incluir unas decisiones condenatorias que no fueron pedidas en la demanda, la que se refirió en todo momento al BANCO DEL ESTADO, al paso que la sentencia aludió al BANCO DE LA REPÚBLICA. Fuente formal: Artículo 368 del Código de procedimiento civil
Contratación- El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede aceptar como un evento de fuerza mayor, que exonera de responsabilidad al contratista, el incumplimiento de un proveedor de este. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
Carga de la prueba frente a un caso de responsabilidad médica
Procesal- Corresponde comprobar a quien reclame la responsabilidad los elementos que la estructuran para obtener el derecho a ser indemnizado, entre ellos, la culpa del accionado y el nexo de causalidad, en aquellos casos en los que no sea factible a su promotor, proveer la prueba, opera la flexibilización, de modo que los hechos que interesan para la correcta definición de tales asuntos litigiosos, los acredite la parte que esté en posibilidad de hacerlo. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
Comercial- ¿Quiere conocer los elementos fundamentales del Arbitraje de Inversión? Lea este avecé. Ver Artículo Santiago Cruz Mantilla de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
víctima policía nacional código sustantivo del trabajo responsabilida extracontractual
EDASABA E.S.P genera responsabilidad por mora en el pago de aportes a la salud.
Contractual - La sala considera que le es imputable a la empresa de acueducto y saneamiento la obligación de responder patrimonialmente, por cuanto su omisión contribuyó a la pérdida de oportunidad que padeció el señor; por otra parte, No le es imputable responsabilidad al Estado por falla en el servicio por parte del hospital en cuanto esté presto la atención necesaria para la recuperación del paciente. Ver Sentencia - Consejo de Estado
Consejo de Estado reiteró Jurisprudencialmente la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
Contractual -La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Ver Sentencia - Consejo de Estado
privación injusta de la libertad derecho procesal penal
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Carta de Intención: Responsabilidad precontractual, contractual y su fuerza vinculante. Es evidente la influencia que ha tenido el Derecho Anglosajón en los últimos tiempos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La inclusión en las negociaciones de figuras ajenas a nuestro sistema así lo demuestra Por Jorge Beetar / Ver artículo