Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2007:327:FULL&from=NL
Timestamp: 2020-01-24 23:59:21
Document Index: 328173779

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 86', 'artículo 61', 'artículo 59', 'artículo 16', 'artículo 151', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 87', 'artículo 92', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 151', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 87', 'artículo 151', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 86', 'artículo 59', 'artículo 86', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 86', 'artículo 59', 'artículo 5', 'artículo 88', 'Artículo 81', 'artículo 53']

Diario Oficial L 327/2007
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 90/04/COL, de 23 de abril de 2004, por la que se modifican por cuadragesimosexta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 24C: Aplicación de las normas sobre ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión
REGLAMENTO (CE) N o 1463/2007 DE LA COMISIÓN
del Reglamento de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
REGLAMENTO (CE) N o 1465/2007 DE LA COMISIÓN
por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) no 752/2007 del Consejo en lo que se refiere a los límites cuantitativos de determinados productos siderúrgicos procedentes de Ucrania
Visto el Reglamento (CE) no 752/2007 del Consejo, de 30 de mayo de 2007, relativo a la gestión de determinadas restricciones a la importación de determinados productos siderúrgicos de Ucrania (1),
El 18 de junio de 2007 (2), la Comunidad Europea y el Gobierno de Ucrania firmaron un acuerdo sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos («el Acuerdo»).
En el artículo 10, apartado 1, del Acuerdo se establece que el mismo se considerará prorrogado anualmente de forma automática si ninguna de las Partes contratantes lo denuncia por escrito a la otra Parte al menos seis meses antes de su expiración y que, con cada prórroga anual, las cantidades de cada grupo de productos se incrementarán en un 2,5 %.
Ucrania no ha notificado a la Comunidad su deseo de denunciar el Acuerdo. Por tanto, éste se prorrogará automáticamente y las cantidades de cada grupo de productos aumentarán en un 2,5 %.
Por tanto, el Reglamento (CE) no 752/2007 debe modificarse en consecuencia.
Los límites cuantitativos correspondientes a 2007 establecidos en el anexo V del Reglamento (CE) no 752/2007 se sustituyen por los correspondientes a 2008 establecidos en el anexo del presente Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2008. Será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 178 de 6.7.2007, p. 1.
(2) DO L 178 de 6.7.2007, p. 24.
LÍMITES CUANTITATIVOS CORRESPONDIENTES A 2008
SA. Productos laminados planos
SA2. Chapa gruesa
SA3. Los demás productos laminados planos
SB2. Alambrón
SB3. Los demás productos largos
Nota: SA y SB corresponden a categorías de productos.
SA1 a SA3 y SB1 a SB3 corresponden a grupos de productos.
REGLAMENTO (CE) N o 1466/2007 DE LA COMISIÓN
por el que se prohíbe la pesca de merluza en las zonas CIEM VIII c, IX y X; aguas de la CE de la COPACE 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de Portugal
VIII c, IX y X; aguas de la CE de la COPACE 34.1.1
relativa al régimen aplicable a los expertos y militares nacionales destinados en comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo y por la que se deroga la Decisión 2003/479/CE
Los expertos nacionales en comisión de servicio (en lo sucesivo, «los expertos nacionales») y los militares nacionales en comisión de servicio (en lo sucesivo, «los militares nacionales») deben aportar a la Secretaría General del Consejo (en lo sucesivo, «la SGC») sus elevados conocimientos y experiencia profesional, en particular en ámbitos en los que dicha experiencia no se halla inmediatamente disponible.
La presente Decisión responde al propósito de favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos profesionales sobre las políticas europeas, destinando a los servicios de la SGC, con carácter temporal, a expertos de las administraciones públicas de los Estados miembros o de organizaciones internacionales.
Los expertos nacionales deben proceder de las administraciones públicas de los Estados miembros o de organizaciones internacionales.
Los derechos y obligaciones de los expertos nacionales y de los militares nacionales que se establecen en la presente Decisión deben garantizar que dichos expertos y militares ejerzan sus funciones exclusivamente en interés de la SGC.
Dada la temporalidad de su trabajo y su especial situación, los expertos nacionales y los militares nacionales no deben ejercer responsabilidades en nombre de la SGC cuando esta ejerza sus prerrogativas de Derecho público, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la presente Decisión.
La presente Decisión debe establecer todas las condiciones de empleo de los expertos nacionales y de los militares nacionales, aplicables sea cual sea el origen de los créditos presupuestarios asignados para cubrir el gasto.
Además, deben establecerse disposiciones particulares para los militares nacionales en la SGC, a efectos de constituir el Estado Mayor de la Unión Europea.
Dado que el presente régimen sustituye al establecido en la Decisión 2003/479/CE del Consejo (1), procede derogarla, sin perjuicio de la continuación de su aplicación a todas las comisiones de servicio en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Decisión.
1. El presente régimen se aplicará a los expertos nacionales destinados en comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo (SGC) por las administraciones públicas de los Estados miembros. Será igualmente aplicable a los expertos en comisión de servicio procedentes de una organización internacional.
2. Las personas a quienes sea de aplicación el presente régimen permanecerán al servicio de sus empleadores mientras dure la comisión de servicio y continuarán siendo retribuidas por ellos.
3. La SGC decidirá la contratación de expertos nacionales en función de sus necesidades y de sus posibilidades presupuestarias. El Secretario General adjunto establecerá las modalidades de esa contratación.
4. Salvo cuando el Secretario General adjunto otorgue una excepción, excepción que está excluida en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC)/política europea de seguridad y de defensa (PESD), los expertos nacionales deberán ser nacionales de un Estado miembro. La contratación de los expertos nacionales se efectuará sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros. Los Estados miembros y la SGC cooperarán para garantizar, en la mayor medida posible, el respeto del equilibrio entre hombres y mujeres y el respeto del principio de igualdad de oportunidades.
5. La comisión de servicio se hará efectiva mediante canje de notas entre la Dirección General de Personal y Administración de la SGC y la Representación Permanente del Estado miembro de que se trate o, en su caso, la organización internacional. En el canje de notas deberá constar el lugar de destino de la comisión de servicios. Este canje de notas irá acompañado de una copia del régimen aplicable a los expertos nacionales destinados en comisión de servicio en la SGC.
1. La comisión de servicio no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, pudiendo ser renovada sucesivamente hasta una duración total máxima de cuatro años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la duración de la comisión de servicio de un experto nacional para participar en la preparación de operaciones militares o civiles, o para el estudio de su puesta en marcha, podrá ser inferior a 6 meses.
3. En el canje de notas contemplado en el artículo 1, apartado 5, se dejará constancia, desde el principio, de la duración que se prevé tenga la comisión de servicio. El procedimiento será el mismo en caso de renovación del período de la comisión de servicio.
4. Los expertos nacionales que hayan sido destinados a la SGC en comisión de servicio podrán ser destinados de nuevo, con arreglo a las disposiciones internas que establezcan períodos máximos durante los cuales esas personas pueden permanecer en los servicios de la SGC, así como, en todos los casos, a las siguientes condiciones:
el experto nacional deberá satisfacer aún los requisitos exigidos para el desempeño de la comisión de servicio, y
deberán haber transcurrido al menos seis años entre la fecha de finalización del último período de comisión de servicio y la nueva comisión de servicio. Si, al finalizar el primer período de comisión de servicio, el experto nacional celebrara un contrato adicional distinto con la SGC, el período de seis años comenzará a contar desde la fecha de expiración de ese contrato. No obstante, la SGC podrá aceptar en comisión de servicio a un experto nacional cuya comisión de servicio inicial haya durado menos de cuatro años, si bien, en este caso, la nueva comisión de servicio no podrá sobrepasar la fracción restante del período de cuatro años;
el período indicado en la letra b) se reducirá a tres años en caso de que la duración de la primera comisión de servicio sea inferior a seis meses.
Lugar de destino en comisión de servicio
Los expertos nacionales serán destinados en comisión de servicio a Bruselas, a una oficina de enlace de la SGC o a cualquier otro lugar donde la Unión Europea actúe en el marco de una decisión adoptada por el Consejo. El lugar de destino en comisión de servicio podrá modificarse durante la comisión de servicio mediante un nuevo canje de notas, de conformidad con el artículo 1, apartado 5, si la posibilidad de modificación de dicho lugar no estuviere prevista en el canje de notas inicial. La administración que envíe en comisión de servicio al experto nacional será informada de las posibles modificaciones del lugar de destino.
1. El experto nacional prestará asistencia a los funcionarios o agentes temporales de la SGC, desempeñando las tareas que se le encomienden.
Las funciones a desempeñar serán definidas de común acuerdo entre la SGC y la administración que destina en comisión de servicio al experto nacional en el interés de los servicios y teniendo en cuenta las calificaciones del candidato.
2. El experto nacional participará en misiones o reuniones únicamente:
acompañando a un funcionario o un agente temporal de la SGC, o
por sí solo, en calidad de observador o a efectos informativos únicamente.
Salvo mandato especial concedido, bajo la autoridad del Secretaría General/Alto Representante (SG/AR), por el director general del servicio de que se trate, el experto nacional no podrá contraer compromisos exteriores en nombre de la SGC.
3. Corresponderá exclusivamente a la SGC aprobar los resultados de las funciones desempeñadas por los expertos nacionales.
4. Los servicios de la SGC de que se trate, el empleador del experto nacional y este último harán cuanto esté en su poder para evitar conflictos de intereses reales o aparentes como consecuencia de las funciones desempeñadas por el experto nacional durante su destino en la SGC. A estos efectos, la SGC facilitará a este y a su empleador, con suficiente antelación, información completa sobre las funciones que está previsto desempeñe; asimismo, pedirá al experto nacional y a su empleador que confirmen por escrito que no conocen motivo alguno que impida asignar tales funciones al experto nacional. En particular, se pedirá al experto nacional que declare todo posible conflicto entre sus circunstancias familiares (en concreto, las actividades profesionales de parientes próximos o intereses económicos importantes suyos propios o de esos parientes) y las funciones que está previsto desempeñe durante la comisión de servicio.
El empleador y el experto nacional se comprometerán a notificar a la SGC cualquier modificación que, durante el desempeño de la comisión de servicio, pueda dar lugar a un conflicto de esa índole.
5. Si la SGC considerarse que la naturaleza de las funciones encomendadas al experto nacional exigen especiales precauciones en materia de seguridad, deberá obtenerse una habilitación de seguridad antes de la comisión de servicio.
6. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 7, la SGC podrá dar por terminada la comisión de servicio de un experto nacional, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c).
7. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, y en el apartado 2, párrafo primero, el Secretario General Adjunto podrá, a propuesta del Director General del servicio en el que esté destinado el experto nacional, confiar tareas específicas al mismo y encomendarle la realización de una o más misiones específicas después de haberse asegurado de que no existe conflicto alguno de intereses.
1. Mientras dure la comisión de servicio, el experto nacional:
desempeñará sus funciones y actuará atendiendo exclusivamente a los intereses del Consejo;
se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pueda atentar contra la dignidad de su función;
cuando, en el desempeño de sus funciones, deba pronunciarse con respecto a un asunto cuyo tratamiento o resultado pueda poner en juego sus intereses personales o su independencia, informará al jefe del servicio al que haya sido asignado;
no publicará ni hará publicar ningún texto cuyo objeto esté relacionado con la actividad de la Unión Europea, ni solo ni en colaboración, sin disponer de autorización conforme a las disposiciones en vigor en la SGC. Esta autorización solo podrá ser denegada si la publicación prevista puede comprometer los intereses de la Unión Europea;
todos los derechos derivados de cualquier trabajo que realice en el desempeño de sus funciones serán propiedad de la SGC;
residirá en el lugar de destino en comisión de servicio o, como máximo, a una distancia que no constituya un obstáculo para el adecuado ejercicio de sus funciones;
prestará asistencia y asesorará a los superiores jerárquicos en cuyo servicio esté destinado; deberá asimismo responder ante dichos superiores de la ejecución de las funciones que le hayan sido encomendadas;
no aceptará, en el ejercicio de sus funciones, instrucción alguna de su empleador o su gobierno nacional. Del mismo modo, no efectuará prestación alguna por cuenta de su empleador, gobierno o cualesquiera otras personas, empresas privadas u organismos públicos.
2. Mientras dure la comisión de servicio, e igualmente transcurrida la misma, el experto nacional guardará la mayor discreción con respecto a cualquier hecho o información de que tuviera conocimiento en el desempeño o como consecuencia del desempeño de sus funciones. No comunicará, en modo alguno, a personas no habilitadas ningún documento ni ninguna información de que tenga conocimiento, que no hayan sido ya hechos públicos lícitamente, ni los utilizará en su propio beneficio.
3. Al término de la comisión de servicio, el experto nacional quedará vinculado por la obligación de actuar con integridad y discreción para ejercer las nuevas funciones que se le confíen y aceptar determinados puestos o beneficios.
A este respecto, durante los tres años siguientes al período de comisión de servicio, el experto nacional informará sin demora a la SGC de las funciones o tareas que deba efectuar para su empleador, y que sean susceptibles de dar lugar a un conflicto de intereses relacionado con las tareas realizadas por él durante la comisión de servicio.
4. El experto nacional estará sujeto a las normas de seguridad vigentes en la SGC.
5. En caso de incumplimiento de las disposiciones de los apartados 1, 2 y 4 durante la comisión de servicio, la SGC podrá dar por terminada la comisión de servicio de un experto nacional, con arreglo a lo establecido en el artículo 8, apartado 2, letra c).
Categoría y experiencia profesional, conocimiento de idiomas
1. Para poder ser destinado en la SGC, el experto nacional deberá haber desempeñado durante un mínimo de tres años, en jornada completa, funciones administrativas, científicas, técnicas, de asesoramiento o de supervisión que puedan considerarse equivalentes a las desempeñadas por los grupos de funciones AD o AST, tal y como se definen en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como en el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. El empleador del experto nacional deberá presentar a la SGC, antes del inicio de la comisión de servicio, una declaración del trabajo desempeñado por el experto en los últimos 12 meses.
2. El experto nacional deberá poseer un conocimiento profundo de una lengua comunitaria y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua para el ejercicio de sus funciones.
1. La SGC podrá autorizar suspensiones de la comisión de servicio y fijar las condiciones de las mismas. Mientras dure la suspensión:
no se abonarán las indemnizaciones previstas en los artículos 15 y 16;
los gastos contemplados en los artículos 18 y 19 solo se reembolsarán si la suspensión se produce a instancia de la SGC.
2. La SGC deberá informar al empleador del experto nacional.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la comisión de servicio podrá concluir a solicitud de la SGC o del empleador del experto nacional, con un preaviso de tres meses a la otra parte. Asimismo, podrá concluir, con igual preaviso, a solicitud del experto nacional, siempre y cuando la SGC así lo autorice.
2. Podrá darse por concluida la comisión de servicio sin preaviso en circunstancias excepcionales:
a instancia del empleador del experto nacional, si así lo exigen sus intereses fundamentales;
por acuerdo entre la SGC y el empleador, a solicitud del experto nacional a ambas partes, cuando los intereses fundamentales de índole personal o profesional del experto nacional así lo exijan;
por la SGC, si el experto nacional incumpliera alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de las presentes disposiciones. Previamente se darán al interesado los medios para defenderse.
3. Cuando la comisión de servicio concluya conforme a lo especificado en el apartado 2, letra c), la SGC informará de ello inmediatamente al empleador.
1. Con carácter previo al comienzo de la comisión de servicio, el empleador del experto nacional certificará a la SGC que este último seguirá sujeto, mientras dure la comisión de servicio, a la legislación sobre seguridad social aplicable a la administración pública o la organización internacional de la que depende y que se hará cargo de los gastos en que incurra en el extranjero.
2. El experto nacional estará cubierto por la SGC frente al riesgo de accidente desde el mismo día en que dé comienzo la comisión de servicio. La SGC le facilitará un ejemplar de las condiciones de dicha cobertura el día en que se presente en el servicio competente de la Dirección General de Personal y Administración para cumplimentar los trámites administrativos relacionados con la comisión de servicio.
3. Cuando, en el marco de una misión en la cual el experto nacional participe en aplicación del artículo 4, apartado, 2 y del artículo 20, o cuando, debido a riegos específicos del lugar de destino de la comisión de servicio, sea necesario un seguro suplementario o específico, la SGC correrá con los gastos correspondientes
1. El horario de trabajo del experto nacional será el de las reglas vigentes en la SGC. Estas reglas podrán ser modificadas por razones de necesidades de servicio por el Secretario General adjunto.
2. El experto nacional desempeñará su trabajo en régimen de jornada completa mientras dure la comisión de servicio. A solicitud debidamente motivada de una Dirección General, y siempre y cuando ello resulte compatible con los intereses de la SGC, el Director General de Personal y Administración podrá autorizar que el experto nacional trabaje a tiempo parcial, previa conformidad de su empleador.
3. Cuando se autorice el trabajo a tiempo parcial, el experto nacional deberá trabajar al menos la mitad de las horas normales de trabajo.
4. Se podrán conceder al experto nacional las indemnizaciones vigentes en la SGC en el marco del servicio continuo o por turnos o de un retén.
1. En caso de ausencia debida a enfermedad o accidente, el experto nacional deberá notificarlo a su superior jerárquico a la mayor brevedad posible, indicando el lugar en que se encuentre. Si la ausencia fuera superior a tres días, deberá presentar un certificado médico y podrá ser sometido a los controles médicos que disponga la SGC.
2. Cuando las ausencias por enfermedad o accidente no superiores a tres días sumen en total más de 12 días en un período de 12 meses, el experto nacional deberá presentar un certificado médico ante cualquier nueva ausencia por enfermedad.
3. Cuando la licencia por enfermedad sea superior a un mes o al período de servicios prestados por el experto nacional, si este último fuera mayor, se suspenderá automáticamente el abono de las indemnizaciones previstas en el artículo 15, apartados 1 y 2. Esta disposición no será de aplicación cuando se trate de enfermedad derivada de embarazo. La licencia por enfermedad no podrá prolongarse más allá del tiempo de duración de la comisión de servicio.
4. No obstante, el experto nacional que sufra un accidente laboral durante la comisión de servicio seguirá percibiendo el importe íntegro de las indemnizaciones previstas en el artículo 15, apartados 1 y 2, mientras persista su incapacidad para trabajar y hasta el momento en que finalice la comisión de servicio.
Vacaciones anuales, licencia especial y días festivos
1. El experto nacional tendrá derecho a dos días y medio de vacaciones por mes completo de servicio (30 días por año civil).
2. Las vacaciones estarán subordinadas a la autorización previa del servicio en el que el experto nacional esté destinado.
3. El experto nacional podrá disfrutar de una licencia especial, previa solicitud motivada, en los siguientes supuestos:
matrimonio: dos días,
enfermedad grave del cónyuge: hasta tres días por año,
fallecimiento del cónyuge: cuatro días,
enfermedad grave de un familiar en línea ascendente: hasta dos días por año,
fallecimiento de un familiar en línea ascendente: dos días,
nacimiento de un hijo: diez días que se disfrutarán en el mes que sigue al nacimiento,
enfermedad grave de un hijo: hasta dos días por año,
traslado para entrar en funciones: hasta dos días,
fallecimiento de un hijo: cuatro días.
Una licencia especial suplementaria de dos días por período de 12 meses podrá concederse, previa solicitud debidamente justificada del interesado.
4. Previa solicitud debidamente motivada del empleador del experto nacional, y examinada caso por caso, la SGC podrá autorizar, hasta dos días de licencia especial en un período de 12 meses.
5. En caso de trabajo a tiempo parcial, las vacaciones anuales se reducirán proporcionalmente.
6. Si al finalizar la comisión de servicio quedaran días de vacaciones anuales sin disfrutar, el experto no tendrá derecho a reembolso de los mismos.
7. El apartado 3 no será aplicable a los expertos nacionales con una duración de comisión servicio inferior a seis meses. Sin embargo, al experto nacional, cuya duración de comisión de servicio sea inferior a seis meses, se le podrá conceder, basándose en una solicitud debidamente justificada por su parte, una licencia especial por decisión del director general del servicio en el que esté destinado. Esta licencia especial no podrá superar los tres días para todo el período de comisión de servicio. Antes de conceder la licencia, el responsable anteriormente mencionado deberá consultar al Director General del Personal y Administración.
1. En caso de embarazo, la experta nacional tendrá derecho a una licencia por maternidad de 20 semanas, durante las cuales percibirá las indemnizaciones previstas en el artículo 15. La licencia comenzará como muy pronto seis semanas antes de la fecha probable de alumbramiento indicada en el certificado y concluirá como muy pronto 14 semanas tras la fecha del alumbramiento. En caso de nacimiento múltiple o prematuro o de nacimiento de un niño con una discapacidad, la duración de la licencia será de 24 semanas. A efectos de la presente disposición, un nacimiento prematuro será un nacimiento que se produzca antes del final de la trigesimocuarta semana de embarazo.
2. Si la legislación nacional aplicable al empleador de la experta nacional concediera un período mayor, se autorizará una suspensión de la comisión de servicio igual al tiempo en que dicho período sobrepase el otorgado por la SGC. En tales casos, al finalizar la comisión de servicio, se añadirá un período de tiempo equivalente al período de suspensión, siempre y cuando el interés de la SGC así lo justifique.
3. Alternativamente, la experta nacional podrá solicitar que se suspenda la comisión de servicio por un período igual al concedido por licencia de maternidad. En tales casos, cuando el interés de la SGC así lo justifique, al final de la comisión de servicio se añadirá un período equivalente al período de suspensión.
La gestión y control de las vacaciones y licencias corresponderán a la administración de la SGC. El control de las horas de trabajo y las ausencias corresponderá a la Dirección General o al servicio en que esté destinado el experto nacional.
1. El experto nacional tendrá derecho a una indemnización diaria durante el tiempo que dure la comisión de servicio. Cuando la distancia entre el lugar de origen y el lugar de la comisión de servicio sea igual o inferior a 150 km, el importe de la indemnización será de 29,44 EUR; cuando la distancia sea superior a 150 km, la indemnización será igual a 117,74 EUR.
2. Si el experto nacional no hubiera recibido de la SGC ni de su empleador reembolso alguno por los gastos de traslado, se le abonará una indemnización mensual adicional, con arreglo al siguiente cuadro:
Distancia entre el lugar de origen y el lugar de destino (km)
Esta indemnización se pagará a mes vencido. Se abonará hasta el final del mes en que, en su caso, el experto nacional se haya mudado, con arreglo al artículo 19, apartado 1.
3. Las indemnizaciones se abonarán durante los períodos de misión, vacaciones anuales, licencia de maternidad, licencia especial y días festivos autorizados por la SGC.
4. Al entrar en funciones, el experto nacional recibirá por anticipado, un importe equivalente a los primeros 75 días de indemnizaciones a que tenga derecho, perdiendo todo derecho posterior a las indemnizaciones correspondientes a dicho período. Si la comisión de servicio finalizara dentro del período tomado en cuenta para calcular dicho anticipo, el experto nacional deberá reembolsar el importe que corresponda a la fracción restante de ese período.
5. Cuando se lleve a cabo el canje de notas previsto en el artículo 1, apartado 5, se informará a la SGC de cualquier beneficio similar a los previstos en los apartados 1, 2, 7 y 8 del presente artículo que haya percibido el experto nacional. El importe de los mismos se deducirá de las indemnizaciones correspondientes abonadas por la SGC.
6. Estas indemnizaciones diarias y mensuales se revisarán cada año, sin efectos retroactivos, a la luz de la adaptación de los sueldos base de los funcionarios de la Comunidad destinados en Bruselas y Luxemburgo.
7. Para el experto nacional destinado en una oficina de enlace del SGC o en cualquier otro lugar donde la Unión actúe en el marco de una decisión adoptada por el Consejo, las indemnizaciones citadas en los apartados 1 y 2 podrán sustituirse por una indemnización de alojamiento, mediante decisión debidamente justificada del Director General de Personal y Administración, cuando las circunstancias relacionadas con el coste del alojamiento en el lugar de la comisión de servicio lo justifiquen.
8. Una indemnización especial, establecida en función del lugar de destino de la comisión de servicio, en caso de que este lugar se encuentre fuera de la UE, para tener en cuenta el coste de la vida o condiciones de vida especialmente difíciles, podrá concederse mediante decisión motivada del Director General de Personal y Administración. Esta indemnización se abonará mensualmente y se establecerá entre un 10 y un 15 % del sueldo base de un funcionario de grado AD 6 o AST 4, escalón 1, según el grupo de funciones al que se asimile el experto nacional.
Indemnización adicional a tanto alzado
1. Salvo cuando el lugar de origen del experto nacional esté situado a una distancia igual o inferior a 150 km del lugar de destino, siempre que proceda, el experto nacional percibirá una indemnización adicional a tanto alzado igual a la diferencia entre el sueldo bruto anual (excluidos los complementos familiares) pagado por su empleador, al que se agregarán las indemnizaciones pagadas en su caso por la SGC, con arreglo al artículo 15, y el sueldo base que corresponda a un funcionario de grado AD 6 o AST 4, escalón 1, según el grupo de funciones al que se asimile el experto nacional.
2. Estas indemnizaciones se revisarán cada año, sin efectos retroactivos, a la luz de la adaptación de los sueldos base de los funcionarios de la Comunidad.
Lugares de contratación, de destino, de origen y de retorno
1. A efectos de el presente régimen, se considerará
lugar de contratación aquel en el que el experto nacional prestara servicios a su empleador inmediatamente antes de iniciarse la comisión de servicio,
lugar de destino en comisión de servicio aquel en el que esté situado el servicio o la oficina de la SGC en el que esté destinado el experto nacional, o el lugar en el que el experto nacional actúe en el marco de una decisión adoptada por el Consejo,
lugar de origen aquel en el que se encuentre la sede de su empleador,
lugar de retorno aquel en el que el experto nacional ejercerá su actividad principal al concluir su comisión de servicio.
2. Si el lugar de contratación o el lugar de retorno se encuentran fuera del territorio de la Unión Europea o en otro Estado miembro que aquel en el que se sitúe la sede del empleador del experto nacional, o si este no ejerce ninguna actividad profesional al concluir su comisión de servicio, se considerará el lugar de origen como lugar de contratación o como lugar de retorno, según el caso.
El lugar de contratación, el o los lugares de destino en comisión de servicio y el lugar de origen se establecerán en el canje de notas citado en el artículo 1,apartado 5. El lugar de retorno se determinará basándose en una declaración del empleador del experto nacional.
3. A efectos de aplicación del presente artículo, no se tendrán en cuenta las circunstancias que se deriven del trabajo realizado por un experto nacional para otro Estado que no sea el del lugar de destino o para una organización internacional.
1. Un experto nacional cuyo lugar de contratación esté situado a más de 150 km de su lugar de destino en comisión de servicio tendrá derecho al comienzo de la comisión de servicio al reembolso de los gastos de viaje:
de su cónyuge e hijos a cargo, siempre y cuando estos últimos vivan con él y los gastos de traslado vayan a ser reembolsados por la SGC.
2. Salvo cuando el viaje se realice por vía aérea, se reembolsará un importe a tanto alzado, que se limitará al coste de un billete de ferrocarril en segunda clase, sin suplementos. Esto mismo será válido cuando el viaje se efectúe en automóvil. En el caso de que el viaje normal en ferrocarril sea de más de 500 km o el itinerario usual incluya una travesía marítima, el reembolso del viaje en avión podrá ascender hasta el importe máximo del coste real de un billete de tarifa reducida (PEX o APEX), previa presentación de los correspondientes billetes y tarjetas de embarque.
3. El experto nacional tendrá derecho para sí mismo y, en su caso, para las personas a que se refiere el apartado 1, letra b), al reembolso de los gastos de viaje hasta el lugar de retorno al final de la comisión de servicio, con los límites máximos más arriba señalados. En ningún caso podrá reembolsarse un importe mayor que aquel al que habría tenido derecho si regresara a su lugar de contratación.
4. Cuando el experto nacional se haya trasladado de su lugar de contratación al lugar de destino en comisión de servicio, tendrá derecho al abono anual de un importe a tanto alzado igual al coste de un viaje de ida y vuelta desde el lugar de destino en comisión de servicio hasta el lugar de origen, para él mismo, su cónyuge y los hijos a su cargo, con arreglo a las condiciones en vigor en la SGC.
1. El experto nacional podrá trasladar sus muebles y sus efectos personales desde el lugar considerado de contratación hasta el lugar de destino en comisión de servicio, con los gastos a cargo de la SGC, previa autorización de esta y con arreglo a las normas internas en vigor en ese momento en la SGC por lo que respecta al reembolso de los gastos de traslado, a condición de que:
el período inicial de comisión de servicio del experto nacional sea de dos años;
el lugar de contratación del experto nacional esté situado a una distancia igual o superior a 100 km del lugar de destino en comisión de servicio;
el traslado se efectúe en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de inicio de la comisión de servicio;
se solicite autorización al menos dos meses antes de la fecha de traslado prevista;
los gastos de traslado no corran a cargo del empleador;
el experto nacional presente a la SGC los originales de los presupuestos, los recibos y las facturas del traslado, así como un certificado del empleador en el que este confirme que no se hace cargo de los gastos de traslado.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3, siempre que los gastos de traslado al lugar de destino en comisión de servicio hayan sido reembolsados por la SGC, el experto nacional tendrá derecho, una vez finalizada la comisión de servicio y previa autorización, al reembolso de los gastos de traslado desde el lugar de destino en comisión de servicio hasta el lugar de retorno, con arreglo a las normas en vigor en la SGC en lo que respecta al reembolso de los gastos de traslado, sujeto a las condiciones que se establecen en el apartado 1, letras d) y e), y a los siguientes requisitos:
el traslado no podrá efectuarse antes de los seis meses precedentes a la fecha de finalización de la comisión de servicio;
el traslado se efectuará como máximo en los seis meses siguientes a la fecha de finalización de la comisión de servicio;
el importe de los gastos de traslado reembolsado por la SGC para el traslado al final de la comisión de servicio no podrá exceder el importe de los gastos del traslado al que habría tenido derecho si hubiese regresado a su lugar de contratación;
tras enviar los originales de los presupuestos recibidos y la factura del traslado a la SGC, así como una certificación del empleador del experto nacional en la que confirme que no asume la totalidad o una parte de los gastos del traslado.
3. El experto nacional cuya comisión de servicio concluya en los dos años siguientes al inicio de la misma, a petición propia o de su empleador, no tendrá derecho al reembolso de los gastos de traslado al final de la comisión de servicio.
1. El experto nacional podrá ser enviado en misión en las condiciones previstas en el artículo 4.
2. Los gastos de misión se reembolsarán conforme a las disposiciones vigentes en la SGC.
El experto nacional podrá asistir a los cursos de formación organizados por la SGC cuando el interés de esta así lo justifique. Al autorizar la asistencia a los cursos, se tendrá en cuenta si el interés del experto está justificado, en particular de cara al posterior desarrollo de su carrera profesional una vez finalizada la comisión de servicio.
1. El experto nacional se presentará en el servicio competente de la Dirección General de Personal y Administración el primer día de la comisión de servicio, a fin de cumplimentar los correspondientes trámites administrativos. La toma de posesión tendrá lugar los días 1 o 16 de cada mes.
2. El experto nacional destinado en una oficina de enlace de la SGC se presentará en el servicio competente de la SGC en su lugar de comisión de servicio.
3. El servicio competente de la SGC realizará los pagos en euros a una cuenta bancaria abierta en una institución bancaria en Bruselas. Para el experto nacional trasladado a un lugar distinto de Bruselas, los pagos podrán efectuarse en euros en una cuenta bancaria abierta en una institución bancaria o en Bruselas o en el lugar de origen del experto nacional. La indemnización de alojamiento podrá pagarse en otra divisa en una cuenta bancaria abierta en una institución bancaria en el lugar de destino de la comisión de servicio.
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIO DE CORTA DURACIÓN SIN GASTOS
1. A efectos de la presente Decisión, se entenderá por experto nacional en comisión de servicio de corta duración sin gastos (en lo sucesivo, «el experto nacional sin gastos») un experto nacional altamente especializado, destinado en comisión de servicios para la realización de tareas muy específicas por un período máximo de tres meses. Esta comisión de servicio no supone el pago de indemnización o de gasto alguno para el Consejo excepto, en su caso, los previstos en el artículo 28 y sin perjuicio de un acuerdo diferente entre la SGC y la administración que haya enviado al experto nacional sin gastos.
2. El experto nacional sin gastos no podrá ser enviado en comisión de servicio excepto en casos excepcionales, previa autorización del Secretario General Adjunto. La comisión de servicio de un experto nacional sin gastos únicamente puede producirse para desempeñar tareas que la SGC podría difícilmente llevar a cabo en un plazo muy corto. Así ocurre con:
misiones de investigación,
la planificación y la evaluación de operaciones de gestión de crisis específicas,
la participación en ejercicios de gestión de las crisis específicas.
3. Sin perjuicio de los artículos 23 a 28, el régimen previsto en los artículos 1 a 14 y 20 a 22 se aplicará asimismo a los expertos nacionales sin gastos.
4. Sin perjuicio del artículo 5, la conducta del experto nacional sin gastos deberá siempre reflejar el hecho de que este se encuentra en comisión de servicio en el Consejo y deberá corresponder siempre a la dignidad de su función.
1. El período a que se refiere el artículo 23, apartado 1, se podrá prorrogar una sola vez por un período máximo de tres meses.
2. El experto nacional sin gastos que haya sido enviado en comisión de servicio a la SGC podrá ser enviado de nuevo en comisión de servicio con arreglo a las normas establecidas en la presente Decisión y siempre en las siguientes condiciones:
un período mínimo de un año debe haber transcurrido entre el final del período de comisión de servicio precedente y la nueva comisión de servicio si el experto nacional es comisionado bajo el régimen de este capítulo,
un período mínimo de tres años debe haber transcurrido entre el final del período de comisión de servicio precedente y la nueva comisión de servicio si el experto nacional es enviado bajo el régimen del artículo 1 de la presente Decisión.
3. En casos excepcionales, el período indicado en el apartado 2, primer guión, podrá reducirse por decisión del Secretario General Adjunto.
1. En el canje de notas contemplado en el artículo 1, apartado 5, se hará referencia a la persona que sea responsable en la Dirección General o dirección, unidad, misión o ejercicio al que se envíe en comisión de servicio al experto nacional sin gastos, así como una descripción detallada de las tareas que deba realizar.
2. Con respecto a las tareas concretas que le incumben, el experto nacional recibirá instrucciones del responsable mencionado en el apartado 1.
Sin perjuicio del artículo 28 y no obstante lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, el experto nacional sin gastos no estará cubierto por la SGC contra los riesgos de accidente.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, el experto nacional sin gastos deberá respetar las normas en materia de horario de trabajo vigente en el lugar de su comisión de servicio. Estas normas podrán ser modificadas debido a las necesidades del servicio por la persona responsable en la unidad administrativa, misión o ejercicio en el que esté comisionado el experto nacional sin gastos
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, segunda frase, el experto nacional sin gastos trabajará únicamente a tiempo completo durante su comisión de servicio.
3. El artículo 10, apartado 4, no será aplicable al experto nacional sin gastos.
4. La gestión y el control de las presencias y permisos del experto nacional sin gastos corresponderá al responsable mencionado en el artículo 25, apartado 2.
5. El artículo 12, apartados 3, 4 y 7, no serán aplicables al experto nacional sin gastos. No obstante, este podrá obtener, previa solicitud justificada del interesado, una licencia especial por decisión del Director General del servicio en que esté destinado. Esta licencia especial no podrá ser superior a 3 días durante todo el período de la comisión de servicio. Antes de conceder la licencia, el responsable antes mencionado deberá consultar al Director General de Personal y Administración.
1. Si el experto nacional sin gastos participa en misiones en un lugar distinto de su lugar de comisión de servicio, se le reembolsará según las normas vigentes para el reembolso de las misiones de los funcionarios, excepto acuerdo distinto entre la SGC y la administración que envíe al experto nacional sin gastos.
2. Si, en el marco de una misión, la SGC concede a los funcionarios un seguro especial por alta peligrosidad, este beneficio se extenderá asimismo también al experto nacional sin gastos que participe en la misma misión.
3. El experto nacional sin gastos que participe en una misión fuera del territorio de la UE estará sometido a los acuerdos de seguridad en vigor en la SGC en el marco de estas misiones.
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN A LOS MILITARES NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIO
Régimen de los militares nacionales
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 30 a 42, el régimen de los capítulos anteriores se aplicará asimismo a los militares nacionales en la SGC para constituir el Estado mayor de la Unión Europea, de conformidad con la Decisión 2001/80/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2001, relativa a la creación del Estado Mayor de la Unión Europea (2).
Los militares nacionales deberán hallarse en situación activa en las fuerzas armadas de un Estado miembro durante su destino en comisión de servicio. Deberán ser nacionales de un Estado miembro.
No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, segunda frase, el SG/AR establecerá las modalidades de contratación de los militares nacionales.
A los efectos de la aplicación del artículo 1, apartado 5, el canje de notas se efectuará entre el SG/AR y la Representación Permanente del Estado miembro de que se trate. Dicho canje de notas deberá mencionar asimismo cualquier eventual limitación de la participación en misiones del experto nacional.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, la comisión de servicio no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, pudiendo ser renovada sucesivamente hasta una duración total máxima de cuatro años.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, letra b), salvo en casos excepcionales, entre el final del período de comisión de servicio precedente y la nueva comisión de servicio deberá haber transcurrido un período de tres años como mínimo, si lo justifican las condiciones y previo acuerdo del SG/AR.
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, los militares nacionales que actúen bajo la autoridad del SG/AR, realizarán los cometidos, funciones y tareas que se les asignen de conformidad con el anexo de la Decisión 2001/80/PESC.
Compromiso respecto al exterior
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, los militares nacionales no podrán contraer compromisos exteriores en nombre de la SGC, salvo mandato especial concedido bajo la autoridad del SG/AR.
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, el nivel adecuado de habilitación de seguridad del militar nacional, que no podrá ser inferior a SECRET, habrá de estipularse en el canje de notas mencionado en el artículo 1, apartado 5.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, podrá destinarse en comisión de servicio ante la SGC cualquier militar de nivel de concepción o de estudio que dé prueba de un alto nivel de competencia para las tareas que se deban desempeñar.
Suspensión y fin de la comisión de servicio
1. El SG/AR autorizará la aplicación del artículo 7, apartado 1, al militar nacional.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, podrá ponerse fin a una comisión de servicio sin previo aviso si así lo exigen los intereses de la SGC o de la administración nacional de que dependa el militar nacional, o por otra razón justificada.
1. Podrá ponerse fin a la comisión de servicio sin previo aviso en caso de incumplimiento grave de las obligaciones correspondientes al militar en comisión de servicio, cometido voluntariamente o por negligencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra c), el SG/AR tomará la decisión oportuna, tras haberse ofrecido al interesado la posibilidad de presentar su defensa. Antes de adoptar su decisión, el SG/AR informará de ello al Representante Permanente del Estado miembro del que sea nacional el militar en comisión de servicio de que se trate. Como consecuencia de esa decisión, no se concederán las indemnizaciones que mencionan los artículos 18 y 19.
Antes de la decisión mencionada en párrafo primero, el militar nacional podrá ser objeto de una medida de suspensión en caso de incumplimiento grave invocado en su contra por el SG/AR, habiendo podido antes el interesado presentar su defensa. Las indemnizaciones que se mencionan en los artículos 15 y 16 no se abonarán durante el período de dicha suspensión, que no podrá superar los tres meses.
2. El SG/AR informará a las autoridades nacionales sobre cualquier violación por parte del militar nacional del régimen establecido o de las normas mencionadas en la presente Decisión.
3. El militar nacional seguirá estando sujeto a sus normas disciplinarias nacionales.
No se aplicará al militar nacional el artículo 10, apartado 2, segunda frase.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, la SGC podrá conceder una licencia especial adicional no remunerada a efectos de formación impartida por el empleador y previa petición debidamente justificada de este último.
No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, y en el artículo 16, el canje de notas contemplado en el artículo 1, apartado 5, podrá prever que no se abonen las indemnizaciones que están previstas en ellos.
Queda derogada la Decisión 2003/479/CE. No obstante, seguirá siendo aplicable a todas las comisiones de servicio en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Decisión, sin perjuicio del artículo 44.
La presente Decisión será aplicable a cualquier nueva comisión de servicio o prórroga de comisión de servicio a partir del primer día del mes siguiente al que surta efecto.
(1) DO L 160 de 28.6.2003, p. 72. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2007/456/CE (DO L 173 de 3.7.2007, p. 27).
(2) DO L 27 de 30.1.2001, p. 7. Decisión modificada por la Decisión 2005/395/PESC (DO L 132, de 26.5.2005, p. 17).
N o 90/04/COL
por la que se modifican por cuadragesimosexta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 24C: «Aplicación de las normas sobre ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión»
EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
VISTO el Acuerdo entre los Estados de AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y de un Tribunal de Justicia (2), y, en particular, su artículo 24, su artículo 5, apartado 2, letra b), y el artículo 1 de la parte I de su Protocolo 3,
CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha de hacer efectivas las disposiciones sobre las ayudas estatales,
CONSIDERANDO que, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aprobará comunicaciones y directrices en los ámbitos que abarca el Acuerdo EEE, cuando así lo dispongan expresamente este Acuerdo o el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, o cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considere necesario,
RECORDANDO las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (3) aprobadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC (4),
CONSIDERANDO que el 17 de octubre de 2001 la Comisión Europea adoptó una nueva Comunicación que establece los principios sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (5),
CONSIDERANDO que dicha Comunicación también afecta al Espacio Económico Europeo,
CONSIDERANDO que debe garantizarse una aplicación uniforme de las normas sobre ayudas estatales del EEE en todo el Espacio Económico Europeo,
CONSIDERANDO que, con arreglo al apartado II del título «GENERAL» que figura al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC adoptará, previa consulta con la Comisión Europea, actos correspondientes a los adoptados por la Comisión,
RECORDANDO que el Órgano de Vigilancia de la AELC consultó a los Estados de la AELC sobre este asunto en una reunión multilateral.
Se modifican las Directrices sobre ayuda estatal mediante la introducción de un nuevo capítulo 24C denominado «Aplicación de las normas sobre ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión». El nuevo capítulo constituye el anexo I de la presente Decisión.
Se informará a los Estados de la AELC mediante carta, a la que se adjuntará una copia de la presente Decisión, incluido su anexo.
Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, mediante copia de la presente Decisión y de su anexo.
La Decisión, incluido el anexo, se publicará en la sección EEE del Diario Oficial de la Unión Europea y en su Suplemento EEE.
(1) En lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE».
(2) En lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».
(3) En lo sucesivo denominadas «las Directrices sobre ayuda estatal».
(4) Publicadas inicialmente en el DO L 231 de 3.9.1994 y en el Suplemento EEE no 32, de la misma fecha, modificadas en último lugar por la Decisión no 62/04/COL de 31 de marzo de 2004 (aún no publicada).
(5) Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (DO C 320 de 15.11.2001, p. 5).
24C. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE AYUDA ESTATAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RADIODIFUSIÓN (1)
24C.1. Introducción
Durante las dos últimas décadas el sector de la radiodifusión ha experimentado profundos cambios ya que la desregulación, la aparición de nuevos operadores y los rápidos avances tecnológicos han modificado sustancialmente el entorno competitivo. La televisión ha sido tradicionalmente una actividad reservada y confiada desde sus comienzos, generalmente, a empresas públicas en régimen de monopolio debido, principalmente, al limitado número de frecuencias de radiodifusión disponibles y a las dificultades de acceso.
Sin embargo, en los años setenta la evolución económica y técnica permitió a los Estados de la AELC autorizar a otros operadores a emitir, abriéndose así el mercado a la competencia. Esto ha llevado a una mayor posibilidad de elección para los consumidores, que disponen de muchos canales adicionales y nuevos servicios; también ha favorecido la aparición y el crecimiento de operadores europeos fuertes, el desarrollo de nuevas tecnologías y un mayor pluralismo en el sector. No obstante, al abrir el mercado a la competencia los Estados de la AELC consideraron que era preciso mantener el servicio público de radiodifusión como un medio para garantizar la cobertura de una serie de ámbitos y satisfacer necesidades que los operadores privados no necesariamente cubrían en un grado óptimo.
Esta mayor competencia, así como la presencia de operadores financiados por el Estado, generó también una mayor preocupación por la igualdad de trato, que algunos operadores privados transmitieron al Órgano. La gran mayoría de las denuncias se refiere a supuestas violaciones del artículo 61 del Acuerdo EEE en relación con los sistemas de financiación pública creados en favor de los servicios públicos de radiodifusión.
Las presentes directrices establecen los principios que deben ser observados por el Órgano en la aplicación del artículo 61 y del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE a la financiación por el Estado de los servicios públicos de radiodifusión, con el fin de que la política del Órgano en este campo sea lo más transparente posible.
24C.2. Papel de los organismos públicos de radiodifusión
Según se afirma en la resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 1 de enero de 1999 con respecto a los servicios públicos de radiodifusión (en lo sucesivo denominada «la Resolución sobre servicios públicos de radiodifusión») (2), «el servicio público de radiodifusión cumple unas funciones culturales, sociales y democráticas que redundan en beneficio de todos, y tiene por ello una importancia capital para garantizar la democracia, el pluralismo, la cohesión social y la diversidad cultural y lingüística».
El servicio público de radiodifusión, aunque de indudable importancia económica, no es comparable al servicio público en cualquier otro sector económico porque no existe ninguno que al mismo tiempo tenga acceso a un sector tan amplio de la población, le facilite tanta información y contenido y de esta manera encauce a los individuos y a la opinión pública e influya sobre ellos.
Los servicios públicos de radiodifusión tienen un papel importante que desempeñar para promover la diversidad cultural en cada país, ofreciendo una programación educativa, informando objetivamente al público, garantizando el pluralismo y ofreciendo un entretenimiento de calidad, de forma democrática y gratuita (3).
Además, generalmente la radiodifusión se considera una fuente de información fiable, e incluso la principal para una parte muy considerable de la población, lo que enriquece el debate público y garantiza en definitiva que todos los ciudadanos participan adecuadamente en la vida pública.
El papel del servicio público (4) en general es reconocido por el Acuerdo EEE. La disposición clave al respecto es el artículo 59, apartado 2, que reza: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria a los intereses de las Partes contratantes».
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido en dos casos que la difusión de servicios de televisión puede considerarse como «servicio de interés económico general», de conformidad con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE (5). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha subrayado que estos servicios están sujetos a las disposiciones sobre competencia, a menos que se demuestre que aplicarlas sería incompatible con la ejecución de sus tareas (6).
Teniendo en cuenta la naturaleza particular del sector, la Resolución sobre servicios públicos de radiodifusión expuso los principios y condiciones para la aplicación de las disposiciones del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas a este sector:
«Las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público.».
Como la Resolución se incorporó al Acuerdo EEE como un acto del que las Partes contratantes tomarían nota (7), en el EEE serían aplicables principios similares a los citados.
La Resolución sobre los servicios públicos de radiodifusión reafirmó la importancia de estos servicios para la vida social, democrática y cultural. «Un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos canales y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades, constituye una condición previa necesaria para cumplir el cometido específico de los servicios públicos de radiodifusión». Por otra parte, los servicios públicos de radiodifusión necesitan «aprovechar el progreso tecnológico», para «poner al alcance de los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información, y de las nuevas tecnologías» y para «el desarrollo y la diversificación de actividades en la era digital». Además «es necesario que los servicios públicos de radiodifusión puedan seguir ofreciendo una programación diversificada acorde con la función que le hayan asignado los respectivos Estados miembros, a fin de atender a la sociedad en su conjunto; en este sentido es legítimo que los servicios públicos de radiodifusión hagan lo posible para llegar a una amplia audiencia».
Dadas estas peculiares características del sector de la radiodifusión, un mandato de servicio público que abarque «una programación diversificada acorde con la función que le hayan asignado [los respectivos Estados]», según afirma la susodicha Resolución, puede considerarse en principio como legítimo, que aspira a una programación equilibrada y variada, capaz de preservar cierto nivel de audiencia para las emisoras públicas y garantizar así la realización del mandato, es decir, satisfacer las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad y garantizar el pluralismo.
Debe tenerse en cuenta que las emisoras comerciales, de las que algunas están sujetas a requisitos de servicio público, también desempeñan un papel en la realización de los objetivos de la Resolución en la medida en que contribuyen al pluralismo, enriquecen el debate cultural y político y amplían la posibilidad de elección de programas.
24C.3. Contexto jurídico
Para la aplicación a la radiodifusión pública de las normas sobre ayudas estatales es preciso tener en cuenta un gran número de aspectos. El Acuerdo EEE incluye el artículo 61, sobre ayuda estatal, así como el artículo 59, apartado 2, sobre la aplicación de las normas del Acuerdo EEE y las normas de competencia, en especial, a servicios de interés económico general. El Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción establece las normas de procedimiento en casos de ayuda estatal.
Para las Comunidades Europeas, el Tratado de Ámsterdam introdujo una disposición específica (artículo 16 del Tratado CE) sobre servicios de interés económico general y un Protocolo interpretativo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros. El Tratado de Maastricht había introducido ya un artículo que define el papel de la Comunidad en el ámbito de la cultura (artículo 151 del Tratado CE) y una posible cláusula de compatibilidad para la ayuda estatal destinada a promover la cultura [artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE]; el Acuerdo EEE no contiene una «exención cultural» similar pero esto no significa que tal exención esté excluida. Tal como el Órgano ya admitió en casos previos, tales medidas de apoyo podrían aprobarse utilizando argumentos culturales sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE (8).
La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (9), modificada por la Directiva 97/36/CE (10), ha sido incorporada en el anexo X del Acuerdo EEE (11). La Directiva 80/723/CEE, de 25 junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como sobre la transparencia financiera en determinadas empresas (12), tal como fue modificada por la Directiva 2000/52/CE (13), de 26 de julio 2000, fue incorporada al marco jurídico del Acuerdo EEE por Decisión del Comité Mixto del EEE no 6/2001 (14). Estas normas están sujetas a interpretación por el Tribunal de la AELC dentro del «pilar AELC» y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Primera Instancia dentro del «pilar comunitario». El Órgano también ha adoptado varias directrices relativas a la aplicación de normas sobre ayuda estatal que corresponden a comunicaciones similares adoptadas por la Comisión Europea.
24C.4. Aplicación del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE
24C.4.1. Carácter de ayuda estatal de la financiación pública de los organismos públicos de radiodifusión
El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE establece que: «Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de la CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
El efecto de la intervención del Estado, y no su propósito, es el elemento decisivo en cualquier examen de la ayuda estatal, de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. La financiación pública de organismos públicos de radiodifusión se considera normalmente como una ayuda estatal, ya que responde a los criterios anteriormente mencionados. Estos organismos se financian normalmente con cargo al presupuesto del Estado o a través de un canon impuesto a los poseedores de un televisor. En determinadas circunstancias, el Estado efectúa inyecciones de capital o condonaciones de deudas en favor de organismos públicos de radiodifusión. Todas las medidas financieras de esta naturaleza emanan de las autoridades públicas e implican la transferencia de recursos estatales. Por otra parte, y en cuanto tales medidas no puedan satisfacer la prueba del inversor en una economía de mercado, de conformidad con el capítulo 19 de las Directrices del Órgano sobre ayudas estatales a empresas públicas y con el capítulo 20 relativo a la aplicación de las disposiciones sobre ayuda estatal a las empresas públicas en el sector de fabricación (15), en la mayoría de los casos favorecen solamente a determinadas emisoras y pueden por ello distorsionar la competencia. Naturalmente, habrá que evaluar la existencia de ayuda estatal en cada caso particular y ello dependerá también de la naturaleza específica de la financiación (16).
Como ya observó el Tribunal de Justicia: «Cuando una ayuda concedida por un Estado o mediante fondos estatales refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que la ayuda afecta a estas últimas» (17). Así pues, se puede considerar que generalmente la financiación por el Estado de servicios públicos de radiodifusión afecta al comercio entre las Partes contratantes. Esto es especialmente evidente en el caso de la adquisición y venta de derechos de difusión de programas, que a menudo se produce en el ámbito internacional. También la publicidad, en el caso de los organismos de radiodifusión públicos autorizados a vender espacios publicitarios, tiene una incidencia transfronteriza, en particular en las zonas lingüísticas homogéneas que se extienden a uno y otro lado de las fronteras nacionales. Además, la estructura del accionariado de los empresas comerciales de radiodifusión puede extenderse a varios Estados miembros.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia (18), en general hay que considerar cualquier transferencia de recursos del Estado a una empresa como ayuda estatal (siempre que se cumplan todas las condiciones para la aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE). Sin embargo, como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó en su sentencia en el caso Altmark Trans GmbH (19) (en lo sucesivo, «la sentencia Altmark») «… si una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 92, apartado 1 [ahora artículo 87, apartado 1] del Tratado».
De acuerdo con la sentencia Altmark, deben cumplirse las cuatro siguientes condiciones para que tal compensación no sea considerada como ayuda estatal:
En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas.»,
«En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que esta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras.»,
«En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.»,
«En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.».
El Órgano tomará esta interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en consideración al evaluar los pagos de compensaciones de servicio público de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. En consecuencia, el apoyo estatal que cumple los criterios previamente mencionados no constituye ayuda estatal en el sentido de dicho apartado y no necesita notificarse al Órgano.
24C.4.2. Naturaleza de la ayuda: ayudas existentes y nuevas ayudas
Los regímenes de financiación vigentes en la mayoría de los Estados miembros se instauraron hace mucho tiempo. En un primer tiempo, por lo tanto, el Órgano debe determinar si pueden considerarse como «ayuda existente» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (20).
La ayuda existente está regulada por el artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, que estipula que: «El Órgano de Vigilancia de la AELC examinará permanentemente, junto con los Estados de la AELC, los regímenes de ayuda existentes en dichos Estados. Propondrá a estos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del Acuerdo EEE».
De conformidad con el artículo 1, letra b), inciso i), de la parte II del Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, la ayuda existente incluye toda la existente antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE en los respectivos Estados de la AELC, es decir, los sistemas de ayudas y las ayudas individuales ejecutadas anteriormente a la entrada en vigor del Acuerdo EEE y todavía aplicables con posterioridad.
De conformidad con el artículo 1, letra b), inciso v), de la parte II del Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, la ayuda existente también incluye la considerada como existente porque puede establecerse que en el momento en que entró en vigor no constituía una ayuda y posteriormente se convirtió en tal debido a la evolución del Espacio Económico Europeo y sin haber sido alterada por el Estado de la AELC.
De conformidad con el Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (21), la autoridad debe verificar si el marco jurídico bajo el cual se concede la ayuda ha cambiado desde su introducción. El Órgano debe tomar en consideración todos los elementos jurídicos y económicos relacionados con el sistema de radiodifusión del Estado afectado de la AELC. Aunque los elementos jurídicos y económicos pertinentes para esta evaluación presentan características comunes en todos los Estados del EEE, el Órgano cree que es apropiado analizar cada caso particular.
24C.5. Evaluación de la compatibilidad de la ayuda estatal con el artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo EEE
La ayuda estatal a las emisoras públicas debe ser examinada por el Órgano para determinar si efectivamente puede ser compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Las derogaciones enumeradas en el artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo EEE pueden aplicarse.
El Acuerdo EEE no contiene una disposición que corresponda al artículo 151, apartado 4, del Tratado CE, que obliga a la Comisión Europea a tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones, ni contiene una exención cultural similar a la del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE. Sin embargo esto no significa que la aplicación de las normas sobre ayuda estatal no deje ningún margen para considerar los aspectos culturales. A este respecto debe recordarse que el Órgano estableció en una decisión sobre ayuda estatal para la producción de películas y actividades relacionadas en Noruega que las medidas de apoyo al cine podrían aprobarse por razones culturales aplicando el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, a condición de que este planteamiento tenga suficientemente en cuenta los criterios desarrollados por la Comisión Europea y de que no se desvíe de la práctica de la Comisión Europea antes de la adopción del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE. En segundo lugar debe considerarse que la Comisión Europea en sus decisiones NN 49/97 y N 357/99 sobre un paquete de apoyo a la producción de cine y televisión en Irlanda, subrayó explícitamente que la introducción del artículo 151, apartado 1, y del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado no reflejaba necesariamente un cambio en la política de la Comisión Europea hacia el sector cultural. En tercer lugar, por lo que se refiere a la radiodifusión, la Resolución sobre los servicios públicos de radiodifusión reconoce que cumplen una función cultural y que la aplicación de las reglas de competencia debería tener en cuenta la realización del mandato de servicio público.
Es el Órgano el que debe decidir sobre la aplicación de cualquier disposición de exención basada en el artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE y sobre cómo tener en cuenta los aspectos culturales. Conviene recordar que las disposiciones relativas a excepciones a la prohibición del principio de conceder ayudas estatales deben aplicarse de manera restrictiva. Por lo tanto, en opinión de la Comisión Europea también la noción de «cultura» a efectos de eximir una ayuda de la prohibición de ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE debe interpretarse restrictivamente. Lo mismo ocurre cuando el Órgano examina si una medida puede ser eximida basándose en argumentos culturales de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE (22). Como la Comisión ya expuso en su Decisión Kinderkanal y Phoenix, las necesidades pedagógicas y democráticas de la sociedad de un Estado miembro deben considerarse al margen de la promoción de la cultura. A este respecto debe tenerse en cuenta que existe una distinción entre las necesidades culturales, sociales y democráticas de cada sociedad y que la educación puede, por supuesto, tener un aspecto cultural.
La ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión no distingue a menudo entre estas tres necesidades. Por lo tanto, a menos que un Estado de la AELC cuente con una definición separada y una financiación específica de la ayuda estatal para promover la cultura solamente, tal ayuda no puede aprobarse generalmente sobre esa base. Sí puede, en general, examinarse al amparo del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, que se refiere a los servicios de interés económico general. En cualquier caso, independientemente de los fundamentos jurídicos a cuya luz se evalúe su compatibilidad, la Comisión efectuará el examen de fondo del régimen basándose en los mismos criterios, a saber, los establecidos en las Directrices.
24C.6. Determinación de la compatibilidad de la ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha mantenido siempre que el artículo 86 del Tratado CE (23) prevé una derogación y debe por lo tanto interpretarse restrictivamente, aclarando que para que una medida se beneficie de tal derogación es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
el servicio debe ser un servicio de interés económico general y estar definido claramente como tal por el Estado miembro (definición),
la empresa debe haber sido encargada explícitamente por el Estado miembro de la prestación de dicho servicio (misión),
la aplicación de las normas de competencia del Tratado (en este caso, la prohibición de ayudas estatales) debe obstaculizar el cumplimiento de las tareas específicas asignadas a la empresa y la excepción a dichas normas no debe afectar al desarrollo de los intercambios en medida contraria al interés de la Comunidad (criterio de proporcionalidad).
Por lo tanto el Órgano debe evaluar si estos criterios se cumplen al aplicarse el correspondiente artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE en relación con los Estados de la AELC.
En el caso específico de los servicios públicos de radiodifusión, hay que adaptar el planteamiento anteriormente mencionado a la luz de la Resolución sobre servicios públicos de radiodifusión, que hace referencia a la «función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro» (definición y misión), y prevé una derogación de las normas del Tratado en el caso de financiación de los servicios públicos de radiodifusión «en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público… y… no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público» (proporcionalidad).
Como demuestra la práctica reciente de la Comisión Europea, una medida que no cumple todos los criterios de Altmark todavía tendrá que ser analizada con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado CE, o sea del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE (24).
24C.6.1. Definición de función de servicio público
Para cumplir la condición mencionada en la sección 24C.6 (1) para la aplicación del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, es necesario establecer una definición oficial de la función de servicio público porque solo entonces podrá el Órgano evaluar con la suficiente seguridad jurídica si la derogación de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE es aplicable.
La definición de función de servicio público incumbe a los Estados miembros, que pueden tomar decisiones en la materia a nivel nacional, regional o local. Hablando en términos generales, al ejercer esta competencia debe tenerse en cuenta el concepto de «servicios de interés económico general». Sin embargo, dada la naturaleza específica del sector de la radiodifusión, una definición «amplia» que confíe a una emisora dada la tarea de emitir una programación equilibrada y variada de conformidad con el mandato, preservando al mismo tiempo cierto nivel de audiencia, puede considerarse legítima de acuerdo con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE. Tal definición sería coherente con el objetivo de cumplir las necesidades democráticas, sociales y culturales de una sociedad particular y de garantizar el pluralismo, incluida la diversidad cultural y lingüística.
Del mismo modo, el mandato de servicio público podría incluir determinados servicios que no son «programas» en el sentido tradicional, tales como servicios informativos en línea, en la medida en que aun teniendo en cuenta el desarrollo y la diversificación de actividades en la era digital, cubran las mismas necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad.
Siempre que se amplíe el alcance del mandato de servicio público para cubrir nuevos servicios, el acto definir y confiar la misión debería modificarse en consecuencia, en los límites del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.
La tarea del Órgano es verificar si efectivamente los Estados de la AELC respetan las disposiciones del Acuerdo EEE. Por lo que se refiere a la definición de servicio público en el sector de la radiodifusión, el papel del Órgano se limita a comprobar los errores evidentes y no a decidir si un programa debe emitirse como servicio de interés económico general, ni cuestionar la naturaleza o calidad de determinado producto. Sin embargo, la definición de la función de servicio público sería manifiestamente errónea si incluyera actividades que no se pueden razonablemente considerar que cubren las «necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad». Esto ocurriría normalmente en el caso del comercio electrónico, por ejemplo. En este contexto debe recordarse que el mandato de servicio público describe los servicios ofrecidos al público en interés general. La cuestión de la definición de la función de servicio público no debe confundirse con la cuestión del mecanismo financiero elegido para prestar estos servicios. Por ello, mientras que los servicios públicos de radiodifusión pueden realizar actividades comerciales tales como la venta de espacio publicitario para obtener ingresos, tales actividades no pueden verse normalmente como parte de la función de servicio público.
La definición de la función de servicio público debería ser lo más exacta posible y no dejar ninguna duda sobre si el Estado de la AELC prevé que determinada actividad realizada por el operador asignado se considera incluida en la función o no. Sin una definición clara y exacta de las obligaciones impuestas al servicio público de radiodifusión, el Órgano no podría llevar a cabo sus tareas de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE y, por consiguiente, no podría conceder ninguna exención con arreglo a dicha disposición.
La definición clara de las actividades cubiertas por la función de servicio público es también importante para los operadores privados, con el fin de que puedan planear sus actividades.
Finalmente, los términos de la función de servicio público deberían ser exactos, de modo que las autoridades de los Estados de la AELC puedan supervisar efectivamente su cumplimiento, según lo descrito en el siguiente capítulo.
24C.6.2. Misión y supervisión
Para beneficiarse de la exención de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, el mandato de servicio público debería confiarse a una o más empresas mediante un acto oficial (por ejemplo, mediante una ley, contrato o normas).
No es suficiente, sin embargo, confiar formalmente al emisor la prestación de un servicio público bien definido. Es asimismo necesario que el servicio se preste efectivamente según las modalidades previstas en el acuerdo formal entre el Estado y la empresa encargada del mismo. Por ello es deseable que una autoridad competente o un organismo designado controlen su aplicación. La necesidad de esta autoridad u organismo es evidente en el caso de las normas de calidad impuestas al operador designado. No es el Órgano el que debe juzgar el cumplimiento de las normas de calidad sino que debe poder basarse en una supervisión apropiada por parte de los Estados de la AELC.
Es competencia del Estado del EEE elegir el mecanismo para asegurar la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones de servicio público. Solo podrá considerarse que el organismo desempeña eficazmente su papel en la medida en que sea independiente de la empresa encargada del servicio.
A falta de indicios suficientes y fiables de que el servicio público se presta realmente según lo acordado, el Órgano no podría llevar a cabo sus tareas de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE y, por consiguiente, no podría conceder ninguna exención de conformidad con dicha disposición.
24C.6.3. Financiación de la radiodifusión de servicio público y prueba de proporcionalidad
24C.6.3.1. Elección de la financiación
Las obligaciones de servicio público pueden ser cuantitativas o cualitativas, o ambas a la vez. Independientemente de su naturaleza, pueden justificar una compensación en la medida en que generen costes suplementarios en que la emisora no habría incurrido en condiciones normales.
Los sistemas de financiación pueden dividirse en dos categorías amplias: «financiación simple» y «financiación doble». La primera categoría incluye los sistemas en que la radiodifusión de servicio público se financia solamente a través de fondos públicos, bajo cualquier forma. La segunda categoría comprende una gama amplia de sistemas mediante los cuales los servicios públicos de radiodifusión se financian con diversas combinaciones de fondos del Estado e ingresos por actividades comerciales, tales como la venta de espacios publicitarios o de programas.
Según afirma la Resolución sobre servicios públicos de radiodifusión: «las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión…». Esto incluye la elección del sistema de financiación. En la medida en que la competencia en los mercados afectados no se vea afectada (por ejemplo: publicidad, adquisición y venta de programas) en medida contraria al interés común, no puede haber en principio ninguna objeción a la elección de un sistema dual de financiación (combinando fondos públicos e ingresos por publicidad) en vez de un sistema de financiación simple (solo fondos públicos).
Aunque los Estados de la AELC son libres de elegir los medios de financiar el servicio público de radiodifusión, el Órgano tiene que verificar, de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, que la derogación de la aplicación normal de las normas de competencia en la prestación del servicio de interés económico general no afecta a la competencia en el EEE de manera desproporcionada. La prueba es de carácter «negativo»: examina si la medida adoptada no es desproporcionada. La ayuda no debería tampoco afectar al desarrollo del comercio en tal grado que sería contrario a los intereses comunes.
La Resolución sobre servicios públicos de radiodifusión confirma este planteamiento, declarando que la financiación no debe «afect[ar] a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público».
24C.6.3.2. Transparencia en la evaluación de las ayudas estatales
Esta evaluación del Órgano requiere una definición clara y precisa del concepto de «función de servicio público» y una separación clara y adecuada entre las actividades de servicio público y las que no lo son. La separación de cuentas entre estas dos esferas ya se precisa normalmente a nivel nacional en aras de la transparencia y el control de la utilización de los fondos públicos. Es necesaria una separación de cuentas que permita al Órgano efectuar su prueba de proporcionalidad. El Órgano se servirá de ella para examinar las posibles subvenciones cruzadas y defender el pago de compensaciones justificadas por servicios de interés económico general. Solamente sobre la base de una asignación adecuada de los costes e ingresos es posible determinar si la financiación pública se limita verdaderamente a los costes derivados de la misión de servicio público y puede, por lo tanto, autorizarse en virtud del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.
Los requisitos de transparencia en las relaciones financieras entre poderes públicos y empresas públicas y dentro de las empresas a las que se conceden derechos especiales o exclusivos o a las que se confía la prestación de un servicio de interés económico general están indicados en la Directiva 80/723/CEE (25).
Los Estados de la AELC están obligados por la Directiva 80/723/CEE a tomar las medidas necesarias para garantizar, en el caso de cualquier empresa a la que se concedan derechos especiales o exclusivos o se confíe la prestación de un servicio de interés económico general y que reciba ayuda estatal en cualquier forma y que realice otras actividades, es decir, actividades que no revistan carácter de servicio público, a que: a) las cuentas internas correspondientes a las distintas actividades, es decir, las de servicio público y las que no lo son, estén separadas; b) todos los costes e ingresos sean debidamente imputados o asignados partiendo de unos principios de contabilidad de costes coherente y objetivamente justificable; c) se establezcan claramente los principios de contabilidad analítica con arreglo a los cuales se mantienen las cuentas separadas.
Los requisitos generales de transparencia se aplican también a los organismos de radiodifusión según lo indicado en el quinto considerando de la Directiva 2000/52/CE (26). Los nuevos requisitos se aplican a los servicios públicos de radiodifusión siempre que sean beneficiarios de la ayuda estatal y se les confíe la prestación de un servicio de interés económico general para el cual no se fijó una ayuda estatal durante un período apropiado según un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio. La obligación de mantener cuentas separadas no se aplica a los organismos públicos de radiodifusión cuyas actividades se circunscriban al suministro de servicios de interés económico general y que no ejerzan actividades fuera del ámbito de aplicación de dichos servicios.
En el sector de la radiodifusión, la separación de cuentas no plantea un problema particular desde el punto de vista de los ingresos pero puede no ser fácil o posible en lo tocante a costes. Esto se debe al hecho de que, en el sector de la radiodifusión los Estados de la AELC pueden considerar toda la programación de las emisoras cubierta por el mandato de servicio público pero permitiendo al mismo tiempo su explotación comercial. Es decir, diversas actividades compartirían en gran parte los mismos ingresos.
Por estas razones el Órgano considera que, en lo que concierne a los ingresos, los operadores de radiodifusión deberían hacer un resumen detallado de las fuentes e importes de todos los ingresos derivados de la realización de actividades que no tengan carácter de servicio público.
Por lo que respecta a los gastos, los costes específicos de la actividad que no sea servicio público deberían identificarse claramente. Además, siempre que los mismos recursos (personal, equipos, instalaciones fijas, etc.) se utilicen tanto para tareas de servicio público como para las que no lo son, sus costes deben asignarse sobre la base de la diferencia de costes totales de la empresa con y sin actividades de servicio público (27).
Esto implica que, contrariamente al planteamiento adoptado generalmente en otros sectores de servicios públicos, los costes enteramente atribuibles a actividades de servicio público, aun beneficiando a actividades comerciales, no necesitan repartirse entre las dos y pueden asignarse enteramente al servicio público. Este podría ser el caso, por ejemplo, del coste de producción de un programa emitido como parte del mandato de servicio público pero que también se vende a otras emisoras. El principal ejemplo, sin embargo, sería el del número de espectadores, que se genera tanto para cumplir el mandato de servicio público como para vender espacio publicitario. Se considera que una distribución completa de estos costes entre las dos actividades podría ser arbitraria y no significativa. Sin embargo, la asignación de costes desde el punto de vista de la transparencia de cuentas no debería confundirse con la recuperación de costes en la definición de las políticas de fijación de precios. Este último elemento se aborda en la sección 24C.6.3.3 (2).
24C.6.3.3. Proporcionalidad
Al realizar la prueba de proporcionalidad, el Órgano empieza considerando que la financiación del Estado es normalmente necesaria para que la empresa lleve a cabo sus tareas de servicio público. No obstante, para poder superar esta prueba, es preciso que las ayudas estatales no sobrepasen los costes netos derivados de las funciones de servicio público, teniendo asimismo en cuenta los demás ingresos directos o indirectos procedentes de dichas funciones. Por esta razón, el beneficio neto que las actividades que no son de servicio público derivan de la actividad de servicio público se tendrá en cuenta al evaluar la proporcionalidad de la ayuda.
Por otra parte, podría haber distorsiones del mercado que no son necesarias para cumplir la misión de servicio público. Por ejemplo, un servicio público de radiodifusión, siempre que el déficit de ingresos esté cubierto por la ayuda estatal, podría verse tentado a bajar los precios de la publicidad u otras actividades que no sean de servicio público en el mercado, a fin de reducir los ingresos de los competidores. Tal conducta, si se demuestra, no podría considerarse como intrínseca a la misión de servicio público atribuida a la emisora. Siempre que un servicio público de radiodifusión reduzca los precios de las actividades que no sean de servicio público por debajo de lo necesario para recuperar los costes independientes que un operador comercial eficaz en una situación similar tendría normalmente que recuperar, tal práctica indicaría la presencia de sobrecompensación de las obligaciones de servicio público. Esto afectaría en cualquier caso a las condiciones comerciales y a la competencia en el Espacio Económico Europeo en un grado contrario al interés común.
Por consiguiente, al realizar la prueba de proporcionalidad, el Órgano considerará si efectivamente cualquier distorsión de la competencia derivada de la ayuda puede justificarse en términos de necesidad de prestar el servicio público según lo definido por el Estado de la AELC y de prever su financiación. En caso necesario el Órgano también tomará medidas a la luz de otras disposiciones del Acuerdo EEE.
El análisis de los efectos de la ayuda estatal en la competencia y el desarrollo del comercio deberá basarse inevitablemente en las características específicas de cada situación. La estructura competitiva actual y las restantes características de cada uno de los mercados no pueden describirse, ya que existen generalmente grandes diferencias entre ellos. Por la misma razón, estas Directrices no pueden definir por adelantado las condiciones en que los precios de los servicios públicos de radiodifusión coinciden con los principios explicados en la sección 24C.6.3.3 (2). Por lo tanto la evaluación, de conformidad con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, de la compatibilidad de la ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión solo puede finalmente hacerse sobre cada caso en particular, según la práctica del Órgano.
En su evaluación, el Órgano tendrá en cuenta que, en la medida en que una ayuda estatal sea necesaria para poder asumir una obligación de servicio público, el sistema en su conjunto podría también tener como efecto positivo el mantenimiento de una oferta alternativa en algunos de los mercados de referencia (28). No obstante, este efecto tiene que contrastarse con los posibles efectos negativos de la ayuda en el sentido de impedir el acceso al mercado de otros operadores, reforzando así la estructura oligopolística del mismo, o con un posible comportamiento contrario a la competencia de los operadores de servicio público en los mercados de referencia.
El Órgano tendrá asimismo en cuenta las dificultades a que se enfrentan algunos Estados de la AELC a la hora de obtener los fondos necesarios, si los costes del servicio público per cápita son, ceteris paribus, más elevados (29).
(1) Este capítulo se basa en gran parte en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (DO C 320 de 15.11.2001, p. 5).
(2) DO C 30 de 5.2.1999, p. 1. Incorporada al Acuerdo EEE en el anexo X, punto 4, como acto del que las Partes contratantes tomarán nota, por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 118/1999 [DO L 325 de 21.12.2000, p. 33, y Suplemento EEE no 60 de 21.12.2000, p. 423 (islandés) y p. 424 (noruego)]; entrada en vigor el 1 de octubre de 1999.
(3) «La era digital: la política audiovisual europea. Informe del Grupo de alto nivel de política audiovisual», 1998.
(4) A efectos de las presentes Directrices, los términos «servicio público» corresponden a los términos «servicios de interés económico general» utilizados en el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.
(5) El artículo 86, apartado 2, del Tratado CE corresponde al artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.
(6) Asunto T-69/89, Radio Telefis Eireann/Comisión, apartado 82, Rec. 1991, p. II-485; asunto 155/73, Giuseppe Sacchi, apartado 15, Rec. 1974, p. 409.
(7) Véase la nota 2.
(8) Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC 32/02/COL, de 20 de febrero de 2002, con respecto a la producción de películas y actividades relacionadas en Noruega. Más detalles en la sección 24.C.5 (2) de las presentes Directrices.
(9) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
(10) DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
(11) Decisión del Comité Mixto del EEE no 82/1999 [DO L 296 de 23.11.2000, p. 39, y Suplemento EEE no 54 de 23.11.2000, p. 99 (islandés) y p. 69 (noruego)]; entrada en vigor el 1 de julio de 2000.
(12) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35, incorporado en el Acuerdo EEE en su anexo XV.
(13) DO L 193 de 29.7.2000, p. 75.
(14) DO L 66 de 8.3.2001, p. 48 y Suplemento EEE no 12 de 8.3.2001, p. 6; entrada en vigor el 1 de junio de 2002.
(15) El capítulo 19 de las Directrices sobre ayuda estatal del Órgano se basa en el boletín CE 9-1984 sobre la aplicación de los [antiguos] artículos 92 y 93 del Tratado CEE a las sociedades de titularidad estatal. El capítulo 20 corresponde a la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los [antiguos] artículos 92 y 93 del Tratado CEE (ahora artículos 87 y 88) y del artículo 5 de la Directiva de la Comisión 80/723/CEE a empresas públicas en el sector de fabricación (DO C 307 de 13.11.1993, p. 3).
(16) Véanse las decisiones de la Comisión Europea NN 88/98, «Financiación de un canal de noticias de 24 horas de la BBC, sin publicidad, con pago de una licencia» (DO C 78 de 18.3.2000, p. 6), y ayuda NN 70/98, «Ayuda estatal a los canales públicos de difusión Kinderkanal y Phoenix» (DO C 238 de 21.8.1999, p. 3).
(17) Asuntos 730/79, Philip Morris Holland/Comisión, apartado 11, Rec. 1980, p. 2671: C-303/88, Italia/Comisión, apartado 27, Rec. 1991, p. I-1433; C-156/98, Alemania/Comisión, apartado 33, Rec. 2000, p. I-6857.
(18) Asuntos T-106/95, FFSA y otros/Comisión, Rec. 1997, p. II-229; T-46/97, SIC/Comisión, Rec. 2000, p. II-2125 y C-332/98, Francia/Comisión, Rec. 2000, p. I-4833.
(19) Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, apartado 89 y siguientes, Rec. 2003, p. I-7747.
(20) Que corresponde al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE.
(21) Asunto C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du Ducroire y Estado belga, Rec. 1994, p. I-3829.
(22) Véase la nota 16.
(23) Artículo 81, apartado 1, del Tratado CE y artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
(24) Decisión de la Comisión C62/1999, RAI, apartado 99 y C85/2001, RTP, apartado 158.
(25) Véase la nota 12.
(26) Véanse las notas 13 y 14.
(27) Esto se refiere al caso hipotético en que se debieran interrumpir las actividades que no son de servicio público: los costes que se evitarían así representan el importe de los costes comunes que deben asignarse a las actividades que no constituyen servicio público.
(28) Esto no significa que la ayuda estatal puede ser justificada como un instrumento que incrementa la oferta y la competencia en el mercado. La ayuda estatal que permite a un operador continuar en el mercado a pesar de sus pérdidas recurrentes provoca una gran distorsión de la competencia ya que a largo plazo conduce a una mayor ineficacia, a menos oferta y a precios más altos para el consumidor. La eliminación de obstáculos jurídicos y económicos a la entrada en el mercado, la existencia de una política antimonopolios eficaz y la promoción del pluralismo son instrumentos más efectivos a este efecto. Los monopolios naturales están normalmente sujetos a normas.
(29) También podrían encontrarse dificultades similares cuando los servicios públicos de radiodifusión se dirigen a minorías lingüísticas o cubren necesidades locales.
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1875/2006 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario
( Diario Oficial de la Unión Europea L 360 de 19 de diciembre de 2006 )
En la página 99, en el punto 15, párrafo primero, segunda frase:
«El régimen aduanero pertinente debe indicarse mediante los códigos utilizados en las subdivisiones segunda o tercera de la casilla 1 del documento único.»,
«El régimen aduanero pertinente debe indicarse mediante las letras utilizadas como encabezamiento de columna (A a K) para designar los regímenes aduaneros en el cuadro del anexo 37, título I, parte B.».