Source: http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2017/01/
Timestamp: 2018-07-19 09:45:43
Document Index: 404891320

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36']

Derecho y empresa: enero 2017
Seguridad de edificaciones y licencia de funcionamiento
EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS: ¿CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PERO SIN CERTIFICADO ITSE?
Por: Sheyla Llontop Hurtado de Mendoza (*)
Como es conocido, las Municipalidades y Gobiernos Regionales cuentan con un TUPA en el que se establecen los requisitos mínimos exigidos para poder iniciar una actividad empresarial. En estos se detallan de manera particular y concreta, dependiendo de las características del inmueble, el giro del negocio o el área del establecimiento, los requisitos técnicos obligatorios para poder obtener una licencia de funcionamiento para el inicio de las actividades empresariales. Aunado a estos requisitos, se encuentran también aquellos documentos técnicos necesarios para la emisión del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), o en algún caso en particular, se encuentran detallados de manera separada como otro procedimiento (esto debido a la discusión que se generó respecto a la vigencia determinada de la Licencia de Funcionamiento).
De ello, podemos concluir, sin hacer una evaluación exhaustiva, que para que una empresa pueda desarrollar las actividades propias de su giro, necesita tener básicamente dos licencias y/o autorizaciones, la Licencia de Funcionamiento y el Certificado ITSE, los cuales pretenden acreditar que dicho establecimiento cuenta con las condiciones y medidas de seguridad necesarias para brindar seguridad a las personas que alberguen y a aquellos consumidores que requieran los servicios y/o productos puestos en el mercado.
Es oportuno mencionar que, es labor de la “Policía administrativa” (que eso es en el fondo el cuerpo de funcionarios fiscalizadores del municipio respectivo) el verificar que las condiciones de seguridad con las que contaba el establecimiento al momento de emitirse dicha Licencia y Certificado ITSE, sigan vigentes. Asimismo, para una mayor y efectiva labor fiscalizadora, los inspectores tienen la obligación de verificar que la estructura del establecimiento no haya variado, y es que en ese supuesto se hace necesaria la solicitud de un nuevo certificado ITSE y una ampliación, de ser el caso, de la Licencia de Funcionamiento, sometiéndose todo nuevamente a evaluación de la entidad estatal respectiva. Todo ello con el fin de asegurar la integridad de las personas, sean trabajadores, clientes y demás.
Entonces, si sabemos que para el funcionamiento de los establecimientos en donde se desarrolla actividad empresarial es necesario contar con estos dos documentos habilitantes ¿por qué existen establecimientos que pese a no contar con Certificado ITSE siguen funcionando? Claramente, este tipo de situaciones es irregular (por las razones que sean, lícitas o no). ¿Acaso los Certificados ITSE solo son documentos que se solicitan y/o expiden por mera formalidad o porque la norma los requiera? Evidentemente no. Estos certificados, más allá de todos los requisitos que se exigen para su emisión, tienen un papel fundamental en la autorización de funcionamiento de un local, y es que en realidad se encargan de certificar que dicho establecimiento cuenta con las condiciones idóneas, adecuadas, necesarias y óptimas para que las personas, quienes cuentan con una amplia gama de derechos, puedan encontrarse dentro del mismo sin correr algún riesgo, lo que supone además el preservar la vida de la persona.
Y ¿qué pasa con aquellos locales cuyo giro en la Licencia de Funcionamiento es para realizar eventos públicos? Al igual que los locales de menos área y con giros comerciales más simples que el citado, estos locales para eventos públicos deben contar también con el Certificado ITSE, y debe ser la misma División Municipal encargada de su expedición la que verifique si cumple con dichas condiciones de seguridad, aun mas, que verifique que el local en donde se ejecutan diversos eventos abiertos al público en general cuente con dicho certificado.
De darse el caso que el establecimiento inspeccionado no cuenta con el Certificado ITSE, la misma División Municipal, de oficio, puede “y debe” iniciar el procedimiento de revocatoria de Licencia de Funcionamiento. Sin embargo, lamentablemente muchas veces la autoridad no hace valer su nombre para acabar con estos locales de riesgo. ¿Por qué? Acaso por los beneficios que a veces significan las relaciones con estos establecimientos, a través de las relaciones entre funcionarios municipales y los representantes de estas empresas, o por no querer generar conflicto de intereses “internos”, por excusas como “carga procedimental”, por no generarse mayor trabajo el cual muchas veces es visto como “entorpecimiento”, entre otras y muchas causas de diversa índole, pero todas igualmente cuestionables.
Lamentablemente, se puede ver a diario diversas situaciones en las que efectivamente no se cuenta con Certificado ITSE, sin embargo, la persona no se encuentra lo suficientemente valorada como para que prime su seguridad ante toda excusa que impida la revocación de la licencia de funcionamiento por falta de certificado ITSE. Hace falta concientizar sobre la importancia de la misma y sobre los riesgos de no contar con las medidas de seguridad necesarias.
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CAMBIOS A LA REGULACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente desde 2012, señala entre las principales obligaciones para los empleadores, el tener vigente el comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad en el trabajo, el mismo que en cumplimiento de lo establecido en la R.M. 011-2016-TR, debe estar debidamente registrado en el T-Registro. Asimismo, en caso la empresa cuente con más de 20 trabajadores, deberá tener actualizado el libro de actas de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, independientemente del número de trabajadores, todos los empleadores deberán tener una política de seguridad y salud en el trabajo, un mapa de riesgo, los registros establecidos por el MTPE, realizar exámenes médicos ocupacionales, entre otros.
Al respecto, durante los últimos años, la realización de exámenes médicos ocupacionales ha pasado por diversas modificaciones normativas, siendo la última establecida por el D.S. 016-2016-TR, cuya fecha de entrada en vigencia fue el 23 de diciembre último. Según esta norma, los exámenes médicos se deben realizar cada dos años, lo cual reafirma lo establecido en la Ley 30222, sin embargo este decreto precisa que en el caso de nuevos trabajadores se tendrá en cuenta su fecha de ingreso y para el caso de los trabajadores con vínculo vigente se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por el empleador.
Por su parte se establece, tal como se determinó en la ley anteriormente mencionada, que los exámenes médicos serán obligatoriamente a cargo del empleador, con excepción de los exámenes médicos de salida, salvo que el trabajador los solicite de manera escrita. Cabe señalar, que los estándares anteriores no se aplicarán a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, los cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de sus respectivos sectores económicos. En consecuencia, de no existir normas que regulen dicho sector especial, este deberá regirse por lo antes señalado.
Según las estadísticas de multas reflejadas por el MTPE y Direcciones de Trabajo respectivamente, son muchas las empresas que actualmente incumplen con la realización de exámenes médicos ocupacionales. Si bien es cierto muchas de ellas manifiestan que el sobrecosto laboral de esta obligación es alta, se debe tener en cuenta que este es un deber impuesto por ley, por lo que su cumplimiento es de observancia obligatoria.
Por su parte, uno de los principales beneficios de la realización de los exámenes ocupacionales, es que los empleadores pueden tener acceso a la información respecto a las condiciones de salud en la que contratan a sus trabajadores, hecho indispensable para imputar o no responsabilidad a los empleadores frente a una presunta enfermedad ocupacional o, de ser el caso, para realizar las modificaciones al puesto de trabajo y/o categoría del trabajador según corresponda. Además, que el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo; por lo que el pago de dicha multa resultaría siendo más oneroso que el costo del examen médico respectivo.
Cuestión aparte y bastante discutible en algunos puntos, es la ampliación de la clasificación como actividades de alto riesgo de muchas labores que antes no eran consideradas como tales, que se ha realizado mediante el D.S. 043-2016-SA, que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2017. Aparte de aumentar así la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), esto implica que las empresas con estos trabajadores ahora incluidos deberán realizar los exámenes médicos de entrada como máximo hasta el mismo día en que el trabajador empieza a laborar. Y respecto de ellos sí será obligatorio realizar los exámenes médicos de salida también.
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Destrucción de títulos valores pagados y falsificación de firmas
Falsificación de firmas en títulos valores que se destruyen
La Ley de Títulos Valores establece en su artículo 17, como parte de la protección a los obligados de títulos valores, que si una entidad del sistema financiero actúa como último tenedor de una letra de cambio, por ejemplo, y recibe el pago de la misma, puede destruirla y dejar en su lugar una reproducción en microforma y emitiendo una constancia del pago al deudor.
Esta disposición normativa es en principio favorable para los obligados por títulos valores, sin embargo la destrucción del título valor cancelado y su reemplazo por la constancia del pago total de la obligación contenida en el mismo puede resultar desfavorable en ciertos casos.
Imagine el siguiente supuesto: Un empresario “x” hace negocios constantemente con un empresario “y”, en el marco de los cuales es usual que “x” se obligue al pago de obligaciones a favor de “y” mediante letras. Sucede que de pronto “y” empieza a tener problemas financieros y aprovechándose de su relación comercial con “x”, falsifica la firma de este último en un título valor y lo endosa a favor de un Banco para cancelar una obligación. Dado que “x” posee una cuenta corriente en dicho Banco y ha autorizado al mismo a cobrarse sus acreencias por medio de cargos en dicha cuenta, el Banco da por cancelada la deuda de esa forma y emite la constancia de pago correspondiente, destruyendo el título valor cancelado.
Un mes más tarde, al revisar su estado de cuenta, “x” advierte que el Banco se ha cobrado una obligación generada de un título valor que él nunca firmó y acude al Banco para solicitar el título valor cancelado, donde le indican amablemente que el mismo ya fue destruido, pero que no tiene de qué preocuparse porque enseguida le emitirán su constancia de pago respectivo de dicho título valor. Lamentablemente, la constancia le resulta completamente inútil para probar que “x” nunca firmó dicho título valor, pues una pericia grafotécnica debe realizarse sobre un original, no sobre una copia o una microforma.
En todo caso, le quedarán al deudor otras vías para hacer responsable al falsificador por el dinero cobrado, pero es posible que estas se restrinjan solo al ámbito civil y ya no al penal, que puede ser mucho más disuasivo respecto de este tipo de conductas ilícitas.
Si bien la práctica de la destrucción inmediata de títulos valores por parte de las entidades bancarias no es común, esta norma deja un vacío que favorece la falsificación de firmas en títulos valores y podría eventualmente dejar desprotegido al deudor, que además, la mayor parte de las veces no es tan diligente como debería serlo, pues puede darse cuenta del faltante en su cuenta cuando es demasiado tarde. En todo caso, sería mejor que la norma estableciera un plazo mínimo antes de esa destrucción, acorde a un razonable deber de diligencia del deudor.
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Lavado de activos y responsabilidad del oficial de cumplimiento
La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento y de los sujetos obligados
Pronto vence el plazo para que el oficial de cumplimiento envíe su informe anual a la UIF, pero ¿Cuántos cumplirán?; muchos de ellos probablemente lo hayan olvidado, sin considerar las consecuencias de su incumplimiento.
El Decreto Legislativo 1249, publicado el 26 de noviembre de 2016, amplía la larga lista ya establecida, de los sujetos obligados a informar, indicando quiénes están obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú) e implementar el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; entre los nuevos actores, se encuentran: entre otros, las empresas procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, los abogados y contadores colegiados que realicen habitualmente asesoramiento financiero y/o servicios societarios en nombre de un tercero, señalando sobre estos profesionales, que “La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional”. Novedosa incorporación, tomando en cuenta nuestro deber como abogados respecto a lo que nuestros clientes nos confían.
Con la Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Estado ha delegado en las empresas, específicamente en el oficial de incumplimiento la labor de informar sobre las operaciones sospechosas; convirtiéndose éste en uno de los ejes centrales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Es decir las normas le han otorgado al oficial de cumplimiento funciones legales, operativas y de análisis, que debe cumplir desde su designación.
Es por ello que los sujetos obligados, a través de su oficial de cumplimiento garantizan el funcionamiento del sistema de prevención y el correcto registro de sus operaciones sospechosas. Siendo importante también, la labor del oficial de cumplimiento alterno, quien se encargará de asumir funciones en caso de ausencia o vacancia del titular; del coordinador corporativo, quien coordinará directamente con el oficial de cumplimiento corporativo. Todos ellos son responsables por el desempeño de sus funciones frente al sujeto obligado y frente a terceros, pero si en el primer caso su responsabilidad puede generar una sanción laboral que no implique necesariamente el despido; en el segundo caso, es decir frente a terceros, el oficial de cumplimiento y sujetos obligados, tendrían una responsabilidad administrativa, civil y penal.
Respecto a la responsabilidad penal, las normas la establecen por omisión de comunicación de las operaciones sospechosas, es decir cuando no comunica en el plazo de ley una operación que habría calificado como sospechosa; y/o por rehusamiento, retardo o falsedad de información, es decir cuando no se atienden dentro del plazo establecido los requerimientos de información y en los términos requeridos por las autoridades. Sin embargo, no sólo sería responsable el oficial de cumplimiento, sino que también esta responsabilidad podría alcanzar al sujeto obligado, ya sea una persona natural o una persona jurídica a través de su representante legal.
Según el Decreto Legislativo 1106 (Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado); el delito de Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas será reprimido, con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
El supuesto de omisión por culpa, se relaciona a la falta de diligencia al elaborar el reporte, enviar el informe con sus respectivos anexos y comunicar dentro del plazo de ley.
En el delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal. Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código Penal.
Probablemente, algunas empresas y personas naturales no saben que son sujetos obligados, otras ya habiendo designado a su oficial de cumplimiento quizá ni se hayan interesado por su labor, o quizá el mismo oficial haya olvidado sus obligaciones; sin embargo no debemos descuidar esta obligación, pues como lo hemos mencionado las consecuencias pueden llegar hasta la privación de la libertad. Ahora que lo hemos recordado ¿quién se quiere arriesgar?.
Publicado por Daniel Montes en 11:44 No hay comentarios:
Responsabilidad del constructor de inmuebles por la obra
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR DE EDIFICACIONES: ¿CINCO O DIEZ AÑOS?
Se ha publicado el 10 de enero de 2017 la Ley 30534, que modifica algunos artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC), en lo relativo a la venta de unidades inmobiliarias. Sin embargo, la poca técnica legislativa empleada origina confusiones e incertidumbres que pueden traer serias complicaciones a futuro. Veamos por qué.
Originalmente, el art. 76 del CPDC, con el que empieza la sección dedicada a la regulación de los productos y servicios inmobiliarios, no distinguía entre ventas de inmuebles existentes o ventas a futuro (la llamada “venta en planos”). Pero con la modificación, el art. 76 se ha dividido en dos numerales, siendo el 76.2 una repetición textual del antiguo art. 76 y dejando el numeral 76.1 reservado para la publicidad de venta de bienes inmuebles futuros. Y la remisión al art . 77 sobre la información mínima a ser brindada en el proceso de compra se ha dejado solo en el 76.1, cuando debería entenderse que ese art. 77 debe aplicarse también al caso de venta de inmuebles existentes.
Este error debería aclararse, pues de otro modo puede darse el caso de una empresa proveedora de un inmueble existente que quiera excusarse de cumplir los requisitos del art. 77 bajo una lectura literal del art. 76, que aparenta hacer esta distinción que, por absurda, no puede existir. Pero es mejor prevenir que dejar este embrollo como está. Creemos que lo mejor hubiera sido en todo caso simplemente añadir una frase al antiguo art. 76 que dijera que esta sección del CPDC se aplica asimismo a los casos de venta de inmuebles futuros (cosa un poco obvia por lo demás).
Por otro lado, en el nuevo texto del literal a) del art. 80 del CPDC, se ha cambiado el plazo de garantía mínimo por defectos estructurales de la obra, de cinco a diez años. La anterior norma coincidía en el plazo de cinco años que sigue mencionando el art. 1784 del Código Civil cuando regula el contrato de obra y la responsabilidad por vicios o defectos de construcción. Pero con este cambio, tal coincidencia desaparece, pero ¿para quiénes?
El CPDC es una norma subjetiva, en el sentido que solo protege a quienes se les califica jurídicamente como “consumidores”, no a cualquier persona o empresa o ente jurídico. Entonces, tendríamos que entender que a partir de ahora solo quienes compren a título de consumidores conforme a la definición del CPDC podrían reclamar la garantía de diez años. Pero, por ejemplo, si una persona natural compra un inmueble en 2017, vive en esa casa y luego en 2023 la vende a una empresa que la usa como oficina: ¿la empresa que es nueva propietaria podría reclamar la garantía cuando ya han pasado más de cinco años (pero menos de diez) y se advierte un defecto estructural? Definitivamente, la constructora se defenderá alegando que el CPDC no le sirve a la empresa propietaria para ello, y el Código Civil ya no le sirve tampoco. Entonces ¿la protección del nuevo art. 80 es solo temporal si el “consumidor” adquirente se deshace del bien antes de los diez años? ¿Cómo es que una garantía de este tipo puede desaparecer de esa forma?
Esto es consecuencia de no advertir que es absurdo distinguir en función de las personas cuando la base de la protección legal son temas objetivos. Una obra inmobiliaria debe estar bien hecha y de acuerdo con el estado de la ciencia y la técnica sin importar si el comprador o contratante de la misma es un “consumidor” que merezca protección especial o no. Viviendas u oficinas, ambas no deberían destruirse o dañarse por defectos estructurales y el constructor debe responder de igual forma en ambos casos, con un solo plazo máximo de responsabilidad, no dos (siendo que con esta norma mal hecha el plazo mayor solo aplica a ciertas personas adquirentes de las edificaciones pero no a otras).
Peor aún es el hecho que si combinamos esta modificación del art. 80 con la división del art. 76 que ya vimos, resulta que no podemos estar absolutamente seguros de que el nuevo plazo de diez años de garantía se aplica a todas las edificaciones o solo a aquellas vendidas como bienes futuros; lo que probablemente dará lugar a más confusiones y litigios. Por todo eso creemos que esta norma modificatoria debe corregirse prontamente.
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DETRACCIONES: MOMENTO PARA HACER EL DEPOSITO
Como regla general, las empresas que pagan facturas sujetas al sistema de detracciones del IGV (bautizado por SUNAT como sistema SPOT), pagan primero la detracción dentro del mes de emisión de la factura (por ejemplo el 10% en el caso de servicios) y luego pagan el resto del importe al proveedor. O, en todo caso, si desean hacer uso inmediato del crédito fiscal, pagan la detracción hasta dentro del quinto día hábil del mes siguiente de la fecha de su emisión. Todo ello conforme al reglamento, que señala que el “momento” para hacer el depósito es, o hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor o dentro de ese quinto día hábil del mes siguiente a aquel en que se anota el comprobante en el Registro de Compras, “lo que ocurra primero”. Esa redacción de la norma puede traer un problema en caso una empresa haga las cosas al revés, pero dentro de ese período de cinco días ya mencionado. Veamos por qué.
Supongamos que una empresa recibe una factura fechada en el mes de octubre, en ese mismo mes. No paga al proveedor ni tampoco la detracción en todo ese mes, pero el cuarto día hábil de noviembre paga al proveedor el 90% del monto de la factura y el quinto día hábil de noviembre paga el 10% en el Banco de la Nación por concepto de detracción. Si aplicamos la norma mencionada en el párrafo anterior de manera literal, puede entenderse lo siguiente: a) como pagó al proveedor en noviembre y hasta ese momento (día) no había hecho el depósito, entonces no podría hacer uso del crédito fiscal en octubre, b) por más que haya pagado la detracción dentro del quinto día hábil de noviembre, no puede usar el crédito en octubre porque “lo que ocurrió primero” fue el pago al proveedor, un día antes. Podría concluirse entonces, con esta lectura literal, que la empresa haría mal en registrar la factura en octubre, debiendo hacerlo recién en el mes de noviembre.
Sin embargo, no estamos de acuerdo en que se haga esa clase de lectura de la norma. En el caso del IGV, y también el caso de las detracciones, lo normal es que hablemos de “períodos”, más que de “momentos”, porque se trata de un impuesto de periodicidad mensual, no diaria. Por ejemplo, no importa si la factura está fechada el 01 de junio o el 30 de ese mes, igual el usuario tiene hasta el quinto día hábil de julio para hacer el depósito de la detracción y usar el crédito. Y los famosos cinco días también son eso, un período, no un momento (día).
Ahora bien, si la empresa usuaria pagara primero la detracción dentro de ese período de cinco días del mes siguiente, el pago al proveedor puede esperar hasta las calendas griegas, porque no importa cuando le paguen, el cliente igual podrá usar el crédito fiscal en el mes de la factura. Sin embargo, en la lectura literal que comentamos, si el cliente paga dentro de esos cinco días primero al proveedor y luego hace la detracción en el banco, ya no podría hacer uso del crédito fiscal, lo cual es a todas luces injusto.
Consideramos que una lectura correcta e integral de la norma es entender que ese período de cinco días del mes siguiente es uno en el que el pago de la detracción tiene por efecto validar el uso del crédito fiscal en el mes de la factura, sin importar lo que pase con el pago al proveedor en esos cinco días. A fin de cuentas, el objetivo está más que cumplido, pues la detracción se habrá realizado casi inmediatamente después del período en el cual se usa el crédito (facilitando la fiscalización de SUNAT, que para eso es la norma).
Y aunque entendemos que en caso de una discrepancia con un auditor de SUNAT sobre este tema, puede ser acogida esta que consideramos la interpretación correcta y justa, una precisión o aclaración de la norma no deja de ser deseable.
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