Source: https://www.juancandelario.com/ley-de-carrera-judicial/
Timestamp: 2019-02-23 05:15:58
Document Index: 210736257

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 32', 'artículo 38', 'Artículo 50']

Ley de Carrera Judicial - Juan Candelario
Artículo 3. Los jueces gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y mediante el procedimiento que determina esta Ley. Los jueces están obligados a procurar un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, de manera que contribuyan a una pronta y eficaz administración de Justicia.
Categoría “A”, los jueces de las Cortes de Apelaciones o Juzgados Superiores.
Categoría “B”, los jueces de los Tribunales de Primera Instancia.
Categoría “C”, los jueces de Municipio.
El ingreso a la Carrera Judicial se hará por la categoría “C” prevista en el escalafón judicial. También podrán ingresar a la Carrera Judicial y admitidos a concurso en las categorías “A” y “B” aquellos aspirantes, mayores de treinta años, que se hubieren distinguido en su especialidad, sean autores de trabajos jurídicos valiosos o profesores universitarios de reconocida competencia, o sean abogados con diez años de ejercicio comprobado; o defensores públicos o fiscales del Ministerio Público con no menos de seis años de servicio.
Artículo 12. A falta de abogados aspirantes para ingresar a la Carrera Judicial en la Categoría “C”, podrán ser designadas personas idóneas para servir aquellos cargos, mientras se presenten abogados que reúnan los requisitos exigidos por esta Ley.
Cuando por cualquier motivo no fuere posible la designación de suplentes con arreglo a lo previsto en el artículo 18, el Consejo de la Judicatura proveerá el cargo con un abogado que reúna las condiciones exigidas en el artículo 10. Si no los hubiere, lo proveerá con personas idóneas conforme a la ley. Los suplentes lo serán hasta tanto tome posesión el nuevo titular designado mediante concurso, el cual deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la vacante. El juez suplente podrá participar en él.
Los Jueces de Circunscripciones Judiciales diferentes pero de la misma categoría del que debe ser provisto, que soliciten el traslado al circuito y reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para los traslados.
A falta de los anteriores, los Jueces del mismo circuito o región que hayan servido en la Categoría inmediatamente inferior a la del cargo que debe llenarse, y que reúnan las condiciones establecidas en esta Ley para los ascensos.
Los Suplentes del Titular que haya de ser suplido, designados conforme a lo previsto en el artículo 22.
Artículo 22. Cuando se trate de la provisión de cargos de las Categorías “A” y “B”, el jurado de los concursos estará integrado por un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, designado por su Presidente de entre los integrantes de la Sala afín con la materia del concurso; un miembro designado por el Consejo de la Judicatura, y un profesor titular de la materia de que se trate de las Facultades de Derecho de las universidades públicas nacionales, convocado por el Consejo de la Judicatura, en orden consecutivo de antigüedad.
Si se tratare de la provisión de cargos de la categoría “C”, el jurado será constituido por un miembro designado por el Consejo de la Judicatura, un juez de Corte de Apelaciones designado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y un profesor titular de la materia de que se trate de las Facultades de Derecho de las universidades públicas nacionales convocado por el Consejo de la Judicatura, en orden consecutivo de antigüedad.
Artículo 23. Los concursos serán públicos y se notificarán, con diez días por lo menos de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en un diario de circulación regional, indicando el día, hora y donde se realizará. Constarán de tres pruebas: una de credenciales y de méritos; una escrita, de carácter práctico; y una oral de carácter teórico.
Por razones de servicio, calificadas mediante resolución motivada del Consejo de la Judicatura, previa audiencia y aceptación del funcionario y compensación económica de los gastos de traslado.
Por solicitarlo así el interesado, y si a juicio del Consejo de la Judicatura aquél haya acumulado méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente para el servicio de la administración de justicia.
En los casos de preferencia a que se refiere el ordinal 1 del artículo 20 de esta Ley.
El número de sentencias definitivas o interlocutorias dictadas mensualmente y la calidad de ellas;
El número de audiencias o días de despacho en el tribunal en cada mes del año;
La observancia de los plazos o términos legales a que esté sujeto el juez;
Los diferimientos de las sentencias, autos y decretos;
Las inhibiciones y las recusaciones introducidas contra el juez y el número de las declaradas con lugar y las desechadas;
Las sanciones a que haya sido sometido el juez;
El movimiento general de trabajo del tribunal, representado por el número de asuntos ingresados mensualmente, el número de casos resueltos y en tramitación, los procesos paralizados y sus causas, el número de sentencias dictadas, definitivas o interlocutorias.
La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces la hará el Consejo de la Judicatura, previa consulta con la Corte Suprema de Justicia, cuya opinión será vinculante. Esa escala se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y los ascensos se harán con estricta sujeción a ella.
Cuando ofendieren de palabra, por escrito o vías de hecho a sus superiores o a sus iguales o inferiores.
Cuando traspasen los límites racionales de su autoridad respecto a sus auxiliares y subalternos; a los que acudan a ellos en asuntos de justicia; o a los que asistan a estrados, cualquiera que sea el objeto con que lo hagan.
Cuando se embriaguen en lugares expuestos a la vista del público.
Cuando dejen de dar audiencia o despachar sin causa justificada o incumplan el horario establecido.
Cuando se ausenten del lugar donde ejerzan sus funciones en tiempo hábil y en forma injustificada, sin la licencia respectiva.
Cuando no sea llevado en forma regular el libro Diario del Tribunal.
Cuando incurran en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia en los mismos.
Cuando soliciten préstamos en dinero o en efectos, u otros favores o servicios, que por su frecuencia u otras circunstancias, pongan en tela de juicio el decoro o la imparcialidad del funcionario.
Cuando contraigan obligaciones que den lugar a reclamaciones judiciales en las que fueren declarados responsables.
Cuando no den el rendimiento satisfactorio anual, evaluado como se indica en el artículo 32 de esta Ley.
Cuando sean reincidentes en los retrasos y descuidos a que se refiere el ordinal 7 del artículo 38 de esta Ley.
Cuando observen una conducta censurable que comprometa la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público.
Cuando incurran en nueva infracción después de haber sufrido dos amonestaciones en un año.
Cuando no observen la exactitud de los plazos y términos judiciales a que están sujetos conforme a las leyes, o difieran las sentencias sin causa justificada.
Cuando no hicieren el nombramiento de depositarios en la forma señalada por la ley.
Cuando se abstengan de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la Ley, de oscuridad en sus términos, o cuando retardaren ilegalmente dictar alguna medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por estos motivos la queja para hacer efectiva la responsabilidad civil ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia.
Cuando habiendo sido sancionados con suspensión del cargo, cometieren otra falta de la misma índole de la que motivó la suspensión;
Cuando atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial, o cometan hechos graves que, sin constituir delitos, violen el Código de Ética Judicial, comprometan la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público;
Cuando soliciten o reciban dádivas, préstamos, regalos o cualquiera otra clase de lucro de alguna de las partes, apoderados o terceros;
Cuando hubieren incurrido en grave error judicial inexcusable reconocido en sentencia por la Corte de Apelaciones o el juzgado superior o la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia, según el caso, y se haya solicitado la destitución;
Cuando fuere injustificada y reiterada la inobservancia de los plazos o términos legales o en el diferimiento de las sentencias;
Cuando realicen actos propios del ejercicio de la profesión de abogado;
Cuando ejerzan influencias directas o indirectas sobre otros jueces para que procedan en determinado sentido en los asuntos de que conocen, tramiten o han de conocer;
Cuando sean militantes activos de partidos políticos o realicen actividad política de cualquier naturaleza, excepto el derecho al sufragio;
Cuando se encuentren comprendidos en alguno de los motivos de incompatibilidad, previstos en la ley;
Cuando actúen estando suspendidos legalmente;
Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establecen las leyes;
Cuando propicien, auspicien u organicen huelgas, paros, suspensión total o parcial de actividades o disminución del ritmo de trabajo o participen en tales actos o los toleren;
Cuando hagan constar en cualquier actuación judicial hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron;
Cuando omitan la distribución de los expedientes cuando ésta sea obligatoria, o la realicen en forma irregular;
Cuando inobservaren las disposiciones de la Ley de Arancel Judicial;
Artículo 50. Además de las partidas presupuestarias que se asignen para cubrir los gastos normales y ordinarios del funcionamiento de los Tribunales, Defensorías Públicas de Presos y órganos auxiliares, en el presupuesto de cada año se incluirán las asignaciones necesarias para el pago de las pensiones, jubilaciones, compensaciones, prestaciones sociales, primas, bonos vacacionales y contratación de seguro de hospitalización, maternidad y cirugía y demás remuneraciones especiales de los Jueces y Defensores Públicos de Presos. Igualmente se incluirá lo necesario para el pago de las jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales y otros beneficios de los Secretarios, Relatores, Alguaciles, Oficiales y Amanuenses y demás empleados del Poder Judicial.
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