Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-799-09.htm
Timestamp: 2017-11-18 19:27:57
Document Index: 35887219

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 85', 'artículo 3', 'artículo 86', 'Artículo 86', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 15']

T-799-09
Sentencia T-799/09
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA-
1. La empresa Vigilancia y Seguridad Privada 911 Ltda., persona jurídica de derecho privado, a través de su representante legal, Roger Antonio Royet Sierra, interpuso acción de tutela contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por considerar que la autoridad mencionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo de la empresa, al cancelar su licencia de operación o funcionamiento. A continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda:[1]
2. Argumentos jurídicos:
2.1. La Superintendencia de Vigilancia incurrió en una “vía de hecho administrativa” al expedir la resolución 005657 de 2008 mediante la cual decidió, sin exponer motivación alguna, cancelar la licencia de funcionamiento de Seguridad 911, afectando de esa forma el derecho al trabajo y el debido proceso de la entidad, y afectando el mínimo vital, es decir, los medios de subsistencia de aproximadamente 900 personas.
3. Pretensión: a partir de los argumentos expuestos, Seguridad 911 solicitó al juez constitucional proferir una orden de amparo transitoria, en el sentido de suspender la aplicación de la resolución 005657 de 2008, con el fin de evitar el perjuicio irremediable que supone la lesión a los derechos fundamentales al trabajo y mínimo vital de los empleados de la compañía.
4.2. El acto administrativo controvertido “esta (sic) motivado de manera plena en la discrecionalidad atribuida por ley”, y tuvo por finalidad el fortalecimiento de la confianza pública en la prestación del servicio de seguridad privada, y la protección del interés general de la ciudadanía.
5.3. No existe, en el marco del caso concreto, un medio de defensa judicial alternativo idóneo, pues si el demandante pretende acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, se pregunta el a quo: “[¿]cuáles son los argumentos que va a rebatir la accionante, si no están planteados en el acto que se demanda… [?]”.
6.1.2. El a quo “acertó” al declarar que la Supervigilancia vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Seguridad 911, al proferir la resolución 005657 de 2008 que, sin motivación alguna, dispuso el cierre de la entidad accionante. Sin embargo, las órdenes proferidas en el fallo de primera instancia resultan insuficientes para la protección integral y efectiva de los derechos a la defensa, el trabajo y el mínimo vital de las familias que dependen económicamente de Seguridad 911, lo que solo se logra mediante la suspensión de la resolución 05657 de 2008 hasta que se produzca un pronunciamiento definitivo de la justicia contencioso administrativa.
En tal sentido, el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo señala que una decisión adoptada en ejercicio de una facultad discrecional debe ser “adecuad[a] a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”; los fines de la facultad prevista por el artículo 3º del Decreto Ley 356 de 1994 “(i) … se dirigen a la protección de la seguridad ciudadana”, y la proporcionalidad de la misma consiste en la restricción de “su aplicación a otorgar o cancelar la licencia de funcionamiento”, evitando excesos o desviaciones por parte de la autoridad.
Corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad vulneró los derechos constitucionales al debido proceso y el trabajo de la Empresa Seguridad 911 Ltda. al proferir la resolución 005657 de 2008, que dispuso la cancelación de funcionamiento de la empresa y que, de acuerdo con la parte accionante, carece de motivación.
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.”[4]
“… la “legitimación por activa” es … requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona…[5] Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente”.[6]
a. Titularidad de derechos fundamentales por parte de personas jurídicas. Reiteración de jurisprudencia.
b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.”
Pero, del hecho de que se predique de la persona natural un conjunto de derechos básicos e inalienables … no se desprende que ese ámbito …agote por completo el núcleo de vigencia y validez de los derechos constitucionales de carácter fundamental, cuando en la sociedad actúan …las denominadas personas jurídicas, surgidas merced al ejercicio de la libertad de asociación entre las naturales o por creación que haga o propicie el Estado.
b. La agencia oficiosa.
La Corte Constitucional se ha referido en un amplio número de pronunciamientos a la agencia oficiosa como requisito para actuar ante el juez de tutela[11]. La exposición, en esta oportunidad, seguirá en líneas generales lo expresado por esta Sala en el reciente fallo T-312 de 2009.
“3.2 La innegable relevancia constitucional de la agencia oficiosa no implica, sin embargo, que su ejercicio no pueda ser sometido a una regulación específica, siempre que esta se dirija a garantizar otros fines y principios constitucionales. Dentro de ese marco, esta Corporación ha sostenido que el ejercicio de la agencia oficiosa solo opera cuando el titular del derecho no puede asumir su defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a que es la persona que considera amenazado un derecho fundamental quien decide, de manera autónoma y libre, la forma en que persigue la protección de sus derechos constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante la jurisdicción. Estas consideraciones se desprenden directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, C.P.), fundamento y fin de los derechos humanos”.
“(i) La manifestación[14] del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir[15], consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas[16] o mentales[17] para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica[18] una relación formal[19] entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación[20] oportuna[21] por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente”.[22]
Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las personas jurídicas no son titulares del derecho al trabajo o al mínimo vital. Por lo tanto, la Sala se centrará en el análisis de la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso de seguridad 911, pues solo respecto de este derecho, la accionante se encuentra legitimada para actuar ante el juez constitucional[23].
2. En cuanto al sentido constitucional del principio de subsidiariedad, este Tribunal ha expresado que no constituye un simple requisito formal para acceder a la administración de justicia en defensa de los derechos fundamentales, sino que se trata de un mecanismo orientado al cumplimiento de principios constitucionales, tales como: (i) el principio democrático que faculta al legislador para determinar las vías de protección ordinarias de cada derecho (constitucional y legal); (ii) los principios del juez natural y de legalidad, consustanciales al debido proceso; y (iii) el acceso a una administración de justicia que sea a la vez eficaz y comprometida con el derecho sustancial, pues el amplio debate jurídico y probatorio que se traba en los procesos ordinarios permite que los jueces naturales resuelvan de la forma más adecuada los conflictos, razones por las que la Corporación ha señalado que los procesos judiciales son en sí mismos escenarios de protección de los derechos fundamentales[25].
3. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección a los derechos constitucionales, el presupuesto esencial es la necesidad de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable, concepto que ha sido ampliamente desarrollado por la Corporación, a partir de la sentencia T-225 de 1993, fallo en el que la Corte expresó que sus elementos constitutivos son la urgencia, la inminencia del daño, la gravedad del mismo, y el carácter impostergable de las medidas que deben adoptarse para la protección del derecho[26]:
“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.[27]
2. En el presente proceso, la Sala concluye que la acción no se enmarca dentro de los supuestos (i) y (ii), pues la entidad accionada puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir la validez de la resolución 005657 de 2008, de acuerdo con lo previsto por el artículo 85 (y demás disposiciones concordantes) del Código Contencioso Administrativo.
Primero: REVOCAR las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Cartagena, D.T. y C., en primera instancia, el seis (6) de febrero de dos mil nueve (2009), y la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el catorce (14) de abril de dos mil nueve (2009), en segunda instancia, que concedieron el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Seguridad y Vigilancia 911 Ltda.
[1] En este aparte la Sala sigue la exposición de la parte accionante. La posición de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad será sintetizada, a su vez, cuando se haga referencia a sus distintas intervenciones en el proceso.
[3] El artículo 3º del Decreto 356 de 1994, “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, incluido en el Diario Oficial No 41.220, de 11 de febrero de 1994 establece: “Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial expedida.”
[5] Cf. sentencias T-678 de 2001, M. P Eduardo Montealegre, T-100 de 1994, MP. Carlos Gaviria Díaz, T-256 de 199 MP. Antonio Barrera Carbonell, SU-136 de1998 MP. José Gregorio Hernández Galindo, y T-388 de 1998 MP. Fabio Morón Díaz, entre otras. En la reiterada T-1191 de 2004, añadió la Corporación: . “Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso; ni que en cierto tipo de asociaciones, como las de carácter sindical, sus representantes legales no puedan asumir la defensa de los intereses colectivos de la persona jurídica y a la vez la de los derechos personales de los trabajadores afiliados.”
[8]En la sentencia T-749 de 2004, expresó la Corte: “4- Desde los inicios de esta Corporación, acorde con el querer del Constituyente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las personas jurídicas son titulares de algunos derechos fundamentales acorde con su naturaleza, como son los relativos a la igualdad, debido proceso, buen nombre, etc., teniendo en cuenta que la propia asamblea constituyente no hizo ninguna distinción en la expresión del artículo 86 de la Carta cuando señaló que "toda persona" podía ser titular de la acción de tutela, como sí ocurre claramente en otras Constituciones, si se verifican previsiones de derecho comparado”.
[9] Constitución Política. Artículo 86. Inciso 1º. “Toda persona tenderá acción de tutela para reclamar ante los jueces, y en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción y omisión de cualquier autoridad pública.”
[10] “Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros.
Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes”.
[12] Como se ha expresado, la Sala sigue la exposición propuesta en el fallo T-312 de 2009.
[13] A continuación, se reiterará la jurisprudencia sistematizada por la Corte Constitucional en la sentencia T-531 de 2002. Se conservan todas las referencias al pie de páginas incorporadas por la Sala Séptima de Revisión en esa oportunidad, por considerarlas de absoluta pertinencia para la comprensión del régimen constitucional de la agencia oficiosa en tutela.
[14] Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del caso. Por ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte resolvió el caso de un agente oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que promovió tutela a favor de una persona para lograr protección de su derecho a la no reformatio in pejus, y no manifestó la circunstancia de imposibilidad de promover su propia defensa en la cual aquel se encontraba. En esta oportunidad la Corte concedió la tutela bajo la idea según la cual los derechos involucrados tenían además una dimensión objetiva que hacía imperiosa su protección, por lo cual “en aquellos casos en que, como en el presente, se encuentra de por medio la efectividad de un derecho fundamental con dimensiones de carácter objetivo y la violación a este derecho es manifiesta y constatable prima facie, el agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho fundamental cuya vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un interés general, que supera el interés individual de la persona cuyos derechos agencia.”
[15] Sobre la posibilidad de inferir la situación de imposibilidad de promover la propia defensa, la Corte se pronunció en sentencia T-452 de 2001. En este caso la Corte revisó la sentencia de un juez que negó la tutela de los derechos de un agenciado bajo el argumento de que el agente no señaló expresamente la situación en que aquel se encontraba y que le impedía promover su propia defensa, no obstante que en del escrito tal situación se mostraba como evidente. En esta oportunidad la Corte consideró la posibilidad de pronunciarse de fondo tras aceptar la existencia de una “agencia oficiosa tácita” ya que según la Corte “la exigencia de estos requisitos (la manifestación de la imposibilidad) no puede interpretarse formalmente, es decir, su cumplimiento no está supeditado a la existencia, dentro de la petición de tutela, de frases sacramentales o declaraciones expresas que den cuenta de la agencia oficiosa, pues bien puede ocurrir -como en el caso que es objeto de estudio en esta oportunidad por parte de la Corte- que las circunstancias que impiden que una persona actúe a nombre propio, justificando la intervención oficiosa de otro, sean hechos que se desprenden naturalmente de la narración hecha por el petente...” Además esto fue posible porque la Corte constató que el agenciado no corría riego alguno por el acto de la agencia, lo cual para la Corte sólo es posible “siempre que exista un respaldo fáctico del cual se pueda deducir –no simplemente presumir- que se está realizando un acto a favor de otro.”
[16] En la sentencia T-342 de 1994 dos personas actuando como agentes oficiosos para la defensa de los derechos fundamentales a la diversidad étnica y consecuencialmente los derechos a la igualdad, autonomía, libertad de conciencia, libertad de expresión etc., de la comunidad indígena nómada Nukak Maku debido a que una asociación asentada en un lugar estratégico en el departamento del Guaviare había comenzado una serie de actividades dirigidas a la catecumenización y reducción cultural de los indígenas, La Corte decidió que la agencia oficiosa era en ese caso procedente, porque además de haberlo manifestado expresamente, “las circunstancias actuales de aislamiento geográfico, desconocimiento jurídico, incapacidad económica y limitaciones de lenguaje que presentan los integrantes de dicha comunidad, se corroboró que éstos no están en condiciones de promover su propia defensa.” De esta forma se amplía notablemente el referente de la expresión del decreto 2591 de 1991 “no encontrarse en condiciones físicas” pues no se alude con el mismo solamente a incapacidad estrictamente física como limitación corporal, sino que alude a un marco más amplio de condiciones materiales.
[17] En la sentencia T-414 de 1999 el padre de una persona mayor de edad enferma mental, actuando como agente oficioso presenta acción de tutela con el fin de lograr la protección de los derechos a la salud y a la seguridad social de su hija. La Corte frente al requisito de “las condiciones para promover su propia defensa” en el presente caso afirmó que “...para la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia.” (subrayas fuera de texto)
[18] En la sentencia T-422 de 1993 según la Corte “No corresponde a la esencia de la agencia oficiosa y tampoco se aviene a su naturaleza, exigir la configuración de una relación formal entre el agente y los titulares de los derechos que no están en condiciones de promover su propia defensa. Por el contrario, se trata de una relación de hecho que puede reclamar efectos jurídicos válidos y desplegar eficacia representativa si se cumplen los requisitos previstos en la ley.” Reiterada en Sentencia T-421 de 2001.
[19] En este predicado, propio de la agencia oficiosa, se concreta el principio constitucional de solidaridad de tal forma que la posibilidad de agenciar derechos ajenos está abierta para cualquiera persona, en este sentido no se requiere la existencia de relación alguna, ya sea con fundamento en la filiación, el parentesco o en relaciones contractuales específicas. Así por ejemplo en el caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales de menores en la sentencia T-408 de 1995 La Corte concedió la tutela en un proceso promovido por la abuela de una menor quien actuaba como agente oficiosa de su nieta para proteger su derecho fundamental a no ser separada de su madre, debido a que el padre se negaba a permitirle a su hija visitar a su madre por encontrarse privada de la libertad. Frente a la posibilidad de presentar acción de tutela como agente oficioso de menores afirmó: “...cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal.” Igualmente ver la sentencia T-029 de 1993 caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales del indigente, o la sentencia T-422 de 1993 caso de la agencia oficiosa de los derechos de los vecinos.
[20] El requisito de ratificación se introduce de una manera incipiente pero determinante en la Sentencia T-044 de 1996 En este caso no se concede la tutela pretendida por un falso agente debido a que la agenciada no ratificó ni los hechos ni las pretensiones de la acción incoada. En la Sentencia T-277 de 1997 el agente oficioso esposo de la titular del derecho a la salud, interpone acción de tutela con el fin de que se ordenara una intervención quirúrgica, la titular con posterioridad se dirigió al juzgado y ratificó los hechos y las pretensiones, por lo cual la Corte consideró que se configuraba en el caso la legitimación en la causa, por consiguiente consideró procedente entrar al examen de fondo sobre los hechos. Para la Corte en este caso el requisito de ratificación se encuentra implícito en el requisito de “imposibilidad de promover la propia defensa” reforzado con los argumentos del respeto tanto a la autonomía personal (art., 16) como a la dignidad humana (art. 1, C.P.) sobre estas consideraciones ver sentencia T-503 de 1998
[22] Cfr. Sentencias T-531 de 2002 y T-452 de 2001. En la sentencia T-312 de 2009, agregó la Sala Tercera : 5.2 En cuanto al segundo elemento, este Tribunal ha precisado que la imposibilidad para actuar a la que se refiere la disposición normativa aludida, puede ser tanto de tipo físico como mental; o bien, derivarse de especiales circunstancias socioeconómicas, tales como el aislamiento geográfico o la situación de especial marginación o indefensión en que se encuentre el afectado para asumir la defensa de sus derechos. Por ello, es un deber del juez de tutela efectuar la evaluación de la imposibilidad a partir de los antecedentes del caso concreto.
[23] La Sala advierte que, en el trámite de la segunda instancia, algunas personas allegaron un oficio en el que afirman ser trabajadores, o ex trabajadores, de Seguridad 911, y solicitan al juez tomar en cuenta la difícil situación económica en que se encuentran a raíz de la decisión de la Superintendencia. El alcance de este documento no es otro que el de ser un medio de prueba sobre algunos de los hechos expuestos por la demanda. No puede considerarse como una ratificación del agente oficioso, pues ello supone que hubo imposibilidad de los directos afectados para acudir ante el juez de tutela.
[26] SU-544 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-972 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] … (C)onviene precisar que la configuración de un perjuicio irremediable debe ser analizada dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, de manera análoga a como ocurre cuando existen otros mecanismos judiciales de defensa. Se trata de una regla general que se explica en sí misma, por cuanto, como fue señalado, no todo daño se convierte, autónomamente, en irreparable…Sin embargo, algunos grupos con características particulares … pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aún cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplia a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela.
(…) tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto (…) De cualquier manera, los criterios que definen si un perjuicio es irremediable o no, tienen que guardar estrecha relación con los aspectos sustanciales por los cuales se les concede genéricamente esa especial protección (…)” [Sentencia T-1316 de 2004]
[29] Se impone abstenerse de cualquier consideración sobre el fondo, pues la Sala acaba de señalar que existe una acción idónea, con sus propios procedimientos, y cuya competencia radica en cabeza de los jueces administrativos (en sentido amplio), así que cualquier comentario de la Corte sobre el fondo del asunto constituiría una invasión de competencias.