Source: https://www.scribd.com/doc/75597157/tesis-fallo-blanco
Timestamp: 2017-01-22 15:34:26
Document Index: 198249872

Matched Legal Cases: ['artículo 1832', 'artículo 2356', 'Artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 65', 'ARTÍCULO 65', 'artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 66', 'artículo 228', 'Artículo 230', 'Artículo 228', 'Artículo 228', 'artículo 22823', 'artículo 228', 'artículo 67', 'artículo 90', 'artículo 70', 'artículo 90', 'artículo 380', 'artículo 152', 'artículo 188', 'artículo 57', 'artículo 232', 'Artículo 232', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 44', 'Artículo 20', 'artículo 95', 'artículo 37', 'artículo 179', 'artículo 153', 'artículo 151', 'artículo 71', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 150', 'Artículo 150', 'artículo 72', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 73']

tesis fallo blanco
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR JURISDICCIONALNATALIA MAYA DÍAZ
SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Junio de 2000
TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN DEDICATORIA Y AL ERROR JUDICIAL 1.1 LA RESPONSABILIDAD. 1.2 LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 1.3 ORÍGENES DEL ERROR JUDICIAL 1.4 LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN COLOMBIA 1.4.1 Falla probada del servicio. 1.4.2 Falla presunta. 1.4.3 Responsabilidad objetiva de la administración. 1.5 LA RESPONSABILIDAD POR ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA 2. CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD Y ERROR JURISDICCIONAL 2.1 NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 2.1.1 Responsabilidad del Estado. 38 38 38 35 1 4 5 5 13 22 26 30 31 31
1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA RESPONSABILIDAD
2.1.2 Teorías acerca del fundamento de la Responsabilidad Estatal. 2.1.2.1 Teoría de la igualdad ante las cargas públicas. 2.1.2.2 Teoría de la consagración legal. 2.1.2.3 Teoría de la aceptación lógico – jurídica. 2.1.2.4 Teoría de los riesgos sociales. 2.1.2.5 Teoría del fundamento según el carácter de la víctima. 2.1.2.5.1 2.1.2.5.3 Por la falta administrativa. Por la falta personal y la presunción de responsabilidad. agentes públicos. 2.1.2.6 Teoría del Estado de Derecho. 2.1.3 Fundamentos de la responsabilidad del Estado por error judicial. 2.1.4 Elementos de la Responsabilidad. 2.1.4.1 Existencia de un daño. 2.1.4.2 Imputabilidad de la actuación. 2.1.4.3 Relación de causalidad. 2.1.5 Clases de responsabilidad del Estado 2.1.5.1 De Derecho Público o de Derecho Privado. 2.1.5.2 Contractual o extracontractual. 2.1.5.3 Por actos y hechos de la administración pública. 43 47 47 53 54 55 55 55 55 42 42 43 2.1.2.5.2. Por el daño anormal. 41 41 42 39 39 40 40 40
2.1.2.5.4. Por falta estatutaria o violación del estatuto de los
1.2 CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL.2 Imparcialidad.5. 2. Imputación del error jurisdiccional.1.1 OBJETO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 3. 2. 2.3.5.2.1 Causación de un perjuicio especial o particular.1. 3.2 El derecho a la reparación.3.5 Por acto jurisdiccional.1 Interpretación.3. 2.4 Por actos legislativos 2.5.3 Cosa juzgada.3.4. 3.2 Decisión ejecutoria.3.2 INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES 3.5.3. 57 por ella el Estado se enriquezca sin justa causa 58 2. 3.1 Clases de Error.1 Independencia.1.5.5.3.3 PODER JURISDICCIONAL 3.2.1. 2. 3. 3. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 3.1.1 Actos administrativos 2.6 Directa e indirecta. 74 74 74 75 75 75 76 58 59 60 66 68 70 71 72
.2.5.1.1.4.1.5.5.2 La ley debe ser contraria a la Constitución o que
2.3.2.2.2 Hechos administrativos 2.4
2.3 Operaciones administrativas 2.4 Omisiones administrativas 2.
2 El servicio público y la función pública.1 Independencia.6 Teoría del Estado de Derecho.1.5 Efectividad.1 TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR JURISDICCIONAL 4. 4. 79 4.4 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.4 Teoría de la responsabilidad extracontractual o Aquiliana.1.1 Principios.
76 77 77 77 77 77 78 78 78
3.1.2 PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL.4.4.4.1 Teoría de la Relación Contractual 4. 4.4.4. 82 83 83 83 4. 3.1.5 Teoría de la obligación jurídica de la asistencia pública 81 81 82 82 80
. 3.1. ROCCO.1.4.4.2 Gratuidad. o de la solidaridad social.3 La Administración de justicia como función pública.3 Imparcialidad. 3.1. 3.2 Teoría del Riesgo Profesional 4.4.4.1.1. 3. 4.6 Audiencia del interesado. 3. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR JURISDICCIONAL 4. 3.3 Teoría de la igualdad ante las cargas públicas. 3.4 Celeridad.1.1.5
4.5 LA COSA JUZGADA. 4.6.6. 4.2.5. 4.2 El recurso de revisión en lo Administrativo. 4. 4.2.4.3 IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 5.7 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 5.4 LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA
84 85 87 88 90 90 91 92 92 93 94 Contencioso – 95 97 99
100 100 101 111 115 120
.4 LA FALTA DEL SERVICIO. 4.1 Teoría de la falla del servicio.1 Sentencias.5.6.6 EL RECURSO DE REVISIÓN.3 El recurso de revisión en materia penal.3 LA FALTA PERSONAL 4.1 Causales de Revisión.2 La providencia debe estar en firme.2 Acumulación de responsabilidades.6
4. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL FUNCIONARIO JUDICIAL POR LOS ERRORES COMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO 5. 4. 4.4.1 EL JUEZ COMO AGENTE DEL ESTADO 5. 4.2 DEBERES DEL JUEZ 5. 4.1 Haber interpuesto los recursos de ley. 4.2 Autos.
Muchas veces se preguntan por qué se le concede al juez una prerrogativa que ningún ser humano tiene: la imposibilidad de errar en su trabajo.
Consejo de Estado. Sección Tercera..7
INTRODUCCIÓN ". que en general poco saben de la cosa juzgada.Sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermanéutica para hallarlo configurado. Septiembre 4 de 1997. Ricardo Hoyos Duque.
. tomada de una sentencia del Consejo de Estado. una afirmación como la anterior."1 Para las personas del común.. resulta francamente increíble. el principio de soberanía y esas cosas que para nosotros los abogados son tan normales.. Magistrado Ponente Dr..
. olvidando la responsabilidad que sobre nosotros recae como abogados. sería muy interesante ver como los mejores estudiantes se encargan de adelantar la función jurisdiccional del estado. hemos terminado por obligar a soportar a unos cuantos los fallos injustos. profesores o facultades de derecho. sin querer por ello decir que sus desaciertos causen menos dolor o daño. muchas veces de buena fe. Necesitamos personas con bases éticas muy bien arraigadas. con conocimientos y sobretodo con ganas de hacer las cosas bien. Es preocupante ver como en un país tan urgido de justicia y de democracia efectiva se toma el cargo de Juez no por amor sino por necesidad. se toma temporalmente y no existe compromiso alguno por lograr que los buenos abogados y las buenas facultades se preparen para asumir esta función.
. que no necesariamente son evidentes.8
Con el pasar de los años. otras no tanta. Apelando a la seguridad jurídica. pero en fin.. nos hemos dado cuenta de la necesidad de aceptar que el juez se equivoca. que para todos nosotros resulta imprescindible.se equivoca. personas que deseen encargarse de cimentar el cambio de un país en crisis como el nuestro a partir del buen desempeño de la justicia.
Personalmente agregaría que además tiene la obligación de dar a cada cual lo que le corresponde y facilitar la convivencia entre las personas.
"El juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley" Montesquieu. por eso con este trabajo me propongo llamar la atención de los interesados y responsables en esta materia acerca de la necesidad de facilitar el acceso a una justicia efectiva al mayor número posible de ciudadanos.
amiga. y a mis amigos que nunca me abandonaron cuando los necesité.
. a quién tengo la obligación de mostrar el camino correcto y enseñar a dar a cada uno lo que se merece. A mis padres. A mi familia que me brinda apoyo incondicional. el regalo y compromiso mas grande de mi vida.10
DEDICATORIA Dedico este trabajo a mi hijo David. a mi hermana. compañeros inseparables e incondicionales en mi camino. quiénes todo me lo han dado.
Desde la antigüedad para el hombre eran conocidos los conceptos tanto de daño como de la responsabilidad que por este se ocasionaba. háganse las mismas
. lo cual tenía un grave problema: en la mayoría de los casos de la venganza resultaba un perjuicio más grave que el ocasionado con la primera agresión. diente por diente.
Posteriormente. pero la actitud que asume la colectividad frente a estos conceptos ha sufrido variaciones con el transcurrir del tiempo que nos llevan a un recorrido histórico y a una continua evolución de ambos conceptos.1 LA RESPONSABILIDAD. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA RESPONSABILIDAD Y AL ERROR JUDICIAL 1. En una primera etapa básicamente operaba la venganza como respuesta al daño sufrido. en el Pentateuco se consagró: “ Rotura por rotura.11
1. y el responsable consecuencias del daño por tenía que asumir que todas las desfavorables ellas fueran. ojo por ojo.
respuesta. primera ley formulada para reprimir daños cometidos al patrimonio de una
. En Roma en el año 408 se expidió la Ley Aquilia. ello implicaba de cierta forma que la imputabilidad del daño se hiciera de manera subjetiva y que por lo tanto fuera difícil de probar para los perjudicados.12
lesiones corporales que él ha hecho” con lo cual se prescribía la proporcionalidad daño . se consagraba una venganza corporal sobre el ofensor y por supuesto no se concebía una diferenciación entre la responsabilidad civil y la penal. Algún tiempo después y pretendiendo evitar el ataque directo al ofensor o a su familia surgió la composición. pertenecía a las esferas de la moral. la víctima tenía la posibilidad de elegir entre la reparación en dinero o en especie. del derecho (ya fuere penal o civil). es decir. La composición también tuvo una evolución importante ya que en sus comienzos se hacía de manera voluntaria y posteriormente se llegó a su consagración legal con lo que se estipuló que la decisión correspondía al rey o su pater familias. que consistía en la reparación del daño mediante un pago que podía hacerse en especie o en dinero. Cabe anotar como hecho significativo que la responsabilidad tenía una connotación global.
Daños a animales o esclavos de una persona. lo que no pudo llevarse a cabo por la concepción que se tenía de la institución jurídica como tal. pero que por tratarse de casos determinados no podían ser interpretados de manera general lo cual posteriormente condujo a que se pretendiera generalizarlos (para lograr con ello que la responsabilidad se sustentara en el principio quién hace un daño debe responder por él y no en que sólo se responda cuando se incurra en un daño determinado.13
persona. Como condiciones para aplicar esta ley el daño debía darse cuerpo a cuerpo. el daño debía ser causado en contra del propietario de la cosa (no podía reclamarse indemnización por el daño sufrido sobre la cosa arrendada por
. 2. más no en otro diferente). Deterioro que por culpa de una persona sufriera el animal o el esclavo de otra. Pérdida del crédito por culpa del estipulante de la obligación. 3. Para resarcir el daño se pagaba el valor promedio del último año. Esta ley contenía tres capítulos: 1. la cosa que sufriera el daño tenía que reportar utilidad a su propietario. su contenido se restringía a casos particulares y concretos con los que se consagró la responsabilidad.
no la culpa como tal pero sí una ausencia de derecho. se hace una consideración subjetiva.
último. si esa reparación así considerada no puede
. en cuánto sea posible. la reparación no se debe necesariamente al propietario. en la situación que tendría de no haber mediado el daño. cualquier persona que tenga derecho sobre la cosa puede pedirla.14
y. En una etapa posterior nos encontramos con el derecho común. en aquella es reparatoria y puede transmitirse la obligación de reparar. es el tiempo de las invasiones bárbaras y aparecen los feudos. la reparación empieza a considerarse como la obligación de colocar a una persona. en esta la sanción es punitiva. con lo que se obtiene que formen parte del tema de la responsabilidad las omisiones. En el derecho justinianeo siguió teniendo aplicación la Ley Aquilia pero con modificaciones sustanciales en sus fundamentos: el daño no ha de producirse forzosamente cuerpo a cuerpo. Cae el Imperio Romano y esto provoca una desintegración normativa. un conjunto de elaboraciones jurídicas entre los siglos XIV y XIX que introduce grandes cambios en la consideración del derecho. El derecho canónico empieza a diferenciar entre la responsabilidad civil y la penal.
comportamiento del sujeto sino la ausencia de derecho.
dicha forma de responsabilidad subjetiva fue muy combatida. En el derecho natural se encuentra el fundamento a muchas instituciones jurídicas. tiene en cuenta el hecho ilícito y el comportamiento del sujeto.
Los artículos subsiguientes también
desarrollan el tema. La separación entre responsabilidad civil y penal no es absoluta y muestra de ello es el daño moral. tanto que por primera vez se habló de la responsabilidad objetiva basada en la teoría del riesgo según la cual debe responder todo aquel que ponga en peligro a los asociados. artículo 1832. no sólo se estudiaba la intención sino el reproche que ese acto producía en la conciencia. cuasidelito. teoría que no se aplicó
Código de Napoleón. en él se consagra como norma jurídica el principio de la responsabilidad civil: “ Todo hecho cualquiera del hombre que cause daño a otro obliga a repararlo a aquél por culpa de la
2 cual se ha ocasionado”. Podríamos decir que la codificación empieza con toda su fuerza a partir del Código de Napoleón en 1804. contrato. cuasicontrato y ley.
En sus normas este código consagró la
culpa sicológica.15
darse se entrega a cambio una suma de dinero.
. en cuánto a la responsabilidad plantea que quién cause un daño a otro simplemente debe repararlo. así quién sufre el daño debe probar la culpa. La escuela del derecho natural francés define las fuentes de las obligaciones: delito.
El sujeto más importante en la teoría de la responsabilidad era la persona física y su identificación era imprescindible para que sobre ella recayeran las consecuencias de su conducta. por lo cual se afianzó nuevamente pero la con concepción una de la responsabilidad importante: subjetiva modificación
si probar la culpa era difícil esta se presumía. si esto no sucedía la víctima se veía obligada a soportar el daño sin posibilidad alguna de ser indemnizada. La responsabilidad subjetiva conlleva necesariamente la culpabilidad de su autor.
invertía la carga de la prueba para favorecer un poco al ofendido que según esto no debía soportar las consecuencias de un hecho que le era improbable demostrar. pero sus resultados fueron tan visiblemente escasos como que el Código de Napoleón expedido en 1804 consagró una
. fuerza mayor o la intervención de un elemento extraño. por lo cual quién corre con la carga de la prueba es nuevamente el perjudicado. de todas maneras puede llegar a librarse de responsabilidad si demuestra caso fortuito. como quien dice negligencia.16
durante mucho tiempo debido a las creencias y teorías que se desarrollaban alrededor del tema de la responsabilidad. Algunos tratadistas intentaron en vano introducir un nuevo concepto para la responsabilidad civil extracontractual en el que no imperara el elemento culpa. descuido o acto ilícito.
En cuanto a la presunción de culpa. condicionó a las personas que manejen cosas que revistan peligrosidad a demostrar su no culpabilidad. el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño. cabe aclarar que la aceptación de la presunción de culpa en ningún momento implicó la aceptación de la responsabilidad objetiva. quedando de esta manera la persona afectada obligada a demostrar el daño y la relación de causalidad. en Colombia tomó fuerza a raíz de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1938. esta solo pudo consagrarse después de muchos esfuerzos por parte de la doctrina y la jurisprudencia. La responsabilidad objetiva no acepta ninguna forma de exoneración de responsabilidad. en este caso únicamente se parte de que si existe un daño y una relación de causalidad la persona tiene en su contra una presunción de culpa que puede llegar a desvirtuar mediante la fuerza mayor.17
responsabilidad subjetiva al igual que el Código Civil Chileno y posteriormente el Código Civil Colombiano que se apoyo en los anteriores. claro está que por la evolución del derecho. de la ciencia y de la tecnología se ha llegado a un acercamiento con este tipo de responsabilidad: es necesario defender unos derechos colectivos que cada vez se
. interpretando el artículo 2356 del Código Civil. hay una prescindencia absoluta del análisis de la conducta del sujeto (de su culpa). la cual.
ven mas afectados por una vida moderna. la relación entre dos patrimonios. No beneficia al autor del daño pues facilita para la víctima la obtención del resarcimiento ya que no debe probar que
. es decir. El derecho civil debe apropiarse de la defensa de los colectivos dejando de lado la concepción
individualista que caracterizó épocas pasadas. Consuelo Devis en su obra “ Fundamentos del de la
Estado” presenta
variados argumentos en defensa de la responsabilidad objetiva. Traslada la relación al campo que realmente interesa cual es el económico. Además tiene un beneficio adicional para la comunidad en general y es que obliga a cada cual a hacerse más cuidadoso de su comportamiento. unas empresas en constante crecimiento y unas actividades más complejas y que desembocan en riesgos crecientes que deben ser cubiertos por el derecho. 3. de entre los cuales cabe destacar: 1. debe colocar por encima del individuo y su culpabilidad para indemnizar un daño el interés de la colectividad que es la protección de cada uno de sus miembros.
la Unión decide acoger el código del Estado de Cundinamarca de 1853 mediante la Ley 57 de 1887. y por ende. En Colombia después de la independencia se instituyó el federalismo como forma de gobierno para la Nación. lo cual obligó a los nacientes estados a elaborar y adoptar su propia legislación.19
existió culpa en el actuar del autor del daño. código que había sido redactado por Andrés Bello basándose en el Código Civil de Napoleón. En lo atinente a la responsabilidad este código tiene capítulos diferentes para la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Hasta el siglo XIX el Estado no asumía ningún tipo de responsabilidad. finalmente cuando las circunstancias políticas así lo determinaron y el federalismo dejó de ser el sistema imperante. su propio código civil. por lo tanto responde más a la equidad y a la justicia. y consagra tres tipos de responsabilidad: por el hecho personal. nos encontrábamos en frente de regímenes absolutistas que predicaban que el rey nunca erraba. era un
1.2 LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. por el hecho de otro y por el hecho de las cosas.
Abledo . dictado en Francia en 1873. La carga patrimonial que ahora creemos debe soportar el Estado por los perjuicios antijurídicos se desconoció gracias a la concepción de Estado soberano que pretendía amparar sus desmanes encubriéndose con la teoría de que el hombre está al servicio del Estado y no este al servicio de aquél.20
rey . 1975. Ed. pág. idea bastante arraigada y errada por demás si tenemos en cuenta que "La soberanía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad"3 . que se reconoce por primera vez el hecho de que la Administración es responsable tanto de sus actos como de los hechos a ella atribuibles. Con la aparición de las democracias en las cuales se destaca la función social del Estado y consecuentemente con los Estados de derecho se logró un desarrollo de la responsabilidad estatal hasta llegar al punto en que hoy día prácticamente todos los Estados del mundo indemnizan a sus ciudadanos por los daños que les ocasiona la administración en el ejercicio de sus funciones públicas.dios incapaz de cometer yerro alguno (recordemos que se creía que su poder provenía de Dios y que solo ante el debía responder). además de tener una concepción en la que la soberanía era incompatible con la responsabilidad. Esta providencia revalúa el concepto de la
MARIENHOFF. Es con el fallo Blanco. Tomo IV.
. Miguel. 694.Perrot. Buenos Aires. Tratado de Derecho Administrativo.
pero solo con base en la culpa y de manera indirecta. 1 de Febrero de 1873..no general absoluta. Les Grands Arrets de la Jurisprudence Administrative. Tribunal de Conflictos. pág. 1984. para determinarla se concibe una jurisdicción especial para que mediante unos procedimientos propios se diriman los posibles conflictos que surjan entre el Estado y cualquier particular. a no puede regirse es por ni los principios ni establecidos en el código civil para las relaciones de particulares particulares. aun cuando considera que la Responsabilidad del Estado por el daño causado con ocasión de la prestación de un servicio público ha de separarse de las normas generales del Código Civil..
responsabilidad de una manera absoluta y general...21
estatal. 5. también consagra la remisión por analogía al derecho civil para estructurar las sanciones que deben ser impuestas a los funcionarios por sus faltas (tanto por acción como por omisión) en el ejercicio de su función.tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados"4. así: "La Responsabilidad al Estado por los daños causados a particulares por el hecho de las personas que emplea en el servicio público. Se reconoce la responsabilidad del Estado... 8 ed.
FALLO BLANCO..
. París.
Habría que considerar al Estado como un ente con doble personalidad: de una parte estaría el Estado Soberano. ¿Acaso cuando ejecuta actos de administración con objeto financiero deja de obrar en interés de la comunidad?. ¿Existe algún momento en que el Estado deja de lado su finalidad esencial y para la cual fue creado. y de otra el Estado como ente civil y económico. por lo tanto. cuyo poder en ningún caso se regiría por la ley civil. Esta teoría presenta un problema fundamental: ¿cómo puede diferenciarse claramente cuándo el Estado obra como ente soberano y cuándo como ente civil.22
El primer problema se presentó al momento de definir la relación del Estado con sus funcionarios. y según las normas del derecho civil. se vería en la obligación de responder por los hechos ilícitos de sus agentes. si tenemos en cuenta que su fin es obrar siempre en interés del bienestar de la colectividad?. No hay que olvidar que el Estado contrata obras como ente civil pero no por ello pierde su condición de Estado y debe ajustarse al objeto de él. con lo cual al considerarse como persona jurídica se vería en la obligación de responder en el plano extracontractual por los actos de sus funcionarios ya que estos tendrían el carácter de agentes y el Estado de comitente. lo que sucede es que posteriormente y según las condiciones
. y pierde por ello su naturaleza especial?.
y si el funcionario ocasiona un daño que el perjudicado indemnizado. pero esto en ningún momento es suficiente para afirmar que el Estado obra como persona jurídica de derecho privado. con lo cual surge la teoría organicista que diferencia los agentes de la persona moral. Aparece luego en el ámbito jurídico la teoría de la representación: el órgano representa a la persona jurídica ya que esta lo designa para que actúe en su nombre. lo que sería necesario para evaluar correctamente el tema de su responsabilidad. los directores y representantes (depositarios de la voluntad) y los auxiliares o dependientes (no representan la voluntad). este planteamiento fue revaluado por la dificultad de diferenciar claramente entre unos y otros.23
entrarán a aplicarse al contrato normas de derecho público o privado. El derecho administrativo fue adquiriendo mayor importancia pues con el transcurso del tiempo el derecho civil se hizo insuficiente (aunque en los comienzos fue el soporte esencial no debe soportar tendrá derecho a ser
. De esta manera continuó siendo permanente la tesis de la unidad del Estado que siempre actúa en ejercicio de su poder soberano.
en ciertos casos especiales y debido a su gravedad dicha responsabilidad se extiende con el argumento de la falla del servicio. Se tomó entonces como fundamento de la responsabilidad al derecho público. pero siempre se propone a Francia como la cuna de la reglamentación en esta materia. El crecimiento del Estado y el incremento de sus actividades obligó al surgimiento de su responsabilidad para asegurar la satisfacción pretendida con tales servicios. no de una manera general y absoluta sino según las necesidades del objeto estatal y su relación con los derechos de los particulares. y ahora sí se concibió como una responsabilidad directa aunque restringida a algunos servicios.24
y casi único) para regir las relaciones entre el estado y sus funcionarios que en ejercicio de su función o con ocasión de ella cometían fallas. En 1855 el Consejo de Estado Francés prescindiendo de la analogía en materia administrativa comenzó a dar aplicación a la teoría de la responsabilidad extracontractual de los entes administrativos aunque como ya lo dijimos. concretamente al derecho administrativo. En la Constitución Española de 1812 se reglamentó de manera general la responsabilidad estatal. De cierto modo se mantuvo la idea de que el Estado no debía responder por los actos de sus
la primera es referida mas al hombre que a la función en sí misma. en un primer momento estableció la responsabilidad estatal por sus actos mediante los órganos de poder siempre que los daños se causaran de manera culposa con un perjuicio latente a los particulares.. lo que se traduciría en una desviación de la función. Hoy se sostiene que la falta del funcionario siempre está ligada al servicio con lo cual se amplía la cobertura de defensa de los intereses de los administrados por los daños que le cause la administración. el daño es impersonal: se comete un error al tratar de cumplir la función y por ello se considera una falla del servicio. la falta del servicio se presenta cuando . como dirían los hermanos Mazeaud “ . o sea la personalidad del funcionario se manifiesta en acciones tales como dolo..el funcionario se sirve de la función” por su parte. sólo debía hacerlo cuando expresamente lo consignara una ley.25
funcionarios cuando estos fueran actos de autoridad. de la función en sí misma. Austria fue el pionero de la responsabilidad estatal por el error judicial específicamente. al reglamentar esta ley en 1872 esta responsabilidad se hizo extensiva a los
. en este caso sería la administración la responsable de la indemnización y no el funcionario. Los tratadistas franceses diferenciaron claramente la falta personal de la falta del servicio.
funcionarios judiciales. También en Francia después del Fallo Blanco se desarrolló la idea de la responsabilidad estatal por los hechos de sus funcionarios en el servicio público y determinó la sujeción de esta responsabilidad a las normas de derecho público y a un proceso especial llevado ante la jurisdicción administrativa. Mientras tanto en la mayoría de Europa los estados aún no reconocían responsabilidad alguna de sus actos o hechos, tan solo a comienzos del siglo XX se aceptó algún tipo de responsabilidad pero solo cuando el empleado público cometiera actos culposos, como por ejemplo en Alemania (1910). En Italia solo se logró su consagración constitucional hasta 1947, aún cuando jurisprudencial y doctrinariamente se había reconocido en algunos casos. En Inglaterra se logró en el mismo año 1947, cuando se aceptó la responsabilidad por la Crown Proceedings Act. Por su parte, Estados Unidos facultó a los particulares para reclamar al Estado por los delitos o cuasidelitos de sus funcionarios en 1946. En Latinoamérica encontramos la tendencia a defender al Estado como ente soberano y por lo tanto irresponsable. La innovación más elocuente la encontramos en Colombia y Uruguay, países que desde fines del siglo XIX crearon tribunales especiales que se encargaron de estudiar los casos
de la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos ilegales en que incurrieran sus empleados, a pesar de lo cual se mantuvo la diferencia que también reinó en Europa entre los actos de poder, como actos soberanos, y los actos de gestión, únicos en los que se le deducía responsabilidad al Estado puesto que se consideraba al Estado como ente de derecho privado. Al funcionario público se le asimilaba a un mandatario por lo que las indemnizaciones tenían su base jurídica en las figuras de la culpa in eligendo o de la culpa in vigilando. Posteriormente en Uruguay se consagró la responsabilidad subsidiaria del Estado, al igual que sucedió en México como lo veremos más adelante, pero con una ventaja adicional: esta responsabilidad podía extenderse a los actos legislativos si estos perjudicaban a los particulares, estableció de esta manera la responsabilidad legislativa del estado en su Constitución, norma de vanguardia, pues esto no podía aún imaginarse ni siquiera en los países europeos. Uruguay en 1951 estableció El mismo la constitucionalmente
responsabilidad directa de todas las entidades públicas. En el caso de Brasil encontramos la consagración de la responsabilidad del Estado por los hechos y actos de sus funcionarios en la calidad de verdaderos representantes del
ente público, en el año de 1916.
El Estado podía repetir
contra el funcionario culpable en los casos de violaciones de preceptos legales o en los casos en que este hubiere faltado a los deberes que en su calidad le correspondiesen. En México se consignó la responsabilidad estatal subsidiaria: el Estado se hacía responsable si el funcionario no tenía bienes o estos no eran suficientes para cubrir la indemnización por su falta, lo cual implicaba una carga muy grande para el particular ya que debía perseguir en primera instancia al funcionario y una vez obtenido el resultado y dependiendo de este perseguir al Estado. Argentina pese a la insistencia de sus tratadistas mantuvo como tesis la irresponsabilidad estatal hasta 1933, año en el cual obtuvo reconocimiento jurisprudencial. Guatemala consagró la norma en 1956, pero aún con la limitación de una responsabilidad subsidiaria. En Chile y Perú la tesis de la irresponsabilidad del estado increíblemente se mantuvo hasta 1964. 1.3 ORÍGENES DEL ERROR JUDICIAL En Roma no encontramos ningún antecedente que nos pueda hacer pensar que se concebía la institución del error judicial y
En la edad media encontramos algunas referencias que se circunscriben básicamente a casos aislados. sino que se tenía como una concesión del príncipe que por su benignidad y gracias a las oportunas reclamaciones del afectado o del pueblo otorgaba. como antes se dijo. como afirmaba el autor italiano Giuriati en su obra “ Los Errores Judiciales. lo cual se solucionó mediante un juicio posterior. estos constituían casos completamente aislados y no porque exactamente se tuviera al error judicial como concepto general. Era tan evidente la injusticia derivada de una defectuosa administración de justicia
. antecedentes bibliográficos que dan cuenta de sonados errores judiciales como por ejemplo Martirium Sebastiani Novelli escrito por Triviso en 1480 y que narra la historia de la anulación de un juicio irregular en el que los reos fueron condenados a penas de muerte complejas cuando debieron haber sido condenados únicamente a la hoguera.29
mucho menos encontramos algo que siquiera se asemeje a la indemnización basada en esa figura. es de anotar que no existía el derecho positivo propiamente. esto pudo deberse quizá a que el jurisconsulto emanaba su poder directamente del soberano. en estos períodos el derecho para la víctima consistía en un nuevo proceso y no en una reparación como tal. Para ellos el error se limitaba a un problema en el consentimiento. Diagnosis y Remedios” existen . Esta etapa se extiende hasta los siglos XIV y XV.
que se constituyó en el primer acercamiento a una responsabilidad general del Estado. tanto que hasta la Revolución Francesa. Las Ordenanzas de Leopoldo de Lorena y el Código Penal de Lorena establecieron con amplias limitaciones el derecho a indemnización derivado del error judicial. pese a muchas insistencias.
. La ley penal de las dos Sicilias promulgada en 1865 consagró el derecho de reparación a cargo del Estado por los errores cometidos en la administración de justicia para defender de esta manera los derechos individuales al amparo del criterio de la soberanía popular. Posteriormente. es entonces cuando al advertir cualquier viso o posibilidad de error se determina una nueva substanciación del proceso. encontramos una etapa en que de manera gradual los conceptos de Monarca y de Estado Soberano ceden ante el de hombre reconocido en su condición. se quedó corta en el reconocimiento de estos derechos. y precediendo a la codificación. En Francia encontramos un antecedente en las Ordenanzas de Felipe IV en 1341 y de Luis IX en 1479 reglamentación que se extiende aún a la Revolución Francesa.
pero por lo demás también hay que decir en favor de este tratadista que a pesar de su tesis no
. Suecia 1895. Alemania en 1898 y 1934.31
Dieciséis cantones suizos adoptaron conjuntamente normas a este respecto entre los años 1850 y 1893. Noruega 1897. aunque en este último país un tratadista de la talla de Rocco influyó en la legislación al esbozar la teoría según la cual el error judicial se debería considerar como inevitable ya que emana de una naturaleza humana que por serlo está sujeta a error. Su adopción en otros países europeos se obtiene así: Islandia y Dinamarca en 1888. En países como España existen referencias al error judicial desde las Partidas. y sin embargo su expresión en la Constitución Española de 1978 se considera como toda una innovación en materia de instituciones jurídicas. el Código Penal de la Marina y el Código Penal de 1928. Italia en el Código de Procedimiento Penal en 1913. Hungría 1895. pero se citan de manera importante la ley expedida en 1899. influencia que como ya vimos terminó en 1913. Bélgica 1894. Austria en 1892. Portugal en 1895 y 1896. En Francia al expedirse la reforma de su Código de Instrucción Criminal en 1895 se introdujeron normas que permitían a los particulares solicitar indemnización por las condenas recibidas injustamente.
como ejemplos concretos podríamos citar básicamente dos leyes: la ley sancionada el 21 de mayo de 1851 que trata de la libertad de los esclavos y que consagra indemnizaciones para los perjudicados por la misma.32
negaba el derecho a la reparación patrimonial sino que simplemente le hallaba un fundamento diferente al precisar que el Estado era responsable y debía una reparación con base en la obligación jurídica de asistencia pública o de la solidaridad social. aunque este último de manera limitada teniendo en cuenta las especialidades de su legislación. 1. Su reconocimiento se logró de manera mas amplia en el pasado siglo. y la ley 60 de 1878 que obligaba al Tesoro Nacional a resarcir los perjuicios causados durante las guerras civiles por los ejércitos republicanos. de igual manera que Estados Unidos. En cuanto al caso latinoamericano tenemos que México aceptó este tipo de indemnizaciones en 1871 basándose en la legislación europea.4 LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN COLOMBIA En el siglo XIX se encuentra un pobre desarrollo legal acerca de la responsabilidad derivada de los daños que el Estado puede causar en ejercicio de sus funciones a los particulares. gracias a la jurisprudencia que basándose en normas de
2. Una ley del 21 de mayo de 1851 que trata de la libertad de los esclavos. Ley 39 de 1945: definió cómo se efectuaría la
indemnización o reparación de daños de guerra ocasionados por Alemania a los ciudadanos colombianos. Ley 100 de 1938 que decreta auxilios para las víctimas del accidente aéreo de Santa Ana.
. 3. pero estas lo han hecho basándose mas en el criterio de la ayuda que por su función social debe cumplir el estado para con los particulares que por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Entre otras encontramos las siguientes normas: 1. pues solo excepcionalmente encontramos leyes especiales y esporádicas que reconocen expresamente el derecho a indemnización de los particulares. Consagra indemnizaciones para los perjudicados.33
derecho privado y luego en normas de derecho público construyó su propia teoría. La evolución legislativa colombiana en esta materia nos muestra que son realmente escasos los antecedentes.
salvo fuerza mayor o culpa de la víctima por mal empaque. causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” . Ley 179 de 1959 que decreta la contribución económica
del Estado en favor de las víctimas de la explosión de Cali el 7 de agosto de 1956.34
4. 6. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados. 5. Esta norma como podemos ver consagra una responsabilidad objetiva en contra del Estado. “ En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños.
responsabilidad del Estado por las mercancías almacenadas en las bodegas oficiales desde el momento en que se recibieran hasta el momento en que fueran retiradas legalmente o hasta que fueran abandonadas ya fuera voluntaria o legalmente. La ley que ordenó la indemnización a las víctimas del
Palacio de Justicia en 1985. La consagración constitucional llegó por fin en el año de 1991 de esta manera: “ Artículo 90.
Decreto ley 630 de 1942 artículo 2. que haya sido
claro está que es menester reconocer también un enconado esfuerzo doctrinal por darle la importancia y el desarrollo que este tema merece. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han logrado lo que hasta ahora tenemos en esta materia.
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. Ya desde el siglo XIX se encuentran avances jurisprudenciales importantes. Estado en encontramos Colombia ha que la
básicamente de su construcción. En cuanto a la del jurisprudencia. Bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991 se dictó la ley 288 de 1996. Valle. por medio de la cual se reconoce la obligación del Estado de indemnizar por la matanza de Trujillo. aquél deberá repetir contra este"5. como por ejemplo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de octubre 20 de 1898 que se refiere de manera específica en época de guerra por los actos que ejecuten los agentes del estado. Esto gracias a la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y a la insistente reclamación de los herederos de las víctimas.
sino que por el contrario sufrió serias modificaciones hasta lograr hoy por hoy un soporte mas o menos sólido en cuanto hace a la responsabilidad estatal por los actos u omisiones de sus funcionarios.36
destacar: en primer lugar. José J. Proceso 4655.. un perjuicio y una relación o vínculo de causalidad entre la primera y el último.1 Falla probada del servicio. en ambas se hace un minucioso recuento de la evolución doctrinaria de la responsabilidad estatal en Colombia. que corresponde al
6 actor dar la prueba de su ocurrencia”. con lo cual se destaca que no siempre se defendió la misma tesis. En ella al particular le
corresponde demostrar la falla del servicio.
. como en múltiples ocasiones lo ha señalado la jurisprudencia. una falta o falla del servicio. Jurisprudencialmente se han consagrado tres regímenes de responsabilidad estatal en Colombia. Sentencia del 20 de febrero de 1989. Sección Tercera. Gómez y la segunda. a saber. por tres elementos constitutivos. a saber: 1. que provino del Consejo de Estado el 29 de julio de 1974.
Consejo de Estado. una de la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 1962 con ponencia del Dr. En éste régimen la noción de falla es a tal punto esencial. “ Se caracteriza éste régimen.4.
2 Falla presunta.4. “ este sentido. Expediente 7429.4. No ocurre otro tanto con el caso fortuito” . Se fundamenta también en la falla del servicio. Sentencia del 2 de Marzo de 1993. Carlos Betancur Jaramillo.
1. ni como onus probandi.
Sentencia citada. Se trata de los regímenes que la generalidad de la doctrina denomina objetiva.
elemento falla del servicio no entra en juego. Magistrado Ponente Dr.
. En los campos de la actividad administrativa a los cuales se aplica. pero la carga de la prueba no le corresponde al particular.37
Responsabilidad objetiva de la administración. es la administración quien debe demostrar para exonerarse que no se presentó la falla. causalidad
7 administración y el perjuicio continúe intacto”. la administración solamente se exonera si demuestra la fuerza mayor o el hecho de la víctima. inversora de la carga de la prueba. ni como presunción de falla. demostrada la el por la de la administración así el vínculo pública de demandada. entre exonera hecho de
responsabilidad porque rompe la presunción de imputabilidad. la En ausencia de falla del servicio. que también reúne como elementos constitutivos un hecho y un perjuicio causado por aquél. a cargo del actor.
Es importante destacar que la jurisprudencia contempla la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado pero únicamente por la deficiencia o anormalidad en el funcionamiento. que constituye la valoración o apreciación errada. Actualmente la legislación consagra la responsabilidad del Estado. en materia de error judicial. básicamente por tres acontecimientos: a) Por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En materia de competencia como hemos visto tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado asumían el estudio de estos casos. b) Por el error jurisdiccional. un ejemplo es la aplicación de normas derogadas o que todavía no han entrado en vigencia. zanjando así la discusión acerca del juez competente para resolver estas controversias. tanto de los procesos sobre responsabilidad contractual como extracontractual que se siguen a las entidades de derecho público. no basta con la revocación de la sentencia para alegar un error jurídico. hasta llegar finalmente al punto en que asumió conocimiento definitivo el Consejo de Estado.
. aún no por el error jurídico.
En el estudio que la Corte Constitucional realizó acerca del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia (ley 270 de 1996) declaró exequible el artículo 65 que dice: ARTÍCULO 65. encontramos una posición importante al respecto. causados por la acción o por la omisión de sus agentes judiciales. pues como él mismo dice. ya no puede cimentarse la responsabilidad estatal en la falla del servicio.” “ los términos del inciso anterior el Estado responderá por el En defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.39
c) Por la privación injusta de la libertad. sino también por la conducta ajustada a derecho pero que represente un daño
. con ocasión de la revisión de dicha ley estatutaria. ya que esta doctrina es demasiado estrecha y ha sido renovada por un planteamiento mas ajustado a la realidad histórica. En la intervención del Presidente del Consejo de Estado ante la Corte Constitucional. por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad” . si se tiene en cuenta que ahora la administración no debe solo responder por la conducta irregular o ilegal de la autoridad pública (lo que se considera como falla del servicio). “ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables.
. que como ya vimos es una teoría que actualmente no tiene vigencia en nuestro medio como único fundamento de tan importante institución. En su intervención tanto el Presidente del Consejo de Estado como el Procurador General de la Nación solicitaron que el artículo se declarara inexequible. y este puede presentarse tanto por acción como por omisión de la autoridad.40
antijurídico que la persona no tiene que soportar. Las consideraciones de la Corte sobre la materia apuntan a querer ver en el artículo no una limitación a la responsabilidad estatal sino un precepto que obliga a una interpretación más amplia de la misma. fundados en que es una restricción al planteamiento que sobre la materia se tiene en la Constitución. Consideran que limita la responsabilidad del Estado a la falla del servicio. Para el efecto recuerda que la Constitución bajo ningún aspecto puede ser limitada por normas de inferior jerarquía como se daría en este caso. Por lo tanto declara exequible este artículo que en Colombia se convierte en pilar fundamental de la Responsabilidad del Estado.
se hizo cargo de estudiar la responsabilidad estatal por acciones judiciales. testigo o perito
. Por su parte la doctrina. pero en su mayoría quiénes se han dedicado a su estudio son partidarios de la responsabilidad del Estado en este sentido. Pareja en 1939. El profesor Carlos H. afirmaba que la regla general era la irresponsabilidad del Estado enfrente de los actos jurisdiccionales. según el profesor Pareja. en forma escasa. pero gracias al Código de Procedimiento Penal de 1938 la indemnización debe exigirse al juez.41
1. correspondería al Estado como gerente del servicio público de justicia asumir la indemnización.5
LA RESPONSABILIDAD POR ERROR EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA A diferencia de lo ocurrido con la responsabilidad estatal por los actos y hechos de sus funcionarios. pero con una excepción en el caso del individuo condenado por un delito que no cometió y que posteriormente a su proceso puede demostrarlo. la irresponsabilidad por error judicial era la nota predominante en nuestro país desconociendo de esta manera la importancia del tema si tenemos en cuenta que el derecho a la justicia es fundamental para el ser humano. siendo así. que en Colombia tuvo gran aceptación y desarrollo.
Dicha norma tiene un error de fundamentación puesto que el error no puede predicarse de los funcionarios judiciales o sus auxiliares. no cometen el error como un hecho personal.
La responsabilidad patrimonial de la administración pública. ya que se pondría en duda la validez de una institución tan importante como la cosa juzgada. El profesor Jaime Vidal Perdomo en su libro Derecho Administrativo afirma que la razón por la cual en Colombia no existe consagración de la responsabilidad estatal por error judicial es la seguridad jurídica.
. por el contrario lo cometen como acto del servicio. Ricardo Hoyos Duque8 considera que lo lógico es aceptar que la responsabilidad estatal cubra también los daños que ocasione con la administración de justicia. lo que nos llevaría a adoptar una culpa in vigilando del Estado enfrente de sus funcionarios. Ricardo Hoyos Duque. del Estado.42
que determinó la condena con lo cual en la práctica se hace imposible la reparación del daño por la insolvencia de quiénes tienen que reparar el perjuicio que se causó. e incluso agrega que en tratándose de errores en materia penal la reparación económica es insuficiente para compensar todos los daños que se sufren por estar privado de la libertad. repito. que. 1985. sino del servicio.
Mas recientemente encontramos la obra del Dr. aunque en algunos casos pueda imputársele culpa al agente encargado de prestar ese servicio y por tanto generador del daño.
. Edgar Escobar López “ Responsabilidad del Estado por fallas en la La Administración de Justicia” publicada en 1991 en la que sostiene que sin importar el órgano o agente de la administración que cometa el daño este compromete la responsabilidad estatal por cuanto el daño resulta o de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio.
el daño ocasionado contra derecho en la persona o en el patrimonio de un tercero” .1 Responsabilidad del Estado.44
2. por ejemplo Arturo Alessandri Rodríguez dice: “ la obligación que pesa sobre Es
9 una persona de indemnizar el daño sufrido por otra”. Podemos definirla como
la obligación del Estado de resarcir los perjuicios causados por
.1. Muchos autores se ocupan del tema. CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD Y ERROR JURISDICCIONAL 2. “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil”. 2. Imprenta Nacional. que pueda serle imputado y que debe indemnizar para restituir el equilibrio perdido. Santiago de Chile 1987.1 NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD La responsabilidad puede ser definida como la obligación que nace para una persona con causa en un daño o perjuicio producido a otra. Ed. Amadeo
Soler en su obra “ Transporte Terrestre” la define como “ La obligación de reparar por sí o por otro.
Bernard.1.2 Teorías acerca del fundamento de la
Responsabilidad Estatal. 2. en todo caso.45
su actuación u omisión. París. es decir. 2.
. 201. ésta debe ejercerse para el bienestar de todos por lo cual no estaría bien que solo algunos se vieran obligados a sacrificarse por la colectividad. los cuales el perjudicado no está en la obligación de soportar. 1952.1. "Un sistema de administración no es completo sino cuando el ciudadano tiene el medio de obtener una reparación por los perjuicios que le ocasiones el Estado"10. no siempre que se presente un atentado contra la igualdad debe
SCHWARTZ. El
tratadista Jean Rivero considera que el fundamento teórico es la igualdad de todas las personas que conforman la colectividad ante las cargas públicas. Esta indemnización debe ser global. no existe justificación para la discriminación. debe colocar al perjudicado en la situación que habría tenido de no mediar el daño tanto patrimonial como moral. pág.2.1 Teoría de la igualdad ante las cargas públicas. Le Droit Administratif Americain. La función que cumple la indemnización es la de restablecer el equilibrio que se ha roto al momento de causar un daño a algunas personas mediante la actuación administrativa.
2. La teoría está revaluada puesto que la consagración en una norma afianza el cumplimiento. sin ella no puede entenderse ningún tipo de responsabilidad estatal. por BIELSA.2 Teoría de la consagración legal.4 Teoría de los riesgos sociales. 2. un ejemplo claro lo encontramos al abordar el tema de la normatividad de la contratación administrativa. En mi opinión esta explicación carece de argumentos sólidos ya que el derecho privado y el público son diferentes y tienen instituciones que no pueden ser aplicadas eficazmente en el otro. La
teoría es sostenida por el autor español EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA. El fundamento Esta teoría es único es la
consagración legal. debe serlo también para el Estado que los gobierna.2. pues si se aplica esta institución en el derecho privado como una carga para los particulares. El servicio público
se presta en favor de toda la colectividad y es por ello que las
.3 Teoría de la aceptación lógico – jurídica. quien dice que debe imponerse la lógica que gobierna el sistema jurídico. pero en ningún momento puede entenderse que sea la base para cimentar la institución.46
repararse.1.1. únicamente debe hacerse en el caso de una falta o de la creación de un riesgo.2. 2.1. 2.
las clases de víctimas que pueden presentarse frente a una actuación administrativa y la aplicación que le corresponde. acertadamente en mi opinión. La mayoría de los autores la descalifican. considerado como la actividad del estado tendiente a asegurar en forma positiva una necesidad colectiva. porque el riesgo social puede considerarse como causa mas no como fundamento de la institución.47
cargas deben ser iguales para todos.5. Víctima: El usuario del
. Según el autor. cuyo principal seguidor es DUGUIT. sino como corrección por el perjuicio causado a quién injustamente lo sufrió. 2.1.1 Por la falta administrativa. son: 2.2.1. Se presenta cuando
existe un mal funcionamiento del servicio público. Teoría del fundamento según el carácter de la FRANCIS PAUL BENOIT. La innovación que considero mas importante en esta teoría. es la exclusión de la culpa como fundamento para el deber de resarcir los daños producidos por los hechos que le sean imputables. en el caso de presentarse un perjuicio especial debe ser reparado sin consideración alguna a la existencia o no de la culpa del agente.5 víctima. El fundamento debe ser
analizado desde le punto de vista de la víctima ya que la reparación se consagra no como castigo para el daño.2.
no es un usuario del servicio y tampoco es un tercero.2.2.
tienen derecho a que se les respete el estatuto que los rige.5. Víctima: Por el daño anormal.3 Por la falta personal y la presunción de Los agentes del estado tienen la
obligación de ser un poco más prudentes que el común de los ciudadanos. Ejemplo: Accidente de tránsito entre un agente del estado y un particular.1. por lo cual no está obligado a soportar el daño y de hacerlo el estado se vería abocado a resarcirlo por medio de la indemnización. considerado de manera amplia (incluye también a los particulares que de
.2. en todas sus actuaciones. 2. que tiene derecho al buen funcionamiento de éste y en caso contrario a la indemnización correspondiente. Por falta estatutaria o violación del estatuto de Los agentes de la administración
los agentes públicos.5. Víctima: El agente de la administración.5. derecho a la protección patrimonial y a la integridad física.4.1. El tercero Es aquel que sobrepasa relacionado con la
las incomodidades normales por la actuación del Estado. 2. Víctima: Una persona que para el caso tiene el mismo estatus que la administración. 2.48
servicio.1.2. indirectamente administración.
honra y bienes de los asociados. La finalidad del
Estado de derecho es la seguridad jurídica.3 Fundamentos de la responsabilidad del Estado por Uno de los fundamentos para aceptar la
error judicial. es apenas obvio que de mediar un
. 2. En nuestro país este fundamento es un poco mas amplío si tenemos en cuenta que la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho en su artículo 1. el respeto de los administrados y el respeto al sistema jurídico.1.49
funcionamiento de la administración y del servicio público). MARIENHOFF considera que la razón de ser se halla en los principios constitucionales que rigen cada Estado.
responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la Falla del Servicio Público. al igual que para las demás actuaciones del estado por las que debe responder. 2. para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del estado mismo como de los particulares.6 Teoría del Estado de Derecho. por lo que en definitiva el Estado está al servicio del conglomerado y de la organización jurídica y no como se pensaba antes. estos al servicio de aquél.1.2. si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida.
pero cuando se alega no se presume ni la responsabilidad ni la culpa lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada. y con fundamentos legales claros tanto de la anterior Constitución como de esta ha llegado a la conclusión anotada. La antijuricidad del daño está ligada al concepto de daño sin importar la licitud o ilicitud de la causa que le sirva de fundamento. entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico. La falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal.50
incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente. funcionó tardíamente o simplemente no funcionó. por ello se han originado dos vertientes de
. y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio.
Si el Estado es una unidad y todos sus órganos actúan por él. el daño considerado en sí mismo. debe responder por el no cumplimiento de sus obligaciones.
. La reparación se fundamenta simplemente en la justicia distributiva y si el estado comete un error por abuso. además de la falla del servicio y como fundamento a la responsabilidad del Estado por error judicial. pues la administración debe actuar conforme a derecho y si en alguna oportunidad causa un daño (inclusive en lo referente a la justicia) que el ciudadano no está obligado a soportar. que identifica la causa ilícita del daño y en el que encuadra el fundamento de la Falla del Servicio. y el subjetivo. el fundamento de la responsabilidad debe ser igual para todos. el Estado debe indemnizar para asegurar de esta manera que tanto los derechos fundamentales como los demás derechos de las personas deben ser respetados y en caso de no serlo ellos deben obtener un resarcimiento.51
responsabilidad extracontractual del Estado: el objetivo. Tenemos. desvío o inacción cualquiera sea el órgano específicamente encargado de la función. por ello no podemos estudiar el tema de la responsabilidad que le corresponde al estado por el error judicial de manera aislada. en el que importa que el perjuicio producido sea jurídicamente imputable al Estado y que generalmente tiene causa lícita.
en un criterio de imputación que traspasa los efectos del perjuicio del patrimonio de la víctima al de la administración. sino en resarcir el perjuicio con el fin de cumplir con el objetivo de mantener a los administrados en situación de igualdad ante las cargas públicas que deben soportar. y para asegurar el
. por lo que la Jurisprudencia se vio obligada a cimentarla en el artículo 16 por medio de una interpretación extensiva: "Artículo 16. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia tiene una base constitucional. El objeto de la reparación del daño no se basa en la sanción de una ilegalidad o en el instituto de la culpa personal. con lo que se ha dejado de lado otro tipo de explicaciones que hallaban su fundamento en la obligación moral por la importancia de la función pública que se estaba llevando a cabo. en el fondo. por lo cual la teoría de la responsabilidad se convierte en un sistema de garantías para los ciudadanos. honra y bienes. en sus vidas. La Constitución de 1886 no la consagraba expresamente.52
Con base en esta proposición se tiende a la responsabilidad objetiva ya que la idea de culpa se convierte.
Es la modificación de una situación favorable
Constitución Política de la República de Colombia. 2. 2. Es el detrimento o lesión que como consecuencia de un evento determinado sufre una persona ya sea en su patrimonio. además de cimentar sus bases en la falla del servicio público.4 Elementos de la Responsabilidad.
.1 Existencia de un daño.4.53
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"11. para así conseguir una interpretación mas ajustada a la evolución histórica de la institución y a la realidad que nos ocupa por la cantidad de relaciones jurídicas en las que el Estado interviene no solo para controlarlas sino para ser partícipe directamente y hasta usufructuarse de ellas. sería muy ambicioso y hasta un poco egoísta. en su propiedad o en sus bienes vitales. Personalmente considero que a una institución tan compleja como la Responsabilidad del Estado es difícil encontrarle un solo fundamento. 1886.1.1. me atrevo a incluir las teorías del Estado de Derecho y de la Igualdad ante las Cargas Públicas (entendiéndola de manera amplia y no restringida como lo propone Jean Rivero). Por lo tanto.
se debe excluir la norma antijurídica e ilegal por entenderse que existe otra manera de impedir y reparar. puesto que el que surge de una medida que afecte a la comunidad es una carga que los asociados deben soportar como sacrificio para la primacía del bien común y de la efectiva realización de los fines del estado. Para que exista Responsabilidad del Estado. debe circunscribirse a una víctima de manera particular. Personal. El daño debe ser especial. En principio únicamente la víctima está
facultada para solicitar la reparación del perjuicio que le fue causado. Cierto. Especial. b.54
bien sea por truncar una ganancia (se frustra un aumento patrimonial) o por el menoscabo del patrimonio (directamente se produce una reducción). el daño debe ser: a. lo
cual no significa que se contraponga al daño futuro. cuando sea del caso. este tipo de actuaciones de la administración. c.
. pues éste no se ha concretado pero se tiene la certeza de su existencia bajo el entendido que la causa que lo produce ya se ha originado. Diferente es el daño eventual en el que el hecho ya se ha producido pero hay incertidumbre en cuanto al daño. Debe existir una lesión efectiva a un derecho.
la responsabilidad por daño especial. Debe superar las molestias propias del normal funcionamiento del servicio. ya que la antijuridicidad se encuentra en el concepto de daño sin importar que éste tenga o no una causa lícita. ya sea de orden patrimonial o extrapatrimonial. En este punto es importante resaltar que tanto la especialidad como la anormalidad del daño se predican sólo en algunos regímenes de responsabilidad. de esta manera. Se debe referir a una situación jurídica protegida. cuyo titular no está obligado jurídicamente a soportarlo. se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo. como lo es. Consejo de Estado: "La sala en anteriores oportunidades con apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia española. Ilícito. constituyendo un elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable. e. Esto ha dado dado lugar a distinguir dos grandes regímenes de responsabilidad
d. Es requisito esencial que el daño sea antijurídico. ha dicho que el daño antijurídico equivale a la lesión producida a un interés legítimo. por ejemplo. Anormal. Lo anterior significa que la antijuridicidad del daño está incita en el concepto de daño independientemente de la licitud o ilicitud de su causa. tal y como lo dice el H.
Lo injusto: cada autor se inclina por hacer su propia diferenciación entre lo injusto y lo antijurídico. otro objetivo. Los anteriores criterios han sido compartidos por la Corte Constitucional"12. por su parte el concepto de lo ilícito es más amplio. lo antisocial y lo antijurídico. en el cual importa que el perjuicio producido sea jurídicamente imputable al estado y por regla general la causa es lícita. y basándonos en una visión altruista del derecho. Para entender claramente la disparidad es bueno destacar la diferencia que existe entre lo injusto. lo ilícito. Como injusto podemos tener lo que es contrario a la justicia. podemos concluir que algo antes de ser antijurídico es injusto pues el derecho se creó como una forma de defensa de la justicia.56
extracontractual del estado: uno subjetivo. qué es el derecho sino la
Sentencia del Consejo de Estado del 12 de noviembre de 1998. Expediente 13531. Magistrado Ponente Dr. para tener de esta forma un concepto mas delimitado del elemento que nos ocupa de la responsabilidad. Antijurídico se deriva de jurídico y se le antepone el prefijo anti para denotar algo contrario a derecho. en que se identifica una causa ilícita del daño y.
. Juan de Dios Montes Hernández. si esto es así. Creo que la manera más fácil de resolver este problema es concentrarnos en la significación real de cada una de estas palabras. mientras que por lo antijurídico tenemos lo que es contrario a derecho.
. mientras en lo antijurídico se falta a una norma de derecho lo ilícito va más allá. un ejemplo de ello podemos encontrarlo dentro de los muchos regímenes que han dominado durante la historia y en los cuales un ordenamiento jurídico adoptado como tal es abiertamente injusto por lo cual el incumplimiento de este nos lleva a adoptar una actitud antijurídica y está plenamente aceptada dentro del campo de la justicia. casi siempre implica además una falta social o moral. ir contra el derecho. El caso inverso. como faltar a misa los domingos. sin necesidad de faltar a derecho. se falta a una norma que puede estar inmersa en la esfera del derecho o incluso en la esfera social o moral: puede de esta manera darse un caso en el que se falte a una norma contra la moral cristiana. Lo ilícito: Tomando una idea que me parece muy apropiada del autor Reyes Echandía en su libro “ La Antijuridicidad” podemos afirmar que lo ilícito y lo antijurídico son muy semejantes puesto que ambos implican contrariar una norma.57
herramienta que nos ha de llevar a una convivencia feliz con nuestros semejantes? Pero también podemos decir que lo que es antijurídico no es necesariamente injusto. Es así como se demuestra abiertamente que son conceptos con vida independiente y que no pueden tratarse como sinónimos. la diferencia se halla precisamente en esa norma que se incumple.
así: “ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. se compone del daño emergente (lo que efectivamente perdió) y el lucro cesante (lo que dejó de ganar). como tal es un concepto más amplio que lo antijurídico ya que no todo lo que choca con la sociedad choca con el derecho. El segundo no
. por lo que sería perfectamente válido hallarnos en presencia de una conducta que aunque ajustada a derecho causa un daño que el afectado no está obligado a soportar por consagración legal. 90. En Colombia la antijuridicidad se predica no de la conducta de la administración sino del daño causado. lo antisocial es un concepto metajurídico y que implica una valoración sociológica y no jurídica de la situación. La Constitución Política la consagra como elemento esencial de la responsabilidad del estado.58
Lo antisocial: Es aquello que se opone a la sociedad. art.
El daño puede ser material o moral: el primero es aquel que afecta directamente el patrimonio de la víctima del perjuicio. lo cual constituye una responsabilidad objetiva ya que se obró legítimamente pero se causó un perjuicio que el particular no tiene que sufrir. causados por la acción u
13 omisión de las autoridades públicas” .
mientras que si hablamos de un ente abstracto. pero por la repercusión en las actividades personales del individuo puede llegar a estimarse en dinero como contraprestación. lo que se mira es la efectiva realización del daño y la relación de causalidad (responsabilidad objetiva). con lo cual también se modificaría
. dejando de ser válida la diferenciación responsabilidad civil .59
mengua el patrimonio sino que se presenta en el campo de los afectos y los sentimientos. y no como indemnización. Para poder llegar a
admitir la Responsabilidad del estado fue necesario revaluar la idea de que la responsabilidad sólo podía provenir de un sujeto físico plenamente identificable. sin descartar que al momento de determinar la responsabilidad que por ese actuar le quepa al funcionario se estudie su dolo o culpa. También la evolución histórica nos llevará a concebir la Teoría de la Responsabilidad como una sola.2 Imputabilidad de la actuación. 2. Para los agentes físicos sigue teniendo aplicación el concepto de culpa en su actuar como fundamento de la responsabilidad. y se pasó a aceptar también la idea del ente abstracto que genera el daño.responsabilidad estatal puesto que la valoración es una sola: quién sufre un daño debe ser resarcido. fundamento de una posible acción de repetición (tendencia plenamente seguida en el derecho Colombiano). como el Estado.1.4.
hecho de un tercero. por lo tanto el daño solo es indemnizable en el caso del incumplimiento del deber jurídico genérico (responsabilidad civil extracontractual) o del deber jurídico concreto (responsabilidad civil contractual). La importancia de que esta relación sea directa radica en el hecho de que al no existir no puede predicarse una responsabilidad de la administración. 2. Para que el daño sea indemnizable debe existir una relación entre el perjuicio y el incumplimiento de un deber jurídico a cargo de un sujeto.60
substancialmente la creencia de la responsabilidad como sanción a quién comete un daño y se llegaría al verdadero objeto de la responsabilidad: quién sufre un daño debe ser reparado. Es el nexo directo que debe existir entre una acción y una consecuencia. el daño debe ser consecuencia de una acción u omisión pero directamente. sin perjuicio de que pueda atenderse una responsabilidad compartida cuando de todas formas el estado causó directamente parte del perjuicio. consecuencia de ese deber jurídico a cargo de un sujeto.1. se presenta en los casos de culpa de la víctima.3 Relación de causalidad. caso fortuito y fuerza mayor.
. es decir.4. Podemos concluir que el daño debe ser antijurídico.
2 Contractual o extracontractual.1 De Derecho Público o de Derecho Privado. de un vínculo jurídico anterior o no. la responsabilidad puede ser: Será una u otra Se
encuadra en uno u otro caso dependiendo de la cuestión que
según se derive del incumplimiento de una obligación nacida
.5.61
2. De acuerdo con el órgano que causa el perjuicio.1. Contractual: Entre las partes existe un vínculo jurídico obligacional anterior.1. se promueva. 2. b.5 Clases de responsabilidad del Estado 2. La responsabilidad del Estado por el error en la administración de justicia se encuadra dentro del derecho público y la responsabilidad extracontractual. Extracontractual: Consiste en el incumplimiento de una obligación que nace sin mediar un vínculo jurídico anterior.1. así: a.5.
3.1.1 Actos administrativos: Manifestación de voluntad directamente encaminada a crear.1.5.3
Por actos y hechos de la administración pública.1.3 Operaciones administrativas: Actuaciones
administrativas que comprenden un acto administrativo y su ejecución práctica.3.62
2.5. 2.3.
La actividad de la administración puede ser desarrollada por cualquiera de las tres ramas del poder público. Este tipo de responsabilidad es la que con mayor frecuencia se presenta. La actuación administrativa es llevada a cabo por los órganos administrativos y estos la desarrollan a través de: 2.5.5. 2. por lo que a cualquiera de ellas puede caberle responsabilidad.2 Hechos administrativos: Acontecimiento o
fenómeno que produce efectos jurídicos independientemente de la voluntad de la administración. por lo que al ser mas desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina posee mayor grado de evolución con respecto a la derivada específicamente de la actuación del poder judicial o legislativo. modificar o extinguir situaciones jurídicas en ejercicio de una función administrativa.1.
Omisiones administrativas: Es el "No Hecho". bajo la denominación de crema un producto que no proviniera exclusivamente de la leche lo cual afectó de manera clara y directa a la sociedad. en junio de 1834 se dictó una ley protectora de productos lácteos que prohibía vender. En la doctrina extranjera encontramos como requisitos para alegar la responsabilidad del Estado en estos casos. los siguientes:
. importar. En Francia encontramos un ejemplo que puede ilustrar muy bien el tipo de responsabilidad a que nos referimos.5. el
dejar de hacer.5. el Consejo de Estado condenó al Estado por entender que la actividad no era nociva y hasta la promulgación de la ley era una actividad lícita. La compañía fabricaba una crema compuesta por leche. 2. conducta pasiva frente a un deber jurídico de actuar.3.4 Por actos legislativos. exportar o introducir en tránsito. fabricar. aceite de maní y yema de huevo. que originó la aceptación de este tipo de responsabilidad en Francia.1. que produce consecuencias jurídicas.1. se trata del caso "La Fleurette" o "La Gradine" fallado por el Consejo de Estado Francés en el año de 1838. Daños ocasionados por el
Estado en ejercicio del poder legislativo al emitir leyes.
1. permiten concluir que. No se refiere a una ley inconstitucional en sentido formal sino material.2 La ley debe ser contraria a la Constitución o que por ella el Estado se enriquezca sin justa causa.64
2. porque viola el principio de la igualdad ante las cargas públicas. En Colombia no se ha aceptado jurisprudencialmente. pero la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado no la consideran de imposible ocurrencia en nuestro sistema: " Los casos citados por RIVERO.1
Causación de un perjuicio especial o particular. Julio César Uribe Acosta. Las leyes son una expresión de soberanía y no pueden constituirse en una errónea fundamentación de irresponsabilidad. Magistrado Ponente Dr.
Aunque beneficie a la comunidad no puede ocasionar un daño desproporcionado a una parte de ella.5. 2. dentro de circunstancias distintas a las que se recogen dentro del presente proceso. este nuevo frente de responsabilidad del Estado legislador"14.4.4.5.
Sentencia del 18 de Octubre de 1990. por la vía jurisprudencial. en que la jurisprudencia francesa ha aceptado excepcionalmente la responsabilidad por el hecho de las leyes.1. bien podría abrirse paso. la cual ocasiona un perjuicio a un particular determinado.
2. Algunos autores pretenden hallar su fundamento en la responsabilidad civil originada por el hecho ajeno.65
2.5. De esta manera se olvida que al Estado en muchas ocasiones le son impuestos sus funcionarios por elección popular.5.1. además es incongruente con la realidad pensar que el Estado puede ejercer una vigilancia y control total sobre sus agentes. funcionarios y empleados.1. presupuestos propios de la responsabilidad civil que ya fueron superados en lo que a la responsabilidad del estado se refiere.6 Directa e indirecta. Indirecta: Responsabilidad que le cabe a una persona por los hechos u omisiones de las
La indemnización por los
perjuicios causados por el Estado en desarrollo de la función de administrar justicia encuentran su fundamento en la obligación del Estado de garantizar la integridad y eficacia en la administración de justicia. La primera se deriva del acto o hecho propio del Estado por medio de la actuación que en su nombre ejercen los funcionarios.5
Por acto jurisdiccional. aplicando de esta forma al Estado los conceptos de culpa in vigilando y culpa in eligendo. para así evitar interpretaciones autoritarias y violatorias de los principios legales.
personas a su cargo o por los daños ocasionados por las cosas que a el pertenecen. La responsabilidad del Estado, como ya dije, es siempre directa. 2.2 CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL. La Ley 270 de 1996 por la cual se expidió el Estatuto de la Administración de Justicia define el error jurisdiccional en su artículo 66 de esta manera: “ Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” . El legislador definió el error jurisdiccional, no el judicial porque este último es mas amplio. Judicial hace referencia a todo lo que implica la administración de justicia o a la judicatura, a los procesos, al juzgamiento, a los jueces, funcionarios y empleados, al cuerpo técnico de investigadores, a los auxiliares de la justicia, o sea a las funciones tanto jurisdiccionales como administrativas. Por su parte jurisdiccional se refiere a la potestad que tienen los jueces para impartir justicia con lo cual se restringe el error
a los jueces, magistrados y fiscales, ya que sólo estos pueden decidir o declarar derecho, para decidir cualquiera sea la materia con arreglo a las leyes. De ahí que cuando el error se derive de una providencia ha de llamársele error jurisdiccional; si por el contrario no puede enmarcarse el error en una decisión se denomina error judicial. Cuando hablamos de error debemos tener en cuenta la expresión de voluntad humana de quién lo comete, por lo tanto han de tenerse en cuenta dos cosas: la primera es el deseo, el ánimo que impulsa al acto equívoco y que pertenece al fuero interno de cada cual, y la segunda es la producción de consecuencias derivadas de ese deseo; aunque ambas se confunden en un momento determinado el derecho sólo le concede importancia a la segunda ya que se tiene en cuenta no la voluntad de hacer algo sino la efectiva realización del hecho que se quiso, es decir, las consecuencias en el plano físico y no solo la producción mental que se queda en el fuero interno. También es importante poner de presente que no podemos confundir el error con la ignorancia ya que como dice Carnelutti “ Mientras el error es un modo de ser del juicio, y por ello, del acto a que el juicio se refiere, la ignorancia es, o por lo
15 menos puede ser, la causa del error” . En lo referente al error
judicial la ignorancia debe ser desestimada porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y si no excusa a quiénes se les aplica la justicia mal podría excusar a quiénes la imparten. La Corte hace hincapié en que el error jurisdiccional únicamente se presenta derivado de una providencia judicial, lo que define de forma estricta la materia a estudiar bajo esta óptica; cualquier ejercicio de la función pública del Juez o de las personas que puedan estar incursas en el error jurisdiccional, que no derive en una providencia judicial, llevan a que aquel se estudie bajo los preceptos consignados en la Constitución y en la ley y no bajo la normatividad que consagra el estatuto de la administración de justicia. También de cierta manera pide resaltar la importancia de aplicar este artículo pero atendiendo a los límites de la autonomía funcional del juez, este tiene una libertad consagrada desde la misma Constitución que le permite interpretar los hechos puestos en su conocimiento a la luz de las normas constitucionales y legales que considere apropiadas para la resolución del conflicto16. Por eso, insiste la Corte, es necesario que el error jurisdiccional no se derive de
Carnelutti. Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo III. Constitución Política de Colombia, artículo 228.
arbitrio y de esta manera vulnera los derechos fundamentales
Que la actuación sea manifiestamente contraria a la
Constitución o a la Ley. b. de la persona. Que la conducta del funcionario carezca de un Actúa caprichosamente bajo su
fundamento objetivo. Por el contrario. En este punto es importante delimitar claramente la relación existente entre el acto administrativo y el acto jurisdiccional. netamente caprichosa y que contravenga los principios del debido proceso demostrando que se pronunció en contra de la naturaleza misma del proceso y del proceso en sí mismo considerado. a. se necesita de una actuación subjetiva. podemos decir que es de tal naturaleza que prácticamente la única diferencia consiste en la institución de la cosa juzgada que cobija al acto jurisdiccional. por tanto. actuando así bajo su propio arbitrio. debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la Corte ha definido como “ de hecho” así: vía .69
una simple interpretación de una norma o hecho que así lo permita por su autonomía funcional. por cuanto el fin del administrador es básicamente la misma en cuanto a su contenido ya que ambos partiendo de situaciones de hecho
el funcionario puede decidir cómo actuar según los intereses del Estado.70
son llevados a pronunciarse sobre cuestiones de derecho. a pesar de estar sometido en muchas oportunidades al imperio de la ley. El acto administrativo proviene de un órgano de poder
público que actúa discrecionalmente. no posee un único alcance. así que diferencias materiales entre estos dos actos no podemos encontrarlas claramente. Entre ellas podemos citar las siguientes: 1. salvo que se haga uso de los recursos legales. y a pesar de todas las semejanzas entre las funciones jurisdiccionales y administrativas. la decisión administrativa obliga a todos en su ejecución y no tiene la fuerza de verdad legal reconocida mediante la cosa juzgada. es necesario acentuar sus diferencias puesto que no tienen el mismo alcance. En realidad las diferencias se ponen de presente al momento de escudriñar en los efectos producidos por la actuación: el acto jurisdiccional posee una fuerza especial de verdad legal. En todo caso. Por su parte. existen diferentes
. un valor jurídico propio que es la cosa juzgada. así que ni el mismo juez que profirió la providencia ni ningún otro puede intentar siquiera modificar esa verdad dictada en providencia.
El valor jurídico otorgado al acto jurisdiccional es el de
verdad legal y por eso se protege mediante la institución de la cosa juzgada. aunque en algunas oportunidades se le permita discrecionalmente elegir entre ciertas consecuencias estipuladas legalmente. ya que día a día y por el crecimiento del Estado nos vemos abocados a recurrir a la actuación administrativa para dirimir controversias. En mi parecer estas son las diferencias básicas entre estos dos tipos de actos. función como ya dije que sería exclusiva de su órbita. El acto jurisdiccional tiene como función resolver
controversias. pero autores como Efraín Gómez Cardona anotan algunas mas: 3. y no únicamente con los particulares ya que frecuentemente se
. De otra parte.71
resultados y no necesariamente estos están en forma previa estipulados en la ley. mientras que el acto administrativo no detenta esa característica de inmutabilidad. 2. En mi concepto no es una buena justificación a la hora de diferenciar estos dos actos. el acto jurisdiccional posee unos razonamientos propios que se ven encausados por una predeterminación legal a un resultado único. inequívoco.
ya sea por error de las partes o por error propio: es el error en la forma. hay tratadistas que defienden la unidad del error judicial argumentando que la heterogeneidad entre las dos categorías antes expuestas no es lo suficientemente amplia como para justificar una diferenciación. 4. igualmente se va a producir un error en la providencia y es esto lo que cuenta. Con este error las garantías que consagra el derecho procesal se ven seriamente afectadas y puede llegar incluso a privar del derecho de defensa. consiste en un error de fondo porque es una equivocación en el fallo. La doctrina mayoritariamente
diferencia entre el error in procedendo y el error in judicando. 2. en la estructura externa de los actos. El primero consiste en apartarse de los medios procesales aplicables al caso.1 Clases de Error. El argumento se cae solo. en la providencia. También hay una pretendida diferenciación sobre la base de que el acto administrativo procede siempre de oficio mientras que el acto jurisdiccional siempre debe estar precedido de una demanda o denuncia presentada por alguien interesado.2.
. Sin embargo. El segundo error es en el pronunciamiento.72
presentan diferencias que subsanar entre los mismos órganos estatales.
De omisión. como por ejemplo equivocarse en la fecha o en el nombre de alguna de las partes. lo cual refutan los partidarios de la diferenciación pues el juez no es destinatario de la norma sino “ intermediario entre la norma y los sujetos de derecho” 17 . Título X. No se equivoca en la sustancia de la decisión tomada. Enciclopedia Jurídica Omeba. El error jurisdiccional debe considerarse en la sentencia y es ella la que adolece de la falla. c. De forma. El cual equivoca la sustancia misma de la
decisión y no es fácilmente apreciable e igualmente difícil de reparar. Es fácilmente subsanable.
Couture. De fondo.73
Según estos tratadistas el destinatario de la norma legal es uno: El Juez. No decidir sobre las cuestiones planteadas. b. No toma en cuenta alguna excepción o
defensa importante. o cuando existe contradicción entre el acuerdo y la sentencia. o cuando no hace un pronunciamiento expreso sobre algún tema objeto central de debate. según el tratadista Félix Olmos.
.18con lo cual puede expresarse otra clasificación así: a. por ejemplo.
.2. En el caso de un error jurisdiccional es importante tener en cuenta que no sólo se lesiona el patrimonio de la parte que sufrió el perjuicio. la pérdida de tiempo. otorga instrumentos para que la víctima se recupere del daño sufrido. De copia 2. etc. se causan daños como el sicológico. De hecho e. sino también. Por tanto. el buen nombre. No esencial h. que retribuya globalmente el daño producido a la vida y a la relación social. la aceptación social.74
d. Esencial g. De origen I. El derecho a la
reparación busca mitigar los efectos de los hechos dañinos. la estabilidad familiar. De derecho f. debe buscarse que la indemnización sea integral.2 El derecho a la reparación. la libertad personal.
anormal y especial.
. además de su cuantía. Este tipo de indemnizaciones tiene que cumplir con los requisitos que suelen exigirse para las de carácter civil. pues debe estudiarse cada caso en concreto y no suponer que cuando existe un error igual se presenta un perjuicio de la misma índole. actualmente tiene consagración legal el derecho a la indemnización en caso de que haya habido prisión preventiva con un subsiguiente fallo absolutorio o sobreseimiento. no haya sido detenido anteriormente y no haya estado en prisión penado. debe demostrarse la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el perjuicio que se sufrió. En Francia se reconoció el derecho a la reparación desde el año de 1788 a las víctimas de errores judiciales. El concepto del daño se encuentra muy restringido puesto que se exige que sea grave. En Alemania las indemnizaciones en el ámbito penal se encuentran limitadas al hecho de que quién haya sido injustamente privado de su libertad no haya tenido una conducta inmoral.75
Todo lo anterior no quiere decir que la reparación contenga todos los daños posibles. ni que se tenga derecho a ella de manera automática.
lo que deja al arbitrio del juzgador la determinación de estos supuestos concretos. 19 2.76
En Italia en el caso de la revisión penal se circunscribe a la duración del encarcelamiento y a las consecuencias personales y familiares derivadas de él. éste le es imputado al Estado representado por la persona jurídica para lograr de esta manera que patrimonialmente se compense el efecto que se ha causado. Imputación del error jurisdiccional. ya que la reparación únicamente cumple con su función cuando no es factible volver las cosas a su estado anterior.
. Sección Cuarta. 20 de mayo de 1997.3. Magistrado Ponente Dr. y de la equidad. el efectivo anormal Luego de de la
administración de justicia. German Ayala Mantilla. No sobra agregar que a la luz de la legislación colombiana.2. es imposible solicitar el restablecimiento del derecho y la reparación del daño conculcado a la vez.
es importante determinar qué entendemos por función jurisdiccional. para este caso concreto nos interesa estudiar todo lo referente a la función jurisdiccional ya que es en ella que estudiaremos que tipo de responsabilidad le cabe al Estado por el incumplimiento o las equivocaciones que cometan en el ejercicio de esta función. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Como sabemos en la concepción general que tenemos acerca de los poderes y deberes del Estado existen tres grandes funciones. a saber: la legislativa. quién al respecto dice: “ La que tiene por objeto decidir cuestiones jurídicas
. la administrativa o ejecutiva y la jurisdiccional.77
3. Por consiguiente. Pero para tener una definición más certera debemos citar al tratadista Sayagues Laso. En un sentido amplio podríamos decir que se trata del ejercicio del control sobre los actos del gobierno (entendido este como el parlamento y la administración) y la definición de los conflictos que surjan entre los particulares o entre estos y el Estado en ejercicio de la función social del individuo.
3. Martín Bianchi Altuna. se entiende por justicia ordinaria y resuelve los conflictos que se enmarcan dentro del derecho privado. tales como son la naturaleza del proceso y las calidades de las partes que en el intervienen. Montevideo. En un ámbito más concreto. Resolución de conflictos entre los particulares y el Estado surgidos de los actos que de este último emanan: para el proceso que resuelva estas diferencias se crearon el derecho administrativo y los tribunales administrativos. debemos tener en cuenta las variantes que para el ejercicio de esta función se presentan cada día. 2. 1953.78
controvertidas. podemos decir que es el de impartir justicia.
. Resolución de conflictos entre particulares: sin importar
cual sea la naturaleza del proceso.
Tratado de Derecho Administrativo.1 OBJETO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Considerado de manera amplia el objeto de la función jurisdiccional. por esto en la legislación encontramos diferentes tipos de procesos que regulan cada situación en particular teniendo en cuenta las variantes antes mencionadas: 1. edit. mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva” 20 .
Suma Teológica. Esta función
corresponde básicamente a las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa. podríamos definirla como: "Hábito según el cual uno con constante y perpetua voluntad da a cada cual su derecho". y consiste en verificar que todas las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico estén de acuerdo con la Constitución.
. En cuanto a la justicia. Biblioteca de Autores Cristianos. ya que los intereses que protege el derecho penal son particulares en principio pero finalmente colectivos por el perjuicio que se causa a la comunidad o por el eventual peligro que pueda correr la estructura social.21
Santo Tomás. con el fin de mantener una organización coherente en materia de normas y de organización del Estado. Madrid. ed.79
3. 4. Resolución de conflictos de legalidad. Resolución de conflictos penales. En este tipo de procesos la sociedad está siempre representada por un agente del Estado pues se entiende que en todos los casos se afectan sus intereses ya sea de manera directa o indirecta. 271. 1956. pág. Tomo VII.
del sostenimiento. además de la dignidad especial que se les da a quiénes ocupan dichos cargos.1 Independencia.2. mas que un problema jurídico se puede catalogar como un problema moral o ético aun cuando en la legislación existen algunas normas que no solo pregonan sino que exigen la imparcialidad.2 Imparcialidad.80
3. Uno de los sistemas que asegura una independencia y reemplazo la buscan a de los jueces es en el de que nombramiento generalmente jueces. en la mayoría de los casos se necesita recurrir
. de la dotación. con lo cual se pretende lograr que en ningún caso se vean influenciados o presionados para sus decisiones aun cuando para su desempeño necesiten del presupuesto. 3. etc. Con ella se busca hacer efectiva la
garantía de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.2. esto en lo que hace a las demás ramas.2 INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES 3. sistemas
nombramientos.. pero también se presenta con respecto a la relación jerárquica ya que ésta jerarquía sólo debe tener relevancia en los aspectos administrativos o funcionales. Con ello se busca que los funcionarios de esta rama no dependan para el ejercicio de su función de las otras ramas. que debe brindarles el gobierno. ejemplos de estos sistemas son la cooptación y la carrera judicial.
o inclusive cuando deben subsanar las faltas en las que incurre algún tipo de legislación para llenar los vacíos legales. de acuerdo con lo cual y según Duverger. con lo cual quiere señalarse que cualquier persona dentro del Estado puede recurrir a los jueces o magistrados para que digan derecho y con ello administren justicia. 3.1 Interpretación. para hacer cumplir las decisiones que se tomen al decir el derecho. 3. Es el poder que tiene el juez.81
a la conciencia. para ello les fijan a las personas los deberes y obligaciones que deben cumplir
. poderes: 3.3. al fuero interno del juez.3. Artículo 230 de la Constitución Nacional.
considerado de manera genérica. La jurisprudencia crea y en estos casos se supera el límite de la simple interpretación para llegar hasta la creación del derecho.2 Decisión ejecutoria. Al aplicar el derecho lo crean pues la jurisdicción es trascendental para el funcionamiento del Estado y por ello tiene los siguientes
deben decir el derecho no obstante el texto sea obscuro o ambiguo.3 PODER JURISDICCIONAL Etimológicamente significa decir el derecho. por la dificultad que para el derecho significa imponer este tipo de conductas.
obligaciones que de no ser cumplidas por decisión propia pueden ser forzadas.4 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 3. 240. 3.3. Barcelona 1955.. Tomo I.
Diccionario Enciclopédico Salvat. Puede definirse como "La acción de los tribunales a quiénes pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales y cuyas funciones son juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado"22. etc.. el recurso de revisión. de derecho público o derecho administrativo.A. Salvat Editores S. Un asunto que ya ha sido materia de una decisión definitiva por parte de la jurisdicción no puede volver a ser discutido puesto que se considera que ya tiene fuerza de verdad legal. Ed. ya se trate de procesos de derecho privado. en algunas oportunidades la misma legislación plantea excepciones a este principio como cuando consagra el indulto.82
para hacer efectivo el derecho. pág. pero no por ello estas situaciones modifican el juicio de la jurisdicción.3 Cosa juzgada.
. la amnistía. El poder jurisdiccional en Colombia está organizado de tal manera que las diferentes categorías de actividad jurisdiccional están confiadas a tribunales diferentes.
3. Por ello se crearon sanciones para quién incumpla los términos estipulados en la ley. Dentro del objeto del proceso y
respecto de los sujetos que intervienen.1.1. Actuar sin injerencias de ningún tipo. Impide inmiscuir los intereses particulares y para eso se debe atener los impedimentos y recusaciones.4 Celeridad.4.4. 3.4. 3.4.1 Principios. 3.3 Imparcialidad. Eficiencia por medio de procedimientos
ágiles y flexibles. para decidir los asuntos que sean de su competencia.2 Gratuidad. Artículo 228 de la Constitución Política de Colombia.4.
. ni aún de su superior jerárquico.1 Independencia. Quién accede a ella no debe hacer
ninguna erogación por su servicio para evitar cualquier tipo de discriminación económica en el acceso a la justicia.83
3.1. Es la base de la defensa pública.1.
bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente. La función pública se encuentra muy ligada al servicio público.84
3.6 Audiencia del interesado. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellasprevalecerá el derecho sustancial. 4 ed. el interesado tiene el derecho de acción y de contradicción.. La administración de justicia es función pública. 1962.1. según las ordenaciones del derecho público. el
"Artículo 228.1.5 Efectividad. en forma continua y obligatoria. Derecho Administrativo. 84.
SARRIA. de presentar y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra. Sus decisiones son independientes.
. 3. y es aquella que se desarrolla por medio de un régimen jurídico especial que determina la designación de los funcionarios.4. o a cargo de simples personas privadas"24..4. las clases de empleos. Consagración del derecho de defensa. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general.4. Bogotá. Este principio también está consagrado constitucionalmente en el artículo 22823. El servicio
público puede definirse como: ". la posesión de éstos. Eustorgio. 3. Prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. pág.2 El servicio público y la función pública. o de concesionarios o administradores delegados.
El artículo 228 de la Constitución define la administración de justicia como una función pública. conciliadores y amigables componedores. dicen. lo que puedo interpretar del artículo es la voluntad del legislador de revestir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia mediante las figuras de árbitros. lo cual es una delegación de la función estatal. las atribuciones. se trata de colocar a la justicia en una situación difícil pues de ésta manera. 3.
. mediante la cual se desarrollan los fines del Estado.4. Particularmente no estoy de acuerdo con tal apreciación. Para algunos autores.3 La Administración de justicia como función pública. que no están de acuerdo con esta definición.85
régimen disciplinario que los cobija. Pero acogiéndome a la teoría del autor BIELSA para diferenciarlos es necesario entender que la función pública va mas allá del servicio público. Ambos tienen en común la continuidad en la actividad. el régimen prestacional y la carrera administrativa. mientras éste último se refiere a lo particular y materializa la función. aquella es lo abstracto. la necesidad de un servicio público que atender y la delegación o encargo del servicio en cabeza del funcionario. lo general. se está aceptando la justicia privada.
se acude a la figura de la responsabilidad estatal en orden a obtener la indemnización que permita reparar los perjuicios ocasionados. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR JURISDICCIONAL El fin del Estado es la consecución del bienestar de la colectividad mediante la satisfacción de sus necesidades.86
4. no se controvierte el contenido jurisdiccional de los actos sino la actuación del Estado: no se cuestiona su facultad o derecho para llevar a cabo la actividad que se deriva del acto judicial. y previa demostración del cumplimiento de los requisitos esenciales. Cuando por error o ineficiencia en la prestación del servicio público causa un daño que el particular no está legalmente obligado a soportar. agentes y funcionarios. En lo referente a la responsabilidad que le cabe al Estado por el error jurisdiccional. Para el Estado desplegar tal actividad necesita servirse de sus órganos. Hablamos de actos judiciales y no de los actos administrativos que de todas formas tienen que
. sino la forma como se desarrolló dicha facultad.
. El autor Italiano CASSAGNE dice que ésta es una
responsabilidad excepcional a raíz del perjuicio causado a un particular por los órganos jurisdiccionales del Estado en ejercicio de la función judicial. Se critica por ser insuficiente para determinar las complejas relaciones que entre particulares y estado se crea en una situación como la descrita. 4. Excepcional en cuanto en un Estado de derecho los ciudadanos deben someterse a las decisiones adoptadas en los procesos judiciales.1 Teoría de la Relación Contractual. El Estado cuando incurre en una falta de este tipo viola el contrato celebrado con los particulares.1. por lo cual están obligados a soportar daños en el desarrollo del proceso sin indemnización hasta la sentencia.1 TEORÍAS SOBRE DEL EL FUNDAMENTO POR EL DE LA
desarrollar los agentes de la administración cuando ejercen la función jurisdiccional. mediante el cual éstos le entregan su poder para que aquel los defienda y proteja. Se basa en la teoría del contrato social de Rouseau.
autor GREGORACI.
por lo que el error es un riesgo insuperable. Esta teoría aplica principios del derecho civil a la responsabilidad estatal. etc. El ejercicio de la actividad de administrar justicia conlleva un peligro. Por otra parte. es una teoría desde hace tiempo superada.88
4. al juzgar erróneamente.3 Teoría de la igualdad ante las cargos públicas. Consiste en una
responsabilidad objetiva.2
Riesgo Profesional. ya se considere éste delito o cuasidelito. 4. supuesta. eficaz administración de justicia.
.1.1. El Estado debe responder por el hecho ilícito que cometió. que como he venido sosteniendo. un accidente en el funcionamiento de la justicia y la sociedad debe soportar estos inconvenientes brindando a las víctimas del error una indemnización proporcional al daño sufridos. no crea un riesgo especial para la colectividad. 4.4 Teoría de la responsabilidad extracontractual o
Aquiliana.1. Se
viola el principio de igualdad si se exige que la víctima sufra ese sacrificio especial para mantener una. Críticas: se funda en principios de derecho privado y olvida la responsabilidad cuando no hay dolo o cuando hay culpa compartida. la actividad jurisdiccional no puede considerarse como riesgosa.
4. lo que es bastante discutible.1. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
. Se establece un servicio para el beneficio común.
una organización con mucho poder.2 PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El artículo 67 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone: “ PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. Fundamenta la institución de la responsabilidad en la obligación jurídica de asistencia. El fundamento del
Estado de derecho es la protección del derecho. por lo que la responsabilidad es un resultado apenas lógico de esta organización social. ROCCO. cuando en desarrollo de el se daña a un particular ese daño debe ser reparado para asegurar mejor el cumplimiento de la función pública. 4.1. la seguridad jurídica y el respeto a los administrados.5
Teoría de la obligación jurídica de la asistencia El Estado es
pública o de la solidaridad social.89
4. cuando en ejercicio de ese poder daña a alguien debe reparar ese perjuicio con base en los principios de la solidaridad y la mutualidad.6 Teoría del Estado de Derecho.
Julio Andrés Sampedro solicitaron se declarara inexequible por cuanto imponía cargas adicionales a los ciudadanos que estos no deberían tener pues se les convierte en obligación una facultad. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. además argumentaban que se violaba la Constitución ya que esta en su artículo 90 no ponía limitación alguna al derecho a la indemnización y con este artículo se está haciendo. 2.1 Haber interpuesto los recursos de ley.” Al artículo es conveniente hacerle los siguientes comentarios: 4. excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70. Augusto Ibañez y el Dr. La Corte por su parte basó su fallo de exequibilidad en el argumento de que los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la justicia y con la agilidad en su administración.2. en que la Corte Constitucional En el la
exequiblidad de este artículo profesores como el Dr.90
1. por lo tanto exigir que los ciudadanos colaboren interponiendo
¿Si el daño puede evitarse.
. es importante que el ciudadano colabore para una efectiva y ágil administración de justicia. 4. Por otra parte. En este sentido es necesario agregar que la persona que se ve afectada por un error jurisdiccional en primera instancia debería tratar de evitar que el daño efectivamente se realizara lo cual puede lograrse mediante el ejercicio de las acciones del caso.2.91
los recursos de ley está bien pues de esta manera están obligando a la misma administración a que sea más ágil. debe haber hecho tránsito a cosa juzgada puesto que mientras puedan interponerse los recursos que la ley brinda no parecería lógico hablar de un daño y de una consecuente indemnización. y como se dijo anteriormente.2 La providencia debe estar en firme. Es apenas
lógico entender la necesidad de que la providencia que es producto del error jurisdiccional y que posteriormente va a constituir la base para un proceso de Responsabilidad Estatal esté en firme. para qué sufrir las consecuencias? Podríamos llegar a afirmar que el ciudadano que no lo haga estaría actuando de una manera casi que negligente y estaría ayudando con su propia actuación a que el daño se consumara.
2. Para que el daño se produzca debe hablarse de un sujeto pasivo determinado y de este modo sólo quién se haya visto obligado a sufrir las consecuencias desfavorables de la actuación de la administración puede demandar para ver resarcido su perjuicio. Que la actuación del juez se encuentre dentro de los
presupuestos generales que determina la ley.92
Podemos hablar de unos presupuestos específicos para determinar la responsabilidad cuando ha existido un fallo en la prestación del servicio público de la justicia.
. Biblioteca Jurídica Dike. Es menester que a la hora de exigir una responsabilidad por parte de la administración de justicia la actuación de sus funcionarios encuadre dentro de la norma general que determina como aciago dicho comportamiento.
La Responsabilidad del Estado por Fallas en la Administración de Justicia. 1991. Que el actor sea o haya sido parte en el proceso que
originó la responsabilidad. Al momento de exigir una reparación debe probarse que efectivamente se sufrió un perjuicio por una carga que como ciudadano no está obligado a soportar y que el daño causó un perjuicio concreto. Que el actor haya sufrido un perjuicio cierto. los cuáles según Edgar Escobar López25 son: 1. 3. Primera Edición.
El error jurisdiccional compromete a la administración porque a menos que sea un delito imputable al juez.
Relación de causalidad entre el perjuicio y el proceder
equívoco del juez que expone la responsabilidad del Estado.3 LA FALTA PERSONAL Como se ha dicho en reiteradas oportunidades. en definitiva. La falta personal es aquella en la que el agente se ve obligado a responder con su patrimonio ante el juez civil y según las reglas del derecho privado. es considerado como una falla en el servicio público que el Estado presta al conglomerado en vista de la jurisdicción con que se revistió al funcionario que causó el perjuicio.93
4. el Estado actúa a través de las personas naturales. que son. Tanto la jurisprudencia como la doctrina francesa (base fundamental del derecho administrativo colombiano) se han ocupado de determinar los casos en los que se puede presentar esta falta:
. de forma que sea necesario determinar si la falta la cometió el agente de manera personal o no. 4. los autores de los daños imputables al Estado por la actuación administrativa.
En este caso el Estado también garantiza la reparación del perjuicio para garantizar que el particular sea indemnizado. disciplinaria y penalmente.94
a) Cuando el agente desarrolla actividades privadas que no tienen relación alguna con la función que desempeña. pero que no puede imputárseles de manera personal. que inmiscuye a uno o varios agentes. pero sin vínculo con éste. Es el incumplimiento en el normal funcionamiento del servicio. b) En ejercicio y con ocasión del servicio. . quién en últimas debe responder civil . 4. Los criterios para establecer esta falta son: . pero tiene la obligación de hacer uso de la acción de repetición contra el funcionario.4 LA FALTA DEL SERVICIO. Se presenta por el hecho
. malicioso o de beneficio personal.La falta excede la mediana de las faltas personales que se tienen previstas.La intención del agente que persigue un fin doloso.
Es el sustento esencial de la responsabilidad del Estado y en particular de la por error en la administración de justicia. Es importante determinar que en el régimen colombiano no es posible pretender una responsabilidad estatal en situaciones diferentes a una sentencia definitiva y en firme. pues se
mismo del servicio. es impersonal y revela a la administración como un ente sujeto a error. es la administración quien debe indemnizar por considerársele responsable. El funcionario no es responsable personalmente. Genera responsabilidad disciplinaria del agente. Actúa indebidamente. 2. ya sea por error o por falta personal del funcionario. Es una situación difícil y hasta el momento el único camino que se ha hallado para remediar esta situación es acudir a la acción de tutela. por ejemplo no se tienen en cuenta las medidas cautelares. No actúa debiendo hacerlo (denegación de justicia). la cual se considera una función pública a cargo del Estado y hay un incumplimiento cuando: 1.
La víctima tiene la carga probatoria tanto de la falla del servicio como del perjuicio que se le ocasionó.4. la culpa exclusiva de la víctima.
.2 Acumulación de responsabilidades. 4. el Estado únicamente puede librarse de su responsabilidad si demuestra el hecho de un tercero. responsabilidad se genera al demostrar que existió falla en el funcionamiento del servicio.4. porque de lo contrario se hallaría al Estado responsable de todos los daños causados en su actividad. 4. capaz de producir un perjuicio sin importar si medió o no la intención de la administración. caso fortuito o fuerza mayor.1 Teoría de la falla del servicio. Consiste en el anormal
funcionamiento de las tareas a cargo del estado. aunque fueran normales. La el Corte Suprema de la de Justicia la planteó del en varias la
oportunidades argumentando que la falla del servicio sustituye concepto culpa individual agente. Separa el concepto de culpa subjetiva de las personas naturales y la culpa objetiva.96
administrados para detentar una justicia eficiente. y una vez demostrado se hace acreedora a la indemnización. Se presenta en el caso de coincidir elementos de la falta personal y la falta en el servicio.
" "En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños.97
1." 4.5 LA COSA JUZGADA. Falta personal en el ejercicio de la función. con base en el artículo 90 de la Constitución: "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Los jueces cumplen la función judicial declarando el derecho con efectos obligatorios para las partes en el proceso. causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 2. para lo cual no es indispensable una verdadera controversia. 3. y lo hacen mediante providencias que pueden dividirse en:
. aquel deberá repetir contra este. Falta personal por fuera de la función pero relacionada con ella. Se presentan al tiempo ambas faltas. que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. El particular puede demandar al funcionario o al Estado.
4. en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica en el caso concreto"26.1 Sentencias. Producen el efecto de cosa juzgada. Devis Echandia así: "la calidad de inmutable y definitiva que la ley le otorga a la sentencia.2 Autos. pág. para brindar seguridad a las relaciones jurídicas sobre las que versa la decisión. Ed. Definitividad. Excepciones:
DEVIS ECHANDIA. Es indispensable para que la cosa juzgada produzca sus efectos que la sentencia esté ejecutoriada. Compendio de Derecho Procesal. 1976.
. Su finalidad es ponerle fin a los procesos para obtener la eficacia en la función jurisdiccional. Bogotá. Lo resuelto es indiscutible hacia el futuro en otros procesos. 456. La cosa juzgada es definida por el Dr. Tomo I. Inmutabilidad. Todos los demás pronunciamientos del juez
dentro del proceso. 2. ABC.5. 4.5. efectos: 1. Es la decisión sobre una demanda o sobre las excepciones que no tienen el carácter de previas. Los jueces no pueden conocer y resolver en otro proceso de las pretensiones que han sido objeto de sentencia. Hernando.
. c) Las sentencias que declaran probada una excepción de carácter temporal. por ser ésta es una necesidad social y sólo se respondería en el caso de que una ley lo dispusiera de esa forma. d) Las sentencias inhibitorias.99
a) Las sentencias en los procesos de jurisdicción voluntaria. Algunos autores fundamentan la irresponsabilidad del estado por el error jurisdiccional en la institución de la cosa juzgada. Es un recurso extraordinario que procede contra las
sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia. los Jueces de Circuito. b) Las sentencias que deciden situaciones susceptibles de modificarse en el tiempo. Su finalidad es la protección de la buena fe y el derecho de contradicción.6 EL RECURSO DE REVISIÓN. los Municipales (salvo las sentencias de única instancia que emitan) y los de Menores. Con este recurso se ataca la sentencia no por errores formales sino por la injusticia que únicamente puede alegarse con base en hechos nuevos. los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales. 4.
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5.1 Causales de Revisión. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas. 6. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella. Se encuentran consagradas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y son: "1.100
4.6. 2. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. 3. aunque no
. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquélla fue dictada. 7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152.6. modificados algunos primero por el decreto 2304 de 1989 y recientemente por la ley 446 de 1998.101
haya sido objeto de investigación penal. Está consagrado en los artículos 185 a 193 del Código Contencioso Administrativo. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Procede contra las sentencias ejecutoriadas
. siempre que haya causado perjuicios al recurrente.2 El recurso de revisión en lo Contencioso –
Administrativo. siempre que no haya saneado la nulidad. Sin embargo. no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada." 4. 9. 8. siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso.
4. la aptitud legal necesaria.
. o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia. al tiempo del reconocimiento. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos. con lo cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.. después de dictada la sentencia a favor de una persona. 2. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica.102
dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos. 3. y las causales para la interposición del recurso están consignadas en el artículo 188. o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. Aparecer. sustituido por el artículo 57 de la mencionada ley: "1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. otra con mejor derecho para reclamar. y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas.6. Sus causales están contenidas en el artículo 232: “ Artículo 232. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. Se
encuentra consagrado en los artículos 232 a 242 del Código de Procedimiento Penal." 4. 6.3 El recurso de revisión en materia penal. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados personalmente por ilícitos cometidos en su expedición. Sin embargo.103
5.. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Procedencia. 8. en los siguientes casos:
. 7. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
2. que el fallo objeto del pedimiento de revisión se fundamentó en prueba falsa. 4. en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción. se demuestre. por falta de querella o petición válidamente formulada. o su inimputabilidad. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas. 5. en sentencia en firme. que establezcan la inocencia del condenado. o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. Cuando se demuestre. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.104
1. que el fallo fue determinado por un hecho delictivo del juez o de un tercero. 3. Cuando con posterioridad a la sentencia. no conocidas al tiempo de los debates. mediante decisión en firme.
cuando ha quedado ejecutoriada y en su contra se interpusieron los recursos de ley.” Esta acción puede intentarse por el defensor. Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de cesación de procedimiento y preclusión de la investigación. 4. la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.7 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN La acción de reparación directa que se encuentra consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. los titulares de la acción civil en el proceso penal. Cuando mediante pronunciamiento judicial. consagra la caducidad al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho.105
6. por el Fiscal y por el Ministerio Público. omisión u operación administrativa. relacionado con el artículo 136 del mismo modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. a partir del día siguiente al momento en que la providencia esté en firme.
1 EL JUEZ COMO AGENTE DEL ESTADO Para el eficaz funcionamiento del servicio público de la justicia y la consecuente satisfacción de esta necesidad general. el estado se sirve de personas a las que se les exigen requisitos especiales y mediante cuya actuación se asegura el desarrollo de tal función estatal. debido a ello el Juez como persona encargada por el Estado para propender por el bienestar de la colectividad debe ceñirse a la norma que regula la situación jurídica general y a los deberes y obligaciones que la ley de manera particular defina para él. Por tanto. es importante mantener una claridad jurídica ante la forma de actuar de estas personas. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL FUNCIONARIO JUDICIAL POR LOS ERRORES COMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO 5.106
5. que en ningún momento permita que desconozca sus obligaciones ya sea por su propia voluntad o por un error irreparable. o que el ciudadano no pueda valerse efectivamente del servicio público de la justicia.
como quién dice a los jueces. etc. (Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y numeral 1 artículo 95 del Decreto 250 de 1970). ya que éste compromete su responsabilidad en forma directa por la actuación de sus funcionarios capaces de encarnar la persona jurídica. aplicable a todos los funcionarios administradores de justicia con facultades jurisdiccionales ( facultad de proferir decisiones que declaren derecho). fiscales. . magistrados. 5.107
El daño que este agente ocasione en el ejercicio de su función implica una falta en contra de los beneficiarios particulares del servicio que debe ser subsanada por el ente público correspondiente. so pena de incurrir en una falta disciplinaria. árbitros.
. por la relación laboral que los une. afirma que al juez le corresponde dirigir y adelantar el proceso.2 DEBERES DEL JUEZ El artículo 37 del Código de Procedimiento Civil. adoptar las medidas del caso para evitar su paralización y procurar una mayor economía procesal. Este planteamiento es consecuencia directa de la soberanía estatal que surge de la esencia jurídica del Estado y que lleva a determinar a su cargo la Responsabilidad Extracontractual que modernamente se ha aceptado. abogar por su pronta solución.
También se halla dentro de sus obligaciones la de hacer efectiva la igualdad que debe subsistir entre las partes en el proceso ante el derecho. Decidir el asunto que se puso en su conocimiento aun cuando no se encuentre una norma legal exacta aplicable al caso. o ésta sea oscura o incompleta. 73 y 178 del Código de Procedimiento Civil). la lealtad. para beneficiar con ello a la justicia (artículo 179 y 180 del mencionado código). Aplicar las normas de saneamiento para evitar con ello nulidades en el procedimiento y sentencias inhibitorias ( artículos 145 y 401). ya sea decretándolas de oficio o aceptando las propuestas por las partes. así como cualquier intento de fraude procesal (artículos 38. los actos que sean contrarios a la dignidad de la justicia. Ejercer las facultades discrecionales que le son concedidas por la ley en lo referente a pruebas para llegar a la verdad de los hechos. ya que en la ley existen vacíos
. probidad y buena fe que deben observar las partes. El juez debe prevenir. remediar y sancionar según los instrumentos legales con los que cuenta. 58.
al igual que su responsabilidad penal. En el caso del incumplimiento de alguno de los deberes legales el juez compromete la responsabilidad del Estado. Respetar. La Ley 270 de 1996 en su artículo 153 amplía los deberes de los empleados y los funcionarios judiciales así: “ Deberes. Ser diligente en la substanciación de los asuntos que sean de su conocimiento y además respetar y velar porque sean respetados los derechos de quiénes intervengan en el proceso. según corresponda.109
pero en el derecho no. moralidad. la doctrina.
. etc. celeridad. las leyes y los reglamentos.
eficiencia. lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. la costumbre. los siguientes: 1. Así puede aplicar las leyes por analogía. civil y disciplinaria. 2. cumplir y. hacer cumplir la Constitución. la jurisprudencia. solicitud. dentro de la órbita de su competencia. Desempeñar con honorabilidad. Son deberes de los funcionarios y empleados.
Obedecer y respetar a sus superiores.
. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas. 4. 8. dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. Guardar la reserva que requieran los asunto relacionados con su trabajo. 6. sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. 5. Observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía debidas. aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso. 7.110
3. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir.
y por la decorosa presentación del Despacho.111
9. el monto de sus bienes y rentas. cada dos años. Cuidar que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su elevada misión. Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo. 13. 14. al retirarse del mismo. 12. 11. cuando la autoridad competente se lo solicite o cada vez que su patrimonio y rentas varíen significativamente. muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización.
. Atender regularmente las actividades de capacitación y perfeccionamiento y efectuar las prácticas y los trabajos que se les imponga. Responder por la conservación de los documentos. Antes de tomar posesión del cargo. útiles. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio. equipos. declarar bajo juramento. 10.
Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. 20. 21. probidad. Residir en el lugar donde ejerce el cargo.112
15. con la excepción prevista en el parágrafo segundo del artículo 151. Declarado inexequible. sin perjuicio de la respectiva sanción. 16. sancionando las maniobras dilatorias así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad. 19. Dedicarse exclusivamente a la función judicial. Para este último caso se requiere autorización previa del Consejo Seccional respectivo.
. honradez y buena fe. Declarado inexequible. o en otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación. 17. veracidad. 18. Evitar la lentitud procesal. Denegar de plaño los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones que sean contrarios a la decencia o respetabilidad de las personas.
por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación. 3.. Para los efectos señalados en este artículo. aquél deberá repetir contra este..El pronunciamiento de una decisión cualquiera.la violación de normas de derecho sustancial o procesal. se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas: 1. restrictiva de la libertad física de las personas. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por la ley. Denunciar ante las autoridades competentes los casos de ejercicio ilegal de la abogacía.. 23. 2.La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la
22. determinada por error inexcusable.” Por su parte el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 dice: “ el En evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo.
función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley. Esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional. salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer” . 3. en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo. Cuando omitan o retarden injustificadamente una
providencia o el correspondiente proyecto. fraude o abuso de autoridad. La demanda deberá
. 2. los Magistrados y los Jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes. Cuando obren con error inexcusable. salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer. La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva por el trámite del proceso ordinario. pero con la condición de que en lo atinente al error inexcusable se tuviera en cuenta el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil que reza: “ Responsabilidades del Juez.
” La Corte justifica su condicionamiento en el hecho de que el Juez es humano y es de su naturaleza errar. aludimos equivocación que haya Es así como el error al que como causa un falso debe ser calificado como el originado en una tenido
conocimiento de hechos o de normas legales o un desconocimiento absoluto de los mismos. una multa de mil a diez mil pesos. además de las costas y los perjuicios. que bajo ningún pretexto pueda exonerarlo o disculparlo. La sentencia condenatoria en los casos de los numerales 1 y 3 no alterará los efectos de las providencias que la determinaron. se impondrá al demandante. entonces al no darse una calificación al error del Juez nos veríamos continuamente abocados a procesos de responsabilidad en contra de los Jueces. porque todos los litigantes inconformes con el resultado del proceso tendrían la oportunidad de tomar represalias contra el fallador. En caso de absolución del funcionario demandado. Además de lo anteriormente dicho. es igualmente necesario demostrar que se perjudicó con ello a una de las partes y que existe relación de causalidad entre el error inexcusable y el
presentarse a mas tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo.
no podría responsabilizarse al Estado ni mucho menos exigirle una responsabilidad patrimonial. hemos de decir que por muchos años sirvió a la jurisprudencia colombiana para sostener que el error judicial no se predicaba como una falla del servicio sino como Culpa personal del Juez. por ello el error debe ser determinante en la decisión de tal manera que sin él la decisión hubiese sido otra y no hubiera causado perjuicio alguno.
responsabilidad civil del juez no es suficiente con solo demostrar que el error efectivamente existió. ya que el Juez sería excusado por la incertidumbre de su interpretación.
. Remitiéndonos nuevamente al artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Como en la responsabilidad no puede alegarse la propia culpa para luego hacerse a una indemnización es necesario que el perjudicado no halla incurrido en acción u omisión como causa exclusiva del error. por último es necesario que no exista un esquema que pueda defenderse teniendo como punto de partida una materia controvertida en el derecho. Según la Corte Constitucional. por lo que únicamente sería responsable ante las víctimas el juez.116
como debe ser.117
Me aparto de la anterior interpretación con dos argumentos básicos: a) El primero consiste en que en el citado artículo no se menciona siquiera al Estado.
. pues muy seguramente en la mayoría de los casos no tendría manera de resarcir los perjuicios causados con su actuación errónea. a la hermenéutica jurídica. por no decir la mas importante de ellas. lo cual se vería seriamente amenazado en el caso de que el Estado decidiera excluir de su esfera de responsabilidad una de sus funciones. y dejar a las personas en un grave estado de indefensión por depender únicamente de la responsabilidad imputable al Juez por su Culpa Personal. b) Ateniéndome. ya he sostenido en repetidas oportunidades que los fines primordiales del derecho y del Estado son promover la justicia y mantener el orden social propendiendo por el bienestar de los ciudadanos.
5. brindar certeza a las partes de que su caso será estudiado bajo la mayor imparcialidad posible. segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso. su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. Las causales para los impedimentos y recusaciones son las mismas y están consagradas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil: “ Artículo 150. mientras que si es invocada por alguna de las partes estamos ante la figura de la recusación. como su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad.
.3 IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES El impedimento y la recusación son figuras por medio de las cuales se busca dar mayor transparencia al proceso. el juez. 2. Haber conocido del proceso en instancia anterior. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Su diferencia radica en la persona que formula el cargo. Tener el juez. es impedimento cuando es alegada por el juez.
denuncia penal contra una de las partes o su representante o apoderado. segundo de afinidad o primero civil. 8. Ser el juez. 7. su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3o.119
3. o después. su cónyuge. o pariente en primer grado de consanguinidad. antes de iniciarse el proceso. se representante o apoderado. Ser el juez cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado. Existir pleito pendiente entre el juez. Haber formulado alguna de las partes. su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad. Haber formulado el juez. dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. su cónyuge o alguno de sus parientes indicados. guardador de cualquiera de las partes. su representante o apoderado. siempre que la renuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia. 5. su representante o apoderado. o estar aquéllos
. dentro del cuarto grado de consanguinidad. Ser alguna de las partes. 4. y cualquiera de las partes. y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 6. denuncia penal contra el juez.
Ser el juez. su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad. agente del Ministerio Público. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso. primero de afinidad o primero civil. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso. Ser el juez. su representante o apoderado. acreedor o deudor de alguna de las partes. 10. salvo cuando se trate de persona de derecho público. su representante o apoderado. o haber intervenido en éste como apoderado. 11. o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes. establecimiento de crédito o sociedad anónima. 12. 9.
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. perito o testigo. su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior. o a la ejecución de la sentencia. socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.
su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil. excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles” . Lo anterior no obsta para que en el proceso
. será exigida mediante la acción de repetición de la que éste es titular. heredero o legatario de alguna de las partes.121
13. Tener el juez. antes de la iniciación del proceso. 5.4 LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Se encuentra consagrada en el artículo 72 de la ley estatutaria de la administración de justicia. pleito pendiente que controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar” . su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1. sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. así: “ responsabilidad de los La funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado. “ Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo. Ser el juez. 14.
Julio Andrés Sampedro. Augusto Ibañez y Jorge Caldas argumentando que la frase “ excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que pueden configurar hechos punibles” contraría el artículo 90 de la Constitución pues constituye una excepción a los casos en que el Estado debe ejercer la acción de repetición lo que va directamente en contra vía con la normatividad consagrada en el artículo 90 mencionado. Por estos argumentos declara la Corte exequible la norma.122
de responsabilidad contra la entidad estatal. en cambio. el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía” . Argumenta además que es apenas lógico excluir de la acción de repetición a los procesos penales pues en ellos el Estado puede constituirse en parte civil y lograr así la reparación de los perjuicios causados por los funcionarios judiciales mediante su actuar doloso o gravemente culposo. aunque en el texto que la Corte analizó se encontraba un último inciso que indicaba: “ incumplimiento de la obligación El prevista en este artículo constituye causal de mala conducta. además de fijar un procedimiento que debe ser tema de una ley como ésta y no de la Constitución. cree que esa frase lo que hace es interpretar el contenido del artículo 90. Su declaración de inexequibilidad fue solicitada por los doctores Miguel Córdoba. La Corte.
sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley. siguiendo el procedimiento ordinario y es del Consejo de Estado o de los Tribunales Administrativos según las reglas ordinarias de distribución de competencias27. y por tanto su inclusión en esta norma fue considerada inconstitucional. del Código Disciplinario Único. fue declarado inexequible por considerarse que hace parte de una ley ordinaria. pero se entiende que ello no incluye las decisiones del Consejo de Estado. incluida la responsabilidad de carácter penal por la omisión del funcionario en perjuicio del patrimonio del Estado” Este inciso . Para que el Estado pueda ejercer la acción de repetición es necesario que previamente se haya condenado al Estado por responsabilidad y se haya reclamado la correspondiente indemnización. Por consiguiente la jurisdicción contencioso administrativa se encarga de conocer las acciones de repetición que se fundamenten en la administración de justicia. La competencia para el conocimiento de la acción de repetición es exclusiva de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. artículo 73.
no importando si pertenecen o no a la misma jurisdicción. la indemnización de los perjuicios causados. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso . el conocimiento corresponde a los jueces administrativos en primera instancia. La ley 446 de 1998 modifica el Código Contencioso Administrativo en cuanto se refiere a la competencia para conocer de esta acción en los términos que describo a continuación: la competencia le corresponde al Tribunal Administrativo en primera instancia sí la cuantía excede de 500 Salarios Mínimos Legales Mensuales y su competencia no fue asignada al Consejo de Estado en única instancia. En caso de que la cuantía sea inferior a aquélla y que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado en única instancia. así que los asuntos de responsabilidad por la administración de justicia son definidos por esas Altas Cortes y una vez obtenido el pronunciamiento del caso puede ser invocada la acción de reparación directa para con ello lograr. dado el caso de reunir todos los condicionamientos.124
La Corte aclara como asunto de mayor importancia que salvo en los casos de vía de hecho y para efectos de la acción de tutela no es posible que se controviertan los asuntos decididos por las Altas Cortes.Administrativo deberá conocer privativamente y en única instancia de la
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. de la Corte Constitucional.
. La cuantía se fija por el valor de los perjuicios estimados razonablemente por el actor de la demanda. Contralor General de la República y Fiscal General de la Nación. omisión u operación administrativa.125
acción de repetición en los siguientes casos: cuando se trate de repetir contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Directores de Departamentos Administrativos. Ministros. La competencia territorial por regla general corresponde al lugar de ubicación de la entidad demandada. Procurador General de la Nación. Senadores y Representantes. si se ejerce contra el Presidente de la República o quien haga sus veces. pero si se trata de una entidad del orden nacional se determina por el lugar de producción del hecho. de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar. del Consejo Superior de la Judicatura. En caso de repetición contra magistrados del Consejo de Estado ésta debe ser estudiada por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.
La jurisprudencia sólo acepta la responsabilidad patrimonial del estado únicamente por deficiencia o anormalidad en el funcionamiento. 3. a mas de su propia responsabilidad. Los regímenes absolutistas (el hombre al servicio del estado) fueron cediendo su espacio hasta cambiar la concepción del régimen de gobierno por una democracia en la que se reconoce la responsabilidad del estado sólo con base en la culpa y de manera indirecta. La evolución histórica de las instituciones de la
responsabilidad muestra que para el hombre siempre han sido conocidos los conceptos de daño y responsabilidad. Hasta el siglo XIX eran incompatibles los conceptos de soberanía y responsabilidad. 2.
CONCLUSIONES 1. La evolución nos lleva desde la venganza privada hasta la asunción por parte del estado de la defensa de los perjudicados. no por el error jurídico (valoración errada). lo que varía en cada época es la forma en que la colectividad los asume.
c) Por privación injusta de la libertad. la persona no tiene por qué soportar.
4. es decir. Adopción de la responsabilidad objetiva. como consecuencia de un deber jurídico a cargo de un sujeto. 6. 5. La antijuridicidad no se predica de la conducta de la administración sino del daño causado. b) Por error jurisdiccional. 7. La legislación consagra la responsabilidad estatal por error judicial sólo en tres eventos: a) Por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. también debe responder por la conducta que aunque ajustada a derecho. ya sea por acción u omisión de la autoridad. la conducta puede ajustarse a derecho pero causa un daño que el afectado no está obligado a soportar por consagración legal. La realidad nos lleva a que la responsabilidad del estado no pueda únicamente cimentarse en la falla del servicio (concepto muy restringido). El daño debe ser antijurídico.
8. El error jurisdiccional se considera tal cuando cumple con los presupuestos de la vía de hecho; su importancia radica en el valor jurídico de verdad legal otorgado al acto jurisdiccional, el cual se encuentra protegido por la cosa juzgada. 9. La reparación debe ser integral, se debe colocar al sujeto del daño en el estado que tenía antes de sufrir el daño.
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