Source: http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/l50-1998.t5.html
Timestamp: 2018-11-17 14:49:02
Document Index: 106554785

Matched Legal Cases: ['artículo 170', 'artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 118', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 91', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 153', 'artículo 194', 'artículo 40', 'artículo 70', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 69', 'artículo 72', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 36', 'artículo 97', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 54', 'artículo 107', 'artículo 78', 'artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 127', 'artículo 29', 'artículo 10', 'artículo 206']

ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTES.
Las limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmediatos al ferrocarril, según sean de dominio público, servidumbre o afectación, comenzándose a contar la correspondiente distancia a partir de la arista exterior de la explanación.
Dos. En los apartados 1 y 2 del artículo 170 se sustituye el término los particulares por los interesados .
Uno. Toda aeronave civil deberá seguir, en las fases de despegue y ascenso, y en las de aproximación y aterrizaje en los aeropuertos, los procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido aprobados por el Ministerio de Fomento contenidos en las publicaciones de información aeronáutica a que se refiere el Capítulo IV del libro octavo del Reglamento de Circulación Aérea aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero.
Dos. Asimismo en el pilotaje de aeronaves civiles se deberán respetar los métodos de abatimiento del ruido y la restricciones en el uso del empuje negativo por reversa y en el uso de las unidades auxiliares de potencia, así como las restricciones establecidas respecto a pruebas de motores y horarios nocturnos previstas en los citados procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido. También se deberá respetar en la utilización de los aviones de reacción subsónicos lo dispuesto en el volumen 1, segunda parte, Capítulo 2, del anexo 16 al Convenio de Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944.
Tres. Las operaciones de despegue y ascenso, y las de aproximación y aterrizaje en los aeropuertos deberán efectuarse dentro de la zona de tráfico normal, entendiendo por tal la que comprende hasta una milla náutica a cada flanco de la ruta nominal que la aeronave deba seguir tanto en sus despegues como en sus aproximaciones, hasta alcanzar o descender a una altura igual a 6.000 pies, respectivamente.
Uno. Constituyen infracciones administrativas graves las acciones u omisiones que se relacionan a continuación:
Realizar las fases de despegue y ascenso, o las de aproximación y aterrizaje, sin seguir lo establecido en los procedimientos de tráfico aéreo en materia de ruidos.
Realizar dichas operaciones desviándose de la zona de tráfico normal, definida en el punto 3 del artículo anterior.
Incumplir los métodos de abatimiento del ruido o las restricciones en el uso del empuje negativo o reversa o vulnerar las restricciones respecto de los horarios nocturnos previstos en los procedimientos de tráfico aéreo en materia de ruido.
Utilizar las unidades auxiliares de potencia de las aeronaves incumpliendo lo dispuesto en los procedimientos de tráfico aéreo en materia de ruido.
Realizar las pruebas de motores en régimen superior al ralentí fuera de los lugares establecidos para dichas pruebas.
Dos. Constituye infracción administrativa muy grave la utilización de los aviones de reacción subsónicos, incumpliendo lo dispuesto en el volumen 1, segunda parte, Capítulo 2, del Anexo 16 al Convenio de Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944.
Tres. Constituyen asimismo infracciones administrativas muy graves las acciones u omisiones que se relacionan en el apartado 1 de este artículo cuando hayan supuesto lesión a alguna persona, o daños y perjuicios superiores a doscientas mil pesetas o cuando se produzcan las infracciones en horario nocturno de acuerdo con lo establecido en las publicaciones de información aeronáutica a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
Las infracciones graves con multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
La naturaleza e importancia de los daños o perjuicios causados.
La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así hayan sido declarado por resolución firme.
El peligro resultante de la infracción para la salud de las personas, la seguridad de las cosas o para el medio ambiente.
Serán responsables de las infracciones administrativas tipificadas en el artículo anterior las compañías aéreas o los explotadores u operadores de las aeronaves con las que se hayan cometido la infracción.
Uno. Las sanciones por infracciones muy graves desde 5.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas serán impuestas por el Ministro de Fomento.
Dos. Las sanciones por infracciones muy graves desde 1.000.001 hasta 5.000.000 de pesetas serán impuestas por el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes.
Tres. Las sanciones por infracciones graves serán impuestas por el Director General de Aviación Civil.
El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en el artículo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA EDUCATIVA.
Uno. Podrá aplicarse un descuento máximo del 12 % sobre el precio de venta al público de los libros de texto y del material didáctico complementario editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIONES.
Uno. La rúbrica del artículo 11 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo: Condiciones que pueden imponerse a los titulares de las autorizaciones generales .
...Los demás costes ocasionados, se repartirán, mediante convenio, entre los operadores afectados por el cambio y, a falta de acuerdo entre éstos, resolverá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Seis. La rúbrica del artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente modo: Condiciones que deben cumplir los instaladores .
La habilitación para utilizar el dominio público mediante licencia individual que revestirá la forma de concesión o autorización administrativa y se formalizará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o conforme a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ocho. El apartado 3 del artículo 63, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactado del siguiente modo:
Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción; o, en caso de que no resulte posible aplicar este criterio o de su aplicación resultare una cantidad inferior a la mayor de las que a continuación se indican, esta última constituirá el límite del importe de la sanción pecuniaria.
Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquéllas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio o de su aplicación resultare una cantidad inferior a la mayor de las que a continuación se indican, esta última constituirá el límite del importe de la sanción pecuniaria.
Las estaciones dedicadas a la observación radioastronómica, en cada una de las bandas de frecuencia que se encuentran atribuidas al servicio de radioastronomía de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, estarán protegidas contra la interferencia perjudicial por los niveles de intensidad de campo que se indican a continuación:
- 34,2 dB (µV/m) en la banda 1400 a 1427 Mhz.
- 35,2 dB (µV/m) en la banda 1610,6a 1613,8 Mhz.
- 35,2 dB (µV/m) en la banda 1660 a 1670 Mhz.
- 31,2 dB (µV/m) en la banda 2690 2700 Mhz.
- 25,2 dB (µV/m) en la banda 4990 a 5000 Mhz.
- 14,2 dB (µV/m) en la banda 10,6 a 10,7 Ghz.
- 10,2 dB (µV/m) en la banda 15,35 a 15,4 Ghz.
- 2,2 dB (µV/m) en la banda 22,21 a 22,5 Ghz.
- 1,2 dB (µV/m) en la banda 23,6 a 24 Ghz.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá fijar, transitoriamente, precios fijos, máximos y mínimos o los criterios para su fijación y los mecanismos para su control, en función de los costes reales de la prestación del servicio y del grado de concurrencia de operadores en el mercado.
Uno. El artículo 4.2, primer inciso, quedará redactado del siguiente modo:
Los servicios a que se refiere la letra A) del apartado anterior se prestarán conforme a lo dispuesto en el Título II y en el Título III.
Tres. El artículo 18.1.B), último párrafo, quedará redactado del siguiente modo:
El Gobierno podrá imponer, reglamentariamente, al operador al que se encomienda llevar a cabo el servicio postal universal, otras obligaciones de servicio público distintas a las establecidas en el Capítulo II de este Título para garantizar la adecuada prestación de aquél y cuando así lo exijan razones de interés general, cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil o cuando sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general.
Cinco. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 26 recibirá la siguiente redacción:
Se crea el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal, cuya finalidad es complementar la financiación de este servicio. Los activos en metálico procedentes de las aportaciones que se establecen en el artículo 27 integrarán este Fondo y se depositarán en una cuenta a tal efecto.
El párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 26 recibirá la siguiente redacción:
El párrafo noveno del mismo apartado recibirá la siguiente redacción:
Las donaciones ordinarias realizadas por cualquier persona física o jurídica que desee contribuir a la financiación del servicio postal universal.
Los rendimientos financieros derivados de la cuenta a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
El Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, al que se refiere el artículo 20, determinará un procedimiento de financiación pública para el supuesto de que la prestación del servicio postal universal suponga una carga financiera para el operador, no compensada a través de las contrapartidas que se establecen en los artículos 25 y 27.a).
La gestión y recaudación de estas tasas corresponderá a la entidad habilitada para prestar el servicio postal universal.
Estas bonificaciones se concederán en función del volumen de los envíos que entregue un mismo usuario y del ahorro que suponga para el operador que presta el servicio postal universal la composición de los destinos, o el que, de forma previa a su transporte o distribución, aquél los clasifique y ordene, o los deposite en determinados lugares de admisión.
Los operadores que, además de realizar otras actividades, presten servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, deberán llevar una contabilidad separada, respecto de los ingresos y gastos que de ellos se deriven, en el plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta Ley.
1. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente, de acciones en más de una sociedad concesionaria o que representen más del 49 % de su capital.
3. El Ministerio de Fomento dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que hayan sido informado, para, en su caso, denegar la adquisición pretendida. La denegación podrá fundarse en la falta de transparencia de la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad adquirente o en la existencia de vinculaciones entre la persona o entidad que pretenda la adquisición y otra entidad concesionaria del servicio esencial de televisión que puedan entrañar perturbación al principio de no concentración de medios que inspira la presente Ley.
Uno. Se considerarán muy graves las siguientes infracciones administrativas de los compradores de leche y de productos lácteos:
La no adaptación, en el plazo establecido, de su actividad productiva a las condiciones exigidas por la normativa vigente.
No retener una cantidad sobre el precio de la leche, en concepto de anticipo sobre la tasa adeudada, al productor que se exceda de la cantidad de referencia individual de que dispone.
Dos. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
La presentación de declaraciones o consignación de datos falsos o inexactos por negligencia grave ante la Administración pública competente.
No identificar documentalmente cada entrega individual de leche u otros productos lácteos.
No ingresar, en los plazos y condiciones establecidos por la normativa vigente, los importes de las cantidades retenidas a cuenta en concepto de anticipo sobre la tasa suplementaria o el importe adeudado de la tasa, en su caso.
No comunicar a la autoridad competente las altas y bajas de los productores que efectúen sus entregas.
Las compras o entregas de leche o productos lácteos destinados a su comercialización sin contar con la debida autorización administrativa.
No determinar, al menos una vez al mes, el porcentaje de materia grasa contenida en la leche entregada o no reflejar documentalmente las determinaciones efectuadas.
La ausencia o retraso reiterado en la remisión de la declaración mensual. A estos efectos, se considera reiteración tres ausencias o retrasos en la declaración durante un período de doce meses.
No facilitar a los productores que causen baja como proveedores un certificado en el que consten las cantidades de leche o de productos lácteos entregadas y su contenido en materia grasa, así como el importe de las retenciones a cuenta efectuadas durante el período, en su caso.
No exigir a los productores que efectúen entregas de leche u otros productos lácteos a varios compradores durante un período de tasa determinado, un certificado del o de los otros compradores en el que figure las entregas realizadas a éstos y el porcentaje medio de grasa de aquéllas.
La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la autoridad competente relativas a la gestión, inspección o recaudación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos y, en particular, al suministro de datos, informes o antecedentes.
No utilizar su número de inscripción del Registro General de compradores en los documentos relacionados con la tasa suplementaria.
No facilitar a la autoridad competente copia de los certificados de las retenciones efectuadas a los productores, cuando éstos cambien de comprador.
No requerir al productor que le entrega leche por primera vez los documentos exigibles de acuerdo con la normativa vigente.
No comunicar al ganadero productor, al menos una vez al mes, el volumen de la leche o de los equivalentes de leche, en función de su contenido de materia grasa, entregados desde el inicio del período de tasa así como la cantidad de referencia disponible para el resto de dicho período.
No reflejar en las facturas que expida al productor el importe de la retención a cuenta aplicada de acuerdo con la normativa vigente.
Cuatro. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 5.000.001 pesetas a 10.000.000 de pesetas, con la pérdida de la autorización administrativa o con ambas sanciones.
Cinco. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
Seis. Las infracciones leves serán sancionadas con multa entre 25.000 y 1.000.000 de pesetas.
Siete. El importe de las multas previstas en los apartados anteriores se modulará en función del volumen de compras de leche o productos lácteos o de las cantidades que hubieran dejado de percibirse en concepto de tasa suplementaria o de retención a cuenta de la misma.
La no presentación de los documentos exigidos por la normativa vigente en caso de que el productor efectúe entregas a varios compradores durante un período de tasas determinado o en caso de cambios de comprador o compradores.
La transferencia o cesión de la totalidad o parte de su cantidad de referencia individual antes del transcurso de cinco años desde que hubieran recibido una asignación de la reserva nacional.
La transferencia o abandono indemnizado de cantidad de referencia por los productores que no hubieran comercializado leche o productos lácteos en el período inmediatamente anterior.
La transferencia de cantidad de referencia individual por el arrendatario o figura análoga de una explotación con cantidad de referencia, sin la conformidad del propietario de la misma.
La transferencia de cantidades de referencia individuales de los productores que hayan adquirido cantidades desvinculadas de la explotación sin que hubiesen transcurrido cinco años desde esa adquisición, salvo casos de fuerza mayor.
La realización por el cedente de cantidades de referencia de alguna de las siguientes actuaciones durante el período de duración de la cesión:
La transferencia o cesión por el cesionario de cantidades de referencia durante el período de duración de la cesión.
La transferencia o cesión temporal de las cantidades procedentes de la reserva nacional.
No llevar la contabilidad que refleje el volumen de leche despachada directamente al consumo o vendida a mayoristas o minoristas o de los productos lácteos fabricados en la explotación, en el caso de productores que dispongan de cantidad de referencia para ventas directas.
No custodiar durante al menos tres años a contar desde el siguiente a la finalización del correspondiente período de la tasa, la documentación contable exigida por la normativa vigente a los productores que tengan asignada cantidad de referencia para venta directa.
Tres. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
Cuatro. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas.
Seis. El importe de las multas previstas en los apartados anteriores se modulará en función de la cantidad de referencia asignada a cada productor y del número de vacas de su explotación.
La financiación en concurrencia con la iniciativa privada de las obras de modernización y consolidación de los regadíos que se contemplen en el ámbito del Plan Nacional de Regadíos.
La promoción, contratación y explotación, en su caso, de las obras mencionadas en el párrafo anterior, en la forma en que se determine en sus normas de creación y estatutos.
La coordinación de las actividades relacionadas con las referidas obras.
Obras de mejora y modernización del regadío de la Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante, Margen izquierda, en los términos municipales de Alicante, Albatera, Crevillente, Elche, Guardamar y otros.
Obras incluidas en el Proyecto Integrado de Mejora y Modernización de los Regadíos de la Bastida-Briñas, Ávalos-San Vicente de la Sonsierra, La Guardia-Navandas-El Ciego, y otros, en la margen izquierda del Ebro.
Obras de transformación y puesta en riego de la zona regable del Iregua.
El Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Alto Deba (Guipúzcoa).
La Desaladora de Agua de Mar de Carboneras (Almería>
Las obras del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias en materia de Infraestructuras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, de fecha 30 de diciembre de 1997, relacionadas a continuación:
Aducción general del abastecimiento del Área metropolitana de La Laguna. Tenerife.
La Regulación de la Rambla Cerverola y la Regulación de Excedentes Invernales para la recarga artificial de acuíferos en Vall d'Uxó.
Uno. Con el fin de mantener las debidas garantías sanitarias que eviten o impidan de manera eficaz la extensión de eventuales epizootias, el Gobierno regulará mediante Real Decreto el régimen jurídico básico administrativo y sanitario correspondiente al traslado, desplazamiento, transporte y movimiento pecuario dentro del territorio nacional entre Comunidades Autónomas.
Dos. La norma reglamentaria básica que regule las materias señaladas en el párrafo anterior contemplará el desarrollo normativo de las siguientes conductas tipificadas como infracciones administrativas:
Infracciones administrativas muy graves:
El transporte de animales enfermos o sospechosos, que puedan difundir enfermedades de alto riesgo sanitario.
Infracciones administrativas graves:
La ausencia en la documentación sanitaria de traslado.
La no correspondencia de la misma con el origen, destino, tipo de animales o ámbito territorial de aplicación.
La falta de identificación de los animales, en número superior al 25 % de la partida.
La no desinfección del vehículo.
Impedir la actuación inspectora.
La utilización de documentación falsa.
Infracciones administrativas leves:
La falta de identificación de los animales hasta un 25 % de la partida.
La no correspondencia del número de los animales con el señalado en la documentación sanitaria de traslado.
La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora.
No cumplimentar adecuadamente la documentación sanitaria de traslado.
Tres. Las infracciones anteriormente señaladas serán sancionadas en la forma que reglamentariamente se determine con las siguientes multas:
Entre el 50 % y el 75 % del valor de la partida, conforme a la situación de mercado, para las faltas muy graves, con un mínimo de 2 millones de pesetas.
Entre el 10 % y el 50 % del valor de la partida, conforme a la situación de mercado, para las faltas graves, con un mínimo de 750.000 pesetas.
Hasta el 10 % del valor de la partida, conforme a la situación de mercado, para las faltas leves, con un mínimo de 200.000 pesetas.
Cuatro. En situaciones excepcionales en las que exista grave peligro de extensión en España de epizootias o fitopatologías de alta transmisibilidad y difusión, la declaración de la enfermedad por la autoridad competente, facultará a la Administración General del Estado para ejercer, en su caso, las funciones necesarias para la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión y propagación al resto del territorio nacional, así como a velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas hasta el restablecimiento de la normalidad sanitaria en todo el territorio nacional.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL EXTERIOR.
Se modifican los siguientes apartados del artículo 118 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
Uno. El párrafo primero del apartado uno queda redactado como sigue:
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) constituye un instrumento financiero en virtud del cual el Gobierno puede disponer de los recursos necesarios para otorgar Créditos y Préstamos en términos concesionarios y otras ayudas destinadas a promover las relaciones económicas y comerciales bilaterales con países en desarrollo.
Dos. El párrafo tercero del apartado uno queda redactado como sigue:
Tres. El apartado tres queda redactado como sigue:
Tres. Asimismo el Gobierno, dentro del importe máximo de la dotación que fije al FAD la Ley de Presupuestos de cada año, además de atender las obligaciones de pago ordinarias de los Créditos y ayudas otorgados, podrá destinar también aquélla al pago de obligaciones de financiación concesional originadas o derivadas de tratados o convenios internacionales autorizados por las Cortes Generales, así como al pago de las obligaciones españolas frente a instituciones multilaterales de desarrollo y a compensar anualmente al Instituto de Crédito Oficial por los gastos que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomiende en relación al Fondo. Igualmente podrá destinar la dotación del mismo para financiar los gastos de control, seguimiento e inspección de los distintos proyectos y ayudas financiados con cargo al FAD.
Cuatro. El primer inciso del primer párrafo del apartado seis queda redactado de la siguiente forma:
Todas las operaciones de activo realizadas con cargo al FAD, incluyendo la refinanciación de los Créditos ya tomen la forma de operaciones singulares o de líneas de crédito, así como la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial habrán de ser previamente autorizadas por el Consejo de Ministros.
Cinco. Se suprime el último párrafo del apartado seis.
El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno español y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de microcréditos; igualmente, prestará los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general todos los de carácter financiero relativos a las operaciones de activo autorizadas con cargo al FCM, sin perjuicio de las competencias que en materia de control se establecen por el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y demás normativa legal vigente.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ENERGÍA.
Actuará como operador del mercado una sociedad mercantil de cuyo accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de su participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no supere el 10 %. Asimismo, la suma de participaciones, directas o indirectas, de los sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico no deberá superar el 40 %, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto.
La Junta General deberá aceptar la solicitud presentada por una cifra máxima de participación equivalente a la media de las participaciones existentes en el tramo que hayan de corresponder al peticionario, haciéndose efectiva a través de alguno o algunos de los siguientes procedimientos:
La ampliación de capital de la sociedad mediante la emisión de nuevas acciones siempre que se respete el límite del 40 % que puede ser suscrito por sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico.
Disposición transitoria sexta. Costes de transición a la competencia.
Del importe, en valor a 31 de diciembre de 1997, al que se refiere el artículo 13.a) del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, actualizado a 31 de diciembre de 1998 conforme se prevé en dicho Real Decreto, se deducirán las cantidades correspondientes al año 1998 que se perciban de conformidad con el mismo en concepto de retribución fija con destino a la asignación por consumo de carbón autóctono.
Del importe resultante de sumar las cantidades, en valor a 31 de diciembre de 1997, a las que se refieren las letras b) y c) del citado artículo 13 del Real Decreto 2017/1997, actualizado a 31 de diciembre de 1998 conforme se prevé en dicho Real Decreto, se deducirán las cantidades que se perciban con cargo al ejercicio 1998 en concepto de retribución fija con destino a la asignación general y a la asignación específica.
2. A la cantidad resultante de realizar la operación descrita en la letra a) del párrafo segundo del apartado 1 y al 20 % de la cantidad resultante de realizar la operación descrita en la letra b) de dicho párrafo, actualizadas en los términos reglamentariamente previstos, serán de aplicación las reglas siguientes:
La compensación se satisfará mediante la percepción por las sociedades titulares del derecho de una retribución fija, expresada en pesetas por KWH, que se calculará, en los términos reglamentariamente establecidos, como la diferencia entre los ingresos medios obtenidos por las citadas sociedades a través de la tarifa eléctrica y la retribución reconocida para la producción en el artículo 16.1 de la presente Ley.
Durante un plazo máximo que concluirá el día 31 de diciembre del año 2007, el Gobierno podrá establecer anualmente el importe máximo de esta retribución fija con la distribución que corresponda. No obstante, si las condiciones del mercado lo hacen aconsejable, una vez cumplidas las condiciones y compromisos establecidos en esta disposición transitoria, el Gobierno podrá reducir el citado plazo. Si el coste medio de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la presente Ley resultara en media anual superior a 6 pesetas por KWH, este exceso se deducirá del importe pendiente de compensación correspondiente a la parte del derecho de compensación a la que se refiere el presente apartado.
3. Al 80 % de la cantidad resultante de realizar la operación descrita en la letra b) del párrafo segundo del apartado 1, actualizado de conformidad con lo previsto en esta disposición transitoria, serán de aplicación las reglas siguientes:
El importe pendiente de compensación, correspondiente a la parte del derecho de compensación a la que se refiere este apartado, se reducirá en un 20 %, con efectos al día 31 de diciembre de 1998.
El importe pendiente de compensación restante se satisfará mediante la afectación a tal fin, a partir del día 1 de enero de 1999, de un porcentaje de la facturación por venta de energía eléctrica a los consumidores, que será del 4,5 % y que se mantendrá hasta la satisfacción íntegra del importe a que se refiere el presente apartado.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, en caso de producirse cambios en el régimen tarifa rio o cualquier otra circunstancia que puedan afectar negativamente a la satisfacción de la compensación o de desaparición de aquel régimen, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar tal satisfacción.
El coste correspondiente a la parte del derecho de compensación a la que se refiere este apartado tendrá la consideración de coste definido como cuota con destino específico a efectos del Real Decreto 2017/1997 o de la disposición que, en su caso, lo sustituya en el futuro.
El reparto entre las sociedades titulares del derecho de compensación se realizará mediante la aplicación de los porcentajes establecidos en el anexo III del Real Decreto 2017/1997.
En el caso de que la cesión total o parcial del derecho de compensación se produzca a favor de un Fondo de Titulización de Activos, el tipo de interés que se aplicará para la actualización del importe base global de la parte cedida pendiente de compensación a 31 de diciembre de cada año será, desde la fecha de la cesión hasta el integro pago de la parte cedida, el que corresponda al coste económico medio efectivo total de la financiación, excluidos los costes de gestión y administración del Fondo. A tal efecto, las condiciones de financiación del Fondo quedarán sujetas a autorización del Gobierno.
Quedarán reducidos en un 99 % los aranceles de Corredores de Comercio Colegiados, de Notarios y de Registradores Mercantiles y de la Propiedad correspondientes a cualesquiera actos que tengan lugar en relación con la cesión del derecho de compensación a Fondos de Titulización de Activos o con la titulización del mismo.
1.bis. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el cumplimiento del nivel de consumo se referirá a períodos anuales.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DEPORTES.
2. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25 %, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.
Las acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión.
Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, en los términos señalados en el artículo 1.2 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, siempre que la actividad propia del cargo tenga relación con la de las sociedades anónimas deportivas.
2. Las sociedades anónimas deportivas deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Profesional correspondiente el informe de auditoria de las cuentas anuales y el informe de gestión antes del depósito de dichas cuentas en el Registro Mercantil.
3. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la legislación aplicable a las Sociedades Anónimas, el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición de la Liga Profesional correspondiente, podrá exigir el sometimiento de una Sociedad Anónima Deportiva a una auditoria complementaria realizada por auditores por el designados con el alcance y el contenido que se determine en el correspondiente acuerdo.
Doce. El Título V pasa a denominarse El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Españoles .
Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de jugadores, cuando se dirijan al árbitro, a otros jugadores o al público, así como las declaraciones públicas de directivos, administradores de hecho o de derecho de Clubes Deportivos y sociedades anónimas deportivas, técnicos, árbitros y deportistas que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia.
La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorias que fueran acordadas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.
Multa pecuniaria de cuantía comprendida entre 25.000.001 y 75.000.000 pesetas.
5. Los Clubes Deportivos que se amparen en la presente Disposición ajustarán la contabilidad de sus secciones deportivas profesionales a las normas que regulan o en el futuro puedan regular la de las sociedades enónimas deportivas y estarán sometidas a las mismas obligaciones que se establezcan para éstas conforme al artículo 26.1 de esta Ley respecto a la información periódica que deben remitir al Consejo Superior de Deportes.
1. Una vez transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado primero de la disposición transitoria sexta de la presente Ley, las disposiciones vigentes en materia de Sociedades Anónimas resultarán directamente aplicables a las sociedades anónimas deportivas en cuanto no contraríen las especialidades que en esta Ley se establecen.
Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro de Asociaciones Deportivas y las secciones que en el deban crearse así como el Registro de Participaciones Significativas en Sociedades Anónimas Deportivas.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANIDAD.
Se de nueva redacción al apartado 1 del artículo 22 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que quedará redactado como sigue:
Los objetivos que la entidad deba alcanzar.
Los recursos humanos, financieros y materiales precisos para su funcionamiento.
...y obtenido dictamen favorable de un actuario sobre la suficiencia del sistema financiero y actuarial del mismo, ...
Dos. Se de nueva redacción al guión quinto del párrafo cuarto de la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones:
Reforma de la disposición adicional quinta, apartado 2, de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que queda redactada como sigue:
Se ceden a las Corporaciones o Entes Locales y a los Organismos Autónomos dependientes de ellas competentes en materia de vivienda, los Créditos hipotecarios que fueron concedidos en su día por el Instituto Nacional de la Vivienda, para financiar la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada, realizada por las propias Corporaciones o Entes Locales, de acuerdo con las Leyes de 19 de abril de 1939 y de 15 de julio de 1954, subrogándose en consecuencia dichos Entes en la posición jurídica del Estado respecto de los citados Créditos .
Se adiciona un segundo párrafo en la disposición adicional sexta, Funcionarios pertenecientes al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que presten servicios en la Administración de la Unión Europea , de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redacción:
Uno. Se modifica la letra A) de la tabla y de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que queda redactada de la siguiente forma:
Indemnización básica (incluidos daños morales).
Día de baja lndemnización diaria
lmpeditivo (1)
No impeditivo 8.000
Dos. La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de 1999, sin que, para dicho año, proceda la actualización en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior, que se aplicará a las restantes cuantías indemnizatorias del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación .
En el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las empresas que disfruten de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social por aplicación de las normas que a continuación se detallan deberán acreditar, ante el Instituto Nacional de Empleo, el mantenimiento del derecho a bonificación, aportando la documentación justificativa que se determine por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La no acreditación del derecho a los indicados beneficios supondrá la pérdida automática de los mismos, a partir del mes siguiente en que vence el plazo de tres meses referidos en el párrafo anterior.
Real Decreto 3239/1983, de 28 de diciembre, sobre beneficios a empresas por contratación de trabajadores mayores de 45 anos.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S. A. (CESCE) a que, con el objeto de conseguir una gestión más eficiente de la cartera global que asegura en nombre propio y por cuenta del Estado en el Crédito a la Exportación, pueda enajenar, ceder y constituir derechos, total o parcialmente, sobre los Créditos frente a terceros que se deriven de la cobertura por cuenta del Estado de cualquier tipo de crédito a la exportación. A tal efecto, podrá autorizar la conclusión por CESCE de operaciones de titulización o de cualquier otra índole, siempre que las mismas supongan una disminución en el riesgo contraído o una mejora en la rentabilidad de la citada cartera gestionada por la Compañía en nombre propio y por cuenta del Estado. En cualquier caso, la realización de este tipo de operaciones tendrá en cuenta los derechos de terceros en la parte de los Créditos no asegurada y en el riesgo no vencido.
Loó envasadores facilitarán cualquier tipo de actuación que lleven a cabo los sistemas integrados de gestión para comprobar la cantidad y tipología de productos envasados puestos en el mercado por aquéllos a través de dichos sistemas.
La ausencia reiterada, en los puntos de venta con recargo, de existencias de las labores más demandadas, así como la identificación en el exterior del establecimiento en que se encuentre sito el punto de venta mediante logotipos, rótulos o elementos identificativos de fabricantes, marquistas o distribuidores y la publicidad en el exterior del establecimiento de sus marcas o productos.
Las infracciones a que se refiere la letra e) del apartado 3 del número tres del presente artículo se sancionarán con multa de hasta 500.000 pesetas, respondiendo solidariamente, junto con el sujeto infractor, el titular del establecimiento en que la infracción se realizase si aquél fuese su empleado o dependiente o si se cometiese con su conocimiento.
Uno. Se adiciona un sexto párrafo a la disposición adicional cuarta, Recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones , redactado en los siguientes términos:
Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisión Nacional de Energía y las resoluciones del Ministro de Industria y Energía que resuelven recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisión Nacional de Energía, así como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
1. No conocerán los Organos Jurisdiccionales del Orden Social:
1. Las deudas de derecho público firmes, vencidas, liquidas y exigibles que los Entes territoriales, Organismos Autónomos, Seguridad Social y demás Entidades de Derecho Público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento jurídico privado, tengan con la Hacienda Pública podrán deducirse de las retenciones sobre las cantidades que la Administración del Estado deba transferir a las referidas Entidades.
La política de provisión de puestos de trabajo garantizará que las retribuciones obtenidas por los funcionarios se adecúen a los cometidos y responsabilidades asumidas por los mismos dentro del ámbito de funciones que les atribuya el marco normativo vigente.
Cuarto. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, para garantizar el mejor cumplimiento de sus fines y con atención al principio de eficacia, articulará las medidas oportunas para el desarrollo de la carrera profesional de los integrantes de las especialidades del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. Para ello, desarrollará medidas que permitan, de manera paulatina, la movilidad horizontal de los integrantes del mencionado cuerpo entre las distintas áreas funcionales de la Agencia.
Quinto. 1. No obstante lo anterior, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley mediante el cual se creará el Cuerpo Técnico de Hacienda como Cuerpo perteneciente al Grupo B de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
7. En el proyecto de Ley a que se refiere el número 1 de este apartado se creará asimismo el Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad del Estado como Cuerpo perteneciente al grupo B de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, al que se incorporarán los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, que estén en posesión de la especialidad de Contabilidad.
Atribuir por los órganos competentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la comprobación e investigación de la situación tributaria de los contribuyentes que se determinen, así como el inicio y en su caso la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que resulten, a uno o más funcionarios de la inspección de los tributos. En estos casos, la firma de la propuesta de regularización corresponderá al funcionario o funcionarios que hubieran realizado efectivamente tales actuaciones.
Asignar la firma de las propuestas de regularización resultantes de la comprobación e investigación de la situación tributaria de los contribuyentes al funcionario o funcionarios de la Inspección de los Tributos que hubieran realizado de manera efectiva las mismas. En aquellos casos en los que aquéllas no resulten firmadas por el jefe o subjefe del equipo de inspección correspondiente, éstos podrán exigir su visto bueno a la propuesta de regularización.
Características de los contribuyentes a comprobar y, en particular, el nivel de ingresos.
Experiencia y nivel de los Actuarios.
Modalidad de equipo en que tales funcionarios, en su caso se integren.
2. Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, puedan resultar decomisados.
Se introducen los cambios siguientes en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 29 de marzo, en los siguientes términos:
Los apartados 1 y 4 del artículo 91 quedan redactados como sigue:
1. Los titulares de acciones sin voto tendrán derecho a percibir el dividendo anual mínimo fijo o variable, que establezcan los estatutos sociales. Una vez acordado el dividendo mínimo, los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.
En caso de sociedades no cotizadas de no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en cantidad suficiente, la parte de dividendo mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las acciones sin voto tendrán derecho en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas.
4. Respecto del derecho de suscripción preferente de los titulares de acciones sin voto, así como de la recuperación del derecho de voto en caso de no satisfacción del dividendo mínimo y en el carácter no acumulativo del mismo, en el caso de sociedades cotizadas se estará a lo que dispongan sus estatutos.
El artículo 159.1, letra c) quedará redactado como sigue:
Que el valor nominal de las acciones a emitir, más, en su caso, el importe de la prima de emisión, se corresponda con el valor real que resulte del informe de los auditores de cuentas de la sociedad. No obstante, en el supuesto de sociedades cotizadas, la Junta de Accionistas podrá acordar la emisión de nuevas acciones a cualquier precio, siempre que sea superior al valor neto patrimonial de éstas, pudiendo limitarse a establecer el procedimiento para su determinación.
El artículo 159.2 quedará del modo siguiente:
2. En el caso de sociedades cotizadas, cuando la Junta General delegue en los administradores la facultad de aumentar el capital social conforme a lo establecido en el apartado 1.b) del artículo 153 podrá atribuirles también la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto de delegación cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 de este artículo y siempre que el valor nominal de las acciones a emitir, más, en su caso, el importe de la prima de emisión, se corresponda con el valor real que resulte del informe de los auditores de cuentas de la sociedad elaborado a instancias de los administradores a tal fin.
El artículo 194.4 quedará del modo siguiente:
4. Hasta que las partidas anteriormente indicadas no hayan sido amortizadas por completo se prohibe toda distribución de beneficio, a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados.
Que cumplan los requisitos que para la comercialización en el mercado interior se establecen en el Capítulo II de esta Ley.
Que con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido marcados en el Estado de origen, se marquen en destino con el punzón de contraste de garantía.
El contraste de identificación de origen deberá haber sido registrado por el órgano correspondiente del Estado miembro de procedencia. Dicho registro se acreditará ante el órgano competente de una Comunidad Autónoma con carácter previo a la comercialización por primera vez en territorio español de los objetos que poseyeran el correspondiente contraste de identificación de origen.
El contraste de garantía ofrecerá una información equivalente a la exigida por la presente Ley a tales contrastes.
3. No serán de aplicación las previsiones de los apartados 1 y 2 del presente artículo si existiesen acuerdos con otro u otros Estados sobre condiciones de reconocimiento mutuo de contrastes de objetos fabricados con metales preciosos.
La adquisición o cesión de valores por cuenta propia por aquellas entidades que únicamente estén autorizados para operar por cuenta ajena, así como el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 40 de esta Ley, salvo que tales actividades o incumplimientos tengan un carácter ocasional o aislado.
La reducción de los recursos propios de las empresas de servicios de inversión y de sus grupos a un nivel inferior al 80 % del que sea exigible, permaneciendo en esta situación durante, al menos, seis meses consecutivos.
La inobservancia por las empresas de servicios de inversión de las obligaciones previstas en las letras a), b), c), g) y h) del número 1 del artículo 70, así como de las limitaciones y reglas previstas en los números 2, 3 y 4 del citado artículo y, en su caso, de las personas o entidades a que se refiere el artículo 65.2.
Incumplimiento de la reserva de actividad prevista en los artículos 64 y 65, así como la realización por las empresas de servicios de inversión o por las demás entidades registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de actividades para las que no estén autorizadas, y la inobservancia por una empresa de servicios de inversión o por sus apoderados, de las reglas que se establezcan al amparo de los apartados 3 y 4 del artículo 65.
La adquisición de una participación significativa o aumento de la misma incumpliendo lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 69, así como que el titular de dichas participaciones incurra en el supuesto de hecho contemplado en el apartado 11 del citado artículo.
La realización de operaciones societarias sin cumplir los requisitos previstos en el artículo 72.
La obtención de la autorización como empresa de servicios de inversión o como entidad de las previstas en el artículo 65.2 por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular.
El incumplimiento por las empresas de servicios de inversión, por las personas o entidades a que se refiere el artículo 65.2, por otras entidades financieras, o por los fedatarios públicos, de las obligaciones, limitaciones o prohibiciones que derivan de lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley, o de las disposiciones o reglas dictadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 y 43 de la misma.
La creación de un mercado o sistema organizado de negociación de valores u otros instrumentos financieros sin haber obtenido cualesquiera de las autorizaciones exigidas en esta Ley.
Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción por el mismo tipo de infracción.
Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley, salvo que sus poseedores soliciten a la Administración del Estado prorrogar esta situación por igual plazo, y aquella sea concedida oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
A los efectos de la aplicación del artículo 97 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se de nueva redacción al artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, no tendrán la consideración de públicas las pensiones anejas a las recompensas reguladas en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, por la que se crea la Orden del Mérito de la Guardia Civil, así como las pensiones anejas a las recompensas militares, quedando, en consecuencia, exceptuadas de las normas sobre límites máximos y revalorización de pensiones públicas.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley de 27 de abril de 1946, que reorganiza la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Además, la Mancomunidad podrá incrementar el suministro de agua potable a los Municipios con la finalidad de abastecer a instalaciones industriales y de servicios cuyas necesidades no se encuentren contempladas en sus dotaciones.
Los municipios y Entidades actualmente abastecidos como consecuencia de autorización ministerial previa se considerarán miembros de pleno derecho de la Mancomunidad.
No obstante, las ayudas de estudio y las de asistencia psicológica a la víctimas del terrorismo podrán ser concedidas, conforme a lo que establezcan las normas de desarrollo de este precepto, cualquiera que fuese la fecha de comisión de la actividad delictiva causante del daño que dio origen a su condición de víctimas.
Jóvenes menores de treinta anos.
La conversión de contratos de prácticas y relevo, a tiempo completo o parcial: aprendizaje, formación y sustitución por anticipación a la edad de jubilación, en contratos indefinidos a tiempo completo, dará derecho a los beneficios previstos en la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, cuando la transformación se celebre dentro de su ámbito temporal de vigencia, transcurrido el cual será de aplicación la presente norma. La transformación de los contratos de prácticas y relevo a tiempo parcial en indefinidos a tiempo parcial darán derecho a los beneficios previstos en esta norma.
Contrataciones de jóvenes menores de treinta años: 35 % durante el primer año de vigencia del contrato; 25 % durante el segundo año de vigencia del contrato.
Contrataciones de desempleados inscritos en la oficina de empleo durante un período mínimo de doce meses: 40 % durante el primer año de vigencia del contrato, 30 % durante el segundo año de vigencia del mismo.
Mujeres inscritas en la oficina de empleo, por un período mínimo de 12 meses, contratadas para prestar servicios en profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino establecidas en la Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1998 para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino: 45 % durante el primer año de vigencia del contrato; 40 % durante el segundo año de vigencia del mismo.
Mayores de 45 años: 45 % durante el primer año de vigencia del contrato; 40 % durante el resto de la vigencia del mismo.
3. Las transformaciones de contratos temporales a tiempo completo o parcial en indefinido a tiempo completo darán lugar a una bonificación del 25 % durante los veinticuatro meses siguientes a dicha transformación, salvo que ésta afecte a un contrato celebrado con un trabajador mayor de cuarenta y cinco años, en cuyo caso la bonificación del 25 % se prolongará durante la vigencia del contrato transformado.
5. Las contrataciones iniciales y las transformaciones de contratos temporales en indefinidos realizados durante el período comprendido entre el 17 de mayo de 1997 al 17 de mayo de 1999, conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento y la estabilidad en el empleo y en la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, tendrán derecho a una bonificación del 20 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, por un período adicional de doce meses siguientes a aquél en que cumplan los veinticuatro meses de formalización del contrato inicial o de la transformación del contrato temporal en indefinido. En consecuencia, para estos supuestos, el período total de disfrute de bonificaciones será de treinta y seis meses siguientes a la contratación inicial o transformación.
Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, u otras disposiciones legales.
Lo dispuesto en el párrafo precedente será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios hayan sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
2. Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente, contratos bonificados al amparo de la presente norma y del Real Decreto-ley 9/1997, de 17 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento y la estabilidad en el empleo y de la Ley 64/1997, de 26 de diciembre quedarán excluídos por un período de doce meses, de las ayudas contempladas en la presente disposición. La citada exclusión afectará a un número de contrataciones igual al de las extinguidas.
Los beneficios aquí previstos no podrán, en concurrencia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 60 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica.
El régimen de las fábricas, factorías e instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima , a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima , y a la Empresa SBB Blindados, Sociedad Anónima , a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, seguirá siendo el de los referidos contratos hasta su total enajenación a las citadas empresas y en los plazos previstos. En relación con las fábricas de Sevilla, con excepción de las Canteras y Alcalá de Guadaira, de La Coruña y de Valladolid, seguirán manteniendo el mismo régimen jurídico hasta el momento de su retrocesión al Ministerio de Defensa.
Los programas de armamento, munición y material militar y sus actividades complementarias encomendados por Defensa a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima , y a SBB Blindados, Sociedad Anónima , así como los programas navales y las obras complementarias de los mismos encomendados por Defensa a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares, Sociedad Anónima , en curso en el momento de la liquidación de los contratos INI-Defensa y Marina (hoy Defensa) e INI, continuarán realizándose según lo acordado en las respectivas órdenes de ejecución y conciertos subsiguientes que sean consecuencia de aquéllos hasta su finalización.
Uno. Las cuotas soportadas o satisfechas antes del día 1 de enero de 1998, por la adquisición o importación de bienes de inversión, no deberán ser objeto de la regularización establecida en el artículo 107 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la medida en que la prorrata aplicable en los años posteriores resulte modificada, respecto de la del año en el que se soportaron las mencionadas cuotas, por aplicación de los dispuesto en los artículos 102, 104, apartado dos, número 2, y 106 de la citada Ley en relación con la percepción de subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78, apartado dos, número 3 de la misma, no integre la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. A la entrada en vigor de esta Ley, los centros gestores de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente efectuarán, para los contratos de obra nueva en curso, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, una retención del 10 % del precio de adjudicación aplicable al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de las obras o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago.
Año Ahorro neto
2000 -1,50
2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto b) del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no precisarán autorización las operaciones de crédito a concertar por las Entidades locales durante el período 1999 al 2003 cuando el volumen de su capital vivo referido en dicho punto represente, sobre los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediatamente anterior o en el precedente a este último cuando el cómputo hayan de realizarse en el primer semestre del año, un porcentaje superior al 110 %, a condición de que se presente ante el órgano autorizante un compromiso firme de reducción de deuda que permita alcanzar dicho porcentaje a 31 de diciembre de 2003. Dicho compromiso será objeto del oportuno seguimiento por el órgano citado.
2. Las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensación, conforme al régimen especial del Capítulo X del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, en el primer período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 1999, serán compensadas en la forma establecida en el artículo 1 de esta Ley.
Las rentas acogidas a la exención por reinversión prevista en el artículo 127 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, según su redacción original, se regularán por lo en el establecido, aun cuando la reinversión se produzca en períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 1999.
Se exceptúen de lo dispuesto en el párrafo anterior las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la función de resolución de los conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema eléctrico y de las Circulares que se refieran a materia de información, que pondrán fin a la vía administrativa.
Tres. Además del sistema de liquidación previsto en el apartado dos anterior, y para los contratos al que el mismo se refiere, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, a la "Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima" Compañía de Seguros y Reaseguros, para que convenga con el asegurado que así lo solicite la resolución de la relación de seguro y la exclusión del aludido sistema de liquidación de determinados Créditos asegurados indemnizados y no recobrados, e incluidos en uno o varios convenios bilaterales de moratoria o remisión parcial de deuda, con efectos de cesión al asegurado del valor económico de los citados Créditos , todo ello sin perjuicio de la titularidad nominal del Estado sobre los mismos y de su gestión formal por parte de la "Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación Sociedad Anónima", Compañía de Seguros y Reaseguros. En todo caso, dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Ministro de Economía y Hacienda.
Cuatro. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijará el tipo de cambio que debe servir de referencia para la determinación del valor económico de las liquidaciones que se lleven a cabo mediante este procedimiento excepcional.
La Ley de 11 de mayo de 1942 y su modificación de 23 de julio de 1966, de creación de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima .
El artículo segundo del Real Decreto-ley de 31 de octubre de 1968, sobre nombramiento por Decreto de los cargos de Presidentes y de Director Gerente de las empresas nacionales Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima , y Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima .
El Decreto de 10 de septiembre de 1966, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de la Marina y el Instituto Nacional de Industria, regulando las relaciones entre dicho Ministerio y la empresa nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima , y normas de desarrollo.
El Real Decreto de 3 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria regulando las relaciones entre dicho Ministerio y la empresa nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima , y Real Decreto de 14 de mayo de 1993, de modificación del ámbito de aplicación y normas de desarrollo.
La Ley 28/1984, de 31 de julio, de Creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
La Ley 32/1994, de 19 de diciembre, de prórroga de la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y que modifica parcialmente la Ley 28/1984.
La disposición adicional novena de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El apartado dos del artículo 29 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre Medidas en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria.
El punto 3 del anexo 1, y el punto 96 del anexo 4, ambos del Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios.
El artículo 10 del Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan normas para la distribución de cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas, y se desarrollan parcialmente los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Uno. En el contexto del proceso de armonización comunitaria de la fiscalidad sobre los productos energéticos, el Gobierno adoptará, en su caso, las iniciativas necesarias para que el Impuesto sobre la Electricidad se configure como un gravamen específico exigido en relación a la cantidad de energía eléctrica suministrada.
Disposiciones ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA, y ADICIONAL CUADRAGÉSIMA TERCERA;
Redacción según Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por el que se modifican las disposiciones adicionales cuadragésima tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.