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Timestamp: 2015-11-29 21:12:57
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PRACTICA FORENSE USUAL: PRISIÓN DOMICILIARIA PARA MADRE CABEZA DE FAMILIA
PRACTICA FORENSE USUAL
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PRISIÓN DOMICILIARIA PARA MADRE CABEZA DE FAMILIA
Proceso n.º 34784
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No. 101
Bogotá. D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor de GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada el 11 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior de Popayán.
1. El fallador de primer grado, resumió la cuestión fáctica, así:
El 8 de octubre pasado, siendo aproximadamente las 5:30 horas, Unidades de Policía de Carreteras pertenecientes a la Estación de Villarrica (Cauca), que realizaban labores de rutina en la vía pública, concretamente en la glorieta hacia las poblaciones de Corinto (Cauca) y Candelaria (Valle del Cauca), sometieron a registro personal a quienes se movilizaban en el automotor afiliado a la Empresa "Coomotoristas del Cauca" de placas VKK-451, entre los que se hallaba la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 48678305 expedida en Armenia (Quindío) y al ser inspeccionada por la AG. NANCY MONCADA DÍAZ, detectó un extraño abultamiento en su cuerpo, motivo por el que fue trasladada a las instalaciones policiales donde en recinto privado y previo su consentimiento se le hallan debajo de la ropa, adheridos al tronco tres (3) paquetes envueltos con cinta adhesiva color café, los cuales contenían una sustancia pulverulenta, de olor penetrante y demás características propias del estupefaciente conocido como "bazuco", procediendo a su captura haciéndole conocer sus derechos constitucionales y legales y luego puesta a órdenes de autoridad competente para su judicialización.
2. Las audiencias preliminares de legalización de la captura, formulación de imputación -donde la señora FLOREZ RODRÍGUEZ se allanó a los cargos- e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, se llevaron a cabo el 9 de octubre de 2009, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Puerto Tejada.
El 23 de octubre siguiente, el mismo despacho sustituyó la medida de aseguramiento por la de detención en el lugar de residencia de la implicada.
La audiencia para verificación de legalidad del allanamiento a cargos, individualización de pena y sentencia, se realizó el 10 de marzo del año en curso, ante el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada.
La falladora de primera instancia condenó a GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ como autora responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y le impuso la pena de cincuenta y siete (57) meses y dieciocho (18) días de prisión, multa por valor de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, sin derecho a la suspensión condicional de la pena, ni a la prisión domiciliaria. 3. El Tribunal Superior de Popayán, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada, confirmó en su integridad la decisión del A quo.
La decisión fue recurrida en casación.
4. Esta Corporación, por auto del 22 de septiembre de 2010, resolvió inadmitir el cargo segundo de la demanda de casación formulada por el defensor de la procesada, en tanto que admitió el primer reproche por encontrarlo ajustado a las exigencias legales previstas en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal.
Con apoyo en la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el libelista atribuye al sentenciador la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 1º de la Ley 750 de 2002.
Argumenta que el Tribunal ignoró el principio de legalidad consagrado en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004 en cuanto sobrepone a las previsiones del legislador su caprichosa opinión, no obstante reconocer que los presupuestos normativos se encontraban satisfechos, toda vez que el injusto imputado a su defendida no fue excluido del beneficio contemplado en la Ley 750 de 2002, y la calidad de madre cabeza de familia fue debidamente acreditada en el plenario.
La infracción directa de la ley sustancial se produce cuando, admitidos los presupuestos de la Ley 750 de 2002, no le da aplicación a sus mandamientos, que imponen la prisión domiciliaria a la madre cabeza de hogar, a favor de los derechos superiores de sus menores hijos, vulnerando por exclusión evidente lo normado en los artículos 2º, 13, 44 y 93 de la Carta Política y ordena la prisión intramural de la señora FLOREZ RODRÍGUEZ y la consecuente entrega de sus menores hijos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De paso, se vulnera el principio inherente al interés superior del menor, consagrado expresamente en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, principio 2, e incorporado al derecho interno mediante la Ley 12 de 1991, así como en diversos instrumentos internacionales que han establecido la obligación de proteger a los niños y han consagrado la prevalencia de sus derechos. El artículo 44 de la Carta Política es el resultado de la incorporación del principio del interés superior del menor, que busca garantizar su eficacia y orientar la interpretación y definición de otros derechos, como el consagrado en el artículo 20 del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.
Si el Tribunal hubiese observado el principio del interés superior del menor, era obvio que sin entrar en otras consideraciones concediera el beneficio de la prisión domiciliaria a la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ, para bien de sus hijos y en acatamiento a lo ordenado por el legislador, como lo previó la Corte Suprema de Justicia mediante auto de única instancia 31381 del 10 de abril de 2009 y que retomó en el radicado 30106 del 30 de septiembre de 2009.
Lineamientos jurisprudenciales a los que debió darle aplicación "a partir del solo hecho de hallar probado el presupuesto relativo al status de madre cabeza de familia, sin respecto de otros factores, vale decir, la naturaleza del delito (que en el sub examine no constituye siquiera una conducta que la norma vulnerada por exclusión, hubiera previsto como ajena al mentado beneficio), la existencia de antecedentes (que tampoco se daban en el asunto de autos), lo que desbordando las fronteras de su función, efectuó el Ad quem", afectando garantías fundamentales de unos menores indefensos, privados de su derecho superior a tener una familia y no ser separados de ella y desatendiendo su situación de debilidad manifiesta.
Solicita se case la sentencia, otorgando a la procesada la prisión domiciliaria a favor de sus menores hijos.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
El apoderado de la procesada, como sujeto procesal recurrente, reitera los argumentos plasmados en la demanda de casación.
El delegado del ente instructor, luego de aludir a la técnica propia de la causal invocada por la defensa, así como a los fundamentos del Tribunal para negar a la procesada el beneficio de la prisión domiciliaria y a la sentencia C-184 de 2003, opina que en este caso se debió dar aplicación favorable al artículo 314 de la Ley 906 de 2004, tal como lo ha venido señalando esta Corporación, a través de las sentencias 31381, 31963 y 30106 del año 2009.
Frente a esos lineamientos jurisprudenciales, basta con demostrar la calidad de madre cabeza de familia, siendo evidente que el Tribunal inaplicó la ley favorable y plasmó en su decisión exigencias de carácter subjetivo, como la gravedad del delito y el peligro para la comunidad.
Además, la calidad de madre cabeza de familia se encuentra demostrada a través del informe de la Comisaría de Familia de Corinto, Cauca.
Solicita se case la sentencia en relación con el cargo admitido. El Ministerio Público
El señor Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, además de pronunciarse frente a los motivos que condujeron a la expedición de la Ley 750 de 2002, a la sentencia C-184 de 2003, expresa que frente a lo dispuesto en el artículo 314 numeral 5º de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 2007, precisó que la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones "de doce (12) años" y "mental", no implica la concesión automática del beneficio al padre o madre de cualquier menor de 18 años. La autoridad judicial competente debe evaluar las particularidades de la situación del menor y advirtió que no son las condiciones personales, ni las características individuales de la persona privada de la libertad, los criterios que se desprende de la norma para negar el beneficio, sino los intereses y protección del menor. Bajo ese entendido, se puede decir que la nueva ley no excluye delito alguno en atención a la naturaleza o gravedad del delito, ni comporta restricción para reincidentes del mismo delito o con antecedentes penales, como sí ocurría con la Ley 750 de 2002.
Así lo ha exteriorizado la Sala de Casación Penal, especialmente en auto de única instancia No 31381 del 10 de abril de 2009, y en los radicados 31963 y 32982 del mismo año.
Criterios que comparte el representante del Ministerio Público, porque el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 fue expedido para garantizar los derechos fundamentales de los niños, los cuales, por mandato constitucional prevalecen sobre los demás. Ciertamente la Corte Constitucional consideró que la norma tiene una clara finalidad proteccionista del menor y que el concepto "estar bajo el cuidado de la madre o padre cabeza de familia a favor de quien se aplica la norma", es un requisito implícito de tal condición que debe ser valorado adecuadamente en cada caso por el juez competente.
Concluye que al no presentarse discusión respecto de la condición de madre cabeza de familia de la sentenciada a cargo de dos hijos menores y no tratarse de una posición estratégica para acceder a la prisión domiciliaria, se encuentran acreditados los requisitos y, por tanto, el cargo debe prosperar.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación está consagrado como un mecanismo de control constitucional y legal de las sentencias proferidas en segunda instancia, cuando quiera que se afecten garantías fundamentales, con la finalidad de asegurar la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia.
En ese contexto normativo, es posible que la Sala de Casación Penal advierta la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo pese a los defectos que pueda contener la demanda, atendiendo a los fines del recurso extraordinario, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, tal como lo estipula el artículo 184-3.
2. El cargo que la Sala admitió para su examen de fondo, plantea un debate que amerita establecer si el fallador de segundo grado incurrió en la infracción que le atribuye el recurrente, por la vía de la violación directa, en cuanto le negó a su defendida la prisión domiciliaria y, de paso, precisar el alcance de la reciente jurisprudencia sobre el tema.
2.1. Para negar "la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión" a la procesada GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ el Tribunal apuntó:
Nótese entonces, que si la prisión domiciliaria es un derecho, el funcionario judicial para su reconocimiento se debe sujetar integralmente al procedimiento fijado en la Ley 750 de 2002 y en la jurisprudencia como criterio de interpretación y de solución casuística (artículo 230 de la CN); por ello lo prudente es limitarse a los actos de investigación y de juzgamiento.
Con esa directriz y circunscritos a la conducta punible del "Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes" que, en forma delantera aceptó la procesada, tenemos, al rompe, que la primera condición para sustituir la prisión domiciliaria se satisface, puesto que dicha delincuencia no está exceptuada de la aplicación de la citada ley, sin que tampoco incumba para estos menesteres el quantum de castigo que se impuso, ni la pena mínima prevista en el artículo 376-1 de la Ley 599 de 2000, así como también se cumple con lo descrito en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1982, modificado por el artículo 1º de la ley 1232 de 2008…
Lo anterior, porque los hijos de la judicializada quedaron en aparente abandono a partir del encierro acaecido ante el hallazgo de la sustancia estupefaciente, quedando los niños bajo el cuidado de una tercera persona ajena al núcleo familiar, sin embargo, para esta Colegiatura, por la entidad del delito desplegado, esto es, por la gran afectación a la salubridad pública, con el transporte de droga estupefaciente, en cantidad de 963.8 gramos netos de cocaína, esto es, 963 veces la dosis personal, no es adecuado reconocer la prisión domiciliaria a la señora Gabriela Florez Rodríguez.
No se desconoce, con tal decisión nugatoria de la prisión domiciliaria excepcional, los derechos superiores de los niños, puesto que "hasta los derechos de los niños tienen límites", y uno de aquellos límites, es cuando se coloca en tela de juicio la seguridad del Estado y la recta aplicación del derecho penal, dígase así mismo, con el artículo 44 de la Carta Política y la Convención sobre Derechos de los Niños, ratificados por Colombia mediante la ley 12 de 1991, que si ciertamente los menores tienen derecho a permanecer con sus padres, a tener una familia y a no ser separados de ella; en el caso sub-lite la situación de los menores de edad venía siendo normal y adecuada hasta el momento en que la acusada prefirió, con absoluta libertad y voluntad, la ejecución de la delincuencia; de ahí que esa separación que ahora padecerá la descendencia no deriva de una decisión jurídica injusta o arbitraria sino que la misma procede de la acción criminal dolosa contra la "Salubridad Pública" y que por tanto amerita aislarla en prisión, ya que no se otea peligro o abandono en el cuidado integral de los menores.
Consecuencia de lo discernido, para la Sala, los dos menores de edad deberán quedar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que velará por salvaguardar sus derechos de crianza, cuidado y manutención, debiendo permanecer la sentenciada en establecimiento carcelario oficial, dado que el desempeño laboral y social de la señora Gabriela Florez Rodríguez no tienen pronóstico positivo, porque sin reparos conservaba 963.8 gramos de cocaína que llevaba consigo, sin importarle el deterioro y riesgo de la salud y bienestar de sus congéneres, todo lo cual despunta en unos ciudadanos nocivos en lo laboral, para la familia y la sociedad, por su ejemplo perturbador de la tranquilidad propia y ajena, por la ambición del dinero.
En tal medida quienes se involucran en la repudiable tarea personal y laboral, por llevar consigo cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia, deben asumir las consecuencias de su actuar por el daño social; pues esa acción de los encausados deja percibir la necesidad de la ejecución de la pena, porque no están en capacidad de afrontar las sanas costumbres o pautas lícitas de convivencia social, como se colige de la encuesta procesal.
Luego, como brota del expediente, es una ciudadana que con meros fines lucrativos, no midió las consecuencias de envenenamiento ni los efectos colaterales de violencia y descomposición social que desencadena el narcotráfico; la Colegiatura, en orden a preservar la tranquilidad y seguridad social, por la influencia criminógena que ejercen los estupefacientes en el individuo, determina beneficioso para la sentenciada y la comunidad del Norte del Cauca, por donde se transportaba el narcótico, que la pena se cumpla en establecimiento carcelario (subraya la Sala).
2.2. El casacionista hace consistir el yerro en la falta de aplicación del artículo 1º de la Ley 750 de 2002, porque el Tribunal sobrepone su opinión a las previsiones del legislador, pese a reconocer que los presupuestos normativos se encontraban satisfechos, toda vez que el injusto imputado a su defendida no fue excluido del beneficio contemplado en dicha normativa, y la calidad de madre cabeza de familia de la señora GABRIELA FLOREZ RODRÍGUEZ fue debidamente acreditada en el plenario.
3. De manera preliminar, es bueno recordar, que la Ley 750 de 2002, consagra la posibilidad de cumplir la ejecución de la pena privativa de la libertad, al hombre o mujer cabeza de familia, siempre que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º de la normativa, esto es, que el desempeño personal, laboral, familiar o social permitan determinar que no pondrá en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente, que no se trate de delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, extorsión, secuestro y desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo que se trate de delitos culposos o políticos.
En ese contexto, no sería dable predicar ̵