Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-16318-de-octubre-31-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424157f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-24 18:44:45
Document Index: 166662560

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 259', 'artículo 177', 'artículo 259', 'artículo 59', 'artículo 259', 'artículo 1897', 'artículo 259', 'artículo 169', 'artículo 59', 'artículo 259', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 226', 'artículo 1', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 39', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 3', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 212', 'artículo 212', 'artículo 177', 'artículo 30', 'artículo 177', 'artículo 1757', 'artículo 30', 'artículo 228', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA 16318 DE OCTUBRE 31 DE 2007
SENTENCIA 16318 DE 31 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:PRUEBA DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS PÚBLICOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONTINÚA VIGENTE PUES NO FUE DEROGADO POR LA LEY 455 DE 1998 APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1961.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTENTICIDAD DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, DOCUMENTO EXTRANJERO
Sentencia 16318 de octubre 31 de 2007
Rad.: 250002326000199501930-01 (16318)
Actor: José Cristo Cabrejo Galvis
Demandado: Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— DIAN
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 14 de diciembre de 1998, mediante la cual negó las pretensiones formuladas en acción de reparación directa por el señor José Cristo Cabrejo Galvis, en contra de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DIAN. La sentencia recurrida será confirmada.
El 14 de diciembre de 1995, el señor José Cristo Cabrejo Galvis, a través de apoderado judicial, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, en contra de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DIAN, con el fin de que se le declarara responsable de los perjuicios ocasionados con la incautación del vehículo marca Toyota, Land Cruiser, modelo 1983, de placas BDW 671, que realizó el Gobierno de Venezuela en hechos ocurridos el 18 de julio de 1995 en la población de San Antonio de Táchira (Venezuela).
A título de indemnización solicitó: (a) la suma de $ 17’500.000 por el valor de la adquisición del vehículo de placas BDW 671 que le fue incautado por el Gobierno de Venezuela, (b) la suma de $ 2’487.243 por los gastos en los que incurrió el demandante en la legalización, arreglo y mejoras del vehículo, (c) la suma de $ 900.000 mensuales a partir de 18 de julio de 1995 hasta el momento en que se profiera el fallo correspondiente por lucro cesante, y (d) la suma equivalente a 3.000 gramos de oro por “razones de equidad” y en el evento en que no se pudieren determinar los perjuicios reclamados.
Se afirmó en la demanda que el vehículo camioneta, marca Toyota, modelo 1983 había ingresado al Fondo Rotatorio de Aduanas mediante Acta F011 de 26 de abril de 1985, y que después de haberse surtido las publicaciones ordenadas por la ley, quedó a disposición del fondo para su enajenación. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en una convocatoria pública enajenó mediante Acta de Adjudicación 96 de 30 de septiembre de 1993, el citado vehículo, en favor de Luis Pabón Gutiérrez.
Que el señor Pabón Gutiérrez, el 9 de febrero de 1994, matriculó el vehículo ante la seccional tercera división registro automotor de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, y posteriormente lo vendió a José Adolfo Zamora, quien a su vez, el 29 de diciembre de 1994, se lo vendió a José Cristo Cabrejo Galvis.
Que el actor compró el vehículo por la suma de $ 17’500.000, pagó los derechos de traspaso, de expedición de tarjeta de propiedad, de impuestos y de seguro obligatorio por la suma de $ 154.978, y que gastó en repuestos y mano de obra para su mejora la suma de $ 2’332.365. Que destinó el vehículo al transporte de pasajeros y de bienes entre la ciudad de Tunja y los municipios vecinos, actividad que le proporcionaba ingresos en cuantía de $ 900.000 mensuales.
Que el 18 de julio de 1995, el actor viajó a la ciudad de San Antonio de Táchira (Venezuela), en donde el Cuerpo Técnico de Policía Judicial - brigada de vehículos retuvo el automotor porque supuestamente había sido hurtado en dicho país. Que después de que el demandante presentara varias reclamaciones a la DIAN, esta entidad le informó que el vehículo había sido enajenado y que la venta se había ajustado a las normas que regulan el tema.
En su defensa, la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda en consideración a que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde al actor la carga de probar los hechos que alega, y en este caso, el documento allegado por el demandante con el cual pretende demostrar que el vehículo fue retenido en el municipio de San Antonio de Táchira (Venezuela), es la copia de la copia auténtica de la constancia expedida por el comisario jefe de la seccional de la brigada de vehículo de dicha municipalidad, y que como quiera que se trata de un documento expedido en el extranjero, adolece de las formalidades exigidas por el artículo 259 ibídem, circunstancia que imposibilita tenerlo como prueba dentro del proceso.
Que la administración cumplió a cabalidad con sus obligaciones en relación con la enajenación del vehículo al señor Pabón Gutiérrez, y que en consecuencia nunca existió respecto del citado automotor relación alguna con el actor, por lo cual la reclamación presentada por el actor de devolución de dinero, debía dirigirla contra quien le vendió el vehículo.
Que el vehículo se hallaba en poder de la aduana en virtud de una aprehensión por el no cumplimiento de la normativa aduanera atinente a la legal introducción y permanencia de éste en el territorio nacional, y que la circunstancia de que el vehículo hubiere sido hurtado en otro país era ajena al conocimiento de la administración, por cuanto las autoridades venezolanas jamás realizaron un requerimiento que hubiere impedido que el automotor fuere rematado, por lo cual no era previsible que posteriormente fuere incautado por el Gobierno Venezolano.
Señaló como “medios de defensa” los siguientes:
(i) La inexistencia de responsabilidad del Estado colombiano frente a los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones del actor: por cuanto el demandante pretende derivar una condena en contra de los demandados invocando como fundamento de sus pretensiones una actuación adelantada por autoridad extranjera fuera del territorio nacional, y ajeno a la voluntad o intervención del Estado colombiano, como lo es la incautación del vehículo en el municipio de San Antonio de Táchira, pretensión que excede el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa.
(ii) El legal proceder de la dirección general de aduanas que descarta la existencia de una actividad irregular de la administración: que el automotor ingresó al Fondo Rotatorio de Aduanas mediante acta de retención F-011 de 26 de abril de 1985, y que como se encontraba en poder de dicha autoridad y no se había definido situación jurídica, se procedió de conformidad con el artículo 59 de la Ley 49 de 1990 y su reglamentación contenida en la Resolución 2601 de 17 de septiembre de 1991 a rematarlo, por lo cual a través del acta de adjudicación 96 de 30 de septiembre de 1993 lo enajenó a favor de Luis Pabón Gutiérrez, terminando con esta actuación la intervención de la administración respecto del vehículo.
Propuso como excepciones las de: (i) Ineptitud de la demanda por carecer del presupuesto de la demanda “legitimatid no processum (sic)” por activa, por considerar que la titularidad del derecho de dominio adquirido con ocasión del remate del vehículo recae en el adquirente del bien, esto es, en el señor Luis Pabón Gutiérrez, y no en los particulares que posteriormente llegasen a derivar derechos del mismo, sin que la administración esté en la obligación de responder frente a terceros ajenos a la relación negocial, por lo cual el actor no está legitimado para reclamarle a la administración; y (ii) caducidad de la acción de reparación directa, dado que la última actuación de la administración en relación con la enajenación del automotor tuvo lugar el día del remate (ago. 26 y 27/93), y la demanda se presentó el “1º de marzo de 1996”, esto es, en forma extemporánea.
El tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó el hecho que materializó el perjuicio que se reclama, esto es, la retención del automotor, toda vez que la constancia de retención del automotor expedida por el comisario jefe de la seccional de San Antonio de Táchira, brigada de vehículo, Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Ministerio de Justicia de la República de Venezuela, no reúne los requisitos que para su apreciación exige el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se aportó la copia de la copia auténtica autorizada por el Notario Primero de Tunja, y comoquiera que dicho documento fue expedido en país extranjero requería la autenticación del cónsul o agente diplomático de Colombia.
Indicó que no le asiste razón al demandado en cuanto afirmó que el hecho dañoso se originó en una actuación adelantada por autoridades extranjeras y que por tanto excede el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad de la administración nacional por la retención de un bien mueble que ella enajenó acogiéndose al proceso de subasta pública previsto en la ley, y que el actor podía formular directamente su reclamación contra la administración, dado que la obligación de saneamiento por evicción puede exigirse al vendedor primario en los términos del artículo 1897 del Código Civil. Por último negó condenar en costas a la parte actora.
La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acojan las pretensiones. Adujo que el a quo decretó como prueba de oficio que se allegara la constancia de retención del automotor expedida por el comisario jefe de la seccional de San Antonio de Táchira, brigada de vehículo, Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Ministerio de Justicia de la República de Venezuela, con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual le ordenó a la secretaría que enviara carta rogatoria por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores al mencionado funcionario. Que esta prueba no fue allegada al expediente, pese a lo cual el tribunal profirió la sentencia denegando las pretensiones de la demanda. Consideró que el tribunal a quo no debió proferir sentencia hasta tanto se lograra recaudar la prueba solicitada de oficio, porque esa actuación es violatoria del derecho al debido proceso.
Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones solo hizo uso la parte demandada, quien solicitó que se confirme la sentencia impugnada, porque la carga de probar los fundamentos de hecho le corresponde al actor, de tal manea que existiendo una deficiencia probatoria, tal situación se convierte en adversa a las pretensiones de la demanda. Afirmó que desde la fecha en que se profirió el auto de pruebas de oficio hasta que se profirió la sentencia transcurrieron más de 5 meses, sin que se hubiere obtenido respuesta por parte de la autoridad requerida para aportar el documento, es decir que se esperó más del término dispuesto por la ley para obtener las pruebas de oficio de conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, de manera que no le asiste razón al actor, por cuanto ya había vencido el término para que se profiriera el fallo.
Para responder los problemas jurídicos que se plantean, la Sala, a partir de las pretensiones formuladas, se ocupará del análisis de los siguientes temas: 1. Lo demostrado, 2. Valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, y 3. Prueba de la autenticidad de un documento público otorgado en el extranjero: el caso concreto.
1. Lo demostrado.
Advierte la Sala que en el sub lite existen serias falencias en el material probatorio que obra en el expediente, que impiden acreditar el daño que alega el actor. Es así como, de las pruebas documentales allegadas con la demanda, y las decretadas y practicadas en el proceso, no se pudo establecer que el 18 de julio de 1995, el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial - Brigada de vehículos, retuvo el vehículo de propiedad de José Cristo Cabrejo Galvis en el municipio de San Antonio de Táchira (Venezuela).
En efecto, en el proceso están demostrados los siguientes hechos:
1. Que el vehículo “camioneta, marca Toyota, modelo 1982, sin placas, tipo pasajeros, motor 2F637784 original, serie FJ60-040859 original” ingresó al Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas - almacén de depósito mediante Acta F-011 de 26 de abril de 1985, según da cuenta copia auténtica del acta de traslado emitida por dicha entidad (remitida al a quo por el jefe de división de mercadeo, subsecretaria de comercialización de la DIAN, según Oficio 482 de 13 de marzo de 1997, fls. 13 y 14, cdno. 2).
2. Que el vehículo “clase camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser, tipo Station Wagon, modelo 1983, color blanco, servicio particular, carrocería metálica, Nº de puertas 4, Nº de motor 2F637784, Nº de chasis 10900561, Nº de serie SIN, Nº de pasajeros 5”, fue adjudicado por la DIAN al señor Luis Alfonso Pabón Gutiérrez, en subasta pública en la ciudad de Bogotá, según consta en la copia auténtica del Acta de Adjudicación 5 de 30 de septiembre de 1993 (fl. 3, cdno. 1, y fl. 9, cdno. 2) y en constancia expedida por la jefe de división de mercadeo, subsecretaria de comercialización, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expedida el 30 de septiembre de 1993 (copia auténtica visible a fl. 5, cdno. 1 y fl. 11, cdno. 2).
3. Que la DIAN autorizó al señor Pabón Gutiérrez para reclamar el mencionado vehículo, según consta en la comunicación 1364 sin fecha, dirigida por la jefe de división de mercadeo, subsecretaría de comercialización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a “Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. Alcaldas S.A.” (copia auténtica remitida por el jefe de división de mercadeo, subsecretaria de comercialización de la DIAN, fl. 10, cdno. 2). En ese documento se lee:
“Nos permitimos comunicarle que el portador de la presente, señor Pabón G. Luis Alfonso, identificado con la cédula de ciudadanía 17079022 de Bogotá, está autorizado para retirar de esa almacenadora, el vehículo identificado con el Nº interno 1090561, el cual le fue adjudicado mediante subasta pública realizada durante los días 26 y 27 de agosto del año en curso, el cual presenta las siguientes características:
Servicio : Particular
Nº motor : 2F637784
Nº chasis : 10900561 DIAN
Nº serie : SIN
Nº pasajeros : 5”
4. Que el vehículo “camioneta, marca Toyota, color blanco, motor 2F637784, serie FJ60-040559, nueva identificación 10900561”, fue entregado el 4 de octubre de 1993, según dan cuenta la copia auténtica del “parcial de mercancías 22” expedido por los Almacenes Generales de Depósito de Caldas S.A. Alcaldas S.A. (copia auténtica fl. 4, cdno. 1 y fl. 8, cdno. 2), y el “acta de egreso de la mercancía sacada de inventario” de la misma fecha (copia auténtica remitida por el jefe de división de mercadeo, subsecretaria de comercialización de la DIAN, fl. 17, cdno. 2).
5. Que el vehículo “marca Toyota, línea Land Cruiser, modelo 1983, Nº de motor 2F637784, Nº de chasis 10900561 DIAN, Nº de serie SIN, color rojo cereza, placas BDW 671”, fue matriculado en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra, el 29 de enero de 1994, donde se indicó que el propietario es Luis Alfonso Pabón Gutiérrez, según consta en el formulario único nacional 093-3533751 (copia auténtica fl. 6, cdno. 1 y fl. 21, cdno. 2).
6. Que el “24-01-04” se adelantó el trámite de traspaso del citado vehículo, de Luis Alfonso Pabón Gutiérrez a José Adolfo Zamora, según consta en la copia auténtica del formulario único nacional 093-3533752 del Instituto Nacional de Transportes y Tránsito Intra (fl. 7, cdno. 1).
7. Que José Cristo Cabrejo Galvis es el propietario del vehículo marca Toyota, modelo 1983, placas BDW 671, según consta en: (i) el contrato de compraventa celebrado entre José Adolfo Zamora como vendedor y José Cristo Cabrejo Galvis como comprador, el 29 de diciembre de 1994, por valor de $ 17’500.000 (copia auténtica fl. 8, cdno. 1), (ii) el formulario único nacional 093-4041845 del Instituto Nacional de Transportes y Tránsito Intra de 1º de febrero de 1995 en el que se adelantó el trámite de traspaso de José Adolfo Zamora al demandante (copia auténtica fl. 9, cdno. 1), (iii) la licencia de tránsito 94-754289 (copia auténtica fl. 11, cdno. 1), y (iv) la póliza de seguro obligatorio expedida por Seguros del Estado S.A. el 1º de febrero de 1995 (copia auténtica fl. 12, cdno. 1).
8. Que el vehículo no registró “pendientes por hurto de acuerdo con los sistemas de identificación” según consta en el sello de la sala técnica automotores de la Dijin, que aparece en la copia auténtica del recibo de caja 91570 de la subdirección Policía Judicial e investigación, división administrativa, sección caja y pagaduría (fl. 14, cdno. 1).
9. Que el 3 de agosto de 1995 José Cristo Cabrejo Galvis le informó al director general de la DIAN, que el 18 de julio de 1995 se desplazó en el citado vehículo a la ciudad de San Antonio de Táchira (Venezuela), en donde las autoridades venezolanas retuvieron el automotor por cuanto se encontraba solicitado por hurto, y por tanto solicitó que se le devolviera el valor de los gastos en que incurrió con la adquisición del vehículo y de las mejoras que se le realizó, y se le indemnizara por los perjuicios ocasionados con la retención del automotor, según da cuenta copia auténtica de dicha comunicación (copia auténtica fl. 17-18, cdno. 1 y fl. 22-23, cdno. 2).
Que en respuesta a esta petición, el coordinador grupo automotores y aeronaves y el jefe división de mercadeo - subsecretaría de comercialización de la DIAN, le informaron al actor mediante escrito de 15 de agosto de 1995, que el vehículo marca Toyota, modelo 1983, fue enajenado bajo la modalidad de convocatoria general en Bogotá los días 26 y 27 de agosto de 1993, y adjudicado al señor Luis Pabón Gutiérrez, mediante acta de adjudicación 96 de 30 de septiembre de 1993, y que “la oficina de almacenamiento y enajenación hoy subsecretaria de comercialización, efectuó una serie de publicaciones en un diario de amplia circulación nacional, El Espectador teniendo como fundamento legal el artículo 59 de la Ley 49 de 1990, reglamentado por la Resolución 2601 de septiembre 17 de 1991, la cual ordena la publicación de las mercancías que se encuentran bajo custodia del extinto Fondo Rotatorio de Aduanas, con el fin de que en un término de diez (10) días hábiles, la persona, entidad u organismo que se crea con algún derecho sobre las mercancías objeto de publicación, se presenten a reclamar la mercancía a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales respectiva, con un oficio que contenga los datos del solicitante, número del acta de ingreso al Fondo Rotatorio de Aduanas y las pruebas que aporta. Vencido dicho término y en caso de (sic) presentarse interesado alguno para acreditar su derecho sobre la mercancía, esta quedará a disposición del Fondo Rotatorio de Aduanas para su enajenación” (copia auténtica fl. 19-20, cdno. 1 y fl. 24-25, cdno. 2).
Como se verá más adelante, la prueba documental allegada al expediente con el fin de acreditar la retención del vehículo de propiedad del actor, es un documento público otorgado en el extranjero, por lo cual, para la Sala resulta necesario determinar la normativa aplicable en Colombia para la aportación de esta clase de documentos.
2. Valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil (1) exige que el documento público otorgado en el exterior se presente debidamente autenticado por cónsul o agente diplomático y el abono de la firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, formalidades necesarias para que se pueda presumir que se otorga conforme a la ley del respectivo país (2) . A este respecto, el profesor Rocha Alvira señala:
“La autenticación se designa también con el nombre de legalización y se compone de dos formalidades: a) la que en el lugar de origen del documento cumple (...) el funcionario diplomático o consular de Colombia o de un país amigo; y b) la gubernativa, que se verifica en Colombia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y consiste en que un funcionario de la Cancillería certifica que la firma del agente diplomático o del cónsul colombiano que en el exterior testificó la verdad de las firmas del poder y la calidad de quienes la autorizaron, corresponde realmente a dicho agente o cónsul colombiano, en el ejercicio de su función de tal.
“La técnica de la autenticación o legalización de documentos públicos y privados que exhiban los contratos o documentos pasados en el extranjero, es la misma que expusimos para los poderes generales. En últimas se llega a que la legalización hace presumir la conformidad a la ley de origen y por tanto su validez” (3) .
De otro lado, como es sabido mediante la Ley 455 de 4 de agosto de 1998 (4) se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961. Al tenor de lo prescrito por el artículo 1º de esta ley determinados documentos públicos están relevados del trámite de “consularización” y “abono de la firma del cónsul” por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en su lugar requieren llevar impuesta la apostilla (5) .
En este sentido, según la Instrucción Administrativa 6 de 24 de enero de 2006 proferida por el Superintendente de Notariado y Registro “Apostillar se refiere al mecanismo de derecho internacional mediante el cual se confiere validez, entre las naciones que lo tienen convenido, a un documento determinado. De tal manera que cuando se quiera hacer valer ‘documentos públicos emanados de autoridad colombiana que van a surtir efectos en alguno de los Estados parte de la convención deben ser apostillados y no requieren el trámite en el consulado del país donde serán presentados. En el mismo sentido, un documento público expedido en alguno de los Estados parte de la convención debe apostillarse en el país en el cual fue expedido, como único requisito para ser presentado en Colombia; por ende, no requiere la autenticación en el consulado de Colombia, ni legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, D.C.’. En definitiva la no necesidad de autenticación, ni legalización alguna, es aplicable como un proceso en doble sentido, de ida y de vuelta, en el que los Notarios no tienen por qué solicitar el requisito de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, así como tampoco se pide esto para los documentos nacionales que se acreditan en el exterior” (6) .
Por otra parte, al revisar la constitucionalidad de esta ley aprobatoria de la Convención de la Haya de 1961 sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, la Corte Constitucional en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 241.10 de la Constitución Política, subrayó:
“La convención establece la abolición del trámite de legalización diplomática y consular de aquellos documentos que expedidos en uno de los Estados contratantes, se presenten en otro de la misma condición y solo es aplicable respecto de aquellos que se relacionan en el artículo 1 del instrumento.
“Suprimir ese trámite, sin duda permite la realización de principios esenciales para la buena marcha de las relaciones entre los países y los particulares, y en general para la eficacia de los proyectos de cooperación entre los países contratantes y los particulares oriundos de los mismos, a tiempo que viabiliza la eficacia, economía y celeridad que el mundo moderno exige en las relaciones económicas, políticas, financieras y comerciales, principios que nuestro ordenamiento superior consagra como rectores de la administración pública.
En esa perspectiva, las decisiones de la convención cuya constitucionalidad se examina, a las que pretende adherir el Estado colombiano, en nada contrarían nuestro ordenamiento superior y al contrario generan un espacio en el que la cooperación internacional, tanto en el ámbito público como en el privado, encuentra escenarios cada vez más flexibles y propicios para el intercambio y la integración, lo cual también permite concretar el mandato constitucional que contiene el artículo 226, que establece que el Estado colombiano promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (7) .
En cuanto hace a su entrada en vigencia en el caso colombiano, esta tuvo lugar el 30 de enero de 2001. Así se indicó en la Resolución 267 de 30 de enero de 2001, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “por la cual se establecen los derechos por concepto de la apostilla de documentos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores” (8) .
Conviene observar que la propia convención señaló los documentos cobijados por ella, al disponer que esta se aplica a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante. Al efecto, la convención define de manera taxativa los documentos que son considerados como documentos públicos: i) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados; ii) Documentos administrativos; iii) Actos notariales; iv) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas. Al mismo tiempo la disposición en cita precisa los documentos a los cuales no se aplica la convención: i) aquellos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; y ii) documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras.
Por manera que la convención precisa cuáles son los documentos a los que se aplica el beneficio y deja en claro —además— dos eventos en que expresamente queda excluida la abolición de la legalización de documentos extranjeros públicos. En cada caso concreto se deberá examinar si el documento es o no público, según lo expresado por la convención.
En definitiva, la Ley 455 de 1998, aprobatoria de la Convención de la Haya de 1961, tuvo por cometido la abolición de la legalización de los documentos públicos extranjeros taxativamente señalados por el artículo 1º de la convención, o lo que es igual, no aplica respecto de otro tipo de documento público, como tampoco de los expresamente excluidos por la misma preceptiva y, por supuesto, se aplica exclusivamente respecto de dichos documentos cuando quiera que provengan de un país signatario de dicho tratado. O lo que es igual, como es apenas natural, la citada convención no se aplicará en los eventos en los que los documentos provengan de un país no signatario de la misma.
Aunque este tratado internacional perentoriamente señaló que los estados partes abolían el requisito de legalización para documentos públicos extranjeros (arts. 1º, 2º, 3º) (9) , ello no empece que si se aporta un documento público otorgado en el exterior siguiendo las formalidades regladas por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, el juez le dé valor probatorio, no obstante no seguirse lo prescrito por la convención, toda vez que la normativa procesal continúa vigente pues aquella se limitó a prever un procedimiento orientado a facilitar la certificación sobre la autenticidad de ciertos documentos, sin que ello entrañe derogatoria de la legislación nacional.
En el sub judice, los hechos ocurrieron bajo el imperio del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, pero estando ya el proceso en curso las consecuencias jurídicas se produjeron y desvolvieron parcialmente bajo la vigencia de la Ley 455 de 1998.
A este respecto, es preciso resaltar que en materia probatoria, el artículo 39 de la Ley 153 de 1887 dispone que los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere, o lo que es igual, como ha señalado la doctrina nacional, se sujeta “a la ley que rige para el proceso en general, vale decir, a la vigente en el momento de ejecutarse el respectivo acto procesal” (10) .
En consecuencia, bien podría haberse acreditado por uno u otro medios, debido a que si bien para el 18 de julio de 1995, fecha en la cual —según lo afirmado en la demanda— se retuvo el automotor de propiedad de actor, la regla no era otra que la prescrita por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, ya interpuesta la acción, y estando el proceso en curso fue aprobada y entró en vigor la Ley 455.
Una vez precisado que podría haberse acreditado con arreglo al estatuto adjetivo nacional como a la prescripción internacional, pasa la Sala a analizar las pruebas que se allegaron al expediente para acreditar el daño que alega el demandante, con el fin de determinar si la parte actora cumplió con la carga de probar en legal forma la retención del vehículo de su propiedad.
3. Prueba de la autenticidad de un documento público otorgado en el extranjero: el caso concreto.
Conviene señalar que en orden a acreditar la incautación del vehículo marca Toyota, modelo 1983, placas BDW 671, que según el demandante hizo el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, seccional San Antonio de Táchira, Brigada de Vehículos de la República de Venezuela, el 18 de julio de 1998, en este proceso se desplegó la siguiente actividad probatoria:
(i) El actor allegó copia autenticada por el Notario Primero de Tunja, de una constancia expedida por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, seccional San Antonio de Táchira, brigada de vehículo, el 19 de julio de 1995, en el que se indicó: “que en fecha 18-07-95, fue retenido el vehículo marca Toyota, modelo Samuray año 83, color rojo, clase camioneta, con matriculas colombianas BDW-671 (...) la cual era conducida por el ciudadano José Cristo Cabrejo Galvis, (...) que se encuentra solicitada, según expediente B-631.394, de fecha 09-08-83, por el delito contra la propiedad (hurto de vehículo), por la división de investigaciones de vehículos Caracas” (fl. 16, cdno. 1).
Para la Sala esta constancia expedida por una autoridad extranjera, no cumple con los requisitos exigidos para los documentos otorgados en el exterior, como quiera que en términos del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y en su defecto por el de una Nación amiga, y la firma del cónsul se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en conformidad con la Ley 455 también podría haberse acreditado sin el lleno de esta rigurosa exigencia, con el cumplimiento del único trámite exigido por el artículo 3º de dicha normativa.
En el sub lite, el documento aportado —que es de aquellos otorgados en el extranjero—, fue autenticado por el Notario Primero de Tunja, es decir que no cumple con el requisito de autenticidad exigido bien por la normativa procesal, ora por la menos exigente legislación internacional.
(ii) El a quo en auto de 4 de junio de 1998 (fls. 143 y 144, cdno. 1) decretó como prueba de oficio, que se enviara carta rogatoria por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores al comisario jefe de la seccional, brigada de vehículo, seccional de San Antonio de Táchira, Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela, con el fin de que remitiera a través del Cónsul de Colombia en Venezuela, la constancia de la fecha de retención del vehículo con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, y la copia de la providencia que adoptara la decisión en relación con el proceso Nº B-631.394 de 9 de agosto de 1983 que se adelantó en ese país por el delito de hurto del citado automotor.
Estos documentos no fueron allegados a este proceso, tal y como lo advirtió el a quo en la providencia recurrida, y tampoco fueron oportunamente traídos en esta instancia.
(iii) Después de decretada la prueba de oficio, y encontrándose el proceso pendiente de proferir fallo en primera instancia, la parte actora, allegó el original de la constancia de la retención del vehículo de propiedad del demandante emitida por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, seccional de San Antonio de Táchira, Brigada de Vehículo de la República de Venezuela (fl. 149, cdno. 1).
Este documento no está debidamente autenticado por el cónsul o agente diplomático, como tampoco cuenta con el abono de la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores, razón por la cual tampoco presta mérito probatorio, al no cumplir con las exigencias de que trata el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Pero tampoco, en su defecto con la certificación de autenticidad prevista por los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 455 que, como ya se indicó, también resultaba aplicable al caso, en razón del tránsito legislativo.
(iv) En segunda instancia, y encontrándose el proceso pendiente de que se concediera el término para alegaciones, la parte actora solicitó que se oficiara a la “Oficina de cooperación judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la calle 10 Nº 5-51 de Santafé de Bogotá, con el fin de que certifique la existencia de respuesta al Oficio 037092 de 21 de julio de 1998, enviado a la Embajada de Colombia en Venezuela y en caso negativo, solicitar a la misma dependencia se sirva requerir por oficio a la Embajada de la República de Venezuela, para que en los términos diplomáticos acostumbrados, solicite respuesta a la carta rogatoria enviada al señor comisario jefe de la seccional brigada de vehículos, seccional San Antonio de Táchira, Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Ministerio de Justicia, República de Venezuela con fecha 2 de julio de 1998, en los términos establecidos en la misma solicitud” (fl. 179-18, cdno. ppal.).
Esta prueba fue denegada mediante auto de 9 de julio de 1999, por cuanto la solicitud debió realizarse dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso, de conformidad con el inciso 4º de artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.
(v) Estando el expediente para proferir fallo en esta instancia, el actor aportó unos documentos, y solicitó una prueba de oficio:
• Mediante memorial de 28 de abril de 2000 el demandante aportó los siguientes documentos: Derecho de petición de 9 de diciembre de 1999 dirigido por el actor al subcomandante departamento de Norte de Santander, con el fin de solicitarle su colaboración para que requiriera por intermedio de la Sijin a la Policía Técnica Judicial de Venezuela - Delegación San Antonio de Táchira, para que diera respuesta al oficio emanado del tribunal en relación con la constancia de la fecha de retención del vehículo (fl. 217, cdno. ppal.); Oficio 1514 de 9 de diciembre de 1999, enviado por el Departamento de Policía Norte de Santander, seccional Policía Judicial por medio del cual le solicitó la colaboración al jefe de la Policía Técnica Judicial de San Antonio de Táchira para que diera a conocer la información relacionada con la inmovilización del vehículo camioneta Toyota, placa BDW 671 (fl. 218, cdno. ppal.); y copia autenticada del Oficio 9033 de 18 de diciembre de 1999 suscrito por José Alirio Chacón Moncada, Comisario —Jefe de la seccional, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, seccional San Antonio de Táchira de la República de Venezuela, dirigido al jefe de Sijin— Departamento de Policía de Norte de Santander, en el que consta: “Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su Oficio 1514, de fecha 09-12-99, a sus particulares le informó que el vehículo clase camioneta, marca Toyota, modelo Samuray, color rojo, serial carrocería FJ60-040859, serial motor 2F637784, placas colombianas BDW-671, fue recuperado por esta seccional según memorando 4271 de fecha 19-07-95, la misma no fue reclamada por su legítimo dueño o propietario, por lo que fue objeto de remate por parte del propietario, del estacionamiento San Antonio, esta ciudad (sic), como consta en el acta de remate de fecha 21-05-97, expedida y ejecutada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira” (fl. 219, cdno. ppal.) (11) .
• Por memorial de 20 de agosto de 2002 el accionante aportó en original el Oficio 1942 de 1º de junio de 1999 del Embajador de Colombia en Caracas en el cual le comunicó al actor, que le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que agilice el trámite de la carta rogatoria librada por el tribunal a quo. Acompañó este documento de otros que se encuentran en copia simple (fls. 221-225, cdno. ppal.).
En relación con estos documentos, que fueron allegados por el actor cuando el expediente se encontraba para fallo, es claro que su aportación fue extemporánea, como quiera que de conformidad con el inciso cuarto del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo (12) la oportunidad para pedir pruebas en segunda instancia expira con el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación.
Es preciso resaltar que conforme al principio de autorresponsabilidad de la prueba, la parte que por descuido, o por cualquier otra razón, deja pasar las oportunidades preclusivas para la práctica de pruebas, deberá soportar las consecuencias adversas de su inactividad o descuido. Además, es claro que la prueba para que resulte válida en un proceso debe reunir las formalidades de tiempo, modo y lugar, previstas en las normas de orden público contenidas en el estatuto procesal civil (CPC, arts. 174 y 183), carácter de orden público que las torna imperativas, y no supletivas, por lo que tanto el juez como las partes están obligadas a su estricto acatamiento. Y el juzgador, en su condición de director del proceso, debe ser especialmente celoso en su aplicación como que la infracción acarrea infracción del derecho de defensa y del debido proceso. En el caso particular de la solicitud, práctica e incorporación estas deben llevarse a cabo dentro de los términos y oportunidades señalados en el Código. En otras palabras, estos documentos se aportaron cuando ya había vencido dicho término, razón por la cual no es posible tenerlos como pruebas regular y validamente aportadas (13) .
(vi) El 16 de mayo de 2006 el actor solicitó que se decretara pruebas de oficio, en consideración a que la solicitud de pruebas formulada por el demandante en segunda instancia había sido denegada, y a que aportó algunos documentos en esta instancia, por lo cual solicitó que el despacho analizara la situación que se presentó en relación con la aportación del documento otorgado en el extranjero y que es prueba de la retención del vehículo, al momento de resolver el fondo del asunto.
Esta solicitud fue negada en esta instancia mediante auto de 26 de mayo de 2006, por cuanto la oficiosidad proviene de la iniciativa del juez de decretar pruebas que en su parecer son necesarias para el esclarecimiento de la verdad y no de la petición de las partes, y porque no se está en la etapa procesal para pedir pruebas en segunda instancia, además dejó la posibilidad de que al momento de proferir sentencia en segunda instancia se decretaran pruebas de oficio, en caso de considerarse necesarias.
Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (14) , la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño incumbe al actor. Sobre este punto la Sala reitera que:
‘(…) Hay también negativas de un derecho o del derecho: cuando niego que una cosa es conforme a derecho, o que el acto es legítimo. También aquí la negativa se convierte en afirmativa y la prueba debo darla par semblant, o sea, convirtiendo la negativa en afirmativa’ (15) .
“En el caso sub lite cuando el actor popular asevera que el municipio no ha cumplido con la puesta en funcionamiento real y efectiva del FSRI , esta negativa es de mera forma gramatical, pues en el fondo configura una afirmación redactada negativamente (‘afirmación negativa’ (16) ), o lo que es igual, la afirmación de un hecho contrario: el incumplimiento (un hecho no es menos positivo porque se articule en forma negativa).
“Se trata, entonces, de una negación definida (17) que es susceptible de demostración acreditando el hecho positivo contrario que en forma implícita se indica, por lo que no está exenta de prueba a términos del inciso segundo del artículo 30 de la Ley 472, en consonancia con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1757 del Código Civil. (onus probandi incumbit actori) (18) .
“Finalmente, aunque el citado artículo 30 de la Ley 472 de 1998 señala que si por razones de orden económico o técnico la carga de la prueba no puede ser cumplida por el demandante, el juez debe impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, esta situación no se presentó en el caso concreto, dado que la deficiencia probatoria fue ajena a las razones consignadas en la ley” (19) .
Carga de la prueba sustentada, como también ha precisado la Sala (20) , en el principio de autoresponsabilidad (21) de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable (22) . En efecto, a juicio de la jurisprudencia de esta Sección:
“Si bien el derecho procesal tiene la finalidad de ‘servir de instrumento necesario para la concreción y efectividad de las normas sustanciales’ (23) , la Constitución de 1991 ‘lo elevó a rango constitucional en su artículo 228, pues son las normas procesales probatorias de una especial relevancia ya que tal como se repite desde siempre y concreta el aforismo romano ‘Idem est non esse aut non probari’, igual a no probar es carecer del derecho, pues de poco sirve ser titular de una determinada relación jurídica u ostentar una precisa calidad de tal orden, si en caso de que se pretenda desconocer o discutir o sea necesario evidenciarla, no estamos en capacidad de acreditar esa titularidad ante quien nos la requiere, en cuestiones públicas o privadas’ (24) .
“Es así como una de las reglas técnicas del derecho probatorio es la de la carga de la prueba, la cual parte del supuesto de que ‘son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial. (...) El concepto de carga de la prueba es central para entender el porqué de ciertas decisiones judiciales, pues en aquellos eventos donde la ausencia de pruebas se presenta, no puede el juez abstenerse de decidir y es así como se impone un fallo en contra de quien tenía radicada la carga de la prueba’ (25) . Es evidente que nadie mejor que el interesado para conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están fundamentando sus pretensiones” (26) .
En el caso sub lite, el actor debía acreditar las imputaciones consignadas en su escrito de demanda, sin que fuera admisible a que el juez impartiera unas órdenes tendientes a suplir su inactividad en materia probatoria. Es obligada inferencia de lo que se viene considerando, que ninguna de las piezas probatorias documentales obrantes en el proceso permiten establecer que el 18 de julio de 1995, el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial - Brigada de vehículos, retuvo el vehículo de propiedad de José Cristo Cabrejo Galvis en el municipio de San Antonio de Táchira (Venezuela). O lo que es igual, las pruebas no apuntan a acreditar el daño sufrido por el actor, por lo que no se configuró un presupuesto fundamental para entrar a estudiar la responsabilidad de la administración.
En consecuencia, si la responsabilidad es la obligación de resarcir el daño causado a una persona, no habrá responsabilidad cuando tal daño no se ha producido o por lo menos no se ha probado su existencia en el proceso. Y como quiera que el actor no acreditó la incautación del vehículo, por cuanto el documento aportado para el efecto, no reúne los requisitos del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, la Sala confirmará la decisión adoptada por el a quo, habida cuenta que el proceso se encuentra huérfano de material probatorio que permita evidenciar el daño a que hace referencia la presente acción.
CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 14 de diciembre de 1998.
(1) “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”.
(2) La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, en Sentencia C-412 de 2001.
(3) Rocha Alvira, Antonio, De la prueba en derecho, clásicos jurídicos colombianos, Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 1990, pág. 510.
(4) Diario Oficial 43.360 de 11 de agosto de 1998.
(5) Ley 455 de 1998, artículo 3º “El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento.
“Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado”.
“ART. 4º—El certificado mencionado en el primer párrafo del artículo 3º será colocado en el documento mismo o en un “otrosí”; su forma será la del modelo anexado a la presente convención.
“Sin embargo, podrá ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que lo expide. Los términos corrientes que aparezcan en dicho certificado podrán estar redactados también en un segundo idioma. El título “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” estará escrito en francés”.
“ART. 5º—El certificado será expedido a solicitud de la persona que hubiere firmado el documento o de cualquier portador.
“Cuando estuviere debidamente llenado, certificará la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que lleva el documento.
La firma, sello y estampilla colocados en el certificado estarán exentos de toda certificación”.
“(Anexo a la convención)
La apostilla tendrá la forma de un cuadrado cuyos lados tendrán 9 centímetros de largo, por lo menos.
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)1
1. País...........................
El presente documento público.....
2. Ha sido firmado por............
3. Actuando en calidad de.........
4. Lleva el sello/estampilla de...
5. En........... 6. El ...........
7. Por............................
8. Bajo el número.................
9. Sello/estampilla. 10. Firma....”
(6) Disponible en www.supernotariado.gov.co.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-164 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
(8) Disponible en www.minrelext.gov.co.
(9) Uno de los fundamentos medulares del derecho internacional es el principio de pacta sunt servanda previsto por el artículo 26 de la Convención de Viena de los Tratados, que es una especie de tratado de los tratados como que establece “a la manera de las normas orgánicas en el nivel interno respecto de las leyes la forma como se celebran y aprueban los demás tratados internacionales”: En este sentido, ver auto Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 6 de julio de 2006, Ref.: 250002327000 2005 01725 01, actor: Efraín Barbosa Rojas, demandado: Presidencia de la República y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(10) Devis Echandia, Hernando, Compendio de derecho procesal, tomo II, Pruebas judiciales, Octava Edición, Editorial ABC, Bogotá, 1984, pág. 138.
(11) Aparece sello de autenticación del Cónsul de Colombia Gilberto Gómez Trujillo de 14 de diciembre de 1999 que dice: “Diligencia de Autenticación, Consulado de Colombia, San Antonio de Táchira, Venezuela. El suscrito Cónsul Colombiano certifica que el señor José Alirio Chacón Moncada que autoriza el presente documento, ejercía legalmente, en la fecha allí expresada, las funciones de Jefe de la Seccional de S/A P.T.J, y que la firma y sello que en el documento aparecen como suyas son las que usa y acostumbra en sus actos oficiales”. También aparece el abono de la firma del Cónsul de Colombia por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en sello que dice: “Ministerio de Relaciones Exteriores. Gilberto Gómez. cuya firma aparece en el documento desempeña las funciones indicadas”.
(12) “Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretaran en los casos previstos en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un plazo de hasta diez (10) días”.
(13) Ver auto de 18 de julio de 2007, Exp. 27902, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(14) “(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
(15) Rocha Alvira, Antonio, De la prueba en derecho, Clásicos jurídicos colombianos, Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 1990, págs. 67 y 68.
(16) Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, tomo I, Ed. Temis, Bogotá, pág. 200.
(17) La negación definida “corresponde a las que tienen por objeto la afirmación de hechos concretos, limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho opuesto de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente (…) Si las negaciones definidas equivalen al velo que oculta la afirmación del hecho positivo contrario, pero decisivo en la cuestión litigada, no es necesaria profunda reflexión para advertir que mal puede estar excusada su prueba; por tratarse de una negación apenas aparente o gramatical, el hecho contrario es susceptible de prueba y de esta no puede prescindirse para el acogimiento de las súplicas de la demanda”: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de enero de 1975, G.J. T. CLI, 1ª parte, num. 2392.
(18) “La imposibilidad de la prueba del hecho negativo indefinido, no deriva de su carácter negativo, sino de su carácter indefinido”: Lessona; Carlos, Teoría general de la prueba civil, hijos de Reus, Madrid, 1906, pág. 239 citado por Rocha, op. cit. pág. 69.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2006, Rad. AP-25000-23-26-000-2004-00896-02, actor: Sergio Sánchez, demandado: municipio de Tabio, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril 16 de 2007, Rad. AP-44001-23-31-000-2005-00483-01, actor: Carmen Alicia Barliza Rosado y otros, demandado: Ministerio de Desarrollo Económico y otros, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.
(21) Parra Quijano Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional, 2004, pág. 242.
(22) Betancur Jaramillo, Carlos, De la prueba judicial, Ed. Diké.1982, pág. 147.
(23) “Lopez Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento civil pruebas, tomo III, Dupre Editores, Bogotá, D.C. 2001, pág. 15”.
(25) “Op. Cit. Pág. 26”.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.