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Timestamp: 2019-03-23 02:44:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 112', 'artículo 61', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 24']

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 064 de Plenos (VIII Legislatura)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños, por favor.
Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta minutos].
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los días 28 y 29 de noviembre de 2013.
Primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los días 28 y 29 de noviembre de 2013, que entiendo que es aprobada por asentimiento de la Cámara.
Y pasamos al segundo punto: comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para presentar el informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio económico de 2011.
Empieza el punto del orden del día con la intervención del señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, a quien damos la bienvenida en este preciso acto, y le concedemos el tiempo de treinta minutos para su intervención. Tiene la palabra el señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón.
Comparezco ante el Pleno de las Cortes de Aragón en nombre de la Cámara de Cuentas, para lo que he sido requerido, a fin de presentar el informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio económico 2011.
La elaboración de este informe es preceptiva, así lo dispone el artículo 6 de la Ley de la Cámara de Cuentas, según el cual la Cuenta General de la comunidad autónoma se revisará anualmente.
En el año 2011, al que se refiere la Cuenta, el Ejecutivo aragonés estuvo, sucesivamente, en manos de dos gobiernos: uno, el presidido por el excelentísimo señor don Marcelino Iglesias Ricou y, otro, el presidido por la excelentísima señora doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda. La Cuenta General, no obstante, es única y conjunta por todo el año 2011, por lo que el informe de fiscalización es también único y conjunto.
La Cámara de Cuentas, como se contempla en el Estatuto de Autonomía y en su ley reguladora emanada de esta Cámara legislativa, depende directamente de las Cortes de Aragón, ejerce sus funciones por delegación de esta Cámara parlamentaria y actúa, como se especifica en la exposición de motivos de la ley, como el órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica financiera, contable y operativa del Gobierno de Aragón, con plena independencia del ente sujeto a fiscalización.
Los resultados de esa auditoría han quedado recogidos en el informe de fiscalización que el 8 de julio pasado fue entregado a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón como entidad fiscalizada, y que en este acto me honro en presentar a sus señorías, que constituyen el pleno de las Cortes de Aragón.
Al elaborar el informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma, la Cámara de Cuentas ha sido muy consciente de la misión que tiene encomendada, que es ser un órgano coadyuvante de las Cortes de Aragón, que emite una opinión técnica que sirva a las propias Cortes para emitir su juicio político sobre la Cuenta General, que recoge la gestión económico-financiera del Gobierno, y es precisamente a las Cortes, y no a la Cámara de Cuentas, a quien corresponde, en definitiva, la aprobación o el rechazo de la Cuenta General de la comunidad autónoma presentada por el Ejecutivo, y sobre ello se pronunciarán de acuerdo con los procedimientos previstos en su propio reglamento.
Ahora bien, esa inmensa cantidad de datos que se contienen en la Cuenta General no ayuda a conocer mejor ni a hacer creíble el uso de los fondos públicos si no interviene un mediador profesional, que los verifica, los interpreta y analiza su adecuación a la legalidad con rigor profesional, y este es el papel de la Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas ha examinado las cuentas de los ingresos y de los gastos en el año 2011 de la Administración de la comunidad autónoma y de todos sus organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, etcétera. El resultado de esa fiscalización se recoge en este informe, que no tiene fuerza vinculante, pero permite mejorar la gestión, determina si la gestión financiera ha sido correcta y presenta una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.
La Cámara de Cuentas, finalmente, actúa con transparencia, haciendo públicos sus informes y velando por que los entes fiscalizados cumplan con sus obligaciones de transparencia.
El informe de fiscalización que estamos presentando contiene, fundamentalmente, tres partes: una primera parte, que serían los capítulos 1, 2 y 3, comprende, después de unas ideas introductorias de la concreción de los objetivos pretendidos, del alcance al que ha llegado la fiscalización y de las limitaciones encontradas al realizar los trabajos, comprende —digo— el informe completo de fiscalización correspondiente a la Cuenta General de la comunidad autónoma, incluidas las principales conclusiones y recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas (es decir, se trata del informe de fiscalización requerido para iniciar el trámite parlamentario que terminará con la aprobación o el rechazo por el pleno de las Cortes de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2011, y que se refiere a los aspectos contables de la fiscalización). Pero además, y yendo más allá de lo exigido, la Cámara de Cuentas ha incluido también en esta primera parte del informe unos análisis globales de la estructura y composición del sector público autonómico y de sus resultados económico-financieros agregados, agrupados en función de los distintos tipos de entes que lo integran (es decir, organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y los otros entes que integran el sector público autonómico). Asimismo, se incluyen en esta primera parte los resultados generales de los trabajos de fiscalización realizados en relación con tres áreas concretas, que son el endeudamiento, la morosidad y la estabilidad presupuestaria.
En una segunda parte del informe, que sigue estando contenida en el tomo primero, se contienen otros veintitrés —propiamente— informes de fiscalización, separados y efectuados individualmente sobre veintitrés entidades (en concreto, cinco organismos autónomos, siete entidades de derecho público, seis sociedades mercantiles, dos fundaciones y tres consorcios).
Y finalmente, en una tercera parte del informe, que es el tomo segundo, se recogen íntegramente los escritos de alegaciones presentados por las distintas entidades fiscalizadas sobre los resultados que se pusieron de manifiesto en el informe provisional. Se presentaron hasta un total de ciento setenta y ocho alegaciones, de las que han sido aceptadas, total o parcialmente, cincuenta y ocho, y a todas ellas se hace referencia a pie de página en el párrafo del informe al que se refieren.
Es de resaltar, en relación con el informe del año anterior, que del informe que estamos presentando se han desgajado determinadas materias que han dado lugar a otros cuatro informes separados independientes, lo que hemos hecho para hacer más manejables los informes y para fiscalizar con más profundidad estas materias, que han sido: la contratación, las subvenciones y las ayudas concedidas, los gastos de personal y los gastos de funcionamiento, y los sistemas informáticos utilizados. Los dos primeros informes ya han sido entregados a las Cortes en los pasados meses de octubre y noviembre, respectivamente, y los otros dos informes lo serán en las próximas semanas.
Sus señorías disponen del texto del informe, por lo que sería ocioso y repetitivo querer exponer su contenido con detalle. Como tengo un tiempo limitado y a la vista de lo denso del orden del día de esta sesión, quizás lo más prudente sea ni siquiera consumirlo. Y además, como el asunto de la Cuenta General, después de en este pleno, será tratado en una Comisión Institucional, seguramente será aquel momento el más adecuado para entrar en detalles, los detalles que sus señorías estimen convenientes. La Cámara de Cuentas, como no puede ser de otra manera, está a su entera disposición.
Voy a dedicar unos minutos a la auditoría realizada sobre los aspectos contables. Y, para empezar, leo la declaración sobre la fiabilidad y exactitud de la Cuenta, que creo que es el corazón del informe: «La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2011 se recibió en la Cámara de Cuentas el 9 de agosto de 2012, fuera del plazo legalmente establecido. Está integrada por la Cuenta General de la Administración de la comunidad autónoma, las de los organismos públicos y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y del resto de entidades pertenecientes al sector público de la comunidad autónoma, y presenta la estructura y contenido previstos en las disposiciones que le son de aplicación, y, con algunas excepciones que se indican en el informe, es coherente internamente y con las cuentas y documentación complementaria que le sirven de fundamento. Ha sido examinada y comprobada por la Cámara de Cuentas con las limitaciones señaladas en el apartado 1.6 de este informe. Considerada en su conjunto, en opinión de la Cámara de Cuentas, excepto por los ajustes que podrían derivarse de no haber existido las limitaciones al alcance señaladas con los números 7 y 8, y excepto por las salvedades descritas en las conclusiones números 21, 37, 98 y 115, que reducen los fondos propios de la Administración de la comunidad autónoma, por importe de mil trece millones de euros, los fondos propios del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por importe de treinta y seis millones, y los fondos propios del Instituto Aragonés del Agua, por importe de veintidós millones, no presenta deficiencias significativas que impidan afirmar su fiabilidad, integridad y exactitud, y refleja adecuadamente la realidad económica y financiera del ejercicio 2011».
En cuanto al cumplimiento de legalidad, en general, la actividad económica y financiera de la Administración de la comunidad autónoma y de sus organismos autónomos y del resto de entidades fiscalizadas, se ha desarrollado durante 2011 conforme al principio de legalidad, con las salvedades también mencionadas en este informe.
Y finalmente, en cuanto al grado de eficacia y eficiencia, la Cuenta General no incorpora las memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos, los alcanzados y del coste de los mismos, tal como está recogido en el artículo 84.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda, limitación que impide a la Cámara de Cuentas emitir una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del presupuesto.
Es decir, la Cámara de Cuentas ha verificado, por un lado, la fiabilidad de las cuentas, que las cuentas anuales de la comunidad autónoma proporcionan una información completa y exacta, y, por otro lado, ha verificado la regularidad de las operaciones, que las operaciones de ingresos y de gastos subyacentes a las cuentas cumplen la normativa que las rige. Lo que no ha podido determinar la Cámara de Cuentas, por falta de información en las memorias presentadas, ha sido el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del presupuesto.
Creo que, como sus señorías disponen del informe, sería ocioso intentar decir todo, pero voy a espigar los puntos que quizás sean más destacables del informe, fijándome en los aspectos que han incumplido, a pesar de la declaración general de que, en conjunto, es fiable la Cuenta presentada.
En cuanto a la rendición de cuentas, en la Cuenta General de la comunidad autónoma se incluyeron setenta y dos cuentas anuales, integradas por la Cuenta General de la Administración de la comunidad autónoma con sus nueve departamentos, y las cuentas de los cinco organismos autónomos, de las doce entidades de derecho público, de treinta y cuatro empresas públicas, de doce fundaciones de iniciativa pública de la comunidad autónoma, de seis consorcios y de dos instituciones feriales. Sin embargo, de acuerdo con la normativa aplicable que regula la composición de la Cuenta General de la comunidad autónoma, no se integran en la misma las cuentas anuales de las Cortes de Aragón y de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza rindió sus cuentas anuales, en plazo, el 30 de junio de 2012, y ha sido objeto de fiscalización por la Cámara de Cuentas en un informe específico y separado del de la comunidad autónoma, que será presentado en las próximas semanas. Por el contrario, las cuentas anuales de las Cortes de Aragón no han sido objeto de fiscalización al no estar incluidas en la Cuenta General de la comunidad autónoma ni haber sido presentadas de forma independiente ante la Cámara de Cuentas.
La Cuenta de la Administración de la comunidad autónoma se presenta completa, de acuerdo con lo establecido en el Plan general de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, la Cámara de Cuentas ha detectado algunas incidencias formales en esta Cuenta, que están recogidas en el informe y de las que quiero resaltar dos: una, que la liquidación del presupuesto de gastos de la comunidad autónoma está distorsionada por los datos de la ejecución presupuestaria de la sección 01, «Cortes de Aragón», que no coincide con la ejecución del presupuesto propio de esta institución, que se ha liquidado de forma independiente, y la segunda incidencia notable, porque nos ha impedido dar una opinión sobre la eficacia y eficiencia del gasto público, de la realización del presupuesto, es que no contiene la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos, de los alcanzados y del coste de los mismos, tal como exige el artículo 84 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la comunidad autónoma.
Lo que sí ha incluido de forma voluntaria la Cuenta de la comunidad autónoma, sin estar obligado a ello según el Plan general de contabilidad pública vigente, ha sido un estado de liquidación del presupuesto de gastos consolidados, que es muy útil, es decir, eliminando las transferencias internas entre los propios entes, que suponen una duplicidad de ingresos o una duplicidad de gastos. Eso ha dado lugar a lo que en la memoria se llama «la entidad consolidada», que no comprende todas las entidades de la comunidad autónoma, pero sí, en conjunto, la mayor parte del presupuesto, y que se refiere, de las setenta y dos, a trece entidades autonómicas, que son las que registran su contabilidad en el sistema corporativo de información económico-financiera (denominado SERPA): comprende la Administración de la comunidad autónoma, los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público, aunque no están dos tan significativas como el ITA y el IAF.
La Cámara de Cuentas ha hecho un trabajo adicional a esta consolidación y presenta un estado no exactamente consolidado, pero sí un estado agregado, con eliminación de las principales duplicidades de transferencias internas, y se recoge el resultado en el cuadro de la página 41 del informe, en el que se dan unos datos que dan idea del volumen y la dimensión del gasto público en la Comunidad Autónoma de Aragón: en total, entre la Administración general y la galaxia de entidades dependientes, hay un sector público autonómico constituido por sesenta y siente entidades que ocupan a cincuenta y cuatro mil novecientas cuarenta y ocho personas y suponen en gasto, en dimensión de obligaciones reconocidas, cinco mil quinientos setenta y tres millones. Esta es la dimensión del gasto público consolidado agregado de la comunidad autónoma, al que, si añadimos la Universidad de Zaragoza, pues serían otras cinco mil ochocientas personas y doscientos noventa y cinco millones de gasto. En total, se manejarían en la comunidad autónoma cinco mil ochocientos sesenta y ocho millones de euros.
Refiriéndonos al ente principal, se recogen en el informe una serie de datos, consideraciones y resultados de fiscalización de diversos aspectos, entre ellos el análisis de la liquidación y ejecución de los presupuestos tanto de ingresos como de gastos, así como las modificaciones presupuestarias.
El ejercicio 2011 se enmarca en un contexto general de crisis económica que se refleja en las cuentas de la comunidad autónoma: en cuanto al presupuesto de ingresos, la liquidación de los derechos reconocidos alcanza cuatro mil ochocientos cuatro millones de euros, lo que representa, con relación al año anterior, una disminución del 13,9%; en cuanto al presupuesto de gastos, la liquidación de las obligaciones reconocidas llega a una cantidad superior, cinco mil ciento noventa millones de euros, experimentando una reducción también, con respecto al año anterior, del 3,8%, frente a los ingresos, que habían tenido una reducción del 13,9%. Es decir, los ingresos cayeron en el ejercicio en cuantía y en porcentaje superiores a los gastos.
El resultado presupuestario del ejercicio 2011 es negativo, por importe de ochocientos setenta y cuatro millones de euros. Esta cantidad empeora los resultados del año anterior en cincuenta millones de euros.
La situación requirió continuar con el recurso al endeudamiento para la financiación de los gastos presupuestarios. No obstante, la variación neta del endeudamiento, por importe de cuatrocientos ochenta y un millones, fue insuficiente para cubrir el resultado negativo que he citado, incurriendo el presupuesto en un déficit de financiación de trescientos ochenta y seis millones de euros.
Otra magnitud significativa es el remanente de tesorería total, que también resultó negativo, en este caso por setecientos veintiún millones de euros, frente al también negativo del año anterior de doscientos setenta y seis. Ese importe del remanente negativo en una cuantía tan significativa hacía prever unas tensiones de tesorería a corto plazo, como, efectivamente, se han producido.
Las modificaciones presupuestarias que se realizaron en el ejercicio sobre los créditos iniciales del presupuesto supusieron un incremento, en términos netos, de ciento treinta millones de euros. El mayor incremento en términos absolutos se registró en el capítulo IV («Transferencias corrientes»), y refleja el impacto presupuestario de la modificación aprobada por el Decreto Ley 2/2011, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se concedió un suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores (gasto sanitario fundamentalmente), por importe de doscientos veinte millones de euros.
En la tramitación y ejecución de ese suplemento de crédito, de estos doscientos veinte millones de euros, la Cámara de Cuentas ha detectado algunas incidencias e irregularidades que constan en el informe. De ellas, la primera que salta a la vista es que no se identificaron en una primera fase y no se retuvieron con carácter previo a la aprobación del suplemento de crédito los créditos específicos que había que dar de baja para financiar la modificación. Como consecuencia de esta omisión, algunos de los créditos previstos en el decreto ley no pudieron ser dados de baja y aplicarse a financiar el suplemento, ya que en la fecha de la contabilización de la modificación presupuestaria, que fue el 30 de diciembre, se encontraban ya ejecutados y no disponibles. Por el contrario, hubo que echar mano de otros créditos que no estaban previstos en el decreto ley.
Por referirme, simplemente, a una cifras significativas, en la ejecución del presupuesto de ingresos diré que se ejecutó el presupuesto de ingresos en un 91,4%, llegando a una cifra absoluta de cuatro mil ochocientos millones de euros, y, de ellos, se recaudó un 97,2%, un buen porcentaje.
Quizás en el presupuesto de ingresos hay una estructura excesiva de partidas presupuestarias, ya que sesenta aplicaciones tienen una ejecución nula y generan un déficit de ejecución de ingresos sobre las previsiones de doscientos veinticinco millones de euros. De estas partidas, destacan doce aplicaciones correspondientes a ingresos por subvenciones estatales en las que estaba previsto recaudar setenta y dos millones y sobre las que la Cámara de Cuentas no ha podido determinar qué tipo de ingresos se presupuestaron en estas aplicaciones, lo que, unido a la gran indeterminación de las rúbricas que las definen y a su nula ejecución, permite concluir que no se basaban en previsiones reales de ingresos.
En la ejecución del presupuesto de gastos en fase de obligaciones reconocidas alcanzó un 98,8%, siete puntos porcentuales por encima de los ingresos. Sin embargo, los pagos que se realizaron de ellos solo fue un 83%, porcentaje que estimamos anormalmente bajo, seguramente debido a las dificultades de tesorería que se sufrieron en este año.
Esto es por lo que se refiere a la contabilidad presupuestaria.
En la comunidad autónoma y los entes públicos llevan dos contabilidades en paralelo con los mismos datos: una, la contabilidad presupuestaria, que es la ejecución del presupuesto, y otra que es lo que se llama la contabilidad financiera, que es una adaptación a las administraciones públicas del sistema general del Plan general de contabilidad que se aplica a todos los entes de la economía nacional. Pues bien, en esta que llamamos contabilidad financiera —insisto en esta diferenciación entre contabilidad presupuestaria y contabilidad financiera por lo que diré luego, una irregularidad notable, seguramente la más notable desde el punto de vista contable que hemos detectado—, decía que, en la contabilidad financiera, son determinantes o significativos dos estados financieros, que son el balance y la cuenta de resultados. Pues bien, en el informe se destacan diversas situaciones e incidencias, principalmente contables, que la Cámara de Cuentas considera que deberían corregirse y que afectan a la imagen fiel de la situación patrimonial de la comunidad autónoma: en particular, en el balance, en el pasivo exigible, hay una deficiencia, muy importante cuantitativamente, que se refiere a la liquidación del sistema de financiación por los ejercicios 2008 y 2009.
Como sus señorías saben, el sistema de financiación autonómico prevé que el Estado transfiera a las comunidades autónomas, mensualmente, unas cantidades y al final de la año se hace una liquidación final, que, tradicionalmente, venía siendo positiva a favor de las comunidades autónomas, pero en los años 2008 y 2009, debido a la caída de ingresos que se produjeron en estos años, resultaron unas cifras negativas, en contra de la comunidad autónoma, de ciento setenta y un millones de euros en el 2008 y de setecientos veinte uno en el 2009; en total, es una deuda de ochocientos cincuenta y nueve millones de euros, deuda que no está recogida en la contabilidad financiera. Frente a un pasivo total de cuatro mil ciento veintidós millones, el dejar de recoger una deuda de ochocientos cincuenta y nueve millones supone un 20% del total del pasivo. La cantidad es realmente notable, y, si solo tuviéramos en cuenta la contabilidad financiera, no hubiéramos dado un informe favorable a estas cuentas. No obstante, hemos dado el informe favorable, con la salvedad que hemos indicado, porque en la contabilidad presupuestaria está bien recogido: la contabilidad presupuestaria, como se hace año a año, solo recoge las obligaciones y los pagos del propio año, pero no las de los sucesivos, y esta deuda de ochocientos cincuenta y nueve millones estaba aplazada en ciento veinte mensualidades a lo largo del tiempo. Pues bien, decía que esa deuda la comunidad autónoma la conocía desde el mes de julio de 2011, fecha en que fue conocido y fue comunicado al Gobierno de Aragón.
No obstante, a pesar de ser una anomalía notable contablemente, creemos que se trata, simplemente, de una irregularidad contable, que no ha habido intención de ocultar ni de mentir sobre los datos, puesto que no afecta a la contabilidad presupuestaria y era un dato conocido por todos, incluso público y publicado, y creo que sus señorías han tenido ocasión de hablar de este tema en algunas ocasiones en esta Cámara legislativa.
Seguidamente, el informe recoge una serie de datos y el resultado de la fiscalización de los organismos autónomos, de las entidades de derecho público, de las sociedades mercantiles..., en fin, de todos los entes que hay.
Quiero volver a decir que, de estos entes, hemos hecho informes separados que figuran en la segunda parte del tomo primero. Son auténticos informes de fiscalización independientes, por más que están en el mismo tomo y han sido presentados conjuntamente.
De los setenta y un entes que presentaron cuenta separada, hemos seleccionado esos veintitrés. No hemos hecho la selección de forma aleatoria, como a veces se nos dice que hagamos, porque en auditoría abominamos de ese criterio de aleatorio, hay otros criterios mucho más rigurosos, que son lo que llamamos zonas de riesgo. Y, en concreto, hemos seleccionado unos cuantos entes por su propio volumen de operaciones, como ha sido el Salud y el IASS; otros, porque tenían un patrimonio negativo; otros, porque tenían unos resultados negativos considerables..., en fin, por razones realmente financieras y contables, no de forma aleatoria. Los resultados de esta fiscalización están en el informe, y no puedo alargarme en ellos.
Tampoco voy a insistir en las tres materias que específicamente tocamos, aparte de la contabilidad, que son un control de legalidad, relativas al endeudamiento, que ha seguido creciendo durante este año; la estabilidad presupuestaria, que no se cumplió y fue superada (en un principio, estaba marcado un déficit de 1,3 y llegó a haber hasta un 2,67, según nuestras cuentas, es decir, 1,37 más, o sea, justo el doble), y la morosidad en el pago a proveedores, que ha habido una morosidad por encima de los cincuenta días de la ley.
Hay unas recomendaciones que están contenidas en el informe, pero, vamos, como sus señorías han podido leerlas, lo que pedimos es que se cumplan por los entes fiscalizados.
No hemos podido hacer este año un seguimiento de las recomendaciones del año anterior por la sencilla razón de que nuestro informe fue presentado el año pasado en agosto, cuando ya había sido presentada esta Cuenta, y, por tanto, mal pudieron tenerse en cuenta unas recomendaciones que fueron presentadas después de la Cuenta. Pero, en el informe que actualmente tenemos en curso de las cuentas del año 2012, sí que haremos un seguimiento de esas recomendaciones.
Creo que estoy ya a punto de consumir el tiempo. Como esta materia va a ser tratada en una segunda fase en la Comisión Institucional, solo me queda reiterar la completa disposición de la Cámara de Cuentas, como no podría ser de otra manera, para dar a sus señorías cualquier aclaración, ampliación o explicación que consideren oportuna.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente de la Cámara de Cuentas.
Pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios.
Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Va a intervenir el señor Romero por tiempo de diez minutos.
Buenos días, señor Laguarta. Gracias por su comparecencia, por la información detallada que nos hace llegar hoy, por la presentación del informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2011.
Aprovecho para saludar a los miembros de la Cámara que le acompañan y también para reconocer, en nombre de Izquierda Unida, el trabajo que han realizado. Y le pedimos que ese reconocimiento lo hagan extensible a los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara que han hecho posible hoy, con su labor, presentar este informe.
Me van a permitir, antes de entrar a valorar el informe, hablar de tres cuestiones que creemos que son importantes.
La primera cuestión, para manifestar nuestro desacuerdo y nuestra repulsa al ataque recentralizador y retrógrado del Gobierno del Estado del Partido Popular, que, como bien saben, pretenden cargarse esta Cámara de Cuentas, y esta no es la primera vez, ya es la segunda. El señor Montoro lo intentó a principios de este año, cuando en el debate del déficit asimétrico, quiso dejar claro que aquellas comunidades que fueran disciplinadas, que aquellas comunidades que entendieran que tenían que suprimir ciertas instituciones en sus territorios, serían mejor compensadas desde el punto de vista de la flexibilización del déficit, y argumentaban que existía el Tribunal de Cuentas, que existía el Defensor del Pueblo, que existía el Consejo Económico y Social en el ámbito del Estado y que no era necesario que las comunidades autónomas tuvieran estas instituciones. Ya presentamos en aquel momento nuestra queja y presentamos varias iniciativas, a través de proposiciones no de ley, para defender al continuidad del Justicia de Aragón, para defender la continuidad del Consejo Económico y Social de Aragón y, ¿cómo no?, para defender el trabajo y la labor que realiza la Cámara de Cuentas de Aragón. De hecho, en el próximo pleno viene a debate una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida donde pedimos a las Cortes de Aragón que propongan a la Mesa y a la Junta de Portavoces que se acuerde la creación de una ponencia especial que, en el plazo máximo de tres meses, elabore y presente un proyecto de ley de modificación de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas, en la que se contemple la regulación de nuevas funciones y actuaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón.
El señor Montoro no ha tirado la toalla y ahora, en el último informe de noviembre de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, dentro de esa comisión hay una subcomisión que habla de las duplicidades y la simplificación de la Administración e insiste en que hay instituciones que deben ser suprimidas. Y, como bien sabemos, si el señor Montoro insiste —mal papel tiene con la Comunidad Europea— es porque, evidentemente, cuando el río suena, agua lleva, y, por lo tanto, creemos que va a seguir insistiendo en que Aragón suprima algunas instituciones. En todo caso, el mensaje de estas Cortes para el señor Montoro debe ser que nosotros tampoco somos gili..., y lo dejo ahí para que no haya ningún problema de improperios, y, por lo tanto, como nosotros tampoco somos como los mercados, lo que esperamos es que el señor Montoro se dé cuenta de que existen las comunidades autónomas, que existen los estatutos de autonomía, y que nuestra obligación como parlamentarios es defenderlos, y que ellos también, en las Cortes Generales, después de la aprobación de la Ley Orgánica de la modificación del Estatuto de Autonomía, deberían también defenderlo y no entrar en cuestiones que ya han sido asumidas en un debate político amplio y del cual surgió esa modificación del Estatuto de Autonomía.
La segunda cuestión es sobre los tiempos de elaboración de los informes. Reconocemos, y se lo decimos al presidente, que hemos avanzado mucho, que, evidentemente, con respecto al Tribunal de Cuentas, los tiempos se han acortado, que es evidente que vamos en la buena dirección; pero, curiosamente, este año se presenta este informe dos meses más tarde que el año pasado aquí, en las Cortes de Aragón. Creemos que tenemos que trabajar en la otra dirección. ¿Por qué? Porque es importante: cuanto más tiempo acortemos, más fresco está lo que ha ocurrido en la gestión de la comunidad autónoma, en esa fiscalización, y, por lo tanto, las recomendaciones que se puedan hacer tendrán mayor vigencia y, seguramente, serán mejor atendidas.
Y la tercera, sobre las recomendaciones. Nos parece, señor presidente, es la primera pregunta que le hacemos y nos gustaría que nos contestase en su réplica, es si usted cree que el ejercicio 2011, desde el punto de vista de las irregularidades, de hechos graves cometidos, es mayor o menor que en el ejercicio 2010. Y le preguntamos esto porque, cuando intervinimos el año pasado, dijimos que, al final, esto es ver la botella medio llena o medio vacía. El Gobierno, en este caso los tres partidos responsables de la gestión en el ejercicio 2011 (primer semestre, Gobierno PSOE-PAR; segundo semestre, Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés —siempre hay un denominador común, que es el Partido Aragonés—), evidentemente, son los responsables de estas cuentas, y, en ese sentido, Izquierda Unida sigue viendo la botella medio llena de actos impropios, de ciertas irregularidades, de errores manifiestamente criticables y denunciables, y, a partir de ahí, creemos que no se ha corregido lo que pensábamos que se debería corregir.
Entrando en la valoración del informe, decir que se hace un informe muy exhaustivo, por el cual damos las gracias; que este informe se ha detallado en dos tomos, en más de setecientas páginas; que es un informe que cumple con los objetivos marcados por el Estatuto de Autonomía de fiscalización de la gestión de las administraciones públicas y todos sus organismos, y que, en el ejercicio 2011, en el primer semestre, como bien he dicho, correspondió a un Gobierno y, en el segundo semestre, a otro Gobierno.
Hechos que nos preocupan: nos preocupa lo primero que el Gobierno de Aragón rinde las cuentas fuera del plazo legalmente establecido (lo hace el 9 de agosto cuando debería haberlo hecho el 30 de junio de 2012 como fecha límite). Esto solo es imputable al Partido Popular y al Partido Aragonés, porque, en el ejercicio 2010, el Gobierno PSOE-PAR sí que cumplió y presentó las cuentas en tiempo y plazo. No entendemos por qué en el 2012 se presentan tarde estas cuentas, cuando ya hay un Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés.
Este año se reduce —dentro de nuestras preocupaciones— la plantilla en dos mil trescientos nueve empleados públicos. Nos parece un recorte muy, muy grande.
Y, a todas luces, el presupuesto fue un presupuesto, después del estudio que hemos hecho, mal planificado y peor gestionado, con resultados muy negativos: resultado presupuestario negativo de ochocientos setenta y cuatro millones de euros; remanente de tesorería negativo de setecientos veintiún millones de euros; objetivo de estabilidad presupuestaria reconocido en el presupuesto de menos 1,3 del PIB aragonés, se incumple, alcanzando el menos 2,64, más del doble de lo comprometido, alcanzando ochocientos noventa y cinco millones de déficit; bajan los ingresos y aumenta considerablemente el gasto; crece la deuda hasta situarse en tres mil ochocientos ochenta y siete millones de euros (ahora no es significativo porque ya saltamos los seis mil millones de euros, y menos mal que este Gobierno no era de los que se querían endeudar, pero en aquel momento tres mil ochocientos ochenta y siete millones de euros son importantes, de los cuales tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pertenecen a la Administración de la comunidad autónoma y trescientos ochenta y uno, a la Corporación Empresarial, Corporación Empresarial que ese año tiene unas pérdidas de noventa y cuatro millones de euros, y, curiosamente, en el 2012 —ya está cerrado—, ha aumentado a cerca de cien millones de euros).
Además, la morosidad sigue disparándose, se paga a ochenta y ocho días, y, por lo tanto, no se cumple con la Ley de lucha contra la morosidad.
Además, hay hechos muy concretos y denunciables: en el caso del Instituto Aragonés de Fomento, la Cámara ha fiscalizado una muestra de las inversiones financieras del Instituto Aragonés de Fomento, instrumentalizadas mediante la figura de préstamos participativos, donde no existe una adecuada publicidad de la actividad ni concesión de estos préstamos participativos a empresas que garantice el principio de igualdad; en el Instituto Aragonés del Agua, contabilizan las subvenciones de capital como ingresos del ejercicio sin periodificarlas en función de la vida útil del activo que financia, y, por lo tanto, este tratamiento distorsiona el ejercicio contable; en la Ciudad del Motor, no vamos a contarle lo que ocurre todos los años y que aquí hemos reclamado, incluso lo hemos reclamado con propuestas de resolución que han sido rechazadas y que no han sido cumplidas; en Expo Zaragoza Empresarial, las pérdidas ascienden a cuarenta y tres millones de euros; en la plataforma logística Plaza, las pérdidas ascienden a 60,18 millones de euros; en Suelo y Vivienda hablamos de pérdidas de 19,92 millones de euros; en Zaragoza Alta Velocidad...
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.
El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —termino, señor presidente— hablamos de pérdidas de ochenta millones de euros... Es decir, un sin fin.
Pero nos preocupa —y, con ello, termino, señor presidente— algo más grave, y es que se utilizaron fondos del Plan de la minería para pagar las facturas sanitarias (en concreto, fueron treinta y ocho millones de euros de los ciento sesenta y siete que en los cajones quedaron a final de año).
Por lo tanto, vemos claramente que la botella sigue estando, al igual que en el ejercicio 2010, llena y rebosante de actos impropios, de irregularidades y de cuestiones que deberían corregirse, y a eso también le animamos a la Cámara de Cuentas…, a decirlo en voz alta y claro aquí, en este Parlamento.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, puede intervenir.
Señor Laguarta y resto de miembros de la Cámara de Cuentas, no se imaginan cuánto me alegro hoy de verles por aquí, hoy es de los días que más me alegro. Y lo que espero es seguir viéndoles el año que viene y al siguiente y al siguiente y al siguiente... Espero que, estén ustedes o estén otros titulares y otro personal en la institución, sigan estando aquí, porque ya saben que el Partido Popular se quiere cargar la Cámara de Cuentas, se quieren cargar todos los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Dice el Partido Popular que nos salen ustedes muy caros —es lo que dicen—... Bueno yo creo que nos sale más caro que gente como el ex tesorero del Partido Popular, señor Bárcenas, nos robe dinero a todos; eso sí que nos sale más caro, por ejemplo. Y me parece absolutamente una desfachatez que el Partido Popular, como está empapado de corrupción, se permita la licencia de proponer la supresión de los órganos de control externo, me parece una auténtica desfachatez.
Supongo, señor Laguarta, que conoce usted perfectamente, como nosotros, el informe de la Subcomisión de Duplicidades Administrativas de la CORA, supongo que ha tenido oportunidad de verlo. Supongo que usted, que es un ferviente defensor del autogobierno de Aragón, estará tan indignado como estamos en Chunta Aragonesista; en Chunta Aragonesista estamos absolutamente indignados, nos sentimos agredidos nosotros y el conjunto de los aragoneses y las aragonesas —en el próximo pleno, de hecho, se debatirá una proposición no de ley de Chunta Aragonesista para que esta Cámara muestre su rechazo al informe de la CORA—. En el informe de la CORA hay más medidas: la más sangrante es en la que se plantea la desaparición del Justicia de Aragón —ya hablaremos de eso— y de la Cámara de Cuentas, y más de esta Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas que no solo actúa con independencia, con profesionalidad, sino que yo me atrevería a decir que actúa con pasión —no hay más que ver sus informes—. Y, desde luego, que desaparezca la Cámara de Cuentas sería un déficit democrático, porque en lo que colabora la Cámara de Cuentas es en la calidad democrática de Aragón. Por eso es tan grave que se plantee la desaparición.
Es un paso más, ahora ya sin caretas —hasta ahora habían ido más amagados; ahora ya, el Partido Popular, sin caretas—. Este último informe de la CORA es la hoja de ruta, es el manual para desmantelar el Estado autonómico; ahora ya, medidas concretas, plazos (en dieciocho meses se quieren cargar todo).
Es la mayor operación de recentralización política de la historia de la democracia, y, desde luego, nosotros no nos vamos a quedar callados, sobre todo porque, además, los argumentos que se utilizan son absolutamente falsos. Es vergonzoso que se platee todo en términos económicos, pero es que, además, incluso los argumentos económicos son falsos, como sabe muy bien usted, señor Laguarta.
¿Cuál es el planteamiento de la CORA? Que el presupuesto de los trece órganos externos de control es de setenta y tres millones de euros. ¿Que plantean? Lo suprimimos y que el Tribunal de Cuentas asuma las competencias con desconcentración territorial. Crearían doce secciones territoriales (en Madrid, como está el Tribunal de Cuentas, no la crean, algo que nos lo tendrían que explicar, pero, bueno, como está allí, pues de paso no la crean), crearían doce. Y, entonces, dice la CORA: esto nos costaría veintiocho millones porque sí —lo dice la CORA..., pues veintiocho millones—. Las doce secciones territoriales, no hay cálculos, lo sabe bien, pues lo dicen porque sí. Esto es un tema político, no es un tema económico, y, entonces, tiran del manual del buen liberal y hacen la cuenta muy sencilla: setenta y tres millones que nos cuestan ahora menos los veintiocho que nos costarían las secciones territoriales, cuarenta y seis millones que nos ahorramos. La cuenta de la vieja, de la vieja liberal; hacen esta cuenta, y cuarenta y seis millones que nos ahorramos. Como si la transparencia, la honradez, la rectitud en el uso de los fondos públicos se pudieran medir en los millones de euros que nos cuestan los órganos de control externo de las comunidades autónomas...
Esto, en realidad, lo que supone es volver treinta años atrás. Usted se acordará de que ya en la famosa Ley del proceso autonómico ya planteaba hasta el año ochenta y tres. Hemos vuelto a treinta años atrás, como en tantas cosas (estamos volviendo, en algunos temas, incluso a los años setenta, como sabe bien), treinta años atrás, algo que ya se propuso y que el propio desarrollo del Estado autonómico dejó atrás y se crearon los órganos de control externo de las comunidades autónomas, allí donde hemos decidido, en el ejercicio del autogobierno, crearlo; donde no se ha decidido, no se ha creado.
Como le digo, no tiene ningún sentido este planteamiento de los setenta y tres millones, los trece órganos de control externo. En la Cámara de Cuentas, tres; de setenta y tres millones, la Cámara de Cuentas solo tres millones. Yo no sé, ahí, dónde está la eficiencia, cuando supone la Cámara de Cuentas de Aragón un 4% de la inversión total en el mantenimiento de los órganos de control externo. Y si lo comparamos con el Tribunal de Cuentas, ya no es solo la cuestión presupuestaria: el Tribunal de Cuentas, en el 2012, que es la referencia que toma la CORA, nos costó sesenta y dos millones; la Cámara de Cuentas, tres, menos del 5%.
Y en lo que se refiere a personal, la comparación, desde luego, es muy clara: en la RPT de la Cámara de Cuentas, en el año 2012, había treinta y seis puestos (solo estaban cubiertos veintitrés); en el Tribunal de Cuentas, setecientos ochenta y nueve. Setecientos ochenta y nueve puestos en el Tribunal de Cuentas frente a veintitrés cubiertos (treinta y seis en la RPT) de la Cámara de Cuentas.
No hay ninguna justificación económica, en absoluto, para plantearlo. Solo es una justificación política, que se quiere mangonear y se quiere que no haya un control real, eficaz, de la gestión del dinero público.
Porque lo que es fundamental, señor Laguarta —lo sabe muy bien… es la inmediatez. Hoy, aquí, estamos debatiendo la Cuenta del año 2011. Cuando esto lo llevaba el Tribunal de Cuentas tardaba cinco, seis, siete años —lo sabe muy bien— en remitirnos el informe de la fiscalización de las cuentas del Gobierno de Aragón. Eso es sinónimo de impunidad; tardar cinco, seis, siete años, eso absolutamente significa impunidad.
Y no hay más que ver qué pasa con las comunidades autónomas en las que no hay órgano de control externo —ahí están los datos—: Extremadura, Cantabria y La Rioja todavía no tienen la fiscalización de las cuentas del 2010 y del 2011, aún no las tienen; este año 2013 se han aprobado las de 2008 y de 2009... Impunidad. Pero, incluso en el caso de Murcia, que sí que el Tribunal de Cuentas ha aprobado este año la fiscalización del 2010 y el 2011, ha sido este año cuando se han aprobado las del 2008 y el 2009; han tardado cinco años en tener esta fiscalización de las cuentas de estas comunidades autónomas.
Es evidente que no puede sustituirse la Cámara de Cuentas por el Tribunal de Cuentas, porque, además, tienen funciones diferentes: hay una función de fiscalización que comparten, pero hay una función de enjuiciamiento contable que es exclusiva del Tribunal de Cuentas, a eso se tiene que dedicar.
Yo, llegado a este punto, le hago la pregunta que le hago siempre: ¿hay novedades, señor Laguarta, nos puede comentar alguna novedad con los casos de ejercicios anteriores en los que se habían incoado diligencias penales? Entenderá que estoy obligado a preguntarle cómo está el tema, y espero que nos diga cómo está.
Mire, yo sé que usted es, políticamente, correcto, que usted hoy viene en plan institucional, es el presidente de la Cámara de Cuentas, lo asumo. Yo le voy a pedir, como aragonés, que se moje; yo creo que es un gran momento hoy, ahora, en este momento, para que el presidente de la Cámara de Cuentas se moje y diga qué le parece la propuesta de la CORA, la propuesta de supresión de la Cámara de Cuentas. Señor Laguarta, se lo pido porque nos jugamos mucho, no nos jugamos solo que desaparezca la Cámara de Cuentas: está en juego el autogobierno de Aragón, supongo que usted lo tienen tan claro como lo tenemos en Chunta Aragonesista y me imagino que en el conjunto del personal de la institución, nos estamos jugando el futuro del autogobierno de Aragón. Quieren que las autonomías no sean una descentralización política, sino, simplemente, administrativa, quieren que todo dependa de Madrid, y este es un paso, desde luego, muy importante y muy duro ante el que tenemos que reaccionar con absolutamente dureza.
Yo sé cuestiones que dice el conjunto de los órganos de control externo cuando se juntan con el Tribunal de Cuentas. Hace muy poco, hace unos diez días, el 29 de noviembre, hubo una de esas reuniones semestrales de coordinación que tienen ustedes, y yo conozco la nota de prensa que emitieron: ahí hablan de que las instituciones de control externo llevan a cabo sus actuaciones con la máxima coordinación, sin duplicidades (todo lo contrario a lo que dice la CORA), y hacen un llamamiento y reiteran «la importancia y reforzamiento del actual sistema de control externo de la actividad económico-financiera», es decir, no se trata de suprimirlo, sino que lo que hacen ustedes hace diez días escasos es un llamamiento a reforzarlo «como elemento esencial [dicen literalmente en su nota» para el correcto funcionamiento de los poderes públicos, dirigido a la verificación de la adecuada utilización de los recursos públicos».
Señor Laguarta, es evidente que están yendo las cosas absolutamente por otros derroteros. Le pido, si es posible, que exprese su opinión públicamente sobre la propuesta.
Y, en todo caso, sí que le quiero preguntar unas cuestiones muy concretas sobre el informe de la CORA, porque se plantean unas ineficiencias en este informe, la justificación para suprimirlo, que a nosotros, desde luego, no nos cuadra en absoluto.
Se habla del bajo rendimiento de los recursos destinados a los diferentes órganos de control externo. Yo no sé si es bajo rendimiento que, con tres millones de presupuesto, hagan ustedes, con la calidad que los hacen, los informes de fiscalización de cada ejercicio, conteniendo, además, estos parciales que usted ha relatado hoy más entidades locales más universidad más subvenciones más contratación... Si esto es bajo rendimiento, si no es, desde luego, eficiencia pura, lo que hace la Cámara de Cuentas...
Habla también —otra ineficiencia— de que hay comunidades autónomas que no lo tienen. La solución, en vez de mejorar donde no funciona bien, quitarlas todas.
Habla de que hay procedimientos complejos y poco eficaces para la elaboración de los informes del Tribunal de Cuentas cuando necesita datos de los autonómicos. ¿Esto es cierto? ¿No funciona bien la coordinación, señor Laguarta?
Habla también de que es muy difícil hacer fiscalizaciones horizontales (supongo que está hablando por ejemplo, de las de universidades). ¿Esto es cierto, o funcionan bien, como dijeron ustedes hace diez días?
Y hablan de algo que a mí me preocupa mucho, dicen «duplicidad de rendición de cuentas de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y al órgano autonómico». ¿Rinden las cuentas dos veces la entidades locales? ¿No lo hacen solo una vez en la plataforma telemática? Le pregunto porque me parece, en este punto como en otros del informe de la CORA (las propuestas del Partido Popular, la propuesta de recentralización), un auténtico disparate, que se basa, además, en auténticas mentiras.
Yo, señor Laguarta —termino—, simplemente como aragonés, no como aragonesista, simplemente como aragonés, estaría muy agradecido si hoy el presidente...
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Soro.
El señor diputado SORO DOMINGO: ... —termino, señor presidente—, si el presidente de la Cámara de Cuentas diera hoy su opinión sincera sobre la propuesta de desaparición de la Cámara de Cuentas.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Blasco, tiene la palabra.
Señor Laguarta, buenos días, y a todas las personas que nos acompañan hoy de la Cámara de Cuentas.
Muchas gracias por su comparecencia y gracias también por el trabajo que se ha desarrollado en esta Cámara de Cuentas para poder tener en estas fechas este informe sobre la Cuenta General de la comunidad autónoma del 2011.
Si me permite, antes de entrar en el objeto de este informe, sí que querría también hacer alguna reflexión sobre la importancia de la Cámara que usted preside y la necesidad y la oportunidad de tenerla, precisamente en unos momentos en los que se está, por un lado, pidiendo la máxima transparencia, la máxima agilidad, el máximo control a las administraciones públicas, y, por otro lado, da la sensación de que el que algunas comunidades se hayan dotado de esos medios empieza a resultar algo molesto.
Y empieza a haber algunos síntomas recentralizadores que, desde luego, al Partido Aragonés nos preocupan, y nos preocupan, sobre todo, cuando hacen referencia, como es en este caso, a algunas instituciones, como es la Cámara de Cuentas, históricas, reivindicadas durante muchos años, contempladas en nuestro Estatuto, que se remontan a hace muchos años (1283) y que, desde luego, a nosotros nos parece que es esencial dentro de lo que es el organigrama institucional aragonés.
Y no solo merece nuestro respeto como institución histórica, que, desde luego, la reconocemos, o como una institución reconocida en los estatutos, sino como una institución que, cuando se contemplan —parece— muchos aspectos desde el punto de vista puramente economicista, también resulta rentable. Es que, si lo miramos desde ahí, hasta podríamos contemplarla como una institución realmente rentable, porque no se tienen —parece ser— en cuenta estas soluciones que dan a muchos problemas que se están planteando, y que hay que conocer y que hay que airear y que hay que publicar, y que luego provocan que la Administración Pública pueda dotarse de una mayor eficacia, de una mayor eficiencia, de unos medios que hagan que los medios que tienen las propias instituciones se puedan aplicar con una mayor consistencia, con una mayor coherencia. Y, cuando se tienen los medios escasos, todavía se agradece más.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde todos los aspectos, la Cámara de Cuentas merece la pena, y, desde luego, desde el Partido Aragonés vamos hacer una defensa encendida de la misma para que estos informes se puedan seguir presentando con la agilidad y con la eficacia con que se está haciendo en estos momentos.
Y digo agilidad y eficacia porque, cuando se ven las fechas en las que estábamos acostumbrados a debatir anteriormente los informes del Tribunal de Cuentas con relación a los plazos que se están planteando ahora, estamos viendo cómo hemos ganado entre tres y cuatro años, y tres y cuatro años de información y de mejora en la información son muchos años, y eso permite que cada año podamos ser más eficaces y podamos tener nuestras instituciones mucho más transparentes y mucho más eficaces a la hora de cumplir con los recursos que se plantean.
Hoy, en el 2013, estamos debatiendo la Cuenta General del 2011. Si tenemos en cuenta que, además, el 2011 fue un año atípico, en el que hubo elecciones, en el que hubo un cambio de Gobierno, podemos decir que el que haya algún retraso, como fue, por ejemplo, en la presentación de las cuentas, creemos que no puede ser debido sino al cambio de Gobierno que hubo. Eso supongo que será fácilmente subsanable en los próximos informes. Pero, insisto, estamos ganando, prácticamente, entre cuatro y cinco años en relación con el Tribunal de Cuentas.
Y no voy a entrar en los costes, en el personal, que ya se ha comentado, pero, evidentemente, también hay que tenerlo en cuenta y hay que valorar muy positivamente que, con los medios que usted siempre reivindica que son escasos, pero, evidentemente, con esos medios se está obteniendo un gran rendimiento.
Y esto, en unos momentos en los que se exige más que nunca la transparencia, el control de los recursos públicos, su adecuada utilización, la eficacia en su aplicación, el conocer de una forma lo más rápida posible los puntos débiles, los errores, las deficiencias de nuestras cuentas, sus posibilidades de mejora, su utilización adecuada, permite a la propia Administración tomar las medidas necesarias con una mayor rapidez temporal, eliminando de esta forma deficiencias y mejorando sensiblemente la gestión.
No estamos, pues, desde nuestro punto de vista, y creo que desde el punto de vista de esta Cámara unánimemente, ante una institución gravosa, sino más bien todo lo contrario: una institución muy rentable tanto social como, incluso, económicamente, pues los resultados de sus informes facilitan y posibilitan la transparencia, la eficacia y la utilización de los recursos.
Y hoy tenemos un nuevo ejemplo de esta eficacia con la presentación de este informe, que recoge, además de la fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma, como usted ha dicho, otros veintitrés o veinticuatro informes, es decir, que no estamos hablando solo de un solo informe, estamos hablando de veinticuatro informes dentro de un informe. Y lo digo porque muchas veces, si no, luego las estadísticas pueden decir «se ha presentado un informe», y no, en este caso estamos hablando de veinticuatro informes. Creo que el Tribunal de Cuentas ha presentado, en treinta años, treinta, es decir, que, si contamos solo ese porcentaje, ya nos parece innecesario hacer una defensa mayor de la Cámara de Cuentas.
Pero ¿qué podemos deducir de esta fiscalización de la Cuenta General? En primer lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos, y el objetivo de la Cámara de Cuentas es plantear el informe tal y como se ha planteado aquí para que, después, los grupos políticos saquemos las conclusiones que tengamos que sacar. Por lo tanto, yo no le haré preguntas de tipo político; lo que a mí me parece es que ustedes nos han facilitado, con este informe, las medidas necesarias para que los demás podamos hacer las valoraciones.
Pero sí es cierto que usted ha leído el apartado de fiabilidad y exactitud, y en el mismo se expresa claramente que presenta la estructura y el contenido previstos en las disposiciones que le son de aplicación y, con unas algunas excepciones, «es coherente internamente y con las cuentas y documentación complementaria que le sirven de fundamento». Y añade que, «con las limitaciones que se señalan en el apartado 1.6 del informe (...) no presenta deficiencias significativas que impidan afirmar [y esto es importante] su fiabilidad, integridad y exactitud, y refleja adecuadamente la realidad económica y financiera del ejercicio 2011». Y «la actividad económica y financiera (...) se ha desarrollado durante 2011 conforme al principio de legalidad, con las salvedades mencionadas en este informe». Es decir, hay limitaciones y hay salvedades, pero las mismas no impiden afirmar su fiabilidad y exactitud y el cumplimiento de la legalidad.
Estamos hablando —ya lo he dicho además— del año 2011, en el que hay un cambio de Gobierno, con lo que eso puede suponer en algunas de las deficiencias, en algunos de los errores que se han podido detectar. Comentaba antes, por ejemplo, la presentación fuera de plazo, que creemos que eso es muy fácilmente subsanable.
¿Podemos decir, con la lectura de esas limitaciones y esas salvedades que se plantean en el informe, que las cuentas que se presentan por parte de la comunidad, naturalmente, mejorables, representan la imagen fiel? Pues nosotros entendemos que sí.
Realmente, también nos ha preocupado el aspecto que usted dicho en cuanto al endeudamiento, esos ochocientos y pico millones de euros, pero, bueno, entendemos que ahí están, que se conocen, y entendemos que, como es una deuda que se va a plantear en sucesivos años, naturalmente, se tiene que contemplar y se tiene que corregir esa deficiencia.
Pero, al final, las salvedades y las limitaciones hacen referencia, sobre todo, a falta de documentación, falta de un registro actualizado de fundaciones, errores en el número efectivo de personal...
Y un tema que a nosotros sí que nos parece muy interesante y que realmente se tendría que hacer un esfuerzo importante por parte de la Administración para solucionarlo, que sería la incorporación de las memorias de coste y rendimiento de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, porque, con eso, sí que la Cámara podría emitir la opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del presupuesto, algo que hoy es absolutamente..., o, por lo menos, es muy importante a la hora de seguir tomando las decisiones oportunas de cara al presupuesto siguiente.
Por último, hay otras veintisiete recomendaciones que en muchos de los casos están haciendo mención a temas contables, que creemos que también serían fácilmente subsanables. Desde luego esperamos conocer en el próximo informe cómo se han ido cumpliendo esas recomendaciones.
Quiero agradecer, pues, señor Laguarta, a todos cuantos forman parte de la Cámara de Cuentas, el informe que nos han presentado, el esfuerzo que han hecho para mejorar la información. Y, desde luego, reiterar la apuesta clara y contundente del Partido Aragonés por la continuidad y la permanencia de una institución histórica, eficaz y necesaria.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Fernández tiene la palabra.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor presidente, buenos días.
Queremos dar la bienvenida al presidente de la Cámara de Cuentas y al resto de integrantes de la Cámara que nos acompañan hoy aquí, echando en falta que el consejero de Hacienda no esté presente en un debate tan importante como el que tenemos hoy, que es, precisamente, la Cuenta General de la comunidad autónoma, cuyo responsable es el señor Saz, y que, como digo, hoy, señor Laguarta, pues me imagino que tendrá otras cosas más importantes que hacer. Pero desde mi grupo lo echamos en falta porque consideramos, como digo, que este informe es importante, se presenta una vez al año, y, por lo tanto, considero que el señor Saz tenía que haber estado hoy presente en este debate.
Mire, señor Laguarta, el año pasado mi grupo parlamentario les felicitó a usted y al resto de los miembros de la Cámara por la rapidez, la extensión y la minuciosidad del informe que ustedes habían hecho, y que, realmente, considerábamos y seguimos considerando fundamental para la transparencia, el control de las cuentas de la Administración de la comunidad autónoma, del resto de organismos, del sector público en su conjunto, porque creemos que ese es un buen mensaje positivo para los ciudadanos de esta comunidad autónoma: que los aragoneses conozcan que, realmente, pueden confiar en que las cuentas, en que los presupuestos están bien gestionados, porque, si no están bien, ustedes, como órganos de control externo, están llevando a cabo esa información que hoy nos están dando. Y, por lo tanto, seguimos considerando este año que es muy importante su trabajo, que, además, en su corta vida, la Cámara ha demostrado que está haciendo ese trabajo minucioso, ese trabajo exhaustivo, que no solo nos aporta información a los parlamentarios que hoy estamos aquí debatiendo, sino al resto de los ciudadanos, porque ustedes colocan sus informes, cuelgan sus informes en la web de la institución, y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede tener acceso...
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... a esas conclusiones, a esas recomendaciones que hace la Cámara.
Pero, claro, este año nos encontramos con un problema muy muy importante —anteriores portavoces ya han hecho mención a él—: este es el segundo informe de la Cuenta General de la comunidad autónoma, y lo que nosotros esperamos es que no sea el último, porque las reformas del señor Rajoy y del señor Montoro van a toda máquina, hasta ahora todas las reformas que han emprendido a los pocos meses ya las han puesto en marcha, y, claro, tenemos ahí ese nubarrón negro, ese riesgo de la CORA, de la comisión que está estudiando las duplicidades de las administraciones, y que al Grupo Socialista nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho lo que el Gobierno del señor Rajoy está intentando hacer, y al final conseguirá, con las administraciones locales, y nos preocupa mucho, y de eso estamos hablando hoy también, que el resto de instituciones, de organismos de la comunidad autónoma, aquellos que, además, recoge nuestro Estatuto de Autonomía, también quiera el señor Rajoy suprimirlos recentralizando.
Porque, claro, antes el señor Soro hablaba del coste de estos organismos de control externo, que es mínimo, evidentemente, y yo me pregunto: ¿no ha pensado el señor Montoro que quizá debiera adelgazar el Tribunal de Cuentas? Quizá podría ser que el Tribunal de Cuentas tuviera excesivos recursos, no lo sé... Bueno, no lo parecía cuando, realmente, antes tardaba cinco años en emitir informe sobre la Cuenta de la comunidad autónoma, no debía de tener excesivos recursos... Pero, claro, ahora mismo, cuando ya hay en muchas comunidades autónomas órganos de control externo, pues igual lo que sobra, como digo, es en la Administración central, como pasa en otras cuestiones a nivel autonómico que el Gobierno del Partido Popular quiere recentralizar, y en ningún momento se plantea si lo que realmente interesa a los ciudadanos, conviene y beneficia a los ciudadanos, es que recorten por otro lado, no por estos órganos que funcionan, no por estas instituciones que, como digo, son la vida, están dentro de nuestro Estatuto de Autonomía.
Bueno, pues, entonces, esto es para que sirva el rechazo del Grupo Socialista a esas pretensiones del Gobierno central de suprimir la Cámara de Cuentas, en este caso, y otras instituciones. Hasta ahora, todos los portavoces se han manifestado en la misma línea y, por lo tanto, yo creo que se podría llegar a unanimidad; falta saber lo que opina el Partido Popular, que seguramente dirá que sí, que está de acuerdo con que la Cámara de Cuentas siga funcionando, pero que luego no sabemos lo que hará si su mismo partido en Madrid decide otra cosa.
En relación con el informe, bueno, usted ya ha explicado —hemos leído las recomendaciones, las conclusiones— aquellos aspectos que podían tener y que podían preocupar en mayor medida.
Es una Cuenta General, como usted también ha dicho, señor Laguarta, que está gestionada por dos gobiernos distintos (medio año, el PSOE y el PAR y, otro medio año, el PP y el Partido Aragonés). Pero, claro, en el informe anterior vimos que el Gobierno había remitido en plazo las cuentas, el 30 de junio, y el Gobierno que remite las cuentas en este caso, en el informe del año 2011, que es el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, pues las remite fuera de plazo, las remite en agosto. Por lo tanto, mal empezamos, sobre todo si tenemos en cuenta que el consejero de Hacienda de este Gobierno tiene su vinculación anterior con la Cámara de Cuentas; mal empezamos si ya el Gobierno comienza..., si el primer ejercicio que él presenta la Cuenta a la Cámara lo presenta fuera de plazo. Esperemos que lo corrijan en próximas ocasiones. Porque, claro, el portavoz de Izquierda Unida decía antes: «ustedes este año han traído o estamos debatiendo aquí, en realidad, dos meses más tarde que el informe del año pasado»... Bueno, pues igual, si el Gobierno hubiera entregado en plazo sus cuentas, ustedes habrían ganado dos-tres meses de trabajo y podríamos haber visto, en lugar de hoy, hace dos meses hubiéramos podido tener el debate sobre este informe de la Cámara de Cuentas.
En relación con las cuestiones que usted ha planteado, yo aquí me había apuntado algunas para preguntarle, pero ya me lo ha aclarado usted: yo tenía preocupación en relación con el seguimiento, porque, claro, usted el año pasado dijo que el primer punto del informe del año siguiente (es decir, de este) iba a ser el cumplimiento de las recomendaciones anteriores. Como ya le he escuchado que no han tenido el tiempo suficiente para llevar a cabo este seguimiento, espero y a nosotros nos gustaría que para el próximo informe, el del año 2012, sí que realmente ese primer punto del informe fuera qué seguimiento se ha hecho, si realmente se están cumpliendo o no las recomendaciones que la Cámara hace año tras año.
Porque, claro, en las recomendaciones del año pasado —y hay que tenerlas en cuenta porque, si no, luego nos perdemos con lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho— se recomienda, por ejemplo, la creación de una oficina técnica especializada que supervise de forma centralizada los proyectos de obra que son contratados, y no sabemos si realmente este Gobierno se ha puesto en marcha en relación con la creación de esta oficina.
Y también pide —y hoy lo ha vuelto a repetir— que se establezcan unos indicadores objetivos en los presupuestos para poder después valorar desde la Cámara si el Gobierno ha sido eficaz, eficiente y económico en la utilización de los recursos. Eso nos interesa mucho, pero ¿por qué? También porque este Gobierno siempre habla de eficacia y eficiencia, pero solo habla, luego no la practica. Hay que ver lo que ocurre en los presupuestos de este año... Hombre, primero tendremos que ver el informe del 2012 y del 2013, lo sé, pero en los presupuestos de este año, que hemos empezado a debatir ahora, los objetivos de las memorias y las cuestiones que tienen que estar ahí incluidas para, luego, hacer un seguimiento de las partidas presupuestarias, en muchos de los departamentos, vamos, son absolutamente débiles o no existen o son contradictorios. Por lo tanto, nos tememos que, en esto, si estamos hablando ahora del presupuesto de 2014, van a tener ustedes mucha dificultad para encontrar ese grado de eficacia y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, porque va a ser muy difícil medir cuando, realmente, los presupuestos se hacen como se hacen.
En definitiva, la Cuenta General, y usted lo ha dicho, es fiable. Se ha encontrado una serie de limitaciones —lo digo porque se me acaba ya el tiempo y no tengo mucho más— que no voy a repetir porque usted las ha repetido, pero, en su conjunto, es fiable, lo cual, evidentemente, nos satisface, aunque, insisto, hay que empezar ya a hacer un seguimiento de las recomendaciones para evitar estas limitaciones que, año tras año, se vienen dando.
Y, evidentemente, estamos entre todos aquí, y ustedes los primeros, para procurar que el Gobierno de Aragón las cumpla y que los ciudadanos de esta comunidad autónoma realmente conozcan cómo se gestiona el presupuesto.
El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Garasa, tiene la palabra.
El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente de la Cámara de Cuentas, a usted y al resto del Consejo de la institución, por la labor realizada.
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de ,,Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 112 regula la Cámara de Cuentas, configurándola como el órgano fiscalizador de la gestión económica, financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las entidades locales del territorio aragonés, sin perjuicio de las competencias que la Constitución española atribuye al Tribunal de Cuentas del Estado. Esto quiere decir, como sus señorías saben, que se ha dotado a la comunidad autónoma en su norma institucional básica de un órgano especializado de control de los poderes públicos de Aragón, con plena independencia en el ejercicio en sus funciones, dependiendo directamente de las Cortes de Aragón y ejerciendo sus funciones por delegación de las mismas.
Quedan sujetos a fiscalización, como ustedes saben, la Administración de la comunidad autónoma, también las entidades locales y sus organismos públicos; igualmente sujetos, organismos, consorcios, empresas, asociaciones y demás empresas con titularidad jurídica propia del sector público.
Todo lo anterior lo es para verificar los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y fiscalizar el control de la contabilidad pública.
La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, Ley de cámaras de cuentas de Aragón, y con arreglo a su disposición transitoria primera, indicó que las primeras cuentas del sector público de Aragón que se fiscalizarían por la Cámara de Cuentas fuesen las del ejercicio económico del 2010. Hoy ha comparecido el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para presentar su informe de fiscalización sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón por segunda vez y referido a 2011.
Antes de proceder a las manifestaciones a este informe del ejercicio 2011, solo recordar las situaciones anteriores del Tribunal de Cuentas del Estado en sus informes —que no hace falta repetir por su tardanza, inoperatividad y ya sabido— referidos al 2009 y anteriores.
El Gobierno de Aragón y este Grupo Parlamentario Popular han manifestado en numerosas ocasiones que las instituciones recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía no están en juego. Por eso seguiremos disponiendo de esta cercana institución, que no tiene nada más que ventajas, aportando transparencia, y además es fundamental e imprescindible en Aragón por ser independiente en su trabajo. Sus trabajos son exhaustivos, y, dentro de sus medios, es pronta en sus informes; de hecho, en octubre del 2012 ya se tuvo conocimiento de los informes del año 2011. Y hago un inciso, señora Fernández, antes de empezar: el señor Saz entro en el Gobierno en 2012.
Pasando ya a lo que nos ocupa hoy en este pleno, el Gobierno de Aragón remitió a la Cámara de Cuentas los estados de la comunidad autónoma del 2011 el 9 de agosto de 2012, con un pequeño retraso sobre el 30 de junio del mismo año. Los estados se han remitido también al Tribunal de Cuentas de España.
Afortunadamente, y como hemos avanzado, la Cámara de Cuentas de Aragón aporta una mayor inmediatez en la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2011, de manera que tanto las Cortes de Aragón como el ente fiscalizado (el Gobierno de Aragón) han podido tener conocimiento de los resultados de la auditoría en un plazo más breve en relación con el período anual auditado.
Los resultados de la fiscalización fueron comunicados a la Presidencia del Gobierno de Aragón con fecha 22 de abril del 2013 para, en su caso, presentar alegaciones. Se presentaron ciento setenta y ocho alegaciones, aceptándose por la Cámara de Cuentas, total o parcialmente, cincuenta y ocho. Recordamos que al informe del 2010 (época PSOE) fueron quinientas sesenta y tres alegaciones, y aceptadas solo ciento ocho en su totalidad.
Señorías, la Cuenta General de la comunidad autónoma del 2011, excepto por salvedades o limitaciones de alcance que luego se dirán y por la reducción de fondos propios de mil catorce millones de euros, no presenta deficiencias significativas que impidan afirmar su fiabilidad, integridad y exactitud, y refleja adecuadamente la realidad económica y financiera del ejercicio auditado y de la comunidad autónoma.
En la Cuenta General de la comunidad autónoma se incluyen setenta y dos cuentas anuales integradas en la misma, además de cinco organismos autónomos, doce entidades de derecho público, treinta y cuatro empresas públicas, doce fundaciones de iniciativa pública de la comunidad, seis consorcios y dos instituciones feriales.
La Cuenta de la Administración de la comunidad autónoma se presenta completa, de acuerdo con lo establecido en el Plan general de la contabilidad pública de la comunidad.
Comentamos las salvedades y otros datos.
La Cuenta General no incorpora memorias del coste y rendimientos de los servicios públicos y el grado de cumplimiento de los objetivos programados. Esta salvedad impide a la Cámara de Cuentas emitir una opinión favorable del grado de eficiencia y ejecución del presupuesto.
La ejecución del presupuesto de ingresos en 2011 lo fue en un 91,4%, por cuatro mil ochocientos cuatro millones, y, en términos de recaudación, el 97,2%. En cuanto a gastos, fue del 98,8%, cinco mil ciento noventa millones, y, en término de pagos, en un 83% solo por tener que acomodar pagos de ejercicios anteriores de la época PSOE no previstos.
El resultado negativo de gestión, por lo dicho, fue de setecientos treinta y un millones y ajustado en ochocientos sesenta y nueve. La Cámara de Cuentas lo ajustó definitivamente y lo dejó en mil catorce millones de déficit.
El endeudamiento financiero del sector público de la comunidad a 31 de diciembre quedó en tres mil ochocientos ochenta y siete millones, de los cuales tres cientos ochenta y uno correspondían a la CEPA.
En cuanto a morosidad, el pago medio ponderado de la Administración estuvo en ochenta y ocho días en gasto corriente y en setenta y cinco días en pagos de inversión. Debiéramos ajustarnos a lo fijado en la Ley de lucha contra la morosidad, pero en aquellas fechas ya supimos de los desfases anteriores, ahora solventados.
También nos hacemos eco del informe de la Cámara de Cuentas en el que se indica la indeterminación del número de entidades que integran el sector público de la comunidad, y este hecho es una debilidad de control interno al no tener dicho registro.
Debiera ajustarse la coincidencia también entre el presupuesto propio de las Cortes y lo reflejado en los datos presupuestarios de la sección 01.
Igualmente, en la memoria de la Cuenta General no constan o se presentan incompletos algunos estados contables y otros documentos exigidos en el Plan general de la contabilidad pública de la comunidad autónoma. Dejamos constancia de que no hay normativa para tener un presupuesto de gastos consolidado, sin perjuicio de que, de forma voluntaria, en la memoria de la Cuenta General sí se presenta este estado de liquidación, y esto es de agradecer.
Los defectos en que se incurre en la Cuenta General se producen en las cuentas de organismos autónomos, entidades de derecho público o consorcios, tanto en la sujetas al Plan general de contabilidad pública como en los que no lo están.
Las sociedades mercantiles autonómicas han formado sus cuentas con arreglo a la ley. No obstante, en general, en cuanto a estado de ejecución de programas, actuaciones, inversiones, financiación y liquidación de los presupuestos de explotación y capital, no se ajustan al texto refundido de la Ley de Hacienda (artículo 61 y siguientes).
Una cuestión es tener defectos, señorías, en la presentación de estas memorias y otra diferente es la no presentación de las mismas e incumplir la Ley de Hacienda, como lo hacen y lo hacían la «Radio Autonómica de Aragón» y la «Televisión Autonómica de Aragón».
Según lo establecido en los artículos 164 y 279 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital, lo han hecho y presentado fuera de plazo Asitel, Avalia, Aragón Telecom, Gran Teatro Fleta, Plaza Plataforma Logística, Plaza Desarrollo Logístico y también SIRASA.
En cuanto a avales y garantías por parte de la comunidad autónoma en 2011, que fueron de 74,65 millones, no superan el límite establecido en el artículo 36 de la Ley de presupuestos del 2012, que daba una cobertura de cien millones. Sin embargo, en cuanto a las garantías atípicas en forma de carta de compromiso, y de las que no se informa a la Cuenta General, por parte del Gobierno de Aragón, en la época también del PSOE, se han emitido por importe de 882,5 millones, y, por la CEPA, treinta y cinco. Estos compromisos o son de permanencia en el accionariado o de atender el incumplimiento en caso de insolvencia del avalado, y esto era un riesgo financiero ya conocido por esta Cámara, porque lo dijimos el año pasado. El riesgo vivo actual es de cuatrocientos treinta y cinco millones para el Gobierno y de veinticuatro millones para la CEPA.
En cuanto a estabilidad presupuestaria, el objetivo fijado para el 2011, del menos 1,3% del PIB, se incumplió por los datos recibidos —aquello que hablábamos de la herencia—, y, con datos del INE, se llegó al incumplimiento del 2,67.
Como hecho relevante posterior al cierre y con respecto a la mercantil Ciudad del Motor, se han incluido algunas facturas correspondientes a obras dentro del Fondo de pago para proveedores.
La Cámara de Cuentas ha efectuado recomendaciones visto el informe, y dejo para el turno de dúplica las recomendaciones que plantea dicha Cámara.
Le doy las gracias nuevamente a los tres miembros de la Cámara de Cuentas que usted representa, señor Laguarta, así como también a todo el equipo de profesionales que han hecho posible el informe hoy presentado.
El turno, a continuación, del presidente de la Cámara de Cuentas, que puede intervenir.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muchas gracias, señor presidente.
Realmente, en las intervenciones de los cinco portavoces, la mayoría de las cuestiones planteadas creo que son de índole política. Creo que de la Cámara de Cuentas no se espera un pronunciamiento político; la Cámara de Cuentas está configurada como un órgano técnico, y en ese plano nos vamos a mantener. Ninguno de los tres componentes de la Cámara de Cuentas actuamos como tentáculo de ningún partido, a pesar de que tuvimos el respaldo mayoritario, casi total, en la elección de los tres; por eso creemos que estamos obligados a mantener esa independencia técnica, que es lo que la Ley de creación de la Cámara de Cuentas nos asigna.
Espero no decepcionar algunos de los planteamientos de los portavoces, pero también espero que comprendan que la Cámara de Cuentas no está en el mismo plano en el que están los grupos políticos: los grupos políticos están, precisamente, para dar su opinión política, mientras que la Cámara de Cuentas estamos para dar una respuesta técnica.
Por eso, en cuanto al tema que estamos hablando del informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma, me permito resaltar algo conocido también: que una cosa es la gestión de los dos gobiernos que actuaron en el año 2011, que eso se haría de acuerdo con sus criterios políticos, y otra cosa es el reflejo contable que esas operaciones pudieron tener. Se puede no estar de acuerdo con determinadas políticas realizadas por el Gobierno de Aragón en una de las dos etapas del 2011, pero, si contable y legalmente está bien recogido, la Cámara de Cuentas no puede entrar en unas consideraciones políticas de si había unas prioridades u otras. Nosotros nos hemos limitado a decir si la Cuenta refleja fielmente los ingresos y los gastos habidos en el año 2011 y si se ha hecho conforme a la ley. Por tanto, me remito nuevamente a lo que está escrito en el informe, y espero que comprendan los portavoces si no entro en alguna cuestión de índole política que me han planteado.
Lo que no puedo eludir, aun manteniéndome fuera de dar una opinión política, es el tema que han suscitado varios de los portavoces relativo al informe CORA. El informe CORA también es, fundamentalmente, una cuestión política, y, por tanto, no voy a dar mi opinión. La Cámara de Cuentas trabajamos con mucha ilusión; naturalmente que nos afecta, pero puedo asegurarles a sus señorías que no ha mellado nuestra moral, seguimos trabajando y, desde luego, agradecemos el apoyo que por parte de los cinco grupos políticos presentes en la Cámara se nos ha dado, o, por lo menos, tal y como se ha recogido en los medios de comunicación, y confiamos en que la Cámara de Cuentas siga aportando en años sucesivos, incluso, mejor que lo que hemos hecho en estos últimos años.
Lo único que puedo decir con respecto a ese informe es lo que creo que ya es conocido, o sea: tenemos una coordinación, una conferencia de presidentes de los órganos de control externo autonómicos (sean cámaras de cuentas, sindicaturas, audiencias, consejos de cuentas...), nos reunimos con cierta regularidad para hablar de nuestros asuntos, y también tenemos esas reuniones con el presidente del Tribunal de Cuentas del Estado (en concreto, el pasado mes de noviembre, tuvimos una larga sesión).
Sí que estoy en condiciones de asegurar, y así lo dijimos en el comunicado, que no hay duplicidades con el Tribunal de Cuentas, que no hay duplicidades tampoco en cuanto a la rendición de cuentas de las entidades locales (la rendición se hace una sola vez, por la entidad local, y va a dos destinatarios: por un lado, al Tribunal de Cuentas y, por el otro, a la Cámara de Cuentas, pero no hay duplicidades); los informes y los programas de coordinación se hacen coordinados, y, previamente a cada ejercicio, nos reunimos y hablamos de qué temas va a tocar el Tribunal de Cuentas y qué temas vamos a tocar los órganos de control externo de las comunidades autónomas, de manera que, hasta la fecha, no hay ni una duplicidad, y eso me atrevo a firmarlo con rotundidad.
Estamos en coordinación con el Tribunal de Cuentas y hacemos programas horizontales que afectan a toda España por igual en determinadas materias: por ejemplo, en materia de universidades, estamos haciendo un informe horizontal conjunto para toda España; los resultados de lo que se haga con respecto a la Universidad de Zaragoza los haremos públicos y emitiremos un informe también, lo cual será recogido por el Tribunal de Cuentas, junto con los de las otras comunidades autónomas, en un informe único de las universidades españolas.
En la última reunión, también el Tribunal de Cuentas nos propuso una serie de temas que podríamos trabajar conjuntamente en el año 2014. Nosotros no lo hemos incorporado todavía a nuestro programa de fiscalización porque estamos a la espera de recibir las prioridades que nos marquen las Cortes y ver cómo es compaginable la tarea que nos marquen las Cortes con hacer esa colaboración conjunta con el Tribunal de Cuentas de España.
También me atrevo decir, sin querer criticar en absoluto al Tribunal de Cuentas, que, en los tres años que lleva funcionando la Cámara de Cuentas, en relación con Aragón, ha emitido tantos informes como el Tribunal de Cuentas en los últimos treinta años y hemos tocado materias que nunca habían sido tocadas y estamos haciendo fiscalizaciones a entes que nunca habían sido fiscalizados, entre ellos, el de más tamaño, el Ayuntamiento de Zaragoza.
En cuanto a temas concretos que han sido planteados, quiero recordar, y disculpen si me repito con lo que ya dije el año pasado, los tres niveles a los que llega nuestra fiscalización, que son: el aspecto contable, en primer lugar; el aspecto de la legalidad de las operaciones realizadas en actos de gobierno, y el aspecto de la eficacia y eficiencia en la realización del gasto público. Hemos podido dar nuestra opinión en cuanto a los aspectos contables y aspectos legales; sin embargo, no hemos podido dar nuestra opinión en cuanto a la eficacia y eficiencia del gasto público, lo cual, si se me permite, creo que es un objetivo que deberíamos lograr. ¿Por qué no lo hemos podido hacer? Pues, simplemente, porque, para determinar el grado de eficacia y eficiencia que se consigue con la realización del gasto público, es necesario saber previamente qué es lo que pretendía realizar el Ejecutivo, y, para eso, es necesario saber qué objetivos quería y qué recursos ha dedicado. Por citar un caso, si, por ejemplo, se pretende disminuir el plazo o el número en las listas de espera de sanidad y para eso se dedican, por decir una cifra, treinta millones de euros, bueno, para saber la eficacia y la eficiencia tendremos que saber qué objetivos se pretendían y qué logros se han conseguido; si se ha conseguido reducir el plazo en un día, pues diremos: bueno, treinta millones para reducir un día, ¿merecía o no merecía la pena?, ¿está bien gastados ese dinero no está bien gastado ese dinero?
Pero a nosotros no nos corresponde dar una opinión de oportunidad siquiera del gasto público, sino, una vez que están marcados los objetivos por el Ejecutivo y los resultados, sí dar nuestra opinión sobre si ha sido eficaz la realización del gasto y eficiente para conseguir los objetivos logrados. Repito que, en un país civilizado y avanzado como es España, y Aragón en concreto, los aspectos contables son muy importantes, pero se da por sabido que se contabilizan más o menos bien..., quiero decir bien. Con esas salvedades, me he referido antes a una, cuantitativamente, muy importante, de los ochocientos cincuenta y nueve millones de deuda existente a 31 de diciembre que no figuran en la contabilidad financiera, y que eso, contablemente, sí que es grave; vamos, cuantitativamente, es muy importante.
En cuanto a la legalidad, más que en este informe, está recogido en los informes separados que hemos hecho, y que no son objeto de tratamiento en esta sesión, de la contratación y de las subvenciones y ayudas concedidas. Si se estima oportuno que se debata sobre esos informes en la Comisión Institucional, allí podremos ampliar estas materias.
Planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nuestra opinión sobre si las irregularidades detectadas en este informe son mayores o menores que las del año anterior. Realmente, tenemos que partir de que nuestras recomendaciones, las recomendaciones en nuestros dos informes, el de 2010 y el de 2011, son parecidas; quiero decir que se repiten en el informe de 2011 recomendaciones que ya habíamos hecho en el informe de 2010: nos referimos a la necesidad de adaptar y elaborar un Plan general de contabilidad pública de la comunidad autónoma, hacer un seguimiento de los gastos financiados por operaciones de endeudamiento, coordinar el registro de fundaciones de la Intervención General con el Departamento de Política Interior, hacer un seguimiento del remanente de tesorería negativo y cubrirlo de alguna manera, dar instrucciones para limitar los saldos de dudoso cobro o para aplicarlos adecuadamente, coordinar también los centros gestores de recaudación de tasas, etcétera. Son una serie de recomendaciones que dimos en el informe del año 2010 y que repetimos en el 2011, con lo cual no creo que haya mayores irregularidades en un año que en otro, salvo esa cuantitativa que apuntaba antes de los ochocientos cincuenta y nueve millones y, quizás, de la aplicación del Decreto Ley 220/2011.
No obstante, también se ha hecho eco la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que nuestras recomendaciones de la Cuenta del 2010 fueron hechas públicas justo en agosto del año 2012, y en esa fecha ya había sido presentada la Cuenta que actualmente estamos considerando del año 2012, con lo cual no pudieron hacer caso de nuestras recomendaciones, simplemente, porque nuestras recomendaciones llegaron después de haber pasado el ejercicio. No obstante, sigo reiterando nuestra intención de que un punto importe en todos los informes va a ser el seguimiento de las recomendaciones que hemos hecho anteriormente.
En cuanto a —es otro tema que ha salido por más de un portavoz— los plazos de presentación de cuentas, de realización del informe, incluso del debate aquí, en las Cortes, efectivamente, la Cuenta del 2010 fue presentada en plazo el 30 de junio de 2011, la Cuenta de 2011 fue presentada fuera de plazo el 8 de agosto del 2012 (unas cinco o seis semanas más tarde), el debate aquí, en la Cámara legislativa, también esta vez ha tenido un par de meses de retraso con respecto al año anterior; por contra, en la presentación de los informes de la Cámara de Cuentas ganamos un mes (la primera la presentamos el 8 de agosto y la de este año la presentamos el 3 de julio). Sabemos que estamos todavía fuera de plazo, la ley nos marca seis meses desde la presentación, luego deberíamos tener hecho el informe el 31 de diciembre. No renunciamos a ese plazo y creemos que lo conseguiremos en algún momento. Lo que ocurre es que, en este retraso que estamos teniendo, pido su comprensión por lo que es la puesta en marcha de la Cámara, el no disponer de todos los efectivos de personal en los primeros tiempos, y aspiramos a ir recortando este plazo, aunque sea con un mes o dos meses cada año, de manera que, al final de nuestro mandato de seis años, podamos conseguir, y, si puede ser, antes de las próximas elecciones legislativas autonómica, presentarlo antes del 31 de diciembre. No lo consideren un compromiso en serio, pero sí sería nuestro desiderátum.
Preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista por las diligencias de responsabilidad contable instruidas a raíz de nuestros informes. Es una materia en la que nosotros, cuando damos nuestro informe, lo remitimos al Tribunal de Cuentas y ya pasa a manos del fiscal del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Nos han pedido información complementaria de diligencias preliminares en relación con la Cuenta del año 2010, o sea, que, efectivamente, en el Tribunal de Cuentas están considerando el asunto. No nos tienen más informados, y el iniciar estas diligencias tampoco quiere decir, en principio, ni ninguna imputación ni, directamente, ninguna exigencia de responsabilidad, sino, simplemente, que han pedido más información complementaria. Tampoco nos tienen informados, ¿eh?, a pesar de que nosotros lo hemos pedido reiteradamente, e incluso estamos estudiando un sistema de coordinación con la Fiscalía, quizás de dar entrada a la Fiscalía en una fase anterior, pero creemos que eso hasta necesitaría una modificación legislativa por parte de las Cortes aragonesas; si se estima oportuno en su momento, lo plantearíamos.
Quiero hacer referencia a un tema que también han planteado varios portavoces, que es el de la limitación importante que tenemos por no aparecer en la memoria de la Cuenta el coste y el rendimiento de los servicios públicos, de los objetivos, lo cual no es que nos limite, es que nos impide dar un juicio sobre la eficacia y eficiencia del gasto público. Espero y pido, especialmente al Gobierno de Aragón, que pongan interés en elaborar y en presentar esa memoria y que se haga ese estudio, como se hace en otras organizaciones que nos llevan unos años de ventaja.
Les ponía el año pasado el paralelismo con lo que ocurría con la elaboración del presupuesto en relación con la economía nacional: ahora todo el mundo da por admitido y nadie discute que la elaboración del presupuesto tiene que estar condicionada por la realidad económica del país en el que se va a aplicar. Pues, bien, esto empezó a considerarse en los años cuarenta del siglo pasado a raíz de la situación bélica que hubo en Gran Bretaña, en la que, por un lado, se hacía el presupuesto sin contar con la situación económica, pero, con la situación bélica que había, había que adaptar el presupuesto a la realidad económica. Actualmente, eso está aceptado, por lo menos, en todo este mundo avanzado.
Espero que, dentro de unos años, y no sea muchos, en todos los presupuestos se indiquen esos objetivos que se pretenden conseguir y, en la liquidación final del presupuesto, se indique el coste y rendimiento efectivo de los servicios públicos, para que podamos opinar sobre la eficacia y eficiencia del gasto público realizado.
Hay un turno de dúplica del que van a hacer uso los señores portavoces, por lo que veo.
Señor Romero, cinco minutos.
Mire, señor presidente de la Cámara de Cuentas y miembros que hoy le acompañan desde la tribuna de invitados: el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se niega en rotundo a que esta presentación todos los años se convierta en un ritual que al final no tenga trascendencia y que al final no se corrijan los actos impropios y los errores e irregularidades que se cometen en la gestión por parte de la Administración, por parte del Gobierno de Aragón, en cada uno de los ejercicios.
Además, nos negamos a que al final se utilice el verbo que se ha puesto de moda, y lo ha puesto el señor Solbes, cuando habla de «edulcorar». Nos negamos a que al final todo quede en algo que se edulcora y que pasa de forma desapercibida.
Le preguntábamos, señor presidente, si este informe es peor o mejor que el del año pasado, y no es una cuestión política, es una cuestión técnica, porque usted sí que tiene todos los elementos para podernos decir si este informe es un informe que acredita que vamos a mejor o que vamos a peor. Y creo que eso no es mojarse ni creo que sea un acto de valentía de usted: simplemente, es una contestación que sobre la mesa debería poner usted aquí hoy.
¿Es un informe que va en mejor dirección que el 2010, o usted cree que vamos en peor dirección que el 2010? Le pido que me conteste. Es técnico, no es político. No queremos que usted, evidentemente, entre en el terreno político, pero sí en el técnico, y, en el técnico, lo que cree el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida después de estudiar en profundidad este informe es que continuamos en una mala dirección y que se vuelven a repetir praxis y malos hábitos que deberían corregirse y que, al final, alguien tiene que hacer de malo, y a Izquierda Unida, después de leer este informe, no le preocupa hacer de malo en el sentido de que es bueno para la sociedad que se resalten todas aquellas cuestiones que hoy se han puesto de manifiesto y que son graves.
Usted, por primera vez, ha utilizado la palabra «grave», pero en un tono muy suave, y lo cierto es que hemos visto muchas cosas que sí que son graves, y por eso le animamos a que hoy aquí nos diga si vamos mejor o si vamos peor. No es mojarse mucho, y a eso sí que le emplazamos.
Segunda cuestión: hemos escuchado con atención todas las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, y de forma especial los tres partidos que fueron responsables de la gestión de este ejercicio (PSOE, Partido Aragonés y Partido Popular). Bien, no hemos escuchado de ninguno de los tres partidos políticos que haya un reconocimiento de errores, que haya una muestra leve de disculpas en algunas cuestiones que, flagrantemente, son mejorables o que haya preocupación, sino que, simplemente, es un informe más y que hoy, como he dicho anteriormente, pasamos el ritual y nos olvidamos de él. Eso es lo que no podemos, evidentemente, permitir, porque, si al final permitimos eso, al final lo que va a ocurrir es que la Cámara de Cuentas se dedicará a lanzar informes que no escuchará el Gobierno y que no se corregirán los problemas.
Para nota, desde nuestro punto de vista, la intervención del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: desde nuestro punto de vista, con una absoluta frivolidad, porque se permite criticar lo que hace Madrid con respecto a la recentralización de muchísimas cuestiones, de muchísimas leyes que están afectando negativamente a la comunidad de Aragón, que están afectando e injiriéndose en las competencias del autogobierno de acuerdo con la ley orgánica de modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón, y, al mismo tiempo, continúan gobernando con el Partido Popular como si no ocurriera nada de nada. ¿Que quieren cargarse la Cámara de Cuentas? Lo criticamos, pero seguimos apoyando al PP. ¿Que quieren cargarse los problemas del sector eléctrico y el Plan energético perjudica gravemente a los ciudadanos y a las empresas aragonesas? No ocurre nada, seguimos gobernando con el Partido Popular. ¿Que quieren introducir un proyecto de ley de evaluación ambiental en el que mete de tapadillo el Partido Popular el posible trasvase de unas cuencas a otras? No ocurre nada, seguimos gobernando. Pero, eso sí, aquí, delante de todos los aragoneses y aragonesas, les decimos claramente, desde el Partido Aragonés, que estamos en contra de lo que hace el Partido Popular, pero seguimos gobernando con ellos.
Y, bueno, señor Garasa, usted viene con la lección bien aprendida..., bueno, hace una pasada leve sobre las cosas que han ocurrido. Pero ¿usted se ha leído realmente lo que dice del Instituto Aragonés del Agua, del Instituto Aragonés de Fomento, de la Ciudad del Motor, del consorcio de Caudé, de Plaza de Zaragoza...
La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señor Romero.
El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —termino ya, señor presidenta—, del Servicio Aragonés de Salud? Es que se están utilizando fondos de forma irregular.
Y ya no le digo si a esto le incluimos los dos informes —termino, señora presidenta—, el de la actividad contractual y el de las subvenciones del ejercicio 2011, que complementan este informe y que son una absoluta barbaridad.
Señorías, seguimos mostrando nuestra preocupación, y lo que queremos es que las cosas cambien, y para ello es necesario tomar conciencia y, en alguna ocasión, aunque en este país y en este territorio nadie dimite, por lo menos, que alguien pida disculpas cuando las cosas se hacen mal.
La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra, tiene cinco minutos.
Señor Laguarta, por supuesto que respeto su opción, se lo he dicho al principio: usted es, políticamente, correcto, hoy está en plan institucional, viene como presidente de la Cámara de Cuentas, habla en su nombre y en nombre de la institución, y, sinceramente, entiendo que usted hoy no se moje como yo le pedía. Supongo que pensamos exactamente lo mismo, seguro, en la Cámara de Cuentas y en Chunta Aragonesista.
Supongo que entenderá también que yo estaba obligado, como diputado y como aragonesista, a pedirle ese pronunciamiento expreso. Usted, posiblemente, cumple con su obligación; yo he cumplido también con mi obligación.
Una vez más, en todo caso, expreso el apoyo de Chunta Aragonesista a la institución en sí, a quienes hoy en día la conforman, y, desde luego, reivindico la necesidad, no solo por cuestiones historicistas, sino, sobre todo, de calidad democrática, de que la institución perdure en el tiempo, como no puede ser de otra manera.
Y me voy a centrar en una cuestión que no es política, sino técnica. Desgraciadamente, usted ya no tiene turno para respondernos a los grupos, pero sí que quiero denunciar algo de lo que me he enterado después de mi primera intervención, es una nueva ilegalidad del Gobierno de Aragón que paso a explicarle.
Ustedes, en su informe, hablan de lo que más se puede imputar al nuevo Gobierno, al Gobierno PP-PAR, que es el suplemento de crédito de los doscientos veinte millones de gasto sanitario. Usted se ha referido brevemente en su primera intervención, ha comentado ya algunas de las irregularidades: que no se había retenido el dinero y por eso no se pudo hacer como lo habían dicho en el decreto ley. Hicieron una auténtica chapuza, lo hicieron a ojo de buen cubero, y lo que hicieron finalmente fue tener que detraer cuantías de otras partidas, sobre todo, por supuesto, de capítulo VII —¿para qué vamos a invertir, si no hay que invertir?, ya lo vamos viendo—: de capítulo VII, que están presupuestados en el decreto ley veintitrés mil euros, pues al final fueron cincuenta mil, el doble.
Chapuza sobre chapuza, no les notificaron a ustedes —dicen en el informe— los expedientes de modificación presupuestaria: se destinaron a esa finalidad sanitaria créditos que eran finalistas y no se tenían que haber destinado a eso, cuestiones de la PAC, cuestiones de modernización y explotaciones agrarias, el Plan Avanza, medio ambiente, se destinó dinero que no se tenía que haber destinado ahí —no se si esto tendrá consecuencias legales o no, me puede responder ya, dejo la pregunta en el aire—, se destinó dinero de las Cortes de Aragón... Una auténtica chapuza en la gestión de ese decreto ley de suplemento de crédito, que fue un poco la herencia que nos dejo el señor Garcés, y sacaban pecho diciendo: «aquí venimos el Partido Popular, y lo vamos hacer todo perfecto, vamos arreglarlo todo», e hicieron esta chapuza que ustedes ponen de manifiesto.
Pues bien, yo me acabo de enterar ahora mismo de algo que ya denunciamos en verano, que denunciamos en el mes de agosto: en el mes de agosto, sabe que aprobaron aquí una ley por la que se concedían créditos extraordinarios y suplementos de crédito para el famoso Plan Impulso —supongo que lo sabe perfectamente y que les tocará fiscalizar esto, que se refiere al ejercicio 2013—. Había una parte que era suplemento de crédito, que eran treinta y dos millones, que sí que se detallaba la aplicación presupuestaria, pero luego llevaron nada menos que ciento cincuenta y ocho millones a sección 30 («Otros gastos diversos»), y eso como crédito extraordinario. Desde Chunta Aragonesista lo denunciamos políticamente, diciendo que nos impedía la oposición ejercer nuestra obligación de control e impulso al Gobierno. No podíamos enmendar eso, porque llevar ciento cincuenta y ocho millones a sección 30 («Otros gastos diversos») en vez de concretar ya las aplicaciones presupuestarias era una auténtica barbaridad, y presentamos enmienda a la totalidad. Y dijimos algo en lo que, al final, yo creo que tenemos razón, y tendrán tiempo ustedes de analizarlo, pero lo dejo ya sobre la mesa: si es un suplemento de crédito, finalmente, ese dinero se puede destinar a gastos que ya estaban previstos en el presupuesto; si estamos hablando de crédito extraordinario, no (el crédito extraordinario, legalmente, es esa figura, precisamente, porque no hay disponibilidad presupuestaria, no hay créditos destinados a una finalidad; no hay que ampliarlos, sino que hay que crearlos porque no existen). Sin embargo, señor Laguarta, yo me acabo de enterar ahora mismo, porque acabo de recibir —que aún no lo habíamos recibido— el listado de modificaciones presupuestarias de septiembre y octubre, y nos enteramos de que el Gobierno de Aragón incumple la ley que se aprobó en agosto, no lo gestiona como créditos extraordinarios, y lo que hace —por lo que hemos podido ver, lo que he podido ver ahora— en el listado es hacer modificaciones presupuestarias amparadas legalmente por un crédito extraordinario para finalidades que sí que estaban en los presupuestos, como el IAI o todo lo que lo que nos han ido contando del Plan Impulso.
En definitiva, señor Laguarta, no solo no les hacen caso, no les han hecho caso en el informe del 2010, que no competía más que una parte de este Gobierno, no les han hecho caso en el 2011, sino que, en cuestiones tan importantes como respetar la legitimidad de estas Cortes para, mediante leyes, orientar esa política tributaria y establecer los límites de gestión de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, como le digo, tampoco lo han respetado, algo que nos parece gravísimo por lo que hicieron al principio de la legislatura, en diciembre del 2011, y algo que nos parece gravísimo que han hecho este mismo verano: burlarse de estas Cortes, reírse de los representantes del pueblo aragonés y disponer del dinero público a su antojo, sin dar explicaciones. Por eso, señor Laguarta, quieren que desaparezcan ustedes.
Señor Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra.
Y voy a tratar de dirigirme al presidente de la Cámara de Cuentas, señor Laguarta. Y al señor Romero, únicamente desearle que se le mejore rápidamente la mano derecha, porque se estaba escorando en su intervención excesivamente a la izquierda, a ver si así, cuando utilice las dos, podemos tener un diálogo más fluido y más concreto.
Yo creo, señor Laguarta, que de lo que tenemos que hablar aquí es de cuáles son las funciones que se le piden a la Cámara de Cuentas, y lo que tenemos que hacer es tratar de plantear los temas desde el punto de vista del informe tan completo, tan exhaustivo y tan independiente, fundamentalmente tan independiente, que ustedes ha presentado. Y lo digo porque, a veces, yo creo que aprovechamos, en este caso, que el Ebro pasa por Zaragoza y que usted está aquí para hablar de otros temas que creo que no vienen a cuento en este momento, tenemos otros momentos en los que tratar de los mismos.
Yo creo que se confunde muchas veces cuál es el objetivo, cuál es la misión de la Cámara de Cuentas, y la misión de la Cámara de Cuentas la pone en la Ley de la Cámara de Cuentas: que es el órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa de sector público Aragón, y esa es su función. Y esa función la están ejerciendo con objetividad y con independencia, y ponen en el informe lo que tienen que poner, y ponen en el informe, lógicamente, que en el informe se contemplan más las deficiencias que lo que ya se hace. Y por lo que se tiene que trabajar es por mejorar esas deficiencias y por tener en cuenta las conclusiones y las recomendaciones que se plantean en ese informe.
Por eso, yo le decía que esperamos a tener el informe del año 2012, porque, realmente, una de las cosas que nos interesan es ver cómo se han podido ir cumpliendo y recogiendo por parte del Gobierno esas recomendaciones que ustedes han ido haciendo, que algunas ya conocíamos y que se repiten también, incluso de las que proponía el Tribunal de Cuentas. Es decir, que en algunos temas se ha avanzado poco. Y yo le ponía como ejemplo alguna y, desde luego, asumía que había errores y que había algunos temas en los que se tenía que trabajar seriamente para poder tener al final, que es lo que interesa, una cuentas transparentes y unas cuentas de las que todos podamos estar satisfechos.
Cuando se está hablando de tantas fundaciones, asociaciones, entidades, empresas públicas, es difícil tener un informe absolutamente positivo, pero, al final, y es con lo que nosotros nos hemos quedado, ustedes afirman en este informe que las cuentas responden a los principios que se les exigen.
¿Que son mejorables? Naturalmente, señor Romero, lo hemos asumido desde el principio y yo también he hecho referencia algunos temas que nos importaban. ¿Que son mejorables? Absolutamente. Pero para eso están estos informes.
Unos informes en los que hemos mejorado sensiblemente, en los que luego el Tribunal de Cuentas hará lo que tenga que hacer. Yo no sé si habrá algunos temas que terminarán donde tengan que terminar, pero, en una comparecencia que creo que tuvo usted no sé si el año pasado o hace dos años, hablaba de que, de doscientos no sé cuántos informes que se habían solicitado al Tribunal de Cuentas para hacer la no sé qué..., únicamente había tres que parecía que podían tener algún problema con la fiscalía. Es decir, que una cosa es que se pida información y otra cosa es, luego, lo que sucede con la información.
Por lo tanto, tenemos unos órganos que, sobre todo, aseguran que las cuentas que se están realizando desde los sucesivos gobiernos (igual me da este, que el anterior que el futuro) son unas cuentas que tenemos la seguridad que están siendo auditadas, que están siendo estudiadas y que están siendo contempladas en estos informes para que, entre todos, seamos capaces de conseguir lo que se nos pide desde los ciudadanos: la máxima transparencia, la máxima efectividad y el máximo control en la gestión de los recursos públicos.
El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Laguarta, decía usted que no le corresponde a la Cámara, que es un órgano técnico, pronunciarse en relación con lo que hemos expresado los portavoces, en relación con el riesgo de que pudiera suprimirse la Cámara de Cuentas. Bueno, ciertamente, es un órgano técnico. Ya lo estamos haciendo los políticos que estamos en esta Cámara, estamos reivindicando que esta Cámara tiene que continuar funcionando porque lo esta haciendo bien y porque eso beneficia a Aragón y a los aragoneses, evidentemente.
No he oído si el portavoz del PP ha estado también de acuerdo en esta línea, quizás es que no le he escuchado bien todo su discurso. El resto de los portavoces sí que nos hemos manifestado en esta cuestión.
No sé tampoco lo que opina el Gobierno, señor Laguarta, porque —antes lo he dicho y ahora lo vuelvo a repetir— no tiene mucho interés en este debate: no está el consejero de Hacienda, que es el responsable, no está la presidenta de la comunidad autónoma... Por lo tanto, pues bueno, es posible que tengan otras cosas mas importantes, como dije, pero, realmente, esas ausencias denotan que no tienen mucho interés, no sé si en lo que hace la Cámara o, realmente, en el debate que estamos teniendo hoy aquí.
Ha destacado usted en esta segunda parte —yo antes no tuve tiempo para hablar, lo tenía aquí apuntado— el tema de las irregularidades detectadas por el decreto ley de diciembre de 2011. Como usted lo ha hecho ahora y yo lo tenía, voy también a resaltarlo porque me parece importante: son las irregularidades que se detectan en la ejecución de suplementos de créditos por doscientos veinte con siete millones, concedidos en diciembre de 2011, por ese decreto ley, para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.
Y, claro, aquí teníamos en esa época al brillante y efímero consejero señor Garcés, que, cuando vino aquí cual terremoto en el mes de agosto, en su primera comparecencia, dijo que el Gobierno anterior lo hacía todo muy mal en materia presupuestaria y que el Gobierno del Partido del Popular lo iba hacer maravillosamente. Pues, mire usted, todavía estaba el señor Garcés, aún no había llegado el señor Saz cuando el decreto de diciembre del 2011. Fíjese qué chapuza —por no decir otra palabra—, qué chapuza hizo el consejero de Hacienda en aquel momento en relación con este asunto de la ejecución de suplementos de crédito.
Usted ha dado un dato anterior y yo le voy a dar otro de los ejemplos que ponía en el informe: se dieron de baja para financiar el suplemento créditos de naturaleza finalista por setenta millones que no se podían utilizar para financiar gastos generales, además de la cuestión que usted ha mencionado antes. Con lo cual, en fin, no es por solo por criticar, sino porque realmente, como le digo, este Gobierno criticó mucho al anterior en cuestión de presupuestos y estamos viendo ya dos años y medio que, realmente, ellos no solo no han mejorado nada, sino yo creo que están empeorando.
Porque el otro tema que usted también ha resaltado y que yo sí que lo he dicho en mi primera intervención en relación con la eficacia y la eficiencia en el gasto público pues tampoco, tampoco han aprendido. ¿Cómo van ustedes a poder valorar el coste y rendimiento de los servicios públicos, que tiene que incorporarle los datos el Gobierno, cuando en el proyecto de ley de presupuestos que presentan en esta Cámara para que lo estudiemos y luego poder aprobarlos —por cierto, a finales de enero, aquí también hay retraso, no solo se retrasan en entregarles a ustedes el informe de la Cámara, también se retrasan en traer los presupuestos a esta Cámara—, en esos presupuestos, como le digo, las memorias son tan flojas? Es muy difícil. Así que esas recomendaciones y conclusiones que antes el portavoz de IU decía que no podemos consentir, pues, oiga, yo le digo ya que va a ser muy difícil, ¿eh?, porque, si para el presupuesto de 2014 estamos viendo los defectos que hay para que luego la Cámara pueda hacer el informe y valorar esa eficacia y eficiencia, imagínese, todavía nos falta el informe de 2012, de 2013 y luego veremos el de 2014.
Con lo cual, concluyendo, suerte, señor Laguarta, no a usted, sino a la Cámara. Nosotros, como Grupo Socialista, vamos a seguir apoyando su trabajo, vamos a seguir reivindicando que no se recorten estos órganos tan importantes de la comunidad autónoma. Y, por supuesto, agradecerle de nuevo esta información y todo el trabajo que ustedes están haciendo.
El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Garasa, tiene la palabra.
Una vez reseñadas las conclusiones, le hago un resumen de las recomendaciones que indica la Cámara de Cuentas a las cuentas del 2011. Son veintisiete, importantes todas, pero solo resumiré las más urgentes.
Recuerdo, señorías, que todos los grupos parlamentarios, en Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario, presentamos nuestras propuestas de resolución para 2010, 2011 (entidades locales), y algunas podrán repetirse también en 2011 para intentar mejorar a futuro la fiscalización.
Parece que el señor Romero, que tanto se queja, es un verso suelto en su grupo y no se entera de estos trabajos. Todos intentamos mejorar, señor Romero, y todos hemos estado preparando propuestas de resolución, y ustedes también, y se les han aceptado, si no digo todas, a lo mejor casi todas.
Pero todo lleva un tiempo, y, si no, puede usted apreciarlo en su propio brazo, que seguro que no lo ha curado de hoy para mañana. Es decir, todo lleva un plazo de mejora.
Nosotros somos transparentes, y por eso comentamos lo que hemos dicho y vamos a empezar a hablar de las recomendaciones, que creo que usted no ha hablado de ninguna.
La Cámara de Cuentas recomienda que en la Cuenta General hay que adaptar la normativa que lleva al Plan general de contabilidad pública el 2010, y esto se propuso en resolución y ya se está haciendo.
Al mismo tiempo, también dice que recomienda que se debieran habilitar los procedimientos contables necesarios para el seguimiento de los proyectos de gastos financiados con operaciones de endeudamiento.
Recomendó también la reordenación legal del presupuesto contable de las entidades del sector público, y había discrepancias y las hay en la formación del ITA e IAF, que usted tanto se quejaba. Pues, bueno, aquí está y lo estamos diciendo.
Se recomienda el acceso de la Intervención General al registro de fundaciones participadas por la comunidad autónoma y, así, poder tener información actualizada, que no estamos hablando del 2011, es que todo esto viene desde mucho tiempo atrás.
También se recomienda a la comunidad autónoma que registre en su contabilidad como inmovilizaciones financieras las participaciones que posee en fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, que tampoco está hecho.
También se recomienda el inventario general de los bienes y de los activos fijos registrables, porque no tenemos un inventario actualizado de las entidades que conforman el sector público de la comunidad autónoma, y esto sí que es importante.
También es importante, que tampoco se ha hecho nunca, efectuar la valoración pericial de los bienes e inmuebles transferidos por el Estado en 2010 en acuerdo transaccional de las normas tributarias, que ya sé que tampoco se hizo en su momento.
Se debía también incorporar a la memoria las cuentas anuales de la Administración la información sobre todas las transacciones que realizan las comunidades autónomas con bienes de su propio patrimonio. De esto, también se ha hecho propuesta a las Cortes.
Se recomienda a la comunidad autónoma la revisión y seguimiento de los datos correspondientes a la participación en organismos, entidades, sociedades, fundaciones y consorcios, con objeto de mantener correctamente actualizado el inventario de entes, que tampoco lo tenemos.
Indicarles que la comunidad autónoma ya ha regulado el artículo 36, sobre el tema de los avales y garantías financieros, en la Ley de presupuestos de 2012, sobre los límites y garantías no típicas que otorga la comunidad autónoma. Lo que pedía la Cámara de Cuentas era que, en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Hacienda, se adoptase eso como una disposición con carácter estable, para cubrir todas estas prohibiciones y requisitos de capacidad y los límites para dar las garantías atípicas que se tenían.
Y, por último, también recuerdan al ente Banco de Sangre y Tejidos de Aragón que haga un tratamiento contable en sus existencias de producto terminado, porque lo hace siempre a precio medio y resulta que luego, cuando va a vender, y por eso se han producido pérdidas, ahí resulta que los costes de compra son superiores a los costes de venta.
Entonces, vistas así, por encima, estas diez o doce de las veintisiete recomendaciones que se han hecho, y que luego —digamos—, cuando esté la Comisión Institucional, se podrán matizar todas aquellas que se quieran hacer más, damos nuevamente las gracias al señor presidente de la Cámara de Cuentas y a su equipo por la gran profesionalidad demostrada en este buen trabajo que han realizado.
Terminado este punto del orden del día, queremos agradecer al señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón y a los miembros de la misma que nos han acompañado a lo largo de este punto del orden del día su presencia y su intervención. Y, sin nada más que... no digo despedirle, porque, evidentemente, no le voy a despedir, desde esta Presidencia, señor presidente, pero, evidentemente, terminado su turno, muy agradecido por su intervención.