Source: http://legislacionpersonasnee.blogspot.com/
Timestamp: 2018-10-18 20:21:59
Document Index: 281855743

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 99', 'in fine']

Legislación para personas con NEE
Aquí encontrarás información sobre los derechos que poseen las personas con necesidades educativas especiales y las normas que rigen en nuestro país.
El contenido está dirigido a alumnos de 4to año del Profesorado en Educación Especial modalidad discapacidad intelectual del Intituto Superior de Formación Docente y Técnica nº 167 de Tres Arroyos.
La discapacidad en las leyes 22.431 y 24.901 y leyes modificatorias
LA DISCAPACIDAD EN LAS LEYES 22.431 Y 24.901 Y LEYES MODIFICATORIAS: LA PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO SUJETO DE DERECHO
Dr. Pablo Oscar Rosales
SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Marco normativo de la discapacidad. 2.1) Alcance de la ley. 2.2) Definición de discapacitado- Población beneficiaria. 2.3) Ámbito de aplicación. 2.4) Certificado de discapacidad. 2.5) Algunas reglas interpretativas. 2.6) Prestaciones básicas de la ley 24.901 y su correlato en la reglamentación. 2.7) Reglamentación de la ley 24.901- resoluciones 400/99 y 428/99. 2.8) Contenidos de la ley 22.431. 3.- La leyes de discapacidad y la nueva normativa derivada del decreto 446/2000 de Necesidad y Urgencia artículo 99, inc. 3) C.N.-
Encabezamos esta nota con la referencia a las dos leyes que forman el principal corpus normativo del tema discapacidad, leyes que como se verá mas adelante abarcan un amplio espectro de la problemática del area. La primera de ellas (22.431) fue publicada en el B.O. el día 16 de Marzo de 1981; la segunda (24.901), que no deroga, sino amplia a la anterior, fue publicada el día 05 de Diciembre de 1997, es decir que entre una y otra han pasado 16 años y entre la última y la fecha de la presente nota otros casi cuatro años. Sin embargo, cuando recopilamos la jurisprudencia relevante sobre la discapacidad surge la notable casi ausencia de fallos durante al menos los primeros diez años de vigencia de la primera ley y muy pocos (y la mayoría concentrados en los últimos años) que incluyan ambas normativas.
Si es como afirma Rafael Veijanovich (1) cuando sostiene que “no se puede atender adecuadamente una problemática si se la desconoce”, no resulta extraño que nuestros tribunales no hayan hecho eco de una problemática tan importante como la de la discapacidad. Estima la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) que entre un 7% y un 10% de la población padece de alguna discapacidad tanto en la Argentina como en el mundo y la tasa de desocupación entre la población con discapacidad es cuatro veces mayor al promedio general de la población.
Argentina no cuenta con estadísticas oficiales sobre la población discapacitada desde el censo de 1960. Por otra parte y ya circunscriptos al area de la salud son pocos los prestadores de la seguridad sociales (obras sociales e institutos) que tiene planes para la atención de discapacitados y muchos de ellos plantean poderosas resistencias a la hora de cubrir estas prestaciones, sean los beneficiarios adultos o niños con discapacidades varias. Siendo justos debemos decir que el sistema de la seguridad social se encuentra en estos últimos años muy definanciado por razones que son de público conocimiento, pero cuando estos problemas no existían (nótese que la ley data de 1981) prácticamente estas coberturas eran escasas incluso por el Estado Nacional. Ni siquiera eran percibidas por los beneficiarios como un derecho a reclamar y es por ello que tan pocos casos recepta la jurisprudencia de nuestro país.
Para introducirnos en el marco legal de la discapacidad, buscaremos primero darle una definición a la palabra “discapacidad” . “Handicap”, “Disability”, “Incapacidad” , “discapacidad” o “Deficencia” fueron muchas de las palabras usadas para conceptualizar esta problemática. En este sentido, y siguiendo una de las pocas y fundadas aproximaciones legales al tema (2) “en la declaración de derechos humanos de la ONU del año 1987 se determinó la palabra DISCAPACITADO para definir a este grupo de personas que por distintos factores , ya sean genéticos o adquiridos, poseen una capacidad distinta (op. Citada)”. La Dra. Labaton sostiene la necesidad– que compartimos- de evitar la palabra “invalidez”, ya que el prefijo IN está marcando una falta de valor total, un NO- VALOR. La mencionada colega define el concepto “discapacidad” como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano” (op. Citada, pag. 20), una definición sencilla y que se funda en la idea de funcionalidad que adopta la legislación que comentaremos. Propone la Dra. Labatón que debemos considerar que la discapacidad no es una caracteristica de ciertas personas, “sino la consecuencia de una relación entre el mundo circundante y la persona, ya que por lesión o enfermedad u cualquier otra causa, una persona tropieza con una dificultad superior a lo normal para desarrollarse en la vida”.
Por último, resulta imprescindible adelantar que la discapacidad tiene diversas facetas y acercamientos. Por ejemplo, la hipoacusia o discapacidades motoras parciales tiene necesariamente una perspectiva distinta de la ceguera o las discapacidades motoras totales, como la tetraplejía, o las discapacidades en adultos y las que ocurren en niños. Por ello, resulta estéril considerar los porcentajes de estimación de discapacidades citados como una regla rígida sin evaluar cada caso en particular a los fines de estimar costos de atención.
2.- MARCO NORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD:
Como hemos adelantado, el eje normativo de la discapacidad tiene dos hitos legislativos: La ley 22.431 publicada en 1981 y reglamentada por el decreto 498/83 (B.O. 4/03/83) y la ley 24.901, publicada en 1997 y reglamentada por el decreto 1193/98 (B.O. 14/10/98). Entre ambas leyes y posteriormente a la última de ellas se han dictado otras leyes, decretos y resoluciones cuyo análisis exhaustivo excede el objeto de este trabajo, aunque los mas importantes se mencionan en las notas finales. (3)
Como primera observación señalamos que la ley 24.901 no deroga a la ley 22.431, sino que la modifica en algunos de sus artículos, manteniendo el espíritu y los objetivos de la misma.
En este sentido, efectuaremos un análisis comparativo de las dos leyes, analizados enumerando los puntos principales comunes a ambas leyes y las modificaciones o agregados de la ley 24.901.
2.1) ALCANCE DE LA LEY:
Mientras el art 1 de la ley 22.431 instituye un sistema de protección “integral” de las personas discapacitadas, la ley 24.901 lo menciona como sistemas de “prestaciones básicas de atención integral”, aunque al final del artículo se refiere a la “cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”. El art 1 de la ley 22.431 asegura a sus beneficiarios atención médica, educación, seguridad social y franquicias y estímulos “que permitan neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca” para desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales (asi refiere la ley). El art 1 de la norma nueva contempla “acciones de prevención, asistencia, promoción y protección”, ampliando en este sentido las obligaciones de los prestadores a dos areas no incluidas en la ley anterior: prevención y promoción, resultando la ley 22.431 de corte más asistencialista que preventivo. El art 1 del decreto 1193/98 garantiza la “universalidad de la atención de dichas personas (personas con discapacidad) mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Sin perjuicio que estas últimas declaraciones se circunscriben en la práctica casi al ámbito de la expresión de deseos, es útil descubrir que los objetivos de la ley encuentran paralelismo con la universalidad de la ley 23.660 y 23. 661.
2.2) DEFINICION DE DISCAPACITADO- POBLACION BENEFICIARIA:
Mientras la ley 22.431 define en su artículo 2 al beneficiario (“A los efectos de esta ley se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”, la ley 24.901 recepta esta definición en su artículo 9 (remitiendo al 2 de la ley anterior) casi textualmente, pero agregando “alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental...” eliminando la disyuntiva “física o mental”. En este sentido el legislador recepta los cuestionamientos a la idea de discapacidad centrada en el individuo, para redirigirla a la relación con su entorno (“la discapacidad no es pues una característica de personas lesionadas o enfermas, sino una relación entre esas personas y su mundo circundante”, Labaton, op. Cit. pag. 40). La hipoacusía es un ejemplo de ello, ya que la misma, si no es tratada con estimulación temprana, puede provocar retraso madurativo en el aprendizaje de la persona que la sufre.
2.3) AMBITO DE APLICACIÓN:
La ley 22.431 establece en su artículo 4 que “El Estado, a través de sus órganos dependientes, prestará a los discapacitados, en la medida en que estos, las personas de quienes dependan o los entes de obra social a los que estén afiliados, no puedan afrontarlos ...” los servicios relacionados con la discapacidad. Es decir, las obligaciones de las Obras Sociales resultan subsidiarias- en principio- a que los demás que enumera no puedan afrontarlas. En cambio, el artículo 2 de la ley 24.901 es mucho más taxativo: “Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1 de la ley 23.660 (4), tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas las mismas”. El artículo transcripto coloca en primer lugar a las Obras Sociales y el art 3 modifica en este sentido el artículo 4 de la ley 22.431 declarando que el Estado prestará los servicios a quienes no estén incluidos en el sistema de Obras Sociales, “en la medida en que aquellas (los discapacitados) o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas..”. Es decir, dos sistemas: Quien sea beneficiario del sistema de Obras Sociales deberá reclamarlo de estas. Quienes no tengan cobertura social, será el Estado Nacional el obligado (expresamente lo declara el art 4), entendemos, principal, en la medida en que no pueda hacerlo el discapacitado o sus personas encargadas. Como el artículo 3 no está reglamentado, entendemos que bastará para que el Estado Nacional esté obligado a que el discapacitado o la persona que lo tiene a su cargo declare no poder afrontarlo. La reglamentación del artículo 4 de la ley 22.431 unicamente supedita la obligación del Estado Nacional a que el discapacitado cumpla con los tratamientos o actividades de rehabilitación. El artículo 5 de la ley 24.901 obliga a las Obras Sociales a capacitar a sus agentes y a difundir a sus beneficiarios los servicios a los que puedan acceder respecto a la discapacidad. En este sentido, las Obras sociales han desoido en los últimos años esta obligación que surge de la ley y en estos últimos tiempos mas que difundir han pugnado por desconocer los derechos de sus beneficiarios discapacitados, incluso en el caso de menores en edad escolar.
Sobre este punto se cita en el selección de Jursiprudencia el caso: “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social- Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogras Neoplásicas s/ Recurso de Hecho” donde nuestro Máximo Tribunal resolvió condenar al Estado Nacional en forma directa ante el incumplimiento o imposibilidad de cumplir del Estado Provincial y de la Obra Social que le correspondía al menor destacando que estos, y las empresas de medicina prepaga, son los únicos obligados directos y el Estado nacional un garante del cumplimiento.
2.4) CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD:
El art 10 de la ley 24.901 determina que la discapacidad deberá acreditarse conforme lo establecido por el art 3 de la ley 22.431 y por las leyes provinciales análogas: la forma es mediante un certificado de discapacidad. En este sentido, el artículo 10 del decreto reglamentario 1193/98 determina que será el Ministerio de Salud y Acción Social (antes era la Secretaría de Estado de Salud Pública) la encargada de establecer los criterios y elaborar la normativa de evaluación y certificación de la discapacidad. Este certificado deberá incluir: a) Un diagnóstico funcional y b) Orientación Prestacional, la que se incorporará a un Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Una vez otorgado, este certificado tiene una vigencia limitada en el tiempo (normalmente 5 o 10 años) y luego debe ser renovado. Resulta de especial importancia su obtención ya que el art 10 de ley 24.901 es tajante cuando declara que “A los efectos de la presente ley, la discapacidad deberá acreditarse...”, es decir a fin de obtener los servicios que determina.
2.5) ALGUNAS REGLAS INTERPRETATIVAS:
Como dijimos la ley 24.901 no deroga a la anterior, pero en este punto de las prestaciones resulta de mejor criterio desarrollar las prestaciones de la última ley, agregando aquellas de la anterior que no han sido modificadas y no son incluidas al nuevo cuerpo normativo.
Los artículos 11 a 39 de la ley 24.901 describen minuciosamente las prestaciones previstas por la ley y la reglamentación de dichos artículos determina que estas prestaciones “deberán ser incorporadas y normalizadas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad” de cuya confección y competencia encarga a la Superintendencia de Servicios de Salud (en adelante SSS) ex ANSSAL. Este nomenclador fue realizado por la SSS por la Resolución 400/99, de la que hablaremos mas adelante.
Los artículos 11 a 13 de la ley 24.901 determinan una serie de reglas o pautas previas a la descripción de la prestaciones , en el Capítulo IV a VII de la ley (artículos 14 a 39).
El art 11 promueve la integración social de las personas con discapacidad afiliadas a Obras Sociales, indicando que accederán a través de las mismas a “acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivos-promocionales de carácter comunitario y todas aquellas acciones que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas”. Por ello las Obras Sociales están obligadas a presentar planes en este sentido, aunque en la realidad la actividad de las Obras Sociales dista mucho de ser preventiva o en su caso, de estimular y cubrir el tratamiento temprano de sus beneficiarios con discapacidad. El art 12 establece varias reglas de permanencia de los beneficiarios en los servicios de discapacidad. Si presenta cuadros agudos que le imposibilitan recibir habilitación o reahabilitación, debe ser orientada a servicios específicos (aspecto asistencial). Si presenta signos de detención o estancamiento y se encuentre en situación de cronicidad , debe orientarse a servicios acorde con sus actuales posibilidades(aspectos de rehabilitación). Pero cuando presenta signos de evolución favorable, debe orientarse a un servicio que contemple su superación. En este sentido la ley avanza enormemente desde la aparición del problema hasta incluso exigir prestación que no solo lo solucionen sino que lo superen definitivamente. (5)
El artículo 13 determina que los beneficiarios “que se vean imposibilitados por diversas circunstancias de usufructuar del traslado gratuito en transportes colectivos entre su domicilio y el establecimiento educacional o de rehabilitación establecido por el art 22 inciso a) de la ley 24.314 (nota: Accesibilidad de personas con movilidad reducida. B.O. 12/04/94) tendrán derecho a requerir de su cobertura social un transporte especial con auxilio de terceros cuando fuere necesario”. Citamos como ejemplo de beneficiarios de esta norma menores de edad con problemas psiquiátricos (ezquizofrenia, etc) o las personas con severos impedimentos motrices (personas tetraplejicas que utilizan sillas de ruedas especiales donde se movilizan acostados y requieren camionetas especiales con elevadores). La norma incluye la obligación de proveer auxilio de terceros, y en este sentido un ejemplo son los “acompañantes terapeúticos” en el caso del menor citado como ejemplo o cuando fuere necesario.
2.6) PRESTACIONES BASICAS DE LA LEY 24.901 Y SU CORRELATO EN LA REGLAMENTACION:
El capítulo IV (que incluye los artículos 14 a 18) menciona las prestaciones que denomina básicas. En este punto existen diferencias entre la ley 22.431 y la nueva ley 24.901. La primera desarrolla las prestaciones en forma general, haciendo enfásis en cuestiones de orden social, político, seguridad social y accesibilidad de personas con discapacidad. Muchos de estos temas han sido posteriormente ampliados por algunas de las normas que se citan en las notas finales. En cambio la ley 24.901 describe prestaciones básicas relacionadas con la salud y la educación en consonancia con el nuevo sistema que en los comienzos de la década de los 90 crearon las leyes 23.660 y 23.661.
A) El Capítulo IV de la ley (artículos 14 a 18) titulado “Prestaciones Básicas” determina cinco tipos de prestaciones: a) Preventivas, b) de rehabilitación, c) terapeúticas educativas, d) educativas y e) Asistenciales.
Las primeras constituyen lo que llamaríamos “prevención de la discapacidad”: garantiza para la madre y el niño desde el momento de la concepción “los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico- psíquico y social”, asi como apoyo psicológico adecuado a todo el grupo familiar. Si existieran “factores de riesgo” (ej: genéticos, etc) exige extremar los esfuerzos para evitar patología o en su defecto detectarla tempranamente. La estimulación temprana y la detección de patologías discapacitantes son las prestaciones que tiene mayor nivel de incumplimiento entre los prestadores de la seguridad social .
Las segundas presuponen la detección de la discapacidad y el daño en la salud y en consecuencia establece prestaciones de “rehabilitación” a fin de adquirir o restaurar aptitudes o intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social mas adecuado para lograr su integración social. La ley propone ello a través de la “recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales” utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios. Y establece una regla clara: “En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”(6)
Las terceras corresponden a las prestaciones terapeúticas educativas que define como a “aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapeútico-pedagógico y recreativo”.
Las cuartas, llamadas “Prestaciones educativas” “desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un periodo predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad”. Estas prestaciones educativas incluyen escolaridad en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y “otros” (enumeración enunciativa).
Estos dos tipos de prestaciones educativas presuponen las necesidad de las personas con discapacidad (dirigidas especialmente a los menores en edad escolar) de recibir ayuda para la adecuación al medio social al mismo tiempo que educación común adecuada a las necesidades de cada persona con discapacidad.
Por último, las “prestaciones asistenciales” son la que tienen por finalidad los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (habitat, alimentación, etc), ello independientemente de que el beneficiario tenga o no grupo familiar continente.
B) El capítulo V (artículos 19 a 28 ) titulado “Servicios Específicos”. Estos servicios son personales del discapacitado a diferencia de los del capítulo siguiente que incluyen al grupo familiar. Como primera norma , la ley establece en su artículo 19 que la enumeración de servicios es meramente enunciativa, pudiendo ser ampliados según algunos criterios concretos (ej: edad, situación socio-familiar, etc), que fueron reglamentados por la resolución 400/99. En forma resumida, estos servicios específicos incluyen:
a) Estimulación temprana: para promover el desarrollo del niño con discapacidad.
b) Educación inicial: Incluye la primera etapa de la escolaridad, entre los 3 y los 6 años, en escolaridad común o especial, si es posible.
c) Educación general básica: Se desarrolla entre los 6 y los 14 años o hasta la finalización del ciclo , dentro de un servicio especial o común. Este periodo es lo que se conoce normalmente como escolaridad (aunque por otra parte la ley no considera una barrera rígida el límite de edad indicado).
d) Formación laboral: Su finalidad es la preparación adecuada de la persona con discapacidad para la inserción en el mundo laboral.
e) Centro de día: Es un servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana. La resolución 400/98 determina que su objeto es el máximo desarrollo de autovalimiento e independencia posible de la persona con discapacidad.
f) Centro educativo terapeútica: Este servicio tiene como objetivo la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico y esta dirigido a niños y jovenes cuya discapacidad motriz, sensorial y mental, no les permita acceder a un sistema de educación espcial sistemático y requieren este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades. La resolución 400/98 determina que tiene carácter ambulatorio y como ejemplos menciona a psicóticos, autistas, lesionados neurologicos, multidiscapacitados y limita la edad entre los 4 y los 20 años de edad.
g) Centro de rehabilitación psicofísica: El objeto es la estimulación de las capacidades remanentes de la persona con discapacidad través de rehabilitación en un centro especializado.
h) Rehabilitación motora: Este servicio tiene por finalidad la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motriz. Este servicios incluye dos areas: a) Tratamiento rehabilitatorio propiamente dicho y b) Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas y otros aparatos ortopédicos.
i) Atención odontológica integral: que abarcará desde atención primaria hasta técnicas quirúrgicas complejas y de rehabilitación.
C) El Capítulo VI (incluye artículos 29 a 32) titulado “Sistemas Alternativos al Grupo Familiar”. Cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a: residencias, pequeños hogares y hogares. En esta forma el art 29 introduce el contenido de este capítulo. La edad, tipo y grado de discapacidad, el nivel de autovalimiento y la independencia serán los criterios que definirán una u otra opción. La “residencia” cubrirá las necesidades de vivienda para personas con adecuado nivel de autogestión o indepedencia para valerse por si mismos. Esta dirigida exclusivamente a adultos. Los “pequeños hogares”, cuyos beneficiarios serán niños y adolescentes, sin grupo familiar propio o grupo familiar no continente, tiende a brindar una cobertura integral básica de sus requerimientos, incluso vivienda. Por último, los “hogares” amplian la cobertura a las personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento sea dificultoso a través de los otros sistemas y requieran mayor grado de asistencia y protección.
D) El último capítulo de la ley es el VII (artículos 33 a 40) titulado “Prestaciones Complementarias” del que, entre otras cosas, se extraen otros importantes principios de interpretación de la ley.
El artículo 33 prevee la prestación de una cobertura económica de ayuda al discapacitado a fin de facilitar la permanencia de la persona en el ámbito que resida y apoyar al beneficiario y a su grupo familiar ante situaciones atípicas y de excepcionalidad no contempladas en la ley, pero esenciales para lograr su habilitación y/ rehabilitación e inserción socio laboral. Concretamente esta norma se refiere a los SUBSIDIOS, a los que otorga el carácter de transitorios mientras dure la situación. Esta es otra importante norma de interpretación de la ley ya que le otorga carácter enunciativo a las prestaciones previstas abriendo la posibilidad que sea el administrador o el Juez quien estime la ampliación de las circunstancias. El artículo 34 avanza sobre el punto determinando la obligación de las Obras Sociales de brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria conforme la evaluación en los términos del art 11 ya comentada (ello respecto a los mismos requerimientos indicados para el artículo anterior, incluyendo instrumental de apoyo para acceder a los mismos).
El artículo 37 avanza sobre un álgido punto que es la atención psiquiatrica. En este sentido vale acotar que las Obras Sociales estaban obligadas por la Resolución MsyAS 247/96 (programa Médico Obligatorio, derogado por Resolución 1/2001 M.S. y no vigente actualmente) y posteriormente por la Resolución 939/2000 M.S. (nuevo P.M.O.) a dar esta cobertura para sus afiliados desde 1996 (7), pero la ley 24.901 plantea algunas cuestiones particulares. Se determina que la atención psiquiátrica comprende la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, sean la única causa de discapacidad o complicaciones de la misma (ej: Esquizofrenia producida por encefalitis viral hérpetica).
La ley garantiza a las personas con discapacidad psiquiatrica: a) asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, b) Para situaciones de cronicidad, asegura tratamiento integrales, psicofísicos y sociales que aseguren su rehabilitación e inserción social, c) Cobertura del costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacologicos o de otras formas terapeúticas. A diferencia de lo establecido por la Resolución 247/96 MsyAS para las personas con discapacidad la cobertura es amplísima. Incluso el artículo 38 determina que de los medicamentos o productos dietoterápicos específicos que no se produzcan en el país, pero que sean necesarios para el tratamiento, sus costos totales deben ser reconocidos.
El artículo 39 de la ley enumera una serie de servicios de cobertura social obligatoria que constituyen reglas de interpretación de la misma:
a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las carácteristicas específicas de la patología. Esta norma resulta especialmente importante en casos de personas con discapacidad que mantienen una relación médico- paciente que resulta relevante al momento de evaluar los resultados del tratamiento.
b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la ley, otorgando un carácter enunciativo a los mencionados expresamente, aunque sujetos a la reglamentación.
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético hereditario. En este caso el beneficiario de la ley no es la persona con discapacidad sino su grupo familiar.
Los párrafos anteriores han pretendido resumir en algunas lineas el contenido de la ley 24.901 y a continuación enmarcaremos la ley de fondo con su reglamentación.
2.7) REGLAMENTACION DE LA LEY 24.901- RESOLUCIONES 400/99 Y 428/99 M.S.y A.S.:
Excedería las pretensiones de este trabajo desarrollar ambas resoluciones in extenso, pero nos conformaremos con dar algunas carácteristicas de las mismas y explicar la forma que se ha elegido para la reglamentación.
La Resolución 1/98 MS yAS crea la Administración de Programas Especiales (A.P.E.) destinada a enmarcar y financiar algunas prestaciones de de alto costo y de baja incidencia, como el SIDA o los transplantes.
Dentro del marco de la A.P.E. se dictó el 16 de febrero de 1999 la Resolución 400/99 MS yAS. Esta resolución establece el “Programa de Cobertura del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”. El anexo I de la resolución establece las normas y requisitos que deberán cumplir los prestadores para solicitar el apoyo financiero del A.P.E. y el anexo II las obligaciones las que se obligan a cumplir. Esta resolución determina la forma en que se solicitarán esos apoyos financieros (en simetría con la Resolución 1/98 A.P.E.) y tiene rango inferior a la Resolución 428/98 dictada directamente por el Ministerio de Salud y no por la A.P.E. que depende directamente de la Superintendencia de Servicios de Salud (ex A.N.S.A.L.L.) y esta de aquel. Por ello, esta resolución es de exclusiva aplicación al sistema de la seguridad social previsto por las leyes 23.660 y 23.661 que son controlados por la Superintendencia.
Entre las normas y requisitos quedan algunas cuestiones definidas: a) Los subsidios o apoyos financieros son facultativos para el A.P.E. (es decir que aunque no sean otorgados ello no significa que la Obra Social queda liberada de proveer el servicio) ; b) la única obligada frente al beneficiario es la Obra Social; c) que la unica legitimada para efectuar los pedidos de susbsidios ante la A.P.E. es la Obra Social y no el beneficiario (ello independientemente de la obligación inmediata de prestación de la Obra social ante el beneficiario, con o sin apoyo financiero otorgado); d) los valores de los módulos que establece la reglamentación son topes máximos del precio a financiar por el A.P.E. (esto significa que la diferencia entre el tope que se financia y el valor de la prestación- si fuera mayor- debe ser financiado por la Obra Social y no por el beneficiario); e) El Programa Médico Obligatorio (Res. 247/96 ) resulta complementario de lo que establece esta resolución y de plena aplicación; f) Las prácticas en el exterior no se subsidiarán, salvo que el costo de la prestación en el exterior sea inferior al vigente en el país.
La Resolución 400/99 MS y AS toma el carácter de un nomenclador de prestaciones médicas. El anexo III establece dos niveles de atención (ambulatorio e internación ) a su vez divididos en módulos de atención siguiendo los parámetros de los artículos 11 a 39 de la ley 24.901 determinando el contenido de cada uno y el costo que el A.P.E financiará por cada uno de ellos al prestador. Si el costo del módulo es mayor, la diferencia la debe cubrir la Obra Social. Resulta importante esta aclaración ya que la Obra Social no puede trasladarlos al beneficiario ni tampoco puede imponer un límite de cobertura tomando en cuenta el valor del módulo. (8)
El 23 de Junio de 1999 se dicta la Resolución 428/99 MS y AS que aprueba el llamado “Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad” a fin de permitir optimizar la facturación por parte de los prestadores. Este nomenclador es dictado directamente por el Ministerio de Salud y Acción Social reglamentando en forma directa e indicando en forma minuciosa el contenido de los módulos y sus costos de las prestaciones de discapacidad para el subsector Público y Privado.
2.8) CONTENIDOS DE LA LEY 22.431:
Como se sostuvo “ut supra”, la ley 24.901 no derogó la ley 22.431 y en consecuencia se encuentran vigentes algunos de los puntos que no son tratados por la nueva normativa y que además fueron ampliados en normas posteriores citadas en las notas finales.
El artículo 8 de la ley 22.431 ordena que el Estado Nacional y sus organismos, las empresas del estado y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires están obligados a ocupar personas discapacitadas que reunan las condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. En este sentido, la ley adelantó lo que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 determinaría como “acciones positivas”:
Inc. 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
En la selección de jurisprudencia acompañada se cita el caso: “Caraballo, Luis E. C/ Y.P.F. s/ acción de Reinstalación” de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, donde se resolvió a favor de la estabilidad del empleado público con discapacidad en las empresas privatizadas (en este caso la acción fue iniciada contra REPSOL) considerándolas obligadas aún después de la privatización.
El art 11 de la ley 22.431 es modificada por la ley 24.308 que determina la obligacion de los mismos entes citados anteriomente más las empresas privadas que brinden servicios públicos, de otorgar en concesión, a las personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios en toda sede administrativa. El artículo 12 de la ley promueve los talleres protegidos de producción para discapacitados.
El capítulo III de la ley, con las modificaciones de las leyes 20.475 y 20.888, efectua algunas modificaciones en materia de seguridad social de discapacidad. Establece las duplicaciones de las asignaciones por escolaridad primaria, media o superior y ayuda escolar cuando el hijo a cargo del trabajador fuera discapacitado; reglamenta la jubilación por invalidez respecto de las personas que se rehabilitan; el artículo 19 establece que en materia de jubilaciones y pensiones, la discapacidad se acreditará con arreglo a los dispuesto en los art 33 y 35 de la ley 18.037 y 23 de la ley 18.038.
El Capítulo IV titulado “Accesibilidad al medio físico” (titulo que la ley 24.314 sustituye por el anterior (“transporte y arquitectura diferenciada”) desarrolla reglamentaciones sobre barreras de accesibilidad físicas, arquitectonicas y en los transportes principalmente para discapacitados motores, pero también sensoriales (ej: personas ciegas). La ley establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. En este sentido la ley entiende por “accesibilidad” a “la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”. Así la ley exige que la accesibilidad esté garantizada en condiciones de: a) seguridad, b) autonomía, c) sin restricciones del ámbito físico urbano, arquitectonico o de transporte. Respecto a este último punto, en la selección de jurisprudencia que acompañamos citamos, entre otros, el caso: “Labatón, Ester Adriana c/ Estado Nacional- Poder judicial de la Nación s/ Amparo”, donde la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal condenó a los demandados a realizar las obras necesarias que permitan la remoción de las barreras arquitectonicas en los edificios del Poder Judicial.
Los artículos 21 y 22 de la ley desarrollan el concepto de accesibilidad respecto de barreras arquitectónicas (diferenciando entre edificios públicos y de viviendas) y barreras en los transportes (en vehiculos públicos asientos reservados y accesos a los mismos aptos para discapacitados).
3) LAS LEYES DE DISCAPACIDAD Y LA NUEVA NORMATIVA DERIVADA DEL DECRETO 446/2000 DE NECESIDAD Y URGENCIA ART 99, INC 3) C.N.:
El año 2000 fue el año de la prometida “desregulación” del sistema de obras sociales o como se ha dicho: “desregulación regulada”. Esta “desregulación”, que permitía los pases de beneficiarios de obras sociales sindicales entre sí y en el mismo sentido los beneficiarios de las Obras Sociales de Dirección, fue modificada por el Decreto de Necesidad y Urgencia nro 446/2000 de Junio de dicho año. Este decreto modificó las reglas permitiendo que los beneficiarios de Obras Sociales del sistema de la ley 23.660 y 23.661 pudieran elegir cualquier otra obra social del sistema, incluso en forma cruzada, es decir que por ejemplo, los beneficiarios de obras sociales sindicales con aportes bajos podían pasarse a obras sociales de dirección.
Sin dudas este nuevo engendro juridico tiene muchas fallas entre las que adelantamos:
1) Una reforma de este tipo requiere de una ley nacional y no de un decreto de necesidad y urgencia, máxime cuando no se dan los requisitos para el mismo. Por esta razón a la fecha de realizacion de esta nota se encuentra suspendido por sendas medidas judiciales interpuestas por representantes de casi todos los efectores de salud involucrados.
2) Fue promocionada como un cambio integral del sistema cuando en realidad solo abarca no mas del 30% del mismo y que incluye solo a los beneficiarios de Obras Sociales Nacionales (no de las provinciales) y a los beneficiarios de empresas de medicina prepaga que adhieran (a la fecha ninguna ha adherido). Sobre todo no incluye a los millones de habitantes sin cobertura social alguna que atiende el Hospital Público.(son excluidas las Obras Sociales del inciso g) artículo 1 de la ley 23.660 y el I.N.S.S.J.P.- PAMI).
3) La Resolución 939/2000 MS y AS elabora un nuevo Programa Médico Obligatorio, aplicable a este nuevo sistema, sumamente completo en materia de coberturas, pero que supuestamente debería ser cubierto integramente a un costo promedio de $20 por cápita, un costo demasiado bajo y que ha sido sin duda otra de las causas que este “Nuevo sistema de salud” haya reunido la mayor cantidad de opositores que ninguna última reforma en los últimos años. Estamos convencidos que las prestaciones médicas de este nuevo sistema son sin duda necesarias y que no se trata de “africanizar la salud”, pero siendo que el propio decreto autoriza planes de mayor costo (compensadores) para quienes puedan pagarlos, parece ser que volvemos con esta reforma a la disyuntiva “medicina para ricos- medicina para pobres” , como ya existía con las obras sociales sindicales y las de dirección o a la “medicina demagógica” donde se ofrece mucho a la gente aún conociendo la imposibilidad o la dificultad de financiarlo.
Hemos dado una vista muy panorámica a estas reformas, unicamente para respondernos a la pregunta si con la eventual vigencia de las mismas, si este fuera el caso, cual sería la situación de las personas con discapacidad y de las prestaciones de las leyes 22.431 y 24.901.
En principio, ninguna ley nacional como la 24.901 puede ser derogada por una norma de menor jerarquía como un decreto de necesidad y urgencia. En este mismo sentido, corresponde la misma conclusión respecto a la Resolución 939/2000 MS yAS ( el Programa Médico Obligatorio). El artículo 99 inc 3) de la Constitución Nacional preve que dichos decretos sean refrendados por el Congreso, requisito que aún no se encuentra cumplido.
Por otra parte, la ley 24.901 tiene como beneficiarios a todas las personas con discapacidad (en los términos ya explicados) y no solo a los beneficiarios del sistema de la seguridad social como el decreto 446/2000 y decreto 1142/2000 (ampliatorio y modificatorio del anterior) ambos de necesidad y urgencia, por lo que cabe concluir que el regimen de la ley 22.431 y 24.901 es independiente de esta nueva reforma y no es afectada por esta.
Como colofón, nos remitimos a las conclusiones del reciente fallo: “Campodónico de Beviacqua c/ Ministerio de Salud y otros” ya citado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde el Alto Tribunal y en referencia a las personas con discapacidad declara la obligatoriedad no solo de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o los estados provinciales , sino aún del Estado Nacional de cubrir las prestaciones que se derivan de la ley 24.341 y 24.901 sin restriccion alguna fundada en el derecho a la vida y en el derecho a continuar tratamientos médicos esenciales.
Si el diez por ciento de nuestra población sufre algún tipo de discapacidad, entre ellos población económicamente activa, jefes y jefas de familia, menores de edad, etc. es hora de que empecemos a darnos cuenta que debemos exigir en los Tribunales el cumplimiento de los derechos que, como habitantes de este país, la ley nos otorga a todos, aún a quienes sufren discapacidades, a fin de la vida humana merezca llamarse humana.
Publicada en: LEXIS NEXIS Jurisprudencia Argentina, Número especial: “Discapacidad”, JA 2002/ 4 de abril de 2002, Pág. 24/32.
(1) Diario ·”Clarín”, Nota: “El verdadero Camino de la Integración”, Rafael Veijanovich, diario del 27/01/2001, pagina 26.
(2) En este sentido resulta de imprescindible consulta el libro “Discapacidad- Derechos y Deberes”, Carlos Vicino Editor, abril de 1995 (se encuentra en la Biblioteca del CPACF, numero inventario 1355, fecha ingreso marzo 1999) de la Dra Ester Adriana Labatón abogada tetraplejica recientemente fallecida que desarrolla creemos uno de los pocos trabajos extensos sobre legislación de discapacidad de todo el país, aunque atento la fecha de publicación solo desarrolla a nivel nacional la ley 22.431, no alcanzando a incluir la actual ley 24.901 y su reglamentación. En el nos hemos basado para el tratamiento de la primera ley y hemos incluido elaboración propia para el análisis comparativo.
(3) Entre las leyes, decretos y resoluciones más importantes citaremos las siguientes: 1) Ley 24.314, 12/4/1994, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, al cual se agregan el decreto 795/1994 y el decreto 1027/1994 2) Decreto 703/1995 MSYS, 24/5/95, Registro Nacional de Hospitales Públicos de autogestión- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad, 3) Resolución 176/1996 –Comisión Nacional de Transporte Automotor, 27/3/1996, Asientos para personas con movilidad Reducida, 4) Ley 24.657, 10/7/1996, Creación del Consejo Federal de Discapacidad, 5) Decreto 771/1996 MTSS, 16/7/1996, Asignaciones Familiares. Montos, requisitos y condiciones de acceso, 6) Ley 24.658, 17/7/1996 , Convenciones D.D. III- Protoloco de San Salvador, 7) Resolución 355/1997 MTSS, 11/6/1997, Programas de Empleo. Programa de apoyo a Talleres Protegidos de Producción, 8) Decreto 762/1997, 14/8/97, Sistema Unico de Prestaciones para Discapacitados, 9) Decreto 914/1997 MEOSP, 18/9/1997, Reglamentación arts. 20,21 y 22 de la ley 22.341, 10) Resolución 1388/1997, MEOSP, 11/12/1997, Exención de gravamenes a las importaciones de personas con discapacidad, 11) Decreto 467/1998 MEOSP, 6/5/1998. Sistema de protección integral de discapacitados. Transporte por autormotor de pasajeros, 12) Resolución 339/1998 MTSS, 15/5/1998, Programas de Empleo. Apoyo a Talleres Protegidos de Producción II, 13) Resolución 426/1998 MTSS, 22/7/1998, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para personas con dicscapacidad, 14) Decreto 961/1998 MEOSP, 20/8/1998, Programas para Personas con Discapacidad. Subsidios y contralor, 15) Decisión Administrativa 429/1998 MSAS, 31/8/1998, Programas para Personas con Discapacidad. Instructivo para su elaboración, 16) Ley 25.212, 6/1/200, Trabajo. Pacto Federal del Trabajo. 17) Ley 25.280 promulgada el 21/7/2000 que incorpora la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” (suscripta en Guatemala el 7/6/1999)
(4) El art 1 de la ley 23.660 comprende a : a) Obras sociales sindicales, b) Institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que tendiendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes de la Nación, c) Las obras sociales de administración central del Estado Nacional y sus organismos autarquicos y descentralizados, d) Las obras sociales de empresas y sociedades del Estado, e) Las obras sociales del personal de dirección y de asociaciones profesionales de empresarios, f) Las obras sociales contituidas por convenios con empresas privadas o públicas y las que fueron originadas a apartir de la vigencia del art 2 inciso g) punto 4 de le ley 21.476, g) Las obras sociales del personal civil y militar de las fuerzas armadas, de Seguridad, Policia Federal Argentina, Servivio Penitenciario Federal y los retirados , jubilados y pensionadas del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación, h) Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente. Tenga como fin lo establecido en la presente ley.
(5) Como ya se dijo, en este sentido todas estas prestaciones son reglamentadas minuciosamente por la Resolución 400/98 de la Superintendencia de Servicios de salud, siguiendo el diagrama que determinan los artículos 11 a 39 de la ley 24.901.
(6) Las prestaciones de los artículos 11 a 39 fueron reglamentadas por la Resolución 400/98
(7) En este sentido ver semanario especial “Medicina Prepaga” J.A. 24/11/1999 Nota: “Obligación de cobertura médica de las Empresas de Medicina Pepaga. Programa Médico Obligatorio” del Dr. Pablo Oscar Rosales donde abordamos en forma extensa el Programa Médico Obligatorio y sus costos y coberturas. En el mismo suplememento “Selección de Jurisprudencia sobre Contrato de Medicina Prepaga” , Dr. Pablo O. Rosales y Dra. Graciela Lovece. Alí mencionamos que la ley 24.754 desde Marzo de 1997 obliga a que las Empresas de Medicina Prepaga dén la misma cobertura que las Obras Sociales. El decreto 446/2000 MsyAS determinan un nuevo Programa Médico Obligatorio , pero al momento de la realización de esta nota la vigencia del decreto se encuentra suspendida por varias medidas cautelares interpuesta por Cámaras de Obras Sociales de Dirección y Sindicales.
(8) Excede este trabajo el desarrollo de cada módulo y por otra parte en algunos casos resoluciones posteriores han ido modificando algunos costos. El mismo comentario vale para los módulos de la Resolución 428/99 MS yAS que se comentará a continuación.
Trabajo practico nº 7:
1.- Lea el texto “La discapacidad en las leyes 22.431 y 24.901 y leyes modificatorias: La persona con discapacidad como sujeto de derecho” del Dr. Pablo Oscar Rosales y realice la siguientes actividades:
a.- Haga un cuadro comparativo de ambas leyes en el cual se analicen los siguientes puntos:
- Alcances de cada una de las leyes;
- Definición de discapacitado;
b.- Analice los contenidos de la ley 22.431 y las leyes modificatorias y enuncie en que puntos amplían a la ley 24.901.
c.- ¿Qué entiende la ley por accesibilidad?
d.- ¿A qué conclusión llega el autor?
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Cuadro comparativo constitucion nacional y constitución provincial
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Etiquetas: Cuadro comparativo
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad: Somos legisladores
Ustedes acuden al Congreso de la Nación en calidad de legisladores, en cuya asamblea se tratarán las medidas que deberán adoptarse para cumplir con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada por nuestro país con fecha 06/06/2008, mediante ley 26.378. El objetivo de la asamblea es analizar la situación actual de las personas con discapacidad en nuestro país, identificar los problemas mas graves a los que se enfrentan y tratar de encontrar soluciones políticas, económicas y éticas para los mismos en concordancia con lo dispuesto en la convención, que es vinculante para el congreso. Ustedes van a participar del debate parlamentario y expresarán sus puntos de vista y soluciones a los problemas planteados. ¿Serán capaces de realizar semejante tarea...?
Ustedes asumirán el papel de los legisladores y formando grupos de no mas de 3 personas:
1.- Confeccionaran una lista con los problemas actuales en los que hay que centrar nuestra atención.
2.- Analizarán las siguientes cuestiones:
a.- ¿Cuales son las obligaciones asumidas por nuestro país al firmar la convención? ¿Se están cumpliendo?
b.- ¿Que medidas económicas y políticas se han adoptado a partir de la sanción de la ley 26.378? ¿Que medidas podrán adoptarse para el futuro?
c.- La Convención ¿es realmente una solucion a los problemas de las personas con discapacidades, o solo una declaración de buenas intenciones sin realización práctica posible en nuestro país?
d.- La sanción de la convención ¿Que modificaciones de importancia produjo en la legislación interna de nuestro país?
3.- En una puesta en común en la que participarán todos los grupos, cada uno expresará su punto de vista sobre los temas tratados, argumentado en favor de su postura.
La presentación final de la tarea podrá realizarse de dos maneras (a elección):
- A traves de un procesador de textos;
- o mediante una presentación en Power Point
En ambos casos deberá incluirse un informe sobre la situación actual de los derechos de las personas con discapacidades: problemas existentes; cumplimiento o incumplimiento de las leyes; posibles medidas a adoptarse; medidas que ya se han adoptado;opinión de los integrantes del grupo en cuanto a las posibles soluciones con argumentos a favor de la postura adoptada; una conclusión final.
Téngan en cuenta que el trabajo final debe ser consensuado, y redactado después de haber escuchado todos los puntos de vista. Cada miembro debe realizar su trabajo con la mayor seriedad y rigor posibles, y sólo después de una puesta en común se escribirá el trabajo del grupo.
- http://www.derhuman.jus.gov.ar/
- http://www.pablorosales.com.ar/
- "Algunas consecuencias en materia de capacidad de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad (Ley 26.378)", publicación de revista La Ley, 16 de enero de 2009, por Luis R. Llorens.
- "Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad", publicación de revista La Ley, jueves 4 de diciembre de 2008, por Carlos Ghersi.
- "Incidencia en materia de capacidad de la eventual ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", publicación de Revista La Ley, martes 8 de Julio de 2008, por Luis R. Llorens.
La nota se repartirá asi:
- Presentación: 20%
- Análisis de la situación actual, identificación de los problemas y presición en las soluciones aportadas: 40%
- Solidez y coherencia en las argumentaciones del grupo: 40%
Muy bien: Orden coherente, con un desarrollo gradual(2 puntos)
Bien:Ordenado(1,5 puntos)
Regular:Poco orden(1 punto)
Mal: Desordenado 0 puntos)
Análisis, identificación de problemas y precisión (40%)
Muy Bien:Trabajo muy bien estructurado y documentado. Muy buen análisis e identificación de los problemas.Soluciones precisas y con posibilidades de llevarse a la practica(4 puntos)Bien:Trabajo bien estructurado y documentado. Buen análisis e identificación de algunos problemas pero aparecen lagunas en cuanto a otros. Soluciones precisas pero con pocas posibilidades de llevarse a la práctica (3-2 puntos)
Regular:El análisis e identificación de los problemas es insuficiente o escaso. No se han aportado soluciones (1 punto)
Mal:Disperso, sin que aparezca un verdadero análisis ni identificación de problemas. Un cortar y pegar de la información encontrada (0 puntos)
Coherencia 40%
Muy bien: La argumentación del grupo es muy sólida y coherente(4 puntos)
Bien: La línea central del trabajo está bien argumentada y hay coherencia entre sus partes, aunque hay algunos fallos de argumentación, o hay cuestiones que aparecen sin resolver (3-2 puntos)
Regular:Falta una argumentación sólida. Se defienden puntos de vista opuestos o se utilizan conceptos de un modo incorrecto (1 puntos)
Mal:Lo que se ofrece como resultado del trabajo no tiene nada que ver con lo que aparece en el desarrollo del mismo, y hay contradicciones (0 puntos)
Ustedes han sido legisladores por un momento. Recuerden que a pesar de que son ellos quienes discuten y deciden lo que establecerán las leyes, ustedes desde su posición de ciudadanos, pueden hacer que se hagan efectivos los derechos reconocidos por la Convención Internacional en favor de las personas con discapacidad.
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Los derechos sociales y del Trabajo y la Seguridad Social en la Constitución Nacional
Los derechos sociales y el trabajo.
En la primera postguerra del siglo XX aparece el constitucionalismo social. Ampliando los derechos establecidos por el constitucionalismo moderno (derechos civiles).
Los lineamientos con los que se maneja el constitucionalismo social se pueden clasificar de la siguiente manera:
A.- inclusión en las constituciones formales de una declaración de derechos “sociales” y “económicos”, que abarcan el ámbito de la educación, de la cultura, la familia, el trabajo, la asociación profesional o sindical, la propiedad, la economía, la minoridad, la ancianidad, la seguridad social, etc;
B.- regulaciones en torno a la llamada cuestión social, que se refiere a la situación del hombre en función del trabajo, a la relaciones entre capital y trabajo, clases sociales y factores de producción, empleadores y trabajadores, sindicatos y estado.
El constitucionalismo tiende a marcar la función social de los derechos y se preocupa por estructurar un orden social y económico a efectos de que la remoción de obstáculos permita a todos los hombres una igualdad de oportunidades y un ejercicio real y efectivo de las libertades y de los derechos subjetivos.
Lo que el constitucionalismo social quiere definir con el nombre “derechos sociales” es la adjudicación de derechos de solidaridad, o de prestación, o de crédito a los hombres considerados como miembros o partes de grupos sociales (familia, sindicato, empresa). Se trata de enfocar a las personas no tanto como miembros de la sociedad general o global, sino más bien como sujetos situados en grupos societarios más pequeños e inmediatos.
Lo social va muy unido a lo económico. El constitucionalismo social considera que el estado debe estructurar y promover un orden económico justo, que permita el acceso de todos los hombres a las fuentes de trabajo y de producción, y que haga posible una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes de producción y de consumo.
El art. 14 establece el derecho a trabajar a todos los habitantes y el art. 20 lo establece a favor de los extranjeros.
El trabajo es una actividad humana en la que el hombre compromete su dignidad. El derecho constitucional tiende a evitar que la prestación del mismo esclavice, denigre o enajene al hombre, y a conseguir que sea fuente suficiente de recursos y de realización de la persona.
El derecho de trabajar implica la disponibilidad individual de elegir libremente una actividad.
Una vez elegida la actividad hay que distinguir: a) Si es una actividad que el individuo desarrolla por cuenta propia y en forma independiente (o sea sin depender de un empleador), aparece el derecho de cumplirla y de disfrutar de su rendimiento económico; b) Si es una actividad que el individuo desarrolla en relación de dependencia con respecto a un empleador aparece el vínculo, la relación, el contrato de empleo o de trabajo, con toda la serie de derechos emergentes del empleo.
Para los casos de trabajo en relación de dependencia, el art. 14 bis CN dispone que “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al trabajador;
a) condiciones dignas y equitativas de labor;
b) jornada limitada;
c) descanso y vacaciones pagados;
d) retribución justa;
e) salario mínimo, vital y móvil;
f) igual remuneración por igual tarea;
g) participación en las ganancias de las empresas con control en la producción y colaboración en la dirección;
h) protección contra el despido arbitrario;
i) estabilidad del empleado público;
j) organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Lo que nos interesa analizar en este punto es lo establecido respecto a “igual remuneración por igual tarea”, lo que se pretende es impedir discriminaciones arbitrarias, o sea que se aplica al problema de la retribución laboral la regla constitucional de la igualdad jurídica.
La tercera parte del art. 14 bis está dedicada a la seguridad social. Se entiende por seguridad social a:
- La protección y cobertura de los riesgos comunes a todos los hombres, como enfermedad, vejez, desempleo, muerte, accidente, etc;
- La protección y cobertura de esos riesgos con respecto a los trabajadores.
El término seguridad significa tener la seguridad de que frente a ciertos “eventos” capaces de provocar necesidades determinadas, el sistema ofrecerá “prestaciones” o “beneficios” con los cuales auxiliar o mitigar tales necesidades.
La tendencia actual de la seguridad social es no poner a cargo del empleador las prestaciones que dan cobertura a las necesidades del trabajador, sino la de trasladarlas a organismos de la seguridad social que cuenten con fondos propios para financiarlas y otorgarlas (ej: vejez- jubilación, muerte-pension a familiares, accidentes de trabajo-ART, enfermedad-obra social)
La seguridad social absorbe el llamado derecho de la previsión social, estructurado en nuestro país sobre la base de jubilaciones y pensiones.
La seguridad social se maneja con dos columnas vertebrales: a) el principio de integralidad, que tiende a asumir todas las contingencias y necesidades sociales, y a suministrar prestaciones cuyos montos queden debidamente preservados; b) el principio de solidaridad, que tiende a hacer participar a todos en la financiación del sistema de prestaciones, y a garantizar contra las exclusiones y coberturas insuficientes.
El seguro social, las jubilaciones y pensiones, y su interpretación
La norma constitucional comienza estipulando que el estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
El art. 14 bis vertebra el sistema de la seguridad social a tenor de un eje que requiere: a) la protección y garantía del estado; b) la movilidad de los beneficios; c) el respeto de los derechos adquiridos que se resguardan en la inviolabilidad de la propiedad del art 17.
Los seguros sociales cubren situaciones o riesgos comunes a la generalidad de las personas. Por ejemplo, vejez, enfermedad, discapacidad, desempleo, nacimientos, muerte, etc.
La presencia reglamentaria, reguladora y controladora del estado viene impuesta por el art. 14 bis, reforzado por el art. 75 inc 23, que obliga a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos; todo ello, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.
Hay aquí alusiones directas a las prestaciones de la seguridad social, y a los derechos que surgen del art. 14 bis y de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Por eso, el estado no puede desatender, ni transferir, ni declinar su protagonismo activo sobre todo el sistema de la seguridad social, cualesquiera sean las entidades u organismos que otorguen las prestaciones.
La protección de la familia.
La tercera parte del art 14 in fine está dediaca a la protección integral de la familia, mediante la defensa del “bien de familia”, la “compensación económica familiar”, y el acceso a “una vivienda digna”:
- El bien de familia, en cuanto supone un inmueble donde habita el núcleo familiar, y al que se rodea de determinadas seguridades en razón de su destino de vivienda doméstica, se relaciona con el acceso a una vivienda digna. Pero este último enunciado va mas allá de su carácter programático, porque obliga al estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él, tengan o no convivencia familiar.
- La compensación económica familiar se traduce en el derecho a recibir determinadas prestaciones que, mas allá de una retribución conmutativa del trabajo, se destinan a sufragar la subsistencia de parientes del trabajador que están a su cargo y para los cuales tiene obligación alimentaria. Su forma más común es el salario familiar o asignación familiar, que complementa el salario estrictamente retributivo.
La seguridad social en la constitución material.
En el derecho constitucional material, la seguridad social exhibe múltiples insuficiencias; entre otras, no ha llegado a prestar cobertura integral a todos los riesgos y necesidades, ni a toda la población.
El sistema gira fundamentalmente en torno de las clásicas jubilaciones y pensiones, extendidas a favor de todo tipo de actividad. Pero los mismos condicionamientos que bloquean o aminoran el goce efectivo de los demás derechos sociales, mantienen a la generalidad de las prestaciones previsionales en niveles de monto insuficiente, el que sólo mejora cuando el beneficiario logra su actualización o reajuste por vía judicial.
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Igualdad jurídica presentacion powerpoint
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La discapacidad en las leyes 22.431 y 24.901 y ley...