Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1569
Timestamp: 2017-11-22 16:38:09
Document Index: 273547074

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 115', 'artículo 106', 'artículo 116', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 17', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 35', 'e contrario', 'artículo 25', 'artículo 123', 'Artículo 43', 'Artículo 123', 'artículo 23', 'artículo 79', 'artículo 30', 'artículo 196', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 30', 'artículo 72', 'artículo 196', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 58', 'Artículo 72']

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.
-EL C. PRESIDENTE MIGUEL BARBOSA HUERTA: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea, el resultado del cómputo de asistencia de las y los integrantes de esta Asamblea.
-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 92 ciudadanos senadores y senadoras.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Se abre la sesión del martes 11 de noviembre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio.
Una, del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite, a nombre propio y de diversos senadores, el Informe de su participación en la Reunión Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada en París, Francia, el 2 de octubre de 2014.
Y una, de la comisión de Seguridad Social, con la que remite su Segundo Informe de Actividades correspondiente al período de octubre 2013 a septiembre del año en curso.
Compañeras senadoras, compañeros senadores: Informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un acuerdo, para la programación de las reuniones de comisiones.
Dicho acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura solo a sus puntos resolutivos.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Doy lectura a resolutivos del acuerdo.
Primero.- A fin de no obstruir la concurrencia de los integrantes de la Asamblea, a las sesiones plenarias, y procurar las condiciones que permitan su adecuado desarrollo, las senadoras y los senadores no programarán reuniones de comisiones o actividades que se realicen en el exterior del Salón de Sesiones, en el mismo horario al de las sesiones de cámara.
Segundo.- El presidente de la Mesa Directiva, podrá autorizar, en casos urgentes o excepcionales, que se convoque a reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del pleno.
En este supuesto, los integrantes de la comisión, están obligados a estar presentes en el Salón de Sesiones del pleno, cuando se verifique el quórum o se realice una votación nominal.
También deberá asistir quien tenga que hacer el uso de la palabra, conforme al orden del día.
Tercero.- Se instruye a los Secretarios Generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios, a no proporcionar servicios o apoyos para realizar reuniones de comisiones o de los senadores, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, durante los días de sesión de cámara.
Cuarto.- Notifíquese al Pleno del Senado de la aprobación del presente acuerdo. Y publíquese en la gaceta del Senado.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: El acuerdo se hace del conocimiento de todas y todos ustedes, y la Mesa Directiva ha enviado ya las notificaciones a las secretarías generales, para su cumplimiento.
Senadoras, senadores: Les informo, ahora, que recibimos en la Mesa Directiva, la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular, promovida por el ciudadano Marti Batres Guadarrama y otros.
Dicho documento está publicado en la gaceta, desde el pasado viernes 7 de noviembre, con lo que la Asamblea se da por enterada.
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se da por concluido y se instruye a la Secretaría archivarlo definitivamente.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite el documento que presentan los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, durante el año 2013, y lo que ha transcurrido del año 2014.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Remítase a las comisiones de Seguridad Pública; y de Justicia.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio suscrito por la Magistrada Hilda Rosas Delgado Brito, por el que informa que el 7 de octubre del año en curso, quedó instalado el Tribunal Electoral del estado de Guerrero, y ella fue electa presidente.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Esta Asamblea ha quedado enterada.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, la colegisladora remitió un proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Cámara de Diputados, se recibió un oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los diputados ante el Parlamento Latinoamericano.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: La Asamblea ha quedado enterada.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Por último, la colegisladora remitió un oficio por el que informa los nombres de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que propone modificaciones en la integración de comisiones.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: El acuerdo está publicado en la gaceta.
Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos.
Primero.- El senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Segundo.- El senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra a la comisión de Desarrollo Social.
Tercero.- La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, se integra a la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.
Cuarto.- El senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra a la comisión de Distrito Federal.
Si hubiere interés de senador o senadora para poder listarse en la discusión de este asunto, favor de hacerlo saber.
En virtud de que no hay ningún interesado o interesada en usar la tribuna, para este asunto…
…en virtud de que no hay ningún interesado, interesada en usar la tribuna para este asunto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Recibimos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado electoral del estado de Campeche, cuya vacante se genera con la renuncia de la ciudadana Gloria Vilmary Pérez Escobar.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Dicho acuerdo está también publicado en la Gaceta.
-Solicito a la Secretaría dé lectura a sus resolutivos.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Convocatoria.
Primer resolutivo.- Se convoca a las personas interesadas en ocupar el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional electoral del estado de Campeche, cuya vacante se genera a partir de la renuncia presentada por la magistrada Gloria Vilmary Pérez Escobar, quien fue electa por el Pleno del Senado de la República el dos de octubre de 2014 por un periodo de siete años.
Segundo.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, se podrán presentar en la Oficina de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicada en el sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma número 135, esquina Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P., 06030, a partir del 11 de noviembre y hasta el día 14 de noviembre de 2014, en un horario de las diez a las dieciocho horas, con la solicitud respectiva, acompañada por duplicado de la documentación siguiente:
1. Currículum Vital acompañado con fotografía actual.
2. Copia certificada de los siguientes documentos: Acta de nacimiento; título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; cédula profesional, credencial para votar con fotografía; documentos que corroboren el Currículum Vitae.
3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad: No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de presión; haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el último año; no haber sido de la entidad de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local, en los últimos cuatro años; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años; No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos seis años; en el caso de que sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, y en caso de respuesta afirmativa , indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado resolución, el sentido de la misma.
4. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral.
5. Ensayo con extensión mínima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: Análisis a la Reforma Constitucional Electoral; análisis a las reformas secundarias; competencia del Instituto Nacional Electoral; armonización de las legislaciones locales con la Reforma Política Electoral.
6. Si el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano Jurisdiccional local en materia electoral, deberá presentar escrito, con una extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las razones o motivos por las que considera debe seguir perteneciendo a dicho órgano.
7. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de Justicia.
La Junta de Coordinación Política del Senado remitirá, dentro de los tres días hábiles siguientes al cierre de la recepción de los documentos, a la Comisión de Justicia la documentación de los aspirantes, y emitirá un acuerdo para validar los mismos. La falta de alguno de los documentos aquí señalados o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para considerarlos inelegibles.
Tercero.- Con la intención de brindarles máxima publicidad a la presente Convocatoria, ésta deberá ser publicada en la Gaceta del Senado, en dos periódicos de circulación nacional, en la página oficial del Senado de la República y en el Micro Sitio de la Comisión de Justicia.
Cuarto.- La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología para la evaluación de los candidatos.
Quinto.- La Comisión de Justicia procederá a la presentación ante la Junta de Coordinación Política, mediante dictamen, fundado y motivado, del listado de los candidatos que cumpliendo con los requisitos de la presente convocatoria considere que reúne condiciones de legibilidad para el cargo de magistrado electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional del estado de Campeche, a más tardar el 25 de noviembre del presente año, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado.
Sexto.- Una vez recibidas las listas de los candidatos, en los términos del punto que antecede, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores al candidato que considere cubra la vacante generada por la renuncia de la magistrada, indicando el periodo por el cual sea elegido en términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Séptimo.- La elección como magistrado electoral del estado de Cámpese, que cubra dicha vacante, se realizará mediante votación por cédula.
Octavo.- Una vez efectuada la elección por el Pleno el magistrado electoral rendirá la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
Noveno.- En caso de que la persona propuesta no reúna la mayoría constitucional de los dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción IV apartado 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente otra propuesta, según se requiera, para que se proceda a una nueva votación en la misma sesión.
Décimo.- La designación de quien resulte electo como magistrado electoral del estado de Campeche se comunicará al gobernador del estado de Campeche; al Presidente del Congreso del estado de Campeche; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo local en materia electoral del estado de Campeche.
Décimo Primero.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Junta de Coordinación Política.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Está a discusión el acuerdo. Si hubiere senador o senadora interesados en tomar la palabra en la discusión, favor de haberlo saber.
-No habiendo interés para ello, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Aprobado el acuerdo.
-El día de hoy, martes once de noviembre, es el onomástico de una amiga de todas y todos nosotros. Es de la señora María Cristina Gallardo García Rojas, es la encargada de la Unidad de Atención a Senadores. A nombre del Senado de la República, a nombre de esta Mesa Directiva, te damos, Cristi, la más cordial, cariñosa felicitación en este día de tu onomástico. (Aplausos)
-Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez Servién. ¡Bienvenidos amigos, amigas estudiantes! (Aplausos)
-También les damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, invitados por el Senador Luis Sánchez Jiménez. ¡Bienvenidos todos ustedes! (Aplausos)
. . . . . . . . . . ……..Campus Aragón, invitados por el Senador Luís Sánchez Jiménez, bienvenidos sean ustedes.
En el apartado de iniciativas tiene la palabra el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, adelante, senador Gerardo Sánchez.
- EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros. El de la voz, a nombre del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, de las Senadoras Claudia Artemisa Pavlovich, Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero, e Hilda Esthela Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el Artículo 24, de la Ley de Aguas Nacionales al tenor de las siguientes consideraciones.
El agua es un recurso natural indispensable para la vida, se debe de entender como un bien imprescindible para el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano, y elementar en las actividades productivas necesarias para el desarrollo de la sociedad.
Cuidar el agua es vital para lograr un desarrollo sustentable de nuestro país, así como de cualquier otro.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional México Próspero prevé como una de las estrategias del Gobierno Federal implementar un manejo sustentable del agua, y establece la importancia de asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población.
Las actividades agrícolas son las que mayor cantidad de agua demandan para su desarrollo al utilizar alrededor del 70 por ciento del total consumido en el país.
En este sentido, la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para la generación de productos primarios indispensables para el consumo humano.
El uso eficiente de dicha infraestructura permitirá alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes del medio rural.
El uso eficiente del agua va de la mano con los objetivos planteados en cada uno de las reformas estructurales impulsadas en el país, ya que con ella se sientan las bases para el desarrollo nacional a favor de la productividad y generación del bienestar para las y los mexicanos.
Para la actividad agrícola es imprescindible el uso del agua, en los últimos años, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se ha expuesto un problema que enfrentan principalmente los pequeños productores, que es la falta de renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua con fines agrícolas.
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada.
Por su parte la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo Federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua, expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas y transmisiones.
El Artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece en sus párrafos segundo y tercero las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta ley, serán objetos de prórroga hasta por igual término y característica del título vigente por el que se hubiesen otorgado, siempre y cuando, los titulares no incurriesen en causales de terminación previstas en la presente ley; se cumple con lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 22 de esta ley, y en el presente artículo, y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos 6 meses antes de su vencimiento.
La falta de presentación de solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido se considera como una renuncia al derecho de solicitar la prórroga.
Muchos productores ignorando el plazo que por ley tienen para solicitar la prórroga y en lo que deben hacer 6 meses antes de finalizar su concesión, terminan por renunciar al derecho de solicitar la prórroga, y no por deseo propio, sino porque la ley así lo establece.
La consecuencia de lo anterior son miles de productores con títulos vencidos, y otros tantos cuyos títulos aún no se vencen, pero destinados a perder vigencia y entrar a la irregularidad, dado que se encuentran fuera del plazo señalado para solicitar su prórroga.
Aunado a lo anterior, al no estar vigentes las concesiones de agua, la SAGARPA no puede dar los diferentes apoyos con los que los agricultores cuentan para desarrollar sus cosechas, incluyendo aquellos destinados para hacer uso más eficiente del agua, por lo que ven mermada su rentabilidad.
Considerando que es más factible que los interesados hagan su solicitud a tiempo conociendo ellos la fecha de vencimiento de su concesión se propone establecer como fin el plazo el día previo a la fecha del vencimiento para solicitar la prórroga, y no seis meses antes como se establece actualmente.
Por otra parte, se propone derogar el tercer párrafo del Artículo 24, a fin de que el productor no pierda el derecho de prórroga, únicamente por falta de solicitud, toda vez que son diferentes las circunstancias para cada región donde se pretende solicitar la prórroga.
Con esta iniciativa no se busca evitar las regularizaciones de los títulos de concesión, por el contrario, dar las condiciones para que las mismas se lleven a cabo permitiendo que los productores agrícolas puedan acceder a una prórroga de su concesión a fin de utilizar el agua en beneficio de su principal actividad de sustento.
Cabe destacar que este problema se ha venido paliando mediante decretos del Ejecutivo Federal, de hecho, reconocemos la atención al problema del actual gobierno al haber publicado el 7 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales.
Sin embargo, dicho decreto tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Se reforma el párrafo segundo, y se deroga el tercero del Artículo 24, de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:
Primer párrafo, no se toca.
Segundo párrafo, se reforma.
Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22, de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubiesen otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley.
Se cumple con lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 22 de la ley, y en el presente artículo, y lo soliciten dentro de los últimos 5 años previstos al término de su vigencia, y hasta un día antes de su vencimiento.
Párrafo tercero. Se deroga.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito se turne a las Comisiones……….
… el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior, señor presidente, solicito se turne a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos, Primera, para su trámite correspondiente.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. Adelante senador Oscar.
-EL C. SENADOR OSCAR RAMÓN ROSAS GONZÁLEZ (Desde su escaño): Gracias, senador presidente. Para solicitarle al senador Gerardo Sánchez si me permite adherirme a la propuesta que acaba de presentar.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Le ha concedido esa graciosa solicitud. Adelante, senador.
El senador David Monreal, ¿para el mismo efecto? Adelante, senador.
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA (Desde su escaño): Para solicitarle al promovente me permita adherirme a su iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Que tome nota la secretaría de estas dos peticiones.
Esta presidencia saluda la visita de una delegación de senadoras y senadores de la República de Kenia, están presentes el senador Onesimus Kipchumba Murkomen, Presidente del Comité para la Descentralización Gubernamental del Senado; la senadora Naisula Lessuda, vicepresidenta de dicho comité; y el senador Billow Adán Kerrow, presidente del comité de finanzas, comercio y presupuesto.
Acuden a nuestra Cámara a promover diversos mecanismos de interacción y contacto entre México y Kenia. Sean ustedes bienvenidos en nombre del Senado mexicano les expreso el deseo de que su visita alcance el éxito esperado.
Tiene el uso de la palabra el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 constitucional, a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial.
-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias, senador presidente. A nombre de su servidor, a nombre de la senadora Silvia Garza Galván, el senador Rosas Aispuro, el senador Octavio Pedroza, presento esta iniciativa que modifica el artículo 115 fracción IV de nuestra Constitución donde en este artículo queda exento del pago del impuesto predial a todos los bienes del servicio público del gobierno federal y del gobierno estatal y municipal.
Hay más de 2 mil 480 municipios, todos diferentes, todos con una similitud, eso sí, en el tema económico; con una carencia financiera importante y sobre todo con una dependencia a los recursos federales que eso no les da la autonomía que requieren para su desarrollo; y en cambio sí tienen que dar todos los servicios públicos, indispensables en cada una de las avenidas o calles, o parques donde se encuentren o plazas donde se encuentren cada uno de estos edificios, hay un sinnúmero de bienes inmuebles de los tres niveles de gobierno a los que se les tiene que dar toda la atención municipal, se le exige y, en cambio, no hay ninguna remuneración.
Este es el objetivo de esta iniciativa incrementar los ingresos de los municipios, es una iniciativa que ya en varias ocasiones se ha presentado en otras legislaturas y por diversos grupos parlamentarios donde las asociaciones de municipios tanto de PRI, PRD, PAN, que están en la FENAMM, siempre han luchado por ella donde siempre han impulsado la autonomía y el mayor recurso a los municipios y el impuesto más importante para ellos es el impuesto predial.
Por lo cual presentamos esta iniciativa, les pedimos a los senadores y senadoras nos la apoyen, que sobre todo vean hacia otras legislaturas y donde todos sus grupos parlamentarios también han impulsado esta reforma.
La única excepción que hacemos para la aprobación de esta iniciativa es que los bienes destinados exclusivamente a educación, todas las escuelas de todos los niveles a la salud, los hospitales, clínicas y las casas de la cultura, queden exentas en el pago del impuesto, pero hay estados que tienen una ciudad-gobierno con unos edificios impresionantes, con edificios de alto valor que no están pagando ninguna remuneración a los municipios, y en cambio la federación, el estado, sí cobra el impuesto sobre nómina, la federación sí cobra otros impuestos, el Impuesto Sobre la Renta en la retención de los trabajadores; y en cambio estos estados y municipios no le pagan nada, estados y federación, no le paga a los municipios.
Entonces se presente a nombre de algunos compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y esperamos su apoyo en el dictamen de las comisiones.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. Túrnese… perdón, adelante senador Octavio Pedroza.
-EL C. SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN (Desde su escaño): Gracias, presidente. Para solicitarle respetuosamente tenga a bien inquirir al preopinante si acepta el suscribir con él ésta propuesta.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Para hacerle una sola pregunta, pregunto y sonido en el escaño de la senadora Marcela Torres Peimbert, ¿para el mismo efecto?
El senador Juan Carlos Romero Hikcs.
Roberto Gil, ¿también?
-EL C. SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN (Desde su escaño): Adelante, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Es usted muy generoso, senador. Túrnese a la Cámara de los Diputados.
Enseguida tiene la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.
-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, todas y todos.
Compañeras y compañeros, como todos aquí sabemos en México se reconoce a la educación como un derecho fundamental para alcanzar la plenitud en su vida. Y es por eso también que en nuestra propia Constitución, en nuestra ley suprema, se establece que el estado promoverá y atenderá todas, todas las modalidades educativas, incluida la educación superior.
También establece en nuestro marco jurídico que será responsabilidad de la autoridad federal educativa fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de esta modalidad de estudio.
Señalo todo esto, compañeras y compañeros, porque el objeto de la presente iniciativa es que en aras de que las y los jóvenes obtengan una educación de calidad que les permita precisamente contribuir a solucionar los problemas económicos, sociales, económicos de México, sin duda que es imperativo que se empleen los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para lograr de la manera más eficientemente posible que se cumplan esos objetivos para los que fueron creados tanto el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos como de las demás instituciones de educación educativa superior que imparte el estado o las entidades federativas.
Y señalo todo esto porque a pesar de que este Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos atiende aproximadamente a 401 jóvenes, enfrenta un déficit tanto en infraestructura y equipamiento como en el número de programas de calidad que imparte, así como de profesores que cuenten con estudios de especialización y de postgrado.
En este sentido lo que buscamos es establecer mecanismos que impidan que la actual crisis económica repercuta, como ha sucedido siempre, de manera negativa en la educación, incluida también la educación superior, estableciendo……
... repercuta como ha sucedido siempre, de manera negativa en la educación, incluida también la educación superior, estableciendo la característica de irreductibilidad al presupuesto destinado al ejercicio de este derecho con la propuesta de destinar el cinco por ciento a la noble tarea de la educación, con la finalidad, compañeras y compañeros, de adquirir y dar mantenimiento al equipamiento de laboratorios, al actualizar los libros de especialidad que se encuentran en las bibliotecas de los planteles, también a capacitar de manera permanente al personal docente y administrativo, y sin duda a disminuir el monto de cobre de cuotas o de colegiaturas que se cobran en las universidades o en los institutos tecnológicos a cargo de la federación o de los estados.
Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos de que la educación es el elemento fundamental para el desarrollo personal de todo ser humano, por eso si me permiten, parafraseando a John F. Kennedy, quisiera recordar aquel señalamiento que vale la pena, a propósito de lo que vivimos hoy en día: No hacer, compañeras y compañeros, no hacer las gestiones pertinentes para mantener a nuestros muchachos en la escuela, no solo es una práctica social pobre, es una mala práctica económica, y es un pobre práctica gubernamental.
Por eso, compañeras y compañeros, senador presidente, creemos que hoy las instituciones del Estado Mexicano tienen el compromiso irrenunciable por renunciar, por reconciliar, perdón, por reconciliar el descontento social que ha causado el olvido de nuestros estudiantes.
No necesitamos políticas públicas que distraigan la atención del actual conflicto estudiantil, lo que necesitamos, urgentemente, es despresurizar la atención que genera en los jóvenes, y una forma, sin duda, de hacerlo, estoy seguro que coincidirán con un servidor, es con más educación y mejores planteles educativos. Le he de rogar, senador presidente, que no he entrado en el detalle de la propuesta de los artículos que proponemos modificar, me obsequie el que la iniciativa que aparece en la gaceta también quede incluida, íntegra, en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
Se recibió de la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y la Protección al Ambiente, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera.
Se concede ahora la palabra al senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 constitucional.
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con el permiso. La idea central de elevar a rango constitucional la Consulta Popular o algún otro mecanismo de democracia participativa, viene precedida en parte porque actualmente la Democracia Representativa está en crisis y carece de legitimidad ante los ciudadanos.
La semana pasada todo México, así como toda la comunidad internacional fueron testigos de la solidaridad de todos los mexicanos, pero también se pudieron observar las manifestaciones de protesta, la desilusión de la sociedad, e incluso el repudio de un sector importante en contra de sus autoridades, sencillamente no se sienten representados por la clase política gobernante.
Un ejemplo bastante claro de que no se quiere escuchar la opinión de la ciudadanía es el lamentable desenlace que tuvieron las consultas ciudadanas, promovidas por cuatro diferentes partidos políticos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación, de declarar improcedente los primero intentos de consulta popular y con ello echar en saco roto el apoyo de aproximadamente 13 millones de firmas de ciudadanos, en su conjunto, permite concluir que nuevamente la voluntad del pueblo mexicano no fue tomada en cuenta, que el interés de las mayorías está subordinado al interés “cupular”.
Sin embargo, nadie se debe extrañar que el vicio es de origen, la redacción tanto a nivel constitucional como legal en materia de consulta popular nació muerta, este elefante blanco estaba destinado al fracaso, las restricciones constitucionales interpuestas imposibilitan la realización efectiva de una consulta popular.
Más de millón y medio de firmas, validación de las rúbricas por parte de la autoridad electoral, revisión sobre la constitucionalidad de la consulta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente la aprobación de la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión.
Bajo esta lógica, es más fácil crear un nuevo partido político que realizar cualquier consulta. Adicionalmente han quedado enumerados los temas que no pueden ser sujetos del escrutinio público u opinión, por parte de los ciudadanos.
En primer lugar porque la materia sobre la cual versará la consulta popular debe ser de trascendencia nacional, y en segundo lugar, porque se debe verificar si dicha materia trata o no sobre algún tema que no pueda ser objeto de consulta de conformidad con los artículos 35, fracción octava, numeral tercero constitucional.
Esto es, la restricción de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de esta República Representativa, democrática, laica, federal.
La materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.
Ahora bien, si la materia de una consulta incide en alguno de ellos, ya en la cancha de la Corte los ministros declararán su inconstitucionalidad, de lo contrario afirmarán su constitucionalidad y procederá a revisar que la pregunta sobre la que se pretende hacer la consulta derive directamente de la materia de la consulta, que no sea tendenciosa, o no contenga juicios de valor, que emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
Ante este vía crucis procedimental, sólo queda de manifiesto que no se quiere involucrar y no se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la realidad y la situación tan delicada por la que el país atraviesa actualmente.
Por el contrario, lo único que se busca es maquillar una figura tan relevante como lo es la consulta popular a fin de que se impida la participación informada, responsable de la sociedad en los asuntos públicos.
De mantenerse los candados ya mencionados, se haría prácticamente imposible someter a consulta popular casi cualquier tema, pues siguiendo la línea argumentativa de la Corte, qué materia no tienen alguna medida, repercusiones directas o indirectas sobre ingresos y egresos del Estado.
Es claro que casi cualquier decisión del ámbito público debe ser acompañada con el respaldo presupuestal para su implementación, es necesario entender que la participación ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático, por ende, cualquier toma de decisión pública debe ser tomada por los gobernantes .....
. . . ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático, por ende, cualquier toma de decisión pública debe ser tomada por los gobernantes en beneficio del pueblo, y si además, dichas decisiones son acompañadas por el respaldo y la aprobación de la ciudadanía se podría hablar de la consolidación de la democracia y de un efectivo estado de derecho.
En este sentido, el Congreso de la Unión debe fortalecer la participación de la ciudadanía, se deben abrir verdaderos espacios en los que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre asuntos públicos directamente en su vida diaria, se deben revisar y adecuar las normas y procesos de manera que incluyan en la medida de lo posible la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones.
Es evidente que la sociedad en su conjunto necesita mejores herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de la autoridad así como limitar y controlar el Poder Público, y de paso enfrentar la influencia indebida y perniciosa de los poderes fácticos.
En este sentido se propone modificar la fracción VIII del artículo 35, se plantea la eliminación de la frase sobre temas de trascendencia nacional, ya que dicha frase da lugar a interpretaciones subjetivas con dicho cambio, se pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal efectivamente sean objeto de consulta popular, abriendo así el espectro en el que puedan participar los ciudadanos.
Bajo esta misma lógica se propone modificar el numeral 3º de la fracción en comento para que las consultas populares no puedan versar únicamente sobre la restricción de los derechos humanos y respecto de la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.
Con estos cambios, la consulta popular será un recurso de apelación sobre decisiones que emanen del Poder Legislativo o Ejecutivo.
Asimismo se deroga el segundo párrafo de la fracción VIII, pues resulta contrastante que para la realización de una consulta popular promovida por los ciudadanos se deba reunir de un millón y medio de firmas de ciudadanos, dichas firmas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la constitucionalidad de la materia en consulta.
Y además de dichos filtros el Congreso de la Unión debe aprobarla por la mayoría de cada Cámara de Congreso de la Unión.
Algo totalmente contrario al sentido original de una consulta popular, pues una minoría estaría decidiendo sobre la mayoría.
Y finalmente se propone que las consultas populares se celebren 60 días después de que se haya declarado su procedencia, pues al juntar las consultas populares con las elecciones para elegir a un representante de elección popular aquellas pueden ser utilizadas con fines electorales. Es decir, ganar voto para cierto partido político.
Con dichas modificaciones se plantea que la consulta popular ayude a enriquecer y consolidar a la democracia representativa de ninguna manera a debilitarla.
Con dicho mecanismo, los ciudadanos tienen en sus manos la inalienable soberanía popular, se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor relación entre los representantes y los representados.
En resumen, si no se atienden los errores que tiene este falso empoderamiento ciudadano, la única vía que tendrá el pueblo de México ante cualquier descontento o problemática será el ejercicio de su único y legítimo recurso que tienen para ser tomados en cuenta, las manifestaciones, consignas y protesta social.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, así como de Estudios Legislativos Primera, la iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el Senador Raúl Morón Orozco, quienes realizan una visita a este recinto con la finalidad de conocer el trabajo legislativo.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar un Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento de la verdad y reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Estado de Guerrero.
En uso de la palabra, Senadora Mónica Arriola Gordillo.
-LA C. SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Honorable Asamblea, quiero iniciar mi intervención con una pregunta que dejo a reflexión de esta ciudadanía.
¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la memoria?
Se podría responder que la memoria es un medio que permite a las sociedades nutrir para el futuro, un régimen de respeto y no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
La memoria y los derechos humanos deben de estar vinculados como una forma que evitar que la violación y en consecuencia el reclamo, se conviertan en un ejercicio vacío que se alimente de sí mismo en donde se pierda el sustento histórico de los mismos.
Ante la crisis que hoy lastima y tiene en la zozobra a México, es un deber ético y moral del estado hacer un lugar a la memoria, sólo a través del reconocimiento y rescate de la verdad podremos volver a levantar el rostro y reconstruir el tejido social de una nación que se desagarra.
Debemos aceptarlo y sólo cumplir con uno de los fines supremos del Estado.
Proteger y garantizar la seguridad de su población.
Es incuestionable que ante el mandato de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad de todos sus habitantes, hubo en el Estado de Guerrero evidentes omisiones y complicidades que derivaron en una tragedia.
La información dada a conocer en las últimas semanas y los datos aportados por la Procuraduría General de la República revelan indicios de una conclusión dolorosa, que causa vergüenza y consternación a todo México.
En regiones enteras y municipios del Estado de Guerrero las autoridades y gobernantes han incurrido en una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos de sus habitantes.
Ayotzinapa no sólo encarna el dolor de 43 familias, es el símbolo profundo y vivo del horror que ha sufrido un pueblo, porque su tragedia es la de todo México.
Tenemos que hablar de Iguala como una inocultable tragedia nacional, un agravio y una afrenta a cada uno de nosotros, a las instituciones y a los ciudadanos.
Nuestra obligación, la obligación de quienes ocupamos algún cargo de representación popular es alzar la voz y no dejar reclamar por los jóvenes asesinados, por los jóvenes desaparecidos e impedir que el olvido erosione nuestra sed y nuestro reclamo de justicia.
Por ello, nuestro deber mínimo apenas útil es recuperar su memoria.
Este es el propósito y objeto de la iniciativa que pongo a su consideración, con la expedición de la Ley por la que se crea la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Estado de Guerrero.
Propongo que desde el Senado de la República se contribuya a la explicación de los hechos que tienen al país sumido en la incertidumbre.
El valor de una Comisión de la Verdad no reside sólo en su función testimonial, sino que a través de ésta se emprende un doloroso, pero necesario ejerció de recuperación de la historia de estos jóvenes hoy desaparecidos.
Es una forma de hacer justicia, sin duda la verdad revelada expondrá el dolor, el desgarro, pero también la vergüenza.
Es necesario y precisamente a través de esta catarsis nacional que necesita tiempo y espacio, que todos podremos afirmar la importancia y trascendencia de la justicia, de la reparación y sobre todo de la garantía a la no repetición.
Es necesario entonces hacer visible la dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el Estado de Guerrero para que no se olvide. . .
…la garantía a la no repetición.
Es necesario, entonces, hacer visible la dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el Estado de Guerrero, para que no se olvide y no se repita.
Es necesario reconocerles a los familiares de las víctimas la vulneración de sus derechos como resultado a actuaciones u omisiones de las autoridades, así como el derecho a que se conozca la verdad de lo sucedido y se haga justicia.
Con la institucionalización del derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y a la memoria, la Comisión de la Verdad no sólo deberá restaurar su dignidad, sino también contribuir a la reconciliación social.
El derecho a la verdad es un principio bien establecido en el derecho internacional, cuya trascendencia rebasa la lucha contra la impunidad; es un paso al restablecimiento de la paz.
La experiencia de más de 30 comisiones de la verdad en todo el mundo, durante las últimas décadas, ha demostrado la importancia de ayudar a curar las heridas de las sociedades y a revelar las voces de las víctimas, trayendo a la luz la verdad sobre las violaciones cometidas, sus causas y consecuencias. Se pueden impulsar las reformas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir en un futuro.
Hoy, el derecho a la verdad es reconocido como un derecho inalienable.
Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos aberrantes llegaron a cometerse a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
En este sentido, el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todos los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos significa en la práctica que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.
La Comisión Interamericana ha destacado, igualmente, que el derecho a la verdad se relaciona también con el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella.
Es nuestra obligación recuperar el rostro de nuestros desaparecidos; el convertir en voces claras los murmullos que emergen de la violencia y el darle luz a la verdad.
Es un compromiso de quienes tenemos la obligación de proteger al país de la impunidad, no permitir el olvido, ya que si estas acciones no son castigadas y a las víctimas no se les garantiza la verdad, la justicia y la reparación integral, estos actos están condenados a repetirse.
A este deber y obligación responde el contenido de la presente Iniciativa.
Su urgencia es evidente y se manifiesta día con día.
Las expresiones de todos los sectores de la sociedad reclamando justicia vuelven imperativo contar con una instancia autónoma, con credibilidad y legitimidad de origen, que le permita atender un reclamo que se escucha en todo el país y cuyo eco retumba en el mundo entero.
La presente propuesta concibe a la Comisión de la Verdad como un órgano que puede trabajar con el apoyo permanente de la sociedad y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y que desde su integración asuma su función como instrumento para el esclarecimiento de los hechos violatorios de derechos humanos en el Estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad no se limitará únicamente a la descripción de las diversas arbitrariedades, ni a la identificación de los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos, sino que deberá generar condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los hechos de violencia, que desencadenaron la crisis humanitaria que hoy nos lastima y nos avergüenza.
La Comisión de la Verdad promoverá, además, con base en los informes obtenidos, la reparación integral y colectiva de las comunidades, regiones, y en general de las víctimas de los distintos hechos que violentaron sus derechos humanos.
En el mismo sentido, contribuirá desde el ámbito de su competencia con los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia para determinar el paradero y estado de las víctimas, colaborando a su vez en la determinación de responsabilidades.
Será también parte de su objeto el emitir recomendaciones sobre reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención y no repetición, con el fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas constitucionales, legislativas, políticas o administrativas.
Las recomendaciones deben ir encaminadas a crear confianza y cambios positivos que el Estado mexicano tiene que realizar como un proceso de impulso de reconstrucción, del tejido social y el fortalecimiento de la paz, estimulando el tránsito hacia la reconciliación nacional.
La Comisión de Verdad se extinguirá con la presentación de un informe final que contengan todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo acontecido.
Debemos preguntarnos ¿Cuántos Ayotzinapas más tenemos que tolerar para que cuestionemos a fondo?
¿Si podemos seguir funcionando con la corrupción y con la impunidad?
Y ¿Si es hora de quitarnos la venda y asumir nuestra propia responsabilidad, aportando toda nuestra voluntad al cambio que queremos para nuestro país, al que hemos maltratado con indiferencia, eventualmente convertida en olvido?
Seguir culpando a otros, seguir esperando que otros den nuestra lucha es darle cuerda nuevamente al reloj que marca la cuenta regresiva del próximo Ayotzinapa.
Hoy nuestro país necesita una luz que genere certidumbre para que sea capaz de acabar con esta brutal oscuridad.
Hoy, ya no sólo los discursos de demagogias sirven.
Hoy podemos hacer de esta ley una acción puntual de todos nosotros como senadoras y senadores de la república. Hoy podemos hacer ese cambio.
¡México, lo siento!
¡México, perdóname!
¡México, gracias!
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
-Tiene ahora la palabra el señor senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
-En el uso de la palabra, señor senador Héctor Larios Córdova.
La presente Iniciativa es una reforma, una propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, y tiene relación con la factura electrónica.
A partir de la reforma fiscal que se aprobó el año pasado y que entró en vigor este primer año, se obliga a los contribuyentes a emitir facturas fiscales, y esto se ha prestado a muchísimas cosas que dañan a otros contribuyentes.
¿Cuántas veces, alguien, en viaje de trabajo, de negocio, se hospeda en un hotel, aunque este sea importante, y le quedan de mandar por correo electrónico su factura, y no le llega, o en cualquier otro servicios?
Peor aún, y este es el propósito central de esta Iniciativa. Te mandan un correo y te ligan con una página de Internet, y en esa página de Internet, mediante una clave te van a dar tu factura y jamás aparece esa factura.
Ya, por disposiciones generales, se estableció el que el contribuyente pueda solicitar de inmediato una copia impresa de esa factura.
El propósito concreto de…
-Señor Presidente, le pido que le llame la atención al senador Cordero.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Adelante. Continúe usted con el uso de la palabra, señor senador.
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: El aspecto concreto de esta propuesta de reforma es a que se establezca como infracción el que el contribuyente remita una página en Internet, dado que esto, para empezar, no tiene la certeza de que tiene el sello de Hacienda, el sello electrónico de Hacienda, y en consecuencia, no necesariamente, si la emitiera es válida para el contribuyente.
De tal manera, que está presentada la Iniciativa, y agradezco mucho se turne a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.
-A continuación --en el uso de la palabra-- al señor senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, y por el que se reforman diversas disposiciones en la materia.
Tiene el uso de la palabra el senador Omar Fayad Meneses.
… el que se reforman diversas disposiciones en la materia.
-EL C. SENADOR OMAY FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores: Permítame iniciar, por lo que debiera de ser el final, pedir que esta iniciativa, que estoy presentando, sea turnada a la comisión de Estudios Legislativos; a la de Justicia; y a la de Seguridad Pública, a estas tres comisiones. Y lo hago así, porque al final de comentar el tema y los asuntos, se nos olvida solicitarle a la Mesa Directiva, hacia donde dirigimos el turno correspondiente, para que sean estas comisiones, las que analicen el tema que voy a comentarles esta tarde.
Derivado de la importancia que representa el sector de hidrocarburos para las finanzas públicas, la generación de empleo y la seguridad energética de nuestro país, recientemente México emprendió un camino de reformas constitucionales en este ramo, seguido de la aprobación de diversas leyes a través de las cuales se pretende materializar el nuevo régimen constitucional, que cambió el paradigma que imperaba, referente al ramo petrolero.
El nuevo marco constitucional posibilita la inversión y el crecimiento de las actividades que forman parte de las áreas estratégicas de la Nación, relacionadas con la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.
Que, por lo tanto, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética y financiera del país; ya que aparejado y pese a la vigilancia proporcionada para evitar la extracción ilícita de hidrocarburos, es una realidad que dichas actividades ilícitas se han incrementado gravemente.
Una de las mayores ventajas que representa el robo de hidrocarburos para los delincuentes, es que estos pueden sustraerlos con suma facilidad, mediante las llamadas tomas clandestinas a lo largo de los más 68 mil kilómetros de ductos que tiene Petróleos Mexicanos.
Como un ejemplo, de lo que estoy señalando, puedo decirles que el crecimiento en tomas clandestinas detectadas, se incrementó de 155 que se tenían detectadas en el año 2000, a 2,600 pasaron las tomas clandestinas en estos años.
Y también hubo un incremento de personas detenidas por el robo de hidrocarburos y sus derivados, y a pesar de la dificultad que representa la detención en flagrancia, pasaron de 27 detenidos en el 2000, a casi mil, en el 2013.
Y estas personas, desgraciadamente para México y los mexicanos obtienen su libertad, con cierta facilidad; pues porque este no considerado un delito grave y en consecuencia la penalidad es verdaderamente reducida.
Por esto, estoy proponiendo modificar en el cuerpo normativo correspondiente, que los delitos que se cometan en contra de la Nación en materia de hidrocarburos, sea acorde al perjuicio que se comete y al riesgo en que se pone a la sociedad civil y a la economía y al medio ambiente, por los peligros que encierra esta actividad.
Estoy proponiendo que vayamos juntos para construir un consenso que permita expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos contra el patrimonio nacional en materia de hidrocarburos.
Pretendemos ampliar el catálogo de delitos relacionados con los ilícitos en esta materia, para inhibir su comisión y proteger la economía nacional, la seguridad de las personas, el medio ambiente y estableciéndonos en un instrumento único; así como establecer penas severas por la comisión de estos delitos, castigando duramente en estos tipos penales, sobre todo aquellos como el caso del sabotaje y el terrorismo y vinculándolos con la delincuencia organizada, que son quienes se han especializado en el robo, almacenamiento, traslado ilícito de hidrocarburos y de sus derivados.
La presente propuesta también pretende considerar la diversificación de delitos que se cometen en la materia como el transporte ilícito y la falsificación de documentos y otros no considerados en las leyes vigentes, como son los delitos cometidos en altamar.
La comisión de estas actividades repercute en diversos ámbitos, ya que en varias ocasiones se presenta, como ya se ha dicho, un riesgo para las personas y para el medio ambiente y la interrupción del suministro del combustible por el sistema de ductos, situación que obliga a trabajar en la reparación de sitios, afectando negativamente el abasto regional y elevando los costos considerablemente por la necesidad de contar con transporte terrestre.
Además el robo a través de las denominadas tomas clandestinas, se realicen actividades relacionadas con el robo, la extracción y distribución en campos petroleros, terminales de almacenamiento, etcétera. El robo de hidrocarburos constituye un problema económico muy grave.
En el año 2011, se tiene estimado que el mercado ilícito de combustibles ascendió a 23 mil 900 millones de pesos. Y en el 2012, a 33 mil 200 millones de pesos.
Se habla de un negocio ilícito que obtiene para el crimen organizado, ni más ni menos, ganancias por más de mil millones de dólares al año.
Amigas y amigos senadores: La invitación es a reflexionar sobre este tema, que tiene una altísima recuperación económica. Que con mucha preocupación vemos que este ilícito, ha desgraciadamente, corrompido a muchos funcionarios en el sector, algunos los han obligado a realizar conductas que no quieren y desgraciadamente creo que nuestro andamiaje jurídico se queda muy corto.
La petición es, revísenla. Analicémosla juntos en comisiones.
Y se los comento, porque además este que fue un tema que en mi bancada, en el PRI, establecimos como uno de los 10 temas torales, para este período ordinario de sesiones.
Les quiero comentar que la colegisladora ha venido trabajando en reformas aisladas. Y reformas muy importantes, que creo, que en el momento de dictaminar en comisiones, debemos tener en consideración, debido al documento que hoy nos llega de la Cámara de Diputados, con reformas diversas al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal.
Espero que cuente con la participación de todas y todos ustedes. Que veamos que realmente vamos ayudar a México, si sacamos una legislación como esta adelante. Que hemos sido cuidadosos en su elaboración y que tampoco lo hicimos al margen de las autoridades competentes.
Consultamos a los especialistas, consultamos a los servidores públicos de Pemex, trabajamos estrechamente con un grupo interinstitucional, que permitió llegar hoy a un texto, que es el que pongo a la consideración de esta honorable Asamblea, de este honorable Senado de la República.
Por su atención y por el apoyo que quieran darle en las comisiones, anticipadamente, senadoras, senadores, muchísimas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Daniel Amador, ¿para qué efectos?
Senador Oscar Román… senadores, todos los señores senadores que deseen sumarse a esta iniciativa, que tome nota Servicios Parlamentarios.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: El senador Bartlett, desea hacerle una pregunta al proponente.
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Sí, con mucho gusto, señor senador.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Sonido al senador Manuel Bartlett.
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Desde su escaño) Con el mayor respeto, señor senador.
He estado oyendo, que estos delitos son en relación con el patrimonio de la Nación. Delitos contra la seguridad energética y cosas así.
Yo le pregunto, si toma en consideración, que ya todos esos ductos o muchos de ellos, ya no van a ser de la Nación, sino de las empresas transnacionales.
Entonces, habrá que ajustar muy bien. Porque no van ser delitos contra la Nación, sino delitos contra la Exxon Mobil o contra la Shell.
Así es que yo le pregunto, nada más para considerar…
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, senador Bartlett.
Le agradezco mucho su pregunta y su intervención.
Decidimos que fuera una ley general…
…Gracias, Senador Bartlett, le agradezco mucho su pregunta y su intervención.
Decidimos que fuera una Ley General, porque lo que pretendemos es que haya un nuevo catálogo de delitos y de sanciones específicas para aquello que atenta contra el patrimonio de la Nación, que al patrimonio de la Nación son los hidrocarburos, el petróleo como quedó establecido en la Constitución. Usted recordará que dimos un gran debate, que el petróleo es de México y de los mexicanos, y cualquier atentado contra el patrimonio de los mexicanos tenemos que revisarlo curiosamente.
Hoy el conducto son los ductos de Pemex, y Pemex es una empresa productiva del Estado Mexicano, y por ende cualquier perforación que se haga a sus ductos está atentando contra lo que hoy es patrimonio de los mexicanos. Si entraran empresas extranjeras o empresas nacionales, empresas que participaran en alguna de las actividades, bueno, lo que estamos sancionando es la conducta de atentar contra el patrimonio de la Nación.
Habría todo tipo de figuras delictivas que hoy contempla el Código Penal Federal para poder encuadrar cualquiera de las circunstancias que atentara. Pero en este caso, compañero y amigo, quisimos que fuera una Ley General que permita dar los elementos necesarios para prevenir, por una parte, pero por otra para sancionar cuando el patrimonio que ase afecta sea el patrimonio de la Nación.
Son muchos los recursos económicos, la merma es terrible. Pues imagínense, en 68 mil kilómetros de ductos el crimen organizado se ha apoderado de este mercado, y el crimen organizado ha dispuesto lo necesario a fin de que hoy cualquier banda del crimen organizado parece ser que tiene su sección, que tiene que ver con la toma clandestina y el robo de petróleo, el robo de la gasolina, el robo de pipas, el robo de hidrocarburos en general. Y creo que se quedó corto o se quedaron cortas las disposiciones tanto del Código Penal, como el Federal de Procedimientos Penales respecto a este delito.
Imagínese, compañero, que hasta hoy pues no son considerados delitos graves, y que con una fianza a quien se roba una pipa no se le considera que es un delito grave. ¿Cuál es el objeto de esta Ley General? Bueno, vamos a crear una ley especial de orden público y de observancia general.
Le dije que íbamos a ampliar el catálogo de delitos; pero por ponerle un ejemplo, las penas por la comisión de delitos, algunas de estas penas que hoy sólo alcanzan las máximas, doce años, se pueden ir a muchos años más, 20, 30, 45, dependiendo si se trata de crimen organizado y si se dan los supuestos necesarios para estas penas.
Pero lo que queremos es que se vincule estrechamente el concepto de crimen organizado, porque hoy se requiere para hacer perforaciones de ductos cierta tecnología, y para obtenerla el crimen organizado ha hecho uso de dos mecanismos: por una parte tratar de captar servidores públicos que conozcan ampliamente del tema y, lo segundo, amenazar a servidores públicos o tratar de vía la intimidación, vía el secuestro, tratar de allegarse de la información necesaria para perforar ductos.
Y perforar ductos implica un riesgo para la ciudadanía, puede haber graves riesgos para las personas y su salud, y puede haber graves riesgos para la ecología. Por eso estamos pensando en imponer penas proporcionales a la cantidad de hidrocarburo que se sustraiga, iniciando con una pena mínima de 5 años de prisión cuando la cantidad pues sea verdaderamente algo mínimo, no se trata de condenar al ciudadano común, que a lo mejor por una necesidad comete un robo que no pase de una cierta cantidad.
Pero quien sustrae más de 30 mil litros de hidrocarburos, quien se atreve a llevarse una pipa completa, pues es evidente que no podemos darle el mismo tratamiento a quien se lleva 25, 30 ó 100 litros en un bidón de gasolina. Hay que darle el tratamiento como lo que es, el delito sea proporcional, la pena que se le aplique, y directamente proporcional a lo que sustraigan de hidrocarburos.
No sé si con esto queda satisfecha la pregunta. Agradezco muchísimo.
-Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, como lo ha solicitado el proponente.
-Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de diversas asociaciones de colonos del Distrito Federal, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar una Sesión Ordinaria del Senado de la República. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. (Aplausos)
-Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, para presentar a nombre propio y de la Senadora Silvia Garza Galván, un proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional.
-LA C. SENADORA LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE: Con su venia, señor Presidente, Arturo Zamora; con su venia, señora Secretaria.
Hoy presento una iniciativa a nombre de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y a nombre propio.
Esta iniciativa está relacionada con el cambio climático, con la movilidad vial, con la permuta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y con la modalidad de trabajo de oficina a distancia.
El cambio climático es una problemática que ya se ha expuesto en esta tribuna en numerosas ocasiones. Sin embargo, todavía no logramos concretar cambios legislativos que transformen la realidad.
Actualmente se están tomando medidas alrededor del mundo para la adaptación y mitigación y nuevos modelos tecnológicos sobre el cambio climático. Por ello, nuestro país no puede quedarse rezagado en sus instrumentos jurídicos para atender esta problemática.
Ante las obligaciones que contiene nuestra Ley General de Cambio Climática, y en vísperas de la próxima COP 20 en Perú, debemos redoblar esfuerzos y tomar acciones contundentes desde el ámbito de nuestras facultades para adaptar nuestro sistema económico. Como sabemos, el cambio climático está relacionado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en este caso es con la materia laboral.
Actualmente los nuevos dispositivos electrónicos, como son las computadoras, tabletas, los teléfonos inteligentes, son poderosas herramientas de trabajo que funcionan eficientemente con la plataforma global del Internet fijo y móvil. Estas herramientas tecnológicas facilitan que el trabajo de oficina pueda desarrollarse desde un celular o desde cualquier computadora, ya que el Internet permite estar en permanente comunicación en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días del año en casi cualquier punto del mundo.
Esta herramienta de la era digital permite que el trabajador no se vea en la necesidad de desplazarse físicamente hacia una oficina para cumplir sus labores. Es importante señalar que es desplazamiento de las personas laboralmente activas se concentra en horarios de oficina, lo que desencadena embotellamientos vehiculares que provocan una gran descarga de gases de efecto invernadero.
La emisión de contaminantes durante las horas pico de tráfico afectan a la población ocasionándole enfermedades de las vías respiratorias. Asimismo, es una realidad que el transporte público está rebasado por la gran afluencia de personas en las metrópolis mexicanas: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Sólo es necesario observar las dos avenidas principales que rodean al Senado de la República a las nueve de la mañana para percibirlo. Es importante tomar medidas urgentes y contundentes para brindar alternativas para…
. . . . . . . . . . ……..que rodean al Senado de la República a las nueve de la mañana para percibirlo.
Ese importante tomar medidas urgentes y contundentes para brindar alternativas para las ciudades más pobladas de nuestro país, y tomar medidas preventivas para que no sucede la misma situación caótica en los demás estados de la república.
Senadoras y senadores: La problemática es amplia, es por esta razón que esta iniciativa busca fomentar la modalidad de trabajo a distancia. Sí, trabajo a distancia.
Estas políticas laborales de trabajo a distancia ya se están aplicando en diversas empresas de nuestro país donde los empleados realizan sus actividades desde dispositivos móviles.
Esta iniciativa en comento propiciaría beneficios al medio ambiente y a la salud de las y los mexicanos.
De igual forma se reduciría la problemática de las horas pico que provoca stress entre los ciudadanos y la emisión de gases de efecto invernadero.
Resulta importante tomar las medidas necesarias para crear un andamiaje que propicie un cambio de paradigma laboral, que permita reducir las emisiones de efecto invernadero, y el uso de los vehículos motorizados.
De igual forma se propone que el patrón promueva la permuta de vivienda con la finalidad de evitar desplazamientos largos del domicilio del trabajador hasta su lugar de labores.
Al establecer estas políticas laborales estaríamos dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. Es momento de sumar esfuerzos contundentes para crear una política integral en donde toda la nación para lograr verdaderos cambios trascendentales en la calidad de vida de los mexicanos nos activemos en este sentido.
Por ello, propongo que se adicione la fracción sexta bis, del Artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B, del Artículo 123, Constitucional, para quedar como sigue:
“…Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo Primero de esta ley fomenta el trabajo de oficina en casa a distancia o a domicilio, así como programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo a fin de reducir desplazamientos, el uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público para los trabajadores.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias, senadora, túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos Segunda.
Esta Presidencia saluda la visita del doctor Julio Legrún Mc De, Presidente del Parlamento Internacional de Educación; así como a la parlamentaria de dicho organismo, Martha Morán Salazar, invitados a esta sesión por el Senador Isidro Pedraza Chávez, son ustedes bienvenidos.
A continuación, y en el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, tiene el uso de la palabra, senadora.
- LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros senadores.
El tema de la discapacidad tiene un significativo incremento en los últimos años, ya sea por profesionistas, también por la propia sociedad, y en su conjunto nos refieren que en este modelo social donde los conceptos de la discapacidad se pueden ver por sus causas, sus raíces. Nos damos cuenta que no son las limitaciones individuales las más problemáticas, sino las limitaciones de la propia sociedad.
Por eso la inclusión, la aceptación a las diferencias, y también el poder ver por la igualdad son principios que nos llevan a proponer que esta problemática de dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente, y cada vez son más las personas, instituciones, asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar sus condiciones de vida para un bienestar personal y de grupo poblacional.
El Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé esta obligación de todas las autoridades para proteger los derechos humanos de todas las personas.
En este contexto las y los legisladores tenemos la obligación de crear o modificar leyes a efecto de brindar una mayor protección a este grupo de la sociedad que ya sea de manera directa, permanente o temporal tiene estas limitaciones.
En esa virtud es importante también armonizar el derecho interno con el derecho internacional en materia de derechos humanos, por eso es que la iniciativa que presento a la consideración de esta Asamblea es un proyecto de decreto que reforman y adicionan disposiciones al Código Civil Federal de la siguiente forma.
En donde el actual código puede restringir los derechos de las personas con discapacidad, ya que dicho ordenamiento no se encuentra armonizado con estos instrumentos internacionales, y además, al hablar de juicio de interdicción que es el procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años, que por alguna discapacidad no pueden manejarse en forma autónoma debido a consideraciones y limitaciones de ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos, lo cual incide a su vez en las decisiones que pondrán o no tomar ya sea con o sin ayuda de alguien m más.
Una vez alcanzada esta mayoría de edad las personas con discapacidad requieren tomar decisiones sobre su vida, su patrimonio y ejercer también sus derechos. Por lo tanto es necesario determinar en cada caso concreto las decisiones que éstas personas podrán tomar y quienes realicen aquellas que no pueden.
El juicio de interdicción es un procedimiento por el cual se protege legalmente a las personas con discapacidad nombrando, en este juicio a un tutor, que les represente legalmente, y a una persona, llamada, curador, encargada de vigilar el desempeño del tutor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso paradigmático en octubre del año pasado, se trata de un joven con síndrome de asperger que fue declarado en estado de interdicción a los 19 años de edad en el 2008.
En el 2011 los padres del joven le informaron sobre el juicio que promovieron, y él decidió acudir a un juicio de amparo. Alegó que las disposiciones legales que le aplicaron relativas al tema de discapacidad y el estado de interdicción eran contrarias a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Debido a que el joven quejoso consideró que le violentaban el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica a su dignidad humana, a la igualdad y no discriminación su principal queja fue que no le permitían tomar ninguna decisión, cuando él sentía que podía hacerlo por sí mismo.
Finalmente se resolvió un amparo en revisión por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se emitieron los lineamientos que deberán observar los jueces durante este juicio de interdicción.
A la par de la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución complementaria bajo el formato de lectura fácil, en la que se explicó al joven con discapacidad, en diez puntos, en un lenguaje sencillo cuáles son sus derechos, y por qué ganó.
Cabe señalar que esta resolución es la primera en el continente en emitirse en un formato de lectura fácil, lo cual constituye un ajuste razonable que ha servido como referencia para varios países de Latinoamérica, ya que Argentina es el segundo país en adoptar la resolución complementaria de lectura fácil, y tomando como ejemplo, la que emitió nuestra Suprema Corte Mexicana.
La presente reforma pretende dar mayor protección a las personas con discapacidad para alcanzar su plena participación en las alteraciones que le generen de tipo diversidad, funcional que presenten; dado que el estado de interdicción es entendido en los estatutos legales como una restricción a su personalidad jurídica, se debe regular meticulosamente……..
… dado que el estado de interdicción es entendido en los estatutos legales como una restricción a su personalidad jurídica, se debe regular meticulosamente en aras de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en plena armonía con los instrumentos internacionales en la materia.
Las personas que presentan algún tipo de limitación pierden esta capacidad legal para que ante la sociedad puedan defenderse en igualdad de condiciones con la finalidad de que su opinión sea tomada en cuenta.
Esta reforma pretende garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, con lo que se respetaría su voluntad de tomar sus propias decisiones a través de una persona designada por el juez.
Asimismo estaríamos dando certidumbre a las personas con discapacidad en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos, a estos derechos de igualdad, no discriminación y personalidad jurídica como principios rectores del estado de interdicción contemplado en nuestra legislación nacional, armonizada con instrumentos internacionales.
Por lo que propongo incluir estos derechos en el texto del artículo 23 del Código Civil General, precisamente porque toda persona humana tiene dignidad. Y pido que pueda ser considerado el texto íntegro en el Diario de Debates de la iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Con todo gusto senadora. Solicitamos a Servicios Parlamentarios que se integre al Diario de Debates esta iniciativa en forma textual. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio.
Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. Nuestro país está inmerso en una dinámica de descomposición muy grave, las y los mexicanos nos enfrentamos a una delicada situación provocada por la onda corrupción en que vivimos y la ineficacia de los órganos del estado para combatir estos abusos.
Podríamos decir que el sistema de combate a la corrupción y rendición de cuentas está desarticulado y en una profunda crisis. Pongo un ejemplo.
Este fin de semana se difundió la investigación especial de Aristegui Noticias, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, en el que señala que Enrique Peña Nieto tiene en su patrimonio una casa en Las Lomas, con un valor de 7 millones de dólares y que fue construida por el Grupo IGA, una de las empresas que entre comillas ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, y que además fue beneficiada en diversas licitaciones en el tiempo en que el actual presidente gobernó el Estado de México.
La casa que es insulto para una sociedad con una mayoría de sus integrantes que vive en la pobreza, es propiedad de ingeniería y mobiliaria del centro, una empresa del Grupo IGA, a la que supuestamente la esposa de Enrique Peña Nieto le paga mensualmente sin que el inmueble forme parte de los registros patrimoniales de la familia presidencial.
Esta nota se dio en el marco del anuncio que hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación del tren de alta velocidad México-Querétaro al único consorcio participante. Esta adjudicación estuvo rodeada de dudas por tener cargados los resultados a favor de uno de los participantes y el propio tiempo que se dio para preparar sus propuestas a otras empresas interesadas.
La Auditoría Superior de la Federación año con año presenta tomos y más tomos que reflejan la corrupción que impera en los distintos niveles de gobierno sin que si quiera se revisen algunas cuentas públicas y sin que haya una estrategia para resolver este problema estructural.
Atendiendo esta grave situación es que presentamos esta Reforma a nuestra Carta Magna para fortalecer de facultades a la Auditoría Superior de la Federación y sentar las bases para una Ley General de Combate a la Corrupción, y sea aplicada por la fiscalía especial creada por la reforma política aprobada en días pasados.
Según transparencia internacional en 2013, México ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados en el índice de corrupción que elabora dicha institución. La calificación otorgada a México fue de 34 sobre cien, es decir, reprobado.
Los países mejor evaluados son Dinamarca y Nueva Zelanda, que comparados con México la corrupción en nuestro país es de tal magnitud que debería merecer atención prioritaria.
Por su parte el Foro Económico Mundial en sus últimas evaluaciones califica la corrupción como la principal limitante para hacer negocios en México, seguida por la inseguridad. Ambos factores están íntimamente relacionados.
La falta de rendición de cuentas y de transparencia, son causas que propician la corrupción, y en este aspecto subsiste un enorme pendiente en la agenda nacional.
Por otra parte, transparencia internacional publicó un estudio sobre el nivel de transparencia con que operan las 124 empresas trasnacionales más importantes a nivel mundial, 81 de ellas operan en México. Y llama la atención que la calificación promedio que obtuvieron dichas empresas es de 5 de 10 posibles, es decir, en promedio están reprobadas.
La mayoría de las grandes empresas trasnacionales operan con bajos niveles de transparencia. Si a ello se agrega la falta de transparencia y la corrupción que privan en el gobierno, pues se tiene un caldo de cultivo para que las prácticas de corrupción no sólo no se atiendan, sino que no se ven en ninguna institución y sea un fenómeno creciente.
En el caso de las empresas petroleras es muy importante que se tome en cuenta su limitada transparencia durante el proceso de licitaciones que se avecina, ya que la transparencia será un factor determinante para que operen con un nivel mínimo de certidumbre los contratos que se les otorguen.
Entre las modalidades de corrupción se pueden mencionar varios ejemplos: el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el desvío de recursos presupuestales, el uso privado de bienes públicos, entre muchos otros más.
En síntesis, la lucha contra la corrupción no puede ser de otra manera que paulatina, sistemática y global, debe ser iniciada y alentada en todos los niveles del poder. Los resultados deben ser medidos, corroborados y a la lista de todos, debe producir rápidamente resultados, castigos ejemplares a quien cometa actos de corrupción tanto públicos como privados, con el propósito de dejar claro ante la sociedad que la lucha contra la corrupción va en serio.
Y entre otros, la Auditoría Superior de la Federación debe contar con las facultades que le permitan prevenir, señalar y sancionar los actos de corrupción. Y esto debe de ser una práctica de estado que incluya el combate frontal a todos aquellos aspectos que la causen, incluyendo los aspectos económicos, sociales, legales y políticos e institucionales. Y no sólo medidas parciales que tienen efectos limitados y aislados.
Esta política también debe incluir el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Senadoras y senadores, esta iniciativa que pongo a su consideración, lo proponemos como un elemento en la estrategia de fortalecer la fiscalización de recursos públicos para mejorar la rendición de cuentas. Se contaría con dos ejes rectores: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización que tiene la Auditoria Superior de la Federación.
El primer eje se atiende al dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción a través de una Ley General que coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y establecer que la extinción de dominio también procederá en caso de los delitos derivados de la corrupción.
Proponemos reforzar a la Auditoría Superior…….
.... y establecer que la extinción de dominio también procederá en caso de los delitos derivados de la corrupción.
Proponemos reforzar a la Auditoría Superior de la Federación e implementar un sistema más flexible de fiscalización eliminando la necesidad de la supervisión se realice año y medio, dos años después, sino que se dote a la Auditoría de mecanismos idóneos para vigilar el uso y el destino de cada peso público, y en los tres niveles de gobierno y en todos los sectores.
Como el energético, el bancario o el de telecomunicaciones, pero en tiempo real.
Asimismo, proponemos que la información que genere la Auditoría sea pública y ayude al combate de la corrupción sea revisada y tenga consecuencias hacia los órganos jurisdiccionales.
También se permite incorporar mecanismos de supervisión concomitante con el ejercicio del gasto, de tal forma que sea posible que conforme se desarrolle el ejercicio del gasto se cuente con información confiable de su manejo.
Se incorpora un aparatado B al artículo 79 constitucional con el que se refuerza el sistema de fiscalización a través de una entidad del Congreso de la Unión, al establecer que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tenga facultades de dictamen de la Cuenta Pública, y esta comisión informe anualmente los resultados de la fiscalización de manera desagregada, para corroborar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior y el impacto de las acciones emprendidas.
Por cuanto hace al régimen transitorio, se mandata a la Auditoría la Fiscalía Especializada en materia de Combate la Corrupción, y a la Comisión Nacional Anticorrupción para el Combate Integral a la Corrupción, a elaborar un programa de Combate a la Corrupción, en el que se incluya la atención a los casos en que incurran corporativos, privados e instituciones públicas, así mismo se busca definir medidas para combatir los conflictos de interés, y elaborar una iniciativa enfocada a reducir explícitamente todos los conflictos de interés, eliminar la información privilegiada y limitar las reservas de información a plazos razonables, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Ojalá pueda tener consenso o mayoría esta iniciativa que solo lleva la finalidad de evitar los desvíos con el presupuesto público que son asunto de todos los días. Es cuanto. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como de Estudios Legislativos, segunda.
Esta presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Son invitados por el señor senador Javier Lozano Alarcón, quienes asisten a este recinto con la finalidad de conocer los trabajos legislativos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. (Aplausos).
A continuación, y en el capítulo de dictámenes, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 30 de la Ley de Vivienda para incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda.
-LA C. SECRETARIA SALDAÑA PEREZ: En consecuencia consulto a la asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Como consecuencia informo a la asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede, a continuación, el uso de la palabra a la senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente. Tiene usted el uso de la palabra, señora senadora.
-LA C. SENADORA MARIA ELENA TAPIA BARRERA: Gracias, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa que me voy a permitir leer señala que el derecho a la vivienda es un derecho establecido, por supuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, por lo cual debe de ser un derecho colectivo y social que al ser reconocido como un elemento de justicia y de desarrollo social permite que el Estado Mexicano garantice políticas de accesibilidad y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho.
El modelo actual de la política habitacional en nuestro país, aun es excluyente, pues está estructurado en torno a lo que podemos llamar el enfoque de la financiación en donde se rige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.
Por ello, la propuesta es que debe impulsarse la integración de la representación del sector laboral en los órganos colegiados del diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las políticas de vivienda en nuestro país.
Con la vigente Ley de Vivienda Reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se redefinieron los lineamientos de la política nacional en esta materia, así como sus contenidos y el Programa Nacional de Vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional, denominada Sistema Nacional de Vivienda.
El texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contará con un Consejo Nacional de Vivienda, que tendrá como objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema, y una comisión intersecretarial de vivienda, encargada de garantizar la ejecución, coordinada de los programas y el fomento de las acciones en esta materia.
Además, el Estado Mexicano ha implementado políticas habitacionales creando organismos y mecanismos para dotar una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con lo previsto también en la ley en comento.
Efectivamente tenemos que seguir trabajando porque hoy la Política Nacional de Vivienda también incluye acceso a sectores muy importantes de la sociedad que por primera ocasión van a poder gozar de este privilegio, y me refiero, en este caso a el acceso a créditos dirigidos, principalmente a mujeres, jefas de familia que por primera ocasión van a tener el acceso a una vivienda que será el patrimonio que puedan también heredar a sus hijos.
Es un esquema de financiamiento que por supuesto no tiene punto de comparación en nuestro país, y que de manera mensual podrán ellas ir pagando su vivienda y absorbiendo por el Estado Mexicano una parte muy importante de este subsidio.
También no podemos dejar de reconocer que hoy se tiene también ya un programa específico de acceso.....
. . . de reconocer que hoy se tiene también ya un programa específico de acceso a la vivienda para jóvenes.
Afortunadamente es hoy una realidad donde en muchas ocasiones los jóvenes que viviendo solos o viviendo en familia, en muchas ocasiones tienen que dejar los estudios por no poder cumplir con esta responsabilidad.
La respuesta que ha dado la SEDATU y el Gobierno de la República a esta solicitud de los jóvenes hoy también es una realidad donde se da acceso a la vivienda, a jóvenes, a mujeres y hombres que así lo soliciten y que por supuesto puedan cubrir y contar con un lote, con todos los servicios o bien la adquisición de una vivienda nueva.
No puedo dejar de mencionar las múltiples opciones que tiene hoy quien vive en área rural para poder ampliar, modificar, agrandar o bien de obtener una vivienda nueva.
Son múltiples los espacios y los programas que se están llevando a cabo y que tendrán que robustecerse con una Ley que favorezca su cumplimiento y sobre todo que pueda ser exigible por todos y cada uno de los mexicanos.
En esta estrategia, como lo había hoy mencionado, concurren las tres figuras a saber el trabajador, el patrón y el estado en muchas de ellas quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conservación de fondos.
Bajo ese esquema, y sobre todo me refiero a donde son tripartitas la propuesta específica es que es necesario que los trabajadores siendo los beneficiarios directos participen en este diseño de instrumento de las políticas públicas de vivienda, sobre todo para velar por sus intereses y también para hacer exigibles sus derechos.
La vivienda es una garantía constitucional, es preciso que los representantes tanto del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimento de este mandato establecido en la Carta Magna.
Es de suma importancia la intervención, pues entonces de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de estos programas.
La normatividad en materia en materia de vivienda debe aplicarse bajo principios de equidad y de inclusión social.
Por lo anteriormente expuesto es entendible y por supuesto la solicitud y la propuesta legislativa de incorporar a los representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales al Consejo Nacional de Vivienda, en tanto con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad, así como la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la política nacional de vivienda.
Con ello termino, señor Presidente, muchísimas gracias.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senadora.
Se concede la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen.
-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros, efectivamente hago uso de la palabra como parte del Grupo Parlamentario del PRD en este Senado de la República, pero también como parte de las Comisiones Unidas, como Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos que es una de las dos comisiones que dictaminó y como promovente, porque efectivamente el 20 de febrero de este año, presentamos a esta soberanía la propuesta de adicionar la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda como lo ha expresado nuestra compañera, Senadora Presidenta de la Comisión de Vivienda con el propósito de considerar la figura legal de una representación de trabajadores y de organizaciones sociales dentro del Consejo Nacional de Vivienda, cuya función, como todos sabemos, su función legal es ser la instancia de consulta, la instancia de asesoría del Ejecutivo Federal que debe proponer medidas para la planeación, la formulación, la instrumentación, la ejecución y el seguimiento de la política nacional de vivienda.
Por supuesto que quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a las compañeras y compañeros integrantes de estas dos comisiones, su apoyo y el de ustedes de una manera adelantada pedirles su voto a favor.
Esta propuesta, lo que pretende, como aquí se ha expresado es darle concordancia, darle alineación, vinculación y congruencia a otros ordenamientos ya existentes, ya que como se ha manejado en otras ocasiones la representatividad de los trabajadores debe ser incluida en estos cuerpos colegiados que son sin duda tomadores de decisiones.
Me sumo y reitero que es fundamental que los representantes de los trabajadores, de los sectores sindicales estén integrados a dichos organismos, a dichas estructuras colegiadas, en el caso particular de diseño, de dirección, de políticas de vivienda, ya que sin duda, compañeras y compañeros son ellos los actores que deben velar por los intereses de los agremiados salvaguardando así sus derechos y fortaleciendo sus compromisos y obligaciones.
No me resta más, señor Presiente, compañeras y compañeros senadores que, recordar, como aquí se ha expresado, que efectivamente si la vivienda es una garantía constitucional, por ello los representantes del sector obrero, del sector sindical deben velar por el cumplimiento de dicha garantía, de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna.
Y en este sentido pues reitero mi agradecimiento porque esta iniciativa que presentamos en febrero haya sido respaldada por las Comisiones Unidas y espero que así sea en unos minutos más por este pleno.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Muchas gracias, Senador Robles Montoya, se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
-EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Gracias Senador Presidente.
Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras senadoras, creo que es un tema relevante hablar de la vivienda en nuestro país.
De todos es muy conocido que la vivienda es una garantía constitucional consagrada en su artículo 4º párrafo 7 donde se subraya que toda familia tiene derecho de una vivienda digna y decorosa.
Faltaría agregarle un poquito más, que sea una vivienda adecuada,.
Las leyes se han hecho para que el pueblo de México y las familias puedan tener un pleno desarrollo social.
La vivienda alberga al núcleo principal de la sociedad que es la familia, y eso es lo que hoy nos debe de ocupar.
El modelo actual de la política habitacional en nuestro país aún es excluyente, pues está estructurado en torno a los plazos y a la financiación en donde se dirige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de planeación, construcción y reproducción de vivienda.
El derecho a la vivienda debe de ser considerado como mecanismo de desarrollo con vivencia social y fuente esencial de la familia, como yo ya lo había mencionado, que al ser reconocido como tal, permitirá que en el estado en sus tres niveles de gobierno garantice. . .
…como yo ya lo había mencionado, que al ser reconocido como tal, permitirá que el estado, en sus 3 niveles de gobierno garantice políticas de accesibilidad y que además sus actores participen en el cumplimiento del estado de derecho.
En este sentido, el texto legal vigente de la Ley de Vivienda establece: “Que el Consejo Nacional de Vivienda tiene por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional en este tema, y una comisión intersecretarial de vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda”.
Bajo este esquema, es necesario que los trabajadores, siendo los beneficiarios directos sean considerados dentro del Consejo Nacional de Vivienda, en pro de diseñar e instrumentar las políticas públicas en materia de vivienda para velar por sus intereses y sus derechos.
No debo omitir que en la reunión ordinaria de vivienda, donde emanó el dictamen que hoy se discute, abogué por incluir, además de los representantes del sector obrero dentro del Consejo Nacional de Vivienda, a los representantes de las organizaciones sindicales de nuestro país.
Dicha modificación se realizó con la intención de atender a los principios de pluralidad y equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño desarrollo y construcción de las políticas nacionales en materia de vivienda.
Por todo lo anterior, es que considero, bajo este marco normativo, se logren los avances necesarios para una aportación significativa en la participación articulada de todas las actividades que inician en el desarrollo de la vivienda y en beneficio de las familias mexicanas.
Por lo tanto, mi voto será a favor del presente dictamen.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Romero.
-En el uso de la palabra la senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA: Muchas gracias, Presidente.
Pues, se han señalado muchos aspectos muy positivos, y solicitándole a cada uno de ustedes la aprobación --por supuesto-- de ambas iniciativas que hoy ponemos a su consideración.
Me quiero referir, primero, al dictamen, a la Iniciativa con proyecto de decreto a la Ley de Vivienda para integrar a representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional de Vivienda.
Y quiero decirles, con un ejemplo, la importancia que tiene que, quienes representan --por supuesto-- a los trabajadores, y que son la gran mayoría de quienes obtienen un financiamiento para poder tener un patrimonio, como es la vivienda, ven reflejado con la participación de los representantes de los trabajadores.
Ustedes recordarán, que hace ya unos años, y aquí no me va a dejar mentir el senador Isaías, que es el Líder de la CROC, es a través de la representación de quienes tienen a los trabajadores que se lograr, por supuesto, en este caso en el INFONAVIT que la Comisión Nacional de Vivienda promueva la creación de vivienda económica.
¿Por qué? porque se vio que a través de esta representación, muchos de los que cotizaban no alcanzaban a ser sujetos de crédito y eso, por supuesto, les impedía tener una vivienda.
Esta representación que tienen, sin duda, los líderes de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, siempre a lo largo del tiempo se ha reflejado, sin duda, nuevas políticas públicas en programas con intereses más bajos, en acercar y en darle mejores condiciones de vivienda, por supuesto, a los trabajadores.
Por eso, en el seno de la comisión cuando se presentó esta Iniciativa, déjenme decirles que de manera unánime, todos los que integramos la comisión estuvimos, por supuesto a favor de este dictamen, porque sabemos que la participación de ellos, hoy en el Consejo Nacional de Vivienda, que es donde se definen, donde se diseñan todas las políticas en materia de vivienda del Ejecutivo Federal, sin duda se verá reflejado, por supuesto, en mayores beneficios, en mejores beneficios y en acercar ese derecho a un patrimonio, principalmente a los sectores de menos recursos económicos. Por eso les pedimos su voto a favor de este dictamen.
Del segundo dictamen, y aquí lo ha señalado, inclusive, el senador promovente, también de manera unánime en el seno de la comisión, estuvimos todos consientes y valoramos nuestro voto, porque hoy más que nunca, dentro de las características con las que debe de contar una vivienda, hemos visto con los últimos fenómenos meteorológicos que cuando no existen los asentamientos humanos en zonas que están libres de riesgos, sin duda, las familias pierden prácticamente todo su patrimonio, y no solamente es el patrimonio, sino el riesgo, por supuesto, que significa la pérdida de las vidas humanas, que esos fenómenos meteorológicos pueden ocasionar.
Así que, en el segundo dictamen, lo que aprobamos en el seno de la comisión es que modificáramos las características de la vivienda, para que no solamente pudiéramos decir: que sea funcional, que sea accesible, que pueda ser sujeta de escrituración, sino que uno de los aspectos más importantes es que considere la prevención de que no esté ubicada la vivienda en zonas de riesgo. Esa es principalmente la modificación, y lo que estamos buscando con esto, sin duda, es evitar el que muchas familias, que con mucho esfuerzo y sacrificio construyen un patrimonio, cuando tengan, ahora sí que enfrentarse a los fenómenos meteorológicos vea, por supuesto, pérdidas todas estas aspiraciones personales.
Y solamente les quiero dar un dato, para que ustedes vean la importancia de esta aprobación.
Según la SEDATU, en México, sólo el 33 por ciento de las viviendas se construyen de manera reguladas; y el otro 67 por ciento se hace de manera irregular, y muchas veces, por supuesto, como aquí señalamos, en zonas de riesgo, como son las barrancas, laderas, a la orilla de los ríos, y en fin, todas las condiciones que ya vimos que propician que las familias pierdan su patrimonio.
Así que, haciendo un balance, yo quiero solicitarles a todos ustedes, senadoras y senadores, el que se sumen a los votos unánimes que tuvimos en el seno de la Comisión de Vivienda para que nos apoyen en la aprobación de ambos dictámenes.
-EL C. PRESIDENTE ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias, senadora.
En virtud de que no hay más oradores inscritos sobre este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar de la votación.
En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por 5 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto al que se han referido los oradores.
… proyecto de decreto al que se han referido los oradores.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, se tienen 97 votos en pro.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.
Remítase a la Cámara de los Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Tenemos, ahora, la segunda lectura de otro dictamen de las comisiones unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, para incorporar la figura de riesgo en la normatividad de la materia.
Debido a que se encuentra publicado en la gaceta de este día.
Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra a la senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.
El cambio climático, que está afectando a todo nuestro planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año, e impactando diversas actividades, tanto económicas, así como sociales.
Se trata pues de un fenómeno tan complejo, que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con los diversos ámbitos de la actividad humana.
El panel intergubernamental de cambio climático, ha indicado que los incrementos en la temperatura global del planeta, tienen su origen en actividades antropogénicas.
Particularmente, en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación. Así como en aquellos procesos que consumen energía, donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.
De las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo, es importante señalar, los efectos que no inciden por igual en todas las regiones del mundo; siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.
México no es la excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que nuestro país sea una zona vulnerable.
Ubicado a este fenómeno, como un asunto de seguridad nacional.
Es de destacar, que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos, afectan mayoritariamente a los sectores más pobres; quienes debido, principalmente, a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias y ubicadas en zonas de alto riesgo y son quienes, precisamente, sufren mayores pérdidas humanas y económicas.
A pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un fenómeno meteorológico, hacer su seguimiento de su trayectoria y de predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde la tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se ponen en práctica una política activa de prevención durante y después de este acontecimiento.
Por ello, uno de los pasos más importantes que puede dar un país, para mitigar el impacto de los huracanes, es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y la severidad de ocurrencias en el pasado.
Hay dos medidas de mitigación: las estructurales y las no estructurales.
Ambas, deben de considerarse, tomando en cuenta las dificultades de su implementación, el análisis estadístico y los efectos a largo plazo.
Las medidas no estructurales, son las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo. Y las medidas estructurales, atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales.
Las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido esta problemática, que por supuesto se presenta en la construcción de las zonas en riesgo. Además de que la tendencia estriba en evitarla, en conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional en riesgo.
El riesgo no solo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los desastres.
Se debe migrar de la visión abstencionista o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención, mitigación o gestión del riesgo; que no solo involucra la preparación para emergencias, sino la reducción de la vulnerabilidad.
No es extraño…
…mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino la reducción de la vulnerabilidad.
No es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.
Evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos, y se han dado casos en los que ciertas autoridades han diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada sino ante la comunidad internacional.
Hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo.
En la mayoría de los casos se centran en el hecho, es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo. Es urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.
Las personas deben tomar conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.
Es indispensable, pues, contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda, como una medida legislativa para prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Está a discusión en lo general.
-Informo a esta Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: la Senadora Mónica Arriola Gordillo, a favor del dictamen; y el Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.
-Tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo.
La motivación que dio origen a la iniciativa, que fue dictaminada en sentido positivo por la Comisión de Vivienda, surgió de la preocupación ante hechos que afectan a miles de familias de manera recurrente. Es cierto que ante los embates de la naturaleza en muchas ocasiones no existe medida que pueda evitarlos, sin embargo, en muchos de los casos en los que se pierden vidas o el patrimonio de las familias la razón se encuentra en la falta de previsión o la irresponsabilidad de quienes han permitido la construcción de vivienda o el desarrollo de zonas habitadas en lugares en los que el riesgo es evidente.
En los últimos años el cambio climático ha dado muestras de sus efectos, provocando graves daños en diversas regiones del planeta, se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana.
México, por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, tiene importantes regiones entre las más vulnerables, ubicando el cambio climático como un asunto de seguridad nacional. No debemos dejar de reconocer el hecho de que los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes debido principalmente a su condición de pobreza habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente sufren las mayores pérdidas humanas y económicas en el país.
Ante esta situación, y ese es precisamente el objeto de la reforma que hoy está a discusión con el presente dictamen, considero que uno de los pasos más importantes para mitigar el impacto de los fenómenos naturales en la población es el de incorporar la evaluación de riesgo y el diseño de medidas de mitigación a la planificación para el desarrollo de vivienda o zonas habitables.
La realidad es que la magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias se debe principalmente a que muchos fraccionamientos de zonas urbanas se han asentado en zonas irregulares y en los cauces de ríos. En el 2010, se reconoció que en algunos estados el 80% de los desarrollos habitacionales se ubican en áreas susceptibles de sufrir algún evento natural catastrófico.
Ente esta situación con la presente reforma queremos promover que las autoridades responsables del sector vivienda regulen y eviten la construcción en zonas de riesgo. En el siglo XXI la prevención del riesgo de desastres naturales o provocados por el ser humano debe ser una responsabilidad objetiva del Estado mexicano y una tarea de todos.
En este sentido, la prevención debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer. Mi reconocimiento a las Comisiones de Vivienda y la de Estudios Legislativos por la valoración de la iniciativa y por el dictamen que en sentido positivo hoy está a discusión.
Les convoco a que se ratifique la aprobación en este Pleno y así contribuyamos a que la vivienda digna sea también una vivienda segura. Por su atención, muchas gracias.
-En uso de la palabra el Senador Isaías González Cuevas, del PRI.
-EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: Gracias, compañeras y compañeros.
Venimos a favor de este dictamen, en donde la propuesta es de que en el Consejo Nacional de Vivienda se permita la participación del sector laboral, del sector sindical, y desde luego que nosotros aprobamos esta propuesta, dado de que el Sistema Laboral Mexicano es tripartita, por lo tanto en esta ley, en esta reforma del artículo 30 de la Ley de Vivienda debe de contemplarse también la participación del sector laboral.
El sector laboral ha venido a proponer también modificaciones a la Ley de la Vivienda, para que la Ley de la Vivienda tenga por lo menos dos recámaras, espacios de convivencia, y que cumpla con los estándares nacionales e internacionales. Por lo tanto, para que haya pluralidad, que haya participación de la sociedad en este tema tan importante de la vivienda, para que se cumplan los estándares de vivienda es importante la participación del sector.
Hemos tenido ya consecuencias en el tipo de vivienda que se ha venido haciendo, y por lo tanto hay varias viviendas, miles de viviendas abandonadas porque no han sido de calidad. Por lo tanto, ahí es importante la opinión del sector, para completar la opinión de los demás, tanto del…
. . . . . . . . . . . …….por lo tanto ahí es importante la opinión del sector para completar la opinión de los demás, tanto del gobierno, los representantes del gobierno y del sector empresarial, por lo tanto nuestra opinión va a favor de la reforma de la fracción IX, del Artículo 30 de la Ley de Vivienda.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58, del Reglamento para informar de la votación.
- LA C. SECRETARIA SENADORA DIAZ LIZAMA: Señor Presidente se emitieron 100 votos a favor, 0 en contra.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72, Constitucional.
Les pido a las y los señores senadores pongan atención, y la sesión de fotografías continúe más tarde, Senador Gándara.
Señoras senadoras, señores senadores: La Mesa Directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política nos han hecho llegar un pronunciamiento de apoyo y solidaridad con el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Este pronunciamiento se lleva a cabo con fundamento en los artículos 37, 44 y 45 del Reglamento del Senado de la República, y dice lo siguiente:
“….La violencia es inadmisible en un estado de derecho. El respeto a la integridad física y a la dignidad de las personas es un valor fundamental sobre el que se hace posible la convivencia social.
Los derechos humanos son de todos, y por ello el deber de todo, respetar el espacio y de acción personal y social de los demás…”
El Senado de la República reprueba la agresión física y verbal sufrida por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez en el Estado de Veracruz, y en concreto en la Ciudad de Xalapa.
Se trata de un acto injustificable que afecta la condición humana de un ciudadano y servidor público que se ha distinguido a lo largo de su participación en la vida pública de México por su compromiso con las mejores causas de nuestro país.
Quienes cometieron este acto cobarde de notoria ilegalidad deben ser puestos de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales competentes, pues en su conducta son evidentes acciones que la ley califica como delitos.
El valor primordial en toda sociedad que se precie llamarse democrática, es la tolerancia.
El ejercicio del derecho fundamental a la expresión de las ideas no debe, bajo ninguna circunstancia ser objeto o causa de ataque a la integridad de las personas.
El país requiere de la unidad de todas y todos los mexicanos para avanzar hacia la consolidación de la democracia, por lo que acciones de esta naturaleza no hacen sino atentar contra los derechos y las instituciones que nos hemos dado
Este es un agravio para el Senado de la República, porque con la agresión de uno de sus integrantes se lastima también a todo el Congreso de la Unión.
Demandamos la actuación inmediata de las instituciones de procuración de justicia local y federal, a fin de que se finquen las responsabilidad…..
… la actuación inmediata de las instituciones de procuración de justicia local y federal, a fin de que se finquen las responsabilidades que correspondan a los autores intelectuales y materiales de este hecho lamentable.
Las y los senadores de la República expresamos nuestra solidaridad con nuestro compañero senador Alejandro Encinas Rodríguez y hacemos un respetuoso y enérgico llamado para que este tipo de acciones deleznables no se repitan bajo ninguna circunstancia.
Senador Alejandro Encinas Rodríguez, tiene el respeto, la consideración, el reconocimiento y la solidaridad del Senado de la República.
No es una discusión en lo general, nos ha pedido el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. Adelante, senadora.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Quiero leer una cuartilla a nombre del Partido de la Revolución Democrática.
El pasado lunes 10 de noviembre el senador Alejandro Encinas fue objeto de una agresión infame de un grupo de integrantes del Frente Popular Revolucionario en Xalapa, Veracruz.
La agresión contra el presidente de la comisión bicameral de seguridad nacional es una clara demostración de intolerancia y el nerviosismo que viven los grupos oficialistas que ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio.
Es condenable no sólo la agresión, sino el silencio de las autoridades de Veracruz, encabezadas por Javier Duarte, un mandatario estatal que se ha caracterizado por sus reiterados intentos de censura, su persecución hacia la prensa, por criminalizar la protesta social, por confundir la lealtad hacia el Presidente con la abyección.
Lo sucedido en Veracruz es un signo de retroceso de los tiempos políticos que vivimos, muy propios del autoritarismo que caracteriza a este gobierno estatal, ajeno a la transparencia, a la libertad de expresión y a la pluralidad política e ideológica de nuestro país.
La agresión a nuestro compañero Alejandro Encinas no es un asunto aislado, tan sólo el mismo día de ayer en su cuenta de Facebook, otro joven militante y dirigente del PRI de Huixquilucan, Luis Adrián Ramírez Ortiz, subió comentarios como el de: “Hace falta un Díaz Ordaz para este país”.
La tentación del genocidio y la represión es muy fuerte. Es momento de atajarla y de condenar no sólo las agresiones, sino la reiterada persecución contra líderes y dirigentes políticos que se atreven a decir la verdad y hacer críticas como nuestro compañero que ha hecho con sus posturas claras y congruentes una crítica sustentada.
La agresión al senador Encinas no fue de un grupo inconforme, sino una franca y deleznable provocación armada para lastimar, sin lograrlo, a un dirigente muy importante de la izquierda mexicana.
Nuestra plena solidaridad con el senador Alejandro Encinas. Condenamos los hechos, solicitamos se investigue a fondo, se deslinden responsabilidades y sobre todo hacemos un llamado a restablecer las condiciones de gobernabilidad democrática que hoy más que nunca le urgen al país.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora. Han pedido el uso de la palabra la senadora Luis María Calderón, el senador Javier Corral, el senador Fernando Yunes y la senadora Laura Rojas, el senador José Yunes, y la senadora Layda Sansores, el senador David Penchyna. Otros dos, tres, cuatro más.
Adelante la senadora Luisa María Calderón.
Desde su escaño, por favor sonido.
-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA (Desde su escaño): Agradezco presidente que me dé la palabra y me solidarizo con la expresión de solidaridad y de apoyo y de solicitud de respeto al senador Alejandro Encinas, especialmente con la urgencia de recuperar la gobernabilidad. Es cierto que los hechos recientes son dolorosos, inaceptables y que tenemos que encontrar cauce para reconstruir instituciones para que las herramientas con las que el gobierno cuenta para la seguridad, para la prevención, para la justicia, tendremos qué enderezarlas y empezar a dar resultados a los ciudadanos.
Se entiende la protesta, pero también es cierto que llegar a acciones que agreden a las personas y a las instituciones tampoco nos llevan a ningún lugar.
Esta mañana a las 02:11 del día entraron a las oficinas del Comité Directivo Estatal de mi partido, en Michoacán, destruyeron muebles, destruyeron, lastimaron la institución, violentaron la institución.
Sé que ha pasado en otras instituciones y yo haría un llamado tal vez a una mesa de trabajo para ver cómo en plural se restablecen las condiciones de gobernabilidad.
Hay mucha sensibilidad, hay mucho enojo. Pero también creo que no podemos permitir que se desborde. Este país es nuestro, en este país vivimos todos, aquí queremos seguir y creo que todos estamos dispuestos a un esfuerzo por recuperar condiciones de gobernabilidad y también por darle respuesta a los ciudadanos, decirles que sí podemos, que sí queremos ser instrumentos de servicio para ellos y reforzar, reacomodar, conformar órganos distintos, nuevos con la participación de la ciudadanía, de los expertos, para que las instituciones de justicia, de seguridad, de prevención puedan estar al servicio de los ciudadanos y ponernos a caminar como país.
Es un país maravilloso, tiene gente maravillosa. Por lo que estamos pasando nadie quiere seguir pasando, todos de alguna forma somos corresponsables y todos tendremos que hacer un esfuerzo y poner lo que pocos sabemos, los que otros ciudadanos pueden saber para restablecer el orden, la gobernabilidad y responderle a los ciudadanos.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora. En el uso de la palabra el senador Javier Corral.
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO (Desde su escaño): Sabe el senador Alejandro Encinas del reconocimiento que a partir de diferencias sentimos por él varios de los miembros del Parlamento desde hace muchos años, se trata de un legislador que ha hecho del uso de la palabra y no de la fuerza y menos de la violencia, su principal instrumento de trabajo. Por eso duele más, que a un parlamentario de su categoría, de su experiencia y de su trayectoria y compromiso democrático, se le agreda de esta manera.
Pero esa agresión a Encinas debe ser analizada por el Congreso en el marco de un ambiente crecientemente complejo y de una atención social en aumento. El reto es que la sociedad convierta su ira y su indignación en participación ciudadana pacífica y que las expresiones de radicalismo verbal no se traduzcan en hechos de agresión personal o de violencia física.
Por eso así como hemos lamentado los hechos de Iguala y como reconocemos que México está dolido y doliente por una tragedia de esa magnitud, debemos deplorar y rechazar cualquier tipo de violencia. La violencia incluso de aquellos que quieren desvirtuar, distorsionar el enorme sentido cívico de la insurgencia popular mexicana de los últimos meses. Hay que estar atentos e investigar y llegar hasta las últimas consecuencias frente a hechos que quieren llevar a los ciudadanos pacíficos a…….
.... e investigar y llegar hasta las últimas consecuencias frente a hechos que quieren llevar a los ciudadanos pacíficos a ser confundidos con los pocos violentos.
Allí está el hecho de la puerta del Palacio Nacional el fin de semana, y la gran lección de la marcha de ese día, la gente supo separarse de los pocos violentos y en minutos estaba limpio el Zócalo de la ciudad de México; quisieron exhibir a los pocos que quisieron confundir la protesta social.
Como ayer un grupo de radicales, de los que se dice, fueron alentados desde las estructuras del gobierno estatal, mandaron también un mensaje de violencia y de radicalismo. Debemos de condenarlo, sí, pero hay que darle seguimiento a estos hechos, pero realmente darle seguimiento porque si no esto va a aumentar, porque el horror está ahí planteado con todo su claridad.
Reciba pues desde la trinchera adversaria, pero con gran reconocimiento a su trabajo, nuestra solidaridad, Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Corral. En uso de la palabra, si quiere tomar tribuna o desde su escaño, el senador Fernando Yunes. Desde su escaño. Adelante. Sonido en el escaño del senador Fernando Yunes.
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: (Desde su escaño). Gracias, presidente. Para manifestar, de igual forma, como senador por el Estado de Veracruz mi solidaridad con Alejandro Encinas, a quien además de ser un compañero de varias comisiones, considero a un senador de los más destacados de esta legislatura, pero también hacer una exigencia clara de que se haga justicia en el caso.
No es la primera vez que esto ocurre en Veracruz, su servidor y la diputada federal Leticia López, fuimos privados de la libertad y atados física y verbalmente durante alrededor de tres horas, hace cerca ya de dos años.
En aquel entonces, el presidente de este Senado, el senador Ernesto Cordero, hizo lo propio, y buscando que hubiera justicia en el tema. A pesar de las denuncias presentadas al día de hoy, no hubo un solo resultado y no queremos que en el caso de Alejandro Encinas, ocurra lo mismo.
La semana pasada, también en Veracruz, el excandidato del PAN, del municipio de Coxquihui, en la sierra de Papantla, fue atacado a balazos, su madre recibió un tiro en la boca, la cual la dejó prácticamente desfigurada, sin dientes y sin la capacidad de habla.
La respuesta fue también la misma, se investigará pero no ha habido un solo resultado. Somos el Estado donde más periodistas han sido asesinados en la última década, sin resultado alguno, y el caso claro es el de la Reportera de Proceso, Regina, donde primero se detuvo a una persona, quedó en libertad, se vuelve a detener a la misma persona, pero no hay justicia.
Exigimos desde este Senado de la República que el caso de Alejandro Encinas no sea uno más como en el caso mío y de la diputada federal, Leticia López Landeros.
Como senador veracruzano, Alejandro, una disculpa, es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro Estado, pero estoy seguro de que con la capacidad y la disposición de todos los grupos parlamentarios del Senado de la República, lograremos que este no sea un caso más. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador. En uso de la palabra la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
-LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ: (Desde su escaño). Muchas gracias, presidente. Pues en el mismo sentido, por supuesto, toda la solidaridad con mucho respeto, con mucha admiración, que en lo personal le tengo al senador Encinas, con quien he tenido el privilegio de trabajar en diversos temas, y quienes lo conocemos sabemos que si ha de caracterizarse por algo, es precisamente por ser una persona, tolerante, una persona incluyente, y por eso mismo hay que condenar fuertemente los hechos.
Y también yo creo que vale mucho la pena preguntarnos como Senado ´ ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades en el caso del incendio de la puerta Mariana, dónde están las autoridades en el caso de este suceso de Alejandro Encinas, dónde están las autoridades que permiten el bloqueo de casetas, por miedo a que se escale, a que se escale esta tensión social, pero de ninguna manera se puede renunciar a gobernar por temor?
Tenemos un enorme reto como Estado, ciertamente el Senado no es ajeno a esto, somos parte del Estado, y en ese sentido tenemos también que tratar de colaborar para que se recobre la paz y la seguridad de nuestro país. Gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Laura Rojas. En uso de la palabra el senador Francisco Yunes Zorrilla.
-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con su permiso, senador presidente, agradeciendo la atención respetuosa de las señoras senadoras y los señores senadores, el interés de su servidor es dejar particularmente claro que estas primeras palabras subrayen el interés de destacar nuestra solidaridad, nuestro aprecio y nuestro compromiso de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para quien a lo largo de este tiempo, como senador, y a lo largo de muchos años como un íntegro actor político en este país, fue lamentablemente señalado por expresiones violentas en Xalapa, Veracruz, para el senador Alejandro Encinas, de parte de las senadoras y de los senadores del grupo parlamentario del PRI, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad.
Porque señoras, senadoras, señores senadores, Veracruz es, por mucho, más que la noticia de ayer, que al tener como destinatario a un miembro de este Congreso sin duda lesiona a todos en su conjunto, y todos en su conjunto nos sumamos al exhorto que de manera puntual ha presentado ya a nombre de este Órgano Colegiado, el Presidente senador de la Cámara.
Veracruz es un pueblo que trabaja todos los días, lo mencionaba hace un momento el propio senador Encinas, un Estado reconocido por su gente, por su calidad, por su hospitalidad, por la forma mesurada y responsable con la que hace política, y es por eso por lo que significa Veracruz, y por lo lamentable de los acontecimientos de ayer, que asumimos hoy el uso de esta tribuna para aclarar de manera puntual que exigimos que se lleve a cabo una exhaustiva investigación de los hechos para deslindar responsabilidades; para que quede particularmente claro quien promueve este tipo de acciones.
Bajo ninguna circunstancia aceptamos que sea el gobierno del Estado, pero no es lo que diga su servidor en esta tribuna, o lo que puedan señalar algunos otros desde sus escaños. Lo relevante y lo importante es que a través de estas pesquisas se puedan deslindar estas responsabilidades para tranquilidad de todos.
Porque el llamado de las señoras senadoras y de los señores senadores llama mucho a consideración, obliga a hacer un alto en el camino, a reconocer que las cosas no vienen bien y que tienen una situación que las explica y que les genera como origen, y es, sin lugar a dudas, el hecho de que cualquier expresión, mayor, como la de ayer, mucho mayor como la que sucedió o ha venido sucediendo a lo largo de mucho tiempo, no reciba castigo y no reciba en este sentido reprimenda con la ley en la mano.
Ayer en Xalapa esto nos consterna a todos, ayer en allá en Chilpancingo ya la violencia descarada está lamentando una muerte de un servidor público también en la forma de un policía brutalmente golpeado, brutalmente lastimado por expresiones de intolerancia, no importa cuál sea la magnitud y no importa cuál sea el resultado, lo relevante es que este país no puede aguantar bajo ninguna circunstancia más expresiones de este tipo, y no se pueden alentar ni por consignas políticas ni por coyunturas del momento ni por razones de cualquier otro...
. . . de este tipo y no se pueden alentar ni por consigna política ni por coyuntura del momento, ni por razones de cualquier otro tipo de ventaja o de posicionamiento.
Este es un tema que nadie se escapa, que no merece este país y que nosotros estaremos, desde el Grupo Parlamentario del PRI tratando de menguar con trabajo y con responsabilidad.
Sé que el gobierno del estado, el gobierno de Veracruz hará su parte, desde el Senado de la República esteremos pendientes a que se cumpla y desde el Senado de la República estaremos siempre reconociendo la trayectoria, la formalidad, el prestigio, la calidad de un excepcional representante popular como lo es Alejandro Encinas.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senador Yunes.
En uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, adelante.
Sonido en el escaño de la Senadora Sansores San Román.
-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN (Desde su escaño): Gracias Presidente.
Reprobamos también enérgicamente la agresión contra el Senador Encinas, en este caso es claro que hay sospechas de mano negra también por parte del Gobierno de Veracruz, y queremos decir de Alejandro Encinas que él es un hombre respetado, un Senador querido y un ciudadano ejemplar, y hay que felicitarlo por sus buenos reflejos que son envidiables.
Y también quiero agregar nuestra protesta enérgica por la retención ilegal y arbitraria, violenta que hizo la policía del Distrito Federal en contra de estudiantes y ciudadanos que solamente por ser jóvenes fueron detenidos por horas llevados a la SEIDO; algunos de ellos eran menores de edad y 17, 18 ni siquiera habían estado en la marcha.
Hay que reprobar la violencia, venga de donde venga, pero más si la violencia la promueve el Estado como en el caso de Tlatlaya y Ayotzinapan.
Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores para intervenir.
-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gracias Presidente.
Nosotros al igual que nuestros compañeros de los demás grupos parlamentarios nos solidarizamos con el Senador Alejandro Encinas por la agresión de la que fue objeto el día de ayer en Xalapa, pero nos sumamos también al llamado a no especular en las circunstancias bajo las cuales vive nuestro país en estos días y nos sumamos también al llamado para no alentar estos signos de violencia y que más bien en esta soberanía nos dediquemos a trabajar de manera responsable, construyendo las instrucciones y las políticas que le hacen falta a este país para que podamos vivir en paz y en pos de un mayor bienestar.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senador.
Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá Ruíz.
-LA C. SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ (Desde su escaño): Gracias señor Presidente.
Del mismo modo como lo han expresado algunos de los que me han antecedido en el uso de la voz, solidarizarnos con Alejandro Encinas, sin duda es un hecho reprobable, me parece que se trata de un legislador, como aquí se ha expresado, querido, respetado, y efectivamente lo sentimos como una agresión a todos, pero también me parece que es momento de expresar nuestras condolencias a los familiares del policía que ha fallecido desafortunadamente y también momento para que los y las legisladores podamos hacer un llamado a evitar especulaciones, a no abonar en un ambiente de más violencia, la violencia no se resuelve con más violencia y también nuestra responsabilidad está en cada uno de nuestras expresiones, de nuestros dichos y de nuestras actuaciones, si hay alguien que debemos de mostrar congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, me parece que somos los propios legisladores.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senadora Blanca Alcalá.
Desde su escaño ha pedido el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.
Quiere subir a tribuna.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias compañeras y compañeros senadores.
En primer lugar quiero agradecer el pronunciamiento que en ejercicio de su responsabilidad y de sus facultades han presentado a este pleno, tanto la Mesa Directiva del Senado de la República como la Junta de Coordinación Política, el cual comparto plenamente.
En segundo lugar agradecer las expresiones de solidaridad de mis compañeras y compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios que desde el día de ayer y en esta sesión pues han condenado esos hechos y dado muestras de cariño y de solidaridad.
Y también quiero agradecer pues las innumerables muestras de apoyo y solidaridad que a través de muchos medios en las redes sociales, en correos electrónicos, en llamadas telefónicas han hecho un importante sector de ciudadanos, muchos de ellos, sinceramente me sorprendió llamados algunos de ellos hasta los monitores que nos pone el Gobierno del Estado de México en las giras del Estado hablaron para dar su solidaridad y condenar la violencia, lo cual habla muy bien pues de cómo debemos enfrentar una situación de esta naturaleza.
Y quiero simple y sencillamente señalar, mi convicción de que la provocación y la violencia no es la vía para resolver ni dirimir las controversias y las diferencias entre los mexicanos.
Yo tomé una decisión personal hace ya cerca de 40 años, de asumir la lucha política a través de la vía democrática y la disputa electoral, partiendo del reconocimiento y de la diversidad y la pluralidad que caracteriza a nuestro país y que el principio fundamental para garantizar la sana convivencia entre las mexicanas y los mexicanos, ese reconocimiento de nuestra diversidad en un ambiente de respeto y de tolerancia, y la provocación no solamente no me hará modificar esa decisión que marcó mi vida y con la cual considero que he sido congruente hasta el día de hoy, sino también la mantendré y seguiré trabajando, porque las provocaciones en momentos de crispación política como la que estamos viviendo no sólo en Veracruz o en Guerrero, en Michoacán, sino en todo el país, reclaman y exigen de que creemos un ambiente político, distinto que nos permita recuperar la normalidad democrática.
El provocador busca distraer la atención de los problemas centrales.
Distraer hoy del tema nodal que es el pleno esclarecimiento de los hechos de barbarie que se vivieron en Iguala y las agresiones de que fueron objetos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y queremos conocer la verdad y por más provocaciones que pretendan minimizar las grandes concentraciones de miles y miles de mexicanas mexicanos indignados por esta situación y por el clima lamentable de zozobra, inseguridad e incertidumbre que se vive en el resto del país quieren un cambio de fondo.
Y también el provocar en este tipo de escenarios, buscan que en lugar de encauzar la energía social a procesos de transformación democrática se busque la salida autoritaria a la solución de los conflictos.
Yo creo que la tolerancia, la política en su digna y justa dimensión la construcción de entendimientos debe ser la vía para recuperar la paz y la tranquilidad que se merecen todas las mexicanas y todos los mexicanos y en ellos seguiré empeñando al igual que todas y todos ustedes mis esfuerzos y mi empeño.
Si no nos amedrentamos en los tiempos difíciles cuando estaba la proscripción y la represión menos nos vamos a amedrentar contra pequeños provocadores que no tienen conciencia del daño que le están haciendo al país.
-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: En ejercicio de la responsabilidad de velar por el fuero de las y los senadores y la inviolabilidad del recinto donde sesiona el pleno del Senado y la sede en lo general, exhorto en este momento, ya lo he hecho por escrito, en dos ocasiones, lo haré por tercera ocasión, a las autoridades federales, a las del Distrito Federal, a las de los Estados de la República a que ejecuten los mecanismos que garanticen la seguridad para las senadoras y los senadores y el personal de la institución de manera que se procuren condiciones que permitan el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos.
Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 13 de noviembre a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1569