Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A223-06.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:37:48
Document Index: 325901291

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 259', 'artículo 259', 'Artículo 259', 'artículo 7', 'artículo 259', 'artículo 7', 'artículo 259', 'artículo 49', 'artículo 34', 'artículo 86', 'artículo 241']

A223-06
Auto 223/06
JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTE-Diferenciación del término
JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Concepto/AUTONOMIA INTERPRETATIVA DE LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Condiciones específicas para modificar jurisprudencia
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Desconocimiento de la jurisprudencia en vigor está supeditado a la existencia de un precedente jurisprudencial consolidado
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Procedencia excepcional por omisión de circunstancias expuestas en la acción
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia discrecional para revisión de sentencias de tutela
CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad de determinación de los problemas jurídicos relevantes para el análisis judicial en sede de revisión no es absoluta
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cumplimiento del requisito formal de oportunidad en sentencia T-229 de 2006
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Causales por desconocimiento de la jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO-Accionante no podía prescindir del mecanismo ordinario para la resolución de su conflicto prestacional
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia de la acción de tutela por existencia de otro medio de defensa judicial en sentencia T-229 de 2006
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia de solicitud por desconocimiento del precedente judicial por no haber identidad fáctica y jurídica entre los casos
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Accionante debe demostrar la jurisprudencia en vigor que no fue aplicada por el juez constitucional
Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-229 de 2006
Bogotá D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil seis (2006).
1. El 26 de mayo de 2005, la señora Natividad Salgado Martínez, actuando como apoderada judicial del ciudadano Tomás Devia Lozano, interpuso acción de tutela contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el Municipio de San Martín de la Loba -Bolívar- y Cementos del Nare S.A, por considerar que esas entidades le vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y a la salud de su representado, al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez. La sentencia T-229 de 2006 resumió como sigue, los hechos del caso objeto de revisión:
1.2.1 En la empresa Cementos Nare S.A. durante 10 años, 4 meses y 19 días. Este periodo está comprendido entre el 6 de noviembre de 1954, y el 17 de junio de 1958(equivalente a 3 años, 7 meses y 12 días) y entre el 25 de abril de 1960 y el 1º de febrero de 1967 (equivalente a 6 años, 9 meses y 7 días).
1.2.2 En el Municipio de San Martín de la Loba, Bolívar, entre el 25 de agosto de 1967 y el 30 de diciembre de 1973 (equivalente a 6 años, 4 meses y 7 días).
1.2.3 En la Cámara de Representantes, al ser elegido en dos oportunidades como representante, por la circunscripción electoral del Departamento del Guaviare. Este periodo estuvo comprendido entre el 1º de diciembre de 1991 y el 19 de julio de 1994(equivalente a 2 años, 7 meses y 19 días), y entre el 20 de julio de 1994 y el 19 de julio de 1998(equivalente a 4 años).
1.4. El accionante señaló que en el 2004 de nuevo, solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el reconocimiento de su derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación. Esto, teniendo en cuenta, que el trámite de la pensión de jubilación había sido suspendido por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, pues se encontraba pendiente en la Fiscalía General de la Nación una investigación por fraude procesal[1].
1.12. El 26 de mayo de 2005, el señor Tomás Devia Lozano interpuso, a través de apoderado, acción de tutela contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el Municipio de San Martín de la Loba -Bolívar- y Cementos Nare S.A, por considerar que esas entidades le vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y a la salud, al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez.
1.13. En virtud de lo anterior, el accionante solicita que se ordene al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación vitalicia, desde el 20 de julio de 1998. Asimismo, solicita que se le ordene a Cementos Nare S.A. y al Municipio de San Martín de la Loba que paguen al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República todos las sumas que les correspondan proporcionalmente respecto de las obligaciones pensionales legalmente establecidas.
1.14. La acción fue tramitada en primera instancia por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá, que mediante providencia de 7 de julio de 2005, negó por improcedente la acción de tutela. Al respecto, el juez de instancia señaló lo siguiente: “[n]o es procedente la acción de tutela interpuesta, toda vez que el actor no ha agotado los mecanismos legalmente previstos en el ordenamiento jurídico (acciones ante la jurisdicción ordinaria) para que la autoridad respectiva se pronuncie de fondo sobre sus pretensiones, desconociendo que son éstas, las llamadas a dilucidar si en efecto el señor TOMÁS DEVIA LOZANO, tiene o no derecho a que se le reconozca y pague la pensión vitalicia de jubilación solicitada.”
1.15. Previa impugnación, el 26 de agosto de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, confirmó la sentencia de primera instancia. El Tribunal consideró que no era procedente reconocer una pensión de jubilación mediante la acción de tutela, pues la controversia sobre si se cumplen o no los requisitos para pensión es de carácter legal y no constitucional. En tal sentido, a juicio del juez de instancia: “[a]sí la edad del demandante y su estado de salud o económico, lo coloquen en situación apremiante, no puede el juez constitucional, por fuera del ordenamiento jurídico disponer el reconocimiento y el pago de un pensión de jubilación cuando, en principio, las exigencias legales no se reúnen”.
2. La Corte Constitucional seleccionó para revisión las sentencias proferidas por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, que resolvieron la acción de tutela promovida por Tomás Devia Lozano. El expediente fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión que, en ejercicio de competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profirió la sentencia T-229 de 2006. Esta providencia confirmó las decisiones de tutela revisadas.
Para proferir su sentencia la Corte Constitucional consideró (1) que era necesario determinar la procedencia de la acción de tutela, como quiera que existía otro medio de defensa judicial; (2) que la procedencia en el presente caso debía, en principio, concederse de forma transitoria siempre que se verificara la existencia de un perjuicio irremediable; (3) que por tanto resultaba relevante analizar la idoneidad del recurso a partir de las reglas jurisprudenciales[2]; (4) que el accionante no cumplió con uno de los requisitos jurisprudenciales establecidos al desestimar por completo el mecanismo ordinario. (5) Por las razones anteriores, la Corte negó la solicitud, pues en su criterio la acción de tutela no resultaba procedente como mecanismo transitorio.
“1.- Porque él tiene el derecho a la pensión de jubilación, toda vez que cumplió con los requisitos legales exigidos por la ley, artículo 7º del Decreto 1359 de 1.993, en lo que respecta al tiempo laborado (más de veinte años) y haber cumplido con la edad requerida (mayor de 55 años).
2.- Porque el hecho de que su primer patrono (Cementos Nare S.A.) no haya cotizado las semanas que el trabajó para dicha empresa (más de 10 años), no convierte tal situación en una eximente del pago de la pensión de jubilación, pues el artículo 259, numeral 2, del Código Sustantivo del Trabajo dice, textualmente:
3.- Porque, para el caso concreto, se daban a cabalidad todas las exigencias de la ley para que se le amparara al actor el derecho fundamental vulnerado, como lo eran la edad, el tiempo laborado y la obligación del patrono de pagar la pensión de jubilación, aunque no le hubiese cotizado al Instituto de Seguros Sociales todas las semanas que el trabajador laboró para dicha empresa, pues no de otra manera se pude entender el artículo transcrito, era de derecho que se amparara su derecho fundamental, pues no en otro sentido se pude entender el contenido y alcance de la sentencia de Sala Plena transcrita en apartes atrás.
4.- Porque, dentro del presente caso la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Honorable Corte Constitucional debió guiarse por los alcances de la jurisprudencia de la Sala Plena, pues dichos pronunciamientos eran los obligatorios para los Magistrados de la misma Corporación y la similitud de situaciones fácticas que se dieron entre esta acción y el caso resuelto por la Sala Plena imponían el auxilio de la jurisprudencia.”
“2.- Porque cuando la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, dentro de la presente acción de tutela, no tuteló los derechos fundamentales del actor por considerar que existían otros medios o vías judiciales, desconoció múltiples pronunciamientos de la Corporación en donde, frente a una situación similar (derecho a la pensión de jubilación), se amparó, como mecanismo transitorio, el derecho a la pensión de jubilación.
3.- Porque cuando la Corporación ha tutelado derechos fundamentales por la vía del mecanismo transitorio, siempre ha concedido términos prudenciales de meses para que la persona favorecida transitoriamente con el fallo de tutela acuda a los estrados judiciales.
4.- Porque no se encuentra explicación sobre las razones existentes para que la presente acción de tutela no hubiera sido fallada en el mismo sentido en que la Corporación se pronunció en oportunidades pasadas.
5.- Porque se estaría generando una inseguridad jurídica, la cual debe corregirse, pues sí unos casos se resuelven en un sentido y en otros, no obstante la similitud de situaciones fácticas, se adoptan decisiones diametralmente opuestas, el administrado no sabría cual es la posición concreta de la Corporación.
6.- Porque es la misma Corte la que debe corregir sus yerros, toda vez que ella, por mandato constitucional, está llamada a proteger, como órgano de cierre, el derecho fundamental de los asociados.”
“1.- El Código Sustantivo del Trabajo fue expedido en el año de 1.950, a través de los Decretos 2663 y 3743 expedidos por el Gobierno Nacional.
2.- Dentro de dicho Código estaba reglamentado el tema de Las Prestaciones Patronales Especiales (derecho a la pensión de jubilación entre otras), y en la introducción de dicho tema estaba, como regla general, el artículo 259, el cual decía y dice textualmente:
`Artículo 259.-
1.- Los patronos o empresarios que se determinan en el presente título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.
2.- Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo de los patrones cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto, ´. Negrillas fuera del texto.
3.- Dicha legislación consagraba el derecho de jubilación para el trabajador y la obligación para el patrono de cancelarla, la cual, sino se cotizaba al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, debía ser asumida por él.
4.- Cuando el accionante trabajó (por más de 10 años) para la empresa Cementos Nare S.A., dicha empresa no cotizó para pensión y seguridad social del trabajador, toda vez que el trabajador laboraba en una región en donde no existía seccional del Seguro Social, hecho este que libera al Seguro Social de pagar la pensión de jubilación pero que, al tenor del artículo citado y transcrito, no liberaba al patrón.
5.- Años después se expidió el decreto 1359 de 1.993, el cual, en su artículo 7º, dispuso y reguló sobre los requisitos para pensión de quienes hayan fungido como Senadores o Representantes a la Cámara(no hay que olvidar que el accionante se desempeñó por dos períodos como Representante a la Cámara), y allí se estableció edad (más de 55 años) y tiempo trabajado (20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público, incluido el Congreso se la República, o que los hayan cumplido o cotizado en parte en el sector privado.
6.- Dicho artículo séptimo debe interpretarse en forma coherente con el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual manda y ordena (deberán) al patrono asumir el pago de la pensión cuando no haya cotizado para el seguro social.
7.- No hay que olvidar que la o que trae el artículo 7º (cuando habla de cumplir o cotizar) es disyuntiva, no copulativa como parecen entenderlo el Fondo de Pensiones del Congreso, Cementos Nare S.A. y quienes fallaron la presente tutela.
8.- Así las cosas, dentro del presente caso brilla por su ausencia la aplicación del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y tampoco fue tenida por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional cuando confirmó los fallos de primera y segunda instancia.”
Dicho uso indiscriminado de los términos mencionados puede conducir a equívocos cuando, como en el presente caso, se estudia la nulidad de una sentencia por desconocimiento de los antecedentes jurisprudenciales que ha fallado esta Corte. En este contexto, la Corte aclara que el término antecedente jurisprudencial se refiere a aquellas sentencias que si bien son una herramienta útil para el análisis de las reglas sobre un derecho fundamental su contenido no es del todo aplicable al caso concreto[3]. Por el contrario, el término precedente si es aquel que se ajusta en términos fácticos y jurídicos a la controversia que se debate en la nueva sentencia.
Lo anterior se puede ejemplificar de la siguiente forma: la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado en numerosas oportunidades el tema del derecho a la salud en conexidad con la vida. En particular, para resolver sobre el suministro de medicamentos y servicios médicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, la Corte ha reiterado en múltiples sentencias que se deben cumplir cuatro requisitos, por lo que sólo las sentencias cuya identidad de hecho y de derecho coincida con el caso objeto de estudio, configurarían el precedente para resolver el caso concreto.
3. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone que contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La misma norma prevé que la nulidad de los procesos que se surtan ante esta Corporación sólo podrá alegarse antes de proferido el fallo y deberá sustentarse en irregularidades que comporten la violación del debido proceso.
4. No obstante, la jurisprudencia constitucional, con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, ha protegido la posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela con posterioridad al fallo o de manera oficiosa[4]. Para ello, ha fijado una serie de requisitos que se sintetizan a continuación.[5]
4.1 Naturaleza excepcional. La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional. A esta decisión sólo puede arribarse cuando concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.’[6] (Subrayado fuera de texto)”[7].
4.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional ha señalado que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de revisión los siguientes requisitos[8]:
El desconocimiento del precedente constitucional como causal de nulidad de las sentencias. Reiteración de jurisprudencia[19]
En tal sentido, la Corte señaló lo siguiente: “Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. El artículo 34 del decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con una grave violación al debido proceso[20]. Sin embargo, no toda discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica la modificación[21]; en caso contrario, “[L]as situaciones fácticas y jurídicas analizadas en una sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de fundamento para proferir un fallo son intangibles, porque son connaturales a la libertad, autonomía e independencia que posee el juez para evaluarlas y juzgarlas.”[22].”[23]
Sin embargo, la imposibilidad de cambio jurisprudencial por parte de las salas de revisión y la consecuente nulidad del fallo que incurre en este defecto es un asunto que debe analizarse desde la perspectiva de los presupuestos de excepcionalidad que gobiernan el trámite de nulidad. Bajo esta perspectiva, providencias de esta Corporación han fijado los presupuestos específicos para la procedencia de la nulidad de las sentencias que incurren en modificación de jurisprudencia.[24]
6. En primer lugar, se debe estar ante una línea jurisprudencial establecida por la Corte, que constituya precedente obligatorio para las salas de revisión. Por tanto, debe concurrir para el caso concreto una “jurisprudencia en vigor, esto es, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)”[25].”[26]
El término jurisprudencia en vigor, de acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión. Sin embargo, tal necesidad de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones específicas, entre ellas “(i) los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico.”[27]
7. Ahora bien, a este respecto no sobra recordar que la existencia de un precedente supone la existencia de una regla específica sobre el contenido y alcance de la disposición constitucional concretamente aplicable al caso. El precedente esta constituido así por aquellos apartes específicos y concretos de las sentencias de tutela o de constitucionalidad, que tienen relación “estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva” de la decisión[28]. En este sentido, en la sentencia SU-047 de 1999, la Corte señaló que aquella parte de las sentencias que se denomina precedente o ratio decidendi es “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”, a diferencia del obiter dictum que constituye “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”.
i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente[29].
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[30].
Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes.”[31]
8. Finalmente, una vez definida la existencia de una línea jurisprudencial vigente, la procedencia de la nulidad por el cambio de precedente estará supeditada a estrictos requisitos, expresados por la doctrina constitucional de la siguiente forma[32]:
- La sentencia objeto de solicitud de nulidad debe en forma expresa acoger una regla de decisión contraria a la contenida en la jurisprudencia en vigor aplicable a la materia correspondiente. Por tanto, no podrá predicarse la nulidad del fallo cuando lo alegado por el peticionario consista en “(i) diferencias esenciales o accidentales entre casos aparentemente iguales; (ii) (…) la utilización de expresiones al parecer contrarias a la doctrina constitucional vigente; y menos aún, (iii) el uso de criterios jurídicos novedosos para dar eficaz solución a circunstancias no previstas en los casos anteriores, siempre y cuando dicha decisión corresponda a una interpretación razonable y proporcionada del ordenamiento jurídico constitucional”.[33] De igual forma, la nulidad no concurrirá cuando la contradicción planteada esté relacionada con apartados de sentencias anteriores que no hacen parte de la razón de decisión, sino que constituyen materias adicionales que no guardan relación necesaria con la resolución del problema jurídico dado, afirmaciones que la doctrina denomina como obiter dicta.[34]
- Debe existir plena identidad entre los presupuestos fácticos de la sentencia objeto de solicitud de nulidad y los hechos jurídicos relevantes para la construcción de la regla de decisión prevista por el precedente constitucional. Sobre este particular, la Corte ha establecido que “el precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho.”[35]
La omisión de circunstancias expuestas en la acción de tutela como causal de nulidad de los fallos de revisión. Reiteración de jurisprudencia[36].
Para resolver esta controversia, la Sala partió de afirmar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la Corte Constitucional tenía la competencia para seleccionar, de forma discrecional, los fallos de tutela que considerara pertinente revisar en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 241-9 de la Carta y con el objeto de unificar la doctrina constitucional acerca del contenido y alcance de los derechos fundamentales.[37]
A juicio de esta Corporación, la naturaleza discrecional de la revisión por parte de la Corte contraía una serie de consecuencias, entre ellas, que la Sala de Revisión tenía la potestad para fijar los temas jurídicos materia de revisión, sobre los cuales considerara necesario la unificación jurisprudencial. En consecuencia, la Sala estaba facultada para dejar de analizar algunos de los asuntos planteados en la acción impetrada, para lo cual podía excluirlos de manera expresa o tácita. Para la Corte, “[e]n efecto, si una función básica de la revisión es unificar la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la Corte tiene la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión para tal efecto, entonces es claro que la Corte goza también de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión. No tendría sentido que la Corte tenga una plena discrecionalidad para decidir si estudia o no un caso, pero que, por el contrario no goce de ninguna discrecionalidad para delimitar los temas jurídicos que en cada caso deben ser examinados para efectos de desarrollar su función de unificación jurisprudencial.”[38]
Con todo, la facultad de determinación de los problemas jurídicos relevantes para el análisis judicial en sede de revisión no puede ser reconocida como una potestad absoluta, puesto que la actuación de la Corte, como sucede con los demás funcionarios que integran la jurisdicción, está sujeta a la vigencia de los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial y protección de los derechos fundamentales de quienes acceden a la administración de justicia. En esa medida, la Corte puede excluir determinados asuntos del debate en sede de revisión, a menos que (i) sean materias que posean relevancia constitucional o (ii) tengan una entidad tal que su reconocimiento lleve claramente a que se adopte una decisión en sentido distinto por parte de la Corte. “Lo primero se justifica ante la necesidad de abordar los elementos necesarios para una valoración constitucional recta y transparente que no está subordinada a los elementos del caso concreto sino a la trascendencia del debate constitucional; lo segundo, atendiendo razones de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, especialmente en cuanto a la protección de derechos fundamentales se refiere”.[39]
Conforme a estos presupuestos, la Corte concluyó que, de manera general, la ausencia de análisis en la sentencia de revisión de la totalidad de los asuntos indicados en la demanda de tutela no podía estructurar, en sí misma, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y, por tanto, fundar la nulidad del fallo. Sin embargo, esta conclusión debe matizarse, pues la hipótesis de la nulidad del fallo por afectación del debido proceso tendría sustento suficiente cuando la omisión en la que incurre la Corte refiere a aquellas materias límites de la potestad discrecional de selección de los asuntos jurídicos a tratar en sede de revisión. Sobre este preciso particular, indicó el Auto 031 A/02:
“La Corte precisa la anterior doctrina: esta Corporación está únicamente señalando que la mera omisión del examen de un punto no configura violación al debido proceso, y por ello no genera per se la nulidad de la sentencia. Sin embargo, esa tesis no debe ser absoluta, pues es posible que en un determinado caso la omisión del examen de ciertos argumentos y pretensiones de la demanda, o de ciertas defensas propuestas por la parte accionada, llegue a configurar una violación al debido proceso. Eso sucedería si es claro que la omisión condujo a una decisión diferente a aquella que hubiera debido ser tomada si la sentencia hubiera examinado los argumentos, o pruebas o pretensiones que no fueron estudiados. En efecto, en un caso de esa naturaleza, la omisión puede llegar a configurar una violación al debido proceso, pues alguna de las partes es sorprendida, sin posibilidad de defenderse, con una decisión distinta a aquella que debió ser tomada si sus argumentos, pretensiones o pruebas hubieran sido adecuadamente examinados. Pero como no puede perderse de vista que la Corte también está obligada a proteger los derechos fundamentales, es necesario acudir al criterio de trascendencia, según el cual la omisión en el análisis de ciertos aspectos supone violación al debido proceso, si de haber sido analizados esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o si por la importancia que revestía en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala.”.
Para proferir su sentencia la Corte Constitucional consideró (1) que era necesario determinar la procedencia de la acción de tutela, como quiera que existía otro medio de defensa judicial; (2) que la procedencia en el presente caso debía, en principio, concederse de forma transitoria siempre que se verificara la existencia de un perjuicio irremediable; (3) que por tanto resultaba relevante analizar la idoneidad del recurso a partir de las reglas jurisprudenciales[40]; (4) que el accionante no cumplió con uno de los requisitos jurisprudenciales establecidos al desestimar por completo el mecanismo ordinario. (5) Por las razones anteriores, la Corte negó la solicitud, pues en su criterio la acción de tutela no resultaba procedente como mecanismo transitorio.
15. Sin embargo, la apoderada del señor Tomás Devia Lozano alega que la sentencia T-229 de 2006 debe ser anulada, pues se desconoce la sentencia de la Sala Plena SU-430 de 1998. Al respecto, señala que la sentencia impugnada no consideró que el señor Tomás Devia Lozano cumplía con los requisitos de edad y tiempo laborado para acceder a la pensión de jubilación. En particular, sobre la sentencia SU-430 de 1998, la representante del señor Tomás Devia Lozano, señaló: “(...) Porque, dentro del presente caso la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Honorable Corte Constitucional debió guiarse por los alcances de la jurisprudencia de la Sala Plena, pues dichos pronunciamientos eran los obligatorios para los Magistrados de la misma Corporación y la similitud de situaciones fácticas que se dieron entre esta acción y el caso resuelto por la Sala Plena imponían el auxilio de la jurisprudencia.”
16. A juicio de la Corte, es imperativo aclarar que no resulta pertinente realizar un análisis sobre si el señor Tomás Devia Lozano cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación toda vez que la sentencia T-229 de 2006, no avanzó en el estudio de fondo del caso pues encontró que la acción de tutela no era procedente. En efecto, como lo ha reconocido la Corte cuando el argumento de la sentencia para negar la protección solicitada fue la improcedencia de la acción de tutela, resulta inoficioso pretender la nulidad de la sentencia con base en argumentos de fondo que no fueron estudiados por la Sala de Revisión[41].
En la SU-430 de 1998, la Corte si bien ordenó el reconocimiento de la pensión del accionante, lo cierto es que al momento del análisis de la procedencia de la acción de tutela, determinó que no se compadecía con la dignidad humana obligar a una persona de la tercera edad a realizar un nuevo proceso judicial para la reclamación de la prestación. En particular, en esa oportunidad la Corte señaló lo siguiente: “Además, no estaría acorde con el principio de dignidad humana (Preámbulo, art. 1° C.P.) [42] someter al actor a un nuevo proceso laboral prolongando indefinidamente su derecho a la pensión, causado desde 1979 y debidamente demostrado en el curso de este proceso de acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente de tutela, por la negativa de CAXDAC de reconocerlo y, posteriormente, por la decisión de la h. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que, con fundamento en normas anteriores a la Constitución de 1991, casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que le otorgaba el derecho a dicha pensión.”
18. Ahora bien, en cuanto a la segunda causal invocada por la apoderada del señor Tomás Devia Lozano, es preciso determinar que se trata de afirmaciones respecto al desconocimiento del precedente judicial sobre la acción de tutela como mecanismo transitorio. En tal sentido, la representante del accionante manifiesta que existen múltiples pronunciamientos sobre pensión de jubilación de la Corte Constitucional en los que se ha reconocido la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio y se ha concedido al peticionario un tiempo razonable para la interposición del otro medio de defensa judicial. Asimismo, refiere las condiciones jurisprudenciales para que se configure un perjuicio irremediable y señala que las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección.
Por lo tanto, resultan insuficientes las alegaciones de la apoderada del señor Tomás Devia Lozano respecto al desconocimiento del precedente judicial de la acción de tutela como mecanismo transitorio[43]. Lo anterior, no sólo por la carga probatoria que tiene el interesado en promover la nulidad de la sentencia sino por la naturaleza excepcional de la nulidad que lo obligan a plantear de forma concreta las razones de la solicitud.
En este orden de ideas, para la Corte es claro que corresponde al accionante demostrar cuál es la jurisprudencia en vigor que no fue aplicada por el juez constitucional. Sólo así se cumpliría con la carga impuesta al accionante respecto a la identificación de la(s) sentencia(s) en virtud de las cuales el interesado predica la eventual nulidad. En efecto, es el accionante quien determina la línea jurisprudencial que pretende hacer valer como desconocida, así como la similitud fáctica y jurídica entre los casos.
PRIMERO. – NEGAR LA NULIDAD de la Sentencia T-229 de 2006, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.
SEGUNDO. –Comuníquese la presente providencia a la apoderada del accionante.
[1] El 23 de marzo de 2004, la Fiscalía 69 Seccional de Bogota precluyó la investigación adelantada en contra de Tomás Devia Lozano. Esta investigación había sido iniciada por denuncia presentada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en contra de Tomás Devia Lozano, ya que cuando en 1998 se puso en consideración del Municipio de San Martín de la Loba el proyecto de resolución que reconocía la pensión de jubilación al señor Devia, el municipio comunicó que él no había laborado en esa entidad territorial, por lo que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República consideró que la certificación que había sido adjuntada por el señor Devia al momento de solicitar su pensión podía ser falsa.
[2] La Corte Constitucional realizó el análisis a partir de los siguientes criterios: “(i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos”.
[3] Cfr. Sentencia T-292 de 2006.
[19] Cfr. Auto 060 de 2006 y la jurisprudencia adelante citada
[20] Cfr. entre muchos otros, Auto 052 de 1997 MP. Fabio Morón Díaz, Auto 003A de 1998 MP. Alejandro Martínez Caballero, Auto 082 de 2000 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21] Cfr. Auto 053 de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Corte Constitucional, Auto 105A de 2000 MP. Antonio Barrera Carbonell
[23] Auto 031A de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[24] Una importante compilación de estos requisitos se encuentra en el Auto 131/04, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Fundamentos jurídicos 13 y siguientes.
[25] Auto 013 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[28] Al respecto, se puede precisar que por su carácter general una sola sentencia de constitucionalidad podría constituir precedente para el análisis posterior de un caso concreto mientras que una sola sentencia de tutela requiere que se compruebe la identidad fáctica y jurídica para que llegare a convertirse en precedente.
[29] En la sentencia T-1317 de 2001. (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), se hace una alusión tangencial a estas características, al señalarse que el “precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez”.
[30] Sentencia T- 1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[31] Sentencia T-292/06
[32] Esta clasificación es expuesta por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[34] Para la distinción entre los argumentos judiciales que hacen parte de la ratio decidendi y aquellos que constituyen simples obiter dicta carentes de condición jurisprudencial vinculante, Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-047/99, Ms.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos jurídicos 43 y siguientes.
[35] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1317/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Fundamento jurídico 6.
[36] En el Auto 164 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño, se retomó la jurisprudencia existente cuando se alega la nulidad de la sentencia por omisión en el estudio de un tema propuesto por el accionante. En esta oportunidad la Corte negó la nulidad propuesta como quiera que la sentencia impugnada había sido fallada con base en la improcedencia de la acción de tutela y la alegación principal de la nulidad se refería a la omisión por parte de la Corte respecto al análisis de asuntos de fondo, los cuales como lo evidenció la Corte carecían de relevancia constitucional ante la improcedencia de la acción de tutela.
[37] Esta posición, empero, no excluye la función de la revisión de los fallos de tutela como instrumento para la consecución de la justicia material en el caso concreto. Al respecto señaló el Auto 031 A/02: “(…) esta facultad discrecional de revisión implica también que el papel de la Corte no consiste en corregir todos los eventuales errores en que hayan podido incurrir los jueces al decidir los casos, sino que busca unificar la doctrina sobre el alcance de los derechos fundamentales. Esto obviamente no significa que los problemas de justicia individual en los distintos casos no sean relevantes en la labor de la Corte, pues es obvio que también corresponde a este tribunal amparar los derechos fundamentales y contribuir a la formación de un orden justo.”
[39] Ibídem. Fundamento jurídico No. 14
[40] La Corte Constitucional realizó el análisis a partir de los siguientes criterios: “(i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos”.
[41] Auto 164 de 2005. MP: Jaime Córdoba Triviño.
[42] Cfr. Corte Constitucional. Ver sentencias: T-596 de 1992, T-124 de 1993, T-067 de 1994, SU-256 de 1996, T-227 de 1997, T-248 de 1998, entre otras.
[43] Al respecto es preciso aclarar que en la sentencia T-229 de 2006 la Corte estudió la procedencia de la acción de tutela a partir de la sentencia T-083/04 que desarrollaba los factores a tener en cuenta para la procedencia transitoria de la acción de tutela en los casos de pensiones, los cuales fueron inicialmente enunciados en la sentencia SU-975/03.