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Timestamp: 2020-07-13 08:26:50
Document Index: 166889717

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Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Agosto de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 31658595
Fecha de Resolución: 15 de Agosto de 1996
publicada en Agosto de 1996
Por: Magistrada Á.R. de Cedeño
INTRODUCCIÓN. I. La Situación Legal de la Mujer en las Distintas Constituciones Panameñas. A. Constitución de 1904. B. Constitución de 1941. C. Constitución de 1946. D. Constitución de 1972. II. Cambios Substanciales en Nuestra Legislación. A. El Código de la Familia. B. Ley 27 de 16 de junio de 1995. C. En materia L.. 1. Derecho a no ser despedida. 2. Derecho al Descanso Obligatorio. 3. Derecho a la suspensión de términos de caducidad y prescripción establecidos en favor del empleador. 4. Derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas. 5. Derecho a no efectuar tareas perjudiciales a su estado. 6. Derecho a amamantar a su hijo o hija. 7. Derecho a un Local Acondicionado para poder amamantar a su hijo o hija. D. Ley 22 de 7 de diciembre de 1990. E. Proyecto de Ley Nº 42 "Por el cual se previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo. F. Decreto Ejecutivo Nº 28 de 26 de enero de 1996, por el cual se desarrolla el artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994. G. Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995, por medio del cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer.
CONCLUSIONES. PROPUESTA CONSTITUCIONAL PARA EL SIGLO XXI.
Al revisar los temas a tratarse en el IX Congreso Mundial de Derecho de Familia, y tomando en cuenta que mediante Decreto Ejecutivo número 70 de 27 de julio de 1995 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, del cual me honro en ser uno de sus miembros en representación del Órgano Judicial, consideré oportuno escribir sobre "Los Derechos de la Mujer Panameña en la Constitución del Siglo XXI".
Este tema cobra mayor importancia en nuestro medio cuando El Consejo Nacional de la Mujer y La Secretaría Técnica del mismo, emprenden la divulgación del Plan Nacional Mujer y Desarrollo para concientizar tanto a hombres y mujeres sobre la igualdad de derechos que ambos tenemos, a pesar de nuestras innegables diferencias biológicas.
Panamá se ha comprometido a nivel internacional [1] a potenciar el papel de la mujer en la sociedad, es decir, a crear las condiciones para que la mujer no sólo sea partícipe sino beneficiaria; para que la mujer pueda acceder a los puestos de poder.
Su participación en un proceso de lucha por la igualdad de las mujeres, y por eliminar cualquier obstáculo que impida lograr una verdadera equidad, encuentra sus más recientes bases en el compromiso de Panamá al adoptar la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.
La presente ponencia pretende mostrar al lector (a), cómo ha variado nuestra legislación en cuanto a los derechos de la mujer, ya que el conocimiento y divulgación de dichos cambios contribuirá no sólo a que tanto hombres como mujeres los acepten, ayudando a estas últimas a exigir el cumplimiento de ellos, sino que contribuirá a que los panameños y panameñas reconozcamos que en la mayoría de los casos la ausencia de equidad entre sexos, es inconsciente. De allí la necesidad de tomar iniciativas respecto a ello.
En muchas ocasiones el derecho ya ha sido reconocido en una ley, incumpliéndose el mismo por razones no de orden legal, sino por patrones socio-culturales que hemos aprendido de nuestros padres y/o madres, y a su vez estos de los suyos.
No por el hecho de que sean conductas aprendidas que pasan de generación a generación, y que tradicionalmente nos hayamos comportado de una determinada manera, es que debemos dejar de reconocer que en muchos casos nuestra conducta es discriminatoria. Lo importante es aceptar la existencia de un problema y las alternativas de solución para atacar el mismo, y así avanzar en el mundo contemporáneo que se enfrenta a grandes desafíos con la globalización.
Como Magistrada del Tribunal Superior de Familia estoy convencida que el reconocimiento de los derechos de la mujer vistos desde la perspectiva de género, contribuirá a la unidad familiar que es uno de los principios fundamentales que consagra nuestro Código de la Familia en su artículo primero.
A su vez, como miembro del Órgano Judicial considero que dicho reconocimiento nos ayudará a cumplir el objetivo de justicia y equidad que por ley estamos obligados a respetar y cumplir, ya que los actos discriminatorios ya sea contra hombre o mujer, niños, niñas, adolescentes y ancianos, conculcan el principio mismo de justicia.
En ese orden de ideas, abordaremos el tema de la situación legal de la mujer en las distintas Constituciones Panameñas, así como en los diferentes cuerpos legales, llegando por último a una propuesta Constitucional para el siglo XXI, tomando en cuenta y compartiendo el sentir de E.U.L., cuando en su obra "La Familia: Núcleo Fundamental de la sociedad (¿Siglo XXI?)" nos señala: "Alborea el siglo XXI: Posible y total igualdad social, política, económica, sentimental de la mujer. Ojalá Colombia rompa con su `demonología´ para entender que la mujer no es objeto, sino sujeto; compañera y no sierva; copartícipe del hogar y no servidora incondicional del hombre (debe liberarse del dominio conyugal que, a veces -duro es decirlo- se amplía a la tiranía de los propios hijos ...)".[2]
LA SITUACIÓN LEGAL DE LA MUJER EN LAS DISTINTAS CONSTITUCIONES PANAMEÑAS.
La Constitución Panameña de 1904 en su artículo 16 señalaba que: "Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. No habrá fueros ni privilegios".
Respecto al sufragio, la misma indicaba en su artículo 49 que: "Todos los ciudadanos mayores de 21 años de edad tienen derecho al ejercicio del sufragio, excepto los que estén bajo interdicción judicial y los inhabilitados judicialmente por causa de delito ..."
La noción de género no fue incluida en ninguno de los artículos descritos, así como tampoco en el resto de la normativa constitucional de 1904, de suerte que a pesar de la no utilización del término varones en el artículo 49 de dicha Constitución, la norma en mención fue interpretada y traducida en la práctica a la prohibición y exclusión de la mujer como detentadora del derecho a votar y ejercer el sufragio.
al voto de la mujer en la Constitución de 1904, el Dr. C.Q. en su libro Derecho Constitucional señala que: "Así, en lo que al voto de la mujer respecta, muchos creyeron que con la eliminación del término varones, el constituyente de 1904 concedió a aquélla derechos políticos. Pero, no resulta así, pues en la práctica las autoridades públicas nunca interpretaron ni aplicaron en tal sentido el referido artículo". [3]
Se hizo una interpretación exegética de la ley, considerándose que la norma no contemplaba a la mujer sino sólo al hombre.
La mujer panameña se vio privada del derecho a ejercer el voto, existiendo una evidente desigualdad en cuanto a derechos en relación al hombre.
La Constitución Panameña de 1941 incluyó el término varones que no contenía la de 1904, cuando en su artículo 61 señaló:
"Son ciudadanos de la República todos los panameños varones mayores de veintiún años.
El Legislador podrá conferir a las mujeres panameñas mayores de veintiún años la ciudadanía, con las limitaciones y los requisitos que la Ley establezca; no obstante, la mujer panameña mayor de veintiún años podrá desempeñar empleos con mando y jurisdicción".
Al no considerar a la mujer panameña como ciudadano, la misma no podía elegir ni ser elegida para ningún puesto público de elección popular. No podía ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción. (Artículo 60 de la Constitución de 1941), haciéndose nuevamente evidente la discriminación que por sexo establecía nuestra Carta Magna.
En entrevista sostenida con el Dr. C.Q., ilustre constitucionalista panameño, el mismo nos manifestó que "Si bien el artículo 61 de la Constitución Panameña de 1941 establecía que el legislador podría conferir a las mujeres mayores de veintiún años la ciudadanía con las limitaciones que la ley estableciera, nunca se dictó una ley que regulara tal situación y le confiriera los derechos a la mujer panameña. No fue sino hasta que el P.R.A. de la Guardia, en diciembre de 1944 dictó un Decreto de Gabinete y disolvió la Asamblea Legislativa, creando una Constituyente formada en 1945, donde por primera vez se integran o se nombran a dos (2) mujeres, E.N. de C. y G.P.. Esa Asamblea Constituyente le dio el derecho a la mujer a votar. Fue así como dicha norma de la Constituyente fue luego incorporada a la Constitución de 1946".
La Constitución de 1946 reconoce la igualdad de derechos entre hombre y mujer cuando en el artículo 97 estableció que "Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de veintiún años sin distinción de sexo".
Expresamente la Constitución de 1946 introdujo la igualdad de derecho al voto sin distingos de sexo, y es a partir de este momento que la mujer panameña pudo ejercer libremente su derecho de elegir y ser elegida, sin condicionar el mismo a nada.
Podemos decir que esta Constitución es la que tiene un corte más social, colocando a la mujer en un nivel similar en cuanto a derechos respecta, como ser humano en igualdad de condiciones.
Esta Constitución siguiendo los lineamientos de la anterior, reservó a los ciudadanos panameños los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos, considerando como tales a "todos los panameños mayores de diez y ocho años, sin distinción de sexo" (artículo 119 de la Constitución de 1972).
Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 señala que "No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por motivo de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas".
Vemos que con el correr de los tiempos, fue reconocido constitucionalmente el derecho de la mujer en igualdad de condiciones respecto al hombre.
Sin embargo, tal y como afirma F.G., parlamentaria, P. de la Asamblea Nacional de Sudáfrica y abogada, "Los derechos reconocidos en las constituciones y en las leyes tienen por sí mismos escasa relevancia para las mujeres que tienen que trabajar la triple jornada del cuidado de los hijos e hijas, la atención del hogar y la obtención de un ingreso, o para las mujeres que carecen de conocimientos, formación, educación y confianza; o para las mujeres que se ven constreñidas a veinte años de crianza de los hijos sin opción alguna; o para las mujeres sometidas a la intimidación y la violencia; o para las mujeres que deben enfrentarse a sistemas judiciales innaccesibles a las diferencias de género.
Tales desigualdades son a la vez consecuencia y causa accesoria de la subordinación estructural que impide a las mujeres el ejercicio de sus derechos. A menos que se aborde esta cuestión de la subordinación estructural, la igualdad de derechos será poco más que un eslogan vacío para la gran mayoría de las mujeres de todo el mundo" [4]
CAMBIOS SUBSTANCIALES EN NUESTRA LEGISLACIÓN.
Partiendo del convencimiento que la igualdad formal, es decir, aquella reconocida en la ley, no es suficiente pero si importante, y siendo indispensable conocer los cambios que en general ha sufrido la misma en relación a los derechos de la mujer, luego de una evaluación del contenido jurídico del Derecho de Familia vigente desde una perspectiva de género, nos disponemos a mostrar al lector los avances obtenidos.
El Código de la Familia.[5]
Con la entrada en vigencia del Código de la Familia el 3 de enero de 1995, se produce una reforma substancial en cuanto a los derechos de la mujer reconocidos en una ley panameña.
Así, los cambios introducidos en dicho cuerpo de ley, han contribuido a mejorar las condiciones jurídicas de la mujer panameña, especialmente la casada cuando en su artículo 77 señala que:
"Los esposos deben fijar de común acuerdo el domicilio conyugal. A falta de declaración expresa, se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del marido o viceversa, según la circunstancia de cada caso" (el subrayado es nuestro).
Nuestra legislación anterior, es decir, el Código Civil, establecía una clara relación de subordinación de la mujer hacia el hombre, ya que en su artículo 112 a) al referirse a las obligaciones y derechos entre los cónyuges, normaba que la mujer estaba "obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia, a no ser que haya hecho uso del derecho que le otorga el Artículo 83".
Así, nuestra anterior legislación (Código Civil), producto de una sociedad en la que el hombre por haber sido tradicionalmente el proveedor es considerado el jefe del hogar, y en la que las labores domésticas son exclusivas de la mujer, marcaba grandes diferencias en cuanto a derechos se refiere.
La legislación derogada establecía claras diferencias que se hacía indispensable subsanar, ya que la referida disposición resulta de suma importancia tratándose de divorcios en los que se invocaba la causal de abandono absoluto de los deberes de esposa, de suerte que una vez que el marido probaba que la mujer no permanecía en el hogar conyugal, y no se encontraba viviendo bajo su mismo techo, y al estar obligada a seguirlo donde quiera que éste lo fijara, le era fácil obtener una sentencia a su favor aduciendo abandono.
Sin embargo, hay que reconocer que la Jurisprudencia del Primer Tribunal Superior dio paso al cambio cuando en sus fallos señala que:
"No siempre la separación a que acuda uno de los cónyuges demuestra o implica una falta de su parte. Es preciso que esa separación sea inmotivada o injustificada para que constituya abandono de los deberes conyugales"[6]
El marido se limitaba a probar una simple separación porque la ley lo favorecía estableciendo la carga a la mujer de seguir a su marido, más no de éste de seguirla a ella.
Con la entrada en vigencia del Código de la Familia, y habiendo superado lo establecido en el artículo 112 a) del Código Civil, el juez a fin de tomar en cuenta las circunstancias de cada caso tal y como indica el artículo 77 del Código de la Familia, debe tener claridad sobre los motivos que han llevado ya sea al hombre o a la mujer a salir de la casa, sin que a priori se tome como que la última ha abandonado su hogar, y que por tanto es culpable en el divorcio por no haber seguido a su marido.
El alejamiento ya sea de uno a otro cónyuge puede no haberse originado por conductas de quien alega ser inocente.
Somos del criterio que para que se configure la causal de abandono de los deberes de esposo o esposa, y/o padre o madre, el mismo debe ser voluntario por parte del cónyuge que abandona e igualmente el demandante, que alega ser inocente, debe probar que tal abandono, es decir que el alejamiento no fue originado por sus conductas.
En tal sentido, M.C. manifiesta que en estos casos se deben hacer las siguientes observaciones: "a) el incumplimiento debe ser grave e injustificado; b) no es necesario que se incumplan todos los deberes sino uno o varios de ellos; c) al cónyuge que alegue el incumplimiento le corresponde la carga de la prueba ..."[7] (la negrita es nuestra).
En nuestra opinión el artículo 77 del Código de la Familia, ha eliminado la situación de desigualdad legal a la que se sometía a la mujer, por el sólo hecho de serlo, de suerte que al establecerse que el domicilio conyugal debe fijarse de común acuerdo y que en caso contrario se tomarán en cuenta las circunstancias de cada caso, se están equiparando los derechos y deberes que tienen los cónyuges mutuamente, buscando en todo caso la verdad material. Se hacen realmente recíprocos los derechos y obligaciones.
Este artículo que ha introducido el Código de la Familia, en el que se obliga a valorar las circunstancias de cada proceso, rompe con la concepción tradicional de que la mujer es quien debe realizar las labores domésticas del hogar.
Nos referimos a este punto, ya que es frecuente observar que en los procesos de divorcios se invoca la causal sexta (6ª) del artículo 212 del Código de la Familia, es decir, el abandono absoluto de los deberes de esposa, llegando a señalarse en algunos casos en los hechos en que se funda la demanda, que "la mujer no obedece a su marido" y que por tanto ha incurrido en abandono y hasta en trato cruel.
Esto es un indicativo de que la igualdad legal no se compagina con la real, ya que en nuestro medio existen quienes alegan que la mujer debe estar a disposición incondicional del marido y por tanto obedecerlo, en una relación de subordinación, a pesar de las normas constitucionales como las descritas que reconocen la igualdad de derechos sin distinción de sexos. Todo esto producto de concepciones socio-culturales que van formando estereotipos tal y como explica G.B.F. en su obra "Hombres Violentos Mujeres Maltratadas", cuando dice que: "Por fin nos damos cuenta de que gran cantidad de normas, costumbres o prescripciones -al consolidar los llamados estereotipos masculinos y femeninos- se han vuelto contraproducentes para lograr una cierta plenitud humana. Los estereotipos son los moldes sociales prefijados que se han utilizado para educar a las personas según su sexo".[8]
En muchos casos, los testigos no hacen alusión a hechos consistentes en comprobar el abandono de los deberes de esposa, limitándose a señalar que el señor X, "no tiene quien le realice las labores domésticas del hogar", y que por tanto les consta el abandono, hecho éste que por si sólo no puede entenderse nunca como abandono de los deberes de esposa, pues como hemos manifestado para que se configure dicha causal deben estar presentes otros elementos.
En otros casos ha sido sustentada la demanda de divorcio con fundamento en el abandono absoluto de los deberes de esposa, en el hecho de que al no convivir la misma bajo el mismo techo con su esposo, mal puede cumplir a cabalidad con los deberes a ella asignados como lo es el de seguir a su marido adonde quiera que fije el domicilio conyugal, o que la mujer no puede cumplir con el deber de asistencia como lo es el de preparar los alimentos para su esposo, atender su ropa, procurale su compañía permanente, es decir, todas las atenciones que una esposa dedicada debe proporcionar a su marido, a pesar de que ésta trabaje fuera del hogar.
No comparto la tesis que afirma que a falta de domicilio conyugal, la mujer seguirá el del marido y de no hacerlo se configura el abandono absoluto de los deberes de esposa, así como tampoco que la realización de las labores domésticas son propias de las responsabilidades exclusivas de la mujer dentro del matrimonio, por las razones que ya hemos expresado en nuestros fallos y que son las siguientes:[9]
"Primero: El Matrimonio una vez contraído produce efectos y obligaciones RECÍPROCAS entre los esposos.
Esas obligaciones RECÍPROCAS son la cohabitación, la fidelidad, el apoyo, socorro y ayuda mutua.
El artículo 110 del Código Civil expresa que "Los cónyuges están obligados a vivir juntos y a guardarse fidelidad. Los cónyuges se deben recíprocamente respeto y protección.
A falta de la fijación de un domicilio conyugal, mal puede imputarse a uno a otro cónyuge la responsabilidad exclusiva de convivencia bajo un sólo techo, pues, hay que buscar más allá de la norma, ya que las condiciones que revisten a cada matrimonio son distintas y dependen de las circunstancias que lo rodean, sean éstas de orden económico, social o moral, y las acciones que cada pareja ha adoptado, habiendo la otra aceptado. Llegando a un acuerdo tácito de vivir de una manera distinta a lo que se entiende como tradicional".
Sin embargo, debemos manifestar que "No con esto estamos afirmando que en la institución del matrimonio rija el principio de autonomía de la voluntad, pero hay que recordar que los criterios modernos, los cuales pueden ser bien tomados en cuenta al aplicar e interpretar el Código Civil, apuntan, tal y como lo reconoce el Código de la Familia al establecimiento de la igualdad de los cónyuges en la relación, lo que se evidencia en la definición que de matrimonio adopta la nueva ley: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. (El subrayado es nuestro.)[10]
En otros casos, el abandono es alegado por el actor a pesar de que no existe certeza de que realmente se fijó un domicilio conyugal. Al respecto el Primer Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado J.I.I., dejó clara la situación cuando señaló que:
"En este caso, pese a estar ligados por el vínculo matrimonial, los esposos no ajustaron su conducta a ese sistema de vida que auspicia la vida en común matrimonial. Pero en ningún momento puede decirse que esto fuera responsabilidad exclusiva de la esposa y tampoco se haya probado que ella se sustrajo voluntariamente de ese sistema de conducta, abandonado deliberadamente los deberes propios de su condición de esposa. Y es que era responsabilidad de ambos propiciar las condiciones adecuadas para que se hiciera factible una normal vida en común. Esa responsabilidad gravitaba con mayor peso sobre el esposo que ahora pretende la ruptura definitiva del vínculo conyugal".[11]
El criterio de la necesidad de acreditar la culpabilidad a quien se le imputa el abandono de los deberes de esposos o esposa, ha sido recientemente ratificado por nuestra más alta Corporación de Justicia, quien en resolución del 12 de diciembre de 1995, en un proceso de divorcio por Separación de Hecho, manifestó que:
"... al estudiar la sentencia materia de la impugnación es fácil percatarse de la posición del demandante. Existe realmente una errónea valoración probatoria, cuando, como es fácil percibir en las pruebas aportadas al proceso, el demandante abandonó voluntariamente el hogar separándose de su esposa y el fallo desconoce tal situación.
Para el tribunal la declaratoria de culpabilidad no es pertinente por cuanto así se desprende del contenido del artículo 116 del Código Civil, al permitir que cualquiera de los cónyuges, sea culpable o inocente, pueda promover la acción de divorcio aduciendo separación de hecho. La jurisprudencia citada por el Tribunal Superior tiene razón de ser en cuanto a la facultad para accionar. Cuestión distinta es lo establecido en el artículo 121 del Código Civil en donde frente a una pensión de alimentos, el tribunal está en la obligación de determinar si efectivamente tal y como lo pide la demandante, se hace merecedora del auxilio alimentista establecido en dicha disposición par lo cual procede la calificación de culpabilidad.
Ahora bien, el artículo 121 del Código Civil dispone que el Juez puede conceder una pensión alimenticia a cargo del culpable, lo que implica que esa pensión la establece si lo considera conveniente.
En el caso presente, considera la Sala, que probada como está la culpabilidad del demandante respecto a la separación de hecho ..."[12]
Nuestra más alta Corporación de Justicia, en fallo de 19 de marzo de 1996, en relación a la causal de abandono absoluto de los deberes de esposo o esposa, y en cuanto a la necesidad de probar los motivos que condujeron a la separación de los cónyuges y a quién le corresponde la carga de la prueba, señaló:
"... El divorcio se demandó por una causa que, en opinión de la Sala, constituye un cargo mucho más grave que la mera y simple cuestión de determinar cual es la residencia de los cónyuges. Haber demostrado en forma aislada que la parte demandada no vive en el domicilio del marido, sin aportar elementos que expliquen las razones generadoras de ese evento, no autoriza a nadie para que infiera que la mujer fue culpable del abandono de sus deberes de esposa. Como acertadamente lo señala el Procurador General de la Nación, muchos y variados pueden ser los motivos responsables de que esa situación esté ocurriendo y no hay tampoco argumento que sirva par sustentar que debe presumirse que lo acontecido se produjo por culpa de la mujer y no por culpa del marido, fuera de que no hay certidumbre acerca de si la demandada permanece en el verdadero domicilio conyugal o si los esposos residen en lugares distintos por simples razones de trabajo o de cualquier otra índole, no necesariamente imputables a divorcio porque su esposa era culpable de incurrir en la causal contemplada en el ordinal 7 del artículo 114 del Código Civil, a él le correspondía probar la culpabilidad de su esposa"[13]
En el tema relativo a las labores domésticas, es importante hacer mención que además de que tradicionalmente se han atribuido las mismas a la mujer, dicho trabajo no es reconocido como tal ni por las propias mujeres, ya que es un rol asignado culturalmente a ellas y al cual no se le otorga valor económico.
Me refiero a este punto, ya que a menudo cuando las mujeres acuden a declarar en un proceso, y dando cumplimiento al Código Judicial se les pregunta por su profesión u oficio a fin de que conste en sus datos generales, las mismas responden que "no trabajan, ya que sólo realizan las labores del hogar".
Ni la propia mujer da valor a su trabajo en la casa.
Este fenómeno es claramente explicado en la obra "Historias no contadas de Mujeres, Hombres y Vacas" de A., A., R. y V., cuando al referirse a la división del trabajo, señalan que: "las mujeres tienen gran parte de la responsabilidad del trabajo sin fin, es decir, del que se hace dentro del hogar. Esta es precisamente una de las características del trabajo femenino, su invisibilidad; el trabajo de las mujeres desaparece una vez concluido (la comida, la ropa limpia, entre otras), su destino no es el mercado y por lo tanto no se contabiliza económicamente (por ejemplo la crianza de gallinas, la elaboración de ropa para los hijos) y no tiene valor social (la sociedad no reconoce las labores del hogar como trabajo, salvo cuando se contratan servicios domésticos). Ahora bien, la invisibilidad del aporte productivo de las mujeres, no es una situación que se da exclusivamente en el análisis del sector pecuniario, sino que éste se extiende a las concepciones, valoraciones y planteamientos que se hacen en el sector agrícola tanto como en otras actividades productivas."[14]
Cabe destacar que nuestro Código de la Familia, en cuanto a esa invisibilidad del trabajo doméstico, rompe con las concepciones tradicionales, al punto que entre sus normas lo reconoce y asigna un valor económico, de suerte que la mujer que trabaja en casa puede pedir el reconocimiento del mismo.
Así, al referirse al Régimen de Separación de Bienes, el artículo 128 del Código de la Familia señala que: "... El trabajo para la casa de cualquiera de los cónyuges será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el J. señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación."
Este mismo artículo es aplicable al Régimen de Participación en las Ganancias, ya que el artículo 104 del Código de la Familia, determina que: "En todo lo no previsto en esta sección se aplicarán, durante la vigencia del régimen de participación en las ganancias, las normas relativas al régimen de la separación de bienes".
A pesar del adelanto que legalmente hemos logrado, cuando se presentan procesos en los que se manifiesta expresamente que se pretende un divorcio por razón de que la mujer no obedece al marido, o porque no le lava, le plancha ni cocina, tomamos conciencia de que el reconocimiento a nivel de una ley no es suficiente, sino que se hace indispensable y urgente su divulgación a través de planes y programas en los que intervengan todas y cada una de las instancias tanto estatales como del sector civil.
Debemos educar a nuestros hijos e hijas en forma tal que respeten sus derechos y colaboren en las responsabilidades domésticas, ya que sólo así lograremos la unidad familiar.
Ley Nº 27 de 16 de junio de 1995:
La República de Panamá, en un esfuerzo más ante su compromiso adquirido internacionalmente al ratificar mediante Ley Nº 12 de 20 de abril de 1995 (Gaceta Oficial Nº 22,768 de 24 de abril de 1995) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, aprobó la Ley Nº 27 de 16 de junio de 1995, por la cual se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores; se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos; se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial; y se adoptan otras medidas, constituyendo uno de los grandes avances que luego del esfuerzo en materia de derechos de la mujer se hayan alcanzado en nuestro país.
Decimos esto, ya que a pesar de que la sociedad aceptaba el hecho de que la violencia doméstica es un problema que debíamos enfrentar, no existía en nuestra legislación antes de la entrada en vigencia de la Ley 27 de 1995 una regulación que erigiera en delito el maltrato y violencia intrafamiliar, debiendo recurrir al momento de que ésta se daba, a los delitos sobre lesiones personales, no dándose en dichos ni el tratamiento legal adecuado ni el psicológico.
La nueva Ley que tipifica los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de menores, es el resultado de la necesidad de elevar a delito las constantes violaciones al derecho de familia, donde en especial se ve afectada la mujer, los niños, niñas, adolescentes y los ancianos, quienes en la mayoría de los casos, por representar a grupos más vulnerables en nuestra sociedad, resultan los más afectados.
Somos conscientes que el simple hecho de haber tipificado como delito la violencia intrafamiliar y el maltrato, no significa que los mismos van por ello a ser erradicados.
Sin embargo, esta Ley constituye un avance en el respeto y reconocimiento de los derechos de la mujer y de los miembros de la familia, aunado a que la misma contempla la atención y tratamiento de dicho problema familiar.
Así el artículo 3 de la Ley 27 de 1995 adiciona el artículo 215 A del Código Penal así:
"El miembro de una familia que agreda física o psicológicamente, a otro miembro, será sancionado con 6 meses a 1 año de prisión, o con medida de seguridad curativa, o con ambas.
En caso de agresión psicológica, debidamente comprobada por el médico psiquiatra forense, el agresor primario será sancionado con la aplicación de medida de seguridad curativa, conforme al Artículo 115 del Código Penal, debidamente vigilada por el Departamento de Corrección.
En caso de incumplimiento de la medida de seguridad curativa, el juez podrá sustituirla por prisión de 6 meses a 1 año".
Esta Ley, también en su artículo 3 define lo que debe entenderse como miembro de una familia señalando que son:
"... las personas naturales unidas por el vínculo de parentesco o matrimonio, y quienes convivan con ellos de manera permanente, con exclusión de aquellos cuya convivencia esté fundada en vínculos de carácter contractual".
Otro aspecto importante de la nueva legislación, lo constituye el artículo 6 que adiciona el Artículo 215 D del Código Penal, en el sentido de hacer responsable al funcionario público o al particular de comunicar la ejecución de alguno de los delitos que contempla esta Ley, así:
"El funcionario público o el particular que tenga conocimiento de la ejecución de un hecho tipificado como violencia intrafamiliar o maltrato de menores, y no ponga en conocimiento de las autoridades la comisión del delito, será sancionado con 50 a 150 días multa".
Entra en juego así el poder de ejecución que tiene el juez, es decir, "el poder o facultad suficiente para hacer cumplir el mandato que lo reconoce (que reconoce el derecho o pretensión), teniendo siempre como fin primordial el bienestar físico y moral de la familia y el menor. De nada sirve que el juez reconozca un derecho si el mismo no se materializa".[15]
Es importante señalar respecto a esta ley, que el hecho de poner en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito de violencia intrafamiliar, no implica responsabilidad alguna para el denunciante, aún cuando no se pruebe la comisión del delito, ya que la Ley 27 de 16 de junio de 1995, así lo contempló en su artículo 6.
Es innegable que en Panamá se han aprobado leyes que benefician a la mujer tratando de lograr su integración en condiciones de igualdad a la sociedad. Sin embargo, derogada la legislación que excluye o limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, o creada una nueva que reconoce los mismos, el problema no desaparece; sigue allí, latente y representa un obstáculo que afecta a la sociedad en que vivimos.
"Existen múltiples factores que hacen que estos derechos no se cumplan:
- Desconocimiento de las leyes por parte de las mujeres.
- Evasión de parte de los empleadores.
- Las licencias de maternidad no son reconocidas como inversión social o de la salud.
- Desconocimiento de los beneficios de la Lactancia Materna"[16]
Con el fin de contribuir al conocimiento y difusión de dichos derechos podemos señalar las siguientes normas que dentro de nuestra legislación laboral protegen la lactancia materna y por tanto a la mujer, quien biológicamente ha sido bendecida con el embarazo.
Derecho a no ser despedida.
La protección de la mujer embarazada en nuestra legislación parte de la norma constitucional que claramente así lo dispone.
El artículo 68 de la Constitución Panameña establece que "Se protege la maternidad de la mujer trabajadora".
Queda así claro con esta norma constitucional que el Estado Panameño consciente de su responsabilidad, protege el derecho a la maternidad de la mujer trabajadora.
Además, la misma indica que "La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular", no pudiendo por tanto ser despedida por razón de su embarazo.
Desarrollando el precepto constitucional, el Código de Trabajo al referirse a este punto establece en su artículo 106 que: "La Mujer que se encuentra en estado de gravidez sólo podrá ser despedida de su empleo por causa justificada y previa autorización judicial".
Derecho al descanso obligatorio.
Nuestra Constitución Política en su artículo 68 dispone con el fin de asegurar el desarrollo de un embarazo normal, la recuperación de la madre y la atención de ésta, del niño o niña producto del mismo, que: "Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo durante las 6 semanas que preceden al parto y las ocho que le siguen".
Este mismo derecho se encuentra desarrollado en la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales, cuando en su artículo 14, que subroga el artículo 107 del Decreto de Gabinete 252 de 1971, asegura el permiso o licencia de maternidad con el pago del salario completo para la mujer que se encuentra embarazada y que desarrolle trabajos remunerados de cualquier naturaleza.
Derecho a la suspensión de términos de caducidad y prescripción establecidos en favor del empleador.
La nueva Ley 44 de 12 de agosto de 1995, estableció en su artículo 14 que: "Durante el período de licencia señalado en este artículo, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá iniciar, adoptar ni comunicarle a la trabajadora ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código. Para estos efectos, durante este período se suspenden los términos de caducidad y prescripción establecidos a favor del empleador".
Derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas.
El descanso adecuado para el logro de un producto sano se encuentra establecido en el artículo 116 del Código de Trabajo cuando reconoce a la mujer embarazada el derecho a no trabajar jornadas extraordinarias o nocturnas, imponiendo al empleador la obligación de hacer los ajustes necesarios para que esto pueda cumplirse.
Derecho a no efectuar tareas perjudiciales a su estado.
En este mismo orden de ideas, la referida norma del Código de Trabajo establece otra obligación a cargo del empleador y en beneficio de la trabajadora embarazada, cuando dispone que: "El empleador hará también los arreglos necesarios con el objeto de que la trabajadora en estado de gravidez no efectúe tareas inadecuadas o perjudiciales a su estado".
Así, dicha norma indica que: "La Mujer en estado de gravidez no podrá trabajar jornadas extraordinarias. Si la trabajadora tuviera turnos rotativos en varios períodos el empleador está obligado a hacer los arreglos necesarios para que la trabajadora no tenga que prestar servicios en la jornada nocturna o mixta".
Derecho a amamantar a su hijo o hija.
El derecho que tiene la madre de poder amamantar a su hijo o hija, es en nuestro medio poco conocido.
Con el objetivo de que la madre pueda alimentar a su hijo o hija, el Código de Trabajo, siguiendo los designios constitucionales de proteger el embarazo y la mujer embarazada, dispone en su artículo 114 que: "Toda mujer cuando está lactando dispondrá en los lugares donde trabaja de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o si lo prefiere de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objetivo de alimentar a su hijo.
El empleador procurará algún medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores y mantendrá suficientes sillas o asientos a disposición de las trabajadoras. El tiempo empleado para tal fin, deberá computarse para efecto de la remuneración de la trabajadora, como tiempo de trabajado".
Las grandes distancias que separan los hogares de los lugares de trabajo, la ausencia de guarderías en los centros de trabajo, dificultan el cumplimiento de este derecho reconocido en favor de la mujer, el niño y la niña.
Derecho a un local acondicionado para poder amamantar a su hijo o hija.
Tomando en cuenta que lda ley reconoce el derecho que tiene la madre de amamantar a su hijo o hija, el mencionado artículo 114 del Código de Trabajo, a efectos de que pueda asegurarse dicho derecho, establece que "Todo empleador que ocupe en el local o lugar de trabajo más de 20 mujeres, quedará obligado a acondicionar un local para que las mujeres alimenten sin peligro a sus hijos. Este acondicionamiento se hará dentro de las posibilidades económicas del empleador".
En ese mismo sentido, el artículo 156 acápite b del Código Sanitario, establece que: "Toda obrera o empleada publica o particular, tendrá facilidades para el amamantamiento de su hijo, y las instalaciones, establecimientos y servicios de importancia dispondrá de cunas, coches y otras instalaciones adecuadas".
Ley 22 de 7 de diciembre de 1990.[17]
En nuestro medio, desde 1990, la mujer puede cuando contrae matrimonio, adoptar o no el apellido del marido al momento de hacer la solicitud de sus documentos de identidad personal.
Con anterioridad a esta ley, la mujer debía necesariamente una vez que contraía matrimonio adoptar el apellido del marido.
El reconocimiento de este derecho que tiene la mujer de conservar su apellido y de no firmar con el de casada, también ha sido plasmado en el Código de la Familia, específicamente en el artículo 76. El mismo constituye un avance más en nuestra legislación ya que reconoce el derecho a la individualidad de todo ser humano. La mujer no pertenece al marido.
A pesar de que desde 1990 se encuentra vigente la Ley 22, es común ver en nuestro medio que las mujeres no se acogen a la misma, de suerte que siguen incorporando el apellido del marido a su nombre.
Esta ha sido la costumbre y es el patrón cultural que nos ha sido transmitido, que tal como lo manifestamos anteriormente, fue aprendido y pasado de generación a generación, hecho éste que dificulta el cambio en nuestro medio, pero que no lo hace imposible.
Proyecto de Ley Nº 42 "Por el cual se previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo".
Con el propósito de tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación de género y establecer políticas públicas para erradicarla, y en un esfuerzo más por reconocer la igualdad de oportunidades, fue elaborado el Anteproyecto de Ley Nº 42 que a pesar de haber sido presentado a la Asamblea Legislativa el año pasado y éste, no tuvo la acogida necesaria para que el mismo fuera discutido.
En el mismo se establecen como objetivos, "... el desarrollo de parte de la política publica antidiscriminatoria de género del Estado Panameño tendiente a:
Prevenir, prohibir e intentar erradicar el hostigamiento sexual en el empleo y en el sistema educativo;
Imponer responsabilidades y sanciones garantizando con ello los derechos humanos, la dignidad, el respeto y el bienestar de toda mujer u hombre estudiante, trabajadora o trabajador y servidora pública o servidor público."
En dicho anteproyecto de ley, se reconoce que el hostigamiento sexual es un problema grave y complejo que confronta nuestra sociedad y que demanda solución; que es una forma de discriminación por razón de género y constituye una práctica ilegal e indeseable; así como que dicha conducta afecta el desarrollo profesional, la eficiencia, las oportunidades de promoción y el nivel de productividad general en las empresas, instituciones públicas y el sistema educativo.
En el mismo, se define el hostigamiento sexual cuando en su artículo 6 dice que se entiende por tal "... toda conducta sexual no consentida por quien le reciba, ya sea que hubiera ocurrido una sola vez o en forma reiterada y que provoque un efecto perjudicial en las condiciones o desempeño laboral o educativo".
Este anteproyecto de ley es una muestra más de la preocupación que existe en el sector de la población, frente a otro que no lo tiene como prioridad, ya que como hemos indicado, no fue considerado para su discusión en la Asamblea Legislativa, a pesar de los esfuerzos de la Comisión de Asuntos de la Mujer, de introducir en nuestras leyes las tendencias modernas que permitan una real protección del ser humano y sobre todo, la igualdad de oportunidades sin distingos de ninguna clase.
Decreto Ejecutivo Nº 28 de 26 de enero de 1996. "Por el cual se desarrolla el Artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994.
El artículo 491 del Código de la Familia, faculta al Ministerio de Educación para que desarrolle un sistema que permita continuar y terminar los estudios a las adolescentes embarazadas.
Esta norma representa un avance en nuestra legislación, ya que con anterioridad a la entrada en vigencia del Código de la Familia, la estudiante que quedaba embarazada se veía obligada a dejar la escuela con las consiguientes consecuencias sociales que ello traía. Una vez que ésta dejaba la escuela por razón de su embarazo, difícilmente lograba reintegrarse y poder continuar con dichos estudios.
Con el fin de que la adolescente embarazada no tenga que perder el año escolar, continúe estudiando y tenga la oportunidad de superarse y seguir adelante, se dictó el Decreto Ejecutivo Nº 28 de 26 de enero de 1996, mediante el cual se establece el trámite en los planteles educativos para estos casos, asegurando que la adolescente reciba los medios educativos adecuados para la continuación de sus estudios, pudiendo utilizarse la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos y profesionales afines, quienes darán sus recomendaciones sobre el caso.
Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995.
Como muestra del compromiso por trabajar en la integración social, promoviendo la igualdad de oportunidades, potenciando el papel de la mujer en nuestro país, y considerando que: "... todos los estudios realizados a nivel Centroamericano han demostrado que la mujer se encuentra en una situación de desventaja social a nivel de las micro y macro estructuras sociales; que las diferencias sociales que existen entre hombres y mujeres no están determinadas por sus características biológicas, sino por los condicionantes de género, entendiéndose como aquellos patrones de conducta establecidos por la organización social, la educación, la iglesia, la familia, los medios de comunicación y otros; que la ratificación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Sancionar, Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de la Organización de Estados Americanos y el Código de la Familia han sido muestras evidentes de la intención de los Gobiernos de lograr una sociedad equitativa y democrática para hombres y mujeres; que se hace necesario visibilizar el aporte de la mujer al desarrollo del país creando una instancia de concertación que permita su inclusión y valoración en la sociedad como un ente productivo; que el programa de acciones inmediatas derivadas de la Declaración de San Salvador II para la inversión en capital humano suscrito por nuestro país el 31 de marzo de 21995, se consagra la Consolidación de las Oficinas Nacionales de la Mujer elevándolas a un alto nivel de decisión gubernamental para que apoyen la superación de la Mujer"[18], mediante Decreto Ejecutivo número 70 de 27 de julio de 1995, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, formado por doce miembros (y sus respectivos suplentes), seis del gobierno y seis de la sociedad civil.
Lo que se pretende es un Consejo Nacional de la Mujer en el que se unan esfuerzos de lado y lado, es decir del gobierno y de la sociedad civil, con la finalidad de eliminar los obstáculos que por razones culturales y sociales impiden a la mujer ejercer en forma real y efectiva un derecho a la par del hombre.
El Consejo Nacional de la Mujer, es un organismo consultor y de asesoría para la promoción y desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país, con los objetivos y responsabilidades siguientes:
Promover el desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país.
Gestar y evaluar políticas públicas para la mujer, que faciliten la incorporación de la equidad de género en los planes nacionales de desarrollo.
Fomentar el desarrollo de programas y estudios, y efectuar cualquier actividad pertinente que permita la eliminación de todos los obstáculos que limiten la participación de la mujer.
Coordinar acciones con las oficinas o entidades que se creen en la administración pública para la promoción de la mujer.
Establecer relaciones y coordinar actividades con Instituciones Gubernamentales, Organismos no Gubernamentales e Internacionales que permitan intercambiar experiencias e información.
En ese mismo sentido, se creó la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, que es: "... el órgano técnico y administrativo encargado de las políticas públicas dirigidas a mejorar la condición de la mujer, hasta que se establezca por ley un órgano para tal efecto".[19]
El desconocimiento de sus derechos es un límite para la participación de las mujeres en la vida política, social y cultural del país.
Como consecuencia de ello, para potenciar el papel de la mujer en la sociedad panameña es necesario que todos, tanto hombres como mujeres, conozcamos cuáles son nuestros derechos.
Derogada la legislación que excluye o limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos (derogada la teoría), el problema persiste, sigue latente y es lo peligroso, ya que ciertas prácticas siguen vigentes, haciendo de lado lo que legalmente ha sido ya reconocido.
En teoría las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres pero en la práctica no, de suerte que hemos experimentado avances en nuestra legislación, más no han sido del todo puestos en el contexto social.
A pesar del adelanto que legalmente hemos logrado con el Código de la Familia, cuando se presentan ante nuestros tribunales procesos en los que el actor manifiesta que pretende un divorcio por razón de que la mujer no obedece al marido, o porque no le lava, le plancha o cocina, tomamos conciencia de que el reconocimiento a nivel de una ley no es suficiente, sino que se hace necesario y urgente su divulgación a través de planes y programas en los que intervengan todas y cada una de las instancias tanto estatales como de la sociedad civil, y donde se involucren activamente tanto mujeres como hombres.
Para la mayoría de las mujeres el problema no es el reconocimiento de sus derechos sino la capacidad para ejercitarlos, ya que el problema radica en la subordinación estructural a que la sociedad está acostumbrada.
No siempre la separación a que acuda uno de los cónyuges demuestra o implica una falta de su parte. Es preciso que esa separación sea inmotivada o injustificada para que constituya abandono de los deberes conyugales.
Constituye un adelanto en materia de los derechos de la mujer, el hecho de que nuestro Código de Familia contemple que las adolescentes embarazadas no pueden ser separadas de las escuelas, asegurando así su educación. Sin embargo, todavía existe resistencia por parte de los educadores a poner en vigencia dicha norma.
Nuestra Constitución vigente, así como las anteriores, carecen de una normativa con perspectiva de género que se hace necesario incorporar.
Requerimos de una real articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil, donde la nota concordante sea el sentido de compromiso en la búsqueda de soluciones al problema.
PROPUESTA CONSTITUCIONAL PARA EL SIGLO XXI
Para poder realizar una revisión de las normas que están por debajo de la Constitución, hay que evaluar si las de rango constitucional responden a las necesidades actuales de la población panameña que incluye tanto a hombres como a mujeres.
Convencida de que la norma constitucional existente no es suficiente para enfrentar la inconsciente desigualdad que existe en nuestro medio, y para poder que se apliquen las normas jurídicas que contiene y contenía el Código de la Familia, y a fin de evitar la declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas, hay que incorporar en la normativa constitucional, que a la mujer se le garantiza el derecho a la no discriminación y a la igualdad, aún cuando exista el artículo 19 de la Constitución Política Nacional.
En tal sentido, proponemos para el Siglo XXI:
Elevar a rango constitucional el problema de las tareas domésticas, en el sentido de que las mismas deben ser compartidas. Es una responsabilidad de ambos cónyuges y no sólo de la mujer.
Elevar a rango constitucional el fuero de paternidad, a fin de involucrar al padre en ese proceso, lo que contribuirá a la paternidad responsable.
Elevar a rango constitucional la obligación de integrar la perspectiva de género en todas las normativas.
Elevar a rango constitucional la obligación de dar tratamiento y seguimiento a todas las personas que son víctimas de violencia doméstica, y no dejarlo a discreción del funcionario competente.
Si está reconocido que la mujer se encuentra dentro de uno de los grupos vulnerables en las economías de desarrollo; si la realidad existente demuestra que es la mujer la que se ve desprotegida y despojada de una vivienda para ella, sus hijos e hijas; y si el interés del Estado al ratificar convenciones internacionales que destacan la situación de desigualdad que existe en nuestro medio por razón de sexo, es el de atacar el problema, es necesario elevar a rango constitucional la protección de la mujer para equiparar hasta cierto punto la situación de desventaja que vive la misma, la que en muchos casos no es más que consecuencia de la pobreza.
Elevar a rango constitucional la prohibición de que se utilicen imágenes que denigran a la mujer, como una limitante a la libertad de expresión enfocada a que los medios respeten el derecho a la imagen de la misma.
AGUILAR, L.; AZOFEIFA, F.; R., G. y VELASCO, M.L.. Historias No contadas de Mujeres, Hombres y Vacas, Litografía e Imprenta Imperial, S.J., Costa Rica, febrero de 1996.
FERREIRA, G.B.H. Violentos Mujeres Maltratadas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1992.
M.C., M.. Derecho de Familia y Menores, 2ª de., Editorial Librería Jurídica Wilches, Bogotá, 1991.
Q., C.. Derecho Constitucional, Tomo Y, A.L., Librería Imprenta y Litografía Ltda., S.J., Costa Rica, 1967.
UMAÑA LUNA, E., LA FAMILIA: NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD (¿Siglo XXI?), Ediciones Librería La Constitución Ltda., Santa Fe de Bogotá, 1996.
Revistas, folletos y cuadernos:
Embarazo, Lactancia Materna y Derechos de la Mujer Trabajadora. Publicación Auspiciada por el proyecto Hospital Amigo de los Niños-Lactancia Materna. Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)., 1ª edición, Panamá, 1995.
GINWALA, F.. "La Discriminación no es el Problema", en Revista El Progreso de las Naciones, UNICEF House, 3 UN Plaza, Nueva York, N. Y. 10017, E.E.U.U., 1995.
RUSSO DE C., Á. y CORREA, R.. La Jurisdicción de Familia y Menores en el Código de la Familia, Cuadernos de Educación Judicial Nº 5, Órgano Judicial, Panamá, 1995.
Con el Dr. C.Q., destacado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá.
Constitución Política de la República de Panamá de 1972, Reformada por los actos reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, E.Á., Panamá, 1985. J.F..
Constituciones de la República de Panamá, 1972, 1946, 1941, 1904. Impreso en los Talleres Gráficos del Centro de Impresión Educativa, 1981. R.E.F.F. y M.B.G..
Código Civil de la República de Panamá. Anotado y concordado por J.F. y C.C.. L.I.P., 1987, y reformas adicionales.
Código Judicial de la República de Panamá. Gaceta Oficial Nº 20756, con sus reformas.
Código de Trabajo. Decreto de Gabinete 252 de 1971.
Ley Nº 27 de 16 de junio de 1995. Por la cual se tipifican los delitos de Violencia Intrafamiliar y Maltrato de Menores, se ordena el establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial y se adoptan otras medidas.
Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, G.O. 22591 de 1º de agosto de 1994.
Ley 22 de 7 de diciembre de 1990, Gaceta Oficial Nº 21,687 de 17 de diciembre de 1990.
Ley Nº 44 de 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales.
Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del mismo.
Decreto Ejecutivo Nº 28 de 26 de enero de 1996, por el cual se desarrolla el Artículo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de 1994.
Ley Nº 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,768 de 24 de abril de 1995. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra la Mujer (Convención "Belem Do Para").
Ley Nº 5 de 16 de junio de 1987. G. Oficial 20,830 de 25 de julio de 1987. Convención Internacional en contra de la Tortura.
Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1981. G. Oficial 19,331 de 3 de junio de 1981. Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer.
Ley Nº 15 de 28 de octubre de 1977. G. Oficial 18,468 de 30 de noviembre de 1977. Convención Americana Sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José").
Ley 13 de 27 de octubre de 1976. G. Oficial 18,336 de 18 de mayo de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ley 14 de 28 de octubre de 1976. G. Oficial 18,373 de 8 de julio de 1977. Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
Ley 15 de 28 de octubre de 1976. G. Oficial 18,269 de 4 de febrero de 1977. Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
Ley 35 de 23 de noviembre de 1957. G. Oficial 13,432 de 3 de enero de 1958. IV Convención de Ginebra (Relativo a la Protección de Personas Civiles Durante Tiempo de Guerra).
[1] Ley Nº 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,768 de 24 de abril de 1995.
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra la Mujer (Convención "Belem Do Para").
Ley Nº 15 de 28 de octubre de 1977. Gaceta Oficial 18, 468 de 30 de noviembre de 1977. Convención Americana Sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José").
[2]UMAÑA LUNA, E., La Familia: Núcleo Fundamental de la Sociedad (¿Siglo XXI?), Ediciones Librería La Constitución Ltda. Santa Fe de Bogotá, 1996, pág. 288.
[3] QUINTERO, C.. Derecho Constitucional, Tomo I, A.L., Librería Imprenta y Litografía, Ltda., S.J., Costa Rica, 1967, pág. 413.
[4] GINWALA, F.. "La discriminación no es el problema", en Revista El Progreso de las Naciones. UNICEF House, 3 UN Plaza, Nueva York, N. Y. 10017, E.E.U.U., 1995, pág. 38.
[5] Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, G.O. 22591 de 1 de agosto de 1994, año XCI, p. p. 1-224.
[6] Primer Tribunal Superior de Justicia. Sentencia consultada de 20 de enero de 1994 dentro del Proceso de divorcio propuesto por N.R.G. contra C.E.R. de G.. Magistrado Ponente: A.H.P..
[7] M.C., Marco. Derecho de Familia y Menores, 2ª ed., Editorial Librería Jurídica Wilches, Bogotá, 1991, pág. 272.
[8] FERREIRA, G.B.H.V.M.M.. Edito-rial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1992, pág. 77.
[9] Tribunal Superior de Familia. Magistrada Ponente- Á.R. de C.. Fallo de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996) dictado en proceso de divorcio apelado, entrada 95 SA-314.
[10] Primer Tribunal Superior de Justicia. Magistrada Ponente- Á.R. de C.. Fallo de veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996) dictado en proceso de divorcio apelado, entrada 95 SA-314.
[11] Primer Tribunal Superior de Justicia. Magistrado Ponente - J.I.I.. Fallo de 2 de mayo de 1990. Apelación interpuesta dentro del proceso de Divorcio propuesto por M.M.N. contra M.M.G.M..
[12] Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. Fallo de 12 de diciembre de 1995.
[13] Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil. Magistrado Ponente - E.A.S.. Fallo de 19 de marzo de 1996.
[14] AGUILAR, L.; AZOFEIFA, F.; R., G. y VELASCO, M.L., Historias No Contadas de Mujeres, Hombres y Vacas. Litografía e Imprenta Imperial, S.J., Costa Rica, Febrero de 1996, pág. 9.
[15] RUSSO DE CEDEÑO, Á. y CORREA, R.. La Jurisdicción de Familia y Menores en el Código de la Familia, Cuadernos de Educación Judicial Nº 5, Órgano Judicial de Panamá, enero de 1995, pág. 21.
[16] Embarazo, Lactancia Materna y Derechos de la Mujer Trabajadora. Publicación auspiciada por el Hospital Amigo de los Niños-Lactancia Materna. Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud y El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la edición, Panamá, 1995, pág. 2
[17]Ley 22 de 7 de diciembre de 1990, Gaceta Oficial Nº 21,687 de 17 de diciembre de 1990.
[18]Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del mismo.
[19]Decreto Ejecutivo Nº 70 de 27 de julio de 1995, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer, artículo noveno.