Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00562-de-noviembre-24-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_bf257fb28c1b00eae0430a01015100ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 12:07:06
Document Index: 145069374

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 57', 'artículo 132', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 87', 'artículo 513', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2011-00562 de noviembre 24 de 2011
SENTENCIA 2011-00562 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. SI EL ACCIONANTE CUENTA CON OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL PARA SOLICITAR LA NO APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS JUDICIALES, LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO NO ES EL MECANISMO IDÓNEO YA QUE ESTE ES DE CARÁCTER RESIDUAL, A MENOS DE QUE EXISTA UN PERJUICIO IRREMEDIABLE Y NO SE CUENTA CON OTROS MECANISMOS PROCESALES PARA ELLO SERÁ PROCEDENTE ESTA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, EMBARGO DE BIEN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, CLASES DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
REVISTA TUTELA N°:152 DE AGOSTO DE 2012, PG.1359
Sentencia 2011-00562 de noviembre 24 de 2011
Rad.: 68001-23-31-000-2011-00562-01(ACU)
Actor: Solsalud EPS S.A.
Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil once.
Esta Sección es competente para conocer de esta apelación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (Modificado D. 597/88, art. 2º y L. 446/98, art. 37), en el artículo 57 de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010, que adicionó el numeral 14 al artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y en el Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011, de la Sala Plena del Consejo de Estado, quien asignó a esta sección el conocimiento de la segunda instancia en este tipo de acciones, cuando se dirijan contra organismos y entidades del orden nacional.
2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
3. Los normas cuyo cumplimiento se exige
Con la demanda se solicita el cumplimiento de las siguientes normas:
“ART. 356.—Artículo modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2001. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, y municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios.
Los recursos del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre”.
b) Código de Procedimiento Civil.
“ART. 684.—Bienes inembargables. Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 342 del Decreto 2282 de 1989. Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:
c) Ley 1450 de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
ART. 275.—Deudas por concepto del régimen subsidiado.
PAR. 2º—Los recursos que la Nación y las entidades territoriales destinen para financiar el régimen subsidiado en salud, son inembargables. En consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado “EPSS” con cargo a dichos recursos cancelarán en forma prioritaria los valores adeudados por la prestación del servicio a las IPS públicas y privadas. Los cobros que realicen las IPS a las EPSS requerirán estar soportadas en títulos valores o documentos asimilables, de acuerdo con las normas especiales que reglamenten la prestación del servicio en salud.
d) Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.
ART. 19.—Inembargabilidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 1101 de 2007. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.
Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (L. 38/89, art. 16; L. 179/94, arts. 6º, 55, inc. 3º)”.
e) Decreto 50 de 2003 “Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.
“ART. 8º—Inembargabilidad de los recursos del régimen subsidiado. Los recursos de que trata el presente decreto no podrán ser objeto de pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera, ni de embargo”.
Si bien Solsalud, mediante apoderado, impetró acción de cumplimiento contra el Ministerio de la Protección Social-Consorcio Fidufosyga, para que se dé cumplimiento a los artículos 684 del Código de Procedimiento Civil, 19 del Decreto 111 de 1996, 275, parágrafo 2º de la Ley 1475 de 2011, 356 de la Constitución Política y 8º del Decreto 50 de 2003, la Sala observa que la misma no debe prosperar por las siguientes razones:
Para comenzar, analiza la Sala si se cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento, es decir, si se ha constituido renuencia conforme al artículo 8º de la Ley 393 del 29 de julio 1997, que establece:
En ese sentido, revisadas las pruebas de la demanda, se encontró que con relación al Ministerio de la Protección Social y el Consorcio Fidufosyga se constituyó la renuencia mediante derechos de petición de 16 de mayo (fls. 54-69) y 22 de julio (fls. 70-85) de 2011, respectivamente, a través de los cuales solicitó a dichas entidades abstenerse de aplicar la medida cautelar de embargo conforme a lo dispuesto en los artículos 684 del Código de Procedimiento Civil, 275, parágrafo 2º de la Ley 1450 de 2011, 19 del Decreto 111 de 1996 y 356 de la Constitución Política.
Por lo tanto, con fundamento en lo anterior la Sala considera que el actor sí agotó el requisito de procedibilidad de esta acción, es decir, que se constituyó la renuencia.
Ahora bien, con relación a la improcedencia de la acción de cumplimiento, es importante tener presente el contenido del artículo 9º de la anteriormente mencionada Ley 393 del 29 de julio de 1997 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política” que dispone:
“ART. 9º—Improcedibilidad. La acción de cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de tutela.
PAR.—La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”.
Así las cosas, con fundamento en la mencionada norma, la Sala observa que en el presente caso el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para solicitar la no aplicación de las medidas de embargo sobre los recursos del sistema de seguridad social en salud, como es la solicitud de desembargo, conforme a lo establecido en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
ART. 513.—Modificado. D. 2289/89, art. 1º, mod. 272. Embargo y secuestro previos.
Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, [bastará certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y] se efectuará desembargo de los mismos, [a más tardar el día siguiente de haber sido presentada la juez dicha certificación. Contra la providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno](1).
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el ministerio y el consorcio demandados no tienen competencia para atender la solicitud del demandante de inaplicar las medidas de embargo; lo anterior, porque las mismas han actuado en cumplimiento de las órdenes impartidas por los diferentes juzgados que conocen de los procesos ejecutivos contra Solsalud EPS S.A.
En otro orden de cosas, es necesario resaltar que esta Corporación, con relación a la procedencia de la acción de cumplimiento frente a un perjuicio irremediable ha dicho:
“No obstante, la Ley 393 de 1997 reguló requisitos de procedibilidad y de improcedencia de esta acción constitucional. Así, el artículo 9º, segundo inciso, de esa normativa señaló que no procederá “cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del acto administrativo(2), salvo, que de no proceder, el juez, se siga un perjuicio irremediable para el accionante”. En otras palabras, para lograr el efectivo cumplimiento de actos administrativos esta acción constitucional, al igual que la acción de tutela, es residual porque solamente procede cuando el demandante no cuenta con otros mecanismos procesales para ello, salvo que se demuestre la situación excepcional y urgente de encontrarse frente a un perjuicio grave e inminente que autorice la intervención del juez constitucional”(3).
De acuerdo con lo anterior, si bien se manifestó en el escrito de impugnación (fl. 275), de que las órdenes de embargo y la renuencia a aplicar la normativa que rige la materia, están llevando a Solsalud EPS S.A., al borde de un perjuicio irremediable porque como consecuencia de estos han disminuido los recursos y los servicios, observa la Sala, que no se encuentra demostrado en el expediente, ni se puede deducir de los hechos de la demanda que el incumplimiento de las normas cuya inobservancia se reclama produce o llegará producir un perjuicio grave e inminente para la entidad demandante, máxime porque lo narrado por la EPS accionante carece de la urgencia e inminencia dispuesta en la norma, ya que el instrumento procesal prescrito para desembargar dineros inembargables, opera en términos realmente cortos, lo cual basta para poder conjurar la situación que según Solsalud EPS S.A., está padeciendo.
En conclusión, la presente acción es improcedente, porque, existe otro medio de defensa judicial para solicitar la no aplicación de las medidas de embargo sobre los recursos del sistema de seguridad social en salud, como lo es, la solicitud de desembargo, además no existe perjuicio irremediable a la EPS demandante. En ese sentido, se confirma el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro de la acción de cumplimiento promovida por Solsalud EPS S.A., contra Ministerio de la Protección Social-Consorcio Fidufosyga.
(1) Los apartes entre corchetes fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-103 de 10 de marzo de 1994.
(2) Inicialmente ese artículo también se refería al efectivo cumplimiento de una norma. Sin embargo la expresión norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 30 de octubre de 2003, Radicado: 25000-23-27-000-2003-1533-01 (ACU), Actor: Constanza Quiroga Franco, Demandado: Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, M.P. Darío Quiñones Pinilla.