Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6375-de-septiembre-27-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414d7ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 19:04:24
Document Index: 348500142

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 479', 'artículo 14', 'artículo 479', 'artículo 14', 'artículo 479', 'artículo 16', 'artículo 480', 'artículo 467', 'artículo 480', 'artículo 432', 'artículo 14', 'artículo 480']

﻿ SENTENCIA 6375 DE SEPTIEMBRE 27 DE 1993
SENTENCIA 6375 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:CONFLICTO COLECTIVO, NO LO ORIGINA EL EMPLEADOR
TEMAS ESPECÍFICOS:NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SINDICATO, PROCESO LABORAL, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:263 DE NOVIEMBRE DE 1993, PÁG.1086
Sentencia de homologación 6375 de septiembre 27 de 1993
NO LO ORIGINA EL EMPLEADOR
EXTRACTOS: «Como quedó dicho al resumir los argumentos expresados por la parte recurrente, el motivo de su inconformidad y sobre el que pretende fundar su solicitud de anulación del laudo arbitral, se reduce al planteamiento según el cual de no admitirse la competencia del tribunal especial de arbitramento para pronunciarse sobre los puntos materia de la denuncia del empleador y restringir la decisión únicamente a aquellos que se incluyeron por el sindicato o los trabajadores coligados en su pliego de peticiones, se estaría consagrando la irredimibilidad de las obligaciones laborales, llegándose por este camino al absurdo de poder modificarse la misma Constitución Política y las leyes y no, en cambio, las normas jurídicas obtenidas mediante una convención colectiva de trabajo.
La tesis no es novedosa, y en honor a la verdad hay que reconocer que tiene un antecedente en la sentencia de Sala Plena de Casación Laboral de 28 de octubre de 1967 y no, como equivocadamente se afirma en la sustentación del recurso de homologación, en los fallos de 2 de septiembre de 1983, 22 de noviembre de 1984 y 17 de octubre de 1991, en los cuales precisamente se sostuvo todo lo contrario, pues se dijo que el derecho del empleador, legalmente reconocido por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954, de presentar en su oportunidad la denuncia de la convención colectiva y los efectos subsiguientes a dicho acto, no pueden confundirse con la titularidad del derecho para provocar el conflicto colectivo de trabajo que se origina en la presentación del pliego de peticiones, ya que esto último únicamente pueden hacerlo los sindicatos que agrupan a los trabajadores y los representan legalmente en el proceso de negociación colectiva, o excepcionalmente aquellos directamente en el caso del pacto.
La sentencia de homologación del 28 de octubre de 1967 de la Sala de Casación Laboral determinó, modificando la que hasta ese momento era la jurisprudencia, que los integrantes del tribunal especial de arbitramento estaban facultados y tenían la obligación de pronunciarse también sobre los puntos materia de la denuncia patronal. Sin embargo, con posterioridad ambas Secciones de la Sala de Casación Laboral en varios fallos y por una vía distinta a la prevista por el artículo 7º del Decreto 1819 de 1964, uniformaron su criterio con una orientación diferente, volviendo a la tradicional tesis según la cual, sin desconocer el derecho del patrono a denunciar la convención colectiva de trabajo que podría dar lugar a que los árbitros se pronunciaran sobre estos puntos, ello solamente puede ocurrir cuando quiera que el sindicato haga conflictivo el asunto por medio del pliego de peticiones, o igualmente si durante el proceso de arreglo directo admite la de los mismos.
También en posteriores fallos ha explicado la Corte el concepto de obligación irredimible, y de ellos cabe destacar por ser el más reciente y haberse dictado en vigencia de la actual Constitución Política, el proferido por la Sección Primera de la Sala en sentencia de 17 de octubre de 1991, uno de los invocados al sustentarse el recurso de homologación interpuesto pero que está ya dicho no implicó una variación de la jurisprudencia de la Sala Plena sobre este punto jurídico. Lo que sí se tocó y se explicó en este fallo que se recuerda fue lo relativo a lo irredimible de las obligaciones laborales, tesis sostenida en ese momento por quien solicitaba la obligación, para asentar que la Constitución vigente si bien elevó a canon constitucional que los conflictos de índole laboral deban solucionarse mediante la negociación colectiva entre las partes comprometidas en el diferendo, no significa ello que hubiera consagrado la posibilidad de hacer irredimibles las obligaciones, puesto que en todo momento existe la posibilidad para que las partes mediante convenios modifiquen las condiciones laborales preexistentes y establezcan unos nuevos más acordes con las circunstancias sociales y la realidad económica de la empresa. Se concluyó por esto que “las obligaciones laborales son redimibles según se desprende de la nueva Constitución”.
Empero, de la circunstancia de que se haya explicado el porqué carecía de fundamento la aserción de que al dictarse la nueva Constitución Política y no reproducirse en ella el texto que traía la de 1886, según el cual no habría en Colombia bienes raíces que no fueran de libre enajenación, “ni obligaciones irredimibles” (art. 37), bajo el imperio de la Constitución de 1991 sí existían obligaciones irredimibles y ellas eran precisamente las obligaciones laborales, no se desprende la conclusión de que entonces los empleadores puedan también provocar el conflicto colectivo de trabajo mediante su denuncia.
Como figuras jurídicas la denuncia de la convención colectiva y el pliego de peticiones son diferentes y persiguen distintas finalidades. Entre nosotros actualmente la denuncia de la convención colectiva no produce la consecuencia jurídica de terminar con el convenio colectivo sino que únicamente tiene el efecto legal de advertir a la otra parte que el mismo ya no lo satisface como norma que regula las condiciones generales de empleo que regirán en la empresa, y que por consiguiente surge la posibilidad de un conflicto colectivo enderezado a establecer una nueva “ley para la empresa”; pero no tiene el efecto, que sí tenía dentro de la estructura original del artículo 479 del Código Sustantivo de Trabajo, de terminar la convención colectiva. Desde la vigencia del artículo 14 del Decreto 617 de 1954, “formulada la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención”. Con anterioridad y en vigencia del artículo 479, “formulada la denuncia de la convención colectiva, ésta terminará a la expiración del respectivo plazo”.
Como se ve, ya la denuncia no tiene el efecto de acabar con la vigencia de la convención colectiva, pues ella continúa hasta la firma de la nueva. Y antes de la expedición del artículo 14 del Decreto 616 de 1954, si bien tenía el efecto de terminarla al vencimiento del plazo, por lo que equivalía un “desahucio” del convenio, no producía, sin embargo, los mismos efectos que la presentación del pliego de peticiones, esto es, dar origen al conflicto colectivo que habrá de terminar en una convención colectiva si quien presenta el pliego es un sindicato, o, finalmente y en el supuesto de que no se lograra por las partes en conflicto el acuerdo que le pusiera fin al diferendo colectivo, en un laudo arbitral para aquellos eventos en que, como en el que aquí se estudia, resulta imperativo convocar el tribunal de arbitramento obligatorio.
Pero nunca, ni bajo la vigencia del original artículo 479 ni en vigor del artículo 16 del Decreto 617 de 1954, que lo modificó, ni antes de haberse expedido el Código Sustantivo del Trabajo, se ha autorizado al patrono o empleador para que mediante la presentación de la denuncia de la convención colectiva de trabajo de origen al conflicto colectivo. Los únicos habilitados para dar origen a la negociación colectiva que habrá de desembocar en una convención colectiva o inclusive en un laudo arbitral, son y han sido dentro de nuestro ordenamiento jurídico —salvo ese breve interregno en que jurisprudencialmente se admitió lo contrario— las organizaciones sindicales de los trabajadores o excepcionalmente ellos mismos directamente cuando actúan coligados. Esto no significa, ni podría jamás significarlo, ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni tampoco en la de 1991 que actualmente nos rige, que por ello existan obligaciones irredimibles.
Entre otras acepciones que también tiene la palabra, “irredimible” es la obligación que no puede ser extinguida. Pero no adquieren tal carácter obligaciones que como las laborales pueden y deben ser cumplidas y que se extinguen cuando son satisfechas con su pago o por cualquiera otro de los modos de extinguirse las obligaciones. Lo que ocurre es que las obligaciones surgidas de una relación laboral, que además de bilateral es de ejecución sucesiva, surgen a la vida jurídica por todo el tracto de duración de la relación de trabajo y por lo mismo deben periódicamente ser pagadas o cumplidas; y precisamente porque pueden ser pagadas y cumplidas, satisfaciendo el deudor la obligación a su cargo y quedando por lo mismo liberado de ella, es por lo que no puede hablarse de una obligación irredimible.
Un ejemplo histórico de una obligación irredimible fue la que en nuestro antiguo derecho autorizaba el censo irredimible o perpetuo, que dio lugar a lo que se llamó “bienes de manos muertas”, puesto que era un gravamen que se constituía a perpetuidad sobre un bien raíz para que de la renta que éste produjera se celebrarán misas y actos píos en honor de las almas de los difuntos. Para hacer desaparecer este tipo de figuras jurídicas impropias de una sociedad capitalista, fue por lo que en la Constitución de 1886 se consagró la prohibición de que pudiera ser irredimible una obligación o que existieran bienes raíces que no pudieran ser libremente enajenados.
Nada pues que tenga que ver, ni remotamene se relacione, con las obligaciones laborales, que además de ser créditos personales, siempre son redimibles en la medida en que siempre y en todo caso puede ser satisfecha la obligación mediante el cumplimiento de ella o extinguirse por cualquier otro de los medios legales.
Otra de las razones argüidas por la recurrente es la de que si no se admite la denuncia de la convención como mecanismo que habilite al empleador para provocar la revisión de la convención colectiva, se vería éste privado de un instrumento legal para hacerlo, motivo que tampoco es fundado, puesto que, contrariamente a lo que asevera la Empresa de Licores de Santander, la ley sí consagra una forma de lograr la revisión.
Este mecanismo legal, según la sentencia de 22 de noviembre de 1984, es la revisión que consagra el artículo 480 del Código Sustantivo de Trabajo; queda entonces sin piso al argumento que para darle cabida a la posibilidad de que el empleador intente la modificación de cláusulas convencionales excesivamente onerosas, se apoya en el supuesto carácter irredimible de las obligaciones laborales que resultaría de no permitírsele iniciativa alguna dentro del conflicto originado con la presentación del pliego de peticiones por el sindicato a los trabajadores, para por esta vía abrirle paso a que la denuncia de la convención colectiva habilita a la parte patronal para introducir en el diferendo puntos que obligatoriamente deben ser tomados en consideración y decididos por los tribunales de arbitramento que resuelven conflictos económicos de índole colectiva, con independencia de aquellos que se proponen en el pliego, salvo cuando los trabajadores consienten en negociarlos durante el arreglo directo, aun cuando finalmente no se llegue a un acuerdo efectivo, o también cuando las partes en conflicto coinciden en sus recíprocas denuncias respecto de los puntos del convenio que pretenden renegociar.
Por lo demás, la Corte, en sede de homologación, debe partir de que son los integrantes del tribunal especial de arbitramento quienes al proferir el laudo deben actuar con equidad y por lo mismo sopesar las diversas circunstancias que mediante los diferentes medios de convicción de que se valgan les haya permitido formar un juicio, razón por la que salvo en hipótesis extravagantes en las que pudiera hablarse de una “manifiesta inequidad”, cabría injerirse en sus determinaciones; puesto que no debe olvidarse que al arbitrar el Tribunal no actúa aplicando normas preestablecidas sino que por el contrario crea nuevas normas que por reemplazar la convención colectiva de trabajo o el pacto colectivo, en su caso, establecerán hacia el futuro las condiciones generales que regirán los contratos de trabajo en la empresa, conforme lo dice el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo al definir la convención colectiva que, como es sabido, viene a suplir la sentencia arbitral.
También debe suponerse que ambas partes en conflicto obran de buena fe y razonablemente, y que especialmente los trabajadores ningún interés tienen en segar lo que normalmente constituye su única fuente de ingreso, por lo que mal harían ellos o el sindicato que representa sus intereses, en agobiar económicamente de tal manera a una empresa hasta llevarla a la quiebra. Y se da por descontado que si en realidad las razones planteadas por el empleador acerca de la excesiva onerosidad y el desequilibrio en la equivalencia de las contraprestaciones tuvieran fundamento, se mostraría insensato el sindicato que frente a la tozudez de los hechos persistiera en nuevos gravámenes que eventualmente podrían abocar a la quiebra al empresario. E inclusive, colocándose en la hipótesis en la que el sindicato o los trabajadores en realidad procedieran de mala fe y con el torcido propósito de causar un daño a su empleador, y no de únicamente mejorar sus condiciones de trabajo, debe la Corte suponer que los arbitradores sí profieren su laudo equilibradamente y que por lo mismo solucionan equitativamente el diferendo que se les somete para su composición.
De todas maneras, está ya dicho atrás que la jurisprudencia ha entendido que el artículo 480 consagra un mecanismo legal para provocar la revisión de un convenio excesivamente gravoso para cualquiera de los celebrantes, y que de él no se excluye al patrono, quien también puede pedirla. Y en el supuesto más extremo, y como a ningún empresario se le puede obligar a trabajar a pérdida, si las cargas laborales llevan a la ruina a una empresa, las leyes mercantiles contemplan el remedio para estas situaciones.
Debe por lo mismo insistirse en que de conformidad con la jurisprudencia en vigor, la legislación colombiana no establece en favor de los patronos el derecho a provocar el conflicto colectivo mediante la presentación del pliego de peticiones o que su denuncia sea el equivalente al pliego del sindicato o de los trabajadores. Este criterio doctrinal ha sido reiterado posteriormente en varias sentencias de ambas Secciones, de las cuales, además de las invocadas por el sindicato opositor, cabe destacar la de 22 de noviembre de 1984, a la que corresponden los siguientes fragmentos:
“El Código Sustantivo del Trabajo no consagra en favor de los patronos el derecho a presentar pliegos de peticiones a los trabajadores. Son éstos, poseedores apenas de su fuerza de trabajo, quienes hacen peticiones al patrono, que dentro de la empresa aporta el capital. Así lo dispone el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones siguientes que regulan el trámite a que debe someterse dicho pliego de peticiones para lograr la solución del conflicto colectivo económico o de intereses.
La denuncia de la convención colectiva de trabajo, y por extensión la del fallo arbitral, es un derecho que la ley concede a las partes para dar por terminada una u otro, aun cuando en realidad éstos no terminan hasta tanto se firme una nueva convención, o en su caso se expida un fallo arbitral, como lo dispone el artículo 14 del Decreto 616 de 1954. Hecha la denuncia por los trabajadores, éstos deben presentar el respectivo pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo cuya solución se produce por la firma de la convención colectiva de trabajo o por la expedición del respectivo laudo. Cuando la denuncia es hecha por ambas partes trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes en la convención colectiva o dispuesto en el fallo arbitral por los tribunales de arbitramento. En estos casos las partes en conflicto quedan en libertad de señalar nuevas condiciones de trabajo. Respecto de los árbitros, éstos gozan de la misma amplitud para solucionar el conflicto de intereses dentro de los límites del pliego de peticiones y de la denuncia hecha por el patrono, en el sentido de que uno les es permitido conceder más de lo que se pide, pero pudiendo modificar la convención colectiva o el laudo en aquellos puntos que fueron denunciados por el patrono, cuando la denuncia de éste es parcial, o respecto de todos, si la denuncia es total, decisiones que siempre han de tomarse dentro de la equidad (sentencia de dos de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, Electrificadora de Antioquia S.A. y su sindicato de trabajadores).
Sí la denuncia es hecha solamente por el patrono, la convención colectiva continúa vigente, con las prórrogas legales, porque no pudiendo presentar los patronos pliegos de peticiones, no tienen la facultad de iniciar un conflicto colectivo que culmine con otra convención colectiva o con el fallo de un tribunal de arbitramento obligatorio. Todo esto sin perjuicio del derecho de pedir la revisión de la convención colectiva, que de ningún modo debe confundirse con la denuncia de la misma y que debe someterse a lo prescrito en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Como en este caso ninguno de los elementos de juicio que obran en el expediente que formaron los arbitradores le permite a la Sala considerar que se esté en el supuesto extremo del laudo anulable por “manifiesta inequidad”, y tampoco en la sustentación del recurso se explican las razones sobre las cuales se funda la aserción de que la Empresa Licorera de Santander no está en capacidad de afrontar las cargas impuestas por el tribunal especial de arbitramento —laudo que se dictó sin reserva o discrepancia alguna de los árbitros—, resulta forzoso concluir que desechado el único argumento, no de índole económica sino puramente jurídico, expresado para pedir la inexequibilidad del fallo arbitral, es del caso homologar y darle fuerza de sentencia al mismo».
(Sentencia de homologación, septiembre 27 de 1993. Radicación 6375. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).