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Timestamp: 2018-04-23 14:12:04
Document Index: 100807503

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 73', 'artículo 39', 'de lege ferenda', 'de lege ferenda', 'artículo 14']

El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. - PDF
El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art.
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Diego Castilla Ramírez
1 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 Mariano Medina Crespo Abogado Profesor de Derecho Civil (Derecho de Daños), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 1.- Introducción aclaratoria: la delimitación de la materia a tratar Tras dejar constancia de la particular satisfacción que me produce conferenciar en tierra granadina (después de todos, mi origen inmediato es penibético, aunque norteño), he de empezar por hacer una importante advertencia previa, explicando el enfoque de mi intervención. Se me ha pedido que dedique mi ponencia al Reglamento de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto de 12 de enero de Pero quienes me conocen saben que mis conferencias suelen estar guiadas, entre otros, por el lema de non multa, sed multum, porque me gusta hablar mucho de poco y no poco de muchas cosas, haciendo mía la recomendación de GRACIÁN, para quien era mejor lo intenso que lo extenso, aunque la modulo, dado que gusto de lo extenso dentro de lo intenso. Después de todo, trato de huir de los decretos héticos y de cumplir el requisito persuasivo del razonamiento y de la motivación, que tanto ha costado introducir en nuestros lares judiciales. En este caso, una vez más, no cabe el longus, sino el brevis, aunque sea longus, por lo que me he decidido por no hablar de todo el Reglamento. De intentarlo, sobrepasaría el tiempo tasado de que dispongo y apenas habría podido efectuar un recorrido superficial y descriptivo a lo largo de un articulado que abarca materias harto dispares, con una problemática que exige, en cada caso, una atención particular. Por eso he optado por efectuar dos sabrosas catas y limitar mi aportación a dos preceptos concretos del Reglamento: el artículo 10 a) y el artículo 14. Referente el primero a las exclusiones de la cobertura del seguro de suscripción obligatoria, su apartado a) pretende aparentemente desarrollar lo establecido en el art. 5.1 de la Ley, a cuyo tenor la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños ocasionados a la persona del conductor del vehículo asegurado. A su vez, el art. 14 pretende dar solución a los supuestos de concurrencia de daños y causantes, según expresa su propia rúbrica. La presente ponencia se circunscribe, por tanto, a un comentario de estos dos preceptos -que, en realidad, son, cuatro-, sin perjuicio de que en el coloquio pueda colaborar en la aclaración que requieran las normas marginadas. 2.- La primera cata: el artículo 10 a) La consistencia del precepto y el fundamento de su mandato Puesto en conexión el art. 10 a) del Reglamento con el art. 5.1 de la Ley, caben, fundamentalmente, en su expresión extrema, dos posturas interpretativas encontradas. Para la primera, el precepto reglamentario amplía el ámbito excluidor definido en el precepto legal, porque sustrae a la cobertura del seguro obligatorio supuestos amparados a la luz del precepto legal. En la medida en que tal interpretación fuera correcta, se estaría ante una restricción reglamentaria del amparo proporcionado legalmente por el seguro obligatorio y se habría vulnerado el principio de jerarquía normativa. Acogido tal entendimiento, la consecuencia es que el juez debe abstenerse de aplicar el precepto reglamentario, de acuerdo con lo que el ordena el art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose de atener exclusivamente al sentido de la exclusión legal, sin que sea necesario que la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie sobre la ilegalidad del señalado precepto reglamentario 3. Para la segunda interpretación, el precepto reglamentario es una norma aclaratoria del art. 5.1 de la Ley, sin que entre en absoluto en colisión con él, pues se limita a expresar con más claridad lo que con suficiente claridad deriva 55 PONENCIAS
2 Mariano Medina Crespo del precepto legal. Bajo esta perspectiva, la idea es que la norma reglamentaria era estrictamente innecesaria, pues su mandato resulta de una recta inteligencia del mandato legal. Pero, pese a ser norma de la que técnicamente podría haberse prescindido, reconozco la utilidad de la clarificación que contiene, porque, en definitiva, facilita el recto entendimiento de la norma legal 4 y, sabida la horizontalidad con que suelen operar los jueces ajenos a la jurisdicción administrativa, corta las interpretaciones desviadas que, a veces, se detectan en la práctica. De las dos interpretaciones apuntadas, entiendo que la primera es sencillamente descabellada, por desconocer que el sentido único que hay que atribuir a la norma legal es el que resulta consonante con las exigencias de la responsabilidad civil, que constituye el sustrato del seguro que la ampara; y este sentido único es al que se atiene precisamente la segunda interpretación. Lo que quiere decir y dice con claridad la norma reglamentaria es que, cuando el conductor de un vehículo se causa sus lesiones o su propia muerte, los perjuicios que derivan de tales lesiones (para el propio conductor o para otras personas) o de tal muerte (para sus familiares allegados) no pueden ser resarcidos por el asegurador de su vehículo. Si las lesiones o la muerte se las ha causado el conductor, a virtud de su actuación exclusiva, no cabe resarcimiento alguno con cargo al seguro obligatorio del propio vehículo, porque, tratándose de un autodaño, falta el presupuesto necesario, constituido por una relación de responsabilidad civil; y, naturalmente, tampoco cabe el resarcimiento con cargo al seguro obligatorio de cualquier otro vehículo, porque su conductor no incurre en responsabilidad civil alguna, por deberse el accidente a la culpa (causa) de la víctima, que es un supuesto específico de fuerza mayor extrínseca, de efecto radicalmente liberador. Si la lesión (o la muerte) se la ha causado el propio conductor, pero ha concurrido la culpa de otro, aquél (o el elenco de sus familiares) tendrá derecho a ser indemnizado, pero sólo con cargo al seguro del otro vehículo y en el importe reducido que derive de la aplicación del criterio legal de la compensación de culpas, por el efecto atenuatorio ligado al fenómeno de las causas o culpas concurrentes. Estas conclusiones resultan de lo establecido, desde luego, en el art. 10 a) del Reglamento, pero que hay insistir en que derivan previamente de un ajustado entendimiento del art. 5.1 de la Ley, por lo que el comentario que debe hacerse del primero es simplemente el comentario exigido por el segundo. Tal es el sentido de la exposición que sigue a continuación El imposible resarcimiento de los perjuicios sufridos por los familiares de quien se causa la muerte. La responsabilidad civil como expresión de la tutela privada frente a los atentados de terceros contra la vida y la integridad psicofísica de la persona La elemental tesis que sostengo es que los perjudicados que sufren los perjuicios que les causa la muerte de un familiar, cuando él se la ha causado (suicidio: sui-cidium 6 ), no pueden obtener el más mínimo resarcimiento a través del instituto de la responsabilidad civil, porque se trata de un supuesto en el que se identifican el uno (el que causa el daño mortal) y el otro (el que lo sufre muriendo) y, faltando la nota esencial de la alienidad o alteridad (la nacida del daño causado por uno a otro), no surge relación alguna de responsabilidad civil, la cual implica necesariamente, de un lado, la existencia de un sujeto (responsable) que tiene que resarcir el daño causado, y, de otro, la existencia de un sujeto (el perjudicado) que tiene que ser resarcido; y ello sobre la base de que los perjuicios propios de los perjudicados por una muerte son efectivamente propios, pero surgidos reflejamente por razón de dicha muerte y sometidos, por tanto, al tratamiento resarcitorio que impone la muerte como supremo daño corporal, siendo perjuicios que, en cuanto propios, son directos (no derivativos) y que, a su vez, en cuanto reflejos, son indirectos (derivados). Como muy bien dice FERNÁNDEZ ENTRALGO 7, la responsabilidad civil es siempre transitiva. Los perjuicios que sufren los familiares de cualquier fallecido son unos perjuicios propios que se producen en virtud del daño ajeno en que consiste la muerte; y estos perjuicios son resarcidos en virtud de una doble relación de causalidad (imputación), pues debe haber, en primer lugar, la vinculación causal de esos perjuicios con la muerte pues es la muerte la que los genera- y debe haber, en segundo lugar, la vinculación causal de esa muerte con una actuación ajena que es la que la produce y a cuyo sujeto se imputa, por tanto, en primer lugar, la muerte y, al tiempo y derivadamente, todas sus consecuencias perjudiciales. Cuando la muerte del familiar es causada por otro sujeto al que puede imputarse, según el caso, a título de culpa o a título de riesgo específico, su responsabilidad civil se traduce en tener que resarcir todos los perjuicios derivados de la muerte que ha causado; y ello es así porque es causante de la muerte que los ha originado. Quien es causante de una muerte tiene que resarcir los perjuicios ocasionados por ella; y sólo responde de ellos quien sea causante de la muerte originante. Pero cuando la muerte se la causa la propia víctima, siendo cierta la relación causal entre ella y los perjuicios derivados que sufren los familiares, allegados del fallecido, al no haber sido causada la muerte por otro sujeto, la relación de responsabilidad civil se convierte en un imposible ontológico, porque, aunque hay perjudicados, no hay sujeto alguno al que, por haber causado la muerte, se le pueda imputar ésta y, por tanto, sus diversas consecuencias perjudiciales, porque quien se causa un daño no es responsable de los perjuicios que, derivados de él, sufran sus allegados. Los perjuicios que, sufridos por otros, derivan del autodaño, quedan al margen de la tutela aquiliana, en la que, como queda dicho, es esencial la nota de alienidad, altruidad, otreidad o alteridad. El instituto de la responsabilidad civil es incompatible con el ensimismamiento dañoso. La reacción tuitiva del ordenamiento privado frente a los atentados contra la vida y la salud, como bienes de la personalidad, se canaliza a través del referido instituto, traduciéndose en el resarcimiento de los daños y perjuicios PONENCIAS 56
3 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 que se causan. Dicho ya que la relación de responsabilidad civil es, naturalmente, una relación de alteridad -consistente en el lazo que surge por razón de un daño entre el que lo causa y el que lo sufre, entre un uno (el sujeto agente del daño) y un otro (el sujeto paciente), o, según se prefiera, al revés, entre un uno (el sujeto paciente del daño) y un otro (el sujeto agente)-, cuando uno se infiere un daño a sí mismo (damnum in se ipsum), se está fuera del campo de actuación del instituto. Pechar deve el daño aquel que lo fizo a aquel que lo rescibió (Las Partidas, 7, 15, 3). La responsabilidad civil es la institución de Derecho privado con la que se brinda protección frente al incumplimiento del mandato principial del alterum non lædere, expresión latina en la que se recoge el elemento esencial de la alteridad propia de la relación jurídica en que consiste la obligación resarcitoria, pues es imprescindible que, sobre el eje de un daño causado (privación o menoscabo de un bien, personal o patrimonial), haya dos sujetos contrapuestos, el que lo haya producido (unus) y el que lo haya padecido (alter), siendo el sujeto agente del daño el titular pasivo de la obligación (el responsable deudor) y siendo el sujeto pasivo su titular activo (el perjudicado acreedor). La obligación de responsabilidad surge como consecuencia del mandato legal de que quien causa un daño a otro ebe repararlo o, lo que es lo mismo, que debe ser resarcido quien sufre un daño causado por otro, siempre que concurra el título de imputación previsto legalmente. Partiendo de esa definición esencial y genérica, que conforma la naturaleza de la relación de que tratamos, son necesarias las determinaciones legales con las que concretar esa causación que requiere, para la imputación del daño, en unos casos, un título de culpa (responsabilidad subjetiva) y, en otros, un título sintético de riesgo (responsabilidad objetiva). Pero lo que interesa retener es que no hay responsabilidad si no hay un uno y un otro, si no hay otreidad. Cuando hay un uno y no hay un otro, no hay responsabilidad civil; porque la responsabilidad civil y el autodaño son por completo incompatibles El aseguramiento de la responsabilidad civil. Su significación esencial Habiendo un uno que causa un daño y un otro que lo sufre, hay responsabilidad civil cuando su producción se liga con un criterio normativo de imputación (la culpa o el riesgo), por virtud del cual ese uno está obligado a reparar los daños y perjuicios sufridos por ese otro. Pero el responsable puede transferir su responsabilidad civil a un asegurador, mediante un contrato de seguro. En su virtud, dice el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable. El funcionamiento positivo del seguro, es decir, la existencia en el asegurador de la obligación de indemnizar, cuenta, pues, como presupuesto imprescindible, tal como registra el precepto señalado, con que el asegurado sea responsable de los daños que deben resarcirse, pues precisamente lo que se asegura es esa responsabilidad. Si el asegurado no ha incurrido en responsabilidad civil alguna, no puede surgir en el asegurador la obligación de indemnizar. En virtud del contrato, el asegurador asume, convirtiéndola en propia, una deuda ajena, la de su asegurado, pero en el entendimiento de que, no por convertirla en propia, deja de consistir en una deuda ajena, que es la deuda socorrida. El asegurador no puede asumir una deuda inexistente de su asegurado. Por eso, cuando se está ante un supuesto en el que el asegurado se ha causado la muerte, la inexistencia de responsabilidad civil, respecto de los perjuicios sufridos por sus familiares, determina la imposibilidad absoluta de que, por razón de tal daño, entre en juego el seguro que habría de cubrirla, porque falta el presupuesto de la deuda que tendría que asumirse. La obligación aseguraticia de la responsabilidad civil implica necesariamente la existencia de una triada de sujetos diferenciados, el perjudicado que sufre el perjuicio que tiene que resarcirse, el responsable de ese perjuicio que está afectado por la obligación de resarcirlo y el asegurador que, en virtud del contrato de seguro concertado, asume como propia la obligación del responsable asegurado frente a los terceros perjudicados; y no cabe que el asegurador resulte obligado si no lo está su asegurado El derecho propio del perjudicado como sustrato de la acción directa. El cabal sentido de su afirmación Constituye criterio jurisprudencial consolidado que, al dotar la Ley de acción directa al tercero perjudicado frente al asegurador de responsabilidad civil, se le proporciona un derecho propio y no derivativo. La acción directa es la expresión procesal de la titularidad de un derecho propio, siendo, pues, éste el sustrato material de aquélla. No es que el perjudicado, al ejercitar la acción directa, ejercite contra la aseguradora la acción que detenta frente al responsable del daño, subrogándose en los derechos que corresponderían a éste, como asegurado, frente al asegurador, para que éste asuma la cobertura de su responsabilidad civil. La acción directa es una acción distinta a la que tiene el perjudicado frente al responsable del daño, pero esto no significa que la primera sea una acción materialmente independiente de la segunda, pues, precisamente, ésta constituye su presupuesto necesario. El perjudicado tiene acción directa frente al asegurador, en la medida en que la tenga frente al responsable del daño. También es propia la acción (directa) que tiene el perjudicado contra el propietario no conductor, en cuanto responsable por hecho ajeno, siendo distinta de la que tiene frente al conductor responsable de los daños, pero ello no significa que la primera sea sustantivamente independiente de la segunda, pues, por el contrario, es dependiente, en el sentido de que sólo se tiene contra el propietario no conductor en la medida en que se tenga contra el conductor causante del perjuicio; salvo que la acción que se ejercite contra aquél lo sea con base en un hecho propio, en cuyo 57 PONENCIAS
4 Mariano Medina Crespo caso la que se ejercita es pura y simplemente la acción del art C.c., es decir, la acción contra el causante (inmediato) del daño, dado que se trata de una acción que, ejercitada contra el propietario no conductor, por hecho propio, no aparece regulada en la Ley especial. Siendo acciones que tienen el mismo objeto (el resarcimiento de los perjuicios sufridos) e incluso el mismo alcance (en la medida en que la extensión cuantitativa de la cobertura abarque la totalidad de los daños de los que sea responsable el asegurado), la consideración de que el perjudicado es titular de un derecho propio frente a la aseguradora, sin que se trate de un puro derecho derivativo, tiene una importante consecuencia práctica, pues constituye el fundamento por el que el asegurador no puede oponer al perjudicado aquellas excepciones de carácter personal que pueda esgrimir frente a su asegurado. Pero, a su vez, el sentido de la dependencia de ese derecho propio, en relación con el derecho resarcitorio que se tiene frente al responsable del daño, se traduce en que el asegurador puede oponer al tercero reclamante aquellas defensas que, en relación estricta con el hecho dañoso, podría esgrimir el responsable asegurado frente al tercero perjudicado. La acción directa, insisto, no es una pura acción subrogatoria, consistente en que el perjudicado ejercite frente al asegurador la acción que frente a éste tendría el asegurado, después de haber asumido su responsabilidad civil con cargo a su propio patrimonio, pues, de ser así, el asegurador podría oponer al perjudicado las excepciones (defensas materiales) que tuviera frente a su propio asegurado. La acción directa queda por ello sustraída al régimen del art C.c. Expresiva de un derecho propio del perjudicado, la propiedad de este derecho justifica precisamente el régimen de la inoponibilidad con el que se refuerza su ejercicio. Pero, a su vez, la propiedad del derecho resarcitorio que se atribuye al perjudicado frente al asegurador no significa en absoluto que se trate de un derecho independiente del que se tiene frente al asegurado responsable del daño, por la sencilla razón de que la inexistencia de éste impide precisamente el nacimiento de aquél y sólo su existencia frente al responsable del daño permite su existencia frente al asegurador. Por otra parte, la vinculación de la acción directa con su sustrato material, constituido por la existencia de acción frente al asegurado responsable del daño, es de tal relevancia que su régimen jurídico es una trasposición del de la acción subyacente, manifestándose tal identificación en que la primera está sometida necesariamente al régimen de la prescripción extintiva de la segunda, siéndole aplicable al respecto las normas del Código civil y no el plazo de prescripción que prevé, para los seguros de cosas, el art. 23 LCS Los perjuicios reflejos del daño letal. El carácter derivado del perjuicio propio y el carácter no derivativo del derecho resarcitorio Partiendo de que la muerte es el supremo daño corporal, ya he resaltado que el resarcimiento correspondiente no lo genera la muerte en sí, sino el perjuicio que, desencadenado por ella, sufre el familiar allegado, sea de índole estrictamente personal (perjuicio afectivo), sea de índole estrictamente patrimonial (en su doble manifestación, positiva y negativa, de perjuicio emergente y lucro cesante). Por eso, el principio fundamental informativo del resarcimiento por causa de muerte -principio institucional- es el del perjuicio propio, pues éste es el título que lo genera, con marginación completa del histórico título hereditario, por más que ambos títulos suelan coincidir en las mismas personas. No se resarce la muerte en sí, sino sus consecuencias, es decir, los perjuicios producidos a los familiares supervivientes; y estos consectarios se resarcen porque hay una muerte causada por otro injustamente. La injusticia de las consecuencias perjudiciales no es sino la injusticia de la muerte que da lugar a ellas. El perjuicio propio que, por causa de muerte, sufre cualquier perjudicado es siempre, como cualquier perjuicio, un perjuicio consecuencial, tan consecuencial como el perjuicio moral o patrimonial que sufre quien padece unas lesiones temporales o permanentes. Cualquier perjuicio derivado de un daño corporal es intrínsecamente un perjuicio dependiente, pues tiene su causa en el daño corporal que lo determina, sin que varíe en absoluto esta dependencia por el hecho de que el perjuicio lo sufra persona distinta de la que sufre el daño corporal. En el caso del daño corporal parcial, es decir, en el caso de la lesión (sea temporal sólo o también permanente), lo normal es que los perjuicios consecuenciales los sufra el propio lesionado, aunque, en los casos más graves, también se reconoce rango resarcible a los perjuicios morales de los parientes inmediatos. En el caso del supremo daño corporal, es decir, en el caso de la muerte, hay siempre una disociación personal entre quien sufre el daño, es decir, entre el vivo que muere y quienes sufren personalmente sus consecuencias, en su propia persona (perjuicio afectivo) o en su estricto patrimonio (perjuicio emergente o perjuicio por lucro cesante). Pero, como es natural, las consecuencias no se desligan del antecedente causal en que consiste la muerte producida. Quien sufre una lesión tiene derecho a ser resarcido por ella (daño biológico, sicofísico o fisiológico) y tiene derecho a ser resarcido de todas sus consecuencias perjudiciales; y si tiene derecho a ser resarcido por los perjuicios sufridos es porque otro le ha infligido la lesión. El reconocimiento del rango resarcible de los perjuicios depende absolutamente de que exista esa lesión causada por otro, habiendo de haber una adecuada relación de causalidad entre esta lesión (el daño originario) y aquellos perjuicios (consecuencia efectiva del daño originario). El sentido de esta dependencia causal no se altera respecto de la resarcibilidad de los perjuicios morales sufridos por los familiares del lesionado. Afirmada su relevancia, sólo serán resarcibles en la medida en que estén causalmente ligados a la lesión sufrida por la víctima, pero siempre que esta lesión constituya un daño resarcible (por ser técnica- PONENCIAS 58
5 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 mente injusto y haber un responsable del mismo), lo que supone decir que los familiares tienen derecho a ser resarcidos por sus perjuicios consecuenciales (reflejos), en la medida en que el lesionado tenga derecho a ser resarcido por la lesión sufrida, de modo que el régimen de imputación de los perjuicios coincide plenamente con el régimen de imputación de la lesión que los genera. Lo mismo sucede con los perjuicios consecuenciales causados por la muerte, pues su resarcibilidad está necesariamente ligada a una muerte de la víctima que haya causado otro, siendo éste, como causante de la muerte, y por tanto, como causante de todas sus consecuencias, el que tiene que hacerse cargo de la correspondiente indemnización. Los perjudicados por el fallecimiento tienen derecho a ser resarcidos por los perjuicios sufridos en la medida en que el fallecido, de haber resultado sólo lesionado, hubiera tenido derecho a ser indemnizado por su daño corporal y por sus diversas consecuencias. Los perjuicios de los allegados se resarcen porque la muerte que los genera fue causada injustamente por alguien que, al haberla producido, tiene que responder de todas sus consecuencias perjudiciales, sean de índole estrictamente personal (perjuicios morales), sean de índole estrictamente patrimonial (perjuicios económicos). Si, en sede de responsabilidad civil, el familiar que asume los gastos de entierro y funeral del fallecido, tiene derecho a que se le reintegren, es porque hay un otro, que es el responsable de la muerte producida; y, en el mismo sentido, si los familiares del fallecido tienen derecho a ser compensados por los perjuicios morales que les causa la muerte, es porque hay un otro, que es el responsable del hecho letal El concepto de víctima y perjudicado. La víctima primaria (genuina, directa, inmediata u originaria) y la víctima secundaria (derivada, indirecta, mediata o refleja). La víctima que no es perjudicado y el perjudicado que no es víctima Los perjuicios resarcibles son, en principio, perjuicios propios, porque los sufre quien es resarcido. Pero esos perjuicios propios pueden producirse en virtud de un daño propio o en virtud de un daño ajeno. Centrados en el daño corporal y en los perjuicios que derivan de él, cuando es parcial (lesiones, temporales o permanentes), el que lo sufre (la víctima) es el que resulta perjudicado por los perjuicios derivados del mismo, sean de índole estrictamente personal, sean de índole estrictamente patrimonial. Él es quien sufre el daño corporal, pues su salud es la que resulta quebrantada (daño sicofísico), y, a su vez, es él quien sufre los perjuicios morales y patrimoniales que derivan de tal daño. Pero cabe que los perjuicios originados por el daño corporal no los sufra quien ha padecido el daño o que no sea sólo él el que los sufra. Cuando se está ante el daño corporal radical en que consiste la muerte, quien lo sufre es el vivo que deja de vivir, pero, como ha dejado de vivir, no ingresa en su patrimonio crédito resarcitorio alguno que se transmita a sus herederos. En el caso de la muerte, hay siempre una disociación personal entre quien sufre el daño y quienes sufren los perjuicios causados por él, que son, como sabemos, los familiares llegados. Estamos ante un supuesto en el que la víctima no es perjudicada y en el que los perjudicados no son víctimas. Al hacerse esta afirmación, se llama víctima al que sufre el daño corporal, en su propio cuerpo, al que sufre las lesiones o al que sufre la muerte; y se llama perjudicado a quien sufre ese daño, cuando es en sí resarcible (el perjuicio sicofísico en que consiste la lesión), y a quien sufre los perjuicios (morales o patrimoniales) derivados de ese daño corporal (el propio lesionado o los parientes próximos del fallecido o los parientes próximos del gran lesionado). Fijado así el significado convencional de los conceptos de víctima y perjudicado, debe tenerse en cuenta que puede utilizarse el primero en un sentido amplio 8, que sea comprensivo tanto de quien sufre el daño corporal (sea o no perjudicado), como de quien sufra los perjuicios derivados del mismo, aunque no sufra el daño corporal en sí. Utilizando el concepto en este amplio sentido, la doctrina francesa y la italiana suele distinguir entre víctima primaria, genuina, directa, inmediata u originaria, que es la persona que sufre el daño corporal (sea o no perjudicada) y la víctima secundaria, derivada, mediata o indirecta, que es la persona que, sin sufrir el daño corporal, padece sus consecuencias, sufriendo perjuicios con rango resarcible. Cuando se trata de los perjuicios que sufren aquéllos que no son estrictamente víctimas, se dice que son perjuicios indirectos o reflejos, siendo perjuicios propios que se sufren en virtud de un daño ajeno, a diferencia de lo que acontece cuando la víctima es también perjudicado, pues en este caso se sufre un perjuicio propio en virtud de un daño propio El tratamiento resarcitorio de los perjuicios de los familiares del fallecido: el sentido de su dependencia, en relación con la muerte que los origina. El presupuesto indeclinable de la imputación de la muerte al tercero que la haya producido Cuando un determinado agente dañoso causa la muerte de una persona, que le sea imputable a título de culpa (supuestos legales de responsabilidad subjetiva o culposa) o a título de riesgo (supuestos legales de responsabilidad objetiva atenuada), es responsable de los perjuicios que deriven de dicha muerte, por ser el responsable de ella. Partiendo de la base de que, de acuerdo con la doctrina del perjuicio propio, en su versión consolidada, la muerte es un daño (el daño corporal radical) que en sí es irresarcible, porque lo recibe el vivo que deja de vivir, sin que ingrese en su patrimonio crédito resarcitorio alguno, es evidente que si tal muerte no acarrea a otras personas perjuicios que, de suyo, son reflejos (en cuanto derivados de la muerte), no se constituye relación alguna de responsabilidad civil. Aunque son escasísimos los casos que pueden darse en la práctica, lo cierto es que quien mata a otro, aunque esté afectado por un título de responsabilidad civil (culpa, riesgo), puede no incurrir en ella, en la medida en que la muerte 59 PONENCIAS
6 Mariano Medina Crespo no genere a nadie ningún tipo de perjuicio. Puede pensarse, y alguna vez ha sucedido, en un individuo al que se mata, estando en completa situación de aislamiento social, sin tener pariente alguno o sin tener la más mínima relación con algún pariente que le superviva. Se estará ante un supuesto de muerte que, siendo imputable al agente dañoso, no genera la más mínima responsabilidad civil; aunque debe tenerse en cuenta que, en este caso, la entidad pública o privada que se hiciera cargo del entierro del fallecido, adquiriría el correspondiente crédito resarcitorio frente al agente dañoso, con lo que quedaría afirmada así, aunque sólo respecto de los gastos de entierro, su responsabilidad civil. Pero lo normal es que el fallecimiento se traduzca en que los familiares del fallecido sufran, por lo menos, unos perjuicios de índole afectiva. Pues bien, reitero, esos perjuicios, -estrictamente personales (morales) o patrimoniales-, los sufren los familiares del difunto; son perjuicios propios de ellos, pues ellos los padecen y por ello dan lugar al nacimiento de un derecho resarcitorio propio. Son perjuicios propios, pero que nacen de la muerte del pariente. Son perjuicios directos, porque los sufren directamente los perjudicados, como consecuencia de la muerte producida, pero, al tiempo, desde otro punto de vista, son perjuicios indirectos, porque los causa el agente dañoso a través de la muerte que él produce; y son perjuicios imputables al agente dañoso, porque él ha causado la muerte de la que derivan. Por eso los perjuicios causados por una muerte son siempre perjuicios reflejos y, como tales, dependientes de la muerte que los origina, en el entendimiento de que dan lugar al nacimiento de un crédito resarcitorio sólo en la medida en que la muerte sean imputable a un concreto agente dañoso. Esto significa que el régimen jurídico de su tratamiento resarcitorio no puede desconectarse en absoluto de la muerte originante y que su imputación responsabilicia se subordina a la imputación de la muerte, como daño corporal de signo radical. Los perjuicios que la muerte genera a los familiares del fallecido se insertan en una relación de responsabilidad civil en la medida en que haya un sujeto que haya causado la muerte que los origina y al que le sea imputada en virtud de un concreto título legal (culpa o riesgo), constituyéndose así entre dicho agente y quienes sufren los perjuicios derivados de la muerte producida. A tal efecto, tiene que haber siempre dos sujetos distintos, el agente que causa la muerte y el paciente que la sufre y de cuya muerte surgen los perjuicios resarcibles de los familiares, dando lugar a que la relación de responsabilidad civil quede constituida entre los perjudicados acreedores y el responsable deudor La culpa (causa) aportada en exclusiva por la víctima interfecta o aquejada de gran invalidez y los perjuicios derivados de sus familiares. La tesis de la oponibilidad, por parte del tercero causante, de la culpa (causa) exclusiva de la víctima: un supuesto de inexistencia de responsabilidad civil En el ámbito del tránsito rodado, nuestro sistema legal de la responsabilidad civil por daños personales se adscribe inequívocamente a un principio de causalidad que se sitúa en un ponderado punto medio entre el desfasado criterio monista de la causalidad culpable y el acrítico de la causalidad mecánica. De acuerdo con él, el conductor responde por ser causante y es causante cuando hay causación propia no desvirtuada por una causación extraña, presumiéndose que quien causa físicamente el daño es responsable del mismo, de modo que sólo queda liberado de responsabilidad civil si acredita que se ha debido a una fuerza mayor extraña o a la culpa (causa) exclusiva de la víctima. Con tal principio, se supera el viejo sistema de la subjetividad culpable que, incluso en su versión presunta, es insuficiente, por defecto o por exceso; por defecto, porque no admite que haya responsabilidad por caso fortuito, es decir, cuando el daño se ha debido a una fuerza mayor endógena, propia del riesgo desplegado; y por exceso, porque propicia actitudes voluntaristas de culpa inventada, que se afirma hasta en los supuestos determinados en exclusiva por una circunstancia estrictamente fortuita. A su vez, el juego de tal principio se sustrae al atavismo de la plena objetividad en la que la imputación del daño se produce por completo al margen de su autoría y sin la adecuada selección causal. La cabal comprensión del señalado principio rector lleva a interpretar que, cuando el párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor habla de la negligencia exclusiva del perjudicado, como circunstancia exoneradora de la responsabilidad del conductor considerado, quiere decir causa exclusiva de la víctima, entendiendo por víctima la que lo es en sentido estricto, es decir, la que sufre directamente el daño corporal (víctima primaria, genuina, inmediata, directa u originaria) 9. Así lo entendió perfectamente la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, Sala 2ª, de lo Civil, de 22 de septiembre de , en relación con el art. 1 del T. R., según la redacción que, acompasada al art. 39 de la Ley de 1962, aprobó el Decreto de 21 de marzo de Su declaración fue la siguiente: Aunque ya resuelta la cuestión..., dado que... la sentencia apelada... mantiene que no puede oponerse la excepción de culpa exclusiva de la víctima que autoriza el art. 1..., cuando la acción es ejercitada por los herederos o familiares del fallecido conductor, ya que éstos, como perjudicados, no pueden ser culpables del accidente, debe rechazarse totalmente tal alegación, pues es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida, entre otras, en sus sentencias de 28 de abril de 1966, 12 de diciembre de 1970 y 2 de noviembre de 1971, dictadas... en supuestos en que la acción se ejercitaba por los herederos o familiares del fallecido, en los que admite la excepción de culpa exclusiva de la propia víctima como causa de exoneración de la obligación indemnizatoria de la... aseguradora del vehículo; y tal criterio ha sido también mantenido reiteradamente no sólo por las dos Salas de lo Civil de esta Audiencia, sino por las restantes Audiencias Territoriales, y, en consecuencia lógica de que si el fallecido por un PONENCIAS 60
7 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 accidente de tráfico, fuera conductor o transeúnte, fue por culpa exclusiva de los mismos, no puede inculparse a ninguna otra persona de las consecuencias de su actuación culposa, sin que sea excepción para ello el que sean sus familiares... [los] que, a causa de su fallecimiento,... ejercitan la acción. Es lamentable 11 que, al producirse la Reforma introducida por la disposición adicional 8ª de la Ley 30/1995, el Legislador no tomara conciencia del efecto perturbador que, por el empecinamiento incivil de algunos intérpretes, puede producir la defectuosa formulación que ya contenía el artículo 39 de la Ley de 24 de diciembre de ; y hay así sentencias expresivas de un literalismo voluntarista que preconiza una alicorta, incoherente, acrítica y superpiadosa (charitas sine iure) interpretación montada sobre la noción de que el perjudicado distinto de la víctima es ajeno a la producción del accidente y que por ello el conductor contrario (su asegurador) no puede oponerle con éxito la correspondiente excepción (defensa) material; sin tener en cuenta que el sentido de esta excepción (interpretación teleológica) radica precisamente en que el supuesto agente dañoso es ajeno a la producción del daño, por tener éste su causa exclusiva en la actuación de la propia víctima. Asumida la expresada tesis, si se produce un atropello y fallece el peatón que sea causante exclusivo del accidente, se sostiene que los perjudicados por el fallecimiento pueden dirigirse perfectamente en reclamación frente al conductor atropellante y frente a la aseguradora de su responsabilidad civil, pues ni uno ni otra pueden esgrimir la «culpa exclusiva del perjudicado», dado que la habrá de la víctima, pero no de los perjudicados por el fallecimiento, que obviamente no son las víctimas del accidente; y se razona que es la culpa exclusiva del perjudicado y no la de la víctima la que tiene efecto exonerador, de acuerdo con la expresión literal del precepto señalado, regulador de la imputación de la responsabilidad civil automovilística. Por tanto, si la víctima resulta lesionada, se reconoce que carece de derecho indemnizatorio alguno, por ser causante de sus daños, al oponérsele con éxito la culpa exclusiva del perjudicado; pero si fallece como consecuencia de sus lesiones, siendo ella la causante de su propia muerte, se afirma incondicionadamente la existencia de un derecho indemnizatorio a favor de los que resultan perjudicados por su fallecimiento, pues ellos no son los causantes del siniestro y se entiende que la exclusión legal refiere a la culpa del perjudicado y no a la de la víctima. Se desconoce así que la excepción de culpa exclusiva del perjudicado es expresión defectuosa con la que se hace referencia objetiva a la causa exclusiva de la víctima, como supuesto de hecho que es una fuerza mayor ajena al conductor atropellante, al ser, normalmente, un suceso externo que le es por completo imprevisible o que, previsible, le es inevitable (víctima peatón o conductor), en consonancia con la descripción contenida en el art C.c.; y, al ser, en algún caso (víctima pasajero que produce el accidente), un suceso interno al que, no obstante, se atribuye de forma expresa una virtualidad exoneradora de la responsabilidad civil del supuesto agente dañoso. Acudir a la interpretación que critico supone aplicar la norma sin preguntarse su porqué, tal como le hubiera gustado a un Montesquieu, que queda hoy muy anticuado; y el porqué de cada norma, su presupuesto etiológico, constituye la clave (finalista) de la interpretación, tal como impone el art. 3.1 C.c. Dentro de esa línea distorsionada de pensamiento, pero con una desviación lógica de mayor calado cualitativo, se entiende también que, cuando un conductor fallece en accidente exclusivamente causado por él, los perjudicados, no sólo pueden dirigir su reclamación contra el asegurador del otro vehículo, al que estará vedado oponer la excepción de su culpa exclusiva (sin que la de la víctima impida el resarcimiento, con lo que se desconoce que, para el conductor del vehículo asegurado por aquél, el accidente se ha debido a una fuerza mayor extraña), sino que incluso, y en concreto cuando se trata de un siniestro con vehículo único, pueden dirigirse contra el asegurador de éste -que lo es de la responsabilidad de la víctima-, pues la excepción de la culpa exclusiva es aducible frente a la acción que ejercite la propia víctima sobreviviente, pero inoponible a la que ejerciten los perjudicados, si aquélla fallece. La consecuencia de estas estimaciones es que el fallecimiento siempre estará amparado por el seguro de responsabilidad civil, bien del conductor contrario, bien del propio conductor difunto, ignorándose sus más elementales presupuestos cuando la muerte se debe a la propia causación. Se configura así tal contrato como un seguro que ampara siempre los perjuicios derivados del daño letal y tanto si se trata del seguro concertado para el vehículo contrario como del concertado para el vehículo conducido por la propia víctima, de modo que no hay posibilidad alguna de que un fallecimiento esté descubierto por la institución del seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilista. Ésta queda así convertida en un inconcebible seguro amparador de cualesquiera perjuicios derivados de la muerte, sin que en ningún caso pueda negarse el resarcimiento, con marginación completa de las circunstancias en que se haya producido el accidente. Se torna así el seguro obligatorio en una especie de seguro del riesgo de la muerte, en un seguro que garantiza siempre las consecuencias perjudiciales derivadas del hecho letal. Asumida esta perspectiva interpretativa, la actual regulación de dicho seguro supone que solamente dejan de estar amparados por él las lesiones del conductor que sea exclusivamente causante del accidente, pues frente a él la aseguradora del vehículo contrario esgrimirá con éxito la excepción material de culpa exclusiva del perjudicado y su propia aseguradora aducirá la exclusión de cobertura definida en el art. 5.1 del vigente Texto Refundido (daños sufridos por el propio conductor lesionado). Protegida siempre la muerte de cualquier persona en accidente de tráfico, aunque, siendo peatón o conductor, haya sido causante exclusivo del accidente, la especialidad radicaría en que, de ser conductor el finado, si la aseguradora forzada a indemnizar a los perjudicados por el fallecimiento fuera la del vehículo contrario, tendría acción de repetición contra el tercero causante del siniestro, es decir, contra sus herederos, 61 PONENCIAS
8 Mariano Medina Crespo que podrían ser o no los perjudicados previamente resarcidos, con la posibilidad de ejercitarla contra la aseguradora del vehículo conducido por la propia víctima, siendo ejercitables estas acciones acumuladamente o de forma independiente, estando esta aseguradora en el trance de esgrimir de forma inútil la culpa exclusiva de la víctima no perjudicada, que se entiende no consagra la ordenación legal. Por eso, de ser los reclamantes los herederos del interfecto causante de su propia muerte, la aseguradora del vehículo contrario contaría con la excepción de la compensación de los respectivos créditos, compensándose el crédito de los perjudicados con el que contra ellos tendría por vía de repetición la aseguradora, pues carece de sentido la oblicuidad de que los perjudicados cobren una indemnización que tendrían que devolver como responsables subrogados, existiendo una confusión en las respectivas calidades deudora y acreedora. Pero, insisto, con tales planteamientos se desconoce que la razón de ser de las circunstancias excluidoras de la responsabilidad civil de un conductor estriba en que éste responde cuando es causante del accidente y no responde cuando no lo es; y, a su vez, no lo es cuando el siniestro se ha producido exclusivamente por factores estrictamente extraños. La culpa exclusiva del perjudicado -entendida esta palabra necesariamente como víctima- es un caso de fuerza mayor que es extrínseca; y que, de ser intrínseca, también tiene fuerza exoneradora, porque se trata de una fuerza mayor aportada por la propia víctima. Por eso los perjudicados por el óbito de quien sea causante de su propia muerte, peatón o conductor, carecen de acción frente al conductor atropellante o frente al conductor del vehículo contrario. En lo que concierne al siniestro con vehículo único, la irresponsabilidad del asegurador se conecta, aunque innecesariamente, con el art. 5.1, pues es obvio que, si la cobertura obligatoria no alcanza a los daños ocasionados a la persona del conductor del vehículo asegurado, los perjudicados por su fallecimiento carecen de acción frente al asegurador del vehículo que pilotaba; pero, como queda apuntado, ésta es una razón secundaria, siendo una razón previa (la inexistencia de responsabilidad civil) la que fundamentalmente debe tomarse en consideración para la solución del supuesto 13. En todo caso, registro que el Legislador no ha rectificado el error expresivo al que me he referido, dando lugar a las interpretaciones embaídas que critico, las cuales, por otra parte, hacen desprecio (conscientemente o por incuria; pero siempre con intención caritativa) de una correcta doctrina jurisprudencial afirmada desde siempre sin fisuras. Configurada la causa exclusiva de la víctima como una modalidad de la fuerza mayor (normalmente) extrínseca, el sentido de la liberación del conductor se halla en que se está ante un siniestro producido por causa ajena. El párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley ha de ser interpretado finalísticamente, de acuerdo con su estricta ratio, según impone el art. 3.1 C.c.; y es evidente que la interpretación que postulo se acomoda a aquella razón de ser, constituida por su significación causal, pues la causa proporcionada por el conductor sirve para que se le impute su responsabilidad y la causa proporcionada por otro agente o factor externo sirve para exonerarlo. Cualquier otra interpretación desnaturaliza y destruye la figura de la responsabilidad civil, cuyas exigencias naturales como institución son indeclinables. Cuando se trata de una fuerza mayor intrínseca, la clave de la exoneración radica en que, aunque no sea ajena al conductor por razón del riesgo desplegado, en todo caso es una causa propia de la víctima. Por otra parte, no cabe que el perjudicado por el fallecimiento de quien fue causante exclusivo del accidente obtenga indemnización alguna con cargo al asegurador de la responsabilidad civil de quien se causó su propia muerte. Debe en este sentido expresar mi radical discrepancia con la tesis que ha preconizado ARROYO FIESTAS, quien, partiendo sofísticamente de la estimación de que el perjuicio que causa una muerte se produce iure proprio nec hereditatis, pretende desvincular los derechos indemnizatorios de los perjudicados de la actuación desplegada por la víctima fallecida, sosteniendo que aquéllos no están afectados por la denominada excepción de la culpa exclusiva, pues no son ellos los causantes del siniestro. De esta forma, entiende el expresado magistrado que sólo pueden considerarse excluidos de la cobertura del seguro obligatorio los daños corporales sufridos por el conductor sobreviviente; y que los perjudicados por su fallecimiento son terceros que, con cargo al seguro del vehículo, han de ser resarcidos por los daños que les cause el hecho letal, aunque el interfecto sea su causante en exclusiva 14. Tomando pie en mis apreciaciones 15, BAILLO MORALES-ARCE se ha ocupado de resaltar que es esperpéntico afirmar que el asegurador obligatorio tenga que indemnizar a los familiares de quien se causa su muerte, cuando éste, de supervivir, no tendría derecho resarcitorio alguno, por ser el causante exclusivo del siniestro 16. Para recalcar el esperpento, piénsese en un accidente que la víctima se haya causado y que, durante un espacio prolongado de tiempo, esté recibiendo servicios asistenciales, sufragados a su propio cargo, para, finalmente, terminar por fallecer, y generar los correspondientes gastos de entierro y funeral. De acuerdo con la tesis que critico, los herederos del fallecido, que naturalmente carecerían de acción resarcitoria para el reintegro de aquellos gastos asistenciales, abonados por la propia víctima, tendrían, como perjudicados, derecho a ser resarcidos por los gastos funerarios. Por otra parte, el señalado autor añade que una cosa es la utilización del concepto expansivo de perjudicado, para no negar legitimación reclamatoria a quienes realmente lo es, por sufrir unos perjuicios derivados de la muerte, y otra muy distinta distorsionar la cobertura del seguro obligatorio con la afirmación de que encajan en ella los perjuicios derivados de una muerte que la propia víctima se ha causado 17, pues, aunque su exclusión no estuviera prevista en el art. 5.1, es de sentido común que el asegurado que se causa su propio daño corporal (lesión o muerte) no puede nunca desencadenar el juego operativo de un seguro de responsabilidad civil, como es el obligatorio 18, vulnerándose en todo caso, ese concreto precepto que verdaderamente existe 19, el cual, en el extremo que nos ocupa, PONENCIAS 62
9 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 es pura consecuencia natural (necesaria) de la índole de tal seguro, que nunca puede amparar una responsabilidad civil inexistente. Pero interesa profundizar más en la cuestión señalada; y, a tal efecto, ha de empezar por separarse la estricta problemática de la responsabilidad civil cuando el causante de los daños es la propia víctima y la cuestión correspondiente al aseguramiento de esa responsabilidad, si es que existe. Sólo la previa clarificación de la primera proporciona la clave de la segunda. En realidad, cuando proclamo la postura que debe adoptarse, me sitúo, en primer lugar, en el marco correspondiente a la definición de los criterios de imputación de la responsabilidad civil automovilística, para abordar después la disciplina de su aseguramiento, siendo cuestiones distintas, que se entremezclan y se prestan a confusiones y equívocos lamentables. El tratamiento conjunto o, mejor, consecutivo, de la materia puede servir para dilucidarlas. Por otra parte, hoy ya no caben responsabilidades autónomas del asegurador, montadas sobre responsabilidades ficticias del conductor asegurado. Por eso, voy a centrarme primero en la primera cuestión y después insistiré en las derivadas consecuencias, como solución de la segunda, condicionada por la respuesta prevalente. Lo normal es que, según he resaltado ya, producido un accidente con rastra de daños corporales, coincidan en un mismo individuo la condición de víctima y perjudicado. A su vez, puede que él sea el causante exclusivo del siniestro, bien como peatón, bien como conductor. En el primer caso, la víctima causante carece, como perjudicado, de derecho indemnizatorio frente al conductor atropellante, para el que el accidente constituye un supuesto de fuerza mayor extravagante. En el segundo, carece también de ese derecho frente al conductor contrario, para el que el accidente es igualmente un caso de fuerza mayor extraña. Pero puede suceder que no coincidan las condiciones de víctima y perjudicado. Tal acontece cuando la víctima resulta fallecida, pues en este caso son (presuntivamente) perjudicados por el óbito las personas reflejadas en los cuadros consecutivos excluyentes de la tabla I del sistema de valoración de los daños personales, de conformidad con lo establecido en la regla general 4ª del apartado primero 20. También falta la coincidencia de aquellas calidades en una misma persona cuando la víctima queda en situación de gran invalidez y son perjudicados, además del propio lesionado, los familiares próximos que sufren los «perjuicios morales» definidos en la tabla IV, relativa a los diversos factores de corrección compensadora. Es claro que, tanto en el caso del fallecimiento como en el de la gran invalidez, los perjudicados, no afectados por un daño corporal directo, pueden ejercitar su acción civil contra el conductor causante del siniestro; y es evidente que, de ser la víctima su único causante, el conductor contrario está exento de responsabilidad, por no ser causante del hecho y deberse éste, desde la perspectiva de su actuación, a una fuerza mayor exótica. En esta tesitura, cabe formular la pregunta de si, en el caso del gran inválido causante de sus propias lesiones, pueden sus familiares dirigirse frente a él en reclamación por los perjuicios (morales y, en su caso, patrimoniales) que les causa la gran lesión que él se ha producido; y si los perjudicados por el fallecimiento de quien fue exclusivo causante del accidente y, por lo tanto, de su propia muerte, pueden dirigirse contra sus herederos, en la medida en que ellos no lo sean (art. 659 y 661 C.c.), pues, si lo son, hay una confusión de posiciones que, como reclamantes, tendrían que autodemandarse, con lo que se está ante un imposible que no cabe encajar en el instituto de la responsabilidad civil. Tal es el planteamiento correcto, pues el resarcimiento de los perjudicados sólo puede reconocerse por el capítulo de la responsabilidad civil en el caso de que dispongan de acción frente al causante responsable de los daños. Pero vamos a plantear la cuestión con mayor drasticidad, aunque con igualdad cualitativa: Pueden dirigirse los perjudicados no herederos contra los herederos del difunto suicida? Piénsese que éste, varón, llevara años conviviendo more uxorio con una mujer, a la que inequívocamente perjudica su fallecimiento 21 : Podría su perjuicio llevarla a reclamar indemnización a quienes sean los herederos del interfecto, padres o hijos, por ejemplo, pudiendo incluso éstos ser los suyos? Responder afirmativamente a estas cuestiones supondría que el causante de sus gravísimas lesiones es responsable (jurídico y no sólo moral) de los perjuicios morales que causa a sus inmediatos familiares, contraídos al supremo dolor y enormes molestias que les produce la situación que él mismo se procuró; y supondría que los herederos del causante de su propia muerte tendrían que indemnizar a los perjudicados no herederos por el desgarro que el óbito les causa, con lo que aquéllos, además de soportar su propio dolor y su propio perjuicio, se verían abocados a sufragar el de los otros (con su patrimonio, en el que se integran los bienes del difunto) 22. El sinsentido de estas soluciones conduce inexorablemente a la idea de que los derechos indemnizatorios de los perjudicados a los que me refiero se adquieren efectivamente iure proprio, pero como efecto reflejo ligado a la posición adoptada por la víctima en el accidente. Son perjuicios propios que se producen en virtud de un daño corporal (la muerte) ajeno; y son sólo resarcibles en la medida en que haya un otro que lo haya producido. Sabemos que los herederos de un fallecido son sus causahabientes y que el fallecido es el causante, el que causa su condición hereditaria. Pero los conceptos de causante y causahabiente no se agotan en el típico significado del Derecho sucesorio, pues causahabiente es también quien adquiere un derecho por subrogarse en el que correspondía a otro como causante; y cualquiera adquisición de derecho que tenga causa en otro supone que éste es el causante del derecho y que aquél es su causahabiente. Causante es la persona de quien procede el derecho que uno adquiere; y es obvio que, cuando se produce un fallecimiento, los perjudicados tienen al fallecido por causante, porque los perjuicios que sufren los origina la muerte de éste y por ello son sus causahabientes, aunque sus derechos se adquieran iure proprio nec hereditatis, porque el perjuicio tiene su causa su origen- en esa muerte; y los mismo sucede con los 63 PONENCIAS
10 Mariano Medina Crespo perjuicios morales de los familiares del gran inválido, en relación con los cuales es éste el causante -el que los origina- y son aquéllos los causahabientes del derecho que origina su existencia. Se trata de causahabientes particulares, pues, aunque adquieren sus derechos iure proprio, tal adquisición se produce por razón del daño corporal sufrido por la víctima (por su gran invalidez permanente o por su muerte); y esa razón genética les priva de la condición de terceros en relación con la víctima como causante o con sus herederos, si ellos no lo son. El dato absolutamente determinante es que el menoscabo de los perjudicados tiene su origen en el daño sufrido por la víctima -en sus lesiones o en su muerte-, porque tal daño los genera; de modo que los familiares perjudicados tienen el derecho indemnizatorio si la víctima lo tiene o lo hubiera tenido y carecen de él en caso contrario 23. Cosa distinta es cuando esos causahabientes, perjudicados por las propias lesiones de la víctima o por su fallecimiento, resultan a su vez con daños corporales, pues en este caso hay estricta alteridad y es evidente que tales daños habrían sido causados por quien además fue víctima de los suyos propios, siendo causante sólo en el segundo de los sentidos, pero no, con esta perspectiva, en el primero. De esta forma, si el gran inválido, por no ser autocausante de sus lesiones, tiene acción reclamatoria frente a un conductor, lo tienen también sus familiares, por los perjuicios morales que les produce esa situación; pero si aquél fue el causante exclusivo del accidente, la negación del derecho indemnizatorio a su favor corre pareja con la negación en favor de sus familiares. A su vez, de producirse su fallecimiento, los perjudicados sólo tendrán acción resarcitoria en el caso de que la víctima, de haber sobrevivido, hubiera contado con legitimación para reclamar sus daños frente a quien fuera causante de ellos; y no la tendrán si, caso de sobrevivencia, hubiera tenido la víctima que soportar su propio daño, por habérselo autocausado en su integridad. Se ha de afirmar así que el causante de sus propias lesiones no es responsable de los perjuicios que causa a sus familiares, cuando aquéllas constituyan un supuesto de gran invalidez (único en que, con un valor de presunción, está expresamente prevista tal posibilidad, que queda referida a que las lesiones hayan sido causadas a la víctima por un tercero y no por ella misma); y que los herederos del causante de su propia muerte no responden de los daños irrogados a los perjudicados ajenos a la herencia. Así es, porque, en definitiva, unos y otros perjudicados no son nunca ni pueden ser terceros, cuando el perjuicio se incardina en el daño corporal que se ha causado la víctima. Se trata de una ajenidad -altruidad- esencialmente inexistente, sin que, en su defecto, quepa efectuar imputación alguna de responsabilidad civil. Pues bien, solucionada la cuestión en el sentido indicado, queda automáticamente resuelta la problemática relativa al posible juego operativo del seguro amparador de la responsabilidad del conductor autocausante de su gran invalidez o de su muerte, pues, al no incurrir en responsabilidad por los perjuicios de sus allegados, queda impedido el amparo aseguraticio, mediante un elemental silogismo que conduce a la radical idea de que el asegurador de la responsabilidad de ese conductor nunca tendrá que resarcir a sus familiares, afectados por la gran invalidez o por el fallecimiento, sean o no herederos suyos. Así resulta, en el ámbito del automóvil y para los daños corporales, del párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley, entendido de acuerdo con una interpretación finalista que resulta confirmada por los conceptos utilizados en la regla general 2ª y en el inciso tercero de la regla general 7ª del apartado primero del sistema legal de valoración; y así resulta, en todo caso, en el ámbito de la disciplina común de la responsabilidad civil, de la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo del Código civil y concordantes. Por tanto, los perjuicios sufridos por los allegados de la víctima que se produzca su propia muerte no son resarcibles en sede de responsabilidad civil. En este caso, producida la muerte por la propia culpa (causa) de la víctima, si el accidente ha consistido en un atropello o en una colisión de vehículos, el conductor en el primer caso y los conductores en el segundo (con excepción de la víctima si fuera uno de ellos) son irresponsables, porque la causa del accidente ha sido proporcionada en exclusiva por la propia víctima y estamos ante un supuesto, no ya del efecto liberador ligado a la falta demostrada de culpa (circunstancia que exonera de responsabilidad civil en el ámbito de la disciplina común), sino ante un supuesto de liberación por la culpa (causa) demostrada de la víctima, circunstancia que es la específicamente exoneradora en el ámbito de la disciplina especial del automóvil, la cual se afirma como tal junto con la fuerza mayor extrínseca. En estos casos, el daño letal lo ha producido en exclusiva la propia víctima y por ello no incurre en responsabilidad civil ningún otro supuesto agente dañoso, sin que, por tanto, los perjudicados por la muerte tengan frente a él derecho indemnizatorio alguno, con el que compensar sus perjuicios. Estos perjuicios derivan de la muerte, pero como la muerte se la ha causado la propia víctima, no hay sujeto alguno al que puedan reclamar para ser resarcidos en sede de responsabilidad civil. Desde la perspectiva de los supuestos agentes dañosos, se trata de una muerte irreprochable, inimputable, y por ello aquéllos no tienen que responder de ella ni de ninguna de sus consecuencias, porque en este caso la muerte es un daño completamente ajeno, por no ser ellos en absoluto los artífices del mismo, dado que la responsabilidad civil es figura incompatible con el autodaño y la muerte que se causa la propia víctima lo es. En todo caso, si el daño mortal se lo ha causado la propia víctima y, a su vez, su muerte genera perjuicios en sus allegados, descartados que éstos puedan reclamar indemnización alguna a aquellos sujetos que han sido por completo ajenos a su producción y que por lo tanto quedan liberados de cualquier responsabilidad civil, la cuestión es si pueden ser resarcidos con cargo a quien les causó sus perjuicios, es decir, con cargo al propio muerto, lo que supondría afirmar que serían responsables de tales perjuicios quienes suceden al fallecido en sus derechos y obligaciones, es decir, sus herederos. Puede afirmarse que entre el causante de su propia muerte y los que sufren los perjuicios derivados de ella PONENCIAS 64
11 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 surge una relación de responsabilidad en la que los herederos de aquél ocuparían la posición deudora y los perjudicados la acreedora? Consistente la relación de responsabilidad civil en la que surge entre el que causa un daño y el que lo sufre, con el deber del primero de resarcirlo y el derecho del segundo a ser resarcido, surge tal relación en el caso de la víctima que se causa su propia muerte? Siendo el fallecido el agente dañoso de su propia muerte surge de su conducta autodañosa la obligación de resarcir los perjuicios que causa a sus más inmediatos allegados? Si la respuesta fuera positiva, los acreedores de la relación serían, naturalmente, los perjudicados y, a sus vez, los deudores serían los herederos del interfecto, con lo que, salvo respecto de los perjudicados no herederos, se generarían unas vidriosas relaciones de confusión total o parcial de derechos y deberes resarcitorios, en atención al valor del respectivo perjuicio y al alcance de las respectivas cuotas hereditarias; y, a su vez, surgirían escabrosas relaciones entre los perjudicados no herederos y aquellos herederos que, en cuanto parientes inmediatos, también serían perjudicados. Pero la cuestión es, insisto, si surge esa relación de responsabilidad; y la respuesta es tajantemente negativa, porque, teniendo en cuenta que, por definición, los perjudicados no son víctimas, no puede olvidarse que los perjuicios de éstos son puramente consecuenciales y como puras consecuencias tienen que seguir la suerte jurídica del daño del que dimanan. Si la muerte del allegado es debida a la actuación de otro sujeto, éste responde de los perjuicios que derivan de la muerte, porque le es imputable el hecho letal, porque es él quien ha causado el daño radical en que consiste la muerte y del que derivan aquellos perjuicios. Pero si la muerte se ha debido a la propia causa aportada en exclusiva por la víctima, no hay heterocausación de daño, sino daño letal autocausado y, por definición, el autodaño se sitúa por completo fuera de la institución de la responsabilidad civil, por lo que, producido el mismo, también es ajeno a la responsabilidad civil el tratamiento de sus consecuencias. Por eso no se conoce en la historia del Derecho ni siquiera el intento de que la conducta autolesiva sea fuente de responsabilidad civil, con obligación de tener que resarcir los perjuicios derivados de la misma, porque quien resulta perjudicado por ella sufre perjuicios que derivan de un autodaño y no de un daño de causación ajena El seguro obligatorio de la responsabilidad civil automovilista y los daños corporales sufridos por el conductor del vehículo asegurado. Una seudoexclusión de cobertura por ausencia radical de responsabilidad civil Sentado que el conductor de un vehículo de motor está exento de responsabilidad civil si la muerte causada en accidente se ha debido a la exclusiva culpa (causa) de la víctima, es evidente que el asegurador de su responsabilidad civil (tanto obligatorio como voluntario) está exento también de cualquier responsabilidad frente a los perjudicados por dicha muerte, pues la inexistencia de la primera impide el nacimiento de la segunda. En tal caso, como hemos visto, los perjudicados por dicha muerte no ostentan derecho resarcitorio alguno respecto de cualquier conductor que haya resultado implicado en el accidente, ni tampoco frente a los herederos de la víctima que se ha causado su propia muerte. Por eso, por propia definición, porque se está ante un supuesto de irresponsabilidad civil, los perjudicados nunca pueden ser resarcidos con cargo a seguro alguno de responsabilidad civil (obligatorio o voluntario), ni con cargo al que ampare la del uso de un vehículo pilotado por conductor distinto de la víctima, ni con cargo al que ampare la del uso del vehículo manejado por ella. En lo que concierne al seguro obligatorio, estas exenciones de responsabilidad del asegurador están confirmadas en la propia Ley, aunque no sería necesaria su previsión. En lo que refiere a los seguros de los vehículos pilotados por conductores distintos de la víctima, porque el art. 2.1 se ocupa de definir que la cobertura obligatoria del asegurador abarca, dentro de sus específicos límites, la responsabilidad civil a que se refiere el art. 1, por lo que si, como hemos visto, no hay responsabilidad civil (por el efecto excluidor de la culpa exclusiva de la víctima), no puede haber cobertura aseguraticia. En lo que refiere al asegurador del vehículo pilotado por la propia víctima, se cuenta con el mismo apoyo normativo confirmador, porque la muerte autoproducida tampoco genera derechos resarcitorios a favor de quienes resulten perjudicados por ella. Pero, en todo caso, al razonamiento esencial y al mentado apoyo normativo se une la previsión contenida en el art , en cuanto dispone que la cobertura del seguro obligatorio no alcanza a los daños ocasionados a la persona del conductor del vehículo asegurado; y si no se cubren los daños, no se cubren sus consecuencias. La importancia de esta concreta previsión legal no radica en la exclusión que define (significación negativa), sino en la inclusión que deriva de su lectura a sensu contrario (significación positiva). Si sólo los daños corporales del conductor del vehículo asegurado están excluidos de la cobertura del seguro obligatorio, la conclusión elemental es que cualesquiera otros daños corporales están amparados por él. De esta forma, el ámbito material del aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil por daños corporales queda delimitado con la máxima amplitud posible, porque todos los daños corporales que se causen con el vehículo asegurado están amparados por su seguro, salvo los sufridos por el propio conductor. Así las cosas, no podemos olvidar que los daños corporales que se causa el propio conductor no son nunca resarcibles en sede de responsabilidad civil, porque constituyen autodaños y éstos no generan responsabilidad civil alguna, no existiendo ni respecto del daño en sí, ni respecto de los perjuicios que otras personas (familiares del conductor que se causa su gran invalidez o que se causa su muerte) puedan padecer como consecuencia del mismo. Por eso la exclusión legal de cobertura respecto de los daños corporales del conductor constituye una seudoexclusión, porque no se está ante un supuesto de responsabilidad civil que deje de ser amparada por el seguro obligatorio 65 PONENCIAS
12 Mariano Medina Crespo (verdadera exclusión de cobertura), sino ante un supuesto de irresponsabilidad civil que, por ningún concepto, puede contar con el amparo aseguraticio. Dado un accidente causado en exclusiva por la actuación de un determinado conductor, la perspectiva de la imputación nos lleva a distinguir dos tipos de daños corporales y de perjuicios derivados de los mismos, habiéndose de hacer una especial matización respecto de una de las indicadas categorías. Tenemos, en primer lugar, los daños corporales sufridos por el conductor, pudiendo consistir en unas lesiones o en su muerte. Sentado que se está ante un supuesto de conducta autolesiva, no hay posibilidad de imputar a nadie responsabilidad civil alguna y, por tanto, ni el asegurador de cualquier otro vehículo ni el asegurador del vehículo pilotado por él contraen la más mínima obligación resarcitoria, ni respecto de los daños y perjuicios que él sufra como lesionado, ni respecto de los perjuicios que sufran sus familiares como consecuencia de su gran invalidez o de su muerte. Tenemos, en segundo lugar, los daños corporales que el conductor haya causado a otras personas, peatones, pasajeros de su vehículo y ocupantes de cualquier otro vehículo. En este caso, el conductor es el responsable de tales daños y por ello tiene la obligación de resarcirlos, habiendo de asumir su obligación el asegurador obligatorio del vehículo y, en su caso, respecto de las cuantías excedentes del límite cuantitativo de la cobertura preceptiva, el asegurador voluntario. Tanto en el caso de lesiones como en el caso de muerte, los diversos perjudicados ostentan el correspondiente derecho resarcitorio frente al conductor responsable y, por tanto, frente al asegurador obligatorio, sin que haya daño alguno corporal ni perjuicio derivado del mismo que quede al margen de la cobertura legalmente definida. Pero, a su vez, dentro de este segundo supuesto, hay que diferenciar aquellos casos en los que los daños corporales los sufren los familiares inmediatos del propio conductor, cuando se traducen en una gran invalidez o en un fallecimiento. En este caso, los derechos resarcitorios del familiar perjudicado (el que sea víctima o el que resulte perjudicado por la gran invalidez o por la muerte de la víctima) se tienen plenamente frente al conductor responsable y frente a su asegurador obligatorio, sin más límite que el cuantitativo de cobertura. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el propio conductor puede resultar perjudicado por la gran invalidez del pariente al que ha lesionado o por la muerte del pariente que él ha matado. En este caso, el conductor, que es el responsable de los daños corporales causados y, por tanto, de los perjuicios derivados de ellos, no es titular de crédito resarcitorio alguno, por la sencilla razón de que es él quien se ha causado sus perjuicios; y como carece de crédito resarcitorio alguno (que habría de tenerlo contra sí mismo, de existir), no está legitimado para reclamar a la aseguradora del vehículo que él pilotaba la reparación de esos perjuicios. Adviértase que en este caso la falta de cobertura de los perjuicios por parte del asegurador obligatorio no radica en que entre en juego la exclusión de cobertura de los daños corporales del conductor, pues, aunque son perjuicios del conductor, los daños corporales no son suyos, sino que no cabe el amparo de una responsabilidad que, por pura imposibilidad ontológica, es inexistente; de modo que la liberación del asegurador no se halla en el art. 5.1 de la Ley, sino, previamente, en el párrafo segundo del art. 1. Pero la preterición legitimadora del conductor, que queda privado de poder reclamar por los perjuicios que efectivamente sufre, por ser él el que, en definitiva, ha causado el daño corporal del que derivan, no altera en absoluto los derechos resarcitorios de otros familiares perjudicados que, distintos del lesionado o del fallecido, pueden hacerse valer perfectamente frente a él y, por tanto, frente al asegurador del vehículo, pues tales derechos permanecen incólumes, siéndoles aplicables las propias reglas de su valoración, sin tener en cuenta el valor del perjuicio que sufre el preterido conductor El deseable resarcimiento de las lesiones autocausadas y de los perjuicios sufridos por los familiares de quien se causa la muerte. La posible conversión (de lege ferenda) del seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística en un seguro mixto, con cobertura subsidiaria de accidentes De acuerdo con el estudio realizado en los apartados precedentes, es obvio que el instituto de la responsabilidad civil, por sus propias limitaciones naturales, no puede brindar una plena protección de los daños y perjuicios derivados del daño corporal, porque siempre quedarán al margen los daños que las propias víctimas se causen en exclusiva y los perjuicios derivados de las lesiones y de la muerte que la propia víctima se cause. Sentado que unos y otros quedan al margen de la tutela aquiliana, es evidente que quedan igualmente al margen de la cobertura que proporciona el seguro de responsabilidad civil. Pero hay razones de sensibilidad social que llevan a sostener que cualesquiera víctimas de los accidentes de circulación deberían ser resarcidas por los daños y perjuicios sufridos, al igual que los perjudicados por la muerte de cualquier víctima, aunque sea ella la causante de su propia lesión o de su propia muerte. Se trata de una protección que debe proporcionarse al margen del instituto de la responsabilidad civil y al margen, por tanto, de su aseguramiento, por una pura imposibilidad de rango ontológico. Como dice FERNÁNDEZ ENTRALGO 25, tal protección requiere una decisión de política legislativa, en lugar de recurrirse a la desnaturalización de instituciones como la responsabilidad civil y el contrato de seguro que la cubre. La solución sólo puede obtenerse mediante la técnica del seguro, acudiendo a un seguro social que, en su expresión extrema, supondría que toda la comunidad nacional se hiciera cargo de las indemnizaciones de los daños y perjuicios corporales, en todo caso o cuando no entrara en juego el seguro de responsabilidad civil amparador del PONENCIAS 66
13 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 vehículo o de los vehículos implicados en el accidente. Mas parece preferible que sea no toda la comunidad nacional, sino la comunidad de los propietarios de los vehículos los que asuman esas indemnizaciones; y, sobre tal base, la técnica más adecuada consistiría en convertir el seguro obligatorio en un seguro de accidentes. Dentro de las variables a las que puede acudirse con esta técnica, la más factible sería mantener la naturaleza del seguro obligatorio como un seguro de responsabilidad civil, que seguiría funcionando como en la actualidad, pero que, al tiempo, funcionaría con una cobertura complementaria o subsidiaria de accidentes. Así las cosas, el asegurador del vehículo implicado en un accidente causado por la víctima, no estaría obligado a indemnizar a ésta, como perjudicado, o a quienes resultaran perjudicados por su muerte, con cargo a la cobertura de responsabilidad civil, pero lo estaría con cargo a la cobertura vicaria de accidentes, aunque el dañado fuera el propio conductor. A su vez, si en el accidente hubieran estado implicados varios vehículos, ninguno de ellos tendría que efectuar pago alguno con cargo a la cobertura de responsabilidad civil, pero todos ellos estarían obligados solidariamente a indemnizar aquellos daños y perjuicios, con cargo a la cobertura de accidentes; o sólo el asegurador del propio conductor culpable. Situado en el ámbito de las consideraciones de lege ferenda, carece de sentido salirme del marco general de la propia propuesta, absteniéndome de completarla con el detalle de las reglas que podrían establecerse al efecto, susceptibles de muchas variantes. En todo caso, es claro que se estaría ante una cobertura de accidentes que serviría para satisfacer concretas necesidades (las correspondientes al valor de los daños y perjuicios sufridos) y no abstractas necesidades que son a las que atiende (salvo respecto de los gastos asistenciales) el seguro de accidentes, tal como está configurado en la Ley de Contrato de Seguro; y que, a su vez, la satisfacción compensatoria con cargo a la cobertura de accidentes sería por completo incompatible con cualquier resarcimiento que se produjera a título de responsabilidad civil, adjudicándose al asegurador que haya indemnizado por tal cobertura un derecho de repetición frente a cualquier responsable por actuación desplegada al margen del tránsito motorizado. Finalmente debe resaltarse que el acogimiento de esta propuesta se traduciría en que siempre habría un pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, de tal manera que en los supuestos de compensación de culpas, predicado el efecto reductor del ámbito de la responsabilidad civil, las cantidades sustraídas a ésta serían satisfechas con cargo a la cobertura de accidentes. A lo largo de todo el siglo XX, la institución de la responsabilidad civil ha ido ensanchando su campo de actuación, mediante la reelaboración expansiva de los criterios de imputación, mediante la ampliación de los daños resarcibles y mediante la proliferación de las actividades que los generan, imputándose la responsabilidad con unos criterios cada vez más progresivos, reconociéndose el resarcimiento de daños que en otros tiempos se ignoraban y deduciéndose la responsabilidad en el seno de actividades que, durante mucho tiempo, se desenvolvían como auténticas franquicias. En lo que refiere a los criterios de imputación de la responsabilidad civil, cuando se trata de actividades de riesgo específico, se ha pasado del sistema de culpa probada al sistema de culpa presumida, para, a su vez, erigirse el riesgo en criterio autónomo de imputación, pasándose, en definitiva, del sistema de subjetividad (exacerbada, en un principio; objetivada después), al de objetividad; pero atenuada ésta mediante el reconocimiento de la fuerza liberatoria que siempre se atribuye a la fuerza mayor extrínseca y a la culpa (causa) exclusiva de la víctima. Pero la institución de la responsabilidad civil tiene sus límites naturales, que no pueden rebasarse y que, cuando se rebasan, desnaturalizan y hacen irreconocible la figura, con la producción, además, de efectos reflejos no queridos. Cuando, por exigencias de la realidad social, quiere brindarse a las víctimas una protección a ultranza, hay que tomar conciencia de que tal ultranza supone, precisamente, trascender los límites naturales de la figura de la responsabilidad civil; y en esta tesitura, me parece peligroso y contraproducente introducir en ella elementos distorsionadores, pues, en mi concepto, ya no cabe, sin romperlo, tensar más el arco de la responsabilidad civil; y lo que hay que hacer es sustituirlo o, mejor dicho, completarlo, con un instrumento distinto. Creo así que, dentro del ámbito de las actividades de riesgo específico, la responsabilidad civil objetiva no permite ni la supresión ni la restricción de las circunstancias exoneradoras constituidas por la fuerza mayor extrínseca y por la culpa (causa) exclusiva de la víctima. A su vez, no puede haber responsabilidad civil sin alteridad; y si se quiere (y soy yo el primero en adherirme a tal deseo: después de todo no desconozco que puedo morir en un accidente causado exclusivamente por mi culpa) que los perjudicados sean resarcidos siempre por los perjuicios sufridos, se debe tomar conciencia de que el instrumento jurídico con el que puede brindarse tal protección no está constituido por la institución de la responsabilidad civil, ni, por tanto, correlativamente, por el aseguramiento de la misma, sino mediante otras figuras que, sin imputaciones ficticias y descabelladas, están concebidas precisamente para brindar dicha tutela, habiendo quedado ya concretado que el instrumento más adecuado se halla en la cobertura que proporciona un seguro de accidentes configurado para la satisfacción de las concretas necesidades de los perjudicados. 3.- La segunda cata: el artículo 14. El examen de sus tres preceptos Previo. Algunas precisiones sistemáticas Antes de abordar la cata de este segundo artículo, debo hacer la advertencia de que el Reglamento modifica la correcta metodología de la Ley que desarrolla 26. Ésta es, en primer lugar, una Ley especial sobre la responsabilidad 67 PONENCIAS
14 Mariano Medina Crespo civil automovilística (capítulo I del título I, referente a la ordenación civil ), que regula su imputación y su cuantificación. Después, pasa a ser una Ley especial sobre su aseguramiento obligatorio (capítulo II, bajo el enunciado del aseguramiento obligatorio ) y, a tal efecto, contiene su específica disciplina 27. Pero el Reglamento se aparta de esta estructura dispositiva, pues, dividido en dos Títulos, refiere el I a la responsabilidad civil (su rúbrica es de la responsabilidad civil ), sin que constituya estrictamente un desarrollo del capítulo I del Título I de la Ley, dado que, además de preceptos estrictamente civiles, contiene preceptos mercantiles relativos al aseguramiento. Por eso el capítulo I trata de la responsabilidad civil y de su aseguramiento ; el II trata de la cuantificación de las indemnizaciones y regula las pensiones provisionales que sólo pueden decretarse con cargo al asegurador; y el III se ocupa de la mora del asegurador. Hay así en el Título I del Reglamento una mezcolanza de preceptos civiles y mercantiles, que puede originar algunas confusiones, con retorno a una tradición a la que, después de treinta años, había puesto término el nuevo Texto Legal, a finales de Adviértase, no obstante, que las normas que, atinentes al seguro, contiene el susodicho Título no se refieren en exclusiva al seguro obligatorio, mientras que afectan sólo a él las del Título siguiente. Como queda apuntado, el Título II se dedica a la regulación estricta del seguro de suscripción obligatoria, pero introduce un precepto que, siendo, en principio, de naturaleza mercantil (por atañer al seguro), no guarda una perfecta sintonía con el sustrato previo de la regulación civil a la que tiene que servir. Tal precepto es precisamente el art. 14; y la protesta de este defecto no constituye una observación retórica de exclusivo cariz doctrinal, sino estrictamente práctica, debido a los desajustes de enjuiciamiento que el precepto puede producir si no se superan sus inconsistencias técnicas, por exceso y por defecto. Téngase en cuenta que ni cabe un seguro de responsabilidad civil que ampare a un asegurado irresponsable (es decir, a un agente al que no se impute responsabilidad alguna), ni cabe uno que ampare una responsabilidad civil distinta a aquélla en la que haya incurrido el asegurado. El expresado precepto se divide en dos apartados numerados, de los cuales el segundo cuenta con dos párrafos. De esta manera, contiene una triple regulación: la primera (apartado 1) aborda el problema que surge cuando en un mismo siniestro concurren, al menos, dos perjudicados por daños materiales, cuyo valor total sobrepase el límite cuantitativo de la cobertura preceptiva; la segunda (párrafo primero del apartado 2) acomete el problema de la existencia de diversos vehículos que, pilotados por sus respectivos conductores, concurren en la producción de los daños en un concreto siniestro; y la tercera (párrafo segundo del apartado 2) disciplina la específica problemática de los siniestros causados con un vehículo articulado. Las normas del apartado 2 tienen el denominador común de atender a un concurso de seguros obligatorios que garantizan la responsabilidad civil dimanante de un mismo siniestro, sin que los supuestos contemplados agoten el elenco de las posibilidades existentes al respecto 28. De ellas, sólo la segunda es por completo novedosa, pues ninguna de las dos versiones anteriores del Reglamento contaba con norma alguna referente a los vehículos articulados La norma del apartado 1 29 Este precepto se aplica cuando el importe de la totalidad de los daños materiales causados en un siniestro excede del límite cuantitativo del seguro obligatorio, que ahora (art e) se cifra en ( ,- Ptas.), siempre que haya más de un perjudicado; y en él se establece que el importe señalado ha de repartirse entre los diversos perjudicados en proporción al daño sufrido, de tal manera que, para liquidar el siniestro, el asegurador ha de acudir a una regla de tres: el importe de los daños materiales de cada perjudicado es a x como el importe total de los daños materiales de los diversos perjudicados es a , siendo x, por tanto, la cantidad que se tiene que abonar a cada uno, por el expresado concepto, con cargo al seguro obligatorio 30. Se trata de una norma sustancialmente idéntica a la que contenía el art del Reglamento derogado 31. La nueva redacción difiere de la anterior sólo en que se adicionan dos indicaciones que faltaban en el texto precedente, quedando puntualizado que la norma se refiere sólo al seguro obligatorio y que el límite que menciona es también sólo el de dicho seguro. Así las cosas, la ausencia de novedad invita, en principio, a no dedicar al precepto un comentario especial y a remitir a cualquier estudio del Reglamento derogado. Pese a ello 32, considero útil hacer algunas observaciones sobre el significado y el alcance de esta norma que se arrastra desde el art del Reglamento originario 33. Al hablar de daños materiales, debe tenerse en cuenta que el precepto se refiere a cualesquiera daños de índole material, con inclusión de cualquier gasto resarcible que se produzca como consecuencia de ellos (gastos de grúa, por ejemplo) y también de cualquier perjuicio, concepto en el que se incluye el lucro cesante (por ejemplo, los perjuicios por la paralización de un taxi siniestrado, durante su reparación; así como el perjuicio consistente en la simple privación del uso del vehículo); y se incluyen también los perjuicios morales que, en su caso, puedan derivar del daño material, reconducibles al concepto básico de valor de afección (por ejemplo, el perjuicio moral que causa la muerte de un perro de compañía, que puede valorarse, fácilmente, en cantidad superior al valor del propio perro como estricta cosa). Todos estos daños y perjuicios se incardinan en el concepto de daño material al que se refiere el párrafo tercero del art. 1.1 de la Ley y se encuentran cubiertos por el seguro obligatorio, sin limitación cualitativa alguna -pues no hay daño material que quede excluido, sin que quede marginada consecuencia perjudicial alguna, cualquiera que sea su índole-, aunque con la limitación cuantitativa que por siniestro ha quedado señalada. Se atiende, pues, a la índole del bien menoscabado, que puede ser material (cosas) o corporal (vida y salud), comprendiéndose en el concepto de daño material tanto el daño material estricto como cualquier tipo de consecuencias perjudiciales (materiales o morales) PONENCIAS 68
15 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 derivadas del mismo. Por ello quedan fuera del ámbito de este precepto cualesquiera daños corporales, que son a los que se refiere con la denominación de daños personales 34 el párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley, en el entendimiento de que lo son, tanto los daños y perjuicios estrictamente personales (biológicos y morales), como cualesquiera consecuencias de índole material: gastos de asistencia médica, gastos de enterramiento y sepelio, cualesquiera otros gastos derivados del daño corporal y cualesquiera perjuicios económicos derivados del mismo, con inclusión de la pérdida de la capacidad de ganancia y del estricto lucro cesante; daños corporales que encajan en la cobertura del seguro obligatorio también sin limitación cualitativa alguna, pero con la cuantitativa básica que establece el art a), cifrada en ( ,- Ptas.), a la que se añade la cobertura no restringida de los gastos asistenciales 35 y funerarios 36, previstos en las letras c) y d), que quedan al margen de aquélla, dada la regla de compatibilidad que contiene el apartado 2. Para la efectiva entrada en juego de la norma comentada -determinación de su supuesto de hecho- tienen que darse tres requisitos: en primer lugar: que esté prefijada la indemnización que por daños materiales corresponde a todos y cada uno de los perjudicados; en segundo lugar: que ese importe total exceda del límite cuantitativo reglamentario; y, en tercer lugar: que no acompañe al seguro obligatorio uno voluntario que, concertado con la misma entidad, funcione como complemento de la limitada cobertura proporcionada por aquél. Si el importe total de las indemnizaciones es inferior al límite cuantitativo de la cobertura, no se está en el supuesto normativo y, a su vez, aunque medie tal circunstancia, si hay un seguro voluntario, cuya cobertura abarque el exceso descubierto por el preceptivo, el problema no surge, porque el asegurador tiene que afrontar íntegramente la indemnización, aunque después tenga que hacer los correspondientes cálculos para imputar qué cantidad ha abonado a cada perjudicado con cargo a la respectiva cobertura. A su vez, si no está prefijado el importe total de los daños y perjuicios materiales de los diversos perjudicados, no puede aplicarse la regla proporcional de la adjudicación parcial, pues falta uno de los elementos imprescindibles de su supuesto de hecho. Por eso estamos ante una norma de aplicación verdaderamente excepcional, pues lo es que el importe total de los daños y perjuicios de índole material sobrepase el elevado límite cuantitativo del seguro obligatorio; y, aún en el caso de que medie tal circunstancia, el supuesto es particularmente insólito, porque lo es también que no se una a tal seguro uno facultativo concertado con la misma entidad. El problema surgirá en los casos en que el seguro obligatorio esté concertado con el Consorcio de Compensación de Seguros y en aquéllos en que sólo haya seguro obligatorio concertado con una entidad aseguradora. También en aquéllos en que, existiendo seguro obligatorio y voluntario, la entidad haya sido objeto de intervención administrativa para su disolución forzosa y haya de efectuar el Consorcio la liquidación correspondiente a la cobertura preceptiva, para corresponder a la sociedad intervenida la liquidación (normalmente parcial) de las sumas excedentes, a través de la Comisión Liquidadora. Igualmente, en el rarísimo caso de que el seguro obligatorio se tenga concertado con una entidad y con otra el voluntario. Destacado el carácter estadísticamente excepcional del supuesto, se está, de todas formas, ante una norma que prácticamente es de imposible cumplimiento, pues carece del más mínimo sentido razonable que un perjudicado no pueda ser resarcido con cargo al seguro obligatorio mientras no se sepa el importe total de los daños y perjuicios de índole material causados a todos los perjudicados. Téngase en cuenta que este precepto es, después de todo, sin razón alguna que lo justifique, heredero de un ordenamiento pretérito en el que los ilícitos dañosos materiales tenían siempre rango criminal 37, con la consecuencia de que lo normal es que se produjera concentradamente el enjuiciamiento de la responsabilidad civil derivada de la producción de todos esos daños en un mismo proceso. De esta forma, se estaba, normalmente, en condiciones de comprobar si el importe total de los daños materiales derivados del siniestro excedía de la cobertura del seguro obligatorio, con conocimiento del importe mismo. Sólo con base en tal supuesto tendría sentido posibilista la previsión contenida en la regla de que tratamos. En este sentido, el conservadurismo reglamentario es evidente, pero desconectado de la realidad normativa que viabiliza la efectividad del precepto comentado. Pero, radicalmente despenalizados los daños materiales imprudentes 38, no puede haber procedimiento penal en el que se fije responsabilidad civil por todos ellos, salvo que se tramite por daños corporales, en cuyo caso los perjudicados materiales pueden intervenir en él como actores civiles 39. Sólo si todos los perjudicados materiales ejercitaran su acción en dicho proceso, se podría conocer el importe preciso de todos los daños y perjuicios producidos, aplicándose entonces la norma que estudiamos. Pero lo normal es que no haya procedimiento penal (si no ha habido daños corporales) o que, de haberlo, no se alcance en él ese conocimiento pleno. Así las cosas, en los casos en que, sin constancia precisa del primero de los requisitos del supuesto normativo, se den los otros dos, el precepto deja de proporcionar una respuesta cumplida al problema derivado del límite cuantitativo que, por siniestro, contempla la Ley (art. 4.2). Creo que, ante el ejercicio de una acción civil por parte de un perjudicado por daños materiales, difícilmente podrá el asegurador (obligatorio en exclusiva) oponer con éxito esta regla de reducción proporcional, pues no podrá acreditar cuál sea el importe preciso de la totalidad de los daños y perjuicios causados al conjunto de perjudicados. Por eso, hay que concluir que, ante la imposibilidad de aplicar la previsión reglamentaria, el juez reconocerá al perjudicado el resarcimiento íntegro de sus daños y perjuicios (sin sobrepasar, naturalmente, el límite reglado), en virtud de una especie de aplicación virtual y singular del principio prior tempore potior iure, sin que pueda atribuirse a la norma de que tratamos un efecto suspensivo o paralizante de 69 PONENCIAS
16 Mariano Medina Crespo la liquidación aseguraticia. El problema surgirá respecto de la acción que ejercite cualquier otro perjudicado cuando se haya agotado ya por completo la cobertura preceptiva. Pero el hecho de que se produzca tal situación, por los pagos realizados a los precedentes, no puede deteriorar el crédito de los perjudicados sucesivos, porque el abono de más a los adelantados no puede preterir el derecho resarcitorio de los retardados, de modo que éstos no pueden ser privados de la efectividad de su acción frente al asegurador obligatorio, aunque en este caso se les podrá invocar efectivamente la regla de la proporción, para reducir la suma que se les tiene que abonar impidiéndose el exceso, en la medida en que se haya sobrepasado ya el límite reglamentario, pese a no saberse de forma definitiva el total de los daños y perjuicios causados a todos los perjudicados. Esto significa que el asegurador se habrá visto abocado a realizar pagos por encima del límite cuantitativo del seguro obligatorio, con el resultado de que habrá efectuado, al menos a los primeros perjudicados, un pago indebido parcialmente, por lo que podrá ejercitar frente a ellos la acción pertinente de reintegro, de acuerdo con el art y siguientes del Código civil, una vez que se haya concretado de forma precisa el importe total de los daños y perjuicios causados a los diversos perjudicados; y cabe también el derecho de repetición frente al asegurado, en el importe descubierto. En todo caso, la excepcionalidad del supuesto debe evitar, al respecto, preocupaciones de entereza; y por ello no conozco resolución judicial alguna que, desde 1987, haya tenido que encarar este problema La norma del párrafo primero del apartado 2 40 La regla del epígrafe 41 corresponde al tratamiento resarcitorio de los daños (materiales y corporales) causados por más de dos conductores de vehículos que sean responsables del siniestro. En este caso, se dice, cada asegurador obligatorio ha de contribuir al pago del importe de reparación de los daños causados en proporción a la entidad respectiva de las culpas concurrentes y, en su defecto, en proporción a la potencia de los respectivos vehículos o de conformidad con los pactos entre las aseguradoras implicadas. El precepto se refiere sólo, naturalmente, al asegurador obligatorio. Lo normal es que la totalidad de los daños y perjuicios se encuentren dentro de sus límites cuantitativos; pero habrá supuestos -pocos- en los que se rebasen y haya de entrar en juego, de existir, el seguro voluntario, sin que la regla comentada pretenda afectar al mismo, aunque podría razonarse su aplicación analógica por identidad de razón. Este precepto tiene su antecedente en el art del Reglamento derogado. Con la nueva redacción se han pretendido corregir los netos defectos del precedente, cuya correcta interpretación y sus inconsistencias lógicas estudié cumplidamente, en su momento, en otro lugar al que me remito 42. Pero es norma de propósito frustrado, pues su redacción estropea parcialmente el defectuoso texto de la antigua, pues, si la solución de la responsabilidad de los aseguradores implicados 43 se remitía antes a la establecida en la resolución judicial (expresión algo críptica, pero, a la postre, correcta, por remitir a la solución civil del supuesto de hecho), ahora la mención de ésta es sustituida por el criterio de atender, primariamente, a la entidad de la culpa concurrente de los diversos conductores. Se tiene el acierto de prescindir de la pintoresca regla de primer grado que contenía el precepto derogado, en su remisión a los acuerdo transaccionales 44 ; y, a su vez, se introduce ahora una regla subsidiaria que, en defecto de la determinación de la entidad de las culpas concurrentes, consiste en atender a la potencia de los respectivos vehículos, para, finalmente, no queriendo prescindir del todo de los acuerdos que mencionaba el precepto derogado, hacer referencia, como regla alternativa 45, a los acuerdos entre aseguradoras, sin hacer alusión absurda a su carácter transaccional. El precepto parte de una lamentable confusión, pues se propone regular la distribución de la obligación resarcitoria de los aseguradores obligatorios cuando el accidente sea causado por dos o más conductores. Pero la regulación mercantil atinente a la obligación de la cobertura proporcionada por aquéllos supone desconocer que la responsabilidad del asegurador no es sino la responsabilidad de su asegurado y que, en definitiva, la compañía tiene que asumir la obligación resarcitoria de éste, siendo el juez el que la establece de acuerdo con lo previsto en el art. 1.1 de la Ley, con aplicación del párrafo segundo si se trata de daños corporales y del art del Código civil 46 si se trata de daños materiales, a virtud de la remisión contenida en el párrafo tercero. Se está, pues, ante una norma de factura disparatada, porque un precepto reglamentario de naturaleza estrictamente mercantil, referente al funcionamiento de la cobertura del asegurador, no puede en absoluto modificar la consistencia de las obligaciones aseguradas (art. 73 LCS), que son las obligaciones civiles declaradas por aplicación de los preceptos civiles mencionados, para cuya aplicación hay que atenerse a la doctrina judicial (legal) que, interpretándolos, tiene perfectamente resuelta 47 la solución de la responsabilidad civil por los daños causados por la actuación concursal de dos o más agentes. Por otra parte, se trata de un precepto que pretende limitar el alcance de una cobertura que queda definida legalmente mediante un precepto irrestringible como es el art. 2 de la Ley, con el que guarda perfecta coherencia el párrafo primero del art. 6. Estamos, por tanto, ante un precepto pintoresco que desazona, pues puede generar equívocos lamentables. En primer lugar, hay el equívoco de que parece establecerse que la obligación de las aseguradoras es mancomunada 48, cosa imposible en la medida en que la obligación de los asegurados sea solidaria, por aplicación, en unos casos, de lo establecido en el art. 116 del Código penal y, en otros, de la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo del Código civil (y, con él, del párrafo segundo del art. 1.1 de la Ley). Hay que entender, en definitiva, que la distribución que apunta el precepto corresponde a la cuota interna que funciona en el ámbito de la solidaridad pasiva PONENCIAS 70
17 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 de los agentes dañosos, cuya responsabilidad civil es asumida por su respectivo asegurador, habiéndose de sentar la conclusión de que, condenado in solidum cada conductor, cada asegurador obligatorio ha de asumir, con la salvedad de que se sobrepase el techo reglamentario de la cobertura, el resarcimiento por completo, a virtud del vínculo de especial solidaridad que le liga con su respectivo asegurado y que, por ningún concepto, puede sostenerse que esa distribución corresponda a las cuotas externas propias del régimen mancomunado. De acuerdo con su lamentable tradición, la dicción literal del precepto no sirve para confirmar que es solidaria la asunción de la cobertura de los aseguradores de los conductores cocausantes del siniestro, de modo que, existiendo dos líneas jurisprudenciales divergentes, el precepto sirve para excitar y no para cortar el equivocado criterio de la mancomunidad 49. A su vez, la referencia que contiene el precepto, respecto a que la contribución de las aseguradoras ha de efectuarse en proporción a la entidad respectiva de las culpas concurrentes, carece de valor normativo autónomo y sólo lo tiene en un sentido expletivo, en la medida en que es el criterio que se adopta judicialmente para fijar la cuota interna de los diversos agentes dañosos, en el seno de la solidaridad pasiva, en aplicación de la pertinente regulación civil. De esta forma, hay que concluir que esa cuota interna, fijada en proporción a la respectiva entidad de la culpa de los diversos conductores, ha de utilizarse en la medida en que tal sea el criterio al que se atenga el juez, interpretando la regulación civil, para fijar la aportación causal (ideal) de cada uno; y no porque lo diga el Reglamento. Por otra parte, la regla subsidiaria relativa a la potencia de los vehículos 50 carece también de valor normativo autónomo y no puede en este caso tenerse en cuenta. Se trata de un parámetro que, bajo la perspectiva civil, el juez puede ponderar como modulación de la entidad de las culpas respectivas, sin que pueda utilizarse en los términos literales y con el sentido mecánico que pretende el precepto comentado. Se podrá haber computado la potencia de los respectivos vehículos porque constituya un dato considerado por el juez para determinar la cuota interna de la responsabilidad solidaria de cada uno de los conductores, precisamente como definidor o codefinidor de la entidad de las respectivas culpas, pero en absoluto podrá entenderse que, caso de abstenerse el juez de hacer referencia a una entidad culposa de diverso rango, haya de acudirse a una distribución interna con base en la potencia respectiva de los vehículos, pues, dada tal circunstancia y de acuerdo con la interpretación consagrada de las reglas referentes a la solidaridad (art C.c. y C.p.), si no se establecen una cuotas diversas, éstas son viriles y, por tanto, la cuota (interna) de cada conductor y, en consecuencia, la de cada asegurador, es del 50%, sin que la potencia del vehículo pueda alterarla en absoluto. Porque la superestructura mercantil del seguro (fijada en un precepto reglamentario) no puede sobreponerse a la previa solución civil (derivada de preceptos legales), a la que sirve, sin que pueda ser de recibo legal el fenómeno contrario. Claro que puede pensarse que la regla subsidiaria de primer grado, concretada en la ponderación de la potencia respectiva de los respectivos vehículos, sólo entra en juego cuando la responsabilidad civil de los conductores se afirme sin título culposo, al haber producido uno y otro el accidente en virtud de un doble caso fortuito confluyente 51. Pero, aún en este caso tan excepcional, carece de sentido que la responsabilidad civil de cada conductor (la definición de su cuota interna en el ámbito de la solidaridad pasiva) resulte determinada por una norma reglamentaria que disciplina la responsabilidad de su respectivo asegurador, pues no debe desconocerse que el juez está vinculado por la Ley civil que regula aquélla (siendo él su intérprete) y no lo puede estar por una norma mercantil reglamentaria que la contradiga. El juez no puede en este caso marcar el paso al son de la norma mercantil reglamentaria, porque ésta - superestructural- no puede sobreponerse al sentido estructural de la norma legal civil, que es la que determina la imputación, la configuración y la extensión de la responsabilidad civil asegurada. Por otra parte, la referencia normativa a la existencia de los acuerdos concertados entre las aseguradoras implicadas, como un tercer criterio para distribuir su responsabilidad 52, tampoco puede tenerse en cuenta, pues estos pactos no pueden condicionar el criterio judicial de la distribución interna que, dentro del marco solidario, se establezca al definir la responsabilidad de cada conductor; y la única incidencia que, dentro de dicho ámbito, puede tener la existencia de un pacto entre las aseguradoras implicadas, serviría, natural y efectivamente, para derogar su funcionamiento definitivo, sin que ninguna aseguradora pueda hacerlo valer frente al tercero perjudicado (res inter alios acta), dando lugar, sólo en momento posterior, a la correspondiente nivelación, ajustada a lo previsto en el acuerdo particular. Estamos, en definitiva, ante un precepto reglamentario que ni resuelve ni puede resolver nada, pues la incidencia niveladora de los pactos entre aseguradoras habría de tener lugar aunque el precepto no existiera; y, resarcido ya el perjudicado con base en una regulación imperativa, entra en juego perfectamente la autonomía de la voluntad de las aseguradoras, para ajustar su distribución definitiva. Pero es lamentablemente previsible que este precepto esté llamado a distorsionar la labor enjuiciadora de los jueces despistados La norma del párrafo segundo del apartado 2 53 Cuestión distinta a la anterior es la que trata de resolver el párrafo segundo del apartado 2, referente a la definición de la obligación de las aseguradoras de los componentes de una unidad articulada 54. Aquí no se está ante el amparo que varias aseguradoras proporcionan por la responsabilidad civil de los conductores de los respectivos vehículos, sino ante el amparo de la responsabilidad en que incurre un solo conductor que causa el siniestro con ocasión de pilotar un vehículo complejo que consta de dos elementos, cada uno de los cuales tiene la consideración de vehículo de motor, a los efectos de la preceptividad de su aseguramiento, en consonancia con el art. 2.1 del Reglamen- 71 PONENCIAS
18 Mariano Medina Crespo to, confirmando el criterio al que desde un principio se atuvo la disciplina del seguro obligatorio 55. En este caso se está ante dos seguros concurrentes que, refiriendo a vehículos distintos, proporcionan la cobertura del mismo riesgo, pues ambos amparan la responsabilidad civil en que haya incurrido el (único) conductor. Se trata de un vehículo que (civilmente, a los efectos del Derecho de daños) es único, y que por eso se llama unidad articulada, aunque, conste de dos componentes. Pero el supuesto ofrece, insisto, la peculiaridad mercantil de que cada componente ha de contar con su propio seguro obligatorio. El conductor de una unidad articulada tiene que tener amparada su responsabilidad civil por dos seguros preceptivos, el del elemento autopropulsor arrastrante y el del elemento remolcado. El supuesto se da tanto en el caso de que cada componente cuente con un seguro obligatorio concertado en entidad aseguradora distinta, como en el caso de que uno de los dos elementos carezca de seguro y, por tanto, haya de entrar en juego la institución del seguro obligatorio a través de la cobertura vicaria proporcionada por el Consorcio como fondo de garantía 56. Si este concreto precepto reglamentario no existiera, podríamos acudir, por analogía, al art. 32 de la Ley de Contrato de Seguro, que regula el denominado seguro múltiple o cumulativo, que se da cuando dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores cubren los efectos que la realización de un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo, en el entendimiento de que, en este caso, cumplidos ciertos deberes de comunicación (cargas de colaboración), cada asegurador ha de contribuir al abono de la indemnización en proporción a la suma asegurada, sin que, naturalmente, pueda superarse la cuantía del daño. Pero la clave radica en que, dentro de este límite, el asegurado puede pedir al asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato, es decir, el total de la indemnización pertinente, de tal manera que el que haya abonado una cantidad superior a la proporcional que finalmente le corresponda, puede repetir contra el otro el exceso satisfecho. Por eso puede decirse que, en este caso, las aseguradoras están ligadas por una especie de solidaridad impropia, pues cada una está obligada a satisfacer al asegurado la prestación garantizada en su integridad. El supuesto de hecho del precepto que estudiamos no es necesariamente el del art. 32, pues éste, pensado para unos estrictos seguros de daños, refiere, en principio, al mismo tomador, mientras que en el caso de la regla que estudiamos es perfectamente normal que, por ser distintos los dueños de los dos componentes de la unidad articulada, sean diversos los tomadores, aunque la identidad de razón es sustancial porque, en definitiva, cada seguro obligatorio cubre por entero, dentro del límite cuantitativo reglamentario, la responsabilidad civil en que haya incurrido el conductor del vehículo, lo que supone que la suma asegurada es siempre la misma (el importe total de los daños causados, mientras no se sobrepasen los límites del seguro obligatorio; o el máximo de la cobertura, si se sobrepujan). Tal como está redactado el precepto, surge la cuestión que se planteaba en relación con el del párrafo precedente, pues parece ser mancomunado el deber de contribuir cada asegurador al cumplimiento de su obligación de cobertura, dándose una solución distinta a la prevista en el art. 32 LCS. Pero la clave estriba en percibir que estamos ante un supuesto en el que el conductor del vehículo tiene legalmente garantizada por entero su responsabilidad civil, tanto por el seguro obligatorio que ampara la cabeza tractora, como por el que ampara el vehículo remolcado; y este importante dato de aseguramiento pleno, dentro del límite reglado, por cada seguro obligatorio, determina que la obligación que asumen las respectivas aseguradoras sea, frente al tercero perjudicado, necesariamente, de carácter solidario, sin perjuicio de la cuota interna de distribución en el ámbito de una solidaridad pasiva que también es impropia. Coherente con esta solución civil es la solución mercantil que deriva del mencionado art. 32, con el que integrar la inteligencia del precepto mercantil reglamentario de que tratamos. Sean cuotas internas (de mantenerse el correcto criterio de que se trata de una responsabilidad solidaria de ambas aseguradoras), sean cuotas externas (de sostenerse que las responsabilidades son mancomunadas), resulta absolutamente sorprendente que, como primera regla distributiva, se acuda al parámetro de la entidad de las culpas concurrentes, lo que constituye simplemente un imposible natural, porque, de haber culpa, que será el supuesto normal, sólo hay la del conductor de la unidad articulada y no se pueden imputar entidades diversas de culpas compartidas, por la sencilla razón de que no hay un concurso de dos culpas distintas, sino una sola culpa que es, de haberla, la del conductor; y no es de recibo racional la entelequia de distinguir, como culpas referenciales (referidas al uso de cada uno de los componentes de la unidad articulada), entre la actuación del conductor como piloto del vehículo propulsor y su actuación como conductor del vehículo propulsado, para atribuirles una entidad diversa, lo que implica de suyo, además, la posibilidad de negar una de ellas. El simple hecho de que se haga referencia a las culpas concurrentes, aparte del absurdo que supone en sí, por no poderse corresponder con la realidad del supuesto regulado, significa que el precepto olvida algo tan elemental como que, en el ámbito de la responsabilidad civil asegurada por daños corporales, rige el criterio de la imputación objetiva atenuada, de tal manera que puede haber responsabilidad del conductor, y por lo tanto, de una y otra aseguradora, aunque el conductor no haya incurrido en culpa alguna, en la medida en que el accidente se haya producido por caso fortuito, que es supuesto positivo de imputación (daño causado en virtud del riesgo típico desplegado), dado que no hay más exoneración que la culpa exclusiva de la víctima y la fuerza mayor extrínseca. Destacada la estricta irracionalidad de la primera regla de distribución de cuotas, también es absurda la que se asienta con carácter subsidiario de primer grado, consistente en que cada asegurador ha de contribuir al cumplimiento de su obligación resarcitoria de conformidad con lo previsto en el acuerdo que uno y otro tengan al respecto concertado. Si partimos de que cada asegurador asume por entero la responsabilidad civil en que haya incurrido el conductor, PONENCIAS 72
19 El nuevo Reglamento Del Seguro Obligatorio De Automóviles 1. Una cata limitada a dos preceptos específicos: El art. 10 a) y el art. 14 de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley (bien interpretado), es evidente que la conformación de una situación de solidaridad pasiva por razón de la concurrencia preceptiva de seguros determina que las reglas contenidas en los posibles acuerdos concertados entre las aseguradoras implicadas (res inter alios acta) no pueden afectar a los terceros perjudicados, quienes tendrán acción para obtener el resarcimiento íntegro, dentro de la cobertura del seguro obligatorio, con cargo a una y otra, pudiendo perfectamente ejercitar el ius electionis, de tal manera que lo previsto en los acuerdos entre las aseguradoras sólo servirá en momento posterior para efectuar la nivelación correspondiente de acuerdo con las previsiones distributivas previstas al efecto. Finalmente el precepto establece una regla subsidiaria de segundo grado, para el caso de que la distribución no pueda efectuarse en proporción a la entidad de las culpas concurrentes (lo que ya sabemos constituye un imposible ontológico; antológico también) y tampoco exista acuerdo entre las aseguradoras implicadas. Dice el precepto que, entonces (superado el disparate), la distribución se efectuará en proporción a la cuantía de la prima anual de riesgo que corresponda a cada uno de los vehículos 57. La norma parece estar pensada para los escasos supuestos en que el siniestro se produce por caso fortuito, como circunstancia oneradora; pero, dada la imposibilidad señalada y la inoponibilidad de los acuerdos interaseguradores, es norma residual que opera pintorescamente como principal. Señalado lo anterior, la conclusión es que constituye una regla parcialmente disparatada, heredera de una época pretérita en la que el precio del seguro obligatorio se establecía gubernativamente, de acuerdo con las tarifas coactivas que se fijaban al efecto 58 y que, por tanto, no se corresponde con la situación actual en que existe un criterio liberal de precios 59, de tal manera que hoy los aseguradores pueden establecer primas muy diversas, tanto respecto de las cabezas tractoras como de los remolques y semirremolques. La cuantía de la prima anual de riesgo no puede constituir en absoluto un parámetro objetivo que sea de recibo razonable para establecer la distribución de las definitivas responsabilidades de los aseguradores implicados, porque el hecho de percibir una prima pequeña no significa asumir una responsabilidad reducida, ni el de cobrar una prima elevada supone amparar una responsabilidad mayor. Cualquiera que sea la prima, el asegurador asume en su totalidad la cobertura de los daños y perjuicios sufridos por los diversos perjudicados, siempre que no se rebasen los límites cuantitativos del seguro obligatorio. Si un asegurador percibe una prima baja, es porque considera que le sirve para asumir perfectamente la cobertura preceptiva y, a su vez, el asegurador que percibe una prima alta no eleva el alcance de la cobertura proporcionada por el seguro que concierta. Por eso el criterio para el reparto interno que contempla el art. 32 LCS está constituido por la suma asegurada y no por el importe de la prima satisfecha. El criterio de segundo grado al que se atiene este precepto reglamentario (siempre como definidor en exclusiva de las cuotas internas) sólo tendría sentido racional si se hubiera establecido que las primas anuales a computar son las fijadas por el Consorcio de Compensación de Seguros para aquellos seguros obligatorios que él concierta, con lo que estaríamos ante un parámetro dotado de cierta objetividad y fijeza, que funcionaría con independencia de que las aseguradoras implicadas en el siniestro perciban una prima mayor o menor, cuyo importe no tiene en absoluto que influir en una distribución que sólo opera para la nivelación final, dentro del ámbito paciente de la solidaridad. Resulta ciertamente pintoresco que, vigente en nuestro país el seguro obligatorio desde 1965, no se haya establecido nunca una disciplina específica respecto a las responsabilidades civiles amparadas por los aseguradores obligatorios de los vehículos componentes de una unidad articulada 60, pese a que, desde un principio, se estableció que estaban afectados por la obligación de aseguramiento los remolques y los semirremolques, con criterio que se ha seguido manteniendo; siendo particularmente llamativa esta falta de regulación legal cuando ciertamente la jurisprudencia ha abordado estas cuestiones con soluciones discordantes y verdaderamente sorprendentes, sin que exista un cuerpo jurisprudencial coherente y convincente de doctrina, que haya servido para excluir los criterios desviados 61 ; y sin que, introducido el nuevo precepto, se haya obtenido una fórmula mínimamente feliz y ajustada a las exigencias civiles del supuesto. A diferencia de lo que sucediera en otros países, en España, desde que se instauró el seguro obligatorio (1995), los remolques, semirremolques y plataformas han tenido que estar amparados con un seguro propio, distinto del que ampare el camión o cabeza tractora 62 ; y lo normal es que cuenten también con su seguro voluntario, aunque éste entra en juego en pocas ocasiones, dado el elevado importe de los límites cuantitativos del seguro preceptivo. Por tanto, siempre que el conductor de un vehículo articulado produzca un accidente, se está ante un supuesto concursal de seguros, incluso cuando uno de ellos brille por su ausencia, por la garantía sucedánea que ofrece el Consorcio de Compensación, planteándose la cuestión de cuál es el asegurador que tiene que hacerse cargo de la correspondiente indemnización. La soluciones 63 que se han dado en la práctica son las siguientes: 1.- Tiene que hacerse cargo de la indemnización exclusivamente el asegurador de la cabeza tractora, aunque el daño se cause físicamente con el elemento arrastrado Tiene que hacerse cargo de la indemnización exclusivamente el asegurador del elemento con el que físicamente se haya causado el daño. 3.- Tiene que hacerse cargo de la indemnización exclusivamente el asegurador del elemento que haya proporcionada la causa eficiente del daño, si la presencia del otro elemento es ajena por completo a su producción Tienen que hacerse cargo de la indemnización las dos aseguradoras de forma mancomunada, como criterio único 66 o como criterio subsidiario de cualquiera de los dos criterios anteriores. 5.- Tienen que hacerse cargo de la indemnización las dos aseguradoras de forma solidaria, como criterio único PONENCIAS
20 Mariano Medina Crespo o como criterio subsidiario 68. Tanto la solución de la mancomunidad como la de la solidaridad ofrecen cuatro variantes, determinadas por el criterio al que se acuda para la fijación de las respectivas cuotas, externas en un caso e internas en el otro, de los aseguradores responsables. Tales variantes son las siguientes: 1.- Determinación de la cuota de cada asegurador de acuerdo con el libre criterio del juzgador, en atención a las concretas circunstancias del caso. 2.- Determinación de la cuota de cada asegurador de acuerdo con un criterio de proporción derivado del importe de las respectivas primas de riesgo Determinación de la cuota de cada asegurador con un criterio de proporción definida a través del peso de los respectivos vehículos. 4.- Determinación de la cuota de cada asegurador por partes iguales 70, prescindiendo de cualquier parámetro de diferenciación. Siendo el tema planteado de una envergadura tal que exigiría un estudio detallado, me limito a señalar que, visto el elenco de posibles soluciones, la única correcta es la que atribuye siempre a las dos aseguradoras una responsabilidad de carácter solidario, con independencia de la estricta dinámica del siniestro; y que, en cuanto a la determinación de las cuotas internas, debe acudirse a un criterio objetivo que no debiera estar constituido por el importe de las primas respectivas de riesgo, habida cuenta que, rigiendo un sistema libre de tarifas, puede acontecer, como queda dicho, que un asegurador fije una prima mayor para la cabeza tractora que para el elemento arrastrado, y que otras pueden hacer exactamente lo contrario. Naturalmente, la problemática se suscita cuando son distintos los aseguradores de uno y otro elemento; y el alcance efectivo de la responsabilidad amparada no puede estar ligada a lo que se cobre por la asunción del riesgo, en relación con lo que perciba el otro asegurador, pues la clave radica en la efectiva cobertura y no en el concreto precio de su asunción. A su vez, cuando uno de los componentes de la unidad articulada carezca de seguro obligatorio y haya de entrar en juego la cobertura supletoria del Consorcio, carece de sentido que la responsabilidad definitiva de éste dependa de lo que él habría percibido como prima, de haber asegurado el componente descubierto, así como de la que haya percibido la otra aseguradora por el seguro referente al otro. Por otra parte, el criterio del peso de los respectivos elementos se prestaría a difíciles discusiones, ante la posibilidad de sostener que habría de ser el peso en sí de cada elemento, o el peso de cada uno con su carga, variando por ello la del elemento arrastrado, con referencia a la efectivamente transportada o a la máxima capacidad de transporte. En mi concepto, apunto tendencialmente que, quizá, el criterio más sencillo y efectivo sería el de adjudicar unas cuotas iguales, aunque, de considerarse preferible el de la respectiva prima de riesgo, que tiene sus antecedentes normativos y es al que se atiene ahora el Reglamento, las primas a computar no habrían de ser las concretas de los dos seguros tomados en consideración, sino las objetivas y neutrales que establece, por Resolución administrativa, el Consorcio, en orden al concierto de los seguros obligatorios de los vehículos oficiales y de los vehículos privados que él ampara. Como vemos, el Reglamento ha pretendido abordar la problemática apuntada, pero lo ha hecho mediante una norma defectuosa que se presta a confusiones (al no predicar expresamente la solidaridad pasiva) y utiliza, además, un desacertado parámetro distributivo, por su inestable precisión y su falta de correspondencia razonable Conclusiones Estamos, en definitiva, ante unos preceptos que son fundamentalmente inútiles, pero, sobre todo, que son peligrosos porque puede suceder que los jueces, movilizados por un literalismo acrítico y abstraído, traten de aplicarlos. En el caso del primer precepto, estamos ante un supuesto de hecho muy excepcional que, cuando se dé, no debe entrar en juego, dando lugar en definitiva a una eventual acción de reintegro del pago de lo indebido por parte del asegurador. En el caso del segundo, estamos ante una norma disparatada que carece por completo de sentido y sólo puede servir para distorsionar la aplicación de una regulación civil a la que no puede afectar. En el caso del tercero, estamos ante un supuesto de hecho que requeriría una adecuada regulación que no se ha sabido hacer, pudiendo generar su aplicación efectivas distorsiones. A veces, es mejor no regular que regular sencillamente mal; y no se comprende por qué, después de tantos años de experiencia, deja de regularse bien. Quizá porque no se lea lo poco que algunos escriben con cierto fundamento. Mediante una frase colocada con evidente desaliño, el Reglamento dice en su Preámbulo que el conocimiento de la normativa reguladora de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor requiere 71 de la comprensión conjunta de la Ley... y del presente Reglamento. Se pretende así que tal sea el sentido de su articulación, pues se resalta que el Reglamento ha incorporado nuevas consideraciones que la experiencia ha aconsejado introducir, con las que se clarifica y precisa el contenido de la Ley. Vistas afirmaciones tan sugerentes, no queda más remedio que concluir que las aportaciones reglamentarias de los tres preceptos que se integran en el art. 14 constituyen un propósito frustrado. PONENCIAS 74