Source: https://politicaysociedad.com/index.php/tag/responsabilidad-ulterior/
Timestamp: 2019-04-23 00:33:20
Document Index: 345553029

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 424', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 60', 'artículo 65', 'artículo 73', 'artículo 75', 'artículo 95']

Politica Ecuador, sociedad Ecuador » Responsabilidad ulterior
Observaciones al Proyecto de Ley de Comunicación
Author: almend | Category: General1 comment | Tags: CONATEL, Convención Americana de Derechos Humanos, FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, guillermo navarro jiménez, ley de comunicación, Ley de Radio y Televisión, Presidente Rafael Correa, Proyecto de Ley de Comunicación ecuador, Registro de Medios, Responsabilidad ulterior, TELECOMUNICACIONES
Presupuestos políticos
Los teóricos del poder y de la Comunicación, coinciden en que la trilogía liberal del poder: ejecutivo, legislativo y judicial, o la constituida por los tres anteriores más el mediático -calificado como el cuarto poder-, han sido superadas.
Actualmente todos los teóricos aceptan que el poder se compone por una triada: el económico, el mediático y el político, en su orden.
Para el futuro de la Revolución ciudadana, es determinante confrontar, reordenar y transformar la estructura del poder en los tres ámbitos antes señalados.
El gobierno presidido por el Presidente Rafael Correa, ha confrontado al poder económico, al mediático y al político, con resultados exitosos, pero la transformación de los mismos, salvando el ámbito político, no ha alcanzado la profundidad que la transformación demanda.
La aprobación de una Ley de Comunicación es parte de las tareas indispensables para avanzar en el proceso de transformación, como lo comprueba, por oposición. la cerrada defensa que desarrollan los medios de comunicación.
El debate sobre el Proyecto de Ley ha sido posicionado, por los mayores medios de comunicación, como una controversia entre el Gobierno y los Medios. Debate del cual la ciudadanía está totalmente ausente.
El debate así planteado ha sido propiciado por la falta de una conceptualización clara de los ámbitos del Proyecto de Ley, y, por los graves irrespetos a normas vigentes en el Ecuador, especialmente los convenios internacionales.
La mejor forma de reorientar los sujetos del debate es incluir a la ciudadanía en el mismo, lo que, por otra parte, profundizará la participación ciudadana, ausente en el proceso de elaboración del proyecto, por falta de una visión clara sobre lo que la Constitución vigente entiende por “participación ciudadana”.
El archivo del proyecto de Ley de Comunicación significaría un grave revés para el proceso transformador, a más de que abriría una brecha para que la embestida de la derecha se amplíe a otros campos. No debe olvidarse que los grandes medios han acogido con beneplácito, incluso en sus editoriales esta posibilidad, recreando una matriz de opinión por reiteración del pedido de archivo en todos los medios y días de la presente semana.
Observaciones de carácter global
El Proyecto de Ley de Comunicación carece de una clara conceptualización respecto los tres ámbitos que contiene: la comunicación, la regulación de los medios y la defensa profesional. Falta de rigurosidad conceptual que igualmente se observa a nivel de cada uno de ellos.
Si se acepta que el archivar el proyecto no es lo más conveniente, por las razones políticas antes mencionadas, lo más prudente es proceder a re-conceptualizar el proyecto, diferenciando los contenidos referentes a los tres ámbitos los cuales deberían contenerse en tres cuerpos legales claramente diferenciados.
La re-conceptualización por ámbitos, igualmente permitiría utilizar los conceptos pertinentes, muchos de los cuales han sido abiertamente irrespetados en distintos artículos, lo que utilizan los más grandes medios para llevar adelante la matriz de opinión que ejecutan actualmente en contra del gobierno nacional.
El proyecto de Ley de Comunicación a más de irrespetar el contenido del artículo 16 de la Constitución, desconoce todos los postulados teóricos sobre la materia al disociar la comunicación de sus instrumentos.
El proyecto de Ley de Comunicación desconoce todos los avances tecnológicos y sus consecuencias sobre la Comunicación, principalmente la convergencia y la consecuente eliminación de las diferencias entre la telefonía y los instrumentos de la comunicación.
Observaciones de carácter puntual[1]
La Comisión dice: “PRIMER EJE.- CONSTITUCION E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Que en caso de conflicto entre la Constitución y un Instrumento Internacional, se acogerá al criterio PRO-HOMINE, es decir, el que mayor garantía le brinde ser humano”, es incorrecto, puesto que un Ley sólo puede contener los mandatos constitucionales y los establecidos en los instrumentos internacionales ratificados, como lo dispone el artículo 424.
La Comisión enuncia. “QUINTO EJE.- LEY DE COMUNICACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES.- Establecer los principios y parámetros de las telecomunicaciones, pero no regular la parte técnica del espectro radioeléctrico”. Este enunciado imposibilita dar cumplimiento a lo que manda la Constitución en su artículo 16.
El artículo 1 dice en su primer inciso: “Garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación que comprenden: la libertad de expresión, la libertad de información, la comunicación y el acceso a la información pública que tienen las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia lengua y con sus propios símbolos”. Este texto contiene varios errores conceptuales:
3.1 Del texto citado se desprende que los derechos de la comunicación son sinónimos de la libertad de expresión;
3.2 Si se cita a la libertad es improcedente citar a sus componentes como si no formasen parte de contextos diferentes;
3.3 Los derechos de la comunicación no sólo comprenden a la libertad de expresión, sino también a los derechos establecidos en el artículo 16 de la Constitución, gran parte de los cuales se omiten en el texto propuesto;
3.4 Existe una lectura errónea del artículo 16 de la Constitución vigente, lo que conlleva, por ejemplo, a que la información pública debería ser elaborada en diversas lenguas, propuesta que, por otra parte, va más allá de lo establecido en el artículo 16.
La mutilación de los derechos de la comunicación, determina igualmente un atentado contra la teoría de la comunicación para la cual la unidad comunicación, en tanto hecho sociológico, y sus instrumentos, es indisoluble. A más de privar a este cuerpo legal de la posibilidad cierta de democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de la asignación de frecuencias y de la consecuente creación de medios con voces diversas.
El proyecto dice: “Art. 11.- Responsabilidad ulterior.- El ejercicio de los derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos”. Texto que contiene un error derivado de la confusión entre derechos a la comunicación antes mencionado y libertad de expresión. Es la libertad de expresión la que establece la censura previa y la responsabilidad ulterior, no los derechos de la comunicación que van más allá del ámbito de la libertad de expresión, como quedó mencionado.
El artículo 12, en su segundo inciso propone: “Este principio se exceptúa en los casos en que se clasifica la información como confidencial, reservada, secreta y secretísima de acuerdo a la legislación vigente”. Este contenido es obsoleto, puesto que actualmente se considera que la información pública sólo puede tener el carácter de reservada en el caso de la referida a las operaciones militares y policiales, y no más de ello. Adicionalmente, debería establecer los plazos para la desclasificación de la misma, para evitar cualquier arbitrariedad en la calificación de la información como reservada.
En el artículo 13 se utiliza como sinónimos a los términos igualdad, que consta en la Constitución vigente, con equidad, lo que no corresponde, dado que en tanto la igualdad significa: “Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo”; la equidad en la acepción que corresponde, dice a “dar a cada uno lo que se merece”. Objeción que es de gran importancia, puesto que se trata de cumplir o no con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución vigente.
En el artículo 13, no contempla el acceso en igualdad de condiciones a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas para la explotación de redes inalámbricas. Este aspecto es de especial importancia por la entrada al mercado de la telefonía móvil de cuarta generación.
El artículo 14 nada dice sobre los derechos de internet, que son los determinantes para la ampliación del acceso a este instrumento de comunicación, ateniéndose a elementos puramente retóricos.
10. El artículo 15 debería reformularse utilizando los términos apropiados para el caso. Se mal utilizan las palabras receptor y difusión, en lugar de cobertura y diversidad, como corresponde.
11. No se entiende la necesidad e importancia del artículo 16, puesto que ello regula la libertad de expresión. A más de que plantea un imposible: el aseguramiento por parte del Estado para que las opiniones de las minoría se protejan ante las de las mayorías.
12. El contenido del artículo 17 en lo referente a la censura previa es contradictorio con lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que establece prohibiciones, esto es censura previa.
13. El artículo 20 repite lo establecido ya en el artículo 10, por lo que es innecesario.
14. La Sección Segunda Deberes, Derechos y Responsabilidades de los Comunicadores Sociales, no es parte de una Ley de Comunicación, Es más propia de una Ley de Defensa Profesional de los Comunicadores Sociales. Sólo procedería su inclusión si se re-conceptualiza la Ley en la forma antes sugerida.
15. Los contenidos del Título II, Capítulo I De los Contenidos y Capítulo II De la Publicidad en los Medios de Comunicación, son más adecuados para insertarse en una legislación sobre medios. Esto es de gran importancia política, puesto que los grandes medios basan toda su matriz de opinión en contra de la aprobación de una Ley de Comunicación en estos aspectos.
16. El artículo 28 en relación a los códigos de ética señala que estos deberán actualizarse “si es del caso”. Los convenios internacionales disponen su revisión y actualización permanente.
17. El artículo 28 establece que los Códigos de Ética deben registrarse en el Consejo de Comunicación e Información. Las normas internacionales disponen que se difundan y no que se registren.
18. El artículo 31 no diferencia entre prohibiciones y contenidos posibles de ser afectados por censura previa, como lo establece el artículo 13 la Convención Americana de Derechos Humanos. Al así actuar les otorga una similar cualidad, lo que no procede.
19. El artículo 31, en su literal a) establece: “Los espectáculos públicos que atenten la protección moral de la niñez y adolescencia y aquellas que limita la Ley de esta materia”. Esta disposición rebasa lo contemplado en los convenios internacionales, puesto que posibilita el ejercicio de censura previa más allá de la protección moral de la niñez y adolescencia, únicas causales que pueden ser objeto de tales limitaciones.
20. En el TITULO III, CAPITULO I, FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, se mezclan conceptos propios de una Ley de Medios con la de una Ley de Defensa Profesional.
21. El artículo 60 debe reformularse, ya que existe confusión y limitaciones conceptuales acentuadas respecto a cómo se definen los monopolios y oligopolios, puesto que sólo hacen referencia a la propiedad y se omite todo lo relacionado con la dominancia del mercado.
22. La Sección IV Del Registro de Medios, no ofrece claridad diferenciadora entre el Registro cuyo objeto es meramente catastral del Registro como condición previa para ejercer las tareas de comunicación.
23. El artículo 65 establece un mecanismo de acreditación legal, lo que induce a pensar que el Registro cumpliría un ilegal rol, la precondición del registro para poder operar. Si ello es así debe recordarse que los instrumentos internacionales consideran el registro o la acreditación previa como un elemento de censura previa a la libertad de expresión.
24. El artículo 73, al establecer que formen parte del Consejo de Comunicación e Información representantes del Gobierno y de las Facultades de Comunicación Social, irrespeta las normas internacionales que señalan que en este tipo de organismos no pueden participar representantes del Gobierno o de quienes poseen intereses en el sector. En el caso del Ecuador, la similar estructura del CONARTEL y todos los desafueros cometidos, deberían ser más que suficientes para no repetir esta malhadada práctica.
25. El artículo 75 no incluye entre las funciones del Consejo de Comunicación e Información una función que es de gran importancia: la concesión de frecuencias de radio y televisión, como producto de la inconsulta disociación entre la comunicación y sus instrumentos.
26. Los artículos 87 y 88 del proyecto de Ley son contradictorios con lo establecido en el artículo 95 del mismo.
27. La Disposición General Segunda, establece que la estructura y funciones del CONATEL serán las establecidas en el Decreto 59, de 28 de septiembre del 2009. Al respecto valga señalar la improcedencia de tal reconocimiento y aceptación, dado que por Decreto Ejecutivo no pueden transferirse funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Radio y Televisión vigente a la fecha. Esto adicionalmente implica aceptar que el Ejecutivo asuma funciones privativas de la Asamblea Nacional y que, además, ésta abdica explícitamente de tales funciones.
28. Por lo expresado respecto a la Disposición General Segunda, no proceden los contenidos de las Disposiciones Generales Cuarta y Sexta.
29. La Disposición Transitoria Segunda no procede por lo expresado respecto al Registro previo como mecanismo de censura previa.
De re-conceptualizarse el Proyecto de Ley no proceden las Disposiciones Derogatorias y Reformatorias. Deberían rehacerse si la voluntad de los
[1] Las observaciones se realizan sobre el texto del Proyecto de Ley adjunto al Oficio No. 072 – 2009 – BCG – AN – CC, de 21 de noviembre de 2009, remitido por la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación al señor Presidente de la Asamblea Nacional.