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Timestamp: 2019-09-16 14:28:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 18', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 61', 'artículo 61']

C- REGLAMENTO DEL PODER JUDICIAL - Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza
TEMA III : DERECHO CIVIL 1- El Proceso Judicial. 1.1. Concepto
1.2. Garantías procesales. Debido proceso. Fundamento.
1.3. Partes del Proceso.
1.4. Clasificación de los Procesos.
2.2. Publicidad (art. 56 del C.P.C.).
2.3. Préstamo (art. 56 del C.P.C.).
2.4. Entrega y devolución.
2.7. Lista de expedientes.
2.8. Expedientes secretos. Casos.
2.9. Días y horas hábiles. Habilitación. (art. 60 del C.P.C.).
2.10. Libros del Tribunal.
3. Escritos Judiciales. 3.1. Requisitos y formalidades. El artículo 50 del Código Procesal Civil (C.P.C.)
3.2. Peticiones Verbales.
"En el día de la fecha, comparece el Dr........ por la parte actora /demandada y solicita, atento el estado de la causa, se fije nueva fecha de audiencia para los testigos ofrecidos a fs....".
3.4. Inobservancia de Recaudos Legales.
Modelo. Presentado el.........de......................de dos mil........................
C- REGLAMENTO DEL PODER JUDICIAL
Art. 3 Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable. Especialmente están obligados a:
Residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda de 100 Km. del mismo. La Suprema Corte podrá dispensar temporalmente de esta obligación cuando existan razones muy atendibles.
Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos pendientes de resolución en los respectivos tribunales.
No gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos salvo los supuestos de representación necesaria.
Abstenerse absolutamente de frecuentar lugares destinados al juego.
Levantar en el plazo de 60 días contado desde la fecha de su notificación cualquier embargo que se trabare sobre sus sueldos o al concurso que se hubiere decretado. Excepcionalmente, y con mención explicita de la razón que lo determine, la Suprema Corte podrá ampliar este plazo o aún eximir al interesado del cumplimiento de esta obligación.
No podrán ejercer profesiones liberales ni los cargos cuya incompatibilidad enuncia el art. 95 de la Constitución Provincial. Tampoco podrán prestar servicios simultáneamente bajo dependencia de abogados, procuradores o de otros profesionales que actúen en el fuero de la Provincia.
No ejercer el comercio (art. 22 inc. 3° del Código de Comercio) salvo poseer acciones de sociedades anónimas que no contratan con el Estado.
No participar en la organización o actividades de los profesionales que actúen en el foro.
Dar aviso a su jefe o al sustituto, a efecto de su comunicación a la autoridad superior, cuando les fuera imposible concurrir a su empleo por causa justificada.
No abandonar la labor sin permiso de su jefe.
Abstenerse de peticionar a las autoridades superiores sin la venia de su jefe inmediato, salvo el caso de injusta denegación.
Atender con deferencia al público, darle las informaciones que fueren pertinentes y abstenerse de recibir dinero para reposición de sellos.
No cobrar emolumentos por la expedición de copias ordenadas por el juzgado o tribunal, salvo las que mencionan los artículos 27 y 28 del Código de Procedimientos civiles.
Expedir recibo de las sumas recibidas por concepto de medios de movilidad, en los casos de diligencias fuera de radio, debiendo ceñirse al gasto estrictamente necesario.
No hacer uso de los teléfonos oficiales para asuntos de carácter particular.
TEMA III: DERECHO CIVIL
1- El Proceso Judicial.
El hombre es un ser social, nace en una familia y necesita de otros para sobrevivir, tiene necesidades biológicas, intelectuales y espirituales que no puede satisfacer por sí mismo.
Al vivir en sociedad, donde los bienes son escasos, se le presentan conflictos. En las sociedades primitivas resolvían los conflictos por la fuerza y los hombres hacían justicia por mano propia. Actualmente cuando las partes en conflicto no pueden llegar a un arreglo particular (lo que se denomina autocomposición) recurren a un tercero imparcial, quien al final de un análisis decide en justicia la situación planteada.
Los hombres se han organizado en la sociedad, distribuyendo las facultades del poder en tres órganos: el Poder Legislativo que dicta leyes para regir la sociedad, es decir, para regular la conducta de los hombres, el Poder Ejecutivo que dirige las acciones de gobierno para lograr el bien común y el Poder Judicial que resuelve los conflictos que se suscitan entre los individuos.
A través de lo que se denomina el Proceso Judicial. El proceso es el reemplazo moderno a la violencia privada.
El proceso es un medio pacífico de debate dialéctico para lograr la solución de los conflictos intersubjetivos de intereses y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una determinada sociedad.
Así contemplado, el proceso cumple una doble función:
Privada: es el instrumento que tiene todo individuo en conflicto para lograr una solución del Estado, al cual debe ocurrir necesariamente, como alternativa final, si es que no ha logrado resolverlo mediante una de las posibles formas de autocomposición del conflicto (desistimiento, allanamiento y/o transacción).
Pública: es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso de la fuerza privada. Para efectivizar esta garantía, el Estado organiza su Poder Judicial y describe a priori, en la ley, el método de debate así como las posibles formas de ejecución de lo resuelto acerca de un conflicto determinado.
La serie de actos -afirmación (demanda), negación (contestación), confirmación (prueba) y alegación (alegatos)- constituye el proceso, entendido como medio de debate. Toda esta serie procesal tiende a obtener una declaración del juez ante quien se presenta el litigio. Tal declaración se efectúa en la sentencia.
Para concluir, diremos que el Derecho Procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. La Constitución Nacional (art. 75 inc 12) establece que la facultad de dictar las normas de fondo corresponde a la Nación (Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, etc.), reservándose a las Provincias la facultad de dictar los Códigos de Procedimientos a través de sus Legislaturas. El Derecho Procesal establece normas que regulan la organización del Poder Judicial, la competencia de los Funcionarios que la integran, y la actuación del Juez y las partes en la sustanciación del proceso.
1.2. Garantías procesales. Debido proceso.
Es posible justificar la idea de debido proceso como un valor intrínseco, ya que confiere a los individuos o grupos contra los cuales las decisiones gubernamentales operan la chance de participar en el proceso en el cual esas decisiones son tomadas; esa oportunidad significa un reconocimiento de la dignidad de las personas que participan de dicho proceso.
El debate procesal representa un valor de interacción humana en el cual la persona afectada experimenta al menos la satisfacción de participar en la decisión que vitalmente le concierne y la expectativa de recibir una explicación de las razones sobre la decisión que la afecta.
El debido proceso protege los principios fundamentales de libertad y justicia que se relacionan con la base de todas las instituciones civiles.
La Constitución Nacional de 1853/1880 además de afirmar en su Preámbulo el objetivo de afianzar la justicia, reconoce en el artículo 18 que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
Joaquín V. González, en su clásica obra de Derecho Constitucional, al referirse a la defensa en juicio sostiene que ella es “una prerrogativa propia de todo hombre, así como lo es la defensa de la propia vida en caso de agresión material. El texto sanciona expresamente la garantía de defensa en juicio, no sólo para la persona moral, sino para los derechos que le son anexos como ciudadano y habitante de la Nación. No ha despojado, pues, al hombre, de la plenitud de su soberanía no conferida al gobierno, sino que al organizarlo, le ha dejado los medios de defender la vida, su honra, su propiedad, aun contra la agresiones del mismo poder público”.
La inviolabilidad de la defensa importa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercitar sus derechos en la forma y con las solemnidades establecidas por las leyes comunes de procedimiento.
Parte es quien pretende y frente a quien se pretende o, más ampliamente, quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión.
1.3.1. Actor y demandado.
En principio, en todo proceso intervienen dos partes: una que peticiona en nombre propio, o en cuyo nombre se pide la actuación de una norma legal, denominada “actora” o “demandante”, y otra frente a la cual esa conducta es exigida, llamada “demandada”.-
La presencia de esas dos partes en el proceso es una consecuencia del Principio de Contradicción, estos Procesos se denominan “Procesos Contenciosos” (contienda: pelea, discusión).
A su vez existen los llamados “Procesos Voluntarios”, en ellos no podemos hablar de actor o demandado, pues las pretensiones son coincidentes. Un ejemplo de ellos son los Procesos Sucesorios en donde los herederos concurren ante el Juez a fin de que determine su derecho a la Herencia. Aquí la idea de partes debe ser reemplazada por la de “peticionarios”, es decir, aquellas personas que en interés propio reclaman ante un órgano judicial la emisión de un pronunciamiento que resuelva sus pretensiones constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica.
El concepto de parte es estrictamente procesal; esa calidad está dada por la titularidad activa o pasiva de una pretensión y es totalmente independiente de la efectiva existencia de la relación jurídica sustancial sobre cuyo mérito se pronunciará la sentencia. No debemos olvidar que no es necesario que el actor tenga realmente el derecho que alega, o la legitimación para actuar en el Proceso.
Cuando el proceso se inicia, las partes presentan al Juez meras hipótesis, simples afirmaciones, no hechos comprobados, y es precisamente para llegar a comprobar si realmente existe el derecho alegado, y si ese actor está o no legitimado, que se instruye el proceso.
Pueden ser partes todas las personas, tanto físicas como de existencia ideal o Jurídicas, (entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones). Las personas jurídicas (Sociedades Civiles o Comerciales, Asociaciones, etc.) por su propia naturaleza, deben actuar por intermedio de sus Representantes Legales o Estatutarios (los que surgen del contrato, estatuto o acto constitutivo de la Sociedad o Asociación).
Una misma persona puede tener en el proceso la calidad de parte actora y demandada, como ocurre en el caso de reconvención o contrademanda. Es decir que la persona demandada puede a su vez demandar a quien lo demandó.
1.3.2. Terceros.
En el proceso, en principio, intervienen dos partes: actor y demandado. Pero muchas veces durante el desarrollo de la litis se incorporan a ella, ya sea en forma espontánea o provocada, personas distintas de las partes originarias, a fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero siempre vinculados con la pretensión de una de las partes originarias, la cual se denomina “Tercerías”.
También intervienen en el proceso otras personas que no son parte, como por ejemplo testigos, peritos, intérpretes, etc.
Existen distintos tipos de Procesos. Se diferencian por los plazos, la amplitud de la prueba que se puede ofrecer y el objeto que persigue.
Los Procesos de Conocimiento, que comprende el ordinario y sumario, tienen en común que el conocimiento del juez es pleno, es decir que se discuten todas las cuestiones vinculadas con el conflicto que originó la intervención judicial.
En otros, como el Proceso Ejecutivo o algunos Especiales, se autoriza a debatir ciertos temas, como por ejemplo la bondad o legitimidad del título ejecutivo, por ejemplo, reservando otros para un proceso posterior.
Los Procesos Sumarios son aquellos de conocimiento limitado y de tiempo procesal más abreviado que el ordinario.
Ordinarios: Son procesos de conocimiento pleno por parte del juez, en donde se discuten todas las cuestiones vinculadas con el conflicto que originó la intervención judicial.
Estructura: Demanda - Contestación (veinte días) - Apertura a Prueba (diez días) - Sustanciación de Pruebas - Alegatos (diez días) - Sentencia (sesenta días).
Sumarios: Son procesos de conocimiento limitado por parte del juez con plazos más breves que el ordinario.
Estructura: Demanda - Contestación (diez días) - Traslado de la Contestación (cinco días) - Sustanciación de Pruebas - Alegatos (cinco días) - Sentencia (treinta días).
Ejecutivos: Son procesos en los que sólo se autoriza a debatir ciertos temas, y está dado únicamente para aquellos títulos que la ley admite como Ejecutivos.
Estructura: Demanda ejecutiva - Mandamiento de Ejecución y Embargo con citación para la defensa y estar a derecho (seis o tres días según el tipo de ejecutivo) - Oposición de excepciones y defensas - Sustanciación de Pruebas - Sentencia (diez o quince días, según el caso).
Cautelar: Son Medidas Precautorias que pueden ser solicitadas antes, durante y/o después de la tramitación del proceso a fin de asegurar el resultado de un litigio. Tienen su fundamento en la necesidad de que la sentencia tenga, en el momento en que se dicte, su posible y necesario cumplimiento. Tienden a impedir mediante los correspondientes recaudos, que durante la inevitable demora en la tramitación del proceso, el objeto del litigio pueda ser modificado o disminuido o incluso desaparecer, bien por obra del demandado, bien por la acción del tiempo y por la propia naturaleza de la cosa.
Incluyen embargos preventivos, anotaciones de litis, inhibiciones, secuestros, etc.
Amparo: Proceso destinado al resguardo de garantías constituciones de inmediata tutela por parte de los jueces. Son procesos en donde basta la comprobación inmediata de la restricción de derechos y garantías constitucionales, sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa legal, para que sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que reglamente la garantía individual que existe y protege a los individuos por el solo hecho de estar consagrados por la Constitución Nancional, independientemente de las leyes que reglamenten su ejercicio.
Universales: Son los que versan sobre la totalidad de un patrimonio, con miras a su liquidación (proceso concursal o falencial) o a su distribución (el sucesorio).
2. Expedientes.
2.1. Formación. Compaginación. (art. 55 del C.P.C.).
Los expedientes se forman con el primer escrito, al que se agregan por estricto orden cronológico los escritos, documentos, actas y demás actuaciones que van surgiendo con el proceso.
Cuando el profesional concurre a la Mesa de Entradas Central en Materia Civil (M.E.C.C.), llena una ficha de información (Auto Administrativo del 31/07/97), que contiene los datos necesarios para cargar en los campos del sistema informático central. Esta ficha va inmediatamente después de la carátula, como “foja 1”.
Las carátulas de los expedientes son de cartulina, de distintos colores, de acuerdo al tipo de proceso.
A continuación de la ficha se agrega toda la documentación base de la demanda, la demanda y por último el cargo de la M.E.C.C. El expediente se guarda en un sobre que es retirado al otro día, por la mañana a primera hora, por el Jefe de Mesa de Entradas del Juzgado en el que recayó la causa. A partir de ese momento todas las actuaciones se presentan en el Juzgado y se agregan por orden cronológico, incluso se discrimina por horas los escritos ingresados en el mismo día.
Los expedientes son públicos, salvo disposición judicial contraria, esto es, pueden ser examinados en la Mesa de Entradas del Tribunal por quienes los soliciten, invocando un interés legítimo, que calificará el Secretario. En principio pueden examinarlos libremente los litigantes, sus profesionales, los peritos y demás auxiliares que intervengan en el proceso.
Debe tenerse presente que corresponde la negación de la exhibición cuando hubiere sospecha fundada de que la persona que pretende examinarlos ejerce ilegalmente una profesión forense o una actividad ilícita. En este caso, debe ponerse el hecho en conocimiento de la justicia en lo penal.
Los expedientes pueden ser facilitados en préstamo a los profesionales y a los peritos intervinientes en la causa, cuando su volumen o la complejidad de las cuestiones así lo exigiera. El préstamo es autorizado por el Secretario y por el plazo que éste fije. Se anota el préstamo en un libro especial, que se lleva en Mesa de Entradas, y se consigna número, carátula, fojas obrantes en el expediente, fecha , plazo del préstamo, nombre y domicilio del abogado que lo retira.
Vencido el préstamo sin que el expediente haya sido devuelto sin causa justificada, el prestatario será condenado al pago de una multa diaria, y no se le facilitará el préstamo en lo sucesivo. A su vez, se libra orden al Oficial de Justicia, para que, con allanamiento de domicilio y uso de la fuerza pública, retire el expediente del domicilio consignado en el Libro de Préstamos. Estas actuaciones son sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder.
Los expedientes son anotados en el Libro de Préstamos al ser retirados del Tribunal, y cancelados al ser reintegrados por el prestatario.
2.5. Archivo. Custodia de expedientes (art. 59 del C.P.C.).
Terminado un proceso, por cualquiera de los medios que el código prevé (sentencia, caducidad, allanamiento, desistimiento, conciliación y transacción), se dispondrá el archivo del expediente, dejándose constancia de la fecha de su envío y los datos necesarios para su búsqueda. Los expedientes se agrupan y forman paquetes que se identifican con una letra y un número, la letra corresponde a la primera con que comienza la carátula y el número al número de paquete correlativo de esa misma letra (ej. M-14, significa que el expediente del que se trata está archivado en el paquete nº 14 de la letra M, de ese Tribunal). En la Mesa de Entradas del Juzgado se guarda una copia del listado de los expedientes que obran en el paquete, y el mismo es remitido al Archivo Judicial de la Provincia (actualmente funciona en la ex Bodega Giol – Maipú).
Los expedientes pueden ser examinados en el Archivo, conforme lo dispuesto en la primera parte del art. 56, esto es, por quienes invoquen un interés legítimo. Pero sólo pueden ser retirados por mandato judicial, ya sea para ser agregados a otro expediente, o para su continuación si correspondiere, y con cargo de oportuna devolución.
2.6. Custodia.
La custodia de expedientes es tarea del Jefe de Mesa de Entradas (art. 55 del C.P.C.). También es responsable de la conservación de los mismos en buen estado.
Diariamente se confecciona una lista con todos los expedientes en los que hubiere recaído alguna providencia. La lista es muy importante, pues las actuaciones judiciales se tendrán por notificadas a todos quienes intervengan en el proceso los días lunes o jueves o el día siguiente hábil, posterior a aquél en el cual se produjeron si alguno de ellos fuere feriado. Las listas son suscriptas por el Secretario del Tribunal, y comprende todos los expedientes salidos del despacho, con excepción de las resoluciones que ordenen medidas precautorias o decretos del mismo estilo (Ej. que ordenan regir un embargo dispuesto en fojas anteriores).
En principio, en materia Civil y Comercial, los expedientes son públicos, esto es, salen en lista desde el primer escrito. Este principio cede cuando la parte litigante en procura de la defensa de su derecho, solicita la traba de alguna medida precautoria, como por ejemplo, embargos, secuestros, inhibiciones, anotaciones de litis, intervención o administración judiciales, prohibición de contratar o de innovar, etc..
Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles.
Son hábiles todos los días del año, salvo los sábados, domingos, feriados y días no laborables declarados por ley o decreto, por los Poderes Ejecutivos de la Nación o de la Provincia, o por Acordadas de la Suprema Corte de Justicia; todo el mes de enero y DIEZ (10) días hábiles entre el 10 y 31 de julio, que fija anualmente el Superior Tribunal.-
Son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veintiuna (21).
Los jueces, de oficio o a petición de parte interesada, pueden habilitar días y horas inhábiles a efectos de la realización de diligencias o actuaciones urgentes, cuya demora pueda causar perjuicio irreparable dentro del proceso. Debe destacarse que la habilitación debe solicitarse en día y hora hábil.
Ahora bien, si una diligencia se inició en día y horas hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrumpirla y sin necesidad de habilitar el tiempo inhábil, es decir, el acto puede exceder el tiempo hábil, pero no necesita una ampliación expresa.
Cumplimiento de horario y asistencia de personal.
Permisos verbales.
Libro de llamamiento de Autos para Resolver.
Libro de Embargos.
Libro de notificación ficta - Lista diaria (art. 66 C.P.C.).
Registro de audiencias de sustanciación.
Libro de Edictos.
Libro de entradas de causas.
Libro de préstamos de expedientes (Arts. 47 inc. IV, 56, 58, 285 del C.P.C. 47, 49 y 98 del Reglamento de Poder Judicial, y Acordada 11.440).
Libro de turnos de los Oficiales de Justicia.
Libro de copias de Resoluciones.
Libro de Resoluciones Internas, Observaciones y/o Recomendaciones.
2.11. Reporte.
Cuando un expediente es enviado a otro Tribunal u Oficina (Ej. Fiscalía de Estado), se extiende un reporte que es firmado por el Jefe de Mesa de Entradas del Tribunal u Oficina que lo recibe, y este reporte vuelve al Tribunal que lo envió para ser encarpetado debidamente.
3. Escritos Judiciales.
3.1. Requisitos y formalidades.
El artículo 50 del Código Procesal Civil (C.P.C.). establece: "Los escritos deberán llevar, en la parte superior, un breve resumen de su contenido; ser encabezados por el nombre y apellido del peticionante y de su representado, en su caso; número y carátula del expediente y estar escrito a máquina o a mano en forma clara, en tinta negra indeleble.
No contendrán raspaduras, ni testaduras ilegibles, debiendo interlinearse las correcciones, haciendo constar, antes de la firma, lo testado y lo interlinead.
En lo fundamental de su contenido, no se emplearán abreviaturas, ni números; no se dejarán renglones en blanco sin utilizar, ni se escribirá en los márgenes laterales superior o inferior.
Serán firmados por los interesados, y si no supieren o no pudieren hacerlo, deberán poner la impresión dígito-pulgar derecho, en presencia del jefe de mesa de entradas, quien certificará el acto. Si el interesado no supiere o no pudiere leer, el jefe de mesa de entradas le dará lectura al escrito y hará constar esa circunstancia al certificar el acto. El mismo procedimiento se empleará en iguales circunstancias, para cualquier acto procesal.-
Cuando existan dudas sobre la autenticidad de la firma de un escrito, podrá citarse al interesado a que la ratifique, acreditando su identidad. El escrito carecerá de eficacia si no es ratificado en el plazo que a tal fin se señaló.
Todas las firmas serán aclaradas a máquina o mediante sello.”
El artículo citado contiene los requisitos formales comunes a todos los escritos. Su exigencia se justifica en el proceso civil por diversas razones prácticas, todas las cuales tienden a evitar errores en la actuación del Juez y Funcionarios en el proceso. Así, por ejemplo, el resumen del contenido del escrito, que debe estar inserto en la parte superior del mismo, ubica rápidamente al juez en el tema objeto de la petición. Por ello, no se ajustan a la preceptiva, escritos que contienen resúmenes como "lo que pide", "lo que expresa", porque en definitiva, nada indican. Lo que la ley quiere es que el resumen refleje sintéticamente el contenido del escrito.
Analizaremos seguidamente el contenido de cada uno de los requisitos exigidos por el Art. 50 del C.P.C..
Cuando el litigante actúa por derecho propio, en el encabezamiento basta con mencionar su nombre y apellido. Cuando el que actúa es el representante, legal o convencional, debe mencionarse su nombre y apellido, y el nombre y apellido de su representado. La práctica judicial ha admitido que el representante sin mencionar el nombre y apellido de su representado, indique por qué parte actúa. Por ejemplo: "NN por la actora".
Número y carátula del expediente.
En el expediente judicial deben reunirse ordenadamente todas las actuaciones de los litigantes y del juez y sus auxiliares. La mención del número de expediente y la carátula del mismo sirven a ese objetivo, de manera tal que el juez pueda resolver sobre las cuestiones planteadas en el proceso.
Los escritos deben ser confeccionados a máquina o a mano en forma clara, debiendo usarse tinta negra indeleble. Sin embargo, la práctica forense ha admitido el uso de formularios impresos o fotocopiados siempre que guarden aquellos caracteres. También la práctica tribunalicia ha admitido la presentación de escritos, llamados "peticiones verbales", que desarrollaremos más adelante, que usualmente son presentados por los profesionales sin respetar el color de tinta que exige el Código. Sin embargo, lo fundamental y que no puede prescindirse es la letra clara y comprensible fácilmente.
Los escritos no deben contener raspaduras ni testaduras ilegibles. Las correcciones deben interlinearse. Lo testado e interlineado debe salvarse haciendo constar tal hecho antes de la firma.
En los escritos, en lo fundamental de su contenido, no debe emplearse abreviaturas ni números, no deben dejarse renglones en blanco sin utilizar, ni se debe escribir en los márgenes laterales superior o inferior.
La firma del litigante cuando actúa por derecho propio, o la de su representante legal o convencional en su caso, es un requisito formal indispensable para la validez del escrito. La firma debe ser auténtica, pues de lo contrario, carece de validez. Dos situaciones pueden presentarse al respecto: la primera es que la firma sea auténtica pero que existan dudas sobre su autenticidad. En ese supuesto, de oficio o a instancia de parte puede citarse al interesado a que la ratifique, acreditando su identidad. Si el interesado no comparece en el plazo que a tal fin se le señale, el escrito carecerá de eficacia. Cuando se trata de litigante que actúa por derecho propio, por la gravedad de la sanción, el emplazamiento debe ser notificado por cédula en el domicilio real, teniendo los jueces facultades para así disponerlo. La segunda situación es que la firma del interesado realmente sea apócrifa. El reconocimiento posterior del litigante, en este supuesto, no modifica la situación, el escrito es ineficaz. La invalidez del mismo debe ser resuelta por la vía del incidente de nulidad (art. 94 C.P.C.) ya que se habría violado una forma esencial del proceso.
La firma del abogado patrocinante, es también un requisito de admisibilidad del escrito, ya que así lo exige el art. 33 C.P.C., para los casos expresamente señalados. Todas las firmas deben ser aclaradas a máquina o mediante sello.
Impresión dígito pulgar.
En aquellos casos en que los interesados no supieren o no pudieren firmar los escritos, pueden sustituir la firma mediante la impresión de la huella dactilar del dígito pulgar derecho. El acto debe cumplirse en presencia del Jefe de Mesa de Entradas, quien debe certificarlo. Si se tratare de un acta, certifica el Secretario.
Al respecto, el art. 49 del C.P.C. establece que "En toda actuación procesal, deberá emplearse el idioma castellano.
Cuando se presentaren documentos escritos en otros idiomas, se acompañarán con una versión castellana, efectuada y firmada por traductor público de la matrícula.
Cuando debiere absolver posiciones un litigante o declarar un testigo que no supiere expresarse en castellano, se designará previamente y por sorteo, un traductor público de la matrícula".
El artículo 52 del C.P.C. establece: "Toda petición que no requiera ser fundamentada, podrá hacerse en forma verbal y se asentará en el expediente, firmando el interesado y autorizando la diligencia el jefe de mesa de entradas." El artículo permite peticiones verbales en todo tipo de procesos (ordinarios, sumarios o ejecutivos). Es condición esencial que la petición no requiera fundamentos, fácticos o jurídicos, pues de lo contrario deberán respetarse las formas del art. 50 C.P.C.
Se denomina “petición verbal” porque originariamente, el abogado o profesional relataba verbalmente al Jefe de Mesa de Entradas del Tribunal lo que quería pedir o dejar sentado, pero era éste último quien lo escribía y dejaba constancia en el expediente. Actualmente, la petición no es verbal sino escrita, ya que es el propio litigante o el profesional quien la escribe en el expediente y la certifica el jefe de mesa de entradas. Caben en el supuesto, el pedido de reiteración de oficios o exhortos, nueva audiencia, agregación de pruebas, etc., y aún aquellas peticiones cuyos fundamentos sean muy breves como acusar rebeldía, pedir sentencia, etc.
La manera común de redactar y presentar una petición verbal es, a modo de ejemplo, el siguiente: "En el día de la fecha, comparece el Dr........ por la parte actora /demandada y solicita, atento el estado de la causa, se fije nueva fecha de audiencia para los testigos ofrecidos a fs....".
Firma Jefe Mesa de Entradas
La petición verbal debe asentarse en el expediente respetando el orden cronológico de los actos procesales precedentes, a partir del último espacio en blanco de la última foja, o bien en hoja nueva. No se deben hacer las peticiones verbales en los folios donde consten cédulas u oficios.
3.3. Copias.
El artículo 53 del C.P.C. dice: "De todo escrito que debe darse traslado o vista y de los escritos en que se contesta el traslado o la vista, como así de los documentos que se acompañen, se agregará copia fiel, perfectamente legible y firmada, para cada uno de los litigantes contrario.
Si el traslado no estuviere prescripto por este código, las copias se presentarán dentro de dos días del decreto que lo ordene".
El fundamento de la norma radica en que los profesionales necesitan tener copias de los escritos presentados por las partes, para poder ejercer debidamente su derecho de defensa. Además, para poder guardar en sus archivos todos los antecedentes de los juicios en que intervienen. De allí es que impone la obligación de acompañar copias, no sólo de todo escrito del que deba darse traslado o vista, sino de los escritos en que se conteste la vista o traslado, cuyas copias quedan a disposición del litigante en Mesa de Entradas.
En caso de la eventual pérdida del expediente, las copias de los escritos aseguran su reconstrucción.
En numerosos supuestos el Código determina la obligación de dar traslado o vista a la contraria. Pero puede suceder en el curso de un proceso que una determinada petición no tenga previsto el traslado o la vista y no obstante, el Juez ordene cumplirla. En este supuesto, el litigante, que no está obligado a conocer anticipadamente la decisión del Juez, debe presentar las copias dentro de dos días del decreto que lo ordene, computándose el término a partir del día siguiente de la notificación ficta del decreto que ordene la vista o el traslado no previsto por el código, salvo que el Juez ordene notificación a domicilio por cédula.
El artículo 54 del C.P.C. dispone: "Si no se cumplieren los recaudos establecidos en los arts. 49, 50 y 53, el escrito no será admitido, debiendo el Jefe de Mesa de Entradas señalar al interesado las deficiencias para que sean subsanadas y dejar constancia en el expediente de la presentación del escrito, de su objeto y de la causa de su rechazo, suscribiendo la diligencia con el interesado. La omisión de las formalidades establecidas en el art. 51, hará pasible al Secretario de una multa pecuniaria, aparte de la nulidad del acta, si no estuviere suscripta por el Juez".
Este artículo exige que el Jefe de Mesa de Entradas examine, en cada escrito que se presente, el cumplimiento de los requisitos formales señalados y si no se cumplieren, los rechace, señalando los defectos u omisiones para que sean subsanados. El Secretario como jefe de personal y encargado de dictar las providencias de mero trámite, resolverá cualquier discrepancia entre el Jefe de Mesa de Entradas y el presentante de un escrito rechazado. El Jefe de Mesa de Entradas que no cumpliere con esta obligación será pasible de sanciones.-
En la realidad, este artículo no es aplicado con tanta estrictez en nuestros Tribunales, por lo que por Secretaría, mediante un auto o decreto se emplaza para que se subsanen los defectos, bajo apercibimiento de ser desestimada la presentación.
3.5. Desglose.
Consiste en retirar del expediente escritos o documentos cuya permanencia o agregación en los mismos, resulten innecesarios o inadmisibles. Cuando se proceda a desglosar deberá dejarse constancia de las piezas desglosadas y de la foja en que se encuentra la resolución que dispuso el desglose, pero sin que ello altere la foliatura del expediente en el caso de existir actuaciones posteriores a aquellas piezas.
Al respecto, el art. 55, ap. II del C.P.C. dispone: “Cuando por mandato judicial se disponga un desglose, no se alterará la foliatura y en lugar de la pieza retirada se colocará una nueva hoja, donde, bajo la firma del Jefe de Mesa de Entradas, constará la foja donde obra la resolución, el recibo y una descripción sumaria de la pieza, a menos que se deje copia autorizada de ella”.
3.6. Cargo.
El artículo 61 del C.P.C. dispone:
“I.- El Jefe de Mesa de Entradas, inmediatamente de recibir un escrito, dictamen o pericia, le pondrá cargo bajo su firma, indicando el día y hora de presentación, número de fojas, agregados y copias; si está firmado por letrado y cualquier otro detalle de significación.-
II.- Acto seguido lo agregará al expediente y lo foliará, pasando éste al Secretario.
III- El escrito no proyectado (presentado) dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo sólo podrá ser entregado válidamente en la Secretaría que corresponda el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho. En la media hora siguiente a su vencimiento el Secretario confeccionará una lista de los escritos presentados conforme a esta disposición que se exhibirá en Mesa de Entradas."
El cargo es el acto formal que indica la fecha y hora de presentación de un escrito o documento en el expediente y determina el tiempo en que la presentación se ha cumplido. El cargo tiene vital importancia para determinar si el acto procesal o diligencia presentada por algún litigante ha sido cumplida en término.
La presentación de un escrito que debe cumplirse en un plazo determinado, debe ser considerada extemporánea cuando no se efectúa dentro del término, aún cuando sea por pocos minutos.
El cargo que reúne todos los requisitos formales exigidos por el código, debe ser considerado como un instrumento público.
El cargo generalmente está pre-redactado o confeccionado de antemano en un sello que directamente se impone sobre los escritos presentados. El mismo, usualmente está redactado del siguiente modo.
Presentado el.........de......................de dos mil........................
siendo las .............hs., con/sin............firma/s.- Acompaña.............
Firma del Jefe de Mesa de Entradas
Respecto al plazo de gracia que concede el tercer párrafo del artículo 61, resulta de vital importancia para los litigantes que no han podido efectuar su presentación en el plazo ordinario concedido, ya que los faculta a presentar válidamente su escrito el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas de despacho.
Por ejemplo, si el demandado en una ejecución cambiaria tiene seis días hábiles para comparecer, defenderse y constituir domicilio legal, puede hacerlo válidamente al séptimo día hábil, siempre y cuando deje su escrito entre las 07.30 hs y las 09.30 hs (dos primeras horas de despacho), por Secretaría y haciendo constar ante el Secretario que se presenta en el plazo de gracia.
Los litigantes que hacen uso de este plazo de gracia o "Secretaría Nocturna" deben hacérselo saber al Jefe de Mesa de Entradas o Secretario (dependiendo de cada tribunal), para que incorporen la presentación a la lista diaria que debe confeccionarse de escritos presentados en Secretaría Nocturna. Dicha lista debe cerrarse a las 09.30 hs en punto, no admitiéndose presentación alguna pasado un minuto de dicha hora. La misma, debidamente firmada por el Secretario del Juzgado, se exhibirá en la Mesa de Entradas para que todos los interesados puedan conocer la existencia de los escritos así presentados.
La denominación de “Secretaría Nocturna” proviene de que antiguamente existía un Secretario para todo el Fuero Civil, quien recibía todos los escritos que se presentaban por la tarde y hasta la noche. Estos escritos se distribuían a las mañanas siguientes a los tribunales correspondientes. Esta práctica fue sustituida por el mencionado plazo de gracia de dos horas dentro del día hábil posterior al vencimiento del plazo.