Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-522770
Timestamp: 2019-08-17 10:27:28
Document Index: 95360635

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 88', 'artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 93']

Sentencia Tribunal Supremo Sala 3ª 13/03/2019
Tribunal Supremo Sala 3ª, 13-03-2019 , nº 6694/2017, rec.338/2019,
Pte: Montero Fernández, José Antonio
ECLI: ES:TS:2019:748
PRIMERO.-Resolución recurrida en casación.
En el procedimiento ordinario n.º 118/2016, seguido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con fecha 19 de abril de 2017 , se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO.- Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, contra la resolución del TEAR de La Rioja de fecha 29 de febrero de 2016, reseñada al antecedente de hechos primero de esta sentencia, que declaramos contraria a derecho y anulamos. Todo ello, sin que proceda hacer una condena en costas". Consta también auto de 27 de junio de 2017 denegando solicitud de complemento de sentencia.
SEGUNDO.-Preparación del recurso de casación.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la procuradora de los Tribunales Dª. Pilar Zueco Cidraque, en nombre y representación de INDERI, S.L., se presentó escrito con fecha 29 de septiembre de 2017, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, preparando recurso de casación, y la Sala, por auto de 16 de noviembre de 2017 , tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA , como parte recurrente la entidad INDERI, S.L., representada por la procuradora Dª. Pilar Zueco Cidraque, y como partes recurridas La Comunidad Autónoma de La Rioja, representada por el procurador Dª. Jorge Deleito García y La Administración General del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.
TERCERO.-Admisión del recurso.
Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, por auto de 9 de abril de 2018 S, la admisión del recurso de casación, en el que aprecia que concurren en este recurso de casación las circunstancias de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia previstas en los apartados 3.a ) y 2.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precisando que:
"2º) La cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
PRIMERA.Determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo , sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, si las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras están sujetas y exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados.
SEGUNDA.En caso de que las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras estén sujetas y no exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados, precisar si la base imponible viene determinada por el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada o tan sólo por el contenido económico de las cláusulas financieras cuya modificación se acuerda.
3º)Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo , sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, en relación con los artículos 31.2 y 30.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre".
CUARTO.-Interposición del recurso de casación y oposición.
Recibidas las actuaciones en esta Sección Segunda, la procuradora Dª. Pilar Zueco Cidraque, en nombre y representación de INDERI, S.L., por medio de escrito presentado el 30 de mayo de 2018, interpuso recurso de casación, en el que expuso que las normas infringidas por la sentencia impugnada son:
1.- Artículos 9.3 , 24 y 120.3 CE ; 33.1 , 56.1 y 67.1 LJCA ; y 218.1 y 2 LEC , y jurisprudencia que los interpreta.
2.- Artículos 31.1 CE , 3.1 LGT , y jurisprudencia del TC que lo interpreta; 29, 30.1 y 31.2 TRLITPAJD; 12.2, 14 y 50.1 LGT; 9 de la Ley 2/1994; 12 LH.
(i)La mencionada escritura no está sujeta a AJD, toda vez que no altera la responsabilidad hipotecaria (derecho real de hipoteca) preexistente y las condiciones financieras que sí resultan novadas y cuya novación determinó la práctica de la liquidación (comisiones, gastos a cargo del prestatario y causas de vencimiento anticipado) no cumplen ni el requisito de la inscribiblidad ni el requisito de tener contenido evaluable económicamente ( artículos 12 LH , 12.2 y 14 LGT y 31.2 TRLITPAD).
(ii)Subsidiariamente, la escritura estaría exenta ex artículo 9 de la Ley 2/1994 , aplicable no solo cuando se modifican en exclusiva las condiciones sobre tipos de interés y/o plazos del préstamo, sino también cuando se alteran junto con ellas otras condiciones financieras del préstamo hipotecario -como en nuestro caso son las relativas a las comisiones, gastos a cargo del prestatario y causas de vencimiento anticipado-.
(iii)Subsidiariamente, en caso de estar sujetas y no exentas al AJD, la base imponible se habría fijado en contra de lo prescrito por los artículos 30. 1 TRLITPAJD y 50.1 LGT , ya que no puede venir constituida por el importe de la responsabilidad hipotecaria (al no haber sido novada), sino por el importe correspondiente a las concretas condiciones financieras cuya novación ha determinado la práctica de la liquidación (comisiones, gastos a cargo del prestatario y causas de vencimiento anticipado).
Tras las anteriores alegaciones, la parte recurrente solicitó a la Sala que "1º.- Que fije los criterios interpretativos expresados en la alegación séptima de este escrito. 2º.- Que declare haber lugar al recurso de casación interpuesto frente a la sentencia del TSJ La Rioja nº 130/2017, de 19 de abril de 2017, recaída en el recurso contencioso administrativo 118/2016 , casándola y anulándola. 3º.- Que desestime el mencionado recurso contencioso-administrativo, confirmando la resolución del TEAR La Rioja de 29 de febrero de 2016 (reclamación 397/2014) e imponiendo a la CAR las costas causadas en el litigo de instancia".
La Abogacia del Estado terminó concluyendo que, en tanto en cuanto el recurso de Casación plantea una pretensión que no es la que acordó el TEAR de La Rioja - porque no puede pretender otra, dados los términos tasados del Auto de Admisión TS-, el recurso de casación debe desestimarse, sin perjuicio de que la Excma. Sala fije la doctrina interpretativa que considere más correcta en Derecho y, en su caso, considere si en el presente supuesto fue acertada la evaluación económica sobre la obligación garantizada inicialmente. Terminó suplicando a la Sala que "dicte sentencia que considere más acorde a Derecho , interpretando en su caso los preceptos legales de aplicación en la forma propuesta en nuestro fundamento de derecho séptimo".
Asimismo, el procurador D. Jorge Delito García, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por escrito presentado con fecha 7 de septiembre de 2018, también formalizó su oposición al recurso, manifestando que la sentencia de instancia debe ser confirmada por ser conforme a Derecho. Como resulta de numerosas resoluciones judiciales, STS de 24 de octubre de 2003 , dictada en interés de Ley, recogió la doctrina fijada en las STS de 4 de diciembre de 1997 , 15 de junio y 22 de noviembre de 2002 el IAJD tiene un carácter formal, en cuanto que el otorgamiento de una escritura pública y su inscripción registral supone una garantía que el ordenamiento jurídico concede al sujeto pasivo, que se beneficia de la seguridad que ello le concede el tráfico inmobiliario, de ahí que el entender que el otorgamiento de una nueva escritura pública en la que se altera alguna de las condiciones iniciales del préstamo hipotecario tributa por el Impuesto, dado el carácter formal del impuesto y de que tiene por hecho imponible la mera formalización notarial de actos económicamente evaluables, inscribibles en Registros Públicos, no sujetos a Transmisiones Patrimoniales o a Operaciones Societarias. Con este presupuesto, la escritura de novación de préstamo hipotecario de 13 de mayo de 2011, está sujeta a ITP, pues se cumplen los tres requisitos exigidos en el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , que regula el ITPyAJD; este pacto, no solo es inscribible según el artículo 12.2 de la Ley Hipotecaria , sino que las partes han dispuesto expresamente su inscripción en la propia escritura pública, precisamente, para beneficiarse de las garantías que ofrece la inscripción, en el Registro de la Propiedad, de este tipo de pactos; tiene un contenido valuable económicamente, el importe del préstamo modificado en alguna de sus cláusulas y no está exentopor morde la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. En suma, la escritura pública está sujeta a gravamen por la cantidad calculada en la liquidación 2013/T/02769, siendo que esta liquidación es conforme a derecho, por lo que ha de confirmarse, en todos sus términos, la sentencia recurrida. Y terminó suplicando a la Sala que "dicte sentencia en la que declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto por INDERI, S.L. contra la Sentencia número 130, de fecha 19 de abril de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que debe ser confirmada; todo ello con expresa condena en costas a la parte recurrente".
QUINTO.-Señalamiento para deliberación del recurso.
PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación y cuestión con interés casacional objetivo.
El debate se centró en la procedencia o no del gravamen sobre actos jurídicos documentados de la escritura pública de 13 de mayo de 2011 por la que se modifica un préstamo hipotecario respecto de su plazo, tipos de interés y otras cláusulas financieras, y, en su caso, si le era de aplicación o no la exención prevista en el art. 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo , sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Se recuerda en el auto de admisión de 9 de abril de 2018 , el contenido del art. 31.2 TRITPAJD, "[l]as primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley , tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma".
También se reproduce el art. 9 LSMPH, que lleva por título "Beneficios fiscales", en la redacción aplicableratione temporis: "Estarán exentas en la modalidad gradual de "Actos Jurídicos Documentados" las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley [entidades financieras] y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas".
Extracta el auto de admisión los fundamentos que sirvieron de base a la Sala de instancia en el pronunciamiento impugnado, recogiendo que "TERCERO.- 1. De la lectura de la escritura controvertida, la Sala de instancia extrae la existencia, entre otras, de las siguientes cláusulas: ""primero. Ampliación del periodo de carencia.... Segundo, se modifica el tipo de interés al acreedor..." "sexto. Se modifica la cláusula de gastos a cargo del prestatario.... Se modifica la autorización a caja..."". Considera que "la resolución del asunto exige examinar si concurre, respecto de las cláusulas indicadas, "otras comisiones y gastos posteriores" y "gastos a cargo del prestatario", el requisito de la inscribilidad" (FJ 2º).
2.Entiende, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada, que "las cláusulas cuarta bis, sobre otras comisiones y gastos posteriores, y sexta sobre gastos a cargo del prestatario son sin duda cláusulas financieras", aunque reconoce que "examinada la escritura de novación, como se dice en la resolución del TEAR, no consta que la garantía hipotecaria se extienda a estos gastos y comisiones", pues "ninguna cláusula se ha establecido en la escritura de novación sobre este extremo". Sin embargo, concluye que "los gastos del seguro de riesgo de incendios de las fincas hipotecadas, que son a cargo del prestatario, tienen una íntima relación con la conservación de lo hipotecado y su falta de pago puede motivar que la entidad acreedora considere vencida la deuda en su integridad y exija el reembolso de las cantidades adeudadas y ejerza las acciones que le corresponden, nacida de la escritura o de cualquier otra índole", de donde infiere que "tiene trascendencia real este apartado de la cláusula". Recuerda que "el artículo 12 de la Ley Hipotecaria , en la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, en su párrafo segundo, establece una forma en la que las cláusulas financieras tienen acceso al Registro de la Propiedad (transcripción, siempre que las cláusulas con trascendencia real hubieran sido calificadas favorablemente)", así como que "el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 13 de septiembre de 2013 (rec. 460072012) ha señalado: Así lo hemos declarado en la reciente sentencia de 25 de Abril de 2013 , reconociendo que la inscribilidad debe entenderse como acceso a los Registros, en el sentido de que basta con que el documento sea susceptible de inscripción, siendo indiferente el que la inscripción efectiva no llegue a producirse, o que la inscripción sea obligatoria o voluntaria, incluso que la inscripción haya sido denegada por el registrador por defectos formales".
3.Estima, por tanto, el recurso contencioso-administrativo, al apreciar que, en este caso, "concurre el requisito de la inscribilidad respecto de las cláusulas en cuestión (otras comisiones y gastos posteriores y gastos a cargo del prestatario)", quedando, pues, sujetas "a la cuota gradual del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados" (FJ 4º).
El auto de admisión de 9 de abril de 2018 , señala que:
SEGUNDA.En caso de que las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras estén sujetas y no exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados, precisar si la base imponible viene determinada por el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada o tan sólo por el contenido económico de las cláusulas financieras cuya modificación se acuerda".
SEGUNDO.-Sobre la posición procesal de la Administración General del Estado.
Formulado los escritos de interposición y oposición por las partes, solicita la recurrente la inadmisión del escrito de oposición del Sr. Abogado del Estado, al entender que ha cometido un fraude procesal, en tanto que defiende la conformidad jurídica de la sentencia que ha anulado una resolución del TEAR; no ajustándose a las normas de buena fe procesal, con quebranto del art. 247 de la LOPJ . Por lo que solicita se devuelva el escrito de oposición a la Abogacía del Estado.
No es procedente la citada solicitud, en tanto que ningún trámite prevé la Ley para habilitar una solicitud como la formulada, no estando a voluntad de las partes conformarse un procedimiento a conveniencia, pues las normas procesales sonius cogens,indisponibles para las partes. La solicitud es de todo punto innecesaria, puesto que será este Tribunal el encargado de valorar el contenido de los escritos de parte, sin necesidad de ser impetrado por la contraparte respecto de la posición procesal que cada parte ocupa y del ejercicio de las pretensiones actuadas.
TERCERO.-Sobre la incongruencia y el derecho de defensa.
Alega la parte recurrente que se ha vulnerado los arts. 9.3 , 24 y 120.3 de la CE , 56.1 y 67.1 de la LJCA y 218.1 y 2 de la LEC y jurisprudencia que los interpreta por entender que la sentencia impugnada incurre en incongruencia, pues no analiza y resuelve todos los motivos hechos valer en la instancia, sin que haya sido subsanado dicho vicio en el incidente de complemento de sentencia que en su día fue promovido; lo que le ha generado indefensión.
Sin embargo tal parecer no puede mantenerse, pues resulta evidente que este esquema procedimental y la interpretación que le da la Sala de instancia conlleva una flagrante indefensión y la vulneración del principio de tutela judicial efectiva, pues al contribuyente que se opuso a la liquidación y obtiene una respuesta favorable en el TEAR y ocupa la posición de codemandada en el recurso contencioso administrativo instado por la Administración liquidadora, se le priva de su derecho a obtener una respuesta judicial respecto de sus derechos e intereses legítimos. No olvidemos que habiendo la parte codemandada obtenido una resolución favorable en vía económico administrativa le estaba vedado el acceso a la vía jurisdiccional, art. 19.1.a) de la LJCA , en tanto que, anulada la liquidación, no cabía impugnar una resolución que no le perjudicaba.
Llegados a este punto, debe traerse a colación el auto de este Tribunal de 21 de marzo de 2017, rec. cas. 308/2016 , que delimita el vicio de incongruencia en la estructuración del nuevo recurso de casación:
Ello es así en cuanto se entienden concurrentes las circunstancias que, según se desprende del artículo 88.1 de la ley procesal , determinan la decisión sobre la admisión a trámite del recurso de casación, cuales son: la invocación de una concreta infracción del ordenamiento jurídico y la justificación de un interés casacional objetivo".
Ciertamente el auto de admisión de 9 de abril de 2018 , no entra en estas consideraciones, ni sobre la incongruencia hecha valer por la parte recurrente en su escrito de interposición, lógicamente, incluso prescinde de los términos de la propia sentencia, que como vimos incurre en incongruencia y no atiende a los motivos alegados por la codemandada, pero sí identifica cuestiones de interés casacional que si bien no fueron tratadas en la sentencia, si debieron ser objeto de atención en la misma, en el sentido indicado en el auto anteriormente transcrito; cuestiones que deben de despejarse a los efectos de fijar la interpretación correcta y su aplicación al caso concreto que nos ocupa.
CUATRO.-Sobre la sujeción a AJD y la exención delart. 9 de la Ley 2/1994. La base imponible.
Como en otras ocasiones hemos dicho, sirva de ejemplo la sentencia de 20 de junio de 2016, rec. cas. 2311/2015 , que compendia la doctrina establecida, en lo que ahora interesa: "...como determina el art. 28 del Texto Refundido cuando en la descripción de su hecho imponible dice que "están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales en los términos que establece el artículo 31". Así pues, el IAJD tiene por hecho imponible la mera formalización notarial de actos económicamente evaluables, inscribibles en los Registro Públicos y no sujetos a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias. Y así, tal como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1997 , con referencia al IAJD, "el hecho imponible es, en tal caso, una entidad compleja, constituida, entre otros elementos, por la realización de ciertos actos o contratos (en virtud de los cuales es exigible dicha modalidad del Impuesto)". El hecho imponible es, pues, en definitiva, "el acto jurídico documentado" en determinada forma -notarial, en este caso-- que ofrece mayores garantías en el tráfico jurídico por ser inscribible en los Registro Públicos que en la ley se determinan. Considerándose que lo valuable comprende los actos o contratos que dotan de contenido al documento, así se dijo en la sentencia de 13 de noviembre de 2015, rec. cas. 3068/2013 : "el hecho imponible se produce y su valor es el total de su contenido económico, pues con ese total contenido económico es reflejado en el documento y es inscribible en el Registro de la Propiedad, produciendo efectos frente a terceros. Por eso, su carácter valuable lo es por el total de su contenido económico que, en los términos pactados, resulta inscribible".
El art. 9 de la Ley 2/1994 , en tanto establece una exención, parte de que las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, están sujetas a la modalidad de AJD, concretando la exención respecto a mejora de las condiciones del tipo de interés, inicialmente pactado o vigente, añadiendo que además con esta mejora se podrá pactar la alteración del plazo. Lo que parece sugerir este artículo es que las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios están sujetas a la modalidad de AJD, sean cuales sean los pactos o condiciones recogidos, o al menos, art. 4.2 de la citada Ley , cuando recoja las siguientes condiciones: ... i) la ampliación o reducción de capital; ii) la alteración del plazo; iii) las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente; iv) el método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo; v) la prestación o modificación de las garantías personales. Sin embargo, las escrituras de novación de préstamos hipotecarios pueden acoger otros pactos o condiciones, por lo que, en definitiva, la sujeción al gravamen vendrá determinada por que se cumplan todos los requisitos legalmente previstos, por lo que si falta alguno no tributará por AJD.
En una simple novación modificativa, en la que no se extingue la relación jurídica preexistente y no se constituye una nueva, art. 1203 y ss del CC , sino que se limita a modificar la misma, como sucede, según consolidada jurisprudencia de la Sala Primera de este Tribunal, en los supuestos de la alteración del plazo, la rebaja en los tipos de interés o la reforma de las formas de pago, entre otros, el valor que se documenta no es la totalidad de la convención que se modifica, sino aquellas condiciones que se ven modificadas sobre las que estrictamente se extiende la escritura pública.
Los apartados 2 y 3 del art. 4 de la Ley 2/1994 , se refieren a modificación de las condiciones financieras del préstamo -sin perjuicio de que la escritura contenga otras condiciones-, esto es, afectan a la obligación, sin que alcancen a la modificación de la hipoteca, de suerte que esta permanece intacta, ni se altera su rango, ni se altera la responsabilidad hipotecaria, "no supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación". En definitiva, cuando la escritura pública incorpora simplemente modificaciones sobre las cláusulas financieras, habrá de atenderse a estas para constatar si cumpliéndose los requisitos legalmente exigidos, esencialmente el de inscribilidad y tener por objeto cantidad o cosa valuable, está la misma sujeta o no al gravamen de AJD, extendiéndose la exención del art. 9 de la Ley 2/1994 , en exclusividad a las cláusulas relativas al interés del préstamo a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas; determinándose la base imponible en atención al contenido material del hecho imponible, que en caso de la simple novación modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública se concreta en el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición.
QUINTO.-Contenido interpretativo de la sentencia.
A la primera, formulada en el siguiente sentido: "Determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo , sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, si las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras están sujetas y exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados", hemos de remitirnos a lo dicho anteriormente, cuando la escritura pública incorpora simplemente modificaciones sobre las cláusulas financieras, habrá de atenderse a estas para constatar si cumpliéndose los requisitos legalmente exigidos, esencialmente el de inscribilidad y tener por objeto cantidad o cosa valuable, está la misma sujeta o no al gravamen de AJD, extendiéndose la exención del art. 9 de la Ley 2/1994 , en exclusividad a las cláusulas relativas al interés del préstamo, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.
SEXTO.-Sobre el caso concreto que se enjuicia.
En segundo lugar, que el artículo 12 de la Ley Hipotecaria , en la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, en su párrafo segundo, establece una forma en la que las cláusulas financieras tienen acceso al Registro de la Propiedad (transcripción, siempre que las cláusulas con trascendencia real hubieran sido calificadas favorablemente).
Ha de recordarse que el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 13 de septiembre de 2013 (rec. 460072012) ha señalado: Así lo hemos declarado en la reciente sentencia de 25 de Abril de 2013 , reconociendo que la inscribilidad debe entenderse como acceso a los Registros, en el sentido de que basta con que el documento sea susceptible de inscripción, siendo indiferente el que la inscripción efectiva no llegue a producirse, o que la inscripción sea obligatoria o voluntaria, incluso que la inscripción haya sido denegada por el registrador por defectos formales.
SÉPTIMO.-Costas.
En atención al artículo 93.4 LJCA , al no apreciarse mala fe o temeridad en alguna de las partes, procede que cada una de ellas abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
1º)Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.
2º)Estimar el recurso de casación RCA/6694/2017, interpuesto por INDERI, S.L., contra la sentencia dictada el 19 de abril de 2017 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja , la que casamos y anulamos.
3º)Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA contra resolución del TEAR de 29 de febrero de 2016, cuya confirmación procede en cuanto anula la liquidación nº 2013T02769.
4º)Ordenar que, en cuanto a las costas de este recurso de casación, cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Sin que proceda un pronunciamiento condenatorio de las costas en la instancia.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la mismaD. José Antonio Montero Fernández, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia. Certifico.