Source: http://palabrasdelderecho.blogspot.com.ar/2016/07/
Timestamp: 2017-07-21 00:35:03
Document Index: 144485605

Matched Legal Cases: ['artículo 299', 'artículo 54', 'in fine', 'artículo 65', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 5', 'artículo 69']

El objeto del presente es analizar una de las tantas reformas introducidas por la Ley 26.994 –que aprueba el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación–, y que en materia de “derecho mercantil” configura una de las innovaciones más esperadas, la denominada sociedad unipersonal o sociedad de un solo socio. No resulta esta incorporación, la única reforma introducida a la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades a partir de su entrada en vigencia), pero sin lugar a dudas, es la que mayores expectativas generaba y por la cual se bregaba desde hace varias décadas. En rigor de verdad, el reconocimiento legal y su consecuente regulación es lo que constituye la novedad, ya que tanto doctrinaria como jurisprudencialmente es una discusión de larga data la recepción de la misma en el ordenamiento jurídico y la forma en la que, finalmente, se llevaría a cabo.
Los requisitos impuestos por aplicación del nuevo inciso del artículo 299° LGS, resultan –a prima facie–, desmedidos para aquél pequeño y mediano empresario que pretende sólo limitar su responsabilidad en una actividad comercial. En rigor de verdad, al imponer como requisito la designación de un directorio plural y una sindicatura colegiada en número impar, que constituyen requisitos de pluralidad, en una sociedad de composición accionaría individual, resulta por lo menos un tanto excesivo. En este sentido, se podría haber permitido un directorio unipersonal, que podría coincidir o no con el socio único, o ser en su caso, un tercero. En idéntico sentido, podría haberse regulado el régimen de fiscalización, admitiendo la unipersonalidad en el mismo, o en su caso, mejor aún sería haber admitido una auditoria externa independiente. Es por ello, que la recepción de la sociedad unipersonal en los términos que finalmente fue regulada, dio por finalizado el interés del comerciante individual en este tipo de sociedades. Se puede concluir que el socio único deberá estar acompañado por dos administradores más, y controlado por una sindicatura plural, por lo que en la realidad, esta novedad será utilizada solamente por sociedades de gran envergadura para establecer filiales. En un sentido contrario, sostienen algunos autores que la recepción de la sociedad unipersonal en el nuevo Código Civil y Comercial resulta acertada. Destacan así, que el refuerzo en los controles societarios hacía este tipo de sociedades resulta adecuado, teniendo en consideración los variados fraudes de distinta naturaleza que se han generado a lo largo del tiempo. Arguyen asimismo, que la incorporación, parte del presupuesto que la unipersonalidad en la sociedad será utilizada para actividades fraudulentas. No obstante ello, parece exagerada dicha generalización. Si lo que se pretende mediante la normativa de rito, es evitar la utilización de estas sociedades para actividades ilícitas, nuestra legislación actual ya posee los mecanismos necesarios para afrontar dichas situaciones. Vale decir, que para las sociedades comerciales, rige el artículo 54 in fine LGS que recepta la teoría del “disregard of legal entity”, y en general, el articulo 144° del Código Civil y Comercial, que amplía la aplicación del instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica a todas las personas jurídicas. Por otro lado, debemos hacer referencia al tipo social propuesto para las sociedades unipersonales, y esto reviste importancia a la hora de reflexionar sobre la incorporación de las mismas en la LGS. Desde mi óptica, el tipo de sociedad anónima no resulta el correcto para la unipersonalidad. Ello por que –y en este sentido coincido con el Dr. Vitolo–, se debería haber restringido la constitución de sociedades unipersonales a la utilización del tipo de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cabe destacar que ésta elección no es antojadiza, sino que se basa en que bajo el tipo de S.R.L. se otorga a la sociedad una mayor transparencia en su actuación, y en relación con los terceros, dado que al efectuarse una transmisión de las cuotas sociales representativas del capital social, importaría modificación del contrato social –y por consiguiente cambio del único socio–, y requeriría de publicación e inscripción registral en la jurisdicción que corresponda, por lo que en su actuar en el mercado, el tercero conocerá quien sería el real y actual titular del capital social. De más está decir que esto no ocurre en el caso de la sociedad anónima donde las modificaciones en las participaciones accionarias no importan modificación alguna del estatuto social, quedando registrada la modificación en la titularidad accionaria sólo en el libro de registro de acciones que lleva la propia sociedad u al que no tiene acceso el tercero.
• ACEVEDO, Lucas H. S.”La sociedad unipersonal en la Ley General de Sociedades”. L.L. DJ 03/02/2015. • ANAYA, Jaime L. – ALEGRIA, Héctor,” Derecho Comercial Doctrinas Esenciales, Sociedades Comerciales”, 1a ed., Bs. As., La Ley 2008. • BARBIERI, Pablo Carlos, “Las sociedades unipersonales en el Código Civil y Comercial”. www.infojus.gov.ar. 15/04/2015. • BENSEÑOR, Norberto Rafael.” Reforma del Código Civil y Comercial. Unificación Legislativa. Régimen Societario. Principales Características”.(Bs. As. – 2012)
• GRISPO, Jorge Daniel,”La Ley General de Sociedades y las sociedades unipersonales”, L.L. 13/11/2014, 1. • MARZORATI, Osvaldo, "La sociedad unipersonal, la corporación y la legislación comparada", L.L. 18/2/2015. • MOLINA SANDOVAL, Carlos A.,”Sociedades anónimas unipersonales”. L.L. 09/12/2014.
• RADRESA, Emilio, “Sociedades irregulares” Bs. As., Depalma, 1977. • ROITMAN, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y Anotada”, 2° Edición actualizada y ampliada, LA LEY 2011. • VERON, Alberto Victor, “Tratado de las Sociedades Comerciales y otros entes asociativos” Bs. As., ed. La Ley S.A.E. e I. 2012. • VÍTOLO, Daniel Roque, “La sociedad unipersonal. Idas y venidas en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nación”, Derecho Privado, año 1, n° 2. pp 165 – 193. Publicado por
Asimismo, el art. 64 de la ley deroga la ley N° 11.757 estableciendo su ultraactividad, si vencido el término de su vigencia,  No se dicte la ordenanza municipal reglamentaria del régimen de empleo municipal,  se suscriba Convenio Colectivo de Trabajo o  resulte aplicable el régimen supletorio de empleo municipal previsto en sección III de la Ley N° 14.656
b. Por los convenios colectivos de trabajos; o, c. Por la Ley 11.757, que conserva vigencia ultra activa hasta el 01/01/2016. [1]
El Decreto reglamentario N° 784/16, en su artículo 65, dispone que “la aplicación de lo normado por el Decreto N° 26, del 15 de diciembre de 2015 y del artículo 69 de la Ley N° 14.807, se extenderá…”. Nos preguntamos, ¿puede un decreto reglamentario de una ley modificar lo que dispone una ley diferente a la que se encuentra reglamentando?¿Puede el Ejecutivo cambiar el artículo 69 de la Ley de Presupuesto con un decreto?. ¿Qúe alcance tiene este artículo? ¿El artículo 5° del Decreto N° 26/15, que no fue “convalidado” por la Ley de Presupuestos, si lo es con el dictado del decreto reglamentario?. Todas estas dudas surgen, además de por su oposición a las normas constitucionales (arts. 45, 57, entre otros), por su defectuosa redacción. La normativa sigue: “la aplicación de lo normado por el Decreto N° 26, del 15 de diciembre de 2015 y del artículo 69 de la Ley N° 14807, se extenderá por un plazo de noventa (90) días hábiles exclusivamente para los siguientes supuestos:
En segundo término, en lo referente al segundo plazo, el ejecutivo dispone que el hito para comenzar a contar dicho término es el momento de la promulgación del Decreto. Sí, así es, “dentro del plazo de diez (10) días hábiles de promulgado el presente Decreto”. Ante este oscurantismo, cabe destacar las claras palabras del profesor Miguel Oroz que enseña que “en el régimen constitucional bonaerense, los reglamentos cuentan con una fecha de emisión, una de publicación y otra de vigencia. En ningún caso, tienen una fecha de promulgación, por la sencilla razón, que ello está destinado únicamente para las leyes (arts. 108 y 111 de la CPBA)”[4]
Al no contar con una fecha de promulgación y no referir a una fecha de entrada en vigencia, dicho plazo debe computarse desde su emisión o desde la fecha de su publicación. La fecha de suscripción del Decreto es el 23/06/2016, contando el plazo desde entonces, su vencimiento operó el día 07/07/2016. Si tenemos en cuenta que el Decreto se publicó en el Boletín Oficial el día 11/07/2016 y comenzó a regir el día siguiente, ¿Qué sentido tiene que al momento en que el decreto comienza a surtir efectos, los municipios se encuentren imposibilitamos temporalmente a comunicar convocatoria alguna?. ¿Debemos entender que en lugar de “promulgación” debió decir “publicación”? Conforme las palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley”[5] y de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires “en la interpretación de las normas es prudente estar a la que más naturalmente surge de su letra, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa”[6]. El Decreto no solo no es claro ni preciso, sino marcadamente inconstitucional, avanzando el ejecutivo sobre facultades que no le son propias. Nota: Un error “menor”, pero que no debe dejar de marcarse, sobre todo para quienes utilizan portales oficiales para la búsqueda de normativa provincial, es la fecha de promulgación (¿?) del Decreto N° 784/16 que aparece en el portal de Legislación Bonaerense del Ministerio de Gobierno. Allí se informa que el Decreto 784/14 será promulgado el próximo 23/07/2016, posterior a la fecha de su publicación que se realizó, como vimos en la imagen anterior en el Boletín Oficial del día 11/07/2016. A modo de cierre
[1] Al respecto ver “Empleo público municipal. Ley 14.656. La entrada en vigencia del régimen supletorio. Tercer acto: no aclare que oscurece” Por Miguel H. E. Oroz. Columna de opinión para el blog “Derecho Administrativo: debate y novedades” de Guillermo F. Rizzi [2] SCBA I 74.048 "Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. art. 69 Presup. Prov.", sentencia del 24 de mayo de 2016. [3] Idem. anterior.
La Justicia Federal de La Plata, en el marco de una acción colectiva, hizo lugar a un amparo planteado por una ONG y anuló las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación que disponían el aumento tarifario del gas natural con alcance para todo el país. Un recorrido descriptivo del caso, el paso por primera instancia, por la Cámara Federal y su futuro inminente en la Corte Suprema de Justicia. Una sentencia sacudió el pasado jueves la actualidad nacional. Se trató de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga Calitri, que resolvió con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa del gas y ordenó retrotraer la situación previa a las subas. Dedicamos unas lineas a la descripción de esta sentencia judicial. La causa
A la causa CEPIS, luego, se le sumó en virtud del tramite colectivo el expediente "Marrero" procedente de la Justicia Federal de Mar del Plata donde la impugnación era análoga y, además, también se atacaba la Resolución 31/16 del Ministerio de Energía de la Nación. A la pretensión se fueron sumando una serie de vecinos, una asociación de protección de consumidores y usuarios (Consumidores Argentinos) y actores institucionales de relevancia, como fueron, un grupo de diputados bonaerenses, los intendentes de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires y concejales.
El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Osvaldo Recondo, quien aceptó, el 15 de abril, la pretensión como "acción de clase colectiva" y ordenó la inscripción del proceso en el Registro Público de Proceso Colectivos, creado por la Acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia. En aquella decisión el magistrado consideró, por un lado, que era una acción colectiva en estos términos: "se trata esta de una pretensión dirigida a derechos individuales homogéneos, toda vez que existe “un hecho único -la normativa en cuestión- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (conf. 'Halabi Ernesto c/ PEN' Fallos 332:111 y 'PADEC c/ Swiss Medical SA s/ Nulidad'), por lo que corresponde declarar formalmente admisible la acción colectiva" y, por el otro, que el CEPIS era una persona legitimada con base en el objeto social de la asociación y el principio pro actione. Asimismo, como se dijo, ordenó darle publicidad suficiente a través de la inscripción en el Registro Público de Proceso Colectivos de la Corte Suprema.
De esta forma, la Causa "CEPIS" se convirtió la primera en ser inscripta en el referido registro y diversos jueces federales del país comenzaron a remitir sus causas a La Plata en virtud de esta inscripción. Cabe consignar, a su vez, que otros jueces no aceptaron remitir debido a que, entendieron, que las particularidades de su región configuraba otro tipo de "clase" acorde a esas singularidades. Un recorrido de dichos fallos lo fuimos haciendo en nuestro sitio en Facebook y disponible aquí. Pero, volviendo a La Plata, el magistrado de primera instancia resolvió el fondo. Allí, en una curiosa decisión judicial, señaló que las resoluciones tenían un vicio por cuanto no se habían realizado las audiencias públicas previas a la suba de las tarifas gasíferas y, con base en ello, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional la realización de las mismas pero, sin embargo, rechazó el amparo. La decisión de la Cámara
La Cámara, a su vez, ordenó retrotraer la situación previa a las subas y acumular a este proceso todos los juicios colectivos que coincidan con el objeto de "Cepis" en los términos de las Acordadas 32/14 y 32/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión, contó con el voto los jueces César Álvarez, Leopoldo Schriffrin y Ángela Olga Calitri, consideró que la audiencia pública es un requisito constitucional y su omisión torna nulas las resoluciones administrativas impugnadas. El futuro en la Corte El caso, ahora, recaerá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá una excelente oportunidad para pronunciarse sobre las acciones colectivas, sus efectos como, también, sobre la aplicación de las audiencias públicas en materia de modificaciones tarifarias. Aspecto que compartimos con Gustavo Arballo en el análisis que hace en este artículo que recomendamos su lectura. El criterio del Máximo Tribunal, sin duda, aportará claridad respecto a la alta litigiosidad, alrededor de todo el país, que generó el incremento del gas natural.
Habrá que esperar a los próximos días las novedades que arrojará este pleito que, por diversos aspectos, interesa a muchísimas personas. José Ignacio López