Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-28528-de-septiembre-26-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cac4feac3cc70178e0430a0101510178&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-31 06:17:19
Document Index: 313039999

Matched Legal Cases: ['artículo 325', 'artículo 235', 'artículo 75', 'artículo 322', 'artículo 327', 'artículo 133', 'artículo 340', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 65', 'artículo 84', 'artículo 23', 'artículo 132', 'artículo 331', 'artículo 327', 'artículo 328']

﻿ Sentencia 28528 de septiembre 26 de 2012
SENTENCIA 28528 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:PRINCIPIO DE PRUEBA EN EL DERECHO PENAL. ES INADMISIBLE QUE A TRAVÉS DE ANÓNIMOS SE PRETENDA AFIRMAR QUE POR LOS VÍNCULOS POLÍTICOS O DE AMISTAD ENTRE PERSONAS A TODAS LE SON IMPUTABLES O SON SOSPECHOSAS DE LOS ACTOS COMETIDOS POR UNA DE ELLAS, PUES ADEMÁS LA RESPONSABILIDAD PENAL ES INDIVIDUAL Y SIEMPRE DEBERÁ EXISTIR UN PRINCIPIO DE PRUEBA QUE LA VINCULE CON LOS HECHOS PUNIBLES ATRIBUIBLES A LA OTRA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL, PRINCIPIO DE PRUEBA
Sentencia 28528 de septiembre 26 de 2012
1. Esta corporación se encuentra facultada, desde el punto de vista normativo, para proferir la determinación que en derecho corresponda por virtud de la cual se pondrá término a la fase preliminar del diligenciamiento, bien disponiendo la apertura de la instrucción ora profiriendo providencia inhibitoria, tal como lo señala el artículo 325 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, en tanto, a través de la información que en este evento puso en marcha la jurisdicción, se especificó un concreto señalamiento respecto del actual representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Putumayo Guillermo Abel Rivera Flórez.
Dicho ciudadano ostenta, por tal condición, fuero de carácter constitucional, conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 235 superior, cláusula cuya interpretación debe armonizarse con el contenido del numeral 7º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.
2. Precisada la competencia de la Sala para pronunciarse en torno al asunto referido, necesario se ofrece señalar que el artículo 322 del último de tales estatutos (L. 600/2000) señala que la investigación previa tendrá como objetivos:
• Establecer si el comportamiento puesto en conocimiento de la autoridad tuvo ocurrencia.
• Determinar si éste se encuentra descrito en la ley penal como punible.
• Comprobar si se ha obrado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad.
• De ser necesario, verificar si se cumple el requisito de procesabilidad para poner en marcha el aparato judicial. Y,
• Recaudar los elementos de convicción indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta reprobable en la órbita criminal.
A su turno, el artículo 327 ibídem indica que no resultará procedente declarar la apertura de la instrucción formal cuando de la actividad desarrollada durante la fase preliminar surja:
• Que el comportamiento no ha existido.
• Que éste es atípico.
• Que no resulta viable iniciar la acción penal. Y,
• Que se encuentra acreditada una causal de ausencia de responsabilidad penal.
3. Ahora bien, desde el auto por cuyo medio se dispuso la revocatoria oficiosa de la providencia inhibitoria la Sala estimó que la información suministrada a la administración de justicia por los ciudadanos Peñafiel Campo y Revelo Londoño, de manera eventual y una vez desplegada la consecuente gestión investigativa verificadora, contaba con la posible potencialidad de desvirtuar los fundamentos que resultaron útiles para proferirla.
Así es, recuérdese que en el acto anónimo de denuncia que inicialmente le resultó útil a la Sala para disponer el inicio de la investigación previa, se advirtió que la campaña del congresista Rivera Flórez fue financiada por Jaime Osorio Ríos, quien en una grabación precisó que las autodefensas tenían una participación del 30% en la compañía distribuidora de licores de su propiedad (de Osorio Ríos)(13).
Es preciso evocar que dicha noticia criminal fue radicada con un disco compacto, el cual, aparte de contener el archivo de audio del que se puede extraer la aseveración que viene de efectuarse, incluye otros dos registros referidos a las siguientes situaciones:
i) Encuentro entre el empresario referido y quien fungió como gobernador del departamento del Putumayo Carlos Alberto Palacios Palacio, el cual se desarrolló en la residencia del representante Rivera Flórez y tuvo como objeto tratar las particularidades de un contrato de comercialización de licores. Y,
ii) Entrevista radial en la cual el jefe político del bloque Central Bolívar Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, señaló que las autodefensas apoyaron a Palacios Palacio en su campaña a la gobernación del ente territorial referido.
Por otro lado, ya quedó establecido que Peñafiel Campo indicó que el grupo armado ilegal al que perteneció, por conducto de un individuo con mando conocido como “Darío”, le entregó $ 60.000.000 al congresista Rivera Flórez, “como ayuda para su campaña política a la Cámara de Representantes” del año 2002.
Subráyese que el ciudadano mencionado concurrió el 18 de noviembre de 2008 a las instalaciones de la comisión de apoyo investigativo de la Sala a validar tal indicación.
El individuo que se identificó como Revelo Londoño, por su parte, precisó, de manera ciertamente lacónica, que el representante a la Cámara Rivera Flórez tuvo vínculos con paramilitares. Eso es justo lo que se puede inferir de la referencia de “Narcoparamilitar” que hace de él.
Conforme a lo que viene de enfatizarse, era claro que los señalamientos aludidos, en especial el que se refiere a la financiación de la campaña política de Rivera Flórez, guardaban una clara conexión de orden temático con el que fue objeto de análisis en este trámite desarchivado y, así, resultaba indiscutible que el desenlace de orden temporal del presente diligenciamiento(14) podría, eventualmente, alterarse en atención a la actividad exploratoria que se adelantaría en el Radicado 32544, al cual, tal como ya se especificó, se acumuló la única instancia identificada con el número 33354.
Por ello y no porque de manera apriorística y sin ninguna suerte de consideración de orden analítico se hubieran desvirtuado los fundamentos que validaron en su momento el proferimiento de la providencia inhibitoria, es que resultó imperioso revocarla para reanudar la investigación preliminar.
4. De una vez, es preciso señalar que el despliegue de la consecuente gestión investigativa verificadora no contó con la virtualidad de modificar los fundamentos que resultaron útiles para proferir el auto de inhibición, en lo que tiene que ver con las siguientes valoraciones:
i) El que Carlos Alberto Palacios Palacio hubiere sido en las elecciones para el Congreso de la República del año 2002 segundo renglón de la lista del partido Liberal encabezada por Rivera Flórez y en el proceso electoral de octubre de 2003 elegido gobernador del Putumayo por ese movimiento político, ocasión en la que contó con el respaldo del congresista mencionado, no implica que el indiciado haya tenido nexos o hubiera promovido a las autodefensas.
ii) En su intervención pública el día de la desmovilización del frente Sur de las autodefensas, en la entrevista radial concedida después de ella y en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, se refirió únicamente a la supuesta ayuda política y económica que la organización armada ilegal le habría dado a Palacios Palacio en su campaña a la gobernación de Putumayo en el 2003, pero jamás mencionó a Rivera Flórez.
iii) No existe elemento probatorio que permita establecer que el representante a la Cámara referido intervino o participó en la reunión de Medellín(15) en la cual, según el confeso paramilitar, Palacios Palacio obtuvo el apoyo de las autodefensas, ni tampoco que tuviera conocimiento de ese hecho puesto que su participación en la campaña de él se concentró en la elaboración del programa y en el acompañamiento a algunos actos públicos.
iv) El ex gobernador Carlos Alberto Palacios Palacio que siempre ha negado la versión de “Ernesto Báez” y sus contactos con las autodefensas, sostuvo que no tuvo conocimiento de ningún vínculo de Rivera Flórez con grupos armados ilegales, a pesar de que en la actualidad no es su amigo político(16).
v) La inferencia según la cual las declaraciones del jefe paramilitar “Ernesto Báez” contra Palacios Palacio vincularían al congresista mencionado con las autodefensas debido a los nexos políticos que había entre ambos, carece de fundamento probatorio en cuanto una relación de esa naturaleza per se no es demostrativa de aquiescencia o participación en los compromisos o acuerdos adquiridos por un candidato con terceros o grupos armados ilegales, más cuando no existe prueba de que hubiera participado en ellos o los hubiera conocido según se ha dicho.
vi) Si en la conversación sostenida entre Jaime Osorio Ríos y José Vicente Gallón Cañas, grabada por éste(17), el primero le refiere al segundo que el 30% de su empresa “Distribuciones y Representaciones Líder Ltda.” pertenece a los paramilitares, de entrada, dicha afirmación relacionaría al representante Rivera Flórez con las autodefensas en la medida en que su campaña habría recibido apoyo económico de aquél (Osorio Ríos).
Sin embargo, en la documentación presentada al Consejo Nacional Electoral que contiene los informes de ingresos y gastos de las campañas al Congreso de la República de marzo de 2002 y marzo de 2006(18), no existe ningún asiento contable que permita comprobar lo que se dice en el anónimo y sostiene Gallón Cañas, porque no aparecen registros en los que la persona jurídica “Distribuciones y Representaciones Líder Ltda.” o el señor Jaime Osorio Ríos hubieran realizado aportes económicos a la campaña del representante a la Cámara.
vii) Los testimonios de los líderes de las comunidades, dirigentes políticos del partido Liberal y directivos de las campañas de Rivera Flórez(19), aunque advierten que el señor Osorio Ríos es bastante conocido en Puerto Asís, también ratifican que de él ni de su empresa se recibió contribución económica o ayuda política.
viii) La manifestación genérica acorde con la cual la campaña del congresista indiciado habría sido financiada por Osorio Ríos carece de demostración.
ix) Éste (Osorio Ríos) dijo en su conversación refiriéndose a la participación de las autodefensas en su empresa:
“Esto pues no lo sabe casi nadie”.
De modo que en el caso hipotético que efectivamente la ayuda económica se le hubiera prestado, no hay prueba tampoco que Rivera Flórez tuviera conocimiento acerca de dicho hecho.
x) La prueba evidencia que el representante Rivera Flórez no posee ningún bien inmueble en el municipio de Mocoa(20) y que la reunión entre Jaime Osorio Ríos y el entonces gobernador del Putumayo Carlos Alberto Palacios Palacio, en la cual se habló del contrato de licores conforme a la grabación incorporada a la actuación, se llevó a cabo en la residencia de Juan Bautista Ordóñez(21) ubicada al frente del establecimiento de comercio “El Escalibur”.
Luego, la relación que se pretende establecer entre Osorio Ríos y Rivera Flórez a partir del lugar en el que se llevó a cabo la reunión carece de sustento probatorio, dado que también se estableció que en la finca de su señora madre no se efectuó la misma(22), tal como lo aseveraron quienes acompañaron ese día al gobernador Palacios Palacio y estaban presentes al arribo del primero mencionado (Osorio Ríos).
xi) Ante las publicaciones en la Revista Semana(23) de las transcripciones de las grabaciones aportadas en el disco compacto a la actuación, el representante Rivera Flórez solicitó inmediatamente a la Cámara revocar la moción de reconocimiento que le había sido concedida a Jaime Osorio Ríos a petición suya en virtud del prestigio empresarial del cual gozaba(24).
xii) En ninguna de las grabaciones aportadas con la denuncia se menciona o relaciona a Rivera Flórez con Osorio Ríos, ni éste en ellas alude al representante, como tampoco hay prueba que de él, directamente, o por interpuesta persona o de las autodefensas, hubiese recibido ayuda económica o respaldo político.
xiii) En otro anónimo se manifiesta que Rivera Flórez es amigo político de los esposos Alirio Martínez Vega y Argenys Velásquez Ramírez ex alcalde y alcaldesa de Orito, respectivamente, a quienes en un allanamiento a su vivienda practicado por la Fiscalía General de la Nación se les encontró una suma de dinero que según se dice pertenece a la guerrilla y es producto del narcotráfico(25), razón por la cual se considera debe ser investigado por esos hechos.
A este respecto, con las declaraciones de Martínez Vega(26) y de Velásquez Ramírez(27) se sabe que todos se conocen e intervienen en política, que el primero es un contradictor de Rivera Flórez y que la segunda ha mantenido relaciones públicas con él como alcaldesa de Orito, pero de ellas ni tampoco del escrito anónimo se desprende ningún elemento de juicio que permita relacionar al Representante con los dineros hallados en la mencionada diligencia judicial(28). Y,
xiv) Es inadmisible que a través de anónimos se pretenda afirmar que por los vínculos políticos o de amistad entre personas a todas le son imputables o son “sospechosas” de los actos cometidos por una de ellas, pues además la responsabilidad penal es individual y siempre deberá existir un principio de prueba que la vincule con los hechos punibles atribuibles a la otra, lo cual no ocurre en este caso.
En últimas y para sintetizar, el desarrollo de la actividad de verificación dispuesta tras el desarchivo del trámite permitió validar que Rivera Flórez no recibió ayuda económica o política de Jaime Osorio Ríos, quien es investigado por sus presuntos nexos con las autodefensas.
Al respecto, existe prueba documental y testimonial que demuestra que la campaña a la Cámara de Representantes del año 2002 de Rivera Flórez fue financiada, en una importante proporción, con recursos de la compañía familiar Rivera y Flórez Ltda. y con caudales propios.
Ruperto Enrique Mena Cárdenas(29) se refirió al significativo aporte de la sociedad referida y en los formatos relacionados con los ingresos y gastos de la campaña aparece reflejado dicha contribución a título de donación ($ 30.000.000), así como la aplicación de los recursos del candidato Rivera Flórez ($ 30.000.000)(30).
Por lo demás, las cifras evidencian la austeridad o limitación económica ($ 115.000.000), así como la ausencia de endeudamiento inherentes a la cruzada electoral puesta de presente.
5. Ahora bien, teniendo en cuenta que aquí se controvierte el tema de la presunta proximidad entre el congresista Rivera Flórez y el grupo paramilitar que tenía presencia en el departamento del Putumayo, esta corporación pretendió verificar si el comportamiento atribuido al indiciado en realidad tuvo ocurrencia, vale decir, si el representante a la Cámara mencionado se alió con la organización delincuencial referida, con la aspiración de afianzar su poderío político y económico y obtener un nada despreciable respaldo financiero para sus campañas electorales, comprometiéndose, a cambio, a favorecer a la realidad marginal paramilitar a través de la gestión de leyes de reinserción, de “limpieza” de antecedentes y de amparo de víctimas, a “no atacar el crimen organizado del Putumayo” y a entregar dinero de la gobernación del Putumayo.
6. De manera concreta, la notitia criminis exigía que en la presente fase exploratoria se contemplaran las siguientes aristas o líneas investigativas:
i) La existencia y operación de un grupo paramilitar en el departamento del Putumayo.
ii) La presunta asociación entre Rivera Flórez y dicho aparato organizado de poder.
iii) El régimen de contraprestaciones mutuas derivado de la verificación de dicha alianza. Y,
iv) Los beneficios vinculados a tal componenda.
Como se puede advertir, las cuatro hipótesis referidas se encuentran relacionadas en términos de lo que en la lógica formal se conoce como vinculación dialéctica-demostrativa, en la medida en que la existencia de la conjetura antecedente se constituye en presupuesto para la ulterior prédica de vigencia de la que le sigue en orden descendente.
6.1. Respecto de la primera de tales inferencias, desde el auto inhibitorio que fue objeto de revocatoria oficiosa, se dijo que las autodefensas inicialmente operaron en el Putumayo entre los años de 1987 a 1991, cuando se establecen en terrenos del sanguinario José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, ubicados en inmediaciones del río San Miguel y que fueron adecuados para el negocio del narcotráfico y la creación de un centro de entrenamiento de integrantes de grupos armados ilegales.
Con la declaración del sociólogo y politólogo, con maestría en geografía, vinculado como investigador al Centro de Investigación y Educación Popular —Cinep— Teófilo Vásquez Delgado(31) y con los documentos que allegó como respaldo de sus aseveraciones(32), se supo que el asentamiento referido tuvo lugar en el año de 1989 en la hacienda “El Azul”, que la estructura armada ilegal que se configuró en dicho contexto se denominó “Los Macetos” y fue atacado y extinguido en el fundo referido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc— y que luego de tal arremetida el grupo insurgente asumió el dominio del enclave de producción de coca(33).
Resáltese que la existencia de “Los Macetos” también fue validada en el trámite por el ex gobernador del Putumayo para el año 2001 Iván Gerardo Guerrero Guevara(34).
Con posterioridad, en enero de 1998, como frente Sur del bloque Central Bolívar liderado por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco” o “Javier Montañez”, y vinculado a la producción y comercialización de drogas ilícitas, el paramilitarismo reaparece en los municipios de Puerto Asís, La Hormiga, San Miguel, Orito y Villa Garzón, que conforman el Bajo Putumayo, en los cuales ejecutan asesinatos y desapariciones que conllevaron al desplazamiento de la población y a un paro “cocalero”.
Vásquez Delgado refiere que a partir de dicho momento se verificó un proceso de expansión a sangre y fuego concretándose una compleja e intrincada alianza entre la fuerza pública, los narcotraficantes y el paramilitarismo, y que el propósito inicial de la reaparición fue el de castigar o “erosionar” las bases sociales de la guerrilla en el Putumayo.
De manera muy cruda y rigurosa pero no menos explicativa, Vásquez Delgado indicó que llegó un momento en el que el río San Miguel estuvo rodeado de cadáveres y que las casas de las periferias de los asentamientos urbanos fueron ataviadas de manera macabra con cráneos y otros restos óseos humanos.
En torno a dicho designio preliminar el representante Rivera Flórez(35) y el ex gobernador del Putumayo para el año 2008, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza(36), recordaron el lamentable suceso ocurrido en la noche del 9 de enero de 1999, en la que aproximadamente 150 paramilitares del frente Sur del Putumayo irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuez) para matar y desaparecer forzadamente a hombres, quemar viviendas, motocicletas y automóviles; y maltratar física y verbalmente a las mujeres.
No quedó duda que la estigmatización como “pueblo guerrillero” vino a sustentar el salvaje accionar y transformó a los lugareños en objetivos militares permanentes de las autodefensas.
Así, la represión y la violencia directa no culminaron con la masacre, sino que se intensificaron entre los años 2001 y 2006 con el establecimiento de la estructura armada ilegal aludida en la mayoría de las franjas urbanas de la zona geográfica referida (Bajo Putumayo), específicamente en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga y La Dorada.
Por lo demás, en dichos lugares se implantó un control territorial permanente.
En torno a la llegada de “Macaco” al departamento del Putumayo, una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación indicó, en informe de campo del 26 de abril de 2011, que ello ocurrió luego del abatimiento de “El Mexicano” y de la compra, por parte de aquél, de “la Franquicia” delincuencial correspondiente y que a partir de allí:
“llegaron sus pistoleros que se hacían llamar paramilitares y empezó la extorsión, violaciones y prostitución de niñas de 10 a 15 años, cuando una persona evadía el pago de impuestos que oscilaba entre $ 200.000 pesos por kilo de coca, era expropiado de todos sus bienes y las escrituras pasaban a nombre de testaferros y luego eran asesinados por no cumplir con la ley, pero cuando la familia suplicaba por su vida, los paramilitares accedían a no asesinar a la víctima, pero sus hijas o esposas tenía que acostarse con los paramilitares y a someterse a toda clase de vejámenes sexuales”(37).
Luego, el 1º de marzo de 2006, en la finca “Los Pomos” de la vereda La Esperanza del corregimiento de Santa Ana, jurisdicción del municipio de Dolores, se registra la desmovilización del citado frente, articulado al bloque Central Bolívar, a la cual asiste Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”.
De una vez, la Sala hace propicia esta oportunidad para señalar que la realidad consolidada en la praxis judicial impide que a la agrupación denominada “Autodefensas Unidas de Colombia” —AUC— se le asigne la misma calidad que se le acaba de atribuir al bloque Central Bolívar (órgano articulador o integrador).
Mientras que aquélla se constituyó en una falacia o invención que, de forma habilidosa y sobre la marcha, se configuró, a manera de estratagema de negociación con el gobierno nacional, con los frustrados o malogrados propósitos consistentes en brindarle legitimidad y mayor representación, presencia y contundencia al fenómeno marginal paramilitar, éste, en verdad, existió.
En efecto, en el discurrir de los grupos paramilitares jamás despuntó una federación de autodefensas, en la medida en que no se ordenó ninguna suerte de “estado mayor” ni mucho menos una cadena de conducción uniforme. Tales elementos, que si han estado presentes, de tiempo atrás, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc—, vinieron a exhibirse artificial y tardíamente cuando se comenzó a vislumbrar la necesidad de negociación con el gobierno nacional.
En dicho contexto, cada bloque de autodefensa tenía su propio punto de mando privativo y exclusivo, el cual, generalmente, estaba representado en un comandante. Así, ante la inexistencia de un órgano encargado de fijar pautas de acción y gestión comunes, cada una de tales estructuras (bloques) contó con plena independencia y autonomía para tramitar los asuntos de diversa índole —militares, sociales, financieros, políticos y electorales— inherentes a sus zonas geográficas de influencia y, por ende, al margen de la existencia de encuentros entre personas vinculadas a los diferentes grupos con el propósito de tratar temas de interés general, inadmisible e inaceptable se ofrecía la interferencia de un aparato organizado de poder paramilitar en las cuestiones de otro.
De ahí que permanentemente se verificaran divergencias de opinión y hasta álgidos conflictos entre los diversos cabecillas que, generalmente, tenían impetuosos y sangrientos desenlaces. Muestra de lo que viene de referirse fue las diversas posiciones que se estructuraron y exhibieron en torno al narcotráfico como sugestiva alternativa de financiación de las estructuras.
Volviendo sobre la desmovilización del frente Sur del Putumayo, Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, manifestó públicamente en el acto correspondiente que las autodefensas habían apoyado al suspendido gobernador Carlos Alberto Palacios Palacio, lo cual ratificó en entrevista a un medio radial al señalar que
“Nosotros tuvimos oportunidad, yo tuve oportunidad de conversar varias veces con él, en la campaña él nos buscó, estuvo en procura de una ayuda económica y política que se le brindó. Lo hicimos siempre con el compromiso de que sirviera a los altos intereses del Putumayo. Nunca creímos que se iba a convertir en una estafa para la gente que con su voto lo eligió”(38).
Al mismo tema se refiere Jaime Osorio Ríos, quien en una conversación habla de las exigencias económicas que diputados de la asamblea y el gobernador de Putumayo le vienen haciendo ante el vencimiento del contrato de los licores y de la financiación de las autodefensas a Palacios Palacio la cual habría llegado por su intermedio, porque
“yo te cuento esto: las autodefensas tiene el 30 por ciento de Distribuciones Líder por si no lo sabía. Esto pues no lo sabe casi nadie. Entonces de la plata que yo le di, indirectamente ellos aceptaron que se le diera esa plata pa’ la campaña”(39).
Por otro lado, en la grabación contenida en el mismo disco compacto y que según José Vicente Gallón Cañas la hizo Osorio Ríos a instancias de él(40), el gobernador en una reunión al parecer llevada a cabo en una finca de propiedad del representante Rivera Flórez le solicita al empresario un mayor porcentaje para garantizarle el contrato de los licores.
Respecto al último de tales puntos, ya se especificó que el vínculo que se pretende establecer entre Osorio Ríos y Rivera Flórez a partir del lugar en el que se llevó a cabo la reunión carece de sustento probatorio, en la medida en que se probó que en la finca de su progenitora no se efectuó la misma, tal como lo aseveraron quienes acompañaron ese día al gobernador Palacios Palacio y estaban presentes al arribo del primero mencionado (Osorio Ríos).
La influencia política del paramilitarismo en el Putumayo que se desprende de lo que viene de analizarse fue explicada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo por Vásquez Delgado señalando que no tuvo las mismas dimensiones que se evidenciaron en el norte del país (Costa Atlántica) y en el departamento del Meta, lugares en los que se implantó un proyecto antiprogresista o regresivo vinculado con la existencia de latifundios consolidados (haciendas), bajo la regla de “poca tierra y mucha gente”. En contraposición, agregó el testigo, la zona de colonización amazónica, incluyendo el departamento del Putumayo, se caracterizó por tener, en sus orígenes, “mucha tierra y poca gente”.
Al explicar dicho comentario, el antropólogo y sociólogo mencionado señaló que lo electoral fue un medio o un instrumento pero no un fin en sí mismo considerado y que en el Putumayo no existió un propósito expreso de apoderarse del poder político y que por el proceso de colonización lo verdaderamente relevante para el paramilitarismo fue, en principio, la estrategia contrainsurgente y luego, el lucrativo negocio de la coca.
En últimas, Vásquez Delgado validó la existencia de un interés político subordinado (más no principal o preferente) del paramilitarismo en el departamento del Putumayo.
Por ello y por lo que se desprende de lo asegurado por Iván Roberto Duque Gaviria y Jaime Osorio Ríos resulta contrario a la evidencia y tozudo que el ex gobernador Iván Gerardo Guerrero Guevara y Luis Fernando Vitery(41) nieguen que el paramilitarismo, particularmente, el frente Sur, tuvo influencia política en el ente territorial referido.
De manera específica, el primero de tales declarantes (Guerrero Guevara) señaló que dicha realidad marginal tuvo influencia social pero no política.
Al respecto, la Corte ha contado con la opción real de precisar, de manera genérica, que cuando una organización de autodefensa opta por impulsar la candidatura de una persona a cualquier cargo de elección popular —incluyendo el Congreso de la República— o en aquellos eventos en que decide determinar un nombramiento en la administración pública, quien de esa reprochable manera accede al cometido oficial (o se mantiene) en realidad no sólo se supedita a los intereses paramilitares sino también se involucra en el andamiaje de la organización delictiva, la cual, por dicha vía, amplifica su poder, extiende su influencia e incrementa su accionar.
Planteado de otra forma, quien logra una designación pública por razón o con ocasión del poder deletéreo y conminatorio de una organización paramilitar —o quien lo intenta—, se transforma en miembro de la estructura y participa, desde su propia posición, en el desarrollo del proyecto marginal, asumiendo el rol que le corresponde dentro de la división de trabajo concebida al interior de dicha asociación delincuencial.
Así, la incorporación de una persona en un sector del aparato estatal gracias al impulso de una organización paramilitar, es concebida como promoción de la agrupación delictiva.
Por otro lado, resulta indiscutible que la práctica judicial ha evidenciado que para los miembros de un grupo armado ilegal, luego de la fase de consolidación territorial y en virtud del desarrollo del proyecto político correspondiente, resultaba importante tener sometido y comprometido a un congresista o a quien aspiraba a serlo, en la medida en que aquél o éste debía implicar su función en la promoción paramilitar.
Con ello, es claro que se obstaculizaría la observancia de lo previsto en el artículo 133 superior, conforme al cual, los congresistas deben representar al pueblo, actuar consultando la justicia y el bien común y responder políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su investidura.
De esta forma, en el evento analizado, viable resulta predicar la materialidad (tipo objetivo) del delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002.
Así, se descarta la postura de la defensa referida a la “inexistencia del hecho”.
La manera como encajó el indiciado en el modelo general analizado, si es que ello ocurrió, será objeto de estudio en las líneas sucesivas.
6.2. Pero antes de ello, la Corte quiere dejar sentado un mensaje de preocupación judicial por el contenido de una fracción de la declaración de Vásquez Delgado y del informe de una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación relacionado con la vigencia y actualidad de la actividad delincuencial organizada en el departamento del Putumayo enfocada al narcotráfico.
El testigo señaló que luego de la desmovilización del frente Sur, las bandas armadas organizadas controlan la dinámica social en el Putumayo y se disputan el manejo del negocio del narcotráfico, concretamente de la denominada “economía de la coca”.
Por su parte, la investigadora consignó en su informe, con fundamento en los datos suministrados por un analista de la variable “armados ilegales”, lo siguiente:
“se conoce que las Bacrim de los ‘Rastrojos’, en el departamento del Putumayo, nace como consecuencia de la disolución de los grupos de paramilitarismo que hacían presencia en dicha región hasta el año 2005, aquí hablamos de franquicia criminal; se habla de franquicia criminal en el evento en que los narcotraficantes de ese entonces, mantenían control de la cadena productiva de los estupefacientes en esas áreas, venden las franquicias a Los Rastrojos para dar continuidad a sus actividades ilícitas en condiciones similares a las que mantenían con el asocio de los grupos paramilitares”.
Pero como el mensaje debe tener alguna clase de trascendencia, se exhortará a la gobernación del Putumayo, a la Dirección de la Policía Nacional, al Comandante General del Ejército y a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, desarrollen las acciones que correspondan respecto de la evidencia que se ha hallado en el presente trámite relacionada con la vigencia y actualidad de la actividad delincuencial organizada en el departamento del Putumayo enfocada al narcotráfico.
De manera particular, se expedirán copias a la última de tales entidades (Fiscalía General de la Nación) de la declaración de Vásquez Delgado y del informe del 26 de abril de 2011(42) con el propósito de que se inicien las labores de verificación así como las investigaciones a las que haya lugar.
6.3. El análisis de la presunta asociación entre Rivera Flórez y el frente Sur del Putumayo debe iniciar con el estudio del dicho de Óscar Fabián Peñafiel Campo y lo primero que resulta necesario indicar es que la condición de desmovilizado del ciudadano mencionado no puede ser desconocida.
En efecto, un investigador de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz señaló, a través de informe del 27 de julio de 2010, que Peñafiel Campo, identificado con la cédula de ciudadanía 1.123.202.825, se desmovilizó del frente Sur del Putumayo, siendo conocido con el alias de “Carlos” y desempeñándose como operador y patrullero abastecedor o dotador de munición o “amunicionador”(43).
Por lo demás, en el expediente obra la hoja de vida del desmovilizado colectivo mencionado(44).
Pero la práctica judicial ha evidenciado, ante las presuntas falsas o simuladas desmovilizaciones individuales o colectivas, que una cosa es la condición de desmovilizado y, otra, distinta, la de paramilitar en ejercicio.
Frente a tal aspecto, resáltese que el denunciante reconoció de manera expresa haber sido miembro activo de un grupo paramilitar y, por ello, es que resulta conocedor de algunos de los sucesos que fueron objeto de investigación y sus circunstancias.
Por ejemplo, sabía que Eider Moreno Quiñónez, alias “Niche Rumba”, fue ultimado en Puerto Asís luego de la desmovilización.
Al respecto, se logró especificar que dicho suceso tuvo ocurrencia el 2 de junio de 2006 en el bar “Vendaval” del municipio referido(45).
Además, dijo actuar a las órdenes del “Comandante Darío”. Y, se pudo verificar que Héctor de Jesús Monroy Urrego, conocido con el alias de “Darío”, fue comandante urbano en Puerto Asís del frente Sur del Putumayo(46).
Así las cosas, pierde trascendencia que el maestro José Alberto Noguera Yepes, director del colegio en el que estudió Peñafiel Campo, desconociera que éste era paramilitar.
6.4. Además, aunque el conjunto probatorio respalda la escueta confesión de su poco notoria actividad delincuencial, la confrontación entre la detallada información que proporcionó Peñafiel Campo a la Corte y la que suministró al momento de su desmovilización comienza a comprometer de manera seria y contundente la coherencia intrínseca y extrínseca de su dicho.
En efecto, en el segundo de tales momentos señaló que su pertenencia al frente Sur del Putumayo se verificó por aproximadamente seis meses entre los años 2005 y 2006(47) y, en el primero, que la entrega de los $ 60.000.000 al Congresista Rivera Flórez por parte de un individuo con mando conocido como “Darío” se dio en los primeros meses del 2002, concretamente, antes de la elecciones al Congreso de la República de marzo.
Por otro lado, la Fiscal Veintisiete de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz certificó que Héctor de Jesús Monroy Urrego, alias “Darío”, tuvo figuración como comandante en varios municipios del departamento del Putumayo a partir del mes de enero de 2003(48).
Y, para rematar, en la diligencia de ampliación de denuncia, Peñafiel Campo señaló que se vinculó a las autodefensas como informante a principios del año 2000 tras ser amenazado por la guerrilla de las Farc(49).
6.5. Pero además, es posible detectar algunas diferencias notables entre el escrito de denuncia y su ampliación, a saber:
i) En la denuncia señala que él y su comandante “Darío” le entregaron el dinero a Rivera Flórez mientras que en el testimonio dice que simplemente presenció la donación sin que el indiciado lo notara o se diera cuenta. Y,
ii) En la denuncia indica que Rivera Flórez lo convocó a él y a otros paramilitares el 11 de julio de 2009 en las afueras de la Cámara de Comercio de Puerto Asís para informarles que la “ley de víctimas” se “había caído” en tanto que en el testimonio afirma que alias “Gavilán” lo llamó cuando de manera coincidente pasaba por dicho lugar para informarle acerca de la existencia del encuentro, que llegó cuando éste ya había fenecido y que, por ende, quien le contó lo que había acontecido fue el sujeto mencionado.
Estas variaciones en el relato no son insustanciales; a cambio, muestran el grado de confiabilidad que merece el ciudadano aludido.
Las reglas de la lógica y la práctica judicial indican que no es preciso estructurar rebuscadas argumentaciones para que la realidad aflore. Quien verdaderamente ha presenciado un hecho concreto no puede equivocarse o titubear en unas situaciones trascendentes como las precisadas:
¿Quién o quiénes le entregaron el dinero a Rivera Flórez? Y,
¿Estuvo o no Peñafiel Campo presente en la reunión en las afueras de la Cámara de Comercio de Puerto Asís en la que, luego se conoció, fue socializado el tema de la “ley de víctimas”?
6.6. Por otro lado, aunque el CTI logró acreditar que frente a la cancha de fútbol del barrio Obrero número I del municipio de Puerto Asís existen dos casas de igual número de pisos o plantas, las cuales fueron fijadas o registradas fotográficamente(50), ninguna de las edificaciones se pudo asociar con el episodio referido por Peñafiel Campo relacionado con la supuesta entrega del dinero en efectivo al indiciado.
En efecto, Peñafiel Campo señaló en la ampliación de denuncia que el inmueble en el que se llevó a cabo el encuentro referido era un lugar que se había tomado en arriendo para que sirviera de asentamiento a personal paramilitar y, el CTI, mediante labores de vecindario, descartó que las dos propiedades frente a la cancha de fútbol del barrio Obrero número I tuvieran la destinación referida por el quejoso. Además, a través de la consulta de archivos públicos, logró acreditar que los inmuebles no tienen ningún tipo de vicio oculto de carácter legal aparente.
La única referencia procesal y concreta relacionada con una propiedad en Puerto Asís en la que permanecía personal paramilitar la suministra el sociólogo y politólogo Vásquez Delgado, quien llevó a cabo trabajos de campo en el departamento del Putumayo.
En efecto, el testigo mencionado informó que dichos delincuentes permanecían en una casa ubicada frente al aeropuerto pero no en una situada en el barrio Obrero número I y que dicha información había sido corroborada “jurídicamente”.
Tampoco resultó posible verificar la existencia del vehículo en el que según Peñafiel Campo arribó Rivera Flórez para recibir el dinero (Toyota Hilux).
6.7. Adicionalmente, se evidencia en el dicho de Peñafiel Campo una velada tendencia a situar como testigos de los sucesos que relata a personas muertas, excepción hecha de su compañera permanente María Luisa Narváez Díaz y de su hermana Aura Nelsy Peñafiel Campo, quienes, dicho sea de paso, mostraron una intolerable insubordinación frente al llamado ineludible (no discrecional o facultativo) de la justicia.
Incluso, las mencionadas ciudadanas se negaron a concurrir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, Putumayo, a rendir declaración ante un magistrado auxiliar que se comisionó para acercarse a sus lugares de residencia y, así, facilitarles en sumo grado el cumplimiento de su deber constitucional y legal de testificar en las actuaciones judiciales.
En torno a ello, el CTI logó determinar que Narváez Díaz no asistiría
“porque no contaba con los recursos económicos para el desplazamiento a Mocoa”.
Y, que Peñafiel Campo (Aura Nelsy)
“manifestó que se encontraba en Puerto Leguízamo (Putumayo) y que no tenía la intención de asistir ni a esta ni a ninguna otra diligencia porque, según lo señalado por la señora Aura Nelsy Peñafiel Campo, ese era un problema entre dos políticos y que ella no tenía nada que ver con el tema, que agradece que no la vuelvan a citar y que además, es madre de cinco hijos y no cuenta con los recursos económicos para el desplazamiento a Mocoa” (negrilla de la Sala para llamar la atención)(51).
Una de las razones suministradas por Aura Nelsy Peñafiel Campo será retomada argumentativamente por la Corte más adelante, por ahora, resáltese que, ante la desobediencia referida, el dicho de Peñafiel Campo quedó sin comprobación testimonial.
6.8. Cambiando de óptica, llama la atención la connotación ilegal o, por lo menos, clandestina o encubierta que Peñafiel Campo le intentó suministrar a la reunión que por fuerza de la alta concurrencia de personas se tuvo que realizar el 11 de julio de 2009 a las afueras de la Cámara de Comercio de Puerto Asís (estando programada para desarrollarse en el auditorio de dicho lugar), tal como lo explicó el representante Rivera Flórez, relacionada con el proyecto de ley de “medidas de protección a las víctimas de violaciones de la legislación penal, de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por grupos armados al margen de la ley”, cuya primera presentación congresional estuvo a cargo del entonces senador vocero de la bancada Liberal Héctor Helí Rojas Jiménez(52) y que, según lo informó el también senador Juan Fernando Cristo Bustos, encontró en la primera Jornada Nacional de Solidaridad que se llevó a cabo el 27 de julio de 2007, por convocatoria efectuada por la Fundación Víctimas Visibles de la Universidad Sergio Arboleda (dirigida por Diana Sofía Henao), su causa eficiente(53).
Además, el gerente de la emisora “Latina Stereo” de Puerto Asís certificó que el indiciado solicitó el servicio de emisión de mensajes radiales durante la semana del 6 al 11 de julio de 2011 en los que se promovía una reunión en los siguientes términos:
“Se invita a las personas víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado, a una reunión este sábado once de julio a las tres de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio del Putumayo en Puerto Asís, donde se realizara una conferencia por parte del representante Guillermo Rivera Flórez, donde expondrá el proyecto de ley de víctimas que fue radicado en el Congreso de la República”(54).
Por otro lado, al expediente se incorporó, por un lado, una cuenta de cobro y un recibo de caja expedidos por la Cámara de Comercio del Putumayo que evidencian que para dicho evento se requirió del auditorio, de un video beam y del servicio de vigilancia(55) y, de otro, tres fotografías del encuentro aludido en dos de las cuales aparece el representante Rivera Flórez rodeado de personas.
Así, se desdibuja el vínculo ilegal o subrepticio que Peñafiel Campo le intentó conferir a la reunión por cuyo medio se socializó en Puerto Asís el tema del proyecto de ley de protección a las víctimas de la violencia en Colombia a la que se refirió no sólo el indiciado, sino también el ex gobernador (e) del departamento del Putumayo Adrián Alejandro Revelo Jurado (entre el 24 de diciembre de 2009 y el 22 de mayo de 2010)(56), así como la politóloga y relacionista internacional que trabajó el tema mencionado con el senador Cristo Bustos, Laura Gabriela Gil Savastano(57).
Viene a reforzar lo anterior el hecho consistente en que Luis Fernando Vitery informara que en el Valle del Guamuez (La Hormiga) se llevó a cabo otra reunión con idéntico propósito que contó con la asistencia de más de mil personas, entre ellas, un viceministro y varios alcaldes municipales(58).
6.9. Respecto de la trascendencia y efectos materiales de una ley de protección de víctimas de la violencia como la que en su momento ocupó la atención funcional del congresista Rivera Flórez, en su condición de vocero en la Cámara de Representantes de la bancada del partido Liberal, se refirieron el senador Cristo Bustos, Vásquez Delgado y Gil Savastano señalando, en términos generales, que dicho cuerpo normativo resultaba opuesto o contrario al interés de los ex paramilitares, por un lado, en la medida en que la restitución de los bienes y de las tierras se efectuaría sin consultar la posición particular del victimario y, de otro, en consideración a la procedencia de los fondos para la reparación.
De manera concreta, el segundo mencionado indició que era una paradoja o un “absoluto contrasentido” imaginar que una ley de víctimas resultara favorable para los actores armados ilegales.
Al margen de dichas precisiones autorizadas y calificadas, en estricto rigor lógico, es verdaderamente absurdo imaginar que los ex paramilitares se encuentren comprometidos con la protección de las víctimas de la violencia en Colombia. En realidad, la práctica judicial ha demostrado justamente lo contrario.
6.10. Debe destacarse que no existe ningún vestigio procesal referido a que Rivera Flórez, en el marco de su labor congresional y a través de la presentación de proyectos de ley, se hubiera aplicado al favorecimiento de los grupos paramilitares que le permitiera a sus miembros limpiar sus antecedentes.
Por el contrario, la politóloga y relacionista internacional Gil Savastano, quien ha efectuado alguna especie de sondeo de dicha actividad, descartó de manera expresa dicha posibilidad.
Además, tampoco fue posible demostrar que el indiciado les hubiera entregado dinero de la gobernación del Putumayo a representantes del paramilitarismo. Resáltese que Rivera Flórez no ha tenido ningún tipo de autonomía o manejo burocrático regional (demostrados) que le permitieran proceder de tal manera.
6.11. Luego, cuando la realidad procesal impactó adversamente la veracidad de dichos señalamientos, se conoció otra opción de incriminación, esta vez anónima y sumamente etérea, relacionada con un presunto compromiso del indiciado de “no atacar el crimen organizado del Putumayo”(59).
Pero dicha alternativa también resultó descartada por el conjunto probatorio. Así es, en el expediente existen documentos indicativos de la posición del representante a la Cámara Rivera Flórez frente a las realidades delincuenciales que han impactado gravemente el departamento del que es oriundo.
Mediante oficio del 4 de septiembre de 2006 Rivera Flórez le solicitó al entonces presidente de la Cámara de Representantes (Alfredo Cuello Baute) la revocatoria de la moción de reconocimiento contenida en el acta 013 del 4 de octubre de 2005, referida al ya mencionado Jaime Osorio Ríos, en consideración a lo publicado en la Revista Semana relacionado con los presuntos vínculos de dicho ciudadano con actores armados ilegales y su supuesto compromiso en actos de corrupción concernientes a la adjudicación de contratos en el departamento del Putumayo(60).
Por ello se profirió la Resolución 009-1 del 11 de septiembre de 2006, por cuyo medio se accedió a la solicitado por el representante Rivera Flórez(61).
Por otro lado, según lo que se deriva del oficio DSFM 1768 del 7 de diciembre de 2006, vía telefónica, le manifestó al director seccional de fiscalías de Mocoa su preocupación por lo que publicó la Revista Semana, ante lo cual dicho funcionario le informó que se había iniciado
“investigación previa con el propósito de constatar la veracidad de estos hechos denunciados”(62).
En otra ocasión, a través de comunicación del 28 de noviembre de 2006, le informó al Fiscal General de la Nación haber recibido información de ciudadanos del departamento del Putumayo relacionada con la interferencia de desmovilizados del bloque Central Bolívar en los
“asuntos de la administración pública local aduciendo su condición de ex autodefensas y con un acento intimidatorio”(63).
Y, lo que resulta más revelador y, por ende, opuesto a la incriminación que viene de analizarse, el 24 de noviembre de 2006 le informó al Fiscal General de la Nación acerca de la existencia de una organización
“denominada grupo DMG S.A. NIT 9000310015 cuyo representante legal es el señor David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, constituida mediante escritura pública 001033 otorgada en abril del 2005 en la Notaría 35 de Bogotá. Dicha entidad se dedica a prestar dinero a los ciudadanos a unas tasas de interés sustancialmente menores comparadas con las de la banca comercial, lo que ha suscitado inquietudes sobre el origen de estos recursos. No tengo evidencias para entablar denuncia penal, por lo tanto este escrito no se constituye en una denuncia, sin embargo considero oportuno, de ser posible legalmente, que la Fiscalía General de la Nación desarrolle algunas labores de inteligencia que permitan descartar cualquier tipo de lavado de dineros o activos”.
Los efectos de la situación expuesta por Rivera Flórez al fiscal pronto se exteriorizaron a través de lamentables episodios que luego de la intervención administrativa (la cual culminó en clausura) y de la judicialización son, hoy, hechos notorios, dada su gravedad:
Las actividades comercial, bancaria y administrativa de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez (La Hormiga), Orito, Villa Garzón y Puerto Guzmán se paralizaron en su totalidad debido a la presión que ejercieron los inversionistas de la firma DMG, tras el cierre definitivo dispuesto por el Gobierno Nacional.
Además, el servicio de transporte intermunicipal se vio afectado en un 70%, los planteles educativos regresaron a los estudiantes a sus casas y las estaciones de gasolina no vendieron combustible.
Incluso, casi dos centenares de manifestantes se apostaron frente a un almacén del padre de Rivera Flórez lanzando arengas en contra del congresista y a favor de DMG en la medida que copias de la carta en la que el mencionado le pidió a la fiscalía indagar sobre las actividades de la compañía mencionada fueron entregadas a las personas que hacían fila en las oficinas de la captadora ilegal para reclamar su dinero.
Así las cosas, los integrantes de la familia de Rivera Flórez tuvieron que salir del departamento tras ser amenazados.
Resáltese que al expediente fueron aportados archivos de audio y video que evidencian la posición oficial del representante Rivera Flórez en relación con el fenómeno marginal paramilitar que se concreta en su rechazo manifiesto.
Como se puede advertir, el proceder acreditado (documentado) del indiciado descarta de manera categórica el presunto compromiso de “no atacar el crimen organizado del Putumayo”.
Adicionalmente, Rivera Flórez, en su condición de representante a la Cámara, no tiene ningún compromiso formal de combatir el crimen organizado o de mantener el orden público en el departamento del Putumayo, ello, conforme al marco normativo aplicable, sería de competencia de las alcaldías municipales, de la gobernación y de las autoridades militares y policiales. Recuérdese que en atención a lo normado en el artículo 133 superior, los congresistas deben representar al pueblo, actuar consultando la justicia y el bien común y responder políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su investidura.
6.12. Ahora, imperioso resulta revisar y analizar la descomedida, desorientada y equívoca intervención procesal del abogado Juan Carlos Guzmán Orjuela, quien en varias ocasiones, por diversos medios y sin contar con ninguna clase de legitimación, pretendió dificultar el discurrir de esta investigación previa.
En efecto, Guzmán Orjuela se mostró absolutamente apático al disgusto de la Sala referido a la presentación de memoriales contentivos de diversas solicitudes, incluso probatorias, en una actuación en la que no era sujeto procesal, evidenciando total desatención de la respetuosa amonestación que ésta le hizo y que aquél conoció con suficiencia.
Adicionalmente, dirigió un memorial a la entonces Fiscal General de la Nación, el cual, por competencia, fue remitido a esta corporación, por cuyo medio la invitó a solicitar el decreto y práctica de pruebas en este trámite, de única instancia, con concentración de funciones de investigación y juzgamiento y en el que dicha funcionaria no tenía ningún tipo de intervención.
Por si lo anterior no fuera suficiente, por vía del desatento cuestionamiento de la imparcialidad, la autonomía funcional y el valor democrático de la Corte, en el mismo escrito señaló que esta corporación, presuntamente, favorecía al representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Putumayo Guillermo Abel Rivera Flórez, en el trámite de las presentes diligencias previas, simple y llanamente por no haberle permitido participar en la forma cómo lo pretendió.
De esta manera, con el propósito de establecer si los hechos relatados podrían tener relevancia para el derecho disciplinario, vale decir, si se adecuaban en alguna de las faltas previstas en la Ley 1123 de 2007, se dispuso expedir copias de los memoriales del abogado Guzmán Orjuela, de las providencias proferidas por la Sala por razón de la radicación de dichos escritos y del oficio 486 del 18 de febrero de 2011, a través del cual se le dio a conocer al mencionado abogado la percepción que se tenía en torno a su comportamiento; todo ello con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el propósito que, en el escenario natural se efectuara dicha precisión.
Y, para rematar, con posterioridad a la decisión que viene de comentarse (del 31 de marzo de 2011), concretamente el 18 de mayo de 2011, se hizo presente en las instalaciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa con el propósito de dificultar la declaración que el magistrado auxiliar comisionado le tomaba a Wilson Paternina Zuluaga, hermano medio del odontólogo y ahora representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Luis Fernando Ochoa Zuluaga (mediante la interrupción), en presencia del indiciado y su defensor. Es preciso señalar que tal vicisitud quedó registrada en el archivo de audio correspondiente(64).
Indíquese que Paternina Zuluaga pretendió que una vez iniciada la diligencia ésta fuera suspendida con el propósito de contar con la opción real de entrevistarse con el abogado mencionado y, como el magistrado auxiliar comisionado no accedió a dicha pretensión, pese a la obstinación del declarante, informándole que su participación en el proceso de verificaba como simple testigo que debía responder unos interrogantes en atención a su conocimiento privado o particular, asumió una actitud de desentendimiento y resistencia que el mismo funcionario se vio obligado a contrarrestar a través de la corrección.
Pero ¿quién es Juan Carlos Guzmán Orjuela conforme a la realidad probatoria?
En atención a los copiosos elementos de convicción allegados al expediente, se trata de un abogado que el 14 de mayo de 2004 solicitó la pérdida de investidura del representante Rivera Flórez, pretensión que fue resuelta de manera desfavorable por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de providencia del 3 de agosto del mismo año(65).
Además, denunció a Rivera Flórez por, presuntamente, incurrir en irregularidades en el manejo de los recursos en Selvasalud S.A. EPS, cuando fue su gerente (1999 a 2000) e integrar y presidir la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, “no obstante hallarse investigado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, respecto de hechos sucedidos cuando se desempeñaba” como regente de la empresa referida.
Enfatícese que la Sala, tras darle trámite a las denuncias formuladas por Guzmán Orjuela, se inhibió de abrir investigación respecto de Rivera Flórez en tres ocasiones, concretamente, mediante autos del 9 de junio y 6 de octubre, ambos de 2004 y 7 de marzo de 2007 (Rads. 20084, 20481 y 22234, en su orden)(66).
Por todo ello, el doctor Rivera Flórez lo denunció por falsa denuncia contra persona determinada y la Fiscalía General de la Nación lo llamó a responder en juicio por dicha infracción, desconociéndose el desenlace de la actuación(67).
Además, en esta investigación previa se presentó como apoderado de Franco Cortés Pinzón en la única instancia 32707, en la cual se debía indagar acerca de la presunta afrenta al patrimonio moral del ciudadano mencionado por parte de Rivera Flórez.
Y, en absoluta consecuencia con dicha posición, en esta actuación, aparte de la actividad de entorpecimiento que desplegó, también se mostró muy interesado en conocer el estado del trámite mediante la presentación inicial de dos derechos de petición.
De esta manera, se revela un asedio legal emprendido por Guzmán Orjuela en contra de Rivera Flórez.
Pero lo más trascendente de cara al examen que viene de hacerse es el vínculo personal y profesional que existe entre Guzmán Orjuela y el ahora representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Luis Fernando Ochoa Zuluaga, hermano medio del testigo Wilson Paternina Zuluaga, tal como ya se precisó.
Así es, Mauro Edilvio Toro Peteví sostuvo que Guzmán Orjuela, a quien calificó de bastante “perverso”, era “amigo íntimo” de Ochoa Zuluaga y “se la pasan para arriba y para abajo” y que en una ocasión —en el año 2008— el abogado mencionado se presentó en su despacho en la alcaldía del municipio de Puerto Asís como emisario de éste (Ochoa Zuluaga), para exhibirle unos papeles contentivos de su firma falsificada y de una deuda inexistente en favor del congresista aludido que ascendía a la suma de $ 88.000.000 y, para, a título personal, ofrecerse a relacionarlo o conectarlo con los paramilitares del norte del Valle del Cauca y con la guerrilla para que lo protegieran y lo ayudaran a ubicar a su hijo secuestrado, respectivamente.
Es claro que determinar si las graves situaciones relatadas por Toro Peteví cobran relevancia para el derecho penal, no hace parte en medida alguna del objeto de esta providencia. Por ello se expedirá copia de la declaración que el mencionado ciudadano rindió el 21 de septiembre de 2010 (audio y acta), con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, para lo de su cargo.
No obstante, en desarrollo de la función valorativa del conjunto probatorio no le está vedado a la Corte precisar que entre Guzmán Orjuela y Ochoa Zuluaga existe una amistad.
Además, el congresista mencionado le otorgó un poder al abogado para que lo representara en un proceso judicial adelantado por la Fiscalía Treinta y Cinco de la Unidad Local de Puerto Asís(68).
Y, no se pierda de vista la actividad desplegada por Guzmán Orjuela dirigida a obstaculizar la declaración que el magistrado auxiliar comisionado le tomaba a Wilson Paternina Zuluaga, hermano medio del odontólogo y ahora representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Luis Fernando Ochoa Zuluaga, así como el pertinaz e impertinente interés evidenciado por el testigo aludido consistente en entrevistarse con el abogado mencionado cuando ya se había instalado la ritualidad.
6.13. Y es que de tal revelación esencial (vínculo entre Guzmán Orjuela y el representante Ochoa Zuluaga) se desprenden una serie de situaciones y relaciones de índole personal y político cuya nota característica común es la antipatía e indisposición hacia Rivera Flórez.
En efecto, Ruperto Enrique Mena Cárdenas, Miller Yobany Ortega Riazcos, Adrián Alejandro Revelo Jurado, el sacerdote Édgar Omar Parra Clavijo, Hugo Adrián Corrales Gallego y Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, se refirieron de manera expresa a las tensiones y contradicciones personales y políticas que se han verificado entre Rivera Flórez y Ochoa Zuluaga y que, hoy, prácticamente son un hecho notorio en el departamento del Putumayo. Incluso, los involucrados reconocieron la existencia de dichas situaciones.
Tales tiranteces, aunque parezca insólito, tuvieron su origen en un motivo tonto, baladí o intrascendente relacionado con el lanzamiento de una piedra a la residencia de Ochoa Zuluaga por parte de una persona relacionada con Rivera Flórez (en presencia de éste), pero luego, con el desempeño público de los involucrados, tomaron mayor relevancia y significación.
Incluso, existe un registro de un programa radial de la emisora Putumayo Estéreo llamado “hablemos de nuestro Putumayo” en el que se exteriorizaron desafíos e impetuosas oposiciones entre el indiciado y Ochoa Zuluaga. En dicho escenario, éste criticó fuertemente la posición que Rivera Flórez asumió respecto a la captadora ilegal DMG (ya destacada). Recálquese que de la existencia de dicha situación dio cuenta Revelo Jurado.
Además, mediante declaración juramentada con fines extraprocesales, el periodista Jairo Figueroa Gutiérrez señaló que
“En el mes de julio del año 2009 en las instalaciones de la emisora Putumayo Stereo, escuche de boca del señor Luis Fernando Ochoa, que el vería al doctor Guillero Rivera, en La cárcel porque él le reviviría la parapolítica”(69).
Por otro lado, según lo informó Revelo Jurado, Ochoa Zuluaga ha sido el principal soporte político del destituido gobernador del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán Mendoza. Más aún, conforme a lo manifestado por el mismo testigo, se supo que en el departamento aludido el primero mencionado ejerce la política de manera directa y por conducto de terceras personas, entre ellas, el sancionado funcionario.
Tal comentario es validado por Mauro Edilvio Toro Peteví quien indicó que Ochoa Zuluaga fue el ideólogo y patrocinador de la campaña a la gobernación del departamento del Putumayo de Guzmán Mendoza y que, por ende, cuando éste accedió a dicha posición oficial de poder del orden regional aquél tuvo el manejo real y que en dicho contexto se separó a la iglesia católica (diócesis) de la prestación del servicio de educación contratada, la cual fue otorgada a la denominada “Unión Temporal Las Cajas”, integrada por la Caja de Compensación Familiar del Putumayo (Comfamiliar) y Cafam y representada legalmente por el congresista mencionado (Ochoa Zuluaga) cuando regentaba la primera de tales entidades.
De dicha variación en la operación de la educación privada (segmento no cubierto por la oficialidad) dieron cuenta Parra Clavijo, Noguera Yepes, Vitery y los propios Ochoa Zuluaga y Guzmán Mendoza. Además, los tres primeros mencionados se refirieron a los deficientes y cuestionables resultados de la modificación.
Y, es justamente en el ámbito de la prestación del servicio de educación en el Putumayo por parte de operadores privados en el que se configuró uno de los puntos de tirantez más álgidos e intrincados entre Rivera Flórez y la administración departamental personificada por Guzmán Mendoza, amigo inveterado de Ochoa Zuluaga (durante 25 años según lo informado por éste). Adicionalmente, lo propio ocurrió con el tema de la salud departamental.
Así, pierde contundencia y trascendencia lo señalado por Guzmán Mendoza en el sentido que las relaciones entre él y Rivera Flórez se problematizaron desde que conformó su gabinete departamental.
Determinar si las críticas exhibidas en diversos escenarios(70) por Rivera Flórez tienen o no asidero o sustento es una precisión ajena a la presente competencia funcional de la Corte y, por ende, improcedente en el marco de esta determinación.
Sin embargo, lo que si resulta relevante para el análisis que viene de hacerse es que varios testigos, a saber, Hugo Danilo Jurado Burbano, Revelo Jurado, Parra Clavijo y Vitery, encontraron una innegable relación entre la concreción de críticas a la administración departamental de Guzmán Mendoza y la aparición en un lóbrego pasquín denominado “El Pulso, periódico popular investigativo” (el cual circuló física y virtualmente en el Putumayo), de la que, por supuesto, no pudo escapar el representante Rivera Flórez.
Planteado de otra manera, dichos ciudadanos señalaron que aquéllos que se atrevieron a cuestionar el proceder oficial del gobernador Guzmán Mendoza, incluyendo Rivera Flórez, el contralor departamental Carlos Eduardo Hidalgo Patiño y el sacerdote católico Édgar Omar Parra Clavijo, tuvieron una figuración en dicha publicación.
Pero, ¿cuál fue el tenor o el sentido de dichas apariciones?
De manera genérica, Ortega Riazcos se refirió a dicha publicación como el “pasquín de la calumnia”, Revelo Jurado como un “destiladero terrible” y Noguera Yepes como “pasquín asqueroso”.
Concretamente, Parra Clavijo informó que en tal folleto fue registrado como pedófilo y que dicha práctica obedecía a una tendencia a señalar de manera injustificada y a hablar de todo el mundo sin sostenerlo. Imperioso se ofrece destacar que el primero de tales comentarios se valida con la revisión de la edición de mayo-junio de 2009 de “El Pulso”(71).
Por lo demás, el contralor Carlos Eduardo Hidalgo Patiño aparece referenciado en la edición de septiembre de 2009 como protagonista de una supuesta grabación de corrupción, en una caricatura y en un morboso montaje fotográfico(72).
Al parecer, el registro de audio aludido es al que refiere el destituido gobernador Guzmán Mendoza relacionándolo con un supuesto ofrecimiento efectuado por Ricardo Parades, sobrino del contralor que se desempeñó como secretario de gobierno y asesor del despacho, de ayudarle en los trámites fiscales que se adelantaban contra él por dos temas (juguetes de madera y viáticos) a cambio de un contrato en Selvasalud y la asignación de una cuota burocrática para el tío (Hidalgo Patiño).
Establecer si dicha situación tiene relevancia para el derecho penal no hace parte del objeto de esta providencia. Así las cosas, se expedirá copia de la declaración que Guzmán Mendoza rindió el 29 de marzo de 2011 (audios y acta), con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, para lo de su cargo.
Retomando el análisis principal, el sociólogo y politólogo Vásquez Delgado, quien, se recuerda, llevó a cabo trabajos de campo en el departamento del Putumayo, indicó que la actividad de señalamiento injustificado (referida por Parra Clavijo a propósito de “El Pulso”) es la manifestación o el desarrollo de una estrategia política consistente en “enredar” jurídicamente al contendor y de neutralizarlo o atarlo electoralmente “al grado 0”.
Establecer quién está detrás de la publicación referida conlleva el despliegue de una específica gestión de exploración extraña a esta investigación previa y, por ende, a esta providencia.
Por el momento, lo significativo es destacar que cuando Rivera Flórez cuestionó la administración departamental de Guzmán Mendoza y le pidió a la fiscalía indagar sobre las actividades de DMG fue publicada en “El Pulso” la carta por cuyo medio el indiciado solicitó lo que viene de referirse, así como la denuncia firmada por Óscar Fabián Peñafiel Campo.
Respecto del tema de la captadora ilegal, se sostuvo de manera contraevidente y descarada que el representante Rivera Flórez “se dedica a desprestigiar a las personas de bien que hacen algo significativo por nuestro departamento”. Además, se indicó que la decisión inicial de inhibición que luego sería objeto de revocatoria oficiosa se profirió por “falta de diligencia de las altas cortes, quienes habrían recibido una fuerte suma de dinero”.
De esta manera, se dotan de sentido y coherencia las percepciones exteriorizadas por Aura Nelsy Peñafiel Campo y por el sacerdote Édgar Omar Parra Clavijo relacionadas con el motivo de este proceso como “un problema entre dos políticos” y con el ambiente institucional enrarecido en el departamento del Putumayo, respectivamente.
6.14. Para ir sintetizando, la revisión integral y cuidadosa del expediente deja en evidencia una patente animosidad dirigida a perjudicar judicialmente a todo trance, vale decir, de manera decidida, al representante a la Cámara Rivera Flórez.
Eso es justamente lo que se desprende de la presentación persistente de denuncias anónimas (que fueron incorporadas al presente radicado), contentivas de graves acontecimientos cuya atribución a Rivera Flórez no resultó posible validar en este escenario judicial, pese al despliegue de una estructurada y dispendiosa actividad de verificación.
En este punto, necesario se ofrece señalar que no fue viable precisar la existencia de Adrián de Jesús Revelo Londoño(73), quien, se recuerda, en un escrito que ahora se sabe es anónimo, se refirió a Rivera Flórez como “Narcoparamilitar”.
6.15. Retomando el análisis principal, la nota característica de la presente actuación fue el incógnito señalamiento y, para completar el cuadro, la información suministrada por el único que dio la cara para incriminar, es decir, Óscar Fabián Peñafiel Campo, aparece seriamente comprometida por la falta de coherencia intrínseca y extrínseca de su dicho, tal como ya se concretó, y por sus vínculos demostrados con el abogado Guzmán Orjuela, así como con el representante Luis Fernando Ochoa Zuluaga.
Respecto del segundo factor de análisis del dicho del denunciante (relaciones), se tiene que Guzmán Orjuela, evocando la condición de apoderado de Óscar Fabián Peñafiel Campo y de su compañera sentimental María Luisa Narváez Díaz, ciudadanos que, como se sabe, aparecen registrados en esta actuación como denunciante y testigo que no fue posible escuchar, respectivamente, a través de un memorial(74), especificó solicitudes probatorias y transcribió apartes de declaraciones y notas periodísticas que comprometían a confesos paramilitares, haciéndolas objeto de comentarios personales.
Resáltese que la revisión de los correspondientes poderes(75) permitió advertir que las rúbricas de los citados no fueron objeto de autenticación mediante comparecencia personal en la secretaría de la Sala o ante un notario de cualquier círculo, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 del mismo estatuto, aplicables por virtud del principio de integración derivado del artículo 23 de la Ley 600 de 2000, en la medida en que la norma expresa, vale decir, el artículo 132, ibídem, se refiere a la solemnidad que debe acompañar el otorgamiento de poder por parte del sujeto pasivo del procedimiento penal y no del denunciante o del testigo.
Al margen de dicho defecto formal, lo cierto e indiscutible es que la situación comentada evidencia el vínculo existente entre Guzmán Orjuela y Peñafiel Campo.
Además, Peñafiel Campo aparece inscrito en el décimo renglón de la lista 1 de la consulta popular interna del partido Liberal del 27 de septiembre de 2009 para el Consejo Municipal de Juventudes de Puerto Asís(76). Dicha plancha fue promovida por Ochoa Zuluaga, tal como lo reconocieron varias personas, entre ellas el inscriptor Hipólito Garzón Jiménez(77), y consta en intervenciones radiales del impulsador.
Ante la contundencia demostrativa de dicho escenario, en realidad resulta curioso que en este trámite ni Wilson Paterina Zuluaga, líder de la lista según lo informado por Garzón Jiménez, ni Ochoa Zuluaga, promotor de la misma, hubieran admitido conocer a Peñafiel Campo.
Por otro lado, se cuenta con testigos que ubican a María Luisa Narváez Díaz, compañera sentimental de Peñafiel Campo, trabajando en una de las sedes políticas de Ochoa Zuluaga en Puerto Asís y a Aura Nelsy Peñafiel Campo, hermana del denunciante, promoviendo la campaña al Congreso de la República del mencionado. Dicha ciudadana, además, fue contratada por la gobernación del Putumayo, regentada por Guzmán Mendoza (amigo y pupilo político de Ochoa Zuluaga)(78).
En definitiva, el dicho de Peñafiel Campo no merece credibilidad en cuanto a que las contradicciones e inconsistencias en las que incurre se aprecian superlativas y sus relaciones personales tornan poco objetivos sus señalamientos.
6.16. Es preciso señalar que la postura defensiva del representante a la Cámara Rivera Flórez, consistente en negar los vínculos con el paramilitarismo en el departamento del Putumayo, se aprecia coherente, acorde o relacionada con el hecho de haber solicitado la judicialización de Peñafiel Campo por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, proceso que cursa en la Fiscalía Seccional Doscientos Catorce de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá(79) y al que se allegará copia de esta providencia para lo que sea del caso.
6.17. Si lo anterior es así, como en efecto lo es, posible se ofrece precisar que la segunda arista investigativa, consistente en la presunta asociación entre Rivera Flórez y la estructura paramilitar que operaba en el departamento del Putumayo, fue descartada en el presente evento.
Por lo demás, como de dicha hipótesis estriba la prédica de validez de las dos restantes, vale decir, el régimen de contraprestaciones mutuas derivado de la verificación de dicha alianza y los beneficios vinculados a tal componenda (que tampoco fue posible validar), tal como ya se especificó, viable resulta señalar que la variada información que a manera de denuncia provenía de diversas fuentes no pudo ser confirmada.
Planteado de otra manera, en este evento tan sólo fue posible probar que en el ente territorial referido tuvo asiento un grupo paramilitar pero no que el congresista Rivera Flórez se asociara con dicho aparato organizado de poder ni mucho menos especificar el régimen de contraprestaciones recíprocas que se desprende de tal pacto ni las consecuentes ventajas.
Así, la notitia criminis se constituye en un elemento aislado desde el punto de vista probatorio, cuyos múltiples componentes se encuentran desprovistos de confirmación.
7. Cambiando de óptica, acentúese que la praxis judicial viene evidenciado que, por lo general, los líderes y comandantes de las autodefensas o los individuos que se ubicaron en otros niveles más bajos, conocen quiénes formaban parte de las estructuras, las personas que colaboraban sobresalientemente con su causa marginal y los individuos que, por tener una prominente posición en la sociedad, se reunieron de manera permanente u ocasional con ellos con el objeto de tratar un específico asunto.
Sin embargo, no toda la información que se deriva de sus dicciones debe aceptarse de manera automática e irreflexiva. No, tan solo deben correr tal suerte los datos que apoyados en presupuestos argumentativos observantes de las reglas de la sana crítica resulten ser convergentes, relacionados y concordantes con el resto del conjunto probatorio.
8. Conforme a lo que viene de analizarse y para ir concluyendo, en el sentir de la Sala, no se satisfacen los postulados señalados en el artículo 331 de la Ley 600 de 2000 que viabilicen la apertura de investigación formal.
Así, imperioso se ofrece aplicar la preceptiva contenida en el artículo 327 del mismo estatuto procesal, en la medida en que, en este momento, no fue posible especificar la presunta responsabilidad del representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Putumayo Guillermo Abel Rivera Flórez en los acontecimientos que fueron objeto de escrupulosa exploración.
En consecuencia, una vez adquiera firmeza procesal la presente determinación, se procederá con el archivo del expediente.
9. Ello, por supuesto, no es óbice para que en el evento que se verifiquen los presupuestos de índole demostrativos contenidos en el artículo 328 de la obra referida, se proceda con la revocatoria oficiosa o provocada de la providencia inhibitoria.
10. Finalmente, por secretaría de la Sala y con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, se expedirán copias de las declaraciones rendidas por Mauro Edilvio Toro Peteví y Felipe Alfonso Guzmán Mendoza (archivos de audio y actas) para que, en el escenario natural, se determine si las situaciones narradas por ellos que, al parecer, comprometen al abogado Juan Carlos Guzmán Orjuela y a Ricardo Parades, sobrino del contralor departamental Carlos Eduardo Hidalgo Patiño, respectivamente, cobran relevancia para el derecho penal.
Además, por la misma dependencia, se remitirá copia de esta providencia con destino al proceso que por falsa denuncia contra persona determinada cursa en la Fiscalía Seccional Doscientos Catorce de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá respecto de Óscar Fabián Peñafiel Campo (identificado con el número 110016001297200900082) y al trámite disciplinario que se debe estar adelantando en contra del abogado Juan Carlos Guzmán Orjuela, con fundamento en la decisión proferida por la Sala el 31 de marzo de 2011.
1. Inhibirse de iniciar investigación penal en contra del representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Putumayo Guillermo Abel Rivera Flórez, de conformidad con lo expuesto en la motivación.
Y, una vez en firme esta decisión, disponer el archivo del expediente.
2. Puntualizar un mensaje de preocupación judicial por la evidencia hallada en el presente trámite relacionada con la vigencia y actualidad de la actividad delincuencial organizada en el departamento del Putumayo enfocada al narcotráfico.
En consecuencia, exhortar a la Gobernación del Putumayo, a la Dirección de la Policía Nacional, al Comandante General del Ejército y a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, desarrollen las acciones que correspondan respecto de dicha situación y expedir copias a la última de tales entidades (Fiscalía General de la Nación) de la declaración de Vásquez Delgado y del informe del 26 de abril de 2011(80) con el propósito de que se inicien las labores de verificación así como las investigaciones a las que haya lugar.
3. Expedir copias de las declaraciones rendidas por Mauro Edilvio Toro Peteví y Felipe Alfonso Guzmán Mendoza (archivos de audio y actas) con destino a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que, en el escenario natural, se determine si las situaciones narradas por ellos que, al parecer, comprometen al abogado Juan Carlos Guzmán Orjuela y a Ricardo Parades, sobrino del contralor departamental Carlos Eduardo Hidalgo Patiño, respectivamente, cobran relevancia para el derecho penal.
4. Remitir copia de esta providencia con destino al proceso que por falsa denuncia contra persona determinada cursa en la Fiscalía Seccional Doscientos Catorce de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá respecto de Óscar Fabián Peñafiel Campo (identificado con el número 110016001297200900082) y al trámite disciplinario que se debe estar adelantando en contra del abogado Juan Carlos Guzmán Orjuela, con fundamento en la decisión proferida por la Sala el 31 de marzo de 2011.
Contra esta providencia procede el recurso de reposición única y exclusivamente respecto a lo resuelto en el numeral primero.
(13) Distribuciones y Representaciones Líder limitada.
(14) Ante la ejecutoria de orden formal, más no material, de la providencia inhibitoria.
(15) “Ernesto Báez” se refiere a ella y manifiesta que a Palacios Palacio lo vio sólo esa vez en el apartamento del comandante “Rafa”, quien en su presencia “comprometió su palabra para ayudarle política y económicamente en la campaña”, pero que él no tuvo interés alguno en intervenir en política en esa región a favor de uno u otro candidato (declaración, oct. 3/2006, fls. 279 a 285 del cdno. original 1).
(16) Declaración del 5 de junio de 2008, minuto 18:47 y 42:03.
(17) Asegura que la conversación fue antes de octubre de 2005 y que la grabó para preconstituir prueba ante los actos de corrupción que se venían presentando en el Putumayo. Confrontar sentencias de casación del 12 de septiembre de 2003, Radicación 17714 y del 9 de febrero de 2006, Radicación 19219, acerca de la legalidad de dicho elemento de convicción.
(18) Folios 138 a 161 del cuaderno original 1.
(19) Ruperto Enrique Mena Cárdenas, Julio Gilberto Quiñónez Cuellar, Adrián Alejandro Revelo Jurado, Manuel Jair Zúñiga Bravo, Jaime Armando Erazo Villota, Guillermo Rivera Casanova, Jesús Fernando Checa Mora y Luis Fabián Getial Chávez.
(20) Así lo certificó la registradora principal de instrumentos públicos de Mocoa Putumayo; fl. 162.
(21) Henry Manuel Rodríguez Guerrero, William Orlando Galarza Mera y Dayra Niriyeth Riascos Jiménez. En su declaración de 6 de junio de 2008, Juan Bautista Ordóñez confirma ese hecho.
(22) Franco Tulio Quiroz Bastidas, mayordomo de la finca de propiedad de Luz Ángela Flórez de Rivera —madre del congresista— y su esposa María Rosalba Andrade Mora, en declaraciones rendidas el 5 de junio de 2008, ratifican tal afirmación.
(23) Edición 1268 del 21 al 28 de agosto de 2006.
(24) Septiembre 4 de 2006.
(25) Folio 269 del cuaderno original 2.
(26) Declaración del 6 de junio de 2008, minutos 4:58 y 8:31.
(27) Declaración del 6 de junio de 2008, minuto 5:38.
(28) Según el director seccional de fiscalías se incautaron 200 millones de pesos y por ese hecho la Fiscalía 9 Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM adelanta la correspondiente investigación.
(29) Declaración del 11 de mayo de 2010.
(30) Folios 53 y siguientes del cuaderno anexo original 3.
(31) Del 26 de agosto de 2010.
(32) Folios 70 a 235 del cuaderno original 5.
(33) Vásquez Delgado ha llevado a cabo trabajos de campo en el departamento del Putumayo desde el año 1996.
(34) Declaración del 26 de agosto de 2010.
(35) Versión libre del 10 de mayo de 2010.
(36) Declaración del 29 de marzo de 2011.
(37) Folio 101 del cuaderno original 8.
(38) Dicha grabación corresponde al registro 1 del disco compacto aportado con la denuncia. Corresponde a un programa radial de Putumayo Estéreo que cubrió el acto de desmovilización de las autodefensas. José Vicente Gallón Cañas también la conserva y la aportó a la actuación en su declaración del 11 de diciembre de 2007 (minuto 25:18).
(39) En declaración del 18 de diciembre de 2007 Osorio Ríos dijo no recordar haber hecho esa manifestación (minuto 16:37).
(40) La grabación original la entregó el declarante a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia (declaración del 11 de diciembre de 2007, minutos 8:49 y 15:57).
(41) Declaración del 8 de septiembre de 2010.
(42) Folios 100 y siguientes del cuaderno original 8.
(43) Folio 296 del cuaderno original 4.
(44) Folio 212 del cuaderno anexo 3.
(45) Folio 292 del cuaderno original 4.
(46) Folio 290, ibídem.
(47) Folio 23 del cuaderno original 6.
(48) Folio 21, ibídem.
(49) Minutos 5:50 y siguientes.
(50) Folios 202 y siguientes del cuaderno original 4.
(51) Folios 68 y 69 del cuaderno original 8.
(52) Folio 73 del cuaderno anexo original 3.
(53) Declaración del 19 de mayo de 2010.
(54) Folio 65 del cuaderno anexo original 3.
(55) Folios 66 y 67, ibídem.
(56) Declaración del 24 de agosto de 2010.
(57) Declaración del 1º de septiembre de 2010.
(58) Declaración del 8 de septiembre de 2010.
(59) Folios 107 y siguientes del cuaderno original 8.
(60) Folio 24 del cuaderno original 1.
(61) Folios 25 y 26, ibídem.
(62) Folio 27, ibídem.
(63) Folio 30, ibídem.
(64) Minutos 25:03 y siguientes y 28:28 y siguientes del archivo 1 de la declaración de Wilson Paternina Zuluaga.
(65) Folios 274 y siguientes del cuaderno original 6.
(66) Folios 235 y siguientes, ibídem.
(67) Folios 212 y siguientes, ibídem.
(68) Folio 211, ibídem.
(69) Folio 31 del cuaderno original 4.
(70) Congreso de la República y medios de comunicación.
(71) Folio 34 del cuaderno anexo original 3 y 53 y siguientes del cuaderno original 7.
(72) Folios 39 y siguientes del cuaderno anexo original 3.
(73) Folios 187 y 188 del cuaderno original 4.
(74) Visible a folios 174 y siguientes del cuaderno original 6.
(75) Folios 182 y 188, ibídem.
(76) Folio 185 del cuaderno anexo original 3.
(77) Minuto 36:51 de la declaración del 18 de mayo de 2011.
(78) Folios 16 al 19 del cuaderno original 6.
(79) Folio 175 del cuaderno original 4.
(80) Folios 100 y siguientes del cuaderno original 8.