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Timestamp: 2017-04-28 02:45:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8']

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el "Boletín Oficial de Castilla y León" de: "Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010".
n�m. 30 de 14 de febrero de 2011
Vigencia desde 14 de febrero de 2011. Esta revisi�n vigente desde 14 de febrero de 2011.
ANEXO. Convenio de colaboración entre la administración general del estado y la comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010.
Segunda. Desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa.
Cuarta. Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal.
Quinta. Aportaciones de la Administración General del Estado.
Sexta. Aportaciones de la Comunidad Autónoma.
Séptima. Pago de las aportaciones de la Administración General del Estado.
Octava. Justificación de Gastos por la Comunidad Autónoma.
Novena. Información y estadística.
Décima. Comisión de Seguimiento.
Undécima. Publicidad y difusión.
Décimotercera. Causas de resolución.
Décimocuarta. Naturaleza y régimen jurídico.
Décimoquinta. Orden jurisdiccional.
ANEXO I. Al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010.
ANEXO II. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situción de dependencia estado de ejecución del ejercicio 2010.
En virtud del artículo 9.1 del Decreto 30/2010, de 19 de agosto, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, esta Dirección General ordena la publicación íntegra de: Convenio de colaboración entre la administración general del estado y la comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010, (N.º 2010/1/63), que figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 26 de enero de 2011.
La Directora General, Fdo.: María De Diego Durántez.
En Madrid, a 22 de diciembre de 2010.
De una parte, D.ª Leire Pajín Iraola, Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, nombrada por Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre (B.O.E. número 255, de 21 de octubre), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De otra parte, D.ª Purificación Causapié Lopesino, Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), nombrada por Real Decreto 22/2010, de 8 de enero (B.O.E. número 8, de 9 de enero de 2010), en nombre y representación del IMSERSO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. César Antón Beltrán, como Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades y Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 11/2007, de 2 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 128, de 3 de julio de 2007), en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y en el artículo 12 de su Reglamento General, aprobado por Decreto 2/1998, de 8 de enero.
Las partes intervienen en nombre y representación de sus respectivas Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen, y al efecto, EXPONEN
Que dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad tiene asignada la dirección de las políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, en virtud de lo establecido por el Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Asimismo, el Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social, atribuye a la Secretaría General de Política Social y Consumo la articulación de la participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
Que dentro del citado Ministerio, y adscrito a la Secretaria General de Política Social y Consumo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, (en adelante IMSERSO), tiene atribuida la gestión de los Servicios Sociales complementarios del Sistema de la Seguridad Social así como la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y personas en situación de dependencia, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece su estructura orgánica y funciones.
Que la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con su Estatuto de Autonomía, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de ello, ha desarrollado proyectos de atención y cuidado de las personas mayores y personas con discapacidad, en situación de dependencia y ha creado recursos e infraestructuras para ello en colaboración con la Administración General del Estado, con el fin de mejorar la atención de las personas que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria y mantener un determinado nivel de calidad de vida.
Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, al configurar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece tres niveles de protección: el nivel mínimo de protección, cuya financiación le corresponde a la Administración General del Estado; el nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas, que será financiado por ambas administraciones, a través de los convenios a que se refiere el artículo 10 de la citada Ley; y el nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
De esta forma, los citados convenios se configuran como el instrumento a través del cual las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan los objetivos, medios y recursos en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa acordado en el Consejo Territorial del SAAD.
Que el Consejo Territorial del SAAD, en uso de las funciones que le atribuye el artículo 8.2 a de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha acordado, en su reunión del día 1 de junio de 2010 el Marco de Cooperación Interadministrativa, estableciendo criterios de reparto para la financiación del nivel acordado durante el período de 2010 a 2013, y que es necesario desarrollar a través de los convenios citados.
El desarrollo del citado Marco comporta la concreción de las obligaciones asumidas por la Administración General del Estado y por la Administración de las Comunidades Autónomas, para la financiación de las prestaciones y servicios del Sistema, a cuyo efecto los convenios deben incorporar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley, criterios de reparto en función de población dependiente, dispersión geográfica, insularidad, emigrantes retornados y otros factores. Como otros factores, y para el citado período 2010-2013 se ha tomado en consideración como criterios de reparto la superficie, datos de la gestión llevada a cabo por las Comunidades Autónomas (dictámenes de grado y nivel de dependencia, Programas Individuales de Atención, y prestaciones de servicios reconocidas, todo ello según los datos registrados en el SISAAD a fecha uno de julio del 2010), la capacidad económica y el coste de los servicios, así como el grado de aplicación en cada Comunidad Autónoma de los diferentes Acuerdos adoptados en el seno del Consejo Territorial del SAAD (en función de la formación de los cuidadores no profesionales, y la transposición de los citados acuerdos a la normativa autonómica).
Que como consecuencia de las previsiones legales descritas, el Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2010 (B.O.E. n.º 75, de 27 de marzo de 2010) ha establecido las cantidades que la Administración General del Estado aporta en este nivel de protección para cada beneficiario del Sistema en dicho ejercicio.
Que en cumplimiento del mandato establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la Administración General del Estado ha incluido en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (B.O.E. n.º 309, de 24 de diciembre de 2010) los créditos para participar en la financiación del nivel acordado mediante la celebración de convenios con las Administraciones de las Comunidades Autónomas. En el mismo sentido, en los presupuestos del IMSERSO para el ejercicio 2010 se han previsto cantidades destinadas a la financiación del nivel acordado de protección.
Que, por su parte, la Comunidad de Castilla y León ha dispuesto en sus presupuestos correspondientes al año 2010 créditos para la atención a las personas en situación de dependencia en aplicación de lo previsto en el artículo 32 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en articulo 6 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en representación de la Administración General del Estado, el IMSERSO, y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en representación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las siguientes, CLÁUSULAS
1. El presente convenio desarrolla el Marco de Cooperación Interadministrativa aprobado por el Consejo Territorial del SAAD, en fecha 1 de junio de 2010 (Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia}, B.O.E. n.º 176 de 21 de julio de 2010), con la finalidad de acordar los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones previstos en el Título I Capítulo II de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El objeto del convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas por cada una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección acordado previsto en el artículo 7.2 de la citada Ley.
2. Asimismo el presente convenio tiene por objeto contribuir a la financiación, mediante el establecimiento de una cantidad especifica para esta finalidad, de los gastos de gestión del Sistema, singularmente los derivados de la valoración de la situación de dependencia y apoyo para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia, así como los gastos derivados de la acreditación de centros y servicios, y los programas de formación de los cuidadores no profesionales, conforme a lo previsto en el Anexo I que se adjunta al presente convenio.
La Administración General del Estado, de conformidad con el acuerdo del Consejo Territorial de fecha 1 de junio de 2010 por el que se aprueba el Marco de Cooperación Interadministrativa y los criterios de reparto de los créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, colaborará con la Comunidad de Castilla y León mediante la participación en la financiación de la aplicación y desarrollo del nivel acordado del SAAD en esta Comunidad.
La Administración General del Estado, a través del IMSERSO aportará veintidós millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un euros (22.639.331 €).
La Comunidad de Castilla y León aportará doscientos treinta y cinco millones trescientos sesenta mil seiscientos sesenta y nueve euros (235.360.669 €).
Dichas aportaciones se realizarán según los términos y condiciones que se regulan en las cláusulas siguientes.
1. La provisión de los servicios y prestaciones del SAAD gestionados por la Comunidad de Castilla y León se ajustará a los acuerdos adoptados por el Consejo Territorial a este respecto, y en particular a lo establecido en el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 2. En el Anexo I del presente convenio se establecen los servicios y prestaciones nuevos que serán objeto de financiación con cargo al presente convenio para hacer frente a la cobertura de las necesidades de atención de las personas valoradas con el Grado III de Gran Dependencia y con el Grado II de Dependencia Severa.
3. En relación con la aplicación de la prestación económica vinculada al servicio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se reconocerá una prestación económica de carácter personal vinculada a la adquisición del servicio en un centro debidamente acreditado y previsto en el programa individual de atención.
4. Los servicios y prestaciones del SAAD se financiarán con el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del SAAD, que será, de acuerdo con lo que se establece en el mencionado Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, de doscientos sesenta y seis euros con cincuenta y siete céntimos (266,57 €) para el Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2; de ciento ochenta y un euros con veintiséis céntimos (181,26 €) para el Grado III, Gran Dependencia, Nivel 1; de ciento tres euros con dos céntimos (103,02 €) para el Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2; y de setenta euros con setenta céntimos (70,70 €) para el Grado II, Dependencia Severa, Nivel 1. La financiación de este nivel será asumida íntegramente por la Administración General del Estado en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
5. Para financiar los servicios y prestaciones correspondientes al nivel de protección acordado durante el año 2010, la Administración General del Estado aportará la cantidad de veintidós millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un euros (22.639.331 €), incrementando el nivel mínimo de protección a que se refiere el apartado anterior.
6. La Comunidad de Castilla y León, por su parte, aportará al menos la misma cantidad que la Administración General del Estado en ambos niveles.
7. Las cantidades a que se refiere el apartado 5 de esta cláusula podrán también destinarse a contribuir a la financiación de los gastos derivados del sistema de valoración de la situación de dependencia, así como de los gastos de apoyo a la gestión para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia con el límite, para ambas finalidades, del ocho por ciento de las cantidades previstas en el apartado 5 de esta cláusula.
8. Asimismo, las cantidades a que se refiere el apartado 5 de esta cláusula se podrán aplicar a la financiación de los gastos derivados de la acreditación de centros y servicios, así como de programas de formación de los cuidadores no profesionales.
9. Para determinar la capacidad económica de los beneficiarios, la Comunidad de Castilla y León aplicará su propia legislación en esta materia, ajustándose al contenido del Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Resolución de 2 de diciembre de 2008, B.O.E. n.º 303, de 17 de diciembre). Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las reglas especiales para valorar las disposiciones patrimoniales a los efectos de la determinación de la capacidad económica de los solicitantes de prestaciones por dependencia, previstas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Comunidad de Castilla y León acuerdan que, con cargo a los créditos a que se refiere la cláusula tercera, apartado 5, se puedan financiar ayudas económicas a las personas en situación de Gran Dependencia y Dependencia Severa, para facilitar su autonomía personal, de acuerdo con las previsiones que se establecen en el Anexo I del presente convenio.
1. La Administración General del Estado, a través del IMSERSO, aporta para el nivel acordado, como participación en la financiación del presente convenio, la cantidad total de veintidós millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un euros (22.639.331 €) con cargo a la aplicación económica 31.34.451.2 (Capítulo IV).
2. Asimismo, el IMSERSO, mediante el correspondiente convenio suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social, se hará cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
1. La Comunidad de Castilla y León, con cargo a sus propios presupuestos aporta para la financiación del presente Convenio la cantidad total de doscientos treinta y cinco millones trescientos sesenta mil seiscientos sesenta y nueve euros (235.360.669 €), de acuerdo con la distribución siguiente:
Con cargo a los Capítulos I, II y IV, la cantidad de doscientos treinta y cinco millones trescientos sesenta mil seiscientos sesenta y nueve euros (235.360.669 €).
2. Todo ello sin perjuicio de la cantidad que le corresponda para que su aportación sea al menos igual a la que haya realizado la Administración General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
1. El pago de las aportaciones que corresponden a la Administración General del Estado con el objeto de financiar la aplicación y desarrollo del nivel acordado en la Comunidad de Castilla y León correspondiente al año 2010, se lleva a cabo de conformidad con lo previsto en el punto 4.5 del Acuerdo del Consejo Territorial del SAAD de fecha 1 de junio de 2010.
2. Las cantidades correspondientes al nivel mínimo de protección previstas en la cláusula tercera, punto 4, se harán efectivas en la forma establecida en el artículo 3. 5 del Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero.
1. La justificación de los compromisos derivados del presente convenio de colaboración para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa y de la financiación del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, se realizará por la Comunidad de Castilla y León una vez finalizado el ejercicio 2010 y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio 2011.
2. A tal efecto, la Comunidad de Castilla y León remitirá al IMSERSO un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones económicas del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. El citado estado de ejecución se materializará en un Certificado firmado por el titular del centro directivo que gestione los créditos incluidos en este convenio y adverado por el interventor, de acuerdo con el modelo de estado de ejecución que se adjunta como Anexo II al presente convenio.
3. Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se encuentren en poder de la Comunidad Autónoma, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a la Comunidad Autónoma.
Ambas partes acuerdan facilitar la información que sea necesaria sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en la Comunidad Autónoma, que en todo caso deberá ajustarse a los objetivos y contenidos de la información recogidos en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Resolución de 4 de noviembre de 2009, B.O.E. n.º 286, de 27 de noviembre de 2009), y a los datos esenciales a que se refiere el artículo 37.2. de la mencionada Ley.
1. La organización y supervisión de las actividades correspondientes al presente convenio de colaboración, son competencia de la Comunidad de Castilla y León, la cual, a los efectos de lo establecido en el apartado siguiente, informará de sus actuaciones a un equipo designado por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma.
2. Dicho equipo actuará como Comisión de Seguimiento del Convenio con funciones de vigilancia, interpretación y control de lo pactado, así como de evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes firmantes. Su funcionamiento será el establecido, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su composición, que será paritaria, estará integrada por los siguientes miembros:
Un representante designado por la Secretaría General de Política Social y Consumo.
Por parte de la Comunidad de Castilla y León:
Tres representantes designados por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
3. Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entienden sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de la Comunidad Autónoma en la ejecución de lo establecido en el presente Convenio.
La Comunidad de Castilla y León se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente convenio, la financiación efectuada por la Administración General del Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los servicios y prestaciones financiados de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado (B.O.E. n.º 230, de 25 de septiembre).
La duración del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2010 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.
2. En caso de resolución del convenio de colaboración por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Comunidad de Castilla y León, ésta deberá reintegrar al IMSERSO las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada Administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.
1. El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c de dicha norma. No obstante, los principios de dicha ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece el artículo 4.2 del mencionado texto legal.
2. Su régimen jurídico está regulado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 sobre Convenios de Colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En prueba de conformidad, firman el presente convenio de colaboración en triplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Fdo.: Leire Pajín Iraola.
Por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
La Directora General del IMSERSO,
Fdo.: Purificación Causapíe Lopesino.
Por la Comunidad de Castilla y León,
El Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: César Antón Beltrán
ServiciosAGEC.A.
Servicio de Prevención y Promoción Servicio de Teleasistencia�900.000,00 €�
Servicio de Ayuda a Domicilio�25.965.168,00 €�
Total Servicio 26.865.168,00 €
CentrosPlazas propiasPlazas Concertadas
Administración LocalTitularidad Privada
AGEC.A.AGEC.A.AGEC.A.
Servicio en Centro de Día y de NocheCentro de Día para mayores 65 años 7.000.000,00 € Centro de Día para menores 65 años 6.000.000,00 € Centro de Día de atención especializada 5.000.000,00 € Centro de Noche TOTAL CENTROS DE DIA Y DE NOCHE 18.000.000,00 € Servicio ResidencialMayores en situación de dependencia1.500.000,00€65.000.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €20.000.000,00 €
Personas dependientes con discapacidad 35.000.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €14.000.000,00 €
TOTAL RESIDENCIAS1.500.000,00€100.000.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €34.000.000,00 €
TOTA CENTROS DE DIA/NOCHE RESIDENCIAS1.500.000,00€118.000.000, 00€1.000.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €34.000.000,00 €
Prestaciones EconómicasAGEC.A.
Prestación económica vinculada servicio13.500.000,00 €32.133.776,00 €
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar5.639.331,00 €22.393.581,00 €
Prestación económica de asistencia personal 76.565,00 €
TOTAL19.139.331,00 €54.603.922,00 €
Otros gastosAGEC.A.
Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal Gastos de apoyo a la valoración Gastos de apoyo a la gestión 891.579,00 €
Gastos acreditación centros y servicios Gastos información y formación de cuidadores no profesionales TOTAL 891.579,00 €
COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA EL DESARROLLO DEL MARCO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PREVISTO EN LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA Y PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN ACORDADO PARA EL EJERCICIO 2010
D./D.ª.................................... Director/a General de ................................................... de la Comunidad de Castilla y León.
Que, según consta en los archivos de esta Comunidad Autónoma, se ha recibido de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 del IMSERSO, una aportación por importe total de veintidós millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un euros (22.639.331€), con cargo a la aplicación económica 31.34.451.2, siendo el estado de ejecución del ejercicio 2010 el que se especifica a continuación:
APORTACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EN CONCEPTO DE NIVEL ACORDADO: _________________ €
APLICACIÓN ECONÓMICA DEL PGEASIGNACIÓN (EUROS) (1)COMPROMISO DE CRÉDITO (2)OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)PAGOS REALIZADOS (4)REMANENTES (1-2)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (3-4)
31.34.451.2 APORTACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EN CONCEPTO DE NIVEL MÍNIMO (aplicac. econ. 31.34.451.1) : ________________ €
Que la aportación de la Comunidad de Castilla y León para la financiación del SAAD en el territorio de su competencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 32 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha sido al menos igual a la aportación total de la Administración General del Estado, de conformidad con lo establecido en el convenio suscrito con fecha ___________, para los fines previstos en el mismo, y de conformidad con lo previsto en el art. 3.1 del RD 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del SAAD garantizado por la Administración General del Estado.
Lugar y fecha: _______________ a ___ de __________ de 2011
V.º B.º EL INTERVENTOREL/LA DIRECTOR/A
(Firma y sello)(Firma y sello)
Fdo.: (Nombre y apellidos)Fdo.: (Nombre y apellidos)