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Timestamp: 2019-12-06 21:46:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 129', 'artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 86', 'artículo 86']

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Por mutación constitucional entendemos aquella modificación del ordenamiento al margen del procedimiento formal de reforma, permaneciendo en todo caso invariable el texto de las normas constitucionales. Analizaremos a continuación sus límites y tipos.
Tipos de mutaciones constitucionales
Límites de las mutaciones
Mutaciones constitucionales en la Constitución de 1978
La mutación se caracteriza por tratarse de una modificación del ordenamiento al margen del procedimiento formal de reforma, permaneciendo en todo caso invariable el texto de las normas constitucionales. Según Hesse, "una mutación constitucional modifica, de la manera que sea, el contenido de las normas constitucionales, de modo que la norma, conservando el mismo texto, recibe una significación distinta".
La mutación posee un carácter que la doctrina define como ambiguo, contradictorio y complejo, que hace difícil de obtener una definición definitiva. Laband y Jellinek consideran que la mutación constitucional (Verfassungshandlung) y la reforma constitucional (Verfassungsänderung) son conceptos mutuamente excluyentes, al tiempo que complementarios, puesto que en aquellos sistemas jurídicos en los que la reforma es periódica y no entraña recelo alguno, las mutaciones serán limitadas, mientras que en los ordenamientos en los que, por el contrario, las reformas se evitan, las mutaciones proliferarán.
Hsü Dau-Lin, en su obra clásica sobre el tema, distinguió cuatro tipos de mutaciones constitucionales:
a) Mutaciones debidas a prácticas políticas que no se oponen formalmente a la constitución escrita y para cuya regulación no existe norma constitucional. Según Jellinek, este tipo de mutación tiene como finalidad colmar lagunas constitucionales y representa la superación desde la praxis de los contenidos materiales del texto formal de la constitución. En el constitucionalismo norteamericano se ponen como ejemplo de este tipo de mutación tanto la Judicial Review of Legislation como la regla seguida hasta el mandato de Franklin Delano Roosevelt de que ningún presidente de los Estados Unidos podía ser reelegido más de una vez, y que, tras su muerte, fue incluida en la Constitución como enmienda vigésimo-segunda.
b) Mutaciones debidas a prácticas políticas en oposición abierta a los preceptos de la constitución. Se trata del tipo de mutación que más problemas comporta.
c) Mutaciones producidas por la imposibilidad del ejercicio, o por el desuso, de las competencias y atribuciones establecidas en la constitución. Jellinek alude a la mutación producida por el no ejercicio de derechos y competencias conferidas por la constitución y Hsü Dau-Lin entiende, por su parte, que si existe mutación, no es porque los derechos y competencias no se ejerciten, sino porque, aunque se deseara ejercitarlos, la práctica política y las exigencias de la realidad lo impedirían. El ejemplo clásico de este tipo de mutación es la no utilización del poder de disolución que las Constituciones francesas de la III y IV República otorgaban al Presidente de la República y que éste nunca utilizó, consagrando así en la práctica el principio de supremacía parlamentaria.
d) Mutaciones producidas a través de la interpretación de los términos de la Constitución, de tal modo que los preceptos adquieren un contenido distinto de aquel en que inicialmente fueron pensados. El ejemplo, aportado por Wheare, versa sobre el término "comercio interestatal" que la constitución de los Estados Unidos reconoce como competencia federal, correspondiendo implícitamente a los Estados la regulación del "comercio intraestatal". Sin embargo, esta distinción, que podía tener sentido en una sociedad agraria, se adecuaba mal con una sociedad industrial, por lo que el Tribunal Supremo interpretó la palabra "comercio" en términos tales que incluía tanto el interestatal como el intraestatal.
Hesse consideraba que el elemento clave de las mutaciones estaba precisamente en sus límites, cuyo alcance y valor jurídico era preciso delimitar.
Para ello, resulta de gran utilidad la contraposición apuntada por De la Vega entre realidad jurídica (o normativa) y realidad política (o facticidad), que puede resolverse de alguna de las siguientes formas:
a) Con un triunfo de lo fáctico sobre lo normativo, lo que, llevado a sus últimos extremos, conduce a la pérdida del carácter normativo del texto constitucional. El ejemplo histórico más significativo es sin duda el de la Italia de Mussolini. Si bien estaba aún en vigor el Estatuto Albertino, la realidad no se adecuaba con un régimen de monarquía parlamentaria.
b) Con un triunfo de lo normativo sobre lo fáctico lo que, a su vez, puede suponer que, o bien se procede a la reforma de la Constitución de conformidad con los procedimientos establecidos para ello en la propia norma constitucional, o bien que la norma prevalezca sobre los hechos, lo que es en definitiva lo propio de toda norma jurídica.
c) Con un "acoplamiento" de ambas realidades, la normativa y la fáctica, en los supuestos en los que no exista una contraposición extrema entre la norma y la práctica política. Las teorías constitucionalistas tendentes a superar el positivismo legalista mediante la incorporación a la realidad constitucional de elementos extrajurídicos procedentes de otras ciencias como la politología o la sociología, como la teoría de la integración de Smend o el concepto de constitución material de Mortati, facilitan este acoplamiento, de tal forma que la confrontación entre realidad política y jurídica quedan disueltas en una realidad más amplia, que sería la realidad constitucional y que no está integrada exclusivamente por elementos de naturaleza jurídica.
La mutación, como fenómeno que responde al constante conflicto entre norma y realidad, es común en todas las ramas del derecho pero adquiere una especial relevancia en el ámbito del derecho constitucional. En efecto, las mutaciones constitucionales ponen en entredicho la supremacía normativa de la constitución que conforma una garantía de la soberanía popular y si la norma no triunfa sobre la facticidad, se está poniendo en entredicho dicha soberanía, base de todo sistema democrático.
Es importante tener en cuenta que la cuestión de la mutación constitucional se presenta en todos los regímenes constitucionales, incluso en los más jóvenes.
Respecto de la Constitución de 1978, el caso más palmario lo constituye el título VII, relativo a "Economía y Hacienda". Así la función pública de la riqueza o las iniciativas y reservas encomendadas al sector público en virtud del artículo 128, la previsión de la promoción por los poderes públicos de las diversas formas de participación en la empresa contemplada en el artículo 129.2, el desarrollo de los sectores económicos que han de realizar los poderes públicos en virtud del artículo 130, y la planificación de la actividad económica establecida en el artículo 131, no responden a la realidad económica actual. Si bien en el momento de la promulgación de la Constitución, estas normas podían responder a una determinada política que alguna fuerza podía entender deseable, la crisis económica de los 70 y la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea, han supuesto que estos artículos han de ser interpretados de forma muy distinta a la intención original de sus autores y hayan quedado en desuso. Herrero y Rodríguez de Miñón denuncia que este título constitucional ha sufrido una mutación que podría poner en entredicho el principio de supremacía constitucional.
También se suele citar como mutación constitucional la regulación constitucional contenida en el artículo 86 respecto de los Reales Decretos Leyes que, a tenor de lo dispuesto en su apartado tercero, "durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia". Ante la manifiesta dificultad de tramitar un proyecto de ley en el plazo de un mes, el Reglamento del Congreso optó por someter, una vez convalidado el Decreto Ley, a votación la tramitación de éste como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El Tribunal Constitucional avaló esta mutación al reconocer efectos jurídicos a una ley tramitada por el procedimiento de urgencia tras la convalidación del Real Decreto Ley (Sentencia Tribunal Constitucional 111/1983, de 2 de diciembre).
• La mutación responde al constante conflicto entre norma y realidad, adquiriendo una especial relevancia en el ámbito del derecho constitucional.
• Las mutaciones constitucionales pueden llegar a ponen en entredicho la supremacía normativa de la constitución.
• Se suele citar como mutación constitucional la regulación contenida en el artículo 86 de la Constitución española respecto de los Reales Decretos Leyes que, a tenor de lo dispuesto en su apartado tercero, "durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia".