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Timestamp: 2019-12-05 21:01:14
Document Index: 330133780

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 124', 'artículo 58', 'ARTÍCULO 58', 'Artículo 9', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 58']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 373-1, de 01/03/2019
cve: BOCG-12-B-373-1
Núm. 373-1
122/000323 Proposición de Ley Orgánica para la derogación del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativo a la recopilación de datos personales por parte de los partidos políticos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata, Carles Campuzano i Canadés, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para la derogación del artículo 58.bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativo a la recopilación de datos personales por parte de los partidos políticos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 58 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, RELATIVO A LA RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Durante la tramitación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se introdujo una modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que permite a los partidos políticos la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Dicha disposición permite a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales la utilización de datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Con ello se abre la puerta a los partidos políticos para rastrear los datos personales, sin consentimiento, a los efectos del envío de propaganda electoral, vulnerando la privacidad, transparencia y seguridad jurídicas de los ciudadanos.
La modificación se hace mediante el apartado dos de la disposición final tercera:
"Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que queda redactada como sigue:
"Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.
5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.""
Es preciso señalar que la principal razón por la que se impulsó la redacción de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, fue la de adaptar la legislación vigente en esta materia al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE, un reglamento europeo que es de aplicación directa a todos los estados miembros de la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018.
Cabe destacar que, en las consideraciones previas del Reglamento General de Protección de Datos, se establece el siguiente considerando:
"(56) Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas."
No obstante, el articulado del Reglamento General de Protección de Datos es muy estricto respecto al tratamiento de datos relativos a las opiniones políticas de las personas físicas, el cual tiene tratamiento de categoría especial:
"Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales.
a) El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado.
b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado.
c) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento.
d) El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados.
e) El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
g) El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra
persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.
4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud."
En el contexto de este Reglamento europeo, de directa aplicación a los estados miembros, el nuevo artículo 58.bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General permite una intromisión de los partidos en la esfera personal amparándose en un hipotético interés público. Así, la concreción de acciones que el citado artículo 58.bis permite: recopilar datos personales relativos a opiniones políticas cuando tienen una consideración de categoría especial; la amplitud e indeterminación del hecho de utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas; o el hecho que no tendrá consideración comercial enviar o contratar propaganda electoral, sin duda exceden del marco establecido en el Reglamento europeo y exceden del concepto de actividades de "interés público".
La amplitud de la interpretación de los conceptos de interés público o actividad política supone un riesgo para la limitación del tratamiento de datos personales y la transparencia. No hay ni exigencia para los partidos políticos ni especificación para establecer la finalidad de la recopilación de información y la identidad del responsable de la recopilación de datos. La única protección que tienen los ciudadanos es posterior, es decir, pueden expresar el derecho de oposición posterior a recibir información, no antes.
Con la aplicación de este artículo se permite a los partidos, por ejemplo, recopilar mensajes escritos en las redes sociales o páginas web, utilizar esta información para segmentar el tipo de mensaje que se envía, crear listas, bases de datos, etc. Es decir, cualquier opinión puede ser recopilada y clasificada. Posteriormente, esta información se utilizará para la propaganda electoral de forma directa y sin el consentimiento de la persona afectada. Esta situación, puede entrar en conflicto con algunos artículos de la Constitución relativos a los derechos fundamentales y de las libertades públicas como la libertad ideológica (artículo 16), el derecho a la intimidad (artículo 18) o el derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones (artículo 20).
Finalmente destacar que en el año 2018, conocimos el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa con sede en Londres que usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticas. Esta empresa recopiló información ideológica de millones de usuarios de una conocida red social, Facebook, y los vendió a la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU para manipular e influir en la propaganda electoral, sin que los propios usuarios lo supieran. Con los datos se elaboró un censo de ciudadanos afines y ciudadanos opositores a quienes se les hizo llegar información electoral y noticias falsas con el objetivo de influir sobre sus intenciones de voto. No resulta admisible abrir estas prácticas desde la propia legislación estatal española.
La presente Ley tiene un único artículo de derogación del artículo 58.bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y una disposición final para su inmediata entrada en vigor.
Se deroga el artículo 58.bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.