Source: http://iuriscivilis.blogspot.com/2011/07/
Timestamp: 2017-08-20 19:06:12
Document Index: 392297176

Matched Legal Cases: ['artículo 1152', 'artículo 1153', 'artículo 1154', 'artículo 1154', 'artículo 1154', 'artículo 1154', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 6']

julio 2011 | IurisCivilis
En por Joseraloga // 28.7.11 // Dejar un Comentario
Uno de los aspectos más controvertidos que plantea el incumplimiento de las obligaciones radica en la determinación de la prueba sobre los daños y perjuicios a la hora de cuantificar la indemnización. En la práctica mercantil suele ser muy habitual que los contratantes establezcan una cláusula de liberación de la prueba de los daños sufridos.
A este tipo de cláusulas se refiere el Código Civil en los artículos 1152 y siguientes, bajo el epígrafe de “obligaciones con cláusula penal”. Atendiendo a este régimen normativo y a la interpretación jurisprudencial, la denominada cláusula penal puede desempeñar diversas funciones. En primer lugar una función liquidadora, sustitutiva de la indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo 1152.1 – pena sustitutiva o compensatoria. En segundo lugar, una función liberatoria prevista en el artículo 1153 – multa penitencialis. Y, en último lugar, una función verdaderamente penal prevista en el párrafo segundo de este último artículo – pena cumulativa.
En líneas generales, la previsión convencional de la cláusula penal está referida al incumplimiento de la obligación principal. Esto es así, porque resulta prácticamente imposible prever todos los supuestos de incumplimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, plantea un grave problema cuando el incumplimiento no ha sido total, sino sólo parcial o defectuoso. Para atender a la resolución de este problema se encuentra contenido en el Código Civil el artículo 1154. Planteada en estos términos la cuestión, examinemos, a continuación, este precepto.
El artículo 1154 del Código Civil establece lo siguiente: «El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor».
De una atenta lectura de este precepto, se deduce que la moderación judicial de las cláusulas penales únicamente se aplicará cuando las partes no hayan pactado convencionalmente el supuesto de incumplimiento parcial, defectuoso o extemporáneo que pudiera haber tenido lugar, llegado el momento del cumplimiento. Por supuesto, la facultad de moderación judicial queda totalmente excluida de pleno derecho en los casos de incumplimiento total. En este sentido, la jurisprudencia es constante en afirmar la inaplicabilidad del artículo 1154 del CC cuando el deudor no logre acreditar que, al menos, ha cumplido parcial o irregularmente.
Para una mayor comprensión del contenido de este precepto, resulta indispensable traer a colación la reciente STS de fecha 6 de julio de 2011, siendo ponente Román García Varela, en cuyo Fundamento Jurídico Tercero explícita magistralmente la doctrina jurisprudencial relativa al contenido del artículo 1154 del Código Civil.
“(…) En torno a este precepto se ha desarrollado una jurisprudencia por esta Sala que, en esencia, rechaza la posibilidad de que la facultad moderadora, a la hora de fijar la indemnización convencionalmente estipulada en una cláusula penal, entre en juego cuando se ha declarado que el incumplimiento contractual es total.
Así, se ha declarado reiteradamente que la decisión sobre si procede o no hacer uso de tal moderación en aplicación de una cláusula penal, es una facultad que no puede ni debe ser alterada en vía casacional cuando se basa en una valoración lógica y racional asentada en bases fácticas incontrovertibles ( SSTS de 1 de octubre de 2010 y 10 de marzo de 2009 ); no cabe confundir esta imposibilidad de alteración por la vía del vía recurso de casación, con la revisión de los hechos probados que resulta plenamente factible a través del recurso de apelación; tal circunstancia es obviada por la recurrente, quIen apoya sus argumentos en los razonamientos ofrecidos por el juez de primera instancia que califica como inalterables, y olvida que la Audiencia es el órgano al que corresponde, en exclusiva, fijar los hechos probados con carácter incontrovertible, por gozar de un conocimiento pleno o plena jurisdicción, el cual, con los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio «tantum devolutum quantum apellatum» [sólo se transfiere al superior lo que se apela], le permiten resolver en apelación todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto de debate en la primera instancia (…)”.
1. Isabel Arana de la Fuente. Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid. Algunas precisiones sobre la reforma de la cláusula penal en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos. Revista Indret. 2010.
2. Ignacio Marín García. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Cláusula penal: la facultad moderadora del juez - Comentario a la STS, 1ª, 17.10.2007 (RJ 7307; MP: Encarnación Roca Trías). Revista Indret. 2008.
Nota.- La publicación de este artículo supone el inicio de un corto período de descanso, con motivo de esta época estival. Finalizado el mes de agosto regresaremos con las fuerzas renovadas, esperando que todos vosotros tengáis un agradable período estival.
En Consumidores, Derecho Seguros por Joseraloga // 22.7.11 // 2 comments
El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Aegon (hoy Unión Aseguradora) a pagar a un cliente la indemnización máxima de su póliza de accidentes por considerar que las condiciones del contrato eran "oscuras" y, por ello, se deben interpretar de la forma más favorable para el particular.
En una sentencia publicada hoy, los magistrados de la Sala de lo Civil establecen que el cliente -al que la Seguridad Social le reconoció una incapacidad total a raíz de un infarto- deberá cobrar 175.044,38 euros, en vez del 20 % de esa cantidad que le asignó la Audiencia Provincial de Vizcaya.
El Tribunal Supremo recuerda que las condiciones particulares del seguro de accidentes de Aegon "son oscuras" porque "introducen una duda sobre la incapacidad permanente total al distinguir sólo la incapacidad permanente absoluta y parcial".
"Esa oscuridad ha de perjudicar a la parte que ha redactado el contrato y por tanto, la interpretación que ha de hacerse es que producido el siniestro de declaración de invalidez permanente total, ésta ha de indemnizarse conforme a lo establecido en las condiciones particulares para la invalidez permanente absoluta", afirma la sentencia, que recuerda que en ese caso le correspondería al cliente la compensación máxima de 175.044,38 euros.
El Alto Tribunal insiste en que siempre debe entenderse un contrato oscuro a la luz del artículo 10.2 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece que "en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor".
El cliente tuvo que demandar a Aegon en 2005 después de que la compañía de seguros se negara a abonarle indemnización alguna al sostener que un infarto no podía considerarse como accidente, ya que se derivaba de una situación previa.
El asegurado, que pertenecía al gremio de albañiles escayolistas y encofradores, sufrió un infarto de miocardio en julio de 2002 tras una discusión familiar y casi dos años después consiguió que el INSS declarara su incapacidad permanente en grado de total para desempeñar su profesión.
En Derecho Extranjería por Joseraloga // 22.7.11 // 1 comment
Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral, según ha acordado el Gobierno, que ha insistido en que esta medida tendrá carácter temporal y no repercutirá sobre los extranjeros que ya están trabajando en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que reactiva el periodo transitorio que se estableció en 2008 para los ciudadanos rumanos que quisieran trabajar en España. De esta forma, según el Ejecutivo, los ciudadanos de este país que quieran trabajar en España por cuenta ajena tendrán que tramitar una autorización previa, que se basará en la existencia de un contrato de trabajo.
El Gobierno ha insistido en que se trata de una decisión "estrictamente técnica" que se basa en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y que se enmarca en la política migratoria general, que pretende "ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo". La medida tendrá carácter temporal y será evaluada de forma continua.
El Gobierno rumano ha comunicado que entiende que esta decisión es "estrictamente técnica" y que no tiene "ninguna connotación política", y a través de su Embajada en Madrid ha subrayado que cuenta con el compromiso de España de que la medida será "temporal" y su aplicación estará sujeta a la evolución del mercado de trabajo.
La Comisión Europea, por el contrario, ha asegurado hoy que España no puede introducir nuevas restricciones a la entrada en el país de trabajadores rumanos. El portavoz del Gobierno español, José Blanco, ha recordado por su parte que el propio Tratado de Adhesión de Rumanía a la UE preveía un periodo transitorio, hasta el año 2014, para la plena integración de los trabajadores de este país.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha observado que España optó hace varios años por "flexibilizar" las condiciones de entrada de los rumanos que querían trabajar en España, pero que la situación actual del mercado laboral recomienda reactivar aquella moratoria. El portavoz del Ejecutivo español ha recordado que esta medida está vigente en otros países europeos, y ha incidido en que existen "razones objetivas" para activarla también en España. Según los datos facilitados por el ministro, en España residen unos 800.00 rumanos de los cuales el 30% están en situación de desempleo.
En Derecho Mercantil por Joseraloga // 22.7.11 // Dejar un Comentario
La Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ha quedado aprobada con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas por el Senado, que quedaron incorporadas por unanimidad al texto definitivo.
Fuente: Difusión Jurídica
En Abogados, Jurisprudencia, Noticias Jurídicas por Joseraloga // 11.7.11 // Dejar un Comentario
El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a un magistrado por vulneración de su derecho al honor
El magistrado presentó una demanda contra un letrado y su cliente por las expresiones utilizadas en el curso de un procedimiento abierto en el que se reclamaba la posible responsabilidad civil del juez. Por ejemplo, que el juez había "actuado de forma negligente por no acceder a la nulidad de unas subastas celebradas". En esta línea, en la demanda contra el magistrado "se sugería que el juez había cometido un delito de prevaricación doloso, tildándole de contumaz, arbitrario y desviado, o acusándole de obstinarse o empecinarse en mantener ilegal y reiteradamente la idoneidad de las subastas".
En otras palabras, como explica el propio magistrado ponente de la sentencia, Xiol Ríos, especialista reconocido en procedimientos relacionados con el Derecho al Honor, "en la demanda se imputa al magistrado dictar resoluciones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico, se critica su insistencia y perseverancia en mantener sus decisiones, y se le atribuye haber actuado como mínimo de manera culposa, antijurídica, arbitraria y desviada".
Según la sentencia, " tales imputaciones si bien aisladamente y descontextualizadas pudieran resultar atentatorias contra el honor y el prestigio profesional del juez, lo cierto es que al enmarcarse dentro de una demanda judicial el grado de crítica admisible es mayor, no solo por estar en juego el derecho de defensa, sino también por el hecho de que en definitiva la certeza de las imputaciones va a ser enjuiciada por un tribunal y, por ende, sometida a un test de fundamentación y racionalidad".
"En caso contrario", matiza Xiol, "el derecho al honor constituiría o podría constituir, un obstáculo para que a través de procesos judiciales seguidos con todas las garantías -como el que nos ocupa- se pudieran enjuiciar las actividades profesionales a las que se impute haber incurrido en ilicitud dañosa".
En BOE, Derecho Hipotecario, Derecho Procesal, Noticias Jurídicas por Joseraloga // 6.7.11 // 2 comments
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios y aprobación de la Ley 18/2011, de 5 de julio
En este caluroso mes de julio se han aprobado determinadas normas legales, que merecen una atención especial. La más relevante, es la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores, tal como avanzó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación celebrado la pasada semana.
La iniciativa aprobada hoy, día 6 de julio de 2011, busca obtener una mayor protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis, en línea con la propuesta de resolución aprobada ayer por el Congreso de los Diputados. A mi juicio, esta iniciativa debe considerarse como un paso intermedio en la resolución del problema, que no hace frente seriamente a la cuestión de fondo. En cualquier caso, en lo que nos interesa, destacamos las siguientes medidas:
La Ley de Enjuiciamiento Civil hasta ahora exigía, para tomar parte en la subasta, que los postores efectuaran un depósito por importe del 30 por 100 del valor del bien ejecutado. Este porcentaje, en un contexto económico del mercado de la vivienda como el actual, puede estar configurando una barrera de entrada excesiva, que llega a impedir la intervención de quienes pudieran poseer verdadera voluntad de adjudicarse el bien subastado. Por ello, al objeto de mejorar la eficacia de las subastas, se reduce hasta el 20 por 100 dicho porcentaje exigido a los postores para participar en una subasta. De este modo, se facilita la presencia de postores y la mejor adjudicación de los bienes hipotecados.
II. La segunda norma es la publicación de la Ley 18/2011, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2011) reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.
Los principales objetivos de esta norma, son: primero, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones; segundo, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia; tercero, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.
Cabe destacar el artículo 4 que regula los derechos de los ciudadanos.
Y el artículo 6 relativo a los derechos y deberes de los profesionales de la administración de justicia.