Source: https://es.scribd.com/doc/50675178/HISTORIA-CONSTITUCIONAL-DEL-ESTADO-DE-NUEVO-LEON
Timestamp: 2017-02-23 23:55:06
Document Index: 100310984

Matched Legal Cases: ['artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 46', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 16', 'artículo 95', 'artículo 115', 'artículo 115']

HISTORIA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseHISTORIA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNSumario:
I. Introducción, II. La Constitución de 1825, III. La Constitución de 1849, III. La Constitución de 1857, IV. La Constitución de 1874, V. La Constitución de 1917, VI. La configuración de la Constitución de Nuevo León en la actualidad, VII. Capítulos pendientes de la justicia constitucional en el Estado de Nuevo León.
Dr. Pedro Torres Estrada.
Para comprender el actual estado de las instituciones constitucionales que le dan vida a Nuevo León, tenemos que conocer su origen, pero sobre todo, tenemos que conocer su evolución hasta nuestros días. La intención del presente capítulo es la de realizar un estudio histórico-sistemático y comparativo-descriptivo de las cinco constituciones que han tenido vigencia normativa en el estado (1825, 1849, 1857, 1874 y 1917), analizando principalmente la evolución de los derechos fundamentales, el sistema electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los entes locales y el procedimiento de reforma a la constitución estatal. En cada una de las constituciones estudiadas, iniciamos elaborando un marco histórico-político que nos permita vislumbrar el contexto que se vivía tanto a nivel nacional como a nivel estatal, lo cual esperamos ayude a comprender las razones y el por qué de la configuración de cada una de las Constituciones en el momento histórico de su creación. Así también, para mayor agilidad de la lectura, en cada una de las Constituciones estudiadas se efectúa un apartado con cada uno de los temas ya mencionados. Lo anterior, permitirá al lector poder distinguir con facilidad como ha venido evolucionando, por ejemplo, el gobernador del estado en cada
Profesor-Investigador de la Escuela de Graduados en Administración y
Políticas Públicas y del departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Investigadores ayudantes Sara Cantú Pérez, Josué Gradilla y Luis Garza Recio.
una de las constituciones. Es decir, si se lee solamente el apartado del poder ejecutivo en las cinco constituciones se distinguirá fácilmente como se ha ido desarrollando la institución ejecutiva hasta el momento actual. Confiamos que este modelo permita al lector moverse con facilidad e interés entre los textos constitucionales que han tenido vigencia y que han estructurado la vida institucional del Estado de Nuevo León.
II. LA CONSTITUCIÓN DE 1825
1.- Contexto Histórico-Político
Cuando se inicia la vida independiente y la vida constitucional mexicana, el estado de Nuevo León era parte de las llamadas provincias internas de oriente, conjuntamente con Tamaulipas, Coahuila y Texas, ocupando un territorio de aproximadamente doscientas leguas de extensión. Con la abdicación a la corona imperial por parte de Agustín de Iturbide el 19 de marzo de 1823 y su decisión de emigrar hacia a Europa1 se abre en México, no sólo un nuevo panorama histórico-político, sino también un nuevo panorama constitucional en los estados de la naciente República mexicana. Asimismo, aparecen nuevos personajes en la vida política nacional mexicana, encabezados ellos por los generales Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. En el mismo año de la salida de Iturbide se forma lo que se va a llamar el Supremo Poder Ejecutivo, integrado por los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. A inspiración de este Supremo Poder Ejecutivo va hacer convocado el Congreso Constituyente de 1824 el cual juró el acta constitucional que ya había sido firmada en enero del mismo año por Don Miguel Domínguez, Vicente Guerrero y Don José Maria Michelena. Como consecuencia de lo anterior, el soberano Congreso General Constituyente en su decreto número cuarenta y cinco establece que Nuevo
Schlarman, Joseph, México tierra de volcanes, México, ed. Porrúa, 1969, p.
León será en lo sucesivo un Estado de la Federación Mexicana y que para la elección de los diputados de su congreso, se observará la convocatoria expedida el ocho del último enero. Además en este mismo decreto, se especifica que tanto Coahuila como Texas formarán su congreso, con lo que con éste también se les da estatus de Estado a estos dos últimos y se fracciona lo que anteriormente habían sido las llamadas provincias internas de oriente. Este decreto es firmado por José Cirilo Gómez en su calidad de presidente del Soberano Congreso General Constituyente el siete de mayo de 18242. Asimismo, Lucas Alamán a la sazón de primer Secretario de Estado, firma el decreto del Supremo Poder Ejecutivo en el que se establece que el Soberano Congreso ha dispuesto que: “Nuevo León será en lo sucesivo un estado de la federación mexicana, y para la elección de los diputados de su congreso se observará la convocatoria en ocho del último enero.” En tal contexto, la Diputación Constituyente del Estado de Nuevo León fue elegida el día once de julio de 1824 quedando integrada en el siguiente orden distrital: Dr. José Francisco Arrollo, José Ma. Gutiérrez de Lara, Lic. Pedro Agustín Ballesteros (después sustituido por José Andrés de Sobrerilla)3, Cosme Aramberri (después sustituido por Pedro Antonio de Eznal), Lic. Juan Bautista de Arizpe, Lic. Rafael del Llano, José María Paras, José Juan de la
Nava Coello, Pedro, Las más importantes leyes y decretos, 3ª ed., México,
Congreso del Estado de Nuevo León, 1998, p. 20
Constitución Política del Estado de Nuevo León, (texto vigente), ed. oficial
conmemorativa, Congreso del Estado de Nuevo León, Legislatura LXX, 2004, p. 13.
Garza Treviño, Antonio Crespo y José Manuel Pérez4. Las suplencias recayeron en José Andrés García de Evia y Francisco del Corral5. Por su parte, en el poder ejecutivo estatal fue nombrado por el Congreso Constituyente con el nombre de gobernador (recordemos que la Constitución de 1824 tiene una fuerte influencia de la Constitución de los Estados Unidos6) a Don José Antonio Rodríguez. Dicho nombramiento se realizó el once de agosto de 1824 mediante el decreto número cinco del Congreso Constituyente de Nuevo León. Hay que provisional. Al aprobarse la Constitución federal el tres de octubre de 18247, ésta disponía que la misma tenía que ser votada por las entidades federativas el veintisiete de octubre del mismo año. Sin embargo, en Nuevo León se juró hasta el catorce de noviembre sólo por los municipios de Monterrey, Linares y Cadereyta, aunque días después se juró en el resto del Estado. Queremos
señalar que la designación fue hecha con carácter
El decreto número tres del primer Congreso Constituyente obligaba a que las
autoridades, empleados y corporaciones profanas del Estado así como civiles y militares y eclesiásticas juraran obediencia al poder constituyente estatal y reconocieran como legítimas a las autoridades que emanaran de él . Además el decreto número seis de 23 de agosto establecía que toda persona que no hubiera prestado juramento debía de salir inmediatamente del Estado.
Flores Treviño, Jesús, Pansza Treviño, Sergio y Araiza Rivera, Ernesto, Las
leyes electorales de Nuevo León. Semblanza histórico-político-legislativa, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1999, p. 18.
Barceló Rojas, Daniel Armando, Introducción al derecho constitucional estatal
estadounidense, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, pp. 119-123
La Constitución de 1824 estuvo en vigor hasta 1835. Como no podía ser
revisada sino a partir de 1830, por disposición de ella misma, las reformas que empezaron a proponerse se reservaron para aquel año. Sin embargo, las propuestas de reforma nunca fueron votadas por el congreso. De tal modo, esta Constitución permaneció sin modificaciones hasta su abrogación. Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1998, 21ª edición, México, ed. Porrúa, 1998, pp.153 y 154.
resaltar que esta Constitución en su artículo quinto eleva a rango constitucional el status de Nuevo León como Estado integrante de la federación mexicana. Ya como estado federado, Nuevo León instaló el primero de agosto de 1824 solemnemente su diputación constituyente y tras siete meses de trabajos legislativos, el cinco de marzo de 1825 se promulgó la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En ese momento fungía como presidente del H. Congreso estatal el Dr. José Francisco Arroyo. Es también importante destacar, que antes de esta Constitución hubo algunos bosquejos de Constitución local como la del quince de octubre de 1824. Sin embargo, no la analizaremos en este estudio pues no tuvo una vigencia normativa. La Constitución de 1825 está compuesta por XXI títulos y 274 artículos. El título primero habla del Estado en general y principia haciendo mención al nombre de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, asimismo esta norma suprema también hace alusión a la soberanía del pueblo neoleonés. Lo anterior no es, sino el resultado de la imitación que se hizo a la Constitución federal (de marcada influencia religiosa), la cual también inició haciendo esta evocación. Sin embargo, la Constitución federal no hace mención expresa al término de soberanía, situación que si sucede en la neoleonesa8. En este mismo título se hace referencia al territorio y fija que Nuevo León se establecerá en lo mismo que antes era llamada la provincia del Nuevo Reino de León, una de las que se decía internas de oriente y luego hace enunciación a los distritos municipales, los cuales eran Agualeguas, Boca de Leones, Cadereyta, Carralvo, China, Cañón de Guadalupe de Salinas, Guadalupe de Monterrey, Huajuco, Labradores, Linares, Marín, Monterrey, Mota, Pesquería Grande, Pilón, Punta de Lampazos, Río Blanco, Sabinas, Salinas, San Cristóbal Hualahises, San Miguel de Aguayo, Santa Catalina, Vallecillo. Además, esta Constitución hace referencia a los que se fuesen formando en lo sucesivo. Por su parte, el artículo segundo proclama la
La frase literal es la siguiente: “El Estado libre de Nuevo León, legítimamente
representado en sus diputados Constituyentes, establece y decreta en uso de su soberanía…”
independencia de Nuevo León de cualquier otro estado de la federación mexicana así como de cualquier otro Estado extranjero. El artículo cuarto de este título alude a lo que sería la cláusula residual del “federalismo” al establecer que: “En todo lo demás no reglado por dicha acta constitutiva y por la Constitución Federal, queda expedito, para procurarse la perfección de su propio bienestar, gobernarse y administrarse por si mismo, según le convenga.” Por otra parte, el artículo sexto fija la forma de gobierno para el estado, la cual será republicana, representativa, popular y federada. Además, el artículo séptimo establece la división de poderes con sus respectivas reglas para que esto se cumpla, como es que el legislativo no debe de estar en un solo individuo así como ni los tres, ni dos de los poderes, pueden reunirse en un mismo poder. Como ya mencionamos, el aspecto religioso estuvo muy presente en las primeras constituciones mexicanas y la neoleonesa haciéndose eco de esta influencia estableció en su artículo octavo, que la religión de Nuevo León es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana y además agrega que el estado la protegerá con leyes sabias y justas. De la misma forma prohíbe la practica religiosa de cualquier otra y establece la imposibilidad de reformar la Constitución en todo lo relacionado con la religión católica (Art. 271). El título primero también regula las obligaciones de los nuevoleoneses, así como quienes son considerados ciudadanos del estado y cuales son las formas de adquirir dicha ciudadanía. En este punto es interesante comentar el artículo dieciséis constitucional que advierte, que para que un extranjero “de otra nación” adquiera su carta de ciudadanía, era necesaria la residencia de seis años en algún pueblo del estado, además ser católico, apostólico, romano (entre otras). Observamos en este último requisito nuevamente la importancia de la religión en determinadas resoluciones del estado, las cuales como ya comentamos también fueron producto de la historia nacional en ese momento y no sólo en el estado de Nuevo León. Para terminar, también este título establece las causales de la pérdida (art. 17) y suspensión de los derechos de los ciudadanos del Estado (art. 19). Es interesante ver como los derechos eran suspendidos, por ejemplo, por no tener veintiún años, excepto los casados que ya tuvieren dieciocho. También
se les suspendía a los mayores de cuarenta años que no supieran leer y escribir. Las causales de la pérdida de la ciudadanía son similares a las que actualmente existen, por eso no enunciamos las restantes. A pesar de perder la ciudadanía, existía una facultad exclusiva del Congreso del Estado, el cual en uso de esta potestad podía rehabilitar los derechos ciudadanos al que considerara que lo merecía de acuerdo a sus virtudes y servicios (Art. 18).
2.- Los Derechos fundamentales
Aunque esta primera Constitución de Nuevo León no tiene un catálogo sistematizado de derechos, sin embargo, esto no quiere decir que no los tuviera, lo que sucede es que aparecen dispersos y en poca cantidad. Al respecto es importante hacer notar, que la tendencia de las Constituciones estatales en ese momento histórico fue la de no establecer un catálogo ordenado de derechos, salvo algunas excepciones (como el caso de la Constitución de Guanajuato). Como muestra de lo argumentado, el artículo noveno garantiza la libertad individual así como la propiedad privada al fijar que “el Estado garantiza a todo individuo habitante, estante y aun transeúnte la seguridad de su persona, propiedad y demás bienes y derechos que le pertenecen”. Y aunque después de este artículo vienen los que serían las obligaciones de los ciudadanos (art. 11), nuevamente en el artículo doce se fija la abolición de la esclavitud. El artículo veintitrés establece el derecho político de votar y ser votado, no obstante el artículo veinticinco prohibía votarse así mismo, a su padre, padrastro, suegro, hijo, entenado o yerno ni a su hermano ni cuñado. El derecho político de votar y ser votado podía restringirse, cuando se demostrare que el ciudadano fue sobornado para que su voto beneficiara a persona alguna (Art. 28) pero si no era cierta la acusación, los calumniadores recibían la misma penalización. La división de la Constitución en ese momento no estaba hecha como en la actualidad, es decir, en una parte dogmática y una orgánica. Observaremos como algunos otros derecho los vamos a encontrar en la organización de los poderes, por ejemplo, el derecho a no ser juzgados por tribunales
extraordinarios cuya protección la encontramos en la ordenación del Poder Judicial del Estado (Art. 139) así como la garantía del debido proceso (Art. 146).
3.- Poder Ejecutivo
El poder ejecutivo estaba encabezado por un gobernador y un vicegobernador, los cuales eran elegidos cada dos años. El proceso era el siguiente, cada ayuntamiento enviaba a la diputación permanente una lista de cinco ciudadanos vecinos del estado, por su parte el Congreso, en sesión secreta, abría las listas y el que hubiere obtenido la mayoría absoluta de votos era declarado gobernador y el segundo en número de votos era declarado vicegobernador (Art. 108 fracc. XIV). Sin embargo, en caso de empate la Constitución establecía que quien definiera fuera la suerte y en caso que no hubiera mayoría absoluta, el Congreso elegía entre las dos votaciones más altas. Así también, existía la posibilidad de reelección indefinida, tanto para el cargo de gobernador como para el de vicegobernador. Nos resulta interesante comentar que en Nuevo León, al igual que lo que sucedía en los estados de la unión americana, en un inicio el gobernador era elegido indirectamente. El antecedente histórico político, lo encontramos en los gobernadores reales de las colonias del imperio británico, a los cuales se le identificó y asoció al autoritarismo que éstos habían ejercido durante la dominación británica9. Por lo que este poder en un inicio estuvo subordinado a las legislaturas estatales en lo que a su elección se refiere. Aunque en Nuevo León los ayuntamientos jugaban un papel elemental al momento de la elección. En este contexto, el Gobernador contaba con un órgano cuyas
funciones eran consultivas, una especie de Consejo de Estado llamado Junta Consultiva (Art. 132). Éste órgano estaba integrado por el Vicegobernador, el prelado diocesano, el jefe de hacienda, el secretario de gobierno y el alcalde primero de la capital. El gobernador tenía que consultar con esta junta todos los asuntos graves del Estado. Por su parte, en el caso de muerte o imposibilidad
Barceló Rojas, Daniel Armando, op. cit, nota 6, p. 119.
del gobernador, el vicegobernador entraba en funciones, pero si faltara también éste, entraba a ejercer el cargo el que fuere la primera autoridad política de la capital.
4.- El Poder Legislativo
Este poder estaba integrado por once diputados propietarios (Art. 91) y cuatro suplentes, los cuales eran elegidos por lo electores secundarios de los partidos de todo el Estado. Los legisladores eran electos cada dos años (Art. 68) y eran reelegibles indefinidamente. En lo relativo a su funcionamiento, las secciones ordinarias empezaban el primer día del mes de febrero y duraban hasta abril, la misma Constitución establecía que no debían de durar más de estos meses (Art. 97), sólo se permitía que el congreso siguiera reunido un cuarto mes, con un voto de las cuatro quintas partes de los diputados. Por la misma votación, se podía dispensar un mes de sesiones en el caso que se hubieran desahogado las cuentas y demás negocios de la inspección del congreso. En lo relativo a los diputados, el artículo ciento seis les aseguraba la inviolabilidad parlamentaria, al fijar que éstos son inviolables por sus opiniones y que no podían ser reconvenidos o juzgados por las mismas. Por su parte, el artículo siguiente establece la incompatibilidad del cargo de diputado con otros empleos. Así también, en el título XV artículo ciento ochenta y cuatro, establece que los altos funcionarios, entre los que se encuentran los diputados, son inviolables y por consecuencia contra ninguno de ellos se podía proceder penalmente mientras estuvieran investidos de los poderes públicos, esto último es traducido en la actualidad como inmunidad parlamentaria. Dicho poder público (inmunidad) sólo podía retirarse mediante el juicio de censura que sería lo homólogo al actual juicio de procedencia.
5.- El Poder Judicial
El artículo ciento treinta y seis establece que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales. Asimismo se les prohíbe a estos el suspender la ejecución de las
leyes. Así también, le impiden la realización de reglamentos para la administración de la justicia. Además, en materia de derecho fundamentales precisa la garantía de no ser juzgado por tribunales extraordinarios (Art. 139), que ningún negocio podría tener más de tres instancias (Art. 145) y además se fija la garantía del debido proceso ya que al sentenciar el juez deberá tener en cuenta la expresión del hecho y el texto de la ley en donde se funde (Art. 146). Aunque en esta Constitución se contempla la pena de muerte, sin embargo se le da la potestad al poder judicial de revisar en ultima instancia antes de que se ejecute la misma (Art. 147). En materia de fueros legales se siguen manteniendo el fuero religioso y el militar, al establecer lo siguiente: “No hace novedad esta Constitución en el fuero clerical, ni tampoco en el militar. Los concordatos nacionales con la Santa Sede, proveerán oportunamente en cuanto concierne al clero y en cuanto concierne a la milicia permanente, proveerán por leyes generales de los Estados Unidos en común” (Art. 150)
6.- Los entes locales.
La organización territorial del estado estaba dividida en distritos municipales10, cuando un distrito tuviere más de mil almas le podía solicitar al congreso que le concediera formar un ayuntamiento. Por su parte, los distritos que tuvieren menos de tres mil almas tenían un alcalde, dos regidores y un síndico, y los que pasaran de este número de almas hasta llegar a cinco mil tenían dos alcaldes, tres regidores y procurador síndico; de cinco a siete mil almas podían tener dos alcaldes, cuatro regidores y procurador síndico; y los que tuvieren más de siete mil almas, tenían tres alcaldes, seis regidores y dos procuradores síndicos y si necesitaban más funcionarios se los podían solicitar
El municipio aparece con la denominación de distrito, además otra figura que
se menciona en la Constitución es la del partido. Sin embargo, el artículo doscientos veintitrés hace la aclaración que la figura de los partidos era sólo para facilitar las elecciones y para la circulación de las órdenes y no tenia ningún otro efecto legal en el Estado.
al congreso. El cargo del alcalde duraba sólo un año aunque había la posibilidad de reelección (Art. 228). El ayuntamiento tenía en esta Constitución un haz de competencias bastante extenso y lo que también nos llama la atención es que existía un catálogo explícito de sus potestades en el artículo 230. Entre las competencias más importantes, a nuestro juicio, están las de las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX del artículo mencionado. En este contexto, la fracción XVII le asigna la capacidad de participar en la elección del gobernador (ver Poder ejecutivo) . Por su parte la fracción XVIII le otorga competencia para participar en la formación de las leyes. Y asimismo, la fracción XIX le da una de las competencias que desde nuestra visión es la más importante y que consiste en su participación en las reformas que se le hagan a la Constitución estatal (ver Procedimiento de Reforma a la Constitución). Para terminar, la fracción XX le concede al ayuntamiento la autoridad de reglamentar su vida interna mediante ordenanzas municipales para el buen gobierno del distrito y policía de seguridad, corrección, educación, salubridad, comodidad y demás objetos concernientes al bienestar del individuo. Las ordenanzas tenían que ser puestas a consideración de la junta de vecinos para posteriormente solicitar su aprobación al congreso. Otra de las actividades importantes del ayuntamiento era la de recaudador de las contribuciones directas generales. Es interesante este dato ya que actualmente es al revés, ya que la federación cobra la mayor parte de las contribuciones y luego las reparte a Estados y municipios. De acuerdo con la literalidad del artículo 230 fracc. I. el ayuntamiento era la base del sistema de recaudación de los impuestos para posteriormente remitirlas a la tesorería respectiva, ya fuera la estatal o la federal.
7.- Procedimiento de reforma a la Constitución Local
El titulo XX establece los procedimientos de reforma a la Constitución con el nombre de “Adición y enmienda de esta Constitución.” Observamos como esta norma fundamental adopta el término de enmienda para referirse a las reformas a la Constitución, esto como consecuencia de la influencia de la terminología del constitucionalismo norteamericano.
El procedimiento de reforma requería que la propuesta fuera votada por cinco diputados para darle entrada al proyecto, posteriormente se fijaba fecha para sesión extraordinaria y con esto tratar únicamente lo relativo a la reforma y definir “si merece ponerse en consideración del futuro congreso aquel proyecto de adición o enmienda de la Constitución” (Art. 266). Acto seguido, en caso de tener voto afirmativo, se le notificaba al futuro congreso. Por su parte, la nueva legislatura en su primer año discutía el proyecto y de nuevo lo volvía a votar, en caso de que tuviere la mayoría de los votos se les turnaba a los ayuntamientos para su votación, los que a su vez la ponían a consideración de la junta de vecinos y tenían que manifestar el sentir de su voto antes de tres semanas. Luego de sumados los votos o acciones del estado por la legislatura, se verificaba si existían tres quintas partes a favor de la adición o enmienda para que pudiere publicarse ésta como ley (Art. 270). Como observamos, la Constitución de 1825 era una norma muy rígida para su reforma11, y otro dato interesante es el relativo a la cláusula de intangibilidad que ésta tenía, al disponer que no se podían reformar los artículos que instituyen la libertad, la independencia, la religión, la forma de gobierno, la libertad de imprenta y la división de poderes (Art. 271). Y se terminaba este título haciendo alusión a la supremacía de la Constitución federal sobre la local, al fijar que si la Constitución local contrariare a la federal debería ser reformada por esta última (Art. 272).
III. LA CONSTITUCIÓN DE 1849
1.- El contexto Histórico-Político
El origen de esta Constitución es el año de 1847, en donde se presenta en México el restablecimiento de la Constitución federal de 182412 . Es importante recordar que México en esos momentos de rehabilitación
Bryce, James, Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Estudio
preliminar de Pablo Lucas Verdú, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
Tena Ramírez, Felipe, op.cit, nota 7, pp. 442 y 443.
constitucional, también pasaba por momentos difíciles, ya que había sido invadido por los Estados Unidos de Norteamérica13. En especial para Nuevo León, esta guerra fue devastadora, ya que fue uno de los primeros estados en ser invadido (acción que fue realizada por el General Zachary Tylor). La ocupación duró cerca de los dos años, 22 meses para ser exacto14. Una vez superado el episodio centralista y la trágica invasión norteamericana, las cosas se empezaban a restablecer y es en este momento cuando surge el proyecto de Constitución para el estado de Nuevo León, siendo en ese período gobernador del estado don José María Parás. A pesar de todos los problemas que se presentaron, la VIII legislatura se reunió y redactó la reforma y el restablecimiento de la Constitución estatal de 1825. Esta legislatura fue considerada como el segundo congreso
constituyente de Nuevo León según el decreto del 28 de diciembre de 1848 (aunque en el preámbulo el texto se presenta como reforma a la de 1825) y estaba integrada por el Lic. Trinidad de la Garza Melo, Lic. Domingo Martínez, Lic. Manuel P. De Llano, Dr. José Sotero Noriega, Hermenegildo García Guerra, Antonio Treviño y Martínez, Atenógenes Ballesteros, Jesús Garza González, José Silvestre Aramberri, Pablo González Amaya, Diputados suplentes: Francisco Tijerina (sustituyo al dimitente Atenógenes Ballesteros); Pedro Cortés15. Este Congreso inauguró el primer período de sus sesiones el 1º de febrero de 184916 y el nuevo texto constitucional estuvo listo y aprobado el 29 de octubre del mismo año.
Prieto, Guillermo, Lecciones de Historia Patria, México. 1896. p.362 Martínez Cárdenas, Leticia, Morado Macías, César y Ávila Ávila, J. Jesús, La
Guerra México-Estados Unidos. Su Impacto en Nuevo León, 1835-1848, México, Senado de la República, 2003. pp. 85-120.
Covarrubias, Ricardo, Gobernantes de Nuevo León 1582-1979, 2da. Edición,
México, 1979. pp. 64-65.
Nava Coello, Pedro, op. cit. nota 2, p. 101.
La Constitución de 1849, contiene X títulos y ciento sesenta seis artículos, los dos últimos son transitorios. Como ya distinguimos, a diferencia de la primera Constitución del Estado, ésta es más pequeña pues tiene once títulos menos y también ciento ocho artículos menos que su antecesora. Como ya indicamos, este texto se presenta en su preámbulo no como una nueva constitución, sino como una reforma a la Constitución de 1825. Al igual como lo hizo la anterior Constitución, esta también inicia haciendo alusión al Dios todo poderoso y al uso de la soberanía del Estado para justificar y legitimar la mencionada reforma o creación. Por su parte, el título primero hace referencia a todos los distritos municipales que forman Nuevo León, asimismo nuevamente fija su
independencia y su soberanía frente a los demás estados de la federación así como frente a los extranjeros. Además, establece la cláusula residual del federalismo (Art. 2) y ratifica su forma de gobierno republicana agregando que es representativa popular y federada (Art. 3). Al igual que la Constitución de 1825 confirma que la religión es la católica, apostólica y romana y que el estado la debe de proteger y no admitir el ejercicio de ninguna otra religión (Art.4). Por otra parte, en lo relativo a la ciudadanía, ésta considera ciudadano neoleonés al que tuviere veinte años, pero en caso de tener dieciocho podía tener dispensa, es decir, tenia que estar casado, así como debía de tener un modo honesto de vivir y no haber sido condenado en proceso legal o tener alguna pena infamante (Art. 11). En este contexto, el artículo catorce establecía las causas por las que se suspendían los derechos del ciudadano, de entre las que sobresalían y que nos llamaron la atención, está la relacionada con el no saber leer y escribir. Aunque hay que hacer la aclaración que esta causal entraría a tener vigencia a partir de 1855, es decir, seis años después de realizada esta norma suprema y sólo para los nuevos que fueran a entrar en el ejercicio de sus derechos (Art. 14 fracc. VI). A diferencia de ésta, la Constitución de 1825 ampliaba el factor de la edad para dicha suspensión, al añadir, los mayores de cuarenta años que no supieran leer y escribir tenían suspendido sus derechos. En tal contexto, esta
Constitución nuevamente faculta al Congreso para rehabilitar los derechos ciudadanos a quien los hubiere perdido. Para terminar, el título primero hace referencia a un dato que es importante que lo resaltemos y es el relativo a los poderes que forman el Supremo Poder del Estado, el cual además de contemplar al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo agrega uno más denominado Poder Electoral (Art. 18) sobre el cual abundaremos más adelante.
2.- Derechos fundamentales
A partir del artículo cinco, se realiza un pequeño listado de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada y los derechos políticos (Art. 5), se garantizaba la indemnización en caso de expropiación por causa de utilidad pública (Art. 6), así como también la prohibición de la esclavitud y la garantía que le aseguraba al esclavo que entrara a territorio del estado, el que por este simple hecho ganaría su libertad (Art. 7). Como ya advertimos, en esta Constitución existen más derechos juntos, además de ser un apartado más explicito que el de la Constitución anterior. Sin embargo, encontramos nuevamente que en el título V donde se regula al Poder Judicial en su sección primera con la denominación “De la administración de justicia en general” vuelve a establecer otros derechos, la mayor parte identificados con el derecho al debido proceso (Art. 95), Entre estos derechos, encontramos la garantía de que ningún juicio debía de tener más de tres instancias (Art. 98), la garantía de motivar y justificar las sentencia por parte de los jueces (Art. 99). Así mismo, esta Constitución prohíbe que las penas infamantes pasaran de la persona a la que se la impusieron (Art.102), igualmente prohibía la confiscación de bienes (Art. 103). Abolía la práctica de la tortura (Art. 104), obligaba a la autoridad administrativa a poner inmediatamente a disposición del juez al delincuente. También hace mención del derecho a la libertad bajo fianza en delitos que no tuvieren pena corporal (Art. 109). Así como garantiza que, no se catearía domicilio alguno, ni se registraría papelería, sino con mandato de autoridad competente y con los requisitos legales (Art. 111).
3.- El Poder Electoral
El Poder electoral recaía en los ciudadanos nuevoleoneses que se reunían en asambleas primarias para el ejercicio del mismo (el poder de elección de sus autoridades Art. 20) a cada asamblea primaria le correspondía una sesión que no fuere menor de doscientos ni excediera de mil habitantes. Por otra parte, por cada doscientos habitantes se nombraba un elector que votaba en el seno de la asamblea. No podían ser electores los que ejercieran mando político, jurisdicción civil, eclesiástica y militar o cura en el lugar donde representaba su encargo. El poder electoral traducido en las asambleas electorales, se instalaban por su propio derecho y la Constitución les resguardaba su independencia frente a cualquier otro poder y literalmente ésta también le aseguraba que no recibiría órdenes de ningún otro poder, ni revisión de sus actos (Art. 31). A las asambleas les correspondía nombrar directamente a los diputados al congreso del estado en el partido que les correspondía (Art. 26 fracc. I), así como consignar en sus actas los votos de los electores primarios para el nombramiento de gobernador, magistrados, fiscal y otros funcionarios públicos cuya elección les correspondiera a ellos, según la Constitución o las leyes secundarias (fracc. II). Por su parte, el Congreso Estatal en su calidad de asamblea electoral, computaba los votos emitidos en la asambleas para la elección a gobernador y los demás funcionarios que son mencionados en la fracción segunda del artículo veintiséis. En esta situación, el congreso declaraba la elección si recaía en algún candidato que tuviera mayoría absoluta, pero si ninguno reunía esta votación, el congreso elegía entre los que tuvieren la mayoría relativa. Sin embargo, en caso de empate, esta Constitución reiteraba lo de la del veinticinco, es decir, que quien resolvería el caso concreto fuera la suerte (Art. 35 fracc. I).
4.- El Poder Ejecutivo
El artículo setenta y cuatro establecía que el poder ejecutivo recaía en el gobernador del estado. Un dato importante a destacar es que ya en esta Constitución no contempla la figura del vicegobernador. Por otra parte, la
elección del gobernador era cada dos años de forma indirecta según los artículos veintiséis y veintisiete (para la forma de elección ver lo relativo al Poder Electoral) y tomaba posesión del cargo el primero de marzo (Art. 77). Para ser gobernador, la Constitución pedía, además de ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, tener treinta años cumplidos y poseer una renta anual de mil pesos procedente de capital físico o moral, así como no pertenecer a la iglesia, al ejército y no ser empleado federal o de la hacienda pública del Estado (Art. 75). En el artículo setenta y ocho enumeraban todas las competencias del Poder Ejecutivo, dentro de las que sobresalen, la posibilidad para que mediante orden administrativa del gobernador se decretase el arresto de alguna persona cuando por seguridad y por el bien del estado fuese necesario, con la
condición de ponerlo a disposición del tribunal o juez competente dentro de las cuarenta y ocho hora siguientes (fracc. II). Asimismo, tenía la competencia de nombrar personas de su confianza para explorar la observancia de la Constitución en los distritos (municipios fracc. IX). Del mismo modo, se establecía la posibilidad de que el gobernador externara su inconformidad con la ley, previo dictamen del consejo (ver infra) durante los primeros diez días contados desde que se recibió la ley o disposición del congreso, exponiendo los motivos contrarios a la disposición (fracc. XIV). Es decir, el gobernador tenía la posibilidad de vetar la ley aunque necesitaba el previo dictamen del Consejo de gobierno (Art. 66). (Ver infra) Al igual que en la Constitución de 1825, en ésta también el gobernador cuenta con un órgano asesor, aunque en ese momento fue llamado Consejo de Gobierno y estaba integrado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el jefe de hacienda, del Secretario de Gobierno y dos ciudadanos elegidos por el Congreso. El presidente del Consejo era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Art. 84). Como observamos, a diferencia de la Constitución pasada, en esta se elimina de este órgano al prelado diocesano, al vicegobernador (pues esta figura ya no existía) al jefe de hacienda y a la primera autoridad política de la capital. Para terminar, el artículo ochenta y siete le asegura al gobernador su inmunidad procesal y el artículo siguiente establece que quien sustituiría al
gobernador en caso de impedimento o imposibilidad temporal sería el elegido por el congreso entre los tres que en la última votación hubieran obtenido la votación más alta después del propietario. En caso de que el congreso no se encuentre reunido o que el elegido no estuviere pronto a entrar en ejercicio, el Presidente del Tribunal de Justicia tomaría el cargo (Art. 88). Pero si el gobernador muere o estuviere imposibilitado
permanentemente, la legislatura dispondría de las juntas electorales de partido para que eligieran un nuevo gobernador (Art. 89), aunque si la falta del gobernador se diere dentro de los últimos seis meses, el interino nombrado sería el que terminará el periodo de gobierno (Art.90).
5.- El Poder Legislativo
Esta Constitución no menciona expresamente el número de diputados que forman el congreso estatal aunque hace mención que se elegiría bajo la base de uno por cada mil habitantes, o por fracción que pase de cinco mil. No obstante, sí hace alusión a que éstos serán elegidos directamente por los partidos (ver Poder Electoral) aunque todavía el voto no es universal (Art. 38). Por otra parte, la duración del periodo de los diputados era de dos años y éstos se renovaban cada año por mitades (Art. 39). El Congreso se instalaba el último día de enero de cada año (Art. 50). En lo relativo al periodo ordinario de sesiones, éste empezaba el primer día de febrero y duraba hasta el día treinta de marzo (Art. 52); no obstante, el congreso podía ampliar un mes más el periodo ordinario si lo consideraba necesario, pero también podía dispensar un mes de sesiones. Este texto, establecía que para ser diputado se debía tener veinticinco años cumplidos, ser neoleonés y además poseer una renta anual de quinientos pesos (Art. 40), es decir, la mitad de la que se solicitaba para ser gobernador. Asimismo se les garantizaba a los diputados su inviolabilidad parlamentaria (Art.46) y su inmunidad procesal. En estos artículos ya no se hace referencia a la inmunidad con el término de poderes públicos como en la anterior Constitución (Art. 47 y 48). Las competencias del Congreso estaban enunciadas en el artículo sesenta y entre las que consideramos más importantes, encontramos la relativa
a la regulación de los votos de los ciudadanos en las juntas electorales de partido para los cargos de gobernador, magistrados y fiscal del tribunal de justicia, así como la de decidir los empates en las votaciones (ver el Poder electoral). Además, tenía la facultad del indulto (Art. XVII) y la fracción XXIX aseguraba la cláusula residual a favor del congreso estatal, al fijar que “últimamente el congreso puede ejercer todas las facultades propias de un cuerpo legislativo en todo aquello que no le prohíba el Acta Constitutiva, Constitución federal, actas de reforma o esta Constitución”.
6.- El Poder Judicial
En la sesión II del título V se regula lo relativo al órgano judicial y establece el artículo ciento diecinueve que habrá un Supremo Tribunal de Justicia que sería regulado conforme a la ley. Nos llama la atención que los integrantes de este órgano (magistrados y el ministro fiscal) también eran nombrados por las asambleas (ver Poder Electoral) al igual que el gobernador del Estado. La duración en el cargo de los magistrados era de dos años y el tribunal se renovaba de forma escalonada (Art. 125). Dentro de las competencias más importantes del Supremo Tribunal se encontraban además de las que actualmente mantiene, por ejemplo, ser la última instancia estatal en las causas civiles y criminales, también conocía de los juicios de responsabilidades de los alcaldes por faltas cometidas en su encargo (fracc. VIII) del mismo modo tenía una facultad que resulta interesante y que se encontraba en la fracción X que consistía en asesorar a los jueces de primera instancia cuando tuvieren duda sobre la interpretación de alguna ley. Igualmente este tribunal examinaba y aprobaba el título a los abogados y escribanos (fracc. XI) Además tenía dentro de sus potestades, la posibilidad de hacer su reglamento interno, aunque éste en última instancia tenía que estar aprobado por el Congreso del Estado (fracc. XIII). Por su parte, el artículo ciento veintisiete fijaba un tribunal especial integrado por nueve jueces y un fiscal para que éste conociera de las causas y negocios que hubieren de seguirse contra el Tribunal Supremo o contra alguno de sus ministros. Los integrantes de este tribunal eran nombrados por el Congreso del Estado. La figura de este Tribunal especial, nos llama la atención
puesto que en la actualidad no existe regulado en la Constitución, además que podría ser un vestigio (evidentemente, guardando las diferencias) de un tribunal constitucional estatal, ya que existía la posibilidad de que éste también conociera del recurso de nulidad en aquellos negocios que el Supremo
Tribunal hubiere ya conocido en las tres instancias.
7.- Los entes locales
Los entes locales estaban regulados en el título VI, el artículo ciento treinta y cinco ya fijaba, lo que después se convertiría en uno de los principios constitucionales federales más importantes en la matería municipal, nos referimos a la prohibición de instancias intermedias entre el municipio y el Estado (aunque como veremos más adelante, la Constitución del 1874 establecería las jefaturas políticas Art. 107). Asimismo, reconocía la independencia entre las municipalidades. Nuevamente esta Constitución hace referencia a los entes locales con el término de distritos o municipalidades. En este contexto, se establecía que el gobierno de las municipalidades estaría a cargo de los ayuntamientos y remitía a la ley el número de alcaldes, regidores y síndicos que éstos deberían de tener. Dicha ley, utilizaría como criterio para asignar el número de miembros, al número de la población en el distrito. Observamos que esta Constitución en sólo cuatro artículos reglamenta toda la organización municipal.
8.- Procedimiento de reforma a la Constitución Local
El procedimiento de reforma aparece en el título X de la Constitución y al igual que la constitución de 1825 es referida como “Del juramento de la Constitución y de sus adiciones y enmiendas” sin embargo, vemos que a este título se le agrega lo concerniente al juramento del texto constitucional. Así también, advierte que la carta magna en todo momento podía ser reformada, pero dicha reforma tenía que estar apoyada por tres diputados y admitida a discusión por dos terceras partes de los diputados presentes (Art. 159). Sin embargo, para la votación de las reformas se tenían que esperar hasta el próximo periodo de sesiones (Art. 160). La votación para su
aprobación era de dos tercios de los diputados presentes (Art. 161). Por otra parte, la reforma constitucional no permitía el veto por parte del gobernador del Estado a la misma (Art. 79 y 162). Las leyes relativas a las materias electorales, al indulto, conmutación de penas, la organización del Supremo Tribunal y la relativa a la organización municipal eran consideradas como leyes constitucionales y para su reforma se requería de los mismos procedimientos que para una reforma constitucional, con la salvedad que ésta por acuerdo del congreso podía aprobarse en un mismo período ordinario de sesiones. Además, establecía la cláusula de
intangibilidad al prohibir la reforma de los principios constitucionales fijados en el artículo veintinueve del acta de reforma (Art. 164). Como observamos a diferencia de la Constitución pasada, en ésta la reforma podía estar respaldada sólo por tres diputados en lugar de los cinco que pedía su antecesora. Asimismo, en esta Constitución ya no participan los ayuntamientos en las reformas constitucionales sino sólo el Congreso del Estado.
III. LA CONSTITUCIÓN DE 1857
Como efecto de la Constitución federal del 5 de febrero de 1857 fue necesario adecuar la Constitución del estado al nuevo texto constitucional. Sin embargo, esta Constitución estatal no solo rigió en Nuevo León sino también en Coahuila. Lo anterior fue consecuencia de la proclamación del Plan de Ayutla de Marzo de 1954 contra la dictadura de Santa Anna17, en donde Don Santiago Vidaurri conjuntamente con Zuazua (el cual fue su brazo militar) desconoció a este último y tomó el mando político y militar del Estado de Nuevo León. Por otro lado, proclamó el Plan de Monterrey y decretó que este territorio reasumía
Cosssio A. David, Historia de Nuevo León, Monterrey N.L. México 1927, p.181
su Soberanía mientras un Congreso Nacional establecía un sistema de gobierno federal en la Republica18. Una vez desconocido el ejército de Santa Anna, Vidaurri organizó el llamado ejército del norte con el cual llegó a ocupar Saltillo, así como proclamó su propio plan titulado “restaurador de la libertad”19. Después del triunfo del plan de Ayutla y fortalecido con sus éxitos, Vidaurri de propia autoridad decretó, el 19 de febrero de 1856, la anexión de Coahuila al estado de Nuevo León.20 Siendo ya Comonfort presidente, éste no aprobó dicho decreto y Vidaurri por su parte no obedeció la orden de entregar el gobierno. Después de férreas batallas armadas entre el gobierno nacional y Vidaurri, se llegó al llamado Convenio de la Cuesta de los Muertos, con en el que ambos quedarían satisfechos. Nuevo León reconocía al Supremo Gobierno y las Tropas de ambos bandos se retirarían de sus posiciones. Por su parte, los estados de Nuevo León y Coahuila permanecerían formando una sola entidad, previa aprobación de los ciudadanos de Coahuila, la cual se dio con abrumadora mayoría de 4056 votos a favor contra 260 votos. Después se llevó el asunto al seno del Congreso Constituyente, lo que provocaría largos debates, pero al final fue aprobada la unión de ambos estados por 60 votos a favor y 20 en contra. En este contexto, y en cumplimiento del tratado hecho en la Cuesta de los Muertos, Vidaurri entregó el gobierno al Presidente de su Consejo el Lic. Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, mismo que le correspondió expedir la convocatoria para integrar el tercer congreso constituyente del estado, apegándose a los preceptos de la Constitución federal que habría de jurarse el 5 de febrero. Desahogados los comicios del 13 de diciembre de 1856, el gobernador De la Garza y Evia motivó para que se expidiera el 7 de abril de 1857 una
Idem. p 185 Cavazos Garza, Israel, Breve historia de Nuevo León, 1er edición, México,
Fondo de Cultura Económica, 1994, p.147
Roel, Santiago. Nuevo León, Apuntes Históricos, Monterrey, México, 1958, p.
convocatoria para que se reuniera el 1 de julio de ese año el nuevo congreso local, pero ahora como ya indicamos, con la calidad de poder constituyente. El XI Congreso Constitucional del Estado inició sesiones solemnemente en la segunda decena de julio del mismo año. El resultado de los trabajos legislativos culminó con la publicación de la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila el cuatro de octubre de 1857. Tanto esta Constitución como la federal fueron el fruto de una época turbulenta en el país y como ejemplo de lo dicho21, en Monterrey la Constitución local fue llevada a la catedral para su bendición en solemne acción de gracias. Sin embargo, el obispo, Francisco de P. Verea, Cabildo Eclesiástico prohibió no solamente los sacramentos a quienes la hubiesen jurado, sino hasta la entrada al templo a los funcionarios de gobierno y se negó a repicar las campanas el día de la publicación. Conducta que dio lugar a embrollada disputa entra las autoridades civiles y religiosas. El gobernador Vidaurri arrestó al Obispo y lo desterró de Nuevo León así como también aplicó la Ley Lerdo relativa a la desamortización de los bienes del clero22. Para sintetizar, el 14 de Noviembre de 1857, se publicó la Ley de Procedimientos Judiciales en el Estado y el 17 del mismo mes, por decreto del Congreso, quedó abolida la asistencia de las autoridades y funcionarios públicos a las festividades y ceremonias del culto religioso. La Constitución de 1857 a nivel Federal agudizó los conflictos políticos en todo el país al provocar una reacción más fuerte de parte de los conservadores, que exigían la total desaparición del nuevo texto legal y aumentó el desconcierto entre los miembros del grupo liberal.23 El presidente Comonfort desconoció la Constitución de 1857 (estaba convencido de que era imposible gobernar con una Constitución tan “radical”) por lo que, a pesar de que el mismo era un liberal moderado, se unió junto con otros conservadores
Soberanes Fernández, José Luis, Los bienes eclesiásticos en la historia
constitucional de México, México, UNAM, 2000. pp. 51-60.
Cavazos Garza, Israel, op. cit., nota 19, p.149 Delgado de Cantú, Gloria, Historia de México: El Proceso de Gestación de un
Pueblo, México, ed. Pearson Education, 2002, p. 434.
de la Ciudad de México encabezados por el General Félix Zuloaga y proclamaron el “Plan de Tacubaya” que rechazaba la Constitución de 185724. Como consecuencia de esto, la República vuelve a verse envuelta en una nueva guerra: La Guerra de Reforma también conocida como la Guerra de los Tres Años en la que nuevamente Nuevo León y Coahuila se vieron involucrados25. Estos estados permanecerían unidos hasta que el 26 de febrero de 1864 Juárez decretó la separación de Nuevo León y Coahuila (Ver el marco Histórico-Político de la Constitución de 1874). A pesar de lo anterior y para concretar, la Constitución estatal del cincuenta y siete en su inicio hace referencia al nombre de Dios (sigue teniendo el matiz religioso), pero también menciona explícitamente a la autoridad del pueblo de Nuevo León y Coahuila. Lo más relevante, desde el punto de vista constitucional, es que esta carta magna aparece como una nueva constitución independiente de sus antecesoras, es decir, fue producto de un poder constituyente originario estatal y no se presenta como reforma a una anterior, al menos en la presentación. Otro dato es que esta Constitución no es tampoco tan extensa como la de 1825 pues sólo está constituida por XII títulos y ciento veintidós artículos.
En este texto, a diferencia de las dos Constituciones pasadas ya aparece una sistematización de los derechos del hombre en el título I. Éstos se encuentran en los primeros veintinueve artículos de la Constitución en donde se hace alusión a que el pueblo nuevoleocohuahuilense reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y declara que todas leyes y autoridades del Estado deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución. En este apartado encontramos derechos como el de libertad (Art. 2), el derecho a la educación (Art. 3), el derecho a la libertad de industria o profesión (Art. 4), el Derecho a una justa retribución
Idem. Cossio A. David, op.cit., nota 17, pp.192 y 193
laboral (Art. 5), el derecho a la libertad de expresión (Art. 6), el derecho de petición (Art. 8), el derecho de asociación y de reunión (Art. 9), el derecho de posesión y portación de armas de fuego (Art. 10), el derecho a la libertad de tránsito (Art. 11)m el derecho a la igualdad (12)m la garantía de formalidad y legalidad (Art. 13,14, 15, 28), el derecho a la gratuidad de la justicia (Art.16), el derecho a la libertad bajo fianza (Art. 17), los derechos del acusado (Art. 19, 23), la prohibición de las penas de mutilación, infamia, marca y azotes (Art. 21), y el derecho a la propiedad privada (Art. 25 y 26). En este último derecho nos detendremos, ya que establece una limitante importante para la iglesia en lo relacionado con la propiedad, al advertir que la iglesia y las corporaciones civiles sólo deberán de tener los bienes raíces necesarios para la inmediata y directa actividad u objeto de la institución. Además y en relación con la iglesia, ya el artículo trece sólo menciona el fuero militar pero ya no hace referencia al fuero eclesiástico. Así también, el artículo cuarenta y dos limitaba el derecho político de votar, a los que pertenecieran al estado religioso. Para terminar, este título hace la aclaración que la enumeración de estos derechos no tiene por objeto limitar, desigualar ni negar los que retiene el pueblo (Art. 29) Como observamos, este último artículo tiene una gran carga iusnaturalista a diferencia del artículo primero que concibe los derechos como garantías otorgadas por la Constitución.
Este poder se encuentra en el título III y nuevamente este texto lo vuelve a mencionar como uno de los integrantes de los supremos poderes del estado, al igual como lo contempló la Constitución de 1849 (Art. 38). Otro punto muy importante es que esta Constitución ya establece el voto directo de los ciudadanos al fijar que las elecciones para todos los mandatarios públicos son directas en los términos y forma que prevenga la ley (Art. 40). Sin embargo, se limitaba el derecho de votar a los condenados por penas infamantes, los que hubieren malversado fondos públicos, los incapacitados físicos, los miembros del estado religioso, los militares en ejercicio, los sirvientes domésticos y del campo, los ebrios consuetudinarios y
tahúres, vagos, dueños de casas de juegos prohibidos, los procesados criminalmente y los que desempeñaran cargos de elección popular. Además, resulta interesante mencionar que este texto aseguraba a los ciudadanos el derecho a no ser arrestados mientras estuvieren en los puntos de elección o cuando se dirigieren a ellos. Este derecho tenía vigencia siempre y cuando no se tratare de un delito que mereciera pena capital o del delito de traición, violación de la paz o atentados contra la seguridad pública (Art. 43). Del mismo modo, este texto le vuelve a asegurar al poder electoral su independencia frente a los otros tres poderes del Estado al fijar que no recibiría órdenes de ninguna autoridad, así como no le podrían impedir sus funciones otro poder, ni tampoco podrían revisar sus actos (Art. 44).
El Gobernador del Estado según el artículo cuarenta era elegido en esta Constitución de manera directa, También otro dato a mencionar es que en este texto ya no aparece el órgano consultivo que el poder ejecutivo había tenido en las dos constituciones pasadas, denominado Consejo de Gobierno o Junta Consultiva. Sin embargo, seguía existiendo la figura del Secretario de Gobierno (Art.86) el cual era removido por el gobernador a su arbitrio, lo que en gran medida lo hacía perder autonomía frente a este último. Asimismo, perdía vigencia fáctica lo establecido en el artículo ochenta y siete que establecía que ninguna orden se tendría como tal si no iba firmada por el Gobernador y por el Secretario de Gobierno. En lo relativo a la sustitución del gobernador en caso de imposibilidad temporal, el Congreso elegía un ciudadano que se encargara interinamente del ejecutivo. A diferencia de la constitución de 1849 en ésta ya no se elige a uno de los tres que obtuvieron la mayor votación en la elección. Sin embargo, en caso de que el Congreso no estuviere reunido o que el elegido no pudiera tomar posesión del cargo, éste lo asumía el presidente del Supremo Tribunal, situación similar a lo que regulaba la anterior Constitución. En caso de imposibilidad permanente, el Congreso llamaba a elecciones, aunque si la
imposibilidad se daba en los últimos seis meses del periodo constitucional la elección se omitirá y el interino terminaba el periodo (Art. 90).
Este poder estaba regulado en el título IV, estaba compuesto por diputados elegidos directamente por los distritos electorales bajo la base de un diputado por cada veinte mil habitantes o por una fracción que pasare de diez mil habitantes (Art. 49). Como notamos, amplia la base para asignar diputados ya que la anterior constitución fijaba la base de uno por cada un mil o por una fracción que pase de cinco mil. En este contexto, también se establecía la incompatibilidad de funciones para los diputados, al fijar que no podía ser diputado el gobernador, el secretario de gobierno, los magistrados, el fiscal del Supremo Tribunal de
justicia, así como los empleados de la federación y los que fueran empleados en las rentas del Estado (Art. 51) y en caso de que quisiera ser elegido diputado tenia que renunciar a su cargo antes de empezar las elecciones (Art.52). Como ya nos dimos cuenta, esta Constitución no les establecía un tiempo expreso para separarse de su cargo a los candidatos, sino sólo hacia referencia al inicio del proceso electoral como término para la separación del puesto incompatible. Por su parte, el artículo cincuenta y seis les aseguraba a los diputados su inviolabilidad parlamentaria. En lo relativo a los periodos ordinarios de sesiones, esta carta magna cambia el calendario de sesiones del Congreso, de febrero a septiembre para empezar el dieciséis de este último y terminar el día quince de diciembre. Sin embargo, al igual que las anteriores Constituciones, existía la posibilidad de ampliar o disminuir el periodo por un mes si así lo juzgare necesario el Congreso (Art. 60 y 61).
El título VI es el encargado de regular a la institución judicial, dicho órgano vuelve a recaer en el Supremo Tribunal de Justicia el cual estaba integrado por magistrados y un ministro fiscal, los cuales eran elegidos
popularmente cada dos años (Art. 116). El primer nombrado era el designado como presidente del tribunal (Art. 94). Un dato relevante de este texto, es que expresamente en su artículo noventa y nueve le elimina al poder judicial estatal cualquier posibilidad de suspender la ley así como la posibilidad de realizar su reglamento para la administración de justicia. Nos llama la atención como no deja duda sobre la imposibilidad de aplicar un sistema de control difuso de las leyes por parte de los jueces locales. Sin embargo, el artículo ciento veintiséis de la Constitución federal estableció en aquel momento lo siguiente “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran á dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”. Derivado de lo analizado, nos damos cuenta que hay una contradicción entre el texto local y el federal ya que el local prohíbe la desaplicación de la ley y el federal establece que la ley que no se adecue o que contrarié a la Constitución y las leyes de la unión tiene que desaplicarse para darle preferencia a las leyes federales, aunque en la actualidad este problema ya esta zanjado, queda como un dato de contradicción entre las dos normas.
En las Constituciones de 1857 la materia municipal es escasamente mencionada, tanto en la federal como en la local. En esta última se regula a los entes locales en tres artículos, el ciento seis ya no habla de partidos sino de distritos para lo relacionado con la organización de las elecciones. Por su parte el ciento siete fija la relación de subordinación en el orden político administrativo al gobernador del estado y no reconoce autoridad intermedia entre este y el municipio. Y el ciento ocho reitera lo ya establecido en las anteriores constituciones en materia de gobierno municipal, dicho gobierno estaría a cargo de los ayuntamientos. Como observamos, este texto no habla de administración de los municipios sino de gobierno de la municipalidades,
status que como sabemos tiene una gran carga de tipo político, cuando menos en el término que le otorga esta Constitución y que volvería a aparecer en las reformas de 1999 a la Constitución federal.
El título XI regula lo relativo a la reforma constitucional, ya esta Constitución se aparta del término que habían venido empleando sus predecesoras para este procedimiento y que lo había venido mencionado con el nombre de adiciones o enmiendas a la Constitución para modificarlo a “De las Reformas a la Constitución” Con excepción de lo anterior el procedimiento se mantuvo igual que el de la Constitución de 1849.
IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1874
En 1862, México se vería nuevamente invadido por fuerzas extranjeras, esta vez los franceses. Para poder librar la campaña en contra de los franceses y conservadores, Juárez ordenó a Vidaurri que pusiera a disposición del Ministerio de Hacienda las aduanas y demás fuentes de ingresos que correspondían a la federación. Sin embargo, el Estado de Nuevo León y Coahuila, bajo el mando de Vidaurri, retiró su apoyo al gobierno de Juárez, ordenando el primero a todas las autoridades del Estado que no obedecieran mandato alguno del gobierno federal. En respuesta, el 26 de febrero de 1864, Juárez decretó la separación de Nuevo León y Coahuila y declaró en estado de sitio al Estado de Nuevo León obligando a Vidaurri a huir a Texas (aunque regresaría más tarde como Ministro de Hacienda del emperador Maximiliano). El 4 de abril entró Juárez triunfante a la ciudad de Monterrey sólo para perderla meses más tarde a manos de los imperialistas franceses. Bajo el mando del general Escobedo, lograron recuperar el estado dos años más tarde, en junio de 1866, tras el triunfo de la batalla de Santa Gertrudis. El 15 de Julio de 1867, Don Benito Juárez restablecía el Gobierno republicano en la ciudad de México mientras que en el
estado eran convocadas las elecciones, instaurándose el Décimo Cuarto Congreso Constitucional y el 25 de noviembre de ese mismo año, tomó posesión como Gobernador Constitucional del Estado el General Jerónimo Treviño,
estableciéndose así el nuevo orden constitucional. En 1869, al ausentarse el General Treviño para atender diversos asuntos militares, el Congreso nombró como Gobernador interino al Sr. Trinidad de la Garza Melo, quién elaboró los Códigos Civil, Penal y de Procedimientos, que tanta falta hacían en el Estado. En septiembre de 1871 fue reelecto como Gobernador del Estado, mediante un escandaloso fraude electoral, el General Treviño. Pocos días después, llegó la noticia a Monterrey de que, en las elecciones presidenciales, Don Benito Juárez había sido electo por mayoría. Irónicamente, el 27 de septiembre del mismo año, el General Treviño se declaró abiertamente en contra del gobierno de Juárez, desconociéndolo como presidente por los abusos e irregularidades cometidos en las elecciones. El Congreso y el Tribunal reprobaron la conducta de Treviño y prefirieron disolverse antes de darle su apoyo. Cuando el levantamiento estaba en su auge, un suceso inesperado vino a cambiar de improviso el curso de los acontecimiento, el 18 de julio de 1872 murió Don Benito Juárez en la capital de la República, sucediéndolo Don Sebastián Lerdo de Tejada quien, desde luego, promulgó una amnistía general para todos los levantados en armas. Así terminó la Revolución proclamada en la Noria por el General Díaz, al quedar sin bandera, pues la muerte del Benemérito realizaba los deseos de sus adversarios. La paz y tranquilidad volvieron al Estado y las divisiones de los jefes contendientes, Rocha y Treviño, entraron juntos a Monterrey en prueba de fraternal armonía.26 Concluida la Revolución de la Noria con la muerte de Juárez, en 1872, Lerdo de Tejada ascendió a la Presidencia de la República. Su gobierno promovió reformas constitucionales y el Congreso de Nuevo León, en su XVII Legislatura y con Bartolomé Treviño como Presidente del Congreso, se erigió
Montemayor Hernández, Andrés, Historia de Monterrey, México, Asociación
de Editores y Libreros de Monterrey, A.C., 1971, p. 208.
por cuarta vez en constituyente. El 14 de de octubre de 1874 fue votada la nueva Constitución y se firmó el 28 del mismo mes.27 Esta Constitución se presenta como una reforma a la del cincuenta y siente y es un texto que está estructurado en XII títulos y ciento veintidós artículos. La primera novedad que presenta, es que ya en esta no se hace alusión al dios todo oderoso que sus antecesoras citaban para legitimar tanto la creación (1825, 1857), como la reforma de la Constitución (1849) y sólo se legitima en la potestad que le otorgaba la Constitución de 1857 en su título XI. Además esta Constitución sólo rigió en el Estado de Nuevo León a diferencia de su antecesora que también tuvo vigencia en el Estado de Coahuila.
Al igual que en la Constitución de 1857 este apartado está regulado en el título I con el nombre “De los derechos del Hombre”, sin embargo no abundaremos en él ya que no recibió ninguna modificación substanciosa en esta Constitución.
Este poder al igual que lo sucedido con los derechos fundamentales tampoco se modificó fundamentalmente. Dentro de los artículos reformados se encuentra el cuarenta y cuatro, el cual fijaba lo siguiente en la Constitución de 1857 “Las asambleas electorales se instalarán por su propio derecho, son independientes de todo otro poder político, y ninguna autoridad puede darles ordenes, impedir sus funciones, ni revisar sus actos”; esta Constitución le agregó lo siguiente: “mas estas prerrogativas no las autorizan para obrar contra ninguna ley vigente, ni para revocar ni modificar en ningún tiempo lo que una vez hicieron. Como notamos esta reforma delimita los actos del poder electoral para someterlo a sus mismas resoluciones y el estado de derecho.
Cavazos Garza Israel. En:
http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/nleon/html/sec_125.html (Consulta realizada el 6 de mayo del 2005).
Más adelante en su artículo 46 se adicionó que, “Solamente al Congreso como Suprema Asamblea Electoral y en su receso a la diputación toca conocer sobre la validez o nulidad de una elección en caso de queja”
Este poder casi no sufre modificaciones en esta Constitución, sólo se le agrega al artículo ochenta y cuatro (que trata de las facultades del gobernador) una fracción; dicha fracción es la XVII y le obliga al gobernador a que dentro de su periodo de gobierno visite todos los pueblos del Estado, para conocer sus necesidades, remediar sus males y promover sus mejoras. Por lo demás todo se mantiene igual que en su predecesora.
Este poder recibió pocas modificaciones, sin embargo entre las que recibió podemos enunciar la realizada al artículo cuarenta y nueve, donde fija que por cada veinte mil habitantes o por una fracción que pase de diez mil habrá un diputado, además hacia mención que por cada propietario se nombraría un suplente y agrega que cuando un distrito de dos diputados, los suplentes que se nombren lo serán respectivamente en el orden de su nombramiento, Por su parte el artículo cincuenta y cinco agrega a los suplentes a efectos de que mientras estén en ejercicio de sus funciones no podrán aceptar empleo o nombramiento remunerado de gobierno ni condecoraciones sin previo permiso del Congreso o de la Comisión permanente. Asimismo, le otorga al Congreso la facultad de examinar y aprobar los reglamentos municipales y generales para la policía. El artículo cincuenta y siete aclara que el suplente del diputado sólo será por falta absoluta del propietario y el suplente sólo estará en el cargo mientras se hace la elección del propietario. Lo relativo a la elección del diputado fue lo que se agrego al texto constitucional, como observamos esta situación contrasta con lo que sucede en la actualidad en donde el suplente entra en funciones para terminar el periodo constitucional y no de forma provisional.
Para terminar, el artículo cincuenta y ocho se reforma para agregar lo relativo a la necesidad de una mayoría absoluta de los diputados para poder instalar el Congreso del estado.
La organización de este poder se mantuvo sin movimiento sólo se eliminaron dos de sus potestades establecidas en el artículo noventa y ocho. Se eliminó la fracción tercera que establecía que el Tribunal podía conocer de los recursos de protección y fuerza que interpusiera el juez eclesiástico, así también se eliminó la fracción cuarta que le daba potestad al tribunal de declarar si el reo que tomaba asilo gozaba de inmunidad. Por lo demás como ya comentamos este poder no sufrió cambios significativos.
Los municipios siguen regulados en los mismos tres artículos que en la Constitución de 1857. Sin embargo, se le agrega al artículo ciento siete lo siguiente: “Más cuando el congreso o la diputación permanente lo crean necesario, podrán establecer una o más jefaturas políticas temporalmente en algunas partes del estado y quitarlas cuando cesen las causas que las hayan motivado”. Observamos que ya en esta carta magna se empieza a fraguar lo que después sería una constante y que limitaría la autonomía de los municipios ya que estas jefaturas políticas asfixiaron a los municipios y como consecuencia de esta realidad, una de las demandas del constituyente de Querétaro de 1917 fue eliminarlas. No obstante, queremos indicar cuándo aparecieron éstas en el constitucionalismo del Estado de Nuevo León.
8.- Procedimiento de reforma a la Constitución Local En este apartado esta Constitución no modifica en nada a su antecesora.
IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1917
El 6 de junio de 1910, llegó a la ciudad de Monterrey, el Lic. Francisco I. Madero en campaña proselitista. Durante esta visita, Madero fue aprehendido logrando escaparse para dirigirse a San Antonio Texas, donde junto con sus colaboradores, redactaron el Plan de San Luis Potosí que declaraba nula la reelección de Díaz y se designaba a Madero como Presidente Provisional. Aunque el resto del país se vio envuelto en levantamientos armados, en Nuevo León la agitación sólo era política. En mayo de 1911 se recibió en el estado la noticia de la renuncia de Porfirio Díaz a la Presidencia de la República, y en junio del mismo año hacían su entrada triunfal a Monterrey las fuerzas “Maderistas de Nuevo León”. Meses más tarde, se empezaron a recibir noticias en Monterrey de importantes sublevaciones antimaderistas en varias partes de la República. El domingo 9 de octubre de 1913 se había iniciado en la Ciudad de México la rebelión ahora conocida como “La Decena Trágica”. En esta rebelión murieron numerosos personajes de la vida política del Estado, entre ellos, el general Bernardo Reyes. Muerto Madero, el general Victoriano Huerta fue nombrado, sin mucha oposición, Presidente Constitucional Interino de la República Mexicana. Hasta ahora, Nuevo León no había sido más que un espectador en los sucesos que abatían al país. Esta situación, sin embargo, estaba a punto de cambiar. La ciudad de Monterrey fue atacada durante tres días, en octubre de 1913, por los revolucionarios carrancistas que luchaban en contra de la usurpación de Victoriano Huerta; pero las fuerzas federales los obligaron a levantar el sitio.28 Aunque la ciudad de Monterrey se salvó de este ataque, los pueblos del Sur del estado fueron dominados por los rebeldes revolucionarios. Seis meses después, en abril de 1914, reorganizadas las fuerzas atacantes, volvieron sobre Monterrey y después de una larga batalla, dominaron la plaza. El estado no tardó en seguir la suerte de la capital y pronto cayó también en poder de los revolucionarios. Se reanudó el orden constitucional y en 1916 fueron convocadas elecciones en las que salió electo como gobernador D. Nicéforo Zambrano. El 14 de marzo del mismo año, se expidió un
Roel, Santiago, op. cit., nota 20, p. 256
Decreto donde se pedía una elección de representantes a un Congreso de Constituyentes. De esta forma, el Trigésimo Séptimo Congreso Constituyente, estuvo integrado por los diputados: Agustín Garza González, Santiago Roel, Galindo P. Quintanilla, José Treviño Flores, Gregorio Morales Sánchez, Antonio Garza Zambrano, Abel A. Lozano, y Enrique M. Martínez. El 16 de diciembre de 1917 el Gobernador del Estado, Nicéforo Zambrano, promulgó la nueva Constitución. En la exposición de motivos de la Constitución de 1917, el diputado constituyente Galindo P. Quintanilla afirma, “Nuestro principal trabajo, consistirá en amoldar nuestra Constitución a la Federal de 1917”.29 El constituyente Santiago Roel afirmaba que, “los legisladores constituyentes procuraron también, al reformarla, descentralizar el poder ejecutivo, garantizar más los derechos de los ciudadanos y fijar mejores bases para la prosperidad colectiva”, introduciendo en la legislación novedades que fueron dignas de admirarse. Para terminar, nos gustaría hacer notar que la Constitución federal se presentó como una reforma a la del cincuenta y siete, por su parte, la de Nuevo León de este mismo año, hace referencia a sus funciones de poder constituyente como también lo hace la federal pero la Constitución neoleonesa no hace referencia a que por medio de esta última se reforman las constituciones de 1874 ni la de 1857 sino que como ya comentamos se presenta como una nueva Constitución.
En este renglón se reforma el artículo tercero para agregarse lo relativo a la laicidad de la educación en los niveles elementales y superiores, no sólo en las instituciones oficiales sino también en las instituciones particulares. Y además en este texto expresamente se prohibía que las corporaciones religiosas o los ministros de culto pudieran dirigir escuelas de instrucción primaria. Así también, se establece la vigilancia oficial en las escuelas particulares y la gratuidad de la educación primaria.
Exposición de motivos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León.
Al artículo cuarto se le agrega la garantía que consiste en que a ninguna persona se le puede privar de su salario, si no es por resolución judicial, así como también le atorga al congreso la facultad de regular lo relativo al ejercicio profesional. Por su parte al artículo quinto se le modificó para agregar la garantía a los trabajadores de tipo laboral en los contratos de trabajo. En el artículo séptimo se le adiciona la prohibición de secuestrar la imprenta como instrumento de delito. El artículo noveno garantiza que no se podrá declarar ilegal y por lo tanto no podrán disolverse las asambleas que tengan por objeto realizar peticiones a alguna autoridad, siempre y cuando no lo hicieren con injurias, amenazas o alguna forma de querer intimidar a la autoridad. Al siguiente artículo se le agrega que el derecho de posesión y portación de armas está limitado a las que no sean de uso exclusivo del ejército. También se añade una de las garantías más importantes del constitucionalismo mexicano, al establecer expresamente en el artículo catorce que en los juicios se deben de seguir las formalidades del procedimiento así como la conformidad a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (principio de legalidad y formalidad). A su vez, al artículo quince se le agregan una serie de garantías procesales al regular el procedimiento a seguir y a respetar en lo relativo a la orden de aprensión así como en los cateos y regula también lo relativo a las inspecciones y visitas de carácter administrativo. Al siguiente artículo (16) se le agrega que la justicia no solamente debe ser gratuita sino que debe de administrarse en los plazos y términos establecidos por la ley. En el subsiguiente artículo (17) se añade que en prisión preventiva no pueden estar juntos los que estén en este status y los que ya estén extinguiendo su pena. Por su parte, al artículo dieciocho se le adiciona que será responsable la autoridad que ordene la detención de persona alguna o la consienta sin tener la seguridad que se cumple con los elementos del cuerpo del delito por cual se le detiene, asimismo reitera la responsabilidad de la autoridad en caso de que ésta cometa abusos con los detenidos. Uno de los artículos que más se adicionan en este capítulo es el diecinueve al cual se le agregan cinco fracciones. Las garantías que este
artículo asegura son las siguientes: el derecho a fianza, derecho a no ser incomunicado, derecho a no declarar en su contra, derecho a saber quien lo acusa y la causa, derecho a ser careado con los testigos que depongan en su contra, derecho a presentar sus testigos con ayuda de la autoridad así como los datos que requiera para su defensa, derecho a ser juzgado antes de cuatro meses o seis meses dependiendo de la pena del delito imputado. Además se otorgaba la garantía de que no se prolongara la prisión por falta de honorarios. En este contexto, es importante comentar que esta Constitución abolió la pena de muerte para los delitos políticos (Art. 20). Para terminar, el artículo veintisiete reitera la fórmula del estado de derecho al fijar lo siguiente: “En el Estado de Nuevo León la libertad del hombre no tiene más límites que la prohibición de ley. De la ley emana la autoridad de los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en la ley”
En esta Constitución desaparece el poder electoral como tal, es decir lo que se regula es el sistema electoral en el título III con la denominación “De las Elecciones”. El órgano recayó en las asambleas electorales (y en ciertos casos en el Congreso o comisión permanente Art. 42) encargadas de llevar a cabo las elecciones. Éstas siguieron teniendo gran parte de las potestades que había tenido el Poder electoral, de entre las que sobresalen, las de llevar a cabo la renovación de los poderes ejecutivo legislativo, judicial y la de los ayuntamientos del estado. Por otro lado, este texto remitió gran parte de la organización a la ley reglamentaria. No obstante, dentro de las obligaciones que se le asignan como novedosas en esta Constitución aparece la de levantar un censo electoral cada seis años. Para terminar nos gustaría comentar, la iniciativa que en materia electoral presentó ante el Congreso Constituyente de 1917 por el diputado, Santiago Roel. Ésta proponía la implementación de un Sistema de Representación Proporcional para las elecciones del Ayuntamiento, sin embargo esta propuesta fue rechazada por considerarse adelantada a su
tiempo. No obstante lo anterior, esta situación se llevaría a cabo mucho tiempo después (1976), para ser Nuevo León el primer lugar donde se aplicó y ser el referente para la reforma a la Constitución federal (6 de diciembre de 1977), en donde se estableció esta fórmula en el artículo 115, aunque en ese momento sólo se aplicó a los municipios con una población de trescientos mil o más habitantes30. Sin embargo, el antecedente de este modelo lo encontramos en la propuesta del diputado Roel.
Aunque este poder vuelve a estar regulado en el mismo título V como en la Constitución pasada, sin embargo en ésta si sufrió algunos cambios significativos, de los que mencionaremos los que a nuestro juicio son los más importantes. El primero de ellos fue que ahora si se estableció un tiempo para separarse a los funcionarios que estuvieran en los supuestos de
incompatibilidad con el cargo de gobernador, dicho plazo para la separación del cargo fue de ciento ochenta días antes del día de la elección (Art. 82). Otro cambio representativo, es la ampliación del periodo a seis años de gobierno, aunque también en este texto se elimina la posibilidad de la reelección. En esta Constitución se fortalece el poder ejecutivo con nuevas atribuciones mencionadas en el artículo ochenta y cinco, entre éstas se encuentra la facultad de nombrar los jueces del Estado civil y los registradores de la propiedad de la terna que al efecto le mandara el ayuntamiento. Así también, tenía la facultad de suspender provisionalmente hasta por quince días a los presidentes municipales que abusaren de sus facultades, aunque éstos tenían la posibilidad de acudir en su defensa al Congreso del Estado. Asimismo el gobernador tenía la autoridad de nombrar y remover libremente al Procurador General del Estado.
Madrazo, Jorge, “La representación proporcional en los ayuntamientos de la
República mexicana,” La reforma municipal en la Constitución, prólogo de Jesús Romero Flores, México, ed. Porrúa, 1986, p.107.
A pesar de la fortaleza que este poder adquiere en este texto también se le limitan algunas potestades como la de imponer contribución alguna que no esté prevista en la ley o decreto, así como no poder movilizar la guardia nacional y demás fuerzas del estado sin previo permiso de la legislatura o la diputación permanente. Otro dato, es el relativo al artículo noventa y uno que ahora si establece la diferencia entre el gobernador interino el sustituto y el dato a comentar es que en el texto original decía “ni el gobernador sustituto ni el interino podrán ser electos para un periodo inmediato” Sin embargo, el periódico oficial del Estado omitió esta última parte del mencionado artículo al momento de su publicación.
Con relación a este poder se fija que el congreso debería de tener cuando menos quince diputados que durarían dos años, se amplia el número de población a representar por un diputado, es decir, por cada exceso de treinta mil o fracción mayor de quince mil se nombraría un diputado y un suplente, en la anterior constitución era por cada veinte mil o fracción. En cuanto a los requisitos para ser diputado se le adiciona el factor de la residencia, la cual tenía que ser no menor de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección (Art.47) los funcionarios que tenían incompatibilidades con la de diputados, si querían contender por este puesto deberían separarse ciento ochenta días antes del día de la elección. Asimismo se amplían los periodos ordinarios de sesiones a dos periodos, el primero iniciaba el 16 de septiembre y terminaba el 15 de diciembre, prorrogable por un mes y el segundo se iniciaba el primero de abril y terminaba el último de mayo, este periodo era improrrogable. También en este texto existía la posibilidad de dispensar un mes de sesiones ordinarias. En materia de competencias, al artículo sesenta y tres se le agregan trece fracciones de facultades a favor del Congreso. De las facultades que sobresalen se encuentran las siguientes: en materia religiosa, se le da al congreso la potestad de fijar el número máximo de ministros de culto. Así también, se le provee la autoridad de expedir la ley del trabajo para regular todo lo que el artículo 123 le reserva al estado. En el reglón de la educación se
le concede la facultad de hacer la ley de enseñanza primaria elemental y superior de acuerdo con el artículo tercero constitucional. Para terminar en materia política se le proporciona al Congreso la posibilidad de otorgar amnistía por delitos de carácter político. Por otro lado, en las prohibiciones al congreso se le agrega que éste no puede consentir que funcionen como autoridades las que debiendo ser electas popularmente no tengan tal origen (Art. 64).
Esta Constitución fija que el Supremo Tribunal está integrado por cinco magistrados propietarios y siete supernumerarios, éstos ya duraban en su encargo seis años (Art. 97) y según el artículo cuarenta y uno al igual que los otros dos poderes los miembros se elegía directa y popularmente. Así mismo, los jueces de primera instancia también eran elegidos popularmente (Art. 103). Además de los anteriores, también esta Constitución menciona la figura de los alcaldes judiciales los que tenían funciones conciliadoras y algunas de carácter judicial (Art. 104). En este título VI también se habla del persecutor de los delitos con el nombre de ministerio público, dicho cargo fue y es encarnado por el Procurador General de Justicia. Dentro de las nuevas facultades que le otorga al Poder judicial en este título se encuentran la de iniciar ante las legislaturas leyes y decretos para el mejoramiento de la administración de justicia. Esta potestad nos resulta muy interesante ya que en mucho puede ayudar a mejorar la administración de justicia, no obstante en la actualidad el Poder judicial federal no cuenta con esta legitimación.
Después que en las anteriores Constituciones el tema de los municipios hubiere sido muy poco atendido, esta carta magna vuelve a retomar la discusión de los entes locales y en el fondo es una de las instituciones que más se reformó para su fortalecimiento en este texto constitucional.
Este título, aunque se regula en el mismo título VIII que en la Constitución de 1874, en ésta se le modifica el nombre para denominar el apartado “De los municipios” (antes llamado de del Gobierno de los distritos) el artículo ciento dieciocho advierte que el municipio será administrado por un ayuntamiento en el cual los miembros de éste se renovarían cada año de forma escalonada (vuelve a aparecer el termino administrar). Dentro de las innovaciones más importantes, a nuestro juicio, encontramos que se elimina lo que en la antecesora se había llamado jefaturas políticas las que se utilizaron durante el régimen porfirista como una forma de control de las municipalidades (Art. 118). Además, se eleva a rango constitucional la potestad municipal de manejar libremente su hacienda y su patrimonio, del mismo modo se les otorga personalidad jurídica. Dentro de las obligaciones del ayuntamiento se encontraban la de enviar la cuenta publica al congreso por conducto del gobernador y previo informe de éste, así como informar mensualmente al ejecutivo de la gestión administrativa desarrollada durante este periodo. Otro dato llamativo es que se establecía el principio de la no reelección para los alcaldes primeros, los cuales no se podían presentar a las elecciones en los dos siguientes periodos a su mandato. Por su parte el Congreso ejercía cierta tutela hacia los ayuntamientos, al prohibirse que éstos fijaren la remuneración sin aprobación de aquel. Además el Congreso fiscalizaba las cuentas municipales y les aprobaba su presupuesto de ingresos y en última instancia era el que aprobaba los reglamentos generales y de sanidad que regirían en el municipio. Para terminar, nos llama la atención que los tiempos de los mandatos municipales se podían extender cuando por cualquier circunstancia no se presentasen los munícipes electos el primer día del año y los que seguirían ejerciendo sus funciones eran los que debían de cesar (Art 132). Situación que contrastaba con las reglas exigidas para la renovación del poder ejecutivo federal en la Constitución del diecisiete (art. 85 CFM).
Este procedimiento se mantiene igual en lo esencial. Sin embargo, hubo algunos cambios como la eliminación del requisito de que la reforma constitucional fuera presentada por tres diputados. También se elimina el término “enmienda” del artículo ciento cincuenta. En este contexto, se cambia el quórum de votación ya que en la anterior Constitución se necesitaba de las dos terceras partes de los diputados presentes, por su parte esta constitución establece que serán dos terceras partes de los diputados que integran la legislatura y no de los presentes (Art.150). Para terminar, nuevamente esta Constitución siguiendo la tradición que viene desde el texto de 1849 vuelve fija como leyes constitucionales las relacionadas con la organización de la materia electoral, la del Poder Judicial, la relativa con el indulto o conmutación de penas y la de la organización de los municipios.
V. LA CONSTITUCIÓN DE NUEVO LEÓN EN LA ACTUALIDAD
Para terminar este capítulo, actualizaremos las instituciones que ya hemos venido observando como se han desarrollado a lo largo de las distintas etapas constitucionales por las cuales ha pasado el Estado de Nuevo León. Ahora observaremos como se encuentran reguladas en la actual carta magna estatal.
1.- Derechos Fundamentales
En materia de derechos la Constitución ha ido agregando algunos que no fueron concebidos en el momento constituyente como los siguientes, la prohibición de la discriminación por motivos étnicos, religiosos, de género o por edad. Se fija expresamente la igualdad del hombre y la mujer y se adiciona el derecho a decidir sobre el número de hijos y su espaciamiento (Art. 1). También se asienta el derecho a la salud (Art. 3), el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho de los infantes y de las personas adultas a una
vida digna y sana. En lo relativo a la enseñanza se establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria y agrega que también el estado promoverá la educación inicial y la educación superior. Al artículo octavo se le adiciona el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública y establece un órgano autónomo para regular las controversias derivadas de la aplicación de este derecho. Por otro lado, el artículo quince prohíbe que ningún indiciado pueda ser retenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual se le deberá de poner ante un juez u ordenar su libertad. De igual forma, se le adiciona a este que las comunicaciones privadas son inviolables (salvo los casos establecidos en las leyes federales) A este mismo artículo se le añade el derecho a indemnización por daño, es decir, cuando alguna autoridad municipal o estatal cause un menoscabo o perjuicio a los bienes o derechos de la persona (responsabilidad objetiva y directa) la autoridad deberá resarcir el daño. Al artículo diecisiete se le adiciona que en cuestión de compurgación de penas el ejecutivo organizará el sistema penitenciario y el de infractores de menores, y agrega que las mujeres compurgarán su pena separadas de los hombres. Al artículo diecinueve se le adicionan garantías procesales para el inculpado pero también derechos para la víctima u ofendido en el delito. Dentro de las primeras mencionaremos el derecho a ser informado sobre los derechos que le aseguran la constitución estatal y la federal. A las víctimas les asevera el derecho a una asesoría jurídica, a ser informado del procedimiento penal, a coadyuvar con el ministerio público en todos los datos de prueba que puedan ayudar en el proceso, recibir atención médica y psicológica y la obligación del M.P. de solicitar al juez la reparación del daño. Así también, se les asegura a los menores la potestad de poder decidir ser careados o no con el inculpado cuando se trate de los delitos violación o secuestro. Y para terminar la Constitución les da la potestad de solicitar medidas y providencias para su seguridad y auxilio (Art. 19 fracc. VI).
2.- El sistema electoral
Aunque este apartado sigue estructurado en el mismo título tercero, lo cierto es que en el fondo poco queda del sentir de éste de cómo fue concebido en el diecisiete. Ya no se llama “De las elecciones” sino ahora se denomina de “Del proceso electoral”. La primer gran diferencia es, que se elimina a los integrantes del poder judicial de ser renovado popularmente. Aunque para la renovación de poder ejecutivo, legislativo y del ayuntamiento se reitera el modelo de elecciones libres, autenticas y periódicas a través del sufragio universal, igual, libre y secreto. Por otra parte, la organización de las elecciones si bien es una función de carácter estatal, el órgano encargado de llevarlas a cabo es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus integrantes son designados por consenso del Congreso y a falta de éste por dos terceras partes de la legislatura del estado, dicho organismo es denominado Consejo Estatal Electoral. La reglamentación de todo este título es hecha por la ley electoral del Estado la que como ya analizamos tiene el rango de ley constitucional y la cual se encuentra en proceso profundo de reforma por esta legislatura (LXX Legislatura. Mayo 2005). Para terminar, además del órgano encargado de organizar las elecciones encontramos en la actual constitución una instancia de carácter jurisdiccional independiente y con autonomía funcional y presupuestal (el Tribunal Estatal Electoral), éste conoce y resuelve de las impugnaciones y controversias que se suscitan dentro de los procesos electorales. Con estas nuevas instituciones se derogó la potestad al Congreso de conocer de la nulidad de elecciones (Art. 63 fracc. XXXVII) que se le planteó originalmente. Estos órganos han dado certidumbre y confiabilidad a los procesos electorales en el Estado.
3.- El Poder Ejecutivo
Al igual que en el origen de esta Constitución, el gobernador sigue durando en su encargo seis años. En la actualidad este texto aclara, que los gobernadores cuya elección sea popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar el cargo ni aun con el carácter
de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. No obstante, en el inciso a) del artículo ochenta y cuatro se advierte quiénes podrán contender para el cargo de gobernador pero no para el periodo inmediato. Éstos son a) El gobernador designado por el Congreso para concluir el periodo en caso de falta absoluta del gobernador constitucional y b) el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del periodo. A este título también se le ha realizado algunos cambios en donde se le adicionan ciertas potestades a favor del ejecutivo, unas de éstas es la relacionada con la propuesta que éste hace a los diputados para el nombramiento de algunas figuras, que en el momento que se redactó esta Constitución no existían, como por ejemplo el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o el Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, quien el gobernador propone y el Congreso decide si aprueba dicho nombramiento. Asimismo en este título ahora se regula la figura del Procurador de Justicia que en su origen fue regulado en el título del poder judicial. También expresamente el artículo ochenta y cinco le añade como potestad expresa del gobernador, que éste tendrá el mando de la fuerza pública en el municipio donde residiere habitual o transitoriamente. En este contexto, se le da la posibilidad de conceder el indulto así como la posibilidad de resolver sobre la reducción de penas. Pera terminar la adición a la fracción XXVII le establece como potestad la designación de uno de los Consejeros de la judicatura del Estado. No obstante lo anterior, también el texto vigente le ha establecido algunos límites o controles al poder ejecutivo, por ejemplo se le eliminó la facultad de suspender presidentes municipales hasta por quince días, también se le quitó la autoridad de fiscalización hacia los entes locales, dicha potestad ahora fue otorgada al poder legislativo. Asimismo también, se le limitó la facultad de remoción de ciertos servidores públicos establecidos en la Constitución o en la ley del servicio civil. A este título igualmente se le agregó todo lo relativo a la organización de Procurador General de Justicia del estado, del mismo modo la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (art.87). Aunque esta última es considerada como institución autónoma, no obstante aparece mencionada dentro del poder ejecutivo.
Aunque en el inicio de esta Constitución los integrantes de este poder duraban en su encargo dos años, en la actualidad su periodo es de tres. El día de hoy el texto constitucional fija el número de integrantes de la legislatura en veintiséis diputados, elegidos por el principio de mayoría relativa y hasta dieciséis electos por el principio de representación proporcional. Además se fija un límite de diputados a los partidos, los cuales no puede pasar de veintiséis diputaciones por ambos principios, ni tampoco se les pueden asignar más de catorce por el principio de representación proporcional, situación que no se contempló de esta manera en el origen de este texto constitucional (Art. 46). En cuanto al tiempo que se necesita para separase del cargo y poder contender a una diputación, éste se reduce de ciento ochenta días a cien días naturales y también se le adiciona que el gobernador no podrá presentarse a la elección de diputado (Art. 48). Así mismo, se agrega que los diputados propietarios no pueden reelegirse para el periodo inmediato (Art. 49). De igual forma, se adiciona la potestad que se le otorga al presidente del Congreso de velar por el fuero de los diputados y la inviolabilidad del recinto parlamentario. Nos damos cuenta que este artículo sigue refiriéndose a la inmunidad parlamentaria con el termino de fuero. Sin embargo, en esta misma situación se encuentra la Constitución federal en su artículo sesenta y uno, expresión que sería interesante que se reformara en ambas para poder homogeneizar la terminología constitucional. En cuanto a las potestades del poder legislativo se adiciona al artículo sesenta y tres la posibilidad de suspender o declarar desaparecidos a los ayuntamientos, así como también suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por dos terceras partes de la legislatura y bajo previa audiencia (fracc. VI). A la subsiguiente fracción se le añade el supuesto de no tener aprobado el presupuesto de ingresos (esto también rige para la de egresos) para el próximo ejercicio fiscal. Al respecto, este texto aclara que se
seguirá aplicando el que esté rigiendo mientras no se apruebe el nuevo. La fracción VIII le otorga al congreso la potestad de organizar la administración pública mediante ley orgánica. Para terminar, queremos señalar que el congreso es el que aprueba el sueldo del gobernador y de los secretarios, sin embargo el sueldo de los integrantes del ayuntamiento es aprobado por ellos mismos. Del mismo modo, el congreso aprueba los presupuestos de ingresos de los municipios y del Estado (en este último caso también el de egresos) así como fiscaliza, vigila y evalúa el ejercicio financiero del estado y de los municipios (Fracc. X.)
5.- Poder Judicial
Este poder es representado por el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera instancia y los jueces menores. A este título también se le adicionó la figura del Consejo de la judicatura del estado, la cual tiene funciones de carácter administrativo dentro del poder jurisdiccional (Art. 94). Los integrantes del Tribunal Superior de Justicia pueden durar en su encargo hasta veinte años (Art. 94). A diferencia de cómo sucedía en el origen de esta Constitución, donde los magistrados eran nombrados popularmente, en la actualidad son propuestos por el gobernador pero en última instancia son designados por el Congreso del estado (Art. 63 fracc. XXII). El poder judicial estatal se ha modificado para configurarse como el garante del control constitucional del estado por medio del Supremo Tribunal de Justicia, porque además de resolver sobre las ramas que ya venía conociendo como la materia civil, penal, y familiar, el día de hoy también conoce de mecanismos de control constitucional local, como lo son la controversia de inconstitucionalidad local y la acción de inconstitucionalidad local. Independientemente de lo importante que son todas las competencias del Supremo Tribunal, nosotros preferiremos centrar nuestra atención en las últimas potestades que le fueron asignadas en la reforma constitucional publicada el 9 de junio de 2004 al Tribunal. El primero de los mecanismos comentados es la controversia de inconstitucionalidad local que se utiliza para impugnar actos de autoridad o
normas generales que invadan una competencia constitucional destinada a otro poder u órgano. Este procedimiento puede ser interpuesto por el estado y los municipios así como por los poderes y órganos públicos estatales o municipales. Como ya nos percatamos, este proceso lo que resguarda es el sistema federal y la división de poderes al interior del estado. Otro dato a resaltar, es que el Poder Judicial no puede ser parte actora ni demandada en estas controversias. Por lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad local, su finalidad es la protección a las minorías políticas tanto al interior del congreso como al interior de los ayuntamientos, ya que por medio de esta acción se podrán impugnar normas generales expedidas por el congreso o por cualquier ayuntamiento que en abstracto viole los derechos fundamentales o el sistema de competencias establecido en la Constitución estatal. La legitimación es otorgada a los diputados, tratándose de normas generales expedidas por el congreso y a los regidores para atacar normas generales expedidas por su ayuntamiento. Además de las anteriores figuras también tendrá legitimación procesal para acudir a este proceso el Procurador de Justicia del Estado. Por lo que respecta al efecto de las sentencias emitidas en este tipo de mecanismos sobre normas generales, la Constitución establece que tendrá efectos erga omnes en todo el estado sí dicha sentencia logra la mayoría cualificada que determine la ley reglamentaria.
6.- Capítulos pendientes de la justicia constitucional en el Estado de Nuevo León
Para empezar, hay que hacer la aclaración de que todavía no se cuenta en el estado con la ley reglamentaria del artículo noventa y cinco que reglamenta los medios de control constitucional (mayo de 2005), por lo que aún no se sabemos a ciencia cierta cual será el desempeño de estos mecanismos ni su eficacia en la vida jurídica y política del estado. Aunque la justicia constitucional estatal se ha puesto de moda en México tenemos que reconocer que todavía no ha llegado a tener una verdadera eficacia, esto debido a que los municipios y los demás entes y
órganos de poder de los estados, prefieren acudir directamente a la justicia federal (pasa algo parecido con el juicio de amparo) ya que existe cierta percepción de confiar más en la justicia constitucional federal que en la local. Independientemente que la Suprema Corte de Justicia de México haya dejado claro que ella no puede controlar la constitucionalidad estatal pero si puede controlar las violaciones que afecten indirectamente a la Constitución federal. Además, recordemos que la SCJN puede también conocer de las violaciones a los artículos 14 (el cual se refiere a aspectos procesales) y al artículo 16 (el cual se refiere a aspectos de legalidad). Es por todo esto, que de alguna forma u otra, la gran mayoría de las disposiciones generales o actos estatales pueden ser controlados directa o indirectamente por la corte mexicana. Como resultado de lo anterior, hasta el momento la justicia constitucional estatal no acaba de despuntar y desarrollarse como un verdadero valuarte de control en lo que respecta a las relaciones entre estados y municipio, la división de poderes y la protección a las minorías parlamentarias en los estados de la República. Nosotros consideramos que si el criterio se aplicara al revés, es decir, que así como la SCJN puede indirectamente controlar numerosas disposiciones generales y actos de tipo estatal, si lo analizamos bien, la justicia Constitucional estatal también puede controlar por medio de su Constitución indirectamente numerosos actos que se apoyan en la Constitución federal puesto que aquella se fundamenta en esta última. Si se establece un filtro de tipo procesal que consistiera en implementar como requisito de procedencia el acudir primero a la corte estatal antes de ir a la corte federal, sin perjuicio de acudir posteriormente a la instancia federal (algo parecido al principio de definitividad en el amparo), en mucho ayudaría a fortalecer la justicia constitucional de los estados. Asimismo, se descargaría la gran carga de trabajo de la corte y la consecuencia que esto acarrea, que es el atrofiamiento y la disfuncionalidad de nuestro máximo tribunal nacional.
Para terminar nos gustaría dejar claro que en lo relativo a los medios de control constitucional local, la reforma de 2004 a nuestro juicio, se quedó corta, ya que sólo se configuraron los procesos ya analizados y dejó de lado mecanismos tan importantes como el de la acción por omisión legislativa o la auto-cuestión de inconstitucionalidad. Por ejemplo, el primero hubiera ayudado a presionar a los legisladores a actualizar una serie de normas de carácter constitucional que aun están pendientes de desarrollar en el tintero parlamentario (por ejemplo la ley reglamentaría al artículo 95) y además le hubiera dado más vitalidad al Tribunal estatal como garante de la constitucionalidad. Como muestra de lo comentado, por medio de este control se hubiera resuelto la controversia constitucional 46/2002, en donde la Corte federal le ordenó al Poder Legislativo de Nuevo León que legislase para hacer cumplir las reformas al artículo 115 de la Constitución. Como ya comentamos, mediante la acción por omisión legislativa esta situación se hubiera resuelto en el estado sin necesidad de acudir a la instancia federal y retardar el fallo (recordemos que la controversia se presentó en el 2002) y por otro lado, qué mejor que sea el órgano de control estatal el que resuelva para que no se cometan pifias como en las que cayó la corte federal por desconocer el funcionamiento de la constitucionalidad del Estado de Nuevo León. Nos referimos al proceso de reforma que requiere la constitución estatal y que abordaremos en siguiente apartado.
En este apartado queremos hacer referencia a dos puntos, el primero de ellos es el relativo a las modificaciones que ha sufrido este renglón en lo concerniente a elevar a norma constitucional la ley reglamentaria del artículo noventa y cinco. Dicha ley regularía los mecanismos de justicia constitucional que ya analizamos en el apartado anterior, es decir, para realizar esta ley reglamentaría se necesitará de los mismos requisitos que una reforma al texto constitucional, sólo con la diferencia, que si el congreso la quiere votar en un
mismo periodo ordinario de sesiones lo puede hacer, sin necesidad de los dos periodos que se requieren para una reforma al texto constitucional. Por lo demás el procedimiento de reforma permanece sin cambios, El segundo punto que queremos tocar, es el también ya comentado en párrafos anteriores y que está relacionado con la sentencia que la corte emitió en la controversia 46/2002, en la que le ordenó al congreso que adecuara la Constitución y las leyes estatales a las modificaciones al artículo 115 federal de 1999. Para el cumplimiento de la sentencia, la corte, dio como plazo el
próximo periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la corte no contempló, como ya hemos visto, que para poder reformar la constitución estatal se necesitan de dos periodos ( desde la Constitución de 1825), por lo cual aunque se quisiera cumplir dicha sentencia sería imposible ya que la reforma sería inconstitucional pues violentaría el procedimiento de reforma y ésta tendría un vicio de forma. Para terminar, queremos señalar la importancia de la revitalización del federalismo mexicano pero también creemos que ya es momento de federalizar la justicia constitucional, lo cual creemos ayudaría al fortalecimiento de las instituciones estatales pero sobre todo a que la constitución estatal no sea sólo nominal sino tenga una verdadera fuerza normativa.
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