Source: http://www.empleo.gob.es/es/sec_Trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/legislacion/reglamentoRegistroSociedadesLab.htm
Timestamp: 2017-11-17 21:25:25
Document Index: 199090547

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'artículo 39', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 16', 'Artículo 9']

Reglamento del registro de Sociedades Laborales
Reglamento del Registro de Sociedades Laborales (R.D. 2114/1998, de 2 de octubre)
BOE 14 octubre 1998, núm. 246/1998 [pág. 33988]
El artículo 2 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo (RCL 1997\701, 1765), de Sociedades Laborales, dispone que corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios, el otorgamiento de la calificación de «sociedad laboral», así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada Ley; y en el artículo 4 se crea a efectos administrativos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un Registro de Sociedades Laborales, en el que se han de hacer constar los actos que se determinan en dicha Ley y en sus normas de desarrollo, todo ello sin perjuicio de las competencias de ejecución que asuman las Comunidades Autónomas.
Es de señalar a este respecto que, en la actualidad, todas las Comunidades Autónomas, a excepción del Principado de Asturias y las Ciudades de Ceuta y Melilla, tienen transferidas las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales, competencia que han de seguir ejerciendo respecto del Registro de Sociedades Laborales que se crea con las funciones, competencias y normas de coordinación que se contienen en la presente disposición.
1. Corresponde a la Dirección General de Fomento de la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, al órgano competente de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios, el otorgamiento de la calificación de «sociedad laboral», el control del cumplimiento por las mismas de los requisitos establecidos en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, el resolver sobre su descalificación y, en general, las demás competencias atribuidas por la misma Ley al citado Ministerio o a la Comunidad Autónoma correspondiente.
Artículo 2. Calificación.
1. Para obtener la calificación de «sociedad laboral» y la consiguiente inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales, la sociedad de nueva constitución deberá acompañar a la solicitud una copia autorizada y una copia simple de la escritura de constitución, en la que conste expresamente la voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad laboral.
Artículo 3. Traslado de domicilio.
Cuando una sociedad laboral traslade su domicilio al ámbito territorial de competencia de otro Registro Administrativo, presentará ante el nuevo Registro que resulte competente los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 5. El Registro de destino solicitará del de origen la remisión de certificación literal de todos los asientos registrales de la sociedad, el cual deberá remitirla en un plazo de veinte días, acompañando copia autenticada de los documentos a que aquéllas se refieran y practicar la correspondiente anotación preventiva.
Artículo 4. Inscripción en el Registro Mercantil.
1. Para la inscripción en el Registro Mercantil de la constitución de una sociedad laboral deberá aportarse el certificado que acredite que ha sido calificada como tal por la Dirección General de Fomento de la Economía Social o por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma o inscrita en el correspondiente Registro Administrativo. Tal calificación e inscripción se harán constar en el cuerpo del asiento de su primera inscripción.
El plazo para practicar los asientos a que se refieren los apartados anteriores será el establecido en el artículo 39 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (RCL 1996\2112).
Artículo 5. Modificación de capital social y traslado de domicilio fuera del término municipal.
1. No podrá practicarse en el Registro Mercantil ninguna inscripción de modificación de los estatutos de una sociedad laboral que afecte a la composición del capital social o implique el cambio de domicilio fuera del término municipal, sin que se aporte certificación del Registro Administrativo de Sociedades Laborales, del que resulte, en el primer caso, la resolución favorable de que dicha modificación no afecta a la calificación de la sociedad del que se trate como laboral y su inscripción, y, en el segundo, la inscripción del cambio de domicilio.
3. Los Registradores Mercantiles remitirán al Registro Administrativo correspondiente, dentro de los quince días siguientes a haberlos practicado, certificación literal de los asientos que afecten a una sociedad laboral y se refieran a alguno de los actos mencionados en el artículo 7. Los gastos de expedición de estas certificaciones serán a cargo de la sociedad.
Artículo 6. Obligación de comunicar la superación de los límites sobre horas-año trabajadas y las transmisiones o participaciones sociales.
1. Cuando durante el funcionamiento de la sociedad laboral ésta excediera los límites a que hace referencia el artículo 1.2 de la Ley 4/1997, sobre el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por el tiempo indefinido que no sean socios, la sociedad estará obligada a comunicarlo al Registro Administrativo de Sociedades Laborales en el plazo de tres meses a partir del momento en que se superen los citados límites.
2. Igualmente, las sociedades laborales deberán comunicar dentro de los tres primeros meses del ejercicio económico al Registro Administrativo de Sociedades Laborales las transmisiones de acciones o participaciones sociales que se hubieran producido, mediante certificación de los asientos practicados en dicho período de tiempo en el libro-registro de acciones nominativas o en el libro de socios. No obstante, si de tales asientos resultase que se han transgredido los límites que establece el artículo 5.3 de la Ley de Sociedades Laborales, los administradores de la sociedad, en el plazo de un mes desde que se hubiera practicado el asiento que lo ponga de manifiesto, deberán comunicar al Registro Administrativo correspondiente tal circunstancia, así como su subsanación en igual plazo desde que se practique el asiento por el que se establezcan los límites legales.
Artículo 7. Libro de Inscripción de Sociedades Laborales. Actos inscribibles y anotables.
1. El Registro Administrativo de Sociedades Laborales llevará un Libro de Inscripción de Sociedades Laborales, cuyo contenido será público y se llevará por el sistema de hojas cambiables. La extensión de los asientos, a máquina o por procedimientos informáticos, se hará en forma sucinta, remitiéndose al archivo correspondiente, donde conste el documento objeto de la inscripción.
Artículo 8. Descalificación.
El procedimiento para la descalificación de la sociedad por concurrir alguna de las causas de pérdida de la calificación de «sociedad laboral» que se señalan en el artículo 16 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, se ajustará a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes particularidades:
Artículo 9. Impugnación de acuerdos.
1. Los acuerdos de las Juntas de socios que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la sociedad, podrán ser impugnados ante el órgano judicial competente, según las normas reguladoras de las sociedades anónimas o de las sociedades de responsabilidad limitada sobre impugnación de acuerdos sociales.
En las materias objeto el presente Real Decreto y no reguladas expresamente por el mismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, en la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989\2737 y RCL 1990, 206) y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (RCL 1995\953).
Se faculta a los Ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación del presente Real Decreto.