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Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 95', 'artículo 9']

﻿ mayo | 2012 | Blog - De Lorenzo Abogados
REGULACIÓN DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS
El pasado mes de abril las autoridades europeas de protección de datos, a través del Grupo de Trabajo del Artículo 29 , emitieron un dictamen sobre los desarrollos en materia de tecnologías biométricas, y su incidencia en la materia de protección de datos, proporcionando un análisis de este tipo de datos, así como una serie de recomendaciones sobre mejores prácticas, así como sobre medidas técnicas y organizativas que mitiguen los riesgos de privacidad de los titulares de los datos biométricos.
Debemos partir de conceptualizar los datos biométricos así como sus aplicaciones actuales. Según ha quedado determinado por el propio Grupo de Trabajo del Artículo 29, por dato biométrico podemos entender propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son, al mismo tiempo, atribuibles a una sola persona y mensurables, incluso si los modelos utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican un cierto grado de probabilidad. Ejemplos típicos de datos biométricos son los que proporcionan las huellas dactilares, los modelos retinales, la estructura facial, las voces, pero también la geometría de la mano, las estructuras venosas e incluso determinada habilidad profundamente arraigada u otra característica del comportamiento.
Según ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Agencia Española de Protección de Datos, los datos biométricos se utilizan de manera satisfactoria y eficaz en dos campos fundamentales. El primero de ellos, relacionado con la investigación científica, constituyen un elemento clave de la ciencia forense, y el segundo de ellos, sin duda el más difundido y con más desarrollo tecnológico, el campo del control de acceso y de identificación de personas físicas, cada día más reconocido como único método de identificación, basado en el hecho de ser datos de patrón único e irrepetible en cada persona.
La realidad es que los sistemas de identificación a través de datos biométricos, son cada vez más frecuentes, por la ventaja que suponen frente a otros sistemas de autenticación basados en contraseña o en tarjeta, por el hecho de ser estos últimos fácilmente suplantables o cedidos, siendo este el principal motivo que ha llevado al Grupo de Trabajo del Artículo 29 a pronunciarse sobre este tema, máxime si tenemos en cuenta la ausencia de regulación que existe en la mayoría de las legislaciones europeas sobre esto tipo de datos, tal y como es el ejemplo la propia Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Es criterio de este Grupo de Trabajo del Artículo 29, que la protección de este tipo de datos debe ser llevada a cabo a través de medidas de seguridad específicas, por ser un conjunto de datos de la esfera más intima de las personas, siendo por ello equiparable en algunos casos como el ADN, a los datos de salud. La propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que previsiblemente sustituirá a la actual Directiva 95/46, de protección de datos de carácter personal, indica que el tratamiento de estos datos entraña un grave riesgo, por lo que podrían pasar a considerarse susceptibles de aplicación de un nivel de medidas de seguridad al menos medio.
Quedaremos a la espera de ver cómo termina de perfilarse la regulación de este tipo de datos personales, y las especialidades que adquiere dada la gran incidencia que puede llegar a tener, ya que como hemos dicho su uso es cada vez más difundido como método de identificación de personas físicas.
Publicado en Redacción Médica el Jueves, 31 de mayo de 2012. Número 1694. Año VIII.
REFORMA LABORAL Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado día 24, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que tiene su origen en el Real Decreto Ley aprobado en Febrero pasado por el Gobierno, tras el fracaso reiterado del dialogo social, en una sesión en la que han sido incorporadas al texto 70 enmiendas propuestas por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. En la tramitación del Proyecto, al que se han presentado 656 enmiendas, se han incorporado aportaciones de prácticamente todos los grupos parlamentarios. De esas enmiendas 27 son transaccionales con el PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y BNG.
En líneas generales, el texto aprobado, da más garantías reforzando las causas objetivas del despido y no computará las ausencias del trabajo que obedezcan a un tratamiento de cáncer o enfermedad grave. También se limita la vigencia del contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores hasta que la tasa de paro sea de un 15% y se contemplan bonificaciones para los familiares del autónomo. En línea con la Ley de Transparencia, se extiende al sector público autonómico y local el control de las retribuciones e indemnizaciones del personal de alta dirección.
Más allá de las enmiendas técnicas (por ejemplo el cómputo de plazos y referencias legislativas) y de reestructuración formal del Proyecto de Ley (reagrupación de los preceptos que inciden en el contenido de la Ley General de Seguridad Social) los cambios de fondo son los siguientes:
– En virtud de acuerdo con CIU se limita la vigencia del contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores hasta que la tasa de paro sea de un 15%, En este sentido hay que recordar que, según las previsiones del FMI, la tasa se mantendrá en el entorno del 20% hasta 2017.
-También se ha pactado con el Grupo catalán que la posibilidad de modificar la jornada laboral por iniciativa empresarial se ampliará del 5% al 10%. La jornada media en cómputo anual se sitúa en 1750 horas. Pactándose igualmente en materia de despido por causas objetivas, mayor seguridad jurídica en el despido por absentismo al establecer un período de referencia de un año para computar las ausencias del trabajador, de manera que las ausencias debidas a pequeñas enfermedades producidas en dos meses no sean causa de despido. Tampoco se computarán aquellas ausencias del trabajo que obedezcan a un tratamiento de cáncer o de enfermedad grave.
– Otra enmienda aceptada se refiere al papel de la autoridad laboral en un ERE. Si bien se mantiene la supresión de la autorización administrativa, se introduce un papel más activo de la Inspección de Trabajo para velar por el cumplimiento de los trámites preceptivos e incluso ofrecer actuaciones de mediación y asesoramiento, si alguna de las partes así lo solicita.
-El acuerdo con Foro Asturias ha determinado que la ultractividad, limitada por el Real Decreto Ley a dos años (antes era indefinida hasta que hubiese un nuevo convenio), ha determinado una reducción del plazo a un solo año.
-En virtud de pacto con UPYD se han endurecido las condiciones impuestas a las empresas con beneficios para que puedan acudir a prejubilaciones se revisan las previsiones relativas a despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 ó más años de edad en empresas con beneficios, rebajándose el umbral de plantilla de 500 a 100 trabajadores, es decir, la obligación efectuar una aportación económica al Tesoro Público señalada en la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social será exigible a empresas de plantillas de 100 ó más trabajadores. Con este mismo Grupo parlamentario se han aprobado medidas para incentivar la contratación laboral de quienes hayan sido víctimas del terrorismo
Con independencia de estos pactos parlamentarios también se han introducido algunos cambios significativos en cuanto a:
-Con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica al sistema, se define con mayor precisión las causas de los despidos colectivos, de manera que los tres trimestres de reducción de ingresos y ventas considerados como causa económica deberán ser contrastados con los tres mismos trimestres del ejercicio económico anterior. Por otra parte, en la tramitación del despido colectivo se ha potenciado las posibilidades de que las partes recurran a mecanismos de mediación o arbitraje como medio de llegar a un acuerdo en el período de consultas y reducir en lo posible la litigiosidad. En esta línea, se ha reforzado el papel de la Autoridad Laboral como garante del período de consultas, pudiendo intervenir como mediador en este período, y reconociéndosele funciones de asistencia a instancia de cualquiera de las partes.
-Las bonificaciones en cotizaciones a Seguridad Social cuando un autónomo contrata a un familiar hasta el segundo grado de parentesco o se trata de prolongar el contrato más allá de la temporada turística en el supuesto de trabajadores fijos discontinuos.
– En lo que se refiere a la jubilación, el Proyecto de Ley elimina la jubilación forzosa prevista en convenio, al declarar nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que permitan la extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador cumpla la edad de jubilación prevista en la normativa de Seguridad Social. Se refuerza de esta forma el derecho a la jubilación del trabajador, garantizándose la libertad para decidir sobre su vida activa y el momento de su jubilación.
– En lo referente a la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, el Proyecto de Ley mandata la realización de un informe sobre las posibilidades de simplificación de los trámites y mejora de la reducción de las cotizaciones por las personas que prestan servicios en el hogar familiar.
A partir de ahora el Proyecto e Ley pasará al Senado, volviendo a Congreso para aprobación definitiva, previsiblemente a finales de Junio.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 29 de mayo de 2012. Número 1692. Año VIII.
¿ES LA GESTIÓN JURÍDICO PRIVADA DE LOS SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS UNA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS?
La noticia desde Valencia sobre la necesidad de acometer reformas para poder mantener la calidad asistencial y para que el ciudadano “siga teniendo las misma sanidad que hasta ahora”, en el sentido de extender la gestión privada al conjunto del sistema sanitario valenciano trazada por el Consell, plantea la cuestión de si la gestión jurídica privada de los servicios sanitarios es una privatización de los servicios.
Publicado en Redacción Médica el Jueves, 10 de mayo de 2012. Número 1679. Año VIII.
RIESGOS LEGALES DEL USO DEL SOFTWARE SIN LICENCIA
Hoy en día las necesidades de sistemas de información son cada vez mayores en la totalidad de las empresas debido al constante aumento de la información y documentación manejada, siendo a veces incluso necesaria la creación de departamentos específicos de desarrollo e implantación. El sector salud desde luego no es ajeno a estos avances, sobre todo si tenemos en cuenta los conceptos básicos que aquí se manejan tales como Historia Clínica Única o Electrónica. No obstante, son estos departamentos son los que más acusan la constante preocupación por la reducción de costes, siendo el uso de programas software sin licencia una práctica bastante habitual, generalizada e incluso tolerada por los órganos directivos y de administración, sin una previa valoración de los riesgos que tales prácticas conlleva, que pueden ser de tipo jurídico, reputacionales y de seguridad.
El software como bien jurídico es considerado propiedad intelectual y protegido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto por el artículo 95 y siguientes, que determinan que la persona física o jurídica que desarrolla el programa de ordenador, es la única habilitada para su explotación a través de licencias, siendo por ello su uso sin esta preceptiva licencia un incumplimiento normativo que puede supone un ilícito de tipo civil, así como un delito penal contra la propiedad intelectual, debido al ánimo de lucro que existe por las empresas que recurren a estas prácticas, que intentan reducen gastos y aumentar ingresos con el uso de estos sistemas.
Junto con esto, el uso de software sin licencia, conlleva otra serie de riesgos jurídicos entre ellos, ser un incumplimiento de la normativa de Protección de Datos, ya que en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, se establece la obligación de tomar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos, siendo el software instalado al margen de la previa obtención de una licencia, una grave amenaza para los datos personales y contrario a las medidas de seguridad previstas para cualquier tipo de datos relativos a las personas físicas.
El software sin licencia, puede afectar también a las certificaciones ISO 9001, que es la más extendida en el medio sanitario, ya que este software puede estar mal instalado, configurado, o expuesto a una sobrecarga de usuarios no recomendada ni prevista por el propio fabricante, por lo puede llegar a suponer una interrupción y demora en la repuesta de las empresas a las peticiones de sus clientes, afectando a la calidad del servicio y del producto final, por lo que contradiría el apartado 6.3 de la norma ISO. A parte de los riesgos de tipo legal que hemos comentados, supone un riesgo en la reputación de la compañía, debido a que es habitual que los medios de comunicación den a conocer los detalles de incidentes relacionados con infracciones de este tipo, con el consiguiente impacto derivado que puede generar una situación así.
Es sin duda por todo ello, que el uso de software sin licencia preceptiva va más allá de las pérdidas económicas para la industria creadora de los programas informáticos, pudiendo suponer un grave perjuicio para las empresas que se decantan por esta opción, por lo que, es siempre recomendable proceder a la adquisición de las mismas como método para evitar riesgos innecesarios.
Publicado en Redacción Médica el Martes, 08 de mayo de 2012. Número 1677. Año VIII.