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Timestamp: 2020-03-28 09:17:13
Document Index: 72038669

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 13', 'artículo 96', 'artículo 35', 'artículo 55', 'artículo 104', 'artículo 145', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 104', 'artículo 203', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 81', 'artículo 1']

Resolución 9 Jul. 1997. IGAE Intervención General de la Administración del Estado.
Publicado en BOE de 15 de Julio de 1997
Vigencia desde 15 de Julio de 1997
Duodécimo Para los expedientes de subvenciones
Artículo 18 Decimoctavo
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de julio de 1997, aprobó el siguiente Acuerdo: «Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión del artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora.» A fin de favorecer su conocimiento y aplicación, se publica como anexo a esta Resolución.
Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión del artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora
La Ley General Presupuestaria, en su artículo 95.3, autoriza al Gobierno para que, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, acuerde que la intervención previa se limite a comprobar, además de los extremos que se determinan en la propia Ley, aquellos otros que por su transcendencia en el proceso de gestión establezca el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. Esta fiscalización limitada, que se ejerce con carácter previo, se complementa con la que se lleva a cabo con posterioridad a la realización del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 95.5 de la citada Ley.
El 29 de julio de 1994 se adoptó el vigente Acuerdo de Consejo de Ministros que da aplicación a la previsión del artículo 95 de la Ley General Presupuestaria en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo.
En los casi tres años transcurridos han tenido lugar reformas legislativas de gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico que inciden directamente en las materias a que se refiere el citado Acuerdo de Consejo de Ministros.
Entre otras, fundamentalmente, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que adecua nuestra legislación interna al ordenamiento jurídico comunitario, introduce importantes novedades en la contratación administrativa, especialmente en lo que se refiere a la autorización del Consejo de Ministros para la celebración de determinados contratos, a la tramitación de los expedientes de contratación, a los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos, a las Mesas de Contratación, a las garantías exigidas para asegurar el cumplimiento de los contratos o a la posibilidad de revisión de precios que no se limita ya a los contratos de obras.
Las recientes Leyes 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria, y 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tienen como finalidad contribuir a la mejor y más efectiva consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno, así como introducir medidas de mayor exigencia en la normativa presupuestaria con el objeto de controlar el déficit público mediante una presupuestación rigurosa y de racionalidad y mayor control en la gestión de los recursos públicos. Estas normas legales realizan la adecuación de la legislación presupuestaria a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de Clases Pasivas del Estado, Patrimonio del Estado, o de ayudas y subvenciones públicas que inciden igualmente en las materias objeto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio de 1994.
Asimismo el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que regula el control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, desarrollando los preceptos de la Ley General Presupuestaria en materia de función interventora y de control financiero, introduce algunos cambios en el ejercicio del control interno, en especial con respecto a aquellos asuntos en que ha dictaminado el Consejo de Estado.
La experiencia en la aplicación de la fiscalización limitada previa en materia de Clases Pasivas y la propia evolución de su interpretación, así como la modernización de los procedimientos en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y en su Intervención Delegada aconsejan un nuevo tratamiento en materia de Clases Pasivas.
Por otra parte, el vigente Acuerdo de Consejo de Ministros en materia de control de subvenciones presenta grandes insuficiencias al establecer únicamente la verificación de requisitos mínimos y muy generales. Ello se debe a la multiplicidad de líneas de subvenciones, cada una de ellas con su normativa específica, lo que hace difícil determinar criterios generales de aplicación a todo tipo de subvenciones y ayudas públicas.
Por todo ello se hace preciso modificar el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio de 1994, a fin de que se adapte a la normativa vigente y se refuerce el control sobre determinadas áreas del gasto público.
Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se adopta, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del 4 de julio, el siguiente Acuerdo:
Primero.-1. La fiscalización previa de obligaciones o gastos incluidos en el presente Acuerdo, en cada uno de los Ministerios, centros, dependencias u organismos se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes se contienen en el presente Acuerdo.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en los expedientes en que, de conformidad con el presente Acuerdo, deba verificarse la existencia de dictamen del Consejo de Estado, se comprobarán, con anterioridad al mismo, los extremos contemplados en los correspondientes apartados de este Acuerdo y, con posterioridad a su emisión, únicamente se constatará su existencia material y carácter favorable, en cumplimiento del artículo 13.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.
2. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los diferentes apartados de este Acuerdo se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos objeto del informe y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley General Presupuestaria.
En los expedientes de contratación de personal laboral, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que exista autorización de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.
b) Haber sido cumplimentados los criterios de selección establecidos por el Ministerio para las Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 35 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
La existencia de certificado expedido por órgano competente en el que se determine:
Personal laboral eventual: El cumplimiento de los requisitos previstos en los puntos a) y d) del número 2 anterior.
4. Los expedientes de prórroga de contratos laborales estarán sujetos a fiscalización limitada previa, verificándose en ellos, además de los requisitos a) y b) del apartado primero.1, que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.
En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) Que las nóminas estén firmadas por el Habilitado y se proponen para su autorización al órgano competente.
1. Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la fecha de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de las retribuciones.
2. Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. A estos efectos, en la nómina del Ministerio de Educación y Cultura se comprobará, conforme a lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 30/1992, el acuerdo de nombramiento y la toma de posesión mediante relaciones, firmadas por el órgano al que correspondan tales competencias, que contengan los datos de dichos documentos, no verificándose las retribuciones.
4. El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, así como los actos que las generen, serán objeto de comprobación posterior.
En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social se comprobarán los extremos previstos en las letras a) y b) del apartado primero.1 y, en su caso, segundo, del presente Acuerdo.
En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante la Administración, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Reclamaciones formuladas ante la Administración General del Estado, con exclusión de aquellas que derivan del funcionamiento de la Administración de Justicia:
2. Reclamaciones fundadas en el funcionamiento de la Administración de Justicia:
2.1. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
2.2. Error Judicial:
2.3. Prisión preventiva:
3. Reclamaciones formuladas ante los organismos autónomos.-Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
3. Obras accesorias o complementarias:
4. Revisiones de precios (aprobación del gasto).-Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 104.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 145.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, comprobar que se ha prestado la garantía exigida.
d) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
6. Liquidación:
7. Pago de intereses de demora.-Que existe informe del Servicio Jurídico.
9. Ejecución de obras por la Administración:
En los expedientes de contratos de suministros, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
b) Cuando el empresario propuesto como adjudicatario no hubiera presentado en la licitación la certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, o ésta hubiera caducado según el artículo 10.3, comprobar que el mismo se encuentra al corriente de dichas obligaciones
1.2. Revisión de precios (aprobación del gasto).-Que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 104.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
1.3. Modificación del contrato.-Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, del Consejo de Estado.
1.4.1. Abonos a cuenta:
c) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
1.4.2. Abono total o pago de la liquidación si existieran abonos a cuenta:
b) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir facturas por empresarios y profesionales.
1.5. Pago de intereses de demora.-Que existe informe del Servicio Jurídico.
1.6. Indemnizaciones a favor del contratista:
2.1. Propuesta de adquisición al Servicio Central de Suministros.-Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
2.2. Liquidación al contratista:
3. Contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.
3.1. Expediente inicial.-En los supuestos amparados por el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, se comprobarán además de los extremos previstos en los apartados primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo, la existencia de los preceptivos informes técnicos emitidos por la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.
3.2. Resto de expedientes.-En el resto de expedientes, incluidos los tramitados al amparo del Real Decreto 533/1992, los mismos extremos que se exigen para los suministros en general, así como la comprobación de la existencia de los informes técnicos emitidos por las correspondientes Comisiones Ministeriales de Informática.
4. Contrato de fabricación.-En el supuesto de que el pliego de cláusulas administrativas particulares determine la aplicación directa de las normas del contrato de obras, se comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de contrato en el apartado séptimo de este Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los ya especificados para suministros en general.
En los expedientes de contratos de consultoría y asistencia, los de servicios y los de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
a) Que existe el pliego de cláusulas administrativas particulares y está informado por el Servicio Jurídico y, en su caso, pliego de prescripciones técnicas del contrato.
d) Informe detallado y razonado, emitido por el servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente los extremos recogidos en el artículo 203.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren las circunstancias previstas en los artículos 210 y 211 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
2. Modificación del contrato.-Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, del Consejo de Estado.
3. Revisión de precios (aprobación del gasto).-Que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 104.1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Cuando en el abono se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos del artículo 104.1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Abono total o pago de la liquidación si existieran abonos a cuenta:
b) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
6. Expedientes relativos a servicios informáticos.-Que existe informe técnico de la CIABSI o, en su caso, de la correspondiente Comisión Ministerial de Informática.
En los expedientes de contratos patrimoniales, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
1. Adquisición de bienes inmuebles por la Administración General del Estado.
1.1. Propuesta de adquisición y autorización del gasto por el Departamento interesado.-Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
1.2. Actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Patrimonio del Estado.-La fiscalización se realizará por el Interventor delegado en dicho centro directivo y consistirá en comprobar que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
1.3. Aprobación del compromiso de gasto por el Departamento interesado.-Que existe acuerdo de adquisición del Ministro de Economía y Hacienda o autoridad en quien tenga delegada la competencia.
2. Adquisición voluntaria por la Administración General del Estado de terrenos no destinados a la construcción de edificios:
b) Que existe acuerdo del Consejo de Ministros autorizando la contratación directa, si la selección del vendedor se pretende efectuar por este procedimiento.
3. Arrendamiento de bienes inmuebles por la Administración General del Estado, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento o arrendamiento financiero.
3.1. Propuesta de arrendamiento y autorización del gasto por el Departamento interesado.-Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
3.2. Actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Patrimonio del Estado.-La fiscalización se llevará a cabo por el Interventor delegado en dicho Centro directivo y consistirá en comprobar que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
3.3. Aprobación del compromiso de gasto por el Departamento interesado:
Que existe resolución del Director general del Patrimonio del Estado de adjudicación del concurso, si la selección del arrendador se ha efectuado mediante este procedimiento.
Que existe Orden del Ministro de Economía y Hacienda, o autoridad en quien tenga delegada la competencia, acordando la contratación directa, si la selección del arrendador se ha efectuado por este procedimiento.
b) Que se aporte factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
4. Adquisición de bienes inmuebles por organismos autónomos:
Propuesta de adquisición y autorización del gasto:
a) Que, en su caso, existe autorización del Jefe del Departamento ministerial.
c) Que existe informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado en el supuesto de contratación directa, con las excepciones previstas en el artículo 43.b) y c) de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en tanto dicha Ley siga siendo de aplicación para el organismo autónomo afectado, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
5. Arrendamiento de bienes inmuebles por Organismos autónomos.
5.1. Propuesta de arrendamiento y autorización del gasto:
c) Que existe informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado en el supuesto de contratación directa o el Acuerdo de Consejo de Ministros que lo excepciona, salvo en los supuestos previstos en el artículo 43.c) de la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en tanto dicha Ley siga siendo de aplicación para el organismo autónomo afectado, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
5.2. Reconocimiento de la obligación.-Iguales requisitos que los exigidos para la Administración General del Estado.
En los expedientes de convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado y sus organismos autónomos administrativos con entidades de derecho público o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas.
1.1. Suscripción:
a) Que existe la previa autorización del Convenio por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
1.2. Modificaciones sustanciales:
1.3. Prórroga.-Que existe previa autorización por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
2. Convenios de colaboración con el resto de entidades de derecho público.-Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del Convenio.
3. Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. En el caso de que impliquen subvenciones, verificación de los requisitos establecidos en el apartado duodécimo del presente Acuerdo.
En los expedientes de subvenciones, excepto las destinadas a financiar restituciones, ayudas o intervenciones en los sectores agrícolas y pesqueros, financiados únicamente con fondos comunitarios, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1. Para subvenciones en general:
A) Autorización del gasto y acuerdo de concesión.-Que, en su caso, las bases reguladoras de la concesión han sido informadas por el Servicio Jurídico y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
a) En el caso de que las normas reguladoras de la subvención prevean la exigencia de garantías en virtud de lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria que se acredita su existencia.
b) En el caso de subvenciones ex-post, certificación expedida por el órgano concedente, acreditativa del cumplimiento de los fines que justifican la concesión de la subvención.
c) Acreditación, por parte del beneficiario, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2. Para determinadas subvenciones.
2.1. Subvenciones para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Que, en su caso, las bases reguladoras de la concesión han sido informadas por el Servicio Jurídico y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
b) Que la organización o entidad beneficiaria está legalmente constituida, carece de fin de lucro y tiene como fin institucional primordial la realización de las actividades de interés social subvencionadas.
c) Que existe la propuesta de concesión de la subvención por parte de la Comisión designada al efecto por el órgano convocante.
a) Certificación expedida por el órgano concedente, acreditativa del cumplimiento de los fines que justifican la concesión de la subvención.
b) Acreditación, por parte del beneficiario, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2.2. Primas a la construcción naval:
b) Que los beneficiarios reúnen los requisitos exigidos en el artículo 1.1 del Reglamento de Primas y Financiación a la Construcción Naval, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de septiembre de 1994.
c) Que existe informe-propuesta de la Gerencia del Sector Naval.
a) Que se aporta la documentación justificativa correspondiente a cada abono requerida en el articulo 9 del Reglamento de Primas y Financiación a la Construcción Naval, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de septiembre de 1994.
2.3. Subvenciones correspondientes al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
2.3.1. Para las ayudas a alumnos y profesores, los extremos adicionales a comprobar serán los establecidos para subvenciones en general excepto los consignados en los apartados 1.B).a) y c), los cuales no serán objeto de verificación.
2.3.2. Para las subvenciones a centros colaboradores, los extremos adicionales a comprobar serán:
b) Que los beneficiarios están autorizados por el órgano competente para funcionar como órgano colaborador.
B) Reconocimiento de obligaciones.-Los extremos adicionales a comprobar serán los establecidos para las subvenciones en general.
En los expedientes de transferencias que se realizan por la Administración del Estado a los diversos entes territoriales con cargo a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado, los extremos adicionales a comprobar, ya sea en la autorización del gasto, acuerdo de concesión o reconocimiento de obligaciones, según correspondan serán:
1. Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación Interterritorial.-Que exista la petición de la Comunidad Autónoma al órgano gestor de los créditos en el Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Transferencias a entes territoriales por su participación en los ingresos del Estado.-Que los pagos se realizan conforme a la periodicidad establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. Transferencias a entidades locales y empresas públicas y entes públicos en virtud de Convenio o Contrato Programa:
a) Que existe dicho Convenio o Contrato Programa.
b) Que la cuantía es acorde con la establecida en el correspondiente Convenio o Contrato Programa.
En los expedientes de reconocimiento del derecho a las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones extraordinarias de terrorismo a que se refiere el título II del Real Decreto 851/1992, su liquidación e inclusión en nómina, así como la liquidación e inclusión en nómina de las ayudas a los afectados por el VIH recogidas en el Real Decreto-ley 9/1993, y en el reconocimiento del derecho a la indemnización de quienes sufrieron prisión, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
I) Requisitos comunes.-Fotocopia del documento nacional de identidad con letra de control, número de identificación fiscal o comunicación oficial del mismo, excepto para los expedientes de reconocimiento de pensiones o ayudas a extranjeros.
II) Requisitos específicos para cada tipo de expediente:
1.1. Reconocimiento, por el Ministerio de Defensa, de pensiones de retiro y en favor de familiares.
1.1.1. Pensiones ordinarias de retiro:
a) Que existe resolución de la autoridad competente por la que se dispone el pase del interesado a la situación de retiro o jubilación, en su caso.
b) Que queda acreditado documentalmente el hecho causante que da lugar a la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la pensión de retiro y se acompaña copia, debidamente legalizada, de la hoja de servicios o certificado de servicios equivalente, baja de haberes, en su caso, y los informes preceptivos justificativos de la incapacidad, cuando el retiro tenga causa en alguna clase de aquélla.
c) Que se acredite, en su caso, que el funcionario ha completado el período de carencia que da derecho a pensión.
1.1.2. Pensiones extraordinarias de retiro.-Además de los requisitos exigidos anteriormente para las pensiones ordinarias de retiro, que existe resolución de la autoridad competente por la que se declare que las causas de la incapacidad son imputables a un acto de servicio.
1.1.3. Pensiones ordinarias en favor de familiares:
b) Que se acredita la relación familiar o, en su caso, de convivencia. Si el beneficiario de la pensión ha sido cónyuge legítimo del causante habiéndose decretado durante el matrimonio la separación judicial, divorcio o nulidad del mismo, deberá aportarse certificado literal de matrimonio actualizado a la fecha del óbito del causante.
1.1.4. Pensiones extraordinarias en favor de familiares:
d) Que se acredita la relación familiar o, en su caso, de convivencia. Si el beneficiario de la pensión ha sido cónyuge legítimo del causante habiéndose decretado durante el matrimonio la separación judicial, divorcio o nulidad del mismo, deberá aportarse certificado literal de matrimonio actualizado a la fecha del óbito del causante.
1.2. Reconocimiento, por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, de pensiones en favor de causantes.
1.2.1. Pensiones ordinarias de jubilación:
b) Que queda acreditado el hecho causante que da lugar a la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la pensión y se acompaña la documentación correspondiente, suscrita por el órgano de jubilación competente.
1.2.2. Pensiones extraordinarias de jubilación:
a) Que queda acreditado el hecho causante que da lugar a la iniciación del procedimiento de reconocimiento de la pensión y se acompaña la documentación correspondiente, suscrita por el órgano de jubilación competente.
b) Que se acompaña expediente de averiguación de las causas que concurrieron en el hecho causante de la inutilidad, informado por el correspondiente órgano competente en materia de personal; o el expediente instruido por el Ministerio de Interior declaratorio de las lesiones acaecidas como consecuencia de actos de terrorismo o certificación de su contenido, en los supuestos a que se refiere el título I del Real Decreto 851/1992; o por la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 848/1993.
1.2.3. Pensiones extraordinarias de terrorismo a que se refiere el título II del Real Decreto 851/1992:
1.2.4. Pensiones de retiro de personal militar, reconocidas al amparo del título I de la Ley 37/1984.
1.2.5. Pensiones especiales derivadas de la guerra civil, 1936-1939, al personal al servicio de la República en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público o Cuerpo de Carabineros durante la guerra civil, reconocidas al amparo del título II de la Ley 37/1984:
c) En el supuesto de pensiones en favor de profesionales de las Fuerzas o Institutos Armados deberá quedar justificado en el expediente el empleo efectivamente alcanzado y/o los servicios prestados por el interesado o, en su caso, el reconocimiento de servicios efectuado por el Ministerio del Interior al amparo del Decreto 3357/1975 o de la Ley 46/1977; por el Ministerio de Defensa, al amparo del Real Decreto-ley 6/1978, o por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en aplicación de lo establecido en el título I de la Ley 37/1984.
1.3. Reconocimiento, por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, de pensiones en favor de familiares:
c) Que se acredita la relación familiar, o de convivencia.
e) Justificación de los requisitos señalados en los apartados anteriores relativos al derecho a pensión del causante, excepto lo relativo al período de carencia mencionado en los apartados II).1.1.1.c) y II).1.2.1.c) anteriores.
f) Cuando se trate de pensiones en favor de familiares de fallecidos en la guerra civil o como consecuencia de ella, reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, y el causante hubiera sido profesional de las Fuerzas o Institutos Armados, habrá de verificarse, asimismo, que se acompaña certificación expedida por el órgano competente, en la que conste la base reguladora que por graduación y años de servicio habría correspondido al causante en 1979.
1.4. Rehabilitación y acumulación de pensiones por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas o, en su caso, por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda.
1.4.1. Rehabilitación de pensiones perdidas por no presentarse al cobro o no pasar revista, por recuperación de aptitud legal y por desaparición de la incompatibilidad por cese en el trabajo activo:
1.4.2. Acumulación por fallecimiento, pérdida de aptitud legal, aplicación de incompatibilidades y límite máximo de percepción:
1.5. Revisiones y resoluciones de recursos sobre las resoluciones de reconocimiento de pensiones por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda y por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
1.5.1. En revisiones generales, que se motiva suficientemente la necesidad de tal revisión general y se define con exactitud las pensiones afectadas por la misma.
1.5.2. En revisiones particulares se aplicará el régimen específico de cada tipo de pensión de acuerdo con los apartados anteriores, si bien no será necesario acreditar aquellos extremos que no afecten a la revisión y no hayan sufrido alteración alguna.
1.5.3. Las resoluciones de recursos se tratarán como las revisiones particulares de pensiones.
2. Liquidación de pensiones, de las ayudas a los afectados por el VIH a que se refiere el Real Decreto Ley 9/1993 y de las prestaciones reguladas en el Real Decreto 848/1993; tanto en régimen centralizado, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como en régimen descentralizado a través de las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda:
2.1. Liquidaciones por reconocimiento, rehabilitación, acumulación o coparticipación de pensiones o ayudas:
Se comprobará en base a la declaración del interesado y, en su caso, con certificado de los datos económicos de cada una de las pensiones sujetas a límite conjunto incluidas en el Registro de prestaciones sociales públicas.
En su caso justificación fehaciente de las fechas de pérdida del derecho al cobro y la oportuna baja en nómina.
d) Verificación de la exactitud de los parámetros utilizados en los cálculos aritméticos efectuados.
2.2. Liquidación de pensiones o ayudas por traslado de Unidad de Clases Pasivas:
a) Que existe certificado de baja en nómina de la correspondiente Unidad de Clases Pasivas.
b) Verificación de la exactitud de los parámetros utilizados en los cálculos aritméticos efectuados.
2.3. Reactivación de pensiones o ayudas:
2.4. Complementos económicos:
b) Que se acompaña la resolución fiscalizada de la liquidación de la pensión.
c) Comprobación de la fecha de efectos económicos.
2.5. Haberes devengados y no percibidos:
e) Verificación de la exactitud de los parámetros utilizados en los cálculos aritméticos efectuados.
2.6. Retenciones por embargo de pensiones o ayudas.-Que existe providencia u orden de embargo de haberes pasivos, decretada por autoridad competente.
2.7. Revisiones y resoluciones de recursos sobre liquidaciones de pensiones o ayudas.
2.7.1. En revisiones generales, que se motiva suficientemente la necesidad de tal revisión general y se definen con exactitud las pensiones afectadas por la misma.
2.7.2. En revisiones particulares se aplicará el régimen específico de cada tipo de expediente de acuerdo con los apartados anteriores, si bien no será necesario acreditar aquellos extremos que no afecten a la revisión y no hayan sufrido alteración alguna.
2.7.3. Las resoluciones de recursos se tratarán como las revisiones particulares, comprobándose la existencia de la correspondiente solicitud.
3. Nóminas de pago único de Clases Pasivas.-Estarán sujetas a fiscalización plena.
4. Nóminas de pago periódico de Clases Pasivas.
4.1. Nómina de pago directo:
c) Habrá de verificarse que las altas por reconocimiento de derechos, por rehabilitación, por acumulación, por coparticipación, por traslado de Unidad de Clases Pasivas, por reactivación de pagos o por revisión, siempre que ésta no tenga carácter general, responden a liquidaciones aprobadas y fiscalizadas de conformidad.
4.2. Nómina de pago a través de Habilitados de Clases Pasivas:
c) Habrá de verificarse que las altas por reconocimiento de derechos por rehabilitación, por acumulación, por coparticipación, por traslado de Unidad de Clases Pasivas, por reactivación de pagos o por revisión, siempre que ésta no tenga carácter general, responden a liquidaciones aprobadas y fiscalizadas de conformidad.
4.3. Nómina de pensionistas sujetos a retención judicial:
c) Idéntica comprobación de las altas que en la nómina de pago directo.
d) Idéntica comprobación aritmética del apartado b) anterior para el desglose de retenciones.
5. En los expedientes de reconocimiento del derecho a las indemnizaciones en favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, así como de su inclusión en nómina, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
5.1. Reconocimiento de indemnizaciones por tiempos de prisión:
a) Que se acreditan los períodos efectivos de tiempo de permanencia en prisión del causante por la autoridad militar o civil que corresponda, o por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los supuestos en que fue de aplicación la Ley 18/1984.
No obstante, en caso de que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no requiera la citada documentación, motivación de dicho extremo.
b) Acreditación de la condición de viudez, en su caso.
5.2. Nóminas de pago único de indemnizaciones por tiempos de prisión.-Estarán sujetas a fiscalización plena:
Las indemnizaciones reconocidas a favor de beneficiarios fallecidos y no pagadas se tramitarán como lo indicado para el apartado de haberes devengados y no pagados.
6. Los certificados de baja, alta o no alta en nómina que se citan en los números anteriores, podrán efectuarse mediante información extraída del sistema informático de nóminas de Clases Pasivas, con la debida diligencia de identificación de su origen, y siempre que conste que no se trata de un movimiento de anticipo de nómina. También serán validos los anteriores certificados que se expidan con antelación a la nómina de referencia siempre y cuando se hayan introducido las correspondientes instrucciones en el sistema informático citado.
En las nóminas de prestaciones y subsidios por desempleo, así como en las de subsidios por desempleo de trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
En los expedientes de prestaciones generales del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, así como de las específicas del Fondo especial de la MUFACE, y de su liquidación e inclusión en nómina, en su caso, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
4. Prestaciones sanitarias y farmacéuticas que no deriven de conciertos suscritos con otras entidades; subsidio de incapacidad temporal; prestación económica por gran invalidez destinada a remunerar a la persona encargada de la asistencia al gran inválido; indemnización por lesiones permanentes no invalidantes; prestaciones por servicios sociales y por asistencia social, excepto la de ayuda económica para adquisición de vivienda, que no deriven de conciertos suscritos con otras entidades.
Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
5. Concesión de ayuda económica para adquisición de vivienda:
a) Que está acreditado que el peticionario está afiliado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
b) Que se acredite la concesión del préstamo o, en su caso, la subrogación, en la forma requerida en la correspondiente convocatoria anual.
c) Que se acredite, con la documentación exigida en la correspondiente convocatoria anual, que ni el solicitante ni su cónyuge son propietarios de otra vivienda en los términos fijados en dicha convocatoria.
6. Concesión de pensiones u otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas en el fondo especial de la MUFACE:
c) Verificación de que el mutualista está al corriente del pago de cuotas.
7. Nóminas de pensiones y demás prestaciones:
En los expedientes de prestaciones generales del Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, así como de las específicas para los mutualistas de las Mutualidades integradas en la Mutualidad General Judicial, y de su liquidación e inclusión en nómina, en su caso, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
2.1. Prestación de asistencia solicitada directamente por el mutualista o beneficiario en establecimientos distintos de los establecidos por la Mutualidad:
2.2. Ayudas económicas para prótesis y autovacunas.-Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
2.3. Hospitalización psiquiátrica:
3. Prestaciones por incapacidad permanente:
3.1. Prestaciones por razón de incapacidad:
3.2. Prestación por gran invalidez.-Además de los requisitos a) y b) del número 3.1 anterior, habrá de verificarse que existe acreditación de que el peticionario es gran inválido.
4. Prestaciones por asistencia social.-Que está acreditado que el peticionario es mutualista de la Mutualidad General Judicial.
5.1. Ayuda a minusválidos físicos y psíquicos:
5.2. Ayuda para gastos de sepelio y ayuda a jubilados forzosos por razón de edad.-Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
6. Concesión de pensiones u otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas en la Mutualidad General Judicial:
En los expedientes de prestaciones generales del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, así como de las específicas para los mutualistas de las Mutualidades integradas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
b) Que las liquidaciones están conformadas por los órganos responsables del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
3. Prestaciones por asistencia social y auxilio por defunción.
3.1. De invalidez y minusvalía:
a) Que está acreditado que el peticionario está afiliado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Que existe dictamen emitido por la Comisión de Valoración de Minusvalía e Invalidez.
3.2. Por intervenciones o tratamientos especiales, de extrema ancianidad, por adquisición de aparatos imprescindibles para la vida cotidiana y concesión de anticipo de pensiones de viudedad y orfandad.
3.3. De auxilio por defunción.-Que existe certificado de defunción del causante.
4. Concesión de ayuda económica para adquisición de vivienda.
5. Prestación económica por incapacidad transitoria para el servicio o trabajo.-Que está acreditado que el titular peticionario estaba prestando servicio activo o trabajo efectivo en el momento de producirse la incapacidad.
6. Prestación económica por inutilidad para el servicio.
6.1. Pensiones vitalicias:
a) Que está acreditado que el titular peticionario se encontraba en la situación de servicio activo o en la situación de incapacidad transitoria cuando se declaró su inutilidad para el servicio.
b) Que está acreditado que el peticionario no pertenece al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.
6.2. Indemnizaciones por lesión permanente no invalidante.-Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
7. Prestaciones de servicios sociales.
7.1. Por tratamientos especiales:
b) Que existe dictamen emitido por la Comisión de Valoración de Minusvalía e Invalidez u órgano competente que la sustituya, en el que se califique la disminución o minusvalía del beneficiario y la necesidad de tratamiento.
7.2. Por servicios para la tercera edad.-Se comprobarán exclusivamente los extremos contenidos en el apartado primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.
8. Concesión de pensiones y otras prestaciones propias de las Mutualidades integradas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas:
9. Nóminas de pensiones y prestaciones:
Este Acuerdo producirá efecto desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», momento a partir del cual quedará sin vigencia el Acuerdo de 29 de julio de 1994, regulador del ejercicio de la fiscalización limitada previa, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos.