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Timestamp: 2020-07-11 04:14:14
Document Index: 162971743

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'in fine', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo\n1', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 1265', 'artículo 1300', 'artículo 1303', 'artículo 394', 'artículo 455', 'artículo 458']

SENTENCIA GANA CONTRA BANKIA
JUZGADO DE INSTANCIA 2 DE TORRENT(ANT. MIXTO 2)
N .I.G .:46250-42-2-2015-0020408
Procedimiento: JUICIO VERBAL - 000798/2015-
a Sr a . SERNA NIEVA , ANA ISABEL y
Contra : D/ña . BANK IA SA
Procurador/a Sr/a. GIL BAYO , ELENA
En Torrent a veintidós de octubre de dos mil quince
Vistos por mí, Da Ma José Férez Martí,Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° dos de esta ciudad y su partido , el presente JUICIO
seguidos a instancia de
representados por el procurador Sra
Serna y defendidos por el letrado Sra Valero, contra Bankia SA, representada por el procurador Sra Gil y defendida por el letrado Sr Blanes. y, atendiendo a los siguientes
PRIMERO.-Por el Procurador Sra Serna se presentó demanda de juicio verbal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando sentencia en la que, estimando la presente demanda, se declare la anulidad por vicios en el consentimiento del contrato de compra y suscripción de acciones suscritos por las partes, condenando a Bankia a la devolución de la suma reclamada de 3000 euros, cantidad correspondiente al importe nominal entregado por las acciones junto con el interés legal del dinero devengado desde la fecha de suscripción de la orden de compra hasta su efectiva restitución , previa deducción de los rendimientos que hubiera podido percibir el actor, y al pago de las costas, ejercitando de forma subsidiaria , acción de responsabilidad civil contractual.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, convocando a las partes para el acto de la vista que se celebró el día señalado con la asistencia de ambas partes. Formuladas por las partes comparecientes las alegaciones que estimaron pertinentes, se recibió el pleito a prueba, practicándose todas las propuestas y admitidas, registradas en el soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen levantado al efecto.
PRIMERO.-Ejercita la parte actora en el presente procedimiento, con carácter principal una acción de anulabilidad del contrato de ad uisición de acciones por concurrencia de vicio en e consentimiento determinante de dolo y/o error y, de forma subsidiaria acción de daños y perjuicios ex articulo 28 LMV, todo ello respecto de la or en de compra de acciones de Bankia suscritas el 5 de julio de 2011, con n° de orden 411186141128274 por un importe global de 3000 euros, y que los actores, clientes de la entidad demandada suscribieronen la creencia de que Bankia ostentaba una buena situación patrimonial y estaba generando beneficios, creencia que vino propiciada por la información engañosa consignada por Bankia en los estados contables y en el folleto informativo registrado ofreciendo la entidad bancaria una información incorrecta sobre la solvencia y el patrimonio de la entidad demandada, que indujo a error a su inversor, viciando de este modo su consentimiento contractual.
La parte demandada se opone alegando pre ·udicialidad enal, por cuanto que los hechos esgrimidos en la demanda son objeto de enjuiciamiento en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, concretamente en las diligencias previas 59/2012. Niega también la existencia del vicio del consentimiento, alegando que el error no recae ni el producto ni en el objeto sino en un apreciación subjetiva del actor, cual es la quiebra de las expectativas o la frustración de la posibilidad de obtener beneficios , tratándose de cuestiones ajenas a la relación jurídica de todo contrato que no constituye causa de nulidad. En cuanto a la obligación de informar considera que se cumplió debidamente con la obligación de informar, no discutiendo la realidad del contrato suscrito, considerando que la orden de compra de acciones responde a una información suficiente y a un conocimiento adecuado del producto, habiendo recibido la actora además del folleto un anexo donde se le indica la posibilidad de perdida de la inversión realizada, habiendo sido supervisado dicho folleto por la CNMV, considerando en definitiva que Bankia cumplió con las obligaciones de información y que aquella fue veraz al tiempo en que se presentó, agregando existir respecto a la solvencia de Bankia, en el seno del procedimiento penal entablado, dictámenes periciales contradictorios, sin que por tanto sea hecho notorio el falseamiento contable, al encontrarnos ante una instrucción no concluida, y habiéndose producido la reformulación de las cuentas por disposición legal, habiendo cumplido Bankia con todas todas las formalidades exigidas según la normativa Mifid, interesando de forma subsidiaria, para el caso de que se estimase que Bankia es responsable una modulación de · la responsabilidad.
SEGUNDO.-La primera cuestión a analizar es la relativa a la re·udicialidad penal alegada por la demandada al amparo del artículo 40 Lec.
Y esta concreta cuestión ya ha sido resuelta por la Audiencia Provincial de Valencia, en el Auto de 1 de diciembre de 2014, de la Sección 7a de la Audiencia Provincial de Valencia, en el sentido de desestimar la misma y cuyos argumentos son plenamente compartidos por esta juzgadora. Señala el mismo:
"...... En el anterior contexto este Tribunal no comparte la decisión del juzgador de instancia de acoger la suspensión solicitada por Bankia por prejudicialidad penal en relación al delito de falsedad de cuentas del Art. 290 del CP que investiga (entre otros delitos) el Juzgado Central de Instrucción n°4. Este artículo castiga a "los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero".
En el supuesto que nos ocupa, Bankia ubica la prejudicialidad en la eventual falsedad de los estados e información contable utilizados para la salida a Bolsa de Bankia que se está investigando en la jurisdicción penal, lo que a su parecer es presupuesto esencial e ineludible para poder determinar la nulidad de la suscripción de acciones que efectuó el demandante.Vemos que efectivamente se denunció y se investiga penalmente si los consejeros de BANKIA y BFA distorsionaron las cuentas de ambas entidades, a fin de dar la impresión o crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les permitió mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa y en la subsiguiente cotización.
Es posible que se haya cometido un delito de falsedad en los términos del
Art. 290 del CP, por el que se sigue la referida causa penal. Esta posible falsedad,
por lo que nos interesa en relación a los documentos efectivamente aportados por el demandante vendría referida a los resultados económicos del primer semestre de 2011 que se plasman en el documento n° 5 de la demanda, y en el propio folleto informativo de la suscripción que se presenta a la CNMV que es el documento n° 3.2.
Sin embargo dichos documentos, y su posible falsedad, aportados por copia, no se con · ran..decisiYos para resolver sobre el fo o del asunto, pues a la vista del relato de hechos antes confeccionado resulta notorio que sin necesidad de ellos se puede tener por acreditada que la iinagen de solvencia que Bankia proyectó cuando efectuo su oferta de suscripción de acciones su salida a lmlsa en ec a -7-2 no era correct y no reflejaba su verdadera situación económica . Es decir aunque estos documentos (o incluso el resto de los aportadoS) no se hubiesen incorporado a la causa, la apariencia de errónea solvencia alegada por el demandante hubiese podido acreditarse por el hecho notorio referido a las diferentes actuaciones no solo de la propia Banlda y el BFA, sino también de las entidades públicas de control y regulación del mercado. Igualmente se hubiese desprendido or la dive encía entre la inicial ublicidad e tn tlco el discurso de su · ente le·o , el día de la salida a bolsa en relación a las nuevas cuentas reformul das or el nuevo conse·o de administración as el cese de te · r. Lo mismo cabe decir de la acreditada y not ría situación de rescate fina cíe 5'-5...-._..,..
Y siendo esta apariencia de solvencia, lo que según el demandante le
indujo a comprar acciones a un determinado precio el día 19-7-2011 consideramos que para resolver sobre la pretensión deducida no se precisa que recaiga sentencia en el orden penal que declare que las cuentas presentadas eran falsas, quienes sean sus autores y cuales sus responsabilidades penales o civiles.
Es decir, si la imagen de solvencia que se ofreció por Bankia en junio de
2011, no se correspondía a la realidad, no es preciso que exista un previo pronunciamiento penal que determine que ello fue constitutivo de delito y que ello se debió única y exclusivamente por la falsedad de las cuentas del primer semestre de 2011.
No puede desconocerse que el demandante está instando la nulidad de un
contrato por dolo o por error en el consentimiento , o por incumplimiento radical de normas imperativas (folio 12 de la demanda), es decir está aludiendo a alguna de las posibilidades del art. 1265 del CC (Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia , intimidación o dolo)) y aunque el dolo, como vicio de la voluntad negocia!, pueda venir determinado por una conducta insidiosa o maquinación maliciosa de tal entidad que pueda subsurnirse en el art. 1270 del CC, el dolo civil no exige que la conducta sea constitutiva de infracción penal.
En este sentido la STS Civil de 3 febrero 1981 (RJ 1981/347) alude a que
"lo resuelto en la esfera penal sobre la declaración de responsabilidad y la imposición de la pena, no son en sí mismas condición o presupuesto de ninguna norma civil y en consecuencia no podrá en rigor afirmarse que exista autoridad de cosa juzgada en este otro ámbito, sino que la vinculación del juez civil a la sentencia condenatoria se manifiesta en cuanto a la existencia material del hecho, compuesta por la actividad y el resultado , al elemento psicológico del delito y al grado de participación del sujeto condenado , apreciaciones que no trascienden al debate civil cuando la controversia atañe a cuestiones distintas y la sentencia penal no opera perjudicialmente, sentido en el cual enseña la Jurisprudencia que tales resoluciones sólo obligan a los Tribunales civiles "en aquellas afirmaciones fácticas declaradas probadas que son integrantes del tipo que se define y castiga.."
Añadir que aceptar la suspensión que pretende Bankia equivaldría a
dictar una resolución desconectada de la realidad social que también se debe tener en cuenta como criterio de interpretación previsto en el Art . 3 del CC. La suspensión provocaría y haría dificultosa la pronta resolución , no solo de este caso sino del de otros muchos, en que por diferentes accionistas se compraron acciones de Bankia , máxime la fundada posibilidad de la larga, y compleja tramitación de la causa penal, en contra de la claridad y perfecta delimitación del objeto de la pretensión deducida por el demandante en su contenido y efectos.
Todo ello sin prejuzgar cual sea la decisión final del pleito .
Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto, a lo que hay que añadir el criterio de aplicación restrictiva de la prejudicialidad penal , procede rechazar la prejudicialidad penal alegada por la demandada en este momento procesal y, por tanto, debe seguirse con la tramitación de la causa civil que nos ocupa, sin suspenderla."
Asimismo cabe citar la Sentencia de 7 de enero de 2015 de la Secc 9 de la Audiencia Provincial de Valencia en cuyo fundamento jurídico cuarto in fine señala que " el fundamento presente debe concluir con la advertencia de que a los efectos de la acción ahora entablada, nulidad por error en el consentimiento, no se exige, la premisa de sentarse una falsedad documental o conducta falsaria por la
emisora o sus administradores, pues para la protección del inversor, en esta sede civil, a tenor de la normativa expuesta, basta con ue los dato ·
omitidos en el folleto1 determinantes de la ima en d a económico-financiera de la s ad, hubiesen sido esenciales y relevantes para
per ecc1ón contractual". '
O la SAP de Madrid de 23 de julio de 2015 al indicar que
"El artículo 40 de la ley de enjuiciamiento civil establece la suspensión del proceso civil cuando exista prejudicialidad penal, siendo necesarios que concurran los siguientes requisitos para que proceda dicha suspensión: a) Que se acredite la existencia de un delito o falta perseguible de oficio, en el curso del proceso civil. b) Que se acredite la existencia de una causa penal, lo que exige que la causa penal ya se encuentre en trámite cuando se plante la suspensión del proceso civil. No basta a estos efectos que se haya presentado la correspondiente denuncia o querella, o incluso que el Ministerio Fiscal haya llevado a cabo la correspondiente investigación , es necesario que la querella o denuncia haya sido admitida a trámite. e) La causa penal, y la decisión que pueda adoptar el Tribunal penal , tenga o pueda tener una influencia decisiva en la resolución del proceso civil. A fin de acreditar este requisito es necesario que la parte que insta la suspensión , aporte al proceso civil, sino testimonio de todas las actuaciones penales, si al menos del auto de incoación del proceso penal, y de la denuncia o querella, con la finalidad de que el órgano civil pueda examinar si existe esa conexión entre la pretensión debatida en el proceso civil, y la cuestión penal.
En el presente caso si bien se acredita la concurrencia de los dos primeros
requisitos no cabe entender que concurra el tercero de los requisitos señalados, es decir que la causa enal tenga J!na influencia decisiva en el proceso civil, pues como ya ha señalado esta misma sección en sentencia de 8 de mayo de 2015 "el fundamento de la nulidad (anulación) que se pide es tanto la supuesta actuación dolosa deBankia por suministrar información falsa como el error en que -según se alega en la demanda- incurrió el suscriptor de las acciones como consecuencia de la falta de veracidad de la información ofrecida en el folleto de emisión (y así se deduce de la sentencia de instancia), supuesto éste en que basta acreditar la
realidad objetiva del conocimiento equivocado -error- (con los requisitos jurisprudenciales), sin que sea necesario ni que ese resultado sea consecuencia de dolo de Bankia ni que se aprecie responsabilidad penal , bastando la valoración jurídico-civil del contenido de la información suministrada y de las omisiones cometidas. Por otro lado, tampoco el dolo civil se identifica con el penal, de modo que no es preciso que se declare este último en proceso penal para que ea el presente proceso pueda apreciarse que Bankia observó una actuación dolosa. Resulta, así, que no se trataría de «los mismos hechos» los que son investigados en el proceso penal y los que constituyen objeto de este proceso civil, con la consecuencia de que no procede la suspensión de este hasta que finalice la causa penal, no siendo de aplicación al caso ni el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ni el artículo 10.2 de la LOPJ , ni los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ."
TERCERO.-Señala la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia desde su sentencia de fecha 29/12/2014 (Rollo 751/2014), enjuiciando igual clase de producto de inversión que el que ahora es objeto de análisis
respecto a esta clase de producto, vía de suscripción y normativa aplicable:
"El producto financiero suscrito, son acciones, instrumentos de inversión regulados en la Ley de Mercado de Valores de 1988 que expresamente en su artículo 2 las menciona como objeto de su aplicación. La normativa del mercado de capitales se estructura sobre un pilar básico, cual es, la protección del inversor, al estar ante un mercado de negociación de títulos de riesgo, y las acciones, como valor representativo de parte del capital social de una entidad mercantil, son producto de riesgo. Tal fundamento legal tiene su reflejo más inmediato y transcendente en el principio de información, esencial para un mercado seguro y eficiente, significativo de que las decisiones inversoras se tomen con pleno conocimiento de causa. Se impone a las entidades que ofertan tales valores prestar una información fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos.
En el caso presente, es de resaltar por su gran relevancia y transcendencia solutiva, que nos encontramos ante una Oferta Púbica de Suscripción (OPS) y Admisión a Negociación de Acciones, definida en el artículo 30 bis de la Ley Mercado de Valores, (".. toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores "). El legislador impone para dicha vía de financiación de las sociedades anónimas, ber especifico y especial de información, regulado de forma e austiva, cual es, la publicación de un "folleto informativo", confeccionado por el emisor, quien, a su vez, debe aportar a una autoridad pública, al caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), para ser aprobado y registrado como requisito indispensable para poder realizarse la oferta pública de suscripción (artículo 30-2). Por consiguiente, el folleto informativo se revela como un deber esencial constituyendo el instrumento necesario e imperativo por el cual el inversor va a tener y conocer los elementos de juicio, necesarios y suficientes, para decidir la suscripción de tales acciones.
Estando a la redacción vigente cuando se emiten las nuevas acciones por Bankia SA objeto de oferta pública, tanto del artículo 27 de la Ley de Mercado de Valores como el artículo 16 del RD 2010/2005 de 4 de noviembre de 2005 que desarrolla dicha Ley, en materia de admisión a negociación de valores e11 mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción , fijan el contenido del folleto informativo en armonía con la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y que modifica la Directiva 2001/34 (Directiva del folleto). De este cuerpo legal, destacamos ahora por su pertinencia, como elemento rimario y relevante objeto de esa "información suficiente" a dar al público, los riesgos del emisor,
explicitados en los " activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y
pérdidas, así como las perspectivas del emisor"(artículo 27-1); con ello, el fin no
es otro que el inversor evalúe la situación económica de a sociedad anónima que le oferta·pasar a ser accionista, determinante a la hora de decidir si invierte o no, es decir, suscribe tales valores ofertados públicamente ( artículo 16 y 17 del RD 2010/2005 ) y la citada Directiva 2003/71 regla tal deber como información necesaria para que el inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente información de los activos y pasivos, situación financiera, beneficios y pérdidas
(artículo 6 de la metada Directiva) del emisor.
En tal tesitura y con esas directrices legales, resulta evidente que los datos económico financieros del emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados y la propia ley del Mercado de Valores fija en su artículo 28 la responsabilidad por la información del folleto y obliga al autor del folleto informativo ( artículo 28-2 ) a declarar que -a su entender- los datos son conformes a la realidad y no se omiten hechos que "por su naturaleza pudiera altear su alcance", fijando el artículo 28-3 (desarrollado en el artículo 36 del RD 1310/2005) una responsabilidad específica por los daños y perjuicios que cause a los titulares de los valores adquiridos, como consecuencia de que las informaciones explicitadas en el folleto sean falsas o por omisiones de datos relevantes del folleto, atribuible a los firmantes del folleto, sus garantes, emisores y sus administradores, no siendo ésta la acción entablada en la demanda iniciadora al actual procedimiento, sino que es la de nulidad contractual por vicio estructural (artículos 1265, 1266 y 1300 Código Civil) no excluida ni eliminada, obviamente, en el texto normativo referenciado, pues al fin y al cabo, la suscripción de nuevas acciones es un negocio jurídico que debe cumplir los requisitos de validez de todo contrato y en especial consideración a los que validan la emisión del consentimiento como elemento esencial de su perfeccionamiento.
Por último, para culminar este fundamento, es de precisar, que la acció cnmo instrumento financiero no es un producto de inversión complejo -como certeramente califica la sentencia de instancia-, por tanto, ya en su suscripción
(mercado primario) ya en su compra (mercado secundario), no son necesarias las exigencias informativas de mayor rigor y nivel que la Ley del Mercado de Valores impone para productos complejos; en concreto, ante las alegaciones de
los demandantes apelantes, no resulta preceptiva la necesidad de practicar un test de conveniencia , exduido ex resamente por e legislador, como así fij_a
expresamente el artículo 79 bis 8 de la mentada Ley, recogiendo las directrices de
la Directiva 2006/73. La clara razón o fundamento de ello es que son Qroductos fácilmente liquidables a precios públicamente disponibles, evaluados por un
-;¡-stema independiente al emisor y, ad ás, productos medianamente comprendidos en sus características por los inversores. La carencia de relación contractual entre litigantes de un contrato de gestión de cartera o de asesoramiento en materia de inversiones, excluye, igualmente, la necesidad de la práctica del test de idoneidad."
CUARTO.-En las presentes actuaciones, la categoría en que se enmarca la acción principal ejercitada por la actora es la de la anulabilidad o nulidad relativa, categoría de ineficacia que supone una imperfección del acto menos enérgica, derivada sobre todo de determinados vicios de capacidad o de voluntad que dan lugar a una acción de nulidad o de impugnación, la cual, si es ejercitada con éxito, produce la destrucción del acto con fuerza retroactiva. Es el sentido del
artículo 1.300 del Código Civil, que está englobado bajo la rubrica capitular llamada de la nulidad de los contratos. Señala el mencionado artículo que "Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de algunos de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley"; y dice el artículo
1.265 que es nulo (anulable) el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. En este caso el vicio del consentimiento alegado por la actora es el error y/o dolo. En este contexto normativo, la acción ejercitada no se
funda en la falta de información sobre la naturaleza o riesgos del producto contratado , sino en la falta de veracidad de la información sobre el estado y
situación financiera de la entidad demandada, emisora de las acciones .
Y desde esta perspectiva , según resulta de la documental aportada, en especial con el extracto del folleto informativo OPS aportado en la demanda como documento uno a cuatro,se indica que Bankia es la primera entidad
financiera en términos de activos totales en Es aña con üñO'S activos totales
consolidados pro forma a 31 de diciembre de 201O por -importe de 292.188'
millones e euros y bajo el titulo "información financiera intermedia" y como . cuentas de resultados pro forma -se dice por ello que puede no ser suficientemente representativos de la posición financiera o los resultados reales del grupo- se afirma que el grupo Bankia había obtenido en diciembre de 2010, un beneficio antes de impuestos de 559 millones de euros, un beneficio neto consolidado de 359 millones de euros y un beneficio atribuido al Grupo de 356 millones de euros y en el primer trimestre de marzo de 2011 se recoge un beneficio antes de impuestos de 125 millones de euros, un beneficio neto consolidado de 88 millones de euros y un beneficio atribuido al Grupo de 91 millones de euros.
Se presentaba pues Bankia como una de las primeras entidades del panorama financiero español , siendo que, tal imagen de solvencia se vio
raüicalment étransform ach1a raíz .de la reformulación de las cuentas anuales de
2011 que se efectuá el 25 de mayo de 2012, que de un reflejo contable de
beneficios , pasan a atribuir al ejercicio 2011, unas perdidas de 2979 millones de euros.
Y que la información suministrada por la entidad bancaria al tiempo de la suscripciones de acciones no era la real queda patentizada por la propia sucesión de acontecimientos producidos desde la salida a Bolsa de la entidad demandada, considerándose como hecho no controvertido la sucesión de acontecimientos acaecidos en la propia entidad demandada. En concreto hay que referirse a los siguientes hechos esenciales: la decisión de salida a Bolsa y OPS de 28 de julio de 2011; el folleto y contenido del folleto elaborado para la salida a Bolsa registrado en la CNMV; la salida a Bolsa el 20 de julio de 2011 con valor nominal de 2 euros acción y 1,75 euros de prima de emisión; que el4 de mayo de 2012 Bankia presenta las cuentas anuales del ejercicio 2012 con beneficios de 309 millones de euros; que el 7 de mayo dimite el Presidente de la entidad Bankia; que el 9 de mayo de 2012 la entidad es intervenida por el FROB; que el 25 de mayo de 2012 se presentan nuevascuentas reflejando pérdidas de 2979 millones de euros.
La realidad de tales hechos one d relie e ue age escrita en el folleto informativo no era la imagen real, debiendo ponerse de manifiesto de entrada, como viene reiterando de orma continuada la jurisprudencia que, el cumplimiento del deber de información corresponde acreditarlo a la parte
demandada, más en casos como el presente en que el mismo está regulado legalmente.
La prueba documental aportada, permite concluir que la información ofrecida a la actora a través del folleto informativo y en la publicidad que sirvió para atraer a la misma a la suscripción de las acciones, contenía una serie de datos relativos a la solvencia de la entidad que, sin embargo no se ajustaban a la verdadera situación económica de la misma, en aquel tiempo, situación de graves perdidas, que no fue trasmitida a la parte actora.
La existencia de distintos informes r . ·ct-.a ·w. i..· ....... .. ... procedimiento enal y que han sido aQortados a autos, no des:vjrtúa concurrencia de los hechos expuestos, pues no se trata a uí de dilucidar · cuentas de la emisora eran falsas sino si as cuentas y la información sob e as mismas ublicitadas en el folleto se corres ondían con la realidad, independientemente de a quien se debe imputar esa conducta, justificándose que no eran reales, en base a los datos objetivos expuestos, pues el hecho de que los estados financieros incluidos en los folletos de emisión no ex resaban la imagen fiel de la entidad, es un hecho consta ado e la propia reformulación Cle as cuentas que la ropia entidad hace en ma o de y que traslada a la entidad de un estaoo Cle solvencia a otro de pérdidas sin solución de continuidad y sin más información que la existente en todo momento en la propia entidad, siendo aquí irrelevante la motivación de tal circunstancia dado que desde la perspectiva que corresponde analizar, la validez de un negocio jurídico, la subjetividad resulta intrascendente pues el deber informativo constituye un deber de objetivo cumplimiento y objetivo resultado ante el emisor, resultando a la vista del examen de la prueba documental aportada, que el folleto de la OPS, registrado y publicitado a finales de junio de 2011, contiene una información financiera que no se corresponde con el resultado final contable auditado de ese ejercicio, que además pasa por una doble fase, una previa sin auditar y otra auditada que es la aprobada definitivamente y depositado públicamente, y que a la postre, exhibe una panorámica financiera absoluta y completamente diferente y diverso de lo informado y divulgado en el folleto, y que pone de manifiesto que en escaso periodo de tiempo una entidad que se mostraba solvente, tuvo que ser intervenida, presentando importantes perdidas.
Señala a estos efectos la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
de fecha 29 de diciembre de 2014 que, "estamos ante el mismo y único ejercicio social 2011 de Bankia SAs el folleto está publicitado y registrado a mediados de 2011 y el resultado final contable auditado de este ejercicio aprobado
efimtivamente y depositado públicamente, es radical, absoluta y comQletamente diferente y diverso de lo informado y divulgado en el folleto. Con estos datos objetivos, es evidente la enorme disparidad en los beneficios y pérdidas reales dentro del mismo ejercicio, revelador, dadas las cuentas auditadas y aprobadas, que la sociedad emisora se encontraba en situación de graves pérdidas, hasta el punto, por ser un hecho notorio ( articulo 281.4 Lec), -por conocimiento absoluto y general- que la entidad demandada solicitó, pocos meses después de tal emisión, la intervención pública con una inyección de un mas que relevante cantidad de capital, so pena de entrar en concurso de acreedores. Por consiguiente, las mismas cuentas auditadas y aprobadas del ejercicio 2011, determinan que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real, y en todo caso,
dados estos datos objetivos, demostrativos, en resumen, de la incorrección e inveracidad, amen de omisión, de la información del folleto en tales datos, debía ser la entidad demandada la que acreditase que a época de oferta pública, los datos publicitados eran correctos y reales, extremo no ocurrente.
Evidente es que no basta -como alega y pretende la demandada- cum lir
_ con la información dispuesta de forma regulada, sino que el contenido de la
misma debe ser veraz, objetivo y fidedigno y ello, respecto a los beneficios y gérdidas de Bankia, se ha demostrado que lo informado no era real. La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto, lleva a concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor , resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas; por tanto, se vulneró la legislación expuesta del Mercado de Valores. No establece la Directiva 2003/71 del folleto, -fuera de la orden de su artículo 25 en la imposición de las sanciones y medidas administrativas apropiadas-, el régimen de responsabilidad civil por esa vulneración, dejándola a la regulación del derecho interno de cada estado miembro (así además declarado en la sentencia del TJUE de 19112/2013 -Sala Segunda- asunto Inmofinanz AG, C-174/2912 sobre un caso de adquisición de acciones de una sociedad con vulneración de tal Directiva) y por ello concluye que no es contrario a la Directiva 2003/71/CE (y otras), una normativa nacional que en la transposición de la misma: ".. establece la responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las obligaciones de información previstas por estas Directivas y, por otra parte, obliga, como consecuencia de esa responsabilidad, a la sociedad de que se trata a reembolsar al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a hacerse cargo de las mismas. Por consiguiente, frente a la acción específica de daños y perjuicios, fijada en el artículo 28-2 de la Ley del Mercado de Valores , nada empece a que tal vulneración pueda sustentar una acción como la presente de nulidad por vicio del consentimiento con la restitución de las prestaciones sustentada en la normativa del Código Civil, en cuanto integre los requisitos propios de la misma.
Respeto al argumento alegado por la entidad demandada de que no puede apreciarse la doctrina de los hechos notorios, cabe referir que los mismo no vienen referidos al falseamiento contable, que aquí no se decide, sino a los hechos objetivos anteriormente expuestos, (sucesión de acontecimientos acaecidos), significando al respecto, como señala la SAP de Madrid de 8 de julio de 2015, "tales hechos, no solo reúnen los requisitos y consideración de notorios sino que son hechos no controvertidos y no negados por Bankia .... La oposición a los hechos notorios carece de fundamento, pues es evidente que la repercusión de la situación de Bankia es tanevidente y e o_ci_da que resultaría desproporcionado obligar a las partes y al juzgador a realizar una labor y
-despliegu robatorio sobre los mismos c_uand"o son n._otorios y conocidos y cuando no son solo hechos notorios, sino que además en su ráctica mayoría se trata de fiec os recoñocidos y no negados por la demandada .....".-
De otro lado el hecho puesto de manifiesto por la entidad demandada de que las acciones bursátiles sean un producto en el que se asume cierto riesgo y que lo se produce es una quiebra de las expectativas del inversor, no excluye la estimación de la acción de anulabilidad, ya que no se trata de que la acción sea un produ to de riesgo o que se quiebren lás expectativas sino si la información dada
por la entidad bancaria para la suscripcwn resulta conforme a su estado
-· anctero y cont ble real previa a la suscripción. El accionista ebe asumir los
riesgos de la fluctuación de as acciones IJer par-a ,su, suscripción debe sede aportada una información real de la situación de la sociedad con el fin de que
....pueda representarse la realidad del producto que está suscribiendo. Si la información que se le proporciona no es real, el suscriptor tiene una representación irreal del producto que está adquiriendo lo que lleva a que su consentimiento esté viciado pues cree suscribir algo que es distinto a lo que realmente adquiere. Tampoco es obstáculo para estimar la demanda el hecho que la entidad demandada cumpliera con los requisitos legales para la OPS, tales como el registro de la emisión en la CNMV. Debe tenerse en cuenta además que la CNMV se limita a efectuar un control formal sobre la documentación que debe ser presentada por la entidad que sale al mercado bursátil, verificando que de dichos documentos resulte la concurrencia de los requisitos exigidos por la LMV para la salida en Bolsa, pero sin efectuar un control o análisis sobre la veracidad y fidelidad de la información que contiene dicha documentación, tal y como resulta de lo dispuesto en el RD 1310/2005 cuyo art 26 dispone: "La aprobación del folleto es un acto expreso de la CNMV resultante del análisis realizado, por el que esta concluye que el folleto es completo, comprensible y que contiene información coherente. En ningún caso, la aprobación implicará un juicio sobre la calidad del emisor que solicita la admisión a negociación de sus valores o sobre estos últimos". Por mucho que se hayan cumplido con tales requisitos, para determinar el vicio en el consentimiento se debe atender a si la información suministrada al suscriptor responde o no a la realidad de la situación financiera y contable a partir de la cual el accionista asume el riesgo de su suscripción. En tal caso, es decir, si no responde a la realidad, es indiferente que se hayan cumplido con tales requisitos por cuanto el vicio en el consentimiento se produce de la misma manera y, con ello, la nulidad ., pues lo determinante a tal fin es si lll información suministrada al suscriptor responde o no a la realidad de la situación financiera y contable de la entidad demandada, habiendo quedado acreditado que la información económica financiera divulgada resultó inexacta en aspectos relevantes y sustanciales como son las perdidas y los beneficios.
Por todo ello, es de estimar la existencia del vicio del consentimiento por error, pues esa deficiente información suministrada al actor impidió al mismo
tomar un coñociíñiento exacto sobre Tas circunstancias el roducto que
-contrataba, sobre sus condiciones, pudiendo considerarse que el actor prestó su
.. consentimiento en la creencia de que adquiría unas acciones de una entidad
económicamente estable, fuerte y solvente y que así se le había mostrado a través de la información facilitada y que, en absoluto se correspondía con la realidad. Resulta de aplicación el articulo 1265 y 1266 del CC reguladores del error como vicio del consentimiento que exige además de que el error sea relevante que sea excusable, y en el caso examinado concurren todos los requisitos para apreciar el error como vicio estructural del negocio de suscripción de acciones, siendo relevante y esencial por cuanto que, como indica la mencionada sentencia de 29.12.2014:
" Se anuncia y explicita públicamente al inversor, una situación de
solvencia y económica con relevantes beneficios netos de la sociedad emisora de
las nuevas acciones, además con unas perspectivas, que no son reales.Esos datos económicos, al encontrarnos ante un contrato de inversión, constituyen elementos
esenciales de dicho negocio jurídico, hasta el punto que la propia normativa legal expuesta exige de forma primordial su información al inversor y con tales datos evalúa y considera el público inversor su decisión de suscripción, resultando obvia la representación que se hace el inversor, ante esa información divulgada: va a ser accionista de una sociedad con claros e importantes beneficios , cuando realmente , está suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas multi-milmillonarias.Siendo contratos de inversión, en concreto de suscripción de nuevas acciones, donde prima la obtención de rendimiento (dividendos), la comunicación pública de unos beneficios millonarios , resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento. El requisito de excusabilidad es patente por cuanto la información está confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de viabilidad de la oferta pública supervisado por un organismo público , generando confianza y seguridad jurídica en el inversor."
Por las consideraciones expuestas, la aplicación del artículo 1265 y 1266 en relación con el artículo 1300 del Código Civil, conlleva a estimar la acción de nulidad planteada sobre las acciones adquiridas, resultando innecesario analizar la viabilidad de la acción ex articulo 28 LMV ejercitada con carácter subsidiario.
En cuanto a sus efectos, y dado el VICIO contractual estimado, es de aplicar el artículo 1303 del Código Civil, que señala que "declarada la nulidad de una obligación , los contratantes deben de restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses", sin que proceda por tanto modulación alguna. De esta forma se produce la "restitutio in integrum", con efectos "ex tune", al procurar que las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al evento invalidador. En este sentido citar la sentencia de la Sección 9a de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de septiembre del 2013 al indicar que "en relación con los efectos de la nulidad de los contratos suscritos, que se declara, han de concretarse , en la mutua restitución de lo percibido por ambas partes, con sus intereses legales, desde las fechas de las liquidaciones correspondientes", y que "dichas cantidades devengarán , desde las fechas de las correspondientes liquidaciones parciales, el interés legal correspondiente".
Conforme a lo expuesto, la actora deberá devolver a Bankia, SA las acciones suscritas y Bankia deberá devolver a la actora el importe de la suscripción más los intereses legales. Y, en consecuencia, procede condenar a la demandada a la devolución de la suma reclamada de 3000 euros más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción de la orden de compra pero del mismo modo la parte actora deberá reintegrar las acciones adquiridas con sus frutos o dividendos, que en su caso hubieren producido.
QUINTO.- Las costas procesales , de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la parte demandada , al haber dado lugar a la pretensión actora.
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general
por representados por el procurador Sra
contra por el procurador Sra Gil, DEBO declarar la nulidad, por vicio en la prestación del consentimiento, del contrato de compra y suscripción de acciones suscrito entre los actores y la demandada en fecha 5 de julio de 2011 con número de orden 411186141128274 por importe de tres mil euros, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, condenando a la misma a la devolución de la suma reclamada de 3000 euros más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción de la orden de compra, y debiendo igualmente la parte actora, restituir las acciones adquiridas a la parte demandada asi como los rendimientos obtenidos con ellas, caso de haberse producido.
Todo ello, con expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifiquese esta resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA (artículo 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS,exponiendo las alegaciones en que base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 458.2 LEC).De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , al anunciarse o prepararse dicho recurso se deberá acreditar la constitución de un depósito de 50 euros mediante su ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.
PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido dictada y publicada por la Sra Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
Publicado por Mix Consulting en 2:16