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Timestamp: 2017-08-21 08:53:12
Document Index: 30490562

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 1', 'e contrario']

Id. Cendoj: Organo: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia - PDF
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Magdalena Sáez Velázquez
1 Id. Cendoj: Organo: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 24/09/2014 Nº Recurso: 213/2012 Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS Procedimiento: CIVIL Idioma: Español Sala de lo Civil Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán SENTENCIA Sentencia Nº: 482/2014 Fecha Sentencia : 24/09/2014 CASACIÓN Recurso Nº : 213/2012 Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando Votación y Fallo: 09/09/2014
2 Ponente Excmo. Sr. D. : Francisco Javier Arroyo Fiestas Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19. Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls Escrito por : L.C.S. Nota: PROTECCIÓN DEL HONOR E IMAGEN. Entrevista a un extoxicómano en el año 2002 con autorización, programa que se vuelve a difundir en el año 2007, sin que en la segunda ocasión conste su consentimiento. CASACIÓN Num.: 213/2012 Ponente Excmo. Sr. D.: Francisco Javier Arroyo Fiestas Votación y Fallo: 09/09/2014 Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil SENTENCIA Nº: 482/2014 Excmos. Sres.: D. Francisco Marín Castán D. José Antonio Seijas Quintana
3 D. Francisco Javier Arroyo Fiestas D. Francisco Javier Orduña Moreno D. Eduardo Baena Ruiz D. Xavier O' Callaghan Muñoz D. José Luis Calvo Cabello En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Septiembre de dos mil catorce. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 279/2011 por la Sección 19 de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 505/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Getafe, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por el procurador don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de los demandados Antena 3 de Televisión S.A., don Florentino y don Inocencio, compareciendo en esta alzada en su nombre y representación el mismo procurador en calidad de recurrente y la procuradora doña María Belén Casino González, en nombre y representación del actor don Edmundo, en calidad de recurrido y con intervención del Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO El procurador don Félix González Pomares, en nombre y representación de don Edmundo, interpuso demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, contra la entidad Antena 3 de
4 Televisión S. A., contra el periodista don Florentino y contra el periodista don Inocencio, y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia «por la que : Primero: Se declare que los demandados, dentro de su responsabilidad solidaria en virtud de sus diferentes cargos, condiciones y consiguientes grados de participación, han cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la exhibición de su imagen en un contexto que, en todo caso, menoscaba su consideración social y personal, perjudicando gravemente sus derechos a la intimidad, honor y propia imagen, al exhibirse sin un consentimiento previo por parte del mismo imágenes y comentarios de su ámbito estrictamente privado, personal y familiar, todo ello derivado de su inconsentida participación en el programa de televisión "30 Años de Democracia" difundido por la cadena televisiva ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. Segundo: Se condene solidariamente a los demandados bien a la rectificación y a la difusión, en extracto y a su costa, de los fundamentos jurídicos y fallo de la Sentencia estimatoria que se dicte en los presentes autos una vez firme la misma, en el mismo programa en que se produjo el reportaje o en un programa de similar audiencia y, en todo caso, en el mismo horario de emisión, bien a la publicación en un periódico de ámbito, del mismo modo, nacional, de una nota rectificativa en relación con el reportaje emitido en el programa "SUÁREZ, 30 AÑOS DE DEMOCRACIA" y relativo a la persona de mi representado, Don Edmundo, en el cual se reconozca la improcedencia de la emisión del mismo por parte de la cadena demandada en términos de la no correspondencia de los datos, imágenes y declaraciones emitidos en tal fecha con la situación personal existente por parte del mismo tanto en la realidad, como en el momento y fecha de su emisión, opción que se deberá ejercer a elección y según el criterio objetivo del Juzgador.
5 Tercero: Se condene a todos los demandados a que se abstengan en lo sucesivo de producir y emitir imágenes y comentarios sobre el demandante que vulneren sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Cuarto: Se condene y requiera a los demandados a que entreguen copia "Máster", es decir, la original de la grabación de la imagen de mi representado al mismo, tanto en lo que respecta al reportaje amplio y completo inicial del que disponen los mismos, como a lo relativo al fragmento del mismo emitido en el programa de televisión que ha supuesto la vulneración de los derechos de mi mandante. Quinto: Se condene solidariamente a los demandados al pago de la cantidad de Euros, en concepto de indemnización derivada del perjuicio causado por la intromisión ilegítima efectuada contra mi representado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, por todos los motivos expuestos a través de la presente Demanda y reconociendo esta parte, como ya manifiesta numerosa jurisprudencia aplicable al supuesto de autos, que la indemnización económica que corresponde percibir al actor es muy difícil de cuantificar, habiéndose de establecer subsidiariamente y para el supuesto de considerarse desproporcionada tanto al alza como a la baja la citada cantidad bien a criterio objetivo de valoración del Juzgador al que me dirijo, mostrándose esta parte conforme con la valoración imparcial que pudiere realizar el mismo, bien en la cantidad que se fije en ejecución de Sentencia con arreglo a las bases señaladas en la Resolución que se dicte en los presentes autos, habiéndose tenido en cuenta, en todo caso, al objeto de la valoración efectuada por esta parte tanto el gran perjuicio causado al demandante, tanto moral como laboral, como el gran lucro o beneficio obtenido por la cadena de televisión demandada derivado de su excelente audiencia, y, en todo caso, el extenso ámbito de difusión de la misma que es de todo el territorio nacional español, e, incluso, hoy en día y con la entrada de la televisión digital terrestre, incluso extranjero, en el presente Procedimiento.
6 Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados, con carácter igualmente solidario». 2.- La procuradora doña María del Carmen Aguado Ortega, en nombre y representación de Antena 3 de Televisión S.A., don Florentino y don Inocencio, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado «que, tras los trámites legales, respecto de la excepción planteada se acuerde no haber lugar a la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios en los términos planteados, por su indeterminación, exigiendo su subsanación a la parte demandante, con el archivo del proceso en caso contrario; y en cuanto al fondo del asunto, igualmente se desestimen las pretensiones de demanda, con absolución a mis mandantes de las pretensiones de demanda, y con condena en costas a la parte actora, en todo caso». 3.- El Ministerio Fiscal no practicó alegaciones a la demanda, presentó escrito en el que comunicó su incomparecencia a la audiencia previa y manifestó expresamente en el mismo que no solicitaba la suspensión del acto. 4.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Getafe, dictó sentencia con fecha 31 de mayo de 2010, cuya parte dispositiva es como sigue: DISPONGO.- Que estimando como ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por la representación procesal de D. Edmundo, vengo a acordar: a) DECLARAR que por los demandados, ANTENA 3 TELEVISIÓN S.A., D. Florentino y D. Inocencio, se ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por la exhibición de su imagen en el programa "30
7 AÑOS DE DEMOCRACIA" careciendo de consentimiento para ello. b) CONDENAR A LOS DEMANDADOS a que se abstengan en lo sucesivo de producir y emitir imágenes y comentarios sobre el demandante que vulneren sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, y a que entreguen a la actora el original de la grabación de su imagen. c) CONDENAR A LOS DEMANDADOS ANTENA 3 TELEVISIÓN S.A., D. Florentino y D. Inocencio a que solidariamente abonen a la actora la cantidad de euros en concepto de indemnización derivada del perjuicio causado por la intromisión ilegítima efectuada, sin hacer expresa imposición de las costas del proceso. SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado por la representación procesal de los demandados e impugnada por la parte actora en su escrito de oposición, la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia con fecha 28 de octubre de 2011, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS.- Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A., D. Florentino Y D. Inocencio, que estuvieron representados por el Procurador Sr. Lanchares Perlado, al que se opusieron D. Edmundo, representado por la Procuradora Sra. Casina González, y el Ministerio Fiscal, y, acogiendo, como acogemos, las impugnaciones de los apelados, debemos confirmar la sentencia dictada en la Instancia salvo en los extremos relativos a las costas producidas ante el Juzgado, que se imponen expresamente a la parte demandada y el extremo relativo a la entrega a la actora del original de la grabación de su imagen, cuya obligación de hacer se deja sin efecto por las razones antes expuestas, para incluir en el fallo junto a la infracción o intromisión ilegítima del derecho al honor, la también intromisión ilegítima a la propia imagen del demandante.
8 Respecto de las costas de la alzada se imponen a los apelantes las producidas en su recurso y no se hace pronunciamiento expreso de las devengadas en la impugnación del Sr. Edmundo, que acogió este Tribunal. TERCERO Por los demandados Antena 3 de Televisión, S.A., don Florentino y don Inocencio se interpuso recurso de casación formulado respecto a los siguientes motivos: Primero.- Vulneración del derecho fundamental a la información y el derecho a la libertad de expresión, derechos fundamentales reconocidos en el art. 20 de la CE, en relación a la condena, por infracción del derecho al honor, con su consideración como posible lesión con vulneración de la doctrina jurisprudencial y constitucional sobre el valor de dichos derechos fundamentales. Segundo.- Vulneración del derecho fundamental a la información y el derecho a la libertad de expresión, derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20 de la C.E., en relación a la condena, por infracción del derecho a la propia imagen, con su consideración como posible lesión con vulneración de la doctrina jurisprudencial y constitucional sobre el valor de dichos derechos fundamentales. Tercero.- En cuanto a la condena de daños y perjuicios, por indebida aplicación del artículo 9, punto 3, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y doctrina jurisprudencial, en la valoración del quantum indemnizatorio de los daños morales. Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 18 de octubre de 2012 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto y dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días y al Ministerio Fiscal.
9 2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Belén Casino González, en nombre y representación de don Edmundo, y el Ministerio Fiscal presentaron escritos de oposición al mismo. 3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 9 de septiembre del 2014, en que tuvo lugar. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- D. Edmundo interpuso una demanda de protección de su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen contra Antena 3 de Televisión, S.A., D. Florentino y D. Inocencio. En la demanda se relataba, en síntesis, que: a) en un día y una hora que desconocía del mes de junio de 2007, se exhibió en la cadena de televisión Antena 3 el programa "Suárez, 30 años de democracia", en cuyos minutos 27,00 al 28,10 aparecía un reportaje sobre el demandante y relativo a su condición de extoxicómano; b) las imágenes, fotografías y comentarios exhibidos en el reportaje habían sido literalmente recogidas de un anterior reportaje de la misma cadena de televisión titulado "Suárez, 25 años de democracia" que se emitió en el año 2002 y se rodaron cuando el demandante se encontraba realizando un tratamiento de rehabilitación y desintoxicación en el centro CAID de Getafe (Madrid); c) el demandante se ofreció a participar en el reportaje, que tenía como propósito informar del advenimiento de la democracia a España y de la época que se vivió "de exaltación social, de los diferentes movimientos idealistas que aparecieron y de circunstancias nuevas que provocaron
10 que una mínima parte de la sociedad que no supo adaptarse a tan repentinos cambios llegara a caer en situaciones drásticas tales como la drogadicción"; d) el demandante no habría dado su consentimiento, sin embargo, a la exhibición que se hizo en el programa de "fotografías o imágenes personales y de familia y amigos", habiendo aparecido en el reportaje fotografías del demandante junto con sus amigos y su entonces esposa; e) cuando se exhibió por primera vez el reportaje, el demandante se habría puesto en contacto con los periodistas que habían participado en su elaboración para mostrarles su descontento con el mismo, debido a las circunstancias antes reseñadas; f) a pesar de que el demandante habría revocado su consentimiento para la exhibición en el reportaje de fotografías personales y privadas y de su condición de drogodependiente, así como para cualquiera nueva emisión del mismo, los demandados lo exhibieron de nuevo cinco años después, "contraviniendo con ello la voluntad de mi mandante y provocando una clara y manifiesta vulneración de su Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen"; y g) tras visualizarse el reportaje, se deduciría que este no tenía intención de informar acerca de la época de la transición española a la democracia, sino "mostrar, a modo dramático, la situación vivida por una persona en relación con su situación de toxicómano, tratándose más de un reportaje de fines sensacionalistas con objeto de plasmar el drama de una persona que reconoce haber perdido amigos, familia y parte de su vida por tales circunstancias, lo que se acrecienta aún más si cabe con la exhibición de vídeos y fotografías personales al efecto y en todo caso no consentidas, que un fin de información objetiva a la sociedad acerca del referido tema del documental en el que la aparición personal de mi representado revistiera un mero carácter accesorio". En su contestación a la demanda, los demandados alegaron, en síntesis, que: a) la emisión inicial del reportaje había sido en 2002, con ocasión del programa informativo "25 años de democracia: 25 años a través de tu mirada", elaborado por los servicios informativos de Antena 3 de Televisión, S.A. para rememorar el tiempo transcurrido desde 1975, con el comienzo de la transición democrática, sin que se tratase de un programa sobre D. Argimiro; b) el programa se elaboró "a partir de testimonios gráficos
11 y de particulares que relataron cómo fue la transición desde muchos puntos de vista, y con los problemas que la sociedad española tuvo que afrontar"; c) el demandante había colaborado libremente en el reportaje y había prestado autorización para que aparecieran sus declaraciones acerca de su experiencia pasada con el consumo de drogas, que era algo que ya había superado; d) el reportaje fue nuevamente emitido en 2007, pero sin modificar el tratamiento y finalidad informativa con el que fue concebido; e) previamente a la nueva emisión del programa en 2007, lo que era "algo perfectamente normal y dentro del uso habitual de medios informativos escritos o audiovisuales", no hubo revocación del consentimiento por el demandante ni comunicación alguna de objeciones a los demandados; f) el demandante no tendría que haber demandado a los dos profesionales de Antena 3 autores del guión del reportaje, pues el programa fue elaborado por los servicios informativos de la cadena y, por tanto, era una obra colectiva cuya responsabilidad pertenecía a Antena 3 de Televisión, S.A.; g) la grabación de la intervención del demandante en el programa se realizó "tal como apareció en el programa, sin que hubiera ninguna restricción a captar las fotografías y palabras del señor Edmundo"; h) ni el demandante "ni ninguna de todas las personas que aparecen en el programa que también narraban sus vivencias de aquellos años comunicaron queja alguna o, mejor dicho, revocación del consentimiento prestado entonces, que es lo que la Ley especial exige en estos casos", por lo que se constataría "la falta de revocación expresa de esa autorización, en las condiciones que impone el art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982"; i) el programa no tuvo una finalidad lesiva para el demandante, sino que el tratamiento era "informativo, respetuoso y amparado en el derecho fundamental a la información y a la libre expresión" y "esencialmente es derecho a la libre expresión de quien consintió y colaboró en un programa de esa dimensión histórica y divulgativa, que sin embargo trata ahora de negar efectos a aquellos propios actos"; y j) aparte del predominio de un interés histórico, científico y cultural y de la existencia de un tratamiento informativo de primer orden para emitir el programa había otras razones de idéntico peso, como el consentimiento del titular afectado, "expresamente reconocido", y la falta de revocación o comunicación alguna posterior al consentimiento.
12 La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, declarando la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante. Para ello consideró que, respecto de la primera emisión del programa, correspondiente a 2002, no existió intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del demandante porque medió "un consentimiento expreso para la misma por actos inequívocos del actor en dicho sentido, sin que de su contenido se extraiga un tratamiento diferente a aquél transmitido con su presencia y manifestaciones personales y voluntarias, siendo habitual y generalmente conocido que no se retransmite el contenido total de la grabación, sino aquéllos extractos considerados de interés por el profesional y acordes a la finalidad del programa, finalidad informativa que no quedó desvirtuada". Sin embargo, apreció que no se acreditó que se hubiese recabado nuevamente el consentimiento del demandante para la reproducción del programa cinco años después, en el año 2007, recordando que la LO 1/1982 "no autoriza el consentimiento tácito ni presunto como tampoco de carácter general, sosteniendo al efecto un criterio firme y tajante, al igual que respecto a la exigencia de un consentimiento expreso para cada concreto acto de intromisión". Tampoco consideró acreditado que la sociedad mercantil demandada hubiese informado al demandante "exactamente del alcance continuado de la emisión del programa en que su imagen, datos y manifestaciones iban a ser difundidos, no habiéndose aportado de forma escrita ni de otro modo, la información que en su momento fue facilitada al demandante ni los términos exactos del consentimiento al mismo recabado, lo que resulta determinante a los fines de apreciar la intromisión ilegítima". Apelada la sentencia por los demandados e impugnada por el recurrente y el Ministerio Fiscal, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación y estimó las impugnaciones apreciando que, además de una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante también existió una
13 intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del demandante. También impuso las costas de la primera instancia a los demandados y dejó sin efecto la obligación de hacer impuesta en el fallo de la sentencia apelada relativa a la entrega al demandante de la grabación en que aparecía su imagen. Para ello, la Audiencia estimó que la emisión en 2007 del programa se había hecho sin el consentimiento expreso del demandante, "pues la tesis del demandante de que el consentimiento no fue revocado, cuando de protección de los derechos fundamentales se trata, no puede acogerlo esta Sala, pues ANTENA 3 DE TELEVISIÓN S.A. debió recabar nuevamente el consentimiento expreso, que tan solo, en nuestro caso, tuvo eficacia para el programa de julio del año 2002, en que el Sr. Edmundo se encontraba en una determinada situación personal y específica, a diferencia del año 2007 en que aquellas manifestaciones lógicamente estaban situadas fuera de contexto y no obtuvieron, como hemos dicho, el oportuno consentimiento, que la Ley determina que habría de ser expreso, no pudiendo recabarse o entender que aquél consentimiento inicial tenía un carácter general, para emisiones posteriores sin conocimiento del interesado, como tampoco puede hablarse de un consentimiento tácito tras el consentimiento expreso, pues el Legislador quiere que el repetido consentimiento tenga exclusivamente este carácter, el carácter expreso, único que legitima la intromisión, cuando aquél consentimiento se emita por persona capaz en la forma que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo". Además, recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, consideró que se había quebrado "la conexión entre la información personal que se recabó en su día, tolerada por el demandante, y la emisión del segundo de los programas, para un contexto total y absolutamente diferenciado, en el tiempo, en el espacio y en la propia situación personal del afectado, que se le vuelve a situar, cinco años después, en un contexto total y absolutamente diferenciado al que recepcionan los telespectadores cuando se emite el segundo de los programas, lo que ciertamente incide en un quebrantamiento
14 del derecho al honor (basta examinar el programa del año 2007) como también en una utilización sin el consentimiento expreso de la imagen de D. Edmundo". Rechazó también que frente a la intromisión ilegítima en los derechos al honor y a la propia imagen del demandante pudiera prevalecer el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión de los demandados, pues el segundo de los programas "nada tenía que ver con la propia realidad por la que atravesaba D. Edmundo, al que se le sitúa, diríamos que de manera permanente, en el conflicto por el que atravesaba en el año 2002, olvidando la necesaria rehabilitación o las posibilidades personales que hubiese hecho valer para mutar la situación originaria", por lo que los derechos a la libertad de información y la libertad de expresión se referían "a una situación irreal en lo relativo al demandante, que dañó sus derechos e intereses legítimos y en definitiva los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen". Los demandados interpusieron contra esta sentencia recurso de casación. SEGUNDO.- El recurso de casación se amparaba en el ordinal 1.º del apartado 2 del art. 477 LEC y constaba de tres motivos. En el motivo primero se invocaba la vulneración del art. 20 de la Constitución porque, en síntesis: a) no se había tenido en cuenta la prevalencia en este caso de las libertades de información y de expresión de los demandados frente al derecho al honor del demandante porque el programa "abordaba una materia de interés general, con valor histórico evidente", siendo sus términos "un modelo de corrección y de trabajo al servicio del interés general", sin que se estuviera "ante un programa de entretenimiento, prensa del corazón o simplemente noticias de actualidad, que por muy respetables que sean y dignos de protección constitucional, como viene defendiendo la doctrina de esta Sala, no alcanzan nunca el alto nivel de protección jurídica respecto del artículo 20 de la Constitución, que las informaciones que responden a la finalidad del programa de televisión que nos viene ocupando"; b) la
15 segunda emisión del programa, con mínimos retoques de edición, tenía el mismo "fin de análisis histórico y social"; c) no sería correcta la apreciación de que hubo un primer programa y después se hizo otro programa distinto que exigía un nuevo consentimiento del demandante, ya que el programa era el mismo salvo en lo referente al título que se le dio ("30 años de democracia" en vez de "25 años de democracia"), sin que pudiera aceptarse el argumento de que el programa solo se podía emitir en una fecha; d) la apreciación de la sentencia recurrida acerca de que el demandante se encontraba una determinada situación personal y específica cuando prestó su consentimiento para la emisión del primer programa y que, en la segunda emisión, sus manifestaciones estaban lógicamente situadas fuera de contexto, no era correcta porque el contexto era exactamente el mismo en las dos emisiones del programa y las circunstancias personales del demandante eran similares en ambos "pues él hizo sus manifestaciones para el programa de 2002 ya superada aquella época, y ninguna prueba o acreditación se hizo de que hubiera cambiado nada en relación a dicha autorización inicial"; e) el programa no consistía en una grabación no autorizada, ni revelaba hechos, datos o situaciones del demandante que puedan vulnerar su honor, sino que se trataba "de una entrevista concedida, y de palabras facilitadas a unos periodistas, de forma expresa y voluntariamente, previa cita con ellos, narrando situaciones personales suyas con relevancia general y social, y sin que en ese momento estuviera en circunstancias que le privaran de prestar dicho consentimiento"; y f) por ello, nada de lo reflejado en el programa constituía una difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provocasen objetivamente el descrédito del demandante. En el motivo segundo se invocaba la vulneración del art. 20 de la Constitución porque, en síntesis: a) no podía negarse virtualidad al consentimiento que se prestó en su día por el demandante porque de forma voluntaria lo hizo al narrar su experiencia personal en la época de la transición; b) tampoco había probado el demandante que había revocado dicho consentimiento; c) era aplicable entonces el art. 2.2 LO
16 1/1982, que impide la apreciación de la existencia de intromisión ilegítima cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso; d) la segunda emisión del programa en 2007 era algo absolutamente usual en los medios informativos, sin que hubiera transcurrido mucho tiempo entre ellos y sin que se hubiera comunicado nada en contra por el cedente de sus derechos; e) tampoco se modificó "el contexto, tono, tratamiento y finalidad con el que fue concebido el programa con idéntico tratamiento y finalidad informativa"; f) también era aplicable el art. 2.1 LO 1/1982, "por el ámbito de propios actos del titular" y el art. 2.3 LO 1/1982 "por falta de revocación expresa de la autorización en las condiciones que impone"; g) la sentencia recurrida había alterado los términos del debate al prescindir de las alegaciones y la causa de pedir del demandante, "pues en ningún momento se acudía como fundamento esencial de su pretensión a esa hipotética falta de consentimiento, sino que basaba la pretensión en que hubiera existido una 'revocación del consentimiento', algo que difiere de esa supuesta exigencia de 'consentimiento expreso para cada concreto acto de intromisión', que es el argumento nuclear en la ratio decidendi de la sentencia de apelación"; h) el demandante apareció en el programa como una persona que fue toxicómano y que estaba rehabilitada, "lo cual es motivo de orgullo, y lejos de desacreditar es algo que dice mucho de su persona que sigue en idéntica situación, afortunadamente para él", por lo que "ninguna diferencia habrá de su condición de rehabilitado entonces, cuando quiso aparecer en el programa y en la emisión unos años más tarde, estando en la misma situación personal"; e i) no hubo "constancia de quejas o reclamaciones del demandante o de allegados a él, y el tratamiento es informativo, respetuoso y amparado por el derecho fundamental a la información y a la libre expresión". Finalmente, en el motivo tercero se invocaba la vulneración del art. 9.3 LO 1/1982 porque, en síntesis: a) ningún daño moral había existido por causa de la emisión del programa, "sin que quepa defender que hubiera razones para la petición económica que se pretende en este litigio"; y b), en cualquier caso, la valoración del daño moral
17 tendría que hacerse "a tenor de las circunstancias, entre las que están los propios actos del demandante" y la finalidad con la que estaba planteado el programa. En su escrito de oposición, el demandante alegó, en síntesis, respecto del primer motivo, que: a) el demandante no rebatió nunca el fin informativo e interés histórico del programa, sino que lo que consideraba que no revestía tal carácter era el reportaje concreto en el que aparecía porque: i) el reportaje era totalmente accesorio y no principal en el programa, de tal forma que se podía haber suprimido; ii) cuando menos, debía haberse suprimido la calificación del demandante como ex toxicómano, "calificativo que muestra un rechazo y una trascendencia social muy relevante para el implicado, máxime cuando había transcurrido mucho tiempo (5 años) desde la grabación del reportaje, desconociendo la vida que pudiera llevar el mismo en ese momento y los daños que se le pudieran causar con el empleo del mencionado y grave calificativo"; e iii) se podían haber "empleado cualesquiera otros fragmentos de los casi 20 minutos de reportaje que, en su momento, se recabaron, donde se hiciera menor hincapié en la consideración expresa como toxicómano de mi representado"; y b) por tanto, no deberían prevalecer los derechos a la libertad de información y de expresión de los demandados porque el reportaje "en lo que respecta a la desagraciada aparición de mi representado en modo alguno presenta un interés general ni un fin de actividad informativa o histórica necesaria, ya que, si se hubiera suprimido el mismo, lo que debería haber efectuado la parte recurrente en todo caso ya que no contaba con consentimiento alguno de mi mandante, el carácter y el fin del programa no se hubieran alterado o desvirtuado en absoluto". Respecto del segundo motivo alegó, en síntesis, que: a) el consentimiento que se prestó verbalmente por el demandante y que, en todo caso, él había reconocido, era para participar en el programa que se exhibió en 2002 y no para el emitido en 2007, teniendo dicho esta Sala que "el consentimiento no puede ser general, sino que habrá de referirse a cada concreto acto de intromisión, según se desprende de los artículos
18 2.2 y 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, lo que deriva del carácter irrenunciable que tienen los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, según lo dispuesto en el artículo 1.3 del mismo texto legal" (STS en rec. n.º 1602/2006); b) "en caso contrario, se estaría dando un derecho a la persona o entidad que posee una grabación sobre una determinada persona contando con un consentimiento verbal inicial para exhibir la misma con carácter indefinido e ilimitado temporalmente, es decir, que, por ejemplo, mi representado hubiera estado obligado a soportar que en su vejez o en otra situación personal o de diversa consideración social o laboral, se volviera a emitir un reportaje en el que se hablara de él como antiguo toxicómano, condición que por sí misma posee unos graves matices de rechazo social"; y c) "en consecuencia, para que el consentimiento que se esgrime de contrario al objeto de la estimación de sus pretensiones pudiera haber tenido validez y eficacia para sucesivos programas o sucesivas exhibiciones del reportaje, mi representado debería haber sido informado de tal circunstancia y haber aceptado expresa y fehacientemente la misma lo que obviamente en momento alguno ha efectuado". Finalmente, respecto del tercer motivo, alegó, en síntesis, que: a) en aplicación del art. 9.3 LO 1/1982, "si se considera la producción de una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de mi representado, se presume legalmente la existencia de perjuicio moral"; y b) los daños reales que había soportado el demandante eran numerosos, pues: i) habría recibido llamadas insultantes y menospreciadoras por su presunta ocultación de la enfermedad referida y de la eventual recaída en la misma; ii) habría sido objeto de "desprecio expreso de personas conocidas del barrio y ciudad en que reside"; iii) habría recibido "llamadas de familiares reprochando mentiras en relación con su condición de toxicómano, puesto que al visionar tales imágenes en tal momento, consideraron que continuaba padeciendo la grave enfermedad y que la había, del mismo modo, intentado ocultar"; iv) habría sufrido desprecio en el entorno laboral, lo que habría provocado incluso su
19 despido; y v) habría revivido los malos recuerdos y las circunstancias de su vida "ya olvidados desde hacía casi 5 años, dado el especial y grave carácter de la enfermedad que padeció, la drogadicción, y la consideración de menosprecio y repudia que la misma provoca a los efectos personales y sociales". El Ministerio Fiscal impugnó el recurso de casación e interesó la desestimación del motivo primero porque «los razonamientos expuestos en las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, ponen de manifiesto que es precisamente el consentimiento expreso prestado en junio del año para la emisión del programa "Suárez, 25 años de Democracia" el que evita la existencia de la intromisión ilegítima. La omisión del consentimiento expreso para un nuevo programa realizado cinco años después, determina la vulneración del derecho al honor del recurrido, derechos que deben prevalecer en este caso sobre el derecho de información, y derecho de libertad de expresión alegados como prioritarios por la recurrente, como pone de manifiesto el adecuado 'juicio ponderativo' expuesto en el Fundamento Sexto de la sentencia recurrida». También interesó la desestimación del motivo segundo porque los demandados tenían que haber recabado del demandante nuevamente el consentimiento expreso para la emisión del segundo programa en los términos y por las razones que se expresaban en el fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida. Finalmente, interesó la desestimación del motivo tercero porque la indemnización concedida era correcta teniendo en cuenta las características del programa y las circunstancias que señala la LO 1/1982 por el daño moral que el segundo de los programas produjo al demandante y por el momento en que se emitió el programa, "en una franja horaria de audiencia, con lo que esto comporta, en el ámbito económico, para la propia recurrente".
20 TERCERO.- Para resolver el recurso deben tomarse en consideración los siguientes hechos que resultan de lo actuado en el procedimiento: A) En la cadena de televisión Antena 3 se emitió en 2002 un programa elaborado por los servicios informativos de la citada cadena titulado "25 años de democracia". Este mismo programa se volvió a emitir en 2007, con el mismo contenido pero esta vez con el título "30 años de democracia". B) El citado programa consistía en entrevistas a personas concretas, sin relevancia pública, para que relatasen sus experiencias vitales y recuerdos de la época de la transición española a la democracia. C) En los minutos 27,49 a 28,45 del citado programa apareció el demandante, con una breve aparición del rótulo "Edmundo. Ex toxicómano", mostrando fotos antiguas de sus amigos y relatando que ellos habían fallecido por causa de su drogadicción, contando su propia experiencia en relación con la adicción a las drogas y la idea que entonces se tenía de su consumo como algo placentero, manifestando que los adictos querían iniciar a sus amigos en el consumo de drogas porque creían que les enseñaban algo bueno cuando lo cierto era que eso les provocaría la muerte y que acabaría marginándoles tanto social, como familiar y laboralmente. Durante su intervención también aparecieron en pantalla diversas fotos del demandante y otras personas tomadas durante la época de la transición, que fueron mostradas a cámara por el demandante a los periodistas que le hicieron la entrevista. Finalmente, durante la intervención del demandante no se intercalaron comentarios del narrador del programa (archivo titulado "vídeo TS" del DVD obrante en las actuaciones de primera instancia e interrogatorio de los demandados D. Patricio y D. Florentino). D) El demandante emitió su consentimiento verbal para la realización y emisión del reportaje que se emitió en 2002 y, después de su primera emisión, los periodistas que le habían entrevistado no fueron advertidos por el demandante de ninguna forma de que había revocado su consentimiento para la emisión del programa ni estos le
SP/SENT/767717 EXTRACTOS
TS, Sala Primera, de lo Civil, 135/2014, de 21 de marzo. Con Comentarios Recurso 18/2012. Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO. SP/SENT/767717 No vulnera el Derecho al Honor y a la Intimidad la citación