Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr%204/4.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:43:45
Document Index: 160168546

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 261', 'artículo 123', 'artículo 11', 'artículo 1']

CLAUSULA ESTATUARIA SOBRE EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD CON CARÁCTER DE EXCLUSI-VA EN UN LOCAL QUE FORMA PARTE DE UN CENTRO COMERCIAL
"Concedido contractualmente a un local el ejercicio de una actividad con carácter de exclusiva, en ningún otro local del Centro Comercial podrá desarrollarse la misma actividad, ni siquiera de forma parcial, fraccional, comple-mentaria, accesoria, secundaria, marginal o temporal, salvo que medie autorización expresa del titular de la exclusiva. El incumplimiento de esta obligación y consiguiente ejercicio, en algún otro local, de una actividad concedida en exclusiva, aun en las antes indicadas formas parciales, se considerará, de conformidad con lo determinado en el artículo 27 de estos Estatutos, como actividad no permitida estatu-tariamente, quedando facultados y legitimados indistintamente, tanto la Comunidad de Propietarios a través de sus órganos rectores, como el titular de la exclusiva presuntamente perturbada para ejercitar las acciones previstas en el artículo 22 de estos estatutos, artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, o cualquier otra que estimare proce-dente en orden a obtener, en definitiva, el cese de la infracción o la privación del uso del local para el infractor o el lanzamiento o resolución del contrato cuando se tratare de ocupante no propie-tario".
Estos pactos -contemplados y autorizados en los artículos 5, párrafo tercero, 7, párrafo tercero, y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, y, en la reforma introducida en la misma por la Ley 8/1999- no vulneran las disposiciones de libre comercio y competencia.
LEC. CUESTIÓN de inconstituciona-lidad núm. 5090-2002, en relación con el artículo 261.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
GALICIA. CUESTIÓN de inconstitu-cionalidad núm. 311-2003, por supuesta inconstitucionalidad del artículo 123.3.o de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, del Derecho Civil de Galicia.
LEY DE ACOMPAÑAMIENTO. RE-CURSO de inconstitucionalidad 1756-2003, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra varios preceptos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
PAÍS VASCO. CUESTIÓN de in-constitucionalidad núm. 4920-2002, en relación con el artículo 11 a) de la Ley 17/1994, de 30 de junio, del Parlamento Vasco, sobre medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
" ADMINISTRAR, AUNQUE SEA
UN PAJAR"
El precio del alquiler de oficinas se estanca en la ciudad de Barcelona, estabilizándose el metro cuadrado en 303 euros en el centro y la avenida de la diagonal.
La caída del turismo y el enfria-miento económico en Alemania y el Reino Unido lastran la subida de los precios en la costa española.
Caso planteado: si en un edificio en régimen de propiedad horizon-tal, en caso de desafectación de la vivienda-portería que pasa a constituir finca independiente, ésta ha de quedar gravada o no con las cargas que recaían sobre los elementos privativos del mismo edificio.
La Dirección General así lo entiende, dando la razón al Registrador, ya que es principio básico de nuestro sistema que la hipoteca no afecta a la facultad de disponer sobre la finca hipotecada, ni a la de dividirla, para lo que el propietario no necesita el con-sentimiento del el acreedor.
Pero en el caso de división hay modificación del objeto, creándose un objeto nuevo por reducción de otro anterior, y al objeto nuevo se traspasa en bloque por subrogación real legal y necesaria, todo el estatuto del derecho anterior, por lo que, si no consienten los titulares de otros derechos sobre la finca que se divide, la división no les afecta. (artículos 1257 y 405 CC y 123 de la L. H.) La pretensión de inscribir el nuevo elemento a favor de la adquirente libre de cargas, supone la cancelación parcial de las hipotecas con embargos pre-existentes, lo que, obviamente, no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de sus titulares.
CATASTRO. R. 28 de abril de 2003, DGRN. BOE del de mayo de 2003. del Catastro, por la que se aprueban los programas y aplicaciones informáticas para la consulta de datos catastrales y la obtención de certificados catas-trales telemáticos.
Regula la prestación de los servicios de consulta de la información catastral por vía telemática y el servicio de obten-ción de certificados catastrales telemáticos. Todo ello está referido a la información incorporada a la Base de Datos Nacional del Catastro.
1º.- Servicio de consulta libre a datos catastrales no protegi-dos.
Todos podrán consultar libremente por medios telemáticos los datos no protegidos sobre los bienes inmuebles incorporados en la Base de Datos Nacional del Catastro. Para la utilización del servicio, el interesado se pondrá en comunicación con la Oficina Virtual del Catastro, a través de Internet, en la siguiente dirección:
http://www.catastro.minhac.es.
Podrán imprimirse en un documen-to sin valor de certificación.
2º.- Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales.
Los titulares catastrales podrán consultar por medios telemáticos los datos sobre los bienes inmuebles de su titularidad obran-tes en la Base de Datos Nacional del Catastro, así como obtener un certificado telemático de los mismos.
Los interesados también podrán obtener un certificado acerca de la circunstancia de no figurar como ti-tular catastral de bienes inmuebles.
El usuario deberá disponer de un certificado de usuario X.509.v3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por cualquier otra autori-dad de certificación legalmente reconocida y admitida por la Dirección General del Catastro.
3º.- Servicio de consulta y certificación electrónica para las Administraciones e Institu-ciones Públicas.
Los órganos de las Administracio-nes e Instituciones Públicas autori-zadas por la Dirección General del Catastro podrán consultar y obtener certificados por medios telemáticos de los datos de los bienes inmuebles obrantes en la Base de Datos Nacional del Catastro. Estos certificados sólo podrán utilizarse, para el ejercicio de sus competencias, en el procedimiento o expediente señala-do en la solicitud.
4º.- Servicio de consulta y certificación para Notarías y Registros de la Propiedad.
Las Notarías y Registros de la Propiedad podrán consultar y obtener certificados por medios telemáticos, sin consentimiento del titular catastral, de los datos de los bienes inmuebles obrantes en la Base de Datos Nacional del Catas-tro, previa autorización de la Dirección General del Catastro, con las limitaciones que en la misma se señalen.
Para obtener la autorización de acceso al servicio, los titulares de las Notarías y Registros de la Pro-piedad deberán dirigir una solici-tud, en el impreso que se determi-ne, a la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente a su sede o demarcación territorial. Resuelve la Dirección General del Catastro.
La utilización del servicio implica el compromiso de guardar el deber de secreto sobre los datos protegidos a que se tenga acceso, por parte de la Notaría o Registro de la propiedad actuante y de las personas autorizadas en su nombre.
Las personas para las que se solicite el acceso en representación del órgano correspondiente debe-rán reunir los requisitos técnicos establecidos en el ANEXO 1 y disponer de un certificado de usuario X 509.v3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda o por la autoridad de certificación regulada en los artículos 106 y siguientes de la Ley 24/2001. Es el mismo tipo de certificado que el de la Agencia Tributaria.
En los casos excepcionales en que el órgano solicitante no disponga de certificados de usuario X 509.v3 de las personas para las que solicite el acceso, se podrá autori-zar el acceso al servicio mediante claves de acceso (usuario/contra-seña).
La Dirección General del Catastro generará un usuario a nombre de la Notaría o Registro de la Propiedad solicitante para cada una de las personas naturales que vayan a acceder al servicio, lo cual se les notificará personalmente por cualquier medio que asegure su recepción.
Los notarios y registradores de la propiedad deberán comunicar a la Dirección General del Catastro, tan pronto como deban producirse, para evitar cualquier uso indebido de la autorización de acceso, las bajas, traslados o vacantes de las personas autorizadas correspon-dientes a las Notarías y Registros de los que sean titulares o de los sustitutos.
Para acceder a los servicios de consulta y certificación los usuarios se pondrán en comunicación con la Oficina Virtual del Catastro, a tra-vés de Internet, en la siguiente di-rección:
Se elegirá la opción 'usuario registrado'.
Los certificados catastrales tele-máticos obtenidos por las Notarías y Registros de la Propiedad sólo podrán utilizarse en cumplimiento y en ejecución de lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre la referencia catastral y, en general, para la identificación de fincas, en el procedimiento o expediente señalado en la solicitud. Desde su expedición y durante el tiempo de su vigencia el certificado emitido quedará a disposición del solicitante, sin perjuicio del dere-cho de los titulares catastrales de averiguar quiénes han consultado sus datos.
5º.- Servicio de comprobación de certificados y consulta de accesos.
Los certificados catastrales tele-máticos producirán idénticos efectos a los certificados expedidos por los órganos de la Dirección General del Catastro con la firma manuscrita, siempre y cuando se cumplan las condiciones de comprobación que se establecen.
La comprobación podrá hacerse siempre que los certificados dispongan del código electrónico de verificación del certificado (lo cual ocurrirá si no ha sido desactivado por quien lo solicitó) y que no hayan transcurrido cuatro años desde su obtención. A tal fin, la Dirección General del Catastro conservará los certificados tele-máticos emitidos en un fichero seguro durante dichos cuatro años. La comprobación se hará en la dirección: http://www.catastro.minhac.es.
Los titulares catastrales, a través de la Oficina Virtual del Catastro, podrán en todo momento conocer las consultas y certificados sobre los bienes inmuebles de su titularidad que se hayan realizado u obtenido por las Administraciones e Instituciones Públicas, Notarías o Registros de la Propiedad a través de la Oficina Virtual del Catastro. Las citadas entidades deberán justificar los accesos realizados siempre que así se solicite por el titular catastral o por la Dirección General del Catastro. Será también a través de la Oficina Virtual.
En la Disposición adicional se prevé la incorporación progresiva al sistema de certificación electrónica de las diferentes clases de certificados catastrales, incluyendo la certificación catastral descriptiva y gráfica.
Requisitos técnicos del Navegador (Anexo I):
- Ha de ser Microsoft Internet Explorer versión 4 o posterior ó Netscape Navigator versión 6.0 o posterior.
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FIRMA ELECTRÓNICA Y AGENCIA TRIBUTARIA.
ORDEN HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
LEY DEL SUELO E INTERMEDIA-CIÓN INMOBILIARIA.
A) Modificación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valora-ciones.
La reforma que se introduce persigue incrementar la oferta del suelo al introducir flexibilidad en aquellas previsiones normativas en vigor que pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobilia-rios.
Suelo urbanizable y no urbanizable: Se busca la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable y la pretensión de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Con la misma finalidad se potencia también el desarrollo de los suelos urbaniza-bles, a los cuales se dota de una mayor flexibilidad ampliando las posibilidades de actuación recono-cidas hasta ahora, sin que ello suponga merma alguna de la capacidad de actuación y decisión últimas de las Administraciones públicas competentes en la mate-ria.
Silencio positivo: para evitar posibles bloqueos de las iniciativas urbanizadoras como consecuencia de la inactividad de la Adminis-tración, se establece la aplicación del silencio positivo.
Valoraciones: con el fin de aclarar los métodos aplicables en las valoraciones de los suelos urbanos y urbanizables, evitando interpre-taciones contrarias a los criterios generales de la ley, se modifican los artículos correspon-dientes, explicitando la aplicación en cada caso de uno u otro método, descartando de forma expresa los elementos especulati-vos y expectativas cuya presencia futura no esté asegurada y ratificando la deducción de la totalidad de los gastos de transformación del suelo que contempla la propia ley.
B) Intermediación inmobiliaria.
La ley pretende clarificar la situación actual del ejercicio de la actividad de intermediación inmobi-liaria que se encuentra afectada por la falta de una jurisprudencia unánime que reconozca que dicha actividad no está reservada a ningún colectivo singular de profesionales.
En tal sentido, se establece que las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central, podrán ser ejercidas:
a) Por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria conforme a los requisitos de cualificación profe-sional contenidos en su propia normativa específica.
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2003, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el Anexo II de la de 17 de mayo de 2001, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. REAL DECRETO 864/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia
VALENCIA. LEY 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad
MADRID. LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sanciona-dor en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid.