Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39439
Timestamp: 2019-10-24 02:20:17
Document Index: 319669713

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 35', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 171', 'artículo 46', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 1', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 23']

Ir a la Gaceta del día Jueves 28 de febrero de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-96/39439
De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la República.
Regula la iniciativa ciudadana a través de la reforma y adición de los artículos 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, del Reglamento del Senado de la República.
Para inscribir en el orden del día una iniciativa ciudadana la versión impresa deberá ir acompañada de las firmas originales que la avalen y no podrán ser retiradas.
En los requisitos para su procedencia se incluyen los documentos que contengan el aval del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores; copias de las credenciales de elector, en caso de que el representante y su suplente sean personas físicas; y copia certificada de Acta Constitutiva y Clave Única expedida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en caso de que la representante sea una organización de la sociedad civil, así como domicilio para oír y recibir notificaciones.
De no pedirse turno directo, el Presidente de la Mesa o quien lo acuerde, presentará ante el Pleno una reseña con base en la exposición de motivos.
Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana deberán invitar al representante de la iniciativa a todas las reuniones en las que se discuta, éstos tendrán derecho de voz, pero sin voto; convocar a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia; y convalidar con el IFE el 5% de las firmas que avalen la iniciativa.
En caso de improcedencia la Mesa Directiva recibirá el expediente y presentará un proyecto de acuerdo para desechar la iniciativa, requerir solventar inconsistencias, o devolver el expediente a las comisiones.
Las prórrogas para dictaminar se harán del conocimiento del promovente, y las excitativas a través de la Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva del
Senado de la República del H. Congreso de la Unión
MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEAL, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL ÁVILA RUIZ, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, PABLO ESCUDERO MORALES y MANUEL CAMACHO SOLÍS Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS NORMAS NECESARIAS PARA PROCESAR LA INICIATIVA CIUDADANA, al tenor de la siguiente:
El Poder Legislativo es un órgano del Estado en el cual confluyen todas las fuerzas políticas de un País, la pluralidad de un Estado democrático se encuentra representada con sus mayorías y minorías en el Congreso. En el Pleno de ambas Cámaras, todos tienen voz al igual que voto, es decir, el Congreso es el Poder más democrático del Estado. Sin embargo cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de abril de 2012, revelan que las Cámaras del Congreso de la Unión se encuentran, junto con los partidos políticos, en los dos últimos lugares de confianza ciudadana.
El papel representativo y democrático del Congreso se encuentra en crisis, la ciudadanía no se siente representada por él, aunque su composición sea un reflejo la diversidad de opiniones políticas en la sociedad. No importa que el Congreso, en sus dos Cámaras, tenga como principio ser un foro de deliberación sobre cuestiones trascendentales de interés público, los mexicanos vemos con desprecio a uno de los engranes fundamentales de la democracia mexicana.
La reforma política en tema de iniciativa ciudadana en el sistema político mexicano crea elementos necesarios para que exista una versatilidad en la gobernanza democrática, donde se crean reglas claras para poder evitar conflictos, para la toma de decisiones dentro de las instituciones y de esta forma se mejoren las relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así como mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar una mayor participación ciudadana.
En este sentido, la reforma política puede afectar el desempeño y calidad de un régimen democrático. Este desempeño depende en gran parte de la capacidad de los representantes para promover diversas políticas públicas reflejando las preferencias del electorado, pero también depende de los instrumentos de participación política que los ciudadanos tienen para influir dentro del régimen político.
En el anterior párrafo hablamos sobre dos pilares fundamentales: gobernabilidad y representación. En cuanto a la gobernabilidad no solo son necesarias decisiones oportunas y eficientes sino también que exista un apoyo por parte de la sociedad, donde la representación se encuentre en la pluralidad.
Los políticos constantemente expresan su preocupación respecto a que la ciudadanía no participa lo suficiente en la política, sin embargo cuando se propone empoderarla a través de producir más y mejores medios de participación, la negación es rotunda, las instituciones políticas permanecen intocadas frente a una sociedad cambiante.
A diferencia de las democracias en otros países, la mexicana es una democracia sui generis, sin referéndum, plebiscito, revocación del mandato y reelección legislativa, entre otros. El sistema político mexicano y las normas que lo rigen, mantuvieron al mínimo la participación de los ciudadanos en el debate y la agenda pública. No fue hasta hace poco que se introdujeron en el sistema jurídico mexicano algunas figuras de democracia directa, que en otros países tienen años de existir.
En México se vivió una concentración de poder en un solo partido bajo un régimen presidencial, que reflejaba claramente la falta de una verdadera democratización. Este autoritarismo tenía claro que una ciudadanía aletargada era la materia prima idónea para mantenerse en el poder, por ello la oposición del partido hegemónico siempre fue reiterativa para no permitir la transición de una democracia meramente formal, a otra donde la ciudadanía fuera realmente participativa. El voto fue, durante mucho tiempo, el único medio de acceso de los ciudadanos a las decisiones trascendentales de este País.
El sistema de partido hegemónico perpetuó la idea de que una democracia implica rapidez, y consentimiento total de la pluralidad, sin embargo sabemos de antemano que la pluralidad implica complejidad en las decisiones políticas, y que un total asentimiento de todos los actores políticos se puede interpretar como una imposición mayoritaria, lo cual resulta antidemocrático. Incluir a la ciudadanía a través de establecer figuras de innovación democrática fomenta una mayor comprensión de esta complejidad fortaleciendo, a largo plazo, la cultura democrática de la ciudadanía mexicana.
Base constitucional de la iniciativa ciudadana
Las iniciativas ciudadanas, en principio, reconocen a los ciudadanos el derecho de incitar leyes o decretos, cuando las mismas cuenten con el respaldo de por lo menos 0.13 % del padrón electoral nacional.
La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que los ciudadanos puedan presentarlas, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; las mismas deberán estar avaladas por una cantidad de firmas para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una reforma constitucional.
Para tales efectos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla a la Iniciativa Ciudadana como un derecho, mismo que se encuentra contemplado en la fracción VII del artículo 35, que a la letra prevé:
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la Ley.
A su vez, la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la posibilidad de que los ciudadanos, en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, puedan iniciar leyes, mismo que establece a la letra:
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
Cabe señalar, que el Listado Nominal de Electores en la última elección presidencial (2012), registró la cantidad aproximada de 77´738,494 electores. De acuerdo a lo anterior, se requerirá por lo menos, de 1´010,600 firmas.
En agosto de 2012, el entonces Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, firmó el decreto a través del cual se introdujeron figuras de democracia directa, tales como: la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular. Es necesario resaltar que estas herramientas están, desde entonces, sin reglamentar por parte del Congreso de la Unión. Esta inactividad resulta una grave omisión legislativa que de continuar podría violentar el nuevo derecho de los ciudadanos para acceder a la agenda legislativa a través de la facultad de poder iniciar leyes.
Con esta reforma, ahora de conformidad con la fracción IV, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete ahora también a los ciudadanos, en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, asimismo el artículo 73, fracción XXIX, faculta al Congreso para legislar sobre la iniciativa ciudadana. Este nuevo derecho constitucional de los ciudadanos, como la facultad del Congreso para legislar sobre él, se incluyó en la reforma política promulgada el nueve de agosto de 2012, la cual constituye un hito en la historia de nuestro país y una gran oportunidad para el Poder Legislativo de acercarse a la ciudadanía.
El nuevo texto constitucional constituye un mandato improrrogable para las Cámaras que conforman al Congreso de la Unión, en lo particular, respecto a la iniciativa ciudadana, resulta imperante modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Reglamentos de las Cámaras, a fin de establecer las normas necesarias para hacer operativa esta nueva herramienta que posibilita a la ciudadanía introducir propuestas para reformar al sistema jurídico mexicano.
Crear las reglas mínimas en la normatividad del Congreso, necesarias para hacer transitable la presentación, discusión, dictamen y aprobación de la iniciativa ciudadana, es una de las claves para trascender a una democracia de calidad en nuestro país.
Consideraciones Doctrinarias de la Iniciativa Ciudadana
Ahora bien, la doctrina reconoce dentro de sus diferentes clasificaciones a la Democracia Directa.
La Democracia Directa,"Es una forma de gobierno en la cual la sociedad tiene participación continua en el ejercicio directo del poder”.
En el campo de la democracia directa se señalan los siguientes conceptos relacionados:
Participación: "En principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa "compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es un acto social," por lo tanto: La participación política: "Es un conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder en el sistema político, con la clara intención de preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante”; por lo que la participación política y ciudadana comparten la misma definición general.
Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los ciudadanos, es decir, al expresar lo relativo a la participación ciudadana, nos referimos a la acción que realizan dichos sujetos, quienes son reconocidos como únicos entes capaces de participar y ejercer derechos políticos, concretando así su participación.
Norberto Bobbio define a la democracia como: “un conjunto de reglas procedimentales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más alta participación posible de los ciudadanos”, en ese sentido el Estado, y en particular el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de potenciar los principios democráticos, a través de establecer y desarrollar reglas procedimentales necesarias para que los ciudadanos participen de manera plena. El hecho de que el Senado de la República establezca las reglas procedimentales para que los ciudadanos participen en la elaboración y discusión de iniciativas es un hito en la historia de las instituciones de nuestro País.
Según José Antonio Crespo la iniciativa popular es abrirle el campo de discusión y la aprobación de leyes y reglamentos a la ciudadanía, incorporando a éstos en los procesos formales con el objetivo de que sea incorporada a la agenda legislativa. Incluir a la ciudadanía directamente en la agenda legislativa fortalecerá la cultura política de nuestro país.
Para esto, existen dos tipos de iniciativa ciudadana: la directa y la indirecta. La primera es la aprobación o rechazo de la iniciativa por parte de la ciudadanía a través de una consulta popular. La segunda consiste en presentar una iniciativa de ley a las Cámaras para que se apruebe, rechace o modifique. En países como Colombia se pueden presentar reformas constitucionales con la aprobación de la mitad del Congreso para que se presente a referéndum. En el caso de Uruguay permite que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada, sin la necesidad de que pase por el Poder Legislativo.
Establecer un procedimiento normativo para hacer operativa la reforma política en materia de iniciativa ciudadana, abrirá la Cámara de Senadores a todos aquellos que representa, a fin de que éstos sientan mayor inclusión, contacto y cercanía con una de las instituciones políticas más importantes del Estado mexicano.
En general, todos los parlamentos a nivel mundial tienen la obligación de acercarse a quienes representan para así pasar de los grandes y cerrados foros de deliberación a los espacios abiertos donde no sólo las propuestas sino también el debate sean públicos. Es así como se constituye la democracia funcional, la cual incluye ciudadanos e instituciones sanas y fuertes. Pero la calidad de la democracia se puede medir, de acuerdo con Leonardo Molino, por tres grandes esferas: procedimientos, contenido y resultados.
Para ejercer el derecho a la iniciativa ciudadana es ineludible saber el origen y la cantidad de las firmas necesitan los ciudadanos para presentar la propuesta. En el caso de la Unión Europea se definen con números absolutos y depende de los países el número de firmas que se necesitan, sin embargo, en América Latina es con base a un cierto porcentaje del Padrón Electoral. En el caso de Guatemala solo se exigen 5,000 firmas, en contraposición, Argentina recolecta firmas que provenga de seis diferentes distritos y les exigen 1.5 por ciento de firmas.
Muchas de las leyes secundarias de diversos países incluye un apoyo por parte del Estado para la difusión, en el caso específico de Perú y Paraguay, existe un remuneración para patrocinar las iniciativas. A los ciudadanos de Perú se les brinda el apoyo siempre y cuando hayan reunido un número de firmas mínimas, en cambio, en el caso de Paraguay únicamente si se aprueba la iniciativa.
Se considera que la normatividad referente a la iniciativa ciudadana debe ser instrumentada, en su parte más esencial, dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; cuestiones más especificas se deberán establecer en los reglamentos de cada Cámara que conforman al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior toda vez que la Ley Orgánica, es un ordenamiento cuya modificación le compete a ambas Cámaras, mientras que la modificación de los reglamentos es unicameral, constituiría un error no establecer las bases generales de la iniciativa ciudadana en la ley orgánica y sólo fijarlas dentro de un reglamento, pues esto debilitaría el derecho ciudadano de presentar iniciativa.
Es necesario señalar que el numeral 2, del artículo 171, del Reglamento del Senado de la Republica establece que:
“Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra.”
En virtud de lo anterior la reforma que modifica la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace por separado, pero sustentada bajo la misma exposición de motivos, por tratarse del mismo tema.
La iniciativa ciudadana en las Entidades Federativas
Ahora bien, en México las iniciativas ciudadanas no son algo novedoso. En efecto, el sistema federal mexicano reconoce a la iniciativa popular en los Estados de; Aguascalientes, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas.
Por ejemplo, en dichas entidades, el número de firmas que deben avalar las iniciativas populares (ciudadanas), son los siguientes:
Ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral
500 ciudadanos
Distrito Federal (Ciudad de México)
Durango y Guanajuato
Entre el 0.3% al 2% dependiendo el tipo de iniciativa
Entre 100 a 500 ciudadanos dependiendo el tipo de iniciativa
Por otro lado, en el Distrito Federal, se reconoce el derecho de iniciativa popular en el artículo 46 fracción IV de su Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que reza:
ARTÍCULO 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal corresponde:
IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la misma …
En años recientes, se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, es decir de la ciudadanía en temas de interés nacional, a través de reformas al Marco Constitucional y legal.
Como consecuencia de lo anterior, se estima que de esta manera, la población en su mayoría no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, asumiendo paulatinamente la responsabilidad y el derecho de involucrase en tareas políticas, jurídicas y económicas cuyo único objetivo sea el beneficiar a nuestro país.
Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es presentar una propuesta de reforma que instrumente a la iniciativa ciudadana, que desarrolle de la manera integral la reforma constitucional de merito con base en la experiencia política mexicana y la metodología existente en otros países.
En dichas modificaciones constitucionales, se introdujo en el apartado de los derechos del ciudadano como ya se indicó, –adición de la fracción VII-, como prerrogativa fundamental de naturaleza política, -entro otras-, la consistente en iniciar leyes, en los términos que señalen la constitución y la Ley del Congreso.
Sin embargo, el texto fundamental, solamente fijó las bases mínimas para su desarrollo y delegó al legislador ordinario la instrumentación de aquélla figura de participación ciudadana.
La necesidad de elaborar a la brevedad las reformas que materialicen esa disposición fundamental, surge, precisamente de la naturaleza que se dio a la prerrogativa ciudadana indicada, pues se trata de un derecho humano.
Es así, porque el constituyente incluyó aquélla como una forma de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la nación y la colocó junto con la demás facultades activas que esas personas tienen garantizadas en la constitución, es decir, en todos los casos, se trata de derechos subjetivos públicos tutelados por el ordenamiento fundamental de la república.
En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), su apartado 23, titulado de los derechos políticos, reconoce tal, la facultad de participar en los asuntos públicos directamente –o a través de representantes-1.
La iniciativa ciudadana, es una prerrogativa de naturaleza política, porque permite que los ciudadanos participen directa y activamente en los asuntos trascendentales de la nación mediante la propuesta de leyes o modificaciones y adiciones a las ya existentes.
Así, es pertinente destacar que el artículo 1 del texto rector del orden jurídico mexicano, precisa, por un lado que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que nuestro Estado sea parte, así como de las garantías que se estatuyan para su protección y, por otro, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Entonces, al tratarse de un derecho fundamental, es que se propone que se lleve a cabo a la brevedad, el procedimiento legislativo que instrumente el ejercicio de esa prerrogativa humana brindada por el constituyente permanente a los ciudadanos de la República, de tal forma que, a su vez, el Congreso General cumpla con la obligación de respeto y promoción que como autoridad tiene al respecto.
Reforma al Reglamento del Senado de la República
El Senado de la República mediante su reglamento establece los procedimientos a través de los cuales realiza sus funciones ya sea legislativa o las diversas de control. El procedimiento legislativo es uno de los elementos más relevantes del Reglamento del Senado, pues a través de éste se establece el tránsito que se le da a las iniciativas presentadas por cada uno de sus integrantes, desde la inscripción en el orden del día, su publicación en la Gaceta Parlamentaria, la presentación ante el Pleno, el turno a comisiones, el dictamen y su envío a la Cámara revisora.
Con base en lo anterior, la Cámara de Senadores para procesar las iniciativas ciudadanas requiere establecer dentro de su normativa interna:
Definiciones jurídicas (qué es la iniciativa ciudadana, el aval ciudadano, el representante de iniciativas)
Requisitos para avalar una iniciativa ciudadana y para promover una iniciativa ciudadana
Sujetos que pueden promover una iniciativa ciudadana
Facultades de verificación de la Cámara sobre el aval ciudadano
Requisitos de forma que debe cumplir la iniciativa ciudadana
Formalidades para inscripción en el orden del día ante la Mesa Directiva del Senado,
Procedimiento de presentación de la iniciativa ciudadana ante el Pleno de la Cámara de Senadores
Procedimiento para dictaminar
Las instituciones políticas no conseguiremos mayor confianza ciudadana si no nos modernizamos, si no permitimos la apertura de los procesos de deliberación y toma de decisión a los que han delegado en nosotros el rumbo del País, incluir la visión ciudadana abonará no sólo en una democracia más solida sino en una ciudadanía fuerte.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:
Por el que se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos: 73, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:
I. al II.
2. En el caso de la iniciativa ciudadana además de lo dispuesto en las fracciones I y II del numeral 1 de este artículo, la versión impresa deberá acompañarse de las firmas originales que la avalen.
3.El Presidente, a más tardar a las 21:00 horas del día previo a la sesión, envía la Orden del Día a los demás integrantes de la Mesa y a los coordinadores de los grupos parlamentarios.
I.Las iniciativas que son presentadas directamente ante el Senado o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando señalan al propio Senado como Cámara de origen, incluidas las iniciativas a las que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución;
II. a IV. …
1. al 3…
4. En el caso de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se denomina “Iniciativa ciudadana”.
5.La iniciativa del Presidente de la República para obtener permiso de ausentarse del territorio nacional por más de siete días se tramita, en lo procedente, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.
1. al 2. …
3. Por su naturaleza las iniciativas ciudadanas no pueden ser retiradas.
1. a 5. …
6. En el caso de la iniciativa ciudadana, además de todos los requisitos antes enumerados, se deberá acompañar también con:
I. Los documentos que contengan el aval al que se refiere la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Copias de las credenciales de elector, en caso de que el representante y su suplente sean personas físicas, así como domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Copia certificada de Acta Constitutiva y Clave Única expedida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en caso de que la representante sea una organización de la sociedad civil, así como domicilio para oír y recibir notificaciones.
5. En el caso de la iniciativa ciudadana, si mediante el oficio a través del cual se presentó ante la Mesa Directiva no se pide turno directo, el Presidente de la Mesa Directiva, o quien lo acuerde ésta, expondrá ante el Pleno una breve reseña de la iniciativa, de hasta por 10 minutos, con base en lo argumentado en la exposición de motivos.
1. a 2. …
3. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana deberán:
I. Invitar al representante de la iniciativa a todas las reuniones en las que se discuta, éstos tendrán derecho de voz, pero sin voto.
II. Convocar a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia, representantes de organizaciones y otros grupos interesados que mediante oficio señale el representante.
4. Las comisiones que dictaminen una iniciativa ciudadana tendrán la facultad de convalidar, coadyuvadas por el Instituto Federal Electoral, las firmas que avalan la iniciativa; el proceso de convalidación consistirá en cotejar aleatoriamente el 5% de las firmas que avalan la iniciativa ciudadana, durante la realización del proceso de convalidación de firmas no se detendrá el proceso para dictaminar la iniciativa.
Como resultado de la convalidación de firmas se armará un expediente que contendrá un informe pormenorizado.
En caso de que derivado del proceso de convalidación la Comisión o Comisiones determinen que por alguna razón no procede la iniciativa, se enviará mediante oficio el expediente a la Mesa Directiva, para que ésta en la Sesión inmediata posterior informe al Pleno las razones de improcedencia y presente un proyecto de acuerdo que podrá:
I. Desechar la iniciativa ciudadana.
II. Requerir al representante para que solvente las inconsistencias detectadas.
III. Devolver el expediente a las Comisiones para que continúen el proceso legislativo.
En cualquier caso la Mesa Directiva fundará y motivará el acuerdo que ponga a discusión ante el Pleno.
1. al 3. …
4. Para el caso de la iniciativa ciudadana aplica lo dispuesto en los numerales que anteceden, cualquier prorroga del término de dictamen deberá ser notificada a quien promueve la iniciativa.
5. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábiles incluyen los recesos legislativos, en los términos de este Reglamento.
3. En el caso de la iniciativa ciudadana las excitativas pueden ser promovidas por el representante de ésta, mediante oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva.
4. En los casos de iniciativas presentadas por otros sujetos con derecho a ello o de los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, las excitativas pueden ser solicitadas por el senador que así lo estime pertinente.
1. al 3.
4. La solicitud de excitativa, en el caso de la iniciativa ciudadana, contiene cuando menos los siguientes elementos:
I. Nombre del representante que solicita;
II. Título o identificación de la iniciativa;
III. Fecha de presentación de la iniciativa o proyecto en el Pleno o, en su caso, en la Comisión Permanente; y
IV. Comisión o comisiones a las que se turnó la iniciativa.
1. al 5. …
6. En el caso de la iniciativa ciudadana además de los requisitos establecidos en las fracciones del numeral 3 de este artículo, se enviará a la Cámara de Diputados el expediente referente al procedimiento de convalidación de firmas de la misma.
Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a 21 de febrero de 2013.
Senadora Marcela Torres Peimbert
Sen. Javier Corral Jurado
Sen. Ernesto Ruffo Appeal
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Sen. Arely Gómez González
Sen. Manuel Camacho Solís
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández
Sen. Alejandro Tello Cristerna
Sen. Roberto Armando Albores Gleason
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez
[1]Artículo 23. Derechos Políticos
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 70, 71, 72, 73, 108, 108, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220, todos del Reglamento del Senado de la República.