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Timestamp: 2018-10-18 17:51:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 207']

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TUTELA No. 33742
VOLMAR ANTONIO MUÑOZ CARVAJALINO Y OTROS
Aprobado Acta No. 213
Bogotá, D.C, treinta (30) de octubre de dos mil siete (2007).
Decide la Sala la impugnación interpuesta por VOLMAR ANTONIO MUÑOZ CARVAJALINO, MIRYAM CORDOBA DE ORTEGA, NANCY ESTHER NARVAEZ RODAS y ANGEL MARIA SOLANO JAIMES, contra el fallo proferido el 20 de septiembre de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, mediante el cual negó por improcedente, la protección a los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas y a la estabilidad laboral, presuntamente vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.
1. Relatan los demandantes que fueron vinculados al servicio público en propiedad, en vigencia de las disposiciones que regulaban el otrora Sistema Nacional de Salud como lo son los decretos 350, 356, 670, 694 de 1975 y el decreto reglamentario 1468 de 1979, perteneciendo desde entonces a la organización sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud, seguridad social integral y servicios complementarios ANTHOC, con personería jurídica número 0489 de 1973.
2. Refieren que el 12 de agosto de 2007 fueron “forzados” a concursar para un cargo en provisionalidad, no obstante haber sido nombrados en propiedad y venir desempeñando el mismo desde antes de la vigencia de la ley 909 de 2004, como requisito para conservar el empleo, sin tener en cuenta que de manera ilegal los están sometiendo a las reglas de juego adoptadas en la convocatoria 001, aplicando con efectos retroactivos la ley 909 de 2004.
Señalan que a los etno educadores, afrocolombianos y raizales que prestaban sus servicios como educadores en provisionalidad, no se les aplicó la ley general de carrera administrativa, sino que se beneficiaron de un régimen especial de carrera, adoptado mediante decreto 3323 de 21 de septiembre de 2005.
Igual sucedió con los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y sus entidades descentralizadas, a quienes se les aplicó un régimen especial.
Si bien es cierto cuentan con otra vía para ventilar el conflicto jurídico, también lo es que el proceso podría demorar muchos años y la definición del concurso se estaría haciendo a más tardar en el transcurso del año, por lo cual, en caso de no pasar dicha prueba quedarían desvinculados de la administración, lo que generaría un perjuicio grave e injusto para ellos y sus familias, quienes sólo cuentan con el salario para el sustento diario.
Su pretensión se encamina a que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, suspenda los efectos del resultado y se disponga la reincorporación automática de los actores a la carrera administrativa, toda vez que la ley no puede tener efectos retroactivos, como se dispuso para el Departamento del Guaviare mediante el reglamento especial número 01 de 2007.
El Tribunal Superior de Cúcuta, tras considerar que los actores pretenden atacar un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto como es la convocatoria número 001 de 2005, a través de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, invita a los participantes al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del orden nacional y territorial, negó la demanda de amparo en atención a que de conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 6º del decreto 2591 de 1991, la acción constitucional no procede “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Los demandantes impugnaron la decisión, señalando que interpusieron la demanda de amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, derivado de tener que participar en un concurso y someterse a las pruebas para acceder a un cargo público que ocupan en promedio hace 20 años, como lo acreditan con las pruebas aportadas.
Refieren que el Estado Colombiano se demoró cerca de quince años en expedir la ley que regulaba los requisitos y condiciones de acceso a la carrera y mientras tanto los servidores públicos se sometieron a las reglas de juego fijadas en disposiciones anteriores, incluso a la ley 909 de 2004.
En aplicación de los principios que rigen el derecho al trabajo, “todos los servidores públicos que antes de la expedición de la sentencia C-030 de 197 ocupaban un cargo de carrera administrativa, sin haber ingresado a ella, pero que cumplieron los requisitos para su desempeño u solicitaron su inscripción, tendrán derecho a que esa garantía les sea respetada...”
Si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-784 de 2006 señaló que la acción de tutela no constituye medio idóneo para controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto, pues para tal fin el ordenamiento ha diseñado otros mecanismos de control judicial, lo cual explica en la medida en que estos actos demandan un análisis ponderado bajo la órbita de procesos de características especiales, en otro pronunciamiento había expuesto que la acción de tutela resulta viable para evitar un perjuicio irremediable.1
Además, en un caso similar al que hoy es objeto de la acción constitucional, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare en sentencia dictada en el proceso radicado 2007-00199-00 tuteló los derechos fundamentales invocados al considerar que la entidad accionada en forma inconstitucional con normas de inferior categoría a la Constitución Política y los tratados internacionales, afectó de manera grave los derechos humanos de los trabajadores y los fundamentales protegidos por la Carta Magna y los tratados internacionales.
2. Advierte la Sala que en la solicitud de amparo, los demandantes se muestran inconformes con la convocatoria número 001 de 2005, por la cual la Comisión Nacional del Estado Civil convocó al proceso de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del orden nacional y territorial, comportamiento que en su criterio pone en peligro su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y a la estabilidad laboral.
3. Tal como lo señaló la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta en la decisión impugnada, lo que pretenden los actores a través del mecanismo de amparo es cuestionar un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, razón por la cual es palpable la improcedencia del amparo al tenor de lo previsto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
En relación con el tema, como bien lo anuncian los actores en el escrito de impugnación, La Corte Constitucional, en la sentencia T-784 de 2006, precisó:
“Esta Corporación, en armonía con lo previsto en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha señalado que la acción de tutela no constituye el medio idóneo para controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto, pues para tal fin el ordenamiento ha diseñado otros mecanismos de control judicial2, lo cual se explica en la medida en que esos actos demandan un análisis ponderado bajo la órbita de procesos con características especiales3. Así pues, la acción y la omisión previstas en el artículo 86 de la Constitución Política deben tener un contenido particular, personal y concreto.
“Algunos ejemplos jurisprudenciales ilustran con mayor claridad el asunto:
“- En la sentencia T-105 de 2002 la Corte debió estudiar las demandas de tutela presentadas por algunos funcionarios del Municipio de Cali, quienes consideraban vulnerados sus derechos con las determinaciones de dicha entidad sobre sus escalas salariales y el no reconocimiento de una prima técnica (en las que se incluía un acuerdo municipal). Entre los argumentos para denegar el amparo la Corte sostuvo que, “la acción de tutela resulta improcedente frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto, como los que se pretenden cuestionar, frente a los cuales la misma ley consagra otro mecanismo de defensa judicial, pudiendo ser controvertidos en su legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa”.
- La misma postura fue asumida en la Sentencia T-151 de 2001. En aquella oportunidad la Corte analizó el caso de un aspirante a rector en la Universidad de Cartagena, que inconforme con los requisitos establecidos por el Consejo Superior Universitario presentó acción de tutela para controvertir el acuerdo expedido. Al respecto la Corte dijo lo siguiente: “Es claro entonces que tratándose de actos de carácter general no hay competencia del juez de tutela y que toda actuación en este campo es por principio, plenamente improcedente”.
- También resulta ilustrativa la Sentencia T-321 de 1993, donde la Corte revocó los fallos de instancia y en su lugar denegó la tutela interpuesta por una madre de familia contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión y el Consejo Nacional de Televisión, por la emisión de algunos programas en la franja vespertina. La Corte fue enfática en destacar la improcedencia de la tutela en los siguientes términos:
Pero no es ése el caso de la tutela. El mismo artículo 6o. del Decreto 2591 establece en su numeral 5o. que es improcedente la acción "cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto". Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención”
4. Resáltese que los demandantes cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa e incoar, en cualquier tiempo, la acción de nulidad absoluta, en la cual resulta viable solicitar la suspensión provisional de la determinación allí contenida y, así, controvertir en el escenario natural el acto administrativo cuestionado.
Esta circunstancia descarta de plano la intervención del juez de tutela, pues conforme lo establece el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, “… Cuando se pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación.” (Negrillas fuera de texto) argumento útil para evitar que el alegado perjuicio de carácter irremediable se consolide.
5. Visto lo anterior, al no existir fundamento para tutelar los derechos invocados en la demanda, la confirmación de la providencia impugnada es la decisión que se impone adoptar en esta sede.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1 Sentencia de febrero 26 de 1992.
2 Sentencias T-119/03, T-105/02, T-151/01, T-1497/00, T-1452/00, T-1290/00, T1201/00, T-982/00, T-815/00, T-287/97, T-610/97, T-321/93, T-203/93 y T-123/93.
3 Sentencia T-1452 de 2000 MP. Martha Victoria Sáchica. En aquella oportunidad la Corte declaró que la tutela no era idónea para cuestionar un decreto presidencial, específicamente el que regulaba el procedimiento para suplir las faltas de alcaldes y gobernadores.