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BOE.es - Documento BOE-A-2017-11870
Documento BOE-A-2017-11870
«BOE» núm. 249, de 16 de octubre de 2017, páginas 100424 a 100431 (8 págs.)
BOE-A-2017-11870
Suscrito el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de lucha contra el fraude en materia de trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el Empleo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 2 de octubre de 2017.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortiz.
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de lucha contra el fraude en materia de trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el Empleo
En Madrid, a 11 de septiembre de dos mil diecisiete.
De una parte, la Excma. Sra. doña Fátima Báñez García, en calidad de Ministra de Empleo y Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran los Ministros del Gobierno, («Boletín Oficial del Estado» n.º 267, de 4 de noviembre), en nombre y representación de la Administración General del Estado (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
De otra parte, la Excma. Sra. doña Cristina Valido García, en calidad de Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente (BOC n.º 4, de 5.01.2017) actuando en nombre y representación del Gobierno de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
Con fecha 13 de febrero de 2001 se firmó un Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Boletín Oficial de Canarias, número 34, viernes 16 de marzo de 2001).
Que el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, prevé la implantación progresiva de mecanismos de colaboración y cooperación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas en el ámbito de la lucha contra el trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social.
El objetivo principal de esta cooperación es aflorar el empleo irregular y el no declarado. Para ello se establecerán los procedimientos más adecuados para la regularización del trabajo no declarado, especialmente en los territorios o sectores de actividad en los que se aprecie una mayor concentración del mismo.
La Ley 23/2015, de 21 julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su artículo 1, configura a dicha Inspección como un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes. La Inspección actuará de conformidad con el principio de concepción única e integral del Sistema, garantizándose su funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas y en este caso con la Comunidad Canaria (artículo 2 apartado b de la citada Ley).
Cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 31.4 «ordenación y planificación de la actividad económica regional en el ejercicio de sus competencias»; 32.17 «creación de instituciones que fomenten la plena ocupación, la formación profesional y el desarrollo económico y social» y 33.2 «ejecución de la legislación laboral», del Estatuto de Autonomía de Canarias, así como otros preceptos concordantes o de general aplicación, tiene competencias al efecto.
Conforme a lo previsto en el artículo 149.1.7ª y 17ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, y por tanto, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es competente para actuar en esta materia.
Por todo ello, ambas partes, estimando inaplazable la adopción de medidas que contribuyan a la consecución de niveles correctos de competencia empresarial y de protección social de los trabajadores, conscientes de que tales medidas deben adoptarse con carácter inmediato y estar referidas al ámbito de vigilancia y control de la legislación social, con el fin de que las mismas contribuyan al proceso de recuperación económica, en un marco de mutua cooperación en la satisfacción del interés público, como objetivo de ambas Administraciones Públicas, con respeto a las competencias que corresponden al Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias, como complemento al Acuerdo Bilateral firmado en 2001 y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, acuerda suscribir el presente Convenio de Cooperación, el cual se regirá por las siguientes
Asimismo, tiene por objeto definir los términos de la colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en materia de lucha contra el fraude en la gestión de los fondos públicos de formación profesional para el empleo, mediante el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS), dotando al mismo, en la Comunidad Canaria, de los recursos necesarios para potenciar y mejorar la eficacia de los mecanismos de control e intensificar las actuaciones de inspección en materia de formación profesional.
Segunda. Medidas.
Para la consecución de los objetivos previstos en el presente Convenio se adoptarán las siguientes medidas:
1. Creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de una Unidad o Grupo Mixto de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra el fraude en materia de formación profesional para el empleo y la economía sumergida. Este Grupo Mixto tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude.
3. Adopción de medidas para intensificar las actuaciones en materia de lucha contra la economía irregular, mediante la elaboración por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cooperación con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de un Plan de actuación que permita el refuerzo temporal de la Inspección de Canarias con funcionarios destinados en otras Comunidades Autónomas, para la realización de campañas concretas, cuando así se acuerde en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
4. Participación y colaboración de la ITSS en las actuaciones de control que desarrollen las Consejerías en materia de sus competencias con repercusión en la legislación laboral y de empleo.
Tercera. Unidad o Grupo de trabajo especializado en la lucha contra el fraude en materia de formación profesional para el empleo y la economía sumergida.
1. La Unidad que se creará en virtud de este Convenio, estará integrada, con carácter permanente, por dos representantes de estos organismos o por quienes legalmente les sustituyan: Por parte de la Administración General del Estado, el titular de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otro representante perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que éste designe y por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo.
2. Además, esta Unidad podrá estar integrada, con carácter temporal, por representantes de otras direcciones generales del Gobierno Canario.
3. Para el desarrollo de sus actividades, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda garantizará el acceso de los miembros de esta Unidad o Grupo a las distintas bases de datos de que disponga. Al propio tiempo, interesará de otros Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma el suministro de la información que fuera necesaria, en su caso, tanto de sus bases de datos como de los registros, referidos a industria y energía, agricultura, turismo, cooperativas y entidades de economía social, aperturas de centros de trabajo, ofertas y demandas de empleo, ayudas y subvenciones a la contratación, servicios de mediación, arbitraje y conciliación, Empresas de Trabajo Temporal, Convenios Colectivos, Tributos Autonómicos, o permisos y licencias concedidos por el Gobierno de Canarias para la realización de una actividad económica.
4. Para el adecuado análisis y cruce de datos con las bases de datos utilizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta Unidad o Grupo podrá utilizar las herramientas informáticas de que dispongan tanto la Consejería de Empleo, Política Sociales y Vivienda como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social facilitándose igualmente el empleo de otras herramientas informáticas de que dispongan otros Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Cuarta. Realización de actuaciones de lucha contra el fraude en materia de formación para el empleo.
Con el objeto de facilitar las acciones de control en la aplicación de las subvenciones y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional para el empleo a que se refiere el artículo 19.2 de la Ley 30/2015, de 9 septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, facilitará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a la información disponible sobre las subvenciones y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional para el empleo, gestionadas por esa Comunidad Autónoma, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo I del presente Convenio.
Quinta. Plan Territorial de Objetivos e intensificación de la actividad inspectora.
Con el objeto de poder desarrollar las actuaciones inspectoras en los sectores y empresas que presentan indicios de fraude laboral y a la Seguridad Social, definidas conforme a lo previsto en la cláusula Segunda apartado tercero, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrá reforzar, con carácter temporal, los efectivos de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las Islas Canarias, mediante la adscripción temporal de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores Laborales) destinados en otras Provincias o Comunidades Autónomas, que deseen participar en las campañas que se acuerden en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias. Los efectivos desplazados lo harán siempre de forma voluntaria y tales adscripciones temporales sólo serán posibles cuando quede garantizado el normal funcionamiento de los Servicios en las Inspecciones Provinciales o Unidades de origen.
A tal fin, el Gobierno Canario se hará cargo íntegramente de los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento y aparcamiento, incluyendo la dotación de vehículos suficientes para realizar las visitas de inspección por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procedentes de otras Comunidades Autónomas.
Sexta. Cooperación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones de control de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, realizará actuaciones masivas de control de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de empleo, formación profesional y ayudas para el fomento de empleo, para los demandantes de empleo, cuyas infracciones vienen recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que atribuye a aquella la potestad sancionadora.
Séptima. Financiación, justificación y pago.
1. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destinará una cantidad máxima de ciento sesenta mil euros (160.000,- €) en el ejercicio presupuestario del año 2017 con cargo a la partida presupuestaria 2316 494A 23000, dirigida a sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento, aparcamiento y manutención, incluyendo la dotación de vehículos suficientes para realizar las visitas de inspección por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procedentes de otras Provincias o Comunidades Autónomas.
2. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda abonará directamente los gastos de desplazamiento, alojamiento, aparcamiento, manutención y alquiler de vehículos devengados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desplazados temporalmente a la Comunidad Autónoma de Canarias, en consonancia con los importes consignados en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (B.O.C. 137, de 22.10.1997), que es de aplicación a los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y previa justificación de los gastos correspondientes mediante facturas, recibos y otros documentos de valor probatorio suficiente.
Octava. Propuesta de objetivos en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Novena. Información pública de las actuaciones y resultados derivados del presente Convenio.
Décima. Seguimiento del Convenio de Cooperación.
1. El seguimiento, vigilancia y control del presente Convenio se efectuará por una Comisión mixta paritaria formada por dos representantes de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un representante de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y podrá asistir un representante del Servicio Canario de Empleo cuando así se precise por la naturaleza de los asuntos a tratar.
La vigencia del presente Convenio se extiende desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2017.
Por acuerdo expreso de ambas partes y formalizado mediante la correspondiente adenda, podrá prorrogarse anualmente el presente Convenio en su totalidad o en alguna de las medidas contenidas en el mismo, previa obtención, en su caso, de las autorizaciones correspondientes.
En el caso de extinción anticipada del Convenio por estas causas, se deberá garantizar por ambas partes la finalización de las actuaciones en curso.
El presente convenio se celebra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estando excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; no obstante, de conformidad con el artículo 4.2 de la misma, «los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumeradas en el apartado anterior se regulan por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse».
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.–Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social.–Cristina Valido García, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Procedimiento para la remisión y selección de los expedientes en materia de Formación Profesional para el Empleo.
En los supuestos en que se hayan detectado por parte del SCE indicios suficientes de fraude o de irregularidades en la ejecución de las actividades formativas ejecutadas, o en los que la ITSS haya resuelto el expediente de consulta, se elaborará un informe expresivo de las evidencias obtenidas, y se remitirá a la ITSS junto con la documentación disponible relativa al caso, con el objetivo de que ésta inicie las actuaciones pertinentes, en el marco de lo acordado en el Grupo Mixto de Trabajo especializado previsto en la cláusula tercera del Convenio.
Los informes o en su caso actas de infracción emitidos por la ITSS, deberán pronunciarse también sobre la posible existencia de vicios de la voluntad en la conclusión del acuerdo (fraude, dolo, coacción o abuso de derecho), para que el SCE pueda dar traslado de éstos a la jurisdicción penal, si procede.