Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/circular-externa-21-de-2012?documento=legcol&contexto=legcol_c317f315d46301f8e0430a01015101f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 12:54:21
Document Index: 345947437

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 128', 'artículo 128', 'artículo 11', 'artículo 128', 'artículo 141', 'artículo 154', 'artículo 129', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 325', 'artículo 326']

﻿ CIRCULAR EXTERNA 21 DE 2012
CIRCULAR EXTERNA 21 DE 20 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:IMPARTE INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LAS REGLAS ESPECIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN CRÉDITOS OTORGADOS A LAS VÍCTIMAS A LAS QUE SE REFIERE LA LEY 1448 DE 2011, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 128 DE DICHA LEY.
Ref.: Reglas especiales para la administración del riesgo de crédito en créditos otorgados a las víctimas a las que se refiere la Ley 1448 de 2011, en atención a lo previsto en el artículo 128 de dicha ley.
Este despacho, en ejercicio de sus facultades, en particular de la contenida en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y teniendo en cuenta el principio de solidaridad que debe primar frente a las víctimas del conflicto armado interno, el cual es exigible al Estado y a los particulares(1)(1) Corte Constitucional, sentencias T-697 de 2011, C-186 de 2011, C-1011 de 2008, T-676 de 2005, T-212 de 2005, T-520 de 2003, C-615 de 2002, SU-157 de 1999, entre otras., considera necesario impartir instrucciones relativas a la categoría de riesgo especial aplicable a las víctimas y las consecuencias de la misma, atendiendo a lo previsto en el artículo 128 de la Ley 1448 de 2011, reglamentado por el artículo 141 del Decreto 4800 del mismo año. En consecuencia, se adiciona el numeral 2.7 al capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 100/95).
Para efectos de los reportes de endeudamiento, éstos serán obligatorios para las entidades que se indiquen en las respectivas normas y formatos, y se realizarán respecto de las cuentas que allí mismo se prevean.
Con fundamento en lo previsto en los artículos 128 de la Ley 1448 de 2011 y 141 del Decreto 4800 del mismo año, y atendiendo al principio de solidaridad para con este sector de la población, exigible al Estado y a los particulares aún en ejercicio de sus libertades y actividades económicas (C.Const., sents. T-697/2011, C-186/2011; C-1011/2008; T-676, T-212/, T-520/2003, C-615/2002, SU-157/99, entre otras), los establecimientos de crédito deben poner a disposición de las víctimas mecanismos ágiles de atención para tramitar y resolver de manera clara y oportuna las inquietudes, consultas y solicitudes en relación con las medidas en materia crediticia previstas en la citada Ley 1448 de 2011. En adelante y para los efectos previstos en el presente numeral, se considera víctima a quienes se encuentren inscritos en el Registro Único de Víctimas, previsto en el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011.
En particular, los establecimientos de crédito deberán informar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la misma ley, Finagro y Bancoldex manejan líneas de redescuento en condiciones preferenciales para financiar los créditos que se otorguen a las mencionadas víctimas.
Adicionalmente, el establecimiento de crédito deberá promover la celebración de un acuerdo de pago con el deudor víctima en condiciones de viabilidad financiera para dicho deudor, que permita el cumplimiento de sus obligaciones, y sólo podrá recalificarse o clasificarse como incumplido si, después de celebrado el acuerdo, el deudor contraviene las nuevas condiciones acordadas. En el evento que los acuerdos contemplen periodos de gracia, se deberán suspender durante estos periodos la causación de intereses y demás conceptos asociados al crédito. Estos acuerdos de pago no serán considerados como reestructuraciones, en los términos del numeral 1.3.2.3.3 del presente Capítulo, ni tendrán los efectos previstos para las mismas en el Anexo II del mismo Capítulo.
Sin perjuicio de las reglas de control interno que se adopten en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.3.5 del presente capítulo, el diseño, implementación y operación de un esquema general para la administración del RC debe contar con procesos adecuados de auditoría por parte de la revisoría fiscal. Para tal efecto, la persona natural o jurídica responsable, que es la designada por la asamblea general de accionistas o de asociados, de la respectiva sociedad o cooperativa, deberá contar con el equipo humano, técnico y físico adecuado para llevar a cabo dicha función. Cuando la revisoría fiscal sea encomendada a una persona jurídica, ésta, a su vez, desarrollará directamente su función a través de personas naturales idóneas para asumir la responsabilidad personal que a su vez les corresponde, y deberá dotarlas de los soportes humanos, técnicos y físicos necesarios.
En cumplimiento de la función consagrada en el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio, corresponde al revisor fiscal presentar oportunamente los informes a la administración o a la asamblea de las entidades vigiladas acerca de las desviaciones en el cumplimiento de los instructivos externos e internos, de las deficiencias en los controles internos sobre esta materia, así como de las irregularidades encontradas, que surjan como resultado del examen del SARC. Estos aspectos deberán quedar suficientemente documentados en los papeles de trabajo y en los informes presentados.
La revisoría fiscal informará a la SBC, en desarrollo de su deber de colaboración indicado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, sobre todos los aspectos informados a la administración en relación con el SARC, indicando el grado de incidencia en que estaría afectándose el cumplimiento de los instructivos de la SBC sobre esta materia. Este informe se presentará, al menos, dos veces al año, el 31 de julio y el 31 de enero, y en él se indicará cuales fueron las pruebas aplicadas, los resultados alcanzados, las acciones seguidas y la respuesta de la entidad frente a sus observaciones, así como las correcciones que en su entender realizó la entidad.
4. Supervisión del SARC por parte de la SBC.
Igualmente, en ejercicio de sus facultades de supervisión, y en especial de acuerdo con el objetivo previsto en el literal c) del artículo 325 del EOSF, la SBC evaluará las políticas de administración del SARC, para efectos de la no objeción prevista en el literal f) del numeral 1.3.3.2 del presente capítulo y la ejecución de éstas, y con base en dicha evaluación adoptará las medidas a que haya lugar, incluyendo, entre otras, la inadmisión, la no objeción del modelo o alguna de las previstas en el numeral 3 del presente capítulo.
Cuando en ejercicio de la facultad contemplada en el literal a) del numeral 5 del artículo 326 del EOSF, la SBC considere que en la gestión del RC se haya incurrido en prácticas no autorizadas o inseguras, se emitirán las órdenes pertinentes.