Source: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=simon-hernandez-leon
Timestamp: 2018-02-25 01:54:12
Document Index: 32976249

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 27', 'Artículo 19', 'Artículo 29', 'artículo 198', 'artículo 30']

Simón Hernández León | El Juego de la Suprema Corte
En la actualidad, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México han asumido la defensa legal de Marco Antonio y su familia. Sus padres, acompañados por el IJPP promovieron un juicio de amparo 3 días después de la desaparición (la denuncia penal sólo fue formalizada 2 días después, tras la presión mediática y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México), frente al argumento de las autoridades de que debían trascurrir 48 horas para tomar conocimiento del caso, plazos sobre los cuales México ha incurrido en responsabilidad internacional.1
La sentencia es histórica porque se da a partir de un juicio de amparo por desaparición forzada que no se limita a la búsqueda y localización, sino en un caso inédito en que la persona es localizada, pero que, en interpretación de este órgano constitucional, no agota el alcance del juicio constitucional y supone un mecanismo de tutela del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, de las medidas destinadas a la víctima y su familia, de garantía del pleno ejercicio de los derechos del adolescente, protección de su integridad y para evitar su revictimización. Estableció que las medidas debieron dictarse incluso antes de su localización. El Tribunal adopta un principio de progresividad y de expansión de derechos y del alcance de la tutela judicial desde un enfoque trasversal de derechos humanos y de obligaciones reforzadas en materia de niñas, niños y adolescentes.2
De esta forma, modificó la suspensión de plano y ordenó medidas para proteger la integridad de Marco Antonio, a un tratamiento médico adecuado y para garantizar los derechos de la familia a acceder a la justicia. Siguiendo la determinación del Tribunal, la familia solicitó al Juzgado que emitiera medidas relativas a la preservación de evidencia, la investigación efectiva y diligente que incluyera a todas las posibles autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, garantizar el principio de participación de la familia en la carpeta de investigación y se evitaran actos de investigación sin ajustes razonables y sin una condición óptima del adolescente. Con ello, se pretendía que la suspensión de plano pudiera asegurar el derecho de acceso a la justicia, una investigación imparcial, diligente y en un plazo razonable, el derecho a la verdad, la protección a la familia y la protección reforzada por ser un adolescente y víctima de desaparición forzada, el derecho a no ser revictimizado y descalificado públicamente, con un enfoque diferenciado.3
En este sentido, la desaparición forzada tiene un carácter pluriofensivo que, por lo menos en el caso de Marco Antonio, no basta con que éste haya sido localizado, sino que es necesario establecer cuál fue su paradero durante los días que permaneció desaparecido, qué sucedió en esos días y en qué condiciones se encontraba, dirimiendo las respectivas responsabilidades penales que ello conlleve. Por ello, la actuación de los jueces y tribunales federales resulta fundamental para garantizar la prevalencia del Estado de derecho, recordando, además, que las obligaciones estatales frente a esta situación –incluyendo las jurisdiccionales– han alcanzado el carácter de ius cogens.4
Con las proporciones históricas y temporales, es importante recordar que en la dictadura argentina de aproximadamente 5000 recursos de hábeas corpus que se presentaron entre 1976 y 1982, únicamente 2 tuvieron una respuesta positiva de parte de las autoridades judiciales.5 En el contexto mexicano actual de más de 30 mil personas desaparecidas, de las cuales 6 mil correspondería a niñas y niños o adolescentes, el caso de Marco Antonio y el precedente que establezca el Poder Judicial de la Federación será un referente, positivo o negativo, para este tipo de casos.6
1 Condicionar la formalización de la denuncia a un plazo ha sido motivo de responsabilidad internacional para el Estado mexicano. En el caso Caso González y otras la Corte Interamericana señaló que: “Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.” Además, que una vez que se tiene conocimiento de un caso de desaparición las autoridades tienen una serie de obligaciones positivas, entre ellas: “i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida; ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares; iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas y vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda.”
“Campo Algodonero” Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 290 y 506.
Además, en el Examen Periódico Universal se había recomendado a México homologar un Protocolo Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, fortalecer el sistema de justicia de manera pronta e inmediata los casos de desaparición y adoptar los estándares internacionales de búsqueda y localización, entre otras recomendaciones. ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, A/HRC/25/7, 11 de diciembre de 2013.
2 La sentencia se desarrolla a partir de las obligaciones y derechos reconocidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la jurisprudencia nacional sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
3 La solicitud se fundamentó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Víctimas.
4 Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, y Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014.
5 Marco Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática, Paidos, Buenos Aires, 2003, p. 287. Para un análisis sobre estos recursos: Jaime Nuguer, Un hábeas corpus en dictadura. Las acciones judiciales por Inés Ollero que culminaron con el encarcelamiento del jefe de la ESMA, Lenguaje Claro Editora, Argentina, 2014.
6 Unicef, “Más de 6 mil niños, niñas y adolescentes están reportados como desaparecidos en #México. Se han adoptado medidas como @AAMBER_mx para acelerar su identificación y búsqueda; pero aún deben fortalecerse con recursos y personal las Procuradurías de Protección de la Niñez”, 5 de febrero de 2018. Según datos de la Redim, en el Informe Infancia cuenta 2017 desafíos en el acceso a la justicia para niñas niños y adolescentes, todos los días desaparecen 4 niñas, niños y adolescentes y el 72.3% de las desapariciones registradas se habrían dado en el presente sexenio. Finalmente, según la información de Data Cívica el número aproximado de personas desaparecidas en México es de más de 33 mil desaparecidas. http://personasdesaparecidas.org.mx/db/db
En 2002, Daniel García y Reyes Alpízar fueron consignados por su presunta participación en un delito que su defensa insiste, no cometieron. Con las reglas procesales de entonces y dada la calificación del delito como grave, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Más de 15 años después, siguen sujetos a un proceso judicial del sistema tradicional. En próximos días, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz resolverá un incidente que puede cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar para continuar su proceso en libertad.
La campaña #PenaSinCulpa busca evidenciar las problemáticas de la prisión preventiva oficiosa, la falta de garantía efectiva de la presunción de inocencia, los tiempos excesivos de resolución de recursos judiciales para personas privadas de la libertad y el uso del litigio frente a condiciones que vulneran los derechos humanos. Además, en agosto de 2017, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó al Estado mexicano disponer la libertad inmediata de Daniel y Reyes.
Los más de 15 años de proceso en primera instancia tienen origen en el obstáculo sistemático a sus derechos procesales, la falta de exclusión de pruebas ilícitas, incluso obtenidas bajo tortura, la falta de continuidad de las audiencias y la excesiva demora en la resolución de recursos judiciales. La subsistencia de la prisión preventiva es imputable a las autoridades. Entre otras, destacan casi 5 años entre el auto de formal prisión y su revisión judicial en apelación y amparo indirecto, 8 años entre la petición reiterada de acceder a la averiguación previa –incluido un juicio de amparo– y a partir de ella, tener oportunidad de ofrecer pruebas, más de 50 ocasiones que uno de los procesados no ha sido presentado a audiencias, u 8 meses –requiriendo otro juicio de amparo– que demoró la remisión de un recurso del Juzgado a la Sala Penal cuando el plazo legal es de 3 días. Esta es la ruta de defensa que ha seguido su caso.
Primer recurso nacional
En junio de 2016, presentaron un incidente no especificado solicitando el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva. A partir de un fundamento exclusivamente convencional se argumentó que la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la jurisprudencia internacional, tutelan el derecho a ser procesado en un plazo razonable o ser puesto el libertad, la revisión judicial periódica y de oficio de medidas restrictivas de la libertad, que la prisión preventiva no constituyan pena anticipada, y el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato, así como violaciones al principio de progresividad en relación al desarrollo de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.1
En agosto de 2016, el Juzgado denegó la petición. Argumentó que la prisión preventiva es una medida oficiosa para delitos graves que constituía una restricción constitucional. En diciembre de 2017, el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla resolvió la apelación. En una resolución relevante por su perspectiva de derechos humanos, estableció que no existe una restricción constitucional al derecho a ser juzgado en un plazo razonable en relación con la presunción de inocencia. Destacó la obligación convencional de revisar periódicamente las medidas que impliquen afectación a la libertad. Además, retomó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la revisión de medidas cautelares del sistema tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio (contradicción de tesis 64/2017), desarrollada durante el trámite de la apelación, y los precedentes de la Corte Interamericana invocados por Daniel y Reyes. Finalmente, tomó nota de la resolución del Grupo de Detenciones Arbitrarias y la obligación de “observar los pronunciamientos internacionales […] cuando involucren cuestiones en el ámbito nacional”.2
El Tribunal ordenó al Juzgado revisar la medida cautelar bajo la jurisprudencia interamericana, que recabe pruebas y la valore a la luz de las circunstancias actuales y no de las que existieron al momento de su imposición, analice si la medida satisface criterios de razonabilidad e idoneidad para “determinar si la prisión preventiva sigue siendo legítima” en relación al plazo, y en caso contrario “deberá ordenar la libertad de los procesados sin perjuicio de que pueda imponerles otra medida cautelar”.3 La audiencia se desarrollará esta semana y representa una oportunidad valiosa para cumplir con la sentencia y con la resolución internacional.
Segundo recurso nacional
Un segundo incidente se promovió a partir de la Miscelánea Penal que introdujo en una disposición transitoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de la revisión y cambio de la prisión preventiva impuesta en el sistema penal tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio. La petición fue desechada de plano a pesar de la fuerza legal de la disposición procesal y de criterios aislados de Tribunales Colegiados que sostenían su constitucionalidad.
La defensa de Daniel y Reyes promovió un juicio de amparo. El Juzgado Cuarto de Distrito de Tlalnepantla falló a su favor.4 En el trascurso del juicio, la Suprema Corte estableció (CT 64/2017) que la revisión de medidas cautelares no es contraria a la reforma constitucional de 2008, que involucra cuestiones sustantivas y no solo procesales y representa una facultad extraordinaria para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios del sistema acusatorio al revisar la prisión preventiva.5
Sin embargo, la sentencia de amparo tuvo efectos limitados. Aunque retomó la doctrina constitucional reciente sobre prisión preventiva y su revisión y ordenó analizar la solicitud de su revisión, lo hizo bajo las reglas procesales del sistema escrito, sin inmediación ni debate de las partes. Ante ello, se interpuso un recurso de revisión que, tras cuatro meses, sigue pendiente de resolución por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Toluca.6
El recurso internacional
Ante la falta de respuesta rápida y efectiva de los recursos judiciales, Daniel y Reyes acudieron al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, un mecanismo especial del sistema universal de protección de los derechos humanos.7 En la Opinión 66/2017, consideró que su detención tiene un carácter arbitrario porque fueron detenidos sin orden judicial y arraigados sin que existieran pruebas en su contra y que los señalamientos públicos en su contra afectaron la presunción de inocencia. Destacó la falta de investigación sobre la tortura y la falta de tutela judicial durante varios años, a pesar de la existencia de prueba oficial que la acredita en la causa penal. Por ello, recomendó al Estado mexicano disponga su libertad inmediata.
Este caso es ilustrativo del uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, que se impone sin valoración judicial y sin debate entre las partes, incluso en el sistema acusatorio, relevando al ministerio público de acreditar, en cada caso, su necesidad. También de la ausencia de revisión periódica y de oficio de las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. La resolución positiva del caso ayudaría a equilibrar los derechos de víctimas y personas imputadas, retomar el carácter excepcional de la prisión preventiva para evitar que, como sucede actualmente en México, 5 de cada 10 personas se encuentren en prisión sin sentencia y fortalecer el sistema penal bajo un paradigma democrático y de derecho.8 Ni un día más.
Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @hele_simon
1 Los procedentes invocados bajo el principio pro persona, la contradicción de tesis 293/2012, y el efecto de la res interpretata de la Corte Interamericana fueron los casos Bayarri vs. Argentina, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Tibi vs. Ecuador, Acosta Calderón vs. Ecuador, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Suárez Rosero vs. Ecuador, Ricardo Canese vs. Paraguay e Yvon Neptune vs. Haití.
2 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, acuerdo de 27 de octubre de 2017.
3 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla Toca de apelación 160/2017, sentencia de 12 de diciembre de 2017, p. 27. El Tribunal reitera que el análisis de la medida debe realizarse conforme al test desarrollado por la Corte Interamericana y valorar la razonabilidad del plazo en función de a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal de los interesados, c) la conducta de las autoridades judiciales.
4 Juzgado Cuarto de Distrito del Segundo Circuito con sede en Tlalnepantla, amparo indirecto 878/2017-V.
5 La Primera Sala emitió la tesis 1a./J. 74/2017 (10a.) PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.
6 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, amparo en revisión 312/2017.
7 El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42 y se compone por cinco expertos independientes internacionales. Tiene por objetivo investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los instrumentos internacionales. Su mandato fue ampliado por la resolución 1997/50 de la actual Comisión de Derechos Humanos.
8 Información del Estado mexicano proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocía que en 2015 el 55% de las personas en reclusión se encontraban sin sentencia. Comisión IDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163 Doc. 105, 217, nota 11.
Peña Nieto y sus candidatos a ministro de la Suprema Corte
El día de ayer, el presidente Peña Nieto presentó la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte para ocupar la vacante dejada por el fallecimiento del ministro Valls. Se trata del primer paso de un proceso institucional donde el Senado de la República debe evaluar a los candidatos presentados y, en su caso, aprobar por mayoría calificada a alguno de éstos. Sobra mencionar que, al ser la Suprema Corte árbitro de muchísimos de los conflictos de la vida institucional del país, se trata de un nombramiento de enorme relevancia. En un esfuerzo por iniciar un indispensable debate respecto los candidatos, e inclusive el mismo proceso de designación, a continuación se presenta un ramillete de opiniones de diferentes expertos.
No cabe duda que la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de candidatos a ministros lo hace la carta fuerte del presidente Peña Nieto. Su pasado en gobiernos panistas pareciera el gozne que posibilitaría alcanzar la mayoría calificada. Si consideráramos que una de las claves para conseguir votos es la capacidad de operación política, Medina Mora tiene una ventaja insuperable respecto de sus acompañantes. Una lectura de su hoja de vida arroja que si una virtud fuera destacable es su extraordinaria capacidad de mantenerse en cargos de primer nivel tanto en gobiernos panistas como en el actual: Director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador, Embajador en Washington. Eso requiere de una gran capacidad de operación política, lo que sea que se entienda como eso.
Lo interesante de esto es la valoración de los méritos que tal historia implicaría para ser el futuro ministro de la Corte. Dicho en otros términos, su paso por el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública o la PGR, deberá ser motivo de una rigurosa revisión por la opinión pública y por el Senado. Van algunas ideas apresuradas al respecto: Cuando Medina Mora fue Procurador, se aprobó la reforma constitucional de juicios orales, la cual a su vez también estableció las bases del combate a la delincuencia organizada. Una reforma garantista y antigarantista a la vez. Una pregunta pertinente es cuál fue el papel de Medina Mora en esta reforma. Pues no hay que olvidar que esta reforma expresaba una definición al interior del Gabinete. Esto es, se modificó el artículo 21 constitucional en dos renglones: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, antes decía que “una policía” estará bajo su “autoridad y mando”. El cambio definió el papel de la PGR respecto de la “policía” e incrementó el poder de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y, en mi opinión, contribuyó al desmantelamiento y debilidad de la primera y, consecuentemente, en los resultados de la estrategia de combate al crimen.
Su paso predominantemente por instituciones policiacas y de seguridad nacional y el innegable papel geopolítico en la Embajada de México en Washington, son también claves para entender el mensaje del Presidente respecto de su idea de juez enla Corte.
José Roldán Xopa. Profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). Twitter: @jrxopa
Más allá del perfil de los candidatos a ministros de la Suprema Corte que integran la terna enviada hoy al Senado por el presidente Peña Nieto, vale hacer hincapié en el hecho de que, quizá por primera vez, el titular del ejecutivo federal haya decidido sacar el mayor provecho de un procedimiento que le da un poder desmedido en la designación de los integrantes de la Suprema Corte. Nuestras reglas constitucionales son tan deficientes que, con un poco de persistencia, el presidente de la República puede nombrar unilateralmente al candidato de su preferencia (en el supuesto de que el Senado rechace dos propuestas de terna de manera consecutiva).
La composición de la terna sugiere que en la Oficina de la Presidencia tienen claras las reglas del juego y nada impide que las lleven hasta las últimas consecuencias. Pero más allá de cuál sea el destino final de la propuesta presidencial, en la actual coyuntura conviene enfatizar dos cosas. Por una parte, urge construir un contexto de exigencia desde la opinión pública, el foro y la academia. Se trata no sólo de poner bajo la lupa a los integrantes de la terna, sino también de discutir públicamente el perfil de ministros que queremos o necesitamos. Por la otra, a estas alturas debe quedar claro que el actual procedimiento de designación tiene más vicios que virtudes. Necesitamos, pues, reglas que garanticen un adecuado balance entre poderes y, sobre todo, que favorezcan el escrutinio más amplio de los nominados.
Son varios ángulos desde los cuales se puede analizar la terna enviada hoy al Senado para suplir el lugar del ministro Valls, que nos dan una nueva oportunidad reflexionar sobre el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entre ellos, vale la pena destacar, además de la ausencia de perspectiva de género, al no incluir ninguna mujer, la falta de motivación de la selección de los candidatos.
Me parece que no basta con que dos de los candidatos provengan de carrera judicial. Si bien es importante incentivar el acceso de jueces a las altas cortes, la selección de la terna por parte del presidente de la República debiese ser un ejercicio mucho más serio de búsqueda y sustentación, que permita ternas más plurales, con perfiles tanto académicos, como de carrera judicial y fundamentadas en los méritos que demuestren que quienes integran la terna pueden formar parte del máximo tribunal de impartición de justicia del país.
Lo anterior evitaría que se incluyeran personajes como Eduardo Medina Mora, respecto del cual se prenden varias alertas que el Senado tendría que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. En primer lugar, su estrecha relación con el sector privado, principalmente de empresas como Televisa, lo cual en caso de ser elegido dejaría serias dudas sobre su imparcialidad e independencia en casos donde estos entes privados estuvieran involucrados. Recordemos también que Medina Mora era el Procurador General de la República cuando ésta presentó la acción de inconstitucionalidad sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Un antecedente que pone en peligro luchas alcanzadas a través del Tribunal para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Por último, el perfil de candidato en materia de seguridad pública, no responde a la crisis de derechos que atraviesa el país. Lo cual refleja la constante del gobierno federal de ignorar la necesidad de fortalecer las instituciones en México.
Adriana Muro. Abogada integrante de Elementa, Consultoría en Derechos Humanos. Twitter: @adrianawall
Eduardo Medina Mora ha desfilado notablemente por tres administraciones gubernamentales y tiene un perfil público impecable. Ha sido embajador, procurador general de la República, director general del CISEN y secretario de Seguridad Pública. Aunque le pese a algunos, por primera vez en muchos años nos encontramos ante la nominación de un peso pesado a la Suprema Corte de Justicia.
Por mucho que sorprenda, las nominaciones a la Suprema Corte no son galardones a la excelencia jurídica o premios al mérito jurisdiccional; como cualquier órgano del Estado, los ministros proyectan un equilibrio político: nada más. El diseño institucional supuso que la Corte fuese un contrapeso adicional en el entramado constitucional, no una sede de verificación intelectual del resto de las ramas del Estado. Esto, aparentemente tan obvio, ha resultado ofuscado por la retórica de las nominaciones: los líderes de opinión exigen ministros “virtuosos”, abogados preclaros que tengan opiniones “ciudadanas”.
Poco importa que esta retórica usualmente esconde exigencia de áreas de influencia que no han podido ser obtenidas a través del proceso democrático. Lo relevante es la fantasía de los perfiles neutros y la apabullante ingenuidad de la apuesta por funcionarios “santos”. Como la experiencia lo demuestra, la presencia de políticos es ineludible.
Medina Mora es una buena apuesta del presidente de la República. Durante su administración, Peña Nieto nombrará una nueva camada de ministros que constituirá, para 2018, una mayoría clara. Esta nominación es una oportunidad para imprimir un liderazgo político que redefinirá la Corte, y nuestra Constitución, en las próximas décadas.
Alejandro F. Noriega. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Twitter: @noriegalejandro
En una democracia sustantiva los jueces tienen un rol fundamental: asegurar la vigencia del orden constitucional y evitar el ejercicio arbitrario del poder público mediante la garantía de los derechos fundamentales. Suponer una neutralidad ideológica y una posición apolítica en quienes integran la judicatura es irreal. La actividad judicial y política, coexisten. Por ello, las posiciones de quienes la integran deben ser explícitas. Pues si bien es legítimo que un ministro mantenga una posición política, así como una matriz ideológica, su compromiso siempre debe ser asegurar la viabilidad del régimen democrático.
Los actuales magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera tienen una carrera judicial –si bien Fuentes Barrera posee cierta experiencia en la administración pública. Lo cual por sí mismo no asegura independencia, aunque ciertamente poseen en principio mayor distancia del poder del presidente de la República. Por su parte, Eduardo Medina es sin duda el más cercano al ejecutivo federal de los tres candidatos. Actualmente, es embajador de México en Estados Unidos y en administraciones pasadas fungió como Procurador General de la República y Secretario de Seguridad Pública. Además, su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –entidad que por su función coquetea siempre con intromisiones y afectaciones a los derechos humanos–, lo vincula más a los intereses que debiese controlar en el cargo de ministro, que a un cargo que a pesar de su connotación política debe ser autónoma, independiente y garante de los intereses de la sociedad.
Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @simonhdezleon
Caso Israel Arzate y los criterios de la Corte sobre la tortura
Todavía ahora me ha tocado escuchar algunas veces cómo jueces de edad se lamentaban por la abolición de esta bárbara costumbre. Nadie en esa época, dudaba de la necesidad de la tortura; ni los jueces, ni los acusados.”
Israel Arzate fue detenido arbitrariamente por elementos del Ejército el 3 de febrero de 2010 (3 días después de la masacre de Villas de Salvárcar), fue incomunicado y torturado por más de 30 horas en instalaciones militares. Oficialmente se afirmó que fue detenido en “flagrancia” el día 4 al conducir un vehículo robado y que espontáneamente “confesó” su participación en los hechos de Villas de Salvárcar.
Se le formularon dos imputaciones: posesión de vehículo robado y homicidio de 15 personas y lesiones y tentativa de homicidio a otras 10 más. Las respectivas vinculaciones a proceso fueron materia de amparo indirecto y su resolución definitiva fue asumida por la Primera Sala de la SCJN.
Organizaciones como Article 19, Fundar, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron pronunciamientos sobre este proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, ambos del sistema de Naciones Unidas, emitieron resoluciones sobre el caso.
Su caso fue defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes. El 6 de noviembre de 2013 Israel Arzate recuperó su libertad tras casi 4 años de detención.
Así, el pasado 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia publicó el engrose de la resolución del amparo en revisión 703/2012, relativo al caso de Israel Arzate Meléndez y el día 23 las tesis aisladas que derivaron del proceso fallado en noviembre de 2013. En el marco de la discusión, advertíamos en otra entrada sobre el carácter emblemático del caso y la posibilidad que para la Corte representaba su resolución y el impacto estructural que podría tener en el sistema de justicia y en la lucha contra el fenómeno sistemático de la tortura.
La Primera Sala generó ocho tesis aisladas que se agrupan en tres rubros: a) tortura; b) derecho a la libertad personal, detención y puesta a disposición inmediata y obligaciones judiciales al realizar el control de detención, y; c) estudio de pruebas superveniente cuando versen sobre violaciones a derechos humanos.
La Corte refrenda la prohibición absoluta de la tortura. Establece que la tortura tiene una doble dimensión: como violación de derechos humanos y como delito y que tales actos actualizan una categoría especial y, de tal gravedad, que impone la obligación de las autoridades de llevar a cabo un análisis y una protección de la máxima intensidad bajo los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Con relación a las obligaciones de garantía y protección, establece que toda autoridad que tenga conocimiento por parte de una persona que denuncie haber sido víctima de tortura o cuando tenga conocimiento de indicios o datos que la presuman, deberá de oficio y de forma inmediata, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente e imparcial.
La Suprema Corte establece que las autoridades tienen la obligación de intervenir de forma expedita cuando existan denuncias de tortura y el deber de garantizar una investigación adecuada en un plazo razonable y determinar la responsabilidad a través de un proceso penal.
Añade que debe considerarse como denuncia todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Consecuentemente, la obligación de protección recae en todas las autoridades y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar un caso en el que se alegue que una declaración incriminatoria fue realizada bajo tortura.
Cuando la denuncia de tortura se dé en el marco de una investigación o de un proceso penal, las autoridades deben iniciar una investigación diligente y conforme a los más altos estándares de protección de derechos humanos. El hecho de que no se hayan practicado de forma inmediata exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva, la que debe practicarse con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión de los actos denunciados.
Finalmente, la Corte refrenda la regla general de exclusión de prueba ilícita y de manera específica en aquellos casos en que los datos de investigación o medios de prueba hayan sido obtenidos mediante actos de tortura.
La Corte reitera que la libertad personal se reconoce y protege como un derecho humano de primer orden, con tutela convencional y constitucional. De ahí la legítima expectativa de las personas de no verse afectadas sino por causas justificadas y bajo supuestos de excepcionalidad reconocidos y limitados de forma taxativa por la Constitución y los tratados internacionales.
Cuando las autoridades aduzcan una detención en flagrancia deben acreditar fehacientemente la existencia de elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Si la detención no se da bajo el respeto del sistema constitucional y convencional, cumpliendo los requisitos y garantías establecidos a favor de la persona asegurada, será considerada como arbitraria. La consecuencia es su invalidación y la de los datos de investigación o pruebas obtenidos de forma directa e inmediata con la detención.
Si una autoridad realiza una detención bajo el supuesto de flagrancia debe remitir de forma inmediata a la persona ante la autoridad competente sin retraso injustificado o irracional. Asimismo, la persona debe ser informada en el momento de la detención de las razones y justificación de la misma y de los cargos formulados en su contra.
Finalmente, las autoridades ministeriales y judiciales tienen la obligación de realizar un control estricto y riguroso de las condiciones de la detención y ordenar la libertad inmediata de la persona si la detención fue ilegal o arbitraria. La obligación de protección se refuerza cuando existen indicios o denuncia expresa de violación a derechos humanos. Consecuentemente, las autoridades deben allegarse de todos los elementos y datos necesarios para salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeto a su tutela.
Control jurisdiccional y violaciones a derechos humanos
La Corte estableció que el hecho de que el juez natural no haya tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que los órganos jurisdiccionales de amparo admitan y valoren medios de prueba supervenientes que no obren en la carpeta de investigación, pero que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, atendiendo a la tutela judicial efectiva y al principio de excepcionalidad que adquieren mayor preponderancia cuando se trata de violaciones graves como la tortura.
Los criterios del caso Israel Arzate constituyen un avance significativo en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, adversarial y oral, puesto a prueba en este caso. En un país donde la tortura es una realidad lacerante, una “endemia” como afirmó recientemente el relator de la ONU sobre tortura; la labor de los órganos jurisdiccionales debe transitar hacia un modelo de protección efectiva de los derechos humanos. La debida implementación de estos criterios representa un signo de esperanza para personas que son víctimas de este condenable acto, muchas de ellas aún en el anonimato.
Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Integrante del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon
Peña Nieto y su iniciativa para restringir derechos fundamentales
Simón Hernández León y Leopoldo Maldonado
Estado de excepción y la suspensión de garantías
El estado de excepción y la suspensión de garantías son dos temas fundamentales en el campo político. Como realidad y como la figura que busca darle respuesta, ambas representan la posibilidad –no sólo jurídica sino constitucional– de que ante una situación extraordinaria que no puede resolverse de forma regular por los poderes públicos, se requiera habilitar una condición de anormalidad constitucional que restringa los derechos y libertades con el objetivo de hacer frente a la situación.
La paradoja es extraordinaria: el Estado, cuya finalidad es la vigencia y realización de derechos de una comunidad política, invierte el sentido de su existencia y anula su ordenamiento jurídico. En términos de Agamben el estado de excepción es “la forma legal de aquello que no puede tener forma legal.”[1] El derecho y la Constitución activan y validan acciones que al mismo tiempo están fuera del ordenamiento constitucional. En suma, la negación del derecho para su supervivencia.
Evolución histórica del estado de excepción
Su origen se remonta a la antigua Roma. Bajo la figura del iustitium[2] se permitían poderes extraordinarios para enfrentar amenazas externas (guerras o invasiones), o internas (rebeliones). En el moderno Estado constitucional ha evolucionado y adquirido márgenes de validación cada vez más acotados. Las situaciones que dan lugar a su establecimiento son los conflictos armados: invasión, guerra o conflicto interno; los originados por desastres naturales como huracanes, incendios, sismos, epidemias, crisis sanitarias, o de origen químico, biológico o nuclear, y el relacionado con crisis políticas y sociales dentro de un Estado, éste último el de mayor polémica.
Justificación y legitimación
La justificación es que “los estados deben contar con mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis”.[3] Sin embargo, aún en las Constituciones más avanzadas su determinación no es un acto esencialmente jurídico, en todos los casos subyace una decisión política para su establecimiento. Su legitimidad como “necesidad justificante” radica en que no existe ninguna otra posibilidad de encarar una situación extraordinaria en los márgenes ordinarios de actuación del poder público.
La frontera entre su establecimiento legítimo y su utilización política es difusa. Una discusión inconclusa y no exenta de tensiones es: ¿A quién se protege con el estado de excepción? ¿Al Estado, al territorio, a su población, al orden social? ¿Cuáles son los valores y bienes que busca proteger? ¿La paz pública, la seguridad nacional, los valores democráticos?
Las experiencias en América Latina le han dado una connotación de realismo político más que de justificación constitucional: el estado de sitio —la versión extrema del estado de excepción en el que las autoridades militares sustituyen a las civiles— es muestra de la desnaturalización de la medida y su utilización política.
La suspensión y restricción de los derechos. Artículo 29 constitucional
En México la suspensión de garantías está prevista en el artículo 29 constitucional que establece como supuestos de procedencia: a) casos de invasión, b) perturbación grave de la paz pública, y c) cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esta redacción procede de la Constitución de 1857 que lo definía en términos idénticos.[4]
Desde 1917 el artículo ha sido modificado en cuatro ocasiones: en 1981 para sustituir al “Consejo de Ministros” por su equivalente “los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República”. En 2007 se eliminó a los Departamentos Administrativos.
En 2011, como producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se añadió un catálogo de derechos que no son susceptibles de afectación, se agregó a la suspensión la restricción del ejercicio de derechos como un mecanismo menos lesivo y se complementó un control jurisdiccional de oficio a cargo de la Suprema Corte de Justicia sobre los decretos emitidos por el Ejecutivo. Finalmente, en 2014 se eliminó el acuerdo del Gabinete, quedando la iniciativa a cargo solamente del titular del Poder Ejecutivo.
La redacción del artículo 29 Constitucional refleja la realidad del siglo XIX y no la del constitucionalismo moderno del siglo XXI. Su problema no es sólo temporal, el texto tiene un vicio estructural innegable: la formulación “cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” representa una disposición ambigua que permite un margen de interpretación profundamente discrecional.
En México se estableció por única vez el estado de excepción por la incorporación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial.[5] Durante 97 años de vigencia de la Constitución de 1917 ha permanecido sin una legislación reglamentaria. En 2013, Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de ley que contenía una cláusula abierta sobre “cualquier otro caso” que permite una interpretación análoga y discrecional, además, al definir “grave peligro” o “conflicto” se hacía un reenvío a las “leyes aplicables” de seguridad nacional y seguridad interior. Esta iniciativa no fue votada sino se incorporó a los trabajos de la cámara.
Por su parte, el dictamen elaborado por el Senado, aprobado por las Comisiones de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos el pasado 28 de abril de 2014, define “perturbación grave de la paz pública” como un “fenómeno social violento”. Asimismo, alude en primer término al “peligro la estabilidad o seguridad del Estado” y, posteriormente, peligro para la “estructura social, política o económica”. Por otra parte, al definir “grave peligro o conflicto” señala que son las “circunstancia excepcional de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población”. Tras realizar una enunciación de estas situaciones, habilita una cláusula abierta sobre causas “similares”, lo que permite una interpretación análoga y discrecional.
Un Estado constitucional impone límites formales y materiales para determinar un estado de excepción. Los primeros son los requisitos, el procedimiento, el establecimiento de la temporalidad y el ámbito espacial en que se impone la suspensión de derechos y la definición previa de un núcleo esencial de derechos humanos que no pueden ser afectados. La dimensión material alude fundamentalmente a la exigencia positiva por parte del Estado para que esta determinación tenga por objeto asegurar los valores fundamentales de una sociedad democrática.
En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en el artículo 27 la suspensión de garantías y en el 29 las normas de interceptación, estableciendo que “ninguna norma puede ser interpretada en el sentido de suprimir y limitar injustificadamente el ejercicio de derechos, desnaturalizándolos o vaciándolos de contenido efectivo”.
Por su parte, la Corte Interamericana ha definido estándares de protección y obligaciones de los Estados parte. En la Opinión Consultiva OC-6/86, estableció que “en circunstancias excepcionales y bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contraídas por los Estados (art. 27)”.[6] Asimismo, estableció que las restricciones deben ser legítimas, establecidas “por razones de interés general”. En la OC-5/85 señaló que no puede “invocarse el “orden público” o el “bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real.”[7]
En la Opinión Consultiva OC-8/86 determinó que la suspensión prevista en la CADH no es absoluta, y que no implica “la suspensión temporal del Estado de Derecho” ni que “el gobierno esté investido de poderes absolutos.”[8]
Los riesgos con la iniciativa en trámite legislativo
En toda iniciativa que involucra derechos humanos es fundamental un proceso de información ciudadana y discusión parlamentaria. Esto resulta más importante cuando se trata de regular los estados de excepción, pues se busca darle forma legal a condiciones que no se pueden atender con el orden normativo en un contexto de normalidad democrática. Por lo tanto, el primer riesgo es que estas iniciativas no vayan acompañadas de un proceso de discusión y debate amplio.
Los supuestos para aplicar la restricción o suspensión de derechos deben ser los más claros, precisos y concretos. Establecer fórmulas genéricas vinculadas a frases como “cualquier otro caso” permite una interpretación discrecional, o incluso el reenvío interpretativo a otras leyes secundarias y abrir posibilidades interpretativas y de aplicaciones sumamente amplias y riesgosas.
Asimismo, definir perturbación grave de la paz pública como un “fenómeno social violento” que pone en peligro “la estabilidad o seguridad del Estado” desvirtúa la medida. Su objetivo debe ser los derechos humanos de las personas y no la seguridad del Estado como fin en sí mismo y conforme a lo señalado por la Corte Interamericana la medida debe “preservar los valores superiores de la sociedad democrática”.
El estado de excepción no está exento de su activación con una intencionalidad política y de control social, de ahí la legitima preocupación de su utilización como mecanismo de resolución de conflictos sociales y como técnica de gobernabilidad y que la excepcionalidad de este recurso termine por establecerse como regla, alterando los contrapesos y división de poderes y la esencia del sistema democrático.
Simón Hernández León. Colaborador del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon
Leopoldo Maldonado Gutiérrez. Oficial adjunto del Programa Legal de Artículo 19. Twitter: @snaiperG
[1] Giorgio Agamben, Estado de excepción, Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007, p. 24.
[2] Literalmente detener o suspender el ius u orden jurídico.
[3] Pedro Salazar Ugarte, “Estado de excepción, suspensión de derechos y jurisdicción”, en: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa (coord.), Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, tomo II, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Konrad Adenauer Stiftung (coedición), México, 2013, p. 231.
[4] Artículo 29 “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pongan á la sociedad en grande peligro ó conflicto…” (redacción original). Existe antecedente en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 que establecían en el artículo 198 la posibilidad de suspender derechos.
[5] Diario Oficial de la Federación, Decreto de Suspensión de Garantías Individuales, Congreso de la Unión, 2 de junio de 1942 y Ley de Prevenciones Generales, Poder Ejecutivo Federal, 13 de junio de 1942.
[6]Opinión Consultiva Oc-6/86 del 9 de Mayo de 1986 la Expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
[7] Opinión Consultiva Oc-5/85 del 13 de Noviembre de 1985 la colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 Y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos).
[8] Opinión Consultiva Oc-8/87 del 30 de enero de 1987 El Habeas Corpus bajo suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 Y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos).
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en próximos días el caso de Israel Arzate Meléndez, uno de los asuntos más relevantes para la Corte en los últimos años (A.R. 703/2012 y A.R. 716/2012).[1]
El derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Caso Ejido Tila
“El nuevo planteamiento consiste en buscar el problema indígena en el problema de la tierra”.
Simón Alejandro Hernández León. Colaborador del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.