Source: https://www.scribd.com/document/320463774/TUTELA
Timestamp: 2019-12-15 18:42:34
Document Index: 34991977

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 74', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 74', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 327', 'artículo 328', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 37', 'artículo 1']

TUTELA | Derecho Constitucional | Jurisprudencia
saveSave TUTELA For Later
Amparo de Pobreza y Acceso
Constitucionalidad de Los Apremios Personales en La Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional
T-329-12
Limites Del Derechona Huelga
35 Voto Particular Sr Min Cossio Adr 498-2006[1]
Tutela Victor Cervical
T-292-06
FALLO Kerly Enerota Portilla Prieto Debido Proceso Presunción de Inocencia
SALA PENAL (REPARTO)
LINDA MARÍA CABRERA CIFUENTES, identificada como aparece al pie de mi firma, abogada de la Corporación Sisma Mujer, me dirijo de manera respetuosa ante ustedes con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para solicitar la protección del derecho fundamental de petición, en los términos del artículo 23 y el derecho a la información, consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política Nacional, desconocidos por la Policía Nacional de Colombia, de conformidad con los siguientes supuestos de hecho y derecho.
1. El 22 de junio de 2016 radicamos en las dependencias de la Policía Nacional de Colombia, un Derecho de Petición que solicitaba información sobre diferentes investigaciones disciplinarias adelantadas por parte de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional de Colombia relacionadas con hechos de violencia sexual.
2. El día veintinueve (29) de julio de 2016, con oficio N° S-2016- 207379, el Inspector General de la Policía Nacional, el Mayor General CARLOS RAMIRO MENA BRAVO, resolvió el Derecho de Petición mencionado en el numeral anterior, indicando que lo solicitado en el mismo se encuentra revestido de reserva legal y en ánimo de proteger y
Carrera 13 No. 33-74 Oficina 304 PBX.57+1+2859319 ext 104 FAX.57+1+2886407 coordinacionjusticia@sismamujer.org – www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-0-49" src="pdf-obj-0-49.jpg">
garantizar los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y el habeas data de los institucionales, dicha entidad no podía suministrar la información solicitada.
3. Para motivar la negación de las pretensiones, la Policía Nacional por medio del Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo, argumentó lo siguiente:
“Lo solicitado en su petitum se encuentra revestido de reserva legal, por cuanto en virtud de los postulados constitucionales y legales, es obligación de la Inspección General proteger la información con el ánimo de garantizar los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y habeas data.
(…) para el caso particular
se resalta el artículo
concomitante con el artículo 24 numeral3 de la Ley 1437 de 2011, así como lo
dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012”
2.1 Sobre el derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política Colombiana consagra el derecho de petición, como un derecho fundamental al que tienen todos los colombianos, de presentar peticiones respetuosas en interés general o particular ante las autoridades y a obtener de ellas pronta resolución de fondo 1. En ese sentido, la Corte Constitucional ha indicado que sus características son 2 :
1 Sentencia T- 161 del 10 de marzo de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto. 2 Sentencia T- 511 del 18 de junio de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-1-52" src="pdf-obj-1-52.jpg">
i) se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes a las autoridades públicas y a los particulares; (iii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario; (iv) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado;
(v) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(vi) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vii) por regla general están vinculadas por este derecho las entidades estatales, y en algunos casos a los particulares;
(viii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (ix) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;
(x) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del
deber de responder; (xi) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado
De esta forma queda claro, que el derecho de petición, no consagra solo la facultad de elevar peticiones, sino que estas obtengan respuesta de forma oportuna, clara, completa y
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-2-23" src="pdf-obj-2-23.jpg">
de fondo al asunto solicitado. 3 En este sentido, la respuesta de la autoridad peticionada debe contener un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema y una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses.
Así lo ha preceptuado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional al indicar que:
El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite” 4
2.2 El derecho de Acceso a la información y su conexión con el derecho de petición
3 Sentencia T- 161 del 10 de marzo de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto. 4 Sentencia T-161 del 10 de marzo de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-3-28" src="pdf-obj-3-28.jpg">
En concordancia con el derecho de petición, el artículo 74 de la Carta Política establece el derecho a la información como el derecho que tienen todas las personas para acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley, valorado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental 5 , de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos que se pronuncian al respecto y que hacen parte del bloque de constitucionalidad 6 .
La Corte Constitucional, para analizar una violación al derecho de información, retoma los estándares internacionales sobre el derecho a la información se encuentran recogidos en el “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007), de los que destaca 7 :
 Es un derecho de titularidad universal, en consecuencia la información debe ser entregada sin que se acredite un interés directo o una afectación personal.
5 A partir de la sentencia T-473 de 1992.
6 “En principio la Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce de manera expresa el
derecho de acceso a la información pública (aprobada por la Ley 16 de 1972). Su artículo 13, consagra el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio. Ha sido entendido que el derecho de acceso a la información queda comprendido dentro del contenido normativo de esta disposición, la cual hace alusión expresa al derecho a buscar información”. [En el caso Claude Reyes (Sentencia de septiembre 19 de 2006, Serie C No.151) la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el acceso a la información era un derecho humano que hace parte del derecho a la libertad de expresión, enunciado en el artículo 13 de la CADH.] Algo similar ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Ley 74 de 1968) que en su artículo 19 se refiere a la libertad de expresión e incluye expresamente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Corte Constitucional, Sentencia T-691 de 2010.
7 Sentencia T-691 de 2010.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-4-48" src="pdf-obj-4-48.jpg">
Están obligados a suministrar información todos los órganos y poderes del Estado, no sólo las autoridades administrativas.
 El objeto del derecho es la información, no exclusivamente los documentos públicos. La palabra información abarca los procedimientos -acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir- así como los tipos- hechos, noticias, datos, opiniones, ideas-; y sus diversas funciones; al igual que los actos considerados como oficiales, correspondencia, memoranda, libros, planos, mapas, dibujos, fotografías, registros fílmicos, microfilms, grabaciones, videos y cualquier otro.
Las restricciones al derecho deben (i) Estar fijadas por la ley. (ii) Deben perseguir un fin legítimo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos (tales como los señalados en el artículo 13 de la CADH: los derechos
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-5-47" src="pdf-obj-5-47.jpg">
o reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública). Específicamente en esta materia el Principio 8 de los Principios de Lima establece, entre otros aspectos, que las restricciones al derecho de acceso por motivos de seguridad nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. (iii) La negativa del Estado de suministrar información que le es solicitada debe ser proporcional para la protección de ese fin legítimo protegido y debe ser necesaria en una sociedad democrática. (iv) La negativa a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada. (v) La limitación al derecho de acceso debe ser temporal y/o condicionada a la desaparición de su causal” (negrillas fuera de texto).
Para garantizar el derecho a la información y el derecho de petición, la Corte Constitucional ha fijado los parámetros bajo los cuáles se pueden limitar esos derechos, teniendo en cuenta que estos derechos son considerados fundamentales para las personas, y determinantes en relación con el orden democrático de la Nación y con el ejercicio de control correspondiente que se impone a los gobiernos.
El primer parámetro es que (i) “[l]as normas que limitan el derecho de acceso a la
deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe
estar adecuadamente motivada”. En consecuencia, el servidor público que niega la información debe motivar su decisión alegando (ii) la ley en la que se funda la negativa, siendo inadmisibles normas de distinta naturaleza como los actos administrativos; (iii) la ley referida debe imponer una restricción concreta 8 ; la restricción debe establecer con
8 “[n]o son admisibles las normas genéricas o vagas en materia de restricción del derecho de acceso a la información porque pueden convertirse en una especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que discrecionalmente consideren adecuado”. Sentencia T-691 de 2010.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-6-29" src="pdf-obj-6-29.jpg">
claridad y precisión (iv) el tipo de información que puede ser objeto de reserva, es decir, que la autoridad no puede responder que todo el proceso público está reservado sino que debe seleccionar aquella información que quiere protegerse 9 , (v) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (vi) las autoridades que pueden aplicarla y (vii) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas (negrita fuera de texto).
Adicionalmente, la restricción impuesta al derecho de información solo se considerará constitucionalmente legítima si (viii) tiene por finalidad proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos (como la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y los derechos fundamentales), y (ix) es el medio idóneo y necesario para tal finalidad, “es decir, las medidas que establecen una excepción a la publicidad de la información pública deben ser objeto de un juicio de proporcionalidad” 10 .
De otro lado, en variada jurisprudencia 11 la Corte Constitucional ha develado el vínculo existente entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, puesto que es este último el mecanismo idóneo para solicitar la información requerida, concretando de esta manera la materialización del primero. En este sentido, la vulneración del derecho de
9 Esta regla es aplicable sobre todo cuando se trata de información en procesos judiciales, en ese sentido en un caso de violencia contra menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún
bien o derecho constitucional. Sentencia T-691 de 2010. En la sentencia C-491 de 2007 se hace alusión a la jurisprudencia de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual ha considerado: 1) que la reserva legal del proceso penal se levanta una vez ha terminado o se ha archivado la actuación; 2) que sólo puede permanecer en reserva la información estrictamente necesaria para proteger la vida o integridad de víctimas y testigos o la intimidad de sujetos de especial protección como los menores; 3) que sólo se admite la reserva de las piezas que han sido trasladadas a otro proceso que se encuentra en curso pero no de la información restante del proceso
archivado (sentencias de la Sala de Casación Penal de junio 17 de 1998 y
de 10 noviembre de
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-7-33" src="pdf-obj-7-33.jpg">
petición conlleva necesariamente a la violación del derecho de acceso a la información, al constituirse una conexión esencial para la satisfacción de este último.
“(…) es cierto que el derecho a acceder a los documentos públicos consagrado en el artículo 74, puede considerarse en buena medida como una modalidad del derecho fundamental de petición y como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la información y, por lo tanto, comparte con éstos su núcleo axiológico esencial, no lo es menos que tiene también un contenido y alcance particulares que le otorgan especificidad y autonomía dentro del conjunto de los derechos fundamentales 12 .
Con lo precedente, queda establecido que en desarrollo de cada uno de los derechos fundamentales que hoy se entienden vulnerados, se presenta una conexión esencial, siendo que el agravio de cada derecho, entendido de forma individual, como se ha reiterado, violenta al otro derecho, en este caso, la vulneración del derecho fundamental de petición, ha quebrantado a su vez el derecho fundamental de acceso a la información.
10 Sentencia T-691 de 2010. La sentencia C-038 de 1996 señaló al respecto: “La publicidad como principio
constitucional que informa el ejercicio del poder público, se respeta cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción, contenida en la ley, sea razonable y ajustada a un fin constitucionalmente admisible. La medida exceptiva de la publicidad, igualmente, deberá analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos fundamentales”. En el mismo sentido la sentencia C-527 de 2005 consigna: “Más recientemente la Corte ha reiterado que las limitaciones del derecho de acceso a la información pública serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia de reserva legal en relación con la limitación del derecho, (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual los documentos pasan al dominio público”.
11 Sentencia T- 511 del 18 de junio de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia T-414
del 27 de mayo de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
12 Sentencia T-473 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-8-34" src="pdf-obj-8-34.jpg">
2.3 El derecho de acceso a la información e informaciones reservadas
Como viene dicho, el derecho a la información es reconocido por el artículo 74 de la Constitución Política, así, “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”, y al mismo tenor, la Corte Constitucional ha definido la noción del derecho en los siguientes términos,
conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. 13
En lo concerniente a la restricción que acaece sobre distintos documentos, la Corte
Constitucional ha sido clara en afirmar que la restricción al acceso a la información está reservada al legislador, por lo cual no corresponde a las mismas autoridades que tienen en
su poder los documentos o la mencionada información decidir sobre su resera, 14 esta debe estar contenida en una ley de forma clara y expresa, sin lugar a equívocos, no debe dar lugar a interpretaciones que restrinjan el derecho.
La jurisprudencia a su vez ha decantado una clasificación de la información en personal e impersonal y en pública, privada, semiprivada o reservada, con el fin de conocer si el ciudadano que solicita la información, puede o no tener acceso a ella, sin que esto vulnere
13 Sentencia C-488 del 28 de octubre de 1992. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
14 Sentencia T- 161 del 10 de marzo de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-9-57" src="pdf-obj-9-57.jpg">
derechos fundamentales como el de petición, la intimidad, el acceso a documentos públicos, entre otros. De esta forma, en la Sentencia T- 729 de 2002, afirmó:
“(…) la información pública, calificada como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona de manera directa y sin el deber de satisfacer requisito alguno.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-10-17" src="pdf-obj-10-17.jpg">
Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.”
A partir de la anterior clasificación es posible determinar si la información se encuentra sujeta a reserva o si por el contrario puede ser revelada, de modo que 15 :
a. La información personal reservada contenida en documentos públicos: No puede ser revelada.
b. Los documentos públicos que contengan información personal privada y semi- privada: El ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos se despliega de manera indirecta, a través de autoridades administrativas o judiciales (según el caso) y dentro de los procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos.
c. Documentos públicos que contengan información personal pública: Es objeto de libre acceso (Subraya y negrita fuera de texto)
Con dicha clasificación, el caso que se nos presenta claramente se encuentra en el literal c, que permite el acceso libre a los documentos públicos, aunque estos comprendan información pública, como lo es, el nombre, el estado civil, la conformación de la familia.
15 Sentencia T- 161 del 10 de marzo de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-11-31" src="pdf-obj-11-31.jpg">
Finalmente, en lo referido al proceso penal, la Corte se ha pronunciado sobre la reserva legal que recae sobre este, siendo enfática la Alta Corporación en afirmar que,
La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta. En ese sentido en un caso de violencia contra menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún bien o derecho constitucional. A este respecto no sobra recordar que la Corte ha señalado que cualquier decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser motivada y
que la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva 16 . (Subraya y negrita fuera de texto)
En materia de derechos penales, la reserva legal tiene como función asegurar la eficacia de la investigación, sin embargo, no se entiende porque se alega dicha reserva cuando el proceso por decisión de una autoridad judicial competente llegó a un término por una decisión inhibitoria, que según el código de procedimiento penal se presenta cuando la Fiscalía se abstiene de iniciar la instrucción porque aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad (artículo 327 ley 600 de 2000), decisión que además cuenta con los recursos de reposición y apelación que pueden interponer el representante del Ministerio Público, el denunciante o víctima y los representantes de la parte civil.
III.Concepto de la vulneración de derechos fundamentales
16 Sentencia C- 491 del 2007
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-12-30" src="pdf-obj-12-30.jpg">
En el caso que nos ocupa vemos de forma plausible la vulneración de los derechos fundamentales de petición y acceso a la información, consagrados en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, que con su accionar ha llevado a cabo el Despacho de la Fiscalía 23 de la UNDH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, puesto que a pesar de la argumentación que esgrimimos en las distintas solicitudes que elevamos, siempre fue renuente a responder de forma positiva nuestra solicitud, sin que mediara una justificación aceptable a la restricción de los derechos, elevándose de esta forma, una vulneración ilegítima a los mismos.
Ello por cuanto se limitó a aludir como motivo para negar la expedición de copias requerida, la reserva legal sobre el proceso penal, sin que mediara para ello, norma expresa, clara y sin lugar a equívocos, tal como lo exige la legislación internacional que el Estado Colombiano ha suscrito, y a su vez del desarrollo jurisprudencial que al respecto ha llevado a cabo la Corte Constitucional, sobre el derecho de acceso a la información, en conexidad con el Derecho de Petición.
A su vez, de esta forma, resulta claro para nosotras que la referida reserva que señalan las respuestas del Despacho de la Fiscalía 23, no tienen como objeto la salvaguarda del derecho fundamental a la intimidad de las víctimas en el proceso penal, materializado este en el nombre o ubicación de las mujeres víctimas, puesto que como puede verse en una de las respuestas, se indicó el nombre completo de la mujer, el delito del cual fue víctima, fecha de los hechos y el lugar, con lo que a todas luces se transgredió la intimidad que se pretendía proteger y se logra su identificación, cuya reserva sería aceptable.
Los dos expedientes solicitados, identificados con radicado interno 5157 y 5168 se encuentran archivados por resolución inhibitoria expedida por la misma Fiscalía 23 de la UNDH y DIH, en consecuencia, se considera que esta autoridad ha decidido ponerle fin al
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-13-16" src="pdf-obj-13-16.jpg">
proceso que se inició para investigar determinados hechos de violencia contra las mujeres, basada en alguna de las situaciones que la ley estableció para la resolución inhibitoria. Sin embargo, en aplicación de los principios de transparencia y publicidad de la gestión pública, que son considerados por la Corte Constitucional como “las más importantes salvaguardas del ciudadano contra la arbitrariedad estatal y la condición de posibilidad de un Estado de derecho genuinamente fundado en el principio democrático” 17 , no podría sostenerse que todas las investigaciones archivadas por una resolución inhibitoria están protegidas por la reserva legal de la investigaciones penales de forma ilimitada tanto en el sentido de la protección de la información para la eficacia de la investigación, como en el tiempo, pues por parte de la Fiscalía se alega que la posibilidad de revocar la resolución inhibitoria (artículo 328 de la ley 600 de 2000) hace vigente dicha reserva.
Encontramos entonces, que la limitación a la información derivada de procesos penales archivados mediante una decisión legítima y fundada de la Fiscalía como autoridad competente, no es razonable, en tanto no se compromete con el acceso a la información la eficacia de la investigación ni los derechos fundamentales de alguna persona vinculada al proceso –como ya se analizó frente a la víctima-, y es desproporcionada, frente al derecho de cualquier ciudadana de conocer las decisiones del Estado, aún más en la investigación de delitos.
17 Corte Constitucional, sentencia C- 491 de 2007, M.P Jaime Córdoba Triviño, citando Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Penal, sentencias del 17 de junio de 1998 y del 10 de noviembre de 1999. Reiterado en T 511 de 2010 nota N° 42: “Sentencia C-491 de 2007. En la misma decisión se hace alusión a la jurisprudencia de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual ha considerado: 1) que la reserva legal del proceso penal se levanta una vez ha terminado o se ha archivado la actuación; 2) que sólo puede permanecer en reserva la información estrictamente necesaria para proteger la vida o integridad de víctimas y testigos o la intimidad de sujetos de especial protección como los menores; 3) que sólo se admite la reserva de las piezas que han sido trasladadas a otro proceso que se encuentra en curso pero no de la
información restante del proceso archivado (sentencias de la Sala de Casación Penal de junio 17 de 1998 y de
10 noviembre de 1999)”. Reiterada en T – 691 de 2010. M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
Carrera 13 No. 33-74 Oficina 304 PBX.57+1+2859319 ext 104 FAX.57+1+2886407
coordinacionjusticia@sismamujer.org – www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia
Por lo anterior, no es dable aceptar la vulneración del derecho fundamental de petición y acceso a la información, puesto que la denegación de las copias requeridas no protege ningún bien o derecho constitucional ni la efectividad de la investigación, sino que resulta ampliamente gravosa para los derechos anteriormente citados, siendo claras las excepciones a las que está sometido el acceso a la información, visto que la Corte Constitucional en la en la sentencia C-872 de 2003, adujo
Las excepciones al acceso a la información solamente se admiten si tienen por objetivo proteger un derecho fundamental o algún bien de especial importancia,
como lo es la seguridad nacional. Para tal efecto se debe acreditar que tales derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace necesario mantener la reserva. (Subraya y negrita fuera de texto)
Como lo requiere la jurisprudencia, para limitar el derecho de acceso a la información, era necesario que el Despacho de la Fiscalía 23 argumentara de forma certera la afectación real que sufriría la víctima o la eficacia de la investigación que se adelantaba, pero ello no es factible, puesto que la misma Fiscalía reveló la identidad de la víctima, y la investigación se encuentra archivada, por lo que no es dable que se afecte el curso de un proceso penal que no se adelanta.
Por tanto, indefectiblemente se han violado los derechos de petición, en conexidad con el derecho de acceso a la información, consagrados en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, respectivamente, al no hallarse sustento idóneo que permita restringir válidamente estos derechos, como lo exigen las reglas internacionales, la legislación y jurisprudencia, que en el devenir de esta acción se han denotado.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-15-20" src="pdf-obj-15-20.jpg">
IV.Procedencia de la Acción de Tutela
De conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 18 , tanto el derecho de petición, como el de acceso a la información, son justiciables por vía de tutela, en dos situaciones: la primera, cuando la autoridad ha ignorado la solicitud, y la segunda, cuando ha dado respuesta, pero no de fondo. En el primer supuesto, la procedencia de la acción de tutela es inminente, mientras que en el segundo, deberá la autoridad requerida remitir la solicitud, de insistencia, junto con los documentos objeto de la misma ante el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, según lo preceptuado por el artículo 26 de la ley 1437 de 2011.
Siendo que el Despacho de la Fiscalía veintitrés (23) de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, prescindió su deber legal de remisión a la autoridad jurisdiccional administrativa correspondiente, en aplicación del artículo 26 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), deja a las solicitantes sin un recurso judicial anterior que pueda garantizar sus derechos fundamentales.
Lo anterior, devela la procedencia de la acción de tutela, ante la omisión del Despacho, que extiende la vulneración de los derechos fundamentales que pretenden ser protegidos mediante esta, al no propugnar por dar solución a la controversia presentada, como lo dicta la normatividad.
V.Pretensiones
18 Sentencia T-667, 8 de septiembre de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-161 del 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-16-30" src="pdf-obj-16-30.jpg">
Amparar los derechos fundamentales de Petición y de acceso a la información de
LINDA MARÍA CABRERA CIFUENTES, vulnerados por la Fiscalía veintitrés (23) de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
5.2 Ordenar a la accionada la solución de fondo de la petición incoada, esta es, se entreguen
las copias solicitadas de los expedientes con radicado 5168 y 5157 que reposan en su Despacho.
6.1 Derecho de Petición No. 20136111387612, radicado el treinta (30) de agosto de 2013
radicamos en las dependencias de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario (anexo 1).
6.2 Oficio No. UNDH-DIH 004284 del doctor MISAEL FERNANDO RODRÍGEUZ
CASTELLANOS, fechado el diez (10) de septiembre de 2013 (anexo 2).
6.3 Respuesta del despacho de la Fiscalía 23 de la UNDH y DIH Oficio
No. 145 del
diecisiete (17) de septiembre de 2013 (anexo 3).
6.4 Recurso de Insistencia con radicado No. SECUNDH-DIH 025131 del siete (7) de
octubre del año 2013 (anexo 4).
6.5 Oficio 178 del dieciocho (18) de octubre de 2013 proveniente del Despacho de la
Fiscalía 23 de la UNDH y DIH (anexo 5).
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-17-52" src="pdf-obj-17-52.jpg">
6.6 Solicitud de copias de expedientes en estado de archivo, radicada el primero (1°) de noviembre de 2013 (anexo 6).
6.7 Oficio fechado el catorce (14) de noviembre de 2013, proveniente del Despacho de la Fiscalía veintitrés (23) de la UNDH y DIH (anexo 7).
De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad de juramento no haber interpuesto por estos mismos hechos una acción de tutela ante otra autoridad judicial.
Según lo previsto por el artículo 1 numeral 1 del Decreto 1382 de 2000 corresponde la competencia del presente caso al superior jerárquico del accionado. Desde el punto de vista territorial por el lugar de ocurrencia de los hechos y particularmente por el domicilio de las accionantes, la ciudad de Bogotá debe ser el sitio donde se conozca del presente caso.
Recibo notificaciones en la carrera 13 N° 33- 74 oficina 304 de Bogotá D.C
A la accionada en:
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-18-28" src="pdf-obj-18-28.jpg">
Fiscalía veintitrés (23) de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación: Diagonal 22B (Avenida Luis Carlos Galán) No. 52-01 Torre F Piso 3. Bogotá.
www.sismamujer.org - Bogotá, D.C. Colombia " id="pdf-obj-19-12" src="pdf-obj-19-12.jpg">
Documents Similar To TUTELA
anon_60353672
T-333-18
Sentencia T-025-04. Población en condición de desplazamiento
20090061801
Yuranis David
T-563-11- Pension Especial de Vejes
Hacia otra teoría crítica del Derecho - Alda Facio
AMPARO Afetacion Ebido Proceso Dministrativo
D.S.2-2019-PCM
Nacionalsocialismo y socialdemocracia.docx
YahumaraGamez
APUNTES DERECHO ADM (1).pdf
Javiera Pilar Morales Liberona
Los partidos políticos. Su marco teórico-jurídico y las finanzas de la política - Francisco José de Andrea Sánchez.pdf
plan_nacional_contra_la_discriminacion_decreto_1086-2005.pdf
actividad 7 DIPP
La Necesidad de Un Derecho Parlamentario Mexicano
Apelacion Renne Chuqui
Derecho Intimidad Basterra
Fecha Derechos Humanos
Formas de Poder Ejecutivo