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Timestamp: 2019-09-23 05:27:36
Document Index: 388046076

Matched Legal Cases: ['Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 93', 'Artículo 158', 'artículo 345', 'Artículo 345', 'artículo 17', 'in fine']

septiembre 2016 – Ernesto Cedeño Alvarado
Archive en septiembre 2016
Por qué cargos se está pidiendo la extradición del expresidente Ricardo Martinelli
La normativa que sustenta la extradición en comentario, es como sigue:
La Ley 75 de 1904, aprobó la convención de extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica.
El listado de los delitos por las cuales se puede extraditar a un nacional, que consagra el artículo segundo del tratado en cita, contempla los siguiente delitos: el delito de malversación cometida por empleados públicos, el soborno, homicidio y/o crímenes, robo, falsificación de valores, algunos tipos de fraude, perjurio, violación, rapto, sustracción de personas, delitos en el mar, incendio, pero no las interceptaciones.
La acusación que hizo el magistrado Harry Díaz contra Ricardo Martinelli Berrocal contempla supuestos delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, pero también, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción o “malversación” y peculado de uso.
La ley 4 de 1938 aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. Usa y Panamá lo han ratificado, entre otros países.
Aquí si incluye todos los delitos con pena mayor de un año, por lo tanto, contempla las interceptaciones.
Convención Multilateral sobre Extradición
Art. 1.- Cuando uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Que el Estado requiriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad.
Código penal panameño.
Artículo 167. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.
Artículo 168. Quien, sin contar con la autorización correspondiente, practique seguimiento, persecución o vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos.
Interrogantes sobre el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli
¿Se puede juzgar en ausencia a Ricardo Martinelli?
No se puede procesar en ausencia a Ricardo Martinelli. Él debe estar presente.
El código lo prohíbe.
Artículo 93. Derechos de la persona imputada. A la persona imputada se le asegurarán todos los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá y las leyes, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra hasta la conclusión del proceso. Entre ellos, los siguientes:
No ser juzgada en ausencia.
¿Cuándo se hacía indispensable la presencia del expresidente en la investigación?
Cuando se le requiriera judicialmente.
Artículo 158. Imputado de paradero desconocido. La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera.
¿Qué pasa cuando el investigado requerido, no acude a la investigación?
Se le hace comparecer a la fuerza y mientras tanto, se suspende la prescripción de la acción penal.
¿La omisión de la imputación de cargos en el tema de los “pinchazos” anula todo el caso?
Por supuesto que no, ya que en la audiencia de acusación, (etapa intermedia) se puede anular la acusación dada sin imputación de cargos, tal cual lo permite el artículo 345 del código procesal penal, pero para ello, el expresidente Martinelli debe estar presente en la audiencia.
Al Juez de Garantías, le compete este tema. Anulada la acusación, podría proceder la imputación de cargos, sin problema alguno.
Artículo 345. Audiencia. El Juez de Garantías le dará la palabra a la defensa, al Fiscal y al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal…
A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.
¿Es viable la extradición del expresidente Martinelli?
Si es viable en base a dos normas jurídicas diferentes: La Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Los Estados Unidos de Norteamérica y la ley 4 de 1938 que aprobó la Convención Multilateral sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.
¿Qué consecuencia importante trae aparejada la extradición?
Respuesta: la de no juzgarlo por causas previas a la extradición.
Conforme a las consabidas normas legales, ninguna persona entregada, podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.
Ley 75 de 1904
Art. VIII.- Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto que no haya tenido oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída.
Ley 4 de 1938
Art. 17.- Concedida la extradición, el Estado requiriente se obliga: a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido el, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad.
Puntos relevantes de la reforma electoral
Dejadez en los temas internacionales
Es un hecho público y notorio la falta de capacitad y aptitud de las autoridades panameñas en algunos temas internacionales que atañen a los panameños.
Existe un deber de las autoridades del Estado panameño, y es el de asegurar la efectividad de los derechos de los individuos nacionales que estén siendo vulnerados por extraños, no obstante, las autoridades nacionales hoy lo ignoran en algunos casos, de manera cuestionable.
La poca agresividad del Estado panameño en procurar hacer viable el pago de la deuda que Venezuela mantiene con empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) en Panamá y la falta de valentía y dignidad que se ha tenido en el tema de la inclusión libre de panameños en la conocida ‘Lista Clinton’ por los Estados Unidos, son sólo algunos ejemplos que dan fe al planteamiento.
¿Qué dice la Carta Magna?
Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17 constitucional; que esa norma, no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.
El deber del gobernante no consiste en agrandar su país, sino en hacerlo más fuerte. Anónimo.
Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Nelson Mandela.
La transparencia en el Estado, significa dar a conocer la información de carácter público que radica en cada ente estatal. De igual forma, tiene que ver con la rendición de cuenta gubernamental.
Razones de la falta de transparencia, pueden ser varias, como por ejemplo; el miedo, arrogancia, falla en la ponderación de valores, ignorancia, dificultad para cumplir las metas, etc., pero lo que sí es cierto, que esta falencia, puede generar “actos de corrupción” que debe evitarse.
En una reciente encuesta de la empresa Dichter & Neira en Panamá, se determinó un índice negativo de la transparencia del gobierno, en donde un 80% de los encuestados, piensan que hay poca a ninguna transparencia.
¿Que debiera hacer el gobierno en consecuencia?
Implementar una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción, principalmente sobre el tema de las misiones oficiales y los viáticos.
Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad.
Aplicar una política equitativa en el tema de las donaciones gubernamentales hacia las organizaciones sin fines de lucro.
El cambio de las medidas cautelares
Los cambios que ha hecho el órgano judicial sobre algunas medidas cautelares establecidas por el Ministerio Público, podría significar que está mitigando los excesos cometidos por éste de manera irregular.
Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado, tiene un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile).
Del principio de presunción de inocencia, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).
Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.
Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en términos generales:
Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;
Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo;
Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delito graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.
La detención preventiva en establecimientos carcelarios, debería decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.
NO SE DEBE CENSURAR EL INTERNET NI LAS REDES SOCIALES EN PANAMÁ
En el medio oriente, en la primavera árabe, los pueblos protestaban y se comunicaban por INTERNET, en las redes sociales, para objetar los actos arbitrarios de sus gobernantes, ¿y que hicieron algunos Mandatarios, al respecto? Censuraron, el Internet.
Hoy gravita una idea de poder censurar a futuro la comunicación política en tiempo electoral. Esto constituye una censura que debemos objetar.
Las reformas electorales fueron presentadas por el Tribunal Electoral, el 18 de enero de 2016 ante la Asamblea Nacional. Es el Proyecto de Ley No. 292, a debatirse en los próximos días.
El instrumento contiene puntos muy interesantes, como por ejemplo, el límite (tope) en el financiamiento en las donaciones privadas, no obstante otros, por que se apartan del tenor constitucional, es que requieren hacerles los reparos correspondientes, a mi juicio.
En Sentencia del 6 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se pueden establecer en una ley, requisitos que desconozcan el contenido constitucional, como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes.
Luego entonces sería a mi juicio contrario a la Carta Magna, lo que sigue a continuación.
La alternancia de género en una lista.
La propuesta dice que: “La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el cincuenta por ciento (50%) de hombres y en delegaciones, nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y hombres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.
En nuestro sistema electoral democrático, los votos se obtienen por el esfuerzo propio ante el elector y no por una imposición externa, opina quien suscribe.
Huelga añadir, que la Corte en el fallo en cita, también planteó que todo requisito para el ejercicio de los derechos políticos, debe ser congruente con los mandatos, valores y principios constitucionales.
Audite o Renuncie, señor contralor Federico A. Humbert
La Corte Ibídem dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”
Beneficios para los partidos en la reforma electoral
Algunos temas beneficiosos para los partidos políticos, introducidos en el paquete de reformas electorales a debatirse próximamente en la Asamblea Nacional, a continuación.
Se logró mantener el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en el año anterior al de las elecciones, como la fuente del financiamiento público correspondiente al periodo de cinco años que correrá de 2019-2024.
Hizo que permaneciera la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde en elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.
Se permitirá a los partidos formar alianzas temporales para todos los cargos de elección popular, “general o parcialmente”, sin que ello altere su organización interna.
Redujo el porcentaje de los votos válidos emitidos en las elecciones generales, que debe obtener un partido para que no se extinga. Del 4% al 2%.