Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1480
Timestamp: 2020-06-02 09:48:46
Document Index: 84107228

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 384', 'Artículo 14', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 104', 'Artículo 73', 'Artículo 87', 'Artículo 100', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 1']

HJ System - Decision: SENTENCIA 55/1990
SENTENCIA 55/1990, de 28 de marzo
ECLI:ES:TC:1990:55
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García- Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado
Se solicita la inadmisión de la cuestión y subsidiariamente se desestimación.
Resulta indispensable en estos casos poner los hechos en claro para asegurar el respeto de los derechos y valores constitucionales, su tutela judicial y la igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Ello significa que ese llamado «filtro de protección» sólo sería constitucionalmente legítimo si no supone una dificultad o traba para el justiciable, víctima de la eventual extralimitación policial, o para la acción pública, de manera que pueda entenderse, al igual que otras fórmulas acuñadas para la protección de la función policial en otros países insertos en nuestra misma tradición jurídico constitucional, como una medida necesaria «en una sociedad democrática» fundada en una necesidad social imperiosa y proporcionada al fin legitimo perseguido, que ha de ser considerado también a la luz del art. 104.1 C.E.
1º. Estimar parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad 487/1986 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y, por tanto, nulo el art. 8.1, segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuanto que atribuye la competencia para seguir la instrucción y ordenar, en su caso, el procesamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones a la Audiencia correspondiente.
2º. Desestimar en lo demás la cuestión de inconstitucionalidad 487/1986.
3º. Desestimar en su totalidad las cuestiones de inconstitucionalidad 158/1987, 495/1987 y 510/1987.
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 487-1986, 158-1987, 495-1987, 510-1987
Date of the decision 28/03/1990
En relación con el art. 8.1, párrafos segundo y tercero, de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Es doctrina reiterada de este Tribunal que la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales cumple una función de control concreto de la constitucionalidad de las leyes, y a través de ella no es posible una impugnación abstracta o indirecta de la Ley. No obstante, el término «fallo» del art. 163 C.E. ha sido interpretado flexiblemente y de modo extensivo no coincidente con el más estricto de Sentencia, permitiendo cuestionar la constitucionalidad de una norma legal cuya aplicación resulta imprescindible para fundamentar la decisión judicial a adoptar, impidiendo así la aplicación directa de la norma legal cuya constitucionalidad es cuestionada. [F.J. 1]
Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley exige, fundamentalmente, que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional. Esta garantía no supone el derecho a un Juez determinado en concreto y no excluye, en principio, la posibilidad de establecer reglas especiales de competencia en la distribución de los asuntos entre los distintos órganos judiciales. La noción constitucional de Juez ordinario predeterminado por la Ley no se concreta en el establecimiento legislativo de unas competencias en general, sino que se integra normalmente de aquellas disposiciones legales que derogan o alteran esa competencia general. [F.J. 3]
Los aforamientos no pueden establecerse por razones de oportunidad, siendo sólo constitucionalmente admisibles cuando respondan a una efectiva necesidad de asegurar la independencia y la libertad en el ejercicio de poderes y funciones de relevancia constitucional. [F.J. 4]
Las decisiones legislativas en materia de distribución de competencias están sometidas también a control de constitucionalidad, ya que el legislador que establece las normas orgánicas del Poder Judicial o las procesales está limitado por el respeto a los principios y normas constitucionales. El problema no es así el de la relación de Ley general y Ley especial, sino el que plantea una diferencia respecto de un derecho fundamental, en este caso, en relación, sobre todo, con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al Juez ordinario predeterminado por la Ley. [F.J. 4]
El art. 104.1 C.E. refleja un necesario y no siempre fácil equilibrio en relación con la actuación de las Fuerzas de la policía, que son un instrumento necesario para asegurar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, pero, que al mismo tiempo, por la posibilidad de uso legítimo de la fuerza y de medidas de coacción supone, en caso de extralimitaciones, una puesta en peligro de la libertad y seguridad de aquéllos, así como de otros derechos y bienes constitucionales de la persona. [F.J. 5]
La protección de los medios de actuación de las Fuerzas de policía no puede suponer un sacrificio de bienes y derechos constitucionales, y del propio respeto del Estado de Derecho, ni una limitación efectiva de la posibilidad de verificar judicialmente los abusos o extralimitaciones, por excepcionales que puedan ser, en que eventualmente incurran los miembros de las Fuerzas de policía en el ejercicio de sus funciones. [F.J. 5]
La atribución del entendimiento de un grupo de casos -lo que supone ya la predeterminación abstracta constitucionalmente requerida- a un órgano judicial de mayor rango funcional que el que la tiene ordinariamente atribuida, no constituye ninguna infracción constitucional, dado el incremento de garantías que supone la asunción del caso por un Tribunal de orden superior. [F.J. 6]
Una medida legislativa que eleve en un grado el órgano decisor, puede también justificarse como favorecimiento de una mayor objetividad e independencia del órgano judicial y, en consecuencia, como garantía adicional de la efectividad de la justicia para el justiciable, tanto el imputado como la acusación. [F.J. 6]
Ese Tribunal ha entendido que dentro del derecho a un proceso con todas las garantías se incluye el derecho a un Juez imparcial, lo que excluye, también como exigencia del principio acusatorio, la posibilidad de acumulación en un mismo órgano judicial de funciones instructoras y decisorias (SSTC 145/1988 y 164/1988). [F.J. 7]
Artículo 8.1 párrafo 2 (anula parcialmente)
Artículo 8.1 párrafo 3
Artículo 384, f. 7
Ley 6/1974, de 13 de febrero. Modifica artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Normas procesales sobre funcionarios del Cuerpo General de Policía
Artículo 14, ff. 4 a 7
Artículo 24.1, ff. 4 a 7
Artículo 24.2, ff. 3, 5, 7
Artículo 104.1, ff. 5, 6
Artículo 73.4, f. 7
Artículo 87.1 b), ff. 2, 6
Artículo 100.2, ff. 2, 6
Artículo 8.1 párrafo 1, f. 2
Artículo 8.1 párrafo 2, ff. 2 a 8
Artículo 8.1 párrafo 3, ff. 2 a 6
Artículo 1.5, f. 7
Actividad extraprocesal del JuezActividad extraprocesal del Juez, f. 7
Audiencia ProvincialAudiencia Provincial, f. 6
Efectos de las sentencias del Tribunal ConstitucionalEfectos de las sentencias del Tribunal Constitucional, f. 8
Juzgado de InstrucciónJuzgado de Instrucción, ff. 6, 7
Delitos menos gravesDelitos menos graves, ff. 2, 6
Fuerzas y cuerpos de seguridadFuerzas y cuerpos de seguridad, ff. 2, 3, 4, 6, 7
Competencias de los órganos judicialesCompetencias de los órganos judiciales, ff. 2, 3