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Timestamp: 2018-09-22 17:42:51
Document Index: 280469585

Matched Legal Cases: ['artículo 289', 'artículo 63', 'artículo 68', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 453']

﻿ Sentencia SP15235-2014 de noviembre 6 de 2014
SENTENCIA SP15235-2014 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:LÍMITES DE VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL JUEZ CON RESPECTO A LA IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA. LA LIBERTAD QUE TIENE EL JUEZ PARA VARIAR LA CALIFICACIÓN JURÍDICA NO IMPLICA QUE PUEDA VARIAR LA IMPUTACIÓN FÁCTICA. SI BIEN ES VIABLE QUE EL FALLADOR ASUMA UNA POSTURA DISTINTA FRENTE A LA CONDUCTA PUNIBLE, CON RESPECTO A LA QUE LE ENDILGUE LA FISCALÍA, EN NINGÚN CASO SU DECISIÓN PUEDE VERSAR SOBRE UN HECHO QUE NO FUE OBJETO DE LA IMPUTACIÓN. ACEPTAR LO CONTRARIO, AFECTARÍA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL TRATARSE DE CIRCUNSTANCIAS RESPECTO DE LAS CUALES EL SUJETO PROCESAL NO TUVO OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, JUEZ PENAL, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CALIFICACIÓN JURÍDICA, ACTO DE IMPUTACIÓ, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DE LA ACUSACIÓ
Sentencia SP15235-2014 de noviembre 6 de 2014
Rad.: 40409
SP15235-2014
(Aprobado Acta 371)
De acuerdo con el planteamiento del recurrente, la Corte debe resolver si los juzgadores (i) al declarar la responsabilidad penal del acusado por el delito de fraude procesal, lesionaron el principio de congruencia, y (ii) al ocuparse del punible de falsedad ideológica en documento privado, incurrieron en un falso raciocinio.
1. La necesidad de preservar la congruencia fáctica.
1.1. El principio de congruencia constituye un límite al Estado a la hora de definir el proceso penal, e implica que solo se puede condenar a una persona por los cargos que en forma clara y específica se le hayan formulado en la resolución de acusación. Este acto marca, sin duda, el límite fáctico y jurídico en que se desarrolla el juicio, por manera que su contenido personal, fáctico y jurídico no puede ser desconocido por el fallador en detrimento del procesado.
Si bien no exige perfecta armonía entre la acusación y la sentencia, sí implica que esta guarde una adecuada relación de conformidad con aquella en sus tres componentes básicos: personal —correspondencia entre los sujetos acusados y los que versa la sentencia—, fáctico —identidad de los hechos de la acusación y los que sirven de sustento al fallo— y jurídico —consonancia en la regulación jurídica de uno y otro acto— (Cfr. CSJ SP, 4 abr. 2001, rad. 10868).
El propósito de tal coherencia es justamente garantizar el derecho de defensa y la unidad lógico–jurídica del proceso.
En igual sentido, ha sostenido la jurisprudencia, que solo es absoluta la congruencia personal y fáctica, en tanto que la jurídica es relativa, puesto que el juez puede absolver o condenar de manera atenuada o por una conducta distinta a la imputada, siempre que no agrave la situación del encartado y respete el núcleo central de la imputación(18).
Así las cosas, el fallador no puede sustentar su decisión de condena incluyendo acciones, comportamientos o circunstancias que, aunque se encuentren probadas en el plenario, jamás hayan hecho parte de la imputación fáctica contenida en la calificación del mérito del sumario(19).
1.2. En el caso en estudio se tiene que, como acertadamente lo expuso el demandante y lo reconoció el Procurador Delegado para la Casación Penal, el elemento fáctico, relativo al delito de fraude procesal, fue variado por los falladores, lo que resulta lesivo del principio en comento.
En efecto, respecto del aludido injusto, la Fiscalía Delgada ante el Tribunal Superior sostuvo en la acusación que se configuró por lo siguiente:
Entonces, bajo este panorama, es claro que realizar actuaciones como las investigadas con el conocimiento de que los documentos que se aportan no están completos y además ocultando la verdad, es irregular y constituyó una mentira ante el Notario 11 de esta ciudad, que en esta actuación estuvo revestido de la calidad de servidor público y con funciones judiciales de orden procesal, otorgadas por la ley, todo lo cual no deja duda de que ello es constitutivo de fraude procesal(20) (resalta la Sala).
Dicho ente siempre hizo referencia al engaño que el procesado perpetró en el trámite de la sucesión ante el Notario Once del Círculo de Cali. Dijo así previo a hacer la imputación:
En ese orden de ideas, es claro que la actuación del trámite sucesoral realizado ante la Notaría 11 de Cali por el abogado Arnold (sic) Carabally (sic) Pizarro no fue motivado o inducido simplemente por el mandato de sus clientes Fabiola Ocampo y Anne (sic) Zorayda (sic) como lo dijo en sus afirmaciones la primera instancia, sino que por el contrario, su conocimiento en derecho, su calidad de abogado, permitieron que los hechos denunciados tuvieran vocación de éxito en tanto que de las tres personas procesadas por estos hechos, es evidente que era la persona más calificada para saber y conocer que no incluyendo en la sucesión a los menores XXXXX y XXXXX XXXXX, la posterior compraventa del inmueble ejecutada por Fabiola y Anne (sic) Zorayda (sic) sería más fácil, toda vez que de recaer el derecho de propiedad como herederos legítimos del señor Oscar Ocampo García en los menores citados, hubiese sido necesario acudir a un proceso donde a los menores se les nombrara un curador o tutor para posteriormente venderlo.
Ese escollo precisamente es el que los procesados quisieron evitar acudiendo para ello a maniobras que son sancionadas por el ordenamiento penal como fraude procesal (…)(21).
Por su parte, el juez de primera instancia, cuya sentencia fue ratificada en su integridad por el tribunal, reconoció que se llamó a juicio “por fraude procesal merced a lo actuado ante el Notario 11 de Cali”(22). No obstante, adujo que sostendría el cargo, pero no por ese trámite notarial, sino por la actuación desplegada en la Oficina de Instrumentos Públicos. Así afirmó:
Esta instancia sostendrá el cargo de fraude procesal, pero no por el trámite notarial cumplido porque este no culminó con emisión de sentencia, resolución o acto administrativo sino con protocolización de escritura pública, actuación que consideramos es lo constitutivo de ardid y engaño, de manera que la ilicitud se estructura es por lo realizado a continuación, cual fue, la inscripción del instrumento en el folio de matrícula inmobiliaria por parte del registrador de instrumentos públicos, lo que ciertamente es constitutivo de acto administrativo susceptible de ser cuestionado ante lo contencioso administrativo, que es lo que verifica el ingrediente especial de contenido extrapenal traído en la típica descripción(23).
Pues bien, basta revisar la copia del certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria # 370-507167 para verificar que las anotaciones 12 y 13 del 2 de diciembre de 2005 y 11 de enero de 2006, corresponden al registro de la escritura de sucesión(1) y la casi inmediata enajenación(2) que las adjudicatarias mortis causa hicieron de la propiedad. Por tanto, sí se incurrió en fraude procesal, mas no por la actuación ante el Notario 11 de este Círculo, sino por lo a continuación cumplido en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad(24).
Las trascripciones demuestran que si bien el juzgador mantuvo intacto el componente jurídico imputado, no hizo lo propio con el fáctico, el cual es inmodificable.
Dicho elemento ha sido entendido como “el hecho o el conjunto de hechos que configuran la conducta típica, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifican” (Cfr. CSJ SP, 4 abr. 2001, rad. 10868).
Como se vio en precedencia, la fiscalía nunca hizo mención al reproche penal que merecía el acto de inscripción de la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos, puesto que siempre reconvino la mentira o engaño ante la Notaría Once de Cali.
Si bien atinó el juez al advertir que el fraude procesal no se configura ante notario, lo cierto es que condenar ahora porque los encartados indujeron en error a los funcionarios de la oficina de registro, es mutar los hechos endilgados en la acusación y respecto de los cuales se orientó la estrategia defensiva.
No se discute que el fallador puede variar la acusación y condenar por un delito distinto siempre que el mismo no comporte una pena mayor, empero, lo que sí le está vedado es cambiar los hechos endilgados, tal como ocurrió en esta ocasión.
Ahora, que la actuación contraria a la ley advertida por el sentenciador surja con facilidad de las pruebas allegadas al plenario, no lo autoriza para proferir condena por tal conducta, toda vez que esta nunca fue objeto de imputación. Admitir lo contrario, sería lesionar el principio de congruencia, puesto que respecto de tal situación el acusado no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Por consiguiente, el primer cargo prospera y, como bien lo destacó el representante del ministerio público, no hay lugar a declarar nulidad alguna y tampoco a emitir condena adecuando el tipo penal, toda vez que lo allí configurado ante notario es la falsedad ideológica en documento privado por la cual se declaró responsable a los procesados.
Lo procedente, entonces, es suprimir ese injusto, con la consecuente aclaración que esa determinación cobijará igualmente a la coacusada Fabiola Ocampo Caro porque respecto de ella tanto el instructor como el fallador procedieron en idéntico sentido.
2. El falso raciocinio —segunda censura—.
El recurrente acusa la sentencia por desconocer el principio de no contradicción, sin embargo, fracasó en su propuesta y erró en las premisas elegidas para el ataque. Obsérvese:
2.1. A simple vista surge su olvido de indicar el elemento probatorio respecto del cual recayó el error, presupuesto esencial para que la Corte emprenda el análisis respectivo y verifique si en realidad el juzgador falló en su valoración y, por ende, en la inferencia lógica extraída.
No exhibió ningún reproche directo frente a los fundamentos de la decisión de condena. Nótese que encaminó su discurso simplemente a manifestar genéricamente que, cuando su prohijado elaboró los poderes e inició el trámite sucesoral, desconocía que existían otros herederos y bienes, conclusión contraria a la declarada por el tribunal en la sentencia. De manera que ha debido controvertir esa inferencia, indicando los motivos por los cuales está errada a la luz de las reglas de la sana crítica.
2.2. Elaboró su ofensiva partiendo de un entendimiento errado de la conducta punible endilgada y soportado en afirmaciones no contenidas en las sentencias, lo que denota su visión fraccionada y acomodada de las mismas.
Vale la pena recordarle que el actuar reprobado a su representado, desde el acto de llamamiento a juicio, fue haber hecho afirmaciones falsas durante el trámite notarial, en concreto, en el poder presentado para tal efecto, las cuales se consignaron en la escritura pública que luego firmó, la que “es ideológicamente falsa”(25).
Ahora, contrario a lo expuesto en la demanda, los falladores no aseveraron que Carabalí Pizarro se hubiese enterado de la existencia de otros herederos y bienes en una instancia posterior a la del inicio del trámite notarial descrito, esto es, cuando presentó la demanda contencioso administrativo. No, lo que siempre sostuvieron, que constituyó fundamento básico de la condena, fue que de las pruebas obrantes en el plenario se extraía que para el momento en que él empezó las gestiones notariales de la sucesión y elaboró el poder, ya tenía conocimiento de los demás hijos del causante y los ocultó.
Si bien hicieron referencia al pleito contencioso administrativo, ello fue como argumento adicional para dar respuesta a las excusas planteadas por la defensa y rebatir su credibilidad.
En todo caso, conviene poner en evidencia que esa demanda contenciosa fue presentada el 30 de septiembre de 2005(26) y la escritura pública que finiquitó el trámite de la sucesión, que se tilda falsa en su contenido, la suscribió Carabalí Pizarro el 8 de noviembre de 2005(27), por lo que sus reproches carecen de trascendencia.
3. La decisión a adoptar.
Como consecuencia del éxito de la primera censura, la Corte casará parcialmente la sentencia impugnada, para en su lugar absolver a Arnol Carabalí Pizarro y a Fabiola Ocampo Caro del delito de fraude procesal.
3.1. Se impone, entonces, redosificar la pena impuesta, para cual se atenderán los parámetros utilizados por el juez de primer grado.
El a quo, por razón del injusto descrito, impuso a los procesados 4 años de prisión, esto es, el mínimo de la sanción descrita en el Código Penal(28) y aumentó 6 meses por la falsedad ideológica en documento privado, para un total de 54 meses.
Como ahora se suprime el delito que para ese momento se tuvo como base, se impondrá la sanción mínima que para el que subsiste —falsedad en documento privado— prevé el artículo 289(29), esto es, un (1) año de prisión. En igual término se dejará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Ninguna alteración sufrirá la sanción de prohibición del ejercicio de la profesión de abogado.
No se precisará nueva pena de multa porque ella estaba dispuesta para el fraude procesal, no para la falsedad en documento privado.
3.2. Finalmente, la Sala se ocupará sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena, toda vez que ese mecanismo les fue negado a los procesados por no superar el factor objetivo. Sin embargo, como la sanción de prisión disminuyó de 4 años y 6 meses a 1 año, resulta imperioso examinar otros de los presupuestos descritos en el artículo 63 del Código Penal, según se atienda este en su versión original o con la modificación introducida por el 29 de la Ley 1709 de 2014.
En esta oportunidad, no obra en el plenario que los procesados tengan antecedentes penales y tampoco se está ante uno de los delitos señalados en el inciso 2º del artículo 68A del Código Penal(30), por manera que, siguiendo la última disposición referida, se concederá la suspensión de la ejecución de la pena —se cumple el requisito objetivo, único exigido en estos casos—.
En ese orden, Carabalí Pizarro y Ocampo Caro deberán suscribir diligencia de compromiso en los términos del artículo 65 del Código Penal ante el juez de primera instancia y garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en dicha norma mediante caución que se fija en un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
En lo demás, el fallo impugnado queda incólume.
Primero. Casar parcialmente, por razón de la prosperidad del primer cargo propuesto en la demanda de casación, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali.
Segundo. Absolver a Arnol Carabalí Pizarro y a Fabiola Ocampo Caro por el delito de fraude procesal. En consecuencia, la pena de prisión se fija, para cada uno, en un (1) año de prisión e igual término para la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, con la precisión que no se les impone sanción de multa, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero. Otorgar a los procesados Arnol Carabalí Pizarro y Fabiola Ocampo Caro el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para lo cual deberán suscribir ante el juez de primer grado diligencia de compromiso en los términos del artículo 65 del Código Penal y prestar caución por valor equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuarto. Las restantes determinaciones del fallo se mantienen incólumes.
(18) Sobre el punto puede consultarse, entre otras, la providencia del 27 de julio de 2007 (rad. 26.4687).
(19) Sentencia del 1º de noviembre de 2007 (rad. 23.734).
(20) Folio 8 de la resolución.
(21) Folio 5 Id.
(22) Folio 15 de la providencia.
(1) (sic) Escritura Pública 3.768 del 8 de noviembre de 2005 de la Notaría 11 de Cali.
(2) (sic) Escritura Pública 5.261 del 15 de diciembre de 2005, Notaría 1° de Cali.
(24) Folio 26 de la providencia.
(25) Folio 11 de la acusación. En igual sentido, folio 29 del fallo de primera instancia.
(26) Folio 201 vuelto del cuaderno 1.
(27) Folios 55 a 61 Id.
(28) 4 a 8 años, según el original artículo 453.
(29) En su versión original contemplaba una sanción de 1 a 6 años de prisión.
(30) (…) dolosos contra la administración pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.