Source: https://xn--gayosobaragao-tkb.es/covid-19.html
Timestamp: 2020-08-05 19:44:57
Document Index: 177876305

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 41', 'artículo 365', 'artículo 7', 'artículo 257', 'artículo 66', 'artículo 66']

Gayoso & Baragaño Asesores Covid-19| Asesoría legal y fiscal en Perillo
Las situaciones anómalas que se han producido como consecuencia de la pandemia de COVID-19 están provocando el establecimiento de medidas urgentes, entre ellas la declaración de estado de alarma, que se van sucediendo conforme se va desarrollando la situación.
En esta página os informamos de las principales consecuencias legales en distintos ámbitos y las medidas que se han ido aprobando y que se mantendrán en vigor mientras dure el estado de alarma o durante el tiempo que, en su caso, se indique, si bien su contenido y alcance puede resultar afectado por las futuras decisiones que las autoridades tomen en estas materias.
Para resolver cualquier cuestión que os surja al respecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a:
asesores@gayosobaragaño.es
susana@gayosobaragaño.es
julio@gayosobaragaño.es
Los períodos de aislamiento o contagio provocado por el COVID-19 de las personas trabajadoras se consideran situación asimilada al accidente de trabajo, por lo que la empresa no les abonará el salario, si no que recibirán la prestación económica por incapacidad temporal.
Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos (transporte, hostelería, ocio, etc).
Bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las empresas dedicadas al sector turismo, incluidos los comercios y la hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector, que inicien o mantengan en alta la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo.
ERTEs y EREs: Posibilidad de combinar en la misma empresa una suspensión de contratos por fuerza mayor y suspensión por causas ETOP. En relación a las medidas extraordinarias adoptadas respecto a los ERTEs que tengan su fundamento en el COVID-19, hay que destacar que las mismas están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, que se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. No obstante, dicho compromiso no resultará de aplicación en las empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.
ERTE por fuerza mayor cuando la suspensión del contrato tenga causa directa, debidamente acreditada, en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. Plazo de resolución de la autoridad laboral de 5 días.
Las empresas y entidades que cuenten con un ERTE por fuerza mayor total derivada del COVID-19 y a 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social estarán exoneradas, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, del abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. Si tuvieran cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
Las empresas y entidades que cuenten con dicho tipo de ERTE y se encuentren en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los siguientes porcentajes y condiciones:
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta, la exención alcanzará el 45 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
ERTE por causas ETOP relacionadas con el COVID-19. En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de éstas estará integrada por los sindicatos más representativos del sector o, en su caso, por tres trabajadores de la propia empresa y deberá constituirse en el plazo de 5 días. Se establece un plazo de 7 días tanto para el período de consultas como para el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de ERTEs.
ERTE por fuerza mayor: la fecha del hecho causante de la misma. A partir del 13 de mayo, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contaran ERTE basado dicho motivo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
Las empresas y entidades que cuenten con dicho tipo de ERTE, pero cuya causa permita la recuperación parcial de su actividad, estarán desde ese momento y hasta el 30 de junio de 2020 en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 y deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
ERTE por causas ETOP: la fecha habrá de ser coincidente o posterior a que la empresa comunique la decisión adoptada a la autoridad laboral. Cuando un ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.
Desempleo. Prestación por desempleo derivado de ERTE por COVID-19.
No hay período de carencia, es decir, se reconoce el derecho a la prestación aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo para ello.
Se produce la reposición de la prestación consumida, esto es, el tiempo que se perciba esta prestación no computa a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
Serán beneficiarios, además de las personas trabajadoras, los socios trabajadores de sociedades laboral y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo, si el inicio de la relación laboral o societaria fuera anterior a 18 de marzo de 2020.
La base reguladora es el promedio de los últimos 180 días o, en su defecto, de los que se hayan cotizado.
Opera en todo caso, incluso para aquellas personas que tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo.
Garantías en relación con la solicitud de la prestación por desempleo o su renovación. La presentación fuera de plazo de la solicitud no comportará la reducción o perdida del derecho a la prestación correspondiente.
Estas medidas de protección por desempleo resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación
En relación a las obligaciones referentes al subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas quedan “condonadas”, de forma que se podrá prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a prórroga semestral del derecho y el pago del subsidio y de las cotizaciones a la Seguridad Social de los beneficiarios mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá por la presentación fuera de plazo de la preceptiva declaración anual de rentas.
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.
Por acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los ERTEs por fuerza mayor derivada del COVID-19, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020. Dicho acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.
Autónomos. Prestación extraordinaria por cese de actividad, con vigencia limitada, para los trabajadores por cuenta propia que hayan visto suspendida su actividad o cuya facturación haya caído, al menos, un 75 por ciento respecto al semestre anterior y que estén afiliados y de alta en la Seguridad Social a fecha 14 de marzo de 2020 y al corriente de sus pagos y obligaciones con la misma. La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora.
No es necesario darse de baja en la Seguridad Social.
Se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.
Una vez aprobada, esta prestación se percibirá hasta el último día del mes que finaliza el estado de alarma, con independencia de que el beneficiario abra su negocio conforme a lo establecido en el plan de desescalada.
Es compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
Prohibición de despedir con base en el COVID-19. La fuerza mayor y las causas ETOP basadas en el COVID-19 no se enterán como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Sí están permitidos los que tengan otra causa distinta al COVID-19.
Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La suspensión de los contratos temporales al amparo de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020 interrumpirá el cómputo de la duración de estos contratos y de los períodos de referencia equivalentes al período suspendido, respecto a las personas trabajadoras afectadas por éstas.
Permiso retribuido recuperable. Se establece un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado, cuya actividad no haya sido paralizada por la declaración del estado de alarma, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020. El derecho retributivo incluye el salario base y los complementos salariales. Quedan excluidas:
Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo al https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166.
Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en dicho Anexo.
aquellas empresas que hayan solicitado o estén solicitando un ERTE
aquellas a las que les sea autorizado un ERTE durante la vigencia del permiso referido.
Moratoria de cotizaciones sociales a la Seguridad Social. La TGSS podrá otorgar moratorias de seis meses sin intereses a las empresas (período de devengo entre abril y junio de 2020) y trabajadores por cuenta propia (período de devengo entre mayo y julio de 2020) que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden Ministerial, siempre que las actividades no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. La moratoria no será de aplicación a los CCC por lo que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020.
Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la SS cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de la SS, siendo de aplicación un interés del 0,5%.
Posibilidad de celebración de las sesiones de los órganos de gobierno y de administración, así como las juntas o asambleas de asociados o socios, por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque no esté previsto en los estatutos.
Posibilidad de adoptar mediante votación por escrito y sin sesión acuerdos de los órganos de gobierno y de administración.
Interrupción del plazo de formulación de cuentas anuales hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha, si bien será válida la formulación de cuentas y, en su caso, la verificación contable realizadas durante el mismo.
Prórroga por dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma del plazo para la verificación contable de las cuentas anuales formuladas a la fecha de su declaración o durante su vigencia.
Obligación de celebrar junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo para formular las cuentas anuales.
Posibilidad del órgano de administración de modificar, lugar y hora de celebración, o de revocar la convocatoria de junta general publicada antes de la declaración del estado de alarma para su celebración en fecha posterior mediante anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la página web de la sociedad y, si no la tuviere, en el BOE. En caso de revocación se debe proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
Posibilidad de sustituir la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio:
Las sociedades que, habiendo formulado sus cuentas anuales convoquen, la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor del estado de alarma podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra, siempre que el órgano de administración la justifique con base a la situación creada por el COVID-19 y se acompañe de un escrito del auditor de cuentas en el que indique que no habría modificado su opinión de auditoría su hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.
El órgano de administración de las sociedades que, habiendo formulado las cuentas anuales, hubieren convocado la junta con anterioridad a la declaración del estado de alarma podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta, que deberá cumplir los requisitos de justificación indicados en el punto anterior, a la aprobación de una junta general que deberá celebrarse dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria. Dicha decisión debe publicarse antes de la celebración de la junta ya convocada, A efectos del depósito de las cuentas anuales, la certificación del órgano de administración se limitará, en su caso, a la aprobación de las mismas, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
Suspensión del ejercicio del derecho de separación de los socios de las sociedades de capital, aunque concurra causa legal o estatutaria.
Prórroga del reintegro de aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice dicho estado.
Ineficacia y prórroga del término de duración de la sociedad pactado en los estatutos sociales. Las sociedades cuyo término de duración finaliza durante la vigencia del estado de alarma no quedarán disueltas de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización de dicho estado.
Concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo. Se suspende el plazo legal para la convocatoria de junta general de socios para adoptar el acuerdo de disolución o de enervación de la causa.
Exención de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales contraídas durante la vigencia del estado de alarma, si la causa de disolución hubiere acaecido dentro de ese período.
Las medidas aplicables a las Sociedades Anónimas Cotizadas se regulan de forma específica en el artículo 41 del Real Decreto Ley 8/2020.
Suspensión del plazo de caducidad de los asientos registrales durante la vigencia del estado de alarma, que se reanudará al día siguiente de la finalización del mismo.
Los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas ETOP de los deudores que se encuentren en concurso de acreedores deben sujetarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2020, siempre que concurran los presupuestos de los artículos 22 y 23 del mismo, excluyéndose el procedimiento previsto al efecto en la Ley Concursal y debiendo seguir el establecido en el Estatuto de los Trabajadores con las especiales previstas en aquél. Resultarán de aplicación las siguientes especialidades:
Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa concursada con autorización de la administración concursal o por ésta directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales.
La administración concursal será parte en el período de consultas.
La decisión de aplicación de las medidas se sujetará al régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales que hubiera sido acordado en el concurso, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el período de consultas.
Deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas aplicadas al juez del concurso por medios telemáticos.
Toda impugnación en este ámbito se sustanciará ante el juez del concurso, salvo la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa, que podrá ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.
No obstante, lo anterior es de aplicación a los supuestos en que a fecha 2 de abril de 2020 no se haya dictado por el juez del concurso resolución respectos a las medidas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, puesto que si éste ya hubiese dictado auto acordando la aplicación de estas medidas dicha resolución tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas.
• Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.
• El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
• Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.
• Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
• Durante dicho plazo el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.
• En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.
• Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
• Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
• En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios: i) los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él; ii) aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.
• En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa, a excepción de la enajenación, en cualquier estado del concurso, del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización. Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Si a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado por la administración concursal aún no estuviera de manifiesto en la oficina del juzgado, el Letrado de la administración de justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez del concurso para que proceda conforme a lo expuesto anteriormente.
• Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.
• A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. Ello sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso.
Régimen de custodia, visitas y estancias.
La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo ha generado incertidumbre sobre la custodia compartida y el régimen de visitas. Puesto nada ha previsto el legislador al respecto en la normativa aprobada hasta la fecha y dada la disparidad de criterios existente al respecto, resulta conveniente aclarar las principales cuestiones que a continuación exponemos conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 463/2020 y al criterio mantenido por la mayoría de jueces y la Fiscalía General del Estado.
El régimen de custodia, visitas y estancias de los menores sujetos a la patria potestad no quedan afectados por la regla general de suspensión de plazos y actuaciones judiciales ni en suspenso por las limitaciones de circulación establecidas por el RD 463/2020, si bien la práctica de su ejecución puede verse afectada por el mismo, en aras de preservar la salud e interés de los hijos, la salud de los progenitores y la salud pública en general.
Se apela al consenso de los progenitores a la hora de modificar las medidas acordadas, alterando, suspendiendo o modulando el régimen de custodia, visitas y estancias, pues, a falta de acuerdo, será al juez o magistrado a quien corresponda adoptar la decisión.
Los sistemas de custodia compartida, los regímenes de visitas de fines de semana alternos y las visitas intersemanales con pernocta, si ambos progenitores residen en la misma ciudad, no se ven suspendidos. Excepcionalmente quedarán suspendidos cuando uno de los progenitores o alguna persona con la que conviva esté infectados de COVID-19; lo mismo ocurrirá en el caso de que sea el menor el contagiado o tenga una patología susceptible de agravarse con el contagio. En el caso de sistema de custodia “casa nido”, ante la sospecha de contagio o de riesgo efectivo de contagio, se deberán tomar las medidas precisas para evitar el contagio de los menores.
Si uno o ambos progenitores conviven con los abuelos, se recomienda su suspensión. Igualmente se recomienda la suspensión en el supuesto de que la progenitora está embarazada.
Se suspenden las visitas supervisadas a través de los profesionales de los P.E.F. Si existe una orden de alejamiento del progenitor, padre y madre deberán designa a una persona que los traslade de un domicilio a otro, si bien los fiscales solicitarán la suspensión del régimen sin perjuicio de una futura compensación temporal.
Estas son las principales cuestiones, si bien la casuística es variada y las soluciones múltiples, por ejemplo, el supuesto de un progenitor que, por su situación personal o profesional comunica al otro que no puede atender a los hijos comunes en su tiempo asignado de estancia, alegando riesgo para los menores, y el otro progenitor se niega a hacerse cargo de los hijos en los tiempos que no le corresponde, por los mismos motivos.
En los casos en que se opte por la suspensión, debería llegarse a un acuerdo para compensar, una vez finalice el estado de alarma, el tiempo no disfrutado por el menor con quien tenga el régimen de visitas o custodia compartida.
En todo caso deberá atenderse siempre al interés superior del menor.
La obligación del pago de la pensión de alimentos no resulta alterada.
Suspensión del procedimiento de desahucio de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Levantada la suspensión de los términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma, en los procedimientos de desahucio se iniciará una suspensión extraordinaria del lanzamiento. Si no estuviese señalado, se suspenderá por un plazo máximo de seis meses desde el 2 de abril de 2020.
Arrendatario en situación de vulnerabilidad social y económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19: i) Haber pasado a estar en situación de desempleo por ERTE o reducción de su jornada por cuidados, en caso de ser empresario, o circunstancias similares con pérdida sustancial de ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria (límite general de ingresos 1.613 €/mes, adicionado según circunstancias); ii) Renta arrendaticia más gastos y suministros básicos superior o igual al 35 % de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar; iii) No ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España de la que puedan disponer.
Imposibilidad de encontrar una alternativa habitacional.
Obligación del arrendatario de acreditar documentalmente en el Juzgado dichas circunstancias.
Si el arrendador también está igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, esta circunstancia se tendrá en cuenta al establecer el plazo de suspensión.
Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Los contratos en los que dentro del período comprendido entre el 2 de abril de 2020 y el día en que hayan transcurrido dos meses del estado de alarma finalice el período de prórroga, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, que deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, con los mismos términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Moratoria de deuda arrendaticia. Los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 podrán solicitar una moratoria de la deuda arrendaticia, variando los términos y condiciones en función de quien sea el propietario:
Grandes tenedores (más de diez inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) y empresas o entidades públicas de vivienda. Plazo: tres meses desde el 29 de abril de 2020. Solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. El arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión: i) reducción de la renta en un 50% durante el tiempo que dure el estado de alarma y máximo 4 meses más; o ii) moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera automática por el tiempo que dure el estado de alarma y máximo 4 meses más, mediante su fraccionamiento durante, al menos, 3 años sin intereses. Si el inquilino obtiene las ayudas financieras prevista en el Real Decreto-Ley 11/2020 concluirá la moratoria o fraccionamiento.
Propietario ni gran tenedor ni empresa o entidad pública de vivienda. Plazo: tres meses desde el 29 de abril de 2020. Solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. El arrendador comunicará al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si el propietario no acepta, y en cualquier caso cuando el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad, éste podrá acceder al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas en el RD-L 11/2020.
Ayudas al inquilino:
Línea de avales ICO para que las entidades financieras puedan conceder financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad a fin de cubrir un importe máximo de 6 mensualidades, con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogables excepcionalmente por 4 años más, sin gastos ni intereses para el solicitante.
Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Se podrán conceder por un plazo máximo de 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020. En los casos en que se haya accedido a las ayudas transitorias de financiación avalada por el Estado el importe máximo de la ayuda será de 5.400 euros.
Los autónomos y pymes arrendatarios cuya actividad haya quedado suspendida por la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto o, si no hubiere sido directamente suspendida, puedan acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior, podrán solicitar a los arrendadores un aplazamiento o, en su caso, una rebaja de la renta variando los términos y condiciones en función de quien sea el propietario, siempre que en el caso de los autónomos estuvieran afiliados y en situación de alta en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA en la fecha de declaración del estado de alarma y en el de las pymes no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: i) que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros; ii) que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros; iii) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.
Arrendadores grandes tenedores (más de diez inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) y empresas o entidades públicas de vivienda. Plazo: un mes desde el 23 de abril de 2020. Solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, que requerirá la aceptación por el arrendador, siempre que dicho aplazamiento o la reducción de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. La moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera automática por el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, hasta un máximo 4 meses más, mediante su fraccionamiento en un plazo de 2 años, sin penalización ni devengo de intereses, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
Arrendador ni gran tenedor ni empresa o entidad pública de vivienda. Plazo: un mes desde el 23 de abril de 2020. Solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la reducción de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. Las partes podrán disponer libremente de la fianza, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia, cuyo importe deberá reponer el arrendatario en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
MORATORIA DE HIPOTECAS Y CRÉDITOS SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
Se establece la posibilidad de solicitar, hasta quince días después del mes siguiente al fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria vigentes a fecha 18 de marzo de 2020 cuya finalidad fuera la adquisición de:
Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresario y profesionales.
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite general de ingresos 1.613 €/mes, adicionado según circunstancias.
Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles anteriormente reseñados, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles reseñados, sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,3.
Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Dicho plazo podrá ser ampliado por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Inexigibilidad del pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. Además, los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
MORATORIA OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
Se establece la posibilidad de solicitar, hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria vigentes a fecha 1 de abril de 2020.
Que el total de los importes a cuyo pago periódico tuviera que hacer frente el potencial beneficiario, bien una renta por alquiler de vivienda habitual (aunque ésta sea objeto de moratoria), bien cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga crediticia, entendida como la suma de los conceptos reseñados en el punto anterior, sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,3.
Suspensión durante tres meses ampliables por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Inexigibilidad del pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, en los que concurran los requisitos de vulnerabilidad económica a estos efectos. Además, los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
4. TRIBUTARIO
Aplazamiento, previa solicitud, de deudas tributarias correspondientes a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo y de las deudas tributarias por retenciones e ingresos a cuenta y derivadas de tributos repercutidos y de pagos fraccionados del impuesto de PYMES y autónomos con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros. El plazo será de seis meses y no devengarán intereses de demora durante los tres primeros meses. Las deudas objeto de aplazamiento deben ser inferiores a 30.000 euros y no es necesario aportar garantías. EL aplazamiento será aplicable a las siguientes deudas tributarias: i) las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta (retenciones de IRPF); ii) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas (cuotas del IVA); y iii) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Suspensiones de plazos tributarios.
Los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias no se ven afectados por la suspensión. No obstante, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha, salvo que si la forma de pago elegida sea la domiciliación, en cuyo caso el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020. La extensión de los plazos anteriores no se aplicará a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal ni a los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades. Tampoco será aplicable a la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo.
Se suspenden los siguientes plazos en los términos indicados a continuación:
Pago de liquidaciones en período voluntario y período ejecutivo, notificada por providencia de apremio.
Plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes.
Plazos que no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el 30 de mayo de 2020.
Asimismo, en el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020.
Plazos comunicados a partir de 18 de marzo, quedan aplazados hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será de aplicación éste.
Si se atendiese al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
Las especialidades previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos se siguen aplicando.
Desde 18 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco computará a efectos de prescripción de los plazos establecidos en el artículo 66 LGT, ni a efectos de los plazos de caducidad.
Recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción artículo 66 LGT, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre 18 de marzo 2020 y el 30 de mayo de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III LGT, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
Plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro.
Los que se encuentren en plazo de contestación a fecha 18 de marzo 2020 se amplían hasta el 30 de mayo de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de 18 de marzo 2020 por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
Si se atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
Desde 18 de marzo 2020 y hasta el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Por último, señalar que se ha establecido un procedimiento excepcional para la obtención del NIF por entidades de forma no presencia durante la vigencia del estado de alarma, cuya solicitud se admitirá en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria y se puede consultar en el siguiente enlace.
5. PROCESAL
La actividad jurisdiccional queda suspendida mientras dure el estado de alarma, de forma que se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen de los plazos previstos en las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales, con las excepciones que se indican a continuación, así como las actuaciones procesales programadas, si bien el juez o tribunal podrá acordar la práctica de las actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparable en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. Estos términos y plazos volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.
Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante dicha suspensión o dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la misma quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.
Igualmente, quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad.
Actuaciones encomendadas al servicio de guardia que sean inaplazables o puedan ocasionar perjuicios irreparables (p.e.: diligencias de levantamiento de cadáver, entrada y registro, intervención telefónica, cautelares urgentes, etc.).
Actuaciones con detenido o presos.
Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria (p.e.: libertad condicional, aprobación de sanciones de aislamiento en celda, progresión o regresión de grado y autorización de permisos penitenciarios).
Medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer o menores.
En fase de instrucción se podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables por causar un perjuicio irreparable a los interesados o haga ineficaz la resolución judicial.
Internamientos no voluntarios por razón de trastorno psiquiátrico cuando no pueda prestar consentimiento el interesado.
Medidas de protección del menor.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establece un procedimiento especial y sumario para decidir las siguientes demandas:
Protección de derechos fundamentales de la persona
Tramitación de autorizaciones o ratificaciones (p.e.: entradas en domicilio para la ejecución forzosa de actos administrativos y rectificación de medidas de las autoridades sanitarias).
Procedimiento de tutela de derechos fundamentales y libertad públicas.
EREs y ERTEs. Las demandas que versen sobre suspensiones y reducciones de jornada adoptadas por causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con el COVID-19 que afecten a más de cinco trabajadores se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo.
Procesos relativos a derechos de adaptación de horario y reducción de jornada.
Regulación específica de los Procedimientos tributarios art 33 RD 8/2020.
Se establece con carácter general la suspensión de términos e interrupción los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público mientras dure el estado de alarma, de forma que la suspensión no se proyecta necesariamente sobre la ejecución de actos o resoluciones administrativos. No obstante, se establecen las siguientes excepciones que requerirán resolución motivada:
Medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Procedimientos administrativos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. (ERTEs, procedimientos sancionadores derivados de infracción cometidas por contravención de las normas, órdenes y limitaciones establecidas en la declaración del estado de alarma).
Procedimientos administrativos en los ámbitos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social.
También se suspenden los plazos de prescripción y caducidad.
Procedimientos tributarios. Se suspenden los términos e interrumpen los plazos tributarios hasta el 30 de abril de 2020 o, en su caso, hasta que finalice el estado de alarma o hasta el 20 de mayo para los posteriores al 18 de abril o hasta el plazo de la norma si es mayor.
7. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
La pandemia del COVOD-19 es un supuesto de fuerza mayor.
Se declara la emergencia para contratar todo aquello que sea necesario para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia.
Se establece el derecho del contratista de solicitar la suspensión de los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva vigentes a 18 de marzo cuya ejecución devenga imposible por el COVID-19 o por las medidas adoptadas por la Administración para combatirlo, que quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide la prestación y hasta que la misma pueda reanudarse. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado son los indicados a continuación, si bien hay que destacar que el plazo para resolver es de cinco días, operando el silencio negativo:
Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figura adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al período de suspensión del contrato. Adscritos a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
Por otro lado, en los supuestos en que vencido un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
La suspensión de los contratos del sector público conforme a lo establecido en el RD 463/2020, de 14 de marzo no constituye en ningún caso causa de resolución de los mismos.
Asimismo, se establece que, excepcionalmente, se podrá establecer un plazo de duración superior a cinco años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.
En los contratos así suspendidos, el órgano de contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda, que podrá abonarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. El importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En cuanto a los contratos públicos de servicios y de suministro distintos a los anteriores, vigentes a 18 de marzo de 2020, se establece igualmente la posibilidad de suspensión previa solicitud del contratista y de ampliación de plazo de ejecución, así como el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en lo que efectivamente se hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato y ello previa solicitud y acreditación fehaciente.
Respecto a los contratos públicos de obras vigentes a 18 de marzo que no hayan perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación provoque la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, podrá suspenderse el mismo, previa solicitud del contratista, operando este caso el silencio administrativo negativo. En los contratos que, conforme al <<programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra>>, estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y, como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, no pueda tener lugar la entrega de la obra se podrá solicitar una prórroga del plazo de entrega final siempre y cuando el contratista lo solicite formalmente y ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.
En estos casos sólo serán indemnizables los gastos siguientes, previa solicitud y acreditación fehaciente de estar al corriente de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020, el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores y estar aquél al corriente en sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores:
Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figura adscrito antes del 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior a coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
En relación a los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a 18 de marzo de 2020, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por la Administración para combatirlo dará derecho al concesionario, siempre que el órgano de contratación a instancia de aquél aprecie la imposibilidad de ejecución y únicamente respecto de la parte del contrato afectado por dicha imposibilidad, al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. El reequilibrio compensará la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados.
Las soluciones jurídicas anteriores no se aplican en ningún caso a:
Por último, señalar que se ha acordado la suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.
Primer tramo de líneas de avales por cuenta del Estado a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos por importe de 20.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones de euros se destinarán a renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes y los otros 10.000 millones a renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.
• Préstamos y operaciones formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020.
• No figurar en situación de morosidad en los ficheros de la CIRBE a 31 de diciembre de 2019.
• No estar sujeto a un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo de 2020.
• pymes y autónomos: 80% de la operación.
• Empresas no pymes: 70% de nuevas operaciones y 60% de operaciones de renovación.
A préstamos hasta 1,5 millones de euros -> 20 puntos básicos sobre el saldo del importe total avalado.
A autónomos y pymes para operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros:
A empresas que no tengan la consideración de pymes para nuevas operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros:
A empresas que no tengan la consideración de pymes para operaciones de renovación con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros:
Plazo solicitud aval: hasta 30 de septiembre de 2020, ampliable por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Plazo máximo de vencimiento: 5 años.
Segundo tramo de líneas de avales por cuenta del Estado a la financiación otorgada por entidades financieras (renovaciones y nuevos préstamos) a pymes y autónomos por importe de 20.000 millones de euros. Las condiciones y términos serán básicamente los mismos que los establecidos para el primer tramo.
Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo. La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado a los beneficiarios de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables formalizadas bajo la modalidad de préstamos períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que les impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del otorgamiento de las mismas, podrá acordar, previa solicitud y declaración responsable justificativa, la concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos prestatarios, al momento de formular su correspondiente solicitud de aplazamiento: i) no se encontrasen en situación concursal, ii) estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social, y, iii) estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos concertados a la entrada en vigor del estado de alarma.
Las cuotas que podrán ser de aplazamiento son las que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta transcurridos dos meses después de la finalización del estado de alarma. Las cuotas aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del período de vigencia del respectivo préstamo, y no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.
La concesión de este aplazamiento exige el cumplimiento de las siguientes condiciones:
c) El interesado habrá formulado declaración responsable.