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Timestamp: 2017-12-18 01:05:36
Document Index: 181696127

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 123', 'artículo 1', 'artículo 88']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de diciembre de 2010. Derechos Fundamentales. Educación para la ciudadanía. Objeción de conciencia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Educación. Derechos Fundamentales. Se deniega la solicitud de objeción de conciencia respecto de los hijos para cursar las asignaturas de "Educación para la ciudadanía". Sentencia del TS destacando la exigencia de votos particulares discrepantes todos ellos. Derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias covicciones. Se niega que los padres sean titulares de un específico derecho de a la objeción de conciencia en el ámbito educativo, pero no autoriza a la Administración educativa ni a los centros docentes a imponer puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidos. Se estima el recurso.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, los recursos de casación seguidos con el número 155/2010, interpuestos por EL ABOGADO DEL ESTADO Y EL MINISTERIO FISCAL, contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 2 de octubre de 2009, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 2522/2008, interpuesto al amparo de lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
Primero.-.- En el recurso contencioso-administrativo nº 2522/2008, sobre derechos fundamentales, seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, interpuesto por D.ª Julieta contra la Orden de fecha 30 de julio de 2008 del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León por la que se inadmite la solicitud sobre objeción de conciencia de la recurrente respecto de sus hijos Hipolito, Inocencio y Jacobo para cursar las asignaturas de "Educación para la ciudadanía", con fecha 2 de octubre de 2009, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
" Con desestimación de los óbices formales alegados por la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León, estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 2522/08 seguido por los trámites especiales y preferentes del Título V, Capítulo I de la LJCA (Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona) interpuesto por D.ª Julieta, representada por la Procuradora Sra. Dª Beatriz Moreno García-Argudo y defendida por el Letrado Sr. Ramos Vega contra la Orden de 30 de julio de 2008del Consejero de Educaciónpor la que deniega la solicitud de objeción de conciencia respecto de sus hijos Hipolito, Inocencio y Jacobo para cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, declarando:
SEGUNDO.-Reconocer el derecho de la parte actora a que sus hijos Hipolito, Inocencio y Jacobo sean exonerados de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes.
Unico.- Infracción de las Normas del Ordenamiento Jurídico y de la Jurisprudencia por errónea apreciación de los Derechos Fundamentales reconocidos en los artículos 16.1º y 27.3º, en relación con el Derecho Constitucional a la Objeción de Conciencia del artículo 30.1 , todos de la Constitución.
En el segundo de los motivos, el Sr. Abogado del Estado aduce infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, citando a tal efecto, entre otras, sentencias de esta Sala de 11 de febrero de 2009, recaídas en recursos de casación nº 905/2008, 948/2008, 949/2008 y 1013/2008, así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, según señala, en ningún caso ampara exención alguna del deber legal de los alumnos de cursar las asignaturas obligatorias en el sistema español de educación obligatoria.
Tercero.-La Providencia de fecha 9 de abril de 2010 tuvo por interpuestos los recursos de casación del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal.
Sexto.-Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para la votación y fallo de este recurso el día QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
PRIMERO. - El proceso de instancia, seguido por los trámites del procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, fue iniciado por Dª Julieta mediante un recurso contencioso-administrativo dirigido contra la Orden de 30 de julio de 2008 del Consejero de Educación por la que se deniega la solicitud de objeción de conciencia respecto de sus hijos Hipolito, Inocencio y Jacobo, para cursar las asignaturas de "Educación para la Ciudadanía".
b) la vinculación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto valor complementario del ordenamiento jurídico no es absoluta, tal y como advierte el Tribunal Constitucional; así, la STC Sala 1ª, de 22 de octubre de 1986, cuando analiza el principio de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la Ley, señala "todo ello respetando como es lógico el sistema de fuentes del Derecho y la independencia de los órganos jurisdiccionales, cuya directa vinculación a la ley y al Derecho no puede quedar rota por una absoluta vinculación a los precedentes que nuestro ordenamiento jurídico no establece y que la Constitución no exige" (...).
Es innegable que la tutela judicial de los derechos y libertades fundamentales se residencia con carácter general en los Jueces y Tribunales ordinarios, quedando encomendada al Tribunal Constitucional la protección de los mismos a través del recurso de amparo "en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia" o "una vez que se haya agotado la vía judicial procedente" (artículos 41.1 y 43.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). En este sentido se pronunciaba el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional nº 113/1995, de 6 de julio, cuando en relación con una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de determinados artículos de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, por supuesta vulneración del artículo 53.2 de la Constitución, señalaba que "Dada la trascendencia de las libertades y los derechos fundamentales consagrados por la Constitución (artículos 14 a 30), se prevé en ella -artículo 53.2- para su protección un doble mecanismo jurisdiccional escalonado, principal y general uno, que se atribuye a los Tribunales ordinarios y extraordinario y subsidiario otro, que corresponde al Tribunal Constitucional. El precepto se refiere, pues, a dos jurisdicciones diferentes: la del Poder Judicial que de forma exclusiva y excluyente tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos (Título VI CE) y es, por tanto, la común u ordinaria; y la del Tribunal Constitucional (Título IX CE) cuyo ámbito de actuación o de jurisdicción se limita a las garantías constitucionales a través de los procesos que se expresan en el artículo 161 CE y, entre ellos, el recurso de amparo utilizable «en su caso» para la protección de aquellos derechos cuando entienda el justiciable que no han sido reparados por la jurisdicción ordinaria. Así cabe entender, como señala el Abogado del Estado, la referencia de unos y otros Tribunales ordinarios de un lado y constitucional de otro".
Llegados a este punto, la Sala de instancia parece querer sostener que los pronunciamientos que a resultas de los recursos de casación interpuestos en relación con esta clase de procedimientos se adopten por el Tribunal Supremo no constituyen jurisprudencia, encontrándose únicamente vinculada a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Este argumento ha de ser rechazado, ya que no se puede olvidar que en la configuración del sistema de recursos a promover frente a resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos de protección de los derechos fundamentales el legislador ha dado cabida, a través del recurso de casación, al Tribunal Supremo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Constitución española, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, siendo su papel esencial en la tutela judicial de los derechos fundamentales, pues en palabras del propio Tribunal Constitucional, sentencia nº 188/1994, de 20 de junio "(...) la intervención del Tribunal Supremo, al que, como cúspide de la jurisdicción ordinaria, le compete con carácter preferente -no subsidiario-, como es el caso con este Tribunal Constitucional - la defensa de los derechos fundamentales, y con cuya intervención última en la vía ordinaria se asegura un efecto unificador de la doctrina legal que sirve a fines tan relevantes como la garantía del principio de seguridad jurídica o del principio mismo de igualdad en la aplicación de la Ley".
Por tanto, existiendo reiterados y constantes pronunciamientos de esta Sala, tanto del Pleno como de su Sección séptima, negando que los padres sean titulares de un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo -sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la Administración educativa ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas- se impone la estimación de los recursos de casación interpuestos por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, al considerarse infringida dicha jurisprudencia, ya que, como reiteradamente ha venido sosteniendo esta Sala, entre otras, sentencia de 11 de noviembre de 2008 (recurso de casación nº 7748/2004) "Conviene recordar que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley (artículo 1.6 del Código Civil), y su infracción constituye motivo de recurso de casación contra las resoluciones de los tribunales en los casos admitidos por nuestra Ley Jurisdiccional, toda vez que el artículo 88.1.d) permite fundar el recurso en la infracción de la jurisprudencia que fuera de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate" y sin que a ello obste la existencia de votos particulares a las referidas sentencias, ya que dicha circunstancia no puede ser utilizada por la Sala de instancia como justificación para apartarse del criterio mayoritario.
Tercero.-Entrando ya en el análisis del recurso contencioso-administrativo nº 2522/2008, la aplicación de dicha doctrina jurisprudencial impone la desestimación del mismo, toda vez que siendo la cuestión a resolver la determinación, por un lado, de si existe un derecho a la objeción de conciencia susceptible de hacerse valer por los padres en nombre de sus hijos menores para eximirles de cursar una materia del currículo escolar que provoca su repulsa por razones ideológicas y, de otro, si los contenidos en discusión de las asignaturas polémicas entrañan una infracción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución, como ya se dijo anteriormente, esta Sala, en sentencias de 11 de febrero de 2009 (recursos de casación números 948/2008, 949/2008 y 1013/2008), tras declarar haber lugar a los recursos de casación interpuestos, ha desestimado los recursos contenciosos-administrativos planteados en términos sustancialmente idénticos al recurso objeto de las presentes actuaciones.
Haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2 de octubre de 2009, que anulamos, confirmando la validez de la Orden del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León de 30 de julio de 2008. No hacemos imposición de costas.
FECHA15/12/2010
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Juan José González Rivas A LASENTENCIA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN 155/2010.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretario, certifico.-