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Timestamp: 2018-05-23 16:42:44
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Unidad 5. La Corona [7218] | Organización Constitucional del Estado (UAB) | Unybook
Unidad 5. La Corona (2014)
gsamaniegoasenjo
Unidad 5. La Corona
Unidad 5 de Organización Constitucional del Estado referente a la Corona.
Organización Constitucional del Estado Unidad 5. La Jefatura del Estado.
Se establece la que la Monarquía que se constituye en España es la Monarquía parlamentaria, en la que las Cortes Generales, como único órgano que representa al pueblo español, están dotados de todo el poder de dirección política que la Constitución no haya atribuido expresamente a otro órgano.
Es decir, la Constitución cualifica la Monarquía constituida como un elemento de la forma política del Estado en la que el Rey “reina, pero no gobierna”. Las atribuciones constitucionales de la Corona deben ser atendidas como las correspondientes a un órgano del Estado situado en el exterior del proceso político de gobierno.
1. La evolución de la monarquía La monarquía ha tenido tres grandes fases hasta llegar a la monarquía parlamentaria que es el sistema existente en España y el que se establece en la Constitución.
 La monarquía absoluta.
o  El monarca concentraba en su persona todo el poder.
o A partir de las transformaciones sociales, económicas de la ilustración se comienza a cuestionar la legitimidad de la concentración de poder en manos del monarca y se plantea la necesidad de restringir y limitar los poderes.
o Las limitaciones fueron establecidas en los primeros textos constitucionales (revolución francesa, revolución americana, constitución de Cádiz). A partir de ello se origina la denominación de esta etapa.
o El rey mantiene el poder ejecutivo y algunas atribuciones respecto del poder legislativo (podía disolver y/o suspender las cámaras, derecho de veto). El presidente del gobierno debía tener la doble confianza tanto del rey como del parlamento.
 La monarquía parlamentaria.
o El rey deja de tener todo tipo de poder efectivo los cuales son asumidos respectivamente por el ejecutivo, el parlamento (poder legislativo), y el poder judicial.
2. La monarquía parlamentaria En el artículo 56.1 de la Constitución española regula la institución de la Jefatura del Estado, dentro del modelo previamente definido de Estado social y democrático de Derecho.
Se establece que la Monarquía que se constituye en España es la Monarquía parlamentaria, en la que las Cortes Generales, como único órgano que representa al pueblo español, están dotados de todo el poder de dirección política que la Constitución no haya atribuido expresamente a otro órgano.
La monarquía es una institución histórica que aparece regulada y reconocida en la Constitución como consecuencia de su larga tradición y de forma más inmediata por las previsiones sucesoras del régimen anterior. La legitimación de este 1 modelo de Estado se debe a la aprobación por parte de las Cortes Generales del texto constitucional, así como el referéndum español, por el que se da aceptación a la monarquía.
3. Las funciones del Jefe del Estado. El Rey Nuestro sistema es una monarquía parlamentaria con un sistema parlamentario racionalista. La parte orgánica de la Constitución se abre con un Título dedicado a la Corona, como institución que expresa la unidad del Estado. El rey ejerce tres grandes bloques de funciones: las funciones simbólicas, las funciones regladas y las funciones debidas u otorgadas.
Las funciones simbólicas “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones institucionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes” (artículo 56 de la CE).
Representa la unidad y la permanencia del Estado pero no ejerce ningún poder o atribución. En el ejecutivo, legislativo y judicial, como Jefe de los ejércitos, como Presidente de las Reales Academias. El Rey reina pero ni gobierna ni manda.
Sólo ejerce el papel de símbolo.
El Rey no tiene capacidad de decisión y todos los actos del Rey deben de ser refrendados (autorizados) o bien por el Presidente del Gobierno o bien por un Ministro. De todos los actos políticos se deriva responsabilidad, pero como el Rey es irresponsable política y penalmente, quienes refrendan sus actos asumen la responsabilidad de los mismos. En consecuencia, los actos del Rey “estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez si dicho referendo” (CE 56.3.).
De esta forma, todos los actos públicos del Rey tienen que ser autorizados y los actos privados autorizados por el jefe de la Casa del Rey que tiene rango de Ministro. Solo debemos hacer caso a los dictámenes del Rey siempre y cuando este refrendado.
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho referendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
La Constitución establece que la inviolabilidad del Rey es personal (artículo 56 de la CE), y que por tanto no incluye a su familia. El Tribunal Supremo es el competente para juzgar a los miembros de la familia real. En el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial: además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
Dentro de la función simbólica está la función moderadora y arbitral. La función reglada son los actos y facultades, aun cuando sean meramente simbólicos, que están taxativamente descritos por la Constitución y las leyes. El Rey sólo puede hacer lo que la Constitución y las leyes le autorizan (artículo 56.1. de la CE) y en sentido inverso, no podrá hacer lo que la Constitución y las Leyes no autoricen. Por último tiene una función debida u obligada. El rey está obligado a realizar los actos que la Constitución le marca.
La Constitución autoriza al Rey a efectuar de forma libre: 2  La distribución del dinero asignado como dotación de la corona incluida en los presupuestos generales para el desarrollo de sus funciones y el sostenimiento de la familia, la casa. (dinero + patrimonio nacional).
Con el presupuesto de la Casa se pagan retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal de alta dirección, de dirección y laboral de esta organismo; los gastos de funcionamiento, como el material de oficina y determinados suministros, los gastos de protocolo y de representación, como son los almuerzos, las cenas y las recepciones; las dietas y los gastos de transporte, los viajes por el interior de España, etcétera.
Este año se le ha distribuido a la casa Real 7.775.040 euros (sin contar gastos de seguridad). Al Rey le corresponden 140.519. (que le toca a cada miembro)  Nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de la Casa Real.
4. La proclamación del Rey Los requisitos para la proclamación. (Artículo 61). El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentees al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
5. La sucesión de la Corona La sucesión de la Corona. (Artículo 57). La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Este orden sucesorio significa que la Corona corresponde, sucesivamente, a los hijos varones del Rey y a sus descendientes, a las hijas del Rey y sus descendientes, a los hermanos del Rey y sus descendientes, a los tíos y tías del Rey y sus descendientes, a los primos y primas del Rey y sus descendientes, siempre en orden de edad y con preferencia de los varones sobre las mujeres entre las personas con igual grado de parentesco.
El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España: príncipe de Viana – Reino de Navarra; príncipe de Gerona – Corona de Aragón; Duque de Montblanc, Conde de Cervera, Señor de Balaguer, etc.
6. La Regencia La Regencia. (Artículo 59). Es a Institución que ejerce las funciones del Rey cuando éste es menor de edad o está incapacitado o inhabilitado para reinar.
- Cuando el Rey es menor de edad (Artículo 59 de la CE): cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.
- Si el Rey fuera mayor de edad. (artículo 59). Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad (por ejemplo en supuestos de incapacidad física o mental absoluta, y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales.
3 Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, está será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
7. La Tutela La Tutela. Artículo 60 de la CE. La tutea es la institución que vela por la educación, formación, salud, del rey menor de edad. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será el tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos.
En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente, y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.
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