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Timestamp: 2013-06-19 05:13:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 57', 'artículo 168', 'artículo 60', 'artículo 68', 'artículo 99', 'artículo 97', 'artículo 137', 'artículo 103', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 117', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 119', 'artículo 24', 'artículo 541', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 143', 'artículo 148', 'artículo 163']

Constitución_Española_de_1978 : definition of Constitución_Española_de_1978 and synonyms of Constitución_Española_de_1978 (Spanish)
Constitución española de 1978, según el humorista Forges
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe del Estado, el general Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria.[4]
La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas,[8] rigiendo entre ellos el principio de solidaridad.[9] [10] Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías, las Comunidades Autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado regional. Las Entidades Locales, como los Municipios y las Provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en base a criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las Comunidades Autónomas.[11]
La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional.[14] En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores de 18 años),[15] de los representantes del pueblo soberano en las Cortes, configuradas en base a un bicameralismo atenuado integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas Cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del Presidente del Gobierno, y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias.
El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados,[16] que dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura, que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido Presidente del Gobierno.
Artículo principal: Historia del constitucionalismo español.
Sometido a referéndum, fue ratificado el día 6 de diciembre de ese mismo año por el 87,78 por 100 de votantes que representaba el 58,97 por 100 del censo electoral[17] , sancionado el día 27 de diciembre por el rey, y publicado en el BOE el 29 de diciembre (se evitó el día 28 por coincidir con el día de los Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado a las bromas). Desde 1986,[18] cada 6 de diciembre es un «día nacional» (sin sustituir al tradicional Día de la Hispanidad, el 12 de octubre) en el Reino de España, celebrándose el Día de la Constitución.
Enrique Tierno Galván sería el encargado de elaborar el Preámbulo de la Constitución Española de 1978, cuya redacción se caracteriza por su naturaleza utópica.[19] El texto hace especial mención a los valores democráticos, al respeto de los derechos humanos y a la consagración del Estado de Derecho, esbozando así los objetivos fundamentales de la Constitución.
La rigidez queda manifestada en el Título X, que señala el procedimiento para la modificación constitucional,[20] estableciendo además la necesidad de un procedimiento agravado para alterar determinados preceptos constitucionales.[21] El texto queda así a salvo de modificaciones realizadas bajo el procedimiento legislativo ordinario, y sin embargo, puede ser adaptado a las nuevas realidades sociales sin necesidad de interrumpir la continuidad jurídica del ordenamiento.
La Constitución hace mención expresa a los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica, de responsabilidad, y finalmente, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.[22]
Artículo principal: Estado de Derecho.
Artículo principal: Estado social.
La consagración del Estado social implica que los poderes públicos no sólo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.[23]
De esta manera, la Constitución recoge una serie de preceptos donde se busca una redistribución de la renta más justa[24] y equitativa.[25]
En cuanto a la participación ciudadana en el poder judicial, la Constitución reconoce en su artículo 125 el derecho a participar mediante el ejercicio de la acción pública y mediante su participación en la institución del jurado, si bien estos derechos quedan condicionados a la forma en que son regulados por ley.[26]
Artículo principal: Monarquía parlamentaria.
Artículo principal: Comunidad autónoma.
La Constitución de 1978 desarrolla la tabla de derechos fundamentales más amplia del constitucionalismo histórico español. La doctrina coincide en que se trata de una enumeración abierta, que permite la posible inclusión de nuevos derechos fundamentales que sean inherentes a la dignidad de la persona[27] mediante la modificación constitucional, la interpretación jurisprudencial o la suscripción de acuerdos y tratados internacionales.
La naturaleza dualista de los derechos fundamentales ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.[28] En su primera vertiente, son derechos subjetivos en favor de las personas, que tienen por sujeto pasivo a los poderes públicos. Por otro lado, también son valores que configuran el sistema político, legitimándolo frente al ciudadano.
Respecto al disfrute de los Derechos Fundamentales por parte de extranjeros, la jurisprudencia constitucional[29] ha interpretado el artículo 13.1 reconociendo tres supuestos:
Los derechos de participación contenidos en el artículo 23, en un principio, sólo se atribuían a los españoles, situación incompatible con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y que hizo necesaria la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, donde se añadió una excepción referente al derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales.[30]
Respecto a la posición de las personas jurídicas, y su posible titularidad de derechos fundamentales, hay que destacar que existe una reiterada jurisprudencia constitucional que les atribuye el derecho de asociación,[31] el derecho al honor,[32] a la tutela judicial efectiva,[33] a la inviolabilidad del domicilio,[34] y a la libertad de expresión e información.[35]
Sólo puede acudirse al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una vulneración del artículo 14, de la objeción de conciencia del artículo 30,[36] o de los artículos comprendidos en la Sección I, que incluye:
La reserva de Ley supone que el desarrollo normativo de determinadas materias no puede realizarse mediante Reglamento. En el caso de los Derechos Fundamentales, la Constitución establece la reserva de Ley para todo el Capítulo II,[37] incluyéndose también los principios rectores contenidos en el Capítulo III.[38] Por otro lado, la Constitución también establece una reserva de Ley Orgánica para los Derechos Fundamentales contenidos en la Sección I del Capítulo II.,[39] que además no podrán ser regulados por Decreto-Ley[40] ni mediante delegación legislativa.[41]
Junto con el Defensor del Pueblo, las garantías institucionales de los Derechos Fundamentales incluyen también la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos que afecten a tales Derechos, actuando en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.[42]
Los Derechos Fundamentales contenidos en la Sección I (incluyendo los artículos 14 y 30.2) serán tutelados por los Tribunales ordinarios siguiendo un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Agotada la vía judicial ordinaria, se legitima a los particulares para acceder al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.[43]
De igual manera, la jurisdicción constitucional puede tutelar las vulneraciones de Derechos Fundamentales (no sólo de la Sección I) mediante el recurso de inconstitucionalidad,[44] que no obstante, cuenta con graves restricciones en cuanto a los órganos legitimados para interponerlo, estando exclusivamente a disposición del Presidente del Gobierno, del Defensor del Pueblo, de 50 diputados, de 50 senadores o del órgano legislativo o ejecutivo de una Comunidad Autónoma.[45]
Ciertas garantías de los Derechos Fundamentales tienen también el rango de Derecho Fundamental. Así sucede con el procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de un detenido[46] o el derecho a la tutela judicial efectiva[47] y a un proceso con las debidas garantías (presunción de inocencia, derecho a la defensa, juez predeterminado por la Ley, etc.)[48]
Artículo principal: Monarquía española.
De ello se deduce que la capacidad real de decisión de la Corona es prácticamente nula, salvo en lo relativo al nombramiento de miembros civiles y militares de la Casa Real.[49]
Una segunda vertiente del refrendo sería la relativa a la eventual responsabilidad por tales actos, que recaerá en la persona que los refrende[50] dado que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.[51]
El artículo 57 regula la sucesión en el trono, estableciendo que seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.[52]
En el supuesto de que se extinguieran todas las líneas llamadas a suceder al trono, serán las Cortes Generales las encargadas de elegir sucesor.[53] La intervención de las Cortes, junto con el Rey, también se plantea en lo relativo a la potestad de prohibir el matrimonio de quien tenga derecho a suceder, prohibición que de ser incumplida, excluye al sucesor y a sus descendientes de la posibilidad de acceder a la Corona.[54]
El Informe del Alto Órgano Consultivo, de 16 de febrero de 2006, se mostraba partidario de dicha reforma, así como de la inclusión de un precepto que señalara el uso indistinto del término Rey o Reina. Sin embargo, también se encarga de destacar que habría de seguirse el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168.[55]
Ante la minoría de edad del Rey, se nombrará Regente del Reino al padre o madre del Rey, y en su defecto, al mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. Por otro lado, ante el supuesto de que el Rey se inhabilitare y tal imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, ostentará la Regencia el Príncipe heredero, siempre que sea mayor de edad. Si no lo fuera, y hasta que lo sea, se procederá de la misma manera que la dispuesta para el supuesto de la minoría de edad del Rey.[56]
Como cláusula de cierre para nombrar Regente, si no es posible hallarlo por los procedimientos mencionados, la Constitución se remite al nombramiento por voluntad de las Cortes Generales, que harán recaer la Regencia en una, tres o cinco personas de su elección.[57]
La minoría de edad del Rey también implica la aparición de un tutor que actúe en Su nombre e interés, y cuya posición será incompatible con el desempeño de todo cargo o representación política.[58] El artículo 60 de la Constitución establece como tutor a la persona que haya nombrado el difunto Rey en su testamento, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. En su defecto, la tutela recaerá en el padre o la madre del Rey menor, siempre que permanezcan viudos. Si tampoco fuera posible, las Cortes Generales serán las encargadas de nombrar tutor.
Artículo principal: Cortes Generales.
El Título III de la Constitución (artículos 66 a 96) está dedicado a la regulación de las Cortes Generales, órgano constitucional que ejerce la representación del pueblo español y está compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado.[59] La preponderancia del Congreso sobre el Senado configura un parlamentarismo bicameral atenuado.
Las Cámaras se dotan de sendos Reglamentos para su organización interna.[60] El Reglamento del Congreso de los Diputados fue aprobado por Resolución de 24 de febrero de 1982, mientras que el Reglamento del Senado reside en el Texto Refundido de 3 de mayo de 1994. Para las sesiones conjuntas, se reunirán en Cortes Generales que presidirá el Presidente del Congreso, y que se regirá por un Reglamento aprobado por mayoría absoluta por ambas cámaras.
La Constitución establece como órganos de cada Cámara, un Presidente y una Mesa.[61] También establece una Diputación permanente por Cámara, que desempeñará ciertas funciones (convocatoria extraordinaria, declaración de estados de alarma, excepción y sitio) en los periodos en que no se halle convocada la Cámara.[62]
El Título V (artículos 108 a 116), bajo el epígrafe "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales", está dedicado al citado control de las Cortes sobre la actuación del Gobierno. Aquí se regulan mecanismos que pueden suponer el cese del Gobierno, como la moción de censura[63] y la cuestión de confianza.[64] Por otro lado, también se incluyen mecanismos de control propiamente dicho, como las facultades de preguntar e interpelar;[65] la facultad de recabar ayuda e información del Gobierno y la Administración;[66] o la facultad de solicitar la presencia de un determinado miembro del Gobierno.[67]
El funcionamiento de las Cámaras se producirá en Pleno o por Comisiones.[68] El Pleno se constituye por la reunión de todos los diputados. Las Comisiones son pequeñas unidades de trabajo cuyos miembros son designados por los Grupos Parlamentarios en proporción a su presencia en la Cámara. Las Comisiones conocen de los proyectos y asuntos que les encomienda la Mesa de la Cámara, delegando en ellas el Pleno para la aprobación de proyectos y proposiciones de Ley. Sin embargo, no podrán actuar en cuestiones relativas a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.[69] Respecto a los tipos de Comisión, hay que distinguir entre Comisiones permanentes y no permanentes; y legislativas y no legislativas.
Artículo principal: Congreso de los Diputados.
El artículo 68 de la Constitución regula la composición del Congreso de los Diputados, que deberá contar con entre 300 y 400 parlamentarios.[70] A fecha de 2010, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, cuenta con 350 miembros.
Los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley;[71] estableciéndose como circunscripción electoral la Provincia.[72] De esta manera, se asignan dos escaños por Provincia, además de uno por Ceuta y otro por Melilla. El resto de escaños se distribuye siguiendo criterios poblacionales.[73] La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.[74]
De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General la asignación de escaños por cada circunscripción se hace en función del Sistema D'Hondt, estableciéndose un criterio de proporcionalidad corregida. El sufragio se produce sobre listas cerradas y bloqueadas, y no se computan las candidaturas que no alcancen el 3% de los votos válidos en la Circunscripción de que se trate (se considera voto válido el voto a las candidaturas y el voto en blanco, pero no el nulo).[75] [76]
Artículo principal: Senado de España.
Artículo principal: Gobierno de España.
La función política incluye un amplio y variado conjunto de actos que comprende desde el establecimiento de un programa político y unas directrices administrativas de ámbito social y económico hasta la declaración de guerra y la dirección de las Fuerzas Armadas. También hay que señalar los actos relativos a la política exterior (negociación de tratados internacionales), la interposición de recurso de inconstitucionalidad,[77] la disolución de las Cortes,[78] la convocatoria de referéndum consultivo,[79] o la intervención en la Comunidad Autónoma que incumpla sus obligaciones.[80]
La función normativa se divide a su vez en dos categorías. En primer lugar, una función legislativa compartida con las Cortes y supeditada a ellas, consistente en la atribución de iniciativa legislativa (Proyecto de Ley),[81] la producción de Decretos legislativos previa delegación parlamentaria[82] y la emisión de normas urgentes con rango de Ley, conocidas como Decretos-leyes, que habrán de ser posteriormente convalidadas o derogadas por el Congreso de los Diputados.[83]
Artículo principal: Consejo de Ministros de España.
El Consejo de Ministros es un órgano colegiado que se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley.[84] Nótese que el precepto citado finaliza con la posibilidad de incluir nuevos miembros mediante la Ley, si bien esta posibilidad ha tenido un uso restringido, pudiendo citar como mayores novedades la inclusión de una secretaría del Consejo de Ministros encarnada en el Ministerio de la Presidencia o la aparición de posibles ministros sin cartera.[85]
Artículo principal: Presidente del Gobierno de España.
La Presidencia del Gobierno es un órgano unipersonal cuyo titular dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo.[86] La Constitución le asigna un papel fundamental al atribuirle el nombramiento y cese de Ministros, Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno.[87]
La formación del propio Gobierno se produce a través de la investidura presidencial,[88] acto por el que el Congreso de los Diputados deposita su confianza política en el Presidente para que éste forme Gobierno. Ese vínculo de confianza se da entre el Congreso y el Presidente, no entre el Congreso y el Gobierno, de manera que la eventual responsabilidad política recaerá directamente sobre él (mociones de censura y cuestiones de confianza) e indirectamente sobre el resto del Gobierno.
Tal es la importancia del Presidente dentro del Gobierno que su dimisión, fallecimiento o retirada de confianza parlamentaria supone el cese automático del Gobierno en su conjunto.[89] En un sentido formal, su importancia se manifiesta dentro del Consejo de Ministros, cuya presidencia se le atribuye, correspondiéndole por lo tanto la convocatoria de sus sesiones, la fijación del orden del día y la dirección de las deliberaciones que se produzcan en su seno. En la práctica, la voluntad del Presidente se impone sobre la del resto de miembros que compongan el Consejo de Ministros.
La Constitución atribuye al Presidente, de forma directa, un variado elenco de funciones, entre las que cabe destacar el deber de informar al Rey, el refrendo de sus actos,[13] la facultad de pedirle que presida el Consejo de Ministros,[90] la competencia para convocar referéndum consultivo,[91] para someterse a la cuestión de confianza ante el Congreso,[64] e incluso estará habilitado para disolver las Cortes Generales (una de las Cámaras, o ambas).[92] Finalmente, la Constitución también le hace competente para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.[93]
La Ley del Gobierno concreta un poco más sus funciones, si bien mantiene un carácter indeterminado que convierte a las vicepresidencias en figuras marcadamente flexibles. Cabe señalar la función de sustitución ante la ausencia o enfermedad del Presidente[94] y la genérica atribución de las materias que el Presidente delegue en ellos.[95]
Artículo principal: Ministerio de España.
La Constitución evita ocuparse con detalle de la figura del Ministro. Limitándose a la regulación de sus elementos esenciales, establece su inclusión dentro del órgano de Gobierno.[84] Fuera de esta mención, se establece su nombramiento y cese a voluntad del Presidente del Gobierno,[87] y se hace referencia a su figura de manera esporádica a lo largo del texto constitucional, como es el caso de la mención al refrendo ministerial de algunos actos del Rey.[13]
De esta forma, correlaciona ambos procesos, de manera que la causa necesaria para la formación de un Gobierno se corresponde con el cese del anterior. En el periodo intermedio entre formación y cese, se establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.[96]
El principio de continuidad se hace aún más intenso en la regulación de la moción de censura, a la que nuestra Constitución otorga el carácter de constructiva, exigiendo la proposición de un candidato alternativo en el mismo procedimiento que provocará el cese del Presidente anterior.[97] En este caso, el cambio de Gobierno sería automático, y el lapso entre Gobierno cesante y entrante prácticamente no existe.
Formalmente, el Congreso de los Diputados no puede proponer sus propios candidatos, sino que se debe limitar a aprobar o rechazar el candidato que el Rey propone con el refrendo del Presidente del Congreso, y tras consultar a los distintos grupos parlamentarios.[98]
Materialmente no supone una atribución a la Corona de poder de decisión efectivo, pues dado el caso extremo en que el Rey no propone al candidato que desea el Congreso, éste puede imponerse mediante la moción de censura, que automáticamente nombraría Presidente al candidato parlamentario, sin que el Rey tuviera margen alguno para impedirlo.[97]
La sesión de investidura da comienzo tras la propuesta de candidato por parte del Rey, propuesta que habrá de ser leída ante el Pleno del Congreso de los Diputados por uno de sus Secretarios. Acto seguido, el candidato propuesto expondrá el programa político de su eventual Gobierno y solicitará la confianza parlamentaria para formarlo.[99]
La Constitución no prevé un debate de investidura posterior a tal exposición, si bien el Reglamento del Congreso permite que un representante de cada grupo parlamentario intervenga durante un máximo de treinta minutos.[100] Así mismo, permite turnos ilimitados de réplica por parte del candidato, y posteriores turnos de contrarréplica a los representantes, que dispondrán de un máximo de diez minutos.[101]
La posterior votación supondrá el nombramiento del Presidente si la mayoría absoluta del Congreso vota a favor del candidato y su programa. De no ser así, se celebrará una nueva votación pasadas 48 horas, en las que el candidato podrá ser investido por mayoría simple.[102]
Como cláusula de cierre, la Constitución prevé que en caso de no resultar investido el candidato, se tramitarán sucesivas propuestas siguiendo el mismo procedimiento.[103] Si transcurridos dos meses desde la primera votación, no se ha investido al Presidente del Gobierno, se disolverán las Cámaras y se convocarán nuevas elecciones por mandato del Rey, refrendado por el Presidente del Congreso.[104]
La Constitución recoge como causas del cese del Gobierno la celebración de elecciones generales, la retirada de confianza del Congreso, y la muerte o dimisión del Presidente del Gobierno.[89] De igual manera, el cese del Gobierno debería producirse como consecuencia de una resolución judicial firme contra el Presidente que le impidiera ejercer sus funciones, bien por incapacitación civil, bien por responsabilidad criminal.[105]
En el supuesto de cese por celebración de elecciones, puede darse como consecuencia de la extinción regular del mandato parlamentario de cuatro años,[106] o bien puede producirse a causa de la disolución anticipada de las Cámaras por parte del Presidente del Gobierno[92]
El cese por la retirada de la confianza política del Congreso tiene lugar mediante los procedimientos de responsabilidad política, compuestos por la cuestión de confianza y la moción de censura.[107] Ambas figuras son mecanismos habituales y necesarios en los parlamentarismos.
Finalmente, la Constitución habla del cese del Gobierno por dimisión o fallecimiento de su Presidente. Se trata de una posición coherente con el sistema de investidura, que sitúa el vínculo de confianza entre el Congreso de los Diputados y el Presidente del Gobierno, no con el Gobierno en sí, o con sus miembros individualmente considerados.[89]
La Constitución dedica su Título V (artículos 108 a 116) a determinar y concretar las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El sistema parlamentarista, consagrado como principio constitucional,[7] implica que el Gobierno ha de ser controlado por las Cortes Generales. Ese control parlamentario se explica por el vínculo de confianza que preside la relación entre ambos poderes, y puede adoptar dos formas.
En segundo lugar, se establece una responsabilidad política y solidaria del Gobierno ante el Congreso de los Diputados,[16] que podrá forzar su cese mediante votación parlamentaria, bien por iniciativa del propio Gobierno (cuestión de confianza), bien por iniciativa parlamentaria (moción de censura). En esta ocasión, la decisión parlamentaria es jurídicamente vinculante, y supone el cese constitucionalmente obligatorio del Gobierno.[107]
La obtención de información gubernamental o administrativa por parte del Pleno o de una de sus Comisiones se habrá de realizar a través del Presidente de la Cámara en cuestión. También se establece la potestad parlamentaria para recabar información de los órganos de las Comunidades Autónomas.[66]
El control presencial de los miembros del Gobierno por parte del Pleno o de las Comisiones de una Cámara tiene su contraprestación en la facultad atribuida a los miembros del Gobierno para asistir a las reuniones parlamentarias y hacerse oír en ellas.[108]
Respecto a las preguntas e interpelaciones parlamentarias al Gobierno, la Constitución obliga a dedicarles un periodo mínimo semanal que será regulado en los Reglamentos de las Cámaras. También señala que las interpelaciones podrán dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición al respecto.[109]
Los Reglamentos de las Cámaras han regulado con profusión las preguntas e interpelaciones, distinguiendo ambas figuras en función de su naturaleza. De esta manera, las preguntas versan sobre hechos o temas concretos, y permiten un debate muy ágil entre el parlamentario que formula la pregunta y el miembro del Gobierno que la responde. Por su parte, las interpelaciones han de versar sobre temas de política general, y permiten un debate más sosegado en el que pueden intervenir representantes de los distintos grupos parlamentarios.[110]
Finalmente, el Pleno de una Cámara puede decidir crear una Comisión de investigación para controlar cualquier asunto que afecte al interés público, incluyendo la actuación del Gobierno. La investigación se compondrá de facultades análogas a las mencionadas (obtención de información, control presencial y preguntas) y su resultado no vinculará ni afectará a las resoluciones judiciales, si bien, se podrá informar de las conclusiones al Ministerio Fiscal.[111]
La cuestión de confianza se presenta al Congreso por iniciativa del Presidente del Gobierno, previa deliberación en el Consejo de Ministros. El otorgamiento de la confianza se produce por mayoría simple, y supone la continuidad del Gobierno.[64] Si el Congreso no otorgase su confianza, se produciría el cese del Gobierno y la apertura del antes visto procedimiento de investidura regulado en el artículo 99.[112]
La moción de censura ha de incluir un candidato alternativo (moción constructiva), y se presenta a iniciativa de una décima parte del Congreso de los Diputados.[113] Durante dos días, a contar desde su presentación, podrán plantearse mociones alternativas; pasados cinco días será sometida a votación en el Pleno.[114] Si fuese aprobada por mayoría absoluta[115] se producirá el cese del Presidente (y demás miembros del Gobierno), y su sustitución por el candidato alternativo.[97] En el supuesto de que la moción de censura fracase, sus signatarios no podrán presentar otra durante lo que reste de periodo de sesiones.[116] Finalmente, hay que destacar que durante la moción de censura, el Presidente del Gobierno no podrá disolver las Cámaras.[117]
Artículo principal: Administración Pública de España.
La Administración Pública se configura como el aparato de servicio y gestión del interés general.[118] Pese a que el texto constitucional menciona una única Administración, ha de entenderse que como consecuencia del Estado de las Autonomías existe una pluralidad de Administraciones territoriales (General, autonómicas y locales) de las que a su vez dependen multitud de administraciones instrumentales.[119]
La Constitución apenas detalla la organización de la Administración Pública, si bien exige que sus órganos sean creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.[120] Por otra parte, la mención que el artículo 97 hace, acerca de la dirección que el Gobierno ejerce sobre la Administración civil, debe entenderse restringida a la Administración General del Estado. Cabe recordar que según el artículo 137, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; e igualmente, todas estas entidades están dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, es decir, cada una de ellas dirige su propia Administración.
Audiencia de los ciudadanos: Bien a través de organizaciones, bien individualmente, se prevé que los ciudadanos hayan de ser oídos durante la elaboración de las normas administrativas que les afecten.[121]
Acceso ciudadano a archivos y registros: Del mandato constitucional se exceptúa la información que pueda suponer un riesgo para la Seguridad y Defensa del Estado, afectar a la averiguación de un delito o atentar contra el derecho a la intimidad.[122]
Procedimiento administrativo: Se requiere la regulación de un procedimiento para la producción de actos administrativos. También se programa, cuando proceda según la Ley, la audiencia de los interesados.[123]
Responsabilidad patrimonial: La lesión de bienes y derechos de los particulares como consecuencia de la actividad administrativa supone el nacimiento de un derecho de indemnización a favor de los perjudicados, en los términos que señale la Ley.[124]
Los principios constitucionales que rigen la actuación de la Administración Pública sirven de base para el posterior desarrollo de los aspectos funcionales y organizativos de las distintas administraciones. La Constitución contempla el principio de objetividad, de eficacia, de jerarquía, de descentralización, de desconcentración, de coordinación, y de sometimiento a la Ley y al Derecho.[118]
El artículo 103.1, contenedor de los principios antes dichos, comienza afirmando que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales. El principio de objetividad se pone en relación con la imparcialidad de los funcionarios públicos,[125] y con la interdicción de la arbitrariedad administrativa.[22] La Administración no podrá actuar o hacer distinción de trato entre los administrados, sino de acuerdo a los fines justificados que deriven de la Ley. De esta última forma, el principio de objetividad puede ponerse en relación con el principio de igualdad de trato contenido en el artículo 14.
Respecto al principio de eficacia, hay que señalar la voluntad constitucional de que la actividad administrativa consiga los resultados perseguidos al servicio de los intereses generales. En íntima relación con el principio de coordinación entre administraciones, se manifiesta de modo paradigmático en la encomienda de gestión y en la obligación, que recae en las diversas administraciones, de prestarse mutuamente la información necesaria para el eficaz ejercicio de sus competencias.[126]
Sobre el principio de jerarquía se puede discernir una doble vertiente, normativa y administrativa. La jerarquía normativa supone una subordinación de las normas de rango reglamentario a las normas con rango de Ley, y en última instancia, a las normas constitucionales.[22] La jerarquía administrativa implica una organización piramidal en la que dentro de una misma Administración existen órganos jerárquicamente superiores, encargados de la dirección, supervisión e inspección de los órganos jerárquicamente inferiores. Estos últimos podrán recibir funciones delegadas de sus superiores, acudir a ellos por conflictos de competencia con órganos jerárquicamente iguales, y eventualmente, responder disciplinariamente ante ellos. El recurso de alzada contra actos de órganos inferiores es resuelto por el órgano superior, y así mismo, el superior podrá avocar para sí alguna competencia del órgano inferior.
Finalmente, respecto al principio de sometimiento a la Ley y al Derecho, es el reflejo administrativo del principio de vinculación contenido en el artículo 9.3. En el caso de la Administración, se produce una vinculación positiva, de manera que ésta sólo puede hacer lo que la Ley le permita. Por el contrario, los ciudadanos están sujetos a una vinculación negativa, pudiendo hacer todo lo que la Ley no prohíba. Por otra parte, este principio ha de ponerse en conexión con el de objetividad, de manera que la Administración sólo usará como parámetro de actuación aquello que la norma disponga. Así, la discrecionalidad administrativa está limitada por un núcleo reglado fijado normativamente, y sus actos no pueden apartarse de los fines previstos sin incurrir en desviación de poder. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa se encargará de garantizar este principio, dado que la Constitución afirma que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.[127]
El Título VI de la Constitución (artículos 117 a 127) se encarga de la regulación esencial del Poder Judicial. Los principios que tales preceptos establecen buscan consolidar un Poder Judicial totalmente independiente y capaz de desarrollar adecuadamente la potestad jurisdiccional. Con el mismo objetivo, la Constitución regula el estatuto de Jueces y Magistrados, configurando además un órgano de gobierno judicial encarnado por el Consejo General del Poder Judicial.[128] También se recoge la existencia de un Ministerio Fiscal que promoverá la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público.[42]
El Título constitucional comienza con el artículo 117, afirmando que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial [...] sometidos únicamente al imperio de la Ley.[129] Tal precepto define la posición que ocupará el Poder Judicial dentro de la estructura político-constitucional.
Así, en primer lugar, la justicia emana del pueblo, aseveración, respaldada por el artículo 1.2, que se manifiesta en una doble vertiente. Por un lado, se alude a la legitimidad democrática que ostenta el Poder Judicial, derivada de la legitimidad de la propia Constitución. Por otro, se hace referencia a la intervención del pueblo soberano en la Administración de Justicia, concretamente mediante la figura de la acusación popular y la institución del Jurado.[26]
La Constitución pretende dotar de independencia al Poder Judicial[129] estableciendo las bases del estatuto de Jueces y Magistrados, que necesariamente habrá de ser regulado mediante Ley Orgánica.[130]
Los Jueces y Magistrados serán inamovibles[129] y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.[131] Igualmente, los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario se dejarán en manos del Consejo General del Poder Judicial,[128] órgano de gobierno del Poder Judicial, independiente del resto de poderes constitucionales.
La Constitución también trata de asegurar la imparcialidad judicial mediante un régimen de incompatibilidades cuya regulación delega en el legislador; en todo caso, se establece que los Jueces y Magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.[132]
La Constitución sienta el principio de exclusividad jurisdiccional en un doble sentido, positivo y negativo. De manera positiva, el Poder Judicial es excluyente, y la actividad jurisdiccional sólo podrá ser ejercida por los Juzgados y Tribunales que la ley determine,[133] prohibiendo jurisdicción alguna por parte del Gobierno y de la Administración; e incluso del Parlamento, cuyas Comisiones de investigación no vincularán a los Tribunales.[134]
El sentido negativo del principio implica la dedicación exclusiva de los Jueces y Tribunales a la actividad jurisdiccional y a las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.[133] Habría que destacar la vinculación de este principio con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones establecido en la Constitución.[132]
La Constitución afirma que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.[135] Tal unidad hace referencia al territorio, está estrechamente relacionada con la prohibición de los tribunales de excepción.[136]
El artículo 122.1 plantea una distinción entre Jueces y Magistrados, que efectivamente formarán un cuerpo único; y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para el que no rige el principio de unidad. De esta manera, las Comunidades Autónomas han obtenido las competencias para encargarse de dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios que les sirven de sustrato material o personal, mientras que la función jurisdiccional y de gobierno del Poder Judicial resulta intransferible.[137]
La Jurisdicción militar actuará en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.[138]
Los Tribunales consuetudinarios y tradicionales, de naturaleza muy restringida, constituye un supuesto de participación popular en la administración de justicia.[139]
El Tribunal de Cuentas contará con una jurisdicción propia[140] relativa a la responsabilidad en que incurran los titulares de cargos que se ocupen del manejo de caudales públicos.[141] Ello sin perjuicio de la recurribilidad de sus decisiones ante el Tribunal Supremo.
Los titulares de determinados cargos serán aforados, y por lo tanto, supondrán una excepción al principio del juez natural dentro del unitario Poder Judicial. Es el caso, entre otros, de los parlamentarios[142] y de los miembros del Gobierno,[105] que serán juzgados por el Tribunal Supremo.
La plenitud jurisdiccional tiene dos caras. Por un lado, supone que los jueces han de resolver, en todo caso, los asuntos de que conozcan, y no podrán ampararse en la oscuridad de la norma o sus lagunas para negar una resolución, pues supondría negar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.[143]
Por otra parte, esa misma tutela judicial efectiva implica la obligación pública de cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales, y colaborar tanto en la resolución del proceso como en su posterior ejecución.[144]
Los principios procesales contenidos en el Título VI establecen la gratuidad de la justicia en las condiciones que la Ley determine;[145] la publicidad del proceso y su sentencia;[146] la predominante oralidad del proceso;[147] y la necesaria motivación de la sentencia.[148]
La gratuidad del proceso contenida en el artículo 119 se deja en manos del legislador, y así mismo, se establece necesariamente para quienes no posean medios suficientes para litigar. La asistencia jurídica gratuita se convierte así en un derecho de tipo prestacional, relacionado con el principio del Estado Social de Derecho, si bien su exacta delimitación quedará en manos del legislador, atendiendo a los intereses públicos y a las concretas disponibilidades presupuestarias.[149]
La publicidad del proceso[146] y de la sentencia[148] está consagrada como Derecho Fundamental en el artículo 24.2. Siendo parte fundamental del debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene por misión, por un lado, proteger a las partes de una justicia substraída al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho.[150] Adicionalmente, el Tribunal Constitucional también ha vinculado el principio de publicidad con el derecho a recibir libremente información.[151]
Respecto al principio de oralidad predominante, la Constitución lo establece especialmente en materia criminal.[147] Con ello se pretende favorecer la obtención de información por parte del Juez mediante el contacto directo e inmediato con las partes. Por otra parte, se produce una nueva remisión al legislador para delimitar el contenido exacto del principio. Por su parte, la Ley ha respetado la oralidad predominante en los procesos penales, aunque la ha limitado en los procesos civiles, mercantiles o contencioso-administrativos, que son predominantemente escritos.
Finalmente, el principio de motivación de las resoluciones judiciales[148] busca evitar la arbitrariedad de los Jueces y Magistrados en el desempeño de su actividad jurisdiccional. Estarán obligados, por lo tanto, a dictar resoluciones razonadas y argumentadas conforme a Derecho, debiendo fundamentar jurídicamente toda decisión o fallo.
A semejanza de la responsabilidad patrimonial administrativa, la Constitución establece una responsabilidad directa del Estado, que deberá indemnizar los daños causados por error judicial o a consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.[152] El texto constitucional se remite de nuevo al desarrollo legislativo de este principio, que se produce en el Título V del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se trata de una responsabilidad patrimonial distinta a la eventual responsabilidad disciplinaria, civil o criminal en que pudieran incurrir los Jueces y Magistrados por el desempeño antijurídico de sus obligaciones. Por otra parte, la jurisprudencia Constitucional ha establecido que para que el daño sea indemnizable, el particular tendrá que haber agotado todos los medios de defensa procesal con los que hubiera podido contar.[153]
La Constitución sólo contiene el núcleo del Estatuto de Jueces y Magistrados, confiando su posterior desarrollo al poder legislativo mediante Ley Orgánica.[84] El Estatuto de Jueces y Magistrados tiene como objetivo principal el dotarles de independencia funcional y personal, conteniendo su regulación en el Libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La independencia con respecto al poder político se manifiesta mediante la creación de un órgano específico de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que se encargará de los nombramientos y de los ascensos, así como de la inspección y del régimen disciplinario.[128] Pese a la independencia funcional del órgano, los miembros del Consejo son elegidos por el Parlamento por un periodo de cinco años.[154]
Por otra parte, el estatuto de los Jueces y Magistrados, tanto en la Constitución como en la Ley, busca asegurar su neutralidad e imparcialidad. Al respecto, se establece la prohibición de ocupar otros cargos públicos y de pertenecer a partidos políticos o sindicatos.[155] También se hace una remisión al legislador para que establezca un régimen de incompatibilidades,[156] que se recoge en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo principal: Consejo General del Poder Judicial de España.
La Constitución esboza las posibles funciones del Consejo General del Poder Judicial mencionando las relativas a nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.[128] En todo caso, no se trata de un órgano de gobierno guiado por criterios de oportunidad política (como el Gobierno de la Nación), sino que sus actos, más o menos discrecionales, habrán de asentarse en la Ley que desarrolla sus funciones, concretamente en el Libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Su composición recibe una regulación constitucional más detallada, estableciendo un total de veinte miembros que serán elegidos por las Cámaras cada cinco años. De esos veinte miembros, doce procederán de la carrera judicial, seis nombrados por el Congreso de los Diputados, y seis nombrados por el Senado. Los ocho miembros restantes serán juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional, cuatro de los cuales serán nombrados por el Congreso, y los otros cuatro por el Senado.[154]
La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 111 a 116) concreta el sistema constitucional de elección, estableciendo que los 12 miembros de la carrera judicial nombrados por las Cortes procederán de 36 candidatos propuestos por las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados, en proporción a su representatividad dentro de la judicatura. De las 36 candidaturas, una fracción proporcional corresponderá a candidatos presentados con el aval de al menos el 2% de los Jueces y Magistrados.[157]
La Constitución también establece que el Consejo General del Poder Judicial será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo.[154] Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será el propio Consejo quien por mayoría de tres quintos proponga a su Presidente, eligiendo por tanto al Presidente del Tribunal Supremo.[158]
Artículo principal: Ministerio Fiscal de España.
La referencia constitucional al Ministerio Fiscal supone la necesaria existencia de un órgano que tenga por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.[42]
La Constitución establece que el Ministerio Fiscal se guiará por los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, imparcialidad y sujeción a la legalidad.[159] Nótese que de tales principios, el único que no comparten con Jueces y Magistrados es el de dependencia jerárquica. El Ministerio Fiscal se organiza jerárquicamente, y su actuación dependerá en última instancia del Fiscal General del Estado, que será elegido por el Gobierno.[160] Por ello, la jurisprudencia constitucional ha negado al Ministerio Fiscal tanto su carácter de órgano administrativo, como su naturaleza auténticamente judicial.[161]
Finalmente, la Constitución señala que el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal habrá de estar regulado por Ley. De esta manera, la Ley Orgánica del Poder Judicial le dedica atención en su artículo 541, confiando su desarrollo a la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.[162]
Artículo principal: Organización territorial de España.
El principio constitucional de autonomía, contenido en el artículo 2, es desarrollado a lo largo del Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización territorial del Estado. De esta manera, la Constitución afirma que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En el mismo sentido, la Constitución les atribuye autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.[8]
El nuevo modelo de Estado políticamente descentralizado fue construido en los años posteriores a la promulgación de la Constitución. El territorio se dividió en Comunidades Autónomas con un ejecutivo propio, así como un poder legislativo encarnado en la Asamblea Autonómica y un Estatuto de autonomía que establece la denominación, el territorio, el modelo organizativo y las competencias que cada Comunidad asume.[163]
La Constitución no establece un modelo territorial acabado, sino que configura lo que Jesús Leguina Villa denominó "Estado unitario regionalizable",[164] es decir, un Estado que permitía el acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones, estableciendo para ello una serie de procedimientos que darían lugar a una posterior regionalización de la totalidad del territorio.
La Carta Magna establecía dos posibilidades de acceder a la autonomía. En primer lugar, la vía rápida, correspondiente a regiones dotadas de la llamada preautonomía (Cataluña, Galicia y País Vasco);[165] de las regiones históricas como Navarra;[166] y de aquellas regiones que superaran el complejo procedimiento del artículo 151 (sólo Andalucía). Tales Comunidades podrían gozar, desde el principio, de todas las competencias que les pudieran ser constitucionalmente atribuidas.
Por otra parte, la llamada vía lenta, contenida en el apartado segundo del artículo 143, supuso el medio por el que se constituyeron la mayoría de las Comunidades Autónomas. En un principio, tan sólo podrían asumir las competencias enumeradas en el apartado primero del artículo 148, debiendo esperar cinco años hasta poder recibir el resto de competencias que no fueran exclusivas del Estado.[167]
Hay que señalar que la Comunidad Valenciana y Canarias, pese a pertenecer al segundo grado, gozaron de competencias propias del primer grado gracias a las transferencias que les realizó el Estado General, en virtud de Leyes de transferencia.[168]
Competencias exclusivas del Estado: Caso de materias relativas a la Defensa y las Fuerzas Armadas.[169]
Competencia legislativa del Estado, y ejecutiva de la Comunidad Autónoma: Sirva de ejemplo la distribución en materia laboral.[170]
Competencia legislativa básica del Estado; competencia ejecutiva y legislativa de desarrollo, de la Comunidad Autónoma: Las materias relativas al Medio Ambiente, por ejemplo.[171]
Así, junto al Municipio y la Provincia, se incluyen figuras como los Cabildos y Consejos insulares;[172] así como otras entidades locales agrupadoras de municipios, distintas de las Provincias.[173]
Por otra parte, la Constitución proyecta las reglas básicas para la Hacienda Local y la financiación de las entidades locales, que dispondrán de tributos propios (pej. Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), así como un porcentaje sobre los tributos estatales y autonómicos.[174]
Artículo principal: Municipio de España.
El Municipio es una Administración Pública que se asienta sobre el territorio del término municipal, gozando de personalidad jurídica propia y autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.[175]
La Constitución establece las bases organizativas del Municipio, al señalar que los Ayuntamientos estarán dirigidos por un Pleno compuesto por Concejales elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; así como por el Alcalde, que será elegido por los Concejales, o directamente por los vecinos.[175]
Artículo principal: Provincia de España.
El ordenamiento constitucional configura a la Provincia como una figura determinada por la agrupación de municipios dentro de unos límites territoriales, cuya modificación exige Ley Orgánica. La Constitución plantea un papel múltiple para la Provincia. De esta manera, no sólo es un ente local, con personalidad jurídica propia y autonomía en la gestión de sus intereses, sino que también cumple la función de división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado,[176] así como la tarea de servir como circunscripción electoral.[177]
Artículo principal: Tribunal Constitucional de España.
De esta manera, el texto constitucional consagra el recurso de inconstitucionalidad,[44] el recurso de amparo,[198] el conflicto de competencia autonómico,[199] las impugnaciones de resoluciones o disposiciones autonómicas[77] y la cuestión de inconstitucionalidad.[200]
Por otra parte, la Constitución precisa un núcleo de legitimación necesaria para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo[45] y de la cuestión de inconstitucionalidad.[200] Para el resto de procedimientos, confía su regulación al desarrollo por Ley Orgánica.[203]
En el caso del recurso de inconstitucionalidad, establece que estarán legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Respecto al recurso de amparo, estará legitimada toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.[45] Finalmente, el artículo 163 regula la cuestión de inconstitucionalidad estableciendo una legitimación implícita a favor de los órganos del Poder Judicial.
Artículo principal: Reforma de la Constitución española.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado.[81] Así mismo, las Asambleas autonómicas tienen atribuida una iniciativa indirecta, pudiendo remitir su propuesta a la Mesa del Congreso, y enviar hasta tres de sus miembros a defenderla ante las Cortes. En igual medida, podrán solicitar al Gobierno que adopte la iniciativa de reforma mediante proyecto de Ley.[204]
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