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Timestamp: 2019-07-17 16:51:32
Document Index: 184587977

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 19', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 31', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 7', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 113', 'Artículo 113', 'Artículo 343', 'Artículo 343', 'artículo 9', 'Artículo 373', 'Artículo 381', 'Artículo 383', 'Artículo 388', 'artículo 388', 'Artículo 388', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 67', 'artículo 50', 'Artículo 33', 'artículo 20', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 67', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 92', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 147', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 13']

BOE.es - Documento BOE-A-2005-953
Documento BOE-A-2005-953
«BOE» núm. 16, de 19 de enero de 2005, páginas 2077 a 2101 (25 págs.)
BOE-A-2005-953
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2004/12/23/8
La presente ley se enmarca en las conocidas como «leyes de acompañamiento de los presupuestos generales». La justificación de estas leyes reside en las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional con relación al alcance de las leyes de presupuestos, dada la singularidad de estas últimas. En este sentido, las denominadas «leyes de acompañamiento» pretenden complementar la Ley de presupuestos y constituir, con ésta, una unidad de acción racional para cumplir los objetivos de política económica, razón que justifica que se tramiten simultáneamente con las leyes de presupuestos generales.
En lo que concierne al capítulo I (artículos 1 a 25), se ha modificado la forma y la estructura de tal manera que se dedica una sección a cada uno de los tributos cedidos con el fin de conseguir una mayor claridad. La sección 1.ª (artículo 1) contiene una disposición de carácter general a los efectos de señalar, de forma expresa, que la regulación de las medidas que se contiene en el resto del capítulo se hace al amparo de la capacidad normativa que reconoce la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la cual se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. En la sección 2.ª (artículos 2 a 7), se introduce el concepto de parte general de la renta del período en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que recoge el texto refundido de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo. Asimismo, se sustituye el concepto amplio de «sujeto pasivo» por «contribuyente» con el fin de remarcar que el único beneficiario de las deducciones tiene que ser exclusivamente quien realiza el hecho imponible y se especifica que en el caso de cónyuges declarantes con minusvalía física o psíquica, o descendentes con esta condición que opten por la tributación individual, ambos tendrán derecho a aplicarse la deducción íntegra.
En la sección 3.ª (artículos 8 a 16), relativa al impuesto sobre sucesiones y donaciones, se actualiza el límite de la reducción autonómica aplicable al valor de la vivienda habitual del causante en las adquisiciones por causa de muerte, que pasa a ser de 123.000,00 euros. Se introduce un conjunto de cambios que afectan a las condiciones para poder disfrutar de la reducción del 95% sobre el valor de una empresa o negocio familiar, tanto en las adquisiciones por causa de muerte como en las adquisiciones entre vivos, con el fin de favorecer a un colectivo más numeroso de contribuyentes, siendo suficiente que la edad del donante sea al menos de 60 años. Se establece una mejora en la reducción a favor de los causahabientes incluidos en los grupos I y II del artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que llega hasta los 25.000,00 euros. Asimismo, se extiende la reducción del 95% del valor de determinados terrenos en la base imponible del impuesto en las adquisiciones por causa de muerte establecida en la Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial, a los sujetos pasivos que sean titulares de participaciones en entidades o sociedades mercantiles que tengan dentro de su activo terrenos situados en un área de suelo rústico o en un área de interés agrario. Por otra parte, y desde un punto de vista de técnica fiscal, se considera más adecuado utilizar el término «bonificación» en vez de «deducción» en el beneficio fiscal aplicable a las donaciones de padres a hijos en la compra de la vivienda que se aplicará también en las donaciones a favor de otros descendientes. Finalmente, se crea una bonificación en las donaciones de padres a hijos y otros descendientes que quieran adquirir o constituir una empresa o negocio, o adquirir participaciones en entidades, siempre y cuando se cumplan los requisitos que fija la ley.
En la sección 4.ª (artículos 17 a 19), relativa al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se adopta un conjunto de medidas de carácter eminentemente social recogidas en dos subsecciones. En la subsección 1.ª, relativa a las transmisiones patrimoniales onerosas, se adoptan medidas con el fin de hacer más accesible la adquisición de la vivienda. En primer lugar, cuando afecte a menores de 36 años, minusválidos y familias numerosas que cumplan los requisitos establecidos en la ley, y en el caso de que lo solicite el interesado en los términos y forma previstos reglamentariamente, se establece una bonificación del 57% de la cuota. En segundo lugar, las transmisiones onerosas de viviendas de protección oficial que disfrutaban de un tipo reducido del 3%, disfrutarán de un nuevo tipo superreducido del 1%. En la subsección 2.ª, relativa a los actos jurídicos documentados, se aumenta el tipo general, como en otras comunidades autónomas sometidas al régimen común, hasta el 1% en lo que concierne a las primeras copias de documentos notariales que contengan objeto o cosa evaluables y sean inscribibles en los registros de la propiedad, mercantil y de la propiedad industrial; se aplica el tipo del 0,5% en las primeras copias de documentos notariales en que se formalice la compra de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años, minusválidos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y familias numerosas, siempre que cumplan los requisitos que establece el artículo 17 para la solicitud de la bonificación en la transmisión onerosa; y, finalmente, se aplica el mismo tipo reducido del 0,5% a los actos y contratos que documenten operaciones de transmisión de solares, declaraciones de obra nueva y primera transmisión de vivienda, con respecto a las viviendas calificadas por la Administración como protegidas.
En la sección 5.ª, en relación con la tasa fiscal sobre el juego (artículos 20 a 22), como aspectos más destacados, se mantiene el tipo impositivo en el juego del bingo del 31%; se establece una distinción entre las medidas que afectan aquellos juegos a los cuales son de aplicación la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, de aquellas otras que son más propias de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias (sección 6.ª, artículos 23 a 25), y se deflacta la escala de gravamen correspondiente al juego en casinos con la finalidad de compensar a los sujetos pasivos de los incrementos meramente nominales de la base imponible derivados de la inflación. Se actualizan las cuantías en euros de las distintas bases imponibles, se prohíbe aplazar las deudas tributarias derivadas del pago trimestral de la tasa fiscal sobre el juego de máquinas tipos B y C con el fin de evitar su uso indebido, y la tributación de los juegos de promoción del trote a que se refiere el artículo 4.2 del Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el cual se regulan las apuestas hípicas y los otros juegos de promoción del trote, se mantiene en el tipo del 18% del importe de los ingresos brutos obtenidos en los términos que prevé la ley. Finalmente, se establece un tipo del 3% del importe total de los billetes vendidos en el caso de las apuestas que se realicen con motivo de carreras de galgos o de caballos que constituyen el hecho imponible de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, regulada en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.
Artículo 3. Deducción autonómica con respecto a los contribuyentes residentes en las Illes Balears de edad igual o superior a 65 años.
Artículo 4. Deducción autonómica por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en el territorio de las Illes Balears realizada por jóvenes con residencia en las Illes Balears.
Artículo 5. Deducción autonómica por el arrendamiento de vivienda habitual en el territorio de las Illes Balears realizado por jóvenes con residencia en las Illes Balears.
Artículo 6. Deducción autonómica para los declarantes con minusvalía física o psíquica o con descendientes con esta condición.
Artículo 7. Deducción autonómica para los declarantes que sean titulares de fincas o terrenos incluidos en áreas de suelo rústico protegido.
b) La cantidad de 25,00 euros por hectárea de extensión de la finca, en los casos en que se ubique dentro de parques naturales, reservas naturales y monumentos naturales, y la cantidad de 12,00 euros por hectárea de extensión de la finca para el resto de supuestos.
Estas cuantías se entenderán siempre referidas a la parte de los terrenos afectados por las figuras de protección a las que se refiere esta disposición.
Artículo 8. Mejora de la reducción estatal de la base imponible en la adquisición por causa de muerte de la vivienda habitual.
2. Para la aplicación de esta reducción es necesario que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes a la defunción del causante, a no ser que el adquirente muera dentro de este plazo. En el caso que el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior no se cumpla, tendrá que satisfacerse la parte del impuesto que haya dejado de ingresarse como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.
Artículo 9. Mejora de la reducción estatal de la base imponible en las adquisiciones por causa de muerte de bienes afectos a actividades económicas o de participaciones sociales.
Artículo 10. Mejora de la reducción estatal de la base imponible en las adquisiciones entre vivos de bienes afectos a actividades económicas o de participaciones sociales.
Artículo 11. Mejora de la reducción en las adquisiciones por causa de muerte para personas con minusvalía superior al 65%.
Artículo 12. Bonificación autonómica a los sujetos pasivos del grupo I, en adquisiciones por causa de muerte.
Artículo 13. Mejora de la reducción estatal de la base imponible en las adquisiciones por causa de muerte para los grupos I y II.
Artículo 14. Reducción autonómica de determinados bienes y participaciones en las adquisiciones por causa de muerte.
1. Cuando en la base imponible de una adquisición por causa de muerte que corresponda a los cónyuges, ascendientes o descendientes del causante esté incluido el valor de un terreno situado en un área de suelo rústico protegido a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 19.1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears, o en un área de interés agrario a la cual se refiere la disposición transitoria octava de la citada ley, para obtener la base liquidable se aplicará a la base imponible una reducción, con independencia de las ya existentes en la legislación estatal o autonómica, del 95% del valor de aquel terreno. Esta reducción se aplicará sólo a las fincas en las que, como mínimo, un 33% de la extensión quede incluida dentro de las áreas de suelo rústico protegido antes mencionadas y en proporción a este porcentaje, y será incompatible con cualquier otra reducción estatal o autonómica que recaiga sobre estos bienes.
Artículo 15. Bonificación autonómica en las donaciones de padres a hijos y otros descendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual.
Artículo 16. Bonificación autonómica en las donaciones de padres a hijos y otros descendientes para la constitución o adquisición de una empresa individual o negocio profesional o para la adquisición de participaciones en entidades.
3 millones de euros en el caso de adquisición de empresa individual.
1 millón de euros en el caso de adquisición de negocio profesional.
Artículo 17. Bonificación autonómica en la adquisición de la vivienda habitual por parte de determinados colectivos.
Artículo 18. Tipos de gravamen en operaciones inmobiliarias.
Que sea aplicable a la operación alguna de las exenciones contenidas en el artículo 20.1, apartados 20, 21 y 22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
Que el adquirente sea sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido, actúe en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional y tenga derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado por estas adquisiciones de acuerdo con lo que dispone el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. Que, con carácter previo o simultáneo a la entrega, se haga constar expresamente por parte del transmitente que, a pesar de poder acogerse a la renuncia a la exención que prevé el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido, opta por no renunciar.
Artículo 19. Tipos de gravamen en la modalidad de actos jurídicos documentados.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, las primeras copias de escrituras y actos notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable y contengan actos o contratos inscribibles en los registros de la propiedad, mercantil y de la propiedad industrial no sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tienen que tributar, además de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicha norma, a los tipos de gravamen siguientes:
Primera transmisión entre vivos del dominio de viviendas.
Sección 5.ª Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
Artículo 20. Tipos de tributación y cuotas fijas.
Porción de base imponible entre 0,00 euros y 1.718.727,00 euros. Tipo aplicable: 22%.
Porción de base imponible entre 1.718.727,01 euros y 2.843.713,00 euros. Tipo aplicable: 40%. Porción de base imponible entre 2.843.713,01 euros y 5.671.800,00 euros. Tipo aplicable: 50%. Porción de base imponible superior a 5.671.800,01 euros. Tipo aplicable: 61%.
Máquinas de tres jugadores o más: 6.453,67 euros, más el resultado de multiplicar por 2.347 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
Máquinas de dos jugadores: dos cuotas según se prevé en el punto e.1) anterior.
Máquinas de tres jugadores o más: 9.292,84 euros, más el resultado de multiplicar la cantidad de 4.646,41 euros por el número de jugadores y por el coeficiente 0,123.
f) Máquinas del tipo «D» o máquinas grúa. Cuota anual: 120,20 euros.
Artículo 21. Aplazamiento de los pagos de la tasa que grava las máquinas tipos B y C.
Artículo 22. Tributación de determinados juegos de promoción del trote.
Sección 6.ª Tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias
Artículo 23. Tributación en las apuestas de carreras de caballos y galgos.
Artículo 24. Tributación de determinados juegos de promoción del trote.
Artículo 25. Exención autonómica de juegos de carácter social.
Artículo 26. Canon de saneamiento de aguas.
«3. El vertido de aguas residuales manifestado a través del consumo por captación directa de aguas superficiales o subterráneas de los propios usuarios estará exento, siempre que se utilice para regadío para usos agrícolas.»
Artículo 27. Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
a.1 Las inscripciones de constitución.
a.2 Las inscripciones de modificaciones estatutarias.
a.3 La inscripción de la identidad de los titulares de los órganos directivos o de representación, por cambio, baja o nueva incorporación.
a.4 La inscripción de apertura o cambio de delegaciones.
a.5 La inscripción de federaciones, confederaciones y unión de asociaciones de ámbito autonómico.
a.6 La inscripción de incorporación de asociaciones a federaciones o confederaciones de ámbito autonómico.
a.7 La tramitación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones.
a.8 La inscripción de adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, sin modificación de estatutos.
a.9 La inscripción de adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, con modificación de estatutos.
a.10 La solicitud de cancelación de asientos en el Registro de Asociaciones, una vez disuelta y liquidada una asociación o federación de asociaciones.
a.11 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos de carácter facultativo.
b.1 Las inscripciones de constitución.
b.2 Las inscripciones de modificaciones estatutarias.
b.3 La inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de gobierno de las fundaciones, por cambio, baja o nueva incorporación.
b.4 La inscripción de apertura o cambio de delegaciones extranjeras.
b.5 La extinción y liquidación de las fundaciones.
b.6 La fusión de fundaciones.
b.7 La solicitud de expedición de certificados negativos de denominación.
b.8 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos de carácter facultativo.
c.1 Las inscripciones de constitución.
c.2 Las inscripciones de modificaciones estatutarias.
c.3 Los cambios de domicilio de la sede del colegio profesional.
c.4 La inscripción de la identidad de los titulares de los órganos directivos o de representación (juntas de gobierno, asambleas generales) por baja, cambio o nueva incorporación.
c.5 La inscripción de delegaciones o demarcaciones de colegios profesionales de ámbito supraautonómico o de las delegaciones o demarcaciones insulares.
c.6 La inscripción del Consejo de Colegios de ámbito insular.
c.7 La solicitud de notas informativas.
c.8 La absorción, fusión, segregación o disolución de un colegio profesional.
c.9 La extinción y liquidación de un colegio profesional.
c.10 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos de carácter facultativo.
d.1 La expedición de certificados.
d.2 La confrontación de documentos.
d.3 La confrontación de expedientes.
d.4 Fotocopias.
d.5 Copias en soporte informático.
d.6 Listados.
d.7 La diligencia de libros.
Artículo 7. Cuantía y exenciones.
a) Registro de Asociaciones: conceptos:
a.1 Por solicitud de inscripción de constitución: 43,60 euros.
a.2 Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias: 13,15 euros.
a.3 Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de los órganos directivos o de gobierno por cambio, baja o nueva incorporación: 13,15 euros.
a.4 La inscripción de apertura o cambio de delegaciones: 13,15 euros.
a.5 La inscripción de federaciones, confederaciones y unión de asociaciones de ámbito autonómico: 59,55 euros.
a.6 La inscripción de incorporación de asociaciones a federaciones o confederaciones de ámbito autonómico: 21,80 euros.
a.7. La tramitación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones: 16,36 euros.
a.8 La inscripción de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, sin modificación de estatutos: 3,50 euros.
a.9 La inscripción de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, con modificación de estatutos: 13,15 euros.
a.10. La solicitud de cancelación de asientos en el Registro de Asociaciones, una vez disuelta y liquidada una asociación o federación de asociaciones: 43,60 euros.
a.11 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos, de carácter facultativo: 10,25 euros
b) Registro de Fundaciones: conceptos:
b.1 Por la inscripción de la constitución de una fundación: 43,60 euros.
b.2 Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias: 13,15 euros.
b.3 Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de gobierno de las fundaciones por cambio, baja o incorporación: 13,15 euros.
b.4 Por cada solicitud de inscripción de apertura o cambio de delegaciones de fundaciones extranjeras: 13,15 euros.
b.5 Por las solicitudes de inscripción de extinción y liquidación de las fundaciones: 43,60 euros.
b.6 Por la expedición de certificaciones negativas de denominación: 16,50 euros.
b.7 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos de carácter facultativo: 10,25 euros.
c) Registro de Colegios Profesionales: conceptos:
c.1 Por la solicitud de inscripción de constitución de un colegio profesional: 43,60 euros.
c.2 Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias: 13,15 euros.
c.3 Por cada solicitud de inscripción de cambio de domicilio de la sede del colegio profesional: 13,15 euros.
c.4 Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los órganos directivos o de representación por cambio, baja o nueva incorporación: 13,15 euros.
c.5 Por cada solicitud de inscripción de delegación o de demarcación de colegios profesionales de ámbito supraautonómico o las delegaciones o demarcaciones insulares: 15,25 euros.
c.6 Por cada solicitud de nota informativa: 8,25 euros.
c.7 Por cada solicitud de absorción, fusión, segregación o disolución de un colegio profesional: 43,60 euros.
c.8 Por la solicitud de extinción y liquidación de un colegio profesional: 43,60 euros.
c.9 Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, hechos o documentos de carácter facultativo: 10,25 euros.
d) De carácter general aplicable a todas las entidades jurídicas (asociaciones, fundaciones y colegios profesionales) y al protectorado de fundaciones de carácter asistencial:
d.1 Por cada expedición de certificados: 16,50 euros.
d.2 Por confrontación de documentos: 17,90 euros.
d.3 Por confrontación de expedientes: Hasta 100 hojas: 50,00 euros. De 100 hojas en adelante: 0,50 euros/hoja.
d.4 Por fotocopias (en blanco y negro) en papel tamaño A4: 0,09 euros/hoja.
d.5 Por cada copia en soporte informático: 1,25 euros.
d.6 Por solicitud de listados:
Primera hoja: 3,27 euros.
Hojas siguientes: 1,63 euros/hoja.
d.7 Por diligencia de libros: 3,75 euros/libro.
2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y deberá depositarse previamente el importe que resulte exigible. La justificación del ingreso deberá presentarse junto con la solicitud correspondiente, con excepción de los supuestos a que se refieren los puntos d.3, d.4 y d.6 del artículo anterior, casos en que la justificación del ingreso se realizará en el momento de la recogida de los documentos objeto de la solicitud.»
Artículo 106. Sujeto pasivo.
Artículo 107. Cuantía.
La cuota tributaria de esta tasa se determinará por la aplicación de una tarifa única de 68,79 euros por informe o certificación.»
4. Se modifica la denominación del capítulo II del título VI y la de las secciones 1.ª y 2.ª, que pasan a tener la redacción siguiente:
Sección 1.ª Tasa por la prestación de servicios de fotocopias, copias y expedición de certificados de la Consejería de Medio Ambiente
Sección 2.ª Tasa por la realización de compulsas y autenticación de documentos de la Consejería de Medio Ambiente»
«Sección 3.ª Tasa por la realización de compulsas de documentos de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Artículo 113 bis. Tasa por la realización de compulsas de documentos de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
1.º Hecho imponible:
2.º Exenciones:
3.º Sujeto pasivo:
4.º Cuantía:
5.º Devengo:
Sección 4.ª Tasa por la realización de fotocopias de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Artículo 113 ter. Tasa por la realización de fotocopias de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
La tasa se devengará cuando se preste el servicio, y puede exigirse el pago antes de que sea efectiva su realización.»
«C2 Licencia anual especial para cazar con reclamo de perdiz macho: 12,04 euros.»
7. Se modifica el apartado 4 del punto 3.º del artícu-lo 133 bis, que pasa a tener la redacción siguiente:
«4. Se aplicará una reducción del 75% de la matrícula anual y de la tasa para campos de entrenamiento de perros a todos los cotos de caza de las Illes Balears de los cuales sean titulares o acrediten la gestión directa sociedades federadas de cazadores.»
Sección 1.ª Tasa por tramitación de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria
Artículo 343 cuarto. Tasa por tramitación de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria.
2.º Sujeto pasivo:
4.º Bonificaciones:
6.º Autoliquidación y pago:
Sección 2.ª Tasa por la utilización de la etiqueta ecológica comunitaria
Artículo 343 quinto. Tasa por la utilización de la etiqueta ecológica comunitaria.
La cuota a ingresar será la resultante de aplicar el porcentaje del 0,15% sobre el volumen de ventas del producto o servicio en la Unión Europea, durante el período de doce meses desde la fecha de concesión de la etiqueta, con un mínimo de 500,00 euros y un máximo de 25.000,00 euros anuales por categoría de producto y por solicitante. Con el fin de calcular el volumen anual de ventas, se tendrá en cuenta la facturación del producto o del servicio con etiqueta, el cual debe calcularse a partir del precio de fábrica, cuando el producto que haya obtenido la etiqueta sea un bien, y a partir del precio de entrega, cuando se trate de un servicio. Para calcular la base imponible por la utilización de la etiqueta ecológica comunitaria, el interesado podrá optar por el régimen de estimación directa o por el de estimación objetiva, el cual se determinará reglamentariamente.
a) En el supuesto de nuevos contratos, desde la firma del contrato entre el organismo competente y el solicitante de la etiqueta ecológica, contrato previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo al sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, y en la Decisión de la Comisión de 10 de noviembre de 2000, relativa al contrato tipo sobre las condiciones de utilización de la etiqueta ecológica comunitaria.
Los sujetos pasivos deberán autoliquidar la cuantía dentro de los treinta días naturales siguientes a la finalización del periodo anual de que se trate, sea desde la firma del contrato citado en el artículo anterior o sea desde la finalización del período anual anterior. La autoliquidación quedará sujeta, en todo caso, a las oportunas comprobaciones posteriores que realice la Consejería de Medio Ambiente, así como a las validaciones posteriores realizadas por la Administración que sean necesarias.»
«5. Inscripción inicial de un producto: 139,48 euros.
6. Notificación de complementos alimenticios: 139,48 euros.»
Tasa por los servicios de control sanitario de las condiciones sanitarias de establecimientos que elaboran o sirven comidas preparadas»
«Artículo 373.
Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización de actividad y la diligencia del libro de visitas de los establecimientos de comidas preparadas.»
«1. Autorización sanitaria y diligencia del libro de visitas de establecimientos de comidas preparadas.»
Tasa por el servicio de gestión de los expedientes de autorizaciones para la instalación, traslado, transmisión u obras de modificación de oficinas de farmacia»
6. Solicitud de autorización de traslado, transmisión total o parcial u obras de modificación de una oficina de farmacia: 486,22 euros.»
«Artículo 381.
Constituye el hecho imponible la emisión de informes, certificaciones, el estudio de proyectos, las declaraciones de interés sanitario, el reconocimiento de títulos de formaciones profesionales sanitarias a los ciudadanos de la Unión Europea y de los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Único Europeo o la tramitación de cualquier expediente a instancia de parte no incluido en los conceptos anteriores.»
«Artículo 383.
1. Análisis microbiológico de alimentos.
1.1 Recuento.
1.1.1 Recuento de microorganismos mesófilos a 30 ºC: 1,70.
1.1.2 Recuento de Clostridi perfringens: 14,67.
1.1.3 Recuento de estafilococos coagulasa positivos: 12,70.
1.1.4 Recuento de enterococos: 12,70.
1.1.5 Recuento de enterobacteriaceas: 12,70.
1.1.6 Recuento de coliformes a 30 ºC: 12,70.
1.1.7 Recuento de escherichia coli: 12,70.
1.1.8 Por cada uno de los otros no especificados: 18,68.
1.2 Investigación.
1.2.1 Investigación de salmonelas sp: 26,70.
1.2.2 Investigación de listeria monocitógena: 33,98.
1.2.3 Por cada uno de los otros no especificados: 21,70.
2. Análisis microbiológico de aguas.
2.1 Recuento.
2.1.1 Recuento de colonias a 22 ºC: 10,01.
2.1.2 Recuento de bacterias coliformes: 12,70.
2.1.3 Recuento de escherichia coli: 12,70.
2.1.4 Recuento de enterococos: 12,70.
2.1.5 Recuento de Clostridi perfringens: 12,70.
2.1.6 Por cada uno de los otros no especificados: 18,68.
2.2.1 Investigación de legionela: 46,60.
2.2.2 Investigación de salmonelas sp: 26,70.
2.2.3 Por cada uno de los otros no especificados: 21,70.
3. Análisis fisicoquímico del agua.
Por técnicas.
3.1 Potenciometría.
3.1.1 pH: 10,01.
3.1.2 Floruros: 10,01.
3.2 Turbidimetría.
3.2.1 Color: 3,02.
3.2.2 Turbiedad: 3,02.
3.3 Conductimetría.
3.3.1 Conductividad: 3,02.
3.4 Espectrofotometría uv-vis.
3.4.1 Nitratos: 12,01.
3.4.2 Nitritos: 12,01.
3.4.3 Amonio: 12,01.
3.4.4 Cianuros: 12,01.
3.4.5 Fosfatos: 12,01.
3.4.6 Sulfatos: 12,01.
3.5 Volumetría.
3.5.1 Dureza: 4,68.
3.5.2 Cloruros: 4,68.
3.5.3 Oxidabilidad: 4,68.
3.6 Espectrofotometría de absorción atómica: 279,77/muestra.
3.6.1 Antimonio: 18,65.
3.6.2 Arsénico: 18,65.
3.6.3 Cadmio: 18,65.
3.6.4 Cobre: 18,65.
3.6.5 Cromo: 18,65.
3.6.6 Mercurio: 18,65.
3.6.7 Níquel: 18,65.
3.6.8 Plomo: 18,65.
3.6.9 Selenio: 18,65.
3.6.10 Aluminio: 18,65.
3.6.11 Hierro : 18,65.
3.6.12 Manganeso: 18,65.
3.6.13 Sodio: 18,65.
3.6.14 Calcio: 18,65.
3.6.15 Magnesio: 18,65.
3.7 Cromatografía de gases-masas.
3.7.1 Compuestos volátiles y semivolátiles: 129,97.
3.7.2 Benceno.
3.7.3 1-2 Dicloretano.
3.7.4 Total de plaguicidas.
3.7.5 Trihalometanos.
3.7.6 Tricloroeteno + tetracloroeteno.
3.8 Cromatografía HPLC + proceso de extracción: 99,57/muestra.
3.8.1 Hidrocarburos aromáticos policíclicos: 79,66.
3.8.2 Benzo (alfa) pirens: 19,91.
4. Análisis fisoquímico de alimentos.
4.1 Cromatografía HPLC + proceso de extracción.
4.1.1 Parámetros a determinar por HPLC con. detector de fluorescencia: 113,28/muestra.
5. Grupos de análisis.
5.1 Análisis de aguas.
5.1.1 Análisis de control de aguas: 73,17.
5.1.2 Análisis completo de aguas: 685,33.
5.2 Análisis microbiológico de alimentos.
La tasa se calcula por la suma de los parámetros a determinar para cada alimento según la legislación vigente.»
Artículo 388 ter. Tasa por los servicios de autorización de entidades formadoras.
1.º Hecho imponible.
2.º Sujetos pasivos.
3.º Cuantía.
1. Autorización de entidades formadoras: 170,70 euros.
2. Cambio de domicilio: 90,08 euros.
3. Baja de inscripción: 90,08 euros.
4. Convalidación: 170,70 euros.
4.º Devengo y pago.
La tasa se devenga cuando se presta el servicio o la actividad que constituye el hecho imponible. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, que deberá ingresarse en el mismo momento de su devengo. No obstante, por los servicios prestados a instancia de parte, deberá depositarse previamente su importe en el momento de solicitar el servicio.»
19. Se añade un nuevo capítulo en el título VIII y el artículo 388 quáter, con la redacción siguiente:
Artículo 388. Cuarto. Tasa por los servicios de inscripción y anotación en el Registro de Entidades Formadoras de Manipuladores de Alimentos.
2.º Sujeto pasivo.
1. Inscripción inicial en el Registro de Entidades Formadoras de Manipuladores de Alimentos de las Illes Balears (REFIB): 212,22 euros.
Artículo 28. Modificación del plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29. Pago y presentación telemática preceptiva de determinados tributos.
Artículo 30. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Artículo 31. Obligaciones formales de las empresas de subastas y demás entidades que organicen subastas de bienes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 32. Modificación de determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
«8. El plazo máximo para dictar y notificar una resolución expresa en el procedimiento para la obtención de licencia autonómica de gran establecimiento comercial será de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución expresa faculta a la persona interesada para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.»
d) La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que hay reincidencia en infracciones graves si se dan los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio detallista.»
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 60.001,00 euros hasta 600.000,00 euros, y en el supuesto de que hayan significado un grave riesgo para la salud, un grave perjuicio económico o hayan generado una amplia alarma social, supondrán, además, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad comercial por un plazo máximo de un año.»
«1. Las sanciones se graduarán especialmente en función de la trascendencia social de la infracción, la situación de predominio del infractor en el mercado, la naturaleza de los perjuicios causados, el volumen de la facturación a la cual afecta, el grado de voluntariedad o de intencionalidad del infractor, así como su reincidencia por haber cometido, en el plazo de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, la cuantía del beneficio obtenido, la capacidad económica del infractor y el plazo de tiempo durante el cual se haya cometido la infracción.»
«3. Cuando se produzca la infracción prevista en el artículo 50 b) de la presente ley, el órgano competente para la incoación del expediente sancionador puede acordar el cierre del establecimiento, en el supuesto de que éste esté abierto al público, como medida cautelar que garantice la eficacia de lo que dispone la presente ley respeto a la necesidad de obtener licencia autonómica previa de gran establecimiento comercial, sin que sea necesaria la audiencia previa del interesado.»
Artículo 33. Modificación de determinados preceptos de la Ley 7/2000, de 15 de junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears.
«La finalidad de la entidad creada es la planificación, gestión y coordinación de las políticas de empleo, con funciones concretas de información, de orientación y de intermediación en el mercado laboral, el fomento del empleo en todas sus vertientes y el desarrollo de la formación profesional ocupacional.»
e) El director.»
i) En general, todas las demás funciones que le delegue el presidente.»
Se modifican los apartados 1 y 5 y se añade el apartado 6 al artículo 20 de la Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, con la redacción siguiente:
c) Al Consejo de Gobierno cuando la cuantía de la multa ascienda a más de 150.000,00 euros y otras sanciones accesorias.».
Artículo 35. Normas en materia de aguas.
4. La administración hidráulica determinará en su ámbito territorial los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio publico hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias de la administración hidráulica, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados. Reglamentariamente se establecerá la forma de cómputo de los caudales efectivamente aprovechados cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos. Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integren en ellas. La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico. Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine la administración hidráulica, previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados. Todos los abastecimientos de población estable o flotante deberán disponer de contadores en cada uno de los puntos de captación de agua, cualquiera que sea su forma, con la obligación de mantenerlos en perfecto estado y de suministrar a la administración hidráulica la información que requiera. Reglamentariamente, mediante decreto del Consejo de Gobierno, se determinarán las condiciones técnicas generales para la realización de captaciones y abandonos, a las cuales se deberán ajustar los proyectos y su ejecución, a fin de garantizar la protección del dominio público hidráulico ante todo tipo de contaminación. Para las captaciones de abastecimiento público se establecerán unas condiciones específicas. Los sondeos autorizados para otros fines que no sean la captación de aguas subterráneas al amparo de otra legislación, sólo podrán solicitar autorización o concesión de acuerdo con la legislación de aguas, si se pueden adaptar a las condiciones técnicas generales a que se refiere el párrafo anterior. En caso contrario, se deberán abandonar, en aplicación de las condiciones técnicas fijadas reglamentariamente.
Artículo 36. Modificación de determinados preceptos de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.
«Dentro de los bienes etnológicos inmateriales que integran el patrimonio histórico de las Illes Balears, tienen la consideración de bienes de interés cultural inmaterial aquellos de más valía, relevancia y arraigo y que, como tales, así sean declarados, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la presente ley.»
El acuerdo de declaración de un bien de interés cultural inmaterial tiene que definir las características que lo componen y los elementos que le son propios. Los poderes públicos de las Illes Balears tienen que velar para proteger y para promover adecuadamente los bienes etnológicos inmateriales que integran el patrimonio histórico de las Illes Balears y especialmente aquellos bienes declarados de interés cultural inmaterial, así como para conservar sus elementos esenciales, sin perjuicio, en el supuesto específico y concreto de las fiestas declaradas de interés cultural, de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 19 de marzo, de cultura popular y tradicional, atendiendo a la evolución natural y a la adaptación histórica de cada fiesta».
Artículo 37. Normas en materia de patrimonio público local del suelo y en materia de enajenación de bienes patrimoniales.
1. Constitución y patrimonio separado.
2. Bienes integrantes.
4. Gestión directa o cesión.
5. Intervención y tutela autonómica.
6. Cesiones onerosas. Concurso.
7. Cesiones entre administraciones.
8. Enajenación de otros bienes patrimoniales.
Artículo 38. Modificación de determinados preceptos de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears
«No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la normativa reguladora del régimen jurídico de cada entidad tiene que determinar, en su caso, las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la administración autonómica pueden ser cedidos en comisión de servicios o adscritos, así como las competencias que, en relación con estos funcionarios, han de ejercer los órganos de la entidad, de acuerdo con la legislación sobre función pública.»
Artículo 39. Modificación de determinados preceptos de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública.
«4. La oferta de empleo público ha de indicar el cuerpo, la escala o la especialidad, en su caso, o el nivel y la categoría profesional a que correspondan las plazas vacantes y la población de destino. A tal efecto, se entiende por población de destino la isla donde esté ubicada la plaza.
Asimismo, ha de señalar las plazas que deban ser objeto de provisión en el ejercicio presupuestario correspondiente y las previsiones temporales respecto de las plazas que se prevean cubrir en ejercicios presupuestarios sucesivos.»
«a) El número de vacantes, el cuerpo, la escala o la especialidad, en su caso, o el nivel, la categoría profesional a que correspondan, y la población de destino, así como el porcentaje reservado a promoción interna. A tal efecto, se entiende por población de destino la isla donde esté ubicada la plaza.»
En este caso, los funcionarios deben ser adscritos con carácter provisional y con efectos del día siguiente del cese a un puesto de trabajo del mismo municipio o de otro limítrofe correspondiente a su cuerpo, escala o especialidad, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, o de tres si no hay ningún puesto dotado y vacante de estas características. Los funcionarios que se encuentren en esta situación sólo están obligados a participar en las convocatorias públicas de provisión para puestos de trabajo del mismo municipio o de otro limítrofe correspondiente a su cuerpo, escala o especialidad, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal.
Derechos, deberes, incompatibilidades y conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios».
5. Se añaden una sección 3.ª al capítulo tercero del título V y el artículo 92 bis, con la redacción siguiente:
«Sección 3.ª Conciliación de la vida familiar y laboral
A efectos de promover la conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios, la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears puede establecer modalidades de prestación de servicios diferentes de la presencial, siempre y cuando, al menos, una cuarta parte de la jornada en cómputo anual se preste en el centro de trabajo, así como modalidades con horario flexible, todo ello en la forma y las condiciones que se establezcan reglamentariamente y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. La prestación de servicios fuera del centro de trabajo por parte de aquellos funcionarios cuyo puesto de trabajo no permita, por sus características, esta modalidad de prestación, podrá efectuarse mediante la atribución temporal de otras funciones que sí lo permitan.»
«1. Queda suspendida la clasificación de los suelos urbanos y urbanizables existentes en los límites del parque hasta que se apruebe el plan rector de uso y gestión y, en cualquier caso, hasta la fecha máxima de 31 de diciembre de 2005. Mientras se mantenga esta suspensión, tan sólo se permitirán obras de rehabilitación o reforma de las edificaciones existentes y siempre que no supongan un aumento del volumen edificado.»
El personal afectado por lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, que no haya podido promocionarse por el incumplimiento de algún requisito preceptivo puede participar en el proceso específico de promoción interna que convoque la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Esta convocatoria, que pone fin al proceso excepcional regulado en los artículos mencionados, debe realizarse durante el año 2005.
«Los créditos correspondientes a plazas que, ocupadas por funcionarios de la escala de guardas forestales y de auxiliares de puericultura y de clínica adscritos a guarderías, hayan resultado vacantes se afectarán a la creación de plazas de la escala de agentes de medio ambiente y de la escala de educadores infantiles, respectivamente.»
«Los cargos directivos de la Escuela Balear de Administración Pública con competencia general que no se asimilen en rango al de director general pueden ser ocupados por funcionarios públicos o bien por personal laboral contratado al amparo de la relación especial de alta dirección.»
3. Mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en materia de función pública y de agricultura y pesca, se determinarán los puestos de trabajo correspondientes a funcionarios de carrera o personal laboral cuyas funciones, a partir de la constitución efectiva de la empresa pública, pasarán a ser ejercidas por ésta y que, por tanto, estarán adscritos a la misma. El proceso de determinación de los puestos de trabajo a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse de forma global y conjunta o de forma escalonada a medida que la entidad vaya asumiendo la gestión de las materias que le hubiesen sido asignadas.
a) El personal laboral propio de la empresa pública que, según su origen, podrá ser: Personal laboral seleccionado por la propia empresa conforme al procedimiento de ingreso establecido.
Personal laboral de la Consejería de Agricultura y Pesca que, a la entrada en vigor del decreto de desarrollo de esta disposición adicional, ocupe puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la empresa pública, a la cual será transferido en las mismas condiciones y modalidad contractual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Personal laboral que, procedente de la función pública, en el supuesto a que se refiere la letra b) siguiente de este mismo punto, opte por integrarse como personal laboral propio de la empresa pública.
Funcionarios de la comunidad autónoma que, por ocupar, en el momento de la entrada en vigor del decreto de desarrollo de esta disposición adicional, puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la empresa pública, sean adscritos a ésta, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo.
Funcionarios de carrera de la comunidad autónoma que, de conformidad con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, sean destinados en comisión de servicio, en el futuro, a puestos de trabajo propios de la empresa pública.
Como consecuencia de todo lo anterior, la relación de puestos de trabajo de la empresa pública estará formada, en el momento de la entrada en vigor del decreto de desarrollo de esta disposición adicional, por los puestos de trabajo de naturaleza laboral y por los puestos de trabajo de naturaleza funcional que prevean los puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios de carrera que hayan optado por mantener el régimen jurídico de procedencia, con las necesarias adaptaciones orgánicas o funcionales que correspondan, y que forman parte de la relación de puestos de trabajo de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. En función de lo anterior, deben modificarse las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral y funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca a fin de adecuarlas a lo que se establece en este apartado. Hasta que este proceso no se cierre definitivamente los puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca no se incluirán en ninguna oferta pública de empleo ni se ofrecerán en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo convocados por la administración.
11. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears para regular, mediante decreto y a propuesta conjunta de las consejerías competentes en materia de agricultura y pesca, hacienda y función pública, todo lo que haga referencia a la aplicación y desarrollo de esta Disposición adicional.
A efectos de aplicar la normativa sobre actividades clasificadas, el emplazamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales debe determinarse a la distancia mínima que resulte más adecuada para evitar los perjuicios a la población existente en ese momento, en virtud del resultado del procedimiento de evaluación ambiental. A estos casos no les resultarán aplicables las reglas sobre distancias mínimas establecidas en el artículo 4 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado mediante Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.»
Los proveedores de bienes y servicios de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuando superen el importe anual que a tal efecto se fije por orden del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, deberán utilizar, en sus relaciones con la comunidad autónoma, sistemas de facturación electrónica basados en sistemas de firma electrónica avanzada o en otros sistemas de intercambio electrónico de datos. Estos sistemas deberán garantizar la autenticidad del origen de las facturas expedidas por medios electrónicos y la integridad de su contenido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación; en la Orden HAC/3134/2002, de 5 de diciembre, sobre un nuevo desarrollo del régimen de facturación telemática, y en las resoluciones que, en ejecución de dicha orden, apruebe el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
2. El Gobierno de las Illes Balears debe destinar al fondo, cada año, una cantidad no inferior al 0,23% de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears. La gestión del fondo de cooperación municipal corresponde a la consejería competente en materia de régimen local.
4. Las aportaciones económicas que se hagan con cargo a este fondo no tienen carácter finalista y, por tanto, corresponde a cada municipio determinar la finalidad concreta a que se aplica. No obstante, a cargo de este mismo fondo pueden realizarse convenios de colaboración, incluso de carácter plurianual, para objetivos determinados, dentro del límite de financiación que corresponda a cada municipio.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a este fondo no le es de aplicación la legislación en materia de subvenciones de las administraciones públicas.
«El Gobierno de las Illes Balears está facultado para llevar a cabo la licitación, la contratación y el pago de las obras previstas en el Convenio de carreteras firmado con la Administración del Estado, bajo cualquier forma de financiación legalmente prevista para ello, incluida la relativa al contrato de concesión de obra pública regulado en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, o la relativa al contrato bajo la modalidad de abono total del precio previsto en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.»
1. El personal de la entidad autónoma Parques de las Illes Balears, creada por el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se integrará por:
a) Los funcionarios de la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente que, a la entrada en vigor del decreto de desarrollo correspondiente, ocupen puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la entidad autónoma. Este personal debe ser adscrito en iguales condiciones y régimen jurídico, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13.1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) El personal laboral de la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente que, a la entrada en vigor del decreto de desarrollo correspondiente, ocupe puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la entidad autónoma. Este personal debe ser transferido en iguales condiciones y modalidad contractual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
c) El personal laboral del Instituto Balear de la Naturaleza que, a la entrada en vigor del decreto de desarrollo correspondiente, ocupe puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la entidad autónoma. Este personal debe ser transferido en iguales condiciones y modalidad contractual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
d) El personal funcionario, el personal laboral y el personal eventual que, en su caso, se pueda incorporar, al amparo de lo que prevén los puntos 1, 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo.
2. El Consejo de Gobierno, mediante el decreto de desarrollo correspondiente, a propuesta de las consejerías competentes en materia de función pública y medio ambiente, tiene que determinar los puestos de trabajo afectados por lo que establecen las letras a), b) y c) del apartado anterior, y que, en consecuencia, deben ser adscritos o transferidos a la entidad autónoma.
Se añade una disposición adicional a la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas, y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears con el siguiente texto:
«Los cargos directivos de la entidad autónoma Instituto de Estudios Baleáricos, con competencia general que no se asimilen en rango de director general pueden ser ocupados por funcionarios públicos o por personal laboral contratado al amparo de la relación especial de alta dirección.»
Obras de electrificación (líneas a 15 kv y cctt) zona rural –Es Puntarró– en los términos municipales de Maó, Alaior y Es Mercadal (Menorca) (Exp. núm. 336/93).
2. Este plan se desarrollará mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno de los decretos de oferta pública de empleo de los años 2005, 2006 y 2007, que incluirán un porcentaje de plazas con indicación expresa de su carácter de «plazas de estabilidad de la ocupación», para cuyo acceso se llevarán a cabo convocatorias específicas. Las plazas ofertadas por el acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2003, de aprobación de la oferta pública de empleo del personal laboral al servicio de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 2003 (BOIB núm. 79, de 5 de junio) se incorporarán a la oferta pública del año 2005 con indicación expresa de su carácter de «plazas de estabilidad de la ocupación».
4. Al personal laboral con modalidades contractuales de duración determinada que se hayan convertido en estructurales, con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, por corresponder a actividades permanentes de la administración, que así sean declaradas por resolución del consejero de Interior, se le vinculará a un puesto de trabajo de nueva creación, de naturaleza laboral o funcionarial según corresponda, y percibirá las retribuciones con cargo a las partidas presupuestarias de este puesto hasta que se ocupe definitivamente a través de las pruebas selectivas reguladas en las convocatorias específicas del plan. La adjudicación del puesto de trabajo al aspirante que haya obtenido plaza implicará la extinción del contrato laboral de la persona que estuviera vinculada a éste, de conformidad con lo que dispone el apartado anterior.
5. Los aspirantes que, habiendo participado en las pruebas selectivas de las convocatorias específicas para acceder a un cuerpo, escala o categoría profesional, no obtengan plaza y vean extinguida su relación laboral o funcionarial como consecuencia de la ejecución de este plan, pasarán a integrarse en un bolsín específico del cuerpo, escala o categoría profesional de acceso. Estos bolsines específicos tendrán preferencia sobre cualesquiera otros de los previstos en la normativa de selección de funcionarios interinos y de personal laboral de duración determinada, hasta la resolución de las convocatorias ordinarias que desarrollen la oferta pública de empleo del año 2008. El orden de prelación de los bolsines específicos vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición. En caso de empate tendrá preferencia el aspirante con más antigüedad.
b) Para acceder a las plazas correspondientes a los grupos de titulación C, D y E: dos ejercicios. El primero de tipo teórico, consistente en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas relacionadas con los contenidos habituales de la legislación general aplicable y las funciones propias del cuerpo o escala, y el segundo ejercicio será de tipo práctico relacionado con las tareas y funciones propias del cuerpo, escala o especialidad. El programa sobre el cual versarán las pruebas tendrá un máximo de 20 temas para el grupo C, de 10 temas para el D y de 5 temas para el E.
c) Para acceder a las plazas correspondientes a categorías profesionales de los niveles 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del convenio colectivo: dos ejercicios. El primero de tipo teórico, consistente en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas relacionadas con las funciones propias de la categoría profesional, y el segundo ejercicio será de tipo práctico relacionado con las funciones propias de la categoría profesional. El programa sobre el cual versarán las pruebas tendrá un máximo de 20 temas para los niveles 3 y 4, de 10 temas para los niveles 5 y 6, y de 5 temas para los niveles 7 y 8. A los aspirantes que, habiendo aprobado el primer ejercicio de la fase de oposición, no hayan obtenido plaza, se les conservará la puntuación obtenida si participan en las pruebas selectivas de las siguientes convocatorias específicas convocadas al amparo de este plan, para el ingreso al mismo cuerpo, escala o categoría profesional.
II. Fase de concurso:
En cualquier caso, la puntuación máxima para la valoración de la formación no podrá superar los 17 puntos ni ser inferior a 8.»
La presente ley entrará en vigor, una vez publicada en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», el día 1 de enero del año 2005.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears «número 188, de 30 de diciembre de 2004)
Publicada en el BOIB núm. 188, de 30 de diciembre de 2004.
SE DEROGA la disposición adicional 11, por Ley 12/2017, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-806).
SE DECLARA en la Cuestión 451/2015, la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 19, por Sentencia 122/2016, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2016-7299).
la disposición adicional 14, por Ley 3/2014, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2014-7535).
los arts. 28 y 31, por Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio (Ref. BOE-A-2014-6925).
el art. 37, por Ley 2/2014, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2014-6438).
el art. 34, por Ley 6/2013, de 7 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-12688).
SE MODIFICA el art. 28, por Ley 15/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-631).
de forma reiterada, el art. 21, por Ley 3/2012, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2012-7445).
el art. 21, por Decreto-ley 6/2011, de 2 de diciembre (Ref. BOIB-i-2011-90085).
SE MODIFICA el art. 21, por Ley 9/2009, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-1401).
SE DEROGA los arts. 2 a 7, 17 a 20 y 22 a 25 y SE MODIFICA el art. 37.3, por Ley 6/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-5651).
SE MODIFICA los arts. 17, 19.b) y 20.c), por Ley 25/2006, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-4374).
los arts. 8 a 16 y 30, por Ley 22/2006, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-1895).
la disposición adicional 12.4, por Ley 20/2006, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-1893).
la disposición adiocional 9, con efectos de 28 de abril de 2007, por Ley 16/2006, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2006-20773).
la disposición adicional 15 y SE MODIFICA el art. 6 y los apartados 4 y 5 de la disposición adicional 12, por Ley 13/2005, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-1526).
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 117 de 17 de mayo de 2005 (Ref. BOE-A-2005-7991).
arts. 1, 2, 3, 7 y los apartados 2 y 3 del 22 y MODIFICA las disposiciones adicionales 3 y 23 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1741).
Disposición adicional 3.2 y la disposición transitoria 1 de la Ley 5/2003, de 4 de abril (Ref. BOE-A-2003-9336).
arts. 1.2, 2, 3, 4.3, 5.1.2 y 5.2 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1270).
Arts.1, 2, 3.1 y 3.2 y MODIFICA el 37 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-919).
arts. 1, 2 y 4 de la Ley 16/2000, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-2481).
arts. 1, 3, 4.1 y 4.2 de la Ley 12/1999, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-1014).
arts. 1.1, 1.2, 2 y 3 de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-9158).
DEJA SIN EFECTO en su ámbito el art. 55 de la Ley de Aguas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2001-14276).
Disposición transitoria 1 de la Ley 17/2001, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-916).
arts. 15, 50, 53, 54 y 56 de la Ley 11/2001, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2001-13277).
arts. 1, 3 y 5 de la Ley 7/2000, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2000-14001).
art. 20 de la Ley 14/1998, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-4643).
arts. 5 y 67 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2945).
Ley 11/1998, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2944).
art. 3 a la Ley 9/1991, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-1470).
art. 19 y AÑADE una disposición adicional a la Ley 3/1989, de 29 de marzo (Ref. BOE-A-1989-16893).
arts. 42, 43, 59, capítulo III del título V y AÑADE la disposición transitoria 8 a la Ley 2/1989, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-1989-16892).
AÑADE la disposición adicional 7 a la Ley 8/1995, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-1995-11842).