Source: http://www.iccsi.com.ar/observaciones-a-los-pliegos/
Timestamp: 2017-09-24 04:45:10
Document Index: 314674608

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 116', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 181', 'Artículo 14', 'Artículo 4', 'Artículo 4']

Observaciones a los pliegos – ICCSI
adminiccsi
Al Sr Presidente de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación,
Senador Rodolfo Urtubey,
Ref: Proceso de selección de la Dirección General y Subdirección General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Candidatos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Exptes Nros. PE 62/16 y PE 63/16
Nos dirigimos a Ud. por parte de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET), en nuestra calidad de organizaciones integrantes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema Inteligencia (ICCSI) y acompañados por la Asociación Pensamiento Penal y Poder Ciudadano, a efectos de presentar observaciones sobre la eventual designación de Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani para los cargos de Director General y Subdirectora General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, por falta de idoneidad para cumplir adecuadamente las responsabilidades inherentes a dichos cargos. En virtud de ello, solicitamos al Honorable Senado de la Nación que niegue el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.
Aclaraciones preliminares sobre el procedimiento de designación
1.1.El acuerdo del Senado en la nueva Ley de inteligencia. Necesidad de audiencia pública.
La exigencia de obtener el acuerdo del Senado para la designación del Director y Subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) constituyó, sin lugar a dudas, una de las innovaciones centrales de la Ley N° 27.126. Al igual que con otros mecanismos incluidos en su articulado, el objetivo que se buscó fue limitar el poder y la autonomía de la AFI y legitimar la conducción de un organismo estratégico para el Estado Nacional mediante la construcción de un consenso interpartidario que de respaldo a la designación de sus autoridades.
En el viejo sistema de la Ley N° 25.520, el nombramiento del Secretario y Subsecretario de Inteligencia dependía exclusivamente del Poder Ejecutivo. Por su parte, el artículo 15 preveía la intervención no vinculante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional. La inactividad de esta comisión tuvo como resultado que, en la práctica, este mecanismo de consulta no tuviera efecto.
La exigencia del acuerdo del Senado no es una innovación de la legislación argentina sino que está contemplada en diversos textos constitucionales y leyes de otros países[1]. Existen buenas razones que aconsejan la intervención del Senado en el proceso de designación de la cúpula del Sistema Nacional de Inteligencia. En primer término, esta es una oportunidad para incrementar el control político y el debate público sobre el perfil y la idoneidad de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Este principio responde a la necesidad política y jurídica de escuchar al público antes de adoptar una decisión, cuando ella consiste en una medida de carácter general. En segundo lugar, el paso de los pliegos por el Senado les da a los candidatos la oportunidad de explicar las políticas de su eventual gestión. Su funcionamiento supone necesariamente que la autoridad someta un proyecto al debate público, proyecto que debe tener el suficiente grado de detalle como para permitir una discusión eficaz. Finalmente, exigir que las máximas autoridades del organismo rector de la inteligencia nacional obtengan el acuerdo del Senado significa echar algo de luz sobre una actividad estatal que se ha mantenido en una penumbra injustificada.
Por ese motivo, aun cuando no se encuentre reglamentado por la Comisión de Acuerdos, el procedimiento debería incluir una instancia de audiencia pública. Este es el medio más idóneo para incrementar la transparencia del proceso institucional y para facilitar la supervisión y la participación de los distintos sectores sociales interesados e impedir la concentración excesiva de poder en una autoridad, como ha ocurrido a lo largo de las designaciones del organismo.
1.2. Alcance de la intervención del Senado en el tratamiento de Acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo.
Entre las funciones asignadas por la Constitución Nacional al Senado se encuentra la de brindar su acuerdo a los ciudadanos propuestos por el Poder ejecutivo para llenar vacantes en cargos públicos de relevancia dentro del Poder Judicial (art 99, inc. 4°), las Fuerzas Armadas (art 99, inc. 13°) y el Cuerpo Diplomático (art 99, inc. 7°).
También se utiliza para la designación de los titulares de diversos órganos extra poder, como el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
Posteriormente, otras leyes sancionadas por el Congreso extendieron la exigencia de acuerdo senatorial para ocupar cargos en la administración pública, como, por ejemplo, para designar Presidente, Vice y miembros del Directorio del Banco Central (Ley N° 24.144, art 7°) y, a partir de la sanción de la Ley N° 27.126 de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, para designar Director y Subdirector General de la Agencia Federal de Inteligencia.
La obligación de contar con el acuerdo del Senado para ocupar determinados cargos públicos estaba contemplada ya en la Constitución histórica de 1853-60. Su fuente es el artículo 2°, Sección II, numeral 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América[2]. El acuerdo del Senado fue pensado como un contrapeso o limitación a los amplios poderes conferidos al Poder Ejecutivo.
El acuerdo del Senado no puede ser visto como un simple voto de confianza a favor de la persona propuesta ni a favor del presidente que lo propone. El análisis del Senado debe girar sobre si el candidato es idóneo para ocupar el empleo público para el cual fue nominado, en línea con el artículo 16 de la Constitución Nacional. En consecuencia, el Senado tiene plenas atribuciones para realizar un estudio detallado de los antecedentes, condiciones, títulos, opiniones y proyectos de los candidatos para determinar si la persona propuesta supera o no el estándar exigido por la Constitución y hacer una evaluación política de la propuesta del Ejecutivo.
En todos estos años un buen número de senadores de todos los partidos políticos han tenido la oportunidad de pronunciarse durante los debates de la Comisión de Acuerdos del Senado y ante el pleno de la Cámara. De esa experiencia acumulada han surgido algunos consensos destacables: la evaluación de idoneidad no es de índole penal sino político institucional e implica un juicio sobre el compromiso del candidato con los valores democráticos.
Apenas unos meses después de la reforma constitucional de 1994, en la reunión del 19 de octubre de 1994 de la Comisión de Acuerdos del Senado convocada para estudiar los pliegos de los capitanes Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, los senadores expresaron con claridad cuál es el rol del Senado:
“[…] el juicio que tiene que hacer el Senado no es de culpabilidad o inocencia. La valoración que hace el Senado es una valoración institucional que analiza el caso individual, pero también analiza lo conveniente para la salud de la república”[3]
“[…] nuestra misión no es hacer de tribunal ni juzgar, sino hacer un análisis valorativo político”[4]
Más recientemente, a fines del 2013 en ocasión de la sesión extraordinaria[5] en la que se trató el ascenso de César Milani al grado de Teniente General del Ejército Argentino, un buen número de senadores de diversa procedencia política expresaron con elocuencia el alcance de la intervención del Senado ante una solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el entonces senador Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical dijo[6]:
“No estamos en un juicio penal. Esto no es una cuestión de abogados, de procedimiento penal, de derecho de defensa, de que esté en juego la presunción de inocencia. Estamos en el Senado de la Nación para el cual el concepto de acuerdo, no sólo para un militar sino para un diplomático, para alguien del Banco Central, para un embajador o para el que sea, implica la idoneidad política, la conducta y la visión que se tiene sobre esa persona y el cargo que va a ocupar. (…) El hecho que el Senado dé acuerdo a una persona para ir a ocupar un cargo y que esa persona no tenga, al entendimiento del ciudadano común, la idoneidad para ocupar ese cargo, no es un problema penal ni de presunción de inocencia. Es un problema de desajuste entre el rol del Senado y el del acuerdo, la persona y la función que va a cumplir.”
La actual Vicepresidenta de la Nación y entonces Senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Michetti, afirmó ese mismo día[7]:
“El Senado, con la posibilidad en cada uno de nosotros de decidir si esta persona es digna, idónea y merece realmente el lugar para el que se la está proponiendo que ejerza actividades, tareas y responsabilidades (…). Para mí cualquier conductor, cualquier persona que se responsabilice de encabezar un organismo o una entidad importante del Estado argentino requiere de ejemplaridad. Y la podría desagregar en distintas variables. Podríamos hablar de vocación de servicio, de honestidad, de integridad, de transparencia en sus acciones, de capacidad, de seriedad, de profesionalismo, de apego irrestricto a la ley, de muchísimas cosas. ¿Y por qué digo que es tan importante la ejemplaridad en este caso? Porque tenemos un país que está muy necesitado de autoridades ejemplares, de personas que representen a los ciudadanos con valores, como decía la senadora Morandini, con apego a esos valores y al espíritu de la Constitución Argentina. Porque es muy probable que eso eleve absolutamente todo el estatus cultural de nuestra sociedad y que dé a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país otra perspectiva de quiénes somos los que ocupamos lugares importantes de poder en el plano del Estado y de la acción pública o del servicio público.” (…) Tenemos que elegir personas lo más idóneas, capaces y ejemplares posible para ocupar los rangos de tal nivel de complejidad. ¿Estamos ante la posibilidad de hacerlo con Milani, después de haber escuchado todo esto?”.
El senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá fue también muy elocuente al respecto:
“La Constitución establece que para determinados cargos se tienen que conjugar dos voluntades: la del presidente de la Nación que lo propone y la del Senado de la Nación que tiene que prestar acuerdo. Esto es lo que estamos haciendo: mirando los méritos, la idoneidad y la capacidad de la persona propuesta para ocupar el cargo. Y esto es lo que nos asigna la Constitución. En esto no hay ninguna crítica o desautorización a la autoridad presidencial. La autoridad presidencial tiene derecho a elegir y lo ha hecho; y nosotros tenemos la obligación y el derecho de opinar y determinar si esto es o no es idóneo; si tiene méritos suficientes. (Senador Rodríguez Saá[8])”
El entonces senador Carlos Verna de la Provincia de la Pampa, quien fue por muchos años integrante de la Comisión de Acuerdos, se expresó en el mismo sentido:
“Yo rechacé los pliegos de Rolón y Pernías porque creía que no tenían la idoneidad para ocupar los cargos. La Justicia después los procesó y condenó, pero yo no me basé en el fundamento legal, no los acusé de ningún delito. Yo creí que no eran idóneos para ocupar ese cargo y por eso voté en contra, independientemente de que pertenecía al bloque oficialista, independientemente de que el presidente de la Nación, que había sometido a consideración el pliego, también había sacado el 50 por ciento de los votos”.
Finalmente, y sin perjuicio de que otros senadores se manifestaron de igual manera en la sesión, es útil rescatar las palabras del entonces senador por Santa Fe Rubén Guistiniani del Partido Socialista: “Estamos tomando una decisión política de hondo significado institucional”.
En el ámbito de la Cámara de Diputados también se pueden rescatar antecedentes que refuerzan la tesis del control amplio de idoneidad. Son de plena aplicación las ideas expresadas por los entonces diputados/as Alonso, Pinedo, Michetti, Tonelli, González, Martínez, Schmidt Liermann y la propia Majdalani, cuando se dirigieron por nota al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, para impugnar la candidatura de Daniel Gustavo Reposo para el cargo de Procurador General de la Nación.
En ese marco, señalaron que el compromiso con la democracia y la defensa los derechos humanos debe ser demostrado por aquel que desempeñó previamente algún cargo o función pública, mediante:
“a) cumplimiento cabal de las normas cuya observancia se ha encontrado a su cargo en funciones públicas anteriores, y
b) respeto total de los derechos y garantías de los ciudadanos, y los principios y reglas del sistema republicano y democrático, tales como el derecho de acceso a la información pública, la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión”[9].
Más específico aún, en ocasión del debate para el tratamiento de la Ley N° 27.126, modificatoria de la Ley de Inteligencia Nacional[10], la entonces senadora por la provincia de Santiago del Estero, Ada Rose del Valle Itúrrez de Capellini, expresó:
“Otro cambio sustantivo es que a partir de la creación de esta nueva matriz institucional –la Agencia Federal de Inteligencia, AFI– que está proponiendo el Poder Ejecutivo, el director general y el subdirector, que van a conducir ese organismo, deberán ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de este Honorable Senado de la Nación. Es decir que las personas propuestas tendrán que venir a este Parlamento a explicar las estrategias, las políticas, a dar cuenta del conjunto de obligaciones que ya están dentro del marco de la ley 25.520 que hacen a esta cuestión, con lo cual también estamos hablando de una participación institucional más importante del Parlamento en esta materia”.
En la misma sesión, la senadora por la Provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, puso en discusión si los requisitos establecidos en el procedimiento resultaban suficientes:
“(…) no se dice nada respecto de la idoneidad de los dos funcionarios, de las máximas autoridades de esta agencia. Tienen el acuerdo del Senado, pero esto no basta. Las personas que van a manejar los derechos fundamentales de otras personas, el derecho a la intimidad – porque pueden filtrar nuestras llamadas, nuestras informaciones, nuestras computadoras, lo explicó perfectamente el senador Fuentes al referirse a toda la aparatología que hay–, tienen que tener mínimamente dos cualidades: una calidad técnica –habrá que colocar un estudio de posgrado, una especialidad en derechos humanos– y, además, una calidad ética.
Además creemos que a ese acuerdo, en el Senado, se le deberá dar un tratamiento similar al que se le da a los acuerdos para los jueces, con una publicación por edictos, para que las organizaciones y la sociedad puedan venir. Porque semejantes facultades extraordinarias que se le otorgan a estas personas llevan ínsita la necesidad de que puedan ser impugnados, como ocurre con los jueces, los miembros de la Corte, los fiscales, los defensores. No basta con el acuerdo parlamentario”.
Tal como se desprende de las diversas posiciones de los legisladores, la idoneidad que exige la Constitución Nacional se compone de múltiples dimensiones: la idoneidad política (conducta y visión que se tiene de la persona y el cargo a ocupar), la experiencia previa y la vocación de servicio, la honestidad e integridad, la transparencia en sus acciones, la capacidad y el profesionalismo, el apego a la ley, el compromiso con valores democráticos. En definitiva, la evaluación es de carácter político institucional. El perfil de los candidatos expresa el contenido de la política que el Poder Ejecutivo propone para esa área de gobierno.
Realizamos nuestra presentación desde esta perspectiva, dada la escasa información que contienen los curriculum vitae adjuntados por el Poder Ejecutivo en los mensajes N° 799/16 y 800/16, la información pública disponible, y las medidas de gobierno que los candidatos tomaron durante los más de siete meses que llevan al frente de la AFI, designados en comisión.
Contexto institucional de las designaciones y evaluación de los meses de gestión de los candidatos propuestos
2.1. Crisis de la Secretaría de Inteligencia y creación de la Agencia Federal de Inteligencia
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue creada por ley a principios de 2015 para reemplazar a la Secretaría de Inteligencia de la Nación (SI). La crisis institucional generada a partir de los sucesos del verano de 2014/5 puso en evidencia los vínculos espurios entre agentes de la inteligencia nacional y algunos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público, con especial predicamento en el fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. También exhibió la participación de los servicios de inteligencia en redes de ilegalidad y el escaso nivel de profesionalismo de un organismo que ha estado históricamente abocado al espionaje político y al tráfico de influencias.
Tras el trámite y el debate parlamentario y público correspondiente, el 25 de febrero de 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.126 por medio de la cual creó la AFI.
Entre los objetivos de la reforma emprendida se pueden identificar la delimitación del rol y las funciones de la AFI mediante una diferenciación precisa de los campos de “inteligencia nacional” e “inteligencia criminal” ( art 2°); la prohibición de realizar tareas de investigación criminal, salvo cuando exista una autorización especial otorgada por el juez de la causa, en cuyo caso los funcionarios intervinientes serán considerados auxiliares de la justicia y se les aplicarán las reglas procesales correspondientes (art 3°); la reestructuración del régimen de administración de los fondos mediante la inversión de la regla del secreto y estableció mayores exigencias para la rendición y control de los fondos reservados (art 19); la limitación del principio del secreto a partir de la reformulación del sistema de clasificación de seguridad de la información producida y almacenada por los organismos de inteligencia y el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a solicitar la desclasificación de dicha información (arts. 11 y 12); la adopción de reglas para la protección de las bases de datos en poder de los organismos de inteligencia (arts. 13, 14 y 15) y la transferencia de la infraestructura necesaria para intervenir comunicaciones telefónicas desde la entonces Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia al ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación (art 17).
Como ya se señaló en el punto previo, la Ley N° 27.126 también reformó el mecanismo de designación de autoridades de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, con la finalidad de que dicha decisión no sea competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y estableció el deber del Congreso de la Nación de controlar la idoneidad de los candidatos a ocupar un lugar de máxima responsabilidad en el Estado Nacional.
Por sí solas, las transformaciones normativas no pueden resolver la crisis profunda del sistema de inteligencia nacional ni son suficientes para terminar con años de desgobierno, oscurantismo y actos irregulares, e incluso delictivos, que afectan gravemente la estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. La transformación depende de las definiciones políticas del Poder Ejecutivo y de la gestión cotidiana de quienes son llamados a conducir la Agencia Federal de Inteligencia.
Este es un momento que puede ser bisagra en la historia institucional del sistema de inteligencia nacional: se puede elegir profundizar los cambios normativos y sentar las bases para un funcionamiento del sistema de inteligencia nacional respetuoso del Estado de derecho y eficaz para la anticipación de hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación o se puede elegir sostener la matriz histórica de relación promiscua entre los sistemas político, judicial y de inteligencia. Este momento exige poner todos los esfuerzos en la democratización y profesionalización del sector, la renovación de su personal, y la adecuación de las prácticas institucionales al mandato legal y constitucional.
Sin embargo, como veremos a continuación, las decisiones del gobierno nacional en este campo, desde la asunción del presidente Mauricio Macri hasta la fecha, ejecutadas por el Director Arribas y la Subdirectora Majdalani designados en comisión, alimentan la preocupación de que el cambio que se pretendía con la reforma de la ley quede en letra muerta, con el riesgo de que los agentes y los recursos de inteligencia profundicen su autonomía y su capacidad de desestabilización política.
2.2. Desafíos pendientes al 10 de diciembre de 2015, retrocesos institucionales y señales de alerta
El resultado de la reforma de la Ley N° 25.520, en el que fue determinante la intervención de organizaciones y referentes especializados en el tema para modificar el proyecto original impulsado por el PEN, fue un marco normativo que, aún con deficiencias, significó un compromiso de mejorar la calidad institucional del sistema y, por sobre todo, incrementar el nivel de transparencia de las actividades de inteligencia y el proceso de rendición de cuentas.
Ese piso fue luego refrendado por el Decreto N° 1311/2015, aprobado el 6 de julio de 2015. En materia de administración de fondos, incluía una tipología muy específica de los supuestos en los que los egresos de dinero podían mantenerse clasificados y estipulaba un procedimiento para su registración que facilitaba el control posterior. También precisó las misiones y prioridades de la nueva AFI y avanzó en la creación de circuitos administrativos para institucionalizar las tareas de inteligencia, consolidando la autoridad política del Director y del Subdirector. Finalmente, el Decreto N° 1311/15 también instauró un sistema anual de evaluación del desempeño profesional, un mecanismo de control externo de las conductas profesionales de los agentes y -dato no menos importante- dividió el personal según si cumplían tareas de inteligencia, de seguridad del organismo o administrativas y a cada grupo se le asignaron deberes, derechos y obligaciones específicas.
Sin embargo, las resistencias internas y la gestión deficiente y sin voluntad de cambiar estructuralmente la agencia de inteligencia impidieron avanzar con las reformas organizacionales y la transformación de las prácticas que establecía el decreto reglamentario. Este fue el panorama que encontró el gobierno que asumió en diciembre de 2015.
En los pocos meses transcurridos de la nueva gestión, el Poder Ejecutivo adoptó un conjunto de decisiones muy controvertidas que representan verdaderos retrocesos institucionales respecto al proceso iniciado a partir de la sanción de la Ley N° 27.126.
La primera de estas decisiones fue la designación de los candidatos en comisión, por un tiempo inexplicablemente prolongado, en los cargos de Director y Subdirector de la AFI. En aquel momento, en el caso del Director Arribas, las instituciones que integramos la ICCSI señalamos su evidente falta de experiencia, falta de formación y falta de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia. Respecto de la Subdirectora Majdalani advertimos que durante su desempeño como diputada nacional en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la comisión se mantuvo prácticamente inactiva y tuvo un nulo compromiso en materia de control de la actividad de inteligencia y de apertura de canales de acceso a la información pública[11]. Si bien este punto será profundizado en el capítulo siguiente en el que analizamos sus perfiles y antecedentes, es oportuno destacar aquí que la escasa información suministrada por el Poder Ejecutivo al enviar los pliegos –los CV de las máximas autoridades de la inteligencia nacional son de una y dos carillas respectivamente— parece confirmar los temores que expusimos oportunamente.
La segunda decisión del gobierno nacional fue plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 256/2015, por medio del cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) desde la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa transferencia sucedió apenas seis meses después de que se concretara el traspaso de la conocida “OJOTA” indicado por la Ley N° 27.126, desde el Poder Ejecutivo Nacional hacia la Procuración General de la Nación, como órgano extra poder.
Al decreto en particular le caben numerosas críticas. En primer lugar, no pudo acreditarse la necesidad y urgencia que motivara el DNU. Esto quedó en total evidencia con la respuesta de la Corte, inmediatamente después de conocerse el decreto, que mediante la acordada Nº 45/15 postergó la transferencia hasta el 15 de febrero del 2016[12]. En segundo lugar, es cuestionable su constitucionalidad a la luz del artículo 116 de la Constitución Nacional, que asigna a la Corte Suprema en particular y al Poder Judicial en general la facultad de entender en la resolución de causas, pleitos o controversias entre dos o más partes y no la de ejercer funciones administrativas de una oficina cuya función, entre otras, es la de actuar como auxiliar de la justicia en casusas criminales. Y en tercer lugar, la transferencia fue cuestionable porque la DICOM de la Procuración General de la Nación había logrado avances como el mejoramiento de los procesos de escuchas directas en casos de urgencia; la racionalización del circuito interno de ingreso, registro y ejecución de las órdenes de escuchas y el envío de los resultados a los magistrados que las solicitaban; y la publicación, por primera vez, de información estadística respecto de la cantidad de solicitud de interceptaciones, plazos, tipo de causas en las que eran requeridas, jurisdicciones solicitantes, etc.
En las últimas semanas circularon noticias sobre que la AFI quería recuperar el control de las escuchas[13]. El presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó reconoció que se estaba estudiando devolver las escuchas a la AFI[14] con un argumento sorprendente: “a mí me deja tranquilo que esto (las escuchas) lo maneje el Presidente. Él no va a usar esa herramienta para fines para los que no se tiene que usar”[15]. Será de fundamental importancia que los Senadores evalúen los planes de estos candidatos en relación con este tema. Desde el punto de vista político, sacarle a la ex SIDE el monopolio de la interceptación de las comunicaciones fue una de las medidas más salientes. Esa facultad era la puerta principal para que los espías se involucraran en investigaciones criminales e interfirieran en su resolución, produjeran escuchas ilegales y construyeran relaciones non sanctas con jueces, abogados, funcionarios y empresarios. En los años en los que la SIDE estuvo a cargo de la DOJ ocurrieron diversos escándalos. En la causa AMIA, por ejemplo, escuchas sin orden judicial fueron ejecutadas desde la Ojota y casetes con grabaciones se perdieron sin que al momento se hayan individualizado a los responsables. En la causa Dark Star Security, una denuncia falsa originada por sectores de la propia SI habría sido la puerta de ingreso para que decenas de líneas telefónicas permanecieran intervenidas por un tiempo de hasta tres años. Finalmente, el escándalo por las escuchas realizadas por ex funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la colaboración de funcionarios policiales y judiciales de la provincia de Misiones, sirviéndose de la infraestructura de la Ojota, mostró las graves falencias que existían en la gestión y el control de los circuitos judiciales y administrativos de las escuchas legales.
Devolverle las escuchas a la AFI le permitiría recuperar la injerencia en las causas en las que se realizan interceptaciones y, más grave aún, el Poder Ejecutivo volvería a tener acceso a información sensible sobre los contenidos y las orientaciones de las investigaciones criminales en curso. Por eso, la evaluación que realice el Senado no debería pasar por alto este tema.
La tercera de las medidas que tomó estado público fue el dictado del Decreto Nº 656/16, por medio del cual se derogó casi la totalidad de la normativa reglamentaria de la ley de inteligencia, la estructura orgánica y funcional de la AFI, los regímenes profesionales para los distintos tipos de personal, sin remplazarla por un nuevo diseño del sistema ni brindar razones valederas. Por esa vía se derogaron los mecanismos más innovadores del Decreto N°1311/15: (i) la metodología de trabajo de “inteligencia por problemas” que restringía la producción de inteligencia a problemáticas criminales o defensivo-militares relevantes para nuestro país; (ii) la obligatoriedad de que toda orden de inteligencia estuviera inscripta en una directiva de inteligencia aprobada por el Director General del organismo[16]; (iii) el mecanismo de coordinación de la AFI con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios públicos provinciales, que limitaba la participación de personal de la AFI sólo al apoyo de aquellas actividades que no pudieran ser realizadas regularmente por policías o fuerzas de seguridad; y (iv) el régimen de administración y control de fondos al que, por su gravedad e impacto, nos referiremos en otro apartado. En reemplazo parcial se sancionó un “Nuevo Estatuto para el Personal de la Agencia Federal de Inteligencia” que reintrodujo la “disciplina del secreto” en todo lo atinente a la AFI, lo cual significa en la realidad una vuelta a la plena vigencia del Decreto Nº 1088/2003, herencia de viejos estatutos concebidos para organismos de inteligencia de hace cincuenta años.
Estas decisiones, si bien fueron tomadas por el Presidente de la Nación, han sido o impulsadas o convalidadas por el Director designado en comisión Arribas y la Subdirectora designada bajo igual modalidad Majdalani durante sus siete meses a cargo de la AFI. Entendemos que todas estas medidas se apartan del sendero de transparencia, respeto por el Estado de derecho y modernización de las estructuras de inteligencia que deben guiar su accionar y tienden a la restauración del status quo que condujo a la mayor crisis del sistema. Y creemos que constituyen motivo suficiente para que el Honorable Senado niegue su acuerdo.
2.3. Designación de personas altamente cuestionadas en cargos de conducción de la Agencia
A través de medios de comunicación y de filtraciones más o menos interesadas, nos hemos ido enterando de la designación en puestos sumamente sensibles de personas cuestionadas por su actuación previa en el ámbito de la inteligencia o por su relación con estas estructuras y que carecen de la idoneidad necesaria para ocupar esos cargos.
Un caso paradigmático ha sido la designación de Juan José Gallea como responsable del área de finanzas. Gallea fue el histórico director general de Finanzas de la SIDE durante el gobierno de la Alianza y parte del gobierno de Eduardo Duhalde. Ocupaba ese puesto cuando la denuncia de pago de coimas en el Senado para la aprobación de la ley de flexibilización laboral puso a la cuestión de los fondos reservados de la SIDE en las primeras planas. Según testigos que declararon bajo juramento en sede judicial, el dinero utilizado para los sobornos salió de la SIDE. Es decir, Gallea fue parte, ocupando un puesto central, de la matriz que estalló en la crisis de comienzos de 2015. Además, en el ámbito privado, Gallea ocupó un cargo gerencial en el Grupo Veintitrés, propiedad del empresario de medios Sergio Szpolski. Este conglomerado de empresas, que disfrutó de importantes aportes de dinero público desde el inicio de su vida comercial, fue sistemáticamente vaciado a partir de fines del año pasado, poniendo en serio riesgo la continuidad laboral de cientos de trabajadores.
Otra designación muy cuestionada es la del ex fiscal Eduardo Miragaya al frente de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI. Según información de prensa, este funcionario ha sido vinculado a los circuitos ilegales de la inteligencia, afrontó denuncias por su crecimiento patrimonial y fue involucrado en una denuncia por jubilaciones “truchas” en la provincia de La Rioja[17].
Resulta indispensable que los señores senadores evalúen esta información y cuestionen a los candidatos propuestos acerca de las razones por las cuales decidieron incorporar a la nueva gestión del organismo rector del Sistema de Inteligencia a personas que arrastran en sus antecedentes el ser parte del esquema que se dice pretender cambiar.
2.4. Retroceso en la gestión de los fondos reservados
Una de las pocas medidas de la conducción de la AFI que fue conocida por el público en estos meses fue el dictado del Decreto N° 656/16, respecto del cual algunas de sus consecuencias más salientes fueron mencionadas en el apartado 2.2. Entre los efectos que tuvo la sanción de ese decreto, la cuestión de los fondos reservados de la AFI merece un párrafo aparte por su centralidad. En la investigación por el atentado a la AMIA estas partidas presupuestarias fueron utilizadas por la conducción de la entonces SIDE para desviar la investigación con fines políticos.
En marzo de 2005, el Estado argentino suscribió en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acta acuerdo por la cual se comprometió a iniciar un proceso de solución amistosa con Memoria Activa, una asociación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para ello, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por no haber prevenido el ataque y por haber mediado “un incumplimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria de justicia”. En ese marco, el Estado se comprometió ante los familiares de las víctimas del atentado, entre otras cuestiones, a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia”. El reconocimiento de responsabilidad y las medidas de reparación y no repetición fueron formalizados en el Decreto N° 812/2005. Sin embargo, recién pasados 10 años, la sanción de la Ley N° 27.126 y del “Régimen de Administración de Fondos de la Agencia Federal de Inteligencia” del Decreto N° 1311/15 constituyeron los primeros avances en la materia.
Como adelantamos en el punto 2.2, la Ley N° 27.126 y el Decreto N° 1311/15 definió qué tipos de gastos eran públicos y cuáles podrían quedar sujetos a una clasificación de seguridad. Además, estableció un procedimiento para el registro de las erogaciones de la parte del presupuesto secreto que se basaba en la confección de actas respaldatorias que debían ser rubricadas por el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades y Organismos de Inteligencia. El Decreto N° 656/16, firmado por el Presidente Macri y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, derogó este procedimiento alegando razones de agilidad administrativa y no lo reemplazó por uno nuevo. De esta manera, se suprimió un circuito administrativo que, de implementarse en su totalidad, no solo cumpliría con el compromiso escrito asumido por el Estado Nacional ante los familiares de víctimas de la AMIA, sino que limitaría la posibilidad de que volvieran a tener lugar hechos escandalosos como el haber utilizado estos fondos para fraguar la investigación del más cruel atentado en la historia del país.
Ante la publicación del Decreto N° 656/16, Memoria Activa y el CELS enviaron una nota al Jefe de Gabinete solicitando se informe las razones que inspiraron la decisión y si se había sancionado por disposición interna un nuevo procedimiento para regular el registro y la rendición de los fondos reservados, en cuyo caso solicitaron una copia. El 11 de julio del corriente año, el Director General Arribas contestó esa nota sin responder ninguno de los interrogantes planteados[18]. Afirmó, apelando a una mera cuestión de fe, que “se han establecido y se encuentran vigentes diversos procedimientos y controles que conforman un sistema de administración de fondos que responde a los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo”, utilizando para ello “los criterios fijados por las mejores prácticas profesionales para el diseño de estos controles”. Omitió individualizar y aportar copia.
De esta manera, Arribas en representación del Poder Ejecutivo sentó el precedente de que no es necesario hacer público el actual sistema de registración de fondos reservados (si es que hubiera alguno) ni cómo funciona. Esta respuesta parece considerar que las normas generales de regulación del sistema de inteligencia deben ser clasificadas como secretas. Justamente, este es el enfoque que impide que el sistema avance hacia mayores niveles de transparencia y control.
Paralelamente, debemos destacar que mientras este intercambio tenía lugar, el propio Estado argentino, en ocasión de la evaluación periódica del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que “la Agencia de Inteligencia afirma que se está trabajando en un sistema de rendición de gastos y conservación de documentación relativa a los gastos” y reconoció que “hasta tanto no se implemente dicho sistema podría considerarse la existencia de un retroceso en lo que respecta a la transparencia de utilización de fondos reservados”[19].
En conclusión, contamos con elementos objetivos que nos permiten concluir que la actual gestión de Arribas y Majdalani no ha adoptado como una de sus prioridades la cuestión de la transparencia de los fondos de la AFI, reproduce la lógica del secreto frente a todo lo concerniente al funcionamiento de la AFI, desconoce los compromisos asumidos por el Estado argentino ante las víctimas del atentado a la AMIA y fortalece las resistencias de la propia corporación de inteligencia que rechaza el proceso de cambio y apertura iniciado por la nueva ley y el Decreto N°1311/15 derogado.
Estas políticas ancladas en el sistema anterior y, en particular, la respuesta del actual director Arribas hacen que cuestionemos los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo y que requiramos al Senado que no las convalide con su acuerdo.
El perfil de los candidatos propuestos y el estándar de idoneidad para el cargo
La reforma de la ley de inteligencia no incorporó requisitos especiales para ocupar los cargos de Dirección y Subdirección General de la AFI. Sin embargo, en la medida que el procedimiento de designación de las autoridades exige el acuerdo del Honorable Senado de la Nación difícilmente se puede interpretar que la designación puede fundarse únicamente en la confianza personal que el Presidente de la Nación deposite en el o los candidatos. Tales cualidades serían de imposible verificación por parte de los legisladores del cuerpo y, tal como expresamos en el primer apartado, el estándar para la intervención del Senado es el de idoneidad para el ejercicio del cargo.
En este sentido, entonces, el Senado puede y debe considerar las condiciones de los candidatos: conducta previa, competencia para el cargo (fundada en sus estudios y/o su trayectoria profesional), idoneidad ética y compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Tal como se explica en la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), los currículums entregados para los cargos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Nacional tienen carácter de declaración jurada y los candidatos en caso de ser seleccionados deben acreditar los datos que consignados en su curriculum vitae mediante la documentación correspondiente.[20]
3.1. Sobre el candidato a Director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Héctor Arribas
a. Ausencia de formación o experiencia específica
El primer punto que llama la atención del candidato a ocupar el máximo cargo de la Agencia Federal de Inteligencia surge de la simple lectura de los antecedentes presentados: Arribas consigna que su formación académica es de abogado, recibido en 1983, y escribano público, recibido en 1984. Es decir, que no tiene antecedentes específicos en cuestiones relacionadas con la gestión del sistema de inteligencia ni en temas relacionados como seguridad, defensa, relaciones internacionales, geopolítica, etcétera.
Para salir de la lógica de la administración oscura e ineficaz del sistema de inteligencia que predominó en la historia de nuestro país, la inteligencia nacional debe ser profesionalizada. Es decir que, entre otras cuestiones, las actividades de inteligencia deben ser realizadas con legitimidad y eficacia, para lo cual es preciso contar con personal altamente capacitado y con experiencia específica. De allí que uno de los objetivos de la reforma fue la profesionalización del personal del sistema de inteligencia.
Esta condición no puede eximir a la máxima autoridad, quien recordamos, es la cabeza rectora del Sistema de Inteligencia Nacional en nuestro país.
En el cotejo de normativa de algunos países, el cargo de máxima autoridad de las agencias de inteligencia – cualquiera que sea su denominación – se corresponde con el rango de ministro. Entre los requisitos para ejercer el cargo se consignan:
“…no poseer antecedentes penales ni policiales, poseer título universitario; tener reconocida solvencia moral, tener reconocido conocimiento y experiencia en tareas de seguridad, defensa y desarrollo nacional…” (Paraguay)[21]
“…un profesional en un área atinente al cargo o de un funcionario cuya idoneidad técnica y calificada experiencia en el área de seguridad le hagan apto para el puesto…” (Costa Rica)[22]
“Poseer conocimientos y experiencia en asuntos relacionados a seguridad, defensa y desarrollo nacional”. (Perú)[23]
“a. Ser guatemalteco. b. Ser mayor de cuarenta años. c. Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles o ciudadanos. d. Tener título universitario a nivel de licenciatura, como mínimo. e. Tener capacitación y experiencia en el área de inteligencia.” (Guatemala)[24]
Respecto a su experiencia profesional el candidato se limita a consignar el ejercicio independiente de la profesión de escribano entre 1985 y 2007 y la representación de deportistas y clubes de fútbol entre 2007 y 2015, lo que pone de manifiesto la absoluta falta de competencia respecto a las habilidades y conocimientos fundamentales para ser titular de un organismo tan sensible y complejo.
La amistad, de público conocimiento, del Presidente con el candidato Arribas en conjunción con la su falta de antecedentes parece indicar que la designación responde únicamente a criterios de confianza personal más que a condiciones de idoneidad o fortalecimiento institucional. Tal es la amistad del actual director con el presidente que, conforme revelan fuentes periodísticas, desde el 22 de diciembre de 2015, fecha en que Mauricio Macri se mudó a la quinta presidencial, Arribas estaría viviendo en el departamento del mandatario de Av. Libertador y Cavia, a cambio del pago de un alquiler[25].
La conjunción de amistad y carencia de idoneidad genera dudas sobre la capacidad que tendría el director de la AFI para confrontar decisiones del Poder Ejecutivo que pudieran implicar el desvío de recursos del sistema de inteligencia hacia a fines que están por fuera de su competencia. No se trata de especulaciones maliciosas, la ex SIDE tiene frondosos antecedentes en este tipo de prácticas y personas del actual entorno presidencial han sido procesadas por asociación ilícita e interceptación ilegal de las comunicaciones cuando el actual presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires[26].
La confianza personal puede ser una necesidad –aceptable- del presidente, pero no un requisito suficiente para obtener el acuerdo del Senado. Si así fuera todo el procedimiento sería en verdad ficticio.
Tal como se señaló oportunamente, el requisito fundamental para ser elegido en el cargo es la idoneidad. Así lo exige la Constitución Nacional en su artículo 16: “Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”; y el Código de Ética de la Función Pública (Dto. 41/99), que en su artículo 12 establece que “La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.”
Por consiguiente, las carencias señaladas deben ser evaluadas por el Senado para fundar el rechazo a la postulación. Cualquiera sea la interpretación que los senadores realicen respecto de la condición de “idoneidad” necesaria para el ejercicio del cargo, difícilmente puedan concluir que el Sr. Gustavo Arribas cumple en lo más mínimo este requisito.
b. Omisiones en el Curriculum Vitae acompañado en el pliego
De un simple cotejo entre el C.V. que acompaña al pliego en consideración del Senado de la Nación y la Declaración Jurada presentada ante la Oficina de Anticorrupción (ver ANEXO I), surgen omisiones e inconsistencias en cuanto a las actividades de Arribas en el sector privado.
Las menciones a sus antecedentes en el sector son genéricas, cuando no imprecisas.
En primer lugar, no se consigna en su C.V. ni en la declaración jurada su participación en al menos dos empresas que sí ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Se trata de GAG CONSTRUCCIONES[27] y HAZ SPORT AGENCY SA[28]. Arribas no declaró nada sobre ellas. Sin embargo, en la primera, según el Boletín Oficial, ofició de director y se desconoce si en algún momento se produjo o no una desvinculación. Un informe NOSIS sobre su persona no refleja que hubiera cambios a posteriori en la empresa. En la segunda, HAZ SPORT AGENCY SA, Arribas habría cumplido funciones de Director suplente hasta 2013. Evidentemente, la importancia del cargo ocupado en ambas sociedades merecía su mención en el C.V. No es lo mismo ser intermediario o representante de jugadores a título individual que mediante una sociedad anónima, como tampoco es lo mismo ofrecer al Senado toda la información sobre la trayectoria profesional del postulado para su correspondiente evaluación, que presentar selectiva y arbitrariamente los antecedentes.
Pues bien, a la omisión del C.V. se añaden algunos datos que resultan llamativos y también deberían llevar a un análisis más exhaustivo por parte de la Comisión de Acuerdos. La empresa HAZ SPORT AGENCY SA fue constituida en 2002; Arribas fue reemplazado en el cargo de director suplente por una asamblea realizada el día 22 de enero de 2013. Sin embargo, en las publicaciones del Boletín Oficial no fue posible conocer la fecha de su designación en el cargo de director suplente y se advierte que su reemplazo fue resuelto en enero de 2013 pero recién fue publicado tres años después, en el Boletín Oficial del 28 de abril de 2016. La falta de información suficiente sobre la condición estatutaria de la empresa y la evolución de su directorio alerta sobre posibles irregularidades que deberían ser investigadas. Más aún, es necesario esclarecer si Arribas continúa teniendo algún tipo de participación societaria.
Otro dato que merece la atención es el nombre del responsable de la inscripción de HAZ SPORT AGENCY SA, el contador Julio César Jiménez, quien también habría inscripto la empresa American Tape, vinculada a Antonio Stiuso, y Seguridad Integral Empresaria S.A, empresa responsable de la seguridad del edificio Le Parc donde vivía el fiscal Nisman[29]. Algunos medios de comunicación sugieren que es una (desafortunada) casualidad, y que este contador inscribe centenares de empresas por año[30]. Es posible que así sea, pero en un sector en que las casualidades son usualmente provocadas, es deseable que la Comisión indague más allá de los trascendidos y las conclusiones periodísticas.
De la declaración jurada surge la participación de Arribas en dos sociedades radicadas en el extranjero, las empresas GHA NEGOCIOES E PARTICIPACIOES LTA y SOCCER PLAYER AGENCIAMIENTO ESPORTIVO LTDA. Solo se consigna la participación sin brindar más datos sobre el rol del candidato en esas empresas. Por otra parte, también en la declaración jurada, se indica la propiedad de seis inmuebles en el extranjero, tres de los cuales figuran como oficinas[31]. Dado que sus antecedentes profesionales en el sector privado, como ya se dijo, no permiten dilucidar los roles y las responsabilidades que Arribas tiene o ha tenido, resulta imperioso conocer el destino o actividad que allí se desarrolla y el rol del candidato. Esa información es indispensable para evaluar posibles conflictos de interés, atento a que podría haber incompatibilidades con la importante función pública para la que Arribas ha sido propuesto.
Fuentes periodísticas[32], también vinculan a Arribas con otras sociedades comerciales. Las fichas catastrales de la Junta Comercial del estado de San Pablo darían cuenta de que Arribas integró o integra la sociedad Storm Producciones, dedicada a la fotografía y a actividades de intermediación de negocios en general; y HAZ Brasil, que inició sus actividades en 2005. En esta empresa Arribas sería socio de Joao Marcos Pilli y Alexandre Verri, “este último imputado en una investigación judicial por lavado de dinero y asociación ilícita, porque se le atribuyó haber participado en la creación de la sospechada MSI, pero en abril de 2014 resultó exonerado de esos cargos”.
A partir de la investigación por los Panamá Papers también se conoció que otra empresa asociada a Arribas es La Veneziana Corp[33], inscripta y activa según los registros del Departamento de Estado de Nueva York (Ver ANEXO III)[34]. Fue creada el 17 de abril de 2009 y tiene su sede en el Bronx, en el rubro gastronómico[35]. Arribas figura como Director Ejecutivo, otra omisión.
En todos estos casos, corresponde que se esclarezca la participación actual del postulante, así como la situación tributaria presente y pasada de dichas entidades, tanto en nuestro país como en el extranjero. Ello es necesario porque constituyen elementos de juicio relevantes para analizar posibles situaciones de conflicto de interés y porque la conducta fiscal del candidato es un estándar elemental para valorar su apego a la legalidad y su responsabilidad social.
Es necesario que el Senado clarifique estos puntos, garantizando un proceso transparente a la ciudadanía. Asimismo, solicitamos que dilucide por qué razón el candidato omitió todos estos datos en su declaración jurada y correspondiente CV.
c. Sobre su participación en el negocio del fútbol
Además de su absoluta falta de formación para el ejercicio del cargo, de su C.V. y su perfil público se destacan sus antecedentes en el negocio del fútbol, como representante e intermediario de jugadores y clubes, una modalidad de negocios cuestionada por la falta de transparencia y las posibilidades que ofrece para la evasión y el lavado de dinero, entre otros delitos.
¿Cuáles son las características más salientes de este mercado en la actualidad? La mecánica es muy simple: gracias a que el reglamento de la FIFA prohíbe que las personas tengan los derechos federativos de los jugadores, las empresas o grupos inversores deben inscribirlos en un club –sin importar la categoría ni país, siempre que estén afiliados a la FIFA. De esta manera, el origen de los fondos aplicados a la transacción se vuelve difícil de rastrear. Este es el motivo por el cual en la mayoría de las transferencias más onerosas y rentables del fútbol argentino intervinieron clubes menores de Uruguay o Chile (generalmente de segunda división como por ejemplo Unión San Felipe de Chile o Deportivo Maldonado de Uruguay) que tienen capitales o están dirigidos por una sociedad anónima. Es evidente que este tipo de maniobras permite dar apariencia lícita a capitales o fondos de dudoso origen. En palabras del actual Administrador de AFIP, Alberto Abad, ya en 2007, cuando se encontraba al frente del organismo:
“hay muchas operaciones que no se informan, otras se declaran sólo parcialmente o se hacen con plata negra; se facilita el lavado de dinero o se pagan comisiones que no figuran en ningún registro”.
“esto se debe en gran medida al anonimato en que se desenvuelven empresarios, directivos y particulares, que son titulares de derechos económicos vinculados a jugadores de fútbol[36]”.
El historial de Arribas en ese ámbito es frondoso en cuanto a los pases en los que intervino y oscuro respecto de los socios con los que realizó operaciones. Se destaca, según consignan diversas fuentes periodísticas[37], el haber participado en 1999 en la venta, con irregularidades, del futbolista Diego Garay. La propiedad del jugador correspondía a Arribas y al Club Talleres de Córdoba, y por dicha operación, según estas mismas fuentes, la FIFA multó al club por una suma millonaria y sancionó al Sr. Arribas por la presentación de un pasaporte falso del jugador y por no tener licencia habilitante. Más allá del tenor del organismo de disciplina interviniente, el hecho debería ser analizado por la Comisión en tanto revela una conducta indebida del candidato y lo vincula con la falsificación de documentos[38].
Las primeras experiencias de compra venta de jugadores a través de la creación de fondos de inversión, Arribas las hizo con el “Fondo Común de Inversión Boca Juniors”, cuando el Club Atlético Boca Juniors era conducido por el hoy Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Arribas intervino en “todas las operaciones que realizó Talleres con el Fondo Común de Inversión Boca Juniors, a tal punto que, tanto Garay como Javier Villarreal, pasaron por ese negocio bursátil (el 50 por ciento de los derechos económicos de éste último continúan en manos del Fondo)”[39]. Pero como los accionistas eran anónimos fue imposible conocer quien obtuvo los beneficios.
Luego, tal como surge de las publicaciones ya mencionadas del B.O, Arribas también fue Director Suplente del grupo inversor HAZ SPORT AGENCY SA, compañía que a su vez sería una subsidiaria[40] de la empresa offshore HAZ FOOTBALL WORLD WIDE LIMITED, con domicilio legal y fiscal en la guarida fiscal de Gibraltar[41] para la comercialización de futbolistas. En HAZ SPORT AGENCY SA, Arribas estuvo asociado con Fernando Hidalgo. En HAZ FOOTBALL WORLD WIDE LIMITED estaría el vínculo con el empresario israelí Pinhas Zahavi[42], aunque algunos medios de prensa sostienen que en HAZ SPORT AGENCY SA Hidalgo y Arribas oficiarían de representantes del israelí en la Argentina[43]. De acuerdo a numerosos medios periodísticos, la denominación “HAZ” habría surgido de la conjugación de las iniciales de los apellidos de Fernando Hidalgo, Gustavo Arribas y Pinhas Zahavi[44].
Al considerar los perfiles de los socios de Arribas encontramos a Zahavi, un magnate israelí, de 72 años, que reside en Inglaterra, y fue socio de Román Abramovich en la compra del Chelsea inglés, quien a su vez también participó de las operaciones del grupo empresario Media Sports Investment (MSI), que gerenció al Corinthians. El MSI, el Corinthians, Boca Juniors y HAZ fueron los protagonistas del pase de Carlos Tevez, uno de los más polémicos de la historia del fútbol argentino. En una investigación de Clarín en marzo de 2005, se informó de los puntos oscuros de la transferencia: el MSI “una empresa con sede en un paraíso fiscal depositó la plata en un banco de Nueva York[45]”. También según la investigación periodística, los integrantes de la empresa HAZ Arribas e Hidalgo participaron de la operación: “La comisión millonaria la cobraron argentinos a través de otra firma con sede en Gibraltar[46]”, y por este motivo, tanto la AFIP como la UIF abrieron investigaciones administrativas por lavado de dinero.
Fernando Hidalgo luego sería inhabilitado por la AFIP[47] e investigado por la Justicia federal por irregularidades en la compraventa de jugadores de fútbol (ver también apartado (d))[48]. En el caso de Hidalgo, figura además con una empresa offshore radicada en Panamá, creada en octubre de 2007 y activa hasta 2013, mientras compartía sociedad con Arribas en HAZ. La empresa que figura en los Panamá Papers se llama “Top Players Agency Corp” y fue inscripta por Mossack Fonseca, con directores panameños y con Hidalgo con un poder para “administrar la sociedad sin limitación alguna”[49].
Otras fuentes dan cuenta de la participación de Arribas en cuestionadas operaciones de triangulación de jugadores con el fin de evadir impuestos.[50] En este sentido, se pueden mencionar las transacciones realizadas con el ya citado Deportivo Maldonado, un club de la segunda división del fútbol uruguayo, que en 2009 se transformó en una sociedad anónima deportiva (SAD). El club es manejado por un propietario de caballos de carrera inglés llamado Malcolm Caine y el abogado Graham Shear. Un informe de Bloomberg de 2015 señala que Deportivo Maldonado ganó 10 millones de euros por la transferencia de jugadores que no jugaron siquiera un partido en el club. Por tratarse de “operaciones puente” destinadas a evadir impuestos, la FIFA se encuentra investigando operaciones que evitan las regulaciones fiscales de los países transfiriendo jugadores de primera división de Brasil y Argentina a través de clubes uruguayos[51] y analizando un cambio en las reglas en las transacciones de jugadores, estableciendo que los clubes deben tener un interés deportivo para realizar transferencias. Ya en 2011, Arribas declaraba a la prensa brasilera su participación en transferencias de jugadores que eran propiedad del Deportivo Maldonado[52]. Como representante del grupo inversor inglés, Arribas intervino en los pases de tres jugadores que resultaron muy polémicos por las características de las operatorias: Gerónimo Rulli, Guido Carrillo y Jonathan Calleri. La mecánica de las transferencias fue similar: el grupo inversor inglés representado por Arribas aportó el dinero para adquirir la ficha de los jugadores propiedad de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors y luego los inscribió en el Deportivo Maldonado. Para el caso del pase de Calleri, la transferencia se realizó luego de que Arribas asumiera –en comisión—al frente de la AFI, y recomendara en carácter de “asesor” al club uruguayo Deportivo Maldonado que contratara a Calleri.
Según información de prensa[53], la AFIP presentó a mediados de 2014 una denuncia penal para que se investigue el posible delito de evasión tributaria durante la transferencia de Gerónimo Rulli al fútbol español. La causa se encuentra radicada en el fuero Criminal Federal de la Ciudad de La Plata y el Sr Arribas está imputado. Resulta indispensable que el Senado evalúe la participación del Sr. Arribas en los hechos denunciados.
Más allá de los cuestionamientos que puedan surgir a partir de las triangulaciones descritas, no deja de ser llamativo el planteo que oportunamente formulara el Deportivo Maldonado ante las autoridades judiciales uruguayas en 2015. No conformes con las facilidades desde el punto de vista impositivo que les garantizan este tipo de triangulaciones, el Deportivo Maldonado solicitó—y le fue otorgada—una exoneración de pagar impuestos por la venta de jugadores, por considerar que se trata de una “institución cultural[54]”.
Para entender las “oportunidades” del mercado del fútbol, resulta muy ilustrativo que el propio GAFI[55] (Grupo de Acción Financiera) haya elaborado un reporte oficial denominado “Lavado de dinero a través del sector fútbol[56]” de julio de 2009, en el que se analizan las vulnerabilidades del negocio del fútbol frente a la problemática del lavado de dinero. Al estudiar las transacciones realizadas en el sector fútbol[57], el GAFI sostiene que
“…Sobre la base de nuestro análisis de la utilización del sector del fútbol como vehículo para blanquear el producto de actividades delictivas, una variedad de flujos de dinero que implica diversas operaciones financieras aumentan el riesgo de lavado de dinero. Estos están relacionados con:
La propiedad de los clubes de fútbol
El mercado de pases y la propiedad de los jugadores
Las actividades de apuestas
Derechos de imagen, patrocinio y acuerdos de publicidad” (p. 17)
Nótese que en tres de las cuatro actividades identificadas por el GAFI como “vulnerabilidades” del sector fútbol, Arribas ha tenido notable protagonismo: actúa como representante de capitales ingleses dueños del Deportivo Maldonado en Uruguay, participa de operaciones de transferencia de jugadores de fútbol e integró una agencia internacional de representación de jugadores, administración de clubes y venta de artículos relacionados con la “marca” de los clubes deportivos, como HAZ Sport Agency S.A.
En el mismo informe, el GAFI presenta los casos y tipologías más frecuentes en el sector fútbol. El caso 8 del informe considera como fuente el caso argentino, referido a la adquisición de jugadores. Si bien el ejemplo es ficticio, se ajusta a la metodología empleada en las transferencias donde intervino Arribas como intermediario[58], y se caracteriza por la intervención de “inversores desconocidos (anónimos) dispuestos a asignar fondos y de fondos de inversión constituidos en paraísos fiscales”, la “…compra por parte de los fondos de inversión de clubes de fútbol endeudados o en situación irregular, que necesitan atraer inversores…la asignación de fondos para la adquisición de jugadores de fútbol” y “transferencias de dinero al club de fútbol que adquiere el jugador de fútbol, a cuentas situadas en el extranjero” (p. 22). La conclusión del GAFI no deja lugar a dudas:
“Las inversiones en los clubes de fútbol se pueden utilizar para integrar dinero de origen ilegal en el sistema financiero… Los clubes de fútbol están de hecho vistos por los criminales como los vehículos perfectos para el lavado de dinero” (p. 17)
Por todo lo expuesto, los senadores no pueden dejar de considerar que detrás del negocio por la trasferencia de jugadores de fútbol muchas veces se oculta la comisión de delitos tales como asociaciones ilícitas, evasión, lavado de dinero y fuga de divisas. Es un mercado poco transparente caracterizado por las transacciones de difícil control, entre ellas la triangulación con clubes del exterior para no pagar impuestos, ni el jugador, ni el representante, ni el dueño de los derechos económicos. Se trata de una mecánica que propicia la fuga de divisas o el lavado de dinero a partir del pago de comisiones a intermediarios fantasmas, que generalmente están radicados en guaridas fiscales que imposibilitan el seguimiento de la ruta del dinero.
La mera sospecha sobre estos episodios debería obligar a la Comisión de Acuerdos a investigar exhaustivamente los antecedentes del candidato del Poder Ejecutivo. Es evidente que quien esté a cargo de la AFI no puede estar involucrado en un mercado tan opaco estructurado a través del entramado de empresas y en el que el flujo de dinero ilegal es corriente. Además, del desarrollo de su actividad privada surge la posibilidad de que existan conflictos de interés, en particular en lo relacionado con la función de la AFI de producir inteligencia sobre delitos contra el orden económico y financiero (Inciso 2, artículo 8, de la Ley N° 25.520). Pero además, es importante tener en cuenta que entre los graves problemas del sistema de inteligencia nacional está el uso ilegal de fondos reservados, entre otras modalidades, a través del armado de sociedades ficticias.
d. Causa penal por evasión impositiva
La firma Haz Sport Agency S.A fue parte de una causa por evasión del pago del impuesto a las ganancias, respecto del ejercicio anual 2003, es decir, mientras los socios fundadores, Fernando Osvaldo Hidalgo y Gustavo Arribas eran parte. Presuntamente, la firma se habría encontrado obligada por el ejercicio referido, por una suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 2.353.820).
En el juzgado de origen, la causa se declaró extinguida por prescripción de la acción penal. Es decir que el Juzgado interviniente entendió que desde la fecha de la supuesta comisión de la evasión, hasta el momento del dictado de la resolución recurrida había transcurrido el plazo de seis años[59]. En consecuencia sobreseyó a su presidente Fernando Osvaldo Hidalgo.
Esta resolución fue recurrida por la querella y el Fiscal por entender que el hecho aludido se debe adecuar, en principio, a tipos penales que en abstracto tienen una pena máxima de prisión de nueve años de duración. Por lo tanto, bajo esta interpretación, el plazo de prescripción sería de 9 y no de 6 años. El 15 de febrero de 2013, tomando como base estos argumentos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico[60] revocó el sobreseimiento de Hidalgo.
Si bien no hemos podido acceder a los avances de la investigación con posterioridad a la sentencia de Cámara, entendemos que la gravedad de los hechos es motivo suficiente para que la Comisión de Acuerdos requiera información actualizada sobre esa causa y que, de comprobarse su vigencia, evite la designación del Sr. Arribas.
En conclusión, todos estos antecedentes dejan en claro que Gustavo Arribas no se encuentra calificado para el cargo de Director de la AFI por incumplir el requisito consitucional de idoneidad para acceder a dicho empleo público. Asimismo, el haber estado sindicado de participar de forma poco trasparente en sus actividades comerciales, en particular, la representación y compra-venta de jugadores de fútbol, es una circunstancia que el Senado no puede dejar de considerar para rechazar su pliego.
3.2. Sobre la candidata a Subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani
Como se explicó, las hojas de vida deben contener los antecedentes académicos organizados por nivel educativo y los antecedentes profesionales incluir una breve descripción de las tareas a cargo y el organismo o entidad donde se desarrollaron. Por su parte, la asistencia a jornadas, cursos o congresos realizados se deben presentar por separado, indicando número de horas, fechas e institución.
Dado el carácter de declaración jurada, todo lo expresado debe acompañarse por títulos originales y toda la documentación respaldatoria que acredite lo declarado. Todo ello, fue omitido en el CV presentado.
En primer lugar se advierte que al 5 de julio de 2016, conforme a la consulta realizada por segunda vez[61] ante la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación, la candidata no había presentado la certificación de los estudios indicados en su Currículum Vitae. La ausencia de documentación respaldatoria del CV es un problema en sí mismo, pero además, la simple lectura de los antecedentes revela que la información consignada es imprecisa e insuficiente para entender el alcance de los estudios realizados.
Majdalani indicó haber realizado el “Curso de Nivel Gerencia. Administración de Empresas” en la Universidad de Belgrano. Sin embargo, no se especifica la cantidad de horas del curso, ni el año en que fue tomado. Pero preocupa también que, de acuerdo con consultas realizadas a la Universidad de Belgrano, personal de la institución dijo que en la actualidad no se dicta ningún curso titulado “Curso de Nivel Gerencia. Administración de Empresas” ni recuerdan, aunque no pueden descartarlo, que se haya dictado en años anteriores. Desde la institución también aclararon que los cursos de posgrado y educación continua solamente son avalados por la universidad pero no tienen certificación del Ministerio de Educación, a diferencia de los posgrados y maestrías.
En la misma sección, “terciarios”, Majdalani declaró haber realizado los “Cursos I y II de Relaciones Públicas” en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Nuevamente, la candidata no especifica ni la cantidad de horas de los cursos, ni la fecha en que fueron tomados, ni el título o la certificación obtenida. Ante consultas a la Universidad, ésta informó que para obtener un título terciario se deben finalizar los tres primeros años de la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales. Al parecer, los Cursos I y II de Relaciones públicas constituirían sólo dos materias de la licenciatura en Relaciones Públicas (ver ANEXO VI). Por lo tanto, conforme a lo indicado por Majdalani, no puede inferirse que haya obtenido título terciario alguno.
En consecuencia, además de llamar la atención sobre el alto nivel de imprecisión de los antecedentes académicos citados, instamos a la candidata a que cumpla con informar detalladamente sobre los estudios realizados (cantidad de horas cursadas, año de cursada, materias aprobadas y título obtenido) y presente la certificación correspondiente.
Por otro lado, Majdalani informa en su curriculum haber participado de actividades académicas sobre “seguridad y servicios de inteligencia”, lo que es sugerido como una suerte de “especialización” profesional. Al respecto, vale subrayar que esos antecedentes refieren a cursos dictados por la Escuela Nacional de Inteligencia, dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia, y a tres actividades organizadas por la “U.S Inter American Community Affairs”, entidad privada con sede en Miami que no tiene reconocimiento académico. Los certificados emitidos por la institución, que también se desconoce si fueron dados a la candidata, no cuentan con aval estatal y no tienen respaldo más allá del otorgado por la misma organización[62], cuya trayectoria y prestigio resulta de difícil comprobación.
La “U.S Interamerican Community Affairs” se define como “una organización no comercial, con un enfoque a la proyección Internacional, desarrollando programas con diferentes entidades públicas y privadas, acerca de la prevención del crimen en todas sus formas y divulgación del conocimiento de nuevas regulaciones y leyes internacionales así como el manejo de riesgos en todas las áreas de desarrollo humano, corporativo e institucional”[63].
Llama la atención de su cartilla que, al mismo tiempo que se dictan cursos sobre crimen organizado y lavado de dinero, también se ofrecen cursos sobre psicología, como el programa de psicología y desarrollo de la personalidad para mujeres, en el que se trata la separación o el divorcio, cómo empezar después de un colapso, el estrés femenino, la sexualidad femenina, el miedo a la soledad y cómo y dónde conocer el hombre ideal. Entre los ofrecimientos, se destaca uno dirigido a las mujeres que sufren violencia machista, aunque desde una perspectiva bastante peculiar. Dicen en su web, las mujeres “permiten el maltrato físico, verbal y emocional y hasta la infidelidad, por tratar de retener a alguien a su lado. Aprenda a tomar decisiones y resoluciones sin temor al futuro”. La propuesta parece más cercana a la que puede hacer una organización de autoayuda antes que a una propuesta de una institución especializada en políticas públicas de seguridad e inteligencia[64].
b. Antecedentes en la actividad privada
Otro punto llamativo de los antecedentes presentados por la candidata ante el H. Senado es la ausencia total a cualquier mención sobre sus pasos y actividades en el sector privado. Esta flagrante omisión surge del simple contraste del C.V. que Majdalani tenía publicado en la web de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando cumplió funciones como legisladora porteña (ver ANEXO IV). En esa publicación figuran las siguientes entidades privadas: Paraná S.A. de Seguros (Seguros); Ocean Park S.R.L. (Turismo y Hotelería); American Business S.A. (Agencia de Publicidad); S.O.M.I.C.A. DEM. S.A. (Empresa Minera); Caribu S.R.L. (Empresa Turística I.A.T.A.); S.E.S.A. Servicios Energéticos (Consultora y Comercializadora de Productos Derivados del Petróleo); Khalil S.R.L. (Comercializadora de Productos Textiles); y Cadalifi S.A. (Exportadora-Importadora Textil).
Aunque en dicho C.V. tampoco se declara el rol de la candidata en las entidades mencionadas, de las publicaciones del boletín oficial al menos surge que: 1) Sería socia gerente de KHALIL S.R.L.; 2) Sería accionista y directora suplente de CFC HOLDING S.A.; 3) Sería accionista y presidente de Organización Hotelera OCEAN PARK S.
La vigencia de esta información debería poder ser corroborada por medio de la declaración jurada de la funcionaria, pero hasta el 12 de junio pasado dicha documentación no había sido presentada[65].
El ocultamiento de actividades en el sector privado es un pésimo antecedente para quien, de resultar seleccionada para ocupar el segundo cargo más importante de la estructura de la AFI, debería gestionar actividades que gozan de secreto y para las cuales el Estado autoriza el uso de fondos reservados.
La falta de información respecto de sus obligaciones con intereses privados es motivo suficiente para cuestionar su apego a los principios de publicidad de la información y transparencia de los actos de gobierno. Pero además, salvo que la candidata satisfaga con información fidedigna las vacancias que refleja esta sección de su CV, no habría manera de que sea designada en el cargo sin afectar, desde el inicio, ambos principios.
Como se indicó más arriba, los datos consignados en un C.V. para ser presentado ante un organismo público tienen carácter de declaración jurada sobre los antecedentes de la persona. La omisión deliberada de información relevante constituye un fraude al Senado de la Nación, que es quien debe valorar dichos antecedentes. Requiere una mención también no solo la poca consideración e importancia que la candidata ha mostrado frente al rol del Senado sino también la del propio Poder Ejecutivo que envió su mensaje sin la más mínima preocupación por brindar la información fidedigna y relevante sobre su candidata.
c. Antecedentes en la actividad pública
(i) Su rol en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia
Majdalani fue diputada de la Nación por dos períodos consecutivos, del 2010 al 2013 y del 2014 al 2017, este último período interrumpido por haber sido convocada por el Presidente de la Nación para incorporarse al gabinete nacional. En condición de diputada, Majdalani tuvo el privilegio de integrar la selectiva Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, cuyo acceso es restringido para la mayoría de los legisladores del Congreso de la Nación. Y llegó a ejercer la vicepresidencia de dicha comisión entre 2012 y 2015.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación es el principal órgano de fiscalización del Sistema de inteligencia Nacional. Su misión y facultades se encuentran establecidas en la Ley N° 25.520 desde su sanción, pero su desempeño, fundamentalmente en los últimos años, ha llamado la atención por la falta de resultados y la más absoluta falta de transparencia. Esta particularidad ha hecho que sea más conocida por su parálisis que por el cumplimiento de su función. Y en esa modalidad de funcionamiento es imposible desligar a la figura de la ex diputada.
Conforme el texto de la ley, artículo 33, el control parlamentario abarca, entre otras cuestiones, “la elaboración y remisión en forma anual al poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación de un informe secreto…” que debe incluir diversos aspectos indicados taxativamente, como a) el análisis y evaluación de las actividades, funcionamiento y organización del sistema de inteligencia nacional en función de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, b) la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la Comisión Bicameral en cumplimiento de sus misiones, c) la formulación de recomendaciones para el mejoramiento del funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Sin embargo, por consultas realizadas con diputados que llevan varios años en el Congreso de la Nación y tal como refleja el informe elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), esos informes no han sido presentados al Congreso de la Nación. Se desconoce, inclusive, si efectivamente fueron producidos por la Comisión.[66]
El desconocimiento de los legisladores sobre la forma en que funciona la comisión encargada de controlar los servicios de inteligencia quedó en evidencia y fue confirmado en un evento sobre el tema organizado en el Congreso de la Nación, en noviembre de 2012, por la ADC y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). A raíz de ello, el 27 de diciembre de 2012, las organizaciones que integraban en ese momento la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia presentaron un pedido de información pública a la Presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación. En ese entonces, la Sra. Majdalani ya ocupaba el cargo de Vicepresidenta de la Comisión.
El objeto del pedido de información pública era conocer cuestiones básicas sobre el funcionamiento de la comisión, fundamentalmente en relación al período 2010, 2011 y 2012: cantidad de reuniones de la comisión; copias de los informes elaborados por la Comisión a propósito de la designación de los últimos tres Secretarios de Inteligencia; cantidad de pedidos de informes realizados a la Secretaría de Inteligencia; conocer si la comisión realizó investigaciones de oficio en relación a presuntas irregularidades en el ejercicio de la actividad de inteligencia, si realizó el informe secreto previsto en el artículo 33 inciso 4 de la Ley N° 25.520, si produjo el informe sobre gastos reservados previsto en el artículo 37 inciso 4; si cumplió con la consideración, análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, la cantidad de personal asignado a la Comisión, con distinción de cargos y categorías, entre otros.[67]
Pese a no comprometer en nada la reserva que alcanza a las actividades de inteligencia, dichos pedidos nunca fueron contestados por la Comisión Bicameral, lo cual implicó una flagrante violación del derecho al acceso a la información pública, de conformidad a los artículos 1, 14, 32 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (en adelante CN), artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP), y articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.[68]
En este sentido, el rechazo de la comisión a brindar información de carácter público, además de ser manifiestamente ilegal y arbitrario, pone en duda que la Comisión haya efectivamente cumplido con su misión institucional.
Subrayamos el rol que tuvo Majdalani, como vicepresidenta de la Comisión, durante los años en los que se denegó el acceso a la información pública relacionada con el funcionamiento del organismo. Su falta de colaboración para hacer efectivo el respeto de derechos ciudadanos básicos, y la resistencia a dar a publicidad a los actos de gobierno, resultan contrarios al compromiso democrático que se espera de todo funcionario público. Pero, además, destacamos que la candidata no ha tenido rol alguno en la denuncia, identificación de problemas o impulso de políticas de reforma durante su intervención como diputada en estos temas, y ni siquiera cuando estalló la crisis a comienzos de 2015 y quedó en evidencia la necesidad de intervenir con cambios y controles profundos.
En este sentido, su desempeño en la Comisión Bicameral es una razón poderosa para sostener la impugnación a la candidatura de Majdalani para ocupar la Subdirección de la AFI. Si no cumplió con su rol de control ni con la mínima publicidad de la información que se le requirió, nada sugiere que vaya hacerlo desde el órgano que es objeto de dicho control.
(ii) Vinculaciones con la ex Secretaría de Inteligencia
La Sra. Majdalani es conocida también por sus fuertes vínculos con personal y directivos de la ex Secretaría de Inteligencia, justamente aquellos que han sido reiteradamente señalados como responsables del caos de dicho organismo.
Esos vínculos han sido motivo de numerosas notas periodísticas en los últimos años, en las cuales además se especuló sobre sus implicancias y efectos políticos.
El vínculo más directo se identifica con José Francisco Larcher, Subsecretario de Inteligencia desde el 10/12/2011[69] hasta el 16/12/2014[70], desplazado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de la crisis desatada por la muerte del fiscal Nisman. Conforme diversas notas periodísticas, Majdalani y su esposo, el martillero Jorge Norberto Olivero, son amigos íntimos de Larcher, sus hijos fueron compañeros de colegio y ambos matrimonios compartieron vacaciones en más de una oportunidad. Por ese motivo, algunos medios de opinión han sugerido que “la designación de Majdalani podría encerrar un guiño para la posible vuelta del stato-quo a la ex SIDE”[71].
Según esta misma información periodística, Majdalani no auditó desde la Comisión Fiscalizadora el trabajo de la SI durante el gobierno kirchnerista. “‘La Turca’ como se conoce a Majdalani en el PRO, llegó al cargo por un pedido directo de Nicolás ‘Nicky’ Caputo y respaldada por Larcher, con quien compartiría intereses en Uruguay”[72]. Según el diario La Nación, “La presunta cercanía de Majdalani con integrantes de la SI dio pie a la reacción de distintos diputados. De hecho, Elisa Carrió (Coalición Cívica) había anunciado que impugnaría su designación como autoridad de la comisión bicameral, ‘porque la diputada es amiga de quienes tiene que controlar”[73].
En otra nota del diario La Nación[74], el periodista Carlos Pagni señala una reunión entre Larcher, Stiuso y Majdalani, quien habría ocupado la butaca del macrismo en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia “por un acuerdo entre Mauricio Macri y Larcher”. Según Pagni, Larcher es íntimo amigo de Majdalani y en 2009 le prometió a Macri que, si la designaba a ella en esa comisión, iba a aliviar su situación en la causa por espionaje clandestino del agente Ciro James[75]. Actualmente, Larcher confía su situación aduciendo que a él lo cuida Majdalani[76].
“Su permanencia en la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, así como su acceso a la vicepresidencia de esa comisión, han dado lugar al rumor de que Majdalani había negociado con el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, y ‘por su cuenta’, mantener un lugar de privilegio en esa comisión, sin la venia del jefe del bloque Pro, Federico Pinedo. Majdalani confirmó la especie. ‘No se trató de ninguna negociación. Simplemente fui a la reunión y los compañeros del Frente para la Victoria me propusieron para el cargo’, afirmó.”[77].
Los vínculos con Francisco Larcher son de público conocimiento, en palabras de la diputada Carrió, quien en mayo de 2012 dirigió un pedido de impugnación para que el entonces Presidente de Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, desistiera de incorporarla y designarla Vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. La diputada Carrió objetaba, en ese momento, la independencia e imparcialidad de la ex diputada para que la Comisión cumpliera con sus fines de supervisión y fiscalización.
Nosotros objetamos ahora, y nos fundamos en todas las referencias citadas, que la Sra. Majdalani tenga los antecedentes para ocupar el cargo para el que se la postula. Esos vínculos que antes comprometían su objetividad hoy ponen en serias dudas que la ex diputada pueda dirigir la AFI, cuyo principal desafío está en erigir una nueva institución, desprenderse de las herencias más pesadas de la Secretaría de Inteligencia y no repetir las viejas prácticas de inteligencia ilegal en la Argentina.
En suma, los antecedentes de la candidata por sus vínculos con la ex SIDE son un elemento de continuidad entre el pasado y el presente de los servicios de inteligencia en Argentina que difícilmente puedan colaborar en la edificación de una nueva institucionalidad de inteligencia.
d. Imputaciones recibidas en causas penales, investigaciones judiciales y denuncias públicas
La candidata designada en comisión mediante decreto presidencial además se encuentra sospechada en diversos hechos que también ponen en tela de juicio su idoneidad para el cargo. Como dijimos en el primer apartado, no pretendemos hacer acá un análisis sobre su culpabilidad penal, ni juega el principio de inocencia, sino que entendemos que es información relevante para que los senadores se hagan una idea del perfil de la candidata y evalúen su idoneidad en términos político institucionales. Hacemos un repaso de las diversas denuncias y hechos (desde las más recientes a las más lejanas) en los que Majdalani se encontraría involucrada según información pública relevada de fuentes abiertas del Poder Judicial, así como de diversos medios periodísticos y de comunicación. Información que la Comisión de Acuerdos deberá chequear y analizar antes de brindar o no su acuerdo.
Según se verá, estos antecedentes tienen la gravedad suficiente para que su designación sea rechazada por afectar tanto su idoneidad como su compromiso con los valores democráticos.
i. Denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos (2016)
El 7 de marzo del 2016 se inició una investigación preliminar[78] a partir de la denuncia efectuada por el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gustavo Vera. El legislador denunció a Silvia Cristina Majdalani, Hugo Gigante, María Luisa Salguero y Gustavo Federico Larriera Mendivil, sospechados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, para que sean investigados sobre el origen de los fondos de una importante cantidad de sociedades constituidas en el país y en el extranjero, las cuales estarían integradas por los nombrados y otras personas. Ello con el objetivo de conocer si esconden actos de lavado de dinero, corrupción y/o evasión tributaria.
El fiscal federal Federico Delgado llevó a cabo diversas medidas de investigación: requirió pedido de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos.
A través de la información recabada en la investigación preliminar, el fiscal consideró que se acreditaron muchos de los vínculos denunciados por Vera. Conforme indicó en su dictamen…“De este modo, la información remitida por la IGJ parecería dar crédito a la versión del denunciante en cuanto a la ingeniería societaria denunciada y los lazos que las vinculan, aunque el análisis pormenorizado sobre sus estados contables y demás información proporcionada excede las posibilidades temporales que brinda una investigación preliminar”.
Así es que, a los fines de acceder a la totalidad de la información necesaria de los organismos consultados, para disponer del tiempo necesario para su adecuado análisis se judicializó la investigación preliminar, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini.
Si bien no hemos podido acceder a los avances de dicha causa por ser el proceso penal público solo para las partes, entendemos que la gravedad de los hechos por los que se acusa a la candidata y la verificación preliminar del fiscal que consideró contar con elementos suficientes para judicializar la denuncia son motivos suficientes para evitar la designación de la Sra. Majdalani y para que la Comisión de Acuerdos requiera información actualizada sobre esa causa.
ii. Denuncia por usurpación de identidad y delito contra la administración pública (2008)
Tal como surge de sus antecedentes públicos, entre 2003 y 2009 Majdalani fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su mandato, fue denunciada penalmente por la presunta comisión del delito de usurpación de identidad y contra la administración pública, al haber votado doble en una sesión realizada el 4 de diciembre de 2008[79]. La legisladora del bloque macrista fue captada por las cámaras de video de la Legislatura porteña votando por ella y por la banca contigua.
El 15 de diciembre de 2008, el abogado Javier Miglino realizó la denuncia contra los legisladores Oscar Moscariello y Silvia Majdalani, que quedó radicada en el Juzgado en lo Correccional N° 9. Finalmente cinco meses después, la Jueza Ana Helena Díaz Cano sobreseyó a los imputados.
No obstante la gravedad del hecho, llama la atención su declaración posterior, en la que afirmó haber cometido tan solo una desprolijidad. “Esto no tiene connotación delictiva. Estamos hablando de una desprolijidad, pero no se alteró ningún resultado electoral’, se defendió la legisladora, quien apareció en una fotografía periodística votando en lugar de su compañero de bancada Daniel Amoroso[80].
Sin embargo, a partir del episodio protagonizado por Majdalani se modificó el sistema de votación de la legislatura porteña, lo cual da cuenta de la gravedad del asunto. En primera instancia, el voto electrónico se reemplazó por uno a viva voz y posteriormente se implementó el voto a través de la huella digital de cada legislador.
iii. Denuncia por robo y usurpación de un predio estatal (2006)
Durante el año 2006, la Sra. Majdalani estuvo imputada por el robo y usurpación de un predio estatal ubicado en Andalgalá, Catamarca.
En diciembre de 1991, la firma Minera Andina S.A – de la que Majdalani participaba como integrante del órgano ejecutivo – suscribió un convenio con la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), para la exploración y explotación minera del predio referido. Frente al incumplimiento de las obligaciones contraídas, el 3 de diciembre de 1998, la DGFM dispuso la resolución unilateral del contrato. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Economía en 2002. No obstante ello, la firma continuó usurpando el predio y explotándolo hasta febrero de 2007.
Por esta causa, Majdalani y otros imputados fueron sobreseídos por el ex Juez Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2009 la Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento indicando:
“…Sobre este particular, cabe advertir que si bien es cierto tal ocupación no implicó inicialmente el despojo de ese bien inmueble a la DGFM, desde que fue la consecuencia del derecho de tenencia derivado del acuerdo de voluntades aludido -individualizado bajo el N° 1.843-, también lo es que ésta continuó tras su resolución, con lo cual dejó de ser consentida por DGFM (ver el pronunciamiento, que corre por cuerda, de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal en la causa N° 1.251/2006, “Dirección General de Fabricaciones Militares c/Minera Andina S.A. y otro s/incidente de apelación”.
De acuerdo a ello, y al menos de momento, no puede descartarse que dicha ocupación sea constitutiva de privación de la ocupación del predio a su propietario –DGFM-, es decir, de despojo, bajo la modalidad de abuso de confianza normada por el artículo 181 del Código Penal”.
Las actuaciones volvieron al Juzgado de origen en dónde el Juez a cargo se declaró incompetente.[81] Finalmente, la causa pasó a la Justicia Federal de Catamarca.
No nos fue posible obtener información actualizada del estado de la causa. Es imprescindible que la Comisión de Acuerdos verifique esta información. En este sentido, conforme surge de la denuncia efectuada por Vera, Majdalani figura como integrante de al menos dos (2) empresas que se dedicarían a la extracción minera.
iv. Denuncia por estafa (2004)
En 2004, Majdalani fue acusada por haber participado de una maniobra para vaciar un grupo de compañías de seguros. Desde 1998[82] y hasta el 1° de julio de 2004[83], fue la presidenta de Paraná Seguros, una de las empresas involucradas en la supuesta estafa.
En el caso, conforme fuera entendido tras la investigación, la Aseguradora “La Confianza” fue vaciada en beneficio de Paraná Seguros, a la que se le habrían transferido inmuebles tras ventas simuladas y cedido cartera y hasta empleados. Estos presuntos hechos se habrían desarrollado entre 1997 y 1999, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Un dato particular es que Silvia Cristina Majdalani, entonces presidenta de Paraná Seguros, encabezó la Agrupación Nacional El Aguante, que militó por la candidatura presidencial de Carlos Menem[84].
Según se reveló, Majdalani fue colocada en su cargo por los principales accionistas de “La Confianza” cuando éstos compraron Paraná Seguros. La maniobra habría consistido en transferir la masa de asegurados que debían cobrar, a una serie de empresas creadas ad-hoc que no tenían activos ni intenciones de pagar las deudas. Se las liquidaba, y los asegurados nunca llegaban a cobrar. Las sucesivas denuncias en la mayoría de los casos se resolvieron con arreglos individuales, o directamente quedaron en la nada.[85]
En este caso, tampoco pudimos acceder a los avances de la investigación. No obstante ello, los datos consignados tienen una relevancia tal que ameritan la verificación de la información recabada por parte del Senado.
v. Denuncia por irregularidades en el manejo de fondos
Su cargo en el directorio de Paraná Seguros, entre 1998 y 2000, se superpuso con su función de interventora de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ENCOTESA Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPEC) – Decreto N° 1320 de fecha 9 de noviembre de 1998[86] – cargo que le costó una denuncia por parte de su sucesor en el cargo, el abogado Leandro Illia, por irregularidades en el manejo de fondos.
Conforme surge de una publicación del diario Perfil, la Oficina Anticorrupción apoyó la denuncia y en 2004 impulsó una investigación en la que se detallan pagos de sobreprecios y contrataciones directas poco claras. [87]
Por su parte, el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, en la causa nro. 13.335/02 del registro de la secretaría nro. 10 inició una denuncia por el desvío de parte de un crédito de 285 millones de dólares del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales[88].
En su denuncia, el fiscal Stornelli afirmó que miles de dólares que debían destinarse a mejorar el sistema de salud de los trabajadores terminaron en los bolsillos de los sindicalistas y sus socios con la “connivencia” de funcionarios que debían controlar ese préstamo internacional.
Para el fiscal, parte de esa plata entregada entre marzo de 1996 y julio del 2000 a determinadas obras sociales —la mayoría eran de los sindicalistas más afines al menemismo— se usó para pagar deudas que no existían a la fecha de la firma del préstamo o para pagar cursos de capacitación que no se hicieron a empresas creadas al efecto, e integradas por conocidos de los sindicalistas que incluso contrataron luego a funcionarios que debían auditar el crédito[89].
Si bien no hemos tenido acceso ni al expediente de la Oficina Anticorrupción, ni al avance de la causa referida en el Juzgado Federal N° 4, parte del período en el que se denuncia el desvío de fondos en ENCOTESA, la Sra. Majdalani estaba a cargo de la Obra Social, razón suficiente para solicitar a las autoridades correspondientes la información necesaria para determinar el rol de Majdalani en tales maniobras.
Tal como ha quedado acreditado a lo largo de la presentación, la idoneidad que exige la Constitución Nacional no ha sido demostrada por ninguno de los dos candidatos. Siquiera se han acercado al mínimo estándar exigible. Ambos carecen de formación específica y reconocida en la materia; se encuentran involucrados en causas penales abiertas; han falseado u omitido información relevante en su CV para una correcta evaluación de sus antecedentes profesionales; presentan antecedentes de conductas poco transparentes, hecho inaceptable para quienes deben dirigir el organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia; y no demuestran apego a la ley ni compromiso con los valores democráticos.
De hecho, en el breve período en comisión gestionando estos asuntos, tampoco han demostrado estar dispuestos a adoptar medidas tendientes a reformar las tradicionales prácticas y formas de hacer inteligencia en nuestro país, y peor aún, han dado a entender que el objetivo es que el organismo vuelva a funcionar como siempre lo ha hecho.
El Poder Ejecutivo ha enviado al Senado pliegos muy deficientes, con información omitida, imprecisa o insuficiente para poder evaluarlas seriamente. Esto es, de por sí, una irregularidad que debe llamar la atención del Senado. Es fundamental que la Comisión de Acuerdos reponga esta información y le otorgue al procedimiento de selección de los cargos de dirección de la AFI, la importancia institucional que requiere.
Desde el regreso de la democracia a la Argentina, presidencia tras presidencia, los mandatarios nombraron en el organismo central de inteligencia a personas de su entorno más íntimo, con el anhelo de utilizar los recursos del sistema (principalmente dinero e información) para fines propios. Es por ello que ninguno de los gobiernos democráticos ha sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en parte esencial del poder presidencial. El sistema de inteligencia ofrece un poder que en muchas ocasiones se ejerce de una manera que viola los derechos de las personas, al amparo de un secretismo que impide la detección de las ilegalidades (malversación de fondos, espionaje político, compra de voluntades, etc.). Su “aporte” al sistema político explica por qué la reforma del sistema de inteligencia es una de las principales deudas de nuestra democracia, que no supo o quiso modificar prácticas autoritarias heredadas del pasado.
Por ese motivo, atento a la historia del organismo y su gravitación sobre la calidad democrática de nuestro país, demandamos al Senado de la Nación que ejerza su importante rol institucional garantizando la continuidad del proceso de democratización que se ha buscado impulsar mediante la reforma de la Ley 25.520 y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. La elección de quienes deben conducir el organismo no puede representar un retroceso. Demasiado caro le resultó al Estado nacional y a toda la comunidad argentina el desgobierno político del sistema de inteligencia, sus abusos y delitos.
En este sentido, consideramos que el H. Senado de la Nación debe exigir los más altos estándares de idoneidad para el ejercicio de la función pública, en pos del fortalecimiento del sistema democrático y rechazar los pliegos de Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Majdalani para los cargos de Director General y Subdirectora General de la Agencia Federal de Inteligencia.
Para acceder al anexo haga click aquí.
[1] Entre otras, Brasil: Ley N° 9.883 de Creación de la Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN); Estados Unidos: Código de los Estados Unidos, Titulo 50 (Guerra y Defensa Nacional), Sección 403 Agencia Central de Inteligencia, Articulo 2°.
[2] RODRIGUEZ GALAN, Alejandra. “El acuerdo del Senado” en “El Poder Legislativo. Aportes para el Conocimiento del Congreso de la Nación Argentina”
[3] Senador Ricardo Emilio Lafferriere, desgravación de la reunión de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación, Expte. PE-524/1993, folio 149.
[4] Senador Juan Carlos Romero, ibíd., folio n° 150.
[5] Versión Taquigráfica de la 21° Reunión – 1° Sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 18 y 19 de diciembre de 2013.
[6] El resaltado nos pertenece
[7] El resaltado nos pertenece
[8] El resaltado nos pertenece
[9] Ver “Observación a la propuesta de Daniel Gustavo Reposo para el cargo de Procurador General de la Nación (Dec. 222/03 y 588/2003)”. Nota al Dr. Julio ALAK. El resaltado nos pertenece
[10] Versión taquigráfica de la 24ª Reunión – 11ª sesión especial Sesión de la Cámara de Senadores de la Nación del 12 de febrero de 2015. El resaltado nos pertenece
[11] Autos: 21638/2014/CA1 “Álvarez Ugarte, Ramiro y otro c/ EN – Congreso de la Nación – Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Acts de Inteligencia s/ amparo ley 16.986”.
[12] En un párrafo de la acordada los Ministros de la Corte destacaron que “no es posible llevar adelante de inmediato esa misión, dada su importancia y especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos materiales así como una prolija tarea reglamentaria y una ordenada transición.” En efecto, mes y medio más tarde de ordenada la transferencia, mediante la acordada N°2/2016, la CSJN crea la “Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación” como un organismo que tendrá autonomía de gestión respecto de la CSJN, contradiciendo lo dispuesto en el mentado DNU.
[13] http://www.lanacion.com.ar/1906383-la-ex-side-quiere-recuperar-el-control-de-las-escuchas
[14] http://www.lanacion.com.ar/1906517-el-macrismo-admite-que-hay-una-idea-del-gobierno-para-que-la-ex-side-recupere-el-control-de-las-escuchas
[15] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301246-2016-06-08.html
[16] Esta simple medida prevenía que la AFI hiciera inteligencia respecto de cuestiones ajenas a las problemáticas de seguridad interior o defensa nacional, e implicaba un resguardo para el personal subordinado, porque toda labor de inteligencia debía tener su autorización correspondiente. A su vez, permitía a los órganos de control, como la Comisión Bicameral de Fiscalización de las actividades de inteligencia, controlar las labores de la AFI en función de las problemáticas identificadas en el Plan de Inteligencia Nacional vigente y comprobar cómo se asignaban los recursos aprobados por el poder legislativo.
[17]http://www.lanacion.com.ar/1908169-designan-en-la-ex-side-a-un-polemico-fiscal
[18] Se adjunta una copia para conocimiento de los señores senadores. Ver ANEXO II
[19] Comité de Derechos Humanos, 117° periodo de sesiones. Informe por escrito presentado por el Estado argentino en relación al caso AMIA – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Accesible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FAIS%2FARG%2F24441&Lang=en El resaltado nos pertenece.
[20] http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/facilitadores/paginas/seleccion/preguntas_frecuentes.html
[21] Artículo 14 del Decreto 2812/14, reglamentario de la Ley N° 5241/2014 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Paraguay.
[22] Artículo 4° de la Ley N° 32522 a través de la cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional
[23] Inciso f) del Artículo 4° de la Ley N° 28664
[24] Decreto N 71-2005 a través del cual se crea la Dirección General de Inteligencia Civil
[25] http://www.lanacion.com.ar/1901063-macri-le-alquila-su-departamento-en-capital-al-jefe-de-los-espias
[26] Ver CELS, Informe Anual 2016, “Las escuchas ilegales: un sistema poroso sin verdadero control judicial” pág. 149
[27] Boletín Nacional Oficial, Nro.: 29113, Secc: 2da
[28] Boletín Oficial Pcia. Capital Federal – Nro.: 30051 del 19/12/02
[29] http://agenciapacourondo.com.ar/politica/17984-perfil-de-gustavo-arribas-el-elegido-por-macri-para-inteligencia;
[30] http://www.perfil.com/politica/Se-defiende-el-gestor-que-Carrio-vinculo-a-Stiuso-20150510-0034.html
[31] Ver punto 11 de la DDJJ: INMUEBLES 09/2011 OFICINA 101. CALLE AV. NOVE DE JULHO 4939. SAN PABLO
. MATRICULA 179466. 70 MT2. REALES 400.000 $1.560.000 09/2011 OFICINA 102. CALLE AV. NOVE DE JULHO 4939 SAN PABLO. MATRICULA: 179467. 46 MT2 REALES: 240.253,85 $936.990,01 OFICINA 103. CALLE AV. NOVE DE JULHO 4939. SAN PABLO. MATRICULA: 179 469.47 MT2.
[32] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289501-2016-01-04.html
[33] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296341-2016-04-06.html
[34] https://opencorporates.com/companies/us_ny/3799589. Y https://appext20.dos.ny.gov/corp_public/CORPSEARCH.ENTITY_INFORMATION?p_nameid=0&p_corpid=3799589&p_entity_name=%25&p_name_type=%25&p_search_type=BEGINS&p_srch_results_page=0
[35] http://www.city-data.com/ny-restaurants/LA-VENEZIANA-CORP.html
[36] http://edant.clarin.com/diario/2007/01/08/elpais/p-00301.htm
[37] http://edant.clarin.com/diario/2001/09/09/d-05703.htm;
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289501-2016-01-04.html;
http://www.lanacion.com.ar/333872-un-serio-problema-por-garay;
http://edant.clarin.com/diario/2001/05/17/d-00208.htm
[38] http://edant.clarin.com/diario/2008/07/13/deportes/d-05801.htm
[39] http://archivo.lavoz.com.ar/2001/0216/nota16849_1.htm
[40] http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Cruzeiro/0,,MUL1429665-9863,00-GUSTAVO+ARRIBAS+E+O+EMPRESARIO+ARGENTINO+DISPOSTO+A+INVESTIR+NO+CRUZEIRO.html
[41] FERNANDEZ MOORES, E.: “El fútbol ya no es lo que era”, El Dipló, Edición Cono Sur, Número 86 – Agosto 2006, p. 44.
[42] http://www.infobae.com/2012/08/28/667173-triangulaciones-quienes-reparten-la-plata/
[43] Lerena, Ángel: “Más trucho que pasaporte de futbolista”, Diario Crítica de la Argentina, Buenos Aires, 12 de julio de 2008, p. 43.http://abcdonline.com.ar/tea/info/CRITICA/2008/07-2008/critica_20080712.pdf
[44] http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2015/12/05/noticia_0088.html; http://www.lanacion.com.ar/1887730-un-socio-en-el-futbol-del-titular-de-la-afi-aparece-vinculado-con-una-sociedad-offshore
[45] http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/03/20/z-03705.htm
[47] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-201849-2012-08-25.html
[48] http://noticias.perfil.com/2016/02/12/quien-es-gustavo-arribas-el-dueno-de-la-side-pro/
[49] http://www.lanacion.com.ar/1887730-un-socio-en-el-futbol-del-titular-de-la-afi-aparece-vinculado-con-una-sociedad-offshore
[50] http://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-eligio-para-la-ex-SIDE-a-un-amigo-escribano-ligado-al-futbol-20151204-0035.html
http://www.infobae.com/2012/08/28/667173-triangulaciones-quienes-reparten-la-plata/
Revista Placard. Ed 1356. Julio 2011. Brasil
[51] http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-11/investors-use-uruguayan-team-to-seek-soccer-riches-in-europe
[52] “Arribas confirmó que prestó al delantero Prestado Willian José al São Paulo. El pase el jugador pertenece al Deportivo Maldonado, Uruguay” en https://blogs.gazetaesportiva.com/chicolang/2011/02/24/empresario-gustavo-arribas-se-defende-das-acusacoes-de-kia-nao-roubei-corinthians/
[53] http://www.eldia.com/deportes/la-afip-puso-la-lupa-sobre-estudiantes-42828
[54] http://www.correopuntadeleste.com/?p=5406
[55] El FATF/GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 cuyos objetivos son establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
[56] Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf
[57] El GAFI explícitamente aclara que “…el título del proyecto se amplió a partir de “clubes” a “sector” porque centrarse en los clubes era tener una mirada demasiado estrecha. Las vulnerabilidades no sólo se producen dentro de los clubes sino que se refieren también a otros actores importantes dentro de la industria del fútbol. (p. 5)
[58] “Un club de fútbol del país Z con deudas elevadas firmó un contrato de gestión con un fondo de inversión, constituido en un paraíso fiscal, en las que el fondo de inversión se compromete a asignar fondos con el fin de cancelar la deudas y compartir las ganancias de la sociedad.
El club adquirió entonces el jugador “Ito” de otro club de fútbol local (Argentina) por USD$ 20.000.000. El club de fútbol con sede en el país Z transfiere los fondos a una cuenta que el club vendedor tiene en un tercer país. Los fondos nunca entraron Argentina. Por lo tanto, se sabía muy poco sobre el origen de los fondos o de la cuenta en la que se depositaron en el tercer país.” (p. 22)
[59] Surge de la correlación entre los arts. 62, inc. 2°, del Código Penal y 1° de la ley 24.769
[60] Causa N° 1095/09 (Int. 1370), caratulada “N.N. -CONTRIBUYENTE: HAZ SPORT S.A.- SOBRE INFRACCIÓN LEY 24769”, J.N.P.T. N° 1 (EXPEDIENTE N° 63.287, ORDEN N° 24.785, SALA “B”).
[61] La primera consulta se había realizado el 1ro de julio, también ante personal de la Comisión de Acuerdos del Senado.
[62] Los programas, cursos y certificados están protocolizados en la oficina de registro de la Biblioteca del Congreso en Washington (Office Copyright by Law, Library of Congress Washington D.C.) pero sólo a los fines de registrar los derechos de autor.
[63] http://interamerican-usa.com/objetivos.htm
[64] Ver http://interamerican-usa.com/Prev-Crimen.htm#solo%20para%20mujeres Y también en captura de imagen de la página web incorporado como Anexo V.
[65] http://www.lanacion.com.ar/1908198-patrimonio-curiosidades-de-los-bienes-de-los-funcionarios
[66] http://www.adc.org.ar/wp-content/uploads/2015/01/2015-01-23-Informe-Final-Inteligencia.pdf
[67]https://es.scribd.com/doc/154371719/50ddbcc50b26a0-44593736
[68] Resulta importante destacar que el pedido de información fue diseñado con el expreso propósito de no alcanzar ningún tipo de información que tendría –de acuerdo a la ley 25.520 y su decreto reglamentario— clasificación de seguridad alguna, sino fundamentalmente para conocer si la Comisión había ejercido –o no— ciertas facultades que le asigna la ley 25.520. Esa información, por mínima que parezca, es valiosa porque la comisión tiene un rol central en nuestro sistema político
[69] Decreto N° 148/2011
[70] Decreto N° 2486/2014
[71] http://www.perfil.com/politica/Los-nuevos-jefes-de-la-ex-SIDE-asumen-con-causas-y-polemica-20151206-0037.html
[72] http://www.lapoliticaonline.com/nota/96551-guerra-de-espias-stiusso-colabora-con-arribas-en-la-interna-con-majdalani-y-larcher/
[73] http://www.lanacion.com.ar/1469590-sugestivos-vinculos-de-una-diputada-macrista-que-debe-controlar-a-la-side
[74] http://www.lanacion.com.ar/1754593-la-ex-side-temible-disputa-entre-los-duenos-del-miedo
[75] http://www.lanacion.com.ar/1754593-la-ex-side-temible-disputa-entre-los-duenos-del-miedo
[76] http://www.lanacion.com.ar/1892504-bovedas-joyas-y-jueces-bajo-sospecha y http://www.lanacion.com.ar/1891671-el-mani-pulite-argentino-entre-la-oportunidad-y-el-oportunismo
[77] http://www.lanacion.com.ar/1469590-sugestivos-vinculos-de-una-diputada-macrista-que-debe-controlar-a-la-side
[78] Investigación preliminar N° 20.637/2016 “NN s/averiguación de delito”. Fiscalía Federal N° 6
[79] http://www.lapoliticaonline.com/nota/32786/
[80] http://www.mdzol.com/nota/90353-la-diputada-del-pro-que-voto-dos-veces-dijo-que-no-hubo-delito/
[81] http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00005/00036375.Pdf
[82] Boletín Oficial de la República Argentina N° 28981 del 19 de octubre de 1998
[83] Boletín Oficial de la República Argentina Nro. 31623 del 27/03/09
[84] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-23382-2003-07-30.html
[85] http://www.perfil.com/politica/Majdalani-causas-de-corrupcion-en-los-90-20151206-0038.html
[86] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54256/norma.htm
[87]http://www.perfil.com/politica/Majdalani-causas-de-corrupcion-en-los-90-20151206-0038.html
[88] https://es.scribd.com/document/127357486/Denuncia-OBRAS-SOCIALES
[89] http://edant.clarin.com/diario/2007/01/03/elpais/p-00801.htm
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