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Timestamp: 2019-09-20 05:26:29
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DERECHO A NO REVELAR LAS FUENTES - CONGRESO ABIERTO - armandovidal
Jueves, 12 Mayo 2011 15:50
Categoría: DERECHO A NO REVELAR LAS FUENTES
UN GOL EN CONTRA DE OLÉ
La fuente no puede ser nunca parte del medio comunicador, lo contrario que sostuvo el diario deportivo Ole, del Grupo Clarín, de acuerdo con esta información. Un verdadero gol en contra.
El blog Derecho de la Comunicación publicó una nota titulada “Un cronista no es fuente periodística”. Reseñó allí que “A fines de 2010 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó sentencia en un caso que resulta interesantísimo desde el punto de vista jurídico – comunicacional”, ya que “AGEA (empresa que edita el diario deportivo Olé) fue condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios al futbolista Carlos Cordone por habérsela encontrado responsable de emitir información inexacta vinculada al actor”.
Según el blog, la nota de Olé “le imputaba al Sr. Cordone - en su calidad de espectador- haber generado disturbios que, según el diario, habían provocado la suspensión de un partido de fútbol de una división del ascenso”.
Añadió que “la empresa demandada (Olé) reconoció que el hecho fue informado por un pasante que se desempeñaba para el aludido diario y la noticia no fue corroborada con fuentes independientes.
De allí que la sentencia de Cámara concluyó en que esa absoluta despreocupación en la elaboración de la noticia configuró el factor de atribución subjetivo agravado”.
Por último, el blog señaló que “uno de los puntos más llamativo del caso, en nuestra opinión, resulta la extraña defensa ensayada por el diario Olé al sostener que la ‘pasante’ del diario (cronista que cubrió el partido de fútbol y atribuyó al actor ser el causante de los disturbios entre las hinchadas de los clubes) revestía calidad de ‘fuente periodística’.
La Cámara, sabiamente, rechazó tal argumento justamente porque un periodista que va a cubrir un evento en nombre de su empleador lejos está de ser considerado ‘fuente periodística’”.
Título: Un fallo contra Olé por usar a una pasante como fuente
Fuente: diariosobrediarios, 5/5/11.
Viernes, 11 Diciembre 2009 03:13
En el caso Thomas Catan, causa n° 19.480 Incidente de Thomas Catan en autos n° 14.829/2002, Juzgado Federal N° 11 (Dr. Claudio Bonadío), secretaría N° 22, registro nº 20.377, Sala II, 28 de octubre de 2002, el fallo de Cámara fue el que aquí se consigna en primer lugar, con su largo considerando al final. Un logro del planteo de los periodistas aquí mencionados.
I- Hacer lugar a la presentación como amicus curiae de Horacio Verbitsky, Secretario de “Periodistas-Asociación para la defensa del Periodismo Independiente”, y José Insaurralde, Secretario General de la “Federación Argentina de Trabajadores de Prensa” y agregar el memorial presentado en tal caracter a fs. 25/32 de este incidente.
II- Declarar la nulidad de la providencia de fs. 74 del ppal. en la que se ordenó confeccionar un listado con la totalidad de las llamadas entrantes y salientes registradas entre los días 15 y 29 de agosto pasado en los abonados telefónicos pertenecientes a Thomas Catan (artículos 14 de la Constitución Nacional, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 168 segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación).
III- Ordenar al Sr. Juez de grado proceder a la brevedad de acuerdo a lo indicado en el último párrafo de la presente.Regístrese, hágase saber y devuélvase, debiendo el a quo proveer la solicitud de fotocopias efectuada por el Dr. Vegezzi a fs. 76. Firmado: Horacio R. Cattani, Martín Irurzún y Eduardo Luraschi. Jueces de Cámara. Ante mí: Guillermo S. Garay, Secretario de Cámara. Y vistos y considerando:
I- En virtud de la providencia dispuesta a fs. 74 del ppal. por el Sr. Juez instructor, Dr. Claudio Bonadío, en la que ordenó confeccionar un listado con la totalidad de las llamadas entrantes y salientes registradas entre los días 15 y 29 de agosto pasado en los abonados telefónicos pertenecientes al periodista Thomas Catan, convocado como testigo en esta causa, el nombrado planteó la nulidad y apeló la medida con fundamento en que ella afecta el secreto a las fuentes de información periodística protegido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El a quo desglosó y devolvió las peticiones efectuadas, lo que motivó la presentación ante esta Alzada del recurso de queja por retardo de justicia que tramita en este incidente, y de la queja por apelación denegada registrado bajo el n° 19.521, que los suscriptos resolvieron favorablemente concediendo el recurso rechazado. En virtud de la identidad de la cuestión debatida en ambas incidencias, el Tribunal dispuso su acumulación en la presente con el objeto de que sean resueltas en forma conjunta.
II- En punto a la presentación del memorial que como amicus curiae han efectuado ante este Tribunal Horacio Verbitsky, Secretario de “Periodistas-Asociación para la defensa del Periodismo Independiente”, y José Insaurralde, Secretario General de la “Federación Argentina de Trabajadores de Prensa”, los suscriptos adelantan que proveerán favorablemente a su actuación en este queja.
Este Tribunal ha aceptado anteriormente colaboraciones de esa índole (C.C.C. Fed. en pleno, causa n° 761 “Hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada”, rta. 18-5-1995, reg. 5/95). Como posible standard para su incorporación se estableció que las presentaciones debían ser realizadas por organizaciones no gubernamentales que persiguieran un interés válido y genuino en el tema y, además, acreditaran una especialización en él. También se afirmó la necesidad de que la materia a opinar resultara un caso de amplio interés público. Esas exigencias se encuentra satisfechas en este caso.
Así, tanto el interés y la especialización que las organizaciones antes mencionadas tienen en la cuestión discutida en este legajo, como la trascendencia institucional del tema, se encuentran plenamente acreditadas. En relación a este último aspecto, debe atenderse a las implicancias que podría acarrear cualquier decisión que aquí se adopte en el ejercicio de la libertad de prensa en caso de que, eventualmente, entre en conflicto con la actuación de la justicia.
En otras ocasiones el Tribunal rechazó solicitudes de admisión como amicus curiae efectuadas por distintos organismos, destacando que la existencia de partes debidamente legitimadas constituye el primer escollo para una aceptación libre de la colaboración en cuestión, más aún en procesos de naturaleza penal en los que debe extremarse el respeto de las garantías constitucionales que corresponden al individuo sometido a proceso.
Entre ellas, el derecho de defensa, con particular referencia en esta situación a las condiciones de plena igualdad en la posibilidad de influir, en las mismas condiciones teóricas y prácticas que el acusador, en la decisión de los jueces sobre el caso (C.C.C.Fed. Sala II, causa n° 17.889 “Simón Julio”, reg. 18.947 del 30-8-2001, y causa n° 17.890 “Del Cerro Juan”, reg. 18.946 del 30-8-2001).
Aquí se advierte que la preocupación evidenciada en estos últimos precedentes de armonizar la colaboración del amicus curiae con el derecho de defensa del imputado resulta relativizada.
Primero, por el incipiente estado del proceso y la inexistencia, de momento, de imputaciones concretas y determinadas sobre algún sujeto en particular. Además, por las particularidades de este legajo, en el que lo debatido escapa a cuestiones vinculadas a la atribución de responsabilidad de alguna persona. Por ello resulta inaplicable en este contexto la necesidad de contar con el asentimiento del imputado, que ha fundado el rechazo de este tipo de presentaciones en las causas recién citadas.
III- Ha de recordarse, para empezar, la trascendencia que históricamente esta Sala le ha asignado a la libertad de expresión (ver causa n° 9373 “Menem Eduardo” reg. n° 10.318 del 8/11/93, causa n° 12.439 “Ordoñez” reg. 13.999 del 4/3/97 y causa n° 17.771 “Bonelli” reg. 18.835 del 17/7/01, entre otras).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “...cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas; de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales.
Se pone así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. La Colegiación Obligatoria de Periodistas).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aún cuando el artículo 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica” (Fallos 248:291, 311:2553, 324:2895).
En un sentido muy relacionado a este caso ha destacado que “...la prensa no puede abandonar su función de factor esencial para el esclarecimiento de la conducta de los funcionarios ... actúa como un medio de contralor de las instituciones y sus hombres y rinde un servicio de inestimable valor para el afianzamiento y salud del sistema y las instituciones republicanas ...” (Fallos 310:547, cons. 22, y Fallos 314:1517, cons. 11 última parte).
El desenvolvimiento de este derecho ha enseñado que su primigenia protección contra la censura previa puede ser fácilmente burlada por otras vías que, en forma disimulada, pueden resultar tan o más efectivas que un intento directo de silenciamiento, lo cual ha conducido a observar que “...dicha libertad tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de esa clase de censura y la protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones” (Fallos 320:1191, con cita de Fallos 269:189, 315:632, 257:308 y 311:2553).
Entre los aspectos fundamentales de la libertad de expresión se destaca el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente en el secreto la fuente de donde esas noticias se han obtenido (Germán J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ediar, Buenos Aires, 1998, Tomo II, pág. 15).
Este es el sentido que también se observa en los artículos 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones.
En relación a este último aspecto, debe resaltarse el papel que juegan las fuentes de información en la tarea de investigación que realizan los periodistas y su vinculación con un eficaz ejercicio de la libertad de prensa. “Con frecuencia, la posibilidad de obtener información de manera lícita por los hombres de prensa, está condicionada a no divulgar la fuente de esa información. Se trata de una de las reglas básicas en el arte del periodismo a cuyo estricto cumplimiento está condicionada la credibilidad que pueda merecer el periodista en quienes le suministran la información, y la posibilidad de proseguir contando con un caudal importante e interesante de datos novedosos” (Gregorio Badeni, “Secreto profesional y fuentes de la información periodística”, LL 1990-E-43).
En similar sentido, este Tribunal ha destacado que “...es justamente ese medio, recoger lo que puedan señalar las investigaciones que efectúa la prensa, uno de los caminos que los ciudadanos tienen para controlar a los funcionarios públicos, acercando sus inquietudes -denuncias- al Poder Judicial, siendo él sí el único encargado de despejar las cuestiones que se planteen ...” (causa n° 11.585 “Gostanian” reg. n° 12.677 del 21-12-95).
En este particular contexto se inscribe la cuestión que aquí se ha planteado, caracterizada por la colisión de dos intereses de relevante importancia. En un extremo, la actuación de la justicia en un caso de trascendencia institucional; en el otro, el del periodista que publicó sobre los hechos investigados en preservar el secreto de sus fuentes de información. Al respecto, se advierte que el juez con el objeto de establecer la identidad de las personas que habrían comunicado los hechos investigados a Catan solicitó el listado de llamados de su abonado telefónico. De allí que, aún cuando no se haya obligado al periodista a revelar personalmente esa circunstancia, se ha producido indefectiblemente un conflicto con su interés de mantener el secreto en ese aspecto.
Debe analizarse entonces qué solución merece la cuestión partiendo de determinar cuál es el alcance de la protección que en la Constitución Nacional se brinda al secreto de las fuentes de información periodística.
IV- El artículo 43, en el que el recurrente apoya su planteo, es el único que en modo expreso alude al secreto de las fuentes de información periodística. Su redacción parece contener una prohibición absoluta de violar el secreto que el periodista mantiene sobre la identidad de sus informantes, prohibición que no admitiría excepciones y no cedería, por ende, en un proceso penal (en este sentido se pronuncia Silvina G. Catucci en “Libertad de prensa. Calumnias e injurias”, Ediar, Buenos Aires, 1995, págs. 97/9.
El carácter absoluto que se confiere en esta norma, y sus consecuencias en contextos ajenos al habeas data, también es advertida por Javier De Luca, “El secreto de las fuentes periodísticas en el proceso penal”, Ad-hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 28). Algunos Tribunales han reconocido el secreto de las fuentes de información periodística a partir de esa disposición.
Así fue considerado por la Sala I de esta Cámara al rechazar el requerimiento de que se solicite a ciertas empresas periodísticas que revelen el origen y/o la fuente informativa de los artículos que habían publicado (causa n° 29.042 “Moschini”, reg. n° 712 del 4-9-1997). Sin embargo, los suscriptos consideran que lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional no resulta aplicable al caso de autos. Tanto su ubicación sistemática en el texto constitucional, como la discusión mantenida en el seno de la Asamblea Constituyente al ser tratada esta norma, sugieren que su operatividad se encuentra ceñida a la acción de habeas data (ver en sentido, Javier A. De Luca, ob. cit., págs. 17/8 y 30).
Se observa que en la norma mencionada la prohibición de afectar el secreto de las fuentes de información periodística se encuentra estrictamente relacionada con la facultad de interponer esa acción, establecida previamente en el mismo párrafo, con el objeto de tomar conocimiento de datos que consten en registros o bancos de datos públicos, o en los privados destinados a dar informes. Pero, fundamentalmente, se advierte que la intención del constituyente al establecer esta especial protección fue impedir que el habeas data sea utilizado para acceder a los registros de información de quienes ejercen la profesión de periodistas.
Es este el sentido y el contexto de la prohibición absoluta que consagra la norma citada. Esta interpretación resulta apoyada por varios pasajes de la discusión que los constituyentes mantuvieron en las reuniones plenarias en que se trató y aprobó el tema. El convencional Delich, por la Provincia de Córdoba, se refirió a la preocupación evidenciada en un editorial publicado por aquel entonces en un diario de difusión nacional en relación al riesgo que significaría para el ejercicio de la libertad de prensa la inclusión del habeas data en la Constitución (“Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994”, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. Ministerio de Justicia de la Nación. República Argentina. La Ley, Buenos Aires, 1997, Tomo VI, pág. 5887).
Por su parte, el convencional Cullen, por la Provincia de Santa Fe, destacó que esta acción no se establece en desmedro del secreto profesional en general. Particularmente mencionó observar “... con complacencia que ha sido expresamente preservado el secreto de las fuentes de información periodística ...” (ob. cit., pág 5912). Quizás más claro resultó el convencional Díaz, por la Provincia de Mendoza, al señalar que “...no estamos refiriéndonos a la información pública ni a ninguna cuestión que pueda rozar el derecho a la libertad de prensa, la cual está garantizada en nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto, se menciona expresamente algo que nunca se había dicho antes en el ordenamiento jurídico y esto es la protección del secreto profesional del periodismo” (ob. cit., pág. 5859). V- Sin embargo, de la afirmación de que lo dispuesto en el artículo 43 de nuestra Constitución se limita al ámbito de la acción de habeas data no se concluye que el secreto de las fuentes de información periodística carezca de resguardo en contextos diferentes, por ejemplo, en esta investigación criminal.
Por el contrario, la protección también existe en otras situaciones, sólo que no por imperio de aquella norma sino por formar parte esencial de la libertad de expresión. En efecto, de la referencia que al respecto se realiza en aquel artículo se infiere, en realidad, que se reconoce la pre-existencia de ese ámbito de reserva como parte sustancial del ejercicio de ese derecho y que no puede ser afectado por el instituto previsto en esa disposición. A partir de allí, debe analizarse la posibilidad de que la protección al secreto de las fuentes de información pueda ser restringido; particularmente, en lo que aquí interesa, si ese secreto puede ser revelado con fundamento en que con ello se pueden recoger elementos útiles en una investigación criminal.
Diversas opiniones doctrinarias y algunos antecedentes jurisprudenciales indican que, en general, se ha aceptado que el secreto periodístico debe o puede ceder cuando se trata de datos relacionados con la sustanciación de una causa penal (ver Miguel Ángel Ekmedjian, “El Derecho al secreto de las fuentes de información” en LL 1997-C-666; Gregorio Badeni, “Secreto profesional y fuentes de la información periodística” en LL 1990-E-43; Jorge Vanossi, disertación en el Primer Seminario Profesional sobre Aspectos Jurídicos de la Empresa Periodística de Buenos Aires, junio de 1988, citado en el anterior artículo. Asimismo, ver de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Bahía Blanca, fallo “D., V. A.” del 29-4-1993, ED 153-281, y de la Cámara Federal de San Martín, Sala I, fallo “Gorriarán Merlo” del 2-5-1996, LL 1996-C-637).
La discusión no se centra en si resulta o no admisible restringir la confidencialidad que pretende mantener el periodista, sino en analizar bajo qué justificativos se puede proceder en esa dirección. Particularmente, se trata de determinar si ello resulta válido por el mero hecho de tratarse de un caso penal, o si es sólo así dentro de determinados límites y bajo ciertas circunstancias.
Ilustra ese problema el fallo “Branzburg v. Hayes” de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el que se decidió que requerir a un periodista que comparezca ante un gran jurado con el objeto de que preste testimonio sobre una investigación que él haya realizado y de que revele sus fuentes no viola la libertad de expresión garantizada por la constitución de ese país (408 U.S. 665).
Allí, los jueces que conformaron el voto de la mayoría sostuvieron que el interés público en una eficaz administración de justicia y en perseguir delitos debe prevalecer frente a la dificultad que, se alega, sufriría la tarea de investigación de los periodistas si fueran obligados a revelar sus fuentes de información en una causa criminal. Por el contrario, los jueces que se pronunciaron en disidencia enfatizaron la necesidad de resolver la cuestión caso por caso efectuando un balance apropiado entre los dos intereses referidos.
Entre los aspectos que consideraron relevantes a tal fin, destacaron que para considerar válido que un periodista sea convocado en una causa a revelar su fuente se debe demostrar que la información buscada no puede ser obtenida por “medios alternativos” menos destructivos del derecho a la libertad de prensa. Una consideración muy similar también efectuó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Goodwin vs. United Kingdom” (sentencia del 27-3-1996, publicada por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vol. 2 -1997-, págs. 202/6).
Allí, teniendo en cuenta la importancia de la protección de las fuentes periodísticas para la libertad de prensa en una sociedad democrática, y el efecto potencialmente enmudecedor que una orden de revelar las fuentes tiene en el ejercicio de esa libertad, se destacó que ese requerimiento no puede ser compatible con el artículo 10 de la Convención Europea si no está justificado por un requerimiento superior de interés público.
Al respecto, se consideró que este requisito no se satisface con demostrar meramente la utilidad que podría derivarse de esa medida en la causa judicial en que sea adoptada, y que las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta inclinan la balanza de los intereses en juego en favor del interés de la sociedad democrática en asegurar la libertad de prensa. Se advierte que estas dos últimas soluciones propuestas para superar el conflicto planteado en estos casos resulta ser congruente con los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con el objeto de considerar legítima una restricción al ejercicio de la libertad de expresión (artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En tal sentido, se definió “que las restricciones autorizadas a la libertad de expresión deben ser las necesarias para asegurar la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil para la obtención de ese fin, esto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por “otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención” (conf. parágrafo 79 de la Opinión Consultiva 5/85 del 13 de septiembre de 1985. La Colegiación Obligatoria de Periodistas).
VI- En cuanto a la situación planteada en este caso, se advierte que la restricción a la protección del secreto de las fuentes del periodista Catán no resultó “necesaria” de acuerdo al alcance que debe otorgarse a este concepto en virtud de lo señalado precedentemente. A juicio de los suscriptos, precisamente desde este último punto de vista debe evaluarse la legitimidad de la diligencia aquí cuestionada, es decir, analizando la necesidad de que ella sea adoptada teniendo en cuenta la posibilidad de avanzar en la pesquisa mediante otros cursos de investigación que resulten útiles y eficaces sin que el secreto a las fuentes de información periodística resulte afectado.
Al respecto, se advierte que la medida ordenada en esta causa por el juez instructor en relación a los abonados telefónicos de Catan no responde en absoluto a dicho parámetro. Por el contrario, resultó completamente innecesaria teniendo en cuenta que, contemporánea e indepedientemente, fueron dispuestas otras vías que se dirigen a determinar la verdad de la hipótesis delictiva investigada.
Entre las más importantes se destacan las numerosas declaraciones testimoniales recibidas, los allanamientos realizados y el secuestro de relevante documentación, el cruce de llamados entre los números telefónicos de distintos sujetos y entidades relacionadas con el hecho -que no incluye a Catan-, cuyo resultado en el estado incipiente en que se encuentra la investigación no se puede valorar, sobre todo teniendo en cuenta que se observa que de ellas se irán desprendiendo nuevas líneas que impondrán la realización de otras medidas. Además, prueba la innecesariedad de efectuar el análisis de los llamados telefónicos del periodista el hecho de que el resultado de esa actividad no haya sido utilizado en la pesquisa.
El examen de las actuaciones demuestra que ninguna de las diversas diligencias dispuestas fue ordenada en su consecuencia, y que a ninguno de los restantes elementos que se fueron reuniendo en la causa se les ha asignado significación probatoria al ser valorados a partir de esa medida.
Debe tenerse en cuenta que el Dr. Guillermo Marijuan, Fiscal en este sumario, ante los planteos que al respecto efectuó Catan en la causa, consideró que frente a la recolección de otros elementos de prueba los listados de llamadas obtenidos de sus números telefónicos han perdido utilidad en la causa, razón por la cual solicitó que le sean entregados al nombrado (ver fs. 475/vta. del ppal.). Por su parte, el juez instructor, también en respuesta a aquellas peticiones, estimó que la medida en cuestión resulta “marginal” a partir de la prueba recogida independientemente a ella. Por ello, dispuso que los legajos formados con esos listados permanezcan en sobre cerrado y lacrado en custodia de la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Estado (ver fs. 534/vta. del ppal.).
En conclusión, aquí resulta innecesario afectar el secreto de las fuentes de información de Catan con el objeto de reunir elementos útiles para la causa, ya que existen otras alternativas probatorias que permiten perseguir ese mismo fin.
En el marco de esa situación, la medida cuestionada constituye una restricción irrazonable a la libertad de expresión y, por ende, ilegítima, por lo que se declarará la nulidad de la providencia de fs. 74 del ppal. en la que ella se dispuso toda vez que afecta las garantías constitucionales ya reseñadas (artículos 14 de la Constitución Nacional, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 168 segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación).
Asimismo, con el objeto de evitar que persistan los efectos de la medida nulificada, deberá el Sr. Juez a quo recuperar los legajos formados con los listados de llamadas en cuestión que actualmente se encuentran en poder de la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia de Estado y proceder a su destrucción en presencia del interesado o sus letrados apoderados, junto a cualquier otro elemento que en esa dependencia o en la sede del Juzgado exista en relación a esa medida.
Fuente: derechodelacomunicacion.blogspot.com
Viernes, 11 Diciembre 2009 07:42
Escrito por perio.unlp.edu.ar
LEGISLACION QUE AMPARA
Con el patrocinio del especialista Damián Loreti, el periodista Horacio Verbitsky, en su condición de secretario de una asociación ya desaparecida y el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), José L. Isaurralde, elevaron su petición en respaldo al periodista Thomas Catan ante la Justicia. Se consigna aquí la legislación vigente en la Argentina y el mundo que protege el derecho del periodista a la reserva de sus fuentes porque, en caso contrario, lo que entra en juego, dicen, es el mismo sistema institucional. Texto para leer por placer en voz alta en las salas de periodistas del Congreso y obviamente, también, en caso de necesidad.
Señalan los peticionantes como primer punto “la importancia trascendental que tiene para la libertad de expresión e información el secreto periodístico”. Y lo hacen como “amici curiae” (terceros ajenos al conflicto que quieren colaborar con hacer justicia), figura, señalan, reconocida en el ámbito nacional y supranacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en cuestiones vinculadas al derecho a la información previsto en el art. 13 de la nombrada.
a) La libertad de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos: Conforme surge de ya ratificada doctrina y jurisprudencia, la Argentina es tributaria de las normas, resoluciones y recomendaciones de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Sobre todo cuando la propia Constitución lo ha incorporado de modo explícito en el art. 75 inc. 22.
En este marco, el artículo 13 de la Convención garantiza con alcance universal el derecho de recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones por cualquier medio de expresión.Este principio de universalidad no está destinado sólo a los emisores o productores de información mediada, sino también al conjunto de la sociedad, a fin de estar debidamente informada de cuestiones de interés público, fin último de la existencia y garantía de tales derechos.
Pero, por supuesto, parte de su ejercicio está fuertemente arraigado en la vigencia, respeto y garantía de los derechos que subyacen a la libertad de investigar como previa a la de difundir tales informaciones y opiniones. Por ello está reconocido por la doctrina nacional e internacional del derecho a la información que la libertad de investigar lleva implícitos los derechos de acceder a la información y a la reserva del secreto profesional periodístico.
En este sentido, la declaración de principios sobre libertad de expresión dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108º. Período de Sesiones en octubre de 2000 consagra en su principio 8º. que : “ Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales ".
Lo afirmado por la Comisión equivale a señalar que el alcance del secreto periodístico excede de sola reserva de la fuente, sino que ampara tanto a la identidad de esta de modo directo, cuanto a cualquier material del cual pueda surgir la posibilidad de que esta sea identificada. El secreto periodístico, entonces, ha sido plasmado por el intérprete y custodio de los derechos humanos en el sistema interamericano, no sólo abarca las fuentes, sino también los datos no publicados, las comunicaciones y los archivos. Sí o sí estos bienes jurídicos se verían comprometidos con su sujeción a escrutinio de terceros, incluida la empresa.
b) Principios que hacen al secreto periodístico: Ya hemos afirmado que la libertad de información tiene su correlato natural en la libertad de investigación, que implica el libre acceso a las fuentes y las reservas que de ellas debe mantenerse por parte de los periodistas, sin presiones de las empresas de las cuales dependen ni de las autoridades administrativas o judiciales. Por tanto, la protección del periodista en tanto portador de información que compromete a la seguridad jurídica o física de sus fuentes deberá fundarse en la irrestricta apuesta de la sociedad a que demostrar en términos profesionales la seriedad de las informaciones que hubiera difundido sin que pueda ser afectada por el condicionante de descubrir la fuente de su información por medios directos o indirectos.
La función periodística es la de informar a la comunidad en forma veraz y una de las formas de lograrlo es protegiendo a quienes - asumiendo más de un riesgo - aportan anónimamente a esta tarea.De allí, entonces, que sólo con una actuación por parte de las autoridades públicas que resguarde la labor de los profesionales se podrá contar con un periodismo confiable en su rol social de informar sobre la realidad cotidiana.
Y ello es así en la medida en que el secreto periodístico no existe por sí y para sí, ya que existe acuerdo en la doctrina sobre el concepto de secreto profesional de los periodistas, que suele ser definido como el derecho de los profesionales de la información a no revelar las fuentes de la misma ni a su empresa, ni a terceros, ni a las autoridades públicas, ni siquiera a las judiciales. El bien jurídico protegido por el ordenamiento al reconocer el derecho al secreto profesional de los periodistas es en conjunto y requiriendo protección recíproca la libertad de información y posibilidad cierta que la fuente mantenga su anonimato. No parece difícil percatarse de que el fundamento y la razón de ser últimos del secreto profesional de los periodistas se encuentran en la condición de vértice institucional de las libertades de expresión e información. Dicho de otro modo, el secreto profesional no garantiza tanto la libertad de conciencia del periodista como la libertad en la formación de la conciencia de los destinatarios de las informaciones. Lo que se protege es, en primera instancia, el derecho de recibir información por parte de los ciudadanos y, en definitiva, favorecer la formación de una opinión pública libre como columna y sostén del propio sistema democrático.
Y es que si el periodista revela sus fuentes, y dado que en ocasiones las mismas pueden sufrir represalias de llegar a conocerse su identidad, lo más probable es que esas fuentes de información se cieguen y no puedan volver a utilizarse y que quienes en algún momento apuesten a ser dadores de información bajo la condición de reserva desistan de hacerlo. Por ello, en interés del derecho a la información del público, el ordenamiento jurídico garantiza el anonimato de esa fuente en las noticias que comunique a la prensa.
c) Reconocimiento de la jurisprudencia supranacional: Tiene dicho la Corte Interamericana que : " ... la comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (art.10) ... demuestra claramente que las garantías de libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las mas generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de ideas". Y que.".... es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante vías o medios indirectos ( ...)encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Ni la Convención Europea ni el Pacto de Derechos Civiles contienen una disposición comparable" (el destacado en el original OC 5/85 cons. 47).
En ese contexto y partiendo de que, además, según la Corte Interamericana, es posible incorporar toda la doctrina y la jurisprudencia europeas y de las Naciones Unidas, considerándolas como un piso sobre el que deben elevarse las instituciones americanas, dadas las condiciones citadas en el párrafo anterior, habremos de señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Goodwin v. the United Kingdom” Nº. 16/1994/463/544 se refirió de modo expreso a la validez, necesidad y pertinencia del secreto profesional periodístico. En primer lugar, tal noción de “piso” surge de modo incontrovertible en el tema que nos ocupa, toda vez que el art. 13 de la Convención no cuenta con excepciones destinadas restringir a la libertad de información como sí tiene el art. 10 de la Carta de Derechos Humanos, en particular las destinadas a garantizar el accionar judicial. Tampoco cuenta con excepciones que guarden referencia al interés público o del Estado. Las únicas limitaciones son las necesarias para la preservación del sistema democrático.
Pero veamos como el TEDH avaló el derecho a negarse a revelar la fuente por parte de William Goodwin bajo un sistema más restringido como es el del art. 10 de la Carta Europea: “La protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas de la libertad de expresión como se refleja en las leyes y códigos profesionales y diversos instrumentos internacionales de las libertades periodísticas (entre otras Resolution on Journalistic Freedoms and Human Rights, adoptada en la 4o. European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Praga, 7-8 de Diciembre de 1994 , la “Resolution on the Confidentiality of Journalists' Sources by the European Parliament”, 18 de enero de 1994, la “Official Journal of the European Communities” No. C 44/34).Sin esta protección, las fuentes pueden ser desalentadas a asistir a la prensa a informar al público en cuestiones de interés público. Como resultado, puede ser perjudicado el rol vital de observador público y la capacidad de la prensa de proveer adecuada y destacada información puede ser afectada de modo adverso.
Teniendo en cuenta la importancia de la protección de las fuentes para la libertad de prensa en una sociedad democrática y la posibilidad cierta del efecto intimidatorio de una orden de revelación de fuente tiene sobre el ejercicio de se derecho, tal medida no puede ser compatible con el artículo 10 de la Convención...”“En el presente contexto, sin embargo, el margen nacional de apreciación se circunscribe en interés de una sociedad democrática en asegurar y mantener una prensa libre”. “No será suficiente, per se, para una parte que pretende la revelación de una fuente, el sólo mostrar que para ella será imposible ejercer sus derechos legales sin esa revelación….” “En ese sentido, la Corte concluye que las órdenes que requieren la revelación de la fuente como la que impone una sanción de multa contra el presentante por negarse a hacerlo importan una violación a sus derechos de libertad de expresión amparado por el artículo 10”.
Por tanto, si en el marco de la Convención Europea que – repetimos - admite restricciones a la libertad de información basadas en el buen funcionamiento de la administración de justicia en el marco de una sociedad democrática, es impropio obligar a revelar fuentes de información periodística, tanto más lo es en el sistema Interamericano al que tributa nuestra Nación.
d) Encuadre jurídico en el marco de la Constitución Nacional Además de las garantías que amparan el secreto periodístico que se recogen de la doctrina supranacional, nuestra propia Constitución ha convalidado del modo más amplio la indemnidad de la fuente de información periodística en el artículo 43 incluido en la reforma de 1994. Bajo la definición tajante “No podrá ser afectada la fuente de información periodística”, aparece plasmado el derecho de ésta a ser mantenido su anonimato. Se plasma un principio de modo incontrovertible. Se protege la importancia de la fuente como pilar fundamental de la libertad de informar.
La finalidad del secreto de la fuente en los términos en los que la Constitución lo definió está orientada a posibilitar que el periodista proteja sus fuentes y no sólo a la eventualidad de prohibirle que declare en juicio sobre sus informantes. Y ello debe recalcarse porque la función de la reforma no ha sido prohibirle a un profesional que declare en juicio sino evitar que se lo presione atropellando la libertad de investigación periodística por vía judicial.
En este cuadro de situación, no debemos perder de vista este enfoque pues si la interpretación a adoptar hubiera sido distinta, entrarían a jugar cuestiones de otra naturaleza como la limitación a libertad de investigar y recibir informaciones, amén de cuestiones sobre la ética informativa y la seguridad física y personal de las fuentes. Ello sin desmedro de rescatar que se trata de supuestos distintos la investigación judicial para la prevención que para la punición. En el segundo de los casos, la divulgación de datos y fuentes no tendría otro objeto que aplicar una sanción, tal como ocurre en este caso. En el primero, el periodista de buena fe nunca debería poner en riesgo un bien jurídico más preciado que el que pretende resguardar con su secreto.
Así, entonces, jurídicamente visto y frente a las autoridades, el secreto es un derecho del periodista, sin perjuicio de que la fuente tiene el derecho a que se respete el compromiso asumido, lo que nos lleva también al lado de la ética periodística, tantas veces reclamada y declamada en la que los funcionarios públicos no están en condiciones de intervenir ni dilucidar.
Por cierto, es del caso señalar que tampoco estamos frente a una obligación legal del profesional susceptible de ser relevada por la autoridad judicial, en la medida en que no estamos ante una profesión incluida en la tipología del art. 244 del Código Procesal Penal de la Nación.En el plano provincial lo han acogido expresamente al secreto profesional periodístico las Constituciones de Jujuy "... se garantiza a los periodistas el acceso a las fuentes oficiales de información y el derecho al secreto profesional ..." y de Córdoba "...libre acceso a las fuentes de información y el secreto profesional periodístico...".
Desde la óptica jurisprudencial lo ha receptado la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos "Elizalde, Víctor" el 22/3/91 en un fallo señero en cuanto al tema; el Juzgado Federal de San Juan en la causa “Pazos, Luis”, los tribunales de Mendoza, en particular en el caso “Ghibilaro, Caterina” donde se aplicó una norma recientemente incorporada al Código de Procedimientos Penales de la provincia, que garantiza el secreto profesional periodístico en el art. 247 bis, como un derecho inalienable del profesional.Ya en términos más recientes, así también lo ha comprendido la Cámara Federal de San Martín en la causa “Gorriarán Merlo” en la que excusó de testificar a los periodistas Néstor Macchiavelli y Roberto García.
e) Jurisprudencia internacional y derecho comparado. En este esquema que venimos planteando, es menester señalar a la Excma. Cámara que existen antecedentes en el derecho comparado que reconocen de modo directo o indirecto la intangibilidad de la fuente de información periodística, a saber:
En ALEMANIA, la ley fundamental- Ordenanza de Prensa recogida en la ley de 1/8/75 se trata de un derecho restringido que sólo cede, de acuerdo a la jurisprudencia, requerir videos de eventos sucedidos, siendo que el caso se dilucidaba con las filmaciones de manifestaciones publicas.
En AUSTRIA, se optó por la naturaleza jurídica del derecho irrestricto por vía de la ley de 1981, indicando la jurisprudencia que el secreto alcanza a las comunicaciones de los periodistas y que sólo son admisibles intervenciones telefónicas a periodistas con orden judicial previa en caso de investigarse la comisión de delitos de mas de diez años de prisión como pena mínima prevista.
En DINAMARCA, la ley aprobada en 1992 (acta de responsabilidad de los medios) lo establece como un derecho del periodista. En materia de jurisprudencia es de destacar el llamado “caso AARHUS”: Durante disturbios en dicha ciudad, un periodista entrevistó a voceros de los manifestantes. Requerido por los tribunales respecto a la identidad de los mismos y la forma en que se conectaron, se negó a declarar. Se le aplicó -antes de la ley de 1992 - condena de seis meses de prisión en suspenso, condena anulada por la modificación de la ley.
En ESPAÑA, es un derecho del periodista reconocido en el artículo 20 inc. D de la Constitución de 1978.
En FRANCIA, se lo reconoce como un derecho en 1993 por la ley del 4 de enero de ese año.
En INGLATERRA, el secreto sobre la fuente sólo cede ante cuestiones de seguridad nacional o para prevenir desordenes o actos criminales que pongan en riesgo la seguridad pública,, según la interpretación reconocida sobre la ley de procedimiento ante las Cortes de 1981. Ninguna de las dos hipótesis se aplican al caso que nos concierne.
En ITALIA, de acuerdo a la ley de 1963 (ley de la orden de los periodistas) guardar el secreto profesional es una obligación irrelevable por cuestiones éticas.
En SUECIA, de acuerdo a ordenanza constitucional sobre libertad de prensa, es obligación del periodista proteger a sus informadores.
En ESTADOS UNIDOS, según el fallo de la Corte Suprema Federal en el caso Branzburg c/ Hayes, en el que se juzgaba a tres periodistas que se negaron a declarar sobre sus fuentes en un gran jurado, se voto 5/4 en contra del secreto, basándose en la inexistencia de una cláusula constitucional que la incorporara a la Primera Enmienda. Esta hipótesis sería inaplicable por analogía en nuestro medio dada la inclusión del art. 43 de la reforma de 1994 en la Constitución Nacional.
En BRASIL, es derecho reconocido en la constitución en el art. 5.
En PARAGUAY, es un derecho reconocido en la constitución (art. 29), junto al de autor, de la cláusula de conciencia y del derecho a firmar.De acuerdo a la declaración de la Cumbre de Santiago de Chile sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas de 1992 el periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes.
Para el CONSEJO DE EUROPA, según la Declaración de Munich de 1972 consagrado luego como Código de Ética aprobado por ley en SUIZA es un derecho frente a las autoridades y un deber ante la fuente.Y lo dicho no es un abundamiento con sólo fines ilustrativos. Integran las presentantes de este escrito colegas periodistas Corresponsales Extranjeros, preocupada por la repercusión profesional que para las más diversas expresiones internacionales de la prensa tendrá la decisión que recaiga sobre la cuestión.
La importancia para los periodistas de todo el mundo que quieran trabajar en la Argentina, los que habrán de sopesar las condiciones de ejercicio de la profesión, tiene tanta trascendencia como para los argentinos. Y tales condiciones se analizan siempre en términos comparativos.
f) Consecuencias Institucionales: Excma. Cámara: De plasmarse una resolución contraria a la indemnidad de la fuente y a la protección de su anonimato se estaría poniendo en juego por completo el sistema institucional.En efecto, la libertad de expresión y el rol de la prensa en el contexto de la sociedad democrática está frente a una amenaza de consecuencias invaluables, pero traducibles e interpretables en circunstancias concretas, a saber:
a) Nadie atenderá nunca la llamada de un periodista si desea ser fuente de información anónima. La existencia de un precedente de revelación autorizada de su condición de tal se transformará en una sombra de sospecha de ser citado a declarar.
b) Nadie llamará nunca a un periodista, a no ser que se trate de un teléfono público, por las mismas razones.
c) Desaparecerá la viabilidad de que la prensa mantenga mínimos elementales de seguridad jurídica de su accionar, en la medida que el allanamiento de sus medios de comunicación, una vez abierta esta puerta, puesto que ninguna diferencia existirá para fundamentar el rastreo de sus interlocutores telefónicos con la divulgación de sus correos electrónicos o que se le practiquen seguimientos o se les incauten las libretas de apuntes. Si de lo que se trata es de saber quiénes son las fuentes de determinada información, una vez que se violenta el principio de indemnidad de la fuente, el resto se tratará de matices de formalidad.
d) La posibilidad de mantener las fuentes en anonimato hace a las garantías de la libertad de investigar, tanto como la confidencialidad de los dichos de los defendidos hace a los derechos de ejercicio de legítima defensa. No es una analogía apresurada. g) Petitorio: Por lo expuesto a V.E. requerimos: I. Tenga a las entidades presentantes como “amigos del tribunal”. II. Se tenga presente el memorial presentado. III. Se tenga presente la adhesión formulada a la presentación del Thomas Catán. IV. Oportunamente se resuelva la cuestión declarándose la nulidad de las órdenes del juez de grado por la que se requieren las develaciones de las fuentes consultadas por el amparista. Proveer de conformidad SERÁ JUSTICIA
Viernes, 11 Diciembre 2009 10:46
Como tema para tener siempre presente ya que las empresas, en caso de grandes controversias y a veces también por asuntos menores, presionan sobre sus periodistas para arrancarles la revelación de sus fuentes, que son de exclusiva pertenencia de éstos. Los especialistas que participan de la jornada académica que aquí se consigna coinciden en sostener la importancia de no romper el secreto periodístico, un derecho subjetivo propio. Incluye los casos más resonantes como el del diario La Nación cuando obligó a su entonces acreditada ante el Senado a revelar la fuente de la resonante confesión reservada lograda por ella. Fue en el escandaloso episodio de los sobornos en el 2000 durante la presidencia de Fernando de la Rúa, sometido al fallo judicial diez años después.
Por Manuel E. Larrondo (*)
El 3 de mayo de 2007 el Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación organizó en el salón de actos central del Colegio de Abogados de La Plata una Jornada Académica en la cual se analizaron y debatieron diversos aspectos jurídico – fácticos en relación al carácter absoluto o relativo del derecho del periodista de mantener en reserva la identidad de sus fuentes.
Como todos los años, el Instituto propone conmemorar el Día Mundial de la libertad de expresión que tuvo su origen en una reunión de periodistas africanos realizada del 1 al 3 de mayo de 1991 en Windhoek, Namibia, donde se establecieron las condiciones para el funcionamiento de la libertad de prensa, pluralismo e independencia de los medios de comunicación en África.
En octubre de 1991 y en reconocimiento a este esfuerzo, la Conferencia General de la UNESCO invitó al director general de la organización a transmitir “a la Asamblea General de las Naciones Unidas el deseo expresado por los estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclame Día Internacional de la Libertad de Prensa”.
Ello se concreta gracias a la resolución 48/432, aprobada por la sesión plenaria número ochenta y cinco de la Asamblea General de la ONU, realizada el 20 de diciembre de 1993.
Es en este marco entonces que desde el Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación del CALP juntamente con la cátedra 2 de Derecho de la Comunicación de Facultad de Periodismo de la UNLP se conviene en honrar cada año a este derecho humano proponiendo una Jornada Académica en la sede del Colegio de Abogados de La Plata a fin de debatir, en este caso, el ejercicio del derecho del periodista a mantener en reserva el secreto de sus fuentes conforme lo protege el art. 43 in fine de la Constitución Nacional.
Como principales oradores se contó con la presencia de los Dres. Adolfo Gabino Ziulu (destacado doctrinario constitucional, docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Juez Federal de La Plata); Analía Eliades (abogada, periodista, titular interina de la cátedra 2 de Derecho de la Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, subdirectora del Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación), la periodista Lorena Maciel, especializada en periodismo judicial, desempeñándose actualmente como conductora del noticiero de la tarde la señal de cable Todo Noticias, conductora de programas relacionados con la temática en la señal de cable METRO, co-conductora de programas en Radio Mitre) y quien suscribe (abogado del fuero platense, docente de Derecho de la Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y director del Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación del CALP).
* II.- Interrogantes que se plantearon antes del debate
A fin de hacer un desarrollo práctico y académico del tema, mi rol consistió en abrir el camino de las dudas e hipótesis a dilucidar sobre quien puede ejercer el derecho a mantener en reserva el secreto de la fuente, como, cuando, donde.Así, hicimos referencia al caso conocido como "Los escándalos en el Senado Argentino".
El 30 de abril del 2000 bajo el título "Un legislador dijo que teme ir preso", el diario La Nación sacudió a la opinión pública con la siguiente información: "Por primera vez, un senador del PJ reveló a La Nación que había cobrado un soborno por la ley laboral".La nota firmada por la periodista María Fernanda Villoso, consignó:"El senador peronista aceptó hablar con La Nación, pero imponiendo algunas condiciones: que no se difundiera su nombre, ni se grabaran sus declaraciones (...) Una vez que admitió en voz alta que había cobrado, desaparecieron los eufemismos" (Es decir -acotamos- brindó a la periodista detalles del soborno masivo en el cuerpo).
Al día siguiente (31/08/2000) el Bloque del PJ en conferencia de prensa, negó que uno de sus miembros hubiese admitido el cobro de sobornos. Al mismo tiempo de publicar ésta noticia, el diario La Nación (1) reveló que el Senador Emilio Cantarero fue el legislador que admitió haber cobrado sobornos y que el mismo fue la fuente de información de los detalles dados a conocer. De esta manera se expresó sobre el punto, el diario divulgador de la primicia: "Ayer, el diario preservó el nombre de la fuente (...) Las expresiones de Cantarero, sin embargo, al negar totalmente lo sucedido, obligan a esta cronista a dar cuenta, en defensa de la veracidad de lo informado, de cómo fueron los hechos" (Aquí se aprecia cómo el medio decidió revelar la identidad de su fuente cuando la "veracidad" de su información fue puesta en duda comprometiendo su prestigio ante la opinión pública).
Otro interesante caso que muestra otro rol ejercido por el periodismo consistió en el que tuvo lugar en 2005 en EEUU cuando se detuvo a la periodista Judith Miller del diario The New York Times por haberse negado a revelar la identidad de su fuente la cual a su vez habría mantenido conversaciones confidenciales con fuentes gubernamentales, en un caso que buscaba determinar quién -del Gobierno de EEUU- filtró la identidad de la agente secreta Valerie Plame, esposa de un ex diplomático.
(1) Adviértase que no hacemos referencia a la periodista Villoso sino al medio de que reveló la identidad de la fuente cuando en realidad pertenece al periodista el derecho a mantener el secreto de dicha fuente. Hoy este derecho personal tiende a confundirse como de propiedad del medio cuando no debería ser así.
Miller permaneció detenida hasta que su fuente finalmente le relevó de mantener el pacto de secreto. Aquí vemos otra situación importante en el ejercicio diario de la profesión periodística.Finalmente, se planteó otro interrogante previo consistente en ¿Quién puede invocar el secreto de la fuente periodísica? Ello a partir de un fallo judicial emanado de una corte de apelaciones de California (2) que decidió en 2006 que los 'bloggers' – titulares de páginas web--, al igual que los periodistas tradicionales, tienen derecho a mantener la confidencialidad de sus fuentes.
Los hechos consistieron en que un grupo de 'bloggers' acudió a los tribunales después de que Apple –empresa de computación - tratara de forzarles a revelar la identidad de la persona -probablemente un empleado de la compañía- que les facilitó los detalles de un proyecto de la empresa denominado 'Asteroid'. Los datos del producto fueron difundidos en varios sitios de Internet.
La justicia de California entendió que los 'bloggers' no tienen obligación de revelar sus fuentes y pueden acogerse a las leyes que protegen a los periodistas tradicionales, la Primera Enmienda de la Constitución.De esta manera, con la cita de casos puntuales muy recientes se intentó dar una introducción al tema para intercambiar opiniones y pareceres entre los exponentes.Seguidamente nos referiremos a los aspectos centrales que trataron los disertantes en la Jornada.
* III.- Disertaciones
A) Dr. Ziulu: “No tendríamos un gobierno democrático, republicano sino hubiera una amplia libertad de prensa.”En su disertación el Dr. Ziulu hizo un análisis jurídico - histórico acerca del origen constitucional de la protección al secreto de las fuentes de información periodística.
Así, remarcó que el art. 14 de la CN prevé el derecho de que toda persona pueda publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
A su vez agregó que “la CSJN no ha aceptado aquella postura de la CSJ de EEUU que habla de libertades preferidas. La primera enmienda es la referida a la libertad de expresión, que está primera porque se considera el derecho más relevante.” Contó también que hace unos años esa CSJ - amparándose en esa enmienda- sostuvo que había que favorecer a la libertad ( 2 ) Corte de Apelaciones de California, EE.UU., en los autos “Jason O’ Grady et al., Petitioners, v. The Superior Court of Santa Clara County, Respondent; Apple Computer, Inc., Real Party in Interest. H028579 (Santa Clara County Super. Ct. No. CV032178). Fallo publicado íntegramente en versión inglés en formato PDF en Internet:http://news.com.com/Whos+a+joumalist+Now+we+know,+thanks+to+Apple/2010-1047 3-6077629.html'?tae=html.aler / en un caso en que unos jóvenes habían quemado la bandera de ese país.
Según el Dr. Ziulu, difícilmente se concebiría esa posibilidad en Argentina.Expresó que “en nuestro derecho – particularmente en la Constitución Nacional - no existe una libertad preferida a los demás, salvo lo que dice la CSJN respecto al derecho a la vida, pero en los demás casos el juez debe evaluar en cada caso particular cual prevalece por otro.” Estas libertades fueron ensanchadas con la incorporación de los Tratados Internacionales, art. 13 y 14 del Paco de San José de Costa Rica.
Contexto en que se incorporó al art. 43 de la CN: Explicó el Dr. Ziulu que este artículo “aparece en la reforma de 1994 en un contexto político especial que tuvo una necesidad política de reelección presidencial del momento. Igualmente hay normas mucho más importantes que la reelección y otras que no. En ese momento la relación entre medios y reforma fue difícil. Los titulares de diarios de aquella época eran catastróficos, “constitución obesa”, “constitución veloz” por el pacto de olivos, había hechos que hacían desconfiar a la prensa sobre esta reforma, la falta de transparencia de ciertos actos, había temas que tocaban a la prensa”.
En ese contexto de la reforma, se refirió también al caso que tuvo lugar previamente en 1992 cuando la CSJN dictó sentencia en el leading case “Ekmedjian c. Sofovich”, que generó inquietud en los medios por el reconocimiento al Derecho de réplica (conf. Art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica).
En su oportunidad, recuerda el Dr. Ziulu que los medios sostuvieron que el ejercicio de este derecho “era contrario al Derecho a la libertad de expresión.” La CSJN acepta el D. de réplica en forma amplísima y luego de 13 años el derecho a rectificación o respuesta no ha vulnerado ni limitado el derecho a expresarse libremente.
Sostuvo el Dr. Ziulu que “fueron cuestionado por la prensa los actos de la Convención constituyente en Santa Fe. Hubo gestiones, lobbies, había empresarios de medios, de la Iglesia, y allí surge la posibilidad del acercamiento frente al distanciamiento de los casos judiciales anteriores.
Cuando se trata el art. 43 de la CN, uno de los integrantes de la comisión propone incorporar la expresión de protección del secreto de la fuente (que no estaba originariamente en el texto originario) el convencional de Córdoba, Antonio Hernández. Este profesor de Derecho Constitucional recordó en ese momento que la Constitución de Córdoba protege a la libertad de prensa e incluye al secreto de la fuente de información y propone el agregado. Surgió una discusión, participó el Dr. Quiroga Lavié (convencional) quien no se opuso a esa cláusula siempre y cuando tuviera contenidos generales y no quedara reservada al ámbito periodístico.
En el acta surge que Quiroga quería agregar que el Secreto de fuentes de información pero en general (para todas las profesionales, abogado, cura, medico). Esta posición no surtió efecto.”Comenta el exponente que “el convencional Cavagna Martinez estaba de acuerdo con e secreto periodístico pero exclusivamente a archivos informáticos. Esta posición tampoco tuvo lugar. Se aceptó finalmente el criterio de Hernández".
En cuanto a la definición de este derecho, el Dr. Ziulu expresó que es“un derecho pensado para proteger a toda la sociedad, no es un derecho de todos los periodistas, les corresponde pero es un derecho que resguarda la libertad de todos, porque si no lo hay, está en peligro la libertad de prensa y de ser así peligra la libertad de la república. Este derecho no puede considerarse en términos absolutos, al igual que el mantener el secreto de las fuentes.
”Finalmente - sostuvo- el periodista no está obligado a revelar la fuente si al hacerlo se autoincrimina " (art. 18 de la CN).
¿Cuáles son los limites? Otros Ds.: cuando choca con la intimidad, el honor, la seguridad y defensa nacional, si un periodista revela algo que lo afecte.
Concluyó su disertación con la cita de una frase de Voltaire relacionada con la libertad de expresarse: “no pienso como vos, pero daría la vida si fuera necesario para seguir asegurando que pienses en contra a lo que yo pienso.”
B) Dra. Elíades: “El art. 13 del Pacto y la Opinión Consultiva Nº5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablan del concepto amplio del Derecho a dar y recibir información, concepción ésta que abarca la doble dimensión social e individual del Derecho de la Información.”
La Dra. Elíades manifestó “que el secreto periodístico se integra al concepto del Derecho de la Información en tanto en el año 2000 la Comisión Interamericana de DDHH en su 108º sesión se dictó la Declaración de Principios interpretando el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica estableciendo como 8º principio la reserva de la fuente de información de parte de todo comunicador social.”
Agrega que “en el derecho comparado el titular del derecho a la reserva de la fuente parece referirse al periodista aunque la postura moderna es que le compete a toda persona, a todo comunicador relacionado con el derecho a dar y recibir información.”
En lo que respecta a nuestra país, se refirió la exponente al sonado caso Thomas Catan: “periodista británico, corresponsal en Buenos.Aires., que publica en el diario Financial Times de Londres una nota en agosto de 2002 dando cuenta de una investigación periodística sobre el dictado de leyes y supuestos pedidos de coima en el Senado que habían recibido los banqueros y la Asoc. de banqueros, involucrando al embajador británico y de EEUU. Esto lo toman también los medios locales.
A partir de esto se inicia una investigación judicial y Catan es citado como testigo en la causa de la coimas, aportando su versión en el juzgado. de 1º instancia a cargo de Bonadío, pero se negó a revelar la fuente. Colabora con la Justicia pero mantiene la reserva.
Sin que Catan lo sepa, el juez ordena requerir las llamadas entrantes y salientes del teléfono del periodista. De todas formas se toma conocimiento de este hecho y la FATPREN se presenta como amicus curiae en el caso al igual que la asociación de. Periodistas exponiéndole a la justicia el alto valor del secreto periodístico como parte integrante de la libertad de expresión y como instrumento del periodista para ejercer su profesión.
La Cámara de Apelaciones se expidió el 28/10/02 diciendo que había una restricción innecesaria al derecho de dar y recibir información ya que no era solo violación a la reserva del secreto de la fuente. Declaró nulo el procedimiento.En el fallo tratan los orígenes del art. 43 de la CN, la Cámara dice que la reserva del secreto de la fuente pero (sic) debe atenerse al habeas data, termina diciendo que en realidad la protección de las fuentes integra la libertad de expresión, la interpretación dinámica de la CN, forma parte del art. 13 del Pacto.
Quedó un sabor amargo porque igualmente se llegó a tener el listado de llamados aunque luego se destruyeron.¿Era necesario investigar al periodista para arribar a la verdad? La Cámara dijo que no puede sacrificarse la libertad de expresión con el argumento de que se está investigando un supuesto ilícito cuando hay muchos otros medios de prueba para ello.”
Por otra parte, la Dra. Elíades expresó que “el secreto profesional se caracteriza porque antes de que estuviera plasmado integró los códigos deontológicos, era una norma ética, los periodistas dijeron que debía ser una pauta ética. La reserva de la fuente es un pacto de honor entre el informante y el periodista: es de confianza, se da por cierto que el periodista dará a conocer la información para el fortalecimiento de las libertades y de la democracia”.
Finalmente, agregó que “el secreto periodístico abarca todo el material de trabajo, las agendas, el correo, los elementos que utiliza el periodista para ejercer su profesión. No puede haber ordenes empresariales, judiciales o administrativas porque se afectaría este derecho de naturaleza sui generis, porque si lo cotejamos con el secreto profesional clásico de un abogado, el alcance de la protección es distinto porque puedo decir que atiendo a alguien pero no puedo dar a conocer lo que me dice, en cambio el periodista puede informar aquello que le dieron como dato pero tiene que reservar la identidad de la persona y va a dar a conocer esa información” .
C) Periodista Lorena Maciel: “La reserva de la fuente es fundamental porque es la única manera de garantizar el derecho a la libre expresión.”Maciel se refirió en términos generales a la manera en que actualmente se ejerce la profesión y su relación con el secreto de la fuente periodística.
Destacó que “hoy hay una precarización laboral que lleva a que no se pueda especializar el periodista joven que ingresa al medio y que empieza en el oficio. Por eso el único capital que tiene el periodista es la fuente.” Al mismo tiempo resaltó que “hay una nueva generación de periodistas con parámetros muy ambiguos, que no garantiza derechos y los restringe.”
En su opinión, no es partidaria “de que se publique aquello que la fuente le confiere off the record, ya que hay un pacto de confianza. La empresa avala al periodista pero ello no sucede en todos los casos. La credibilidad es el único capital”.
Resaltó además que “hablar del secreto profesional nos lleva a hablar de la libertad de expresión; están unidos. Hay hechos del poder público que solo se pueden conocer si existe el secreto profesional. No siempre se van a encontrar casos como el de las coimas en el Senado; hay casos del día a día, hay barreras que no hay que cruzar, hay una precarización de la actividad laboral y por ende de los valores.
Contó que en el ejercicio de su profesión formuló una denuncia en el programa Punto Doc sobre el Hospital de San. Isidro, que estaba deteriorado sin uso, donado por las damas de caridad al partido de San Isidro pero que iba a ser vendido a Gravier y Valeria Massa para hacer un complejo de Lofts y Spa.
Una empleada del Hospital la vio, intercambiaron mails, pero, dice Maciel, nunca supo la identidad de su fuente. Se fue reuniendo con los vecinos, dieron a la luz la sesión del Concejo Deliberante en la que desafectaron al Hospital. como bien público para los pobres y dejaron al intendente que lo vendiera a Gravier.
A raíz de ello, comenta, que “se hizo una presentación en la Justicia, intervino Punto Doc, mostraron los debates, la movilización de gente, de vecinos y así la Justicia frenó el tema.” No obstante ello –aclara-, hoy el Hospital de San Isidro sigue lleno de ratas, está destruido pero nadie me obligó a revelar la fuente, y así hubiera “tenía que preservar el pacto de honor”.
También se refirió al "caso Gorriarán Merlo” en el cual unos periodistas lo entrevistaron mientras estaba prófugo. Recordó que “la Cámara de Apelaciones de San Martín dijo que se debe mantener el secreto periodístico porque el delito ya se ejecutó pero si se estuviera ejecutando, el secreto debe ceder porque prevalece que no se produzca un mal mayor o que el delito continúe".
En su opinión, “el secreto periodístico tiene que ser inviolable, salvo casos de vida o muerte. Pero siempre debe agotarse la vía de investigación judicial por otros medios sin afectar al periodista. La única forma que podemos revelar la fuente es pidiéndole permiso para que se releve de la reserva”.
También destacó que “muchas veces la fuente de información es insignificante (no un embajador, o legislador, precisó). Son pequeñas denuncias de la vida cotidiana pero igualmente no se tiene que violar la reserva de la identidad".
Destacó un caso muy polémico que involucró a la periodista Gabriela Cerruti con Alfredo Astiz “a quien entrevistó y luego se publicó en la revista Tres Puntos. Alli se discutía si había habido (en el encuentro) un off the record o no dado el tenor de la revelación de Astiz en la entrevista. La Justicia le dio la razón en que no había sido en off the record.”Finalmente, concluyó en que “no debe ejercerse el periodismo escuchando únicamente las voces que nos gustan, no podemos hacer autoritariamente a quién le vamos a dar el derecho a expresarse, o a quién vamos a proteger en la reserva de la identidad”.
* IV.- Conclusión
A modo de conclusión, destacamos en primer término que el derecho de mantener en reserva la identidad de la fuente pertenece con exclusividad a los periodistas y también a quienes ocasionalmente publiquen información en cualquier medio de comunicación (portal de Internet por ejemplo.) aun cuando no lo haga habitualmente o no sea un profesional.
Así se remarca que no es el medio o empresa el titular de este derecho que es de naturaleza subjetiva.
Al mismo tiempo, es importante destacar el grado de importancia que se le ha dado a este derecho al consagrarse expresamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional, además de las amplias interpretaciones que se desprenden de su redacción y ubicación en dicho articulado.La cita de los recientes casos judiciales que han tenido lugar tanto en nuestro país como en el extranjero revelan la vigencia y conflictividad que actualmente se genera con los gobiernos o bien con empresas privadas que frente al riesgo de ver en peligro sus propios intereses en determinadas ocasiones han instado a que se “silencie” la actividad periodística.
Sin perder de vista que el día elegido tuvo como principal objetivo conmemorar el reconocimiento internacional otorgado por la Asamblea General de la ONU al derecho a expresarse libremente, consideramos alentador que dos profesiones profundamente relacionadas - como son la abogacía y el periodismo - a través de sus propios protagonistas, cuenten con la posibilidad de manifestarse en este caso en un ámbito académico generado desde el Colegio de Abogados de La Plata dando a conocer sus prácticas de trabajo, su forma de pensar en el marco del ordenamiento jurídico y con la libertad de exponer sus ideas en democracia para generar el intercambio de opiniones.
(*) Abogado y director del Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación del Colegio de Abogados de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Fuente: calp.org.ar
Viernes, 11 Diciembre 2009 01:30
INVESTIGADOR, INVESTIGADO
Reportaje al periodista inglés Thomas Catán, corresponsal del Financial Times, quien en 2002, gobierno transitorio de Eduardo Duhalde, alentó una investigación por presunto pedido de coimas en el Senado por una ley que los bancos no querían y que terminó investigado como si el delincuente fuera él.
De investigador a cuasi investigado, de entrevistador a entrevistado, de periodista a protagonista involuntario. La primera impresión que causa el corresponsal del Financial Times, Thomas Catán, es la de tener varios años menos que los 30 que tiene. La segunda, la seguridad profesional y su preocupación por este país al que lo destinaron hace dos años cuando estaba en Nueva York, y al que quiso venir.
Inglés, de padre mexicano -de ahí el apellido con tilde en la última a-, habla muy bien el español. "No voy a decir nada que pueda revelar mis fuentes", dice al empezar, y es el tema de fondo, porque existe el peligro de que el juez federal Claudio Bonadío pida el listado de sus comunicaciones telefónicas para averiguar quiénes son sus fuentes.
En agosto, sus fuentes le confiaron que autoridades de bancos extranjeros se reunieron el 16 de ese mes con los embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña y protestaron porque desde el Senado les pedían una coima para impedir un proyecto que gravará con el 2% las comisiones bancarias y recrear, así, un fondo para los desempleados del sector.
- Investigué y confirmé la reunión con varias fuentes.
-¿La reunión y el contenido?
-Sí, la reunión y lo que se dijo. Hay varios niveles de prueba. Lo que no está confirmado no entra en la nota. Cuando me citaron a declarar como testigo en el juzgado del doctor Bonadío me preguntaron qué sabía, y respondí: "Lo que escribí en las notas".
-¿Hubo alguna información que no se pudo chequear?
-Alguna fuente me dijo que el intermediario (en el pedido de coima) habría sido un lobbista. Pero no lo pude confirmar con varias fuentes.
-¿Existe la posibilidad de que los banqueros inventaran esta historia?
-(Riendo) Los banqueros no vinieron a mí. Los banqueros fueron a los embajadores.
- Los banqueros declaran que no saben nada.
- Mi impresión es que ellos querían tratarlo diplomáticamente, no en la Justicia, que sería lo lógico, ni en los medios de difusión.
- ¿Por qué te parece que actúan así?
- Creo que por varios motivos. Un poco por falta de valentía y otro poco para seguir adentro y funcionando con normalidad.
- ¿Se trata de complicidad?
- No sé si es complicidad. Creo que es más profundo y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina. La crisis me da mucha pena, pero es la oportunidad de fundar algo nuevo. Cuando se derrumba el viejo sistema que funciona sobre bases corruptas se ve la necesidad de empezar de vuelta. Estas crisis tienen que ver con la falta de instituciones creíbles, y el problema fundamental es el de la Justicia. Este aspecto me parece que no lo ven con claridad, por ejemplo, los enviados desde Washington.
* Incómodo
La primera nota de Thomas se publicó en la tapa del Financial Times el 20 de agosto. "Antes pasó por el departamento legal del diario, como es habitual con este tipo de notas". Le preguntaron si contaba con varias fuentes y respondió que sí. "Después del primer artículo me escribió Mario Vicens, titular de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina). Me dijo que ABA no tuvo una reunión con los embajadores. Pero después confirmé que directivos de ABA estuvieron en la reunión. Entrevisté a Vicens y le dije: "No habrás estado vos, pero ¿habrá estado...?" Respondió que no sabía nada, que era un malentendido. Al mismo tiempo, desde el Congreso me citaron a declarar y a brindar más información, y entonces decidí que lo mejor era publicar una segunda nota, a fines de agosto".
Thomas tiene muy buen humor, aunque se siente incómodo por estar "del otro lado". Respondiendo, no preguntando. A veces se anticipa a las preguntas y aclara que no sabe nada sobre los presuntos videos con el pedido de coimas, "ni sobre la senadora Seguí" (Malvina, del PJ). Cuando declaró en el juzgado de Bonadío -"algo nuevo para mí, no es común en Inglaterra"- Thomas ratificó sus artículos y se amparó en el derecho de preservar las fuentes, algo capital para un periodista -y para las fuentes-, y doblemente capital en el periodismo de investigación, donde la información se recoge a partir de la confianza de las fuentes en el periodista.
Cuando a fin de año Thomas concluya su periplo argentino, pasará al área de investigación de su diario en Londres. En el juzgado le pidieron los números de sus teléfonos. "Los di, estaba ante la Justicia". Ahora corre el peligro de que la Justicia pida la lista de sus llamadas y queden expuestas sus fuentes. De este caso y de otros. "Eso interferiría con mi trabajo. Si ocurre, ¿alguien querrá llamarme? Me parece que esto también los toca a ustedes los periodistas argentinos." "En ese caso presentaremos un recurso de amparo", acota su abogado, Hugo Wortman Jofré. Porque dadas las circunstancias, el testigo se vio obligado a recurrir a un abogado, y la entrevista es en su estudio. "Hubo un momento en el que nos enteramos de que en el Senado pensaban llevarlo a declarar por la fuerza, acota Wortman.
Para el abogado, una figura penal que podría facilitar la investigación en vez de la del posible cohecho, es la de la concusión: una exigencia indebida, pues "podría facilitar la obtención de testimonios directos" .
La entrevista termina en charla sobre la crisis y las instituciones y entonces Thomas suelta: "Qué buenos actores que hay aquí". "Este es un momento de alto peligro para la Argentina. Están por renegociarse todos los contratos públicos y privados -agrega- y esto brinda oportunidades a la corrupción".
* Una relación más compleja
“No creo que los banqueros sean santos. Si me entero de que pagaron una coima, y lo puedo confirmar, lo escribiría como escribí estas notas”, explica Thomas Catán. “Hace tres años, cuando era corresponsal en Nueva York, investigué el lavado de dinero que hacía Ucrania con plata del FMI mediante el Credit Suisse. Ni el FMI ni el Credit Suisse estaban muy contentos conmigo” . También investigó el lavado de dinero de Rusia mediante el Bank of New York. Conoció la Argentina en sus vacaciones de 1994 “y me encantó. Quise volver y se dio".
- ¿Y cómo es ahora tu relación con el país?
- Es más compleja.
Volanta y título: Entrevista con el periodista del Financial Times / Ratifican la versión de las coimas en el Senado / Según Catán, varias fuentes confirmaron que dos embajadores recibieron denuncias de banqueros / Teme que la Justicia averigüe sus llamadas telefónicas
Fuente: La Nación, 21/9/02
MORALES SOLÁ Y LA INVESTIGACIÓN A LOS DENUNCIANTES
DENUNCIA DE FINANCIAL TIMES