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Timestamp: 2019-06-16 05:04:08
Document Index: 264595174

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 288', 'artículo 282', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 119', 'artículo 453', 'artículo 88', 'artículo 1', 'artículo 168', 'artículo 88', 'artículo 342']

Registro Oficial. 27 de ABRIL del 2003 Suplemento
Viernes, 4 de abril del 2003 - R. O. No. 55
254 Derógase el Decreto\n Ejecutivo No 9 de 16 de enero de 2003
40-96 Técnicos Constructores\n TECCO Cía. Ltda. en contra de la procuradora del Director\n General del Servicio de Rentas Internas y otro
56-99\n Compañía\n Enchapes Decorativos S. A. ENDESA en contra de Administración\n Tributaria
112-99 Hernán Astudillo Matute y otro\n en contra de la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No 3, con sede en Cuenca
127-99\n Texaco Petroleum\n Company en contra del Superintendente de Compañías
48-2001 Sociedad Salvador Pacheco Mora S. A. en\n contra de Procurador Fiscal de la Gerencia Distrital de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana de Guayaquil
67-2001 César Tomás Alvarez Barba\n en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
75-2001 Electrodomésticos del Pacífico\n S. A. PACILUX en contra del Director del Departamento Financiero\n del Distrito Metropolitano de Quito
84-2001 Luis Miguel Astudillo Astudillo en\n contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de\n Manta y otro
133-2001	Doctor Claudio Mena Villamar en contra\n del Servicio de Rentas Interno
- Cantón Guayaquil: Que establece la taza por uso\n de las instituciones del Aeropuerto Internacional Simón\n Bolívar
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 9 de 16 de enero de 2003,\n se designó al señor coronel abogado Napoleón\n Villa Barragán, como delegado permanente del señor\n Presidente de la República ante el Directorio del Fondo\n de Solidaridad; y,
Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 9\n de 16 de enero de 2003.
Art. 2.- El presente decreto regirá desde la\n presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el\n Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de marzo de 2003.
Nº 40-96
ACTORA:	Técnicos Constructores\n TECCO Cía. Ltda.
DEMANDADA:\n Dra. Marianita Chiriboga, procuradora del Director General del\n Servicio de Rentas Internas y Jefe Provincial de Recaudaciones\n de Pichincha.
Quito, 18 de diciembre de 2002; las 11h30.
VISTOS: La Dra. Marianita Chiriboga, en calidad de procuradora\n del Director General de Rentas y Jefe Provincial de Recaudaciones\n de Pichincha interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n Nº 1 el 6 de junio de 1996, dentro del juicio de excepciones\n Nº 15428 seguido por la empresa Técnicos Constructores\n TECCO Cía. Ltda. en contra de los funcionarios arriba\n indicados, sentencia con la que aceptan las excepciones opuestas\n al procedimiento de ejecución Nº 3210-93 iniciado\n mediante auto de pago dictado por el ejecutor para hacer efectivo\n el título de crédito Nº 41-0040527 emitido\n a cargo de la empresa ya mencionada por concepto del impuesto\n especial a los activos de las empresas creado mediante Ley Nº\n 17, publicada en el Registro Oficial Nº 75 de 27 de noviembre\n de 1992. Concedido el recurso ha comparecido el representante\n legal de la empresa excepcionante para contestar el traslado\n que se le ha corrido. Habiéndose pedido los autos para\n resolver se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer\n y resolver el presente recurso por lo dispuesto en el Art. 1\n de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La Procuradora Fiscal\n funda el recurso en los numerales 1 y 4 del Art. 3 de la Ley\n de Casación y sostiene que la empresa actora no ha pagado\n el valor del título de crédito Nº 41-0040527\n emitido a su cargo por concepto del impuesto especial a los activos\n de las empresas, que le fuera legalmente notificado, se ha iniciado\n el procedimiento de ejecución Nº 3210-93 al que ha\n opuesto excepciones entre las que figuraba el hecho de que era\n a su vez acreedora-del sujeto activo por el valor de S/. 10'665.5\n 14.00 en concepto del impuesto a la renta pagado en exceso en\n los años 1990 y 1991, que mediante Resolución Nº\n 353 de 19 de enero de 1993 la devolución se había\n fijado en S/. 1 '027.466.00, S/. 4'112.891.00 y S/. 836.870.00,\n sumas por las que nunca ha llegado a emitirse las notas de crédito\n del caso, según expreso reconocimiento del Director General\n de Rentas encargado, por cuya razón pedía compensación\n según el Art. 50 del Código Tributario y oponía\n las excepciones de los numerales 5 y 10 del Art. 213 de ese código,\n por cuya razón en la sentencia debió ordenarse\n la compensación de créditos tributarios con las\n obligaciones tributarias y que al no hacerlo con la sentencia\n se ha violado el numeral 2 del Art. 36 y el Art. 50 del Código\n Tributario con lo cual se ha causado perjuicio al Fisco y se\n ha beneficiado a la empresa al disponerse el archivo del procedimiento\n de ejecución y la anulación del título de\n crédito legalmente emitido, a la vez que se halla pendiente\n la emisión de notas de crédito de la empresa excepcionante,\n tanto más que al oponer la excepción del numeral\n 5 del Art. 213 del Código Tributario se estaba refiriendo\n sin duda a la compensación. Expresa que la sentencia recurrida\n ha dejado de resolver este punto que pide lo haga la Sala de\n lo Fiscal. TERCERO.-Contestando al traslado que se le ha ocurrido,\n el representante legal de la empresa Técnicos Constructores\n Cía. Ltda. expresa son tres los hechos que no se discuten,\n probados y admitidos en la sentencia: a) Que está pendiente\n de pago el título de crédito Nº 410040527\n emitido a cargo de la empresa por concepto del impuesto especial\n a los activos empresariales por la suma S/. 2'514.5l6.00; b)\n Que mediante Resolución Nº 353 de 19 de enero de\n 1993 el Director General de Rentas ha reconocido a favor de la\n empresa las sumas de S/. 1'027.466.00 y S/. 4'112.691.00, por\n impuesto a la renta pagado en exceso en los ejercicios de 1990\n y 1991, más los intereses; y, c) Que el Director General\n de Rentas encargado ha reconocido expresamente ante la Sala que\n por negligencia del personal de la Jefatura de Recaudaciones\n de Pichincha no se ha emitido las notas de crédito ordenadas\n en la Resolución Nº 353 en base a lo cual la sentencia\n ha dicho que está plenamente probada la extinción\n de la deuda tributaria y que lo hace precisamente en base a lo\n que la Procuradora Fiscal cree se ha violado; es decir por compensación,\n lo que significa, dice, que en la sentencia no se ha prescindido\n de ninguna norma legal habiéndose dispuesto en ella que\n la administración liquide las dos obligaciones para que\n la compensación tenga lugar y se proceda a restituir a\n la empresa el saldo que quedare a su favor, con lo cual el Fisco\n no queda afectado y peor la empresa beneficiada por partida doble.\n CUARTO.- De conformidad con el criterio que ha sentado esta Sala\n y las demás de la Corte Suprema de Justicia que se han\n pronunciado sobre el particular, que ratifican de alguna manera\n la Resolución Nº 1 dictada por el Tribunal de Casación\n del extinto Tribunal Fiscal, publicada en el Registro Oficial\n N 605 de 12 de junio de 1978, no procede intentarse recurso de\n casación respecto de las sentencias que ponen término\n a los juicios de excepciones, cuando las excepciones deducidas\n al procedimiento de ejecución se refieren a cuestiones\n de forma o de mero procedimiento, en cuyo caso no se está\n frente a un asunto de conocimiento; en cambio, cuando las excepciones\n deducidas se refieren a cuestiones de fondo, como en el caso\n de la que se ha opuesto en la especie, relacionada con el numeral\n 5 del Art. 213 del Código Tributario que se vincula con\n la extinción de la obligación tributaria por uno\n de los medios legalmente reconocidos como es la compensación,\n el asunto es, en efecto de conocimiento y por ende, el recurso\n de casación es procedente como lo ha reconocido la Sala\n y la propia Ley de Casación en su Art. 2 reformado (Registro\n Oficial Nº 39 de 18 de abril de 1997) y que se han dejado\n de aplicar para los casos que se presenten con posterioridad\n a su publicación; por consiguiente, es pertinente que\n la Sala se pronuncie sobre el recurso formulado. QUINTO.- En\n el considerando tercero de la sentencia recurrida se hace referencia\n a la existencia de un acto administrativo firme, cual es la Resolución\n Nº 353 expedida por el Director General de Rentas el 19\n de enero de 1993, reconociendo que la empresa excepcionante tiene\n derecho a que se le reintegre las sumas de S/. 1'027.466.00 y\n S/. 4'112.19l.00, pagadas en exceso por impuesto a la renta de\n 1990 y 1991, ordenando que se emitan las respectivas notas de\n crédito que, según la misma sentencia, no se han\n emitido a causa de la negligencia administrativa denunciada por\n el Director General de Rentas encargado, comunicada oficialmente\n a la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº\n 1 y asevera a continuación que con esos documentos deja\n probada la excepción del numeral 5 del Art. 213 del Código\n Tributario por cuya razón ordena el archivo del procedimiento\n de ejecución. Sin embargo, existe, sin duda alguna un\n vacío en lo ordenado por la sentencia recurrida ya que:\n 1.- No es verdad que se haya probado la compensación ya\n que no existe acto administrativo alguno, que no se menciona\n en la sentencia que dé fe de la realización de\n esta operación. La afirmación del representante\n legal de la empresa al contestar el recurso interpuesto en el\n sentido de que en la sentencia se ha dispuesto que se liquiden\n las dos obligaciones, tampoco corresponde a una realidad objetiva\n porque ese particular no consta en la sentencia. 2.- Si bien\n es verdad que se ha probado a plenitud la existencia de crédito\n tributario a favor de la empresa excepcionante y de la deuda\n tributaria de ésta para con el Estado, no existe demostración\n alguna respecto de la o las liquidaciones que debió practicar\n la Administración Tributaria, en el caso del Director\n General de Rentas y no la Jefatura Provincial de Recaudaciones\n de Pichincha, tanto más que la obligación de emitir\n notas de crédito fue privativa del Director General de\n Rentas quien no puede invocar a su favor la negligencia que le\n es imputable al dejar de cumplir con la obligación que\n le impone la ley. 3.- Por consiguiente, no por violación\n del numeral 2 del Art. 36 del Código Tributario, que no\n admite violación alguna ni en el fondo ni en la forma,\n sino por no haberse cumplido las liquidaciones mutuas respectivas\n dispuestas por el Art. 50 del mismo código, es legal y\n procedente que antes de declarar extinguida la obligación\n de la empresa por compensación, el Director General de\n Rentas proceda a efectuar las liquidaciones mutuas respectivas\n y declare extinguidas ambas obligaciones mutuas, mediante acto\n administrativo que debe notificarse a las partes. Por lo expuesto,\n la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA E NOMBRE DE LA REPUBLICA U Y POR AUTORIDAD DAE LA LEY,\n casa la sentencia recurrida y ordena que el Director General\n de Rentas proceda a compensar las deudas y créditos tributarios\n señalados en el juicio de excepciones Nº 15428, modificando\n de esta manera la sentencia expedida por la Primera Sala del\n Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 a la que se devolverán\n los autos para que la ejecute. Sin costas. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán (V.S.), Ministros Jueces y Gustavo Durango\n Vela, Conjuez Permanente.
f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de los Fiscal.
Quito, 18 de diciembre de 2002; las 11h30
VISTOS: La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n Nº 1, con sede en Quito, el 6 de junio de 1996 dicta sentencia\n dentro de la acción ancoada por el ingeniero Héctor\n Jácome Mantilla en contra del Director General de Rentas,\n aceptando la demanda. Ante ello, la Administración Tributaria\n presenta recurso de casación, el mismo que es calificado\n por el Tribunal a-quo, razón por la cual sube a conocimiento\n de esta Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de\n Justicia, en donde se le ha dado el trámite de ley; y,\n pedidos los autos para resolver, es pertinente considerar: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente\n recurso, en conformidad con lo que dispone el artículo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurso de casación,\n es esencialmente, formal y limitativo, para que sea válido,\n es imperativo cumplir con los requisitos que su ley rectora establece.\n TERCERO.- Quien presenta el escrito que contiene la casación,\n es la doctora Marianita Chiriboga, quien actúa como procuradora\n del Director General de Rentas. CUARTO.- A fojas 94 del expediente,\n se halla el nombramiento que otorga el Director General de Rentas\n a la doctora Chiriboga para que actúe como procuradora\n de la autoridad fiscal, en el juicio de excepciones. QUINTO.-\n De acuerdo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley de\n Casación, que se refiere a la legitimación, quien\n puede acogerse a la casación, e s la persona que haya\n recibido el agravio de - la sentencia o auto, es decir, que en\n este caso quien tenia que interponer el recurso era el Director\n General de Rentas y no la doctora Marianita Chiriboga, ya que\n no se encuentra en el proceso otro nombramiento que le permita\n intervenir en la casación como Procuradora Fiscal de la\n Dirección General de Rentas. SEXTO.- Además, en\n la fundamentación del recurso, la recurrente estima que\n se ha infringido el artículo 36, numeral segundo; articulo\n 50, 288 y 298 del Código Tributario, invocando como causales\n a la primera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEPTIMO.- En la primera causal existen tres alternativas para\n identificar la violación de la norma, ellas son aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación.\n Estas posibilidades son independientes entre ellas, no son sinónimas\n sino más bien excluyentes, por lo que para reconocer los\n vicios legales en las que ha caído la sentencia del inferior,\n es necesario señalar con claridad en cuál de ellas\n se encuentra la infracción de la norma, de lo contrario\n el Tribunal de Casación no tiene la base jurídica\n para pronunciarse, porque en casación no se actúa\n de oficio, sino, exclusivamente, a lo que exponga el recurrente.\n OCTAVO.- En cuanto a la causal cuarta, que se refiere cuando,\n la resolución, en la sentencia o auto no resuelve todos\n los puntos de la litis o que no fuera materia del litigio, se\n encuentra que el Tribunal se pronunció de acuerdo con\n el artículo 288 del Código Tributario. Por las\n consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso\n de casación. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela,\n Conjuez Permanente.
Nº 56-99
ACTOR:	Ing. Manuel Francisco Durini,\n Rep. Compañía Enchapes Decorativos S.A. ENDESA.\n
DEMANDADA:\n Administración Tributaria.
Quito, 9 de enero de 2003; las 08h30.
VISTOS: Mediante escrito presentado por el Ing. Manuel Francisco\n Durini, por los derechos que representa de la Compañía\n ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA el 23 de julio de 1998, pretende\n se case el auto que declara el abandono de la instancia expedido\n por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº\n 1 el 15 de julio de 1998. Concedido que ha sido el recurso, esta\n Sala en auto de 21 de julio de 1999, reconfirma la aceptación\n al trámite y ordena que la Administración Tributaria\n demandada le conteste de conformidad al Art. 11 de la Ley de\n Casación; contestación que no se ha efectuado.\n Pedidos los autos, para resolver se considera: PRIMERO.- Esta\n Sala es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad\n con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.-\n El recurrente fundamenta el recurso en la causal primera del\n Art. 3 de la Ley de Casación, al manifestar "haberse\n incurrido en lo siguiente: (1.-) Falta de debida aplicación\n de las normas pertinentes en la ley especial que para el abandono\n consigna el Art. 282 del Código Tributario" y la\n jurisprudencia obligatoria dictada por la Sala Especializada\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Sustenta que al\n expedirse el auto impugnado se han infringido los artículos\n 117 y 119 de la Constitución Política del Estado,\n 191 de la Ley Orgánica de la Función Judicial,\n 245, 258, 272,277, 282 y 288 del Código Tributario, entre\n otros. TERCERO.-El Art. 282 del Código Tributario para\n declarar el abandono exige que el trámite de la causa\n no haya concluido. En este caso, de la revisión de los\n autos se desprende que se concedió término de prueba\n y que las partes, haciendo uso de su derecho, presentaron los\n correspondientes pedimentos, por lo cual existen suficientes\n elementos de juicio para pronunciar una sentencia de mérito,\n amén de que existen cuatro solicitudes de la parte actora\n con este fin. Se debe considerar que él proceso tributario\n es cuasi oficioso, pues su impulso corre a cargo del Juez, sin\n perjuicio de que las partes puedan velar por su prosecución;\n así se desprende de los siguientes artículos del\n Código Tributario: 272, referente a la concesión\n del término de prueba; 277, respecto a las pruebas de\n oficio; inciso 4to. del 275, en lo atinente a la pertinencia\n de la prueba; inciso 1 del 285, referente a la valoración\n de la prueba; e inciso 2 del 288, en lo que concierne al control\n de legalidad. Esta Sala en resoluciones reiteradas se ha pronunciado\n en el sentido de que no es procedente declarar el abandono en\n las causas cuando la falta de tramitación no sea imputable\n a la parte actora, como ocurre en el presente caso, porque no\n se producen las situaciones previstas por el Art. 210-A de la\n Ley Orgánica de la Función Judicial. Por consiguiente,\n la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa el auto de abandono expedido por la Primera Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal Nº 1 de Quito y dispone la prosecución\n de la causa. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán (V.S.), Ministros Jueces y Gustavo Durango\n Vela, Conjuez Permanente.
VISTOS: La Primera Sala de Tribunal Distrital de lo Fiscal\n Nº 1, dentro del juicio incoado por pago indebido por parte\n de ENCHAPES DECORATIVOS S.A., ENDESA, representada por el ingeniero\n Manuel Francisco Durini, en su calidad de Gerente, en contra\n del Director General de Rentas, el 15 de julio de 1998, se declare\n el abandono de oficio por el ministerio de la ley y disponiendo\n el archivo del proceso. Frente a ello, se presenta recurso de\n casación, el mismo que calificado por el inferior, permite\n que suba el proceso a conocimiento de esta Sala Especializada\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en donde se lo\n ha sustanciado de conformidad con la ley y expedidos los autos\n en relación, el estado es el de resolverse, a cuyo efecto\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y resolver el presente recurso de conformidad con lo dispuesto\n con el articulo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- En\n el escrito de casación se plantean consideraciones doctrinarias\n y legales sobre la institución del abandono, incluso,\n con una serie de citas de los tratadistas y de referencias legales,\n tanto de la Constitución Política del Estado como\n del Código Tributario, arribando a cinco conclusiones.\n TERCERO.- Luego, se hace una relación circunstanciada\n de diversos autos de casación, adicionalmente, estableciendo\n a manera de conclusiones, el que cabe observar una serie de puntos,\n señalando en concreto cuatro. CUARTO.- A continuación\n se refiere a la violación a los principios y normas legales,\n expuestos en el auto de abandono, indicando o mejor dicho precisando\n dos violaciones. QUINTO.- Lastimosamente, el recurso de casación\n como especial y extraordinario es reglado y el juzgador no puede\n actuar de oficio, sino simplemente establecer la conformidad\n entre las exigencias de su ley rectora, lo constante en el documento\n con el cual se inicia el recurso para poder emitir las conclusiones;\n el accionante en la última página, reverso de su\n documento, con el número cuatro dos, textualmente dice:\n "De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, respecto\n del auto de abandono dictado en este juicio, se concluye el haberse\n incurrido en lo siguiente: (1).- Falta de debida aplicación\n de las normas pertinentes en la ley especial que para el abandono\n consignan el artículo 282 del Código Tributario;\n (2) Indebida aplicación y errónea interpretación\n de normas procesales, respecto de las causales invocadas en el\n auto de abandono; (3).- Falta de acatamiento a las resoluciones\n de casación expedidas sobre la imputabilidad para el abandono\n y que constituyen jurisprudencia obligatoria". SEXTO.- El\n artículo 6 de la Ley de Casación, enfoca los requisitos\n formales, manifestando que en el escrito de interposición\n del recurso deberá constar en forma obligatoria... 3.-\n La determinación de las causales en que se funda; y a\n su vez, el artículo 3 de la ley ibídem tiene este\n texto: "Causales.- El recurso de casación solo podrá\n fundarse en las siguientes causales: Ira.- Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva. 2da.- Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente. 3ra.- Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto. 4ta.- Resolución, en la sentencia o auto, de lo\n que no fuera materia del litigio u omisión de resolver\n en ella todos los puntos de la litis. 5ta.-Cuando la sentencia\n o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en\n su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o\n incompatibles". SEPTIMO.- Por otra parte, el artículo\n 14 de la Ley de Casación dice lo siguiente: "Sentencia\n (Reformado el inc. 2 por el Art. II de la Ley sin, R.O. 30, 8-IV-97).-\n si la Corte Suprema de Justicia encuentra procedente el recurso\n casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá\n el que en su lugar correspondiere y con el mérito de los\n hechos establecidos en la sentencia o auto. - Cuando se trata\n de casación por la causal segunda del Artículo\n 3, la Corte Suprema de Justicia anulará el fallo y remitirá\n dentro de un término de cinco -días el proceso\n al Juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo,\n en caso de recusación de quien pronunció la providencia\n casada, a fin de que conozca la causa desde el punto en que se\n produjo la nulidad sustanciándolo con arreglo a derecho".\n Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza\n el recurso de casación planteado por encontrarse incongruente\n el señalamiento de las causales. Notifíquese. Devuélvase.\n Publíquese.
Nº 112-99
ACTORES:	Hernán Astudillo Matute\n y José Parra Astudillo.
DEMANDADA:\n Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con\n sede en Cuenca.
Quito, 8 de octubre de 2002; las 09h30.
VISTOS: Hernán Astudillo Matute y José Parra\n Astudillo, el 21 de julio de 1999 propusieron recurso de casación\n en contra de la sentencia de 14 de los propios mes y año\n expedida por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n Nº 3 con sede en la ciudad de Cuenca, dentro del juicio\n Nº 17-99 por delito aduanero incoado en contra de los recurrentes.\n La Sala Unica negó el recurso de casación más,\n habiendo los sindicados propuesto recurso de hecho en contra\n de esa negativa, esta Sala admitió el recurso de hecho\n y por ende el de casación. Pedidos los autos para resolver\n se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el\n recurso interpuesto en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- Hernán Astudillo Matute y José Parra\n Astudillo sustentan el recurso en los numerales 1 y 3 del Art.\n 3 de la ley de la materia. Al propósito alegan que al\n expedirse la sentencia se han infringido varias disposiciones\n legales, en concreto las siguientes: los artículos 16\n numeral 63, 64, 65, 66, 67, 78, 127 y 336 del Código de\n Procedimiento Penal; los artículos 119, 121 y 184, inciso\n tercero del Código de Procedimiento Civil; los artículos\n 13, 336 y 393 del Código Tributario; el Art. 4 del Código\n Penal; y, los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica\n de Aduanas de 1994 vigente a la época. Los recurrentes\n no precisan en qué ha consistido la violación de\n tales disposiciones, lo que habría ocurrido al expedirse\n el fallo impugnado. Sin embargo de ello, en el escrito de interposición\n del recurso, de modo general, arguyen que no se ha hecho mérito\n de la declaración indagatoria en los términos del\n Art. 127 del Código de Procedimiento Penal; que tampoco\n se ha hecho mérito del peritaje que obra a fs. 67, en\n los términos del Art. 78 del código precitado;\n que no era obligatoria la intervención de un agente de\n aduanas, por así establecerlo el Art. 43 de la Ley Orgánica\n de Aduanas; que no se ha comprobado falsificación documental,\n de acuerdo al Art. 121 del Código de Procedimiento Civil;\n que era necesaria una declaración prejudicial; que la\n importación se ha tramitado cumpliendo los requisitos\n del Art. 45 de la propia Ley Orgánica de Aduanas; que\n no se ha apreciado la prueba conforme a las reglas de la sana\n crítica; que se ha inobservado el Art. 336 del Código\n de Procedimiento Penal que establece que para que se dicte sentencia\n condenatoria se necesita de certeza o convicción de la\n verdad; que tampoco se ha aplicado el Art. 4 del Código\n Penal que contiene el principio in-dubio-pro-reo. El Director\n de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del\n Estado, con escrito de 19 de enero de 2000 presenta la correspondiente\n contestación y luego de aseverar que el recurso de casación\n interpuesto no reúne los requisitos que prevé la\n ley pide que sea rechazado. Particularmente alega que los recurrentes\n no han determinado en forma debida las causales en que se basan\n ni han precisado las supuestas violaciones en que habría\n incurrido la sentencia. Argumenta que la fundamentación\n del recurso es general, vaga e indeterminada y que la sentencia\n impugnada se ciñe estrictamente a derecho y no incurre\n en los vicios señalados equivocadamente por los recurrentes.\n En suma solicita que el recurso sea rechazado. TERCERO.- Las\n causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación\n que sirve de asidero a los recurrentes, prevén que el\n recurso de casación podrá fundarse en la aplicación\n indebida, en la falta de aplicación o en la\n errónea interpretación de normas de derecho\n y en los mismos vicios respecto de los preceptos aplicables\n a la valoración de la prueba. En el presente caso\n los recurrentes, pese a que han señalado numerosas\n disposiciones legales que habrían sido infringidas\n al expedir la sentencia, no han determinado como era su \n obligación en qué han consistido dichas infracciones\n y de qué modo han influido en la expedición\n del fallo. Respecto de las infracciones concernientes a\n la prueba, es necesario advertir que no corresponde a \n la casación el pronunciarse sobre su apreciación.\n Es decir no corresponde analizar qué hechos han sido\n establecidos dentro del proceso y cuáles no. Sin embargo\n de ello es necesario aludir a dos puntos que han sido objeto\n del recurso, cuales son el valor de la declaración indagatoria\n y la pretendida prejudicialidad en lo atinente a la falsedad\n documental. El Art. 127 del Código de Procedimiento Penal\n manda que el testimonio indagatorio se considerará como\n medio de defensa y de prueba a favor del sindicado. Ello no significa\n que el Juez ha de tomar en cuenta este testimonio como única\n prueba. De lo contrario ningún indiciado seria reconocido\n culpable de una infracción. Al tenor del Art. 64 del mismo\n código, toda prueba será a preciada conforme a\n las reglas de la sana crítica, norma que tiene el carácter\n de supletoria de acuerdo a lo que dispone el Art. 393 del Código\n Tributario. La Sala única según se lee en el fallo\n recurrido, ha hecho un análisis de todas las pruebas producidas,\n y ha llegado a la decisión que consta en la sentencia.\n No cabía ni cabe que a ese Tribunal se le exigiera la\n aplicación única y exclusiva del testimonio indagatorio.\n Según el artículo 119 del Código de Procedimiento\n Civil, que es a su vez norma supletoria del Código de\n Procedimiento Penal, según su artículo 453, la\n prueba deben apreciarse en su conjunto, de acuerdo con las reglas\n de la sana crítica, sin que el Juez tenga la obligación\n de expresar en su resolución la valoración de todas\n las pruebas producidas. En el caso presente no se ha demostrado\n que en la sentencia impugnada se ha infringido esta disposición.\n En lo que se refiere a la prejudicialidad es de tener presente\n que el Art. 16 del Código de Procedimiento Penal establece\n que ésta opera solo en los casos expresamente previstos\n por la ley. Esta causa no tiene como propósito sancionar\n a autores, cómplices o encubridores del delito de falsificación\n de documento público, caso en el cual se habría\n podido intentar la alegación de la existencia de la prejudicialidad.\n Lo que ha ocurrido en la sentencia es que la Sala dentro de un\n análisis de las pruebas producidas ha llegado a concluir\n que la documentación presentada es falsa. A ello hace\n -referencia el Art. 183 del Código de Procedimiento Civil\n en cuanto determina que la nulidad o falsedad manifiesta de un\n instrumento lo invalida sin necesidad de prueba. En suma no se\n ha logrado demostrar que al expedirse la sentencia se ha infringido\n las disposiciones de los diferentes textos legales aludidos por\n los recurrentes. En mérito de las consideraciones expuestas\n esta Sala Especializada de lo Fiscal, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso interpuesto. Sin costas Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
VISTOS: El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, con\n sede en la ciudad de Cuenca, el 14 de julio de 1999, expide su\n fallo, originado en el oficio Nº 1 02-99-JFRC, con el cual\n el señor Juez de lo Fiscal del Distrito, remite el juicio\n Nº 15-98, cuya sentencia por mandato del artículo\n 424 del Código Tributario, se elevó en consulta\n al citado Tribunal. En dicho fallo revoca la sentencia subida\n en grado y declara la culpabilidad de los señores Hernán\n Astudillo Matute y José Parra Astudillo la comisión\n del delito aduanero, tipificado en los literales h) y k) del\n artículo 88 de la Ley Orgánica de Aduanas. Ante\n ello, los sentenciados presentan recurso de casación,\n el mismo que no es calificado por el Tribunal a-quo, y luego\n presentan el recurso de hecho, con lo cual los autos pasan a\n conocimiento de esta Sala. Especializada de lo Fiscal de la Corte\n Suprema de Justicia, donde en auto de 15 de diciembre de 1999,\n se ha aceptado el recurso de hecho interpuesto, y continuando\n con la sustanciación, hasta que se ha expedido la providencia\n de autos en relación, en consecuencia, siendo el estado\n del proceso el de resolverse, para ello se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala de lo Fiscal es competente para conocer y resolver\n este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el articulo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El escrito de interposición\n del recurso al haberse admitido a trámite en esta Sala,\n ha dado pie para resolver el recurso de casación. TERCERO.-\n Los argumentos en virtud de los cuales, los accionantes del recurso\n estiman que debe casarse el fallo son los artículos 13,\n 336, 393, 417 del Código Tributario; 16, 64, 65, 66, 67,\n 127 y 336 del Código de Procedimiento Penal; 78 del cuerpo\n de ley antes invocado; 43 y 45 de la Ley Orgánica de Aduanas;\n 119, 121 y 184 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO.-\n Dentro de los artículos invocados, el punto esencial se\n centra en el artículo 1 84 del Código de Procedimiento\n Civil, puesto que los instrumentos públicos, es decir,\n los contemplados en el artículo 168 del mismo ordenamiento\n legal, no pueden ser declarados falsos, sino mediante proceso\n incoado ante un Juez de lo Civil, de cuya sentencia ejecutoriada\n puede desprenderse, incluso, el origen de un enjuiciamiento penal.\n En la especie, los documentos que sirvieron de b ase para la\n importación del vehículo tipo camión, marca\n Toyota, modelo Dyna, color azul crema, con motor Nº 13-B-084\n 1595, chasis Nº BU85-0016681, modelo 1996, son, a no dudarlo,\n instrumentos públicos, y, en consecuencia, su falsedad\n había que demostrarla en la forma ya señalada,\n y no como se establece en el numeral quinto de la sentencia,\n que no existe certeza del año de fabricación del\n vehículo ni sobre su valor real, y, en adición\n al razonamiento precedente, habría que añadir el\n principio del indubio pro reo. QUINTO.- Existe constancia en\n el proceso que los recurrentes tramitaron la importación\n del vehículo conforme a la ley vigente, desprendiéndose\n de los documentos existentes que el año de fabricación\n es de 1996, que se han pagado los impuestos respectivos, que\n en el acto administrativo de determinación tributaría,\n la Aduana realizó el reconocimiento físico del\n vehículo, estableciendo la naturaleza, cantidad, valor\n y clasificación arancelaria. SEXTO.- Si el problema radica,\n exclusivamente, en el año de fabricación del carro\n importado y no existe en el proceso prueba plena, de que la conducta\n de los sindicados se haya adecuado dentro de los presupuestos\n de tipo penal, señalados por los literales h) y k) del\n artículo 88 de la Ley Orgánica de Aduanas ni que\n procesalmente se haya demostrado que se han cumplido los requisitos\n materiales, constitutivos de la infracción, mencionados\n en el articulo 87 ibídem, no podría afirmarse en\n derecho que está justificada la acción punible\n y peor aún que existan presunciones de responsabilidad\n en cuanto a un delito no demostrado, de acuerdo a lo que prescribe\n el artículo 342 del Código Tributario. Conforme\n a los razonamientos expuestos, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso\n de casación propuesto y se confirma en todas sus partes\n el pronunciamiento de 27 de abril de 1999, subido en consulta\n al Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3. Notifíquese.\n Devuélvase. Publíquese.
f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario Sala de lo Fiscal.
Quito, 13 de diciembre de 2002; las 10h00.
VISTOS: Hernán Astudillo Matute solicita aclaración\n de la sentencia dictada en el recurso de casación Nº\n 112-99. Aduce en su petición que la Sala ha omitido analizar\n y pronunciarse sobre "fallos que el mismo tribunal inferior\n pronunció en casos análogos"; que "el\n máximo tribunal está moralmente obligado a analizar\n las sentencias cuyas copias certificadas fueron adjuntadas al\n proceso". La Sala para proveer, considera: PRIMERO.- Conforme\n lo prevé el Art. 289 del Código Tributario, la\n aclaración de una sentencia tendrá lugar si la\n sentencia fuere obscura y la ampliación, cuando no se\n hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere\n omitido decidir sobre multas, intereses o costas. En el caso,\n de ninguna manera se da el supuesto previsto en la citada norma\n legal, pues la sentencia es absolutamente clara y en ella se\n han resuelto todos los fundamentos y causales planteados por\n el recurrente. Las omisiones que señala el peticionario\n se refieren a sentencias pronunciadas por el Tribunal de instancia\n en otros casos, que pueden ser análogos, pero que no pueden\n ser considerados en este recurso de casación Nº 112-99.\n SEGUNDO.- El Art. 289 del Código Tributario establece\n que las sentencias son definitivas y producen efecto de cosa\n juzgada, por consiguiente no podrán revocarse o alterarse\n su sentido, en ningún caso; pero podrán aclararse\n o ampliarse, si se lo solicita dentro del plazo de tres días\n de notificadas. La petición presentada con fecha 18 de\n octubre de 2002 por Hernán Astudillo Matute, está\n fuera del plazo de tres días señalado en la citada\n norma, por lo que no puede ser considerada. Por lo expuesto,\n se rechazan las peticiones formuladas por Hernán Astudillo\n Matute, y se dispone devolver el proceso al Tribunal de origen\n sin más dilaciones. Notifíquese.
VOTO SALVADO DEL SR. DR. HERNAN QUEVEDO TERAN, MINISTRO\n JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.
VISTOS: Por haber salvado mi voto en la sentencia dictada\n por la Sala con fecha 8 de octubre de 2002, me corresponde igualmente\n salvar mi voto respecto a la petición de aclaración\n del fallo de mayoría solicitada por Hernán Astudillo\n Matute el 14 de octubre de 2002. Notifíquese.
Quito, a 10 de enero de 2003; las 15h00.
VISTOS: Hernán Astudillo Matute, con escrito de 14\n de octubre de 2002, solicitó aclaración del fallo\n de mayoría dictado por la Sala en esta causa; y con escrito\n de 18 de octubre del propio año solicitó se declare\n la "inejecutividad del fallo". Con providencia de 13\n de diciembre del propio año, tales peticiones fueron atendidas.\n Sin embargo, con escrito de 20 de diciembre de 2002, el sentenciado\n Hernán Astudillo Matute, aduciendo que la Sala rechazó\n su pedido "bajo el supuesto de que se había solicitado\n aclaración de la sentencia", insiste en solicitar\n que la Sala se pronuncie sobre la "inejecutividad del fallo".\n Al respecto; la Sala observa: con fecha 14 de diciembre de 2002;\n fs. 46 del proceso, solicitó aclaración del fallo\n de mayoría; y, con escrito de 18 de octubre de 2002, fs.\n 47 del proceso, solicitó "se declare la inejecutividad\n del fallo". Tanto la petición de 14 de octubre de\n 2002, como la de 18 de octubre del propio año, fueron\n rechazadas por la Sala con providencia de 13 de diciembre de\n 2002; en el primer caso, por no tener lugar la aclaración\n puesto que el fallo es absolutamente claro; y, en el segundo\n caso referente a la "inejecutividad del fallo", no\n se la consideró y se la rechazó de plano, por haber\n sido planteada la solicitud, fuera del plazo de tres días\n señalados en el Art. 289 del Código Tributario.-\n Por consiguiente, la actitud de insistir en aspectos ya conocidos\n y resueltos por la Sala, sin duda evidencia únicamente\n un afán de entorpecer y demorar la devolución del\n proceso. Por lo expuesto, se rechaza la petición formulada\n con escrito de 20 de diciembre de 2002, advirtiendo al abogado\n patrocinador Dr. Jaime Espinosa Vega, que de continuar entorpeciendo\n la ejecución del fallo, se le impondrá la multa\n prevista en el Art. 297 del Código de Procedimiento Civil.\n Sin más dilaciones, notifíquese y devuélvase\n el proceso al Tribunal de origen para la ejecución de\n la sentencia.
f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Ministro Juez.
f.) Dr. Hernán Quevedo Terán, Ministro Juez\n (V.S.).
f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente. Certifico.
Proveyeron y firmaron el auto que antecede los señores\n doctores José Vicente Troya Jaramillo, Hernán Quevedo\n Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela, Conjuez\n Permanente.
Quito, a 10 de enero de 2003.
VISTOS: Por haber salvado mi voto en la sentencia dictada\n por la Sala con fecha 8 de octubre de 2002, me corresponde igualmente\n salvar mi voto respecto a la petición de "inejecutividad\n del fallo" de mayoría solicitada por Hernán\n Astudillo Matute, el 20 de diciembre de 2002. Notifíquese.\n
f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Ministro Juez.\n
f.) Dr. Hernán Quevedo Terán, Ministro Juez.
Nº 127-99
ACTOR:	Dr. Rodrigo Pérez Pallares,\n mandatario de TEXACO PETROLEUM COMPANY.
DEMANDADO:\n Superintendente de Compañías.
Quito, 4 de febrero de 2003; las 17h00.
VISTOS: El doctor Xavier Muñoz Chávez, en su\n calidad de Superintendente de Compañías, el 29\n de noviembre de 1999 interpone recurso de casación en\n contra de la sentencia expedida por la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal Nº 2 el 4 de los propios mes y año,\n dentro del juicio de impugnación 2851-11190 propuesto\n por Texaco Petroleum Company. Concedido el recurso lo ha contestado\n la empresa el 4 de febrero de 2000, y pedidos los autos para\n resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para\n conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- La Superintendencia fundamenta el recurso en la causal\n 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Sustenta que\n al expedirse el fallo se han infringido las siguientes normas:\n artículos 331,335,337,342,442,455 de la Ley de Compañías;\n Art. 82 del Código Tributario; Reglamento para la Recaudación\n de Contribuciones contenido en la Resolución de la Superintendencia\n de Compañías Nº 2465, publicada en el Registro\n Oficial 2293 de 23 de agosto de 1971; y, Reglamento Codificado\n para la Determinación y Recaudación de las Contribuciones\n que las compañías sujetas al control y supervisión\n de la Superintendencia de Compañías deben pagar\n anualmente, expedido mediante Resolución Nº A DM-9\n 1336, publicada en el Registro Oficial 839 de 24 de diciembre\n de 1991. Alega que las contribuciones que las compañías\n sujetas a su supervisión se deben satisfacer en relación\n a los correspondientes activos reales que se los obtiene de los\n balances generales "estado de situación del ejercicio\n económico inmediatamente anterior" (Arts. 455 y 289\n al 300 de la Ley de Compañías vigente para los\n años a los que se refiere el diferendo); que los balances\n de la empresa debían reflejar el rubro pago anticipado\n de impuestos sin que sea relevante el que se lo haya efectuado\n mediante retención automática del Banco Central;\n que la Superintendencia oportunamente observó a la empresa\n que los anticipos por impuesto a la renta debía hacerlos\n constar dentro de sus activos; que la entidad se encuentra facultada\n para determinar los principios contables que deben aplicar las\n compañías sujetas a su control; que en conformidad\n al Decreto Supremo 982 (R.O. 945 de 4 de diciembre de 1975) aplicable\n a las empresas petroleras los anticipos del impuesto deben reliquidarse\n al cierre de cada ejercicio; que en conformidad a los principios\n contables, particularmente a los observados en Estados Unidos\n de América que han servido de base en el país,\n los impuestos que registró la empresa actora en forma\n anual, constituyeron un pago anticipado y por lo tanto debieron\n activarse; que ha demostrado que los actos administrativos que\n sirvieron de base para la emisión de los títulos\n de crédito gozan de las presunciones de legitimidad y\n ejecutoriedad que no han sido desvirtuadas, que los fallos aludidos\n en la sentencia favorecen a la Superintendencia y consagran el\n concepto de activo real contemplado en el Art. 455 de la Ley\n de Compañías. La empresa actora en su contestación\n de 4 de febrero de 2000 sostiene que los valores pagados por\n concepto del impuesto unificado a la renta petrolera mediante\n la incautación de divisas y la retención automática\n por parte del Banco Central no constituyen parte del activo;\n que tales valores nunca estuvieron bajo su dominio, control o\n administración; que las sumas retenidas en la forma mencionada\n corresponden a una obligación tributaria nacida de un\n hecho generador y que cualquier reliquidación o pago posterior\n corresponderían a otras obligaciones distintas de la primera,\n debiéndose tener en cuenta que ese segundo tipo de obligaciones\n se vuelven exigibles únicamente a partir de la declaración\n que haga la empresa; que el pago realizado mediante retención\n automática no dependía de la existencia de utilidad\n gravable, sino que podía considerarse como un gravamen\n a las exportaciones de petróleo; que el impuesto unificado\n a la renta petrolera fue un impuesto sui géneris sujeto\n a un régimen especial diferente al del impuesto a la renta,\n según se demuestra con los siguientes asertos: Texaco\n no estaba obligada al pago de anticipos de impuesto a la renta;\n no requería de declaración como en el impuesto\n a la renta; estaba sujeto al sistema de determinación\n contemplado en los artículos 68 y 90 del Código\n Tributario; el pago se cumplía y era exigible cada vez\n que se realizaba un embarque, no estaba sujeto a la existencia\n de utilidad, cualquier ajuste se efectuaba con referencia al\n precio; que los valores retenidos nunca estuvieron dentro del\n patrimonio y administración de la empresa; que no son\n materia del litigio, según enuncia la Superintendencia\n en la casación, los artículos 289, 293, 294, 295,\n 300, 433 y 449 de la Ley de Compañías; que en el\n fallo no se han infringido el Art. 82 del Código Tributario\n y las resoluciones expedidas por la Superintendencia. TERCERO.-\n El Decreto Supremo 982, publicado en el