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Timestamp: 2017-03-27 20:30:33
Document Index: 105735171

Matched Legal Cases: ['artículo 1838', 'artículo 1', 'Artículo 89', 'Artículo 217', 'Artículo 1266', 'Artículo 1300', 'Artículo 1301', 'Artículo 31', 'Artículo 1303']

900 406 906Todas las ColeccionesJurisprudenciaLegislaciónResolucionesTemasFormulariosPrácticosConveniosSubvencionesNoticias Soporte 900 406 906InicioJurisprudencia CivilAP - Barcelona2016Vila i Cruells, CarlesSentencia58/2016667/2014
+-San-serifSerif Ir a..EncabezamientoAntecedentesFundamentosFalloTextoLegislación VocesDocumentos relacionadosJurisprudencia Sentencia Civil Nº 282/2015, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 579/2014, 08-12-2015 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de obligaciones subordinadas el 4 de julio de 2007 (15.000 €), y dos suscripciones de participaciones preferentes el 12 de julio y 7 de julio de 2009 (1.000 € y 16.000 €, respectivamente). El 19 de junio de 2013 se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de C... Sentencia CIVIL Nº 178/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 143/2015, 04-05-2016 Órden: Civil
PRIMERO.- En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de dos suscripciones de obligaciones subordinadas el 1 de octubre de 2006 y 10 de junio de 2010 (19.232,32 € y 12.000 €, respectivamente), y una suscripción de participaciones preferentes el 2 de noviembre de 1999 (33.000 €); en total, 64.232,32 €. Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garan... Sentencia CIVIL Nº 230/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 189/2015, 16-06-2016 Órden: Civil
PRIMERO.- En la demanda presentada, solicitaba la actora una indemnización por daños y perjuicios debidos a incumplimiento contractual imputable a la demandada, hoy CATALUNYA BANC, S.A., y a causa de la insuficiente e inadecuada información ofrecida con ocasión de la suscripción de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En concreto, el 8 de julio de 2004, participaciones preferentes por un nominal de 33.000 €; y obligaciones subordinadas el 1 de diciembre de 2004 (15.000... Sentencia CIVIL Nº 232/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 266/2015, 16-06-2016 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora una indemnización por daños y perjuicios debidos a incumplimiento contractual imputable a la demandada, hoy CATALUNYA BANC, S.A., y a causa de la insuficiente e inadecuada información ofrecida con ocasión de la suscripción de participaciones preferentes el 10 de marzo de 2011 (41.000 €) y obligaciones subordinadas el 10 de marzo y 30 de mayo de 2011 (12.000 €), en total, 53.000 €. Posteriormente, se efectuó una operación de ca... Sentencia Civil Nº 42/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 644/2014, 09-02-2016 Órden: Civil
Las demandadas BANKIA, S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. interponen recurso de apelación impugnand... Ver más documentos relacionados
Demanda a entidad bancaria por venta de participaciones preferentes Fecha última revisión: 20/05/2016 NOTA: Las participaciones preferentes son acciones o valores emitidos por bancos, cajas de ahorros o financieras que no tienen el carácter de las acciones ordinarias, ya que no confieren derecho de voto ni tampoco cuota en el capital de la sociedad, aunque sí tienen prioridad de cobro sobre los accionistas (de ahí su definición de "preferentes"). Tampoco estamos ante depósitos con rentabilidad fija. En realidad son emisiones de deuda perpetuas, sin un plazo definido, ya que no tienen vencim... Demanda de reclamación de cantidad del fiador frente al deudor principal Fecha última revisión: 23/05/2016 NOTA: El artículo 1838 del Código Civil dispone que el fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por éste. Esa indemnización deberá comprender:1º La cantidad total de la deuda.2º Los intereses legales de ella desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el acreedor.3º Los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago.4º Los daños y perjuicios, cuando procedan.
AL JUZGADO D... Solicitud de embargo de instrumentos financieros cotizables en bolsa Fecha última revisión: 19/05/2016 NOTA: En el caso de que lo embargado fueran valores u otros instrumentos financieros, el embargo se notificará a quien resulte obligado al pago, en caso de que éste debiere efectuarse periódicamente o en fecha determinada, o a la entidad emisora, en el supuesto de que fueran redimibles o amortizables a voluntad del tenedor o propietario de los mismos. A la notificación del embargo se añadirá el requerimiento de que, a su vencimiento o, en el supuesto de no tener vencimiento, en el acto de... Acuerdo por el que se modifica el valor nominal de las acciones en la Sociedad Anónima Fecha última revisión: 29/02/2016 El aumento del capital social podrá realizarse por creación de nuevas participaciones o emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes. (Art. 295 Ley Sociedades de Capital)
Resolución de TEAC, 00/4682/1999, 19-07-2002 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
ResumenAl producirse la liquidación tributaria derivada del acta de inspección cuando estaba en vigor la Ley 1/1998, procede el abono de intereses de demora y no los intereses legales sobre la cantidad que resulta a devolver por dicha liquidación, desde la fecha en que se entiende producida la repetida liquidación hasta la de compensación y deduciendo, en su caso, lo devuelto por este concepto. No procede abonar intereses sobre los intereses, al no existir norma tributaria en que pudiera... Resolución de TEAF Bizkaia, 22171, 30-11-2002 Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia
Fecha: 30/11/2002
Cuestión:Un contribuyente dedicado a la explotación de máquinas recreativas ve reconocido el derecho a la devolución por los ingresos indebidos correspondientes al incremento anual de la Tasa Fiscal sobre el Juego, ejercicio 1996, junto con los intereses legales. Tratamiento en el IRPF de ambas cantidades.Descripción:Al haber constituido en su momento un gasto de la actividad, la devolución del incremento anual de la tasa generará un ingreso de la misma a imputar, salvo que se hubiera opt... Resolución de TEAF Bizkaia, 22170, 30-11-2002 Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia
Cuestión:Un contribuyente dedicado a la explotación de máquinas recreativas ve reconocido el derecho a la devolución por los ingresos indebidos correspondientes al incremento anual de la Tasa Fiscal sobre el Juego, ejercicio 1996, junto con los intereses legales. Tratamiento en el IRPF de ambas cantidades.Descripción:Al haber constituido en su momento un gasto de la actividad, la devolución del incremento anual de la tasa generará un ingreso de la misma a imputar, salvo que se hubiera opt... Resolución de TEAC, 00/4254/2003, 11-11-2004 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
Núm. Resolución: 00/4254/2003
ResumenSe deniega el derecho a los intereses por los gastos financieros satisfechos en relación con un aval para la suspensión de la ejecutividad de la liquidación, ya que el artículo 1 del Real Decreto 136/2000 limita el reembolso a los costes necesarios para la formalización, mantenimiento y cancelación de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de las deudas tributarias. El obligado tributario podrá instar, en relación a otros costes o conceptos distintos... Resolución de TEAC, 00/9343/1996, 06-11-2000 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
Núm. Resolución: 00/9343/1996
Procedimiento a seguir en la devolución del exceso de retenciones en el Impuesto sobre SociedadesDescripción
FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO: La única cuestión que se plantea es la relativa a determinar si procede o no la exigencia de intereses legales derivados de la solicitud de devolución por exceso de retenciones y pagos a cuenta instada por la interesada ante la Administración tributaria.SEGUNDO: El procedimiento a seguir en la devolución del exceso de retenciones en el ... Ver más documentos relacionados
Orden: CivilFecha: 16 de Febrero de 2016Tribunal: AP - BarcelonaPonente:Vila I Cruells, CarlesNúm. Sentencia: 58/2016Núm. Recurso: 667/2014Núm. Cendoj: 08019370192016100055EncabezamientoAUDIENCIA PROVINCIALDE BARCELONASECCIÓN DECIMONOVENAROLLO Nº 667/2014- BProcedimiento ordinario Nº 1042/2013Juzgado Primera Instancia 24 BarcelonaS E N T E N C I A NÚM. 58/2016Ilmos./a Srs./a Magistrados/aD. MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑODª ASUNCION CLARET CASTANYD. CARLES VILA I CRUELLSEn la ciudad de Barcelona, a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimonovena de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario núm. 1042/2013, seguidos por el Juzgado Primera Instancia 24 Barcelona, a instancia de
Daniela contra CATALUNYA BANC, SA; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada CATALUNYA BANC S.A e impugnación interpuesta por la parte actora
Daniela contra la sentencia dictada en los mismos el dia 20 de mayo de 2014 , por el/la Sr./a. Magistrado/a del expresado Juzgado.
AntecedentesPRIMERO.-La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: '
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda deducida por Doña
Daniela frente a CATALUNYA BANC SA; y en su consecuencia DECLARO la nulidad de la adquisición de obligaciones de deuda subordinada séptima emisión código de cuenta valores número
NUM000 y la adquisición por orden de compra de participaciones preferentes serie B código cuenta valores número
NUM001 suscrito entre las partes litigantes por vicio en el objeto del contrato; y en su consecuencia CONDENO como resultado de los efectos de tal declaración de nulidad a la demandada CATALUNYA BANC, SA a que haga pago a Doña
Daniela de la suma de 14.063,77 euros con sus intereses legales desde la fecha de interpelación judicial.
DISPONGO que cada litigante
Daniela y CATALUNYA BANC, SA afronte las costas causadas a su intancia y las comunes por mitad
SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada CATALUNYA BANC, SA e impugnación por la parte actora
Daniela mediante sus escritos motivados, dándose traslado a la contraria y elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLES VILA I CRUELLS .FundamentosPRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de obligaciones subordinadas el 5 de julio de 2008 (6.000 €), y una suscripción de participaciones preferentes el 20 de julio de 2009 (22.000 €). Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (BOE de 11 de junio de 2013), recuperando la demandante la cantidad de 11.976,04 €. Solicitaba en consecuencia la condena de la demandada al pago de 16.023,96 €, sin deducción de los rendimientos obtenidos y, caso de estimar procedente tal deducción, la condena al pago de la citada cantidad más intereses legales desde la fecha de contratación.
La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, condenando a la demandada al pago de 14.062,77 € (tras restar de la pérdida del nominal invertido los rendimientos obtenidos -1.961,19 €-), más intereses legales desde la fecha de interpelación judicial y sin expresa condena en costas.La demandada CAIXA CATALUNYA, S.A. interpone recurso de apelación impugnando todos los pronunciamientos de la sentencia (salvo el relativo al devengo de los intereses legales). La parte demandante y apelada se opone a la estimación de recurso al tiempo que impugna la sentencia en el pronunciamiento relativo a las costas procesales, toda vez que considera que la estimación de la demanda debe ser total, condenando a la actora al pago de las costas.SEGUNDO.-La participación preferente tiene su fuente normativa en la
a) Ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes.b) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo o subgrupo consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las letras siguientes.c) Las condiciones de la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de las participaciones preferentes, si bien:i) El consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad de crédito emisora o matriz podrá cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo.ii) Se deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios establecidos en el apartado 1 del artículo sexto.En todo caso, el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante.El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable.La cancelación del pago de la remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no se considerarán obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz.d) No otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión.e) No otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones.f) Tener carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la situación financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. A estos efectos, el Banco de España podrá condicionar su autorización a que la entidad sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables de igual o superior calidad.g) Cotizar en mercados secundarios organizados.h) En los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante, las participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que no hubiera sido objeto de cancelación de acuerdo con la letra c) anterior, y se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuota partícipes.i) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente pérdidas contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya mediante la reducción de su valor nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y las condiciones específicas de los mismos.j) En el momento de realizar una emisión, el importe nominal en circulación no podrá ser superior al 30 por ciento de los recursos propios básicos del grupo o subgrupo consolidable al que pertenece la entidad dominante de la filial emisora, incluido el importe de la propia emisión, sin perjuicio de las limitaciones adicionales que puedan establecerse a efectos de solvencia. Si dicho porcentaje se sobrepasara una vez realizada la emisión, la entidad de crédito deberá presentar ante el Banco de España para su autorización un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. El Banco de España podrá modificar el indicado porcentaje, si bien no podrá ser nunca mayor del 35 por ciento.k) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos el 50% del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el
Tomada de la doctrina científica, la participación preferente puede definirse de modo técnico y sucinto como un 'activo de renta fija o variable privada no acumulativa, condicionada, de carácter perpetuo pero amortizable anticipadamente, subordinado y carente de derechos políticos'. La Comisión del Mercado de Valores ha indicado sobre las participaciones preferentes que 'son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido (...). Las participaciones preferentes no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado organizado (...). No obstante, su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión'.Son productos complejos, volátiles, a caballo entre la renta fija y la variable, parecidos y, a la vez, muy diferentes a las acciones y los instrumentos de deuda, combinando un carácter perpetuo aunque con posibilidad de amortización anticipada y una remuneración periódica alta (dividendo o cupón) calculada en proporción al valor nominal del activo y supeditada a la obtención de utilidades por parte de la entidad en ese período. Además, no confieren derechos políticos de ninguna clase, salvo que se disponga lo contrario en las condiciones generales de emisión, por los que la jurisprudencia las adjetiva como 'cautivas', y son subordinadas. Además, a pesar de su denominación, no conceden, en sí mismas, ninguna facultad que pueda calificarse como 'preferente' o como privilegio, en tanto en cuanto, producida la liquidación o disolución societaria, el tenedor de la participación preferente se coloca casi al final dentro del orden de prelación de créditos, por detrás, concretamente, de todos los acreedores de la entidad, incluso de los subordinados. Tan solo se ubicará por delante de los accionistas ordinarios y de los que tengan las llamadas cuotas participativas. A estos efectos, sí que ha de admitirse que son preferentes en relación con accionistas y cuota partícipes, pero nada más. En este caso, también existe posibilidad de quedarse sin cobrar. Puesto que se trata de activos perpetuos, si la entidad emisora no hace uso de su prerrogativa de amortizar la participación preferente tras el quinto año desde su desembolso, el único medio para deshacerse de las participaciones preferentes es su venta a un tercero. Pero, a semejanza de lo que ocurre con las acciones, esta clase de activos financieros han de transmitirse a través de un mercado secundario organizado, pero este mercado no es el bursátil, donde cotizan las acciones de las sociedades, sino el Mercado AIAF, que funciona de forma totalmente distinta al anterior. Opera de manera bilateral y descentralizada (el bursátil es multilateral y centralizado), por lo que corresponde a la partes acordar los términos de la transacción, que posteriormente se comunica al mercado. Y los precios publicados, que son una media ponderada, son siempre indicativos, pues el precio real se fija entre las partes.TERCERO.-Las obligaciones subordinadas, a las que se refiere la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, como 'financiaciones subordinadas', son productos de renta fija a largo plazo, que pueden clasificarse como un instrumento financiero complejo de riesgo alto, y su denominación apela a su carácter subordinado en el orden de cobro en caso de una hipotética quiebra y, aunque tiene un vencimiento determinado, esto es, posee una fecha de emisión y de cierre determinada, si se quiere amortizarlas antes de vencimiento habrá que ponerlas a la venta como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado secundario, por lo que existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital. Este mercado no es el bursátil, en el que cotizan las acciones de las sociedades, sino el Mercado AIAF, que funciona de modo diferente, ya que opera de manera bilateral y descentralizada (el bursátil es multilateral y centralizado), por lo que corresponde a la partes acordar los términos de la transacción, que posteriormente se comunica al mercado. Y los precios publicados, que son una media ponderada, son siempre indicativos, pues el precio real se fija entre las partes. Obvio es decir que la paralización de este mercado conlleva la iliquidez de activos como las obligaciones subordinadas o participaciones preferentes emitidas sobre todo por las cajas de ahorros que fueron rescatadas, como es el caso.
CUARTO.-A tenor de lo expuesto, es claro que las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas deben integrarse dentro de la categoría de los valores complejos a que se refiere el
Así pues, la participación preferente u obligación subordinada es calificable como valor complejo porque no aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y porque no cumple ninguno de los tres referidos requisitos. Para su comercialización debe observarse la normativa protectora informativa prevista en la Ley del Mercado de Valores (LMV) y en sus normas de desarrollo. La Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (conocida como Directiva MiFID), fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno por la Ley 47/2007, de reforma de la LMV, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2007. La Directiva 2006/31/CE exigía de los Estados miembros la plena aplicación de sus disposiciones hasta el 1 de noviembre de 2007, por lo que resulta que los contratos anteriores al 1 de noviembre de 2007 se rigen por el contenido primitivo del
QUINTO.-Siendo evidente la consideración de cliente minorista de la demandante (
art. 78 bis LMV), y así fue calificada por la demandada, el alcance de los deberes de información de las entidades financieras viene regulado en el art. 79 bis LMV, desarrollados en el Decreto 217/2008 , especialmente en sus arts. 60 y ss. Sobre el alcance de estos deberes de información y asesoramiento, es especialmente relevante la
'7. Información sobre los instrumentos financieros.El art. 79 bis LMV regula los deberes de información que recaen sobre las entidades financieras que presten estos servicios de inversión. Estos deberes no se reducen a que la información dirigida a sus clientes sea imparcial, clara y no engañosa (apartado 2), sino que además deben proporcionarles, 'de manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión', que 'deberá incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias' (apartado 3).El
art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero , regula con mayor detalle este deber de información sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad financiera debe 'proporcionar a sus clientes(...) una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional'. Y aclara que esta descripción debe 'incluir una explicación de las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas'.En su apartado 2, concreta que 'en la explicación de los riesgos deberá incluirse, cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información:a) Los riesgos conexos a ese tipo de instrumento financiero, incluida una explicación del apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de la inversión.b) La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y cualquier limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse.c) La posibilidad de que el inversor, asuma, además del coste de adquisición del instrumento financiero en cuestión, compromisos financieros y otras obligaciones adicionales, incluidas posibles responsabilidades legales, como consecuencia de la realización de transacciones sobre ese instrumento financiero.d) Cualquier margen obligatorio que se hubiera establecido u otra obligación similar aplicable a ese tipo de instrumento'.8. Evaluación de la conveniencia y de la idoneidad. Además, las entidades financieras deben valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad.La entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el
art. 79bis. 7 LMV( arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE ), cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada. Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como aclara el
art. 73 RD 217/2008, de 15 de febrero , se trata de cerciorarse de que el cliente 'tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado o demandado'.Esta 'información relativa a los conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos enumerados a continuación, en la medida en que resulten apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción previsto, incluyendo la complejidad y los riesgos inherentes:a) Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que está familiarizado el cliente.b) La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se hayan realizado.c) El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes' (
art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero ).Contrariamente a lo que entiende el recurrente, estas exigencias propias del test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la idoneidad del producto conforme al
art. 79 bis. 6 LMV( art. 19.4 Directiva 2004/39/CE ). El test de idoneidad opera en caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de una recomendación personalizada. La entidad financiera que preste estos servicios debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.Para ello, especifica el
art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero , las entidades financieras 'deberán obtener de sus clientes (...) la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse (...) cumple las siguientes condiciones:a) Responde a los objetivos de inversión del cliente. En este sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión.b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión (...).C) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción (...).9. Como afirma la
art. 4.4 Directiva 2004/39/CE .El
art. 52 Directiva 2006/73/CEaclara que 'se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor(...)', que se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público.De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, 'que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público' (apartado 55)'.
Las órdenes de suscripción firmadas en el presente caso se documentaron en breves documentos en los que únicamente constan los datos básicos de la operación y en el que además se define el producto como 'conservador', e indicado para 'inversores que quieren asumir pocos riesgos o con un plazo de inversión muy corto' y se afirma una rentabilidad 'esperada cercana a la del Mercado Monetario', descripción que en modo alguno se corresponde con el producto financiero contratado. Además, ninguna eficacia puede reconocerse a las genéricas declaraciones de conocimiento plasmadas al final de los documentos mencionados (' El/Los abajo firmante/s hacen constar que conocen el significado y la trascendencia de la presente orden, en todos sus términos...'). Estas declaraciones, ante la falta de prueba del contenido de la información ofrecida, se revelan como una simple fórmula predispuesta vacía de contenido (
STS de 18 de abril de 2013 ;
7 LCGC y
art. 89.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , que califica como cláusulas abusivas las 'declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato'). No consta además que se efectuase un test de conveniencia, y no digamos de idoneidad.
Es pues claro que concurrió un manifiesto déficit de información y transparencia a la hora de suscribir los títulos.Sin duda alguna la libre prestación del consentimiento por parte del inversor ha de ir precedida de la oportuna información sobre el producto facilitada por la entidad financiera, y si esa información no cumple con las exigencias del control de incorporación de la condiciones generales previsto en los
art. 1.266CC ). En otras palabras, el error ha de ser esencial y excusable. Esencial significa que haya sido determinante o causa principal de la declaración de voluntad, y será inexcusable, y por tanto no vicio de la voluntad, cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular (
Ya se han descrito antes los contratos, o mejor, las ordenes de compra, que firmó la demandante. Mayor brevedad es casi imposible. Para la demandada la información proporcionada parece suficiente, y desde luego no es así. Conviene recordar en este punto que el déficit de información, como hecho negativo que es, no corresponde probarlo a la demandante, antes al contrario, corresponde a la demandada probar que cumplió con todas aquellas exigencias de información previa y transparente (
art. 217LEC ), y no hay medio de prueba alguno del que inferir que la demandada cumpliera con todos aquellos deberes, advirtiendo a la demandante que lo que estaba contratando no era ni mucho menos un depósito a plazo, que se trataba de productos complejos y de liquidez supeditada al Mercado AIAF. Por tanto, concurre error esencial y excusable, lo que conlleva la nulidad de los contratos.
SÉPTIMO.-Reitera la recurrente la caducidad de la acción de anulabilidad ya invocada en la instancia y que fue desestimada. Esta cuestión ya ha sido resuelta por
esta Sección en ocasiones precedentes de igual modo (sentencias de 29/10/14 ,
12/11/14 y
10/12/14 ). El
art. 1.301 del Código Civil dice que la acción de nulidad sólo durará cuatro años, y que este tiempo empezará a correr, en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Sobre la naturaleza del citado plazo, esto es, si es de prescripción o caducidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido fluctuante, si bien la doctrina mayoritaria se inclina por considerar que el plazo es de caducidad, como parece inferirse del empleo del verbo 'durar', que sugiere algo improrrogable y que dura lo que dura. Como ha reiterado el
Tribunal Supremo (sentencias de 11 de julio de 2003 ,
de 11 de julio de 1984 ,
de 27 de marzo de 1989 y
de 5 de mayo de 1983 , entre otras), la consumación del contrato se da cuando se cumplen todas las obligaciones previstas en el contrato, las de ambas partes. Hay que distinguir entre tratos preliminares (durante los cuales se lleva a cabo la negociación), el perfeccionamiento del contrato (que es cuando se entiende celebrado el mismo, reuniendo todos sus elementos esenciales), la consumación (cuando se realizan al completo las prestaciones), y el agotamiento del contrato (que se identifica con el momento en que expiran los efectos que el contrato produce). Y en contratos como el aquí suscrito, así como en el caso de las participaciones preferentes, es de aplicación la doctrina sintetizada en la
sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2003 , que literalmente dice:
En orden a cuando se produce la consumación del contrato, dice la
sentencia de 11 de julio de 1984 que 'es de tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones (
sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y
20 de febrero de 1928 ), y
la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que 'el
art. 1301 del Código Civilseñala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr 'desde la consumación del contrato'. Este momento de la 'consumación' no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes', criterio que se manifiesta igualmente en la
sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice, 'en el supuesto de entender que no obstante la entrega de la cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio de 1955, al aplazarse en parte el pago del precio, no se había consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó....'. Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la jurisprudencia de
esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que 'el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo', y la
sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que 'la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó'. Posteriormente, en
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015 , el tribunal declara que la interpretación del término 'consumación' utilizado por el
art. 1.301 del Código Civil debe acomodarse, por imperativo del art. 3.1CC , a la realidad social actual, muy distinta de la concurrente a finales del siglo XIX. Como dice dicha sentencia,
la diferencia de complejidad entre las relaciones contractuales en las que a finales del siglo XIX podía producirse con más facilidad el error en el consentimiento, y los contratos bancarios, financieros y de inversión actuales, es considerable. Por ello, en casos como el que es objeto del recurso no puede interpretarse la 'consumación del contrato' como si de un negocio jurídico simple se tratara. En la fecha en que el
art. 1301 del Código Civilfue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la 'actio nata', conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.De ahí que no haya razón para entender que la demandante conociera o estuviera en condiciones de conocer el error que vició su consentimiento hasta junio de 2013, cuando ante la necesidad de recuperar el capital que se pueda toma conciencia de la verdadera naturaleza de los productos contratados en su día.
OCTAVO.-De conformidad con lo previsto en el
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2010 , similar al que nos ocupa. Por tanto, la operación de cambio de los títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) no fue estrictamente un negocio voluntario, sino la única salida para recuperar parte del capital invertido, de modo que no hay en ello convalidación alguna de las compras precedentes.
NOVENO.-El modo correcto de liquidar la nulidad declarada sería condenar a la demandada a pagar a la demandante la cantidad correspondiente al nominal invertido más sus intereses legales desde las respectivas fechas de suscripción de los títulos, previa deducción de la cantidad percibida por la demandante en la operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y de las rentabilidades percibidas, que a su vez devengarían a favor de la demandada el interés legal desde las respectivas fechas de abono, a liquidar y compensar en ejecución de sentencia. No obstante, la sentencia de instancia condena al pago directo de 14.062,77 €, tras restar de la pérdida del nominal invertido los rendimientos obtenidos (1.961,19 €), más intereses legales desde la fecha de interpelación judicial y sin expresa condena en costas. Esta forma de condena no ha sido objeto de impugnación por ninguna de las partes, por lo que deviene inalterable. En cuanto a las costas, la demandada solicitaba expresamente que del nominal invertido no se restasen los rendimientos obtenidos (invocando los
arts. 1.305 y 1.306 del Código Civil ), petición expresamente rechazada en la sentencia de instancia. Luego la estimación de la demanda era y es parcial, por lo que no cabe expresa condena al pago de las costas de primera instancia.
A tenor de lo expuesto, procede la íntegra desestimación de los recursos de apelación e impugnación formulados.VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,FalloLA SALA ACUERDA: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CATALUNYA BANC, S.A. contra la
sentencia dictada el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona , confirmando íntegramente la misma, imponiendo las costas de la alzada a la parte apelante y con pérdida del depósito para recurrir, desestimando igualmente la impugnación formulada por la representación procesal de doña
Daniela , imponiendo a la misma las costas de la impugnación y con pérdida del depósito para recurrir.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a interponer en el plazo de veinte días si se dieran los requisitos legales oportunos.Y firme que sea esta resolución, devuélvase los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.Así por esta nuestra sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.PUBLICACIÓN.-En este dia, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.
Participaciones preferentesEntidades de créditoInstrumentos financierosBanco de EspañaValor nominalEntidades financierasObligaciones subordinadasIntereses legalesInterés legal del dineroCarácter perpetuoInversorMercado de ValoresCuota de participaciónAccionistaComisionesIntermediario financieroRentabilidadCooperativas de créditoServicio de inversiónPrelación de créditosTest de convenienciaReembolsoConsumación del contratoFondo de garantía de depósitosMercado secundario de valoresNormativa M.I.F.I.D.Consejo de administraciónInsolvencia del deudorCotización en mercados secundariosSociedad filialDoloSuscripción preferenteActivos financierosSociedad de capitalBolsaEntidad dominanteCapital invertidoRecapitalizaciónLey 7/1998 de 13 de Abr (Condiciones generales de la contratación)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 89 Fecha de Publicación: 14/04/1998 Fecha de entrada en vigor: 04/05/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
RDLeg. 1/2007 de 16 de Nov (TR. Ley para defensa de los consumidores y usuarios)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 287 Fecha de Publicación: 30/11/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/12/2007 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 217. Carga de la prueba.ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 206 Fecha de Publicación: 25/07/1889 Fecha de entrada en vigor: 16/08/1889 Órgano Emisor: Presidencia Del Consejo De Ministros Artículo 1266Artículo 1300Artículo 1301Artículo 31Artículo 1303ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 6/2011 de 11 de Abr (Se modifican la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y el Real Decreto legislativo 12981986)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 87 Fecha de Publicación: 12/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 13/04/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo primero. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 47/2007 de 19 de Dic (Se modifica la Ley 24/1988, del Mercado de Valores)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 304 Fecha de Publicación: 20/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 21/12/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...