Source: https://amalro.wordpress.com/2008/05/08/derecho-a-emigrar/
Timestamp: 2019-02-19 13:15:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 68', 'artículo 13', 'artículo 149']

Derecho a emigrar | Amalro's Weblog
EL PAIS ANTÓN COSTAS 25/01/2001
¿Es legítimo poner restricciones a la entrada de inmigrantes? ¿Existe un derecho a la inmigración de la misma forma que existe un derecho a la emigración? ¿Deberían los países desarrollados abrir totalmente sus fronteras para acoger a todo aquel que quiera entrar y trabajar en nuestro país? La situación que estamos viviendo en España, un país tradicionalmente de emigrantes, donde a la vez que se endurece la política inmigratoria se repiten, cada vez con más frecuencia, situaciones de explotación de los inmigrantes ilegales, nos debe obligar a plantear este tipo de cuestiones.
Sin duda, existe un derecho a la emigración basado en la libertad que tiene toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, tal como recoge el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Sólo los regímenes autoritarios niegan esa libertad. Pero frente a ese derecho a emigrar no existe, ni en la Declaración Universal ni en la legislación de países de tradición inmigratoria, como USA o Europa, una obligación recíproca de acogida. Hay aquí, de momento, una asimetría entre el derecho a salir de un país y la ausencia de un derecho equivalente a entrar en otro. Digo que de momento, porque se observa ya cómo los derechos de refugio y asilo político -recogidos en el artículo 14 de la Declaración Universal- están sirviendo de vía para acoger al más universal de los derechos, después de la vida: el derecho a escapar del hambre.
¿Qué razones existen, entonces, para la existencia de controles de entrada de inmigrantes? Hoy por hoy, esas restricciones son vistas como legítimas medidas de una sociedad democrática para defender a sus trabajadores nacionales más débiles de la competencia por un bien escaso: el empleo. Los economistas aún no se han puesto de acuerdo acerca del impacto económico a largo plazo de la inmigración sobre la producción, la distribución de la renta, la seguridad social o la fiscalidad. Pero sí hay evidencia de que a corto plazo se producen efectos sobre los trabajadores nacionales menos cualificados. Son esos efectos económicos a corto plazo los que dan legitimidad social a las políticas de control de entrada. No sucede lo mismo, sin embargo, con la expulsión de los inmigrantes contra su voluntad, que es mucho más problemática y no cuenta con el mismo apoyo de la opinión pública.
Cuestión distinta es la eficacia de los controles, ya sean los de entrada y residencia, las inspecciones sobre empresas para que no empleen inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia o los convenios de repatriación. La experiencia nos dice que la eficacia de esas medidas es más bien escasa. Por el contrario, es muy probable que cuanto más restrictivos sean los controles de entrada, más crezca el número de inmigrantes ilegales dentro del país. La razón es que el volumen de inmigrantes existentes en cada momento depende tanto de los flujos de entrada como de los de salida. Como los inmigrantes, con o sin controles, continuarán viniendo mientras permanezca la ruptura del equilibrio entre economía y demografía entre países ricos y pobres, cuanto más duros sean los controles de entrada menos salidas se producirán, por el temor a no poder entrar de nuevo. Además, al alargar la estancia, los que están dentro tienden a reunir a la familia con ellos. El resultado es que el stock neto de inmigrantes ilegales aumenta a medida que se endurecen los controles de entrada.
A la vista de esta más que dudosa eficacia de las medidas de control para frenar el aumento de inmigrantes ilegales, creo que, a la vez que se mantienen mecanismos de disuasión a la entrada, debería optarse por la liberalización de la política de inmigración y no por su endurecimiento. Paralelamente, habría que fortalecer las políticas de ayuda al desarrollo de los países emisores, de tal forma que el progreso económico acabe reduciendo la proclividad a emigrar y alivie por este lado la presión migratoria.
Mientras tanto, hay que hacer enormes esfuerzos de persuasión social y dedicar más recursos para evitar que la inmigración, legal o ilegal, degrade los niveles de vida, la calidad de los servicios públicos y sociales a disposición de los ciudadanos y los niveles de seguridad ciudadana en aquellos barrios de mayor concentración de inmigrantes. Si la calidad de las escuelas públicas o la seguridad ciudadana se deterioran en esas zonas, de nada servirán las llamadas a una mayor solidaridad, ni el argumento de que a largo plazo el país en su conjunto sale ganando. Esto es así, porque la ética de la solidaridad se vacía cuando no tiene en cuenta las realidades concretas que viven los ciudadanos. Por eso no deberíamos ceder a la ilusión de creer que los hombres son distintos de como en realidad son. Es por este lado por donde puede prender la llama en cualquier momento.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universitad de Barcelona.
Oportunidades para comunitarios y extracomunitarios.
La recesión económica motiva a mucha gente a emigrar buscando trabajo y una mejor situación económica en el exterior, especialmente en La Unión Europea y en USA .
Los Paises Latinoamericanos son países de inmigrantes, que recibieron millones de extranjeros en su mayoría europeos, se estan convirtiendo en países de emigrantes.
Todo hombre tiene el derecho a emigrar, ya sea por razones, económicas, políticas, religiosas, culturales o sanitarias al país que lo desee, siempre que cumpla con los requisitos impuestos por el “pays d ‘accueil”.
Los eurolatinoamericanos ( Latinoamericanos con ciudadanía europea) tienen la gran ventaja de poder elegir, de emigrar a los 15 Estados miembros de la Unión Europea.
Con el ampliamiento, previsto para el 2004, se sumaran a la Unión Europea Polonia, Hungría, Letonia Eslovenia, Rumania, Republica Checa, Eslovaquia.
Los derechos de los eurolatinoamericanos son: residir, estudiar y trabajar en los quince Estados miembros de la Unión Europea, con los mismos derechos de cualquier ciudadano europeo, etc.
Los Latinoamericanos extracomunitarios son aquellos que no tienen ciudadanía europea
Los Latinoamericanos sin posibilidad de obtener la ciudadanía europea solamente podrán entrar legalmente a la Unión Europea como turistas por un periodo de tres meses.
Estos Latinoamericanos lamentablemente solo pueden trabajar legalmente en el territorio nacional, ya que aun no existen convenios de libre circulación con los países del MERCOSUR.
Con la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería en España, se marco mas aun la diferencia entre eurolatinoamericanos y Latinoamericanos extracomunitarios. Estos últimos muchas veces hacen parte de los sans papier en la península Ibérica, y viven momentos de gran angustia y con el fantasma de la expulsión.
Que podrían hacer los Gobiernos Latinoamericanos y en particular el Ministro de Relaciones Exteriores por estos conciudadanos:
1- Solicitar inmediatamente al Gobierno Español, a través de su Embajada en España, que le sea otorgado un cupo para inmigrantes ( extracomunitarios), así como lo han ya hecho los gobiernos de Ecuador, Polonia y Marruecos.
2-Solicitar a los demás Estados miembros de la Unión Europea, también un cupo para inmigrantes. Esto evitara que se encuentren en estos países, Latinoamericanos ilegales.
En la Unión Europea se necesitan 4 millones de empleados para el sector turístico, un millón y medio para la new economy (information and communication technology), Además varios países comunitarios necesitan enfermeras especializadas. Italia este año otorgara 80.000 permisos de trabajo a extracomunitarios.
3-Nacionalidad por residencia. Permitiendo a los Latinoamericanos residentes legalmente en España, obtener la nacionalidad española, con dos años de residencia.
Con estas medidas los Gobiernos Latinoamericanos demostrarían su voluntad política de resolver los problemas que afectan a sus ciudadanos a un costo cero.
· Realizar cualquier actividad comercial prevista por la Unión Europea .
La Constitución de 1931 reconoció el derecho a emigrar, sin más sujeción que las limitaciones que la ley estableciese ( art. 31 ) y añadió que su legislación social habría de regular, entre otras cosas, las condiciones del obrero español en el extranjero ( art. 46 )
En el Anteproyecto constitucional no figuraba ningún precepto referido a la emigración. Éste se incluye en el Informe de la Ponencia de la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados. Desde la primera aparición a la redacción definitiva, acordada por la Comisión Mixta Congreso-Senado, el cambio más importante afecta al “retorno”, que era referido en redacciones previas con los términos, menos acertados, de “reingreso y reinserción de los trabajadores españoles emigrados”.
El artículo 35 de la Constitución Italiana de 1947 establece que “la República …reconoce la libertad de emigración y… tutela el trabajo italiano en el extranjero”.
1. La Constitución no reconoce ni establece, expresamente, un derecho a emigrar. La
emigración, ya sea considerada como elección individual o como fenómeno social, es una consecuencia lógica del “derecho a entrar y salir libremente de España”, consagrado en el artículo 19 como fundamental. Al Estado le corresponde, en cualquier caso, (i) “velar especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero” y (ii) “orientar su política hacia su retorno”. Estas dos obligaciones, con el alcance que se les quiera dar, han de ser, ciertamente, principios rectores de la política social y económica”
2. La emigración ha cambiado de cara, significativamente, en los últimos veinticinco años. Los constituyentes tenían presente, en el momento de elaborar la Constitución, la tradición histórica de España como país de emigración, la importancia del exilio que siguió a la Guerra Civil, como hecho histórico relativamente reciente, y la crisis económica de los años setenta. Hoy la situación, como bien sabemos, es bastante distinta, y España ha de afrontar, como uno de sus principales retos políticos, asumir el fenómeno inverso de la inmigración.
3. En cualquier caso, en relación a los emigrantes y para hacer cumplir con las dos obligaciones antes referidas, se han adoptado medidas legislativas (i) respecto de la participación política , y así la propia Constitución, en su artículo 68.5 establece que “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, precisión desarrollada luego en la normativa electoral y (ii) respecto a la cualidad de nacional, en las reformas del Código Civil en materia de nacionalidad de 1982, 1990 y 1995, se han tenido en cuenta, particularmente, la especial situación de los emigrantes.
4. En cuanto a las normas internacionales que resultan de aplicación a la emigración, las más relevantes son :
– el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948
– el Convenio 97 de la Organización Universal del Trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958
– el Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las normas y objetivos básicos de la política social, de 1968,
– la Carta Social Europea, de 1978
– el Convenio Europeo de Trabajadores Emigrantes, de 1977 y
– el Convenio Europeo de Seguridad Social, de 1972
Así mismo, hay normativa comunitaria en materia de aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen en el interior de la Comunidad.
1. La Ley 33/ 1971, de 21 de julio, preconstitucional, concreta el régimen legal de la emigración en España, y lo hace, según Cases, consagrando una serie de principios y objetivos ( en buena parte continuadores de los que inspiraron la legislación durante la década de los sesenta, y también, en buena parte, aún vigentes, aunque no en su totalidad ) que son (i) combinar la libertad de emigrar con el derecho del Estado a dirigir, regular y controlar las corrientes migratorias, (ii) regular la emigración asistida, para evitar la emigración clandestina, (iii)
organizar un sistema asistencial, a favor de los emigrantes, (iv) crear un sistema educativo para que los hijos de los trabajadores emigrantes pudiesen recibir clases del idioma y cultura de origen de sus padres, (v) implantar, a través de un conjunto bastante disperso de normas legales, una política de apoyo al retorno y (vi) establecer un mecanismo de fomento para canalizar hacia España el ahorro de los emigrantes
2. Según la ley, “emigrante” es el español que se traslada a un país extranjero con el fin de trabajar en él de manera estable o temporal siempre que en su ejecución o a determinados efectos hayan de observarse, total o parcialmente, disposiciones laborales o de Seguridad Social que rijan en dicho país o en España ( Art.1.2. Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración )
3. La normativa de salvaguardia de derechos económicos y sociales de los emigrantes y la política orientada hacia su retorno, que pide la Constitución, se centra especialmente en medidas de tutela y control y su ámbito se extiende a:
– los emigrantes considerados individual y colectivamente, y
– sus familiares cuando estén a su cargo o bajo su dependencia.
4. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de emigración ( artículo 149.1.2 CE ).
Las competencias en materia de emigración se asumen por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, sin perjuicio de las que le corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores ( Reales Decreto 1888/1996 y 1473/2000).
a) a la Dirección General de Asuntos Consulares y protección de los españoles en el extranjero corresponde la propuesta y ejecución de la política de protección en este ámbito, así como la asistencia social en materia de repatriación, la coordinación del censo electoral de residentes ausentes, la participación electoral de los españoles en el exterior y el seguimiento de los consejos de residentes en el extranjero.
b) a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones corresponde la protección, ayuda y asistencia de los españoles en el extranjero, en particular:
– el apoyo técnico a la relación del Consejo General de la Emigración con otras Administraciones
– el impulso de la promoción educativa y cultural de los emigrantes
– la programación, orientación y asistencia a los trabajadores españoles que se trasladan y residen en el extranjero y a los familiares a su cargo
– la organización y asistencia de las campañas de empleo temporal, de temporada y de emigración cualificada
– la promoción y apoyo a los programas de libre circulación de los trabajadores, y
– la gestión de las pensiones asistenciales por ancianidad para los emigrantes españoles
c) al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales compete, en fin, la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional de mayores y discapacitados.
5. La intervención de estos organismos se desarrolla en distintos momentos:
A. Antes del desplazamiento
Los servicios que pueden prestarse a los emigrantes y a sus familiares antes de su salida al extranjero son los siguientes:
– gestión, tramitación y expedición gratuita de la documentación necesaria para emigrar
– cobertura de posibles riesgos como accidentes de trabajo cuando se trate de operaciones realizadas por la Dirección General de Ordenación de Migraciones o asistidas por ella.
– asesoramiento legal a las empresas que desplazan personal al exterior sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de Seguridad Social.
B. Durante los desplazamientos
Los trabajadores emigrantes y sus familias pueden ser asistidos por la Seguridad Social española (i) durante los viajes de salida y regreso de la emigración y (ii) durante los desplazamientos temporales a España
C. Permanencia en el extranjero
Durante la estancia de los emigrantes en el extranjero, sus cauces de participación institucional en la vida española se canalizan a través de los Consejos de Residentes Españoles y del Consejo General de Emigración.
La protección social de los trabajadores emigrantes españoles en países donde desarrollen su actividad laboral puede realizarse (i) mediante convenios bilaterales sobre Seguridad Social suscritos entre España y el país de que se trate o (ii) en ausencia de convenio internacional, a través de la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social.
En cuanto a las medidas asistenciales, éstas se refieren a (i) pensiones para ancianos residentes en el extranjero y (ii) acceso a diversas ayudas de integración socio laboral y de orientación profesional y de promoción educativa.
D. Retorno o repatriación
El regreso definitivo a España del trabajador emigrante se denomina retorno cuando lo realiza por sus propios medios y repatriación cuando se realiza bajo la tutela y por cuenta total o parcial del Estado. Las normas prevén la necesidad de facilitar la reincorporación del emigrante a la vida laboral y el reconocimiento de las prestaciones correspondientes de Seguridad Social.
No hay jurisprudencia constitucional relevante sobre la materia
Pedro J. Peña Jiménez