Source: https://supremo.vlex.es/vid/retraso-mental-intrascendencia-64-70-24284836
Timestamp: 2020-02-28 20:46:24
Document Index: 182925246

Matched Legal Cases: ['artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 852', 'artículo 851', 'artículo 851', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 20', 'artículo 21']

STS 509/2006, 8 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 24284836
Número de Recurso: 1274/2005
AGRESIÓN SEXUAL. ROBO. RETRASO MENTAL DEL AUTOR DEL DELITO.INTRASCENDENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena al recurrente como autor de delitos de agresión sexual y robo con intimidación. En este caso, en el que, de una parte, el autor del delito se encuentra tan próximo a la normalidad absoluta, alcanzando un cociente del 64% cuando ésta se establece a partir del 70%, y, de otra, la conducta, consistente en varias penetraciones impuestas violentamente y contra la suplicante actitud de la víctima, con sometimiento a posturas, y métodos gravemente vejatorios, junto con él posterior despojo de los efectos que portaba, es de tal entidad infractora que no puede apreciarse dificultad, ni siquiera leve, para que el autor comprendiera perfectamente el alcance no sólo de la ilicitud, sino incluso de la gravedad del hecho cometido, por lo que la merma de sus facultades cognoscitivas, propia del trastorno que padece, ha de ser considerada irrelevante a efectos de su responsabilidad.No se hace lugar al recurso de casación.
En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, infracción de Ley y quebrantamiento de Forma que ante Nos pende, interpuesto por Luis Enrique contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª) que le condenó por delitos de agresión sexual y de robo, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Torres Álvarez. Ha intervenido como parte recurrida Julia representada por la Procuradora Sra. Fente Delgado.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Pontevedra instruyó Procedimiento Ordinario con el número 1/2004 y , una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 6 de octubre de 2005 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "Sobre las 19,15 horas del día 27 junio de 2003, Julia - de 49 años, casada y con dos hijos- paseaba con su perro por la inmediaciones del río Lérez de Pontevedra, en zona no alejada del núcleo urbano, utilizada con frecuencia por los ciudadanos para pasear o hacer deporte, y próxima a determinada carretera por la que se accede a la Estación fluvial de bombeo, así como a la urbanización de Monteporreiro.
Aprovechando un momento de soledad, el acusado Luis Enrique - de 43 años, soltero, sin hijos y con antecedentes penales no computables- se aproximó a la anterior y, tras breve cruce de palabras, la agarró con fuerza por la espalda, sujetándole el cuello tirándole las gafas y rociándole la cara con un spray dejándola sin visión, en tanto le decía "tengo un cuchillo, no te muevas que te mato". A continuación condujo a la amedrentada mujer hasta una caseta cercana abandonada, en cuyo nivel subterráneo- sucio y sin ventanas- la anterior, llorosa, le suplicó que le dejase marchar, que tenía claustrofobia, que era una mujer mayor y que estaba con el ciclo menstrual, teniendo colocado un tampón. Sin atender a ello, el encausado la obligó a desnudarse, agarrándola por el cabello y gritándole que se pusiese de rodillas, a lo que obedeció Julia temiendo por su vida, para después tocarle los senos e introducirle por dos veces el pene en la boca, produciéndole arcadas. Después de obligarla a quitarse el tampón, le gritó que se diese la vuelta y, con la mujer de rodillas y con las palmas de las manos en el suelo, le introdujo dos veces el pene por el ano, al tiempo que le decía "grita y di que te da gusto".
Dada la vuelta, le volvió a introducir el pene en la boca y, ante las arcadas de ella, de nuevo la penetró analmente. Por último la obligó a agacharse y ponerse en cuclillas mirando hacia él con las piernas abiertas, efectuando a continuación un ademán despectivo y gritándole "i ya puedes vestirte i".
Después el acusado arrebató 30 euros y un paquete de tabaco que portaba Julia en su mochila, y, empuñando algo metálico no concretado, la advirtió que la mataría si decía a alguien lo sucedido.
Como consecuencia de los hechos, la mujer recibió hematomas en párpado y región malar derecha, así como eritema y fisura en ano, e importante bloqueo y afección emocional, padeciendo trastorno por estrés postraumático por el que precisó asistencia psiquiátrica y psicológica, viendo afectada su vida cotidiana al sufrir insomnio, manía persecutoria, incluso miedo a salir de casa, permaneciendo bajo tratamiento aún a día de hoy.
La detención del acusado por la Policía se produjo sobre las 13.30 horas del día 9 noviembre de 2003 en la calle Holanda de Pontevedra, previo requerimiento del hijo de la víctima que le reconoció cuando con el anterior paseaba, ocupándosele dos navajas.
Al protagonizar la conducta, el inculpado arrastraba retraso mental leve o ligero, con alteración conductual y sin alteraciones psicopatológicas con coeficiente intelectual 64, próximo a la normalidad, tenía plena capacidad para saber lo que hacía y para entender y discernir el bien y el mal, contando con autonomía física y social, aunque experimentara cierta dificultad en el control de lo impulsos. No consta que dicho retraso mental límite o debilidad influyera en el actuar enjuiciado, no mermado, ni siquiera levemente, sus facultades intelectivas y volitivas."[sic]
La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al acusado Luis Enrique, como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual y de un delito de robo con intimidación, sin apreciarse circunstancias modificativas de la responsabilidad, a las penas: de DOCE AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN por el delito de agresión sexual, y, de DOS AÑOS de PRISIÓN por el delito de robo, con accesoria inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, imponiéndosele también la prohibición de aproximarse a la víctima, de volver al lugar de comisión del delito, y de acudir la lugar de residencia de la víctima, por tiempo de CINCO AÑOS, computables desde la excarcelación, en su día, del penado.
También el condenado deberá indemnizar a la perjudicada Julia en cantidad de TREINTA MIL (30.000) euros en concepto de daños morales y demás perjuicios recibidos. Y deberá igualmente abonar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Ello absolviéndose al inculpado del delito de amenazas y de los restantes cargos, por los que venía siendo acusado.
Se mantiene la situación de prisión provisional del condenado.
Dése destino legal a las dos navajas intervenidas al encausado en su detención."[sic]
Notificada la sentencia a las partes, se preparó por la representación de Luis Enrique recurso de casación por infracción de Ley, infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de Forma, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y formalizándose el recurso.
El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Por infracción de Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 849.1 de la Ley Enjuiciamiento Criminal . (Error en la valoración de la prueba derivada de documentos obrantes en autos). Segundo.-Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 LECRIM ., por infracción de los artículos 20.1 y 21.1 del Código Penal , por inaplicación , al concurrir bien la eximente completa (art. 20.1 en relación 20.3 ) bien la eximente incompleta (art. 21.1) bien la atenuante analógica (art. 21.6). Tercero.- Por infracción de Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . (Error en al valoración de la prueba derivada de documentos obrante en autos). Cuarto.- Por infracción del artículo 24 de la Constitución , de conformidad con lo establecido en el artículo 852 de la Lecrim . Quinto. Por quebrantamiento de forma del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en su núm. 1º en cuanto que se consignan como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la determinación del fallo.
Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal interesa la desestimación de los motivos del mismo, a excepción del motivo segundo que debe ser estimado y la parte recurrida solicita la inadmisión del recurso y subsidiariamente lo impugna; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 26 de abril de 2006.
El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia, como autor de sendos delitos de agresión sexual y robo con intimidación, a las penas respectivas de doce años y tres meses y dos años de prisión, fundamenta su Recurso de Casación en cinco diferentes motivos, el Quinto y último de ellos, por cuyo análisis ha de comenzarse dado su carácter formal y las consecuencias anulatorias de la Resolución recurrida que, de su admisión, se derivarían, se apoya en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , alegando la inclusión en la narración de Hechos Probados de expresiones predeterminantes del Fallo posterior, en concreto cuando en ella se afirma, respecto del trastorno sufrido por el acusado, que "No consta que dicho retraso mental límite o debilidad influyera en el actuar enjuiciado, no mermando, ni siquiera levemente, sus facultades intelectivas y volitivas".
Semejante vicio de la "predeterminación" del Fallo se produce cuando se emplean en lo que debe ser una neutral descripción de la verdad histórica, obtenida como consecuencia del resultado que ofrezca la valoración que el Juzgador efectúa sobre el material probatorio disponible, términos que anticipan y condicionan la ulterior conclusión jurídica en que el Fallo consiste.
Con tales puntualizaciones resulta fácil de ver la improcedencia de la pretensión del recurrente, que señala como expresión condicionante del Fallo la ya mencionada, pues como indica con acierto el Fiscal, aún suprimiendo esa frase del relato, la conclusión jurídica alcanzada no se alteraría, pues la descripción objetiva de las circunstancias psíquicas de Jesús que se hace con anterioridad a la misma, constituiría base fáctica suficiente para alcanzar, con toda corrección, la conclusión jurídica aceptada por la Audiencia, como tendremos oportunidad de comprobar más adelante.
No habiéndose, por tanto, producido el defecto formal alegado el motivo debe desestimarse.
El motivo Cuarto del Recurso se refiere, a su vez, con cita de los artículos 852 de la Ley procesal y24.2 de nuestra Constitución , a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que amparaba al recurrente, al ser condenado sobre la base del testimonio de la propia denunciante, que se afirma no merecer la credibilidad que la Audiencia le otorga.
En multitud de ocasiones, cuya cita explícita resulta ociosa por su reiteración, ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal a propósito del concepto, naturaleza, eficacia y alcance procesal del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución , que aquí se alega motivando, en su supuesta vulneración, la impugnación de la Resolución recurrida.
A la luz de los anteriores presupuestos, en el presente caso se advierte que la Audiencia sí dispuso, en realidad, de material probatorio, susceptible de valoración, tal como el constituido, esencialmente, por la declaración de la víctima del delito.
Es, no obstante, respecto de esa suficiencia de tal prueba en supuestos como el que aquí nos ocupa, cuando la doctrina de este Tribunal viene insistiendo en una serie de criterios cuya concurrencia determina la credibilidad de la versión del declarante y su suficiencia incriminatoria.
Y así, tales criterios o requisitos, reiteradamente mencionados, son: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre el declarante y el acusado, que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier otra índole semejante, que prive a esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; b) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio (declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso) sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima, de ser mayor de edad como en este caso, puede incluso personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento ( arts. 109 y 110 LECr ) o, cuando menos, la inexistencia de datos de tal carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión de la víctima; y c) persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones esenciales, ya que la única posibilidad de evitar la situación de indefensión del acusado que proclama su inocencia, es la de permitirle que cuestione eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas contradicciones que, valoradas, permitan alcanzar la conclusión de inveracidad.
En efecto, no sólo la versión de la denunciante es persistente en su incriminación y carente, a lo largo de todo el procedimiento, de contradicciones esenciales acerca de lo acontecido, aunque aparezcan dudas en ciertos detalles como consecuencia de la grave impresión psíquica y del tiempo transcurrido, sino que se ve además auxiliada por datos objetivos tan determinantes como los que ofrecen las lesiones físicas sufridas, debidamente constatadas por los informes médico forenses, y las consecuencias psíquicas de la agresión, confirmadas por el esposo y el hijo de la víctima, en cuanto a la realidad de los hechos acaecidos, así como por el hallazgo de restos biológicos del recurrente en el "salva-slip" que portaba la mujer, a fin de acreditar su identidad como autor de aquellos.
A la vista de lo anterior y puesto que, según lo ya dicho, el análisis del testimonio de la víctima, a propósito de su plena credibilidad, ha de reputarse en todo correcto y que, por ello, existió en el enjuiciamiento en la instancia prueba de cargo válida y eficaz para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, el referido Cuarto motivo no merece otro destino que el de su desestimación.
Los motivos Primero y Tercero se refieren a sendos errores en la apreciación de la prueba, en que habrían incurrido los Jueces "a quibus", a la vista del contenido de los documentos obrantes en las actuaciones que se designan, tales como los informes periciales relativos al estado mental del recurrente, que ofrece un retraso mental leve, cuantificado en el 64% de capacidad psíquica (motivo Primero), y a la ausencia de restos biológicos pertenecientes a Jesús, tanto en la boca como en el ano de la víctima (motivo Tercero).
A partir de estas premisas, el motivo en el presente supuesto claramente aparece como infundado, ya que, no sólo carecen inicialmente del carácter de literosuficiencia, por sí solos, los informes periciales, que exclusivamente en excepcionales supuestos de univocidad y ausencia de otros elementos probatorios discrepantes, lo que aquí no sucede, pueden acceder a ese carácter, sino que, además: 1) el trastorno psíquico que padece el recurrente es incluido en la narración fáctica, tal y como lo refiere el informe médico citado, siendo la consecuencia jurídica que del mismo extrae el Tribunal "a quo" la que es objeto de crítica por parte del Recurso, lo que nos aleja de la existencia de un posible error fáctico para introducirnos en la discusión acerca de la correcta aplicación de la norma sustantiva, lo que será objeto del análisis de otro motivo ulterior; 2) mientras que la inexistencia de restos biológicos del agresor en la boca o el ano de la víctima no ha de suponer, obligadamente, la inexistencia de penetraciones en esas cavidades pues, como manifestaron los propios peritos en el acto del Juicio, ello pudiera ser debido a las medidas higiénicas adoptadas con posterioridad por la agredida.
Por lo que la improcedencia de las alegaciones de errores probatorios evidentes y de los motivos que los afirmaban es patente.
En último lugar, el motivo Segundo del Recurso, con cita del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sostiene la existencia de una indebida aplicación de preceptos sustantivos, en concreto del artículo 20.1º o, alternativa y sucesivamente, del 21.1ª y 21.ª, todos ellos del Código Penal , en relación con el trastorno por retraso mental que el recurrente padece y que se considera que debe ser valorado como causa de exención completa, o incompleta, de la responsabilidad criminal o, al menos, como atenuante analógica. Calificación esta última que apoya el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del Recurso.
El cauce casacional aquí utilizado lleva, en efecto, a la comprobación, por este Tribunal de Casación, de la correcta subsunción de los Hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal.
En este sentido, es clara la improcedencia también de este motivo, pues de la narración de Hechos, contenida en la Sentencia recurrida y que incluye ese retraso psíquico leve del autor del hecho, cifrado en un 64% de cociente intelectual, no puede afirmarse la concurrencia de una merma, ni siquiera leve, de su imputabilidad, en relación con los hechos enjuiciados.
Es cierto que la doctrina de este Tribunal, en materia de retrasos mentales y de su reflejo en la capacidad de culpa del autor del ilícito, establece, con carácter general, unos grados que, respecto del retraso leve, es decir, entre el 50 y el 70%, las llamadas personas "border line" por encontrarse próximos a la frontera de la normalidad, admite la concurrencia de una simple atenuante, por vía del artículo 21.6ª del Código Penal , por entenderse levemente limitadas las facultades fundamentalmente cognoscitivas del sujeto.
Pero no lo es menos que, al margen de la escasa trascendencia penológica que en este caso tendría la apreciación de la atenuante, pues en la instancia se impuso una pena superior tan sólo en tres meses al límite de la legalmente prevista, no sólo la referida "graduación" jurisprudencial no debe aplicarse de manera automática, sino que además, en materia de bases patológicas condicionantes de la imputabilidad, también se ha insistido en la necesidad de examinar la denominada "relación de sentido" entre el trastorno y la clase y características de la infracción cometida, para valorar adecuadamente la conexión o influencia de la patología sobre las facultades psíquicas determinantes del grado de imputabilidad del individuo.
Lo que nos lleva a considerar que, en este caso, en el que, de una parte, el autor del delito se encuentra tan próximo a la normalidad absoluta, alcanzando un cociente del 64% cuando ésta se establece a partir del 70%, y, de otra, la conducta, consistente en varias penetraciones impuestas violentamente y contra la suplicante actitud de la víctima, con sometimiento a posturas, expresiones y métodos gravemente vejatorios, junto con él posterior despojo de los efectos que portaba, es de tal entidad infractora que, en modo alguno, puede apreciarse dificultad, ni siquiera leve, para que Jesús comprendiera perfectamente el alcance no sólo de la ilicitud, sino incluso de la importante gravedad del hecho cometido, por lo que la merma de sus facultades cognoscitivas, propia del trastorno que padece, ha de ser considerada irrelevante a efectos de su responsabilidad.
Del mismo modo que tampoco se aprecia ninguna disminución, de la necesaria trascendencia como para apreciar una atenuación en esa responsabilidad, como consecuencia de una eventual disminución de sus posibilidades para acomodar su comportamiento a la comprensión de la ilicitud de lo que hacía.
Por tanto, este Segundo motivo y, con él, todo el Recurso en su integridad, han de ser desestimados.
A la vista del contenido desestimatorio de la presente Resolución, procede la declaración de condena en costas al recurrente, a tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al Recurso de Casación interpuesto por la Representación de Luis Enrique, contra la Sentencia dictada, el día 6 de Octubre de 2005, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra , en la que se le condenó como autor de sendos delitos de Agresión sexual y Robo con intimidación.
Auto Aclaratorio TS, 30 de Octubre de 2019
STC 209/1994, 11 de Julio de 1994
STS 770/2005, 22 de Junio de 2005