Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html?page=23
Timestamp: 2019-08-23 23:01:41
Document Index: 328402748

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2']

Los representantes indicaron que han estado realizando labores de acompañamiento a la comunidad desde el 28 de febrero de 1997 a la fecha, así como “aproximadamente once [...] años de litigio a nivel interno, y cuatro años de trabajo a nivel internacional.” Señalaron también que el promedio de gastos para acceder a las Zonas Humanitarias por persona de US$ 700 (setecientos dólares de los Estados Unidos de América) y que en actividades de “recolección de información, poderes de representación, construcción de la propuesta de reparación presentada en este escrito y actividades de información dirigidas a explicar a las víctimas” qué es el sistema interamericano, cuál ha sido el trámite del presente caso han incurrido en gastos por valor de US$ 17.500 (diecosoete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América). Finalmente, estimaron gastos relativos al litigio ante la Corte Interamericana en US$ 6.000 (seis mil dólares de los Estados Unidos de América) y el valor de acompañamiento actualizado de 2002 a 2011754 en US$ 793.866 (setecientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América). Para probar lo anterior los representantes anexaron una serie de facturas de servicios públicos, gastos de papelería, restaurantes, tiquetes aéreos y de bus, pagos realizados a nombre de algunas personas por parte de ellos, entre otros, sobre los cuales no aportaron mayores explicaciones.
La Comisión no formuló pretensiones similares y el Estado no se refirió a la solicitud de los representantes.
La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia755, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que las actividades desplegadas por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implican erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria.
En cuanto al reembolso de gastos, corresponde a la Corte apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable756.
Al respecto, la Corte nota que no obstante existir en el expediente una serie de facturas y recibos allegados por los representantes, ello no constituye respaldo probatorio para relacionar éstas con gastos realizados en virtud del caso y que permita justificar las cantidades solicitadas por los representantes por concepto de honorarios y servicios profesionales, toda vez que éstos no fueron acompañados con una explicación que de razón de su determinación757. Por consiguiente, la Corte fija en equidad la suma de US$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por concepto de costas y gastos del presente proceso.
El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma o, conforme a lo solicitado por los representantes a quien estas designen para que su cobro mediante instrumento que sea válido en el ordenamiento jurídico Colombiano, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.
El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera colombiana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
Las cantidades asignadas en la presente sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.
En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República de Colombia.
Determinar que no corresponde pronunciarse con carácter previo acerca de los plantemientos formulados por el Estado como “excepciones preliminares”, en los términos de los párrafos 33 a 36 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzadamente (contenido en el derecho de circulación y residencia), reconocidos en los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y/o que se encontraban presentes al momento de las incursiones paramilitares, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 241 a 280 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Marino López Mena, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 281 a 282 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por haber incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en violación del derecho de circulación y residencia y del derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 22.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica que estuvieron en situación de desplazamiento forzado, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 315 a 324 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento, en perjuicio de los niños y niñas desplazados de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, así como de aquellos que nacieron en situación de desplazamiento, señalados en los anexos II y III de la presente Sentencia, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 327 a 331 de la misma.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y de los miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 344 a 358 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Marino López, de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 368 a 410 de la presente Sentencia
El Estado no es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con los bombardeos realizados en oportunidad del desarrollo de la Operación Génesis, según lo señalado en los párrafos 227 a 240 de la presente Sentencia.
No corresponde pronunciarse acerca de las alegadas violaciones de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, según lo señalado en el párrafo 282 de la presente Sentencia.
No corresponde pronunciarse acerca de la alegada violación de los derechos a la honra y dignidad, a la protección de la familia y a la igualdad ante la ley, contenidos en los artículos 11, 17 y 24 de la Convención Americana, ni acerca del alegado incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la misma, según lo señalado en los párrafos 332 a 338 de la presente Sentencia.
El Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios, para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los hechos del presente caso y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que puedan mantener la impunidad, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 439 a 440 de la presente Sentencia.
El Estado debe realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 445 de la presente Sentencia.
El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 447 de esta Sentencia.
El Estado debe brindar el tratamiento médico adecuado y prioritario que requieran las víctimas del presente caso, en el marco de los programas de reparaciones previstos en la normatividad interna, de conformidad con lo establecido en los párrafos 452 y 453 de esta Sentencia.
El Estado debe restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa interna a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 459 de esta Sentencia.
El Estado debe garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas del presente caso, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo han hecho, de conformidad con lo establecido en los párrafos 460 y 461 de esta Sentencia.
El Estado debe garantizar que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta Sentencia reciban efectivamente las indemnizaciones establecidas por la normatividad interna pertinente a las que se refiere el párrafo 475 de esta Sentencia, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 476 de la presente Sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales ocasionados al señor Marino López Mena y sus familiares, para lo cual deberán realizarse las emisiones y publicaciones pertinentes, así como pagar las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costas y gastos, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos señalados en los párrafos 479 y 481 de la misma.
El Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
En ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
Redactada en español en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 2013.
ANEXO I. PERSONAS DESPLAZADAS
Yaduvis
Hibarguen
De Palomeque