Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5930
Timestamp: 2020-05-29 14:44:29
Document Index: 148331069

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 130', 'artículo 27', 'artículo 6']

BOE.es - Documento BOE-A-2012-5930
Documento BOE-A-2012-5930
«BOE» núm. 107, de 4 de mayo de 2012, páginas 33564 a 33572 (9 págs.)
BOE-A-2012-5930
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1981/11/18/10
Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento ha aprobado la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, sobre «Estatuto del consumidor». Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 1981.–El Presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea Urriza.
La Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme al artículo 10, apartados 27 y 28 del Estatuto, tiene competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y la legislación sobre defensa de la competencia.
Evidentemente, el consumidor no tiene, en muchos casos, la protección que le corresponde ante prácticas comerciales organizadas. Por otra parte, las normativas se diseminan y abarcan campos diferenciados que van desde el Derecho Civil y Mercantil hasta el Penal, sin olvidar las normas administrativas y procesales.
El principio fundamental de la libertad ha sido el sustento de nuestra legislación en materia de contratos. Pero es innegable la desigualdad manifiesta existente entre el individuo aislado y organizaciones comerciales cuyos productos se adquieren, de forma que la libre contratación queda en ocasiones mixtificada de tal forma que en la práctica supone un contrato de adhesión.
El alcance de cuanto antecede da lugar a que dichos conceptos se recojan en las más modernas Constituciones y concretamente en la española, donde el Artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán los derechos de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Es, asimismo, de hacer constar que en el párrafo 3. del Artículo 53, de la Constitución española, se establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo III, en el que está incluido el Artículo 51, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Por ello y tal como se ha indicado al comienzo de esta exposición de motivos, al disponer la Comunidad Autónoma del País Vasco de competencia exclusiva en esta materia, en virtud de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, se formula la presente Ley-Estatuto del Consumidor, reiterando la salvedad y el respeto a los principios constitucionales referentes a la política general de precios, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y la legislación sobre defensa de la competencia.
a) El derecho a la protección de su salud y su seguridad.
b) El derecho a la protección de sus intereses económicos.
c) El derecho a la información y educación.
d) El derecho a crear sus propias organizaciones y a que éstas sean oídas en los temas que les afecten, de acuerdo con las normas que se establezcan al respecto.
e) El derecho a la protección jurídica y a la reparación de daños.
Los bienes y servicios destinados a los consumidores o usuarios deben ser suministrados o prestados de forma que, en condiciones previsibles, no presenten peligro alguno para la salud o la seguridad física. En caso contrario deberán ser retirados del mercado por procedimientos eficaces.
Se publicarán listas positivas en las que se precisarán aquellos ingredientes, componentes y aditivos cuya autorización queda legalmente autorizada para la fabricación o preparación de productos alimenticios.
El procedimiento a seguir para la inclusión de un artículo en las referidas listas positivas será objeto de la correspondiente normativa.
Asimismo se establecerá el debido control respecto de envases y envoltorios evitando, en condiciones normales, la contaminación de los productos.
Los productos alimenticios y bebidas puestos a la venta deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa vigente, sujetarse a las normas alimentarias y reunir los requisitos obligados respecto de información, propaganda, publicidad, rotulación, etiquetado, envasado, precintado y caducidad. Asimismo se adoptarán las medidas precisas para asegurar que se elaboren asépticamente, se manipulen en forma higiénica y se evite su contaminación.
Con carácter general, cualquier producto que pueda suponer riesgo para la seguridad y salud de los consumidores, sólo podrá fabricarse con sujeción a lo reglamentado al respecto y distribuirse ofreciendo la debida información que garantice su correcta utilización por parte del consumidor o usuario.
La Administración vasca, u organismos públicos encargados de la aplicación y control de la reglamentación que garantice el derecho a la protección de la salud y seguridad de los consumidores, publicará anualmente una memoria detallada de sus actividades, indicando los resultados de los controles efectuados y presentando como anexos los fundamentos de su decisión.
Derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores
Se reconoce el derecho del consumidor o usuario a ser protegido contra los daños causados a sus intereses económicos por bienes o productos defectuosos o por servicios prestados de modo insatisfactorio.
Los compradores de bienes o los usuarios de servicios estarán protegidos contra las prácticas abusivas de ventas y en particular respecto de:
a) Los contratos tipo establecidos de modo unilateral.
b) Las que se refieran a la exclusión en los contratos de derechos irrenunciables.
c) Las condiciones abusivas de crédito.
d) La demanda de pago de mercancías no solicitadas.
e) Los métodos de venta que limiten la libertad de elección.
f) Las cláusulas contractuales que resulten lesivas o simplemente abusivas para el consumidor.
Con este fin, el Gobierno vasco orientará su actividad a la efectiva aplicación de la normativa vigente y a la consecución de aquella que evite y sancione prácticas como las referidas.
Se adoptarán todas las medidas precisas para la defensa de la calidad de los bienes y servicios, la corrección en el peso y medida y la transparencia de los precios. A todos estos fines se desarrollarán las medidas conducentes al logro de:
a) Unas plenas garantías del estado del bien o servicio al ser adquirido o utilizado y una concreción de las que se ofrecen en relación con su posterior uso.
b) Una exactitud en el peso y medida.
c) La precisión en el precio de adquisición, al contado o aplazado.
d) Una correcta relación entre el producto ofrecido y los componentes que lo definan o particularicen.
e) Una clara exposición de las condiciones que han de regir los servicios postventa en los bienes duraderos.
Al consumidor le corresponde el derecho a disponer de un servicio postventa satisfactorio para lo bienes duraderos que hubiese adquirido. Con este fin, se adoptarán las medidas oportunas dentro de la normativa vigente, dirigidas al logro de los siguientes objetivos:
a) El control de las prácticas tendentes a disminuir la correcta y normal utilización de estos bienes.
b) Garantizar al usuario la provisión de recambios durante un plazo determinado, para modelos que hubiesen sido objeto de innovación o se dejaran de fabricar.
c) El control de las prácticas tendentes a presentar piezas de recambio-bloque, integradoras de varias unidades con entidad independiente.
d) La generalización de los presupuestos previos en firme en la asistencia técnica postventa.
e) El respeto de los plazos de realización de los servicios.
f) Las compensaciones a otorgar al consumidor por las inmovilizaciones de bienes dentro del periodo de garantía.
g) El cumplimiento de la obligación de facilitar las facturas debidamente desglosadas, en su caso, en cada uno de sus componentes.
Se regulará la participación de los consumidores y usuarios en los servicios públicos vinculados a la Comunidad Autónoma del País Vasco u Órganos de su Administración.
El Gobierno vasco, en consideración a los intereses del consumidor y a los económicos generales, con el fin de responder a las necesidades individuales y colectivas de los consumidores, obtener una mejor relación calidad/precio de los productos ofrecidos, prevenir el fraude en las condiciones de los productos y perfeccionar los mercados, asumirá a través del Departamento de Comercio y Turismo el desarrollo y ejecución de todas aquellas medidas y actividades tendentes a la orientación del consumidor.
El adquiriente de bienes o el usuario de servicios tiene el legítimo derecho a disponer de una información adecuada que le permita:
a) Tener conocimiento exacto de las características esenciales de los bienes y servicios ofrecidos y su precio por unidad, peso y medida.
b) Efectuar una elección racional entre bienes y servicios concurrentes.
c) Utilizar con seguridad y de un modo satisfactorio los bienes y servicios.
d) Reivindicar la reparación de los eventuales daños causados por el producto o servicio recibido.
A todos los fines del contenido del presente artículo se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6.º
Al objeto de lograr que el consumidor pueda efectuar una elección racional entre productos y servicios concurrentes, el Gobierno vasco instrumentará las medidas precisas para el desarrollo de las siguientes actuaciones.
a) Fomento de la utilización de etiquetas voluntarias informativas.
b) Otorgamiento de certificados de calidad cumplidos los requisitos que para cada caso se establezcan por vía reglamentaria.
c) Realizar estudios sobre la relación calidad-unidad y medidas-precio de los distintos productos y servicios, así como del comportamiento de los consumidores.
d) El ejercicio de acciones contra quienes para la venta de productos o servicios utilicen una información inexacta, realicen una publicación gráfica, visual o auditiva que induzca a error, o que no pueda justificar la veracidad de lo que afirma, mediante las pruebas pertinentes.
Sección 2.ª Derecho a la educación
a) La formación de educadores en la citada materia.
b) La inclusión de la educación consumerista desde la E.G.B. hasta la Universidad.
c) La elaboración de medios y métodos pedagógicos, así como su publicación.
Derecho a crear organizaciones de consumidores y a que éstas sean oídas
Los consumidores y usuarios tienen el derecho de constituirse en organizaciones para la mejor defensa de sus intereses. El Gobierno vasco fomentará el asociacionismo de consumidores y usuarios, como cauce adecuado para el ejercicio más efectivo de los derechos de éstos.
A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de organizaciones de consumidores y usuarios las asociaciones que, estando legalmente constituidas, tenían como finalidad primordial la defensa del consumidor y usuario del País Vasco y se encuentren incluidas en el Censo creado para tal fin.
En la elaboración de disposiciones de carácter general se procederá a otorgar la audiencia contemplada en el artículo 130, apartado 4, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El consumidor tendrá derecho a la protección jurídica en los términos y alcance que resultaren por vía del proceso legislativo interesado en la Disposición Transitoria Única de la presente Ley.
Artículo trigesimoprimero.
El consumidor tiene derecho a la reparación de daños y perjuicios, mediante el ejercicio de las acciones legales correspondientes, tanto cuando éstos se produjeren en lo referente a su salud y seguridad física como cuando se hubieren lesionado sus intereses económicos.
Artículo trigesimosegundo.
Las asociaciones de consumidores, legalmente constituidas, quedarán legitimadas para la representación y defensa de los intereses colectivos de los consumidores perjudicados y, mediante los trámites preceptivos, para ostentar en juicio la de sus asociados cuyos derechos se consideren conculcados.
Artículo trigesimotercero.
Los niños, mujeres en estado de gestación, ancianos y disminuidos en general serán objeto de una protección especial en cuanto al consumo, utilización de bienes y servicios, y así será tenido en cuenta por los Órganos establecidos en los artículos precedentes.
Artículo trigesimocuarto.
a) La seguridad de los juguetes.
b) La idoneidad de los productos destinados a vestido, limpieza e higiene.
c) La composición, etiquetaje e información respecto de los productos alimenticios infantiles.
d) La seguridad de las instalaciones en parques y zonas de recreo.
Artículo trigesimoquinto.
Artículo trigesimosexto.
a) Que no inciten a la violencia ni a actos delictivos.
b) Que no sugieran el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otro producto capaz de originar efectos nocivos para la salud.
Artículo trigesimoséptimo.
a) La aprobación de una normativa sobre las condiciones generales de la contratación en la que se recojan los derechos del consumidor.
b) El incremento de las normas de Derecho imperativo dirigidas a impedir pactos abusivos en la contratación.
c) La legislación que contemple el establecimiento de la responsabilidad objetiva del fabricante, reglamentando su alcance y circunstancias de aplicación.
d) El establecimiento de los límites apropiados a la libre contratación, procediendo, con este fin, a la reglamentación de determinadas modalidades de venta en las que se estime conveniente una protección del consumidor.
e) La creación de una normativa especial que permita el establecimiento de procedimientos judiciales, simplificados y gratuitos, para las reclamaciones de los consumidores hasta una determinada cuantía.
[Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 103, de 15 de diciembre de 1981. Esta ley se publica en su redacción original aprobada por el Parlamento Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 6.1.b) del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su vigencia actual]
Fecha de disposición: 18/11/1981
Fecha de entrada en vigor: 15/12/1981
Publicada en el BOPV núm. 103, de 15 de diciembre de 1981.
SE MODIFICA el art. 10, por Ley 5/1985, de 13 de junio (Ref. BOE-A-2012-4770).
SE DEROGA, por Ley 6/2003, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-18549).
SE MODIFICA el art. 27, por Decreto Legislativo 2/1986, de 9 de septiembre (Ref. BOPV-p-1986-90024).
en el Recurso 86/1982, inconstitucionales y nulos los arts. 5; 6.párrafo 5); 12; 15.inciso 1); 18; 31; y 32 y la constitucionalidad de los demás impugnados, por Sentencia 71/1982, de 30 de noviembre (Ref. BOE-T-1982-34724).
en el Recurso 86/1982, el mantenimiento de la suspensión de vigencia de los preceptos impugnados, por Auto de 23 de julio de 1982 (Ref. BOE-A-1982-19807).
Recurso 86/1982 pllanteado en relación con determinados preceptos (Ref. BOE-A-1982-7580).