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Timestamp: 2017-12-12 17:52:38
Document Index: 66315810

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 216', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 232']

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Sentencia T.S. (Sala 4) de 6 de mayo de 1994
Recurso de casación para la unificación de doctrina. Desestimación. Acumulación de acciones. Inexistencia. Pretensión procesal única consistente en que se reconozca la situación de incapacidad permanente total por quien la tenía concedida en grado de parcial derivada de accidente de trabajo, sea debida la nueva situación a contingencia común o profesional, o ambas conjuntamente.
Se produce identidad entre las sentencias puestas en comparación pues, ante situaciones procesales idénticas, resuelven de forma diversa.
En el presente caso, no se dan los presupuestos contemplados en el artículo 27 de la LPL puesto que el objeto de este proceso es una pretensión procesal única, consistente en que se reconozca la situación de invalidez permanente total por quien la tenía concedida en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo y la acción que se ejercita no se puede escindir en dos distintas a consecuencia de que el reconocimiento del nuevo grado pueda tener su origen en contingencia común o profesional, o en ambos conjuntamente.
Por tanto, en este caso, se ejercita una pretensión dirigida frente a una pluralidad de partes, al único efecto de que sea condenada la que resulte responsable del abono de la prestación según el origen predominante de las causas de su falta de capacidad laboral, pero la concurrencia de dolencias de distinto origen y la eventual aplicación de distintas normas o de calificaciones jurídicas diversas, no pueden configurarse como si fueran dos causas de pedir que escindan la pretensión ejercitada.
Primero.-El actor fue declarado el año 1987 en situación de invalidez permanente en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo, percibiendo la cantidad a tanto alzado correspondiente y el año 1991 formuló demanda pidiendo se le reconociera situación de invalidez permanente total derivada de accidente de trabajo y de enfermedad común en contra del INSS, la TGSS, la empresa empleadora y la mutua patronal y, el Juzgado de lo Social número 2 de Alava dictó sentencia de 5 de marzo de 1992 estimando en parte la demanda, al reconocerle la situación pedida con las prestaciones correspondientes a la invalidez derivada de contingencia común y condenó al INSS al abono de las mismas. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el recurso de suplicación de la entidad gestora en sentencia de 14 de mayo de 1993.
Formula la entidad condenada recurso de casación para la unificación de doctrina y plantea que en la tramitación del proceso se ha producido una acumulación indebida de acciones, reproduciendo el primer motivo de su recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, al haberse ejercitado dos acciones que, según dice, son inacumulables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley de Procedimiento Laboral: una, la petición de invalidez por accidente de trabajo y, la otra, la misma solicitud derivada de enfermedad común.
Presenta como contradictoria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 4 de febrero de 1991 que, ante una situación sustancialmente igual, de un inválido permanente total por accidente laboral que dirige una demanda en contra del INSS y de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pidiendo la declaración de incapacidad en grado de absoluta en base a dolencias de origen no profesional, resuelve anular las actuaciones reponiéndolas al momento de admisión de la demanda para que el juez advierta a la parte que puede optar entre la acción por accidente de trabajo o la de enfermedad común. Se produce identidad entre las sentencias puestas en comparación pues, ante situaciones procesales idénticas, resuelven de forma diversa, pues la sentencia recurrida rechazó la petición de nulidad de actuaciones que planteó el INSS en el recurso de suplicación por entender que se trataba de una acción única consistente en la petición de un nuevo grado de invalidez, con independencia de la valoración jurídica que hiciera el tribunal sobre el origen de la misma y de la entidad responsable de las prestaciones, mientras que la de contraste decide anular actuaciones por infracción del artículo 27.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Segundo.-Superado el presupuesto de recurribilidad de la contradicción entre sentencias exigido en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral procede resolver la cuestión planteada y debe entenderse que la facultad general de acumulación de acciones que reconoce al actor el artículo 27.1 de la LPL está fundada en el principio de economía procesal y, en su virtud, dos o más pretensiones se examinan en un único procedimiento y se resuelven en una única sentencia. No obstante, el párrafo segundo del artículo 27 establece excepciones al principio general, de tal manera que determinadas acciones que señala (despido, materia electoral, impugnación de Convenios colectivos, etc.) no pueden acumularse a otras, sin duda, por la importancia cualitativa de aquéllas, por incompatibilidad de su contenido con las otras, o por la especificidad de la tramitación de las modalidades procesales que les son propias, circunstancias que no hacen conveniente que su enjuiciamiento se mezcle con el de otras pretensiones, predominando en este caso el interés sobre la atención exclusiva que merece el objeto del proceso sobre el principio de economía procesal que inspira el artículo 27.1. Estos criterios también son aplicables a las reclamaciones en materia de Seguridad Social, que son inacumulables, salvo cuando tengan la misma causa de pedir.
Tercero.-En el presente caso, no se dan los presupuestos contemplados en el artículo 27 de la LPL puesto que el objeto de este proceso es una pretensión procesal única, consistente en que se reconozca la situación de invalidez permanente total por quien la tenía concedida en grado de incapacidad parcial derivada de accidente de trabajo y la acción que se ejercita no se puede escindir en dos distintas a consecuencia de que el reconocimiento del nuevo grado pueda tener su origen en contingencia común o profesional, o en ambos conjuntamente, pues el estado de salud del demandante que menoscaba su capacidad para el trabajo es una situación unitaria que ha de ser valorada globalmente, sin que sea exigible ni aconsejable que el examen de su estado se efectúe en actuaciones separadas para diferenciar la incidencia que tiene el origen común o profesional de sus dolencias, pues esto rompería la unidad y globalidad de la evaluación que permite conocer el alcance de su incapacidad. La tesis de la sentencia aportada como contradictoria conduciría a reconocimientos disociados de las dolencias del demandante según su origen, pudiendo llegar a situaciones de grave complejidad procesal y hasta el absurdo de que pudieran reconocérsele dos situaciones de incapacidad, lo que no es jurídicamente admisible.
Por tanto, en este caso, se ejercita una pretensión dirigida frente a una pluralidad de partes, al único efecto de que sea condenada la que resulte responsable del abono de la prestación según el origen predominante de las causas de su falta de capacidad laboral, pero la concurrencia de dolencias de distinto origen y la eventual aplicación de distintas normas o de calificaciones jurídicas diversas, no pueden configurarse como si fueran dos causas de pedir que escindan la pretensión ejercitada, para entender que se trata de acciones distintas y autónomas que deban encauzarse en procesos separados.
Cuarto.-Esa Sala ha tenido ocasión de resolver procesos sobre cuestiones iguales al presente examinando situaciones de invalidez en las que concurrían dolencias de origen profesional y común, con intervención de la misma pluralidad de partes que aquí concurre, para atribuir la responsabilidad a quien correspondía, como es el caso, por citar una, de la sentencia de unificación de doctrina de 20 de diciembre de 1993 en la que se condenó al INSS y a una mutua de accidentes de trabajo a compartir la responsabilidad del abono de la prestación de invalidez permanente absoluta reconocida al beneficiario que antes padecía la misma situación en grado de total derivada de accidente de trabajo, sin que se planteara el problema de acumulación de acciones que aquí se debate.
Por todo lo anterior, de acuerdo con el informe del ministerio fiscal se debe desestimar el recurso interpuesto sin que haya lugar a pronunciamiento sobre costas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.