Source: https://www.scribd.com/document/138656008/Prolongado-de-Ecreedor-Hace-Entender-Desestimiento-Ts
Timestamp: 2018-11-15 04:46:22
Document Index: 139518037

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 1154', 'artículo 1692', 'artículo 1091', 'artículo 1692', 'artículo 1', 'artículo 1258', 'artículo 1692', 'artículo 1124', 'artículo 7', 'artículo 1692', 'artículo 7', 'artículo 1258', 'artículo 7', 'artículo 1282', 'artículo 1692', 'artículo 3', 'artículo 1195', 'artículo 1692', 'artículo 3', 'artículo 1195', 'artículo 1196', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 1692', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1692', 'artículo 1282', 'artículo 1692', 'artículo 3', 'artículo 1196']

Prolongado de Ecreedor Hace Entender Desestimiento Ts
Prolongado de Ecreedor Hace Entender Desestimiento...
Asociación Ilícita 2007-03-19___3782-06 Form 5 Rech (Sr. Chaigneau)
1F4FE
SAP Madrid 24 de Julio de 2009
COMPRAVENTA INTERNACIONALSR
EDJ 1986/4068, STS Sala 1ª de 13 junio 1986
EL DERECHO EDJ 1986/4068
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 13-6-1986. Pte: Carretero Pérez, Antonio
La pretensión de la viuda es contraria a la buena fe, porque rota, con su consentimiento, la convivencia conyugal en 1934, con Acuerdo amistoso de alimentos y entrega, en 1938, del hijo único al marido, sin haber intentado acción efectiva que manifestara su disconformidad, reclama sus derechos legales después de más de 40 años de mantenimiento de la situación, para obtener unos bienes a cuya adquisición no contribuyó en absoluto y tal conducta contraria a la buena fe conforma uno de los requisitos del abuso del derecho, complementado por una falta de equidad que se aprecia en la posible desposesión a la convivente con el marido desde 1938 a 1981 e incluso al hijo del matrimonio, causando con ello el natural perjuicio a estos terceros, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos (protección del matrimonio convivente), teleológicos (derechos viudales al cónyuge supérstite convivente) y sociales (seguridad en las relaciones matrimoniales mantenidas por el afecto de los cónyuges), lo cual constituye el ejercicio anormal de un derecho que los Tribunales deben impedir en aplicación del art. 7.2 CC.
-NORMATIVA ESTUDIADA Ley 15/1967 de 8 abril 1967. Compilación del Derecho Civil de Aragón
art.23, art.37, art.52, art.72, art.78
art.3, art.7, art.52, art.417
En la villa de Madrid, a trece de junio de mil novecientos ochenta y seis. Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación por infracción de Ley contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario de mayor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Zaragoza, sobre determinadas declaraciones, cuyo recurso fue interpuesto por Dª Petra, representado por el Procurador D. Julián Zapata Díaz y asistido del Letrado D. José Luis Lacruz Berdejo, D. Florencio Gonzalo, recurrente que no formaliza, y en el que recurrido, no personado, Dª Leoncia.
PRIMERO.- Por el Procurador D. Rafael Barrachina Mateo en nombre y representación de Dª Leoncia, formulé demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Zaragoza, de juicio declarativo de mayor cuantía, contra D. Florencio Gonzalo y Dª Petra, sobre determinadas declaraciones, estableciendo los siguientes hechos: D. Simón, natural de Mezalocha, provincia de Zaragoza, cuyo estado civil fue casado, de profesión policía armada y vecino de esta ciudad de Zaragoza, falleció en fecha de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno. Al ocurrir el fallecimiento de D. Simón, este estaba casado en legítimas y únicas nupcias con Dª Leoncia. El referido D. Simón al fallecer, dejó otorgado testamento autorizado en fecha de dos de septiembre de mil novecientos sesenta y tres ante el que fue notario de esta ciudad D. Francisco, bajo el número mil ochocientos sesenta de su protocolo. En la cláusula primera del precitado testamento el testador declara textualmente que de su matrimonio con Dª Leoncia, de la que está separado judicialmente, tiene un hijo llamado D. Florentino. Posteriormente en la segunda cláusula legal el usufructo vitalicio de la casa núm. ... de la calle ... de la Ciudad Jardín de esta ciudad de Zaragoza, y en la tercera instituye heredero a su nombrado hijo. Que como quiera que la afirmación vertida por el causante de que estaba separado judicialmente de su legítima esposa es total y absolutamente incierta, ya que en ningún momento fueron interpuestas por aquél acciones judiciales, ya civiles ya canónicas tendentes a la declaración de nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, válido y legítimamente contraído y no existiendo resolución judicial alguna que declarase la separación judicial del precitado matrimonio, es por lo que el derecho sucesorio de mi poderdante, cónyuge sobreviviente, no está, ni puede estar, subordinado o condicionado a un irreal e imaginario pronunciamiento judicial en su contra, que sólo debió existir en la mente del precitado causante: Quebrándose en consecuencia el derecho de usufructo viudal de mi representado, el cual es un derecho preferente al de las legatorias, que procede al de los legitimarios y no depende de la voluntad del causante y que además no constituye un crédito contra su hijo instituido heredero, sino un gravamen con el cual éste debe recibir los bienes, habida cuenta de la configuración foral aragonesa en esta materia y en lo sujeto ya que tanto mi poderdante como su difunto esposo nacieron en Aragón y tenían la vecindad aragonesa. SEGUNDO.- Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina con la súplica de que se dicte sentencia en su día en la que se declare: Que el causante D. Simón, debió testar con arreglo a las prescripciones de la legislación civil especial aragonesa. Que se tenga por ineficaz e inexistente la cláusula primera del testamento otorgado por D. Simón ante el Notario que fue de esta ciudad D. Francisco. Que como consecuencia de lo anterior es nula la cláusula segunda del precitado testamento, en lo que se lega a Dª Petra el usufructo vitalicio de la casa núm. ... de la calle ... de la Ciudad Jardín de Zaragoza. Que se reconozca el usufructo viudal universal a mi poderdante Dª
Leoncia, legítima y única esposa del precitado causante. El reconocimiento a favor de Dª Leoncia, de que los bienes que se adquirieron durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, pertenecen a la sociedad de gananciales, y que dicha sociedad ha quedado disuelta, y por lo tanto se proceda a su liquidación con las adjudicaciones pertinentes conforme a derecho. Que se declare abierta la sucesión intestada de D. Simón para hacer pertinente declaración de herederos, condenando a los demandados a otorgar las escrituras públicas necesarias para verificar las oportunas cancelaciones en el Registro de la Propiedad, bajo apercibimiento de verificarlo el Juzgado en su nombre y representación y a sus expensas sí no lo hiciera, comunicando la sentencia firme, que se dicte, al notario sustituyente del que fue de esta Ciudad, D. Francisco y el Registro General de Actos y últimas voluntades, para que se haga constar en forma el vicio de nulidad de que adolece el precitado testamento, imponiendo las costas de este juicio de los demandados. TERCERO.- Que admitida la demanda y emplazados los demandados Dª Petra y D. Florencio Gonzalo, compareció en los autos en su representación el Procurador D. Manuel G. A. Sancho Castellano, que contestó a la demanda, oponiéndose a la misma en los siguientes hechos: D. Simón, cabo de la Policía Armada Jubilado, murió en Zaragoza el día veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno, si bien no es exacto el dato consignado en el certificado de defunción que expresa el estado de casado del fallecido. D. Simón, Policía Municipal en Valencia a la sazón, contrajo matrimonio con Dª Leoncia en Mezalocha, el día veintitrés de noviembre de mil novecientos veintinueve, efectivamente. Lo que no se consigna en la demanda es el hecho de que antes de los nueve meses de la celebración del matrimonio nacieron dos hijas de Dª Leoncia sin haber tenido antes acceso carnal con el marido, que como se ha dicho residía en Valencia con destino oficial. Esta circunstancia y el hecho de tener una de las niñas una señal de nacimiento en la cara que identificaba, para el esposo la posible paternidad de un pariente de la esposa, provocó la ruptura del matrimonio, a poco de su celebración. Sí sabemos en cambio aunque la demanda también lo calla, que en cinco de junio de mil novecientos cuarenta y tres se celebró vista o se dictó auto sobre depósito de mujer casada y señalamiento de alimentos a Dª Leoncia en el Juzgado de Primera Instancia número tres de Zaragoza, al haber instado dicha señora ante la Curia Eclesiástica, demanda de separación del Tribunal Eclesiástico de Arzobispado de Zaragoza contra D. Simón, presentada en cinco de junio de mil novecientos cuarenta y tres. D. Florencio Gonzalo permaneció con su madre separada hasta el año mil novecientos treinta y ocho, en que cumplidos seis años, fue recogido por su padre y pasó a vivir en su compañía de Mezalocha a Zaragoza. D. Simón, que había pasado, mediante oposición, de la Policía Municipal de Valencia a la Policía Armada con destino primero en Barcelona y luego, antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, a Zaragoza se unió maritalmente a Dª Petra en mil novecientos treinta y ocho, cuando trajo al hijo a vivir consigo. Esta unión, admitida por la familia del señor D. Florencio Gonzalo y por la de la demandada señora Dª Petra, duró hasta su muerte en mil novecientos ochenta y uno, sin infidelidades ni abanD. os, muriendo el señor D. Florencio Gonzalo asistido por su compañera de una vida de cuarenta y tres años. Y es lamentable que la actora hable de sociedad conyugal y de bienes gananciales, bien que, sólo en el suplico de la demanda, y no en los antecedentes de hecho en que aquél ha de basarse, cuando no ha convivido jamás con el esposo ni con el hijo. Cierto el testamento que menciona la demanda en sus hechos tercero y cuarto, no lo es que la manifestación de encontrarse separado judicialmente falta a la verdad, no es presumible la mentira ni la mala fe en un hombre de honor como lo fuera el testador, policía de por vida y excombatiente de la cruzada, ni cabe suponer una inexactitud sin previa comprobación del hecho en Notario del prestigio del que fue su Decano señor D. Francisco ni en notario alguno. Cuando se consignara el hecho de la señalación judicial, se referían sin duda al divorcio tramitado en mil novecientos treinta y cuatro, de ahí que no ha de tener fundamento la demanda de mayor cuantía, por indeterminada, que la actora formula. CUARTO.- Alega los fundamentos de derecho que creyó oportuno y termina con la súplica de que se dicte sentencia en la que se desestime totalmente la demanda interpuesta, absolviendo de la misma a mis representados con expresa imposición a la actora de las costas del procedimiento. QUINTO.- Que las partes evacuaron los traslados que para réplica y dúplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación.
SEXTO.- Que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. SEPTIMO.- Unidas a los autos las pruebas practicadas, el Juez de Primera Instancia número uno de los de Zaragoza, dictó sentencia con fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos cuyo fallo es corno sigue: Que desestimando las excepciones alegadas por la representación de los demandados D. Florencio Gonzalo y Dª Petra, frente a la demanda contra ella establecida y entablada por Dª Leoncia que también desestimé, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos formuladas, sin hacer sobre costas. OCTAVO.- Apelada la anterior resolución por la representación de la parte actora Dª Leoncia, y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza dictó sentencia con fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres cuyo fallo es como sigue: Que revocando la sentencia recurrida y estimando en parte la demanda debemos declarar y declaramos que la actora Dª Leoncia tiene el usufructo viudal sobre los bienes de su marido D. Simón, fallecido el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno, que los bienes que los mencionados cónyuges adquirieron durante el matrimonio del modo establecido en el artículo cuarenta y ocho del apéndice al Código Civil EDL1889/1 correspondiente al Derecho Foral de Aragón de siete de diciembre de mil novecientos veinticinco, pertenecen a la sociedad conyugal, sociedad que ha quedado disuelta por fallecimiento del marido, procediéndose a su liquidación con las adjudicaciones pertinentes con arreglo a derecho, y que no afecta a dicha sociedad conyugal ni a Dª Leoncia el legado hecho en testamento otorgado el dos de septiembre de mil novecientos sesenta y tres por D. Simón del usufructo vitalicio de la casa núm. ... de la calle ... en la Ciudad Jardín de Zaragoza a favor de Dª Petra, condenando a los demandados D. Florencio Gonzalo y Dª Petra a otorgar las escrituras públicas necesarias para verificar las oportunas cantidades, digo cancelaciones en el Registro de la Propiedad, bajo el apercibimiento de verificarlo el Juzgado a su nombre y expresas si no lo hicieren a los que absolvernos de los pedimentos de la demanda, sin hacer condena en las costas de ambas instancias. NOVENO.- Por el Procurador D. Julián Zapata Díaz, en nombre de Dª Petra, se ha interpuesto, contra la anterior sentencia recurso de casación por infracción de Ley al amparo de los siguientes motivos: Primer motivo.- Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Infracción en el concepto de aplicación indebida del artículo cuarenta y ocho del Apéndice foral aragonés de siete de diciembre de mil novecientos veinticinco, en relación con el artículo tercero-primero del Código Civil EDL1889/1 , infringiendo éste por violación en su concepto negativo de falta de aplicación. El establecimiento, por el legislador, de una comunidad de bienes entre los cónyuges, obedece desde la historia más remota a la idea de colaboración entre ellos, y tal es la ratio legis del artículo cuarenta y ocho del Apéndice, como de todos los preceptos semejantes que hay en cualquier código. Motivo Primero bis.- Al amparo del articulo mil seiscientos noventa y dos número primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , Infracción en el concepto de aplicación indebida, de los artículos veintitrés segundo y treinta y siete de la Compilación aragonesa de derecho civil de ocho de abril de mil novecientos sesenta y siete. Se formula este motivo ad cautelam, y por si se entiende que son esos los preceptos aplicados. Motivo segundo.- Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Infracción en el concepto de interpretación errónea del artículo cincuenta y dos de la Compilación aragonesa de Derecho Civil de tres de abril de mil novecientos sesenta y siete. Motivo tercero.- Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos número primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Infracción en concepto de aplicación indebida, del artículo sesenta y tres del apéndice foral aragonés de siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, o bien, alternativamente, del artículo setenta y dos
de la Compilación de Derecho Civil de Aragón de ocho de abril de mil novecientos sesenta y siete, uno y otro en relación con el artículo tercero uno del Código Civil EDL1889/1 . Motivo cuarto.- Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Infracción por violación en su concepto negativo de falta de aplicación, del artículo séptimo, apartado primero del Código Civil EDL1889/1 . Motivo quinto.- Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Infracción por violación en su aspecto negativo de falta de aplicación, del artículo séptimo segundo del Código Civil EDL1889/1 . DECIMO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló día para la vista, que ha tenido lugar el veintisiete de mayo actual. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Carretero Pérez.
PRIMERO.- La sentencia recurrida estima la demanda de una viuda que, separada de hecho de su marido, con el que contrajo matrimonio en el año mil novecientos veintinueve, desde el año mil novecientos treinta y cuatro, hasta el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno, fecha de la fuerte del marido, pretende el reconocimiento de sus deudas de viudedad aragonesa. La separación debe estimarse como mutuamente consentida, porque originó una pensión de cien pesetas mensuales, que se pagó desde mil novecientos treinta y cuatro hasta mil novecientos cincuenta y nueve y porque el hijo común del matrimonio, nacido en mil novecientos treinta y dos, pasa a vivir con su padre en mil novecientos treinta y ocho. Consta que el marido convivió desde el año mil novecientos treinta y ocho con su hijo y con la demandada, a quien legó, en usufructo, una casa que adquirió en el año mil novecientos treinta y nueve y continuó esta convivencia hasta su muerte. SEGUNDO.- Todos los motivos de casación se basan en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 y obedecen a una argumentación que parte de la libre separación de hecho, mantenida durante más de cuarenta años, que excluye el fundamento de los derechos de viudedad, que es la convivencia mantenida hasta el momento de la muerte de uno de los cónyuges y llega a la conclusión de que la petición de los derechos de viudedad, significa un acto contrario a la buena fe con manifiesto abuso del derecho, que no puede ser acogido por los Tribunales en una interpretación acorde con la realidad social y así desarrolla el motivo primero por aplicación indebida del artículo cuarenta y ocho del Apéndice Foral Aragonés en relación con el artículo tercero-primero del Código Civil EDL1889/1 , el motivo primero-bis. por aplicación indebida del artículo veintitréssegundo y treinta y siete de la Compilación Aragonesa de Derecho Civil, el motivo segundo, por aplicación indebida del artículo cincuenta y dos de la Compilación, el motivo tercero, por aplicación indebida del artículo sesenta y tres del Apéndice Foral Aragonés o setenta y dos de la Compilación en relación con el tercero-primero del Código Civil EDL1889/1 , el cuarto, por falta de aplicación del artículo séptimo-primero del Código Civil EDL1889/1 y el motivo quinto por falta de aplicación del artículo séptimo-segundo del Código Civil EDL1889/1 , es decir, que admite todas las reglas del derecho foral aragonés que proclaman la comunidad de bienes como régimen legal en el matrimonio y el usufructo universal en favor del cónyuge viudo, pero las entiende sin efecto en caso de separación tan prolongada y su pretensión contraria a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho.
TERCERO.- Ni el Apéndice al Código Civil EDL1889/1 correspondiente al Derecho Foral de Aragón publicado en Real Decreto de siete de diciembre de mil novecientos veinticinco, ni la Compilación del Derecho Civil de Aragón, promulgada en Ley quince/mil novecientos sesenta y siete, de ocho de abril, contemplan los efectos que pueda producir la separación de hecho de modo específico, pues el artículo cincuenta y dos de la Compilación se remite el artículo mil cuatrocientos diecisiete del Código Civil EDL1889/1 de la época, relacionado con el cincuenta y dos del propio Código Civil EDL1889/1 , que solamente se refiere a la muerte de uno de los cónyuges o a la nulidad y únicamente el artículo setenta y ocho de la Compilación se estatuye la pérdida del derecho expectante de viudedad para el cónyuge en el supuesto de separación judicial, por lo cual, la pretensión de la viuda hay que estimarla ajustada a la letra de la Ley, por lo que, en principio, deben rechazarse los motivos primero, primero bis, segundo y tercero del recurso. CUARTO.- Sin embargo debe reconocerse para este caso y sin generalizar, que la pretensión de la viuda es contraria a la buena fe, porque rota, con su consentimiento (al que la sentencia del Tribunal Supremo de veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y nueve atribuye analogía judicial), la convivencia conyugal en mil novecientos treinta y cuatro, con acuerdo amistoso de alimentos y entrega, en mil novecientos treinta y ocho, del hijo único al marido, sin haber intentado acción efectiva que manifestara su disconformidad, reclama sus derechos legales después de más de cuarenta años de mantenimiento de la situación, para obtener unos bienes a cuya adquisición no contribuyó en absoluto y tal conducta contraria a la buena fe conforma uno de los requisitos del abuso de derecho, complementado, por una falta de equidad que se aprecia en la posible desposesión a la convivente con el marido desde mil novecientos treinta y ocho a mil novecientos ochenta y uno e incluso al hijo del matrimonio, causando con ello el natural perjuicio a estos terceros, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos (protección del matrimonio convivente), teleológicos (derechos viudales al cónyuge supérstite convivente) y sociales (seguridad en las relaciones matrimoniales mantenidas por el afecto de los cónyuges), lo cual constituye el ejercicio anormal de un derecho que los tribunales deben impedir en aplicación del artículo siete apartado dos del Código Civil EDL1889/1 , por lo que deben ser estimados los motivos cuarto y quinto del recurso. QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el número cuatro del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , no procede la imposición de costas por vía de condena. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que estimando los motivos cuarto y quinto del recurso, interpuesto a nombre de Dª Petra, anulamos y casamos la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza de diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, no hacemos especial imposición de costas causadas en el presente recurso; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió. ASI, por esta nuestra sentencia que se publicará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jaime de Castro García.- Cecilio Serena Velloso.- Rafael Pérez Gimeno.- Antonio Carretero Pérez.- Antonio Sánchez Jáuregui. Rubricado.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Carretero López, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico. Segunda Sentencia
En la villa de Madrid, a trece de junio de mil novecientos ochenta y seis. Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casación por infracción de Ley contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario de mayor cuantía seguidos ante el juzgado de Primera Instancia número uno de los de Zaragoza, sobre determinadas declaraciones, cuyo recurso fue interpuesto por Dª Petra, representada por el Procurador Julián Zapata Díaz y asistido del Abogado D. José Luis Lacruz Berdejo; y D. Florencio Gonzalo, recurrente que no formaliza; en el que es recurrida Dª Leoncia, no personada. FUNDAMENTOS DE DERECHO UNICO.- Al estimarse el recurso de casación interpuesto contra la sentencia impugnada, por entender que la acción ejercitada por la actora incurre en abuso del derecho, por ir más allá de los fines éticos, teleológicos y sociales de la norma, ser contraria a la buena fe y perjudicial para terceros, requisitos usualmente exigidos por la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Supremo de veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta, siete de julio de mil novecientos ochenta, veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y dos, veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, y catorce de julio de mil novecientos ochenta y cuatro entre otras), es procedente mantener los pronunciamientos de la sentencia dictada en primera instancia vistas las normas citadas y demás de aplicación. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. PARTE DISPOSITIVA FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos a los demandados en las peticiones de la actora, tal como falló la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Zaragoza, de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, sin imposición de costas; insértese esta sentencia en la certificación mandada librar. ASI, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jaime de Castro García.- Cecilio Serena Velloso.- Rafael Pérez Gimeno.- Antonio Carretero Pérez.- Antonio Sánchez Jáuregui. Rubricado. Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Carretero Pérez, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.
EDJ 1985/7440, STS Sala 1ª de 19 junio 1985
EL DERECHO EDJ 1985/7440
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 19-6-1985, nº 405/1985. Pte: Castro García, Jaime de
En la presente resolución la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por quien fue demandado en primera instancia, con motivo de la sentencia dictada por la AT. Las partes litigantes tenían suscrito un contrato de compraventa, originándose la litis a raíz de que el demandado deja de abonar los plazos correspondientes al precio de dicho contrato, hecho este el cual motiva el que se interponga la presente acción solicitando la resolución del vínculo contractual objeto de controversia. El TS declara que la resolución por incumplimiento del comprador en la compraventa de inmuebles con arreglo al art. 1504 CC, modalidad singular de la facultad genérica regulada en el art. 1124 CC para toda la clase de obligaciones bilaterales, descansa sobre el presupuesto del requerimiento preceptivamente exigido por aquella norma, además del elemento básico de la concurrencia de una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento por parte del contratante contra quien la acción se ejercita, requisitos estos cuya valoración viene atribuida a los organismos jurisdiccionales de instancia, y como tales solo susceptibles de censura en casación por la vía señalada al efecto.
art.1091, art.1124, art.1255, art.1256, art.1504
Madrid, a diecinueve de junio de mil novecientos ochenta Y cinco; en los autos de juicio declarativo de mayor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de Madrid Y en grado de apelación ante la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, por D. Timoteo, mayor de edad, casado, industrial, y vecino de esta Capital Y D. Angel, mayor de edad, casado, industrial y vecino (le Madrid, contra D. Fernando, mayor de edad, casado, empleado de Banco y vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sobre resolución de contrato de compraventa; autos pendientes antes esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la parte demandada, representada por el Procurador D. Enrique Hernández Tabernilla y defendida por el Letrado D. Carlos Montero de Eozar, Y en el acto de la vista por el Letrado D. Miguel Angel Ibáñez Salvador: habiendo comparecido la parte recurrida representada por el Procurador señor Pulgar Arroyo N, defendida por el Letrado D. Antonio García Lozano.
PRIMERO.- Que ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de mayor cuantía, seguidos entre partes, de una como demandantes D. Timoteo, y D. Angel, y de otra como demandado D. Fernando, sobre resolución de contrato de compraventa. Que la representación de la parte actora formuló demanda exponiendo en síntesis los siguientes hechos: Primero.- Sus mandantes eran dueños en pleno dominio de la siguiente :finca Piso primero, letra A, del portal núm. ... de la calle ..., de caber unos ciento diecisiete metros y noventa Y cinco decímetros cuadrados y distribuido en diversas habitaciones y dependencias. Linda: Al frente, descansillo de la escalera y patio de luces; a la derecha, entrando, piso letra B de su misma planta Y :portal a la izquierda, patio de luces Y al fondo calle .... Cuota: Le corresponde una cuota en el total valor del edificio Y elementos comunes del uno coma sesenta y siete por ciento. Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad de Navalcarnero, al tomo 902, libro 209 de Pozuelo de Alarcón, folio 73, finca núm. ..., inscripción primera. Les pertenencia por haber construido a sus expensas el edificio del que forma parte el piso referido en la proporción de dos terceras partes D. Timoteo y una tercera parte D. Angel, lo que se acreditaba con testimonio de la escritura de obra nueva y división horizontal, otorgada en Pozuelo de Alarcón el quince de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, ante el Notario D. Javier, bajo el núm. ... de su protocolo, que se acompañaba a los presentes autos. Segundo.- Con lecha cinco de junio de mil novecientos setenta y cinco, sus mandantes vendieron al demandado D. Fernando el piso descrito en el hecho anterior, habiéndose suscrito a tal efecto el oportuno documento privado y que se relaciona en este hecho segundo de la demanda. Tercero.- El demandado había venido cumpliendo de forma irregular la obligación de pagar la parte aplazada del precio de la compraventa, pero se había negado a pagar algunos plazos, no obstante los reiterados requerimientos que se le habían hecho, en consecuencia, sus mandantes se habían visto obligados a formular por conducto notarial la resolución del contrato de compraventa referido por falta de pago, entre otras, de las letras de cambio, representativas de los correspondientes pagos aplazados que detallaban. Alegó los fundamentos legales de derecho que estimaba aplicables Y terminaba con la súplica de que se dictase sentencia por la que se declare resuelto el contrato de compraventa, del piso relacionado en el hecho primero de la demanda, condenándose al demandado a estar y pasar
por esta declaración y a desalojar dicho piso y ponerlo a disposición de sus mandantes D. Timoteo y D. Angel, así como a la pérdida de las cantidades entregadas a los mismos a cuenta del precio de la compraventa en concepto de indemnizacion de daños y perjuicios, conforme a lo estipulado e imponiéndosele asimismo expresamente las costas de este proceso. SEGUNDO.- Que admitida la demanda, -y dado traslado a la representación de la parte demandada, se contestó a la demanda ex poniendo en síntesis los siguientes hechos: Proponía primeramente las excepciones dilatorias. Primero.- Defecto legal en el modo de proponer la demanda. En efecto, se había omitido el requisito previo del acto conciliatorio contraviniéndose lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 60, en relación con el 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463▼ . La alegación de adverso, en los "Fundamentos de Derecho" de la demanda en el sentido de que no era necesaria la celebración del acto de conciliación previa "por residir el demandado fuera del territorio de este Juzgado>, era obviamente improcedente, al no tener en cuenta que uno de los actores, señor D. Angel, residía precisamente en Pozuelo de Alarcón, domicilio del demandado, ni tampoco tener en cuenta que, a todos los efectos, la competencia jurisdiccional era Madrid, a virtud de la cláusula octava del documento básico de la relación procesal, el contrato de compraventa privado que se acompañaba con el escrito de demanda de fecha cinco de junio de mil novecientos setenta y cinco. Segundo.- Otro defecto legal en el modo de proponer la demanda. Se había presentado el documento privado de compraventa, básico para la reclamación que se postulaba, sin cumplir los requisitos prevenidos en los artículos 113 primero y 114 primero y segundo del Decreto 1018 de seis de abril de mil novecientos setenta y siete, dictado en desarrollo de la Ley de Reforma Tributaría. Los actores no habían liquidado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, requisito que había debido constar en el propio documento, autorizado por la Abogacía del Estado; lo que tampoco se acompañaba era la pertinente carta de pago. Estaban, pues, ante un caso típico de elusion u ocultación a efectos tributarios, infracción que si siempre revistió especial trascendencia, ahora, con motivo de la nueva política fiscal, adquiría caracteres particularmente graves; seguidamente contestaba a la demanda, añadiendo como hechos de la misma los siguientes: 1.- Conforme con el correlativo. 2.- forme, aunque insistían, conforme habían dicho al proponer la excepción B) que el documento era inadmisible por infringirse radicalmente las prescripciones de los artículos 113 primero y 114 primero y segundo del Decreto de seis de abril de mil novcientos sesenta y siete, dictado en desarrollo de la Ley Tributaria. Su poderdante no se había negado en ningún momento a cumplir sus obligaciones contractuales. No se trataba de una cláusula contractual, pero era de subrayar que por la parte actora no había existido el mínimo de comprensión habitual en casos como el presente. Su representado había pagado hasta la fecha un millón setecientas noventa y siete mil cuatrocientas noventa y seis pesetas, a cuenta del precio, con lo que los vendedores, de conseguirse la resolución del contrato por ellos propugnado, habrían experimentado un desmesurado lucro. En la mayoría de este tipo de contratos, la cláusula penal reducía notablemente la cuantía de la indemnización, mientras que en este caso, pretendían, parecía ser, apropiarse de la totalidad de lo recibido y recuperar la propiedad del piso, que volvería a ser vendido otra vez. De ahí que invocaran el artículo 1154 del Código Civil EDL1889/1 que facultaba al Juzgador para que modificase equitativamente la pena contractual. Su representado había pagado un millón setecientas noventa y siete mil cuatrocientas noventa y seis pesetas a cuenta del precio total de dos millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas, por lo que la cantidad que adeudaba ascendía a seiscientas cincuenta y dos mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas. El lucro no podía ser más abusivo. Alegaba a continuación los fundamentos legales de derecho que estimaba aplicables y terminaba con la súplica de que se dictase sentencia porque, estimándose las excepciones propuestas, se absolviese a su parte de la demanda, o alternativamente, que se dictase sentencia en la que se modificase la cláusula penal equitativamente.
TERCERO.- Que evacuado, por las partes, el trámite de réplica y dúplica fue recibido el pleito a prueba, uniéndose a los autos las practicadas y evacuado el trámite de conclusiones el Juez de Primera Instancia número siete de Madrid, dictó sentencia con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, cuya parte dispositiva es como sigue, FALLO: Que desestimando la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegada en el escrito de contestación por el demandado, debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador D. Luis Pulgar Arroyo, en nombre y representación de D. Timoteo y D. Angel, contra D. Fernando, declarando resuelto el contrato de compraventa, que se expone en el hecho segundo de la demanda, del piso primero letra A del portal núm. ... ; de la calle ..., de Pozuelo de Alarcón (Madrid), descrito en el hecho primero de la demanda, condenando al mencionado demandado a estar y pasar por esta declaración, y a desalojar dicho piso y ponerlo a disposición de los actores en el plazo de ocho días -a contar desde la firmeza de esta sentencia-, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo desaloja en el expresado plazo legal, así como a la pérdida de las cantidades entregadas a los actores, por aplicación de la cláusula cuarta del contrato de venta resuelto que tiene validez como cláusula penal, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas de este juicio. CUARTO.- Que contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que fue admitido y sustanciada la alzada la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial, dictó sentencia con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y dos, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS que con revocación parcial de la sentencia dictada por el Magistrado Juez de Primera Instancia número siete de esta Capital con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, debemos estimar parcialmente la demanda formulada por D. Timoteo y D. Angel, contra D. Fernando, declarando resuelto el contrato de compraventa del piso ... letra ... del bloque ... , núm. ... de Pozuelo de Alarcón , vendido por los primeros al segundo, debiendo devolver el mismo, D. Fernando, a los demandantes D. Timoteo y D. Angel, con pérdida de las cantidades entregadas por el comprador, menos quinientas mil pesetas que le devolverán dichos demandantes al recibir el piso, y sin hacer expresa condena en costas en ambas instancias. QUINTO.- Que por el Procurador D. Enrique Hernández Tabernilla, en representación de D. Fernando, formalizó recurso de casación por infracción de Ley, que funda en los siguientes MOTIVOS: Primero.- Por infracción de Ley y doctrina legal concordante, al amparo del artículo 1692, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , por infracción del artículo 1091, en relación con el 1256, ambos del Código Civil EDL 1889/1▼ , infringidos por el concepto de violación por inaplicación, ya que todas las obligaciones nacidas del contrato de compraventa, tienen fuerza de Ley entre los contratos y deben cumplirse a tenor de la mismas, sin que su validez y cumplimiento pueda quedar al arbitrio de los vendedores. Como resumen la sentencia de quince de febrero de mil novecientos sesenta y tres de la Sala Primera del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo de veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco. Segundo.- Por infracción de Ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del artículo 1692, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Por infracción del artículo 1.255 en relación con el artículo 1258, ambos del Código Civil EDL1889/1 , infringido por el concepto de violación por inaplicación, pues no es lícito que se establezca la voluntad de las partes atendiendo a una determinada cláusula contractual, prescindiendo de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Tercero.- Por infracción de Ley y de la doctrina legal concordante, al amparo del artículo 1692, ordinal primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Por infracción del artículo séptimo del Código Civil EDL1889/1 , infringido por el concepto de violación por inaplicación, ya que todos los derechos deberán ejercitarse conforme a la buena fe, no amparando la Ley el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.
SEXTO.- Que admitido el recurso, instruida la parte recurrente, compareció el Procurador señor D. Luis Pulgar Arroyo, en representación de D. Timoteo y D. Angel, a quien se les tiene por recurridos, se declararon conclusos los autos. VISTO siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jaime de Castro García.
PRIMERO.- Que según constante doctrina jurisprudencial, la resolución por incumplimiento del comprador en la compraventa de inmuebles con arreglo al artículo mil quinientos cuatro del Código Civil EDL1889/1 , modalidad singular de la facultad genérica regulada en el artículo 1124 para toda clase de obligaciones bilaterales, descansa sobre el presupuesto del requerimiento preceptivamente exigido por aquella norma, además del elemento básico de la concurrencia de una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento por parte del contratante contra quien la acción se ejercita, bien entendido que la actitud incumplidora sancionable con la resolución por hallarse informado de tal ánimo vulnerador de lo pactado viene en principio demostrada por el hecho mismo de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación asumida, de no mediar circunstancias singulares denotadoras de que al adquirente no le es reprochable la falta de prestación, que habrán de ser oportunamente alegadas y probadas, todo lo cual, se traduce en aspectos fácticos cuya valoración viene atribuida a los organismos jurisdiccionales de instancia y como tales sólo susceptibles de censura en la casación a través de la vía procesal señalada al efecto (sentencia de veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y cinco, que a su vez hace cita de las de veinticinco de mayo, diecinueve de julio, once y treinta y uno de octubre y seis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro); y en el caso debatido las resoluciones de una y otra instancia, al acoger la petición fundamental de la demanda, ponen de relieve el flagrante incumplimiento en que ha incurrido el comprador recurrente, que ha dejado de pagar las letras de cambio con vencimiento en los meses de junio, julio y diciembre de mil novecientos setenta y siete, por un importe cada una de ellas rayando en las tres mil setecientas pesetas, y otra por cantidad de setecientas treinta y dos mil pesetas, en definitiva ha dejado de satisfacer setecientas cincuenta y cuatro mil ciento noventa y siete pesetas pese a las reclamaciones extrajudiciales de los recurridos, lo que motivó un requerimiento notarial de veintiseis de octubre de mil novecientos setenta y ocho haciéndole saber los vendedores la resolución del contrato "por falta de pago de parte del precio aplazado". SEGUNDO.- Que sin negar ninguno de tales antecedentes, el motivo primero del recurso denuncia violación por inaplicación del artículo mil noventa y uno, en relación con el mil doscientos cincuenta y seis, ambos del Código Civil EDL1889/1 , alegando a tal efecto que los vendedores obtienen con la resolución negocial por ellos propiciada "un lucro desmesurado que hay que evitar", pues con su negativa "sistemática a elevar a escritura pública el contrato de compraventa" impidieron "la obtención de un préstamo hipotecario de la "Caja de Ahorros P."; impugnación carente de toda consistencia, ya que la Sala a quo se atuvo correctamente a convenido e incluso modera en términos sustanciales, ordenando la devolución de quinientas mil pesetas, la clausula penal contenida en la estipulación cuarta del documento privado de cinco de junio de mil novecientos setenta y cinco, y es infundado atribuir a los vendedores vulneración de lo pactado cuando, además de que se trata de una cuestión no suscitada en la instancia lo que la margina del ámbito en que ha de operar la censura de este Tribunal, la estipulación sexta rotundamente subordina la elevación de la forma contractual a la "previa liquidación de los importes figurados en los apartados c) y d)", es decir, al pago de las cambiales que desatendió, provocando con tal proceder la práctica de la notificación resolutoria.
TERCERO.- Que la misma repulsa merecen los motivos siguientes, pues si el segundo aduce violación de los artículos mil doscientos cincuenta y cinco y mil doscientos cincuenta y ocho del Código sustantivo, pretendiendo que el negocio contraría "la buena fe, la moral y las buenas costumbres" con olvido de que la compraventa con pacto de "lex commisoria" o condición resolutoria expresa no sólo es usual en el tráfico inmobiliario sino que es contemplado por el artículo mil quinientos cuatro del Código referido para señalar su alcance, por lo que toca al tercero, que al amparo -como los anteriores- del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal, atribuye a la sentencia combatida violación del artículo siete del Código Civil EDL1889/1 , claro es que ni la Sala de instancia ha permitido el ejercicio antisocial o abusivo del derecho, sino su lícita utilización dentro de la normalidad de sus límites frente al comprador que no cumple su básica obligación, ni ha desconocido al mantener la resolución contractual las pautas de la buena fe, tanto en el sentido de límite intrínseco del ejercicio del derecho, como de conducta coherente con el vínculo que a las partes liga, según ese principio de la bona fides que a tenor del artículo mil doscientos cincuenta y ocho ha de acompañar a toda la actividad que los contratantes acometan de conformidad con lo pactado & (sentencia de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro y las en él citadas de veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y cinco, nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, diecinueve de mayo de mil novecientos sesenta y uno y cinco de junio de mil novecientos cuarenta y cinco), directrices operantes en el campo de las obligaciones en cuya conculcación hipotética no puede escudarse un comprador que con el desembolso de un millón setecientas noventa y siete mil cuatrocientas noventa y seis pesetas, según sus propias alegaciones de las que recobra quinientas mil, lleva en la ocupación del piso un tiempo no inferior a diez años. CUARTO.- Que por todo lo expuesto procede la íntegra desestimación del recurso, con la preceptiva imposición de costas (artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 ), y sin que haya lugar a pronunciamiento alguno en cuanto al depósito, que no fue constituido por no ser plenamente conformes las sentencias de uno y otro grado.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por D. Fernando, contra la sentencia que en veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y dos, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas; y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido. ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Beltrán.Jaime de Castro.- Carlos de la Vega.- Antonio Sánchez.- José María Gómez. Rubricados. Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jaime de Castro García, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico. Juan José Vizcaíno. Rubricado.
EDJ 1982/3225, STS Sala 1ª de 21 mayo 1982
EL DERECHO EDJ 1982/3225
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 21-5-1982. Pte: Sánchez Jáuregui, Antonio
El TS, estimando el recurso de casación interpuesto por el demandado, acoge su pretensión de decretar la compensación reclamada por dicho recurrente, como importe de los honorarios profesionales que entiende haber devengado por su prestación de servicios médicos al actor y sus familiares, con aquella otra que el primero adeuda al segundo, como consecuencia del precio de la obra efectuada por su encargo, en base a que infringe el principio de la buena fe el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal-, vulnerando tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que lejos de carecer de trascendencia, como en el caso de la litis, determinan el que el ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el art. 7,1 CC, preceptiva cuya violación por la resolución impuganada se hace patente en cuanto no valora el alcance y trascendencia de la conducta del demandado al tratar de compensar frente a la suma que lícitamente se le reclama el importe de unos honorarios profesionales referidos a la prestación de servicios médicos, cuya falta de reclamación en el dilatado período de diez años denota un acto propio que ponía de manifiesto la inequívoca voluntad de condonarlos, engendrando fundadamente en el deudor la creencia de que tal condonación se había efectuado, razonable creeencia que motivó hiciera una importante bonificación de lo que a su vez le era debido por la ejecución de la obra de que era dueño el médico demandado, quedando puesto relieve el retarso desleal con el que ejercita su derecho al referido demandado por la circunstancia de que hasta el año en que el actor le había presentado la liquidación del importe de la obra con las bonificaciones dichas, no reclama lo que entendía era debido.
art.3, art.7, art.1195, art.1196, art.1282
+ÍNDICE +CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
En la villa de Madrid, a 21 de mayo dé 1982; en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de la Jurisprudencia Civil mora y en grado de apelación, ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, por D. Mariano, contratista, vecino de Zamora, contra D. José Miguel, Médico, vecino de Zamora, sobre reclamación de cantidad; autos pendientes ante esta Sala en virtud de casación por infracción de ley, interpuesto por el demandante, representado por el Procurador D. Justo Alberto Requejo y defendido por el Letrado D. Norberto Martín Avedillo, no compareció la otra parte.
PRIMERO.- Que ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zamora fueron vistos los autos de juicio declarativo de mayor cuantía, seguidos entre partes, de una, como demandante D. Mariano, y de otra, como demandada D. José Miguel, sobre reclamación de cantidad. Que la representación actora formuló demanda exponiendo en síntesis los siguientes hechos: Primero.- Que al actor que es Contratista de obras, el demandado dada la amistad que tenía con el actor, le encomendó la construcción de un chalet en terrena de su propiedad en Fresno de la Ribera, según proyecto del Arquitecto D. Julián, ejecutándose la obra por administración, iniciándose la obra en octubre de 1973 y terminada en abril de 1974. Segundo.- Que el demandante escribió al demandado enviándole la cuenta de la obra, renunciando al actor a los gastos generales, beneficio industrial y tráfico de empresa, para compensar con creces la circunstancia de que el señor de Diego no le había cobrado en alguna ocasión que había estado en su consulta durante el año 1973, y el demandado en carta de 24 de mayo de 1978, en la que para pagar el salda de 951.982,21 pesetas, le ingresa 143.337 pesetas y el resto intenta compensarlo con lo que dice adeudar por su asistencia profesional, a la cual había renunciado para obtener las ventajas que el actor le concede en el documento número 5, y que no podían llegar a 20.000 pesetas no podía reclamarlas con vía de éxito, puesto que las mismas estaban ya prescritas. Tercero.- El capítulo de mano de obra importa 1.407.028,95 céntimos, según detalle del documento número 5 que acompaña, y que son pagadas por el contratista de la obra. Se acompañan los partes diarios en que figuran las horas trabajadas, a razón de las cantidades que detalla; capítulo de materiales según nota enviada al demandado 196.580,76 pesetas, según detalle que expresa en el documento número 5, relación 4 y 6, albaranes y facturas; materiales posteriores al 30 de noviembre de 1973, 13.300 pesetas; capítulo de varios, según nota enviada, 11.575,15 pesetas; capítulo de varios posterior a la nota antes expresada, 51.299 pesetas en 30 de noviembre de 1973 el actor envió al demandado una liquidación parcial de la obra efectuada, más 275.356,50 pesetas de mano de obra, más el 15 por 100 bajo el concepto de gastos generales, Tráfico de Empresas, administración, etc., importando todo 588.339 pesetas. Al poner el demandado reparos a la mano de obra le, especificó el actor lo que le costaban los obreros, diciéndole que no tenía inconveniente en dejar la obra en el estado que estaba, para que la continuase otro Contratista. A ello se opuso el demandado liquidando el importe de dicha factura; en la primera liquidación pasada el actor tuvo un error y se ve
perjudicado en 39.393 pesetas y ello se debió a que desde un principio pensó en no cobrar ninguno de los conceptos de tampoco le incluyó los gastos de materiales pagados por Doctor D. Diego. d) Adeuda por tanto actualmente el 808.745pesetas, pero como alguna factura se ha traspapelado previene prescindir de ella, limitando el importe de la 3reclamación a la suma de 800.000 pesetas. Alegó los fundamentos el derecho que estimó de aplicación. SEGUNDO.- Que admitida la demanda y dado traslado gastos generales, tráfico de empresas, como así lo ha hecho, y tampoco le incluyó los gastos de materiales pagados por el Doctor Diego. d) Adeuda por tanto actualmente el demandado 808.745pesetas, pero como alguna factura se ha traspapelado, previene prescindir de ella, limitando el importe de la reclamación a la suma de 800.000 pesetas. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación. TERCERO.- Que admitida la demanda y dado traslado la representación demandada, formuló su contestación oponiendo en síntesis los siguientes hechos: Primero.- Que el demandante se ofreció para llevar a cabo la construcción del chalet familiar, facilitando en primer presupuesto con importe de 1.537.163 pesetas y ante los reparos puestos, se hace un segundo con rebaja del importe, y ascendió a 1.115.422,12 pesetas. El demandante hasta entonces había dedicado su actividad a instalación y montaje de estructuras metálicas para "I., S.A.", teniendo varios centros de trabajo. Segundo.- En octubre de 1973, se inician las obras, y ya en noviembre de dicho año, por petición del señor D. Mariano el demandado efectúa un primer pago de 350.000 pesetas, la liquidación no le mereció la conformidad del demandado, no siendo cierto que el demandante amenazara con dejar la obra ni dio explicaciones ni estudios, y sólo dijo que ya en su momento revisaría las cuentas. El demandado realizó otro ingreso a cuenta de 238.339 pesetas, si bien ello ni significaba conformidad con la liquidación, en los documentos de la demanda algunas partidas hacen referencia a su nuestros o servicios del año 1972, que no tienen relación con la obra del chalet; en abril de 1974 el Contratista señor D. Mariano abandona la obra y traslada los obreros a Muelas del Pan, teniendo el demandado que requerir los servicios de D. Salvador, y gracias a su intervención la obra fue terminada; la terraza que hizo el señor D. Mariano quedó mal y fue preciso levantarla. b) El demandado interesó del actor una liquidación de cuentas, ya que por otra parte el demandado atendía en consulta la de los familiares del actor, cuyas minutas presenta. El actor reconoce que solicitó la liquidación y así se llega al 31 de diciembre de 1977, en que D. Mariano remite las cartas y relación con una copia del detalle, de gastos y la sorpresa del demandado ante este sistema de liquidar la obra, requirió la intervención de unos Técnicos que valorasen la obra y ello dio lugar al retraso en la contestación a la carta. Por fin se obtienen los documentos de valoración y a la vista de ellos efectúa una liquidación en conciencia, transfiriendo a D. Mariano la cantidad de 143.337 pesetas. Tercero.- La obra total del chalet excluida la piscina, jardín, cerramiento, etc., se valora en promedio de 1.589.927 pesetas. El demandado satisface materiales y mano de obra por importe de 732.251 pesetas, conforme al detalle que expresa más al por menor, con las entregas a cuenta que el demandado realizó el importe de materiales y trabajos satisfechos y los honorarios profesionales a compensar se obtiene un resultado de satisfecho por el demandado de 1.546.590 pesetas. El demandante, después de transcurridos casi cuatro años desde el cese de los trabajos profesionales por parte del demandado, les minimiza y alega su prescripción, contradiciéndose con lo manifestado por el demandante alegada de que él había descontado gastos generales, beneficio, industrial, etcétera, para compensar de los honorarios profesionales. Pues bien: los honorarios profesionales ascienden a 326.000 pesetas; las deducciones que el actor hace en sus cuentas son 331.015 pesetas. Y alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación. CUARTO.- Que evacuado por las partes el trámite de réplica y dúplica fue recibido el pleito a prueba, uniéndose a los autos las practicadas y evacuado el trámite de conclusiones, el Juez de Primera Instancia número 1 de Zamora dictó sentencia con fecha 3 de abril de 1979, cuya parte dispositiva dice: Fallo que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Francisco José Utrera Calvo, en nombre y representación de D. Mariano,
debo de condenar y condeno al demandado D. José Miguel a pagar al actor la suma de 392.324 pesetas; todo ello sin especial declaración en cuanto a las costas de esta instancia. QUINTO.- Que contra la anterior sentencia se interpuso, por la representación de la parte demandante, recurso de apelación que fue admitido, y sustanciada la alzada la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid dictó sentencia en 29 de febrero de 1980, cuyo fallo dice: Que sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el ilustrísimo señor Juez de Primera Instancia de Zamora número 1, con fecha 3 de abril de 1979 en los autos donde el presente recurso dimana. SEXTO.- Que el Procurador D. Justo Alberto Requejo y Pérez de Soto, en representación de D. Mariano, interpuesto recurso de casación por infracción de ley, que se funda en los motivos siguientes: Primero.- Infracción por violación del artículo 7.º del Código Civil EDL1889/1 . Se ampara este motivo en el número 1.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . El citado precepto, contenido en el título preliminar, bajo la rúbrica de las normas jurídicas su aplicación y eficación, establece lo siguiente: Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su- objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, darán lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Relaconando la conducta del demandado, aclarada, en la exposición de hechos, con el primer apartado de este artículo, aparece clara la violación del mismo. En el penúltimo considerando de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Zamora, Distrito número 1, se intenta quitar carácter jurídico a la conducta del demandado en esta litis, sin tomar en consideración que el artículo 7.º como manifestación de la base tercera de la Ley de 17 de marzo de 1973 para la modificación del título Preliminar del Código Civil EDL1889/1 , lo que verdaderamente establecía era que la buena fe apareciera como denominador común, exigible en los actos jurídicos, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Es precisamente la buena fe referida a la conducta humana, para determinar si su obra es conforme a las reglas normales a que se refiere el artículo 1258 del Código Civil EDL1889/1 , es decir, las que sean concordes con la naturaleza de las relaciones y conformes con la buena fe, el uso presente artículo al no entrar en el estudio de la conduzca del actor, quien deja pasar el tiempo con exceso sin intentar el cobro de sus minutas profesionales, empezadas en el año 1965, haciendo creer al actor que las había condenado, por razones de amistad y cuando ha obtenido lo que su conducta maliciosa perseguía, intentar la compensación, por su sola voluntad, y señalando los honorarios que él estima oportunos, sin posibilidad de discusión, pues con todos los respetos que nos merece la profesión médica y el Colegio de Médicos de Zamora, y más concretamente el titular médico demandado, no podemos dejar de hacer constar, que el citado Doctor, quien pasa unos muy sustanciosos honorarios por sus visitas, impugna las horas extraordinarias realizadas por los obreros del actor para la construcción de un chalet de recreo. La picaresca de la conducta del demandado resulta evidentemente contraria al artículo 7.º del Código Civil EDL1889/1 , y a principios ordenadores de la contratación, manifestadas en el artículo. 1258 del mismo cuerpo legal. Segundo.- Infracción por violación del artículo 1282 del Código Civil EDL1889/1 . Se ampara este motivo en el número 1.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . Establece el citado precepto que "para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato". Con referencia a los honorarios profesionales que se han admitido en la sentencia impugnada, y que esta parte consideró no reclamados, interesa atender principalmente a dos circunstancias, constituidas por actos voluntarios y conscientes del demandado: uno es el largo tiempo transcurrido desde el comienzo de la prestación de los servicios profesionales, referidos en un principio al año 1965, y que, pese a las continuas relaciones habidas entre- ambas partes, haciéndose servicios mutuos, ninguna de ellas reclamó importe por ellos. Así de la confesión judicial del demandado se desprende que el actor había estado realizando al demandado algunos servicios, los cuales le había pedido en base a la amistad y confianza que el Doctor de D. Diego tenía en el
actor, hasta el punto de que antes de la construcción del chalet, objeto de: la litis, el propio actor envió a un Aparejador técnico de su expresa y otros dos operarios para levantar un plano taquimétrico del terreno donde $e pensaba edificar, evitando este gasto al demandado. El otro acto del demandado, posterior a la prestación de sus servicios profesionales, es el pago efectuado de 588.339 pesetas a cuenta de la liquidación parcial, cuando la obra se estaba construyendo. Si el demandado pensaba proceder a la compensación de sus honorarios con el importe de la obra, en la cantidad concurrente, debió notificarlo en ese momento. y no efectuar el ingreso solicitado, reformando en el actor la idea de la condonación, y motivando la posterior liquidación del total de la obra, con la reducción de gastos, beneficio industrial e impuesto de tráfico de las empresas. Tercero.- Infracción por violación del artículo 3.º, párrafo 2.º del artículo 1195 y 1196 todos ellos del Código Civil EDL 1889/1▼ . Se ampara este motivo en el número 1.ºdel artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , los indicados preceptos disponen lo siguiente: "La equidad habrá de ponderarse en las aplicaciones de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrían de manera exclusiva en ella cuando la ley expresa. Mi descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita (artículo 3.º, párrafo 2.º). Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derechos propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (artículo 1195). Para que proceda la compensación, es preciso: 1.- Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro. 2.- Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado. 3.- Que las dos deudas estén vencidas. 4.- Que sean líquidas y exigibles. 5.- Que sobre ninguna de ellas halla retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor (artículo 1196). Interesa destacar el principio de equidad, elevado a norma jurídica por el precepto indicado, y la gran relación que en el presente caso guarda con las normas compensatorias de los artículos 1195 y siguientes del Código Civil EDL1889/1 . Si tenemos en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de compensación manifestada entre otras en las sentencias de 11 de marzo de 1886 hasta la de 26 de febrero de 1952, quien mantiene el constante criterio de que la compensación de unas deudas con otras han de solicitarse reconviniendo, requisito éste que no se cumple cuando el demandado, al contestar la demanda, se limita a solicitar la absolución de ella, dando a entender y exigiendo que sobre la cuestión que va a ser objeto de compensación sea objeto de reclamación expresa en el suplico de la contestación, y no lo es, cuando se adopta una fórmula tan vaga como es pedir la absolución de la demanda, especialmente cuando la oposición a una posible reclamación de honorarios ya le había sido efectuada en la propia demanda, al señalarse al finalizar el hecho tercero que dichos honorarios estaban ya prescritos al comenzar el año 1977. Si los citados honorarios hubieran sido objeto de reclamación independiente, de la demanda se habría dado traslado al actor, de la contestación para contestar la reconvención, no para réplica, y al seguir este criterio jurisprudencial, el actor se ha encontrado en situación de indefensión. Estos criterios de justicia o equidad del artículo 3.º no son tomados en consideración por ninguna de las sentencias recaidas en la presente litis, ya que en la primera, la del Juzgado de Primera Instancia de Zamora, se hacen diversas consideraciones acerca de los diversos defectos humanos por parte del demandado, que considera su valoración dentro de la esfera jurídica, sin entrar en el profundo estudio a que unas continuas y mutuas prestaciones, efectuadas con carácter gratuito o compensadas por los propios interesados entran dentro de un criterio de equidad, al que el actor sólo podía corresponder, como lo hizo, es decir, renunciando a una cantidad superior - en nuestra opinión, excesivamente superior -, a la que podía deber a vínculos de amistad.
SEPTIMO.- Que admitido el recurso, instruida la parte recurrente; no habiendo comparecido la contraparte se declararon los autos conclusos. Visto siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui.
PRIMERO.- Que si bien el litigio del que el presente recurso trae causa tiene su origen en un contrato de arrenda motivos que le sirven de fundamento es, si frente a la reclamación del empresario o contratista de la obra de las cantidades que entendió le eran debidas por el dueño o comitente de la misma, puede operar, compensando en parte el importe de la adeudado, lo que dicho comitente aduce le debe, a su vez, el Contratista en razón a los servicios profesionales que le había prestado como Médico, habiendo de destacarse la particularidad de que, con anterioridad a la iniciación del litigio, al producirse extrajudicialmente la reclamación de referido Contratista, el dueño de la obra planteó el tema de lo que, según su tesis, le era debido por los honorarios devengados en la prestación de los aludidos servicios médicos, descontando de la suma que se le exigía por razón de la ejecución de la obra antes meritada, aquella otra en la que en definitiva, cifraba el montante de sus honorarios. SEGUNDO.- Que con constancia, según ha sido denotado de la actitud del dueño de la obra, plantea el Contratista la demanda inicial de las presentes actuaciones, en la que, al respecto de lo que como deudor de servicios profesionales le había sido reclamado extrajudicialmente por el dueño de la obra, demandado y aquí recurrido, aduce en el penúltimo párrafo del hecho tercero de los que a meritada demanda sirven de fundamento la condonación o renuncia de los honorarios devengados, por tales servicios profesionales, condonación o renuncia en razón a la que había obtenido el demandado le fueran dispensadas por el actor en relación al costo de la obra - párrafo antepenúltimo del fundamento de hecho citado- el importe de los gastos generales, beneficio industrial y tráfico de empresas, invocando, por último, en el cuarto de los fundamentos de derecho que la actuación del demandado reclamando honorarios profesionales a los que ya había renunciado en un principio, estaban prescritos cuando los reclama e incluso satisfechos con las condonaciones que le había hecho el actor, era contraria a los más elementales principios de "buena fe" que inspiran las normas generales de las obligaciones y contratos, "y que había sido elevada a fuente o norma en la última modificación del título preliminar del Código Civil, en su artículo 7 EDL1889/1 .º. TERCERO.- Que la sentencia del Juzgado, cuyos considerandos acepta la de la Audiencia sin ninguna condicionalidad, al abordar el problema de la buena fe en el ejercicio de sus derechos al cobro de honorarios profesionales por parte del demandado, revela el enjuiciamiento de la conducta de éste en relación a la observancio por el actor al campo de la ética, pero entendiendo que ello, en definitiva, carece de resonancia en el del derecho, y es en relación a estas aseveraciones, que no desconocen las alegaciones de la demanda a que se ha hecho mérito en el razonamiento que antecede, frente a las que se alza el primer motivo del presente recurso, en que por la vía del ordinal 1.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , se acusa la violación del artículo 7.º del Código Civil EDL1889/1 , precepto que habida cuenta su inserción en el título preliminar del referido Código consagra la exigencia de que los derechos subjetivos se ejerciten conforme a los postulados de la buena fe, postulado básico que, como dice la exposición de motivos que justifica la reforma del citado título, sin pretender una alteración del juego concreto de la buena fe en cada una de las instituciones jurídicas, representa una de las más fecundas vías de irrupción del contenido "ético-social" en el orden jurídico.
CUARTO.- Que el "principio de la buena fe", como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa la fijación de su significado y alcance y en este sentido ya la sentencia de esta Sala de 29 de enero de 1965 establece una serie de supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, "en términos generales", a admitir contradicen dicho principio, concretando que se falta a la buena fe cuando se va "contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella", señalando también la doctrina científica moderna más autorizada que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro - prohibición de ir contra los actos propios -, y especialmente infrinje el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardiamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal-, vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que lejos de carecer de transcendencia:, como en el caso de la litis es tesis de la sentencia de primer grado aceptada por la recurrida, determinan el que el ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el párrafo 1 del artículo 7.º del Código Civil EDL1889/1 , preceptiva cuya violación por la resolución impugnada se hace patente en cuanto no valora el alcance y transcendencia de la conducta del demandado al tratar de compensar frente a la suma que lícitamente se le reclama el importe de unos honorarios profesionales, refiriéndose tales honorarios a la prestación de servicios médicos que, según los Justificantes que aporta, se inician el día 10 de enero de 1966 y finalizan el 25 de mayo de 1975, denotando su falta de reclamación en tan dilatado período de tiempo un acto propio que ponía de manifiesto la inequívoca voluntad de condonarlos, engendrando fundamente en el deudor la creencia de que tal condonación se había efectuado, razonable creencia que motivó, hiciera una importante bonificación de lo que, a su vez, le era debido por la ejecución de la obra de que era dueño el Médico demandado y quedando, por último, puesto de relieve el retraso desleal con el que ejercita su derecho el referido demandado por la circunstancia de que hasta el 26 de mayo de 1978, cuando ya el actor le habla presentado liquidación del importe de la obra con las bonificaciones dichas, no reclama lo que entendía le era debido, todo lo que conduce rectamente a la consecuencia de la procedente estimación del primer motivo de recurso y, por ende, a la casación de la sentencia recurrida. QUINTO.- Que la estimación del primero y fundamental motivo del recurso, releva del análisis del segundo, ya que con el mismo acusando al amparo del ordinal l.* del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 la violación del artículo 1282 del Código Civil EDL1889/1 , se tratan de obtener por el recurrente las conclusiones, ya puestas de relieve al examinar el aludido primer motivo -, del significado que ha de concedérsele a la profesionales y consecuencias a extraer de la tardía reclamación de los que, según adujo, había devengado. SEXTO.- Que en el motivo tercero último del recurso, al amparo del número 1.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , se denuncia la violación del artículo 3.º, párrafo 2.º y de los artículos 1195 y 1196, todos del Código Civil EDL 1889/1▼ , determinando la procedente estimación de este motivo el hecho, de que la deuda que reclama el demandado aquí recurrido, no era "exigible", según ya ha sido razonado, lo que empece a la procedencia de decretar la compensación de la misma efectuada por la sentencia recurrida, en relación a aquella otra que por la ejecución de la obra se le reclama en la demanda, por lo que, prescindiendo del resto de los alegatos que al meritado motivo sirven de fundamento, aparece clara la violación del artículo 1196 del Código Civil EDL1889/1 , suficiente de por sí para decretar la casación de la resolución impugnada. SEPTIMO.- Que la estimación del recurso lleva aneja la consecuencia de devolución al recurrente del depósito que constituyó y sin que sea procedente hacer una especial imposición de las costas causadas con el mismo.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por D. Mariano, contra la sentencia que en 29 de febrero, de 1980 dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, resolución que casamos y anulamos, sin hacer imposición de las costas causadas en el recurso y devuélvase el depósito constituido. Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicte a la Audiencia referida, con devolución de las actuaciones remitidas. Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Manuel González Alegre.- Carlos de la Vega.- Antonio Sánchez.- José María Gómez.- José Luis Albácar. Rubricados. Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en estos autos estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil en esta fecha, de lo que como Secretario, certifico. Madrid, a 21 de mayo de 1982. José Dancausa. Rubricado.
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