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Timestamp: 2019-08-21 23:06:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 200', 'artículo 8', 'artículo 8']

﻿ DECRETO 782 DE 1995
DECRETO 782 DE 12 DE MAYO DE 1995
CONTENIDO:IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS, PERSONERÍA JURÍDICA Y REGISTRO PÚBLICO.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1024, JUNIO 15 DE 1995, PG. 825
“Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994”.
De la personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros
ART. 1º—Requisitos. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno la correspondiente petición acompañada de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.
PAR. 1º—Los datos de denominación e identificación deben propender por su singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones iguales o similares.
PAR. 2º—Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, constituidas en el exterior, deberán acreditar la autorización de las correspondientes autoridades religiosas competentes para su establecimiento en el país. A ese efecto tales autorizaciones y el reconocimiento de las firmas deberán estar autenticadas ante los respectivos funcionarios competentes y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 2º—Duración. La duración de la personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros que regula este decreto, a menos que los estatutos dispongan otra cosa, es indefinida, pero se disolverá y liquidará por decisión de sus miembros adoptada conforme a sus estatutos, o por decisión judicial.
ART. 3º—Domicilio. El domicilio de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros será el distrito o municipio que se indique en sus estatutos. Sin embargo éstos podrán disponer que sus actividades religiosas se extiendan a todo el territorio de la República de Colombia.
ART. 5º—Personería jurídica. La personería jurídica especial de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros se reconocerá mediante resolución motivada suscrita por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno, y por el abogado encargado del estudio de la solicitud y documentación respectiva.
ART. 6º—Publicidad. La resolución mediante la cual se reconozca personería jurídica especial, para su validez, deberá ser publicada a costa del interesado en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes, debiéndose allegar el original del recibo a la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno.
De las personerías jurídicas de derecho público eclesiástico
ART. 7º—La Iglesia Católica goza de personería jurídica de derecho público eclesiástico al tenor de lo dispuesto en el artículo iv del concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974, en virtud de lo cual será incluida oficiosamente en el registro público de entidades religiosas.
(Nota: Modificado por el Decreto 1396 de 1997 artículo 1º del Ministerio del Interior).
ART. 8º—De conformidad con el artículo 11 de la Ley 133 de 1994, el Estado seguirá reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1º del artículo iv del concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974.
ART. 9º—Para la inscripción en el registro público de entidades religiosas de las personas de derecho público eclesiástico de que trata el artículo 8º del presente decreto, se notificará al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto de erección o aprobación canónica.
Corresponde al obispo diocesano o a quienes están asimilados a éstos en el derecho canónico, notificar al Ministerio de Gobierno la erección de parroquias, la aprobación de comunidades religiosas de derecho diocesano o la existencia de una y otras.
Corresponde a la competente autoridad eclesiástica de quien emanó el respectivo decreto canónico notificar al Ministerio de Gobierno la existencia o erección de seminarios y de las otras personas comprendidas en el inciso primero del artículo iv del Concordato de 1973.
(Nota: Derogado por el Decreto 1396 de 1997 artículo 4º del Ministerio del Interior).
ART. 10.—Efectuada la notificación, el Ministerio de Gobierno procederá a la inscripción en el registro público de entidades religiosas.
Del registro público de entidades religiosas
ART. 11.—Sujetos de registro. Además de lo dispuesto en el capítulo anterior, son sujetos de registro oficioso cuando se otorgue personería jurídica especial, las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones o confederaciones, y asociaciones de ministros.
ART. 12.—Objeto del registro. El registro público de entidades religiosas, que puede llevarse en medio magnético, debe reflejar los actos administrativos que haya proferido el Ministerio de Gobierno respecto de las entidades sujetas a su registro.
Cuando la entidad haya celebrado convenios de derecho público interno, se insertará en el registro el decreto correspondiente.
PAR.—Por acuerdo ya sea tratado internacional o convenio de derecho público interno, celebrado con la autoridad competente, se determinarán los datos correspondientes a las entidades de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo 8º del presente decreto, sus representantes legales y sus ministros autorizados para celebrar matrimonios, que se incluirán en el registro público de entidades religiosas así como la entidad o entidades encargadas de llevarlo.
(Nota: El Parágrafo del presente artículo fue derogado por el Decreto 1396 de 1997 artículo 4º del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 1455 de 1997 del Ministerio del Interior).
ART. 13.—Objeto. Es potestativo del Estado colombiano celebrar convenios de derecho público interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, especialmente para regular lo establecido en los literales d) y g) del artículo 6º, en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 1º de la Ley 25 de 1992.
ART. 14.—Requisitos. Solamente estarán capacitadas para celebrar convenios de derecho público interno las entidades religiosas con personería jurídica especial o de derecho público eclesiástico.
ART. 15.—Competencia para negociar los convenios. Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa relativa a la negociación y desarrollo de los convenios de derecho público interno, sin perjuicio de los contratos a que se refiere el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y del estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993.
Una vez acordados los términos de los convenios con la entidad religiosa, el Ministerio de Gobierno los remitirá, para control previo de legalidad a la sala de consulta y servicio civil del Consejo del Estado.
PAR.—La negociación de convenios de derecho público interno con las personas jurídicas de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo 8º del presente decreto, se hará siempre por intermedio de la Conferencia Episcopal de Colombia.
ART. 16.—Terminación. Los convenios de derecho público interno podrán darse por terminados por mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente por el Estado, por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por la cancelación o terminación de la personería jurídica especial o pública eclesiástica, esta última por las autoridades respectivas de la Iglesia Católica.
2. Por incumplimiento de los compromisos adquiridos, cuando los mismos vulneren las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales.
PAR.—la causal a que se refiere el numeral 2º se declarará por decreto del Gobierno Nacional, previa sentencia judicial en firme sobre la ocurrencia de la misma.
ART. 17.—Certificaciones de las personerías jurídicas especiales. El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno y el abogado a quien se le asigne el estudio, con base en el registro público de entidades religiosas, expedirán certificaciones para acreditar la existencia y vigencia de las personerías jurídicas especiales; sobre la representación legal de las mismas; y sobre la vigencia del decreto contenido de los convenios de derecho público interno que celebre el Estado colombiano con esas mismas entidades y con las de derecho público eclesiástico. Tales certificaciones tendrán vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su expedición.
PAR. 1º—Los certificados tendrán un costo equivalente a un cuarto del salario mínimo legal diario. Los datos sobre las consignaciones serán definidos por el Ministerio de Gobierno, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PAR. 2º—La entidad competente para expedir certificaciones sobre la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo 8º del presente decreto, se determinará por acuerdo, ya sea tratado internacional o convenio de derecho público interno, celebrado con la autoridad competente de la Iglesia Católica.
ART. 18.—Terminación. La terminación de cualquier convenio de derecho público interno se hará por decreto del Gobierno Nacional.
ART. 19.—Vigencia. Este decreto rige desde la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 12 de mayo de 1995.