Source: http://sae.gob.mx/es/Quienes/PGenero/MNormat/Documents/Programa%20Nacional%20para%20la%20Igualdad%20de%20Oportunidades%20y%20no%20Discriminaci%C3%B3n%20contra%20las%20Mujeres%202013%20%E2%80%93%202018%20(Proigualdad).htm
Timestamp: 2019-06-16 13:15:05
Document Index: 281379129

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 55']

La situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, impone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de más de la mitad de la población mexicana en el desarrollo.
Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno de los compromisos prioritarios del gobierno federal; sólo con su pleno cumplimiento será posible alcanzar las potencialidades que tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al que aspiramos.
El PND asumió el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial. Sólo así el país podrá aspirar a ser un país democrático y participativo, y será posible alcanzar las cinco metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto: la de un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Para ello, la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de la igualdad sustantiva, es indispensable.
Este programa permitirá, en congruencia con el PND, con la Ley de Planeación y con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados entre sí. Con ello se impulsará la institucionalización de la perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental.
En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer: que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.
En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre sus atribuciones destacan: impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así
como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; proponer, en el marco del PND, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo.
A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos que marcan un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género. En primer lugar, la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la Observancia en Materia de Igualdad y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. En segundo lugar, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ella la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos instrumentos internacionales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y cuyos mecanismos de seguimiento son parte sustancial del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la defensa de los derechos humanos. En este conjunto de responsabilidades internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia de igualdad y erradicación de la violencia que obliga al planteamiento de políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno. Su Protocolo Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de las disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para reivindicar sus derechos humanos.
Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia, están obligadas a no aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales.
Como se señaló, un avance significativo por sus efectos, presentes y futuros sobre el conjunto de los derechos humanos, es la reforma constitucional de 2011 por la cual se consagra el principio pro-persona y adquieren rango constitucional las convenciones, tratados y demás instrumentos internacionales mencionados. El impacto de la reforma constitucional en el marco legislativo de nuestro país, todavía no alcanza todo su potencial transformador, ni despliega sus complejas dimensiones, por lo mismo no es posible aún contabilizar sus múltiples y benéficos efectos a favor de mujeres y niñas.
Para dar cumplimiento al marco legal y como resultado de la coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se incorporó un anexo que determina las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual impulsa la igualdad de oportunidades a partir de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la Administración Pública Federal.
En 2008, los recursos asignados para acciones de igualdad entre mujeres y hombres ascendieron a 7 mil millones de pesos distribuidos en 65 programas presupuestarios, en tanto que para 2013 se aprobaron 18 mil 760 millones de pesos distribuidos en más de 100 programas presupuestarios.
En este sentido, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (todas en 2012). En concreto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se asignen a los programas presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley; que la Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecidos en dicho anexo transversal, y que el sistema del desempeño incluirá indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.
Por su parte, la reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de marzo de 2012, dispone la obligación de incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de igualdad.
En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley de Planeación, que incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género. En suma, la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres es parte del PND, en el marco de
la Ley de Planeación y se consolida en su conceptualización transversal en las cinco metas nacionales y en las 35 líneas de acción específicas para las mujeres mexicanas.
Las atribuciones que emanan de los distintos ordenamientos jurídicos han sido incorporadas al PROIGUALDAD, concebido como un programa que permite la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las dependencias, y en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales a los que obliga el PND. Los ejes rectores de la institucionalización de la perspectiva de género se expresan en seis objetivos transversales alineados con las cinco metas del PND y con sus estrategias y líneas de acción.
No pasa inadvertido que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prevé la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, tomando en consideración la alineación programática prevista en el PND, la coincidencia general de objetivos, así como la necesidad de evitar duplicidades en los programas, y en atención a los Lineamientos para la elaboración de los programas derivados del PND, las estrategias y líneas de acción del instrumento programático anteriormente señalado, se han incluido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD).
El PROIGUALDAD integra seis objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de acción se ordenan, por su naturaleza, en: líneas de acción que permiten la Coordinación de la estrategia con otras dependencias; líneas de acción generales que son de observancia obligatoria para todas las dependencias o entidades; y líneas de acción específicas en las cuales se señala la dependencia o entidad que está obligada a su observancia.
Finalmente, es necesario aclarar que las estrategias y líneas de acción del PROIGUALDAD se realizarán con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal que corresponda, y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de que generen algún impacto presupuestario adicional.
Estrategia transversal de la perspectiva de género
A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas. La discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación en relación con los varones.
La transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema público. El valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con flexibilidad a los problemas.
La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas.
Por ello, los retos de la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer un cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa.
Es en este marco que por primera vez en la historia de México una Administración se compromete a poner en marcha acciones estratégicas de gobierno para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres. El PND señala que se trata de un proceso de cambio profundo que inicia en las instituciones de gobierno, con el compromiso de que en la Administración Pública Federal se eliminen los estereotipos de género, se reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y se lleven a cabo políticas públicas incluyentes y con acciones afirmativas en favor de las mujeres.
Así el Ejecutivo Federal contribuye a que el Estado Mexicano cumpla los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en la Ley de Planeación (artículos 2, 9 y 14) en relación con la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional, y con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y política; e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones
afirmativas a favor de mujeres y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades, con particular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales.
El PROIGUALDAD se concibe como un programa rector que, por un lado, establece los desafíos nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
Finalmente, es importante señalar que en el PND se afirma que el desarrollo nacional le corresponde a la población mexicana, es decir, que se trata de una responsabilidad compartida. Con el PROIGUALDAD, el Ejecutivo Federal asume las políticas de gobierno y las acciones afirmativas en favor de las mujeres para eliminar las desigualdades y erradicar la violencia de género.
El presente diagnóstico muestra la situación actual de las mujeres y las niñas en México; establece los grandes desafíos que plantea la persistencia de desigualdades de género entre los diversos grupos de población, para alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo humano, garantizar el empoderamiento económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la violencia de género en México.
I. Igualdad sustantiva
Históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género. Ante la situación de evidente desigualdad, el Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación de un marco normativo que responde al conjunto de compromisos internacionales suscritos, con la finalidad de garantizar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, todavía se observan importantes lagunas en materia de derechos de las mujeres en el país.
El conjunto de obligaciones que México asumió para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conlleva el compromiso de realizar acciones legislativas especiales para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que permiten la persistencia de la violencia contra las mujeres y respaldan prácticas discriminatorias y sexistas.
Por lo anterior, es necesario un nuevo impulso a la armonización legislativa tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas del país. Armonización que obliga a un trabajo coordinado entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo en materia de reformas constitucionales, de códigos, reglamentos y procedimientos, para garantizar un pleno Estado de Derecho en los tres ámbitos de gobierno.
Los avances en materia legislativa son fundamentales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y para alcanzar la igualdad formal, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; pero no garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto. Por ello es necesario generar políticas públicas integrales que respondan a los marcos normativos permitiendo con ello el desarrollo de acciones encaminadas a lograr la igualdad en los hechos.
II. Políticas culturales y medios de comunicación
Incidir en la cultura y en los medios de comunicación para modificar la imagen social que se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad sustantiva. La industria cultural, de entretenimiento y de información tiene un papel relevante en una revolución cultural, de ahí la importancia de incluir la perspectiva de género en las imágenes y contenidos de los medios que son los que modelan parte de las percepciones sociales. En México, el 94.7% de los hogares cuentan con televisión, hombres y mujeres dedican en promedio 10 horas a la semana a la televisión y 6 horas a diferentes medios de audio.
La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la desigualdad de género. Ante esta realidad prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen un nuevo papel que desempeñar en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia.
Se trata de un gran cambio cultural que exige el trabajo de la sociedad en su conjunto; se trata de los medios de comunicación, pero también de los materiales educativos, de los planes y programas educativos que contribuyen a forjar nuestra identidad nacional. Se trata de cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y niñas, a una respetuosa visibilidad; de la eliminación de los estereotipos, del diseño creativo con perspectiva de género y de la eliminación de imágenes denigrantes.
Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo simbólico y con frecuencia no se perciben los componentes de discriminación, subordinación y violencia que contienen. La evidencia estadística disponible señala que un 22% de las mujeres de 15 años o más, está de acuerdo en que una
esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene; 18.1% en que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja aunque no quiera; 26.6% opinan que si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí se debe quedar. En el México del siglo XXI, un gran número de mujeres tiene que pedir permiso para poder visitar a sus parientes o amistades; para trabajar por un pago; para participar en alguna actividad vecinal o política; para ir de compras; para elegir a sus amistades o para votar por algún partido o candidato.
En la agenda pública, las políticas culturales con perspectiva de género son prácticamente inexistentes. Los esfuerzos en la materia se han limitado a acciones aisladas, impulsadas por algunas instituciones que cuentan con pequeños programas: La mujer y la ciencia', La mujer en la literatura' o Mujeres en el arte'.
La transformación de las prácticas culturales, a partir de políticas que desalienten el uso de estereotipos de género y fomenten una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de sus aportes a la sociedad, contribuirá a modificar los patrones y fomentará el respeto entre mujeres y hombres.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) abren un panorama inédito a mujeres y niñas para informarse, capacitarse y establecer redes de apoyo; es decir, no solamente son útiles para el entretenimiento sino que ofrecen posibilidades de mejorar sus capacidades y con ello su empoderamiento. Por lo anterior es necesario fomentar el uso de las TIC sobre todo en mujeres mayores de 25 años, en quienes se ha observado un menor uso. Los datos muestran que 37.7% de las mujeres y 42.0% de los varones usaron internet con tiempos promedio semanales de seis horas tanto para varones como para mujeres.
III. Igualdad jurídica, procuración e impartición de justicia y erradicación de la violencia
La protección jurídica de los derechos de las mujeres exige la derogación de disposiciones discriminatorias y excluyentes en los tres órdenes de gobierno. La igualdad jurídica o formal significa que las personas tienen los mismos derechos sin importar que sean diferentes entre sí; sin embargo, la inclusión y el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes no garantiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la igualdad sustantiva.
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres señala la aplicación inadecuada de marcos jurídicos y normativos, y el hecho de que los esfuerzos que se llevan a cabo no son integrales, ni están supervisados o evaluados adecuadamente. Recomienda revisar el mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género; activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de las entidades federativas; y establecer mecanismos para supervisar la aplicación de leyes y sancionar a los funcionarios que discriminan a las mujeres. Asimismo y de manera reiterada ha recomendado al Estado Mexicano: "Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos" para diseñar políticas públicas efectivas orientadas a la erradicación de la violencia.
De manera puntual el Comité de la CEDAW ha hecho observaciones sobre las actuaciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México, que frecuentemente reproducen en sus procedimientos la violencia y la discriminación contra las mujeres. El acceso de las mujeres a la justicia entendido como "el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales" se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y otras (caso "Campo Algodonero"). Es importante considerar que hay mujeres más expuestas a la vulneración de sus derechos, porque son víctimas de otras formas de discriminación: por edad, raza, preferencia sexual, situación migratoria o etnia.
México se encuentra en la transición hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se fundamenta en el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado; sistema que fortalecerá el proceso y el respeto de los derechos humanos. Esto representa un desafío y una oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia incorporen la perspectiva de género en su quehacer.
La información disponible señala que un alto porcentaje de la población de 18 años o más confía poco o nada en los jueces (58.3%), en el ministerio público o en las procuradurías de justicia (64.2%). Asimismo apunta que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra mujeres.
La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios. En México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.
En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.
Respecto al feminicidio, la más cruda expresión de la violencia contra las mujeres, hay lagunas importantes en su tipificación, identificación, clasificación y en las penas que se imponen. No se cuenta con una metodología que permita estandarizar el registro de los casos y tampoco con un Sistema Nacional de Información sobre Feminicidios.
El delito de trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La comercialización implícita revela la cosificación de la que son sujetas las víctimas. Ante la ausencia de estadísticas nacionales sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% son mujeres y niñas, lo que muestra una clara brecha de género.
Un problema central en el marco de la impartición de justicia lo constituye la población femenina privada de su libertad. La población penitenciaria está conformada por 95.2% de hombres y 4.8% de mujeres, ello explica que la infraestructura, organización y funcionamiento de los centros de reclusión contemple solamente necesidades masculinas. La situación de las presas presenta irregularidades, aproximadamente 8000 mujeres (74% de las internas) se encuentran recluidas por delitos del fuero común, aunque sólo 48.7% de ellas han sido sentenciadas; en los centros penitenciarios existe una población de casi 400 menores y hay alrededor de 50 internas embarazadas.
En suma, es indispensable contar con estrategias y acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres, estrategias que incidan en los ámbitos educativos, familiares, comunitarios, laborales, en los medios de comunicación, en las dependencias públicas y en todas las organizaciones sociales, estrategias que contribuyan a la sensibilización, visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones de la violencia. Además de acciones de atención para garantizar el acceso de las víctimas a servicios profesionales y especializados en todos los ámbitos.
IV. Agencia, autonomía económica y acceso a recursos productivos
En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de las mujeres en el ámbito laboral sin que esto haya traído aparejado una igualdad real en las condiciones de trabajo, ni en el reparto de las obligaciones domésticas y del cuidado. Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas entre mujeres y hombres. Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en conjunto, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres; el tiempo total de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres de poco más de 50.
Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades remuneradas, su tasa de participación es de 43.5% y la de ellos 77.5%, debido a que tienen que desempeñar trabajos no remunerados en sus hogares. Las mujeres se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como trabajadoras por cuenta propia (23.5%). Las empleadoras sólo representan el 2.5%, mientras que los hombres empleadores alcanzan un 6.1%.
Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% en los servicios sociales.
En el contexto de los micro-negocios, en el caso de los hombres 23% son empleadores y 77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes son 8% y 92% respectivamente. La brecha más grande se observa en los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños de micro-negocios tienen ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro-negocios dirigidos por varones ascienden a 6,802 pesos y por mujeres a 2,947 pesos.
De los poco más de 18 millones de personas ocupadas en el país que cuentan con un trabajo formal, 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% son hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas adultas mayores jubiladas o pensionadas, 73.2% son hombres y 26.8% mujeres.
La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares (tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados y enfermos), trabajo que tiene un valor económico y social, pero que ni recibe una remuneración, ni se distribuye igualitariamente entre mujeres y hombres. La contribución que hacen las personas, básicamente mujeres, al bienestar de las familias con su trabajo no remunerado, se estima en 21.6% del PIB.
Por lo anterior, es necesario generar políticas públicas para apoyar a las mujeres que realizan trabajos no remunerados, políticas de protección social, mecanismos de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para el retiro y de subsidio para la vivienda; operar programas de desarrollo económico y fomento al empleo con perspectiva de género y compatibles con las obligaciones domésticas; diseñar acciones afirmativas para que desde las reglas de operación las mujeres puedan acceder a programas de fomento; aplicar la Ley Federal del Trabajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la igualdad salarial, eliminar el acoso y hostigamiento sexual, erradicar la discriminación por embarazo o maternidad; implementar programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con participación de empresas, gobierno y trabajadoras/es, incrementar la infraestructura para apoyar las tareas del cuidado; ratificar las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras acciones.
V. Bienestar y desarrollo humano
El desarrollo humano, uno de los objetivos del PND, consiste en incrementar oportunidades, capacidades y niveles de bienestar. Entre sus componentes fundamentales se encuentran la educación, la salud y habitar en entornos armónicos tanto privados como públicos.
V.1 Educación.
En general, las tasas de alfabetismo son altas, aunque aún no se alcanza la cobertura total. Datos
censales identifican a los grupos con mayores rezagos educativos: mujeres adultas mayores y mujeres indígenas presentan tasas de analfabetismo de 28.7 y 35.1%. La tasa de asistencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y secundaria es de 96.4 y 86.4% respectivamente; sin embargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela.
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5 años para mujeres y 8.8 años los hombres, lo que significa que aún no alcanzamos la educación básica obligatoria (primaria y secundaria). 43% de las mujeres de 15 años y más no ha completado la educación básica, esto impide el paso hacia la educación media que la ley establece como obligatoria, y repercute en diferentes ámbitos del desarrollo. De la población de 14 años y más que habla lengua indígena, el 12.7% de las mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la secundaria terminada.
Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 16 a 18 años (edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años (edades para la educación superior) es de apenas 23.7%. Análisis recientes afirman que los hombres tienen mayores probabilidades de continuar sus estudios, a pesar de que los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal muestran mayor aprovechamiento de las mujeres desde la primaria hasta la educación media superior.
La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio: sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Nacional de Investigadores señala que apenas 34.1% son mujeres. Por lo anterior, es necesario eliminar sesgos de género en la elección del área de estudio y en el desarrollo profesional de las mujeres e incentivar su participación en ciencias duras y en áreas tecnológicas, de innovación y de nuevas tecnologías, así como en la investigación.
En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alrededor del 90% del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada. 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los agresores.
Para lograr una educación de calidad es necesario disminuir las brechas de género y eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para completar su educación.
Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o incorporada al trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado.
Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con lenguaje incluyente, sin discriminación de género; hay que promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al interior de las escuelas.
Por lo anterior es necesario conformar un sistema integral de evaluación equitativo adecuado a las particularidades regionales del país; establecer horarios escolares armonizados con los horarios de los progenitores trabajadores; modernizar la infraestructura de las escuelas y comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y superior con el sector productivo. Todo ello considerando como eje transversal la perspectiva de género y con especial atención en las necesidades y condiciones diferentes de las y los alumnos: hablantes de lengua indígena, población jornalera agrícola migrante, escolares en situación de pobreza o sin acceso a una alimentación adecuada, problemas de obesidad, discapacidad, así como niñas y niños con capacidades sobresalientes.
V.2 Salud
El acceso de las mujeres a los servicios de salud proviene mayoritariamente de "vías no asociadas al trabajo o a una contratación propia del servicio": 161 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso indirecto, mientras que sólo 58 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso directo. La magnitud de esta brecha es similar entre población pobre y no pobre; 42.3% de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil no tenía acceso a servicios de salud. Lo anterior refleja la condición de dependencia de las mujeres para acceder al sistema de salud, pero también la exclusión que enfrentan diversos grupos de mujeres del sistema de salud.
La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa; las causas de la mortalidad materna son prevenibles. El riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es mayor en las adolescentes; el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna; y 8.6% de los embarazos ocurridos entre 2004-2009 terminaron en un aborto.
Un problema casi desapercibido es que 46.2% de los nacimientos de mujeres de (20-49) años son cesáreas (20.5% programadas y 25.7% por urgencias), porcentaje por encima de la recomendación de la OMS (15%) y del 20% señalado en la propia Norma Oficial Mexicana. En los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó en 50.3%, y su práctica se relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal, mayor número de partos pretérmino y de acretismo placentario en el siguiente embarazo.
La fecundidad adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y de acceso a los
servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva; anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimientos de madres adolescentes, con notables diferencias por nivel de instrucción, tamaño de la localidad y origen étnico. La mayoría de los embarazos adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras, solamente 33.4% de las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.
A esto hay que agregar los obstáculos que tiene la población usuaria para acceder a métodos anticonceptivos de emergencia, sólo en el 20.9% de las unidades de primer nivel de atención evaluadas por el INSP, se mencionó este servicio. En apenas un 50% de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención se cuenta con personal para la promoción en planificación familiar y anticoncepción. Diversos estudios muestran que el desabasto de métodos anticonceptivos es un problema generalizado en el sistema de salud. El acceso a anticonceptivos y servicios médicos está mucho más restringido para las mujeres indígenas.
La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental, sin embargo sólo un 15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a realizarse una mastografía. Mientras que menos de la mitad, 48.5% de las mujeres de 25 a 64 años se hace la prueba de Papanicolau.
La prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años es de 35.3% y la de obesidad de 35.2%. La obesidad es factor de riesgo para la adquisición de enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos son las dos principales causas de muerte de mujeres en México. Respecto a la hipertensión arterial, con una prevalencia que se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, ésta afecta a una de cada tres mujeres.
Particular atención requiere la prevención y atención de las adicciones, específicamente el consumo de drogas y alcohol. La información disponible señala que estas adicciones femeninas se han incrementado en un 20 y 40% respectivamente, entre 2002 y 2011. Los problemas de depresión y de salud mental que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres, también son preocupantes: las mujeres sufren más depresiones que los varones (14.4% versus 8.9%).
Finalmente, se requiere de un esquema integral de atención desde la perspectiva de los servicios de salud para las mujeres discapacitadas. Datos censales contabilizan que en México 5.3% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, con diferencias por sexo en las causas de las discapacidades: en las mujeres sobresalen las enfermedades y la edad avanzada como causas de discapacidad, mientras que en los hombres son los accidentes.
V.3 Corresponsabilidad social
El tiempo total de trabajo (trabajo remunerado y no remunerado) muestra diferencias de género entre los distintos grupos de población. En todos los casos el tiempo destinado al trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres, con mayores brechas para las mujeres rurales e indígenas. Al trabajo remunerado las mujeres le dedican en promedio 39.5 horas por semana (los hombres 47); al trabajo no remunerado un promedio de 39 horas semanales (los hombres poco menos de 12). La mayor carga considerando el trabajo total, remunerado y no remunerado, recae en las mujeres.
Si la mujer es la jefa de hogar dedica en promedio 38.3 horas a la semana al trabajo no remunerado mientras el jefe 13.0 horas; si es la cónyuge, 52.7 horas, el cónyuge varón 22.2 horas; las hijas dedican 22:4 horas y los hijos 9.0; las nueras 47.9 y los yernos 12.8 horas semanales en promedio. Información reciente confirma que en su mayoría, son mujeres las únicas cuidadoras o quienes dedican más tiempo al cuidado en los hogares (entre 60 y 80%).
En México los hogares familiares son la estructura social donde se brindan la mayoría de los cuidados y son las mujeres las que los realizan. El cuidado no es una actividad doméstica más, es un trabajo que obliga a permanecer en el hogar, es una tarea exigente e inflexible. En 2009, la población mexicana que requirió de cuidados de salud se distribuyó en: 6.9 millones de personas con alguna enfermedad temporal, 1.3 millones de personas con alguna limitación física o mental y 3.5 millones de personas con alguna enfermedad crónica. En el país se tiene que cuidar a 30.4 millones de menores de 15 años, 6.8 millones de enfermos temporales, 3.5 millones de enfermos crónicos, 1.2 millones de discapacitados, y a una parte importante de los 10.6 millones de adultos mayores. El cuidado de todas estas personas recae principalmente en las mujeres y no se cuenta con infraestructura social que apoye esta tarea.
Para que las mujeres puedan insertarse en actividades remuneradas o educativas se requiere de una infraestructura social que corresponsablemente comparta el trabajo del cuidado. El reto es cómo conciliar el derecho a la autonomía económica, al acceso y permanencia escolar, a la igualdad de oportunidades, a elegir, a un desarrollo y crecimiento profesional con la exigencia del trabajo no remunerado y los cuidados.
V.4 Vivienda
Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a un 50.6%.
La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de
las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17%.
Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3% de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.
V.5 Entornos seguros y amigables
Los espacios públicos de convivencia comunitaria requieren condiciones adecuadas. Se estima que los costos totales que debe asumir la sociedad mexicana como consecuencia de la inseguridad y el delito representa 1.4% del PIB.
En uno de cada tres hogares en México, 30.6%, alguno de sus integrantes fue víctima de un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las mujeres y al 23.6% de los hombres. Los datos muestran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de los cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo es una pérdida de tiempo.
En cuanto a la percepción de inseguridad, 58.3% de las mujeres y 56.5% de los varones señalan que es el principal problema que tiene el país, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la inseguridad como problema en su comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación de inseguridad en el país mejorará en el futuro.
En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de cada cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas.
El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%). Esto explica porque muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación y reduce sus oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios inseguros que las exponen a ser atacadas.
V.6 Medio ambiente y sustentabilidad.
Los problemas del medio ambiente se encuentran relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, la situación de poblaciones específicas, las fuentes renovables de energía, las políticas de protección y los procesos limitados de innovación tecnológica. La pérdida y deterioro de los recursos naturales menoscaba los niveles y variedad productiva en una comunidad y su entorno, y en casos extremos puede provocar migraciones forzadas.
En 2005 la huella ecológica, indicador relevante de deterioro ambiental, fue de 3.4 hectáreas, superficie mucho mayor que las 1.7 hectáreas de terreno productivo, lo cual muestra el uso no sostenible de los recursos naturales en México.
En áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y es indispensable ofrecer alternativas de uso a las mujeres rurales, indígenas y campesinas para detener la deforestación y la desertificación. En localidades de menos de 2 500 habitantes, el porcentaje de viviendas que usa leña o carbón es de 49.2%; estas viviendas además presentan alguna carencia de otros servicios básicos, relacionados con la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente: 68.6% de las viviendas cuenta con drenaje; y sólo 76.2% dispone de agua entubada.
En relación con el acceso diferencial de mujeres y hombres a los recursos productivos y a la toma de decisiones, hay 4.2 millones de ejidatarios(as) y comuneros(as), de los cuales 19.8% son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por pago de servicios ambientales, y tampoco están representadas en la toma de decisiones para organizar las actividades agropecuarias.
La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante los riesgos de desastres difieren en función de los roles que desempeñan y los espacios en que se desarrollan. Se señala que los desastres naturales tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres, pues son 14 veces más propensas a morir durante un desastre. Además, debido a que sobre las mujeres recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, agua y alimentos), los desastres les acarrean una carga adicional.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para 2010 las áreas de cultivo o pastizales dañados ascienden a 961,525 hectáreas. Esto se encuentra relacionado con la necesidad de seguridad alimentaria de la población y la capacidad de garantizar la disponibilidad de alimentos. La población más pobre y quienes viven en inseguridad alimentaria están en situaciones más vulnerables a los impactos climáticos adversos, y son también quienes poseen menor capacidad para adaptarse.
Para conseguir la sustentabilidad medioambiental se requiere un conjunto de medidas para impulsar la producción de energía limpia y la protección de los ecosistemas, que en conjunto son la base para lograr un desarrollo sustentable. La meta es incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todo el sector medio ambiental. Fomentar la participación de las mujeres y su papel en el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales, y colocarlas como protagonistas en la toma de decisiones para mejorar su posición respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, gestión ambiental y cambio climático.
VI. Participación política y social
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como objetivo proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las mujeres, así como la participación y representación política equilibrada de mujeres y hombres.
La participación de las mujeres en el ámbito político a nivel federal presenta avances. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 12624/2011 que estipula la obligatoriedad de las cuotas de género, así como la integración de fórmulas con suplencias del mismo sexo, establecidas en las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Gracias a ello, en 2012, la representación de mujeres en la Cámara de Senadores alcanzó 33.6% y en la Cámara de Diputados 36.8%; con ello se cumple a nivel federal uno de los ODMs, de alcanzar un mínimo de 30% de mujeres en el Congreso. Sin embargo en los poderes locales, representados por las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013 es de apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndicas representaban en 2011 un 38.5% y un 26.8%. En este ámbito se debe considerar la necesidad de incrementar la participación de las mujeres indígenas y generar estrategias que las lleven a conocer sus derechos.
La presencia de mujeres en los poderes ejecutivo de los tres órdenes de gobierno se encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las mujeres no alcanzan ni un 24%. En cuanto al Ejecutivo Federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5% y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6%.
En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6% eran mujeres.
Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en las estructuras sindicales es de menos de un 4%.
El cambio que está impulsando el Gobierno de la República con la transversalidad del género en la planeación y programación nacional y en las políticas públicas que le competen a cada sector, se centra en reconocer que el Estado Mexicano, esto es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en coordinación y armonía tiene que garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres, compromiso que adquirió México a nivel internacional en las distintas convenciones que ha suscrito (CEDAW, Belém do Pará) y que mandata a los tres poderes, tanto federales como estatales, incluyendo a los municipales; pero, además, compromiso que refrenda el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el PND al comprometer un cambio de fondo, donde los derechos de las mujeres sean respetados y donde el sexismo y la discriminación no sean permitidos.
En este contexto los seis objetivos transversales que contiene el PROIGUALDAD y que se vinculan con las cinco metas del PND, responden a los ejes estratégicos de la agenda de género, donde deben incidir las políticas públicas y las acciones de gobierno en los próximos años.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia configuran gran parte de la agenda nacional para la igualdad de género. Ésta se ha visto enriquecida por las aportaciones que desde la academia, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las diferentes dependencias, organizaciones e instituciones de la administración pública, se hicieron en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración del PROIGUALDAD que se realizó el 22 de julio de 2013, donde se recibieron 556 propuestas; a esto hay que agregar 732 propuestas que se captaron por medio del Foro de Consulta Virtual diseñado para recoger las aportaciones de las personas que no pudieron asistir al Foro presencial; y las aportaciones del Consejo Social del Inmujeres.
Finalmente es importante destacar que la política de igualdad entre mujeres y hombres cuenta en México con dos mecanismos normados por ley para su instrumentación: el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ambos sistemas requieren de modificaciones sustantivas para que el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política de igualdad sustantiva y no discriminación contra las mujeres, oriente, diseñe, monitoree y evalúe la política de igualdad nacional y su concreción en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que son los que instrumentan las acciones planteadas en el PND.
A continuación se presenta cada uno de los objetivos transversales, acompañados de las principales estrategias para alcanzarlos y de las líneas de acción. En el apartado siguiente se presentan los indicadores con sus respectivas metas para el 2018, metas e indicadores que se vinculan con el diagnóstico de la situación actual y con los objetivos del PND.
Es importante señalar que debido a la naturaleza de la perspectiva de género, con frecuencia un objetivo transversal atiende estrategias y objetivos de varias metas nacionales del PND. Esa es una característica particular de la transversalidad de género y por ello en la presentación de cada objetivo se explicitan las metas
nacionales y sus objetivos, vinculados con los objetivos transversales del PROIGUALDAD.
Este objetivo se articula con las cinco metas del PND, pero de manera directa con las metas de un México en Paz, un México Global y un México Incluyente contiene la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades federativas del país, tanto en lo que se refiere a la igualdad sustantiva, como en lo que atañe a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; la trata de personas y la no discriminación.
En el PND este objetivo abarca cuatro estrategias; se vincula con tres objetivos de las metas nacionales, y con cuatro estrategias.
Estrategias y líneas de acción:
Estrategia 1.1 Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales de
derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º Constitucional
1.1.1 Promover la armonización legislativa de los derechos de las mujeres, acorde con el Artículo 1º de la Constitución en entidades federativas.
1.1.2 Promover la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con los tratados y convenciones internacionales.
1.1.3 Promover la armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las entidades federativas.
Segob Inmujeres
1.1.4 Promover la armonización de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en las entidades federativas.
Inmujeres Conapred
1.1.5 Promover la armonización de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en las entidades federativas.
Específica (Semarnat)
1.1.9 Impulsar la armonización de la legislación nacional con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
(Segob y CDI)
1.1.10 Promover la armonización de la legislación nacional y los marcos legislativos vinculados con temas estratégicos: educación, salud, trabajo, desarrollo social.
Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las
mujeres y evitar la discriminación de género
1.2.1 Definir y poner en marcha acciones afirmativas para que las mujeres y niñas gocen de sus derechos en sus comunidades y pueblos.
(Sedesol y CDI)
1.2.2 Difundir los derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, migrantes, adolescentes, pobres, adultas mayores y reclusas.
(Conapred, CDI,
Conadis, Segob Sedesol
y DIF)
1.2.3 Realizar acciones afirmativas para erradicar la discriminación de mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes, pobres, adultas mayores y reclusas.
Conadis, Segob y
Sedesol)
(SEP, Imjuve, DIF,
Conapred, Sedesol)
1.2.6 Fomentar la participación femenina en la planeación y gestión del desarrollo en las comunidades indígenas con enfoque de interculturalidad.
Específica (Sedesol y
1.2.7 Promover las cuotas de género en los sindicatos para asegurar la representación de las mujeres en negociaciones contractuales colectivas.
Específica (STPS)
1.2.8 Promover acciones afirmativas para dotar de identidad civil a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores indígenas y no indígenas, discapacitadas y migrantes.
Específica (Segob)
1.2.9 Incorporar enfoque de género e intersectorialidad en el programa de promoción y defensa de los derechos humanos.
Específica (Conapred y
Segob)
1.2.10 Promover acciones afirmativas para garantizar los derechos de las mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes.
Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y
1.3.1 Impulsar la sentencia 12624 del TEPJF en lo aplicable al registro de las candidaturas de elección popular en el IFE.
1.3.2 Impulsar en el IFE la paridad en la asignación de puestos directivos de los partidos y asociaciones políticas.
1.3.5 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el Poder Judicial.
1.3.6 Impulsar la paridad en presidencias de las comisiones y órganos de gobierno del Poder Legislativo Federal y de los estatales.
1.3.7 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en las comunidades regidas por usos y costumbres.
(CDI, Sedesol, Segob)
1.3.8 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en las empresas y organizaciones sociales.
Específica (STPS y
1.3.10 Promover la adopción de criterios de paridad en cargos directivos del sistema escolar e instituciones de investigación científica y tecnológica.
(SEP y Conacyt)
Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus
1.4.1 Promover ante el IFE la aplicación del 2% del gasto de los partidos políticos destinado a capacitación y desarrollo de liderazgos de mujeres.
1.4.2 Impulsar en el IFE un programa para incorporar a las mujeres pobres e indígenas del medio urbano y rural al padrón electoral.
1.4.3 Ampliar el conocimiento de las mujeres indígenas para utilizar en su beneficio los instrumentos de defensa de sus derechos humanos.
1.4.4 Fortalecer acciones y optimizar recursos para la educación cívica y la difusión de los derechos de las mujeres en condiciones de pobreza.
(CDI y Sedesol)
1.4.5 Impulsar la conformación de organizaciones sociales de mujeres e incentivar su participación en los procesos de consulta ciudadana.
(Segob y Sedesol)
1.4.7 Integrar organizaciones civiles de mujeres en las contralorías sociales de programas sociales, obras públicas, acciones o servicios, para las mujeres.
1.4.8 Promover la creación de observatorios ciudadanos y audiencias críticas para monitorear los avances en la igualdad de mujeres y hombres.
Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad
y el respeto de los derechos humanos
1.5.1 Desarrollar lineamientos y códigos de conducta para que los medios de comunicación eliminen estereotipos e imágenes denigrantes de las mujeres.
1.5.2 Emprender en medios masivos una campaña permanente de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación por razones de género.
(Segob e Inmujeres)
1.5.6 Promover la inclusión de las mujeres de los pueblos indígenas en los medios de comunicación.
Específica (Sedesol,
Segob y CDI)
1.5.7 Impulsar la inclusión de mujeres indígenas en el desarrollo de Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la APF.
(Sedesol, Segob y CDI)
1.5.8 Promover la inclusión de los temas de derechos humanos de las mujeres en los planes de estudio de todos los niveles educativos.
1.5.9 Generar la información estadística que permita medir los avances de género y el cambio social y cultural.
(SNIEG)
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
Este objetivo se articula con las metas de un México en Paz, un México Incluyente y un México con Educación de Calidad y se centra en la necesidad de combatir de manera frontal las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres "entendidas éstas como cualquier forma de acción u omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público."
La violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y las niñas obliga a su visibilización, a tener estadísticas oficiales e información de corte cualitativo que permitan dimensionar correcta y oportunamente todos los tipos y modalidades de violencia de género se expresa en el país.
En el PND este objetivo abarca tres estrategias; se vincula con seis objetivos de las metas nacionales y contribuye a cumplir con siete estrategias.
Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia
contra mujeres y niñas
2.1.1 Fortalecer las acciones para la detección de la violencia contra las mujeres y las niñas en el sistema de salud.
2.1.2 Impulsar el cumplimiento de la Norma de Salud 046SSA2-2005.
2.1.3 Desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos.
2.1.4 Eliminar cualquier imagen, contenido o estereotipo sexista y/o misógino de libros de texto en educación básica, media y media superior.
2.1.5 Promover la elaboración de códigos de conducta y guías para la eliminación de contenidos misóginos y discriminatorios.
Conapred Inmujeres
2.1.6 Eliminar estereotipos sexistas y/o misóginos en los mensajes o anuncios de publicidad.
2.1.7 Eliminar la exhibición o tolerancia de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación impresos y audiovisuales.
2.1.8 Elaborar una guía y promover acciones para eliminar la estigmatización de las víctimas de feminicidios y delitos sexuales en los medios.
(Conavim)
2.1.9 Realizar campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y los contenidos de la LGAMVLV.
2.1.10 Promover el conocimiento de las mujeres sobre la localización de los servicios de atención a la violencia de género.
Estrategia 2.2 Promover conductas y prácticas no violentas, respeto a las mujeres y resolución
pacífica de conflictos en escuelas y familias
2.2.1 Establecer códigos de conducta en las escuelas para eliminar la violencia entre varones, mujeres, niñas y adolescentes.
(SEP y Conapred)
SNIMH
2.2.2 Establecer mecanismos de detección y sanción del maltrato docente.
2.2.3 Promover la creación de una instancia para recibir y atender denuncias de maltrato, hostigamiento y acoso sexual en las escuelas.
2.2.4 Establecer un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el sistema escolar.
2.2.5 Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxiliares para educar en la no violencia, la tolerancia, las nuevas masculinidades.
2.2.6 Incorporar en los planes de estudio el tema de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
2.2.7 Promover la formación docente sensible al género, el respeto a los derechos humanos y la no violencia.
2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar.
(SEP, Segob, DIF,
Sectur y SSA)
2.2.9 Desarrollar campañas y acciones de prevención sobre la explotación y trata de personas.
(Segob, Sectur y PGR)
2.2.10 Promover campañas efectivas de sana convivencia e integración familiar.
(Segob y Conapo)
Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y
Dependencia/ entidad
2.3.1 Fortalecer a las IMEF y a las IMM con unidades de atención, referencia y contrarreferencia para las mujeres y niñas víctimas de violencia.
2.3.2 Fortalecer y estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en las denuncias y casos de violencia.
2.3.3 Fomentar el funcionamiento de los servicios de atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
2.3.4 Estandarizar el procedimiento para la expedición y aplicación de las órdenes de protección y garantizar su expedición.
(Segob y Conavim)
2.3.5 Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito.
(PGR, Sedesol, SSA y
2.3.6 Incrementar y mejorar los refugios para las víctimas de trata y diferenciarlos de los de atención a otros tipos de violencia.
(PGR y Segob)
2.3.7 Crear módulos de atención y orientación a las personas víctimas de violencia de género a nivel estatal y municipal.
2.3.8 Integrar un registro de acosadores, hostigadores y agresores sexuales familiares, laborales, escolares, institucionales y en el transporte público, integrado a BANAVIM.
(Segob-Banavim, DIF,
SSA y PGR)
SNPASEVCM
2.3.9 Impulsar la creación de un 01800 en todo el país para direccionar a víctimas de violencia.
2.3.10 Consolidar la instrumentación de los Protocolos Alba y Amber y promover un sistema nacional de información sobre personas desaparecidas.
Estrategia 2.4 Garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas,
migrantes internas, transmigrantes y jornaleras
2.4.1 Traducir con enfoque de interculturalidad y en lengua indígena, el contenido de la LGAMVLV y los servicios que se prestan.
(Sedesol, Conapred y
2.4.2 Realizar campañas radiofónicas en lenguas indígenas para difundir los contenidos de la LGAMVLV, los servicios y líneas telefónicas de atención.
(Segob, Sedesol,
Conapred y CDI)
2.4.3 Difundir en espacios públicos los teléfonos de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.
2.4.4 Incorporar acciones dirigidas a los servicios de atención de la violencia en contra de niñas y mujeres jornaleras.
2.4.5 Promover la formación de personal indígena, para brindar servicios de atención a mujeres, niñas y adultas mayores, víctimas de violencia.
(Sedesol, Segob,
2.4.6 Incorporar en los fondos destinados a municipios indígenas, compromisos con autoridades para erradicar: venta de mujeres y niñas y matrimonios forzados
2.4.7 Sensibilizar y capacitar a las autoridades indígenas en los contenidos de la LGAMVLV.
2.4.8 Integrar una Red de Promotores de la no violencia hacia las mujeres y nuevas masculinidades no violentas, en comunidades indígenas.
(Sedesol, SEP, Segob,
2.4.9 Integrar programas de prevención y atención de la violencia para mujeres discapacitadas y migrantes en sus programas especiales.
(INM y Conadis)
2.4.10 Traducir en lenguajes Braille y de señas contenidos y alcances de la LGAMVLV y teléfonos de servicios para su atención.
(CDI, Segob y Sedesol)
Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia, sin
discriminación a mujeres y niñas
2.5.1 Impulsar la creación de unidades especializadas en violencia y delitos contra las mujeres en las instituciones de procuración de justicia.
2.5.2 Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres y elaborar indicadores de impacto.
2.5.3 Promover la aplicación de protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales y de impartición de justicia con perspectiva de género.
2.5.4 Propiciar la tipificación del delito de trata de personas en las entidades federativas.
2.5.5 Propiciar la tipificación y el registro del feminicidio en las entidades federativas.
2.5.6 Fortalecer la formación del Ministerio Público Federal, peritos técnicos, intérpretes, traductores y jueces, con enfoque de género.
2.5.7 Impulsar la creación de un sistema de Defensoría Pública, para seguimiento de tratados y convenciones internacionales de la mujer.
2.5.8 Impulsar la creación de un sistema de Defensoría Pública con abogadas/os indígenas con perspectiva de género e interculturalidad.
2.5.9 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de mujeres y niñas migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro.
2.5.10 Fortalecer la generación de estadísticas de género en la procuración e impartición de justicia en el SNIEG.
El México próspero al que aspiramos requiere que las mujeres participen con más intensidad en los mercados de trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten con los recursos económicos que les permitan desarrollar sus potencialidades económicas y productivas. El contar con recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones de violencia, dependencia, exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de género que tiene el país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.
La patriarcal división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a asumir toda la carga de los trabajos
domésticos en sus propios hogares y los muy demandantes cuidados que distintos grupos poblacionales requieren, limitan la participación de las mujeres en actividades productivas o las sobrecargan de responsabilidades impidiendo su acceso en condiciones de igualdad con los varones al trabajo remunerado. En este contexto la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se concibe como la estrategia para que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva.
En el PND este objetivo se encuentra inmerso en la meta de México Próspero, pero también aborda cuestiones de México Incluyente e incide en seis estrategias; el objetivo transversal 3 se vincula con siete objetivos de las metas nacionales y contribuye a impulsar las estrategias de las metas nacionales.
Estrategia 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado
3.1.1 Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo.
(STPS, SE y
Sectur)
3.1.2 Promover la certificación de competencias para fortalecer la empleabilidad de las mujeres.
Sectur y SEP)
3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para ampliar sus oportunidades y mejorar sus ingresos.
3.1.4 Realizar capacitación laboral para incrementar la inclusión de las mujeres con discapacidad, en el sector productivo.
(STPS y Conadis)
3.1.5 Impulsar incentivos a las empresas que contraten al menos 40% de personal femenino en su plantilla laboral.
3.1.6 Ofrecer incentivos a las empresas que provean servicios de cuidado infantil a sus trabajadoras y trabajadores.
3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles para mujeres de comunidades con altos niveles de marginación.
(Sedesol, SE y
3.1.8 Generar alternativas de trabajo remunerado e ingreso para mujeres jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.
3.1.9 Establecer medidas que disminuyan el costo de las empresas por el seguro de maternidad.
Estrategia 3.2 Promover el acceso de las mujeres al empleo decente
3.2.1 Impulsar la creación de una instancia en la STPS para incentivar el cumplimiento del Convenio 100 de OIT.
3.2.2 Adecuar procedimientos para garantizar la seguridad social de las mujeres de acuerdo con sus ciclos laborales.
3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la seguridad social de las mujeres entre los diversos subsistemas.
(STPS, IMSS,
ISSSTE y Consar)
3.2.4 Promover el derecho de protección social universal de las mujeres.
3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, incluyendo salario y seguridad social.
(STPS y Sedesol)
3.2.6 Promover la incorporación de cláusulas que incluyan los intereses y demandas de las mujeres, en los contratos colectivos.
3.2.7 Promover acciones afirmativas para facilitar la participación de las mujeres sindicalizadas en los mecanismos de concertación entre los sectores productivos.
3.2.8 Promover acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en espacios laborales tradicionalmente muy masculinizados.
(Sedena, Semar y
Estrategia 3.3 Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso
de las mujeres al financiamiento productivo
3.3.1 Impulsar la creación de la Banca para la Mujer, como banca de desarrollo con asesoría financiera, técnica, tecnológica y comercial a emprendedoras.
3.3.2 Incentivar que las cajas y cooperativas accedan a los fondos del micro-financiamiento con esquemas amigables para las mujeres.
3.3.3 Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedoras.
3.3.4 Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos productivos.
(SE, Sedesol y
3.3.5 Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa.
(SE y Sedesol)
3.3.6 Articular cadenas productivas y comerciales de micro y Pymes de emprendedoras mediante incentivos crediticios, capacitación y acompañamiento institucional integral.
3.3.7 Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y fondos que promuevan sus posibilidades emprendedoras.
3.3.8 Diseñar proyectos de economía social para emprendedoras con perspectiva de inversión rentable no asistencialista.
(SE, Sagarpa y
3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los contratos constitutivos de los fondos establecidos para proyectos productivos.
3.3.10 Generar las estadísticas económicas para conocer y evaluar la situación económico-financiera y su impacto en el bienestar de las mujeres.
Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e
información de mercados, para fines productivos
Semarnat, SE y
3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por medio de la asistencia técnica.
(SE, Sectur,
Sagarpa, SCT y
3.4.4 Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerencias de las empresas de las mujeres en la economía social.
3.4.6 Fortalecer a MiPyME's artesanales, turísticas, industriales o agrícolas de mujeres, con asesoría técnica.
(SE, Sagarpa,
Sectur y Fonart)
Conanp, Conafort y
3.4.10 Promover el uso de la información de los mercados en los proyectos productivos de las mujeres.
Estrategia 3.5 Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y
los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado
3.5.1 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT.
3.5.2 Impulsar la conformación de empresas sociales que brinden servicios de cuidado con esquemas mixtos de trabajo remunerado y voluntario.
3.5.3 Fomentar el crecimiento de los servicios de guarderías y centros de cuidado diario para dependientes, con horario extendido.
3.5.4 Impulsar la creación de casas de día para discapacitados, ancianos y enfermos crónicos, en el sector social y en la asistencia privada.
Estrategia 3.6 Reconocer los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico
3.6.1 Instrumentar esquemas de protección y seguridad social para las personas que realizan trabajos domésticos remunerados.
3.6.2 Diseñar esquemas de acceso a los servicios de salud para las trabajadoras domésticas remuneradas.
(Sistema Nacional
de Salud)
3.6.3 Promover la organización mutualista de las trabajadoras domésticas remuneradas.
3.6.4 Promover la capacitación y la certificación de las trabajadoras domésticas remuneradas para mejorar su empleabilidad.
3.6.5 Promover guarderías para los hijos e hijas de las trabajadoras domésticas remuneradas.
3.6.6 Promover el reconocimiento social del trabajo doméstico sea éste remunerado o no.
(Sedesol, Segob y
3.6.7 Generar mejores estadísticas sobre el trabajo doméstico remunerado y no remunerado.
Estrategia 3.7 Impulsar políticas que compensen a las mujeres en relación al trabajo doméstico no
remunerado y de cuidado que realizan en los hogares
3.7.1 Promover los acuerdos del Consenso de Brasilia sobre reconocimiento del valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado.
3.7.2 Promover políticas y campañas que posibiliten la corresponsabilidad familiar en el ámbito privado.
3.7.3 Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de vivienda para hogares con jefatura femenina en municipios prioritarios.
3.7.4 Generar programas que incentiven la asistencia a la escuela de mujeres adolescentes y jóvenes dedicados al trabajo doméstico no remunerado.
3.7.5 Consolidar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo como instrumento de sustento para las políticas públicas de género.
3.7.6 Generar estadísticas con perspectiva de género sobre el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado.
Un México Incluyente es uno de los mayores retos que tiene México como país. Desde la agenda de las mujeres, las brechas de género en temas fundamentales como hogares y viviendas, educación, salud, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura, deporte, recreación, son evidentes. De ahí la enorme importancia que tienen las acciones afirmativas para poder reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Por ello, el compromiso del Gobierno apunta a un desarrollo humano integral de las mujeres como elemento fundamental para poder desarrollar sus potencialidades. El hecho de garantizar un desarrollo integral de las capacidades de las mujeres requiere de cambios a fondo en las políticas educativas, de salud, de desarrollo y seguridad social; además de cambios profundos en la forma como interactuamos con el medio ambiente; y de romper con estereotipos, prejuicios y barreras culturales que impiden la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y las marginan o segregan. Este objetivo incide, además, de manera directa, en un México con Educación de Calidad.
El objetivo se concentra en cuatro de las estrategias del PND: impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el
Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios; incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en las relacionadas con las ciencias y la investigación; robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano; y promover la participación igualitaria de las mujeres en actividades culturales. Se relaciona con seis metas nacionales, y contribuye a consolidar y cumplir con un amplio conjunto de estrategias de las metas nacionales.
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos
4.1.1 Incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina, principalmente indígenas, rurales y pobres.
(Sedesol, Sagarpa y
4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con carencia alimentaria a un sistema de protección social y capacitarlas para el autocuidado.
(SSA y Sedesol)
4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas en hogares carentes con jefaturas femeninas.
(SSA, Sedesol,
SEP y Sagarpa)
4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios básicos en materia de salud y educación.
(Sedesol, CDI, SSA
y SEP)
4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las niñas y mujeres indígenas en hogares con jefatura femenina.
(Sedesol,
CDI y Sagarpa)
4.1.6 Garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios de prevención y atención en salud sexual y reproductiva.
4.1.7 Garantizar servicios de salud básicos, de prevención y atención a las mujeres reclusas y a sus hijos e hijas.
(SSA y Segob)
4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento para adquisición y mejora de la vivienda para las jefas de hogar.
4.1.9 Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de hogar con empresas de responsabilidad social.
Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el
4.2.1 Fortalecer y mejorar la infraestructura de los servicios de salud para las mujeres en todos sus ciclos de vida.
4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud.
4.2.3 Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho al consentimiento previo e informado, incluyendo a población indígena.
4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.
4.2.5 Instrumentar acciones para facilitar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia en todo el sistema de salud.
4.2.6 Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados y ETS especialmente dirigidas a población femenina adolescente y joven.
4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad.
4.2.8 Reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal con enfoque de interculturalidad.
4.2.9 Impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar en todo el sector salud a nivel nacional.
4.2.10 Fortalecer la prevención y atención de las adicciones con perspectiva de género
4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres.
(Sedatu y Sedesol)
4.3.2 Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres.
4.3.3 Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mujeres.
4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores.
4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados a la propiedad de la vivienda.
4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas mayores tengan acceso a la propiedad de una vivienda.
4.3.7 Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda.
Estrategia 4.4 Desarrollar acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema
educativo, áreas del conocimiento e investigación
4.4.1 Proveer y otorgar becas para elevar la retención femenina en educación media superior y superior.
4.4.2 Impulsar acciones afirmativas en becas de licenciatura y posgrados para la integración de mujeres en carreras científicas y técnicas.
4.4.3 Promover la incorporación de las niñas y jóvenes en el manejo y conocimiento de las TIC.
4.4.4 Impulsar el incremento de las escuelas de tiempo completo en todo el territorio nacional.
4.4.5 Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus estudios.
4.4.6 Desarrollar un marco normativo administrativo que garantice la retención escolar de madres adolescentes y estudiantes embarazadas.
4.4.7 Incentivar el acceso de las mujeres indígenas en todos los niveles de educación mediante el otorgamiento de becas.
4.4.8 Impulsar una cruzada nacional para abatir analfabetismo y rezago escolar con especial atención en niñas, adolescentes jornaleras agrícolas y migrantes.
(SEP y Sedesol)
4.4.9 Promover la educación básica y media superior de las mujeres con discapacidad, con VIH-SIDA y adultas mayores.
4.4.10 Desarrollar acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores.
Estrategia 4.5 Fortalecer las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas
hacia las mujeres y niñas
4.5.1 Procurar la construcción y adecuación de espacios escolares deportivos con infraestructura y servicios que contemplen las necesidades de las mujeres.
(SEP y Conade)
4.5.2 Fortalecer la formación deportiva de niñas, adolescentes y jóvenes que incremente su participación en competencias nacionales e internacionales.
4.5.3 Diversificar las actividades deportivas de las mujeres en las escuelas de educación básica y media superior.
4.5.4 Promover que todos los programas de fomento deportivo se diseñen con perspectiva de género.
4.5.5 Fomentar las actividades deportivas para mujeres adultas en los municipios.
(SEP, Conade e
INAFED)
4.5.6 Promover círculos de lectura y apreciación literaria presenciales y virtuales para mujeres trabajadoras remuneradas y no remuneradas.
4.5.7 Incentivar la creación de empresarias de industrias culturales con acciones específicas para mujeres creadoras y artesanas.
(Conaculta, Fonart,
SE y STPS)
4.5.8 Implementar talleres de cultura y arte: música, pintura, teatro, cine, danza y creación literaria, para niñas, adolescentes y jóvenes.
(Conaculta y SEP)
4.5.9 Fomentar y promover talleres y espacios de expresión artísticas para las mujeres.
4.5.10 Promover expresiones artísticas que contribuyan a la eliminación de los estereotipos de género.
(SEP y Conaculta)
Estrategia 4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la cruzada contra
4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a niñas y mujeres embarazadas.
SSA y Sagarpa)
4.6.2 Fomentar la generación de ocupaciones entre las mujeres pobres, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.
4.6.3 Fortalecer los programas de becas para niñas que viven en los municipios de la cruzada contra el hambre.
4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad para mujeres en pobreza.
Específica (Sedatu
4.6.5 Consolidar los programas de infraestructura básica de electricidad y alcantarillado que beneficie a las mujeres en zonas de alta marginación
(Sedesol y CFE)
4.6.6 Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en zonas de alta marginación
Específica (Sedesol
y Conade)
4.6.7 Fortalecer la estrategia de inclusión y bienestar social para niñas y mujeres que viven en municipios de la cruzada contra el hambre
4.6.8 Desarrollar programas para abatir la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez
Estrategia 4.7 Impulsar acciones afirmativas para las adultas mayores
4.7.1 Fortalecer los esquemas de financiamiento para vivienda dirigidos a adultas mayores.
(Conavi, Sedatu e
4.7.2 Diseñar esquemas de apoyos para el trabajo de cuidado que realizan las adultas mayores
(Sedesol, Conapo e
Inapam)
4.7.3 Garantizar un acceso oportuno y de calidad a la atención geriátrica de mujeres mayores.
4.7.4 Promover los programas dirigidos a adultas mayores para concluir grados escolares de la educación formal.
(SEP, INEA y DIF)
4.7.5 Fomentar los programas de turismo y esparcimiento dirigidos a mujeres mayores.
4.7.6 Fomentar programas de pensión alimentaria para adultas mayores.
4.7.7 Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a requerimientos específicos de las adultas mayores.
(Conade, Sedesol,
DIF, Inapam y SSA)
4.7.8 Diseñar programas sociales específicos para jefas de hogar adultas mayores
(Sedesol e Inapam)
4.7.9 Realizar campañas de difusión de la contribución de adultas mayores en actividades domésticas y de cuidado de hogares.
4.7.10 Fortalecer la política de envejecimiento activo promoviendo el acceso al desarrollo de capacidades de adultos mayores.
Un México en Paz exige esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en donde el respeto de y hacia las personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación de propiciar que todos los espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia, respeto la integridad física y a la libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros y se pueda contar con servicios comunitarios para realizar actividades recreativas, sin una sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas.
El derecho a contar con espacios de convivencia libres de temor, de miedo a ser víctimas de una agresión delictiva, de una agresión física o sexual, con tolerancia cero hacia conductas impropias que se expresan mediante la agresión verbal o el acoso a mujeres, niñas y niños en espacios públicos. Esto aunado al derecho a transitar libremente y sin temor, a cualquier hora del día, por las calles y en los transportes públicos, son parte de una agenda de género básica: el derecho a disfrutar de la convivencia social y a realizar actividades de recreación, deportivas, formativas, culturales o políticas sin miedo.
Por ello se hace imperativo intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la seguridad comunitaria con medidas de autocuidado, protección ante factores de riesgo y participación corresponsable con las autoridades de seguridad pública.
En el PND este objetivo transversal se encuentra explícito en la estrategia de incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres; e incide tanto en el México en Paz, como en el México Próspero y el México Incluyente. Se expresa en varios objetivos; y se vincula con un amplio conjunto de estrategias de las metas nacionales.
Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad
pública, prevención de la violencia y la delincuencia
5.1.1 Generar mapas de riesgo de violencia comunitaria por género y edad a partir de indicadores delictivos, de lesiones, denuncias, llamadas, etc.
5.1.2 Difundir entre las mujeres información sobre riesgos y modus operandi de la delincuencia y generar una cultura de seguridad personal.
(Segob, CNS y PGR)
5.1.3 Promover programas de vecinos vigilantes para la protección de mujeres y niñas.
5.1.4 Incorporar acciones especiales para reducir conductas, prácticas violentas y de riesgo entre varones adolescentes y jóvenes en los espacios comunitarios.
5.1.5 Mejorar la coordinación entre gobiernos y promover la eficacia en la atención de denuncias de mujeres y niñas.
5.1.6 Integrar comités ciudadanos, observatorios sociales y redes ciudadanas incluyendo las virtuales de mujeres, para la seguridad comunitaria.
(Sedesol, Segob, y
5.1.7 Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y ancianas en los entornos comunitarios.
(Segob y Sedatu)
5.1.8 Promover medios de resolución de conflictos comunitarios, barriales, escolares, y otros que afecten la seguridad de mujeres y niñas.
Estrategia 5.2 Incorporar el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a
emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos
5.2.3 Incorporar las necesidades y riesgos de mujeres y niñas en el diseño de los planes de evacuación o desalojo.
5.2.4 Incorporar la perspectiva de género en los programas de Protección Civil.
5.2.5 Promover la integración de comités de protección civil en zonas de riesgo de desastre con participación de mujeres de todas las edades.
5.2.7 Respetar el derecho a la intimidad de las mujeres durante la evacuación, la atención y la emergencia.
(Segob, Sedena y
Estrategia 5.3 Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno
5.3.1 Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, pasos peatonales, etcétera para incrementar la movilidad segura de mujeres y niñas.
5.3.2 Fomentar la construcción, conservación y remodelación del espacio público con condiciones adecuadas y seguras para mujeres, niñas y niños.
5.3.3 Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad de mujeres y niñas.
5.3.4 Promover acciones de seguridad en el transporte y esquemas de movilidad segura para mujeres en cualquier tipo de transporte.
5.3.5 Mejorar espacios e instalaciones para mujeres, niñas, adolescentes, discapacitadas y adultas mayores en instalaciones públicas dedicadas al transporte.
5.3.6 Promover estímulos para que las empresas del transporte adopten acciones de movilidad segura para mujeres y niñas.
5.3.7 Promover la capacitación y certificación de operadores de transporte a favor de la seguridad vial y la movilidad segura con perspectiva de género.
5.3.8 Promover espacios exclusivos para mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad en el transporte público.
5.3.9 Promover la instalación de sistemas de video-vigilancia en el transporte público para identificar a agresores de mujeres y niñas.
5.3.10 Promover módulos de atención expedita y eficiente para denuncias de violencia y delitos en el transporte público.
Estrategia 5.4 Promover construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la
seguridad de las mujeres, la convivencia familiar y la recreación
5.4.1 Fomentar diseños urbanos compactos con perspectiva de género para impulsar la conciliación, convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación.
5.4.2 Incorporar la participación de mujeres para mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales.
5.4.3 Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad en pro de una movilidad segura.
(SCT, Sedatu y
5.4.4 Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos para convivencia familiar.
5.4.5 Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en vialidades urbanas primarias para la protección de mujeres, niñas y niños.
5.4.6 Promover la construcción de espacios de convivencia comunitaria para mujeres y niñas.
5.5.1 Incorporar perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
(Semarnat
Para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se tienen que fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para ello es indispensable contar con instancias coordinadoras que posibiliten la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la institucionalicen, estas instancias son los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel municipal y por entidad federativa que junto con el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal, tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género.
El contar con instancias coordinadoras, para superar las desigualdades que hay contra las mujeres no sólo permite avanzar en lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito federal, estatal y municipal, sino que promueve a las áreas de género en las dependencias de la administración pública, con la responsabilidad de insertar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas y acciones del gobierno por medio de acciones en pro de la igualdad.
Adicional a la coordinación entre todos los sectores, se requiere de la coordinación de acciones y agendas entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para poder establecer la plataforma de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como en los poderes legislativo y judicial de cada estado.
El PND encuentra la concreción de la perspectiva de género en las acciones de política pública del PROIGUALDAD y, particularmente, en este objetivo que es el que centra en lo que mandatan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por tanto, este objetivo transversal incide en las cinco metas nacionales: México en Paz, México Próspero, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global, pero también en las estrategias transversales de un gobierno cercano y moderno, y con democratizar la productividad.
Estrategia 6.1 Monitorear y evaluar el avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad
6.1.1 Integrar los derechos humanos de mujeres y niñas, en las legislaciones y reglamentos nacionales, de acuerdo al Artículo 1° Constitucional.
6.1.2 Promover los acuerdos legislativos necesarios para las reformas en favor de la armonización de los marcos normativos.
6.1.3 Promover la aplicación de convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, en los tres Poderes de la Unión.
6.1.4 Garantizar el cumplimiento de las sentencias de organismos nacionales e internacionales en las violaciones a los derechos de las mujeres.
6.1.5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
6.1.6. Coordinar la difusión de campañas masivas de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y ambientales de las mujeres y las niñas.
6.1.7 Disponer de información de calidad, oportuna y confiable sobre los avances legislativos.
Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia
y el desarrollo político.
6.2.2 Desarrollar medidas para impulsar la paridad de género en la participación política en los tres niveles de gobierno.
6.2.3 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor de la paridad en los cargos del Poder Judicial.
6.2.4 Desarrollar medidas y acciones para promover la paridad en los cargos en el Poder Legislativo.
6.2.5 Desarrollar y promover medidas a favor de la paridad en los cargos directivos de las empresas privadas y dependencias públicas.
(STPS y SFP)
STPS y SFP
6.2.6 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor de la paridad en los cargos directivos de las organizaciones civiles.
6.2.7 Desarrollar y promover acciones a favor de la paridad en los cargos directivos y programas de los medios de comunicación.
6.2.8 Desarrollar y promover medidas a favor de la paridad en los cargos directivos de los centros educativos y de investigación.
6.2.9 Promover medidas a favor de la paridad en el sector privado.
Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas
6.3.2 Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación institucional en materia de género en entidades federativas y municipios.
6.3.3 Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los gobiernos de las entidades federativas y municipios.
6.3.4 Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para la igualdad.
6.3.5 Evaluar los programas que promueven la reducción de la brechas de desigualdad de género en el Programa Anual de Evaluación.
6.3.6 Desarrollar y promover la adopción de marcos, directrices, manuales e indicadores, para la política nacional de igualdad de género.
6.3.7 Incorporar los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad en la mejora de la gestión y el presupuesto por resultados.
6.3.8 Consolidar el desarrollo de las estadísticas para la igualdad, estableciéndolas como información de interés nacional.
Estrategia 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los tres
6.4.1 Integrar los objetivos de la Política Nacional de Igualdad en los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
6.4.2 Incorporar la perspectiva de género en los Convenios Únicos para el Desarrollo.
6.4.3 Promover la cooperación y corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en las metas de la Política Nacional de Igualdad.
6.4.4 Definir una distribución de competencias en políticas de igualdad sustantiva con criterio de subsidiaridad en los tres órdenes de gobierno.
6.4.5 Involucrar a la APF y a los gobiernos estatales en el cumplimiento de los acuerdos del SNIMH.
(SNIMH)
6.4.6 Establecer metas con legislativos federal y de entidades federativas para la armonización legislativa y reglamentaria en materia de derechos de las mujeres.
6.4.7 Acordar con el Poder Judicial Federal y con los estatales la aplicación de convenios y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres.
6.4.8 Desarrollar y promover la adopción de acciones afirmativas, de igualdad y no discriminación, en las instituciones de las entidades federativas.
6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y a las IMM.
Estrategia 6.5 Orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la Política
Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
6.5.1 Estandarizar y normar los contenidos y métodos para la capacitación y formación en políticas de igualdad de género.
6.5.2 Promover la certificación de competencias en funciones estratégicas para la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
6.5.3 Capacitar en la Ley de Migración y su Reglamento y sobre el tema de trata de personas a funcionarios de migración.
6.5.4 Crear y fortalecer a las Unidades de Género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad.
6.5.5. Integrar un acervo público con los resultados de los programas, proyectos e intervenciones financiadas con los recursos para la igualdad.
6.5.6 Establecer un sistema de indicadores para medir la aplicación de las convenciones y tratados internacionales en cuestiones de género.
(SRE e Inmujeres)
6.5.7 Propiciar la cooperación técnica en el ámbito internacional para intercambio de conocimiento y buenas prácticas de género.
6.5.8 Fortalecer la presencia internacional de México en foros, organismos y mecanismos ligados al género.
Estrategia 6.6 Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y
6.6.1 Mejorar y consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
6.6.2 Consolidar la articulación entre el SNIMH y el SNPASEVCM.
6.6.3 Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la participación de las entidades federativas.
6.6.4 Incorporar la participación de organizaciones sociales y la academia en el diseño y evaluación de políticas de igualdad.
Inmujeres Coneval
6.6.5 Promover acciones vinculantes de las instituciones y entidades de la APF entre el SNIMH y el SNPASEVCM eficientando recursos materiales y humanos.
6.6.6 Generar información estadística oportuna y de calidad en el marco del SNPASEVCM sobre principales factores de violencia.
6.6.7 Consolidar un sistema de información estratégico de violencia contra las mujeres.
Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no
6.7.2 Promover acciones para la corresponsabilidad familia-trabajo en las mujeres y hombres que se desempeñan como servidores públicos.
6.7.4 Establecer medidas para erradicar la discriminación y violencia en la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios.
6.7.5 Fomentar estímulos y recompensas en las dependencias que promuevan la igualdad y la paridad.
6.7.6 Impulsar las auditorias de género y los informes de avances para la igualdad en los programas de los organismos autónomos.
Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
Evolución de la meta
Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios
Número de mujeres que ocupan puestos de elección popular en municipios con respecto al total de personas en estos puestos.
P=(Presidentas/TPresidentes)*100
Presidentas: Número de mujeres presidentas municipales en el país;
TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes municipales en el país.
R=(Regidoras/TRegidores)*100
Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el país;
TRegidores: Número total de regidoras y regidores municipales en el país.
S=(Síndicas/TSíndicos)*100
Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el país;
TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos municipales en el país.
Los periodos constitucionales locales y federales son diferentes por lo cual se considerará el mes de octubre para realizar las comparaciones anuales.
Segob, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Sistema Nacional de Información Municipal.
En el caso de presidentas municipales se estima un incremento promedio anual de 1.6%; para Regidoras se estima un incremento anual de 1.6% y para síndicas de 3.3%. La información está sujeta a la actualización que realiza el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) una vez que las personas toman posesión de sus cargos.
Presidentas municipales:5.5%
Regidoras: 32.6%
Síndicas: 18.7%
Presidentas municipales:6.9%
Regidoras: 38.5% (2011)
Síndicas: 26.8% (2011)
Presidentas municipales: 15%
Regidoras: 50%
Síndicas: 50%
PM: 8.5%
Regidoras: 43.4%
Síndicas: 36.7%
PM: 10.1%
Regidoras: 45.1%
Síndicas: 40.1%
PM: 11.8%
Regidoras: 46.7%
Síndicas: 43.3%
PM: 13.4%
Regidoras: 48.4%
Síndicas: 46.7%
Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.
Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia
Número de mujeres atendidas en centros de atención para mujeres en situación de violencia.
SSA, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas, Inmujeres.
Artículo 55. Los refugios deben ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos (LGAMVLV).
Se prevé un incremento anual promedio de 1,126 mujeres atendidas en este tipo de establecimientos.
Delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales
Número de delitos en materia penal sobre violación, abuso sexual, trata de personas y feminicidio.
Se consideran los delitos de violación simple, violación equiparada, abuso sexual, trata de personas y feminicidio registrados en los expedientes y asuntos en materia penal abiertos durante el año de referencia.
Expedientes o asuntos ingresados son todas aquellas causas, expedientes, tocas o asuntos registrados por los órganos jurisdiccionales en materia penal del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia.
Anual. El registro se publica aproximadamente 10 meses posteriores al cierre del año.
INEGI. Censo Nacional de Gobierno. Poder Judicial Estatal. Impartición de Justicia. Tabulados básicos.
Delito: Conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales.
Se prevé un incremento anual promedio de 1,800 delitos (incremento del 10% con respecto al año anterior) que reciben los Tribunales Superiores de Justicia estatales desde las Procuradurías Estatales de Justicia, bajo el supuesto de incremento en el número de averiguaciones previas adecuadamente integradas por estos delitos.
Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de género
Número de denuncias presentadas por delitos de género.
Se considera el dato acumulado de enero a diciembre del año correspondiente a los siguientes delitos: violación, estupro y otros delitos sexuales.
Los datos publicados son preliminares, por lo que pueden tener alguna variación una vez que los estados los ratifiquen.
Registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se espera que disminuyan tanto los delitos mencionados como las denuncias. En promedio se espera una disminución anual de 1,370 denuncias por estos delitos.
Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.
INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre.
· Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
· Industria extractiva y de la electricidad
· Restaurantes y servicios de alojamiento
· Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento
· Servicios profesionales, financieros y corporativos
· Servicios diversos
· Gobierno y organismos internacionales
Se estima en promedio una disminución en la brecha de discriminación salarial en 0.6% anual.
Servicios profesionales, financieros y corporativos
Gobierno y organismos internacionales
Industria extractiva y de la electricidad
Reducir al menos en
20% la desigualdad por
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Se estima un incremento bianual de 0.4 puntos porcentuales de mujeres propietarias de vivienda.
La absorción es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer grado de nivel educativo, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato inferior del ciclo escolar pasado.
SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras.
Los registros de educación tienen el propósito de dar a conocer el comportamiento de los fenómenos educativos. La información referente a la educación es recabada directamente en las escuelas del país, tanto públicas como privadas, al inicio y al final de cursos mediante la aplicación del cuestionario 911.
Se estima un incremento anual promedio para nivel media superior de 0.43 puntos porcentuales, para nivel licenciatura, se estima un incremento anual de 0.54 puntos porcentuales.
Línea base ciclo escolar 2011-2012
Media superior: 96 Licenciatura: 72.2
Media superior: 99 Licenciatura: 76
Media superior: 96.9
Licenciatura: 73.3
Media superior: 97.3
Licenciatura: 73.8
Media superior: 97.7
Licenciatura: 74.4
Licenciatura: 74.9
ra: 75.5
Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y niñas.
Se considera a la población que experimenta uno o más de los delitos medidos durante el periodo de referencia. Si una persona se viera victimizada múltiples veces, se contarían una vez en la medición sobre la prevalencia.
Se estima un decremento de -0.9% anual.
Percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte y en espacios públicos
El cálculo se basa en las estimaciones que hace el INEGI a partir del método híbrido, enfoque que asigna el salario de la empleada doméstica para valorar las tareas de tipo doméstico, mientras que para las tareas restantes se utilizan salarios por función individual equivalente. El valor de estas actividades corresponde a la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México del Sistema de Cuentas Nacionales, por lo que no forma parte del valor del PIB que se da a conocer en sus versiones trimestrales y anuales.
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México.
PIB: suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compra y venta que existen entre los diferentes productores.
Trabajo no remunerado de los hogares: labores domésticas y de cuidados realizados por los miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo del hogar, sin obtener un pago o remuneración, y que estén fuera de la frontera de la producción de la contabilidad nacional. Dentro del TNRH se incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario.
Se consideró un porcentaje del VTNRH con respecto al PIB de 20.0% en 2008 y 20.3% para 2011 con año base 2008.
Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno.
Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD.
Número de unidades de alta dirección en la Administración Pública Federal creadas, que cuentan con recursos y programa de igualdad entre mujeres y hombres.
Se considera alta dirección, niveles de dirección general adjunta a secretaria de estado.
Registros administrativos del Programa de Cultura Institucional.
Para el año 2012 se consideraron las unidades de SSA, STPS, Sedena, Sedesol, SEP, Semarnat y Segob. Se prevé un incremento anual de 4 unidades de género a partir del año 2014.
Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad de género
Número de funcionarias y funcionarios de la Administración Pública que a partir del año 2012 son capacitados y certificados en igualdad de género.
Información directa de las dependencias de la Administración Pública.
La certificación en género es una de las acciones que promoverá el INMUJERES. Se estima que anualmente se van a capacitar y/o certificar a 2,000 servidoras(es), por tanto la evolución de la meta se considera el valor acumulado.
Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género
Número de programas presupuestarios que promueven la reducción de la brechas de desigualdad de género con presupuesto etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
La información debe de estar publicada en el Programa de Egresos de las entidades federativas.
Se prevé un incremento anual de tres programas presupuestarios con presupuesto etiquetado. Para el cálculo del indicador se consideran aquellos programas presupuestarios que se incorporar en el anexo Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas al que el Instituto Nacional de las Mujeres está obligado, el PROIGUALDAD y sus informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas se harán públicos en: www.inmujeres.gob.mx y http://portaltransparencia.gob.mx/.
En suma, el Instituto Nacional de las Mujeres pondrá a disposición de la sociedad mexicana, no sólo el PROIGUALDAD sino los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento.
Acciones afirmativas o discriminación positiva: mecanismo para corregir la desigualdad inicial que muestran las mujeres en relación con los hombres, para favorecer la igualdad de condiciones, merced a medidas que equilibren las oportunidades y reduzcan la desigualdad y la discriminación. Son ejemplos de estas acciones: el sistema de cuotas para equilibrar la proporción de cada uno de los dos sexos que participan en puestos públicos, cargos sindicales, órganos de representación, o ciertas actividades profesionales.
Su origen se remonta a las políticas para asegurar la incorporación de la población afrodescendientes en los Estados Unidos, después décadas de discriminación y en atención de la proclamación de sus derechos civiles en los años 60.
Desigualdad de género: consecuencia de la subordinación de las mujeres que tienen su sustento en las prácticas culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la vida y en las diversas instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas hasta que se analizan con perspectiva de género.
Economía de traspatio: se refiere a los esquemas familiares de producción para el autoconsumo, particularmente de productos agrícolas y la crianza de pequeñas especies. En ocasiones es considerada como parte de las labores domésticas; no obstante contribuye a la economía del hogar y es una fuente de ingresos familiares para la sobrevivencia.
Economía social: se refiere a las organizaciones que adoptan formas jurídicas y organizativas múltiples, que generalmente no coinciden con las formas clásicas de la economía, pero que recuperan el sentido social y democrático combinando trabajo remunerado, no remunerado y voluntario. Habitualmente la economía social es expresión de la solidaridad y la redistribución que se organiza para apoyar a los grupos menos favorecidos.
Empoderamiento: se refiere al conjunto de procesos vitales amplios que permiten adquirir capacidades y habilidades para fortalecer los recursos emocionales, intelectuales, económicos, políticos y sociales que permiten a cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar, y erradicar las diversas formas de opresión,
subordinación y sumisión de sus vidas.
Género: categoría analítica que cruza transversalmente toda la estructura social y puede ser aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permite comprender cómo en las sociedades, lo femenino y lo masculino no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación, que se proyectan y activan en las estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades.
El género es un principio de organización que afecta todo el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual y su construcción social, permean todo el marco institucional y normativo de las sociedades modernas. Todas las relaciones: económicas, políticas y simbólicas que regulan los intercambios entre los individuos, están modeladas por las jerarquías del género, que se expresan en la desigualdad social, económica y política entre mujeres y hombres y entre diferentes grupos de mujeres y de hombres (Joan Scott, 1999)
Hogar: conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto, principalmente para alimentarse.
Hogar ampliado: hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente.
Hogar familiar: hogar en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe (a).
Hogar nuclear: hogar conformado por una pareja completa o incompleta con o sin hijos e hijas.
Jerarquías de género: conjunto articulado de costumbres, valores, reglas, normas y leyes, con las cuales las sociedades regulan la formación de las subjetividades; la definición de los roles, funciones y los estilos de vida permitidos y aceptados para mujeres y hombres (Gayle Rubín, 1986)
Institucionalización: proceso por medio del cual una práctica social se vuelve regular y obligatoria. La institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares y pasan a formar parte de las normas de las instituciones.
Políticas de igualdad: son acciones para corregir los desequilibrios existentes entre las personas, en razón de su pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segregados o marginados por razones de sexo, raza, pertenencia étnica, religión o preferencia sexual, entre otras. Considerar las diferencias y desigualdades entre los sexos.
Las políticas de igualdad están dirigidas a contrarrestar las desigualdades que se asocian con las diferencias sexuales y persiguen alcanzar los derechos de las mujeres, para evitar que las desventajas ligadas al hecho de ser mujer.
Sistema Nacional de Salud: constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
Transmigrante: persona en tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.
Transversalidad: método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo de cambio o transformación en las concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada y coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales.
La transversalidad del género supone tomar en cuenta el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, por tanto transformar el estándar con el que se enfocan tradicionalmente los problemas y soluciones sociales o económicas; implica abandonar el supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales y adoptar el esquema mujeres y hombres con sus diferencias y desigualdades.
La transversalidad significa la modificación de todas las políticas con el propósito de lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Conafort
Conatrip
Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad
Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas