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Timestamp: 2018-02-25 13:54:13
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Decreto 27/2001, de 16 de febrero, de desconcentración de funciones de la Consejería de Trabajo y Formación en las Direcciones Generales adscritas a su Departamento - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 27/2001, DE 16 DE FEBRERO, DE DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES DE LA CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS A SU DEPARTAMENTO (BOIB DEL 24)
La Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears determina en su Título III, la competencia y funcionamiento de los órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuyendo a la Secretaría General Técnica y a los Directores Generales determinadas funciones, añadiendo en el último apartado del artículo 30, referido a los Directores Generales, todas las atribuciones que les señalen las leyes y reglamentos y en el artículo 31.9 del mismo texto, respecto a los Secretarios Generales Técnicos, cuantas facultades les atribuyan las disposiciones en vigor.
El artículo 12.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las normas de atribución de competencias, respetando lo previsto en el artículo 127.2 de la Ley 30/1992, ya citada respecto a la potestad sancionadora de los órganos administrativos.
A raíz de la Orden del presidente de las Illes Balears, de 7 de febrero de 2001, por la que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Formación, se hace necesaria la modificación del Decreto 60/2000, de 7 de abril (BOIB núm. 50, de 20 de abril), para adaptarlo a la nueva estructura orgánica de la Consejería.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a propuesta del Consejero de Trabajo y Formación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión del día 16 de febrero de 2001, decreto:
Artículo 1.—1.º En el ámbito de competencias de las Illes Balears, las infracciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE núm. 189, de 8 de agosto), serán sancionadas por el titular de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral hasta 30.050,61 euros, por el titular de la Consejería de Trabajo y Formación de 30.050,62 euros hasta 150.253,03 euros y por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del titular de la Consejería de Trabajo y Formación, a partir de 150.253,04 euros.
Este apartado 1 ha sido redactado por el Decreto 59/2002, de 19 de abril (BOIB del 27).
2.º En los supuestos de acumulación de infracciones correspondientes a la misma materia en un solo procedimiento será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias sancionadoras contenidas en el apartado anterior.
3.º La ordenación de la tramitación de los expedientes sancionadores corresponderá al órgano competente para su resolución, con sujeción a lo establecido en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (BOE núm. 132, de 3 de junio), y en las normas que rigen el procedimiento administrativo.
Artículo 2.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al titular de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral la resolución de los expedientes administrativos en las competencias previstas en el Real Decreto 98/1996, de 26 de enero, (BOE núm. 52, de 29 de febrero), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), que fueron asumidas por esta Comunidad Autónoma por el Decreto 31/1996, de 7 de marzo (BOCAIB núm. 35 de 19 de marzo).
Artículo 3.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al Director General de Trabajo y Salud Laboral la resolución de los expedientes administrativos relativos a las competencias previstas en el Real Decreto 99/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears, en materia de cooperativas, calificaciones y registro administrativo de sociedades anónimas laborales y ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Este artículo 3 ha sido redactado por el Decreto 59/2002, de 19 de abril (BOIB del 27).
Artículo 3 bis.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al Director del Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), la resolución de los expedientes administrativos relativos a las competencias siguientes, sobre programas de ayuda al empleo, previstas en el Real Decreto 99/1996, de 26 de enero (BOE núm. 52, de 29 de febrero) y la gestión, incluidas las funciones de registro de los distintos tipos de ayudas y subvenciones que se establecen en las disposiciones generales dictadas por el Estado, respecto a la ayuda al empleo en cooperativas y sociedades anónimas laborales, promoción del empleo autónomo e integración laboral del minusválido.
Este artículo 3 bis ha sido añadido por el Decreto 59/2002, de 19 de abril (BOIB del 27).
Artículo 4.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al titular de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral la resolución de los expedientes administrativos en la competencia prevista en el Real Decreto 100/1996, de 26 de enero, (BOE núm. 52, de 29 de febrero), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que fueron asumidas por esta Comunidad Autónoma por el Decreto 33/1996, de 7 de marzo (BOCAIB núm. 35 de 19 de marzo).
Artículo 5.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al titular de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral la resolución de los expedientes administrativos en la competencia prevista en el Real Decreto 101/1996, de 26 de enero (BOE núm. 52, de 29 de febrero), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de fundaciones, que fueron asumidas por esta Comunidad Autónoma por el Decreto 34/1996, de 7 de marzo (BOCAIB núm. 35 de 19 de marzo).
Artículo 6.—Quedan desconcentradas y se atribuyen al titular de la Dirección General de Formación la resolución de los expedientes administrativos en las competencias previstas en materia de autorización de los centros colaboradores, determinados en la letra c) del punto 1, apartado B) del anexo del Real Decreto 621/1998, de 17 de abril, (BOE núm. 102, de 25 de abril) sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de gestión de la formación profesional ocupacional, que fueron asumidas por el Decreto 51/1998, de 8 de mayo (BOCAIB núm. 68, de 23 de mayo).
Artículo 7.—Contra las Resoluciones dictadas por los Directores Generales en las materias desconcentradas, cabrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Trabajo y Formación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
Artículo 8.—La desconcentración que se establece en el presente Decreto no será obstáculo para que el titular de la Consejería de Trabajo y Formación pueda fijar criterios y dictar instrucciones a sus autoridades administrativas así como ejercer el debido control encaminado todo ello al mejor desarrollo y cumplimiento de las funciones encomendadas.
Disposición adicional única.—A partir de la entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias en la normativa vigente sobre la «Dirección General de Trabajo» y «Dirección General de Salud Laboral» y al «Director General de Trabajo» y «Director General de Salud Laboral», quedan sustituidas por «Dirección General de Trabajo y Salud Laboral» y «Director General de Trabajo y Salud Laboral».
Disposición transitoria única.—Los expedientes administrativos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren pendientes de resolución se regularán por las normas contenidas en este Decreto.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Decreto y expresamente el Decreto 60/2000, de 7 de abril, de desconcentración de funciones de la Consejería de Trabajo y Formación Social en las direcciones generales adscritas a su departamento (BOIB núm. 50, de 20 de abril).
Disposición final primera.—Se faculta al titular de la Consejería de Trabajo y Formación, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.