Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-421-92.htm
Timestamp: 2019-08-19 07:40:03
Document Index: 58228593

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 18', 'artículo 30', 'artículo 93', 'artículo 67', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 209', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 68', 'artículo 42', 'artículo 27']

T-421-92
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas).
Con base en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la sala de selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la escogencia para su revisión de la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió a esta Sala Cuarta de Revisión el presente negocio, el cual fue formalmente recibido el día 3 de abril del presente año.
Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García, actuando en nombre de su hijo Raúl Vladimir García Bedoya, sobre el cual ejercen patria potestad, presentaron ante el Tribunal Superior del Distrito de Manizales una petición de tutela para la protección de un derecho fundamental del hijo.
Se basa la solicitud en el hecho de que los peticionarios matricularon a su hijo Raúl Vladimir en la Escuela Pública "Julio Zuluaga", para que cursara el primer año de primaria.
Las directivas de la Escuela Julio Zuluaga consultaron a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas sobre la aplicación del artículo 68, inciso 4o. constitucional. La Secretaría respondió en el sentido de ordenar la continuación de la aplicación de lo reglamentado en materia de orientación básica, mientras no hubiese modificación del pensum curricular vigente.
2. Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Providencia de febrero 26 de 1992).
En primera y única instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial accedió a la petición de acción de tutela propuesta por Amparo Bedoya y José Raúl García García, y en consecuencia ordenó a las directivas de la Escuela Julio Zuluaga abstenerse de impartir educación religiosa y de hacer comparecer a sus rituales al menor Raúl Vladimir García Bedoya.
El Tribunal en mención, previamente al fallo, tomó la declaración de Raúl García García y de Amparo Bedoya Díaz. Además allegó al expediente certificación de la Secretaria de Educación del Departamento de Caldas, en donde consta que la Escuela Julio Zuluaga es "entidad educativa de carácter oficial". Así mismo obtuvo fotocopia auténtica del Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, del Ministerio de Educación.
1. El Derecho invocado -artículo 68- no está designado dentro de los derechos fundamentales; su contenido en cambio encaja dentro de los derechos sociales, económicos y culturales.
2. En el presente caso se está más bien ante la presencia de la libertad de conciencia, artículo 18 constitucional. Esta norma sí es derecho fundamental, entendida como "esa facultad moral, permanente de la persona humana, que asegura la captación de los sonidos emitidos por los valores".
3. La libertad de conciencia implica la libertad religiosa.
4. Para el Tribunal, por último, el derecho fundamental de la libertad de conciencia fue desconocido, en la medida que no se permitió a los tutores del estudiante prescindir de la religión que se impartía en el centro educativo. Los padres considera la religión innecesaria para su íntima convicción, siendo ésta una evidente manifestación de la libertad de conciencia, la cual es amparada en la Constitución Política de 1991.
El negocio de la referencia, estima esta Sala, involucra varios derechos constitucionales, los cuales serán estudiados en una primera parte. Luego se entrará a analizar la razón jurídica de la decisión de esta Sala. Y por último se hará referencia al caso concreto.
1. De las Normas jurídicas
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general."
"Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico."
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a la religión. Este derecho implica conservar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias , individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
4. Los padres, y en sus casos los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
La tutela radicada con el número T-1263 hace alusión básicamente a la libertad de culto, ya que las directivas y profesores de la Escuela Julio Zuluaga impartieron la asignatura de religión -católica- a Raúl Vladimir García Bedoya; lo iniciaron en los rituales propios de esta religión.
En cuanto al derecho comparado, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Winsconsin vs. Yoder, sostuvo en 1972, a propósito de la educación impartida a los niños de la religión Amish, que "la esencia de todo lo que se ha dicho y escrito sobre este tema es que los intereses de orden superior y aquellos otros que no pueden ser ejercidos de otra manera pueden contrabalancear el legítimo reclamo a la libre profesión de una religión. Podemos dar por aceptado, en consecuencia, que no importa cuán fuerte sea el interés del Estado en la educación general obligatoria, éste no es de modo alguno absoluto no permite la exclusión o subordinación del resto de los intereses... El cumplimiento de la ley estatal que requiere la asistencia obligatoria a la escuela... pondría en peligro gravemente, si es que no destruiría, el libre ejercicio de su fe a los demandados."1
Por su parte, la Corte Suprema de Argentina dijo en 1979 a propósito de un caso similar al de esta tutela, que la conducta asumida por "las autoridades del establecimiento escolar respectivo importa un apartamiento manifiesto y arbitrario de los fines de la norma superior."2
Obsérvese que para la doctrina constitucional, las relaciones entre la Iglesia y el Estado pueden clasificarse en tres modelos diferentes: la sacralidad -en el que el Estado asume funciones del bien religioso de la comunidad-; la secularidad -en el que el Estado reconoce el peso político de un poder religioso determinado, pero sin hacerse ya cargo de lo espiritual-; y la laicidad -en el que el Estado adopta una actitud de neutralidad respecto del poder religioso, separando el poder político del espiritual-.3
En Colombia entonces en 1991, como ya lo sostuvo esta Corte, se hizo "tránsito de un Estado confesional a un Estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas."4
Ello queda de manifiesto si se consulta la voluntad del constituyente, expresada en los debates realizados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, en el respectivo informe-ponencia, el Constituyente Diego Uribe Vargas dijo:
"Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos".5
Por su parte, el Constituyente Augusto Ramírez Ocampo expresó los siguientes argumentos:
Simultáneamente con la ratificación de derechos tales como, los de asociación, reunión, petición, la Carta incluirá nuevos fueros como son los del derecho a la intimidad, a la autonomía, a la honra y a la libertad de movimiento, todos ellos inherentes a un régimen verdaderamente democrático6 ".
"Si se trata de invocar un Dios, estaríamos obligados a reconocer, en detrimento de nuestras propias creencias y cosmogonías, que sólo existe una divinidad. Nosotros tenemos nuestros propios dioses y personajes míticos: Caragabí, Serankua, Papa Dumat, Pacha Mama, etc., que no estarían representados en la fórmula de un sólo Dios."7
No sólo está en juego en este negocio la libertad de culto del niño Raúl Vladimir, sino también, por su condición de menor, el derecho constitucional de sus padres para escoger libremente el tipo de educación que desean para su hijo.
"Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los Establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa."
Paralelamente a su derecho, y como carga del mismo, los padres del niño Raúl Vladimir García Bedoya tienen el deber de educarlo. Ello no es sino la manifestación del concepto del derecho-deber, ya elaborado por esta misma Sala de Revisión.8
"La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos."
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado de la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
"Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Además, el artículo 30 idem señala:
Al frente de todos los derechos de un educando se encuentra el Estado con la misión de regular y vigilar su ejercicio, con miras a la prevalencia del interés general. Sin embargo el Estado en su intervención puede encauzar el derecho a la educación pero no desconocer de plano su núcleo esencial, como ya lo ha sostenido esta Corporación.9
"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social...
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos..."
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona de la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen así mismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado (subrayas fuera de texto).
En una relación educativa, como ésta que nos ocupa, se encuentran cohabitando dos derechos de orden constitucional: de un lado, como se vió, los derechos a la educación y a la libertad de cultos de Raúl Vladimir García Bedoya y, de otro lado, los derechos a la libertad de enseñanza de los profesores de la escuela Julio Zuluaga.
Por último, como ya lo tiene establecido esta Sala de Revisión, "el artículo 93 de la Constitución le confiere a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental."10
2. De la razón jurídica
1. Desde el 5 de julio de 1991, y merced a la nueva Constitución, Colombia es un Estado pluralista en el que no hay homogeneidad religiosa, por lo tanto es preciso permitir la enseñanza de todas la opciones religiosas.
2. Existe el deber constitucional de todos de propender por el respeto y la convivencia pacífica, de que trata el preámbulo y los artículos 1º, 2º y 95.4 de la Carta. Este concepto de la convivencia pacífica es un valor superior que irradia todo el ordenamiento constitucional y que debería informar las conductas de los operadores jurídicos todos.
3. Los profesores de los primeros años escolares tienen una misión particularmente delicada, pues al tiempo que informan y educan -como los demás-, deben procurar la creación y la re-creación de unos valores que formen en el respeto de los derechos humanos, en la paz y en la democracia, para la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, como lo consagra el artículo 67 de la constitución.
En efecto, el profesor de la enseñanza básica primaria es para el niño una especie de segundo padre o madre, según el caso. Este "desplazamiento", esta "proyección" le permite al profesor incidir con particular eficacia en las mentes de sus educandos, de manera conciente y, peor aún, de manera inconciente. Así, el inconciente de los niños a la edad en que cursan en primer año de primaria es perfectamente maleable y su deseo puede ser canalizado fácilmente en un cierto sentido.11 "En el inconciente no hay contradicción", como afirma Lacan.12
4. La libertad de conciencia subsume a una subespecie de ella: La libertad de cultos, esto es, la libertad para profesar o no una cierta religión.
"La manifestación de la libertad de conciencia, a través de la libertad religiosa -anotan Miller, Guelli y Cayuso-, significa adjudicar a cada hombre o grupo de hombres la potencia de estar inmune a la coerción tanto de parte de otros hombres como de los poderes del Estado. Por lo tanto, la protección de la libertad religiosa pareciera querer significar que ni se obliga a nadie a obrar contra su propia conciencia ni se le impide actuar conforme a ella, tanto en privado como en público."13
En una sociedad cuyo orden jurídico garantiza las concepciones religiosas o ideológicas de sus miembros, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus intervenciones, pues ellas pueden interferir la independencia y libertad de las personas que profesan una confesión o credo"14 .
Cuando se utiliza un medio para potenciar la difusión de una idea, creencia o pensamiento en lugares que por su naturaleza se destinan al foro público, [como la escuela], los receptores eventuales de los mensajes y datos difundidos, así se encuentren involuntariamente en el espacio de propagación o influencia del sonido y por la fuerza de las circunstancias sean constreñidos a escuchar o a ver, no pueden constitucionalmente oponerse al ejercicio en dicho foro público de la libertad de religión que allí se despliega. En el foro público está excluido por definición el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver [lo que allí se enseña.]"15
El Secretariado Permanente del Episcopado incluso ha reconocido que, a la luz de la Carta de 1886, artículo 53 precitado, "esta enseñanza confesional es facultativa aún para los católicos natos..."16
5. Según el artículo 19 de la Carta, "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley." Esta norma, desde luego, es una aplicación en materia religiosa del principio de igualdad material genérico de que trata el artículo 13 idem, según el cual las situaciones iguales deben tratarse de manera semejante.
6. Por otro lado, no puede desconocerse el principio de imparcialidad de la función administrativa, consagrado en el artículo 209 constitucional.
7. Luego a la luz de la nueva Constitución, no es que exista una regla general de que la religión católica obliga ser cursada como materia básica, salvo que se solicite ser eximido. Ello violaría la libertad de conciencia. Por el contrario, las instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y preguntarle al educando -o a sus padres si es menor-, al momento de la matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin indagar si en efecto profesa o no dicho credo.
1. La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución como un mecanismo que tiene toda persona para reclamar ante los jueces "la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados..."
2. De conformidad con las bases constitucionales anteriormente expuestas, es claro que tanto la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas como las directivas de la Escuela Julio Zuluaga han violado los derechos constitucionales fundamentales del educando Raúl Vladimir García Bedoya y de sus padres, Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García, por lo cual le corresponde al Juez entrar a tutelar dichos derechos.
Procede pues la tutela de los derechos de los petentes porque con la conducta desplegada por la Secretaría de Educación de Caldas, a través de un equivocado concepto de la oficina jurídica de octubre de 1991, se violan claramente los derechos al libre desarrollo de la personalidad del educando (art. 14), a la libertad de conciencia (art. 18), a la libertad de cultos y religiones (art. 19) y sus derechos fundamentales en tanto que niño (art. 44), así como se violan también los derechos de sus padres a educarlos conforme a sus creencias (art. 68.4). También se vulneran claramente las normas internacionales arriba citadas.
La administración curricular está prevista en el Decreto Nº 1002 del 24 de abril de 1984, "por el cual se establece el Plan de Estudios para la educación Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana. Allí, en el artículo 5º, se establece: "las áreas comunes para la Educación Básica Primaria son:... Educación Religiosa y Moral."
En consecuencia, para la oficina jurídica de la Secretaría de Educación de Caldas y, con ella, para las directivas del centro educativo Julio Zuluaga, debe aplicarse preferentemente el Decreto 1002 de 1984 sobre los artículos constitucionales 14, 18, 19, 44 y 68.4.
Para esta Sala de la Corte la actitud de las autoridades escolares viola la Constitución, es una interpretación equivocada, por los siguientes motivos:
3. Primero, el artículo 4º superior dice en su inciso primero:
"Art. 4º.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales."
Para esta Sala de la Corte, en efecto, es claro que debió darse primacía a las normas constitucionales que protegían los derechos fundamentales de los petentes, pues ellas son superiores (art. 4º). Ello porque toda norma, sea cual fuere su naturaleza jurídica, anterior o posterior a la carta de 1991, está subordinada en su aplicación a la conformidad con la Constitución. En este sentido, una norma jurídica violatoria de la Constitución es, si fuere anterior su vigencia, derogada; y, si fuere con posterioridad, no aplicable.
4. Segundo, el artículo 85 de la Constitución dice:
5. Tercero, el artículo 44 idem dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."
6. Fruto entonces de esa equivocada interpretación constitucional, las directivas de la escuela Julio Zuluaga intentaron primero forzar al infante Raúl Vladimir a recibir la instrucción de la religión católica, así como a participar de sus rituales y, luego, procuraron "reeducarlo".
7. Además es preciso tener presente que la escuela Julio Zuluaga es "una Entidad Educativa de carácter Oficial", según lo afirma el oficio del día 12 de febrero de 1992, suscrito por el Secretario de Educación Departamental, de Caldas.
8. Observa de paso esta Sala que distinto sería el caso para las instituciones educativas particulares o privadas, en donde la interpretación constitucional estaría matizada por elementos conceptuales adicionales, tales como los enunciados en los artículo 27 y 333, sobre los cuales no es del caso detenerse.
9. Con las conductas descritas se han desconocido también los derechos de los padres del educando: Amparo Bedoya Díaz y José Raúl García García.
En efecto, el artículo 68.4 dice que "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores". Aquí sin embargo la escuela Julio Zuluaga ha querido imponer un tipo de educación religiosa en contra de la libre decisión de los padres. Ello es contrario a la Carta pues el carácter de padre no se limita al hecho de dar la vida, sino que implica también, como algo inherente a su esencia, el hecho de orientar espiritualmente a los hijos. Ello incluso es un deber de los padres, según el artículo 42.5 de la Carta. Luego no tienen más derecho los educadores que los padres -educadores primigenios- para decidir el tipo de formación religiosa de un niño.
Como afirma Oscar Alzaga Villamil, a propósito del artículo 27.3 de la Constitución española, "se nos insiste de entrada en la responsabilidad de los padres, de la que se deriva el derecho de los mismos a elegir el tipo de educación de sus hijos. Nosotros estamos muy lejos de negar tal cosa, sería materializar demasiado a la familia, limitar su función a crear la vida física, no permitiéndole transmitir la vida moral. Es obvio... que la familia y no el Estado, es la creadora de vida, con sus consecuencias inherentes, entre ellas su perfeccionamiento, es decir, la educación de los hijos."17
10. De paso observa la Sala que los derechos constitucionales fundamentales no son exclusivamente los que se encuentran el Capítulo 1 del Título II de la Carta, como ya lo tiene establecido esta Corporación18
11. Para esta Sala cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en consecuencia los peticionarios tienen derecho a ser tutelados en sus derechos constitucionales fundamentales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Manizales, en su sentencia del 26 de febrero de 1992, motivo por el cual se ordenará aquí confirmar dicho fallo.
PRIMERO: Confirmar por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), de fecha veintiséis (26) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), en el proceso de la referencia.
SEGUNDO: Enviar, por medio de la secretaría General de esta Corporación, copia de esta sentencia a las directivas de la Escuela Julio Zuluaga de Manizales, a la Secretaría de Educación de Caldas, al Ministerio de Educación Nacional, a Fecode y Ade.
(Sentencia aprobada por la Sala Cuarta de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992).
1 Vid. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Winsconsin vs.Yoder. 406 US 205, 92 S. Ct. 1526,32 L. Ed. @d. 15 (1972).
2 Vid. Fallo de la Corte Suprema de Argentina, marzo 6 de 1979, caso Barros us Consejo Nacional de Educación.
3 Cfr. Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. Capítulos XI y XVII. Editorial Bruguera.Barcelona, 1974. En este libro, escrito en 1513, el Secretario Florentino divorcia el poder político del poder religioso.
4 Cfr. Sentencia Nº T-403 precitada, pág. 8-9.
5 Gaceta Constitucional Nº 82, pág. 10.
6 Gaceta Constitucional Nº 112 pág. 6.
7 Véase Gaceta Constitucional Nº 29, del 30 de marzo de 1991, pág. 5.
8 Veáse Sentencia Nº T-02 de la Corte Constitucional, pág. 28.
9 Idem, pág. 31.
10 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional Nº T-785, pág. 14.
11 Cfr. Freud, Sigmund, Introducción al Psicoanálisis. Alianza Editorial.16ª edición. Madrid, 1988. Pág. 17, donde afirma que lo psíquico es un compuesto de procesos de la naturaleza del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad.
12 Lacan, Jacques. Seminario Lógica del Fantasma. París, 1966-1967.
13 Cfr. Miller, Jonathan; Gelli, María Angélica y Cayuso, Susana. Constitución y derechos humanos. Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1991.Pág. 632.
14 Corte Constitucional. Sentencia Nº T-403, de junio 3 de 1992, pág. 6.
15 Sentencia Nº 403, pág. 23.
16 Cfr. Secretariado Permanente del Episcopado. La verdad sobre el concordato colombiano. Bogotá,, 1988. Pág. 61.
17 Vid. Alzaga Villamil, Oscar. Comentario Sistemático a Constitución Española de 1978. Ediciones de Foro. Madrid, 1978. Pág. 259
18 Cfr. Fallo T-02, reiterado por todas las otras Salas de Revisión de tutela de la Corte Constitucional.