Source: http://martinezarrieta.com/2015/02/06/las-personas-morales-como-sujetos-de-responsabilidad-penal/
Timestamp: 2018-04-26 17:06:58
Document Index: 254694910

Matched Legal Cases: ['artículo 421', 'Artículo 61', 'artículo 46', 'artículo 62', 'Artículo 60', 'Artículo 63']

Las personas morales como sujetos de responsabilidad penal | Martínez Arrieta, Abogados
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El 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedarán abrogados gradualmente los Códigos Penales de las entidades federativas y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se trata del así llamado código único. Uno de los puntos interesantes de este nuevo Código, es que establece un procedimiento para personas jurídicas. Las personas jurídicas o personas morales «son ciertas entidades a las cuales el derecho considera como una sola entidad para que actué como tal en la vida jurídica»[1].
Al respecto, podemos leer en la exposición de motivos lo siguiente: «Las personas jurídicas son vehículos a través de los cuales, ya sea aprovechando su estructura, o actuando bajo su nombre o representación, se comenten delitos que normalmente causan un gran impacto en el sector económico, financiero, etcétera»[2].
Para el ejercicio de la acción penal en contra de una persona jurídica, el Código Nacional de Procedimientos Penales[3] en su artículo 421 establece que:
Artículo 61.- Cuando algún miembro o representante de una persona moral, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, con audiencia de la persona moral, aplicar las sanciones previstas en el inciso H) del artículo 46. La disolución extinguirá la persona moral, que no podrá volver a constituirse ni en forma encubierta.
El Código Penal de Nuevo León define el confinamiento como «la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él»[4].
La suspensión se refiere a «la cesación de la actividad de la persona moral»[6].
La disolución «que es un estado o situación de la persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el que se creó»[7].
En cuanto a la intervención, el artículo 62 del Código Penal de Nuevo León establece que:
También se establece la prohibición de que realicen «determinadas operaciones, según lo amerite su caso»[8].
[2] Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana. Disponible en línea: <http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Iniciativa/Iniciativa_Conjunta_unica.pdf> p. 108.
[3] Procedimiento para personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
[4] Código Penal para el Estado de Nuevo León. Artículo 60. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del sentenciado, confinamiento que no podrá exceder de seis años.
Inhabilitación, suspensión y privación de derechos;
Caución de no ofender;
Publicación especial de sentencia;
Suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos;
Perdida de los instrumentos del delito y;
Las demás que fijen las leyes
Trabajo en beneficio de la comunidad;
Pérdida a favor del Estado, de los instrumentos del delito, cosas, bienes o valores provenientes directa o inmediatamente de su realización, así como de aquellos que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito, sean de uso prohibido o licito;
Destrucción de cosas nocivas o peligrosas; y
[8] Artículo 63. Los jueces podrán prohibir a las personas morales la realización de determinadas operaciones, según lo amerite el caso, y lo resolverán en sentencia.
[9] Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana. Ob., Cit. 110.
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