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Timestamp: 2017-03-27 02:58:52
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Revista de Derecho DESAFÍOS DE NUESTRO SISTEMA REGISTRAL: REFORMA, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN? - PDF
Revista de Derecho DESAFÍOS DE NUESTRO SISTEMA REGISTRAL: REFORMA, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN?
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Lucas Acosta Acuña
1 Revista de Derecho DOCTRINA CIVIL DESAFÍOS DE NUESTRO SISTEMA REGISTRAL: REFORMA, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN? Lucio Díaz Rodríguez* Habiendo transcurrido más de un siglo desde la promulgación del Código Civil y del Reglamento Conservatorio, se presentan en la práctica dificultades que hacen necesario revisar el sistema registral para hacerlo más efectivo, seguro y fidedigno. Es deber preferente del Estado impulsar el desarrollo y la inversión en las regiones menos pobladas. A menudo esta se ve frenada por los innumerables conflictos que se presentan en materia de adquisición y conservación de tierras. Particularmente grave es esta situación en regiones del sur de Chile. En toda esta extensa zona al igual que en el resto del país, nunca ha dejado de regir el artículo 590 del Código Civil, conforme al cual son bienes del Estado todas las tierras que carecen de otro dueño. Sin embargo, el desconocimiento de este territorio, la falta de caminos, la carencia de planos fidedignos, las dificultades que representa su cordillera y demás accidentes geográficos, la existencia de títulos otorgados por sucesivos gobiernos, la intromisión de aventureros, determinaron que la mayor parte de estas tierras apareciera bajo la posesión de particulares, muchos de los cuales jamás realizaron una explotación agrícola en los mismos. A la confusión de títulos y derechos, se sumó la codicia de muchos que, advirtiendo la valorización que podían tener estos terrenos, pretendieron constituir títulos de dominio aparentes sobre grandes extensiones. Como el derecho común fue ineficaz para resolver los problemas, se dictaron diversas leyes especiales que culminaron con la dictación del Decreto Supremo N 1600 del año 1931, conocido como Ley de Constitución de la Propiedad Austral, que tuvo por objeto fundamental clarificar el dominio que le correspondía al Estado en estas tierras. Con esta ley se pretendió, por una parte, deslindar el dominio entre el Estado y los particulares, y, por otra, favorecer la colonización y explotación efectiva de la zona sur del país. Sin embargo, por desconocimiento de la ley, lejanía de sus destinatarios, aplicación errónea de los Conservadores, codicia de particulares y pocos recursos de la administración, esta ley también resultó insuficiente para cumplir los propósitos buscados. En la actualidad, aún se detectan diversas anomalías producto de aquel desconocimiento. Hay casos en que los colonos se asentaron en predios ajenos, pero, al no existir cuidador ni cercos, creyeron que no tenían propietario o que se trataba de tierras fiscales, sintiéndose sus legítimos dueños, ya que nadie las había reclamado. Sin embargo, jurídicamente no son más que meros ocupantes. También ha ocurrido que los colonos creyeron que se constituían en dueños de la tierra al recibir títulos gratuitos del Fisco, ignorando que debían inscribir los mismos en el Conservador de Bienes Raíces, lo que originó que gobiernos posteriores los tuviesen por fiscales y vendieran a empresas forestales. Al iniciar estas sus faenas, los colonos fueron reducidos al retazo que habían limpiado, lo que los obligó a explotar madera en predio ajeno, pues carecían de otra forma de subsistencia. En otros casos, los colonos creyeron que cuando el agrimensor medía sus terrenos, se hacían dueños de la superficie mensurada, ignorando que el trámite no se encontraba concluido, o quienes pidieron títulos provisorios, que nunca regularizaron, porque al hacerlo debían pagar contribuciones. El presente artículo sólo tiene por objeto ofrecer algunas reflexiones sobre los problemas más comunes que se generan en esta zona producto de esas imprecisiones, tales como: 1. Duplicidad de inscripciones El artículo 692 del Código Civil dispone que siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente inscripción en la nueva. El artículo 80 del Reglamento Conservatorio complementa esta norma, señalando que, siempre que se2 transfiera un derecho antes inscrito, se mencionará en la nueva, al tiempo de designar el inmueble, la precedente inscripción, citándose el Registro, folio y número de ella. En la práctica, al inscribir una transferencia de dominio algunos Conservadores estampan en la precedente inscripción una anotación marginal, expresando claramente que el derecho ha sido transferido. Sin embargo, otros no lo hacen o sólo se limitan a colocar una simple nota cuyo alcance a primera vista no puede precisarse. Los Conservadores se amparan en que ninguna disposición legal les obliga a estampar subinscripciones o notas de cancelación en las inscripciones. Recientemente la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha debido pronunciarse sobre un enmarañado litigio de duplicidad de inscripciones.1 Los hechos sobre los cuales versó el conflicto, dicen relación con un inmueble que don Alfonso Bórquez vendió a doña Umiliana Andrade en el año El Conservador de Achao omitió anotar la transferencia al margen de la inscripción de Bórquez. Fallecido este último, sus herederos colacionan el predio en el inventario de bienes de la sucesión y obtienen inscripción especial de herencia, que queda incorporada en el Registro de Propiedad de Chaitén. La omisión del Conservador de Achao permitió sucesivas transferencias, originándose una doble cadena de inscripciones: la proveniente del señor Bórquez y la originada por la señora Andrade. Los cesionarios de la señora Andrade accionan solicitando la cancelación de las inscripciones provenientes de la Sucesión Bórquez. Los demandados reconvienen sosteniendo que adquirieron el predio actuando de buena fe y que han ejercido sobre él actos continuos de posesión. Conforme al art. 717 del Código Civil, optan por añadir a su posesión la que detentaron sus antecesores, solicitando que, en definitiva, se declare que han adquirido por prescripción. La sentencia presta inmediata atención a que la inscripción que obtuvo la señora Andrade cumplió con el artículo 692 del Código Civil, puesto que indica cuál era la inscripción anterior. En este sentido, el fallo establece: Que de los documentos referidos en el considerando anterior, queda establecido como hecho de la causa que Alfonso Bórquez Pérez vendió el inmueble sub-lite a doña Umiliana Andrade Andrade, inscribiéndose oportunamente la transferencia a su nombre el año 1959; así las cosas por la sola inscripción del inmueble a nombre de la compradora, debe tenerse por cancelada de pleno derecho la inscripción N 352 de fojas 377 del Registro de Propiedades del año 1949 a nombre de Alfonso Bórquez Pérez, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 728 del Código Civil, sin que afecte al cese de inscripción el hecho que el Conservador de Bienes Raíces haya omitido anotar al margen de la misma la correspondiente transferencia a la señora Andrade.2 Mediante las premisas anotadas, el Tribunal no vacila en concluir que los actores son poseedores inscritos y que su posesión no cesa mientras no sea cancelada por otra inscripción. Acto seguido, la sentencia repara en que, al fallecer el señor Bórquez, no pudo transmitir derechos sobre el inmueble, pues ya lo había transferido. Advierte que la especial de herencia no es una inscripción que constituya tradición, ya que el título será la sucesión por causa de muerte y en esta no se pueden transmitir más derechos de los que tenía el causante. En el considerando vigésimosexto, la sentencia acota que, de acuerdo al artículo 682 del Código Civil, quien cuente con un título inscrito debe acreditar el dominio de su antecesor, lo que no han cumplido los demandados y, en consecuencia, éstos no han podido adquirir el predio sub-lite por tradición. Aún si fueran válidas las inscripciones que favorecen a demandantes y demandados, aplicando el artículo 1817 del Código Civil, debería preferirse el título más antiguo, siendo este el de los actores principales. Resolviendo la demanda reconvencional, la Corte consideró que la posesión inscrita de los actores principales no podía terminar por la mera posesión material acreditada por los demandantes reconvencionales. En cuanto a la prescripción adquisitiva demandada, la sentencia establece que estos últimos no pueden sumar a su posesión la de sus antecesores, puesto que -de una causa tenida a la vista- queda claro que éstos conocían el carácter litigioso de los derechos que adquirían. En consecuencia, no alcanzó a transcurrir el lapso de cinco años entre la inscripción de los demandados y la acción deducida en su contra. Consecuencialmente, se acoge la demanda principal y se rechaza la reconvencional. La sentencia, además de ser justa para el caso concreto, interpretó adecuadamente las normas que regulan la posesión inscrita. 2. Cabida de predios rústicos Desde hace tiempo viene dividiéndose la propiedad en Chile, y sigue subdividiéndose día a día. Existen muchas inscripciones que tienen cientos de notas de transferencias. El Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al tratar de las inscripciones de títulos de propiedad, no exige que se indique la cabida. Es por esto que hoy se hace difícil en muchos casos precisar qué es lo que queda sin transferir. Es más, hay inscripciones en que se consignan superficies que no se ajustan a la realidad, y otras en que simplemente se señala: cuya superficie se ignora. Tal vez en un país que tenía poco tiempo de vida y3 grandes terrenos sin ocupación y explotación, como Chile, convenía dar exageradas facilidades para la constitución de propiedades raíces. Sin embargo, hoy en día en que el avance de la tecnología lo permite, sería conveniente modificar el reglamento, facultándose a los Conservadores para exigir a los contratantes, planos de los predios con su cabida exacta, en todos aquellos casos que fuera necesario para establecer en forma precisa la situación de cada inmueble. Mientras tanto, este tema ha quedado entregado sólo a la voluntad de los particulares, quienes al tiempo de contratar han actualizado los títulos acordando que se vende un predio de determinada superficie según inscripción, pero con diversa cabida real actual. 3. Deslindes de predios El artículo 78 del Reglamento del Conservador establece que la inscripción de títulos y derechos reales contendrá entre otros requisitos: 4. el nombre y linderos del fundo. Como el Reglamento no especifica qué debe entenderse por linderos, en la práctica aparecen como límites, accidentes geográficos, cercos, nombres de vecinos, etc. Para que no exista imprecisión se hace necesario que los deslindes se definan de una manera inequívoca, actualizándolos en todos aquellos casos en que han sufrido variaciones. No es posible que una volteada de árboles se mantenga como lindero de un predio durante 100 años, en circunstancias que su madera fue totalmente explotada o que se establezcan como deslindes un zanjón, un estero sin nombre o un cerro, donde existen decenas de ellos. Tan sorprendentemente vagas son algunas inscripciones, que en un juicio reivindicatorio un testigo identificó el retazo pretendido como la hijuela voladora. El terreno en cuestión deslindaba por uno de sus lados con un río y por los otros con un extenso parque nacional. Como el río lo recorría en toda su extensión, la hijuela podía volar sobre él y aterrizar en el lugar más conveniente para quien reclamaba su derecho. En los tribunales de Puerto Montt, se ventila actualmente un litigio en que se pretende reivindicar terrenos de la ciudad de Chaitén y su aeródromo.3 El punto central de la discusión radica en la determinación de los deslindes Sur y Oeste del fundo fiscal denominado Almán y, por consecuencia, los deslindes Norte y Este del fundo Chaitén del reivindicante. El deslinde Este del fundo Almán es, según inscripción, Cordilleras altas inaccesibles, y el deslinde Sur es Río Negro o Chaitén, que lo separa del fundo Chaitén, según inscripción practicada en el año 1941 en el Conservador de Achao y Río Negro a Chaitén, según inscripción trasladada al Conservador de Chaitén el año El cambio de la conjunción disyuntiva o por la preposición a origina uno de los argumentos en que funda su pretensión el actor, puesto que pretende situar el deslinde Sur del fundo Almán en el Río Chaitén, desconociendo por completo la existencia del Río Negro que se encuentra más al Sur y que aparece plenamente reconocido en los planos del Instituto Geográfico Militar de Chile. Gracias al avance de la técnica, especialmente en materia topográfica y cartográfica, se han vuelto, la mayoría de las veces, obsoletos y dudosos un sinnúmero de documentos de antigua data sobre demarcaciones de tierras. Desde esta perspectiva, parece necesario incorporar en toda nueva inscripción un plano que, además de la cabida, precise las coordenadas geográficas en las que está ubicado el predio, tal como ocurre con las pertenencias mineras. 4. Títulos de papel Fue el profesor de Derecho Civil y magistrado don Leopoldo Urrutia quien denominó inscripciones de papel a aquellas que se refieren a un inmueble que nunca se ha poseído materialmente.4 Faltando el corpus, la inscripción nada solemniza ni asegura. Nuestra Jurisprudencia ha resuelto que la inscripción da cuenta y publicita la posesión, para que esta sea conocida por todos y se contribuya a la seguridad jurídica buscada en todo sistema registral inmobiliario; pero la inscripción en sí misma, sin ir acompañada de la posesión material, del corpus, nada significa. Estas inscripciones vacías, huecas, constituyen lo que se denomina inscripciones de papel que carecen de todo valor.5 Estas situaciones, de inmuebles inscritos que nunca se han poseído, son frecuentes en el sur de Chile y han provocado más de un conflicto de proporciones significativas. Don Eduardo Novoa Monreal, en su obra Grandes Procesos, relata uno de estos, que titula: Un latifundio enorme y ajeno. De cómo fabricarse títulos de propiedad sobre una provincia entera.6 El juicio que comenta versó sobre una habilidísima maquinación, en la que se alteraron deslindes en el curso de sucesivas transferencias, eliminándose documentación pública que establecía el dominio fiscal sobre los terrenos objeto de la maniobra. De este modo se logró transformar un pequeño predio para guardar animales en una enorme propiedad de más de seiscientas mil hectáreas. Recientemente, tras un nuevo intento de particulares de apropiarse de los mismos terrenos, el Consejo de Defensa del Estado ha debido demandar la cancelación de inscripciones sobre una extensión de terreno de aproximadamente hás., obtenidas espuriamente a través de un juicio particional.7 La inscripción del fundo partido se había practicado en Achao, conforme al artículo 58 del Reglamento4 Conservatorio. Esta inscripción dio cuenta de la venta que Francisco Chiguay hizo a José del Carmen Cárdenas de una extensión de terreno de la cual el primero declara ser poseedor durante más de 52 años, cuya superficie exacta se ignora, y que limita en general: NORTE, el potrero o fundo Linahua; SUR, la punta denominada Huala; ESTE, la cordillera de los Andes; y OESTE, el mar. Sin duda que esta particular inscripción, que ampara terrenos que van de cordillera a mar y que cubre un tercio de la provincia de Palena, es un título de papel. Nunca sus titulares pudieron tener la ocupación material de tan vasta e inaccesible zona de cordones montañosos. Por lo mismo, nunca obtuvieron del Ministerio de Tierras y Colonización el reconocimiento de sus títulos. El artículo 58 del Reglamento del Conservador8 pudo ser conveniente en épocas en que había grandes extensiones de terrenos eriales del Estado, pero hoy no se justifica su existencia que ha servido para originar abusos e irregularidades, especialmente en la zona austral, donde existen innumerables propiedades con títulos generados por este procedimiento. Para evitar abusos, sería conveniente limitar la aplicación del artículo 58 sólo a los casos en que se trate de inscripciones en las que figure el Fisco como tradente, es decir, cuando este, por medio de un decreto supremo, conceda a particulares terrenos eriales que le pertenezcan y que no hubieren sido antes inscritos. 5. Deficiente aplicación del D.L El Estado ha buscado fórmulas para incorporar al proceso productivo nacional la mayor superficie de terreno posible. Como la legislación vigente no era suficiente para avanzar en este sentido, debió crearse un sistema que la ley denominó saneamiento del dominio de la pequeña propiedad.9 Esta ley tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos. Sin embargo, la errónea interpretración de esta legislación especial ha significado, en una infinidad de casos, resquebrajar aún más nuestro sistema. Recientemente el Fisco ha debido querellarse contra un particular que abusó de este procedimiento, obteniendo para sí una inscripción de dominio sobre 764,2 hás., ubicadas en las cercanías de Puerto Montt, en circunstancias que el propio querellado reconocía dominio ajeno al haber sido formal arrendatario del Fisco de Chile durante largos años.10 El litigio resulta todavía más interesante por existir inscripción de dominio en favor de otro particular, que nunca obtuvo reconocimiento de validez de títulos conforme a la legislación sobre constitución de propiedad austral, debido a que era imposible acreditar la posesión material de un predio con deslindes tan imprecisos como son las volteadas de árboles, los zanjones, las faldas de un cerro y un bosque que a esta data ya no existe. Tampoco es posible identificar el zanjón por existir decenas de ellos. En este ejemplo, existen tres inscripciones: la del particular sobre estos elásticos terrenos, la inscripción global en favor del Fisco y la obtenida en forma fraudulenta por el querellado. También se han detectado algunos casos en que se ha obtenido el reconocimiento de la calidad de poseedor regular mediante aplicación de este Decreto Ley, careciendo el solicitante de posesión material. En otros tantos se ha rayado en lo absurdo, como ha ocurrido con un particular que mediante este procedimiento obtuvo una inscripción de dominio sobre un retazo en que el Fisco construyó una pista de aterrizaje; o como en otro, en que dentro de la porción regularizada existía una antena para comunicaciones del Aeropuerto de Puerto Montt. En ambas solicitudes el funcionario encargado de verificar la posesión material no pudo sino haberse percatado que el solicitante carecía de ella, por ser ostensiblemente visibles la pista de aterrizaje y la antena. El año pasado la Corte de Puerto Montt resolvió una acción criminal sobre esta materia, que parece digna de comentarios.11 En la causa se debió interpretar el artículo 9 de este cuerpo legal que establece: El que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con las penas del artículo 473 del Código Penal. Se presumirá el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, la calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito. Si como consecuencia de lo señalado en el inciso primero se interpusiese acción penal, y ésta fuere acogida, el tribunal ordenará que se cancele la inscripción de que tratan los artículos 12 y 14. Los hechos dicen relación con una doble inscripción de un inmueble ubicado en Puerto Varas. La primera era en favor de Gustavo Vyhmeister y fue practicada en el Registro de Propiedad del Conservador de Puerto Montt del año La segunda figuraba a nombre de Bruno Leiva y fue practicada en el Registro de Propiedad del Conservador de Puerto Varas del año 1955.5 Este último había adquirido el inmueble del señor Vyhmeister, previo traslado de la inscripción al Conservador de Puerto Varas y sin que se haya tomado nota de la transferencia al margen de la inscripción cedida. El señor Leiva vivió en el predio donde tuvo su casa habitación y taller mecánico hasta Con posterioridad se trasladó de ciudad y las construcciones fueron desmanteladas por terceros. Tiempo después, doña Jeanette Domke -nieta del señor Vyhmeister- limpia el inmueble y arregla sus cercos, todo ello sin autorización y con desconocimiento de su propietario. Invocando la posesión material y citando la inscripción del año 1916, esta última solicita y obtiene del Ministerio de Bienes Nacionales la regularización de su posesión, ordenándose la correspondiente inscripción de dominio a su favor. Corresponde señalar que, de acuerdo al artículo 15 de esta ley, la resolución administrativa que acoge la solicitud es justo título, y una vez inscrita confiere posesión regular para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieren sido materialmente canceladas. Transcurrido un año desde la fecha de la inscripción, se adquiere el dominio por prescripción. La sentencia de primera instancia acoge la querella interpuesta por el señor Leiva, bajo la premisa que la encausada había actuado con pleno conocimiento que el inmueble no le pertenecía. Apelada la misma, la Corte de Puerto Montt la revoca considerando principalmente que no había quedado establecido que la querellada hubiere obtenido maliciosamente el reconocimiento de la calidad de poseedor regular, atendido que el querellante abandonó el inmueble, sobre el cual luego la señora Domke acreditó actos posesorios de conformidad al artículo 925 del Código Civil; y que, al tiempo de solicitar la regularización, ésta no era arrendataria, mera tenedora ni había reconocido dominio ajeno por acto o contrato. Como se aprecia, este fallo no se ajusta al espíritu de la ley. Quien solicita la regularización de su posesión por contar con títulos imperfectos o carecer de ellos, debe en todo caso estar convencido de su derecho sobre la cosa, pues de lo contrario no se trataría de regularizar una posesión, sino de mudarla en perjuicio de quien la adquirió conforme a derecho. Está de buena fe quien tiene la conciencia de haber adquirido la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. En el ejemplo, la señora Domke no tenía título para justificar su ocupación y sólo efectuó actos posesorios mínimos como argumento a esgrimir en su posterior solicitud de regularización. Es más, una vez que adquirió el dominio por prescripción, en lugar de construir su casa habitación, procedió derechamente a transferir el inmueble, el cual tenía un valor comercial muy superior a su avalúo fiscal. No ha estado en la intención del legislador desproteger al poseedor inscrito. En este sentido, la Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo,12 anuló una sentencia de la Corte de Valdivia que había rechazado una oposición del poseedor inscrito argumentando: Segundo: Que es un hecho del pleito, establecido con las probanzas ponderadas en la primera instancia, que el solicitante ampara el retazo a regularizar en una inscripción de dominio que figura bajo el nombre de la oponente, de manera que la calidad de poseedor legal inscrito de éste debe reconocerse. Sin embargo, en el espíritu de la ley, expresado en su historia, su tenor literal, y en lo puntual y especial, en el inciso segundo del artículo 2 del decreto Ley N 2.695, ostentar una inscripción no resulta bastante, porque justamente se trata de privilegiar al poseedor material que carece de título que lo habilite. De consiguiente, para que la oposición fundada en el N 1 del artículo 19 prospere es necesario que se reúnan copulativamente las calidades de poseedor material y legal, es decir, tenencia de la cosa con más su inscripción.13 Por su parte, el fallo de casación anuló la sentencia de segunda instancia por considerar que no es suficiente acreditar la posesión material, sino que es necesario además que no se encuentre demostrada o establecida una causal de oposición, ya que de ser así la acción (léase solicitud de regularización) no puede prosperar.14 Se agrega que, al haber quedado acreditada la calidad de poseedor inscrito del oponente, se configura la causal de oposición del artículo 19 de la ley. El párrafo segundo del considerando séptimo de la sentencia de casación dice así: Resolver en contrario tornaría ineficaz esta primera causal de oposición, para cuya invocación se requiere sólo detentar la posesión inscrita y no la posesión material, como erróneamente lo sostienen los jueces del fondo, puesto que la detentación material del predio, además de ser una de las condiciones para pedir la regularización del mismo -circunstancia que por sí sola demuestra que el poseedor inscrito carece de ella- se contempla como exigencia en el artículo segundo de la ley para aquel que carece de título inscrito. De esta manera, la sentencia de reemplazo considera que habiéndose acreditado la posesión legal de dicho predio por la Sociedad oponente se encuentra establecida la existencia de la causal de oposición que establece el artículo 19 N 1 del D.L. N 2.695, en consecuencia, la regularización que invoca el peticionario no puede prosperar.15 La sentencia aplica acertadamente los preceptos del Decreto Ley, armonizándolos con las normas posesorias del Código Civil. Debe preferirse al poseedor inscrito, que ha adquirido regularmente, por sobre quien sólo lo detenta física y gratuitamente. En este sentido, el artículo 925 del Código Civil debe armonizarse con los dos artículos que le anteceden, puesto que la conclusión lógica es que quien tiene título inscrito a su favor está amparado frente al nuevo poseedor material, de suerte que el primero no necesita justificar los hechos positivos a que se refiere el artículo 925, porque la inscripción constituye para él pleno y seguro resguardo, de tal manera que, probada ella, queda también acreditada ipso facto su posesión. La fuerza y el engaño serán siempre enemigos del derecho.6 * Lucio Díaz Rodríguez. Abogado Procurador Fiscal de Puerto Montt. 1 Ubilla Campos con Rojas Abud y otros, rol N Sentencia de 8 de septiembre de Ibíd., en considerando décimoquinto. 3 Héctor Bórquez con Fisco de Chile, rol N del 2 Juzgado de Letras de Puerto Montt. 4 Ver Vulgarización sobre la posesión ante el Código Civil chileno. Rev., t. 31, 1ª parte, pág Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, 10 de junio de Rev., t. 82, sec. 2ª, pág Capítulo IV, págs. 145 y siguientes. Edit. BAT. Santiago, Fisco de Chile con Arentsen Leighton, Frida y otros. Rol N , 1er. Juzgado de Letras de Puerto Montt. 8 Esta disposición establece: Para inscribir la transferencia por donación o contrato entre vivos de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital de la provincia si en aquel no lo hubiere, y por un cartel fijado durante quince días por lo menos en la oficina del mismo Conservador, con las designaciones relativas a las personas que transfieran y a los límites y nombre de la propiedad materia del contrato (inciso 1 ). 9 Ver Decreto Ley N 2.695, en Apéndice del Código Civil. 10 Fisco de Chile contra Hermosilla Castillo, rol del 1er. Juzgado de Letras de Puerto Montt. 11 Contra Jeannett Domke, infracción al art. 9 D.L Rol , sentencia de 31 de enero de Casación en el fondo, 7 de marzo de Gaceta Jurídica, N 237, pág Ibíd., considerando segundo de la sentencia de la Corte de Apelaciones Valdivia. 14 Ibíd., considerando sexto de la sentencia de casación. 15 Sentencia de reemplazo, considerando 2. Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001). Documentos relacionados
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