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Timestamp: 2018-08-21 15:56:22
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Matched Legal Cases: ['Artículo 118', 'Artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 109', 'Artículo 109', 'Artículo 118', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 121', 'artículo 109', 'artículo 38']

Nota Tributaria - Sentencia C-620 de 2015. Expediente LAT-437. Comunicado de Prensa. - Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Tratado de Libre Comercio - TLC - Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico - Control de Constitucionalidad de Ley Aprobatoria de Tratado - Ley 1746 de 2014 - Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial de Colombia con Perú, Chile y México. Con Aclaración de Voto de las Magistradas María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz. FALLO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1746 de 26 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014”; Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014”. - Corte Constitucional. - M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. - - Control de Constitucionalidad de la Ley 1764 de 2014. "“Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014”. - La Corte verificó el cumplimiento de los requisitos formales en la aprobación de Ley 1746 de 2014, en cuanto al anuncio previo a la votación, el quórum deliberatorio y decisorio, la votación nominal y pública, y la publicación. Observó que si bien el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y su Protocolo Adicional comprometen al Estado colombiano y, por tanto, a la generalidad de su población, también es cierto que su establecimiento obedeció a países que comparten el océano pacífico, por lo que atendiendo la situación social y económica que padecen las comunidades asentadas en los territorios que la circundan (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), debe propender el Estado, a más del respeto por su cultura, por una efectiva participación y la búsqueda de la superación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, como lo establece el preámbulo del Acuerdo Marco.// Enfatizó que la integración económica o comercial que pregona la Constitución no es un mandato a ciegas, sino que debe estar precedido de una serie de factores como los estudios empíricos que soportan su necesidad, los beneficios que representa para el país una vez realizado el balance integral de las ventajas y desventajas, la preparación del Estado para asumir los nuevos retos (v. gratia, infraestructura), las medidas de salvaguardia y excepciones para los sectores sensibles de la economía, el diseño de un plan de ejecución, entre otros, que permitan al Gobierno advertir que no se ha celebrado un tratado comercial improvisado sino oportuna y debidamente diseñado.//Respecto a la intensidad del control sobre acuerdos de libre comercio la Sala Plena hizo explícito que adopta mayores niveles cuando la materia regulada incide de manera más decisiva sobre principios, derechos, bienes jurídicos o competencias de relevancia constitucional, caso en el cual el juicio de constitucionalidad ha de tornarse más riguroso. Recabó que la suscripción del Protocolo Adicional no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones comerciales entre los países miembros, sino, por el contrario, está regido por acuerdos bilaterales y multilaterales de tiempo atrás. De ahí que lo que busca este instrumento es profundizar y facilitar el comercio de bienes y servicios, para remover las barreras arancelarias y no arancelarias persistentes, diversificar aún más los destinos de exportación -desarrollo de una estrategia para el Asia-Pacífico- y preparar las economías de una manera más adecuada para enfrentar los nuevos retos del comercio internacional.
Sentencia C-622 de 2015. Expediente D-10392. Corte Constitucional. Impuesto sobre la Renta - Deducciones - Deducción de Gastos por concepto de Intereses - Subcapitalización - Límites de Deducibilidad de los Intereses - Excepciones a favor de las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera y sobre Proyectos de Infraestructura de Servicios Públicos - Principios Constitucionales Tributarios - Equidad Tributaria - Igualdad Tributaria - Principio de Certeza Tributaria - Interpretación de los Parágrafos 3o y 4o del Artículo 118-1 del Estatuto Tributario (Adicionados por el Artículo 109 de la Ley 1607 de 2012. FALLO: PRIMERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de los incisos primero y segundo del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por presunta infracción del principio de certeza en materia tributaria. SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de los parágrafos 2º y 4º del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo de presunta infracción de los principios de igualdad y equidad, en los términos de esta sentencia. TERCERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-655 de 2014, en cuanto declaró la exequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 109 de la Ley 1607 de 20|12, por los cargos de presunta infracción de los principios de igualdad, progresividad, justicia y de la presunción de buena fe, y en cuanto declaró la exequibilidad del parágrafo 1º del mismo artículo, por la presunta infracción del principio de igualdad. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Norma Demandada: Artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 (Artículo 118-1 E.T.). El artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 fija una regla general que limita la deducibilidad de los intereses en el cálculo del impuesto a la renta y dos reglas especiales: (i) una regla que exceptúa de este límite a las entidades inspeccionadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera (parágrafo 3º) y en los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos (parágrafo 4º); y (ii) una regla que establece un tope superior para los contribuyentes que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda previstos en la Ley 1537 de 2012. A juicio de los demandantes, este régimen especial vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria y la fórmula establecida por el legislador carece de la certeza exigida por el principio de legalidad.// Después de hacer un recorrido por los precedentes jurisprudenciales respecto de normas tributarias similares, la Corte llegó a la conclusión de que las reglas especiales contenidas en el artículo 109 de la Ley 1609 de 2012 no resultan lesivas de los principios de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, existen particularidades relevantes del sector de vivienda de interés social y de proyectos de vivienda interés prioritario que justifican el establecimiento de un tope superior al límite de deducibilidad, especialmente en cuanto se tratan de actividades regladas, sobre las cuales el contribuyente no tiene el control sobre el nivel y las condiciones del propio endeudamiento, que son reguladas por el Estado. En cuanto a los proyectos de infraestructura de servicios públicos, requiere unos altos niveles de inversión que en condiciones regulares solo pueden materializarse mediante el endeudamiento. Por ello, la limitación de la deducibilidad de los intereses responde a la necesidad de evitar que el endeudamiento de los contribuyentes sea utilizado con fines elusivos, así como al propósito de capitalización de las empresas.// Tampoco, prospera el cargo por falta de certeza tributaria, toda vez que la problemática que plantean los demandantes no apunta a demostrar la indeterminación del precepto demandado, sino a demostrar que siendo claro y preciso su contenido y alcance, se opone a otras disposiciones legales. Para la Corte, el déficit normativo alegado no deviene en la infracción del principio de certeza en materia tributaria, ni impone la necesidad de retirar de ordenamiento una disposición que tan solo eventualmente, en algunos supuestos de hecho excepcionales, podría entrar en colusión con el artículo 121 del Estatuto Tributario, que prevé una deducción de intereses sobre créditos a corto plazo de la importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios. // Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar la exequibilidad de los apartes normativos analizados del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, frente a los cargos de falta de certeza tributaria, igualdad y equidad.
Sentencia C-670 de 2015. Expediente RE-210. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Cierre de la Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Control de Constitucionalidad sobre el Decreto 1770 de 2015 "Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del Territorio Nacional. Con Anuncio de Aclaración de Voto del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. FALLO: Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional”. M.P. María Victoria Calle Correa. Control de Constitucionalidad al Decreto 1770 de 2015. La Corte determinó que el Gobierno nacional acreditó de manera satisfactoria, que por la magnitud y gravedad de la crisis humanitaria desatada como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno venezolano contra nacionales colombianos en desarrollo del Estado de Excepción decretado en ese país en una zona de la frontera con Colombia, las atribuciones ordinarias de las autoridades nacionales, departamentales y municipales de esta área resultaron insuficientes para atenderla y por lo mismo, se hicieron necesarias medidas excepcionales en diversos ámbitos de la atención debida a los colombianos afectados. Así mismo, el Gobierno demostró que no solo sus competencias ordinarias son insuficientes para responder adecuadamente a esta emergencia, sino que en varias áreas puntuales se requieren medidas específicas de nivel legislativo y no meramente administrativo, para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de la numerosa población afectada por la emergencia. // En particular, la Corte verificó que, como lo expuso el Gobierno, eran necesarias medidas especiales para afiliación al sistema de salud de estas personas, atención humanitaria en sus diversas fases, atención prioritaria a víctimas del conflicto interno armado que hayan sido obligadas a regresar a Colombia, apoyo de la Nación a las autoridades locales para atender la calamidad pública en la zona, levantar restricciones legales para la concesión de permisos especiales de ingreso y permanencia de los familiares venezolanos de estas personas, que deseen naturalizarse en el país, con el propósito de mantener la unidad familiar. De igual modo, ampliar la cobertura de programas sociales existentes para así proveer la atención que esta población materialmente requiere, dinamizar el mercado laboral de la zona de frontera gravemente afectada con una seria crisis de desempleo, levantar restricciones legales al transporte de carbón, entre otros aspectos a atender. Al mismo tiempo, la declaratoria del estado de emergencia garantiza la vigencia de los derechos humanos de miles de personas que han sido afectadas por las actuaciones de las autoridades venezolanas y preserva el normal funcionamiento de las ramas y órganos del poder. // Con fundamento en las anteriores razones, la Corporación declaró exequible el Decreto 1770 de 2015 por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
Sentencia C-671 de 2015. Expediente RE-213. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Cierre de la Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Control de Constitucionalidad sobre el Decreto 1773 de 2015 "Por el cual se autoriza la celebración de Convenios Interadministrativos para la Ejecución de Recursos Públicos por parte de las Entidades Territoriales" - Existencia de Conexidad entre los Hechos y Motivos de la Declaratoria de Emergencia. Con Anuncio de Aclaración de Voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa. FALLO: Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1773 de 2015. Control de Constitucionalidad al Decreto 1773 de 2015. La Corte encontró que existía una conexidad entre los hechos y las motivaciones que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica efectuada mediante el Decreto 1770 de 2015 y las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 1773 de 2015. // En efecto, mientras que en la declaratoria se expone la existencia de una crisis humanitaria generada por el cierre de la frontera con Venezuela y la realización de deportaciones, repatriaciones, expulsiones y retornos masivos de connacionales y se anuncian unas medidas para conjurarla, en el Decreto que se examina, se autoriza a las entidades territoriales afectadas por dicha crisis a celebrar transitoriamente convenios interadministrativos con las entidades del orden nacional y determinados Departamentos, con el propósito de canalizar recursos y garantizar la atención humanitaria de quienes regresaron al país. // Para la Corte, las medidas previstas en el decreto legislativo 1773 de 2015 son necesarias, en cuanto a que la suspensión temporal (entre el 7 de septiembre y el 25 de octubre de 2015) y delimitada geográficamente (ciertos municipios fronterizos con Venezuela) de la prohibición de celebrar convenios interadministrativos contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, era indispensable para que ciertos recursos públicos puedan llegar prontamente a las víctimas de la emergencia humanitaria. La suspensión temporal y geográfica de esa prohibición es una medida proporcional. Si bien en el sistema colombiano de fuentes del derecho, los decretos legislativos no pueden prima facie derogar o suspender norma de contenido estatutario, por cuanto estos decretos son adoptados con fundamento en dichas leyes (art. 151, literal e), la aplicación de un test de proporcionalidad arroja para el caso concreto, que la medida no vulnera la Constitución. Lo anterior, por cuanto la tensión que se presenta entre una garantía electoral encaminada a proteger el derecho fundamental de acceder en igualdad de condiciones a una competencia electoral y el derecho fundamental le asiste a la población a recibir prontamente una ayuda humanitaria, se resuelve a favor de esta última.
Registros 66 a 70 de 77
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