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Timestamp: 2020-03-30 23:56:25
Document Index: 287805732

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 230', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 36', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 32']

﻿ RESOLUCIÓN 2080 DE 1998
RESOLUCIÓN 2080 DE 30 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR SEGURIDAD SOCIAL. SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN RELACIONADO CON LA SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES COMO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD.
BOLETÍN N°:78 DE NOVIEMBRE 6 DE 1998
RESOLUCIÓN 2080 DE 1998
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición al Instituto de Seguros Sociales”.
La Superintendente Nacional de Salud,
en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 50 y 56 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 1259 del 20 de junio de 1994, artículo 7º, numeral 14, y
Que mediante Resolución 1416 del 31 de julio de 1998, originada por este despacho, notificada por edicto fijado en lugar público de la secretaria general de la Superintendencia Nacional de Salud el día 12 de agosto de 1998 y desfijado el día 26 del mismo mes y año, se ordenó en su artículo primero suspender el certificado de autorización de funcionamiento al Instituto de Seguros Sociales como entidad promotora de salud;
Que dentro de la oportunidad legal, el día 2 de septiembre de 1998, el Instituto de Seguros Sociales, entidad promotora de salud, a través de su apoderada, doctora Diana Margarita Ojeda Visbal, identificada con la C.C. 41.669.978 de Bogotá y tarjeta profesional 27086 del Ministerio de Justicia, interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo precitado, mediante escrito presentado personalmente ante esta Superintendencia, el cual cumple con los requisitos que establece el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y en consecuencia debe ser resuelto previa las evaluaciones correspondientes y de la siguiente manera:
1. El recurso del ISS.
La recurrente solicita se revoque la decisión adoptada en el acto impugnado sustentando su petición en los siguientes argumentos de hecho y de derecho, los cuales se concretan así:
1. Falsa motivación de la Resolución 1416 de 1998.
1.1. Margen de solvencia.
En relación a este punto, argumenta la apoderada:
“La Resolución 1416 de 1998 en el considerando 2 se refiere a las circulares externas 68 y 76 de 1998 por las cuales se fijan los plazos para la información sobre el margen de solvencia, tema éste que no fue considerado en la investigación administrativa abierta mediante auto 267 de junio 4 de 1998. Hay falsa motivación por cuanto esta resolución utiliza elementos diferentes al expediente de investigación administrativa para sancionar al instituto. Es ilegal cuando entre el cotejo de antecedentes tenidos en cuenta y la resolución no hay coincidencia por ser éste un tema nuevo.
No obstante lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales si ha acreditado el margen de solvencia en la forma prevista inicialmente por el Decreto 1485 de 1994 y las reglamentaciones efectuadas por la Superintendencia mediante la Circular Externa 16 de 1996, tal y como consta en el oficio VEPS 002696 de mayo 29 de 1998, que obra a folios 916 a 931 de los anexos, dirigido por el Presidente(e) del ISS doctor Luis Fernando Sáchica y la revisora fiscal, doctora Elsa Victoria Mena, a la directora general de entidades promotoras de salud y entidades de prepago de la Superintendencia Nacional de Salud, recibido en esa dependencia con NURC 229260 de fecha mayo 29 de 1998, oficio en el cual se acreditó el margen de solvencia correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 1997”.
Así mismo manifiesta que:
“La Resolución 1416 de julio 31 de 1998 no es concordante con el trámite seguido, ya que la conclusión de la investigación iniciada por la Superintendencia mediante auto 267 de 1998, no puede resolver respecto de situaciones no planteadas en éste y la acreditación del margen de solvencia no fue motivo de investigación, por lo tanto no se efectuó cargo alguno al respecto, ni se indagó en forma alguna por su cumplimiento o no.
Al respecto es patente la falsa motivación de la Resolución 1416 de julio 31 de 1998, porque no tenía a 31 de julio todos los elementos para sancionar al ISS, toda vez que el día 11 de agosto de 1998 efectuó el requerimiento NURC 251879, mediante el cual se solicitan las explicaciones al incumplimiento por parte del ISS con lo establecido por la Circular Externa 76 de 1998, dando como fecha limite para la recepción de éstas el día 14 de agosto de 1998”.
1.2. Indebida calificación jurídica.
Invoca la apoderada la doctrina y jurisprudencia del honorable Consejo de Estado para sustentar la motivación del acto impugnado, así:
“La motivación del acto administrativo es, de acuerdo con lo antes expuesto, un requisito de fondo, de sustancia, y de su adecuada ponderación conlleva que la decisión adoptada no sea solo una decisión jurídica, sino que también sea razonada, mesurada y logre los fines que la buena administración pretende que no son otros que la mejora en la prestación del servicio y la efectividad en la garantía de los derechos fundamentales de los individuos.
Igualmente se comprueba la falsa motivación de la Resolución 1416 de 1998 en el hecho de que la misma superintendencia mediante auto 387 de fecha agosto 10 de 1998, suscrito por la directora general para entidades promotoras de salud y entidades de prepago ordena una visita inspectiva con el fin de “verificar y evaluar aspectos de carácter contable, presupuestal, proceso de contratación y vigilar el cumplimiento del compromiso suscrito por el representante legal del Instituto de Seguros Sociales.
Demuestra el anterior auto, que la superintendencia no tenia la seguridad suficiente para tomar las determinaciones contenidas en la Resolución 1416 de 1998, e incurrió en error de apreciación de sus efectos jurídicos ya que para el día 31 de julio pasado, la Superintendencia consideró que el Instituto no estaba prestando efectivamente sus servicios como EPS y posteriormente el día 10 de agosto de 1998 envío una comisión a investigar los mismos hechos (fl. 936 a 941 de los anexos)”.
1.3. Falsa motivación por mutación de la verdad.
A este respecto la apoderada manifiesta:
“Está falsamente motivada la Resolución 1416 de 1998 cuando en lugar de analizar cada hecho, efectúa extensos comentarios y saca conclusiones apresuradas, subjetivas y sin el suficiente soporte probatorio. Por ejemplo, el informe respecto de la queja presentada por la asociación de usuarios del CAA norte, se concluye que se actuó a espaldas de la comunidad y que no se previno ni se eliminó cualquier circunstancia de “sorpresa” frente a la interrupción de servicios, no teniendo en cuenta el acta de reunión con los mismos usuarios, copia de la cual fue remitida a la Superintendencia en su oportunidad, como se expone más adelante”.
1.4. Falsa motivación por falta de apreciación razonable.
Se argumenta por la apoderada:
“La decisión de expedir el acto administrativo 1416 de 1998 no corresponde a los antecedentes por cuanto no se hizo una apreciación razonable frente a los hechos que le dieron origen al generalizar las quejas presentadas por algunos usuarios del instituto. Es así como de la falta de unos carnés se generaliza que no hay carnetización. De la falta de un medicamento se generaliza que no hay medicamentos. De la falta de oportunidad en la prestación de algunos servicios se generaliza que la EPS ISS no está prestando los servicios a que está obligada.
Se violó el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo ya que el contenido de la decisión no es adecuado a los fines que la autoriza ni proporcional a los hechos que le sirvieron de causa”.
2. Desviación de poder.
La recurrente invoca jurisprudencia del Consejo de Estado como argumento de su inconformidad así:
“La desviación de poder que es una forma de ilegalidad indirecta, supone que los móviles del acto administrativo no corresponden con los fines de la ley, lo cual se traduce en la utilización de una facultad legal o reglamentaria para un propósito diferente al fin para el cual se confirió la facultad”.
“La Superintendencia Nacional de Salud como autoridad administrativa investida de competencia para expedir el acto administrativo impugnado, no obstante que estuvo ajustado en lo externo a las ritualidades de forma, lo dictó no por razones del buen servicio sino para fines distintos como lo demuestra la forma intimidatoria en que el 31 de julio de 1998 (fecha de expedición de la resolución), en horas de la tarde, se intentó efectuar la notificación de la resolución pretermitiendo los trámites de ley consagrados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, pues mientras que por una parte se recibió vía fax a las 3:31 P.M. el oficio NURC 280478, (fl. 934 de los anexos) mediante el cual se solicitaba al representante legal “se acerque a esta secretaría ubicada en la carrera 13 Nº 32-76, piso 8º, teléfono 2 834385, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación con el objeto de notificarse personalmente del contenido de la Resolución 1416 del 31 de julio de 1998...” de otra parte se acercaron a las oficinas del ISS ubicadas en la avenida 15 Nº 100-43 piso 5º el secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud y el jefe jurídico de ese organismo para que el representante legal el ISS y la suscrita en calidad de directora jurídica nacional del ISS nos notificáramos alguno de los dos ese mismo día de dicho acto administrativo. Los fines eran publicitarios como quedó demostrado en la difusión a todos los medios de comunicación oral y escrita de dicho acto administrativo sin estar notificado y menos aún en firme. Igualmente se distribuyó por parte de la Superintendencia a la asociación de clínicas y hospitales dicha resolución para que se efectuara una rueda de prensa con el fin de divulgar el acto administrativo y colocar en escarnio público al ISS antes de éste conocer el acto administrativo, de ser oído y vencido.
Está demostrado que la Superintendencia Nacional de Salud no obró en función del buen servicio sino por motivos ajenos a esa finalidad como fue el afán publicitario y de propagación del poder de la superintendencia sobre un ente controlado”.
3. Violación al debido proceso.
La apoderada como fundamentos de su alegato, los concreta a los siguientes puntos:
a) Viola el derecho a la defensa del instituto al rechazar todas las pruebas solicitadas y aportadas y no valorarlas, tal como aparece en la resolución;
b) Lo que lleva a presumir la irregularidad son las quejas recibidas por el organismo de vigilancia y control y que demuestran que siguen ocurriendo eventos sin atención, que no se paga oportunamente a los prestadores de servicios de salud y que no se garantiza en todos los casos de prestación de servicios incluidos en el POS.
Esto no es otra cosa que la demostración fehaciente que la investigación fue cerrada sin que se perfeccionara, que la superintendencia sigue presumiendo que existen fallas, y además indica en forma clara que ése a que es una presunción solo en algunos casos no se presta efectivamente el servicio de salud;
c) En cuanto al pago de los prestadores de servicios de salud, no se acepta por parte de la superintendencia ninguna de las explicaciones relativas a los trámites y condicionalmente legales que constituyen el marco legal en el cual debe ser manejado el presupuesto del instituto, de conformidad con las normas de presupuesto de aplicación al ISS en su condición de empresa industrial y comercial del Estado;
d) Las quejas recibidas por la superintendencia, no pueden tomarse como ciertas hasta tanto no se efectúe la investigación respectiva, son un aviso para que se inicie la averiguación pertinente, pero se debe garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de la entidad, y luego, si considera probadas las faltas, lo que podría demostrar la superintendencia es que en algunos casos de atención en salud para algunos afiliados hay fallas que pueden presentarse dado el elevado número de usuarios, corresponden a un porcentaje ínfimo de las atenciones en salud brindadas y pese a esto, no se escuda el instituto en situaciones facilistas, que considere normal estas fallas muy al contrario, a cada queja o requerimiento de un afiliado se le hace el seguimiento directo y se busca solucionar su problema, dándole a cada situación el trámite individual correspondiente a la situación puntual presentada;
e) Cuando la superintendencia indica que: Lo que debió demostrarse es que los quejosos no tenían razón en cuanto a sus quejas y que los hechos por ellos denunciados o no tenían fundamento o carecían de veracidad.
Está limitando al instituto en su derecho de defensa al indicar el ente público que la única defensa posible del instituto consistía en demostrar que los hechos denunciados por quejas en la atención no tenían fundamento o no eran ciertos, pues se descalifica al Instituto no aceptándole ninguna justificación ni asumiendo que el instituto ha propiciado la solución a los casos concretos, tal como se demuestra con las contestaciones a los requerimientos efectuados;
f) La Resolución 1416 de 1998, de casos puntuales hace generalizaciones que descontextualizan la realidad del instituto.
Los anteriores ejemplos indican cómo la superintendencia, extrapola casos particulares hasta considerar que son la norma general, olvidando el rigor que debe tener el análisis de un caso de tanta trascendencia como la investigación de la EPS de más cobertura del país, y demuestra cómo no fue estudiada la situación de la entidad en forma objetiva.
9. La misma superintendencia desconoce la información que le fue suministrada en su oportunidad, tal como se demuestra con el caso citado a folio trece del auto, correspondiente al centro de atención ambulatoria del norte, en donde se cerraron los servicios y se interrumpió la entrega de medicamentos, aduce la superintendencia que se efectuó sin la adecuada información a los usuarios, esta situación no es cierta, pues de acuerdo con el acta suscrita entre el gerente de EPS de Cundinamarca, el gerente del CAA norte y la asociación de usuarios de Bogotá, y el comité del CAA norte, la comunidad estuvo enterada tanto de la situación del CAA, como de las medidas tomadas por la administración para no desmejorar el servicio, incluso nombrando los usuarios interventores cívicos de la obra, situación que fue puesta en conocimiento de la superintendencia en su oportunidad, de acuerdo con el oficio DJN-UCS 745 de fecha 20 de abril de 1998, dirigido por el coordinador de la unidad de superintendencias de la dirección jurídica nacional a la directora general para entidades promotoras de salud y entidades de prepago;
h) Niega el auto toda la posibilidad de defensa y desconoce y aprecia en forma errada y subjetiva las explicaciones rendidas respecto de las presuntas fallas de falta de oportunidad, humanización, integralidad y continuidad en la atención a los afiliados y beneficiarios cuando indica que son inaceptables las explicaciones dadas y el análisis estadístico razonado planteado por el apoderado del ISS.
Con el anterior análisis se desconoce la forma de atención de los casos que involucran la vida de las personas. No debe perderse de vista que los casos de urgencias por expresa disposición legal deben ser atendidos por cualquier IPS sin importar aspectos como existencia de contratos o convenios con las EPS, por lo que no entendemos que se nos intente endilgar consecuencias que no corresponden al accionar de la EPS desconociendo la argumentación expuesta o llevándola hasta extremos carentes de toda lógica, haciendo autor al apoderado de conclusiones absurdas como los que aparecen en el folio quince del auto 378 de 1998.
Es importante recalcar que paralelo al proceso de carnetización, se desarrolló el proceso de “comprobación de derechos”, el cual consiste en dotar a los diferentes centros de atención de salud de la base de datos de afiliados activos (afiliados que han pagado sus cotizaciones a tiempo), con sus respectivos beneficiarios y de esta manera facilitar el acceso a los servicios de salud, con la sola identificación del usuario sin necesidad de presentar el carné, tal como se había expuesto en la contestación del auto 267 de 1998.
De acuerdo con la jurisprudencia antes citada, debió la superintendencia mediante un auto interlocutorio, previo el análisis respectivo, resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas, decretar las que estimó pertinentes y rechazar las que consideró innecesarias y dicho auto debió ser notificado al instituto, con el fin que este hiciera uso de los recursos que la ley consagra, lo anterior de acuerdo con los artículos 348 y 351 del Código de Procedimiento Civil.
4. Requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud.
Manifiesta la recurrente:
“Con relación a cada uno de los requerimientos de la superintendencia, a estos se les ha dado el siguiente trámite, con el cual o bien se tomaron los correctivos del caso y se solucionó la problemática particular de cada quejoso, o bien se ilustró a este respecto de la situación por la cual no es posible para la entidad acoger la pretensión de éste, en tales casos indicando los fundamentos de orden legal que lo impiden”.
4.1. Por no suministro de medicamentos o suministro inoportuno de los mismos.
Relaciona entre NURC y expedientes 35 quejas e investigaciones.
4.2. Por imposibilidad de acceso.
Folio 35. Relaciona 23 quejas e investigaciones
4.3. Por imposibilidad de acceso en la atención de salud por falta de carnetización.
12 quejas al respecto
II. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud frente al recurso
Que frente a los argumentos del recurrente, examinados los elementos de juicio que obran en el informativo y del análisis de las pruebas aportadas la Superintendencia Nacional de Salud para resolver considera:
1. Falsa motivación del acto administrativo impugnado.
Varios argumentos invoca la apoderada en el punto debatido entre los cuales se destacan:
1.1. La resolución utiliza elementos diferentes al expediente de investigación administrativa para sancionar al instituto.
La Superintendencia Nacional de Salud fue instituida por la Ley 100 de 1993, como el organismo que dentro del sistema de seguridad social en salud ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica, para lo cual está dotada de las funciones que le son propias para asegurar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias por parte de los sujetos vigilados, en la administración de los recursos y financiación del sistema y el aseguramiento en salud de afiliados y beneficiarios en los diferentes regímenes; el ejercicio de sus funciones es reglado y contiene un claro propósito de interés publico en la protección de los derechos a la salud de la población en general.
La Superintendencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto 1259 de 1994 en su artículo 5º, ejerce amplias facultades tendientes al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la organización y funcionamiento de los diferentes tipos de entidades promotoras de salud, en especial su régimen tarifario y la calidad del servicio.
Al efecto, está provista de facultades para practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas a fin de obtener un conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de los negocios o de aspectos especiales que se requieran; y en concordancia con el régimen sancionatorio contemplado por el artículo 230 de la Ley 100 de 1993, la Superintendencia, puede revocar o suspender el certificado de autorización de funcionamiento otorgado a las empresas promotoras de salud, mediante providencia debidamente motivada, en la cual se establezca que la EPS ha dejado de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de su autorización o cuando se compruebe que no presta efectivamente los servicios previstos en el plan de salud obligatorio.
A este respecto, como claramente está fundamentado en los considerandos de la resolución impugnada, el Instituto de los Seguros Sociales entidad promotora de salud ISS-EPS está obligado a cumplir entre otras obligaciones con el margen de solvencia en la forma como lo determina la Ley 100 de 1993, artículo 180, numeral 6º; entidad que no dio cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 882 del 13 de mayo de 1998, ni a las instrucciones de carácter imperativo y obligatorio que establecían las circulares externas 68 del 11 de junio de 1998 y 76 del 21 de julio de 1998, con el fin de acreditar el margen de solvencia para asegurar la liquidez de la entidad promotora de salud.
Por el contrario, obra en el informativo como elemento de juicio, el escrito presentado por el doctor Javier Eduardo Guzmán Silva en su condición de vicepresidente financiero del ISS-EPS en el que manifiesta “No se dispone de la información para cumplir con los formatos de la circular”.
Con ocasión del recurso de reposición para acreditar el margen de solvencia la recurrente invoca el Decreto 1485 de 1994, la Circular Externa 16 de 1996 y oficio VEPS 002696 de mayo 29 de 1998, folios 916 al 931 del expediente; al respecto debe considerarse previamente, que bajo la normatividad señalada, el instituto no dio cumplimiento a la acreditación del margen de solvencia en forma trimestral como en tantas ocasiones le fue requerido; y las pruebas allegadas deben desestimarse por no considerarse conducentes ni pertinentes, en primer lugar por corresponder al desarrollo de la Circular Externa 16 de 1996, la cual expresamente fue derogada en todas sus partes por la Circular 68 del 11 de junio de 1998, sustituida por la Circular Externa 76 de 1998; y en segundo lugar, por cuanto la información allí suministrada hace relación al bimestre noviembre -diciembre de 1997, cuando la obligación de suministrar los datos correspondientes, debían allegarse con corte al 30 de junio de 1998.
En relación con el cambio de norma del margen de solvencia del Decreto 1485 de 1994 al Decreto 882 de 1998, no constituye un argumento válido, pues la pretensión de la nueva norma fue permitir la liberación de los recursos que se encontraban invertidos en CDT o títulos valores, con el fin de obtener liquidez y pagar con mayor oportunidad las obligaciones con terceros; situación que frente al instituto no modificó su situación anterior, pues tales recursos tampoco los había constituido en la forma como estaba obligado.
Argumentar que “la acreditación del margen de solvencia no fue motivo de investigación” y que el acto administrativo impugnado no puede resolver situaciones no planteadas en el auto 267 de 1998, no tiene asidero jurídico ni fundamento legal alguno toda vez que:
a) El margen de solvencia de conformidad con lo establecido por el artículo 180, numeral 6º de la Ley 100 de 1993, se debe acreditar periódicamente por parte de la entidad promotora de salud y constituye una obligación de la EPS-ISS, como una de las exigencias para actuar como tal y corresponde al ente de control verificar su cumplimiento; máxime cuando las circulares 68 y 76 de 1998 de esta Superintendencia y la Carta Circular 16 del 21 de julio del mismo año, que expresamente contemplan la obligación para las entidades promotoras de salud de calcular mensualmente el margen de solvencia que asegure la liquidez necesaria para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, se constituye en información de obligatorio cumplimiento por parte de tales entidades, frente a la cual no existe la posibilidad de alegar excepciones de ninguna naturaleza, toda vez que la misma constituye la fuente desde la cual el ente de control asegura las posibilidades de pago frente a los prestadores de servicios.
El Instituto de Seguros Sociales, ha mantenido un manejo de información financiero y contable que no le ha permitido satisfacer las exigencias de información que le exige esta superintendencia; lo que en el fondo le origina serias dificultades para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema, cualquiera sea la forma en que la información deba ser suministrada y que clarifica el por qué de la posición adoptada por sus funcionarios, de no contar con la información requerida en forma oportuna; uno a uno de los datos que regularmente exige el órgano controlador, son aquellos que precisamente el vigilado debe mantener actualizados en estados contables y financieros, lo cual no ocurre en los casos en que se acude regularmente al instituto citado.
De lo anterior, es claro que el acto administrativo impugnado nace como consecuencia de hechos y actuaciones administrativas plenamente demostradas y sobre las cuales el ente vigilado ejercitó el derecho de defensa tal como se puede comprobar con la solicitud elevada por el jefe de la división de entidades promotoras de salud(e), NURC 238523 del 11 de julio de 1998, al doctor Carlos Wolff Isaza, en donde se requiere explicación de las razones por las cuales no se envió la información solicitada para determinar el margen de solvencia exigido para asegurar la liquidez de la EPS-ISS en los términos del Decreto 882 del 13 de mayo de 1998; de la cual dio respuesta el vicepresidente financiero el día 27 de julio del mismo año, en la que expresa claramente no disponer de la información correspondiente.
Así mismo, para los cargos de rigor formulados mediante auto de investigación 0267 de junio 4 de 1998, se dio traslado al representante legal del ISS-EPS el cual mediante apoderado presenta descargos, los cuales fueron observados, analizados y tenidos en cuenta como elementos para concluir la investigación administrativa según auto 0378 del 30 de julio de 1998 suscrito por la directora general para entidades promotoras de salud y entidades de prepago.
b) Debe tenerse en cuenta igualmente, que el día 10 de septiembre del año en curso, posterior a la expedición del auto recurrido, se reciben vía fax 9 folios ilegibles aparentemente conteniendo la información sobre los formatos exigidos en la Circular 76 de 1998.
Posteriormente el día 17 de septiembre el instituto suministra nuevamente la información vía fax y directamente, mediante comunicación P. 006179, firmada por el presidente encargado doctor Mauricio Calderón, en donde indica que remite información relacionada con el margen de solvencia con el fin de dar cumplimiento a la Circular 76 de 1998 y en donde manifiesta que en la actualidad la entidad no cuenta con revisoría fiscal que desempeñe las funciones propias del cargo y que está en proceso de contratación para el período comprendido de 1998-1999 y primer semestre del 2000. Dicha comunicación contiene los siguientes formatos de la Circular 76 de 1998:
1. Formato SNS4000 MS3 (v1) sobre régimen especial, sin datos (no corresponde)
2. SNS4000 MS004 flujo de caja
3. SNS4000 MS005 indicadores
4. SNS4000 MS001 edad y morosidad de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y prestadores de servicios y usuarios, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Al respecto se considera que si bien es cierto dicha información, como es obvio, no se tuvo en cuenta para adoptar la decisión recurrida, este despacho es del criterio, que si bien el recurso de reposición debe resolverse de plano, en aras de preservar el derecho de los vigilados a suministrar la información que se requiere, es admisible su análisis y evaluación en el trámite del mismo, lo cual conduce a hacer más eficiente la vigilancia y a lograr los propósitos de la gestión de control, caso en el cual, de cumplirse con las exigencias de información, podría dar lugar a la reposición de la decisión inicialmente adoptada.
Sobre el particular debe aclararse en primer término, que los formatos remitidos no se encuentran firmados por el representante legal ni por el revisor fiscal como lo exige la circular, cuando establece que la firma del revisor fiscal certifica que los libros de contabilidad están al día y que en ellos se encuentran registradas todas las operaciones, que se ajustan a las normas vigentes sobre margen de solvencia y en especial que la información contenida en el formato respectivo fue extraída de los registros y soportes contables.
En segundo lugar, examinado el formato SNS4000 MS001 sobre edad y morosidad de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y prestadores de servicios y a usuarios, por los meses de enero a junio se observa lo siguiente:
Mes Cuentas por pagar En mora Total
Plazo convenido ene-30 31-60 > 61 Total en mora
Enero 34.234 1.339.291 1.373.525 1.373.525
Febrero 5.120.581 5.120.581 5.120.581
Marzo 11.831.923 11.831.923 11.831.923
Abril 26.091.953 26.091.953
Mayo 36.721.926 36.721.926
Junio 53.286.757 53.286.757
Total 116.100.636 18.326.029 134.426.665
Conforme se analiza en el cuadro anterior, la entidad presenta una mora acumulada a junio 30 de $ 6.494.106.000 de más de treinta días y unas cuentas por pagar de $ 134.426.665.000.
Por lo anterior, se considera que el instituto no ha acreditado hasta el momento con corte al 30 de junio, el margen de solvencia en cumplimiento a lo prescrito por el Decreto 882 de 1998 y en los términos de la Circular 76 de 1998, aun examinada la información aportada en el trámite de esta decisión; no habiendo variado los elementos probatorios que dieron origen al acto impugnado, como más adelante se determinará.
De lo anterior aparece claro que no existe sustento alguno para determinar que frente al acto impugnado ha existido falsa motivación; sobre el particular, ha dicho el Consejo de Estado:
“La motivación no sólo está constituida por las normas de derecho que sirven de fundamento al acto, sino también por razones de hecho, los fines o propósitos que conducen a la autoridad competente a su expedición. El hecho de que se diga que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada adoptada la Resolución 1846 “En ejercicio de las facultades legales” ya es un principio de motivación jurídica, que si ciertamente no es la ideal, si entraña una afirmación verificable, tanto a partir de la regulación propia del organismo en acción, como la materia objeto de las disposiciones contenidas en el acto atacado”.
“Al fin y al cabo la razón de ser de la motivación es la de servir de factor de control y valoración de los actos administrativos, papel que aquí se cumple con el enunciado causante de la inconformidad del actor. A ellos se agrega que en los considerandos del acto se alude la materialidad de una de tales facultades y a los cometidos que le han sido asignados a la entidad que lo origina en relación con la actividad objeto de la regulación, con lo cual se avanza con una mayor precisión de los fundamentos normativos del acto. De igual forma, no cabe ver como falsa motivación el hecho de invocar en los considerandos el propósito de “evitar que personas no autorizadas conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de los vinculados por cuanto éste encaja en la facultad y cometido invocados, como son los de ejercer la supervisión y control de los servicios del ramo y consecuentemente velar por el mantenimiento de los altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la prestación del servicio en comento”.
De lo expuesto, puede afirmarse por el despacho dentro de la apreciación de los argumentos expuestos, que los mismos no atienden la motivación que originó el acto acusado, el cual estuvo debidamente sustentado en una realidad inexpugnable: que el Instituto de Seguros Sociales, no acreditó ni lo ha hecho hasta el momento, el margen de solvencia que le corresponde presentar ante la entidad de control, quien en ejercicio de sus funciones le requirió para el efecto sin que se viera satisfecha su solicitud; por lo cual, mal puede predicarse una falsa motivación en el acto acusado.
1.2. Falsa motivación por mutación de la verdad presentada por el apoderado y falta de apreciación razonable.
Respecto a este punto, los argumentos de la apoderada hacen relación a que el acto recurrido “efectúa extensos comentarios y saca conclusiones apresuradas, subjetivas y sin el suficiente soporte probatorio”; se desconocen pruebas presentadas por el apoderado y se sacan conclusiones que nunca fueron dichas “como que nada importa la muerte de una persona siempre que la entidad demuestra que ha atendido millones”.
Para decidir, debe tenerse en cuenta en primer lugar, que conforme a los principios generales de procedimiento y en especial los contemplados por los artículos 3º, 29, 30 y 35 del Código Contencioso Administrativo que dieron origen a la resolución recurrida, esta fue orientada en virtud de los principios de eficacia, imparcialidad y contradicción, habiéndose dado oportunidad al vigilado para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e informes disponibles como palmariamente se dejo expuesto en el punto primero del proveído, se adoptó una decisión que tiene pleno respaldo fáctico y jurídico.
Por otra parte, aplicando lo ordenado por los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, la parte resolutiva del acto atacado, contiene la decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones estando en concordancia con los hechos y las pruebas que obran en el informativo y en armonía con los considerandos, los cuales se concretan a los hechos materia de la investigación administrativa; y en el acto administrativo impugnado se deja expresa constancia que la “prueba testimonial no se considera procedente porque ella nada aportaría a la investigación distinto a lo contenido en el memorial de explicaciones, frente a las pruebas objetivas que obran en la misma y que constituyen fundamento de las consideraciones en el presente acto administrativo.
No es cierto que se hayan desconocido las pruebas aportadas por el apoderado, máxime cuando al observar los expedientes 6890, 7230, 7241, 6471 y 6238 el ISS-EPS reconoce en forma expresa la suspensión de servicios y la demora en la entrega de medicamentos, sin que en ninguna oportunidad se desvirtúen los hechos esgrimidos por la autoridad para adoptar la decisión correspondiente. En este orden de ideas no existe violación a lo establecido por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que no fue expedido simplemente con facultades discrecionales del Superintendente sino por el contrario, con previas instrucciones y solicitudes observando la ritualidad de las investigaciones y garantizando el debido proceso al ente vigilado.
Por demás llama la atención de este despacho, el que la apoderada del instituto persiga con sus dichos, desconocer la manera como la entidad de control ha actuado frente a la EPS, con el fin de alegar una motivación de carácter erróneo o inexistente; cuando principalmente del acerbo documentario, con un meridiano análisis por parte de quienes han sido capacitados profesionalmente para ello, se deduce con claridad que el vigilado ha actuado de manera omisiva frente al ente controlador. La jurisprudencia afirma que “la falsa motivación se configura cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad”; y que “la motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable. Asuntos que en el caso debatido, como fue expuesto, tienen todo el respaldo probatorio necesario que permitió el debido convencimiento de la administración sobre los problemas informativos y de prestación de servicios en el instituto, lo cual debía originar una decisión como la adoptada.
Falla directamente la argumentación de la profesional al acusar el acto de indebida motivación por lo expuesto; razón suficiente para que la Superintendencia Nacional de Salud no acoja ni estime jurídicamente procedente las afirmaciones de la apoderada.
Recogiendo algunos criterios sobre la desviación de poder ha afirmado la doctrina que:
Para Gordillo “existe desviación de poder toda vez que el funcionario actúa con la finalidad distinta a la perseguida por la ley”. Laferriere sostiene que “La expresión —desviación de poder— consiste en desviar un poder legal del fin para el que se ha instituido, haciéndolo servir a fines para los cuales no está destinado”. “La desviación de poder —ha dicho Aucoc— es el hecho de un agente de la administración que realizando enteramente un acto de su competencia y conforme a las formas prescritas por la legislación usa de su poder discrecional para casos y por motivos distintos a aquéllos para los cuales se le ha atribuido dicho poder”. Finalmente para Alibert “la desviación de poder es el hecho del agente administrativo que, realizando un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación, usa de su poder en casos, y por motivos y para fines distintos de aquéllos de los cuales este poder le ha sido conferido”. (Causales de Anulación de los actos administrativo, Miguel Largacha Martínez, Daniel Posse Velázquez, 1ª. Edición, Edit. “Doctrina y Ley”, Bogotá D.E, 1988, pág. 181).
El Consejo de Estado ha señalado sobre el particular que:
“Cuando un acto se acusa por desviación de poder, la prueba debe ser fehaciente y llevar al juzgador la certeza y convicción sobre su existencia; quien pretenda desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que contiene una decisión de insubsistencia, está obligado a probar la existencia de móviles distintos al buen servicio para su expedición. Sólo así podrá informarse dicho acto”.
Frente a tales argumentos, este despacho no encuentra justificadas las afirmaciones de la recurrente respecto al punto debatido, cuando manifiesta no obstante que estuvo ajustado en lo externo a las ritualidades de forma, lo dictó no por razones del buen servicio sino para fines distintos... La Superintendencia Nacional de Salud, no obró en función de buen servicio sino por motivos ajenos a esa finalidad como fue el afán publicitario y de propagación del poder de la Superintendencia sobre un ente controlado”. Como prueba de sus argumentos allega recortes de prensa, folios 858 a 913 e invoca la indebida notificación.
Con el fin de resolver, este despacho no encuentra asidero en las afirmaciones de la recurrente, que permitan concluir que las determinaciones impuestas al Instituto de Seguros Sociales han estado revestidas de un carácter distinto al que la ley ha perseguido al otorgar competencias al ente de control frente a los vigilados; o que al expedir el acto acusado existiere una razón distinta de aquella que se prevé para imponer este tipo de medidas, de tal manera que el Superintendente haciendo uso de sus facultades, las hubiere utilizado para fines distintos; por el contrario, del recaudo de documentos dentro del trámite que se ventila, se aprecia que existen razones más que suficientes para adoptar las decisiones impugnadas y reconducir las conductas inadecuadas, especialmente de carácter omisivo, practicadas por el ente vigilado; para nadie escapa que el instituto y lo que se decida frente a su comportamiento, tiene un gran peso frente al sector y al funcionamiento del sistema de seguridad social en salud; pero esa condición no lo releva en modo alguno del cumplimiento de sus obligaciones frente a aquel y frente a los miles y miles de afiliados y beneficiarios, cuya salud está en sus manos.
Permitir que la citada EPS actúe según su real saber y entender por normas de carácter particular en su propio beneficio, equivale a la distorsión del sistema y la afectación de los quereres del legislador con la expedición de la Ley 100 de 1993, frente a otros actores también importantes, frente a lo cual el papel del control resulta fundamental y oportuno y por qué no decirlo, definitivo; no por ello, frente a las decisiones sancionatorias de los entes de control del Estado, puede afirmarse siempre por el instituto que existe persecución, móviles torcidos o abuso en los instrumentos de vigilancia frente al vigilado; es frente a ello que la jurisprudencia ha sido vertical en la prueba frente al argumento del abuso de poder, pues no basta la simple afirmación de detalles intrascendentes frente al trámite de la actuación para permitir la información de los actos administrativos adoptados. Sobre el particular, las pruebas que dice esbozar la recurrente, no determinan una demostración conducente y eficaz que avale su manifestación, en criterio de este despacho, equivocada por cierto.
Para no omitir ningún aspecto y analizar la afirmación, no puede alegarse que existió una forma irregular de efectuar la notificación de la resolución impugnada, pretermitiendo los trámites de la ley consagrados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo establece claramente el deber y forma de la notificación personal, como el medio más idóneo de elevar a conocimiento de los interesados las decisiones administrativas que pongan término a una actuación administrativa; es una garantía de la manera jurídica de hacer efectivos los derechos, porque en ese momento el afectado puede interponer los recursos y ejercer las acciones que la Constitución y la ley le consagran, razón por la cual es deber de la administración proceder en primer término a notificar personalmente al interesado, o a su representante o apoderado el acto administrativo.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, en cumplimiento con la ritualidad procesal para hacer la notificación personal, se le envía por correo certificado una citación a la dirección que haya radicado; envío que se hace dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, dejando anexa al expediente la constancia del mismo.
Ahora bien, cuando no se puede efectuar la notificación personal, como ocurrió en el caso materia de estudio, toda vez que, a pesar de haberse ejecutado las acciones legales y de procedimiento necesarios para notificarlo personalmente, (hasta el punto de acudir al instituto para practicar este tipo de notificación, sin que la superintendencia fuera atendida por el representante legal), se procedió a notificarlo mediante edicto en un lugar público de la secretaría general de la Superintendencia Nacional de Salud por el término de 10 días contados a partir del 12 de agosto de 1998, 8:00 a.m. y desfijado el día 26 de agosto a las 5:00 p.m. procedimiento subsidiario de notificación.
Alegar pues, que el esfuerzo por hacer una notificación personal por el envío adicional de un oficio que perseguía ese mismo fin, es violatorio del derecho de defensa, constituye sin duda un desacierto de apreciación jurídica que no puede ser acatado por la administración, por lo que se rechaza como invocación para una reposición como la alegada.
Argumentos adicionales sobre la desviación de poder, en que se pone de manifiesto el despliegue periodístico de un acto administrativo, es imputarle a la administración móviles subjetivos ocultos en la intención del autor, que solo traducen un planteamiento distorsionado de la labor que debe cumplir la apoderada del instituto, para llenar de argumentos inconsistentes el recurso impetrado; cuando del análisis y estudio del expediente a través de las reiteradas investigaciones, asunto que no escapa a los medios de comunicación en su derecho de informar a la opinión pública, queda demostrado palmariamente que la entidad promotora de salud ISS-EPS viene incumpliendo como se expresó en la Resolución 1416 del 31 de julio de 1998, con sus obligaciones legales mínimas, el margen de solvencia, carnetización de los afiliados, suministro de medicamentos, prestación efectiva de los servicios del plan obligatorio de salud y cancelación oportuna de cuentas a las instituciones prestadoras de salud.
Finalmente, tampoco es de recibo por este despacho la afirmación de que el acto administrativo sin estar notificado y menos aún en firme se distribuyó por parte de la superintendencia a la asociación de clínicas y hospitales; además de ser temeraria toda vez que no corresponde a la realidad y no se aporta prueba alguna, debe clarificarse que toda la actuación administrativa estuvo precedida en el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.
3. Violación del debido proceso.
La Superintendencia Nacional de Salud como organismo de carácter técnico en desarrollo de su objeto debe ejercer las funciones que legalmente le corresponden en materia de inspección, vigilancia y control, cumpliendo a cabalidad con el ordenamiento jurídico, razón por la cual sus actos, entre ellos la Resolución 1416 del 31 de julio de 1998, deben ser expedidos con las garantías que protegen a los entes vigilados y aseguran una recta y cumplida función administrativa.
En manera alguna, el acto impugnado viola el derecho de defensa del Instituto de Seguros Sociales ISS-EPS; toda vez que, como se ha fundamentado y demostrado, éste es el producto de investigaciones administrativas previas y concluidas, en el cual las pruebas solicitadas, aportadas y que obran en el informativo fueron valoradas, controvertidas y tenidas en cuenta para la decisión tomada.
La apoderada, invocando los folios 6, 7 y 10 del acto administrativo impugnado, hace un análisis de los considerandos, concluyendo que respecto de las quejas de programas de promoción y prevención, falta de prestación de los servicios previstos en el plan obligatorio de salud, pago a los prestadores de servicios de salud, suficiencia de la red de prestadores, medicamentos, carnetización, oportunidad, humanización y continuidad en la atención a los afiliados, no fueron valoradas como pruebas y que la investigación fue cerrada sin que se perfeccionara.
Este despacho considera, como ha sido manifiesto en la interposición del recurso, que la afirmación de la recurrente igualmente carece de soporte jurídico, toda vez que no consulta los supuestos de hecho y de derecho que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo en cuenta para proferir la resolución impugnada.
Como inicialmente se dijo, puntos 1.1 y 1.2 de los considerandos, la actuación administrativa fue orientada en virtud de los principios de eficacia, imparcialidad y contradicción que orientan el Código Contencioso Administrativo.
Al observar el informativo, basta citar el Auto 015-EPS del 16 de enero de 1997 mediante el cual se abre la investigación de orden administrativo; más aún el día 13 de mayo de 1998, mediante Resolución 1987 la Superintendencia Nacional de Salud, imparte órdenes al ISS-EPS con el fin de que garantice en todo momento la atención oportuna en salud a sus afiliados, debiendo carnetizarlos y en caso de no hacerlo, abstenerse de exigirle documento alguno diferente al de su identidad para acreditar su derecho; así mismo, garantizar la existencia de los medicamentos autorizados en el POS y de su provisión permanente y oportuna a los afiliados.
Mediante Auto 015 del 13 de mayo de 1998, y 016 del 4 de junio de 1998, se ordena la acumulación de las investigaciones preliminares contra el Instituto de los Seguros Sociales EPS, correspondientes a las quejas por no suministro de medicamentos o suministro inoportuno de los mismos, por imposibilidad de acceso en la atención en salud, por la inexistencia o insuficiencia en la entrega de planillas de atención, exceso de trámites y procesos administrativos internos, así como la imposibilidad de acceso en la atención de salud por falta de carnetización.
La directora general de las entidades promotoras de salud y entidades de prepago mediante Auto 267 del 4 de junio de 1998 procede a abrir investigación contra la EPS-ISS por violación a lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo 2º del Decreto 1485 de 1994; artículo 20 del Decreto 1919 de 1994; Circular Externa de la Superintendencia Nacional de Salud 012 de 1995, artículo 32 del Decreto 1818 de 1997; artículos 11, 18 y 23 del Decreto 1818 de 1997 y artículos 7º, 8º y 44 del Decreto 806 de 1998. Al efecto previa motivación del auto, se concede al presidente del Instituto de los Seguros Sociales o a quien haga sus veces, un término de 15 días para que se rindan las explicaciones y aporte las pruebas que considere necesarias tendientes a esclarecer las presuntas irregularidades que se mencionan.
El día 8 del mes de julio de 1998, el doctor Alberto García Cifuentes en representación del ISS-EPS presenta descargos al Auto 267 del 4 de junio; descargos y pruebas evaluadas, analizadas y controvertidas, ordenándose cerrar investigación mediante Auto 0378 del 30 de julio de 1998.
De lo anterior se deduce con mediana claridad, que el ente controlado siempre estuvo informado de los actos administrativos que se profirieron por parte de la superintendencia, quien como corresponde, comunicó de todas sus decisiones al instituto y le confirió las oportunidades legales dentro del tramite, para que hiciera valer sus pruebas e hiciera las manifestaciones conducentes a clarificar cada uno de los aspectos en que presuntamente se encontraba incurso.
La Resolución 1416 del 31 de julio de 1998, es el resultado de un trámite administrativo iniciado por la autoridad de control frente a la asunción de sus respectivas competencias y el cual se efectuó con la ritualidad procedimental administrativa, previa la solicitud de explicaciones, valoración de las pruebas aportadas y garantizando el derecho a la defensa del instituto.
Mas aún; la Superintendencia Nacional de Salud procedió a requerir al ISS-EPS por las quejas contenidas en los expedientes 7319, 7278, 7296 habiéndole remitido copia de cada uno de ellos, con el fin de que la entidad promotora de salud diera respuesta y solucionará la petición de cada uno de los usuarios y a su vez remitiera copia de los resultados a la superintendencia dentro de un plazo de quince (15) días que vencieron el día 1º de julio de 1998, sin que el Instituto de Seguros Sociales se hubiere pronunciado al respecto; conducta inentendible de parte del vigilado, máxime cuando por oficios 260258, 260259, 260260, del 29 de julio de 1998 la dirección general para entidades promotoras de salud nuevamente efectúa un segundo requerimiento sin respuesta alguna hasta el momento de proferirse la resolución impugnada.
En esta oportunidad procesal, al estudiar las pruebas allegadas sobre cada uno de los puntos materia de análisis, el despacho acepta como conducente el oficio DJN UCS 0745 de fecha 20 de abril de 1998 y antecedentes del acta de reunión con los usuarios del CAA norte, folios 41 a 56 y 541 a 543 de los anexos reconociendo que la comunidad estuvo enterada de la situación del CAA y se tomaron las medidas para no desmejorar el servicio.
Lo anterior no obsta, para que el despacho analice el criterio de la recurrente cuando manifiesta “Si considera probadas las faltas, lo que podría demostrar la superintendencia es que en algunos casos de atención en salud para algunos afiliados hay fallas que pueden presentarse dado el elevado número de usuarios, corresponden a un porcentaje ínfimo de las atenciones en salud brindadas...”; criterio que no es de recibo en razón a:
a) De conformidad con lo ordenado por los artículos 177 y 179 de la Ley 100 de 1993, las entidades promotoras de salud tiene como función básica organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados, cualquiera que sea su naturaleza; para ello, prestarán directamente o contratarán los servicios de salud con instituciones prestadoras y los profesionales;
b) Las entidades promotoras de salud deben ceñirse a los principios de universalidad e integralidad, garantizando la protección a todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida, cubriendo las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población, y
c) Frente a los postulados constitucionales y legales, no es válida la afirmación de la recurrente de que la superintendencia deba reconocer que debido al elevado número de usuarios se puedan presentar algunas faltas en atención en salud a sus afiliados. A este respecto, solo cabe una apreciación de gran preocupación, pues cada uno de los derechos de los afiliados, en forma personal e individualizada deben ser garantizados y protegidos por la entidad que tiene ese deber; no existe pues, un criterio razonable, que frente a las muchas atenciones que presta el instituto, se acepte que en algunos casos la prestación no sea la debida; por el contrario, dada la magnitud de las afiliaciones, la exigencia debe ser mucho mayor por parte de la entidad controladora; al respecto cabe citar las apreciaciones de la Corte Constitucional, Sentencia SU-480 del 25 de septiembre de 1997, mediante la cual se desarrollan los principios de la seguridad social, la salud como derecho fundamental y la relación del Estado con las entidades promotoras de salud.
4. Requerimientos de la superintendencia
Conforme a lo solicitado por la recurrente, este despacho procede a efectuar el estudio pormenorizado de cada uno de los trámites, correctivos y soluciones que el ISS-EPS ha dado a las quejas que han sido presentadas por diferentes usuarios, según pruebas allegadas, folios 24 a 62 del recurso, determinando como se verá que en las relacionadas a continuación no se dio cumplimiento, reiterándose una vez más las decisiones adoptadas, haciéndole ver a la administración del instituto, sobre la necesidad de adoptar las decisiones y correctivos del caso; para el efecto debe acudirse a las convenciones señaladas en los puntos 1 al 15, que contienen las razones de la inobservancia:
Cuadro 1*
Por no suministro de medicamentos o suministro inoportuno de los mismos
Expediente 7278
Cuadro 2*
Por imposibilidad de acceso en la atención de salud por inexistencia o insuficiencia en la entrega de planillas de atención, exceso de trámites y procesos administrativos internos
Expediente 7296
Cuadro 3*
Por imposibilidad de acceso en la atención de salud por falta de carnetización
Expediente 7319
*NOTA: La presente circular contiene cuadros que no fueron publicados por carecer de interés jurídico general. Pueden ser consultados directamente en Legis Editores.
1. La entidad no aporta pruebas que fundamenten la respuesta y no soluciona la situación en forma inmediata.
2. No soluciona los aspectos señalados por la personera en cuanto a medicamentos y solicitud de remisión para practicar exámenes de laboratorio a la señora María Elena Bernal.
3. No se envía copia del acta de concertación realizada con los quejosos y en la respuesta enviada a esta superintendencia no acata las instrucciones impartidas por la Circular 009 de 1996, en el sentido de dirigir la respuesta al quejoso y remitir copia de la misma a esta superintendencia.
4. No da respuesta al usuario en lo atinente al suministro de medicamentos.
5. Limita su respuesta al proceso administrativo que se siguen en contra de la funcionaria sin tener en cuenta lo referente a medicamentos y asepsia en la clínica.
6. No hay solución inmediata para la situación planteada por los usuarios.
7. No responde a todos los aspectos relacionados en la queja.
8. No acata las instrucciones impartidas por la Circular 009 de 1996, en el sentido de dirigir la respuesta al quejoso y remitir copia de la misma a esta superintendencia.
9. La respuesta no satisface las inquietudes presentadas a los usuarios en cuanto a la remisión a la ciudad de Cali, no suministro de medicamentos y falta de oportunidad en las citas.
10. No responde aspectos relacionados en la queja, como el desplazamiento a Guaduas para ser atendidos por cuanto en el municipio no hay entidades adscritas.
11. No acata las instrucciones impartidas por la Circular 009 de 1996, en el sentido de dirigir la respuesta al quejoso y remitir copia de la misma a esta superintendencia. No remite pruebas de las acciones realizadas.
12. Se envía respuesta de abril de 1997 a problemas de enero de 1998. Lo cual evidencia que no se ha solucionado la situación.
13. No se da cumplimiento a la normatividad sobre carnetización.
14. No realiza gestiones tendientes a ubicar el usuario, toda vez que la entidades promotoras de salud deben mantener la base de datos actualizada.
15. No remite pruebas ni resultados de las actuaciones adelantadas.
De lo expuesto, como en efecto se determinará, no cabe duda para este despacho que la decisión adoptada mediante Resolución 1416 del 31 de julio de 1998 está ajustada a derecho y responde a la legalidad de que deben estar investidos los actos administrativos; sin dejar pasar por alto, que en medio de decisiones de tal naturaleza, existe no solo un asunto jurídico frente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las entidades del sistema de seguridad social en salud, incluido el Instituto de Seguros Sociales, sino la preservación de los derechos que corresponden a cada individuo para procurar la recuperación de su salud y la forma y términos en que dicha prestación debe darse, para garantizar la igualdad y dignidad en el trato al paciente, bajo preceptivas de eficiencia y calidad reales en la prestación misma de cada uno de los servicios de salud.
La acción de las autoridades y en este caso de la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la observancia del derecho y los principios constitucionales que determinan cualquier acción pública, debe estar sustancialmente encaminada a que la protección de los derechos y el acceso a los servicios públicos de salud sean no una realidad discursiva sino axiológica, de tal suerte que la condición humana esté revestida de una garantía social tendiente a permitir la recuperación física y psíquica del paciente, en mínimas condiciones de salubridad, higiene, hotelería y tecnología que le permitan materializar en el trato y la atención en salud, su propia condición.
Que para claridad del ente vigilado, es importante señalar que la decisión adoptada se mantendrá con fundamento en las consideraciones y motivaciones del acto recurrido y la decisión del recurso, hasta tanto el Instituto de Seguros Sociales acredite el cumplimiento de las obligaciones omitidas y que sirvieron de causa para proferir los actos administrativos correspondientes, previa evaluación de la dirección general de entidades promotoras de salud y entidades de prepago de esta superintendencia; sin perjuicio de que se ejerzan cabal y cumplidamente las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el ente vigilado.
Que por lo anteriormente expuesto, este despacho,
ART. 1º—No reponer la Resolución 1416 del 31 de julio de 1998 mediante la cual se ordena suspender el certificado de autorización de funcionamiento al Instituto de Seguros Sociales ISS-EPS.
ART. 2º—Notificar personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, el contenido de la presente resolución al gerente y representante legal del Instituto de Seguros Sociales, a su apoderado o a quien haga sus veces, haciéndole saber que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.
PAR.—Si no pudiese hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse por edicto con inserción de la parte resolutiva de la presente resolución.
ART. 3º—Comunicar la presente resolución a los señores ministros de Trabajo y Seguridad Social y de salud y enviar copia de la misma a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
ART. 4º—Una vez notificada, ordenar su publicación en el Boletín del Ministerio de Salud, capítulo Superintendencia Nacional de Salud.
ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Comuníquese notifíquese y cúmplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de octubre de 1998.