Source: https://www.aireg.es/2020/03/
Timestamp: 2020-04-09 14:42:48
Document Index: 39946909

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 40', 'in fine', 'artículo 378', 'artículo 24']

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Banco de España. Eurosistema
30.03.2020 bde.es
El Banco de España recuerda a las entidades financieras la importancia de definir y aplicar responsablemente sus políticas contables ante medidas de contención de naturaleza transitoria y excepcional
La situación de emergencia de salud pública creada por la propagación del COVID-19, y las necesarias medidas de contención adoptadas, están provocando una perturbación de gran intensidad para la economía española, que afecta a las empresas y a los hogares. Como complemento de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, es necesario que las entidades financieras (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago) continúen prestando apoyo financiero a las empresas y hogares afectados negativamente por esta situación transitoria y excepcional.
Teniendo en consideración el objetivo de apoyar a las entidades financieras en este importante papel de financiar a la economía real, para facilitar así su posterior recuperación una vez se supere la crisis sanitaria, los reguladores y supervisores bancarios europeos recomiendan hacer un uso adecuado de la flexibilidad prevista en el marco regulatorio.
En particular, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado un conjunto de medidas orientadas a proporcionar más flexibilidad a las entidades de crédito que supervisa directamente. Las entidades de crédito podrán hacer uso de los colchones de capital y liquidez, y se introduce un enfoque más flexible en relación con los plazos y los procesos supervisores, orientado a reducir su carga operativa.
El Banco de España, como autoridad nacional competente integrante del Mecanismo Único de Supervisión, asume las medidas comunicadas por el BCE, y las hace extensivas a todas las entidades financieras sobre las que ejerce sus competencias supervisoras de manera directa, en la medida que sean aplicables.
En concreto, en su comunicación del 20 de marzo del 2020 (1), en lo relativo al riesgo de crédito, el BCE proporciona a las entidades de crédito más flexibilidad:
• En el tratamiento de los préstamos respaldados por medidas de apoyo público, que afecta, entre otros elementos, a la clasificación como dudosas no morosas (unlikely to pay) de las exposiciones respaldadas por garantías públicas o afectadas por las moratorias impuestas legamente en el contexto de la actual emergencia sanitaria.
• Además, las exposiciones respaldadas por garantías públicas que pasen a ser dudosas se beneficiarán de un tratamiento preferente en términos de las expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones a efectos prudenciales.
• Se analizará con flexibilidad la aplicación por las entidades de sus estrategias de reducción de exposiciones dudosas, teniendo en cuenta las actuales condiciones de mercado.
• Finalmente, teniendo en cuenta el alto grado de incertidumbre sobre el impacto de la crisis sanitaria, se recomienda a las entidades que en las estimaciones de pérdidas esperadas den un mayor peso a los escenarios a más largo plazo, más estables, basados en el comportamiento histórico.
Además, el pasado de 25 de marzo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA2) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA3) publicaron sendas comunicaciones aclarando sus expectativas sobre la aplicación del marco prudencial y contable en el contexto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para mitigarla. En dichas comunicaciones, entre otros aspectos:
• La EBA señala que el ofrecimiento y aceptación de un programa de moratorias, bien amparadas en una disposición legal o bien por acuerdo entre la entidad y su cliente, no lleva automáticamente a la identificación de las operaciones como restructuradas o refinanciadas.
• La ESMA recuerda que se puede refutar la presunción de que las operaciones con importes vencidos con más de 30 días de antigüedad se reclasifican al stage 2 (categoría equivalente a normal en vigilancia especial).
• La ESMA indica que los aumentos significativos en el riesgo de crédito, que llevan a la clasificación como stage 2, se determinan considerando toda la vida esperada de la operación. Por tanto, se debe analizar en qué medida cambios repentinos y a corto plazo dan lugar a impactos durante toda la vida de la operación. Además, subraya que las moratorias u otras medidas que permiten el aplazamiento de los pagos concedidas ante la situación generada por el COVID-19 no tienen que llevar automáticamente a la identificación de un incremento significativo del riesgo de crédito.
En este contexto, el Banco de España recuerda a las entidades financieras la importancia de definir y aplicar responsablemente sus políticas contables teniendo en cuenta la naturaleza transitoria y excepcional de las medidas de contención del COVID-19. Para ello, resulta oportuno hacer uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable, sin menoscabo de la adecuada identificación del deterioro de las operaciones y de una estimación razonable de su cobertura por riesgo de crédito.
El uso de la flexibilidad existente en el marco contable implica, entre otras consideraciones, evitar la utilización automática de aquellos indicadores e hipótesis que, si bien pueden resultar razonables en situaciones normales, pueden no serlo en circunstancias excepcionales no previstas en dicho marco.
En este sentido, con relación a la clasificación y cobertura por riesgo de crédito, cabe recordar que:
• La existencia de importes vencidos con más de treinta días de antigüedad es una presunción refutable para la clasificación en la categoría de normal en vigilancia especial (NVE). Por tanto, no se clasificarán automáticamente como NVE aquellas operaciones que estén vencidas más de 30 días, si no han experimentado un incremento significativo en su riesgo de crédito.
• Para determinar si ha habido un incremento significativo del riesgo de crédito de las operaciones a efectos de su clasificación como NVE, debe tenerse en cuenta toda la vida de la operación. Es decir, se tiene que valorar si los posibles cambios que se consideren puntuales o transitorios en el comportamiento de pago tienen un impacto significativo en el riesgo de crédito durante todo el plazo de la operación.
• Únicamente se deben identificar como refinanciaciones o reestructuraciones aquellas modificaciones de operaciones cuyo titular tenga, o sea previsible que tenga, dificultades financieras; en otro caso, se trataría de renovaciones o renegociaciones. La existencia de dificultades de liquidez de prestatarios con un buen comportamiento de pago no llevaría automáticamente a identificar como refinanciaciones o reestructuraciones las modificaciones de las operaciones motivadas por la crisis del COVID-19 en el momento de su concesión. Estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito (ver punto anterior).
• La incorporación del efecto de las previsiones sobre condiciones económicas futuras en la estimación de las coberturas por riesgo de crédito debe hacerse sobre la base de información razonable y fundamentada. Por ello, dicha incorporación debería dar más ponderación a aquellas previsiones sin un alto nivel de incertidumbre que pueda menoscabar la fiabilidad de las estimaciones. Mientras no haya información disponible y fiable sobre el impacto del COVID-19, la entidad debería otorgar, en función del vencimiento de las operaciones, más peso a proyecciones establecidas en el largo plazo.
Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de España espera que las entidades financieras incorporen en sus sistemas contables y de gestión de riesgos, para todas las operaciones que se vean directamente afectadas por las consideraciones anteriores en relación con el COVID-19, los identificadores correspondientes, de los que habrán de informar a la Central de Información de Riesgos (CIRBE), de acuerdo con las especificaciones que se comunicarán a las entidades. Igualmente, se recuerda que deberán someter dichas operaciones a un adecuado seguimiento y control interno.
1 Nota de prensa de 20 de marzo de 2020, sobre flexibilidad adicional para los bancos en respuesta al coronavirus. Disponible en el enlace web: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Noticias%20Ultima%20Hora/Fich/presbce2020_54.pdf
2 Comunicación de 25 de marzo de 2020, sobre la aplicación del marco prudencial en lo relativo a impago, refinanciaciones e IFRS 9 a la vista de las medidas de respuesta a la COVID-19. Disponible en el enlace web: https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19measures
3 Comunicación de 25 de marzo de 2020 (ESMA32-63-951), sobre las implicaciones contables del estallido de la COVID19 en la estimación de pérdidas esperadas por riesgo de crédito bajo IFRS 9. Disponible en el enlace web: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid19_related_support_measures.pdf
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30 marzo, 2020 uso.es
Tras la publicación, a ultimísima hora del domingo 29 de marzo del RD-ley que regula la paralización de actividades no esenciales, son muchos los trabajadores y empresarios que no saben exactamente si deben o no parar. Desde USO, tratamos de aclarar qué actividades son consideradas esenciales, a las cuales no se les aplica el llamado “permiso retribuido recuperable”. Estas personas trabajadoras deben continuar acudiendo a sus puestos de trabajo.
¿A quiénes no se aplica esta medida de paralización de actividad?
•Lo dispuesto en el RD-ley no resultará de aplicación a los trabajadores cuyas empresas ya hubiesen solicitado o estén aplicando, en la fecha de su entrada en vigor, un ERTE el que ya no presten servicios los días que está en vigor esta medida, del 30 de marzo al 9 de abril. Tampoco aquellas empresas a las que se les autorice un ERTE durante la vigencia de este permiso.
•Tampoco será de aplicación a las personas trabajadoras que estén en situación de Incapacidad Temporal (IT).
•No se aplicará a quienes tengan su contrato suspendido por cualquier causa legalmente prevista.
•No se aplica las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia, mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
•A las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestan servicios en los sectores calificados como esenciales en el Anexo del RD, así como a las que presten servicios en las divisiones o líneas de producción que se correspondan con dichos sectores esenciales.
Anexo de sectores considerados como esenciales y que deben continuar con su actividad:
1.Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2.Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3.Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
4.Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
5.Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
6.Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7.Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
8.Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
9.Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+i y biotecnológicos vinculados al covid-19, los animalarios a ellos asociados, el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10.Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11.Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
12.Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
13.Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14.Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
15.Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
16.Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17.Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18.Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19.Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20.Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
21.Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
22.Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23.Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
24.Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25.Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
¿Puede cambiar el listado de actividades afectadas?
El ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, podrá modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en el RD-ley y sus efectos.
¿Qué ocurre con los empleados públicos que tienen legislación específica propia?
Respecto a este personal, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar su régimen jurídico, tanto respecto al carácter esencial de los servicios como a la organización concreta de los mismos. Personal afectado:
•Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
•Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.
•Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
•Personal militar de las Fuerzas Armadas.
•Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
•Personal retribuido por arancel.
•Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
•Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
¿Qué ocurre con la Administración de Justicia?
Jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma.
¿Qué ocurre con la contratación en el sector público?
Pueden continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación por el procedimiento del art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
El permiso retribuido recuperable no se aplicará a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento de la seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación no presencial (sin perjuicio de las suspensiones ya previstas en el art. 34 del RD-Ley 8/2020).
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29 marzo, 2020 uso.es
Explicación del recién bautizado “permiso retribuido recuperable” durante lo que queda de estado de alarma
El Gobierno anunció el 28 de marzo la paralización de las empresas que lleven a cabo actividades no esenciales como medida para frenar la difusión del covid-19 y controlar la pandemia.
Desde USO, el 16 de marzo trasladamos la Ministerio de Trabajo y Economía Social esta misma propuesta, basándonos en la necesaria defensa del derecho fundamental a la salud de los trabajadores. Es imposible, en la situación actual, cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entendíamos que, sin la paralización de la actividad presencial no esencial, no puede garantizarse la efectividad de las medidas del estado de alarma.
Para poder desarrollar esta medida, y dado lo extraordinario e inminente de la misma, el Gobierno plantea que se lleve a cabo mediante un “permiso retribuido recuperable” a través de la negociación colectiva. Desde USO, celebramos que se adopte la medida, a la par que se protege el empleo y el cobro de la nómina de los trabajadores, pero exigimos que no se utilicen eufemismos a la hora de denominar las medidas a tomar en la normativa que se aprueba.
En término laborales, solo los permisos no retribuidos deben recuperarse: los permisos retribuidos no se deben recuperar. Es necesario llamar a las cosas por su nombre para no dar lugar a confusiones: lo que se plantea en el Real Decreto-Ley 10/2020 es una distribución irregular de la jornada, no un permiso retribuido.
¿Cuánto entra en vigor la medida de paralización de actividades no esenciales y cuánto dura la medida?
Todas las medidas han entrado en vigor el 29 de marzo de 2020, excepto para las personas trabajadoras que tienen que garantizar la reanudación de la actividad empresarial. Estas podrán prestar sus servicios también el lunes 30 de marzo de 2020.
Hay que tener en cuenta que, aunque la Disposición Final Única de este RD-ley indica que el mismo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, dicha publicación no se produjo hasta pasadas las 23:30 del mismo domingo 29 de marzo. No obstante, el “permiso retribuido” ha comenzado a aplicarse a las 00:00 del día 30 de marzo.
El “permiso retribuido recuperable” es de carácter obligatorio y será de aplicación desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, ambos días incluidos.
¿A quién se aplica este permiso?
El permiso será de aplicación para las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten sus servicios en empresas o entidades, públicas y privadas, cuya actividad no había sido ya paralizada por la declaración del estado de alarma establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo.
¿Qué significa estar de “permiso retribuido recuperable”?
Del 30 de marzo al 9 de abril, las personas a las que se aplique este permiso estarán liberadas de realizar su trabajo, pero percibirán su salario íntegro y con normalidad, incluyendo salario base y complementos.
¿Cómo y en qué períodos se van a recuperar las horas?
Tras la finalización del estado de alarma, prevista ahora mismo para el 11 de abril de 2020, salvo que se produzca una nueva prórroga, se tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para recuperar las horas no realizadas durante este período de “permiso”.
El calendario y forma de recuperación de las horas de trabajo se negociará con los representantes de las personas trabajadoras en un período máximo de 7 días.
Si no existe representación legal de los trabajadores en la empresa, la comisión la constituirán los sindicatos más representativos y representativos en el sector al que pertenezca la empresa. O, en su defecto, por 3 personas trabajadoras de la empresa, elegidas de conformidad con el art. 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. La comisión se constituirá en el plazo máximo de 5 días y la negociación deberá hacerse de buena fe. Las partes pueden acordar sustituir el período de consultas por procedimientos de mediación y arbitraje.
El acuerdo podrá regular la recuperación de todas o parte de las horas de trabajo, el preaviso mínimo para que las personas trabajadoras puedan conocer cuándo tienen que recuperar las horas y el período de referencia para recuperar el tiempo de trabajo no desarrollado. Si no hay acuerdo, la empresa notificará a los representantes de los trabajadores y a las personas trabajadoras su decisión al respecto en un plazo de 7 días desde la finalización del período de consultas.
En todo caso, se deberá conocer, con un preaviso mínimo de 5 días, el día y la hora del tiempo a recuperar.
La recuperación de horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020. Se respetarán, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, sin superar la jornada máxima anual prevista en el convenio de aplicación. También deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, legal y convencionalmente reconocidos.
¿Qué pasa si ya tenía acordadas vacaciones?
En el caso de que se hubiese acordado, individual o colectivamente, el disfrute de vacaciones para los días que esté en vigor el permiso obligatorio, las personas trabajadoras afectadas tendrán derecho a recuperar los días coincidentes con el permiso con posterioridad a su finalización, o en otro momento si así lo acuerdan con su empleador.
¿Qué ocurre si es imprescindible desarrollar un mínimo de actividad en mi empresa?
Las empresas que deban aplicar el permiso podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles, con el fin de mantener la actividad indispensable. Debe tenerse como referencia la actividad mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
¿Quién regula este permiso en las Administraciones Públicas?
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y los órganos competentes de las comunidades autónomas y entidades locales, dictará las instrucciones y resoluciones necesarias para regular la prestación de servicios de los funcionarios y empleados públicos sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de mantener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
¿Qué ocurre cuando resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad?
En estos casos, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este Real Decreto-ley podrán prestar servicio el lunes 30 de marzo de 2020 para hacer efectivo este permiso sin perjudicar de forma irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.
¿Qué ocurre con las personas trabajadoras del ámbito del transporte que están realizando un servicio no incluido en el RD-ley cuando dicha norma ha entrado en vigor?
Estas personas trabajadoras iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio el retorno correspondiente.
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Enlace al BOE .
Clasificado bajo: Sin categoría | Comentarios desactivados en Estado de alarma. Medidas urgentes Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
El Ministerio de Justicia ha dado luz verde, mediante una resolución de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a la reanudación de la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española por residencia, así como las de los descendientes de sefardíes originarios de España, trámites que quedaron interrumpidos por el estado de alarma.
La resolución de Justicia publicada hoy busca evitar algunos efectos de esta paralización atendiendo a la protección del interés general. La concesión de la nacionalidad española constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado y concede a la persona un estatus y unos derechos superiores a los derivados de la mera residencia legal en España.
De igual manera, mediante esta resolución, se deja sin efecto el impacto que supondría interrumpir la instrucción del elevado número de solicitudes de nacionalidad que están pendientes de resolución.
Por otro lado, se mantiene la suspensión del plazo de 180 días que establece la legislación para que se realicen ante el encargado del Registro Civil los actos relativos al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, y la renuncia a la nacionalidad anterior, cuando proceda, así como la solicitud de las inscripciones correspondientes.
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registradores-org
El art. 253 LSC requiere que en las sociedades de capital los administradores formulen dentro de los tres primeros meses del ejercicio las cuentas anuales, el informe de gestión (que incluirá el EINF) y la propuesta de aplicación del resultado.
El art. 260.20º de la misma ley establece que, como parte del contenido mínimo de la memoria anual, que es uno de los elementos de las cuentas anuales individuales, se incluirá: «la propuesta de aplicación del resultado.» Y en el art. 160.a) de la LSC se indica que la junta general deberá acordar la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
Aunque ni el art. 253 ni el art. 160 exigen la formulación por el consejo, o la aprobación por la junta, de todos estos asuntos simultáneamente, eso es lo habitual.
Ahora bien, la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID 19 es una circunstancia absolutamente extraordinaria que normalmente no ha sido tenida en cuenta por las entidades.
En el contexto de esta situación extraordinaria, el Colegio de Registradores de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores consideran que las entidades pueden, entre otras alternativas, optar por lo siguiente:
1.- Si el órgano de administración lo considera necesario, deberá reformular las cuentas anuales (CCAA) y modificar la propuesta de aplicación del resultado (PAR) incluida en la memoria, para que las CCAA recojan la última PAR que va a someterse a la junta (recordemos que el art. 38.c del Código de Comercio exige la reformulación en determinados casos, por riesgos que se materialicen entre la formulación y la junta, y el cambio en la PAR deviene de la materialización del riesgo del coronavirus). En igual sentido se pronuncia la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 en su artículo 25, Reformulación de cuentas.
Si la junta estuviera convocada, la reformulación obligaría a desconvocar la junta por razones de fuerza mayor. Sobre la desconvocatoria de la junta después del estado de alarma en relación con juntas cuya convocatoria se ha anunciado antes vid. artículo 40.6 in fine del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente alimpacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020). El precepto citado es aplicable a entidades cotizadas y a no cotizadas.
2.- Sin llegar a reformular las CCAA, lo que no será automáticamente necesario por el solo hecho de tener que adaptar la PAR a la situación derivada de la crisis sanitaria y puede resultar especialmente gravoso al exigir la reformulación y una nueva auditoría de cuentas, las entidades con juntas no convocadas pueden sustituir la propuesta de aplicación de resultados contenida en la memoria de las CCAA formulada por otra propuesta alternativa y ajustada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID 19 que apruebe el órgano de administración.
Esta nueva propuesta del órgano de administración, que es la que se someterá a la Junta, deberá justificar el nuevo contexto y los cambios recientes acaecidos en las circunstancias económicas y sanitarias, e ir acompañada de un escrito del auditor de cuentas, en el que indique que el cambio no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva PAR.
En el caso de entidades cotizadas la nueva propuesta y el escrito del auditor deberán hacerse públicas como información complementaria a las cuentas anuales tan pronto como se aprueben, en la Web de la entidad y en la de la CNMV como Otra Información Relevante (OIR) o, en caso de ser preceptivo atendiendo al caso concreto, como Información Privilegiada (IP).
3.- Tratándose de entidades con juntas convocadas, el órgano de administración puede optar igualmente por proponer el diferimiento de la decisión sobre la PAR contenida en la convocatoria de la Junta a una junta posterior que deberá celebrarse dentro del plazo previsto legalmente para la celebración de la junta ordinaria (plazo ampliado por el RDL 8/2020).
A diferencia de las entidades con junta no convocada, en este caso en la junta ya convocada sólo cabe proponer el retraso de la decisión sobre la PAR dada la existencia de delegaciones y votos ya conferidas o emitidos en favor de la propuesta incluida en la convocatoria. La nueva junta que se convoque podrá incluir una PAR distinta de la que incorporaba la convocatoria de la primera Junta. El objeto del diferimiento en la decisión es precisamente poder adaptar la misma al nuevo contexto.
Esta opción exigiría igualmente los mismos requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas y publicidad señalados en el apartado anterior, debiendo publicarse la decisión de diferimiento no más tarde de la constitución de la junta convocada y la información complementaria, antes de la nueva junta que se convoque a tal efecto.
Desde la perspectiva contable, el resultado contable neto se llevará a cubrir pérdidas o a remanente (Resultados Pendientes de aplicación, cuenta 120 de “Remanente” del Plan
General de Contabilidad). A efectos del depósito de cuentas, la certificación del órgano de administración deberá hacer constar la no aprobación de la propuesta de aplicación de resultados (vid. artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil sobre la certificación de no adopción de un acuerdo social).
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la suspensión de toda actividad no esencial a partir de lunes 30 de marzo.
Siguiendo las recomendaciones del Comité Técnico, y tras comunicárselo a los agentes sociales, el presidente del Gobierno ha tomado la determinación de que todos los trabajadores de actividades no esenciales se queden en sus domicilios entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambas fechas incluidas.
Un Consejo de Ministros extraodinario, que se celebrará telemáticamente mañana domingo, aprobará la medida con la que se reducirá aún más la movilidad de las personas, se disminuirá el riesgo de contagio y permitirá descongestionar las UCIs de los hospitales.
Es el momento de intensificar las medidas con responsabilidad y sacrificio, solo así ganaremos la batalla, ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
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28/03/2020. ccoo.es
Ambas organizaciones insisten en que las personas que trabajan en actividades esenciales deben contar con todas las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad y su salud.
CCOO y UGT valoran que el Gobierno apruebe un permiso retribuido para este periodo y se ponen a disposición para negociar la recuperación de esas horas, bajo el precepto de que es fundamental salvar el empleo y salvar las empresas. Asimismo continuarán trabajando para solventar todas las dudas y conflictos que puedan surgir en el cumplimiento de este decreto.
“Esperamos que la ampliación del confinamiento sirva para frenar el contagio y reducir la presión al sistema sanitario, para que éste pueda sea más eficaz en su labor de intentar sanar a las personas enfermas. Confiamos también en que las consecuencias positivas de esta medidas y este esfuerzo colectivo se vean pronto”.
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27 mar 2020 COVID-19
Los empresarios españoles representados por CEOE y CEPYME consideramos que las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo.
Desde CEOE y CEPYME advertimos que, a la espera de poder conocer todos los detalles, no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país.
Queremos dejar claro que nuestra voluntad por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo, y por ello, estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos.
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La madrugada del próximo domingo 29 de marzo comienza el horario de verano, que se prolongará hasta la madrugada del domingo 25 de octubre. Este cambio se materializa con el adelanto de los relojes una hora, de forma que a las 02:00 horas serán 03:00 horas.
Se da así cumplimiento a la Directiva europea 2000/84/CE que sigue vigente, sin excepción, en todos los Estados miembro de la Unión Europea.
El cambio de hora está sujeto actualmente a estudio de los respectivos países que integran la Unión después de que la Comisión Europea realizara en 2018 una consulta pública en la que más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora.
La Comisión de Ministros de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo aprobó el mes de marzo del año pasado posponer esta decisión, al menos, hasta el año 2021.
El cambio de hora suscita un amplio debate entre diversos colectivos sociales. En los últimos años se han realizado diversos informes que han tenido en cuenta no sólo aspectos relacionados con el posible ahorro de energía, sino otras cuestiones relacionadas con la necesidad de armonización de horarios, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y sus repercusiones sobre la salud, entre otras. Dichos informes coinciden en señalar que los beneficios del cambio de hora no parecen determinantes.
En agosto de 2018, y a solicitud del Consejo de Ministros, se creó en nuestro país un Comité de Expertos del que forman parte destacados profesionales de todos los sectores involucrados. Su objetivo es analizar los factores a favor y en contra del cambio horario, así como el impacto que tendría la decisión de adoptar de forma permanente una de las dos alternativas horarias.
Los resultados de este análisis serán tenidos en cuenta por el Gobierno para tomar la decisión sobre el huso horario en España.
Por otro lado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó en noviembre del año pasado una encuesta en la que el 65% de los participantes se manifestó a favor de permanecer en el horario de verano.
Tras la publicación de la propuesta de Directiva, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo realizó un informe elaborado por Sven Schulze en el que se puntualiza que, si bien los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros, estos son marginales y no hay certeza de que se produzcan en todos los Estados miembro. Frente a los que obtienen ahorros, están los países pueden ver verse afectados por un aumento el consumo de energía.
El informe también indica que puede haber ahorros en iluminación, pero que no es tan obvio que ocurra lo mismo con la calefacción, pues podría incluso aumentar su consumo. Además, según indicaron los expertos, los resultados son difíciles de interpretar ya que están muy influenciados por factores externos tales como la meteorología, la geografía y el comportamiento de los usuarios.
En España no existen informes actualizados que permitan asegurar que el cambio de hora lleve asociados ahorros energéticos. Además, las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación, en los sistemas de climatización y en los propios edificios, así como la progresiva introducción del autoconsumo, alteran significativamente los análisis que, originalmente, se utilizaban para calcular estos datos.
Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en cualquier caso, se anima a la ciudadanía a practicar -en la medida de lo posible- medidas que fomenten la eficiencia y el ahorro de energía en sus consumos domésticos, especialmente mientras se prolonguen las medidas de confinamiento establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A tal efecto, en la página web del Instituto está a disposición una guía con consejos prácticos, y la plataforma de formación online.
España, geográficamente, está ubicada en el huso UTC/GMT+1, en coincidencia con la mayor parte de Europa a excepción de Reino Unido, Irlanda y Portugal, que se mantienen en el UTC/GMT+0. Esta adscripción de huso es la que marca desde 1940 la «hora oficial» española, adelantada en 60 minutos a la «hora universal».
En la latitud de nuestro país las horas de luz son las mismas, alrededor de 10 en invierno y unas 14 en verano, pero no amanece o anochece a la misma hora en el este que en el oeste, pudiendo haber más de una hora de diferencia de un extremo al otro. Vigo, por ejemplo, es la ciudad europea en la que más tarde anochece.
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El esfuerzo económico que está realizando nuestro país debe sostener el empleo, por lo que CCOO reclama al Gobierno medidas que eviten los despidos de trabajadores, tanto eventuales como indefinidos, y apela asimismo a la responsabilidad del empresariado para controlar despidos indiscriminados.
25/03/2020. ccoo.es
CCOO considera que nuestro país está haciendo un esfuerzo inmenso por sostener el empleo a través de medidas que favorezcan alternativas a los despidos como son los ERTEs. Son decenas de miles los que se están registrando y que afectarán a centenares de miles de personas trabajadoras que verán suspendida su actividad de manera temporal, pero podrán acceder a una prestación de desempleo incluso las que no tuvieran el tiempo de cotización legalmente establecido para ello.
Pero este esfuerzo económico tiene el objeto de sostener el empleo y por tanto hay que tomar medidas adicionales para evitar despidos. Estamos conociendo empresas que han rescindido contratos antes de instar a un ERTE. Se trata de salvaguardar las empresas -dejan de pagar salarios y en buena parte, cotizaciones, se están tomando medidas para dotarlas de liquidez- y se trata de evitar despidos -se suspende la actividad garantizando una prestación, para reiniciarla cuando pase el estado de alarma.
Por todo ello, CCOO reclama medidas que eviten los despidos de los trabajadores tanto temporales como indefinidos, que se están dirigiendo a nuestra organización. Planteamos medidas que se han explorado en Italia como la prohibición temporal de los despidos, o bien condicionar cualquier ventaja económica o financiera a las empresas a que no despidan a sus trabajadores, o adoptar una indemnización disuasoria que haga antieconómico el despido –por ejemplo 45 días por año trabajado con una indemnización mínima de un SMI, para que incluso en las personas sin apenas antigüedad al empresario “no le salga a cuenta” despedir sabiendo que en un tiempo, que esperamos breve, tiene que volver a contratar-.
Hacemos una apelación a la responsabilidad del empresariado. Huyendo de cualquier generalización, queremos denunciar la actitud de algunas empresas que con los despidos previos a los ERTES han dejado sin protección a los trabajadores. Pedimos control sobre todas estas prácticas para que quienes las practiquen no puedan exonerarse de las cuotas a la seguridad social, teniendo en cuenta que el mantenimiento del empleo es una condición para que se puedan acoger a esta exoneración.
Por último pediremos prestaciones adicionales para los y las trabajadoras que hayan sido víctimas de estos despidos y no tengan acceso a ninguna prestación ni subsidio.
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La crisis supondrá la pérdida de 300.000 empleos en 2020, más del 60% en las pymes, si solo dura un mes
–Las microempresas serían las más afectadas, con una pérdida cercana al 2% del empleo.
— Las actividades más afectadas son también en las que las pymes tienen una presencia relativa superior: servicios de alojamiento y hotelería, las agencias de viajes; la industria textil y confección.
La economía española en general y las pymes en particular están afrontando un problema derivado de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus y cuyos efectos finales son muy inciertos, no disponiéndose aún de ninguna estadística oficial que refleje los efectos que, sin duda, se están generando sobre el empleo.
En este entorno de incertidumbre, únicamente es posible tratar de aproximar los posibles efectos que esta situación puede generar sobre nuestro sistema económico realizando hipótesis razonables sobre la duración y el posible impacto relativo sobre las diferentes ramas de actividad.
En esta línea, CEPYME, en colaboración con CEPREDE, ha realizado una primera estimación del impacto que se derivaría de la paralización del consumo de los hogares como resultado de las restricciones impuestas por el estado de alarma.
El efecto final de la crisis dependerá lógicamente de la prolongación en el tiempo de esta situación, aunque considerando una duración inicial de cuatro semanas, podría generar un impacto directo en torno al 0,9% del PIB, que se elevaría hasta el 1,7% al incluir los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto del sistema económico.
La contención de la actividad durante el periodo de cuatro semanas mencionado afectaría intensamente al empleo y en el conjunto de 2020 supondría prácticamente un estancamiento de la economía española y podría llegar a suponer la pérdida de unos 300.000 empleos en este ejercicio.
A estos impactos derivados de la contención en el consumo privado, habría que añadir la posible paralización de los procesos inversores, como consecuencia de una mayor incertidumbre, junto con la caída de las exportaciones, inducida por la reducción de la actividad a nivel mundial y los posibles efectos de las fuertes caídas registradas en los mercados financieros.
Distribución de las pérdidas de empleo Impacto relativo sobre el empleo total
Estos resultados medios son bastante heterogéneos en las diferentes ramas de actividad, y van desde una caída estimada del 7,3% en los servicios de hostelería, hasta un impacto prácticamente nulo en los servicios públicos. De hecho, algunas actividades de servicios públicos podría incluso registrar un efecto positivo por efecto de las mayores necesidades de prestación de sevicios
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lamonloa.gob.es
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•Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y dependientes; se establece que son servicios esenciales, que deben mantener su actividad durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son públicos como si son privados, los centros sanitarios y de atención de mayores y dependientes.
•Medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el Covid-19.
•Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y clarificándose su alcance; el presente Real Decreto-ley concreta el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cual debe ser la documentación y como debe ser la comunicación por parte del empresario al servicio público de empleo estatal para que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible. Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.
•Reforzamiento de los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas para los ERTE. Asimismo se establece que en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de desempleo por los trabajadores.
•Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.
•Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales.
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El Colegio de Registradores de España ha habilitado la vía telemática para agilizar la tramitación de las notas de índice de propiedades, un documento necesario para solicitar al banco el aplazamiento del pago del préstamo hipotecario de la vivienda habitual si se acredita vulnerabilidad económica. Esta posibilidad está prevista en el Real Decreto-ley de 17 de marzo, aprobado por el Gobierno, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.
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Enlace al ibex35
El 20 de mayo de 2015 cotizaba a 4,5050 euros. Hoy 27 de marzo de 2020 a 1,7590 euros
El dividendo en efectivo de 2019 se baja de 0,15 a 0,07 euros por acción
Además ha desconvocado sine die la Junta de Accionistas que se pensaba celebrar el 3 de abril.
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25 marzo 2020 Notas de prensa – registradores.org
25.03.20.- Los Registros se han adaptado tecnológicamente para evitar desplazamientos y mantienen la continuidad del servicio.
La atención personal por parte del registrador o de los empleados del Registro a los usuarios del mismo se realizará exclusivamente por correo electrónico o telefónicamente.
El horario de atención al público será de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Sigue pudiéndose presentar documentación mediante correo postal o mensajería o bien físicamente, aunque por el bien de todos se recomienda la presentación telemática.
En este último caso, además de identificarse la finca o titular del que se solicita la nota simple, hay que manifestar cuál es el interés legítimo para tal petición y acompañar escaneado el DNI del solicitante. Puede obtener el correo electrónico en el buscador de registros de www.registradores.org.
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Artículo de opinión de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT, en «Público»
La emergencia sanitaria que ha supuesto la expansión del coronavirus aparece inevitablemente ligada a un enorme impacto económico y social. Aunque todas las estimaciones son aún meras hipótesis, se habla ya de una caída trimestral del PIB del 12% y de una pérdida de unos 100.000 empleos diarios. Sea como fuere, no hay duda de que es y será una caída de producción, empleo y bienestar colectivo enorme. Tras algunas dudas y retrasos, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas están anunciando y aplicando medidas económicas a la altura del problema. El gobierno español ha puesto en marcha un paquete de actuaciones para intentar evitar los despidos, aplazar pagos y facilitar el crédito a las empresas que puede llegar hasta 200.000 millones de euros. El Banco Central Europeo ha aprobado una inyección de liquidez de 750.000 millones de euros para la compra de activos públicos y privados, frenando las tensiones en la prima de riesgo de los países. Y la Comisión ha puesto en cuarentena –por fin- los criterios de estabilidad, posibilitando la expansión del gasto. Son medidas adecuadas, que deberán ser complementadas próximamente.
En España, la gravedad de la crisis económica podría acentuarse más si cabe si atendemos a las condiciones de partida de nuestro país, donde la precariedad en el mercado laboral se ha convertido en norma: actualmente existen hasta 4,4 millones de trabajadores temporales, la mayoria con contratos de corta duración y muchos en fraude (falsos temporales) y, por tanto, sujetos a la posibilidad de una rescisión fácil y barata como herramienta de ajuste ante el parón económico y la recesión que ya se divisa. Y tampoco el despido de los trabajadores teóricamente «indefinidos» es difícil: durante la pasada crisis de 2008 a 2013 hubo 4,5 millones de despidos de este tipo.
Ante esta situación de emergencia, que amenaza con colapsar el metabolismo económico y social de arriba a abajo, es preciso adoptar medidas ambiciosas, y también repartir los esfuerzos adecuadamente, concediendo ayudas de manera extensa, pero también exigiendo aportaciones extraordinarias a quienes puedan realizarlas. Y, para ello, conviene echar la vista atrás para aprender de los errores del pasado y acertar con medidas que garanticen un reparto justo de los costes.
En la pasada crisis de 2008 también asistimos a una situación de rescate, en este caso financiero. En concreto, se destinaron alrededor de 85.000 millones de euros en ayudas públicas (sumando recapitalizaciones, garantías y aportaciones de liquidez) al sector financiero, de los cuáles el Estado no ha conseguido recuperar ni un 10%. Ello permitió que, al año siguiente del rescate, la banca cerrase sus cuentas con más de 9.000 millones euros de beneficios. Desde entonces, han acumulado beneficios por una cuantía de casi 90.000 millones de euros, unos 13.000 cada año. Ante las nuevas medidas aprobadas por el Estado, la inyección de liquidez y la creación de una línea de avales y garantías públicas que cubre 100.000 millones de euros, la banca se encuentra ante una nueva oportunidad de hacer negocio como canalizador del crédito privado. A raíz de los datos aportados, cabe reflexionar sobre el rol que ocupa el sector financiero en la sociedad, y la necesidad de exigirle algo más cuando las necesidades de la misma lo requieran, como ahora sucede. Porque las ayudas no pueden ir siempre exclusivamente en una dirección. En el caso de Bankia, que fue nacionalizada en el rescate, su contribución debe pasar por convertirse, junto al ICO, en una banca pública subordinada a los intereses de la mayoría, como tienen otros países como Alemania.
Por lo que se refiere a las empresas no financieras, de 2009 a 2013, a pesar de la situación recesiva, distribuyeron dividendos por un total de 259.302 millones de euros, que se elevan a casi 570.000 millones de euros hasta 2018. Los beneficios de estas empresas recuperaron su nivel pre-crisis en 2014, mientras que los salarios no lo hicieron hasta 2018. Paralelamente, la aportación de las empresas a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades se ha reducido en un 46% desde 2007. Los grandes grupos empresariales reducen todos los años sus beneficios contables en torno a 50.000 millones de euros por el juego que les permite la consolidación de los resultados de todas las empresas del grupo, provocando que solo paguen el 6,2% de sus beneficios. Algo que las PYMES no pueden hacer, ni por supuesto, tampoco las personas trabajadoras, cuyo tipo medio efectivo pagado en el IRPF es del 17%. Curioso es el caso también de las SOCIMIS, empresas de inversión inmobiliarias creadas en 2009 supuestamente para ‘revitalizar’ el mercado inmobiliario, cuyos beneficios en 2018 ascendieron a los 2.200 millones de euros y, de los cuales la hacienda pública no ingresa nada, pues estas empresas quedan exoneradas del pago de impuesto de sociedades a raíz de la aprobación de la ley que las regula en 2013.
Todos estos datos reflejan cómo las grandes empresas manejan discrecionalmente sus resultados contables para maximizar los dividendos repartidos y minimizar el pago de impuestos, aportando año tras año al erario público menos de lo que les correspondería; y cómo, ante escenarios de colapso económico, tienen a su alcance -a diferencia de los trabajadores y trabajadoras-, distintos mecanismos y herramientas que les permiten amortiguar en gran medida sus consecuencias. Por eso ahora, la mayor facilidad aprobada para aplicar ERTEs -suspensiones temporales del empleo- para paliar el impacto del coronavirus no debe suponer una nueva asimetría en el reparto de los costes de la crisis, de manera que algunos de estos grandes grupos empresariales, que obtienen cada año enormes beneficios, se acojan a estas medidas de manera indiscriminada, reduciendo los ingresos de miles de familias trabajadoras, en lugar de absorber este coste extraordinario con los beneficios acumulados durante la fase expansiva que se ha roto ahora abruptamente.
En conclusión, es el momento de la responsabilidad colectiva, pero sobre todo, de las grandes empresas, que deben mostrar ahora su implicación en una sociedad que es la que les permite ganar miles de millones de euros en las fases de bonanza. Necesitamos repensar nuevos instrumentos que premitan construir una red de seguridad colectiva para todas y todos y, a su vez, garanticen un reparto más justo de las consecuencias de la crisis que se abre en el horizonte. Por eso sería necesario suspender los despidos durante el estado de alerta, como ya han hecho países como Dinamarca o Italia; prohibir la aplicación de ERTEs a empresas que sobrepasen una cifra determinada de beneficios; recuperar el pago del impuesto de sociedades a las SOCIMIS; implantar un sobrecargo fiscal extraordinario para los grandes grupos empresariales y financieros; crear permisos retribuidos para aquellas personas que en estos momentos necesidar cuidar de algunas persona del hogar; la moratoria en el pago del alquiler, que supone más de un 40% de los ingresos de aquellas personas que se encuentran en el quintil inferior de renta; o, por último, la creación de una prestación económica específica para aquellas empleadas del hogar que puedan quedar desprovistas de cualquier ingreso económico en caso de quedarse desempleadas.
Hay que evitar que haya empresas que aprovechen la crisis para incrementar sus beneficios a costa del malestar social, que las ayudas vayan a empresas con capacidad suficiente para absorber el shock y que algunas grandes sociedades privadas sacaran rendimiento de esta crisis por su posición privilegiada en el sistema (como la banca). Porque no es momento de dejar a nadie atrás; porque debemos tratar de crear certezas para aquellas personas a las que se les abre un mundo de incertidumbres; porque las medidas que se tomen en adelante, aún siendo difíciles, deben garantizar una vida digna para la mayoría; porque, como decía el profesor Sampedro parafraseando a Becker, economía eres tú, economía somos todos y todas.
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El Ministerio de Justicia ha publicado una resolución, consensuada con el conjunto de comunidades autónomas, y consultados el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que fija las medidas preventivas y de seguridad que deben adoptar los funcionarios de la Administración de Justicia en la prestación de servicios esenciales durante la contención de la pandemia.
El establecimiento de esta norma común para todo el territorio se acordó en la última reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus, constituida formalmente el pasado viernes al amparo de la orden SND/261/2020 del Ministerio de Sanidad. Dicha orden encomienda al ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios de Justicia, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, durante la vigencia del estado de alarma.
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la resolución publicada hoy establece las siguientes medidas:
Cualquier medida de protección debe anteponer la protección colectiva a la individual. Las medidas individuales deberán ser proporcionales al riesgo de la actividad profesional.
Medidas de prevención colectiva:
•No se permitirá el acceso a la sede judicial salvo justificación correspondiente.
•Se limitará al mínimo el número de personas que accede y el tiempo de exposición.
•Se dispondrá de geles hidroalcohólicos/jabones líquidos para el uso sistemático de quienes accedan a la sede y se dotará de mascarilla al usuario/justiciable/detenido con algún tipo de afección respiratoria.
•Se establecerá una distancia mínima de seguridad de 2 metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al público.
•Se dotará de elementos de protección colectiva, como mamparas y cintas de seguridad en los puestos de atención al público, y se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección de los espacios de trabajo.
Medidas de organización del trabajo:
•Se fomentará la utilización de los medios telemáticos disponibles con el objetivo de evitar desplazamientos.
•En las dotaciones mínimas de los servicios esenciales establecidos, se excluirá a las personas consideradas de riesgo (patologías previas, embarazo, lactancia u otras).
•Los desplazamientos inevitables a centros sanitarios, penitenciarios, de menores o residencias de ancianos, se coordinarán con la dirección del centro atendiendo a las medidas de protección establecidas.
•Se limitarán, en lo posible, los traslados de detenidos y presos a la sede judicial, arbitrando el sistema de videoconferencia o cualquier otro que permita la comunicación bidireccional de sonido e imagen.
•Se distanciarán temporalmente los señalamientos o las citaciones, en cuanto fuera posible, para evitar la acumulación de personas en las sedes judiciales.
Medidas de protección individual no exhaustivas:
•Se seguirán estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la trasmisión del virus. En caso de padecer afecciones respiratorias, deberán comunicarlo a las autoridades sanitarias y seguir sus instrucciones.
•Se reforzarán las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición: cuidar la higiene de manos para evitar contactos accidentales con secreciones o superficies contaminadas con las mismas, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser, o hacerlo en el ángulo interno del codo, evitar el contacto con los ojos, nariz y boca y el uso de adornos. Se mantendrá la distancia de seguridad de dos metros con personas que muestren signos de afección respiratoria y se evitará compartir objetos.
•Se habilitarán mascarillas y guantes para el personal de los servicios esenciales para salidas urgentes a los efectos necesarios.
Medidas sobre el entorno físico del trabajo:
•Se colocarán carteles informativos en los lugares de trabajo con las indicaciones de seguridad que deben observarse, así como en las zonas comunes y de atención al público. También en los aseos, con información sobre la forma de lavarse las manos.
•Se cuidará especialmente la higiene en el entorno estrechando la limpieza y desinfección, sobre todo en zonas de confluencia y uso común. Se intensificarán asimismo las labores de ventilación.
Protocolo para casos positivos y/o de aislamiento
•Por parte del afectado: deberá seguir las instrucciones del servicio de salud de su comunidad autónoma, comunicar la situación de incapacidad temporal a través de la gerencia territorial u órgano equivalente de una comunidad transferida y trasladar su situación a sus superiores jerárquicos y entorno laboral más cercano.
•Por parte del superior jerárquico del trabajador afectado: deberá comunicar el positivo y, en su caso, la incapacidad temporal a la gerencia territorial u órgano equivalente y adoptar las decisiones organizativas para garantizar la prestación de los servicios esenciales. La situación se comunicará de forma urgente al personal del órgano u oficina del trabajador respectivo a efectos de que puedan adoptar las medidas de precaución oportunas.
•Por parte de la gerencia territorial u órgano equivalente de la comunidad autónoma transferida: se darán instrucciones a las empresas de limpieza sobre las medidas de desinfección. Se comunicará a las autoridades sanitarias el positivo para la adopción de las medidas oportunas y se comunicarán las resoluciones de Sanidad referentes a las órdenes de cierre, cese de la actividad o aislamiento.
Actividades y riesgo de exposición
•Se consideran exposiciones de riesgo aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el Covid-19 sintomático.
•Se considera contacto estrecho el de cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático o que esté en el mismo lugar y una distancia menor de 2 metros de un caso probable o confirmado sintomático.
•Se consideran exposiciones de bajo riesgo aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso probable o con un caso confirmado no incluye un contacto estrecho.
•Se considera baja probabilidad de exposición la de las personas que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto.
Estas recomendaciones se deberán poner en conocimiento de los respetivos servicios de prevención de riesgos laborales y de los Comités de Seguridad y Salud para conocimiento y traslado.
Ampliación de horarios del Registro Civil
Por otro lado, el ministro de Justicia, de forma consensuada con las administraciones autonómicas de la Comisión de Coordinación de Crisis y en consultas con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado ha emitido una segunda resolución por la que los registros civiles estarán disponibles todos los días de la semana, en el horario habitual de mañana y entre las 17:00 y las 20:00 en horario de tarde, para la prestación de los servicios esenciales de inscripción de defunciones y expedición de licencias de enterramiento durante la vigencia del estado de alarma.
La medida busca dar el máximo respeto a las personas que fallezcan por Covid-19, aliviar la sensación de impotencia de sus familiares, que no han podido despedirse de ellos, y evitar la desolación que provoca entre el personal sanitario la acumulación de decesos.
Con estos mismos objetivos, el Ministerio de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma, dejó el pasado sábado en suspenso el artículo 24 de la Ley de Registro Civil -que exige un plazo de 24 horas entre la defunción y el enterramiento- para que las familias puedan disponer en el menor plazo posible lo que estimen oportuno para las exequias de sus seres queridos.
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23 de marzo de 2020 imf.org
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgievarealizó hoy la siguiente declaración tras una teleconferencia de losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20:
“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables yes preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a lagente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar consolidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron hoy losministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20.
Hice hincapié en tres aspectos en particular:
En primer lugar, las perspectivas de crecimiento mundial, que para 2020son negativas: se prevé como mínimo una recesión tan aguda como durante lacrisis financiera mundial o peor, pero esperamos una recuperación en 2021.Para llegar a ese punto, es fundamental que demos prioridad a la contencióny al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, en todo el mundo. Elimpacto económico es y será grave, pero cuanto antes se logre frenar elvirus, más rápida y vigorosa será la recuperación.
Respaldamos firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya hantomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a lostrabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de losprincipales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria. Estosvalerosos esfuerzos redundan no solo en interés de cada país sino de laeconomía mundial en su conjunto. “Se requerirá aún más, especialmente en elplano fiscal.
En segundo lugar, las economías avanzadas se encuentran en general enmejores condiciones de responder a la crisis, pero muchos países demercados emergentes y de bajo ingreso confrontan importantes desafíos. Seven muy afectados por la salida de capitales, y la actividad económicainterna sufrirá un grave impacto a medida que los países respondan a laepidemia. Desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retiradoUSD 83.000 millones de los mercados emergentes, la mayor salida decapitales jamás registrada. Nos preocupa especialmente la situación de lospaíses de bajo ingreso agobiados por la deuda, una cuestión sobre la queestamos trabajando en estrecha colaboración con el Banco Mundial.
En tercer lugar, ¿qué podemos hacer desde el FMI para proporcionarrespaldo a nuestros países miembros?
•Nos estamos concentrando en la supervisión bilateral y multilateralsobre esta crisis y en las medidas de política económica paraatemperar su impacto.
•Incrementaremos de forma masiva el financiamiento de emergencia,del que ya hemos recibido solicitudes de casi 80 países, y estamostrabajando en estrecha colaboración con las otras institucionesfinancieras internacionales para brindar una sólida respuestacoordinada.
•Estamos reponiendo los recursos de nuestro Fondo Fiduciario paraAlivio y Contención de Catástrofes a fin de ayudar a los países máspobres. Agradecemos los recursos ya comprometidos e instamos aotras partes a sumarse a este esfuerzo.
•Estamos preparados para desplegar la totalidad de nuestra capacidadprestable, de USD 1 billón.
•Y estamos analizando todas las opciones disponibles. Varios paísesde bajo y mediano ingreso han solicitado que el FMI realice unaasignación de DEG, como lo hicimos durante la crisis financieramundial, y analizaremos esta opción con nuestros países miembros.
•Los principales bancos centrales ya han establecido líneasbilaterales de swap con países de mercados emergentes. A medida quela compresión de la liquidez mundial se agudice, es necesariosuministrar a los países miembros proporcionen nuevas líneas deswap. También a este respecto analizaremos con el DirectorioEjecutivo y los países miembros la posibilidad de una propuesta quecontribuya a facilitar una red más amplia de líneas de este tipo,entre otras formas mediante un servicio financiero similar a unalínea de swap del FMI.
Estas son circunstancias extraordinarias. Muchos países ya están tomandomedidas que no tienen precedentes. En el FMI, trabajando estrechamente conlos países miembros, haremos lo mismo. Luchemos juntos para sobrellevaresta emergencia ofreciendo apoyo a la gente en todo el mundo”.
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Una vez conocidas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de este 24 de marzo para la concesión de un primer tramo de avales por importe de 20.000 millones de euros a empresas y autónomos, CEOE y CEPYME valoramos este nuevo paso dado por el Gobierno para facilitar la financiación bancaria de muchos negocios.
Se trata de unas medidas que veníamos demandando con carácter urgente los empresarios españoles, pues consideramos que son clave para la recuperación de la economía, ya que permitirán mantener aquellos negocios que están sufriendo un descenso drástico de su actividad con motivo del COVID-19 y que requieren de estos recursos para evitar en muchos casos el cierre.
A la espera de conocer en todo caso el detalle de estas condiciones, también valoramos positivamente que el Gobierno haya atendido a la necesidad de retroactividad de estos avales con fecha del 18 de marzo, y en especial el refuerzo que se contempla de las garantías que deben ofrecer la pequeña empresa y los autónomos para el acceso a la financiación, para los que este respaldo público alcanzará el 80% del importe solicitado
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La Línea de Avales, con un importe máximo de 100.000 millones de euros, tiene como objetivo apoyar a las empresas y autónomos españoles, garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado las características del primer tramo de la Línea, por importe de 20.000 millones de euros, el 50% del cual se empleará para garantizar préstamos de autónomos y pymes
La Línea, que es retroactiva para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, permite afrontar financiación para pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias
La garantía cubre, en el caso de autónomos y pymes, el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación
Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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La sentencia relata que los perjudicados, “además de sin dinero y vehículo, quedaban obligados al abono de las cuotas de los respectivos contratos de financiación”
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