Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25073
Timestamp: 2020-05-27 04:10:59
Document Index: 59314254

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 30', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'Artículo 59', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 72', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'Artículo 83', 'Artículo 84']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 144/2016
AUTO 144/2016, de 19 de julio
ECLI:ES:TC:2016:144A
Pleno. Auto 144/2016, de 19 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1643-2016. Mantiene la suspensión parcial en el recurso de inconstitucionalidad 1643-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. Voto particular.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 28 de marzo de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2 b); 6.1; 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); 84.d); y apartado 3 de la disposición adicional primera, todos ellos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda (publicada en el “Boletín Oficial del País Vasco” número 119, de 26 de junio de 2015). El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se produjese la suspensión de los preceptos legales impugnados.
2. Por providencia de 12 de abril de 2016 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado por el Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros. Por último, se ordenó también publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del País Vasco”.
3. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 21 y el 27 de abril de 2016, respectivamente, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunican el acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Por escrito registrado en este Tribunal el 22 de abril de 2016, el Procurador de los Tribunales y de la Administración general del País Vasco, don Felipe Juanas Blanco, bajo la dirección de la Letrada de los Servicios jurídicos centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, comparece en el proceso en representación del Gobierno Vasco y solicita que se le conceda prórroga del plazo para formular alegaciones; petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia de 25 de abril de 2016, prorrogándole por ocho días más el plazo de alegaciones conferido inicialmente, a contar desde la expiración de este.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de abril de 2016, el Letrado del Parlamento Vasco comparece en el proceso en la representación que legalmente ostenta y solicita que se le conceda prórroga del plazo para formular alegaciones; petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia de 27 de abril de 2016, prorrogándole el plazo de alegaciones inicialmente conferido por ocho días más, a contar desde su expiración.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de mayo de 2016, el Letrado del Parlamento Vasco procedió a formular alegaciones en el presente recurso de inconstitucionalidad, interesando la inadmisión del mismo, por falta de legitimación del Presidente de Gobierno para interponer el recurso, o subsidiariamente la desestimación. Mediante otrosí solicitó que, una vez conocidas las alegaciones en las que la Abogacía del Estado fundamenta la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados, se le dé audiencia al Parlamento Vasco para alegar lo que proceda sobre el levantamiento de la suspensión.
7. Don Felipe Juanas Blanco, Procurador de los Tribunales, asistido por la Letrada de los servicios jurídicos centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentó el 19 de mayo de 2016 el escrito de alegaciones en el presente recurso de inconstitucionalidad, interesando su desestimación. Mediante otrosí solicitó el levantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados, por las razones que seguidamente se indican.
Se refiere a continuación a los Autos del Tribunal que han resuelto los incidentes de suspensión de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de la Comunidad Foral de Navarra (ATC 69/2014); de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ATC 115/2014); y de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de Canarias (ATC 135/2015). A juicio del Gobierno Vasco, la doctrina sentada en dichos Autos no puede trasladarse miméticamente al presente caso, puesto que el juicio de ponderación que se exige en este trámite debe realizarse respecto a las circunstancias de hecho concretas y singulares que se traen al conflicto: el momento económico-financiero en el que despliega sus efectos la Ley vasca 3/2015, con una finalización exitosa del programa de asistencia financiera a la banca y una consolidación positiva de la recuperación económica; el escenario socio-geográfico en el que repercuten las medidas que en la misma se contemplan, con una política de vivienda consolidada en la Comunidad Autónoma del País Vasco que responde a datos propios y diferenciados de las otras Comunidades Autónomas (sobre todo Andalucía y Canarias) y el hecho de que la Ley vasca 3/2015 no contiene preceptos idénticos a los de las otras tres leyes autonómicas que fueron objeto de los citados Autos.
8. Por providencia de 23 de mayo de 2016 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones los escritos de alegaciones presentados por el Letrado del Parlamento Vasco y por la representación procesal del Gobierno Vasco, así como oír al Abogado del Estado y a los representantes del Parlamento y del Gobierno Vasco sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, para que, en el plazo de cinco días, expongan lo que consideren procedente al respecto. Asimismo se acordó resolver en su momento lo que proceda sobre la petición que formula por otrosí el Letrado del Parlamento Vasco en cuanto al traslado de las alegaciones que formule el Abogado del Estado.
9. Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de mayo de 2016, el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco, en representación del Gobierno Vasco, se ratificó en las alegaciones presentadas en el presente recurso de inconstitucionalidad, reiterando su solicitud de que se acuerde el levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de la Ley 3/2015.
10. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de mayo de 2016, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados con fundamento en las alegaciones siguientes.
a) Tras recordar la doctrina constitucional relativa a los incidentes de suspensión de leyes autonómicas, afirma el Abogado del Estado que el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley vasca 3/2015 ocasionaría graves e irreparables perjuicios en materia de vivienda. Cuestión aparte es la también impugnada disposición adicional primera de la Ley 3/2015, en su apartado 3, referido a la intermediación en el sector inmobiliario; el levantamiento de su suspensión provocaría también perjuicios graves e irreparables para el interés general, en este caso referido a la unidad de mercado, como principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española y que tiene su reflejo en el art. 139 CE.
Señala también que el contenido de los preceptos impugnados de la Ley vasca 3/2015 coincide con el de leyes autonómicas muy similares, si no coincidentes, todas ellas impugnadas ante este Tribunal por el Presidente del Gobierno. Es el caso del Decreto-ley andaluz 6/2013, de 9 de abril, luego sustituido por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, declarado parcialmente inconstitucional por la STC 93/2015, de 14 de mayo; la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra; la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda; y la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en Cataluña. Así, en esas Leyes autonómicas se regula un procedimiento para la declaración de una vivienda deshabitada, la expropiación forzosa del uso de la vivienda atendiendo a circunstancias especiales de emergencia social y el régimen sancionador por incumplimiento de determinadas obligaciones previstas en las respectivas leyes.
A los efectos de este incidente de suspensión, la proliferación de este tipo de leyes autonómicas produce un efecto acumulativo, al comprender gran parte del territorio nacional; lo que podría agravar aún más los efectos negativos para el sector financiero de las medidas que en dichas normas se contienen. A ello se añade el riesgo de que las medidas contenidas en este tipo de leyes se extienda al resto de Comunidades Autónomas, poniendo en peligro la efectividad de medidas estatales de política económica general, lo que debe ponderarse a la hora de decidir sobre el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados (ATC 87/2012, de 10 de mayo, FJ 4).
Cita también el Abogado del Estado en apoyo de su pretensión el ATC 69/2014, dictado en el incidente de suspensión de la Ley Foral 24/2013, de contenido casi idéntico a la Ley impugnada en este caso. En él este Tribunal se decantó por el mantenimiento de la suspensión al apreciar que la aplicación de las medidas impugnadas de la referida Ley Foral en materia de vivienda produciría perjuicios ciertos para el interés público, al afectar a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Este criterio fue reiterado en el ATC 115/2014, que mantiene la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley andaluza 4/2013, y en el ATC 135/2015, que mantiene la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley canaria 2/2014.
Apela asimismo el Abogado del Estado a la doctrina del fumus boni iuris, que el Tribunal Constitucional ha utilizado en ocasiones para el mantenimiento de la suspensión de una ley, invocando al respecto tanto los precedentes Autos de suspensión como los fundamentos jurídicos 17 y 18 de la citada STC 93/2015, de 14 de mayo, en relación con la medida de expropiación del uso de la vivienda, prevista también en la Ley vasca impugnada.
b) A partir de las consideraciones que anteceden, el Abogado del Estado pasa a exponer los perjuicios que a su parecer provocaría el levantamiento de la suspensión que pesa sobre los arts. 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2 b); 6.1; 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); y 84.d), todos ellos de la Ley vasca 3/2015.
La coexistencia de dos regímenes estatal y autonómico con idéntico objetivo pero distinta articulación jurídica, hace previsible que no solo surjan conflictos de aplicación que pongan en riesgo la deseable seguridad jurídica y la propia finalidad de protección perseguida por estas normas, sino que conduzcan también a la imposibilidad de que la normativa estatal despliegue sus efectos; criterio este utilizado en el citado ATC 64/2014 para acordar el mantenimiento de la suspensión. En consecuencia, parece evidente que solo una única norma de carácter y ámbito estatal evitaría cualquier incertidumbre jurídica y garantizaría una aplicación coherente de las citadas medidas de protección en todo el territorio nacional. Al respecto, se ha de tomar en consideración que la modificación del régimen estatal articulada por el Real Decreto-ley 1/2015, luego convertido en Ley 25/2015, ha ampliado el ámbito de protección de los deudores, al incrementar el concepto de lo que se ha de entender por umbral de exclusión. Este criterio ha sido acogido en la citada STC 93/2015, FJ 18, cuando hace mención al menoscabo de las competencias estatales por el Decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía, de contenido similar a la Ley vasca ahora impugnada.
c) En cuanto al apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley vasca 3/2015, que se refiere a la intermediación en el sector inmobiliario, sostiene el Abogado del Estado, con apoyo en el informe del Ministerio de Economía y Competitividad que adjunta, que el levantamiento de la suspensión de este precepto provocaría perjuicios graves e irreparables para la garantía de la unidad de mercado, como principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española; sin que, por otra parte, se puedan apreciar efectos irreparables por el hecho de que no se proceda al desarrollo reglamentario ordenado por la disposición adicional impugnada hasta tanto no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad.
11. El Letrado del Parlamento Vasco, por escrito registrado en este Tribunal el 3 de junio de 2016, solicitó el levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de la Ley 3/2015, por las mismas razones aducidas en este incidente por la representación procesal del Gobierno Vasco.
1. El objeto de esta resolución es determinar si procede mantener o levantar la suspensión de la vigencia de los arts. 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2 b); 6.1; 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); 84 d); y apartado 3 de la disposición adicional primera, todos ellos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, que se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) por el Presidente del Gobierno en su escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento Vasco han solicitado el levantamiento anticipado de la suspensión, conforme ha quedado expresado en los antecedentes, mientras que el Abogado del Estado se opone a esta pretensión, interesando el mantenimiento de la suspensión con una argumentación sustancialmente coincidente con la expuesta en los incidentes cautelares que fueron resueltos por este Tribunal con el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados de las Leyes autonómicas correspondientes en los AATC 69/2014, de 10 de marzo (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 2 de julio, de Navarra, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda), 115/2014, de 8 de abril (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda) y 135/2015, de 21 de julio (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda). El propio Abogado del Estado trae a colación los Autos citados en apoyo de su pretensión, mientras que los representantes procesales del Gobierno y del Parlamento Vasco consideran que la respuesta dada en dichos Autos a los conflictos allí suscitados no puede trasladarse al presente caso, puesto que las circunstancias de hecho concretas y singulares que concurren en relación con la normativa vasca impugnada conducen a entender que no existen perjuicios para el interés general que justifiquen el mantenimiento de la suspensión.
2. La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE resulta viable procesalmente, pues, conforme a nuestra reiterada doctrina al respecto, los cinco meses a los que hace referencia el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (por todos, AATC 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; 88/2013, de 23 de abril, FJ 2, y 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 2).
Igualmente se ha destacado en nuestra doctrina que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 LOTC), no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre o, al menos, razone consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, AATC 100/2002, de 5 de junio, FJ 2; 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 122/2015, de 7 de julio, FJ 2).
3. Antes de abordar el examen de las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado a favor de mantener la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos de la Ley vasca 3/2015, así como las de representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento Vasco en pro del levantamiento de la suspensión, hemos de resolver la cuestión de orden procesal suscitada por el Letrado del Parlamento Vasco. Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes, este solicitó mediante otrosí, en su escrito de alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad, que, antes de cumplimentar el trámite para alegar sobre el levantamiento de la suspensión, le fueran remitidas las alegaciones que realizara el Abogado del Estado en este incidente cautelar.
La petición formulada por el Letrado del Parlamento Vasco mediante otrosí en su escrito de alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Las decisiones que este Tribunal adopta sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de las leyes, disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas cuando se haya invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE se sustentan, exclusivamente, en la valoración de las alegaciones, esencialmente fácticas, que las partes comparecidas en el correspondiente proceso realicen ajustándose a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico 2. Lo hace “sujetándose también a la concepción que la LOTC tiene de los plazos que se otorgan a las partes ya comparecidas en los distintos procedimientos constitucionales, plazos que se rigen por el criterio de la simultaneidad y no por el de la contradicción” (ATC 428/2004, de 10 de noviembre, FJ 3). Por lo expuesto, no procede acceder a lo solicitado por el Letrado del Parlamento Vasco.
4. La Ley vasca 3/2015, de vivienda, en lo que atañe a los preceptos impugnados por motivos competenciales, define los conceptos legales de uso adecuado de la vivienda y de vivienda deshabitada; entiende por tal la que incumple su función social por encontrarse desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, sin causa justificada por los medios previstos en la propia norma autonómica. Impone a los propietarios el deber jurídico de destinar las viviendas de forma efectiva al uso habitacional, bajo amenaza de sanción en caso de incumplimiento de este deber, con arreglo a un sistema de presunciones; contempla entre las competencias de la Administración autonómica la adopción de medidas de intervención tales como el ejercicio del derecho de adquisición preferente y el desahucio administrativo, el alquiler forzoso de las viviendas deshabitadas, la expropiación forzosa de las viviendas deshabitadas y la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria, la venta forzosa, y la imposición de multas coercitivas y sanciones por incumplir las normas relativas al uso adecuado de la vivienda.
En suma, el contenido impugnado de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de vivienda, es similar en lo fundamental al de las Leyes autonómicas en materia de vivienda antes citadas de Navarra, Andalucía y Canarias, también recurridas ante este Tribunal y respecto de las que han recaído los citados AATC 69/2014, 115/2014 y 135/2015, acordando el mantenimiento de la suspensión de los correspondientes preceptos impugnados (a los que cabe añadir el ATC 32/2015, de 17 de febrero, que reitera lo razonado y acordado en el ATC 115/2014). Además, en lo que constituye objeto del presente recurso, la Ley vasca 3/2015 establece (art. 6.1) una nueva acción pública para exigir ante la Administración y los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente la observancia de la propia Ley y de las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en desarrollo y ejecución de la misma, y habilita al desarrollo reglamentario para la regulación de la actividad de agente inmobiliario en el País Vasco (apartado 3 de la disposición adicional primera).
5. Los daños y perjuicios de imposible o difícil reparación invocados en este caso por el Abogado del Estado son los mismos que se pusieron de manifiesto y se valoraron por este Tribunal en los referidos AATC 69/2014, 115/2014, 32/2015 y 135/2015. Similares son también los menoscabos de intereses públicos y privados derivados de la inaplicación de los preceptos impugnados de la Ley autonómica, sin que las partes hayan traído a colación nuevos elementos entonces no considerados, por lo que el resultado de nuestra ponderación debe ser el mismo que entonces (dejamos al margen por ahora el artículo 6.1, referido a la acción pública, y la disposición adicional primera, referida a la intermediación en el sector inmobiliario, de los que más adelante nos ocuparemos). En consecuencia, debe mantenerse la suspensión de los arts. 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2 b); 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); y 84 d); todos ellos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de vivienda, por las razones ya expuestas en los Autos de este Tribunal citados, que son, de forma sucinta, y proyectadas al presente caso, las siguientes:
a) Existe un perjuicio cierto para el interés general que subyace en el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero en su conjunto (AATC 69/2014, FFJJ 5, 6 y 7; 115/2014, FJ 5; y 131/2015, FJ 3) pues, aunque en términos cuantitativamente reducidos, los preceptos impugnados de la Ley vasca 3/2015 producen un menoscabo cierto para la estabilidad del sistema financiero, de manera que puede ponerse en riesgo la reestructuración bancaria apoyada con dinero público y el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales, debiéndose tener en cuenta, además, que a la Ley vasca 3/2015 deben sumarse las otras tres Leyes autonómicas en materia de vivienda anteriormente mencionadas; a ellas cabe añadir la Ley catalana 24/2015, de 29 de julio, que ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad, en el que también el Presidente del Gobierno ha invocado los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, a fin de que se produzca la suspensión de la aplicación de los preceptos impugnados.
Tales perjuicios para los intereses públicos se producen, según los informes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que han sido aportados por la Abogacía del Estado, “en aplicación del conjunto de medidas contenidas en los preceptos impugnados y no como consecuencia de cada una de ellas por separado, lo que determina la improcedencia a estos efectos de un examen individualizado de los mismos por su inescindible conexión y repercusión en el sistema financiero en su conjunto” (ATC 69/2014, FJ 7). Desde la óptica que nos ocupa poco importa que el programa de asistencia financiera a España, acordado por el Eurogrupo el 9 de julio de 2012 (memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera firmado el 20 de julio de 2012) con una duración de 18 meses, haya llegado a su fin de un modo satisfactorio; las condiciones impuestas, lejos de estar consumadas, siguen vigentes y desplegando sus efectos, los cuales han de sujetarse a los compromisos asumidos por España dentro de la Unión Europa, en particular en lo relativo a las ayudas de Estado. En el marco de esta supervisión las autoridades europeas competentes ya han examinado medidas legislativas autonómicas similares a las contenidas en la Ley vasca 3/2015, expresando su preocupación en cuanto a que dichas medidas han generado incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con posibles efectos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero español en su conjunto, tanto de forma directa como indirecta. En particular, han destacado el potencial impacto negativo de las iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios para las actividades de la SAREB. Esas inquietudes de las autoridades europeas son compartidas por el Banco de España, como se refleja en su documento referido a la Ley vasca 3/2015, que aporta junto a su escrito de alegaciones el Abogado del Estado.
En suma, aunque en términos cuantitativos reducidos, los preceptos impugnados “inciden en el sistema financiero en su conjunto, generando, en una situación como la presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente considerado, un menoscabo para el interés público que supone la estabilidad de dicho sistema y, en la medida que pueda poner en riesgo que la reestructuración bancaria apoyada con dinero público en virtud de un régimen especial de ayudas de Estado se desarrolle en los términos autorizados, da lugar a una afectación igualmente cierta para cumplimiento por España de sus compromisos internacionales, intereses prevalentes en la cuestión examinada y claramente distintos de los perjuicios reparables que pudieran sufrir las entidades de crédito, singularmente consideradas” (ATC 69/2014, FJ 7).
b) Asimismo se produciría un daño para la seguridad jurídica que no deriva de que las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma puedan quedar en entredicho si la resolución de fondo que se dicte en el recurso de inconstitucionalidad fuera favorable al Estado, sino de la mera convivencia sobre una misma realidad material de regímenes jurídicos dispares con idéntico objetivo (AATC 69/2014, FJ 8, y 131/2015, FJ 3), en concreto el de garantizar la efectividad del derecho a una vivienda.
Al respecto debe tenerse en cuenta que, como se recuerda en la STC 93/2015, de 14 de mayo, “el Estado ha dictado una normativa en la que, incidiendo de un modo limitado en el sistema de ejecución hipotecaria, atiende a la situación de quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda. Adoptó al efecto el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, que luego se ha convertido, en virtud de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, en Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada parcialmente por el art. 3 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social”, posteriormente convertido en la Ley 25/2015, de 28 de julio. “Estas previsiones tienen una conexión relevante con el objetivo de normalizar los mercados hipotecarios y con ello asentar el funcionamiento el sistema financiero” y con las mismas el Estado define “la extensión de la intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado” (STC 93/2015, FJ 17).
c) Los perjuicios derivados de la suspensión y consistentes en el menoscabo del interés público al que responde la norma autonómica: la garantía del derecho a la vivienda y el interés privado de los colectivos más vulnerables que se verían beneficiados, resultan notoriamente reducidos porque el Estado también ha dispuesto normas que atienden a estos mismos intereses (AATC 69/2014, FJ 9; 115/2014, FJ 5; 32/2015, FJ 6, y 135/2015, FJ 3).
Es el caso, como se recuerda en el ATC 69/2014, FJ 9, del ya citado Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, derogado tras ser tramitado como ley por la igualmente citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada parcialmente por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En él se contempla, entre otras medidas, la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Además, con base en el mandato contenido en la disposición final primera del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, el Gobierno y las entidades de crédito firmaron un convenio para la creación de un fondo social de viviendas, propiedad de las entidades, ofrecidas en régimen de alquiler social a personas en situación de especial vulnerabilidad que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.
d) En suma, procede reiterar la misma conclusión sentada en los AATC 69/2014, FJ 10, y 115/2014, FJ 5, en cuanto que “los razonamientos expuestos permiten concluir que en la ponderación de los intereses en presencia, y subrayando la especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del sistema financiero, que tiene un indudable interés público prevalente, y la proyección de esta materia en el contexto internacional, apreciemos que debe mantenerse la suspensión de los preceptos impugnados, sin que la medida adoptada implique, en este caso concreto, un relevante menoscabo del resto de los intereses en presencia”.
6. Por el contrario, ha de levantarse la suspensión que pesa sobre el art. 6.1 de la Ley vasca 3/2015, de vivienda, pues no se aportan por el Abogado del Estado argumentos que justifiquen el mantenimiento de dicha suspensión. Este precepto —impugnado también por motivos competenciales— establece una nueva “acción pública” para exigir ante la Administración y los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente la observancia de la propia Ley 3/2015 y de las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en desarrollo y ejecución de la misma.
Las alegaciones del Abogado del Estado a favor del mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley vasca 3/2015 (semejantes a las que se efectuaron en los recursos que dieron lugar a los citados AATC 69/2014, 115/2014, 32/2015 y 135/2015, como ya se dijo) hacen referencia a los daños y perjuicios que para la estabilidad del sistema financiero provocaría el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados en cuanto contemplan un conjunto de medidas en materia de vivienda a las que ya se ha hecho referencia. Así las cosas, no es posible entender que el Abogado del Estado haya cumplido la carga argumentativa exigible para acreditar que la previsión que se contiene en el art. 6.1 de la Ley vasca 3/2015 produzca perjuicios de imposible o difícil reparación para el interés general o los intereses de los particulares, pues en sus alegaciones sobre los perjuicios que las medidas en materia de vivienda pueden ocasionar para el sistema financiero en su conjunto no puede entenderse comprendida la regulación contenida en el artículo 6.1, en la medida que este precepto refiere la acción pública que contempla a todas las disposiciones de la Ley vasca 3/2015, así como a las normas, disposiciones, planes y programas que se dicten en desarrollo y ejecución de la misma. Es notorio que no todas las medidas y disposiciones contenidas en esta Ley han sido impugnadas en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno. En consecuencia, para acordar, en su caso, el mantenimiento de la suspensión del art. 6.1 de la Ley vasca 3/2015, habría sido necesario que el Abogado del Estado hubiese acreditado o, al menos, razonado consistentemente en sus alegaciones, los concretos perjuicios que produciría la vigencia y aplicación de dicho precepto y la imposible o difícil reparación de los mismos.
7. Resta, por último, que nos pronunciemos acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión que pesa sobre el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de Vivienda, que se refiere a la intermediación en el sector inmobiliario.
Las supuestas distorsiones en el principio de unidad de mercado aducidas por el Abogado del Estado, con referencia a las afirmaciones genéricas que se contienen en el informe que acompaña a sus alegaciones, no pueden justificar el mantenimiento de la suspensión del precepto impugnado; por tal vía podría llegar a suspenderse con carácter meramente cautelar cualquier medida legislativa de las Comunidades Autónomas. Como se recuerda en los AATC 80/2008, de 11 de marzo, FJ 6, y 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 3 c), para que esta clase de perjuicio pueda ser tomado en consideración es necesario “que esa afirmación haya venido acompañada de una justificación concreta de los perjuicios de imposible o difícil reparación que habrían de producirse por la mera existencia de una diversidad regulatoria”; esta, por otra parte, “es consustancial con el carácter autonómico de nuestro Estado”.
Los perjuicios para el interés público al que sirve la unidad de mercado, se formulan por el Abogado del Estado de manera genérica, con fundamento en especulaciones y conjeturas en cuanto al pretendido impacto negativo en la economía española que pueda tener la exigencia de inscripción en un registro autonómico de los agentes inmobiliarios que pretendan ejercer su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ello conduce a descartar que este alegato sea idóneo para justificar el mantenimiento de la suspensión del precepto impugnado, pues de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, “la suspensión solamente procede en presencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de las leyes” (AATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 3, y 54/2016, de 1 de marzo, FJ 6).
1º Mantener la suspensión de los arts. 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2.b); 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3 c); 74; 75; 83 d); y 84 d), todos ellos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda.
2º Levantar la suspensión del art. 6.1 y del apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda.
1. Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Re y don Juan Antonio Xiol Ríos, al Auto de 21 de julio de 2016, dictado en el incidente de suspensión del recurso de inconstitucionalidad núm. 1643-2016.
Los intereses que podrían verse afectados por el levantamiento de la suspensión de la Ley autonómica que, en este incidente, alega el Abogado del Estado son exactamente los mismos que expuso en los incidentes de suspensión que dieron lugar a los AATC 69/2014, de 10 de marzo; 115/2014, de 8 de abril, y 135/2015, de 21 de julio.
Por un lado, el presente Auto, que rechaza el levantamiento de la suspensión de casi todos los preceptos impugnados, se fundamenta en una concepción sobre la afectación directa al mercado hipotecario y el consiguiente riesgo para la estabilidad del sistema financiero que permanece inalterable desde hace dos años (ATC 69/2014, de 10 de marzo), a pesar de la reconocida mejoría de la situación macroeconómica en España. Sin embargo, el Auto asume el argumento del Abogado del Estado de la necesidad de cumplir con las condiciones impuestas al Estado en el ámbito europeo (se sobreentiende que se refiere a la devolución de la ayuda financiera recibida del Mecanismo Europeo de Estabilidad), lo cual, en la práctica, proyecta sobre futuras medidas autonómicas en relación con las viviendas desocupadas una especie de moratoria por un prolongado espacio temporal que podría extenderse hasta los quince años. Ello constituye una concepción altamente perturbadora para el ejercicio efectivo de la competencia autonómica exclusiva en materia de vivienda.
Artículo 30, ff. 1, 2, 5
En general, ff. 3 a 7, VP
Artículo 3 t), ff. 1, 5
Artículo 3 x), ff. 1, 5
Artículo 4.1, ff. 1, 5
Artículo 4.2 b), ff. 1, 5
Artículo 6.1, ff. 1, 4 a 6
Artículo 56.1, ff. 1, 5
Artículo 56.2, ff. 1, 5
Artículo 56.3, ff. 1, 5
Artículo 59, ff. 1, 5
Artículo 63.2 a), ff. 1, 5
Artículo 63.2 b), ff. 1, 5
Artículo 63.2 c), ff. 1, 5
Artículo 63.2 d), ff. 1, 5
Artículo 63.2 f), ff. 1, 5
Artículo 63.2 g), ff. 1, 5
Artículo 63.2 h), ff. 1, 5
Artículo 64, ff. 1, 5
Artículo 72.1, ff. 1, 5
Artículo 72.3 c), ff. 1, 5
Artículo 74, ff. 1, 5, VP
Artículo 83 d), ff. 1, 5
Artículo 84 d), ff. 1, 5
Disposición adicional primera, apartado 3, ff. 1, 4, 5, 7
Levantamiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasLevantamiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff. 6, 7