Source: https://www.scribd.com/doc/88580443/Negron-Placer-v-Srio-de-Justicia-2001-TSPR-63
Timestamp: 2016-10-01 03:44:19
Document Index: 179413679

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 10', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 10', 'Artículo 13']

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Alicia Negrón Placer, Ramón Negrón Recurridos v. Secretario de Justicia, Superintendente de la Policía Peticionarios _______________________________________ Citibank, N.A., et al Recurridos v. Hon. Secretario de Justicia, Estado Libre Asociado de P.R. Peticionarios Certiorari 2001 TSPR 63
Número del Caso: CC-1999-62 Fecha: 2/mayo/2001 Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II Panel integrado por su Presidente, Juez Gierbolini, y los Jueces Cordero y Hernández Torres Oficina del Procurador General: Lcda. Sylvia Roger Stefani Procuradora General Auxiliar Abogado de Alicia Negrón Placer y Ramón Negrón: Lcdo. Antonio Bauzá Torres Abogada de Citibank, N.A., et al.: Lcda. Rosa Lydia Sánchez García
Materia: Impugnación de Confiscación
mediante la cual se denegó la expedición del auto solicitado. N. a partir del momento de la ocupación. a 2 de mayo de 2001.
San Juan.2
Alicia Negrón Placer. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicita la revisión de una resolución dictada por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionarios
CC-99-62
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.A. Puerto Rico.. Secretario de Justicia. Ramón Negrón Recurridos v. Concedimos un término a la señora Alicia Negrón Placer para mostrar causa por la cual no debíamos dejar sin efecto la
. El foro apelativo indicó no tener jurisdicción para
revisar en los méritos una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que le ordenó al Estado Libre Asociado entregarle a la señora Alicia Negrón Placer la suma en que fue valorado su vehículo confiscado y los intereses. Hon. Secretario de Justicia. Superintendente de la Policía Peticionarios Citibank. et al Recurridos v.
Apéndice IV. el 27 de octubre de 1995. págs. pág. civil número DAC95-0564 (404).. Esta persona era la dueña del vehículo
en el otro caso. modelo Daytona. civil número DAC95-0564 (404).
. señora Alicia Negrón Placer.3 Citibank.
I El 2 de junio de 1995 fue confiscado un vehículo de motor. que posteriormente el
Tribunal de Primera Instancia concedió la consolidación solicitada..A. solicitó el 12 de agosto de 1995 la consolidación de ambos.
Apéndice III de la Petición de Certiorari.. y National Insurance Co. págs. N.4 El Tribunal de Primera Instancia aprobó la fianza presentada
y dictó orden de 23 de agosto de 1995 al Departamento de Justicia para que le entregara el vehículo ocupado a la parte demandante. Apéndices V y VI.1 Por tal motivo.5 Dicha orden no fue notificada a la parte demandante. consignaron la cantidad de cinco mil quinientos dólares ($5. págs. de la Petición de Certiorari.. 23-23(a).. por alegadamente haberse utilizado en la comisión de un delito de escalamiento. 10-12. procedemos a así hacerlo. en el caso civil número DAC95-0575 (406). N. pág.7
Dicho vehículo aparecía registrado ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre de la señora María C. Dicha parte compareció en cumplimiento de
la mencionada orden de mostrar causa.
(compradora condicional) para todos los efectos legales. marca Dodge. Íd.A.A.
Apéndice XI. la señora Alicia Negrón Placer y el señor Ramón Negrón
presentaron el 14 de julio de 1995 una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. tablilla AXN-570. El Estado Libre Asociado. y National Insurance Co. Véase Apéndice XIV. por estar "relacionados dichos casos sobre las mismas cuestiones de hecho y de derecho". 19. pág. y había sido vendido a la señora Alicia Negrón Placer. 17. Citibank. 7. sobre impugnación de confiscación. Sala Superior de Bayamón. Íd. civil número DAC95-0575 (406). 8-9. solicitaron la entrega del vehículo confiscado. Íd. Estando en posición de resolver el recurso. como fianza para garantizar el pago del importe de la tasación y. Citibank.A. N. en protección de su interés propietario. Íd.3
resolución recurrida y devolver este asunto al Tribunal de Circuito de Apelaciones para la consideración del recurso en sus méritos.. año 1989.2 La vendedora condicional del automóvil confiscado. sobre impugnación de la confiscación del referido vehículo..6 Surge de nuestro expediente. por consiguiente. No surge de nuestro expediente la fecha en que fue emitida esa orden.. N. parte demandada en ambos casos. Rivera Gómez. El vehículo fue entregado a Citibank. también presentaron demanda el 21 de julio de 1995 ante la misma sala del Tribunal de Primera Instancia.500).
dicho Tribunal dictó una orden declarando con lugar la moción en oposición y en solicitud de sentencia sumaria presentada por el Estado y declaró no ha lugar la reconsideración presentada. pág. 44. obtuvo el monto de la misma. N. la señora Negrón Placer presentó una moción de sentencia sumaria. Luego de varios incidentes procesales acaecidos en el Tribunal de Primera Instancia. presentaron demanda impugnando la confiscación. N. el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al Estado la devolución del auto a "la demandante".A. Apéndice XXVI. con sus intereses legales. mediante orden notificada el 3 de octubre de 1996. final y firme. el Estado solicitó su reconsideración. Luego de tener conocimiento de la sentencia ya emitida el 13 de febrero de 1996 por el Tribunal de Primera Instancia. sin especificar a cuál.. y que se encontraba en su posesión. entonces. pág. Esta orden fue notificada el 29 de abril de 1996.
Copia de la notificación de esta sentencia enmendada fue archivada en autos el 29 de abril de 1996.A.. le informó al Tribunal de Primera Instancia que el vehículo confiscado había sido levantado. presentó. el Estado presentó una oposición a la moción de sentencia sumaria presentada por la señora Negrón Placer y solicitó se emitiera sentencia sumaria a su favor. Citibank. así como Citibank. el Tribunal de Primera Instancia emitió
sentencia enmendada. [el Estado Libre Asociado] pagar la cantidad en que fue tasado dicho vehículo.A. por lo que advino final y firme. Surge de los documentos en autos. la fianza que se presentó en garantía quedó cancelada y aquél que la prestó. pues. 20. el banco acreedor. De esa sentencia ninguna de las partes recurrió mediante recurso de apelación. 24-39. Íd. No obstante. Ante esta situación.8 Así. que Citibank.
Entre las situaciones que ocurrieron durante el trámite procesal.12 Además.A. o pagar los plazos vencidos del
Apéndice XII. El 1 de abril de 1996. ya que tanto la señora Alicia Negrón Placer. el Tribunal de Primera Instancia señaló que la sentencia del 13 de febrero de 1996 estaba en todo vigor. Apéndice XIX de la Petición de Certiorari.. y National Insurance Co. el 3 de marzo de
1998. N. 33-34. en caso] de no podérsele devolver. Íd. N.11 la señora Negrón Placer le informó a dicho foro que el Estado no había cumplido con lo ordenado en su sentencia. o sea.
. Citibank. págs. Véase Apéndices XV al XXII de la Petición de Certiorari. luego de haberse prestado y aprobado la fianza en garantía.9 En esa sentencia. a partir de la confiscación". mediante la cual decretó "la ilegalidad de la confiscación llevada a cabo sobre el vehículo".4
El 4 de octubre de 1995. deberá. En esa sentencia.. el Estado presentó una moción solicitando una aclaración de las órdenes emitidas por el foro de instancia. señalando que el caso criminal que originó la confiscación había terminado con una determinación de no causa probable contra uno de los coacusados durante la vista preliminar. págs. o sea. dicho foro ordenó "la devolución y entrega
de[l] vehículo confiscado a la demandante [o. una moción solicitándole al Tribunal que le ordenara a la señora Alicia Negrón Placer firmar unos documentos para cederle el vehículo al banco. el 13 de febrero de 1996.10 Como consecuencia de la referida sentencia que decretó ilegal la confiscación del vehículo. Íd. no se le había devuelto su vehículo. El tribunal a quo declaró con lugar esa moción y dejó sin efecto la sentencia del 13 de febrero de 1996.
47-48.. sec. págs. el Tribunal de Primera Instancia emitió la resolución recurrida el 4 de julio de 1998.
Íd. 53-57. 65.17 El 16 de diciembre de 1998. no lo relevaba de dicho pago. Íd.5 préstamo para hacerle entrega de la unidad. más sus intereses. pág.
II La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. págs.. que exigirle pagar el monto de la fianza luego de haber
entregado el vehículo y devuelto dicha suma.R. la cual está relacionada con un incidente posterior a la sentencia. mediante una escueta resolución. Apéndice XXVIII. págs.15 Señaló. Cuestionó ante ese foro apelativo la determinación
del Tribunal de Primera Instancia de ordenarle el doble cumplimiento de lo que por ley le corresponde satisfacer.
Inconforme con esta resolución. y notificada el 14 de septiembre de 1998. de la cual nunca se recurrió y.13
de Primera Instancia declaró con lugar esta moción el 5 de mayo de 1998. Íd. por lo tanto. en específico el procedimiento de ejecución de la misma.P.. 45-46. ordenándole al Departamento de Justicia que le entregara a la demandante el valor de la tasación del vehículo. el Estado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.. Arguye. Véase Petición de Certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. o refinanciar dicho vehículo. que el hecho de haberle Dicha
entregado el vehículo al acreedor condicional. Alega que la revisión solicitada ante ese Tribunal es sobre la resolución emitida el 4 de julio de 1998. 16 resolución fue notificada el 14 de septiembre de 1998. denegó la petición de certiorari sin discutir el error planteado. Concluyó
que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. 1723 et seq.
.18 con el propósito de actualizar la legislación que había estado en vigor desde 1960 y ampliar el marco de la autoridad del Estado para confiscar la propiedad que sea utilizada con fines ilegales. porque lo que se pretendía era revisar la sentencia del 13 de febrero de 1996. Inconforme con dicha determinación. Apéndice XXIX.14 No obstante. el Estado acude ante nos solicitando que se deje sin efecto la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. según enmendada. es incorrecto. como cuestión de derecho. notificada el 14 de septiembre de 1998. Íd.19 La intención de esta ley es evitar que el vehículo o la propiedad
Apéndice XVII. Apéndice XXXI. ésta advino final y firme. 34 L.A.
Ley Núm. 55 de 16 de agosto de 1989. el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Íd.
confiere capacidad legal para ser demandante a todo aquel que. Brañuela. 973 (1994).L. 34 L.R. la ley provee para que el demandante. 356 (1978).R.23 Además..6
confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos. Estado Libre Asociado v. 171 (1952). 137 D.P. a tenor con la ley.
ordena que la propiedad confiscada sea entregada a su dueño y la garantía (fianza) sustituye
Exposición de Motivos de la Ley Núm.
. E.P. 717 (1967). su poseedor. pueda prestar una fianza como garantía a favor del Estado por el importe de la tasación de la propiedad ocupada. supra.P.L.. 61 D. de Justicia. General Accident Ins. 55 del 16 de agosto de 1989. la Ley Uniforme de Confiscaciones. 466 (1994).R.R. v.A.L.A.A. 1723(a)(2)(b) y 1723(b).A. Meléndez v. supra. Co.R. Tesorero. v.
Véase Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. supra. 1723(f).22 El
requisito estatutario de notificación a cada una de esas personas persigue el propósito de salvaguardar los derechos constitucionales de una parte que tiene algún interés en la propiedad confiscada y brindarle la oportunidad de levantar y probar las defensas válidas que pueda tener.
Artículos 3 y 4 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Superior. 842 (1954). Srio.L.R. Asimismo.P. Metro Taxicabs v. 73 D. General Accident Ins. Tribunal Superior. 76 D. es de carácter civil o in rem. Tribunal Superior. y sirve de castigo adicional para disuadir a los criminales. Una vez el tribunal aprueba la fianza.R. 136 D.
Del Toro Lugo v. según consta en el Registro de Vehículos.P. requiere que se notifique de la confiscación al dueño. supra. supra. 725 (1943).P. o al encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada. 90 D.R.. Carlo v. permite que las personas que han sido notificadas puedan impugnar la confiscación presentando una demanda contra el Estado Libre Asociado. la oportunidad de ser oído.P. 94 D. 34 L.R. en protección de su interés sobre la propiedad confiscada. encargado o cualquier otra persona con algún interés legal sobre ésta. Como resultado. es decir. es decir va dirigido contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad.A. tienen autoridad y pueden demandar para impugnar la confiscación que llevó a cabo el Estado. v. el acreedor condicional. E. E. 656 (1964). Dicho procedimiento persigue y refleja un propósito punitivo.P. Tribl. 24 De esta manera. secs.A. 107 D. al que se considere dueño. 20 Reiteradamente se ha establecido que el procedimiento de
confiscación en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. sec. supra. supra. debe ser notificado de la confiscación. 250-251. E. la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. al igual que el dueño.P. al acreedor condicional que tiene su gravamen inscrito en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Co. Leyes de Puerto Rico.21 Aun cuando el procedimiento de confiscación es uno de carácter civil o in rem.R. la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. págs. General Motors Acceptance v.
26 Este artículo establece.25
La garantía responderá en lugar de la propiedad. en los casos
de incumplimiento con el contrato de venta condicional. y solamente en ésta última circunstancia se impone el pago de intereses. Por el contrario.A. (2) en caso de que se haya dispuesto de la misma.)
34 L.R. que fue derogada por la Ley Núm. de la C. obtienen una sentencia favorable en una acción de impugnación de confiscación.A. 28 General Accident Ins. obligaciones hipotecarias o por compañías de fianza. conocida como la Ley de Transacciones Comerciales. citado en Alejandro Rivera v. sec. lo siguiente: Dentro de los quince (15) días de haberse radicado la demanda de impugnación.28 El acreedor condicional. Esta última enmendó la Ley Núm. en lo aquí pertinente.
Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes. en lo pertinente. más intereses de conformidad con la Regla 44. la que resulte mayor.R. según enmendada. si el tribunal decreta la ilegalidad de la confiscación. lo siguiente: En aquellos casos que el tribunal decrete la ilegalidad de una confiscación.3 de Procedimiento Civil. Co. pág. 208 de 17 de agosto de 1995. el Artículo 10 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. supra. el monto de la fianza presentada en garantía por la propiedad confiscada será devuelto a la persona que la haya prestado. dispone los remedios a conceder. 1723h. 61 de 13 de abril de 1916.27 Resulta pertinente a la controversia ante nos. destacar que el interés económico en el gravamen que poseen los acreedores condicionales sobre vehículos sujetos a una venta condicional no desaparece con su confiscación. el tribunal ordenará que las propiedades sean entregadas a su dueño. 324. supra. El referido artículo contempla dos alternativas cuando el tribunal declara inválida una confiscación.R.
. puede optar por los mecanismos provistos por ley para la ejecución de su garantía. Ley Núm. III del Título 32. el demandante tendrá derecho a prestar una garantía a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el secretario del tribunal correspondiente.P. a satisfacción del tribunal por el importe de la tasación de la propiedad ocupada. 538 (1996).P. Aprobada la garantía. que la propia ley les reconoce capacidad para ser demandantes. que regula actualmente los acuerdos de gravámenes mobiliarios. Cuando estas personas. el Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. cheques certificados. 241 de 19 de septiembre de 1996. E. se pagará una suma de dinero.A.P.L.A. (Énfasis nuestro. P.L. Ap. sec. E.. Para la fecha de los hechos del presente caso estaba vigente la Ley de Ventas Condicionales. a saber: (1) devolver la propiedad ocupada al demandante o. un acreedor condicional
no puede valerse de los mecanismos provistos en el Artículo 10 de la Ley Uniforme de
Dispone. 4. 1723k-1.29 No obstante. la Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante o en caso de que haya dispuesto de la misma. a partir de la fecha de la ocupación. Dicha garantía podrá ser en moneda legal. 34 L. v.7 la propiedad ocupada. 140 D. si la legalidad
de la confiscación fuera sostenida. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le pagará el importe de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido.
147 D.R. en lo aquí pertinente.P. el 4 de noviembre de 1998.S. U.R. Ap.R. Publicaciones J. a la pág. Colón Mendoza.P. ___ (1999). res. dispone. el 29 de octubre de 1999. 32. como todo tribunal en Puerto Rico. 248 de 25 de diciembre de 1995.P. 175. Tecnos. Ortíz v.) Véase. mediante auto de certiorari expedido a su discreción.P. 22. Tratado de Derecho Procesal Civil. R. cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que para resolver las controversias
surgidas en los diferentes procesos judiciales. Íd. El Estado solicitó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones la revisión de la resolución emitida el 4 de julio de 1998. Los procedimientos de
ejecución de sentencia.T. 4 L. 99 T.A. 157. R.35 El auto de certiorari aquí contemplado es un remedio procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. que podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.002(f) de la Ley de la Judicatura de 1994. 165. Regla 52.T.T. goza de la característica de ser uno rogado.P. res.
.P. res. Vol.1.A. en específico sobre la ejecución de la misma. el 30 de junio de 1999. pág. 146. 98 J.P. la parte afectada tiene derecho a solicitar la revisión de los mismos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ed. ___ (1998).S. por su propia naturaleza. Inc. sec.P..
Pietro-Castro y Ferrandiz. mediante el recurso de certiorari.
procedimientos. Derecho Procesal Civil. .P. ___ (1999). Carbide Grafito.002 (f) de la Ley de la Judicatura
José Cuevas Segarra. 143.
Véase Igaravidez v.R. 148 D.R.
Artículo 4. Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ap. que en ocasiones deben realizarse para darle cumplimiento o eficacia a dicha sentencia. 112.S.S.8
Confiscaciones de 1988.S. T. 99 J. 52. 4 L. 98 T. (Énfasis nuestro. 99 J.1 de Procedimiento Civil.S.30 Esto se logra mediante
la presentación oportuna de los diferentes recursos en alzada provistos por ley. 856. son procedimientos suplementarios.. I.32 En un pleito. supra. II.R.36 El referido recurso es aquel dispuesto por el Artículo 4. III. San Juan. según enmendada por la Ley Núm. Ricci. 108. las partes que tengan interés y derecho tienen por necesidad que pedirle a este tribunal que intervenga. 2da ed.R. 32 L. Madrid. para ejecutar su garantía consumada por virtud de un contrato de venta condicional. 33 modificar No se trata de revivir las controversias resueltas entre las partes ni de los derechos adjudicados. 149 D.R.T. Esta resolución se refería a un incidente posterior a la sentencia. 2000.S.
Pueblo v. además. 99 T.R. XXII-A.
III El Tribunal de Circuito de Apelaciones. las actividades procesales ulteriores que se llevan a cabo luego del pronunciamiento judicial medular acomodan la realidad exterior al mandato del tribunal. 1974.A. 31 Estos procedimientos constituyen una prolongación o apéndice del proceso que dio lugar a una sentencia.
9 de Puerto Rico de 1994.
. Cuevas Segarra. los mandatos y dictados de nuestra Constitución y los de las leyes. que han tenido a bien promulgar los funcionarios de las Ramas Legislativa y Ejecutiva. Los tribunales estamos autorizados a interpretar las leyes cuando. 144 D. son contrarios a derecho. 214.. 125 D. págs.R.R. el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional..P. 97 J. haciendo abstracción del resto del derecho.
4 L. sec. so pretexto de ejercer su discreción. ni relegar a un segundo plano. 444. o de alegatos más elaborados. parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. a diferencia de sus fundamentos. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 22k. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.R..T. supra. a la pág. con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular.41 Dispone la referida Regla lo siguiente: Con relación
Regla 40. o cuando.A.R. de Aguadilla. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales. es el de suplir una laguna en la misma. éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular. cit. (C) Si ha mediado prejuicio. Mun. XXII-A. Criterios para expedición del auto El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida. a la pág. res. este Tribunal ha expresado: [E]l juez. Ap. pág. Santiago.A. 152. 4 L.P. ___ (1997). de Aguadilla. la Regla 40 del Reglamento de ese Tribunal señala los criterios que debe tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. el 29 de diciembre de 1997.R. en nuestro ordenamiento jurídico. citando a Pueblo v. porque. Popular de P. 444-445. Mun.37 Distinto a los recursos de apelación. Popular de P. 40. entre otras. al realizarlo.40 Con el fin de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones pueda ejercer de una manera sabia y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que le son planteados mediante el recurso de certiorari. v. v.R.S. la justicia así lo requiere. 884.P. ha sido definida como
una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.39 al abuso de discreción. ciertamente. según enmendada.
Bco. no puede olvidarse de. pertinentes a la cuestión en controversia. No significa poder actuar en una forma u otra. Ortega. cuando el objetivo. op. Bco. eso constituiría un abuso de discreción. R.38 Esta discreción. los cuales deberán ser elevados.P. 203.
Arce v. debe ser sumamente cuidadoso. Garriga Gordils v. Por ello.P. 98 J. de proveer la oportunidad que una decisión tomada por un solo juez en casos originados en el Tribunal de Primera Instancia pueda ser revisada por un tribunal colegiado. Club Gallístico de San Juan. 145 D. asume jurisdicción sobre el asunto en controversia y se coloca en posición de revisar los planteamientos en sus méritos. 123 D. cumple su función principal de revisar las decisiones del foro de instancia para asegurarse que las mismas son justas y que encuentran apoyo en la normativa establecida por este Tribunal.R. bajo su facultad discrecional.P.
Véase Echevarría Jiménez v.E.E.46 Con estos principios como marco de referencia. A.) Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones asume jurisdicción sobre el asunto que tiene ante su consideración mediante la expedición de un auto de certiorari. se requiere que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere los asuntos que se le plantean con estricto rigor jurídico y con sentido de justicia.44 Al decidir no expedir el auto solicitado.E. 105 D.43 Además.P.P.. v.45 Es nuestro deber destacar. 109 D. 1 (1993). Id. supra. 98 T. Sucn.T. Asumir jurisdicción sobre un asunto. expidiendo el auto
de certiorari.
J. ___ (1998). Shrivers Otero. Pérez Meri.R. son de alto interés público. A.S. Cuando ese Tribunal determina. de la Familia v. Los estatutos que regulan la jurisdicción o la facultad de los tribunales de
atender y resolver las controversias ante sí de la ciudadanía. 822-823 (1980). ha sido definido como la autoridad en virtud de la cual los funcionarios judiciales conocen de las causas y las deciden. 44. 133 D.
se cumple con uno de los propósitos cardinales de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. supra.T. Una vez el Tribunal de Circuito de Apelaciones decide expedir el auto de certiorari.
no entender en los méritos de los asuntos que le son planteados. J. 673 (1989).P.10
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Constituye la facultad de oír y resolver una causa y de un tribunal a pronunciar sentencia o resolución conforme a la ley.R. 46. Acevedo v. 305 (1976). y puede decirse que es el derecho de adjudicar con respecto al asunto de que se trata en un caso dado. Maldonado Colón. 817. que en nuestro sistema de derecho existe una política judicial que fomenta el mayor acceso posible de los ciudadanos a los tribunales para que sus controversias puedan ser resueltas en los méritos.R.S. supra.E.P. Compañía
jurisdicción incluye la facultad de compeler a la ejecución de lo decretado.R. el 17 de abril de 1998. res. el Tribunal de Circuito de Apelaciones no asume jurisdicción sobre el asunto y la denegatoria del mismo nada dispone en cuanto a los méritos de lo planteado. v. analicemos la controversia ante nuestra consideración.R.R.
Depto.R. 664.T.42 (Énfasis nuestro. por entender que así se justifica a tenor con la referida Regla 40.
que trataba. 787. una vez se decretó inválida la confiscación.
.. más los intereses legales. es evidente que la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia trataba de un procedimiento posterior a su sentencia emitida el 13 de febrero de 1996. 47 Véase Petición de Certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. relacionado con la ejecución de la sentencia. Apéndice XXXI de la Petición de Certiorari. 102 D. según alegó el Estado en su
recurso ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.P. que al obtenerse una sentencia favorable en un pleito sobre impugnación de confiscación. 823. se le ordenó pagar a la señora Negrón Placer el valor de tasación del mismo.47 Concluyó el referido Tribunal. correspondiente al valor de la tasación de la propiedad confiscada. el Tribunal de Primera Instancia resolvió que el Estado no cumplió con la sentencia emitida por ese foro. le obliga a incurrir en un doble cumplimiento. dueña del vehículo. 829 (1962).A.R.R. notificada a las partes 14 de septiembre de 1998. ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. básicamente le obliga a incurrir en un doble cumplimiento.11
El Estado solicitó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de julio de 1998.P. sobre la facultad del referido foro de primera instancia
Telefónica de P. con sus intereses desde el momento de la ocupación. en esencia. no lo releva de la sentencia que dispuso que se lo entregara a la demandante.R. En el caso de autos. El Tribunal de Circuito de Apelaciones tuvo ante su
consideración una controversia posterior a la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La solicitud de certiorari presentada ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones no intentó cuestionar o modificar el pronunciamiento relacionado sobre la ilegalidad de la confiscación. que de
tener el Estado alguna reclamación. De un análisis de los autos. el Tribunal de Primera Instancia determinó que el Estado no cumplió con la sentencia emitida por ese Tribunal y le ordenó pagar a la señora Negrón Placer el valor de la tasación del vehículo. el Estado está en la obligación de devolver la propiedad ocupada o el importe de la fianza prestada. 85 D. debía dirigir la misma contra la compañía aseguradora del vehículo confiscado. Expresó. Este proceder del Tribunal de Primera Instancia. A través de esa resolución. Ese Tribunal determinó que el hecho de habérsele entregado el vehículo al acreedor condicional. el Estado le devolvió el importe de la fianza prestada a Citibank. según fuera ordenado previamente por ese mismo Tribunal. Srio. Aún así. Ramírez de Arellano v.
emitido por el Tribunal de Primera Instancia. págs. N. a partir de la ocupación. En vista de que el Estado no mantenía la posesión y control del referido vehículo. 791 (1974).48 De esta determinación el Estado acudió. Alegó. mediante una solicitud de certiorari. de Hacienda. que decretó la invalidez de la confiscación. que había cumplido con Arguyó que el dictamen
la sentencia emitida en el caso de impugnación de confiscación. en primer lugar. 65-67.
supra. que en los contratos de venta condicional el vendedor retiene un título formal de propiedad hasta que el bien se haya pagado en su totalidad. pues no lo era. Al solicitar la señora Negrón Placer la ejecución de la sentencia dictada. pág.A. N. el Tribunal de Primera Instancia tuvo conocimiento que el automóvil objeto de esta controversia. erró dicho foro apelativo al denegar el recurso por falta de jurisdicción. N. supra. Ed. dentro de las circunstancias particulares de este caso.
. supra. Apéndice XXX de la Petición de Certiorari.R. Berríos v. Valdivieso. El comprador del bien es. 49 Véase Artículo 10 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. la cual es final y firme. en particular. 22. Por lo tanto. 38 D. el Tribunal de Primera Instancia podía ordenarle a Citibank. con tal propósito. mediante orden en ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera
Véase Resolución del Tribunal de Primera Instancia del 4 de julio de 1998. Montalvo v. no puede utilizar los mecanismos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988... que le entregara el vehículo en cuestión.A.P. El Tribunal de Primera Instancia no ordenó a Citibank. que entregara el auto a la señora Negrón Placer y que dilucidaran sus controversias relacionadas al contrato de venta condicional en un pleito separado. como acreedor condicional. 545 (1928). tenía que instar el procedimiento adecuado para hacer valer y hacer efectiva la deuda insatisfecha. en consecuencia. N. Tito Zambrana Auto. una vez se aprobó la fianza. estaba en posesión o bajo el control del acreedor condicional. mediante el recurso de certiorari.R. 1999.A. El Leasing Mobiliario.49 Durante todo el transcurso de este pleito. y no del Estado. Esto conlleva un detenido análisis de
dicho estatuto y su aplicación. No
obstante. Dicha posesión y control era en carácter de garantizador del vehículo objeto de
confiscación y para proteger su interés propietario en el financiamiento del mismo como acreedor condicional. al prestar la referida fianza el vehículo confiscado
no le fue entregado al acreedor condicional en carácter de dueño del mismo. 317 (1989).. el dueño del mismo. Cabe mencionar. Correspondía al Tribunal de Circuito de Apelaciones expedir el auto de certiorari y evaluar. tenían que dilucidarla a través del procedimiento provisto por ley para la ejecución de su garantía. Dictum. El obligar al Estado. Inc. el Tribunal de Circuito de Apelaciones
incidió al determinar que lo que se pretendía era revisar la sentencia final y firme y. San Juan. Godreau. De tener el acreedor condicional alguna acción contra el dueño (deudor condicional) por falta de pago de los plazos pactados en el contrato de venta condicional. y de existir alguna controversia entre ellos relacionada con el acuerdo sobre el financiamiento de la compraventa del mismo. al dueño del vehículo (comprador condicional) y al acreedor condicional. La jurisprudencia ha reconocido que en los casos de ventas condicionales el verdadero dueño es el comprador y que la venta está sujeta a una condición resolutoria que priva al comprador de su título en caso de incumplimiento. conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. en términos legales y prácticos. 57. M.12
de compeler a la ejecución de lo decretado por la sentencia. Ciertamente. pág.P. si era correcto en derecho lo alegado por el Estado de que la resolución recurrida lo obliga al doble cumplimiento de la sentencia emitida.
Tal dictamen emitido por el
Tribunal de Primera Instancia es revisable ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. 123 D. Citibank.
A. como de la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia. procede expedir el auto de certiorari solicitado y dictar sentencia revocatoria tanto de la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
EFRAÍN E. N. ordenarle a Citibank. además.A. RIVERA PÉREZ Juez Asociado
. supra. a pagar el valor de tasación del vehículo más sus intereses. y en perjuicio de los fondos públicos..
IV Por los fundamentos antes expuestos. Procede. posiblemente también del Citibank. un doble cumplimiento de su obligación a tenor con lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. bajo las circunstancias particulares de este caso. N. que se encuentra bajo su posesión y control. Se dictará sentencia revocatoria. entregarle a la señora Alicia Negrón Placer el vehículo de motor confiscado.13
Instancia en el caso de autos. un enriquecimiento injusto en beneficio de la señora Alicia Negrón Placer. constituye.
Ramón Negrón Recurridos v. N. Hon. Secretario de Justicia. Estado Libre Asociado de Puerto Rico Peticionarios
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Alicia Negrón Placer. Secretario de Justicia.A.. Superintendente de la Policía Peticionarios_________ Citibank. et al Recurridos v.
modelo Daytona. notificada a las partes el 14 de septiembre de 1998.. Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. como deudora condicional. Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede. N. El Juez Presidente señor Andréu García concurre sin opinión escrita. año 1989. N. entregarle el vehículo de motor marca Dodge. a 2 de mayo de 2001.A. y la señora Negrón Placer. Puerto Rico. se expide el auto de certiorari solicitado y se dicta sentencia revocando tanto la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. la cual se hace formar parte íntegra de la presente.SENTENCIA San Juan. tablilla AXN-570. a la señora Alicia Negrón Placer. como la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de julio de 1998.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo
. Se ordena a Citibank.A. como acreedor condicional. deberán dilucidarla a través del procedimiento adecuado en derecho y a tenor con lo dispuesto en la referida Opinión. Cualquier controversia existente entre Citibank.
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