Source: https://www.scribd.com/doc/31216598/Sucesiones-y-Derecho-Internacional-Privado
Timestamp: 2018-03-22 11:07:59
Document Index: 393053684

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 203', 'artículo 923', 'artículo 27', 'artículo 974', 'artículo 975', 'artículo 976', 'artículo 152', 'artículo 27', 'artículo 144', 'artículo 1', 'artículo 923', 'artículo 105', 'artículo 154', 'artículo 159', 'artículo 153', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 120', 'artículo 28', 'artículo 105', 'artículo 30', 'artículo 25', 'artículo 144']

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ANÁLISIS EXPEDIENTE 121-1987 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: SUCESIONES Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 1.
Expediente 121-1987 de la Corte de Constitucionalidad: Hechos y Cuestión Principal. Los hechos que se pueden deducir de la Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, con fecha tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, dentro del Expediente Número 121-1987 son los siguientes: Rosemary Ramírez Sheran muere intestada.1 Lucille Sheran de Ramírez, renunció a la herencia que le correspondía del caudal hereditario de su hija, Rosemary Ramírez Sheran; ante un Tribunal de Circuito para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos. Ellen Michelle Brixius Ramírez de Prentice, Karen Lucille Brixius Ramírez y Rafael Eric Brixius Ramírez, plantearon ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, demanda en juicio ordinario en contra de Fernando Ramírez Sheran y Roberto Enrique Ramírez Sheran; quienes contestaron la demanda en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias y además reconvinieron. La sentencia el Juzgado Tercero resolvió con lugar la demanda ordinaria promovida por los demandantes, declarando que la renuncia de los derechos hereditarios hecha por Lucille Sheran de Ramírez ante el Tribunal del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos, era inválida. Así mismo, declaró sin lugar las excepciones perentorias planteadas por los demandados. Por tal razón por la cual los demandados, Fernando Ramírez Sheran y Roberto Enrique Ramírez Sheran, promovieron recurso de apelación ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, la cual resolvió "revocando la sentencia apelada y declaró con lugar las excepciones perentorias interpuestas por los demandados; sin lugar la demanda ordinaria promovida por los actores y con lugar la reconvención planteada por los señores Jorge Fernando Ramírez Sheran y Roberto Enrique Ramírez Sheran". Por lo que se puede establecer que se declaró válida la renuncia de derechos hereditarios, hecha por la señora Lucille Sheran de Ramírez, ante el Tribunal del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos. En contra de la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones, los actores interpusieron el recurso de casación, al respecto, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia estimó que hubo interpretación errónea de la ley por parte de la Sala Primera de
Se considera que la sucesión es intestatada, pues en la sentencia se señala que a Lucille Sheran de Ramírez, madre de la fallecida, le asiste un mejor derecho a suceder los bienes, derechos y acciones de su hija en virtud de ser la ascendiente más próxima.
la Corte de Apelaciones, al considerar: “que efectivamente hubo interpretación errónea de la ley por parte de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, al estimar que Lucille Sheran de Ramírez renunció a la herencia que le correspondía en el caudal hereditario de su hija Rosemary Ramírez Sheran cuando acudió a un Tribunal de Circuito para el Condado de Dade, Florida, División Testamentaria, pues dicha renuncia no puede hacerse más que ante Juez competente, y éste es el funcionario ante quien se sigue el respectivo proceso sucesorio, tal como se estipula en el segundo párrafo del artículo 1,034 del Código Civil. Efectivamente, dicho precepto determina que la renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el Juez o por medio de escritura pública. Al singularizar que la renuncia debe hacerse ante el Juez, no puede sino sacarse la conclusión a que se alude en este párrafo, pues para interpretarlo de otra manera, el artículo debería decir que la renuncia debe hacerse ante un Juez.” El fallo casa la sentencia recurrida por motivo de fondo y declara con lugar la demanda ordinaria promovida y en consecuencia: “a) Que a la señora Lucy Sheran Tillet viuda de Ramírez le asiste mejor derecho a suceder en todos los bienes, derechos y acciones a su hija Rosemary Ramírez Sheran, en su calidad de ascendiente más próxima; b) Sin valor ni efectos jurídicos la renuncia a la herencia que la heredera otorgó en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, respecto a los bienes situados en Guatemala, por no haberse otorgado conforme lo requiere la Ley; c) se condena a Jorge Fernando y Roberto Enrique Ramírez Sheran a restituir dentro de tercer día de estar firme este fallo al haber patrimonial de la herencia de la heredera Lucy Sheran Tillet viuda de Ramírez, todos los bienes, derechos y acciones que constituyen la herencia de su hija Rosemary Ramírez Sheran situados en la República de Guatemala, así como los frutos correspondientes. (…) que al estar firme el fallo, se libre despacho al señor Registrador General de la Propiedad, para que inscriba a nombre de la heredera los bienes que constituyen la herencia. " Los demandados, inconformes con la resolución de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, interpusieron el amparo, que es resuelto por la sentencia objeto de análisis, aduciendo que el fallo del recurso de casación les irroga perjuicio, pues los ha desplazado del goce de derechos que establece la ley; ya que "tanto en su parte considerativa como resolutiva, emite juicios y consideraciones que incurren en violación de normas legales y con ello nos restringe derechos que nos garantizan esas mismas normas y leyes". La argumentación de los promotores del recurso de amparo es básicamente que la Corte Suprema de Justicia omite aplicar a este caso las normas de Derecho Internacional Privado reconocidas por la legislación guatemalteca, pues no se toman en cuenta al resolver los principios de “locus regim actum” y “lex loci contratus” reconocidos en la Ley del Organismo Judicial.
La Corte de Constitucionalidad resolvió denegando el amparo solicitado por Jorge Fernando Ramírez Sheran y Roberto Enrique Ramírez Sheran por ser notoriamente improcedente, ya que no se les ha privado de los derechos o garantías que establece la Constitución Política de la República o cualquier otra ley, y los mismos no les han sido contravenidos o restringidos por la resolución que atacan. Además, en virtud de que el amparo no es una instancia revisora, la Corte de Constitucionalidad establece que “el hecho de que la decisión judicial no les sea favorable o no sea de su conveniencia, no es motivo para acudir a la vía extraordinaria del amparo, porque tal decisión fue producto de la valoración jurídica que es competencia exclusiva, conforme el artículo 203 de la Constitución Política de la República, de los tribunales de la jurisdicción común”. La cuestión principal, en el caso de análisis, consiste en determinar si la renuncia de los derechos hereditarios realizada, en el Tribunal de Circuito para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos, por la señora Lucille Sheran de Ramírez es válida o no. Por lo que se debe establecer cual es la ley aplicable al caso, para así determinar la validez o invalidez de la renuncia realizada ante un Tribunal extranjero. 2. Las Sucesiones en el Derecho Internacional Privado. El jurisconsulto LAINÉ considera que la materia de sucesiones es, sin duda alguna, la cuestión más ardua del Derecho Internacional Privado. En el tema de sucesiones hay dos intereses que merecen especial protección: los de la familia y los económicos y los políticos del Estado en donde están situados los bienes. Cabe señalar, que en las legislaciones antiguas el derecho de adquirir o transmitir por sucesión o testamento fue generalmente negado al extranjero. Por lo que, en la Edad Media, al morir un extranjero los bienes que éste poseía pasaban a ser propiedad del señor feudal. La única excepción admitida, fue a favor de los hijos legítimos del extranjero que hubieren nacido y vivieran en el territorio. Así mismo, el extranjero estaba incapacitado para recibir una sucesión, siendo esta disposición aplicada aún con más rigor, que la de transmitir, pues no tenía excepción alguna. No fue sino hasta en 1791, en Francia, que se subordinó la capacidad de los extranjeros para adquirir por sucesión a la reciprocidad diplomática. Posteriormente, en 1819, el Código Civil francés otorgó a los extranjeros la plena capacidad en materia de sucesiones. En la actualidad, puede afirmarse que “con el reconocimiento de la igualdad de derechos civiles entre nacionales y extranjeros: amparados unos y otros por leyes fundadas en un espíritu de justicia, que tanto protegen las actividades del individuo, como aseguran los intereses sociales, el derecho de transmitir el patrimonio está garantizado a todos los hombres, sin limitaciones incompatibles (…).2”
MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,Talleres R.M, Guatemala, p.398.
se han propuesto para resolver racionalmente la transmisión
hereditaria y armonizar todos los derechos en conflicto. Pues suelen originarse conflictos de ley, cuando muere un extranjero, cuando el causante (cualquiera que sea su nacionalidad) deja bienes en países diferentes, cuando los herederos pertenecen a distintas nacionalidades, entre otros. Los estatutarios italianos consideraron que la sucesión debía regirse por el estatuto personal. Mientras que los jurisconsultos franceses se inclinaron por el principio de territorialidad de la ley, de acuerdo a este criterio los bienes que dejaba un individuo, muebles o inmuebles, se regían por la ley del lugar donde se situaban. Para armonizar las controversias suscitadas, se acudió a la teoría general de los estatutos que establece la división de muebles e inmuebles. Aplicando a los inmuebles la máxima lex rei sitae, es decir, la ley del lugar de su ubicación; de modo que si el causante dejaba inmuebles en distintos Estados, habría de regir para su transmisión la ley de cada territorio. Para los muebles, se aplicaba generalmente la ley del domicilio del causante en virtud del adagio “mobilian squuntur personae”. El sistema estatutario privó durante mucho tiempo en el campo del Derecho, sin embargo, los jurisconsultos han considerado la sucesión como una universalidad jurídica, un derecho incorporal, que no tiene situación alguna y por tanto debe regirse por una ley única, la ley personal del causante. En materia de sucesiones, la legislación guatemalteca contiene las siguientes
disposiciones en relación al Derecho Internacional Privado: a.) respecto a la capacidad para suceder, el artículo 923 del Código Civil establece: “La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o el legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República. 3” Por lo tanto, si se trata de bienes situados en Guatemala, debe aplicarse el artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial que recoge el principio lex rei sitae; los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación; b.) en cuanto al testamento otorgado en el extranjero, el artículo 974 del Código Civil, señala: “Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hallen.”; c.) el artículo 975 del Código Civil, establece que no es válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado; y d.) el artículo 976 del mismo cuerpo legal, contempla la posibilidad que tienen los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero, de otorgar testamento abierto o cerrado, ante el agente diplomático o consular de Guatemala, residente en el lugar del
En igual sentido, el artículo 152 del Código de Bustamante, reza: “La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario.”
otorgamiento, si fuere Notario. En cuanto a los bienes, es necesario establecer que en Guatemala, es la ley de la situación de los bienes la que rige, en virtud del artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial, por lo que se puede afirmar que toda sucesión corresponde al estatuto real.4 La Convención sobre Derecho Internacional Privado, más conocida como Código de Bustamante, regula las sucesiones, al respecto es necesario señalar el artículo 144 que establece: “Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción (…), por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.” 3. La Sucesión Intestada en el Derecho Internacional Privado. El artículo 1,068 del Código Civil establece que la sucesión intestada tiene lugar: “1o.cuando no hay testamento; 2o.-cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudió la herencia; fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento; 3o.- cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados; y 4o.- cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.” En la sucesión intestada, la ley personal del causante es la que rige, especialmente en términos del orden en que entrarán a suceder los parientes y demás personas con tal derecho. Tal como lo establece MATOS, “En la sucesión intestada, la ley personal del causante señala el orden en que entran a suceder los parientes, la extensión de los derechos hereditarios y será ella la que fije la cuota disponible y la reserva, la que establezca cuando se distribuye la herencia por estirpes, (…) la porción conyugal. 5
Respecto a los efectos de la sucesión intestada, cabe establecer, que esta se rige por la ley personal del causante. Se presume que esta disposición fue tomada con el fin que, sin importar en donde muriera la persona, su voluntad tácita es la reflejada en la ley de su domicilio, pues es la ley que esta persona en todo caso podría haber conocido. En cuanto a la capacidad para heredar, por tratarse de un tema de capacidad, debe ser tratada conforme a las leyes personales del heredero, tal como establece el artículo 923 del Código Civil. “Los herederos desde el día del fallecimiento del causante, adquieren un
El artículo 105 del Código de Bustamante, señala: “Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación.” 5 MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, op.cit., pg. 667. 6 El artículo 154 del Código de Bustamante dice: “La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador.”
derecho sobre cada uno de los bienes que constituyen la herencia y sobre cada una de las partes de cada bien, (…). La Capacidad de cada coheredero para concurrir a la partición debe juzgarse conforme su ley personal. Por consiguiente, será esta ley que decida los casos en que por minoría de edad o incapacidad de alguno de los coherederos, se necesita recurrir a determinadas formalidades destinadas a proteger esos intereses. La naturaleza de tales formalidades se fijará por la ley de la situación, tratándose de inmuebles y por la ley del país donde se radicó la sucesió, si fueren muebles.”7
“La partición extrajudicial, (…), produce efectos internacionales, cuando se haga en el extranjero de acuerdo con la ley personal de los herederos y los derechos sucesorios estén regulados por la ley personal del causante.Esto no obstante, la libertad de las partes debe enterderse restringida por las leyes de orden público.”9 En cuanto a la renuncia a la herencia, la doctrina española señala que es un acto, que al igual que la aceptación, es un negocio jurídico solemne y unilateral por medio del cual el heredero rehúsa de manera irrevocable dicha herencia. Por su parte, la legislación argentina regula la renuncia como un acto que puede ser realizado solemnemento o por medio de cualquier documento privado. En relación a la aceptación, el Código de
Bustamante, en el artículo 159 establece que: “Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.”
PUNKIE: LE PODRÍAS AGREGAR AQUÍ LO QUE DICE EL CC SOBRE LA RENUNCIA Y LA ACEPTACIÓN,SON COMO 3 O 4 ARTS. 4. Conflicto de Leyes. Según ARELLANO GARCÍA, el conflicto de leyes surge cuando existen puntos de conexión que ligan una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más Estados. Es decir, son conflictos de vigencia espacial entre normas jurídicas de dos o más Estados que convergen respecto de una sola situación jurídica concreta. Para que exista un conflicto de leyes, se deben de producir los siguientes supuestos: a.) una situación concreta que debe regularse jurídicamente; b.) circunstancias de hecho o de derecho de las que puede derivarse la realización de los supuestos previstos en dos o más normas de
MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, op.cit., pg. 670. El artículo 153 del Código de Bustamante establece:”No obstante lo dispuesto en el artículo precedente son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales.” 9 MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, op.cit., pg. 670.
diversos Estados; y c.) dos o más normas jurídicas de diversos Estados que podrían regular jurídicamente la situación concreta. WOLFF al respecto dice: “Cuando se dan hechos positivos con puntos de conexión con el extranjero, la cuestión acerca de qué consecuencias jurídicas deban tener tales hechos, sólo puede resolverse determinando previamente cuál es la ordenación jurídica de donde debe tomarse la respuesta a aquella cuestión (…) el Derecho Internacional Privado se propone determinar qué ordenación jurídica, entre varias vigentes a un tiempo, debe aplicarse a una relación determinada de la vida real.10” Las normas que ayudan a la determinación de la ley aplicable, son normas formales, mejor conocidas dentro del ámbito del Derecho Internacional Privado como normas conflictuales. Estas normas tienen como objetivo solucionar los conflictos de leyes positivos (aquellos en los que dos o más leyes diferentes se pretenden aplicar a la misma relación jurídica). 5. Puntos de Conexión. Los puntos de conexión, según ARELLANO GARCÍA, son “aquellos elementos de hecho, o jurídicos, previstos en la hipótesis normativa, que vinculan una situación concreta con una regla de Derecho.11” Para el análisis del Expediente 121-1987 de la Corte de Constitucionalidad es necesario analizar los siguientes principios: lex rei sitae, locus regit actum y lex loci executionis; para así establecer cuales son los puntos de conexión y resolver el conflicto de leyes que se presenta. Según MATOS, “se ha considerado siempre que las leyes que regulan la condición jurídica de los bienes muebles e inmuebles, constituyen el estatuto real, con autoridad exclusiva en el territorio respectivo, por cuanto se trata de disposiciones que se refieren a la organización de la propiedad y al orden económico. 12” El principio lex rei sitae o lex situs establece que los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, sin importar la nacionalidad o el domicilio del propietario. Este principio es generalmente aceptado, pues es indiscutible que la organización de la propiedad se halla íntimamente relacionada con el régimen político y económico que impera en cada país y por consiguiente, las leyes que lo regulan tienen el carácter de orden público internacional. La Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 1762 del Congreso de la República, ley aplicable al caso de análisis en su artículo 17 establecía:
ARELLANO GARCÍA, C., Derecho Internacional Privado, decimoséptima edición, Editoriales Porrúa, México, 2008, p. 745. 11 Ibidem., p. 14 12 MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, op.cit., p. 545.
“Los bienes, sea cual fuere su naturaleza, situados en Guatemala, están sujetos a las leyes guatemaltecas aunque los dueños sean extranjeros.13” La Ley de Migración y Extranjería14, Decreto 22-86, aplicable al caso se pronunciaba en igual sentido en su artículo 27. Bustamante. El principio locus regit actum establece que las formas o solemnidades externas de cualquier documento en que se establecen derechos u obligaciones, se regirán por las leyes del país donde se hubiesen otorgado. Es decir, la forma de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar donde estos se verifican. Cabe establecer que por acto debe entenderse el hecho o acción jurídica, la declaración de voluntad. “Este criterio se ha mantenido y se acepta ante la imposibilidad en que se encontrarían los individuos que tuvieran que ejecutar operaciones jurídicas en el extranjero, sino pudieran acudir a las formas del país donde se encuentren. Es por lo menos, muy difícil conocer las formalidades exigidas por la ley del país donde el acto deba producir sus efectos, y en muchos casos, será imposible al extranjero llenar las formas que su ley nacional determina, pues podrá ocurrir que las autoridades del país, se nieguen a intervenir en la forma y modo que exija la ley del extranjero, exponiéndolo así a nulidades por carecer de algunos requisitos legales, imposibilitando de esta manera la realización de actos jurídicos, lo que equivaldría a paralizar el desarrollo de las transacciones privadas entre individuos de los distintos Estados.15” Es una necesidad práctica la que obliga a aceptar la eficacia extraterritorial de las leyes sobre la forma de los actos. El artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 1762, aplicable al caso de análisis, señalaba: “Las formas o solemnidades externas de cualquier documento en que se establezcan derechos u obligaciones, se regirán por las leyes del país donde se hubieren otorgado. Sin embargo, los guatemaltecos o extranjeros residentes fuera de la República, podrán sujetarse a los requisitos externos prescritos por las leyes guatemaltecas, en los casos en que el acto o contrato deba ejecutarse en Guatemala. (…).16” La máxima lex loci executionis implica que si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento, se rige de acuerdo al la ley del lugar de su ejecución. Este principio se reguló en el artículo
La Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República y sus reformas, vigente en la actualidad, recoge el mismo principio en el artículo 27 el cual reza: “Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación.” 14 La Ley de Migración y Extranjería fue derogada por el artículo 120 de Decreto 95-98 de Congreso, por lo que resulta aplicable al caso de análisis. 15 MATOS, J., CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, op.cit., p. 433-434. 16 La Ley del Organismo Judicial, vigente en la actualidad, regula ésta máxima en su artículo 28, que reza: “Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración.”
Este principio se encuentra contenido en el artículo 105 del Código de
18 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 1762 del Congreso de la República, en el cual se estableció: “La ley del lugar donde los actos se ejecuten, o deban cumplirse los contratos, rige respecto de su naturaleza, validez, efectos, consecuencias, ejecución y todo cuanto a ellos concierne, bajo cualquier aspecto que sea.17” 6. Conflicto de Calificación. Según ARELLANO GARCÍA, un conflicto de calificación surge cuando se producen los siguientes supuestos: a.)las normas conflictuales de dos o mas Estados son coincidentes al estipular cuál es la norma jurídica competente para resolver el conflicto planteado; y b.) no obstante la uniformidad en cuanto a las normas conflictuales, el alcance y significado de las instituciones son diferentes conforme a la legislación interna de los Estados relacionados con el conflicto de leyes. Por lo tanto, en los conflictos de calificación es necesario determinar la figura jurídica alrededor de la cual se plantea el conflicto de leyes. BARTIN establece que el conflicto de calificación no es más que “un conflicto acerca de la naturaleza misma de la institución18”. CAICEDO CASTILLA aporta que calificar es “determinar cuáles son los elementos indispensables para que una institución jurídica se considere como tal, y no como otra institución19”. Es imprescindible destacar que la calificación es una cuestión previa a la búsqueda de la norma jurídica aplicable. En todos los conflictos de leyes siempre habrá necesidad de calificación previa. Sin embargo, en cuanto a la calificación, surge también el problema de determinar qué ley, entonces, es la competente para calificar y respecto de este problema, en la doctrina existe uniformidad en cuanto a que se debe calificar según la lex fori, es decir, la ley del tribunal que conoce el asunto. 20 Se llega a esta conclusión en virtud de los siguientes argumentos: a.) el tribunal debe aplicar las reglas de conflicto vigentes en su país, por lo tanto, deberá aplicar sus calificaciones nacionales; b.) si no se consulta la ley del foro, se produce un círculo vicioso, ya que para determinar cuál es la norma competente para resolver el conflicto de leyes es preciso determinar a qué institución se refiere el conflicto de leyes; y c.) el juez conoce su legislación nacional, por lo que está acostumbrado a al sistema de conceptos jurídicos contenidos en su legislación, por lo que no es posible exigirle que al calificar le de un significado distinto a esos conceptos.
En la actualidad, este principio se encuentra regulado en el artículo 30 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República y sus reformas. 18 ARELLANO GARCÍA, C., Derecho Internacional Privado, op.cit., p. 915 19 Ibídem, p. 916 20 Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República y sus reformas, en su artículo 25 establece: “La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue.”
Cabe resaltar que no se debe confundir entre la calificación propiamente dicha y los conflictos de calificación. La calificación propiamente dicha se produce cuando se determina el alcance y significado de una expresión legal o de una figura jurídica, mientras que los conflictos de calificación se producen cuando una sola situación de hecho es catalogada por las normas jurídicas o por los juzgadores de dos Estados distintos, como perteneciente a figuras jurídicas distintas. 7. Reenvío. Señala ARELLANO GARCÍA que el supuesto esencial para que se produzca del reenvío es la existencia de un conflicto negativo, que ocurre cuando las leyes de dos o más Estados juzgan como norma jurídica competente a la norma jurídica extranjera. La norma jurídica extranjera puede ser aplicada como norma conflictual, o puede aplicarse como norma de fondo. Si se aplica la norma jurídica material o de fondo extranjera no habrá reenvió, por lo tanto habrá reenvío cuando se aplique la norma jurídica conflictual extranjera. Por lo que cabe establecer que para que se produzca el reenvío se necesita de dos elementos: a.) la existencia de un conflicto negativo; y b.) la aplicación de una norma jurídica conflictual del Estado cuya norma jurídica es competente. 8. Orden Público. El orden público puede constituir un obstáculo que impida la solución uniforme de los conflictos de leyes. Se caracteriza porque, habiendo resultado competente la norma jurídica extranjera, al decidirse el conflicto de leyes, no se puede aplicar por ir ésta en contra del orden público del sistema jurídico vigente donde se debe aplicar. El orden público es un elemento que impide la aplicación de la norma jurídica extranjera cuando es contraria a los intereses de la sociedad. PÉREZ VERDÍA establece que: “La noción de orden público internacional es contingente y variable y sufre las influencias del tiempo y del medio en que existe, estando sometida a una amplia interpretación judicial.21” El orden público depende íntegramente del Estado dentro de cuyos marcos se reduce y se agota, y solamente concurren a determinar su extensión principalmente, las necesidades del Estado. Según ARELLANO GARCÍA, la noción de orden público en el Derecho Internacional Privado se debe entender como: “El remedio que impide la aplicación de una norma jurídica extranjera competente, pues de aplicarse, provocaría un malestar social, impediría la satisfacción de una necesidad colectiva o evitaría la obtención de un beneficio para el conglomerado.22” Esta noción incluye elementos importantes, pues evidencia lo que son
ARELLANO GARCÍA, C., Derecho Internacional Privado, op.cit., p. 927 Ibídem, p. 930
los criterios orientadores, pues ya se dijo que el concepto de orden público es variable en el tiempo, por lo que el Juez deberá considerar como violatorio del orden público, todo aquello que, básicamente, perjudique a la colectividad. El efecto del orden público es, entonces, provocar la inaplicabilidad de de la norma jurídica extranjera competente; en cuanto a la extensión del orden público se puede establecer que: a mayor aplicabilidad extraterritorial de las normas jurídicas extranjeras, se invocará con mayor frecuencia la noción de orden público para impedir la aplicación de aquellas normas jurídicas extranjeras competentes que se juzguen perjudiciales en el país de recepción. 9. Fraude de Ley. “En el Derecho Internacional Privado el fraude a la ley es un remedio que impide la aplicación de la norma jurídica extranjera competente, a la que el o los interesados se han sometido voluntariamente por ser más conveninente a sus intereses, evadiendo artificiosamente la imperatividad de la norma jurídica nacional.23” Debe tomarse en cuenta que para que haya fraude de ley, de acuerdo con MIAJA DE LA MUELA, debe de haberse realizado actos que vulneren la ley y un resultado contrario al espíritu de la misma. A su vez, ARELLANO GARCÍA señala que de acuerdo con lo expresado por MAURY en el fraude de ley existe el elemento material y el psicológico. En cuanto al elemento material, este consiste en el acto realizado, por medio del cual se logra aplicar a la situación una norma distinta que la que debía regirla. Mientras que el elemento psicológico conlleva la intención de esquivar la norma que realmente le aplica al conflicto. En cuanto a su efecto, “(…) es impedir la aplicación de la norma jurídica extranjera que ha sido substituta artificiosamente de la norma jurídica nacional, cuya imperatividad pretendió evadirse. 24” CONCLUSIÓN.
BUSTAMANTE¿Qué rige si los Estados son parte del
Código de Bustamante, el lugar donde están los bienes o ese artículo? Si los Estados son parte del Código Internacional de Derecho Privado la norma que rige en cuanto a la rama del Derecho de Derecho Internacional Privado es la del artículo 144 del Código de Bustamante. Se estima que la norma anteriormente citada es una norma específica de sucesiones en el ámbito de Derecho Internacional Privado que admite ciertas excepciones. Consideramos que debe aplicarse el Código de Bustamante no solo por ser ley especial sino porque si los
Ibídem, pg. 944. Ibídem, pg. 955.
Estados son parte del Código y no tienen ninguna reserva implica que lo aceptaron y ratificaron.
Los amparistas señalan que no se toman en cuenta al resolver los principios de
“locus regim actum” y “lex loci contratus” reconocidos en la Ley del Organismo Judicial. El principio lex loci contractus nada tiene que ver con el caso, ya que________________.
En el caso de análisis la tesis de reenvío no se aplica pues no se cumple con
los dos elementos necesarios para el reenvío. No hay conflicto negativo porque las leyes del Estado de Guatemala reivindica para sí la competencia y si no hay conflicto negativo no puede aplicarse la norma conflictual de otro Estado. • En el caso de análisis, no se da un supuesto de inaplicabilidad por ir en contra del orden público, pues solamente se están discutiendo derechos hereditarios dentro de un proceso sucesorio y en el caso en el que se determinara que se debe aplicar la ley extranjera y aceptar la validez de la renuncia, esa norma extranjera no atenta contra el orden público guatemalteco, por lo que no se podrían invocar ese conflicto como una excepción.
BIBLIOGRAFÍA. I. Libros
• ARELLANO GARCÍA, Carlos, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Editorial Porrúa,
• MATOS, José, CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,Talleres R.M, Guatemala. • MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Tomo I: Introducción y
parte general, octava edición, Editorial Atlas, España, 1979. II. Leyes. • Código Civil, Decreto Número 106, Enrique Peralta Azurdia, Guatemala, 1963. • Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, Cuba, 1928. • Ley de Migración y Extranjería, Decreto-Ley 22-86 y sus reformas, General de División Oscar Humberto Mejía Víctores, Guatemala, 1986. • Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 1762 del Congreso de la República y sus reformas, Guatemala. 1968.
• Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República y sus
reformas, Guatemala, 1989.
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