Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/SU1061-00.htm
Timestamp: 2019-06-17 02:31:54
Document Index: 25970364

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 346', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 39', 'artículo 71', 'artículo 136', 'artículo 187', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 187', 'artículo 36']

SU1061-00
Sentencia SU.1061/00
Referencia: expedientes T-311.113 y otros.
Procedencia: Juzgado 40 Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C y otros.
Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., en sesión de la Sala Plena del diez y seis (16) de agosto de dos mil (2000).
en el proceso de revisión de los fallos proferidos por distintos despachos judiciales del país, dentro de los procesos de tutela instaurados por diferentes empleados y pensionados del sector público, en contra del Presidente de la República; los Ministros de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y del Derecho; Jefe de Departamento Administrativo de la Función Pública; el Director de Planeación Nacional; el Contralor General de la República; el Director de la Policía Nacional; la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional, entre otros.
Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron las secretarías de los distintos despachos judiciales. La Sala de Selección No. 5 de tutelas de la Corte Constitucional, por auto del once (11) de mayo del año 2000, ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como su acumulación, para ser decididos en una sola sentencia, si la Sala de Revisión así lo consideraba pertinente.
En sesión del veintiséis (26) de julio del año en curso, la Sala Plena de la Corte Constitucional, ordenó poner a su disposición los expedientes de la referencia para que la decisón se adoptase por el pleno de la Corporción, tal como ahora se hace.
1. Los actores, servidores públicos vinculados a distintas entidades del Estado, y algunos de ellos pensionados de la Policía Nacional, consideran que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer aumento alguno a los salarios de los empleados públicos, y a las pensiones de quienes devengaban para enero de 2000, más de dos (2) salarios mínimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, específicamente de los derechos a un salario digno y justo (artículo 25); móvil y proporcional (artículo 53); así como el al reajuste periódico de las pensiones (artículo 53). Y, en especial, del derecho a la igualdad (artículo 13), por cuanto unos servidores públicos sí obtuvieron un aumento en sus salarios y mesadas pensionales. Así: Los empleados y pensionados cuya asignación a enero de 2000 fue inferior a dos (2) salarios mínimos, recibieron un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los Congresistas y a otros funcionarios como Magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, se les reconoció un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), pese a la política de ajuste fiscal que promovió el Gobierno.
3. En este sentido, solicitan, con fundamento en decisiones de esta Corporación, específicamente en las sentencias T-102 de 1995 y C-710 de 1999, entre otras, se ordene al Gobierno Nacional aumentar los salarios y pensiones de los actores, en un porcentaje igual o similar al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-, a efectos de que puedan conservar el valor adquisitivo de los mismos. Orden que debe tener un carácter retroactivo a enero del año en curso.
4. La acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales antes señalados, según se lee en los diversos escritos de tutela, se interpone, en algunos casos, como mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio de carácter irremediable y, en otros, como el único mecanismo judicial que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para lograr el restablecimiento de los derechos que se dicen vulnerados.
Los argumentos para arribar a tal decisión, fueron coincidentes y se pueden resumir de las siguiente manera:
ENTIDAD DE VINCULACION
2. INSTANCIA
T-311.113
Gloria Esperanza Rincón R.
Juzgado 40 Civil Municipal de Santafé de Bogotá
T-311.150
Bejamín Cuero Caicedo
Ministerio de Educación. Docente
Juzgado 10 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá.
T-311.151
Miguel Antonio Avila Bernal
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Juzgado 58 Penal Municipal de Santafé de Bogotá
T-311.155
Martha Patricia Roa Angulo
Juzgado 2 Civil Municipal de Santafé de Bogotá
T-311.363
Tribunal Contencioso Administrativo del Meta
T-311.387
Jaime Nieto Parra
T-311.421
Amadeo Betancourt Rodríguez
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
T-311.432
Gloria Elsa Mariño de Mariño
Juzgado 48 Civil Municipal de Santafé de Bogotá
T-311.487
Juan Evangelista Estupiñan O.
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá.
T-311.488
T-311.489
Fanny Stella Calderón C.
T-311.648
Luz Nay Díaz Barajas
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala Laboral
T-311.693
Jairo Alberto Ospina y otros
Tribunal Superior de Pereira. Sala Civil.
T-311.727
Fabiola Sierra de Flórez
T-311.728
Jaime Díaz Usaquén
T-311.729
Nelson Suta Ladino
T-311.730
Elvia Marina Rueda Camberos
T-311.731
Janneth Yolima Cortés Reyes
T-311.732
T-311.733
Blanca Flor Villareal Guerrero
T-311.771
Rosa Cristina Aguilar Meneses
T-311.869
Rómulo Agusto Rodríguez V.
T-311.887
Olmedo Erazo
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala Civil.
T-311.948
T-312.934
Nayivi Vargas Gómez
T-312.023
Alejandro Martínez y otros
T-312.027
Luis Antonio Cogua
Juzgado 14 Civil Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.028
Luis Cardenio Escobar Ahucu
T-312.120
Pedro José Caballero C.
Juzgado 2 Civil del Circuito de Barrancabermeja.
T-312.159
Jair Echeverry Ospina y otros.
Tribunal Superior de Pereira. Sala Civil
T-312.167
Oscar Ernesto Beltrán Gallo
T-312.227
Carmen Rosa Ardila Herrera
T-312.228
Martha Lucía Cadena Aguilera
T-312.229
Luis Delia Mondragón Clavijo
T-312.268
Martha Cecilia Díaz Niño.
Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Laboral
T-312.272
Georgina Ramírez Fonseca
T-312.314
Saúl Anaya Gómez
Juzgado 39 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.389
María Cristina Varón Reyes
Juzgado 2 Civil Municipal de Girardot .
T-312.440
Luis Fernando Fique Parra
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala Laboral.
T-312.456
Diego Iván Rattalino Borda
T-312.467
Campo Elías Gutiérrez y otros
Juzgado 87 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.470
Octaviano Ortíz A. y otros
Juzgado 68 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.557
Juzgado 25 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.580
Antonio Romero Tolosa
Juzgado 81 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.616
Jorge Miguel Vides Correa
Juzgado 2 Civil del Circuito de Facatativá.
T-312.617
María Isabel Cristina Avila T.
T-312.618
Ana Mercedes Pinzón Gómez
T-312.619
Orlando Dimas Martínez
Juzgado 2 Civil del Circuito de Facatativá..
T-312.620
Juan G. Díaz-Granados Ruiz
Juzgado 2 Civil del Circuito de Facatativa.
T-312.624
Guillermo Bogoya Forero
Tribunal Superior de Tunja. Sala Civil-Familia.
T-312.625
Elizabeth Yepes de Rojas
T-312.626
Julia Esperanza Cely Rincón
T-312.628
Rubiela Ortiz Ortiz
T-312.630
Reina Edilma Figueredo S.
T-312.640
Héctor Alfonso Sánchez R.
T-312.688
Hilberto Fajardo Fontecha
Juzgado 62 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.689
José Otoniel Montes Rivera
T-312.703
Fabio Peña Castro
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. III.
T-312.718
Elssy del Carmen Peña J.
Juzgado 4 Civil Municipal de Girardot .
T-312.734
Ana Felisa Martínez de M.
T-312.793
Germán Martínez B. y otros
Tribunal Superior de Ibagué. Sala Laboral.
T-312.862
José Santander Ortega Zorro
Juzgado 77 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.863
Luis Eduardo Peña Forero
T-312.864
T-312.866
Luis Domingo Figueroa Murillo
T-312.867
José Aristóbulo Rodríguez P.
T-312.871
Gerardo Bautista Bueno
T-312.872
Gloria Cecilia Manosalva M.
T-312.880
Manuel Alcibes Pérez Mejía
Juzgado 85 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.909
Martha Caipa de Alvarino
Juzgado 9 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá.
T-312.910
Ismael Reyes Corredor
T-312.911
Beatriz Alarcón Lombana
T-312.913
Laura Inés Malagón Navas
T-312.923
Pablo Emilio Romero y Otros
Juzgado 10 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
T-312.928
Joselín Trigos Solano
T-312.929
Sandra Edith Romero Parrado
T-312.930
Oswaldo Vidales Méndez
T-312.931
Jorge Julián Sandoval
T-312.932
Oscar Harvey Gómez Ñuztes
T-312.933
Argenis Muñoz Barragán
T-312.397
Marco Tulio Parra Rodríguez
T-312.946
Libia Beatriz Torres Zornosa
Juzgado 1 Civil del Circuito de Espinal .
T-312.955
María Susana del Pilar Romero
T-313.012
Nilton Grajales Henao
Tribunal Contencioso Administrativo del Quindio.
T-313.020
Nancy Escobar Serna
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
T-313.021
Lidia Esperanza Trujillo
T-313.042
Yesid Rodríguez Ayala
Ministerio de Educación. Docente.
Juzgado 2 Civil Municipal del Espinal. Tolima.
T-313.126
Rosario R. Román Montes
Consejo Seccional de la Judicatura. Sala Disciplinaria -Sucre-.
T-313.127
Wiston Antonio Julio Fuentes
T-313.128
Oswaldo Sinciliani Gandara
La Sala Plena es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
3.1. La Sala Plena de esta Corporación, en decisión unánime del diez (10) de agosto del año en curso, y contenida en la sentencia SU- 1052 de 2000, resolvió denegar las acciones de tutela que, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en los expedientes que ahora son objeto de revisión, interpusieran distintos servidores estatales. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la acción de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinación gubernamental que originó la interposición de las acciones de la referencia.
“al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.
“De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Ncional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.).
“Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir.
“En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento.
“De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del Gobierno de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.
“Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Ncional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.
“3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente.
“De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.
“Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
“Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.).
“4.- Improcedencia de la acción de tutela como medida transitoria.
“ ... se observa que todos los accionantes invocan la protección transitoria arguyendo que se disminuyó el poder adquisitivo de su salario al no haberse decretado su reajuste de conformidad al incremento del IPC para el año inmediatamente anterior. Ninguno se refiere a circunstancias especiales, como tampoco se aportan pruebas de hechos excepcionales que ameriten protección. De ahí que ha de considerarse que éstos han sido afectados por el incremento del costo de vida, al igual que todos los habitantes del territorio , problemática que debido a su generalidad y a su componente estructural, no puede remediarse mediante las órdenes que compete impartir al juez de tutela.
“Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, “debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6% , se presenta en el presenta año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior”. Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, no ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima.
“Por consiguiente, la Corte estima que en el presente asunto la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razón a que deben ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los servidores públicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes adujo ni probó un perjuicio irremediable que amerite la protección transitoria.”
3.2. Al existir identidad tanto en los hechos como en las pretensiones de las acciones de tutela que fueron revisadas mediante el fallo de diez (10) de agosto del año en curso -sentencia SU 1052 de 2000-, y las que ahora ocupan la atención de esta Sala, habrá de reiterarse lo dicho en esa oportunidad, para confirmar así, las decisiones judiciales que en esta ocasión se someten a la revisión de esta Corporación, mediante las cuales se denegó el amparo que solicitarán distintos servidores y pensionados estatales.
Primera: CONFÍRMANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia las acciones de tutela de que tratan los expedientes T-311.113 y los acumulados a éste, en las cuales se denegó el amparo que solicitaron los actores, de sus derechos a la igualdad, al trabajo y al reajuste periódico de pensiones, por la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, cuando éstas, en su cuantía, fueran superiores a dos (2) salarios mínimos.
Segunda. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.