Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00080-de-septiembre-26-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e8dc98b640690200e0430a0101510200&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-15 19:42:04
Document Index: 59429272

Matched Legal Cases: ['artículo 510', 'artículo 507', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 227', 'artículo 220', 'artículo 62', 'artículo 4', 'artículo 74', 'artículo 61', 'artículo 101', 'artículo 64', 'artículo 101', 'artículo 64']

﻿ Sentencia 2003-00080 de septiembre 26 de 2013
SENTENCIA 2003-00080 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CAUSADAS POR EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CARACTERICEN A UN CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN Y DE LAS RESPONSABILIDADES QUE SURJAN EN DESARROLLO DEL MISMO PARA LOS PARTÍCIPES INACTIVOS, POR LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL GESTOR, NO TIENEN EL EFECTO DE EXONERAR DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IMPUESTO CAUSADO POR LA EXPLOTACIÓN DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE AZAR DEL QUE SE DERIVAN UTILIDADES. POR TANTO, LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN ENCAJAN DENTRO DEL EJERCICIO INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PUES, CUALQUIERA SEA LA MODALIDAD BAJO LA CUAL SE EJERZA DICHA ACTIVIDAD, EL FACTOR DETERMINANTE DE LA CALIDAD DE SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS ESTÁ DADA POR EL PROVECHO ECONÓMICO QUE SE DERIVE DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO EN LOS JUEGOS DE AZAR, MONOPOLIO RENTÍSTICO, CAUSACIÓN EN LOS JUEGOS DE AZAR, CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, CONTRIBUYENTE EN JUEGOS DE AZAR, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR JUEGOS DE AZAR, IMPUESTO EN LOS JUEGOS DE AZAR
Sentencia 2003-00080 de septiembre 26 de 2013
Radicación: 250002327000200300080-01
Nº Interno: 16486
Demandante: Interamericana de Electrónica Interec S.A.
La Sala decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Interec contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente los actos administrativos demandados.
En los términos del recurso, la Sala decidirá si son nulos los actos administrativos mediante los que el Distrito Capital modificó las declaraciones del impuesto de azar y espectáculos presentadas por Interec S.A., por el período comprendido entre los meses de febrero de 1995 y diciembre de 1997.
Concretamente, se decidirá si es procedente adicionar la base gravable del impuesto con los ingresos percibidos por utilidades provenientes de los contratos de cuentas en participación, suscritos con terceros, para la explotación de máquinas tragamonedas.
De la incongruencia entre el requerimiento especial y los actos administrativos demandados
Según la parte demandante, existe incongruencia entre las razones aducidas en el requerimiento especial y la liquidación oficial demandada, pues mientras que en el primero la administración afirmó que Interec era sujeto pasivo del impuesto por ser partícipe no gestor de una cuenta en participación y recibir utilidades por la explotación de máquinas tragamonedas, en la liquidación oficial omitió ese argumento y afirmó que Interec era responsable solidario del impuesto por haber perdido el carácter oculto de partícipe. Esto, según dijo, violó el derecho de defensa que le asiste, pues no tuvo oportunidad de pronunciarse frente al nuevo argumento aducido en la liquidación oficial.
Para la Sala, no se advierte la incongruencia alegada por las siguientes razones:
En el requerimiento especial 09-1764 del 3 de abril de 2001, el Distrito Capital propuso modificar las declaraciones del impuesto de azar y espectáculos cuestionadas, teniendo en cuenta que la demandante manifestó que la decisión de no incluir en la base gravable del impuesto los “ingresos contables”, producto de la explotación de cuentas en participación, respondió al hecho de considerar que Interec venía actuando como socio inactivo oculto, y que, por ende, su responsabilidad se limitó a efectuar su aporte, conforme con lo previsto en el artículo 510 del Código de Comercio.
Frente a lo anterior, y a partir de las pruebas que recaudó en el curso de la actuación administrativa previa al requerimiento, de acuerdo con las disposiciones comerciales que regulan la responsabilidad del gestor y del partícipe no gestor en los contratos de cuentas en participación, la administración concluyó que, en virtud del contrato suscrito con Ecosalud, los ingresos que obtuvo la demandante por la explotación de máquinas tragamonedas, bajo la modalidad de los contratos de cuentas en participación, hacían parte de la base gravable del impuesto de azar y espectáculos, razón para que fueran adicionados a la base gravable, para efectos de determinar el impuesto a cargo.
En la liquidación oficial demandada, el Distrito Capital llegó a la misma conclusión, luego de referirse a las normas que prevén la responsabilidad solidaria de los partícipes inactivos que revelen tal calidad y la del partícipe gestor.
En el recurso de reconsideración que interpuso la demandante contra la liquidación oficial de revisión, precisó que la discusión jurídica era conceptual y no fáctica. Que lo pertinente era establecer si, jurídicamente, era procedente adicionar a la base gravable del impuesto de azar y espectáculos, las utilidades que percibió el partícipe no gestor [Interec], producto del contrato de cuentas en participación.
Visto lo anterior, para la Sala resulta acertada la conclusión del tribunal en cuanto a que no se violó el derecho de defensa de la demandante, pues, por el contrario, Interec tuvo conocimiento, desde el principio, de las razones por las que el Distrito Capital adicionó la base gravable del impuesto cuestionado, en particular, el hecho de que obtuvo ingresos por la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas, derivados de los contratos de cuentas en participación que suscribió con terceros, y tuvo la oportunidad de controvertirlas.
De tal manera que no es cierto que el requerimiento especial y la liquidación oficial no guardaron correspondencia en cuanto a las razones que dieron lugar a la adición cuestionada.
De si Interec es sujeto pasivo del impuesto de azar y espectáculos respecto de los ingresos derivados de los contratos de cuentas en participación
Para resolver el cargo, la Sala pone de presente que ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente a fundamentos fácticos y jurídicos similares a los que invocó la parte actora en este proceso, pero referidos a la pretensión de nulidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto de azar y espectáculos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1998, presentadas por la demandante(1). Teniendo en cuenta esta circunstancia, la Sala reiterará el análisis hecho en aquella oportunidad.
En desarrollo de la investigación adelantada por el Distrito Capital, se allegaron al expediente administrativo los contratos suscritos entre Interec S.A. y la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud —Ecosalud— S.A., cuyo objeto se describe en la cláusula primera así:
“El objeto del presente contrato es la explotación por parte del contratista de un mínimo de siete mil (7000) máquinas electrónicas tragamonedas, discriminadas así: seis mil (6000) máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas en establecimientos comerciales cuya actividad principal no es la explotación de juegos de suerte y azar. Mil (1.000) máquinas electrónicas tragamonedas ubicadas en salones de juego, instrumentos de juego que serán explotados por el CONTRATISTA, en forma directa o en cualquiera de las formas de asociación contempladas en el Código de Comercio, conservando las políticas empresariales”(2).
En virtud de lo anterior, se advierte que Ecosalud le concedió a Interec S.A. la explotación del monopolio rentístico de los juegos de máquinas tragamonedas, cuyas rentas están destinadas exclusivamente a los servicios de salud (C.P., art. 336), la que puede ser ejercida directamente por la contratista o a través de cualquiera de las formas de asociación previstas en el Código de Comercio.
En el expediente consta, y no es objeto de discusión entre las partes, que para la ejecución de los contratos suscritos con Ecosalud, la demandante realiza directamente la actividad de explotación de las máquinas tragamonedas en sus propios establecimientos, y también lo hace de manera indirecta, mediante contratos de cuentas en participación suscritos con terceros, contratos que, precisamente, son una de las formas de asociación previstas en el Código de Comercio, definida por el artículo 507 así:
“...contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su sólo nombre o bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.
Según los términos de los contratos de cuentas en participación allegados al expediente, “[E]l producto neto total de la explotación de las máquinas se distribuirá en la proporción siguiente: 70% para el partícipe inactivo y 30% para el gestor” (cláusula tercera). Entre las obligaciones del gestor está la de “cancelar el 30% de los impuestos municipales que se causen con ocasión de la explotación de las máquinas entregadas bajo este contrato de cuentas en participación, como al pago del 30% del impuesto de timbre que se cause sobre este contrato” (cláusula cuarta)(3).
De acuerdo con lo anterior, es claro que la parte actora, en su carácter de partícipe inactivo en los citados contratos, percibe utilidades derivadas de la explotación de las máquinas tragamonedas entregadas a los terceros contratistas (gestores), circunstancia que la hace responsable del impuesto de azar y espectáculos que se cause con ocasión de la explotación, en la proporción que corresponde a su participación en las utilidades; esto es, en un 70%.
La Corte Constitucional, al decidir sobre la constitucionalidad de las normas legales que regulan el impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas en toda clase de juegos permitidos (L. 12/32, art. 7º; L. 69/46, art. 12; L. 33/68, art. 3º y D. 1333/86, arts. 227 y 228), precisó la definición legal del sujeto pasivo del impuesto de juegos permitidos en los siguientes términos:
“...en el caso del impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas en toda clase de juegos permitidos —artículo 12 de la Ley 69 de 1946 y literal c) del artículo 3º de la Ley 33 de 1969—, el sujeto pasivo responsable de pagar el tributo, es la persona, empresario, dueño o concesionario que quiera llevar a cabo la actividad relacionada con el juego o el espectáculo”.
En la misma sentencia, la Corte advirtió que, según las normas mencionadas, “...el impuesto se cobra es sobre “el valor de cada boleta o tiquete de rifas y apuestas”, así como sobre el premio que se paga de las mismas, por lo que en este último caso, el sujeto pasivo corresponderá a quien deriva utilidad o provecho económico del juego” (resalta la Sala).
Lo anterior quiere decir que, independientemente de las especificaciones que caracterizan el contrato y las responsabilidades que surjan en desarrollo del mismo para los partícipes inactivos, por las operaciones ejecutadas por el gestor, los contratos de cuentas en participación no tienen el efecto de exonerar a la parte actora de la responsabilidad que le corresponde frente al impuesto causado por la explotación del monopolio rentístico de los juegos de azar, del que deriva unas utilidades.
Por ello, no le asiste razón a la demandante al sostener que los ingresos percibidos en virtud de los contratos de cuentas en participación no encajan dentro del ejercicio indirecto de la actividad de explotación de las máquinas tragamonedas, pues no cabe duda de que, cualquiera sea la modalidad bajo la cual se ejerza dicha actividad, el factor determinante de la calidad de sujeto pasivo del impuesto de azar y espectáculos está dada por el provecho económico que se derive de la explotación de los juegos.
En consecuencia, la Sala encuentra ajustados a derecho los actos administrativos demandados, en cuanto adicionaron la base gravable del impuesto de azar y espectáculos de los períodos comprendidos desde el mes de febrero de 1995 hasta diciembre de 1997, con los ingresos derivados de las utilidades generadas por la explotación de las máquinas tragamonedas, producto de los contratos de cuentas en participación.
De otra parte, en lo que respecta a la pretensión de la actora de no tener en cuenta, en esta instancia, el argumento del Distrito Capital, referido a que Interec es sujeto pasivo del impuesto en virtud de la suscripción de los contratos de explotación con Ecosalud, porque, en su concepto, es un hecho nuevo que no fue tratado en la vía gubernativa, la Sala advierte que esos contratos fueron aportados por la demandante en la investigación administrativa, por solicitud del Distrito Capital, de tal manera que resulta infundada tal pretensión.
Tampoco es pertinente el argumento de la actora, referido a que el Distrito Capital debió verificar si los partícipes gestores presentaron las correspondientes declaraciones tributarias, y que debió forzarlos a cumplir sus obligaciones, puesto que este aspecto no aporta nada al proceso, y carece de una fundamentación tal que permita confrontar la incidencia de esa omisión en los actos demandados.
De si se aplicó la normativa vigente al caso
Las leyes 12 de 1932, 69 de 1946 y 33 de 1968 y el Decreto Extraordinario 1333 de 1986(4), así como la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional, que declaró exequibles las anteriores disposiciones, definen los elementos esenciales del impuesto de azar y espectáculos, así(5):
d) Base gravable: Está constituida por el valor de cada boleta, billete o tiquete de las rifas y apuestas en toda clase de juegos permitidos, así como por los premios.
e) Tarifa: Es el diez por ciento (10%) del valor de cada boleta, billete y tiquete de rifas y apuestas, así como de los premios.
En virtud de la autorización otorgada por el anterior acuerdo, el Distrito Capital expidió el Decreto 423 de 1996, “Por el cual se expide el cuerpo jurídico que compila las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”. En este decreto, en relación con el impuesto de azar y espectáculos, dispuso lo siguiente:
“ART. 69.—Autorización legal.
Bajo la denominación de impuesto de «azar y espectáculos» cóbranse unificadamente los siguientes impuestos:
d) El impuesto sobre rifas, apuestas y premios de las mismas, a que se refieren las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946, y demás disposiciones complementarias.
PAR.—Los casinos que se establezcan conforme a la ley podrán ser gravados por el Distrito Capital de Santa Fe Bogotá, en la misma forma en que se gravan los juegos permitidos.
ART. 70.—Hecho generador.
El hecho generador del impuesto de azar y espectáculos está constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, concursos y similares y ventas por el sistema de clubes .
ART. 71.—Base gravable.
Los artículos que deben entregar a los socios favorecidos durante los sorteos en las ventas bajo el sistema de clubes.
ART. 72.—Causación.
ART. 73.—Sujeto activo.
El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá es el sujeto activo del impuesto de azar y espectáculos que se cause en su jurisdicción, y le corresponde la gestión, administración, control, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro del impuesto.
ART. 74.—Sujetos pasivos.
ART. 75.—Período de declaración y pago.
Si el impuesto es generado por la presentación o la realización de espectáculos, apuestas sobre juegos, rifas, sorteos, concursos o eventos similares, en forma ocasional, sólo se deberá presentar declaración de impuesto por el mes en que se realice la respectiva actividad.
ART. 76.—Tarifa.
La tarifa es el diez por ciento (10% sobre la base gravable correspondiente.
PAR.—Las novilladas con picadores que se celebren en la Plaza de Toros de Santamaría con novilleros colombianos y las corridas de toros de que se celebren con toreros colombianos, pagarán por concepto de impuesto de espectáculos públicos el cinco por ciento (5%) sobre el valor de las entradas.
Como se advierte, el Decreto 423 de 1996 unificó toda la regulación que hasta ese momento regía sobre el impuesto de espectáculos públicos, de juegos permitidos, sistema de clubes y rifas, apuestas y premios, contenidos en las leyes 12 de 1932, 69 de 1946 y demás normas complementarias.
En el caso, se observa que en la liquidación oficial de revisión 035 de 2001, el Distrito invocó los artículos 70, 72, 74 y 75 del Decreto 423 de 1996; el artículo 8º del Acuerdo 28 de 1995; los artículos 34, 43, 61, 63, 64, 99, 101 y 113 del Decreto 807 de 1993 y, los artículos 742 y 750 del estatuto tributario. Luego, al abordar el análisis del caso, en la liquidación oficial se hace la siguiente precisión:
“El origen de los impuestos a los llamados juegos permitidos se dio a partir de la promulgación de la Ley 12 de 1932. Posteriormente, la Ley 69 de 1946 restableció dicho impuesto en su artículo 12 y el Decreto 1333 de 1986 en su artículo 227 lo declaró vigente al establecer en su artículo 220, que éste sería de propiedad de los municipios y del Distrito Especial. Por su parte, el Decreto 1222 de 1986 al establecer en su artículo 62 las funciones de las asambleas departamentales, fijó en su numeral 18 la de “reglamentar y gravar los juegos permitidos”.
El Decreto Distrital 114 de 1988 señala la definición de juegos en su artículo 4º como: “Entiéndese por juego todo mecanismo o acción basado en las diferentes combinaciones del cálculo y de casualidad, que dé lugar a ejercicio recreativo donde se gane o pierda, ejecutado con el fin de entretenerse, divertirse y/o ganar dinero o especie.
La norma igualmente es clara al determinar los elementos constitutivos de dicho impuesto así: el sujeto activo es el Distrito Capital; el hecho generador es la actividad genérica de los espectáculos y los juegos de suerte y azar; la base gravable son los ingresos brutos de dicha actividad y la tarifa es el 10%.
Respecto a la determinación del hecho generador del impuesto de juegos no se requiere que en el desarrollo del mismo se obtenga o no una ganancia o incremento patrimonial sino que del mismo se pueda derivar un provecho con fines de diversión y entretención.”
Más adelante, y frente al sujeto pasivo del impuesto, aspecto principal de discusión, aludió al artículo 74 ibídem del Decreto 423 y a la interpretación hecha por la Corte Constitucional en la Sentencia C-537 de 1995 de los artículos 7º (parcial) de la Ley 12 de 1932; 12 de la Ley 69 de 1946; 3º (parcial) de la Ley 33 de 1968 y el Decreto 1333 de 1986.
Con base en lo anterior, concluyó que la demandante era sujeto pasivo del impuesto de azar y espectáculos respecto de los ingresos que obtuvo desde el mes de febrero de 1995 hasta el mes de diciembre de 1997, por la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas, en virtud de los contratos de cuentas en participación que suscribió con terceros.
Lo anterior evidencia que no es cierto que el Distrito Capital haya sustentado los actos demandados en disposiciones que no estaban vigentes para la ocurrencia de los hechos, pues, según se vio, al establecer los elementos del impuesto para las vigencias discutidas, hizo el análisis sistemático de las disposiciones vigentes aplicables; esto es, la Ley 12 de 1932, la Ley 69 de 1946, la Ley 33 de 1968, junto con el Decreto 423 de 1996, que, como se dijo, compiló las anteriores disposiciones.
Luego, es acertada la conclusión del a quo en cuanto consideró que los actos demandados no infringieron las normas en que debían fundarse.
De la sanción por extemporaneidad
Conforme con el artículo 61 del Decreto Distrital 807 de 1993, “Los obligados a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo, objeto de la declaración...”.
De los términos de la norma transcrita se infiere, claramente, que el hecho sancionable es la presentación extemporánea de la declaración, y que la sanción se liquida, inicialmente, sobre el impuesto a cargo determinado por el contribuyente en la liquidación privada, por cada mes o fracción de mes de retardo.
No obstante, si la administración liquida oficialmente el impuesto y, como consecuencia de ello, fija un nuevo impuesto a cargo, lo procedente es que la sanción liquidada inicialmente en la declaración privada sea reajustada teniendo en cuenta esta circunstancia.
En consecuencia, procede la reliquidación de la sanción por extemporaneidad liquidada por el contribuyente en las liquidaciones privadas objeto de revisión, por el hecho de que se hubiese modificado oficialmente el impuesto a cargo, pues su monto corresponde a la base fijada en el artículo citado.
No asiste, entonces, razón a la demandante cuando considera improcedente la sanción por extemporaneidad. Por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada.
De si procede la sanción por inexactitud
Conforme con el artículo 101 del Decreto 807 de 1993, “Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos,…de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor del contribuyente o declarante” y “No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se deriva de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.
En el caso concreto, la Sala no advierte la diferencia de criterios sobre el derecho aplicable alegada, como causal de exoneración de la sanción por inexactitud, pues se configuró el hecho sancionable al establecerse que la parte actora omitió incluir en la base gravable los ingresos originados en las utilidades derivadas de la ejecución de los contratos de cuentas en participación, lo que generó un menor impuesto a cargo.
Adicionalmente, la claridad de las normas que definen los sujetos pasivos del impuesto de azar y espectáculos, el hecho generador y la base gravable, no dejan duda acerca de la responsabilidad de la actora por el impuesto generado en la explotación de las máquinas tragamonedas, cuando su objeto social es, precisamente, el desarrollo de dicha actividad, y son claras las especificaciones del contrato suscrito con Ecosalud, en el que se le concede, en forma exclusiva, la explotación del monopolio de tales juegos, así como los términos de los contratos de cuentas en participación, en virtud de los que se obliga a responder por el impuesto generado en desarrollo de los mismos, en la proporción que le corresponde como beneficiaria de las utilidades derivadas de dicha actividad.
Bajo las precedentes consideraciones, la Sala comparte la decisión del a quo, en cuanto decidió mantener la sanción por inexactitud impuesta mediante los actos acusados.
Respecto de la base sobre la que debe liquidarse la sanción por inexactitud, el artículo 64 del Decreto 807 de 1993 dispone: “…será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable”.
Teniendo en cuenta que lo que sanciona el artículo 101 es el hecho de omitir ingresos de los que se derive un mayor impuesto, debe interpretarse dicha disposición en concordancia con el artículo 64, para concluir que, en tal evento, la base sobre la que se liquida la sanción por inexactitud es la diferencia que resulte entre el saldo a pagar determinado en la liquidación privada y el saldo a pagar establecido oficialmente, sin incluir la sanción por extemporaneidad, como, equivocadamente, lo hizo la administración.
Así las cosas, se ajusta a la normativa aplicable la sanción por inexactitud determinada en la sentencia apelada, que tomó como base para la liquidación la diferencia existente entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el liquidado por la contribuyente en las declaraciones privadas.
Precisado lo anterior, para la Sala es claro que no se probó la violación de las normas invocadas por la demandante, lo que da lugar a confirmar la sentencia objeto de apelación.
2. RECONÓCESE personería a la abogada Nohora Carolina Garzón García como apoderada del Distrito Capital - Secretaría de Hacienda, en los términos del poder conferido.
(1) Sentencia del 12 de octubre de 2006, expediente 250002327000200300600-01 (15014), Interec S.A. contra Dirección de Impuestos Distritales.
(2) Folio 479 del cuaderno principal.
(3) Folio 479 cuaderno principal
(4) Sentencias de 16 de agosto de 2002, expediente 12230, C.P. Germán Ayala Mantilla, 14 de octubre y 7 de diciembre de 2004, expediente 13830 y 14599, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 31 de agosto de 2006, expediente 15100, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(5) Sentencia de 19 de julio de 2007, expediente 15308, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié.