Source: http://carpioabogados.com/index.php/es/protagonismo/poder-judicial/item/449-la-administracion-de-justicia
Timestamp: 2018-12-11 05:21:32
Document Index: 210243449

Matched Legal Cases: ['Artículo 138', 'artículo 138', 'in dubio', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 139', 'Artículo 139', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143']

Jueves, 30 Abril 2015 06:25
Published in El Poder Judicial
El contenido constitucional sobre la Administración de Justicia tiene dos partes distintas: ur" la estructura de los entes estatales para la Administración de Justicia y otra, el establecimiento de diversas garantías constitucionales para el ejercicio de la función jurisdiccional. Así dividiremos su tratamiento. Al final, comentaremos brevemente la acción contencioso-administrativa.
1. La Estructura Estatal de la Administración de Justicia
1.1. Los problemas de la Administración de Justicia en el Perú
Los estudios constitucionales peruanos se han ocupado poco de la administración de justicia. Sólo a partir de los últimos años de la década del setenta se pudo tener aproximaciones empíricas a su realidad, gracias a la Comisión de Reforma Judicial establecida al interior de la Corte Suprema en dicho período. Con anterioridad, el conocimiento sobre la administración de justicia era más bien escaso y las impresiones sobre su funcionamiento provenían de los políticos, litigantes, abogados y jueces.
De especial importancia son las atribuciones específicas de control de la constitucionalidad que tenga el Poder Judicial, como importante es también la función del Tribunal Constitucional. Este último, por ejemplo, difícilmente podrá ejercer una jurisdicción autónoma en la acción de inconstitucionalidad de las leyes, si está conformado por los representantes de los poderes políticos en notoria mayoría. Lo mismo vale para las atribuciones del Poder Judicial en materia de Acción Popular, Hábeas Corpus, Acción de Amparo y otros mecanismos, como las excepciones de inconstitucionalidad. Los lazos de dependencia por el origen pueden llegar a ser poderosos para desnaturalizar la aplicación de estas garantías.
En síntesis, la independencia del Poder Judicial no sólo exige la ausencia, en su seno, de representantes directos de los otros poderes. También requiere que no tenga vinculaciones en su origen con aquellos a quienes debe controlar en la constitucionalidad de sus actos y decisiones, así como independencia adecuada y manejo propio en materia presupuestal, que no impida sus iniciativas concretas por imposición de límites cualitativos o cuantitativos vía el Presupuesto General de la República y su ejecución por las autoridades gubernamentales.
La situación descrita ha llevado a Domingo GARCIA BELAUNDE a sostener que el problema frontal de la magistratura peruana «ha sido y es, hasta ahora, el problema de su independencia y fundamentalmente su independencia frente al poder político, que es la garantía principal que tienen los ciudadanos frente a los excesos del poder
Esta afirmación es certera y de actualidad indiscutida. .
1.3. El Costo de la Justicia
Un segundo aspecto de la problemática de la administración de justicia es su alto costo para los litigantes. Si la justicia «cuesta mucho», la población cae en la indefensión real, porque no podrá ejercer el derecho abstractamente concedido de acudir a los tribunales.
Se deben calcular estos costos en base a diversos elementos: la defensa cautiva, el tiempo que pierde el litigante en diversas gestiones, actuaciones judiciales, duración real de la Litis, etc., que pueden medirse inclusive en términos del lucro cesante en sus ingresos por faltas al trabajo. Asimismo, hay que tomar en cuenta diversos gastos marginales al proceso pero directamente. vinculados: movilidad, alojamiento, alimentación y muchos otros, que tienen que hacerse de todas maneras cuando los tribunales de apelación tienen funcionamientos morosos y están ubicados lejos del domicilio dellitigante582.
Finalmente, es conocida la dádiva en sus diversas formas y manifestaciones, que resulta una institución indiscutible dentro de la administración de justicia en el Perú.
Afirma al respecto PASARA que un rasgo específico de la desconfianza en la administración de justicia tiene que ver con su mercantilización, lo que lleva a sostener que la justicia tiene un precio: el primer nivel de ese precio son los gastos legales que no incluven la corrupción; pero el segundo nivel está compuesto por «coimas» y remuneraciones ilegales solicitados por los operadores del sistema, lo que en realidad son los «sobreprecios», que en la mayoría de los casos son indispensables para avanzar la justicia
Este asunto del costo tiene una importancia capital. No sólo está en cuestión la tesis de la gratuidad de la justicia a cargo del Estado -en la práctica ello no sucede así-, sino la ubicación de la justicia dentro de la democracia. Se sostiene, con razón, que la verdadera eficacia y transparencia de la democracia radica en el funcionamiento cabal de la justicia. Cuando todos los ciudadanos pueden acudir a ella para demandar la protección de sus derechos, entonces la democracia está garantizada.
No obstante, si el costo impide o dificulta el acceso de algunos sectores de la población, existirá allí un problema a resolver. La cuestión es la siguiente: la justicia tiene que funcionar necesariamente para todos; cuando ella sólo permite el acceso de algunos sectores sociales, se ha producido una distorsión que debe denunciarse y corregirse.
La marginalidad de la justicia es tan negativa y tal vez peor que la marginalidad social o la política. Probablemente, es el efecto de estas graves enfermedades que afectan a una Nación, pero la consecuencia es aun mayor, porque a un marginado social y político al que también se le priva de acceso a la justicia por razones de costos, en adición de otros, se le está empujando a la violencia. Esta es, como se sabe, una opción negativa que no tiene ningún sentido estimular o permitir.
Un costo alto de la justicia tiende inevitablemente a elitizarla. Este problema ha existido en el Perú más allá de lo que dijesen los dispositivos constitucionales y las leyes normativas de la administración de justicia. Se trata, pues, de una cuestión de fondo a resolver para mejorar las relaciones Estado-sociedad.
No es extraño, por todas estas razones, que la población tanto de altos como de bajos ingresos recurra cada vez más, los primeros, a diversos sistemas de arbitraje fuera del aparato formal de administración de justicia, mientras que en los otros sectores se han impuesto las modalidades de justicia popular o comunal. El arbitraje es una práctica que ha adquirido fuerza en los últimos años y consiste en el reconocimiento de vías privadas de resolución de conflictos, con características y garantías formales similares a las del juicio común584. El procedimiento descrito es en la actualidad demasiado oneroso, lo que ha llevado a que subsistan algunas modalidades de “justicia informal», o a recuperar antiguas prácticas de justicia comunal en la que los pobladores de bajos ingresos implementan formas propias para resolver sus diferendos.
1.4.1ntervencionismos y Reorganizaciones
Son muchas las deficiencias del Poder Judicial; tal el caso de la falta de adecuados sistemas de información y perfeccionamiento en materia jurisdiccional.
Es de resaltar que no puede cargarse la culpa de estas situaciones exclusivamente a los magistrados. La razón fundamental de ello debe encontrarse en el inadecuado tratamiento que siempre se le ha brindado al Poder Judicial. Los sucesivos gobiernos han tendido a ignorar su problemática o a realizar publicitadas reorganizaciones que, en la práctica, no han solucionado nada. No hay que negar tampoco limitaciones y, eventualmente, conductas negativas de ciertos jueces en relación al cumplimiento de sus responsabilidades. Ello existe en el Poder Judicial como en cualquier otra institución de la sociedad. Pero el problema de la administración de justicia no es básicamente responsabilidad de hombres; es el sistema que la diseña y contiene el que la forja de esa manera.
Otra medida que juzgamos adecuada es el esfuerzo que se ha emprendido para la informatización del Poder Judicial, a lo que se debe agregar la capacitación y preparación de los funcionarios judiciales y abogados interesados en ingresar a la administración de justicia; ambas modalidades coordinadas con universidades e instituciones de prestigio.
Estas y otras han sido iniciativas racionales, que de una u otra forma no pudieron ser propuestas e implementadas desde el propio Poder Judicial. Su aplicación, se debe subrayar, ha dado prueba de eficiencia. Pero tampoco podemos dejar de criticar la direccionalidad política y el excesivo poder de esta Comisión Ejecutiva, que a fuerza de imposición ha logrado algunos cambios positivos que, sin embargo, corren el riesgo de revertir, pues se ha alejado de ellos la regla del consenso y del respeto de los fueros.
2. La Administración de Justicia en la Constitución
Las normas sobre el aparato de administración de justicia en la nueva Constitución comprenden tres campos. En primer lugar, la composición y funciones principales del Poder Judicial; en segundo lugar, el reforzamiento del Consejo Nacional de la Magistratura; y, por último, el tratamiento del Ministerio Público. Incidentalmente, y para efectos de las resoluciones denegatorias del Habeas Corpus y de la Acción de Amparo, interviene como tribunal de casación el Tribunal Constitucional, una vez agotada la vía judicial (inc. 2 del art. 202).
2.1. El Poder Judicial
Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.
Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
Desde los primeros momentos de la teoría del Estado, se ha reconocido como uno de los atributos esenciales de la soberanía el de administrar justicia. En tal calidad fue considerado por la teoría clásica de división de los poderes y también por quienes desarrollaron los principios de la soberanía en manos del pueblo.
En el caso del Poder Judicial, el pueblo -del cual emana la potestad de administrar justicia- no interviene en la nominación de los magistrados y, en verdad, sus cargos son adquiridos a través de procedimientos que tienen legitimidad constitucional, siendo en este sentido una «ficción» su representatividad. Según la Constitución de 199310 jueces son nombrados y ratificados por un órgano independiente, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (art. 150). En este tema y como veremos más ~lante, se ha producido un avance sustantivo en relación a la Constitución de 1979.
Ya en nuestro anterior trabajo sosteníamos que la declaración de que la potestad jurisdiccional pertenece al pueblo, no era sino pura ficción y que debía implementarse un procedimiento democrático para viabilizar el nombramiento de magistrados.
. Expresábamos que el sistema de nombramientos adoptado era uno de los más poderosos frenos de la independencia de la administración de justicia, ya que con la Carta de 1979 el Consejo N acional de la Magistratura sólo proponía el nombramiento de magistrados al Presidente de la República, quien adoptaba la decisión finap92. Este esquema constitucional ha cambiado totalmente; la nueva Carta acepta, inclusive, la posibilidad de elección popular para jueces de paz y jueces de primera instancia. Este es, en realidad, un gran avance sobre el cual no se debe escatimar elogio.
Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 138 incorpora a su texto el art.
236 de la Constitución de 1979, mediante el cual se establece la supremacía constitucional sobre las normas de menor jerarquía. En efecto, se ha mantenido el llamado control difuso de la constitucionalidad de las leyes, por cuya virtud se exige a los jueces el preferir, en caso de existir incompatibilidad, a la norma constitucional por encima de otras normas legales. Esta es una institución reconocida por el constitucionalismo moderno, que convierte a los jueces en los principales contralores de la legalidad constitucional.
El control difuso de la Constitución es en realidad el control judicial de la constitucionalidad de la ley. En el Perú debe citarse como antecedente inmediato de este principio el arto XXII del Título Preliminar del Código Civil de 1936593, el arto 236 de la Constitución de 1979594 y más recientemente el arto 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 595.
Pero los antecedentes de este sistema de control provienen del judicial review, de origen norteamericano, por cuya virtud es el órgano jurisdiccional el encargado de cautelar, para un caso concreto, la constitucionalidad de las normas. El ordenamiento constitucional peruano ha recogido también la experiencia europea, impulsada inicialmente por juristas como KELSEN, que propusieron de manera decidida la instauración de los Tribunales Constitucionales.
El sistema peruano de control de la constitucionalidad es pues mixto; por un lado rescata el control difuso asignado a los órganos jurisdiccionales para los casos concretos y, por el otro, instituye el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones tienen el carácter erga omnes.
Marcial RUBIO escribe que para la correcta aplicación del control difuso deben mediar las siguientes consideraciones:
A) Tener en cuenta que incompatibilidad no es lo mismo que diversidad:
«Evidentemente, la regla inferior será diferente a la superior. SI fuera idéntica tendría que desaparecer. Pero diversidad e incompatibilidad son dos conceptos completamente distintos. En la diversidad se colocan matices o precisiones. En la incompatibilidad, la norma de un rango y del otro son excluyentes entre sí. Sólo con incompatibilidad puede funcionar el control difuso».
B) El administrador de justicia «tiene que estar seguro que no existe una forma razonable de encontrar compatibilidad entre las dos normas en conflicto. Si existiera tal posibilidad, no se debe preferir la norma superior y no aplicar la inferior. En otras palabras, el control difuso debe ser aplicado con criterio restrictivo».
C) El control difuso «sólo puede ser aplicado cuando existe un conflicto real y concreto de intereses en el cual se deba discernir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma inferior. El control difuso no se ejercita en abstracto, porque ello equivale a una declaración de inconstitucionalidad a través de la acción correspondiente, que debe ser ventilada dentro del respectivo proceso por el Tribunal Constitucional»596.
2.2. Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional
El art. 139 de la Constitución ha agrupado bajo la denominación de principios y derechos a un conjunto de dispositivos referentes a la función jurisdiccional. La Constitución de 1979 normó esta materia en su art. 233, bajo la denominación de garantías de la administración de Justicia, que parece un concepto más adecuado, puesto que se trata de dispositivos que pueden invocarse y hacerse efectivos materialmente
2.2.1. Unidad y Exclusividad de la Función Jurisdiccional
Nos hemos referido a la materia de este inciso al comentar el art. 138. La doctrina del constitucionalismo moderno ha profundizado el tema. Al respecto, Héctor FIXZAMUDIO desarrolla una interesante teoría sobre el principio del derecho a un juez natural, según la cual éste forma parte del derecho de defensa constitucionalmente reconocido e integra de manera sustantiva el Debido Proceso Legal 598. En términos concretos, un juez natural es aquel magistrado que goza de jurisdicción y competencia para avocarse al conocimiento de un proceso.
A su turno, MONROY GALVEZ sostiene con acierto que el principio de la unidad y exclusividad significa que «nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos especializados; éste tiene la exclusividad del encargo. El principio significa, además, que si una persona es emplazada por un órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proceso instaurado contra él. Es más, para cuando el proceso acabe dicha persona estará también obligada a cumplir con la decisión que se expida en el proceso del cual formo parte. En cualquiera de ambos casos, ni su actividad ni su omisión podrá Iiberarla de la obligatoriedad de cumplir con lo que se decida. Podrá ser compelida a ello, por medio del uso de la fuerza estatal»600.
Si esto es así, ninguna persona puede ser sometida a juicio ante autoridad que no haya recibido la calificación para juzgar. En esa medida, están prohibidos -con las excepciones establecidas por la propia Constitución- los tribunales especiales fuera del aparato judicial y los procesos por delegación o comisión. Adicionalmente, subsiste la imposibilidad de crear fueros especiales en razón de la calificación predeterminada de personas o grupos de personas.
Mediante el texto que comentamos, se establece la conformación unitaria del Poder Judicial; esto es, se prohíbe la instauración de fueros privativos. El Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial reafirma tal criterio, agregando además en el art. 1 que no existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con las excepciones a las que hemos mención.
Según el precepto constitucional, sólo pueden admitirse como distintos del Fuero Ordinario, por vía de excepción, el Fuero Militar -que tiene jurisdicción sobre los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los delitos de función; sobre quienes infrinjan el Servicio Militar Obligatorio; y, sobre los civiles en los delitos de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, según el arto 173 de la Constitución-601 y la jurisdicción arbitral que está legislada por la Ley N° 26572, del 5 de enero de 1996, Ley General de Arbitraje.
La acotada norma establece la posibilidad de someter a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen la facultad de libre disposición, así como aquellas referidas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia. Es de derecho cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable. Es de conciencia cuando resuelven de acuerdo a sus conocimientos y leal saber y entender.
Por otro lado, debemos hacer mención a la Ley N° 26662, del 22 de setiembre de 1996, Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Mediante este dispositivo los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar los siguientes asuntos: rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos y sucesión intestada. Si se recurre al Poder Judicial, es competente el Juez de Paz Letrado y el proceso se sujeta, como es lógico, a las normas del Código Procesal Civil.
Una interrogante que deriva del dispositivo citado es si es que la norma afecta el principio constitucional que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La Carta sólo autoriza ejercerla, en vía de excepción, al fuero militar y a la jurisdicción arbitral. En este caso, y en una primera lectura, la competencia notarial estaría afectando el principio glosado. La Constitución no prevé ningún otro mecanismo jurisdiccional de resolución de conflictos, aún cuando los asuntos sean no contenciosos. En la práctica, los notarios estarían ejerciendo jurisdicción y sustituyéndose a la competencia de los tribunales. Sin embargo, la norma puede ser calificada de positiva debido a la carga procesal no resuelta por los tribunales ordinarios.
En todo caso, se requiere un estudio a profundidad sobre esta temática, que dejamos planteada para ser profundizada en el futuro.
Las derivaciones prácticas del dispositivo constitucional son claras y concluyentes en el siguiente sentido:
A) La funciónjurisdiccional es sólo una y se ejerce de manera unívoca por el órgano constitucionalmente facultado para ello. El Ejecutivo y el Legislativo no pueden ejercer función jurisdiccional; están prohibidos de avocarse al conocimiento de causa pendiente y tampoco pueden intervenir en el procedimiento ni mucho menos desconocer sus resoluciones y pretender abstenerse de cumplirlas y someterse a sus efectos.
B) La exclusividad complementa el concepto de la unidad, en el sentido de que la administración de justicia es exclusiva del Poder Judicial y al mismo tiempo excluyente respecto de cualquier otro órgano u organismo.
C) La función jurisdiccional es orgánica y jerárquicamente establecida; por consiguiente, no existe ni puede existir jurisdicción alguna independiente, salvo las específicamente exceptuadas por la propia Constitución, como son la militar y la arbitral. Pero hay más, porque la justicia militar, como en su caso la arbitral, no son autónomas ni pueden erigirse al margen y en forma competitiva con la justicia ordinaria. Actúan de acuerdo con sus leyes en el ámbito material al que la Constitución les faculta. Determinadas decisiones pueden ser conocidas y resueltas por la Corte Suprema.
2.2.2. Autonomía de la Función Jurisdiccional
Las características generales de este inciso también las hemos tratado en la parte introductoria referida al análisis de la Administración de Justicia en la Constitución.
Empero, creemos oportuno recalcar el hecho de que para la efectiva consolidación de un Estado de Derecho se hace imprescindible la plena autonomía del Poder Judicial.
Esta es una garantía inherente a la organización del Estado.
La Constitución de 1993, se debe anotar, ha avanzado significativamente en esta materia, en relación a su predecesora de 1979. Este ánimo se refleja especialmente en el tratamiento del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público, órganos integrantes de la administración de justicia, cuyo diseño los pretende alejar lo más ?ible del círculo de influencias que siempre maneja el Poder Ejecutivo.
El principio de la independencia de los órganos judiciales -ha dicho MONROY GALVEZ. es «la única posibilidad de que un órgano jurisdiccional -un juez- pueda cumplir a cabalidad con su función social de resolver conflictos de intereses y procurar . la paz social». Ello se debe efectivizar «intentando que su actividad no se vea afectada por ningún otro tipo de poder o elemento extraño que presione o altere su voluntad, es decir, la facultad para decidir»602.
Pero se debe entender que la independencia del Poder Judicial no solamente debe ser un bien redactado precepto constitucional. Antes bien, es en el ejercicio concreto de la función jurisdiccional, en el manejo autónomo de la estructura orgánica y, fundamentalmente, en la autonomía de decisión de los magistrados, donde se comprueba si efectivamente existe independencia. La Constitución es clara al establecer que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ni interferir en el ejercicio de las funciones del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir que cualquier interferencia constituye delito, y, por tanto, los jueces están habilitados para denunciar aquellos actos que signifiquen presión para emitir un fallo en talo en cual sentido. Esto lamentablemente, no siempre ocurre. Domingo GARCIA BELAUNDE sostiene que todo el proceso histórico del Perú ha estado signado por el deseo del poder político de manejar a los jueces 603. A lo anterior se podría agregar que tal actitud ha provenido, también, del poder económico.
Abundando en los señalado por GARCIA BELAUNDE, es imposible dejar de referirse a situaciones creadas desde el poder político para interferir con la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: abuso en el nombramiento de jueces provisionales; interferencia que inclusive se elevó a la condición de sistema que legalmente autorizaba a los poderes políticos a intervenir y decidir en dichos nombramientos; cambio de jueces cuya independencia estorba; leyes de corte de juicios; leyes dadas expresamente para interferir y modificar dispositivos procesales con la finalidad de alterar procesos en curso, entre otras actitudes. A ello debería añadirse la mezquindad deliberada en la asignación de recursos, que sin lugar a dudas fue el procedimiento más eficaz para que los jueces se pasaran gran parte del tiempo gestionando rentas ante el Poder Legislativo, o pidiendo dinero mensual directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, no puede dejar de mencionarse las veces que el Poder Judicial ha sido «disuelto» y reorganizado directamente desde Palacio de Gobierno para que el gobernante de turno pueda designar jueces complacientes.
Es también un principio de la función jurisdiccional el respecto por la cosa juzgada.
Como es sabido, ésta implica la decisión que dicta un juez para poner fin a determinado pleito604. Aníbal QUIROGA sostiene que «la garantía de la cosa juzgada como elemento fundamental del debido proceso legal tiene un necesario sustrato en el que aparece la necesidad jurídica de que la sentencia judicial, la declaración de certeza, asegure a las partes en conflicto una solución cierta del interés en disputa y, en función de ello, se otorgue al medio social la necesaria paz colectiva que asegura las relaciones de los ciudadanos en conjunto»605.
La resolución final no puede ser dejada sin efecto por ninguna autoridad. La prohibición es extendible, asimismo, hacia los procedimientos en trámite, salvo a la amnistía que pueda dictar el Congreso de acuerdo a lo estipulado al inc. 6 del arto 102. Lo mismo se puede decir de la protección que se otorga a las sentencias y a la obligatoriedad de su ejecución, salvo claro está, el caso del indulto que, de acuerdo al inc. 21 del arto 118, es facultativo del Presidente de la República. Nos hemos referido ampliamente a estos asuntos al comentar los artículos referidos.
En cuanto al derecho de investigación del Congreso, debe entenderse que, tal como lo señala el texto constitucional, aquél no se ve afectado por las disposiciones del inc.2. Sin embargo, se deja claramente establecido que el ejercicio de tales investigaciones no debe interferir en modo alguno en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. La facultad investigativa del Parlamento es más bien de carácter político y moralizador, y sus conclusiones no guardan relación alguna con el ejercicio de la función jurisdiccional, aunque pueden promoverla.
2.2.3. La observancia del Debido Proceso
El inciso bajo análisis es de suma importancia, pues establece las garantías para el Debido Proceso Legal, que en la actualidad no sólo es considerado como un derecho constitucional sino como derecho fundamental; vale decir, uno de los derechos humanos exigibles al Estado moderno de derecho6<>6.
Los orígenes del debido proceso son recordados por CAROCCA, quien escribe que éstos «nos revelan que se trata de una fórmula sustancialmente amplia, indeterminada, de buscar la justicia en la tramitación de un concreto proceso. Su importancia radica en que se asienta en el principio esencial de la tradición anglosajona, conforme al cual 'where there is no remedy there is no rigth', en el sentido de que el derecho existe en cuanto se lo pone en 'judicio persequi' a través del ejercicio de una 'form of action'.
De allí que para los norteamericanos no puede existir garantía más importante que la de un proceso correcto, porque cualquier derecho atribuido o reconocido en una norma sustantiva, si no es susceptible de 'enforcement' jurisdiccional a iniciativa del titular, sería completamente ilusorio». Es por ello que «la garantía del debido proceso ha venido a transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo de la garantía jurisdiccional en sí misma»607.
Mediante el debido proceso se garantiza que las reglas de organización judicial, competencia, trámite de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, se lleven a cabo respetando las garantías constitucionales y legales vigentes.
Aníbal QUIROGA define al Debido Proceso Legal como la institución del Derecho Constitucional Procesal que «identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado»ó08. Estos principios no son otros que los que detalla el segundo párrafo del inc. 3.
Por lo demás, la observancia del debido proceso legal es una garantía reconocida a nivel supranacional. En efecto, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos 609, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 610, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre611 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos612, la contemplan de manera explícita.
Por otro lado, la Constitución también se refiere a la jurisdicción predeterminada.
Esto quiere decir que para cada proceso iniciado, no importa el tipo que tenga, existe un procedimiento específico de cuyos parámetros el juzgador está imposibilitado de salirse. En esa medida, el justiciable tendrá la certeza de que el proceso seguirá una vía conocida, con jueces que tengan competencia y jurisdicción predeterminadas.
2.2.4. Publicidad de la Función Jurisdiccional
Esta es una disposición que cobija a otro de los principios básicos de la ciencia procesal: la publicidad de los juicios. Aníbal QUIROGA apunta que este concepto «responde a un principio procesal, dentro de los llamados principios formativos del proceso, cual es el principio de la oralidad, íntimamente ligado con el principio de la inmediación, pues no puede entenderse una audiencia pública en la que las partes no estén en directo contacto con sus juzgadores»613.
Por su parte, Juan MONROY dice, acerca del principio de publicidad, que «esta vez el concepto no está tomado en el sentido de la difusión, sino simplemente en un sentido contrario a reservado. La actividad procesal es una función pública, en virtud de lo cual, constituye una garantía de su eficiencia que los actos que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de quien quisiera conocerlos. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comunidad de que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y de transparencia. Por ello, no hay mejor medio de convertir en actos públicos todas sus actuaciones. Este conocimiento por parte de los justiciables de la actividad judicial, les concede la seguridad de que el servicio se brinda correctamente»614.
En realidad, lo que establece la publicidad es la necesidad de no negar a conocimiento público la actuación de los órganos jurisdiccionales que administran justicia. En una sociedad cada día más dependiente de la información y del conocimiento inmediato de los hechos que otorgan revolucionarios métodos informativos, sería un verdadero despropósito implementar procedimientos reservados o privados que, por lo demás, están alejados de la realidad social y de la participación ciudadana, que siempre es necesaria para un adecuado desempeño de la administración de justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial también consagra el principio de publicidad, al que se le ha anexionado el derecho de análisis y crítica de las decisiones judiciales, que también goza de reconocimiento constitucional (inc. 20 del arto 139)615.
2.2.5. Motivación Escrita de las Resoluciones Judiciales
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con medición expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
Es frecuente encontrar, en nuestro medio, sentencias verdaderamente inentendibles, bien porque no se expone claramente los hechos materia de juzgamiento, o porque no se evalúa su incidencia en el fallo final de los tribunales. bien porque se cita disposiciones legales en términos genéricos a pesar de que suele ocurrir que un solo artículo de ley contenga varias normas jurídicas.
Así elaboradas, las resoluciones judiciales no pueden cumplir con diversas finalidades que tienen dentro del sistema jurídico. Si bien es cierto que la más importante es decidir sobre el interés de las partes sometidas ajurisdicción, suele suceder que las partes no reciban la debida información de los magistrados sobre las razones que los llevaron a tomar una decisión. Esto es una manera impropia de administrar justicia.
En otro extremo, la sentencia judicial tiene importantes consecuencias adicionales al solucionar el problema material del proceso. Por un lado, constituye un antecedente para casos futuros, que debe servir cuando menos como indicio de los criterios que tiene el Poder Judicial al resolver616. Una sentencia insuficientemente fundamentada impide este objetivo.
Finalmente, las sentencias tienen un valor pedagógico y creativo fundamental dentro del Derecho y sientan jurisprudencia. Como son aplicación de la legislación general al caso concreto, permiten observar la adecuación o inadecuación de la legislación vigente a la realidad social y su verdadera capacidad de resolver los conflictos sociales con justicia y equidad. No en vano, el inc. 20 del art. 139 señala como principio de la administración jurisdiccional el «derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley».
2.2.6. La Instancia Plural
Esta garantía constitucional es fundamental, y ha sido recogida de la Constitución anterior; asimismo, por la legislación internacional de la que el Perú forma parte617.
Antes de la dación de la Carta de 1979 no existía, ni siquiera en la Ley Orgánica del poder Judicial, un texto positivo que asegurase el derecho a la instancia plural; lo que había era un reconocimiento de ella como principio general del Derecho Procesal
Es sabido que no siempre las decisiones judiciales resuelven las expectativas de quienes acuden a dichos órganos en busca del reconocimiento de sus derechos.
Es por ello que queda habilitada la vía plural, mediante la cual el interesado puede cuestionar una sentencia o un auto dentro del propio organismo que administra justicia. Aníbal QUlROGA define adecuadamente a este precepto constitucional, como el derecho al recurso, «que cautela la garantía de que los jueces y tribunales, una vez terminado el proceso, sean pasibles de ulterior revisión de su actuación y decisión (errores in iudicando e in procedendo) sólo si la parte afectada con la decisión así lo solicitase, pues el derecho a la instancia plural es, también, un derecho público-subjetivo inscrito dentro del principio de la libertad de la impugnación»619.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce el derecho a la instancia plural, al establecer que las resoluciones judiciales pueden ser susceptibles de revisión en una instancia superior. La ley remarca la necesidad que la interposición de un medio impugnatorio constituya un acto voluntario del justiciable; vale decir, reconoce el principio de la libertad de impugnación a la que nos referíamos en el anterior párrafo. Finalmente, dispone que lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada y que la impugnación de dicha sentencia sólo procede en los casos previstos en la ley.
De lo anterior podemos colegir que, si bien es cierto que todo fallo es susceptible de revisión, tanto en forma como en fondo, esto no significa que siempre se puede acceder a la Corte Suprema, pues, repetimos con QUIROGA62O, para que el derecho a la instancia plural se entienda cumplido bastan dos decisiones judiciales expedidas en un mismo procedimiento por autoridades judiciales de diferente jerarquía. La Corte Suprema conoce como instancia de fallo los procesos iniciados en las Cortes Superiores. los de materia constitucional y los originados en la propia Corte Suprema.
Adicionalmente, conoce de los procesos en vía de casación, que en nuestro ordenamiento jurídico es denominado recurso de nulidad. Como se observa, el principio de la instancia atraviesa a todos los niveles de los órganos jurisdiccionales de administración de justicia, que, por lo demás, tienen la obligación de respetarlo y hacerla cumplir.
2.2.7. Indemnización por Error Judicial
Este principio está referido al ámbito penal, en el que suelen presentarse casos de errores judiciales que afectan al procesado o condenado. El hecho se concreta cuando se afectan normas sustantivas del debido proceso, sea en cuanto a errores procedimentales o cuando se produce una condena injusta.
Debe anotarse que el inciso bajo comentario recoge, en su primera parte, lo dispuesto por el inc. 5 del arto 233 de la Constitución anterior. Pero, además, incorpora el inc. 16 de la referida Carta, que se refiere a la indemnización por las detenciones arbitrarias.
Esta es una sana medida, que por razones de sistemática jurídica unifica el derecho a una indemnización justa que les es reconocido los directamente afectados.
La doctrina constitucional moderna ha recogido una serie de principios internacional mente reconocidos. El derecho de indemnización por detenciones arbitrarias o inmotivadas está reconocido por los más importantes instrumentos Y declaraciones internacionales de las que el Perú forma parte. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 3 y 9)/ como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) Y la Convención Americana (art. 10)621, sancionan la privación arbitraria de la libertad, las detenciones inmotivadas y establecen la indemnización para las víctimas de tales atropellos. Estos convenios protegen In l. d básicamente el derecho a la Iibertad personal y lo que se ha denominado como derecho a la justicia, que nuevos estudios califican como derecho humano fundamental 622.
El tema de la indemnización ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia internacional, la que ha resuelto una serie de casos sometidos a su conocimiento. En este caso, resulta de particular importancia examinar el tipo de sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿ Cuáles son los efectos de una sentencia de este organismo? Héctor FAUNDEZ escribe que la Corte ha sostenido que toda violación a una obligación internacional comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la indemnización constituye la forma más usual de hacerl0623.
Según la Corte, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, más el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales624. Sin embargo, debe anotarse que, generalmente -por no decir en todos los casos- los Estados sancionados sólo han cumplido con el monto indemnizatorio, mas no con la restitución de derechos.
2.2.8. Administración de Justicia y Vacíos de la Ley
Esta norma tiene antecedentes del Derecho Civil. En efecto, tanto el Código Civil de 1936 como el actual, de 1984, glosan en el Título Preliminar la obligación de resolución de controversias por parte de quienes ejercen jurisdicción. En buena cuenta, y como lo anota QUIROGA625, esta es una norma que garantiza la tutela judicial efectiva y que obliga al juez a otorgar siempre esa tutela sin que pueda eximirse en la ausencia de una norma de derecho material que le permita resolver meritum causae la controversia.
El inciso, sin embargo, tiene varias aristas cuyas implicancias es menester analizar. En primer término se refiere al «vacío» de la ley. El concepto tiene un significado restrictivo, en tanto se refiere a la posibilidad de que existan supuestos fácticos en disputa que no hayan sido contemplados por la norma. Marcial RUBIO sostiene que «el vacío de Derecho, en el sentido que la Constitución utiliza el término, contiene dos elementos: la ausencia de norma y la necesidad de que ella exista. Por su propia naturaleza, es materia de opinión y de razonabilidad.
No es apodíctico»626.
Pero también puede existir «deficiencia» de la ley, vale decir, que la norma muestre evidentes signos contradictorios u oscuros. En ambos casos, el juez no puede abstenerse de resolver; está obligado a hacerla.
Esta obligación se entrelaza con la necesidad de aplicar, supletoriamente, los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Los principios generales del derecho, en su definición escolástica que los sitúa como Derecho Natural, son aquellas normas comunes a todos los hombres y que, como derecho natural primario, tienen por fundamento la razón divina. Los hombres pueden complementario mediante la legislación. Se presenta, entonces, el derecho natural secundario, que se divide, a su vez, en jus gentium (conquista general de la civilización) y jus civile (agregados hechos por el legislador de cada país )627.
La Constitución de 1979 hacía mención a los principios generales que inspiran el derecho peruano. Sobre el particular, Marcial RUBIO, al comentar el arto VIII del Título Preliminar del Código Civil peruano, formula una primera aproximación a tales principios628. Pero todavía no existe una sistematización sobre ellos. Esta situación probablemente ha determinado que se elimine del nuevo texto constitucional la acepción anotada, que, aún cuando primaria, formulaba un acercamiento axiológico hacia las raíces del derecho nacional que bien pudo profundizarse.
Finalmente, el inciso se refiere al derecho consuetudinario como fuente supletoria de la ley. Aquél, en sentido lato, está formado por el conjunto de normas establecidas or la costumbre, Y la costumbre es una regla del derecho que funda su valor en la fradición. El Perú, como la mayoría de países iberoamericanos, basa su ordenamiento legal en el derecho escrito, aun cuando se ha dado un gran avance al reconocerle a las comunidades nativas y campesinas el ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con el derecho consuetudinario de cada una de ellas (art. 149). En otros países la costumbre es fuente principal del derecho, que establece normas y prácticas de obligatorio cumplimiento.
2.2:9. La Función Jurisdiccional en el Campo Penal
El principio que desarrolla este inciso está ampliamente aceptado y difundido por la doctrina del Derecho Penal. La ley penal se rige por el principio de legalidad, que establece que no hay crimen ni pena sin una ley penal previa (nullum crimen, nulla poena sine lege poenali). Este precepto está reconocido en la letra «d» inc. 24 del arto 2 de la Constitución vigente.
Hemos referido que el Derecho Penal es una disciplina que se basa en la norma escrita y en los contenidos taxativos de la misma, sin excepciones. Es por ello que la ley sólo se aplica a situaciones concretas e individualizadas.
Está prohibido, por tanto, realizar juicios valorativos sobre la identidad común de conductas, que aun cuando puedan expresar similitud entre ellas, son distintas porque distintos son los sujetos de derecho y diferentes sus acciones.
Es en virtud de estas consideraciones que se prohíbe la aplicación de la ley penal por analogía.
El profesor Luis JIMENEZ DE ASUA sostiene que la analogía «consiste en la decisión de un caso penal no contenido por la ley, argumentando con el espíritu latente de ésta, a base de la semejanza del caso planteado con otro que la ley ha definido o enunciado en su texto y, en los casos más extremos, acudiendo a los fundamentos del orden jurídico, tomados en conjunto. Mediante el procedimiento analógico, se trata de determinar una voluntad no existente en las leyes que el propio legislador hubiese manifestado si hubiera podido tener en cuenta la situación que el juez debe juzgar».
Agrega el maestro español que «salvo contadas excepciones en la doctrina y en el derecho positivo, la analogía se halla repudiada en nuestra disciplina. La razón estriba en que cuando la ley quiere castigar una concreta conducta la describe en su texto catalogando los hechos punibles. Los casos ausentes no lo están tan sólo porque no se hayan previsto como delitos, sino porque se supone que la ley no quiere castigarlos»629.
La prohibición de aplicar la ley penal por analogía es, pues, otro principio de la aplicación del Derecho Penal, que se funda en el hecho que siendo esta rama de carácter punitivo y orientada a la limitación de derechos fundamentales, sus normas deben aplicarse de manera restrictiva, es decir, a los casos claramente contenidos en ellas. No puede funcionar, por tanto, la analogía que es un procedimiento de integración jurídica consistente en aplicar una norma a un caso que no es exactamente el que prevé, sino uno similar.
El Derecho Penal contiene una serie de presupuestos mínimos y obligatorios para configurar la comisión de un acto delictivo. Uno de ellos es la individualización del o los autores, y otro la exigencia que el hecho se encuentre tipificado en una norma concreta. Ambos requisitos contienen tácitamente la prohibición de aplicar por analogía la ley penal.
La Constitución de 1979 prescribía en el inc. 9 del arto 233 la garantía de no ser penado sin proceso judicial, a la que agregó el derecho de defensa y la defensa gratuita a las personas de escasos recursos. La Carta vigente ha desdoblado este precepto en tres incisos del arto 139: 10, 14 Y 16, respectivamente.
Un principio tradicional del Derecho Penal es aquel que establece el derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal imparcial antes de ser condenada a cumplir una pena. Es aquí donde de presenta otra garantía fundamental proyectada sobre toda la actividad judicial: Nullum poena sine iuditio; esto es, no hay pena sin juicio previo.
Diversos cuerpos normativos sobre los derechos humanos recogen este principio. El arto 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, señala:
«Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal».
Norma parecida trae el art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
«Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas».
Aunque de naturaleza distinta por el hecho que presupone, el segundo párrafo del inc. 3 del art. 139 -que a su vez era el apartado «1» del inc. 20 del art. 2 de la Carta de 1979- está vinculado al tema que comentamos, puesto que establece que «ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación».
En efecto, no basta con señalar que toda persona debe tener derecho ajuicio antes de ser penada. También es necesario que se respete la jurisdicción predeterminada y que no se creen tribunales de excepción.
Con ligeras variantes con respecto a lo establecido en la Constitución de 1979 -que habla de lo más favorable al «reo» y no al «procesado»-la Carta vigente consagra en el inc. 11 del arto 139 un principio tradicional del Derecho Penal. Se trata del in dubio . pro reo, que se aplica tanto en la duda sobre los problemas de hecho, como en caso de falta de claridad de las leyes penales al juzgar el caso. Esta norma es complementaria con otras dos.
En primer lugar se con dice con la inaplicabilidad por analogía de la ley penal (inc. 9, art. 139), principio que ya ha sido comentado. En segundo lugar, con el arto 103 en su segunda parte, cuando señala que «ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo». Aquí opera 10 que en la doctrina penal se conoce como la retroactividad benigna.
Es de aclarar que son dos situaciones distintas ]a duda de ]0 que más favorece al reo -o el conflicto en el tiempo, como lo disponía el inc. 7 del arto 233 de la Constitución anterior-, y el hecho de que con toda claridad el acusado haya infringido más de una disposición penal 630. En este último caso no se aplica la norma más favorable sino la pena más grave de todas. Esto es necesario para una adecuada penalización: si alguien comete un homicidio o un pequeño robo y se le juzgan a la vez los dos delitos, no puede beneficiarse con la pena más leve. Por el contrario, se la aplica la más grave de ambas. En caso de ocurrir lo inverso sería muy fácil violar las disposiciones del Derecho Penal.
El inc. 11 del art. 139 de la Constitución, como resulta de su texto, no se está refiriendo al concurso de delitos y, por tanto, no invalida las normas contenidas en el Código Penal.
Consideramos pertinente transcribir los artículos 6 y 7 del Código Penal, para una concordancia más amplia:
«Artículo 6.- La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará lo más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley».
«Artículo 7.- Si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho».
Está claro entonces que, en caso se presente la duda o conflicto que refiere el inc. 11 del art. 139 de ]a Constitución, estos supuestos se configuran cuando las normas transcritas de] Código Penal no solucionan el problema.
Artículo 139.- Son principios y garantías de las función jurisdiccional:
12, El principio de no ser condenado en ausencia.
630 Puede ocurrir esto en dos circunstancias: cuando un mismo hecho configura más de un delito (concurso ideal de delitos) y cuando varios hechos son otros tantos delitos (concurso real de delitos).
El inciso bajo comentario es un enunciado básico del debido proceso legal. CHIRINOS SOTO sostiene, con acierto, que la prohibición de la condena en ausencia tiene una exigencia básica, cual es “la obligación de que entre el juez y el acusado se produzca un contacto directo, VIVO, inmediato, que le permita al primero apreciar la personalidad del segundo, percibir directamente sus declaraciones y actitudes, observar su sinceridad y condiciones intelectuales y, en general obtener el máximo de información que lo conduzca hacia una decisión apropiada»631.
En realidad, lo que se propone el texto constitucional es que el procesado haga uso del derecho de defensa en juicio, que es una garantía constitucional que permite rodear al proceso de las garantías mínimas de equidad y justicia, que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultad0632.
Debe recordarse, a propósito del comentario del presente inciso, que el 26 de junio de 1996 se publicó la Ley N° 26641, cuyo arto 1 dice a la letra: «Interprétase por la vía auténtica que tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios, la misma que opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehuye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho. El juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción».
La norma hace la distinción entre reos ausentes y reos contumaces. Los primeros son los que desconocen que tienen un proceso legal abierto. En cambio, reo contumaz es considerado aquel que, sabiendo que tiene un juicio en contra suya, no se pone a derecho, por lo que se convierte en prófugo de la justicia.
La dación de la referida norma se vincula con el caso del ex Presidente de la República Alan García Pérez. Siendo así, el análisis tiene necesariamente que señalar que contradice dos preceptos constitucionales, el primero que establece que nadie puede ser condenado en ausencia, y el segundo que prohíbe se expidan leyes en razón de la diferencia de las personas.
La Ley N° 26641 presenta, adicionalmente, un error grave. Nos estamos refiriendo al caso de la interpretación auténtica. Como lo sostenemos a propósito del comentario del art. 112 de la Constitución, este tipo de interpretación no es facultad de un Congreso ordinario, sino del propio poder constituyente que dio origen a la norma constitucional.
2.2.10. El Proceso Fenecido por Resolución Ejecutoriada
La cosa juzgada tiene varios requisitos:
A) Que el proceso fenecido haya ocurrido entre las mismas partes. No hay cosa juzgada, por tanto, si debiendo dos personas distintas una obligación, el acreedor siguió juicio sólo con una de ellas. Sea cual fuere el resultado, puede iniciar juicio contra la otra.
B) Que se trate del mismo hecho. Si los hechos son distintos, el asunto sometido ajurisdicción es diverso y, por lo tanto, no hay nada establecido judicialmente para el segundo.
C) Que se trate de la misma acción. Cuando son las mismas partes y el mismo hecho, pero la acción utilizada es distinta y compatible con la previa, puede proceder el juicio y no hay precedente de cosa juzgada.
Finalmente, queremos hacer una distinción entre las resoluciones administrativas y las judiciales, en relación a la cosa juzgada.
En principio, tienen calidad de cosa juzgada las resoluciones definitivas de los órganos estatales que actúan en ejercicio de la función jurisdiccional. Es el caso del Poder Judicial.
Sin embargo, es un hecho cada vez más frecuente que la administración pública asuma la función de dirimir conflictos mediante resolución administrativa. Tal el caso de problemas laborales o tributarios, por ejemplo.
Distinto es el caso de las resoluciones judiciales. En ellas, la legalidad no es requisito sino presupuesto. Jurisdicción significa, precisamente, «decir derecho». En este sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional equivale a establecer el derecho aplicable a una situación concreta. Por eso es que las resoluciones definitivas de los tribunales sí gozan del carácter de cosa juzgada.
Ocurre a veces, sin embargo, que las leyes otorgan a determinadas resoluciones . administrativas el carácter de irrevisables. Cuando eso ocurre, quiere decir que la administración pública está actuando en ejercicio de la función jurisdiccional. En este caso sí se aplica el principio de la cosa juzgada, pero por mandato expreso de la ley.
De tal forma que el carácter de cosajuzgada de una resolución no depende únicamente del órgano que la produce, sino de la función que ejerce al resolver. Sólo si la función es jurisdiccional procede la cosa juzgada.
El inciso bajo comentario establece que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Sobre el particular, es preciso anotar que la cosa juzgada se da cuanto efectivamente ha habido juicio.
Los casos citados no responden, necesariamente, a las consecuencias de un procedimiento judicial, pero se utiliza la figura de los efectos similares para establecer que un asunto ya no tiene posibilidad de verse judicialmente. Entendemos que esta referencia, por mejor técnica legislativa, debió incluirse en el inc. 2 del arto 139, que se refiere expresamente a la cosa juzgada.
2.2.11. El Derecho de Defensa
El derecho de defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante él se protege una parte medular del debido proceso. Las partes enjuicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea así.
Recuerda Aníbal QUIROGA 635 que el derecho de defensa significa también que en un medio jurídico especial y especializado, profesionalizado, donde los agentes de justicia son iusperitos y donde la intervención de las partes está mediatizada por la defensa cautiva -intervención directa y obligatoria de los abogados-la asistencia letrada a las partes enjuicio termina siendo un elemento que incide en el derecho de defensa, de modo que su ausencia determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión constitucionalmente reprobada.
Se pueden consignar, entonces, hasta tres características del derecho de defensa:
A) Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento invalida el proceso.
B) Convergen en él una serie de principios procesales básicos, a saber: el principio de la inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de asistencia profesionalizada y el derecho de no ser condenado en ausencia.
C) Un punto central es el beneficio de gratuidad en juicio, que surge como consecuencia del principio de equidad. El juzgador debe garantizar que las partes en un proceso tengan una posición de equilibrio entre ellas; es decir, sin ventajas.
MARCIAL RUBIO suscribe esta apreciación y sostiene que el derecho de defensa tiene dos significados complementarios entre sí: «El primero consiste en que la persona tiene el derecho de expresar su propia versión de los hechos y de argumentar su descargo en la medida que lo considere necesario (...) El segundo consiste en el derecho de ser permanentemente asesorado por un abogado que le permita garantizar su defensa de la mejor manera desde el punto de vistajurídico»636.
La apreciación de RUBIO contiene una idea básica, intrínseca al derecho de defensa. Nos estamos refiriendo a la capacidad de defensa del justiciable, por sí mismo o por medio de asistencia especializada. Ninguno de estas dos garantías debe estar ausente en un proceso, bajo pena de nulidad.
2.2.12. Detención Motivada
He aquí un error constitucional. El inciso bajo comentario repite de manera textual una parte del anterior inc. 14. CHIRINOS SOTO escribe que se trata sólo de un error material «que podría salvarse a través de una corrección
2.2.13. La Gratuidad de la Administración de Justicia
Este inciso formaba parte del inc. 9 del arto 233 de la Constitución de 1979, en el que era normado junto al derecho de defensa.
Hemos comentado párrafos arriba las implicancias e importancia de la defensa gratuita, que anteriormente el procesalismo civil denominaba Beneficio de Pobreza.
Queremos agregar lo que significa el principio de la gratuidad de la administración de justicia.
Este no es, en rigor, un principio de carácter obligatorio e imperativo. Antes bien, se ha querido garantizar constitucionalmente el libre acceso a la administración de justicia para los justiciables con limitaciones económicas. Marcial RUBIO considera, en una apreciación que compartimos, que la gratuidad de la administración de justicia «es I consustancial al monopolio de la misma por parte del Estado y al principio de que toda persona tiene derecho a recibirla. Si la justicia fuera pagada, entonces los menos favorecidos estarían, además, privados de ella»637.
La gratuidad de la administración de justicia es, más bien. una garantía de carácter general que no necesariamente se condice con la realidad. Es sabido que para algunos trámites judiciales la ley manda cumplir con el pago de aranceles judiciales y otros desembolsos obligatorios.
2.2.14. Elección Popular y Revocación de Magistrados
Artículo 139.- Son principios y derechos de las función jurisdiccional:
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a la ley.
Este inciso recoge un planteamiento verdaderamente inédito para el constitucionalismo peruano. Si bien podría formularse una primera reserva, en el sentido de su ubicación en el arto 139, los lineamientos generales que expresa son altamente positivos para la administración de justicia en su conjunto.
Desde nuestro anterior trabajo: Constitución y Sociedad Política, sosteníamos la necesidad de implantar un sistema de participación democrática en la nominación de los cargos judiciales638. Las razones son múltiples: una de ellas. el deficiente diseño de la Constitución de 1979 en materia de nombramiento de magistrados.
El inciso bajo comentario debe concordarse, necesariamente, con el art. 152, que especifica los casos de elección popular de magistrados. Este mecanismo puede establecerse en el caso de los jueces de paz y, eventualmente, de los jueces de primera instancia639. Sin embargo, este dispositivo constitucional todavía no ha sido desarrollado mediante leyes específicas. La Ley N° 26300 o Ley de Participación y Control Ciudadanos, promulgada el2 de mayo de 1994, tiene un carácter más bien restrictivo, pues delega la revocatoria de magistrados al contenido de una norma todavía inexistente64o. Profundizaremos el tema cuando ,analicemos, más adelante, la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
El precepto analizado se refiere también a la revocación de magistrados. La revocación es una medida disciplinaria que consiste en excluir a un funcionario público de los cuadros de la administración, por motivos específicamente contemplados en el derecho positivo. Creemos que es indispensable una ley de desarrollo constitucional que especifique esta disposición, ya que, tal como está redactada, corre el riesgo de devenir en letra muerta.
2.2.15. Poder Ejecutivo y colaboración con la Justicia
La Constitución vigente repite el inc. 13 del art. 233 de la Carta de 1979. Esta obligación puede concordarse asimismo con el art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 641. Además, tiene relación directa con el inc. 9 del art. 118, que establece la
Como se sabe, el Presidente de la República es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Siendo lo propio de este órgano la ejecución, corresponde con la tesis de la interrelación y unidad del Estado que sea el Poder Ejecutivo quien tenga la obligación de hacer cumplir y cumplir él mismo las disposiciones que provengan de los otros órganos del Estado, del mismo modo que cumple y hace cumplir la ley. Abona además en favor de estas obligaciones el concepto de «orden interno», que por sus propias características corresponde al Ejecutivo resguardar.
Repetimos con QUIROGA 642 que la autoridad administrativa se halla en la obligación constitucional de prestar su fuerza real a la fuerza jurídica de las decisiones judiciales, con el objeto de dotar a la tutela judicial de la necesaria efectividad que la debe caracterizar, de modo tal que el derecho determinado en los tribunales pueda ser materializado y no sea una mera ilusión.
Debe recordarse que el texto bajo comentario establece taxativamente una obligación para el Ejecutivo; por tanto, no es de libre disposición de éste acatar o no acatar las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. Igualmente, un Poder Judicial que no está en condiciones de hacer que se respete este precepto deviene en inocuo, con efectos perniciosos para la paz social.
2.2.16. El Nombramiento Legítimo de Magistrados
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no haya sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
Un punto importante de la administración de justicia es la actividad juzgadora y la legitimidad de quienes la ejercen. De acuerdo con lo prescrito por el inciso bajo comentario, la función jurisdiccional en el Perú sólo la pueden ejercer los órganos y funcionarios legítimamente designados para tal encargo. Es, por tanto, una actividad exclusiva y excluyente.
El nombramiento legítimo de magistrados debe concordarse con el inc. 1 del arto 139, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdicciona1.
Coincide asimismo con esta temática, el llamado derecho al juez natural, que debe estar premunido de competencia y jurisdicción para juzgar.
Sería bueno que siempre se tenga en cuenta el inc. 19. La historia peruana ha demostrado hasta la saciedad cuán romántica puede ser esta disposición. Basta con observar la reforma del Poder Judicial surgida como consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril -proceso en el que la designación de magistrados las hacía a «dedo» el Poder Ejecutivo-, para comprobar lo asépticas que pueden ser muchas normas.
2.2.17. Análisis y Crítica de las Resoluciones Judiciales
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley.
La redacción de este inciso deja mucho que desear. ¿Qué se quiere decir con «el principio del derecho»? Más sobrio era el inc. 17 del arto 233 de la anterior Carta, que decía: «Son garantías de la administración de justicia (...) 17. El derecho de toda persona...».
Por lo demás, se podría sostener que, aunque no de manera estricta, se trata de una garantía constitucional un tanto novedosa. Aníbal QUIROGA apunta que puede inscribirse dentro del concepto genérico de «control público» de la judiciabilidad y legalidad de los fallos y decisiones judiciales643. Enrique CHIRINOS, a su vez, sostiene que es una norma superabundante e innecesaria porque está comprendida dentro del marco de la libertad de expresión644.
Hay mucho de cierto en ambos planteamientos. La opinión pública, en general, y los justiciables, en particular, gozan del derecho y libertad de emitir un análisis crítico respecto de la actuación de los órganos jurisdiccionales. En este caso opera un efectivo mecanismo de control de la actividad jurisdiccional. Reza un adagio entre los litigantes que dice que no hay nada que los jueces teman más que la opinión pública. Por ello subsiste el temor -casi el terror- al escándalo, que no debiera existir si los fallos son adecuados a derecho.
Pero también es cierto que los análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales están amparados por el marco genérico de la libertad de expresión. Nada impide, en consecuencia, que no solamente los directamente afectados sino inclusive terceras personas, formulen sus observaciones y opiniones sobre la conducta de los órganos que administran justicia.
2.2.18. Establecimientos Penales Adecuados
Precepto necesario, aunque la penosa realidad carcelaria del país convierte a este dispositivo en inocuo645. El inc. 19 del arto 233 de la Constitución precedente también se refería a este tema en similares términos. .
Hemos observado en el comentario de artículos anteriores la carga declarativa de muchas disposiciones constitucionales. Esta es una de ellas. Ninguna persona en su sano juicio podría oponerse a que los reclusos y sentenciados ocupen establecimientos adecuados. Sin embargo, al drama personal y familiar que significa el caer en prisión, se le debe agregar, en el Perú de hoy, la desgracia que implica el internamiento en un centro de reclusión. Para nadie es un secreto que las cárceles -a pesar de significativos avances en materia de infraestructura- constituyen sinónimo de iniquidad, en donde convergen la degradación y los más refinados mecanismos de trato inhumano646.
El progreso y desarrollo de los pueblos también se miden por sus centros carcelarios.
Son muchos los casos en que determinadas naciones han sido sometidas a la vergüenza internacional, una vez develadas las condiciones de sus prisiones.
En esta materia, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha tenido avances importantes. Al precepto del arto 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», se le debe agregar el texto específico del arto 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».
2.2.19. El Régimen Penitenciario
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad
Este inciso contiene un tema polémico para los criminólogos y para la Ciencia Penal, en general. En primer término, no se entiende bien -y en esto repite el error de la Constitución de 1979- si se refiere a la finalidad del régimen penitenciario o de la pena, que son dos cosas distintas. Por régimen penitenciario se debe entender el conjunto de previsiones estatales para la readaptación social de los penados. La pena, en sentido lato, es sinónimo de castigo. Queda entonces la interrogante de si lo que se busca para un delincuente es, en primer lugar, el castigo, para luego reeducarlo. Si así fuera, la Constitución tiene un vacío sustantivo.
Sin intenciones de ingresar al debate, diremos que el régimen penitenciario se basa en la necesidad de rescatar para la sociedad a quienes han delinquido. De allí se explica la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Así lo establece también el inc. 3 del arto 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Perú es suscriptor: «El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento, cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados». El mismo artículo se refiere al tratamiento de los menores, que bien pudo recoger nuestra Constitución: «Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica».
...presidiarios. Pero, además del hacinamiento, existe otro problema igualmente grave. Según datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a febrero de 1996 había 4,631 internos en calidad de inculpados y 268 con sentencia firme, de una población total de 4,899 internos. Esto quiere decir que el 94.5% de presos del Penal de Lurigancho son inculpados, muchos de los cuales purgan reclusión mayor a la establecida para el delito cometido.
De igual temperamento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el inc. 6 del art. 5 establece, quizá con mayor tecnicismo: «Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados». Nótese que, a diferencia del Pacto Internacional-que norma sobre el régimen penitenciario- el Pacto de San José habla de las penas privativas de libertad.
Como se observa, el debate doctrinario ha llegado, inclusive, a los instrumentos internacionales.
4. Función Jurisdiccional de la Corte Suprema
Artículo 141.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema, de acuerdo a la ley.
Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el arto 173.
Desde el punto de vista propiamente jurisdiccional, la Constitución vigente ha recogido el art. 241 de la anterior Carta, que delegaba a la Corte Suprema el fallo en última instancia o en casación de los asuntos que la ley señala. La casación es definida por Marcial RUBIO como la modalidad en la cual la Corte Suprema «no falla sobre el fondo del asunto sino sobre la forma en que ha sido llevado el proceso y sobre la manera adecuada o inadecuada como ha sido aplicada la normatividad relativa al caso» 656.
Javier DE BELAUNDE señala al respecto que «lo central de la función del Tribunal Supremo es la labor casatoria», criticando como poco técnica la redacción del arto 141, cuando además le delega la tarea de instancia jurisdiccional, cuando la acción se inicia en la Corte Superior. Agrega DE BELAUNDE que debe reducirse al mínimo la posibilidad que la Corte Suprema actúe originariamente o en recursos distintos del de casación: «Con ese fin, debe fortalecerse la labor jurisdiccional de la Corte Superior reduciendo su papel de tribunal de primera instancia radicándolo como Tribunal de Apelaciones. Esto significa reordenar la asignación de materias a la Corte Superior y a los juzgados de primera instancia»657.
Las atribuciones señaladas en el arto 141 están igualmente contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en el art. 31 que la Corte Suprema como órgano de instancia de fallo conoce de los siguientes procesos: los iniciados en las cortes superiores; los de materia constitucional; los originados en la propia Corte Suprema; y, los demás que señala la ley. Adicionalmente, el art. 32 de la referida ley establece que la Corte Suprema conoce de los procesos en vía de casación.
En la actualidad, la Corte Suprema es tribunal de última instancia para los efectos del procedimiento que se lleva ante el fuero ordinario, salvo que por la cuantía los procesos queden en calidad de cosa juzgada en órganos inferiores de la administración de justicia.
Esto significa que puede revisar las instancias inferiores no sólo en materia de los procedimientos seguidos, sino también en cuanto al fondo mismo de la resolución producida.
Como tribunal de casación, una Corte opera revisando si el proceso ha sido llevado de acuerdo a los procedimientos legales, si en las resoluciones se ha violado la ley o si ésta se ha aplicado falsa o erróneamente. La casación estaba confusamente incorporada en la Constitución de 1979; tan es así que la Ley Orgánica del Poder Judicial remitió su tratamiento a la ley procesal. Durante el tiempo de vigencia de la Carta derogada, la Corte Suprema fue, en la práctica una tercera instancia. Esta situación cambió con la dación de la nueva Constitución y con la entrada en vigencia, en julio de 1993, del Código Procesal Civil.
La segunda parte del artículo bajo comentario se refiere al conocimiento en casación . de las resoluciones del Fuero Militar. Esto implica que la Corte Suprema, a tenor del arto 173, sólo puede conocer en casación las sentencias del Fuero Militar que impongan la pena de muerte.
Artículo 142.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia en electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
Este artículo busca, evidentemente, garantizar la autonomía e independencia del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura. Cada uno de estos organismos tienen funciones y atribuciones constitucionalmente reconocidas.
Se pretende evitar, por tanto, la proliferación de recursos judiciales impugnatorios en contra de sus resoluciones.
Teniendo en cuenta, además, lo dispuesto por el art. 178 en su inciso cuarto, no queda en absoluto duda que es inherente a las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones no sólo el hecho de contar con funciones jurisdiccionales, sino que en materia electoral sus decisiones son definitivas, inapelables y surten el efecto de cosa juzgada.
Se debe anotar que tanto el Jurado como el Consejo se ocupan de áreas conflictivas. Es de conocimiento público los problemas que se originan en todo proceso electoral, especialmente en lo relacionado a la votación preferencial de los candidatos al Congreso y en los comicios municipales. Los candidatos y las listas suelen presentar innumerables impugnaciones, que muchas veces rondan con lo nimio. Es deber del Jurado resolverlas todas, sin excepción. Es fácil imaginarse entonces la proliferación de recursos ante el Poder Judicial, si la prohibición no existiese. Esta disposición guarda concordancia con el nuevo Código Electoral658.
En lo que respecta al Consejo Nacional de la Magistratura, el razonamiento es el mismo, aun cuando podrían presentarse dificultades a futuro, debido a que el texto constitucional habla de la irrevisibilidad de resoluciones en materia de evaluación y ratificación de magistrados y no menciona, como debió hacerlo, al «nombramiento» de los mismos.
Otro aspecto interesante de este artículo es la extensión del criterio de revisión que la Constitución concede a la Corte Suprema. Si entendemos que este artículo establece dos excepciones (JNE y CNM), deberá deducirse que la atribución constitucional de revisión concedida a la Corte Suprema es amplia y general.
5. Estructura y Funciones del Poder Judicial
5.1. Organos de la Administración de Justicia
Artículo 143.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determina su ley orgánica.
El artículo transcrito se refiere a los órganos del Poder Judicial. Los separa, correctamente, en órganos jurisdiccionales y órganos administrativos. La Constitución sólo enumera, y de manera lacónica, a los primeros. Una primera observación que debemos formular es la diferencia del citado artículo con el texto del arto 237 de la anterior Constitución. Este último enumeraba los órganos de la función jurisdiccional, a saber: Corte Suprema; cortes superiores, juzgados civiles, penales y especiales; y, juzgados de paz. El arto 143 establece como órganos jurisdiccionales a la CorteSuprema «y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica».
El Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo Nº 017 -93-JUS) establece en el arto 26 cuáles son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:
A) La Corte Suprema de Justicia, con sede en la Capital de la República. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.
Dentro de la concepción usual de la teoría de división de los poderes en nuestro medio, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, no sólo en materia jurisdiccional -actuando como última instancia en los procesos de mayor importancia- sino también en materia administrativa general.
B) Las Cortes Superiores constituyen el segundo nivel orgánico del Poder Judicial.
La Ley Orgánica establece que dichas cortes tienen su sede en la ciudad señalada por ley (art. 36). Con respecto a su composición, el arto 38 señala que están formadas por el Presidente de la Corte Superior y tres vocales por cada una de las Salas que la integran, presididas por el de mayor antigüedad. Asimismo, el arto 39 establece la competencia de las Cortes Superiores, cuyas Salas «resuelven eil segunda y última instancia, con las excepciones que establece la ley».
C) El tercer nivel son los juzgados especializados y mixtos, en las provincias respectivas.
Son juzgados especializados -según la Ley Orgánica-los civiles, penales, de trabajo, agrarios y de menores. Se constituyen juzgados mixtos en aquellos lugares en que no existen juzgados especializados.
D) El cuarto nivel son los Juzgados de Paz Letrados.
Según el art. 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay Juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles, penales y laborales en los distritos que solos o unidos a otros, alcancen los volúmenes demográficos rurales y urbanos y reúnan los requisitos que establezca el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo.
E) Un último nivel está formado por los Juzgados de Paz.
El Juez de Paz es, en esencia, Juez de Conciliación. Por tanto, está facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar tal cometido 659.
Debe precisarse que el último intento de reforma del Poder Judicial, que hemos analizado extensamente en los capítulos precedentes, ha cambiado radicalmente el sistema de gobierno y administración al que se refiere el artículo que comentamos. En efecto, el art. 2 de la Ley N° 26546 encarga a la Comisión Ejecutiva las funciones de gobierno y gestión del Poder Judicial.
Así, se ha dejado en suspenso un número importante de artículos del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como se sabe, la Comisión Ejecutiva está conformada por los vocales supremos presidentes de las salas Constitucional, Civil y Penal de la Corte Suprema. Ella cuenta con un Secretario Ejecutivo quien, de acuerdo a la norma referida, asume la titularidad del pliego presupuestal y cuenta con excesivas atribuciones. Por lo demás, a pesar de ser una Comisión que inicialmente fue prevista para una duración bajo plazo, se han producido prórrogas que han convertido a esta Comisión Ejecutiva en un órgano que no sólo gobierna sino que también se inmiscuye en asuntos que tienen incidencia con lo jurisdiccional.
Para una mejor actualización en lo referido a la actuación jurisdiccional del Poder Judicial, debemos hacer referencia a algunos dispositivos muy importantes. En primer lugar, se encuentra la Resolución Administrativa W 399-CME-PJ, del 23 de junio de 1997, mediante la cual la Comisión Ejecutiva dispone que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dicte los lineamientos generales relacionados al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales contemplados en la Ley Orgánica del poder Judicial. Para ello, se han creado en forma transitoria salas superiores y juzgados transitorios especializados en materia de Derecho Público y en lo contenciosoadministrativo. Vista desde las perspectiva constitucional, esta norma viola la Carta de 1993, pues un ente administrativo transitorio está disponiendo y ordenando que las instancias jurisdiccionales asuman, obligatoriamente, tales o cuales criterios.
Fruto de la Resolución arriba consignada, surge la Resolución Administrativa N° 0OI-97-SC del 25 de junio de 1997, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, en virtud de la cual se crea en el Distrito Judicial de Lima la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior, encargada del conocimiento y trámite de las acciones de Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acción Popular, Acción de Cumplimiento, así como las contiendas de competencia y conflicto de autoridad. Se crea también, en el Distrito Judicial de Lima, la Sala CorporativaTransitoria Especializada en lo Contencioso-Administrativo, encargada del conocimiento y trámite de estas acciones, incluyendo las de materia laboral, agraria, previsional y de los conflictos de autoridad que le son propios.
Asimismo, la Resolución Administrativa N" 002-97 -SC y S-CSJ, que crea los juzgados corporativos transitorios especializados tanto en las acciones de garantía como en la acción contencioso-administrativo.