Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2013/01/registro-oficial-no-385--miercoles-16-de-enero-de-2013-edicion-especial
Timestamp: 2019-12-10 14:00:46
Document Index: 121770322

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 118', 'artículo 35', 'artículo 42', 'artículo 35', 'Artículo 42', 'artículo 346', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 592', 'artículo 184', 'artículo 34', 'artículo 192', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 115', 'artículo 8', 'artículo 584', 'artículo 3', 'artículo 49', 'Artículo 219', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 219', 'artículo 173', 'artículo 216', 'artículo 48', 'artículo 632', 'artículo 219', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 212', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 346', 'artículo 212', 'artículo 212', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12']

Registro Oficial No 385- Miércoles 16 de Enero de 2013 Edicion Especial
\n	Miércoles 16 de Enero de 2013 - R. O. No. 385
\n	Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral
\n	Recursos de casación de los juicios laborales interpuestos por las siguientes personas:
\n	600-2005 Telmo Humberto Pachano Vaca en contra del ingeniero Alex Alcívar Viteri, representante legal del Banco Nacional de Fomento
\n	154-2006 Betty Susana Freire Bedón en contra de Iván Rueda Fierro
\n	308-2006 Jenny Escobar Triviño en contra de la Empresa AGIPECUADOR S.A.
\n	372-2006 Francisco Javier Dávila Calderón en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
\n	474-2006 Franklin Elías Aguirre Silva en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil
\n	485-2006 Ángel Hungría Balseca en contra de la Empresa Transportadora Ecuatoriana de Valores S.A. (TEVCOL S.A.)
\n	541-2006 Ernesto Puyol Reyes en contra de Gabriel Ortiz Pacheco, representante legal del Banco del Pichincha Regional Sierra Norte
\n	628-2006 Heráclito Vera Palacios en contra de Pacifictel S.A.
\n	063-2007 Jorge Andrés García Chávez en contra Lucía Sosa de Pimentel, Prefecta del H. Gobierno Provincial de Esmeraldas y otra
\n	067-2007 Fernando Sánchez Ortiz en contra de la Empresa AGIPECUADOR S.A
\n	74-2007 Oscar Bienvenido Ocampo Amaya en contra de Rolando Patricio Aguilar Espinoza
\n	155-2007 Luis Enrique Puente de la Rosa en contra del Estado Ecuatoriano y otro
\n	201-2007 Sara Beatriz Tama Tambaco en contra de la Compañía Vendedores Comisionistas C. Ltda., VENCOM
\n	465-2007 Manuel Aguirre Salazar en contra de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.
\n	027-2008 Sucre Antonio Cabrera Castro en contra del abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde del Guayaquil y otro
\n	208-2008 María Narcisa Martínez Vera en contra del economista Emilio Parra Ramos, Presidente ejecutivo subrogante de la Compañía Pacifictel S.A.
\n	236-2008 Víctor Alfonso Machado Machado en contra de la Empresa Cemento Chimborazo C.A.
\n	542-2008 Danilo Homero Moyano Cazorla en contra de la Empresa Cemento Chimborazo C.A.
\n	552-2008 Luis Bolívar Macías Vera en contra del economista William Fernando Chiang Espinoza, Gerente General del Banco Ecuatoriano de la Vivienda
\n	108-2009 Lucrecia Luz Marina Vera Zambrano en contra del Banco Ecuatoriano de la Vivienda - BEV
\n	501-2009 José Alberto Cañola Tenorio, en contra de PETROINDUSTRIAL
\n	517-2009 Ángel Rigoberto Bravo Alvear en contra del abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil y otro
\n	541-2009 Eladio Efrén Encalada Prócel en contra de la Compañía de Economía Mixta Tripleoro, C.E.M.
\n	545-2009 Héctor Hugo Vargas Rodríguez en contra del ingeniero Jesús Vicente Loor Valdivieso, Presidente Ejecutivo de Emelmanabí S. A.
\n	592-2009 Oscar Roderick Choez Cañarte en contra de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básica de Jipijapa, Paján y Puerto López
\n	246-2010 Jhon Otiniano Morocho Aguirre en Contra de la Dirección General de Aviación Civil
\n	523-2010 Luz Virginia Coronel Zhingre en contra de Sandra Mercedes Contento Córdova
\n	105-2011 Carlos Reinel Rojas Apolo
\n	158-2010 José Gabriel Quinllin Inojosa
\n	163-2010 Gladys Marisol Yánez Guerrero en contra de la Dirección General de Aviación Civil y otro
\n	No. 600-2005
\n	ACTOR: Telmo Humberto Pachano Vaca.
\n	DEMANDADO: Banco Nacional de Fomento (Ingeniero Alex Alcívar Viteri, Gerente General y Representante Legal).
\n	LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.- LA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL.
\n	SEGUNDA SALA DE LO LABORAL
\n	Quito, marzo 15 de 2011; las 15h45.
\n	VISTOS.- El presente juicio ha subido a conocimiento y resolución de esta Sala por recurso de casación interpuesto por el Ing. Alex Alcívar Viteri en su calidad de Gerente General y Representante Legal del Banco Nacional de Fomento de la sentencia dictada el 30 de julio del 2004 por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Superior de Ambato, (hoy Corte Provincial de Justicia de Tungurahua) dentro del juicio laboral que en contra de su representada sigue Telmo Humberto Pachano Vaca. Siendo su estado el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es competente en aplicación del numeral 1 del Art. 184 de la Constitución Política vigente y más leyes pertinentes, a más del sorteo efectuado cuya razón obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: Fundamenta su recurso en la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, acusa al fallo que rechaza de incurrir en falta, de aplicación de los Arts. 42 de la Ley Orgánica del Banco de Fomento; 2 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 313, en relación con el 311 y 10 inciso segundo del Código del Trabajo; 353 y 1067 del Código de Procedimiento Civil; y, precedentes jurisprudenciales contenidos en los casos que anota. TERCERO: El recurrente fundado en la causal segunda, acusa la falta de aplicación del artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, que, entre otras cosas, categóricamente dispone: "que su personal estará amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento". El Ad quem en el considerando Segundo, puntualiza que: "... el numeral quinto del artículo 118 de la Constitución Política de la República señala que son instituciones del Estado, entre otras, los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, en tanto que, el último inciso del numeral 9 del artículo 35 de de la aludida Ley Suprema indica que, 'Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado que puedan ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularan por el Derecho del Trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al Derecho Administrativo'. En tal virtud, vale decir, que la actividad bancaria es una actividad económica asumida por el Estado, tanto más, que la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento dice que el banco es una entidad de derecho privado y por lo mismo delegable. Por lo manifestado, se deduce que las relaciones del Banco Nacional de Fomento con sus trabajadores se rigen por el Código Laboral, tal es el caso del actor, pues los demandados no han justificado que el Cargo de Consultor de Crédito se encuentra entre las excepciones contenidas en el numeral 9 trascrito. En consecuencia se desecha la excepción de incompetencia del Juzgado alegada, quedando demostrado que el actor se hallaba vinculado al B.N.F. por un Contrato Individual de Trabajo?. Frente a este razonamiento esgrimido por la Sala de Alzada, encontramos que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, ha sido inaplicado bajo los pretextos: a) De que las actividades de las instituciones del Estado que puedan ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, sus relaciones con los trabajadores se regulan por el Derecho del Trabajo, pero cuándo se da en realidad el supuesto de la delegación, en el caso, el Banco Nacional de Fomento, no ha delegado sus actividades financieras al sector privado, por tanto, no sigue la consecuencia de sometimiento de la relación con su personal al Código del Trabajo; b) Que el Banco de Fomento es una entidad de derecho privado, calidad que se refiere e incide en el designio y desarrollo de sus operaciones y transacciones crediticias con los particulares, sus clientes, los pequeños productores, por lo que no sólo es de derecho privado, sino una entidad financiera de desarrollo, autónoma y de finalidad social y pública, que prima sobre el derecho privado en sus relación crediticia dirigida a los particulares; y , c) Que los demandados no han justificado que el cargo de Consultor de Crédito se encuentra entre las excepciones contenidas en el numeral 9 del artículo 35 de la Constitución, cuando servidor público es toda persona que desempeña actividades propias e inherentes a la Institución pública y el actor en su demanda dice que su función fue de Auxiliar de Crédito, Jefe de Crédito y Consultor de Crédito Tres, y el Banco Nacional de Fomento en su organización interna tiene los niveles de directivo, ejecutivo, asesoría, auxiliar y operativo, encargado éste del área de Crédito, en la que se desempeñaba el actor, por lo que tenía la calidad de servidor público y su relación de servicio con el Banco Nacional de Fomento se encontraba regida por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, vigente a esa época, bajo además de la disposición explicita del Artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de .Fomento, norma legal no aplicada por el Ad quem. Por lo anotado. Esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa la sentencia por incompetencia del Juez en razón de la materia y declara sin lugar la demanda. Por licencia concedida al titular y conforme al Oficio No. 319 - SGSSL- 2011 de 16 de febrero del 2011, actúa el Dr. Francisco Proaño Gaibor, Conjuez de esta Sala. Sin costas. Notifíquese.
\n	Fdo). Dres. Gastón Ríos Vera, Alonso Flores Heredia, Jueces, Dr. Francisco Proaño Gaibor, Conjuez.- Certifica Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	Es fiel copia del original.
\n	f.) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator,
\n	Segunda Sala de lo Laboral, Corte Nacional de Justicia.
\n	Nº 154-2006
\n	ACTORA: Betty Susana Freire Bedón.
\n	DEMANDADO: Iván Rueda Fierro.
\n	Quito, enero 31 de 2011; las 15h25.
\n	VISTOS: El presente juicio ha subido a conocimiento y resolución de esta Sala por recurso de casación interpuesto por Betty Susana Freire Bedón, de la sentencia dictada 10 de octubre del 2005, por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio laboral que sigue contra Iván Rueda Fierro. Siendo su estado el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es competente en aplicación del numeral 1 del Art. 184 de la Constitución Política vigente y más leyes pertinentes a más del sorteo efectuado cuya razón obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: La casacionista fundamenta su recurso en la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación del artículo 346 numeral 6to del Código de Procedimiento Civil, lo que ha viciado el proceso de nulidad insanable y le ha provocado indefensión, error que según afirma ha influido en la decisión de la causa. TERCERO: En atención a que el recurso de casación tiene por objeto examinar la legalidad de la sentencia objetada por denuncias graves, reales y concretas de infracciones de normas de derecho y preceptos jurisprudenciales obligatorios; y, que las objeciones tienen que ser fundadas en las únicas causales establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación y plasmadas en un escrito sistemático, que indique y demuestre, lógica y jurídicamente, los errores de la sentencia, en el caso, tenemos que Betty Susana Freire Bedón lo hace invocando la segunda causal, que contiene los siguientes supuestos: aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales; que la infracción de las normas procesales haya viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión; que haya influido en la decisión de la causa; y, que la nulidad no hubiere sido convalidada. Al efecto, la casacionista en su fundamentación afirma que se le entregó una boleta en la que constaba que la audiencia (preliminar) se realizará el 27 de mayo de 2005, a las 11h15, y que en el texto original de la providencia que consta en el proceso, existe enmendado donde se señala a la 10h00 para que se practique la diligencia, mas la boleta que dice se le entregó convocando a la audiencia preliminar para el 27 de mayo de 2005, a las 11h15, no fue presentada en primera ni segunda instancia para contrastarla con la providencia que obra de fojas 5 vuelta del cuaderno de primera instancia, en la que consta que se señaló para las 10h00, mas aún si se toma en consideración la boleta con la que se citó a la parte accionada (Fs. 27), donde consta claramente el día y hora de la diligencia. Por lo anotado, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso deducido. Sin costas. Notifíquese.
\n	Fdo.) Dres. Gastón Ríos Vera, Carlos Espinosa Segovia, Alonso Flores Heredia, Jueces. Certifica Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	f.) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator, Segunda Sala de lo Laboral, Corte Nacional de Justicia.
\n	Nº 308-2006
\n	ACTORA: Jenny Escobar Triviño.
\n	DEMANDADA: Empresa AGIPECUADOR S.A.
\n	LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, LA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL:
\n	Quito, 11 de enero del 2011; las 15h00.
\n	VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo que sigue Jenny Escobar Triviño contra la Empresa AGIPECUADOR S. A., la accionante interpone recurso de casación del fallo emitido por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia, de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (hoy Corte Provincial de Justicia del Guayas), que confirma el dictado por el juez A quo, que desecha la demanda. Admitido el recurso para el trámite para resolver se considera: PRIMERO: Conforme al Art. 184 numeral 1 de la Constitución de la República y el sorteo de rigor, la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es competente para dictar la resolución correspondiente: SEGUNDO: La casacionista considera que en la sentencia de segunda instancia se han infringido los artículos 23 numeral 17, 24 numeral 17, 35 y 193 de la Constitución Política; 5, 95, 185, 187, 188, y 592, del Código del Trabajo; 1, 10, 11, 1697 y 1698 del Código Civil; 113, 114, 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil; artículos 7 del Contrato Colectivo y 19 de la Ley de Casación. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo tres de la Ley de Casación. TERCERO: Lo esencial de la impugnación radica en que el Tribunal Adquem desecha la demanda, con lo que no está de acuerdo la recurrente. En la especie corresponde observar lo siguiente: a) El artículo 5 de la Constitución Política vigente a la fecha de terminación de la relación laboral dice: ?Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente?. En cumplimiento con este mandato, las partes en contienda han suscrito el respectivo documento de finiquito (fojas 35), celebrado el 15 de noviembre de 2001 en cuya cláusula primera se expresa lo siguiente: ?En razón del inminente traslado de la Planta de Envasado a otro sitio alejado de la ciudad, las partes, por convenir a sus intereses, de mutuo acuerdo dan por terminado (sic) las relaciones laborales en esta fecha, de conformidad en lo dispuesto en el Art. 169 numeral 2 del Código del Trabajo?. Manifestación que descarta el despido intempestivo que alega la actora. b) En el mencionado documento de finiquito se ha pormenorizado los rubros pendientes de pago a que tenía derecho la trabajadora, recibiendo por tal motivo la suma de 15.071,20 dólares, más un adicional según ademdum de fojas 34 por la cantidad de 2.500 dólares. Finiquito que ha sido celebrado ante el Inspector del Trabajo, en cumplimiento con el artículo 592 del Código Laboral (actual 595). Del contenido de dicho acuerdo se desprende que no ha existido renuncia de derechos o error de cálculo, por lo que el Tribunal de instancia no ha infringido ninguna norma sustantiva de derecho ni preceptos aplicables a la valoración de la prueba al emitir su resolución. Sin que se necesario entrar en mas consideraciones, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha el recurso planteado, por improcedente. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Gastón Ríos Vera, Carlos Espinosa Segovia y Alonso Flores Heredia, Jueces Nacionales. Certifica.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	Nº 372-2006
\n	ACTOR: Francisco Javier Dávila Calderón.
\n	DEMANDADOS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Depositario Judicial de dicha institución, Daniel Aníbal Salazar Portilla.
\n	LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, LA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL.
\n	Quito, febrero 17 de 2011; las 15h00.
\n	VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo que sigue Francisco Javier Dávila Calderón en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ?IESS- y el depositario judicial de dicha institución, Daniel Aníbal Salazar Portilla, tanto éste como el Director Provincial de Imbabura del IESS, doctor Marcelo Calderón Terán, interponen recurso de casación del fallo dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Ibarra ? hoy Corte Provincial de Justicia de Imbabura- que reforma el emitido por el juez a-quo, que acepta parcialmente la demanda. Admitidos los recursos para el trámite, para resolver se considera: PRIMERO: Conforme el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el sorteo de rigor, la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es la competente para dictar la resolución correspondiente. SEGUNDO: Daniel Aníbal Salazar Portilla, manifiesta que en el fallo que censura se han infringido las siguientes normas: artículo 34 numeral 2, 118, 119, 211, 212 y 355 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil; artículos 10, 36, 42 numeral 1, 171, 198 y 577 del Código del Trabajo; artículos 30 y 32 literal a) de la Ley de Seguridad Social; y, artículo 192 de la Constitución Política del Estado. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Por su parte, el doctor Marcelo Calderón Terán, Director Provincial de Imbabura del IESS, expresa que en el fallo impugnado se han infringido las siguientes normas: artículos 8 y 10 del Código del Trabajo; artículos 146 de la anterior Codificación del Código de Procedimiento Civil y 142 de la actual Codificación. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERO: Lo esencial de la censura de los recurrentes radica en que el fallo del Tribunal ad quem condena, en forma solidaria, a los demandados al pago de varios rubros causados durante la relación laboral, con lo que no están de acuerdo los casacionistas. Es más, ninguno de los demandados, acepta la relación laboral con el accionante. Corresponde, por lo mismo, establecer quién es el responsable de lo que se pretende en la acción planteada y que ha sido parte de la condena por el Tribunal de Alzada. Examinada la sentencia cuestionada en relación con los argumentos formulados por los casacionista y la normativa vigente, es necesario plantear el siguiente análisis: 1) Ambos recurrentes, han invocado la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación que dice: ?Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto?. Teniendo en cuenta que el recurso de casación tiene por objeto ?controlar la correcta aplicación de la ley en la sentencias de instancia, velar por la uniformidad de la jurisprudencia y, a través de ella, ir formando lo que se conoce como la doctrina jurisprudencial o doctrina; para el logro de estas altas metas debe analizar en forma teórica, general y abstracta el problema jurídico materia de la denuncia del recurrente a fin de decidir si el fallo impugnado adolece o no de los vicios in iudicando o in procedendo acusados, siendo la heterocomposición de los intereses de las partes en conflicto el medio para el logro de estas altas metas de naturaleza eminentemente pública y que interesa a la sociedad en su conjunto?(Fallo publicado en la Gaceta Judicial Nº 15, Serie Nº 17, pp. 48-55). 2. ?No hay que olvidar que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva y excluyente del juez de instancia, como consecuencia de su independencia soberana, sin que el Tribunal de Casación tenga la facultad de revocarla, salvo el caso de que la valoración sea atroz, contraria a la razón, a las leyes, a la justicia. Es por ello que, si se llegare a carecer de lógica o de legitimidad la valoración de la prueba realizada por los juzgadores, o sea que sus conclusiones sean absurdas o arbitrarias el Tribunal de Casación está facultado a revisar dicha valoración, en virtud de que se ha violentado el mencionado 119 (actual 115) del Código de Procedimiento Civil. Una decisión es absurda cuando su valoración es ajena a las leyes lógicas formales, y arbitraria cuando hay ilegitimidad en la motivación. Cuando el juzgador, por error, formula una conclusión contraria a la razón, a la justicia o las leyes, estamos frente a un caso simplemente absurdo; pero si la conclusión es deliberadamente contraria a la razón, a la justicia o las leyes, porque el juzgador busca voluntariamente este resultado estamos frente a un proceder arbitrario. El absurdo en la valoración de la prueba no se limita a la sola ilegitimidad en la motivación, lo cual ocurre cuando el juzgado prescinde de pruebas esenciales, computa pruebas inexistentes o valora pruebas inválidas, y si este proceder la adopta voluntariamente, se trata de una arbitrariedad. El vicio de la valoración de la prueba constituye, al mismo tiempo, transgresión al mandato de la motivación contenido en el numeral 13 del artículo 24 de la Constitución Política del Estado (Art. 76 numeral 7 literal 1 de la actual Constitución), ya que la violación de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba no constituye motivación válida porque atenta contra la sana crítica, que es el método de valoración probatoria de general aplicación en virtud de lo que dispone el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil (anterior 119), o atenta contra el sistema de prueba tasada, y si la motivación no es válida jurídicamente la resolución carece de motivación conforme lo señala el mandato constituyente antes indicado? (Resolución de la Corte Suprema R.O. Nº 132 de 03 de febrero de 2010 ref. Resolución anterior de la Sala de lo Civil y Mercantil). 3) En el presente caso, es de prioridad establecer lo siguiente: a) El actor en su demanda, dice: ?Con fecha 27 de noviembre de 1970 ingresé a prestar mis servicios laborales, lícitos y personales, en calidad de obrero sección Hilatura de la Fábrica Textil Imbabura?; en efecto, de la copia certificada del carné del IESS, consta la fecha de inicio de labores, bajo el número patronal Nº 024.34001, cuyo patrono según dicho documento es el ?Interventor General? de la mencionada fábrica, quien no ha sido demandado; a continuación del texto del libelo de demanda, afirma el accionante: ?A partir de enero de 1998 y hasta la fecha en que me vi obligado a dejar mi sitio de trabajo, el IESS, a través de su interventor u otra persona responsable ha dejado de cancelarme los sueldos y más beneficios de ley que en forma imperativa tenía que hacerlo, encontrándose de mora en el pago de estos derechos prácticamente cinco años y ocho meses en forma continua?, lo cual a la luz de la sana crítica, es menos que creíble y absurdo que alguien pueda dejar de recibir sus remuneraciones por más de cinco años?.b) Precisamente por este despropósito el Inspector del Trabajo negó la solicitud de visto bueno iniciada por el actor en contra del IESS (fjas. 68), en razón de que no encontró vínculo laboral con este instituto. Del Oficio Nº 13201000-145 de 17 de mayo del 2004 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, certifica lo siguiente: ?Luego de revisar el Sistema Informático de Recursos Humanos del IESS, el mencionado señor Francisco Javier Dávila Calderón, no es ni ha sido trabajador del IESS?. Termina esta certificación, así: ?El señor Francisco Dávila Calderón no ha registrado Contrato de Trabajo alguno, ni se encuentra registrado con nombramiento como empleado ni como funcionario del IESS?. c) El accionante, al rendir su juramento deferido afirma que ha trabajado en calidad de obrero en dicha fábrica a órdenes de Segundo Saá Jaramillo; y afirma lo siguiente: ?Aclaro que mi empleador el señor Depositario Daniel Salazar Portilla, quien representa al IESS como Depositario de sus bienes no me pagó desde el año de mil novecientos noventa y ocho ninguna remuneración hasta mi salida del trabajo?. En líneas anteriores se deja explicada esta circunstancia de la falta de pago. Es importante señalar que a fojas 110 consta el aviso de entrada registrado por el trabajador Francisco Javier Dávila Calderón, del que coincide el nombre del empleador y el mismo número patronal que se indica en el carné y en el juramento deferido, cuyo empleador aparece con el nombre de Segundo Saá Jaramillo ?Interventor General de la Fábrica Textil Imbabura?, que anteriormente se precisó no ha sido demandado en esta causa. d) El Juzgado de Coactivas del IESS, en auto de 16 de enero de 1987 dispone, en su parte pertinente: ?En lo principal, por tener conocimiento de que ha abandonado el cargo el Depositario Judicial señor Héctor Joaquín Moncayo se nombra en su reemplazo y como nuevo Depositario Judicial - Encargado de la Custodia y Manejo de los Bienes Embargados, de la Empresa ?Fábrica Textil Imbabura? de la ciudad de Atuntaqui, al señor Daniel Aníbal Salazar Portilla?. e) A fojas 193 el actor, al rendir su confesión judicial, contestando al interrogatorio planteado por el Director Provincial del IESS y en lo que se refiere a la primera pregunta: ?Diga el confesante su usted alguna vez firmó Contrato de Trabajo con el IESS?. Contesta: ?Yo no he firmado ningún contrato con el IESS?. A la segunda pregunta: ?Diga el confesante, de qué persona usted recibía las instrucciones en la Ex Fábrica Textil Imbabura?. Contesta: ?Recibía instrucciones del señor Daniel Salazar, porque fue nombrado Depositario Judicial del Seguro Social?. Contestando a la tercera pregunta: ?Señale el confesante si es verdad que todas las órdenes o disposiciones de trabajo en la Ex Fábrica Textil Imbabura, las recibía de parte del señor Daniel Salazar Portilla, dice: ?Es verdad?. Al contestar a la quinta pregunta: ?Señale el confesante si a Ud. el IESS le canceló remuneración alguna por concepto de sueldo, salario u otra remuneración?, dice: ?Nunca nos pagó el IESS remuneración alguna, pese a que nos ofrecía pagar?. De los recaudos procesales analizados, se llega a la conclusión de que el actor trabajó a órdenes del demandado Daniel Aníbal Salazar Portilla, Depositario Judicial del IESS, a partir del 16 de enero del 1987 hasta el mes de diciembre de 1997, ya que en adelante, se vio obligado a salir del trabajo, conforme manifiesta en la demanda. Esto último de acuerdo a la afirmación del actor sobre la paralización total de la Fábrica Textil Imbabura, desde el mes de enero de 1998 en adelante, en que manifiesta que no se encuentra en producción dicho centro de trabajo, como así corrobora en su confesión judicial rendida a petición del demandado Daniel Aníbal Salazar Portilla, datos que se tendrán en cuenta para el cálculo de lo que se dispone pagar en el fallo del Tribunal de Alzada, en lo que fuere aplicable. En síntesis, no se ha establecido el vínculo laboral entre el accionante y el IESS en los términos del artículo 8 del Código del Trabajo. Por los antecedentes expuestos, esta Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia recurrida en los términos de esta resolución; excluyendo al IESS de la responsabilidad; solidaria declarada en el fallo de Alzada. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Gastón Ríos Vera, Carlos Espinosa Segovia y Alonso Flores Heredia (Juez Ponente), Jueces Nacionales.- Certifico.- Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	Nº 474-2006
\n	ACTOR: Franklin Elías Aguirre Silva.
\n	DEMANDADA: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.
\n	Quito, enero 6 de 2011; las 10h40.
\n	VISTOS: En el juicio de procedimiento oral laboral propuesto por Franklin Elías Aguirre Silva en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), el actor inconforme con la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (hoy Corte Provincial del Guayas) que confirma el fallo de primer nivel que declaró sin lugar la demanda, en tiempo oportuno interpuso recurso de casación, razón por la cual la causa accede a análisis y decisión de este Tribunal, que para resolver por ser el momento procesal considera: PRIMERO: Por las disposiciones constitucionales y las legales vigentes, así como por el sorteo de rigor, esta Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es la competente para dictar la resolución correspondiente. SEGUNDO: El recurrente señala que en la sentencia que ataca se han infringido los siguientes artículos: 35 de la Constitución Política del Estado de 11 de agosto de 1998; 5, 219, 222, 250 y 590 (actuales 5, 216, 218, 244 y 593) del Código del Trabajo; artículo innumerado 6 constante a continuación del artículo 584 del Código Trabajo; 113, 114, 115, 117, 194 numeral 4, 273 del Código de Procedimiento Civil; 1453 y 1561 del Código Civil; 48 del Décimo Tercer Contrasto Colectivo de Trabajo celebrado entre ECAPAG y sus trabajadores. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERO: Confrontando el recurso de casación interpuesto por el actor, con la sentencia y más piezas procesales se advierte que su inconformidad se concreta a dos puntos: 1) Pago de la jubilación patronal desde que fue exigible más las pensiones accesorias, de conformidad con la regla primera del Art. 219 (actual 216) del Código del Trabajo, aduciendo que era obligación de la empresa demandada demostrar que había efectuado la liquidación del haber patronal y que había satisfecho oportunamente las pensiones jubilares patronales. Adicionalmente, manifiesta que ECAPAG solo le entrega valores por conceptos de pensiones jubilares patronales y accesorias desde el año 2004 ?¿?y las pensiones vencidas del año 1995 al año 2003? Es fácil decir o ?certificar? que soy ?jubilado? desde 1995 y no pagarme lo que legalmente me corresponde??. 2) Pago del subsidio por comisariato como jubilado de la ECAPAG conforme lo señalan los artículos 48 del Décimo Tercer Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre la empleadora y sus trabajadores que el Tribunal de Instancia declara haber prescrito por razón del tiempo transcurrido, aplicando indebidamente el artículo 49 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo inexistente en el proceso. CUARTO: Respecto al primer punto del recursos propuesto por el actor, relativo a la reliquidación de la pensión jubilar, es preciso considerar: a) Consta de autos que el actor laboró para la empresa demandada desde el 4 de julio de 1964 hasta el 10 de marzo de 1995, fecha en la que renunció para acogerse a los beneficios de la jubilación patronal y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, 30 años, 8 meses 6 días. b) El accionante, en el libelo inicial (fjs. 1 a 1vta.), reclama: ?01).- Pensión jubilar patronal desde que fue exigible, calculada en los términos del Art. 219 del Código del Trabajo, más intereses. 02).- Pensiones jubilares accesorias, más intereses? (sic), precisando que el empleador jamás le liquidó dicha jubilación patronal ??en los términos de la regla 1ª del Art. 219 del Código del Trabajo, motivo por el se me determinó en forma diminuta $81.000 sucres mensuales como pensión patronal (US $3,24); por lo que es apremiante que la misma sea determinada judicialmente en sentencia; tomando en consideración y mi edad y mi condición de anciano?. c) En la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas (fjs. 52 a 54), el demandado opuso las siguientes excepciones: ??2).- Gozando como se encuentra el actor de la doble jubilación, esto es, la que otorga el IESS y la que percibe de la ECAPAG por el valor de US $22,67 alego expresamente la legitimidad de la liquidación del haber patronal por estar acorde a los términos de la regla primera del Art. 219 del Código del Trabajo y porque además el actor no específica cuál de las partidas que contiene la regla primera del Artículo 219 del Código del Trabajo es la que no ha sido considerada o ha sido mal aplicada para el cálculo del haber patronal jubilar.- 3).- Improcedencia del pago de las pensiones jubilares accesorias correspondientes a la décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta y décimo sexta pensión jubilar por haberla satisfecho oportunamente?? (sic). d) De fojas 10 aparece el Oficio ADM # 354/2004 de 30 de agosto de 2004, suscrito por la Analista Administrativa y Jefa de Administrativa Financiera de la institución, en el cual se certifica que el señor Franklin Aguirre Silva es jubilado de la ECAPAG, desde el 11 de marzo de 1995 y percibe en la actualidad como pensión jubilar una remuneración unificada mensual de US $22,67 siendo la modalidad de pago a través de las ventanillas del Banco del Pacífico, lo cual es corroborado con las copias certificadas del ?Rol General de Jubilados? emitidas por la ECAPAG (fjs. 4 a 9). e) Con estos antecedentes, la Sala de Alzada en el considerando Quinto de su fallo consideró que: ?De la lectura del proceso y del fallo impugnado este Tribunal ha comprobado que la Juez A quo ha realizado matemáticamente la liquidación de la pensión jubilar que le corresponde recibir al ahora accionante, establecido que esta asciende a $48.500,00 equivalente a $1,94 mensuales y que desde el mes de julio del 2001 recibe mensualmente $20.00 que sumada a los 0.17 y $2.50 por décima quinta y décima sexta pensión jubilar, en su orden, recibe $22.67?. f) Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal verificar su procedencia o improcedencia, para lo cual se hacen las siguientes precisiones: f.1) El artículo 221 (posterior 219 y actual 216) del Código Laboral vigente a la época en que terminaron las relaciones laborales, disponía: ?Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado sus servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. Se considerará como ?haber individual de jubilación? el formado por las siguientes partidas: a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los años de servicio; y, c) Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o salario por cada año de servicio, computado de conformidad con los artículos 207 y 208??.En aplicación de la disposición transcrita, se practica el cálculo de la pensión jubilar, tomando en cuenta los sueldos ganados por el actor desde marzo 1990 hasta febrero 1995, de acuerdo con el Sistema Integrado de Aportes del IESS (fjs. 15 y 16). En este caso, no se sumará lo correspondiente al fondo de reserva señalado en el literal a) del numeral 1 del artículo 221 (posterior 219 actual 216) del Código del Trabajo, por cuanto estos valores fueron depositados en el IESS, por estar el trabajador afiliado a esa institución (US $ 0,00). Con relación al rubro señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 221 (posterior 219 y actual 216) del Código del Trabajo, procede realizar su cálculo en los términos que a continuación se detallan: remuneración percibida en el año 1990(%)=US $36,56; en 1991=US $52,73; en 1992=US $66,09; 1993=US $108,28; 1994=US $252,49; y, 1995(%)=US $41,57. Total de la remuneración percibida en los cinco últimos años = US $557,72. Para obtener el promedio de la remuneración anual, dividimos para 5 y nos da la suma de US $ 111,54. De este valor se obtiene el 5%, que es igual a 5,58 que multiplicado por el número de años de servicio (30), nos da 167,4 que dividido para el factor 10,1378 (48 años) que es el que corresponde al actor, de acuerdo al tiempo de servicio y edad del trabajador en el momento en que se determina la pensión, nos da 16,51 que sería la pensión jubilar anual, valor que finalmente dividimos para 12 para obtener el valor mensual por concepto de jubilación patronal, lo cual representa US $ 1,38 o S/. 34.400,95 sucres que es inferior al monto que señala en su libelo inicial como S/. 81.000,00 sucres o US $3,24, y a partir de la Ley que reforma el artículo 219 (antes 221) del Código del Trabajo publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 359 de 02 de julio del 2001, se determina su pensión de acuerdo con la regla segunda. f.3) En el presente caso, para obtener el ?haber individual de jubilación? no debemos considerar los rubros señalados en los literales a) y c), por cuanto los valores por concepto de fondo de reserva, por su calidad de afiliado al IESS, debieron haberse depositado en dicha Institución y consecuentemente, son descontados de acuerdo a lo previsto en el último inciso del Art. 219 (actual 216) del Código del Trabajo, conforme quedó señalado; así mismo no corresponde el rubro previsto en el literal c), porque éste es aplicable únicamente para los trabajadores que hayan laborado antes del 17 de noviembre de 1938 y fueren despedidos intempestivamente, desahuciados, o separados por una de las causas previstas en el artículo 173 vigente a la fecha de la conclusión de la relación laboral, supuestos que no se han cumplido en la especie. Como se observa, el monto de la pensión jubilar calculado de acuerdo con la regla primera, es inferior al monto señalado en la regla segunda del Art. 216 del Código del Trabajo, por lo que es la segunda regla prevista en el mencionado artículo, la que debe aplicarse por ser más beneficiosa al trabajador, más aún si del proceso el trabajador no ha aportado ninguna prueba que permita desestimar la presentada por la institución demandada, por lo que al no existir el vicio denunciado y no existir diferencias no ha lugar la casación en este punto. f.4) Adicionalmente, conviene indicar que resulta contradictorio que el demandante manifieste que la ECAPAG solo le entregó valores por conceptos de pensiones jubilares patronales y accesorias desde el año 2004 ?¿?y las pensiones vencidas del año 1995 al año 2003? Es fácil decir o ?certificar? que soy ?jubilado? desde 199 5y no pagarme lo que legalmente me corresponde??, cuando éste de manera textual en su libelo inicial indicó que su empleador determinó su jubilación patronal ??en forma diminuta $81.000 sucres mensuales como pensión patronal (US $ 3,24)??, pues, por un lado, señala que su pensión patronal no ha sido cancelada y, en el libelo inicial argumenta que sí fue cancelada pero de forma diminuta, argumento al cual debemos añadir que desea que se le aplique la regla 2 del artículo 216 (antes 219 y 221) del Código del Trabajo que no existía al momento de la terminación de la relación laboral, por lo que la pensión que se señala en el libelo inicial a 1995, fue en exceso la correcta. QUINTO: En cuanto al segundo punto relativo al pago del subsidio por comisariato como jubilado de la ECAPAG, desde marzo de 1995 hasta un año después de su muerte de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Décimo Tercer Contrato Colectivo de Trabajo, y que indebidamente el Tribunal de Instancia declara haber prescrito por razón del tiempo transcurrido cabe el siguiente análisis: a) El fallo materia de casación, efectivamente, no ordenó la cancelación del rubro correspondiente a subsidio de comisariato pues consideró que la relación laboral terminó el 10 de marzo de 1995, y a la fecha en que se perfeccionó la citación de la demanda (26 de agosto de 2004), la acción estaba prescrita de acuerdo a lo previsto en el artículo 632 del Código del Trabajo, excepto la pensión jubilar y los fondos de reserva. Sin embargo, aclara que, si bien la Resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R.O. Nº 233 de 14 de julio de 1989 declaró imprescriptible el derecho del trabajador a la jubilación a que se refiere el artículo 219 (hoy 216) del Código del Trabajo, ello no significa que cualquier acuerdo constante en un contrato colectivo a favor de los jubilados tenga la misma característica de imprescriptibilidad. b) Para declarar prescrito el subsidio por comisariato, es preciso que previamente se dilucide si el accionante tiene o no derecho a dicha pretensión, puesto que no resultaría procedente declarar prescrito un derecho inexistente. b.1) Sobre el tema, debemos remitirnos a la demanda, para lo cual se transcribe la parte pertinente: ?? Por otra parte, la Contratación Colectiva de Trabajo suscrita entre la ECAPAG y sus trabajadores, que dice relación al SUBSIDIO POR COMISARIATO, estableció que dicho beneficio la empleadora lo extendía a sus jubilados; convirtiéndose por ende el mismo en un DERECHO ADQUIRIDO. El Subsidio por Comisariato antes consistía en entregar víveres a precio de costo, y después de un tiempo, se lo cuantificó, es decir, se entregaba una suma de dinero específica, de manera mensual y permanente. Así tenemos que por el subsidio en mención se pagó S/. 18.000 sucres hasta Junio del 2000; de Julio a Diciembre del 2.000 US $20,00 mensuales y desde el año 2.001 la suma de US $50,00 mensuales??. b.2) A la fecha de terminación de la relación laboral (10 de marzo de 1995), regía de manera prorrogada el Décimo Tercer Contrato Colectivo celebrado entre la Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas y el Comité de Empresa, de 27 de agosto de 1993, con vigencia desde el 01 de enero de 1993, en el que consta en el artículo 48, en que se fundamenta la pretensión del accionante, lo siguiente (fjs. 17 a 33): ?Subsidio por Comisariato.- La EMPRESA mantendrá su propio Comisariato para aprovisionamiento y venta a precio de costo de los víveres de la Sección Urbana, así como también los de las Secciones de La Toma y Lolita, para lo cual la EMPRESA reglamentará el cupo de adquisición a que tenga derecho cada trabajador de acuerdo a su sueldo. El comisariato de la Sección Urbana funcionará con un fondo de dos mil SMV que la empresa asignará a su presupuesto anual. La empresa extiende este beneficio a sus jubilados??. Adicionalmente este mismo artículo, en el literal d) establece un beneficio para sus trabajadores y que no es extensivo a los jubilados, al decir: ??d) Así mismo, la EMPRESA se obliga a dar un subsidio mensual a cada trabajador que compre víveres ya se a crédito o al contado en los comisariatos existentes, por la cantidad del cuatro por ciento para los años 1993 y 1994 respectivamente? (lo resaltado corresponde a la Sala). b.3) De la lectura de la antes referida cláusula 48 del Décimo Tercer Contrato Colectivo, podemos advertir que la empresa se compromete a mantener su propio comisariato para cumplir con la obligación prevista en el numeral 6 del artículo 42 del Código del Trabajo, pero en ningún caso se obliga a pagar una suma determinada en compensación de este beneficio legal y contractual. b.4) Es verdad que la empresa demandada en varios de sus escritos hace relación a la cláusula 49 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo, suscrito con posterioridad, a la fecha de terminación de las relaciones laborales con el trabajador, en el que dicen se establece un valor determinado como compensación al servicio de comisariato que prestaba directamente la Empresa y, que por mutuo acuerdo ha sido suspendido; más, de autos no hay constancia de la existencia del Décimo Cuarto Contrato Colectivo, como bien anota el actor en su escrito de casación, a pesar de que el fundamento de su acción se basó en dicho convenio colectivo. Además, el Oficio JAF # 00184/2002 de 14 de febrero de 2002 (fjs. 34) que se incorpora al expediente se refiere a otros juicios que tiene la ECAPAG con sus trabajadores y que debieron ser analizados según las circunstancias particulares de cada caso. b.5) Si la pretensión referente a subsidio de comisariato se fundamentó en el artículo 48 del Décimo Tercer Contrato Colectivo, como señala el recurrente al interponer el recurso de casación, es evidente que ésta es improcedente porque la disposición aludida, no establece ningún monto a pagarse a favor de los jubilados, sino que únicamente se compromete a mantener directamente el servicio de comisariato. Si con posterioridad por acuerdo entre la Empresa ECAPAG y sus trabajadores se dejó de prestar este servicio y se estableció un valor compensatorio en dinero a favor de sus trabajadores, ello no significa que se encuentre justificado el derecho del accionante en calidad de trabajador jubilado desde el 10 de marzo de 1995, a percibir valores acordados en una contratación colectiva posterior, cuya existencia no se ha probado procesalmente. Por todo lo expuesto, habiéndose establecido que el actor no ha justificado su derecho a valor alguno por subsidio de comisariato, es indudable que el Tribunal de Alzada, en su fallo equivoca su decisión al declarar prescrito un derecho inexistente, por lo que debe ser casada la sentencia en este punto, declarando que no ha lugar a la prescripción, precisamente porque no puede ser declarada prescrita la reclamación, cuyo derecho no ha justificado el accionante, lo que implica que no solo no debió declarar la prescripción, sino que no es procedente mandar a pagar valor alguno por este concepto. Por todo lo expuesto, esta Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, con las precisiones que anteceden, acepta en parte del recurso de casación interpuesto y casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (hoy Corte Provincial del Guayas), en cuanto declara la prescripción de determinados valores por concepto de subsidio de comisariato y, consecuentemente declara sin lugar la demanda. Sin costas. Por licencia del Dr. Alonso Flores Heredia, actúe el Dr. Francisco Proaño Gaibor, Conjuez de esta Sala, según lo dispuesto en el oficio Nº 1288-SG-SLL-2010. Notifíquese y devuélvase.
\n	Fdo.) Dres. Gastón Ríos Verá (V.S.), Carlos Espinosa Segovia, Jueces Nacionales, Dr. Francisco Proaño Gaibor, (ponente) Conjuez Nacional.- Certifica. Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	VOTO SALVADO DEL SEÑOR JUEZ DR. GASTON RÍOS VERA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL Nº 474-06 QUE SIGUE FRANKLIN AGUIRRE SILVA CONTRA LA EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, ECAPAG.
\n	VISTOS: Franklin Aguirre Silva inconforme con la sentencia dictada el 07 de noviembre del 2005 por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, interpone recurso de casación dentro del juicio que sigue contra ECAPAG. Siendo su estado el resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La competencia de esta Sala se halla radicada, en primer lugar, por lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 184 de la Constitución de la República, vigente; y, luego, por el sorteo de ley efectuado, cuya razón obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: Funda su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación y, acusa al fallo que impugna de infringir los Arts: 35 de la Constitución; 5, 219, 222, 250, 590 y 6º Art. innumerado a continuación del 584 del Código del Trabajo; 48 del 13º Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre ECAPAG y sus Trabajadores; 113, 114, 115, 194 # 4to. 117 y 273 del Código de Procedimiento Civil; 1453 y 1561 del Código Civil. TERCERO: En atención a que el recurso de casación tiene por objeto examinar la legalidad de la sentencia de instancia por denuncias graves, reales y concretas de infracciones de
\n	normas de derecho y precedentes jurisprudenciales obligatorios; y, que las objeciones, de acuerdo al principio de taxatividad, tienen que ser fundadas en las únicas causales individualizadas, tipificadas y establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación y plasmadas en un escrito sistemático, que indique y demuestre, lógica y jurídicamente, los errores de la sentencia, en el caso, tenemos que el casacionista Franklin Aguirre Silva aduce infracción en la sentencia de 1 artículo de la Constitución el 35; de 6 del Código del Trabajo los 5, 219, 222, 250, 590, 590 y el innumerado a continuación de 584; de 1 del 13º contrato colectivo de trabajo el 48; de 6 del Código de Procedimiento Civil, los 113, 114, 115, 194 # 4, 117 y 273; y, de 2 del Código Civil los 1453 y 1561, total 16 infracciones, que no las ubica en la sentencia, ni las precisa ni describe y que las imputa a cuatro materias como la Constitución, Código del Trabajo, Código de Procedimiento Civil y Código Civil, porque las cláusulas de los contratos colectivos no son normas de derecho y no constan como causales de casación, y que al fundamentar no precisa a que causal pertenece la infracción, si a la 1ra. o 3ra. en que se funda, no precisa el vicio o error jurídico, y sin vicio jurídico no hay enmienda, ni la clase de la norma, ni la modalidad de la infracción y sus consecuencias agraviantes, y sin agravio o lesión jurídica no hay casación, pues las infracciones de las normas materiales o sustanciales tienen que ser determinantes en la parte dispositiva de la sentencia, las procesales ocasionar nulidad insanable y las de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, tienen que conducir a una equivocada aplicación o no aplicación de normas de derecho, violación indirecta, por lo que los ataques son insignificantes e inoperantes. En consecuencia, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso presentado por Franklin Aguirre Silva. Sin costas. Notifíquese.
\n	Fdo.) Dres. Gastón Ríos Vera, Carlos Espinosa Segovia, Jueces. Dr. Francisco Proaño Gaibor, Conjuez. Certifica.
\n	Dr. Oswaldo Almeida Bermeo, Secretario Relator.
\n	Nº 485-2006
\n	ACTOR: Ángel Hungría Balseca.
\n	DEMANDADA: Empresa Transportadora Ecuatoriana de Valores S.A: (TEVCOL S.A. - Marcelo Vinicio Montalvo Paredes - Representante.
\n	LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y
\n	POR AUTORIDAD DE LA LEY, LA SEGUNDA SALA
\n	DE LO LABORAL
\n	Quito, enero 1 de 2011; las 15h00.
\n	VISTOS: En el juicio de trabajo que sigue Ángel Hungría Balseca contra la Empresa Transportadora Ecuatoriana de Valores S.A. (TEVCOL S.A.), su representante, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes interpone recurso de casación del fallo dictado por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil -hoy Corte Provincial de Justicia del Guayas-, que confirma la resolución emitida de primer nivel, que acepta parcialmente la demanda. En atención al estado de la causa, admitido el recurso para el trámite, para resolver se considera: PRIMERO: Conforme al Art. 184 numeral 1 de la Constitución de la República y el sorteo de rigor, la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia es competente para dictar la resolución correspondiente: SEGUNDO: El recurrente manifiesta que en la sentencia impugnada se ha infringido el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERO: En la especie es necesario observar lo siguiente: a) La causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación establece lo siguiente: ?El recurso de casación solo podrá fundarse en las siguientes causales (?) 2ª. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiese convalido legalmente?. Esto quiere decir que en la tramitación laboral se hubiere omitido las solemnidades sustanciales previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (anterior 355), siempre y cuando no hayan sido convalidadas oportunamente y provoquen indefensión de las partes que intervienen en el proceso). b) Revisada la causa se han cumplido dichas solemnidades sustanciales como son: Jurisdicción de quien conoce el juicio, competencia del juez o Tribunal, legitimidad de personería, citación con la demanda al demandado o quien legalmente la represente, concesión del término probatorio cuando se hubieren alegado hechos que deberían justificarse y la ley prescribiere dicho término, notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y formarse el Tribunal con el número de jueces que la ley prescribe?. Al basarse el demandado en la causal segunda, manifestando que no se ha aplicado en artículo 212 del Código de Procedimiento Civil (hoy 208), que dice: ?Para ser testigo idóneo, se necesita edad, probidad, conocimiento e imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad?, en nada se vincula con la mencionada causal segunda, puesto que ésta tiene sus propias características y connotaciones; a esto se añade que el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil se subsume en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, cuyo texto es el siguiente: ?Aplicación indebida, falta aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto?, circunstancia que no ha invocado el casacionista en su memorial de interposición del recurso; cargos distintos de la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación que plantea el recurrente. Esto demuestra falta de coherencia y lógica para plantear esta impugnación que a todas luces es contradictoria, por lo que la Sala no puede conocer cuál es el fundamento de la causal segunda que invoca el demandado, que produzca nulidad insanable que no ha sido convalidada, y que haya causado indefensión a las partes. Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso planteado; por tanto, se confirma el fallo del Tribunal de Instancia. Al tenor del artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese al actor, la suma depositada por el demandado en calidad de caución. Notifíquese y Devuélvase.
\n	No. 541-2006
\n	ACTOR: Ernesto Puyol Reyes.
\n	DEMANDADO: Banco del Pichincha Regional Sierra Norte (Gabriel Ortiz Pacheco, Gere