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Timestamp: 2019-03-22 06:55:57
Document Index: 205739985

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 62', 'artículo 1134', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 41', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 185', 'artículo 37', 'artículo 185', 'in fine', 'artículo 1134', 'artículo 48', 'artículo 1134', 'artículo 1134', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 62', 'artículo 1134', 'artículo 1134', 'artículo 86', 'artículo 62', 'artículo 48', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 54', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 1134', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 7']

Enrique Río Domínguez
1 EN NOMBRE DE LA REPUBLICA SENTENCIA TC/0058/13 Referencia: Expediente No. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP), contra los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No , del siete (7) de agosto de dos mil tres (2003); el artículo primero de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000); la resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación de fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011); y las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012). En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Página 1 de 25
2 Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No , del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de disposiciones legales y resolución impugnados Las disposiciones legales y la resolución objeto de la presente acción de inconstitucionalidad son los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No (Código del Menor), del siete (7) de agosto de dos mil trece (2003); las disposiciones contenidas en el artículo primero (1ro) de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000); la resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio del dos mil once (2011); y las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, el primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), alegando la violación a los artículos 7, 8, 56, 62, y 63 de la Constitución de la República. a. Los referidos acápites f) y g), de la Ley No , expresan lo siguiente: F) La falta de pago de cuotas o servicios educativos específicos por parte de los padres o responsables en los centros educativos públicos y privados no podrán ser causa para discriminar o sancionar en cualquier forma a niños, niñas o adolescentes; Página 2 de 25
3 G) Si un centro educativo privado se viere en la necesidad de suspender la prestación de servicios educativos a un niño, niña o adolescente por falta de pago por parte de sus padres, solo podrá hacerlo al final del período escolar correspondiente, garantizando que no sea interrumpida la educación de los sujetos o que estos sean sometidos a cualquier forma de discriminación por ese motivo. Una vez terminado el período escolar, el centro podrá suspender los servicios para el año siguiente, previo informe al distrito escolar correspondiente, para garantizar el ingreso obligatorio del educado a un centro educativo público, sin desmedro de las medidas adicionales que pudieran iniciar con relación a la conducta de los padres o los responsables. b. El artículo primero (1ro) de la Ley No , de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), expresa lo siguiente La Secretaría de Estado de Educación fijará y regulará las tarifas o cuotas mensualmente y/o anualmente que los colegios privados cobrarán a quienes hacen uso de sus servicios, lo que se hará a través del Departamento de Colegios Privados, y para lo cual se tomará en cuenta un justo margen de beneficio, acorde con la calidad de la enseñanza que oferta cada colegio privado, así como proteger el presupuesto de la familia dominicana. c. La resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011), expresa, entre varios aspectos, lo siguiente: Página 3 de 25
4 La tarifa que cobran los colegios por los servicios que prestan a los estudiantes y la reiteración de los contenidos de los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No del 7 de agosto de 2003; Y según expresa la accionante, es inconstitucional en todo su contexto, toda vez que esta fue dictada basándose en la mencionada Ley No , violatorias ambas, a los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución. d. Las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), según expresa la accionante, resultan inconstitucionales debido a que esta circular ha pretendido reiterar las mencionadas disposiciones de la resolución especial, y además imponer su cumplimiento a las instituciones privadas de la educación dominicana mediante la precitada circular. 2. Pretensiones de la accionante La Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP), mediante instancia regularmente recibida el veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012), interpuso ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No (Código del Menor), del siete (7) de agosto de dos mil trece (2003); las disposiciones contenidas en el artículo primero (1ro) de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000); la resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación en fecha seis (6) de julio del dos mil once (2011); y las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, el primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012). El impetrante formuló dicha acción con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad de los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No Página 4 de 25
5 (Código del Menor), del siete (7) de agosto de dos mil trece (2003); las disposiciones contenidas en el artículo primero (1ro) de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000); la resolución especial dictada por el Consejo Nacional de Educación del seis (6) de julio del dos mil once (2011); y las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, el primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), contra la cual se formula alegada violación a los artículos 7, 8, 56, 62, y 63 de la Constitución de la República. 3. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante La impugnante fundamenta su acción de inconstitucionalidad, entre otros motivos, en los siguientes: a. Las disposiciones contenidas en los acápites f) y g) del artículo 48 de la Ley No (Código del Menor), alegadamente son violatorias al contenido literal del artículo 62 de la Constitución y la reglamentación plasmada en el Código de Trabajo. El acápite f), plantea una disposición general que contiene prohibiciones que la ley entiende deben tenerse en cuenta para la protección de los menores por parte de las autoridades de los colegios o padres y/o tutores responsables. El acápite g),(sic) contiene una contradicción con el artículo 1134 del Código Civil, por el contrato que conviene un padre con un determinado colegio para que este último le provea los servicios de enseñanza y guía moral. En tanto, es contrario a la Constitución al disponer la obligatoriedad de trabajar sin recibir la compensación correspondiente, tal cual se plantea el acápite 9, del artículo 62 de la Constitución. b. Sobre las disposiciones contenidas en el artículo primero (1ro) de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), resulta violatoria al acápite 12, del artículo 63 de la Constitución, pues dicha ley no Página 5 de 25
6 puede regular la tarifa de la provisión de un servicio de uso privado. Además, esta ley plantea que en caso de fijarse una determinada tarifa, esta deberá mantenerse igual durante tres (3) años por lo menos, con lo cual violenta el derecho de los trabajadores de la educación a un salario justo. c. Las disposiciones contenidas en la Resolución Especial, dictada por el Consejo Nacional de Educación el seis (6) de julio de dos mil once (2011), de igual forma resultan inconstitucionales en el sentido de que esta se basa en las disposiciones de la Ley 86-00, reiterando así el error conceptual y la violación constitucional ya denunciada, por lo que corre la misma suerte. d. Y por último, sobre las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), este documento emitido en fecha seis (6) de julio de dos mil doce (2012), por el Ministerio de Educación, ha pretendido reiterar esas disposiciones, y además, imponer su cumplimiento a las instituciones privadas de la educación dominicana y por ello resulta ser inconstitucional. 4. Pruebas documentales 1. Copia de la Ley No , de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000). 2. Copia de la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011). 3. Copia de la Circular No. 14, dictada por el ministerio de Educación en fecha primero (1ero) de mayo de dos mil doce (2012). 4. Copia de los documentos constitutivos de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP). Página 6 de 25
7 a) Copia de los estatutos de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP). b) Copia del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). c) Copia del acta notarial de la Asamblea Constitutiva. d) Copia de la publicación extracto de documentos. e) Copia de la certificación de la Procuraduría General de la República. f) Copia de la resolución No , dictada por la Procuraduría General de la República. g) Copia del dossier de documentos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). h) Copia de las cédulas de identidad y electoral de los miembros de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP). i) Copia de la tarjeta de identificación tributaria emitida por la Dirección General de Impuestos (DGII). 5. Poder de Autorización para Litigar, de fecha quince (15) de agosto de dos mil doce (2012). 5. Celebración de audiencia pública Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica No , del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), que prescribe Página 7 de 25
8 la celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad, procedió a celebrar la misma el dieciséis (16) de noviembre del año dos mil doce (2012). A dicha audiencia compareció el accionante, así como la autoridad de donde emanó la norma, y el representante del procurador general de la República, quedando el expediente en estado de fallo. 6. Intervenciones oficiales 6.1. Opinión del procurador general de la República El procurador general de la República, en su opinión del diecisiete (17) de septiembre de dos mil doce (2012), solicita al Tribunal Constitucional que se declare inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP), contra los acápites F y G del artículo 48 de la Ley No (Código del Menor), del siete (7) de agosto de dos mil tres (2003); las disposiciones contenidas en el artículo primero (1ro) de la Ley 86-00, del veintiseises (26) de septiembre de dos mil (2000), que autoriza a la Secretaría de Educación (actual Ministerio de Educación); la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación el seis (6) de julio de dos mil (2011); y las disposiciones contenidas en la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), por supuesta violación a los artículos 7, 8, 56, 62, y 63 de la Constitución de la República, por considerar la accionante que hay una relación similar a la del contrato de trabajo, situación totalmente diferente a la que se suscita en la especie, en la que existe una relación contractual para la prestación de un servicio, que ciertamente genera derechos y obligaciones entre las partes, pero de una naturaleza distinta regida por un régimen normativo de interés público superior, como lo es el del servicio de educación. Además de que la educación es la fuente primordial de derechos Página 8 de 25
9 fundamentales de superior interés social como el de la dignidad de la persona humana. De modo que los textos impugnados, refuerzan la protección al derecho fundamental de la educación Opinión del Ministerio de Educación El Ministerio de Educación, por intermedio de sus representantes técnicas, concluyó de la manera siguiente: Primero: Que se declare inadmisible el recurso de acción directa en inconstitucionalidad incoado por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito Educativo (AINEP), por ser improcedente, mal fundada y carente de base legal. Segundo: Por considerar tanto que la Ley No , en su artículo 48 acápite f y g, como la Ley No , que autoriza a la Secretaría de Estado de Educación regularizar las tarifas de los colegios privados, la Resolución Especial del 6 de julio de 2011 y la Circular número 14, de fecha 1ro de mayo de 2012, no entran en contradicción con la Constitución de la Republica Dominicana, subsidiariamente concluimos que sea rechazada la acción directa en inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito Educativo (AINEP);Tercero: Que se declare el proceso libre de costas. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Competencia Este tribunal tiene competencia para conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad en virtud de lo que disponen los artículos 185 de la Constitución Política del Estado y el 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No Página 9 de 25
10 8. Legitimación activa o calidad de la accionante 8.1 La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes. 8.2 Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido ( ). 8.3 En igual tenor, el artículo 37 de la Ley No , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece: Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. La Constitución de la República, a partir del artículo 185, ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido. 8.4 Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que la Asociación de Instituciones Educativas Privadas presta servicios ligados a la educación, cuyas tarifas son reguladas por la Ley No , para el caso de los colegios privados y otras disposiciones que se atacan mediante la presente Página 10 de 25
11 acción, de lo que se desprende que la accionante invoca por ante esta jurisdicción la alegada inconstitucionalidad de la disposición de una ley en la que esta tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido, pues de quedar verificada dicha inconstitucionalidad, la misma le causaría un perjuicio. 9. Inadmisibilidad parcial de la acción 9.1 Como se ha indicado, la accionante ataca varias disposiciones normativas y actos, por lo que previamente es menester determinar sobre la admisibilidad de estas, es decir, si todas y cada una de ellas pueden ser objeto de impugnación a través de la acción directa en inconstitucionalidad. 9.2 En lo que respecta a la Ley No del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), que autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados, así como la Ley No , que crea el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, del siete (7) de agosto de dos mil tres (2003), al tratarse de leyes emanadas del Congreso de la República en el ejercicio de atribuciones constitucionales y al reunir las características de toda ley, ambas deberán ser sometidas al escrutinio de constitucionalidad por este tribunal. Tales características son: general (que la ley sea para todas las personas que reúnan las condiciones previstas por ella), obligatoria (la ley debe cumplirse aun en contra de la voluntad de las personas), abstracta (la ley está hecha para aplicarse en un número indeterminado de casos, para todos aquellos que caen en los supuestos establecidos por las normas), e impersonal (la ley está creada para aplicarse a un número indeterminado de personas, y no a alguna en específico). 9.3 Igual suerte correrá la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación el seis (6) de julio de dos mil once (2011), al tratarse de un acto administrativo que posee las características de general y normativo, por cuanto determinó la desautorización de la aplicación de aumentos de Página 11 de 25
12 tarifas para el año escolar , en todos los centros educativos privados que no remitieron la documentación requerida con la debida justificación de los referidos aumentos que hubieren dispuesto. De ahí, que al estar dirigida a un sector, el de los centros educativos privados, y regular el aumento de tarifas en estos, posee los caracteres de normativa y general. 9.4 Sobre la Circular No. 14 del Ministerio de Educación, de fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), habrá que determinar si el referido acto trasciende el ámbito de lo particular o si está investido de un alcance general. Dicha circular establece una serie de recomendaciones a los directores regionales de Educación y de los distritos educativos tendentes a garantizar que los centros educativos privados se ajusten a las previsiones de la Resolución Especial, del seis (6) de julio de dos mil once (2011), antes referida, que resultó ratificada por el Consejo Nacional de Educación en su sesión del veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). 9.5 En este sentido, la Circular No. 14 es un acto administrativo, por cuanto ha sido el instrumento que le ha permitido a la administración pública (Ministerio de Educación), en el ejercicio de su potestad administrativa, dictar instrucciones específicamente dirigidas a los directores regionales de Educación y de los distritos educativos, con las condiciones que deben reunir los centros educativos privados para ser autorizados a aumentar las tarifas que cobrarán a quienes hacen uso de sus servicios. Sin embargo, en este caso no se trata de una resolución u ordenanza normativa de alcance general y abstracto, sino de un simple acto administrativo de efectos particulares y concretos Cabe recordar que el objeto de la acción directa en inconstitucionalidad está encaminada a garantizar la supremacía de la Constitución sobre las demás normas de carácter infraconstitucional, y no como un instrumento que permita 1 Véase parte in fine del párrafo 8.2. de la Sentencia No. TC-0051 del 19 de octubre del Página 12 de 25
13 la impugnación de decisiones provenientes de la administración, las cuales deben encaminarse por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. 9.7 Cónsono con lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional adoptó en la sentencia TC/0073/12, el precedente de que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de la legalidad y las contrariedades de constitucionalidad que se presenten en el contexto de los actos que emanen del ejercicio de la facultad administrativa de la administración pública, adoptándose este criterio en virtud de la aplicación combinada de los artículos del texto constitucional, número 139, el cual sujeta la legalidad de los actos de la administración pública a los tribunales, y el 165.2, el cual dispone que esa jurisdicción tiene la facultad de conocer los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho, como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares ( ), entendiéndose la denominación contrariedad al derecho como contrariedad a la Constitución, a las leyes y demás fuentes del derecho. 9.8 Por lo antes expuesto, procede declarar la inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad contra la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012). 9.9 Previo al examen del fondo de la presente acción de inconstitucionalidad, es menester determinar respecto de la admisibilidad de uno de los alegatos de la parte accionante, con el cual, invocando el artículo 1134 del Código Civil, pretende atacar los acápites f) y g), del artículo 48 de la Ley No , que crea el Código para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes La accionante pretende que sean anulados los referidos acápites cuestionando su inconstitucionalidad, pero invocando que son contrarios a las Página 13 de 25
14 disposiciones del artículo 1134 del Código Civil. De ello se desprende que la competencia que la Constitución y la Ley Orgánica han otorgado al Tribunal Constitucional es para analizar la colisión entre la norma adjetiva y la ley superior (Constitución), y en el caso de referencia se está invocando una disposición legal, más no constitucional, contenida en el artículo 1134 del Código Civil De lo anterior se desprende que es atribución de este tribunal analizar el planteamiento ya indicado, ante la imposibilidad de hacer el juicio de constitucionalidad, que requiere como condición irredimible la de determinar, mediante la exposición razonada y ponderada del concepto de la violación, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que dispone sobre ese particular la Constitución política. Es como resultado de esa confrontación que el juez constitucional puede establecer si la norma acusada se somete o no al ordenamiento supralegal que se dice desconocido. Por lo antes expuesto, procede declarar inadmisible el medio invocado Rechazo de la acción en inconstitucionalidad Dicho lo anterior, este tribunal constitucional procederá a examinar la alegada inconstitucionalidad de los acápites f) y g), del artículo 48 de la Ley No , que crea el Código para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes; del artículo primero (1ro) de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), así como de la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011). 2 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C Véase también Sentencia de este Tribunal Constitucional marcada con el No. TC/0062/12 del 29 de noviembre de Página 14 de 25
15 10.1 Sobre la alegada inconstitucionalidad de los acápites f) y g) del artículo 48 de la Ley No , que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes La accionante invoca violación al artículo 62 de la Constitución de la República que consagra el derecho al trabajo y su remuneración, y del artículo 1134 del Código Civil. Sobre el artículo 1134 del Código Civil, este tribunal lo declara inadmisible por las razones y motivos que se expresan en los párrafos de esta misma sentencia Los accionantes alegan que las disposiciones de los acápites f) y g), del artículo 86 de la Ley No , son contrarias al artículo 62 de la Constitución de la República que reconoce el derecho al trabajo y su remuneración, pues si bien es cierto que tales disposiciones pretenden liberar al menor de alguna forma de discriminación, también es discriminatorio respecto de los colegios, los maestros que proveen el servicio y hasta de los propios padres. Así las cosas, si a los menores no se les puede suspender la provisión del servicio educativo, a pesar del no pago de las tarifas establecidas, debiendo permanecer en los colegios hasta el final del año escolar, momento en el cual sí procedería suspender el referido servicio, tal situación deviene inconstitucional, por cuanto los profesores trabajarían gratuitamente para mantener la protección que con tales disposiciones se procura para los niños, niñas y adolescentes En ese orden de ideas, es menester establecer que los acápites f) y g), del artículo 48 de la referida Ley No , procuran garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto prohíben que la falta de pago de la colegiatura sea causal de discriminación o sanción. El denominado Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, al alinear la doctrina jurídica del país con la Convención Internacional de Derechos del Niño, establece en su capítulo V, que dedica al Página 15 de 25
16 derecho a la educación, pautas específicas relativas a las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad, con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes A tono con lo anterior, el artículo 56 de la Constitución de la República dispone acerca de la protección de las personas menores de edad, estableciendo que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. Y precisamente, uno de los derechos fundamentales que le asiste a todo niño, niña y adolescente es el derecho a la educación El artículo 63 de la Carta Sustantiva establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Este derecho está cimentado en tres principios: a) el de la igual dignidad de todos los seres humanos, b) el de la no discriminación, y c) el de la participación democrática. Como se indicó, los literales f) y g), del artículo 48 del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes garantizan la no discriminación o sanción por circunstancias económicas En el plano internacional, es de importancia destacar que República Dominicana es signataria de la Convención contra la Discriminación en la Educación, suscrita en París en diciembre de mil novecientos sesenta (1960), y ratificada por el Congreso Nacional el treinta (30) de agosto de mil novecientos setenta y siete (1977), por medio de la cual los Estados miembros se comprometían a promover la igualdad de acceso a la escuela y de trato en los centros educativos. Esta Convención también sostiene que la selección de Página 16 de 25
17 alumnos y la expulsión basadas en sus características individuales o de sus familias son obstáculos para avanzar en la calidad de la educación Dicho lo anterior, pasamos al examen de la alegada violación de los literales f) y g), del artículo 48 de la Ley No , al artículo 62 de la Constitución que consagra el derecho al trabajo. Ciertamente, el derecho al trabajo es parte esencial del Estado Social y democrático de derecho que diseña el artículo 7 de la Constitución de la República. A su vez, el mismo es reconocido como un derecho, un deber y una función social, que debe ser ejercido con la asistencia y regulación del Estado. Su contenido esencial se manifiesta en un doble aspecto: por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y por otro, el derecho a no ser despedido, sino por justa causa. Así, toda persona tiene derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y debe realizarse en condiciones dignas y justas Sobre el contenido esencial del derecho al trabajo, la jurisprudencia comparada, específicamente, la rendida por la Corte Constitucional de Colombia, ha establecido lo siguiente: Como corolario de la dimensión objetiva del derecho al trabajo se desprende el principio rector del artículo 54 de la Carta, que contiene un mandato al Estado para que propicie una política de pleno empleo. Ahora bien, el derecho al trabajo no solo encarna una dimensión objetiva como elemento estructural del orden constitucional sino que, además, cuenta con una dimensión subjetiva de especial importancia en nuestro derecho constitucional. Se trata entonces de un derecho social, cuyo contenido complejo encuentra en el derecho constitucional del Estado social de derecho, al menos dos garantías: la igualdad y la libertad del titular del derecho al trabajo frente a la regulación y vigilancia del Estado. El contenido de este derecho se concreta entonces en el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige cada tarea Página 17 de 25
18 en particular. Así mismo, dichos requisitos deben ser fijados de tal manera que obedezcan a criterios estrictos de equivalencia entre el interés protegido y las limitaciones fijadas, pues una excesiva, innecesaria o irrazonable reglamentación violaría el contenido esencial del derecho. Por último, es necesario anotar que, de una parte, los requisitos que condicionen el ejercicio de una profesión u oficio deben ser de carácter general y abstracto, vale decir, para todos y en las mismas condiciones; y de otra, la garantía del principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa En consonancia con lo anterior, cabría afirmar que los literales f) y g) del artículo 48 de la Ley no violentan el contenido esencial del derecho al trabajo como invocan los accionantes, dado que en sus disposiciones no se está regulando, condicionando ni restringiendo el acceso al trabajo; tampoco se coloca a los maestros en situación de despido, pues se trata de disposiciones cuyo destinatario son los niños, niñas y adolescentes, y en las que se establecen medidas que están relacionadas con el acceso a la educación de estos y a su no discriminación en atención a sus características individuales o de sus familias, con nada de lo cual se violenta el derecho al trabajo y a la remuneración En este mismo sentido, cabe indicar que la prohibición de expulsar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. Además, el propio artículo 49, acápite g), que se ataca en inconstitucionalidad, faculta a los afectados por la falta de pago a emplear medidas adicionales con relación a la conducta de los padres responsables Página 18 de 25
19 para cobrar las deudas en que estos hayan incurrido respecto de tarifas escolares no honradas Sobre la alegada inconstitucionalidad del artículo 1ro de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000) La accionante también formula la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley No , en su artículo 1, que dispone lo siguiente: La Secretaría de Estado de Educación fijará y regulará las tarifas o cuotas mensuales y /o anuales que los colegios privados a quienes hacen uso de sus servicios, lo que se hará a través del Departamento de Colegios Privados y para lo cual se tomará en cuenta un justo margen de beneficios acorde con la calidad de la enseñanza que oferta cada colegio privado, así como proteger el presupuesto de la familia dominicana La accionante fundamenta su solicitud en este punto bajo el argumento de que el constituyente, al admitir la libertad de enseñanza y la posibilidad de que la empresa privada incursione en la provisión de estos servicios, está creando una nueva opción consistente en que la familia decida qué tipo de educación quiere para sus hijos, al tiempo de que tal opción es voluntaria. Por ello, al decir de la accionante, no puede el Estado establecer las condiciones y naturaleza de los proveedores de esos servicios Agrega la accionante que es imposible la intervención del Estado en la regulación de las tarifas de los colegios privados, ya que estamos ante una economía de mercado y los precios son alcanzados por la eficiencia que cada uno de esos entes tiene la capacidad de generar y crear. Página 19 de 25
20 Pero más aún, al decir de la accionante, más que una reglamentación de un derecho o de una actividad profesional, el legislador de la Ley No , es una veleta política empujada por la brisa mediática de la clase media, dominicana que quiere degustar las bondades de una educación selecta y pagar el costo de un servicio público. Por las distorsiones de esas inconductas y complejos sociales devienen claramente discriminatorias y por tanto, inconstitucional. En síntesis, la accionante afirma que la ley no puede regular la tarifa de la provisión de un servicio privado Es necesario acotar que, ciertamente, en el ámbito de la enseñanza privada, el constituyente dominicano, en el artículo de la Carta Sustantiva ha reconocido la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación, siendo consecuencia lógica de tal reconocimiento, que aquellos gocen de autonomía e independencia para organizar y dirigir los recursos humanos y financieros disponibles, así como gestionar y administrar los ingresos que reciben, con el objetivo de ofrecer y brindar una educación de calidad Sin duda alguna, de lo anterior se desprende que en este ámbito resultan implicados aspectos económicos que suelen mencionarse como parte del contenido de la libertad de empresa; empero, no debe perderse de vista que entre la citada libertad y la de crear, dirigir y administrar tales establecimientos, existe una diferencia trascendental que las separa, la cual radica en la naturaleza y los fines que se persiguen con la prestación del servicio de educación, esto es, la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida (artículo 63.1 de la Constitución), y con ello, el de la sociedad misma, dado que el derecho a la educación constituye un componente básico del derecho al desarrollo, en la medida en que resulta necesario para hacer efectivos otros derechos humanos, configurándose así como condición de todo desarrollo, tanto personal como social y cultural. Es por ello que la Página 20 de 25
21 Constitución delega en el Estado velar por el cumplimiento de sus fines (artículo 63.4) En ese orden de ideas, la educación representa un bien de interés general y colectivo, que cumple con una función social, a diferencia de los objetivos que se persiguen con las transacciones comerciales en el mercado económico, razón por la cual no puede pretenderse, tal como lo propone la parte accionante, trasladar y aplicar el contenido de la libertad de mercado o empresa al caso de la prestación del servicio de la educación privada con fines de lucro, aduciendo el ejercicio de una libertad exenta del control estatal En definitiva, el ámbito económico en el que se desenvuelve o se realiza la enseñanza privada con fines lucrativos debe ser regido por principios, reglas y criterios especiales y diferentes de aquellos que se aplican a las actividades empresariales, en atención a la naturaleza y fines que se persiguen con la educación. De ahí que la Ley No , ha sido implementada con el objeto de moderar y regular la forma en que se practican los referidos aumentos, en atención al mandato del artículo 63 constitucional: Toda persona tiene derecho a una educación de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (...), razón por la cual corresponde al Estado reglar e inspeccionar el funcionamiento de los centros educativos, tanto públicos como privados, así como condicionar, como ocurre en la especie, el aumento de las tarifas que cobran los colegios privados por el servicio que ofrecen, con lo cual se garantiza un mayor acceso a educación de calidad Si observamos, el derecho a la educación se enmarca dentro de los derechos económicos y sociales; también es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la Página 21 de 25
22 indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos 3, razón por la cual no debe verse desde la óptica comercial que aspira la accionante. De ahí que el Estado sí tiene la potestad de intervenir en la regulación de ese derecho fundamental, tal como puede intervenir en lo referente al derecho a la salud, al trabajo, a la familia, entre otros derechos de la misma jerarquía. Pensar lo contrario sería desconocer la dimensión del Estado regulador, por cuanto la regulación surge como un instrumento para impedir que los prestadores abusen de su posición y de esta manera proteger a los usuarios y a los propios prestadores de ellos mismos, y para lograrlo es necesario fortalecer el sistema regulatorio con autoridades fuertes, especializadas e independientes El derecho a la educación está consagrado en numerosos tratados internacionales, a empezar por la Declaración Universal de Derechos Humanos, de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), en su artículo 26, lo cual ha sido fruto de una larga construcción histórica signada por luchas y reivindicaciones. Muchos otros instrumentos jurídicos continuaron manifestándose sobre la necesidad de una educación sin discriminación. Es el caso de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966); de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, 1965), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDI, XXX), de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias (1990) y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) A nivel regional, el derecho a la educación quedó consignado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a 3 Véase Observación General 11, Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Página 22 de 25
23 la Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, todo lo cual se traduce en un fuerte compromiso estatal de preservación del derecho a la educación que está muy alejado de ser una mera actividad comercial, como pretende la accionante La accionante, además acusa de inconstitucional las referidas disposiciones contenidas en la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011), que expresa, entre varios aspectos, lo siguiente: La tarifa que cobran los colegios por los servicios que prestan a los estudiantes y la reiteración de los contenidos de los acápites f) y g) del artículo 48 de la Ley No , del 7 de agosto del Como podemos evidenciar, la referida resolución especial fue dictada para la aplicación efectiva, tanto de los numerales f y g del artículo 48 de la Ley No , como de la Ley 86-00, y por determinar en esta sentencia que estas disposiciones no son contrarias a la Constitución, por demás, la resolución tampoco lo es. Por esta razón, este argumento debe ser rechazado Finalmente, resta expresar, como consecuencia de las consideraciones que anteceden, que el Estado tiene la potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo, tanto a nivel público como privado, y que dicha intervención no debe ser vista como una intromisión, sino como una regulación para que este derecho fundamental sea realmente un derecho efectivo, que no puede ser visto desde la óptica de un contrato de trabajo, como ha pretendido la accionante, de ahí que la presente acción directa debe ser rechazada. Página 23 de 25
24 Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP), contra la Circular No. 14, dictada por el Ministerio de Educación, en fecha primero (1ro) de mayo de dos mil doce (2012), al no ser un acto pasible de ser atacado por vía de acción directa de inconstitucionalidad, así como el medio de inconstitucionalidad sustentado en el artículo 1134 del Código Civil, por tratarse de un asunto de legalidad que escapa al control de este tribunal. SEGUNDO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP), contra los acápites f) y g), del artículo 48 de la Ley No , del siete (7) de agosto de dos mil tres (2003); las disposiciones contenidas en el artículo 1ro de la Ley No , del veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000); y la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011). TERCERO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad de que se trata y DECLARAR conforme con la Constitución de la República los acápites f) y g), del artículo 48 de la Ley Página 24 de 25
25 No , del siete (7) de agosto de dos mil tres (2003); las disposiciones contenidas en el artículo 1ro de la Ley 86-00, del veintiséis (26) de septiembre dedos mil (2000); y la Resolución Especial dictada por el Consejo Nacional de Educación, en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011), al no haberse verificado ninguna de las violaciones invocadas por la parte accionante y que se analizan en el contenido de la presente sentencia. TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, a la parte accionante, Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Distrito (AINEP); al Ministerio de Educación, al Congreso Nacional, así como también al Procurador General de la República. QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No , del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresado, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 25 de 25