Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-bizkaia-14404-06-03-2019-1524239
Timestamp: 2020-02-20 17:56:41
Document Index: 53525509

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 9']

Resolución de TEAF Bizkaia, 14404, 06-03-2019 | Iberley
Artículo 9.12 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre.
Retribuciones por los permisos de parto, adopción o guarda, y paternidad de mutualistas de MUFACE y de MUGEJU
La consultante es una Administración pública territorial, algunos de cuyos trabajadores están dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que otros se encuentran adscritos a los regímenes especiales de Funcionarios Civiles del Estado y de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de modo que reciben cobertura mediante el sistema de mutualismo administrativo. Concretamente, unos mediante la Mutualidad General de Funcionarios Civiles (MUFACE) y otros mediante la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Los empleados adscritos al Régimen General de la Seguridad Social tienen derecho a las prestaciones por maternidad y por paternidad de los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como a la percepción de un complemento, que les abona la Administración compareciente, dirigido a asegurarles el cobro del 100 por 100 de sus retribuciones durante las referidas situaciones de maternidad y de paternidad. En particular, durante los permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. De otro lado, los trabajadores integrados en MUFACE y en MUGEJU no perciben ninguna prestación de estas mutualidades ni por maternidad, ni por paternidad (al estar encuadrados en regímenes de la Seguridad Social que no dan derecho al cobro de prestaciones por estos motivos), sino que es directamente la Administración consultante quien les abona el 100 por 100 de sus retribuciones durante los citados permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
1) Si se encuentran exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que abona a los trabajadores adscritos a MUFACE y a MUGEJU durante los permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En caso afirmativo, hasta qué importe.
2) Si están exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los complementos que abona a los trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social durante esos mismos permisos.
En lo que respecta a las cuestiones planteadas en el escrito de consulta, es de aplicación el artículo 9.12 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), en su redacción dada mediante la Norma Foral 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2019, con efectos desde el pasado 1 de enero de 2019, según el cual: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 12. Estarán exentas las siguientes prestaciones: (...) b) Las prestaciones por maternidad y por paternidad reguladas en los capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, percibidas de los regímenes públicos de la Seguridad Social e idénticas prestaciones percibidas de los regímenes públicos correspondientes por las personas funcionarias. c) Las prestaciones reconocidas a las personas profesionales, no integradas en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al mencionado régimen especial de la Seguridad Social, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en las letras a) y b) anteriores. En estos supuestos, la cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades citadas, en las prestaciones de estas últimas. d) Las prestaciones reconocidas a las personas socias cooperativistas por entidades de previsión social voluntaria, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en las letras a) y b) anteriores. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de estas últimas. e) Las retribuciones percibidas por las personas funcionarias del órgano o entidad donde presten sus servicios, correspondientes a la reducción de la jornada de trabajo por permiso por cuidado de hijo o hija menor afectados por cáncer u otra enfermedad grave a que se refiere la letra e) del artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto de prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el capítulo X del título II del citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (...)'.
De conformidad con lo previsto en la letra b) de este artículo 9.12 de la NFIRPF, se encuentran exentas del Impuesto, en primer lugar, las prestaciones por maternidad y por paternidad de los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, percibidas de los regímenes públicos de la Seguridad Social.
Consecuentemente, los complementos que abona la Administración consultante a los trabajadores adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, con objeto de asegurarles el cobro del 100 por 100 de sus retribuciones durante el tiempo en el que se encuentran en las referidas situaciones de maternidad y de paternidad no pueden beneficiarse de la exención regulada en este artículo 9.12 b) de la NFIRPF, al no tratarse de prestaciones públicas satisfechas por la Seguridad Social.
A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el concepto de prestaciones públicas no abarca cualquier importe abonado por un ente público, sino que hace referencia, única y exclusivamente, a aquéllos que derivan de sistemas de carácter universal. Con lo que, en definitiva, no pueden entenderse incluidas dentro del citado concepto las prestaciones que abonan las Administraciones públicas a sus trabajadores, en atención, precisamente, a la condición de empleados públicos de los mismos (de trabajadores de la entidad pagadora).
Además, la citada letra b) del artículo 9.12 de la NFIRPF también declara la exención de las prestaciones idénticas a las reguladas en los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, percibidas por los funcionarios de los regímenes públicos que les correspondan.
La Administración pública consultante afirma que es ella quien abona el 100 por 100 de las retribuciones correspondientes a los permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de los empleados públicos encuadrados en regímenes de la Seguridad Social que no dan derecho a percibir las prestaciones de maternidad y de paternidad de los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (los adscritos a MUFACE y a MUGEJU).
Por ello, en lo que respecta a estos trabajadores, en una primera aproximación al caso, podría pensarse que no están exentas del Impuesto las retribuciones que perciben durante los citados permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aun cuando deriven de situaciones idénticas a las recogidas en los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
No obstante, a la vista de lo indicado en la propia letra b) del artículo 9.12 de la NFIRPF (que habla de 'idénticas prestaciones'), de lo recogido en las letras c), d) y e) del mismo artículo 9.12 de la NFIRPF (referidas a profesionales no integrados en la Seguridad Social, a cooperativistas, y al permiso por cuidado de hijos menores afectados por enfermedades graves del artículo 49 e) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, respectivamente), y de lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (particularmente, en su Sentencia número 134/1996, de 22 de julio, relativa a la exención de las prestaciones por incapacidad permanente, en la que concluyó que debía otorgarse un mismo trato a los trabajadores incluidos en el régimen de clases pasivas, y a los integrados en la Seguridad Social, de forma que se apliquen a ambos colectivos los mismos beneficios fiscales y en iguales condiciones), esta Dirección General entiende que, en los casos de trabajadores adscritos a MUFACE y a MUGEJU, la referencia recogida en la citada letra b) del artículo 9.12 de la NFIRPF a 'idénticas prestaciones percibidas de los regímenes públicos correspondientes por las personas funcionarias' incluye las retribuciones percibidas de la Administración empleadora durante los permisos por parto, adopción o guarda, y paternidad, de las letras a), b) y c) del artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en situaciones idénticas a las reguladas en los Capítulos VI y VII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y con el límite de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el motivo de que se trate.
A todos estos efectos, no tendría ningún sentido, ni ninguna justificación, realizar una interpretación de lo dispuesto en la letra b) del artículo 9.12 de la NFIRPF que lleve a reconocer a los trabajadores públicos una exención, para estos supuestos, superior o inferior a la que se otorga a los demás contribuyentes.
Así, concretamente, en lo que aquí interesa, en la citada Sentencia número 134/1996, de 22 de julio, relativa, como se ha aclarado más arriba, a la exención de las prestaciones por incapacidad permanente (y, más concretamente, a la aplicación del principio igualdad ante la ley a dichas prestaciones), el Tribunal Constitucional concluyó que: '8. Por tanto, la conclusión es que la diferenciación introducida por la nueva redacción de la Ley 18/1991 entre las pensiones de invalidez permanente de la Seguridad Social y las de los funcionarios públicos vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución porque, desde la perspectiva de la finalidad de la norma, carece de una justificación objetiva, razonable y proporcionada. Dentro de los límites constitucionales, el legislador tributario goza de un ámbito de libertad de configuración. Por lo que respecta a las pensiones o prestaciones por incapacidad, puede optar, dentro del respeto a los principios y derechos que la Constitución consagra, entre considerarlas como riqueza que debe ser objeto de imposición, excluirlas del ámbito del hecho imponible del impuesto (como ocurrió bajo la vigencia de la derogada Ley 44/1978), o, en fin, como sucede ahora, declararlas exentas. Pero en el legítimo ejercicio de su libertad de opción política, lo que no puede hacer es contravenir los principios establecidos en el art. 14 CE y en el art. 31.1 CE. Y es evidente que no se respeta el principio de igualdad tributaria cuando, como hace el art. 9.1 de la Ley 18/1991, se declaran exentas las prestaciones por incapacidad permanente absoluta si han sido reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social y no si tal incapacidad se padece por los funcionarios de las Administraciones Públicas que están integrados en el régimen de clases pasivas. En efecto, al declarar exentas las rentas de idéntica naturaleza (pensiones por incapacidad permanente absoluta) cuando el perceptor está en el sistema de la Seguridad Social y no cuando está adscrito al régimen de clases pasivas se vulnera el principio de igualdad tributaria y se utiliza un criterio de reparto de las cargas públicas carente de cualquier justificación razonable y, por tanto, incompatible con un sistema tributario justo como el que nuestra Constitución consagra en el art. 31. Pues ello supone una diferencia de trato que, como decimos, hubiera requerido una justificación objetiva y razonable. 9. En suma, el desarrollo argumental hasta aquí seguido conduce directamente a la estimación del recurso y a declarar inconstitucional y consiguientemente nulo el art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en el que se dio una nueva redacción al art. 9.1 c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cuanto ha venido, a suprimir sólo para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho Impuesto'.
NF. 8/2018 de 27 de Dic Bizkaia (Presupuestos Generales para el año 2019) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 250 Fecha de Publicación: 31/12/2018 Fecha de entrada en vigor: 31/12/2018 Órgano Emisor: Juntas Generales De Bizkaia
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION FORAL 2019
D.A. 8ª. Presupuestos de los Consorcios adscritos
Sentencia Constitucional Nº 236/2000, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 159/1995, 16-10-2000
Orden: Constitucional Fecha: 16/10/2000 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 236/2000 Num. Recurso: Recurso de amparo 159/1995