Source: http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/lr-l10-1998.html
Timestamp: 2018-10-17 06:25:17
Document Index: 349419842

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 34', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 197', 'Artículo 198', 'Artículo 199', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 210', 'artículo 148', 'artículo 149']

Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY.
Artículo 3. Función pública e iniciativa privada.
Artículo 4. Competencia urbanística.
TÍTULO I. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO.
Artículo 6. Clasificación del suelo.
Artículo 7. Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento.
Artículo 9. Categorías de suelo urbano.
Artículo 12. Suelo no urbanizable.
Artículo 13. Categorías de suelo no urbanizable.
Artículo 14. Delimitación de áreas específicas en suelo no urbanizable genérico.
Artículo 15. Deberes y derechos en suelo no urbanizable.
Artículo 16. Actividades y usos en suelo no urbanizable.
Artículo 17. Actividades permitidas, autorizables y prohibidas. Concepto.
Artículo 18. Actividades y usos prohibidos.
Artículo 19. Actividades y usos autorizables.
Artículo 20. Actividades y usos permitidos.
Artículo 21. Procedimiento especial.
Artículo 22. Suelo urbanizable.
Artículo 23. Categorías de suelo urbanizable.
Artículo 24. Deberes y derechos en suelo urbanizable.
TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN.
Artículo 26. Clases de instrumentos de ordenación.
Artículo 27. Ejecutividad y desarrollo.
CAPÍTULO II. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.
Artículo 28. Objeto y funciones.
CAPÍTULO III. NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES.
Artículo 34. Efectividad.
Artículo 37. Elaboración y aprobación.
CAPÍTULO IV. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL.
Artículo 39. Contenido y documentación.
CAPÍTULO V. PROYECTOS DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL.
Artículo 43. Efectos.
Artículo 44. Desarrollo.
Artículo 46. Procedimiento de elaboración y aprobación.
TÍTULO III. ACTUACIONES DE INTERÉS REGIONAL.
CAPÍTULO I. ZONAS DE INTERÉS REGIONAL.
Artículo 48. Iniciativa.
Artículo 49. Procedimiento para la delimitación y declaración de zona de interés regional.
Artículo 50. Alcance y efectos de la delimitación y declaración de zona de interés regional.
CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERÉS REGIONAL.
Artículo 51. Instrumentos urbanísticos de ordenación de las zonas de interés regional.
Artículo 52. Tramitación del plan parcial o especial.
TÍTULO IV. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I. PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
Artículo 53. Tipos de planeamiento municipal.
SECCIÓN II. PLAN GENERAL MUNICIPAL.
Artículo 54. Consideraciones generales.
Artículo 56. Determinaciones generales.
Artículo 57. Determinaciones en suelo urbano consolidado.
Artículo 58. Determinaciones en suelo urbano no consolidado.
Artículo 59. Determinaciones en suelo urbanizable delimitado.
Artículo 60. Determinaciones en suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 61. Determinaciones en suelo no urbanizable.
Artículo 62. Viviendas de protección oficial.
Artículo 63. Cálculo del aprovechamiento medio.
Artículo 64. Programación.
Artículo 65. Estudio económico financiero.
Artículo 66. Documentación.
SECCIÓN III. PLAN DE ORDENACIÓN DE SUELO URBANO.
Artículo 67. Consideraciones generales.
Artículo 69. Determinaciones en suelo urbano.
Artículo 70. Determinaciones en suelo no urbanizable.
CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
Artículo 72. Tipos de planes de desarrollo.
SECCIÓN II. PLANES PARCIALES.
Artículo 73. Objeto y determinaciones.
Artículo 74. Determinaciones para la incorporación de sectores de suelo urbanizable no delimitado.
Artículo 75. Contenido.
Artículo 76. Finalidades de los planes especiales.
Artículo 77. Patrimonio histórico.
CAPÍTULO III. OTROS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS.
Artículo 78. Estudios de detalle.
Artículo 79. Proyectos de urbanización.
Artículo 80. Catálogos.
CAPÍTULO IV. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO.
Artículo 81. Apoyo a la redacción de los planes.
Artículo 82. Suspensión del otorgamiento de licencias.
SECCIÓN II. PLANES DE INICIATIVA PARTICULAR.
Artículo 83. Planes de iniciativa particular.
Artículo 84. Documentos.
Artículo 86. Formulación del planeamiento municipal.
Artículo 87. Plan de conjunto.
Artículo 88. Formulación de planes parciales, planes especiales y estudios de detalle.
Artículo 89. Tramitación del planeamiento municipal.
Artículo 90. Aprobación definitiva del planeamiento municipal.
Artículo 91. Tramitación de planes parciales y planes especiales que desarrollen planeamiento urbanístico y territorial.
Artículo 92. Tramitación de planes parciales y planes especiales que no desarrollen planeamiento municipal.
Artículo 93. Tramitación de estudios de detalle y proyectos de urbanización.
Artículo 94. Subrogación de la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO V. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES.
Artículo 95. Ejecutividad del planeamiento.
Artículo 96. Declaración de utilidad pública.
Artículo 97. Publicidad del planeamiento.
Artículo 98. Obligatoriedad de los planes.
Artículo 99. Edificios fuera de ordenación.
CAPÍTULO VI. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES.
Artículo 100. Vigencia de los planes.
Artículo 101. Revisión del planeamiento.
Artículo 102. Modificación del planeamiento.
Artículo 103. Tramitación de la modificación del planeamiento.
Artículo 104. Modificaciones del planeamiento municipal promovidas por la iniciativa particular.
Artículo 105. Revisión del programa de actuación.
Artículo 106. Finalidad.
Artículo 108. Sociedades urbanísticas.
Artículo 109. Presupuesto de la ejecución.
Artículo 110. Unidades de ejecución.
Artículo 111. Procedimiento de delimitación.
Artículo 112. Requisitos de la delimitación.
Artículo 113. Actuación individualizada.
CAPÍTULO II. SISTEMAS DE ACTUACIÓN.
Artículo 114. Clases de sistemas.
Artículo 115. Elección del sistema.
Artículo 116. Sustitución del sistema de compensación.
Artículo 117. Compensación de aprovechamientos.
Artículo 118. Reducción de cargas.
Artículo 119. Bienes de dominio público.
Artículo 120. Gastos de urbanización.
SECCIÓN II. SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
Artículo 122. Tramitación de los Estatutos y bases de la Junta de Compensación.
Artículo 123. Otras incorporaciones a la Junta.
Artículo 124. Proyecto de compensación.
Artículo 125. Procedimiento conjunto.
Artículo 126. Junta de Compensación.
Artículo 127. Transmisión de los terrenos.
Artículo 128. Responsabilidad de la Junta y de sus miembros.
SECCIÓN III. SISTEMA DE COOPERACIÓN.
Artículo 129. Definición.
Artículo 130. Gastos de urbanización.
Artículo 131. Reparcelación.
Artículo 132. Tramitación.
Artículo 133. Reglas para la reparcelación.
Artículo 134. Efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación.
Artículo 135. Reparcelación económica.
Artículo 136. Normalización de fincas.
Artículo 137. Extinción o transformación de derechos y cargas.
Artículo 138. Inscripción del acuerdo y cargas incompatibles.
Artículo 139. Efectos tributarios.
Artículo 140. Supletoriedad de las normas sobre expropiación forzosa.
SECCIÓN IV. SISTEMA DE EXPROPIACIÓN.
Artículo 141. Determinaciones generales.
Artículo 142. Formas de gestión.
Artículo 143. Liberación de expropiaciones.
SECCIÓN V. LA CONCESIÓN DE OBRA URBANIZADORA.
Artículo 144. Concepto.
Artículo 145. Procedimiento.
Artículo 146. Retribución del urbanizador.
Artículo 147. Supletoriedad de la reparcelación.
SECCIÓN VI. LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
Artículo 148. Definición y naturaleza.
Artículo 149. Objeto.
Artículo 150. Incumplimiento.
Artículo 151. Sistemas generales.
Artículo 152. Dotaciones locales.
Artículo 153. Dotaciones en el suelo urbano consolidado.
Artículo 154. Cesión obligatoria y gratuita.
SECCIÓN II. LA OCUPACIÓN DIRECTA.
Artículo 155. Concepto.
Artículo 157. Indemnización por ocupación temporal.
CAPÍTULO IV. LA EXPROPIACIÓN POR RAZÓN DE URBANISMO.
Artículo 158. Supuestos expropiatorios.
Artículo 159. Constitución de servidumbres.
Artículo 160. Prohibición de construcciones.
Artículo 161. Plazo.
SECCIÓN II. EXPROPIACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
Artículo 162. Expropiación por incumplimiento de la función social.
Artículo 163. Destino de la edificación.
TÍTULO VI. LA INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO.
CAPÍTULO I. EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
SECCIÓN I. CONSTITUCIÓN, BIENES INTEGRANTES Y DESTINO.
Artículo 164. Constitución.
Artículo 165. Naturaleza.
Artículo 166. Bienes integrantes.
Artículo 167. Reservas de terrenos.
Artículo 168. Destino.
SECCIÓN II. CESIONES.
Artículo 169. Cesiones onerosas.
Artículo 170. Cesiones gratuitas.
Artículo 171. Cesiones entre Administraciones.
Artículo 172. Derecho de superficie.
CAPÍTULO II. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.
Artículo 173. Objeto.
Artículo 174. Delimitación de áreas.
CAPÍTULO III. EL PATRIMONIO REGIONAL DEL SUELO.
Artículo 176. Constitución y fines.
Artículo 177. Bienes integrantes.
Artículo 178. Remisión al patrimonio municipal del suelo.
TÍTULO VII. EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.
CAPÍTULO I. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Artículo 179. Actos sujetos.
Artículo 180. Régimen.
Artículo 181. Procedimiento.
Artículo 182. Silencio administrativo.
Artículo 183. Actos u obras promovidos por Administraciones públicas.
Artículo 184. Deber de conservación.
Artículo 185. Órdenes de ejecución por motivos turísticos o culturales.
Artículo 186. Declaración de ruina.
CAPÍTULO III. EDIFICACIÓN FORZOSA.
Artículo 187. Obligación de edificar.
Artículo 188. Registro de Solares.
Artículo 189. Inclusión en el Registro.
Artículo 190. Venta forzosa.
Artículo 191. Cese de efectos.
Artículo 192. Obligaciones del adquirente.
Artículo 193. Definición.
Artículo 194. Indivisibilidad de parcelas.
Artículo 195. Régimen.
Artículo 196. Procedimiento.
Artículo 197. Parcelaciones ilegales.
TÍTULO VIII. DISCIPLINA URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
Artículo 198. Obras y usos en curso de ejecución, sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.
Artículo 199. Obras y usos terminados, sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.
Artículo 200. Compatibilidad con sanciones.
Artículo 201. Subrogación autonómica.
Artículo 202. Suspensión de licencias.
Artículo 203. Revisión de oficio.
CAPÍTULO II. INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
Artículo 204. Definición.
Artículo 205. Tipificación de las infracciones urbanísticas.
Artículo 206. Prescripción.
Artículo 207. Personas responsables.
Artículo 208. Reglas para determinar la cuantía de las sanciones.
Artículo 209. Competencias.
Artículo 210. Inspección urbanística.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Servicio de Inspección Urbanística.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Criterios adicionales de clasificación de suelo urbano.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Subrogación de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Realojamiento y retorno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Impacto ambiental.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Criterios de equivalencia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Municipios sin planeamiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Normas Urbanísticas Regionales y Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Planes Especiales de Regularización Urbanística.
1. La presente Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que dejó sentado el alcance y los límites de la competencia sobre el urbanismo , atribuida por el artículo 148.1.3 de la Constitución a todas las Comunidades Autónomas. Como consecuencia de la doctrina constitucional sobre la supletoriedad del Derecho estatal y de los escasos títulos competenciales que permiten al legislador estatal incidir en esta materia, la referida sentencia ha declarado inconstitucionales una buena parte de los preceptos del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se regía el urbanismo en esta Comunidad Autónoma. El vacío normativo que se iba a producir por no disponer al tiempo de dictarse la sentencia de legislación urbanística propia, ha sido evitado por el propio Tribunal Constitucional al ordenar la inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad de la disposición derogatoria única del texto refundido de 1992, y consecuentemente la vigencia renacida del texto refundido de 1976, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, así como de los Reales Decretos-leyes 3/1980 de 14 de marzo, sobre promoción del suelo y agilización de la gestión urbanística y el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana. Estas son, pues, las normas actualmente vigentes en la Comunidad Autónoma, a las que se deben añadir algunos preceptos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales, y los no declarados inconstitucionales del texto refundido de 1992.
Dentro de las coordenadas que definen la situación de que dimana esta Ley hay que tener presente asimismo la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Dicha Ley regula entre otras cosas la clasificación y el régimen del suelo, cuyos rasgos básicos debe definir el Estado para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de las facultades relativas al derecho de propiedad, así como los deberes que le son inherentes, en los términos definidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997, y de acuerdo con el artículo 149.1.1 de la Constitución Española. Regula asimismo la citada Ley otras materias como las valoraciones del suelo, las expropiaciones, y los supuestos indemnizatorios, dando cumplimiento en definitiva al deslinde competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En materia de urbanismo, la STC 61/1997 desencadena, por tanto, un proceso de intenso protagonismo legislativo de las Comunidades Autónomas. No -claro es- porque se les otorguen más competencias de las que tienen atribuidas en sus Estatutos, sino por razón de que dichas competencias legislativas han de ser efectivamente asumidas por las Comunidades sin que puedan cobijarse en el recurso a la legislación estatal con carácter supletorio.
La Rioja, como se ha dicho, no dispone de legislación urbanística propia, ni de un texto con pretensión de globalidad, ni siquiera de una normativa parcial o fragmentaria que regule las cuestiones más relevantes, como sucede en otras Comunidades Autónomas. El mismo proceso de indefinición competencial en que ha Estado sumido el Derecho urbanístico español prácticamente desde la Constitución y hasta la referida STC tampoco ha alentado a la Comunidad Autónoma a diseñar una política legislativa propia, que en un momento posterior pudiera entrar en contradicción con la normativa estatal.
En estas condiciones, la STC 61/1997 ha servido de acicate a la Comunidad Autónoma para encarar de forma decidida la elaboración de una normativa propia en materia urbanística.
Ejercidas, en suma, por el Estado sus competencias, y habiendo definido sobre todo el régimen básico de la propiedad del suelo, procede que la Comunidad Autónoma, sobre estos principios firmes, aborde la regulación de los distintos instrumentos y técnicas de planificación, gestión, disciplina, etc., que tradicionalmente en nuestro Derecho componen la materia urbanismo . Es evidente que las competencias estatales sobre clasificación y régimen básico del suelo condicionan de manera notoria la legislación urbanística, y aunque no se pueda hablar en rigor de una relación bases-desarrollo (tal como ha afirmado el TC en la sentencia referida), desde el punto de vista de la técnica legislativa no se puede negar que las competencias del Estado en estos temas imponen límites evidentes que el legislador autonómico no puede soslayar. De este modo, se ha considerado asimismo precipitado proceder a la elaboración de una Ley urbanística sin el sólido respaldo de la legislación estatal.
Producida ésta, como se ha dicho, la Comunidad Autónoma debe abordar con resolución y hasta urgencia la tarea de asentar y dar fijeza al Derecho urbanístico de la región.
2. La situación descrita en el punto anterior en la que se encuadra el texto legal condiciona, como no podía ser de otra manera, los rasgos básicos del mismo. Ante todo, no se pretende en absoluto una creación ex novo de conceptos, técnicas o instrumentos urbanísticos, sino que muy al contrario la Ley se atiene a los principios y a los instrumentos conceptuales que dimanan de la Ley del Suelo de 1956, y se plasman sucesivamente en los textos refundidos de 1976 y 1992. Cualquier otra orientación iría en detrimento de la seguridad jurídica, que es un objetivo primordial de la Ley. Por esto mismo, luce en ella un afán de codificación y síntesis del Derecho urbanístico. Debe tenerse en cuenta a este respecto que la complejidad del deslinde competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas aboca a una dispersión normativa que dificulta la aplicación de esta ya de por sí compleja legislación. A esta razón obedece por ejemplo la cita o remisión a preceptos de la normativa estatal.
El mantenimiento de los principios del Derecho urbanístico español no ha impedido incorporar algunas innovaciones, ya contrastadas, de la legislación autonómica dictada desde comienzos de los años 1980, y en particular de aquellas Comunidades Autónomas próximas o con rasgos similares a La Rioja. En último término, el marco legal no es un instrumento neutro, está orientado -qué duda cabe- a la obtención de ciertos objetivos o finalidades. Entre ellas preocupan especialmente al legislador la protección del patrimonio histórico riojano, el medio ambiente y, no en último lugar, la preservación de los terrenos agrícolas que constituyen sólido cimiento de la economía regional. Todo ello encuentra su cauce adecuado en el articulado de la Ley, en particular en los apartados relativos a la planificación y al suelo no urbanizable.
3. Las observaciones anteriores no reflejarían en su totalidad el contenido de la Ley si no hiciéramos alusión a otro rasgo muy característico, en el que se ha puesto especial empeño: la adaptación a las singularidades de la región. Este déficit de adaptación a la realidad regional constituía, por razones en parte inevitables, uno de los flancos débiles de la legislación estatal, y era por tanto el aspecto en el que la Comunidad Autónoma sentía la necesidad de una regulación más precisa y ajustada a sus características.
4. En el Título Preliminar, que sintetiza importantes aspectos del contenido de la Ley, se ha buscado un equilibrio entre las competencias autonómicas y municipales, por un lado, y entre el ámbito de lo público y lo privado, por otro, disponiendo en la misma línea del legislador estatal el respeto a la iniciativa de los propietarios y demás interesados en el proceso de transformación del suelo y gestión urbanística.
5. El Título I está dedicado a la clasificación y régimen del suelo, debiendo destacarse, en cuanto a la primera, la plena concordancia con la legislación estatal a la que anteriormente se ha hecho referencia. Dentro del suelo urbano se distinguen dos categorías, consolidado y no consolidado, comprendiendo esta última los terrenos remitidos por el planeamiento a procesos integrales de urbanización o edificación. Dentro del suelo no urbanizable se distinguen, a su vez, dos categorías, el genérico y el de especial protección, entendiendo por el primero los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada en el plan, deban excluirse del proceso urbanizador, previa la debida justificación. En cuanto al suelo urbanizable se distingue a su vez entre el delimitado, que incluye los sectores previstos por el plan para garantizar un desarrollo urbano racional, y el no delimitado.
Por lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, y dentro de los márgenes de la legislación estatal, se ha procurado ajustar las cesiones de dotaciones y de aprovechamiento a las características de los municipios de la región, en la línea ya indicada. Del máximo exigible a los municipios mayores de veinticinco mil habitantes (10 % de cesión de aprovechamiento en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, y el 25 % de la superficie del sector con destino a dotaciones), se desciende a los municipios con población situada entre mil y veinticinco mil habitantes, en que la cesión para dotaciones se reduce al 15 % de la superficie del sector y la cesión de aprovechamiento de suelo urbanizable a la Administración actuante se sitúa en el 10 % con posibilidad de reducción hasta el 5 %, a petición de los Ayuntamientos y previa autorización de la Comunidad Autónoma. En este tema la Ley ha querido cohonestar la flexibilidad y adaptación a la realidad municipal, sin mengua del establecimiento de un criterio uniforme asegurado por la intervención en todo caso de la Administración autonómica. Por último, en los municipios con población inferior a mil habitantes la cesión para dotaciones alcanza el 10 % de la superficie del sector, y la cesión de aprovechamiento en suelo urbanizable se fija sin excepciones en el 5 %. Tanto en esta categoría de municipios como en la anterior, por tanto, hasta el entorno de los veinticinco mil habitantes, se ha desechado la posibilidad de exigir cesión de aprovechamiento en el suelo urbano no consolidado.
6. El Título II regula los instrumentos de ordenación del territorio. En este punto la Ley se ha limitado, fundamentalmente, a establecer el marco legal de los instrumentos de ordenación territorial vigentes desde el 30 de junio de 1988. Se trata de las Normas Urbanísticas Regionales, que como su propio nombre indica tienen un contenido urbanístico bastante preciso, dando orientaciones para el planeamiento municipal, complementándolo en su caso, y regulando de manera especial los usos de suelo no urbanizable para los municipios que cuenten sólo con Plan de Ordenación de Suelo Urbano; y del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural, aplicable a la protección del medio físico, cuyas determinaciones se impondrán al planeamiento municipal si son más restrictivas y por tanto más protectoras.
7. El Título III regula las actuaciones de interés regional que permitirán a la Comunidad Autónoma desarrollar actuaciones industriales, residenciales, terciarias, etc., que excedan de las posibilidades ordinarias de actuación de las Corporaciones locales. En estos casos la iniciativa de la actuación será en todo caso pública, lo cual no empece para que en una fase posterior la gestión se lleve a cabo en forma privada por los mecanismos ordinarios previstos en la Ley.
8. El Título IV está dedicado a la regulación de los instrumentos de planificación urbanística. Siguiendo una vez más el criterio de adaptación a la realidad regional, se distinguen dos tipos de planes municipales: el Plan General Municipal, obligatorio para los municipios que cuenten con más de mil habitantes, y el Plan de Ordenación de Suelo Urbano, para los de menos de mil habitantes. El primero, pensado para los municipios con expectativas de crecimiento urbano, ha de contener unas determinaciones generales, y otras específicas para cada una de las clases y categorías de suelo. Por el contrario, el Plan de Ordenación de Suelo Urbano se limita a la regulación detallada de los usos en este tipo de suelo, si bien podrá establecer zonas para la edificación colindante con el suelo urbano y delimitar con una serie de cautelas ciertas áreas con fines agrícolas, industriales o ganaderos. Por el contrario, en el suelo no urbanizable será de aplicación, en estos casos, las Normas Urbanísticas Regionales a las que hemos hecho mención anteriormente.
Se ha procurado también simplificar y reducir los plazos en la medida de lo posible, y en cuanto a la aprobación del planeamiento se ha seguido el criterio de que la aprobación o tutela autonómica ha de limitarse a un control de legalidad. Por lo demás se utiliza nuevamente la distinción entre municipios mayores y menores de veinticinco mil habitantes a los efectos de la aprobación tanto del planeamiento municipal como del de desarrollo. Así, la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo en los mayores de veinticinco mil habitantes corresponde al Ayuntamiento. En todos estos procedimientos tiene una presencia relevante la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
9. El Título V trata de la ejecución del planeamiento, o gestión urbanística, combinando instrumentos tradicionales de nuestro Derecho y ciertas innovaciones introducidas en los últimos años en la legislación autonómica.
Parte la Ley del principio de que la ejecución debe realizarse mediante unidades de ejecución, tanto en suelo urbanizable como en suelo urbano no consolidado, procediendo en otro caso la actuación individualizada.
10. El Título VI regula la intervención en el mercado del suelo, en la que se incluye la creación de los Patrimonios Municipales de Suelo, con carácter potestativo por entender que muchos de los municipios que dispongan de planeamiento municipal no necesitarán constituir este tipo de patrimonio. También se prevé la creación de un Patrimonio Regional del Suelo, vinculado naturalmente a las zonas de interés regional reguladas en el Título III.
11. El Título VII regula la edificación y uso del suelo, debiendo destacarse el establecimiento de un procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas, así como la exigencia de creación de un Registro de Solares, con la consiguiente venta forzosa, para los municipios con población superior a veinticinco mil habitantes.
12. El Título VIII regula la disciplina urbanística, con un capítulo referido a la protección de la legalidad urbanística y otro sobre infracciones urbanísticas. En cuanto a éstas, se han tipificado en tres grandes grupos: muy graves, graves y leves, previendo la subrogación autonómica para el caso de inactividad municipal en el caso de las graves y muy graves. En este caso el importe de la multa corresponderá a la Comunidad Autónoma.
13. De las disposiciones adicionales y transitorias debe destacarse la creación de un Servicio de Inspección Urbanística en la Consejería competente en la materia para el control de las infracciones urbanísticas graves y muy graves; asimismo, se exige la adaptación del planeamiento a los términos de esta Ley, aplicando mientras tanto unos criterios de equivalencia entre las distintas clases de suelo, que facilite la ejecución de los planes.
Una vez más se singulariza la situación de los municipios con población superior a veinticinco mil habitantes, exigiéndoles la delimitación de su suelo urbano no consolidado. Por último, la transitoria sexta prevé los Planes Especiales de Regularización Urbanística, cuya finalidad es legalizar ocupaciones de suelo desarrolladas al margen de la legalidad que sean susceptibles de ajustarse a ésta, y contando con la colaboración de los particulares afectados, que deben instar a la Administración la tramitación del expediente de regularización.
14. El texto se completa con una disposición derogatoria y dos finales, debiendo destacarse la remisión a los Reglamentos de Planeamiento Urbanístico, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística y Edificación Forzosa, mientras no se apruebe el Reglamento de ejecución de esta Ley.