Source: http://www.slideshare.net/GerardRv/codigo-de-procedimientos-penales
Timestamp: 2017-01-20 06:43:46
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO TITULO PRIMERO PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES ARTÍCULO 1.- Este Código se aplicará en el Estado de Tabasco para la substanciación delprocedimiento penal.Por medio del procedimiento penal se actualiza la función punitiva del Estado y se asegura elacceso de los particulares a la justicia.El procedimiento atiende al objetivo de conocer los delitos cometidos y la responsabilidad de susautores, como condiciones para determinar las consecuencias legales correspondientes a travésde una sentencia, con sujeción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a laparticular del Estado de Tabasco y a la legislación aplicable.ARTÍCULO 2.- Regirá el principio de legalidad estricta en la constitución de los órganospersecutorios y jurisdiccionales, el desarrollo del proceso y la emisión de la sentencia. El MinisterioPúblico, el defensor y el órgano jurisdiccional estarán sometidos al imperio de la ley en el ejerciciode sus atribuciones, y serán sujetos de aplicación de sanciones en el supuesto de incumplimiento odesvío en el desempeño de las funciones que les corresponden.ARTÍCULO 3.- El Ministerio Público y el juzgador, como autoridades que conducen elprocedimiento en sus respectivas etapas, cuidarán de que el inculpado esté al tanto de los cargosque se le hacen, cuente con la defensa correspondiente, en forma compatible con lasdisposiciones de la ley, la búsqueda de la verdad y la buena marcha del procedimiento. En caso deduda, el juez absolverá al inculpado.El mismo cuidado pondrán el Ministerio Público y el juzgador, en lo conducente, por lo querespecta a la atención de los intereses jurídicos del ofendido y a la información que éste requieraacerca del objeto y desarrollo del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 5 y demásconducentes de este ordenamiento.ARTÍCULO 4.- El procedimiento penal se sujetará al principio de verdad histórica. El MinisterioPúblico en la averiguación previa, y el juzgador en el proceso, llevarán a cabo todas lasactuaciones conducentes a este objetivo, y apoyarán con los medios a su alcance el desahogo delas diligencias pertinentes que propongan el defensor, el inculpado, la víctima o el ofendido, con elmismo fin, en los términos de los derechos que les correspondan.ARTÍCULO 5.- El Ministerio Público y el juzgador, como autoridades que conducen elprocedimiento en sus respectivas etapas, atenderán en forma oportuna y suficiente los legítimosintereses y derechos del ofendido y sus causahabientes, proveyéndolos con la asistencia jurídicaque requieran, en los términos del artículo 17, escuchando sus pretensiones y, en su caso,restituyéndoles en el ejercicio de los derechos y el disfrute de los bienes afectados por el delito,conforme a las previsiones de la ley.ARTÍCULO 6.- El Ministerio Público observará la más rigurosa objetividad en el desarrollo de laaveriguación previa. En todo caso procurará el conocimiento de la verdad sobre los hechosconstitutivos del delito y la responsabilidad de sus autores. Está obligado a recabar y desahogarcon diligencia las pruebas sobre los hechos, la participación delictuosa y otros puntos sujetos aprocedimiento, que sean pertinentes para establecer la verdad histórica y resolver, con estefundamento, lo que proceda sobre el ejercicio de la acción. En caso de duda razonable sobre laresponsabilidad del indiciado, de modo que ésta pueda considerarse probable, el MinisterioPúblico ejercitará la acción penal. En su desempeño en todo el procedimiento, el Ministerio Públicoajustará su actuación a los principios de legalidad y buena fe. 2.
ARTÍCULO 7.- El juez procurará obtener el conocimiento de todos los elementos que debaconsiderar legalmente para la emisión de una sentencia conforme a las disposiciones legales y a lajurisprudencia aplicable. Para ello se sujetará a las reglas de la inmediación judicial en lo querespecta a la recepción de las pruebas y en lo que corresponde al conocimiento del inculpado y delofendido y, en su caso, recabará y analizará los elementos conducentes a la adecuadaindividualización penal. TÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I SUJETOS PROCESALESARTÍCULO 8.- Corresponde a los tribunales del Estado de Tabasco, según la organización ycompetencia previstos por la ley, resolver sobre los delitos del orden común cometidos en estaEntidad Federativa, conforme a la pretensión planteada por el Ministerio Público, y aplicar lassanciones que procedan en el caso concreto. Los tribunales decidirán acerca de la reparación de daños y perjuicios que reclamen elofendido, sus derechohabientes o el Ministerio Público.ARTÍCULO 9.- Los tribunales dictarán sus sentencias tomando en cuenta la naturaleza ycaracterísticas del hecho punible y de los autores de éste, la protección de los intereses legítimos ylos derechos del ofendido y sus derechohabientes, la preservación de la seguridad pública y lareadaptación social del infractor. Para este fin se ajustarán a las reglas de individualizaciónprevistas en el Código Penal. Las sanciones que determinen los tribunales se entenderán impuestas con lasmodalidades que fijen las normas relativas a la ejecución de sentencias.ARTÍCULO 10.- La averiguación previa y el ejercicio de la acción penal por los delitos que secometan en el Estado de Tabasco corresponden al Ministerio Público de esta Entidad Federativa,que actuará con el auxilio de la Policía Judicial y de los servicios periciales que de él dependen. Enel desempeño de sus atribuciones, podrá requerir la colaboración de autoridades y particulares enlos términos de las leyes, reglamentos y convenios aplicables. El Ministerio Público brindará a otras autoridades la colaboración que proceda, en la formadispuesta por la Constitución General de la República, la particular del Estado, el presente Códigoy los convenios correspondientes, que deberán sujetarse a las disposiciones constitucionales.ARTÍCULO 11.- La policía judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del MinisterioPúblico. Por ello, limitará sus actuaciones a las diligencias que éste le ordene conforme a la ley. Los peritos que auxilien al Ministerio Público gozarán de plena autonomía técnica para laelaboración de sus dictámenes.ARTÍCULO 12.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio Público recibirá las denuncias yquerellas que se presenten por hechos probablemente delictuosos cometidos en el Estado deTabasco, realizará las investigaciones conducentes a comprobar los elementos del cuerpo deldelito y la probable responsabilidad del indiciado, dictará las medidas convenientes para laprotección del ofendido y la preservación de los legítimos intereses de éste y, en general, de lasvíctimas de la conducta delictiva, resolverá o solicitará el aseguramiento de objetos relacionadoscon el delito y la adopción de medidas precautorias, ejercitará la acción penal, aportará las pruebasde sus pretensiones, las relativas a la personalidad del inculpado, las correspondientes a lareparación del daño y requerirá la aplicación de sanciones, propondrá la liberación de quienes 3.
resulten inocentes, hará las promociones y formulará los recursos pertinentes en el procedimientojudicial, y vigilar el debido cumplimiento de las sentencias. Asimismo, el Ministerio Público ejercitará ante la justicia penal la acción civil deresarcimiento, cuando le corresponda hacerlo, en la forma prevista por este Código. El agente del Ministerio Público que hubiese actuado en la causa de la que derivó lasentencia reclamada por el inculpado como quejoso en amparo directo, deberá presentar susalegaciones por escrito ante el Tribunal Colegiado de circuito que conozca del juicio de garantías,en los términos del artículo 180 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.ARTÍCULO 13.- La ley determinará a quién corresponde la suplencia del Ministerio Público, para lapráctica de actuaciones encomendadas a éste, cuando no haya agente de dicha Institución en ellugar en que se desarrollan las diligencias de averiguación previa o en el que se sigue el proceso.Las actuaciones que realicen los suplentes, conforme a las disposiciones legales respectivas,tendrán el mismo valor que las practicadas por el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público solicite la intervención de autoridades de otras entidadesfederativas, se estará a los términos de los convenios correspondientes. Las diligencias cumplidaspor aquéllas tendrán el valor de las realizadas por el Ministerio Público de Tabasco si se ajustan alas disposiciones y garantías previstas en la Constitución General de la República, la particular delEstado y el presente Código.ARTÍCULO 14.- Las autoridades del Estado de Tabasco deberán brindar a los tribunales y alMinisterio Público la colaboración que éstos les requieran, según sus respectivas atribuciones. Lamisma obligación tienen los particulares que sean legítimamente requeridos para auxiliar en elesclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.ARTÍCULO 15.- El inculpado gozará de las garantías y derechos que la ley le asigna, y actuará enla averiguación previa y en el proceso por sí mismo y con intervención de su defensor. Para eldesempeño de su cometido, éste se halla facultado para intervenir en todas las diligencias delprocedimiento, desde el inicio de la averiguación previa, conforme a la naturaleza de aquéllas.ARTÍCULO 16.- El ofendido podrá ejercitar ante el juzgador penal la acción civil de reparación dedaños y perjuicios ocasionados por el hecho sometido a su jurisdicción. Cuando el ofendido noejercite la acción, lo hará el Ministerio Público de oficio o a solicitud de aquél. La reclamación dedaños y perjuicios se substanciará como procedimiento especial en los términos previstos por esteCódigo. Igualmente, el ofendido podrá coadyuvar con el Ministerio Público, por sí o por medio de surepresentante particular y de su asesor jurídico, en la averiguación previa para el ejercicio de laacción penal. En tal virtud, en el proceso podrá entregar al tribunal las pruebas de que dispongapara acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, opromover el desahogo de las diligencias probatorias respectivas, directamente o por conducto delMinisterio Público. En todo caso, el juez ordenará citar al ofendido, de oficio, para que comparezca en elproceso, si el propio ofendido lo desea, a manifestar lo que a su derecho convenga. Las facultades que este Código atribuye al ofendido, se entenderán asignadas a susderechohabientes, por lo que toca a derechos resultantes directamente del delito, cuando aquél nopueda ejercerlas por si mismo.ARTÍCULO 17.- Para los efectos previstos en el artículo precedente, y en general para brindarleauxilio durante el procedimiento, el Estado proveerá al ofendido, por conducto de la Procuraduría 4.
General de Justicia, con asistencia jurídica oportuna, competente y gratuita a partir del inicio de laaveriguación y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses. El MinisterioPúblico dispondrá que se preste al ofendido o a la víctima la atención médica de urgencia querequieran. El asesor jurídico del ofendido tendrá en lo conducente, los mismos derechos yobligaciones que tiene un defensor de oficio. CAPITULO II COMPETENCIAARTÍCULO 18.- Para establecer la competencia de los tribunales en el conocimiento de los delitos,se tomará en cuenta, ante todo, el grado que guarde el juzgador en la organización judicial delEstado y la sanción aplicable al delito por el que se ejercita la acción. Asimismo, se consideraránlos siguientes elementos, en su orden: lugar en que se cometió el delito o se produjeron susefectos, autoridad que previno y turno establecido. Cuando proceda la acumulación y los procesos acumulables se sigan ante jueces de paz yjueces de primera instancia, la competencia para conocer del conjunto recaerá en éste último. Silos procesos se siguen en diversos juzgados del mismo nivel en la organización de los tribunales,será competente para resolver sobre el conjunto el juzgador que conoce del más antiguo.ARTÍCULO 19.- La competencia en materia penal es improrrogable e irrenunciable. Sin embargo,cuando se hubiese ejercitado la acción penal con detenido ante Juez incompetente, y por lascircunstancias del caso fuese imposible el inmediato traslado de aquél ante el que sea competente,quien recibió la consignación realizará válidamente los actos que se deban desarrollar hasta elauto de término constitucional, resolverá sobre la libertad provisional del indiciado, lo quecorresponda acerca de la libertad de éste en el caso de detención irregular al que se refiere elpárrafo sexto del artículo 16 Constitucional, dictará el auto que proceda y pondrá el proceso y alindiciado en libertad o detenido según determine, así como los objetos relacionados con aquél, silos hubiere, a disposición de quien deba conocer. Ningún tribunal puede promover competencia a su superior en grado.ARTÍCULO 20.- Para determinar la competencia de los jueces de primera instancia, y de paz, seestará a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Cuando para establecer la competencia deba considerarse la sanción aplicable al delito, seatenderá a la privativa de libertad, si la ley estipula varias sanciones concurrentes de distintanaturaleza, y al término máximo de la prisión prevista.ARTÍCULO 21.- En lo que respecta a la competencia por razón del territorio, es competente el juezdel lugar en el que se cometió el delito. Cuando el delito se comete o produce efectos en dos omás circunscripciones judiciales, será competente el juzgador de cualquiera de éstas, aprevención. Si el delito se realizó fuera del Estado de Tabasco, pero tuvo efectos en él, conocerá eljuez en cuya circunscripción territorial se hubiesen producido esos efectos. Podrá conocer de los delitos permanentes y continuados cualquiera de los juzgadoresdentro de cuya circunscripción se hubiesen ejecutado actos que por si solos constituyan delito o enlos que éste hubiera producido sus efectos. También será competente para conocer de un asunto, un Juez distinto al del lugar de lacomisión del delito o donde se hubiesen producidos sus efectos, si por razones de seguridad en lasprisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales delinculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Públicoconsidera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. 5.
Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, laautoridad judicial de oficio o a petición del Ministerio Público, estime necesario trasladar a unprocesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad en los que será competente elTribunal del lugar en que se ubica dicho centro.ARTÍCULO 22.- Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales del Estado y losórganos jurisdiccionales de la Federación o de otras entidades federativas, serán resueltos en lostérminos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los que se suscitenentre tribunales del Estado, lo serán por el Tribunal Superior de Justicia, mediante el procedimientoprevisto en este Código.ARTÍCULO 23.- Son válidas las diligencias de instrucción realizadas ante juez incompetente envirtud del territorio, la prevención o el turno, sin perjuicio de las nuevas diligencias que practique elcompetente conforme a lo previsto en el artículo siguiente. Sólo tendrá validez la sentencia dictadapor juez competente. Cuando el superior advierta, por haberse abocado al conocimiento de un asunto en virtuddel recurso interpuesto contra cualquier resolución dictada en la causa, que es incompetente eljuez que está conociendo, de oficio ordenará la remisión del proceso a quien sea competente pararesolverlo.ARTÍCULO 24.- Si el juzgado recibe un expediente por la declaratoria de incompetencia de otroórgano jurisdiccional, después de que el Ministerio Público, y la Defensa presentaron susconclusiones, citará a las partes para la celebración de la audiencia y si, estima necesario llevará acabo nuevas diligencias, podrá disponerlas libremente, con audiencia de las partes, a condición deque no exceda los plazos que la Constitución General de la República y este Código disponen parala terminación del proceso, salvo las excepciones que la propia Constitución señala. CAPITULO III FORMALIDADESARTÍCULO 25.- En todas las actuaciones ante los tribunales y el Ministerio Público se empleará elidioma castellano. Cuando se produzcan declaraciones o se aporten documentos en otros idiomas,aquéllas y éstos se recogerán en el expediente y se hará la correspondiente interpretación otraducción al castellano, que constará en el acta que se levante con motivo de la diligencia.ARTÍCULO 26.- A quien deba intervenir en un procedimiento penal y no conozca suficientementeel idioma castellano, así como a quien se encuentre afectado de alguno de los sentidos y nopueda, por esta causa, escuchar o entender lo que se dice y manifestar de viva voz su declaración,se les designará intérprete o traductor que le asista. En estos casos, la falta de intérprete o traductor se sancionará con la nulidad del acto,independientemente de que los participantes hubiesen otorgado su conformidad para actuar sin laasistencia de aquéllos. Asimismo, se sancionará al servidor público que debió hacer u ordenar ladesignación de esos auxiliares, en la forma que dispongan las normas sobre responsabilidades deservidores públicos.ARTÍCULO 27.- Las diligencias se desarrollarán en la sede oficial de la autoridad que las presida opractique, a no ser que por la naturaleza de las actuaciones se estime necesario realizarlas en otrolugar, de ser así se hará la declaración correspondiente, expresando los motivos para ladesignación del lugar, y se dejará constancia además en el acta que se levante para documentardichas actuaciones. La transgresión de estas normas, independientemente de la conformidad quehubiesen manifestado los participantes, se sancionará en la forma prevista por el artículoprecedente. 6.
ARTÍCULO 28.- Serán días y horas hábiles para la práctica de actuaciones judiciales los queseñala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que se realicen en otrasfechas y horas las diligencias que, conforme a su naturaleza y por mandato de la ley, debanpracticarse en diversos momentos. El Ministerio Público practicará las diligencias que le competen en la forma que ordenensus propias normas y según las disposiciones que a este respecto dicte el Procurador, tomando encuenta el debido despacho de sus atribuciones y la adecuada prestación de los servicios a sucargo. Dentro de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las actuaciones judiciales y del MinisterioPúblico podrán practicarse cualquier día y a cualquier hora. En el acta que se levante quedaráconstancia de la fecha y hora de la actuación.ARTÍCULO 29.- Los plazos son improrrogables, comienzan a correr desde el día siguiente a lafecha de la notificación respectiva, salvo las excepciones que la ley determine, y se cuentan pordías hábiles. Se exceptúan de esta regla los plazos relativos a detención, retención, declaraciónpreparatoria, emisión del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta deelementos para procesar. En estos casos, el cómputo se hará de momento a momento, a partir deaquel en que el inculpado quede físicamente a disposición del juzgador en un reclusorio o en uncentro de salud, circunstancia que harán constar por escrito tanto quien hace entrega del inculpadocomo quien se encuentra a cargo del establecimiento en el que se recibe a éste.ARTÍCULO 30.- Cuando se fije un término para la practica de una actuación, quien ordena éstadeberá precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora correspondientes al acto que serealizará. La resolución que disponga un término se notificará personalmente a las partes conanticipación de cuarenta y ocho horas, cuando menos, a la fecha y hora en que deba celebrarse laactuación respectiva.ARTÍCULO 31.- Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro delas cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se hizo la promoción o se produjo el actoque los motiva. Los demás autos se dictarán dentro de los tres días contados a partir de dichapromoción o acto, salvo las excepciones que la ley disponga. En lo que toca a sentencias, seestará a lo establecido en los artículos 184, 186 y 187.ARTÍCULO 32.- Las autoridades que presidan o practiquen una diligencia actuarán asistidas desecretario o de dos testigos, cuando no dispongan de aquél. De lo contrario, la actuación será nula,aunque la consientan quienes en ella intervengan.ARTÍCULO 33.- Las promociones que se hagan por escrito deberán estar firmadas por su autor ollevar la huella dactilar de éste, si son objetadas deberán ser ratificadas por el mismo.Independientemente de lo anterior, cuando se estime necesario, también se podrá ordenar laratificación de las promociones. Los secretarios deberán dar cuenta de las promociones dentro de veinticuatro horas apartir de la presentación de éstas. Para tal efecto se hará constar en el expediente, de ser posiblecon reloj marcador, la fecha y la hora en que se presente o formule una promoción.ARTÍCULO 34.- Cada diligencia constará en acta por separado. El conjunto de diligencias figuraráen forma continua, sin dejar hojas o espacios en blanco, en el expediente que se formará porduplicado incluyendo fotocopias certificadas de las documentales que hubieren aportado laspartes, para documentar el procedimiento, al que se agregarán los documentos recibidos en éste.Las hojas que lo integren, inclusive las correspondientes a dichos documentos, estarán numeradas 7.
en forma progresiva por ambas caras, serán autorizadas con la firma del secretario debajo del folioy ostentarán el sello del tribunal o del Ministerio Público, según corresponda. En las hojas se hará el asiento respectivo con letras y en caracteres claramente legibles.Las fechas y cantidades se escribirán con letras y además con cifras. No se utilizarán abreviaturasni se borrarán, rasparán u ocultarán los asientos erróneos, que se testarán con una línea delgadade manera que permita su lectura, salvándose, antes de la firma, el error cometido. En la mismaforma se salvarán las palabras escritas entre renglones. Las actas en que consten las diligencias serán firmadas por quienes deban dar fe ocertificar el acto, las autoridades que las presidieron o intervinieron en ellas, los respectivossecretarios o testigos y los demás participantes, cualquiera que hubiese sido el carácter de suparticipación. Estos firmarán al calce y en los márgenes de las páginas en que conste suintervención. Lo mismo harán los intérpretes y traductores. Se imprimirá la huella digital de quienno sepa firmar, señalándose a qué dedo de la mano corresponde. Las mismas reglas seobservarán cuando sea necesario hacer alguna modificación o rectificación a solicitud de losparticipantes, en la propia acta o en una posterior, en la que también se asentarán los motivos queaquéllos manifestaron tener para solicitarla. Se escribirá a máquina o con letra de imprenta, entodo caso, el nombre de quien suscribe o estampa su huella digital, al calce de cada firma oimpresión dactilar. Si alguna de las personas que deben firmar se rehusa a hacerlo, el funcionario que dé fedejará constancia de la negativa y de las razones que exprese quien se niegue a suscribir el acta. En todas las diligencias se podrá hacer uso de cualesquiera medios de registro que la leyno repruebe, para recoger y reproducir lo que se hubiese actuado. En el acta respectiva se haráconstar el medio empleado. En lo posible se procurará la captura de todos los actos procesalesque integran el expediente, con los medios mas modernos que proporcione la tecnología decómputo y de obtención de información, la que deberá aplicarse para el control y seguimiento delos procedimientos penales.ARTÍCULO 35.- Las actuaciones de los tribunales y del Ministerio Público deberán levantarse porduplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. El secretario judicial mantendrá en lugar seguro los expedientes. Tanto el MinisterioPúblico como las otras partes los consultarán en las oficinas del tribunal, sujetándose a lasmedidas que la secretaría adopte para evitar la sustracción, alteración o destrucción de losexpedientes.ARTÍCULO 36.- Sólo podrán obtener copias de las actuaciones las personas que acrediten uninterés jurídico para ello. Resolverán sobre la solicitud de copias, en sus casos respectivos, eltribunal y el Ministerio Público. El secretario hará el debido cotejo antes de autorizar la copia con susello y firma.ARTÍCULO 37.- Si se extravían o destruyen alguna constancia o el expediente mismo, seprocederá a reponerlos. La reposición se sustanciará en la forma prevista para los incidentesdiversos. El secretario hará constar la pérdida en cuanto se percate de ella, y el juzgador dispondrálo que proceda para investigar el caso. Se dará vista al Ministerio Público cuando se presuma lacomisión de un delito. El responsable de la pérdida cubrirá los gastos que ocasione la reposición. Para estos efectos, se tomará como base el duplicado al que se refiere el artículo 34.Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por probada plenamente laexistencia de las que se inserten o mencionen en cualquiera resolución de la que haya constanciafehaciente, siempre que no se hubiese objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita. 8.
ARTÍCULO 38.- Serán nulas las actuaciones en las que no se hubiese cumplido alguna de lasformalidades esenciales que la ley previene, independientemente del perjuicio que se puedacausar a cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23. Se consideranquebrantadas esas formalidades esenciales cuando se incurra en alguna de las violacionesconstitucionales y legales a las que se refiere el artículo 209. La nulidad de un acto se tramitará en la forma prevista en este Código, no podrá serinvocada por quien dio lugar a ella y acarrear la nulidad de las actuaciones que se derivenprecisamente del acto anulado, pero no la de aquéllas que no dependan de él.ARTÍCULO 39.- Se dará aviso de la incoación del proceso al tribunal de apelación respectivodentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de radicación. El aviso se concretará a expresarlos puntos esenciales para la identificación del asunto, para los efectos del debido cumplimiento delo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del artículo 17 constitucional, utilizando, de ser posible,los medios a que se refiere el último párrafo del artículo 34 de esta Ley. CAPITULO IV DESPACHO DE LOS ASUNTOSARTÍCULO 40.- No hay costas en materia penal. El erario cubrirá los gastos que ocasionen lasdiligencias practicadas por la autoridad que realiza la averiguación previa, así como las decretadaspor los tribunales de oficio o a petición del Ministerio Público. Cuando el inculpado no pueda cubrirpor sí mismo el costo de una diligencia que solicite, y el tribunal o el Ministerio Público, en susrespectivos casos, la estimen útil para el esclarecimiento de los hechos motivo del procedimiento ypara acreditar los elementos constitutivos del delito o la responsabilidad penal, o de los datosconducentes a la reparación de daños y perjuicios o la individualización judicial, podrán disponerque se practique con cargo al erario.ARTÍCULO 41.- Los depósitos, hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otras consecuenciaseconómicas de la actividad procesal, se sujetarán a las disposiciones especiales contenidas eneste Código y a las generales que deban regirlas, según su naturaleza.ARTÍCULO 42.- Cuando cambie el titular de un juzgado o de la oficina del Ministerio Público queconduzca una averiguación, en la primera resolución que dicte el nuevo funcionario se insertará sunombre completo, y en los tribunales colegiados se pondrán, al margen del acta, los nombres yapellidos de los funcionarios que la suscriban. Cuando sólo esté pendiente la emisión de sentencia,el cambio se comunicará a las partes en notificación específica.ARTÍCULO 43.- Los tribunales dictarán de oficio las providencias conducentes a que la justicia seapronta y expedita.ARTÍCULO 44.- Cuando la ley procesal no prevenga una cuestión que se suscite en el curso delprocedimiento, se integrará con el Código Federal de Procedimientos Penales, criteriosjurisprudenciales y principios generales del Derecho, en la forma que resulte adecuada para lasatisfacción de los fines del proceso penal, tomando en cuenta el equilibrio que debe existir entrelas partes y la equidad con que es preciso atender sus respectivas pretensiones, la necesidad deestablecer la verdad histórica sobre el delito supuestamente cometido y la responsabilidad delinculpado, y la pertinencia de asegurar el buen desarrollo del proceso, garantizará los derechos delos participantes y allegará a la causa todos los datos conducentes a la emisión de la sentencia y asu debida ejecución. Este mismo criterio se utilizará para la interpretación de la ley procesal.ARTÍCULO 45.- Los tribunales rechazarán de plano, motivando y fundando sus resoluciones, quenotificarán a las partes, los incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos eimprocedentes, dando aviso, en su caso, al superior jerárquico. Los tribunales aplicarán a laspartes las correcciones disciplinarias y las sanciones que a su juicio procedan, que pueden sermulta de 10 a 50 días de salario mínimo vigente en el Estado, a la fecha de la conducta procesal 9.
indebida. Además, en el caso de que dicha conducta sea imputable a un defensor particular, sepublicará en el Boletín Judicial el nombre del abogado, mencionando la falta cometida, así como laidentificación del expediente y la sanción impuesta. CAPITULO V COLABORACIÓN PROCESALARTÍCULO 46.- Cuando se deba realizar un acto fuera del ámbito de competencia territorial de laautoridad que conduce la averiguación o el proceso, se recabará el auxilio de la autoridad quepueda practicarlo, conforme a sus atribuciones, en los términos del segundo párrafo del artículo119 de la Constitución General de la República. Se dará entera fe y crédito a los exhortos de los tribunales de la Federación y de losEstados, que se cumplimentarán en los términos y con las condiciones fijados en este Código, entodo lo que resulte aplicable En el despacho de las actuaciones de colaboración procesal se procurará utilizar, en lamedida posible, los medios que suministra la moderna tecnología de la comunicación, entre otros,el fax y los sistemas de cómputo.ARTÍCULO 47.- Si la autoridad requerida tiene la misma categoría que la requirente, la autoridadjudicial empleará la forma de exhorto, y si se trata de inferior, la de requisitoria. Al dirigirse lostribunales a autoridades no judiciales, lo harán por medio de oficio. En sus comunicaciones, elMinisterio Público utilizará esta última forma. En caso de existir ordenamientos específicos para lapráctica de actos de colaboración procesal, se estará a lo dispuesto en aquéllos.ARTÍCULO 48.- El exhorto y la requisitoria, que llevarán el sello del tribunal y estarán suscritos porel titular del órgano jurisdiccional y su secretario, contendrán todas las inserciones necesarias paraacreditar la naturaleza y características de la actuación solicitada y su fundamento legal. Laautoridad requerida podrá diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de alguna formalidad,cuando esta circunstancia no afecte su validez ni impida apreciar su naturaleza, características ylegalidad.ARTÍCULO 49.- En casos urgentes, se podrá formular la solicitud por vía telegráfica o telefónica, omediante fax u otro medio idóneo para este propósito, cerciorándose el emisor de que el requeridorecibió el mensaje, y será diligenciada bajo la estricta responsabilidad de quien la formula y dequien la recibe. Este valorará la situación y resolverá lo que corresponda, acreditando por todos losmedios a su alcance el origen de la petición que recibe y la urgencia del procedimiento. Dentro delas veinticuatro horas siguientes a la determinación que adopte, la hará del conocimiento delTribunal Superior de Justicia, para los efectos de su control y seguimiento.ARTÍCULO 50.- Si el requerido considera procedente realizar el acto que se le solicita, lopracticará dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación. Cuando sea imposiblecumplimentarlo dentro de este plazo, fijará uno mayor y lo notificará al requirente, indicando lasrazones existentes para la ampliación. Si el requerido no estima procedente la práctica del actosolicitado, lo hará saber al requirente, con indicación expresa de las razones que tenga paraabstenerse de cumplimentarlo.ARTÍCULO 51.- Si el requerido no obsequia oportunamente la petición que se le hizo, el requirentehará un recordatorio mediante oficio. Podrá formular queja ante el superior jerárquico de amboscuando el requerido no atienda un exhorto o requisitoria sin motivo justificado. Se resolverá laqueja considerando lo que expongan las autoridades contendientes, y con audiencia del MinisterioPúblico. En su caso, la defensa podrá exponer lo que a su interés convenga. 10.
ARTÍCULO 52.- Al dar cumplimiento a lo solicitado en la petición, el requerido adoptará lasmedidas necesarias para que sea del conocimiento del requirente y resulte útil a los efectos de lajurisdicción de éste, conforme a la naturaleza del acto. Cuando se hubiese solicitado el cumplimiento de una orden de aprehensión y se logreésta, la requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del juez que libró elmandamiento. Si es imposible poner al detenido inmediatamente a disposición del órganorequirente, el requerido tomará la declaración preparatoria al inculpado, decidirá respecto de lalibertad provisional que se le solicite, resolverá sobre su situación jurídica conforme al artículo 19de la Constitución General de la República, y remitirá al detenido y las actuaciones, en su caso, aquien libró el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo queadopte.ARTÍCULO 53.- Los exhortos a tribunales extranjeros se regirán por lo dispuesto en el tercerpárrafo del artículo 119 constitucional y se remitirán y tramitarán por la vía diplomática. Las firmasde las autoridades que los expidan serán legalizadas por el Secretario de Gobierno, y la de éste,por el funcionario que corresponda en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se podrá remitir elexhorto directamente y prescindir de la legalización de firmas, en su caso, cuando lo permitan laley, el tratado correspondiente o la práctica del país al que se dirige el exhorto, o existareciprocidad. Los exhortos que provengan del extranjero deberán tener, además de los requisitos queindiquen las leyes respectivas y los tratados internacionales, la legalización que haga elrepresentante autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde seanexpedidos.ARTÍCULO 54.- La resolución que dicte la autoridad requerida en el Estado de Tabasco, admitelos recursos que este Código establece.ARTÍCULO 55.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los actos de colaboraciónsolicitada por el Ministerio Público, en lo que sea conducente y sin perjuicio de las disposicionesespeciales que rijan la materia. CAPITULO VI CATEO Y ACCESO A INFORMACIÓN RESERVADAARTÍCULO 56.- El cateo se rige por lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 16 constitucionaly tiene por objeto la detención de personas o la búsqueda y aseguramiento, en su caso, de objetosrelacionados con un delito, en el caso de que la autoridad deba entrar, para tal efecto, a un lugar alque no tenga acceso el público. Cuando el Ministerio Público estime necesaria la practica de uncateo durante la averiguación previa o en el curso del proceso, lo solicitará al tribunal, motivando yfundando su requerimiento. Si lo estima pertinente, el juez ordenará la práctica de la diligencia, y señalar si el cateo lorealiza su personal, el Ministerio Público asistido por sus auxiliares, o ambos.ARTÍCULO 57.- El cateo se practicará entre las seis y las dieciocho horas, salvo que por laurgencia del caso sea necesario realizarlo en otro momento, con autorización expresa del tribunal.Se levantará acta pormenorizada de los resultados del cateo, que suscribirán el funcionario quepresida la diligencia, su secretario o testigos de asistencia y los responsables y ocupantes del lugarcateado, si desean hacerlo. En caso de que alguno de éstos no quisiere firmar, la negativa se haráconstar en el acta. Se levantará inventario de los objetos recogidos, que se conservarán relacionados con laaveriguación previa o el proceso. Si el inculpado estuviese presente, se le mostrarán los objetospara que los reconozca y se dejará constancia de lo que desee manifestar. 11.
La diligencia se ajustará a lo previsto en el mandamiento judicial. Si con motivo del cateoaparecieren datos que permitan suponer la comisión de otro delito perseguible de oficio, se dejaráconstancia en el acta respectiva para los efectos que legalmente correspondan. Se observarán las normas especiales aplicables cuando se trate de cateo a lugares o enrelación con personas protegidos por inviolabilidad o inmunidad, o sujetos a otras disposiciones. Cuando se practique un cateo en contravención a lo estipulado en este precepto, el juezresolverá sobre la nulidad de las diligencias realizadas, según su naturaleza y las característicasdel caso. Incurre en responsabilidad quien ordene o practique un cateo sin observar las normasaplicables.ARTÍCULO 58.- Si están cerrados el lugar en el que se practicará el cateo o los muebles en losque pudieran hallarse los objetos que se buscan, y el ocupante de aquél o quien tenga acceso aéstos se niegan a franquear el paso o abrir dichos muebles, la autoridad que practica el cateopodrá hacer uso de la fuerza para cumplir su encargo, y dejará constancia de las circunstancias enque se desarrolló este aspecto de la diligencia.ARTÍCULO 59.- Cuando el Ministerio Público estime necesario, para los efectos de la averiguaciónque realiza, tener acceso a cualquier información o comunicación que no esté disponible para elpúblico ni pueda aquél obtener con apoyo en sus propias atribuciones, pedirá al juez laautorización correspondiente en los términos del artículo 16 de la Constitución General de laRepública, motivando y fundando la petición que formule. El tribunal resolverá sin demora. Cuando no se observe lo dispuesto en el párrafo anterior, no serán admisibles comoprueba los informes o las comunicaciones obtenidos en forma irregular, e incurrirá enresponsabilidad quien haya dispuesto o practicado la diligencia ilícita. CAPITULO VII COMPARECENCIA Y PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADESARTÍCULO 60.- Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o eltribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un procesopenal. En el requerimiento que se haga, la autoridad precisará en qué carácter concurrirá elrequerido. Si éste no acude, la autoridad podrá imponerle al remiso, una multa de 10 a 25 días desalario mínimo vigente en el Estado a la fecha del desacato, y podrá librar orden decomparecencia, para que sea presentado por la policía judicial. Las autoridades se trasladarán al lugar en que se encuentren las personas que tenganimpedimento físico o psíquico para comparecer. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina oal domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, cuando se trate de servidorespúblicos de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que éstos opten por presentarseante la autoridad. Para los efectos de este precepto, se entiende por servidores públicos quemerecen este trato los representantes populares, los designados directamente por el titular delEjecutivo, federal o local, a los magistrados y jueces federales y estatales, y al titular de laComisión Estatal de Derechos Humanos. CAPITULO VIII COMUNICACIONESARTÍCULO 61.- Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos decomunicación destinados a quienes participan en el procedimiento, se harán personalmente o porcédula u otros medios que permitan dejar constancia precisa de su recibo, y para tal efecto seasentarán el nombre y la firma del notificado, o la huella digital en su caso, el día y la hora en quese realiza la comunicación. 12.
Para fines de notificación personal, los participantes en el procedimiento designarándomicilio en el lugar en el que éste se siga. Si cambian de domicilio, sin dar aviso, o el manifestadoresulta falso, las notificaciones se harán por estrados y la autoridad dispondrá que se proceda a lalocalización por medio de la policía judicial. Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para recibirnotificaciones, sin perjuicio de que los otros acudan al tribunal para ser notificados. Si el inculpadono hace designación, la hará el juzgador, considerando las características del caso, sin perjuicio deque aquél designe a quien deba asumir, en definitiva, la representación común. Estas mismasdisposiciones se aplicarán a los asesores jurídicos del ofendido.ARTÍCULO 62.- Las notificaciones se harán dentro de los tres días siguientes al día en que sedicten las resoluciones que las motiven. En las actas y cédulas correspondientes se indicará laautoridad de la que emana el acto notificado y aquélla que practica la notificación, así como elcontenido de dicho acto y cualesquiera otros datos indispensables para el debido conocimiento deaquél por parte del notificado. Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, almomento en que deba tener verificativo el acto correspondiente, y contendrán: identificación delcitado, designación de la autoridad ante la que debe presentarse, acto que se requiere de él, día yhora señalados para la actuación que se comunica, medio de apremio que se utilizará paraasegurar su presencia, nombre y firma del funcionario que ordena la cita y de quien la practica. Estas prevenciones se tendrán en cuenta, según corresponda, en las notificaciones,citaciones y emplazamientos que se hagan personalmente.ARTÍCULO 63.- Todas las resoluciones judiciales, salvo las que deban mantenerse en reserva, sepublicarán en el órgano oficial de difusión correspondiente, conforme a lo previsto en la LeyOrgánica del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas enel siguiente párrafo. Las resoluciones contra las que proceda apelación se notificarán personalmente, porconducto del secretario o del actuario. Las demás resoluciones se notificarán personalmente alMinisterio Público, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido y a su asesor legal, salvocuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el buen desarrollo del procedimiento,circunstancia que se asentará en el expediente. En este caso sólo se notificará al MinisterioPúblico. A los demás participantes se les notificará en estrados.ARTÍCULO 64.- Cuando se trate de notificación personal, se recabará recibo o se dejaráconstancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta. Para ello serecabará su firma o, en su defecto, la de testigos que den fe del acto. Si no se halla el destinatario, pero en el lugar señalado hay persona que pueda entregarlela comunicación, se entenderá con ésta la diligencia y se levantará el acta correspondiente, en laque firmará o pondrá su huella digital quien recibe la cédula. Cuando no se encuentre eldestinatario ni haya a quién entregar la cédula, o el ocupante del lugar desconociere el paradero yla fecha de retorno del destinatario, se informará a la autoridad que ordenó la comunicación,indicando, en su caso, dónde se encuentra el destinatario y cuando podrá ser localizado en el lugardonde se practicó la diligencia, a fin de que aquélla disponga lo conducente. Si no es posible localizar al destinatario de la comunicación, se podrá publicar una síntesisde ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en el que se realicen las diligencias, o enotros medios de difusión, conforme a las circunstancias. 13.
Las comunicaciones dirigidas a servidores públicos civiles o militares se cursarán porconducto de sus superiores jerárquico, a no ser que el éxito de la tramitación requiera otra formade comunicación. No producirá efectos ninguna comunicación practicada en forma distinta de la prevista enlos párrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre sabedor del acto que se pretendecomunicar. El funcionario encargado de hacer la comunicación informará de su resultado a la autoridadque ordenó la diligencia. Incurrirá en responsabilidad si no observa las disposiciones contenidas eneste precepto.ARTÍCULO 65.- Para la notificación por estrados, los notificadores del tribunal fijarán diariamenteen la puerta de éste o en otro lugar señalado con tal fin, fácilmente localizable por quienes asistanal tribunal y claramente visible para éstos, una lista que señale los asuntos acordados, expresandoúnicamente el número del expediente y el nombre del inculpado, y asentarán constancia de esehecho en los expedientes respectivos. Esta notificación surtirá efectos al tercer día de fijada la lista. Si alguno de los interesadosdesea que se le haga notificación personal, podrá concurrir al tribunal a más tardar al día siguientede aquél en que se fije la lista, y solicitarla del secretario o actuario.ARTÍCULO 66.- Podrá citarse por teléfono o mediante comunicación trasmitida por fax o porcualquier otro medio similar, a quien haya manifestado expresamente su voluntad para que se leconvoque por ese medio, proporcionando el número del aparato al que debe hablársele, sinperjuicio de que si no es hallado en ese lugar o no se considera conveniente citarlo de esa manera,se recurra al procedimiento común para este efecto. La autoridad encargada de hacer la cita secerciorará, por los medios pertinentes, de que el destinatario recibió aquélla y lo asentará en elexpediente. CAPITULO IX AUDIENCIASARTÍCULO 67.- Las audiencias serán públicas, salvo que el tribunal en forma fundada y motivadadetermine que deban realizarse de otra forma, por razones de seguridad, orden o moral. Deberánconcurrir el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el asesor legal del ofendido, y éste, ensu caso. Cuando no concurra un Ministerio Público o el inculpado, el tribunal diferirá la audiencia,sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las medidas de apremio que estime pertinentes. Siel ausente es el defensor del inculpado o el asesor del ofendido, considerará la posibilidad yconveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público, segúncorresponda, para que intervengan en la misma audiencia o en la posterior que se determine. Si nose presenta el ofendido, al juicio del juez o la Sala, se realizará la audiencia, pero el tribunal de quese trate lo exhortará para que se presente en las subsecuentes y adoptará las medidas paragarantizarle el derecho de comparecer y estar enterado de la marcha del proceso. Cuando el inculpado estuviese impedido para concurrir a la audiencia, se negare a asistir ofuese expulsado por alterar el orden, el tribunal adoptará las medidas que juzgue adecuadas paragarantizarle el derecho a comparecer, estar enterado de la marcha del proceso y ejercer sudefensa. La conservación del orden en el proceso estará a cargo del juzgador que preside ladiligencia. Si el juzgador se ausenta, recaerá en otro juzgador, por su orden, tratándose de órganoscolegiados, o en el secretario judicial, si se trata de órganos unitarios.ARTÍCULO 68.- En la audiencia, el inculpado se defenderá por sí mismo o por medio de sudefensor. Cuando lo haga el inculpado por sí, deberá hallarse presente su defensor, de oficio o 14.
particular; si éste no es abogado, el tribunal dispondrá la presencia de un defensor de oficio quepueda asesorar al inculpado o al defensor que no sea perito en derecho. El Ministerio Público podrá intervenir cuantas veces quisiere, y el inculpado o su defensor,así como el ofendido y su asesor, podrán replicar en cada caso. El inculpado y su defensor podránhacer uso de la palabra en último lugar. Sólo se escuchará a un agente del Ministerio Público, a un defensor por cada inculpadoque participe en la audiencia, y a un asesor por cada ofendido. En la audiencia, el inculpado estará asistido por su o sus defensores, pero no por otrosasistentes a ella. En la audiencia de declaración preparatoria y en la de careos estará presente eldefensor, conforme a lo previsto por este Código, pero el inculpado no se comunicará con élmientras rinda dicha declaración. Antes de cerrar el debate, el funcionario que preside concederá la palabra al inculpado, siéste lo desea. CAPITULO X MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIASARTÍCULO 69.- Los tribunales, en el proceso, y el Ministerio Público, en la averiguación previa,pueden adoptar medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. Las medidasconsistirán en apercibimiento, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seishoras. La multa será hasta por treinta días de salario mínimo vigente en el lugar y momento en quese realizó la conducta que motivó el apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, lamulta no podrá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados, de un día de ingreso.ARTÍCULO 70.- Las autoridades que presiden las diligencias tienen el deber de mantener el ordeny exigir el respeto debido a ellas y a los demás asistentes. Para este fin contarán con el auxilio dela fuerza pública. El Ministerio Público, en la averiguación previa y el tribunal, en el proceso, podránaplicar como correcciones las medidas dispuestas en el artículo anterior, más la suspensión en elcaso de servidores públicos, con la duración prevista en la legislación sobre responsabilidades deéstos. Cuando se cometa una falta, el secretario deberá dar fe del hecho, previamente a laaplicación de la medida que proceda. Antes de imponer la sanción al faltista, la autoridad leconcederá la palabra. Una vez dictada la corrección, el faltista podrá recurrir mediante revocación. CAPITULO XI RESOLUCIONESARTÍCULO 71.- Las resoluciones judiciales son sentencias cuando resuelven el asunto en loprincipal y concluyen la instancia, y autos en los demás casos. Las sentencias contendrán la fecha, el lugar en el que se pronuncien, la autoridad que lasdicte, la identificación y los datos generales del inculpado, entre ellos la indicación sobre supertenencia a un grupo étnico, en su caso, un resumen de los hechos, los datos conducentes a laindividualización de la pena, sujetándose cabalmente a lo dispuesto en el Título IV del LibroPrimero del Código Penal del Estado, relativo a la aplicación de sanciones, las consideracionesprocedentes, la jurisprudencia aplicable, los fundamentos legales y, al final, los puntos resolutivos. Las sentencias de condena mencionarán las características de la sanción impuesta y, ensu caso, los sustitutivos penales, así como las obligaciones del sentenciado con motivo de laejecución de aquélla. El juzgador explicará este punto al sentenciado, personalmente. 15.
Se dejará constancia en el expediente acerca de las explicaciones que proporcione eljuzgador al inculpado sobre el contenido de la sentencia, y las aclaraciones que formule a solicitudde éste. Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución quecorresponda, precedida de sus motivos, jurisprudencia aplicable y fundamentos legales. El auto enque se determina la situación jurídica del indiciado, deberá contener además la fecha y hora enque se dicte, en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. Todas las resoluciones que emita una autoridad, inclusive las de mero trámite, deberánestar motivadas y fundadas. Esta disposición es aplicable, asimismo, a las determinaciones queadopten las autoridades no judiciales que intervengan en un procedimiento penal.ARTÍCULO 72.- Las resoluciones serán dictadas por el titular del órgano jurisdiccional y estaránsuscritas por éste y por el secretario que da fe. Para la validez de la resolución de un órganocolegiado se requiere el voto de la mayoría de sus integrantes, cuando menos. Si alguno de éstosdesea emitir voto particular, lo redactará y se incluirá en el expediente, si lo presenta al díasiguiente de haberse adoptado la resolución apoyada por la mayoría. Sin perjuicio de la aclaración de sentencia, ningún juzgador unitario puede modificar susresoluciones después de suscritas, ni los colegiados después de votadas.ARTÍCULO 73.- Las partes pueden solicitar aclaración de la sentencia definitiva, o disponerla deoficio el juzgador, por una sola vez, dentro de los tres días siguientes a la notificación de aquélla.Cuando una parte solicite aclaración de sentencia, indicará la contradicción, ambigüedad odeficiencia que la motiven. Lo mismo hará el juzgador, en su caso, para conocimiento de laspartes. El juzgador escuchará a las partes en torno al punto que se pretenda aclarar. La resolucióndel juzgador, que formará parte de la sentencia, en ningún caso podrá modificar el fondo de ésta.El plazo para apelar contra la sentencia corre a partir del día siguiente al de la notificación que sehaga sobre la resolución que aclare la sentencia o disponga que no hay lugar a la aclaraciónsolicitada.ARTÍCULO 74.- Las resoluciones causan estado cuando no son recurribles legalmente, las partesse conforman expresamente o no las impugnan dentro del plazo concedido para ello, o seresuelven los recursos interpuestos contra ellas. Además, causan estado las sentencias dictadasen segunda instancia. Las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, una vez practicadas lasnotificaciones que la ley ordena. La autoridad ejecutora informará dentro de un plazo de diez días ala autoridad que dictó la resolución acerca del cumplimiento que hubiese dado a ésta. TÍTULO TERCERO PRUEBA CAPITULO I REGLAS GENERALESARTÍCULO 75.- Son admisibles en el procedimiento todas las pruebas que no sean contrarias a lamoral o al derecho, se hayan obtenido en forma legal y resulten conducentes al esclarecimiento delas cuestiones planteadas en el procedimiento penal. Si la prueba propuesta no reúne estascondiciones, se desechará con audiencia de las partes. 16.
Sólo estarán sujetos a prueba los elementos que integran el delito, los que acrediten laresponsabilidad del inculpado, los datos que excluyan la incriminación penal, los elementos queestablezcan la extinción de la pretensión punitiva, los pertinentes para la individualización judicialde las sanciones y la determinación de las consecuencias del delito, el valor de la cosa sobre laque recayó éste y el monto de los daños y perjuicios causados al ofendido, así como todos losdatos de los que se pueda inferir, directa o indirectamente, la existencia o inexistencia de loshechos y las circunstancias mencionados. No requieren prueba el derecho vigente del Estado de Tabasco y federal, inclusive lostratados internacionales, y los hechos notorios. La requieren el derecho histórico, el derechoextranjero, el derecho local de otras entidades de los Estados Unidos Mexicanos y los usos ycostumbres. Quien proponga la prueba manifestará la finalidad que busca con ella, relacionándola conlos puntos que pretende acreditar.ARTÍCULO 76.- El juzgador que tenga conocimiento de pruebas obtenidas ilegalmente, dispondráque se de vista de ello al Ministerio Público por conducto del agente adscrito, o directamente alProcurador, según las características del caso.ARTÍCULO 77.- El Ministerio Público y el ofendido, con el auxilio de su asesor legal, deberánprobar sus pretensiones, y el inculpado y su defensa acreditar las excepciones o defensas queopongan, salvo cuando en favor de éstas exista una presunción legal.No obstante, el Juez y el Ministerio Público dispondrán la práctica de todas las pruebasconducentes a establecer la verdad sobre la materia del proceso o de la averiguación,respectivamente. El Juez no podrá suplir, en ningún caso, las omisiones en que hubiese incurrido elMinisterio Público en relación con la carga de la prueba que le incumbe. Cuando el promotor de la prueba no pueda proporcionar los elementos necesarios para lapractica de ésta, lo manifestará al juzgador, bajo protesta de decir verdad, y éste resolverá loconducente.ARTÍCULO 78.- En el procedimiento judicial, las pruebas serán desahogadas con citación y enpresencia de las partes. Esta disposición comprende los casos en que el juzgador disponganuevas diligencias probatorias o la ampliación de las practicadas.ARTÍCULO 79.- En el procedimiento judicial se observará estrictamente el principio deinmediación. En consecuencia, todas las pruebas que se aporten al proceso serán desahogadasprecisamente ante el juzgador o el secretario que se halle a cargo del tribunal, por ministerio deley, en el caso de ausencia o falta del titular. El juzgador podrá disponer que el secretario preparela presentación de las pruebas, tanto en actuaciones previas a la celebración de la audiencia en laque deban desahogarse, como en el curso de la propia audiencia, pero en ningún caso, delegará elJuez la recepción misma de aquéllas. Carecerán de valor las pruebas desahogadas durante el proceso penal, que no seanrecibidas precisamente por el titular del órgano jurisdiccional, que presidirá personalmente lacorrespondiente audiencia de desahogo. Además, incurrirán en responsabilidad, en los términosque prevenga la legislación aplicable, el juzgador que permita, autorice o no corrija la indebidarecepción de pruebas, y el funcionario o empleado que por cualquier motivo participe en ella.ARTÍCULO 80.- El Ministerio Público y el juzgador, en el desempeño de sus respectivasatribuciones, podrán adoptar, de oficio o a solicitud de persona con interés jurídico para requerirlo,todas las medidas legales conducentes a asegurar la prueba y proteger a quienes deban participar 17.
en diligencias probatorias. Las medidas de protección no implicarán, en ningún caso, promesas oconcesiones inconsecuentes con el principio procesal de estricta legalidad en el ejercicio de laacción penal y en el despacho de las atribuciones jurisdiccionales.ARTÍCULO 81.- Las normas contenidas en este Título rigen para la averiguación previa y elproceso, salvo las excepciones que prevea la ley. Las referencias hechas al juzgador sonaplicables, en lo conducente, al Ministerio Público. CAPITULO II CONFESIÓNARTÍCULO 82.- La confesión es el reconocimiento que hace el inculpado sobre su participación enlos hechos que se le imputan. Debe formularse ante el ministerio público o el juez, en lasrespectivas etapas del procedimiento, con plena conciencia y libertad por parte de quien declara,sin coacción ni violencia y en presencia de su defensor. Ha de estar corroborada por otros datosque la hagan verosímil. CAPITULO III INSPECCIÓNARTÍCULO 83.- Es materia de inspección todo aquello que pueda ser apreciado por medio de lossentidos. Se practicará de oficio o a petición de parte. El Ministerio Público o el Juez que practiquela inspección dispondrá lo necesario para prepararla. Se hará acompañar de testigos y peritos quepuedan aportar conocimientos para el buen resultado de la prueba. Dispondrá la descripcióndetallada de lo que se inspecciona, y para tal efecto, se auxiliará de planos, fotografías,filmaciones, grabaciones y otros medios que suministre la tecnología, y procederá a suaseguramiento y reproducción por cualquier medio adecuado.ARTÍCULO 84.- La inspección podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos, cuando así loexijan la naturaleza del asunto y las pruebas rendidas. La reconstrucción se realizará, depreferencia, al concluir la instrucción, una vez practicada la inspección y examinados los testigos yperitos que deban declarar en la causa. Cuando sea posible y necesario, se hará en el lugar, a lahora y dentro de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y con la participación de laspersonas que intervinieron en ellos o los presenciaron. El juez tomará las medidas adecuadas para sustituir a los ausentes durante lareconstrucción y para la celebración de ésta, las veces que sea necesario, conforme a las diversasversiones que se suministren sobre los hechos cuestionados. En la diligencia, el Juez se hará acompañar de los testigos y peritos que puedan contribuiral éxito de las actuaciones. Se levantará acta circunstanciada, que firmarán debajo de su nombre,los que en ella hubieren intervenido. CAPITULO IV PERICIAARTÍCULO 85.- Se requerirá dictamen de peritos cuando sea necesaria la aportación deconocimientos especiales para el esclarecimiento de los hechos, que no se hallen al alcance delcomún de las gentes ni sean accesibles al Ministerio Público en la averiguación previa y aljuzgador en función de su competencia profesional. Los peritos rendirán protesta del buen desempeño de su cargo, al asumir éste o alpresentar su dictamen si deben actuar en forma urgente, con excepción de los peritos oficiales. Intervendrán dos peritos en cada caso, a menos que sólo uno pueda ser habido. Sepreferirá a quienes tengan título y registro expedidos por autoridad competente, si se trata de 18.
profesión reglamentada. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados,cuando sea posible. La designación de peritos hecha por la autoridad deberá recaer en personas quedesempeñen esa función por nombramiento oficial, y a falta de ellas o en caso de ser pertinente envista de las circunstancias del caso, por quienes presten sus servicios en oficinas de los gobiernosfederal, local y municipal, o en instituciones públicas de enseñanza superior, asimismo federales olocales, así como por los miembros de organizaciones profesionales o académicas de reconocidoprestigio. Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuiciode que el funcionario que dispone la diligencia ordene la intervención de otros facultativos. Losmédicos de hospitales públicos son peritos oficiales ex oficio.ARTÍCULO 86.- Cada parte nombrará hasta dos peritos. El juzgador podrá designar peritos que loauxilien. Cuando los peritos de las partes difieran en sus apreciaciones y conclusiones, el juzgadortomará conocimiento directo de las opiniones discrepantes y nombrará peritos terceros, quienesdiscutirán con aquéllos y emitirán su parecer en presencia del Juez. En todo caso, el juzgador fijará el tiempo del que disponen los peritos para emitir sudictamen, según la materia sobre la que deba versar éste, y podrá formularles las preguntas queconsidere pertinentes. También el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el ofendido y suasesor legal podrán formular preguntas a los peritos. Todas las preguntas se asentarán en el actarespectiva, precisando quién las formula y las respuestas correspondientes.ARTÍCULO 87.- Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado, el ofendidoy la víctima, así como de otras personas, si ello es relevante para los fines del proceso, cuando setrate de miembros de un grupo étnico indígena.ARTÍCULO 88.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su conocimientoespecializado les sugiera. El juzgador proveerá las medidas adecuadas para el trabajo de losperitos. Cuando el reconocimiento recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, seprocurará conservar una muestra de ellos, a no ser que sea indispensable consumirlos en el primerreconocimiento que se haga.ARTÍCULO 89.- El dictamen comprenderá, en cuanto fuere posible: I. La descripción de la persona, cosa o hecho analizados, o bien, de la actividad o el proceso sujetos a estudio, tal como hubiesen sido hallados y observados; II. Una relación detallada de la técnica, método y de las operaciones que se practicaron y de los resultados obtenidos de ellas; III. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica, dejando constancia de los elementos y las razones que sustenten aquéllas; y IV. Las fechas en que se practicaron las operaciones y se emitió el dictamen.Asimismo, se indicará el nombre y la profesión del perito, y se precisará, en su caso, la existenciade cédula profesional y la autoridad que la expidió. CAPITULO V TESTIMONIO 19.
ARTÍCULO 90.- Están obligados a declarar quienes han tenido conocimiento de las cuestiones queson materia del procedimiento, o de otras conexas con ellas, salvo que exista impedimento materialinsuperable. La autoridad dispondrá que declaren las personas que puedan aportar dichoconocimiento en los términos de este precepto. No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo, cónyuge o concubino del inculpado, ni asus parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente, sinlimitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los relacionados con aquél poradopción o ligados a él por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.ARTÍCULO 91.- El juzgador observará y dejará constancia de todas las circunstancias quepudieran influir en la declaración del testigo. En la diligencia, cualquiera de las partes podrámanifestar los motivos que tenga para suponer que un testigo no se produce con verdad o no hapercibido correctamente los hechos sobre los que declara.ARTÍCULO 92.- Antes de iniciar su declaración, los testigos mayores de dieciocho años rendiránprotesta de decir verdad y serán advertidos de la sanción aplicable a quien incurre en falsotestimonio; para este fin, se dará lectura a la disposición penal correspondiente. Se les interrogaráacerca de las relaciones que tengan con el inculpado, el ofendido u otras personas relacionadascon el proceso, y se les requerirá información acerca del origen de su conocimiento de los hechossobre los que deponen. Se adoptarán las medidas pertinentes para que ningún testigo escuche lasdeclaraciones de otros ni puedan comunicarse entre sí durante la diligencia. Sólo se permitirá que el testigo se halle acompañado y asistido durante su declaración,cuando deba valerse de intérprete o de persona que lo auxilie, por hallarse privado de la vista o deloído, o cuando por otras razones semejantes necesite la asistencia de un tercero. La prueba testimonial ofrecida para acreditar determinados hechos se desahogará en unasola audiencia, misma que se dará por terminada hasta que declaren todos los testigos ofrecidos yadmitidos, salvo que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 96 de este Código, en cuyocaso, declararán los testigos presentes y el testigo ausente será examinado por exhorto.ARTÍCULO 93.- Los testigos rendirán su testimonio de viva voz, sin que se les permita leer sunarración o respuestas a las preguntas que se les formulen, pero podrán consultar notas odocumentos cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique lasdiligencias, que para este efecto conocerá previamente dichos documentos o notas. El juzgador, el Ministerio Público y la defensa, la víctima, el ofendido y su asesor legalpodrán interrogar al testigo, pero aquél dispondrá, si lo juzga necesario, que las preguntas seformulen por su conducto y desechará las capciosas o improcedentes. Cuando la declaración se refiera a personas u objetos relacionados con los hechos materiadel procedimiento, que puedan ser habidos, el funcionario que practique la diligencia ordenará queel testigo los identifique o reconozca. Igualmente, se le mostrarán los vestigios del delito, para quedeclare en torno a ellos. Las declaraciones del testigo se asentarán con claridad y exactitud y se le leerán antes deque las suscriba, para que las confirme, aclare o enmiende. Si lo desea, podrá redactar por símismo sus declaraciones. Dará siempre la razón de su dicho.ARTÍCULO 94.- Cuando algún testigo tuviese que ausentarse de la localidad donde se practicanlas actuaciones, las partes podrán solicitar que se le examine desde luego, si fuere posible. De locontrario, podrán pedir el arraigo del testigo por el tiempo estrictamente indispensable para querinda su declaración, que no excederá de cinco días. Si resultare que el arraigo fue infundado, eltestigo podrá exigir al solicitante indemnización por los daños y perjuicios que le hubiese causado. 20.
ARTÍCULO 95.- Si el testigo se encontrare fuera del lugar sede del Tribunal, pero en el distritojudicial, el juzgador podrá hacerlo comparecer, librando para ello la orden correspondiente, que secursará por conducto de la autoridad judicial del punto en el que aquél se encuentre. Esta orden seextenderá en la misma forma que la cédula, agregando al expediente la contestación de laautoridad requerida. Cuando el testigo estuviere impedido para comparecer, el juzgador podrá trasladarsedentro de los límites de su competencia territorial, o requerir a la autoridad judicial más próxima allugar donde se encuentra el testigo para que tome a éste su declaración, sin perjuicio de lasnormas específicas aplicables conforme a este Código.ARTÍCULO 96.- Si el testigo estuviere fuera del ámbito de competencia territorial del juzgador, sele examinará por exhorto dirigido al Juez de su residencia. Si se ignora ésta, se encargará a lapolicía del lugar donde esté ubicado el último domicilio del que se tenga conocimiento para queaverigüe el paradero del testigo y lo cite. Si esta investigación no tuviere éxito, el Ministerio Públicoo el Juez, podrán hacer la citación mediante publicación en un periódico de los de mayorcirculación.En su caso, se agregará al expediente un ejemplar del periódico en la parte que contiene lainserción, de modo que se identifique el periódico, la fecha de publicación y la sección y página enla que ésta aparece. CAPITULO VI IDENTIFICACIÓN, CONFRONTACIÓN Y RECONOCIMIENTOARTÍCULO 97.- Toda persona que identifique o se refiera a otra, lo hará de un modo claro ypreciso, mencionando, si le fuere posible, la filiación, el nombre, apellido, lugar de residencia,ocupación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.ARTÍCULO 98.- Cuando sea necesario identificar a una persona, quien deba hacer la identificacióndeclarará sobre el particular. La diligencia de confrontación tiene por objeto que el declarantereconozca a la persona sujeta a identificación, entre varias otras con aspecto y característicassemejantes que se le presentarán para ese propósito. El juzgador adoptará las medidas adecuadas para el debido desarrollo de la diligencia y laseguridad de los participantes, escuchando al que deba hacer el reconocimiento en confrontación.Asimismo escuchará, preferentemente antes de la diligencia, lo que quieran manifestar, de ser elcaso, quienes figuren en el grupo de personas sujetas a confrontación. Cuando sea necesario identificar a varias personas, se practicarán confrontacionesseparadas.ARTÍCULO 99.- Si es necesario reconocerá a una persona que no esté en la diligencia y no resulteposible presentarla, podrá realizarse el reconocimiento a través de fotografías, películas o dibujos.Se mostrarán éstos a quien debe hacer el reconocimiento, junto con otros relativos a personascuyas condiciones exteriores sean semejantes a las de quien figura en la fotografía o el dibujo quesirven para el reconocimiento. En lo conducente, se observarán las normas relativas a la diligenciade confrontación.ARTÍCULO 100.- Cuando sea necesario el reconocimiento de un objeto o de una situación ocircunstancia que puedan ser advertidas por los sentidos, se mostrarán a quien deba reconocerlos,en forma directa o a través de medios que aseguren la fidelidad de la reproducción. Si lanaturaleza de la materia sujeta a reconocimiento lo permite y la autoridad lo juzga adecuado, en elmismo acto se mostrarán a quien reconoce otros objetos que guarden similitud con el que sepretende acreditar. 21.
CAPITULO VII CAREOARTÍCULO 101.- Cuando el inculpado lo solicite será careado en presencia del Juez con laspersonas que formulan imputaciones en su contra. Estas declararán en su presencia, si estuvierenen el lugar del juicio. En este caso, el inculpado podrá formularles las preguntas que desee y queresulten conducentes para su defensa. Asimismo, se practicarán careos entre quienes intervienenen el proceso cuando exista contradicción entre las respectivas declaraciones. El careo sólo se realizará entre dos personas, y se estará a las reglas establecidas enmateria de rendición de testimonios. La diligencia principiará leyendo a los careados susdeclaraciones y haciéndoles notar la contradicción que existe entre ellas. A continuación se lesrequerirá para que discutan entre sí y formulen las aclaraciones y refutaciones que creanpertinentes, en presencia del juzgador. En seguida, el Ministerio Público, el defensor y el ofendidoy su asesor legal pueden formular preguntas, en los términos previstos para el interrogatorio a lostestigos. Cuando por cualquier motivo no pueda obtenerse la concurrencia de alguno de los quedeban ser careados, se leerá al presente la declaración del otro, haciéndole notar lascontradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él, para que haga las precisiones quejuzgue necesarias. Si las personas que deban carearse estuviesen fuera de la jurisdicción deltribunal, se actuará por exhorto. Si la víctima o el ofendido son menores de edad, no estarán obligados a carearse con elinculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. CAPITULO VIII DOCUMENTOSARTÍCULO 102.- Son públicos los documentos a los que el Código de Procedimientos Civiles delEstado o cualesquiera otras leyes locales o federales atribuyan esa naturaleza. Asimismo, lo sonaquéllos que con tal carácter procedan del extranjero. Se deberá contar con la legalización deéstos, cuando el documento se transmita por la vía diplomática, si ello implica acreditación delcarácter público del documento conforme a la ley extranjera aplicable.ARTÍCULO 103.- Los documentos privados son aquellos que no reúnen las características a lasque se refiere el artículo anterior. Cuando el Ministerio Público o el Juez lo estimen pertinente osean objetados, deberán ser reconocidos por la persona a quien se atribuya ser su autor, o secotejarán, para acreditar su validez en el procedimiento, con otros reconocidos o indubitables. Paratal fin, se mostrarán íntegros a la persona señalada como autor del documento.ARTÍCULO 104.- La autoridad podrá requerir la exhibición de documentos que obren en poder decualesquiera personas o instituciones, públicas o privadas. Si hubiere oposición, se substanciarácomo incidente no especificado. Cuando se trate de documentos que se hallen fuera del ámbito territorial del tribunal ante elque se sigue la causa, se hará compulsa y certificación mediante exhorto.ARTÍCULO 105.- Los documentos podrán ser presentados en todo momento hasta la fecha de laaudiencia. Esta se diferirá por una sola vez, cuando resulte necesario, para establecer laautenticidad del documento, con audiencia de las partes. CAPITULO IX PRESUNCIONESARTÍCULO 106.- Las presunciones legales implican inversión de la carga de la prueba o exclusiónde prueba. 22.
CAPITULO X INDICIOSARTÍCULO 107.- Los indicios son hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, laexistencia de los hechos que se pretende acreditar. CAPITULO XI VALOR JURÍDICO DE LA PRUEBAARTÍCULO 108.- El juzgador apreciará y valorará las pruebas con libertad. En todo caso, tomaráen cuenta que éstas satisfagan los requisitos que para cada prueba según su propia naturaleza,prescribe este Código. En tal virtud, determinará la eficacia de las pruebas desahogadas,exponiendo en las resoluciones que dicte los elementos en que se funde para asignarles onegarles valor, así como cual es el que les otorga con respecto a los hechos sujetos a prueba. Lomismo hará el Ministerio Público, en lo que corresponde a la averiguación previa. El juez reconocerá el valor de las pruebas aportadas en la averiguación previa, si sepracticaron con apego a este Código y no quedaron desvirtuadas por las pruebas desahogadas enel proceso. En este último caso, manifestará las razones que le asisten para negar valor a unaprueba admitida en la averiguación previa y considerada por el Ministerio Público para el ejerciciode la acción.ARTÍCULO 109.- En la valoración de la prueba, el juzgador observará, asimismo, las siguientesreglas: I. Cuidará de que la confesión se rinda con riguroso apego a las normas aplicables de este Código. No basta la confesión para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad si no se halla corroborada con otras pruebas rendidas con arreglo a la ley; II. Los documentos públicos tendrán valor probatorio pleno, salvo que se acredite su falsedad. Las partes podrán pedir su cotejo con los protocolos o los originales existentes en los archivos; III. Apreciará los dictámenes periciales conforme a la regla general contenida en el artículo anterior. Si desecha los resultados de un dictamen, deberá manifestar las razones en que se apoya el rechazo; y IV. Para apreciar la declaración de un testigo, tomará en cuenta: a) Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para conocer y apreciar el acto; b) Las circunstancias que concurran a establecer la imparcialidad del testigo en el caso concreto, y las que pudieran afectar dicha imparcialidad; c) Que el hecho de que se trata sea perceptible por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por si mismo y no por inducciones ni referencias de otro; d) Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias principales; y e) Que no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputa como fuerza. 23.
ARTÍCULO 110.- Los tribunales apreciarán el valor de los indicios, según la naturaleza de loshechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y laque se busca.ARTÍCULO 111.- Se condenará al inculpado cuando se pruebe que existieron todos los elementosdel delito que se le imputa y la responsabilidad correspondiente, y que no haya causas queexcluyan la incriminación o extingan la pretensión punitiva. En caso de duda, se debe absolver. TÍTULO CUARTO AVERIGUACIÓN PREVIA CAPITULO I INICIO DEL PROCEDIMIENTOARTÍCULO 112.- El Ministerio Público iniciará la averiguación previa cuando se presente ante éldenuncia o querella por un hecho aparentemente delictuoso, y se hallen satisfechos los requisitosque la ley exija, en su caso, para la persecución penal. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio,tiene la obligación de formular la denuncia correspondiente. La querella es el derecho potestativo que tienen el ofendido por el delito, las víctimas o suslegítimos representantes para poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de undelito, en los casos en que se exija este requisito para la persecución de aquél y en la forma ytérminos previstos por la ley. Si corresponde a una autoridad satisfacer esos requisitos o formular instancia para que seinicie la averiguación, el Ministerio Público pedirá a aquélla, por solicitud escrita, que le hagaconocer su determinación sobre este punto. La autoridad deberá responder por escrito. Larespuesta se agregará al expediente. Cuando se trate de delitos contra el patrimonio de las personas, perseguibles mediantequerella, una vez recibida ésta y antes de proseguir la averiguación, el Ministerio Público dispondráque se haga formal requerimiento al indiciado para que devuelva los objetos, bienes o valores a sucargo, o formule las aclaraciones que a su derecho convengan. El Ministerio Público se abstendráde ordenar el requerimiento y acordará el trámite que corresponda a la querella formulada, cuandoel querellante demuestre haber realizado dicho requerimiento por cualquier medio fehacienteprevisto por la ley. El Ministerio Público se cerciorará de la identidad del denunciante y de la legitimación delquerellante, así como de la autenticidad de los documentos que presenten. Igualmente, dispondráque se compruebe el domicilio de ambos.ARTÍCULO 113.- La Policía Judicial sólo podrá recibir denuncias por delitos perseguibles de oficio,cuando en el lugar no haya agente del Ministerio Público ni otra autoridad que legalmente losustituya. Inmediatamente dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia recibida, para que ésteasuma el conocimiento de los hechos y dicte los acuerdos procedentes.ARTÍCULO 114.- Cuando un servidor público, con motivo y en el ejercicio de sus funciones, tengaconocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo de inmediato. Sise trata de un ilícito cuya persecución dependa de instancia que formule alguna autoridad, lopondrá en conocimiento del superior jerárquico, para que éste se lo haga saber a la autoridad quedeba formular la querella. Cuando el servidor público contravenga lo dispuesto en este artículo, sele aplicará la sanción prevista para el caso de encubrimiento. 24.
ARTÍCULO 115.- Los mayores de dieciséis años podrán querellarse por si mismos. Cuando setrate de un menor de esta edad o de un incapaz, la formulación de la querella corresponderá aquien ejerza sobre aquéllos la patria potestad o la tutela. A falta de éstos, el Ministerio Públicosolicitará que intervengan las autoridades encargadas de la asistencia a menores o incapaces. Lomismo hará el Ministerio Público cuando considere que quienes ejercen autoridad sobre el menoromiten la querella por motivos ilegítimos o tienen, en la especie, intereses opuestos a los delmenor.En estos casos, el agente que tenga noticia del delito consultará al Procurador y se atendrá a loque éste resuelva. Son delitos perseguibles por querella en los términos previstos por el Código Penal: I. Lesiones a que alude el artículo 116, fracciones I y II; II. Lesiones a las que se refiere el artículo 116, fracciones III y IV, si fueren inferidas en forma culposa; III. Lesiones previstas en el artículo 118, salvo cuando se trate de delito cometido con motivo del tránsito de vehículos y el conductor responsable se encuentre en los casos previstos por el segundo párrafo del artículo 126 del Código Penal; IV. Rapto a que se refiere el artículo 146. La querella será formulada por la persona ofendida, su cónyuge o concubino. En el supuesto de que se trate de menor de edad o incapaz, se actuará por instancia de la ofendida o de quien ejerza sobre ésta la patria potestad o la tutela; V. Estupro previsto en el artículo 153; VI. Allanamiento de morada, al que alude el artículo 162 primer párrafo, cuando no medie violencia ni se realice por tres o más personas; VII. Difamación previsto en el artículo 166. En el caso de que la persona difamada hubiere fallecido, tendrán derecho a querellarse el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos, a no ser que se acredite que en vida del fallecido éste hubiese tenido conocimiento del delito y se hubiera abstenido deliberadamente de formular querella;. VIII. Calumnia prevista en el artículo 169. En este caso, rige para la querella lo establecido en la parte final de la fracción anterior. IX. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, establecido en el artículo 206. X. Sustracción o retención de menores o incapaces, a que se refieren los artículo 209 y 209 bis. La facultad de formular querella corresponde a quien tenga derechos familiares o de tutela respecto al menor o incapaz; XI. Adulterio previsto en el artículo 222. Podrá querellarse el cónyuge ofendido, y en el caso de que se formule querella contra uno sólo de los adúlteros, se procederá contra ambos; XII. Ejercicio indebido del propio derecho, al que alude el artículo 282; XIII. Delitos contra el patrimonio de las personas previstos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal, excepto el abigeato, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas; 25.
XIV. Hostigamiento sexual, previsto en los artículos 159 bis y 159 bis 1; XV. Amenazas, previsto en el artículo 161; y XVI. Violencia familiar, previsto en los artículos 208 bis y 208 bis 1.ARTÍCULO 116.- La denuncia y la querella se presentarán por escrito o verbalmente. En el primercaso, deberá ser ratificada por quien la presenta. En el segundo, la autoridad que la reciba dejaráconstancia escrita, que deberá leer al denunciante o querellante, quien la suscribirá o estamparásu huella digital. En todo caso, bajo la firma o la huella constará el nombre completo de aquél. La denuncia y la querella satisfarán los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho depetición, a que se refiere el artículo 8o. de la Constitución General de la República, y se limitarán adescribir los hechos sin clasificarlos jurídicamente. El funcionario que reciba aquéllas, explicará al denunciante o al querellante, sin perjuiciode la intervención de los asistentes legales de éstos, el alcance del acto que realizan, así como lassanciones aplicables a quien se produce con falsedad ante las autoridades.ARTÍCULO 117.- Cuando el denunciante, el querellante o un tercero hagan publicar la denuncia ola querella, están obligados a publicar también, a su costa y en la misma forma utilizada para dichapublicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona encontra de quien se hubiese formulado aquélla, independientemente de la responsabilidad en quehubiere incurrido su autor.ARTÍCULO 118.- No se requiere apoderado para la presentación de denuncias. Tratándose dedelito perseguible por querella, ésta podrá ser formulada en todo caso por el ofendido, por susrepresentantes o asistentes legales o por mandatario, observándose en todo caso las restantesreglas aplicables a la materia. Cuando se trate de una persona jurídica colectiva, se observaránsus ordenamientos internos en lo que se refiere a la persona facultada para formular querella. Eltitular del derecho a querellarse ratificará la querella cuando otro la formule en su nombre. CAPITULO II DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIAARTÍCULO 119.- Iniciada la averiguación, el Ministerio Público o la autoridad que legalmente losustituya y actúe en su auxilio, adoptarán las medidas conducentes a probar la existencia de loselementos del cuerpo del delito en el caso que se investiga, las circunstancias en que se cometióéste, y la identidad y responsabilidad de quienes participaron en él, así como a salvaguardar loslegítimos intereses del ofendido, asegurar las personas y cosas relacionadas con los hechos y, engeneral, desarrollar legalmente la averiguación, conforme a la naturaleza y finalidades de ésta. El Ministerio Público o quien lo sustituya y auxilie adoptarán o solicitarán sin demora lasmedidas precautorias que procedan en relación con las personas o con los bienes relacionadoscon la averiguación. Se observarán y harán constar cualesquiera datos relevantes para el ejercicio de la accióny para la formulación de conclusiones del Ministerio Público, para precisar la reparación del daño yel monto de los daños y perjuicios, así como para la individualización penal que realice el juzgador,en su caso, conforme a las estipulaciones del Código Penal. Asimismo, el Ministerio Público pondráen conocimiento del juzgador los elementos que pudieran ser tomados en cuenta para fijar lacaución correspondiente a la libertad provisional o resolver sobre la libertad bajo protesta. El Ministerio Público levantará, por duplicado, acta de todas las actuaciones que dispongao practique y dejará en el expediente constancia de los acuerdos que dicte. Se integrarán a éstelos documentos relacionados con la averiguación, y de ser posible, se llevará un control y 26.
seguimiento de todas las averiguaciones mediante sistemas de cómputo, para verificar la eficacia yla legalidad estricta de la actividad del Ministerio Público.ARTÍCULO 120.- Antes de iniciar cualquier otra diligencia, se hará saber al indiciado los hechosque se le atribuyen y la persona que se los imputa, así como el derecho que tiene de comunicarsecon quien desee, facilitándole los medios para ello, designar defensor que lo asista, declarar oabstenerse de hacerlo y obtener, en su caso, la libertad provisional. Si no se practica estanotificación, que deberá constar de manera fehaciente, serán nulas de pleno derecho lasactuaciones que se desarrollen e incurrirán en responsabilidad los funcionarios que las realicen. Si el inculpado no designa defensor o éste no se halla presente y no puede ser habido sintardanza, el Ministerio Público le nombrará uno de oficio, que entrará de inmediato al desempeñode su función, en forma tal que el inculpado cuente con defensa desde el momento en queparticipe en la primera diligencia. Serán aplicables al defensor durante la averiguación previa, en lo procedente, las reglasque rigen la actividad de éste durante el proceso.ARTÍCULO 121.- Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, cuando el Ministerio Público tengaconocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la conciliación entre el inculpado y elofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones depromover esa conciliación, en virtud de su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobreaquéllos. Si se trata de individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta losusos y costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador.ARTÍCULO 122.- El Ministerio Público cuidará que se preste al ofendido, a la víctima y alinculpado, la atención médica de urgencia que requieran con motivo de la comisión del delito, ensu caso. Para ello, el Ministerio Público solicitará la intervención de las autoridadescorrespondientes. En lo que corresponde a la asesoría jurídica del ofendido y, en su caso, de la víctima, y asu participación en la averiguación previa, se estará a lo dispuesto en los artículos 17 y 258.ARTÍCULO 123.- Compete al Ministerio Público resolver la detención del indiciado, en su caso,cuando se cumplan las condiciones previstas por el artículo 16 de la Constitución General de laRepública. Si no se satisfacen estos extremos, decretará la inmediata libertad del sujeto. Incurriráen responsabilidad si no lo hace. En la averiguación previa, el Ministerio Público otorgará al indiciado la libertad provisionalen los supuestos y con los requisitos que este Código previene para ello. Si se ejercita la acciónpenal, la libertad proseguirá y la garantía se entenderá prorrogada tácitamente mientras el juez nodecida otra cosa. El Ministerio Público hará constar los elementos considerados para fijar lanaturaleza y el monto de la garantía.ARTÍCULO 124.- Cuando un detenido o un ofendido ingresen en un establecimiento de salud, elencargado de éste deberá dar cuenta al Ministerio Público o al juez, en su caso, acerca de laevolución del tratamiento. No permitirá el egreso del detenido sin orden de autoridad competente.ARTÍCULO 125.- En la averiguación previa, el Ministerio Público recibirá las pruebas que elinculpado o su defensor aporten. Las tomará en cuenta como legalmente corresponda, razonandosu apreciación en la determinación que adopte al concluir la indagatoria. Cuando no sea posible elpleno desahogo de las pruebas de la defensa, quedará a salvo la posibilidad de que se hagan valerante la autoridad judicial.ARTÍCULO 126.- Cuando una autoridad distinta del Ministerio Público practique actuaciones deaveriguación previa en auxilio del órgano investigador, por encomienda de éste o por ministerio de Recommended
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