Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-032-17.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:46:07
Document Index: 40186535

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 24']

NORMA SOBRE PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS-Contenido/DISPOSICIONES SOBRE PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS-Prohibición general de toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia/PROHIBICION GENERAL DE TODA CLASE DE PRACTICAS, PROCEDIMIENTOS O SISTEMAS TENDIENTES A LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA-Expresión no es violatoria del principio de tipicidad, en tanto que no es indeterminada y ambigua
La Corte concluye que la prohibición demandada es exequible y que por lo mismo, no es violatoria del principio de tipicidad ni del debido proceso. Para el efecto afirma que no se estaba frente a un enunciado indeterminado y ambiguo, sino frente a una prohibición general, que forma parte del “régimen general de la competencia”, creado por el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, que es un subsistema particular, contenido dentro del sistema jurídico conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de 2011, como normas básicas. Dentro de esta comprensión, la interpretación de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, debe ser leída, interpretada y aplicada, en relación con el subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, con lo cual se satisface el parámetro de control establecido por la Corte Constitucional para esa clase de enunciados.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Finalidad de requisitos mínimos
La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-1052 de 2001 comenzó a exigir que las razones de la violación señaladas por el actor en su demanda fueran claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, so pena de proferir un fallo inhibitorio, pues “de emitir la Corte un pronunciamiento de fondo con base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por los cuales se estima la violación, se estaría dando a la acción de inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza”. En desarrollo de esto se dijo posteriormente en la Sentencia C-330 de 2016 (entre otros muchos fallos), citando la Sentencia C-1052 de 2001, que las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.
DEROGACION-Definición/DEROGACION-Clases/DEROGATORIA TACITA-Definición/DEROGATORIA EXPRESA-Definición/DEROGATORIA ORGANICA-Definición
DEROGACION EXPRESA DE NORMA-Inhibición salvo producción de efectos jurídicos
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBRE COMPETENCIA-Contenido y alcance
MERCADO-Escenario de despliegue de la libre competencia
LIBERTAD ECONOMICA-Género de los derechos económicos, que se despliega en los derechos a la libertad de empresa y libertad de competencia
La libertad de competencia acontece cuando un conjunto de empresarios o de sujetos económicos, bien se trate de personas naturales o jurídicas, dentro de un marco normativo y de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la conquista de un mercado de bienes y servicios en el que operan otros sujetos con intereses similares. Se trata propiamente de la libertad de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco de la regulación y en la ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue de la actividad económica lícita que ha sido escogida por el participante.
LIBRE COMPETENCIA-Prerrogativas que comprende
Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.
DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Núcleo esencial
MODELO DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO-Contenido/LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Concepción social del mercado/SOCIEDAD DE MERCADO-Concepto
En materia económica la Carta de 1991 adoptó el modelo de economía social de mercado. En este sentido ha dicho la Corte Constitucional, que “el Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general”. De acuerdo con lo anterior, el texto constitucional fue dispuesto para una sociedad de mercado, es decir, para un tipo de organización que desarrolla procesos ágiles de intercambio, que buscan no sólo la satisfacción de necesidades básicas, sino también la obtención de ganancia, bajo el supuesto según el cual, la actividad económica debe ser dinámica y estar en crecimiento, todo ello en un escenario (el mercado) fundado en la libertad de acción de los individuos (las libertades económicas), en el que “las leyes de producción, distribución, intercambio y consumo se sustraen a la reglamentación consiente y planificada de los individuos, cobrando vida propia”
MERCADO-Categoría dinámica/MERCADO-Límites de actuación/LIBERTAD ECONOMICA-Límites/LIBRE COMPETENCIA-Limitaciones/LIBRE COMPETENCIA-Prácticas comerciales restrictivas
“La Constitución contempla la libre competencia como un derecho. La existencia del mismo presupone la garantía de las mencionadas condiciones, no sólo en el ámbito general de las actividades de regulación atenuada, propias de la libertad económica, sino también en aquellas actividades sujetas a una regulación intensa pero en las cuales el legislador, al amparo de la Constitución, haya previsto la intervención de la empresa privada. Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el Estado, para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad económica libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de la libre competencia. Por otro lado dichas regulaciones sólo pueden limitar la libertad económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los valores superiores consagrados en la Carta.”
LIBRE COMPETENCIA-Régimen de prohibiciones especiales
COMPETENCIA DESLEAL-Contenido y alcance
PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA-Objeto
COMPETENCIA PRIVATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR CONDUCTAS VIOLATORIAS DE LIBERTAD DE COMPETENCIA-Contenido normativo
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Funciones sobre prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección de la libre competencia/SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Naturaleza jurídica
DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO-Jurisprudencia constitucional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Contenido y alcance/DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Instrumentos internacionales
DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO-Principios/PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-Jurisprudencia constitucional/DEBIDO PROCESO JUDICIAL Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Diferencia
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-Carácter flexible/TIPOS EN BLANCO O CONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS-Concepto
CONTROL CONSTITUCIONAL DE EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Jurisprudencia constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Posturas alrededor del escrutinio judicial
Este punto fue considerado recientemente en la Sentencia C-458 de 2015, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad propuesta en contra de enunciados y de expresiones individuales vertidas en leyes, relacionada con personas en condición de discapacidad. La Corte señaló que alrededor del escrutinio judicial de las expresiones existen dos posturas, ambas vigentes: i. La primera postura señala que el escrutinio judicial versa únicamente sobre el contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología en la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque en principio esta dimensión lingüística del derecho carece en si misma de relevancia normativa. ii. La segunda postura señala que en algunas oportunidades el juicio de constitucionalidad se ha extendido a la terminología legal como tal, sobre la base de que el léxico jurídico no solo tiene una función instrumental, como mecanismo para la regulación de la conducta humana, sino que tiene una función simbólica, pues los discursos jurídicos representan, reproducen, crean, definen y perpetúan.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Procedencia de escrutinio judicial de expresiones teniendo como objeto el contenido del enunciado completo y no de expresiones aisladas
La regla vigente de la Corte Constitucional respecto del carácter flexible del principio de tipicidad, como componente del principio de legalidad en derecho administrativo sancionatorio, señala que se satisfacen los requerimientos normativos de dicho principio “cuando concurren tres elementos: (i) “Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley”; (iii) “Que exista correlación entre la conducta y la sanción”. De todos modos, ha destacado la Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”.
PROHIBICIONES DE CARACTER PENAL Y ADMINISTRATIVO-Amplio margen de configuración legislativa
La Corte Constitucional ha dicho y reiterado, que el legislador tiene un amplio margen de configuración para determinar las prohibiciones de carácter penal y administrativo; que igualmente ostenta márgenes amplios de acción al momento de fijar los procedimientos, tramites y actuaciones penales y administrativas, así como para establecer el régimen de las sanciones penales y administrativas, dentro de los límites de la razonabilidad y la proporcionalidad.
INDETERMINACION DEL LENGUAJE-No es una característica del lenguaje prescriptivo o del lenguaje jurídico/INDETERMINACION DEL LENGUAJE-Clases
VAGUEDAD Y AMBIGÜEDAD DEL LENGUAJE-Distinción según la doctrina
La ambigüedad semántica ocurre en los casos en que una palabra que integra una oración tiene más de un significado. Señala Aarnio que cuando hay ambigüedad, se conocen las posibles alternativas que caben dentro de la expresión, pero no es posible identificar la que resulta adecuada. La vaguedad semántica se refiere a los términos o expresiones que tienen un significado impreciso, de modo tal que el enunciado parece confuso por la falta de significado de algunas de las palabras que lo constituyen. Aarnio caracteriza bien el asunto al señalar que “los lenguajes ordinarios y el lenguaje jurídico, en tanto parte de ellos, tienen algún grado de supra generalidad, es decir, de vaguedad e inexactitud”. Sin embargo advierte (justamente en contravía de la pretensión del demandante y de algunos de los intervinientes), que “el carácter semántico de los términos lingüísticos no es el origen adecuado ni el más profundo de las cuestiones de interpretación. En algunos casos, expresiones extremadamente generales pueden tener un contexto de significado inequívoco en virtud de las circunstancias contextuales”, agregando que la interpretación siempre está conectada con el contexto normativo, es decir, con el ordenamiento jurídico concebido como un sistema de normas, y con los valores sociales y culturales de su escenario de contexto.
DOCTRINA PROBABLE SOBRE PROTECCION DE LA COMPETENCIA-Jurisprudencia constitucional
ACTUACION ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROHIBICION GENERAL DE TODA CLASE DE PRACTICAS, PROCEDIMIENTOS O SISTEMAS TENDIENTES A LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA-Garantía del debido proceso y mecanismos de control jurídico
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Javier Cortázar Mora, interpuso acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 1 (parcial) de la Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, por considerar que violaba el artículo 29 de la Constitución, que establece el derecho fundamental al debido proceso.
Tras evaluar el escrito de corrección, la Corte Constitucional mediante Auto del 1 de julio de 2016, decidió admitir la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Javier Cortázar Mora en contra de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963, por violar el artículo 29 de la Constitución Política.
1. Carlos Andrés Perilla Castro[2]
Respecto de la violación el principio de división de poderes, sostuvo el Sr. Perilla Castro, que la separación de funciones prevista por la Constitución, prevé que sea una rama del poder público la que defina las conductas sancionables y otra la que investigue y sancione. Desde allí sostuvo que la norma demandada diluye esa distribución de tareas, pues en virtud de la indeterminación normativa del enunciado demandado, se le permite al órgano administrativo (la Superintendencia de Industria y Comercio) actuar no sólo como investigador y decisor en los casos particulares, sino además, crear la norma sancionatoria.
2. Ministerio de Industria y Turismo[4]
Diego Fernando Fonnegra Vélez en representación del Ministerio de Industria y Turismo, solicitó la declaratoria de exequibilidad del enunciado demandado.
3. Jaime Humberto Tobar Ordóñez[5]
4. Jorge Keneth Burbano Villamarín y Gustavo Alejandro Castro Escalante[7]
5. Claudia Marcela Montoya Naranjo[10]
Sugiere la ciudadana Montoya Naranjo que la interpretación que hace la SIC de la “y” del enunciado “y a mantener o determinar precios inequitativos” es inconstitucional, pues le permite a aquella entidad investigar y sancionar las prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, e investigar también las prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios inequitativos. En su opinión esa interpretación es contraria a la literalidad del texto “y no consulta su espíritu”, arrojando una hipótesis acerca de lo que supuestamente quería el legislador, pues, según dijo, “Si el legislador hubiera querido involucrar dos figuras, simplemente habría empelado la conjunción disyuntiva ‘o’, en lugar de la conjunción copulativa ‘y’”, sugiriendo incluso otra forma de redacción del enunciado.
6. Superintendencia de Industria y Comercio[14]
Neyireth Briceño Ramírez, actuando en representación de la Superintendencia de Industria y Comercio intervino dentro del proceso, con dos escritos, el primero de ellos radicado el 29 de julio de 2016 y el segundo el 1 de agosto, solicitándole a la Corte que declarara exequible el enunciado demandado. Los escritos tienen en general dos zonas estructurales.
7. Joaquín Emilio Acosta Rodríguez[17]
El ciudadano Acosta Rodríguez, obrando en calidad de profesor de la Universidad de la Sabana, intervino dentro de este proceso, mediante escrito radicado en la Corte Constitucional el 4 de agosto de 2016, solicitando que se mantenga la constitucionalidad del segmento demandado. El texto consta de tres partes, la primera de ellas destinada al examen del derecho a la libre competencia, la segunda al análisis puntual de la norma demandada y la final a la evaluación de los cargos de inconstitucionalidad.
V. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO[19]
La interviniente Montoya Naranjo le solicitó a la Corte Constitucional que profiera fallo inhibitorio, pues en su opinión, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 fue derogado por la Ley 1340 de 2009.
La Corte ha dicho igualmente, que existen tres clases de derogatoriad: la expresa, la tácita y la orgánica. Así en la referida Sentencia C-412 de 2015 dijo que se tenía “De una parte, la derogatoria expresa que se produce cuando la nueva ley formalmente suprime la ley anterior. Y, de otra, la derogatoria tácita que opera cuando una ley nueva de la misma jerarquía y materia contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la ley antigua. En esta última categorización, está contenida la derogatoria orgánica, que no es más que una especie de la tácita y se produce cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no exista incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la nueva ley”[24].
Este caso está relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que formuló el ciudadano Javier Cortázar Mora, en contra de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, contenidas en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, que establece una serie de prohibiciones tendientes a mantener la integridad del derecho constitucional a la libre competencia, así como a evitar el mantenimiento o la determinación de precios inequitativos.
Del otro lado se encuentran los intervinientes Diego Fernando Fonnegra, Keneth Burbano Arcos, la Superintendencia de Industria y Comercio y Joaquín Emilio Acosta Rodríguez, quienes sostienen que las expresiones demandadas se ajustan a la Constitución, y que se trata de un tipo en blanco o remisivo, cuyas eventuales indeterminaciones lingüísticas o normativas pueden ser satisfechas desde la integración con otras normas. Específicamente sostuvieron con relativa unanimidad, que la comprensión y aplicación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 demandado, debe ser integrada con las normas que resultan concurrentes con dos temas: la protección del derecho a la libertad de competencia, y el ejercicio de las funciones de vigilancia, control, investigación y sanción de las que es titular la Superintendencia de Industria y Comercio.
5. El derecho constitucional a la libre competencia y el mercado como escenario de despliegue de la libre competencia
5.2. La Corte ha identificado los contenidos del derecho a la libre competencia, señalando que “La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.”[27] (Resaltados dentro del texto)
6. La protección del derecho a la libre competencia en Colombia, del que hace parte el artículo 1 de la Ley 155 de 1959
El texto finaliza con el Título VI, que contiene las disposiciones finales, entre ellas el artículo 30, que concedió facultades extraordinarias al Gobierno, “para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley, adecue la estructura administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio a las nuevas responsabilidades como autoridad única de competencia”
La Superintendencia de Industria y Comercio es definida en el artículo 1 como “un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal”, al que el artículo 2 le asignó 23 funciones, las tres primeras de ellas relacionadas con la protección de la competencia, que la facultaban para Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención (Modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009); imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia; y sancionar a las empresas oficiales o privadas que presten los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado y aseo, cuando se atente contra los principios de libre competencia a solicitud de una de las Comisiones de Regulación de tales servicios, o cuando se incumplan las normas vigentes en materia tarifaria, facturación, medición, comercialización relaciones con el usuario.
7. El debido proceso en el derecho administrativo sancionatorio. Reiteración de jurisprudencia
8. Análisis del cargo de violación del debido proceso por la prohibición general de toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia
Igual señalamiento hizo el interviniente Tobar Ordóñez, quien sobre el punto dijo, que “respecto de los conceptos prácticas, procedimientos o sistemas es necesario manifestar que se trata de conceptos excesivamente amplios y ambiguos que no proporcionan ningún tipo de seguridad jurídica”[41].
Aarnio caracteriza bien el asunto al señalar que “los lenguajes ordinarios y el lenguaje jurídico, en tanto parte de ellos, tienen algún grado de suprageneralidad, es decir, de vaguedad e inexactitud”. Sin embargo advierte (justamente en contravía de la pretensión del demandante y de algunos de los intervinientes), que “el carácter semántico de los términos lingüísticos no es el origen adecuado ni el más profundo de las cuestiones de interpretación. En algunos casos, expresiones extremadamente generales pueden tener un contexto de significado inequívoco en virtud de las circunstancias contextuales”[49], agregando que la interpretación siempre está conectada con el contexto normativo, es decir, con el ordenamiento jurídico concebido como un sistema de normas, y con los valores sociales y culturales de su escenario de contexto.
En primer lugar porque no se trata de una prohibición contenida en un sintagma aislado, sino de una prohibición general, que forma parte del “régimen general de la competencia”, creado por el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, que es un subsistema particular, contenido dentro del sistema jurídico colombiano, conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de 2011, como normas básicas. Dentro de esta comprensión, la interpretación de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, debe ser leída, interpretada y aplicada, en relación con el subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009 y como lo refiere apropiadamente Aarnio al señalar, que la interpretación de las expresiones eventualmente indeterminadas, debe ser hecha en conexión al sistema o subsistema al que pertenezcan.
Aquí es necesario referir que las personas eventualmente afectadas por la autoridad de policía administrativa en los casos concretos, cuentan con tres diferentes escenarios de control jurídico, que les garantizan la defensa del derecho al debido proceso: el de los recursos y mecanismos de defensa durante el trámite de la actuación administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, constituido por las normas que integran el “régimen general de la competencia”; el de los recursos y medios de control previstos para la actuación judicial ante los órganos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, regulados por la Ley 1437 de 2011 que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que incluso prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares; y el escenario de la jurisdicción constitucional, que establece la procedencia de la acción de tutela, cuandoquiera que el derecho fundamental al debido proceso en cualquiera de sus distintas modalidades (incluyendo la violación eventual de los principios de legalidad y tipicidad), haya sido vulnerado por la Superintendencia de Industria y Comercio o por los jueces y tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
A LA SENTENCIA C-032/17
Referencia: Expediente D-11430
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, aclaro el voto consignado en la Sentencia C-032 de 2017 que declaró la exequibilidad de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, contenidas en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, como fue reformado por el artículo 1 del Decreto 3307 de 1963.
Comparto la declaratoria de exequibilidad de las referidas expresiones, en tanto no se está frente a un enunciado indeterminado y ambiguo, sino ante a una prohibición, que forma parte del “régimen general de la competencia”, creado por el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, que es un subsistema particular, contenido dentro del sistema jurídico conformado por la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el Decreto 4886 de 2011, como normas básicas. Dentro de esta comprensión, la interpretación de las expresiones “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, debe ser leída, interpretada y aplicada, en relación con el subsistema normativo al que pertenece, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, con lo cual se satisface el parámetro de control establecido por la Corte Constitucional para esa clase de enunciados.
No obstante quiero aclarar el voto en el sentido de reiterar mi desacuerdo con la afirmación según la cual, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, los principios de legalidad y tipicidad se aplican de modo menos riguroso que en materia penal. Dentro de esta perspectiva ha dicho la Corte Constitucional y reiteró en la Sentencia C-032 de 2017, cuyo voto aclaro, que
“En esa medida el principio de legalidad consagrado en la Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y la teleología de las facultades sancionatorias en estos casos hace posible también una flexibilización razonable de la descripción típica.”[54]
En sentido contrario reitero que los principios de legalidad y de tipicidad son una garantía establecida en favor de los ciudadanos, y que tienen un mismo contenido en los escenarios del derecho sancionatorio, independientemente de que se trate del derecho penal o del derecho administrativo sancionatorio. Dentro de esta comprensión, la legalidad y la tipicidad de las infracciones no son un asunto de grado, sino que corresponden al contenido de la garantía.
Esta postura ya fue expuesta por este Despacho en la Aclaración del voto a la Sentencia C-699 de 2015, en la que se señaló, que no pueden existir dos cánones de legalidad, uno flexible y otro riguroso, según la materia que se trate[55]. De este modo, la máxima del Estado de Derecho en materia sancionatoria no puede ser atenuada para unos asuntos y agravada para otros, pues ello desnaturalizaría los postulados constitucionales que protegen al ciudadano de la voluntad de quienes gobiernan. La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio del poder público y de la función pública dentro de este, está sometido a la ley vigente y no a la voluntad de las personas.
Así, no puede existir una legalidad rígida y otra flexible, según el baremo del intérprete y la materia de que se trate (penal, administrativa, civil, tributaria, etc.), pues sería tanto como determinar que el Estado de derecho tienen niveles, unos laxos y otros estrictos. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, incluyendo en ambos escenarios la garantía de acuerdo con la cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
Dentro de esta comprensión, al derecho administrativo sancionatorio le corresponderán los mismos contenidos del principio de legalidad que tradicionalmente le han sido atribuidas únicamente al derecho penal, de modo que[56]:
i. No puede considerarse como infracción el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley;
ii. No puede aplicarse sanción alguna que no esté determinada por la ley anterior e indicada en ella;
iii. El régimen de las sanciones sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; y
iv. Nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio o de un procedimiento legal con respeto de las formas propias de cada juicio o procedimiento.
Circunstancia igual que será predicable del principio de tipicidad, el que deberá operar con los mismos contenidos en el escenario del derecho penal y en el del derecho administrativo sancionatorio, entendiendo con la Corte, que “la tipicidad es un principio constitucional que hace parte del núcleo esencial del principio de legalidad”[57] y que está constituido por los siguientes elementos, señalados en la misma sentencia:
i. La conducta sancionable debe estar descrita de manera específica y precisa, bien porque está determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas;
ii. Debe existir una sanción cuyo contenido material lo define la ley; y
iii. Debe existir correspondencia entre la conducta y la sanción.
La cuestión jurídica que subyace a este razonamiento reside en que el debilitamiento del principio de legalidad en materia administrativa sancionatoria, favorece las prerrogativas o potestades de la administración sobre los ciudadanos. Esto se traduce en que el elemento central de la sanción no sea la descripción típica de la conducta sino la discrecionalidad del agente que impone la sanción. Esta concepción es ajena a la configuración de un sistema de garantías regladas para el ciudadano como el que se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1991.
Por lo demás valga reiterar, que la Carta Política de 1991 no establece graduaciones en la cualidad o carácter de lo legal, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionatorio.
[2] Folios 56 a 63
[3] Folio 58
[4] Folios 64 a 68
[5] Folios 76 a 82
[6] Folio 81A
[7] Folios 83 a 87
[8] Los intervinientes citaron la Sentencia C-135 de 2016. Folio 84
[9] Folio 86
[10] Folios 89 a 105
[12] Folio 98
[13] Folio 105
[15] Folio 118
[16] Folio 123
[17] Folios 140 a 149
[18] Folio 149
[19] Folios 155 a 159
[20] Folio 158
[21] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 3.4.2.
[22] Sentencia C-330 de 2016 M.P. María Victoria Calle Corea, consideración jurídica No. 3.2., refiriendo los contenidos de la Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] Sentencia C-412 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos, consideración jurídica No. 2.1.
[24] Sentencia C-412 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos, consideración jurídica No. 2.1.
[25] Sentencia C-419 de 2002 M.P. Margo Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3
[26] Sentencia C-978 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideraciones jurídicas Nos. 6.1 y 6.2., usando como intertextos las sentencias C-524 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-616 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[27] Sentencia C-909 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, Consideración Quinta, usando como intertextos la sentencias C-197 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, C-992 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-616 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-815 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-389 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[28] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 8
[29] Sentencia C-830 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No.3, citando la Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[31] Sentencia C-616 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, consideración jurídica No. 4.2.
[32] Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No. 4
[33] Sentencia C-319 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 9
[34] Sentencia T-103 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 3.4
[35] Sentencia C-860 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto, consideración jurídica No. 5, usando como intertexto las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-244 de 1996, C-280 de 1996, C-564 de 2000, C-099 de 2003, C-530 de 2003 y C-406 de 2004
[36] Sentencia C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 3.1.3., usando como intertexto las sentencias C-564 de 2000, C-406 de 2004, C-343 de 2006, C-1011 de 2008
[37] Sentencia C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 3.1.3., usando como precedente la Sentencia C-406 de 2004 y como intertextos las sentencias C-921 de 2001, C-099 de 2003 y C-343 de 2006
[38] Sentencia C-491 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 4.2., citando la Sentencia C-393 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[39] Sentencia C-491 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 4.2.
[40] Folio 24
[41] Folio 78
[42] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, párrafo 6
[43] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, párrafo 7
[44] Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, párrafo 7
[45] Sentencia C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 3.1.3., usando como precedente la Sentencia C-406 de 2004 y como intertextos las sentencias C-921 de 2001, C-099 de 2003 y C-343 de 2006
[46] Sentencia C -537 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, consideración jurídica No. 2.2.2.7.
[47] Folio 10 de Expediente
[48] Guastini, Ricardo. La sintaxis del derecho. Marcial Pons, Madrid, 2016 páginas 341-354; Nino, Carlos. Introducción al análisis del derecho. Ariel, Barcelona, páginas 259 – 272; Aarnio, Aulis. Lo racional como razonable. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991, páginas 157-163
[49] Aarnio, Aulis. Lo racional como razonable. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991, página158
[50] El punto resolutivo único de la Sentencia C-537 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez dispuso: “Declarar constitucional el apartado del artículo 24 de la Ley 1340 de 2009 que establece que, “Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable”, en el entendido que este solo se aplica para las actuaciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal.”
[51] Sentencia C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 3.1.3., usando como precedente la Sentencia C-406 de 2004 y como intertextos las sentencias C-921 de 2001, C-099 de 2003 y C-343 de 2006
[52] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 8
[53] Sentencia C-242 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 3.1.3., usando como precedente la Sentencia C-406 de 2004 y como intertextos las sentencias C-921 de 2001, C-099 de 2003 y C-343 de 2006
[54] Sentencia C-860 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto, consideración jurídica No. 5, usando como intertexto las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-244 de 1996, C-280 de 1996, C-564 de 2000, C-099 de 2003, C-530 de 2003 y C-406 de 2004
[55] Sentencia C-699 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos. Aclaración del voto del Magistrado Alberto Rojas Ríos a la misma decisión
[56] Sentencia C-297 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz, citando las sentencias C-820 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas y C-301 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[57] Sentencia C-297 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado, consideración jurídica No. 19