Source: http://www.seacoahuila.org.mx/cpc/planes/plan-de-trabajo-cpc-2020/
Timestamp: 2020-01-21 09:17:38
Document Index: 104914769

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 108', 'artículo 159', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 21']

Plan de Trabajo 2019-2020 del Consejo de Participación Ciudadana - Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza
Plan de Trabajo 2019-2020 del Consejo de Participación Ciudadana
Programa de Trabajo 2019-2020 Consejo de Participación Ciudadana - PDF
En el combate a la corrupción tenemos que pasar del qué a los cómos. Ya los ciudadanos tenemos claro el actual estado de cosas a todos los niveles, ya la sociedad está consciente de la importancia del tema, ahora es tiempo de afinar estrategias para revertir tendencias y para cambiar inercias, este Programa expone políticas públicas y ejes de trabajo para pasar de la teoría a la práctica, para pasar de los conceptos a los hechos.
En el CPC entendemos que quienes se percatan de los actos de corrupción, muchas veces, son los propios empleados de algún nivel de gobierno, son servidores públicos, sin embargo, no se atreven a denunciar por temor a las represalias, por eso en este Programa incluimos acciones tendientes a incentivar la denuncia y proteger a quien se atreve a denunciar, sabemos de la importancia de garantizar el anonimato y la secrecía.
También resulta estratégico que en la cultura del servicio público la honestidad y el apego a la ética sean incentivos establecidos por escrito, de manera oficial y formal, para escalar en el servicio civil de carrera. El presente documento incluye líneas de acción para premiar la integridad y la rectitud, como elementos indispensables para escalar la jerarquía del quehacer gubernamental.
En este instrumento exponemos también una serie de acciones para combatir la cultura del soborno, sabemos que en la corrupción para bailar se necesitan dos y uno de los dos regularmente proviene de la sociedad civil y en muchos de los casos de la iniciativa privada, por eso en este aspecto consolidaremos una alianza estratégica con las cámaras empresariales.
Este Programa de trabajo es producto de una construcción colectiva de quienes integramos el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, hoy lo ponemos a la consideración de la ciudadanía, entendemos que este documento solo se completa con la participación decidida de la sociedad civil, nos une un objetivo común, el combate a la corrupción.
El presente Programa de Trabajo encuentra su base, fundamento y justificación legal en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, creada para prevenir, inhibir y combatir actos de corrupción.
En este instrumento de trabajo se enuncian y se encauzan los principales objetivos del Comité Coordinador y se establecen mecanismos de vinculación con la sociedad civil, de esta manera se da cumplimiento al artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción.
Encuadramos los ejes de trabajo y las acciones a realizar en políticas públicas integrales para combatir la corrupción, así se cumple la fracción sexta del artículo 21 de la Ley y a la vez, con la presentación de este Programa de Trabajo, se actualiza la fracción segunda de este mismo artículo.
El proyecto para incentivar la denuncia y proteger el carácter anónimo de la misma agota la fracción octava y la décimo segunda del artículo 21, mientras que el proyecto para combatir los sobornos, al contemplar una vinculación directa con la iniciativa privada, cumple con la fracción décimo primera.
Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia.
Mientras que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila fue publicada en julio de 2017, es de orden público, de observancia general en el Estado, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos del estado, para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de prevenir y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como investigar la fiscalización y control de recursos públicos, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones legales aplicables.
VIII. Establecer las bases de coordinación del Sistema Estatal con el Sistema Nacional Anticorrupción;
El Comité Coordinador constituye el núcleo del SEA y como función principal, este órgano tiene que establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman parte del sistema. La trascendencia de este órgano recae en la posibilidad de encauzar las diferentes funciones de los siete miembros, para construir un verdadero sistema generador de política de Estado.
El Comité Coordinador en Coahuila está integrado por:
La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila dotaron del poder de dirigir los esfuerzos en contra de la corrupción y de liderar el sistema a los ciudadanos a través de los cinco representantes miembros del Consejo, y quien preside el Comité.
I. Elaborar su programa anual de trabajo;
II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;
III. El diseño, aprobación y promoción de la política estatal en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. Esta política deberá atender por lo menos la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público;
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
V. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;
VI. Establecer las bases para la determinación de perfiles de las áreas de riesgo de los distintos Entes Públicos;
VIII. Requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos;
IX. Establecer un Sistema Estatal de Información que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité́ Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;
X. Establecer un Sistema Estatal de Información que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas estatal de información, sin detrimento de los lineamientos que para estos efectos emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
XI. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
XII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, en los cuales se incluirá las respuestas de los Entes Públicos. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;
XIII. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y darles seguimiento, con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno;
XIV. El seguimiento y la aplicación a nivel local de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información, elaborados por el Sistema Nacional que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y,
XV. Las demás que le atribuye la ley, así como las señaladas en otras leyes y disposiciones aplicables.
En tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador;
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales anticorrupción
X. Administrar el Sistema Estatal de Información que establecerá́ el Comité Coordinador, en términos de esta ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción, y
VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional.
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila establece que el Consejo de Participación Ciudadana tiene como objetivo encauzar, en términos de esta ley, el cumplimiento de objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.
Artículo 16. El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta ley establece para ser nombrado Secretario Técnico.
Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Consejo de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Artículo 17. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva.
El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
(REFORMADO, P.O. 12DE JULIO DE 2019)
En la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se garantizará la paridad de género, por lo que deberá conformarse, en cualquier circunstancia, de tres ciudadanos de un mismo género.
Artículo 18. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:
I. El Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, residentes del estado, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:
II. Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
III. Convocará a organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia comprobada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso anterior. El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por un período de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.
(ADICIONADO, P.O. 12DE JULIO DE 2019)
La Comisión de Selección se conformará atendiendo al principio de paridad de género, por lo que cinco de sus integrantes deberán pertenecer a un mismo género.
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:
a. El método de registro y evaluación de los aspirantes;
b. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;
d. Hacer público el cronograma de audiencias;
e. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y
f. El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
Artículo 19. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Consejo de Participación Ciudadana.
De presentarse la ausencia temporal del representante, el Consejo de Participación Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses.
En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente.
(REFORMADO, P.O. 12DE ABRIL DE 2019)
Artículo 20. El Consejo de Participación Ciudadana se reunirá, en sesión ordinaria cada mes, previa convocatoria de su Presidente. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión.
Artículo 21. El Consejo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
e) Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad del estado participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;
f) Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Consejo de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
g) Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal y las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;
h) Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos;
i) Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
j) Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;
k) Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;
l) Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;
m) Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el estado;
n) Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y,
o) Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.
Artículo 22. El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones:
II. Representar a dicho Consejo ante el Comité Coordinador;
Artículo 23. El Consejo de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.
Durante los últimos cuatro años, cuando se les pregunta a los mexicanos cuál es el principal problema que tenemos como país, la segunda respuesta más frecuente que ha perdurado este tiempo es contundente: la corrupción. A pesar de la gravedad de esta percepción ciudadana, también existe otra idea creciente: parece que ahora sí el gobierno quiere resolver el problema. Esto se observa en los reportes Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad, publicado en el primer semestre de 2019 por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC y el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Mexicana.
En 2017, el 61% de los mexicanos pensaba que la corrupción había aumentado, pero este 2019, esa proporción se redujo al 44%. Es decir, cada vez menos mexicanos piensan que la corrupción va en aumento.
En congruencia con este dato, en 2017 sólo el 6% de los mexicanos consideraba que la corrupción había disminuido, pero en 2019 el 21% de los mexicanos opinaron en tal sentido, de acuerdo al Barómetro.
Pero más allá de la percepción acerca de la corrupción, la experiencia diaria de los mexicanos también respalda esta idea de mejora. En 2017 la mitad de los mexicanos encuestados (51%) reconoció haber pagado algún soborno; pero en 2019 sólo un tercio (34%) reconoció este hecho. Como dato relevante al margen, se reveló que el principal destino de estos sobornos eran para la policía, en segundo lugar los servicios de justicia y en tercero la prestación de los servicios públicos básicos.
En compañía a este optimismo, se tiene que el 52% de los mexicanos consideran que se puede disminuir la corrupción en los próximos 12 meses.
Para beneplácito del Sistema Nacional Anticorrupción, casi la mitad de los mexicanos encuestados considera que su trabajo ha sido bueno o muy bueno.
La parte negativa está en una cifra negra: el 99% de los actos de corrupción queda en la impunidad. De cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados y solo 1 tiene algún tipo de consecuencia, según Transparencia Mexicana. En tal sentido, la percepción ciudadana está en que la corrupción está fuertemente vinculada a la impunidad, y esta dupla tiene efectos sobre la economía y la justicia en la sociedad.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encontró que la gente identifica más con la corrupción a su Gobernador y a su Alcalde que al Presidente. Y eso nos conduce a lo local.
En realidad no hay estudios académicos sobre percepción de la corrupción en Coahuila. Ciertamente hay casos destacables a nivel estatal que los medios de comunicación difunden conforme ocurren hechos relevantes o sus investigaciones los llevan a obtener hallazgos de interés.
Massive Caller, la encuestadora regiomontana, realizó este año un sondeo de opinión sobre la corrupción en los estados. En la misma, los coahuilenses colocaron al estado en el tercer lugar nacional con percepción de la corrupción como el principal problema. El 26% de los coahuilenses afirmaron en dicho instrumento que el principal problema es la corrupción.
La lucha contra la corrupción sólo es eficaz cuando la ciudadanía forma parte de la estrategia. Una ciudadanía debidamente informada puede participar con mayor interés, mejor entendimiento de los problemas de corrupción y con una visión creativa fundada en los datos objetivos. En este sentido, las acciones de difusión y promoción son parte de la fórmula del éxito. Desde su integración, el CPC ha sido consciente de esta necesidad y en su agenda de trabajo se ha encargado de generar acciones para acercar la información a los ciudadanos.
Actualmente hay una plataforma de internet que consta del sitio seacoahuila.org.mx, así como cuentas institucionales del CPC activas en Facebook y Twitter (aunque también existe una inactiva en Instagram). Asimismo, se han llevado a cabo entrevistas en medios de comunicación y se puede decir que estos canales se mantienen abiertos. Otras herramientas de difusión son el boletín anticorrupción y la revista Azimut.
Los integrantes del CPC llevaron en sus primeros dos años de trabajo, una agenda con organizaciones civiles de diferentes municipios a través de reuniones de trabajo y eventos diversos orientados a difundir información de valor para la ciudadanía. Hay testigos de este trabajo de promoción en las plataformas de internet del organismo.
Este trabajo ya iniciado y con resultados positivos pero insuficientes, requiere un seguimiento durante este tercer año de gestión del CPC.
La situación actual amerita acentuar acciones de difusión y promoción con la visión de construir una sociedad más informada y participativa.
La intervención de la sociedad en la solución al problema de la corrupción en Coahuila depende de que el Sistema Estatal Anticorrupción ponga a disposición mecanismos e instrumentos que traduzcan el interés y participación ciudadana, en acciones concretas que ataquen el fenómeno de la corrupción.
¿De dónde se sujeta el ciudadano actualmente para acusar a un servidor público sin pensar en las represalias que pudiera sufrir? ¿Cómo se puede detectar un soborno si un testigo no se atreve a denunciarlo? O desde el servicio público ¿cómo generar condiciones para tener servidores públicos realmente honestos y profesionales?
En Coahuila existen mecanismos de recepción de denuncia institucionales que existen a partir de la conveniencia de las autoridades de disponer de canales de recopilación de casos. Pero no existe información que vincule las denuncias con casos de corrupción. No existe un instrumento que permita recopilar, dar seguridad y sobre todo ofrecer atención de denuncias orientadas exclusivamente a combatir la corrupción.
Existen otras posibilidades en dependencias estatales o municipales como los mecanismos de atención en redes sociales o buzón de quejas en correo electrónico, pero estos no garantizan la confidencialidad del denunciante. Ni hablar de los buzones de quejas en físico que son instrumentos obsoletos que no contribuyen a solucionar el problema.
Por otra parte, existe un instrumento de estandarización de procesos, el ISO 37001, que constituye una guía para las organizaciones gubernamentales, empresariales y civiles para dar transparencia a sus procesos y evitar los sobornos. Se le ha llamado el Sistema de Gestión Antisobornos.
Esta es una herramienta apropiada que tiene la capacidad de ofrecer una base de entendimiento y de acción del fenómeno del soborno, que el CPC (y cualquier otra organización) puede aprovechar para derivar un sistema que reduzca esta práctica de cohecho con beneficios indebidos entre las personas. Mejor aún es que este mismo sistema puede funcionar para el gobierno y para la sociedad coahuilense en sus organizaciones.
Hablando de corrupción gubernamental, es fácil atinar que este es un fenómeno provocado por servidores públicos. La corrupción puede ser un acto deliberado, deshonesto e ilegal de un funcionario de cualquier nivel. Pero otras veces los actos inconscientes, incorrectos o involuntarios, forman parte de las redes de corrupción que se han acusado en el gobierno, baste mencionar como ejemplos el robo de medicamentos o el reciente fraude en el Infonavit, donde si bien hubo servidores públicos involucrados, también los hubo aquellos que vieron pasar la corrupción por sus escritorios, a veces sin identificarla claramente o notificando a los derechohabientes de las consecuencias sin saber que eran el momento último de una cadena de hechos de corrupción.
Existe la necesidad de tener servidores públicos capaces de impedir la corrupción desde cualquier puesto público alto o básico. Capacitar a un policía sobre técnicas policiacas, a una enfermera sobre procedimientos en quirófano o a una maestra en actualidad pedagógica es importante, pero el sistema anticorrupción también debe preparar a los funcionarios para identificar posibles eventos, denunciar o derechamente impedir ser parte de la corrupción.
Cuando el gobierno capacita a sus servidores públicos se orienta a sus capacidades profesionales relacionadas con su cargo, pero no existen hasta ahora instrumentos de capacitación orientados a combatir la corrupción. Es preciso iniciar acciones en este sentido, porque los antecedentes que existen son nulos. Es tan relevante esta acción, que bien valdría legislar para integrar una política de profesionalización contra la corrupción en el servicio público en todas las entidades públicas y privadas.
En general, encontramos una suma de acciones que el CPC ha impulsado desde su creación en 2017, pero más allá de evaluar la suficiencia en el desempeño, es inobjetable que en la época y lugar en la que nos tocó vivir, la corrupción es un asunto que debe llamar nuestro interés y combatirse de manera permanente.
El presente documento tiene la virtud de esbozar con precisión cómo el CPC puede incidir de manera eficaz en la solución del problema de la corrupción, atendiendo su obligación de cumplir la ley, pero sobre todo cumplir en su vocación ciudadana con un deseo común que es generar una sociedad donde gobierno y comunidad convivan con el valor de la honestidad siempre presente.
Avanzar en la vinculación con la sociedad civil y con los servidores públicos para prevenir, inhibir, disuadir, detectar, denunciar, controlar, combatir y sancionar los actos de corrupción en Coahuila.
Crear y poner en marcha el Sistema de Gestión Antisobornos para prevenir, inhibir, disuadir y detectar posibles actos delictivos que pudieran considerarse como corrupción.
Promover y facilitar entre los servidores públicos la denuncia de actos de corrupción, generando mecanismos para garantizar el anonimato del denunciante y la debida atención de la queja.
Establecer la honestidad, la rectitud y el apego a la ética como criterios clave dentro del servicio civil de carrera para la selección, ingreso, formación, permanencia, asenso, capacitación, actualización, especialización, estímulos y reconocimientos al personal.
Optimizar los mecanismos de comunicación y vinculación con los ciudadanos, mediante para contar con una sociedad más informada, consciente y participativa.
Construir un sistema de normas que permitan delimitar, medir y evaluar, el desempeño de cada uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.
Realizar acciones tendientes a inhibir y combatir todo tipo de prácticas que pudieran considerarse como actos de corrupción tanto en el sector público como en el privado.
Desarrollar proyectos para promover y fomentar entre la sociedad coahuilense, la cultura de la honestidad, la rectitud y el apego a la ética.
Fomentar la cultura de la denuncia y garantizar la debida atención de las quejas y asegurando el anonimato del denunciante.
Mantener una vinculación permanente con la sociedad civil, mediante mecanismos efectivos de comunicación fomentando siempre la colaboración y participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción.
Fomentar el trabajo eficiente y eficaz, así como la mejora continua entre los servidores públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.
EJES PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2020
Con el Programa de Trabajo 2019- 2020 del Consejo de Participación Ciudadana se busca generar confianza ciudadana y al mismo tiempo, incidir en el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas que permitan inhibir, prevenir y sancionar delitos por hechos de corrupción, además de afianzar la coordinación y las agendas con integrantes de sociedad civil organizada en una ruta conjunta y con la experiencia que los colectivos le han venido aportando a la labor de este colegiado.
Un eje principal del despliegue de actividades que proyecta el CPC para el 2020, estará centrado en los planteamientos que deriven de la Política Estatal Anticorrupción, así como en la ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad, la protección del denunciante y el fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas y seguimiento patrimonial de las personas dedicadas al servicio público, la revisión y evaluación de la aplicación de criterios para la administración de recursos humanos y contratación de personal en el las instancias oficiales, dando seguimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Construcción del Sistema Antisobornos de Coahuila
Con apego a la NOM- ISO- 37001, de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), crear y poner en marcha el Sistema de Gestión Antisobornos de Coahuila para prevenir, inhibir, disuadir y detectar posibles actos delictivos que pudieran considerarse como corrupción.
Dar a conocer, tanto a servidores públicos como a integrantes de la iniciativa privada, los requisitos generales y alcances de la ISO-37001, así como las más recientes reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Implementar una política y un programa antisobornos en coordinación con cámaras o grupos empresariales de Coahuila.
Comunicar la política y el programa a todo el personal pertinente y responsable de contrataciones en las áreas del servicio público, así como a socios de negocios, empresas conjuntas, subcontratistas, proveedores, consultores, etc.
Integrar al CPC en una agenda coordinada con las instancias encargadas de desplegar esta política antisobornos.
Promoción y fortalecimiento de la cultura de la denuncia de actos de corrupción
A través del diseño de un protocolo de protección dirigido a las y los trabajadores sindicalizados y de confianza en las oficinas públicas estatales y municipales, los poderes, organismos autónomos y descentralizados, para garantizar la secrecía de la denuncia en casos de posibles hechos de corrupción en el sector público.
Proponer un protocolo de recepción de quejas y denuncias que llegan o son enviadas a alguno o a los cinco integrantes del colegiado y en su caso, disponer de una ruta para seguimiento de los documentos, quejas o textos que envía de manera virtual o presencial la ciudadanía
Difundir los mecanismos que contempla el Código Penal vigente en Coahuila, sobre la protección al denunciante.
Proponer que la Fiscalía Especializada a través de la Plataforma de Información presente avances del estado en que se encuentran los expedientes o denuncias que están en proceso de investigación o que fueron enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa. Así como transparentar los expedientes cuyos procedimientos administrativos han sido sancionados o cuyos procedimientos administrativos ya concluyeron en Coahuila.
Honestidad, rectitud y apego a la ética como principales valores del servicio público
Generar una agenda con integrantes del Poder Legislativo de Coahuila para explorar la propuesta de una legislación que permita garantizar la equidad y legalidad en la designación de puestos por competencia en el estado de Coahuila.
Propiciar un debate con especialistas y organizaciones de la sociedad civil sobre las ventajas y los alcances que debe considerar la iniciativa.
Promover la responsabilidad, la honradez, eficiencia, así como la eficacia en el desempeño de las funciones de cada uno de quienes integran el servicio público en la entidad y los municipios y la óptima utilización de recursos, a través de esquemas de medición y cumplimiento de objetivos y la imposición de Códigos de Ética y Honestidad.
Vinculación efectiva con la sociedad civil
Desde la Comisión Ejecutiva diseñar una ruta de trabajo que en el 2020 permita disponer de mayores mecanismos y espacios de comunicación directa entre la ciudadanía y los integrantes del Comité Coordinador, teniendo como objetivo principal la rendición de cuentas y la socialización de las actividades.
Programar actividades que permitan la divulgación de acciones desde una visión social y de avances en la consolidación del trabajo del CPC, como parte toral en el SEA. En estas acciones la propuesta incluye la visión nacional a partir de integrantes de diferentes actores nacionales involucrados en la lucha anticorrupción.
Diseñar y desplegar una agenda de trabajo con integrantes de la sociedad civil organizada y crear registro voluntario de asociaciones a fin de incentivar la integración de ciudadanos para incrementar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y la agenda del Consejo de Participación Ciudadana, tal como lo establece la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 21 de las Atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana.
Incentivar la implementación de un diplomado de tres meses, en coordinación con el SEA y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
Desempeño del Consejo de Participación Ciudadana
Realizar una propuesta que sea revisada y puesta a consideración del colegiado para que, en su caso, sea aprobada en una sesión ordinaria del CPC.
El Reglamento Interior se sugiere sea publicado en la plataforma en internet del Consejo de Participación Ciudadana.
El reglamento Interior contemplará informes semestrales de cada uno de los consejeros, cuyos contenidos y propuestas estarán abiertos a la ciudadanía.
Indicadores y metas (seguimiento)
Propuesta de medición de resultados que a través de la Comisión Ejecutiva se puedan realizar por medio de la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del SEA, con una temporalidad de corto, mediano y largo plazos.
La primera medición de los avances deberá realizarse entre los meses de mayo y julio de 2020 y los resultados deberán ser publicados en el sitio web del CPC.
La segunda fase de medición y seguimiento será hacia finales del mes de septiembre y se publicarán del mismo modo en el sitio web del Consejo de Participación Ciudadana.
En caso necesario se podría ajustar el objetivo propuesto en el este Plan de Trabajo pero se deberá justificar las razones del cambio o retraso en el cumplimiento de la meta.
Es importante aclarar que en las mediciones del avance de cumplimiento de metas del Plan de Trabajo 2020 se podrá involucrar a la sociedad civil, académicos, empresarios y especialistas en los temas.
Los resultados serán socializados en un afán de contribuir al esquema de rendición de cuentas del colegiado.