Source: https://boe.vlex.es/vid/procedimiento-representatividad-organizaciones-519006350
Timestamp: 2019-10-15 09:22:47
Document Index: 4167918

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 10', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 519006350
Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Julio de 2014
Marginal: BOE-A-2014-7286
CAPÍTULO I. La representatividad de las organizaciones agrarias - arts. 2 a 12
CAPÍTULO II. El Consejo Agrario - arts. 13 a 19
CAPÍTULO III. Infracciones y sanciones - arts. 20 a 23
CAPÍTULO IV. Consejo Agroalimentario del Estado - arts. 24 a 26
Norma citada en: 9 sentencias, 3 disposiciones normativas, un tema práctico, una resolución administrativa
El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional.
Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Organizaciones agrarias: Las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional constituidas y reconocidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que tengan entre sus fines estatutarios la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendiendo por tal las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores. Igualmente se consideran organizaciones agrarias las coaliciones de estas mismas y la integración de organizaciones en otra de ámbito nacional, aun conservando cada una de ellas su denominación originaria.
Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones de carácter general y ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.
A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito nacional mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia.
CAPÍTULO I La representatividad de las organizaciones agrarias Artículos 2 a 12
Artículo 2 Determinación de la representatividad.
La representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta entre quienes tengan la condición de electores de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará cada cinco años una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Artículo 3 Consulta.
Se efectuará en todo el territorio del Estado simultáneamente.
Se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en todo el Estado.
Artículo 4 Electores.
Tendrán derecho a participar en la consulta las personas físicas o jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 6.
Los electores podrán ejercer su derecho a participar en el proceso mediante el procedimiento que estimen más conveniente de entre los dispuestos a este fin: de modo presencial, en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, o por correo postal. Ningún elector puede participar más de una vez en una misma consulta.
Los electores que opten por ejercer el voto por correo, deberán solicitarlo a la Junta Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de la persona jurídica, por escrito, al menos, veintidós días antes de la celebración de la consulta. Para ello, el elector personalmente formalizará la solicitud en la oficina de Correos acreditando su identidad ante el empleado de la oficina. La Junta, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al peticionario por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de la consulta. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por correo certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se reciba el día anterior al de la consulta.
La participación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. en la consulta, en su calidad de operador designado para la prestación del servicio postal universal, se regulará a través del correspondiente convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el citado operador, en el que se establecerán las obligaciones de servicio público que se impongan al mismo para salvaguardar el normal desarrollo del proceso de consulta y la correspondiente compensación.
Reglamentariamente se regulará el resto de elementos relativos al voto por correo, incluyendo la forma de acreditación personal de los participantes en la consulta.
Artículo 5 Organizaciones agrarias más representativas.
Artículo 6 Censo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará el censo, para lo que atribuirá tal competencia a uno de los centros directivos del Departamento que se encargará de ello, con la denominación de Dirección del Censo. El censo incluirá a las personas físicas o jurídicas que acrediten actividad agraria y reúnan los demás requisitos dispuestos en el presente artículo.
Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas físicas que obtengan de la actividad agraria rentas en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total y las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.
El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:
Domicilio de empadronamiento.
Los datos personales del representante legal que ejercerá el derecho al voto de la sociedad.
El censo incluirá de oficio a las personas físicas que, según los datos más actualizados de los organismos citados en el apartado 2, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Estar afiliadas a la Seguridad Social y de alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria.
Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 5.000 euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
El censo incluirá a las personas jurídicas que reúnan los siguientes requisitos y soliciten su inclusión:
Ser sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria.
Acreditar una facturación mínima de 10.000 € en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.
El censo provisional elaborado de oficio se cerrará un mes antes de la fecha de publicación en el BOE de la orden de convocatoria de la consulta y se publicará en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y presentar las reclamaciones oportunas en el plazo de un mes desde su publicación. Además el censo será publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con las debidas garantías a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 10.2.
Las personas a que se refieren el párrafo segundo del apartado 4 y el apartado 5 que deseen ser inscritas en el censo, deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en el plazo máximo de un mes desde la publicación del censo provisional. En el caso del apartado 4, párrafo segundo, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe su veracidad en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa para que aquéllos se recaben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El censo definitivo se publicará a los 10 días de la fecha de inicio del proceso de consulta. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a participar en la consulta, podrán reclamar ante la Dirección del Censo, en el plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones será de cinco días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el superior jerárquico de la Dirección del Censo, cuya resolución, que se notificará en tres días, pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 7 Organizaciones agrarias candidatas.
Las organizaciones agrarias que se presenten a la consulta deberán tener ámbito nacional y cumplir los requisitos del artículo 1.
Las organizaciones agrarias que participen en la consulta, a pesar de tener ámbito nacional, se podrán presentar mediante las siglas de organizaciones de menor ámbito territorial, no inferior a la provincia, que estén integradas en ellas, siempre y cuando aparezca también el nombre completo o la sigla de la correspondiente organización profesional agraria de ámbito nacional en la que se integra.
Las organizaciones agrarias que deseen concurrir a esta consulta deberán presentar sus candidaturas en el plazo máximo de diez días desde la fecha del inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. En el plazo de siete días la Comisión Central notificará las candidaturas admitidas y las inadmitidas. Los representantes de las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de diez días desde que reciban la notificación, reclamación que será resuelta y notificada en el plazo de siete días.
La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días desde la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. La lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» ordenadas por provincias con el nombre completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios que procedan.
Artículo 8 Organización de la consulta.
El titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará, mediante orden ministerial, la consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que se celebrará a los cincuenta y siete días de la fecha de inicio de la consulta, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el anexo.
Se crea una Comisión Central y en cada Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno, una Junta Provincial encargada de la constitución y funcionamiento de las Mesas y transmisión de los resultados, formada por el personal que designe la Comisión Central.
La Comisión Central velará por el correcto desarrollo de la consulta, resolverá las reclamaciones, interpretará las normas que regulan la consulta y dictará instrucciones para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del proceso de consulta.
Las Juntas Provinciales son responsables de la coordinación del proceso de consulta en su territorio, de aplicar los criterios de la Comisión Central y de velar por el correcto funcionamiento de las Mesas.
Se constituirá al menos una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial, con un límite de máximo de 500 votantes por mesa. La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días de la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la convocatoria.
Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo. El modelo de papeleta será único, adaptado a las candidaturas provinciales y será aprobado por la Comisión Central.
El día de la consulta se constituirán las Mesas a las 8:00 horas en los lugares dispuestos para ello, levantando acta de este hecho y las circunstancias que se hayan producido. Las Mesas permanecerán abiertas desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas.
Artículo 9 Escrutinio.
La Junta Provincial entregará los votos recibidos por correo al presidente de la Mesa, que procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas, verificando antes la existencia de la certificación que debe acompañar a cada una, que el elector se halla inscrito en el censo y que no ha votado de forma presencial, en cuyo caso se anulará el voto por correo, anotándose todas estas circunstancias en acta.
Se abrirá cada urna y comenzará el escrutinio público, extrayendo una a una las papeletas y leyendo en alta voz el nombre de las candidaturas votadas. El presidente pondrá de manifiesto cada papeleta a los vocales e interventores una vez leída y preguntará si hay alguna observación o reclamación, resolviéndolas por mayoría, si las hubiera.
Hecho el recuento de votos se confrontará el número total de papeletas con el de votantes contados, se anotarán en acta los resultados, todas las incidencias y las reclamaciones sobre el escrutinio, si las hubiera.
Finalizadas estas operaciones el presidente anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de personas censadas, el número de votantes, el de papeletas válidas, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.
El presidente y todos los miembros de la Mesa firmarán el acta de la sesión que junto al acta de constitución, se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo firmado por el presidente y los Interventores. Esta documentación se entregará a continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.
El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la Comisión Central. Los representantes de las candidaturas disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las Mesas. La Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los resultados.
Artículo 10 Disposiciones generales sobre la consulta.
Las candidaturas presentadas serán publicadas en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Igualmente se publicará la ubicación de las Mesas y las localidades que agrupará cada Mesa. Las comunicaciones y las consultas se podrán realizar por medios telemáticos.
Los datos personales que figuren en el censo sólo podrán ser utilizados por los órganos previstos en esta ley y para los fines de la consulta. La publicidad se limitará a los lugares establecidos y en la forma y por el tiempo necesario para que los electores puedan comprobar y rectificar sus datos. Se facilitará copia del censo, en soporte informático, a las organizaciones agrarias admitidas como candidatas en el proceso. La información estadística será pública.
Los plazos establecidos se entenderán siempre referidos a días naturales y en todo lo no expresamente regulado en materia de procedimiento será aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11 Cesión en uso de bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.
Los bienes inmuebles gestionados por la Comisión Gestora prevista en el Real Decreto 1520/1991, de 25 de octubre, por el que se extingue la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, serán cedidos en uso a las organizaciones agrarias representativas en proporción a su representatividad mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la Abogacía del Estado, que determinará las condiciones de la cesión.
La cesión de dichos bienes inmuebles estará sujeta a término y condición. Las organizaciones cesionarias deberán destinar estos inmuebles a fines y servicios de interés general agrario. Las citadas organizaciones ostentarán el derecho de uso de los mismos y serán responsables de su gestión mientras dure el mandato, transcurrido el cual, los revertirán en el mismo estado en que fueron cedidos al objeto de proceder a una nueva distribución en los términos del apartado anterior. Igualmente, procederá la revocación de la cesión en caso de incumplimiento del fin de interés agrario, en cuyo caso se integrarán en el Patrimonio del Estado.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente velará para que se dé el correcto uso a los bienes inmuebles, para lo cual podrá requerir a los cesionarios la presentación de la documentación que se estime oportuna. Salvo autorización expresa del Ministerio, los bienes cedidos no podrán ser objeto de cesión a terceros.
Asimismo, se cederán a las Confederaciones Estatales de Cooperativas del sector agroalimentario en proporción a su representatividad los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos al momento de entrada en vigor de la presente Ley.
CAPÍTULO II El Consejo Agrario Artículos 13 a 19
Artículo 13 Creación y naturaleza del Consejo Agrario.
Las funciones del Consejo Agrario serán las siguientes:
Informar sobre los proyectos normativos del departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración y todos aquéllos cuando así lo dispongan las disposiciones legales.
Conocer e informar sobre las medidas de la Política Agrícola Común y de la política agraria que sean sometidas a su consideración.
Informar sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario y formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen necesarias en orden a la mejora de la calidad de vida del sector agrario.
Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes para mejorar las políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios y la actividad agraria.
Los informes se solicitarán por los órganos superiores y directivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o por los responsables de los organismos públicos vinculados o dependientes, y se dirigirán a la secretaría del Consejo Agrario. El plazo para emitir el informe será de quince días, que se podrá reducir a siete en caso de urgencia.
Los informes adoptados por el Consejo por propia iniciativa se remitirán al Ministro.
El Consejo Agrario se compone de diez consejeros nombrados por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta.
El Presidente del pleno del Consejo Agrario será el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que podrá ser substituido por el titular de un órgano directivo, con al menos rango de Subsecretario, del Ministerio designado por aquél.
Actuará como secretario un funcionario, con rango al menos de Subdirector General, designado por el titular del Departamento, que actuará con voz pero sin voto.
Podrán asistir al Consejo Agrario expertos en los asuntos objeto del orden del día, así como técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de otros Ministerios a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.
El mandato de los consejeros tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones agrarias podrán proponer al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la substitución de los consejeros que las representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.
El mandato de los consejeros se entenderá en funciones desde la celebración de la nueva consulta hasta el nombramiento de los nuevos consejeros, que deberá hacerse en un plazo máximo de dos meses desde el día de celebración de la consulta.
Artículo 16 Atribución de consejeros.
Las candidaturas se ordenan por el número de votos obtenidos de mayor a menor en una columna.
Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros consecutivos ordenados del uno al diez.
Se atribuye el primer consejero a la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente, hasta completar el número de consejeros establecido. En caso de empate, se asignará al que obtenga el resultado igual situado en la columna resultante de dividir entre el menor de los dos divisores el número de votos.
Artículo 17 Requisitos de los consejeros.
Las personas propuestas para ocupar los puestos de consejeros deben reunir los siguientes requisitos:
Estar inscritos en el censo como electores.
Estar afiliado a la organización proponente.
No desempeñar un cargo o puesto en las Administraciones públicas relacionado con la agricultura, ganadería o silvicultura, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.
No haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa relacionadas con ayudas públicas, medio ambiente, agricultura, ganadería o silvicultura en los últimos cuatro años, ni estar condenados por sentencia firme durante el período que dure la pena. No haber sido sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En el caso de que una organización pueda proponer varias personas para el Consejo Agrario, la relación propuesta deberá contar con un número equilibrado de varones y mujeres en la que ningún sexo podrá representar menos del treinta y tres por ciento.
Artículo 18 Organización y funcionamiento del Consejo Agrario.
El Consejo Agrario podrá actuar en pleno o a través de grupos de trabajo, de acuerdo con lo que se establezca en su reglamento de régimen interior. Se establecerá un procedimiento escrito para emitir los informes solicitados por el Ministerio.
El pleno se reunirá, previa convocatoria de su presidente, una vez cada seis meses con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. El reglamento de régimen interior determinará las condiciones de convocatoria y constitución.
El pleno quedará válidamente constituido con la presencia de seis consejeros y en todo caso, del presidente y del secretario.
El reglamento de régimen interior determinará las condiciones de suplencia en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Consejo Agrario se regirá por lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo, en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en su reglamento de régimen interior y en defecto de regulación por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 19 Escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones.
En caso de escisión de parte de una organización agraria, la organización escindida perderá la representatividad derivada de la consulta y quedará excluida del Consejo.
En caso de fusión de organizaciones, la organización resultante detentará en el Consejo Agrario la suma de los consejeros de las organizaciones fusionadas y sumará la representatividad de las preexistentes.
En caso de extinción de la organización, las restantes organizaciones acrecerán de forma proporcional en la representatividad que tengan asignada como resultado de la consulta. El reparto de asientos en el Consejo Agrario, se efectuará de nuevo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.
En caso de disolución de una coalición, las organizaciones preexistentes conservarán el grado de representatividad obtenido en la consulta, imputando a cada una de ellas el porcentaje del mismo que pactaron en sus acuerdos de asociación y, en ausencia de éstos, se imputará la representación a partes iguales entre las organizaciones resultantes. Se procederá a un nuevo reparto de asientos en el Consejo Agrario conforme a lo dispuesto en el artículo 16.
CAPÍTULO III Infracciones y sanciones Artículos 20 a 23
La Comisión Central será competente para imponer las sanciones previstas en el presente capítulo.
La Junta Provincial del lugar de comisión de la infracción será la competente para instruir el procedimiento.
Son sujetos responsables los miembros de los órganos que crea esta norma y los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas, así como sus suplentes, y las autoridades y funcionarios y cualesquiera otras personas que cometieran alguna de las conductas tipificadas en el presente capítulo.
Las infracciones reguladas en esta Ley prescribirán transcurrido un año desde el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de ilícito penal, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.
Artículo 21 Infracciones cometidas por autoridades y funcionarios, así como miembros de los órganos y mesas, y sus sanciones.
Serán castigados con multa de 1.000 a 6.000 euros los funcionarios o autoridades que, dolosamente:
Incumplan las normas para la formación, conservación y exhibición al público del censo.
Incumplan las normas de constitución de las mesas y de las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar.
No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos de la consulta en la forma y momentos previstos por esta Ley.
Serán castigados con multa de 500 a 4.000 euros los funcionarios o autoridades que, abusando de su oficio o cargo dolosamente:
Omitan o anoten de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes.
Cambien, oculten o alteren, de cualquier manera, el sobre o papeleta de la consulta que el elector entregue.
Consientan, pudiendo evitarlo, que alguien participe dos o más veces en una misma consulta o lo haga sin capacidad legal.
Impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos de la consulta.
El Presidente y los Vocales de las Mesas, así como sus respectivos suplentes, que dejaren de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandonaren sin causa legítima o incumplieren sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo serán castigados con multa de 300 a 3.000 euros.
Artículo 22 Infracciones cometidas por particulares y sus sanciones.
Serán castigados con multa de 300 a 3.000 euros:
Quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerzan contra su voluntad o descubran el secreto de voto.
Quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos de la consulta.
El particular que depositare papeleta dos o más veces en la misma consulta o que participare dolosamente sin capacidad para hacerlo será castigado con multa de 150 a 1.000 euros.
Artículo 23 Gradación de las sanciones.
CAPÍTULO IV Consejo Agroalimentario del Estado Artículos 24 a 26
Artículo 24 Naturaleza y adscripción.
Se crea el Consejo Agroalimentario del Estado como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en los aspectos relacionados con la política agraria y alimentaria.
El Consejo estará adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de su titular, como órgano consultivo y de participación de las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria.
Conocer e informar los asuntos que su Presidente someta a su consideración.
Asesorar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la definición de objetivos y políticas para el desarrollo y la mejora de la competitividad del sector agrario y alimentario. Tomar conocimiento de esos objetivos y políticas del citado Ministerio.
Ser informado del resultado de las actividades desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo que, en el ámbito del departamento, realizan su actividad sobre cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria.
Disposición adicional segunda Subvenciones vinculadas a la representatividad.
Disposición adicional tercera Simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales.
Disposición adicional cuarta Asociaciones de mujeres rurales.
Disposición adicional quinta Fecha límite de celebración de la primera consulta.
Disposición transitoria única Comité Asesor Agrario.
El Comité Asesor Agrario creado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuará existiendo, con la misma composición y las mismas funciones, hasta que se constituya el Consejo Agrario, lo que se verificará en el plazo máximo de seis meses desde que tenga lugar el escrutinio.
Hasta la proclamación de los resultados de la primera consulta que se celebre al amparo de esta ley mantendrán su condición de organizaciones profesionales agrarias más representativas aquéllas que la tuvieran reconocida al amparo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre.
Disposición final primera Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar la cadena alimentaria.
ANEXO. Cronograma de la consulta
Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la integración social ...
DECRETO 36/2005, de 5 de mayo, disponiendo la aceptación de una parcela municipal, sita en Campo las Rollas, Ribadesella, cedida por el Ayuntamiento de Ribadesella con destino a la construcción de un centro de salud.
Resolución de 7 de marzo de 1990, de La Dirección general de Politica Tecnologica, por la que se pública la Relacion de normas une aprobadas durante el mes de febrero de 1990.