Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311381.html
Timestamp: 2019-03-22 14:21:31
Document Index: 209764721

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 281', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 169', 'artículo 109', 'artículo 394', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 365', 'artículo 169', 'artículo 368', 'artículo 42', 'artículo 419']

as201311381
AUTO SUPREMO Nº. 381/2013
Sustanciado el juicio, el Tribunal de Sentencia No. 1 en lo Penal de la capital del departamento de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nro. 1/2013, leída en su integridad el día 18 de enero de 2013 (fs. 198 a 206), declarando a la procesada Gregoria Chico Aguayo, autora y culpable de la comisión de los delitos de lesiones graves, lesiones leves y denegación de auxilio, previstos y sancionados por los artículos 271 y 281 del Código Penal, condenándola a la pena de tres años y nueve meses de reclusión, a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación “San Sebastián” (mujeres) de la ciudad de Cochabamba, más costas a favor del Estado y de la víctima, absolviéndola de la comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto y sancionado por el artículo 270 incisos 1), 2) y 5) del Código Sustantivo Penal; dictando a su vez, sentencia condenatoria en contra del co-imputado Javier Kalla Copatiti, por la comisión del delito de denegación de auxilio, previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal, imponiéndole la sanción de un año de reclusión, a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación “San Sebastián” (varones) de la ciudad de Cochabamba, con costas a favor del Estado y de la víctima, absolviéndolo de los delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 270 incisos 1), 2) y 5) y 271 del Código Penal. Contra la indicada sentencia los procesados Gregoria Chico Aguayo y Javier Kalla Copatiti interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 230 a 233), resuelto mediante Auto de Vista de 26 de septiembre de 2013 (fs. 256 a 262), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso y confirmó la sentencia recurrida; ocasionando que los referidos recurrentes interpongan el recurso de casación (fs. 269 a 274), motivo de autos.
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido excepcionalmente conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 329/2013 de 18 de noviembre, a efecto de verificar la presunta existencia de defecto absoluto inconvalidable relacionado con la vulneración del derecho al debido proceso legal, respecto a la denuncia inserta en el motivo quinto del recurso de casación interpuesto por Gregoria Chico Aguayo y Javier Kalla Copatiti, que señala:
La SPI en el Auto de Vista impugnado aunque con otros argumentos omite efectuar una correcta valoración a la falta de pronunciación en la Sentencia dictada por el TS Nro. 1 con relación al perdón judicial favorable a Javier Kalla Copatiti, incurriendo en similares defectos a los contenidos en la Sentencia de 18 de enero de 2013; al epígrafe, los recurrentes sostienen que los de Alzada han incurrido en los mismos defectos contenidos en la sentencia apelada, debido a que no advirtieron el defecto absoluto inserto en la parte dispositiva de la sentencia, relativo a la falta de pronunciamiento con relación al perdón judicial, conforme lo dispone el artículo 365 en su segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal, recurriendo el Tribunal de Apelación a una inadecuada argumentación –la cual transcribe- que está al margen de la ley y de sus derechos, toda vez que el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal es claro y “el beneficio del perdón judicial no está sujeto a ningún otro requisito que no sea la imposición de la pena”, destacando que todos esos defectos aún se mantienen en el Auto de Vista recurrido, lo que vulnera el debido proceso, principio de legalidad formal y material (artículos 115, 117 y 109-II de la Constitución Política del Estado), conculcando de ese modo los artículos 124, 173, 359, 365 y 368 del Código de Procedimiento Penal, hecho que constituye defecto absoluto inserto en el artículo 169 inciso 3) del mismo Código Adjetivo, que velando por el principio de legalidad (artículo 109 parágrafo II de la Constitución Política del Estado) deben ser redimidos.
CONSIDERANDO III: (Verificación de la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales)
Asimismo, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 394, busca garantizar, en forma efectiva, el debido proceso y dentro del mismo, el derecho de impugnar y recurrir de un fallo adverso por ante Tribunal Superior, garantía fundamental consagrada en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 8, numeral 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica, y por el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que definen el debido proceso como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
Bajo ese marco normativo, se analiza la denuncia del recurrente relativa a que el Tribunal de Alzada hubiera realizado una incorrecta valoración respecto a la omisión en que incurrió el Tribunal de Sentencia al no pronunciarse respecto al perdón judicial en su favor, que por las características de la pena impuesta, le correspondería, conforme establece el segundo párrafo del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, lo que vulnera el debido proceso, principio de legalidad formal y material (artículos 115, 117 y 109-II de la Constitución Política del Estado), conculcando de ese modo los artículos 124, 173, 359, 365 y 368 del Código de Procedimiento Penal, hecho que constituye el defecto absoluto inserto en el artículo 169 inciso 3) del mismo cuerpo legal.
Ahora bien, el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal es taxativo al señalar “La jueza o el juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria concederá el perdón judicial al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años” (sic), de cuyo análisis se infiere que resulta ser una obligación impuesta por ley, que el juez o tribunal al dictar una sentencia condenatoria, conceda el perdón judicial, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el precitado artículo, cuales son, que se trate de un primer delito y que la pena privativa de libertad, no sea mayor de dos años. Sin embargo, también es claro, que el cumplimiento del primer requisito, debe ser demostrado innegablemente por el condenado, en ese entendido y de la revisión de antecedentes se evidencia que el recurrente no probó de manera idónea, el cumplimiento de ese primer requisito, es decir, que se trate de su primer delito, por medio de certificado de antecedentes penales, hecho que imposibilitó al Tribunal de Sentencia, pronunciarse sobre este beneficio. No obstante, el recurrente a momento de conocer la Sentencia y sintiéndose perjudicado por dicha resolución judicial, si bien pudo haber hecho uso de los recursos que la ley le franquea, en este caso a través de una solicitud de complementación y enmienda, adjuntando la documentación idónea (certificado de antecedentes penales), requerir la concesión del beneficio de perdón judicial, esta posibilidad queda abierta, tal como establece la parte final del Auto de Vista recurrido, “…empero ello no priva que una vez que la Sentencia cobre ejecutoria o incluso antes que se hayan presentado los requisitos exigidos por la misma norma, pueda determinarse la concesión del beneficio del Perdón Judicial que reclama…) (sic), consecuentemente, el fallo de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, no transgredió ningún derecho ni garantía constitucional, ni constituye defecto absoluto que amerite deferir favorablemente a la solicitud del recurrente, es decir, declarar la nulidad de la resolución recurrida.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gregoria Chico Aguayo y Javier Kalla Copatiti (fs. 269 a 274), impugnando el Auto de Vista emitido el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 256 a 262), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas, lesiones graves y leves y denegación de auxilio, previstos y sancionados por los artículos 270 incisos 1), 2) y 5), 271 y 281 del Código Penal.
Jorge I.Von Borries Méndez.