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Timestamp: 2019-11-12 13:36:44
Document Index: 339064547

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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 28/12/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 62
Sesión plenaria núm. 58
celebrada el martes, 28 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 11-1, de 15 de octubre de 2004. (Número de expediente 121/000011.) ... (Página 2974)
- Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. (Número de expediente 130/000010.) ... (Página 2982)
- Real Decreto-Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (Número de expediente 130/000011.) ... (Página 2982)
Enmiendas del Senado ... (Página 2974)
Proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público ... (Página 2974)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 2982)
Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo ... (Página 2982)
Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 ... (Página 2982)
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) presenta en nombre del Gobierno, para su convalidación, el Real Decreto-ley 10/2004, por el cual se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que se enmarca dentro del conjunto de medidas que el Gobierno está promoviendo en el ámbito de la previsión complementaria para que el desarrollo de la misma se realice de manera consensuada dentro del diálogo con los agentes sociales.
Asimismo presenta a la Cámara las razones para la convalidación del segundo bloque de reales decretos-leyes de modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 y el decreto de revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio de 2005.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, se aprueba por 318 votos a favor.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se aprueba por 318 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente 121/000011.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes 28 de diciembre de 2004. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. Tal y como ha sido adoptado en Junta de Portavoces, procede un turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, señor Pérez Martínez.
Señorías, debatimos hoy las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley de tasas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Nuestro grupo comparte el acuerdo general con el proyecto de ley ya manifestado en el debate anterior en esta sede parlamentaria de no aceptar la subida de los impuestos indirectos y de las tasas como mecanismos de compensación para rebajar los impuestos directos porque creemos que establece una relación no deseable y porque es un elemento de regresividad fiscal. Estamos en desacuerdo con beneficiar fiscalmente tasas con el solo y simple argumento de proteger actividades, empresas o zonas concretas de forma discriminatoria, rompiendo criterios de equidad.
Tampoco compartimos que se beneficie, como se propone en alguna de las enmiendas, a viajeros de aeropuertos concretos al margen de la finalidad de su viaje o por el simple hecho de llegar a un sitio u otro; desde criterios basados en la solidaridad, en la equidad y en la idea clara de que las tasas deben reflejar... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Pérez. Por favor, señorías, silencio. Es imposible ejercer el derecho a la palabra en esta Cámara con este alboroto.
Adelante, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar hablar flojito para no molestar a las amables charlas.
Desde esos criterios, pero compartiendo los necesarios acuerdos de insularidad, desde políticas activas dirigidas a los ciudadanos afectados por la desigualdad que genera esa insularidad y por lo tanto con políticas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado, con los que gestiona el Gobierno central pero también con los que gestionan los gobiernos autonómicos, estamos de acuerdo con tasas de carácter finalista, fundamentalmente de naturaleza medioambiental o para implementar políticas solidarias y de equilibrio. Defendemos, pues, no relacionar la ley de tasas y los Presupuestos Generales del Estado porque las tasas deben reflejar ese coste real de los servicios y no ser un mecanismo de compensación de los presupuestos. En línea con alguna enmienda del Grupo Popular, estamos de acuerdo con la transparencia, pero no solo en el caso de AENA, pues creemos que todas las empresas deben publicar los costes reales de sus servicios, y estamos también de acuerdo con la enmienda que presenta Convergència i Unió, en el sentido de bonificar las tasas a los centros públicos de educación superior. Con estas excepciones que votaríamos favorablemente, el resto de las enmiendas presentadas por los otros grupos, fundamentalmente por Coalición Canaria, por Convergència i Unió y por el Grupo Popular, parten de criterios que nuestro grupo no puede compartir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.
A continuación, por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
Señorías, es imposible que se hagan audibles los diputados intervinientes con el alboroto que tienen hoy aquí. Por favor, respetémonos.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su amabilidad, señora presidenta.
Mi grupo quiere resaltar que va a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado al artículo 8.º, sobre las tasas de aeropuertos españoles y de navegación aérea. Se trata de dos enmiendas que no fueron aceptadas en el Congreso, que mi grupo parlamentario en el Senado presentó y defendió, en relación con las cuales en la votación final la Cámara Alta se pronunció a su favor, contando también con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos. Vienen hoy aquí y nosotros queremos defenderlas por entender que se adaptan a unos parámetros justos y beneficiosos tanto para el archipiélago canario como para el balear y las ciudades de Ceuta y Melilla sobre lo que hemos considerado unas desproporcionadas tasas aeroportuarias que repercuten negativamente en los ciudadanos de estos territorios, tanto de los archipiélagos citados como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que dependen del sector del transporte aéreo. Si hoy se preguntase a los usuarios del transporte aéreo entre su territorio y las islas, como ocurre en Baleares y en Canarias, o entre las islas y la Península, igual que a los de Melilla, responderían que las tasas del proyecto son excesivas, que los billetes de avión han sido objeto de un encarecimiento indebido y que por tanto hay una restricción del tráfico normal. Tengan en cuenta, señorías, que la circunscripción de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, tiene tres islas y la de Santa Cruz de Tenerife cuatro, lo que obliga a sus ciudadanos a desplazarse entre las mismas sin salir de su provincia. Cada vez que un avión despega y aterriza genera unas tasas aeroportuarias para AENA que han tratado de corregirse con las enmiendas que vienen del Senado. Sobre este criterio, el Grupo de Coalición Canaria
adoptará el criterio de votación final, pero siempre a favor del mantenimiento y la aprobación de estas enmiendas sobre las tasas aeroportuarias, reduciéndolas en un 25 por ciento en los vuelos entre las islas y la Península y en un cien por cien en la bonificación en los vuelos interinsulares.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Azpiazu.
Muy brevemente quisiera fijar la posición de mi grupo sobre el proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. Mi grupo nada tiene que oponer a la regulación de las tasas como medio para sufragar el coste de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. Lo único que cabe objetar es que se producen incrementos desorbitados en los importes que los ciudadanos van a abonar por esta prestación. El Gobierno no debe olvidar que también a través de las tasas se incrementa la presión fiscal y que los incrementos deben limitarse al crecimiento esperado de la inflación y éste es, según los cálculos del Gobierno, el 2 por ciento.
En relación con el título II de este proyecto de ley de beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés público, cabría señalar por parte de nuestro grupo que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, regula en su artículo 27 los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público y en particular el conjunto de incentivos específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de tales acontecimientos. Asimismo, en el citado artículo se establece que dichos acontecimientos han de determinarse por ley y que ésta deberá regular al menos la duración del programa de apoyo, la creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y de las certificaciones de gastos e inversiones, así como las líneas básicas de actuaciones que se organizan en apoyo al acontecimiento y los beneficios fiscales aplicables a dichas actuaciones.
Los últimos acontecimientos han sido regulados en disposiciones adicionales de las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la llamada Ley de Acompañamiento, que se aprobaba cada año. Así se hizo el Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004; el Año Jacobeo 2004; Caravaca Jubilar 2003; Juegos del Mediterráneo: Almería 2005; IV Centenario del Quijote; Copa de América 2007, etcétera. Como puede observarse, la ley utilizada para éstos ha sido la Ley de Acompañamiento, que muchas veces se ha criticado. Ahora, al desaparecer esta ley, se ha utilizado el primer proyecto que pasaba por ahí para introducir nuevos acontecimientos, dando como resultado la unión de dos materias que poco en común tienen: tasas y acontecimientos de especial interés público. En ese proyecto de ley se modifican acontecimientos anteriores y se incorporan nuevos mediante las enmiendas presentadas por los grupos, con lo que van a conseguir una proliferación insólita de acontecimientos de excepcional interés público, lo cual no es intrínsecamente malo dado que se promoverán esos acontecimientos, pero sí quizás provoquen un cierto agotamiento de la medida. Para acabar, el proyecto modifica la Ley de Mecenazgo para establecer que podrá ser ley de presupuestos, sustituyendo a la clásica Ley de Acompañamiento, la que pueda definir estos acontecimientos. Por lo tanto, el Gobierno decide abandonar la práctica abusiva de los últimos años de estas leyes de acompañamiento y a renglón seguido va colando en las leyes de presupuestos su contenido. Hay que estar a las duras y a las maduras y si hay que tramitar un proyecto de ley para aprobar este tipo de acontecimientos se tramita. No debemos caer en la trampa de incorporar en la ley de presupuestos el contenido de las leyes de acompañamiento.
Finalmente, nuestro grupo quisiera trasladar una reflexión a este Parlamento en relación con los beneficios fiscales. Como ustedes saben, dadas las características del régimen fiscal del Concierto Económico, el otorgamiento de beneficios fiscales a empresas que apoyan determinados acontecimientos afecta también a su declaración tributaria en el País Vasco en función del volumen de negocios de las empresas beneficiarias.
Eso significa una menor recaudación para Euskadi y a pesar de ello estamos de acuerdo, no nos oponemos a su objetivo. Queremos que de manera recíproca este Gobierno no ponga impedimientos cuando medidas similares se planteen llevar a cabo en el País Vasco e incluso podría también impulsar acontecimientos excepcionales en Euskadi, que nunca lo hace y no estaría nada mal que lo hiciera en el futuro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en catalán continuando en castellano.)
Siendo esta la última intervención en el Pleno de este periodo de sesiones, quiero expresar el convencimiento de que el próximo año sea ya una realidad que nos
podamos expresar en lengua catalana, lengua hablada por los ciudadanos y ciudadanas de los països catalans.
Vamos a fijar posición respecto a las enmiendas que vienen del Senado en relación con en el proyecto de ley de modificación de tasas. Algunas de las enmiendas modifican los presupuestos aprobados la semana pasada en este Pleno, por tanto, por coherencia hemos de votar en contra. Sin embargo, quiero referirme a algunas que vienen hoy al Pleno, que consideramos de efecto nulo, pues la manera en la que llegan al Pleno cambia totalmente la opción original de las mismas. Me refiero a dos enmiendas de Convergència i Unió. La primera, relativa a la publicación de costes de los aeropuertos en función de las tasas que se ingresan por el Estado. La enmienda original pretendía establecer la relación de ingresos aeropuerto por aeropuerto, pero tal como se pretende se establece a nivel generalista de todos los aeropuertos. Por tanto, esta enmienda no tiene ningún sentido, pues para conocer los costes sería mucho más real que éstos llegasen aeropuerto por aeropuerto.
En cuanto a la segunda enmienda, sobre bonificaciones fiscales a las tasas de los centros públicos de educación superior, estamos de acuerdo con el sentido de la misma, pero en el caso de Cataluña el departamento de universidades tiene previstas estas deducciones en las tasas de educación superior en el caso de los discapacitados. Otra enmienda de Convergència i Unió afecta a la modificación de la Ley de presupuestos. Consideramos que esta enmienda no es adecuada ni es este el momento oportuno para modificarla. Además, tenemos serias dudas de que beneficie a los ciudadanos, más bien puede beneficiar a algunas empresas. En su momento, la señora Bonàs, en representación de nuestro grupo parlamentario, introdujo enmiendas para que aquellas empresas del sector de farmacia que invirtiesen en investigación tuvieran bonificaciones fiscales. Por tanto, esta enmienda de Convergència i Unió no tiene sentido ya que hace escasos días votamos la Ley de presupuestos.
En cuanto al resto de las enmiendas presentadas, nuestro voto va a ser en contra.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantiene vivas cuatro enmiendas, pues con el consenso de diferentes grupos parlamentarios en el Senado consiguió que se pudieran aprobar e incorporar al dictamen que estamos debatiendo en estos momentos. Todas ellas son importantes para nuestro grupo y afectan a diferentes sectores de la sociedad, por lo que vamos a intentar conseguir el consenso de las diferentes fuerzas parlamentarias y, en especial, la aceptación del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno.
En primer lugar, en la enmienda a la disposición adicional séptima pretendemos que se pueda eliminar la inclusión de cualesquiera otros productos sanitarios de la nueva tasa de medicamentos. En su momento fijamos nuestra posición sobre la tasa que afectaba a las industrias farmacéuticas que fabricaban productos de especialidad farmacéutica que se incorporó en los Presupuestos Generales del Estado y dijimos que la considerábamos un nuevo impuesto. Conseguimos consensuar con el Partido Socialista una rebaja sustancial de dicha tasa, pero es cierto que se incorporaban una serie de empresas que no se dedican a la fabricación de especialidades sanitarias, sino de productos sanitarios. A dichas empresas desde 1998 al 2004 se les ha mantenido una congelación de precios muy importante, no se les ha permitido incrementar los precios.
Esta enmienda afecta directamente a la cuenta de explotación de dichas compañías, ya que todas las que se dedican a la fabricación de productos sanitarios tienen unos descuentos con las diferentes comunidades autónomas que oscilan entre el 15 y el 20 por ciento. Desde nuestra perspectiva es una enmienda importante y de justicia. Nosotros estamos convencidos de que se debe a un error en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado el que las citadas compañías que se dedican a la fabricación de productos sanitarios tengan reducidas las tasas, ya que, desde nuestro punto de vista, las empresas que fabrican especialidades farmacéuticas no tienen nada que ver con las que fabrican productos sanitarios. Repito que en el Senado conseguimos el consenso de diferentes formaciones políticas y nos gustaría mucho que en este tema el Partido Socialista tenga la sensibilidad suficiente de no perjudicar a una serie de compañías que abrigan a muchísimos trabajadores, ya que dicha tasa podría perjudicar notablemente sus cuentas de explotación.
El señor Puig dice que no tiene sentido incorporar esta enmienda porque ya se debatió en los Presupuestos Generales del Estado. Pero yo le diría al señor Puig que en los Presupuestos Generales del Estado tampoco tendría que haberse creado una nueva tasa que perjudica notablemente a diferentes compañías del sector farmacéutico. La única posibilidad que teníamos de subsanar esta injusticia era aprovechar la ley de modificación de tasas y por este motivo la hemos presentado en este debate. Esta es una primera cuestión a la que damos una importancia relevante.
Tenemos otra enmienda a la disposición adicional quinta que permite la bonificación de las tasas obligatorias de los centros públicos que imparten títulos de educación superior para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Proponemos
asimismo la modificación de la Ley de régimen económico y de prestación de servicios en aeropuertos de interés general porque clarifica la inclusión de los clubes náuticos o marítimos sin ánimo de lucro en la exención de la tasa de aprovechamiento especial y en la tasa por servicios generales para actividades portuarias de interés deportivo. La última enmienda que defendemos y que vamos a votar favorablemente en este trámite es la relativa a la disposición adicional quinta y propone la publicación del coste real del servicio aplicable a cada una de las tasas aeroportuarias.
Estas son básicamente las cuatro enmiendas que nuestro grupo defiende en este trámite. Esperamos conseguir el máximo consenso posible con todas las formaciones políticas para que puedan ser aprobadas finalmente, tal y como se produjo en el debate parlamentario del Senado.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Utrera.
Señorías, en el Senado se han introducido 22 enmiendas en la Ley de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso apoya todas y cada una de las 22 enmiendas que se han incorporado en el Senado con el concurso mayoritario de los grupos que las han apoyado, al igual que el Grupo Popular también ha apoyado a otros grupos. De tal forma que tenemos la mayor parte de estas enmiendas a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, enmiendas de Coalición Canaria y cuatro enmiendas de Convergència i Unió. Tenemos dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que también apoyamos, aunque no deja de resultar paradójico que una de ellas es la corrección de errores a una enmienda que se introdujo en el Congreso porque la cuestión que se trataba, las tasas de control meteorológico, no había sido incluida originalmente en la ley.
Por tanto, incluso con esas correcciones y recorrecciones del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros apoyaremos esta enmienda.
Estamos particularmente satisfechos del estado actual de este proyecto de ley. Podría reiterar una vez más las objeciones que llevaron a nuestro grupo a presentar enmienda de totalidad, ya que algunas de esas objeciones siguen formando parte del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar; no obstante, las modificaciones introducidas a través de estas 22 enmiendas dan lugar, entendemos nosotros, a un proyecto de ley que satisface muchos de los intereses que en algunos sectores había que considerar y que el proyecto de ley original sencillamente había obviado.
Me gustaría hacer referencia a algunas de estas cuestiones principales.
En primer lugar, la reducción de las tasas aeroportuarias, tanto las de aterrizaje como las de prestación de servicios, lo cual es plenamente coherente con el estado actual del sector, plenamente coherente también con el encarecimiento de combustibles y plenamente coherente con la situación de otro sector querido de nuestra actividad económica, como es el sector turístico español. Esto también guarda relación con las dos enmiendas de Coalición Canaria que nosotros apoyamos en el Congreso, apoyamos en el Senado y que gracias a nuestra mayoría están hoy incluidas en el proyecto de ley. Hoy votaremos afirmativamente, una vez más, estas enmiendas de Coalición Canaria que lo que hacen es abaratar el coste del tráfico aeroportuario en los aeropuertos insulares.
Es también particularmente importante la reducción de tasas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dijimos y denunciamos en el trámite en el Congreso de los Diputados que el presente proyecto de ley incluía un aumento desorbitado de tasas, que tendrían además un pesado efecto negativo para la investigación en uno de los sectores punteros de nuestra actividad de I+D, y que consecuentemente esas tasas tenían que ser reducidas y reconducidas a un estatus normal. Pues bien, de acuerdo con el proyecto de ley, después de la incorporación de las enmiendas del Senado, estas tasas tienen un crecimiento -crecimiento en línea con la previsión de inflación- del 2 por ciento, que entendemos que es un crecimiento más que razonable para el próximo ejercicio.
Es importante la modificación que se ha introducido con este proyecto de ley en la Ley General de Telecomunicaciones mediante la práctica supresión, la eliminación o por lo menos la creación de un ámbito de ambigüedad amplísimo en cuanto a las reducciones de la tasa de control de espectro radioeléctrico, la reducción del 75 por ciento establecida en la Ley General de Telecomunicaciones. Vuelve a su estado original y, por tanto, entendemos que esta es una modificación importante para el desarrollo de la telefonía móvil en España, que nosotros apoyamos y sobre la cual llamamos su atención.
Me gustaría referirme a dos cuestiones que están íntimamente vinculadas a la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. La primera es la supresión... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio, se lo ruego.
El señor UTRERA MORA: La primera es la supresión de la disposición por la que la Ley de tasas permite que cada año se modifique por ley de presupuestos la cuantía de las tasas; no tanto su actualización, sino la modificación de los elementos que configuran la cuantía
de las tasas. Creo que el celo que el Grupo Parlamentario Popular, bajo la denominación de transparencia, ha puesto en la eliminación de la ley de acompañamiento debe de mantenerse y, en la cuestión de las tasas, debe de practicarse mediante ley separada, no dentro de la ley de presupuestos de cada año, cualquier modificación que altere la cuantía de las tasas.
Por último, quiero señalar que para nosotros una de las más graves medidas introducidas en la Ley de Presupuestos para el año 2005, como es el rappel sobre ventas en la industria farmacéutica, la disposición adicional cuadragésimo octava, tiene graves problemas de constitucionalidad por cuanto crea un tributo que no está previsto. Mejor dicho, en la Constitución española expresamente se indica que la ley de presupuestos no puede crear tributos mediante esta ley, la Ley de tasas, y concretamente en las enmiendas del Senado se propone la eliminación de esa disposición adicional. La Ley de tasas no solamente se ha mejorado en el trámite del Senado, sino que también hemos contribuido a mejorar la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2005 y para sucesivos ejercicios desde el momento en que no pueden modificarse las cuantías de las tasas a voluntad mediante las leyes anuales de presupuestos. Por tanto, reitero nuestro apoyo a todas y cada una de las enmiendas incorporadas en el Senado a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Utrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, vienen hoy a conocimiento de esta Cámara las enmiendas introducidas por el Senado en la Ley de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos excepcionales. Querría empezar mi exposición por explicar un poco, como ya se hizo en su momento en la Comisión, cómo debe fijarse la cuantía de las tasas. Saben que, además de importante, lo justo es que, salvo casos muy justificados, las tasas cubran el coste de los servicios o actividades prestados a las personas que los demandan, porque si existen actividades o servicios que se prestan solamente a una parte de la población y su coste no se cubre enteramente con la tasa, el déficit se tendrá que cubrir con impuestos que son satisfechos por la totalidad de la ciudadanía, incluso por las personas más necesitadas. Mi grupo cree que este es un tema importante. Antes de admitir que las tasas no cubran los costes de los servicios, se debe tener en cuenta quiénes son las personas a las que se prestan esos servicios, porque si estas personas en media gozan de niveles de renta más elevados que los que gozan también en media quienes pagan los impuestos, que como he dicho es toda la ciudadanía, se está produciendo una injusta transferencia de renta desde personas que con una parte de sus impuestos están contribuyendo a cubrir el déficit de unos servicios que su capacidad económica no les permite disfrutar a otras personas que pueden disfrutar de tales servicios porque disponen de una mayor capacidad económica.
Paso seguidamente a exponer la posición de mi grupo respecto a las enmiendas introducidas por el Senado. Al preámbulo, respecto a la enmienda de supresión de los párrafos duodécimo y decimotercero del preámbulo, hay que decir que la misma iba ligada a una enmienda de supresión del artículo 8 que finalmente fue retirada, por lo que dicha enmienda ha quedado carente de sentido y la votaremos en contra. Respecto a las restantes enmiendas de modificación o de supresión de párrafos del título II del preámbulo, las votaremos en contra en coherencia con nuestra posición respecto a las enmiendas al articulado. En cuanto al articulado, en la enmienda al artículo 3, apartado 2 se ignora que aunque sube la tasa de acreditación catastral se suprime, sin embargo, la tasa de inscripción catastral. El resultado final es que la subida acumulada en el período 1997 a 2005 es de solo un 12 por ciento, sensiblemente menor al incremento que han tenido los costes de personal en ese tiempo y que son la clave para la determinación de cuál debe ser la tasa del catastro. Consecuentemente, mi grupo va a votar en contra de esta enmienda. Respecto a la enmienda al artículo 4.5, relativo a la cuantía de las tasas por expedición de los certificados de seguridad radioeléctrica, la memoria económica justifica las cuantías que se proponen y no se justifica que no se cubra el costa del servicio, por lo que votaremos en contra.
Respecto a las enmiendas a los apartados 1 y 3 del artículo 8, relativas a la cuantía de las tasas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, hay que resaltar lo que antes se decía. Los usuarios del transporte aéreo obtienen un beneficio adicional debido a que la tasa que pagan no llega a cubrir el coste del servicio, por lo que se produce una transferencia de renta hacia los mismos de la generalidad de los contribuyentes, y hay que preguntarse: ¿tiene sentido que el déficit no cubierto por las tasas aeroportuarias se tenga que financiar también en parte con el 4 por ciento que incluso las familias más necesitadas pagan por los alimentos de primera necesidad? Evidentemente, no.
Por otro lado, AENA tiene un marcado déficit. En el caso de las tasas de aproximación, aun con las actualizaciones de tarifas que propone el proyecto de ley, el déficit ascendería a 90,19 millones de euros, y en la tasa de aterrizaje, aun con la subida del 3 por ciento, el déficit ascendería a 193,96 millones de euros. No parece que pueda tener ningún sentido que se pretenda aumentar este déficit cuando además las tasas aeroportuarias que se exigen en España son sensiblemente inferiores a las que se exigen, por ejemplo, en Europa por unos servicios similares, en algunos casos hasta un
70 por ciento menos. ¿No es hasta cierto punto cínico, políticamente hablando, que quienes han promovido en el Senado una enmienda para reducir el incremento de las tasas aeroportuarias, incluso por debajo del IPC previsto, hayan impuesto una subida del transporte público en el área metropolitana de Madrid del 8,4 por ciento? Nuestro grupo votará en contra de esta enmienda.
Respecto a las enmiendas de adición de los apartados 4 y 5 del artículo 8 introducidas en el Senado por el cambio del sentido de voto del Partido Popular, evidencian un problema de fondo en relación con los residentes en las islas y en Melilla que, sin embargo, no debe resolverse mediante una reducción de las tasas, porque las reducciones de las tasas por imperativo legal tienen que aplicarse a la totalidad de los usuarios; es decir, cualquier usuario que pretenda ir de Madrid a Canarias, de Madrid a Baleares o de Madrid a Melilla, sea o no residente en el lugar de destino, tendría derecho a esa reducción, lo que tiene escaso sentido.
Creemos que utilizar un mecanismo de reducción general para compensar un problema particular no es el camino. El camino debería ser, como ya se ha planteado en una proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso, mediante compensaciones de otro tipo a favor de los residentes en estos territorios, pero en ningún caso con una reducción general de las tasas aeroportuarias por razón del origen o del destino del vuelo. Nuestro grupo también votará en contra de esta enmienda e invita al Partido Popular a volver a la posición originaria.
En cuanto a la enmienda al artículo 9, de la cuantía de las tasas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, hay que decir que de la memoria económica que acompaña al proyecto se deduce que las cuantías que se proponen son las adecuadas para cubrir los costes de prestación del servicio, por lo que votaremos en contra.
Respecto al artículo 10.2, letra c), la enmienda que introduce el Senado significa que 1,26 hectáreas de cultivo pagarán como dos hectáreas y no como 1,26 hectáreas, que es como pagan en la actualidad, por lo que votaremos en contra. Votaremos a favor de la enmienda al artículo 10.2, letra d), con la corrección técnica de hacer la referencia al artículo 10.2 de la Ley 43/2002 en lugar de al artículo 10.1.
En cuanto a la enmienda de supresión del artículo 11.1, relativo a las tasas por reserva de dominio público radioeléctrico, no existe razón para no permitir que este parámetro se determine en la ley de presupuestos de cada año, por lo que votaremos en contra.
Respecto al artículo 12.5, votaremos a favor, y votaremos a favor de las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 13. Respecto a la enmienda de adición de un nuevo artículo 13 bis introducido en el Senado por el cambio del sentido del voto del Partido Popular, que pretende eximir de determinadas tasas portuarias a los clubes náuticos o marítimos sin ánimo de lucro, hay que señalar que se pide una exención con carácter general de los clubes náuticos o marítimos en vez de la situación actual, que permite una apreciación de la autoridad aeroportuaria, por lo que votaremos en contra, e invitamos al Partido Popular a que vote en contra, como ya lo hizo en este Congreso.
En lo que se refiere a la enmienda de supresión del artículo 14, de modificación del artículo 19 de la Ley de tasas y precios públicos, para permitir que en lo sucesivo la cuantía de las tasas se pueda modificar en la ley de presupuestos, sorprende que se mantenga que se infringe el artículo 134.7 de la Constitución, que exige, para que la ley de presupuestos pueda introducir modificaciones tributarias, que estén amparadas por una ley sustantiva. ¿Y qué es esto, sino una ley sustantiva? Consecuentemente votaremos en contra de la enmienda.
Votaremos en contra de la enmienda a la disposición adicional primera, porque no parece que sea muy lógico que se pretenda reducir al 30 por ciento, como máximo, la cantidad de la tasa de seguridad que debe ingresarse en el Tesoro, cuando en el momento actual el cien por cien de la tasa de seguridad se ingresa en el Tesoro y el proyecto de ley marca como un índice a tener en cuenta el 50 por ciento del presupuesto o el porcentaje que se fija en la ley de presupuestos. Respecto a las enmiendas de adición de una nueva disposición adicional cuarta y séptima, que son contradictorias entre sí porque la cuarta prevé la supresión y la séptima la modificación, tenemos que decir que este tema ya fue debatido en esta Cámara con ocasión de la discusión de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y no es este el momento para repetir tal debate. Los argumentos de uno y de otro son sobradamente conocidos, pero no parece parlamentariamente admisible que, con motivo de esta ley, se pretenda eliminar lo que es el trámite especial que conlleva en sí mismo la aprobación de las leyes de presupuestos. Votaremos a favor de la enmienda de adición de una nueva disposición adicional quinta. Respecto a la enmienda de adición de una nueva disposición adicional sexta, que pretende imponer a AENA la publicación anual del coste real de los servicios prestados en los aeropuertos, tal y como ha quedado transaccionada en el Senado, la votaremos a favor.
Muchas gracias, señoras diputados, señores diputados. (Aplausos.)
Entiendo que los señores portavoces disponen del guión relativo a las votaciones.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor presidente, acabamos de recibir el guión de la ordenación de las votaciones. Le pedimos un minuto, porque además está mal ordenado. ¿Nos deja un minuto simplemente para poder ordenar la votación?
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar siguiendo el orden de votación que ha sido distribuido por los servicios de la Cámara, que estaba bien teniendo en cuenta que se trata de enmiendas del Senado y, en consecuencia, no se votan como enmiendas que pertenecen a tal grupo o a tal otro, sino como enmiendas del Senado.
Votación de las enmiendas que afectan al artículo 12.5 y al artículo 13.4.
Enmiendas que afectan a la exposición de motivos, artículo 3.2, artículo 4.5, artículo 8 apartados 1 y 3, artículo 9, artículo 10.2.c).
Comienza la votación. (La señora Sánchez Díaz pide la palabra.)
¿Señora Sánchez?
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor presidente, hemos pedido votación separada del artículo 10.2.d).
El señor PRESIDENTE: Es la votación que voy a proponer a continuación. Si estamos siguiendo el mismo orden, es justamente la votación que voy a proponer a continuación.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: ¿Letra c) o letra d)? ¿Puede aclararlo?
El señor PRESIDENTE: Existe, efectivamente, una votación separada, que es la que voy a proponer a continuación, que es la relativa a la letra d).
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Nosotros hemos pedido votación separada de la letra c). ¿Se va a votar la letra c) o la letra d), simplemente queremos saber eso, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Este tipo de votaciones es complicado y probablemente esto nos tiene que hacer reflexionar acerca del futuro; es un tipo de decisión parlamentaria necesario, pero de difícil comprensión. Digo esto para favorecer el trabajo de los servicios.
Respecto al bloque de votaciones número 2 -y entiendo que todos los portavoces tienen el mismo guión que el presidente-, el Grupo Socialista pide votación separada del artículo 10.2.c). ¿Es así?
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido votación separada de la letra d), de Dinamarca.
El señor PRESIDENTE: Hace unos minutos le he dicho que, siguiendo el guión, es la que viene a continuación. Estamos diciendo lo mismo; era ocioso este debate.
Continuamos las votaciones siguiendo el guión previsto, que está bien hecho.
Enmienda que afecta al artículo 10.2.d).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 326; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 10, apartado 2, letra d), para que no haya ningún tipo de dificultad.
A continuación, volvemos a lo anterior, que estaba bien precisado cuando se presentó el voto a la Cámara.
Votamos las enmiendas que afectan a la exposición de motivos; artículo 3, apartado 2; artículo 4, apartado 5; artículo 8, apartados 1 y 3; artículo 9 y artículo 10, apartado 2, letra c), como se dijo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 173; abstenciones, dos.
Continuamos. Votación de las enmiendas que afectan a los artículos 11 y 14 y a las disposiciones adicionales primera y cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 153; en contra, 173; abstenciones, una.
Votación de las enmiendas que afectan al artículo 8, apartado 4, y al artículo 8, apartado 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 152; en contra, 174; abstenciones, una.
Votación de la enmienda que afecta al artículo 13 bis.
Votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional quinta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 172; abstenciones, cinco.
Votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional sexta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 316; abstenciones, 11.
Finalmente, votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional séptima.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 147; en contra, 175; abstenciones, una.
- REAL DECRETO-LEY 10/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE ADAPTACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000010.)
- REAL DECRETO-LEY 11/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA, EN MATERIA DE PENSIONES PÚBLICAS, LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005. (Número de expediente 130/000011.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas las votaciones, continuamos con el orden del día que, por decisión de Junta de Portavoces, cuyos puntos se van a tratar acumuladamente y tienen que ver con el Real Decreto-ley de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones y Real Decreto-ley de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
A continuación, se expondrán, por parte de un miembro del Gobierno, las razones que han obligado a la promulgación de los dos reales decretos-ley.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidente.
Señorías, presento para su convalidación el Real Decreto-ley 10/2004, por el cual se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. La aprobación de este decreto-ley se enmarca dentro del conjunto de medidas que el Gobierno está promoviendo en el ámbito de la previsión complementaria para que el desarrollo de la misma se realice de manera consensuada dentro del diálogo con los agentes sociales. En este sentido, junto con la medida propuesta en el presente real decreto-ley, se ha introducido una enmienda en el proyecto de ley de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, por la cual se incluye una disposición adicional tercera que amplía también y durante el mismo periodo el plazo de adaptación de los llamados premios de jubilación. En ambos casos el plazo finalizaba el 31 de diciembre y ha sido ampliado un año más, hasta el 31 de diciembre del 2005. La finalidad fundamental de estas medidas radica en la conveniencia de desarrollar de manera equilibrada los instrumentos de previsión complementaria en el seno de las empresas bajo el fruto del diálogo entre los agentes sociales. Por ello, próximos a finalizar ambos plazos, se amplían para permitir la profundización de ese diálogo y eliminar la influencia que el cumplimiento de tales plazos pudiera acarrear. En este sentido, dentro del marco de la Mesa de Seguridad Social y como parte del diálogo social, se ha constituido un grupo de trabajo sobre sistemas complementarios para avanzar en su desarrollo orientado por el Pacto de Toledo y las conclusiones de la Comisión parlamentaria encargada de su seguimiento. Consideramos que esta es la vía idónea para avanzar en ese desarrollo de sistemas que son fruto de pactos de empresa y en definitiva del diálogo social.
Centrándonos en el contenido concreto del real decreto-ley, hemos de retomar, aunque sea de modo sucinto, la evolución normativa en la materia para comprender la necesidad de la misma en el momento presente. La originaria Ley de planes y fondos de pensiones exigía la mayoría absoluta de representación de los
partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones frente a la representación del promotor. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, modificó el artículo 7.3 de dicha Ley de planes y fondos de pensiones, estableciendo con carácter general el sistema de representación paritaria del promotor o promotores en las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. Dicha Ley 24/2001 concedió un plazo que acababa el 31 de diciembre de 2004 para que los planes de empleo existentes a 1 de enero de 2002 adaptasen sus comisiones de control a lo previsto en el citado artículo 7.3 mediante acuerdo colectivo. A partir del 1 de enero de 2005, de no haberse adoptado tal acuerdo, se aplicaría directamente el sistema general de representación paritaria.
Por otro lado, el nuevo reglamento de planes y fondos de pensiones desarrolla esta normativa sobre la composición de las comisiones de control en este tipo de planes desarrollando las excepciones al criterio general de la paridad permitidas en la norma. En concreto se señala que se puede adoptar una composición diferente de la paritaria siempre que así sea establecida mediante acuerdo de negociación colectiva. Esta nueva circunstancia abre la posibilidad de establecer una comisión de control con mayoría de la representación de los trabajadores o de la empresa, siempre que así se pacte en la negociación colectiva. Una vez más el desarrollo de la figura pasa por la introducción de flexibilidades basadas en la existencia de un acuerdo entre las partes.
La normativa de 2001 establecía un periodo transitorio de adaptación próximo a finalizar, en el cual los planes de empleo formalizados antes del 1 de enero de 2002 deberían fijar la composición y el régimen de acuerdo de sus comisiones de control mediante acuerdo expreso de negociación colectiva. A falta de tal acuerdo, a partir del 1 de enero de 2005 se aplicará directamente el criterio general de composición paritaria, lo que podría generar conflictos de intereses entre las partes que no hayan podido impulsar a tiempo el proceso de negociación. La automaticidad del criterio general podría introducir inseguridad jurídica respecto de las actuaciones de dicho órgano, con riesgo de bloqueo de su funcionamiento, lo cual podría perjudicar los intereses de los partícipes y beneficiarios, que son los sujetos realmente protagonistas de estos instrumentos. Por otro lado, la existencia de nuevas posibilidades lleva a la necesidad de replantear las posturas de cara al acuerdo de negociación colectiva, que debería adoptarse para llevar a cabo la adaptación legal de estas comisiones de control. Esta circunstancia, junto con la situación real derivada de la vigencia, en muchos casos plurianual, de los acuerdos colectivos, lleva a la necesidad de dar el tiempo suficiente a las partes para que puedan afrontar esas negociaciones sin la presión del cumplimiento del plazo.
Dada la naturaleza de los plazos aludidos se hace necesario que la modificación legal de los mismos entre en vigor con antelación a la finalización de los anteriores, de manera que estos puedan ser prorrogados, sin generar la incertidumbre de un periodo en el que no estuviera vigente esa posibilidad transitoria de adaptación. Por un lado, la ampliación del plazo referido a los premios de jubilación se ha introducido mediante la correspondiente enmienda en la recién aprobada Ley de Modificación de Tasas, y próxima la finalización de los plazos y ante la ausencia de otro vehículo legislativo que garantice la entrada en vigor de la norma con antelación al 1 de enero de 2005, se hace necesaria la aprobación de la norma mediante un real decreto-ley que establezca la adecuada seguridad jurídica al proceso de negociación aludido.
Paso, señorías, a presentar las razones para la convalidación del segundo bloque de reales decretos-ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 y el Decreto de revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio de 2005.
Como saben, señorías, el pasado jueves 23 de diciembre el Gobierno aprobó dos reales decretos: el Real Decreto-ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en materia de pensiones públicas y el Real Decreto-ley sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, para los que les pido a todos ustedes encarecidamente el voto a favor de su convalidación. Estos instrumentos, como ustedes saben, cumpliendo un compromiso del Gobierno para con todos los pensionistas, al tiempo que mejoran su calidad de vida nos permiten converger con la Unión Europea en estándares de bienestar social. En este sentido, quiero mostrar mi satisfacción por la participación y el diálogo mantenido con los grupos políticos y con los agentes sociales, que han hecho posible traer hoy aquí estas normas, cumpliendo los preceptos establecidos en los artículos 41 y 45 de nuestra Constitución, respecto a la seguridad, a la asistencia y a las prestaciones sociales para todos los ciudadanos, así como la suficiencia económica de las personas mayores resultante de sus pensiones y de su actualización periódica, lo cual incide de lleno en el desarrollo integral de la dignidad de las personas. Un diálogo y una resultante que tienen su origen en el compromiso ciudadano del 14 de marzo y en el discurso de investidura del presidente del Gobierno en los cuales, entre otras cosas, se hacía un especial hincapié en la idea de los espacios públicos de participación como base de legitimidad a través de los instrumentos que procura el consenso. En materia de pensiones, señorías, se afirmaba la necesidad de mejorar las pensiones mínimas con subidas superiores al índice de precios al consumo, también la propuesta de subidas de las pensiones de viudedad en el marco de una reforma global de esta cobertura adaptada a las situaciones derivadas de las nuevas formas familiares, así como la
compatibilización del SOVI. Tal y como se afirma, señorías, en la Declaración del diálogo social firmada el 8 de julio pasado, la situación financiera de la Seguridad Social se ha visto favorecida tanto por el incremento de la actividad económica y la incorporación creciente de las mujeres españolas a la población activa ocupada como por la incorporación de más de un millón de inmigrantes cotizantes, así como por el efecto demográfico derivado del menor número de jubilaciones de personas procedentes de las generaciones de la Guerra Civil y de la postguerra.
Esta situación, el compromiso contenido en el Pacto de Toledo garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo, el desarrollo de los compromisos asumidos con los ciudadanos el pasado 14 de marzo y la imposibilidad de incorporar la evolución del IPC entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004 para establecer las previsiones de incremento como consecuencia del veto aprobado por el Senado en la sesión del pasado 13 de diciembre han hecho obligatorio que hoy se presente en esta sesión la propuesta de convalidación que hará posible no solo la revalorización de las pensiones para el año 2005 sino el abono de una paga única que absorba la diferencia de precios interanual. Tal y como se dice en su preámbulo, de no hacerlo, si no aprobáramos este decreto-ley, señorías, si ustedes no lo convalidaran hoy -estoy seguro de que lo van a convalidar-, se originaría un grave quebranto a los pensionistas españoles, contradictorio con el compromiso del Gobierno de España de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la elevación paulatina de la cuantía de las pensiones más bajas. Las compensaciones que estamos poniendo sobre la mesa derivadas de la modificación de los presupuestos generales del Estado para 2005 benefician a más de 8 millones de pensionistas con prestaciones contributivas y a medio millón con pensiones no contributivas, con un coste de 1.873 millones de euros.
Esta cantidad se abonará en dos partes, la que compensa la pérdida del poder de compra del año 2004, en el mes de enero de 2005 y la que absorbe los atrasos producidos se hará en la nómina del año 2005. Respecto a la primera, en forma de paga única, quisiera informarles que para una pensión media la desviación del poder adquisitivo equivale a una paga de 134,51 euros. El pacto entre generaciones, señorías, que supone el sistema público de pensiones y su desarrollo a partir del Real Decreto sobre revalorización de las pensiones para 2005 trasciende, va más allá de las garantías mínimas contempladas en la Ley de racionalización y consolidación de las pensiones de 1997, heredera de la Ley General de Seguridad Social de 1994 y ello porque nuestras pensiones más bajas no se han visto beneficiadas, no se vieron beneficiadas por el incremento de la riqueza nacional los últimos ocho años; no se vieron beneficiadas y siguen estando, por tanto, por debajo de los umbrales de necesidad compartidos por los agentes sociales, económicos y políticos, habiendo perdido equivalencia con la renta media por ocupado. Por ello durante esta legislatura vamos a garantizar a más de 3,5 millones de pensionistas con menos recursos que puedan llevar una vida digna. En el año 2005 van a tener un aumento general, para todas las pensiones, del 3,5 por ciento pero, además, para estos 3,5 millones de pensionistas la subida alcanzará hasta el 8 por ciento. Señorías, este es el modo de comprometernos con los que menos tienen, con los que más necesidades tienen.
Como ampliación a lo dicho anteriormente, para acabar quiero informarles de que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo aumentarán un 8,07 por ciento; aquellas que no tienen cónyuge a cargo aumentarán un 6,55 por ciento; las pensiones no contributivas y las del SOVI aumentarán un 4,5 por ciento; todas las pensiones de viudedad, señorías, especialmente las pensiones mínimas, aumentarán un 6,55 por ciento y, por primera vez, se reconocerá a los pensionistas de incapacidad permanente total que tienen entre 60 y 64 años de edad la garantía de pensión mínima, una mejora que beneficiará a 41.000 pensionistas. Por último, el Real Decreto-ley de revalorización actualiza el límite de ingresos compatible con la condición de beneficiario de las asignaciones de hijo a cargo, así como en los supuestos de hijos discapacitados con 18 ó más años y una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El incremento de estas asignaciones equivale al 5 por ciento; los años anteriores solo fue del 2 por ciento, este año subirá un 5 por ciento.
El Gobierno ratifica así su voluntad de incrementar las pensiones mínimas un 26 por ciento antes de que acabe esta legislatura, pero no de cualquier modo, no de forma unilateral, sino a través de un proceso participativo, de permanente diálogo entre las fuerzas sociales y políticas dentro de un prudente equilibrio del sistema, así como a partir de una perspectiva amplia que evite actuaciones aisladas que pongan en peligro acuerdos y actuaciones de carácter global. Por todo ello, señorías, el Gobierno les pide su actitud favorable a la convalidación de estos dos reales decretos-leyes, cuyo fin último no es otro que el de garantizar no solo la máxima dignidad de las personas ante eventualidades de la edad o de otra índole, sino la de la apuesta definitiva de España por instalarse en el corazón de los países más avanzados respecto a la atención y la seguridad de sus miembros más vulnerables.
Para el turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila.
Intervengo para expresar nuestra posición en la convalidación de los dos reales decretos-leyes en sentido positivo, partiendo de nuestra responsabilidad con
todas y todos los pensionistas de todo el Estado español. Al mismo tiempo, aun reconociendo el incremento importante de las pensiones mínimas, según acaba de decir el señor ministro, seguimos pensando -corroborado también por lo que acaba de explicar el señor ministro- que las pensiones siguen estando en una situación que, lamentablemente, no podemos considerar que mejorarán la calidad de vida, sobre todo la de aquellas personas que están cobrando esta pensión mínima. Por otro lado, a pesar de este voto favorable por sentido de la responsabilidad, como decía antes, nosotros no podemos dejar de seguir manifestando la posición que el BNG ya ha expresado en otras ocasiones en el sentido de que es necesario que desde la Seguridad Social, desde el Gobierno se habilite algún tipo de elemento corrector que elimine las grandes diferencias que existen entre determinadas zonas o territorios del Estado, como el caso de Galicia, en cuanto a las pensiones mínimas y la media del Estado, unas diferencias considerables que pensamos que en justicia es necesario eliminar. Esta es nuestra expresión de lo que pensamos y nuestra posición de voto favorable a la convalidación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.
Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de estos dos reales decretos-leyes por las siguientes razones. En primer lugar, con respecto al Real Decreto-ley 10/2004, que viene a ampliar el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, lo hacemos en razón de que ya la Ley 24/2001 había establecido una fecha límite, el 31 de diciembre del año 2004, para adaptar estas comisiones de control. Se habían recogido tanto las disposiciones de la Ley 8/1987 respecto de la regulación de planes y fondos de pensiones como también lo que el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, estableció con respecto al sistema de paridad para habilitar la negociación colectiva.
En cuanto a las razones de urgencia que aduce el Gobierno, las vemos razonables, pues de no producirse un aplazamiento desde el 1 de enero de 2005 para que se pueda poner como límite el 31 de diciembre del próximo año 2005, nos podríamos encontrar que con un criterio general de composición paritaria esto puede dar lugar a conflictos y tensiones en las empresas entre patrocinadores y personal laboral. Por tanto, sencillamente se trata de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 para la adaptación de las comisiones de control de planes de pensiones del sistema de empleo existentes a 1 de enero del año 2002 a lo que estaba previsto en el apartado del texto refundido que he citado. Así pues, aceptamos estas razones y, como he dicho, votaremos favorablemente.
También votaremos a favor del Real Decreto-ley 11/2004, que viene a modificar en materia de pensiones públicas la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Como en razón del veto del Senado no se pudo contemplar la evolución del índice de precios al consumo entre noviembre del año 2003 y noviembre del corriente año, 2004, es preceptivo, si queremos que la Cámara cumpla el acuerdo alcanzado entre todos los grupos -el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones reflejado en el Pacto de Toledo-, que esto había que resolverlo no solamente para las pensiones del sector público, personal civil, funcionarios, militares, etcétera, sino también para el sector privado, en las pensiones contributivas y las no contributivas. Se trata de un imperativo constitucional y político de solidaridad y así evitar una situación de pobreza encubierta si no se atiende, tal y como hemos venido haciéndolo en España desde los últimos quien años, al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Por todos estos requisitos, aceptando también las razones de urgencia que he manifestado derivadas del veto del Senado y para que el 1 de enero del próximo año estemos en disposición de aplicarlo, votaremos favorablemente su convalidación, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Verde tiene la palabra el señor Herrera.
Mi grupo va a votar a favor de los reales decretos que plantea el Gobierno. Compartimos los motivos de urgencia tanto del primero como del segundo y no voy a ahondar en mi intervención en los motivos que han expuesto los anteriores portavoces, así como el mismo ministro. De hecho, en el caso del segundo real decreto, esto se deriva también del mismo Pacto de Toledo, de la misma Ley General de la Seguridad Social, yendo en algunos casos más allá de lo que exige la ley, pero en lo fundamental, en el núcleo central simplemente lo que hace es reflejar precisamente aquello que demanda la ley. Mi grupo no va a entrar en la valoración política de la cuestión, sino que simplemente estamos cumpliendo con la ley y lo que estamos intentando es acercarnos a Europa.
Lo que es importante destacar es en qué momento y por qué se tiene que recurrir al real decreto. Si realmente se tiene que recurrir es porque precisamente hoy intentan convertir al Senado -lo dije en la discusión que tuvimos en torno al veto del Senado la semana pasada- en una Cámara de bloqueo y lo que antes se
incorporaba en la tramitación de las enmiendas en el Senado hoy se tiene que incorporar mediante este real decreto. La conclusión es que tenemos que sacar algunas lecciones de lo que ha acontecido en el Senado y lo que tenemos que conseguir precisamente es que aquellos vicios del presupuesto se corrijan en su trámite parlamentario para el próximo año en el Congreso. De hecho, mi grupo parlamentario presentó algunas enmiendas que así lo corregían y nos dijeron que nos esperásemos al trámite del Senado.
Pues bien, para el próximo año tanto el Gobierno como el Grupo Socialista deberán atender con más atención aquellas enmiendas que se introduzcan en el Congreso para que no sean necesarios reales decretos como los que estamos discutiendo hoy. Simplemente con esto se evitaría el carácter de urgencia de este real decreto, claramente fundado, pero que se podría evitar en esta tramitación.
Nuestro grupo parlamentario entiende que la mayoría que hoy sustenta al Gobierno debe tomar nota de los hábitos parlamentarios, que en esta legislatura van a cambiar; los hábitos parlamentarios dan mayor protagonismo al Congreso en la tramitación de enmiendas y sitúan al Senado en Cámara de bloqueo o de intento de bloqueo en una tramitación que no es útil para mejorar los presupuestos. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente los dos reales decretos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
Nuestro grupo va a votar favorablemente los dos reales decretos que ha presentado esta mañana el señor ministro. En relación con el segundo quisiera simplemente hacerles una breve reflexión. Hoy el Gobierno nos trae a esta Cámara este real decreto con el fin de actualizar las pensiones públicas en función de la desviación habida en los precios respecto al IPC previsto, que el Gobierno año tras año lo sitúa en el 2 por ciento. Los precios han subido entre noviembre de este año y noviembre del año pasado en un 3,5, por lo que a efectos de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones hay que incrementarlas en un 1,5 puntos porcentuales adicionales. El veto aprobado en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado ha obligado al Gobierno a presentar en esta Cámara este real decreto-ley, que ha de interpretarse jurídica y políticamente como un efecto colateral de dicho veto y, por lo tanto, un toque de atención al Gobierno. No será evidentemente nuestro grupo parlamentario el que se oponga a su tramitación y aprobación, porque creemos que es urgente y absolutamente necesario que sea de aplicación a partir del próximo 1 de enero. No solo creemos que es obligado mantener el poder adquisitivo de las pensiones, sino que sería deseable que muchas de ellas se incrementaran sustancialmente.
Desde el Gobierno se nos dice que los resultados habidos en la Seguridad Social son excepcionales, que los ingresos por cotizaciones están a niveles récord y que el superávit de la Seguridad Social alcanza cotas impensables hace tan solo unos pocos años; el superávit de la Seguridad Social compensa el déficit público de las administraciones del Estado y se destina fundamentalmente a la dotación de un fondo de reserva para las pensiones. No es momento de cuestionar desde el punto de vista macroeconómico de la contabilidad pública las bondades o no de un fondo de estas características (nuestro grupo parlamentario ya se ha definido al respecto), pero sí sería conveniente reflexionar sobre el destino de tan abultado superávit. Amén de dotar razonablemente el fondo de reserva, ¿no se podría destinar un porcentaje considerable de dicho superávit a elevar las pensiones más bajas? ¿Cree alguien aquí presente que con una pensión de 524 euros, si es con cónyuge a su cargo, o con 438,71 euros al mes, sin cónyuge o en situación de viudedad, se puede sobrevivir dignamente? Menos de 15 euros al día, señorías. Creo que este dato merece una reflexión. Soy consciente de que es preciso mantener el equilibrio de las cuentas públicas, pero también que con los importes señalados no se puede mantener el equilibrio de las cuentas privadas. Tan solo quisiera invitarles a profundizar en esta reflexión y aprovechar la buena coyuntura económica para dar un impulso considerable a las personas que tienen rentas más bajas. No es un tema ni de izquierdas ni de derechas, sino de números y de dignidad humana.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: "En aquesta última intervenció de l'actual període de sessions repetim allò mateix que vam promunicar en la primera intervenció d'aquest mateix període: volem veure reconeguts els nostres drets lingüística. Esperem assolir-ho l'any 2005. Depèn també de la seva solidaritat i del seu sentit de la justicia".-El señor diputado continúa su intervención en castellano.), en esta última intervención del actual periodo de sesiones repetimos las mismas palabras que pronunciamos en la primera intervención en este mismo periodo: Queremos ver reconocidos nuestros derechos lingüísticos. Esperamos alcanzarlo en el año 2005. Depende también de su solidaridad, de su sentido de la justicia y sobre todo de su voluntad política.
Es de ustedes conocida la argumentación con la cual nuestro grupo parlamentario ha postulado su compromiso de apoyo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, cuyo contenido fue negociado previamente por parte del Gobierno con los grupos parlamentarios que comprometieron el voto favorable. Es por ello que, como no podía ser de otra forma, vamos a apoyar la convalidación de los dos reales decretos, por el primero de los cuales se modifica la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de pensiones, con la finalidad de poder llevar a cabo su actualización, actualización sin la cual aquellos ciudadanos y ciudadanas que deben recibirlas verían mermados sus derechos como pensionistas de clases pasivas y de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva, en la medida en que no se les garantizaría el mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de sus pensiones. Una vez fijadas las posiciones políticas de cada uno de los grupos parlamentarios en esta misma Cámara durante el debate de los presupuestos y una vez planteados por las mismas fuerzas políticas que en aquella ocasión mostraron de nuevo su desacuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno mediante la presentación del veto en la Cámara Alta, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entiende que nos hallamos ante un problema estrictamente técnico, que es el que hoy nos ocupa; aun así, nuestro grupo entiende que el veto del Senado no ha permitido introducir algunas enmiendas que sin duda hubieran mejorado si cabe los presupuestos salidos del Congreso, y lo afirmamos como representantes de parte de la ciudadanía catalana al entender que algunas enmiendas de Entesa Catalana, así como otras que se hubieran transaccionado con Convergència i Unió (por ejemplo las obras de remodelación del Palau de la Música Catalana u otras enmiendas relativas a las aportaciones económicas del Estado al Institut d'Estudis Catalans o al Institut Ramon Llull), sin duda hubieran llegado a buen puerto y hoy podríamos sentirnos aun más satisfechos de las cuentas del Estado del próximo año en cuanto a las aportaciones del Estado a las instituciones culturales catalanas. Lamentamos que el Grupo de Convergència i Unió se dejara arrastrar por el hooliganismo antisocialista del Partido Popular.
Dicho esto, repetimos que hoy nos ocupa un hecho estrictamente técnico: resolver el impedimento que significó la presentación del veto; un hecho -repetimos- estrictamente técnico, puesto que conllevó el impedimento de contemplar a manera de enmienda la evolución del IPC entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004, como en otras ocasiones. Por todo ello, nuestra posición ahora y aquí responde solo a posibilitar la viabilidad de una actuación, la revalorización anual en función de la evolución del índice de precios al consumo que viene llevándose a cabo desde hace quince años; sin lugar a dudas aquellos grupos no desearían que no se revalorizaran.
Tal como manifestó nuestro portavoz en la presentación y discusión del proyecto de presupuestos que se debatió en esta Cámara el día 27 de octubre, más allá de compartir los objetivos centrales de fundamentar el crecimiento económico en el aumento de la productividad y el empleo a partir de la búsqueda de un modelo económico para dotarnos de mejores bienes de equipo, infraestructuras más modernas y capaces y mayor capacidad de capital humano, compartíamos justamente unos espacios de intersección ideológicos y estratégicos respecto al carácter social de las cifras finalmente aprobadas. Que el gasto social crezca un 9,5 por ciento, más de tres puntos por encima del crecimiento de la economía, y que la mitad del presupuesto se destine a gasto social configuran las bases de nuestra aceptación, en la medida en que visualiza el inicio de unas políticas sociales que deben llevarnos a la consolidación y profundización del Estado de bienestar. Para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana nos hallamos en el inicio de un proceso de interlocución entre las fuerzas de izquierdas del Estado español, que debe llevarnos al fortalecimiento del Estado de bienestar, cuya razón primera no puede ser otra que la mayor socialización de la riqueza y la protección de la ciudadanía, atendiendo prioritariamente a los sectores social y económicamente más desfavorecidos. De todos son conocidas las alarmantes cifras de pobreza encubierta en el Estado español y que estamos muy por encima de la media de Estados miembros de la Unión Europea respecto al gasto social. Por ello, pese a los puntos de desacuerdo mostrados en el debate por parte de nuestro grupo parlamentario, nosotros entendimos que existían las suficientes coincidencias tanto más de proyecto de futuro como en la actualidad, con lo cual somos responsables de la esperanza depositada en las cuentas del Estado para el año 2005.
De igual manera vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto-ley 10/2004, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, al compartir el criterio de la necesidad de contar con los acuerdos del diálogo social y la negociación colectiva para hacer posible la composición de mayoría absoluta en la representación de los partícipes en las comisiones de control y poder mejorar el actual criterio de representación paritaria susceptible de generación de conflicto de intereses.
Señorías, el Gobierno nos trae hoy a la Cámara dos reales decretos.
Respecto al primero, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, mi grupo
evidentemente va a votar favorablemente a la convalidación de esta iniciativa; sin embargo, sí quisiera trasladar al Pleno tres reflexiones muy concretas. Nosotros sentimos preocupación por la falta de fortaleza de la previsión social complementaria, porque tan solo estamos hablando de 561 partícipes de este tipo de iniciativas, que es un número escaso del conjunto de personas que hoy se pueden beneficiar de planes de pensiones privados, por tanto, necesidad de una política desde el Gobierno de común acuerdo con los agentes sociales para potenciar estas medidas. También sentimos preocupación porque ante esta debilidad de partícipes de estos instrumentos de previsión social los mensajes que ha lanzado el Gobierno en este ámbito y muy especialmente el secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández Ordoñez (ya tuvimos ocasión de discutirlo hace un par de semanas en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo), son de dudas sobre la necesidad de que se apoye desde el Gobierno la previsión social complementaria, poniendo en duda la eficacia de los incentivos fiscales a estos mecanismos. Además, al hilo de estas mismas cuestiones continúa abierta (en parte se ha resuelto, aunque hemos vuelto a aplazarlo) toda la polémica en relación con la consideración de la necesidad o no de externalizar los denominados premios de jubilación.
Hemos conseguido un nuevo plazo para que este proceso continúe abierto, pero mi grupo entiende necesario que, si de verdad queremos apoyar a las pequeñas y medianas empresas, los premios de jubilación no deben de ser externalizados. Estas son cuestiones que están pendientes al hilo de este debate, pero insisto en que mi grupo va a votar favorablemente la propuesta concreta que hoy nos llega a la Cámara.
El segundo paquete de cuestiones que abordamos tiene mar de fondo. Tanto en la exposición de motivos como en la propia intervención del señor Tardá, y no sé si en la intervención del portavoz del Grupo Socialista, se nos pretende argumentar que el ejercicio democrático del derecho al veto que se ejerció hace unas cuantas semanas en el Senado impidió la mejora de esos presupuestos también en esta materia. Mi grupo deber recordar a los grupos que han apoyado los Presupuestos Generales del Estado que si algunas cuestiones que se plantean en este real decreto y en esta materia se hubiesen corregido en el trámite del Congreso, quizás el veto de Convergència i Unió podía haberse evitado. En concreto existen tres cuestiones muy claras, contenidas precisamente en el real decreto que convalidamos que fueron objeto de enmiendas de Convergència i Unió y que la mayoría que aprobó los presupuestos no aceptó. Por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado (en el real decreto queda de nuevo reflejado) las pensiones que menos suben son las más bajas del sistema.
Las pensiones que menos suben de todo el conjunto de pensiones mínimas son las pensiones no contributivas y las pensiones SOVI. En los Presupuestos Generales del Estado la pensión no contributiva sube un 3 por ciento, y con la mejora derivada de la adaptación al nuevo IPC se sitúa en ese 4,5 por ciento: 288 euros al mes. Algunos portavoces catalanes hemos tenido ocasión de entrevistarnos hace pocas semanas con la Asociación de personas receptoras de pensiones no contributivas, que nos han mirado a la cara y nos han preguntado si podríamos vivir con 288 euros al mes; ninguno de nosotros nos hemos atrevido a decirles que sí.
Pues bien, esas son las pensiones que menos suben en este cuadro.
Seguramente, si los grupos que han apoyado los presupuestos hubiesen votado las enmiendas de Convergència i Unió, que pretendían subir estas pensiones no el 3 sino el 5 por ciento, continuaríamos siendo incapaces de mirar a la cara a estas personas, pero al menos hubiésemos hecho un esfuerzo más en esta materia. Yo creo que ahí hemos perdido una buena oportunidad de mejorar esas pensiones.
Señorías, este real decreto corrige también un simple error material en los presupuestos en relación con la cuantía del Iprem, pero mi grupo quiere aprovechar esta tramitación para recordar que la actualización del Iprem para el año 2005, según figura en los Presupuestos Generales del Estado, es simplemente de un 2 por ciento. Según el Iprem, que constituye sin lugar a dudas uno de los principales instrumentos de articulación de las políticas del ámbito social, se pierde poder adquisitivo, con las consecuencias que ello tiene para el sistema de becas, para el sistema de ayudas a viviendas o para el conjunto de apoyos públicos vinculados a ese nuevo indicador. Sube un 2 por ciento, perdemos capacidad adquisitiva.
Vamos a ver si este viernes el Gobierno aprueba o no un nuevo sistema de revalorización del Iprem, pero el 2 por ciento que figura en los Presupuestos Generales del Estado y que Convergència i Unió enmendó podía haberse articulado de una manera más consolidada respecto a la propia evolución del IPC, evitando que el Iprem fuese un instrumento que supusiese también una degradación de las prestaciones sociales. Quizás, si se hubiesen aceptado las enmiendas de Convergència i Unió en el Pleno del Congreso de los Diputados, se hubieran ahorrado ese veto que hoy obliga al Gobierno a plantear esta iniciativa.
En este real decreto se introducen, también como modificación de un error material, unas referencias a lo que se conoce como las deudas de los hospitales concertados; una problemática muy presente en nuestro país y en Cataluña en concreto son las famosas deudas a la Seguridad Social del sistema de hospitales concertados. Mi grupo, ahí también, quiere reclamar al Gobierno y a los grupos que han apoyado los presupuestos el valor político para no dejar aparcada esta cuestión, sino abordarla de frente y apostar por la condonación de esa deuda. La condonación de la deuda a la Seguridad Social del sistema de hospitales concertados es una cuestión que también se hubiese podido corregir en los Presupuestos Generales del Estado y que no se quiso corregir.
Todas ellas son cuestiones que al hilo de este real decreto mi grupo hubiese querido corregir en el trámite del Congreso pero, en la medida en que tampoco fue posible llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, nos obligaron a votar ese veto. Eso sí, vamos a votar esta convalidación porque estamos aplicando el Pacto de Toledo, porque estamos aplicando la Ley de la Seguridad Social que votamos entre todos en 1997 y porque es de justicia hacerlo, aunque también les tenemos que trasladar una reflexión cara al futuro. Señorías, ¿es normal que la adaptación de la cuantía de las pensiones al IPC real se deba articular a través de una enmienda del grupo que sustenta al Gobierno en el Senado? Es el sistema que ha funcionado hasta ahora, que ha funcionado en la pasada legislatura; desde la lógica del Pacto de Toledo, entendiendo que lo que hacemos no es una decisión política del Gobierno en función de sus prioridades, sino de aplicación estricta de la ley, ¿debe ser a través de una enmienda en el Senado como se introduzca esta modificación? Mi grupo entiende que no y que habrá que explorar mecanismos que no obliguen al Gobierno a aprovechar el trámite del Senado para introducir estas modificaciones, sino que sea más automático. De hecho en los Presupuestos Generales del Estado también en el trámite del Congreso Convergència i Unió planteó una enmienda en esa línea para evitar que el trámite del Senado tenga esa función. Mi grupo quiere profundizar sobre esa cuestión convencido de que, si alguien se quiere colgar la medalla de que estos son unos presupuestos sociales, haber apostado por esa subida baja, mínima de las pensiones no contributivas de esos 288 euros al mes y haber mantenido el Iprem regularizado tan solo en un 2 por ciento nos sitúa en un escenario donde la defensa del carácter social de estos presupuestos es como mínimo discutible. Eso, señorías, no va a quitar nuestro voto favorable a esta convalidación.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Campuzano.
Señor Echániz, por el Grupo Popular, su turno.
Señorías, nos encontramos esta mañana aquí, en este Pleno de finales de año, como consecuencia de la gran capacidad de este Gobierno para diseñar, para negociar, para pactar y también para enmendar unos Presupuestos Generales del Estado, sus primeros, por su gran previsión y sobre todo por su gran sentido de la eficiencia en el empleo del tiempo.
A este Gobierno le gusta la perfección, tiene un gran sentido del perfeccionismo, ya que nos trae en este momento modificaciones al presupuesto con estos dos decretos, a los escasos seis días de su aprobación; nos traen modificaciones al presupuesto incluso antes de que entre en vigor, lo cual también es muy novedoso y fruto del talante. Ya saben ustedes que desde este año 2004 la palabra talante tiene nuevas acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como talante, a pesar de los vetos tira p'adelante, o destruir al adversario pa' salir triunfante, o defender los intereses de España no es lo más elegante. Estas modificaciones nos las traen para su aprobación el día de los Santos Inocentes, y esto tampoco nos extraña; no nos extraña esta freudiana casualidad. Lo que en definitiva han hecho con este presupuesto, con sus modificaciones, repito, es una auténtica inocentada; es una broma de mal gusto y sobre todo una tomadura de pelo.
Señorías, la penúltima ha sido el dictamen del Consejo de Estado a este decreto. El Consejo de Estado ha censurado al Gobierno que utilice el mismo real decreto para actualizar las pensiones y a la vez para incorporar variaciones en el acceso a las mismas, porque esta mezcla de disposiciones sin duda crea inseguridad jurídica; dicho de otra manera, eliminan la ley de acompañamiento, pero usan los reales decretos-leyes o la ley que hemos debatido anteriormente para aprobar cosas dispares en un totum revolutum en el que es peor el remedio que la enfermedad, eso sí como culpa de esta forma chapucera de hacer las cosas que se está convirtiendo de forma preocupante en la forma habitual de proceder de este Gobierno. De la misma manera el Consejo de Estado también le ha reprochado al Gobierno que no haya consultado a todos sus agentes sociales, el mismo, lo cual también es un ejemplo de talante, y me gustaría saber si se ha consultado al Consejo Económico y Social en un tema que entendemos también es susceptible de su informe.
Decía que es la penúltima, señorías, porque la última ha sido la convocatoria de una Mesa y Junta de Portavoces extraordinaria como consecuencia de que estos reales decretos no han podido ser publicados por el Boletín Oficial del Estado (agárrense a los escaños) porque se ha estropeado la máquina del BOE; sí, sí, no es una broma; quizá es una inocentada propia del día que al Gobierno por primera vez en la historia se le haya estropeado el BOE. Señorías, esto es auténticamente un chiste y no acaban de cometer la última chapuza cuando ya cometen la siguiente.
(Un señor Madina Muñoz: Un respeto, ¿eh?) El Gobierno del Partido Socialista ha sido vago a la hora de legislar, porque sin duda se encuentran cansados, pero cuando ha habido que presentar la ley más importante del año, la más importante a la hora de desarrollar las políticas de un Gobierno, han traído la mayor chapuza que nunca se presentó en este Parlamento por la falta de acuerdos estables, por las negociaciones y las presiones que no han explicado a los españoles y para las que los españoles todavía esperan una respuesta, con carreras en los pasillos, con el primer veto en la historia de una Cámara democrática representativa de la soberanía nacional, como es el Senado, la Cámara de representación territorial
por excelencia, esa a la que antes daba tanta importancia el señor Rodríguez Zapatero y que desde este varapalo se ha convertido en una Cámara sin importancia, una Cámara irrelevante, que en cualquier país hubiera hecho dimitir al Gobierno o al menos al ministro de Economía, o al menos hubiera hecho retirar el presupuesto y presentar otro. Es un presupuesto cargado de errores, de lagunas, de inconsistencias, de contradicciones, que les obliga a ustedes a autoenmendarse con casi sesenta enmiendas en el Senado; un presupuesto que ustedes no supieron negociar en el Senado con una enorme falta de cintura política; un presupuesto que volvió a esta Cámara con todos esos errores y un presupuesto que se ha aprobado con todas esas faltas y todos esos errores, chapuceando con la aprobación de estas nuevas normas que sin duda van a convertir al ministro de Economía (emulando a los clásicos) en Pedro Solbes y el gran enmendador de España; un presupuesto, en definitiva, con anotaciones a lápiz al margen, donde las cifras no coinciden, donde el informe no está completo, donde ustedes facilitan a los grupos dos minutos antes de su votación un texto sin reasignación de las enmiendas negociadas, que tuvimos además que votar sin saber lo que votábamos, de forma apresurada, cuyas cifras no se corresponden con los créditos reales consignados, donde estaban sin reasignar las altas y las bajas y que ha supuesto sin duda un auténtico cheque en blanco a este Gobierno. Es un presupuesto, señorías, que no solo es irreal, sino que no es creíble, y ahí está la rectificación de crecimiento del producto interior bruto, de crecimiento de la economía para el año que viene, realizada por el señor Solbes antes incluso de que los presupuestos saliesen de la cocina parlamentaria, que incumplen la Ley de estabilidad y que no son los que necesita España para seguir avanzando en una senda de crecimiento sostenido, sino que además están plagados de irregularidades. No saben echar las cuentas, y esto es algo muy serio y que no pasaría de ahí si de lo que hablásemos no fuese de una ley de obligado cumplimiento, como todas, y además la ley más importante del ejercicio y la que da su capacidad operativa al Gobierno. A ustedes, señorías, les da igual, les da igual hacer mal una ley y tener luego que traer a esta Cámara todas las rectificaciones que haga falta; eso sí, por votar que no quede, ya lo hemos visto en la rocambolesca tramitación de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, y ustedes con todas estas actitudes muestran una absoluta falta de respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que sin duda son las bases de la convivencia democrática de la sociedad española.
Señorías, todo esto no es el fruto de la casualidad, no lo es. Comenzamos con lo de: no te preocupes, que de esto te enteras en dos tardes, y hemos acabado aquí con los presupuestos más chapuceros de la historia de la democracia española; comenzamos con los problemas en la confección del programa electoral del Partido Socialista y acabamos sin programa económico para España; comenzamos con dos propuestas de reformas fiscales y acabamos con una guerra sin cuartel entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, con el señor Sebastián; empezamos cuestionando la estabilidad económica y presupuestaria y acabamos anunciando nuestra mala posición en la negociación de las perspectivas financieras. Señorías, no es de recibo que cuando han tenido que actualizar el programa de estabilidad que mandan a Bruselas hayan rebajado la previsión de crecimiento de 2005 desde el 3 por ciento al 2,9, a pesar de que ya en 2004 nos tenían acostumbrados, porque lo rebajaron por dos veces, del 3 al 2,8 por ciento y después del 2,8 al 2,6; y no es de recibo porque el crecimiento del producto interior bruto, el crecimiento de nuestra economía, forma parte del cuadro macroeconómico que soporta a los Presupuestos Generales del Estado, y a pesar de habérselo anunciado repetidamente en septiembre ustedes lo han modificado ahora, antes incluso de la entrada en vigor del presupuesto. Ya les dijimos entonces que las bases no eran ciertas, que las bases eran falsas; se lo dijimos nosotros y se lo dijeron todos los analistas económicos de este país. Para más inri ustedes se ven obligados a corregir al alza el crecimiento del año 2003, del 2,4 al 2,5 por ciento. Qué duro tiene que ser para un Gobierno corregir a la baja el presupuesto que todavía no se ha puesto en funcionamiento y el crecimiento de la economía, al alza durante un Gobierno que ha sido previamente el responsable de la misma. Pero ahora con el Partido Socialista llega el tiempo de las rebajas -estamos casi en enero- del crecimiento económico y de la prosperidad, y lo más grave, señorías, es que ustedes anuncian ahora un superávit para 2004, a pesar de haber engañado a la opinión pública hablando del déficit oculto del Partido Popular, y contabilizando además en un solo ejercicio sus mentiras sobre Radiotelevisión Española, sobre Andalucía o sobre Renfe. Lo han hecho, además, en un ejercicio de falsedad que les va a permitir, eso sí, mejorar, aunque sea muy poco, las ratios de déficit público en el futuro.
Lo más importante, señorías, que pone en evidencia esa corrección es que todo lo que habían dicho, que todo su discurso en esa materia era absolutamente falso. Eso sí, lo que no es falso es que a ustedes se les ha disparado la inflación. En este año, desde marzo, con un 2,1 por ciento, hasta la actualidad, con un 3,5 por ciento, se ha disparado la inflación y esto, señorías, no es inocuo. Cada décima por encima de la previsión de inflación le cuesta al Estado 125 millones de euros en materia de pensiones, como consecuencia de la paga compensatoria y de la consolidación de las mismas. Por eso, señorías, es bueno que no se dispare la inflación. En este momento tenemos un diferencial de inflación con Europa que está aumentando y nos está haciendo cada vez más vulnerables, y ser más vulnerables es ser cada vez más pobres en relación con los europeos. Esto
es consecuencia sin duda de que ahora en España la política económica se hace de un día para otro y solo se contempla en el corto plazo. Por eso es esencial -tampoco nos vamos a cansar de repetírselo- avanzar en las reformas en materia económica, y ustedes, especialmente señor Caldera, señor Solbes, no han tomado ni una sola medida en los últimos ocho meses que llevan gobernando. Han hecho caer el esfuerzo inversor a casi la mitad en estos Presupuestos Generales del Estado y aún tenemos un mercado laboral con rigideces y una dependencia energética manifiestamente mejorable. Lo único que han hecho, eso sí, en materia de horarios comerciales, es decir, en el ámbito de la competencia, es disminuirla junto con la productividad y la estabilidad presupuestaria. Ya se lo hemos dicho, señorías, no se puede vivir siempre de las rentas. Ya sé que ustedes en general y el ministro de Economía en particular tienen el complejo del hijo pródigo que dilapida su fortuna, y esto no tendría mayor inconveniente si no fuera porque la fortuna que aquí están dilapidando es la riqueza, es la prosperidad y es el bienestar de todos los españoles.
Señorías, hoy se traen a convalidación estos dos reales decretos-leyes, que son para subsanar, en definitiva, los errores del Gobierno del Partido Socialista, y, a pesar de eso, los vamos a respaldar porque entendemos que los pensionistas españoles no tienen la culpa de la incapacidad de este Gobierno; y los vamos a respaldar también porque creemos en el Pacto de Toledo, porque nos sentimos muy orgullosos de haber sido los responsables de que en España la revalorización del poder adquisitivo de las pensiones se haga de una forma automática, se haga por ley y en función del IPC -y no de una forma graciable, oportunista, partidista o sectaria-, gracias a la Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social aprobada por el Partido Popular; y porque nos sentimos también muy orgullosos de haber estabilizado y consolidado la Seguridad Social en este país desde un déficit presupuestario del 0,72 por ciento que había en el año 1995 con sucesivas operaciones de saneamiento, de haber conseguido récords permanentes en la afiliación a la Seguridad Social y de haber creado un fondo de reserva que garantiza las pensiones del futuro y, sobre todo, por haber revalorizado las pensiones mínimas un 25 por ciento en solo tres años y algunas hasta el 79 por ciento. (Un señor diputado: ¡Tiempo!)
Señorías, son otros y no nosotros quienes tienen que explicar por qué pedían a los ciudadanos en 1995 que constituyeran fondos de pensiones privados porque las pensiones públicas no iban a ser capaces de hacer frente a las prestaciones futuras. Algunos siguen sentados hoy en el Consejo de Gobierno, los mismos que ahora diez años más tarde se cuestionan las deducciones fiscales en estos fondos, los mismos que se han olvidado de su promesa bien reciente de dedicar este año 1.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado a la dependencia, es decir, a los mayores y a las personas dependientes. (Un señor diputado: ¡Tiempo!)
Señorías, hoy se traen a convalidación dos reales decretos que rectifican distintos errores, distintas chapuzas del Gobierno: la actualización de las pensiones; la determinación del indicador público de rentas de efectos múltiples para 2005; la prórroga por un año del pago de las deudas de algunas instituciones sanitarias sin ánimo de lucro a la Seguridad Social; o la prórroga por un año en el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
Sinceramente esperamos de nuevo que esta precipitación no les juegue malas pasadas y que este real decreto no vuelva a estar cargado de errores para que nos convoquen la semana próxima a otro Pleno donde aprobemos otro real decreto que rectifique los errores que cometa este de hoy.
Por último, permítanme que le pida al Año Nuevo un deseo para España y para los españoles, o si lo prefieren a los Reyes Magos, si no les molesta. Permítanme que les pida un Gobierno que deje de gobernar de una forma inestable, que deje de ser frágil, que deje de ser vulnerable y sometido a presiones permanentes. Permítanme que les pida un Gobierno que se aleje del sectarismo, del radicalismo y de la política de tierra quemada. Permítanme que les pida un Gobierno que deje de perder las votaciones en esta Cámara -ya son cinco derrotas las que han sufrido, más las innumerables del Senado-; un Gobierno, en definitiva, que llegue a un acuerdo público, transparente y por escrito que le permita no seguir pagando diezmos en cada votación, para que los españoles no se sigan viendo diezmados. Permítanme que les pida un Gobierno que no rompa las reglas del juego democrático, ni el consenso constitucional, ni la división de poderes, violentando las bases más elementales del Estado para acomodar a quien no se arrodilla a sus intereses, y además fracturando como nunca antes la independencia de la judicatura española.
(Rumores.) Permítanme que les pida...
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Permítanme que le pida al Año Nuevo, decía, otra política exterior, otro ministro de Asuntos Exteriores...
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, concluya. Le llamo a la cuestión.
Estamos hablando de dos decretos-leyes que no tienen nada que ver con esto.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: ...que cometa menos torpezas y que haga menos el ridículo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias.
Otro Gobierno más coherente, más competente y más trabajador.
Para fijar su posición, Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
Señorías, convalidamos hoy dos decretos, uno de los cuales hace referencia a los fondos de pensiones y que lógicamente había que traer. La ley en su inicio establecía el requisito de mayoría absoluta de representación de los partícipes en las comisiones de control de los fondos de pensiones, pero el Partido Popular, mediante la Ley de acompañamiento, la modificó y prácticamente obligaba a que si a 31 de diciembre de 2004 no había habido acuerdo a través de la negociación colectiva, las comisiones de control fueran paritarias, es decir, quitaba el mencionado requisito de mayoría absoluta de representación de los partícipes. Pues bien, señorías, como no ha sido posible en este periodo que las negociaciones colectivas de las distintas empresas adoptaran el acuerdo sobre la composición, por algo que incluso también decía el ministro, como es que a veces la vigencia de los convenios colectivos es plurianual, es necesaria una ampliación del período para facilitar que se pueda llegar a acuerdos entre los partícipes de los planes de pensiones y así poder establecer las comisiones de control que mejor defiendan los intereses. Por tanto, creo que es un decreto cuya urgente necesidad está justificada, porque si no se prorrogara el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005, el 1 de enero del año próximo se aplicaría el apartado 3 del artículo 7 de la Ley de Fondos de Pensiones que modificó el PP. Por ello, creo que ha sido acertado traerlo aquí y darle una opción a la negociación colectiva entre las partes.
Respecto a la intervención del señor Campuzano, en la que hablaba de las declaraciones del señor secretario de Estado, S.S. sabe que no es intención del Gobierno ni del secretario de Estado retirar ni cambiar los incentivos fiscales de los fondos y planes de pensiones. Lo que dijo el señor secretario de Estado -y además les invitó a participar- es que dado que la previsión social complementaria se ha demostrado que no es eficaz, que no sirve para aquellos objetivos a los que debe servir, habrá que introducir modificaciones y que, así, llegue a un segmento más amplio de la población española; es decir, que llegue a las pequeñas y medianas empresas, que llegue a los trabajadores en su conjunto, trabajen en una gran empresa o en una empresa pequeña. Eso es lo que pretende el Gobierno, y el secretario de Estado les invitó a participar en ese debate, cara al futuro, para fortalecer la previsión social complementaria.
Paso al decreto de revalorización de pensiones. Primero hay que señalar por qué estamos aquí. Al oír a alguno de los portavoces parecería que estamos aquí hablando de un decreto para revalorizar las pensiones porque se le ha ocurrido al Gobierno socialista o al señor ministro. No, señorías, estamos aquí porque se ha utilizado la Cámara Alta, el Senado, para boicotear, para impedir, para poner pegas a la gobernabilidad del Estado, y se ha impedido que se pudiera materializar la enmienda que se introduce cada año de revalorización de pensiones. (Aplausos.)
¿Por qué se tiene que hacer en el Senado? Porque hasta el 15 de diciembre no se sabe cuál ha sido la inflación interanual de noviembre de 2003 a noviembre de 2004. Si se sabe en diciembre, no se puede presentar la enmienda en septiembre, dos meses antes. Eso lo saben, y no es de recibo que dos grupos como Convergència i Unió y el Partido Popular, que han gobernado a distintos niveles, vengan aquí ahora a intentar convencernos o a intentar convencer a la opinión pública de que no se dieron cuenta de que vetando los presupuestos no había debate ni, por tanto, enmienda posible. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No, señorías, no es creíble.
Ustedes saben que el veto a una ley significa que no puede haber debate de esa ley; eso significa un veto, imposibilidad de debatir. Si ustedes tenían otras posibilidades, otras proposiciones, haberlas presentado, a través de enmiendas, en el Senado. (Aplausos.) Si tenían los votos para vetar los presupuestos, tenían los votos para aprobar las enmiendas. No engañan a nadie.
Señor Campuzano, a usted le parecen pequeñas las pensiones no contributivas. Y a mí, y a mi grupo. Son pensiones que no dan para vivir y hay que ir avanzando en mejorarlas, como estamos empezando a hacer, pero dígame usted, señor Campuzano, cómo les va a explicar a esos pensionistas que usted votó los presupuestos de 2001, de 2002 y de 2003 con aumentos para esas pensiones del 2 por ciento y ahora dice que no los vota porque el aumento está en el 5 por ciento. (Aplausos.) La gente que nos dedicamos a la política tenemos por lo menos que ser coherentes y no intentar engañar a los que menos tienen, porque lo que ustedes intentan decirles es: yo les hubiera subido más. Pues haberlo hecho en el Senado, que tenían los votos. (Aplausos.)
Señor Echániz, solo desde la ignorancia o la mala fe se puede hacer una intervención como la suya, y, desde luego, ignorancia no es. Señores del PP, acostúmbrense, han perdido las elecciones. En cuanto lo asuman, empezaremos a ir mejor. No es posible venir a hacer un discurso como el que usted ha hecho aquí. En principio pensé que era de debate de totalidad de presupuestos, pero luego, como se mete además en Exteriores, pensé que era un debate sobre el estado de la nación. ¡Si acabamos de llegar al Gobierno! Todavía no nos toca, señorías. Me da la sensación de que por la forma en que están actuando ustedes van a quedarse muchísimos
años en la oposición, porque no se puede engañar de esa forma a la gente; no se puede engañar de esa forma a la gente. (Aplausos.)
Usted no puede venir a decirnos que modificamos los presupuestos porque los hemos hecho mal. No, señoría, los modificamos porque con sus votos impidieron que prosperara esa enmienda en el Senado; con sus votos, señoría. ¿Qué pretendían, que los pensionistas no tuvieran la paga por desviación de la inflación? ¿O es que lo que les molesta es que este sea el aumento más importante de los últimos quince años? ¿O lo que les molesta es que el señor Caldera no vaya a destinar ni un solo euro a campañas de publicidad y todo vaya a aumento de pensiones? (Aplausos.) ¿Es lo que les molesta, señorías? Si es eso, díganlo.
Me habla usted aquí de respeto a la democracia, mezcla lo del País Vasco sin saber siquiera lo que ha pasado hoy. Un fallo electrónico no es lo mismo que la ausencia del portavoz (El señor Cuesta Martínez: Oreja.), porque el señor Oreja se ausentó (Aplausos.), y un fallo electrónico puede producirse en cualquier momento. Me hablan de democracia. Empiece a revisar en su grupo, porque tanto afán tienen de votos en su grupo que hoy mismo ha habido un voto de alguien que no está en esta Cámara.
Empiecen a mirar eso, señoría, y luego me hablan de participación, de democracia y de otras cosas, pero mientras revisen bien su casa.
Termino. Vamos a convalidar un decreto y vamos a aprobar una revalorización de pensiones que se encarna en lo que decía aquí el ministro en su presentación, en el objetivo del Gobierno de mejorar las pensiones mínimas por encima de la inflación. Esa va a ser la política de este Gobierno socialista para los próximos cuatro años, para que al final de la legislatura las pensiones más bajas de este país hayan tenido un incremento importante que las haya ido acercando más a la media europea.
Seguramente seguirán siendo insuficientes, pero creo que este es el camino que hay que seguir para que los pensionistas de este país vayan teniendo mejores condiciones y mayor calidad de vida. Y sí, señor Echániz, son los presupuestos de mayor contenido social de la historia de la democracia en España. Lo siento, no son suyos, son nuestros.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar los dos reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
¿Desea algún grupo parlamentario que el real decreto-ley convalidado se tramite como proyecto de ley? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Procedemos a la votación del Real Decreto-Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el real decreto-ley. (Aplausos.)