Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-1310-de-junio-26-de-2009-ley-1310-de-2009?documento=legcol&contexto=legcol_759920425f41f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-24 18:16:47
Document Index: 307211594

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 151', 'artículo 142', 'artículo 151', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 166', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 142', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 151', 'artículo 2', 'artículo 155', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 300', 'artículo 313', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 3']

﻿ LEY 1310 DE JUNIO 26 DE 2009
LEY 1310 DE 26 DE JUNIO DE 2009
CONTENIDO:ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. LEY 769 DE 2002. SE UNIFICAN LAS NORMAS SOBRE AGENTES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y GRUPOS DE CONTROL VIAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE, CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, AUTORIDAD DE TRÁNSITO, AGENTE DE TRÁNSITO, ORGANISMOS DE TRÁNSITO, TRÁMITE EN LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO, ORGANISMOS DEL TRANSPORTE
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1363 DE JULIO 30 DE 2009, PG.21
“Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
ART. 1º—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial.
ART. 2º—Definición. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
ART. 3º—Profesionalismo. La actividad de agente de tránsito y transporte es una profesión y como tal deberán recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
PAR. 1º—El Ministerio de Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.
PAR. 2º—Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo.
ART. 4º—Jurisdicción. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La policía de carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios.
ART. 5º—Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de:
290 Comandante de transito Profesional
338 Subcomandante de transito Técnico
339 Técnico operativo de transito Técnico
340 Agentes de transito Técnico
PAR.—No todas las entidades territoriales tendrán necesariamente la totalidad de los códigos y denominaciones estos serán determinados por las necesidades del servicio.
PAR. —Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio.
ART. 8º—Modifíquese el inciso 1º del artículo 4º de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
ART. 9º—Moralización. Los cuerpos de agentes de tránsito son responsables de su moralización, por lo tanto crearán tribunales o comités de ética, los cuales emitirán conceptos sobre el desempeño, conducta, comportamiento de sus componentes, que deberán ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito.
ART. 10.—Sistema de participación ciudadana. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales desarrollarán un sistema de participación ciudadana, con el objeto de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito.
ART. 11.—Comisión de tránsito y participación ciudadana. Créase la comisión de tránsito y participación ciudadana, como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las entidades territoriales y las autoridades administrativas. Esta comisión tiene por objeto atender las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte, y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución.
ART. 12.—Composición. La comisión de tránsito de las entidades territoriales y participación ciudadana, estará integrada por:
ART. 13.—Funciones. Son funciones básicas de la comisión de tránsito territorial y participación ciudadana:
PAR. —El director o secretario de tránsito territorial convocará cada tres meses a la comisión de tránsito territorial y participación ciudadana.
ART. 14.—Uniforme y uso. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación pertinente para definir los aspectos relacionados al uso de los uniformes, diseños y demás aspectos que permitan la identificación de los agentes de tránsito en los entes territoriales.
ART. 15.—Disposiciones finales. El Gobierno Nacional dentro de los noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, expedirá la reglamentación que permita la puesta en funcionamiento de esta ley.
PAR. TRANS. —La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá hacer las modificaciones necesarias a la Convocatoria 001 de 2005 con base en la presente ley.
ART. 16.—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sentencia C-306 de 2009
Objeciones presidenciales al proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.
Mediante oficio recibido por la secretaría general de esta corporación el día 24 de noviembre de 2008, el presidente del Senado de la República remitió el proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, para que, de conformidad con lo previsto en los artículos 167 de la Constitución y 32 del Decreto 2067 de 1991, la Corte se pronuncie sobre su exequibilidad.
1. Mediante auto del 28 de noviembre de 2008, el magistrado ponente avocó conocimiento del proceso y le solicitó a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes el envío de varias pruebas sobre el trámite legislativo seguido tanto para la aprobación del proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, como para la aprobación del informe sobre las objeciones del Gobierno Nacional al mismo proyecto de ley.
2. Con el Auto 389 del tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008), la Sala Plena decidió abstenerse de decidir sobre las objeciones presidenciales de la referencia “mientras no se cumplan los presupuestos constitucionales y legales para hacerlo” y decidió apremiar a los secretarios generales del Senado de la República y la Cámara de Representantes para que acopiaran todos los documentos requeridos”. En consecuencia, en el auto se dispuso que el trámite del proceso continuaría “una vez que el magistrado sustanciador verifique que las anteriores pruebas han sido adecuadamente aportadas...”.
— Iniciativa parlamentaria y trámite en la Cámara de Representantes
• El día 16 de agosto de 2006, los representantes Pedro Jiménez Salazar, Jorge Humberto Mantilla Serrano, José Manuel Herrera Cely, Bérner León Zambrano Erazo, Jaime de Jesús Restrepo Cuartas, José Gerardo Piamba, Myrian Paredes, Luis Jairo Ibarra y Diego Alberto Naranjo Escobar radicaron ante la secretaría general de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones de acuerdo con el artículo 150, numeral 25 de la Constitución Nacional y sentencias de la Corte Constitucional C-530 de 2003 y C-577 de 2009 del 25 de julio de 2006”. El proyecto y la correspondiente exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 298 de 2006, páginas 6-10.
• El informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley 077 de 2006 Cámara y el pliego de modificaciones, presentados por los representantes José Manuel Herrera Cely, Bérner León Zambrano Erazo y Alberto Gordon May, fue publicado en la Gaceta del Congreso 503 de 2006, páginas 5-9.
• El proyecto de ley 077 de 2006 Cámara fue anunciado para ser votado en la comisión sexta constitucional permanente de la Cámara de Representantes el 1º de noviembre de 2006, tal como consta en el Acta 14 de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 605 de 2006, página 5.
• El proyecto de ley 077 de 2006 fue considerado y aprobado en la comisión sexta constitucional permanente de la Cámara de Representantes el día 7 de noviembre de 2006, tal como consta en el Acta de Comisión 15, publicada en la Gaceta del Congreso 606 de 2006, páginas 7-10. De acuerdo con la certificación del secretario general de la comisión sexta de la cámara, el proyecto fue aprobado “con un quórum y una votación unánime de catorce (14) votos” (cdno. 5, pág. 3).
• El texto aprobado en primer debate y el informe de ponencia para segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes, presentado por los representantes José Manuel Herrera Cely, Alberto Gordon May, Ciro Antonio Rodríguez P. y Bérner León Zambrano, fueron publicados en la Gaceta del Congreso 499 de 2007, folios 12-15.
• En la sesión plenaria del día 30 de octubre de 2007 se anunció la consideración y votación de la ponencia para segundo debate, tal como consta en el Acta de Sesión Plenaria 078 de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso 614 de 2007, página 27.
• El día 6 de noviembre de 2007, la plenaria de la Cámara de Representantes consideró y aprobó la proposición con que terminó el informe de ponencia para segundo debate, con las modificaciones y el articulado propuestos, como consta en el Acta de Sesión Plenaria 079 de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso 601 de 2007, página 22. El secretario general de la cámara certifica que el proyecto fue considerado y aprobado y que en la sesión estuvieron presentes 159 representantes (2, fl. 3).
• El texto aprobado del proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 577 de 2007, páginas 2-3.
— Trámite en el Senado de la República
• El expediente del proyecto de ley 077 de 2006 Cámara fue remitido al Senado de la República y numerado como proyecto de ley 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara. Fue designado como ponente el senador Alexander López Maya.
• El informe de ponencia para primer debate en la comisión sexta constitucional permanente del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 627 de 4 de diciembre de 2007, folios 12-15.
• El proyecto de ley 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue anunciado para ser votado por la comisión sexta constitucional permanente del Senado de la República el día 1º de abril de 2008, tal como consta en el Acta 20 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 193 de 2008.
• La ponencia para primer debate en la comisión sexta del Senado de la República fue aprobada en la sesión del 8 de abril de 2008, como consta en el Acta 21, publicada en la Gaceta del Congreso 298 de 2008, páginas 2-8.
• La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada, junto con el texto aprobado en la comisión sexta del Senado y el texto propuesto para segundo debate, en la Gaceta del Congreso 275 de 22 de mayo de 2008, folios 17-22.
• El proyecto de ley 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue anunciado para segundo debate en la plenaria del Senado de la República el día 4 de junio de 2008, tal como consta en el Acta 52, publicada en la Gaceta del Congreso 540 de 2008, página 16.
• El proyecto de ley 190 de 2007 Senado - 077 de 2006 Cámara fue aprobado el 11 de junio de 2008 por la plenaria del Senado de la República, tal como consta en el Acta 53, publicada en la Gaceta del Congreso 560 de 2008, páginas 6, 16 y 66. De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, la aprobación “fue de 92 honorables senadores que según el acta aparecen asistiendo a la sesión, más 9 senadores que dejaron de asistir, más un impedimento aceptado (...), no hubo solicitud de votación nominal ni constancia de votos negativos” (cdno. 3, pág. 2).
• El texto aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso 505 de 2008, páginas 6-8.
— El trámite del informe de la comisión accidental de mediación
• Dado que existían diferencias entre los textos aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes se creó una comisión accidental de mediación, la cual rindió su informe el día 17 de junio de 2008, publicado en las gacetas del congreso 374, páginas 10-12, y 376 de 2008, páginas 3-5.
• El informe de la comisión accidental de mediación fue anunciado para su votación por la plenaria de la Cámara de Representantes el día 17 de junio de 2008, tal como consta en el Acta 118 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 423 de 2008, página 41.
• El informe de la comisión accidental de mediación fue considerado y aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes el día 18 de junio de 2008, tal como consta en el Acta 119 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 424 de 2008, páginas 14-15. El secretario general de la Cámara de Representantes certifica que el proyecto “fue considerado y aprobado por mayoría de los presentes” y que en la sesión estuvieron presentes 156 representantes (cdno. 2, fl. 3).
• El informe de la comisión accidental de mediación fue anunciado para su discusión y aprobación por la plenaria del Senado de la República el día 18 de junio de 2008, según consta en el Acta 56, publicada en la Gaceta del Congreso 563 de 2008, página 48.
• El informe de conciliación fue aprobado por la plenaria del Senado el día 19 de junio de 2008, según consta en el Acta 57, publicada en la Gaceta del Congreso 564 de 2008, páginas 5 y 16-18. El secretario general del Senado de la República certifica que “la aprobación fue de 90 honorables senadores al no existir solicitud de votación nominal, ni impedimentos, ni constancia de votos negativos” (cdno. 3, fl. 2).
• El 8 de julio de 2008, se radicó en el departamento administrativo de la Presidencia de la República el proyecto de ley 077 de 2006 Cámara - 190 de 2007 Senado para la correspondiente sanción presidencial (C.P., fl. 31).
— Las objeciones presidenciales y su trámite en las cámaras legislativas
• El 16 de julio de 2008, el Presidente de la República, el Ministro del Transporte y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública enviaron al presidente de la Cámara de Representantes un escrito de objeciones del Gobierno Nacional al proyecto de ley, por razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 426 de 2008, páginas 21-23.
• El senador Alexander López Maya y los representantes a la cámara Jorge Enrique Gómez Celis y Carlos Alberto Zuluaga Díaz fueron designados para rendir informe sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley 077 de 2006 Cámara - 190 de 2007 Senado.
• El informe de los parlamentarios sobre las objeciones presidenciales fue presentado a los presidentes del Senado de la República y de la cámara de Representantes y publicado en las gacetas del congreso 714 y 716 de 2008, páginas 21-24 y 11-15, respectivamente.
• El informe sobre las objeciones presidenciales fue anunciado para su votación por la Cámara de Representantes el 16 de octubre de 2008, tal como consta en el Acta 142, publicada en la Gaceta del Congreso 897 de 2008, página 57.
• El informe sobre las objeciones presidenciales fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión del día 20 de octubre de 2008, como consta en el Acta 143 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 964 de 2008, página18. De acuerdo con certificación anexada por el secretario general de la Cámara de Representantes, en la sesión se hicieron presentes ciento cincuenta y siete (157) representantes y el informe fue considerado y aprobado “por la mayoría de los presentes, en votación ordinaria” (cdno. 2, pág. 4).
• El informe sobre las objeciones presidenciales fue anunciado para su votación por el Senado de la República el 21 de octubre de 2008, tal como consta en el Acta 19 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 28 de 2009, página 30.
• El informe sobre las objeciones presidenciales fue aprobado por el Senado de la República el 28 de octubre de 2008, según consta en el Acta 20, publicada en la Gaceta del Congreso 29 de 2009, páginas 4 y 33-35. De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, el informe fue aprobado “por unanimidad de 96 honorables senadores que aparecen asistiendo a la plenaria en donde no hubo solicitud de votación nominal, ni constancia de votos negativos, ni retiro de bancadas...” (cdno. 11, pág.1).
A continuación la Corte transcribe el texto definitivo del proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, aprobado por el Congreso y objetado por el Gobierno Nacional.
“Proyecto de ley 077 de 2006 Cámara, 190 de 2007 Senado
“ART. 1º—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial.
“ART. 2º—Definición. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
“Autoridad de tránsito y transporte: Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3º de la Ley 769 de 2002.
“PAR. 1º—El Ministerio de Transporte, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley, fijará los parámetros para actualizar el pénsum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito.
“PAR. 2º—Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínimo anualmente un (1) curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por personas o entidades idóneas en el ramo.
“ART. 4º—Jurisdicción. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente manera: La policía de carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural de sus municipios.
“ART. 5º—Funciones generales. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de:
“ART. 6º—Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.
“PAR. —No todas las entidades territoriales tendrán necesariamente la totalidad de los códigos y denominaciones, estas serán determinados por las necesidades del servicio.
“ART. 7º—Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:
“PAR. —Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio.
“ART. 8º—Modifíquese el inciso 1º del artículo 4º de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
“ART. 9º—Moralización. Los cuerpos de agentes de tránsito son responsables de su moralización, por lo tanto crearán tribunales o comités de ética, los cuales emitirán conceptos sobre el desempeño, conducta, comportamiento de sus componentes, que deberán ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito.
“ART. 10.—Sistema de participación ciudadana. Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales desarrollarán un sistema de participación ciudadana, con el objeto de fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al servicio de los agentes de tránsito.
“ART. 11.—Comisión de tránsito y participación ciudadana. Créase la comisión de tránsito y participación ciudadana, como mecanismo del más alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las entidades territoriales y las autoridades administrativas. Esta comisión tiene por objeto atender las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte, y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución.
“ART. 12.—Composición. La comisión de tránsito de las entidades territoriales y participación ciudadana, estará integrada por:
“ART. 13.—Funciones. Son funciones básicas de la comisión de tránsito territorial y participación ciudadana:
“PAR. —El director o secretario de tránsito territorial convocará cada tres meses a la comisión de tránsito territorial y participación ciudadana.
“ART. 14.—Uniforme y uso. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación pertinente para definir los aspectos relacionados al uso de los uniformes, diseños y demás aspectos que permitan la identificación de los agentes de tránsito en los entes territoriales.
“ART. 15.—Disposiciones finales. El Gobierno Nacional dentro de los 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, expedirá la reglamentación que permita la puesta en funcionamiento de esta ley.
“PAR. TRANS.—La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá hacer las modificaciones necesarias a la Convocatoria 001 de 2005 con base en la presente ley.
“ART. 16.—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.
En relación con la acusación acerca de la violación del artículo 151 manifiestan que el artículo 142 de la misma Constitución preceptúa que la ley determinará el número de comisiones permanentes de las cámaras legislativas, al igual que las materias de las que debe ocuparse cada una de ellas. En este sentido, expresan que la Ley 3ª de 1992 estableció cuáles eran esas comisiones y sus competencias, y que la Sentencia C-648 de 1997 dispuso que “la violación a lo dispuesto en la Ley 3ª de 1992 acarrea un vicio insubsanable de inconstitucionalidad por contrariar el mandato constitucional contenido en el artículo 151 superior...”.
Por otra parte, expresan que los artículos 1º y 2º del proyecto vulneran los artículos 300-7 y 313-6. Sobre este punto exponen que, de acuerdo con el artículo 150-7 de la Carta, “la competencia del legislador para determinar la estructura orgánica de las entidades públicas se restringe materialmente a la administración nacional, lo cual supone que dicha atribución no es predicable en ningún caso de la administración territorial, que encuentra para tales propósitos asignada dicha atribución a las asambleas y a los concejos”.
“Con la redacción del artículo 2º del proyecto de ley se estaría imponiendo a las asambleas y concejos, que así no lo tengan previsto, la obligación de crear entidades públicas para cumplir con la función de organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción, es decir, determinando en la respectiva estructura departamental y municipal la existencia de una determinada forma de entidad para dirigir y controlar el tránsito y el transporte, cuando, actualmente, en la mayoría de las entidades territoriales, dichas funciones vienen siendo cumplidas por las respectivas secretarías de tránsito.
“La anterior objeción resulta predicable por extensión al artículo 1º del proyecto de ley, en cuanto señala que ‘las normas contenidas en la presente ley serán aplicables a los organismos de tránsito y a los agentes de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción’, haciendo de suyo ajena a la cobertura del proyecto de ley a las entidades territoriales que no tengan organizada dicha actividad a través de entidades públicas y no se allanen a organizarlas en la forma prevista por el legislador”.
En el informe que fue aprobado por las dos cámaras legislativas, suscrito por el Senador Alexander López Maya, y por los representantes a la cámara Jorge Enrique Gómez Celis y Carlos Alberto Zuluaga Díaz, se manifiesta:
— Que no es cierto que el proyecto de ley objetado “haya sido estudiado en primer debate por una comisión incompetente”.
— Que tampoco es cierto que el proyecto de ley “vulnere flagrantemente la unidad de materia, porque se articula entre sí, por referirse a los agentes de tránsito y transporte, regulando su actividad, profesionalización, comportamiento, requisitos, ingreso, moralización, uniformes”.
— Que la materia que regula el proyecto es “de reserva de ley, esto es, que el facultado por la Constitución Política para expedir normas que regulen profesiones u oficios es precisamente el Congreso de la República, función legislativa indelegable que no puede atribuirse al ejecutivo”.
Para responder a la objeción acerca de que el proyecto se tramitó y aprobó en primer debate por una comisión que no era competente, en el informe se citan apartes de un concepto elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (C.P., Javier Henao Hidrón). En el concepto se expresa que “la misma Ley 3ª de 1992 establece que para resolver conflictos de competencia entre las comisiones permanentes, primará el principio de especialidad, y además que cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley no está claramente adscrita a una comisión, el presidente de la respectiva cámara lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materias afines”.
“El presidente de la Cámara de Representantes, haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales repartió el proyecto de ley según su criterio, teniendo en cuenta la competencia de la comisión sexta en materias afines, porque el proyecto en mención será aplicable a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial, dirigido a las autoridades de tránsito y transporte que tienen la calidad de entidades públicas o servidores públicos acreditados conforme al artículo 3º de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones) y los agentes de tránsito y transporte, que tienen la calidad de servidores públicos investidos de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.
“De otra parte y de revisar el contenido de la Ley 3ª de 1992 se observa que los temas de obras públicas y transporte son competencia de la comisión sexta y no de otra como arguye el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, porque en nuestro criterio es precisamente la comisión sexta la que está legitimada para conocer en primer debate sobre el proyecto de ley 077 de 2006, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, porque en ella se reglamentó y desarrolló la Ley 769 de 2002, mediante la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictaron otras disposiciones.
En el informe se hace referencia a distintas sentencias de la Corte Constitucional (C- 530/2003, C-570/97, C-109/2002, C-1335/2004, C-012/2000) para fundamentar la aseveración de que constituye reserva de ley la fijación de calidades para acceder a los empleos municipales y a los cargos públicos de autoridades de tránsito, y la regulación de la carrera administrativa. Expresan que lo anterior no significa “que la ley deba obligatoriamente agotar toda la materia, pues una cosa es que determinada temática corresponda primariamente al legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, y otra que se trate de un asunto que tenga reserva legal, por mandato específico de la Carta. En el primer caso, la ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pero puede delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos. En cambio, si se trata de una materia que tiene reserva legal, entonces corresponde exclusivamente al legislador desarrollarla”.
Por otra parte, en relación con la objeción acerca de que el proyecto de ley desconoce las competencias de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, sostienen que esa interpretación es errónea, porque lo que se pretende “es reglamentar los organismos de tránsito y no la creación de otros nuevos, para ello se utilizó un concepto abstracto y genérico como el del artículo 2º, denominado ‘definiciones’, haciendo referencia a que los ‘organismos de tránsito son entidades públicas’, sin que se haga alusión a establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, ni a sociedades de economía mixta, como arguye la objeción en el escrito presentado a nuestra consideración.
Mediante Concepto 4669, recibido por esta corporación el día 1º de diciembre de 2008, el señor Procurador General de la Nación concluye que son infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, contra el proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. Por lo tanto, le solicita a la Corte declarar su exequibilidad.
El representante de la vista fiscal señala que el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 regula las comisiones permanentes del congreso y que en él se asigna a las comisiones sextas de Senado y cámara las materias de su competencia, entre las cuales se encuentra la de “obras públicas y transporte”. Anota que a pesar de la distribución temática de competencias, que efectúa el mencionado artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 existen casos en los que se genera conflicto acerca de cuál es la comisión competente, bien sea “cuando el asunto de un proyecto de ley no aparece asignado a una determinada comisión permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulan materias que competen a varias comisiones”.
Menciona que para resolver esas dificultades, el artículo 146 de la Ley 5ª de 1992 dispone que “cuando un proyecto de ley verse sobre varias materias será repartido a la comisión competente de la materia predominante”, mientras que los parágrafos 1º y 2º del artículo 2º de la Ley 3ª establecen que cuando el asunto sobre el que trate el proyecto de ley no pertenece claramente a una comisión “el presidente de la respectiva cámara lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materias afines”.
Asegura que la Corte Constitucional ha dispuesto que cuando el presidente de una cámara, en presencia de estos casos conflictivos, decide enviar el proyecto en cuestión a una determinada comisión, el control de constitucionalidad debe ser flexible en acatamiento al principio democrático, lo cual significa que solamente procede la declaración de inconstitucionalidad cuando la asignación de competencia es irrazonable y manifiestamente contraria a los contenidos normativos del artículo 2º de la Ley 3ª de 1992. Remite para el efecto a las sentencias C-875 de 2002 y C-540 de 2001.
Con base en lo anterior, considera que el presidente de la Cámara de Representantes no tomó una decisión irrazonable o contraria al artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, “pues sin duda el proyecto contiene materias afines al transporte, por cuanto tiene, como objetivos fundamentales profesionalizar a los agentes de tránsito y garantizar una eficiente prestación del servicio público de transporte”.
2. El artículo 241-8 de la Constitución Política establece que a la Corte Constitucional le corresponde resolver definitivamente “sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales”. En su jurisprudencia la Corte ha sostenido que el ejercicio de esta atribución comprende también la revisión del trámite surtido por dichas objeciones, respecto de las normas constitucionales y legales que lo regulan (1) . Por esta razón, la Corte procederá a revisar el mencionado trámite antes de proceder a realizar el examen de fondo de las objeciones.
3. Como se indicó en la descripción del trámite legislativo del proyecto, contenida en el capítulo de antecedentes de esta sentencia, el proyecto de ley 077 de 2006 Cámara - 190 de 2007 Senado, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes el día 6 de noviembre de 2007, y por la plenaria del Senado de la República el 11 de junio de 2008. Dado que los textos aprobados por las dos cámaras legislativas diferían en su contenido, una comisión accidental de mediación presentó un informe de mediación que fue aprobado por la cámara el día 18 de junio de 2008, y por el Senado el día 19 de junio de 2008.
A la luz del artículo 166 de la Constitución, el gobierno contaba hasta con seis (6) días hábiles para presentar sus objeciones al proyecto, dado que el proyecto de ley constaba de menos de veinte artículos. En este caso se advierte que las objeciones fueron presentadas en tiempo. Tal como se ha indicado, el día 8 de julio, martes, el proyecto fue radicado para la sanción presidencial en el departamento administrativo de la Presidencia de la República, y las objeciones presidenciales fueron presentadas el día 16 de julio, miércoles, lo que indica que fueron radicadas el sexto día hábil después de que el proyecto llegara a la presidencia. Las objeciones fueron publicadas en la Gaceta del Congreso 406 de 2008, páginas 21-23.
Como se expuso en los antecedentes de esta sentencia, las cámaras legislativas nombraron al senador Alexander López Maya y a los representantes Jorge Enrique Gómez Celis y Carlos Alberto Zuluaga Díaz como ponentes para el estudio de las objeciones presidenciales. Los congresistas desestimaron los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por el Gobierno Nacional e insistieron en la aprobación del proyecto.
El informe sobre las objeciones presidenciales, en el que se rechazaban las objeciones presidenciales, fue publicado en las Gacetas del Congreso números 714 y 716 de 2008. Luego, el día 16 de octubre de 2008, fue anunciado para su votación por la Cámara de Representantes - como consta en el Acta 142 publicada en la Gaceta del Congreso 897 de 2008, página 57. El anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Proyecto de ley 077 de 2006 Cámara, 190 de 2007 Senado, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otra disposiciones”.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el día 20 de octubre de 2008; tal como aparece en el Acta 143 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 964 de 2008, página 18. La aprobación del informe de los congresistas sobre las objeciones presidenciales se realizó en los siguientes términos:
“Respetuosamente a través del presente escrito rendimos informe sobre la honrosa tarea designada por el señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Representantes sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley 077 de 2006 Cámara, 190 de 2007 Senado, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otra disposiciones”.
“Firman, Alexander López Maya, senador de la República, Jorge Enrique Gómez Celis, representante a la cámara, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, representante a la cámara.
“En consideración el informe leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba el informe de la Cámara de Representantes?
Por su parte, en el Senado de la República, el informe sobre las objeciones presidenciales fue anunciado el 21 de octubre de 2008 para su votación - como consta en el Acta 19 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 28 de 2009, página 30. El anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, la secretaría general anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
“Proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otra disposiciones”.
El proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado de la República el 28 de octubre de 2008, como se certifica en el Acta 20, publicada en la Gaceta del Congreso 29 de 2009, páginas 4 y 33-35. La aprobación del informe de los congresistas sobre las objeciones presidenciales se realizó en los siguientes términos:
“Proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
“La presidencia concede el uso de la palabra al honorable senador Alexander López Maya.
4. Por otra parte, la Corte considera necesario expresarse sobre una inquietud que surge al leer la descripción del trámite legislativo del proyecto, referida a si este superó el periodo máximo de estudio fijado en la Constitución. El artículo 162 de la Constitución Política dispone:
“ART. 162.—Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el Estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
Lo anterior significa que el proyecto fue considerado y aprobado en el marco de dos legislaturas, tal como exige el artículo 162 transcrito. Empero, dado que el proyecto fue objetado por el Presidente de la República, el debate sobre el proyecto se ha extendido más allá del periodo que fijan las dos legislaturas. Por eso, la pregunta que surge es si en el trámite del proyecto se incumplió el mandato constitucional contenido en el artículo 162 de la Carta.
6. En esta ocasión, la Corte debe resolver dos problemas jurídicos, los cuales fueron planteados por el Gobierno Nacional en su escrito de objeciones al proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
El segundo interrogante que debe resolver la Corte es si los artículos 1º y 2º del proyecto vulneran los artículos 300, numeral 7º, y 313, numeral 6º, por cuanto esas normas del proyecto estarían imponiendo a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la creación de un tipo específico de entidades públicas, para cumplir con el control del tránsito y transporte en su jurisdicción, con lo cual se vulneraría la autonomía territorial para determinar su estructura orgánica.
7. El inciso 2º del artículo 142 de la Constitución dispone que “[l]a ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse”. A su vez, el artículo 151 de la misma Carta dispone que “[e]l Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del congreso y de cada una de las cámaras (...)”.
Con base en los mandatos constitucionales indicados, el legislador expidió la Ley 3ª de 1992, “por la cual se expiden normas sobre las comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 1º se dispuso que en cada una de las cámaras funcionarían comisiones constitucionales permanentes, comisiones legales, comisiones accidentales y otras comisiones. Luego, en el artículo 2º se establece que en las dos cámaras legislativas operarán siete (7) comisiones constitucionales permanentes, “encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referentes a los asuntos de su competencia” (2) . Para este caso es de interés transcribir los apartes relacionados con las comisiones primera y sexta, así como los parágrafos del artículo:
“ART. 2º—(texto modificado por L. 754/2002, art. 1º). Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán comisiones constitucionales permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.
“PAR. 1º—Para resolver conflictos de competencia entre las comisiones primará el principio de la especialidad.
“PAR. 2º—Cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una comisión, el presidente de la respectiva cámara, lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materias afines” (se subrayan las materias que dan pie a la controversia que se analiza en el presente proceso).
En su sentencia, la Corte estableció que “la violación a lo dispuesto en el mencionado artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, acarrea un vicio de relevancia constitucional, que daría lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente tramitada”. Así mismo, en la providencia se indicó que “las leyes que hayan sido tramitadas en primer debate por una comisión constitucional permanente carente de competencia para ocuparse de las materias de que trata la respectiva ley, son inconstitucionales por vulnerar las disposiciones del artículo 151 de la Carta. En efecto, dicha norma supedita el ejercicio de la actividad legislativa a las disposiciones de una ley orgánica, la cual, en materia de competencias de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, es para efectos del control de constitucionalidad y con la advertencia realizada en la sentencia antes citada, la Ley 3ª de 1992”.
“8. En aquellos casos en que las materias de que trata un determinado proyecto de ley no se encuentren claramente asignadas a una específica comisión constitucional permanente y, por ello, el presidente de la respectiva corporación asigne su trámite a la comisión que considere pertinente, el respeto por el principio democrático exige que el juicio efectuado por el mencionado funcionario deba ser respetado por el juez constitucional, a menos que esa asignación de competencia sea manifiestamente irrazonable por contravenir abiertamente las disposiciones del artículo 2º de la Ley 3ª de 1992. Solo en ese evento el juez de la Carta podría sustituir la decisión del presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley de que se trate”.
9. Más adelante, en la Sentencia C-792 de 2000, la Corte declaró infundadas las objeciones presidenciales elevadas en contra de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, en el cual se concedía “una autorización a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el Distrito Capital”. En las objeciones se planteaba que el proyecto había sido debatido en las comisiones primeras, a pesar de que su contenido era estrictamente tributario, razón por la cual debía haber sido tramitado en las comisiones terceras de las cámaras legislativas.
En la sentencia, la Corte manifestó que “la naturaleza tributaria del proyecto de ley que se examina es evidente. Y desde este punto de vista le asiste razón al gobierno cuando afirma que las comisiones terceras constitucionales permanentes de cada cámara tenían vocación para abocar su debate inicial, por razón de la materia”. Sin embargo, la Corte anotó que el fin del proyecto era modificar el Decreto 1421 de 1993, “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente las disposiciones contenidas en su artículo 155, referido al impuesto predial unificado en la ciudad. De esta manera, consideró que, como el Decreto 1421 de 1993 se refería a la organización territorial, “la modificación mediante ley del mencionado estatuto, implica que el correspondiente proyecto de ley debe ser estudiado primeramente por las comisiones primeras constitucionales permanentes de ambas cámaras, pues temáticamente los asuntos relacionadas con organización territorial son de su incumbencia, como lo indica el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992...”.
La corporación encontró, entonces, que el proyecto de ley objetado se refería a asuntos “que son de la incumbencia tanto de las comisiones primeras como de las terceras constitucionales permanentes de las cámaras legislativas”. Añadió que esta situación hacía inoperante acudir al principio de especialidad para definir cuál era la comisión competente, razón por la cual el presidente de la cámara legislativa correspondiente podía decidir, según su criterio, cuál comisión debía proceder al estudio del proyecto. Así, concluyó la Corte que “la asignación hecha por el presidente de la respectiva cámara legislativa, tiene la virtud de definir la competencia de la comisión que inicia el trámite, y a esta decisión ha de estarse, salvo que sea irrazonable. Por lo tanto, las comisiones primeras constitucionales de ambas cámaras, en virtud del reparto que les fue hecho del proyecto, bajo examen, reparto verificado de conformidad con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, eran competentes para dar primer debate al referido proyecto”.
Después de resaltar la importancia de la distribución del trabajo entre las distintas comisiones permanentes de las cámaras legislativas (3) , la Corte indicó que “en muchas ocasiones la distribución de los proyectos de ley para su aprobación en primer debate es aproximada, debido a las condiciones especiales del contenido de cada proyecto. Si bien la Ley 3ª de 1992 hace una distribución temática entre las comisiones permanentes, la amplitud y variedad de los principios constitucionales que deben ser desarrollados por ley y la dinámica y especificidad de cada materia exigen cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para su estudio, trámite y aprobación en primer debate”. Por esta razón, afirmó que “en los eventos en que se estudie la constitucionalidad de leyes cuyo contenido dé la sensación de pertenecer a dos o más comisiones constitucionales permanentes de acuerdo con la distribución material de la Ley 3ª de 1992, el control de constitucionalidad que se ejerza debe ser flexible (...) la Constitución y las Leyes 3ª y 5ª de 1992 consagran preceptos que permiten una flexibilidad razonable en la designación de la comisión que apruebe en primer debate los proyectos de ley”.
“En resumen, la distribución de los proyectos de ley en las comisiones permanentes para su aprobación en primer debate dependerá de la materia dominante en cada caso, siendo permitido que un mismo proyecto contenga temas directa o indirectamente asignados a otras comisiones pero que sean conexos entre sí. El criterio de especialidad empleado por la Ley 3ª de 1992 para señalar las materias que conocen las comisiones constitucionales permanentes debe aplicarse según el contenido específico y la finalidad de cada proyecto de ley. En caso de duda razonable, el presidente de la cámara en donde se haya radicado el proyecto hará uso de la facultad consagrada en el parágrafo 2º, artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 y, según su criterio, lo enviará a la comisión competente”.
“Por eso, en aquellos casos donde las materias reguladas en un proyecto de ley no aparezcan claramente asignadas a una determinada y específica comisión o puedan ser estudiadas por varias de ellas, y el presidente de la respectiva célula congresional haya dispuesto su envío a la comisión que considere pertinente en atención a su afinidad temática, en acatamiento al respeto por el principio democrático, el control de constitucionalidad que se adelante en esa causa debe ser flexible, de forma tal que solo se pueda considerar la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, cuando la asignación de competencia resulte irrazonable y claramente contraria a los contenidos normativos del artículo 2º de la Ley 3ª de 1992. Solo en este último caso —lo dijo la Corte—, “el juez de la Carta podría sustituir la decisión del presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley que se trate”.
“En consecuencia, en los juicios de inconstitucionalidad donde se controvierte la competencia o incompetencia de una comisión permanente para tramitar y aprobar en primer debate un proyecto de ley, respecto del cual existe una duda razonable sobre el destino que este debe seguir, el criterio para definir cuál es la comisión a la que ha debido remitirse dicho proyecto es eminentemente material; es decir, referido al tema y a la finalidad que persigue la ley, sin que resulte relevante que entre las varias materias tratadas una tenga un mayor número de artículos. Ello, sin perjuicio de que, en todos los demás casos, la inobservancia deliberada e inadvertida de las competencias definidas en el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992, conduzca necesariamente a la declaratoria de inexequibilidad del texto acusado”.
Empero, en este caso la Corte concluyó que el Congreso de la República había incurrido en vicios de procedimiento en la formación de la ley, por cuanto el proyecto había sido debatido en una comisión constitucional permanente diferente a la indicada. Al respecto concluyó que la materia dominante de la ley era la propiedad intelectual —la modificación del régimen del derecho de autor—, razón por la cual el proyecto debía haberse tramitado en las comisiones primeras, y no en las comisiones sextas, como había ocurrido. Para ello aseveró que “advirtiendo que el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 establece expresamente que las comisiones primeras constitucionales permanentes son competentes para conocer y tramitar en primer debate los proyectos de ley relacionados con la ‘propiedad intelectual’, no encuentra la Corte que hubiere existido una duda razonable, y menos un principio de razón suficiente, para que el presidente de la Cámara de Representantes haya asignado a las comisiones sextas permanentes el trámite del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 719 de 2001”.
En la sentencia, la Corte encontró que la materia central del proyecto era el cine nacional y, en consecuencia, la cultura, y que “la contribución parafiscal es solo uno de los medios para fomentar dicha actividad cultural en el ámbito nacional”. En consecuencia, declaró la constitucionalidad de las normas demandadas, por el cargo analizado.
14. El proyecto de ley 077 de 2006 Cámara, 190 de 2007 Senado, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, se refiere a distintas materias relacionadas con los agentes de tránsito y transporte. Las normas están organizadas en cuatro capítulos, a saber: uno de disposiciones generales, otro sobre la jerarquía y la creación de cargos en los cuerpos de tránsito, un tercero sobre la moralización de los cuerpos de agentes de tránsito y el sistema de participación ciudadana, y el último sobre los uniformes, su uso y demás disposiciones finales.
— La profesionalización de la actividad de agente de tránsito y transporte y a la necesidad de que se brinde una formación académica integral a los agentes, para lo cual se dispone que los organismos de tránsito podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica o contratar con universidades públicas reconocidas (art. 3º).
— La delimitación de las jurisdicciones de las distintas autoridades de tránsito, sin perjuicio de la colaboración que deben prestarse (art. 4º).
— La determinación de que cada organismo de tránsito contará con un solo cuerpo especializado de agentes de tránsito y transporte que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción, cuyas funciones no podrán ser objeto de delegación y no podrán ser objeto de contratación con particulares (art. 4º).
— Las funciones generales confiadas a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales, siendo de carácter permanente las tareas de policía judicial, la educativa, la preventiva, la de actuar en forma solidaria y la de vigilancia cívica (art. 5º).
— La determinación de que la profesión de agente de tránsito pertenece a la carrera administrativa y la fijación de los distintos grados de la misma (art. 6º).
— La determinación de los requisitos para poder ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales (art. 7º).
— La responsabilidad de los cuerpos de tránsito de velar por su moralización, para lo cual se establece su obligación de crear tribunales o comités de ética para que emitan conceptos que deben ser atendidos por los jefes de las dependencias de tránsito (art. 9º).
— La obligación de los cuerpos de tránsito de desarrollar sistemas de participación ciudadana (art. 10).
— La creación de la comisión de tránsito y participación ciudadana, que se encargará de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas, junto con la determinación acerca de los integrantes de la misma y de las funciones que desempeñará (arts. 11-13).
— La determinación de que el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente al uso de los uniformes, diseños y demás aspectos dirigidos a facilitar la identificación de los agentes de tránsito en los entes territoriales y la obligación de las entidades de tránsito de suministrarle a sus agentes tres dotaciones anuales gratuitas (art. 14).
— La determinación de que el Gobierno Nacional reglamentará la ley dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigencia (art. 15).
Como se observa, el proyecto de ley trata sobre temas muy variados, referidos a la profesionalización de la actividad de agentes de tránsito y a la vinculación de estos a la carrera administrativa; a los cuerpos de tránsito territoriales; a la moralización de los cuerpos de tránsito y a la creación de sistemas de participación ciudadana para orientar y facilitar las relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las entidades territoriales y las autoridades administrativas; a los uniformes y distintivos de los agentes; y a la reglamentación de la ley.
15. En el escrito de objeciones presidenciales se afirma también, como se ha dicho, que los artículos 1º y 2º del proyecto de ley vulneran el numeral 7º del artículo 300 de la Carta, y el numeral 6º del artículo 313, por cuanto imponen a las autoridades departamentales y municipales un modelo de entidad pública para dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su jurisdicción, con lo cual interfieren en la determinación de las estructuras de las administraciones departamentales y municipales.
16. El artículo 1º de la Constitución establece que “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...”.
En sus distintas sentencias, la Corte se ha ocupado de establecer cómo opera la interrelación entre los principios de unidad y autonomía. Así, en la Sentencia C-535 de 1996, la Corte estableció que los principios de unidad y de autonomía “deben ser armonizados” y que “la autonomía debe entenderse como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley”. Por eso, también expresó que “la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario” y que “el núcleo esencial de la autonomía es indisponible por parte del legislador”.
En este sentido, la Corte ha determinado que es tarea del legislador definir los espacios de autonomía de las entidades territoriales, bajo el respeto de unos ciertos límites. Así, en la Sentencia C-1187 de 2000 la Corte aseguró que “la Carta Política no definió el grado de autonomía que le atribuyó a las entidades territoriales, delegando en el legislador tal competencia. Así las cosas, el grado de autonomía que tienen los entes territoriales en el Estado Colombiano, lo califica directamente la ley. Dicho en otros términos, la autonomía territorial es relativa, puesto que se concibe dentro de un Estado unitario”. Y luego, en la Providencia C-1258 de 2001 la Corte concluyó que “[e]l legislador está autorizado para fijar los alcances de la autonomía territorial, dentro de los límites mínimos y máximos que señala la Constitución —en un extremo, el núcleo esencial, y en el otro, el límite dado por el carácter unitario del Estado—, los cuales no podrá sobrepasar. Entre estos dos límites el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, se desplaza para fijar el grado de autonomía en cada materia o asunto a cargo de las entidades territoriales”.
17. Las pautas anteriores han sido también aplicadas por la Corte Constitucional cuando ha analizado la constitucionalidad de normas nacionales sobre el transporte que son acusadas de interferir dentro del ámbito de atribuciones de las entidades territoriales. En la Sentencia C-931 de 2006 se estudió la constitucionalidad de una norma que establecía que el Ministerio del Transporte fijaría las pautas para la creación, funcionamiento y supresión de los organismos de tránsito (4) , razón por la cual en la demanda se aseguraba que el precepto vulneraba la autonomía territorial. En la sentencia se expresó que dentro del núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales se encontraba la definición sobre su estructura administrativa, razón por la cual esta no podía ser alterada por el legislador:
Por eso, en la sentencia la Corte decidió que eran inconstitucionales los términos “creación” y “cancelación”, por cuanto “los organismos territoriales de tránsito son entidades del orden municipal, distrital o territorial, su creación y supresión corresponde a los concejos municipales y distritales y a las asambleas departamentales”. Por el contrario, determinó que era constitucional que el ministerio fijara pautas para el funcionamiento de los organismos de tránsito, pues esa atribución se encontraba dentro del “de la tensión unidad-autonomía”, siempre y cuando las pautas que dictara el ministerio tuvieran un carácter técnico y se refirieran a las funciones del orden nacional que debían ejecutar los organismos de tránsito, bien porque la ley lo establecía o bien porque el Gobierno Nacional hubiera decidido delegárselas.
Una decisión similar tomó la Corte en la Sentencia C-1051 de 2001, en la que se examinó la constitucionalidad de una norma de la Ley 53 de 1989 (5) , que establecía que “[p]ara la creación de los organismos de tránsito de nivel municipal se requerirá concepto previo favorable de las oficinas departamentales de planeación”. En su sentencia la Corte reafirmó la autonomía de las entidades territoriales para decidir sobre su estructura administrativa. Luego afirmó que si bien era posible que la ley le impusiera a las autoridades municipales el deber de escuchar a las oficinas de planeación departamental antes de tomar la decisión de crear los organismos de tránsito, el concepto del último no podía tener un carácter vinculante, por cuanto ello desconocía la autonomía de los Concejos Municipales para establecer la estructura administrativa del municipio. Con base en ello concluyó que era inexequible el vocablo “favorable”.
18. Como se observa, la Corte ha considerado que si bien el legislador está facultado para regular el tema del transporte —como se lo autoriza el mismo numeral 25 del artículo 150 de la Carta, que dispone que le corresponde al Congreso” [u]nificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República”—, esa facultad no puede afectar el núcleo esencial del derecho a la autonomía territorial en lo que se refiere a que las entidades territoriales determinen su estructura administrativa.
Pues bien, en la segunda objeción presidencial se manifiesta precisamente que el artículo 2º del proyecto de ley —y por extensión también el 1º— vulneran la atribución de las entidades territoriales de determinar su estructura administrativa. El Gobierno Nacional expresa que el artículo 2º le impone a las asambleas y concejos la obligación de crear entidades públicas para el control del tránsito y transporte, lo cual significaría que tienen que asumir un determinado modelo de entidad para el manejo del tránsito, el cual se alejaría de la fórmula tradicional de las secretarías de tránsito.
Para el análisis del cargo formulado en la objeción es conveniente recordar el contenido de los artículos 1º y 2º del proyecto de ley.
Como ya se ha indicado, el Gobierno Nacional objeta el artículo 2º, pero extiende su reproche constitucional al artículo 1º, por cuanto este precepto señala que las normas contenidas en la ley serán aplicables a todos los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte del ámbito territorial. Empero, de los argumentos contenidos en las objeciones se infiere que en realidad el cargo expresado en ellas se refiere específicamente al aparte del artículo 2º referido a los organismos de tránsito y transporte, pues en el reproche presidencial se manifiesta que a través del artículo 2º se obliga a las entidades territoriales a crear “una determinada forma de entidad para dirigir y controlar el tránsito y el transporte, cuando actualmente, en la mayoría de las entidades territoriales, dichas funciones vienen siendo cumplidas por las respectivas secretarías de tránsito. Evidentemente, esta acusación se ajusta únicamente a ese inciso del artículo 2º.
Pues bien, la Corte no considera que de la lectura del precepto normativo objetado se puede deducir que la norma les impone a las autoridades territoriales la obligación de crear alguna entidad para el manejo del tránsito en su jurisdicción o de acogerse a un modelo de autoridad de tránsito señalado por el legislador. El inciso se limita a establecer una definición general, dentro de la cual caben las distintas modalidades de organización institucional existentes en las entidades territoriales para el cumplimiento de su función de “organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción”. En este sentido, la Corte comparte la postura del Congreso de la República acerca de que los conceptos que se utilizan en el artículo 2º del proyecto son generales y abstractos, de manera tal que ellos comprenden muchas formas posibles de diseño de la entidad que se encarga del control del tránsito y el transporte en el ámbito territorial.
Al respecto es importante destacar que la norma reprochada tiene un texto casi idéntico a la disposición del Código Nacional de Tránsito —la L. 769/2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”— que define el concepto de “organismo de tránsito”. Dice el aparte pertinente del artículo 2º:
“Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción” (6) .
Además, la norma no modifica el artículo 6º del Código Nacional de Tránsito, que establece cuáles son los organismos de tránsito en las distintas jurisdicciones:
“PAR. 1º—En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.
“PAR. 2º—Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.
“No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan” (7) .
Ahora bien, como se observa, el artículo 6º del Código Nacional de Tránsito establece la posibilidad de que los organismos de tránsito revistan distintas formas, entre las cuales se encuentra la de las secretarías municipales de tránsito. En este sentido, no tiene razón el argumento expuesto en la objeción presidencial acerca de que la norma objeto del reparo impide que los municipios continúen confiando el manejo del tránsito en su jurisdicción a las secretarías de tránsito. Pero, además, del texto del artículo 6º del código se deduce que los municipios y departamentos pueden confiar el manejo del tránsito a modelos institucionales muy diversos, tales como los departamentos administrativos de tránsito, las secretarías de tránsito, e incluso los que designen las autoridades locales en aquellos municipios o departamentos (8) donde no haya autoridad de tránsito (9) .
En consecuencia, no encuentra la Corte que en el artículo 2º del proyecto el legislador esté vulnerando la autonomía de las entidades territoriales, pues la norma no interfiere en la función de las entidades territoriales de determinar su estructura administrativa, ni les impone un modelo específico de organismo de tránsito y transporte.
1. Declarar infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República contra el proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
2. En consecuencia, declarar exequible el proyecto de ley 190 de 2007 Senado, 077 de 2006 Cámara, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, únicamente por los cargos planteados en las objeciones analizadas en esta sentencia.
(1) Ver, por ejemplo, las sentencias C-731 de 2008, C-482 de 2008 y C-1249 de 2001.
(2) El artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 fue reformado por la Ley 754 de 2002, “por la cual se modifica el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 en cuanto a la composición de las comisiones constitucionales permanentes.
(3) Al respecto se concluyó en la sentencia que “la distribución del trabajo en el Congreso de la República tiene profundas connotaciones democráticas y de eficiencia en el cumplimiento de la función legislativa”.
(4) La norma demandada era el inciso 1º del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006, que adicionó y modificó el Código Nacional de Tránsito Terrestre (la L. 769/2002). El texto del inciso demandado era el siguiente: “El Ministerio del Transporte fijará las pautas a las cuales se deben sujetar los organismos de tránsito, para su creación, funcionamiento y cancelación”. En su sentencia la Corte manifestó, en primer lugar, que la norma tenía una redacción deficiente, razón por la cual era preciso hacer una serie de precisiones sobre ella. Así, estableció que, según el tenor literal, los destinatarios de las pautas del ministerio serían los organismos de tránsito, cuando era evidente que las pautas se dirigían “a las autoridades que en el nivel territorial tienen competencia para la creación de organismo de tránsito”. Además, aclaró que debía entenderse que la norma se refería a la supresión de entidades públicas y no a la cancelación de las mismas.
(5) “Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas al tránsito terrestre automotor en todo el país y se conceden facultades extraordinarias para reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
(6) La Corte no se ha pronunciado sobre esta definición.
(7) Es importante anotar que la Corte solamente se ha pronunciado sobre el inciso 1º del parágrafo 3º de este artículo, el cual fue declarado exequible, por los cargos analizados, en la Sentencia C-568 de 2003.
(8) El literal e) prescribe: “e) Las secretarías departamentales de transito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de transito”. Todo indicaría que existe un error al referirse este inciso a los municipios, puesto que debería tratar sobre los departamentos.
(9) El artículo 3º del código define cuáles son las autoridades de transito:
“ART. 3º—Autoridades de transito. Son autoridades de transito en su orden, las siguientes:
“Los organismos de transito de carácter departamental, municipal o distrital.
“La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de transito urbano y policía de carreteras.
“Los inspectores de policía, los inspectores de transito. Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.
“La Superintendencia General de Puertos y Transportes.
“Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este articulo.
“Los agentes de transito y transporte (...)”.