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Timestamp: 2019-05-19 16:20:06
Document Index: 286273889

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 137', 'artículo 51', 'artículo 137', 'artículo 320', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 210', 'Artículo 210', 'ARTÍCULO 210', 'artículo 210', 'artículo 4', 'artículo 5']

Desconocimiento de la Relación Laboral: Corresponde al IMSS probar la afiliación – Santiago Galvan
Las certificaciones de consulta que el IMSS proporciona en el juicio contencioso como medio de prueba para acreditar la existencia de la relación laboral, resultan totalmente insuficientes, toda vez que, no obstante que provienen del uso de nuevas tecnologías, no sirven para acreditar que quien alimentó el sistema que a la postre arroja tales reportes, haya sido el propio patrón al inscribir o realizar alguna modificación en su plantilla laboral afiliada a ese H. Instituto
Del análisis del artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se advierte que a todo trámite relacionado con la afiliación de trabajadores que se realice en una cuenta patronal corresponderá la emisión de una constancia que consigne la información que haya sido objeto de incorporación o cambio, y que una vez entregada, el patrón contará con un plazo de tres días para confirmar la información o solicitar que se realicen las aclaraciones pertinentes, en la inteligencia de que, de no hacerlo, se tendrá por consentida en los términos de la constancia. Por consiguiente, para que se configure la presunción de certeza de la información proporcionada sobre movimientos de afiliación de los trabajadores, es preciso que el Instituto Mexicano del Seguro Social extienda la referida constancia, pues de no hacerlo, la información que este último manifieste haber recibido y que no haya sido objeto del procedimiento previsto en el indicado precepto, no puede tenerse como eficaz en caso de controversia. De manera que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo en que impugne la resolución por la cual se le atribuyan determinados trabajadores, cuestione la existencia del trámite de afiliación de éstos y, como consecuencia, desconozca la relación laboral, corresponde al aludido organismo probar que aquél presentó los avisos de afiliación respectivos, mediante la exhibición de las constancias que, en su oportunidad, le hubiera extendido.
Registro No. 162720
Página: 2223
Tesis: I.4o.A. J/94
Registro No. 22707
Tomo: XXXIII, Febrero de 2011
Tema: SEGURO SOCIAL. CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN QUE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE LE ATRIBUYAN DETERMINADOS TRABAJADORES, CUESTIONE AL INSTITUTO MEXICANO RELATIVO EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE ÉSTOS Y, COMO CONSECUENCIA, DESCONOZCA LA RELACIÓN LABORAL, CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO PROBAR QUE AQUÉL PRESENTÓ LOS AVISOS RESPECTIVOS, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, LE HUBIERA EXTENDIDO.
AMPARO DIRECTO 575/2010. VARTHON MEDICAL, S.A. DE C.V.
QUINTO. El primer concepto de violación propuesto por la parte quejosa deviene infundado.
En él expone, esencialmente, que en la sentencia que se reclama la Sala resolvió indebidamente, ya que no analizó si eran veraces los argumentos que hizo valer en la demanda de nulidad respecto de la ilegalidad de los actos de notificación de la resolución impugnada, sino que sólo se limitó a declararlos inoperantes por haber interpuesto un medio de defensa oportunamente, lo que no le impide a la juzgadora estudiar sus agravios, por lo que no resolvió su pretensión, violando con ello el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la nulidad de notificación por la que se queja, sí le causó una afectación porque carece de fundamentación y motivación al haberlo importunado con un documento ilegal.
Que la Sala debió advertir que el notificador no cumplió con los requisitos que marca el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, ya que dicha notificación no se realizó con su representante legal y no tiene carácter de notificación personal, amén de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía la obligación de notificar a su representante legal, conforme a derecho, la cédula de liquidación de cuotas por el crédito fiscal 079079213 periodo 12/2006.
Que por lo anterior la Sala hace una incorrecta interpretación del artículo 51, fracciones II y III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que el acto demandado adolece de falta de fundamentación y motivación, así como de dolo y mala fe, al no contar con los requisitos formales exigidos por las leyes.
No le asiste razón a la parte quejosa, toda vez que el hecho de que la Sala responsable no haya analizado los argumentos que hizo valer respecto de la notificación de la resolución impugnada, no implica que se violen en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la existencia de algún vicio de ilegalidad del mencionado acto se convalidó, al ser de su conocimiento la mencionada resolución y admitirse a trámite la demanda de nulidad interpuesta en su contra, que la propia quejosa la exhibe como prueba de su parte y la ataca en cuanto al fondo, salvaguardándose con ello la garantía de audiencia.
Al respecto, se hace necesario tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de la notificación, ha establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 187/2004, consultable en la página 423 del Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, lo siguiente:
"NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede, además de que constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para que aquélla tenga validez."
De dicha tesis se advierte, en la parte que interesa, que la notificación constituye la actuación que comunica una resolución administrativa que no tiene contenido particular, sino que transmite el acto que la antecede, siendo necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración tributaria.
Precisado lo anterior, debe decirse que no asiste razón a la impetrante de garantías, ya que aun en el supuesto de que la autoridad no hubiese notificado conforme a lo establecido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación la resolución impugnada, resulta incuestionable para este órgano jurisdiccional que el fin de la notificación se cumplió.
Si la notificación tiene como fin primordial, en este caso, hacer del conocimiento de la parte actora la resolución impugnada, consistente en la cédula de liquidación de cuotas por el supuesto crédito 079079213, por el periodo 12 del 2006, emitido por el titular de la Subdelegación 6 "Piedad Narvarte" del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe decirse que la omisión de que se duele la quejosa se convalidó desde el momento en que ésta se manifestó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sabedora de la misma promoviendo el juicio de nulidad en su contra, atacando el fondo de tal acto, e inclusive anexándola en su escrito de demanda como prueba de su parte; consecuentemente, la notificación mal hecha u omitida surtió sus efectos como si fuera realizada con arreglo a la ley.
En efecto, si la parte que aduce no fue notificada o lo fue indebidamente en el juicio de nulidad, se ostenta sabedora de la resolución objeto de la notificación, cuando ejercita algún acto procesal con posterioridad a la diligencia ilegítima, realizado dicho acto, se convalida la notificación ilegal, pero siempre que revele el conocimiento de la actuación materia de la notificación, como acontece en el presente asunto, ya que, como se dijo, el fin de la notificación está cumplido, y al ser del conocimiento de la parte promovente la resolución impugnada, ésta lo convalidó, máxime que contra la misma promovió el juicio de nulidad en el que se dictó la sentencia materia del presente juicio de garantías.
Bajo esa tesitura, contrario a lo que estimó la parte quejosa, al no analizar los argumentos bajo los cuales adujo la ilegalidad de la resolución impugnada atento al desconocimiento de la misma, derivado de su indebida notificación, la Sala del conocimiento no viola las garantías constitucionales referidas por la inconforme, pues como quedó de manifiesto, dicho acto se convalidó, pues la peticionaria adujo tener conocimiento de la resolución de que se duele desde el 22 de diciembre de 2008, tan es así que promovió en su contra el juicio de nulidad que nos ocupa; de ahí lo infundado del concepto de violación sujeto a estudio.
Apoya a la anterior consideración, por analogía, el criterio que este tribunal comparte, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 277 del Tomo XI, abril de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL AMPARO. LAS CONVALIDAN LAS MANIFESTACIONES EN EL JUICIO QUE REVELEN EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS. El artículo 320 del Código Federal del Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que: ‘… si la persona mal notificada o no notificada se manifestare ante el tribunal sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviera hecha con arreglo a la ley’; así que, si la parte notificada indebidamente en el juicio de amparo, se ostenta sabedora del acuerdo, asunto o proveído objeto de la notificación, cuando ejercita algún acto procesal con posterioridad a la diligencia ilegítima, realizado dicho acto, se convalida la notificación ilegal, pero siempre que dicho acto revele el conocimiento de la actuación materia de la notificación."
El segundo concepto de violación es fundado, atento a las siguientes consideraciones:
En él expone sustancialmente la parte quejosa, que el considerando cuarto de la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la obligada a probar la relación obrero patronal es la autoridad demandada, ya que la litis se centra en determinar si existe o no obligación crediticia alguna de su parte para con el instituto demandado y si por ello se encuentra o no obligado al pago de las aportaciones a que se le pretende hacer acreedor, por lo que si en su demanda de nulidad adujo que no se le dieron a conocer los documentos en los que se fundó la autoridad para determinar la obligación obrero patronal que se le atribuye, es a ésta a quien le corresponde probar su afirmación con los medios de prueba, como los avisos de alta y afiliación debidamente certificados, fundados y motivados, en términos de los artículos 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 68 del Código Fiscal de la Federación, los cuales debió exhibir como prueba.
Los anteriores argumentos resultan fundados, en razón de que, contrario a lo señalado por la Sala responsable, el hecho de que la demandada manifieste que los avisos en que se sustenta la liquidación emitida fueron presentados por el demandante, lo cual es una obligación del patrón conforme a lo establecido en los artículos 15, fracción I y 34, fracciones I, II y III, de la Ley del Seguro Social, y que como se desprende del acto impugnado el mismo señala que se emite con base a los datos con que cuenta el instituto demandado, cuyos datos de identificación, salario base de cotización, reingreso, modificación de salario y baja, fueron presentados por el propio patrón, y se conserva en términos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como con los datos manifestados por el patrón al efectuar el pago de las cuotas obrero patronales correspondientes al periodo de cotización que también se indica en dicho documento, no resulta suficiente, por sí sola, para generar la presunción de veracidad.
Lo anterior en virtud de que, para alcanzar esa certidumbre, es preciso que se proporcionen datos necesarios a fin de justificar la metodología con la cual se conforma la base de datos correspondiente en la que obran dichas cuentas, o bien, que se observe el procedimiento previsto por el artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 6. En todos los casos el instituto o las oficinas autorizadas por el mismo, entregarán al patrón o sujeto obligado la constancia correspondiente del trámite realizado, ya sea en forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se refiere la ley, en este último caso, dicha constancia tendrá para todos los efectos legales, igual valor probatorio que la impresa.
De la transcripción anterior se advierte lo siguiente:
a) De los trámites que sean realizados ante el instituto o sus oficinas autorizadas -como en el caso son los movimientos relativos a los avisos de afiliación por medios magnéticos- debe entregarse la constancia correspondiente al patrón o sujeto obligado, en forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se refiere la ley;
b) Las constancias generadas a través de medios de comunicación electrónica deberán reunir los requisitos que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social;
c) Una vez obtenida la referida constancia, en un plazo de tres días hábiles el patrón podrá:
i. Confirmar que la información proporcionada al instituto concuerda con la registrada por él, o
ii. Realizar las aclaraciones que procedan.
d) En el supuesto de que no realice manifestación al respecto, se tendrá por consentida dicha información; sin embargo, de ser procedente la aclaración, la consecuencia inmediata será tener por realizado el trámite en la fecha en que fue efectuado originalmente.
De lo anterior se desprende que, en términos del primer párrafo del numeral transcrito, a todo trámite relacionado con la afiliación de trabajadores que se realice en una cuenta patronal ante las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe corresponder la emisión de una constancia que consigne la información que haya sido objeto de incorporación o cambio.
Una vez entregada esa constancia, el patrón contará con un plazo de tres días para confirmar la información o solicitar que se realicen las aclaraciones que estime pertinentes, en la inteligencia de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida en los términos de la constancia.
Por consiguiente, para que pueda configurarse la presunción de certeza de la información proporcionada por medios electromagnéticos sobre los movimientos de afiliación de los trabajadores, es preciso que el instituto extienda la referida constancia, pues de no hacerlo, la información que este último manifieste haber recibido y que no haya sido objeto del indicado procedimiento previsto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no puede tenerse como eficaz dentro del procedimiento contencioso administrativo en que se impugne la resolución basada en esa información.
De acuerdo con lo expuesto, si el titular de la Subdelegación 6 "Piedad Narvarte" de la Delegación Sur en el Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que determinados trabajadores fueron afiliados por la ahora quejosa, según se desprende de la información que señala haber recibido por medios magnéticos, es evidente que dichos movimientos debieron generar una constancia y con ella debió darse vista a la referida empresa, para que externara si estaba o no conforme con dicha información, y sólo a falta de respuesta, podía legalmente considerarse que consintió los términos en que se asentó el movimiento en los registros del instituto.
En el caso que nos ocupa, la empresa actora cuestionó en su demanda de nulidad la existencia del referido trámite afiliatorio y, como consecuencia inmediata, desconoció la relación laboral correspondiente; por su parte, la autoridad enjuiciada pretendió demostrar la existencia de los movimientos de afiliación que, a su decir, fueron realizados por la hoy quejosa, con las copias certificadas de las cuentas individuales de cada trabajador atribuido a su registro patronal.
A juicio de este Tribunal Colegiado, el documento público mencionado no es suficiente para sustentar la legalidad de la resolución controvertida, pues en la demanda de nulidad, la impetrante de garantías desconoció los movimientos afiliatorios que la enjuiciada, asegura, fueron realizados por ésta; por ende, dicha autoridad tenía la carga procesal de demostrar tal circunstancia a través de las constancias generadas con los trámites referidos, en términos del artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
No pasa inadvertido para este órgano colegiado la jurisprudencia 2a./J. 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN.", ya que, dada la naturaleza de las resoluciones impugnadas, al tratarse de la determinación de créditos con base en la afirmación de que la quejosa, presentó la información de los avisos de afiliación de los trabajadores enlistados en ellas, entonces correspondía a la autoridad demandada aportar los medios probatorios con los cuales justificara tal hecho y, por ende, considerar la legalidad de su determinación.
Al respecto, cabe señalar que la tesis en cita parte del supuesto de que se haya seguido el procedimiento y, en el caso, hay condiciones para acreditar que ese requisito está insatisfecho, por eso es que ningún valor debe concederse a la certificación del Instituto Mexicano del Seguro Social al no seguirse el procedimiento que el propio instituto estableció al respecto.
De lo expuesto se obtiene que si la Sala del conocimiento limitó los alcances del hecho destacado por la actora -el desconocimiento del trámite afiliatorio y como consecuencia la inexistencia de la relación laboral con los trabajadores que le fueron atribuidos-, omitiendo valorar adecuadamente la prueba documental pública ofrecida por la autoridad demandada para sostener la legalidad de la resolución impugnada y soslayó que la enjuiciante justificó, por ende, la pretensión deducida en los argumentos de anulación que desestimó, tal proceder tornó a la sentencia reclamada conculcatoria de garantías individuales, razón por la cual, debe concederse el amparo solicitado.
Brinda apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.696 A, visible en la página 2929 del Tomo XXXI, febrero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por este tribunal, del siguiente tenor literal:
"SEGURO SOCIAL. CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN QUE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE LE ATRIBUYAN DETERMINADOS TRABAJADORES CUESTIONE AL INSTITUTO MEXICANO RELATIVO EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE ÉSTOS Y, COMO CONSECUENCIA, DESCONOZCA LA RELACIÓN LABORAL, CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO PROBAR QUE AQUÉL PRESENTÓ LOS AVISOS RESPECTIVOS, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, LE HUBIERA EXTENDIDO. Del análisis del artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se advierte que a todo trámite relacionado con la afiliación de trabajadores que se realice en una cuenta patronal corresponderá la emisión de una constancia que consigne la información que haya sido objeto de incorporación o cambio, y que una vez entregada, el patrón contará con un plazo de tres días para confirmar la información o solicitar que se realicen las aclaraciones pertinentes, en la inteligencia de que, de no hacerlo, se tendrá por consentida en los términos de la constancia. Por consiguiente, para que se configure la presunción de certeza de la información proporcionada sobre movimientos de afiliación de los trabajadores, es preciso que el Instituto Mexicano del Seguro Social extienda la referida constancia, pues de no hacerlo, la información que este último manifieste haber recibido y que no haya sido objeto del procedimiento previsto en el indicado precepto, no puede tenerse como eficaz en caso de controversia. De manera que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo en que impugne la resolución por la cual se le atribuyan determinados trabajadores, cuestione la existencia del trámite de afiliación de éstos y, como consecuencia, desconozca la relación laboral, corresponde al aludido organismo probar que aquél presentó los avisos de afiliación respectivos, mediante la exhibición de las constancias que, en su oportunidad, le hubiera extendido."
No obstante la determinación anterior, sólo a mayor abundamiento, este tribunal considera pertinente recordar, en cuanto al alcance y valor probatorio de la información contenida en medios electrónicos -como en el caso lo son los movimientos relativos a los avisos de afiliación-, lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles:
"Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
"Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.
"Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta."
La norma anterior reconoce el carácter de prueba a la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, probanzas que serán relevantes en la resolución de un asunto, en la medida en que cumplan con las reglas específicas, que el propio legislador estableció para calificar y atribuir valor probatorio al uso de la información que se encuentre almacenada en medios electrónicos, a saber:
1. Debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada;
2. Evaluar o apreciar si es posible atribuir a las personas obligadas, el contenido de la información relativa, y
3. Que la información almacenada sea accesible para su ulterior consulta.
Dicho en otras palabras, a efecto de estar en posibilidad de otorgar valor probatorio pleno a la información que provenga de medios en los cuales se utilicen avances de la tecnología, debe prestarse especial atención a la confiabilidad e integridad de dónde aquélla provenga, o sea que resulta necesario que se demuestre que tal información proviene de una fuente que es digna de confianza y que ofrezca seguridad de que lo proporcionado no pudo ser modificado o manipulado por alguien distinto a quien generó originalmente los datos que conforman tal información.
Aspectos que no se colman en el caso que nos ocupa y, por tanto, no puede concederse valor probatorio a las certificaciones de las consultas a los estados de cuenta individuales aportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de la revisión a las mismas no se advierte la existencia de datos suficientes, y mucho menos de soporte probatorio pleno, respecto a la fuente de la cual se obtuvieron tales constancias y elementos de confirmación a cargo de quién generó la supuesta información; máxime que la propia quejosa desconoce tal información, pues al respecto manifiesta que en ningún momento comunicó a la demandada movimientos relativos a los trabajadores con los cuales se le relaciona, incluso aduce que de la certificación realizada a las consultas de cuentas individuales no se desprende que la información ahí contenida haya sido presentada por persona facultada para realizar los movimientos ahí descritos, menos aún puede decirse que resulte confiable el método usado para almacenarla y atribuible en perjuicio a determinada persona.
Tiene aplicación al respecto, la tesis de este tribunal cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA DETERMINAR SU VALOR PROBATORIO DEBEN EVALUARSE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 210-A DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN GENERADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.-De los artículos 3, 4, 5 y 14 del Reglamento del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización se advierte, por una parte, que el patrón debe inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y comunicarle sus modificaciones salariales y bajas, ya sea presentando los formatos impresos autorizados, o bien, a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, debiendo utilizar, en este caso, el número patronal de identificación electrónica que le proporciona el citado instituto, como llave pública de sus sistemas criptográficos, con los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, por otra, que el aludido instituto podrá conservar en dichos medios la información presentada en formatos impresos. Por tanto, para que los estados de cuenta individuales, que son impresiones o registros de la información que obra en dispositivos magnéticos o electrónicos, tengan suficiente valor probatorio para acreditar la relación laboral entre el patrón y los trabajadores a que se refieren, es necesario evaluar, entre otros aspectos, los requisitos que exige el segundo párrafo del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que son, en primer lugar, la fiabilidad del método en que se encuentre o almacene la información, es decir, donde se genere, comunique, reciba o archive; en segundo, de ser posible, que se atribuya el contenido de la información al patrón; y en tercero, que ésta sea accesible para su posterior consulta. Por consiguiente, debe acreditarse que efectivamente dicha información fue aportada por el patrón, ya sea conservando los formatos impresos autorizados o su resguardo en medios magnéticos o electrónicos, tal como lo señala el artículo 4 del citado reglamento, o bien, corroborar con el número patronal de identificación electrónica correspondiente (equivalente a la firma electrónica) que la información enviada por medios electrónicos fue efectivamente aportada por el patrón, pues en términos del invocado artículo 5, sólo los trámites en que se utilice ese número producirá los mismos efectos que los documentos firmados autógrafamente." Registro: 171467. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, septiembre de 2007. Tesis: I.4o.A.596 A. Página: 2528.
En las relatadas consideraciones, resulta innecesario llevar a cabo el estudio del resto de los argumentos que hace valer la peticionaria de garantías en su demanda, pues cualquiera que fuera el resultado de su análisis, no se mejoraría el beneficio de la protección constitucional alcanzada; lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en la tesis V.2o. J/7, publicada en la página 86 del Tomo VII, abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia."
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en sesión de 24 de junio de 2010, al resolver por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo 213/2010, promovido por Autoclinic, siendo ponente el Magistrado Jean Claude Tron Petit.
Corolario de lo antes expuesto, lo que procede en la especie es conceder a la quejosa el amparo que solicita para que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita una nueva en la que, con base en los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, valore adecuadamente los medios de prueba allegados al juicio y resuelva lo que en derecho proceda.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 184, 192 y 193 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Varthon Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada el 4 de enero de 2010, por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo 10416/07-17-06-9.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jesús Antonio Nazar Sevilla (Presidente), Jean Claude Tron Petit y Patricio González-Loyola Pérez, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siendo ponente el primero de los nombrados.