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Timestamp: 2019-10-19 12:13:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 1']

BOE.es - Documento DOUE-L-1989-81314
Documento DOUE-L-1989-81314
Directiva del Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las legislaciones veterinaria y zootécnica.
«DOCE» núm. 351, de 2 de diciembre de 1989, páginas 34 a 37 (4 págs.)
DOUE-L-1989-81314
Considerando que conviene, en consecuencia, establecer las normas según las cuales las autoridades competentes de los Estados miembros deben prestarse
asistencia mutua y colaborar con la Comisión al objeto de asegurar la correcta aplicación de las normativas veterinaria y zootécnica, especialmente mediante la prevención e indagación de los incumplimientos de las mismas, así como por medio de la indagación de todos los hechos que sean o parezcan contrarios a dichas normativas;
2. Cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y la Comisión la lista de la autoridades competentes contempladas en el artículo 1.
1. Mediante petición debidamente motivada de la autoridad requirente, la autoridad requerida:
- comunicará a la autoridad requirente todas las informaciones, certificados, documentos o copias certificadas conformes de que disponga o que obtenga con arreglo al apartado 2 y que puedan permitirle verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas por las legislaciones veterinaria o zootécnica;
- procederá a las investigaciones necesarias sobre la veracidad de los hechos indicados por la autoridad requirente y comunicará a la autoridad requirente el resultado de las investigaciones efectuadas, incluidas las informaciones necesarias para éstas.
2. Para procurarse los datos solicitados, la autoridad requerida o la autoridad administrativa a quien haya recurrido esta última, procederá como si actuase por su propia cuenta o a instancias de cualquier autoridad de su propio país.
1. Mediante petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida notificará a ésta o hará que se le notifique, observando las normas vigentes en el Estado miembro donde tenga su sede, todos los actos o decisiones que emanen de las autoridades competentes y que se refieran a la aplicación de las legislaciones veterinaria o zootécnica.
2. Las peticiones de notificación, que mencionen el objeto del acto o de la decisión que haya que notificar, irán acompañadas, a petición de la autoridad requerida, de una traducción en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que dicha autoridad tenga su sede.
A instancias de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejercerá, hará ejercer o hará reforzar la vigilancia en la zona de acción de sus servicios en las que se sospechen irregularidades, en particular:
a) los establecimientos,
b) los lugares donde se establezcan depósitos de mercancías,
c) los movimientos de mercancías declarados,
A instancias de la autoridad requirente, la autoridad requerida comunicará a ésta, en particular mediante informes y otros documentos, o de sus copias certificadas conformes o extractos, todos los datos adecuados de que disponga o que se procure, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4, relacionados con las operaciones efectivamente comprobadas que la autoridad requirente considere que pueden ser contrarias a las legislaiones veterinaria o zootécnica.
1. En las condiciones enunciadas en el apartado 2, las autoridades competentes de cada Estado miembro colaborarán espontáneamente con las
autoridades competentes de los demás Estados miembros sin solicitud previa por parte de estos últimos.
2. Cuando lo estimen conveniente para el cumplimiento de las legislaciones veterinaria o zootécnica las autoridades competentes de cada Estado miembro:
a) ejercerán o harán ejercer, en la medida de lo posible, la vigilancia a que se refiere el artículo 6;
b) comunicarán cuanto antes a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados, en particular mediante informes y otros documentos, o de sus copias certificadas conformes o extractos, todos los datos de que dispongan relacionados con las operaciones que sean o que les parezcan ser contrarias a las legislaciones veterinaria o zootécnica, y en particular los medios o los métodos empleados para la ejecución de dichas operaciones.
1. Las autoridades competentes de cada Estado miembro comunicarán a la Comisión, tan pronto como obre en su poder: a) toda la información que consideren útil referente a:
- las mercancías que hayan sido objeto, o que se presuma que lo han sido, de operaciones contrarias a las legislaciones veterinaria o zootécnica.
- los métodos y procedimientos utilizados, o que se presuma que han sido utilizados, para infringir dichas legislaciones;
2. La Comisión comunicará a las autoridades competentes de cada Estado miembro, tan pronto como obre en su poder, toda la información que les permitan garantizar el cumplimiento de las legislaciones veterinaria o zootécnica.
1. Cuando operaciones contrarias, o que parezcan contrarias, a las legislaciones veterinaria o zootécnica, hayan sido verificadas por las autoridades competentes de un Estado miembro y presenten un interés particular a nivel comunitario, y en especial:
- cuando parezca posible a dichas autoridades que se hayan realizado operaciones similares en otros Estados miembros,
dichas autoridades comunicarán cuanto antes a la Comisión, a iniciativa propia o a petición justificada de la Comisión, todas las informaciones pertinentes, en su caso en forma de documentos o de copias o extractos de documentos, que sean necesarios para el conocimiento de los hechos, con vistas a la coordinación por la Comisión de las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros.
La Comisión comunicará dichas informaciones a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
2. Cuando las comunicaciones contempladas en el apartado 1 relativas a los casos que pueden presentar un peligro para la salud humana, y en ausencia de
otros medios de prevención, las informaciones en cuestión pueden, previo contacto entre las partes y la Comisión, ser objeto de una información motivada al público.
4. Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro hagan uso del apartado 1, podrán eximirse de realizar la comunicación contemplada en la letra b) del apartado 2 del artículo 8 y en el artículo 9, dirigida a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados.
La Comisión y los Estados miembros reunidos en el Comité veterinario permanente o en el Comité zootécnico permanente:
- examinarán, a nivel general, el funcionamiento de la asistencia mutua prevista en la presente Directiva;
- estudiarán la información pertinente comunicada a la Comisión en aplicación de los artículos 9 y 10 -así como las modalidades de esta comunicación- con el fin de aprovecharla.
A la vista de dichos estudios, la Comisión propondrá, en su caso, una modificación de las disposiciones comunitarias existentes o la adopción de disposiciones complementarias.
A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para:
a) garantizar, a nivel interno, una buena coordinación entre las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1;
b) establecer, en sus relaciones mutuas y en tanto que fuere necesario, una cooperación directa entre las autoridades que habiliten especialmente a tal fin.
1. La presente Directiva no obliga a las autoridades competentes de los Estados miembros a prestarse asistencia cuando dicha asistencia pueda acarrear perjuicios al orden público o a otros intereses fundamentales del Estado miembro donde tengan su sede.
2. Toda negativa de asistencia deberá ser motivada.
El suministro de documentos previsto por la presente Directiva podrá ser sustituido por el de informaciones obtenidas, en cualquier forma y con los mismos fines, por medios informáticos.
1. Los datos que en aplicación de la presente Directiva se transmitan bajo cualquier forma tendrán carácter confidencial. Estarán sujetos al secreto profesional y acogidos a la protección que la ley nacional del Estado miembro que los haya recibido otorgue a los informes de igual naturaleza, así como por las disposiciones correspondientes que se apliquen en las instancias comunitarias.
Los datos contemplados en el párrafo primero sólo podrán transmitirse a
aquellas personas que, en los Estados miembros o en el seno de las instituciones comunitarias, por sus funciones, estén facultadas para conocerlos. No podrán tampoco ser utilizados con fines distintos de los previstos por la presente Directiva, a menos que la autoridad que los haya suministrado lo haya expresamente consentido y siempre que las disposiciones vigentes en el Estado miembro en que la autoridad que los haya recibido tenga su sede no se opongan a tal transmisión o utilización.
Los datos previstos por la presente Directiva solamente se comunicarán a la autoridad requirente en la medida en que las disposiciones en vigor en el Estado miembro en que la autoridad requerida tiene su sede no se oponga a ello.
Los Estados miembros asegurarán el respeto del carácter de confidencialidad de los datos obtenidos en el marco de la asistencia mutua, incluso después del cierre de un expediente.
2. El apartado 1 no será obstáculo para la utilización de los datos obtenidos en aplicación de la presente Directiva, en el marco de acciones judiciales o diligencias emprendidas como consecuencia del incumplimiento de las legislaciones veterinaria o zootécnica y en lo referente a la prevención e investigación de irregularidades en detrimento de los fondos comunitarios.
La autoridad competente del Estado miembro que haya suministrado estos datos será informada sin demora de dicha utilización.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los acuerdos bilaterales de asistencia mutua entre administraciones veterinarias celebrados con países terceros.
Por su parte, la Comisión comunicará a los Estados miembros los acuerdos de la misma naturaleza que ella haya celebrado con países terceros.
Los Estados miembros renuncian mutuamente a exigir el reembolso de los gastos resultantes de la aplicación de la presente Directiva, excepto en lo que se refiera, en su caso, a las dietas abonadas a expertos.
La presente Directiva no afectará a la aplicación en los Estados miembros de normas relativas a la ayuda mutua judicial en materia penal.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1991. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Hecho en Bruselas, el 21 de noviembre de 1989.
(3) DO no C 56 de 6. 3. 1989, p. 7.
(4) DO no L 144 de 2. 6. 1981, p. 1.
(5) DO no L 90 de 2. 4. 1987, p. 3.
Fecha de disposición: 21/11/1989
SE MODIFICA el título y determinados preceptos, por Reglamento 2016/1012, de 8 de junio (Ref. DOUE-L-2016-81133).
SE TRANSPONE, por Real Decreto 1438/1992, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-27765).