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Timestamp: 2016-10-27 12:48:19
Document Index: 398885107

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 34', 'Artículo 46', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 118', 'Artículo 59', 'Artículo 75', 'in fine', 'Artículo 87', 'Artículo 94', 'Artículo 82', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 196', 'artículo 119', 'Artículo 115', 'artículo 196', 'Artículo 118', 'Artículo 89', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 136', 'Artículo 146', 'Artículo 175', 'Artículo 290', 'Artículo 213', 'Artículo 257']

Habilitante El Código Tributario ahora es más punitivo
El Ejecutivo Nacional publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.152 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Decreto N° 1.434 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de fecha 17 de Noviembre de 2014.
Entre las modificaciones más resaltantes, destacan las siguientes:
– En el Artículo 21 que alude a los efectos de la solidaridad, y que de acuerdo con el Decreto Ley son los mismos previstos en el Código Civil salvo en los supuestos descritos en el referido artículo, se elimina la disposición prevista en el COT derogado según la cual: “La interrupción de la prescripción en contra de uno de los deudores es oponible a los demás”.
– En materia del domicilio, se incluye en el Artículo 34 que la Administración Tributaria podrá establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para las notificaciones, y, adicionalmente, se establece en el nuevo texto que dicho domicilio electrónico tendrá preferencia respecto de los previstos en los Artículos 31, 32 y 33, disposiciones éstas relacionadas con el domicilio de las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre las prórrogas y demás facilidades de pago, el nuevo Código acogió el criterio de la Sala Constitucional que declaró la nulidad parcial del tercer párrafo del Artículo 46 del COT derogado, específicamente de la frase “La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno”.
En lo referente a la prescripción prevista en el Artículo 55, se aumenta de 4 a 6 años los siguientes derechos y acciones:
3. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias firmes. Este numeral fue incluido en la nueva normativa.
4. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos.
En los casos previstos en los numerales 1 y 2 la prescripción será de 10 años cuando concurran las circunstancias descritas en el Artículo 56.
Por otro lado, en el Artículo 57 se indica que la acción para imponer penas restrictivas de la libertad prescriben a los 10 años, anteriormente se establecía que este tipo de delitos prescribían a los 6 años. Se consagra la imprescriptibilidad en los supuestos previstos en los Artículos Artículo 118 numerales 1, 2 y 3, y, 119, 121 y 122 (Defraudación Tributaria, Falta de enteramiento de los anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, e Insolvencia fraudulenta con fines tributarios).
En cuanto al cómputo del término de prescripción se incluye en el numeral 3 del Artículo 59 que, en el caso de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias firmes, se contará a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que la deuda quedó definitivamente firme.
De igual forma, se incluye que en el caso de las penas privativas de libertad contenidas en los Artículos 123 y 124, el cómputo de la prescripción se contará desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena si hubiere está comenzando a cumplirse.
Dentro de los supuestos que interrumpen la prescripción, se incluye el supuesto relativo a “cualquier acción administrativa, notificada al sujeto pasivo, derivada de un procedimiento de verificación, control aduanero o de la sustanciación y decisión de los recursos administrativos establecidos en el Código”.
En relación con las exenciones y exoneraciones se mantiene en el Artículo 75 Parágrafo Único, que las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro podrán ser por tiempo indefinido.
En cuanto a los ilícitos tributarios, se suprime la categoría de los ilícitos tributarios relativos a las especies fiscales y gravadas, estas disposiciones se incluyen dentro de los ilícitos formales. Por otro lado, se establece que las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos y sanciones adicionales a los establecidos en el Código.
En cuanto a las eximentes de responsabilidad por ilícitos tributarios fueron eliminadas las siguientes: “5. La obediencia legítima y debida” y “6. Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a los ilícitos tributarios”.
En el Artículo 87 se establece que “las personas jurídicas, asociaciones de hecho y cualquier otro ente a los que las normas le atribuyan condición de sujeto pasivo, responden por los ilícitos tributarios. Por la comisión de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad, serán responsables sus directores, gerentes, administradores, representantes o síndicos que hayan personalmente participado en la ejecución del ilícito”.
Las disposiciones relativas a las sanciones aplicables, que anteriormente se encontraban reguladas en el Artículo 94, fueron consagradas en los Artículos 90, 91, 92 y 93. Se mantiene que las multas establecidas de conformidad con el Código se pagarán utilizando el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.
Se incorpora una disposición que consagra que cuando la sanción esté comprendida entre dos límites, se entenderá que la normalmente será aplicable el término medio, se reducirá o aumentará de conformidad con los atenuantes y agravantes que concurran en el caso en concreto.
En cuanto a las circunstancias atenuantes, se elimina el numeral 5 que consagraba que: “El cumplimiento de la normativa relativa a la determinación de los precios de transferencia entre partes vinculadas”.
Dentro de las circunstancias agravantes, se agregan la reincidencia y la obstrucción del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración, y se eliminan las causales relativas a: “La condición de funcionario o empleado público que tengan sus coautores o partícipes”, y, la disposición final sobre “la gravedad del ilícito”.
Se entenderá que habrá reincidencia, cuando el sujeto pasivo después de una sentencia o resolución firme sancionadora, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma índole durante los 6 años contados a partir de aquellos. Anteriormente, el lapso era de 5 años y se encontraba regulado en el Artículo 82.
En el Artículo 99, se incorpora como ilícito tributario formal el incumplimiento del siguiente deber: “Obtener la respectiva autorización de la Administración Tributaria para ejercer la industria, el comercio y la importación de especies gravadas, cuando así lo establezcan las normas que regulen la materia”.
En el Artículo 100, relativo a los ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de inscribirse ante la Administración Tributaria, se aumentan las multas y se incluye como pena accesoria la clausura del establecimiento. La sanción de clausura prevista en este Artículo se aplicará en todos los establecimientos o sucursales que posea el sujeto pasivo.
Sobre los ilícitos tributarios formales, previstos en el Artículo 101, relacionados con el deber de emitir, entregar o exigir facturas u otros documentos, se incluyen nuevos supuestos, entre ellos, no conservar las copias de las facturas u otros documentos obligatorios, por el lapso establecido en las normas tributarias, y lo dispuesto en los numerales 4, 6, 7, 11.
Es importante destacar, que cuando el sujeto pasivo “emite facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia total o parcial de los requisitos exigidos por las normas tributarias”, será sancionado con clausura de 5 días de la oficina, local o establecimiento en el que hubiere cometido el ilícito y multa de 100 U.T. Anteriormente se consagraba que “será sancionado con una multa de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento emitido hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) por cada período, si fuere el caso”.
Las sanciones de clausura para los ilícitos previstos en los numerales 1, 4, 5, 6, 7del Artículo 101, se extenderá hasta tanto el sujeto pasivo cumpla con los respectivos deberes formales y notifique a las Administración Tributaria la regularización de la situación que dio origen al ilícito.
La sanción de clausura, se aplicará sólo en el lugar de la comisión del ilícito, aun cuando el contribuyente tenga varios establecimientos o sucursales.
En el Artículo 102, se incorpora como ilícitos formales relativos a los libros y registros contables, no mantener los libros y registros en el domicilio tributario cuando ello fuere obligatorio o no exhibirlos cuando la Administración Tributaria lo solicite, así como la destrucción de las memorias de las máquinas fiscales. Igualmente se aumentan las multas y se establece la aplicación de las medidas de clausura que se extenderá hasta tanto el sujeto pasivo no cumpla con los respectivos deberes formales.
Sobre los ilícitos relativos a la presentación de declaraciones y comunicaciones, se incorporan nuevas disposiciones en relación con la temporalidad del retraso. Se aumenta la sanción de no presentar o presentar con retraso la declaración informativa de las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal. En general, se aumentaron las multas y se incorporaron las medidas de clausura de los establecimientos.
En el Artículo 104 relativo a los ilícitos tributarios formales, se incluyen los numerales 9, 10, 11, 12, 13 vinculados al cumplimiento del deber de permitir el control de la Administración Tributaria. Se aumentan las multas y se incorpora la clausura.
Se modifican algunos supuestos atinentes a los ilícitos tributarios relacionados con el deber de informar y comparecer ante la Administración Pública (Artículo 105), y los relacionados con el desacato de órdenes de la Administración Tributaria (Artículo 106). Los ilícitos tributarios formales relativos a las actividades sometidas a autorización, (especies fiscales y gravadas), quedan regulados en el Artículo 107.
En el Artículo 108, se establece que el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica (Ley Penal Abierta), será sancionado con una multa de 100 U.T., y si el ilícito es cometido por sujetos calificados como especiales, las sanciones pecuniarias aplicables serán aumentadas en un 200%. Anteriormente no se realizaba ningún tipo de discriminación por el sujeto.
En el Artículo 109, sobre los ilícitos tributarios materiales, se incorporan los numerales 5 y 6, relativos a especies gravadas.
De acuerdo con el Artículo 110, incurre en retraso el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida al efecto, sin haber obtenido prórroga y sin que medie una verificación, fiscalización o determinación por la Administración Tributaria y será sancionado de la siguiente forma:
a. Quien pague con retaso los tributos en el término de 1 año, contado desde la fecha en que debió cumplir con la obligación, será sancionado con multa del 0,28% del monto adeudado por cada día de retraso hasta un máximo de 100%.
b. Quien pague los tributos fuera del término de 1 año, contado desde la fecha en la que debió cumplir la obligación será sancionado adicionalmente con el 50% del monto adeudado.
c. Quien realice el pago de los tributos debido, fuera del término de 2 años, contados desde la fecha que debió cumplir la obligación, será sancionados adicionalmente con una cantidad de 150% del monto adeudado.
Se incorpora una nueva disposición legal según la cual cuando la Administración Tributaria efectúe determinaciones conforme al procedimiento de recaudación, en caso de omisión de declaraciones, se impondrá una multa del 30% sobre la cantidad del tributo o cantidad a cuenta del tributo determinado.
De acuerdo con el Artículo 112, quien mediante acción u omisión cause una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales, será sancionado con multa de 100% hasta el 300% del tributo omitido. Anteriormente, la multa era del 25% al 200%. En los casos previstos en el Artículo 196 del Código, se aplicará la multa del 30% del tributo omitido, en la disposición anterior se consagraba multa del 10% por este supuesto.
Quien obtenga devoluciones o reintegros indebidos será sancionado con multa del 100% al 500%, antes se establecía multa del 50% al 200% de las cantidades indebidamente obtenidas, y sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo 119.
Fueron modificadas las multas contempladas en los Artículos 114 y 115, respectivamente, siendo que la sanción por no retener o no percibir los tributos será del 500% del tributo no retenido o no percibido. Anteriormente era del 100 al 300%.
Es importante resaltar que los ilícitos previstos en el Artículo 115 se aplicaran aun en los casos en los que el responsable, en su calidad de agente de retención o percepción, SE ACOJA AL REPARO en los términos previstos en el artículo 196.
Se incluyen nuevos ilícitos penales previstos en el Artículo 118, tales como la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria y divulgación y uso de información confidencial. Aumentándose las penas en el caso de tributos no retenidos o percibidos en los plazos establecidos de 4 a 6 años, anteriormente, era de 2 a 4 años.
La disposición que anteriormente estaba contemplada en el Artículo 89, fue reformada en el Artículo 130, quedando redactada así: “La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por el término de 5 a 10 años, al profesional o técnico que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad, participe, apoye, auxilie o coopere en la comisión del ilícito penal tributario”.
En torno a facultades, atribuciones y funciones generales de la Administración Tributaria, se incorpora las previstas en los numerales 20, 21 y 22 del Artículo 131, y se modifica el numeral 15 donde se ajustará la UT con base al INPC.
Se modifica el Artículo 136, actualmente Artículo 146, indicándose que la Ley creadora del Tributo, o, en su defecto, el Ejecutivo Nacional, podrá establecer supuestos en los que se admita el pago de los referidos conceptos (tributos, accesorios o sanciones en Actos Administrativos o Judiciales) en MONEDA EXTRANJERA.
En el caso del procedimientos de verificación, la sanción será de 20% del tributo o cantidad a cuenta de tributos omitidos y las sanciones que correspondan por la comisión de ilícitos formales. Anteriormente, el Artículo 175 establecía multa de 10% del tributo o cantidad a cuenta de tributos omitidos, y las sanciones que correspondan por la comisión de ilícitos formales.
Fueron modificadas las disposiciones atinentes al Procedimiento de Intimación previsto en los Artículos 221 al 224. Se establece que al día siguiente del vencimiento del plazo legal o judicial para el cumplimiento voluntario, se intimará al deudor a pagar las cantidades debidas y el recargo previsto en el Artículo 290, dentro de los 5 días continuos siguientes contados a partir de su notificación.
La intimación efectuada constituye título ejecutivo para proceder contra los bienes y derechos del deudor o de los responsables solidarios. La intimación no estará sujeta a impugnación por los medios establecidos en este Código.
Es importante destacar que no se incluye ningún tipo de procedimiento para que el contribuyente se oponga a la intimación, como sí estaba antes previsto en el Artículo 213 del Código derogado. En relación al Recurso Jerárquico, regulado en los Artículos 252 y siguientes, se consagra expresamente que la interposición del recurso no suspende los efectos del acto (Artículo 257). En el articulado se establece que no podrá acordarse administrativamente la suspensión de los efectos respecto de las sanciones relativas a la clausura del establecimiento, comiso o retención de mercancías, vehículos, aparatos, recipientes, útiles, instrumentos de producción o materias primas, así como de la suspensión de actividades sujetas a autorización por parte de la Administración Tributaria.
En lo atinente al Recurso Contencioso Tributario, y la solicitud de suspensión de efectos, se mantiene lo dispuesto en el Código derogado, según el cual, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho, por lo que, entendemos no fue acogido el criterio fijado por la Sala Político Administrativa en Sentencia Nro. 00607 de fecha 3 de junio de 2004, caso: Deportes El Marquez, C.A. en cuanto a la concurrencia de ambos requisitos.
En lo referente a la ejecución de la sentencias, se redujo el lapso para el cumplimiento voluntario, actualmente será de 5 días continuos.
Fue modificado el Capítulo del cobro ejecutivo, previsto en los Artículos 290 y siguientes. La competencia para INICIAR e IMPULSAR el mismo y RESOLVER todas las incidencias corresponderá a la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Este procedimiento no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. El inicio del procedimiento de cobro ejecutivo previsto genera de PLENO DERECHO el pago de un recargo equivalente del 10% de las cantidades adeudadas por concepto de tributos, multas e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen durante el procedimiento de cobro ejecutivo. Este procedimiento se paralizará cuando se SUSPENDAN los efectos del acto. Anteriormente, este procedimiento se iniciaba con la solicitud de ejecución del crédito que debía interponerse ante el Tribunal Contencioso Tributario competente.
Sobre las Medidas Cautelares previstas en los Artículos 303 y siguientes, la Administración Tributaria podrá adoptar medidas cautelares. Dentro de la nueva normativa, se incluyen: la retención de bienes (numeral 3), suspensión de las devoluciones tributarias o de pagos de otra naturaleza que deban realizar entes u órganos públicos a favor de los obligados tributarios (numeral 4) y, suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados (numeral 5). Anteriormente, la Administración Tributaria, debía solicitarlas ante Tribunal competente para conocer del Recurso Contencioso Tributario.
Dentro de las disposiciones transitorias, se puede destacar que las infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de este Código, les serán aplicables las normas previstas en el COT de 2001, asimismo, la ley podrá establecer un régimen simplificado de tributación, se elimina que este régimen deberá ser sobre base presunta.
En las disposiciones finales, se establece que no le son aplicables a la materia tributaria las disposiciones relativas al procedimiento de ejecución de créditos fiscales establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en vigencia del Código, en los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios, serán remitidos a la Administración Tributarios, para su conclusión definitiva.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario entrará en vigencia a los 90 días CONTINUOS, después de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.