Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-43184-de-febrero-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f595b617d10701b2e0430a01015101b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 02:32:46
Document Index: 83057701

Matched Legal Cases: ['artículo 180', 'artículo 184', 'artículo 191', 'artículo 180', 'artículo 376', 'artículo 376', 'artículo 2', 'artículo 376', 'artículo 11', 'artículo 376', 'artículo 49', 'artículo 376', 'artículo 184', 'artículo 184']

﻿ Auto 43184 de febrero 26 de 2014
AUTO 43184 DE 26 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. EL TIPO PENAL DE TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES LESIONA LA SALUD PÚBLICA Y ES PLURIOFENSIVO, PORQUE COMPROMETE LA ECONOMÍA NACIONAL (ORDEN SOCIO-ECONÓMICO), E INDIRECTAMENTE, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, INTERESES TAMBIÉN PROTEGIDOS EN EL CÓDIGO PENAL. ES UN DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO, ES DECIR, NO EXIGE LA CONCRECIÓN DE UN DAÑO AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, SINO QUE BASTA LA EVENTUALIDAD DE QUE RESULTE LESIONADOEN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, EL LEGISLADOR ANTICIPA LA PROTECCIÓN Y CONMINA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA RIESGOSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, AUTO, DELITO CON DROGAS ILEGALES, FABRICACIÓN ILEGAL DE DROGAS, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, SUMINISTRO ILEGAL DE DROGAS, DELITO
Auto 43184 de febrero 26 de 2014
AP801-2014
Radicación 43184
Siendo evidente que el defensor de Fredy Alexánder León Vaca desconoce los requisitos de fundamentación exigidos para la admisibilidad de la demanda de casación, desde ya anuncia la Sala que inadmitirá la misma.
Pero, previamente a examinar las censuras que presenta en contra de la sentencia demandada, debe reiterar la Corte cómo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales, cuando quiera que se adviertan violaciones que afectan garantías de las partes, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así redactado:
Precisamente, en aras de materializar el cumplimiento de tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004 dotó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades realmente especiales, como lo hizo con aquella consagrada en el artículo 184, a saber, la potestad de “superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” en las condiciones indicadas en él, esto es, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del casacionista dentro del proceso e índole de la controversia planteada; y la referida en el artículo 191, para emitir un “fallo anticipado” en aquellos eventos en que la Sala mayoritaria lo estime necesario por razones de interés general, anticipando los turnos para convocar a la audiencia de sustentación y decisión.
Es necesario, sin embargo, inadmitir la demanda si, como postula el inciso segundo de aquél precepto: “el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso” (CSJ AP, jul. 13/2007, rad. 27737, y CSJ AP, jul. 23/2007, rad. 27810).
Atendidos estos criterios, ha señalado la Corte:
a) La de su numeral 1º —falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso—, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta corporación como violación directa de la ley material.
c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial —manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia—; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad —práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley—, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción, mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad —distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio—, del falso juicio de existencia —declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso— y del falso raciocinio —fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica—.
De acuerdo con los referentes normativos y jurisprudenciales que vienen de reseñarse, advierte la Sala varias falencias en el libelo objeto de estudio, las cuales dan al traste con la pretensión casacional del memorialista.
Para empezar, se abstiene de señalar cuál es la finalidad del recurso en los términos del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, circunstancia que por sí sola amerita el rechazo de la demanda, la cual carece de los más elementales rudimentos de fundamentación, constituyendo en la práctica un simple alegato de instancia, completamente ajeno a la sede casacional, con el que pretende entronizar su particular visión, obviamente interesada, de lo que estima ajeno a lo consagrado en la norma sustancial, absteniéndose de desarrollar una verdadera crítica.
Una declaración en tal sentido brilla por su ausencia, por manera que no puede entenderse suplida con las manifestaciones genéricas que hace en cada uno de los reproches, en el sentido de que propende por la efectividad del derecho material y la unificación de la jurisprudencia, pues, no respalda argumentativamente sus propuestas, ni explica las razones que determinan la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso, de acuerdo con el aludido precepto
Sin duda alguna, el impugnante desconoce que a esta sede llega la sentencia prevalida de una doble condición de acierto y legalidad, que para desarticularla, tal como se expresa en sus reproches, es necesario que compruebe la existencia de un yerro sustancial con virtualidad de socavar la decisión ya adoptada, y que fundamente el cargo de manera tal que a simple vista sea perceptible el motivo por el cual resulta inexorable la casación deprecada, lo que no sucede en este evento, pues, examinadas las censuras, estas también adolecen de crasos yerros en su postulación, al punto de impedir conocer de la Corte cuál en concreto es la violación trascendente que se reputa en las providencias de las instancias. En efecto,
2.1. Respuesta a la demanda.
En cada uno de los reparos, la premisa de la defensa es la misma, pues, considera que su prohijado no debió ser condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 del Código Penal, por ausencia de lesividad, puesto que la droga que se le incautó —10.6 gramos de bazuco— la tenía destinada para su propio consumo, dada su condición de adicto, tal como se acreditó testimonialmente en el juicio oral.
En esa medida, opta por la causal de casación referida a la violación directa de la ley sustancial para denunciar que se desconoció el principio de legalidad basado en el derecho penal del acto (cargo primero), se aplicó jurisprudencia desfavorable a los intereses de su defendido (cargo segundo), y se quebrantaron los preceptos rectores que consagran los principios y fines de las sanciones penales (cargo tercero).
Sin embargo, en la postulación de los reproches se queda en la mitad del camino, dado que, si bien identifica los preceptos que estima infringidos y da conocer los argumentos esgrimidos por los falladores, en últimas no los confronta, puesto que en lugar de realizar un completo análisis jurídico sobre la estructuración de la conducta punible imputada, se limita a disertar genérica y repetitivamente acerca de la ausencia de antijuridicidad, apoyándose en fragmentos jurisprudenciales que selecciona a su amaño.
En la violación directa, se reitera, el censor debe tomar el texto de la sentencia y sobre su construcción, sin referirse a los hechos establecidos, los cuales debe aceptar a plenitud, mostrar el error de juicio en que incurrió el sentenciador (CSJ AP, feb. 1º/2007, rad. 23509, y CSJ AP, dic. 3/2009, rad. 33036), fenómeno que no acontece en el evento que nos ocupa, en tanto no expone razón alguna y tampoco confronta los razonamientos y relaciones argumentativas contenidas en la sentencia, por manera que el ataque resulta ininteligible y, en consecuencia, se demanda imperiosa su desestimación, ante la falta de claridad y precisión en su indicación, exposición y fundamento.
Aquí resulta necesario destacar que ese desacuerdo con el criterio del fallador no está previsto como un motivo para recurrir al recurso extraordinario de casación, habida cuenta que el fallo proferido por el ad quem arriba a esta sede, como se dijo anteriormente, prevalido de una doble connotación de acierto y legalidad que implica otorgarle mayor validez, no importa cuán profundos puedan asomar las argumentaciones en contrario del libelista, que en estos casos no pasa de constituir un típico alegato de instancia, completamente intrascendente a los fines del recurso extraordinario.
En este orden de ideas, también debe destacarse que sobre el tópico de la ausencia de antijuridicidad cuando el porte para consumo es de escasa cantidad, la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones.
En efecto, frente al bien jurídico tutelado, ha señalado que en estos casos no sólo se lesiona la salud pública, pues, se trata de hechos pluriofensivos, porque en la misma medida se compromete la economía nacional (orden socio-económico), e indirectamente, la administración pública, la seguridad pública, la autonomía personal y la integridad personal, intereses también protegidos en el Código Penal.
Y así se circunscriba el bien jurídico a la salud pública, el tipo penal descrito en el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 es de los denominados de peligro abstracto, en el sentido de que no exige la concreción de un daño al bien jurídico tutelado, sino que basta la eventualidad de que el interés resulte lesionado, pues, el tráfico de sustancias estupefacientes, en cuanto es la condición necesaria y específica para que los individuos y la comunidad las consuman, pone en peligro la salubridad pública. En este tipo de actividades, el legislador anticipa la protección y conmina el ejercicio de la actividad que se considera riesgosa para el bien jurídico y la sociedad.
El narcotráfico como conducta, también lo ha advertido la Corte, es una actividad criminal compleja que involucra tantas acciones y de tan variada naturaleza que para contenerlas todas, fue necesario que el legislador construyera un tipo penal en el que se incluyen las más diversas alternativas de consumación: “introducir, en tránsito, temporal o permanentemente al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, financiar o suministrar a cualquier título” droga que produzca dependencia, son todas, en conjunto o individualmente, acciones que constituyen narcotráfico (CSJ SP, ago. 22/2002, rad. 14183; CSJ SP, feb. 1º/2007; y CSJ AP, ago. 8/2007, rad. 27962).
En suma, si en éste evento está demostrado que la droga llevada por el acusado para su propio consumo —10.6 gramos de bazuco— es superior a la dosis personal y ni siquiera se entiende leve o ínfimamente superior a la dosis mínima —un (1) gramo para cocaína o sustancia a base de ella, acorde con lo preceptuado en el artículo 2º de la Ley 30 de 1986—, que es la única circunstancia tomada en cuenta por la Corte para determinar, en muy limitadas ocasiones, carente de afectación el bien jurídico tutelado, de entrada se descarta la propuesta general que esboza el actor en cada una de las censuras, aunque con diferente motivación.
2.2. Los cargos.
Ya en lo particular, son menos afortunados los planteamientos que el defensor trae a colación en cada uno de los tres reproches. Véase:
La amplia disertación que realiza el casacionista en el cargo primero para abogar por la aplicación del principio de legalidad basado en el derecho penal de acto, se fundamenta en presupuesto normativo equivocado y en transcripción acomodada de la jurisprudencia constitucional.
No otra cosa puede decirse cuando, para justificar la violación directa de la ley, dice citar el inciso 1º del artículo 376 del Código Penal, resaltando el texto que contiene “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”.
Dicho precepto, parece desconocerlo el demandante, fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011.
En efecto, el texto original de la Ley 599 de 2000 consagraba:
“El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Y la modificación introducida por la Ley 1453 es del siguiente tenor:
“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Claro está, aunque la Corte Constitucional mediante Sentencia C-491 de 2012, declaró la exequibilidad de la norma en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, es lo cierto que la alusión normativa mencionada por el memorialista es desacertada, puesto que se refiere a una disposición que fue modificada, eliminando el aspecto que quiere resaltar.
Es que si la citada Ley 1453 entró en vigencia el 24 de junio de 2011 y los hechos aquí investigados acaecieron el 30 de noviembre de 2012, es claro que aquella es la llamada a regular el asunto y no el texto original del inciso 1º del artículo 376 del Código Penal, erróneamente invocado por el impugnante.
Por si fuera poco, también margina de su análisis la modificación introducida al artículo 49 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 2 de 2009, en el sentido de que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.
De otro lado, tampoco es de recibo la sesgada citación jurisprudencial que hace para explicar el principio del acto y su incidencia en los de culpabilidad y antijuridicidad, así como para exponer que los juzgadores se apartaron de la caracterización del ilícito dándole un alcance que no tiene, al señalar que la condición de adicto no exoneraba de responsabilidad penal, toda vez que lo incautado excedió en diez veces los límites permitidos.
Ello, porque si bien es cierto que a través de la Sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994 la Corte Constitucional despenalizó el consumo de la dosis personal, también estimó que la determinación de la misma “constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables”, reiterando, por tanto, que el legislador puede regular “las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo”.
Puede advertirse, entonces, que de la providencia de la Corte Constitucional citada, el impugnante transcribe lo que alude expresamente a los derechos que finalmente son protegidos —dignidad humana, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad—, pero deja por fuera que allí se ratifica la facultad que tiene el legislador para castigar el porte de sustancias estupefacientes por encima de lo definido como dosis personal.
En la misma impropiedad incurre el recurrente cuando, en el cargo segundo, aboga por la aplicación jurisprudencial favorable de la Sentencia de Casación 18609 del 8 de agosto de 2005, pues, si bien allí se analizan los principios de antijuridicidad e intervención mínima, deja de lado que en ese evento la incautación procedió por 1.24 gramos de cocaína, que fue tildada de insignificante por superar solamente en 0.24 gramos lo previsto como dosis personal, lo cual no puede analogarse fácticamente con el asunto aquí juzgado, en el que bien lo indicaron las instancias, se excedió en diez veces la cantidad prevista para consumo individual.
En efecto, esto dijo la Sala en esa ocasión:
«La cuestión propuesta resulta en extremo aguda, dado el tenue límite entre 1 gramo permitido para el consumidor y los 1.24 gramos decomisados, porque resultaría sofístico afirmar que los 0.24 gramos convierten al consumidor en portador punible, potencialmente expendedor, deja de ser consumidor, salvo que no se trate de consumidor, caso en el cual, cualquier cantidad que porte sería pasible de punibilidad.
Así las cosas, el guarismo de 0.24 gramos resulta incuestionablemente insignificante en la mare mágnum del tráfico de estupefacientes y por tanto inane en el campo de la antijuridicidad material, 1.24 gramos en poder de un consumidor, resulta igualmente intrascendente en el marco de la antijuridicidad, empero, 1.24 gramos en poder de quien la elabora con fines de traficar, o de quien la ofrece, vende, lleva consigo, almacene o conserve sin ser consumidor, puede tener relievancia, menor pero de todas maneras suficiente para un mínimo punitivo».
Además, como en ese proceso también se estableció que la droga decomisada estaba destinada al expendio —y por ello se condenó al sindicado—, debe insistirse en que ninguna semejanza guarda con el hecho objeto de investigación en el presente trámite, como para que se reclame un trato jurisprudencial similar.
Finalmente, la denuncia que formula el censor en el cargo tercero carece de sentido, habida cuenta que no puede sustentar la inaplicación de las normas rectoras que consagran los principios y fines de la pena, a partir de su discurso genérico sobre lo que las instancias consignaron acerca de los elementos de tipicidad y antijuridicidad.
Ello, porque si en este caso quedó previamente determinado que el procesado realizó una conducta típica, antijurídica y culpable, la consecuencia natural y jurídica es la imposición de la pena fijada por el legislador en el artículo 376 del Código Penal.
En este orden de ideas, si el libelista consideraba que efectivamente se violaron aquellos cánones rectores, debió haber demostrado que ello ocurrió en el proceso de dosificación de la pena, pero no, como acá lo intenta, en el análisis sobre la concurrencia de los elementos estructurales del delito.
2.3. Precisiones finales.
Como consecuencia de lo antes expuesto, la Corte inadmitirá la demanda de casación presentada por el defensor del acusado Fredy Alexánder León Vaca, no sin antes advertir que revisada la actuación en lo pertinente, no se observó la presencia de alguna de las hipótesis que le permitirían superar sus defectos para decidir de fondo, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Resta anotar, que en contra de este proveído procede el mecanismo de insistencia, en los términos ampliamente decantados por la jurisprudencia de la Sala.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Fredy Alexánder León Vaca, en seguimiento de las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del actor elevar petición de insistencia.