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Timestamp: 2018-08-17 20:48:29
Document Index: 150190976

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 9', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 46']

﻿ Sentencia 35765 de marzo 9 de 2010
SENTENCIA 35765 DE 09 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA. PUEDE SER CONSIDERADA EQUIVALENTE A LA BONIFICACIÓN RECONOCIDA POR EL DESPIDO CONFORME AL ARTÍCULO 9° DEL DECRETO 1065 DE 1999
TEMAS ESPECÍFICOS:BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, INDEMNIZACIÓN LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 35765 de marzo 9 de 2010
Rad.: 35765
Es claro que el recurrente se equivoca al plantear la demostración del cargo, pues si bien lo hace por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, ataca, en principio, la interpretación dada por el ad quem al Decreto 1065 de 1999, lo que es propio de la vía directa, para luego retornar por la vía de los hechos.
No hay discusión sobre que los demandantes fueron desvinculados por la Caja Agraria, En Liquidación, de manera unilateral, y que
aunque calificada como legal, fue sin justa causa, tal cual lo determinó el tribunal, con fundamento en reiterada jurisprudencia de esta corporación. Tampoco hay duda de que a Andrés Rodríguez Sandoval le pagaron $ 5.691.659,60 por concepto de “indemnización y/o bonificación” y a Adriana Escobar Uribe $ 14.111.375,09 como “bonificación”, el 3 y el 7 de septiembre de 1999, respectivamente.
El recurrente controvierte la negativa del tribunal de reconocer la coexistencia de la indemnización convencional con la legal, como consecuencia del retiro unilateral y sin justa causa; sin embargo el soporte esencial del ad quem para negar tal reconocimiento, consistió en que el pago de la bonificación, contenida en el Decreto 1065 de 1999, y que aparece acreditada a folios 160 y 188, fue equivalente al valor de la indemnización prevista para el despido injusto en la convención o en la ley, razón por la que encontró que el pago fue satisfecho.
Esta Sala de la Corte, en torno al punto objeto del recurso, ha sostenido que la indemnización convencional por despido sin justa causa, puede ser considerada equivalente a la bonificación reconocida, conforme al artículo 9º del Decreto 1065 de 1999, tal como lo apuntó el tribunal.
Así en sentencia de 21 de noviembre de 2006 radicación 28997 explicó:
“… sin embargo, no es factible dar prosperidad a los cargos examinados, pues en relación con el primero, que persigue la indemnización convencional por despido sin justa causa, se encuentra que conforme a la liquidación visible a folio 67 del cuaderno de instancia al actor le fue cancelada la suma de $ 41.017.037.39, que equivale a la indemnización por despido sin justa causa prevista en el artículo 45 de la convención colectiva de trabajo de la empleadora, vigente a la terminación del vínculo laboral del accionante, liquidada con el salario promedio de $ 1.262.062.68, devengado por el trabajador en el último año de servicios. Luego si al actor le fue reconocida la bonificación prevista en el artículo 9º del Decreto-Ley 1065 de 1999 debe compensarse con la indemnización extralegal a que convencionalmente tendría derecho, habida consideración que sería inequitativo desconocer ese pago, pues en la práctica resultaría una doble indemnización.
“En relación con este último aspecto resulta oportuno citar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2002, radicación 17740, en la que se dijo, lo siguiente:
“De todos modos, no está por demás señalar aunque sin ninguna incidencia en el caso, que cuando con ocasión de la supresión del cargo se le ha reconocido al trabajador oficial la bonificación consagrada en el artículo 9º del Decreto-Ley 1065 de 1999, la condena que por indemnización por despido se fulmine, deberá ser compensada con dicha bonificación, pues el pago de ambos conceptos resultaría ostensiblemente inequitativo ya que en la práctica equivaldría a duplicar la indemnización por despido injusto”.
Las reflexiones precedentes se adecuan en forma clara al presente asunto, sin que exista razón alguna que motive a la Sala para variar su criterio.
Acusa la sentencia del tribunal de violar “la ley sustancial en forma indirecta por aplicación indebida del preámbulo y artículos 1º, 2º, 4º, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución Política de Colombia; artículos 1º, 11, 45 de la Ley 6ª de 1945; artículos 1º, 2º, 11, 19, 26 numerales 3º, 6º; 47 literal f), 48, 49, 52 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley 6ª de 1945; artículo 1º del Decreto 797 de 1949 reglamentario del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945; artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 175, 176, 177, 183, 187, 197, 248, 249, 250, 251 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores manifiestos y evidentes de hecho en la apreciación y falta de apreciación de prueba calificadas”.
Señaló, que la violación se produjo por los siguientes errores de hecho:
“Dar por demostrado que no es posible determinar durante qué periodos el demandante recurrente fungió como profesional de crédito III, a pesar de que en verdad probado quedó que en alguna oportunidad cumplió con las funciones de dicho cargo.
“No dar por demostrado, estándolo, el periodo dentro del cual el demandante recurrente ejerció en la realidad las funciones de profesional de crédito III.
“No dar por demostrado, estándolo, que desde el 19 de agosto de 1997 hasta el 26 de junio de 1999, ejerció en la realidad las funciones de profesional de crédito III.
“Dar por demostrado que el demandante recurrente en alguna oportunidad cumplió con las funciones del cargo de profesional III, pero abstenerse condenar al pago de la respectiva diferencia salarial.
“No dar por demostrado, estándolo, que la Caja Agraria reconoció y aceptó que el trabajador, en la realidad, ejerció el cargo de profesional de crédito III cuyo salario era de $ 1.600.000, desde el 19 de agosto de 1997 hasta la fecha de retiro.
“No dar por demostrado, estándolo, que el demandante reclamó por escrito de septiembre 29 de 1998, ante la Caja Agraria, por estar ejerciendo las funciones del cargo de profesional de crédito III cuya asignación básica era de $ 1.600.000, desde el 19 de agosto de 1997 sin que le estuvieron reconociendo el salario correspondiente a dicho cargo.
“No dar por demostrado, estándolo, que la Caja Agraria reconoció y aceptó los supuestos de hecho respecto al ejercido por parte del demandante recurrente del cargo de profesional III, incluidas las fechas, salario de dicho cargo, funciones, pues el gerente nacional de crédito por escrito impuesto en la misma carta de reclamación expresó que había voluntad para solucionar el caso pero que la carta de reclamación no había gustado, como amigo le pedía que lo tomara con calma.
“No dar por demostrado, estándolo, que la Caja Agraria reconoció y aceptó los supuestos de hecho respecto al ejercicio por parte del demandante recurrente del cargo de profesional III, incluidas las fechas, salario de dicho cargo, funciones expuestas por el trabajador en carta de sometimiento al plan de retiro voluntario, el cual fue aceptado por la entidad.
“No dar por demostrado, estándolo, que existe documentación que indica el ejercicio del cargo de profesional III, en el año de 1998 a 1999”.
Como pruebas mal apreciadas denunció: el formulario de evaluación de solicitud de crédito (fl. 56); la carta dirigida a Andrés Rodríguez como profesional de crédito (fl. 16); el formulario de evaluación de solicitud de crédito de 14 de enero de 1998 (fls. 58-59; la carta Nº 067 de febrero 13 de 1998 (fl. 38); el memorando 183 de febrero 18 de 1998 (fl. 39); la carta Nº 0237 de marzo 4 de 1998 (fl. 17); la carta Nº 2269 de 31 de julio de 1998 (fl. 40); el formulario de evaluación de solicitud de crédito de 17 de septiembre de 1998 (fl. 54); la carta suscrita en septiembre 29 de 1998 (fl. 18); el formulario de evaluación de solicitud de crédito de 14 de diciembre de 1998 (fls. 64-65); la carta dirigida al gerente nacional de crédito por el gerente regional de Casanare, de 28 de enero de 1999 (fl. 37); la carta Nº 331 de abril 13 de 1999 (fl. 41); la carta de 20 de abril de 1999 (fl. 42); la carta dirigida a Andrés Rodríguez por el gerente regional del Caquetá de 22 de abril de 1999 (fl. 19); la carta de mayo 19 de 1999 (fl. 196); el formulario de sometimiento al plan de retiro voluntario de mayo 19 de 1999 (fl. 300); la carta 2279 de mayo 20 de 1999 (fl. 21); la carta Nº 5495 de 26 de junio de 1999 (fl. 301); la carta de septiembre 1º de 1999 (fls. 52-53); la carta de marzo de 2000 (fl. 190); el pliego de funciones correspondiente al cargo de profesional de crédito (fls. 323 a 328); la certificación laboral (fl. 295); la tarjeta de control de empleados (fls. 150-151); la convención colectiva de trabajo 1998-1999 (fls. 427-488); el formulario de liquidación de vacaciones (fl. 177); el formulario de liquidación de cesantías de enero 1º de 1999 a 27 de junio de 1999 (fl. 174); el formulario de liquidación de vacaciones causadas del 11 de diciembre de 1996 a diciembre 10 de 1997 (fl. 303); el formulario de liquidación de cesantías de 1º de enero de 1997 a diciembre 30 de 1997 (fl. 303); el formulario de liquidación de cesantías de 1º de enero de 1998 a diciembre 30 de 1998 (fl. 304); el contrato de trabajo del demandante (fl. 155).
En la demostración manifestó que el ad quem se equivocó al apreciar las pruebas, por cuanto de ellas se deducía que Andrés Rodríguez Sandoval ejerció las funciones del cargo de profesional de crédito desde el 19 de agosto de 1997 y hasta la fecha de su retiro y que si bien no existió comunicación escrita de encargo, pues este fue verbal, las múltiples comunicaciones demostraban que realizaba labores propias del cargo reclamado.
Se opuso a la prosperidad del cargo. Manifestó que no existía prueba documental que indicara el cargo desempeñado por el demandante y concluyó que si bien el ad quem aceptó que probablemente ejerció funciones relacionadas con el análisis de crédito no aparecía acreditado en que períodos las realizó.
Cabe indicar que los errores de hecho primero y cuarto atribuidos por la censura, no los cometió el tribunal, pues este no desconoció que “en alguna oportunidad” Andrés Rodríguez Salazar se desempeñó como profesional de crédito, pero ante la imposibilidad de fijar con precisión la fecha se abstuvo de condenar, tal cual lo consignó en la sentencia.
En lo relativo a los desatinos fácticos segundo y tercero que, según el recurrente cometió el ad quem, que apuntan a que estaba demostrado que Andrés Rodríguez Salazar ejerció las funciones de profesional de crédito III, desde el 19 de agosto hasta el 26 de junio de 1999, lo cierto es que ninguna de las documentales que enlistó prueban tal aserto, pues si bien algunos formularios de crédito (fls. 54, 56, 58, 59) los suscribió como analista, o anotó haberlos elaborado, y en la carta que obra a folio 41, se le asignó la coordinación de la tarea de recuperación de cartera de la regional de Caquetá, ellos no permiten desvirtuar la deducción del ad quem sobre la ausencia de certeza en los periodos en que se desempeñó como profesional de crédito.
Las cartas que enlistó (fls. 37, 38, 39, 40) corresponden a comunicaciones de trámite interno de la entidad que no fueron dirigidas al demandante, ellas no demuestran las funciones que este realizaba; los escritos que remitió a la entidad (fls. 52, 53, 196, 300), para que le fuera reconocido el pago de la diferencia salarial, tampoco resultan ser idóneos para probar el punto, pues lo único que indican es su expectativa sobre el reconocimiento de la diferencia salarial.
Además, las labores asignadas como auxiliar oficina VII, de la vicepresidencia de crédito y cartera, contenidas en el manual de funciones de la entidad (fl. 294), no riñen con las que ejecutó, amén de que dentro de ellas se contaba la de recopilación de datos, elaboración de cuadros e informes, manejo y actualización de registros, más las que le eran asignadas por el superior y compatibles con el cargo; así, al compararlas con las de profesional de crédito (fls. 323 a 326), no demuestran con certeza que todas las que adujo correspondieran a este último cargo, razón que permite inferir que persiste la dificultad que encontró el ad quem para fijar la fecha en la que prestó sus servicios en el cargo reclamado.
Los restantes errores tampoco desvirtúan la conclusión a la que arribó el tribunal para negar la nivelación propuesta, pues los documentos que se denuncian, si bien no fueron tenidos en cuenta al momento de fallar, en nada afectan la negativa a acceder a la pretensión, dado que hacen referencia al contrato de trabajo que suscribió el actor como auxiliar oficina VII, a las certificaciones sobre tal aspecto, a su aceptación del plan de retiro voluntario, la tarjeta de control de empleados en que se registra su último salario de $ 626.615 y las liquidaciones de sus prestaciones laborales, circunstancias que fortalecen la posición del ad quem.
Por lo anterior no es posible atribuirle al tribunal los yerros fácticos y, en consecuencia, el cargo no prospera.
Acusa la sentencia del tribunal de violar “la ley sustancial en forma indirecta por aplicación indebida del preámbulo y artículos 1º, 2º, 4º, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución Política de Colombia; artículos 1º, 11, 45 de la Ley 6ª de 1945; artículos 1º, 2º, 11, 19, 26 numerales 6º; 47 literal f), 48, 49, 51, 52 del Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley 6ª de 1945; artículo 1º del Decreto 797 de 1949 reglamentario del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945; Decreto 1045 de 1978 artículo 46 literal d); artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 175, 176, 177, 183, 187, 194, 195, 248, 249, 250, 251 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores manifiestos y evidentes de hecho en la apreciación y falta de apreciación de prueba calificadas”.
Los errores “manifiestos de hecho”a que se refiere el actor en que incurrió el tribunal corresponden a “Dar por demostrado el derecho de Adriana Escobar Uribe a la prima técnica, pero abstenerse de proferir condena a su pago y reajustes; dar por demostrado el derecho convencional a la prima técnica pero abstenerse de condenar a su pago y reajuste; afirmar que resulta imposible proferir condena al pago de prima técnica por no poder efectuar la liquidación ante ausencia probatoria del valor que se reclama; no dar por demostrado, estándolo, que la Caja Agraria tenía en su poder la prueba de los porcentaje de prima técnica que correspondían a la actora; no dar por demostrado, estándolo, el salario básico, la prima de antigüedad y auxilio de alimentación de la demandante, factores sobre los cuales tiene incidencia la prima técnica; no dar por demostrado, estándolo, que la prima técnica es factor que integra el salario para efectos del pago de la prima semestral de servicios, prima de vacaciones, auxilio de cesantías, indemnización, vacaciones”.
Como pruebas erróneamente apreciadas señala: tarjeta de registro de control de empleados (fls. 152-153); formulario de liquidación de vacaciones causadas de 1996-1997 (fl. 159); formulario liquidación de cesantía total hasta junio 27 de 1997 (fl. 160); formulario de liquidación de cesantía parcial de 11 de octubre a 30 de diciembre de 1995 (fl. 161); formulario de liquidación de cesantía parcial de 1º de enero a diciembre 30 de 1996 (fl. 162); formulario de liquidación de cesantía parcial 1º de enero a diciembre 30 de 1998 (fl. 163); formulario de liquidación de cesantía parcial 1º de enero a diciembre 30 de 1997(fl. 164); certificación laboral (fl. 173); Circular Reglamentaria 110 de 1980 (fl. 312); Circular Reglamentaria 97 de 1981 (fl. 318); carta de mayo 2 de 1996 (fl. 66); contrato de trabajo a término indefinido (fl. 154); convención colectiva de trabajo de 1998-1999 (fls. 427-499); carta 3979 de mayo 18 de 1996 (fl. 25); interrogatorio de parte al representante legal de la demandada (fls. 283-287).
En la demostración adujo que el tribunal pese a que “apreció bien” las pruebas que acreditaban el derecho de la demandante, se equivocó al considerar que no se había probado el “valor reclamado” y que resultaba “imposible” liquidarla.
Recalcó que si bien no se podía efectuar la liquidación, ello no obstaba para condenar en abstracto “ordenando a la caja liquidar dentro de los marcos y porcentajes que tiene en su poder y que no allegó al proceso”.
Se opuso a la prosperidad del cargo. Manifestó que, tal como consideró el tribunal, el recurrente no probó el monto de la prima, ni que el cargo ejercido requiriera el título profesional. Destacó que la demandante se limitó a reclamar el derecho sin aportar prueba alguna.
Ni en la proposición jurídica, ni en el desarrollo del cargo se hace referencia a los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, que era imperioso denunciar como infringidos, en la medida que su reclamación está fundamentada en la convención colectiva de trabajo.
Lo anterior es relevante, se insiste, pues el aspecto puntual que controvierte en la demostración del cargo, se hace anclar básicamente en lo que la convención colectiva establece sobre la prima técnica, que a su juicio fue desconocida por el tribunal.
No le corresponde a la Corte suplir oficiosamente las deficiencias de un cargo, por lo cual el aquí propuesto se desestima.
Con costas dado que hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de octubre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Andrés Evelio Rodríguez Sandoval y Adriana Escobar Uribecontra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - Caja Agraria en Liquidación - y el Banco Agrario.