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Timestamp: 2018-07-23 12:03:58
Document Index: 384636133

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 8', 'artículo\n39', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'artículo 9', 'Artículo 59', 'Artículo 17']

﻿Problema territorial ecuatoriano
EL PROBLEMA TERRITORIAL ECUATORIANO
Por Rafael García Velasco
Conferencias del señor doctor RAFAEL GARCÍA VELASCO, Profesor de la Universidad Central, pronunciadas en ejercicio de la Cátedra de Derecho Territorial Ecuatoriano y reproducidas en la Revista del Instituto de Derecho Internacional, números 5 y 6 de Enero 3 de 1961 y Febrero de 1963.EDITORIAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA Quito –1965
Los Estados hispano americanos adoptaron el principio del uti possidetis juris para la fijación de su extensión territorial y delimitación de sus fronteras. Según ese principio, cada Estado debía mantener la extensión conferida por el Rey de España a la correspondiente circunscripción colonial. En otras palabras, aquellos países adoptaron como fuente de su derecho territorial los títulos de división territorial emanados del Rey de España y vigentes en 1810, año clásico de la iniciación de su lucha por la independencia. En consecuencia, de acuerdo con la norma del uti possidetis juris, todo lo que en 1810 pertenecía a la Audiencia y Presidencia de Quito debía ser del Ecuador, Estado que se erigió en los territorios de ella, y todo lo que en esa fecha era de la Audiencia de Lima tocaba al Perú.
Al crearla en 1563, el Rey de España hizo que fueran parte de la Audiencia de Quito los territorios en que se había asentado el Reino aborigen del mismo nombre, que representa la raíz histórica de aquélla. El distrito señalado para esta Audiencia por la Cédula de erección, que comprendía por el Sur Túmbez y Jaén, fue ampliado en virtud de la facultad que la propia Ley establecía para incorporar nuevos territorios que se descubrieron y es así como, desde fines del siglo XVII y hasta el momento de la emancipación, la Audiencia de Quito se extendía en la hoya amazónica, hacia el Oriente, hasta el río Yavarí y comprendía las dos orillas del Marañon o Amazonas desde Jaén hasta el territorio del Brasil.
En junio de 1821, antes de que las armas emancipadoras lograsen la libertad de Quito y Lima, la provincia de Jaén proclamó su independencia y, para mantenerla, se puso bajo la protección militar del General San Martín, circunstancia por la que las autoridades de Trujillo extendieron su jurisdicción a ella. Una vez que se completó la emancipación del distrito de la Audiencia de Quito y sus habitantes resolvieron integrar la República de Colombia, ésta presentó el correspondiente reclamo al Gobierno del Perú, el cual insistió en la retención arbitraria de Jaén, contraria al uti possidetis juris, con el argumento de haberle prestado auxilios para obtener la libertad. A base de este argumento peruano, Colombia hubiera podido retener después todo el Perú, a cuya independencia contribuyó en significativo grado.
La provincia de Mainas, comprensiva de buena parte de los territorios de la Audiencia de Quito bañados por el río Marañón o Amazonas y sus afluentes septentrionales y meridionales, fue citada, como si hubiera estado bajo la soberanía y jurisdicción del Perú, por el Supremo Delegado de ese Estado, en el Reglamento de Elecciones que expidió en abril de 1822; pero, ante el reclamo del Plenipotenciario de Colombia, el Perú, a través del Ministro encargado de las relaciones exteriores, expresó que había librado orden para que la población de Quijos y la de Mainas que quedan sobre la ribera izquierda o septentrional del Marañón no se calculara "en el cómputo de la que debe servir de base para el nombramiento de diputados en el próximo Congreso".
En la forma indicada, el Perú comienza, primero sobre la margen derecha del Marañón, pues ni siquiera se atrevía entonces a pensar en la septentrional, su pretensión y su ocupación ilícita de parte de dos provincias integrantes del territorio de la extinta Audiencia de Quito que, al asumir la soberanía, resolvió primero constituir, junto con los pobladores y territorios que bajo el régimen colonial español habían formado la Audiencia de Santa Fe de Bogotá y la Capitanía General de Venezuela, el Estado Unitario y luego el Confederado de Colombia y, más tarde, en forma independiente, la República del Ecuador.
Pese a las frecuentes representaciones de Colombia a partir del mencionado año de 1822, se continúa la retención arbitraria, por parte del Perú, de Jaén y de territorios de Mainas situados al sur del Marañón, así como su pretensión sobre los que quedan al Norte de ese río. Contra el principio del "uti possidetis juris" el Perú invoca falsamente el principio de libre consentimiento popular, al que después confundirá con el de autodeterminación de los pueblos. Errado y falto de buena fe es tal intento peruano, porque pretende suponer que hay contradicción entre la libre determinación de los pueblos y el principio americano del uti possidetis juris. Todo lo contrario: es bien sabido que uno y otro se completan, pues la autodeterminación es posible y lícita sólo de parte de pueblos que forman una unidad completa de tradición, historia y cultura. Pretender que una provincia puede segregarse de una nación, cosa que, además, nunca buscaron Jaén y Mainas, significa atentar tanto contra el uti possidetis juris como contra la correcta aplicación del principio de la libre determinación.
En las actas de independencia de Jaén no se encuentra frase alguna de incorporación al Perú, hecho que, por lo demás, como queda explicado, hubiera sido nulo por contrario a las normas legales. Los habitantes de Mainas jamás expresaron su voluntad de pertenecer al Perú, ni hubieran podido determinar el cambio del estatuto jurídico de zonas tan extensas, una vez que su expresión de voluntad no hubiera reunido las características que el Derecho Internacional exige para reconocer un pronunciamiento que implica una decisión soberana. El Perú, a pesar de que en 1825 acepta el principio del uti possidetis juris en un tratado (Mosquera-Galdeano), que no se perfeccionó porque Colombia estimó que se había omitido el señalamiento de puntos que había deseado sean incluidos para conpretar el principio y prevenir posteriores motivos de desavenencia, mantiene su actitud renuente al cumplimiento de su obligación internacional, como era el respeto a los derechos de Colombia. Esta actitud, esta detentación de la provincia de Jaén y de una parte de la de Mainas por el Perú, obligó a Colombia a acudir al duro expediente de la guerra, en la que el ejército peruano, que invadió el Ecuador, fue derrotado en el Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, no sin antes haber rechazado una fórmula de pacífico y justo avenimiento que el General Sucre, Jefe de las fuerzas colombianas, le ofreciera y en virtud de la cual las partes contratantes debían nombrar "una comisión para arreglar los límites de los dos Estados, sirviendo de base la división política y civil de los Virreinatos de Nueva Granada y Perú en agosto de 1809 en que estalló la revolución de Quito". El Perú "pasó por la vergüenza de ceder después de una derrota ante lo mismo que antes se exigió por la razón", según frase de un escritor de ese país. En efecto, Sucre demostró su magnanimidad y que la justicia de Colombia "era la misma antes que después de la batalla" y, por esto, en el convenio preliminar de paz, o Convenio de Girón, que se firmó al día siguiente del triunfo de Tarqui, se incluyó un artículo idéntico al ofrecido antes de la guerra. Pocos días más tarde, Bolívar, desde Quito, escribió: "he dado órdenes para la ocupación de Jaén y Mainas en virtud de los tratados. Yo deseo la paz, pero si el Perú no llena sus obligaciones con nosotros la guerra continuará". Y la guerra continuó, porque el Perú, alegando que el Presidente La Mar había ratificado ilegalmente el tratado —que era realmente una capitulación—, lo desaprobó. Pocos meses más tarde el pueblo peruano derrocó a La Mar y el nuevo gobierno buscó la paz y designó como negociador del Tratado definitivo al señor José de Larrea y Loredo; Colombia nombró, por su parte, al doctor Pedro Gual.
Los dos plenipotenciarios mencionados se reunieron en Guayaquil y, luego de la negociación correspondiente, suscribieron, el 22 de septiembre de 1829, un Tratado definitivo que, en lo que respecta a límites y fijación de la frontera entre Colombia y Perú, contiene las normas que a continuación se analizan:
En el Artículo V ambas partes:
1° Reconocen por límites de sus respectivos territorios los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos Virreinatos de Nueva Granada y el Perú, es decir, se consagra, por acuerdo bilateral, el principio del uti possidetis juris y, consecuentemente, queda consagrado, en convenio solemne y definitivo, el derecho de Colombia entonces y del Ecuador ahora en las provincias de Jaén y Mainas;
29 Establecen la posibilidad para, acordemente, introducir variaciones en la línea reconocida; y,
39 Se obligan a hacerse recíprocamente aquellas concesiones de pequeños territorios que contribuyan a fijar la línea divisoria de una manera natural, exacta y capaz de evitar competencia y disgustos entre las autoridades y habitantes de las fronteras.
La redacción de este artículo se hizo previa la exhibición, por el negociador colombiano, de los títulos que, en el siglo XVIII, crearon el Virreinato de Santa Fe con inclusión de la Audiencia de Quito y su distrito determinado por la cédula de 1563 que, como queda indicado, comprendía Jaén y Mainas.
En el artículo VI se crea una comisión, integrada por dos individuos de cada República, que debía recorrer, rectificar y fijar la línea de frontera conforme a lo estipulado en el artículo anterior. La comisión, con acuerdo de los dos Gobiernos, debía poner a cada una de las partes en posesión de lo que le correspondiera, a medida que fuera recorriendo y trazando dicha línea, comenzando desde el río Túmbez en el Océano Pacífico.
En el artículo VII se conviene en que la comisión de límites de principio a sus trabajos cuarenta días después de la ratificación del tratado y los termine en los seis meses siguientes, disponiéndose que, si los miembros de la Comisión discordaren en uno o más puntos en el curso de sus operaciones, den cuenta a sus Gobiernos respectivos, a fin de que resuelvan amistosamente lo más conveniente, debiendo entre tanto continuar sus trabajos hasta su conclusión, sin interrumpirlos de ninguna manera.
En el artículo XIX, inciso 29, se establece el arbitraje para la solución de los puntos en que, habiendo discordado los miembros de la comisión, no hubieran podido convenir los Gobiernos.
En la declaración primera anexa al tratado se designa al Gobierno de Chile como arbitro y conciliador para los casos de divergencia.
Las que acaban de señalarse son las disposiciones del tratado de 1829. Como se observa, éste dejó zanjada definitivamente la controversia de límites entre el Perú y Colombia, representante de los derechos seculares de la Presidencia de Quito. "En ningún momento de la negociación se atrevió el Perú a invocar la Cédula de 1802, a pesar de que no hacía tres meses que la había desempolvado, una vez más, para arreglos eclesiásticos". Es solamente unos cuantos años más tarde, desde 1853, en que el Perú pretende cohonestar su pretensión sobre los territorios orientales del Ecuador, que correspondieron en parte a la provincia de Mainas en el régimen de división territorial de la época colonial, apelando a la Cédula de 1802, pero este instrumento, aparte de que nunca tuvo valor territorial ni significado político, ya que simplemente contenía "los autos de erección del Obispado de Mainas", quedó definitivamente apartado de la controversia porque conociéndolo perfectamente el Perú no alegó ni lo opuso a los títulos presentados por Colombia cuando se negociaba el tratado de 1829; por esta razón, además, no fue necesario en el texto del tratado excluir expresamente una cédula, a la cual nadie atribuyó valor territorial y que era bien conocida ambas partes.
En lo que respecta a la afirmación peruana de que el tratado de 1829 significó la sanción del estado posesorio, cabe indicar que en la tercera conferencia previa a ese tratado quedó definitivamente recusado, como principio regulador de la controversia, el hecho de la posesión, hecho impreciso e incierto entonces y al cual nadie en esa época le atribuyó importancia jurídica en América. Según el Congreso peruano y el señor Larrea y Loredo, el año de 1829 el Perú apenas si tenía unas pequeñas reducciones a la izquierda del Marañón. La posesión de cualquier parte del territorio de Jaén y Mainas fue viciosa antes de 1829, por carecer el Perú de todo título para ejercitarla, y es doblemente viciosa después del tratado de 1829, porque éste es nuevo título que confirma y ratifica los anteriores. La posesión alegada por el Perú no es sino detentación que carece de todo efecto, ya que "cien años de injusticia no llegan a ser un día de derecho".
El Tratado de Paz de 1829 dejó concluida la diferencia de límites con la restauración de la integridad del Virreinato de Santa Fe en virtud de las cédulas de su erección, restando tan sólo la demarcación. El tratado no creó el derecho, sino que lo restauró. Las rectificaciones que podrían realizar de consuno las Partes en la línea reconocida en nada obstaban para que ese reconocimiento del "strictum jus" de Colombia quedare, perfecto y definitivo, como quedó efectivamente.
El Congreso peruano aprobó el tratado el 16 de octubre de 1829 y el Poder Ejecutivo lo aceptó, confirmó y ratificó el mismo día. Por parte de Colombia, el Libertador, Presidente investido de poderes supremos y con acuerdo del Consejo de Estado, aprobó y ratificó el tratado el 21 de octubre de 1829. Las ratificaciones canjearon en Guayaquil el 27 de octubre del mismo año, momento desde el cual su existencia y validez jurídicas son incontrastables.
La comisión de límites creada por el tratado de Guayaquil debía principiar sus trabajos cuarenta días después de la ratificación. Los comisionados de Colombia estuvieron en Túmbez el 30 de noviembre de 1829, de acuerdo con lo estipulado. Los dos miembros peruanos de la comisión no concurrieron a Túmbez. Finalmente, la comisión mixta de límites no llegó a reunirse por culpa del gobierno del Perú; sin embargo, éste también designó, aunque en 1830, sus comisionados y les impartió las instrucciones del caso, tal como con anterioridad lo había hecho el gobierno de Colombia. De las instrucciones dadas por los dos gobiernos aparece:
1° Que Colombia, en atención a las gestiones del Perú, accedía a introducir variaciones en la línea de su estricto derecho y en que la línea divisoria fuera la de Túmbez-Quiroz-Huancabamba-Amazonas. En efecto, en la tercera conferencia previa a la celebración del tratado comenzó el avenimiento sobre aquellas variaciones: el Plenipotenciario del Perú propuso la línea Túmbez-Chinchipe-Marañón y el Plenipotenciario de Colombia dejó entrever que su gobierno daría instrucciones a sus comisionados para que aceptasen la rectificación propuesta por Larrea y Loredo. Y es que éste, por la facultad de introducir variaciones en la línea de los antiguos Virreinatos que contenía el tratado de Guayaquil, consideraba que había obtenido un triunfo al modificar el "abusivo" convenio de Girón, según el cual sólo procedían pequeñas modificaciones con el objeto de ajustar la línea a la realidad geográfica.
29 Que el Perú pretendía arrancar, a base de la mencionada posibilidad de introducir variaciones, la línea Zarumilla-Macará-Chinchipe-Amazonas. Es decir que en esta ocasión, en 1830, expresa por primera vez el Perú su pretensión sobre Túmbez, zona comprendida entre el río de este mismo nombre y el río Zarumilla.
De acuerdo con lo establecido en los artículos VI y VII del tratado, los gobiernos debían resolver las divergencias que surgieran en el curso de las operaciones de los comisionados y el acuerdo de los gobiernos entrañaba y originaba "ipso jure" la transferencia de dominio sobre los territorios objeto de las variaciones acordadas. Es decir, a los gobiernos correspondía una labor definitiva y decisoria. De conformidad con estas atribuciones, los gobiernos podían elaborar de consuno las instrucciones a los comisionados y facilitar así la labor de éstos, reduciéndola a recorrer la línea y poner a cada una de las partes en posesión de lo que, conforme al tratado y a las variaciones acordadas, les correspondiera. Es precisamente este método el que, propuesto por el General Tomás Cipriano Mosquera, Ministro Plenipotenciario de Colombia en Lima, fue aceptado por la Cancillería del Perú y llevado a la práctica mediante conferencias y notas que redujeron considerablemente el campo de desacuerdo. Así surge, obvio y natural, el Protocolo Mosquera-Pedemonte de 1830, instrumento de ejecución del Tratado de Guayaquil de 1829. Tal Protocolo no hace sino confirmar lo ya convenido hasta entonces: el reconocimiento del lindero Túmbez - Macará - Marañón, porque la verdadera ley de la controversia era y es el Tratado. de Guayaquil, al que el Protocolo de 1830 sólo sirve como instrumento accesorio.
El 13 de mayo de 1830 se constituyó el Ecuador como Estado Confederado dentro de la República de Colombia. Esta forma de Estado mantuvo Colombia hasta fines de 1832. A la fecha en que se constituyó el Estado del Sur de Colombia, el Estado del Ecuador en la República de Colombia, el tratado de 1829 había sido ejecutado:
a) porque se había convenido en la rectificación de la línea de los antiguos Virreinatos, adoptando como lindero el Marañon desde que entra en Jaén hasta el Brasil; por tanto, con anterioridad al 13 de mayo de 1830, estaba formado a este respecto el "vinculum juris in perpetuum", vínculo que no fue sino ratificado por el Protocolo Mosquera-Pedemonte; y,
b) porque estaban ya nombrados los comisionados que debían realizar la demarcación.
Con posterioridad al 13 de mayo de 1830, el Perú, en el convencimiento de que los sucesos ocurridos en el Distrito Sur de Colombia no se encaminaban sino a la transformación de la forma de ese Estado, siguió en relaciones con el General Mosquera, reconoció al Gobierno Constituido por el Congreso Constituyente de Colombia y continuó el trámite de ejecución del tratado de 1829, a cuyo efecto nombró, como providencia inmediata, nuevos comisionados para la demarcación.
A la disolución de Colombia (fines de 1832), surge la República del Ecuador como sucesora de aquélla en el dominio de los ríos Túmbez, Macará, Huancabamba y Marañon. La sucesión territorial entre los Estados es un derecho indiscutible en el Derecho Internacional Moderno. La República del Ecuador nació, pues, con el patrimonio territorial que le había sido reconocido por el tratado de 1829, con las variaciones indicadas, introducidas por el instrumento de ejecución de dicho tratado, es decir, por el Protocolo Mosquera-Pedemonte. La disolución de Colombia ni es título de soberanía para el Perú sobre territorios que según el tratado no le pertenecen, ni privó a la antigua Audiencia y Presidencia de Quito, constituida en Estado independiente, de la integridad territorial reconocida por el Perú en ese pacto.
Gobernantes y jurisconsultos peruanos han aceptado la fuerza jurídica permanente del tratado de 1829, por su doble índole de convenio de paz y de límites. El Ecuador, sin interrupción en el tiempo, no ha cesado de insistir en que se proceda a la demarcación de fronteras de conformidad con ese tratado y su instrumento de ejecución, sin ocultar, sin embargo, que estaba dispuesto a un nuevo arreglo transaccional que permitiera al Perú retener parte de los territorios que él detentaba en violación de los incontrovertibles derechos ecuatorianos. El Ecuador, hasta 1942, pretendió llegar a un acuerdo de esta clase, que sentara las bases para una sólida amistad y una colaboración de recíproco provecho que redundara en el bienestar de los dos pueblos. Mas, el espíritu de buena vecindad, de amistosa cooperación para la convivencia pacífica que animaba al Ecuador no encontró nunca eco en el Perú. En el lapso que va de 1829 a 1942 hubo intentos de arreglos que inclusive llegaron a plasmarse en tratados, pero éstos no llegaron a perfeccionarse por la pertinacia del Perú (tratado Noboa-Pando en 1832, tratado Herrera-García de 1890); se ejercitaron en repetidas ocasiones varios medios para la solución pacífica de la controversia, pero, pese al ánimo transaccional del Ecuador, con ellos no se llegó a ningún resultado porque el Perú mantuvo su indeclinable propósito de despojar a aquél de Túmbez, Jaén y Mainas, y es que en el campo internacional no se obtienen soluciones de problemas bilaterales con sólo la buena voluntad de una de las partes.
El Ecuador, que con criterio eminentemente conciliador estuvo dispuesto a no exigir, en una transacción, toda la extensión territorial a que su derecho alcanza, limitándose a lo que le es vital o irrenunciable, sufrió en 1941 la agresión de las fuerzas armadas del Perú, que invadieron y ocuparon territorios ecuatorianos aún de zonas que nunca habían sido controvertidas. A base de este antecedente inmediato, el Perú impuso al Ecuador un tratado que se suscribió en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942.
La agresión fue preparada larga y meticulosamente por el Perú; para realizarla, creó y organizó, en enero de 1941, la que denominó "Gran Unidad de Agrupamiento Norte", bajo el mando del General Eloy G. Ureta. Diplomáticos acreditados ante el Gobierno del Perú se informaron de los preparativos contra el Ecuador y comunicaron acerca de ello a sus Gobiernos. Preocupados por la información recibida, los Gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos de América, el 8 de mayo de 1941, ofrecieron sus amistosos oficios a Ecuador y Perú para promover una pronta, equitativa y final solución del diferendo de límites; añadieron que el ofrecimiento lo hacían en una hora crítica, en que la controversia presentaba "serias posibilidades de peligrosos desenvolvimientos". Luego de que se produjo la agresión peruana, el 5 de julio de 1941, los tres países mediadores mencionados designaron Observadores Militares y éstos, en la relación que elevaron a sus Gobiernos, manifestaron que el ofrecimiento de mediación llegó el momento más oportuno, "pues ya se tenía conocimiento de que desde mediados de abril del mismo año, 1941, el Perú venía concentrando tropas en el Norte del país, especialmente en Talara, Piura y Túmbez, de acuerdo con un bien premeditado "PLAN DE INVASIÓN". El Perú, con su agresión, ocupó territorio nacional ecuatoriano que nunca antes había pretendido disputar; violó una suspensión de hostilidades convenida para el 26 de julio y desató entonces violentos bombardeos aéreos sobre ciudades abiertas de la provincia de El Oro, intensificó sus ataques terrestres y realizó toda clase de atropellos. Los Mediadores apremiaron al Gobierno ecuatoriano para que revocara el llamamiento de cuatro contingentes, revocación que el Perú exigía para cesar en sus proditorios avances. El Ecuador se resolvió a aceptar esa medida que constituía la amputación de su soberanía. Pese a esto, el Perú prosiguió operaciones sin resistencia alguna. La segunda suspensión de hostilidades, acordada con la intervención de los Mediadores para el día 31 de julio, tampoco fue observada por el Perú. El día 11 de agosto, todas las guarniciones ecuatorianas del Oriente fueron asaltadas y destruidas. En septiembre, a pretexto de reconocimientos, intentó el ejército agresor la penetración en las provincias del Azuay y Guayas, lo cual movió a los Observadores Militares de los Gobiernos Asistentes a promover la suscripción del Acta de Talara (2 de octubre), en que se fijaron, dentro del territorio invadido, una zona desmilitarizada y las posiciones avanzadas de las fuerzas militares de los dos países, acordándose nuevamente la cesación de hostilidades. El Ecuador, en el año 1941, estuvo en incapacidad absoluta de ejecutar cualquier acto que precipitase la lucha, ya que no podía sostenerla honrosamente. Los personeros del Perú, en cambio, han declarado que ese Estado desencadenó una acción contundente, perfectamente planeada y disciplinada, con el objeto de reducir a estrechos límites la acción de los Gobiernos Asistentes o Mediadores y arreglar el problema de fronteras con el Ecuador. En noviembre de 1941 se sumó a la Mediación mencionada el Gobierno de la República de Chile.
Por el ataque japonés al territorio de los Estados Unidos en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, en virtud de iniciativa chilena, se instaló, en Río de Janeiro, la III Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos. Mientras se celebraba esa Conferencia, pero fuera de ella, continuaron las actividades de los 4 Mediadores, tendientes a que se llegara a un acuerdo definitivo de fronteras entre el Ecuador y el Perú. La insistencia y tenacidad con que algunos de los Mediadores preconizaban la urgencia del arreglo definitivo constituyeron una presión sobre el ánimo de la Delegación ecuatoriana. Esta manifestó que no era oportuno el momento para la solución de la controversia territorial, que cualquier acuerdo, cualquier pacto suscrito, cuando todavía estaban ocupados territorios ecuatorianos por tropas del Perú, estaba viciado de nulidad; que todo protocolo o tratado hecho bajo la presión de la fuerza sería absolutamente nulo.
Con todo, la acción mediadora insistió en que se llegara a un convenio, exponiendo que, si no se conseguía dicho arreglo durante la Conferencia, el Perú continuaría inmediatamente la invasión al Ecuador, ocuparía Guayaquil y otros puntos vitales de la República e impondría un tratado bajo las más onerosas condiciones, haciendo peligrar la vida misma de la nacionalidad ecuatoriana.
En las mencionadas circunstancias, después de singulares negociaciones, en las que nunca discutieron directamente los Cancilleres del Ecuador y del Perú, en las que los Mediadores eran los que traían y llevaban las proposiciones sucesivas de las partes, se llegó a firmar, en la madrugada del 29 de enero de 1942, el Protocolo de Río de Janeiro, llamado, por sarcasmo, de Paz, Amistad y Límites. Como se ha narrado, el Protocolo fue suscrito estando ocupadas por las fuerzas peruanas provincias del Ecuador nunca dispu­tadas, bajo la presión de la violencia y como resultado de la agresión desatada contra el Ecuador.
En el artículo 29 del Protocolo se acordó que el Perú retiraría sus tropas, dentro del plazo de 15 días a contar de la fecha de suscripción, a la línea descrita en el artículo 8°, con lo cual reconoció el Perú la ilegitimidad de la agresión al Ecuador y confirmó la doctrina continental de la invalidez de los tratados celebrados bajo la presión de los ejércitos. El tratado es una prueba a posteriori de la agresión.
Confirma y ratifica la arbitraria ocupación militar de territorios ecuatorianos lo que se dice en el artículo
39 del Protocolo: "Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile cooperarán por medio de Observadores Militares a fin de ajustar a las circunstancias la desocupación y el retiro de tropas en los términos del artículo anterior".
El artículo 4° del Protocolo también deja constancia de la agresión al Ecuador al expresar que las zonas que desocupará el Perú quedarán en las mismas condiciones en que ha estado la zona desmilitarizada fijada en el Acta de Talara, la cual, como ya se indicó, estableció, una vez más, el cese de hostilidades entre las fuerzas militares de los dos países.
El numeral 1° de la letra B del artículo 8° del Protocolo dice que la línea fronteriza seguirá "De la Quebrada de San Francisco, el "divortium aquarum" entre el río Zamora y el río Santiago hacia la confluencia del río Santiago con el Yaupi". Pero, como en la realidad se ha comprobado que no existe ese divisor de aguas porque en lugar de él está el río Cenepa, es físicamente imposible la ejecución del Protocolo. El internacionalista Daniel Antokoletz dice que habría imposibilidad física de ejecutarlo si un tratado trazara una línea divisoria en una isla y ésta desapareciera de la superficie por la acción natural o si, fijado el límite en un río o cerro, según un mapa determinado, resultare que no existe tal río o cerro en la zona demarcada. Por el hecho anotado, el Protocolo no cumple con el objetivo propuesto por las partes contratantes, es inejecutable. La inejecutabilidad de una cláusula de un tratado, cuando tiene carácter esencial y ha sido condición de otras, compromete el valor jurídico de éste; un tratado de imposible ejecución, puede considerarse inexistente.
"Por otro lado, el Protocolo de Río no respondió siquiera a la figura de un "tratado de paz" conforme a las regulaciones del clásico Derecho de Gentes, porque fue el corolario ignominioso de una lucha armada, prendida por el agresor, que no estuvo precedida por la necesaria "declaración de guerra". De este modo, no hubo jurídicamente un "tratado, de paz" como consecuencia de un declarado "estado de guerra" y se mantuvo con cruenta ironía el régimen normal de las relaciones diplomáticas entre el agresor y el agredido".
El Gobierno del Perú, en el folleto que publicó con el título "El Protocolo de Río de Janeiro ante la Historia", afirma que por el Protocolo de Río de Janeiro ha obtenido un arreglo de frontera que le da más de 200.000 kilómetros cuadrados que el Tratado de Guayaquil de 22 de septiembre de 1829 (se refiere el Perú al territorio fijado por el Tratado de 1829, pero luego de la generosa concesión hecha en el Protocolo Mosquera-Pedemonte de 1830, que permitió al Perú alcanzar su pretensión inicial de ser ribereño del Amazonas. Las primeras pretensiones del Perú fueron las de ocupar los 150.000 kilómetros cuadrados que correspondían al Ecuador, bajo la margen derecha del Amazonas, de acuerdo con la Cédula de Erección de la Real Audiencia de Quito).
Durante casi 20 años, el Ecuador trató de encontrar en las cláusulas del Protocolo principios que pudieran, aunque sea momentáneamente, aplicarse a las relaciones entre los dos países; pero no ha sido posible. El Perú lo violó desde el primer instante con sus avances más allá de la línea de facto que en él se establece, con sus incursiones en zonas demarcadas, con su sistemática obstrucción a las propuestas de arreglo de las diferencias suscitadas, con su tradicional política de entorpecimiento de la libre navegación ecuatoriana por los ríos que desembocan en el Amazonas consagrada en el artículo 6° del Protocolo. Con todo esto, el Perú ha añadido una causa más a las numerosas que fundamentan la nulidad del convenio. A este respecto conviene recordar la afirmación del internacionalista peruano Alberto Ulloa: "Siendo indivisible por su naturaleza un tratado de demarcación, en que existe una absoluta interdependencia en las recíprocas concesiones y una absoluta unidad de la línea fijada, el incumplimiento de una de las obligaciones de cualquiera de las partes COMPROMETE LA NULIDAD DE TODO EL TRATADO".
El Protocolo de Río de Janeiro es un instrumento nulo, de nulidad absoluta, porque el consentimiento estatal está viciado con todos los vicios irredimibles: el de la fuerza física, representado por la invasión armada y la ocupación y retención militar de provincias ecuatorianas no disputadas mientras el Ecuador no consintiese en suscribir y perfeccionar aquel instrumento que el Perú imponía; el de la coerción moral y la amenaza de ocupación de nuevas y más extensas zonas de territorio ecuatoriano, de bombardear ciudades y desatar una guerra total; el del dolo, consistente en el fraudulento progreso de las tropas invasoras luego del cese de hostilidades acordado por las partes, lo cual determinó que fueran ocupados nuevos sectores del territorio ecuatoriano y se ampliara así la monstruosa. caución fraguada por el Perú para la más fácil imposición de sus designios en el Protocolo de 1942; el del error, acreditado por la inexistencia de un importante accidente geográfico, cual es el supuesto divortium aquarum Zamora - Santiago, accidente que, en un extenso y básico sector debía servir de línea de frontera y que en realidad no existe.
La inejecutabilidad del instrumento en una parte sustancial le torna totalmente inejecutable, cesan de regir sus disposiciones y el mismo se vuelve jurídicamente inexistente o nulo. Además, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Perú ha comprometido la nulidad de todo el Tratado. Con todo lo dicho, se puede aún abundar más para establecer en forma irrebatible la nulidad del susodicho Protocolo, al recordar que él significó la violación de claros y precisos principios del Derecho Internacional y viejas y arraigadas normas jurídicas de convivencia interamericana que condenan el pretendido derecho de conquista, que declaran nulas y sin ningún efecto jurídico las cesiones territoriales realizadas por la fuerza o bajo la amenaza de la fuerza o de otro acto, conminatorio, que rechazan la doctrina inmoral y absurda de los hechos cumplidos, que proclaman que la agresión del territorio de un Estado no puede rendir frutos ni acarrear ventajas para el agresor e invasor. En efecto:
En la resolución, aprobada el 18 de abril de 1890, durante la primera Conferencia Internacional Americana, los Estados Americanos, Considerando:
29 Que las guerras de conquista entre Naciones Americanas serían actos injustificados de violencia y despojo;
3° Que la inseguridad del territorio nacional conduciría fatalmente al ruinoso sistema de la paz armada;
1o El principio de conquista queda eliminado del Derecho Público Americano.
2o Las cesiones de territorio que se hicieren serán nulas, si se hubieren verificado bajo la amenaza de la guerra o la presión de la fuerza armada.
En la declaración hecha en Washington el 3 de agosto de 1932, los Representantes de los Estados Americanos declararon:
"Las Naciones de América no reconocerán arreglo territorial alguno ni la validez de adquisiciones territoriales que sean obtenidos por conquista por fuerza de las armas".
En el "Tratado Antibélico de No Agresión", firmado en Río de Janeiro el 10 de octubre de 1933, los Estados signatarios:
"Con el propósito de condenar las adquisiciones territoriales que sean obtenidas mediante la conquista por la fuerza de las armas, haciéndolas imposibles y sancionando su invalidez por las disposiciones positivas de este Tratado".
"Artículo 2°—Declaran que, entre las Altas Partes Contratantes, las cuestiones territoriales no deben resolverse por la violencia, y que no reconocerán arreglo territorial alguno que no sea obtenido por medios pacíficos, ni reconocerán la va­lidez de la ocupación o adquisición de territorios que sea lograda por fuerza de las armas".
En la "Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados", firmada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933, se establece:
"Artículo 11°—Los Estados Contratantes consagran en definitiva, como norma de su conducta, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en representaciones diplomá­ticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aun de manera temporal".
En la "Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz", que se reunió en Buenos Aires, se firmó el 21 de diciembre de 1936 la "Declaración de Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas". Allí se fijan entre los principios aceptados por la Comunidad Internacional Americana los siguientes: "La proscripción de la conquista territorial y el no reconocimiento de ninguna adquisición hecha por la violencia".
La Octava Conferencia Internacional Americana, reunida en Lima, del 9 al 27 de diciembre de 1938, declaró: "Que reitera como principio fundamental del Derecho Público de América, que no tendrá validez ni producirán efectos jurídicos la ocupación ni la adquisición de territorios ni ninguna otra modificación o arreglo territorial o de fronteras, mediante la conquista por la fuerza o que no sean obtenidos por medios pacíficos".
En la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos, éstos expresaron:
4° Que reafirman su anhelo de evitar que en este Continente se emplee la fuerza como medio de solución de las disidencias entre las naciones, y de apelar, consiguientemente, sólo a métodos jurídicos o pacíficos.
Después de suscrito el Protocola de Río de Janeiro de 29 de enero de 1942, en la "Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz", en la "Declaración de México", aprobada el 6 de marzo de 1945, los Estados Americanos declararon como principios esenciales para el mantenimiento de las relaciones entre ellos los siguientes:
4° El territorio de los Estados Americanos es inviolable y es también inmutable, salvo el caso de acuerdos pacíficos.
5° Los Estados Americanos NO RECONOCEN LA VALIDEZ DE LA CONQUISTA TERRITORIAL.
8° Se proscribe la guerra de agresión en cualquiera de sus formas.
9° La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a todos los Estados de América.
En el "Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca", suscrito el 2 de septiembre de 1947 en la ciudad de Río de Janeiro, en el artículo 9° se determina que uno de los actos caracterizados como agresión es:
"La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de un Estado Americano, mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de fronteras así demarcadas, LA INVASIÓN QUE AFECTE UNA REGIÓN QUE ESTE BAJO LA JURISDICCIÓN EFECTIVA DE OTRO ESTADO".
Con respecto a esta estipulación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cabe recordar que, en el folleto oficial del Gobierno de Lima titulado "El Protocolo de Río de Janeiro ante la Historia", se hace constar que "La línea de 1942 es superior en 30.000 kilómetros cuadrados a la línea de posesión del Perú en cualquier período de su historia". Se refiere el Perú a la extensión del último despojo al Ecuador que trató de imponer en el mentado Protocolo.
En la Novena Conferencia Interamericana se consagró la "Carta de la Organización de los Estados Americanos" —Carta de Bogotá—, el 30 de abril de 1948, y en ella los Estados Americanos reafirmaron los siguientes principios:
"Artículo 59.—e) Los Estados Americanos con­denan la guerra de agresión: la victoria no da derechos.
"Artículo 17°—El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aún de manera temporal. No SE RECONOCERÁN LAS ADQUISICIONES TERRITORIALES o las ventajas especiales que SE OBTENGAN POR LA FUERZA o por cualquier otro medio de coacción".
La Séptima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en San José de Costa Rica, del 22 al 29 de agosto de 1960, expresó que:
5° Proclama que todos los Estados miembros de la organización regional tienen la obligación de so­meterse a la disciplina del sistema interamericano, voluntaria y libremente convenida, y que la más firme garantía de su soberanía y su independencia política proviene de la obediencia a las disposiciones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
7° Reafirma su fe en el sistema regional y su confianza en la Organización de los Estados Americanos, creada para lograr un orden de paz y de justicia que excluye toda posible agresión, fomentar la solidaridad entre sus miembros, robustecer la colaboración y defender su soberanía, SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, y su independencia política, ya que es en esta Organización donde sus miembros encuentran la mejor garantía para su evolución y desarrollo.
El Ecuador, invocando tratados, convenios y acuerdos, declaraciones y recomendaciones del ordenamiento jurídico del sistema interamericano en vigencia, ha impugnado la validez del Protocolo de Río de Janeiro, impuesto por la agresión y por la fuerza y la amenaza. De acuerdo con dicho ordenamiento jurídico, también las Repúblicas de América tienen el sagrado compromiso y el deber de negar efectos y validez jurídicos a los abusos de la fuerza.
La nulidad de origen de que adolece el Protocolo de Río de Janeiro lo vuelve inexistente porque dicha nulidad es congénita e intrínseca. Son principios inamovibles del Derecho Universal que "lo que es nulo no produce ningún efecto" y que "aquello que en su origen es vicioso no puede convalecer por la acción del tiempo". En ningún momento llegó a tener existencia legal el tratado, nació muerto, aunque formalmente recorrió todas las fases requeridas para su validez extrínseca.
Como el Protocolo no llegó a existir legalmente, no ha variado el status juris anterior a la suscripción del mismo, emanado del principio americano del uti possidetis juris ratificado en el Tratado de Guayaquil de 1829.
Que América viva y haga vivir el Derecho que la razón y la justicia le han dictado, es lo que espera el Ecuador para la solución definitiva de su problema territorial.
Quito, a 8 de diciembre de 1961..