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Timestamp: 2020-08-15 11:16:24
Document Index: 50138529

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'ARTÍCULO 95', 'artículo 95', 'artículo 8', 'artículo 95', 'artículo 561', 'artículo 88', 'artículo 95', 'artículo 78', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 13', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 132', 'artículo 119', 'ARTÍCULO 95', 'artículo 95']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 18/05/2017
cve: DSCD-12-PL-55
Sesión plenaria núm. 53
Debates de totalidad de convenios internacionales:
- Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 74, de 7 de abril de 2017. (Número de expediente 110/000034) ... (Página4)
Recurso previo contra convenios internacionales:
- Propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución en relación con el acuerdo económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016. (Número de expediente 231/000001) ... (Página4)
- Proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 111-1, de 31 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000089) ... (Página22)
- Declaración institucional con motivo del día europeo de la red natura 2000. (Número de expediente 140/000015) ... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación)... (Página31)
Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación)... (Página32)
Recurso previo contra convenios internacionales. (Votación)... (Página32)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación)... (Página33)
Debates de totalidad de convenios internacionales... (Página4)
Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016... (Página4)
Recurso previo contra convenios internacionales... (Página4)
Propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución en relación con el acuerdo económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016... (Página4)
El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil) presenta a la Cámara el convenio de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad así como de la propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución intervienen el señor Bustinduy Amador y la señora Farré Fidalgo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno en contra interviene el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Replica el señor Bustinduy Amador y duplica el señor Rivera Díaz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas... (Página22)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita... (Página22)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posición el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional... (Página31)
La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 165 votos a favor y 177 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones internacionales en España, se aprueba por 320 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones.
Debates de totalidad de convenios internacionales... (Página32)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, se rechaza por 81 votos a favor, 260 en contra más 2 votos telemáticos, 262, y 1 abstención.
Recurso previo contra convenios internacionales... (Página32)
Sometida a votación la propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución en relación con el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, se rechaza por 86 votos a favor y 256 en contra más 2 votos telemáticos, 258.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas al articulado de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, son rechazadas todas.
Sometida a votación la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se aprueba por 271 votos a favor más 2 votos telemáticos, 273, 65 en contra y 6 abstenciones.
- ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. (Número de expediente 110/000034).
- PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DEL REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95.2 DE LA CONSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 (Número de expediente 231/000001).
Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, procedemos a sustanciar conjuntamente los puntos del orden del día relativos al debate de totalidad del Acuerdo económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, y la propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución en relación con el citado convenio internacional. Para presentar este convenio, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (Rumores). Silencio, señorías; silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señora presidenta, señorías, intervengo, en nombre del Gobierno, en relación con la propuesta de enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Podemos, al Acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá. La posición del Gobierno -no creo que extrañe a nadie- es favorable a dicho acuerdo, y lo es porque este Gobierno cree que la creación de espacios de prosperidad y bienestar compartidos es beneficiosa para el conjunto de la comunidad internacional y, en este caso concreto, para la Unión Europea, para España y para nuestros socios canadienses, con quienes compartimos una visión similar de los valores y principios que rigen las relaciones internacionales.
Señorías, la Unión Europea es el mayor espacio económico de prosperidad y bienestar del mundo. Frente a quienes nos acusan de apostar por una Europa fortaleza de espaldas al resto de las regiones, la realidad es muy otra. La Unión Europea tiene firmados acuerdos comerciales con más de cuarenta países y estamos negociando otros veinte acuerdos más. Es una clara muestra de que nuestra apuesta no es por una Europa proteccionista sino por una Europa abierta y dispuesta a compartir la prosperidad que a los europeos tan duramente nos ha costado alcanzar. Señorías, 31 millones de puestos de trabajo en la Unión dependen de las exportaciones fuera de nuestras fronteras; un millón de nuestras exportaciones a Canadá. Estén seguros de una cosa, si nosotros no hacemos esta apuesta por una globalización equilibrada y respetuosa con las normas de un comercio justo y con los derechos sociales, otros impondrán su modelo de globalización con el que las fuerzas de esta Cámara no querrían convivir; este modelo de globalización y de prosperidad, el que defiende el Gobierno y al que se adecua el Acuerdo económico y comercial global con Canadá. Les voy a explicar por qué es así, pero antes les diré que se trata de una relación comercial entre la Unión y Canadá que alcanza los 100 000 millones de euros en exportaciones y un flujo de inversión directa de 450 000 millones de euros.
Se trata de un acuerdo denominado de última generación, el más moderno y ambiciosos firmado por la Unión Europea, que abarca no solo la supresión de obstáculos clásicos al comercio, los arancelarios, sino también los obstáculos no arancelarios, así como amplios compromisos en el comercio de servicios, inversiones, reglas de comercio sobre la competencia, el desarrollo sostenible y las compras públicas. El convenio ha sido firmado por todos los Estados miembros y, tras la aprobación por el Parlamento Europeo, se aplicará provisionalmente a partir del mes próximo, solamente con respecto a las materias de competencia exclusiva de la Unión Europea. Pero al ser un acuerdo de naturaleza mixta, la entrada en vigor definitiva requiere que este sea ratificado por los parlamentos de los Estados miembros. De ahí la importancia de este debate en el que están en juego no solo grandes cifras, sino también la defensa de
un modelo abierto de prosperidad compatible con la defensa de los derechos sociales. La Unión Europea y Canadá somos defensores de este modelo; no debe haber ninguna duda de ello.
En términos generales, el CETA -le llamaré por sus siglas en inglés por comodidad- facilita el acceso de los agentes económicos de la Unión Europea a un mercado de notable interés, con una población de 35 millones de personas que disfrutan de un fuerte poder adquisitivo. Gracias al acuerdo, los agentes económicos de la Unión estarán en posición de recibir el mismo trato, e incluso mejor, que el que puedan recibir sus competidores de Estados Unidos o de otros terceros países. La Unión Europea es el segundo socio comercial de Canadá. Además, existe un gran potencial de crecimiento del comercio para la Unión Europea pero, sobre todo, para España, que se verá sin duda beneficiada por la aplicación del acuerdo. La cercanía del mercado canadiense al mercado norteamericano ofrece, además, una plataforma desde la que exportar a Estados Unidos para las compañías europeas, cuya instalación se ve facilitada por las disposiciones de inversiones contenidas en el acuerdo.
Los productos que se benefician de la mayor liberalización son los industriales, donde se produce una liberalización que afecta al 99 % de las líneas arancelarias. Ello es compatible con un especial tratamiento a los productos sensibles de ambas partes. Los productos pesqueros y de la agricultura son objeto de previsiones específicas también para productos sensibles, teniendo en cuenta que ambas partes cuentan con importantes sectores productores nacionales en estos ámbitos. Se espera así que el CETA favorezca el acceso al mercado canadiense de los productos agroalimentarios europeos y, más concretamente, de los españoles, lo que beneficiará directamente a la industria agroalimentaria española altamente competitiva. De forma análoga, se prevé que en el caso de España se beneficien del acuerdo una serie de productos y sectores exportadores. En lo que respecta a las barreras no arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio, el acuerdo ha profundizado en su eliminación. Regula igualmente medidas sanitarias y fitosanitarias de acuerdo con los derechos y obligaciones derivados de la OMC y fomentando la cooperación para resolver problemas concretos que puedan surgir en estos ámbitos.
En materia de servicios, el CETA tiene implicaciones muy relevantes, generando nuevas oportunidades de acceso en sectores clave y superando incluso al acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Sobre la base de un amplio principio de liberalización general, permite asimismo establecer las medidas y reservas que la Unión Europea y Canadá deseen mantener en algunos sectores específicos, reservando el derecho a adoptar medidas nuevas o diferentes y estableciendo una reserva para los denominados servicios de interés general, que no se verán afectados por el acuerdo. Es el caso de los monopolios públicos y derechos exclusivos para suministros públicos y servicios, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o el suministro de agua potable. Asimismo se establecen salvaguardas temporales, por ejemplo en el ámbito de los servicios financieros. Todas estas medidas son especialmente interesantes para España, país exportador de servicios financieros, de comunicaciones y tecnológicos, y por tanto abren nuevas oportunidades para nuestras empresas y actores económicos.
El CETA incluye también un capítulo sobre inversiones, abarcando así todos los aspectos posibles de la relación económico comercial bilateral, con el objetivo de potenciar esas inversiones reduciendo las barreras al establecimiento y consolidando los principios de no discriminación y de trato nacional a los inversores de ambas partes. Ello implica que las inversiones europeas deberán ser consideradas en los mismos términos que las inversiones canadienses y se verán favorecidas, además, por condiciones favorables de acceso a ese mercado. El CETA incluye también en este ámbito, al amparo de lo dispuesto en el Tratado de Lisboa, disposiciones sobre el sistema de protección de inversiones que modernizan las reglas habitualmente consignadas en los acuerdos bilaterales de protección de inversiones. De ello hablaré más adelante.
En materia de protección de derechos de propiedad intelectual, el régimen aplicable a los productos farmacéuticos, en particular, será el más cercano al existente ahora en Europa, favoreciendo el comercio de estos productos que, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, ya exportamos desde España por valor de más de 350 millones de euros. Además, en el acuerdo Canadá ha asumido la protección de denominaciones o indicaciones geográficas con un régimen muy parecido al que se aplica en la Unión, algo especialmente valorado por parte española. En cuanto al desarrollo sostenible, los estándares medioambientales y laborales, el acuerdo recoge el derecho de las partes a fijar sus propios estándares y niveles de protección medioambiental de acuerdo con sus obligaciones internacionales, y en materia laboral acuerdan ratificar y aplicar los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Señorías, como ven, el CETA constituye un ambicioso y amplio acuerdo comercial, el más amplio hasta ahora firmado por ambas partes. Su entrada en vigor, junto con el Acuerdo de asociación estratégica, también alcanzado con Canadá, permitirá en todo caso fortalecer significativamente las relaciones entre la Unión Europea y Canadá. De acuerdo con las valoraciones realizadas por nuestro Ministerio de Economía y Comercio y la Comisión Europea, la economía española se beneficiará de las disposiciones del acuerdo incrementando nuestros intercambios comerciales y flujos de inversión con Canadá, lo cual redundará en una mayor actividad y contribuirá al crecimiento de nuestra economía con la previsible consiguiente generación de empleo.
Como les decía, el nuevo acuerdo contempla la supresión de aranceles en la práctica totalidad de las mercancías intercambiadas entre la Unión y Canadá, si bien con limitaciones en sectores agrícolas sensibles. Esto beneficiará particularmente a las exportaciones españolas en el sector de los productos industriales, principalmente maquinaria, productos electrónicos, textiles y calzado, productos farmacéuticos, químicos, alimentos procesados, vinos y licores. En lo que respecta al comercio de servicios e inversiones, el acuerdo cubre sectores potencialmente interesantes para España como la banca, la auditoría o los seguros. Asimismo el acuerdo mejorará la movilidad de los profesionales, abrirá el mercado canadiense de transporte marítimo y ofrecerá mayor seguridad jurídica en todos los sectores claves de la economía de servicios. Así, y para mencionar algunas cifras, según datos de la Comisión Europea, el acuerdo permitirá que las empresas de la Unión ahorren más de 500 millones de euros al año que pagan en la actualidad en forma de aranceles. Asimismo el acuerdo garantizará la protección en el mercado canadiense de 143 productos alimenticios de la Unión, con indicaciones geográficas elegidas por los Estados miembros por su elevado potencial exportador, que incluye aceites, quesos, productos cítricos y cárnicos españoles. Como ven, tenemos mucho que ganar con este acuerdo, un acuerdo que, como les decía, es además una apuesta clara por las sociedades abiertas e integradas en el mundo y por una globalización equilibrada y razonable, porque nosotros pensamos que el proteccionismo no es la solución para los problemas de nuestro tiempo, donde el libre comercio debe jugar el papel de impulsor del crecimiento y del empleo, compatible con unas reglas claras en materia de desarrollo sostenible y de normas globales justas.
Señorías, voy ahora a dedicar unas palabras respecto al recurso previo de inconstitucionalidad que apunta el Grupo Parlamentario de Podemos. Tanto en su escrito a la Mesa del Congreso, por el que el Grupo de Podemos plantea el recurso previo, como en el texto de su enmienda a la totalidad al acuerdo, se identifica el capítulo 8, sobre inversiones, y más concretamente el sistema arbitrado para la protección de inversiones, como el principal obstáculo para que la Cámara pueda prestar su consentimiento sin antes verificar su conformidad o no con nuestra Constitución. Señorías, quisiera asegurarles que nada de lo dispuesto y acordado en este tratado supone para todos y cada uno de los operadores económicos y ciudadanos españoles la menor merma o atisbo de menoscabo de sus libertades, de sus derechos y del acceso a la más alta instancia de tutela jurisdiccional, incluido el Tribunal Constitucional. Se ha introducido, en efecto, en el acuerdo un sistema de solución de controversias inversor-Estado para las inversiones de operadores económicos canadienses en la Unión y, recíprocamente, para los inversores europeos en Canadá, que mejora sin duda el anterior mecanismo de solución de controversias inversor-Estado que España venía incorporando desde 1991 en sus acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, sin que, por cierto, hasta ahora ningún grupo parlamentario, directa o indirectamente, hubiera planteado duda alguna sobre su compatibilidad con nuestra Constitución.
Señorías, si no había razón de ser para este cuestionamiento de nuestros APRI, menos aún la hay hoy con el nuevo sistema de solución de controversias del acuerdo CETA al que se ha dotado de toda suerte de garantías. Mencionaré las que estimo más relevantes en cuanto que preservan sustantiva y procedimentalmente el respeto de nuestras garantías constitucionales. Primero, a diferencia de los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado tradicionales, este incluye por primera vez la definición tanto de lo que se entiende por trato justo y equitativo como por expropiación indirecta, a fin de evitar abusos y reclamaciones contra medidas o normas adoptadas para la consecución de objetivos públicos. En él expresamente se detalla que las medidas no discriminatorias adoptadas por una parte que se conciban y se apliquen para proteger objetivos legítimos de bienestar público, como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen expropiación indirecta.
Segundo, se reconoce expresamente a las partes del tratado el derecho a legislar y regular para alcanzar objetivos políticos legítimos como la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social o de los consumidores, o la promoción y protección de la diversidad cultural. Ello se complementa doblemente con la prohibición de que, mediante el sistema de
solución de controversias, se pueda determinar la legalidad de una medida que supuestamente constituya una violación del acuerdo, así como con la obligación que establece el mismo artículo de seguir la interpretación predominante dada al derecho interno por los órganos jurisdiccionales o las autoridades de dicha parte, de forma que son los Gobiernos, órganos jurisdiccionales y legisladores de los Estados miembros, y no los jueces que componen el sistema de solución de controversias, los que mantienen el monopolio de la interpretación auténtica de las disposiciones en materia de inversiones que se incluyen en el acuerdo.
En tercer lugar, el sistema de solución de controversias consta de un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación que conducirán los procedimientos de solución de controversias de una manera transparente e imparcial, con jueces permanentes nombrados por las partes del acuerdo y con la obligación de cumplir un estricto código de conducta para garantizar su independencia. Del procedimiento, llamo la atención sobre el artículo 8.36, que establece, con carácter general, que las audiencias serán públicas y por primera vez, a diferencia de los antiguos mecanismos, se introduce como regla general que las costas del procedimiento serán soportadas por la parte perdedora, buscando con ello desincentivar que los inversores puedan plantear demandas temerarias, así como evitar al Estado que, aun ganando una controversia, tuviera que satisfacer el pago de los costes del litigio.
Por todo ello, señorías, concluyo esta intervención haciendo un triple llamamiento a la Cámara. En primer lugar, un llamamiento a una valoración positiva de un acuerdo cuyos beneficios económicos para España y para la Unión Europea no admiten demora en la ratificación. En segundo lugar, un llamamiento a la responsabilidad institucional de la Cámara para que rechace la solicitud del Grupo de Podemos de plantear un recurso de inconstitucionalidad; creo que les he dado suficientes razones para ello. Y en tercer lugar, les pido una toma de posición a favor de una Europa más y mejor integrada, más abierta a socios naturales, como lo es Canadá, y también a favor de un modelo de globalización equilibrado. La alternativa ya la conocen o, mejor dicho, es mejor que no lleguemos a conocerla.
Se ha presentado una propuesta con consideración de enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y para la defensa de la misma, así como de la propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución, tiene la palabra el señor Bustinduy Amador.
Como era previsible, el Gobierno ha subido a esta tribuna para decir que el CETA, ese arcano y complejo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, servirá para favorecer el comercio, las inversiones recíprocas y generar riqueza, prosperidad y empleo. Lo ha hecho sin citar ninguna fuente para esas profecías, pero si las hubiera citado, solo hubiera podido citar informes sufragados por distintas patronales europeas y los principales lobbies de Bruselas; informes tan fiables como aquellos de la Reserva Federal, de Alan Greenspan, que aseguraban que la desregulación financiera y todo el mundo de los productos derivados iban a ser una fuente inagotable de empleo, de riqueza y de prosperidad para nuestras sociedades. No podrían citar otra cosa porque a día de hoy el Gobierno sigue sin encargar un informe fiable que evalúe el impacto concreto de este tratado sobre nuestro país y nuestra economía, porque no se ha dado un debate público riguroso ni se ha facilitado información suficiente para que hoy cumplamos con nuestro deber de escrutinio y evaluación de este acuerdo. La realidad es que hoy llega a esta Cámara un tratado que tendrá profundas implicaciones en la personalidad constitucional de nuestro Estado, que afecta a la soberanía de los poderes públicos y que tendrá graves consecuencias sobre las condiciones de vida de las generaciones venideras. El CETA, como otros tratados de inversión y de comercio de nueva generación, no es un tratado de comercio, es una herramienta de ingeniería constitucional. Bajo el pretexto de la armonización normativa y la retórica del progreso y del libre comercio, este texto modifica sustancialmente las funciones judiciales y normativas de nuestro ordenamiento político. Lo hace mediante la creación de órganos con capacidad reguladora sin participación ni control democrático alguno, estableciendo tribunales especiales para empresas multinacionales al margen de nuestro ordenamiento jurídico, creando organismos opacos que pasarán a regular sectores claves de nuestra economía por encima de los poderes públicos y de este Parlamento.
El impacto de este tratado sobre el tejido productivo, sobre la calidad del empleo, sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre la seguridad alimentaria o medioambiental será irreversible. De eso alerta
el clamor de la sociedad civil organizada en todo el continente, que ha llevado a que más de 2300 entes municipales, varios parlamentos regionales y autonómicos, incluyendo varios en este en país -incluyendo varios con los votos del Partido Socialista-, las principales centrales sindicales, asociaciones de productores, ganaderas, campesinas, de jueces, fiscales, pymes, ecologistas, etcétera, hayan pedido todas la paralización de este tratado. ¿Saben sus señorías que, contra lo que acaba de afirmar el ministro, en virtud de este tratado un Gobierno que tomara medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la remunicipalización de servicios básicos o el refuerzo de la protección medioambiental podría ser denunciado por una multinacional ante uno de estos tribunales paralelos fuera de nuestro ordenamiento jurídico por crear obstáculos innecesarios al comercio? Los derechos sociales, los derechos medioambientales, los derechos laborales, que han costado décadas de luchas conseguir, considerados como obstáculos al comercio, como rigideces, como barreras no arancelarias, son todos eufemismos en la operación continuada y constante de desmantelamiento de nuestro Estado del bienestar.
¿Saben sus señorías que al ratificar este tratado estarán cediendo competencias reguladoras básicas a organismos no elegidos ni fiscalizables, confiriendo derechos extraordinarios a inversores extranjeros, cercenando la capacidad de los poderes públicos para ordenar sectores económicos fundamentales? Lo normal es que ustedes no lo sepan, porque no hemos tenido ni tiempo ni ocasión ni información suficiente para debatir sobre ello. El pasado mes de octubre un Gobierno en funciones firmó el CETA sin informar siquiera al Parlamento y sin que existiera autorización ni consulta ni debate alguno al respecto. El pasado 27 de marzo la Vicepresidencia del Gobierno, tan resuelta para algunas cosas y tan incapaz para otras, remitió la documentación del acuerdo a esta Cámara, pero, incompresiblemente, se olvidó de dos documentos clave: el instrumento interpretativo y las decisiones sobre el acta del Consejo. Aun así, el tratado fue calificado y empezó su tramitación estando incompleto. Tampoco hemos recibido a día de hoy el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, un elemento de análisis fundamental al que obliga el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fíjense si será importante que, en su sentencia 108/86, el Tribunal Constitucional dice literalmente: Su ausencia -la de ese informe- infringe el artículo 88 de la Constitución y provoca la inconstitucionalidad de la ley; con lo cual podrían estar ustedes incurriendo en un vicio de nulidad radical del procedimiento legislativo. Textos incompletos, firmas no autorizadas, plazos no respetados, informes ausentes... Esto, señorías, es una chapuza procedimental que deja por los suelos el derecho a un procedimiento debido en materia de tratados internacionales y nos deja a nosotros y nosotras, representantes de la soberanía popular, sin información suficiente, sin el escrutinio debido y sin un debate a la altura de la materia que estamos considerando. La pregunta es: ¿Por qué tiene el Gobierno tanta prisa? ¿De dónde viene esta celeridad chapucera para ratificar este tratado?
Mi grupo parlamentario ha presentado una solicitud para, conforme al artículo 95 del Tribunal Constitucional, pedir un dictamen sobre la constitucionalidad de los contenidos de este tratado. Lo hicimos, en efecto, con arreglo a dos aspectos clave: primero, el capítulo 8 del CETA crea ese sistema de tribunales de inversiones -ICS, por sus siglas en inglés-, que es un sistema de justicia paralela para inversores fuera y al margen de nuestro ordenamiento jurídico. Creemos que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la compatibilidad de este sistema con el principio de unidad jurisdiccional, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley o la gratuidad de la justicia, entre otros preceptos constitucionales no menores. Por otra parte, el capítulo 26 crea esos comités mixtos de regulación con potestad normativa y vinculante al margen de los poderes públicos. Queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la compatibilidad de este organismo con el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y el carácter democrático de la soberanía reguladora del Estado.
Señorías, piensen ustedes lo que piensen de este tratado, es evidente que existe un riesgo severo o al menos una duda objetiva y razonable sobre la constitucionalidad de estos preceptos. Para situaciones como esta, precisamente para situaciones como esta, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice en su artículo 78 -cito-: Como intérprete supremo de la Constitución, el tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto ya definitivamente fijado no haya recibido aún el consentimiento del Estado. Es decir, exactamente la situación en la que estamos. Esto es lógico, pues de ratificar un tratado que luego sea declarado inconstitucional, se produciría un daño considerable a nuestro sistema normativo y un perjuicio a las relaciones internacionales y la política exterior de nuestro Estado. Esto es tan lógico que es exactamente lo que hizo el Gobierno de España en el año 1992, cuando por el Tratado de Maastricht hubo de conferir el derecho al voto a los ciudadanos comunitarios residentes
en España, y también en el año 2004, con el fallido tratado para la Constitución europea. Fíjense que entonces el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentaban estaban de acuerdo con el contenido de esos tratados pero entendieron que lo lógico, lo sensato, lo responsable era que se pronunciara el Tribunal Constitucional antes de ratificarlos. Repito, no se trata de posicionarse siquiera sobre el fondo del tratado, sino de activar un mecanismo constitucional para asegurar la coherencia de ese texto con nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, ustedes han obstaculizado esta solicitud de los órganos de Gobierno de la Cámara y han forzado hoy un debate acumulado entre el recurso de inconstitucionalidad y nuestra enmienda a la totalidad que no tiene ningún sentido, que es otra chapuza procesal y cuyo único objetivo es dificultar el trabajo de control parlamentario y acelerar la ratificación sin garantías de este tratado nocivo. Si no fuera tan grave, sería hasta irónico. Ustedes, que son tan aficionados a utilizar el Constitucional para tumbar estatutos y disposiciones de parlamentos autonómicos (Aplausos), se van a oponer a preguntarle sobre un tratado que crea tribunales especiales para empresas extranjeras y que resta a los poderes públicos competencias soberanas esenciales. ¡Qué paradoja! Tan obsesionados con la soberanía en unos casos, tan dispuestos a malvenderla en otros.
Señorías, el CETA es otro Tratado de Maastricht, es otro artículo 135, es otro vaciamiento de las capacidades soberanas de nuestro Estado a favor de una visión sesgada, ineficaz e injusta de la sociedad, de las relaciones productivas, financieras y comerciales, que tendrá gravísimas consecuencias sobre la vida de las familias y las pymes españolas. Por eso mi grupo presenta hoy una enmienda a la totalidad, para pedir el rechazo a la ratificación de este tratado nocivo y contrario al interés general del Estado. Pero, aunque defiendan el acuerdo, por respeto aunque sea formal al Estado de derecho y a la salud democrática de nuestras instituciones, les pedimos que no obstaculicen el estudio de su contenido por el Tribunal Constitucional. No hay ninguna razón para ello, salvo que teman ustedes que, en efecto, vayamos a ratificar un texto contrario a nuestras leyes, a nuestros valores fundamentales y a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y, aun así, prefieran seguir adelante y ocultarlo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Farré Fidalgo.
Con el CETA pasa lo que dice una canción de un grupo catalán: Cuanto más te conozco, más quiero a tu perro. Porque cuanto más se ha ido sabiendo sobre los tratados de libre comercio de nueva generación, más rechazo despiertan. Han sido las grandes empresas transnacionales quienes los han impulsado y, claro, no son acuerdos de libre comercio, sino una carta de libertades para las transnacionales. Conllevan un cambio de orden social, laboral y medioambiental que favorece a sus intereses y no a los de los pueblos de Europa o Canadá, a los que ni se informa ni se consulta.
Ayer, a propuesta de la campaña "No al TTIP", se hizo una jornada de debate sobre el CETA en el Congreso, que acabó con una declaración conjunta de rechazo al tratado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu y Compromís. Es de justicia destacar que quien ha provocado que se debata y se conozca qué son y qué implican estos tratados como el CETA ha sido la campaña "No al TTIP", con presencia en todo el Estado y coordinada con las campañas europeas, que llevan años advirtiendo de las amenazas que suponen para la salud, la agricultura, el trabajo, las pymes, el derecho, las mujeres y la soberanía del Estado. Porque, diga lo que diga el PP, quien se ha preocupado de informar a la ciudadanía, abriendo incluso un portal de transparencia sobre el proceso para la ratificación del tratado, no ha sido el Gobierno, ha sido de nuevo la campaña; una campaña formada por más de 350 organizaciones, movimientos sociales, sectores profesionales y sindicatos, que lleva desde 2014 alertándonos de los peligros que acarrea el CETA. Y en cuanto al argumento de que el CETA es mejor que el TTIP, no olvidemos que el 81 % de las empresas de Canadá son filiales de empresas estadounidenses. El CETA es el caballo de Troya del TTIP.
Pero no solo desde la campaña nos ponen en alerta; ocho parlamentos se han declarado en contra de los TLC: Cataluña, País Valencià, Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid, Extremadura, Illes Balears y Navarra. Estos parlamentos han instado al Gobierno a que diera información y llevara a cabo estudios de impacto. Así que no me esforzaré en dirigirme al PP para convencerles de la necesidad de un control previo de constitucionalidad, pero sí a los demás. No falléis a la gente. Hay tiempo para decidir si se ratifica el CETA o no; debatámoslo, pero no seáis cómplices. Asumid la responsabilidad que como
Parlamento tenemos de dar seguridad vital y jurídica a la población. Socialistas, estáis a tiempo de decidir si sois como Paul Magnette, que se plantó ante el CETA por los tribunales de arbitraje, que pueden convertir en papel mojado las leyes estatales, o si queréis repetir el mismo error vendiendo la soberanía popular, como con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y PDeCAT, el rechazo en Cataluña del CETA es amplísimo. Tenemos un Parlament que nos ha mandatado. ¿De verdad os vais a alinear con el PP contra la soberanía nacional? Hoy será un día fatídico si no apoyáis el control previo de constitucionalidad y sí el Decreto de la estiba. Decidid de qué lado estáis, del de nuestro pueblo o del del PP.
La señora PRESIDENTA: Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Rivera Díaz.
Diputados y diputadas, hoy debatimos un tema que no es menor. No se trata simplemente de una cuestión de inconstitucionalidad, como pretenden hacer ver algunos, sino que nos encontramos ante un avance para nuestra civilización, para nuestras libertades y para nuestras empresas y trabajadores, frente a los de siempre, los enemigos del comercio, que a lo largo de la historia han intentado impedir la civilización, el avance de las transacciones comerciales. El comercio no es un instrumento en sí mismo, pero es el mayor que tenemos para el bienestar de los ciudadanos. Allí donde ha habido comercio a lo largo de la historia ha habido más prosperidad, más libertad y más intercambio entre personas de diferentes lugares y sobre todo ha habido menos miseria y pobreza.
Nosotros defendemos hoy este turno en contra, en primer lugar, porque, como se ha demostrado en las intervenciones, Podemos no es el defensor de la Constitución española. (Aplausos). Es evidente porque no estamos ante un debate constitucional, sino ideológico. A ustedes no les gusta este tratado y votaron con Le Pen en contra del mismo en la Unión Europea. (Aplausos).
Una de las portavoces de Podemos ha dicho que Cataluña tiene soberanía nacional y, a la vez que, hay que respetar la Constitución española con este recurso. Miren -en catalán-, no cola. No cuela, no se lo cree nadie. Ustedes no defienden la Constitución española; a ustedes les molesta el libre comercio, a ustedes les molesta que haya riqueza y que se reparta, a ustedes les molesta la Unión Europea. Están proponiendo que España dé pasos atrás en la Unión Europea.
Decía uno de los proponentes de esta enmienda a la totalidad que este tratado va a impedir la nacionalización de empresas. Pues entonces está bastante bien el tratado (Aplausos) porque no solo es una convicción política de Ciudadanos, es que la Unión Europea no permite expropiar empresas, señores de Podemos. Su problema son los tratados de la Unión Europea y no solo el CETA. No confían en las libertades que se pactaron desde Roma hasta hoy en la Unión Europea. Son euroescépticos, no creen en Europa. No pasa nada, es legítimo. Ustedes son más partidarios del Tratado ALBA y nosotros del Tratado con Canadá, dos modelos políticos distintos. Y les digo una cosa: ojalá algún día esos países estén gobernados por gobiernos democráticos que respeten los derechos humanos como Canadá y que respeten el medio ambiente como Canadá. Ojalá algún día, en vez de que gobiernen auténticos tiranos en algunos de esos países, lo hagan gobiernos democráticos y podamos firmar también con Bolivia, con Venezuela o con Cuba tratados como este. (Aplausos).
Defendemos este tratado básicamente porque es un avance para los ciudadanos de la Unión Europea, porque es un avance para los que creemos en la libertad y no en las prohibiciones, porque es un avance para los que no tenemos miedo ni al talento ni a la competencia, sino que queremos que la competencia y el talento hagan mejor a este país. ¿Quién puede tener miedo al comercio? ¿Quiénes son los enemigos históricos del comercio? Pues los que han temido el cambio. ¡Qué paradoja, ¿verdad?! Los que temen el cambio son los que han impedido históricamente el comercio, desde la antigua Grecia hasta el siglo XX y llegando hasta el siglo XXI, en el que todavía vemos enemigos del comercio en algunos parlamentos. Históricamente siempre ha habido una batalla entre los que creen en el avance y en el intercambio de ideas, bienes, cultura y civilización y quienes impiden eso través de la autarquía.
España ya pasó cuarenta años de autarquía y cuarenta años de dictadura y tenemos derecho a soñar con un mundo conectado con los mejores países del mundo. Y les digo una cosa: si hay algún país en el mundo que tenga estándares de calidad democrática, medioambiental y de derechos sociales con el que Europa pueda firmar un tratado de libre comercio, sin duda, ese es Canadá. Por eso, como decía el ministro -y yo estoy de acuerdo-, este tratado no solo es un tratado más; es un tratado muy avanzado con un país muy avanzado y tiene que ser la senda que sigamos en los tratados firmados por la Unión
Europea. Y no solo queremos apoyar este tratado CETA, sino que queremos apoyar tratados con Japón, queremos modificar y mejorar el tratado con México y queremos hacer un tratado con los países hermanos sudamericanos de Mercosur que comparten también esa idea económica de prosperidad. Por tanto, hoy no solo damos un paso -o evitamos un impedimento, como ustedes quieran-, sino que estamos dando un paso para que España no se quede al margen de los tratados de libre comercio. Soy partidario de que el Gobierno de España no solo participe de esto, sino que sea más proactivo en el libre comercio mundial.
Como les dije antes, solo puede tener miedo a este tratado quien no quiere mejorar, quien no quiere innovar, quien no quiere reconocer lo que está mal hecho y mejorar lo que podemos hacer mejor. A las empresas y a los trabajadores españoles no tenemos que darles miedo con este tratado ni ponerles impedimentos desde el Poder Legislativo, sino darles los instrumentos para que mejoren. La solución para competir en el mundo no es la autarquía, sino mejorar nuestras políticas activas de empleo, mejorar la modernización de nuestras empresas y de nuestra economía, quitar aranceles y no ponerlos. No engañen a los ciudadanos. La libertad de comercio implica que mejoremos continuamente y nos obliga a preguntarnos cada día qué estamos haciendo mal en nuestro mercado laboral, qué estamos haciendo mal cuando no modernizamos nuestra Administración pública, qué impedimentos estamos poniendo a los autónomos y a los emprendedores. Ese es el verdadero debate. No mientan tampoco. Este tratado precisamente es bueno para las pequeñas y medianas empresas, que pueden competir con otras empresas sin depender únicamente del capitalismo de amiguetes nacional y que pueden competir en el mundo si quieren hacer las cosas mejor. (Aplausos). Ya sé que a ustedes les da miedo la competencia, pero la competencia nos hace mejores y la autarquía nos hace peores. Ustedes temen la competencia. Ustedes no quieren que libremente una empresa española pueda vender en Canadá sin aranceles. No les gusta. Y no les gusta que los canadienses puedan vender en Europa. A mí me parece que si compiten, mejoran, y que si mejoramos nuestras políticas de empleo, seremos mejores. La solución no es quedarnos con los brazos caídos absolutamente sometidos a la autarquía. El modelo de autarquía, por suerte, en España desapareció hace ya muchos años y desde luego no vamos a permitir que con excusas de constitucionalidad de aquellos que quieren dinamitar la Constitución podamos poner freno a este tratado.
Como les decía, ni nacionalizar empresas ni el miedo ni impedir la competencia va a ser la solución para la economía del futuro. Algunos nos dicen cada día cómo acabar con la riqueza, estos señores de Podemos, pero nunca nos han explicado cómo piensan ustedes crear riqueza. Aún no han hecho ni una sola intervención en esta Cámara diciendo cómo se crea riqueza. Solo se dedican a poner problemas. (Aplausos). Para que tengamos una sociedad del bienestar tiene que haber riqueza, para poder pagar esa sociedad del bienestar. Sin riqueza no se puede pagar, solo tendremos miseria. Ya sé que ustedes son partidarios de otros modelos económicos en los que hay muchísima miseria, pero nosotros somos más partidarios de tener riqueza y luego repartirla con el sistema fiscal y con el Estado del bienestar. Son dos modelos distintos en el mundo, el liberalismo, que abre las puertas, y la autarquía o el populismo, que cierra las puertas y genera miseria. Pero en España no queremos miseria, en España queremos riqueza y poder repartirla; en España queremos ser mejores, no impedir que los mejores compitan entre sí; en España la mayoría de esta Cámara aprueba que podamos competir con otras empresas, que podamos competir en el mundo y no nos cerremos las puertas. Así que no vendan ustedes excusas de constitucionalidad, a ustedes no les importa la Constitución, por eso apoyan a los que quieren romper la Constitución, por eso defienden -como ha dicho la portavoz- la soberanía de las comunidades autónomas, que evidentemente no la tienen en nuestra Constitución, y por eso ustedes quieren obstaculizar el libre comercio.
La historia ha estado llena de ejemplos de aquellos que han querido obstaculizar, en la Europa de los años treinta, en la Revolución de 1917 y sus consecuencias y, desde luego, los fundamentalistas religiosos; todos han tenido un nexo común, han intentado siempre impedir que los ciudadanos libremente comercien, libremente se muevan por el mundo, libremente decidan qué, cómo quieren ser y cómo quieren trabajar. Por eso nosotros hoy hacemos una apuesta no solo frente a ese discurso sino por la libertad, por la prosperidad y, sobre todo, por la alianza entre países que tenemos los mismos estándares democráticos. Canadá y Europa son dos de los mejores lugares del mundo para vivir, por mucho que a ustedes no les guste, son de los mejores lugares del mundo, con respeto a los derechos humanos, cosa que no hacen en otros países con tratados de los que ustedes son partidarios. Aquí se respetan los derechos humanos y en Canadá también (Rumores), aquí se respeta el medio ambiente y en Canadá también. Sí, sí, ya sé que les gusta más el modelo del ALBA, pero ahí no se respetan los derechos humanos, ahí hay muchísima miseria y ahí no hay comercio, ahí básicamente hay autarquía. Por tanto, no nos van a convencer de que
el Tratado del ALBA es mucho mejor que el Tratado CETA con Canadá, que intentar seguir avanzando en un tratado con Estados Unidos o que tratar de acercarnos a Japón, México, al Pacífico o a los países del Mercosur. Por eso nosotros vamos a apostar por esto y le pedimos al Gobierno que siga en esa línea e incluso que sea más proactivo en Europa. No estamos dispuestos a volver al pasado, creo que España se merece un futuro muchísimo más próspero y con aliados liberales en todo el mundo como Trudeau. Supongo que a ustedes no les gustará el presidente liberal de Canadá, básicamente porque es liberal y porque es de Canadá (Risas), pero a nosotros nos parece que es muchísimo mejor que otros modelos de fracaso que ustedes aplauden en la política internacional. Nos parece mucho mejor la política exterior y la política comercial que pueda llevar a cabo Europa o Canadá que la política que ustedes querrían para nuestro país, que básicamente es acabar con el euro, acabar con los tratados de la Unión y acabar con el libre comercio.
Su intervención me ha recordado a aquella historia de Benjamin Button, de Scott Fitzgerald. ¿Conocen aquella historia, no? Que nacen viejos. Ustedes han nacido ya viejos, con ideas del siglo XIX. (Risas y aplausos). Las ideas del siglo XIX no sirven para el siglo XXI, las ideas del siglo XIX o de 1917 no sirven para 2017; hace cien años de aquello y se ha demostrado que la miseria, que la falta de libertad, que la obligación y la imposición no es la solución para el siglo XXI. Así que les recomiendo, como Benjamin Button, que evolucionen y puedan acabar siendo jóvenes. No lo descarten. (Aplausos).
En todo caso, con estas ideas y con estas posturas ustedes se darán cuenta de que impedir lo que es una obviedad, que es la globalización, impedir la libertad, impedir que las personas comercien libremente, que den lo mejor de sí para poder poner en marcha sus sueños, sus proyectos, sus empresas, no es la solución. La solución no es igualarnos a todos por abajo; la solución es darnos instrumentos para que todos seamos mejores; la solución es dejar que la gente en igualdad de oportunidades pueda decidir qué quiere ser de mayor, también como Benjamin Button. Así que yo les propongo que dejemos que los ciudadanos escojan, que dejemos que los ciudadanos libremente decidan si quieren o no montar una empresa aquí o en Canadá, si quieren vender productos en España, en el resto de Europa o en Estados Unidos; que es lo que ustedes no quieren. Ustedes quieren cerrar las puertas, ponerle puertas al campo, ponerle puertas al mundo, y nosotros no queremos más puertas. Ya sabemos que son partidarios de crear puertas en España apoyando ese referéndum de independencia de Cataluña, ya sabemos que ustedes son partidarios de salir del euro, ya sabemos que ustedes son partidarios de impedir tratados de libre comercio (Rumores). Tranquilos, ya acabo. ¿Saben lo que les pasa? Que en el fondo ustedes, como se ha demostrado a lo largo de la historia, como muchos colectivos que han quedado obsoletos, son enemigos del comercio.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bustinduy Amador. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor BUSTINDUY AMADOR: La verdad que uno casi no sabe ni por dónde empezar. (Risas).
Señor Rivera, las ideas del siglo XIX no sirven para el XXI, estoy de acuerdo, pero conviene tener alguna; alguna. (Aplausos). Usted ha dicho: no se permite expropiar empresas en la Unión Europea. Salvo que sean bancos, ¿verdad? , salvo que sea el sistema financiero en su conjunto (Aplausos), ahí lo nacionalizamos a toda velocidad y nos quedamos nosotros con las pérdidas.
Ustedes son tan adalides del libre comercio, están tan a favor del comercio, que citaron repetidamente a Singapur como su modelo hasta que alguien les debió decir: oye, que en la Wikipedia no aparece que es una dictadura. Y entonces dejaron de decirlo. (Aplausos). Y nosotros somos tan enemigos del comercio que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo un informe preparado por Podemos para acabar con la explotación en la cadena de valor del sector textil a nivel global con más de 500 votos a favor. Ustedes son tan constitucionalistas que se niegan a examinar la constitucionalidad de un tratado que va a subordinar competencias clave de nuestra soberanía y nosotros estamos tan en contra de la Constitución que estamos demandando hoy algo tan sencillo como que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la protección de derechos fundamentales amenazados por este tratado comercial. (Aplausos).
Señor Rivera, si usted quiere elaborar esa lista de enemigos de la civilización -y le recomiendo que actualice usted un poco sus conceptos porque el concepto de civilización le prometo que no es el más adecuado para enfocar las relaciones internacionales en el siglo XXI- (Aplausos), le recomiendo que añada a los que he citado antes: a 2300 entidades municipales y locales europeas, a varios parlamentos federales, a varios parlamentos autonómicos, a las principales centrales sindicales, incluyendo UGT y
Comisiones Obreras en este país, a asociaciones de pymes, a ONG en defensa de los derechos humanos, a asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, a asociaciones ambientalistas. ¿Todos ellos son enemigos del comercio y de la civilización, señor Rivera? (Aplausos). A esa lista de enemigos de la civilización añada usted también a su amigo el señor Macron. ¡El disputado voto del señor Macron! Ustedes están a codazos a ver quién se hace la foto con un señor que ya ha anunciado que va a hacer otra reforma laboral, que va a despedir a cientos de miles de funcionarios y que va a dejar de gravar las rentas financieras. Bien, pues el señor Macron, este al que ustedes glosan como si fuera el Mesías resucitado, dijo en campaña electoral que sería conveniente revisitar el impacto que el CETA va a tener sobre la salud alimentaria y el medio ambiente en Europa. (Risas y aplausos). Sería conveniente que añadiera a esa lista a alguien tan poco sospechosa de bolivariana o de enemiga de la civilización, según la entiende usted, como Hillary Clinton, que se opuso a estos tratados en las primarias norteamericanas y después en la campaña de las elecciones estadounidenses. (El señor Rivera Díaz hace gestos negativos). Estaría bien, si usted va a volver a hacer ese ejercicio obsceno y vergonzoso de compararnos con fuerzas como el Frente Nacional, que primero explicara usted por qué se presentó a las elecciones europeas de 2009 con Libertas, una plataforma integrista de extrema derecha. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Suba aquí y explíquelo antes de compararnos a nosotros con Le Pen. Y, si no, lea usted sobre la historia de España y sobre la historia de Europa, piense usted en las cientos de miles de personas que se dejaron la vida luchando por la democracia y contra el fascismo y, si después de eso sigue queriendo compararnos con las fuerzas xenófobas y de extrema derecha, busque dentro de sí mismo a ver si hubiera un poquito de vergüenza. (Aplausos).
Hay algunos precedentes. El Nafta, el ALCA, el consenso de Washington, Maastricht, siempre los mismos argumentos, siempre un coro de expertos argumentando que las privatizaciones, la apertura de mercados, etcétera, iban a traer riqueza y prosperidad general. Ahí están los datos. Aquí no se ha citado un solo informe que garantice que sea viable ese proyecto de prosperidad que ustedes defienden. Les voy a citar a alguien, otro peligroso bolivariano también, experto independiente de Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, otro peligroso enemigo del comercio: El CETA es incompatible con el Estado de derecho. Fíjense, datos: España fue el país más demandado en 2015 por inversores extranjeros ante cortes de arbitraje. Hay más de setecientas demandas en sistemas de arbitraje de inversores contrastados. Fíjense, el ministro hablaba -y las palabras tienen carga- y decía: No somos proteccionistas. Ustedes son proteccionistas de los grandes capitales, del sistema financiero, de las grandes empresas, pero no lo son de las familias, de las pymes, de los trabajadores europeos. Ustedes quieren una Europa abierta, abierta a los capitales, a las inversiones y a la especulación, pero incapaz de garantizar los derechos humanos en su propio territorio (Aplausos). Ustedes hablan de progreso internacional y de apertura al mundo, pero han votado en contra de crear una lista de paraísos fiscales, han votado en contra de crear una agencia fiscal internacional, han votado en contra de crear un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para empresas multinacionales, han votado en contra de adoptar un marco para la reestructuración de deuda soberana, han votado en contra de los impuestos para las transacciones financieras. Ustedes no quieren un orden internacional más abierto, progresista y que garantice los derechos. Ustedes están defendiendo todo lo contrario, un modelo injusto y que genera solo desigualdad y cede soberanía. Quienes tienen que explicar por qué apoyan estos convenios y estos acuerdos son ustedes.
Muchas gracias (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rivera Díaz. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor RIVERA DÍAZ: Veo que ha escocido el hecho de recordar de dónde vienen y qué son ustedes (Aplausos). Pero, tranquilos, como se ha visto en la intervención del portavoz de Podemos, aquí no hablamos de la Constitución ni de nada parecido. Está bien que ustedes en su intervención se dediquen a enumerar los males del libre comercio. Por eso creo que está bien que centremos el debate en los que creemos que el libre comercio genera prosperidad y los que creen que el libre comercio es un enemigo y que lo que hay que hacer es volver a cerrar fronteras, volver a salir del euro y volver a poner trabas a la unificación europea.
Cuando hablaba usted de Francia, cerraba los ojos y no sabía si escuchaba a Mélenchon o a Le Pen, porque es lo mismo, básicamente porque es lo mismo. (Aplausos). No renieguen de su ideología, son
ustedes proteccionistas, son ustedes contrarios al libre comercio, son contrarios a que las empresas compitan, son ustedes favorables a nacionalizar empresas. Si no pasa nada, señores, cada uno tiene sus ideas y las defendemos legítimamente, pero no escondan todo eso ante no sé qué orden mundial progresista, porque no hay nada menos progresista que la autarquía, no hay nada menos progresista que ponerle barreras al comercio, no hay nada menos progresista que impedir la igualdad de oportunidades para quien quiere levantarse y competir y vender sus productos donde quiera sin aranceles y sin barreras. Eso es lo que ustedes temen, que mañana una startup española, una empresa española crezca, pueda vender sus productos en Canadá sin aranceles, sin barreras y sin burocracia. ¿A eso temen? ¿A que nuestras startups, nuestros emprendedores, nuestras empresas puedan ser mejores? ¿De verdad no creen en el talento de los españoles? ¿De verdad no confían en que seguramente haya un poquito más de talento en el resto de España que en esta Cámara? ¿De verdad no creen que nuestros emprendedores y nuestros trabajadores puedan ser mejores y que estamos condenados al paro o a la autarquía? Pues miren, yo confío profundamente en este país, confío profundamente en sus gentes -no en la gente, como dicen ustedes- en todos, no solo en los que votan a Podemos, en todos, los que votan a cualquier partido político.
Por tanto, entiendo que ustedes sean enemigos de todo esto, entiendo el debate ideológico entre los que creen en un modelo autárquico y de cierre de fronteras y en los que creemos en un modelo abierto, pero hablemos directamente, no se amparen ustedes en un falso recurso de constitucionalidad. Ustedes quieren seguir poniendo obstáculos. Hablan -claro que hablan- de Gobiernos de Podemos que están en contra de esto. Me parece lógico que los gobiernos municipales de Podemos hagan lo mismo que el Grupo Parlamentario Podemos. A veces no, pero en este caso hacen lo mismo. Me parece bien que en los ayuntamientos de Podemos hagan esto, me parece bien que donde ustedes tienen poder político quieran impedir esto, pero déjennos que en esta Cámara, donde ustedes no tienen mayoría, podamos aprobar y dejar que la libertad, el comercio, la prosperidad, la competencia y el talento evolucionen en este país. España no está condenada al paro que tenemos, ni a tener una economía todavía cerrada, ni desde luego a tener la oportunidad de innovar en nuestras empresas.
Usted se ha referido a Hillary Clinton. Le recuerdo que Hillary Clinton no se presentó a las elecciones en Canadá sino en Estados Unidos (Aplausos). Y ha hablado de otro tratado, no hablaba del CETA, no hagan ustedes trampas; hablaba de un tratado que no está vigente, que se está negociando y que desde luego está por ver lo que pasa. ¿Saben quién es el enemigo de ese tratado? Trump. Por eso seguramente no ha evolucionado el tratado con Estados Unidos, porque gente como ustedes no quieren que haya apertura. Y da igual, los extremos se tocan, da igual de dónde procedan. El problema es que ustedes no asumen que algunos -que yo reconozco que no piensan como ustedes en todo- en esto sí que piensan como ustedes.
Nosotros no compartimos algunas cosas con los partidos conservadores y socialistas, pero compartimos en esta votación que hay que avanzar en el libre comercio, y ustedes comparten con Mélenchon, con Le Pen, con Syriza y con Trump que no hay que avanzar en este sentido. No digo que sean como ellos; digo que en esto piensan como ellos, y creo que ese es un dato objetivo. Así que no tengan ustedes tanto miedo de votar lo mismo que ellos o de renegar de con quien votan; es legítimo. Nosotros votamos hoy aquí con el Partido Popular o con el Partido Socialista y en otras cosas hemos votado con ustedes, fíjense. Por lo tanto, no creo que ese sea el problema. El problema es el de reconocer políticamente que hay dos modelos en el mundo hoy que compiten, que es el liberalismo y el populismo; que es la globalización y los que no quieren la globalización; que somos los que no tenemos miedo al talento, a la competencia y a la innovación y los temerosos de que esto evolucione. Pero, como les digo, no son ustedes los primeros, y creo que no serán los últimos, que tienen miedo al cambio. No creo que sean los primeros ni los últimos que tienen miedo al talento. No serán los primeros ni los últimos que, aprovechando la incertidumbre, intentan generar miedo en los ciudadanos frente a tratados como este. Creo que los líderes políticos tenemos que hacer pedagogía y no generar y sembrar miedo sobre un tratado. Por eso, es bueno que hablemos de las consecuencias y del debate ideológico. ¿Ustedes intentan decirles a los ciudadanos que todos los males que les pasen a partir de ahora son por este tratado, porque vamos a competir? No, al revés; seguramente, si no evolucionamos nos va a ir peor en la globalización. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ayudar, precisamente con la riqueza que generamos, a los que se caen con la globalización, a los que han perdido su empleo, a los que lo tienen más difícil. Pero no se equivoquen, eso ha pasado, precisamente, porque a lo mejor no estamos suficientemente preparados en las políticas laborales, porque nuestro mercado laboral es antiguo, eso pasa porque nuestra
educación no está a la altura de lo que debería estar. No pasa por el libre comercio; pasa precisamente porque no estamos preparados. (Aplausos). Así que, señores de Podemos, la solución no es frenar el mundo. La solución es sumarse y liderar el mundo. España está en condiciones en estos momentos de ser un país puntero en la Unión Europea, de ser un país decisivo en los tratados de libre comercio. Y, desde luego, frente al cenizo, me quedo con el optimismo.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Hoy se le quiere poner broche a una negociación que si por algo se ha caracterizado ha sido por la opacidad, por la falta de transparencia y parece que, ahora, por la celeridad para cumplir con los deberes y con los mandatos de las transnacionales. Pero hay que agradecer que se hayan dicho algunas cosas; que se haya dicho que este es un acuerdo de última generación, porque es algo que veníamos denunciando desde hace tiempo y que lo que pretende es instaurar un orden nuevo o fortalecer esta nueva fase del capitalismo, marcado por la dictadura de los mercados, marcado por el poder de las multinacionales, por lo que se llama corpocracia, porque aquí no va de democracia contra autarquía, señor Rivera; esto va, en todo caso, de democracia contra corpocracia; la democracia ejercida por los y las ciudadanas con el poder de los y las ciudadanas o una suerte de democracia devaluada dirigida por las empresas y para mayor beneficio de las empresas. Esto es el CETA. Obviaré la oda al comercio con formas de trilero que ha realizado, porque seguramente por desconocimiento, que no por mala fe, se ha olvidado citar algunos episodios importantes del comercio mundial como, por ejemplo, para no herir sensibilidades más cercanas a la realidad española, la de la Compañía de las Indias Orientales y su práctica con bandera falsa con la trata de personas y el comercio de esclavos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Pero más allá de eso, es importante que se señale aquí, por muchos aspavientos que hagan algunas de sus señorías, que esto no va tampoco de la supresión de barreras arancelarias. Esto va de la supresión de las barreras no arancelarias; y las barreras no arancelarias son, precisamente, las que garantizan derechos a los y las ciudadanas, las que garantizan y determina la soberanía nacional. Ustedes se rasgan las vestiduras cuando los catalanes, ahora, y los vascos, antes, reclamamos nuestra soberanía nacional. Pero hoy, aquí y ahora, están vendiendo lo poco que les queda de su soberanía nacional, porque de su Estado de derecho apenas queda nada, a las grandes corporaciones. Eso es lo que dejan como legado para los y las ciudadanas del actual Estado español. (Aplausos).
Veo que el señor Rivera ha venido desayunado con un par de raciones de Cola Cao; por eso ha dejado esto perdido de demagogia barata. Creía que iba a tener más altura, sinceramente, señor Rivera.
El Partido Popular, tan exquisito a veces, ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay, la ley del aborto, la ley de la vivienda vasca, la ley catalana que prohibía toros, cosas importantes, y contra numerosas leyes de parlamentos autónomos porque decían que excedían sus competencias. El PSOE ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de costas, la ley Wert, la reforma laboral, la ley local, las tasas judiciales o la no actualización de las pensiones. Y Ciudadanos, señor Rivera, estaba encantado con el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Por eso, aunque puedo entender, señor Rivera, que el Partido Popular y Ciudadanos representen lo que representan, y por tanto voten en contra de la enmienda a la totalidad de Podemos, e incluso el PSOE, lo que no podría entender sería que votaran en contra de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad de este acuerdo. Recuerde, señor Rivera, Maastricht. El Tribunal Constitucional se pronunció y hubo que cambiar el artículo 13 de la Constitución. ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, señor ministro? ¿De qué? ¿De que se pronuncie el Tribunal Constitucional? ¿Y si luego tenemos
que cambiar algo? Señor Rivera, usted que defiende tanto a los pequeños, ya se lo explicará a los de las denominaciones de origen cuando perdamos muchísimas denominaciones de origen. Yo no entendería que ustedes, que son tan exquisitos a veces, sean tan laxos en otras ocasiones. ¿A qué tienen miedo de que se pronuncie el Tribunal Constitucional? Entregar nuestro sistema de resolución de litigios a un tribunal de arbitraje privado creo que es renunciar a la soberanía nacional, eso de lo que a ustedes se les llena la boca. Dejen que se pronuncie el Tribunal Constitucional y voten en contra de la enmienda a la totalidad, pero hagan lo mismo que hicieron con el Tratado de Maastricht. ¿A qué tenemos miedo, señor Rivera, señor ministro, señores del PSOE? ¿A qué tenemos miedo?
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
Señorías, este tratado ya fue votado en su momento por parte de estas Cortes Generales, y si lo repetimos es porque el Gobierno cometió un error de forma importante no adjuntando un par de documentos relevantes, como el instrumento interpretativo y la declaración para el acta del consejo. Creo que es bueno recordar este hecho. Voy al fondo de la cuestión, discrepando frontalmente con los planteamientos de Podemos. Señorías, en su momento se produjo una Revolución Industrial y algunos tuvieron miedo y se opusieron, e incluso algunos rompían las máquinas y se llamaban los iconoclastas. Pues su posición contra este tratado internacional me parece propia de iconoclastas del siglo XXI que no entienden que, ante la falta de instrumentos de la globalización y de la mundialización, necesitamos acuerdos internacionales que den luz, que den normas de juego, que den arbitrajes a esta realidad imparable que es la globalización, que es la mundialización, que debe ser gobernada ante las tentaciones o vocaciones proteccionistas que ustedes plantean. Por cierto, dirigiéndome a En Comú Podem, nosotros en el Parlament de Catalunya votamos en contra de rechazar el CETA y vamos a hacer algo muy saludable en política, vamos a votar lo mismo que en el Parlament de Catalunya, es decir, a favor de este tratado de libre comercio. Y por cierto, estamos terminando una semana de mentiras y difamaciones por parte de En Comú Podem respecto a la actividad parlamentaria del Partit Demòcrata. (Aplausos). Les pido respeto a la verdad ante su construcción de las realidades paralelas.
Señorías, nosotros vamos a votar convencidos a favor y nos parece muy saludable este contraste de opiniones, sabiendo que Canadá es un ejemplo de mejores prácticas democráticas en tantos aspectos y que este tratado seguramente será un elemento de inspiración para mejorar los estándares legislativos de muchos Estados miembros de la Unión Europea.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Buenos días. Muchas gracias, presidenta.
Este debate es un déjà vu, ya lo hemos tenido en la Cámara. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Al final nos vamos a los mismos tópicos. La verdad es que me abruma esta defensa de la soberanía nacional que hace la izquierda; incluso la izquierda abertzale estaba preocupada por la pérdida de la soberanía española. Yo pensaba que la izquierda era internacionalista o quizá solo se es internacionalista para determinados modelos político-económicos. Yo, sinceramente, sé que no es cierto -porque los datos objetivos lo contradicen- que no haya habido informes sobre esta materia. Para empezar, ni deprisa ni corriendo. Este tratado comenzó a discutirse en mayo de 2009, llevamos ocho años. ¿Esto es deprisa y corriendo? Dicen que hay solo informes de multinacionales. No es cierto, lo ha visto toda la asesoría legal de la Comisión, también la del Parlamento Europeo, algunos tribunales constitucionales como el alemán. Ahora bien, nosotros ya les decimos de antemano que somos contrarios a todo tipo de recurso previo de constitucionalidad, para nuestro estatuto y la voluntad de nuestra ciudadanía y también para este caso, para el CETA. No tiene ningún sentido, sobre todo cuando todos los informes han sido favorables y realizados por instituciones democráticas. Tampoco se concreta dónde está la inconstitucionalidad.
Hay muchos mantras sobre esta materia. La cuestión de los estándares. Se dice: vamos a cargarnos los estándares laborales, medioambientales, la protección de consumidores. En el CETA toda aquella materia -medioambiental, laboral, protección de consumidores- cuyos estándares no sean iguales, simplemente se aparta de la agenda y no forma parte de los acuerdos. Además, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, los estándares canadienses son superiores a los europeos. ¿Qué quieren que les diga sobre la posible deslocalización de empresas? Los estándares laborales y de costos de trabajo son muy superiores en Canadá que en la Unión Europea, por lo tanto, tampoco hay peligro de ese tipo en absoluto. Además, ampliar que otros países vayan homologándose a nuestros propios estándares, que son una apuesta europea de calidad, yo creo que siempre será bueno. Se dice: van a desaparecer los productos españoles, las indicaciones geográficas están en peligro. No es cierto. Canadá ha aceptado ya casi ciento cincuenta indicaciones geográficas, de las cuales veintisiete son españolas. No hay en estos momentos ninguna indicación geográfica que afecte a España que no esté protegida, señor Baldoví. Además, el tratado dice que si en un futuro hay que realizar otra, porque se empieza a comercializar otro producto específico por origen y características con Canadá, se protegerá a través del acuerdo. ¿Este acuerdo es del interés de las multinacionales, lo necesitan las multinacionales para penetrar en un país o en otro? No, si las multinacionales ya acceden sin problemas a los mercados europeos, tienen unos potentes servicios jurídicos, una capacidad de implantación enorme. Las que tienen problemas para adaptarse, para acudir a otros mercados, para poder implantarse son precisamente las pequeñas y medianas empresas; las multinacionales no necesitan este tipo de tratados.
Otra de las cosas que se suelen decir: se van a privatizar los servicios públicos. Si uno lee el tratado no es cierto. Primero, la declaración conjunta del tratado Unión Europea-Canadá dice que ninguna Administración se verá forzada a privatizar un servicio público, lo dice específicamente. Además, en el CETA están protegidos expresamente, se han excluido de privatización, algunos sectores: suministro de agua, servicios sociales, sanidad, educación. Están excluidos expresamente de la privatización, por tanto, no sé por qué salen críticas en este sentido. Otro dato, la cuestión de los organismos genéticamente modificados. No permite la exportación de productos canadienses genéticamente modificados a Europa, tal y como se ha establecido en el acuerdo. En estos momentos las empresas canadienses pueden optar a contratos públicos europeos -no tienen problema-, pero no a la recíproca, es decir, las empresas europeas no pueden optar a contratos públicos canadienses. ¿No sería necesaria una cierta igualdad? ¿No es eso ventajoso, no ya para las empresas y la economía, sino también para los trabajadores y para conseguir una mayor generación de empleo para Europa?
Otro de los temas que se plantean como problemáticos es el arbitraje. Oyendo los debates que ha habido, da la impresión de que esto se ha inventado expresamente para el CETA, y no es así. Esto es algo que arrastramos desde el año 1959 -cincuenta años de acuerdos fijados por Naciones Unidas-, pero el CETA mejora mucho -y espero que pueda ser una línea en la que se siga avanzando- el sistema de arbitraje de los más de 1400 acuerdos bilaterales comerciales que tiene la Unión Europea y sobre el que no se oye una crítica habitualmente por parte de nadie, acuerdos que están sometidos a dicho sistema de arbitraje. Con el CETA las empresas extranjeras que inviertan en la Unión Europea, o las europeas que inviertan en Estados Unidos -hay que decirlo claramente-, no pueden eludir en sus litigios los tribunales nacionales. Si la cuestión se refiere a normas nacionales estatales hay que acudir a los tribunales de ese país, y solo si se les impide acudir a esta instancia -decisión que debe tomar el tribunal requerido-, solo en ese caso, se acogerían al mecanismo internacional de arbitraje. Además, en esa segunda instancia de arbitraje el CETA mejora la situación, porque se ha intentado garantizar la independencia de los árbitros en el sistema de elección del que forman parte los Estados, se trata de que sean juristas expertos y profesionales con carrera, obligándoles a atenerse por primera vez a un código de conducta y haciendo transparente la trayectoria del proceso de selección. Y no solo hay transparencia en ese aspecto, porque el CETA también establece que se va a permitir a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que hagan llegar sus posiciones al proceso y que sean publicadas, como todas las deliberaciones que hubiera en esa decisión de arbitraje. Si esto no es transparencia y mejora del sistema de arbitraje, ya me dirán ustedes.
¿Que no ha habido participación democrática? Claro que ha habido participación democrática, ¿o es que el Parlamento Europeo no nos representa a nosotros como ciudadanos? Ha habido un debate muy profundo. A mí me habría gustado que hubiéramos aprovechado este tratado para aplicar las disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley sobre Tratados -hubiera estado bien, señor ministro-, pero espero que en un futuro muy próximo vayamos aplicando estas cláusulas. En cualquier caso, claro que ha habido
participación de los representantes públicos de la ciudadanía. Por tanto, el CETA nos parece un acuerdo muy razonable; un acuerdo del que se derivan ventajas para la Unión Europea y también para Canadá; un acuerdo del que se derivan ventajas para los ciudadanos y que no va a empeorar, sino al contrario, va a mejorar los estándares de calidad que tenemos en estos momentos y que auguran mejoras en los sistemas de arbitraje y de toma de decisiones del comercio internacional.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
Señorías, la posición de Esquerra Republicana con respecto al CETA es conocida desde hace tiempo; la hemos manifestado ya en todos los ámbitos en los que estamos representados: Parlamento Europeo, Parlament de Catalunya, ayuntamientos, aquí en el Congreso en todas las ocasiones en que este tema ha salido a la luz, pero sobre todo en todos los lugares donde se plasmarán los impactos de esta política, es decir, ante la ciudadanía. Pensamos que no se debe ratificar un acuerdo de libre comercio en el que se pretenden poner los intereses de las grandes corporaciones industriales y financieras por delante de los derechos de la ciudadanía, y en este sentido hoy se ha presentado una falsa contradicción, la de Canadá frente a la Unión Europea, cuando en realidad se trata de los intereses de las grandes corporaciones industriales y financieras frente a los derechos de la ciudadanía, y aquí incluimos también a la ciudadanía de Canadá, porque hay muchas organizaciones sociales, sindicales y medioambientales de Canadá que también están en contra de este tratado. Es una falsa contradicción decir que oponernos a este tratado es oponernos al Estado de Canadá.
Este tipo de acuerdos ponen en riesgo los derechos laborales, como ya se ha dicho, favorecen la privatización de los servicios públicos, minan los estándares de protección del consumidor y del medio ambiente; suponen una auténtica capitulación a los intereses de las grandes empresas, poniendo en riesgo incluso las leyes reguladoras existentes en el seno de la Unión Europea. Esto significa un verdadero retroceso a lo que ya tenemos, justo hoy, cuando necesitamos avanzar hacia una política comercial transparente e inclusiva, basada en las necesidades de las personas y de nuestro planeta. Si tan beneficioso es este acuerdo, ¿por qué les ha llevado tantos años de discusión en secreto y ahora se nos pide un voto sin discusión, rápido y en bloque? Si fuera tan beneficioso y tan claro este beneficio, lo podríamos discutir, tratar y que fuera realmente la libre determinación de los ciudadanos, como dice el señor Rivera, la que decidiera si se acepta o no se acepta.
El tema más conflictivo de este tratado es evidentemente la resolución de los litigios. El tratado aprobado cuenta, entre sus resoluciones, con los famosos tribunales de arbitraje privados, como ya se ha dicho, a los que podrán recurrir las empresas multinacionales. ¿En qué casos? En los casos en que afecten negativamente a sus intereses y a las expectativas de beneficio que ellos tienen, aunque atañan a leyes de protección de la salud o del medio ambiente. Tenemos el caso de países que en resoluciones de litigios de este tipo, cuando un Gobierno no ha querido aumentar el precio del agua para sus ciudadanos, las empresas, que perdían beneficios, fueron a los tribunales y los Estados fueron sancionados por no querer aumentar el precio del agua a los consumidores. Esos son ejemplos que existen, esto no es nuevo, como ha dicho alguien. Estos tribunales ya existen en tratados de este tipo.
¿Qué pasa con los puestos de trabajo? La propia Unión Europea admite en sus informes que se estima para algunos sectores la destrucción de miles de puestos de trabajo. ¿A cambio de qué? De una vaga promesa de que se puedan recuperar en otros sectores, y eso es claro y está escrito. Este acuerdo también compromete el futuro de muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente del sector alimentario. Ayer recibimos todos los diputados una carta del CIAE, la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, alertándonos de este desastre. Y que yo sepa, esta institución ni es catalana ni es independentista, ni siquiera es de Podemos; es una asociación que defiende los intereses de sus afiliados. En concreto, más que un tratado de libre comercio, esto se perfila como un tratado de libre explotación, respondiendo más a las aspiraciones del capital imperialista, que busca por encima de todo sus ganancias.
¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía frente a este tema? La sociedad en su conjunto se ha movilizado y organizado en contra de este tipo de tratados, en contra de la falta de garantías que estos acuerdos conllevan. Se han formado organizaciones sociales, sindicales, asociaciones no gubernamentales, medioambientales, sanitarias, económicas, políticas, de ciudadanos de a pie, etcétera. Ya han mostrado
su rechazo a estos acuerdos y reclaman su derecho a decidir sobre los mismos, los cuales tienen además una suma trascendencia e importancia en su vida futura. Como decía el señor Rivera, si hay que dejar que los ciudadanos decidan libremente, ¿por qué no se propone un referéndum en este tema tan importante que toca todos los sectores y los aspectos de la vida cotidiana? Por eso, nosotros reivindicamos, junto al derecho a decidir, información sobre el tema y un debate público para que se pueda realizar ese referéndum con todas las garantías, porque el referéndum es un ejemplo de democracia y no una mera consigna del independentismo.
Para terminar, solo agregaré que en la inminente república catalana Esquerra Republicana apostará por un cambio de paradigma, apostando por una política comercial, transparente e inclusiva basada en las necesidades reales de las personas y de nuestro planeta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la enmienda a la totalidad y en contra de la intención de presentar un recurso previo de inconstitucionalidad para suspender la tramitación de este tratado porque estimamos que el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá es un buen acuerdo. No es el mejor acuerdo, pero es fruto de un acuerdo con un país democrático, progresista, que respeta nuestros valores y estándares tanto desde el punto de vista laboral, medioambiental como social y democrático. Además, tiene una importancia estratégica en este momento en el que el populismo proteccionista recorre Europa y gobierna en Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a apoyar un buen acuerdo que abre una vía por la que transitar para regular y gobernar la globalización del siglo XXI. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.
Señorías, por favor, llevamos hora y media de Pleno, es imposible que nadie pueda escuchar tras hora y media de murmullo permanente en el hemiciclo. Ruego que si alguno quiere seguir hablando, por favor, salga al pasillo, pero no pueden hablar en el hemiciclo mientras está el orador en el uso de la palabra.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Lamento muchísimo que los debates que realizamos sobre un acuerdo de estas características se basen en lo que hoy denominamos verdades alternativas, posverdades y no en el acuerdo, en los componentes de un buen acuerdo.
Se han dicho muchas cosas y no tengo tiempo para poder hablar de todas ellas, pero este acuerdo beneficia a la ciudadanía de la Unión Europea y de Canadá. ¿Por qué? Porque elimina prácticamente el cien por cien de nuestros aranceles, abre mercados, abre la contratación pública a las empresas y a las pequeñas empresas europeas a nivel subfederal en Canadá. Es un buen acuerdo porque establece, además, garantías que en la Unión Europea hemos conseguido. Me sorprende muchísimo oír que se perjudican los derechos laborales adquiridos por los trabajadores en la Unión Europea o en España por un acuerdo comercial con un Estado que ha suscrito siete de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y que, como consecuencia del CETA, se ha comprometido -y ya la ha iniciado- a la ratificación del último documento fundamental que le quedaba por ratificar sobre derecho de huelga y negociación colectiva. No, por favor, si los trabajadores en nuestro país han perdido derechos o capacidad de negociación colectiva, no ha sido por un acuerdo como el CETA, es por una reforma laboral que ha incidido en la destrucción de esos derechos colectivos. (Aplausos). Me sorprende que se diga que con este acuerdo se van a favorecer las privatizaciones de servicios públicos o la condicionalidad de las administraciones públicas a la hora de establecer la contratación para la gestión de estos servicios. Ustedes saben que no es verdad. Yo hablo con el tratado en la mano y el tratado y la declaración interpretativa anexa al tratado dicen claramente que el derecho de los Gobiernos en todos los niveles de la Administración a facilitar el apoyo y a apoyar la prestación de servicios que consideren públicos -incluidos por supuesto la salud, la educación, servicios sociales, vivienda, la recogida, purificación y distribución de aguas- queda intacto. No hay ninguna exigencia a los Gobiernos de privatizar ningún servicio. Es más, no hay ningún impedimento a los Gobiernos para devolver al ámbito público servicios que hayan sido privatizados. Esto lo dice el tratado y la declaración anexa interpretativa
para aclarar los términos del tratado. Además, dice que ninguna empresa canadiense que opere en territorio de la Unión Europea podrá interpelar una pérdida por ganancias o por expectativas de beneficios si hay una declaración de un Gobierno que decide revertir la privatización de un servicio que considera de interés público para gestionarlo como servicio público. Esto lo dice el tratado y es el debate, señorías, que hoy deberíamos tener en esta Cámara. (Aplausos). No es un debate que se haya hurtado a la participación de la sociedad, porque la competencia en política comercial y de inversión la tiene la Unión Europea, excepto -ahí está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea- en inversiones en cartera, que es competencia nacional, y en la resolución de conflictos de inversiones extranjeras en relación con un Estado y una empresa concreta. Lo demás, que yo recuerde, compete a la Unión Europea. Esto se ha negociado en el ámbito europeo, donde por primera vez el mandato negociador de la Comisión ha sido público. Se ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo y el Parlamento Europeo ha tenido audiciones con la sociedad civil, con organizaciones sindicales y con organizaciones no gubernamentales; y, finalmente, el Parlamento Europeo, que representa a la soberanía nacional de la Unión Europea, ha votado. Por tanto, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, la tiene toda. Y hoy, en la parte de competencias que concierne al Estado español, es este Parlamento, que representa a la soberanía nacional, el que tiene competencia para celebrar este debate político; un debate que ustedes, con una iniciativa de apariencia jurídica, quieren hurtar a esta Cámara mediante la interposición de un recurso previo de inconstitucionalidad que ustedes saben que de ser aprobado hoy en esta Cámara suspendería el procedimiento de este tratado y sería inmediatamente inadmitido por el Tribunal Constitucional. Ustedes no presentan un recurso previo de inconstitucionalidad, lo que hacen es un relato político con una enumeración de artículos que ustedes entienden que pueden vulnerar nuestra Constitución. Les voy a decir una cosa, para terminar. Ustedes centran ese recurso previo de inconstitucionalidad en algo que es competencia del Estado español: la protección de los conflictos de inversiones extranjeras en España.
Señorías, lo que se plantea en el tratado con Canadá no es una modificación del sistema de arbitraje privado, los más de 1400 que hay ahora mismo en la Unión Europea, como decía don Aitor Esteban, porque todos los acuerdos internacionales han protegido las inversiones extranjeras a través de arbitrajes privados, con árbitros ad hoc nombrados para la resolución de ese conflicto entre la empresa y el Estado. Nosotros hemos dicho que no, que en estos tratados de nueva generación, que no solo derogan aranceles sino que también abren mercados para servicios -es el avance de tratados mixtos de segunda generación-, debemos ir a un tribunal multilateral de inversiones. Lo que se establece en este tratado es el origen de dicho tribunal internacional multilateral de inversiones, cuya configuración queremos que sea la misma que la de la Corte Penal Internacional o la del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Este tribunal estará configurado en su origen por quince jueces, señorías, nada de árbitros, sino quince jueces nombrados previamente por la Unión Europea y por Canadá, los cuales van a actuar de manera permanente bajo un código ético y de incompatibilidades de intereses jurídicos que estará sometido a revisión por esta Cámara, por el Parlamento Europeo y por el Parlamento de Canadá. Actuarán en sala y se nombrará por insaculación a tres de esos jueces para ver cada caso; nada de salas ad hoc para un caso concreto. Además, habrá recurso de apelación en la sala visto por los quince jueces. Este es el origen de lo que será un tribunal multilateral de resolución de protección de inversiones extranjeras, que acaba por fin con un sistema privado de arbitraje.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Acabo, señora presidenta.
Señorías, es un buen acuerdo. No es perfecto, pero sí un buen acuerdo sobre el que se han dicho muchas medias verdades. Cuando se habla aquí de la defensa de los estándares, cuando estamos debatiendo un acuerdo con un país democrático al que la Unión Europea se parece muchísimo, me sorprende que su grupo parlamentario u otros partidos que han subido a esta tribuna, como Bildu, hablen de esto...
La señora PRESIDENTA: Señoría, no tiene más tiempo. Tiene que terminar ya. No me diga que va terminando.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ... cuando ustedes en el Parlamento Europeo han votado a favor de que se pudiera conceder el estatuto de economía de mercado a China -señorías, ¡a China!-, lo que
supondría que podríamos hacer acuerdos comerciales de este calado con un país donde indudablemente los estándares ambientales, sociales y democráticos de protección no tienen nada que ver. Señorías, la izquierda no es proteccionista, no es nacionalista, no es aislacionista. Si ustedes creen que esa supuesta izquierda es así, les pasa por la izquierda Le Pen, Trump y todo el populismo que recorre ahora mismo Europa. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Hernández.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, hoy tenemos que volver a hablar de libertad, de comercio, de Constitución, de ley, de prosperidad y de democracia; en suma, de lo que buscamos como sociedad política para mejorar la vida de nuestros ciudadanos en el complejo mundo de la civilización. Hoy nos vuelve a tocar hablar de lo nuevo frente a lo viejo, y nos volvemos a encontrar con los enemigos de la libertad en ese enfrentamiento que no ceja en la historia contemporánea. Pensarán que nos rendiremos despreciando nuestra naturaleza y nuestra determinación, pero no será así. El librecambio ha favorecido la prosperidad y ha sacado a más gente de la pobreza en el último siglo que todas las fútiles homilías pronunciadas desde los púlpitos dogmáticos del proteccionismo que hoy abrazan desde Trump a Podemos. Aunque en una cosa tienen razón, el librecambio necesita partidarios, al menos tantos como tiene el neoproteccionismo disfrazado de mantra social. Si les hiciéramos caso, señores de Podemos y de Izquierda Unida, pensaríamos que vivimos en los tiempos que anteceden al apocalipsis bíblico y que los cuatro jinetes del apocalipsis esta vez son el comercio, la creación de empleo, la Unión Europea y la libertad.
Como ya llevamos tiempo observándoles y su careta va dejando asomar lo viejo que esconden, sabemos que cuando ofrecieron un Gobierno antes de la ficticia moción de censura lo que les preocupaba era ver quién de ustedes se convertiría en el jinete o la amazona de esos caballos para llevarnos a no se sabe qué paraíso sobre la tierra donde solo crecen los frutos maduros que son tóxicos para el resto de la democracia. Sin embargo, la ciencia económica ha demostrado una cosa, que el comunismo siempre es supermercados vacíos y colas para conseguir alimentos y medicamentos. Ya ocurrió en el paraíso soviético y ahora se repite en algunos países que no han sabido discernir los debates que les proponían los populistas del siglo XXI. Por eso sabemos que la estabilidad, la creación de empleo y el progreso, entendiendo por tal lo que realizan cada día millones de españoles al levantarse pronto y pelear cada minuto de la jornada para que sus familias salgan adelante, ese verdadero progreso, no les interesa. Es más, la estabilidad se ha convertido en su principal adversario político. Tenemos que vivir en ese estado de emergencia permanente que domina todo para que no se paren, para que sean menos evidentes sus carencias o el apoderamiento de Izquierda Unida de su formación y para que no les dé por pensar a sus votantes que no van a cumplir ninguna de las promesas con las que les embaucaron. Solo les interesa comunicar cada día que España, la Unión Europea y el mundo viven en una situación de excepcionalidad gobernada por grandes fuerzas oligárquicas que tiran de los hilos sin que los demás podamos decir nada. ¿Saben por qué? Porque los que no creen en los ciudadanos españoles son ustedes; solo los utilizan como bandera de su trasnochado elitismo, que busca sustituir una élite económica por una élite política únicamente coaptada por mecanismos de la más vieja y caduca ideología. Si no estuvieron preocupados exclusivamente en realizar intervenciones para radicalizar el mensaje y a la sociedad española, discursos de diseño que enseguida cuelgan en las redes sociales para hacerlos virales con auténtico desprecio al resto de los esforzados políticos que con aciertos y errores creemos que aquí, en esta Cámara, se sustancian los debates que a todos nos atañen, se habrían dado cuenta de que algo que predican desde sus cátedras universitarias se quedó obsoleto porque sencillamente ustedes no creen en las posibilidades de España y de los españoles. Predicaban desde esas intocables atalayas que tienen la facultad de conceder becas, que España estaba condenada a vivir de la economía del ladrillo y de la economía casino, y desconozco si es que su modelo político tan cerrado obedece a la tirria que le tienen a la libertad o es que prefieren que la realidad no les estropee su prefabricado relato elaborado allende los mares.
España, los españoles, sus empresas y sus instituciones, su Gobierno, han conseguido un cambio en el modelo productivo; para eso sirve el CETA y el libre comercio que hoy traemos a debate, con la inverosímil petición de inconstitucionalidad y su enmienda. En el año 2001 los españoles exportábamos 309 000 millones de euros. Con las cifras del año 2016 y gracias al esfuerzo y a la inteligencia de casi todos dejamos atrás una crisis brutal, exportamos 368 000 millones de euros. Ese es el cambio de modelo, de un peso del PIB del 28 % del sector exterior a un 33,1 %, un incremento de un 5 % en el PIB en seis
años creciendo, dando empleo a más de seis millones de españoles, mientras que en el año 2011 eran cuatro millones. Desde el año 2008 han crecido las empresas exportadoras casi un 46 %, llegando a las 149 000, con todo el empleo que generan; eso es saber hacer las cosas. Para eso sirve el CETA, para ese nuevo modelo económico que sirve a nuestro país para crear empleo, que sirve a nuestras empresas y a nuestras pymes para crecer y para pagar nuestras pensiones, nuestra educación o nuestra sanidad. El dinero, aunque se lo hayan hecho creer así, no crece de los árboles, al menos en Ávila no es así. ¿Qué es lo que no les gusta del CETA? ¿Las 5443 empresas españolas que ya exportan a Canadá, el 95 % de las cuales son pymes, con el empleo que generan? ¿Los 32 000 puestos de trabajo que creará o los 865 000 de la Unión Europea, muchos de ellos para jóvenes?
Utilizan cualquier pelota de tenis que les cae en el jardín para atacar la Constitución del año 1978, pero si existen leyes que revisten especial relevancia constitucional son los tratados internacionales, porque van en todo el bloque de legalidad, no solo de un país, en este caso de Canadá -democracia consolidadísima-, sino de los veintiocho países de la Unión Europea, de la Comisión Europea y de las propias reglas de la Organización Mundial del Comercio; más filtros de los que pasan sus consultas internáuticas que no cuestionan absolutamente nunca. Por eso nosotros defendemos la Constitución de 1978, porque es la mejor de nuestras constituciones por muchas razones, porque recoge lo que funcionó y evita lo que fracasó en más de nueve constituciones que le precedieron y porque es la primera vez que no se realiza una Constitución de unos contra otros sino en la que cabemos todos, y si no mírense ustedes. Todos cedimos para que todos pudiéramos defender a lo que aspiramos. Lo que ocurre es que tener una opinión no es lo mismo que tener un criterio, para eso sirven los debates que se alejan de Twitter y de sus queridísimos vídeos en las redes sociales. Por eso nosotros votaremos en contra de la enmienda que ustedes presentan.
Simplemente quiero hacer tres pequeños apuntes para concluir. Decía usted, señor Bustinduy, que no había ningún informe, solo del Parlamento Europeo y de la propia Comisión Europea (Muestra un documento). Yo entiendo que en el Parlamento Europeo, en el que están ustedes representados en su verdadera dimensión, 5 parlamentarios de 750, no le guste la realidad, porque entendiendo el clamor que dice que tiene la sociedad, ese clamor se refleja en 5 sitios de 750; esa es la grandeza de la democracia. Si de verdad les preocupa la constitucionalidad, aquí va a haber un decreto de estiba y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le corresponde aplicarlas a las Cortes generales y al Gobierno; si le preocupa la constitucionalidad, vote coherentemente. Nosotros buscaremos siempre acuerdos comerciales que sean justos, equilibrados y que defiendan los intereses de nuestros ciudadanos, pero en este debate me temo que nos volveremos a encontrar los del consenso, que buscamos la prosperidad de los españoles, y fuera se quedarán los que estigmatizan el comercio, que mucho me temo que no les gusta, no porque sea comercio, sino porque es la libertad, y de la libertad mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y otros tantos, somos muy partidarios.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 122/000089).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. A dicha proposición de ley se han presentado treinta y seis enmiendas al articulado.
Para la defensa de sus enmiendas y para posicionarse en relación con el resto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, como ya tuve oportunidad de decir en la toma en consideración de este proyecto de ley, para hacer una reforma con el propósito que aquí se pretende no hace falta tanta desmesura. Se nos dijo que la finalidad de este proyecto de ley era soslayar un problema relativo a la imposición del impuesto del valor añadido sobre las retribuciones a las que tienen derecho los profesionales, como abogados y procuradores, que prestan su servicio en la asistencia jurídica gratuita. Pero para hacer esto no hace falta que se continúe con la vulneración de derechos fundamentales, como a la que estamos asistiendo en nuestro país en todo lo relativo al establecimiento de una colegiación obligatoria de abogados y procuradores. El artículo 37 de nuestra Constitución
únicamente establece lo que podemos llamar una garantía de instituto, es decir, una garantía de la permanencia de estas corporaciones, pero en caso alguno ello debería ser título para que se permitiera que las administraciones hicieran dejación de las funciones que les corresponden para asumir directamente los servicios de asistencia jurídica gratuita, no confundir con el turno de oficio. Al contrario, lo que nos encontramos aquí es con un proyecto que, más allá de la finalidad declarada de la reforma que se pretender alcanzar, aumenta el papel que tienen estos colegios y, a la postre, dificulta la posibilidad de que nosotros podamos ir deshilvanando esa madeja que se ha ido trabando desde hace años y que continúa aprisionando a los profesionales en la colegiación obligatoria.
Si ustedes leen las enmiendas que Compromís ha presentado, verán que todas ellas van en la misma dirección, que es la de no cerrar la puerta a que esta ley pueda servir para que, al mismo tiempo, se planteen sistemas alternativos de implementación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Es importante que esto no quede cerrado, no quede acotado. También se podría haber solucionado el problema, que se dice que está en el meollo de esta ley, mediante una reforma de la Ley del IVA, o también podrían los proponentes aceptar algunas de las enmiendas que han presentado diversos grupos en el sentido de hacer una alusión expresa a la exención del IVA. Pero mucho nos tememos que al final no se acepten las enmiendas y tengamos un texto que, para solucionar un problema, acabe matando moscas a cañonazos, algo a lo que ya nos estamos acostumbrando.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
Hoy traemos a debate la aprobación en lectura única -ese instrumento perverso que solo sirve para intentar perjudicar a las Cámaras que lo tramitan pero solo si quien lo propone es la Cámara catalana- de una iniciativa que lo que pretende es lo que pretenden todos estos procedimientos, superar las lagunas que en determinadas cuestiones surgen, como es el caso del IVA en la justicia gratuita. Como se dijo el martes pasado, a raíz de la interpretación de una sentencia del Tribunal Europeo, los belgas tuvieron que cambiar su modelo y sujetarlo a IVA, pero el modelo del Estado español no tiene nada que ver con ese modelo belga y ahora tenemos que tramitar esta proposición de ley como consecuencia de una interpretación sui géneris hecha por la Administración tributaria. Este servicio en el Estado español es gratuito, es un servicio público cuyos aranceles vienen tasados por la Administración pública, donde el administrado no tiene opción de escoger al profesional que le va a atender. Por tanto, es un régimen alejado del belga en la aplicación del servicio de justicia gratuita.
Hoy venimos a blindar en cierta forma que los profesionales de la procura y la abogacía no tengan que cargar el IVA en sus actuaciones como letrados o ante la Administración de Justicia. Ello causaría un enorme perjuicio a nivel burocrático y además cargaría las arcas de las administraciones públicas competentes con un gasto que es del todo inasumible. Por tanto, una reforma necesaria. Nosotros hicimos una serie de enmiendas porque entendíamos que debíamos blindar la obligatoriedad del servicio para los colegios no para los colegiados, de forma que los colegios tuviesen que garantizar el servicio de justicia gratuita precisamente a aquellas personas más vulnerables para poder acercar la tutela judicial efectiva a estos colectivos. Nos han dicho desde el partido de la mayoría que, de momento, no van a ser aceptadas pero sí se han comprometido a abrir un debate para mejorar y poder blindar este servicio de justicia gratuita y poder introducir, en un momento posterior, estas mejoras que entendemos muchos de los grupos que deberían abordarse. Por tanto, ante esta mano tendida para modificar y mejorar si cabe la justicia gratuita -que, de hecho, cabe- vamos a dar nuestro voto a favor, confiando en que se va a debatir en un espacio corto de tiempo esta mejora de la justicia gratuita en el Estado español.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Se completan con esta tramitación directa y en lectura única las nuevas medidas sobre el mandato y la garantía constitucional para la prestación de justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Son medidas que resuelven y aclaran el equívoco concepto de honorarios que se le pretendía aplicar al turno
de oficio, lo que además de injusto y oneroso, porque le supondría cargar con el 21 % del impuesto sobre el valor añadido, sería otra vuelta de tuerca sobre la tarea imprescindible de cuantos dan cumplimiento al mandato constitucional para que las personas sin medios económicos puedan acceder al derecho de tutela judicial efectiva.
En nombre de Foro reitero los argumentos que ya esgrimí en esta misma tribuna hace diez días, acusando recibo de la satisfacción que entre los profesionales han despertado los cambios legislativos que se promovieron con un fin concreto y no con el de abrir en canal la ley para modificarla sustancialmente. De ahí que anuncie mi rechazo a las 36 enmiendas registradas porque transformarían este texto legal por la vía del resquicio, aprovechando que se corrige un aspecto concreto respaldado por una amplia mayoría de esta Cámara y requerido, con toda la razón, por los colegios profesionales de abogados y procuradores. No obstante, confío en los avances a los que estamos obligados al hilo del pacto por la justicia para sentar las condiciones que permitan adaptar nuestro marco legislativo a los tiempos y dotar de forma apropiada y suficiente el trabajo crucial de los abogados y procuradores vinculados a la asistencia jurídica gratuita. Se trata, en definitiva, de reforzar su labor con estatus y con medios en beneficio de los justiciables con dificultades económicas para litigar, haciendo con ello más efectivo el derecho a la tutela judicial.
Intervendré de manera breve, pues la tramitación de esta proposición tiene un objeto limitado y concreto, que es recuperar el tratamiento fiscal que, hasta el 1 de enero de este año, tenía la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita por parte de los profesionales de la abogacía y de la procura. A esta finalidad limitada y concreta de la modificación legislativa se enderezaba que su tramitación en esta Cámara lo fuera por el procedimiento de urgencia y lectura única. Por ello, la única enmienda que presentamos versa exclusivamente sobre uno de los artículos afectados por la modificación, el relativo a la formalización y especialización, y para lograr una mejor adecuación al sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias.
Respecto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios, muchas de las cuales compartimos en su finalidad, nos abstendremos al afectar a la actual arquitectura de la asistencia jurídica gratuita, que sí creemos que merece una reflexión y, en algunos aspectos, su adecuación hacia un nuevo rol de los colegios profesionales que simplifique en buena medida la actual tramitación para el reconocimiento del beneficio. Sin embargo, no consideramos que el trámite que hemos acordado para la tramitación de esta reforma, la urgencia y la lectura única, sea el adecuado para abordar lo que plantean buena parte de estas enmiendas por afectar -como decía- a cuestiones relevantes del actual modelo de la asistencia jurídica gratuita, aunque muchas de ellas las consideramos, en una aproximación inicial y general, dignas de consideración en un futuro que confiamos sea cercano.
Sin perjuicio de lo señalado con carácter general para el conjunto de las enmiendas presentadas, nos posicionaremos a favor de la enmienda número 14 del PDeCAT y de la 36 de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque en ellas, idénticas entre sí, se refuerza el criterio, de manera muy sintética, de que la designación de los profesionales de oficio se realice entre los adscritos al colegio receptor de la solicitud del beneficio, pues ello garantiza la calidad del derecho para su beneficiario y, a la postre, la tutela judicial efectiva.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia. Gràcies, presidenta. Bon dia diputades i diputats.
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es una ley de calado, a pesar de que hoy la tramitemos por la vía de urgencia y en lectura única. Es una ley de calado porque afecta a derechos fundamentales, a los artículos 24 y 25 de la Constitución. La tramitación de urgencia y en lectura única conlleva dificultades y, además, se tiene que tramitar por urgencia y en lectura única porque lo que tenemos que arreglar es un desaguisado en relación con una interpretación que hace la Dirección General de Tributos en relación con el devengo del IVA en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, con lo cual, podría
haber sido fácilmente reconducible a la modificación de un precepto de la Ley del IVA o a través de un real decreto. Decía que la tramitación de urgencia y en lectura única conlleva dificultades porque la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -como decía al inicio de mi intervención- es una ley de calado. Y digo que comporta dificultades puesto que imposibilita la modificación, y por tanto la rectificación de cuestiones que afectan a la ley, que ya ha sido solicitada a lo largo de los últimos años por los colegios profesionales. La experiencia de la aplicación de la ley nos permite realizar modificaciones que beneficiarían sustancialmente a la tramitación de la asistencia jurídica gratuita, y contribuirían a evitar la paralización de los procedimientos judiciales que conlleva la excesiva burocratización de la actual ley.
Esquerra Republicana ha presentado enmiendas al articulado de la ley que no se ciñen exclusivamente a la modificación pretendida a través de este procedimiento de urgencia y en lectura única, y que van en la línea de sustituir al organismo competente de la concesión de la justicia gratuita, es decir, sustituir la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita por los colegios profesionales, porque en la práctica la mayoría de las resoluciones que ya de forma provisional efectúan los colegios profesionales conlleva necesariamente la ratificación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En este sentido van las enmiendas números 22, 23, 24, 25 y 26, que pretenden la desburocratización del actual sistema y evitar la paralización de los procedimientos judiciales, por cuanto la resolución del colegio de abogados o de procuradores sería firme. Por tanto la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita tendría unas funciones específicas: la resolución de las impugnaciones contra las resoluciones de los colegios profesionales en la concesión o no de la justicia gratuita, y hacer efectivo el reintegro del coste de la justicia gratuita cuando el beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita venga a mejor fortuna o cuando exista condena en costas en el procedimiento judicial.
El resto de enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, algunas coincidentes con el PDeCat y con Podemos-En Comú Podem-En Marea, van en la línea de lo que ya apuntamos en la toma en consideración de la proposición de ley: la necesidad de recalcar una cuestión que a nadie se le puede escapar. (Rumores). Primero, los colegios profesionales, especialmente los colegios de abogados, son corporaciones de derecho público, tienen encomendadas las funciones que establecen los artículos 24 y 25 de la Constitución española, el derecho de defensa. Por tanto, para garantizar el derecho de defensa y el principio de igualdad, lo que la proposición de ley debería contener -y no contiene de forma clara y determinada- es que quien tiene la obligación de prestar el servicio son los colegios profesionales, que la prestación del servicio por los abogados es voluntaria, que quien organiza y quien debe determinar en qué condiciones, de qué manera y cómo se articulan los turnos de oficio, ... (Rumores).
La señora CAPELLA I FARRÉ: ... de qué manera deberán establecerse turnos especiales y específicos para cada materia, y todo ello repito que corresponde a los colegios profesionales, y asimismo existen administraciones autonómicas que tienen la competencia exclusiva de organización y regulación de esta materia concreta, y en consecuencia deben continuar manteniendo esta competencia. En este sentido van las enmiendas que Esquerra Republicana ha presentado.
Existe una que es importante y que no puedo dejar de plantear y por tanto solicitar el voto favorable. Es la enmienda número 34 de Esquerra Republicana, que modifica el artículo 38. Tiene que ver con la obligación de garantizar la proximidad en la prestación del servicio, es decir, que los abogados y procuradores que presten el servicio del turno de oficio deben necesariamente estar colegiados en el colegio profesional donde van a prestar este servicio, y deben tener despacho abierto en este colegio profesional, por razones obvias y evidentes: la garantía plena del derecho a la defensa, la igualdad y la proximidad con la que debe ser prestado este servicio. No puede ser que uno esté colegiado en Linares y pretenda prestar el servicio del turno de oficio en Barcelona o en Lleida, por razones obvias. Por tanto lo que debemos garantizar es la igualdad del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En consecuencia este aspecto, a través de la modificación que se está efectuando de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no se está defendiendo, no se está protegiendo, lo que en definitiva perjudica a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso decía que la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que hoy pretendemos es de calado, porque afecta a derechos fundamentales. En consecuencia consideramos que la forma en la que se ha hecho la tramitación de esta proposición de ley, pudiéndose hacer de otra manera distinta, afectando única y exclusivamente al devengo del IVA, no es adecuada, no ha sido oportuna ni es considerada con el debate que requiere una ley que afecta a derechos fundamentales, como anunciaba.
A pesar de ello, con independencia de que se admitan o no las enmiendas de Esquerra Republicana, vamos a votar favorablemente. En todo caso quiero apuntar que también es un error de calado no apoyar las enmiendas que Esquerra Republicana plantea a esta modificación legislativa.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Venimos aquí a una modificación urgente y por lectura única de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y como ya tuvimos ocasión de decir anteriormente esto es generar un problema encima de otro problema. Es decir, esto es una resolución de la Dirección General de Tributos que nadie le había pedido y que interpreta desde nuestro punto de vista erróneamente, porque tiene un desconocimiento absoluto de lo que significa y de lo que es la prestación del turno de oficio y la justicia gratuita. No había ningún tipo de presión para que esto se hiciera; no había ningún tipo de presión de Europa ni nadie había dicho que hubiera alguna duda sobre el modelo de justicia gratuita español en el sentido de decir si tenía que aplicarse o no el IVA. Este es un tiro en el pie directamente del Gobierno, que ahora viene a solucionar a través de una proposición de ley de dos grupos -PP y PSOE, apoyado por Ciudadanos-, en lugar de un decreto-ley, que hubiera sido en su caso mucho más efectivo y más rápido. Igual es que empezamos a tenerle miedo a los decretos-leyes, o yo no sé.
Ese desconocimiento hace que la solución que se da en esta ley no sea positiva. Es decir, se está incidiendo, tanto en el artículo 1 como en el resto de artículos que se modifican -22, 23, 25- en el carácter obligatorio del servicio, pero efectivamente la duda es que no se aclara de ninguna de las maneras si ese carácter obligatorio es para los colegios y no para los colegiados -que es lo que pasaba hasta ahora- o sencillamente -a través del segundo párrafo que dice que habrá una dispensa por razones que lo justifiquen- si lo que podemos entender es que se cambia el modelo en esta ley por carácter urgente, y lo que se establece es directamente que ahora son todos los colegiados los que van a tener la obligación de estar en el turno de oficio, con lo cual a nosotros nos surge la duda -hemos tenido ocasión de decirlo- de que la falta de voluntariedad vaya a determinar una baja calidad en la prestación del servicio, cuando no -esto ya está pasando y algunos lo conocemos- la aparición de un mercado secundario en el sentido de que si yo no puedo hacer el turno, me lo haces tú y luego ya apañamos el tema, etcétera. Este es un problema actual y un problema futuro de gestión de los colegios que igual no se manifiesta en un primer momento, pero ya veremos -y no somos los únicos en hacer esta lectura del artículo- cómo poco a poco estas interpretaciones van generando otra situación, y si no, al tiempo. Por este motivo nosotros y nosotras hemos presentado enmiendas a la proposición de ley.
Hemos tenido ocasión de escuchar al Partido Socialista decir en esta tribuna que presentaban esta proposición de ley directamente para que no cambiara nada. Es decir, como se ha producido una resolución de la Dirección General de Tributos y esto hay que solucionarlo, cambiamos la ley para que no cambie nada. Creemos que esa es la definición exacta, razonada y razonable, de lo que se llama fraude de ley, esta vez hecho por el propio legislador. Si estamos cambiando la propia ley lo que estamos haciendo es un cambio de modelo, y si no, al tiempo. También podríamos no cambiarla; bastaría con introducir un pequeño párrafo diciendo que no se aplica el IVA en esta situación porque estamos hablando de derechos fundamentales que tienen que ser defendidos de una manera obligatoria por los colegios y de forma gratuita, como ya se ha explicado aquí anteriormente, así que no lo repetiré. También hemos tenido ocasión de escuchar a Ciudadanos decir que apostaba por los profesionales del servicio de la justicia gratuita, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de leer las enmiendas que este grupo presenta a la sección 13 y no hay ninguna dirigida a mejorar la dotación de la justicia gratuita. Por tanto los discursos quedan muy bien, el papel lo soporta todo, pero de lo que aquí se trata es de apoyar con recursos y con dinero.
Hemos presentado una enmienda en un sentido muy claro, que parece ser que no van a aceptar. Estamos incumpliendo el Convenio Internacional de Aarhus, que dice que las entidades jurídicas que defiendan los intereses generales en materia medioambiental tienen que tener acceso a la jurisdicción, lo cual significa justicia gratuita, y esto no se está aplicando en la mayoría de los casos porque hay muchísimas dificultades. Ustedes le dan muchísima importancia a determinadas cuestiones cuando admiten determinados tratados u obligaciones internacionales -como el IVA o el CETA hace un momento-, pero a otros temas que también tienen muchísima importancia, como pueden ser los medioambientales, no les dan ninguna. ¿Incumpliremos nuestras obligaciones internacionales en la materia? Sí, lo haremos.
¿Seremos reprobados por la comunidad internacional? Sí, lo seremos. ¿No les importa? Evidentemente no. Por tanto se dice que se quiere mejorar este modelo y en realidad lo único que se hace, mediante este trámite urgente, es añadir caos si no se aceptan estas enmiendas que también presentan Esquerra Republicana y PDeCAT en este caso.
Yo quisiera hacer un pequeño alegato final respecto a este tema. Señorías, los profesionales que están implicados en el turno de oficio son gente que se cree la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, que trabaja porque entiende que el acceso a la justicia tiene que ser igual para todos, y que muchas veces lo hace a pesar de la falta de respeto que se les manifiesta en los juzgados y tribunales, con una población que se lo pone muy difícil, y muchas veces con falta de amparo en los propios colegios e invirtiendo un esfuerzo importante y desde luego no lo hace por dinero, porque a veces no cobran, cobran tarde o cobran mal. Es gente que se lo cree, que ofrece su esfuerzo y que representa los mejores valores de esta sociedad. Yo creo que básicamente ya no esperan nada de ustedes, lo único que creo que esperan es que se les respete en su trabajo, y desde luego con actuaciones como estas el mensaje que se está lanzando es absolutamente el contrario: se les está diciendo que no se les respeta. Pero nosotros desde luego estaremos a su lado y valoraremos su esfuerzo y su trabajo, y por eso votaremos en contra de esta ley si no se admiten estas enmiendas.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez Balsera.
Señorías, debatimos hoy una proposición de ley en tramitación directa y lectura única, procedimiento que nosotros consideramos adecuado, porque pensamos que la reforma que impulsa esta proposición de ley se ajusta a los requisitos del artículo 150 del Reglamento, es decir, que la naturaleza y la simplicidad de la proposición de ley así lo aconsejan. La naturaleza es conocida: reforzar el carácter obligatorio de la prestación del servicio del turno de oficio y el carácter no retributivo de la subvención percibida; y la simplicidad es evidente, consta de un único artículo que se limita a cambiar en la ley todas las menciones a retribución por indemnización, y a afianzar los conceptos de obligatoriedad y de subvención. En definitiva la reforma aclara, aún más si cabe, lo que ya se sabía y era conocido, y es que el turno de oficio es un servicio público, que es obligatorio prestarlo, y que su prestación es subvencionada y no retribuida, y por tanto que nunca había devengado el IVA y tampoco debe hacerlo ahora.
Por eso, señorías, escuchando algunas intervenciones del debate de toma en consideración y del debate de hoy o atendiendo a alguna de las justificaciones de las enmiendas presentadas, me sorprenden algunas dudas sembradas en torno a la iniciativa. Por ejemplo, Compromís ha cuestionado el papel de los colegios profesionales en la organización del servicio. Se ha llegado a decir que es una dejación de funciones por parte de la Administración pública. Es cierto que lo hicieron con el loable interés de proteger la libertad de asociación, pero, señores de Compromís, ¿ustedes han medido el alcance de traspasar la organización del servicio de los colegios profesionales a la Administración o a las comunidades autónomas? ¿Saben que eso supondría abrir la puerta a la privatización del turno de oficio, a que la Comunidad Valenciana pudiera licitar y subcontratar la justicia gratuita? En estos tiempos en que se critica tanto la politización del órgano de gobierno de nuestros jueces, y habiendo caído en descrédito la autonomía de la Fiscalía General del Estado, lo único que nos faltaba ahora era que el poder político controlara también la representación y defensa y se cerrara el círculo. (Rumores).
Por otra parte, también hay grupos que cuestionan si el carácter obligatorio impele a los colegios profesionales o a los colegiados. A nosotros nos parece que la redacción que queda del artículo 1 es bastante clara: El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Es decir, lo que es obligatorio es la prestación del servicio, porque en España nadie se queda sin hacer valer su pretensión... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor. Silencio.
El señor GÓMEZ BALSERA: En España nadie se queda sin hacer valer su pretensión o sin poder defenderse ante los tribunales por carecer de medios suficientes. Dentro de esa obligación se permite a los colegios profesionales cierta libertad para organizarlo, dispensando a los colegiados que no quieran o
que no tengan interés en el turno de oficio cuando haya suficientes voluntarios inscritos que garanticen la prestación del servicio, y esto es lo habitual. El otro caso es obligando a prestarlo en aquellos casos, que son muy excepcionales, en los que no haya los suficientes colegiados inscritos para atender las necesidades del servicio, insisto, porque nadie se queda en España sin su derecho a representación y defensa.
El Grupo Confederal de Unidos Podemos se ha preguntado y ha dudado de la calidad con la que actuarían unos profesionales que no trabajan voluntariamente, sino en virtud de esa obligación. Yo puedo entender que a algunos no les guste cumplir con ciertas obligaciones que les impone la ley, pero les aseguro que los abogados y procuradores venimos cumpliendo con nuestras obligaciones y seguiremos cumpliendo con las obligaciones que nos imponga la ley en el turno de oficio de justicia gratuita. Y lo haremos, señor Santos, primero, porque tenemos vocación y compromiso; y lo haremos bien, con la garantía de nuestra formación, especialización y reciclaje obligatorio; y lo haremos bien, con sujeción a nuestras normas deontológicas. Y si todo eso fallara -porque todos podemos cometer errores y podemos cometerlos también en la tramitación de un procedimiento con un cliente particular- ahí está nuestra responsabilidad profesional y nuestro seguro obligatorio. Además, señor Santos, me hace gracia que reproche a Ciudadanos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado cuando ustedes en la Comunidad de Aragón también han aprobado reducir el presupuesto en materia de justicia. Tiene usted razón, el papel lo aguanta todo. (Aplausos).
Quiero recordar que si retiramos nuestra firma de esta iniciativa lo fue solo a los efectos de mantener el escaso cupo de proposiciones de ley del que dispone nuestro grupo parlamentario. Si bien mantenemos nuestro respeto al acuerdo alcanzado con los grupos proponentes de la iniciativa y en sus propios términos. Pero vaya por delante que queremos una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que hemos presentado una iniciativa en la que la proponemos. Planteamos que se mejore el servicio que reciben los ciudadanos y que se dignifique y reconozca la labor de los profesionales que lo prestan. ¿Cómo? Actualizando y unificando los baremos con unos criterios mínimos comunes, y terminando con los retrasos en los pagos. Queremos una nueva ley que contemple la implantación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en todos los colegios en cuya demarcación exista un centro penitenciario. Una nueva ley que cree un turno de oficio específico en materia de protección internacional. Una nueva ley que desarrolle el artículo 20.1 de la Ley de Violencia de Género y establezca que la asistencia letrada a la víctima sea preceptiva en la sede policial antes de formular la denuncia. Pero entendemos que estas y otras cuestiones que quieran proponer sus señorías -con algunas de las cuales podemos estar de acuerdo- no son el objeto del debate de hoy, sino que tendrán su cabida en el debate de esa iniciativa o en el seno de los trabajos de la subcomisión sobre la estrategia nacional de justicia.
Como he dicho al principio la naturaleza y la simplicidad de la proposición de hoy están claras y justifican su aprobación.
Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, señorías. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. (Rumores).
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, la semana pasada reclamamos el voto de esta Cámara para la toma en consideración de una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y explicábamos que efectivamente era una ley apagafuegos, pero que pretendía devolver las cosas a un estado natural en el que habían funcionado durante bastante tiempo. Efectivamente fue una mala interpretación por parte de la Dirección General de Tributos de dos resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, rompiendo el criterio de que los servicios prestados por profesionales de la abogacía y la procura estaban exentos de la tributación del IVA. A partir de una resolución de primeros de año, de enero de este año, la Dirección General de Tributos dijo que la Directiva 2006/112 y su artículo 132 no eximían por tanto a los profesionales del pago del IVA, es decir, el 21 %. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Explicábamos que eso era así y el objeto de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita era exclusivamente para ello.
Esto no se ha entendido. He oído al señor Santos y lo hago con tristeza, porque creo que no ha entendido lo que subyace en esta cuestión. No es una revisión de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en profundidad, a la que nos sumaríamos y nos prestaríamos, porque rechazamos las modificaciones que se hicieron por parte del Partido Popular en la X Legislatura. Pero ese es otro debate; aquí estamos
en un debate necesario, urgente, porque los efectos están corriendo desde enero del presente año. Por tanto es necesario -y hubiera sido en puridad ontológica- remover la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero entendimos que era mucho mejor tácticamente, si se quiere para evitar problemas con Europa, hacerlo y potenciar esas dos notas características del servicio, es decir, la obligatoriedad y la gratuidad. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Campo.
Silencio, por favor, señorías.
El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Veo que la justicia gratuita vale poco.
La modificación que se pide es exclusivamente para reforzar esa gratuidad, y -cuidado- nos interesan mucho los profesionales, muchísimo, pero nos interesan mucho más los ciudadanos. Por eso no es hora de abrir el debate. La prestación es una manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y por tanto es obligatoria para los colegios que tienen que prestarla. E igualmente nadie discute la voluntariedad del profesional que se quiera unir a los cuerpos, pero el servicio tiene que prestarse, por lo que, si no hay apuntados profesionales en ese colegio, habrá que articular un mecanismo obligatorio, ya que no nos preocupa tanto el profesional, que nos preocupa, como el ciudadano, que sí tiene derecho a recibir la dirección letrada y la del procurador. Esta es la nota que subyace en las modificaciones que ahora se someten a consideración. Se trata simplemente de retornar a un criterio que nunca debió moverse, porque los ciudadanos no tienen por qué pagar la torpeza de la Dirección General de Tributos, que haciendo una interpretación libérrima ha provocado un problema donde no lo había. Lo que no podemos permitir es que, al socaire de ese problema puntual y urgente -insisto-, que surgió en enero de 2017, y está corriendo desde entonces, nos pongamos a debatir sobre un tema del que el Grupo Socialista es el primero que quiera hablar, por supuesto. Claro que sí, claro que queremos dar virtualidad al Convenio de Aarhus, y debe ser una prestación gratuita la defensa de los intereses medioambientales, a lo que nos uniremos, pero este no es el momento porque realmente no hemos abierto el debate de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sino la exención del IVA de la prestación de estos servicios. Por eso espero que reconsideren su posición y apoyen esta reforma puntual.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor De Barrionuevo Gener. (Rumores).
Señorías, la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que hoy tramitamos en esta Cámara mediante el procedimiento de lectura única ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Ciudadanos. Esto supone que inicialmente más de 254 diputados, de los 350 que componen esta Cámara, nos hemos puesto de acuerdo, y eso es bueno, es el mejor ejemplo que podemos dar a los ciudadanos. Esperemos que en el momento de la votación seamos muchos más. De momento contamos con el apoyo del PDeCAT, de Foro Asturias y de Esquerra Republicana, y a los señores de Podemos les ruego que reconsideren su voto, pues votar en contra de esta proposición de ley supondría hacerlo en contra de los profesionales que prestan el servicio del turno de oficio. (Aplausos). Lo decimos claro y alto. (Rumores).
La modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, obedece a la defensa de nuestro modelo de justicia gratuita, consagrado en el artículo 119 de nuestra Constitución, frente a otros modelos que existen en los países europeos de nuestro entorno, como Bélgica y Francia, por citar algunos ejemplos. Para esta modificación hemos tenido en cuenta las opiniones de los colectivos implicados, a través de los consejos generales de la abogacía y de los procuradores, que representan a más de 44 000 abogados y 10 000 procuradores, profesionales que están en la primera línea de la salvaguarda de los derechos y libertades de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para litigar. Desde aquí mi reconocimiento y el de mi grupo parlamentario por su trabajo. (Rumores).
Un momento, señor De Barrionuevo.
No sé si ustedes son conscientes del murmullo continuo que hace inaudible completamente el discurso del orador, que es lo único que debería oírse en este momento en esta Cámara. Les pido, por favor, silencio. Se lo ha pedido también la presidenta anteriormente. Si tienen conversaciones muy importantes que seguir manteniendo, háganlo en el pasillo, pero a quien se tiene que escuchar es al orador exclusivamente. Continúe, señor De Barrionuevo.
Señorías, con esta reforma pretendemos fortalecer las garantías que nuestro ordenamiento jurídico ofrece en materia de justicia gratuita, tanto a los ciudadanos como a los colegios profesionales que de forma obligatoria prestan el servicio del turno de oficio; turno que los más mayores siempre han considerado que es un turno de honor. Con la nueva redacción que damos al articulado se afianza el carácter público del servicio de asistencia jurídica gratuita, se refuerza y se garantiza que el servicio esté debidamente subvencionado por los poderes públicos y se reconoce el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales, abogados y procuradores que prestan el servicio. Garantiza la obligatoriedad de la prestación del servicio, correspondiendo a los consejos generales de la abogacía y de procuradores a través de sus juntas de gobierno regular y organizar el servicio.
Esta proposición de modificación de la Ley 1/1996 consta de un único artículo que modifica ocho puntos -los artículos 1, 22, 23, 25, 30, 36, 37 y 40- y de una disposición final. Estas modificaciones, como ya hemos dicho al principio de nuestra intervención, son para clarificar términos y, de esta forma, evitar interpretaciones contradictorias en relación con las consideraciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera hacer sobre la sujeción o no al impuesto sobre el valor añadido, IVA, de nuestro modelo de justicia gratuita.
En relación con las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, les agradezco las aportaciones y el trabajo realizado, pero he de adelantarles que las vamos a rechazar al no considerar necesarias las modificaciones que se plantean en muchas de ellas. Por otra parte, si admitiéramos algunas de las que se proponen, ello supondría introducir elementos distorsionadores sobre el objeto de esta proposición de ley. En otros casos, consideramos que es necesario que esta reforma legislativa reconozca el carácter gratuito y obligatorio y, por ejemplo, en el caso de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, consideramos innecesaria la mención especial a que las personas jurídicas que tengan como finalidad la protección del medioambiente estén contempladas en la ley, ya que las asociaciones declaradas de utilidad pública ya gozan de por sí del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la ley.
Señorías, el resto de las enmiendas las rechazamos al no considerarlas oportunas, como ya han corroborado compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, porque no responden al objeto. Esta reforma tiene un objeto único y bien delimitado, que es establecer que el servicio es obligatorio y gratuito. Hay enmiendas que se han planteado para reformar las atribuciones de los colegios profesionales o la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, las cuales son interesantes pero necesitarán un análisis más sosegado.
Ya termino, señor presidente. Quiero agradecer en nombre de mi grupo parlamentario al ministro de Justicia aquí presente y al ministro de Hacienda el trabajo realizado y el apoyo recibido en la elaboración de la proposición de ley que, como he comentado, ha sido pactada con los consejos generales de abogados y procuradores para reforzar y aclarar de forma contundente las singularidades de nuestra legislación en relación con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Señorías, en España la justicia gratuita no paga IVA. (Aplausos). Hoy a esta hora en cualquier lugar de España hay un abogado de oficio las 24 horas del día y los 365 días del año. Les expreso a ellos y a mis compañeros procuradores todo mi reconocimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De Barrionuevo.
Finalizado este punto, pasaremos a las votaciones en tres minutos. Se nos ha hecho llegar una declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000 que leeremos antes de que se inicien las votaciones.
Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA 2000. (Número de expediente 140/000015).
La señora PRESIDENTA: Señorías, con carácter previo a las votaciones, vamos a proceder a la declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000.
Declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000. El próximo 21 de mayo se conmemora por primera vez el Día Europeo de la Red Natura 2000, instaurado de forma conjunta por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité de las Regiones para recordar el enorme patrimonio natural europeo protegido por esta red de espacios protegidos.
Además, este año se conmemora el 25.º aniversario de la Directiva de Hábitats, que creaba la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de espacios protegidos en el mundo, que incluye actualmente más de 27 000 espacios, cubriendo casi una quinta parte del territorio terrestre de la Unión Europea. En España se han designado más de 1700 Espacios Natura 2000.
Con más de una cuarta parte de su territorio terrestre incluido en ella y más del 8 % de sus aguas territoriales, España es el Estado miembro que mayor superficie total aporta a la red. Estos datos evidencian la rica biodiversidad de este país.
La Red Natura 2000 es mucho más que un conjunto de espacios naturales. Se trata de personas y naturaleza y de asegurar que la conservación y la utilización sostenible van de la mano con la generación de empleo, de beneficios para los ciudadanos locales y la economía en general.
Ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible, así como para el turismo y el desarrollo de actividades recreativas.
La Red Natura 2000 ha contribuido a desarrollar nuevas formas de colaboración entre las autoridades públicas, organizaciones de conservación de la naturaleza, propietarios de tierras y usuarios, generando así nuevas formas de trabajar unidos.
Por otra parte, la Red Natura 2000 es la garantía de nuestro futuro. Estos espacios nos proporcionan un amplio abanico de servicios vitales, tales como el almacenamiento de carbono, el control de inundaciones o el mantenimiento de la calidad del agua.
El valor de los servicios ambientales que proporciona la Red Natura 2000 se estima en la Unión Europea entre 200 000 y 300 000 millones de euros por año. La Red Natura 2000 constituye una auténtica riqueza natural, de cuya conservación y mejora todos somos responsables.
El Congreso de los Diputados tiene un firme compromiso con la conservación de la Red Natura 2000 y con la gente que vive en ella. Por ello, el Congreso de los Diputados se compromete a impulsar el "plan de acción a favor de la naturaleza, las personas y la economía" recientemente aprobado por la Unión Europea que tiene como uno de sus objetivos principales la conservación de la Red Natura 2000.
Madrid, 18 de mayo de 2017. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD Y SUS EFECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO Y SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. (Número de expediente 173/000030).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votaciones.
Comenzamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la privatización de los servicios y de
salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 165; en contra, 177.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE ADOPCIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000031).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre adopciones internacionales en España. La vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 320; en contra, 17; abstenciones, 5.
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la votación de la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad presentada al Acuerdo económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 2 votos telemáticos, 344; a favor, 81; en contra, 260 más 2 votos telemáticos, 262; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda rechazada la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad.
RECURSO PREVIO CONTRA CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).
- PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DEL REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95.2 DE LA CONSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. (Número de expediente 231/000001).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la propuesta de planteamiento del requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución en relación con el acuerdo económico y comercial global entre Canadá por una parte y la Unión Europea y sus Estados miembros por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 2 votos telemáticos, 344; a favor, 86; en contra, 256 más 2 votos telemáticos, 258.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. En primer lugar, votamos las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bataller i Ruiz).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 15; en contra, 321; abstenciones, 6.
Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano i Canadés). En primer lugar, votaremos las enmiendas 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 22; en contra 248; abstenciones, 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 93; en contra, 247; abstenciones, 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 85; en contra, 247; abstenciones, 10.
Pasamos ahora a votar la enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Enmienda 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 28; en contra, 248; abstenciones, 66.
Votamos ahora las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas 20 a 22, 33 y 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 85; en contra, 247; abstenciones, 9.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 19; en contra, 313; abstenciones, 10.
Vamos a votar ahora las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 94; en contra, 248.
Vamos a votar ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 81; en contra, 256; abstenciones, 5.
Votamos ahora el conjunto de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, por tramitarse en lectura única, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 2 votos telemáticos, 344; a favor, 271 más 2 votos telemáticos, 273; en contra, 65; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición de ley. (Aplausos).