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Timestamp: 2018-10-21 07:05:29
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Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de una verdadera
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Pluralismo jurídico en el
Ecuador ¿existencia de una
verdadera aplicabilidad en el
ámbito penal?
La cultura y las tradiciones indígenas se han visto minimizadas por muchos años debido
a la imposición de las prácticas occidentales, las cuales, al ser mayoritarias, generalmente
se presentan como ideales y únicas. Sin embargo, desde 1998 la Carta Magna ecuatoriana, en su artículo 1911, reconoce las prácticas ancestrales como un método alternativo
de resolución de los conflictos internos, dentro de las distintas comunidades indígenas;
lo cual, a raíz de la Constitución de 2008, se ha visto potencialmente reafirmado.
No obstante, en ninguna de ellas se han fijado límites en cuanto a la competencia
por materia; esto nos invita a pensar que en teoría la jurisdicción indígena podría
extenderse a todos los ámbitos, incluyendo el penal. Ante esto, y tras la reciente
entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal2, conviene preguntarse si
nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de una verdadera aplicación de la justicia indígena como mecanismo para sancionar acciones penales.
Para ello, en la presente investigación se abordará, en primer lugar, la teoría del
monismo jurídico y su evolución en la legislación ecuatoriana hacia el pluralismo
jurídico. Posteriormente, se estudiará su introducción y reconocimiento dentro de
la legislación ecuatoriana; para finalmente, con base en la información recolectada,
analizar si existe una efectiva aplicación del pluralismo jurídico en el ámbito penal.
monismo, pluralismo, justicia indígena, interculturalidad, conflicto interno, Derecho Penal, competencia material.
1 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 191. Registro oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.
2 En el Ecuador, se realizó una reforma sustancial a la normativa penal, la cual desde el 2012 se
debatió en la Asamblea Nacional. Finalmente, el 10 de agosto de 2014, luego de seis meses desde su
aprobación y publicación, el nuevo Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia.
The indigenous culture and traditions have been minimized for many years due
to the imposition of Western practices, which usually are presented as ideal and
unique. However, since 1998 the Ecuadorian Constitution, in Article 191 recognized the ancestral practices as an alternative method of resolving internal conflicts
within the various indigenous communities; which, following the 2008 Constitution, has been potentially reaffirmed. However, none of them have set limits on
jurisdiction matters. This invites us to think that, in theory, indigenous jurisdiction
could be extended to all areas, including the criminal one. Nevertheless, after the
recent entry into force of the Código Orgánico Integral Penal, we must ask whether
our legal system envisages a real application of indigenous justice as a mechanism
to resolve commitment of crimes.
Therefore, this investigation will treat, in first instance, the legal monism perspective of Law and its evolution under Ecuadorian law towards the legal pluralism.
Subsequently, it will be analyzed the introduction and recognition of this vision
within the Ecuadorian legislation; and finally, based on the information gathered,
arrive to the conclusion of whether there is an effective implementation of legal
pluralism in criminal matters.
Del monismo, pluralism, indigenous justice, multiculturalism, internal conflict,
Criminal Law, subject matter jurisdiction.
1. Introducción 2. Del monismo al pluralismo jurídico 2.1 Una perspectiva monista del Derecho 2.2 El cuestionamiento a la visión monista y el paso hacia una
concepción pluralista del Derecho 3. El pluralismo jurídico y su introducción en la
legislación ecuatoriana 3.1 El trascendental papel del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el reconocimiento del Derecho Indígena 3.2 El
progresivo reconocimiento del Derecho Indígena en el Ecuador 3.2.1 La existencia
constitucional del pluralismo jurídico en el Ecuador 3.2.2 Principios rectores de la
aplicación del Derecho Indígena según el Código Orgánico de la Función Judicial
3.2.3 Pluralismo jurídico en el Código Orgánico Integral Penal 4. El Derecho Indígena en el Ecuador y su aplicabilidad en el ámbito penal 4.1 Implicaciones de la
resolución de la Corte Constitucional respecto al caso de la Cocha 4.2 Los límites
a la competencia material del Derecho Indígena como resultado de una interpretación intercultural inexistente 5. Conclusiones y opinión personal 6. Bibliografía
Año 2, Vol 2 - Nº.
El Ecuador está conformado por 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos3, cada cual con sus propios y diversos modos de administrar justicia,
por lo que las diferencias culturales respecto a sus costumbres y prácticas
ancestrales, varían incluso entre una comunidad a otra. Sin embargo, aquello no se ha visto reflejado históricamente en nuestro marco normativo. Al
contrario, fue en 1998 cuando finalmente se estableció en la Carta Magna
la plurinacionalidad como adjetivo calificativo del Estado ecuatoriano4, lo
cual implica a su vez la necesidad de tomar medidas en el ámbito legal
que permitan el desarrollo efectivo de la interculturalidad y el respeto a las
Actualmente, ya son dos las Constituciones que han reconocido al Derecho
Indígena como un método de resolución de conflictos internos: la Constitución de 1998 lo hizo en el artículo 1915, y la de 2008 en el 1716. Pese
a esto, la coexistencia entre el sistema de justicia ordinario y el indígena es
ambigua y utópica, al igual que sus límites de competencia y jurisdicción,
debido a la escasa regulación que existe sobre el tema. Es precisamente por
ello que al encontrarnos a la par en un proceso de transformación de la legislación penal ecuatoriana- tras la aprobación y entrada en vigencia de un
nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP)- resulta conveniente cuestionarnos si existe una real limitación a la competencia de las autoridades
indígenas respecto a la materia, en especial en el ámbito penal.
Esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio sobre la evolución de la teoría del monismo hacia aquella del pluralismo jurídico tanto a
nivel doctrinario como dentro de la normativa ecuatoriana; para posteriormente analizar la aplicabilidad del pluralismo jurídico en el Ecuador
3 Según datos del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)
en el país existen 14 nacionalidades indígenas distintas y 18 pueblos. Esta información es de suma
relevancia pues refleja a cabalidad el carácter pluricultural latente en nuestro país. Asimismo, nos
permite tener una mayor dimensión de la importancia que implica el buscar la interculturalidad en
nuestra sociedad y el reconocimiento y respeto hacia las demás culturas. Víd. CODENPE. Indicadores
de Pueblos y Nacionalidades. www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&id =348&Itemid=469. (09/09/2014)
4 La plurinacionalidad se presenta como un mecanismo que permite el reconocimiento de diversas
nacionalidades indígenas dentro de un mismo territorio nacional, por lo cual conlleva a la existencia
de una sociedad intercultural así como al ejercicio de la libre determinación de los pueblos.
5 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 191. Registro oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.
6 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 171. Registro oficial no. 449 de 20 de octubre de 2008.
Pluralismo jurídico en el Ecuador
y la regulación existente en cuanto a la competencia de las autoridades
indígenas en el ámbito penal.
2. Del monismo al pluralismo jurídico
2.1. Una perspectiva monista del Derecho
Si bien en Ecuador se reconoció constitucionalmente el pluralismo jurídico
por primera vez tras la adopción de la Constitución de 1998- al contemplarse en el artículo 191 la potestad de las autoridades de las comunidades
indígenas de ejercer funciones judiciales como mecanismo de resolución
a los conflictos internos7- este no deja de constituir una novedad en el
Derecho. Por ende, es menester analizar los efectos que ha conllevado la
aparición del mismo al postularse como un cuestionamiento a la tradicional concepción. Aquella sostiene que el Derecho proviene únicamente del
Estado y constituye “[una] ley única, autónoma y autocrática”8; la cual
debe primar en todos los aspectos de la vida en sociedad.9
Esta visión se fundamenta en la teoría del monismo jurídico, desarrollada por
Hans Kelsen. El referido autor sostiene que “los otros derechos nacionales, [ajenos
al derecho estatal], y el derecho internacional no deberían ser [...] conjuntos de
normas válidas, sino simples hechos desprovistos de significación jurídica”10. El
monismo jurídico no niega la existencia de diversos órdenes jurídicos, no obstante,
establece que únicamente el Derecho que emana del Estado es aquel que debe
tener eficacia, y por consiguiente, el único que puede ser aplicado.
Dicha teoría está estrechamente relacionada con la visión liberal de la sociedad
en la medida en la que,
[...] el monismo jurídico liberal, exige que el soberano expida, en
principio, normas que estén dirigidas a todos los ciudadanos y que
pretendan regir sus acciones por largos periodos de tiempo. De esta
7 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 191. Registro oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.
8 Buoaventura De Sousa Santos. “Una concepción multicultural de los Derechos Humanos”. Revista
MEMORIA. Nº101. (1997), p. 170.
9 Ricardo Colmenares Olívar. VII Jornadas de Derecho Procesal Penal. www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlinea/jurisdiccion%20indigena%20y%20proceso%20penal%20en%20
venezuela.htm (10/10/2014)
10 Hans Kelsen. Teoría pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1960. p. 207.
forma, los ciudadanos podrán precisar fácilmente las normas que
controlan sus conductas y generar expectativas razonables sobre
cuales serán las consecuencias jurídicas de sus actos.11
De esta visión se desprende la vinculación del monismo jurídico con el concepto
de seguridad jurídica, y con el principio de la autonomía de la voluntad. Este
último sostiene que los seres humanos pueden actuar sin más limitaciones que
las previamente fijadas en las normas; pues todo lo que la ley no prohíbe, está
permitido12. Es únicamente a través de un ordenamiento jurídico concreto que
“los ciudadanos podrán determinar cuáles cursos de acción están prohibidos
jurídicamente y cuál es el margen que les deja el derecho para el ejercicio de
su autonomía de la voluntad”13, siendo capaces de decidir libremente qué
acciones realizar y cuáles son las sanciones que están dispuestos a recibir en
caso de actuar de manera contraria a la conducta permitida. En este sentido,
esta teoría rechaza el pluralismo jurídico, ya que:
(…) para el monismo jurídico liberal, el orden y la unidad
política de una nación solo pueden garantizarse si existe un único
ordenamiento jurídico promulgado por un soberano único. La
pluralidad (…) de sistemas jurídicos, para esta perspectiva
teórica genera confusión, desorden y conflicto14. (Énfasis
Por tanto, los defensores del monismo jurídico sostienen que en un
cuadro en el que coexistan más de un sistema jurídico, la sociedad viviría
en la incertidumbre y el desorden, sin saber bajo qué normas regirse.
Obstruyéndose así la autonomía de su voluntad en razón de la falta de
certeza en las normas y confianza en el orden jurídico.
2.2. El cuestionamiento a la visión monista y el paso hacia una concepción
pluralista del Derecho.
Pese a la dominación de dicha concepción del Derecho a través del tiempo,
esta ha sido cuestionada por los defensores del pluralismo jurídico -cuyas tesis
11 Daniel Bonilla y Libardo Ariza. El Pluralismo jurídico: contribuciones, debilidades y retos de
un concepto polémico. www.palermo.edu/derecho/eventos/pdf/Estudiopreliminar-ArizayBonilla-VersionparaAngel.pdf (09/09/2014).
12 Planiol Marcel y Ripert George. Tratado Elemental de Derecho Civil. 2da. ed.T.I. México DF: F.
Cárdenas Uribe, Editor., 1991, p.140.
13 Daniel Bonilla y Libardo Ariza. El Pluralismo jurídico. Óp. cit. p, 2.
serán presentadas a continuación- debido a que consideran que el monismo
se presenta como una perspectiva cerrada y universalizadora, la cual pretende
de manera irracional obtener una sociedad culturalmente homogénea en la
que prime un solo Derecho, compuesto por normas, valores, principios y
costumbres que se imponen a aquellos que rigen a las minorías.
Así, Vicente Cabedo emplea la expresión “inadecuación cultural” para
hacer referencia a los efectos negativos que tiene la aplicación del Derecho
a partir de la teoría monista y manifiesta que aquella concepción:
[...] vendría determinada por quererse imponer un Derecho,
de patrón occidental, formulado en una lengua (el castellanoportugués en el caso de Brasil) que muchos indígenas desconocen,
que responde a una lógica jurídica y a una racionalidad en gran
parte antagónica a la cultura indígena, y que es, no en pocas
ocasiones, ignorada15.
En efecto, dicha línea de pensamiento ha generado que en las últimas décadas se ponga en tela de duda la validez del monismo jurídico. Esto se
debe principalmente a dos factores; en primer lugar, la búsqueda por la
obtención de una visión del Derecho que tenga como base el estudio de
la sociedad en lugar del Estado; y en segundo, la ardua crítica a la visión
universalizadora que se pretende imponer respecto a los valores y costumbres occidentales.16
Este último punto implica una vinculación directa con el relativismo cultural
en la medida en la que “el relativismo entrañaría el reconocimiento del valor
igual de todas las culturas”17 y permite “afirma[r] que puede haber diferentes
perspectivas, diferentes puntos de vista, presentados a través de diferentes concepciones del mundo”18 por lo que, el relativismo cultural se presenta como un
objetivo a alcanzar para los defensores del pluralismo jurídico.
15 Vicente Cabedo. Constitucionalismo y derecho indígena en América latina. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, 2004, p. 115.
16 Daniel Bonilla y Libardo Ariza. El Pluralismo jurídico. Óp. cit., p,. 12.
17 Ascensión Baraños et al. Diccionario de relaciones interculturales, diversidad y globalización.
Madrid: Editorial Complutense, 2007, p. 133.
18 León Olivé. Racionalidad y relativismo: relativismo moderadamente radical. México: Siglo
Veintiuno Editores.1998. Citado en León Olivé et al. Racionalidad: Ensayos sobre la racionalidad en
ética y política, ciencia y tecnología. México D.F: Instituto de investigaciones filosóficas universidad
nacional autónoma de México. 1988. p. 270.
Respecto al primer factor enunciado, Ehrlich sostiene que “[...] en nuestro tiempo [...] el centro de gravedad del desarrollo del Derecho no se encuentra en la legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia,
sino en la sociedad misma”.19 El pluralismo jurídico nace como resultado
de la búsqueda de un Derecho que responda, de manera coherente, a la
realidad social; misma que en nuestro país está compuesta por una gran
diversidad de culturas y comunidades que la enriquecen permanentemente y, por consiguiente, deben ser consideradas y respetadas.
Respecto al segundo factor, este consiste en el cuestionamiento a un
sistema de Derecho que postula, mediante el derecho estatal, principios
y normas occidentales con el carácter de universales.20 Respecto a ello,
Ehrlich establece en su obra Sociología y Jurisprudencia que “el error radica
en que los juristas están acostumbrados a reconocer solamente como
Derecho [aquello que] emana del Estado, lo que se consolida a través de la
amenazadora coerción estatal; todo lo demás sería uso moral o creaciones
semejantes”21.
Aquel pensamiento permite entender la esencia del pluralismo jurídico,
en la medida en que dicha visión surge como solución a la marginación
que se ha realizado históricamente a todo tipo de práctica ancestralincluyendo las referentes a la jurisdicción- que sea ajena a la cultura
occidental. El pluralismo busca que tanto el sistema de justicia ordinaria
como el indígena, sean reconocidos dentro de un mismo territorio a
fin de obtener un Estado intercultural en el que el Derecho se presente
como un mecanismo integrador y vinculado a la sociedad que pueda
responder de manera adecuada a todos los ciudadanos; tomando siempre
en consideración sus diversas culturas, prácticas y creencias. Todo esto
con el propósito de evitar una aplicación arbitraria y cerrada de las normas
y principios occidentales por sobre las prácticas ancestrales de los pueblos
19 Eugen Ehrlich. Escritos sobre sociología y jurisprudencia. Madrid: Marcial Pons. 2005. Citado en
Daniel Bonilla y Libardo Ariza. El Pluralismo jurídico. Óp. cit., p. 12.
21 Eugen Ehrlich. Sociología y Jurisprudencia. 89-107, en: Eugen Ehrlich, Escritos sobre sociología
y jurisprudencia. Madrid: Marcial Pons. P. 93
El pluralismo jurídico y su introducción en la legislación
3.1. El trascendental papel del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo en el reconocimiento del Derecho Indígena
En 1991 entró en vigor el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento que en
nuestro país obtuvo carácter vinculante a través de resolución legislativa
publicada en el Registro Oficial no. 304 el 24 de abril de 1998. Este cuerpo
normativo jugó un rol fundamental para la adopción de sistemas jurídicos
pluralistas en Latinoamérica22, puesto que reconoció a los distintos pueblos
indígenas prerrogativas que durante mucho tiempo fueron ignoradas.
Como consecuencia de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, los
Estados parte se comprometieron a cambiar su sistema constitucional
de tal manera que les permita la inclusión de las prácticas y tradiciones
indígenas dentro del marco del sistema jurisdiccional nacional. Es de
este modo que en su artículo 8 manifiesta la obligación de los Estados a
respetar el derecho consuetudinario ancestral, pero sobre todo a tomarlo
en consideración antes de la aplicación de la legislación nacional a los
Ello implica la existencia de un sistema pluralista, debido a que este se
presenta como el medio idóneo para la coexistencia de diversos métodos
de administración de justicia dentro de un mismo territorio. Además, cabe
recalcar que el artículo 8 establece los límites a las prácticas consuetudinarias indígenas, manifestando que éstas no podrán ser “[...] incompatibles
con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional
ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.23 Así, por
ejemplo, no se permitiría que amparándose en sus potestades jurisdiccionales, las autoridades indígenas apliquen sanciones que violen el derecho a
la vida, tales como la pena de muerte.
22 Los países Latinoamericanos signatarios de aquel Convenio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
23 Convenio 169. Óp. Cit. Artículo 8
Ante este punto, es fundamental mencionar que al valorar si las prácticas indígenas resultan violatorias de los derechos humanos; no se debe, bajo ningún
concepto, caer en la banalidad de equipararlas sistemáticamente a tratos degradantes o de tortura. Pues aquello sería ir en contra de una interpretación
intercultural de las mismas, al no tener en consideración que las prácticas ancestrales “no implican la vulneración al derecho humano que prohíbe toda forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, mientras estas sanciones
responda a una costumbre o práctica ancestral”.24 (Énfasis añadido)
El Convenio 169 de la OIT perfila el grado de aplicabilidad del Derecho
Indígena al ilustrar el método en el que el pluralismo jurídico puede y debe
figurar en los sistemas judiciales latinoamericanos. Sin embargo, la ratificación de dicho instrumento internacional no se reduce únicamente a una
obligación de reconocer las prácticas ancestrales; sino que por el contrario,
implica a su vez el reconocimiento de una coexistencia entre el sistema
penal indígena y el estatal, en vista de que plantea la necesidad de un respeto hacia los mecanismos ancestrales de sanción de delitos; estableciendo
un deber estatal implícito de otorgar a los pueblos indígenas potestades
jurisdiccionales dentro del ámbito penal. Respecto a ello, el artículo 9 del
Convenio 169 estipula que:
[...]1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión
de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres
de dichos pueblos en la materia.25 (Énfasis añadido).
De este artículo se desprende la intención de la OIT de reconocer las
prácticas ancestrales indígenas referentes a las sanciones penales; pero ante
todo, la voluntad de dicho organismo por obligar a los países que hubiesen
ratificado el Convenio 169, a acoger y aceptar aquella jurisdicción, con la
exigencia a los servidores judiciales de tomar en consideración los preceptos
24 Ximena Ron. El control constitucional de las decisiones jurisdiccionales indígenas en Ecuador.
Tesis de grado. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, 2011, p. 79-83.
25 Id., artículo 9.
propios de la justicia indígena al momento de tener que decidir sobre una
determinada causa en la que se encuentre implicado algún miembro de
Dicha voluntad se confirma por el artículo 10 del mismo instrumento, que
menciona, en su primer numeral, que “[c]uando se impongan sanciones
penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos
[indígenas] deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”26. Ello implica, efectivamente, que la legislación penal
estatal no puede, ni debe ser ejecutada de igual manera a todos los individuos que habitan en la nación, sino que, tras la adopción del mencionado
instrumento internacional, es necesario que los jueces, llamados a aplicar la
normativa penal, adecuen sus decisiones a lo estipulado en este Convenio.
Aquello se ejemplifica en la resolución de la Segunda Sala de lo Penal de la
Corte Nacional en la cual se reconoció que en el Convenio 169 de la OIT
“ se establecen como prioritarias normas proindígenas y derechos especiales
de indígenas ante la jurisdicción ordinaria”27 y con base en ello resuelve
conceder el recurso de casación a un recurrente indígena- el cual había sido
sancionado por la justicia ordinaria con seis meses de prisión por el delito
de injurias- puesto que consideró que el proceso impugnado “no se evidencia que se hayan aplicado […] los procedimientos de la Justicia Indígena
[plasmados en el Convenio 169 de la OIT]; y como consecuencia de ello
se [han] violado los derechos del recurrente”28. De este modo, se constata
la existencia de una obligación de los servidores judiciales de considerar
las prácticas y costumbres ancestrales antes de aplicar la legislación penal a
miembros de las comunidades y pueblos indígenas.
3.2. El progresivo reconocimiento del Derecho Indígena en el Ecuador.
3.2.1. La existencia constitucional del pluralismo jurídico en el Ecuador
El Ecuador, al ratificar el Convenio 169 de la OIT, asumió el compromiso
de adoptar las medidas necesarias para la adecuada inserción de los
principios proclamados en aquel instrumento a la legislación nacional.
26 Id,. artículo 10.
27 Corte Nacional de Justica. Segunda Sala de lo Penal. Gaceta Judicial 9., de 8 de mayo de 2009.
Este proceso de reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador
se dio por primera vez en 1998 al contemplarse en el artículo 191 de la
Constitución que:
[...] 4. Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán
funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos
propios para la solución de conflictos internos de conformidad
con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no
sean contrarias a la Constitución y a las leyes.29
Aquella potestad se reafirmó diez años más tarde, tras la adopción de la
Carta Magna de 2008, en la cual se reflejó nuevamente el carácter pluralista
del sistema judicial en el país, al estipularse en su artículo 171 que:
[...]Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus
tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación de las mujeres. Las
autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para
la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios
a la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los
instrumentos internacionales.30
A pesar de que ambas normas constitucionales tienen como objetivo
reconocer la aplicación de la facultad jurisdiccional de los pueblos
indígenas, existe una leve diferencia entre los dos artículos. Esto se da a
causa de que la Constitución de 1998 hace referencia a la posibilidad de
las autoridades indígenas a ejercer “funciones de justicia”, mientras que
en la actual Constitución se dispone claramente el ejercicio de “funciones
Aunque dicha diferencia parece ser menor, posee una amplia distinción
conceptual, porque al referirse a “funciones jurisdiccionales” la Carta Magna
le atribuye automáticamente un poder más real y completo a las autoridades
indígenas, ya que la jurisdicción, conforme al código de procedimiento
29 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 191. Registro oficial No. 1 de 11 de agosto de
30 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 171. Registro oficial No. 449 de 20 de octubre
civil31, implica tanto el juzgar como el hacer ejecutar lo juzgado. Se
constata entonces que junto al cambio de Constitución, se potenció
también el grado de aplicabilidad y de validez del Derecho Indígena en
nuestra legislación, dándole un mayor realce a las decisiones que con base
en dicho Derecho se tomen.
Por otra parte, es necesario recalcar el hecho de que en estas disposiciones
constitucionales los límites impuestos a la aplicación del Derecho Indígena
consisten únicamente en el respeto de la Constitución y los Derechos
Humanos; la potestad de dirimir conflictos de índole interna; y que estos
se den dentro de los parámetros territoriales de la comunidad. Por lo que,
ninguna de estas dos Constituciones ha establecido algo concreto respecto
a los límites en cuanto a la materia; lo cual implica un reconocimiento
tácito de la aplicabilidad de la justicia indígena en todos los ámbitos,
inclusive el penal.
3.2.2. Principios rectores de la aplicación del Derecho Indígena según el Código
En vista de que la legislación nacional reconoce como pilares del
Estado ecuatoriano la plurinacionalidad y la interculturalidad, resulta
imperante adoptar una organización estatal que permita responder a esta
característica y que incorpore y a la vez efectivice la diversidad de culturas
y sus respectivas prácticas ancestrales. Por ello es ineludible que la misma
normativa manifieste los principios que permitan la plena aplicación
de aquello. En este sentido, el artículo 343 del Código Orgánico de la
Función Judicial proclama necesario que los servidores judiciales tengan
en consideración, para su actuación y toma de decisiones, los siguientes
principios: diversidad, igualdad, non bis in ídem, pro jurisdicción indígena
e interpretación intercultural.
El primer principio se refiere a la obligación de los funcionarios del
servicio judicial a velar en sus decisiones por el “óptimo reconocimiento
y realización plena de la diversidad cultural”32. Para ello es indispensable
que a la par, dichos servidores, reciban capacitación suficiente respecto a
31 Código de Procedimiento Civil. Artículo 1. Registro Oficial No.58 de 12 de julio de 2005.
32 Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 343. Registro oficial No. 544 de 9 de marzo de
las prácticas, creencias y costumbres ancestrales; con el fin de que puedan
adquirir una adecuada comprensión, y con base en ella, sus decisiones sean
acordes a los mandatos legales.
La igualdad se refiere a la existencia de las mismas condiciones para ambas partes
dentro del proceso con el fin de evitar un perjuicio indebido en una de ellas. Este
principio se vincula estrechamente con el precedente, puesto que implica “la
intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho
indígena”33. Aquello, además de constituir una garantía al debido proceso como
tal- al constituir un requisito fundamental para ejercer el derecho a la defensa de
manera eficaz- refleja a su vez el carácter intercultural del sistema de administración
de justicia, ya que demuestra la búsqueda de una coexistencia entre ambas culturas;
pero sobre todo que exista igualdad en el proceso y que las creencias y prácticas
culturales no interfieran ni generen desventajas o perjuicios en los individuos al
momento de ser sometidos a un proceso.
Por otro lado, el principio de non bis in ídem configura una garantía procesal
para el respeto de los derechos humanos, y resulta imprescindible su mención
como principio rector de un sistema jurídico pluralista. Justamente por la
naturaleza de dicho sistema, es sumamente necesario proporcionar medidas
que garanticen la seguridad jurídica dentro de la sociedad, la cual puede
verse en riesgo al no saber si los individuos podrán ser sometidos a un doble
juzgamiento en virtud a la pluralidad de jurisdicciones.
Así, el Código Orgánico de la Función Judicial, establece que “lo actuado
por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni
revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad
administrativa alguna”34. Todo ello deja al descubierto el grado de
efectividad que la legislación nacional le atribuye al Derecho Indígena,
debido a que las decisiones tomadas bajo aquel sistema de justicia no
pueden ser reconsideradas bajo la perspectiva del Derecho Estatal ni de la
cosmovisión occidental (a menos, claro está, que aquellas sean contrarias a
la Constitución o a los Derechos Humanos).
Empero, con el fin de evitar que la jurisdicción indígena adopte medidas
contrarias a los Derechos Humanos; el ordenamiento jurídico ha contemplado,
en el segundo inciso del artículo 171 de la Constitución, la posibilidad de
un control de constitucionalidad de dichas decisiones. El referido control se
encuentra regulado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, la cual es su artículo 66 establece los principios bajo los cuales
deberán resolverse las acciones extraordinarias de protección presentadas en
contra de decisiones de la jurisdiccional indígena.
Esta disposición estipula en su primer numeral que la Corte Constitucional
deberá garantizar la comprensión intercultural “a fin de evitar una
interpretación etnocéntrica y monocultural”35, mientras que en el tercer
numeral se garantiza el derecho a las autoridades de las nacionalidades,
pueblos y comunidades indígenas a “gozar de un máximo de autonomía y un
mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”36.
Se constata, por consiguiente, la existencia de un respeto a la independencia
jurisdiccional concedida a los pueblos indígenas por nuestra Carta Magna,
puesto que a pesar de la existencia de un control de constitucionalidad,
este debe realizarse de manera intercultural y deberá ante todo garantizar y
respetar el pluralismo cultural que caracteriza a nuestro país.
El cuarto principio es de gran importancia ya que su aplicación por
parte de los servidores judiciales implicaría que “en caso de duda entre la
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal
manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible”37 (énfasis
añadido). Siendo así, se percibe que la legislación nacional le atribuye al
Derecho Indígena un amplio grado de aplicación y ejecución, pues ante la
duda en la resolución de los conflictos de competencia, la ley prevé que se
aplique el Derecho Indígena de manera preferencial.
Finalmente, el principio referente a la interpretación intercultural es sumamente relevante para lograr un verdadero sistema pluralista; porque este
“[...] parte de la necesidad de una interpretación pluricultural de las leyes, es decir, del reconocimiento de diferentes funciones, contextos y fines
sociales de las distintas normas jurídicas”38. Por lo tanto, las autoridades
35 Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Registro oficial No. 52 de
36 Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 343. Óp cit.
38 Daniel Bonilla y Libardo Ariza. El Pluralismo jurídico. Óp cit., p.32
judiciales se ven en el deber de tomar en consideración tanto los elementos
culturales como las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas antes de tomar cualquier decisión en un litigio.
3.2.3. Pluralismo jurídico en el Código Orgánico Integral Penal
Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación; ni el Convenio
169 de la OIT, ni la normativa constitucional ecuatoriana, establecen límites a la jurisdicción indígena en cuanto a la competencia en razón de la
materia. Resultaría entonces plausible imaginar que el Derecho consuetudinario indígena es aplicable en el ámbito penal.
Además del respeto a la Carta Magna y a los Derechos Humanos; la Constitución establece como límite a la jurisdicción indígena la resolución de
conflictos únicamente internos. Sin embargo, “[...] para los pueblos indígenas y para el caso de la justicia indígena, conflicto interno constituye
toda acción o acto que desestabiliza la paz, la armonía y la tranquilidad
de un colectivo o de una comunidad”39 y “debe entenderse como aquel
conflicto suscitado entre dos individuos que, de manera libre y voluntaria, se autodefinan como indígenas”40. Entonces, en un cuadro en el que
dos personas que se definan a sí mismas como indígenas, se constituyan
respectivamente como sujeto pasivo y activo de un delito, generando perturbaciones en la paz y en la armonía del colectivo y se encuentren dentro
de territorio indígena; estaríamos frente a un supuesto en el que se podría
aplicar su derecho consuetudinario en el ámbito penal.
Ahora bien, si es que esto se presenta como una posibilidad, cabe cuestionarnos ¿qué tratamiento le da el nuevo Código Orgánico Integral Penal a
esta cuestión? El numeral 9 del artículo 5 del referido cuerpo legal manifiesta que:
E1 derecho al debido proceso penal [...] se regirá por los siguientes principios:
[...] 9. Prohibición de doble Juzgamiento: ninguna persona podrá
ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los
39 Raúl Ilaquiche Licta y Lourdes Tibán. Jurisdicción indígena en la Constitución política del Ecuador. Ecuador: Fundación Hanns Seidel, 2008. p.44.
40 Daniela Salazar. Aplicabilidad de la justicia indígena en el Ecuador: una base conceptual y diez
preguntas puntuales. Tesis de grado. Universidad San Francisco de Quito. Quito, 2003. p. 54
para este efecto” (énfasis añadido)41
De la lectura de este artículo se desprende con claridad el hecho de que
es viable la existencia de un Derecho Indígena penal, pues se constata que
aquella posibilidad está incluso contemplada en la misma legislación penal
estatal. Asimismo, ello se ve reforzado por la segunda disposición general
del Código antes mencionado, la cual estipula que:
(…) En referencia a las infracciones cometidas en las comunidades indígenas se deberá proceder conforme a lo dispuesto en
1a Constitución de 1a República, en los tratados e instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico
de la Función Judicial y en las leyes respectivas.42
Por consiguiente, al haberse analizado con anterioridad lo establecido en
aquellos cuerpos legales, y al constatar que la legislación penal hace referencia directa a dichos instrumentos, se percibe que el ordenamiento
jurídico ecuatoriano contempla la posibilidad de que las mismas autoridades indígenas sancionen a los miembros de su comunidad por los delitos
cometidos dentro de la misma. No obstante ¿aquella mención en el COIP
implica el reconocimiento dentro de nuestro ordenamiento jurídico de
una real potestad indígena para resolver y sancionar todo comportamiento
penal que se realice dentro de su territorio?
4. El Derecho Indígena en el Ecuador y su aplicabilidad en el ámbito
4.1. Implicaciones de la resolución de la Corte Constitucional respecto al caso
En primer lugar es menester proporcionar los antecedentes del caso a
efectos de generar en el lector un mayor entendimiento del mismo y que
con base en ello sea posible dimensionar la importancia de la resolución
mencionada. El 23 de mayo de 2010, las autoridades indígenas de la co41 Código Orgánico Integral Penal. Artículo 9. Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014
42 Id,. Segunda Disposición Transitoria.
munidad de la Cocha43, en asamblea general, resolvieron sancionar a cinco
miembros de la comunidad por el delito de asesinato realizado dentro de
Ante ello, el Fiscal General del Estado, consideró que aquellas autoridades
no eran competentes para resolver este tipo de casos y ordenó que se iniciasen las investigaciones correspondientes para determinar la existencia
del delito de asesinato. Posteriormente, se prosiguió con las diligencias fiscales y se pronunció el auto de llamamiento a juicio, iniciándose un proceso penal con base en la jurisdicción ordinaria pese a que los inculpados ya
habían sido sancionados según los preceptos del Derecho Indígena.
Frente a estos sucesos, el señor Víctor Manuel Olivo Pallo, hermano de la
víctima, plantea una acción extraordinaria de protección en contra de la
decisión jurisdiccional indígena, en la cual se solicita que la Corte Constitucional se pronuncie respecto a la competencia de las autoridades indígenas para pronunciarse sobre la muerte de su hermano44.
Una vez proporcionado el cuadro fáctico cabe recalcar que toda resolución
emitida por la Corte Constitucional, en virtud a lo dispuesto en el numeral
tres del segundo artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional,45 es de carácter vinculante. Esto implica que las
consecuencias que de esta se desprendan deberán ser aplicadas por todos
los tribunales. Justamente por ello la resolución en el caso la Cocha es de
relevante importancia; ya que constituye el primer precedente de la Corte
en proporcionar un límite concreto a la competencia material de la jurisdicción indígena, al establecer que:
(…) La jurisdicción y competencia para conocer,
sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad
exclusiva y excluyente del Sistema de Derecho Penal Ordinario, aún
en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos
responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades,
43 La Cocha es una de las 11 comunidades pertenecientes a la parroquia rural de Zumbahua, cantón
Pujulí, provincia de Cotopaxi, República del Ecuador. Está se encuentra situada al noroeste de la parroquia Zumbahua, tiene aproximadamente 8.000 pobladores. Ximena, Ron. El control constitucional
de las decisiones jurisdiccionales indígenas en Ecuador. Óp cit., p. 79-83.
44 Ximena, Ron. El control constitucional de las decisiones jurisdiccionales indígenas en Ecuador.
Óp cit., p. 79-83.
45 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 66. Óp. cit.
pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran dentro
del ámbito territorial de una comunidad, pueblo o nacionalidad
La administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus
miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.46 (Énfasis añadido)
De la lectura de esta resolución de la Corte Constitucional se constata de
manera inmediata la clara intención del Derecho Estatal por limitar las
facultades de la Justicia Indígena. Sin embargo, esto tan solo se da respecto
a los delitos que atenten contra la vida, sin regular la existencia de la potestad de las autoridades indígenas para resolver sobre el cometimiento de
Por ello, dicha decisión no genera ningún avance real en la cuestión del
pluralismo jurídico, ya que en lugar de buscar que se establezcan, de una
vez por todas, verdaderas pautas para fijar los mecanismos de cooperación
entre ambas legislaciones; lo único que se obtuvo es la fijación de un solo
límite que no hace más que referirse al caso en concreto. Ello nos invita
entonces a cuestionarnos si, ¿acaso tendremos que esperar que se presenten
ante la Corte Constitucional causas respectivas a toda la variedad de tipos
penales, para que este órgano jurisdiccional vaya, progresivamente y de
manera discrecional, reglamentando las potestades de la jurisdicción indígena? O si, ¿el hecho de que dicha resolución se limite únicamente a los
delitos contra la vida, se traduce en la intención tácita de la Corte Constitucional de conceder, mediante aquella decisión, la facultad de las autoridades indígenas para conocer respecto a todos los demás tipos penales?
4.2. Los límites a la competencia material del Derecho Indígena como resultado de una interpretación intercultural inexistente
Para obtener una mayor perspectiva de la efectividad de la jurisdicción indígena en nuestra realidad jurídica, es necesario remitirnos al proyecto de
Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria -el cual se encuentra todavía en discusión
46 Corte Constitucional de Justicia. Sentencia en el caso “La Cocha”. Registro Oficial 058 de 30 de
en la Asamblea- con el fin de ofrecer al lector un cuadro más detallado
sobre cómo la legislación procura regular, en un futuro, la aplicabilidad del
El artículo 9 de dicho proyecto de ley pretende limitar la concepción de
conflicto interno, al afirmar que:
[...] No se considerará como conflicto interno:
1. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y aquellos contra
2.Los delitos contra la vida y la libertad sexual
3.Los delitos que tengan naturaleza transnacional o cuyo impacto exceda la jurisdicción donde la autoridad indígena ejerza su
4.Los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado
5.Los delitos contra la administración pública, tributarios y aduaneros
6.Los procesos contenciosos administrativos o en que el Estado
7.Los casos de violencia intrafamiliar, investigación o impugnación
de la paternidad y que versen sobre “pensiones de alimentos”47
De aquello se constata que pese a existir la posibilidad de una jurisdicción
indígena en el ámbito penal; esta no es total, ya que para ciertos tipos
penales, en especial aquellos que responden a delitos de acción pública, el
Estado procura que permanezcan exclusivamente bajo competencia de la
legislación penal estatal. Por lo cual, se percibe que, independientemente
de lo señalado en la norma constitucional y el Convenio 169 de la OIT,
existe una notoria tendencia a limitar la competencia jurisdiccional de las
autoridades indígenas en razón de la materia. Si aquella limitación no se
realiza de manera concreta y sobre todo mediante una integración de la
cosmovisión indígena; la jurisdicción ordinaria seguirá buscando permanentemente el modo de interferir en la justicia indígena so pretexto de
interpretar lo estipulado por la Constitución, buscando restringir las potestades jurisdiccionales previamente conferidas.
47 Jaime Vintimilla. Ley Orgánica de Cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la
jurisdicción ordinaria ecuatoriana: ¿un mandato constitucional necesario o una norma que limita a
los sistemas de justicia indígena? Quito: Cevallos, 2012. p. 72.
Por lo tanto, es necesaria la existencia de una ley de regule la aplicación
del pluralismo jurídico en el Ecuador, pero que aquello se haga en conformidad con la interpretación intercultural que por mandato constitucional
debe primar; ya que sin una normativa de esta naturaleza las autoridades
indígenas jamás podrán alcanzar la autonomía jurisdiccional que desde
1998 les es reconocida.
Ante esto se vuelve preciso recalcar el hecho de que esta intención estatal
por limitar la competencia de la justicia indígena en el ámbito penal, constituye una conducta contraria a la disposición normativa de realizar una
interpretación intercultural del Derecho. Se debe tomar en cuenta que en
el sistema jurisdiccional indígena, no “existen jueces y operadores jurídicos
especializados en la administración de justicia”48, debido a que en virtud
[…] no están siempre y necesariamente garantizados por
la coacción mediante un cuerpo especializado [incluso],
a veces son sancionados por el mero acuerdo, creencias y
controles “difusos”; y trasmitidos mediante la creencia en
mitos. Igualmente tampoco cabe exigir que las normas jurídicas estén especializadas y separadas de otras esferas de la
vida social.49
Por ello, al ser la división de la competencia material una concepción proveniente de la visión occidental del Derecho, imponerla a los sistemas de
justicia indígena resulta contraproducente y refleja en cierta medida, que a
pesar de los avances constitucionales respecto al pluralismo e interculturalidad jurídica, aún perdura la imposición de la perspectiva occidental por
sobre la indígena. Así, lejos de existir un verdadero pluralismo jurídico,
nos encontraríamos al contrario ante una simultaneidad de sistemas jurisdiccionales paralelos, los cuales carecen de mecanismos de cooperación
verdaderamente interculturales.50
48 Raúl Llasag. Jurisdicción y competencia en el derecho indígena o consuetudinario. www.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2006.2
/pr/pr2.pdf (12/09/2014). P. 755
49 Esther Sánchez Botero. La jurisdicción especial indígena. Santa fe de Bogotá: Procuraduría General de la Nación e Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2000, p. 59.
50 Cfr. Vintimilla, Jaime. Ley Orgánica de Cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la
jurisdicción ordinaria ecuatoriana. Óp. Cit., p. 120-122.
5. Conclusiones y opinión personal
Claro está que el Ecuador es un país pluricultural y que ante este hecho,
la visión monista del Derecho se presenta como incoherente e inadecuada.
El pluralismo jurídico surge como el sistema que más se adecúa a nuestra
realidad social, la cual se caracteriza por un sinnúmero de visiones, tradiciones y costumbres. No obstante, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución misma, establecen únicamente parámetros amplios y generales
sobre la aplicación de aquel sistema, por lo cual quedan muchos aspectos
sin respuestas concretas.
Como se ha evidenciado en este trabajo, no hay duda de que el ordenamiento jurídico no establece límites a la competencia en razón de la
materia del Derecho Indígena, contemplando así la posibilidad de que se
extienda al ámbito penal. De igual modo, tampoco hay duda respecto a la
voluntad que existe por delimitar dicha facultad únicamente a la sanción
de tipos penales de menor trascendencia en el orden público. En este sentido, el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre
la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria que pretende regular
ello, así como la vaguedad y falta de profundización en la resolución de la
Corte Constitucional en el caso La Cocha, reflejan la realización de una
interpretación contraria a la interculturalidad, que no demuestra la existencia de una pertinente consideración respecto a la verdadera naturaleza
de los sistemas de justicia indígena.
Han pasado 17 años desde que nuestra Constitución reconoce el pluralismo jurídico y hasta la fecha no se ha logrado consolidar una adecuada
coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena; dejando de este
modo el pluralismo jurídico en un mero discurso, pero sobre todo dejando
en la indefensión a una gran cantidad de comunidades y pueblos indígenas
que por muchos años han sufrido la violenta imposición de la visión occidental por sobre la suya. Todo ello nos invita entonces a cuestionarnos si
esta supuesta política inclusiva hacia los indígenas, no fue más que un discurso para ganar adeptos y una solución a corto plazo para evitar reclamos
y manifestaciones, pero sin una planificación a futuro para una verdadera
De igual manera, cabe recalcar el hecho de que para la verdadera existencia
de un sistema de administración de justicia pluricultural; es imprescindible
que exista una adecuada y profunda capacitación de todos los funcionarios
judiciales, para que ellos puedan entender y comprender la cosmovisión
indígena y evitar una aplicación monista e irreal del Derecho.
Por ende, si no logramos juntar estos dos factores principales: la aprobación de una ley que regule una cooperación necesariamente intercultural e
inclusiva entre ambos sistemas, y la capacitación a los servidores judiciales;
no podremos afirmar a ciencia cierta que en el Ecuador exista un verdadero
pluralismo jurídico. Al contrario estaríamos frente a un simple intento de
ello, que tan solo consta en el papel, pero que se vuelve ineficaz por la falta
de acciones estatales positivas que busquen una verdadera integración.
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