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Timestamp: 2018-07-16 20:28:29
Document Index: 94550943

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 130', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 161', 'artículo 30', 'artículo 42', 'artículo 52', 'artículo 66', 'artículo 72', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 66', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 14', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 42']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-4148
Documento BOE-A-2018-4148
«BOE» núm. 72, de 23 de marzo de 2018, páginas 32703 a 32726 (24 págs.)
BOE-A-2018-4148
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6036-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1 (por cuanto añade los arts. 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra), 2 [por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la Ley Foral 10/2010], 5 (por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados primero y segundo, a la Ley Foral 10/2010) de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. Han comparecido y formulado alegaciones la Comunidad Foral de Navarra y el Parlamento de Navarra, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Presidente don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el registro general del Tribunal Constitucional el día 14 de octubre de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (por cuanto añade los arts. 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra), 2 [por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la citada Ley Foral 10/2010], 5 (por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados primero y segundo, a la Ley Foral 10/2010) de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. El Abogado del Estado invocó los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de producir la suspensión de los preceptos recurridos.
Aduce, a modo de desarrollo del motivo, que «aunque la Exposición de Motivos de la Ley Foral haga mención expresa a la necesidad de ‘‘mejorar la definición de la función social de la propiedad de la vivienda’’, lo cierto es que en la parte dispositiva de la norma no se formula expresamente, pero se deduce claramente de los preceptos cuya impugnación se formaliza. En efecto, la ley define lo que debe entenderse por ‘‘vivienda deshabitada’’ y regula infracciones y sanciones en conexión con dicho concepto. Entre las causas de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad se regula la de mantener las personas jurídicas una vivienda deshabitada en los casos en que constituye infracción sancionable. Además, se prevé la expropiación del uso de viviendas por cinco años en determinados supuestos de procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria.... Estas previsiones [arts. 42 bis –apartados 2, 4, 5 y 6–, 52.2 a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010] delimitan el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda ejerciendo para ello competencias en materia de vivienda y urbanismo de la Comunidad Foral. Pues bien, no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad desde las competencias sectoriales de vivienda ni de urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Es notorio que el art. 149.1.8 CE reserva al Estado la competencia en materia de legislación civil, al igual que el art. 149.1.1 CE se refiere a la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales, en este caso, en relación con el art. 33 CE».
c) El segundo motivo impugnatorio se dirige contra los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto– y 42 ter, en la medida que el concepto «vivienda deshabitada», que tiene transcendencia en el régimen sancionador de la ley (el art. 66.1 tipifica como infracción muy grave «no dar efectiva habitación a la vivienda» en determinados supuestos), se define en tales preceptos con arreglo a presunciones y meros indicios, además de al margen del principio de culpabilidad, con lo que, a juicio del Abogado del Estado, vulneran el artículo 25 CE e incurren en inconstitucionalidad mediata por incumplimiento del artículo 130 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC). El Abogado del Estado entiende también vulnerado el artículo 9.3 CE porque «el tipo que establece la Ley Foral incurre en arbitrariedad, en la medida en que es notorio que las personas jurídicas no tienen poder de disposición absoluto sobre que una vivienda de su titularidad esté efectivamente ocupada».
d) La demanda sostiene, en tercer lugar, que «los artículos impugnados, concretamente los preceptos destinatarios del deber de ocupación de la vivienda y sus correspondientes consecuencias sancionadoras, así como, especialmente, la disposición adicional décima incurren en inconstitucionalidad por infracción del art. 14 CE porque discrimina arbitrariamente a las personas jurídicas, de forma que hace depender la existencia del tipo infractor de que el propietario de la vivienda sea una persona física o jurídica... Se vulneran en consecuencia los arts. 14 y 9.3 CE, en cuanto establecen la garantía de la igualdad y no discriminación y la interdicción de la arbitrariedad. Este motivo de inconstitucionalidad es particularmente evidente en el caso de la disposición adicional décima que tiene como único sujeto pasivo ‘‘las viviendas incursas en procedimiento de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos’’. Esta restricción del ámbito subjetivo de aplicación de la norma discrimina, sin fundamento constitucional legítimo a las entidades de crédito y de gestión de activos, frente a otras personas jurídicas que pueden actuar en el mercado (inmobiliarias, promotores, fondos de inversión, etc.)».
e) La cuarta impugnación se articula por infracción, por todas las normas recurridas, y en especial por el artículo 7 de la Ley Foral 24/2013, de las competencias estatales en materia de «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13 CE) y de ordenación del crédito y la banca (art. 149.1.11 CE). Parte la demanda de que la STC 37/1987, de 26 de marzo, que se pronunció sobre la Ley 8/1984, de 2 de julio, de reforma agraria de Andalucía, la cual imponía «deberes positivos a los propietarios de tierras rústicas» y «la expropiación de las facultades de uso» en caso de incumplimiento, concluyó que «ninguna de estas normas … alcanza a desplegar una eficacia incisiva en la política económica general del Estado o en los elementos básicos de la misma, que es lo que se trata de preservar … con lo que establece el art. 149.1.13 CE». Pero a continuación matiza que, a diferencia de aquéllas, «las medidas autonómicas aquí impugnadas tienen la virtualidad de poner en verdadero peligro una de las líneas más esenciales de actuación en materia de política económica abordadas por el Estado, a saber: la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y de comenzar una senda de crecimiento económico».
Justifica esta afirmación con un argumento organizado en dos subepígrafes. De un lado, bajo el título «contenido constitucional del título previsto en el art. 149.1.13 CE», pone de relieve, en síntesis, que «habida cuenta de la relevancia que presenta el sistema financiero para el funcionamiento de la economía en su conjunto, la presencia de una regla competencial específica, como es, en lo que ahora exclusivamente interesa, la relativa a la ordenación del crédito y la banca, no puede significar el completo desplazamiento de la regla competencial atinente a la planificación general de la actividad económica. Al respecto, este Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones que dentro de la competencia de ‘‘ordenación general de la economía’’ tienen cabida ‘‘las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector’’» (STC 235/1999, FJ 2). De otro, bajo el título «acciones estatales para la reestructuración del sistema financiero español», afirma que «las previsiones de la Ley Foral impugnada inciden en las competencias estatales derivadas de los apartados 11 y 13 del art. 149.1 CE en la medida en que pueden presentar un impacto significativo sobre la situación financiera de las entidades, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipotecarias y en la adecuada finalización del proceso de reforma financiera», apoyando su criterio en informes del Ministerio de Economía y Competitividad de 11 de octubre de 2013, del Banco de España de 9 de octubre de 2013 y de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) de 30 de septiembre de 2013, que se adjuntan con la demanda.
El primero de ellos, destaca la demanda, expone que «la SAREB es pieza esencial en el complejo proceso de reestructuración del sector financiero en que se halla inmerso nuestro país, tal y como resulta de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito». Ley 8/2012, según este informe, dice en su preámbulo que «con el fin de aislar y dar salida en el mercado a los activos cuya integración en el balance de las entidades está lastrando la recuperación del crédito, en el Capítulo II se prevé la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. Para ello es preciso garantizar que su valoración resulte ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades citadas». También según ese informe, «la aprobación de la Ley 9/2012 ‘‘se enmarca en el programa de asistencia a España para la recapitalización del sector financiero, que nuestro país ha acordado en el seno del Eurogrupo y que se ha traducido, entre otros documentos, en la aprobación de un Memorando de Entendimiento’’. Así, ‘‘se prevé la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito’’ y ‘‘la posibilidad de que el FROB ordene a la entidad de crédito correspondiente el traspaso de los activos problemáticos a una sociedad de gestión de activos’’».
Por otro lado, el Abogado del Estado reseña que el Informe del Banco de España citado destaca que «la Comisión Europea señaló en el informe relativo a la tercera revisión del Programa [de asistencia financiera] … el potencial impacto negativo de iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios para las actividades de la SAREB, tanto de forma directa (sanciones por inmuebles deshabitados) como indirecta (por el aumento de la incertidumbre que puede desincentivar las ofertas de potenciales compradores y deteriorar el valor de la cartera de activos de la SAREB)».
Además, valorando el impacto con la óptica de las competencias del Banco de España, dice dicho informe que «la aplicación de las medidas contenidas en la Ley Foral 24/2013 genera incertidumbre sobre el marco en el que las entidades de crédito o la propia SAREB podrán gestionar sus activos inmobiliarios. Ello es motivo de inquietud para esta Institución desde la perspectiva de sus responsabilidades supervisoras y de estabilidad financiera, por lo que pueda afectar a la evolución de los márgenes y de los resultados de las entidades en un entorno financiero tan complicado como el actual». Esta inquietud se concreta en los siguientes aspectos: a) «la Ley Foral 24/2013 tiene entre sus finalidades básicas la articulación de un mecanismo de protección frente a desahucios para aquellos ciudadanos en especiales circunstancias de exclusión. La consecución de dicho objetivo ya había motivado en su momento la aprobación por parte del Gobierno de los Reales Decretos-leyes 6/2012 y 27/2012, por los que se adoptaron una serie de medidas destinadas a proteger a los deudores hipotecarios sin recursos, modificados por la Ley 1/2013 … La coexistencia de dos regímenes (estatal y foral) con idéntica finalidad pero distinta articulación jurídica hace previsible que surjan conflictos de aplicación que pongan en riesgo tanto la deseable seguridad jurídica como la propia finalidad de protección perseguida por estas normas»; b) «la eventual aplicación de la norma foral resulta … preocupante … habida cuenta de los siguientes factores: (i) el plazo máximo de la expropiación forzosa del derecho de uso por razones de emergencia social en Navarra es de 5 años a contar desde la fecha del lanzamiento o desde que termine el plazo de suspensión prevista en la norma estatal; (ii) el importe de las sanciones de multa por infracciones muy graves es … de 30.001 hasta 300.000 €; (iii) existen supuestos adicionales de expropiación forzosa no ligados a circunstancias de emergencia social».
2. Mediante providencia de 5 de noviembre de 2013 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra los artículos 1 (por cuanto añade los arts. 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto·, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra), 2 [por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la citada Ley Foral 10/2010], 5 (por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados primero y segundo, a la Ley Foral 10/2010) de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Navarra, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –14 de octubre de 2013– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Navarra; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Navarra».
g) Según la alegación séptima de este escrito, «es claro que la Ley Foral impugnada –y en concreto la nueva disposición adicional décima de la Ley Foral 10/2010– no afecta al equilibrio general de la economía y solo guarda una relación muy lejana e indirecta con el sector financiero, con el mercado de cédulas y bonos hipotecarios y con el crédito hipotecario», con lo que no invaden el ámbito competencial que los artículos 149.1.11 y 13 reserva al Estado. Expone varios argumentos en su apoyo: a) el recurso y los informes aportados se fundan en aseveraciones genéricas sin fundamento real o científico alguno; b) se magnifica el alcance de las medidas. Resulta del informe emitido por el Colegio de Registradores de España en abril de 2012 que, aun cuando las ejecuciones hipotecarias suponen un grave problema social, desde la perspectiva del mercado hipotecario y las cifras macroeconómicas se trata de un problema menor; c) la incertidumbre a la que aluden es un elemento normal en el mercado, derivado en particular del riesgo regulatorio propio de su actividad; d) «el deterioro de los activos inmobiliarios ha obedecido y obedece a otras causas» y e) «otros Estados miembros de la Unión Europea (destacadamente, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia) disponen de normas que persiguen la ocupación de viviendas vacías procurando la función social de la propiedad, sin que ello haya acarreado ninguno de los graves y perniciosos efectos señalados de adverso».
a) Sobre la correcta delimitación del objeto del recurso, alega esta parte, «debe ponerse de manifiesto la incongruencia de la representación del Estado a la hora de impugnar los artículos 42 quater,quinquies y sexies, habida cuenta que el alto cuerpo consultivo del Estado, en su dictamen sobre el que descansa parte de la argumentación del recurso, no considera que los mencionados preceptos vulneren precepto constitucional alguno», lo que es relevante porque, a su juicio, si bien la solicitud de emisión del dictamen no es con carácter general presupuesto procesal de la admisión del recurso, el dictamen que se dicte acota el objeto de la impugnación.
c) En cuanto al segundo motivo del recurso, esta parte afirma que los artículos 42 bis y 42 ter no desconocen ni el principio de culpabilidad (pues el hecho constitutivo de la infracción –no dar habitación a la vivienda– se realiza conscientemente por acción u omisión y en el caso de las personas jurídicas puede imputarse a las personas físicas que integran los correspondientes organismos rectores o de dirección), ni el de presunción de inocencia (pues este es compatible con el empleo de pruebas indiciarias siempre que cumplan ciertos requisitos –SSTC 174/1985, 175/1985 y 229/1988– y porque los indicios previstos en el artículo 42 ter solo dan lugar a la incoación del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada, dentro del cual cabe aportar o proponer pruebas que los desvirtúen), ni tampoco puede estimarse la alegada arbitrariedad (art. 9.3 CE), pues esta ni siquiera se razona con el detalle exigido por la doctrina constitucional cuando se invocan conceptos tan generales (STC 49/2008).
El Pleno acordó, mediante el ATC 69/2014, de 10 de marzo, mantener la suspensión de los artículos 1 [por cuanto añade los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra], 2 [por cuanto modifica el artículo 52.2 a) de la Ley Foral 10/2010], 5 [por cuanto modifica el artículo 66.1 de la Ley Foral 10/2010], 6 [por cuanto modifica el artículo 72.2 de la Ley Foral 10/2010)] y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados primero y segundo, a la Ley Foral 10/2010) de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 52.2 a), 66.1, 72.2 y la disposición adicional décima –apartados primero y segundo– de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, todos ellos en la redacción dada por la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
La demanda impugna los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 52.2 a), 66.1 y 72.2 por vulnerar las cláusulas 1 y 8 del artículo 149.1 CE en relación con el artículo 33 CE. Alega también que los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, 5 quinto y sexto– y 42 ter desconocen los principios de presunción de inocencia y culpabilidad (arts. 25 CE sic y 130 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: LPC) y el de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). Sostiene, adicionalmente, que incurren en discriminación arbitraria (art. 14 y 9.3 CE) los preceptos que asocian consecuencias sancionadoras al incumplimiento del deber de ocupación efectiva de la vivienda solo respecto de las personas jurídicas, así como la disposición adicional décima en la medida que la expropiación de uso que regula solo se prevé para un tipo de personas jurídicas con exclusión de cualesquiera otras. En fin, argumenta que todos los preceptos indicados invaden las competencias atribuidas al Estado por los números 11 y 13 del artículo 149.1 CE e infringen el principio de proporcionalidad.
5. El primer motivo de impugnación es de índole competencial y se dirige contra los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter a 42 sexies, 52.2 a), 66.1, 72.2 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013. El Abogado del Estado sostiene que los citados preceptos disponen, aunque sea de un modo tácito, que el deber de destinar la vivienda de modo efectivo a habitación integra el contenido esencial del derecho de propiedad sobre la misma como manifestación de su función social. Y de modo complementario añade que «no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad desde las competencias sectoriales de vivienda ni de urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes», añadiendo que este ámbito está reservado al Estado por los apartados primero y octavo del artículo 149.1 en relación con el artículo 33 CE.
Debemos concluir, a partir de tales razones, que los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto– y 42 ter a 42 sexies de la Ley Foral 10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013, no prevén, ni siquiera de un modo tácito, que el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación forme parte del contenido esencial de ese tipo de derecho de propiedad como manifestación de su función social. Rechazamos, por tanto, la premisa del argumento con el que el Abogado del Estado sostiene que estos preceptos han invadido el espacio competencial reservado al Estado por el artículo 149.1.1 y 8 CE, lo que nos conduce necesariamente a desestimar esta impugnación en relación a ellos.
Tratándose de la definición de la función social del derecho de propiedad, el punto de partida ha de ser la doctrina constitucional establecida en la STC 37/1987, de 26 de marzo, según la cual «la incorporación de una vertiente institucional al derecho de propiedad privada hace que la función social que este derecho debe satisfacer no es ni puede ser igual en relación con todo tipo de bienes... [E]sa dimensión institucional del derecho de propiedad privada no puede desligarse de la regulación de los concretos intereses generales que imponen una delimitación específica de su contenido. En consecuencia, corresponde a quien tiene atribuida la tutela de tales intereses –o, lo que es lo mismo, la competencia en relación con cada materia que pueda incidir sobre el contenido de la propiedad– establecer, en el marco de la Constitución, las limitaciones y deberes inherentes a la función social de cada tipo de propiedad».
Para resolver esta cuestión debemos partir de las notas con que la doctrina constitucional ha caracterizado la intervención de la legislación estatal ex artículo 149.1.1 CE, destacando entre ellas que «en tanto que esa legislación estatal no se haya dictado, resultará sumamente difícil atribuir a la legislación autonómica una invasión competencial, ya que el artículo 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito material excluyente de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas ‘‘condiciones básicas’’ uniformes– el ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales» (SSTC 173/1998, de 23 de julio, FJ 9, 178/2004, de 21 de octubre, FJ 7), lo que convierte el enjuiciamiento de una ley autonómica a la luz del artículo 149.1.1 CE en un análisis de constitucionalidad mediata (STC 94/2014, de 12 de junio), que comienza con la identificación de la ley estatal que, dictada en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 149.1.1 CE, va a operar como parámetro de constitucionalidad.
La STC 37/1987, FJ 8, ya se pronunció acerca de en qué medida la disciplina normativa del derecho de propiedad privada se incardina en el título competencial «legislación civil» que atribuye al Estado el artículo 149.1.8 CE. Distinguió al efecto dentro de él una vertiente individual y otra institucional y precisó que «el derecho a la propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que supone … la definitiva incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de propiedad … Como es lógico, esta delimitación no se opera ya sólo en la legislación civil, sino también en aquellas otras Leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada».
9. El segundo motivo de impugnación se deduce contra el artículo 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto– y el artículo 42 ter Ley Foral 10/2010, en la redacción dada por el artículo 1 Ley Foral 24/2013. Aduce el Abogado del Estado que estos preceptos, en tanto que definen mediante presunciones y meros indicios la situación de vivienda no efectivamente ocupada y correlativamente el tipo infractor regulado en el artículo 66.1, vulneran los principios de presunción de inocencia y culpabilidad (arts. 25 CE y 130 Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999) y el de prohibición de la arbitrariedad del artículo 9.3 CE, este último porque las personas jurídicas afectadas por el tipo infractor del artículo 66.1 no tendrían «poder de disposición absoluto sobre que una vivienda de su titularidad esté efectivamente ocupada».
La demanda no contiene ninguna argumentación relativa a las notas constitutivas del canon de igualdad ex artículo 14 CE, ni precisa la condición peyorativa histórica o socialmente arraigada que concurra en el sujeto discriminado, por lo que el Tribunal ceñirá su análisis a determinar si las diferencias normativas recurridas «carece[n] de toda explicación racional … sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias» (STC 38/2016, de 3 de marzo, FJ 8, y las allí citadas).
Esta conclusión es conforme con la doctrina constitucional afirmada en la STC 37/1987, FJ 7, según la cual ninguna norma autonómica «que en parte introdu[zca] modificaciones de índole social y en parte sólo correcciones de mera técnica jurídica a lo ya dispuesto por las citadas leyes estatales … alcanza a desplegar una eficacia incisiva en la política económica general del Estado o en los elementos básicos de la misma». La disposición foral aquí enjuiciada, al igual que se dijo en la STC 93/2015 de la disposición andaluza allí anulada, lejos de consistir en una mera modificación o corrección de técnica jurídica respecto de la solución arbitrada por [la normativa estatal], responde a un principio incompatible» (STC 93/2015, FJ 18).
Conforme al canon de enjuiciamiento formulado en el fundamento jurídico 11, hay que examinar primero si las previsiones legales cuyo menoscabo invoca el Estado son legítimo ejercicio de la competencia que le reserva el artículo 149.1.13 CE. Y en ello ha de partirse de la doctrina constitucional reiterada según la que «dentro de la competencia de ‘‘ordenación general de la economía’’ tienen cabida ‘‘las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector’’» (por todas, SSTC 68/2017, de 25 de mayo, FJ 11, y las allí citadas).
Este Tribunal ya ha declarado amparadas por el ámbito competencial que el artículo 149.1.13 CE asigna al Estado ciertas medidas orientadas a reestructurar el sistema financiero afectado por la reciente crisis económica. Así lo afirmó la STC 182/2013, de 23 de octubre, FJ 4, respecto del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, señalando además que «constituye una norma que ha cubierto una fase temporal en el seno de un proceso de reestructuración bancaria aun en curso». La STC 182/2013 reconoció igualmente que en ese «proceso en curso» se incardinaban otras normas estatales, entre las que incluyó expresamente la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Procede añadir ahora que las medidas recogidas en las otras normas que invoca el Abogado del Estado como menoscabadas –el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero; y la Ley 8/2012, de 30 octubre, de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero– también fueron acordadas en función del mismo proceso de reestructuración bancaria. Cabe concluir, por tanto, que las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 2/2012 y en las Leyes 8/2012 y 9/2012, en tanto responden a la categoría «acciones singulares necesarias para alcanzar los fines de la ordenación de cada sector», constituyen un legítimo ejercicio de la competencia que atribuye el artículo 149.1.13 CE al Estado.
16. Analizaremos a continuación si el resto de preceptos forales impugnados (arts. 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto–, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, y 42 sexies, 52.2 a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, añadidos por la Ley Foral 24/2013) interfieren significativamente, o lo que es lo mismo «despl[iegan] una eficacia incisiva» (STC 37/1987), en la efectividad de las medidas estatales de política económica expuestas, esto es, si conllevan un sensible obstáculo para la recuperación de la solvencia de las entidades de crédito o para la adecuada realización del proceso de desinversión encargado a la SAREB.
Por otra parte, los artículos 42 bis –apartados segundo, cuarto, quinto y sexto– y los artículos 42 ter a 42 sexies, todos ellos de la Ley Foral 10/2010, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Foral 24/2013, no son más, según ya hemos dicho, que previsiones accesorias de las actuaciones de fomento en materia de vivienda reguladas en el artículo 42 septies, con lo que carecen de nexo con los gravámenes regulados en otros capítulos de la Ley. De este modo, únicamente el artículo 42 quater impone verdaderas obligaciones al propietario, que al ser de información y colaboración no desbordan en ningún caso el equilibrio justo entre el interés público perseguido y el sacrificio exigido al propietario.
DICTADA en el Recurso 6036/2013 (Ref. BOE-A-2013-11886).
la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición aidcional 10.1 y 2 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción dada por la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio (Ref. BOE-A-2010-8618) y (Ref. BOE-A-2013-8196).