Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-derecho-persona-70295625
Timestamp: 2020-04-03 20:49:26
Document Index: 25067393

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 89', 'artículo 101', 'artículo 96', 'artículo 102', 'artículo 135', 'artículo 59', 'artículo 75', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 20', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'ARTÍCULO 68', 'ARTÍCULO 69', 'ARTÍCULO 70', 'ARTÍCULO 71', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'ARTÍCULO 76', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 77', 'ARTÍCULO 78', 'ARTÍCULO 79', 'artículo 69', 'ARTÍCULO 80', 'ARTÍCULO 81', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 84', 'ARTÍCULO 85', 'ARTÍCULO 86', 'ARTÍCULO 87', 'ARTÍCULO 88', 'ARTÍCULO 89', 'ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 92', 'ARTÍCULO 93', 'ARTÍCULO 94', 'ARTÍCULO 95', 'ARTÍCULO 96', 'ARTÍCULO 97', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 99', 'ARTÍCULO 100', 'artículo 102', 'artículo 95', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 102', 'ARTÍCULO 103', 'ARTÍCULO 104', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 106', 'ARTÍCULO 107', 'ARTÍCULO 108', 'ARTÍCULO 109', 'ARTÍCULO 110', 'ARTÍCULO 111', 'ARTÍCULO 112', 'ARTÍCULO 113', 'artículo 110', 'ARTÍCULO 114', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 117', 'artículo 102', 'ARTÍCULO 118', 'ARTÍCULO 119', 'ARTÍCULO 120', 'ARTÍCULO 121', 'artículo 99', 'ARTÍCULO 122', 'ARTÍCULO 123', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 125', 'ARTÍCULO 126', 'ARTÍCULO 127', 'ARTÍCULO 128', 'ARTÍCULO 129', 'ARTÍCULO 130', 'ARTÍCULO 131', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 132', 'ARTÍCULO 133', 'ARTÍCULO 134', 'ARTÍCULO 135', 'ARTÍCULO 136', 'ARTÍCULO 137', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 138', 'ARTÍCULO 139', 'ARTÍCULO 140', 'ARTÍCULO 141', 'ARTÍCULO 142', 'ARTÍCULO 143', 'ARTÍCULO 144', 'ARTÍCULO 145', 'ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 147', 'ARTÍCULO 148', 'ARTÍCULO 149', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 150', 'ARTÍCULO 151', 'ARTÍCULO 152', 'ARTÍCULO 153', 'ARTÍCULO 154', 'ARTÍCULO 155', 'ARTÍCULO 156', 'ARTÍCULO 157', 'ARTÍCULO 158', 'ARTÍCULO 159', 'ARTÍCULO 160', 'ARTÍCULO 161', 'artículo 158', 'ARTÍCULO 162', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 164', 'ARTÍCULO 165', 'ARTÍCULO 166', 'artículo 405', 'ARTÍCULO 167', 'ARTÍCULO 168', 'artículo 59', 'artículo 75', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 17', 'artículo 60', 'Artículo 60', 'artículo 63', 'Artículo 63', 'artículo 46', 'artículo 43']

Ley de Derecho de la Persona de Aragón (Ley 13/2006, de 27 de diciembre) - Normativa de Aragón - Legislación - VLEX 70295625
Ley de Derecho de la Persona de Aragón (Ley 13/2006, de 27 de diciembre)
SECCIÓN 1ª. Mayoría y minoría de edad - arts. 1 a 8
SECCIÓN 2ª. La persona menor de catorce años - arts. 9 a 19
SECCIÓN 3ª. El menor mayor de catorce años - arts. 20 a 26
SECCIÓN 4ª. El menor emancipado - arts. 27 a 30
SECCIÓN 1ª. La persona incapaz y la incapacitada - arts. 31 a 37
SECCIÓN 2ª. Prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda - arts. 38 a 42
CAPÍTULO III. La ausencia - arts. 43 a 52
CAPÍTULO PRIMERO. Efectos de la filiación - arts. 53 a 59
SECCIÓN 1ª. Principios generales - arts. 60 a 67
SECCIÓN 2ª. Ejercicio de la autoridad familiar por los padres - arts. 68 a 71
SECCIÓN 3ª. Autoridad familiar de otras personas - arts. 72 a 76
SECCIÓN 4ª. Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar - arts. 77 a 80
CAPÍTULO III. Gestión de los bienes de los hijos - arts. 81 a 86
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales - arts. 87 a 94
SECCIÓN 1ª. Delación voluntaria - arts. 95 a 100
SECCIÓN 2ª. Delación dativa - arts. 101 a 103
SECCIÓN 3ª. Delación legal - arts. 104 a 108
CAPÍTULO III. Capacidad, excusa y remoción - arts. 109 a 115
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 116 a 121
SECCIÓN 2ª. Contenido y ejercicio - arts. 122 a 129
SECCIÓN 3ª. Extinción de la tutela y rendición final de cuentas - arts. 130 a 133
CAPÍTULO V. La curatela - arts. 134 a 138
CAPÍTULO VI. El defensor judicial - arts. 139 a 141
CAPÍTULO VII. La guarda de hecho - arts. 142 a 145
SECCIÓN 1ª. La guarda administrativa - arts. 146 a 150
SECCIÓN 2ª. El acogimiento familiar - arts. 151 a 155
TÍTULO IV. De la Junta de Parientes - arts. 156 a 168
UNICA. Términos genéricos
SEGUNDA. Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todavía
TERCERA. Prodigalidad
CUARTA. Gastos de maternidad
QUINTA. Autoridad familiar por personas distintas de los padres
UNICA. Derogación del Libro Primero de la Compilación del Derecho Civil de Aragón
PRIMERA. Modificación de la Ley de sucesiones por causa de muerte
SEGUNDA. Modificación de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad
Norma citada en: 265 sentencias, 53 artículos doctrinales, 22 disposiciones normativas, 8 temas prácticos, 6 formularios
En algunos ámbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como mínimo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce años) ha de ser oído antes de la adopción por otros (particulares o autoridades públicas) de medidas que le afecten en su persona o bienes (artículo 3). El criterio del juicio suficiente no es de aplicación tan simple y automática como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al mismo, por sí solo o con adición de otros, cuando, fuera del ámbito de los derechos y el tráfico patrimoniales, se trata de tomar decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la vida, la integridad física, el honor, la intimidad o la propia imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar no solamente el desarrollo psíquico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino también la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisión que ha de tomarse, de modo que cuando la decisión se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce años, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (artículo 31).
En particular, el menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo ejercer los derechos de la personalidad (artículo 4), ejercicio en el que, en ningún caso, es posible la representación. Esta regla general estará matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado aplicables en Aragón por encima de esta ley civil, en particular leyes orgánicas, desdichadamente poco coherentes entre sí en este punto y en las que las limitaciones habrán de interpretarse en sentido restrictivo, como se ha dicho. También hay que tener en cuenta que en esta ley se regulan diversos supuestos de intromisión de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisión (artículos 17 y 21, según el menor haya cumplido o no los catorce años).
En esta Sección, las disposiciones sobre materia estrictamente patrimonial atienden únicamente a cuestiones de principio. Al menor titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute, según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés en razón de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno (artículo 5, que recoge en lo esencial el texto del artículo 11 de la Compilación). La administración de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria asistencia en cada caso. El artículo 6 hace referencia también a los supuestos en los que la administración y disposición de ciertos bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión).
Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los menores de catorce años (artículo 19), o de los otorgados en su nombre por sus representantes sin la necesaria autorización o aprobación (artículo 16). En todos los casos se evita la nulidad absoluta cuando la invalidez persigue proteger el interés particular de persona determinada, siguiendo la tónica de las leyes civiles aragonesas. Solo será nulo de pleno derecho el acto realizado por un menor que vulnere leyes que exijan una capacidad específica o le señalen prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto distinto. En los demás, será la anulabilidad el régimen de invalidez, de manera que el propio menor estará siempre legitimado para anular el acto desde que cumpla catorce años, con la debida asistencia en principio, y sin ella cuando por la mayoría de edad o la emancipación hubiera podido realizar el acto sin asistencia; la acción prescribirá a los cuatro años contados desde este momento. Además, estará legitimado el representante legal (solo el que no haya intervenido en el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorización o aprobación) hasta que el menor cumpla los catorce años. Quienes pueden anular pueden también, alternativamente, confirmar. Por otra parte, cabe que los actos del menor sean válidos originariamente si, no siendo de los que necesitarían intervención de la Junta de Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, este ha autorizado el acto del menor.
Tratándose de menores de catorce años (artículo 17), si la persona tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier intromisión de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo que contra su voluntad la injerencia solo será posible con autorización judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino que, para su protección, requiere autorización conjunta de quienes ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorización que podrá suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la intromisión sólo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
Para los menores que han cumplido catorce años (artículo 21), la regla es que la intromisión de terceros en sus derechos de la personalidad depende exclusivamente de su voluntad, si bien, cuando su decisión suponga un grave riesgo para su vida o su integridad física o psíquica, necesitará adicionalmente la autorización de uno cualquiera de sus padres que estén en el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. Contra la voluntad del mayor de catorce años solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor. Si no está en condiciones de decidir sobre la intromisión (contra la presunción del artículo 31) esta solo será posible cuando lo exija el interés del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
De este modo queda claro que la gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando esta se ejerce por los padres (artículo 6), y entonces se rige por las normas contenidas en los artículos 81 a 86, que desarrollan los preceptos de la Compilación a los que vienen a sustituir.
La tutela era únicamente dativa y testamentaria, pues la Observancia. 9.ª De tutoribus establecía que nadie fuera admitido como tutor si no estaba designado por el Juez o el testador. Tenía carácter troncal, de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de donde procedían los bienes que habían de ser administrados (F. 4.º, De tutoribus, Monzón, 1533); consiguientemente, cabía una pluralidad de tutores, y así se hace patente en la Observancia. 1.ª De tutoribus: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos menores, por razón de los bienes que tienen por parte del padre o madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se darán dos tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por parte de madre en los maternos.
Prevalece la delación voluntaria, puesto que la dativa o judicial es subsidiaria y complementaria de aquella (artículo 89.2) y únicamente procede en su defecto, total o parcial (artículo 101), mientras que la legal está prevista tan solo en caso de desamparo de menores o incapacitados (artículos 89.1. c, y 104 a 108).
Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados que están bajo su autoridad, mediante testamento o escritura pública (artículo 96). Se prevén reglas para cuando haya pluralidad de designados o disposiciones incompatibles, así como la vinculación del Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias. Solo en ausencia de estas procede la designación judicial de las personas del elenco ordenado del artículo 102.
A la curatela, objeto del Capítulo V, pueden estar sujetos los emancipados, así como los incapacitados en el caso de que así lo determine la sentencia de incapacitación. No hay una curatela para los pródigos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados (huérfanos, en el supuesto más frecuente), solo se constituirá la curatela a instancia de estos, pues su cometido es únicamente la intervención o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden realizar por sí solos (artículo 135). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la sentencia de incapacitación, de manera que tanto puede limitarse al ámbito personal como incluir poderes de representación, si bien el parámetro supletorio es la situación de un menor mayor de catorce años, criterio aplicable también a la prestación de la asistencia.
Tres normas específicas de Derecho intertemporal se ocupan de la prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegración de su capacidad por las personas declaradas pródigas con anterioridad a la ley; de los gastos de maternidad, señalando que el artículo 59 solo se aplicará respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad a la ley, y de la autoridad familiar de otras personas, acomodándola en todo caso a lo dispuesto en el artículo 75.3.
TÍTULO PRIMERO De la capacidad y estado de las personas Artículos 1 a 52
CAPÍTULO PRIMERO Capacidad de las personas por razón de la edad Artículos 1 a 30
SECCIÓN 1ª Mayoría y minoría de edad Artículos 1 a 8
ARTÍCULO 1 Mayoría de edad.
Es mayor de edad:
El que ha cumplido los dieciocho años.
El que ha contraído matrimonio.
El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley.
La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría de edad adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe.
Artículo citado en: 4 sentencias, 3 temas prácticos, 2 formularios
ARTÍCULO 2 Minoría de edad.
El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación conforme a su personalidad.
El menor de edad está sujeto a autoridad familiar y, subsidiariamente, a tutela o curatela.
La representación legal del menor termina al cumplir los catorce años; desde entonces, su capacidad se completa con la asistencia.
Los guardadores legales ejercerán sus funciones siempre en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autonomía en la organización de su propia vida.
El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea ilícito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones.
En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública competente en materia de protección de menores adoptará en interés del menor las medidas oportunas.
ARTÍCULO 3 Derecho del menor a ser oído.
Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su persona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años.
ARTÍCULO 4 Capacidad del menor.
El menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo:
Ejercer los derechos de la personalidad.
Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes a los usos sociales.
Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda realizar sin necesidad de representación o asistencia.
Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva.
ARTÍCULO 5 Patrimonio del menor.
Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y, consiguientemente, su disfrute, así como los frutos y productos de cualesquiera otros que se le hubieren confiado.
ARTÍCULO 6 Administración y disposición.
La administración de los bienes del menor no emancipado, así como la disposición hasta que cumpla los catorce años, compete a los padres, como función aneja a la autoridad familiar, y, en defecto de ambos, al tutor.
Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición correspondan al tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión. En los dos últimos casos se estará a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.
ARTÍCULO 7 Intervención judicial.
En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará:
Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este deber por sus guardadores.
Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.
Las medidas necesarias para evitar la sustracción del menor por alguno de los progenitores o por terceras personas.
ARTÍCULO 8 Cómputo de la edad.
Para el cómputo de la edad se incluirá completo el día del nacimiento.
SECCIÓN 2ª La persona menor de catorce años Artículos 9 a 19
ARTÍCULO 9 Representación legal.
La representación legal del que no ha cumplido los catorce años incumbe a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.
Se exceptúan de la representación legal los actos relativos a derechos de la personalidad.
Las personas a las que corresponda la administración y disposición de los bienes del menor conforme al artículo 6 le representarán en la realización de dicho tipo de actos.
ARTÍCULO 10 Oposición de intereses.
Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposición de intereses en algún asunto:
Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, la actuación de este requiere autorización de la Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria además la autorización o aprobación que en su caso exija el acto. También podrá ser representado por un defensor judicial.
Si es por parte de ambos padres o tutores, la representación corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representación del menor en actos que requieran autorización o aprobación, esta será necesariamente judicial.
Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la administración de los mismos bienes, le representarán los titulares de la autoridad familiar o el tutor.
Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de ser representados por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
ARTÍCULO 11 Atribuciones gratuitas.
El representante legal del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribución gratuita en favor de este. Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución.
También precisa autorización previa para aceptar donaciones modales u onerosas. En caso de denegación, se entenderá rechazada la donación.
ARTÍCULO 12 Actos de disposición.
El representante del menor necesita autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
Realizar actos de disposición sobre inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones económicas, valores mobiliarios, bienes muebles de valor extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se exceptúa la enajenación de acciones o derechos de suscripción preferente por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa.
Realizar actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades usuales.
Renunciar a derechos de crédito.
Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garantizar con derecho real obligaciones ajenas.
Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones económicas, por plazo superior a seis años, computándose a estos efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el contrato.
Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.
Transigir o allanarse.
No será necesaria la indicada autorización para tomar dinero a préstamo o crédito, incluso por vía de subrogación, para financiar la adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garantía real sobre los bienes adquiridos.
Artículo citado en: 2 temas prácticos, 3 formularios
ARTÍCULO 13 Autorización en caso de tutela.
El tutor del menor que no ha cumplido los catorce años necesita también autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
ARTÍCULO 14 División de patrimonio o cosa común.
La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido practicada en representación del menor:
Por el tutor, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de Parientes o del Juez.
Por la Junta de Parientes o un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes, la aprobación será necesariamente judicial.
Por el único padre titular de la autoridad familiar con el que exista oposición de intereses si no se ha obtenido autorización previa.
ARTÍCULO 15 Concesión de la autorización o aprobación.
La autorización o aprobación requerida en los artículos anteriores solo se concederá en interés del menor, por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.
La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
ARTÍCULO 16 Falta de autorización o aprobación.
Serán anulables los actos realizados sin la debida autorización o aprobación:
A petición del representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta que el menor cumpla catorce años.
A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
ARTÍCULO 17 Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.
Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor de catorce años se regirá por las siguientes reglas:
Si tiene suficiente juicio, requerirá su consentimiento y la autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar o del tutor; en caso de negativa de alguno de ellos, su autorización podrá ser suplida por el Juez.
Contra su voluntad solo será posible la intromisión con autorización judicial en interés del menor.
Si no tiene suficiente juicio, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
Para internar al menor contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial.
ARTÍCULO 18 Prestación personal.
Los contratos que impliquen alguna prestación personal del menor de catorce años que tenga suficiente juicio requieren su consentimiento previo y la autorización de quienes ostenten su representación legal.
ARTÍCULO 19 Invalidez de los actos del menor.
El acto celebrado por un menor de catorce años sin capacidad para ello será inválido. No obstante, será válido si medió autorización previa de su representante legal y el acto no requería la intervención de la Junta de Parientes o del Juez. Si la requería, se aplicará el artículo 16.
Si el acto no contó con dicha autorización previa, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, será anulable:
A petición de su representante legal, hasta que el menor cumpla catorce años.
No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica o señalan prohibiciones para el menor, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.
SECCIÓN 3ª El menor mayor de catorce años Artículos 20 a 26
ARTÍCULO 20 Capacidad.
El menor de edad, cumplidos los catorce años, aunque no esté emancipado, puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.
La imposibilidad de prestar la asistencia permitirá al menor solicitarla a la Junta de Parientes o al Juez.
El menor mayor de catorce años no necesita asistencia en los actos que la ley le permita realizar por sí solo.
ARTÍCULO 21 Intromisión de terceros en los derechos de la personalidad.
Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del menor mayor de catorce años dependerá de su exclusiva voluntad, con las salvedades siguientes:
Si su decisión entraña un grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica, necesitará la asistencia prevista en el artículo anterior.
Si el menor no está en condiciones de decidir sobre ella, solo será posible la intromisión cuando lo exija el interés del menor apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
Artículo citado en: 3 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, un formulario
ARTÍCULO 22 Nombre propio.
Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.
ARTÍCULO 23 Administración de bienes.
El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce años en representación suya, pero los actos de administración podrán ser realizados también por el menor con la debida asistencia.
Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la administración de:
Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.
Los que se le hubieren confiado a tal fin, así como los frutos y productos obtenidos con ellos.
Los que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así lo hubiere ordenado.
ARTÍCULO 24 Prestación de la asistencia.
La prestación de asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses.
La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en esta puede bastar con la mera presencia sin oposición.
La asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habrán de especificarse.
ARTÍCULO 25 Oposición de intereses.
Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia exista oposición de intereses en algún asunto:
Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia será prestada por el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.
Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor único, así como si es por parte de ambos padres o tutores, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.
Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia será prestada por uno cualquiera de los padres o el tutor.
Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de ser asistidos por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.
ARTÍCULO 26 Anulabilidad por falta de asistencia.
Será anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, el acto o contrato celebrado por el menor sin la debida asistencia:
A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras el menor no pueda anularlo por sí solo.
A petición del propio menor, con la debida asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
SECCIÓN 4ª El menor emancipado Artículos 27 a 30
ARTÍCULO 27 Emancipación por concesión.
La emancipación por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar requiere que el menor tenga catorce años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil.
El Juez podrá conceder la emancipación al menor mayor de catorce años si este la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela:
Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva maritalmente con persona que no sea también titular de la autoridad familiar sobre el menor.
Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.
Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar.
Cuando el menor esté sujeto a tutela.
ARTÍCULO 28 Inscripción.
ARTÍCULO 29 Emancipación por vida independiente.
El menor mayor de catorce años que, con beneplácito de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa, viva con independencia económica de ellos, será reputado para todos los efectos como emancipado. Quienes dieron este beneplácito podrán revocarlo.
ARTÍCULO 30 Efectos de la emancipación.
La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero necesitará la asistencia que previene el artículo 20 y, en su defecto, la de su curador para:
Realizar los actos enumerados en el artículo 12.
Repudiar atribuciones gratuitas.
Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase.
CAPÍTULO II Incapacidad e incapacitación Artículos 31 a 42
SECCIÓN 1ª La persona incapaz y la incapacitada Artículos 31 a 37
ARTÍCULO 31 Presunción de capacidad.
La capacidad de la persona que ha cumplido los catorce años y no ha sido incapacitada se presume siempre.
Se presume también su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario.
ARTÍCULO 32 Intromisión en los derechos de la personalidad.
Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del mayor de edad no incapacitado que no esté en condiciones de decidirla por sí mismo requiere el consentimiento del cónyuge no separado judicialmente o de hecho o, en su defecto, del pariente más próximo o allegado que se ocupe de él. A falta de tales personas resolverá el Juez lo que estime más conveniente para este.
ARTÍCULO 33 Internamiento.
Para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial o en un centro residencial que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial. Nadie podrá ser obligado a permanecer internado, salvo si media autorización judicial en tal sentido.
ARTÍCULO 34 Invalidez de los actos de la persona no incapacitada.
El acto de la persona mayor de catorce años no incapacitada que en el momento de su celebración carezca de la suficiente aptitud para entenderlo y quererlo será inválido.
El acto será anulable, mientras no sea confirmado por quienes puedan anularlo:
A petición del representante legal si llegara a haberlo, hasta que el interesado pueda anularlo por sí mismo.
A petición del propio interesado, en su caso con la debida asistencia. La acción prescribirá a los cuatro años desde que hubiera recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.
No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad específica, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.
ARTÍCULO 35 Incapacitación.
Nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinará la extensión y límites de la incapacitación, así como el régimen de protección a que haya de quedar sometido el incapacitado.
El menor de edad podrá ser incapacitado cuando concurra en él causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
ARTÍCULO 36 Capacidad del incapacitado.
A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitación o en la ley para casos concretos, se aplicarán, con las necesarias adaptaciones, al incapacitado menor de edad, así como al mayor sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas sobre capacidad del menor que no ha cumplido los catorce años y al sujeto a curatela las del menor que los ha cumplido ya.
ARTÍCULO 37 Patrimonio especial de las personas con discapacidad.
La regulación del patrimonio protegido de las personas con discapacidad será de aplicación preferente a lo dispuesto en este Capítulo y en el Título III de esta ley sobre los efectos de la incapacitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, también podrán constituir un patrimonio protegido las otras personas con autoridad familiar.
Asimismo, cuando el constituyente del patrimonio protegido no sea el propio beneficiario del mismo, para su administración será necesaria autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a lo dispuesto en esta ley. La autorización no será necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.
SECCIÓN 2ª Prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda Artículos 38 a 42
ARTÍCULO 38 Prórroga.
La autoridad familiar o tutela a que estuviera sometido el menor de edad que hubiera sido incapacitado quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquel a la mayor edad.
ARTÍCULO 39 Rehabilitación.
Si el hijo soltero mayor de edad que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, a falta de previsiones sobre autotutela, se rehabilitará por ministerio de la ley la autoridad familiar, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.
ARTÍCULO 40 Excepción a la prórroga o rehabilitación.
El Juez, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, atendidos el grado de deficiencia del incapacitado y la edad o situación personal y social de las personas a quienes correspondería ejercer la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada, puede en su lugar acordar la constitución de la tutela o curatela.
ARTÍCULO 41 Régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada.
La potestad de guarda prorrogada o rehabilitada se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la sentencia de incapacitación y, subsidiariamente, conforme a las reglas de la autoridad familiar o la tutela.
ARTÍCULO 42 Extinción de la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada.
Además de por las causas generales que resulten de aplicación, la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada se extingue:
Por haberse dictado sentencia que deje sin efecto la incapacitación.
Por declaración judicial, basada en la dificultad grave de los titulares para el adecuado cumplimiento de su función, atendidos su edad o situación personal y social y el grado de deficiencia del incapacitado.
CAPÍTULO III La ausencia Artículos 43 a 52
ARTÍCULO 43 Defensor del desaparecido.
Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, el nombramiento por el Juez de defensor, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave, deberá recaer, por este orden, y salvo motivo grave apreciado por el propio Juez, en:
El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho.
El heredero contractual del desaparecido.
El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado, que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la cuantía de su porción hereditaria y la proximidad con el desaparecido.
La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, oído el Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez, atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.
ARTÍCULO 44 Desaparición de cónyuge.
En caso de desaparición de uno de los cónyuges, son de aplicación a la gestión de los bienes del consorcio conyugal los artículos 52 y 58 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.
ARTÍCULO 45 Legitimación.
Tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de preferencia:
El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
ARTÍCULO 46 Representante del declarado ausente.
Salvo motivo grave apreciado por el Juez, nombrará este como persona encargada de la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones a las mismas personas enumeradas en el artículo 43 y por el mismo orden.
ARTÍCULO 47 Obligaciones del representante.
El representante del declarado ausente quedará sujeto a las obligaciones siguientes:
Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
Prestar la garantía que el Juez, atendidas las circunstancias, pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente.
Serán aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.
ARTÍCULO 48 Facultades y derechos del representante.
Los representantes del declarado ausente disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos cuando el Juez lo decida y en la cuantía que señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole.
Los representantes del declarado ausente necesitarán autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que la precisa el tutor.
ARTÍCULO 49 Derechos de terceros.
Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda.
ARTÍCULO 50 Ausencia y economía del matrimonio.
La gestión del patrimonio consorcial del declarado ausente se rige por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.
El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su cónyuge se rigen por lo dispuesto en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.
ARTÍCULO 51 Ausencia y usufructo de viudedad.
Fallecido el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los sucesores de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados, pero deberán hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo vidual del ausente.
Si apareciere el ausente, tendrá derecho desde ese momento al usufructo vidual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Dicho derecho no se extenderá a los bienes enajenados por su cónyuge vigente la declaración de ausencia, ni a los que hubieran enajenado a título oneroso sus herederos antes de la aparición.
Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la apertura de la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales dejará a salvo el derecho de usufructo vidual a favor del cónyuge de dicho ausente.
ARTÍCULO 52 Llamamiento sucesorio a favor del ausente.
Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de este deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales reservarán hasta la declaración de fallecimiento.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción.
En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que reciban los que han resultado herederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este artículo.
TÍTULO II De las relaciones entre ascendientes y descendientes Artículos 53 a 86
CAPÍTULO PRIMERO Efectos de la filiación Artículos 53 a 59
ARTÍCULO 53 Principio de igualdad.
La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.
ARTÍCULO 54 Apellidos del hijo.
El hijo, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de asistencia, que se altere el orden de los apellidos.
ARTÍCULO 55 Deberes de padres e hijos.
Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia.
El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.
ARTÍCULO 56 Padres con hijos menores.
Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con el hijo menor, tienen el derecho y la obligación de:
Velar por él.
Visitarlo y relacionarse con él.
Informarse recíprocamente, aun cuando vivan separados, acerca de la situación personal del hijo.
ARTÍCULO 57 Relación personal del hijo menor.
El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja.
Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.
El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan separados.
ARTÍCULO 58 Eficacia limitada de la filiación.
Quedará excluido de la autoridad familiar y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el padre:
En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del padre en cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años, o, con anterioridad, su representante legal.
Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que cumpla los catorce años, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia.
El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en los artículos 55 y 56.
ARTÍCULO 59 Gastos de maternidad.
El padre, aunque no esté casado o no conviva con la madre del hijo, está obligado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y parto, así como a prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre los parientes de esta, durante el período de embarazo y el primer año de vida del hijo si la madre se ocupa de él.
CAPÍTULO II Deber de crianza y autoridad familiar Artículos 60 a 80
SECCIÓN 1ª Principios generales Artículos 60 a 67
ARTÍCULO 60 Titularidad.
El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres.
Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los casos legalmente previstos.
ARTÍCULO 61 Caracteres de la autoridad familiar.
La autoridad familiar es una función inexcusable que se ejerce personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés del hijo.
ARTÍCULO 62 Contenido.
La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes y derechos:
Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar o el de la persona o institución a que haya sido confiado, ni ser retirado de él por otras personas.
Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades.
Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años.
Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que atenten contra sus derechos.
Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos.
ARTÍCULO 63 Contribución personal del hijo.
Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de colaborar en las tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad y de su condición vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recompensa.
ARTÍCULO 64 Contribución económica.
Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del trabajo e industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo podrán destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente, otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios, pueden destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, según la situación económica de la familia, resulte equitativa.
En uso de su facultad, los padres pueden pedir la entrega de los frutos o la enajenación de los bienes de los hijos que ellos no administren.
La utilización para esos fines de frutos de bienes o bienes que correspondan al hijo por donación o sucesión no puede ser excluida por el donante o causante.
ARTÍCULO 65 Contribución cuando la autoridad familiar corresponda a otras personas.
Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los que viva el hijo pueden destinar los productos del trabajo o industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación. Para ello podrán pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo. Esta facultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del hijo.
ARTÍCULO 66 Gastos de los hijos mayores o emancipados.
El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.
Artículo citado en: 26 sentencias, 9 artículos doctrinales
ARTÍCULO 67 Convivencia con hijos mayores de edad.
La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación.
SECCIÓN 2ª Ejercicio de la autoridad familiar por los padres Artículos 68 a 71
ARTÍCULO 68 Ejercicio por ambos padres.
Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuarán según lo que lícitamente hayan pactado en documento público. En defecto de previsión legal o pacto actuarán, conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares.
Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en correcto ejercicio de sus facultades.
ARTÍCULO 69 Ejercicio exclusivo por uno de los padres.
El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción de la autoridad familiar del otro, y también cuando así se haya resuelto judicialmente.
ARTÍCULO 70 Padre menor no emancipado o incapacitado.
El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercerá la autoridad familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o la de un defensor judicial.
El mismo criterio se aplicará al incapacitado si la sentencia no ha suspendido el ejercicio de su autoridad familiar.
ARTÍCULO 71 Divergencias entre los padres.
En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo mas favorable al interés del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.
Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atribuirlo total o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije.
SECCIÓN 3ª Autoridad familiar de otras personas Artículos 72 a 76
ARTÍCULO 72 Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.
El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad.
Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge podrá continuar teniendo en su compañía a los hijos menores de aquel y encargarse de su crianza y educación, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
ARTÍCULO 73 Autoridad familiar de los abuelos.
Fallecidos los padres, si no se hace aplicación de lo previsto en el artículo anterior, o cuando de hecho aquellos no atiendan a sus hijos menores, los abuelos podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
Tendrán preferencia los abuelos de la rama con los que mejor relación tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan separados, la preferencia corresponderá al que de ellos más se ocupe del nieto y, en última instancia, al de menor edad.
ARTÍCULO 74 Autoridad familiar de los hermanos mayores.
En los mismos supuestos del artículo anterior, a falta de abuelos que se hagan cargo de la crianza y educación de los nietos, podrá hacerlo uno de sus hermanos mayor de edad, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.
Tendrá preferencia el hermano que mejor relación tenga con el menor y, en última instancia, el de mayor edad.
ARTÍCULO 75 Régimen.
La autoridad familiar prevista en los artículos anteriores se asume de forma automática al hacerse cargo voluntariamente de la crianza y educación del menor.
Se estará al orden y al contenido señalados por la ley, salvo que, fallecidos los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su autoridad familiar hubiera establecido otra cosa en instrumento público.
Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento del oficio de criar y educar al menor, comprende, en el ámbito personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y no se extiende a la gestión de los bienes del menor.
Si no viven los padres, solo por motivos de mal trato o incumplimiento de dicha función podrá ser separado el menor del titular o titulares de esta autoridad.
La autoridad familiar de otras personas se podrá hacer constar en el Registro Civil.
ARTÍCULO 76 Divergencias.
En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cualquiera de los interesados en ella puede solicitar al Juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin.
La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma de ejercicio, oirá a los interesados y al menor que reúna los requisitos del artículo 3, y, teniendo en cuenta la previsión expresada al respecto si la hubiera, decidirá siempre en interés del menor; si el interés del menor lo requiere, promoverá otro régimen de guarda o protección.
Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar se resolverán según lo previsto para los padres.
SECCIÓN 4ª Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar Artículos 77 a 80
ARTÍCULO 77 Privación.
En interés del hijo, cualquiera de los padres podrá ser privado total o parcialmente de la autoridad familiar por sentencia firme fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
Los Tribunales podrán, en interés del hijo, acordar la recuperación de la autoridad familiar cuando hubiere cesado la causa que motivó su privación.
Este precepto será aplicable a la autoridad familiar de otras personas.
ARTÍCULO 78 Suspensión.
La autoridad familiar quedará en suspenso, en su caso solo para el titular afectado, mientras dure:
La tutela automática de la entidad pública.
La declaración de fallecimiento o ausencia del titular o titulares, o de alguno de ellos, así como la declaración de fallecimiento del hijo.
La incapacitación del titular o titulares, o de alguno de ellos, a no ser que la sentencia haya dispuesto de otro modo.
La imposibilidad de ejercerla declarada en resolución judicial.
La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas no conlleva la suspensión de la de los padres.
ARTÍCULO 79 Consecuencias de la privación o suspensión.
La privación o suspensión de la autoridad familiar no suprime las obligaciones de los padres establecidas en los artículos 55 y 56.
Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno solo de los titulares, continúa ejerciéndola el otro conforme al artículo 69.
La resolución judicial que establezca la privación o suspensión de la autoridad familiar a ambos titulares, o al único titular de ella, determinará el régimen de guarda o protección, y nombrará a la persona o personas que hayan de cumplir estas funciones. Si la resolución estableciera la autoridad familiar de otras personas, proveerá también sobre la administración y disposición de los bienes del menor.
ARTÍCULO 80 Extinción.
La autoridad familiar se acaba:
Por la muerte de los titulares o del hijo.
Por la emancipación o mayoría de edad del hijo.
En caso de adopción del hijo se extingue la autoridad de los padres anteriores, salvo si subsisten los vínculos jurídicos con alguno de ellos.
CAPÍTULO III Gestión de los bienes de los hijos Artículos 81 a 86
ARTÍCULO 81 Ejercicio de la gestión paterna.
Cuando corresponda a los padres la gestión de los bienes del hijo, incluida la disposición hasta que este tenga catorce años, ejercerán esta función conforme a lo dispuesto para la autoridad familiar; en su caso cumplirán lo ordenado válidamente por la persona de quien procedan los bienes por donación o sucesión.
Se exceptúan de la gestión paterna:
Los bienes que el hijo adquiera por sucesión en la que uno de los padres o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados indignos de suceder.
Los bienes dejados en título sucesorio o donados al hijo con exclusión de la administración de los padres.
Los bienes del apartado 2 serán gestionados, si nada ha ordenado el causante o donante, por el otro padre, o, si los dos están afectados, por un tutor real nombrado por el Juez.
ARTÍCULO 82 Obligaciones.
Los padres gestionarán los bienes del hijo con la misma diligencia que los suyos propios, cumplirán las obligaciones generales de todo administrador e inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.
Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gestión al cesar en ella. Solo tendrán que formalizar inventario o prestar fianza cuando existan fundados motivos para ello.
ARTÍCULO 83 Responsabilidad.
Si en el ejercicio de la gestión se causa daño al patrimonio del hijo por dolo o culpa grave, responderán los padres o el que de ellos tenga atribuida en exclusiva la administración.
La responsabilidad será solidaria salvo si uno acredita no haber podido evitar el daño, en cuyo caso quedará exonerado de responsabilidad.
El padre que no haya intervenido en la gestión causante del daño podrá repetir del otro la totalidad de lo pagado.
La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde que finalice su administración.
ARTÍCULO 84 Derechos.
Los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la gestión, pero será a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los gastos soportados, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos sin su culpa que no pueda obtenerse de otro modo.
ARTÍCULO 85 Puesta en peligro del patrimonio del hijo.
Cuando la gestión de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la gestión, o incluso nombrar un tutor real.
ARTÍCULO 86 Obligaciones al finalizar la administración.
Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración deben restituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro caso, a quien corresponda la administración. Los gastos de restitución son a cargo del hijo. En caso de muerte del hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los padres deben continuar atendiendo los negocios de este para evitar perjuicios a los herederos.
Al cesar la administración de los padres o de alguno de ellos, podrán exigirles la rendición de cuentas de su administración:
El hijo mayor de edad o emancipado.
El hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o aquel a quien corresponda la administración de sus bienes.
El representante legal del hijo menor de catorce años.
La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años.
Solicitada la rendición de cuentas, deberá realizarse en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la reclamación.
Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres meses como máximo.
El que no haya cumplido dieciocho años necesita, para aprobar las cuentas de administración de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de la misma, la asistencia de la Junta de Parientes o autorización judicial.
TÍTULO III De las relaciones tutelares Artículos 87 a 155
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículos 87 a 94
ARTÍCULO 87 Instituciones tutelares.
La guarda y protección de la persona y bienes o solo de la persona o de los bienes del menor o incapacitado se realizará, en los supuestos previstos en la ley, mediante:
A la guarda y protección pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela.
ARTÍCULO 88 Caracteres.
La aceptación y el ejercicio de las funciones tutelares constituyen un deber del que solo cabe excusarse en los supuestos legalmente previstos.
Las funciones tutelares se ejercen personalmente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés de la persona protegida.
Las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido expresamente una remuneración.
ARTÍCULO 89 Modos de delación.
Las funciones tutelares se defieren por:
Disposición voluntaria en instrumento público.
Disposición de la ley en caso de desamparo de menores o incapacitados.
La delación dativa es subsidiaria y complementaria de la voluntaria.
ARTÍCULO 90 Nombramiento, vigilancia y control.
La Autoridad judicial nombrará y dará posesión del cargo tutelar a la persona designada.
El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la institución tutelar, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, en interés de la persona protegida.
El Juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir en cualquier momento del titular del cargo que les informe sobre la situación de la persona protegida o del estado de la administración patrimonial, según proceda. También podrán exigirle una información periódica.
Las funciones tutelares se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.
Las resoluciones judiciales o administrativas sobre instituciones tutelares, incluida la curatela y la guarda administrativa, habrán de inscribirse en el Registro Civil. Dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones.
ARTÍCULO 91 Gastos, daños y perjuicios.
Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la función tutelar, incluidos en su caso los de realización del inventario, prestación de fianza y medidas de vigilancia y control, son a cargo del patrimonio de la persona protegida contra la que tendrá derecho de reembolso.
La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.
ARTÍCULO 92 Remuneración.
El derecho a remuneración por el desempeño de una función tutelar, así como la cuantía y forma de percibirla, podrán ser establecidos, siempre que el patrimonio de la persona protegida lo permita y sin exceder del veinte por ciento de su rendimiento líquido, en la delación voluntaria. En otro caso, podrán hacerlo en todo momento la Junta de Parientes o el Juez, en atención a la dedicación que suponga el ejercicio de la función tutelar.
La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrán modificar en cualquier momento la remuneración prevista si han cambiado las circunstancias de la institución tutelar.
El ejercicio de la función tutelar por las personas jurídicas públicas será siempre gratuito.
ARTÍCULO 93 Responsabilidad.
Todo el que intervenga en funciones tutelares responderá de los daños que su actuación cause a la persona protegida por acción u omisión en la que intervenga culpa o negligencia.
La acción para reclamar esta responsabilidad del cargo tutelar prescribe a los tres años contados desde el cese en el cargo o, en su caso, desde la rendición final de cuentas.
ARTÍCULO 94 Administración voluntaria.
El que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o incapacitado, puede establecer reglas de gestión, así como nombrar o excluir al administrador. Las funciones no conferidas al administrador, incluida la prestación de la debida asistencia, corresponden a los padres o al tutor.
El nombramiento del administrador no será eficaz sino desde la adquisición de la donación, herencia o legado.
El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorización de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes.
Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el administrador, a falta de sustituto voluntario, administrarán los padres o el tutor salvo si resultare con claridad que fue otra la voluntad del disponente. En este caso se nombrará un tutor real.
CAPÍTULO II Delación Artículos 95 a 108
SECCIÓN 1ª Delación voluntaria Artículos 95 a 100
ARTÍCULO 95 Delación hecha por uno mismo.
Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente, podrá, en escritura pública, designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y sus sustitutos, excluir a determinadas personas o dispensar causas de inhabilidad, así como adoptar cualquier otra disposición relativa a su persona o bienes, incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitación. Podrá también establecer órganos de fiscalización, así como designar a las personas que hayan de integrarlos, sin perjuicio de la vigilancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal.
La entidad pública competente en materia de protección de menores o incapacitados no podrá ser objeto de designación o exclusión voluntaria.
ARTÍCULO 96 Delación hecha por titulares de la autoridad familiar.
Las mismas disposiciones, excepto el otorgamiento de mandato, podrán adoptar en instrumento público notarial, sea o no testamento, los titulares del ejercicio de la autoridad familiar, incluso prorrogada o rehabilitada, respecto de la persona o bienes de los menores o incapacitados que sigan bajo su autoridad cuando llegue el día en el que ya no puedan ocuparse de ellos.
La delación testamentaria será eficaz al fallecimiento del testador salvo que entonces se hallara privado por su culpa del ejercicio de la autoridad familiar; la hecha en escritura pública, lo será además en caso de que el disponente sea incapacitado o por otra causa no culpable no pueda desempeñar él mismo el cargo tutelar.
ARTÍCULO 97 Publicidad de la delación voluntaria.
ARTÍCULO 98 Pluralidad de designados.
ARTÍCULO 99 Delaciones incompatibles.
En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma persona, prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.
Cuando existieren disposiciones de varios titulares de la autoridad familiar, se aplicarán unas y otras conjuntamente, en cuanto fueren compatibles. De no serlo, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez adoptarán las que consideren más convenientes para el menor o incapacitado.
Si los titulares de la autoridad familiar hubiesen designado distintas personas para el ejercicio de los cargos tutelares, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez elegirán al designado o designados por uno de ellos. A los no elegidos como tutores de la persona por la Junta o el Juez, corresponde la administración y disposición de los bienes que quien les designó haya atribuido por donación, herencia o legado al menor o incapacitado.
ARTÍCULO 100 Vinculación de la delación voluntaria.
Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones propias de la delación voluntaria, incluida en su caso la elección efectuada por la Junta de Parientes, vincularán al Juez al constituir la institución tutelar, salvo que, de oficio o a instancia de las personas mencionadas en el artículo 102 o del Ministerio Fiscal, y siempre mediante decisión motivada, considere que, por alteración sustancial de las circunstancias, el interés del menor o incapacitado exige otra cosa.
El Juez, en resolución motivada, podrá declarar extinguido el mandato a que se refiere el artículo 95, tanto al constituir la institución tutelar, como posteriormente a instancia del tutor o curador.
SECCIÓN 2ª Delación dativa Artículos 101 a 103
ARTÍCULO 101 Supletoriedad.
ARTÍCULO 102 Preferencia.
Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez preferirá:
Al cónyuge del incapacitado que conviva con este.
A los descendientes mayores de edad del incapacitado.
A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden señalado por esta ley para el ejercicio de la autoridad familiar.
Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de bienes en favor del menor o incapacitado.
A la persona que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, considere más idónea.
A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última instancia la entidad pública a la que esté encomendada la protección de menores o incapacitados.
Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del apartado anterior si el interés del menor o incapacitado así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor o curador.
ARTÍCULO 103 Tutela de varios hermanos.
SECCIÓN 3ª Delación legal Artículos 104 a 108
ARTÍCULO 104 Desamparo.
Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores o incapacitados, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
La situación de desamparo se interpretará de forma restrictiva. La mera situación de riesgo no constituye desamparo.
ARTÍCULO 105 Asunción de funciones tutelares.
ARTÍCULO 106 Comunicaciones.
ARTÍCULO 107 Oposición.
Contra la resolución de desamparo, sin necesidad de reclamación administrativa previa, cabe formular oposición ante la jurisdicción civil, que gozará de una tramitación rápida y preferente.
ARTÍCULO 108 Promoción del régimen ordinario.
Cuando no sea contrario al interés del menor o incapacitado, la entidad pública procurará su reintegración a quien tenga la autoridad familiar o tutela sobre él.
En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, pueden asumir la autoridad familiar o las funciones tutelares con beneficio para este, la entidad pública promoverá que la asuman o que se les nombre cargo tutelar conforme a las reglas ordinarias. A tal efecto podrá ejercitar la acción de privación de la autoridad familiar o de remoción del cargo tutelar.
CAPÍTULO III Capacidad, excusa y remoción Artículos 109 a 115
ARTÍCULO 109 Capacidad de las personas físicas.
ARTÍCULO 110 Capacidad de las personas jurídicas.
ARTÍCULO 111 Causas de inhabilidad.
No pueden ser titulares de funciones tutelares:
Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el ejercicio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial o administrativa.
Las legalmente removidas de un cargo tutelar anterior.
Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.
Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.
Las personas en quien concurra imposibilidad absoluta de hecho.
Las que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida.
Las personas que por su conducta puedan perjudicar a la formación de la persona protegida o que no dispongan de medios de vida conocidos.
Las que tengan importantes conflictos de intereses con la persona protegida, mantengan con ella pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o las que le adeuden sumas de consideración.
Las personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un proceso concursal, mientras dure la inhabilitación.
Las causas de inhabilidad de las letras d), g), h) e i) del apartado anterior podrán ser objeto de dispensa, expresa o tácita, en la delación voluntaria.
ARTÍCULO 112 Excusa.
Tanto el desempeño inicial de las funciones tutelares como la continuación en su ejercicio serán excusables cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase con la persona protegida o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo o su continuación.
Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el inicio o continuación del adecuado desempeño del cargo.
El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá alegarla en cualquier momento, siempre que hubiera persona adecuada para sustituirle.
ARTÍCULO 113 Causas de remoción.
Será removido del cargo tutelar el que después de tomar posesión incurra en causa legal de inhabilidad, o se conduzca mal en el desempeño de la función tutelar, por incumplimiento de los deberes propios de la misma o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surjan problemas de convivencia graves y continuados.
Además, la persona jurídica será removida del cargo tutelar cuando deje de reunir los requisitos del artículo 110.
ARTÍCULO 114 Procedimiento de remoción.
ARTÍCULO 115 Efectos de la excusa o remoción.
Durante la tramitación del procedimiento de excusa sobrevenida o de remoción, podrá el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al titular del cargo tutelar y nombrar a la persona protegida un defensor judicial.
La resolución judicial que admita la excusa u ordene la remoción debe contener la designación de un nuevo titular, que solo podrá ocupar el cargo cuando la resolución sea firme.
En el procedimiento que corresponda, el Juez podrá acordar, atendidas la voluntad del disponente y las circunstancias del caso, que la aceptación de la excusa o la remoción conlleven la pérdida, total o parcial, de aquello que se haya dejado en consideración al nombramiento.
CAPÍTULO IV La tutela Artículos 116 a 133
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 116 a 121
ARTÍCULO 116 Personas sujetas a tutela.
Estarán sujetos a tutela ordinaria:
Los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad familiar. En caso de autoridad familiar de otras personas se nombrará tutor de los bienes que carezcan de administrador.
Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique lo hayan establecido.
Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la curatela.
Los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo estarán sujetos a tutela automática, salvo cuando la entidad pública haya asumido solo la guarda.
ARTÍCULO 117 Promoción de la tutela ordinaria.
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela o curatela quienes soliciten la incapacitación de una persona. También, desde el momento en que conocieren el hecho que motiva la tutela, los llamados a ella por delación voluntaria y los mencionados en los cinco primeros números del apartado 1 del artículo 102, así como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y, si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 118 Tutela provisional.
ARTÍCULO 119 Constitución de la tutela ordinaria.
El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de las personas obligadas a promoverla y de las demás que considere oportuno.
Antes de la constitución, y especialmente en los procedimientos de incapacitación, el Juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de Ultima Voluntad, a efectos de comprobar la existencia de disposiciones sobre delación voluntaria de la tutela.
ARTÍCULO 120 Número de tutores.
Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
Cuando en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores para actuar simultáneamente.
Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o maternos, así como a una persona casada si el Juez considera conveniente que su cónyuge, mientras lo sea, también la ejerza.
ARTÍCULO 121 Tutela y administración.
Cuando la persona de quien procedan los bienes por título lucrativo haya designado para ellos un administrador, así como en el supuesto del apartado 3 del artículo 99.
Cuando en la delación voluntaria se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que conviene separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes. También podrá hacer esta separación con posterioridad en cualquier clase de tutela cuando concurran circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.
SECCIÓN 2ª Contenido y ejercicio Artículos 122 a 129
ARTÍCULO 122 Contenido personal de la tutela.
Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y tienen en cada etapa de su evolución el mismo contenido que la autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en este Título.
Las funciones del tutor del incapacitado serán las que señale la sentencia de incapacitación. En su defecto, se considerará que tienen el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años, con las modificaciones previstas en este Título.
ARTÍCULO 123 Alimentos.
ARTÍCULO 124 Cuidado de la persona del incapacitado.
ARTÍCULO 125 Contenido económico.
La administración y disposición de los bienes del pupilo tienen el mismo contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad y capacidad, con las modificaciones previstas en este Título.
En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos del tutelado.
ARTÍCULO 126 Fianza.
ARTÍCULO 127 Inventario.
El tutor está obligado a hacer inventario notarial o judicial de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en el que hubiese tomado posesión de su cargo. La autoridad judicial podrá prorrogar este plazo en resolución motivada.
El inventario judicial se formará con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez estime conveniente. En el notarial intervendrá la Junta de Parientes y el tutor depositará una copia en el Juzgado que haya constituido la tutela.
ARTÍCULO 128 Ejercicio de la tutela plural.
Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercerá en la forma establecida en la delación y, en su defecto, de modo análogo a la autoridad familiar.
El tutor de la persona y el de los bienes, o en su caso el administrador, actuarán independientemente en el ámbito de su competencia.
Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona, la tutela subsiste con el otro, a no ser que en la delación se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando cesa un tutor real respecto de los otros que administren los mismos bienes.
ARTÍCULO 129 Contribución a las cargas.
El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al tutor de la persona los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.
Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su contribución a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes, o, en su defecto, el Juez, acordará la proporción en la que según la importancia y rendimiento de los bienes han de contribuir cada uno de ellos, incluido el tutor de la persona que también administre.
SECCIÓN 3ª Extinción de la tutela y rendición final de cuentas Artículos 130 a 133
ARTÍCULO 130 Extinción.
Por la mayoría de edad, a menos que con anterioridad se hubiera incapacitado judicialmente al menor.
Por la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la modifique y sustituya la tutela por la curatela.
Por la recuperación de la autoridad familiar por quien hubiera sido privado, excluido o suspendido de ella.
Por la determinación de la filiación que conlleve la atribución de la autoridad familiar
Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.
ARTÍCULO 131 Cuenta general de la gestión.
El tutor al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinción de la tutela, deberá rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses desde el cese, prorrogables por períodos de tres meses si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo comienza a contar desde la aceptación de la herencia.
La rendición de cuentas puede ser exigida por el tutelado o, en su caso, su representante legal o sus herederos. La acción prescribe a los tres años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del que estuvo sometido a tutela.
A la restitución de los bienes se aplicará el apartado 1 del artículo 86.
Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la tutela automática de entidad pública.
ARTÍCULO 132 Aprobación.
ARTÍCULO 133 Devengo de intereses.
Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general a favor del tutor devengará interés legal desde que el que estuvo sometido a su tutela o, en su caso, su representante legal o su heredero, sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.
Si el saldo es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta.
CAPÍTULO V La curatela Artículos 134 a 138
ARTÍCULO 134 Personas sujetas a curatela.
Los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la asistencia prevenida por la ley fallezcan o queden impedidas para hacerlo.
Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique lo hayan establecido en atención a su grado de discernimiento.
Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda continúen incapacitados, salvo que proceda la tutela.
ARTÍCULO 135 Curatela de emancipados.
ARTÍCULO 136 Curatela de incapacitados.
La sentencia de incapacitación debe determinar los actos para los que el incapacitado necesita la asistencia del curador. Si no dispone otra cosa, se entenderá que la requiere, además de para los actos determinados por la ley, para aquellos en los que la precisa el menor mayor de catorce años.
La sentencia podrá conceder al curador la representación para determinados actos de administración o disposición de bienes del incapacitado. También podrá limitar la curatela al ámbito personal.
Si el incapacitado hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador quien hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga motivadamente otra cosa.
A esta curatela le son de aplicación supletoria, con las necesarias adaptaciones, las normas relativas a la tutela de incapacitados, especialmente en materia de promoción, constitución, contenido personal y extinción.
ARTÍCULO 137 Asistencia.
La asistencia que debe prestar el curador al sometido a curatela se rige, con las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la asistencia al menor mayor de catorce años.
La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto en el artículo 26, pero la acción del sometido a curatela prescribirá a los cuatro años desde que alcance la mayoría de edad o desde que hubiere recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.
ARTÍCULO 138 Informe final.
CAPÍTULO VI El defensor judicial Artículos 139 a 141
ARTÍCULO 139 Supuestos.
Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el menor o incapacitado y quienes le representen o asistan y, conforme a lo previsto en la ley, corresponda intervenir a un defensor judicial.
Cuando por cualquier causa los titulares de la autoridad familiar, tutela o curatela no desempeñen sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe por resolución firme otra persona para desempeñarlas.
En todos los demás casos previstos en la ley, a los que lo regulado en este Título solo será de aplicación supletoria.
ARTÍCULO 140 Nombramiento.
ARTÍCULO 141 Régimen.
El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá dar cuenta de su gestión una vez concluida.
Cuando el acto que ha determinado el nombramiento de defensor judicial requiera autorización judicial previa, esta se entenderá implícita en el nombramiento si el Juez no dispone otra cosa.
CAPÍTULO VII La guarda de hecho Artículos 142 a 145
ARTÍCULO 142 Definición.
ARTÍCULO 143 Obligación de notificar el hecho.
ARTÍCULO 144 Información, control y vigilancia.
Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, le requerirá para que informe de la situación de la persona bajo su guarda y de sus bienes, así como de la actuación del guardador en relación con ambos extremos.
La autoridad judicial podrá establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
ARTÍCULO 145 Régimen jurídico.
La actuación del guardador de hecho en función tutelar debe limitarse a cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de administración de sus bienes que sean necesarios. La realización de estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representación legal.
Para justificar la necesidad del acto y la condición de guardador de hecho será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes de la persona protegida.
El acto declarado necesario por la Junta de Parientes será válido; los demás serán anulables si no eran necesarios, salvo si han redundado en utilidad de la persona protegida.
CAPÍTULO VIII La guarda administrativa y el acogimiento Artículos 146 a 155
SECCIÓN 1ª La guarda administrativa Artículos 146 a 150
ARTÍCULO 146 Supuestos de guarda administrativa.
La entidad pública competente tiene la guarda de los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo, así como la de aquellos que se hallen bajo su tutela por delación dativa.
Además asumirá la guarda, durante el tiempo necesario:
Cuando se lo pidan los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar que, por circunstancias graves y ajenas a su voluntad, no puedan cuidar de los menores o incapacitados a su cargo.
Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en los que legalmente proceda.
ARTÍCULO 147 Guarda a solicitud de padres o tutores.
La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor o incapacitado, así como de la forma en la que dicha guarda va a ejercitarse por la Administración.
Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquellos y al Ministerio Fiscal.
ARTÍCULO 148 Medidas de protección.
La entidad pública adoptará las medidas de protección proporcionadas a la situación personal del menor o incapacitado, para lo que podrá contar con la colaboración de instituciones habilitadas a tal efecto. Se procurará no separar a los hermanos de doble vínculo.
La guarda administrativa se realizará mediante el acogimiento familiar y, subsidiariamente, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública, pero tendrán preferencia los parientes o allegados del menor o incapacitado que resulten idóneos. El acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro donde sea acogido.
Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor o incapacitado y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en acogimiento, aquel o persona interesada podrán solicitar la modificación del acogimiento.
Todas las actuaciones en materia de protección de menores o incapacitados se practicarán con la obligada reserva.
ARTÍCULO 149 Administración de bienes.
La entidad pública tutora es la administradora legal de los bienes de sus pupilos y debe hacer inventario de los mismos.
Serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los titulares suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en representación del menor o incapacitado y que sean beneficiosos para él.
Al cesar la administración de la entidad pública serán de aplicación, con las necesarias adaptaciones, las obligaciones previstas en el artículo 86.
ARTÍCULO 150 Vigilancia del Ministerio Fiscal.
Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o acogimiento de los menores o incapacitados a los que se refiere este capítulo.
A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores o incapacitados y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor o incapacitado.
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor o incapacitado, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.
La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor o incapacitado y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe.
SECCIÓN 2ª El acogimiento familiar Artículos 151 a 155
ARTÍCULO 151 Contenido y ejercicio.
El acogimiento familiar produce la plena participación del menor o incapacitado en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía y alimentarlo, así como educar y procurar una formación integral al menor y promover la adquisición o recuperación de la capacidad del incapacitado y su mejor inserción en la sociedad.
Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor o incapacitado, o por responsable del hogar funcional.
ARTÍCULO 152 Formalización.
El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la entidad pública, de las personas acogedoras y del menor mayor de doce años o del incapacitado que tenga suficiente juicio. Cuando fueran conocidos los titulares de la autoridad familiar que no estuvieren privados de ella, o el tutor, será necesario también que presten o hayan prestado su consentimiento.
El documento de formalización del acogimiento familiar incluirá los siguientes extremos:
La periodicidad de las visitas por parte de la familia del acogido.
El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros responsables civiles de los daños que sufra el acogido o de los que pueda causar a terceros.
En su caso, que los acogedores actúan con carácter profesionalizado o que el acogimiento se realiza en un hogar funcional.
ARTÍCULO 153 Acogimiento acordado por el Juez.
Si los titulares de la autoridad familiar o el tutor no consienten o se oponen al acogimiento, este solo podrá ser acordado por el Juez. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos extremos referidos en el apartado 2 del artículo anterior e irá acompañada de los informes que la fundamentan.
No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor o incapacitado un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución judicial.
ARTÍCULO 154 Modalidades de acogimiento familiar.
Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor o incapacitado se prevea la reinserción de este en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.
Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor o incapacitado y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al menor o incapacitado. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor o incapacitado.
Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública cuando esta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
ARTÍCULO 155 Cese del acogimiento familiar.
El acogimiento del menor o incapacitado cesará:
Por decisión de las personas acogedoras, previa comunicación de estas a la entidad pública.
A petición del tutor o de los titulares de la autoridad familiar que reclamen su compañía.
Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de estos, oídos los acogedores.
TÍTULO IV De la Junta de Parientes Artículos 156 a 168
ARTÍCULO 156 Llamamiento.
Si a virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en determinados asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, actuarán aquellos reunidos en Junta.
Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los interesados, este deberá constar en documento público.
ARTÍCULO 157 Reglas aplicables.
La Junta de Parientes se regirá por las disposiciones del llamamiento y, en su defecto o para completarlas, por las reglas contenidas en el presente Título.
La fiducia a favor de parientes se regirá, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, por lo dispuesto en su normativa específica y, supletoriamente, por las normas de este Título.
Serán de aplicación supletoria a los miembros de la Junta de Parientes, en la medida que su naturaleza lo permita, las normas relativas a los cargos tutelares, especialmente en materia de causas de inhabilidad, excusa, remoción y responsabilidad.
ARTÍCULO 158 Composición.
Cuando la composición de la Junta no estuviere determinada, la formarán los dos más próximos parientes capaces, mayores de edad y no incursos en causa de inidoneidad, uno por cada línea o grupo familiar. En igualdad de grado, será preferido el de más edad, salvo entre ascendientes, en cuyo caso se preferirá al de menos.
La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se formará con un pariente de cada una de ellas.
ARTÍCULO 159 Causas de inidoneidad.
Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en documento público o testamento.
Los que tengan un interés personal directo en la decisión a tomar por ella.
Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.
Los que estén excluidos, privados o suspendidos de la autoridad familiar, así como los excluidos o removidos del cargo tutelar, sobre el menor o incapacitado de cuya Junta se trate.
ARTÍCULO 160 Constitución y funcionamiento bajo fe notarial.
ARTÍCULO 161 Constitución judicial y funcionamiento de esta Junta.
Cuando en documento público se haya configurado como órgano permanente, así como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe notarial, el Juez del domicilio de la persona o familia de cuya Junta se trate ordenará, a instancia de parte interesada, su constitución en expediente de jurisdicción voluntaria.
Si la composición de la Junta no estuviese determinada, el Juez la formará teniendo en cuenta los criterios del artículo 158, pero podrá, motivadamente, apartarse de ellos. De la misma forma, el Juez podrá cubrir las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia, pérdida de idoneidad o incumplimiento de los deberes propios, previa remoción del cargo en los dos últimos supuestos.
Una vez constituida, funcionará la Junta en la forma que los vocales decidan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la integran. De los acuerdos se levantará acta, que firmarán todos.
ARTÍCULO 162 Asistencia a la reunión.
La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse personalmente. Quien falte a la reunión sin causa justificada responderá de los daños y perjuicios.
Los gastos legítimos ocasionados por la reunión de la Junta serán de cuenta de aquellos que la motivan.
ARTÍCULO 163 Toma de decisiones.
ARTÍCULO 164 Eficacia de las decisiones.
Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez.
La decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, incluso si este hubiera podido intervenir en él de forma alternativa o subsidiaria.
La decisión de la Junta de Parientes que resuelva una controversia sometida a su juicio por acuerdo de las partes tendrá, si no han pactado otra cosa, la fuerza de obligar de un contrato.
Lo decidido podrá ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez cuando con posterioridad ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión.
ARTÍCULO 165 Invalidez de las decisiones.
A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicará la regulación de los contratos en el Código civil.
Los defectos formales en la constitución o funcionamiento de aquella, que no sean de mero trámite, acarrearán la nulidad absoluta de sus acuerdos.
ARTÍCULO 166 Cauce procesal.
Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado a los demandados y, cuando proceda, al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo previsto en el artículo 405 de la Ley de enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 167 Falta de acuerdo de la Junta.
ARTÍCULO 168 Llamamiento de no parientes.
UNICA Términos genéricos
Las normas contenidas en los Títulos I, II y III se aplicarán íntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquiera que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de su persona o bienes.
Las normas contenidas en el Título IV se aplicarán también íntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquiera que sea la fecha del llamamiento a la Junta de Parientes.
Las acciones, derechos y deberes nacidos antes de regir esta ley, pero no ejercitados o cumplidos a su entrada en vigor, subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente, pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración o prescripción y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en esta ley.
En particular, las normas de la presente Ley sobre nulidad o anulabilidad de actos serán aplicables desde su entrada en vigor, aunque el acto se hubiera otorgado con anterioridad.
Desde la entrada en vigor de esta ley nadie puede ser declarado pródigo.
Las personas declaradas pródigas a la entrada en vigor de esta ley seguirán rigiéndose por las normas de la legislación anterior, pero podrán solicitar judicialmente la reintegración de su capacidad.
Lo dispuesto en el artículo 59 sobre gastos de maternidad solo será de aplicación cuando el nacimiento tenga lugar después de la entrada en vigor de esta Ley.
El contenido de la autoridad familiar de otras personas constituida con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el artículo 75.3.
UNICA Derogación del Libro Primero de la Compilación del Derecho Civil de Aragón
Queda derogado por la presente Ley el Libro Primero, «Derecho de la persona y de la familia», de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.
El artículo 31 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 31. Capacidad de las personas físicas para aceptar o repudiar.
El artículo 51 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 51. Partición con menores de catorce años o incapacitados.
1. La representación de las personas menores de catorce años o incapacitadas en la solicitud y práctica de la partición se rige por lo dispuesto en los artículos 6, 10 y 14 de la Ley de Derecho de la persona, pero si el ejercicio de la autoridad familiar lo ostentan ambos padres, se requiere la actuación conjunta de los dos.
El artículo 52 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 52. Partición con mayores de catorce años.
El artículo 17 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes términos:
1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. Sin embargo:
a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están emancipados, necesitarán la asistencia debida.
b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal, salvo que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa.
2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.
El artículo 60 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 60. Concreción automática de facultades.
El artículo 63 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 63. Causas de disolución por decisión judicial.
a) Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al incapacitado o ausente, y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida este con asistencia del curador.
d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 46.
e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 43.
La presente Ley entrará en vigor el 23 de abril de 2007.
Real Decreto 604/1997, de 18 de abril, por el que se dispone la declaración de zona de reserva provisional a favor del Estado para investigación de recursos minerales de paladio, osmio, rodio e iridio, así como el resto de los minerales asociados al grupo del platino, en el área denominada «La Monaguera II», inscripción número 380, comprendida en las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla.
LEY 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Concesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera en Andalucía.
Resolución do 15 de abril de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para o apoio financeiro aos investimentos das pequenas e medianas empresas de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao abeiro das liñas ICO 2008, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as entidades financeiras.
ORDEN 765/2003, de 30 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, reguladora del Programa de Ayudas Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a Proyectos de Innovación y Reequilibradores de la Economía Madrileña para el período 2003-2006.