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Timestamp: 2017-08-19 18:52:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 348', 'artículo 84', 'artículo 336', 'artículo 347', 'artículo 342', 'artículo 343', 'artículo 348', 'artículo 315', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 19']

Sala Constitucional Archives - Noticiero VE
23/11/2007 por Editor
Fuente: Tribunal Supremo de Justicias
Luisa+Estella+Morales+Lamuño
Asamblea+Nacional
Categorías Noticias, Reforma Constitucional, Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia
Reforma Constitucional: El TSJ decidirá en el tiempo que corresponda los recursos que cursan ante la Sala Constitucional
14/11/2007 por Editor
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, aseguró que el Alto Tribunal de la República decidirá “en el tiempo que corresponda”, los recursos que actualmente cursan ante la Sala Constitucional, referidos al tema de la reforma constitucional, así lo dio a conocer al recibir a la comisión de estudiantes bolivarianos que marcharon hoy por las calles de la ciudad de Caracas para manifestar su apoyo a las instituciones del Estado y al referido proyecto.
Una representación de los estudiantes ingresó al interior del TSJ para exponer ante la titular del Máximo Juzgado y los medios de comunicación presentes, las razones por las que apoyan el proyecto de reforma propuesto por el Presidente de la República, haciendo especial referencia al artículo 109, que brinda la posibilidad de mayor participación y de ejercicio democrático a todos y cada uno de los miembros que hacen vida en las casas de estudios.
Cabe recordar que dicho artículo propone que además de respetarse la autonomía universitaria, la ley garantizará el voto paritario de las y los estudiantes, las profesoras y profesores, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias; consagrará el derecho al sufragio a todos los y las docentes que hayan ingresado por concurso de oposición, desde la categoría de instructor o instructora hasta titular y establecerá las normas para que las elecciones universitarias se decidan en una sola vuelta.
Antes de que los estudiantes tomaran la palabra la magistrada-presidenta manifestó su complacencia por la forma pacífica en que se desarrolló la marcha al tiempo que manifestó que las puertas del Alto Tribunal siempre están abiertas para recibir a todos los ciudadanos sin distinción de posiciones.
Manuel Dunn, estudiante de ingeniería industrial en la UNEXPO Luis Caballero Mejías, fue el encargado de comunicar a la magistrada el respaldo del estudiantado venezolano a todas las instituciones del Estado, “y no sólo de nosotros sino de todos los miembros de las Misiones así como de los trabajadores universitarios y de los institutos de educación media así como de la Asociación de Rectores Bolivarianos”.
En sus palabras el estudiante hizo un llamado a toda la sociedad para asumir la defensa del patrimonio de la ciudad que ha sido afectado en otras manifestaciones así como a que las autoridades investiguen los hechos ocurridos en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, en donde fueron atacados un grupo de estudiantes que se encontraban en dichas instalaciones.
“Nosotros hemos recorrido el país expresando que este sector estudiantil sí apoya el proyecto de reforma constitucional y en especial el artículo 109, que le dará poder a todos los estudiantes”, señaló.
Hay que destacar que los estudiantes que marcharon designaron una comisión que se dirigió al auditorio principal del TSJ y que tuvo la oportunidad de exponer sus inquietudes en la voz de Manuel Dunn y Daniel Aponte, estudiante del II semestre de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela.
YA ESTAMOS VIENDO LOS BUENOS FRUTOS DEL ARBOL
La magistrada Luisa Estella Morales, por su parte, señaló que la “experiencia nos ha enseñado que hay que esperar que el árbol crezca para ver sus frutos, y antes no podríamos decir nosotros si el árbol es bueno o malo, por eso el solo hecho de que el estudiantado venezolano haya llegado hasta acá, en todas sus acepciones, unas a favor y otras en contra, a plantear sus inquietudes alrededor de una situación que se ha planteado en el país como lo es la propuesta de una reforma constitucional, no está hablando de que el árbol es bueno, de que está dando excelentes frutos porque está moviendo a una juventud que parecía como adormecida a opinar, a conocer lo que son sus instituciones, a reclamar sus derechos y a exponer como lo has hecho tú, haciendo mención específica a un artículo por el cual estás luchando, por eso yo creo que es realmente muy importante en estos momentos su presencia y nos llena de mucha esperanza”.
Igualmente la magistrada-presidenta agradeció la comparecencia no sólo de los estudiantes, sino de los rectores universitarios, obreros y demás miembros de la comunidad universitaria, “porque la Universidad tiene que interpretarse como todo un sistema, no solamente como una sola parte sino todo como un sistema en donde todos por igual lo integramos”.
Ratificó la Magistrada la importancia de la presencia de los estudiantes en el Máximo Tribunal al tiempo que les dio “una palabra de seguridad, para que a través de ustedes llegue a todo el pueblo venezolano, de que las Instituciones hoy día están más afianzadas que nunca en lo que es el ejercicio de la constitucionalidad y en lo que significa la ética institucional, por eso a pesar de que a veces nos azotan vientos fuertes queremos darles la certeza que estamos preparados para afrontarlas y que vamos a soportar cualquier arremetida. Pueden estar tranquilos, ustedes y todo el pueblo de Venezuela de que los magistrados y magistradas estamos tranquilos y que estamos decidiendo con una profunda conciencia y que a pesar de que puedan vernos desde afuera como movidos por circunstancias, no es así, aquí todo está en calma y sabemos que el tiempo de nuestras decisiones es cuando realmente corresponda y no cuando las presiones que puedan ejercer, sea quien sea y de la naturaleza que sea, puedan llegar hasta este recinto, aquí hay paz y hay promesa de justicia”, finalizó.
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Categorías Recursos, Reforma Constitucional, Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Venezuela
Reforma Constitucional: TSJ declaró improponible la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa
13/11/2007 por Editor
La Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales declaró improponible la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, interpuesta el pasado 11 de octubre por Ignacio Contreras Pulido, Elys Ojeda, Domingo Piñate, Rafael Contreras Millán, Luis Hernández y Carlos Contreras, contra la Asamblea Nacional. El magistrado Pedro Rondón Haaz salvó el voto.
Según esgrimieron los solicitantes, la Asamblea Nacional incurrió en inconstitucionalidad por omisión al no dictar, dentro del procedimiento que se inició con ocasión de la consignación por parte del Presidente de la República de un Proyecto de Reforma Constitucional, las medidas necesarias e indispensables para garantizar el cumplimiento de la Carta Magna.
Para los solicitantes, la Asamblea Nacional, al observar que el referido Proyecto modificaba los principios y estructuras de la actual Constitución, ha debido, sin importar la denominación del Proyecto, actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Carta Magna, y proceder a utilizar la iniciativa que le confiere el referido precepto, y someter a la consideración de los diputados, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, según esgrimieron, es único órgano con potestades para modificar la estructura y los principios establecidos en el Texto Fundamental.
En su escrito solicitaron, además, la inhibición de la magistrada Luisa Estella Morales en la presente causa, al argumentar que fue Secretaria Ejecutiva del Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Sala del Máximo Tribunal del país antes de emitir pronunciamiento sobre la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, se pronunció sobre la solicitud de inhibición planteada contra la magistrada Luisa Estella Morales. Al respecto la Sala recordó que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva –voluntaria- del decisor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad.
Agregó la Sala que “así lo reconoce nuestra legislación, que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículo 84 del Código de Procedimiento Civil). De modo tal, que no resulta pertinente que alguna de las partes o un tercero pretenda invadir este poder de apreciación individual bajo una solicitud de inhibición (…)”, por lo que concluyó la Sala del TSJ que los accionantes incurrieron en un error al solicitar la inhibición de la Magistrada y se declaró improponible dicho requerimiento.
Al pronunciarse sobre el fondo del presente caso, la Sala recordó que la declaratoria de inconstitucionalidad de una omisión legislativa presupone varias condiciones: “en primer lugar, el poder constituido debe haber dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o que las haya dictado en forma incompleta. Eso significa que dicha omisión en el ejercicio de las atribuciones y competencias que la Carta Fundamental le ha asignado, puede significar, por ejemplo, a la luz de la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, el incumplimiento del programa legislativo que el Constituyente de 1999 estableció en las disposiciones transitorias; o la falta de oportuna designación de los titulares de los órganos de los poderes públicos (Vid. sentencia N° 2341 del 25 de agosto del 2003, caso: Consejo Nacional Electoral”.
Ahora bien, precisó la Sala, “dichas normas o medidas son, como lo indica el artículo 336, cardinal 7 de la Carta Magna ‘…para garantizar el cumplimiento de esta Constitución…”, no para instar el procedimiento para su destrucción (Asamblea Constituyente). En tal sentido, no debemos olvidar que esta disposición está inserta en el Capitulo I (Garantías de la Constitución) del Titulo VIII (de la Protección de esta Constitución); mientras que la revisión constitucional y, en particular la Asamblea Constituyente, está contemplada en el Capítulo III del Título IX (de la Reforma Constitucional).”
Por lo tanto, indicó la sentencia de la Sala, quien convoca el poder constituyente originario “es el pueblo de Venezuela como titular de la soberanía y su objeto principal es redactar una nueva Constitución, lo cual implica la ‘derogatoria’ del texto anterior, tal como expresamente lo establece el artículo 347 del Texto Fundamental (…)”.
El referido artículo de la Carta Magna establece que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
La sentencia de la Sala del Alto Tribunal señaló que “ciertamente, la iniciativa de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla la Asamblea Nacional (lo cual implica facultad o potestad, no deber), pero en cualquier caso el hecho de no tomar dicha iniciativa no constituye en absoluto una omisión inconstitucional, pues ésta implica que el Poder Legislativo deje de cumplir con el ejercicio de las competencias a las cuales está obligado para garantizar el cumplimiento y vigencia de la Constitución; no la ausencia de la iniciativa –repetimos facultativa- para instar no al cumplimiento, sino a la sustitución de la Carta Magna vigente”.
En vista de lo anterior y “visto que en el presente caso la conducta omisiva que pretenden atribuirle a la Asamblea Nacional, actuando como poder constituyente derivado, no revela la existencia de una actividad u obligación que deba cumplirse en un lapso predeterminado sino que, por el contrario, ella se presenta como una atribución netamente facultativa, cuyo objetivo sería la destrucción o ‘derogatoria’ del texto constitucional vigente y no su cumplimiento, resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar improponible en derecho la acción intentada”.
El magistrado Pedro Rondón Haaz salvó su voto al indicar, entre otras cosas, que “(…) en consecuencia, cuando recibió una iniciativa de reforma constitucional cuyo contenido, como se ha expuesto anteriormente sólo con algunos ejemplos de su texto, excedía con mucho de los parámetros objetivos que el artículo 342 de la Constitución de 1999 exige para la procedencia de una reforma, la Asamblea Nacional estaba en la obligación de rechazar –o en todo caso suspender- el trámite de discusión de esa iniciativa a través del procedimiento del artículo 343 de la Constitución y, en todo caso, expresar tal situación al proponente para que modificara su propuesta o bien, si así lo consideraba pertinente, ejerciera su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el artículo 348 eiusdem”.
Arcadio+Delgado+Rosales
Pedro+Rondón+Haaz
Ignacio+Contreras+Pulido
Elys+Ojeda
Domingo+Piñate
Rafael+Contreras
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Sala Constitucional admite acción de amparo de Italcambio
12/11/2007 por Editor
La Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero López, admitió una acción de amparo presentada el pasado 8 de agosto por Italcambio, C.A., Casa de Cambio, contra la sentencia dictada el 8 de febrero de 2007 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público contra el fallo emitido el 12 de diciembre de 2006 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en el marco del proceso penal iniciado a raíz de la introducción al país de dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (U.S. $ 2.500.000, 00) en efectivo, a través de la aduana aérea de Maiquetía, cuyo destinatario final era, presuntamente, el mencionado operador cambiario.
INCIDENCIAS JUDICIALES DEL CASO
Entre otras incidencias del presente caso, el 29 de marzo de 2006, se llevó a cabo ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, la audiencia para decidir la solicitud de entrega de bienes planteada por la representación judicial de la empresa Italcambio, C.A., petición que fue negada.
La anterior decisión fue apelada por Italcambio, C.A. y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Vargas declaró parcialmente con lugar dicho recurso, decretó la nulidad de la decisión impugnada y ordenó que otro juzgado de control emitiera un nuevo pronunciamiento.
Luego, el 12 de diciembre de 2006 el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del mismo Circuito Judicial Penal dictó un auto que declaró con lugar la solicitud de entrega de bienes formulada por Italcambio, C.A., y en consecuencia, ordenó que se le entregara al Presidente de dicha sociedad mercantil la cantidad de U.S. $ 2.500.000,00, retenidos el 29 de diciembre de 2003, en la Aduana Aérea de Maiquetía. Además, en la misma decisión el Juzgado de Control ordenó la constitución de una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar.
Contra el auto del 12 de diciembre de 2006 el Ministerio Público ejerció recurso de apelación el 18 de diciembre de 2006. El 25 de enero de 2007, se recibió en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Vargas, un oficio emitido por la Fiscalía Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales del Ministerio Público, en el cual se informa que dicha representación fiscal fue comisionada por la Dirección de Salvaguarda del Ministerio Público para revisar el expediente contentivo de la investigación referida a la incautación de los U.S. $ 2.500.000,00, y que llevan las fiscalías Quincuagésima Octava a Nivel Nacional con Competencia Plena, Primera de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, y Quinta y Trigésima Segunda de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En el mismo oficio se informó que el 23 de enero de 2007, esa representación fiscal procedió a ordenar la reapertura de la investigación de conformidad con el artículo 315 del COPP, además la mencionada fiscalía nacional indicó que la devolución de las mencionadas divisas a Italcambio C.A., no es procedente, toda vez que dicha empresa no es titular del derecho de propiedad sobre aquéllas, ello con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Al respecto la representación fiscal afirmó que la persona jurídica que declaró ante la Gerencia de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía la remesa de la referida cantidad de dólares estadounidenses fue la empresa Transporte de Valores Bancarios, C.A., (Transbanca), por lo cual es ésta y no Italcambio, C.A. la titular del derecho de propiedad sobre las mencionadas divisas, aunado a que no consta ningún documento que evidencie la transferencia de propiedad de dicho dinero a esta última.
El pasado 30 de enero la empresa Transbanca, presentó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Vargas, un (1) escrito en el cual informó a dicho Juzgado que tal empresa, el 29 de diciembre de 2003 “… fue contratada por Securitor internacional Valuables Transport Inc. (sic), quien a su vez fue autorizada por el Bank of America, a través del Sr. Jorge Moskowicz, a los fines únicos de transportar desde los almacenes de American Airlines, localizados en la Aduana Principal Aérea de Maiquetía, hasta las bóvedas de la Empresa: Italcambio, C.A.’ Casa de Cambio (…), la cantidad de dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 2.500.000,00), que llegaron procedentes de la ciudad de Miami, en fecha 29 de diciembre de 2003 en el vuelo 935 de la empresa American Airlines”.
El 8 de febrero de 2007, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Vargas declaró con lugar la apelación, y anuló la decisión impugnada, siendo tal decisión de la alzada penal el acto que se impugnó a través de la presente acción de amparo constitucional.
Esgrimió Italcambio, C.A., que la sentencia impugnada en amparo revocó y anuló la decisión dictada por el Juzgado Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal de Vargas del 12 de diciembre de 2006, la cual en justo derecho, según alegó, había declarado con lugar la solicitud de entrega de divisas. Agregó que la sentencia de la Corte de Apelaciones violó flagrantemente la doctrina pacífica y reiterada de la Sala Constitucional, referida a la necesidad de cumplir con el requisito de motivación de la sentencia.
Denunció Italcambio, C.A. la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, a la defensa, a ser oído, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad, consagrados en los artículos 21, 26, 49 y 115, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Sala Constitucional luego de declarar su competencia para conocer de la pretensión de amparo interpuesta, comprobó que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Además, indicó la Sala del Máximo Tribunal en vista de que la solicitud de amparo cumplió con las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, e igualmente, se ha anexado copia certificada de la sentencia accionada, se admitió la acción de amparo ejercida.
En vista de la admisión se ordenó la notificación del Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, para que la Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las 96 horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Además, se ordenó la notificación del Fiscal General de la República.
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Categorías Sala Constitucional, TSJ
Sala Político Administrativa declinó en la Sala Constitucional el conocimiento para decidir recurso contra canal de televisión
La Sala Político Administrativa, con ponencia del magistrado Emiro García Rosas, declinó en la Sala Constitucional la competencia para conocer y decidir la apelación contra la sentencia N° 2003-1186 del 10 de abril de 2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ejercida en una acción de amparo autónomo presentado conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, por Henrique Capriles Radonski, contra la sociedad mercantil Venezolana de Televisión, C.A.
En el presente caso el 11 de julio de 2006 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a la Sala del Alto Tribunal la copia certificada del expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por Capriles Radonski, contra la sociedad mercantil Venezolana de Televisión, C.A., por la transmisión reiterada de los programas de televisión denominados “Asedio a una Embajada” y “Conspiración Mortal”.
La remisión del expediente se debió a la apelación ejercida por Capriles Radonski contra de la sentencia N° 2003-1186 del 10 de abril de 2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró homologado el desistimiento y condenó en costas al apelante.
Sin embargo, la Sala Político Administrativa basándose en la jurisprudencia, y por cuanto el presente caso trata de la apelación de una sentencia de amparo constitucional dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 10 de abril de 2003, mediante la cual declaró homologado el desistimiento y condenó en costas al quejoso en amparo contra la sociedad mercantil Venezolana de Televisión, C.A., “esta Sala se declara incompetente para resolver la referida apelación, por corresponder su conocimiento a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal”. En vista de lo anterior la Sala Político Administrativa ordenó remitir el expediente a la Sala Constitucional.
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