Source: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84543
Timestamp: 2019-07-23 22:58:23
Document Index: 176185410

Matched Legal Cases: ['artículo 209', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 222', 'ARTÍCULO 223', 'artículo 41', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 224', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 59', 'artículo 563', 'artículo 2', 'artículo 60', 'artículo 59', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 224', 'artículo 75', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 222', 'artículo 3', 'artículo 60', 'artículo 75', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 241', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo150', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 218', 'artículo 229', 'artículo 218', 'artículo 150', 'artículo 59', 'artículo 13', 'artículo 223', 'artículo 2', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 150', 'artículo 209', 'artículo 218', 'artículo 150', 'artículo 75', 'artículo 223', 'Artículo 2', 'Artículo 209', 'artículo 29', 'artículo 209', 'artículo 59', 'artículo 29', 'artículo 95', 'artículo 612', 'artículo 50', 'artículo563', 'artículo 566', 'artículo 568', 'artículo 565', 'artículo 50', 'artículo 563', 'artículo 60', 'artículo 562', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 567', 'artículo 2', 'artículo 562', 'artículo 61', 'artículo60', 'artículo 562', 'Artículo 62', 'artículo 18', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 13', 'artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 209', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 209', 'artículo 224', 'artículo 30', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 224', 'artículo 222', 'ARTÍCULO 222', 'artículo 3', 'artículo 222', 'artículo 150', 'artículo 209', 'artículo 223', 'artículo 223', 'Artículo 2']

﻿ Sentencia C-016 de 2013 Corte Constitucional - Gestor Normativo Función Pública
Sentencia C-016 de 2013 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 23 de enero de 2013
Tema: ACTO ADMINISTRATIVO - Subtema: Notificación
No resulta lesivo del principio de publicidad y del derecho a la información sobre la actividad de la Administración, del cual son titulares los ciudadanos, modificar e incluso suprimir formas de publicidad de la actividad contractual del Estado, siempre y cuando tales cambios contribuyan a realizar los principios de publicidad, eficacia y economía establecidos como marco de la función administrativa en el artículo 209 de la Carta. Dadas las ventajas de la comunicación electrónica, la Corte considera que las disposiciones de los artículos 218,222 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, no son inconstitucionales cuando sustituyen la publicidad de la gestión contractual del Estado en medios escritos por publicidad en medios electrónicos.
Sentencia C-016/13
No vulnera el legislador delegado las facultades conferidas en virtud del artículo 150 numeral 10, cuando opta por mecanismos electrónicos para darle publicidad a la actividad contractual del Estado. La supresión o sustitución del deber de publicar en medios escritos y otros sistemas electrónicos, hace parte de la potestad extraordinaria, pues, en aras de la eficacia, la economía y la celeridad; se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de publicidad privilegiando el uso de medios electrónicos. Tampoco se encuentra un uso excesivo de las facultades legislativas delegadas, cuando se estima como innecesaria la publicación en medios escritos impresos de alta circulación, de avisos de notificación que permitan surtir notificaciones de actuaciones administrativas, en materia tributaria aduanera y cambiaria y, en su defecto se autorizan publicaciones electrónicas. El legislador extraordinario ha optado por mecanismos que estima más eficientes, los cuales reducen costos en los que se incurriría si se preservase el deber de seguir publicando en medios escritos e impresos, de alta circulación. El Tribunal Constitucional entiende que se aviene a la Carta el que se regulen las actividades de la Administración de conformidad con los avances tecnológicos, siempre y cuando, ello no vaya en detrimento de los derechos de los administrados.
NOTIFICACION DE ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR VIA ELECTRONICA-Alcance/NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO EN MATERIA TRIBUTARIA-Alcance/DEVOLUCION DE CORREO-No releva a la administración de las consecuencias, cuando acontezca por razones imputables a la entidad estatal
La consagración de formas electrónicas de notificación por aviso electrónico, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como mecanismo subsidiario para suplir trámites de notificación infructuosos, no resulta violatoria del debido proceso, ni, puntualmente, del derecho de defensa. En materia de notificaciones por correo, resulta constitucionalmente admisible la inserción del aviso en la página electrónica de la DIAN, cuando el correo sea devuelto; pero ello no releva a la Administración de las consecuencias, cuando la devolución del correo acontezca por razones imputables a la entidad estatal. En consecuencia, los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012 se encuentran ajustados al Art. 29 de la Constitución Política.
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA-Trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de hacienda y crédito público
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA-Eliminación del diario único de contratación y eliminación de la publicación de las convocatorias a licitación/ELIMINACION DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACION-Cosa juzgada constitucional
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA-Efectividad de derechos y deberes constitucionales
NORMAS QUE SUPRIMEN PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EN LA ADMINISTRACION-Facultades extraordinarias conferidas por el legislador/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Requisitos
En relación con las facultades que de conformidad con el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política, el Congreso otorga al Gobierno para la expedición de normas con fuerza de ley, abundante ha sido la jurisprudencia de esta Corporación. Se ha precisado que se trata de facultades que buscan delegar en el Ejecutivo, de manera transitoria, una potestad legislativa que en determinados caso puede ser atendida de manera más expedita por el Gobierno. Así por ejemplo, asuntos de carácter técnico que requieren de respuestas más inmediatas, encuentran una mejor regulación por parte del legislador delegado, cuyo procedimiento de expedición de normas es menos complejo que el procedimiento propio del legislador ordinario. O, también, cuando se trata de asuntos puntuales de la Administración, puede resultar más adecuada la solución normativa establecida por el Gobierno en razón de la proximidad con el problema o asunto que se busca regular. Con todo, la concesión de estas facultades está mediada por una serie de requisitos determinados por el constituyente; tales son, de manera general: la existencia de una ley habilitante (i); la necesidad de una mayoría especial para la aprobación de la ley habilitante (ii); la concesión de las facultades por un término no mayor a 6 meses (iii);la existencia de un presupuesto de hecho, el cual bien puede ser “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”(iv);el carácter expreso y preciso sobre lo delegado (v); el carácter provisional de la delegación (vi); la restricción constitucional de conferir tales facultades para expedir códigos, leyes orgánicas y estatutarias o, decretar impuestos (vii). En fecha reciente esta Corporación mediante fallo C- 366 de 2012 M.P. Vargas Silva, ha recordado varios de estos requisitos. Es tanta la trascendencia de la legislación delegada que el constituyente le entregó el control de constitucionalidad de esta normatividad a la Corte Constitucional. Se trata de normatividad producida por el Ejecutivo, pero, cuya evaluación respecto del respeto o transgresión de la Constitución le corresponde al Guardián supremo de la Constitución. En esta tarea de control constitucional desempeña un papel importante la ley habilitante de facultades, pues se trata de un verdadero parámetro de constitucionalidad. Se entiende que el alcance de la actividad reguladora del Ejecutivo está trazado por los límites materiales y temporales establecidos por el poder delegante.
NOTIFICACION DE ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR VIA ELECTRONICA COMO MECANISMO SUBSISDIARIO-Garantía del debido proceso y derecho de defensa
NOTIFICACION DE ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR VIA ELECTRONICA-No resulta contrario al principio de publicidad y derecho a la información sobre la actividad de la administración, del cual son titulares los ciudadanos
Referencia: expediente D-9091
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano José Gregorio Hernández Galindo demandó la inexequibilidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, expedido con base en facultades extraordinarias conferidas por el art. 75 de la ley 1474 de 2011, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
A continuación se transcribe el texto de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
Diario Oficial No. 48.303 de 10 de enero de 2012
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”
TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y CRÈDITO PÚBLICO
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal".
"Las actuaciones y actos administrativos enviados a notificar por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en el portal web de la DIAN, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el responsable, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación en el portal”.
PARÁGRAFO. El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2245 de 2011, quedará así: "Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN".
“ARTÍCULO 31. De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias. La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación”.
ARTÍCULO 222. Supresión del SICR, gratuidad y sistema de análisis de precios. Derogase la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública.
ARTÍCULO 223. Eliminación del diario único de contratación. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales solo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
ARTÍCULO 224. Eliminación de la publicación de las convocatorias a licitación. El numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, quedará así:
"3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población.
El demandante estima que las disposiciones objeto de censura constitucional, contenidas en el Decreto Ley 019 de 2012“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, contravienen lo dispuesto en los artículos 3, 13, 20, 29, 121, 150-10, 209 y 228 de la Constitución Política.
Inicialmente, el demandante se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 59 del Decreto Ley 019 de 2012, modificatorio del artículo 563 del Estatuto Tributario, relativo a la dirección en la cual debe efectuarse la notificación de las actuaciones tributarias.
Del mismo modo, señala que la norma en comento transgrede el artículo 2° Superior, por cuanto restringe la participación de todos en las decisiones que les afectan, y porque dificulta el ejercicio y realización efectiva de las garantías fundamentales.
A renglón seguido, procede a pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad del artículo 60 del Decreto Ley en estudio el cual modificó el Decreto 2685 de 1991, relativo a la legislación aduanera, consagrando las notificaciones mediante aviso en el portal web de la DIAN, cuando no sea posible establecer la dirección del responsable por ninguno de los medios señalados en el artículo 59 ibídem.
Según el actor, dicha norma restringe y dificulta las posibilidades de conocimiento de las providencias en materia aduanera y, por ende, el derecho de defensa. Aunado a esto, considera que vulnera el artículo 2° Superior, especialmente en lo atinente a la finalidad del Estado de garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Continúa refiriéndose a la inconstitucionalidad del artículo 62 del Decreto Ley 019 de 2012 modificatorio de los arts. 18 y 13 del Decreto 2245 de 2011 (legislación en materia de procedimiento cambiario), la cual fundamenta en la vulneración de los artículos 2, 13 y 29 Superiores, por los mismos motivos expuestos en relación a los artículos 59, 60 y 61 de la norma en estudio.
Resalta que el legislador era consciente de que en algunas zonas del territorio nacional no es viable acceder a las páginas de internet, razón por la cual dispuso en el inciso 2 del artículo 224, que en poblados pequeños era posible superar la restricción impuesta por las normas acusadas al circunscribir las publicaciones a la página web de la entidad contratante y al SECOP mediante la lectura por bando y la fijación de avisos en los principales lugares públicos, obligatoriamente en un día de mercado en la respectiva población.
Para fundamentar su afirmación, sostiene que mediante el Decreto Ley 019 de 2012, el Presidente legisló acerca de temas que no se encontraban incluidos en el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, norma que le otorgó la facultad de suprimir o regular trámites o procedimientos innecesarios en la administración pública, es decir, este asunto era de competencia exclusiva del Congreso.
Por otra parte, el actor hace énfasis en que los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012 al modificar disposiciones del Estatuto Tributario, desacata la prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 150, relativa a que, con ocasión de las facultades extraordinarias que el Congreso concede al Presidente de la República, no se pueden expedir códigos.
Para concluir, añade que las normas acusadas violan el artículo 3 Superior ya que en el presente caso el Presidente ha ejercido sus atribuciones en contra de lo previsto en la Constitución Política.
En ese orden de ideas, solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, por cuanto desconocen el derecho fundamental a la defensa y contradicción, a la igualdad, el derecho público a la información y, además, porque en la producción de dichas normas el Presidente se excedió en el ejercicio de sus facultades extraordinarias.
De manera previa a la presentación de sus consideraciones sobre los fundamentos de su solicitud, el interviniente hace algunos planteamientos para señalar que el Decreto 019 de 2012 surgió como consecuencia de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República, mediante la Ley 1474 de 2011, para expedir normas con fuerza de Ley para reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes es la Administración Pública, entre otros.
En refuerzo de este planteamiento, trae a colación que según el comunicado de prensa “La Locomotora de internet va a todo vapor”, emanado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el avance en la implementación del “Plan Vive Digital” que tiene como meta alcanzar 8.8. millones de conexiones en 2014, ha sido muy significativo.
En torno al artículo 222 del Decreto Ley 019 de 2012, afirma que el demandante desconoce el alcance de la norma y su armonía con lo señalado en la Ley 1150 de 2007, la cual fue declarada exequible mediante Sentencia C-259 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Sostiene que la notificación por publicación de aviso en un portal de internet contenida en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012, corresponde a una especie de notificación electrónica que cambia el medio de comunicación establecido originalmente en el Estatuto Tributario, pasando de la publicación en un periódico de amplia circulación nacional o regional a la página web de la respectiva entidad.
Prosigue su exposición señalando que los preceptos acusados no desconocen los artículos 2 y 29 Superiores, toda vez que el Decreto 019 de 2012 tan sólo remplaza el uso de un medio de comunicación por otro más expedito, gratuito, masivo y uniforme, como lo es el internet, ante los eventos de devolución de la notificación por correo y la imposibilidad de determinar la dirección del contribuyente a través de guías telefónicas, directorios y de información oficial, comercial o bancaria.
En torno a la vulneración del principio de la igualdad, sostiene que los preceptos normativos no lo desconocen, puesto que no es posible la configuración de un test de igualdad al no existir dos grupos identificables de personas a quienes resulte aplicable las normas demandadas en diferente modo. Adicionalmente, manifiesta que el contenido normativo específico de las disposiciones acusadas, no establece un trato diferencial entre dos grupos de personas o dos situaciones fácticas. .
En cuanto hace al cargo por violación a los artículos 20, 29, 209 y 229 de la Constitución Política, por la publicación de los actos administrativos de carácter contractual y precontractual por medio del SECOP y la eliminación del SICE, CUBS y RUPR, precisa que el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, que ya fue objeto de control constitucional, faculta a las entidades públicas para la sustanciación, trámite, expedición, notificación, y publicación de las actuaciones de contenido contractual y precontractual por medios electrónicos y establece la integración de los demás sistemas de información de la contratación pública en el SECOP, incluyendo el SICE, sin perjuicio de las competencias y facultades para el ejercicio del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. En este punto transcribe in extenso un acápite de la Sentencia C-259 de 2008 en el cual se alude a la facultad del Gobierno para regular los mecanismos del sistema de contratación pública electrónica.
3. Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República de Colombia
Por otra parte y en aras de desvirtuar lo afirmado por el actor acerca del artículo 60 del Decreto 019 de 2012, sostiene que la notificación por publicación en la página de internet de la DIAN no remplazar los medios convencionales de notificación.
En lo atinente al cargo contra los artículos 222, 223 y 224 del Decreto 019 de 2012, asevera que el actor se limitó a afirmar que la norma redujo considerablemente las posibilidades de conocimiento público de las licitaciones, contratos, bienes y servicios, razón por la cual el cargo incumple con el requisito de la concreción al ser insuficiente y abstracto.
Recuerda que la creación del SECOP fue dispuesta por la Ley 1510 de 2007 y no por el Decreto bajo examen y, señala que el demandante no demostró por qué el SECOP es menos eficiente que el SICE en cuanto al manejo de la información necesaria para adelantar el control público de la actividad contractual. Cita jurisprudencia que se pronunció de manera favorable al SECOP y concluye que la norma acusada no eliminó la publicación del contrato sino que modificó el medio técnico para hacerlo. Resalta que la tecnología contemporánea es más eficiente en términos de publicidad de la información que la tecnología de la imprenta.
Mediante escrito allegado a esta Corporación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, intervino en el trámite de la presente acción, con el fin de solicitarle a la Corte que declare la exequibilidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012.
Después de reseñar los cargos formulados en la demanda, la interviniente sostiene que el Gobierno no excedió las facultades extraordinarias al expedir las normas acusadas, ya que éstas se encuentran en armonía con la autorización concedida al Ejecutivo Nacional, en el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, que le confiere la potestad de modificar o derogar las normas de rango legal que contienen las regulaciones, procedimientos y trámites suprimidos y reformados. Para tal efecto, define los conceptos de regulación, procedimiento y trámite; concluyendo que la reforma o supresión en esos ámbitos estaba autorizada al Ejecutivo. Refiere en su argumentación sobre el punto, apartes de la sentencias C-340 de 1996 y C-1155 de 2008.
En torno a los cargos planteados contra los artículos 222, 223 y 224 del Decreto 019 de 2012, expresa que la diversidad de sistemas de información no garantiza necesariamente una mejor publicidad de la actividad contractual, dado que muchas veces las fuentes que alimentan uno y otro sistema no reportan la misma información o lo hacen inoportunamente. Además, la multiplicidad obliga a que las personas consulten diferentes sistemas de información estatal para un mismo propósito.
A juicio del interviniente, los preceptos demandados del Decreto Ley 019 de 2012 desconocen el derecho de defensa y del debido proceso a quienes por sus condiciones socioeconómicas les es imposible tener acceso a internet. Refiere decisiones de la Corte que en su opinión han tratado aspectos del tema en estudio. Agrega que hasta tanto el Estado no garantice el acceso físico e intelectual a internet, se configura una vulneración del derecho a la igualdad.
Previo a referir su análisis, el interviniente solicite se considere por la Corte si deben unificarse el expediente en estudio y la actuación D-9195 en la cual se acusan los arts. 59, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012.
Específicamente y en favor de la exequibilidad del artículo 59 del Decreto 019 de 2012, señala que no es una disposición autónoma ni independiente, sino que, por el contrario, se integra en el conjunto de normas que ordenan el régimen de notificaciones de los actos administrativos de carácter fiscal.
En lo relativo a los artículos 222, 223 y 224 del Decreto 019 de 2012, manifiesta su desacuerdo con la acusación formulada, indicando que el hecho que la norma cambie el medio de difusión de los asuntos relativos a la contratación estatal, no implica el desconocimiento del derecho a la información, pues las comunicaciones se realizan en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, en las Cámaras de Comercio o a través de bandos leídos por las autoridades municipales.
Finalmente, agrega que la demanda no es conducente, por cuanto el artículo 59 del Decreto 019 de 2012 propicia el idóneo conocimiento de los actos administrativos.
5.2. Los ciudadanos César Lozano y Ramón Niño, mediante escrito de agosto de 2012, intervinieron en la presente causa con el fin de expresar el apoyo a las pretensiones de la demanda de inconstitucionalidad. Consideran que las disposiciones contenidas en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012, configuran un retroceso procesal y vulneran el derecho al debido proceso, toda vez que en Colombia no existe una real cobertura de internet, pues solamente un grupo privilegiado puede tener acceso a dicho servicio. Según ellos, se obliga a quien no lo posee, a la adquisición de un computador, e incluso a la suscripción de un plan de datos, lo cual resulta gravoso.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5436, del 17 de septiembre de 2012, intervino en el trámite de la presente acción, solicitándole a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas.
De manera previa a la presentación de sus consideraciones sobre los cargos endilgados por el demandante, advierte que mediante el Concepto 5424, rendido en el trámite del Expediente D-9195, el Ministerio Público se pronunció acerca de una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 58, 59, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012, la cual considera pertinente reiterar, puesto que el sub lite se dirige contra las mismas normas y utiliza argumentos similares.
Respecto del cargo formulado contra los artículos 223 y 224 del Decreto 019 de 2012, afirma que una apreciación subjetiva lleva al actor a plantear una posible violación de los derechos de quienes no cuentan con acceso a internet, sin prever que las publicaciones electrónicas tienen un ámbito más amplio, sin límite de tiempo ni espacio.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que en el presente caso se formula contra los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012.
1.1.1Improcedencia de acumulación
Si bien es cierto, no hay solicitud formal de acumulación, sí se cuenta con la manifestación en la intervención de la Universidad Externado sobre otro juicio de constitucionalidad radicado con el número D- 9195, en el cual es ponente el Dr. Mauricio González Cuervo, y se sugiere por parte del interviniente, la unificación de las acciones D- 9195 y D- 9091. Igualmente, en el concepto del señor Procurador General de la Nación, allegado a esta actuación, se alude al trámite D- 9195, en el que se conceptúa de manera similar frente a las mismas disposiciones demandadas. En consecuencia, es preciso considerar previamente este aspecto.
Sobre la procedencia de la acumulación de actuaciones y el término para ello, se ha pronunciado en repetidas ocasiones esta Corporación precisando que, de conformidad con el reglamento de la Corte, esta situación debe atenderse al momento del reparto y con la aprobación de la Sala Plena. Si ya se han adelantado actuaciones con posterioridad al reparto, no resulta viable darle vía libre a la unificación de las acciones bajo una misma cuerda procesal. Dice al respecto el artículo 47 del Reglamento interno de la Corte (Acuerdo No. 05 de 1992):
"Sólo podrán acumularse aquellos procesos que se incluyan en el respectivo programa mensual de trabajo y reparto, siempre y cuando la propuesta de acumulación se justifique en los términos del artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, sea formulada al momento de someterse el referido programa a consideración de la Sala Plena y ésta la apruebe."(negrillas de la Sala Plena).
En el caso presente se encuentra que dentro del expediente D- 9195 se registró proyecto de fallo para Sala Plena el 17 de octubre de 2012, en consecuencia, la oportunidad procesal para acumular ha precluido y, atendiendo tanto a la normatividad transcrita como a la jurisprudencia de la Corte, se desestima cualquier propuesta en este sentido1 .
1.1.2 La Demanda de Inconstitucionalidad y la aptitud de los cargos
Ha sido una línea constante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, la salvaguardia del derecho político de los ciudadanos a interponer acciones en defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico, tal como lo dispone el artículo 40 numeral 6 de la Carta. Sin embargo, el ejercicio de este derecho a través de las demandas de inconstitucionalidad comporta algunas exigencias necesarias para el correcto trámite de la solicitud.
El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 contempla una serie de requisitos mínimos que debe atender el ciudadano para entablar su solicitud de pronunciamiento frente al Tribunal Constitucional.2 Específicamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que como requisitos esenciales la demanda debe contener “el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto3”.
En cuanto al objeto, se trata de los enunciados o disposiciones puestos en tela de juicio por el accionante. En lo atinente al concepto de violación, la jurisprudencia ha detallado una serie de requisitos que permiten determinar la idoneidad de la demanda para obtener de la Corte un pronunciamiento de fondo. Se debe siempre advertir, que el análisis de estos requisitos, en cada caso concreto, está mediado por la presencia del principio proactione, el cual implica para la Corte una valoración de los requisitos que prefiera “una decisión de fondo antes que una inhibitoria”4. La aplicación de este principio tiene asidero constitucional en el artículo 2 de la Constitución Política, el cual propende Hacia la realización efectiva de los derechos como exigencia esencial del Estado Social de Derecho.
De manera puntual la Corte ha advertido que las razones aducidas por el actor en la demanda deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; pues de no serlo, no le es posible a esta Corporación pronunciarse de fondo sobre las inquietudes de quien instaura la acción.5 En el caso presente y en relación con varios cargos, se han manifestado reparos respecto de las calidades de los motivos expuestos por el demandante, por ello, se hace necesario un análisis discriminado de las inconformidades planteadas.
La Corte encuentra que es del caso considerar algunos cargos, respecto de los cuales la misma Corporación tiene dudas y, seguidamente, revisar los reparos hechos por algunos de los varios intervinientes a la demanda. En particular llama la atención la presunta infracción de los artículos 3, 121, 229 y 13 de la Carta Política los cuales, por las manifestaciones del actor, resultarían vulnerados por la totalidad de las disposiciones acusadas.
En primer lugar, se observa que el demandante considera vulnerado el art. 3, al parecer, en razón de la presunta infracción del artículo150 numeral 10, aunque por la ambigua redacción, podría ser por todos los supuestos quebrantamientos que ha relacionado en la acusación. El asunto es que este cargo sufre manifiestamente de falta de claridad, pues el hilo conductor se hace confuso para el lector al momento de precisar cuáles sonlos motivos del ataque. Adicionalmente, esta ausencia de claridad redunda en el déficit de especificidad que requiere una acusación constitucional. De lo escrito no se puede colegir un cargo concreto contra las normas acusadas que permita sospechar la transgresión del artículo 3 de la Constitución. Sobre este aspecto, ha dicho la Corte que “las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”6.
Por lo que guarda relación con la suficiencia como condición exigible al cargo, no se encuentran argumentos que permitan dudar sobre la constitucionalidad de las normas acusadas en relación con el artículo 3. Probablemente, el motivo de esta insuficiencia radique en que justamente, no se adujeron razones puntuales de transgresión al citado mandato constitucional. Como consecuencia de lo referido la Sala desechará el cargo por su ineptitud.
Tampoco encuentra la Sala que el cargo formulado contra el artículo 218 del decreto 019 de 2012, por presunta infracción al artículo 229 de la Carta Política, alcance a revestir el mínimo de las exigencias para pronunciarse de fondo. El ciudadano que acusa, se limita a decir que “puede verse por simple confrontación de textos, representa una evidente reducción de garantía de acceso a la Administración de justicia cuando alguien ha sido sancionado sin saberlo y no puede, por tanto impugnar o atacar por la vía judicial el acto sancionatorio”. En este caso, es la pertinencia7 la que no se encuentra evidenciada, pues el demandante colige que las órdenes del legislador delegado, de publicar en el SECOP decisiones ejecutoriadas y el comunicar las mismas a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría, implican un obstáculo para acceder a la Administración de Justicia. Respecto del mismo artículo 218, tampoco se considerará una supuesta violación al debido proceso, pues el cargo se contrae, a afirmar que por tratase de una norma restrictiva, vulnera el debido proceso.
Aparece también en la demanda una censura contra los artículos 59, 60, 61 y 62 del decreto 019 de 2012, según la cual violan el artículo 150, numeral 10, de la Constitución pues tales preceptos legales modifican el Estatuto Tributario, el cual es sustancialmente un código y, la norma constitucional prohíbe expresamente la concesión de facultades para expedir códigos. En este caso, se encuentra que la afirmación hecha por el ciudadano no se corresponde con la realidad, pues de las disposiciones mencionadas, solamente el artículo 59 modifica un precepto del Estatuto Tributario, las restantes regulaciones cuestionadas corresponden a la legislación aduanera y al régimen sancionatorio cambiario.
“(…) recuérdese que conforme lo expresado reiteradamente por (…) esta Corporación8, para efectos de configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no es suficiente con sostener que las disposiciones objeto de controversia establecen un trato diferente frente a cierto grupo de personas y que ello es contrario al artículo 13 superior”9.
“(…) en relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación (...)”10
“(…) es imprescindible que se expresen las razones por las cuales considera el demandante que la supuesta diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida (…)”11
En el caso en estudio, el ciudadano parece contraer el ataque a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012.Es respecto de tales disposiciones que se hace el análisis, anticipando que la acusación desatiende varias de las exigencias previamente anotadas. En primer lugar, no se cumple el requisito general de la pertinencia del cargo, pues como ha dicho la Corte, pesa la ineptitud sustantiva cuando lo que se pretende es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre interpretaciones subjetivas del accionante o aplicaciones del precepto a un caso particular y concreto:
“(…) cargos que se sustenten en (i) simples consideraciones legales o doctrinarias; (ii) la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o (iii) el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad (...)”C- 1052 de2001 M.P. Cepeda Espinosa.
“(…)La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado (…)”C- 1052 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa.
Como consecuencia de lo considerado, declarará esta Corte, la inhibición en relación con los cargos por presunta vulneración de los enunciados demandados a los artículos 3, 13, y 121 de la Constitución. Igual acontece en el caso específico del artículo 223del Decreto 019 de 2012, con el hipotético quebrantamiento de los artículos 29 y 229 de la Constitución.
De las varias páginas redactadas por el actor, se puede colegir que estima violatorio del principio del debido proceso y el derecho de defensa, el contenido de los artículos59, 60, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012, redundando negativamente en una no garantía efectiva de los derechos y deberes estipulados en la Carta. Si bien es cierto, el demandante no subrayó apartes demandados, se entiende, de su argumentación, que su censura recae en la notificación por internet, cuando la Administración no ha podido ubicar al afectado o interesado, y debe acudir a este mecanismo que, en su sentir, no está al alcance de todas las personas.
En cuanto a los artículos 218, 222, y 224 019 de 2012, aparece claro para la Corte que el actor estima como transgredidos, el derecho a la información y el principio de publicidad propio de la función administrativa. La razón esencial de esta acusación estriba, justamente, en la ya anotada, según el actor, restricción del acceso a internet.
1.1.3 Los artículos 59,61 y 62 y la sentencia C-012 de 2013. Cosa juzgada relativa
A través de fallo C-012 de 2013, con ponencia del Magistrado Mauricio González, la Corte Constitucional se pronunció sobre la presunta vulneración entre otros, por parte de los artículos 59, 61 y 62del decreto 019 de 2012, al artículo 2 de la Carta Política, pues en opinión de los actores del caso, los citados preceptos contienen mandatos que conducen a una no garantía efectiva de los derechos y deberes contemplados en la Constitución.
1.1.4El artículo 223 y la sentencia C-711 de 2012. Cosa Juzgada relativa
Por otra parte y mediante Sentencia C- 711 de 2012, esta Corporación con ponencia del Doctor Mauricio González, declaró exequible el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, por considerar que no transgrede el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política. Igualmente, se desestimó en el fallo que el precepto vulnerara el artículo 209 de la Constitución.
2 Los Problemas jurídicos
Se cuestionan los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012 que incorporan el mandato del legislador delegado de notificar en la página web de la DIAN los actos de la Administración en materia tributaria, aduanera y cambiaria, que no resulte posible notificar tras haber agotado otras formas de ubicación del interesado. En relación con esta censura, debe la Corte resolver el siguiente problema ¿es violatorio del debido proceso y del derecho de defensa, atentando contra la realización efectiva de los derechos, ordenar en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la notificación en la página web de la DIAN, cuando se ha acudido a otros mecanismos de ubicación del interesado y han resultado éstos infructuosos? Respecto de estos cargos se impone resolver otro problema ¿es violatorio del debido proceso y en particular del derecho de defensa, ordenar en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la notificación en la página web de la DIAN, cuando, tratándose de notificaciones por correo, son devueltas por cualquier razón?
Por lo dispuesto en el artículo 218 atacado, también cuestiona el demandante que los actos y sentencias condenatorias en materia contractual se publiquen en el SECOP (Sistema Electrónico de la Contratación Pública). Por ende, es del caso resolver el problema que se enuncia seguidamente ¿desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato las publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad?.
Dados los enunciados de los artículos 222,223 y 224 demandados, otro asunto que preocupa al actor hace relación a la incorporación de las actividades propias de la contratación estatal en el SECOP y en páginas web, prescindiendo para este efecto de publicaciones escritas impresas. En este caso, el problema se contrae a esta inquietud ¿desconocen el principio de publicidad de la función administrativa y el derecho a la información, medidas que ordenan la incorporación de la información de las actividades de la contratación estatal, en medios electrónicos, modificando disposiciones que ordenaban tal publicación en medios escritos impresos?.
(i) ¿Se excede el legislador delegado, en el uso de sus facultades extraordinarias, cuando estima como innecesaria la publicación en medios escritos impresos de alta circulación, que permita surtir notificaciones de actuaciones administrativas, en materia tributaria aduanera y cambiaria y, en su defecto, autoriza publicaciones electrónicas?
(ii) ¿Incurre el Presidente como legislador extraordinario en un uso excesivo de sus facultades, cuando ordena publicar en medios electrónicos actuaciones propias de la contratación estatal, suprimiendo el deber de hacer tales publicaciones en medios escritos impresos de alta circulación?
(iii) ¿Incurre el legislador delegado en un uso excesivo de sus facultades extraordinarias, cuando suprime medios de publicidad de la contratación estatal y, ordena la publicidad de la actividad de la materia en referencia, en medios electrónicos de publicidad de la Administración?
3 Las facultades extraordinarias conferidas por el legislador para la expedición de normas que suprimen procedimientos considerados como innecesarios en la Administración Pública
En relación con las facultades que de conformidad con el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política, el Congreso otorga al Gobierno para la expedición de normas con fuerza de ley, abundante ha sido la jurisprudencia de esta Corporación12. Se ha precisado que se trata de facultades que buscan delegar en el Ejecutivo, de manera transitoria, una potestad legislativa que en determinados caso puede ser atendida de manera más expedita por el Gobierno. Así por ejemplo, asuntos de carácter técnico que requieren de respuestas más inmediatas, encuentran una mejor regulación por parte del legislador delegado, cuyo procedimiento de expedición de normas es menos complejo que el procedimiento propio del legislador ordinario. O, también, cuando se trata de asuntos puntuales de la Administración, puede resultar más adecuada la solución normativa establecida por el Gobierno en razón de la proximidad con el problema o asunto que se busca regular.
Con todo, la concesión de estas facultades está mediada por una serie de requisitos determinados por el constituyente; tales son, de manera general: la existencia de una ley habilitante (i); la necesidad de una mayoría especial para la aprobación de la ley habilitante (ii); la concesión de las facultades por un término no mayor a 6 meses (iii);la existencia de un presupuesto de hecho, el cual bien puede ser “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”(iv);el carácter expreso y preciso sobre lo delegado (v); el carácter provisional de la delegación (vi); la restricción constitucional de conferir tales facultades para expedir códigos, leyes orgánicas y estatutarias o, decretar impuestos (vii). En fecha reciente esta Corporación mediante fallo C- 366 de 2012 M.P. Vargas Silva, ha recordado varios de estos requisitos.
En el caso presente se trata de revisar si las disposiciones acusadas excedieron el límite material definido por el legislador en el parágrafo 1 del artículo 75 de la ley 1474 de 2011, en el cual, se facultó al Presidente de la República para “suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Con este análisis resultará posible resolver varios de los problemas jurídicos planteados, en particular, los que tienen que ver con el presunto uso excesivo de las facultades legislativas delegadas en comento.
Las consideraciones que sobre este punto se hagan, no pueden pasar por alto lo sostenido por esta Corporación en fallo reciente, el cual se pronunció sobre una de las disposiciones aquí atacadas y, hubo de ocuparse del asunto del límite material de las facultades legislativas delegadas. Se dijo en la sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo:
“(…)las facultades extraordinarias deben ser expresas y precisas, nunca implícitas, y no admiten analogías, ni interpretaciones extensivas, de manera que se aparta de la Constitución Política toda interpretación que entienda que cierta facultad incorpora o incluye otras que no se encuentran expresamente contenidas en la norma de facultades”.
De lo transcrito se advierte que el control es restrictivo, para impedir que por vía de la legislación delegada se vacíe la facultad general en cabeza del Congreso. Sin embargo, tampoco se trata de exigir una delegación con un contenido material tan minucioso que la actividad del Ejecutivo se contraiga a reproducir lo materialmente establecido por el principio democrático. Se dijo en el fallo C- 711 de 2012 citando jurisprudencia precedente:
“(…) es indispensable que la delegación legislativa que efectúa el Congreso en la respectiva ley de facultades se haga para una materia concreta, específica. Al efecto, en dicha ley no sólo se debe señalar la intensidad de las facultades que se otorgan sino que, además, se ha de fijar su extensión determinando con precisión cuál es el objeto sobre el cual el Presidente ejercerá la facultad legislativa extraordinaria que se le confiere, lo cual no significa que el legislador en la norma habilitante necesariamente deba entrar a regular en forma detallada la materia sobre la cual versan dichas facultades,”13 (subrayas fuera del original).
La decisión en estudio, consideró que una valoración de las facultades conferidas al Presidente para expedir el Decreto Ley 019 de 2012, implica revisar cada uno de los términos que comporta una autorización al Ejecutivo, por ello, se dijo in extenso:
Se ha precisado, de conformidad con la jurisprudencia trascrita, que el carácter de innecesario, hace relación a aquello que no es indispensable o que no hace falta. Resulta evidente que cualquier estimación del concepto de necesariedad debe implicar mínimamente un elemento de referencia teleológico, esto es, lo necesario debe serlo con miras a un determinado fin. En la normatividad en estudio la finalidad se colige de los considerandos del Decreto 019 de 2012, esta se expresa en los principios de eficiencia, equidad, economía, transparencia, moralidad y la realización efectiva de los derechos, los cuales, deben signar las actuaciones de la Administración Pública.
“la Corte considera que un sistema automatizado de información sobre la contratación estatal debe, para mostrarse ajustado a los postulados constitucionales, contar con instancias tecnológicas que aseguren, entre otros objetivos, (i) la imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación oportuna y suficiente de los interesados en el proceso contractual, al igual que los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica.”(C-259 de 2008 M.P. Córdoba Triviño)
“(…) se muestra prima facie compatible con el principio de publicidad, habida cuenta que el diseño legislativo del Secop prevé instancias para el cumplimiento de las finalidades constitucionales arriba anotadas (…)”
Cabe acotar que la supresión del SICE guarda relación con críticas que se han hecho a este sistema en razón de obsolescencia. Tras diez años de funcionamiento, el legislador extraordinario ha estimado que el SECOP puede cumplir de mejor modo las finalidades constitucionales de los medios de publicidad de la función contractual administrativa. Este periodo de tiempo en materia de tecnología comporta variaciones significativas que el derecho no puede desconocer.
Respeto de las bondades del SECOP, esta Corporación se atiene a lo considerado en la Sentencia C-259 de 2008 M.P. Córdoba Triviño, antes citada.
Por lo que tiene que ver con la acusación formulada contra el artículo 223, en relación con un presunto exceso de las facultades legislativas, conferidas al Presidente de la República, la Corte se atiene a lo decidido sobre el cargo en la Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo.
4. El debido proceso, el derecho de defensa y, la notificación de actuaciones de la Administración por vía electrónica como mecanismo subsidiario, cuando se han agotado otros mecanismos tendientes a surtir la actuación
“(…) Uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad. Éste, en el caso colombiano, ha sido expresamente consagrado por el constituyente al indicar que todo el que sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”. Además, el principio de publicidad mereció tanta atención del constituyente, que fue consagrado por él como uno de los presupuestos de la democracia participativa colombiana (Artículo 2º) y como uno de los principios de la administración pública (Artículo 209.)”(Sentencia C- 1114 de 2003 M.P. Córdoba Triviño).
“(…) el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción”
“(…)a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”. (C-980 de 2010 M.P. Mendoza Martelo) (subrayas fuera de texto)
Establecido lo anterior, es oportuno evaluar la constitucionalidad en materia del derecho de defensa, de la notificación por vía electrónica en el ámbito administrativo y más puntualmente en el entorno tributario, cambiario y aduanero, dado que estos son los espacios, en los cuales, tienen efecto los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012. Nuevamente, acude el Tribunal Constitucional a la jurisprudencia ya sentada sobre el tema.
Importante en este análisis, resulta la regla establecida por la Corte en Sentencia C- 096 de 2001, M.P. Tafur Galvis, la cual, en lo pertinente reza:
“Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política” (negrillas del original)
“(…) la Corte no (…) puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene. Lo anterior por cuanto los hechos no son ciertos porque la ley así lo diga, sino porque coinciden con la realidad y, las misivas que se envían por correo no llegan a su destino en forma simultánea a su remisión, aunque para ello se utilicen formas de correo extraordinarias.”(subrayas fuera de texto)
La jurisprudencia citada reviste mayor interés si se advierte que ella fue proferida, a propósito de una demanda contra varios mandatos que regulaban las notificaciones en materia tributaria. Esta regla fue seguida en la citada Sentencia C- 1114 de 2003 M.P., Córdoba Triviño, cuando se revisaba la constitucionalidad de una disposición que autorizaba la notificación por vía del correo electrónico en materia tributaria. En esta última decisión se concluyó que por vía de la legislación se podían incorporar diversas formas de notificación, y que resultaba admisible la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas al régimen de las notificaciones procesales. Pero, se advertía que:
“(…) tal incorporación debe realizarse sin desconocer la teleología que anima a aquellas (las notificaciones) como actos de comunicación procesal y que no es otra que permitirles a los interesados el conocimiento de las decisiones de la administración con miras al ejercicio de su derecho de defensa (…)” (paréntesis fuera de texto)
Puede entonces, adelantarse como conclusión parcial que la notificación electrónica es de recibo en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando, no se pierda de vista, que su finalidad es permitir al administrado el ejercicio del derecho de defensa. La notificación electrónica en materia tributaria fue nuevamente puesta a consideración de la Corte Constitucional, la cual, se pronunció reiteradamente en su favor en el fallo C- 624 de 2007, M.P.Córdoba Triviño, con similares argumentos.
4.1 Los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto- Ley 019 de 2012 frente al debido proceso y el derecho de defensa
“ARTICULO 563. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. <Artículo modificado por el artículo 59 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número identificación personal.” (Subrayado de la Corte)
Una lectura literal del texto legal copiado, permite afirmar, sin asomo de dudas, que la inserción de los actos administrativos proferidos por la Administración Tributaria, solo tiene lugar cuando esta ha agotado otras vías para establecer la dirección del administrado. Como se puede apreciar, la primera ubicación a la que se acude es la informada por el interesado y, en caso de carecerse de esa información, el inciso segundo le abre a la Administración la posibilidad de establecerla mediante guías telefónicas, directorios y otras fuentes de información oficial, comercial o bancaria. Únicamente, cuando los mecanismos anotados no ofrecen resultados, tiene lugar la notificación a travésde la web de la DIAN.
En favor de la notificación electrónica en el ámbito tributario, la Corte sostuvo en la citadaC- 1114 de 2003 M.P. Córdoba Triviño, y lo ratificó en la C- 624 de 2007, M.P. Córdoba Triviño:
“(…)la notificación electrónica como una nueva alternativa de dar a conocer los actos de la administración, ofrece la ventaja de minimizar las fallas que se presentan con las formas de notificación tradicional como son en el campo tributario la notificación devuelta por dirección errada, dificultad de ubicación, tener que a acudir a notificaciones subsidiarias como el edicto y las publicaciones en prensa con el riesgo de la baja efectividad.”
Por lo que tiene que ver con los motivos de censura expuestos por el accionante, resulta oportuno manifestar que no resulta aceptable el argumento, según el cual, se debería ordenar a la Administración la búsqueda de medios más eficaces, para asegurar al interesado el conocimiento de la actuación administrativa. Estima la Corte que el inciso 2 del enunciado cuestionado le señala cargas a la Administración en la búsqueda de la dirección del interesado. El inciso 3, que es realmente el cuestionado por el actor, solo tiene aplicación, “cuando no haya sido posible establecer la dirección…por los medios señalados en el inciso anterior…”. Respecto de la carga en cabeza de la Administración ha dicho el Consejo de Estado:
“(…) Ha considerado la Sala en varias oportunidades14 que el no intentar en forma diligente notificar a un contribuyente de que existe una actuación administrativa que lo vincula agotando todos los medios para lograrlo en forma efectiva, que exige sólo el mínimo cuidado y diligencia en la forma de efectuar la notificación por correo, puede presentarse una violación al derecho de defensa y contradicción protegido por el artículo 29 de la Constitución Política. “Sección Cuarta, Julio 14 de 2005 M.P. Palacio Hincapie)
Otro aspecto que no puede pasarse por alto en el estudio que esta Corporación hace, es que la actuación en materia tributaria, no se puede asimilar a la actuación penal, en la cual pesa sobre el Estado la obligación de perseguir al implicado. La materia tributaria, comporta deberes, entre otros, el de suministrar la dirección a la cual se puede dirigir la Administración de Impuestos para los efectos del caso. Estos deberes tienen su asidero constitucional en el artículo 95 numeral 9 de la Carta y, alcanzan concreción legal en el asunto de interés en esta decisión en el artículo 612 del Estatuto Tributario cuyo tenor literal establece:
“(…) DEBER DE INFORMAR LA DIRECCIÓN. <Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 64><Artículo modificado por el artículo 50 de la Ley 49 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los obligados a declarar informarán su dirección y actividad económica en las declaraciones tributarias.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la dirección para notificaciones a que hace referencia el artículo563”
Incluso, en tratándose de notificación electrónica, no se puede pasar por alto que el Estatuto Tributario prevé la posibilidad de usar otros mecanismos, si el interesado manifiesta la imposibilidad de acceder al mensaje de datos. No de otro modo se comprende el inciso 6 del artículo 566-1, el cual en lo pertinente reza:
“Cuando el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde la fecha del acuse de recibo electrónico, informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio electrónico, la imposibilidad de acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje, la administración previa evaluación del hecho, procederá a efectuar la notificación a través de las demás formas de notificación previstas en este Estatuto, según el tipo de acto de que se trate. En estos casos, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la fecha del primer acuse de recibo electrónico y para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la fecha en que se realice la notificación de manera efectiva.”
“(…) la notificación de los actos administrativos por correo electrónico, (…) se entiende realizada no a la fecha de envío del correo electrónico sino al día siguiente del recibo de la información por parte del contribuyente (…)”
“(…) es claro que del régimen legal del que entró a hacer parte la disposición demandada se infiere que la notificación por correo electrónico se entiende surtida no cuando se remite el correo, sino al día siguiente del recibo de la comunicación que contiene el acto administrativo (…)
Lo anterior significa que se entiende surtida la diligencia el día hábil siguiente del recibo de la comunicación y, en el caso en estudio, el día hábil siguiente a la publicación en el portal electrónico. Este criterio ésta orientado por el contenido del artículo 568 del Estatuto Tributario, el cual contempla tal término cuando se acude a la publicación en el portal en el caso de las notificaciones devueltas por el correo.
De otra parte, advierte la Corte que el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 565 del Estatuto Tributario conserva un mandato de similar supuesto de hecho al aquí analizado, pero, con una diferente consecuencia jurídica:
“(…) Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional” (subrayas fuera de texto).
Con fundamento en todo lo afirmado, considera esta Corporación, que es imperativo desechar el cargo por violación al derecho de defensa, y genéricamente al debido proceso, formulado por el actor contra el artículo 50 del Decreto Ley 019de 2012, actual artículo 563 del Estatuto Tributario, siendo oportuno pronunciar la exequibilidad de la disposición en comento.
(ii) Por lo que atañe al artículo 60 acusado, cabe decir que este modifica el inciso 2 del artículo 562 del decreto 2685 de 1999, el cual quedó así:
ARTICULO 562. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. La notificación de los actos de la Administración Aduanera deberá efectuarse a la dirección informada por el declarante en la Declaración de Importación, Exportación o Tránsito o a la dirección procesal, cuando el responsable haya señalado expresamente una dirección, dentro del proceso que se adelante para que se notifiquen los actos correspondientes, en cuyo caso la Administración deberá hacerlo a dicha dirección.
De conformidad con lo dicho, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 60 del Decreto Ley 019 de 2012
(iii) En cuanto al artículo 61 censurado, se encuentra que modificó el inciso 3 del artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, el cual quedó así:
“(…) ARTICULO 567. NOTIFICACIÓN POR CORREO. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 143 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación por correo se practicará, mediante entrega de una copia del acto correspondiente, en la dirección informada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 562 de este decreto y se entenderá surtida en la fecha de recibo del acto administrativo, de acuerdo con la certificación expedida por parte de la entidad designada para tal fin.
<Inciso modificado por el artículo 61 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>Las actuaciones notificadas por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en el portal web de la DIAN que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el responsable, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal.
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal”. (subrayas de la Corte)
No se infringe el debido proceso, cuando la aplicación del instrumento sustitutivo de la notificación personal permite franquear un escollo para lograr la comunicación que resulta imposible de manera directa, y si dicho instrumento contiene en sí mismo los elementos que racionalmente permiten deducir la viabilidad del objetivo propuesto. En lugar de desconocerse el derecho del interesado a ser oído, se establece una opción real que busca garantizarle ese derecho (…)”15
“(…)dentro de las diversas formas de notificación que han sido reguladas y desarrolladas por el legislador, este Tribunal ha reconocido en la notificación por correo, un mecanismo idóneo y eficaz para poner en conocimiento de las partes y terceros interesados algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades -administrativas y judiciales- en una determinada actuación. En el caso concreto de las actuaciones de la administración pública, la Corte ha sido clara en reconocer que la notificación por correo es un medio de comunicación adecuado para que los destinatarios de los actos administrativos puedan no solo conocerlos oportunamente, sino también utilizar en su contra los medios o instrumentos jurídicos necesarios para la defensa y protección de sus derechos e intereses (...)”16
“(…) la Corte precisó que la notificación por correo desarrolla una de las facetas del principio de publicidad como garantía del debido proceso, y constituye un mecanismo idóneo para permitir que los actos de la administración sean conocidos por las personas directamente interesadas en ellos (...)”
En consecuencia, estima la Corporación que el artículo60 del Decreto Ley 019 de 2012, actual inciso 2 del artículo 562 del decreto 2685 de 1999, es exequible, pues no hay en él, un enunciado normativo violatorio del debido proceso y del derecho de defensa. Acontece con este que armonizado con los otros preceptos del régimen aduanero, ofrece garantías de conservación de los derechos constitucionales mencionados.
“(…) Artículo 62. Notificaciones Devueltas por Correo. Modifíquese el inciso primero del artículo 18 del Decreto 2245 de 2011, el cual quedará así:
“Las actuaciones y actos administrativos enviados a notificar por correo que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en el portal web de la DIAN, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el responsable, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación en el portal. (Dect. 019).
La anterior regla no se aplicará cuando la devolución se produzca por el envío de la notificación a una dirección distinta a la determinada conforme a lo previsto en los artículos 13 y 14 del presente decreto, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal (Dcto 2245 de 2011)(…)”
ARTÍCULO 13. Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones adelantadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia del Régimen Cambiario, deberá efectuarse a la dirección informada por el investigado en el Registro Único (RUT). En su defecto, se notificará a las direcciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria (Decreto 2245 de 2011).
PARÁGRAFO.El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2245 de 2011, quedará así: "Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado por ninguno de los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán notificar mediante aviso en el portal web de la DIAN"
Como se advirtió en el apartado 1.1.3 los artículos 59,61 y 62 referidos, ya fueron objeto de decisión respecto del presunto quebrantamiento de la garantía de realización efectiva de los derechos y deberes en la Sentencia C- 012 de 2013. Y en lo concerniente al mismo cargo respecto del artículo 60, considera la Corporación que las razones aquí aducidas, permiten despachar desfavorablemente dicha tacha. Pues, se trataría de suposiciones, las cuales cobrarían cuerpo en aplicaciones concretas, pero, no son derivables de las hipótesis normativas en estudio.
Por ende, esta Corte declarará la constitucionalidad de los artículos 59, 60, 61 y 62 del Decreto 019 de 2012, en relación con los cargos analizados en esta providencia.
5. El principio de publicidad y el derecho a la información de los administrados en materia de contratación administrativa, frente a los medios electrónicos de información en la Administración
La fórmula política que el constituyente colombiano incorporó en el artículo 1 de la Carta, reconoce el elemento democrático. Congruente con esta decisión del constituyente es el fin contenido en el artículo 2 de la Carta, el cual implica un deber constitucional de las autoridades, consistente en “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.
La relación intrínseca entre democracia, participación y publicidad se advierte en las críticas palabras de J.M. Santamaría Pastor: “(…) el nivel de opacidad de una estructura política está en función directa del grado de autocracia de la misma (...)”17. De tal modo, que si el secreto se aviene con la autocracia, la publicidad concuerda con la democracia.
“(…)El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.
Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P., art. 2o.), para efectos de formar “un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico”18. que pueda ejercer un debido control de la actividad del Estado (...)”19
“(…) El principio de publicidad, en consecuencia, no sólo es “condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia”20 al evitar el ocultamiento o la clandestinidad de las actuaciones de las diferentes ramas del poder público, sino que: (i) contribuye a asegurar la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades21 al permitir que se revele ante la sociedad el manejo de los asuntos públicos. (ii) Ayuda al fortalecimiento de la democracia participativa (C.P Preámbulo, artículos 1° y 2°) 22, al facilitar la intervención eventual de los ciudadanos en las decisiones que los afectan (C.P. Art. 3). (iii) Favorece que las personas ejerzan las funciones de “control político a las que se refiere el artículo 40 de la Carta”23. (iv)Garantiza la consolidación de la seguridad jurídica, ya que permite el conocimiento de las diferentes disposiciones jurídicas por parte de los ciudadanos; y finalmente, (v) promueve el ejercicio de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la información, el derecho de petición, el derecho de acceso a documentos públicos y especialmente el derecho de defensa y contradicción, entre otros, porque facilita a los asociados controvertir las actuaciones del Estado24. (…)”25
“(…)la Corte considera que un sistema automatizado de información sobre la contratación estatal debe, para mostrarse ajustado a los postulados constitucionales, contar con instancias tecnológicas que aseguren, entre otros objetivos, (i) la imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación oportuna y suficiente de los interesados en el proceso contractual, al igual que los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica(…)”26
“(…)Para cumplir esta finalidad, el legislador prevé la creación del Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop, cuyo desarrollo se adscribe en cabeza del Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros previstos en la misma norma, los cuales versan sobre (i) la aptitud del Secop para realizar procesos de contratación pública, tanto licitatorios como de selección abreviada; (ii) la unificación en el Secop para la publicación de reportes de las entidades y la consulta de los mismos por los ciudadanos; (iii) la obligación que la información oficial sobre el gasto público fruto de la contratación administrativa sea publicada en el Secop; y (iv) la integración al Secop de otros sistemas de información relacionados con la contratación estatal, entre ellos el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, al igual que la articulación con el Sistema de Información para la Vigilancia del Control Estatal – SICE, administrado por la Contraloría General de la República(…)”27
“(…) La publicación de los contratos constituye un requisito necesario para la conclusión del procedimiento de la contratación estatal y el cumplimiento del principio de publicidad del que esta revestida la función administrativa (art. 209 C.P.), sin embargo, la modalidad que se utilice para atender dicho cometido no se encuentra limitada, en tanto se logren los fines para lo que está estatuida, como lo son la publicidad, la eficacia y la transparencia de las actuaciones de la administración. En este sentido, la publicación de los contratos en medio físico a través de su inserción en el DUC no es esencial, en la medida que se trata de una de las tantas modalidades posibles que puede ser remplazada por otros medios que cumplan con las condiciones señaladas(...)”(Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo).
“(…) El principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica (sic) , contenido en el artículo 209 de la Constitución, admite su realización en cualquier medio de difusión y consulta que disponga el Legislador ordinario o extraordinario, en cuanto garantice fidelidad, imparcialidad, transparencia, cobertura y oportunidad respecto del contenido publicado(…)”(Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo).
5.1 Los artículos 218, 222, y224 del Decreto- Ley 019 de 2012 frente al principio de publicidad y el derecho a la información sobre las actividades de la Administración
ARTÍCULO 31. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS. <Artículo modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.
“(…) Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Único de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía” (Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo).
En consecuencia, no observa la Corte razones que permitan prosperar el cargo elevado por el actor contra el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.Entiende esta Corporación, que no desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y, el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato en publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad. El legislador, ha juzgado que el uso del SECOP no solo respeta el principio de publicidad contenido en el artículo 209de la Carta, sino que realiza otros principios como la economía y la celeridad.
(ii)En lo atinente al artículo 224 acusado, es de anotar, que se trata de una modificación al numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, cuyo tenor literal en lo pertinente reza:
“ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. La licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas:
3o. <Numeral modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación.”
(iii) Por lo que respecta al artículo 222 del Decreto Ley 019 de 2012, se tiene que se trata de la supresión de un mecanismo electrónico de publicidad de la actividad contractual. El precepto en lo pertinente reza:
“ARTÍCULO 222. Supresión del SICR, gratuidad y sistema de análisis de precios. Derogase la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública.
En desarrollo del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, la Contraloría General de la República podrá obtener un análisis de precios de mercado de valor de los contratos que se registran en los sistemas de información o en los catálogos existentes sobre la contratación pública o privada, nacional o internacional; en virtud de lo cual, existirán los sistemas de registros de precios de referencia y los catálogos que las necesidades de análisis de precios aconsejen, para racionalizar la vigilancia a los precios de la contratación.”
Considera entonces esta Corporación que con las razones expuestas no se pueden acoger los motivos de inconformidad del accionante y, consecuentemente, se impone la declaratoria de exequibilidad del artículo 222 del Decreto Ley 019 de 2012.
6 Conclusiones y síntesis del fallo.
La Corte Constitucional no ha encontrado razones para acoger los argumentos del actor quien deprecaba la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012. Por ello, todos los enunciados referidos, serán declarados constitucionales.
6.1. Síntesis del fallo
No vulnera el legislador delegado las facultades conferidas en virtud del artículo 150 numeral 10, cuando opta por mecanismos electrónicos para darle publicidad a la actividad contractual del Estado. La supresión o sustitución del deber de publicar en medios escritos y otros sistemas electrónicos, hace parte de la potestad extraordinaria, pues, en aras de la eficacia, la economía y la celeridad; se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de publicidad privilegiando el uso de medios electrónicos. Tampoco se encuentra un uso excesivo de las facultades legislativas delegadas, cuando se estima como innecesaria la publicación en medios escritos impresos de alta circulación, de avisos de notificación que permitan surtir notificaciones de actuaciones administrativas, en materia tributaria aduanera y cambiaria y, en su defecto se autorizan publicaciones electrónicas
El legislador extraordinario ha optado por mecanismos que estima más eficientes, los cuales reducen costos en los que se incurriría si se preservase el deber de seguir publicando en medios escritos e impresos, de alta circulación. El Tribunal Constitucional entiende que se aviene a la Carta el que se regulen las actividades de la Administración de conformidad con los avances tecnológicos, siempre y cuando, ello no vaya en detrimento de los derechos de los administrados. Por ende, se declarará la constitucionalidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 en el entendido que no hubo uso excesivo de las facultades conferidas por el legislador ordinario.
Igualmente, estima la Corte Constitucional que no resulta lesivo del principio de publicidad y del derecho a la información sobre la actividad de la Administración, del cual son titulares los ciudadanos, modificar e incluso suprimir formas de publicidad de la actividad contractual del Estado, siempre y cuando tales cambios contribuyan a realizar los principios de publicidad, eficacia y economía establecidos como marco de la función administrativa en el artículo 209 de la Carta. Dadas las ventajas de la comunicación electrónica, la Corte considera que las disposiciones de los artículos 218,222 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, no son inconstitucionales cuando sustituyen la publicidad de la gestión contractual del Estado en medios escritos por publicidad en medios electrónicos.
Del mismo modo, tampoco encontró la Corporación violatoria del derecho a la información de los ciudadanos, la eliminación del Diario Único de Contratación, reiterando los argumentos ya vertidos en la Sentencia C-711 de 2012, M.P. González Cuervo. Por lo que respecta a la presunta vulneración del principio de publicidad por parte del contenido del artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, la Sala se atiene a lo decidido en el fallo citado. Por lo que atañe a una supuesta transgresión que implicaría una “no garantía efectiva de los derechos y deberes estipulados en la Carta”, la Corporación se remite a lo resuelto en la Sentencia C-012 de 2013, M.P. González Cuervo.
Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados por el actor contra los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, por la presunta violación de los artículos 3, 13, 121 y 229 de la Constitución, de conformidad con lo expuesto en el apartado 1.1.2 de la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C- 711 de 2012, en lo relacionado con el cargo consistente en la supuesta vulneración del principio de publicidad por parte del artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-012 de 2013, en lo relacionado con el cargo de vulneración de la no garantía efectiva de los derechos y deberes, respecto de los artículos 59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLES, únicamente por los cargos analizados, los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
Quinto.- Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
1En relación con la oportunidad para la proposición de la acumulación, pueden verse entre otros, los autos A- 007 de 1997 M.P. Hernández Galindo, A- 085 de 2001 M.P. Araujo Rentería, A- 157 de 2004, A- 078 de 2000 y la sentencia C- 595 de 2010 M.P. Palacio Palacio
2 El tenor literal del precepto en referencia, reza: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".
3Sentencia C- 1052 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa.
4 Este criterio se encuentra presente en diversos pronunciamientos, entre otros Sentencia C. 595 de 2010 M.P. Palacio Palacio, y Sentencia C- 1052 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa.
5 C- 1052 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa, también se pueden revisar el Auto 244 de 2001 M.P. Córdoba Triviño y la sentencia C- 898 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa.
6 C- 1052 de 2001 M.P. Cepeda Espinosa, también se puede ver la sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Sobre la pertinencia se ha dicho en términos generales, “(…) también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado(…)” ibid.
8 Ver entre otras, C-1115/04 M.P. Escobar Gil, C-176/04 M.P. Vargas Hernández, C-673/01 y C-913/04 M.P. Cepeda Espinosa, C-127/06 M.P. Tafur Galvis.
9Sentencia C – 715 de 2006 M.P. Tafur Galvis
10 Sentencia C- 1115 de 2004 M.P. Escobar Gil
11Sentencia C. 650 de de 2006 M.P. Tafur Galvis
12 Entre otras se pueden ver C- 119 de 1996 M.P. Barrera Carbonell, C- 368 de 1996 Hernández Galindo, C-050 de 1997 M.P. Arango Mejía, C- 892 de 2003 M.P. Tafur Galvis, C- 655 de 2007 M.P. Cepeda Espinosa y las más recientes C- 366 de 2012 M.P. Vargas Silva, C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo.
13Sentencia C-1028/02
14 Entre ellas, las sentencias de fechas marzo 16 de 2001, dictada dentro del expediente 11.628 con ponencia del Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, julio 10 de 2002, Exp. 12546, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de septiembre 12 de 2002, Exp. 12583 C.P. Dra. Ligia López Díaz.
15Sentencia C- 428 de 1994 M.P. Barrera Carbonell
16Sentencia C- 980 de 2010 M.P. Mendoza Martelo
17Santamaría Pastor. J.A., Principios de Derecho Administrativo General, primera edición, 2da Reimp.Vol. I, Iustel, Madrid, 2005, pp 116
18 C-053 de 1995, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
19Sentencia C- 957 de 1999 M.P. Tafur Galvis.
20 Sentencia C-038 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21 Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22 Sentencia C-096 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
23 Vgr. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley; revocar el mandato de los elegidos en los cargos públicos conforme la Constitución y la ley; etc.
24 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el Concepto del día cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, a petición del Ministro de Transporte. Radicación número: 1223., ha sostenido al respecto, que:“...la certeza y la seguridad jurídicas exigen el conocimiento oportuno por los administrados de las leyes expedidas, así como de las decisiones adoptadas por la administración, no sólo por cuanto en los estados democráticos no deben existir actuaciones secretas de las autoridades, sino porque de la publicidad se sigue la posibilidad de establecer la existencia, vigencia y obligatoriedad de las normas legales y de los actos administrativos y, por consiguiente, el ejercicio de las garantías concretadas en el derecho de defensa”.
25Sentencia C- 802 de 2006 M.P. Cepeda Espinosa
26Sentencia C-259 de 2008 M-P- Córdoba Triviño