Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/49/2
Timestamp: 2016-10-01 15:39:08
Document Index: 198061268

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 27', 'Artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 38', 'Artículo 28', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 49', 'Artículo 57', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'Artículo 74']

La excepción relativa a las zonas rurales permite que en áreas de baja densidad poblacional se utilicen taxis de más de 5 plazas y se permita la contratación con cobro por plaza en algunos días y horarios. Con ello se pretende suplir las carencias de los servicios de transporte regulares en zonas donde los mismos no pueden ser rentables, pero en los que existe una población cuyo derecho a la movilidad debe ser atendido. La aplicación de estas previsiones extraordinarias exige siempre la autorización de la Consejería competente en materia de transportes, y se adopta previo informe de las asociaciones y sindicatos más representativos del sector y las que representen a personas consumidoras y usuarias.
El Reglamento ha prestado especial atención a la actualización de las normas que rigen la relación con las personas usuarias del servicio, estableciendo, tanto para éstas como para los conductores y conductoras, una serie de deberes, tales como la obligatoriedad de prestar sus servicios cuando les sean solicitados, seguir la ruta más directa, facilitar recibo o tener cambio que facilite el pago. En el Título IV se regula el régimen tarifario. Corresponde su aprobación a los Ayuntamientos en relación a las tarifas urbanas y a la Consejería competente en materia de transportes por lo que respecta a las interurbanas, todo ello con sujeción a la normativa vigente en materia de precios autorizados y previa audiencia a las asociaciones representativas del sector y de personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales con implantación en su territorio.
Por último, en el Título V el Reglamento desarrolla y precisa el régimen de infracciones y sanciones que configura la Ley 2/2003, de 12 de mayo. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de febrero de 2012,
1. Las personas titulares de licencia de taxi a la entrada en vigor de este Decreto, en virtud de transmisión «mortis causa», que no se hagan cargo de la explotación directa de la licencia por no reunir los requisitos previstos en el artículo 27.1 del Reglamento que se aprueba por este Decreto, deberán en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, bien adquirir los requisitos referidos, bien transmitir la licencia conforme al artículo 15 del Reglamento.
2. Las personas titulares de licencia que, a la entrada en vigor de este Decreto, no se hagan cargo de la explotación directa de la licencia prevista en el mismo por no reunir los requisitos previstos para la conducción del vehículo al no encontrarse de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente regulado en el artículo 27.1.d) del Reglamento que se aprueba por este Decreto, dispondrán de un plazo máximo de quince meses desde dicha entrada en vigor, bien para cumplir con dicha obligación, bien para transmitir la licencia conforme al artículo 15 del Reglamento. 3. Las personas jurídicas que, a la entrada en vigor de este Decreto, sean titulares de licencia de taxi, dispondrán de un plazo máximo de quince meses para transmitir la misma. Idéntico plazo será de aplicación a los titulares de más de una licencia, para transmitir las que resulten necesarias para cumplir la exigencia de una sola licencia por titular prevista en el artículo 27.1.b) del Reglamento.
Para la prestación de los servicios de taxi será necesaria la previa obtención de los correspondientes títulos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, la Ley 2/2003, de 12 de mayo, la legislación estatal aplicable en materia de transportes terrestres ínter autonómicos y las correspondientes Ordenanzas locales.
7. En el supuesto de que la Consejería competente en materia de transportes considere necesario el establecimiento de un Área Territorial de Prestación Conjunta pero no exista iniciativa local, someterá la correspondiente propuesta a los municipios y entidades incluidos en el ámbito previsto, adjuntando la documentación a que se refiere el apartado 3. 8. Los municipios y entidades incluidos en la propuesta dispondrán de un plazo de tres meses para informar sobre la misma, transcurrido el cual sin pronunciamiento expreso, se entenderá que informan en sentido favorable.
10. En los procedimientos previstos en este artículo deberán ser oídas las organizaciones sindicales y empresariales, las asociaciones profesionales, y las de personas consumidoras y usuarias con mayor representatividad en el ámbito que se trate. Artículo 6. Consejo Andaluz del Taxi.
c) Elaborar informes y dictámenes en materia del servicio del taxi cuando así lo requiera la Consejería competente en materia de transportes o lo decida el propio Consejo. d) Presentar a las Administraciones competentes propuestas y sugerencias para la mejora del servicio del taxi, y especialmente para la extensión de la implantación del taxi adaptado a personas usuarias con discapacidad.
5. El funcionamiento del Consejo tendrá lugar en pleno y en comisión permanente, pudiéndose crear comisiones provinciales o grupos de trabajo que se estimen necesarios. TÍTULO II
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la necesidad y rentabilidad del servicio de taxi con carácter estrictamente urbano deberá acreditarse mediante estudio técnico en el que se analicen los factores dispuestos en el artículo 12.2. 3. Podrán otorgarse autorizaciones para la prestación de servicios interurbanos, aún cuando el municipio no otorgue la correspondiente licencia municipal, cuando se den conjuntamente las siguientes circunstancias:
2. La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, ceder o traspasar la explotación del título habilitante ni del vehículo adscrito a la misma, sin perjuicio de los supuestos de transmisión que, con arreglo a determinados requisitos, prevé el artículo 15, así como de la posibilidad, recogida en el artículo 38, de que el servicio se preste por personas contratadas a tal fin por el titular de la licencia. 3. En los municipios de más de 5.000 habitantes, la persona titular de la licencia tendrá plena y exclusiva dedicación a la profesión.
3. La variación del número de licencias vigente en un municipio o ámbito territorial en relación con los parámetros establecidos por los apartados anteriores, deberá ser justificada debidamente por el Ayuntamiento o la entidad competente mediante un estudio previo. En este procedimiento se establecerá un trámite de audiencia a las personas interesadas y se recabará informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de transportes, previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi, en los términos previstos en el artículo 13. 4. Los Ayuntamientos de municipios con una población inferior a 50.000 habitantes no integrados en Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, podrán optar por la modificación del número de licencias de taxis sin necesidad de acudir a los parámetros y al procedimiento antedicho, siempre que no se supere el 0,60 por mil.
3. En el supuesto de que el informe fuera desfavorable por incumplir el número resultante la aplicación de los parámetros establecidos en el artículo 12, no podrá procederse a la creación o extinción de las licencias que se aparten de dicho número. 4. El informe favorable por parte de la Consejería competente en materia de transportes comportará, en su momento, el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones de transporte interurbano a las personas adjudicatarias de las licencias de auto taxi.
Corresponde a los Ayuntamientos o entes que asuman sus funciones en esta materia, adjudicar mediante concurso las licencias de autotaxi. Artículo 15. Transmisión de las licencias.
1. Las licencias de auto taxi serán transmisibles por actos «inter vivos», o «mortis causa» al cónyuge viudo o los herederos forzosos, con arreglo a lo previsto en el presente artículo.
e) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 2. Constituyen motivos de revocación:
1. En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstancia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, suficientemente acreditada, el Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta materia podrá autorizar la suspensión de la licencia por plazo máximo de veinticuatro meses y en las condiciones que en cada caso establezca, comunicando dicha circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización de transporte interurbano para que acuerde la suspensión simultánea de dicha autorización. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona titular podrá solicitar al Ayuntamiento, o ente que ejerza sus funciones en esta materia, en lugar de la suspensión, la contratación de personas asalariadas o autónomas colaboradoras en los términos del artículo 38.
f) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los requisitos previstos en la Sección 2.ª de este Capítulo. g) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso.
3. Excepcionalmente, el plazo de treinta meses previsto en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta treinta meses más, como máximo, siempre que aparezca contemplado en las ordenanzas locales o en la reglamentación equivalente de las entidades que ejerzan sus funciones, en las condiciones y con los requisitos que éstas determinen y previa solicitud justificada, de la persona adquirente de las licencias. Artículo 28. Ejercicio de la actividad por la persona titular.
1. Cada licencia estará adscrita a un único vehículo específico, que deberá cumplir los requisitos exigibles con arreglo a lo establecido en el presente Reglamento, las Ordenanzas por las que se rija la prestación del servicio, y la legislación general en materia de circulación, industria, seguridad y accesibilidad; estos vehículos podrán estar en poder del titular en cualquier régimen de tenencia que permita el libre uso del vehículo. 2. La sustitución del vehículo adscrito a una licencia quedará condicionada a que el vehículo sustituto cumpla los requisitos previstos en esta Sección.
1. La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante vehículos aptos técnicamente para el transporte de personas, y al efecto, el Ayuntamiento u órgano que ejerza sus funciones en esta materia, determinará las características de color, distintivos, equipamiento y otras que deban ser cumplidas. 2. En cualquier caso, será necesario que los vehículos estén clasificados en su correspondiente tarjeta de inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación del servicio de taxi y se ajusten, en todo caso, a las siguientes características:
Artículo 38. Prestación por otros conductores o conductoras. 1. Las personas titulares de las licencias de autotaxi podrán contratar conductores o conductoras asalariados y/o personas autónomas colaboradoras para la prestación del servicio de taxi cuando no se hagan cargo de la explotación directa de la licencia por concurrir alguna de las circunstancias previstas en los artículos 20 o 27.2.
4. La Administración podrá establecer las condiciones para el uso del servicio del taxi al que se refiere el apartado anterior, para una mejor prestación del servicio, y en los términos que se fijen en desarrollo del presente Decreto por las Consejerías competentes en razón de la materia. Artículo 40. Inicio del servicio interurbano.
1. Los servicios de transporte interurbano deberán iniciarse en el término del municipio y/o del Área Territorial de Prestación Conjunta, al que corresponda la licencia de transporte urbano a la que se encuentre adscrito el vehículo correspondiente. A tal efecto, se entenderá que el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidas las personas pasajeras de forma efectiva. 2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los servicios de transporte interurbano podrán iniciarse en otro Municipio en las condiciones previstas en el Decreto 11/1985, de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa de vehículos de servicio discrecional de viajeros y viajeras de menos de diez plazas para su recogida en puertos y aeropuertos.
Las cooperativas de taxistas y demás entidades del sector, podrán realizar funciones de intermediación y contrataciones de servicios, periódicos o no, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten de aplicación, con el fin de agilizar la prestación de los servicios solicitados por las personas usuarias. Artículo 43. Paradas, obligatoriedad de determinados servicios, descansos y emisoras.
Artículo 44. Concertación previa de servicios. Mediante Ordenanza Municipal se podrán regular los servicios concertados. Se considerarán concertados, entre otros, los siguientes:
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes autorizar a los Ayuntamientos, o entes que ejerzan sus funciones en esta materia, la adjudicación de licencias de taxi adaptadas a tales circunstancias, y otorgar las correspondientes autorizaciones de servicio interurbano. 3. A los fines previstos en el apartado anterior la citada Consejería iniciará, de oficio o a solicitud de los Entes Locales o personas usuarias de la zona, un procedimiento en el que se analizarán las condiciones de oferta y demanda de la zona, las características de la población afectada y su distribución geográfica y se adoptará la resolución que corresponda, oídas las personas representantes del sector de los transportes públicos y las asociaciones de consumidores y usuarios, y de personas con discapacidad si la solicitud fuera referida a un vehículo adaptado. La autorización podrá otorgarse con carácter general o sólo para días y horas en los que no se produzca coincidencia con los servicios de transporte regular.
k) Un ejemplar oficial de la tarifa vigente. l) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado o conductora asalariada, en su caso, y último TC2.
Artículo 49. Indicación de la situación de «libre».
Dentro del ámbito en que estén autorizados a tomar pasajeros y pasajeras, los vehículos afectos al servicio de taxi indicarán su situación de «libre» a través de una luz verde conectada con el taxímetro para el apagado o encendido automático de la misma, según la situación del vehículo.
Artículo 57. Reclamaciones. Las reclamaciones de las personas usuarias darán lugar en todo caso a la realización de actuaciones inspectoras en los términos del artículo 61 para determinar la posible existencia de infracción por parte de la persona titular de la licencia o conductor o conductora del vehículo. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no un procedimiento sancionador deberá comunicarse a la persona usuaria reclamante.
Artículo 61. Inspección. 1. Corresponde las funciones de inspección a las Administraciones competentes para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones.
6. Si, en su actuación, el personal de los servicios de la Inspección del Transporte Terrestre descubriese hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrán en conocimiento de los órganos competentes en función de la materia que se trate. Similares actuaciones a las previstas en el párrafo anterior deberán realizar los órganos y agentes de cualquier sector de la actividad administrativa que tengan conocimiento de la presunta comisión de infracciones de las normas de ordenación de los transportes terrestres.
a) La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, autorización de transporte interurbano, o certificado de aptitud previsto en artículo 29. Se asimila a la carencia de título la situación de falta de visado de la licencia previsto en el artículo 18. b) Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante.
e) La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorización del órgano competente, por plazo superior al establecido en el artículo 28. f) La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la legislación vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas.
a) La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo que pudiera tener la consideración de falta muy grave de conformidad con lo previsto en el artículo 64.a). b) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 64.
g) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de las personas usuarias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél. h) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las circunstancias previstas en el artículo 64.c).
El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas en materia de transportes o en las correspondientes Ordenanzas Municipales. Artículo 74. Exigencia de pago de sanciones.
1. Con independencia de la exigencia de pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el abono de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado de las licencias así como para la autorización administrativa a la transmisión de las mismas.