Source: https://legislacion.vlex.es/vid/decreto-organico-cuerpo-medicos-forenses-206746109
Timestamp: 2019-04-24 16:22:04
Document Index: 283104764

Matched Legal Cases: ['artículo 456', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 80', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 38', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 21', 'Artículo 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 20', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'Artículo 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'Artículo 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 66', 'artículo 64', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 64', 'ARTÍCULO 68', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 69', 'ARTÍCULO 70', 'artículo 58', 'ARTÍCULO 71', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 73', 'artículo 60', 'artículo 62', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'Artículo 75', 'ARTÍCULO 76', 'Artículo 76', 'ARTÍCULO 77', 'Artículo 77', 'ARTÍCULO 78', 'Artículo 78', 'ARTÍCULO 79', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'ARTÍCULO 81', 'Artículo 81', 'ARTÍCULO 82', 'Artículo 82', 'ARTÍCULO 83', 'Artículo 83', 'ARTÍCULO 84', 'Artículo 84', 'ARTÍCULO 85', 'Artículo 85', 'ARTÍCULO 86', 'Artículo 86', 'ARTÍCULO 87', 'Artículo 87', 'ARTÍCULO 88', 'Artículo 88', 'ARTÍCULO 89', 'Artículo 89', 'ARTÍCULO 90', 'Artículo 90', 'ARTÍCULO 91', 'Artículo 91', 'artículo 23', 'artículo 18']

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses (Real Decreto 296/1996, de 23 de Febrero) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 206746109
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses (Real Decreto 296/1996, de 23 de Febrero)
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Desarrollo y aplicación
CAPÍTULO II. Adquisición y pérdida de la condición de médico forense - arts. 4 a 14
CAPÍTULO III. Registro Central de Personal al Servicio de la Administracion de Justicia, relaciones de puestos de trabajo y escalafón - arts. 15 a 18
CAPÍTULO IV. Provisión de puestos de trabajo y sustituciones - arts. 19 a 31
CAPÍTULO V. Derechos de los médicos forenses - arts. 32 a 46
CAPÍTULO VI. Deberes de los médicos forenses - arts. 47 a 51
CAPÍTULO VII. Situaciones administrativas - arts. 52 a 74
CAPÍTULO VIII. Régimen disciplinario - arts. 75 a 91
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Retribuciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Acreditación del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Competencias del Director del Instituto de Toxicología
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen transitorio de integración de los médicos forenses en los Institutos de Medicina Legal
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen transitorio de provisión de puestos de trabajo
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Médicos forenses en régimen de dedicación normal
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Régimen transitorio de la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Puestos adscritos exclusivamente a funciones de Registro Civil
Norma citada en: 250 sentencias, 17 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas, una noticia
Real Decreto 296/1996, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento organico del Cuerpo de Medicos forenses corregido por la Corrección de errores del Real Decreto 296/1996, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento organico del Cuerpo de Medicos forenses, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de Abril de 1996.
Real Decreto 296/1996, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento organico del Cuerpo de Medicos forenses derogado en lo que se oponga al Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Diciembre de 2005.
El artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevé la existencia de Reglamentos Orgánicos para el personal al servicio de la Administración de Justicia, bajo cuya denominación se comprenden, entre otros, los médicos forenses. Con arreglo a las disposiciones adicionales de la propia Ley, corresponde al Gobierno la aprobación de los Reglamentos que exija el desarrollo de la citada Ley Orgánica. La regulación hasta ahora vigente relativa al Cuerpo de Médicos Forenses se encuentra en el Decreto 2555/1968, de 10 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. La necesidad de reforma de esta norma se hizo patente con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos artículos 497 a 508 configuraban a los médicos forenses como un Cuerpo titulado superior al servicio de la Administración de Justicia, definiendo sus funciones y enmarcando sus actividades en los denominados Institutos de Medicina Legal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1996,
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA Desarrollo y aplicación
REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES
ARTÍCULO 1 Naturaleza y dependencia orgánica.
Los médicos forenses dependerán de los Directores de los Institutos de Medicina Legal o de Toxicología en los que estén destinados.
ARTÍCULO 2 Régimen estatutario.
Cualesquiera otras funciones de colaboración e investigación, propias de su función, con el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como con otros órganos de las Administraciones públicas, derivadas de convenios o acuerdos adoptados al efecto.
Artículo citado en: 83 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
CAPÍTULO II Adquisición y pérdida de la condición de médico forense Artículos 4 a 14
ARTÍCULO 4 Forma de ingreso.
La selección de médicos forenses se efectuará mediante convocatoria pública que habrá de respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Las Comunidades Autónomas podrán instar del Ministerio de Justicia e Interior la convocatoria de las correspondientes pruebas selectivas, cuando existieran vacantes en su territorio.
Dicha convocatoria determinará, en todo caso, el sistema de ingreso, el número de plazas convocadas, los ejercicios de las pruebas selectivas, así como cualquier otra circunstancia relativa a la convocatoria.
Las normas de convocatoria de oposiciones se aprobarán por el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia y previa negociación con las centrales sindicales más representativas.
La convocatoria se publicará, simultáneamente si fuera posible, en el «Boletín Oficial del Estado» y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En el supuesto de que la publicación no se produzca de forma simultánea, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las convocatorias para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, podrán ser territorializadas, de forma que se agrupen las vacantes de uno o varios territorios, coincidentes con el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia. En este caso, el aspirante deberá optar por uno de los ámbitos territoriales que exprese la convocatoria y, de resultar aprobado, será destinado obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el mismo.
En relación al conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, se podrá establecer la realización de una prueba optativa de conocimiento, que en ningún caso tendrá carácter eliminatorio. Quedarán eximidos de la realización de dicha prueba aquellos aspirantes que acrediten el conocimiento de la lengua de acuerdo con los niveles establecidos en la disposición adicional segunda del presente Reglamento. En ambos casos, las bases de la convocatoria establecerán la correspondiente puntuación, que sólo se tendrá en cuenta para la adjudicación de destino dentro de la Comunidad Autónoma correspondiente.
ARTÍCULO 5 Sistemas selectivos.
El ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses se efectuará mediante los sistemas de oposición o concurso-oposición y, en su caso, se podrá prever la realización de un curso selectivo de carácter teórico-práctico. La oposición será el sistema ordinario de ingreso. Cuando la naturaleza de las funciones a desempeñar así lo aconseje, podrá utilizarse el sistema de concurso-oposición.
Los programas de las pruebas de ingreso serán elaborados por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oídas las centrales sindicales más representativas así como, en su caso, las comisiones de docencia e investigación de los Institutos de Medicina Legal en los que se hubiesen constituido.
ARTÍCULO 6 Requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas.
No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el desempeño de las funciones de médico forense
ARTÍCULO 7 Tribunal calificador.
El tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses será nombrado por el Ministerio de Justicia e Interior y estará constituido por un Director de un Instituto de Medicina Legal, o un Subdirector en su caso, que actuará como Presidente; un Catedrático o Profesor titular propuesto por el Consejo de Universidades; un Magistrado propuesto por el Consejo General del Poder Judicial o un Fiscal propuesto por el Fiscal General del Estado; dos médicos forenses en servicio activo; un Facultativo del Instituto de Toxicología y un funcionario de la Administración General del Estado, destinado en el Ministerio de Justicia e Interior y perteneciente al grupo A, que actuará como Secretario. Formará asimismo parte del tribunal un funcionario del grupo A de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, siempre que dentro de su territorio existan plazas convocadas en el proceso de selección.
En el proceso selectivo realizado de forma descentralizada, las convocatorias respectivas podrán prever la colaboración temporal con el tribunal de otros funcionarios públicos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado o de las Administraciones Autonómicas correspondientes al territorio donde se realicen, para colaborar en el desarrollo de dicho proceso bajo la dirección del tribunal, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de vocales asesores especialistas que actuarán con voz, pero sin voto, en todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente convocatoria.
Los tribunales no podrán actuar sin la presencia de un médico forense, del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros.
ARTÍCULO 8 Discapacidades.
En los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
En las pruebas selectivas incluyendo, en su caso, el curso teórico-práctico, se establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación.
A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales.
Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con los aspirantes de acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado anterior.
Si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al tribunal respecto de la capacidad del aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo a que se opta, podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano competente del Ministerio de Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia correspondiente.
ARTÍCULO 9 Aspirantes aprobados.
El orden de ingreso de los aspirantes declarados aptos se determinará por la suma de las puntuaciones obtenidas en fase de oposición o concurso-oposición y en el curso teórico-práctico, incluidas, en su caso, las correspondientes a las pruebas optativas.
El nombramiento como médico forense se efectuará por el Ministerio de Justicia e Interior mediante resolución que se publicará simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 11 Juramento o promesa y toma de posesión.
La condición de médico forense se adquiere desde la toma de posesión del primer destino, previo juramento o promesa prestados con la fórmula siguiente: «Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi cargo frente a todos».
El juramento o promesa se prestará ante el Director del Instituto donde sea destinado el funcionario. La toma de posesión se efectuará ante la misma autoridad, quien lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para constancia en el expediente personal del interesado.
El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesión se entenderá que renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo, debiéndose dar cuenta de ello por el Director del Instituto correspondiente al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
El plazo para tomar posesión es el de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de la publicación del respectivo nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
Los nombramientos serán publicados, simultáneamente, además, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En el supuesto de que la publicación simultánea no fuera posible, el plazo posesorio comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuando concurriera causa justificada, el Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a propuesta del órgano competente de la Comunidad Autónoma, o del interesado, podrá reducir o prorrogar en la medida necesaria el expresado plazo. En el supuesto de que la petición de reducción o prórroga del plazo posesorio afecte a un funcionario cuya procedencia o destino sea el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicará al órgano competente de la Comunidad.
ARTÍCULO 12 Pérdida de la condición de médico forense.
La condición de médico forense se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes:
Condena por delito que lleve aparejada, como pena principal o accesoria, la de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos públicos. Los tribunales que dictaren estas sentencias remitirán testimonio de ellas al Ministerio de Justicia e Interior, una vez que sean firmes.
Condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración de Justicia. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de médico forense por la sanción prevista en el artículo 80.1.c) de este Reglamento.
La renuncia a la condición de médico forense ha de ser formulada por el interesado mediante escrito y no surtirá efecto hasta que sea aceptada por el Ministerio de Justicia e Interior. En aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la comunicación de la renuncia se efectuará a través del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 14 Jubilación.
Los médicos forenses serán jubilados con carácter forzoso:
Las jubilaciones contempladas en el apartado anterior se regularán por lo establecido en la legislación de Clases Pasivas.
También podrán ser jubilados con carácter voluntario cuando lo soliciten y se den las condiciones exigidas con carácter general en la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado.
Cuando la jubilación afecte a un médico forense dependiente de una Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la comunicación se realizará directamente por el Ministerio de Justicia e Interior al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien lo trasladará al interesado y al órgano en el que preste servicios el funcionario.
CAPÍTULO III Registro Central de Personal al Servicio de la Administracion de Justicia, relaciones de puestos de trabajo y escalafón Artículos 15 a 18
ARTÍCULO 15 Registro Central del Personal al Servicio de la Administración de Justicia.
En el Ministerio de Justicia e Interior existirá un Registro Central del Personal al Servicio de la Administración de Justicia en el que se inscribirá a todos los miembros del Cuerpo de Médicos Forenses, y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.
El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y con cumplimiento de los requisitos legales, aprobará las normas reguladoras del Registro Central del Personal al Servicio de la Administración de Justicia y el programa para su implantación progresiva.
ARTÍCULO 16 Relaciones de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses figurarán debidamente relacionados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto de Toxicología. Las relaciones de puestos de trabajo serán aprobadas por el Ministerio de Justicia e Interior, con informe previo del Consejo General del Poder Judicial, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas y con la conformidad del Ministerio de Economía y Hacienda cuando supongan incremento del gasto.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, los órganos competentes de las mismas determinarán, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado anterior, las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los órganos radicados en su territorio y las someterán a la aprobación del Ministerio de Justicia e Interior.
El Ministerio de Justicia e Interior aprobará las relaciones de puestos de trabajo siempre que éstas cumplan los siguientes parámetros:
El porcentaje máximo de desviación por dotaciones totales no podrá superar el 5 por 100 de las proporciones existentes en el momento de realizarse el traspaso de funciones con relación a la plantilla aprobada a nivel nacional.
Las relaciones de puestos de trabajo determinarán los distintos centros de trabajo, denominación y características de cada puesto, los complementos retributivos, su forma de provisión, así como los requisitos exigidos para su desempeño.
El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, determinarán en la correspondiente relación de puestos de trabajo los puestos de Director y, en su caso, de Subdirector de los Institutos de Medicina Legal que, por sus características, implicarán para su titular la liberación del trabajo que le correspondería realizar en su condición de médico forense.
ARTÍCULO 17 Escalafón.
Por el Ministerio de Justicia e Interior se aprobará y publicará anualmente el escalafón del Cuerpo de Médicos Forenses.
Una vez conocido el escalafón por los interesados, mediante su publicación en el tablón de anuncios de las Gerencias Territoriales y órganos de las Comunidades Autónomas, éstos tendrán un plazo de treinta días para instar las rectificaciones que consideren pertinentes, que serán resueltas por el Ministerio de Justicia e Interior.
Posteriormente, se publicará el escalafón en el Boletín de Información del Departamento, adquiriendo el mismo carácter oficial mediante la inserción de la oportuna resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
El escalafón se confeccionará conforme a las siguientes reglas:
No obstante lo anterior, en aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán elaborarse por éstas subescalafones que tendrán como función exclusiva la de efectuar la relación de los médicos forenses destinados en el territorio correspondiente, con arreglo a los méritos y baremaciones que hayan de surtir efecto exclusivo dentro de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 18 Destinos.
Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto de Toxicología, desempeñando los puestos de trabajo que figuren relacionados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
Las relaciones de puestos de trabajo podrán recoger, con carácter excepcional y cuando las necesidades del servicio así lo requieran, adscripciones de uno o varios puestos de trabajo del Instituto de Medicina Legal a órganos jurisdiccionales, fiscales u oficinas del Registro Civil, así como a un ámbito territorial determinado.
CAPÍTULO IV Provisión de puestos de trabajo y sustituciones Artículos 19 a 31
ARTÍCULO 19 Formas de provisión de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo adscritos a médicos forenses se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que será el sistema normal de provisión, o de libre designación. Este último se aplicará exclusivamente para la cobertura de aquellos puestos de trabajo de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo, en los términos establecidos en este Reglamento.
Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, los puestos de trabajo podrán cubrirse excepcionalmente mediante adscripción provisional o comisión de servicios.
ARTÍCULO 20 Provisión de puestos por concurso.
La provisión de los puestos de trabajo vacantes en el Cuerpo de Médicos Forenses se efectuará mediante concursos de traslado, que serán convocados en sus ámbitos respectivos por el Ministerio de Justicia e Interior y por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas. Los concursos se publicarán un mínimo de tres veces al año, siempre que existan vacantes, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de las Comunidades Autónomas correspondientes. En las convocatorias se especificará, en su caso, la adscripción a efectos funcionales a órganos jurisdiccionales, fiscales u Oficinas del Registro Civil, así como a un ámbito territorial determinado.
El Ministerio de Justicia e Interior aprobará, previo informe de las Comunidades Autónomas, las basesmarco a las que se ajustarán las distintas convocatorias. A su vez, las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia determinarán, previo acuerdo con el Ministerio de Justicia e Interior, los puestos de trabajo vacantes existentes en su territorio que se incluirán en las convocatorias.
La publicación en los «Boletines Oficiales» de las Comunidades Autónomas se realizará de forma simultánea con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Los distintos concursos convocados se tramitarán de manera coordinada, de forma que los funcionarios que deseen participar podrán solicitar cualquier plaza vacante del Estado, mediante una única instancia o solicitud, expresando los destinos a que aspiren numerados correlativamente por orden de preferencia.
Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia e Interior, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, o en los órganos que se determinan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
La adjudicación de los destinos se realizará coordinadamente por el Ministerio de Justicia e Interior y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de forma que se garantice un criterio uniforme de valoración así como que no pueda obtenerse más de un único destino. Para ello, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, aprobará el programa informático necesario para su gestión, de forma análoga a lo establecido en el artículo 15 para el Registro Central de Personal.
El plazo para la resolución de los concursos será de dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.
Las resoluciones de los distintos concursos convocados se publicarán de forma simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En los concursos para la provisión de plazas en el territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tengan una lengua oficial propia, el conocimiento oral y escrito de ésta debidamente acreditado por medio de certificación oficial, supondrá el reconocimiento, a estos solos efectos, de hasta seis puntos dependiendo del nivel de conocimiento de la lengua, en los términos establecidos en la disposición adicional segunda de este Reglamento.
ARTÍCULO 21 Méritos.
En los concursos deben valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos conforme figuren en la correspondiente relación de puestos de trabajo, así como la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad, de acuerdo con los siguientes criterios:
Cursos de Formación y Perfeccionamiento. Unicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento (incluyendo en este apartado también las actividades docentes, asistencia a congresos y publicaciones y comunicaciones realizadas) expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias y, en su caso, con los requisitos de los puestos de trabajo.
La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima total, ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.
Las bases de la convocatoria incluirán un baremo con arreglo al cual se valorarán los méritos, fijándose una puntuación mínima para la adjudicación de destino.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicionada deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.
En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la antigüedad, salvo que las bases de la convocatoria dispongan otra cosa.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias, y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación en los términos establecidos en este Reglamento. En los procesos de valoración podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.
Artículo 21, apartado 5, declarado nulo por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 25 de octubre de 1999.
ARTÍCULO 22 Concursos específicos.
Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases. En la primera, se valorarán los méritos enunciados en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del artículo anterior, conforme a los criterios establecidos en el mismo. La segunda fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria.
En estos supuestos, en la convocatoria figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo y la relación de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo deberá fijar los méritos específicos adecuados a las características de los puestos mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto.
La memoria consistirá, en su caso, en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria.
ARTÍCULO 23 Lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
ARTÍCULO 24 Comisiones de Valoración.
La evaluación de los méritos corresponderá a una Comisión de Valoración que será nombrada por el Ministerio de Justicia e Interior y estará integrada por:
Cuatro médicos forenses, o cuatro facultativos del Instituto de Toxicología para puestos de trabajo que figuren en la relación de puestos de trabajo del citado Instituto. De los mismos, dos serán designados por el Ministerio de Justicia e Interior, y dos por las organizaciones sindicales más representativas.
La Comisión de Valoración podrá solicitar del Ministerio de Justicia e Interior, o del órgano competente de la Comunidad Autónoma, la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
La Comisión propondrá para cada puesto al candidato que haya obtenido la mayor puntuación.
ARTÍCULO 25 Limitaciones para concursar.
Los médicos forenses de nuevo ingreso y los que no hayan permanecido en su puesto de trabajo obtenido mediante concurso, el tiempo que se determine mediante Orden del Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta las necesidades de los Institutos de Medicina Legal, sin que en ningún caso pueda ser superior a uno o dos años respectivamente. Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente los médicos forenses que concursen a plazas dentro del Instituto de Medicina Legal en el que estén destinados.
ARTÍCULO 26 Provisión de puestos mediante libre designación.
Se proveerán por el Ministerio de Justicia e Interior, o en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, mediante convocatoria pública de libre designación, los puestos de Director y Subdirector de Institutos de Medicina Legal. La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma. En la misma, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
Las solicitudes se presentarán en la forma y plazos establecidos en el artículo 20 de este Reglamento, y los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. El plazo para efectuar el nombramiento podrá prorrogarse hasta un mes más.
El desempeño de un puesto de trabajo de los previstos en el apartado 4 del artículo 16 del presente Reglamento implicará la reserva del puesto de trabajo de procedencia, siempre que éste haya sido obtenido mediante el sistema de concurso.
ARTÍCULO 27 Comisiones de servicio.
Las comisiones de servicio podrán conferirse por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, para el desempeño de funciones:
La comisión de servicio tendrá una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis, siendo requisito para su otorgamiento el prevalente interés del servicio y los informes de los superiores jerárquicos de las plazas afectadas por la comisión. Solamente podrá otorgarse comisión de servicios cuando no sea posible atender las funciones por otros medios ordinarios o extraordinarios de provisión de puestos de trabajo previstos en este Reglamento, y en caso de urgente e inaplazable necesidad.
Cuando la comisión de servicio suponga traslado forzoso, por no existir funcionarios dispuestos a aceptarla voluntariamente, su concesión recaerá preferentemente en el funcionario que se encuentre destinado en la misma localidad o en localidad más próxima, o con mejores facilidades de desplazamiento, y tengan menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, en el de menor antigüedad.
ARTÍCULO 28 Plazos de toma de posesión y de cese.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de las resoluciones del concurso o de la convocatoria de libre designación en el «Boletín Oficial del Estado», y, en su caso, en los «Boletines Oficiales» de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
El Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a propuesta del órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, o a petición del interesado, podrá excepcionalmente modificar estos plazos cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
En el supuesto de que esta modificación afecte a un médico forense cuyo destino sea el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará a todos los efectos como servicio activo, con excepción de aquellos médicos forenses que reingresen a dicha situación.
ARTÍCULO 29 Nombramiento de médicos forenses interinos.
El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán nombrar médicos forenses interinos por necesidades del servicio cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionario de carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la Orden ministerial o, en su caso, la disposición de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en el Cuerpo y demostrar su aptitud; tomarán posesión en el plazo señalado en el artículo 11 de este Reglamento; tendrán los mismos derechos y deberes que los médicos forenses titulares, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, y las mismas retribuciones básicas y complementarias, excepto trienios. Serán cesados según los términos que establezca la Orden ministerial o, en su caso, la disposición de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore su titular, o desaparezcan las razones de urgencia.
ARTÍCULO 30 Sustituciones.
Los médicos forenses destinados en los Institutos se sustituirán entre sí en los casos de vacaciones, licencia o permiso u otro motivo legal, en la forma que disponga el Director del Instituto, con los efectos económicos que pudieran establecerse. En los supuestos de vacante y comisión de servicios, los médicos forenses podrán sustituirse entre sí, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, por un plazo máximo de seis meses.
Los médicos titulares de los servicios oficiales de sanidad sustituirán o auxiliarán a los médicos forenses en las intervenciones que, en caso de urgencia, les sean encomendadas por la Autoridad Judicial o Fiscal.
ARTÍCULO 31 Remoción y cese.
Los médicos forenses que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podrán ser removidos por causas sobrevenidas derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.
Los médicos forenses que desempeñen el puesto de Jefe de Servicio de los Institutos de Medicina Legal podrán ser removidos por falta de capacidad organizativa que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
Las propuestas motivadas de remoción serán formuladas por el Director correspondiente oído el Consejo de Dirección, y se notificará al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes.
La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a las organizaciones sindicales más representativas, que emitirán el oportuno informe en el plazo de diez días hábiles.
Recibido el mencionado informe, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la propuesta se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el plazo de diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo.
A los médicos forenses removidos se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo incluido en la relación de puestos de trabajo del Instituto de Medicina Legal correspondiente, con efectos del día siguiente al de la fecha de cese.
Los médicos forenses que se encuentren en la situación contemplada en el apartado anterior de este artículo, tendrán la obligación de participar en todos los concursos que se convoquen hasta obtener destino definitivo.
Los médicos forenses nombrados por libre designación en los Institutos de Medicina Legal podrán ser cesados con carácter discrecional por la misma autoridad que los nombró, reincorporándose a su puesto de trabajo de procedencia siempre que éste haya sido obtenido mediante el sistema de concurso.
CAPÍTULO V Derechos de los médicos forenses Artículos 32 a 46
ARTÍCULO 32 Condición de autoridad y distintivos.
Los médicos forenses tendrán la consideración de autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo y usarán como distintivo una medalla de plata con sujeción al diseño aprobado por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, le será expedido por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma el documento de identificación correspondiente, que será devuelto cuando cese el funcionario.
Cuando los médicos forenses comparezcan a informar ante las Autoridades Judiciales, lo harán en estrados, con las consideraciones debidas al cargo y dándoseles las facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones y la utilización de sus notas y piezas de convicción.
ARTÍCULO 33 Puesto de trabajo y promoción profesional.
Los médicos forenses tendrán derecho a un puesto de trabajo de los que figuran en las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto de Toxicología, y gozarán de los demás derechos que les reconozca el ordenamiento jurídico.
Los médicos forenses tendrán derecho a la promoción profesional a través del desempeño de los distintos puestos contemplados en las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal.
ARTÍCULO 34 Derechos de sindicación y huelga.
Los médicos forenses ejercerán libremente el derecho de sindicación de acuerdo con lo previsto en la legislación general del Estado para funcionarios públicos.
El ejercicio del derecho de huelga por parte de los médicos forenses se ajustará a lo establecido en la legislación general del Estado para funcionarios públicos, aunque estará en todo caso sujeto a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 35 Régimen retributivo y Régimen especial de Seguridad Social. 1
El régimen retributivo de los médicos forenses será el establecido en la Ley 17/1980, de 24 de abril, y en las disposiciones que la desarrollan.
La diferencia en cómputo mensual entre la jornada de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de retribuciones.
Estarán acogidos al Régimen especial de Seguridad Social establecido en el Real Decreto 16/1978, de 7 de junio, para los funcionarios de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 36 Vacaciones.
Los médicos forenses tendrán derecho a disfrutar, durante cada año completo de servicio activo, de un permiso retribuido de vacaciones de un mes o de los días que en proporción les correspondan si el tiempo de servicio fuera menor, con excepción de los destinados en las islas Canarias, que podrán acumular en un solo período las vacaciones correspondientes a dos años.
El tiempo de vacación se determinará, a petición del interesado, preferentemente durante los meses de julio, agosto o septiembre, por el Director del Instituto en que esté destinado, en función de las necesidades del servicio.
El disfrute de la vacación anual en los meses de julio, agosto y septiembre podrá denegarse por circunstancias excepcionales, debidamente motivadas en el acuerdo denegatorio, que requerirá expediente administrativo por un procedimiento urgente a propuesta del Director del Instituto de Medicina Legal, previa audiencia del interesado, y resolución del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 37 Actividades de formación.
Los médicos forenses podrán asistir a cursos de formación continuada o directamente relacionados con su puesto de trabajo, organizados por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, los centros homólogos de las Comunidades Autónomas, las centrales sindicales más representativas u otras entidades públicas o privadas.
La asistencia a estos cursos podrá ser solicitada por el interesado, a través del Director del Instituto de Medicina Legal, y en todo caso requerirá la aprobación del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Su duración estará determinada por los estudios a realizar y no supondrá limitación alguna de haberes.
ARTÍCULO 38 Permiso por asuntos particulares.
Los médicos forenses tendrán derecho a disfrutar de nueve días de permiso al año por asuntos particulares. Tales días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas, pudiendo distribuirlos a su conveniencia con la conformidad del Director del Instituto en que estén destinados.
Cuando por razón del servicio no se disfrute del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se concederá durante el mes de enero del año siguiente.
ARTÍCULO 39 Permisos por causas justificadas.
Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas:
Los permisos serán concedidos por los Directores de los Institutos, con excepción de los previstos en los párrafos c) y f) que corresponderán al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de las Comunidades Autónomas.
ARTÍCULO 40 Licencias por razón de matrimonio.
ARTÍCULO 41 Licencias por asuntos propios.
Los médicos forenses tendrán derecho a licencias por asuntos propios, sin retribución alguna, y cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos años.
La concesión de la licencia corresponderá al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Director del Instituto en que estuvieren destinados, que tendrán en cuenta las necesidades del servicio.
ARTÍCULO 42 Permisos por maternidad y adopción.
Toda funcionaria, en caso de embarazo, tendrá derecho a un permiso de dieciséis semanas o de dieciocho en los supuestos de parto múltiple.
El permiso se distribuirá a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla, al iniciarse el período de permiso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas del permiso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado período, salvo que en momento de su efectividad la incorporación al trabajo por parte de la madre suponga riesgo para su salud.
La solicitud del permiso se dirigirá al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañándose de los documentos justificativos que acrediten que se encuentra en el período de diez semanas antes del parto.
En el supuesto de adopción de un menor de nueve meses, el funcionario tendrá derecho a un permiso de ocho semanas contadas, a su elección, bien a partir del momento de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años, el permiso tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
ARTÍCULO 43 Baja por enfermedad.
Los médicos forenses que por enfermedad no puedan asistir a su puesto de trabajo, se darán de baja en el servicio, participándolo al Director del Instituto en que estuvieran destinados, salvo causa de fuerza mayor, dentro del primer día.
La mencionada baja no podrá durar más de cinco días. Si persistiesen las causas deberá solicitar la oportuna licencia por enfermedad.
ARTÍCULO 44 Licencia por enfermedad.
Las licencias por razón de enfermedad las concederá el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y podrán ser de hasta seis meses por cada año natural, y prorrogables por períodos mensuales. Las solicitudes serán tramitadas por conducto del Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente.
A toda solicitud de licencia por razón de enfermedad, y de las prórrogas en su caso, se acompañará necesariamente parte de baja o certificación facultativa, que acredite la certeza de la misma, la imposibilidad que produzca para el desempeño del cargo, el tiempo aproximado por el que precise la licencia y la no procedencia de la jubilación por incapacidad física, así como si forzosamente obliga al funcionario a ausentarse de su residencia oficial para atender al restablecimiento de su salud.
Las licencias por enfermedad, hasta el sexto mes inclusive, no afectarán al régimen retributivo de quienes las hayan obtenido. Transcurrido el sexto mes, sólo darán derecho a percibir de las retribuciones básicas y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, sin perjuicio de las prestaciones complementarias que procedan, con arreglo al régimen de Seguridad Social aplicable.
ARTÍCULO 45 Licencia por estudios.
Los médicos forenses podrán disfrutar de licencias para la asistencia a cursos, congresos o jornadas relacionados con su formación que no estén incluidos en el artículo 37 de este Reglamento.
La concesión de estas licencias corresponde al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Director del Instituto en que estén destinados, que habrá de tener en cuenta las necesidades del servicio.
Las licencias especificarán las condiciones generales de su concesión y su duración, que estará determinada por los estudios a realizar. En todo caso deberá justificarse la realización de los estudios.
Estas licencias sólo darán derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo.
ARTÍCULO 46 Revocación.
Las licencias reguladas en los artículos 41 y 45 del presente Reglamento podrán ser revocadas por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, mediante resolución motivada.
CAPÍTULO VI Deberes de los médicos forenses Artículos 47 a 51
ARTÍCULO 47 Deberes profesionales.
Los médicos forenses desempeñarán las funciones inherentes a su cargo, bajo la dependencia del Director del Instituto correspondiente.
Igualmente estarán obligados a guardar secreto de las actuaciones procesales o de investigación del Ministerio Fiscal en las que intervengan.
ARTÍCULO 48 Abstenciones y recusaciones.
Los médicos forenses estarán obligados a poner en conocimiento de los respectivos Presidentes de los Tribunales, Jueces o Fiscales, las circunstancias que en ellos concurran y que pudieren justificar su abstención en una causa o procedimiento determinado o en diligencias de investigación del Ministerio Fiscal.
Se aplicarán a los médicos forenses las prescripciones que, respecto de la recusación de los peritos, establecen las leyes procesales.
ARTÍCULO 49 Jornada y horarios.
El horario de trabajo se determinará mediante Resolución aprobada por el Ministerio de Justicia e Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. El mismo contemplará el establecimiento de una jornada, en parte de obligada presencia, y, en parte, de cumplimiento flexible.
El Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta, en su caso, de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con informe del Consejo General del Poder Judicial, y previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, determinará reglamentariamente los sistemas de control del horario y de justificación de incidencias en los Institutos, así como los horarios especiales y las modificaciones del establecido con carácter general cuando así pueda exigirlo el servicio público.
La dedicación de los médicos forenses será general y exclusiva. La dedicación general comporta la jornada establecida con carácter habitual en la Administración pública, y la dedicación exclusiva se fijará en la Resolución a que hace referencia el apartado anterior.
ARTÍCULO 50 Incompatibilidades.
Los médicos forenses están sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación general para los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas. En todo caso, la función de médico forense será incompatible con:
No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada a los médicos forenses que desempeñen los puestos de Director y Subdirector de los Institutos, a aquellos otros que ocupen puestos con dedicación exclusiva, y a los que en la relación de puestos de trabajo tengan asignado un complemento específico o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Artículo 50, apartado 1, letra c) declarada nula por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, del 9 abril de 1999.
ARTÍCULO 51 Realización de actividades compatibles.
El ejercicio por los médicos forenses de cualquier actividad, profesión o cargo que requiera declaración de compatibilidad, exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma, con informe del Director del Instituto en que estuvieren destinados, sin perjuicio de las restantes autorizaciones que prevea el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
CAPÍTULO VII Situaciones administrativas Artículos 52 a 74
ARTÍCULO 52 Situaciones.
Los médicos forenses pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
La declaración de las situaciones administrativas comprendidas en los párrafos b) a h) del apartado anterior, se efectuará por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
ARTÍCULO 53 Servicio activo.
Los médicos forenses se encontrarán en servicio activo:
Cuando les haya sido conferida por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, comisión de servicio de carácter temporal, en los términos establecidos en el artículo 27 de este Reglamento.
Los cambios de destino y el disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterarán la situación de servicio activo.
Los médicos forenses en situación de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.
ARTÍCULO 54 Servicios especiales.
Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Organos Constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.
Cuando presten servicio en el Gabinete de la Presidencia de Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
ARTÍCULO 55 Declaración de la situación de servicios especiales.
ARTÍCULO 56 Efectos de la situación de servicios especiales.
A los médicos forenses en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular; y tendrán derecho a la reserva del puesto obtenido con anterioridad, bien por nuevo ingreso o por el sistema de concurso.
Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponde como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidos con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el Departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo.
En ningún caso podrán asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales mientras permanezcan en esta situación.
ARTÍCULO 57 Reincorporación a partir de la situación de servicios especiales.
Los que se hallaren en la situación de servicios especiales deberán incorporarse a su puesto de trabajo dentro del plazo de un mes, a contar desde el siguiente al del cese en el cargo o desde la fecha de su licenciamiento. De no hacerlo así, pasarán automáticamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
ARTÍCULO 58 Excedencia forzosa.
Los médicos forenses en situación de excedencia forzosa tendrán derecho a percibir sus retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.
ARTÍCULO 59 Excedencia para el cuidado de hijos.
Los médicos forenses tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre o la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. El período de permanencia en dicha situación será computable únicamente a efectos de trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular. Durante el primer año, a contar desde su concesión, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a puesto en la misma localidad y de igual retribución.
La concesión de la excedencia estará condicionada a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo.
Durante el primer año de excedencia podrán reincorporarse a su puesto de trabajo sin necesidad de solicitar el reingreso, así como participar en los concursos que se convoquen.
ARTÍCULO 60 Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
ARTÍCULO 61 Excedencia voluntaria por interés particular.
La situación de excedencia voluntaria por interés particular se declarará a petición del funcionario, o de oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente.
Para solicitar la declaración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular será preciso haber prestado tres años de servicios efectivos desde que accedió al Cuerpo o desde su reingreso, y en tal situación no podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos años.
En las resoluciones por las que se declare esta situación se expresará el plazo máximo de duración de la misma. La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del período de duración de la excedencia voluntaria por interés particular, comportará la pérdida de la condición de funcionario. Si solicitado el reingreso no se concede por falta de puesto de trabajo vacante con dotación presupuestaria, continuarán en la situación de excedencia voluntaria por interés particular hasta que se produzca el mismo.
La concesión de la citada excedencia quedará en todo caso subordinada al interés del servicio. No podrá otorgarse al médico forense que no haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiere sido impuesta o que esté sometido a expediente disciplinario por falta muy grave. En el supuesto de falta grave, mediante resolución motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrá denegarse la declaración de excedencia voluntaria por interés particular.
Artículo 61, apartado 2, declarado nulo por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 25 de octubre de 1999.
ARTÍCULO 62 Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
ARTÍCULO 63 Efectos de la excedencia voluntaria.
ARTÍCULO 64 Suspensión.
La suspensión puede ser de carácter definitivo o provisional.
La suspensión tendrá carácter definitivo, tanto cuando fuere impuesta como corrección disciplinaria, como cuando sea consecuencia de la imposición firme por los Tribunales de la pena de suspensión.
La suspensión será provisional:
Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral. No obstante, mediante resolución motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en atención a las circunstancias del caso, podrá excepcionarse la declaración de suspensión provisional.
El suspenso quedará privado temporalmente en sus funciones.
ARTÍCULO 65 Suspensión definitiva.
La suspensión impuesta con carácter definitivo en expediente disciplinario no podrá exceder de un año.
La suspensión definitiva, cualquiera que sea su causa determinante y siempre que fuere superior a seis meses, implicará la pérdida del destino, que se proveerá en forma reglamentaria, y la privación de todos los derechos inherentes a su condición de médico forense mientras permanezca en esta situación, hasta que fuera reintegrado el suspenso al servicio activo.
Al suspenso definitivo le será de abono el tiempo en que hubiera permanecido en suspensión provisional.
ARTÍCULO 66 Suspensión provisional.
La suspensión provisional establecida en el artículo 64, apartado 3, párrafos a) y b), se acordará por el Ministerio de Justicia e Interior o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en el supuesto del párrafo c), se procederá en la forma prevista en el artículo 86 de este Reglamento.
ARTÍCULO 67 Derechos del suspenso provisional.
El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el 75 por 100 de sus retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; no se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía.
El tiempo de suspensión provisional prevista en el artículo 64, apartado 3, párrafo c), como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo en el caso de que la paralización del mismo sea imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinará la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea resuelto.
Cuando la suspensión provisional no se eleve a definitiva, ni se acuerde la separación del servicio, el tiempo de duración se computará como de servicio activo, debiendo acordarse por el Ministerio de Justicia e Interior o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la inmediata reincorporación del suspenso a su cargo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan, desde la fecha de la suspensión, a cuyos efectos las autoridades correspondientes remitirán al Ministerio de Justicia e Interior o al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma testimonio de la resolución adoptada.
ARTÍCULO 68 Reglas generales del reingreso al servicio activo.
El reingreso al servicio activo de los médicos forenses que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concursos para la provisión de puestos de trabajo.
Asimismo, los reingresos podrán efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, con ocasión de vacante dotada y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.
A tal efecto, el médico forense excedente deberá solicitar dicha adscripción al Ministerio de Justicia e Interior, con expresión del Instituto o Institutos solicitados y su orden de prioridad.
En el caso de que alguno de los Institutos solicitados radicase en el territorio de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá en los términos establecidos anteriormente, dando traslado de esta resolución al Ministerio de Justicia e Interior.
Los excedentes forzosos, los suspensos y los excedentes voluntarios del artículo 60 de este Reglamento gozarán, por este orden, la primera vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.
ARTÍCULO 69 Reingreso de los excedentes forzosos.
El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán disponer, cuando las necesidades del servicio lo exijan, el reingreso obligatorio de los excedentes forzosos mediante su adscripción provisional, garantizando que el destino sea dentro del municipio o de la provincia o, en su defecto, de la Comunidad Autónoma de la vecindad del funcionario. En caso de no aceptar la adscripción provisional, serán declarados en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Los médicos forenses en esta situación, estén o no adscritos provisionalmente, deberán participar en el primer concurso que se convoque, con objeto de obtener un puesto de trabajo definitivo, cuyos requisitos de desempeño reúnan. De no participar en este concurso o no obtener puesto de trabajo, se les destinará a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes.
ARTÍCULO 70 Reingreso de los suspensos definitivos.
Los suspensos definitivos que hubieran perdido su puesto de trabajo, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde la finalización del período de suspensión y, en tal caso, el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, podrá incorporarlos al servicio activo adscribiéndoles con carácter provisional a un puesto de trabajo cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
Si, en el plazo previsto en el apartado 1, el interesado no formulare solicitud de reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha en que haya finalizado el período de suspensión.
Formulada la solicitud, los funcionarios suspensos deberán participar en el primer concurso de traslado que se convoque, cuyos requisitos de desempeño reúnan, con objeto de obtener un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo solicitado, se les destinará, en su caso, a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes. En el caso previsto en el artículo 58.1.b) de este Reglamento, será declarado en situación de excedencia forzosa.
ARTÍCULO 71 Rehabilitación.
Los que hubieran sido separados del servicio por alguna de las causas previstas, podrán solicitar la vuelta al servicio activo mediante el oportuno expediente de rehabilitación.
Los que hubiesen sido separados por razón de delito deberán justificar, además, que tienen extinguida la responsabilidad penal y civil, y que les han sido cancelados los antecedentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes.
En ningún caso podrá solicitarse la apertura del expediente antes de haber transcurrido dos años a partir de la firmeza del acuerdo de separación, a menos que éste hubiere sido acordado por las causas previstas en el artículo 11.3 de este Reglamento.
La instancia, en unión de los antecedentes que obren en el Ministerio, se remitirá al Consejo General del Poder Judicial, para que emita el oportuno informe sobre las circunstancias que pudieran concurrir en el peticionario y que tuvieren relación con el servicio y funcionamiento de la Administración de Justicia. El informe lo remitirá al Ministerio de Justicia e Interior para la resolución que proceda. Si el funcionario que pretenda la rehabilitación hubiera tenido como último destino cualquiera de los radicados en el territorio de una Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se solicitará, con carácter previo al informe del Consejo General del Poder Judicial, informe del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Para acordar la rehabilitación se tendrá en cuenta la naturaleza del hecho determinante de la separación y las circunstancias de todo orden que en el mismo concurrieran en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia.
La resolución del expediente se comunicará al interesado, y si fuera desfavorable no podrá iniciarse nuevo expediente hasta transcurridos otros dos años.
ARTÍCULO 72 Reingreso de los excedentes para el cuidado de hijos.
ARTÍCULO 73 Reingreso de los excedentes voluntarios.
Los excedentes voluntarios a los que hace referencia el artículo 60 de este Reglamento, al cesar en la situación de actividad en el Cuerpo o Escala en que hubieren estado prestando sus servicios, podrán solicitar su reingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a dicho cese, debiendo participar en los concursos que se convoquen. Acompañarán a la instancia certificación de la Jefatura de Personal del Cuerpo de procedencia acreditativa de los servicios prestados.
Antes de finalizar el período de quince años de duración de la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar regulado en el artículo 62, deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El reingreso de los excedentes voluntarios por interés particular, así como por agrupación familiar, se efectuará mediante su participación en los concursos de traslado que se convoquen.
Una vez solicitado el reingreso, los excedentes voluntarios podrán ser adscritos por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con carácter provisional cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
ARTÍCULO 74 Cambio de situaciones administrativas.
El cambio de las situaciones administrativas en que se hallen los médicos forenses podrá tener lugar siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo.
En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los médicos forenses podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda y reservándoseles un puesto de iguales retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo municipio.
CAPÍTULO VIII Régimen disciplinario Artículos 75 a 91
Capítulo VIII derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 75 Principios generales.
Artículo 75 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 76 Clases de faltas y prescripción.
Artículo 76 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 77 Faltas muy graves.
Artículo 77 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 78 Faltas graves.
Artículo 78 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 79 Faltas leves.
Artículo 79 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
Artículo 80 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 81 Prescripción de las sanciones.
Artículo 81 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 82 Organos competentes.
Artículo 82 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 83 Procedimiento.
Artículo 83 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 84 Iniciación.
Artículo 84 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 85 Tramitación.
Artículo 85 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 86 Suspensión provisional.
Artículo 86 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 87 Recursos.
Artículo 87 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 88 Anotación de las sanciones disciplinarias.
Artículo 88 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 89 Ejecución, inejecución y suspensión temporal.
Artículo 89 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 90 Cancelación.
Artículo 90 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
ARTÍCULO 91 Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Artículo 91 derogado por el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Julio de 2005.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Retribuciones
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación de la normalización del uso del euskera en las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco («Boletín Oficial del País Vasco» de 27 de octubre) y demás disposiciones de desarrollo derivadas de los planes de normalización del euskera que puedan dictarse en el ámbito de la citada Comunidad Autónoma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Competencias del Director del Instituto de Toxicología
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Régimen transitorio de integración de los médicos forenses en los Institutos de Medicina Legal
Las funciones de los Directores de los Institutos de Medicina Legal, previstas en este Reglamento, sobre informes previos o tramitación de actuaciones administrativas en relación con los médicos forenses con destino en los Institutos de Medicina Legal que les correspondan, quedarán en suspenso hasta la creación de los Institutos, correspondiendo dicha tramitación al Ministerio de Justicia, por medio de las Gerencias Territoriales o, en su caso, a la Comunidad Autónoma que haya recibido traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Disposición transitoria primera, tercer párrafo adicionado por el Real Decreto 1619/1997, de 24 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento organico del Cuerpo de Medicos forenses, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de Octubre de 1997.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Régimen transitorio de provisión de puestos de trabajo
Hasta que se produzca la entrada en funcionamiento de los mencionados Institutos quedarán en suspenso los artículos 21 y 22 del presente Reglamento Orgánico. Los puestos de trabajo vacantes se proveerán mediante concurso que se resolverá por riguroso orden de escalafón y atendiendo, cuando proceda, a lo dispuesto en el artículo 23 y en la disposición adicional segunda de este Real Decreto, sobre acreditación del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Disposición transitoria segunda, segundo párrafo adicionado por el Real Decreto 1619/1997, de 24 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento organico del Cuerpo de Medicos forenses, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de Octubre de 1997.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA Médicos forenses en régimen de dedicación normal
Desde la entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal regulados en el artículo 18 del presente Reglamento, quedarán sin efecto las autorizaciones concedidas a los médicos forenses en régimen de dedicación normal para el desempeño de otro puesto en el sector público, al amparo de lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, por el que se establece la cuantía del complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Los funcionarios que, en virtud de la derogación de la citada disposición adicional, incurran en incompatibilidad por desempeño de más de un puesto de trabajo en el sector público, habrán de optar por uno de ellos en el momento de la toma de posesión del puesto obtenido en el concurso regulado en la disposición transitoria segunda de este Reglamento. A falta de opción, se estará a las previsiones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Régimen transitorio de la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Puestos adscritos exclusivamente a funciones de Registro Civil
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia (R...
Real Decreto 1500/1991, de 11 de octubre, sobre determinación de la cuantía de los efectivos del contingente anual a incorporar a la situación de actividad del servicio militar en 1992.
REAL DECRETO 498/1981, de 27 de Febrero, por el que se actualizan las cuantías de las indemnizaciones a funcionarios por razón de servicio.
Real Decreto 1719/2007, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el cambio de titularidad de un tramo de la carretera N-260 entre Olot y Ripoll, a favor de la Generalitat de Cataluña; un tramo de la carretera C-26 entre Olot y Ripoll, a favor del Ministerio de Fomento y de varios tramos de las carreteras N-II y N-260 a favor de la Generalitat de Cataluña