Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-02231-de-agosto-29-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_056907acae5f0170e0530a0101510170&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-20 22:20:22
Document Index: 374294554

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 136', 'artículo 456', 'artículo 35', 'artículo 65', 'artículo 59', 'artículo 342', 'artículo 311', 'artículo 342', 'artículo 59', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 140', 'artículo 90', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 97', 'artículo 128', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 90', 'artículo 331']

SENTENCIA 1999-02231 DE 29 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:TÉRMINO PARA IMPONER LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL. EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD PARA INTENTAR LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TRATÁNDOSE DE ERRORES JUDICIALES, SE TIENE QUE EL TÉRMINO BIENAL DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 136, NUMERAL 8 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIA AL DÍA SIGUIENTE A LA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN MOTIVO DEL ERROR JURISDICCIONAL, PUES ES EN ESTE MOMENTO EN QUE SE CONSOLIDA EL DAÑO ANTIJURÍDICO Y SURGE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A LA JURISDICCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ERROR JURISDICCIONAL, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 1999-02231/28050 de agosto 29 de 2014
Rad.: 25000-23-26-000-1999-02231-01 (28.050)
Actor: Pablo Barriga Vergara y otros
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(3), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996(4) y 31 constitucional, todos los procesos promovidos en ejercicio de la acción de reparación directa por error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración judicial son de doble instancia, la primera ante los tribunales administrativos y la segunda ante el Consejo de Estado.
2. Las actuaciones judiciales que motivan la controversia.
2.1. La Sala, teniendo en cuenta la complejidad y particularidades que tuvo el proceso de expropiación, preliminarmente procede a reconstruir sucintamente las actuaciones que se surtieron por las diferentes autoridades judiciales, a partir de la sentencia del 2 de septiembre de 1983, momento a partir del cual tuvieron lugar las que se cuestionan. Esto con el fin de identificar los alcances de las acciones y omisiones controvertidas y la oportunidad en la que se sometieron al presente debate.
2.1. Las actuaciones surtidas en el proceso de expropiación.
2.1.1. El 2 de septiembre de 1983, el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá dictó sentencia dentro del proceso(5) promovido por el entonces Instituto de Reforma Agraria —Incora— cuyo propósito era que se decrete la expropiación por razones de utilidad pública e interés social del predio rural denominado “Hacienda Llano Grande”. En la mencionada providencia el despacho judicial, luego de relatar los antecedentes del caso, concluyó: “(...) Estando plenamente establecidos los presupuestos y habiéndose presentado tanto los originales, como las fotocopias de las resoluciones emanadas del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria ‘Incora’ por medio de las cuales se decretó la expropiación de los predios antes descritos debe este despacho acceder a las súplicas de la demanda”.
Y, resolvió:
“1º Decretar la expropiación del predio rural denominado Hacienda Llano Grande, integrada por los fundos Andalucía, La Calera, Tapaca, Planada de Llano Grande, Santa Rita, La Carreta y Golpe de Agua respecto de los cuales se desprenden los siguientes lotes: San Antonio, La Esperanza, Los Pantanos, La Cabaña, El Porvenir, El Cerrito, Los Cerezos, Santa (ilegible), San Juan, La Esperanza, Las Mercedes, San Pedro, La Cabaña, El Olvido, El Currubito, Rodamontal, El Rinconcito, Santa María, Libertad, Buenavista, Santa Rosa, El Cerezo, La Calera, La Palma, El Salero, El Llanito, El Triunfo, El Desquite, El Alto de las Cruces, El Mirador, El Tibar, Los Llanitos, El Mortiño, La Fortuna, San Juanito, El Mirador, Puerto Rico, El Porvenir, Laurel, El Espino, El Consuelo y El Recuerdo comprendido por los linderos que se indican en la demanda, certificados de libertad adjuntos y parte motiva de esta providencia.
2º Decretar la cancelación de los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los inmuebles antes citados. Para tal efecto se librará oficio al señor Registrador de Instrumentos Público (sic) de Zipaquirá.
3º Ordenar que una vez ejecutoriada esta sentencia sea registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá junto con el acta de entrega de los predios ya descritos anteriormente.
4º Ordenar la entrega de los inmuebles ya descritos al demandante, una vez agotado el trámite señalado por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.
5º Fijar y regular la indemnización a que tienen derecho los demandados de conformidad con las normas correspondientes.
6º Ordenar tener en cuenta lo dispuesto por el art. 458 del Código de Procedimiento Civil respecto a la entrega de la indemnización a los demandados.
7º Ordenar en las costas del proceso, a los demandados que se opusieron a las pretensiones. Tásense por secretaría en su oportunidad” (fls. 14 a 29, cdno. 6).
2.1.2. La decisión anterior fue remitida a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para el trámite del grado jurisdiccional de consulta. El 16 de febrero de 1984, dicha Corporación, después de encontrar satisfechos los presupuestos formales y sustanciales propios del proceso de expropiación, decidió:
“1. Confirmar la sentencia materia de la consulta.
2. Sin constas en la alzada” (fls. 35 y 35 vto, cdno. 3).
Esta decisión se notificó por edicto entre los días 23 y 28 de febrero de 1984.
2.1.3. En firme la decisión precedente, se inició la etapa de avalúos con el fin de liquidar la indemnización.
2.1.4. El 9 de mayo de 1984, el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá designó a los peritos Rodrigo Arango Toro y Mauricio Cárdenas para que realicen el avalúo del bien expropiado mediante sentencia de 2 de septiembre de 1983 (fl. 55, cdno. 4).
2.1.5. El 20 de junio de 1984, los peritos rindieron el respectivo concepto en el que concluyeron:
“Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes se rinde el avalúo así:
% Área Has. Precio/Ha. Valor total
77.00 390-6133 217.000 $ 84.763.086,10
15.31 77-6661 113.000 $ 8.776.269,30
6.39 32-4158 17.000 $ 551.068,60
Valor del terreno $ 94.090.424” (fls. 63 a 65, cdno. 4).
2.1.6. Con fecha 6 de julio de 1984, el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá ordenó de manera oficiosa a los peritos que, “procedan a aclarar su dictamen avaluando separadamente el valor de los bienes expropiados y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los interesados (...)” (fl. 66 vto., cdno. 4).
2.1.7. El señor auxiliar de la justicia Rodrigo Arango Toro manifestó su impedimento para continuar con su cargo en tanto fue amenazado por los ocupantes del predio, impedimento que fue aceptado. Por su parte, el señor Mauricio Cárdenas fue reemplazado por no haber cumplido la orden de aclaración al dictamen. Bajo estas circunstancias, se designaron como nuevos peritos a los señores Rafael Fajardo Lemus, Carlos Suárez Rueda y Manuel Ortiz Uribe quienes de manera separada rindieron sus experticios (fls. 77, 83 y 95, cdno. 4).
2.1.8. El auxiliar de la justicia Rafael Fajardo Lemus, después de hacer una descripción de las características del inmueble Llano Grande, fijó el valor de cada uno de los predios expropiados, de la siguiente manera:
“Predio Andalucía
Propietario: Pablo Barriga Vergara
Área: 65-2637 Has
Precio o indemnización: $ 13.052.740
Valor total: $ 13.052.740
Predio Tarapacá
Propietario: Reynaldo Cabrera
Propietario: Marina de Atuesta
Predio Llano Grande
Propietario: Jaime Herrán
Predio Golpe de Agua
Propietario: Tomás Barriga
Predio La Carreta
Propietario: Alfredo Rueda Sarmiento
Predio La Calera Milciades Barriga (fallecido) y su sucesión a favor de Concepción Ojeda de Abril (fallecida) hoy heredero Elías Ojeda
Valor total: $ 13.052.740” (fls. 61 a 70, cdno. 6).
2.1.9. Por su parte, el perito Carlos Suárez Rueda concluyó:
“Considero que las personas que aparecen en la sentencia del juzgado de septiembre 2/83 que han conservado la tenencia, el dominio y el usufructo de sus predios No tienen derecho a indemnización de ninguna especie.
Por el contrario, a quienes desde la Resolución 1105 de diciembre de 23 de 1975 se les inició proceso de adquisición y no han tenido la tenencia, el dominio, ni el usufructo de sus predios SI tiene derecho a la indemnización, la cual avaluó así:
El valor total del inmueble avaluado atrás es hoy día $ 115.622.500 (...)
Se tomó como base para avaluar la rentabilidad, el interés del dinero que el gobierno tiene para préstamos de fomento, a través del Fondo Financiero Agropecuario (FFA) del Banco de la República.
(...) avaluaré la indemnización a la rata nominal, pero como el Incora no canceló a los damnificados al final de cada año el valor de los intereses rentados es justo que se acumulen el capital para el próximo periodo anual (...) Total indemnización $ 120.671.952.
De este valor total de indemnización corresponde a cada uno de los siete grandes sentenciados $ 17.238.850 (Diez y siete millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte. Correspondientes a sus predios:
1. Pablo Barriga Vergara
2. Milciades Barriga o Elías Ojeda
3. Alfredo Rueda Sarmiento
4. Marina Barriga de Atuesta
5. Tomás Barriga
6. Reinaldo Cabrera Collazos
7. Jaime Herrán Medina” (fls. 76 a 82, cdno. 6).
2.1.10. Igualmente, el experto Manuel Ortiz Uribe, luego de hacer una descripción del lugar y precisar que del área total de 507 hectáreas, 2900 mts2 debían excluirse 44 hectáreas, 800 mts2 de propiedad del señor Alex Davidson, quien no figuraba como demandado y en consecuencia no fue parte del grupo de personas condenadas en el proceso de expropiación, realizó el avalúo individual de los predios, así:
“Nº Predio Nombre Área. Has Indemnización
1. Andalucía Pablo Barriga Vergara 66.0700 $ 13.292.949.43
2. La Calera Milciades Barriga o Elías Ojeda 66.0700 $ 13.292.949.43
3. La Carreta Alfredo Rueda 66.0700 $ 13.292.949.43
4. Santa Rita Marina Barriga de Atuesta 66.0700 $ 13.292.949.43
5. Golpe de Agua Tomás Barriga Rojas 66.0700 $ 13.292.949.43
6. Tarapacá Reynaldo Cabrera Collazos o Ana Reyes de Barriga 66.0700 $ 13.292.949.43
7. Planada de Llano Grande Jaime Herrán Medina 66.0700 $ 13.292.949.43
Total $ 93.050.646.01”
(fls. 67 a 95, cdno. 6)
2.1.11. Realizadas las aclaraciones de los dictámenes, el 11 de agosto de 1986, el Incora puso de presente contradicciones en los experticios, razón por la que los objetó por error grave. Al tiempo, desistió parcialmente a los efectos de la sentencia de expropiación, solicitud que fue coadyuvada por el apoderado de los señores Tomás Barriga Rojas, Reinaldo Cabrera Collazos, Jaime Herrán Medina, Marina Barriga de Atuesta, Pablo Barriga Vergara y Alfredo Rueda Sarmiento (fls. 2, 6, 7, cdno. 7).
2.1.12. El 20 de mayo de 1987, el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá, en providencias separadas, decidió:
“Declarar no probada la objeción propuesta” (fls. 5 y 5 vto., cdno. 7).
“(...) 1º Acepta el desistimiento que con relación a los efectos parciales de la sentencia de expropiación hacen las partes y a que se contrae la petición referida.
2º Ordenar la inscripción de esta decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. Expídanse para el efecto las copias pertinentes.
3º Sin costas, por haber sido coadyuvada la petición” (fls. 7 vto y 8. cdno. 7).
2.1.13. El 26 de mayo de 1987, esta última determinación fue recurrida por el apoderado de los señores Jaime Herrán Medina, Pablo Barriga Vergara, Marina Barriga de Atuesta y Alfredo Rueda Sarmiento (fls. 21 a 24, cdno. 7).
2.1.14. El 19 de febrero de 1988, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, luego de advertir que los mismos coadyuvantes de la petición de desistimiento impugnaban la decisión favorable que obtuvieron, resolvió: “declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto, por los interesados señalados en la parte motiva y por las razones dadas en ella, contra el auto que aceptó la renuncia parcial de los efectos de la sentencia y que lleva fecha 20 de mayo de 1987 (...)” (fls. 12 y 13, cdno. 15).
Con esta misma fecha, la citada Corporación también declaró inadmisible la impugnación formulada contra el auto que declaró no probadas las objeciones por error grave (fls. 14 y 15, cdno. 15).
2.1.15. Concluida la actuación precedente, las partes solicitaron al juez pronunciarse sobre la indemnización (fls. 25, cdno. 20). En un primer momento el Juez Civil del Circuito de Zipaquirá consideró procedente su tasación con base en los dictámenes periciales que obran dentro del expediente (fls. 22 y 27, cdno. 20) sin embargo dicha determinación fue impugnada por el Incora, fundado en que dada la falta de unidad de los experticios debía procederse a la práctica de un nuevo dictamen pericial (fls. 27 y 31 vto.).
2.1.16. Con posterioridad, el Juzgado, en pronunciamiento del 30 de mayo de 1988, acogió los planteamientos del recurso y designó a los auxiliares de la justicia Rafael Páez y Jairo Rodríguez Becerra, no sin antes advertir que los peritos debían tener presente que una porción del inmueble fue excluida por vía del desistimiento presentado por el Incora (fls. 31 y 31 vto., cdno. 20).
2.1.17. A su vez esta determinación fue recurrida por las partes en reposición y luego negada la apelación, en queja. El 25 de febrero de febrero de 1989 estando el proceso para decidir este último recurso, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá advirtió lo siguiente:
“(...) Estando el presente proceso listo para ser resuelto, en cuanto se refiere al recurso de queja interpuesto ante esta Corporación, se observa que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 30 de 1988 y, especialmente, en lo preceptuado por su artículo 35, este tribunal carece de jurisdicción para seguir conociendo del presente conflicto, lo cual impone que deba abstenerse de resolver la impugnación.
En su lugar, se dispone remitir al juzgado de origen las presente diligencias con el fin de que, por dicho despacho, se dé cumplimiento, si así lo considera procedente, a lo ordenado por el artículo 65, del Decreto 21-07 del 12 de octubre de 1988 que a la letra dice ‘Los procesos de expropiación que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria pasarán de inmediato al conocimiento de los tribunales administrativos en el estado en que se encuentren (...)” (fl. 48, cdno. 20).
2.1.18. El 22 de mayo de 1989, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó el conocimiento del presente asunto. Por auto del 24 de agosto del mismo año, remitió el expediente a esta Corporación para que se resuelva el medio de impugnación que se encontraba sin solución (fls. 56 y 57, cdno. 20).
2.1.19. El 1º de marzo de 1990, la Sección Tercera de esta Corporación estimó bien negado el recurso de apelación y devolvió el expediente al Tribunal (fls. 59 a 63, cdno. 20).
2.1.20. El 17 de agosto de 1990, el Tribunal, dado que no localizó a los peritos designados, en su momento, por el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá designó a los señores Ana Elsa Cruz de Mendoza y Carlos F. Jiménez Ortiz, para que evalúen el inmueble expropiado mediante sentencia del 2 de septiembre de 1983 (fls. 71, cdno. 20).
2.1.21. Esta providencia fue recurrida por la parte actora, en tanto en su criterio no tuvo en cuenta la porción del inmueble objeto de desistimiento. La providencia fue modificada en tal sentido, el 26 de octubre de 1990, especificando que el experticio debía establecer el valor de los inmuebles enumerados dentro de la solicitud de desistimiento, a fin de deducirlo del valor de la indemnización que debería pagar la parte actora (fl. 90, cdno. 20).
2.1.22. El 5 de julio de 1991, los peritos designados rindieron el respectivo concepto. Para el efecto, tuvieron en cuenta las características del inmueble y el precio comercial de los predios en la región. Señalaron que el precio de las 507 hectáreas, 2900 mts2 era de $ 2.474.321.500, valor que disminuido por concepto del predio del señor Alex Davidson que no fue demandado (44.8000 hectáreas) y del desistimiento realizado por la parte actora (17.4300 hectáreas) arroja un valor del mueble expropiado de $ 1.311.071.000 lo que significa un monto por hectárea de $ 5.350.000 y una indemnización para cada uno de los siete demandados de $ 187.295.855. (fls. 105 a 129, cdno. 20).
2.1.23. El dictamen fue objeto de solicitud de aclaración y objeción por error grave, por tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 7 de octubre de 1991 ordenó a los peritos rendir nuevo dictamen, con el fin de que se tengan en cuenta los tres dictámenes iniciales, con exclusión de las porciones o partes del terreno que no fueron materia de expropiación (fl. 140, cdno. 20).
2.1.24. En cumplimiento de este ordenamiento los auxiliares de la justicia rindieron un nuevo experticio el 16 de diciembre de 1991, en el que acogiendo lo solicitado por el Tribunal determinaron el valor del predio en $ 1.040.524.760 realizadas las deducciones solicitadas lo que significaba un valor individual de indemnización de $ 148.646.394 (fls. 148 a 154, cdno. 20).
2.1.25. El dictamen así rendido fue objetado por error grave por el Incoder, ya que a su juicio los peritos no acogieron los criterios dados por el Tribunal. El 18 de septiembre de 1992, con el fin de resolver la objeción se designaron como peritos a los señores Juan Ramón Jiménez Torres y Gabriel Ángel Arango Vergara (fls. 183 y 217, cdno. 20).
2.1.26. El nuevo dictamen fue rendido el 2 de marzo de 1993, en este se determinó que el valor de la hectárea del predio Llano Grande era de $ 5.500.000. Luego se especificó que, una vez realizadas las deducciones ordenadas por el Tribunal, el valor total del predio expropiado era de $ 1.347.830.000 (fls. 253 a 299, cdno. 20).
2.1.27. El 31 de marzo de 1993, el Tribunal solicitó a los auxiliares de la justicia determinar el valor del predio con fecha 2 de septiembre de 1983 (fl. 301, cdno. 20). Orden que aquellos cumplieron el 23 de abril de 1993 estableciendo a precios de la época el valor del área expropiada en $ 159.289.000.oo (fls. 305 y 306, cdno. 20). Este avalúo fue aceptado como base para proceder a la indemnización mediante proveído del 12 de noviembre de 1993 (fls. 355 y 356, cdno. 2).
2.1.28. El 26 de mayo de 1994, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijó el valor de la indemnización. Luego de hacer alusión a las actuaciones surtidas, precisó que el último dictamen no tuvo en cuenta integralmente los conceptos periciales que lo antecedían, en esa medida no podía ser tenido en cuenta para efectos de calcular el quantum de la condena. Sin embargo consideró que, siendo los dictámenes que en su momento rindieron por los peritos Carlos Suárez Rueda y Manuel Ortiz Uribe coincidentes, respecto del área expropiada y los valores, se podía tener como base el valor tasado en ese momento ($ 115.622.500) previa deducción del área que fue objeto de desistimiento ($ 115.622.500 - $ 54.357.500 = $ 61.265.000) debidamente actualizada ($ 488.657.783.40) para el efecto resolvió:
“1. Se ordena al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora, consignar la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos con cuarenta centavos moneda corriente ($ 488.657.783.40) suma actualizada de acuerdo a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, como valor del bien expropiado a los demandados Pablo Barriga Vergara, Milciades Barriga o Elías Ojeda, Alfredo Rueda Sarmiento, Marina Barriga de Atuesta, Tomás Barriga Rojas, Reynaldo Cabrera Collazos, Ana Reyes de Barriga y Jaime Hernán Medina y a quienes les corresponda la suma de sesenta y nueve millones ochocientos ocho mil doscientos cincuenta y un pesos con noventa y un centavos moneda corriente ($ 69.809.251.91) a cada uno, teniendo estos derechos en proporción a su cuota correspondiente sobre el predio expropiado, de conformidad al artículo 59, numeral 15, inciso segundo de la Ley 185 de 1961 (...)” (fls. 392 a 406, cdno. 5).
2.1.29. La anterior decisión fue impugnada(6). La parte demandada integrada por los ahora demandantes sostuvo que si el Tribunal resolvió acoger el dictamen rendido por los peritos Manuel Ortiz Uribe ($ 208.673.146) y Carlos Suárez Rueda ($ 236.294.452) ha debido promediar dichos avalúos y de este valor deducir el valor de los 41 predios, que fueron objeto del desistimiento para luego si proceder a su actualización. De no proceder dicha solicitud, solicitó subsidiariamente tomar la suma de $ 159.289.000 que se estableció en el experticio efectuado por los peritos Gabriel Ángel Arango Vergara y Juan Ramón Jiménez Torres (fls. 406 a 409, cdno. 5).
2.1.30. El 19 de diciembre de 1995, esta Corporación reformó la anterior decisión para el efecto consideró:
“(...) 2) De las resoluciones de adjudicación otorgadas por el Incora referidas a 41 lotes, que en conjunto aparecen con una extensión total de 217 Has 4.300 m2, diecisiete (17) de esas resoluciones fueron declaradas nulas por esta Corporación (Sent. jul. 10/72, fl. 161 s.s., cdno. 2) en procesos cuyos actores fueron precisamente quienes ahora aparecen como demandados en este de expropiación y que conforman el grupo que encabeza el señor Pablo Barriga Vergara. Tampoco las 517 Has 2.900 metros cuadrados que el Incora declaró como baldíos tienen ese carácter, porque son de propiedad privada como quedó claramente analizado y determinado en la sentencia de julio 5/73 (fls. 188 s.s., cdno. 2) que declaró la nulidad de los actos administrativos del Incora que así lo habían declarado. También en este proceso actuaron como demandantes el mismo grupo que encabeza el señor Pablo Barriga Vergara y que en este proceso son demandados.
3) El predio expropiado, entonces, no podía ser reducido en la extensión correspondiente a los 41 lotes adjudicados por el Incora, tal como se decidió por el juzgado de conocimiento a petición de este, porque las resoluciones mediante las cuales se adjudicaron dichos lotes fueron declaradas nulas por esta Corporación como se vio antes, así como los actos por los cuales se declaró baldío todo el predio rural denominado Hacienda Llano Grande y además porque, estando ejecutoriada la sentencia de expropiación no procedía desistimiento parcial de las pretensiones de la sentencia o renuncia parcial de los efectos de la misma conforme a las previsiones del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil ni aclaración o adición (arts. 309 y 310 ídem) solo corrección de errores aritméticos, según el artículo 311 ibídem.
4) En este orden de ideas, para determinar el valor del predio expropiado se tomará la sentencia expropiatoria y el avalúo rendido por los peritos señores Gabriel Ángel Arango Vergara (ingeniero catastral) y Juan Ramón Jiménez Torres (ingeniero civil), cuyo experticio fue ordenado por el a quo y obra de folios 257 a 300, además, dicho peritazgo fue aclarado —tal como lo pidió la parte actora— como aparece a folio 305 y 306 del cuaderno principal (primera parte).
Conforme a lo expuesto en el punto 3 que antecede, del área total (517 Has 2.900 m2) se deducen las 44 Has 8.000 m2 del predio del señor Alex Davidson que no figura como demandado, quedando un área expropiable de 462 Has 4.900 m2 que a razón de $ 650.000 pesos por Has. Sería de $ 300.757.656.
Pero no obstante lo anterior, como la apelación está circunscrita al valor de $ 159.289.000 tal como lo aceptaron los actores en sus alegaciones, esta suma deberá ser actualizada de conformidad con la fórmula:
Vp = $ 2.133.205.500
A esta suma se agregará el valor de los intereses del 6% anual sobre el valor histórico, desde el 3 de septiembre de 1983 hasta la fecha de este proveído es decir por un lapso de 12 años, 4 meses (12,33) para un resultado igual a:
I = 117.842.000
El valor del predio expropiado a la fecha de este proveído asciende a la suma de $ 2.251.047.500.
Como las áreas de los fundos antes mencionados resultaron iguales en todos los dictámenes, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil basta solo dividir el valor del predio expropiado por el número de propietarios, así, entonces, el valor para cada uno de los damnificados por la expropiación es la suma de $ 321.578.215. (...)”.
Luego de estas consideraciones resolvió:
“(...) CONFIRMAR el auto de 26 de mayo de 1994 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sus numerales 2º y 3º.
REVOCAR el numeral 1º el cual quedará así:
ORDENAR al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora— consignar la suma de dos mil doscientos cincuenta y un millones cuarenta y siete mil quinientos pesos moneda corriente ($ 2.251.047.500) como valor del bien expropiado a favor de los demandados señores Pablo Barriga Vergara, Reinaldo Cabrera Collazos, Tomás Barriga Rojas, Marina Barriga de Atuesta, Alfredo Rueda Sarmiento, Jaime Herrán Medina y Elías Ojeda Acero, a quienes les corresponde la suma de trescientos veintiún millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos quince pesos moneda corriente ($ 321.578.215) para cada uno, como valor de los fundos que conforman el predio rural denominado Hacienda Llano Grande, ubicado en el municipio de Tabio (Cundinamarca) de conformidad con el artículo 59 numeral 15, inciso 2º de la Ley 135 de 1961. Para efectos del pago, la parte actora procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 135 de 1961 (...)” (fls. 12 a 34, cdno. 2 y 34 a 39, cdno. 15)(7).
Decisión notificada por estados del 16 de enero de 1996 (fl. 39, cdno. 15).
2.1.31. Devuelto el expediente al Tribunal, el 2 de agosto de 1996, se requirió al Incora el pago de la sentencia mediante la correspondiente expedición de bonos con vencimiento de 5 años al tenor de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 135 de 1961 (fl. 496, cdno. 5).
2.1.32. El 16 de octubre de 1996, el Incora dio cumplimiento a la orden del Tribunal y puso a sus órdenes el valor de la indemnización constituida en bonos de Ley 160 de 1994 y solicitó que se proceda a la entrega material del inmueble (fls. 498 y 499, cdno. 5). El 25 de octubre de 1996, dicha Corporación ordenó la entrega de los respectivos bonos a la parte actora (fl. 502, cdno. 5), los cuales fueron efectivamente entregados el 12 de noviembre de 1996 según constancia secretarial (fl. 502 vto., cdno. 5). Adicionalmente, se comisionó al juez promiscuo municipal de Tabio para la entrega del inmueble.
2.1.33. El 19 de marzo de 1997, por parte del juez comisionado se inició la diligencia de entrega, sin embargo aquella fue suspendida (fl. 518, cdno. 5).
2.1.34. El 24 de abril de 1997, el apoderado de los señores Pablo Barriga Vergara, Reynaldo Cabrera Collazos, Tomás Barriga Rojas, Marina Barriga de Atuesta, Alfredo Rueda Sarmiento, Jaime Herrán Medina y Elías Ojeda Acero presentaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitud de nulidad parcial del proceso, a partir del auto de 20 de mayo de 1987 proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá. Lo anterior, con fundamento en la causal 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fls. 1 a 3, cdno. 3).
2.1.35. Con fecha 19 de junio de 1997, el Tribunal negó la solicitud de nulidad por cuanto la causal invocada no resultaba aplicable, habida cuenta que el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá no revivió ningún proceso legalmente concluido. Además, resaltó que fueron los mismos particulares expropiados los que dieron lugar a la supuesta irregularidad ya que ellos coadyuvaron la solicitud de desistimiento de los efectos parciales de la expropiación. Por último, se advirtió que la decisión que se ataca por vía de nulidad no genera perjuicio para los peticionarios ya que en la providencia del Consejo de Estado, que ordena el pago del valor de la liquidación del bien objeto de expropiación, se incluyeron los 41 lotes que hicieron parte de la mencionada petición de desistimiento (fls. 20 a 22, cdno. 3).
2.1.36. La anterior decisión fue apelada el 4 de julio de 1997, oportunidad en la que se puso de presente que la providencia de segunda instancia de esta Corporación que liquidó la indemnización incluyó la totalidad del predio, más no indemnizó toda su extensión, de donde es patente el perjuicio de sus intereses (fl. 24, cdno. 3).
2.1.37. Allegada la documentación solicitada para resolver la alzada, el 23 de julio de 1998, esta Corporación negó el recurso de apelación, entre las razones que adujo, se encuentran:
“(...) Para la Sala el auto apelado debe ser confirmado en su integridad porque tal como lo observó el a quo, en primer lugar la irregularidad planteada no alcanza a constituir causal de nulidad, y en segundo término, no puede ser alegada por quien expresamente consintió en el acto que hoy sirve de fundamento para solicitar la nulidad.
En el auto de 19 de diciembre de 1995, esta Corporación al desatar el recurso de apelación en contra del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca liquidó y ordenó consignar a favor de los demandados las sumas correspondientes a la expropiación del inmueble determinó dos puntos que son fundamentales para la decisión que ahora se toma, a saber:
1) Que los damnificados con la expropiación lo fueron: Pablo Barriga Vergara, Elías Ojeda Acero, Reynaldo Cabrera Collazos, Jaime Herrán, Marina Barriga de Atuesta, Alfredo Rueda Sarmiento y Tomás Barriga Rojas.
2) Que la suma a pagar a tales personas por el predio que les había sido expropiado, incluía el valor de aquellos lotes en relación con los cuales se había desistido de los efectos de la sentencia expropiatoria. En aquella oportunidad se dijo en lo pertinente:
En este mismo auto y sobre las bases fijadas por los peritos, esta Sección liquidó el valor del predio, liquidación que comprendió una extensión de 462 Has. 4.900 m2, área en la cual incluyó aquella correspondiente a los 41 lotes sobre los cuales había recaído el desistimiento de los efectos de la sentencia expropiatoria. Ordenó entonces al Incora pagar como valor del bien expropiado, a favor de quienes había mencionado como damnificados, la suma de $ 2.251.047.500 correspondiéndole a cada uno de ellos $ 321.578.215.
La solicitud de nulidad parcial del proceso fue presentada a nombre de: Pablo Barriga Vergara (...) es decir, las mismas personas en relación con las cuales, en auto de 19 de diciembre de 1995 se decidió definitivamente su situación frente al asunto controvertido dentro de este proceso. Allí se señaló concretamente cual era la suma a pagar en su favor por el predio expropiado, suma en la cual se incluyó también el valor del área que había sido objeto de desistimiento de los efectos de la sentencia expropiatoria. Esta decisión trajo como consecuencia la invalidación total del auto del Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá que en su momento había aceptado el desistimiento.
Así las cosas, cualquier actuación que hubiere existido con anterioridad a la decisión del Consejo de Estado, quedó clarificada con lo dispuesto en ese auto de 19 de diciembre de 1995 en el que se repite, sencillamente se hizo la liquidación con base en la sentencia expropiatoria sin tener en cuenta el desistimiento parcial de sus efectos. En ese orden de ideas la irregularidad señalada por los peticionarios, no alcanza a constituir causal de nulidad, ni los afectó porque en su favor se ordenó el pago de todo el predio.
Valga agregar que no es viable la proposición de la nulidad por parte de quien dio lugar al hecho que la genera como sucedió en el sub examine donde los demandados consistieron expresamente en el desistimiento, actuación que hoy califican de irregular y sobre la cual pretenden estructurar la causal de nulidad (...)”.
Con base en estos fundamentos confirmó la decisión apelada (fls. 35 a 40, cdno. 3).
2.1.38. El 24 de noviembre de 1988, el Incora solicitó se fije nueva fecha para la entrega del bien objeto de expropiación (fl. 520, cdno. 5). El 4 de febrero de 1999, en atención a la anterior solicitud, el Tribunal nuevamente ofició al Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio para que se surta la respectiva diligencia (fl. 522, cdno. 5).
2.1.39. El 28 de mayo de 1999, en consideración a las dificultades para la entrega del inmueble, el Tribunal decidió asumirla directamente, para el efecto fijó el día 2 de julio de esa misma anualidad. El día señalado, en inmediaciones al lugar de la diligencia, el Incora, solicitó su aplazamiento por razones de orden público. Se fijó el 30 siguiente para su realización. En esta nueva oportunidad la comunidad, aduciendo tener derechos sobre el mismo, impidió el acceso al inmueble, pese a los diálogos intentados por los funcionarios judiciales. Por tanto el Tribunal intentó hacer la entrega al Incora en el estado en que se encontraba a lo que se opuso la entidad (fls. 525 a 530, cdno. 3).
2.1.40. El 11 de agosto de 1999, el Incora solicitó la devolución del pago de la indemnización manifestando entre otros motivos la imposibilidad de la entrega del bien (fl. 531, cdno. 3). El día 26 de agosto de ese mismo año, el Tribunal negó la solicitud señalando que el pago se dispuso en sentencia ejecutoriada y que en esos términos lo petición era tanto como un llamado a su desconocimiento (fl. 533, cdno. 3).
2.1.41. Contra la precitada decisión la entidad propuso los recursos de reposición y en subsidio apelación. El primero fue negado, en atención a que la entrega de los dineros de la indemnización era lo procedente y, porque nada impedía a la entidad proceder al registro del título —la sentencia judicial— y luego proponer las acciones necesarias para obtener el desalojo de la propiedad. El segundo fue rechazado por improcedente (fls. 543 a 546, cdno. 3).
2.1.42. Hasta aquí, las actuaciones que revelan los antecedentes que se trajeron al presente proceso.
2.2. El alcance de las actuaciones cuestionadas en el caso concreto.
2.2.1. En el sub lite, la parte demandante al fijar el petitum de la demanda concretamente señaló que la Nación - rama judicial debía ser declarada responsable porque con sus actuaciones le generó perjuicios de índole material consistentes en la privación, en el marco del proceso de expropiación del inmueble Llano Grande, de la indemnización de 217 hectáreas, 4.300 mts2 que hacían parte del área global del inmueble, avaluadas en $ 141.508.656, de acuerdo al dictamen que se acogió para la liquidación de la indemnización. Adicionalmente, manifestó que esta situación le generó perjuicios de índole moral.
2.2.2. En su criterio, las acciones u omisiones que generaron el daño antijurídico fueron las providencias judiciales emitidas por esta Corporación con fechas 19 de diciembre de 1996 y 23 de julio de 1998, las que se señaló de contradictorias, y la no conclusión del proceso de expropiación con el pago de la indemnización conforme a la sentencia de 2 de septiembre de 1983, que contenía la totalidad del inmueble Llano Grande, lo que naturalmente comprendía las 217 hectáreas, 4.300 mts2 que en su sentir no fueron indemnizadas.
2.2.3. Por su parte, en la causa petendi, luego de hacer el recuento de las actuaciones surtidas con posterioridad a la sentencia que decretó la expropiación del inmueble, puntualizó que decidida por esta Corporación la segunda instancia del incidente de liquidación de perjuicios, impugnada bajo el entendimiento de que la providencia que aceptó el desistimiento parcia de la sentencia había surtido efectos, se dispuso la indemnización de todo el predio, porque a su parecer el desistimiento era improcedente, pero limitó el monto de la indemnización a lo solicitado en el recurso de apelación $ 159.289.000, monto que naturalmente no incluía las 217 hectáreas y 4300 metros sobre las cuales se había aceptado el desistimiento. Situación que, a su parecer, resulta contradictoria con lo decidido con posterioridad en razón del incidente de nulidad e impidió que el proceso concluyera, con el pago de la debida indemnización del predio.
2.2.4. Delimitada como fue la controversia por la parte demandante y analizada frente a las actuaciones que han sido reconstruidas en especial, las que fueron motivo de censura se puede colegir que la actuación judicial que provocó la situación que se alega como constitutiva del presunto daño antijurídico es realmente la providencia de 19 de diciembre de 1996.
En efecto, como se ilustró de manera precedente, en dicha providencia, esta Corporación dejó sin efectos el auto del juez civil municipal de Zipaquirá que aceptó el desistimiento y con ello dejó incólume la sentencia de expropiación, en tanto considero que i) las resoluciones del Incora que adjudicaron como baldíos los bienes objeto del desistimiento fueron declaradas nulas por esta jurisdicción, en beneficio de los propietarios del inmueble y ii) la sentencia que puso fin al proceso estaba ejecutoriada, en consecuencia no procedía su desistimiento parcial.
Precisado lo anterior, en orden a determinar el quantum de la indemnización, no obstante considerar que el valor de todo el inmueble era de $ 300.757.656 se tomó como base de liquidación el monto de $ 159.289.000 que era el que se había solicitado con la apelación. Valor que se procedió a actualizar ($ 2.133.205.500) y que incrementado con los intereses ($ 2.133.205.500 + $ 117.842.000) dio como resultado $ 2.251.047.500 suma que se ordenó al Incora pagar como indemnización. Y que, puesta a órdenes del tribunal se entregó efectivamente a los demandados, ahora demandantes.
En este sentido, proferida la sentencia y agotada la etapa de liquidación de la indemnización, la decisión precedente debidamente ejecutoriada determinó el monto de la indemnización que censura la actora y naturalmente definió las actuaciones subsiguientes que en el marco del proceso de expropiación eran el pago de la condena, que afectaba directamente a los ahora demandantes y la entrega del bien y su titulación que naturalmente interesaba única y exclusivamente al Incora.
2.2.5. Así las cosas, agotada como se encontraba la segunda instancia del trámite de la liquidación, la actuación subsiguiente, promovida por los ahora demandantes con el fin de lograr la nulidad del auto que aceptó el desistimiento, no tuvo incidencia alguna en la producción del daño, por cuanto, además de una providencia dejada sin efectos, no modificó en manera alguna la decisión adoptada el 19 de diciembre de 1995, debidamente ejecutoriada y frente a la cual, naturalmente no cabía recurso alguno. Así, se tache de contradictoria, por los accionantes.
Bajo esta misma lógica, las actuaciones posteriores del Tribunal, en relación a los actores, en las que se ordenó la constitución de los bonos agrarios y su posterior entrega solo materializaron las órdenes que se habían impartido con anterioridad, por tanto no incidieron en el daño que ahora se alega, pese a que se presenten como un causa diferente referente a la inadecuada finalización del litigio.
2.2.6. En suma, la actuación judicial que tenía la potencialidad para causar el daño que se alegó en la demanda, pese a la manifestación de varias acciones y omisiones contentivas de error judicial, fue la providencia del 19 de diciembre de 1995 que resolvió en segunda instancia la liquidación de la indemnización.
2.3. La oportunidad para controvertir la actuación judicial contentiva del error judicial.
2.3.1. La responsabilidad de la administración por el hecho del juez, al amparo del artículo 90 constitucional se genera por el daño antijurídico imputable al Estado por acción u omisión dela autoridad judicial, en los términos del artículo 65(8) de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(9). Siendo el primero el que se imputa a la Nación – rama judicial en el sub examine, en cuanto, como se evidenció de manera precedente, la parte actora funda las súplicas de la demanda en la limitación en la indemnización efectuada por esta Corporación en providencia del 19 de diciembre de 1995, la cual privó a los propietarios de la indemnización de la totalidad del inmueble expropiado.
El artículo 66 de la misma normatividad, señala:
Por su parte, respecto de los requisitos para su configuración el artículo 67 señala:
2.3.2. En cuanto a la oportunidad para intentar la acción de reparación directa tratándose de errores judiciales, la Sala de manera uniforme, a partir de las particularidades de los daños por errores jurisdiccionales que muestran las normas precedentes, viene señalando que el término bienal de que trata el artículo 136, numeral 8º(10) principia al día siguiente a la ejecutoria de la decisión motivo del error jurisdiccional, pues es en este momento en que se consolida el daño antijurídico y surge la posibilidad de acceder a la jurisdicción.
Así lo ha razonado la jurisprudencia de la Corporación(11):
“La Sala considera pertinente reiterar que de todas maneras cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, esta deberá instaurarse dentro del término de dos años de caducidad previsto en el inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción”.
2.3.3. En el subjudice es claro que el error jurisdiccional, como se dejó sentado de manera precedente, se materializó en la providencia que decidió en segunda instancia sobre la liquidación de la indemnización de perjuicios, pronunciamiento que además los ahora demandantes causaron. Así, ejecutoriada la providencia aquellos estaban habilitados, sin más, para acudir ante el juez de la responsabilidad para reclamar la indemnización, en cuanto consideraban que la misma disminuyó sin justificación el monto de la reparación, pues era claro para ese momento que sus recursos en el marco del proceso de expropiación de habían agotado.
2.3.4. Ahora bien, la mencionada providencia fue proferida el 19 de diciembre de 1996 y notificada en estado el día 16 de enero siguiente, el día 19 del mismo mes y año cobró ejecutoria(12), por lo tanto la caducidad de la acción de reparación directa, fundada en el mentado error judicial, se configuró el día 19 de enero de 1998. En este sentido, como la demanda solo fue presentada hasta el 27 de agosto de 1999, no queda sino concluir su caducidad.
Lo anterior, no sin antes advertir que dicho término no puede considerarse suspendido por la interposición de la solicitud de nulidad o por cualquier otra actuación posterior, por cuanto, primeramente la caducidad no se interrumpe ni se suspende y, además, como se ha evidenciado, la providencia que resolvió el incidente de nulidad no incidió en la liquidación de la indemnización. Lo mismo sucede en relación a las actuaciones posteriores que condujeron al pago de la indemnización.
2.3.5. Por último, no se puede dejar de señalar que siendo la caducidad una institución consagrada para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, a estos les corresponde asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo establecido por la ley, pues de no satisfacer esta carga pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho, como ocurrió en el sub lite.
En este sentido, probado que la acción de reparación directa no se ejerció en tiempo, la Sala se releva de hacer consideración adicional sobre los argumentos de la apelación, por cuanto la oportunidad es uno de los presupuestos necesarios para el efecto. En consecuencia, se procede a declarar de oficio la caducidad de la acción.
3. Costas procesales.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 28 de abril de 2004, por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar, DECLARAR la caducidad de la acción por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.
En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación a la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(3) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de sept. 9/2008, Rad. 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta Corporación.
Adicionalmente, cabe agregar que el parágrafo del numeral 10 del artículo 97 del Decreto 1 de 1984, prevé que “La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado” y en los mismos términos el parágrafo del numeral 13 del artículo 128 de la citada codificación “De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia”.
(4) Es necesario advertir que para el presente caso es aplicable la Ley 270 de 1996 que entró a regir el 15 de marzo de ese mismo año, pues la demanda de que se trata fue presentada el 27 de agosto de 1999.
(5) El proceso se tramitó conforme lo establecía el título XXIV del Código de Procedimiento Civil y se decidió con fundamento en las leyes 135 de 1963, 1ª de 1968 y 4ª de 1973 y los decretos 2895 de 1963 y 1576 de 1974.
(6) Mediante apoderado judicial los señores Miguel Díaz Jiménez y Eliseo Ospina intervinieron durante la etapa de avalúos con el fin de acceder a la indemnización. Para este mimo efecto recurrieron a la tutela sin resultado positivo. En la oportunidad para impugnar la providencia precedente, nuevamente insistieron en tener mejor derecho sobre el inmueble Llano Grande, que los demandados en el proceso de expropiación señores Pablo Barriga Vergara, Reinaldo Cabrera Collazos, Tomás Barriga Rojas, Marina Barriga de Atuesta, Alfredo Rueda Sarmiento, Jaime Herrán Medina y Elías Ojeda Acero.
(7) En la mentada providencia se resolvió la petición de los señores Miguel Díaz Jiménez (herederos) y Eliseo Espinosa en los siguientes términos: “la Sala comparte y hace suyos los argumentos expuestos por la H. Corte Suprema de Justicia al resolver la impugnación de la tutela Nº 510 interpuesta por estos, sobre todo en cuanto afirma que ‘(...) si dichos predios aparecen inscritos en cabeza de otras personas, al actor le cabe el derecho de recurrir a la justicia ordinaria para hacer valer los títulos que dice poseer y obtener de este modo decisión judicial con fuerza obligatoria en el que podría obtener la indemnización correspondiente’ (ver Sent. a fl. 449, cdno. 17). Así, entonces, en este sentido se confirma lo dicho por el a quo. En estos términos, las pretensiones de los citados ciudadanos no podrán prosperar porque esta no es la vía procesal ni la jurisdicción adecuada para hacer un pronunciamiento sobre dominio de los predios que dicen pertenecerles, los cuales ni siquiera pudieron identificarse sobre el terreno. No pudo olvidarse que la sentencia de expropiación no los tuvo en cuenta y que en la ejecución de la misma no podrán variase sus alcances o efectos sin desconocer la cosa juzgada”. (fl. 31 y 32, cdno. 2).
(8) El artículo 65 de la Ley 270 de 1996 dispone: “De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la previsión injusta de la libertad”.
(9) La jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado de diversas maneras, al margen de la declaratoria de constitucionalidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996 en Sent. C-037/96 bajo el entendido que el Estado no compromete su responsabilidad en razón de decisiones, actuaciones u omisiones de las altas corporaciones judiciales, para señalar que el artículo 90 constitucional hace al Estado responsable del daño antijurídico causado por acciones u omisiones de cualquier autoridad pública.
(10) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales).
(11) Auto de agosto 14/97, Exp. 13.258, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Esta misma regla se encuentra entre otras providencia de esta Sección entre otras, Sent. de enero 27/2012, Exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sent. agosto 29/2012, Exp. 24584 con ponencia de la suscrita, auto de jun. 7/2012, Exp. 43150, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(12) El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil sobre la ejecutoria de las providencias judiciales dispone: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren precedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia su firmeza se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.