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Timestamp: 2016-10-24 19:20:54
Document Index: 137885732

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 55', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 8', 'Artículo 15']

REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias	REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias Mis Leyes
REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias Estado	:
613/2001	Boletín Oficial	:
SECCIÓN I. INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.
SECCIÓN II. AGRICULTORES JÓVENES.
SECCIÓN III. AYUDAS NACIONALES A INVERSIONES EN PLANES DE MEJORA DESTINADAS A ADECUAR LA BASE TERRITORIAL DE LA EXPLOTACIÓN.
SECCIÓN IV. AYUDAS TERRITORIALES CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.
CAPÍTULO III. FINANCIACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Forma de pago de ayudas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen de responsabilidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Generación de crédito.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Beneficios fiscales a planes de mejora.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Ayudas nacionales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Publicidad de las ayudas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Solicitudes pendientes de resolución.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Ayudas nacionales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Inversiones aprobadas en Programas de OPFH.
ANEXO I. Limitaciones sectoriales.
ANEXO II. Condiciones de los planes de mejora.
ANEXO III. Convenios de colaboración con entidades financieras.
ANEXO IV. Determinación de la subvención equivalente a la bonificación de intereses de los préstamos.
El presente Real Decreto se dicta, sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Reglamentos Comunitarios, en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13 de la Constitución, una vez han sido consultadas tanto las Comunidades Autónomas como los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2001, dispongo:
Elementos de la explotación: Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y aperos integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.
Agricultor profesional: La persona física que, siendo titular de una explotación agraria, obtenga al menos el 50 % de su renta total de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
Asimismo, se considerarán agricultores profesionales a los titulares de explotaciones agrarias, situadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, que obtengan al menos un 25 % de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación, siempre que ésta no requiera más de una unidad de trabajo agrario.
Pequeño agricultor: El agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea (UDE) y cuya renta total sea igual o inferior al 75 % de la renta de referencia.
Plan de mejora de la explotación: El conjunto de inversiones que, con carácter anual o plurianual y con planteamientos técnicos, económicos y financieros adecuados, proyecta introducir el titular de la explotación agraria para su modernización y la mejora de su estructura.
Aquella en la que un joven accede por primera vez a la titularidad, exclusiva o compartida, de una explotación agraria prioritaria o a la cualidad de socio de una entidad titular de una explotación prioritaria de carácter asociativo.
También se considerará primera instalación la realizada por un agricultor joven en los demás supuestos que, en desarrollo de la presente norma, se contemplen.
Agricultor joven cotitular de una explotación: Aquél que en su primera instalación accede a la titularidad compartida de una explotación agraria conforme a las siguientes condiciones:
Que el titular transmita al agricultor joven, al menos, un tercio de su propiedad en los elementos que integran su explotación, cuyo uso y aprovechamiento continuarán integrados en la misma.
Los acuerdos previstos en los párrafos a y b del apartado anterior deberán formalizarse en escritura pública, y la transmisión a la que se refiere el párrafo b) deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, si están previamente inscritas las fincas a favor del titular.
Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Para su determinación, se estará a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 19/1995.
Renta total del titular de la explotación: La renta fiscalmente declarada como tal por el titular de la explotación en el último ejercicio, excluyendo del cómputo de las ganancias y pérdidas patrimoniales. A estos efectos se imputará al titular de la explotación:
La renta de la actividad agraria de la explotación.
El 50 % de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de régimen de gananciales, y el 100 % de sus rentas privativas.
Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se hará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en concordancia con lo previsto al respecto en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Renta unitaria de trabajo: El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cantidad resultante de sumar el margen neto o el excedente neto de la explotación y el importe de los salarios devengados.
Explotación agraria prioritaria: Aquella que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 y en la disposición final tercera de la Ley 19/1995, reúna los requisitos establecidos en los apartados 1 ó 4 y, en su caso, en los restantes de esta definición:
Se considerará prioritaria la explotación agraria que posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, cuya renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 35 % de la renta de referencia e inferior al 120 % de ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 19/1995, y cuyo titular sea una persona física que reúna los siguientes requisitos:
Ser agricultor profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del presente artículo.
Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en función de su actividad agraria. Los agricultores profesionales que no estén encuadrados en los regímenes anteriores deberán cumplir los requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las Comunidades Autónomas.
En caso de matrimonio, la titularidad de la explotación prioritaria podrá corresponder, a los efectos indicados, a ambos cónyuges, siendo suficiente que uno de ellos reúna los requisitos indicados en el apartado anterior.
Las explotaciones agrarias que pertenezcan a una comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto de indivisión por un período mínimo de seis años, se considerarán, a los efectos indicados, como explotaciones prioritarias, siempre que la explotación y, al menos, uno de los partícipes en la comunidad cumplan los requisitos señalados en el punto 1 de este apartado. El período de indivisión se contará a partir de la calificación de la explotación como prioritaria.
Tendrá también la consideración de prioritaria la explotación agraria cuya renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 35 % de la renta de referencia e inferior al 120 % de ésta, que posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario y cuyo titular sea una persona jurídica que responda a cualquiera de las alternativas siguientes:
Ser sociedad cooperativa, sociedad agraria de transformación, sociedad civil o sociedad mercantil que, en cualquier caso, cumpla los requisitos señalados en uno de los tres guiones siguientes:
Que, al menos, el 50 % de los socios cumplan los requisitos exigidos al agricultor profesional, en cuanto a procedencia de rentas y dedicación al trabajo, conforme a lo establecido en el apartado 5 del presente artículo.
Que los dos tercios de los socios que sean responsables de la gestión y administración cumplan los requisitos exigidos al agricultor profesional en cuanto a dedicación al trabajo y procedencia de rentas, referidos a la explotación asociativa, así como lo señalado en los párrafos b), c), d) y e) del subapartado 1 de este apartado, y que dos tercios, al menos, del volumen del trabajo desarrollado en la explotación sea aportado por socios que cumplan los requisitos anteriormente señalados.
Que la explotación de la que sea titular se constituya agrupando, al menos, dos terceras partes de su superficie bajo una sola linde, siempre que la superficie aportada por un solo socio en ningún caso supere el 40 % de la superficie total de la explotación y, al menos, un socio cumpla las exigencias de procedencia de rentas y dedicación de trabajo establecidas en el apartado 6 del presente artículo para el agricultor a título principal y las establecidas en el subapartado 1 de este apartado para el titular de la explotación agraria prioritaria.
Además de lo establecido en el punto anterior, cuando el titular de la explotación prioritaria sea una sociedad civil, laboral u otra mercantil, sus acciones o participaciones sociales deberán ser nominativas y, en el caso de que no se trate de una sociedad agraria de transformación, tendrá por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la que sea titular y más del 50 % del capital social, de existir éste, deberá pertenecer a socios que reúnan los requisitos de procedencia de rentas y dedicación de trabajo exigidos a los agricultores profesionales, referidos a dicha explotación.
A los efectos de lo dispuesto en los subapartados 4 y 5 podrán considerarse rentas procedentes de la explotación las remuneraciones que devenguen los socios por el trabajo de todo tipo desarrollado en la explotación, las contraprestaciones por la cesión a la misma de tierra u otros medios de producción y por sus aportaciones al capital social y sus respectivas participaciones en los resultados positivos de la explotación.
Tendrán asimismo la consideración de prioritarias, a los efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, las explotaciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley 19/1995.
Viabilidad económica de la explotación: Se considerará que una explotación es viable económicamente cuando su renta unitaria de trabajo no sea inferior al 20 % de la renta de referencia.
2. Las medidas de desarrollo rural previstas en la Sección IV serán cofinanciadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las condiciones allí establecidas.
Presentar un plan de mejora de su explotación conforme a lo señalado en el anexo II.
Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante al menos cinco años contados desde la fecha de la concesión de la ayuda.
Acreditar su viabilidad económica conforme a lo definido en el apartado 17 del artículo 2.
Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional y con los programas plurirregionales y de la Comunidad Autónoma de Cantabria aprobados por la Unión Europea para la mejora de las estructuras de producción.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el plan de mejora incluya inversiones destinadas a cumplir las normas mínimas referidas en el artículo 5.1.d, se podrá conceder para su cumplimiento un plazo de hasta un año desde el momento de concesión de la ayuda. En todo caso, los agricultores deberán cumplir estas normas mínimas antes de que finalice el período de inversiones.
Poseer la capacitación profesional suficiente establecida por la Comunidad Autónoma.
Estar afiliado al Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta y cinco.
Residir en la comarca en donde radique su explotación o en alguna de las comarcas limítrofes, salvo casos de fuerza mayor o necesidad apreciada por la Comunidad Autónoma.
Ser una explotación agraria prioritaria o alcanzar tal condición con la aplicación de las ayudas establecidas en el presente Real Decreto.
5. En el caso de planes de mejora presentados por agricultores jóvenes dentro de los cinco años siguientes a su primera instalación, podrá concedérseles un plazo de hasta dos años para el cumplimiento de los requisitos regulados en los apartados 1.e y 2.b del presente artículo.
La mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y de los empleados de las explotaciones. Las inversiones consideradas se destinarán, en exclusiva, a la mejora de las prácticas agrarias y tareas derivadas de la explotación agraria.
La mejora cualitativa y la ordenación de producciones en función de las necesidades de mercado y, en su caso, con vistas a la adaptación a las normas comunitarias de calidad, así como para la diversificación de las actividades agrarias, especialmente mediante inversiones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de los productos agrarios de la propia explotación.
La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar energía o agua, o la incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de informatización y telemática.
El cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, establecidas recientemente. A estos efectos, se entenderán como recientemente establecidas las normas que hayan entrado en vigor en el plazo máximo de un año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
La mejora de las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales, la protección y mejora del suelo, de la cubierta vegetal y del medio ambiente.
La compra de tierras para adecuar la estructura productiva de la explotación, únicamente en los casos y condiciones contemplados en el artículo 16 y disposición adicional séptima.
Compra de tierras, excepto en los casos contemplados en el artículo 16.
Maquinaria de reposición, excepto la de uso en común entre agricultores, la destinada a la sustitución de máquinas con ocho o más años de antigüedad y la adquirida cuando aumente la base territorial, cambien los cultivos de la explotación agraria o se estime necesario por la Comunidad Autónoma para garantizar la viabilidad de la explotación. En todo caso, se considerará únicamente la adquisición de maquinaria nueva. En los supuestos de adquisición, cuando aumente la base territorial, cambien los cultivos de la explotación agraria o se estime necesario por la Comunidad Autónoma para garantizar la viabilidad de la explotación, se considerarán únicamente como inversiones objeto de ayuda las relativas a la parte del valor que corresponda por incremento de potencia o de la capacidad de prestaciones de la maquinaria.
Adquisición de animales vivos de las especies porcina y aves de corral, así como terneros de abasto.
Las ayudas a las inversiones contempladas en los artículos 5 y 15 se podrán denegar cuando éstas tengan por efecto incrementar la producción en la explotación de productos que carezcan de salidas normales al mercado. En todo caso, la concesión de las ayudas quedará condicionada a las disposiciones referentes a la ordenación y a la planificación general de la actividad agraria, en especial a las referidas a limitaciones sectoriales de la producción y a las establecidas en el anexo I de la presente disposición.
2. El volumen de inversión objeto de ayuda será de hasta 15 millones de pesetas (90.1 51,82 euros) por unidad de trabajo agrario (UTA), con un límite máximo de 30 millones de pesetas (180.303,63 euros) por explotación, cuando su titular sea una persona física o una comunidad de bienes. En el caso de titulares personas jurídicas, el límite máximo por explotación podrá multiplicarse por el número de socios de la entidad que acrediten por la actividad que desarrollan en la misma su condición de agricultores profesionales, hasta un máximo de cuatro, sin perjuicio del límite por UTA. Excepcionalmente, para las explotaciones de agricultura intensiva, en los supuestos definidos y precisados por las Comunidades Autónomas, en cuanto a tipos de inversión y cultivo, sin perjuicio del límite anterior por UTA, se podrán auxiliar inversiones cuya cuantía máxima sea de 100 millones de pesetas (601.012,10 euros).
No obstante lo anterior, en determinados casos, de acuerdo con la regulación específica correspondiente, en los que sea imprescindible una mayor inversión para asegurar la viabilidad técnico-económica de la explotación cuyo titular sea una persona jurídica, el límite máximo por explotación podrá multiplicarse por el número de socios de la entidad que acrediten, por la actividad que desarrollan en esta, su condición de agricultores profesionales, sin perjuicio del límite por UTA.
El 50 % en las zonas desfavorecidas incluidas en las listas a las que hace referencia el apartado 4 del artículo 55 del Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo.
El 40 % en las demás zonas.
4. Cuando el beneficiario sea un agricultor, menor de 40 años en el momento de su primera instalación, que, simultáneamente a ella o en los cinco años siguientes, presente un plan de mejora para su explotación, podrá obtener una ayuda suplementaria del 10 % de la inversión, como máximo. No obstante lo anterior, cuando la explotación esté ubicada en una zona desfavorecida, referida en el apartado 3, de una región de fuera de Objetivo 1, la ayuda suplementaria no podrá superar el cinco por ciento de la inversión. Dicha ayuda suplementaria podrá ser aplicada en cualquiera de los tipos de ayuda establecidos en el artículo 7.1, con independencia de lo regulado en los artículos 8 y 10.
5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, en las explotaciones agrarias que no superen 20 unidades de dimensión europea (UDE), la cuantía total máxima de la ayuda podrá alcanzar el 75 % del importe de la inversión auxiliable en el caso de las inversiones destinadas, en particular, a fomentar la diversificación, la reestructuración o la orientación hacia una agricultura sostenible, sin que proceda en estos casos la ayuda suplementaria contemplada en el apartado 4 anterior.
1. Con carácter general, la subvención de capital será de hasta el 15 % de la inversión prevista en el plan de mejora, pudiendo alcanzar hasta el 20 % de dicha inversión en las zonas desfavorecidas referidas en el artículo anterior.
3. En la Comunidad Autónoma de Canarias, en los casos contemplados en el apartado 5 del artículo anterior, la subvención de capital será de hasta el 40 % de la inversión prevista en el plan de mejora.
1. La ayuda en forma de bonificación de intereses se aplicará a los correspondientes a los préstamos concedidos al amparo de esta sección, cuya cuantía no podrá ser superior al 90 % de la inversión aprobada.
2. Esta bonificación se aplicará sobre el interés preferente vigente en los convenios de colaboración suscritos con las entidades financieras, sin que pueda rebasar 8,5 puntos y sin que el tipo de interés nominal resultante a satisfacer por el titular del préstamo resulte inferior al 1,5 %.
No obstante lo anterior, en los casos de planes de mejora correspondientes a agricultores, menores de 40 años en el momento de su primera instalación, presentados simultáneamente a ella o durante los cinco años siguientes, y los presentados por las entidades asociativas cuando la totalidad de sus socios sean agricultores que cumplan estos requisitos; en los planes de mejora pertenecientes a titulares de explotaciones con orientación productiva de ganado vacuno lechero, cuando las inversiones que se vayan a realizar para este tipo de ganado superen el 50 % de la inversión total, así como en los planes de mejora correspondientes a explotaciones de ganado vacuno, cuyas inversiones tengan por objeto la sustitución, total o parcial, de esta actividad productiva, la bonificación de intereses expresada anteriormente podrá aplicarse sobre el interés preferente en su totalidad.
3. El importe de la subvención equivalente a la bonificación de intereses, se determinará conforme al anexo IV de la presente disposición.
Su importe máximo corresponderá a la diferencia entre la cuantía máxima de la ayuda resultante del apartado 3 o 5 del artículo 7 o, en su caso, entre la ayuda máxima que corresponda según la norma de la comunidad autónoma y los importes de los demás tipos de ayuda, sin que, en ningún caso, pueda superar el 40 % del préstamo bonificado.
1. Cuando se produzcan modificaciones del plan de mejora relacionadas con la producción o con el programa de inversiones se presentará un plan de mejora complementario o alternativo, salvo en el caso de las de menor entidad en las que, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma se reconozca implícitamente la validez técnica y económica del plan de mejora ejecutado, para lo cual bastará la certificación, expedida por aquel, de la realización de las inversiones que comprenda dicho plan.
El beneficiario deberá devolver la ayuda percibida en el caso de que no vaya a ejecutar el plan de mejora en virtud del cual se le concedió aquélla. La cuantía que deberá devolver incluirá la cantidad íntegra percibida en concepto de subvención de capital, con el interés legal establecido, así como, en su caso, el importe que se hubiese satisfecho de la bonificación de intereses y de las restantes ayudas vinculadas al préstamo bonificado, quedando éste desvinculado de las condiciones especiales que pudieran afectarle por la aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Si ejecutado el plan de mejora, el importe de la inversión efectuada resultara inferior al importe de la inversión aprobada en el plan, se ajustará la ayuda total concedida al porcentaje que corresponda de la inversión realizada, reduciéndose el importe de las distintas modalidades de ayuda aplicadas en el siguiente orden:
Subvención de anualidades de amortización.
Si el importe de la inversión efectuada fuese inferior al importe del préstamo formalizado, el importe del principal bonificado de éste se reducirá hasta el de dicha inversión y a la diferencia no le serán de aplicación las condiciones especiales previstas en el presente Real Decreto. En este caso, el ajuste de la cuantía de la ayuda concedida al límite que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 corresponda a la inversión realizada, se llevará a efecto conforme al siguiente criterio: si la cuantía de la nueva bonificación de intereses fuese inferior a dicho límite, se agregará una subvención de capital de hasta el importe máximo que permita lo dispuesto en el artículo 8 y, si restase aun un saldo a favor del beneficiario, se aplicará éste en forma de subvención de una o varias anualidades de amortización del principal bonificado y no desvinculado.
Poseer, en el momento de su instalación, el nivel de capacitación profesional suficiente establecido por la Comunidad Autónoma o comprometerse a adquirirlo en un plazo de dos años, desde el momento de su instalación.
Instalarse en una explotación que requiera un volumen de trabajo equivalente al menos a una UTA o comprometerse a que alcance dicho volumen en un plazo máximo de dos años desde su instalación.
Comprometerse a ejercer la actividad agraria durante cinco años, contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
Mantener o fijar su residencia en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes, salvo casos de fuerza mayor o necesidad apreciada por la Comunidad Autónoma.
Cumplir la explotación, las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional y con los programas plurirregionales y de la Comunidad Autónoma de Cantabria aprobados por la Unión Europea para la mejora de las estructuras de producción, en el momento de la concesión de esta ayuda o en el plazo máximo de dos años desde la instalación del joven.
Tener menos de cuarenta años de edad en la fecha de concesión de esta ayuda.
3. La concesión de la ayuda requerirá la presentación de un plan de explotación que refleje el grado de viabilidad económica y la situación de la explotación en la que queda instalado el joven y prevea para el mismo una renta procedente de aquélla, medida en términos de margen neto, igual o superior al 35 % de la renta de referencia.
Acceso a la titularidad exclusiva o compartida de la explotación agraria, por compra, herencia, pacto sucesorio, donación, arrendamiento, aparcería o figuras jurídicas análogas, asumiendo el joven que se instala, al menos, el 50 % de los riesgos y de las responsabilidades civil, fiscal y social de la gestión de la explotación.
Acceso a la cotitularidad de una explotación agraria prioritaria.
Integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica, preexistente o de nueva constitución, que sea titular de una explotación agraria prioritaria.
Una bonificación de intereses cuyo importe actualizado, determinado conforme al anexo IV, no supere la cantidad de 20.000 euros, resultante de aplicar, durante un periodo máximo de 15 años, una reducción, total o parcial, del tipo de interés preferente establecido en los convenios suscritos con las entidades financieras.
Cuando los agricultores jóvenes recurran o se comprometan a recurrir, con la frecuencia que determinen las comunidades autónomas, que será, al menos, de una vez al año, durante un periodo de tres años a partir del momento de su instalación, a los servicios de asesoramiento a las explotaciones, en materias relacionadas con el inicio de su actividad, las ayudas a la primera instalación previstas en las letras a y b anteriores, podrán alcanzar, cada una de ellas, la cantidad de 24.000 euros.
Las cuantías máximas de ayuda, expresadas en las letras anteriores, podrán incrementarse, cada una de ellas, en un 10 % cuando se genere en la explotación al menos 1 UTA asalariada adicional a la de cada joven que se instala, en los supuestos en los que sea una agricultora joven la beneficiaria de las mismas, así como en los casos en los que el joven se instale en una explotación ubicada en una zona de montaña, clasificada como tal e incluida en las listas a las que hace referencia el artículo 55.4 del Reglamento (CE) nº 1257/1999.
El importe del préstamo de instalación no podrá ser superior al 90 % de los gastos e inversiones de instalación previstos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
No obstante lo establecido en el apartado 1, las ayudas a la primera instalación contempladas en sus párrafos a y b no podrán superar, cada una de ellas, la cantidad de 25.000 euros, o de 30.000 euros en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en la letra c, ni el importe de los gastos e inversiones de instalación realizados. Si este importe fuese inferior al inicialmente previsto y contemplado en la concesión de la ayuda, la comunidad autónoma reajustará la ayuda concedida, contemplando las dos modalidades de ayudas previstas y de forma que, sin superar los límites establecidos en este artículo, el importe total de la ayuda que perciba el beneficiario alcance el máximo que resulte de aplicación. En este caso, el importe bonificable del principal del préstamo formalizado podrá alcanzar el de los gastos e inversiones realizados, desvinculando el resto del préstamo de las condiciones especiales derivadas de los convenios de colaboración con entidades financieras contemplados en este Real Decreto.
En una misma explotación no podrá percibirse más de una ayuda íntegra en forma de prima de instalación ni más de una ayuda íntegra en forma de bonificación de intereses durante el plazo de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión. En el caso de existir varios jóvenes que se instalan por primera vez en la misma explotación, esta única ayuda se distribuirá en función del grado de participación de cada joven en el conjunto de los gastos e inversiones derivadas de dichas instalaciones. No obstante lo anterior, cuando se produzcan instalaciones de varios jóvenes mediante su integración como socios en una entidad asociativa, estas ayudas se podrán otorgar de forma íntegra a cada joven solicitante que se instale, en la cuantía que le corresponda conforme a los gastos e inversiones que realice para su instalación. En este caso, el número de UTA requeridas debe ser igual o mayor al número de jóvenes que se instalan.
El pago de la prima de instalación en forma de subvención de capital podrá escalonarse a lo largo de cinco años como máximo, a criterio de la Comunidad Autónoma.
A los efectos de aplicación de las ayudas contempladas en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes gastos e inversiones:
Adquisición de capital territorial y de explotación, en la medida necesaria para llevar a efecto la instalación conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1.b.
Adecuación del capital de explotación al objeto de cumplir lo establecido en el artículo 13.1.e de la presente disposición.
Titulares de explotaciones agrarias, personas físicas o jurídicas, para la adquisición de tierras con el fin de que su explotación pueda alcanzar la consideración de prioritaria.
Pequeños agricultores que sean titulares de una explotación agraria prioritaria para la adquisición de tierras integrantes de dicha explotación que vengan cultivando en régimen de arrendamiento, siempre que, tras la adquisición, la explotación mantenga su condición de prioritaria.
La ayuda cofinanciable por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no superará el 30 % del importe de la inversión computable, que no podrá sobrepasar la cantidad de 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros) realizada por el beneficiario.
2. Ayudas a los agricultores profesionales, a las explotaciones asociativas prioritarias y a las agrupaciones en las que el 50 %, al menos, de sus miembros sean agricultores profesionales. Las ayudas se destinarán a inversiones para la prestación de servicios a terceros en la actividad agraria, sin perjuicio de su utilización en las explotaciones de los beneficiarios individuales o de los miembros de las agrupaciones señaladas.
La ayuda cofinanciable por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no superará el 30 % del importe de la inversión computable, que no podrá sobrepasar la cantidad de 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros), cuando se trate de beneficiarios individuales, ni de 28.000.000 de pesetas (168.283,39 euros) cuando se trate de una agrupación.
Se computarán las ayudas destinadas a inversiones que cumplan lo dispuesto en el artículo 6 y cuyo volumen no supere los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 7, sin que la cuantía computable de cada ayuda pueda superar los límites porcentuales establecidos en el apartado 3 o 5 del artículo 7.
La ayuda cofinanciable por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no podrá superar la cantidad de 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros) por agente cualificado empleado a tiempo completo en las actividades de sustitución, ni el 70 % de los gastos objeto de ayuda. Dicho importe se distribuirá entre los cinco primeros años de actividad de cada agente.
Para mejorar la cualificación profesional agraria, en orden a las necesidades de la agricultura moderna, mediante cursos y seminarios, así como estancias de formación y de aprendizaje práctico efectuadas en empresas e instituciones públicas o privadas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá cofinanciar:
Las acciones objeto del apartado anterior no incluirán los cursos o cursillos que formen parte de programas o regímenes normales de enseñanza media o superior agraria.
Los criterios para la concesión de estas ayudas serán análogos a los establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en las convocatorias del régimen general de ayudas al estudio.
Los importes máximos de la beca por beneficiario cofinanciables por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación serán:
FINANCIACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el 50 % de las ayudas previstas en el apartado 1 del artículo 3 y de las correspondientes al apartado 2 del citado artículo que sean computables conforme al artículo 17 del presente Real Decreto, sin perjuicio de lo contemplado en el apartado siguiente. Las Comunidades Autónomas podrán complementar la parte de las ayudas no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultadas las Comunidades Autónomas, de conformidad con los recursos económicos consignados en el Programa Operativo de mejora de estructuras y de los sistemas de producción agrarios en las regiones de objetivo n° 1 de España, el Programa Operativo Integrado de Cantabria y el Programa de Desarrollo Rural para la mejora de estructuras de producción en regiones situadas fuera de objetivo n° 1 de España, aprobados por la Comisión de la UE para el período 2000-2006, y sus posibles modificaciones, realizará anualmente la distribución inicial del volumen máximo de ayudas entre Comunidades Autónomas, así como las posteriores redistribuciones, cuando estas procedan, para una mejor ejecución financiera de los citados programas.
Minoración de anualidades de amortización del principal.
Costes del aval.
Primas de primera instalación de agricultores jóvenes.
Ayudas a las que se refiere la Sección IV.
2. Las modalidades de préstamo y el pago de las ayudas vinculadas a los mismos se adecuará a lo previsto en el anexo III.
Expropiación total o de una parte importante de la explotación si dicha expropiación no era previsible el día en que se suscribieron los compromisos.
El importe máximo de la ayuda para este tipo de inversiones no podrá rebasar 16.638.600 pesetas (100.000 euros) ni el 45 % en las regiones de Objetivo 1 y Cantabria o el 30 % en el resto de las regiones.
Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, y al Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2001).
Las inversiones aprobadas, hasta el momento de la entrada en vigor de los Programas plurirregionales y de la Comunidad Autónoma de Cantabria aprobados por la Unión Europea para la mejora de las estructuras de producción relacionadas con este Real Decreto, en el marco de Programas Operativos de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), podrán continuar su ejecución hasta su finalización, dentro del plazo para el que están aprobadas. No obstante, las Organizaciones de Productores podrán solicitar, en las fechas contempladas en el Reglamento (CE) 41 1/97 de la Comisión, modificaciones de los Programas para adaptarse a las condiciones de las Decisiones Comunitarias que aprueban dichos Programas.
El presente Real Decreto tiene carácter de normativa básica, en cuanto se refiere a ayudas estatales de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Para determinar el tipo de interés mínimo a satisfacer por los beneficiarios en los supuestos de concesión de préstamos con bonificación de intereses, contemplados en los artículos 9 y 15 del presente Real Decreto, así como para modificar los porcentajes de subvención de capital establecidos en el artículo 8.
Para modificar cuando proceda el importe de la subvención equivalente a la bonificación de intereses de los préstamos a que se refiere el anexo IV de la presente disposición.
Para adaptar, desarrollar o determinar el contenido del presente Real Decreto a la normativa de la Unión Europea aplicable a estas ayudas y en especial a las modificaciones o complementos de los Programas Operativos aprobados por la Comisión de la Unión Europea para la mejora de las estructuras de producción, así como a las decisiones de dicha Comisión en materia de ayudas estatales.
Limitaciones sectoriales.
Cuando se trate de inversiones de carácter individual de agricultores, miembros de una OPFH, que han sido concebidas, decididas, financiadas y llevadas a cabo por el propio agricultor, se financiarán exclusivamente conforme a lo previsto en este Real Decreto.
En vacuno de leche:
En vacuno de carne:
En ganado porcino:
En miel:
En aceite de oliva:
En frutas y hortalizas:
En viñedo:
No se concederen ayudas para la reestructuración de los viñedos que se contempla en el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.
Condiciones de los planes de mejora.
A. Condiciones de los planes de mejora:
El plan de mejora deberá demostrar, mediante cálculos específicos, que las inversiones están justificadas desde el punto de vista de la situación de la explotación y de su economía y que su realización supondrá una mejora duradera de tal situación.
Una descripción de las situaciones anterior y posterior a la realización del plan de mejora, establecidas en función de un presupuesto estimativo y comprendiendo, cuando menos, los siguientes datos:
Superficie de la explotación, especificando la de los distintos cultivos, y cabezas de ganado, por especies, y rendimientos medios de cada actividad productiva.
Maquinaria y equipo, mejoras territoriales y edificios.
Composición y dedicación de la mano de obra familiar y asalariada.
Producción bruta de cada actividad.
Gastos de cada actividad productiva y gastos fijos del conjunto de la explotación.
Una indicación de las medidas y, en particular, de las inversiones previstas. Considerando como importe de las inversiones previstas objeto de ayuda, el resultante de minorar su coste total con los ingresos derivados de los elementos de la explotación sustituidos o suprimidos.
Cuando, por el carácter especializado de la explotación objeto de la ayuda, el plan de mejora incluya transformaciones y mejoras comprendidas en los programas vigentes de reordenación sectorial o que en el futuro se establezcan, dicho plan de mejora, para poder beneficiarse de las ayudas del presente Real Decreto, deberá ajustarse a los criterios de carácter técnico y económico establecidos en cada programa sectorial.
Las inversiones incluidas en los planes de mejora correspondientes a varias explotaciones individuales, sin objetivo de fusión posterior, podrán ser realizadas en común, en su totalidad o parcialmente.
B. Cálculo de la renta unitaria de trabajo:
< 65 y >= 25
La deuda a la entidad financiera por las bonificaciones correspondientes a cada liquidación periódica de intereses se considerará vencida, líquida y exigible en el momento determinado en el correspondiente convenio de colaboración con la entidad financiera.
Estos pagos por vencimientos sucesivos se entenderán como pagos a cuenta de la ayuda total concedida al beneficiario en forma de bonificación de intereses, cuyo ajuste definitivo se basará en la certificación final de realización de la inversión objeto de ayuda emitida por la Comunidad Autónoma.
No obstante lo establecido en el párrafo a, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las entidades financieras y de aval podrán acordar en cualquier momento, para la totalidad o parte de los préstamos concedidos en el marco de los respectivos convenios suscritos, el abono anticipado de todas o parte de las ayudas pendientes de pago, calculando a tal efecto el importe equivalente de las mismas a la fecha, con la tasa y en los términos que entre sí convengan.
Determinación de la subvención equivalente a la bonificación de intereses de los préstamos.
La subvención equivalente al importe total de la ayuda en forma de bonificación de intereses de los préstamos, por cada 100 pesetas o euros de principal y por cada punto de interés bonificado, calculada al primer vencimiento semestral de intereses, a una tasa del 3 % de interés nominal anual, será:
Artículos 7 (apdo. 5) y 8 (apdo. 3):
Añadido por Real Decreto 499/2003, de 2 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Artículos 10 (apdo. 1) y 17 (apdo. 3):
Redacción según Real Decreto 499/2003, de 2 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Artículos 4 (apdo. 1.e), 7 (apdos. 2 y 4) y 9 (apdo. 2):
Redacción según Real Decreto 1650/2004, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Artículo 15 (apdos. 1 y 2.b):
Redacción según Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las entidades que presten servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización. Cerrar
REAL DECRETO-LEY 5 /2007, de 22 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por las tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado en la segunda quincena del mes de mayo de 2007 a diversas Comunidades AutónomasRESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la delegación determinadas funciones del Organismo Pagador de dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la delegación determinadas funciones del Organismo Pagador de dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la Dirección General de Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el que se establece la delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de dicha Comunidad en la Dirección General de Desarrollo RuralREAL DECRETO-LEY 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de CanariasRESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la delegación de determinadas funciones del organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Dirección General de Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el que se establece la delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid en la Dirección General de Desarrollo Rural y en el Fondo Español de Garantía AgrariaRESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el que se establece la delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la Dirección General de Desarrollo RuralRESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión, entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de Desarrollo Rural y el Fondo Español de Garantía AgrariaORDEN de 25 de marzo de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de explotaciones agrícolas y de primera instalación de agricultores jóvenes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007- 2013. [ 2008/3895 ]Orden DES/25/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2008 de las Ayudas de Desarrollo Rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamientoORDEN de 2 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 25 de marzo de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrícolas y de prime ra instalación de agricultores jóvenesOrden DES/74/2009, de 24 de noviembre, por la que se regulan las bases de un régimen de ayudas para estimular la recría de hembras de raza pura, inscritas en los libros genealógicos, en explotaciones de vacuno y equino de Cantabria y se convocan para 2010ORDEN AYG/270/2010, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden AYG/303/2009, de 27 de enero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas a la mejora de los parámetros de calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra mediante la incorporación de bienes de equipo para el ordeño en las explotaciones de Castilla y LeónLEY 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades AutónomasORDEN AYG/304/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a la mejora de los parámetros de calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra mediante la incorporación de bienes de equipo para el ordeño en las explotaciones de Castilla y LeónORDEN de 16 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental del cultivo del guisante en la provincia de Teruel y se aprueba la Norma Técnica Específica para la producción integrada del guisanteORDEN de 24 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comerciali zación de los productos de la apicultura, para el año 2011ORDEN 7/2011, de 28 de noviembre de 2011, de la Conselleria de
modifica la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establecen
las bases reguladoras en la Comunitat Valenciana para la
plantaciones de determinados cítricos a otorgar con fondos
de la CV, y por la que se regula la gestión de las
subvenciones reguladas por la administración del Estado en
el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre	Cerrar PDF
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