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Timestamp: 2017-09-25 13:32:40
Document Index: 33059059

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 65', 'artículo 423', 'artículo 257', 'Artículo 60', 'Artículo 67', 'Artículo 72']

No le corresponde al Secretario la imposición de la sentencia de condena dictada contra el acusado privado de libertad. Nulidad de Oficio. (Sala de Casación Penal) ~ Jurídicas de Interés
El 16 de marzo de 2015, el Tribunal de Violencia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a cargo de la Jueza Blanca Jiménez Pinto, condenó al ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS, titular de la cédula de identidad Nro. 21.476.384, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por ser autor del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Tribunal de Violencia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo estableció acreditados los hechos siguientes:
En fecha 13 de abril de 2015, el ciudadano Javier Eduardo Ojeda Yrureta, defensor privado del hoy condenado, interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Violencia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en contra del ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS, siendo dicho recurso contestado por el Ministerio Público. La Sala deja constancia de que el recurso en mención fue interpuesto de forma anticipada, es decir, antes de que el ciudadano Pedro Antonio Gutiérrez Rojas fuere impuesto del texto íntegro de la sentencia condenatoria dictada en su contra.
En fecha 27 de agosto de 2015, fue impuesto el ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS del texto íntegro de la sentencia condenatoria dictada en su contra, debidamente asistido por su defensor de confianza.
En fecha 7 de septiembre de 2015, la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, conformada por la Jueza Adas Marina Armas (Presidenta - Ponente), la Jueza Deisi Orasma Delgado y la Jueza Morella Ferrer Barboza, admitió el Recurso de Apelación interpuesto.
En fecha 20 de octubre de 2015, fue realizada la audiencia oral y, posteriormente, en fecha 23 de octubre de 2015, la mencionada Sala Dos de la Corte de Apelaciones dictó el siguiente dispositivo:
“…PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JAVIER EDUARDO OJEDA YRURETA, en la causa que se le sigue al ciudadano: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ (sic). SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia condenatoria publicada en su texto íntegro contra la decisión dictada por el Tribunal de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en fecha el 07 de Abril (sic) del 2015 mediante la cual CONDENA al acusado PEDRO ANTONIO GUTIERREZ (sic), venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, de 32 años de edad, fecha de nacimiento 21-11-81, titular de la cedula N° V- 21.476.384, hijo de Carlos Gutiérrez y Sol Rojas, cuyo domicilio es: Urbanización Loma Linda calle 2-2 tercera etapa casa A 115, Municipio Valencia Estado Carabobo; a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA VULNERABLE, previsto en el artículo 44 numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en perjuicio de [una] víctima niña de 11 años de edad (identidad omitida [de acuerdo con el] artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)…”.
En fecha 4 de noviembre de 2015, el ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS fue impuesto de la decisión dictada por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo.
En fecha 6 de noviembre de 2015, el condenado revoca a la defensa privada que lo asistía y, en su lugar, designa al abogado Antonio Abad Rivas, a fin que ejerza su defensa técnica.
En fecha 18 de noviembre de 2015, compareció el abogado Antonio Abad Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 86.294, ante la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo y aceptó la designación recaída en su persona, prestando el juramento de Ley.
En fecha 4 de diciembre de 2015, el abogado Antonio Barros Abad, defensor privado del condenado PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ, interpuso Recurso de Casación, no siendo contestado por el Ministerio Público.
En fecha 28 de enero de 2015, fue recibido por la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo del Recurso de Casación interpuesto por la defensa privada del ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ; dándose cuenta en Sala y asignándosele la ponencia, en esa misma fecha, a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quién con tal carácter suscribe el presente fallo.
Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.
La Sala de Casación Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha constatado un vicio de orden público que atenta flagrantemente contra el debido proceso y el principio de la doble instancia, razón por la cual este órgano jurisdiccional pasa a revisar de oficio las presentes actuaciones y, al respecto, observa:
En el folio ciento cincuenta y tres (153), de la pieza tres, del presente expediente, cursa acta levantada y suscrita por el secretario adscrito a la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, la cual es del siguiente tenor:
“…En Valencia, en el día de hoy, Miércoles (sic) Cuatro (sic) de Noviembre (sic) del Dos (sic) Mil (sic) Quince (sic) (04-11-2015), quien suscribe Abg. Carlos Alberto López Castillo, en mi condición de Secretaria (sic) adscrito al Circuito Judicial de (sic) Penal del estado Carabobo, procedo en este acto a levantar la presente acta, a los fines de dejar constancia que comparece por ante esta Secretaría de la Corte de Apelaciones el ciudadano en su condición de Acusada (sic) la (sic) PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ, identificados (sic) en el presente Recurso de Apelación No. GP01-R—2015-000175, previo traslado desde la Comandancia [de] la Policía del Estado Carabobo, a los fines de imponerlo de la decisión dictada por esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 23-10-2015, es por lo que en este actos (sic) se procede a imponer a la misma (sic) de la decisión dictada por esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 13-02-2015, Mediante (sic) el cual se decretó lo siguiente: … Acto seguido se le cede la palabra al acusado quien expone ‘en este actos (sic) me doy por impuesto de la decisión, y me conservo (sic) de (sic) derecho de ejercer el recurso correspondiente’…”.
En dicha acta se dejó constancia de haber sido firmada por los siguientes ciudadanos: ACUSADO – PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ; SECRETARIO – ABG. CARLOS A. LÓPEZ C.; así como el alguacil de la Sala: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.
Precisado lo antes transcrito, se evidencia, del contenido de dicha acta, que se hace mención a la comparecencia del acusado de autos ante la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo; sin embargo, no se deja constancia de la presencia del Juez Presidente de dicha Sala o, al menos, de algún integrante que lo supla para darle validez a la misma, siendo esto corroborado al observar el espacio destinado a las rubricas, en el que de igual manera no consta la firma de algún miembro del mencionado Tribunal Colegiado.
Tal circunstancia conlleva la nulidad absoluta del acta de imposición de sentencia, ya que el funcionario que realiza dicho acto carece de la competencia funcional para que tal imposición surta los efectos legales correspondientes, en el entendido que es el Juez del Tribunal, bien sea de primera instancia o al Juez Presidente de la Corte de Apelaciones, el encargado de imponer y firmar los actos jurisdiccionales que de dicho órgano emanen, contrario a lo sucedido en el presente caso.
La jurisdicción penal venezolana está organizada por Circuitos Judiciales Penales en los distintos estados del país, los cuales, según la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Orgánico Procesal Penal, están conformados por Tribunales Unipersonales que, a su vez, comportan las funciones de Control, Juicio y Ejecución, teniendo la jerarquía de Primera Instancia; y los Tribunales Colegiados que, según los mencionados textos legales, están conformados por la Corte de Apelaciones, integrada por una o varias Salas, las cuales están constituidas por tres Jueces, un secretario y el alguacil designado, teniendo la jerarquía de segunda instancia.
“… Artículo 60. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial.
Artículo 67. Los jueces de primera instancia penal actuarán como jueces unipersonales, como presidentes de los tribunales mixtos y como presidentes de los tribunales de jurados en la forma y con la competencia establecida en la ley procesal penal y demás leyes.”.
Respecto a los Secretarios, precisa:
“… Artículo 72. Son deberes y atribuciones de los secretarios:
15. Recibir y entregar la Secretaría, el archivo, la biblioteca y el mobiliario del tribunal bajo formal inventario, que se hará por duplicado y firmarán el secretario entrante y el saliente.”.
Del catálogo de artículos antes citados, no se observa facultad alguna dada por la Ley para que un secretario represente de manera autónoma, sin un Juez, ningún acto judicial, por el contrario, se establece un conjunto de funciones las cuales son meramente administrativas sin injerirse en la parte jurisdiccional.
La función del secretario consiste en refrendar los actos judiciales emanados del órgano judicial decisor, dando fe pública y dejando constancia tanto de la realización del acto y/o decisión así como del cumplimiento del fallo; es decir, el secretario si bien forma parte de la constitución del Tribunal y se requiere de este para tal fin, su función será consecuencia de la presencia del Juez, comportando un rol indispensable para la actividad jurisdiccional pero secundario.
“...En ese sentido, por obligación de la ley, cualquier dictamen de un tribunal debe ser suscrito por los funcionarios judiciales autorizados para ellos, es decir, el Juez y el secretario, la ausencia de alguna de estas firmas, vicia de nulidad absoluta la decisión, careciendo de certeza jurídica y de validez tanto en su contenido, como en sus efectos, vulnerando flagrantemente el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva…”.
En razón de las consideraciones anteriores, esta Sala ANULA el acta cursante en el folio ciento cincuenta y siete (157) de la pieza tres (3) del presente expediente y los demás actos subsiguientes, con excepción de la presente decisión; y ORDENA remitir el expediente a la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a fin de que libre el traslado correspondiente del ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS y éste sea impuesto de la decisión dictada por la mencionada Sala en fecha 23 de octubre de 2015, de conformidad con los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, la Sala de Casación Penal exhorta a los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, y en especial a los jueces que integran la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a que cumplan y hagan cumplir las normas establecidas en nuestra legislación, en aras de no incurrir en errores, como los observados en la presente causa, que desdicen la labor de la mayoría; por tanto, se les insta a ser sumamente cuidadosos, con el fin de lograr una recta administración de justicia.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ANULA DE OFICIO el acta cursante en el folio ciento cincuenta y siete (157) de la pieza tres (3) del presente expediente y los demás actos subsiguientes, con excepción de la presente decisión; y ORDENA remitir el expediente a la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a fin de que libre el traslado correspondiente del ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS y éste sea impuesto de la decisión dictada por la mencionada Sala en fecha 23 de octubre de 2015, de conformidad con los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
Exp. AA30-P-2016-000043.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/186020-125-7316-2016-C16-43.HTML
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