Source: https://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/761/1250
Timestamp: 2020-08-14 22:44:02
Document Index: 358754564

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'Artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 47', 'Artículo 6', 'Artículo 35', 'Artículo 35']

La exención del pago de pensiones alimenticias a partir de la interpretación de la constitucional | Urgilés-Amoroso | IUSTITIA SOCIALIS
María Liliana Urgilés-Amoroso
https://orcid.org/0000-0001-6695-0111
Inicio > Vol. 5, Núm. 9 (5) >	Urgilés-Amoroso
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i9.761
La exención del pago de pensiones alimenticias a partir de la interpretación de la constitucional
Exemption from payment of alimony from the interpretation of the constitutional
mlurgilesa@ucacue.edu.ec
Recibido: 11 de abril de 2020
Revisado: 23 de abril de 2020
Aprobado: 31 de mayo de 2020
La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 067-12-SEP-CC, aplicó un importante ejercicio de ponderación frente a una colisión de derechos constitucionales entre dos grupos de atención prioritaria. Esta investigación analizó los argumentos de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a la exención del pago de pensiones alimenticias que garantice la efectiva aplicación por los juzgados de instancia en materia de Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Azogues. La investigación fue de tipo no experimental y con enfoque mixto y diseño bibliográfico. Como resultados se evidencia que la exención del pago de pensiones alimenticias no está regulada en la ley, existiendo un vacío legal en torno a la situación del alimentante. Es por ello que se debe hacer una adición al Art 5 del Código de la Niñez y Adolescencia y un seguimiento a la situación del alimentante para que no exista vulneración de sus derechos.
Descriptores: Derecho de la familia; derechos del niño; bienestar de la infancia; administración de justicia. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).
The Constitutional Court of Ecuador in judgment 067-12-SEP-CC, applied an important weighing exercise against a collision of constitutional rights between two groups of priority attention. This investigation analyzed the arguments of the Constitutional Court of Ecuador regarding the exemption from the payment of alimony that guarantees the effective application by the courts of instance in matters of Family, Childhood and Adolescence of the canton Azogues. The research was non-experimental and with a mixed approach and bibliographic design. As results, it is evident that the exemption from alimony payments is not regulated in the law, and there is a legal void regarding the situation of the food provider. For this reason, an addition must be made to Art 5 of the Childhood and Adolescence Code and a follow-up to the situation of the feeder so that there is no violation of their rights.
Descriptors: Family law; rights of the child; child welfare; administration of justice. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).
Las pensiones alimenticias son un tema que produce gran debate en los estudios constitucionales, debido a su amplitud. Uno de los temas que se estudia de forma constante es la responsabilidad del alimentante y las condiciones que este debería tener para asumir dicha responsabilidad. El tema a debatir en el presente estudio es la aplicación del pago de pensiones alimenticias a personas en estado de vulnerabilidad. Para realizarlo, es necesario establecer la fundamentación de las bases teóricas relacionadas al interés superior del niño, estado de vulnerabilidad, y otros elementos. Además, se busca el estudiar sentencias relacionadas al pago de pensiones alimenticias de personas en estado de vulnerabilidad. Finalmente, se determinará cuáles son los argumentos utilizados por la Corte Constitucional los jueces para la exención del pago de pensiones alimenticias.
El dilema radica concretamente cuando el alimentante sufre de discapacidad severa y enfermedad catastrófica, las dos situaciones al mismo tiempo, ubicándose en una circunstancia de doble vulnerabilidad, por lo que debería quedar exento del pago. No obstante, en varias sentencias se ha establecido precisamente que el alimentante debe asumir la responsabilidad debido al interés superior del niño. Por consiguiente, surge la incógnita si se cumple con el Artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el pago de pensiones alimenticias de personas con discapacidad severa y enfermedad catastrófica que no posean solvencia económica.
De acuerdo a la información disponible y los estudios recogidos para esta investigación, se nota la escasa investigación que se ha realizado a nivel nacional e internacional sobre el tema, considerándose un tema relevante al involucrar a grupos vulnerables como el niño y una persona con discapacidad física y enfermedad catastrófica. Se espera que el estudio a profundidad de la problemática y la exploración de las distintas aristas de la temática de las pensiones alimenticias, produzcan mayor claridad doctrinaria sobre los derechos que tienen este tipo de grupos, y que en el futuro se puedan tocar otros aspectos a los que tendrían derechos, o situaciones en las que el Estado debería intervenir para proteger a ambos grupos vulnerables.
Por otra parte, es importante utilizar el derecho comparado como método jurídico puesto que permitirá establecer las conexiones entre los diferentes cuerpos de ley como la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia.
El problema consiste en establecer ¿cuáles son los argumentos utilizados por la Corte Constitucional para la exención del pago de pensiones alimenticias en el Ecuador?
En relación al tema expuesto, el objetivo es analizar la sentencia 067-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional del Ecuador respecto a la exención del pago de pensiones alimenticias que garantice la efectiva aplicación por los juzgados de instancia en materia de Familia, Niñez y Adolescencia en el Ecuador.
El interés superior del niño y la vulnerabilidad por discapacidad
Bajo el actual paradigma de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la protección de los derechos constitucionales constituye la base para la estructura del mismo. La Constitución del Ecuador, enfoca el tema del interés del superior del niño y estado de discapacidad, desde diferentes artículos entre los que se pueden citar los siguientes:
Art. 47. Derechos de las personas con discapacidad
Art. 45. Derecho a una familia
Art. 44. Derecho de los niños y adolescentes
Art. 11. 5. Principio de favorabilidad
Art.11.6. Principio de inalienabilidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía de los derechos.
Cabe resaltar que existe una Sentencia provista por la Corte Constitucional, con el número de Sentencia 067-12-SEP-CC, cuando fue presentada una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Imbabura, dentro del proceso Nro. 0064-2010. En la misma se determinó aceptar la acción contra el auto dictado por juicio de alimentos, dejando sin efecto el auto de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Entre los argumentos expuestos se toma en cuenta en la Sentencia de la Corte Constitucional que la Sala Especializada de Imbabura no toma en cuenta la discapacidad física y la enfermedad degenerativa de la persona a la que se le solicita el pago de la pensión alimenticia. En la sentencia también se hace énfasis que los derechos de dos grupos vulnerables son iguales (Artículo 11 de la CRE) y que, por lo tanto, debe procederse a utilizar como herramienta hermenéutica la ponderación de derechos (Merchán-Castillo, Erazo-Álvarez, Pinos-Jaén, & Narváez-Zurita, 2020).
Al hacerlo, se hace un análisis interpretativo del artículo 44 y 45 que defienden el interés superior del niño y la protección que el Estado debe proveerle, así como el artículo 47 que considera la protección de las personas con discapacidad, además de tocar el tema de las enfermedades catastrófica, Art 35 (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).La sentencia lógicamente busca que se encuentren otros mecanismos para poder proteger al menor, ya que el padre no podría hacerlo dada su condición de doble vulnerabilidad.
La discapacidad de acuerdo al Artículo 6 de la Ley de Discapacidad se define como aquella persona que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales que restringe su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer actividades de su vida diaria (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017).
Por su parte, se toma como enfermedad catastrófica aquellas que no le permiten al individuo tener una interacción social regular, y que necesitan tratamiento continuo para poder vivir, y en la Ley Orgánica de Salud se establece que el Estado debe mantener como de interés nacional estas enfermedades y encargarse de la protección de las personas con estas condiciones (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015). El tipo de persona en este estudio presenta ambas condiciones, tornándolo un sujeto que presenta doble vulnerabilidad, motivo por el cual el Estado debe prestarle especial protección.
Alrededor del mundo se han realizado investigaciones en las que se determina que las personas que poseen discapacidad y/o enfermedad catastrófica tienen condiciones de pobreza exacerbada o al menos son constantemente restringidos de participar en la sociedad y poseer un trabajo estable (Ávila, Gil, López, & Velez, 2014) En algunos estudios jurídicos, uno de ellos realizado sobre la discapacidad en Argentina, se puede ver la necesidad de transformar estos conceptos puesto que la discapacidad no significa necesariamente ser aislado o no poder ejercer su voluntad, sino la imposibilidad de interactuar socialmente debido a sus condiciones, lo que provoca a su vez dificultades de ejercer sus derechos (Arévalo, 2015). Otros estudios muestran también que el ordenamiento jurídico de la mayoría de países en Latinoamérica no cubre todas las dimensiones de este tipo de personas (Uribe & González, 2007).
Muchos autores jurídicos han considerado lo concerniente a la vulnerabilidad en jurisprudencia con posiciones distintas (Barranco-Avilés, 2014), considerando quizás la más importante o trascendente la defensa del hecho de que todos somos vulnerables, pero cada uno con sus propias formas de vulnerabilidad, haciendo una crítica a la igualdad formal que pretende que todos los ciudadanos deben ser tratados más o menos igual obviando las diferencias entre ellos (Fineman, 2010).
Este paradigma establece que el Estado debería asegurarse de velar por todas las posibles vulneraciones que podría sufrir cada persona, evitando de alguna forma la etiqueta de grupo vulnerable que de una u otra forma lo excluye del contrato social (Fineman, 2010). Esta posición es criticable pues deja a un lado los poderes y sistemas que se encuentran encima de aquellos grupos vulnerables (Barrére, 2016). Debería establecerse un término medio, pues las leyes deben establecer la existencia de las necesidades propias de cada persona, así como asumir sus restricciones frente a las responsabilidades que tienen frente a la sociedad. A partir de esto, la ley debería reconocer que una persona con doble vulnerabilidad, con discapacidad y enfermedad catastrófica, no podría ejercer su responsabilidad frente a los alimentos de un hijo, por las limitaciones que posee (Almeida Toral, Erazo Álvarez, Ormaza Ávila, & Narváez Zurita, 2020).
Además, es importante establecer que también se han realizado estudios sobre la doble vulnerabilidad. La aclaración a profundidad de lo que constituye un grupo con doble vulnerabilidad, especialmente aquel con ciudadanos que tienen discapacidad y enfermedad catastrófica, ayudaría a que se pueda ampliar el rango de investigaciones jurídicas sobre sus derechos, como la interpretación de los mismos:
Estaríamos frente a un caso de activismo judicial moderado si el fallo de las Cortes no contradice la Constitución, sino que se sobre interpretan otros derechos, tales como el derecho a la vida y el derecho de propiedad, para brindar protección al derecho a la salud (Henríquez, 2010, p. 403).
Esta forma de caracterizar la población permite que se mejore la comprensión de sus necesidades, así como aquellos elementos en la ley que estarían vulnerando mandatos constitucionales como los que se visualizaron en los artículos 35 y 48 de la Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Respecto a las personas con doble vulnerabilidad forman parte del grupo de atención prioritaria según lo establece la Carta Magna en su Art. 35 que señala que:
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Es por ello que imperativamente se tiene que proceder con la aplicación estricta del test de razonabilidad con respecto a las reglas de la ponderación de estos derechos constitucionales, con la finalidad de determinar cuál de ellos prima sobre el otro y de esa manera el legislador podrá excluir a las personas con doble vulnerabilidad del pago de pensiones alimenticias (Baquerizo, 2009). El Estado debe responsabilizarse por garantizar que los ciudadanos tengan igual acceso a cumplir con las responsabilidades, y de no darse en la realidad, debe establecer las condiciones para lograrlo, y no dejar al ciudadano que no puede cumplir a expensas de la ley, sin ninguna protección. Finneman es claro al afirmar que la igualdad no puede estar restringida a una pequeña cantidad de proclamas públicas: “One of the most troubling aspects of the identity approach to equality is that it narrowly focuses equality claims and takes only a limited view of what should constitute governmental responsibility in regard to social justice issues” (Fineman, 2010, p. 254). Esto significa que las medidas aplicables a las pensiones alimenticias no deben solamente tomar en cuenta el interés superior del niño sino también la integralidad del alimentante y el papel del Estado. No es posible tratar a todos los individuos con la misma fórmula suponiendo la igualdad en sus derechos y obligaciones, porque sencillamente no son iguales: En el campo del Derecho antidiscriminatorio, el germen de su elaboración teórica es la crítica al principio de igualdad formal que, concretamente en los Estados Unidos se erige sobre la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes y cuya formulación clásica supone que para ser tratados igualmente los individuos deben ser tratados de manera similar (Barrére, 2016).
Algunos de los jueces podrían manejar casos de pensiones alimenticias, evitando que se produzcan casos en los que se implante una pensión alimenticia a un ciudadano al que se le imposibilite pagar la misma, o a sus familiares que deben preocuparse por su cuidado, presentan justamente como motivación la prioridad que tiene al presentar doble vulnerabilidad y encontrarse dentro de los grupos prioritarios del Estado. La vulnerabilidad ya no puede ser vista solamente desde el aspecto de los derechos de la persona, puesto que se estaría minimizando de forma grave las diferentes aristas que presenta su propia humanidad, sino que debe verse desde un enfoque humano: “…a focus on vulnerability is decidedly focused on exploring the nature of the human part, rather than the rights part, of the human rights trope” (Fineman, 2010, p. 255). Esto quiere decir, que una persona que tiene vulnerabilidad no puede ser enfocada desde el ámbito del derecho que tiene a ser protegido sino desde las dimensiones mismas de su humanidad, y muchas veces esto es lo que a veces los jueces obvian.
El derecho del alimentado
Los estudios que se han realizado sobre el papel de las pensiones alimenticias han ido incrementándose debido a la importancia que tiene en la actualidad a nivel regional y ecuatoriano. Cabe recordar que la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece la obligación de los Estados de ejecutar las medidas “…para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero.” (Naciones Unidas, 2006, p. 21) , lo que ha hecho que los cuerpos legales de los países a nivel mundial comiencen a colocar artículos referentes a la necesidad de garantizar esta pensión alimenticia.
El aumento del índice del divorcio ha provocado también que la discusión cobre importancia sobre la cantidad y el proceso que debe seguirse para que el interés del niño prevalezca, aun tomando en cuenta que existe incumplimiento. Inclusive, existen procedimientos para fijar una pensión alimenticia si es que el alimentante se encuentra en otro país, empezando por fijar “…el tribunal internacionalmente competente para incoar la pretensión alimenticia, habrá que determinar la ley aplicable, que no sólo interesa a fin de conocer la viabilidad y extensión del derecho, sino también de fijar la cantidad que le pudiera corresponder” (Soto, 2016, p. 309). Esto muestra el énfasis brindado a los estudios sobre pensiones alimenticias e interés superior del niño.
Otros estudios han propuesto análisis sobre formas de cobro y cálculos sobre los montos que deben realizar, en los que se establece el pago de la pensión alimenticia como algo que debe ser cumplido sin ningún tipo de excepción (Torres & Vela, 2018). El debate de la prisión ante el incumplimiento del pago, por ejemplo, es uno de los temas que más se ha tocado en los últimos años, y algunos estudios han mostrado que tienen críticas de orden constitucional, puesto que “se reconoce la importancia del interés superior del niño, pero por otra parte existe más de un resquicio legal (por falta de aclaración) para la vulneración del debido proceso con la figura del apremio” (Peñafiel, Ordeñana, & Zeballos, 2018, p. 52).
No obstante, la figura del apremio no es lo único que se demanda como inconstitucional. La vulnerabilidad del alimentante también establece un contexto de discusión, que se deriva muchas veces de la incurrencia de una doble vulnerabilidad que no le permitiría cumplir con sus obligaciones al alimentante, y si bien ya existen sentencias al respecto, no siempre los jueces cumplen con dichas disposiciones. Inclusive en instrumentos internacionales elaborados por las Naciones Unidas también han hecho énfasis en la protección de personas con vulnerabilidad: Igualdad y no discriminación – Los Estados Partes deben prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida, lo que exige a los Estados Partes adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Esas medidas no se consideran discriminatorias (Naciones Unidas, 2008, p. 7) .
Los estudios sobre pensiones alimenticias desde el enfoque jurídico han sido variados. Grupos de investigaciones se fundamentan en el estudio de mantener el principio de solidaridad de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado, tales como el realizado por Orozco en Nicaragua, en el que se establece que cualquier Código de la Niñez y la Familia debe tomar en cuenta el interés por la vida y el derecho a los alimentos, además del interés superior de la sociedad y el Estado por los niños, dejando de lado casos particulares pero esenciales para que esto se cumpla como el caso de la vulnerabilidad del alimentante (Orozco, 2015). La naturaleza jurídica de la obligación se estructura mediante una serie de características de elementos patrimoniales, éticos, sociales y económicos (Aguilar-Carvallo, 2008) , que deben ser discutidos antes de un dictamen concreto (López-Contreras, 2015).
Otros estudios se caracterizan por observar otras variables como el caso de las pensiones alimenticias cuando el demandado se encuentra en una nación distinta como es el caso de una investigación sobre la situación jurídica de la prestación alimenticia en las relaciones hispano-argentinas (Soto, 2016) o la falta de legislación en algunos países como el caso chileno (Risik, 2017) . Existen también estudios complejos como la pensión alimenticia especial caracterizada por la discapacidad que presenta una persona al momento de divorciarse y que obliga al ex cónyuge a cubrir con los gastos (Palacios, 2016). No obstante, la investigación sobre pensiones alimenticias abarca otros temas de interés como el caso que compete a este estudio, es decir, el caso de las personas con discapacidad y enfermedad catastrófica.
Al respecto, es bastante escaso el conjunto de estudios que tratan dicha problemática. Sin embargo, existen ya algunos temas que están siendo tratados como el caso del apremio personal a los adultos mayores ante el incumplimiento del alimentante, en el que se analizaba la inconstitucionalidad de obligar a una persona de más de 65 años a pagar una pensión alimenticia, puesto que es también un grupo vulnerable, estableciendo algunas razones, pero que también son susceptibles de crítica: La base de la obligación de los subsidiarios por alimentos, es la solidaridad familiar, las personas que la ley señala son las que están obligadas a dar alimentos y deben poseer recursos económicos suficientes para poder costear el pago, caso contrario, la obligación debe recaer sobre otras personas que puedan hacerlo y estos serían los llamados obligados subsidiarios (Cabanilla, 2016, p. 6).Esta manera de obligar a los alimentantes a pagar resulta también complicada puesto que se afecta a otro grupo vulnerable, lo que se agrava cuando los adultos mayores deben velar por el alimentante con vulnerabilidad y responder por el pago de la pensión alimenticia. Algunos estudios que se encontraron establecieron la necesidad de reformar la ley para las personas con discapacidad y enfermedad catastrófica, pero por separado y sin tomar en cuenta todas estas dimensiones que se han analizado (Sánchez & Espín, 2017) . No obstante, es necesario manifestar que un estudio como el que se quiere desarrollar no ha sido realizado dentro del conjunto de documentos en los que se investigó. Tampoco se han realizado estudios de caso sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas al respecto (González-Cárdenas, Narváez-Zurita, Guerra-Coronel, & Erazo-Álvarez, 2020).
También es necesario aclarar algunos conceptos de acuerdo a los instrumentos legales que serán utilizados al respecto. Uno de ellos tiene que ver con lo que se refiere a la pensión alimenticia como tal, establecida en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo innumerado 3 con las siguientes características:
Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).
Por otra parte, los padres son los obligados a la prestación de alimentos, inclusive en casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. Sin embargo, serán otros miembros de su familia los que suplanten al padre en las obligaciones en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados. Además de este concepto, es necesario también establecer lo que se entiende por discapacidad y enfermedad catastrófica. Primeramente, debe indicarse que de acuerdo al Artículo 35 de la Constitución, que ya fue señalado, estos dos grupos están dentro de las personas de atención prioritaria, exacerbando a aquellos que tienen doble vulnerabilidad, es decir, aquellos que tienen dos de las condiciones señaladas en el Artículo 35 (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Análisis de los argumentos planteados por la Corte Constitucional para el dictamen de la sentencia 067-12 SEP-CC
La jurisprudencia vinculante en Ecuador se va poniendo a tono con el progreso de la ciencia jurídica, que día a día escudriña en el campo de las vivencias humanas para encontrar solución a la problemática social que se vuelve más compleja a medida que transcurre el tiempo, y que requiere de tratamiento urgente y acertado para mantener la paz y armonía de los asociados.
Lo que acabamos de manifestar se evidencia claramente en la sentencia Nro. 067-12-SEP-CC de nuestra Corte Constitucional, en donde se aborda el caso de Segundo Ángel Pandi Toalombo quien interpone Acción Extraordinaria de Protección a fin de que se revoque y anule la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en donde sin aplicar el principio universal de la equidad, se le condena a pagar una pensión alimenticia para su hija menor Neuvalle Vanesa Pandi Urcuango, sin considerar que se trata de un hombre discapacitado en más del 80% y que por ende no puede valerse por sí mismo, siendo su enfermedad irreversible y degenerativa, tanto que no puede realizar esfuerzos físicos por prescripción médica.
Sin embargo se encuentra en peligro de ir a la cárcel si no paga la pensión ordenada (Sentencia N.° 067-12-SEP-CC, 2012). Que el derecho constitucional vulnerado es el de libertad, que se halla contemplado en el Art. 66 numeral 21, literal d) de la CRE, y por tanto no puede ser obligado a cumplir con algo que física y humanamente es imposible. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)
La Corte Constitucional para emitir su resolución no solamente se limitó a revisar las constancias del proceso recibido, sino que ha realizado una investigación adicional del caso, solicitando documentos y hasta realizando una inspección a los hogares de los implicados. Es así que en torno a la situación de la menor Neuvalle Pandi llegó a determinar que se trataba de una estudiante de un colegio fiscal, que recibía ayuda de una fundación internacional que tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida y los ambientes de los adolescentes; y que su madre Martha Cecilia Urcuango Anrrango tenía un negocio en el mercado Amazonas de Ibarra. En lo que atañe a Segundo Pandi Toalombo, se verificó que era un discapacitado que adolecía de una enfermedad física de carácter degenerativa y progresiva llamada “paraparecia espástica", de alta complejidad y que paulatinamente disminuye la movilidad del enfermo, aparte de que simultáneamente ocasiona una diversidad de efectos negativos adicionales, habiéndose evidenciado que la actividad del enfermo era vender discos de música cristiana en los buses de Ibarra, soportando vejámenes y poniendo en riesgo su vida al intentar subir y bajar de los vehículos en movimiento, por lo que entonces se trataba de una persona de alta vulnerabilidad.
La Corte Provincial de Justicia de Imbabura sin tomar en cuenta todos los aspectos atinentes al caso desechó la acción planteada. Si bien se tomó en consideración las normas y principios legales favorables a los niños y adolescentes, como es el interés superior de ellos plasmados en la CRE, Convenios Internacionales y demás leyes, pero no se hizo una correcta evaluación de la situación existiendo claras normas al respecto. En efecto, al haber confrontación de intereses, en que cada una de las partes exhibe los derechos que les ampara, se impone un estudio cabal de la situación con observancia de todos los principios legales pertinentes para que la decisión sea justa.
Es por ello que La Corte Constitucional comienza preguntándose si el pago de la obligación alimentaria a favor del menor puede ir en contra de los derechos de una persona con discapacidad y enfermedad degenerativa. Al respecto se dice que al presentarse una pugna de derechos constitucionales que amparan a personas que pertenecen a grupos vulnerables, el conflicto debe ser superado mediante la aplicación del método interpretativo conocido como ponderación de derechos, donde primeramente se ha de tomar en consideración la jerarquía normativa de los derechos constitucionales, observando que el Art. 11, numeral 6 de la CRE que determina que todos los principios y derechos son de igual jerarquía (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Pero pueden surgir conflictos al presentarse una pugna de derechos constitucionales que parecen ser de la misma jerarquía, y entonces entra en juego el talento judicial pues se impone una exégesis jurídica para determinar cuál derecho debe prevalecer. Por algo es que el Art. 11, numeral 5, ibidem, señala que en materia de derechos y garantías constitucionales los jueces están obligados a aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). En tal virtud, la ponderación de derechos se convierte en el instrumento, en la herramienta que permitirá la comparación y la decisión final de preferencia.
En el caso que nos ocupa se considera que existen dos derechos en pugna como es el pago de una pensión alimenticia a una menor de edad, y el derecho a la libertad ambulatoria de un discapacitado; es decir, estamos frente al caso de dos personas en estado de vulnerabilidad que tienen a su favor la protección prioritaria. Entonces, precisa fijar la normativa constitucional que ampara sus derechos, y en cuanto a los menores en primerísima línea se encuentra su interés superior del cual se desprende una diversidad de derechos primordiales que persiguen una finalidad puntual, cual es la de asegurar su vida y el disfrute de sus derechos constitucionales. En torno a los discapacitados, el Art. 47 de la Constitución señala como uno de sus primordiales objetivos la equiparación de oportunidades, lo cual conlleva la aplicación de la gama de derechos que allí se determina (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Por lo expuesto, el juzgador estuvo en la disyuntiva de establecer si existía vulneración de los derechos constitucionales del discapacitado Segundo Pandi Toalombo, quien estaba expuesto a una inminente privación de su libertad por estar adeudando de pensiones alimenticias. Se sabía que se trataba de una persona con una enfermedad degenerativa que le provocó discapacidad en más del 80%, y adoleciendo de enfermedad catastrófica de alta complejidad vive pobremente en las afueras de Ibarra, y para acceder a su vivienda requiere de la ayuda de otras personas, que su trabajo es peligroso y además es víctima de afrentas contra su dignidad. Además, es necesario señalar que los padres y familiares del señor Ángel Pandi, tienen que apoyarlo económicamente para que pueda subsistir, es por ello que no podían ser considerados con responsables subsidiarios.
La obligación subsidiaria es el vínculo paterno-filial proveniente del derecho de familia, que nace a partir que los padres se encuentran imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos, y por ende, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, son llamados por la ley a contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes inclusive a favor de los discapacitados” (Bernal-Brito, 2015)
Entonces, es una persona que adolece de doble vulnerabilidad, y esta grave situación no fue apreciada por la Corte de Justicia de Imbabura que negó la petición del discapacitado. El principio de ponderación es considerado como un método de interpretación constitucional que confronta y aquilata dos derechos constitucionales en conflicto dentro de un mismo caso, para que observando todas sus circunstancias le otorgue a un derecho mayor importancia o preferencia frente al otro. En la especie la Corte Constitucional pone de relieve que los jueces de la sala de lo civil de la Corte Provincial de Imbabura dirigen su interpretación hacia una sola de las partes que es la menor de edad, resaltando la normativa en que se amparan para tomar esa decisión que a la postre resulta desacertada porque simplemente no se toma en cuenta la situación del discapacitado afectado por una grave enfermedad degenerativa, por lo que sin duda alguna se puede decir que los jueces de dicha corte no realizaron un análisis e interpretación integral de la normativa constitucional.
En fin, la Corte Constitucional establece en su fallo la necesidad de que los juzgadores cuando tengan que resolver casos en que existan pugna entre normas constitucionales de la misma jerarquía, aplicando el método de ponderación deben seleccionar la norma con mayor pertinencia para despejar la incógnita que acaso puede haberse presentado (Sentencia N.° 067-12-SEP-CC, 2012). Con respecto a la ponderación Bernal Pulido señala que:
La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. Estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que ordenan “que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (Bernal-Pulido, 2003).
En un caso como el presente se debía reparar sí en que si el pago de las pensiones alimenticias estaba atentando al derecho a la dignidad de Segundo Pandi. Dicho en otras palabras, no tenía justificación que el principio de interés superior del menor vaya en contra del derecho a la dignidad y vida de su padre. Se debía considerar que en ninguna forma la falta de pago de las pensiones alimenticias por parte del discapacitado estaba atentando contra el derecho a la vida de su hijo menor de edad, porque las condiciones de vida de la misma ya habían sido esclarecidas y en ninguna forma se encontraba en una situación de indigencia, ya que su madre posee una situación económica estable. El discapacitado que adolece de doble vulnerabilidad estaba enfrentado un evidente peligro al haberse obligado a realizar una actividad sumamente peligrosa, al subir y bajar de los buses para vender sus CD´S, pudiendo suceder que en incluso podía dedicarse a la mendicidad ante la enorme dificultad de ejercer dicha actividad.
En definitiva la Corte Constitucional con tan acertado criterio al considerar la doble vulnerabilidad y aplicando el criterio de ponderación determino que los derechos del discapacitado con una enfermedad degenerativa, están por encima del derecho a percibir una pensión alimenticia por pare de la menor quien goza de sus derechos a la vida y a los demás propios de su edad en su entorno familiar, razones todas por la cuales aceptando la acción extraordinaria de protección, dejó sin efecto la decisión de la sala de lo civil de la Corte Provincial de Imbabura.
La metodología fue cuali-cuantitativa de carácter no experimental, debido a que el estudio se realizó en base a una descripción de las variables sin manipulación de las mismas. Los datos recopilados se buscaron en diversas fuentes documentales y bibliográficas que se complementaron con una encuesta a profesionales clave en la problemática de la doble vulnerabilidad y la pensión alimenticia. Se aplicaron diversos métodos generales como el analítico-sintético, el sistémico-estructural funcional y el histórico-lógico (Viñán, Navarrete, Puente, Pino, & Caicedo, 2018), que fueron usados para desmenuzar todos los componentes del problema en sus dimensiones legales, sociales y culturales. Por otro lado, se utilizaron métodos específicos del área del Derecho como el denominado derecho comparado que permite el cotejo de dos objetos jurídicos dentro del derecho constitucional (Villabella, 2012). Las técnicas elegidas son el análisis documental y la encuesta cuyos resultados sirvieron para determinar conclusiones sobre la temática (Riofrío, 2015).
Universo de estudio y tratamiento muestral
Dentro del universo de estudio y la muestra, se puede considerar el tipo de muestreo por conveniencia aleatorio y no probabilístico, en el que se consideran los casos accesibles a la investigación, por lo que se pudo consultar a 15 jueces y servidores judiciales que contestaron la encuesta que fue remitida mediante el programa Google Forms, los mismos que fueron procesados mediante el Software SPSS en su última versión para la tabulación y posterior análisis.
Tratamiento estadístico de la información
La obtención de datos se gestionó a través de un cuestionario creado en la plataforma de formularios de Google (https://www.google.com/forms/); las preguntas se han agrupado por dimensiones del capital intelectual, como el capital humano, estructural y relacional, además de conocimiento general del tema; se establecieron tablas de datos recogiendo las respuestas de los encuestados en porcentajes; para los gráficos se usó Microsoft Excel versión 2019 (Criollo-Aguirre, Erazo-Álvarez, & Narváez-Zurita, 2019).
Los resultados de las encuestas mostraron elementos concordantes y diferencias con la revisión de literatura revisada y con la Sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia N.º 067-12-SEP-CC, 2012). Los acuerdos estuvieron en que debe primar el interés superior del niño (López-Contreras, 2015) y que podría analizarse los casos de doble vulnerabilidad para el pago de la pensión alimenticia. Sin embargo, las diferencias se encuentran en la carencia de legislación para determinar qué pasa con el niño si es que la persona con doble vulnerabilidad no se puede hacer cargo, ya que los parientes del individuo también deben encargarse del cuidado. La encuesta realizada tiene 7 preguntas que consideró los razonamientos de 15 jueces y servidores judiciales quienes supieron responder a preguntas acerca de dos temas en específico: por un lado, la Sentencia 067-SEP-CC y su relación el interés superior del niño y, por otro, el método de ponderación y lo que debe hacerse en la legislación para conocer lo que podría hacerse para tratar estos casos.
Sentencia e Interés Superior del Niño
Por un lado, hubo disparidad en cuanto a la opinión que se tiene sobre si la Sentencia 067–SEP-CC, pues el 40% consideró que existe afección al interés superior del niño mientras que el 60% determinó que no. De la misma manera, los jueces mostraron también el mismo contrapunto referente a la decisión de la Corte Constitucional, pues el 40% está de acuerdo y el 60% consideró que se pudo haber tomado otra resolución.
Otro tema relevante que fue consultado a los expertos fue el tema sobre el conocimiento de estos casos en la ciudad de Azogues. Las respuestas mostraron que poco se conoce o se ha litigado sobre el tema del interés superior del niño cuando el posible alimentante tiene doble vulnerabilidad, y posiblemente esta carencia de casos es la que produce que la discusión se haya mantenido a un nivel primario todavía. Apenas el 20% respondió conocer de casos de doble vulnerabilidad y pago de pensión alimenticia y un 6,7% dijo haber conocido de otros casos de exención del pago de pensión alimenticia; el nombrado fue un caso de paraplejía en el que se aplicó lo decidido por la Corte Constitucional. Los jueces establecieron también que, si bien no se podría demandar propiamente al padre, se puede todavía realizar la demanda a los subsidiarios.
Método de ponderación y legislación
Los jueces entrevistados también mostraron su coincidencia con el método de ponderación (Bernal-Brito, 2015) de derechos aplicado por la Sentencia, puesto que el 73,3% respondió estar de acuerdo, ya que en casos en los que están involucrados dos grupos vulnerables, es necesario un análisis jurídico-doctrinario que sopese qué derechos son los tienen prevalencia. No obstante, un 60% de expertos consideran que debe legislarse algo específico para que estos casos tengan mayor sustento legal y que no se deje sin ninguna protección al niño, ya que los familiares del padre o madre con doble vulnerabilidad deben también llevar la carga de esta persona, y asumir una pensión alimenticia puede tornarse en un asunto complicado. Por estas razones prácticamente el 86,7% de los jueces opinaron que sin el cuerpo legal correspondiente no se deberían ampliar la exención a otros casos y subsidiarios puesto que se dejaría sin protección al niño.
El 100% de los jueces coincidieron, finalmente, que para aplicar la decisión de la Corte Constitucional deben suceder dos cosas. Primero, que el interés superior del niño no sea menoscabado de ninguna manera y segundo, que se pueda demostrar la doble vulnerabilidad del posible alimentante para que no existe duda alguna del hecho y no se perjudique al infante. Se puede concluir que la dificultad que se tiene para tratar casos como este que, si bien no son comunes, suceden a diario en el quehacer del sistema judicial ecuatoriano. Los estudios de derecho constitucional en este sentido deben mostrar un análisis doctrinario y legal que busque la protección de todos los grupos vulnerables, incluso llegando al Estado como protector de estos derechos.
Luego de haber analizado los resultados de las encuestas y el material bibliográfico empleado en la presente investigación como libros, cuerpos legales, artículos de revista y jurisprudencia, se puede señalar que en el Ecuador no se encuentra tipificado el caso de la exención de pago de pensiones alimenticias cuando existe doble grado de vulnerabilidad del alimentante, a pesar de que ya consta en la jurisprudencia del máximo órgano de control, administración y justicia constitucional del país que es la Corte Constitucional. Razón por la cual se propone ciertas modificaciones a la ley y un protocolo de seguimiento y análisis de las condiciones del alimentante, para que no se vulnere sus derechos cuando tiene que cubrir su obligación alimentaria, de acuerdo a la propuesta que se presenta en la Figura 1.
Figura 1 Propuesta del protocolo de inserción.
1. Adicionar al artículo innumerado 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia lo inherente a la exención del pago de pensiones alimenticias.
El derecho que posee el menor de recibir una pensión alimenticia es inembargable, imprescriptible e irrenunciable, sin embargo, puede existir ocasiones en la que el alimentante se ve limitado a cumplir con esta obligación, es por ello que se plantea una adición al Art 5 del Código de la Niñez y Adolescencia cuyo texto manifestaría:
Art5. Obligados a la prestación de alimentos. Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. Exceptúese los casos en los que el alimentante adolezca doble grado de vulnerabilidad establecidos en la constitución y en la ley que rige para el efecto (Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 2009).
De esta manera se protege los derechos del alimentante que al igual que el niño se encuentra dentro del grupo de atención prioritaria, pero por adolecer de doble grado de vulnerabilidad se encuentra en una situación suigéneris considerada por la CRE.
2. El Consejo de la Judicatura a través de su servicio social procederá a realizar un análisis exhaustivo de la situación económica y de las condiciones de vulnerabilidad que posea el alimentante.
Esta iniciativa se encuentra enfocada a plantear un seguimiento exhaustivo por parte de los trabajadores sociales del Consejo de la Judicatura de las condiciones de vida del alimentante cuando este adolezca doble grado de vulnerabilidad, posea una situación económica precaria y no pueda cubrir su obligación alimentaria. Si el alimentante posee discapacidad, esta tiene que estar regulada a través de un carnet del CONADIS y si sufre de una enfermedad catastrófica esta tiene que ser diagnosticada por un médico que pertenezca al Ministerio de Salud Pública para que proceda la exención del pago, es decir su condición de doble vulnerabilidad debe ser legalmente demostrada y certificada, de manera que el pago de pensiones alimenticias constituya un grave riesgo para su vida debido a la imposibilidad que posee para laborar.
3. Capacitación o difusión de la resolución de la sentencia 067-SEP-CC a la colectividad en general: El Consejo de la Judicatura capacitará a los funcionarios y jueces, así como también a la colectividad en general acerca de la resolución de la Corte Constitucional para que la exención de pensiones alimenticias sea de conocimiento público y no se dé a lugar la violación de los derechos del alimentante, que por desconocer esta resolución podría estar perjudicando su salud y empeorando su condición por el temor al apremio personal.
En la presente investigación se pone en evidencia que existe la vulneración al derecho de libertad ambulatoria del alimentante contemplado en el Art.66, numeral 21, literal d de la CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), cuando existe una orden de apremio en su contra y no posee medios económicos suficientes para poder cubrir la misma, debido a su imposibilidad para trabajar al adolecer una discapacidad y una enfermedad catastrófica que lo sitúa en un doble grado de vulnerabilidad. La Corte Constitucional realizó un ejercicio de ponderación frente a una colisión de derechos constitucionales hacia dos personas que son consideradas como grupos vulnerables y que requieren atención prioritaria, sin embargo, se resolvió a favor de la exención del pago de pensiones alimenticias cuando el alimentante posea doble grado de vulnerabilidad, siempre y cuando las necesidades del menor estén debidamente cubiertas, puesto que la obligación alimentaria es un compromiso solidario, de todo el núcleo familiar y el ente estatal.
Luego del análisis del material bibliográfico y las encuestas se puede determinar que en el Ecuador existe un escaso estudio acerca de la exoneración del pago de pensiones alimenticias por el doble grado de vulnerabilidad del alimentante y que existe poca aplicación por parte de los jueces del cantón Azogues, de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional en torno al tema.
En la investigación se plantea la necesidad que se regule en la ley la exención de pago de pensiones alimenticias cuando el alimentante posea doble grado de vulnerabilidad, y es por ello que este trabajo de investigación propone que se adicione al Art 5 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia la regulación de esta exención, para garantizar los derechos del alimentante y evitar a futuro la vulneración de los mismos, tal cual lo sucedido en la sentencias de primera y segunda de la acción de protección detallada en la presente investigación, las cuales fueron desechadas por el veredicto expedido por la Corte Constitucional.
A la Universidad Católica de Cuenca por apoyar el desarrollo de la investigación.
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