Source: https://www.castilleroauditores.es/algunas-novedades-la-gobernanza-introducidas-la-ley-312014-modifica-la-ley-sociedades-capital/
Timestamp: 2020-07-10 15:16:32
Document Index: 162966189

Matched Legal Cases: ['artículo 229', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 190', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 201', 'artículo 194', 'artículo 217', 'artículo 225', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 241', 'artículo 251', 'artículo 262', 'artículo 293']

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre (BOE de 4 de diciembre), por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo incorpora, por una parte, cambios que son aplicables a la generalidad de sociedades mientras que otros cambios se refieren específicamente a las sociedades cotizadas. En esta reseña nos vamos a centrar exclusivamente en las modificaciones que afectan a todas las sociedades de capital precisamente por ser de aplicación general mientras que las que se refieren a las sociedades cotizadas, aunque de gran importancia por la magnitud de las empresas involucradas, su universo de aplicación en mucho más estrecho.
Las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital pueden agruparse en dos categorías: las que se refieren a la junta general y las que tienen que ver con el órgano de administración
Las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital pueden agruparse en dos categorías: las que se refieren a la junta general de accionistas/socios y las que tienen que ver con el consejo de administración u órgano de administración (en los casos en que no hay consejo).
Respecto de la junta general, lo que pretende la nueva Ley es reforzar su papel y abrir cauces para fomentar la participación de los socios, por ejemplo ampliando sus competencias en cuanto a la aprobación de operaciones societarias de especial relevancia, modificando el tratamiento de los conflictos de interés -llegando incluso a la prohibición del derecho de voto en los casos más graves- y reformando el tratamiento de la impugnación de acuerdos sociales.
En cuanto a los administradores, quizá la novedad más significativa sea la nueva regulación de sus remuneraciones, así como el tratamiento del deber de diligencia, lealtad, los conflictos de interés y el régimen de responsabilidad.
Por otra parte, cabe destacar la desaparición de la obligación de comunicar al consejo (e incluir dicha información en la memoria de las cuentas anuales) la participación directa o indirecta que tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad, así como los cargos o funciones que en ellas ejerzan tal como contemplaba el antiguo artículo 229.2. No obstante lo cual, permanece la obligación de comunicación a los demás administradores cualquier situación de conflicto que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad, debiéndose informar de dichas situaciones de conflicto de interés en la memoria de las cuentas anuales.
Entrando en un mayor nivel de detalle, las principales modificaciones que a nuestro juicio afectan a la junta general son las siguientes:
Se modifica el artículo 160 introduciendo como nueva competencia de la junta general la deliberación y aprobación de la adquisición, enajenación, o la aportación a otra sociedad de activos esenciales, presumiéndose dicha cualidad cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos del último balance aprobado.
La nueva redacción del artículo 161 amplía a las sociedades anónimas la posibilidad de que la junta general imparta instrucciones al órgano de administración sobre determinados asuntos de gestión (anteriormente esta posibilidad estaba circunscrita al ámbito de las sociedades limitadas).
Se amplía a las sociedades anónimas el régimen de prohibición del derecho de voto en determinadas situaciones de conflicto de interés que anteriormente el artículo 190 restringía para las sociedades limitadas. Entre estas cabe destacar la de liberar de una obligación o concederle un derecho a un accionistas o facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor.
En cuanto al derecho de información en la sociedad anónima, el artículo 197 intenta acotar posibles abusos de los socios estableciendo que los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por los accionistas salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. Por otra parte, determina que en el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados.
El nuevo artículo 197 bis establece la obligación, para todas las sociedades de capital, de votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. En concreto, deben votarse de forma separada aunque figuren en el mismo punto del orden del día los acuerdos que se refieran al nombramiento, ratificación, reelección o separación de cada administrador así como, en la modificación de estatutos sociales, cada uno de los artículos o grupo de artículos que tengan autonomía propia.
La nueva redacción del artículo 201 define con mayor precisión la determnación de las mayorías en las sociedades anónimas, al decir que los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y se entenderá como tal cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para el quórum reforzado (artículo 194) si el capital presente o representado supera el 50% bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.
Finalmente, la nueva redacción de los artículos 204 a 206 regula el régimen de impugnaciones incluyendo como nueva causa de impugnación la imposición abusiva de un acuerdo por la mayoría, incluso cuando no se cause daño patrimonial a la sociedad. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando sin necesidad razonable para la sociedad se adopte por la mayoría en interés propio y en detrimento de los demás socios. Del mismo modo establece que no procede impugnación basada en la infracción de requisitos meramente procedimentales, en la participación en la reunión de personas no legitimadas cuando su participación no haya sido determinante o en la invalidez de uno o varios votos o su cómputo erróneo, salvo que esto haya sido determinante para la consecución de la mayoría simple. Igualmente establece un porcentaje mínimo de participación en el capital para obtener la legitimidad para impugnar, siendo este de un 1%, que puede alcanzarse bien individual o conjuntamente.
Por otra parte, las novedades principales que afectan al órgano de administración son las siguientes:
El régimen de retribución de los administradores se modifica por la nueva redacción de los artículos 217 a 219 estableciendo que se debe determinar el concepto o conceptos retributivos de los administradores y que el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores se debe aprobar por la junta general, permaneciendo vigente en tanto no se apruebe su modificación. El artículo 217.4 establece que en todo caso la retribución de los administradores deberá guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad y su situación económica en cada momento. En el caso de retribución mediante participación en beneficios, los estatutos determinarán el porcentaje máximo y la junta decidirá el porcentaje aplicable dentro de lo permitido por los estatutos; en las sociedades limitadas el porcentaje nunca podrá ser superior al 10% de los beneficios repartibles entre los socios, mientras que en el caso de las anónimas la participación solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos una vez cubiertas las atenciones de la reserva legal y estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 4% del valor nominal de las acciones o el tipo más alto establecido en los estatutos.
En cuanto al deber de diligencia, la nueva redacción del artículo 225 determina que los administradores deberán actuar con la diligencia de un ordenado empresario teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos, debiendo tener la dedicación adecuada. En el desempeño de sus funciones los administradores tienen el derecho de exigir y el deber de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.
Según el artículo 226 se entiende que el estándar de diligencia se alcanza cuando se ha actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
En cuanto al deber de lealtad, su infracción determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.
La nueva redacción de los artículos 228 a 230 describe prolijamente las obligaciones respecto del deber de lealtad y de los conflictos de interés, impidiendo realizar transacciones con la sociedad, aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad, obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad o desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia efectiva, actual o potencial, con la sociedad.
Los administradores responderán frente a la sociedad siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. Por otra parte, se extiende la responsabilidad de los administradores a los que sean administradores de hecho (artículo 236).
El nuevo artículo 241 bis establece que la acción de responsabilidad contra los administradores prescribirá a los cuatro años desde el día en que hubiera podido ejercitarse.
Se regula igualmente el contenido, los límites y las modalidades de delegación en un consejero. Cuando un miembro del consejo sea nombrado consejero delegado se deberá celebrar un contrato entre éste y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo con el voto favorable de los dos tercios debiendo abstenerse el consejero afectado y el contrato se incorporará al acta de la sesión como un anexo. El contrato incorporará todos los conceptos por los que el consejero pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas y no podrá obtener retribución alguna cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en el contrato.
Los administradores pueden impugnar los acuerdos del consejo en el plazo de 30 días desde su adopción. Igualmente pueden impugnar tales acuerdos los socios que representen un 1% del capital social en el plazo de 30 días desde que tuvieren conocimiento del mismo y siempre que no haya transcurrido más de un año desde su adopción (artículo 251)
Las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán indicar en el informe de gestión el periodo medio de pago a sus proveedores y, en el caso de que exceda del máximo legal, asimismo deberá indicarse las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo (artículo 262.1).
Finalmente se modifica la redacción del artículo 293.2 para especificar que, en el caso de las sociedades anónimas y respecto de la tutela de los derechos de los titulares de clases de acciones, se reputará que existe trato discriminatorio cualquier modificación que en plano sustancial tenga un impacto económico o político claramente asimétrico en unas y otras acciones o sus titulares.
Las disposiciones relativas a remuneración de los administradores entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y deberán acordarse en la primera junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha. El resto de la Ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Todas las sociedades que tengan página web y no presenten cuentas anuales abreviadas deben publicar su periodo medio de pago a proveedores en su página web.
Esta reseña constituye un resumen de los aspectos más destacados que afectan al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital introducidos por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre (BOE 4 de diciembre) cuya finalidad es facilitar un conocimiento general de la misma. Este resumen no debe considerarse un análisis exhaustivo de la citada Ley y, especialmente, hacemos notar que su contenido no debe utilizarse en la toma de decisiones ya que podrían existir aspectos relevantes para un caso concreto no tratados en este resumen. Quedamos a su disposición para analizar conjuntamente cualquier caso específico que estimen de su interés.