Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200601&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1865894
Timestamp: 2020-08-10 00:42:32
Document Index: 203722193

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 157', 'artículo 256', 'artículo 156', 'artículo 278', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 157', 'artículo 158']

Language of document : Spanish French ECLI:EU:T:2018:171
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Ayudas otorgadas por España en favor de ciertos clubes de fútbol profesionales — Aval público concedido por una entidad pública — Decisión por la que se declaran las ayudas incompatibles con el mercado interior — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»
En el asunto T‑732/16 R,
Valencia Club de Fútbol, S.A.D., con domicilio social en Valencia, representada por los Sres. J. García-Gallardo Gil-Fournier y A. Guerrero Righetto, abogados,
Comisión Europea, representada por los Sres. B. Stromsky y G. Luengo y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes,
que tiene por objeto una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE en la que se solicita la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol, S.A.D., al Hércules Club de Fútbol, S.A.D., y al Elche Club de Fútbol, S.A.D. (DO 2017, L 55, p. 12),
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1 El demandante es un club de fútbol, el Valencia Club de Fútbol, S.A.D. (en lo sucesivo, «demandante» o «Valencia CF»).
2 El 4 de julio de 2016, la Comisión Europea adoptó su Decisión (UE) 2017/365, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al demandante, al Hércules Club de Fútbol, S.A.D., y al Elche Club de Fútbol, S.A.D. (DO 2017, L 55, p. 12; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
3 En el artículo 1 de la Decisión impugnada se declara que constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado interior, por haber sido otorgadas por el Reino de España infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3, el aval público concedido el 5 de noviembre de 2009 por el Instituto Valenciano de Finanzas, la institución financiera de la Generalitat Valenciana (en lo sucesivo, «IVF»), para un préstamo bancario a la Fundación Valencia Club de Fútbol (en lo sucesivo, «Fundación Valencia») destinado a la suscripción de acciones del demandante, en el marco de la operación de ampliación de capital de este último, por un importe de 19 193 000 euros (medida 1), y el incremento concedido por el IVF el 10 de noviembre de 2010 en favor de la Fundación Valencia por un importe de 1 188 000 euros para el pago del principal, los intereses y los gastos vencidos del préstamo garantizado por la medida 1 (medida 4).
4 Según el artículo 2 de la Decisión impugnada, el Reino de España debe recuperar del demandante, en el caso de las medidas 1 y 4, las ayudas estatales incompatibles a que se refiere el artículo 1 de esa Decisión, incluidos los intereses desde la fecha en que esas ayudas se pusieron a disposición del demandante.
5 El artículo 3 de la Decisión impugnada dispone que la recuperación de las ayudas será «inmediata y efectiva» y que el Reino de España garantizará que se aplique la Decisión impugnada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.
6 La Decisión impugnada fue notificada al Reino de España el 6 de julio de 2016.
7 El considerando 14 de la Decisión impugnada describe así al demandante:
«El Valencia CF es un club español de fútbol profesional con sede en Valencia que fue fundado en 1919. Juega en la Primera División de la Liga española y es uno de los mayores clubes del fútbol español y europeo. El Valencia CF ha ganado seis títulos de Liga y siete trofeos de la Copa del Rey. En la clasificación histórica de la Liga, el Valencia CF ocupa el tercer puesto detrás del Real Madrid CF y del FC Barcelona. También ha llegado ocho veces a grandes finales europeas y ha ganado cinco de ellas. El Valencia CF, además, ha sido miembro del grupo G‑14 de los clubes de fútbol más poderosos de Europa. Es el tercer club de fútbol de España en número de seguidores. Es también uno de los mayores clubes del mundo por número de socios (abonados), con más de 50 000 seguidores con carné y otros 20 000 en lista de espera, y disputa los encuentros como local en el Estadio de Mestalla, cuya capacidad es de 55 000 espectadores.»
8 El considerando 16 de la Decisión impugnada describe así a la Fundación Valencia:
«La Fundación Valencia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundacional es preservar, difundir y promover los aspectos deportivos, culturales y sociales del Valencia Club de Fútbol y la relación entre el club y sus seguidores. La Fundación Valencia se creó en 1996 y desde ese momento ha sido accionista del Valencia CF. Entre las actividades de la Fundación Valencia cabe citar la promoción del fútbol, la gestión de los equipos juveniles del Valencia CF y el fomento del fútbol femenino y amateur. A raíz de la ampliación de capital [...], la Fundación Valencia adquirió una participación de control en el Valencia CF, en particular un 72 % frente al 1,6 % que controlaba antes de la aportación de capital, y se convirtió en la sociedad matriz del Valencia CF [...]. Asimismo, todos los miembros del Consejo de Administración del Valencia CF eran también miembros del Patronato de la Fundación Valencia.»
9 Los considerandos 24 a 28 de la Decisión impugnada describen el proceso de venta de las acciones del demandante llevado a cabo por la Fundación Valencia. Los considerandos 27 y 28 están redactados así:
«(27) La oferta elegida fue la de Meriton Holdings Limited, que incluía un precio de compra de 100 millones EUR por el 70,06 % de las acciones del Valencia CF, es decir, 1 481 368 acciones a 67,5 EUR cada una, una refinanciación a largo plazo de la deuda de 229 millones EUR contraída por el Valencia CF con Bankia, una línea de crédito de accionista de 100 millones EUR y el compromiso de no reducir el número de acciones propiedad de accionistas minoritarios.
(28) Después de que la Fundación Valencia recibiera este precio de compra, en octubre de 2014 devolvió a Bankia la cantidad total del préstamo de 2009 (75 millones de EUR) más el incremento de 2010 (6 millones de EUR), además de los intereses pendientes y demás gastos y obligaciones. Posteriormente se canceló el aval público del IVF. Tras el reembolso del préstamo de Bankia, la Fundación Valencia mantenía un superávit de 6 millones de EUR.»
10 Por otra parte, de los estados financieros auditados del ejercicio 2016/2017, cerrado el 30 de junio de 2017, los cuales fueron presentados por el demandante como anexo A 21, se desprende que el 30 de junio de 2017 Meriton Holdings (en lo sucesivo, «Meriton») poseía 2 962 736 acciones del demandante, que representaban un 82,33 % de su capital social.
11 En la Decisión impugnada, la Comisión califica de ayuda estatal incompatible con el mercado interior el aval del IVF que cubría un préstamo concedido por Bancaja (actualmente Bankia) a la Fundación Valencia y cuyo beneficiario era, a su juicio, el demandante.
12 El 14 de octubre de 2016, el IVF notificó al demandante su resolución de 10 de octubre de 2016 por la que le ordenaba que abonara un importe de 20 381 000 euros de principal y de 2 949 523,62 euros de intereses calculados hasta el 5 de noviembre de 2016 (en lo sucesivo, «orden de recuperación»).
13 El 28 de octubre de 2016, el demandante interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Valencia a fin de obtener la anulación de la orden de recuperación. Por otra parte, en concepto de medida cautelar, el demandante solicitó a dicho Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que suspendiera el procedimiento hasta que el juez de la Unión Europea hubiera resuelto con carácter definitivo el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión impugnada y, subsidiariamente, que suspendiera dicho procedimiento para plantear unas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
14 Mediante escrito de 3 de noviembre de 2016, el demandante solicitó al IVF que suspendiera cautelarmente cualquier trámite de ejecución de la orden de recuperación hasta que este Tribunal hubiera resuelto con carácter definitivo la demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada. El 4 de noviembre de 2016, el demandante solicitó ad cautelam al IVF, para el supuesto de que este último desestimase su petición de suspensión de la ejecución, que le concediera un plazo para reembolsar el principal y los intereses de la presunta ayuda.
15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de octubre de 2016, el demandante interpuso un recurso en el que solicitaba, en esencia, la anulación de la Decisión impugnada.
16 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2016, el demandante ha interpuesto la presente demanda de medidas provisionales, en la que solicita al Presidente del Tribunal, principalmente, que:
– Suspenda la ejecución de los artículos 3 y 4 de la Decisión impugnada en la parte en que la Comisión ordena en ellos que se proceda a recuperar de él la ayuda.
– Subsidiariamente, condicione la suspensión de la ejecución al depósito de una garantía en favor del IVF.
– Con carácter subsidiario de segundo grado, adopte cualquier otra medida de suspensión sujeta a las condiciones que el Tribunal estime oportunas.
17 El 4 de noviembre de 2016, el Presidente del Tribunal formuló al demandante unas preguntas para que las respondiera por escrito.
18 El 7 de noviembre de 2016, el demandante respondió a las preguntas formuladas.
19 A petición del demandante, el Presidente del Tribunal dictó el 10 de noviembre de 2016, sin oír previamente a la Comisión, un auto basado en el artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, en el que resolvió suspender en lo que respecta al demandante la Decisión impugnada hasta la fecha del auto que pusiera fin al presente procedimiento de medidas provisionales.
20 En sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, presentadas en la Secretaría del Tribunal el 18 de noviembre de 2016, la Comisión ha solicitado al Presidente del Tribunal que:
– Desestime la demanda de suspensión de la ejecución.
21 El 2 de diciembre de 2016, el demandante tomó postura sobre las observaciones de la Comisión.
22 El 5 de diciembre de 2016, la Fundación Valencia solicitó intervenir como coadyuvante en el procedimiento de medidas provisionales. Esta demanda fue desestimada por auto de 6 de abril de 2017, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16 R, no publicado, EU:T:2017:272).
23 El 12 de diciembre de 2016, la Comisión respondió a la toma de postura del demandante de 2 de diciembre de 2016.
24 Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de 23 de marzo de 2017, se admitió la intervención del Reino de España como coadyuvante en el procedimiento principal.
25 Mediante escrito de 25 de abril de 2017, el Reino de España renunció a presentar un escrito de formalización de la intervención en el procedimiento de medidas provisionales.
26 El 11 de diciembre de 2017, el Presidente del Tribunal requirió al demandante para que presentara sus últimas cuentas anuales auditadas e informara de los eventuales cambios pertinentes producidos desde la interposición de la demanda de medidas provisionales.
27 El 21 de diciembre de 2017, el demandante informó de los cambios producidos desde la interposición de la demanda de medidas provisionales y presentó sus últimas cuentas anuales auditadas.
28 El 22 de diciembre de 2017, el Presidente del Tribunal invitó a la Comisión a que tomara postura sobre las respuestas dadas por el demandante.
29 El 18 de enero de 2018, la Comisión tomó postura sobre las respuestas dadas por el demandante.
30 El 24 de enero de 2018, el demandante solicitó que se le permitiera presentar sus estados financieros intermedios, que cubrían el período que llegaba hasta el 31 de diciembre de 2017, y que se le permitiera pronunciarse sobre dos argumentos utilizados por la Comisión en su toma de postura de 18 de enero de 2018, a saber, la tesis de la Comisión según la cual un concurso de acreedores no constituiría un perjuicio irreparable y el argumento de que el demandante no había explicado por qué le sería imposible obtener nuevos préstamos hipotecando el nuevo estadio. Este documento se unió a los autos y el demandante fue autorizado a presentar sus estados financieros intermedios.
31 El 5 de febrero de 2018, el demandante presentó sus estados financieros intermedios.
32 De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal o las medidas provisionales necesarias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, el artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión disfrutan de una presunción de legalidad. Sólo con carácter excepcional puede, por tanto, el juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal o imponer medidas provisionales (auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 12).
33 El artículo 156, apartado 4, primera frase, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada».
34 Así, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que la concesión de las mismas resulta material y jurídicamente justificada a primera vista (fumus boni iuris) y que tales medidas son urgentes, en el sentido de que es necesario otorgarlas y que surtan efectos antes de que se resuelva sobre el recurso principal para evitar que los intereses de la parte que las solicita sufran un perjuicio grave e irreparable. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (véase el auto de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 21 y jurisprudencia citada).
35 En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [véase el auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), no publicado, EU:C:2012:507, apartado 23 y jurisprudencia citada].
36 A la vista del contenido de los autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones orales de las partes.
37 En las circunstancias del presente asunto, procede comenzar por examinar si concurre el requisito de urgencia.
38 A efectos de verificar si las medidas provisionales solicitadas son urgentes, es preciso recordar que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales consiste en garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurídica ofrecida por el juez de la Unión. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse, con carácter general, en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento relativo al recurso sobre el fondo sin sufrir un perjuicio grave e irreparable (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 27 y jurisprudencia citada).
39 Además, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, en caso de demanda de suspensión de la ejecución de un acto de la Unión, la concesión de la medida provisional solicitada sólo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 45 y jurisprudencia citada).
40 Es jurisprudencia reiterada que un perjuicio de naturaleza pecuniaria no puede considerarse irreparable, salvo en circunstancias excepcionales, pues, por regla general, una compensación pecuniaria basta para que la persona perjudicada vuelva a encontrarse en la situación anterior a la realización del perjuicio. En particular, tal perjuicio puede repararse mediante un recurso de indemnización presentado sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE [véase el auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, apartado 24 y jurisprudencia citada].
41 Cuando el perjuicio alegado es de carácter económico, las medidas provisionales solicitadas se justifican si queda claro que, de no adoptarse dichas medidas, el demandante se encontraría en una situación que podría poner en peligro su viabilidad financiera antes de que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento sobre el fondo o en la que sus cuotas de mercado se modificarían significativamente, habida cuenta, en particular, del tamaño y del volumen de negocios de su empresa y, en su caso, de las características del grupo al que pertenezca (véase el auto de 12 de junio de 2014, Comisión/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, apartado 46 y jurisprudencia citada).
42 Por otra parte, a tenor del artículo 156, apartado 4, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento, las demandas de medidas provisionales «contendrán [...] todas las pruebas y proposiciones de prueba disponibles que puedan justificar la concesión de las medidas provisionales».
43 Así pues, una demanda de medidas provisionales debe permitir por sí sola que la parte demandada prepare sus observaciones y que el juez de medidas provisionales se pronuncie sobre dicha demanda, en su caso sin apoyarse en otros datos, debiendo deducirse claramente del propio texto de esa demanda las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa (véase el auto de 6 de septiembre de 2016, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P‑R, no publicado, EU:C:2016:668, apartado 17 y jurisprudencia citada).
44 También es jurisprudencia reiterada que, para poder apreciar si concurren todos los requisitos indicados en los anteriores apartados 38 y 39, el juez de medidas provisionales debe disponer de información concreta y específica, respaldada por pruebas documentales detalladas y certificadas, que acredite la situación en que se encuentra la parte que solicita las medidas provisionales y que permita apreciar las consecuencias que se producirían con toda probabilidad de no concederse las medidas solicitadas. De ello se deduce que dicha parte, en particular cuando alega que se producirá un perjuicio de carácter económico, debe presentar, en principio, una imagen fiel y global de su situación financiera, con el debido apoyo documental (véase en este sentido el auto de 29 de febrero de 2016, ICA Laboratories y otros/Comisión, T‑732/15 R, no publicado, EU:T:2016:129, apartado 39 y jurisprudencia citada).
45 Si bien ciertos extremos específicos de la demanda de medidas provisionales pueden completarse mediante remisiones a documentos que figuren como anexos, éstos no pueden paliar la ausencia de elementos esenciales en dicha demanda. No incumbe al juez de medidas provisionales buscar, en vez de la parte interesada, los datos recogidos en los anexos de la demanda de medidas provisionales, en la demanda principal o en los anexos de la demanda principal que permitan corroborar lo afirmado en la demanda de medidas provisionales. Por lo demás, imponer una obligación de ese tipo al juez de medidas provisionales podría privar de efecto al artículo 156, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, que dispone que la demanda de medidas provisionales debe presentarse mediante escrito separado (véase, en este sentido, el auto de 20 de junio de 2014, Wilders/Parlamento y otros, T‑410/14 R, no publicado, EU:T:2014:564, apartado 16 y jurisprudencia citada).
46 Éstos son los criterios aplicables al examinar si el demandante ha logrado demostrar la urgencia.
47 A fin de demostrar la urgencia de la suspensión de la ejecución solicitada por él, el demandante alega que la recuperación inmediata del importe de que se trata pondría en peligro su viabilidad financiera y modificaría de forma importante e irreversible su posición en el mercado de clubes de fútbol.
48 En primer lugar, por lo que se refiere al importe de 20 381 000 euros de principal y de 2 949 523,62 euros de intereses calculados hasta el 5 de noviembre de 2016, cuya recuperación se exige en ejecución de la Decisión impugnada, procede señalar que el perjuicio invocado al respecto por el demandante es de naturaleza pecuniaria.
49 En segundo lugar, a fin de comprobar si el demandante ha logrado demostrar que el perjuicio invocado por él resulta grave e irreparable, procede recordar, como alega con acierto la Comisión, el contenido del punto 2.3 de los estados financieros auditados del ejercicio 2016/2017, cerrado el 30 de junio de 2017, los cuales fueron presentados por el demandante como anexo A 21. Ese punto, titulado «Principio de empresa en funcionamiento», está redactado así:
«La Sociedad presenta a 30 de junio de 2017 una situación patrimonial equilibrada, con un patrimonio neto de 84 812 000 euros (112 051 000 euros a 30 de junio de 2016). De otra parte, el balance de situación adjunto pone de manifiesto un fondo de maniobra negativo a 30 de junio de 2017 por importe de 80 089 000 euros (negativo en 60 918 000 euros a 30 de junio de 2016). Pese a que ésta es una situación natural en el sector futbolístico al que pertenece la entidad, se requiere de la identificación y consecución de fuentes adicionales de ingresos que generen excedentes operativos económicos y financieros, así como de medidas alternativas que reestructuren su esquema de financiación y permitan a la Sociedad alcanzar el necesario equilibrio financiero.
La Sociedad mantiene una provisión en el pasivo corriente en relación a la sentencia adversa de la Comisión Europea sobre el expediente Ayudas de Estado que ponía de manifiesto una responsabilidad potencial de 23 331 000 euros, sobre la cual se está pendiente de resolución de la medida cautelar solicitada [...] para su suspensión. A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, el Presidente del Tribunal General no ha dictado Auto denegando o aceptando —con o sin condiciones— la medida cautelar de suspensión.
La adquisición en el ejercicio 2014/2015 del paquete mayoritario de las acciones de la Sociedad por parte de Meriton llevó consigo una refinanciación a largo plazo del pasivo bancario de la sociedad [...]. Como consecuencia de ello, se puso fin a una etapa de incertidumbre y debilidad económica de la compañía. Esta refinanciación a largo plazo produjo una mejora del fondo de maniobra de la Sociedad al reclasificar al largo plazo las principales deudas de la entidad con entidades financieras.
Así mismo, en el ejercicio 2014/2015, Meriton otorgó a la sociedad una póliza de crédito por un importe máximo de 100 000 000 de euros. La Sociedad ha dispuesto un total de 88 000 000 de euros, de los cuales 62 000 000 fueron capitalizados en el ejercicio anterior. La cantidad restante por importe de 26 000 000 de euros figura como deuda con empresas del Grupo al 30 de junio de 2017.
El 29 de julio de 2015 Meriton concedió un nuevo préstamo a la Sociedad por un importe máximo de 80 000 000 de euros. La Sociedad ha dispuesto un total de 38 000 000 de euros que fueron íntegramente capitalizados en el ejercicio anterior. A fecha de cierre de las presentes cuentas anuales no se ha dispuesto importe adicional.
Por tanto, los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes [...].
El Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional regula, entre otros asuntos, el Control Económico de los clubes de fútbol, incorporando el cumplimiento de determinadas condiciones, así como el requerimiento de determinada información financiera a los clubes de fútbol para garantizar su adecuada supervisión, existiendo mecanismos sancionadores definidos en caso de incumplimiento. En este sentido, la Sociedad ha llevado a cabo todos los trámites necesarios para cumplir con dicha regulación sin que a la fecha de formulación exista ningún tipo de requerimiento relevante no atendido.
Asimismo, Meriton (accionista mayoritario de la Sociedad) ha acordado proporcionar el apoyo financiero necesario para garantizar a la Sociedad continuar con sus operaciones bajo el principio de empresa en funcionamiento.»
50 A este respecto, en primer término, estas afirmaciones muestran que el demandante ha dotado una provisión de importe equivalente a la cantidad indicada en la orden de recuperación. En segundo término, muestran también que el demandante disponía en ese momento de dos líneas de crédito de su accionista mayoritario aún disponibles, la primera hasta un máximo de 12 000 000 de euros y la segunda hasta un máximo de 42 000 000 de euros. En tercer término, muestran igualmente que el accionista mayoritario aceptó en ese momento proporcionar apoyo financiero para permitir que el demandante continuara desarrollando sus actividades. En cuarto término, el demandante no alega que las mencionadas líneas de crédito hayan dejado de ser válidas o que su accionista mayoritario se haya desdicho de su compromiso de ofrecer el apoyo financiero necesario para garantizar la continuación de las actividades del demandante.
51 En tercer lugar, procede señalar que, habida cuenta de estas circunstancias, el demandante hubiera debido demostrar, conforme a las exigencias jurisprudenciales recordadas en los anteriores apartados 38 a 45, las razones por las que, a pesar de tales circunstancias, se halla en una situación en la que su viabilidad financiera está en peligro o en la que sus cuotas de mercado corren el riesgo de verse modificadas de forma significativa e irreparable.
52 Sin embargo, en cuarto lugar, por lo que respecta al supuesto riesgo para su viabilidad financiera, es preciso poner de relieve que el demandante omite mencionar, en su argumentación sobre su situación financiera, las líneas de crédito disponibles hasta un máximo de 54 000 000 de euros y el apoyo financiero que su accionista mayoritario aceptó dar y no explica, a fortiori, las razones por las que estima, a pesar del apoyo de su accionista mayoritario, que debe concluirse que existe un riesgo para su viabilidad financiera.
53 En la medida en que la alegación del demandante de que sus posibilidades de endeudarse se ven restringidas a causa de los compromisos contraídos con los bancos deba entenderse en el sentido de que en ella sostiene que no puede recurrir a las líneas de crédito de su accionista mayoritario, resulta obligado hacer constar que tal alegación no puede prosperar. A este respecto, basta con indicar que el demandante no aporta datos sobre los supuestos compromisos contraídos con los bancos que permitan verificar la existencia de obstáculos para que acceda a las líneas de crédito de su accionista mayoritario. Esta conclusión se ve reforzada al no explicar en absoluto el demandante en qué medida podría afectar a los supuestos compromisos contraídos con los bancos, si es que puede afectarlos, el hecho de que su deuda con el IVF por el importe de que se trata sea abonada y reemplazada por una deuda del mismo importe con su accionista mayoritario.
54 En quinto lugar, por lo que respecta al supuesto riesgo de que sus cuotas de mercado se vean modificadas de forma significativa e irreparable, procede subrayar que la argumentación del demandante se basa esencialmente en el supuesto de que su delicada situación financiera no le permitiría abonar el importe exigido por la orden de recuperación sin que ello entrañe repercusiones muy graves sobre su capacidad para cerrar los traspasos de jugadores y sobre su posición en el mercado de clubes de fútbol de referencia.
55 Sin embargo, es preciso señalar que el demandante omite igualmente mencionar a este respecto las líneas de crédito disponibles hasta un máximo de 54 000 000 de euros y el apoyo financiero que su accionista mayoritario aceptó dar y no explica, a fortiori, las razones por las que afirma, a pesar de ese apoyo, que la producción del mencionado perjuicio resulta previsible con un grado de probabilidad suficiente.
56 Se desprende del conjunto de consideraciones expuestas que procede desestimar la demanda de medidas provisionales pues el demandante no ha demostrado la urgencia, sin que sea necesario examinar el requisito relativo al fumus boni iuris ni tampoco proceder a ponderar los intereses en juego.
57 Como el presente auto pone fin al procedimiento de medidas provisionales, procede revocar el auto de 10 de noviembre de 2016, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16 R), basado en el artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, en el que se resolvió suspender, en lo que respecta al demandante, la ejecución de la Decisión impugnada hasta la fecha del auto que pusiera fin al presente procedimiento de medidas provisionales.
58 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, procede reservar la decisión sobre las costas.
2) Revocar el auto de 10 de noviembre de 2016, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16 R).