Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2014-01191-3848-2014-de-mayo-16-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_b4c7baf127264eed821ea27f81c5161a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-11 15:04:45
Document Index: 100765519

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 180', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 149', 'artículo 157', 'artículo 149']

﻿ Auto 2014-01191 de mayo 16 de 2016
AUTO 2014-01191 DE 16 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE COMPETENCIA CUANDO LA MISMA HA SIDO PRORROGADA POR EL SILENCIO DE LAS PARTES. SI EL OPERADOR JUDICIAL EN UN MOMENTO INICIAL DEL PROCESO O LAS PARTES EN LAS OPORTUNIDADES PROCESALES PERTINENTES NO ALEGAN O DISCUTEN LA FALTA DE COMPETENCIA POR FACTORES DIFERENTES AL SUBJETIVO Y FUNCIONAL, ELLO NO PODRÁ SER CONSTITUTIVO DE CAUSAL DE NULIDAD O DE REMISIÓN A OTRO FUNCIONARIO JUDICIAL, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD EN MATERIA DE SANEAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES Y DE “PRORROGABILIDAD” DE LA COMPETENCIA. NO PUEDE ENTENDERSE QUE LOS ARTÍCULOS 158 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERMITEN QUE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, POSTERIOR A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y LA CONFORMACIÓN DE LA LITIS PROCESAL PUEDA SURTIRSE LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A OTRO FUNCIONARIO O DESPACHO JUDICIAL QUE SE CONSIDERE ES EL COMPETENTE PARA ASUMIR EL ASUNTO POR LOS FACTORES DE COMPETENCIA DISTINTOS AL SUBJETIVO O FUNCIONAL. EN ESTOS CASOS, SE CONSERVARÁ LA COMPETENCIA PARA CONTINUAR CONOCIENDO DEL ASUNTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO DE COMPETENCIA, EFECTOS DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA, PROCEDENCIA DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA, REQUISITOS DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA, SOLICITUD DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA, TRÁMITE DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA, CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, CLASES DE CONFLICTO DE COMPETENCIA, CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA
Auto 2014-01191 de mayo 16 de 2016
SUBSECCIÓN “A”.
Rad.: 11-001-03-25-000-2014-01191-00
Nº interno: 3848-2014.
Demandante: Miryam Granados García.
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tema: Pensión post-mortem. Asunto con cuantía.
Auto interlocutorio O-0217-2016
Decide esta corporación si tiene competencia para asumir el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la señora Miryam Granados García en contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La parte demandante solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 2500 de 1º de agosto de 2013 a través de la cual se reconoció de manera temporal y por espacio de 5 años la pensión post-mortem, causada por el fallecimiento del señor José Heder Gómez Mina, quien se desempeñaba como docente para el Departamento de Arauca.
A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó condenar al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague de manera definitiva y vitalicia la pensión post mortem y aplique los aumentos automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, así mismo, solicitó que se cumpla la sentencia en los términos señalados “por los artículos 189, 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo” (Sic.)
El reparto de la controversia correspondió inicialmente al Tribunal Administrativo de Arauca, el cual a través de providencia de 20 de noviembre de 2013, admitió en única instancia la demanda presentada, vinculó como litisconsorte necesario pasivo a la Secretaría de Educación Departamental de Arauca y a la Fiduprevisora S.A. y ordenó correr traslado común por el término de 30 días(2) a las partes para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, etc.(3)
El Departamento de Arauca contestó la demanda el 12 de febrero de 2014(4) y se opuso a las pretensiones por considerar entre otras razones que el término de los cinco años al que se hizo referencia en el acto enjuiciado está plenamente establecido en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 y en tal sentido no hay lugar a declarar la nulidad del mismo. Formuló las excepciones denominadas legalidad de los actos administrativos impugnados, cobro de lo no debido e inexistencia del derecho.
Por su parte, el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio también se opuso a las pretensiones al estimar que de conformidad al artículo 4 del Decreto 224 de 1972, el tiempo máximo para disfrutar de dicho reconocimiento es el de cinco años. Formuló las excepciones de incapacidad o indebida representación del demandante y no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge o compañero permanente.
El 5 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Arauca en desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicó que la controversia debería ser asumida por esta corporación como quiera que la demanda carece de cuantía, “[...] ya que no se solicita prestaciones económicas al momento de su presentación [...]” —sic— y el acto acusado es del orden nacional.
Se resuelve quién es el funcionario competente para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que reconoce y ordena el pago de una pensión post-mortem específicamente en cuanto a su limitación temporal de cinco años, cuya cuantía al momento de la presentación de la demanda arroja como resultado un monto de cero pesos ($ 0).
A efecto de dar respuesta a lo anterior, el despacho se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) De la cuantía como factor de competencia, ii) Del juez competente, iii) Caso concreto iv) Despacho competente, prorrogabilidad de la competencia.
i) De la cuantía como factor de competencia.
La competencia ha sido concebida como la porción, cantidad, medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos ciertos factores como materia, los sujetos intervinientes, cuantía, territorio, etc.(5), a los cuales hace alusión la Corte Constitucional en Sentencia C-655 de 1997, de la siguiente manera:
a. La naturaleza o materia del proceso (factor objetivo)
b. La cuantía de las pretensiones (factor objetivo - cuantía)
c. La calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo)(6)
d. La naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional),
e. El lugar donde debe tramitarse el proceso (factor objetivo- territorial),
f. El factor de conexidad(7)
Esta Sección al analizar el factor objetivo de atribución de competencia, en reciente decisión(8) trajo a colación la doctrina nacional en cuanto la ha definido como el valor que representa lo perseguido con una demanda, su significación económica inmediata(9). Así mismo, en la referida providencia se dijo que la cuantía se puede fijar a través de los siguientes sistemas tales como i) juris et de jure(10), ii) dejar su valoración a criterio del juez iii) confiar en la voluntad de las partes; y iv) establecer un procedimiento previo para probarla, ante lo cual se concluyó que nuestro sistema judicial
“[...] ha optado por combinarlos, pero dándole prelación a la posibilidad de dejar su cálculo a la voluntad de las partes(11), [...]”.
Frente a este último aspecto la providencia en cita destacó que se entiende que hay acuerdo entre las partes y que la cuantía queda fijada definitivamente, cuando el demandado acepta o no impugna en tiempo la apreciación del demandante(12), a lo que hay que agregar que ello aplica siempre y cuando el juez efectivamente no haya tenido objeción respecto de la tasación hecha la demanda al momento de su admisión, pues bien puede determinar que aquella no cumple con los parámetros legalmente establecidos(13) y por ende la cuantía señalada y la competencia para conocer del asunto, son diferentes a las señaladas en el escrito introductorio del proceso.
En efecto, en materia contenciosa vemos que éste fue el criterio que siguió el legislador en la Ley 1437 de 2011 por cuanto, en primer lugar, el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al referirse a la competencia por razón de la cuantía en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establece que:
i) Es un deber procesal de la parte demandante el de realizar la estimación razonada de la cuantía, a tal punto que no puede prescindir de ella so pretexto de renunciar al restablecimiento del derecho.
ii) La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda.
iii) Cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, esta se determinará por el valor de la pretensión mayor.
iv) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años; al respecto debe clarificarse que el entendimiento correcto de la norma conlleva a que la misma se cuantifique sobre la base de los emolumentos reclamados causados durante los tres últimos años anteriores a la formulación de la demanda, tiempo que está acorde con el término general de prescripción de los derechos laborales previstos por la ley, para evitar así que puedan incluirse dentro de la estimación de la cuantía de la demanda sumas periódicas que seguramente serán objeto de declaratoria de prescripción en la decisión del caso.
v) No es dable incluir en la estimación realizada:
a. Los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de la misma.
b. Los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.
Bajo las anteriores premisas, es claro señalar que la obligación de estimar razonadamente la cuantía al momento de la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, obedece a la necesidad de evitar que caprichosamente el demandante pueda alterar el factor objetivo de la competencia y se modifique la misma por razón de aquellos emolumentos accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.
Ahora bien, respecto de la estimación de la cuantía para determinar la competencia, es sabido que el valor de la misma puede oscilar desde cero pesos ($ 0) hasta miles de millones de pesos. Al respecto, esta corporación(14) dijo lo siguiente:
“[...]Pero puede ocurrir, que en casos como el que nos ocupa, al momento de presentarse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el valor de las pretensiones sea cero pesos, presentándose la dificultad de aplicar el inciso 2 del artículo 157 en cita, que exige que se estime razonadamente la cuantía. Sin embargo, la dificultad anotada es apenas en apariencia, puesto que la labor aritmética o conceptual de estimar razonadamente la cuantía perfectamente puede conducir a un resultado de cero pesos.
Y es entonces que adquiere sentido, el inciso 3 del artículo 157 ibídem, que señala que la cuantía “... se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella”.
Este inciso concretiza el principio de derecho procesal denominado “de estabilidad de la cuantía”, en virtud del cual “una vez trabada la litis contestatio, es definitiva por lo menos en relación con la competencia ya que no puede quedar sometida a una inestabilidad contraria a la certeza necesaria sobre la autoridad conocedora de un negocio”(15). El anterior aparte normativo, igualmente es expresión del principio de la perpetuatio iurisdictionis que en el específico tema que se analiza se muestra como la inmodificabilidad de la competencia, e implica que la cuantía no cambie por los accesorios posteriores a la demanda y que tampoco se mute por reducción posterior de la pretensión o del objeto litigioso [...]”.
En virtud de lo anterior, encontramos que no es acertado afirmar que cuantía tasada en un monto cero pesos ($ 0) es igual a que la demanda carezca de cuantía. Ello, en cuanto la tasación que se realiza conforme el artículo 157 ib., surte efecto directo frente a la determinación de la competencia para conocer de los asuntos pero no puede concluirse que incide en la naturaleza de la pretensión económica esbozada en el escrito de demanda.
En efecto, la norma en comento permite fijar la competencia para conocer del asunto de acuerdo con el monto de las pretensiones, puesto que según el mayor o menor valor en que se tasen las mismas conforme las reglas del artículo, esta corresponderá tramitarla a un tribunal o a un juez administrativo.
Sin embargo, ello no puede confundirse con la naturaleza de la pretensión, ya que existen normas tales como los artículos 149(16), 151(17) y 154(18) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que fijan una competencia exclusiva e incluso determinan que los procesos son de única instancia si se concluye que carecen de cuantía, es decir, que no tienen pretensión económica alguna.
Es por lo anterior que cuando el código se refiere a que un asunto “carece de cuantía”, tal expresión no cobija a aquellos asuntos en donde la misma se estime en cero pesos ($ 0) como resultado de la aplicación de la fórmula legalmente establecida, sino que ella se refiere a que la demanda carezca de pretensión económica. Ello en la medida en que:
a) Un asunto puede tener pretensión económica que no se ha concretado o cuyo valor no puede concretarse al momento de la presentación de la demanda, verbo y gracia:
i. Cuando se enjuicia un acto que reconoce una prestación económica como una pensión cuyo pago se condiciona al retiro del servicio, pero que el beneficiario pretende discutir judicialmente mientras ello ocurre. Ese asunto, según las reglas del artículo 157(19) ib., a pesar de tener una pretensión económica en cuanto busca una liquidación pensional más favorable, tiene cuantía equivalente a pesos ($ 0) por no haberse causado el derecho al pago de la prestación reconocida, al no acreditarse aún el retiro del servicio.
ii. Otro caso puede ser el que se plantea en este asunto, en el cual se pide eliminar una limitación en el tiempo del goce pensional, que a futuro necesariamente conlleva un reconocimiento económico pero que a la presentación de la demanda aún no se ha causado perjuicio o prestación alguna frente a lo discutido y por tanto su cuantía se debe estimar en cero pesos ($ 0).
b) Aceptar que estos asuntos carecen de cuantía, conlleva a concluir que pese a tener ambos pretensión económica (incremento pensional o prolongación del goce efectivo del derecho), según la tasación de la cuantía conforme el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deben ser fallados por autoridades judiciales diferentes y lo que es más grave aún, que en un evento sean de única instancia y en el otro de doble instancia a pesar de que conllevan el mismo beneficio económico. En efecto, al aplicar esta tesis la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto emitido por una autoridad del orden nacional sería fallada por:
i. El Consejo de Estado en única instancia, en virtud del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por el solo hecho de no haberse causado la prestación económica que se discute o cuyo monto se controvierte, al momento de la presentación de la demanda;
ii. Por los tribunales o juzgados en primera instancia, en aquellos casos en los que la demanda se presenta cuando ya se han empezado a causar tales emolumentos, según el monto pretendido y las reglas establecidas en el artículo 157 ibídem.
En síntesis, se concluye que:
a) Un asunto carece de cuantía cuando no existe pretensión económica alguna que se desprenda de la nulidad del acto objeto de enjuiciamiento;
b) Por el contrario, un asunto o proceso tiene cuantía cuando se busca un beneficio económico con la nulidad pretendida, aun cuando la misma deba estimarse en cero pesos ($ 0), ya que el beneficio perseguido no se ha causado y su valor no deba incluirse en la tasación de la cuantía conforme lo regula el artículo citado.
ii) Del juez competente.
Clarificado lo anterior, la competencia para conocer sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que carece de cuantía, en el que se controvierten actos administrativos expedidos por autoridad del orden nacional, a voces del artículo 149 inciso 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin duda está atribuida en única instancia en el Consejo de Estado a través de la Subsección correspondiente.
No obstante, en tratándose de eventos en los que se discuten pretensiones de orden económico, estos asuntos deben asumirlos, según la cuantía, los tribunales o jueces administrativos, para lo cual se debe dar aplicación al inciso 2º de los artículos 152(20) y 155(21) del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo(22).
Dado que la accionante acude al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar la nulidad del acto que reconoció y ordenó pagar la pensión post-mortem y solicita que el derecho no sea temporal sino vitalicio y además pide que se concedan los aumentos automáticos que ordena la Ley 71 de 1988 y se actualicen los valores objeto de la condena de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor, se considera que se está ante una pretensión de orden económico y por tanto dicha pretensión sí tiene cuantía.
Conforme lo anterior y como ésta no se puede determinar al momento de la presentación de la demanda, la misma equivale a cero pesos ($0), toda vez que lo que persigue la actora en primer lugar es que el reconocimiento de la pensión post mortem se haga de forma vitalicia y no de forma temporal(23) y que los valores a los que hace alusión en el mismo acápite de pretensiones(24) se tomen como frutos que se pueden causar una vez venza el término de los cinco años a que hace mención el acto demandado.
iv) Despacho competente: prorrogabilidad de la competencia.
De conformidad con lo anterior, dado que la cuantía no excede los cincuenta (50) salarios mínimos(25), y como el último lugar en donde el causante prestó los servicios fue la institución Educativa Francisco José de Caldas del Municipio de Arauca(26), el despacho competente para conocer del presente asunto sería el Juzgado Administrativo de Arauca (oficina de reparto).
No obstante, ha de recordarse que esta corporación en reciente pronunciamiento(27) respecto del procedimiento que se debe seguir en vigencia del Código General del Proceso y la Ley 1437 de 2011 ante la falta de competencia cuando la misma ha sido prorrogada por el silencio de las partes, concluyó lo siguiente:
“[...] si el juez en un momento inicial del proceso o las partes en las oportunidades procesales pertinentes no alegan o discuten la falta de competencia por factores diferentes al subjetivo y funcional, a título de ejemplo por los factores de cuantía y territorio, ello no podrá ser constitutivo de causal de nulidad o de remisión a otro funcionario judicial, en virtud del principio de preclusividad en materia de saneamiento de las irregularidades y de prorrogabilidad de la competencia.
Es por esta razón que no puede entenderse que los artículos 158 y 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo permiten que en cualquier estado del proceso, posterior a admisión de la demanda y la conformación de la litis procesal, pueda surtirse la remisión del expediente a otro funcionario o despacho judicial que se considere es el competente para asumir el asunto por los factores de competencia distintos al subjetivo o funcional. En estos casos, como se viene de indicar, se conservará la competencia para continuar conociendo del asunto [...]”.
Conforme a lo expuesto, se concluye que la competencia para conocer del presente proceso se encuentra radicada en el Tribunal Administrativo de Arauca, toda vez que el operador jurídico no advirtió dicha irregularidad al momento de admitir la demanda formulada por la señora Miryam Granados García y las partes no cuestionaron este hecho durante el traslado respectivo, radicándose así la competencia en cabeza de aquella Corporación judicial, en virtud de la prorrogabilidad de la competencia regulada por las normas procesales.
En este orden y bajo las anteriores precisiones, se remitirá el expediente al despacho de origen en el Tribunal Administrativo de Arauca para que continúe con el trámite del proceso, en el entendido en que este se encontraba ya en la etapa de audiencia inicial.
En mérito de lo expuesto, este despacho de la subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado:
1. Declarar que la competencia para continuar con el trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la señora Miryam Granados Garcia en contra de la Nación Ministerio de Educación Nacional, es del Tribunal Administrativo de Arauca, bajo la instrucción del despacho que remitió el asunto por competencia.
2. Remitir el expediente a la citada corporación judicial para que continúe con el trámite del proceso en el estado en que se encontraba.
Consejero: William Hernández Gómez.
1 Fls. 2 a 8.
2 Los cuales, según constancia secretarial visible a folio 29 vencían el 13 de marzo de 2014.
3 Fls. 15 a 17
4 Fls. 30 a 48.
5 Corte Constitucional en Sentencia C-040 de 1997
6 Relacionado a la calidad de las personas que conforman las partes del proceso, por ejemplo: si es una persona jurídica de derecho público o de derecho privado, etc.
7 Este factor encuentra su principal motivo de ser en el principio de la economía procesal que se refleja de manera especial cuando se acumulan las pretensiones en un mismo proceso.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil dieciséis (2016). Exp. 110010325000201600177 00. Nº interno: 0881-2016. Actor: Luis Ariel Tovar Lombo. Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
9 GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Julio. Institución procesal civil colombiana, Editorial Teoría, Medellín 1946, pág. 53, citado en providencia referida Rad. 110010325000201600177 00 Nº interno: 0881-2016.
10 Presunción absoluta, de hecho y de derecho
11 La competencia de los jueces en algunos casos queda determinada de acuerdo con la cuantía de los negocios, la que aprecian los demandantes al proponerlos, pues, es una forma aceptable y que por lo menos permite obviar las dificultades que se presentarían con otra diferente, fuera de que aquellos están en mejores condiciones de apreciar el monto de sus pretensiones”. GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Julio. Institución procesal civil colombiana, Editorial Teoría, Medellín 1946, pág. 87.
12 Para lo cual se cita a DEVIS ECHANDÍA, Hernando, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Editorial Universidad, Buenos Aires 1997, pág. 25.
13 Conforme las normas previstas, entre otros, en los artículos 20 del CPC, 134-E del CCA, 26 del CGP y 157 del CPACA.
14 Providencia citada, núm. interno: 0881-2016.
15 GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Julio. Institución procesal civil colombiana, Editorial Teoría, Medellín, 1946, pág. 53.
16 ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia.
17 ART. 151.—Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
18 ART. 154.—Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:
19 ART. 154.—Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:
20 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
21 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
22 Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015). Rad.: 11001-03-25-000-2013-00600-00(1169-13).
23 “Resolución 2500 de 1 de agosto de 2013. Artículo primero: Reconocer una pensión post mortem 18 años, causada por el fallecimiento del docente JOSE HEDER GOMEZ MINA, identificado con cédula de ciudadanía número (...), de vinculación NACIONAL, por un valor mensual de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (1.325.942.oo) M/CTE. A partir del 2012/09/19 por termino de cinco (5) años.
24 Que se condene a la parte demandada, aplicar los aumentos automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor.
25 De conformidad con el Decreto 2738 de diciembre 28 de 2012, el salario mínimo mensual vigente para el año 2013 corresponde a $ 589.500.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección “A”. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Rad.: 05-001-33-33-027-2014-00355-01. Nº interno: 1997-2014. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del derecho. Demandante: Luz Marina Ramirez Arias. Demandado: Instituto de Seguros Sociales.