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Timestamp: 2019-07-21 07:09:12
Document Index: 13522950

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 93', 'artículo 32', 'artículo 122', 'artículo 123', 'Artículo 122']

C-822 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020041228CC-SENTENCIAC822200604/10/2006CC-SENTENCIA_C_822__2006_04/10/2006200412282006Sentencia C-822/06 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración Existiendo identidad entre las normas acusadas y los cargos examinados en la sentencia referida, con las normas y los cargos planteados en esta oportunidad, la Corte habrá de estarse a lo resuelto en la citada providencia, por haberse presentado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Referencia: expediente D-6238 Demandantes : Santiago Alejandro Jiménez Campiño, Verónica María Sossa Vahos, María Cristina Henao Vergara y Jairo Eduardo Ochoa Osorio.
Santiago Alejandro Jiménez Campiño, Verónica María Sossa Vahos, María Cristina Henao Vergara | Jairo Eduardo Ochoa Osorio.CONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal."D6238Identificadores20020041229true61405Versión original20041229Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal."
Que los demandantes aducen la vulneración de los artículos mencionados pues consideran que las normas debieron haber contemplado excepciones a la penalización del aborto. Sostienen que si bien se entiende desde la preceptiva constitucional que el derecho a la vida no admite límites el hecho de no contemplar la relativización del derecho en circunstancias excepcionalísimas donde derechos de la mujer como la vida, la salud, la autonomía se encuentran comprometidos desconoce que los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera. Así, argumentan que "no aceptar tales excepciones (-éticas, eugenésicas, terapéuticas-) va en detrimento del carácter renovado que la Carta Constitucional, bajo la égida del constitucionalismo social, le otorga a la vida humana al reinterpretarla desde la noción de dignidad humana, arribando a la idea de vida digna y no a la de simple vitalidad o existencia humana."[1]
Los demandantes señalan que es contrario a la dignidad humana "imponerle a la mujer gestante que se encuentra en las circunstancias mencionadas, onerosas cargas indeseadas por la vía de la prohibición penal del aborto sin dar lugar a excepciones, lo que es tanto como hacer un miramiento meramente instrumental de la mujer gestante en detrimento de su consideración como un fin en si mismo (...)"[2]
El Ministerio presenta su posición oficial de acuerdo al concepto rendido por su Director de Salud Pública, Lenis Enrique Urquijo Velásquez, en la demanda de inconstitucionalidad que se resolvió con la sentencia C-355 de 2006. En dicho proceso el concepto rendido solicita a la Corte Constitucional que aborde el tema desde la perspectiva de la salud pública. Así señalan que "el aborto inseguro, en cambio, se caracteriza por la falta de capacitación por parte del proveedor, quien utiliza técnicas peligrosas, y por llevarse a cabo en recintos carentes de criterios higiénicos."[3]
El Ministerio sostiene que la seguridad está estrechamente relacionada con la legalidad del aborto, así "las repercusiones del aborto para la salud física ymental de la mujer derivan de su práctica clandestina e insegura ya que, cuando este se realiza por un proveedor calificado, en condiciones seguras y con métodos modernos es, como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, uno de los procedimientos médicos de menor riesgo."[4] Así mismo indican que se estima que de las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo del 10% al 50% requieren de atención médica para el tratamiento de las complicaciones.
Al final de su exposición, el Ministerio dice que "el aborto es una práctica que, pese a su prohibición legal, se extiende a mujeres de todas las clases sociales, con consecuencias más graves para las mujeres más pobres. Es necesario abordar el tema con otra perspectiva, tomando en cuenta la realidad social y promoviendo el debate en espacios de participación privados y públicos que lleve a la reflexión y permita analizar el tema con todas sus implicaciones. Desde la perspectiva de la salud pública, apartándose de las discusiones morales, religiosas y jurídicas, el país debería avanzar en una discusión que, fundamentada en argumentos científicos y en el interés común, trace los derroteros para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres y los niños y el objetivo de Desarrollo del Milenio. Como se planteó en la Conferencia del Cairo, no se trata de promover el aborto como un método de control de fecundidad, sino de garantizar a las mujeres el acceso a servicios básicos seguros para la prevención y atención de los embarazos no deseados que incluyan, entre otros servicios de salud reproductiva tales como, servicios de anticoncepción de emergencia y educación sobre sexualidad."[5]
La ciudadana Nubia Leonor Posada González solicita mediante intervención ciudadana la exequibilidad de las normas demandadas. Para sustentar su intervención remite un documento elaborado por profesores de áreas de salud pública, ginecobstetricia y pediatría y del departamento de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana titulado "Desde la medicina basada en la evidencia, despenalizar el aborto sería un desacierto muy difícil de rectificar". El documento presenta consideraciones sobre la relación entre el aborto y la mortalidad materna así como la relación entre el aborto y el suicidio, entre otros. En el documento se hace referencia a otros documentos que también son adjuntados: i) "La evolución del aborto en España, 1985-2005" elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF); ii) "World Mortality Report, 2006", elaborado por las Naciones Unids, Departamento de asuntos económicos y Sociales, División de Población; iii) Falsas Creencias sobre el aborto y su relación con la salud de la mujer, 2005", elaborado por el Observatorio regional para la mujer de América Latina y el Caribe"; iv) "La mortalidad durante el embarazo, después del nacimiento y el aborto espontáneo o inducido en Finlandia entre 1987 y el año 2000"; "Muertes Asociadas con Embarazo. Un estudio relacionado con mujeres con ingresos bajos, 2001", elaborado por De Elliot Institute, Springfield III; v) Suicidios post parte en Finlandia, 1987-94: Estudio de registro correlacionado", elaborado por Mika Gissler, Elina Hemminki, Jouko Lonnqvist; vi) "Consideraciones de salud pública respecto al aborto y sus implicaciones para la salud de la mujer en el contexto del caso colombiano", elaborado por Francisco Lamus y Sandra Rocha; vii) "Induced abortion as an independent risk factor for breast cancer: a comprehensive review and meta-analysis, 1996", elaborado por Joel Brind, Vernon M Chinchilli, Walter B severs, Joan Summy-Long; viii) "Aborto inducido y el riesgo de un aborto subsiguiente, 2003" elaborado por Yuelian Sun, Yan Che, Ersheng Gao, Jorn Olsen y Wijin Zhou, entre otros.
Para la procuraduría los escritos presentados "coinciden en cuanto a las preceptivas demandadas, las disposiciones constitucionales vulneradas y, en términos generales, en los argumentos que justifican la violación de dichos preceptos, con las demandas acumuladas que dieron lugar a la reciente sentencia C-355 de 10 de mayo de 2006 y frente a las cuales el Ministerio Público rindió concepto No. 4024, el cual fue acogido en la mencionada decisión de la Corte Constitucional (...)"[7] La Procuraduría, después de transcribir el comunicado de prensa del 10 de mayo de 2006 donde se presentaron de manera suscinta los motivos que dieron lugar a la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, la inexequibilidad parcial del artículo 123 del Código Penal y la inexequibilidad del artículo 124 del Código Penal, solicita a la Corte que se esté a lo resuelto en la sentencia C-355 de 2006 ya que "la Corte Constitucional acogió, en términos generales, los argumentos esgrimidos por los demandantes en esa ocasión y que coinciden con los presentados por los ciudadanos que actúan en el presente proceso, razonamientos que fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación, al momento de emitir, ante la Corte, el mencionado concepto No. 4024."[8]
La presente demanda plantea que las normas acusadas desconocen los artículos 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 42, 43, 49 de la Constitución. Los demandantes señalan que es "contrario a la dignidad humana (art. 1) imponerle a la mujer gestante que se encuentra en las circunstancias mencionadas, onerosas cargas indeseadas por la vía de la prohibición penal del aborto sin dar lugar a excepciones, lo que es tanto como hacer un miramiento meramente instrumental de la mujer gestante en detrimento de su consideración como un fin en sí mismo"[9] Así, "la penalización absoluta de las practicas abortivas genera evidentes injusticias sufridas por muchas mujeres gestantes, quienes privadas de la libertad de decidir razonablemente sobre la conveniencia del aborto ético, eugenésico o terapéutico, son conminadas por el Estado a un degradante trato. (...)"[10] El sentido de la demanda sostiene que la penalización total del aborto es inconstitucional al no haber contemplado los casos extremos de condiciones éticas, eugenésicas y terapéuticas como causales de despenalización de la conducta.
En general las razones formuladas por los demandantes giran en torno a que los enunciados normativos del Código Penal que tipifican el delito de aborto (Art. 122), de aborto sin consentimiento (art. 123) y las circunstancias de atenuación punitiva del delito de aborto (art. 124) son inexequibles porque limitan de manera desproporcionada e irrazonable los derechos y libertades de la mujer gestante, inclusive cuando se trata de menores de catorce años. Afirman también que los enunciados normativos demandados son contrarios a diversos tratados de derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 de la C. P., y a opiniones emitidas por los organismos encargados de interpretar y aplicar dichos instrumentos internacionales. Y, de manera particular, el cargo relacionado con el numeral séptimo del artículo 32 del mismo Código Penal, gira en torno a que el estado de necesidad regulado por esta norma vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de la mujer, porque esta se ve obligada a someterse a un aborto clandestino "y por tanto humillante y potencialmente peligroso para su integridad".[13]
La Corte decidió que "una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada esta Corporación concluyó que la prohibición total del aborto resulta inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito las tres hipótesis anteriormente mencionadas, las cuales tienen carácter autónomo e independiente"[14], las cuales comprenden: "a) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto". Lo anterior pues "la prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad."[15]
Tercero.- Declarar inexequible la expresión "o en mujer menor de catorce años", contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 122 LEY_599_2000_24/07/2000
[1]Folio 3, C.1.
[2]Folio 4, C.1.
[3]Folio 611, C.1.
[4]Folio 614, C.1.
[5]Folio 620, C.1.
[6]Sentencia C-355 de 2006 MP: Jaime Araujo Rentería; Clara Inés Vargas Hernández.
[7]Folio 747, C.1.
[8]Folio 748, C.1.
[9]Folio 4, C.1.
[10]Folio 5, C.1.
[11]Sentencia C-355 de 2006 MP: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería. SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis. AV: Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Araujo Rentería.
[12]Sentencia C-355 de 2006 MP: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería. SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis. AV: Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Araujo Rentería.
[13]Sentencia C-355 de 2006 MP: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería. SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis. AV: Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Araujo Rentería.
[14]Sentencia C-355 de 2006 MP: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería. SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis. AV: Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Araujo Rentería.
[15]Sentencia C-355 de 2006 MP: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería. SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis. AV: Manuel José Cepeda Espinosa; Jaime Araujo Rentería.