Source: https://es.scribd.com/document/58903616/Memoria-Consulta-Ley-de-Propiedad
Timestamp: 2018-12-17 16:45:38
Document Index: 197000642

Matched Legal Cases: ['artículo 346', 'artículo 613', 'artículo 65', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 120', 'artículo 27', 'artículo 27']

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memoria de la consulta realizada por el pueblo garífuna en el año 2003, en referencia a la Ley de Propiedad financiada por el Banco Mundial
03Los derechospermitidos
Aniversario DEMI 2012
Recurso_REPORTE TÉCNICO PRUEBA PERÍODO 2_03052012045449
Pronunciamiento de FEUNA 18 Sep 2012
Antecedentes histÃ³ricos del Derecho registral
Carta Congreso Nacional sobre Ley Fomento Turismo
Testimonio Corte Suprema Contrato LOGIX
MEMORIA TALLER DE CONSULTA SOBRE LEY PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA NORMALIZACION DE LA PROPIEDAD PREDIAL Y DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
San Juan, Tela, Atlántida 25 y 26 de Octubre del 2003 En el local que ocupa el Centro Comunal de la Comunidad Garífuna de San Juan, Municipio de Tela, departamento de Atlántida, con la participación de 109 representantes Garífunas de las comunidades de: Punta Piedra, Ceiba Mocha, Salado Barra, Iriona Viejo, Cristales y Rio Negro, Tornabe, San Juan, Tocamacho, Cusuna, Rio Esteban, Guadalupe, Travesia, Nueva Armenia, San José de la Punta, San Antonio, Ciriboya, Masca, Sangrelaya, Sambo Creek, Triunfo de la Cruz, Plaplaya y Batalla. Entre los días 25 y 26 del mes de octubre, se llevo a cabo el I Taller de Consulta Nacional de la Ley de Normalización de la Propiedad Predial. Dicho taller de consulta fue desarrollado por la Organización Fraternal Negra Hondureña y apoyado por el Programa de Administración de Áreas Rurales, PAAR
Consultar al pueblo Garífuna a través de sus líderes comunitarios representativos la Ley de Propiedad más segura, impulsada por el gobierno actual. OBJETIVOS ESPECIFICOS/METAS
Lograr que los hombres y mujeres líderes y dirigentes conozcan la Ley de Propiedad más segura.
Conocer las ventajas y desventajas para el pueblo Garífuna de la Ley de Propiedad más segura.
Deﬁnir los lineamientos o articulados que debemos introducir como Garífunas en la Propuesta de Ley.
Desarrollo de la Actividad: Se inicio la actividad invocando a los ancestros, solicitándoles sabiduría a los y las participantes para brindar sus mejores ideas en el análisis de la propuesta de Ley. Posteriormente se procedió a revisar los objetivos del evento y a brindar una breve introducción sobre los antecedentes de la Ley, como la OFRANEH, ha venido participando en varias reuniones invitados por el gobierno para socializar y validar la propuesta de Ley. Después de los actos introductorias, se procedió a integrar los grupos de trabajo, para revisar el resumen sobre la Ley, elaborado por la OFRANEH. A la una de la tarde se integraron a la reunión los señores Pablo Pastor, representante del PAAR y la abogada Maria Teresa Bulnes, quien inicio señalando que la Ley, tiene un nuevo nombre; Ley para la transformación y Regularización de la Propiedades, versión revisada, la cual incorpora sugerencias del foro celebrado el 8 de octubre del 2003. Después de analizar y discutir la ultima versión de la Ley, que salió de la reunión realizada el día 8 de Octubre en la ciudad de Tegucigalpa, y constatar que dicha ley, es la peor versión de todas las presentadas hasta ahora, los delegados y representantes Garífunas, decidieron cambiar la metodología de trabajo y mas bien trabajar conceptos, criterios y elementos a considerar en cualquier ley que el Estado hondureño pretenda elaborar y que afecte directa o indirectamente el derecho territorial del pueblo Garífuna. En ese sentido se integraron 7 grupos de trabajo, en los siguientes temas 1. Tierra y Territorio 2. Áreas Protegidas 3. Recursos Naturales 4. Recursos Hídricos 5. Subsuelo 6. Patrimonio Cultural 7. Participación Grupo No. 1 Tema: Tierra y Territorio Nombre del Grupo: Mua
Tomando en cuenta el convenio 169 de la OIT, solicitamos que esta consulta sea ampliada y desarrollada en todas las comunidades Garífunas, y que dicha consulta sea acompañada y facilitada por la OFRANEH
Participar directamente en el proceso de elaboración de la Ley.
Que el gobierno destine los recursos económicos para el desarrollo de la consulta en las comunidades Garífunas.
Recomendamos que se tome en cuenta las tradiciones, el derecho consuetudinario; (derecho ancestral, los usos y las costumbres) del pueblo Garífuna.
Se debe reconocer en el marco de la Ley, la inaleanibilidad, lo invendible y lo hipotecable que son las tierras de las comunidades Garífunas.
Aprobación de la Ley Territorial Garífuna (presentada por la OFRANEH ante el congreso nacional en fecha 18 de abril del 2002) como garantía jurídica a la propiedad de las comunidades Garífunas de Honduras. Grupo No. 2 Tema: Áreas Protegidas Nombre del Grupo: Lemenigui Garífuna
El control sobre las Áreas Protegidas, debemos tenerlo las propias comunidad, porque ancestralmente hemos sido protectores de las zonas ambientales. Ahora las fundaciones se han adueñado de nuestras zonas, para explotarlas turística mente y violentando nuestros derechos humanos, que van desde hostigamiento, hasta asesinatos como es el caso recién acontecido en la comunidad de Miami, Tornabe.
Las comunidades lo van a manejar racionalmente, cuidando reforestando, protegiéndolo y manejándolo de una forma sostenible.
Deben desarrollarse e implementarse talleres en nuestras comunidades, sobre la protección y administración de áreas protegidas.
Que el gobierno designen los fondos necesarios para garantizar la participación de nuestras comunidades en el manejo de las áreas protegidas. Grupo No. 3 Tema: Recursos Naturales Nombre del Grupo:
Que nos titulen todo lo que es nuestro recursos naturales
Recuperar y sanear los recursos naturales de las manos de foráneos
Debido a la entrada de los foráneos en las comunidades se están destruyendo los bosques, con la subsiguiente pérdida de las cuencas hidrográﬁcas, la ﬂora y la fauna.
Elaboraciones de planes de manejo con la participación de la comunidad, para la reforestación de las cuencas de agua.
Capacitaciones de los miembros de las comunidades para vigilar y proteger los recursos naturales.
Promover proyectos de reforestación y la recuperación de la ﬂora y la fauna (zoocriaderos).
Que todas las leyes que involucren a los pueblos indígenas y negros, deben estar adoptados al Convenio 169 de la OIT.
Que haya una separación del control de la municipalidad sobre los títulos comunales, para evitar una municipalización de nuestros recursos.
Todo lo planteado se basa en el artículo 346 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Grupo No. 4 Tema: Recursos Hídricos Nombre del Grupo: Propuesta Concreta ART 29 De los derechos de las Comunidades Indígenas y negras Con el propósito de planiﬁcar el ordenamiento eﬁcaz del uso racional de la tierra, en el sentido establecido en esta ley. Los derechos e intereses reconocidos por la constitución de la república en sus artículos: 1, 75, 107, 145 y 346, el Convenio 167 de la OIT en sus artículos 14, 14, incisos 1, 15,16,17,18,19,25 inciso 2. En ese sentido los pueblos interesados a través de sus organizaciones y federaciones representativas organizaran comités comunitarios de la biodiversidad y fundaciones para el comanejo de los recursos existentes en sus territorios (fuente de agua, lagunas, lagunetas, ríos, islotes, pantanos, bosques, ﬂora fauna) y el IP coordinará con el INA las actividades catastrales, para que este último extienda en su caso los títulos comunales y se proceda a su inscripción en la RUP.
Grupo No. 5 Tema: Subsuelo Nombre del Grupo: Los Valientes Incluye: Petróleo, reliquias, yacimientos de aguas, oro, manantiales, carbón, cal y piedra, barro blanco, etc.
Se reconoce el derecho de las comunidades Garífunas al manejo, uso y control del subsuelo.
Participación en todos los procesos de aprovechamiento de nuestros recursos.
Que exista una comisión Garífuna, nombrada por las comunidades y OFRANEH, con capacidad de negociación que permita velar, negociar y garantizar los beneﬁcios de las comunidades en todo el proceso.
Garantizar el derecho a la información permanente de las comunidades y el derecho inalienable a los recursos del subsuelo Grupo No. 6 Tema: Patrimonio Cultural Nombre del Grupo: Anichigu 1. LA SALUD
Conocimiento etnobotanico del pueblo Garífuna, a través de Surusias, Buyeis, y médicos naturistas. 2. COSTUMBRES El pueblo Garífuna en el 2001 fue declarado como Patrimonio Cultural, por su cultura y cosmovisión propia tales como: Idioma Danza Cantos Tradiciones Orales Conocimiento Ecológico Religión. 3. CONCLUSIONES El Gobierno hasta el momento no ha demostrado una de voluntad política de frenar la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, para garantizar la protección las áreas de donde se extraen las plantas
medicinales utilizadas por el pueblo Garífuna y los pueblos indígenas en general. Grupo No. 7 Tema: Participación Nombre del Grupo: La Esperanza
Reaﬁrmamos el respeto a la forma tradicional de toma de decisiones en nuestras comunidades, mediante el cual todos los asuntos que competen a nuestros pueblos deben ser discutidos y aprobados o desaprobados en asambleas.
Exigimos que se emita un decreto ley, en donde se estipule que las comunidades Garífunas quedan fuera del perímetro urbano de las Municipalidades, solo así aseguraremos la no ingerencia de las municipalidades en nuestras comunidades y el respeto a nuestra autonomía. 3. Exigimos que antes del nombramiento de representantes Garífunas en cargos Públicos de alto rango, las comunidades Garífunas sean consultadas, así como para la aprobación e implementación de leyes y/o programas.
Observaciones del Pueblo Garífuna a la LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD
San Juan, Atlántida. 25-26 de Octubre del 2003
El presente Proyecto de Ley, desde el punto de vista de los pueblos indígenas y negros, es un retroceso respecto a las propuestas anteriores. En efecto la Ley como está concebida muestra una clara voluntad por parte del Gobierno de no permitir ningún avance con respecto a la solución de la problemática de la tenencia de la tierra y del reconocimiento de los derechos colectivos. Ejemplo de tal actitud es el Art.29 Con el propósito de planiﬁcar el ordenamiento eﬁcaz del uso racional de la tierra en el sentido establecido en esta Ley, los derechos e intereses reconocidos por la Constitución de la Republica a las comunidades indígenas, seguirán siendo reguladas por la Ley de Reforma Agraria y sus reformas. En ese sentido, el IP coordinará con el INA, las actividades catastrales para que éste ultimo extienda en su caso, los títulos de propiedad en forma comunal y se proceda a su inscripción el RUP.
En ese artículo se destaca a) un evidente error o falta de conocimiento de la Constitución de la Republica con respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y negros. La Carta Magna no prevé ningún derecho para los pueblos autóctonos sino genéricos deberes del Estado. Art. 346 de la Constitución de la República: Es deber del estado dictar medidas de protección de los e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. b) el enfoque meramente agrario de la presente Ley. El Gobierno, mientras propone una nueva Ley con el ﬁn de desarrollar y garantizar la certeza y seguridad jurídica de la tierra a favor de los ciudadanos, prevé que a los pueblos autóctonos se siga aplicando la antiguada Ley de Reforma Agraria, enemiga histórica de los pueblos indígena por su conceptos normativos contrario a las particularidades jurídicas de los derechos de dichos pueblos. La anterior normativa agraria (concretada en la Ley de Reforma Agraria) y la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, ilustran como los reclamos de los pueblos indígenas y negros a la tierra han sido abordados por los gobiernos de facto y democráticos que se han sucedido en Honduras a partir de la década de los sesenta, a través de una normativa con enfoque eminentemente agrario que diﬁere del concepto tierra territorio antes mencionado, en el marco de los derechos colectivos de los pueblos étnicos. La normativa agraria nacional, la que más comúnmente aplican funcionarios del INA y jueces, es contraria al espíritu del Convenio 169 y de la normativa internacional sobre los derechos indígenas y en consecuencia, a los intereses y derechos especiales de los pueblos indígenas y Garífunas. Eso a pesar de que el Art.7 numeral 10 prevé que el IP debería incorporar normas y practicas internacional sobre materia de la propiedad. Además, la falta de detalles seguirán siendo reguladas por la Ley de Reforma Agraria y sus reformas (indicaciones de los artículos de referencia y de especiﬁcación de las reformas a la Ley de Reforma Agraria) no nos permiten entender cual normativa se aplicará a los pueblos autóctonos: ¿la presente Ley, y la antigua Ley Agraria, las dos juntas, y las reformas a la ley ¿??
Ni de esa forma se aclaran los problemas ligados a la remedidas de los predios indígenas y a las soluciones de conﬂictos que, al parecer, se regularán con la antigua normativa. De toda manera, aunque en el marco de la nueva Ley, los mecanismos de solución de los conﬂictos son inadecuados para los pueblos autóctonos sin el expreso reconocimiento de los derechos colectivos. Recordamos que en el ámbito de la justicia administrativa, la calidad de juez y parte que está atribuida a los organismos del Poder Ejecutivo (Municipalidad, Secretaria de Estado y otras) conlleva un maniﬁesto conﬂicto de intereses con las comunidades indígenas y negras. La devolución de los conﬂictos a un arbitraje representaría una solución óptima si se lograra entender a cual clase de arbitraje hace referencia la Ley. Subrayamos que no se reportan los artículos del Código de Procedimiento Comunes que prevén ese instrumento. Véase al respecto Art.43;44;45 No es apropiado a la particularidad indígena y negra, el procedimiento de expropiación forzosa en cuanto, frente al concepto de interés y utilidad publica, el interés de una minoría étnica no será aplastado siempre que no se introduzca en la terminología jurídica un concepto que abarque la mencionada particularidad. Véase Art. 64 y siguientes Con respecto a la titulación de la tierra la presente Ley, una vez más en la historia normativa nacional, favorece indudablemente la explotación salvaje de las tierras ancestrales en cambio de apoyar la conservación de la misma en la manos de los legítimos dueños o sea los pueblos indígenas. Véase Art.55; 57;59;66 y 67. La falta de consideración de la diferencia jurídica de los pueblos autóctonos aparece además en el análisis de los registros que se crearán con la presente Ley. No se prevé la creación de un registro de propiedad de tierra ancestral, oportuno para las características de los antecedentes ancestrales que esas conllevan y la necesidad de adaptarlos al nuevo sistema del folio real. Solo se prevé un Registro de Patrimonio Cultural que no está incluido en el Registro de Bienes Inmuebles, circunstancia que creará problemáticas relativamente a la seguridad de la tenencia de las tierras ancestrales. En ese contexto de expreso hostigamiento normativo por parte del Gobierno, aparece ofensivo el "regalito" que se concede a los pueblos
autóctonos incluyendo su representante en la Junta Directiva. Cabe subrayar que dicho representante se quedará en su rol solo para dos años a diferencia de los miembros gubernamentales para los cuales no es previsto un término de duración de la carga. Véase ART.4 y 11. En conclusión remarcamos que para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y Garífunas de Honduras no puede considerarse de avanzada una ley que, una vez más, olvide tener en cuenta las particularidades de dichos pueblos, en otros términos si realmente deseamos una sociedad multiétnica y sin otras barreras que no sean las del mutuo respeto de cada una diversidad no se puede apoyar una ley que no contemple el reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales de los pueblos. En ese marco la única solución posible para los problemas de tenencia de tierra que atañan los pueblos autóctonas es que estos desarrollen su propia ley territorial (ojalá en un espacio previsto en la presente ley) que considere la particularidades jurídica de sus derechos que los rinden distintos de los demás, por el cual motivo necesitan una ley diferente. En ese sentido como una primera discusión, aportamos los siguientes elementos como la base fundamental para ser tomados en cuenta en Ley de Transformación y Regulación de la Propiedad
La no municipalización de las comunidades indígenas y negras y al mismo tiempo que se norme la intromisión de las municipalidades en nuestras comunidades y en el manejo de los recursos naturales.
Respetar la autonomía y la autodeterminación de las comunidades indígenas y negras, sobre el manejo y control de los recursos naturales.
Respeto a la propiedad ancestral y comunitaria Garífunas, al igual que el derecho consuetudinario.
La devolución de las tierras de las comunidades Garífunas, concesionadas por el Estado a personas ajenas a las comunidades.
Establecer una tregua y evitar que mas foráneos se instalen en las comunidades Garífunas.
Respeto a las cuencas hidrográﬁcas de los territorios indígenas y negreas, las cuales viene siendo violentadas.
Respeto al patrimonio cultural incluyendo el conocimiento tradicional en todas en sus manifestaciones, igualmente el derecho de imagen.
La aprobación de la Ley Territorial Garífuna presentada por la OFRANEH, al congreso Nacional hace mas de un año.
DESARROLLAR UN PROCESO DE CONSULTA EN TODAS LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS, CON EL OBJETO DE OBTENER LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD.
Tomar en cuenta los resultados de trabajo de los siete grupos temáticos, Tierra y Territorio, Áreas Protegidas, Recursos Naturales, Recursos Hídricos, Recursos del Subsuelo, Patrimonio Cultural, y Participación.
LEY PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA NORMALIZACION DE LA PROPIEDAD PREDIAL Y DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Análisis Elaborado por OFRANEH Octubre del 2003 PREMISA El artículo 613 del Código Civil ruega: Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa o gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario.
El propósito de la Ley para la Reducción de la Pobreza, según relatan los participantes del Foro de Concertación del Proyecto (en la mayoría profesionales del derecho) es el de establecer un sistema de derecho de propiedad que permita un mejor acceso de la población a la propiedad privada, concepto reconocido por el Estado y cristalizados en normas en el ámbito del sistema normativo interno. Si esa Ley puede representar una solución a los problemas de los ciudadanos hondureños asegurándoles un mejor acceso a la propiedad sin embargo representa un obstáculo para aquellas clases de personas que desconocen y no aplican el derecho de propiedad privada sino el derecho de propiedad colectiva. Ese derecho se encuentra en las formas de tenencia de tierra típica de los pueblos autóctonos y Garífunas de Honduras o sea de un grupo de personas que pertenecen a una colectividad con características particulares (idioma, costumbre, cultura etc.) y, consecuentemente, con derechos particulares que ejercen como grupo que se llaman derechos colectivos. (Entre esa clase de derechos que se deﬁnen derechos colectivos está incluido el derecho de propiedad colectiva) Los derechos colectivos son los derechos que abarcan las exigencias de un grupo, ligado entre sus miembros por los mismos valores, usos, costumbres y, consecuentemente necesitan una consideración y una tutela que haga referencia al grupo y no al individuo. La protección y el disfrute de esos derechos dependen de protección simultánea del grupo y del pueblo como un todo junto, además de sus miembros individuales. Ejemplos de derechos colectivos son: el derecho a la propiedad ancestral, al manejo de los recursos que se encuentren en los limites de la propiedad, el derecho lingüístico (o sea a una educación bilingüe intercultural) el derecho al respeto de la propia cultura y otros más. La base de esos derechos es el derecho a la tierra - entendida en el acceso al territorio porqué es desde el reconocimiento y la deﬁnición del propio territorio que depende la tutela de los demás derechos enumerados. El derecho colectivo a la tierra presenta como sus características peculiares los requisitos de: inembargabilidád, imprescritibilidád e inalienabilidad. ANTECEDENTES
Los derechos colectivos y en particular el derecho de propiedad colectiva cuya existencia es vital para la sobrevivencia de los pueblos autóctonos y Garífunas de Honduras - nunca han sido reconocidos por el Estado a pesar del reconocimiento constitucional de los pueblos étnicos. Art. 346 de la Constitución de la República: Es deber del estado dictar medidas de protección de los intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. En el ámbito que nos interesa, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y Garífuna, la normativa agraria hondureña (o sea el complejo de normas respetos a la tenencia de la tierra contenidos en las varias leyes nacionales en materia) ha considerado la particularidad de los derechos de los pueblos autóctonos solo en unas normas las cuales casi nunca han sido respectadas o aplicadas. Ejemplo. Articulo 92 de la Ley de Reforma Agraria reformado por el artículo 65 de la Ley Modernización y Desarrollo Agrícola párrafo tercero: Las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras donde estén asentadas, por el término no menor de tres años indicado en el Articulo 15 reformado de esta Ley, recibirán los títulos gratis, extendidos por el INA en el plazo estipulado por el articulo 15. La anterior normativa agraria (concretada en la Ley de Reforma Agraria) y la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, ilustran como los reclamos de los pueblos indígenas y negros a la tierra han sido abordados por los gobiernos de facto y democráticos que se han sucedido en Honduras a partir de la década de los sesenta, a través de una normativa con enfoque eminentemente agrario que diﬁere del concepto tierra territorio antes mencionado, en el marco de los derechos colectivos de los pueblos étnicos. La normativa agraria nacional, la que más comúnmente aplican funcionarios del INA y jueces, es contraria al espíritu del Convenio 169 y en consecuencia, a los intereses y derechos especiales de los pueblos indígenas y Garífunas.
Está situación se empeorará con la aprobación de la presente Ley la cual, una vez más, rechaza el reconocimiento de la particularidad jurídica de los pueblos autóctonos, el derecho colectivo a la tierra y con eso el derecho a la sobrevivencia de los pueblos indígenas y Garífunas de Honduras. ANALISIS La presente ley - pese a la introducción de mecanismos que permitirán agilizar los procedimientos para la regularización de la propiedad y así mismo la búsqueda de los datos y la recolección de documentos para ofrecer al mismo tiempo mayor garantías en termino de certeza jurídica en el ámbito de los juicios y de los pleitos con respecto a la tenencia de la tierra - representará, si no se aportan los correctivos necesarios, la muerte de los derechos colectivos y el ﬁn de las aspiraciones de los pueblos autóctonos de ver reconocidos sus derechos ancestrales sobre la tierra. Entonces vemos en el detalle cuales son las: DESVENTAJAS DE LA LEY La Ley en su parte introductiva desarrolla, en seno a la creación del Instituto de la Propiedad (sin embargo léase Art.4 párrafo 9 podría verse como una oportunidad para solicitar la creación de leyes de aplicación del Convenio 169) siete órganos destacados, sello de una excesiva y no necesaria burocratización del sistema, especialmente a la luz de los recientes líos con el FMI. Dicha burocratización se expresa en su forma máxima con la creación de la Superintendencia Recursos y Quejas, órgano que rinde inútilmente pesado los procedimientos para las quejas (léase Art.24 y 31). El vértice de esa pirámide de aparatos es representado por la Junta Directiva, organismo que abarca todas las funciones de dirección política y al cual compete la ultima palabra en tema de decisión sobre la materia. Los miembros que componen esa Junta provienen de los vértices gobernativos y judiciales (léase Art.7). Dicha composición de la Junta podría rendir vana la participación activa de los pueblos autóctonos a través de sus lideres aunque se lograra incluir un representante de ellos en el Centro Nacional de Política y Normativa de la Propiedad CENPON (Art.17). Instituto que se desempeña en funciones de mera consulta y supervisión.
Los artículos 57:58 y 59 introducen el sistema del Folio Real el cual es fundamental para obtener certeza jurídica con respecto a la tenencia de la tierra. Artículo 57; Folio Real es el conjunto de asientos singularizados referentes a cada ﬁnca que según la ley deba inscribirse en el registro de la propiedad, que recojan desde su inscripción inicial las diversas mutaciones de dominios y gravámenes que acerca del mismo se produzcan, ya fuera como resultado de convenios entre partes, por disposición de ley o por resolución de autoridad competente Las inscripciones se harán siguiendo el orden riguroso de presentación en el Diario o Sistema Automatizado de Registro. Artículo 58; el Folio real sustituye los libros tradicionales del Registro de la Propiedad; del Registro de Hipotecas; de Anotaciones Preventivas y de Registro de Sentencias. Artículo 59; el Folio Real incluirá las siguientes informaciones: numero único de folio real, numero único de catastro, naturaleza urbana o rural del inmueble, vocación según el uso potencial del inmueble, nombre del titular del derecho, profesión, numero de identidad y domicilio, valor extensión condiciones y cargas del derecho que se inscribe, el conjunto ordenado de inscripciones, el conjunto ordenado de cancelaciones, datos de identiﬁcación del título que se presenta registro, la fecha de presentación del título al registro. En este marco hace falta involucrar la terminología de DERECHOS COLECTIVOS especialmente con referencia a los requisitos previstos en el Art.59. En caso contrario se privaría de cualquier tutela el derecho ancestral colectivo a la tierra, reconocido por el sistema normativo internacional. El Art.63 introduce el instituto de la anotación preventiva, bastante peligro en término de garantía judiciales en especial modo con respecto a los pueblos indígenas y negros. El Art.80 introduce; El Levantamiento Catastro Registral es el conjunto de actividades Jurídicas, técnicas y administrativas orientadas a obtener, de oﬁcio y en forma sistemática, la información precisa, graﬁca y descriptiva de todos los predios del territorio nacional. Esa creación legislativa necesita atención, en cuanto con el Levantamiento
Catastral Regional se crea un sistema de remedida de las tierras que, atribuyendo, entre las otras medidas, amplios poderes y autonomía a las Municipalidades (léase de bajo Art.83) rinde necesario un control y una participación activa en la fase de la remedida de los predios por parte de los pueblos autóctonos al ﬁn de evitar que se pongan colindancias a las tierras ancestral que no corresponden a las verdaderas. Art. 83; la Corporación Municipal que haya levantado su propio catastro lo pondrá a disposición del Centro Nacional de Registros y Catastro (CENREC), dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la primera publicación, para que se inicie el proceso de integración al Sistema Nacional de Registro y Catastro y el Instituto de Información le corresponde. El Art.90 prevé; una vez ﬁrme la resolución que declare jurídicamente correcta la delimitación y la titularidad del derecho, si los títulos se encontraren inscritos, se solicitara al Juez para que libre comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble, para su inscripción, debiendo el Registrador suscribir las notas marginales y abrir él o los folios reales correspondientes. Si los títulos no se encontraren inscritos el Centro Nacional de registros y Catastro (CENREC) titulará los mismos a favor del Estado. Las áreas declaradas de vocación forestal, reservas mineras, turísticas, antropológicas, culturales, históricas, las del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los bienes nacionales de uso publico serán tituladas por el Centro Nacional de Registros y Catastro (CENREC) mediante resolución y sin necesidad de Instrumento Publico, debiendo inscribirlas a favor del estado, sin señalar antecedentes. El CENREC ejercerá la representatividad del Estado de manera que establezca y mantenga la información geospacial de las áreas inscritas y ejerza el control y gestión del Sistema de registro Catastral y evite la doble inscripción de estas áreas Esa disposición normativa representa la muerte de los derechos ancestral de los pueblos y el ﬁn de cada aspiración de una justa titulación para los mismos, porque prevé la posibilidad de efectuar una titulación sin señalar antecedentes a favor del Estado de todas las áreas ancestralmente ocupadas por las comunidades indígenas y Garífuna (áreas de vocación forestal, turísticas, antropológica, histórica, las del Sistema Nacional de Área Protegida).
El Gobierno (atribuyéndose una ventaja respecto al ciudadano en el tema de la titulación de la tierra) rechaza expresamente el reconocimiento de los derechos colectivos así mismo los derechos que los pueblos autóctonos tienen, desde tiempo inmemorable, sobre dichas areas y sus recursos. El Art.90 representa la muerte de los derechos ancestrales de los pueblos autóctonos. El Art.118 (y todas las normas del Titulo VI) puede verse, entonces, como el golpe de gracia para los mismos y esa oración encuentra conﬁrmación con una sencilla lectura de la norma. Dicho artículo prevé la creación de áreas sujetas a regímenes especiales. En las áreas rurales el Instituto de la Propiedad (IP) podrá aplicar de oﬁcio o a petición de parte estos procedimientos solo cuando los mismos favorezcan, A GRUPOS ETNICOS, o a personas naturales que ocupen, tengan o posean MENOS DE 10 HECTAREAS DE TIERRA Creemos que esta disposición no merece ningún comentario. En este mismo ámbito citamos el Artículo 120; En cualquier tiempo las municipalidades podrán solicitar al Instituto de la Propiedad (IP) que se abstenga de aplicar los procedimientos especiales de regularización consignados en este titulo. Los Artículos 142; 143; 144 y 145 que se reﬁeren a inmuebles en comunidad de bienes (como en el caso de las comunidades indígenas y negras) dan otro duro golpe a la sed de justicia de los pueblos autóctonos. Veamos: Art. 142; en los lugares donde se practiquen barridas catastrales y existan inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles poseídos en comunidad por más de 5 años sus propietarios deberán promover la cesación de la misma dentro de los tres meses siguientes al inicio de este proceso. El partidor podrá ser nombrado por los comuneros o en caso de que no exista acuerdo, será nombrado por el Instituto de la Propiedad (IP) y sus actuaciones serán hechas gratuitamente; Art.143; Cuando estos no quieran cesar la comunidad expresarán dicha circunstancia. Cuando no puedan cesar la comunidad deberán reunirse para constituir una persona jurídica con o sin ﬁnes de lucro a la que deberán transmitir sus derechos de propiedad.
La cesación de la comunidad, la constitución de esta persona jurídica y la transmisión de los derechos reales aquí mencionados podrá ser hecha en forma gratuita por el Instituto de la Propiedad. Art.144; Cuando existan bienes inmuebles legalmente poseídos en comunidad de bienes o pro indivisos en los que existan cesiones de derechos inscritos en registros públicos que se encuentren acotados o delimitados de forma que permitan identiﬁcar la individualidad física de cada uno de esos derechos o cuotas de los consignatarios, el Instituto de la Propiedad (IP) procederá a individualizarlo y sobre esa base a emitir gratuitamente un nuevo título inscrito. Este mismo procedimiento será aplicable también a todos los casos de comunidad pro indivisa de bienes inmuebles que se originen de la venta de derechos hereditarios sobre un bien inmueble poseído en la comunidad. Art.145; antes de proceder a la partición, se decidirá por la justicia ordinaria toda disputa sobre los derechos sujetos a partición. No obstante, estas disputas también podrán decidirse mediante proceso de mediación, conciliación o arbitraje. Cuando así lo autoricen las partes, el partidor que se nombre también podrá ponerle ﬁn a estas disputas. Esos artículos maniﬁestan el hostigamiento, por parte de los legisladores, hacia el derecho de poseer bienes en comunión (derecho que presenta marcada analogía con el derecho colectivo de poseer las tierras ancestrales) como en el caso de todas las comunidades indígenas que poseen tierra colectiva. Solo se admite la posibilidad que ¨cuando no puedan cesar la comunidad deberán reunirse para constituir una persona jurídica con o sin ﬁnes de lucro a la que deberán transmitir sus derechos de propiedad. Esta actitud que el Gobierno expresa a través de la Ley, representa un retroceso para el reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales a la tierra. Al respecto se considera que incluso la Ley de Reforma Agraria - enemiga histórica de los derechos indígenas - preveía una excepción al mencionado régimen aplicable a los bienes en comunidad a favor de lo pueblos autóctonos. En efecto la Ley de Reforma Agraria preveía una excepción, con respecto a los pueblos autóctonos, a las disposiciones previstas en el artículo 27 que eran análogas a las mencionadas en la Ley de Propiedad El tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Reforma agraria prevé que: lo
dispuesto en este artículo no será aplicable a los predios de que sean dueñas las comunidades indígenas. Sin embargo, aclarados eso no podemos no hablar de cuales podrían ser las: VENTAJAS DE LA LEY La ley en examen presenta de toda manera indudables ventajas como la creación de Tribunales Agrarios, o sea Tribunales especíﬁcos para juicio que se reﬁeren a la tierra, la entrada en vigor del habeas data en el campo del derecho administrativo, la aplicación de medios tecnológicos modernos (computadoras, Internet) en el tratamiento de los documentos y de los datos catastrales, la introducción del sistema del folio real en lugar del antiguado sistema del folio personal, la modernización de los registros de propiedad, inmueble e intelectuales que serán integrados en una sola Institución del Poder Ejecutivo llamada Instituto de la Propiedad. Vemos en el detalle: El Art.50 ruega: son títulos inscribibles las Resoluciones Deﬁnitivas de la autoridad competente en materia de Ordenamiento Territorial, Patrimonio Público Forestal inalienable, Patrimonio Histórico y Cultural y Reserva Turística. Con respecto a ese articulo podemos sostener que podría constituir a los una ventaja para los pueblos autóctonos lograr a incluir en ese listado de títulos sus tierras ancestral, las cuales en la totalidad de los casos pertenecen al Patrimonio Público Forestal inalienable o al Patrimonio Histórico y Cultural o se hallan incluidas en una Reserva Turística. El Art.105; Se declara de interés nacional la titulación y registro de aquellos títulos de propiedad de predios que, luego del Levantamiento Catastro Registral, presenten como única irregularidad la no inscripción en el registro de Propiedad Esa norma puede leerse en una óptica favorable a los pueblos autóctonos cuyos títulos, a menudos, se encuentran sin registración. Las normas del Titulo V de la Ley, que prevén un listado de las infracciones a la Ley y consecuentemente las sanciones, contiene disposiciones normativas favorable para una mayor garantía en el campo judicial y del respeto de la ley.
Cabe subrayar que los Artículos 121 y siguientes (léase atentamente el Capitulo II de la Ley, artículos desde 121 a 135 anexos al presente folio) prevén un procedimiento especial que, si aplicado en forma correcta, representaría un óptimo avance para la solución de los problemas de tenencia de tierra que atañan los Garífuna y los pueblos indígenas a pesar de lo previsto en las normas antecedentemente mencionadas (art.118;art90) Los artículos 148 y 151 pueden representar un avance en tema de garantías procesales sobre los pleitos que involucran la problemática de la tierra. Los artículos 154: 155; 156 y 157 se mencionan porque se reﬁeren al rol que los Patronatos y las Federaciones adquirirán con la entrada en vigor de la ley. Art. 154; Cuando se inicie un proceso de regularización de la propiedad se promoverá la organización de los vecinos de la comunidad beneﬁciada. Art.155; Se reconoce y reglamenta el derecho constitucional que para ﬁnes exclusivos de procurar el mejoramiento y desarrollo de sus comunidades, los vecinos del lugar tienen para asociarse libremente en Patronatos, constituir Federaciones y Confederaciones. Art.156 El acta en que conste la asamblea en que las comunidades adopten cualquier de estas formas de organización y regulen su funcionamiento interno al ser inscrita en registro público especial que se cree conferirá personalidad jurídica a la organización Art.157 El Instituto de la Propiedad (IP) comunicará este hecho a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación y Justicia. Cabe prestar atención a la siguiente norma; El Art. 159: Para resolver cualquier disputa originada en la aplicación de los procedimientos de regularización contenidos en este Titulo tendrán valor probatorio para acreditar la posesión, uso, tenencia, habitación u ocupación los documentos que las comunidades beneﬁciadas por estos procedimientos reconozcan como jurídicamente vinculantes. Solamente se reconocerá como costumbre aquella que provenga de usos uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la localidad por un espacio de tiempo suﬁciente como para que se les considere como jurídicamente vinculante. Esa norma, aún si se pone en un contexto de general hostigamiento normativo a los derechos indígenas, representa la primera vez en la historia
normativa del país que el Gobierno reconoce expresamente el valor de los costumbre o sea del derecho consuetudinario de los pueblos. Sin embargo cabe subrayar que ese reconocimiento es hecho con respecto al mero valor probatorio y procesal, o sea adquiere validez solo en el ámbito de un eventual juicio, pero queda lejos de representar un reconocimiento expreso de los derechos colectivos indígena. Los Artículos 163 - 167 que introducen ﬁnalmente los Tribunales Agrarios y las disposiciones previstas en el Titulo VII (que se reﬁere a las adicciones ley procedimiento administrativo, al gobierno electrónico, al habeas data administrativo) son sin dudas favorables a todas las comunidades en cuanto representan un avance en la creación de un moderno sistema normativo. CONCLUSIONES En conclusión, una buena ley depende siempre de cómo las aplican e interpretan los encargados, podemos sostener que para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y Garífunas de Honduras no puede considerarse valiosa una ley que, una vez más, olvide tener en cuenta las particularidades de dichos pueblos, en otros términos si realmente deseamos una sociedad multiétnica , no se puede apoyar una ley que no contemple el reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales de los pueblos indígenas y negros de Honduras.
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