Source: https://es.scribd.com/document/99169204/Sistemas-de-Pensiones-1
Timestamp: 2017-05-25 03:52:43
Document Index: 31837701

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 72', 'artículo 206']

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Eran fondos intangibles. Existían regímenes especiales, como el Régimen de pensiones y compensaciones de Servidores Civiles del Estado Ley Nº 20530 del 26.02.74 R.P. del DL. Nº 19990 reglamentado el 01.05.73 por D.S.011-74-TR incorpora trabajadores de la actividad privada independientes de su categoría (Leyes 4916-8433).Trabajadores públicos no comprendidos en la Ley 20530.Por D.S. del 11.07.62 se incorporó a trabajadores estatales que ingresaron a laborar a partir de esa fecha a la Caja de Pensiones del SS del Empleado creada por Ley Nº 13724 se encuentran comprendidos en este régimen trabajadores del hogar y trabajadores independientes facultativos. Este régimen opera bajo la lógica de un sistema de reparto, es decir mediante aporte de los activos a un fondo colectivo que sirva para financiar las pensiones de los jubilados; bajo el principio fundamental de solidaridad . Las personas que aportan más al sistema verán reducidas sus pensiones a favor da quienes aportan menos. Por esta razón el derecho a pensión se obtiene en base a dos elementos: edad del afiliado y y periodo de aportación. Este sistema supone necesariamente la existencia de pensiones máximas y mínimas. Exigidos primero como requisitos concurrentes (edad y aportaciones) el 22 de junio del 2001 se regulo como no concurrente pudiendo el trabajador cesado esperar a cumplir la edad requerida para pedir su jubilación. El sistema otorga pensiones de invalidez por incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente que le impida desarrolar que le impida desarrollar nomalmente sus actividades laborales .Otorga tambén prestación de sobre vivencia a la viuda, los hijos menores y padres del asegurado. R.P.de la Ley Nº 20530 remplaza la ley de goces jubilación, cesantía y montepío creada el 22.11.1850 para servidores del Estado sistema cerrado a favor de los trabajadores que ingresaron hasta el 11.7.1962 varias veces reabierto por leyes, interpretaciones administrativas y judiciales que engrosaron el Nº de beneficiarios por las ventajas que ofrecía con respecto al SNP. Por una parte la obtención de la cesantía considerando los 15 años para hombres y 12.5 para mujeres (agregaba además los años de formación profesional) y por la otra de nivelación de las pensiones con las remuneraciones de los servidores activos, al alcanzar 20 años de servicios. El TSC interpretó que a la fecha real de ingreso de los trabajadores de la administración pública cabía anteponerle los cuatro años de estudios profesionales dispuesto por el Art. 41 de la Ley 20530 de esta manera se retrotraía la fecha de ingreso del trabajador. Se permitió la incorporación entre otros de diplomáticos (ley Nº 24029). Trabajadores público que a la fecha de dación de la Ley 20530 contaran con 7 o más años de servicios (Ley 24366) o se encontraran prestando servicios en condición de nombrados o contratados (Ley 25066).Trabajadores del Banco de la Nación (Ley 25146); los profesores del Estado (Ley 25212) Petrolero y similares asimilados Petro Perú (Ley 25219); las empresas Estatales (Ley 25273) y finalmente, los jueces D.Leg. 767 del 29.11.91. Todas estas incorporaciones contravienen el Art.41 del D.Ley Nº.20530 No obstante, debe señalarse que la nivelación de las pensiones así prevista (sólo en función de los años de servicio) fue dispuesta por la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979; toda vez que originalmente el artículo 49º del Decreto Ley No. 20530 estableció que las pensiones son renovables, entre otras causales, cuando al cesar ,los hombres cuenten con 30 ó más años de servicios y las mujeres con 25 o más años de servicios, tengan 60 ó 55 años de edad o más, respectivamente, y no hubiesen sido inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada o destituidos por medida disciplinara; posteriormente esta nivelación fue ratificada a nivel legislativo por la Ley Nº 23495 del 19.11.1982 El referido artículo señala textualmente “..…A los trabajadores con título universitario, optado en el país o en el extranjero, se les computará de abono hasta cuatro años de formación profesional,
después de quince años de servicios efectivos, los hombres, y doce y medio las mujeres, siempre que no sean simultáneos con servicios al Estado y efectúen los aportes a que se refiere el artículo 7o...” (el resaltado es nuestro) La situación descrita motivó un engrosamiento desmedido del número de afiliados al régimen del Decreto Ley Nº 20530 quienes, debido al mecanismo de nivelación de las pensiones, percibían beneficios ostensiblemente superiores a los percibidos por los afiliados al régimen del Decreto Ley Nº 19990. Las reformas legislativas de la década del 90. La situación anteriormente descrita aunada a la indebida disposición por los sucesivos gobiernos de los fondos del Seguro Social del Perú, primero, y del Instituto Peruano de Seguridad Social, después, para fines ajenos y en cuantía incalculable, es un factor muy relevante en el desencadenamiento de la crisis que afectaba al sistema a inicios de la década de los 90. Frente a ello, surgieron dos enfoques que diferían acerca de sus causas y, por tanto, de la viabilidad de la superación de la crisis acotada, así como de los medios para lograrla. Para unos, la situación podía corregirse mediante algunas modificaciones legislativas, una mejor gestión administrativa, una voluntad política distinta del gobierno, etc. Para otros, en cambio, la cuestión era insalvable y sólo cabía otorgar un mayor margen de acción a la empresa privada en la cobertura de la salud y de las pensiones. Queda claro que esta última tesis fue la que terminó imponiéndose cuando se instaló el régimen de Fujimori a mediados de 1990. En este punto, el debate se centraba en determinar el grado de participación que debía corresponder al Estado y al sector privado. El dilema consistía en si se debía mantener las entidades públicas, a cargo de prestaciones básicas, con afiliación y aportación obligatoria de los trabajadores dependientes, aunque la tasa de la contribución se rebajara y reservar la presencia privada para la cobertura adicional; o si se debía permitir que los trabajadores eligieran entre la afiliación y aportación exclusiva a una entidad pública o a una privada, las que competirían por la prestación del mejor servicio. En otras palabras, un esquema complementario o alternativo, respectivamente. La fórmula adoptada fue la última en materia de pensiones, a partir de la creación del Sistema Privado de Pensiones en 1992 mediante el Decreto Ley Nº 25897 del 7 de diciembre de 1992; mientras que en el campo de la salud el esquema complementario fue la opción adoptada, con la llamada Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790 del 15 de mayo de 1997. Cierto es que la Constitución permite ambos tipos de relación cuando -en su artículo 11º- garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. No obstante, para el cabal cumplimiento de este mandato es indispensable, sin embargo, la existencia de unas y otras entidades, para lo que se requiere, a su vez, de una competencia equitativa. Efectivamente, consideramos que parte del contenido esencial de este derecho se encuentra constituido por la libertad de elección que tienen los ciudadanos respecto a los sistemas previsionales a los cuales se afilia; en tal sentido el Estado se encuentra comprometido a garantizar esta elección, lo cual implica, sin duda alguna, el mantenimiento de ambos sistemas.
1. Los regímenes pensionarios públicos se encuentran en una grave crisis. En el caso del régimen del Decreto Ley Nº 19990, esta situación se origina en la utilización de sus ingentes recursos por sucesivos gobiernos para fines distintos a los de la seguridad social, así como en ciertas deficiencias en la gestión administrativa y financiera de tales recursos. En el caso del Decreto Ley Nº 20530, la radical alteración de su diseño inicial, a través de masivas incorporaciones a un régimen concebido como cerrado, generó su inviabilidad, dadas las onerosas condiciones en que otorga sus prestaciones. 2. Es una responsabilidad básica de un Estado moderno brindar seguridad social a su población. Por ello, deben rediseñarse los sistemas pensionarios públicos en el Perú. Esta tarea pasa por unificar los regímenes de los Decretos Leyes Nºs. 19990 y 20530, bajo la administración de una sola entidad, que debe operar como un organismo autónomo. Correspondería al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Republica, definir la relación complementaria o alternativa que guardaría ese nuevo sistema público con el sistema privado 3. Dado que la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, interpretada por el Tribunal Constitucional, garantiza el respeto por los derechos adquiridos, es necesario modificarla, si se quisiera que las nuevas reglas que rijan para las pensiones en el sistema público unificado puedan aplicarse a las pensiones existentes. El sentido de tal modificación sería el de adoptar en general para todo el sistema jurídico, con la excepción del ámbito penal, la tesis de los hechos cumplidos: esto es, la nueva norma se aplica inmediatamente a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. En todo caso, la eventual incidencia de las nuevas condiciones en que se otorgue y En todo caso, la eventual incidencia de las nuevas condiciones en que se otorgue y mantenga una pensión, con disminución de las ventajas actuales, no podría imponer cargas excesivas o desproporcionadas que desnaturalicen el derecho de los pensionistas. De producirse transgresiones de esa naturaleza, los organismos jurisdiccionales tendrían que restituir los derechos vulnerados. VII. RECOMENDACIONES En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 26º de la Ley Nº 26520, la Defensoría del Pueblo RECOMIENDA al Congreso de la República lo siguiente: 1. La aprobación de una ley que cree un nuevo sistema previsional público que unifique y sustituya a los actuales regímenes de los Decretos Leyes No. 19990 y 20530. 2. Que el nuevo régimen previsional público se establezca teniendo en consideración lo mantenga una pensión, con disminución de las ventajas actuales, no podría imponer cargas excesivas o desproporcionadas que desnaturalicen el derecho de los pensionistas. De producirse transgresiones de esa naturaleza, los organismos jurisdiccionales tendrían que restituir los derechos vulnerados. 2.1 La jubilación tendría que alcanzarse en base a dos criterios: la edad del afiliado y sus años de aportación al sistema. 2.2 Excluir el criterio de nivelación automática o cédula viva, optando por indicadores más adecuados que permitan actualizar los montos de las pensiones, manteniendo su capacidad adquisitiva. 2.3 La administración correspondería a una sola entidad, reconocida como un organismo autónomo del Poder Ejecutivo y sujeto al control de la Contraloría General de la República. 2.4 Los planteamientos formulados por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo-OIT respecto del actual Sistema Nacional de Pensiones, derivados de los compromisos asumidos por el Perú al ratificar el Convenio Internacional del Trabajo 10217. Estos son, fundamentalmente tres: - Garantizar al trabajador que haya cumplido un período de calificación o de empleo de 15 años “una prestación reducida” o pensión mínima que sea igual para todos los afiliados (artículo 29º, párrafo 2, a).
De esta manera se evitaría las diferencias que actualmente existen entre los afiliados a la 19990 y 20530, a pesar que ambos sistemas puedan incorporar a trabajadores de una misma entidad. - Agotar todos los esfuerzos orientados a “aumentar el monto de las prestaciones pagadas por el Sistema Nacional de Pensiones, a los efectos de alcanzar el nivel prescrito por el Convenio” (artículos 65º y 66º); y, - Prever la participación de los representantes de las personas protegidas en la gestión de los sistemas de pensiones (artículo 72º, párrafo 1) 2.5 Estos cambios normativos deberían ser aplicados en general a todos los afiliados a los regímenes de los Decretos Leyes Nºs. 19990 y 20530, aún cuando a la fecha ya se encontraran gozando de una pensión de jubilación e, incluso cuando ésta haya sido otorgada por mandato judicial. Siendo ello así, tendría que regularse de manera expresa la transición entre los actuales sistemas y el propuesto. 3. Modificar la Constitución, suprimiendo la Primera Disposición Final y Transitoria, a través del procedimiento establecido por el artículo 206º del propio texto constitucional. Dicha disposición debe recoger el criterio sobre vigencia de las normas en el tiempo establecido en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, según el cual las nuevas normas se aplican inmediatamente a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes a su fecha de
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