Source: https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2005/spain0105/5.htm
Timestamp: 2020-03-31 11:17:19
Document Index: 361745921

Matched Legal Cases: ['artículo 571', 'artículo 346', 'artículo 351', 'artículo 580', 'artículo 14', 'artículo 14']

¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España: Medidas antiterroristas en España
España tiene una larga y dolorosa historia de violencia política interna. El movimiento Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad – ETA) lleva librando una campaña violenta para establecer una estado vasco independiente desde los sesenta. En las últimas cuatro décadas, según las estadísticas oficiales, ETA ha asesinado a 831 personas, secuestrados a 73 y herido a 2.392.28 Además, miles de personas, desde agentes de policía a políticos, periodistas o intelectuales, han vivido bajo la amenaza de la violencia de ETA. El grupo separatista ha empleado asesinatos planificados así como atentados indiscriminados para promover sus objetivos políticos. La violencia ha disminuido en los últimos años. Mientras ETA reivindicó los asesinatos de 23 personas en 2000,29 el grupo asesinó a tres personas en 2003.30
El nuevo gobierno de Zapatero se ve a si mismo como un líder en el esfuerzo por combinar iniciativas antiterroristas efectivas con el respeto por los derechos humanos. El Director de la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ángel Lossada, insistió en que el “antiterrorismo tiene que enmarcarse en el contexto del respeto por los derechos humanos…España apoyó activamente la resolución del Consejo de Seguridad sobre derechos humanos y antiterrorismo—un paso adelante en este sentido”.31 La Resolución 1456 del Consejo de Seguridad, adoptada en enero de 2003, dispone que “los Estados deben cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional y adoptar esas medidas de conformidad con el derecho internacional, en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario”.32 En junio de 2003, Nigel Rodley, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, compareció ante el CCT para recordar al comité que se deben aplicar conjuntamente las resoluciones 1373 y 1456 para garantizar que la Resolución 1373 no se convierta en “un instrumento para eludir las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos”.33 Lossada también señaló que, dentro de sus esfuerzos en el ámbito internacional, España estaba trabajando en la reforma del CCT “para introducir elementos para la protección de los derechos humanos”.34
El Fiscal General Cándido Conde-Pumpido explicó a Human Rights Watch que España tiene “una historia de 25 años de terrorismo interno en coincidencia con el desarrollo democrático” que ha conducido a un enfoque maduro y efectivo del terrorismo. Argumentó que “a nivel internacional la lucha antiterrorista esta al mismo punto que la lucha contra ETA en España hace 20 años: detenciones ilegales, tortura”, problemas que ya no existen en España gracias a una estrategia antiterrorista “basada en el respeto a la legalidad”.35
Todos los casos de terrorismo se investigan y juzgan en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, creada en 1975, tiene competencia sobre los delitos “cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos”.36 La Audiencia Nacional cuenta con seis juzgados de instrucción y una cantidad equivalente de salas de lo penal, cada una presidida por un panel de tres magistrados. Los crímenes bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional no están sujetos a un juicio con jurado. Hasta hace poco, sólo había dos fiscales asignados al tribunal especializado en el terrorismo internacional; en mayo de 2004 el Fiscal General Conde-Pumpido anunció su intención de elevar el número a seis.37 Según una ley del 2003, las causas penales juzgadas por la Audiencia Nacional pueden ser apeladas a la Sala de Apelación del mismo órgano, sin embargo, en diciembre de 2004, la Sala no estaba todavía operativa.38
La legislación española garantiza el derecho a la asistencia letrada a toda persona acusada de un delito. Los que no puedan costearse la designación de un abogado privado tienen garantizada la asistencia gratuita de un abogado de oficio. Como se explica en detalle más adelante, prácticamente todos los sospechosos de terrorismo son recluidos en situación de incomunicación una vez arrestados. Durante este período, no tienen derecho a contratar a un abogado de su elección. En cambio, el turno de oficio del colegio de abogados local les asigna un abogado a petición de la autoridad que lo haya detenido. El Departamento de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid mantiene un turno de oficio para diferentes categorías de infracciones penales; hay una lista especializada para los casos bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Durante las 24 horas, hay dos abogados de guardia para responder a las solicitudes de abogados de oficio; si se producen más de dos detenciones en conexión con delitos bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, el Colegio de Abogados sigue el turno de oficio en orden alfabético para designar a abogados. La asistencia letrada es obligatoria para todos los abogados en ejercicio, pero los propios abogados eligen en qué lista quieren cumplir esta obligación. Para poder estar en el turno de oficio de la Audiencia Nacional tienen que tener cinco años de experiencia y haber completado cursos especiales.39
El artículo 571 del Código Penal define a los terroristas como “los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan los ataques descritos en el artículo 346 (ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos) y el artículo 351 (incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte). El artículo no criminaliza el simple acto de pertenecer a dicho grupo, sino la comisión de actos delictivos por miembros de estos grupos con los objetivos antes mencionados.40 Los artículos 572-579 fijan las condenas mínima y máxima de prisión que acarrean diferentes delitos cuando hayan sido cometidos por las bandas armadas anteriormente definidas o los que actúen a su servicio. El artículo 580 permite a los tribunales españoles considerar equivalentes las condenas en el extranjero por actividades relacionadas con bandas armadas a las condenas con arreglo al derecho español para poder considerar la reincidencia como un factor agravante.
La LECrim también estipula que el juez competente puede ordenar que cualquier detenido esté incomunicado durante la prisión policial (tres o cinco días), mientras que los acusados de pertenencia o colaboración con banda armada (incluidas las organizaciones terroristas) o de haber cometido un delito en colaboración con dos o más personas también pueden estar detenidos en situación de incomunicación durante otros cinco días, si se ordena su detención provisional. Es más, se puede reimponer la situación de incomunicación, incluso después de que haya vencido el plazo máximo de diez días, durante tres días más. Los detenidos incomunicados tienen garantizados muchos de los derechos de que gozan otros detenidos, con varias limitaciones importantes.
Al menos siete de los sospechosos de participar en la planificación y/o la ejecución del 11-M ya estaban, o habían estado antes, bajo vigilancia policía por su presunta implicación en el terrorismo antes del 11 de marzo. Jamal Zougan, un marroquí de 31 años, uno de los primeros hombres detenidos el 13 de marzo y el único de los cinco que sigue en prisión, estaba bajo vigilancia desde 2001 por actividades sospechosas. Ha sido relacionado con Imad Eddin Barakat Yarkas, el hombre acusado de liderar la célula de Al Qaeda en España, así como con otros presuntos miembros de la célula (véase la explicación más adelante).41 Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, un tunecino de 36 años que presuntamente coordinó y participó en los atentados, y murió posteriormente en el apartamento de Leganés, estaba siendo investigado desde 1995 por su presunta pertenencia a una célula de Al Qaeda en España.42
A finales de 2004, 18 personas estaban encarceladas en España en conexión con el 11-M y 41 personas habían sido arrestadas y puestas posteriormente en libertad después de períodos de diferente duración bajo custodia policial o en prisión. La gran mayoría de las 41 personas se encuentran en libertad provisional. Algunos fueron simplemente interrogados y puestos en libertad sin cargos. Rabei Osman el Sayed, un egipcio que había sido detenido en Milán el 7 de junio, fue extraditado a España el 7 de diciembre. Se sospecha que es el cerebro de los atentados del 11 de marzo.43 De los 18 en prisión provisional, nueve son marroquíes y cinco son españoles, mientras que los otros tres son de origen sirio, libanés, argelino y egipcio, respectivamente; entre los detenidos que después fueron puestos en libertad 22 son marroquíes y siete españoles.44 Los 12 españoles que han sido detenidos son sospechosos de participar en el robo y/o venta de los explosivos empleados en los atentados, o la venta de drogas cuyos beneficios se destinaron a financiar los atentados.
En noviembre de 2001, el juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones dentro de lo que se convertiría en un complejo caso judicial contra presuntos miembros de Al Qaeda tanto en España como en el extranjero. Entre noviembre de 2001 y julio de 2002, la Policía Nacional llevó a cabo una operación en tres fases, denominada “Operación Dátil”, para desarticular una presunta célula de Al Qaeda en España.45 Los arrestos culminaron una investigación en curso desde 1995, cuando se había iniciado la vigilancia policial de muchos de los sospechosos detenidos e intervenido sus teléfonos. En total, 23 personas han sido detenidas en España como parte de la investigación de Al Qaeda, mientras que un hombre fue arrestado en Jordania y extraditado a España; hasta noviembre de 2004, 14 de ellos estaban en prisión provisional y diez en libertad provisional. El 19 de noviembre de 2004, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebrará el juicio oral ordenó el reingreso a prisión provisional a nueve hombres que estaban en libertad provisional.46
El sumario de la causa contra presuntos terroristas de Al Qaeda está compuesta por dos autos de procesamiento diferentes. El 17 de septiembre de 2003, Garzón dictó un auto de procesamiento de 692 páginas contra 35 presuntos miembros de Al Qaeda. De los citados en el auto, se han dictado órdenes internacionales y/o europeas de arresto contra 15 de ellos, entre ellos Osama Bin Laden, mientras que dos están recluidos en otros países.47 Este auto se amplió el 19 de abril de 2004 para incluir a otros cinco imputados.48 El 20 de mayo de 2004, se dictó un segundo auto diferente contra Said Berraj, cuyo paradero se desconoce. Por lo tanto, un total de 41 hombres están imputados en este caso.49 De ellos, 33 están acusados de pertenencia a Al Qaeda, dos de colaborar con Al Qaeda, nueve de ellos están acusados de un número de homicidios equivalente al número de víctimas mortales de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, 12 están acusados de varios delitos financieros con el propósito de financiar a la organización y dos de posesión ilegal de armas.50
Siete imputados en el caso de Al Qaeda han estado en prisión provisional desde el 18 de noviembre de 2001. Esto es dos años antes de su imputación formal y 31 meses antes de la conclusión oficial de la fase de investigación del proceso, el 15 de junio de 2004. Los otros siete han estado en prisión durante períodos que van de los 4 a los 28 meses.51 Los que estaban en libertad provisional antes de la decisión de la corte en noviembre de 2004 de reimponerles la prisión provisional estuvieron en prisión durante períodos que fueron de los dos a los ocho meses. Todavía no se ha fijado una fecha para el comienzo del juicio oral, aunque una fuente sin identificar cercana al caso dijo a un periodista del diario El País que empezaría probablemente a principios o mediados de 2005.52
El 9 de junio de 2003, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira Nieto emitió sus recomendaciones sobre las acusaciones que se iban a presentar formalmente contra los detenidos en el proceso de Al Qaeda. En su informe, Rubira declara que no tiene intención de procesar a Kamal Hadid Chaar, Abdalrahaman Alarnaot Abu Aljer, Mohamed Khair Alsqqa (sic) y Ghasoub Al-Abras Ghalyoun (sic). Los cuatro hombres fueron acusados, no obstante, de pertenencia a la organización terrorista Al Qaeda en el auto de procesamiento dictado por el juez Garzón tres meses antes.53 Al Abrash Ghalyoun también está acusado de un número de homicidios equivalente al de víctimas mortales de los atentados del 11 de septiembre de 2001—conocido en España como el 11-S—en Estados Unidos.54 Los abogados de dos de estos acusados dijeron a Human Rights Watch que no tenían duda de que sus clientes resultarían absueltos, ya que es improbable que prospere un caso en la sala de lo penal si el fiscal no formula cargos.55 El abogado de uno de los hombres dijo que había hablado tanto con el fiscal Rubira como con el juez Garzón antes de aceptar el caso. El abogado afirma que Rubira le dijo que no habían muchas pruebas contra su (entonces) posible cliente y que saldría probablemente en libertad provisional cuando la policía concluyera su investigación (lo que resultó cierto). También alega que Garzón le dijo que, aunque el hombre había tenido quizá una conexión con Al Qaeda en el pasado, era probable que ya no la tuviera.56
[28] Comisión de Derechos Humanos, “Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular
las Cuestiones Relacionadas con la Tortura y la Detención”, Notas verbales de fecha 20 de enero, 2 y 11 de febrero de 2004 dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, U.N. Doc. E/CN.4/2004/G/19, p. 18.
[29] Deutsche Welle, “ETA: A History of Terror” (ETA: Una historia de terror), 12 de marzo de 2004. Disponible en www.dw-world.de/english/0,3367,1433_A_1139213,00.html (consultado el 22 de agosto 2004).
[32] Resolución 1456 del Consejo de Seguridad (2003), 20 de enero de 2003. Disponible en http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.1456+(2003).Sp?Opendocument (consultado el 31 de marzo de 2004), para. 6.
[33] Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Informe de Sir Nigel Rodley, Vicepresidente, Comité de Derechos Humanos de la ONU, “Human Rights and Counter-Terrorism Measures” (Derechos Humanos y Medidas Antiterroristas), 19 de junio de 2003. Disponible en http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/EE1AC683F3B6385EC1256E4C00313DF5?opendocument (consultado el 25 de marzo de 2004), para. 3. Traducción de HRW.
[38] La Ley Orgánica 19/2003 del 23 de diciembre que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial creó formalmente la Sala de Apelación en respuesta a las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que el anterior derecho de apelación, por el que la Corte Suprema realizaba una revisión limitada, era incompatible con las obligaciones contraídas por España dentro del PIDCP. En dos diferentes demandas individuales presentadas contra España, el Comité de Derechos Humanos ha dictaminado que “la imposibilidad del Tribunal Supremo, como única instancia de apelación, de revisar nuevamente las pruebas presentadas en primera instancia equivalió… a una violación del artículo 14, párrafo 5”. Manuel Sineiro Fernández v. España, Comunicación No. 1007/2001, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/1007/2001 (19 de septiembre de 2001), para. 7. Véase también Cesario Gómez Vásquez v. España, Comunicación No. 701/1996, U.N. Doc CCPR/C/69/D/701/1996 (11 de agosto de 2000). En respuesta al cuarto informe periódico de España sobre la aplicación del PIDCP, el CIDH instó al gobierno español a instituir un derecho de apelación a las decisiones de la Audiencia Nacional en consonancia con lo prescrito por el artículo 14, para. 5 del PIDCP. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, España. U.N. Doc CCPR/C/79/Add.61 (3 de abril de 1996), para. 19.
[46] Los hombres en prisión provisional son: Driss Chebli, Abdula Khayata Kattan, Imad Eddin Barakat Yarkas, Osama Darra, Sadik Merizak, Hasan Alhusein, Abdelaziz Benyaich, Jasem Mahboule, Luis José Galán González, Najib Chaib Mohamed, Mohamed Needl Acaid, Mohamed Zaher Asade, Said Chedadi y Mohamed Galeb Kalaje Zouaydi, Bassam Dalati Satut, Ghasoub Al Abrash Ghalyoun, Mohamed Khair El Saqqa, Abdalrahman Alarnaot Abu Aljer, Kamal Hadid Chaar, Taysir Alony Kate, Ahmad Koshagi Kelani, Waheed Koshagi Kelani, Jamal Hussein Hussein. El auto de prisión del 19 de noviembre decretó la prisión provisional para los últimos nueve hombres. En el momento de escribir este informe, Human Rights Watch no había podido averiguar la situación de Sid Ahmed Boudjella. Human Rights Watch ha adoptado la ortografía de los nombres empleada en la orden en que se declara cerrada la fase de investigación del Sumario 35/2001-E. Algunos nombres están escritos de manera diferente en otros documentos.