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Timestamp: 2020-04-10 08:38:19
Document Index: 329309413

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'e contrario', 'artículo 77', 'artículo 85', 'artículo 87', 'artículo 89', 'artículo 6', 'e contrario']

Edicto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre demanda de impugnación del convenio colectivo Acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo.
Órgano TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Vigencia desde 13 de Octubre de 2009
ILMA. SRA. M. CARMEN FIGUERAS CUADRA
ILMO. SR. FRANCISCO ANDRES VALLE MUÑOZ
En Barcelona a 22 de septiembre de 2009
SENTENCIA Nº 14/2009
En los autos nº 20/2008, iniciados en virtud de demanda impugnación convenio colectivo, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Felipe Soler Ferrer.
ÚNICO.- Con fecha 11 de Diciembre de 2008 tuvo entrada en la Secretaría de esta Sala demanda impugnación convenio colectivo en la que interviene como parte demandanteASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PERSONA -AESAP- y como parte demandada ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE LA INICIATIVA SOCIAL DE CATALUNYA, COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA (CC.OO.), UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA y MINISTERIO FISCAL, en la que se solicita se dicte sentencia conforme a derecho. Admitida la demanda formulada, se ha celebrado el correspondiente acto de la vista el pasado día 13 de MAYO de 2009, en el que tras ratificarse la parte actora en sus peticiones, se opuso la demandada, practicándose las pruebas admitidas, según consta en el acta que se extendió al efecto. Y terminado el acto elevando a definitivas las partes sus conclusiones.
PRIMERO.- El 19-5-2008 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Ir Conveni Col.letiu de treball de Catalunya d`Acciò Social amb Infants, Joves, Families i d`Altres en situació de risc, para los años 2008-2009, suscrito el 14 de enero y el 11 de marzo de 2008 por los representantes de L`Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (en adelante AEISC) y por la parte social por los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT (doc. 1 demanda).
SEGUNDO.- Dicho Convenio Colectivo es de aplicación a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña (art. 1).
Quedan afectados por dicho Convenio, independientemente de la titularidad del servicio todas las empresas privadas que presten actividades de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo (art. 2), concretándose seguidamente en su texto distintas actividades o servicios que se consideran dentro del ámbito funcional del Convenio (doc. 1 demanda).
TERCERO.- En fecha 10 de marzo de 2006 se constituyó la Mesa Negociadora del Convenio (doc. 2 demanda).
CUARTO.- En fecha 26-3-2007 el Cap de Secció de Negociació Col.leciva i Estatuts de la Subdirecció General de Relacions Laborals remitió escrito a AEISC por el que, entre otros extremos, le recordaba la obligación de tramitar a la Dirección General de Relaciones Laborales, a efecto de registro, una copia de la comunicación de promoción de negociación a las partes legitimadas, en la cual debía constar la representación de que se disponía, los ámbitos del Convenio y las materias objeto de negociación (doc. 3 demanda), sin que hasta el momento conste que se haya producido el registro de dicho documento de comunicación.
QUINTO.- La preceptiva hoja estadística, acompañada en el trámite de presentación y registro de los convenios colectivos ante la autoridad laboral competente, correspondía al modelo de hoja estadística de convenios de empresa y no al modelo concerniente a los convenios colectivos de sector (vid. doc. 8 demanda), sin indicarse en dicha hoja el número de empresas afectadas por el convenio, señalándose no obstante que son 11.302 los trabajadores afectados.
SEXTO.- La demandante Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona (en adelante AESAP) es una organización de ámbito territorial estatal, sin ánimo de lucro, que integra y acoge a las entidades privadas que provean profesionalmente servicios de atención a las personas y/o gestionen empresarialmente recursos y servicios sociosanitarios de titularidad pública y/o de interés colectivo en España, así como a las organizaciones que agrupen a entidades con estas características, y que de forma voluntaria soliciten su afiliación (folios 101 a 111).
El sindicato UGT reconoció a ASEAP la condición de asociación empresarial más representativa en el ámbito autonómico catalán, en escrito que firmó con la misma y remitió en 28-9-2007 al sindicato codemandado CCOO promoviendo la negociación de un convenio colectivo autonómico en desarrollo del convenio colectivo marco estatal de Acción e Intervención Social (folios 1284-1285).
En la SAN 28-12-2008, recaída en el proceso de impugnación del I Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social, se declara probado que AESAP asocia a más del 10% de las empresas del sector y que estas empresas ocupan al menos el 22,50% de los trabajadores del mismo (folios 1258 y ss).
SÉPTIMO.- La demandada AEISC integra y acoge en Cataluña a las entidades privadas sin ánimo de lucro que provean profesionalmente servicios de atención a las personas y/o gestionen empresarialmente recursos y servicios sociosanitarios de titularidad pública y/o de interés general desde una voluntad expresa no mercantil y que de forma voluntaria soliciten su afiliación (folio 839).
De las 199 entidades integradas en AEISC, con una plantilla total de 18.269 trabajadores, sólo 82 de ellas, que ocupan a 3.882 trabajadores, prestan activides o servicios previstos en el Convenio Colectivo impugnado (folios 990 a 1206)
OCTAVO.- Según informe estadístico privado aportado a autos (folios 828 y ss.), el total de empresas en Cataluña con asalariados en el sector privado de servicios sociales sería en 2006 de 1.459, y el total de asalariados entre 23.988 y 29.995.
PRIMERO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Procesal Laboral (LPL), se hace constar que los anteriores hechos declarados probados se han obtenido de la prueba documental a que se hace referencia en los respectivos hechos probados, de la prueba pericial practicada para establecer el número de trabajadores y empresas incluidos en el ámbito de aplicación del convenio a negociar, y de las alegaciones de las partes que no han sido controvertidas de contrario.
La demanda origen de autos, posteriormente ampliada, tiene por objeto la impugnación por ilegalidad del 1r Conveni Col.lectiu de Treball de Catalunya d`Acció Social amb Infants, Joves, Families i d`altres en situació de risc, para los años 2008-2009, por falta de legitimación inicial y plena de la asociación patronal firmante del Convenio, habiendo desistido la parte actora de la pretensión de nulidad del mismo por concurrencia con el I Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social (anulado por SAN 22-12-2008).
Los demandados, firmantes del Convenio impugnado, opusieron en el acto del juicio la falta de legitimación activa de la organización empresarial demandante «Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona» (en adelante AESAP).
En primer lugar señalaron que la parte actora no aportó a los autos certificación del órgano competente de la asociación autorizando a su Presidenta a interponer la demanda. Mas tal aportación no resulta exigida en la ley procesal laboral, sería en cualquier caso un defecto subsanable, sin que, por otra parte, se haya justificado la necesidad de aportación de dicha certificación, pues ni se alega ni se acredita que, en el seno de la asociación demandante, existieran intereses contrapuestos en orden al ejercicio de la acción.
En segundo lugar, se alega falta de interés de la demandante en la impugnación del convenio colectivo. La legitimación procesal a la que se refiere el art. 163.1.a) de la LPL para impugnar por ilegalidad un convenio colectivo viene legalmente atribuída, tanto a los representantes de los trabajadores como a las asociaciones empresariales «interesadas», y lo son, sin duda, aquellas asociaciones cuyos miembros puedan verse afectados en alguna medida por el convenio que tratan de impugnar. Ello comporta la desestimación de la excepción, pues se patentiza el interés exigido por el precepto respecto a la demandante AESAP, asociación profesional de ámbito territorial estatal de la rama de servicios de atención a las personas, en cuyos estatutos se prevé la integración de empresas que provean profesionalmente dichos servicios, siendo el ámbito funcional del convenio impugnado el de la regulación de las relaciones laborales entre las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios y su personal (art. 2). Es cierto que surgen dudas sobre la representatividad de la organización empresarial accionante en el ámbito territorial de Cataluña, derivadas de los propios términos de la demanda, cuando dice, en su hecho 7º,«...teniendo en cuenta la representatividad que AESAP ostenta en los ámbitos territorial y funcional en cuestión mediante ACESAP, su vertiente autonómica en Cataluña...»; dado que ACESAP (Associació Catalana d`Empreses de Serveis d`Atenció a la Persona) ostenta personalidad jurídica propia y sus estatutos aparecen depositados en el organismo correspondiente (folio 1286), podría pensarse que el interés o legitimación para impugnar el Convenio catalán correspondería a esta asociación, del mismo sector y de ámbito autonómico. Sin embargo, no se han perfilado las relaciones entre AESAP y ACESAP, ni consta que la primera de ellas no disponga de empresas asociadas en el territorio de Catalunya. En todo caso, mal puede sostenerse la falta de interés de la demandante, cuando uno de los demandados, el sindicato UGT, reconoce a la actora AESAP la condición de asociación empresarial más representativa en el ámbito autonómico, en escrito que firmó con la misma y remitió al sindicato codemandado Comisiones Obreras promoviendo la negociación de un convenio colectivo autonómico en desarrollo del convenio colectivo marco estatal de Acción e Intervención Social (folios 1284-1285).
SEGUNDO.- Antes de contestar al fondo de la pretensión las demandadas opusieron igualmente que la parte actora hizo un uso torcido de la prueba anticipada, sirviéndose del resultado de la misma para «completar» la demanda en el acto del juicio, señalando dichas partes que, caso de haber necesitado la actora el examen de libros o documentos para confeccionar la demanda, debía haber recurrido a los actos preparatorios previstos en el artículo 77 LPL.
Al margen del cauce utilizado por la demandante para la aportación de pruebas al proceso, lo cierto es que esta alegación de los codemandados resulta extemporánea en el acto del juicio, pues en momento alguno se recurrieron las providencias que acordaban la práctica de estas pruebas, ni las partes alegaron oposición de tipo alguno en el momento de su aportación. Tampoco se hizo constar protesta alguna en el acto del juicio oral, limitándose los codemandados, como se ha dicho, a alegar que se había utilizado la prueba anticipada para fines distintos de los previstos en la ley procesal, sin anudar a esta alegación consecuencia jurídica alguna, como no fuera la posible variación sustancial de la demanda, de la que luego se tratará, debiendo la Sala señalar finalmente que lo procesalmente relevante es si la prueba documental solicitada con carácter anticipado tiene enlace o conexión con los hechos del pleito, siendo claro que a través de las diligencias probatorias solicitadas la parte actora ha intentado probar sus alegaciones de la demanda en torno a la falta de legitimación de la asociación empresarial demandada firmante del convenio. Tampoco cabe olvidar que resulta especialmente dificultoso medir la representatividad de las asociaciones empresariales, por lo que es de todo punto lógico que la demandante, a quien incumbe la carga probatoria de la falta de legitimación, solicitara al efecto antes del juicio la práctica de una abundante prueba documental.
TERCERO.- Cuestión distinta es que, en base a los resultados de esas pruebas, se hubiera producido, en la ampliación de la demanda, una variación sustancial prohibida por el artículo 85.1 LPL.
Tal como se afirma en la STCo 226/2000, que se cita en la STS de 18-07-2005, el derecho a no sufrir indefensión, «está materialmente dirigido a garantizar la posibilidad de ambas partes procesales de alegar o probar cuanto consideren preciso a la defensa de sus intereses y derechos en función de la igualdad jurídica», cuidando con esmero la LPL las alegaciones sorpresa que, en un proceso oral como el regulado en dicha norma, impiden la adecuada defensa de la parte, prohibiendo la modificación sustancial de la pretensión -art. 85.1 de la LPL- o la reconvención que no hubiese sido previamente anunciada en conciliación o en la reclamación previa -art. 85.2 - o imponiendo la obligación de comunicar al juzgado que se acudirá a juicio con asistencia técnica -art. 21.2 y 3 de la LPL-, tal como así se argumenta en aquella STS de 18-07-2005.
En el caso que nos ocupa, la Sala considera que el escrito de ampliación no conlleva una modificación de tal entidad que suponga una variación sustancial de lo referido en demanda y menos que se hubiese producido una situación de indefensión que afectase a las partes demandadas, es decir, no se produjo alteración del objeto del proceso. En la demanda se hacía referencia a la «falta de legitimación de la asociación empresarial firmante del convenio», alegándose que a todo lo largo del proceso negocial y registral del convenio no constaba «referencia alguna en cuanto a la representatividad ostentada por la asociación empresarial firmante del mismo (AEISC), señalándose finalmente que «aún y contando AEISC con la legitimación inicial en los términos exigidos en el Estatuto de los Trabajadores, no puede ostentar en modo alguno las legitimaciones plena y decisoria necesarias para la válida constitución de la Comisión Negociadora y la consecuente firma del Convenio negociado». A lo que se añadía, en los fundamentos de derecho del escrito iniciador del proceso, que «la parte demandada en ningún momento a lo largo de todo el proceso negociador ha manifestado la repesentatividad que la avala como parte negociadora», expresándose seguidamente que la única asociación patronal firmante no cuenta con la legitimación plena ni decisoria. Basándose, pues, la impugnación del convenio en la falta de representatividad y por ende de legitimación de la patronal firmante, no resulta sorpresivo para las demandadas que en el escrito de ampliación, presentado el día 7-4-2009, se extendiera también la falta de legitimación a la «inicial» requerida por el artículo 87.3 del Estatuto de los Trabajadores, pues se trata de una pretensión intimamente relacionada con la falta de legitimación de la patronal firmante ya vertida en el escrito de demanda, al tiempo que no supone modificación del «petitum» de la misma, habiéndose dado traslado del escrito de ampliación a los demandados con la suficiente antelación como para que, en el acto del juicio, celebrado el 13-5-2009, ya conocieran debidamente los hechos fijados de modo definitivo, y pudieran acudir al juicio con los medios de prueba que estimasen oportunos para contrarrestar la posición de la parte actora. Basta un somero análisis de la prueba documental aportada por las demandadas en el acto del juicio para cerciorarse de que sabían porqué se les demandaba y que estaban preparadas para hacer frente a las alegaciones de la parte actora sobre la falta de representatividad de la patronal firmante del convenio. Por tanto, ni puede considerarse que se variara de forma sustancial los términos en que había sido planteado el debate, ni mucho menos que ello ocasionara a las demás partes indefensión alguna merecedora de protección jurídica, máxime cuando el debate afecta a hechos propios de la asociación empresarial demandada, a su grado de implicación en el sector profesional de servicios de atención a la persona en el ámbito territorial autonómico, que conoce o debe poder conocer fácilmente.
CUARTO.- En primer término pretende la parte actora AESAP la nulidad del convenio impugnado por la falta de inscripción en el Registro de la Autoridad Laboral de la comuncicación de promoción de negociación a las partes legitimadas, señalando en el hecho tercero de la demanda que en fecha 26 de marzo de 2007 el Cap de Secció de Negociació Col.lectiva i Estatuts de la Subdirecció General de Relacions Laborals recordaba por escrito a la Comisión Negociadora, entre otros extremos, la obligación de tramitar a la Dirección General de Relaciones Laborales, a efectos de registro, una copia de la comuncicación de promoción de negociación a las partes legitimadas, en la cual debía constar la representación de que se disponía, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación, sin que, hasta el momento, se haya producido el registro del referido documento de negociación.
En apoyo de esta pretensión cita la demandante la Sentencia del TSJ Galicia de 4 de marzo de 2002, la que, en efecto, anula un convenio colectivo por no haberse cumplido los trámites formales de comunicación previstos en el artículo 89.1 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, entiende esta Sala que el tema relativo a la comunicación no es de una trascendencia tal como para determinar la nulidad del Convenio, pues se trata de un mero trámite administrativo, carente de relevancia a efectos de declarar la nulidad del Convenio. En tal sentido se manifiestan las Sentencias del TSJ Canarias de 22/7/02 y del TSJ Cantabria de 10/8/2001, con cita esta última de la del TS de 14-2-1996, que señalan, en definitiva, que esta omisión procedimental, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad del convenio colectivo suscrito.
Por análogas razones debe rechazarse la nulidad del convenio por haberse aportado una hoja estadística errónea (de empresa y no de sector) e incompleta, pues el requisito previsto en el artículo 6.4 del RD1040/1981 se establece a efectos del registro del Convenio colectivo (art. 90.2 ET) y su eventual incumplimiento no afecta a la esencia del procedimiento negocial.
QUINTO.- Sobre la falta de legitimación para negociar, es obligado determinar si la demandada AEISC ostenta o no, a tenor de lo prevenido en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, la legitimación inicial y, en todo caso, la legitimación complementaria, plena o deliberante para constituir válidamente la mesa negociadora del convenio colectivo de eficacia general.
Como señala la STS 20-6-2006 «Sobre el tema -general- de la legitimación en el ámbito de la negociación colectiva, se distinguen tres sucesivos niveles: (a) la legitimación inicial, que se entronca con la representatividad, en los términos previstos en los arts. 37.1 CE, 82 y 87 ET y 6 LOLS, de manera que cuantos acrediten la cualidad de representantes de los empresarios o de los trabajadores tienen -en principio- legitimación para negociar, siquiera ello no sea suficiente para suscribir el pacto, dado que nuestro sistema se asienta sobre el principio de corrección que supone limitar el número máximo de personas físicas que realmente pueden negociar [art. 88.3 ET: 15 para los convenios de ámbito superior a la empresa y 12 en los demás]; (b) la legitimación plena, que se determina en cada caso concreto por la dosis de representatividad acreditada, pero proyectada ya sobre los ámbitos del convenio y la composición de la mesa negociadora, de tal modo que sólo los legitimados inicialmente pueden ocupar algún puesto en la mesa de negociaciones en proporción a la representatividad real; y (c) la legitimación negociadora, que es una cualidad de los sujetos que entra en juego a la hora de adoptar acuerdos, de tal suerte que solamente alcanzarán eficacia aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada una de las dos representaciones [art. 89.3 ET, según la reforma introducida por la Ley 11/1994, de 19/mayo (SSTS 04/10/01 -rec. 4477/00-; 19/11/01 -rec. 4826/00-; y 05/11/02 -rec. 11/02 -). 4. Tratándose -ya en concreto- de Asociaciónes empresariales, con la entrada en vigor de la Ley 11/1994, la legitimación inicial -art. 87.3 ET- requiere que cada asociación [no el conjunto de las que concurran] cumpla la doble exigencia de que formen parte de la asociación el 10 por 100 de los empresarios del sector y que tales empresas ocupen el 10 por 100 de los trabajadores afectados; y la legitimación plena -art. 88.1 ET - va ya referida al conjunto de todas las asociaciones, no a cada una de ellas ( SSTS 25/05/96 -rec. 2005/1995-; 19/11/01 -rec. 4826/00-; y 21/11/02 -rec. 42/02 -)».
La legitimación inicial se calcula sobre el 10% de las empresas y de los trabajadores, como se dijo, mientras la legitimación negocial o de segundo nivel gira sobre la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio.
Señala también esa sentencia del TS que «Sobre la carga de la prueba en tal materia, la doctrina de esta Sala es unánimemente expresiva [en doctrina iniciada por STS 17/06/94 -rec. 2366/93-, mantenida por sentencia -Sala General- de 05/10/95 -rec. 1538/92-, y reafirmada en las de 14/02/96 -rec. 3173/94-, 27/02/96 -rec. 1549/95- y 25/01/01 -rec. 1432/00-; todas ellas citadas por 21/03/02 -rec. 516/01- de que se presume que quienes participan en la negociación y conclusión de un convenio colectivo tienen representatividad suficiente, mientras que quienes impugnan la legalidad de los actos de negociación pueden hacerlo desde luego por las vías jurisdiccionales previstas a tal efecto, pero soportan la carga de la prueba tanto de su propia condición representativa como de la falta de representatividad de quienes participan o han participado en la negociación colectiva impugnada. Y en apoyo de tal doctrina se argumenta el reconocimiento mutuo de los interlocutores en el momento inicial de la elaboración del convenio, trámite indicativo de que en la mesa de negociaciones se ha apreciado por unos y otros sin necesidad de demostración expresa, por ser notoria o al menos sobradamente conocida, la superación de la representatividad mínima exigida en la Ley; y -sobre todo- que la justificación del nivel de representatividad de las asociaciones empresariales ofrece serias dificultades en la mayoría de las ocasiones pues, a diferencia de lo que sucede con los sindicatos, en este ámbito empresarial ni se celebran elecciones a representantes ni existe un archivo público -oficina certificante- capaz de ofrecer datos fiables y objetivos sobre la representatividad de una determinada asociación empresarial (aparte de las ya citadas, las SSTS 27/04/00 -rec. 1581/99-; 25/01/01 -rec. 1432/00-; 21/03/02 -rec. 516/01-; 18/12/02 -rec. 1154/01-; y 20/12/04 -rec. 9/04 -). De esta forma, los requisitos de legitimación de los convenios estatutarios se entienden cumplidos iuris tantum en aquellos convenios colectivos que han pasado sin obstáculo la tramitación administrativa del art. 90.5 ET (SSTS 05/10/95 -rec. 1538/92-; y 21/06/05 -rec. 142/03 -)».
SEXTO.- Dicho lo cual, cabe señalar que ni en la demanda ni en su posterior ampliación se indica el número de empresas incluidas en el ámbito funcional del convenio impugnado, ni el número de trabajadores que las mismas emplean. Tampoco se indican las empresas asociadas a la asociación patronal firmante del convenio, ni los trabajadores que éstas emplean. Esta falta de datos fácticos fue puesta de relieve en el acto del juicio por el Letrado del sindicato codemandado UGT, pero no puede aceptarse la alegación de indefensión por tal omisión, pues no puede la asociación patronal firmante desconocer datos de afiliación que le son propios, ni los firmantes del convenio podían ignorar, pues debieron hacerlos constar ya en la hoja estadística pertinente, los datos de empresas y trabajadores afectados por el convenio.
En el acto del juicio compareció a instancia de la parte actora un perito especialista en Estadística, que ratificó su informe obrante a folios 828 y ss., del que resulta que el total de empresas con asalariados en el sector privado de servicios sociales sería en 2006 de 1.459, y el total de asalariados entre 23.988 y 29.995. Estos datos son similares, pero no exactamente coincidentes, con los facilitados por la propia parte actora en su «informe de análisis» de la documentación remitida a autos por diversos organismos públicos, que nos habla de 1484 empresas en el ámbito funcional del convenio impugnado (folios 878 y ss.). Tales datos contrastan significativamente con los facilitados por los negociadores del convenio, pues en la Hoja Estadística, que no indica número de empresas, sólo se refieren 11.302 trabajadores afectados (folios 85 y ss.).
Por otra parte, en cuanto a la representatividad de la demandada AEISC, según relación aportada por ésta (folios 1287 y ss.), resultaría que asociaba en 3/2006 a 151 empresas, que a vez daban ocupación a 12.319 trabajadores. Sin embargo, la parte actora, en su «análisis de datos» de los folios 990 y ss. habla de 199 entidades integradas en AEISC, con una plantilla total de 18.269 trabajadores, si bien excluye seguidamente a 117 entidades (folios 1000 y 1001) en base a su actividad, de modo que las 82 restantes ocuparían sólo a 3.882 trabajadores. Debe la Sala aceptar los minuciosos datos que aporta la parte actora, pues no se han desvirtuado de contrario y vienen avalados por abundante prueba documental (vid. folios 1002 a 1206) relativa a las empresas asociadas a AEISC, por la que se acredita que las empresas excluidas realizan actividades relacionadas con el ocio, culturales u otras diversas que quedan fuera del ámbito funcional del Convenio impugnado. A modo de ejemplo puede citarse la Fundació Catalana de L`Esplai, CAE Formació i Serveis Socioculturals, Associació Catalana Cases Colonies, Entorn SCCL, Esport 3 y la Fundació Escolta Josep Carol, entre otras muchas asociadas que quedarían incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector del tiempo libre educativo y sociocultural de Cataluña (folio 867 y ss.). Con todo ello resulta que la demandada AESIC, ocupando sólo 3.882 trabajadores y siendo el número de trabajadores afectados por el Convenio de 11.302 si aceptamos los datos de la Hoja Estadística, no representaría a la mayoría de los trabajadores afectados, por lo que carece de legitimación para negociar y formar parte de la Comisión Negociadora. Tampoco ostentaría la legitimación inicial, al no representar al 10% de los empresarios incluidos en el ámbito geográfico y funcional del convenio, todo lo cual lleva a la Sala a aceptar la petición de nulidad del convenio impugnado.
Que estimamos la demanda fomulada por Mª Mercè Clara i Quintana, en su calidad de Presidenta, actuando en nombre y representación de la organización empresarial Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona contra la Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya y Unió General de Treballadors de Catalunya, en materia de impugnación del 1r Conveni Col.lectiu de Treball de Catalunya d`Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d`Altres en situació de risc, per als annys 2008-2009, y, en su consecuencia, declaramos la nulidad de dicho Convenio como norma estatutaria, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas del proceso.
Comuníquese esta sentencia a la Autoridad laboral.
Se ordena su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».