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Timestamp: 2018-11-14 17:45:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'Artículo 77', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 66', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo\n12', 'artículo 22']

el papel de la criminologia critica en la protección de los derechos
Capítulo Criminológico, Vol. 23, No. 2, 1995: 275-292
XX Encuentro Latinoamericano de Criminología,
17 al 21 de julio de 1995
"EL PAPEL DE LA CRIMINOLOGIA CRITICA
EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS"
Ricardo Colmenares Olivar*
Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. J.M, Delgado Ocando". Universidad del Zulla.
Este trabajo constituye un avance dentro de la línea de investigación "Aporte ideológico
de la Cultura Wayúu al Derecho Penal Moderno", financiado por el Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico- CONDES.
El papel de la criminología crítica en la protección
de los dereclws humarws de los pueblos indígenas
La Criminología Crítica como paradigma de la defensa de los
derechos humanos, pretende desaparecer el sistema penal formal
mediante mecanismos alternos de control social "informales"
para la solución de los conflictos. Visto así, las diversas experiencias legislativas y las normas propias del derecho consuetudinario indio analizadas, como manifestaciones propias de un
pluralismo jurídico tácito en Venezuela, vienen a constituir, sin
lugar a dudas, un marco programático que puede servir a la Criminología Crítica para demandar derechos humanos específicos
de los pueblos indígenas y reflejar el estado actual de la contienda por el derecho a la diferencia cultural.
Palabras claves: Criminología Crítica, Derechos Humanos, Derecho Consuetudinario, Pluralidad Cultural, Pluralismo Jurídico.
THE ROLE OF THE CRITICAL CRIMINOLOGIST
IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
AMONG INDIAN PEOPLES
Critica/ criminology as a paradigm for the defense of human
rights, intends to dissolve the formal penal system through alternate mechanisms of "informal" social control to resolve conjlicts.
In this light, the diverse legislative experiences and the policies
arising from consuetudinary Indian rights are analyzed, as manifestations arising from a tacit judicial pluralism in Venezuela,
that constitute, beyond any doubt, a programmatic framework
that can allow critica/ criminology to demand specific human
rights for the Indian populations, and to reflect the actual state
of affairs in the conflict for the right to cultural difference.
Key words: Critica! criminology, Human rights, Consuetudinary rights,
Cultural plurality, Judicial pluralism
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Capítulo Criminológico, Edición Especial (1995)
En el marco del XX Encuentro Latinoamericano de Criminología a
celebrarse en la ciudad de Maracaibo y organizado por el Instituto de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de L.U.Z., me permito esbozar algunos lineamientos sobre la incidencia de la Criminología Crítica en el reconocimiento del Derecho Consuetudinario y las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas en Venezuela, como realidad social concreta de
estudio y desde mi perspectiva como operador del Derecho en mi c:ondición
de Juez Penal.
El movimiento indígena que ha surgido en las últimas décadas en América y en nuestro país constituye una gran fuerza social en la lucha por sus
derechos propios y vitales. En este sentido podemos referir que la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por Resolución No. 48/163 de fecha 18-0294, proclamó el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el cual constituirá el espacio apropiado para desarrollar las acciones básicas que tanto en el plano nacional como en el internacional se ]['equieran
para crear las condiciones necesarias para avanzar hacia el establecimiento
de un nuevo orden de relaciones entre los pueblos indígenas y los distintos
Gobiernos, fundado en el respeto mutuo, la cooperación, los/mecanismos
para la solución negociada de los conflictos, la justicia y la equidad
Siendo entonces que la Criminología Crítica corresponde, desde el
punto de vista político e ideológico, a un programa de defensa de los Derechos Humanos que pretende "desaparecer" la función punitiva del sistema de
justicia penal formal mediante la búsqueda de diversas alternativas a la solución de los conflictos, la misma debe estar dirigida a resguardar los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos frente al Estado nacional, sin pretender reemplazar su propia dinámica y desarrollo.
DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIOS EN VENEZUELA
Los pueblos indígenas y demás grupos étnicos de Venezuela reclaman
su participación en el diseño del programa democrático y que se les pennita
de los derechos humanos de los pueblos indígenas
realizarse en el espacio propio como sociedades y civilizaciones, a través de
una dinámica histórica milenaria cuya existencia es anterior a la creación
formal de nuestra República.
En el Preámbulo de la Constitución de Venezuela de 1961 se establecen como objetivos del Estado, entre otros, los de amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social. Asimismo señala
la obligación de contribuir con los fines de la comunidad internacional en
cuanto a la garantía de los derechos individuales y sociales o colectivos de la
persona humana: como vemos, no es más que una respuesta al espacio que
han abierto los Derechos Humanos con ámbito universal dentro de los ordenamientos internos de cada Nación. En términos generales podemos decir
que los derechos humanos son aquellas categorías jurídicas plasmadas. en
instrumentos supranacionales y nacionales que contienen todos los derechos
inherentes a la persona humana, esenciales al respeto de su dignidad y que
garantizan el efectivo ejercicio del libre desenvolvimiento de su personalidad como sujeto individual y como ente social. Ellos constituyen las necesidades reales fundamentales de los individuos y de los pueblos y su consolidación determina el grado de desarrollo de los mismos. Venezuela ha suscrito, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Oviles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que al ser ratificados por el Gobierno mediante ley especial, forman parte de nuestro ordenamiento interno con rango de normas constitucionales, de conformidad con
lo establecido en el artículo 128 de la Constitución.
Visto así nuestro régimen democrático se enmarca dentro de las nuevas
concepciones del Estado de Derecho como un Estado Social de Derecho en
los cuales justicia social y dignidad humana son los dos valores rectores de
tal concepción. Igualmente se pueden señalar otros valores fundamentales de
la democratización cuales son: La igualdad que conlleve la satisfacción real
de las necesidades básicas del hombre y el valor del pluralismo social e
ideológico (Combellas, 1990: p. 55-58). Luego entonces, el estado democrático deberá entenderse como un sistema que consagre un gobierno de mayorías y permita los derechos políticos de los grupos minoritarios, como es el
caso de los pueblos indígenas del territorio venezolano, porque las prácticas
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Ricardo Colmenares OUvar
Capitulo Criminológico, Edición Especial (1995)
democráticas no son plenas si no tienen en cuenta la diversidad cultural
para el efectivo respeto de los derechos humanos.
De tal manera que nuestra actual Constitución reconoce en forma expresa todos los der€~chos individuales, tanto civiles como políticos. Igualmente se
consagran algunos derechos sociales, tales como el derecho a la familia (Art.
73), el derecho a la cultura (Art. 83), que implica el respeto de cada pueblo a
sus costumbres, expresiones artísticas, creencias, religión y forma de organización social; el derecho a la protección de la salud (Art. 76), el derecho de la
autogestión de las comunidades (Art. 72), el derecho a la educación (Art. 78),
derecho al trabajo, entre otros, y que también son de aplicación inmediata. En
materia de derechos indígenas sólo existe una disposición que algunos en la
doctrina han denominado "norma programática", cual es el Artículo 77 de la
Constitución y que establece el régimen de excepción de las comunidades indígenas y su incorporación a la vida de la Nación. Lo importante es sefialar
que para darle una vigencia real a estos derechos humanos, los mismos deben
interpretarse en forma progresiva, es decir, las normas constitucionales se deben adaptar de manera adecuada y racional al caso particular con toda la significación de los cambios sociales y culturales suscitados en el espacio y en el
tiempo en el qu€~ se desenvuelven las comunidades en general. Por ejemplo, no
se puede interpretar el derecho a la familia aplicado a los miembros de una comunidad indígena pensando en el modelo occidental de familia impuesto por
la cultura dominante sino que, por el contrario, se debe tomar en cuenta la forma de organizadón de clanes de los grupos, sus costumbres y demá'S realidades culturales; es decir, con una visión pluricultural. Lo ideal para poder lograr
una defensa efectiva de los derechos indígenas es formular las normas de la
Constitución y de los Convenios internacionales de manera que permitan su
auto aplicación o aplicación directa, teniendo así pleno valor jurídico y pudiendo ser aplicados automáticamente por los jueces. Por otra parte, existe la posibilidad de resguardar un derecho fundamental inherente a la persona humana
aun cuando no esté contemplado expresamente en la Constitución (Art. 50
Curiosamente se puede observar que en ninguna de estas declaraciones
internacionales de derechos humanos se hace mención específica a los derechos de los pueblos indígenas, aunque es indudable que todos los derechos
humanos reconocidos en estos textos internacionales les son aplicables en
El papel de la crúnútologfa crítica en la protección
base al principio de igualdad y no discriminación, por el sólo hecho de ser
los indígenas personas humanas. Igualmente existe todo un esfuerzo por finalizar y es1J!blecer el proyecto de "Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas", por parte de las Naciones Unidas y un Instrumento Interamericano de la Organización de Estados Americanos
(O.E.A.), donde participa el movimiento mundial indígena, gubernamental y
no gubernamental, para reconocer formal y expresamente el derecho a su
propia cultura e instituciones jurídicas, el derecho a la propiedad colectiva
de la tierra y el derecho a la autonomía, entre otros.
Sin embargo, el Gobierno de Venezuela, en fecha 3 de agosto de 1983
(0.0. Ext. No. 3.253), ratificó el Convenio 107 de la Organización Internacional del'Ii'abajo (O.I.T.) que trata sobre los Derechos de las Poblaciones
Indígenas, Tribuales y Semitribuales en los Países Independientes y que
formalmente otorga una protección igual a los indígenas en las leyes nacionales, prohibiendo todo tipo de discriminación. Dicho Convenio constituye
el único instrumento jurídico internacional en materia indígena aprobado por
Venezuela que, como cuerpo normativo de rango constitucional (Art. 128
C.N.), puede ser utilizado para reclamar y amparar los derechos consagrados
a favor de todos los pueblos indígenas y minorías étnicas establecidas en el
territorio venezolano. En este sentido, el convenio establece expresamente
en el articulo 7 que se deberá tener en consideración el derecho consuetudinario de estas poblaciones y que podrán mantener sus propias costumbres e
instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional; asimismo se establece en el artículo 8 la posibilidad de emplear
los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión cuando
sean sus miembros quienes cometan delito, en nuestro caso, puede dársele
cabida a la "ley de compensación" ínsita en la justicia wayúu, como vía alterna a la función punitiva. Por último, seftala el artículo 10 del Convenio un
régimen de protección especial a las personas pertenecientes a grupos étnicos, indicando que se deberá tener en cuenta el grado cultural de dichas poblaciones al momento de la imposición de las penas y emplear "... métodos
de readaptación de preferencia al encarcelamiento".
Todo ello viene a significar que aun cuando no se haya ratificado el
Convenio 169 de la O.I.T., el cual reconoce el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado los pueblos in-
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RicardJJ Colmenares Olívar
dígenas (Art. 14), el régimen de excepción para las comunidades indígenas
establecido en el citado artículo 77 de la Carta Magna, deja de ser una norma
de programa ru~ acción del Estado ("programática") que impida el cumplimiento de dichas obligaciones hasta tanto no sean reglamentadas. Han olvidado los representantes del Gobierno que la obligación de extenru~r la protección especial a los pueblos indígenas forma parte del derecho consuetudinario internacional, obligatorio para todos los países. Si acudimos a la doctrina internacional, encontramos que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos,. haciendo interpretación del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, subrayó que la aplicación de esta norma
no depende de la solución adoptada por el sistema jurídico interno de un país
sino que éstos tienen que adaptarse a las obligaciones internacionales, y no a
la inversa (Naciones Unidas, 1992: 102). Igualmente la misma Comisión lnteramericana consideró que la especial protección de los indígenas no se circunscribe a los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, expresando que:
"... El Derecho Internacional,. en su estado actual y tal como !ie
encuentra cristalizado en el artículo 27 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, reconoce a los grupos étnicos
el derecho a una protección especial para el uso de su idioma.
el ejercicio de su religión, y en general todas aquellas caracrerísticas necesarias para la preservación de su identidad cultural" (CIDH, 1984-85: 31).
APORTES DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA AL TEMA INDÍGENA
Es propicio este encuentro para revisar el contenido y los íines de la
Criminología para América Latina, tomando en cuenta la múltiple complejidad de nuestra realidad social en la que se encuentran insertos los pueblos
indígenas y demás grupos étnicos.
Como bien sabemos, el tema central de discusión de la Criminología
Crítica ha sido la desaparición del sistema penal y la búsqueda de alternativas a la solución de los conflictos. En su afán por construir una teoría crítica
del Control Social, le ha permitido tomar en cuenta otras formas de control
social "no formales", entre las cuales se encuentran las utilizadas durante si-
El papel de la criminología critica en la protección
glos por los pueblos indígenas como mecanismos de control (pacíficos y armónicos) sobre sus miembros. De igual modo, esta Criminología analiza las
fuerzas ideológicas y/o motivacionales que se derivan del control social en
una amplia heterogeneidad cultural que permite construir una verdadera representatividad y participación a favor de los miembros de los diferentes
grupos étnicos y que también forman parte del conglomerado social.
Podríamos resumir las críticas que ·hace esta Criminología al sistema
penal, con los siguiente postulados:
a) La manera de percibir la violencia como problema social es "parcial": los acontecimientos no son tratados tal y como han sucedido sino
como fueron artificialmente registrados y transmitidos por el sistema
b) La "criminalidad" creada por el sistema es netamente selectiva: la
acción punitiva recae sobre grupos sociales marginales, como por ejemplo, sobre las poblaciones indígenas.
e) El sistema punitivo opera como sistema de violencia institucional:
como el control penal no es preventivo, las consecuencias de la violencia sólo se eliminan simbólicamente mediante la pena. Por ello sus efectos inciden negativamente sobre los individuos y en la sociedad, reproduciendo relaciones desiguales de propiedad y poder, a la vez que reprime necesidades reales (violencia institucional).
La Criminología Crítica también ha pregonado que el Estado debe ser
un garante no sólo de los derechos individuales (civiles y políticos) sino
esencialmente de los intereses sociales o colectivos.
En lo que respecta a otra corriente criminológica crítica llamada del
Derecho Penal Mínimo o Minimalismo, ésta busca la máxima reducción de
los mecanismos represivos y punitivos, mediante un concepto histórico social de los derechos humanos que se inclina por los intereses de los más débiles (en nuestro caso, por los indígenas). En su afán por sustituir a largo
plazo el sistema de justicia criminal punitivo por un derecho restitutivo, Baratta señala que ésto permite otorgar a las partes conflictuantes:
" ...mayores prerrogativas, de manera que puedan estar en condiciones de restablecer el contacto perturbado por el delito,
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Capitulo Criminol6gico, Edición Espec;fal (1995)
asegurar en mayor medida los derechos de indemnización de
las víc;timas ... y para lograr disminuir los costos sociales de la
pena" (Baratta; 1987: 637).
Por su parte la Thoría Abolicionista formulada por L. Hulsman (Holanda), siendo también crítica de la Criminología Tradicional, tiene por objeto de estudio los llamados mecanismos de control social alternativos informales. Esta teoría tiene como finalidad esencial la privatización de los conflictos por parte de los sujetos intervinientes, sin que medie la represión impuesta por el Estado; esto es, desea eliminar el llamado orden público o actuación de oficio que posee el sistema penal existente (como el venezolano),
logrando una mayor incidencia del acuerdo entre las partes o por anuencia
de la víctima (Hulsman: 1984).
Debemos pues continuar en la lucha por una Criminología Crítica auténticamente histórica que se aparte de los modelos políticos europeos y se
aboque al estudio del binomio hombre-criminalidad tomando en cuenta los
modos de vida, leyes e instituciones de nuestra realidad antropológica y social latinoamericana
ALCANCE DEL PLURALISMO CULTURAL EN VENEZUELA
La reforma constitucional que se abre paso en Venezuela debe: seguir el
reconocimiento de los Pueblos Indígenas como expresión de la diversidad
cultural de la sociedad venezolana, valorando sus costumbres, creencias y
todas sus aspiraciones. Según el último censo indígena realizado en 1992, la
población india del país estaba conformada por 28 etnias con un peso cultural propio y diferente, aunque constituyen una minoría étnica en comparación con el resto de la población total (1.5% ). Todos estos pequefios pueblos
han sufrido modificaciones en su estructuras pero sin perder su razón de ser,
es decir, conservando sus capacidades específicas que constituyen el fundamento de su identidad cultural: lenguas propias, cosmovisión, arte, sentido
colectivista de las tierras y uso de normas consuetudinarias para resolver sus
El establecimiento de un Estado Pluricultural no implica que cada
pueblo debe desarrollar su propio Estado, sino de lo que se trata es de cambiar la idea de: un Estado cultural y socialmente homogéneo por un nuevo
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El papel de la criminolngía crítica en la protección
de lns derechos hwnwws de lns pueblns indígenas
modelo político que acepte su realidad social y reconozca la existencia de
sus diversas realidades socioculturales. 'En fin, se trata de buscar en la relación intercultural un equilibrio para que "...ninguna cultura se convierta en
instrumento de hegemonía y represión" (Almeida, 1994: p. 1).
El reconocimiento al pluralismo cultural se ha plasmado en forma expresa en diversas constituciones de América; otras sólo consagran algunos
de los derechos reclamados por los pueblos indígenas. Así se tiene por ejemplo, que la Constitución de Nicaragua (1987) declara en su artículo 8 lo siguiente: "El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica... "; en la
Constitución de Colombia (1991) se consagra en su artículo 7: "El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana".
La de México (1992) prescribe en su artículo 4: "La Nación mexicana tiene
una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas ... " La de Paraguay (1992) dispone en su artículo 62: "Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos
de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo".
En igual sentido se tiene la Constitución de Ecuador ( 1979) en su artículo 1;
Perú (1993) lo reconoce expresamente en su artículo 2, numeral 19; Guatemala (1985) en su artículo 66; Brasil (1988), en su artículo 23.
Esta forma de pluralidad cultural no ha sido reconocida expresamente
en nuestra Constitución; sin embargo, la existencia de los diferentes pueblos
indígenas y demás grupos étnicos, como organizaciones sociales con elementos de autonomía y asentados a lo largo del territorio venezolano, han permitido entender que sus normas consuetudinarias -como parte de su cultura- también producen derecho y, en consecuencia, control social dentro de su grupo.
UN MECANISMO IDÓNEO PARA LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA: EL PLURALISMO JURÍDICO
Del reconocimiento de la pluralidad cultural de un país se llega a entender una categoría sociológica que se ha dado por llamar Pluralismo Jurídico, y que nace en tanto que co-existan dos o más sistemas normativos dentro de un mismo espacio social (Peña, 1994: 11). Tal pluralismo puede implicar, entre otras cosas, un verdadero camino hacia la descentralización, una
auténtica democracia participativa y mayor auge a la gestión del poder local,
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Capítulo Criminológico, Edfción Especial (1995)
así como también la "desjuridización" en la medida en que se tienda a desmontar parte de la estructura jurídica-penal que existía con anterioridad.
Este nuevo paradigma se ha ido manifestando progresivamente en diferentes instrumentos legales gracias a la fuerza en las reclamaciones de los
movimientos sociales en los últimos veinte afios, entre ellos la de los indígenas. En el Informe de la Comisión Bicameral para la revisión y refonna de la
Constitución actual se plasmó lo siguiente:
"Las etnias, comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a
la conservación de su cultura e identidad. El Estado protegerá
el hábitat natural que utilizan para su bienestar y desarrollo según sus costumbres y. tradiciones. Tendrán derecho a que la
educadón que se les imparta sea en idioma castellano y en su
lengua" (artículo 23).
Otra aproximación al reconocimiento del pluralismo jurídico en Venezuela lo constituye el carácter multiétnico y pluricultural (artículo 2) de la
Constitución del Estado Amazonas (antes Territorio Federal) y cuyos habitantes indígenas alcanzan el 50% del total de su población. A solicitud de diversas etnias se reconocieron fonnalmente los siguientes derechos colectivos: a) la biodiversidad ecológica, genética y biológica (artículo 3); b) el
derecho a la propia cultura, religión ancestral y lengua nativa (artículo 11);
el derecho a la tierra mediante adjudicación de propiedad colectiva (artículo
12) y la creación de parroquias indígenas como mecanismo que permita la
autonomía organizacional político-territorial de los pueblos indios. Organizaciones indígenas como la S.U.Y.A.O. (Shaponos Unidos Yanomami Alto
Orinoco), la O.R.P.I.A. (Organización Regional de Pueblos Indígenas de
Amazonas), la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de
Puerto Ayacucho, entre otras, son las que hacen posible el efectivo cumplimiento de estos derechos específicos.
Igualmente otra experiencia de pluralidad jurídica en Venezuela ha sido
puesta de manifiesto con la creación de la reciente "Ley Orgánica de la
Justicia de Paz", publicada en Gaceta Oficial No. 4.817 Extraordinario de
fecha 21-12-94, que reconoce una realidad sociológica pre-existente en el
país y que constituye un sistema de justicia alterna al establecer una jurisdicción especial que crea tribunales con caracteres propios y con procedimientos específicos y que pretende resolver los conflictos interpersonales en
1' 1·
de los derec1ws humanos de los pueblos indígenas
forma directa, ~xpedita, efectiva, partiendo de una justicia basada en la equidad. En el único aparte del artículo 22 se acuerda que el Concejo Municipal
deberá establecer condiciones y requisitos especiales en las comunidades indígenas, considerando los elementos étnicos y culturales de cada grupo,
aunque agreg? "...sin que se vulneren principios constitucionales" ¿Cuáles?
Esta forma de administrar justicia no es nueva en Venezuela. Si hacemos
una retrospectiva histórico-cultural, podemos encontrar que el pueblo Wayúu
tiene unos dignos representantes de la justicia de Paz: los pütchipü'ü de los
diferentes grupos o clanes, que son grandes conocedores de sus costumbres y
ritos, y que con su sabiduría han contribuido calladamente al restablecimiento
del orden y la paz social de dicho pueblo, evitando actos de venganza inmediata. Este pueblo tiene su propio derecho consuetudinario reconocido históricamente, que forma parte del derecho colectivo a la cultura y que viene a ser un
conjunto de normas de tipo tradicional, no escritas ni codificadas que han sido
transmitidas oralmente en el tiempo por los miembros de esta comunidad, para
luego ser compartidas y aplicadas por el grupo social. Se trata de la ley wayúu
(guajira) y su concepción de justicia criminal, cuyos principios se desarrollan
de la siguiente manera: con la producción de un conflicto de tipo criminógeno
(pütchi) que cause un daño material a una víctima (asiruu), nace el pago de
una indemnización (maünnaa), mediante una ley de compensación y cuya resolución específica se deja generalmente en manos de intermediarios. La ley
guajira se respeta y se cumple a cabalidad sin necesidad de existir tribunales ni
cárceles; en ella no existe individualización de la pena y la sanción sólo tiene
una repercusión patrimonial.
Por mera coincidencia, en la ley Wayúu convergen la despenalización
de la Criminología Crítica, la compensación como fórmula o medida restitutoria pregonada por los Abolicionistas y la reducción de mecanismos represivos como principio del Minimalismo.
Sobre esta perspectiva recae el contrasentido del sistema de administración de justicia penal venezolana, como instancia de control social formal punitivo, el cual "confisca" el conflicto a las personas involucradas en
él, etiquetándolos como "delincuente-víctima" y suprimiendo o anulando la
participación de este último en el manejo y solución del problema, por el sagrado respeto al "orden público" y al ius puniendi del Estado. En síntesis,
puede afirmarse que el sistema penal ocasiona un daño social, por cuanto
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Capítulo Crínún.ológico, Edición Espedal (1995)
impone un solo tipo de reacción formal ante los conflictos (la Punitiva) y no
resuelve realmente los problemas.
La potencialidad cultural específica de los pueblos indígenas genera,
frente al sistema de justicia de la cultura dominante, dos niveles de violencia
de tipo individual, tal como se constató en un trabajo de campo realizado por
María Angélica Jiménez en la Cárcel Nacional de Maracaibo, a saber: a) la
existencia de conductas prohibidas que para la cultura guajira no constituyen
hechos reprochables (delitos); b) al existir doble normatividad (un derecho
consuetudinario y uno positivo), existe para el wayúu una doble sanción, es
decir, la que le impone su grupo étnico y la impuesta por el control punitivo
Estatal (Jiméne:z: 1976, 138). Igualmente esta situación puede constatarse
con los innumerables casos de indígenas pertenecientes a otros grupos étnicos (Barí y Yukpas) que se encuentran recluidos en el mismo centro penitenciario del Zulia., que no hablan el idioma oficial (castellano) y que han sido
procesados y aún condenados sin respetárseles el derecho a expresarse en su
propia lengua, lo que conlleva asimismo a la violación del derecho a la defensa que tiene todo individuo.
Por ello en un afán por convertir en acción los postulados de la Criminología Crítica, nos hemos propuesto desde la Sección de Antropología Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. J.M. Delgado Ocando" de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de L.U.Z. la ejecución de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es analizar el contenido ideológico y cultural de las normas del Derecho Consuetudinario del pueblo Wayúu relativas a la resolución de conflictos que puedan incidir positivamente
en la justicia p~nal formal venezolana, estableciendo fórmulas que permitan
la pacificación de los conflictos a nivel criminológico, que conlleven formas
de compensación y restitución frente a la víctima (indígena o no) y que generen una resistencia a la violencia producida por la pena restrictiva de libertad. Iniciativas como ésta abren un gran espacio de discusión y diálogo entre
los sistemas informales que se derivan del Derecho Consuetudinario indígena y el sistema jurídico formal.
Por último, también debemos sefíalar que el pluralismo jurídico se ha desarrollado a través del proceso creciente hacia lajuridización de las relaciones
de los pueblos indígenas con el Estado. En este sentido se han incorporado en
leyes ordinarias y especiales reivindicaciones específicas que implican una
El papel de la crimblOlogia critica en la protección
de los derecfws humanos de los pueblos indígenas
mejora en la calidad de vida del indígena: así tenemos que la Ley de Reforma
Agraria, en su articulo 2do., literal d) y 161 Ordinal 3ro., garantiza a la población indígena el derecho a " ...disfrutar las tierras, bosques y aguas que ocupen o les pertenezcan en los lugares donde habitualmente moran ... ", protegiendo asimismo la actividad agropecuaria de dichas comunidades. Igualmente
en la Ley Penal del Ambiente del 2-02-92, en su articulo 67 excluye de culpabilidad a los miembros de las comunidades y grupos étnicos cuando los hechos
delictuosos ocurran en los lugares donde han morado ancestralmente y hayan
sido realizados según su modo tradicional de subsistencia, ocupación del espacio y convivencia con el ecosistema, y a la vez permite al juez tomar en cuenta
la opinio iuris del grupo étnico afectado (Parágrafo Único) para la resolución
del caso. En el mismo orden de ideas, en la Ley Orgánica sobre Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas reformada en fecha 30 de septiembre de
1993, se establece en su articulo 232 que quedan exentos de culpabilidad aquellos grupos indígenas que han venido consumiendo tradicionalmente el yopo
por razones de rituales mágico-religiosos.
Los derechos humanos vienen a constituir un orden ético en el ámbito
internacional que irrumpe los ordenamientos internos de los países para resguardar los intereses y necesidades de cada uno de los hombres y mujeres,
de los grupos étnicos y de todos los pueblos. En el caso de los indígenas,
este orden ético se ha ido sectorizando: a nivel internacional se han tratado
de crear postulados generales que abarquen los principales derechos comunes a todos los pueblos indios (libre autodeterminación, derecho a la propia
cultural, etc.); a nivel nacional y regional las aspiraciones son cada vez más
concretas para respetar cada una de las especificidades culturales de cada
pueblo y grupo étnico.
Debe entenderse que el Estado -a través de sus normas constitucionales y
ordinarias- no es el único productor de Derecho en una sociedad sino que también lo producen los "sistemas jurídicos paralelos", como es el caso del Derecho Consuetudinario de los pueblos indígenas, que además es capaz de dirimir
conflictos. Por ello es esencial puntualizar que la función del juez, como garante del Estado de Derecho dentro de un sistema democrático como el nuestro, debe ser netamente creadora (Rossell, 1991:82), mediante la interpreta-
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Ricardo ColmenaT"es Olívar
Capítulo Crl.minol.ógico, Edición Especial (1995)
ción progresiva y teológica de la norma constitucional y supranacional contenida en los diferentes Tratados sobre Derechos Humanos, tomando en cuenta
la realidad lústórtca y cultural de los pueblos, sobre todo si se trata de la defensa de los derechos fundamentales relativos a los pueblos indígenas, aun cuando
no estén previstos expresamente en la Constitución. Como bien sefiala O'Donnell, "... el Juez que aplica la normativa internacional vigente, cuando es pertinente, estará efectivamente ayudando a su país a cumplir con sus obligaciones ante la co11ll.lnitkul de naciones" (O'Donnell, 1988: 42).
Por último, podríamos advertir que la experiencia de un pluralismo jurídico tácito que ha operado en Venezuela e inserto dentro del sistema de
justicia formal puede constituir un mecanismo eficaz y no simbólico para
que la Criminología Crítica pueda desarrollar sus principios y así contribuir
a la lucha por la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos propios de~ los pueblos indígenas.
de los derechos 1uunwws de los pueblos indígenas
ALMEIDA, lleana. "Pluriculturalidad y Derechos Humanos en el Ecuador".
AYALA CORAO, Carlos. "El Estado Constitucional y Autonomía de Pueblos
Indígenas". 1994.
BARATIA, Alessandro. "Principios del Derecho Penal Mfuimo (para una teoría
de los Derechos Humanos como objeto y límite de la Ley Penal". Doctrina Penal No. 40. 1987.
COLMENARES 0., Ricardo. "Del Derecho Consuetudinario Guajiro al Estado
Social de Derecho Multiétnico en Venezuela". Revista de la Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas, No. 70. Maracaibo-Venezuela Universidad del Zulia. 1993.
COMBELLAS, Ricardo. "Estado de Derecho. Crisis y Renovación". Caracas:
Edit. Jurídica Venezolana, 1990. p. 55-58.
"Derechos Indios, Derechos Humanos". Washington (U.S.A.): Indian Law Resource Center. 1990.
HERDER, José y Gómez, Antonio. "El Pluralismo Jurídico y las Posesiones
Agrarias en la Amazonia". Revista "El otro Derecho". Vol 16, No. l. BogotáColombia: lisa. 1994.
JIMÉNEZ, María Angélica. "Conflictos de Cultura: Los Guajiros Reclusos, un
caso de discriminación étnica". Capítulo Criminológico No. 4. Instituto de Criminología de L.U.Z. 1976.
HULSMAN, Louk. "Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: Hacia una Alternativa". Barcelona-España: Edit. Ariel, S.A. 1984.
LABARCA PRIETO, Domingo A.. "Cuestiones de Filosofía Social y Jurídica".
Maracaibo-Venezuela: Instituto de Filosofía del Derecho de L. U.Z. 1979.
MARTÍNEZ S., Mauricio. "La Abolición del Sistema Penal". Bogotá- Colombia: Edit. Temis. 1990. 125 pp.
Naciones Unidas: "Los derechos de los pueblos indígenas". Folleto No. 9.
O'DONNELL, Daniel. "Protección Internacional de los Derechos Humanos".
Perú: Comisión Andina de Juristas. 1988.
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Jü .. t ......
~t>+t1t'-¡i 1
PEÑA J., Antonio. "Pluralismo Jurídico en el Perú". Revista "Desfaciendo Entuertos". No. 3. Lima-Perú. 1994.
ROSSELL S. , Jorge L. "El Juez Penal y la Constitución". Barquisimeto-Venezuela: Inst de Estudios Juríd. del Edo. Lara. 1991.
STAVENHAGEN, Rodolfo. "Derecho Consuetudinario Indígena en América
Latina". Entre la Ley y la Costumbre. México: Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1990.
VARIABLES DERECHOS Protección del medio ambiente en que se