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Timestamp: 2018-10-19 14:07:42
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Derecho a la libertad personal Límites
Tema Derecho a la libertad personal EXP. N.º 9068-2005-PHC/TC
Resolución N.º 09068-2005-PHC/TC LA MERCED
Fecha de publicación 5/10/2006
Caso Carlos Yupanqui Pañez CARLOS YUPANQUI
PÁNEZ
En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Yupanqui Pánez contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced, Chanvchamayo, de fojas 282, su fecha 5 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 12 de setiembre de 2005, doña Gabriela Luna Yupanqui interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Carlos Yupanqui Panez contra el juez del Juzgado Penal de La merced, Juan Bacilio Atencio, por violación de su libertad individual, toda vez que el beneficiario se encuentra recluido injusta y arbitrariamente. Solicita se ordene la inmediata libertad del agraviado.
- Al demandante se le ha seguido un proceso judicial de alimentos, en el cual se le impuso el cumplimiento de una asignación alimentaria a favor de sus dos menores hijos, la misma que el recurrente no está en capacidad de solventar puesto que se trata de una persona con limitaciones para trabajar.
- Ante el incumplimiento de la referida obligación, se inició un proceso penal en contra del recurrente, por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de sus hijos, y se dictó mandato de detención en el cual se tergiversaron los hechos, puesto que el obligado ha cumplido con entregar un bien inmueble a su contraparte –en el proceso de alimentos– con el fin de que se genere el ingreso que adeuda en calidad de asignación alimentaria.
- Pese a ello, el juzgado ordenó su captura y no tomó en cuenta la existencia de una conciliación en el proceso civil N.º 010-2005-C. A ello se suma el hecho de que, a la fecha de la interposición de la demanda, el juez no ha resuelto su pedido de variarse la medida de detención por comparecencia.
Con fecha, 14 de setiembre 2005, el Juez del Juzgado en lo Civil de La Merced ordenó la investigación sumaria del hábeas corpus. Para tal efecto, dispuso que se reciba la declaración indagatoria del presunto agraviado, así como la del Juez demandado y se lleve a cabo la constatación de los expedientes a que se hace referencia.
- Con fecha 14 de setiembre de 2005, se recibe declaración indagatoria del presunto agraviado (a fojas 7). El recurrente señala que no tiene trabajo por padecer de discapacidad y presenta su constancia del MINDES; añade que ha sido exonerado de pagar alimentos desde el 20 de junio de 2005. Sin embargo, mantiene la deuda que subsistía hasta el momento de la exoneración.
- Con fecha 14 de setiembre de 2005, se recibe la declaración indagatoria del juez del Juzgado penal de la merced, Juan Basislio Atencio (a fojas 270). El demandado señaló que se ha abierto instrucción contra el recurrente por el delito de Omisión de Asistencia Familiar y se ha dictado mandato de detención. Agrega que ha solicitado revocación del mandato de detención por el de comparecencia, pero que este ha sido desestimado y notificado oportunamente al procesado.
- Con fecha 14 de setiembre de 2005 (a fojas) se realiza la constatación in situ del expediente N.º 010-2005, que contiene los seguidos por Carlos Yupanqui Panez contra Ana Gladys Heidinger sobre exoneración de alimentos, la misma que se declara fundada en parte y ordena a la demandada que asista, por concepto de alimentos, a la parte demandante.
- Con fecha 14 de setiembre de 2005 (fojas 12) se realiza la constatación in situ del expediente N.º 2004-463, que contiene los seguidos contra el inculpado Carlos Yupanqui Panez por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar y en el cual se verifica que se ha declarado infundada su solicitud de variación de mandato de detención por el de comparecencia.
Con fecha 15 de setiembre de 2005, el Juzgado Especializado en lo Civil de la Merced, declara infundada la demanda de hábeas corpus argumentando que el recurrente ha sido exonerado de prestar alimentos desde el 20 de junio de 2005 hasta el 20 de junio de 2007. Que con lo actuado en el proceso de alimentos se acredita que el demandante se encuentra obligado al pago de pensiones devengadas. Además señala que a razón del incumplimiento de dichas pensiones, se inicia el proceso penal y que el mandato de detención del recurrente obedece a un procedimiento regular, el que se viene desarrollando conforme a las normas del debido proceso.
Con fecha 5 de octubre del año 2005, la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced, Chanchamayo, de la Corte Superior de justicia de Junín, confirma la sentencia apelada y declara infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que el mandato de detención contra el recurrente se ha llevado a cabo por decisión motivada del juez y que el proceso penal que se le sigue por el delito de omisión a la asistencia familiar se viene desarrollando de manera regular.
1. El derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble carácter. Es un derecho subjetivo, pero también una institución objetiva valorativa. Como derecho fundamental (artículo 2º, inciso 24, de la Constitución) garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas; esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como derecho objetivo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, por cuanto informa nuestro sistema democrático y el ejercicio de los demás derechos fundamentales; a la vez que justifica la propia organización constitucional.
2. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad operan frente a cualquier supuesto de privación o restricción de la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier privación o restricción arbitraria de la libertad personal, según señala el artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En sede judicial, el derecho a la libertad física garantiza que ésta no sea restringida en forma arbitraria, lo cual alcanza no sólo a las denominadas "detenciones judiciales preventivas", a una condena emanada de una sentencia expedida con violación del debido proceso, sino también a la ilegal y arbitraria imposición de medidas de seguridad que se derivan de una resolución judicial.
3. Sin embargo, el derecho fundamental a la libertad personal no es un derecho absoluto sino relativo, según este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia (por ejemplo, Exp. N.º 2516-2005-HC/TC). Por lo que, por previsión constitucional, está sometido a ciertos límites, como por ejemplo los previstos en el artículo 2º, inciso 24, literal f, de la Constitución. En estos casos, la libertad personal puede verse legítimamente restringida. Por ello, no toda privación o restricción del derecho a la libertad es inconstitucional. Ahora bien, es evidente que la aplicación de la medida de internación constituye una restricción del derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, para que el ingreso de una persona, por orden judicial, a un centro de internamiento sea constitucionalmente legítimo, es necesario que ella se realice en los casos y supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
4. Precisamente, uno de los límites al derecho fundamental a la libertad personal es el que está previsto en el artículo 2º, inciso 24, literal “c”, de la constitución Política. Tal artículo, si bien recoge como uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personales, que no hay prisión por deudas, ello no excluye que este principio se vea limitado por un mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Al respecto, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 2982-2003-HC/TC, Exp. N.º 2088-2004-HC/TC) ha establecido que cuando la citada disposición constitucional prohibe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran una restricción de su derecho fundamental a la libertad personal por el incumplimiento de obligaciones originadas en relaciones de orden civil.
5. En nuestro ordenamiento constitucional, en principio, no cabe la prisión por deudas. Sin embargo, nuestra propia Ley Fundamental ha establecido una excepción a dicha regla, esto es, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios. Ello tiene su fundamento en que, en tales casos, están de por medio, no cuestiones pecuniarias o materiales, sino la tutela de los derechos fundamentales como la dignidad de la persona humana, la vida, la salud y la integridad física y psicológica del alimentista. Ésta es la razón por la cual, de acuerdo con la Constitución, el juez, en este supuesto, tiene la facultad y la competencia para ordenar la restricción del derecho a la libertad personal del obligado.
6. Ahora bien, en el caso concreto, el demandante alega que en la actualidad se encuentra delicado de salud y además imposibilitado de seguir pasando una asignación de alimentos. Este Colegiado advierte de autos que contra el demandante se ha seguido un proceso penal, signado con el expediente N.º 2004-643, por el delito de omisión de obligación alimentaria, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones devengadas liquidadas en el proceso civil de alimentos N.º 2001-357. Además, en autos (a fojas 280-) obra la sentencia del Juzgado Penal de la Provincia de Chanchamayo, su fecha, 19 de setiembre de 2005, mediante la cual se condena al demandante a dos años de pena privativa de la libertad.
7. Por otro lado, es de señalar que el artículo 4º del Código Procesal Constitucional establece que: “[e]l hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad procesal y la tutela procesal efectiva”, Siendo ello así, se advierte de autos que el demandante ha hecho valerlos recursos de la Constitución y la ley le reconocen contra la resolución del Juzgado Especializado en lo Penal de la Merced de la corte Superior de Justicia de Junín, su fecha 26 de noviembre de 2004 resolución mediante la cual el Juez penal ha dictado mandato de detención en contra del recurrente. En consecuencia, en el presente caso este Colegiado no advierte que se hayan vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal, invocados por la demandante.