Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com.es/2013/04/
Timestamp: 2017-05-27 21:17:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 555', 'artículo 555', 'artículo 235', 'artículo 163', 'artículo 555', 'artículo 555', 'artículo 570', 'artículo 527', 'artículo 555', 'artículo 555', 'artículo 555', 'artículo 89', 'artículo 672', 'ROJ ', 'artículo 162', 'artículo 24', 'artículo 686', 'artículo 683']

No atendemos después de las dos: abril 2013
El extraño asunto de la acumulación de ejecuciones.
Nota previa. Todo lo que leerán en este comentario y la realidad procesal es pura coincidencia. O mejor dicho, leerán un estupendo análisis doctrinal - como todos los que se publican en este Blog, faltaría- sobre el apasionante tema de la acumulación de ejecuciones, que no podrán aplicar en sus procesos por el principio dispositivo (hago lo que me da la gana y cuando me da la gana) y el impulso de oficio (¡me vas a acumular a mi otra ejecución en la otra vida, majete!). Estupendo análisis doctrinal sobre la acumulación de ejecuciones. La LEC 1.881 no preveía la acumulación de ejecuciones, la LEC 2.000 no fue especialmente rigurosa en esta materia ya que salvó el obstáculo con un solo precepto (artículo 555 LEC) y una remisión genérica al trámite de la acumulación de procesos (artículos 74 y siguientes LEC) y la reforma del año 2009 corrige el texto de los dos primeros apartados del artículo 555 LEC, sin que por ello se logre ningún resultado práctico de enjundia. Debido a una opción de política legislativa los Juzgados de ejecuciones (artículo 235.4 LPL), los servicios comunes de notificaciones (artículo 163 LEC), y la acumulación de ejecuciones no entraban dentro de los planes del legislador civil del año 2000, que seguía considerando a cada Juzgado como un compartimento estanco, persiguiendo un aislamiento jurisdiccional que en realidad ni se daba, ni podía darse. El legislador del año 2009 incidió en la misma suerte porque el Consejo General del Poder Judicial ya se había encargado de regular los servicios comunes con Reglamentos e Instrucciones. Otra cosa es que con ese acerbo normativo de dos apartados los Servicios comunes pudieran acumular alguna ejecución lo que, desde luego, no requiere un profundo análisis para dar una respuesta negativa. La primera alarma saltó bien pronto y con las ejecuciones de desahucio por falta de pago en las que la sentencia, la única que podía dictarse, originaba hasta cinco demandas de ejecución (lanzamiento, la cantidad objeto de condena, las costas del juicio verbal y las costas de los dos procesos de ejecución en trámite) y otro tantos procesos que a su vez, acarreaban nuevas costas y así en una sucesión sin fin contra la que no había defensa legal, pues sin solución de continuidad se atribuyó la ejecutividad a cualquier resolución en forma de auto y luego de decreto y las diligencias de ordenación, porque no estaban, que sino cualquier cosa que llevara el calificativo procesal, implicaba via de apremio. En estos casos la lógica obligaba a una acumulación no prevista en la ley -tampoco prohibida-, porque el título ejecutivo era único (la sentencia) aunque tuviera varios pronunciamientos condenatorios. La nueva redacción del artículo 555.1 LEC parecía terminar con esta incalificable sucesión de vías de apremio y así el Secretario judicial acordará, de oficio, la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado. Hago dos aclaraciones. En primer lugar el artículo 555.1 LEC exige que los procesos de ejecución estén pendientes lo que significa, sin más vueltas, que no hayan terminado con el decreto del artículo 570 LEC.
En segundo lugar, entre el mismo ejecutante y el mismo ejecutado, es posible acumular ejecuciones provisionales o, éstas a definitivas. La ley no habla de firmeza, sino de pendencia y, no fija límite temporal alguno para el despacho de la ejecución provisional (artículo 527 LEC), lo que junto a la ausencia de caución que restrinja el derecho del ejecutante permiten entender que no hay obstáculos legales para estas acumulaciones. Dejando al margen estos supuestos, renace la pelea contra el absurdo y la acumulación de “papel”, porque el principio dispositivo del apartado 2 del artículo 555 LEC no tiene otro resultado que duplicar o triplicar las mismas diligencias de investigación y ejecución en diferentes juzgados y en otras Administraciones. Paradigma de lo expuesto son los embargos de sueldo y de sobrante. Llega a darse el caso – excepcional, si se que quiere, pero real- que el mismo juzgado ordena dos embargos de sueldo en dos procesos de ejecución diferentes y respecto al mismo ejecutado. Excepcionalidad, que deja de ser tal cuando son varios los órganos que ordenan las trabas y comienza el trasiego de oficios y requerimientos documentales para la aportación de nóminas o, la discusión sobre los límites de embargabilidad del que, todavía se conoce, como salario mínimo interprofesional. Tampoco faltan los intentos de multa por desobediencia, que deben rechazarse sin ninguna consideración, porque atenta contra el sentido común reclamar en tres o cuatro ocasiones el mismo papel de la misma empresa. No puede sancionarse a un tercero por la omisión del legislador o la caprichosa vigencia del principio dispositivo. Con los embargos de sobrante sucede otro tanto, aunque contemos con una guía que puede ahorrarnos más de un disgusto: las certificaciones registrales. El apelotonamiento de anotaciones de embargo que siguen normalmente a una o varias inscripciones de hipoteca, no evitan tampoco los exhortos de embargo de sobrante. Basta echar un vistazo a una de esas certificaciones registrales para comprobar que en un alto porcentaje, el mismo acreedor (Banco o Caja de Ahorros) tiene dos anotaciones, pero en dos juzgados diferentes, con lo que si ya se antoja inexplicable la doble anotación, poco más puede decirse de la traba de los sobrantes. Queda un último obstáculo. El apartado 3 del artículo 555 LEC, remite a lo establecido en los artículos 74 y siguientes para la tramitación de la acumulación. Esa escasez gramatical exige cierta mesura ya que no tiene sentido que en procesos de ejecución entre el mismo ejecutante y ejecutado (que habitualmente se encuentra en rebeldía o no se ha personado) nos atengamos a la literalidad de la regulación de la acumulación de procesos. Entiendo suficiente la audiencia a las partes y el dictado de un decreto y ello con independencia del juzgado en el que se tramitan las ejecuciones, dado que para ley basta la identidad en el elemento subjetivo de la acumulación. Cuando sean varios los ejecutantes y el mismo ejecutado, el principio dispositivo hará imposible – como hasta la fecha- cualquier acumulación, lo que condiciona la satisfacción del ejecutante a la agilidad de la oficina judicial (cobrará quien llegue antes). En otro caso deberá tenerse en cuenta la mejor satisfacción de todos los ejecutantes (artículo 555.2 LEC); satisfacción que hace entrar en juego otros criterios además de la antigüedad. Deberá examinarse el estado en que se encuentra cada ejecución, la existencia de indicios sobre la posible insuficiencia de los bienes del ejecutado, el órgano ejecutor que ha trabado la mayor parte de estos o el que ejecuta el mayor importe de los créditos, la duplicidad de los actos ejecutivos, etc. Si se estima procedente la solicitud se dirigirán oficios a los demás órganos ejecutores afectados, requiriendo la acumulación y la remisión de los procesos de ejecución (artículo 89 LEC). Por último tampoco dispone la ley qué ocurre cuando los bienes del ejecutado son insuficientes para el pago de todos los créditos. En teoría haríamos un reparto proporcional a cada crédito ya que la reunión procesal suprime las preferencias temporales, regla que no plantea especiales dificultades cuando los créditos son del mismo grado. Otra cosa sucede con las preferencias materiales, suscitándose la duda de cómo hacerlas valer en la ejecución cuando concurren con otros títulos, pues la acumulación no altera la preferencia. Aquí se abre un abanico de posibilidades: 1) el secretario judicial determina el importe a pagar a cada ejecutante resolviendo, en su caso, las preferencias que hayan podido alegarse; 2) los ejecutantes formulan una propuesta de pago que deberá ser aprobada por el órgano ejecutor o; 3) acudimos al trámite incidental previsto en el artículo 672 LEC para la distribución de las sumas obtenidas en la subasta de bienes inmuebles.
Publica LA LEY un artículo titulado "La venta extrajudicial" de los bienes hipotecados por Notario: una alternativa judicial" del que resumo lo siguiente. El Notariado —o una amplia corriente— parece tener muy claro que el Legislador debe equiparar los procesos judiciales y las llamadas «ventas extrajudiciales de bienes» ya que sería absurdo e injusto que respecto de una misma deuda y un mismo bien hipotecado, los derechos y las garantías del deudor fueran radicalmente distintos según que el acreedor, unilateralmente (no lo olvidemos), optara por un procedimiento u otro de ejecución. Afirmación que parece encontrar eco en la redacción del art. 129 LH que se ha propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y que llega al extremo de afirmar que «g) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá carácter supletorio en todo aquello que no se regule en la Ley y en el Reglamento Hipotecario, y en todo caso será de aplicación lo dispuesto en el art. 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». La enmienda se ha recogido completa en el informe de la ponencia. Es evidente que entre estas ventas extrajudiciales y las realizadas por empresas —o abogados mediadores— no hay más que un paso. Si de lo que se trata es de la venta del bien hipotecado gracias a un pacto entre acreedor y deudor que así lo prevea, los mismos argumentos que justifican la venta notarial, lo hacen respecto a cualquier otra y bastará que ese acuerdo se recoja en una ley. Así que si, añadimos al razonamiento la celeridad y el abaratamiento de la venta, no hablaremos de proceso, sino de una actividad mercantil. No saquen conclusiones erróneas, porque desde el año 2001 la LEC permite vender bienes a precio de mercado y desde el año 2009, la oficina judicial puede hacerlo con celeridad y con absoluto respeto a los derechos y obligaciones de partes, terceros y otros interesados. Esto es, no se trata de elegir entre la venta notarial y la judicial para realizar los bienes hipotecados– en la que incluyo al Secretario Judicial, como integrante del órgano-, sino de una clara apuesta por la última y de remover los obstáculos que impiden el éxito de los famosos mecanismos alternativos de venta (el convenio del art.640 LEC y la realización por entidad especializada del art.641 LEC). Se acude a la llamada subasta judicial porque no queda otro remedio, pero en este caso, un Servicio Común de Subastas puede funcionar tan bien como una oficina notarial y un Juzgado – o un Servicio de Ejecución- supervisar, sin dificultad, la actividad de una mercantil para realizar cualquier bien; cuestión distinta es, por ejemplo, que no exista una aplicación informática que lo permita, que busquemos la literalidad de la norma para proteger derechos de terceros de dudosa existencia (aunque sea a costa de perjudicar gravemente al ejecutante y al ejecutado) que durante años, las diferentes administraciones no hayan sido capaces de organizar una oficina judicial adecuada a las necesidades de la sociedad o, que sigamos discutiendo sobre si la Constitución permite que el Secretario Judicial integre el órgano judicial - o como quieran llamarlo- cuando hay Comunidades Autónomas que no respetan ni el Preámbulo de la Carta Magna.
Y no se lleven las manos a la cabeza. El proceso de ejecución tiene normas que facilitan el acuerdo entre las partes sobre el bien hipotecado y los medios de venta, pero una incomprensible exégesis del principio dispositivo pretende transformar la tutela del derecho en una actividad privada del acreedor.
La ejecución hipotecaria tiende, sin duda, a satisfacer el derecho del acreedor ejecutante, pero el sujeto principal y el único legitimado para llevarla a adelante es el órgano judicial, que actúa en virtud del imperium que le otorga su carácter de órgano del Estado y a cuyo fin está investido de poder para actuar, hasta sus últimas consecuencias, el mandato contenido en el título ejecutivo: la sentencia de condena o cualquier otro título judicial o extrajudicial.
¿Por qué tasamos las costas?. Una autocita que explica las costas en los juicios de faltas. Me ha quedado un título demasiado largo, pero según pasa el tiempo se antoja más incomprensible – y más largo- que terminado el proceso nos dediquemos a discutir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores aplicando, en el primer caso, normas orientativas y en el segundo, una norma arancelaria de dudoso valor jurídico.
Disculpen pero esto es un rollo y además, que tendría muy fácil solución con dos reglas: a) El Abogado – o quien sea- debe cobrarle al cliente lo que pacten o, acuerden y b) en segundo lugar, cuando haya condena en costas, fijará la ley un límite máximo de cantidad que pagará el condenado por todos los profesionales de la parte contraria (abogados, procurador, perito y testigos). Con ello evitaríamos también esas curiosas “minutas pro forma”, que solo existen en los órganos judiciales y solo habría pago contra entrega de facturas. Ya sé que cuando se tocan estos asuntos, más de uno siente amenazada su forma de vida y ello, pese a que curiosamente en todos los demás ámbitos de aquella procuramos buscar al mejor profesional y en situaciones apuradas, suele ser el que más cobra, pero como no creo que prospere ninguna de las soluciones apuntadas y, desde luego, nada más lejos de mi intención irle tocando el bolsillo a nadie, ni ninguna otra cosa, dedicaré un párrafo a mi libro sobre la tasación de costas. ¿Autocita salvaje?. Evidentemente y me comenta la Editorial Foro Jurídico que ya quedan muy pocos ejemplares del libro, así que dándole las gracias a los lectores que lo han adquirido y me han comentado que les ha venido bien en el trabajo y, para animar a quien pueda tener dudas sobre su adquisición, dejo colgado parte del epígrafe dedicado a las costas del juicio de faltas.
Costas juicios faltas from justiciayprehistoria Publicado por
Juicio Faltas,
La necesidad de la subasta en la división de la cosa común. Dice la reciente STS, 609/2012, Sala 1ª, de 19 de octubre de 2012 (ROJ STS 6684/2012) que en la adjudicación de la cosa común prevalece el acuerdo de los partícipes; pero, si tal acuerdo no existe, se impone -en caso de indivisibilidad- la venta en pública subasta “con admisión de licitadores extraños”, lo que no impide a cada uno de los partícipes pujar para la adjudicación del bien, obteniendo la plena propiedad mediante el pago al resto de partícipes de la parte proporcional que les corresponda en el precio de adjudicación. Sentado lo anterior, la remisión a la normativa específica prevista de la LEC, deberá atenerse a la peculiaridad que la división presenta. Así pues, con independencia de quién haya promovido el procedimiento de ejecución, cualquiera de las partes, podrá ocupar, indistintamente, la posición de ejecutante/ejecutado o de acreedor/deudor y ambos comuneros, como consecuencia de esa doble cualidad de ejecutantes y ejecutados, acreedores y deudores, podrán pujar o mejorar posturas y ejercer todas y cada una de las facultades que les otorga los arts. 670 y 671 LEC (AAP SANTA CRUZ DE TENERIFE, Sección 4ª, 15 de abril de 2009, ROJ: AAP TF 1448/2009). Tampoco deberán consignar ninguna cantidad para poder tomar parte en la subasta, no habrá adjudicación por la cantidad debida por todos los conceptos, ni será de aplicación el párrafo segundo del art.671 LEC dado que no habrá embargo que levantar. El problema aparece cuando esa primera y única subasta se declara desierta por falta de licitadores. Una primera solución sería la convocatoria de una nueva subasta cuando alguna de las partes lo solicitara, modificando las condiciones de su celebración y en la que, tanto en el supuesto de concurrencia de licitadores extraños como en el de su ausencia, cada parte, pudiera presentar posturas, con adjudicación final a la de mayor cuantía (AAP CÁCERES, Sección 1ª, 14 de mayo del 2009, ROJ: AAP CC 257/2009 y AAP PALMA DE MALLORCA, Sección 5.ª, 6 de marzo del 2009, ROJ: AAP IB 53/2009). Y otra segunda, por la que me inclino, sería acudir a uno de los medios de realización de los arts. 640 y 641 LEC; supuesto en el que deberemos saltar otros dos obstáculos: la petición del demandante, que siempre postula la venta en pública subasta – supongo que para adjudicarse la cosa a un precio inferior al de mercado- y el principio dispositivo, que choca contra cualquier intento del Juzgado de acudir a un medio alternativo de venta. Precisamente se ocupa de este asunto la STC 182/2011, de 21 de noviembre (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2011) que declaró la nulidad de auto de adjudicación dictado en la ejecución de la división de una cosa común por la “irrazonabilidad de la decisión adoptada”. Se ejecutaba una Sentencia dictada en proceso de medidas matrimoniales que contenía el siguiente particular: “la vivienda común podrá ser usada y disfrutada por la menor en compañía de la madre hasta que en ejecución de sentencia proceda su adjudicación a uno de los progenitores o en todo caso su venta a un tercero o en pública subasta conforme a lo establecido en el fundamento jurídico segundo de esta resolución”. La cita literal del fallo no es inocente ya que en la práctica la simple referencia a los arts. 640 y 641 LEC suele provocar la interposición de un recurso por alguno de los interesados, cuando sería, entiendo, la mejor forma de tramitar la ejecución. Esto es, bastaría el despacho de ejecución y un trámite de audiencia sobre dos extremos: la unión de los dictámenes periciales que hubieran podido presentarse en el proceso declarativo para evitar el sobrecoste de una nueva valoración y la forma de realización (convenio o realización por persona o entidad especializada). Pactados el precio y el medio de venta sería bastante el dictado de un Decreto que recogiera el acuerdo. No confunda el lector este Decreto con la homologación de un acuerdo. No hay un acuerdo sobre el litigio, sino sobre la forma de ejecutar la sentencia. Esta teoría es la que respalda la Sentencia del Tribunal Constitucional cuando indica que:
-Si el bien inmueble no se subasta porque no se realizan posturas, existen otras formas articuladas en la Ley de enjuiciamiento civil vigente (venta privada, intervención de entidad especializada: arts. 640 y 641) para su realización forzosa, que pueden ser exploradas por las partes y sugeridas por el ejecutante. Más aún, que la Ley de enjuiciamiento civil prevea que en la subasta un bien inmueble, a falta de posturas suficientes no se le deba causar más perjuicios al acreedor, permitiéndole la adjudicación del bien por una cantidad igual o superior al cincuenta por ciento (50 por 100) del valor de tasación o por lo que se le “deba por todos los conceptos” (art. 671 LEC), es una medida que se justifica, precisamente, en la óptica de un proceso seguido para el cumplimiento de una obligación que un sujeto tiene contraída frente a otro. Sólo por eso puede entenderse el sacrificio que entraña una sensible desvalorización del bien mediante esa adjudicación, último remedio para no seguir prolongando una espera que sólo uno de ellos sufre, por responsabilidad del otro. Y eso no ocurre en las divisiones de la cosa común. -La invocación al carácter rogado de la ejecución civil no es una justificación, toda vez que siendo cierto que éste impera en la apertura del procedimiento, de ello no se deriva en modo alguno el otorgamiento de un estatus preferente para el interesado que la insta. Publicado por
El Tribunal Supremo y las notificaciones garantizadas por el Registro Mercantil. No lo han vivido los más jóvenes y procuraré ser breve. Cuando empezó todo ese cachondeo de la integridad, seguridad, confidencialidad y no sé cuántas cosas más para enviar un fax y luego un correo electrónico desde un Juzgado, las grandes empresas ya trabajaban solo con el teléfono. En la casa todo el mundo veía problemas – y no pocos Secretarios Judiciales- y mientras la firma electrónica iba para arriba y para abajo, todas las grandes empresas grababan sus llamadas y las más avanzadas no empleaban papel, expertos juristas – en Justicia tenemos expertos para todo, ¡lo que da de sí la carrera de Derecho!- escribieron unos artículos y varios manuales sobre la “telemática judicial”, que creo que se emplean en la actualidad por psiquiatras y psicólogos para dormir a los clientes. La firma electrónica es, a efectos prácticos, una tarjeta y un código, nada más y, es muy difícil manipular un fax y, escribo esto porque como nos gusta perder años en discutir si el Sol sale por la derecha o por la izquierda, en el año 2003, o sea, hace diez años, ya era posible técnicamente que todos mandáramos faxes y notificáramos por correo electrónico y quizá, si más de un Juzgado lo hubiera hecho, no estaríamos a un paso de la privatización de las notificaciones. No hemos salido en los Juzgados del correo postal, ni del telegrama – y tampoco nos han dejado los expertos jurídicos de la casa- y el hueco lo aprovechan las empresas privadas y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en ATS de 21 de marzo de 2013 (Roj: ATS 2501/2013) dice: La situación jurídica parte del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos... que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad... los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda. Cuya norma procesal viene completada por la Ley 59/2003, de 19 diciembre, de firma electrónica, que contempla los certificados reconocidos (artículos 11 y siguientes) y los dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica (a partir del artículo 24). TERCERO. Como consecuencia de la aplicación de la normativa expuesta a la situación de hecho, aparece la seguridad de la práctica de la notificación y requerimiento, intentada anteriormente por los medios tradicionales. Por los medios electrónicos se ha practicado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil con la seguridad que contempla la citada ley de firma electrónica.
Ahora viene lo mejor, porque: Lo que aquí se plantea es la comunicación de un profesional con su propio cliente, en la presente jura de cuentas, que era ilocalizable por sus cambios de domicilio. ………
Mientras hubo dinero, no hubo problemas, ni reformas y solo en el 2009, cuando ya estaba claro que la creación de “unidades judiciales” no solucionaba nada, el legislador decidió llevarse por delante lo que hiciera falta para endosarle al Cuerpo de Secretarios Judiciales funciones jurisdiccionales; sí, porque eso es lo que hacemos cuando admitimos demandas y archivamos ejecuciones y ya me pueden interpretar la Constitución como deseen, aplastar conceptos, estirarlos o, definir el Poder Judicial según año y titular, porque ahí no estaba el problema y, buena prueba de ello es que ahora que estamos en la ruina, el ejecutivo mira fuera de la casa. ¿Para sacar adelante la reforma de un artículo tengo que consultar y pactar con tres asociaciones de Jueces, dos o tres vocales del CGPJ, el grupo de enterados de las Consejerías de Justicia de la pluralidad nacional, tres sindicatos y los Colegios de Abogados que por turno corresponda?. Mira que bien, que esperan en el salón los Registradores de la Propiedad, los Notarios y los Procuradores, un Real Decreto Ley en la mesa y saquen sus conclusiones (y sus togas, cartelitos, pancartitas y pititos, según colectivos). No me parece mal que también esperen en la cocina las empresas de transporte y de mensajería. Nos lo hemos ganado a pulso. Publicado por
El Tribunal Constitucional se pone la pegatina contra los desahucios. Tarea interesante la de aplicar la ley en un país en el que pocos la respetan. Y digo ley, en singular, porque el Parlamento ha parido tanta legislación en la última década que es ya imposible saber qué está o no en vigor, sin una previa consulta en una base de datos. Ya aviso a los lectores que escribo DESAHUCIOS y no lo que toca porque tendré más visitas en el BLOG y a nadie le interesa aclarar las sutiles diferencias legales: no caben en una pancarta, ni en un programa de televisión. El caso es que dejando al margen a esas curiosas asociaciones de afectados por los desahucios - ¿han visto, gestores de la cosa, para que sirve un programa informático que realice la estadística judicial y que no tenemos?- y los modelitos con que los Colegios de Abogados están logrando inundar más de un juzgado, a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde – supongo que luego prepararan otro modelito para que impulsemos los procedimientos, por las dilaciones indebidas y esas cosas-, el Tribunal Constitucional, que no pierde ocasión de demostrarnos su utilidad procesal, ha publicado un auto el 25 de febrero de 2013, con lo que podemos cargarnos, perdón, suspender, todas las ejecuciones hipotecarias sin acudir a la Europeidad y al Tribunal de la Unión. Relata en los hechos el altísimo órgano que Cita:
a) A instancia de la entidad BBVA, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Ferrol inició procedimiento de ejecución hipotecaria número 228-2011, en fecha 21 de noviembre de 2011, contra don José Luis Calvo Picallo e Instalaciones Climatización de Galicia, S.L., y sobre la finca registral hipotecada núm. 8178, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pontedeume. b) El Juzgado practicó el requerimiento de pago en el domicilio que constaba en la escritura de hipoteca y en el Registro, con resultado negativo, tras lo cual se practicó el requerimiento de pago mediante edictos en la forma prevista en el art. 164 de la Ley de enjuiciamiento civil, e igualmente notificó por edictos la convocatoria de subasta. c) Habiendo tenido conocimiento del procedimiento los demandantes en fecha 10 de julio de 2012, según manifiestan, se personaron en autos y plantearon incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por el Auto impugnado de fecha 9 de octubre de 2012. El Juzgado, que respetó escrupulosamente las normas que regulan la ejecución hipotecaria, desde la última reforma (la del 2009, para los despistados) no tuvo a bien buscar al ejecutado, porque no debe (artículo 686 LEC) y al que, por cierto, se le olvidó, por lo que parece, comunicar el cambio de domicilio e inscribirlo en el Registro de la Propiedad (artículo 683 LEC). Detalles legales sin importancia que no impiden:
3. En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) al no haber sido emplazados ni requeridos de pago en su domicilio real, y que de la documentación aportada a la demanda de ejecución se desprendía otro domicilio —el real en la localidad de A Capela— sin que el órgano jurisdiccional realizara ninguna diligencia previa a la comunicación edictal para emplazar a los demandantes en su verdadero domicilio que constaba en autos. Total que Cita:
La suspensión interesada trasciende de la resolución formalmente impugnada, que es un Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones y la parte recurrente en amparo, pretende la retroacción de actuaciones y una nueva tramitación del proceso de ejecución hipotecaria desde su inicio, por lo que, si no se adoptase una medida cautelar se podría materializar la transmisión del dominio del inmueble en cuestión si fuera subastado, creando una situación difícilmente reversible que menoscabaría los fines del presente recurso, debiendo ponderarse asimismo que el demandante señor Calvo justifica que la finca hipotecada constituye su residencia habitual y la de su familia, con dos hijos menores de edad, lo cual permite identificar unos perjuicios de mayor intensidad derivados de la ejecución de la resolución impugnada. Ardo en deseos de conocer los nuevos modelos de los Colegios de Abogados a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde.