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Timestamp: 2019-01-22 19:46:52
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 352', 'artículo 140', 'artículo 360', 'artículo 352', 'artículo 1', 'artículo 327']

﻿ Sentencia 2009-000873 de abril 23 de 2014
CONTENIDO:SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN -PROCESOS CIVILES. DURANTE LA PRIMERA INSTANCIA DE UN PROCESO EN LA JURISDICCIÓN CIVIL SE ENCUENTRA ESTABLECIDA LA FASE DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, EN DONDE SE DA LA OPORTUNIDAD A CADA PARTE DEL LITIGIO PARA QUE PRESENTE UN RESUMEN O CONCLUSIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DISCUTIDOS EN LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL. EN CUANTO A LA APELACIÓN DE SENTENCIAS, EL ARTÍCULO 352 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL SEÑALA QUE EL RECURSO DEBE SER SUSTENTADO ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE DEBA RESOLVERLO. POR LO GENERAL NO HA EXISTIDO MOMENTO DE ARGUMENTOS FINALES ANTE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN APELACIÓN DE SENTENCIAS, SINO SIMPLEMENTE UNA DE SUSTANCIACIÓN PARA LAS PARTES. SOLAMENTE CON LA EXPEDICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DEL 2012), AL ENTRAR EN VIGENCIA, SE AUTORIZARÁ ESA FASE PARA CUANDO SE PRACTIQUEN PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:509 DE MAYO DE 2014, PÁG.827
Sentencia 2009-000873 de abril 23 de 2014
Ref.:Expediente 68679 31 03 002 2009 00083
Es entendida como “la sanción que produce la ineficacia de lo actuado en un proceso, cuando éste no se ha ceñido a las prescripciones de la ley que regula el procedimiento” (sent., jun. 30/2006, exp. 2003 00026 01).
Para que el yerro citado como causal de invalidación a través del recurso extraordinario tenga efectos, se requiere que el mismo no haya sido saneado por los medios que autorizan los artículos 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil; así lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación en múltiples fallos, como cuando sostuvo que la invalidez se producirá, “siempre que no se hubiere saneado por cuanto en esa eventualidad, es decir si los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados (…), surge sin ambages la ineptitud del cargo contenido en la demanda”. (Auto de 26 de febrero de 2010, expediente 2005-00017. Reiterado en auto de 12 de julio de 2013 Exp. 2003 00768).
2. En el litigio que transita por la Corte, expone el recurrente que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual, el proceso es nulo en todo o en parte, “cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”, pues consideró que el tribunal prescindió en forma absoluta brindar la oportunidad para presentar alegatos, al no constar en el expediente el auto que señale el mencionado “traslado para alegar de conclusión, dentro del trámite de segunda instancia” (resaltado de la Sala).
Deberá por tanto, hacerse en primer lugar un recuento de la actuación surtida en el segundo grado a fin de determinar si se cumplió a cabalidad con la ritualidad exigida, así: (i) llegado el proceso, mediante informe de la secretaría de 21 de julio de 2011, se pasó el expediente al despacho del magistrado ponente (fl.16); (ii) por auto de 27 de julio fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fl. 17); (iii) proveído de 8 de agosto de 2011 en el que el Tribunal dispuso: “córrase traslado a las partes para alegar por el término de cinco (05) días a cada una de ellas, comenzando por el apelante” (fl. 18); (iv) sentencia de segunda instancia de 1º de noviembre de 2011 (fls. 37-59).
En efecto, al revisarse con detenimiento el proceso y señalarse como se hizo en párrafo anterior el recorrido de lo actuado en segunda instancia, fácilmente se advierte que, por una parte, el Tribunal mediante auto de 8 de agosto de 2011 cumplió con la exigencia prevista en el canon ejusdem (fl. 18), y por otra, en folios 19 a 25, se encuentra escrito del abogado que representa los intereses de la demandada XXXX, donde planteó sus argumentos pretendiendo la revocatoria del fallo, así como el memorial de igual naturaleza presentado por la anterior apoderada de la misma convocada cuyo mandato fue revocado (fl. 5), constando incluso certificación de paz y salvo por razón de los honorarios causados en el proceso de la referencia (fl. 6).
Se avista igualmente en las páginas 32 y siguientes del cuaderno del tribunal, el memorial radicado por el procurador judicial de XXXX, en donde se enunció: “me permito descorrer el traslado del recurso de apelación presentado y sustentado en contra de la sentencia dentro del proceso de la referencia”.
Allegados los escritos mencionados, mediante proveído de 1º de noviembre de 2011 el tribunal finiquito la litis en segunda instancia.
En consecuencia, luego de demostrarse el cumplimiento de las formas legales, las partes tuvieron la posibilidad de arrimar sus apreciaciones sobre el juicio, en la oportunidad de alegatos establecida para ello, lo que se ratifica con la propia sentencia del tribunal al referirse a ellos en fl. 42 y 43 cuando dijo:
“Inconforme con la decisión, la demandada XXXX, la apela, pretendiendo sea revocado íntegramente el fallo de primera instancia. Las razones de su inconformidad sustancialmente las dirige a que la demandante realmente solo lleva en posesión del inmueble desde el día 6 de abril de 2008, después del fallecimiento de su señor padre; (…) El apoderado de la parte demandante en alegaciones de instancia presentó escrito contentivo de réplica a la alzada en el cual pretende se confirme el fallo recurrido. Los argumentos del anterior pedimento entre otros sustancialmente se apoyan en que, considera que el togado de la pasiva perdió de vista el fundamento de la demanda de pertenencia (…)” (resaltado fuera de texto).
El artículo 360 del Código de Procedimiento Civil reglamenta los pasos a seguir en virtud del recurso de apelación que se interponga y conceda contra una sentencia, señalando que: “…Ejecutoriado el auto que admite el recurso, o transcurrido el término para practicar pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término de cinco días a cada una, en la forma indicada para la apelación de autos…” (negrilla de la Sala), y agrega la norma, que surtido ese traslado, si las partes o una de ellas solicitó dentro del referido término realización de audiencia, se señalará fecha para la misma, una vez repartido el proyecto de fallo, la que, luego de llevarse a cabo y presentarse por escrito los correspondientes alegatos, se procederá a dictar sentencia.
Las invocaciones que la norma permite por cinco (5) días a cada parte en apelación de sentencias, tienen su razón de ser en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil al exigir que el recurso debe ser sustentado ante el juez o tribunal que deba resolverlo, por lo que una vez surtido el traslado a la parte apelante a fin de que esta presente sus argumentos de defensa, deberá otorgarse el correspondiente a la contraparte para que ejerza la contradicción.
Las normas originales del Código de Procedimiento Civil (Ds. 1400 y 2019/70), no impusieron al apelante, para la concesión y admisibilidad de la alzada, la carga de fundamentarla, puesto que de acuerdo con los artículos 350, 351 y 352, “sólo se le exigía que se encontrase legitimado procesalmente para recurrir, que la resolución le ocasionase agravio, que la providencia fuese susceptible de ser atacada por ese medio de impugnación, y que el recurso se formulase en la oportunidad procesal establecida por la ley”(4), por lo que en la alzada el traslado estaba dirigido para presentar la respectiva sustentación, más que para alegación; situación que se reformó con la entrada en vigor de la Ley 2ª de 1984, acorde con la cual, entre otras “se fijan competencias en materia civil, penal y laboral, y se dictan otras disposiciones”.
Fue entonces con la última ley anotada, que se estableció nuevamente, con cargo al recurrente, el deber de basar la impugnación ante el juez de primera instancia, dentro del término previsto, so pena de que el fallador la declarase desierta (L. 2ª/84, art. 57). Por consiguiente, lo que hizo la aludida normativa “fue agregarle a las exigencias legales para la concesión del recurso de apelación por el a-quo y su admisión por el ad-quem el deber de motivar o sustentar tal medio de impugnación, y en esa forma quedó complementado el artículo original (CPC., art. 352)”(5), siendo el traslado en segunda instancia un verdadero momento de alegación.
Con la reforma introducida a la obra de los ritos civiles por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º modificación 178, se reiteró que se aplicara al trámite de apelación de sentencias el mismo que estaba previsto para la opugnación de las demás providencias, eliminándose la exigencia consistente en que para la concesión del recurso por el juzgador de primer nivel y su admisión por el ad quem, que el recurrente sustentara su inconformidad, situación que estuvo motivada, justamente, en que el Decreto 2282 se dictó por el Presidente de la República, con base en la ley de facultades (L. 30/87), expedida para simplificar el trámite de los procesos judiciales.
Finalmente, es bueno reiterar que el nuevo CGP (L. 1564/2012) en su artículo 327, en cuanto al desarrollo de la apelación de sentencias concierne, advirtió que, en firme el proveído que la admite en segunda instancia, se “convocará a la audiencia de sustentación y fallo”, y continúa rezando la norma, que de decretarse pruebas, “éstas se practicarán en la misma audiencia”, y luego se oirán las alegaciones finales de las partes antes de dictar la decisión que culmine el debate en segundo nivel.
Hacíase necesario el recuento normativo realizado por cuanto que, para el año 2011, época en que se tramitó el recurso de apelación formulado por la convocante XXXX, hoy recurrente en casación, no existía fase especifica de alegatos de conclusión, como tampoco existe hoy, que sí para sustentar el recurso, cuyo último instante para hacerlo por tratarse de una sentencia está dado por el plurimencionado precepto 360.
Primero. NO CASA la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2011, por la Sala Civil—Familia—Laboral de San Gil, dentro del proceso ordinario de pertenencia identificado en el encabezamiento de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo). Mct., en razón de haber sido replicada.
(1) Sentencia C-617 de 1996.
(3) (Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª Edición (póstuma), Buenos Aires, De Palma, 1978, pag, 374).
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 17 de septiembre de 1992.