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Timestamp: 2018-02-25 17:41:23
Document Index: 90512974

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'e contrario', 'Artículo 394', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1964', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1591', 'artículo 1591', 'artículo 1591', 'artículo 1591', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1107']

Sentencia A.P. Palma de Mallorca 227/2010 de 7 de junio. Vicios ocultos. Prescripción. Responsabilidades de los intervinientes. Daño moral - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 227/2010 de 7 de junio
Responsabilidad por vicios ocultos: Defectos de construcción que impiden obtener licencia de apertura, inscripción final de la obra y entrega del libro del edificio. Prescripción de la acción: Plazos y cómputo. Derecho transitorio. Tiempo de solicitud de la licencia de edificación. Doctrina jurisprudencial. Responsabilidades de los agentes intervinientes: Responsabilidad del promotor. Jurisprudencia. Responsabilidad del aparejador y arquitecto por defectuosa vigilancia. Daños morales: Elaboración jurisprudencial.
Rollo: RECURSO DE APELACION 0000139 /2010
SENTENCIA N.º 227
En PALMA DE MALLORCA, a siete de junio de dos mil diez.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Eivissa, bajo el Número 664/06, Rollo de Sala Número 139/10, entre partes, de una como demandante apelante la entidad "C.P. EDIFICIO000 ", representada por el Procurador D. Francisco J. Gayá Font y defendida por el Letrado D. Mariano Ramón Súñer; de otra como demandada apelante la entidad "Ibigaze, S.L.", representada por la Procuradora D.ª Beatriz Ferrer Mercadal y defendida por el Letrado D. Iván Varela Sanz; de otra, como demandada apelada la entidad "Díaz e Ito S.L.", representada por la Procuradora D.ª Beatriz Ferrer Mercadal y asistida por el Letrado D. Iván Varela Sanz; de otra como demandado apelante D. Millán, representado por D.ª Montserrat Montané Ponce y defendido por el Letrado D. Roberto J. Moreno Pividori; de otra como demandado apelante D. Secundino, representado por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol y defendido por la Letrada D.ª Esther Mauri Llano; de otra como demandados apelantes D. Luis Angel y D. Hernan, representados por el Procurador D. José Luis Nicolau Rul.lán y defendidos por el Letrado D. Juan Escandell Marí; de otra como demandantes apelados D. Lucio y D.ª Encarnacion, no personados en esta alzada; de otra como demandado apelado D. Santos, no personado en esta alzada.
Primero.-Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Eivissa en fecha 1 de julio de 2009, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta D. Juan Antonio Landáburu Riera, en nombre y representación de la Comunidad de los Propietarios del EDIFICIO000, D. Lucio y Dña. Encarnacion, contra la entidad Ibigaze SL., Diaz e Ito S.L., D. Millán, D. Secundino, y D. Luis Angel y D. Hernan, debo condenar y condeno a:
A) Solidariamente a los codemandados a efectuar las reparaciones de los vicios declarados probados en el fundamento cuarto de esta resolución, en el plazo de tres meses, facultando a los actores a realizarlos a su costa si trascurrido el plazo no se hubieren subsanado.
B) Condenar a Ibigaze S.L. a abonar la suma de 11.604Z11 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
C) Requerir a Ibigaze S.L. el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a subsanar los defectos que impiden obtener la licencia de apertura y autorización de vado del aparcamiento del Edificio en un plazo de tres meses, y si no a que indemnice a la Comunidad en el valor resultante tras amortizar las plazas de garaje que fueran necesarias para que todas tengan las medidas legalmente vigentes.
D) A Ibigaze S.L. a subsanar los defectos que impiden la inscripción del final de obra y a la entrega del libro del edificio.
E) Y a todos los codemandados al pago conjunto y solidario de 1000 euros a cada uno de los actores Sr. Lucio y Sra. Encarnacion en concepto de daños morales
F) Y al pago de las costas del proceso.
Se desestima la demanda interpuesta contra D. Santos, absolviendo al demandado de todas las pretensiones contra deducidas de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora.".
Segundo.-Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandante y las partes demandadas la entidad Ibigaze, S.L., D. Millán, D. Secundino, D. Luis Angel y D. Hernan se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 18 de mayo del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Tercero.-Se han observado todas las prescripciones legales salvo el plazo para dictar Sentencia debido a la multiplicidad de parte y de las cuestiones planteadas.
Primero.-Formulada demanda de Juicio Ordinario en exigencia de responsabilidad contractual y por defectos constructivos, y de proyectos, y de ejecución y dirección de obra, por parte de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", de D. Lucio y de D.ª Encarnacion, contra la entidad "Ibigaze, SL." como promotora, la entidad "Díaz e Ito, S.L." como constructora y contratista principal, D. Millán como Arquitecto Superior, proyectista y director de la obra, D. Secundino como Arquitecto Técnico y director de ejecución de la obra, y D. Santos como Ingeniero Técnico Industrial y proyectista para la licencia de actividad del garaje, en suplico de que se dicte sentencia que incluya los siguientes pronunciamientos de condena:
1.º) A subsanar los defectos constructivos a los que se refiere el hecho tercero de la demanda en un plazo de tres meses ò el que se considere necesario, facultando a mis representados en caso de incumplimiento.
Deberán ser condenados los demandados en la forma interesada en el hecho cuarto de la demanda ó, subsidiariamente, en caso de imposibilidad de individualización, todos los indicados solidariamente.
2.º) A subsanar los defectos que impiden obtener la licencia de apertura y autorización de vado del aparcamiento del Edificio en plazo de tres meses y, si así no lo hicieran en el indicado plazo se les condene a indemnizar el valor de tres plazas de parking que deben ser amortizadas por el precio de mercado que se acredite en ejecución de sentencia.
Deberá condenarse a los codemandados indicados en el hecho cuarto de la demanda.
3.º) Deberá condenarse al promotor Ibigaze S.L., además, a:
a) El pago de la cantidad de 11.604Z11.- € en concepto de derechos de conexión del edificio a la red de media tensión, y a sus intereses legales desde la interpelación judicial.
b) A subsanar los defectos que impiden la inscripción del final de obra del edificio y a la entrega del Libro del edificio.
4.º) Al pago de la indemnización de daños y perjuicios morales en la cantidad interesada en esta demanda ó la que se acuerde en el presente procedimiento.
5.º) Al pago de las costas"; fue contestada por el Arquitecto Superior, por la constructora, que a la vez solicitó la intervención provocada de los subcontratistas D. Luis Angel y D. Hernan, por el Arquitecto Técnico, por la promotora y por los subcontratistas, y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, incluidas las periciales técnicas, de parte y la judicial, aquélla fue parcialmente estimada en la instancia por Sentencia de fecha 1-julio-2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta D. Juan Antonio Landáburu Riera, en nombre y representación de la Comunidad de los Propietarios del EDIFICIO000, D. Lucio y Dña. Encarnacion, contra la entidad Ibigaze SL., Diaz e Ito S.L., D. Millán, D. Secundino, y D. Luis Angel y D. Hernan, debo condenar y condeno a:
G) Solidariamente a los codemandados a efectuar las reparaciones de los vicios declarados probados en el fundamento cuarto de esta resolución, en el plazo de tres meses, facultando a los actores a realizarlos a su costa si trascurrido el plazo no se hubieren subsanado.
H) Condenar a Ibigaze S.L. a abonar la suma de 11.604Z11 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
I) Requerir a Ibigaze S.L. el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a subsanar los defectos que impiden obtener la licencia de apertura y autorización de vado del aparcamiento del Edificio en un plazo de tres meses, y si no a que indemnice a la Comunidad en el valor resultante tras amortizar las plazas de garaje que fueran necesarias para que todas tengan las medidas legalmente vigentes.
J) A Ibigaze S.L. a subsanar los defectos que impiden la inscripción del final de obra y a la entrega del libro del edificio.
K) Y a todos los codemandados al pago conjunto y solidario de 1000 euros a cada uno de los actores Sr. Lucio y Sra. Encarnacion en concepto de daños morales
L) Y al pago de las costas del proceso.
Se desestima la demanda interpuesta contra D. Santos, absolviendo al demandado de todas las pretensiones contra deducidas de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora."; aclarada por Auto de día 27 siguiente cuya parte dispositiva dice: "Acuerdo no haber lugar a la aclaración solicitada.".
Contra cuya resolución se alza la representación procesal de los Sres. Hernan Luis Angel, subcontratistas, alegando que sólo deben responder en su caso por los trabajos subcontratados, que deben individualizarse las responsabilidades de cada interviniente en la construcción del edificio tanto respecto de los elementos comunes como de los privativos, que la acción ejecutada ha prescrito, y que no procede indemnización por daños morales, por todo lo cual interesa que se revoque la sentencia de instancia, dictando una nueva íntegramente estimatoria de la contestación a la demanda hecha por esta parte, con expresa imposición de las costas a la parte apelada; a lo que se opone la de la Comunidad de Propietarios demandante.
Asimismo se alza contra la anterior resolución la representación procesal del Sr. Millán, alegando que procede individualizar las reclamaciones y las responsabilidades, que los defectos no son vicios ruinógenos, que los privativos lo son de mal acabado y de la defectuosa técnica del buen construir como imputables al constructor, o a los proyectistas los comunes y que no procede indemnización por daños morales ni imposición de costas ante una estimación parcial de las pretensiones de los demandantes, por todo lo cual interesa que revocando la sentencia apelada, dicte nueva resolución por la que se declare:
1.º) La libre absolución de don Millán, en cuanto arquitecto proyectista y director de obras del edificio objeto de la demanda, con todos los pronunciamientos favorables por no serle imputable el sustrato fáctico por el que se ejercita la acción de reclamación por vicios o defectos de construcción, tanto de carácter ex lege como contractual.
2.º) La libre absolución de don Millán respecto de los daños morales a cuyo pago se le condena de forma solidaria e indeterminada respecto de la totalidad de los defectos declarados probados en la Sentencia.
3.º) Se impongan las costas de la primera instancia a la parte actora al ser rechazadas las pretensiones de condena; o, subsidiariamente, se declaren las costas por su orden, es decir a cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mita, conforme al apartado 2 del Artículo 394 de la LEC; a lo que se opone la representación procesal de los subcontratistas, y la de la Comunidad de Propietarios demandante.
Igualmente se alza contra la anterior resolución la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 ", alegando que la condena debe extenderse al Ingeniero y el Arquitecto Proyectista y que la sentencia no determina el número de plazas de garaje sobrantes, por lo que interesa que se revoque parcialmente la sentencia en cuanto al pronunciamiento de condena incluido en el apartado C) del fallo en el sentido de condenar solidariamente al Ingeniero Sr. Santos y al Arquitecto Superior Sr. Millán, estimando de esta forma la demanda contra el primero y revocando la condena en costas a esta parte respecto de dicho codemandado, todo ello con condena en costas a los codemandados; a lo que se opone la representación procesal de los subcontratistas, y la de los Sres. Millán y Secundino.
Por otra parte, asimismo se alza contra la anterior resolución la representación procesal del Sr. Secundino, alegando que no se ha resuelto la falta de acción en tanto los defectos son de acabado o terminación, error en la desestimación de la excepción de prescripción de la acción, que procede individualizar responsabilidades por defectos en zonas privativas y en comunes, que hay duplicidad condenatoria en la redistribución y amortización de las plazas de garaje, que no procede indemnizar por daños morales, que hay indeterminación del fallo condenatorio "reparar a su costa" y que no procede la imposición de costas, por todo lo cual interesa que rectificando la resolución impugnada dicte otra por la que absuelva completamente a mi representado, Sr. Secundino, de todos los pedimentos contenidos en la demanda, de conformidad con el suplico de la contestación, con imposición de las costas de la primera instancia y de esta alzada, o subsidiariamente, se declaren las costas con cargo cada una de las partes las suyas propias y las comunes por mitad; a lo que se opone la representación procesal de las subcontratistas, y la de la Comunidad de Propietarios demandante.
Se alza contra la misma resolución, igualmente, la representación procesal de la entidad promotora "Ibigaze, S.L.", alegando que no ha intervenido en el proyecto constructivo, que procede individualizar responsabilidades en relación con los mismos, con el requerimiento de terminación de obra, por consumo de energía eléctrica, y con el aparcamiento y que no procede indemnizar por daños morales ni imposición de las costas, por todo lo cual interesa que se revoque la sentencia, desetimando la demanda contra mi representada, con expresa imposición de costas a la parte apelada en ambas instancias en caso de que se opusiera al presente recurso de apelación; a lo que se opone la representación procesal de los subcontratistas, y la de la Comunidad de Propietarios demandante.
Segundo.-Sobre la prescripción de las acciones ejercitadas y, analizado el supuesto específico de autos, este Tribunal ha señalado, en casos similares, al exemplum en Sentencia de fecha 28-diciembre-09 y 22-mayo-07, que:
"Respecto de la prescripción de la acción ejercitada, es preciso reseñar que desde que fueron reparadas y/o constatados los defectos varios, y adición del plazo de dos años, los respectivos plazos de prescripción no habían transcurrido a la fecha de presentación de la demanda, máxime ante la interrupción habida por requerimiento a la entidad promotora, y a tenor de los dispuesto en la Disp. Transitoria Primera y de la L.O.E., se está ante proyecto cuya solicitud de licencia de edificación data de... (f... de autos), es decir con anterioridad a su entrada en vigor (Mayo-2000), lo que excluye aplicarla retroactivamente; siendo que además se finaliza la obra inscrita a....., iniciada a...., asimismo con anterioridad a la entrada en vigor de la L.O.E, y la ejecución prevista era de 18 meses y el certificado de final de obra y habitabilidad es de......, y aquellas aparecieron a finales del año 2002 según el perito judicial (Idem en las Sentencias de esta Sala, de fechas 29-Diciembre-06, 18-Diciembre-06, 30- Octubre-06-).
De acuerdo al art. 1.591 del Código Civil, la duración del plazo es de diez años y el inicio del cómputo decenal es "desde la conclusión de la edificación". Como señala la citada sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1995, "el cómputo del plazo, en efecto, ha de hacerse desde el momento en que concluyó la construcción del edificio hasta aquel en que éste se dañase o arruinase".
Al tratarse de una obligación "derivada del precepto especifico del art. 1.591 del Código civil, autónoma o independiente de las genéricas a que se refiere el art. 1.902, no le es aplicable el plazo de prescripción que establece el art. 1.968 del Código, sino el general para las acciones personales de quince años, establecido para las que no tengan señalado término especial por el art. 1.964 del propio cuerpo legal".
La solución al plazo de prescripción de las acciones derivadas del art. 1.591 dependerá, sin duda, de la opción adoptada en relación con la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil incorporada al referido artículo. Por ello, el planteamiento del plazo de prescripción de quince años es prácticamente unánime en la doctrina española.
La sentencia de 15 de octubre de 1990 que declara que "una cosa es el plazo de garantía (no de prescripción, ni de caducidad), que establece el párrafo primero del art. 1.591 del Código civil, dentro del cual, forzosamente, ha de producirse la ruina o exteriorizarse el vicio ruinógeno para que pueda nacer la acción reparatoria que dicho precepto concede, y otra distinta es el plazo de prescripción de la referida acción, una vez nacida, obviamente, dentro de dicho plazo de garantía, la cual se halla sometida al plazo prescriptivo general de quince años, que establece el art. 1.964 del Código civil, siendo el dies a quo de dicho plazo prescriptivo la fecha en que se produjo la ruina o se manifestó el vicio ruinógeno, conforme a la doctrina de la actio nata que proclama el art. 1.969 del mismo Cuerpo Legal".
Como criterio determinante, con perfiles de naturaleza objetiva, la citada Disposición Transitoria 1.ª de la LOE vincula su aplicación al tiempo de la solicitud de la licencia de edificación. Se aplicará por tanto a las nuevas obras para las que la licencia pertinente se solicite a partir del día 6 de mayo de 2000, fecha de su entrada en vigor.
La redacción de dicha Disposición Transitoria permite que se aborde en este momento la cuestión relativa a la aplicación retroactiva de la LOE o de alguno de los preceptos. Así del art. 18 referido al plazo de prescripción de las acciones para reclamar de manera directa o por vía de repetición.
La cuestión debemos plantearla interpretando relacionadamente el art. 18 de la LOE con la Disposición Transitoria 4.ª del Código Civil.
La Disposición Transitoria primera, que en una interpretación literal parece tajante para negar su aplicación retroactiva; "Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia, a partir de su entrada en vigor". Sólo contiene la salvedad referida a materias de expropiación forzosa. El nuevo art. 18 que fija los nuevos plazos de prescripción forma parte de la LOE, y no se le hace objeto de ninguna excepción.
La LOE no contiene reglas transitorias específicas respecto al plazo de ejercicio de las acciones en exigencia de responsabilidad. Su cláusula de transitoriedad es en exceso genérica, por lo que podría aplicarse la Disposición Transitoria 4.ª del Código Civil que contiene una cláusula general de reconocimiento de los derechos nacidos al amparo de la ley anterior, pero también una especial, previsora de que el cambio legislativo afecte a la duración del ejercicio de tales derechos y de sus correspondientes acciones. El art. 1591 del Código Civil no contiene plazos específicos de prescripción para el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos nacidos a su amparo, al modo del art. 18 de la LOE, de manera que la jurisprudencia señaló que les correspondía el genérico de las acciones personales del art. 1964 del Código Civil.
La Ley parte de la suposición de que en el procedimiento administrativo regulador del proceso de la edificación se presente una situación de normalidad, por virtud de la cual todos los edificios se construyen con licencia y su solicitud es previa al comienzo de las obras. Se expresa esta premisa de confianza en la regularidad del procedimiento en el art. 5 de la Ley, cuando señala que la construcción ha de realizarse de conformidad con la normativa aplicable, pues la actividad constructiva está sometida a la intervención administrativa y la obtención de licencia ha de ser previa a la edificación para que los poderes públicos verifiquen que lo que se pretende edificar resulta conforme a la ordenación vigente.
Pero pueden manifestarse situaciones límites. La solución a estas situaciones anómalas debe sustentarse en la idea de la novedad de la obra a que se refiere la DT 1.ª, para aplicar la LOE a las obras sin solicitud de licencia cuya fecha de comienzo sea posterior a su entrada en vigor y denegar su aplicación a los edificios comenzados a construir o terminados antes de su vigencia aunque la licencia se solicite posteriormente. Deberán de conjugarse los conceptos de novedad de la obra y solicitud de licencia.
Parece claro, no obstante, que edificios comenzados a construir bajo la vigencia de la ley nueva pero con solicitud de licencia previa anterior quedan excluidos de la normativa de la LOE.
Los inicios de los plazos de responsabilidad civil -diez años del art. 1591 del Código Civil o diez, tres y uno del art. 17 de la LOE Z99- y prescripción -quince años del art. 1964 del Código Civil, o dos del art. 18 de la LOEZ99 - e inician, generalmente, en momentos distintos.
Siempre, pues, que los vicios se revelen dentro de los plazos correspondientes -diez, tres o un años-, el plazo para ejercer la acción será el de dos años, desde la fecha de su "revelación". Cada daño tendrá su correspondiente plazo de prescripción. Por otro lado, cuando los daños evolucionan con el tiempo, el plazo de prescripción se inicia a partir del momento en que se hayan estabilizado o cesado los mismos.
Una consolidada jurisprudencia -emanada, entre otras, de las sentencias de 2 de febrero y 16 de julio de 1984 y 19 de septiembre de 1985 - sostiene que la prescripción de las acciones, como limitación del ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica, e instituto no fundado en la justicia intrínseca ha de ser objeto de un tratamiento restrictivo.
Así se ha manifestado la Secc 3.ª de la Audiencia Provincial de Palma, sentencia de 22 de 22 de febrero de 2005. La solución se funda en dos razones: a) Existencia de una norma específica de Derecho transitorio, y b) la aplicación restrictiva del instituto de la prescripción.
Siendo cierto que la doctrina legal tiene declarado que carente nuestro ordenamiento jurídico de unas normas de derecho intertemporal de carácter genérico, a falta de reglas específicas en la nueva normativa, son las normas de derecho transitorio del Código Civil las que cumplen tal función, y a ellas se debe acudir para resolver tales cuestiones, en concreto a la Disposición Transitoria 4.ª, considerada norma común para las situaciones intertemporales, y en este sentido la S.T.S de 16 de abril de 1991 dice que "la interpretación de la disp. trans. 4.a CC conduce a la fijación de dos claros criterios: uno, el derecho de fondo aplicable a la cuestión litigiosa, en tanto afecte a derechos adquiridos, se rige por la ley antigua, pero el modo de hacerlos valer, por la ley procesal, que es la nueva; de manera impropia en la terminología que emplea, pero ilustrativa, la E. de M. CC explica esta norma señalando que ninguna consideración exige que el ejercicio posterior de los derechos, su duración y los preceptos para hacerlos valer se eximan de los preceptos del CC, o sea, de una ley nueva, y alude al carácter adjetivo de estas disposiciones y a la posibilidad de que estas normas tengan carácter retroactivo, al menos retroactividad débil, en sentido doctrinal"; pero no lo es menos que la Ley de Ordenación de la Edificación contiene una norma específica de carácter transitorio, la Disposición Transitoria 1.ª, que dispone que dicha Ley será de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia, a partir de su entrada en vigor, a sea el 6 de mayo de 2000, y, en el caso, se trata de una edificación que se inicia su construcción el 3 de septiembre de 1998 y se finaliza el 10 de septiembre de 1999, todo el proceso edificativo se realiza antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y consecuentemente, no le es de aplicación con efecto retroactivo el plazo de prescripción de la acción que regula la nueva, como pretende el recurrente, máxime cuando la jurisprudencia se muestra pacífica al proclamar que la prescripción extintiva, al no estar fundada en razones de intrínseca justicia, debe quedar sometida a una interpretación y tratamiento restrictivos (TS 1.ª SS 16 mar. 1981, 8 oct. 1982, 31 ene., 9 mar. y 9 Dic. 1983, 2 feb. 1984 y 6 may. 1985)".
También se opone a la aplicación retroactiva SAP Barcelona, secc 17.ª, 19 de marzo de 2004, reiterando el fundamento relativo a la existencia de una norma específica y añadiendo el de considerar que no se tratan de derechos nacidos y no ejercitados antes de la entrada en vigor de la LOE:
"En consecuencia, no le será de aplicación el plazo prescriptito de dos años establecido en el art. 18 L.O.E sólo aplicable a aquellas construcciones ejecutadas en el ámbito temporal que señala la disposición transitoria primera de la L.O.E., antes mencionada, ni cabe acudir con carácter analógico a la disposición Transitoria Primera y el art. 1939 del CC, cuando existe una norma de derecho intemporal específica, como es la disposición transitoria primera de la L.O.E., que regula el tema 4 CC). A lo que hay que añadir que la Ley de Ordenación de la Edificación diseña un sistema de responsabilidad que es distinto e incompatible con la responsabilidad decenal del art. 1591 CC.
No ha venido a completar la preexistente regulación del proceso edificatorio y a rellenar lagunas existentes en su ordenación, sino a dotar de una nueva reglamentación el proceso edificación como expresamente afirma su art. 1., por lo que no puede hablarse en puridad del ejercicio de "derechos nacidos y no ejercitados antes de la entrada en vigor de la L.O.E", que se contemplen esta última, porque los nacidos de uno y otro sistema son muy distintos".
Y, en idéntico sentido, SAP La Coruña 19 de enero de 2005.
Entendemos que no cabe la aplicación retroactiva del plazo de prescripción al existir una cláusula de transitoriedad específica en la LOE. Hubiera sido deseable que el legislador hubiera tratado esta problemática de forma específica, reduciendo los plazos de la prescripción de la acción ex 1.591 CC, puesto que la realidad demostrará que la aplicación supuestamente transitoria del artículo 1.591 CC a las obras con licencia anterior a mayo de 2000 por prolongarse hasta el año 2025, como indica la mejor doctrina"; y en la de 3-Mayo-07 por la cual: Sobre la prescripción, cabe indicar que los daños deben ocasionarse dentro de los plazos del artículo 17 de la L.O.E. a contar desde las fecha de recepción de la obra o desde su subsanación, y la acción para exigir responsabilidades prescriben a los 2 años desde la producción de los daños materiales, amén de que la recepción de la obra tiene lugar, salvo pacto en contrario, dentro de los 30 días siguientes de la terminación acreditada en el certificado final de obra, notificada por escrito al promotor, sin reservas ni rechazo". Y en la Sentencia de 22-mayo-07, que:
"Respecto de la prescripción de la acción ejercitada, es preciso reseñar que desde que fueron reparadas y/o constatados los defectos varios, y adición del plazo de dos años, los respectivos plazos de prescripción no habían transcurrido a la fecha de presentación de la demanda, máxime ante la interrupción habida por requerimiento a la entidad promotora, y a tenor de los dispuesto en la Disp. Transitoria Primera yde la L.O.E., se está ante proyecto cuya solicitud de licencia de edificación data de... (f. 60 de autos), es decir con anterioridad a su entrada en vigor..., lo que excluye aplicarla retroactivamente; siendo que además se finaliza la obra inscrita a..., iniciada a 29-10-97, asimismo con anterioridad a la entrada en vigor de la L.O.E, y la ejecución prevista era de 18 meses y el certificado de final de obra y habitabilidad es de..., y aquellas aparecieron a finales del año 2002 según el perito judicial (Idem en las Sentencias de esta Sala, de fechas 29-Diciembre-06, 18-Diciembre-06, 30- Octubre-06-:
De acuerdo al art. 1.591 del Código Civil, la duración del plazo es de diez años y el inicio del cómputo decenal es "desde la conclusión de la edificación". Como señala la citada sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1995,"el cómputo del plazo, en efecto, ha de hacerse desde el momento en que concluyó la construcción del edificio hasta aquel en que éste se dañase o arruinase".
Pero pueden manifestarse situaciones límites
La solución a estas situaciones anómalas debe sustentarse en la idea de la novedad de la obra a que se refiere la DT 1.ª, para aplicar la LOE a las obras sin solicitud de licencia cuya fecha de comienzo sea posterior a su entrada en vigor y denegar su aplicación a los edificios comenzados a construir o terminados antes de su vigencia aunque la licencia se solicite posteriormente. Deberán de conjugarse los conceptos de novedad de la obra y solicitud de licencia.
Los inicios de los plazos de responsabilidad civil -diez años del art. 1591 del Código Civil o diez, tres y uno del art. 17 de la LOE Z 99- y prescripción -quince años del art. 1964 del Código Civil, o dos del art. 18 de la LOEZ99 - e inician, generalmente, en momentos distintos.
El certificado de obra determina el inicio del cómputo del plazo de garantía, pero no la existencia o no de responsabilidad, que se determinará exclusivamente a partir de la obra materialmente concluida.
no constituyen más que la confirmación o ratificación legislativa de buena parte de las razones y conceptos acuñados por la jurisprudencia interpretadora del art. 1591 citado. Estamos en presencia por tanto de la precisión de su ámbito temporal.
El interés se muestra porque en algunos casos se ha invocado como motivo de oposición a la solicitud de exigencia de responsabilidad la prescripción de las acciones por transcurso de los plazos de la LOE. Así la sentencia de la AP de Asturias de 21/6/2002 rechaza la prescripción aducida porque la Ley es posterior a la fecha de la celebración del contrato y de la ejecución de la obra. El caso parecía claro y no aparentaba dificultades pues se trataba de una edificación con causa en un contrato celebrado 12 años antes. La AP rechaza la excepción de prescripción invocada con cita del art. 2.3 del Código Civil que establece el principio de irretroactividad de las leyes y de la Disposición Transitoria primera de la LOE; o la sentencia de la AP de Lugo de 25/4/2003.
Como criterio determinante, con perfiles de naturaleza objetiva, la citada Disposición Transitoria 1.ª de la LOE vincula su aplicación al tiempo de la solicitud de la licencia de edificación.
Se aplicará por tanto a las nuevas obras para las que la licencia pertinente se solicite a partir del día 6 de mayo de 2000, fecha de su entrada en vigor.
La redacción de dicha Disposición Transitoria permite que se aborde en este momento la cuestión relativa a la aplicación retroactiva de la LOE o de alguno de sus preceptos. Así del art. 18 referido al plazo de prescripción de las acciones para reclamar de manera directa o por vía de repetición.
La cuestión debe plantearse interpretando relacionadamente el art. 18 de la LOE con la Disposición Transitoria 4.º del Código Civil.
La Disposición Transitoria Primera, que en una interpretación literal parece tajante para negar su aplicación retroactiva: "Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia, a partir de su entrada en vigor". Sólo contiene la salvedad referida a materias de expropiación forzosa. El nuevo art. 18 que fija los nuevos plazos de prescripción forma parte de la LOE, y no se le hace objeto de ninguna excepción. La LOE no contiene reglas transitorias específicas respecto al plazo de ejercicio de las acciones en exigencia de responsabilidad. Su cláusula de transitoriedad es un exceso genérica, por lo que podría aplicarse la Disposición Transitoria 4.º del Código Civil que contiene una cláusula general de reconocimiento de los derechos nacidos al amparo de la ley anterior, pero también una especial, previsora de que el cambio legislativo afecte a la duración del ejercicio de tales derechos de sus correspondientes acciones. El art. 1591 del Código Civil no contiene plazos específicos de prescripción para el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos nacidos a su amparo, al modo del art. 18 de la LOE; de manera que la jurisprudencia señaló que les correspondía el genérico de las acciones personales del art. 1964 del Código Civil.
Pero pueden manifestase situaciones límite: Así en el caso de una licencia solicitada tardíamente tras la entrada en vigor y referida a una construcción comenzada o incluso concluida antes. O no existiese solicitud de licencia y la obra se comenzase después de la entrada en vigor.
La solución a estas situaciones anómalas debe sustentarse en la idea de la novedad de la obra a que se refiere la DT 1.º, para aplicar la LOE a las obras sin solicitud de licencia cuya fecha de comienzo sea posterior a su entrada en vigor y denegar su aplicación a los edificios comenzados a construir o terminados antes de su vigencia aunque la licencia se solicite posteriormente. Deberán de conjugarse los conceptos de novedad de la obra y solicitud de licencia. Como hecho determinante deberá considerarse el tiempo de inicio de la construcción del edificio. Este criterio se recoge en la aplicación del futuro Código Técnico de la edificación en la Disposición Transitoria 1 a) de su Proyecto de Real Decreto.
La posición favorable a la aplicación retroactiva del plazo de prescripción ha sido acogida por algún pronunciamiento judicial. Así, SAP de Huelva de 25 de febrero de 2005 o igualmente la Juzgado 1.ª Instancia de Inca 16 de diciembre de 2004. Ambos pronunciamientos además parecen fijar el dies ad quo en el momento de producción de daño y no el de la entrada en vigor de la LOE, lo cual podría general situaciones de flagrante indefensión.
Reza la SAP Huelva 25 de febrero de 2005 "Por ello con anterioridad a la entrada en vigor de la LOE el plazo de prescripción de la acción, no podrá ser otra que el previsto en el artículo 1964 pero tras la entrada en vigor de la LOE surge con toda su virulencia el debate que se plantea en este procedimiento, es decir, si pese a la existencia ya de un plazo específico en una Ley que de manera pormenorizada regula los distintos Agentes y las correspondientes responsabilidades y acciones de proceso constructivo, debe prescindirse de sus aspectos procesales relativos a los plazos de prescripción, como argumenta el recurrente, o por el contrario dichos preceptos procesales resultan plenamente aplicables a aquellos litigios, como el que nos ocupa, promovidos con posterioridad a su entrada en vigor".
Los criterios que deben seguirse en materia de irretroactividad o retroactividad de las Leyes han sido suficientemente tratados por nuestra Jurisprudencia en cuanto que la proclamación formulada en los artículos 2.3 del Código Civil y 9-3 de la Constitución no puede ser interpretada de forma absoluta, distinguiéndose entre la retroactividad de grado máximo y una retroactividad impropia o de grado medio.
El principio clásico de "tempos regit actum" no es, tan absoluto, que impida interpretaciones razonables y fundadas que lleven a un resultado distinto en orden a la aplicación de una concreta Ley. Consideramos, es de insistir, que una aplicación subsidiaria de un precepto debe decaer ante una norma concreta y específica, por ello la aplicación del plazo de prescripción de dos años del artículo 18 de la LOE a una obra finalizada varios años antes, no entendemos, que implique la vulneración o quebrantamiento de los preceptos invocados por el apelante.
Ciertamente la citada Ley obedecía a una necesidad imperante de regular y definir en el mundo jurídico las complicadas relaciones derivadas del proceso constructivo y si bien su aspecto sustantivo por aplicación de la referida Disposición Transitoria queda relegada a las obras cuya solicitud de Licencia se haya presentado con posterioridad a su entrada en vigor, no puede seguirse dicho criterio cuando del aspecto procesal se trata dada la ausencia de una regulación específica de esta materia en el Código Civil. Entendemos que no puede sostenerse la aplicación de una norma subsidiaria ante la existencia de una norma específica y a esta conclusión también nos lleva el propio Código Civil en su artículo 3, pues para la labor de interpretación de las normas ha de atenderse tanto a su literalidad como un criterio sistemático, contemplándola con el resto del ordenamiento jurídico y además atendiendo, fundamentalmente nos dice el precepto, a su espíritu y finalidad, por ello concluimos que en atención a ese espíritu y finalidad de al LOE no resulta adecuado aplicar un plazo, largo y subsidiario de prescripción a una realidad que ya posee una regulación específica más acorde a los tiempos en los que vivimos y en los que se desenvuelve esas relaciones derivadas de la Constitución".
Estos pronunciamientos podrían calificarse de aislados, siendo mayoritario el criterio de desestimar la aplicación retroactiva, en esencia, por la inaplicabilidad de la Disposición Transitoria 4.ª del Código, ya que la LOE contiene una norma específica de Derecho intemporal que no hace referencia alguna a la aplicación supletoria del plazo de prescripción.
Entendemos que no cabe la aplicación retroactiva del plazo de prescripción al existir una cláusula de transitoriedad específica en la LOE. Hubiera sido deseable que el legislador hubiera tratado esta problemática de forma específica, reduciendo los plazos de la prescripción de la acción ex 1.591 CC, puesto que la realidad demostrará que la aplicación supuestamente transitoria del artículo 1.591 CC a las obras con licencia anterior a mayo de 2000 por prolongarse hasta el año 2025, como indica la mejor doctrina"; y en la de 3-Mayo-07 por la cual: Sobre la prescripción, cabe indicar que los daños deben ocasionarse dentro de los plazos del artículo 17 de la L.O.E. a contar desde las fecha de recepción de la obra o desde su subsanación, y la acción para exigir responsabilidades prescriben a los 2 años desde la producción de los daños materiales, amén de que la recepción de la obra tiene lugar, salvo pacto en contrario, dentro de los 30 días siguientes de la terminación acreditada en el certificado final de obra, notificada por escrito al promotor, sin reservas ni rechazo."; al igual que en las resoluciones de fechas 3-mayo-07, 24-abril- 07, 29-diciembre-06, 23-diciembre-05 y 29-diciembre-06, 23-diciembre-05, 28-octubre-05, entre otras.
En el caso de autos, la demanda fue presentada el día 12-julio-2006, la licencia de obras concedida el 10-agosto-01, el certificado municipal de final de obra es de 20-mayo-03, y no consta inscrito el final de obra pues fue denegada a 14-diciembre- 05 (f. 57 de autos), los documentos públicos de compraventa (los únicos en autos) son de junio, julio y septiembre-03 a efectos de ocupación, los defectos ya se detectaban según Actas de la Junta de la Comunidad a 13-abril-04 y 29-diciembre-04, y la Comunidad requirió a la promotora para que subsanara los defectos y las deficiencias a 19-enero-2005, interrumpiendo ya la posible prescripción (f. 262-263 y 286 a 323), que lo contestó a 17-febrero-05 con intervención de la Dirección Facultativa, visitando la obra el 31-marzo-05, con propuesta de conclusiones a 3-mayo-05 (f. 264 a 284 y 323 a 326). No obstante, no se ofreció solución para la problemática del garaje-parking, ante los defectos constatados por el Ajuntament, con intento de subsanaciones técnicas a diciembre-05; a cuya propuesta no consta conformidad del Ajuntament al momento de dictar la presente resolución; y se mantienen la mayoría de defectos y deficiencias denunciados en plazo, lo que permite rechazar de plano la excepción de prescripción de las acciones ejercitadas (incumplimiento contractual y por defectos de obra) en zonas comunes, y en pisos NUM000 y NUM001, en atención a los plazos en que pueden constatarse los defectos (10, 3 ó 1 año) y al ejercicio de las acciones correspondientes. Item más, el documento público de terminación de la obra es de fecha 26-octubre-05, con suspensión de la inscripción registral a 1-12-05 (f. 568 de autos), y la prescripción aprovecha o pejudica a todos los demandados solidariamente.
Tercero.-Respecto de las responsabilidades del Promotor, establece el art. 9 de la L.O.E. que:
e) Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.; y el art. 17
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación (art.º 17-LOE).
1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirientes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedarse debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirientes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Por demás previene el artículo 1.591 del Código Civil que "el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de los diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad y por el mismo tiempo, tendrá el Arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección".
No obstante, el término "ruina" que utiliza el precepto mencionado no queda reducido a los supuestos de derrumbamiento total o parcial de la obra (ruina física), sino que debe extenderse a aquellos defectos de construcción que exceden de las imperfecciones corrientes o normales (Sts. de 9-5-83, 30-9-83 y 5-3-84), y/o que haban temer la pérdida del edificio o lo hagan inútil para la finalidad que les es propia o para el cumplimiento de su destino conforme a su naturaleza (ruina funcional).
Este Tribunal ya reseñaba en la Sentencia de fecha 14 de mayo-2008 que "Se alega que no procede condenar a la entidad promotora porque la responsabilidad es por regla general personal, individualizada y privativa, de lo cual, unido al hecho de que considera que en el caso concreto la responsabilidad se halla claramente individualizada, llega a la conclusión de que debe absolverse a la misma. Nos hallamos ante una cuestión tratada reiteradamente por la doctrina jurisprudencial en sentido contrario al pretendido por dicha parte, y la misma cuestión ya fue objeto de examen, entre otras, en la sentencia de esta Sala de 24 de marzo de 2.006, en la que se indica que, en relación con ese argumento impugnativo, ha de reseñarse que el Tribunal Supremo al aplicar el artículo 1591 del Código Civil a los cambiantes modos en que se realiza el proceso constructivo de una edificación -actualmente bien distintos de los imperantes en la época en que se promulgó el precepto-, ha extendido la responsabilidad por vicios constructivos al promotor que obtiene beneficios económicos como consecuencia de su intervención, pero no al promotor que participa en la obra con otra finalidad. Así, en sentencia de 6 de marzo de 1990 se indicó, con cita de otras precedentes, que "la figura del promotor-constructor ha sido perfilada por esta Sala tanto en orden a determinar su responsabilidad derivada del artículo 1591 del Código Civil, como a determinar a quién ha de calificarse como tal promotor- constructor, así, la sentencia de 11 de febrero de 1985 dice que "siquiera sea cierto, como se deja afirmado en esta misma sentencia y en la de 12 de febrero de 1981, que la responsabilidad de ese origen alcanza únicamente al contratista y al arquitecto y deja al margen al mero dueño de la obra, con todo debe matizarse esa delimitación a presencia de un 'corpus' de doctrina en torno a la figura del promotor y constituido por las sentencias de 28 de noviembre de 1970, 11, 17 y 24 de octubre de 1977, 9 de marzo de 1981 y, últimamente, de 1 de marzo y 13 de junio de 1984, esclarecedoras de que la construcción de un edificio para su enajenación (a veces sobre plano) en régimen de Propiedad Horizontal, no determina aun cuando exista otra persona o sociedad que ejecutara la obra materialmente y por encargo de la promotora según el oportuno proyecto, la exoneración de aquélla de la responsabilidad decenal en el concepto de contratista, pues esta expresión comprende al promotor- constructor y, como expresa la últimamente citada, ostenta tal cualidad el que por su cuenta y en su beneficio, encarga la realización de la obra a un tercero", y, en la misma línea, en sentencia de 3 de mayo de 1996 se precisó que "con arreglo a la doctrina consolidada de la Sala y cuyo general conocimiento excusa de la cita cronológica de las múltiples sentencias que la recogen, se ha venido incardinando la nueva figura del promotor dentro del concepto de contratista, alcanzándole la responsabilidad inherente a tal asimilación, especialmente, cuando el promotor, por su cuenta y beneficio, encarga la realización de una obra a un tercero con la intención de destinar las viviendas y locales construidos al tráfico con terceros compradores para obtener un beneficio económico". Posteriormente, el propio Tribunal Supremo ha desarrollado la misma idea al señalar que "la jurisprudencia reiterada de esta Sala equipara a los contratistas con los promotores en cuanto a la responsabilidad por ruina. Promotor es para el TS, quien en su beneficio encarga la realización de una obra a tercero" (sentencia de 21 de octubre de 1998) y que "en una función integradora del artículo 1591 del Código Civil, la jurisprudencia ha venido a incluir entre las personas intervinientes en el proceso constructivo sujetas a la responsabilidad que en el citado precepto se regula al constructor-promotor, que reúne generalmente en una misma persona el carácter de propietario del terreno, constructor y propietario de la edificación llevada a cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos locales o pisos en régimen de propiedad horizontal, beneficiario económico de todo el complejo jurídico constructivo, etc., lo que no impide que para la realización y ejecución del proyecto, utilice personal especializado al que ha de contratar, incluido el constructor o ejecutor material de los distintos elementos que integran el conjunto del edificio. Los criterios determinantes de la inclusión del promotor en el círculo de las personas a que se extiende la responsabilidad del artículo 1591 fueron, según reiterada y pacífica doctrina de esta Sala, los siguientes: a) que la obra se realiza en su beneficio; b) que se encamina al tráfico de la venta a tercero; c) que los terceros adquirentes han confiado en su prestigio comercial; d) que fue el promotor quien eligió y contrató al contratista y a los técnicos, y e) que adoptar criterio contrario supondría limitar o desamparar a los futuros compradores de pisos, frente a la mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes en la construcción" (sentencia de 20 de noviembre de 1998), así como al enseñar que "la sentencia no ha hecho aquí otra cosa que aplicar la reiterada doctrina de esta Sala que incluye entre los sujetos obligados por el art. 1.591 a la moderna figura del promotor (sentencia de 11 y 17 de octubre de 1.974, 21 de abril de 1.981, 25 de enero de 1.982, entre otras). El promotor, en definitiva, viene a hacer suyo los trabajos ajenos, realizados por personas a las que ha elegido y confiado, y los enajena a los adquirentes de los pisos. Su obligación de entrega, caso de que tengan vicios incursos en el art. 1.591, la ha cumplido de modo irregular, defectuoso, y no puede quedar liberado alegando responsabilidad de terceros ligados con él mediante los oportunos contratos" (sentencia de 12 de marzo de 1999). Todavía más recientemente, el mismo Alto Tribunal ha precisado que "en el segundo y último motivo de este tercer recurso se denuncia por la recurrente 'Construcciones A., S.A.', con carácter subsidiario del motivo anterior, la infracción del art. 1591 CC y jurisprudencia que cita. Se aduce en síntesis en el cuerpo del mismo que el defecto constructivo apreciado en la sentencia recurrida no es imputable a la recurrente, ni como constructor ni como promotor, cuya responsabilidad se halla asimilada al contratista, porque tratándose de vicios del suelo, del proyecto o de la dirección, el único responsable es el Arquitecto. El motivo debe ser desestimado. En primer lugar el recurso no tiene en cuenta que la asimilación jurisprudencial del promotor (figura de la construcción no aludida expresamente en el art. 1591 CC) al contratista como constructor, no obsta a que pueda tener un círculo de responsabilidad más amplia que éste, como ocurre con la derivada de culpa 'in eligendo' en la selección de los técnicos de la obra" (sentencia de 28 de mayo de 2001), y ha declarado que "argumenta la empresa recurrente que la sentencia que combate no le imputa las deficiencias edificativas acreditadas ni sus causas, así como actuación culposa o negligente alguna como causante directa o indirecta de los vicios que presenta la vivienda que construyó y vendió al demandante y por ello no se individualizó su responsabilidad frente a la Constructora y Arquitecto técnico, a efectos de no establecer su responsabilidad solidaria con los mismos, al resultar así la condena pronunciada. Efectivamente el que resulta ser sólo promotor no lleva a cabo por sí actos de edificación, es decir que no materializó el proceso constructivo, si bien lo idea, lo controla, administra y dirige a fin de incorporar al mercado la obra hecha. De admitir esta tesis -no ser los promotores responsables-, nunca procedería exigirles responsabilidades y el art. 1591 actuaría como escudo protector, en vez de cumplir su finalidad de tutelar los derechos de quienes resultan perjudicados por la obra mal realizada, según las reglas edificativas. La sentencia recurrida declara probado que alguno de los vicios resultaban 'muy ostensibles', es decir fácilmente detectables y con mayor razón por la promotora que es la que debe seguir el proceso de edificación. Sucede que su responsabilidad en este supuesto y en el ámbito de la solidaridad, conforme a la doctrina jurisprudencial imperante y actualizada, autoriza a incluir al promotor en el espacio jurídico del art. 1591, ya que, por una parte, el promotor es también vendedor y está obligado a entregar lo que construye con las condiciones de servir a su finalidad, que no es otra que la de procurar una habitación para las personas segura, apta, útil y conforme al uso destinado y así lo declara la sentencia de 10 de noviembre de 1999 -que cita las de 13-7-1987, 29-11-1993, 30-12-1998, 27-1 y 13-10- 1999-. La justificación de la legitimación del promotor y su capacidad para asumir responsabilidades está en cuanto el vendedor queda obligado a cumplir exacta y debidamente las prestaciones de lo que para él construyen los profesionales que contrata, es decir sin vicios ni imperfecciones y si se ocasionan ruinógenos su responsabilidad se prolonga y alcanza a responder de los defectos, juntamente con los demás como causantes directos, pues dice la sentencia de 12 de marzo de 1999, el promotor viene a hacer suyos los trabajos ajenos, realizados por el personal que eligió y, en caso de vicios, su obligación de entrega a los adquirentes lo ha cumplido de forma irregular y no puede quedar liberado alegando la responsabilidad de terceros relacionados con él mediante los oportunos contratos. Continúa declarando la jurisprudencia de esta Sala, que también ha de tenerse en cuenta que el hecho de que la promotora no sea constructora no le priva de la legitimación pasiva en el ejercicio de la acción de responsabilidad decenal del art. 1591 (Sentencias de 21-2-2000 y 8-10-2001). La evolución de la jurisprudencia tiende a aplicar la tutela judicial efectiva para amparar a la parte contractual mas débil, que por regla general son los adquirentes de viviendas, en la mayoría de los casos a costa de un gran esfuerzo económico y sus derechos no decaen por el hecho de no haber contratado con los constructores o por no haber puesto reparos en el momento de recepción, pues el promotor realiza las obras en su indudable beneficio y con destino al tráfico, mediante venta a terceros y éstos confían en su prestigio profesional y, por ello, no deben ser defraudados. Es el promotor quien elige y contrata a los técnicos y constructores, y éstas actuaciones ya determinan que procede su inclusión en el art. 1591, según reiteradas sentencias de esta Sala, pues ha de evitarse el posible desamparo de los futuros compradores frente a la mayor o menor solvencia de los intervinientes en la construcción (Sentencias de 8-10-1990 1-10-1991, 8-6-1992, 28-1-1994 y 13-10-1999)" (sentencia de 13 de mayo de 2002). La observancia de esa doctrina jurisprudencial tiene que desembocar en el rechazo de lo argüido en sentido contrario por la parte apelante y, lógicamente, de la petición absolutoria derivada de ello. En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial al supuesto concreto objeto de enjuiciamiento, procede desestimar dicho motivo del recurso."; y al igual que en las de fechas 2-diciembre-09, entre otras.
Por otra parte en la de fecha 2-julio-04, que: "Antes de entrar a conocer y resolver sobre el fondo del asunto, es preciso reseñar las funciones, actuación y responsabilidades de los intervinientes en el proceso constructivo:
a) en general previene el artículo 1.591 del Código Civil que "el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de los diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad y por el mismo tiempo, tendrá el Arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección".
No obstante, el término "ruina" que utiliza el precepto mencionado no queda reducido a los supuestos de derrumbamiento total o parcial de la obra (ruina física), sino que debe extenderse a aquellos defectos de construcción que exceden de las imperfecciones corrientes o normales, y/o que hagan temer la pérdida del edificio y/o lo hagan inútil para la finalidad que le es propia o para el cumplimiento de su destino conforme a su naturaleza (ruina funcional).
b) El Constructor (contratista) es responsable de los vicios de la construcción, de la utilización de materiales de mala, escasa o ínfima calidad, y de la deficiente realización y ejecución material de las obras.
El aparejador debe controlar al contratista y responde, junto al constructor, de la ejecución de la obra, colaborando con el Arquitecto Superior; le corresponde la ordenación de las obras e instalaciones de acuerdo con el Proyecto e instrucciones del Arquitecto y de conformidad a las reglas y normas de la buena construcción.
El Arquitecto Superior está obligado primordialmente a examinar el suelo, a fin de proyectar una cimentación adecuada a la naturaleza del terreno, debiendo responder de los vicios del suelo, bien por su desconocimiento, bien por conocimiento erróneo (vicio del Proyecto), o de la Dirección (inadecuado control o directriz errada de la ejecución del Proyecto).
Y si bien la responsabilidad de los distintos sujetos intervinientes en el proceso edificatorio por causa de los vicios ruinógenos de que adolece la obra, es en principio, individualizada, personal y privativa de cada uno de ellos en armonía a la culpa en que hayan incurrido, las conductas de los codemandados respectivamente, inciden sobre los mismos defectos, sin que se puedan diferenciar sus responsabilidades ni la intensidad de la conducta causal de los responsables de los deberes genéricos de vigilancia, dándose en consecuencia la responsabilidad solidaria o impropia de todos los intervinientes frente al promotor de la vivienda, por necesidad de salvaguardar el interés social y en aras de proteger la confianza de los adquirentes, cuando la ruina de las obras es consecuencia de un comportamiento concurrente, no individualizado cuantitativa y cualitativamente, ante la existencia de varias concausas (vicios de dirección, deficiente ejecución y escasa calidad de los materiales) sin poder discernir las consecuencias de cada una de ellas, y porque no ha sido posible separar nítidamente su participación funcional en la causación de los distintos resultados dañosos. Todo ello sin perjuicio de que cada uno de los condenados pueda repetir contra los demás, o definir sus respectivas responsabilidades, probada que ésta resulte compartida.
c) a lo anterior cabe exigir al constructor las obligaciones según la LOE: El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Son obligaciones del constructor: a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 "; al director de obra las del art.º 12 "El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. Son obligaciones del director de obra: a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante"; al director de la ejecución las del art.º 13 "El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: a) Estar en posesión de la titulación académica profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de persona jurídica, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitecto. En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado"; y al proyectista "El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales y otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. Son obligaciones del proyectista: a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales".
d) "En esta partida el Arquitecto es responsable del cálculo y diseño de las mismas y por tanto de que la ejecución se someta en toda a ellas.
El aparejador es responsable de la calidad del cemento, agua y áridos, de la conveniente dosificación de las mismas y de su curado, comprobando la resistencia de las coladas obtenidas mediante probetas. Lo es también de la correcta colocación de las armaduras incluyendo recubrimientos, ganchos, solapas, soldaduras, etc.
Los fallos producidos por cálculo erróneo de las cargas o dimensionado de la cimentación o forma inadecuada de la misma son imputables al arquitecto.
Los fallos debidos a la mala calidad de la mezcla o errónea disposición de la armadura son imputables al aparejador.
Es de competencia exclusiva del arquitecto el cálculo y diseño de la estructura, disposición en la misma de las juntas de dilatación para obtener no sólo la estabilidad del edificio, sino su funcionalidad.
Por lo tanto el arquitecto es responsable de los fallos que presente la estructura y de que su ejecución se realice conforme a los planos redactados por él en todo detalle, incluyendo el tamaño y número de las soldaduras.
El aparejador es responsable de la calidad y correcta disposición de cofres, corchas y puntales, disposición de las armaduras en los mismos, calidad de los materiales del hormigón, dosificación, confección y curado de las mezclas, perfección de las soldaduras en las estructuras metálicas. Este punto es otro de los que requiere una mayor atención de la que se le ha venido prestando. En cualquier caso la práctica de las pruebas de carga en los edificios es solamente recomendable y de la competencia y responsabilidad conjunta del Arquitecto y Aparejador.
Son imputables al arquitecto los fallos de cálculo y diseño que generalmente se manifiestan por flechas excesivas, penudeos capilares, grietas por exceso de esfuerzos en las zonas de tracción o cortadura, etc.
Al igual que la de los arquitectos, la profesión de arquitectos técnicos es colegiada, sin la intervención de los colegios no podrá ser autorizado ningún género de actuación profesional de sus colegiados (art. 3.º de las Orden 9 mayo 1940; y art. 38 del Reglamento aprobado por Orden 23 junio 1945).
Por último, por el Decreto 1.471/1977, de 13 de mayo, se aprueban los Estatutos del Consejo General y Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Son funciones de los Arquitectos Técnicos en la dirección de obras:
- Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que la define, con las normas, y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del arquitecto superior, director de las obras.
- Inspeccionar los materiales a emplear, dosificación y mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su aceptación.
- Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo.
- Ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades comprobando las dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos.
- Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en obra.
- Suscribir de conformidad con el arquitecto superior y conjuntamente con el acta, y certificaciones sobre replanteo, comienzo, desarrollo y terminación de las obras.
d) El ejercicio de l docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
La facultad de elaborar proyectos descrita en el párrafo a), se refiere a los de toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de proyecto arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza".
Y, además en la de fecha 11-marzo-05, que: al plantearse la extensión de la responsabilidad a la drección facultativa de la obra, solidariamente con el constructor por defectuosa vigilancia de la obra o incumplimientos de su obligaciones en el proceso constructivo. Sobre el particular es preciso recordar que en el supuesto que nos ocupa no es admisible, tal como acertadamente se señala en la sentencia recurrida, una acción de responsabilidad por vicios ruinógenos del artículo 1.591 del Código Civil, por cuanto la obra no se ha concluido, y por tanto, no se ha emitido el certificado final de obra. Como antes se ha indicado sólo le pueden ser imputados por incumplimiento del contrato que les vincula con la promotora, al amparo del artículo 1.101 y concordantes del Código Civil, pero en la práctica la situación es sumamente similar, con lo cual puede aplicarse en lo sustancial la doctrina jurisprudencial establecida en relación con el artículo 1.591 CCi..
El aspecto más controvertido y polémico es determinar si concurre responsabilidad de aparejador y arquitecto por defectuosa vigilancia. En relación al arquitecto, como se indica en la STS de 11 de noviembre de 2.003, "En cuanto a los vicios de dirección, considera la doctrina como tales todo proveniente de órdenes o instrucciones dictadas por el arquitecto en la ejecución del edificio y con ocasión de la misma; se trata de un concepto estricto que implica una separación entre proyecto y ejecución técnica que se hallan entrelazados. Corresponde al arquitecto, encargado de la obra por imperativo legal, la superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo proyectado, debiendo hacer constar en el Libro de Órdenes las que hubiere impartido, tanto al constructor como a los demás técnicos intervinientes, que están obligados a su estricto cumplimiento. De suerte que, no basta con hacer constar las irregularidades que aprecia, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación antes de emitir la certificación final aprobatoria de la misma, único medio de garantizar que los dueños y posteriores adquirentes no resulten sorprendidos o defraudados en sus derechos contractuales (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1.984, 5 de julio de 1.986, 9 de marzo de 1.988 y 7 de noviembre de 1.989, citadas en la de 19 de noviembre de 1.996 "). Como se señaló en la sentencia de esta Sala de 19 de abril de 1.996, citando las STS de 16 de diciembre de 1.991 y 8 de mayo de 1.995, "el arquitecto, dada su condición de director de la obra, le incumbe como deber ineludible el de vigilancia, de forma tal que, bajo sus órdenes y superior inspección, actúan todos los demás, y al que, en su condición de supremo responsable, le es exigible una diligencia no confundible con la de un hombre cuidadoso, sino derivada de la especialidad de sus conocimientos y de las garantías técnicas y profesionales que implica su intervención en la obra. El propio Tribunal Supremo ha matizado, no obstante, que esta exigencia que se impone al arquitecto no es absoluta, sino que se encuentra condicionada en cada caso al concreto resultado probatorio. La modulación de la responsabilidad del profesional director de la obra respecto a los vicios de ejecución habrá de configurarse, pues, en función de la importancia y gravedad de los mismos y ponderando la prueba aportada en cada proceso". Asimismo, en STS de 10 de junio de 2.004, se señala que, "La jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil tiene declarado que al Arquitecto le incumbe una misión general con base a la unidad de obra, lo que le impone dar solución a los problemas imprevistos (Sentencia de 22-9-1994), es decir los no contemplados en el proyecto y exigían ser afrontados, adecuando su hacer a una conducta profesional correcta y completa (Sentencias de 19-11-1996 y 9-3-2000)". En la STS de 6 de mayo de 2.004 se dice que "Corresponde al arquitecto, encargado de la obra por imperativo legal, la superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo proyectado, debiendo hacer constar en el libro de órdenes las que hubiera impartido, tanto al constructor como a los demás técnicos intervinientes, que están obligados a su estricto cumplimiento, de suerte que, no basta con hacer constar las irregularidades que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación antes de emitir la certificación final aprobatoria de la obra, único remedio de garantizar que los dueños o posteriores adquirentes no resulten sorprendidos o defraudados en sus derechos contractuales. (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1984 5 de julio de 1986, 9 de marzo de 1988 y 7 de noviembre de 1989, citadas en la de 19 de noviembre de 1996). El certificado final de la obra fue emitido...... y aparece firmado tanto por el arquitecto recurrente como por el aparejador también recurrente, lo que implica la asunción de la ejecución material de las obras bajo su inspección y control." En cuanto al indicado deber de vigilancia, la STS de 29 de diciembre de 2.003, "... el Arquitecto responderá de los vicios de proyecto y de la alta dirección de la obra. Así, la jurisprudencia anuda dicha responsabilidad a la falta de control sobre la obra; motivada por la negligencia profesional, (S.T.S. de 18-10-94). Incluso esta no se centra exclusivamente en los elementos estructurales y básicos de la obra, pues -le incumbe inspeccionar y controlar si la ejecución de la misma se ajusta o no al proyecto por él confeccionado-, y, en caso contrario, dar las oportunas órdenes correctoras (S.T.S. de 24-2-97, que determina la responsabilidad del Arquitecto por la falta de enfoscado e impermeabilización de unas jardineras)......aquella tarea ha de proyectarse en que debe cerciorarse que su proyecto se ejecutará "ad hoc" con unos materiales adecuados y, sobre todo, que su deber de vigilancia superior, si bien con la apoyatura de su subordinado en el esquema facultativo, no por ello puede desentenderse o apartarse por completo de ese control en la marcha del "iter" constructivo."
Según reiterada doctrina jurisprudencial, al aparejador le compete "ordenar y dirigir la ejecución de las obras e instalaciones cuidando de su control práctico y organizando el trabajo de acuerdo con el proyecto que las define, con las normas y reglas de buena construcción y con las instrucciones del arquitecto superior director de la obra, y el Real Decreto de 19 de febrero de 1.971 en su art. 1.º impone al citado profesional la función de " inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos", y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo le ha considerado responsable por defectos en dosificación o mezclas si son generalizadas, así entre otras en las STS de 13 de Julio de 1.990, 14 de febrero y 15 de octubre de 1.991, 1 de julio de 1.993, y 2 de febrero de 1.996. Por tanto, dicho profesional tiene el deber de vigilancia que conlleva el examen de los trabajos de ejecución a fin de que se ajusten a lo proyectado y a las normas de buena construcción, cuya infracción conlleva su responsabilidad (entre otras, STS de 8 de mayo y 15 de julio de 1.991, 11 de julio y 25 de septiembre de 1.992, 28 de abril de 1.993, etc). La STS de 3 de julio de 2.000 recuerda que "la adecuada dosificación de los materiales y su correcta colocación "son funciones que competen al arquitecto técnico en aplicación de los Decretos de 16 de julio de 1.935 y 19 de febrero de 1.971. Como se señala en la STS de 6 de mayo de 2.004, "el aparejador participa en la dirección de la obra, como técnico que es debe conocer las normas tecnológicas de la edificación, advertir al arquitecto de su incumplimiento y vigilar que la realidad constructiva se ajuste a su "lex artis" que en modo alguno le es ajeno, de modo que tal, al no poderse determinar los coeficientes de responsabilidad, han de ser concretados entre los propios responsables solidarios, a quienes corresponde tal extremo y no a la comunidad perjudicada (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1990. Constituyen ineludibles deberes profesionales de los aparejadores, la ejecución y vigilancia de las órdenes dadas por la dirección de la obra, procurando la perfecta realización de los trabajos y el empleo de los materiales adecuados por parte del contratista.".
En este caso, no cabe duda sobre las responabilidades contractuales del Promotor respecto de la entrega en debidas condiciones, y sin defectos ni deficiencias a los adquirentes de las viviendas y a la Comunidad de Propietarios de los constatados en zonas comunes, según se ha reseñado, y en régimen de solidaridad con los otros intervinientes; y se tiene en cuenta que tanto la Promotora como la Constructora derivan a terceros las responsabilidades, intentando eludir las propias y respectivas, como en el supuesto del que ya conoció y resolvió este Tribunal frente a una reclamación por parte de "Gesa", derivadas por éstas entre sí y contra la Comunidad de Propietarios y Propietarios individuales, en Sentencia de fecha 16 de noviembre-2009.
Corresponde al Promotor asumir las deudas de conexión y el consumo eléctrico en obra.
Cuarto.-El Arquitecto Superior, en este caso, era el Proyectista y director de las obras; el Aparejador en el director de ejecución; y el codemandado Sr. Santos fue el Ingeniero Técnico Industrial que elaboró el Proyecto para licencia de actividad del garaje, que fue incorporado al Proyecto general sin objeciones o reservas, siendo que aún no se ha podido obtener licencia y, según la solución que proponga definitivamente lZAjuntament (elminación o redistribución de plazas), ambas son previsibles y objeto alternativo de condena que, por sentadas las bases, será en fase de ejecución de sentencia (véase informe Sr. Victor Manuel como f. 74 a 76) y fotografías f. 100 a 103, en relación con los informes negativos del Ajuntament como f. 121 a 131 de autos, y f. 284, 325 a 327, y propuesta modificativa como f. 328), con más la objeción de subsanar todos los defectos técnicos y de obra para la efectiva obtención de las licencias de vado, actividad y apertura del parking, o de indemnizar el valor de las plazas que en su caso deban amortizarse por orden municipal. No es necesario reproducir las distintas funciones de los intervinientes, y respectivas responsabilidades, entre proyectistas (art. 10), director de obra (art. 12), de la ejecución de la obra (art. 13), la coordinación entre proyectistas (art. 10 y 17.5), en relación con el art. 17, de la Ley de Ordenación de la Edificación, relativos al claro error de Proyecto (véanse informes del Ajuntament de Santa Eulária como f. 930, y actuaciones previas en f. 931 a 935 y 966 y 969). El proyecto fue realizado y visado por el Sr. Santos (f. 936 a 963), al igual que los sistemas de ventilación y evacuación, a 3-3-03, y asimismo el estudio básico de Seguridad y Salud (y planos como f. 964-5), con incidencias ante el Ajuntament (f. 971 a 973 y 980 a 1005) para subsanación (f. 1052 a 1076), aún pendiente de declarar la conformidad. El Arquitecto Superior reconoció que el parking integraba su Proyecto, que la ventilación era incorrecta, al igual que las medidas y la distribución de plazas, y que se reajustaron según pedía el Ajuntament y el Sr. Santos adujo, en el acto del juicio, que no es su cometido la observancia de las medidas de las plazas y que posteriormente se hizo la salida para ventilar, excusándose un Proyectista sobre otro, lo que es inaceptable ante la responsabilidad, en el caso solidario de ambos. Por tanto, respecto del proyecto de legalización del garaje deben responder solidariamente el Arquitecto Superior y el Ingeniero Técnico Sr. Santos.
La redistribución o la amortización y pago de las plazas dependerá de la solución que dé el Ajuntament, y la sentencia contiene bases suficientes para ejecutar este pronunciamiento condenatorio.
Quinto.-Los defectos y deficiencias en zonas comunes del Edificio, con independencia de lo que se ha dicho respecto del parking, han sido constatados por el Aparejador Sr. Victor Manuel, y detallados en los relativos a la ventilación y altura de las chimeneas, puerta contra incendios, grietas y fisuras en distintos elementos, entrada del edificio, y otros 8f. 62 a 74, y fotocopias como f. 87 a 99 y 141 a 144, y adicional f.134 a 139). Por otra parte, el perito Sr. Marcelino se limita a seguir y combatir parcialmente, sobre cada defecto o deficiencia, el informe-base del Sr. Victor Manuel, sin rechazar su existencia sino en algún caso la causa u origen y la responsabilidad de algún interviniente (f. 823 a 846, y fotografías f. 897 a 878) al igual que el perito Sr. Carlos María (f. 881 a 890 de autos); consta informe del perito judicial, previa visita a la obra, sobre cada una de las patologías y defectos, que documenta gráficamente (f. 1117 a 1142 de autos), en zonas comunes y privativas, y sobre los garajes, a 14.2.08), que fueron ratificados, y complementados en el acto del juicio. En tal sentido, se hacen propios por acertados, el desglose de los desperfectos efectuado por el perito judicial, tanto en las zonas comunes como en elementos privativos, que a la vez hace suyos el Juzgador de instancia, y la distribución de las responsabilidades respecto de cada uno de ellos, y en solidaridad tras no poder individuarlizarla; y sin prejuicio de las relaciones internas entre los condenados intervinientes en el proceso constructivo, por las concausas concurrentes; incluso respecto de las costas al no aplicarse porcentajes o -aportes causales.
Sexto.-Los defectos en elementos privativos asimismo han sido constatados y detallados por el perito Don. Victor Manuel, en relación con las dos viviendas de referencia (del piso NUM000 como f. 151 a 170, y fotografías de f. 173 a 179; del piso NUM001 como f. 185 a 205 y fotografías n.º 208 a 217).
Pertenece a las relaciones internas entre partes, ante una condena solidaria, la cuestión relativa al alcance de los trabajos encargados por la contratista "Díaz e Ito, S.L." a los subcontratistas codemandados Sres. Hernan Luis Angel, respecto de los defectos o deficiencias probadas, en cada unidad de obra (véase contrato como f. 402 a 404, y presupuesto adjunto como f. 405- 406) y 485 a 489, y 676 a 680, en relación con las versiones exculpatorias, en el acto del juicio, del contratista y de los subcontratistas.)
Séptimo.-Sobre los daños morales, ha venido reseñando este Tribunal ad exemplum a la Sentencia de fecha 23-febrero-09 que: "Entrando ahora en el análisis del recurso de apelación interpuesto por la entidad promotora y que se centra únicamente en el pronunciamiento de la sentencia de instancia que le impone el abono de daños morales, decir que siendo indiscutida la ruina funcional de la construcción, nada que bajo el principio que late en toda culpa civil de "reparar el daño causado" encuentre fundamento el deber de indemnizar los daños morales derivados de dicha culpa, máxime cuando superada la concepción de los mismos como sinónimo de ataque o lesión directos a bienes o derechos extrapatrimoniales o de la personalidad, predomina en la actualidad la idea de daño moral representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades o, incluso, resultados, tanto si implican un agresión directa o inmediata a bienes materiales, cual si afecta al acervo extrapatrimonial o de la personalidad (STS 25-06-1984).
Es decir, que frente o junto al deber de resarcir el daño patrimonial derivado de un lucro cesante o un daño emergente, ha tomado cuerpo en nuestro derecho la reparación del daño o sufrimiento moral, que si bien no atiende a la reintegración del patrimonio, va dirigida principalmente a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado; concepción amplia del daño moral, que conlleva la declaración de indemnizables, a titulo de "pecunia doloris" a múltiples realidades surgidas de la vida práctica y entre ellas las derivadas de la ruina de un edificio, tal y como en suma hizo la STS de 23 de octubre de 1983.
En el caso que nos ocupa, el juez de instancia razona acertadamente, dicho "pecunia doloris", equivalente a las molestias y sufrimientos psicológicos de los accionantes, derivados precisamente del carácter continuado de las deficiencias acaecidas poco después de la adquisición de la vivienda, los múltiples requerimientos extrajudiciales efectuados para que procedieran a su reparación, las deficientes actuaciones efectuadas en tal sentido por la constructora, con las evidentes molestias que ello comporta para el libre desarrollo o falta de intimidad de su vida familiar y el desasosiego y ansiedad que por si sólo genera el hecho de que las soluciones ofrecidas no fueran efectivas, incluso el simple hecho de que desde su adquisición en el año 2001 y hasta la fecha los actores no han podido disfrutar adecuadamente y de forma pacifica de una vivienda nueva, afectando las deficiencias probadas a casi la totalidad de sus dependencias (tres habitaciones y un salón), lo que claramente comporta una contrariedad que ha de ser calificada como daño moral"; y en la de 29 de abril de 2009 que: "Por lo que se refiere a la existencia o no de daño moral derivado del incumplimiento que se declara contra la contratista y a su correcta cuantificación, extremo que ha sido objeto de impugnación por ambas partes litigantes, decir que el Tribunal Supremo ha declarado que la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico (SSTS 22-05-1995, 19-10-1996, 27-09-1999), zozobra, ansiedad, angustia (STS 6-07-1990), pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (STS 22-05-1995), trastorno de ansiedad, impacto emocional que, en su integración negativa, puede entenderse como toda aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado y que supone una intromisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe incluir en los daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo tanto, traducibles en su "quantum" económico, sin que sea preciso ejemplarizar su concepto. Y en su integración positiva habrá de entenderse categorías anidadas en la esfera del intimismo de la persona y que, por ontología, no es posible emerjan al exterior, aunque sea factible que, habida cuenta la ocurrencia de los hechos (en definitiva, la conducta ilícita del autor responsable) se puede captar la esencia de dicho daño moral, incluso, por el seguimiento empírico de la reacciones, voliciones, sentimientos o instintos que cualquier persona puede padecer al haber sido víctima de una conducta transgresora fundamento posterior de su reclamación por daños morales.
El problema del daño moral, como recoge la Sentencia de esa misma sección de fecha 25 de abril de 2007, transitará hacia la realidad económica de la responsabilidad civil, por lo que habrá de ser, en lo posible, objeto de la debida probanza, demostración o acreditamiento por parte del perjudicado (STS 2-02-2002), siendo que nuestro Código Civil no contempla la indemnización por daños morales, si bien su artículo 1107 impone el resarcimiento de "todos" y ha sido la jurisprudencia casacional civil, la que ha ido elaborando doctrina continua y progresiva sobre su procedencia ya desde las antiguas sentencia de 6-12-1992 y 19-12-1949, declarando que si bien su valoración no puede obtenerse de pruebas directas y objetivas, no por ello se ata a los Tribunales y se les imposibilita legalmente de poder fijar su cuantificación, cuando efectivamente ha ocurrido (SSTS 3-06-1991, 3-11-1995, 21-10-1996, 19-10-2000) y a tales efectos ha de tenerse en cuenta y ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso, pues lo que se trata precisamente no es de llevar a cabo una reparación en el patrimonio, sino de contribuir de alguna manera a sobrellevar el dolor y angustia de las personas perjudicadas por el actuar injusto, abusivo o ilegal de otro (STS 9-12-2003); entre otras.
En el caso, dada la multiplicidad de defectos, la inasistencia para una efectiva reparación, y el tiempo transcurrido, este Tribunal entiende como poco generosa la suma de 1000.- Euros, determinada como indemnización a cada uno de los actores por concepto de daños morales, que no ha sido impugnada por los actores.
Octavo.-La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la "Comunidad de Propietarios" impide hacer expresa imposición de las costas de esta alzada y derivadas de su concreto recurso; y la desestimación de los recursos de apelación interpuestos por la respectiva representación procesal de D. Millán, de la entidad "Ibigaze, S.L.", de D. Secundino, de D. Luis Angel y D. Hernan, obliga a imponer a los codemandados apelantes las costas causadas en esta alzada y derivadas de sendos recursos; en estricta aplicación de los principios objetivo y de vencimiento, y conforme a lo prevenido en los art. 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En atención a todo lo precedentemente expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:
1.º) Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la "Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 "; y desestimar los recursos interpuestos por la respectiva representación procesal de la entidad "Ibigaze, S.L.", de D. Millán, de D. Secundino, y de D. Luis Angel y D. Hernan; contra la Sentencia de fecha 1-julio-2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Eivissa, en los autos de Juicio Ordinario n.º 664/2006, de que dimana el presente Rollo de Sala; y en su virtud,
2.º) Confirmar los pronunciamientos que la resolución impugnada contiene; salvo que, respecto de la problemática del garaje, debe responder asimismo y solidariamente el codemandado Sr. Santos, como autor del Proyecto de actividad, y el codemandado Sr. Millán como Director de Obra.
3.º) Se imponen a los codemandados-apelantes las costas procesales devengadas en esta alzada; salvo las derivadas del recurso formalizado por la "Comunidad de Propietarios" de las que no se hace expresa imposición.