Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00217-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-15 02:18:29
Document Index: 66033398

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 109', 'artículo 9']

00217-1997-AA
Que,… este Colegiado… dejó claramente establecido, que la no presentación al libre albedrío de un trabajador o grupo de trabajadores a un proceso de evaluación establecido por ley, no puede servir de sustento, para alegar violación de un derecho constitucional, cuando se ha tenido conocimiento del día y hora en que el mismo se llevaría a efecto…
Exp. Nº 217-97-AA/TC
Caso: Sindicato de Trabajadores Municipales de Chulucanas
En Lima, a los dos días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, que, revocando la resolución apelada del doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, declara infundada la acción de amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chulucanas (SITRAMUNCH), representado por su Secretario General, Santos Camacho Alzamora y su Secretario de Defensa, Ramón Humberto Herrera Zeta contra el Alcalde del Concejo Provincial de Morropón-Chulucanas, Eulogio Palacios Márquez y su Directora Municipal, Blanca Tulloch Talledo.
El Sindicato demandante sustenta su reclamo en una presunta amenaza de violación del derecho constitucional a la estabilidad laboral de ciento sesenta y cinco trabajadores, entre obreros y empleados.
Alega que por Decreto Ley Nº 26093 el Gobierno impuso como deber de los Ministerios e Instituciones Públicas Descentralizadas, efectuar semestralmente programas de evaluación de personal, de acuerdo a normas que para el efecto se establezcan y con la posibilidad de resultar cesados quienes no resulten calificados, situación jurídica que sin embargo no comprendió en sus inicios a los servidores de los Gobiernos Locales. Posteriormente sin embargo, y mediante la Octava Disposición Transitoria de la Ley Nº 26553 (Ley del Sector Público para 1996) los trabajadores municipales, son incluidos dentro de los alcances del referido decreto, sin embargo, si bien todos los organismos públicos que han implementado los citados procesos han publicado los reglamentos de evaluación, las autoridades del Municipio demandado no han dado conocimiento público a su reglamento de evaluación por considerarlo de uso exclusivo de la Comisión Evaluadora, hecho que se configura como una amenaza contra la estabilidad laboral de los trabajadores, al desconocerse la forma en se que se les va a evaluar. Incluso, se ha incluido a los obreros municipales contraviniéndose el Decreto Supremo Nº 010-78-IN, que establece que aquéllos, son servidores del Estado sujetos al régimen de la actividad privada, situaciones todas éstas por la que solicita el Sindicato demandante se declare la invalidez de todo el proceso de evaluación que tiene instaurado la Municipalidad, volviendo las cosas a su estado anterior.
Admitida la demanda por el Juzgado Civil de Morropón-Chulucanas, se dispone su traslado a los emplazados siendo absuelta por separado tanto por el Alcalde como por la Directora Municipal del Concejo Provincial de Morropón-Chulucanas, quienes la niegan y contradicen fundamentalmente por considerar: Que el Decreto-Ley Nº 26093, en su artículo 1, estableció como deber de los Ministerios e Instituciones Públicas efectuar programas de evaluación de personal, habiéndose hecho extensivo el mismo a los Gobiernos Locales mediante la Octava Disposición Transitoria de la Ley Nº 26553 de Presupuesto de 1996; Que es falso que los demandantes no vengan siendo informados de los actos administrativos relativos al proceso de evaluación, ya que ello se ha hecho por intermedio de los diarios locales, particularmente "El Tiempo" del veintinueve de junio de mil novecientos noventa y seis, e incluso a través de las vitrinas, conforme lo reconocen los propios demandantes; Que el Reglamento Interno de Evaluación fue objeto no sólo de conocimiento sino de exposición el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis en el Auditorio San Agustin, habiéndose otorgado amplias facilidades para la concurrencia de trabajadores; Que la Municipalidad demandada no hace más que cumplir con el mandato legal contenido en los dispositivos citados, pues de no hacerlo, estarían incurriendo en responsabilidad administrativa y penal y que incluso acciones de evaluación se viene ejecutando en todos los Gobiernos Locales, no habiendo por consiguiente incurrido en ningún tipo de amenaza de derechos constitucionales.
De fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos cincuenta y ocho y con fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado Civil de Morropón-Chulucanas, expide resolución declarando fundada la demanda principalmente por considerar: Que la amenaza contra la estabilidad laboral que alegan los accionantes consistente en el hecho de no haberse publicado el reglamento de evaluación, ignorando por consiguiente la forma como se les va a evaluar, se encuentra corroborada con los documentos mediante los cuales el Sindicato demandante solicita al emplazado la remisión de una copia del reglamento y la contestación que se les otorga, en el sentido de que el citado reglamento es material de trabajo de la comisión y para uso exclusivo de la misma; Que si bien es cierto que el referido reglamento iba a ser utilizado por la Comisión Evaluadora, también lo es que el mismo iba a ser aplicado a los trabajadores que como parte interesada tenían derecho a solicitar copia del mismo a efecto de conocer sus lineamientos conforme lo disponen los artículos 55º y 57º del Decreto Supremo Nº 006-SC y los artículos 52º a 55º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS; Que el artículo 54º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS señala que "Las informaciones verbales que se emitan por los funcionarios tendrán exclusivamente carácter ilustrativo para quienes lo soliciten y no producirán efectos procesales", lo que significa que la supuesta exposición verbal del Reglamento, no produce efectos procesales; Que el emplazado no ha presentado instrumento fechaciente que demuestre que ha cumplido con publicar el Reglamento, más bien remite copia de este a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contraloría General, pero no al Sindicato, a pesar de ser parte interesada; Que los denunciados en aplicación equívoca del artículo 2 de la Ley Nº 26093 les han hecho llegar a los demandantes una circular a donde les advierten que el personal que no califique en el proceso de evaluación "será cesado" por causal de excedencia, cuando la Ley sólo utiliza el término "podrá".
Interpuesto recurso de apelación por los emplazados, los autos son elevados a la Primera Fiscalía Superior Mixta de Piura para efectos de la vista correspondiente, y devueltos éstos con dictamen, que se pronuncia por la revocatoria de la apelada, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas cuatrocientos trece a cuatrocientos dieciséis y con fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, revoca la resolución apelada y reformándola declara improcedente la acción principalmente por considerar: Que la doctrina jurisprudencial refiriéndose a la libertad de trabajo ha señalado, que la terminación del vínculo por reducción de personal, permitida por la ley, no puede per se calificarse de inconstitucional; Que el Decreto Ley Nº 26093, en su artículo 1º, indica que los titulares de los distintos Ministerios y de las Instituciones Públicas Descentralizadas deberán cumplir semestralmente programas de evaluación de personal, prescribiendo en su artículo 2º, que el personal que no califique podrá ser cesado por causal de excedencia, y posteriormente a través de la Ley Nº 26553, se hizo extensivo los alcances del Decreto Ley Nº 26093 a los Gobiernos Locales; Que el artículo 109 de la Constitución Política de 1993 establece que "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación…" y en esta virtud, el Concejo Provincial de Morropón-Chulucanas ha dado cumplimiento a lo ordenado por Ley; Que mediante el Oficio Nº 008-96-D-M-MPM-CH del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis la Directora Municipal le comunica al Secretario General del SITRAMUN-CH que se ha iniciado el proceso de evaluación de personal correspondiente al primer semestre de mil novecientos noventa y seis, por su parte, la Resolución de Alcaldía Nº 206-96-MPM-CH del veinte de julio de mil novecientos noventa y seis autoriza la realización de la evaluación a fin de que se lleve a cabo del primero al diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis, conforme a la Resolución de Alcaldía Nº 234-96-MPM-CH se suspende por única vez las actividades laborales el día ocho de julio de mil novecientos noventa y seis a fin de que el personal concurra a la evaluación, y por último, según el Oficio Nº 097-96-SITRAMUN-Chulucanas del cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, dirigido por el Secretario General al Alcalde, se le expresa que se ratifican en su decisión de no presentarse al proceso de evaluación y por el contrario le comunican, la realización de un paro de veinticuatro horas para el día ocho de julio de mil novecientos noventa y seis; Que en cuanto al Reglamento Interno de Evaluación si bien los demandantes expresan desconocer su contenido, sin embargo, la Directora Municipal mediante comunicación hace de conocimiento del Secretario General del SITRAMUN-CH que, la Comisión de Evaluación realizará una exposición del Reglamento el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, así mismo, mediante documento dirigido por la Directora Municipal al Secretario General, se le detalla el cronograma de actividades para la evaluación, dejándose establecido que la entrevista personal y la evaluación de conocimientos tenían la calidad de participación obligatoria, negándose a recibir esta comunicación el Secretario General el día tres de julio de mil novecientos noventa y seis; Que en el caso de autos no hay derecho que restaurar, toda vez que los accionantes se han negado a participar en el proceso de evaluación establecido por la Ley; y Que conforme al artículo 9 de la Ley Nº 23506 las Acciones de Hábeas Corpus y Amparo sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas puedan desprenderse principios de carácter general, habiendose declarado infundada por el Tribunal Constitucional mediante ejecutoria del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, una demanda en un caso similar al presente, por inasistencia del trabajador al examen de calificación.
Que la obligación de someterse a evaluaciones periódicas semestrales por parte de los trabajadores de los Gobiernos Locales, y por ende, de los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Chulucanas, (SITRAMUN-CH) se encuentra plenamente acreditada, por haber sido establecida por la Octava Disposición Transitoria de la Ley Nº 26553 (Ley de Presupuesto para el Sector Público para 1996) que aumentó los alcances del Decreto Ley Nº 26093.
Que el Sindicato demandante ha tenido en todo momento conocimiento pleno de la evaluación a la que, en particular, tenían que someterse sus afiliados, pues ello fluye principalmente y en primer lugar, del Oficio Nº 008-96-D.M-MPM-CH del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis (obrante a fojas ciento treinta y ocho) a través del cual, la Directora Municipal le comunica al Secretario General del SITRAMUN-CH el inicio del proceso de evaluación correspondiente al primer semestre de dicho periodo anual; en segundo lugar, de la Resolución de Alcaldía Nº 206-96-MPM-CH del veinte de junio de mil novecientos noventa y seis (obrante afojas cuarenta y uno y cuarenta y dos) que autoriza la realización de la evaluación de rendimiento laboral a los efectos de que se lleve a cabo entre el primero y el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis; y, en tercer lugar, de la Resolución de Alcaldía Nº 234-96-MPM-CH del dos de julio de mil novecientos noventa y seis, (obrante a fojas cuarenta y tres y cuarenta y cuatro) que suspende por única vez las actividades laborales el día ocho de julio de mil novecientos noventa y seis a fin de que el personal municipal concurra a la evaluación.
Que no obstante lo dicho, el Sindicato demandante, se ha opuesto a presentarse a la evaluación programada, tal y como se acredita, con el Oficio Nº 0097-96-SITRAMUN-CHULUCANAS del cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis (obrante a fojas ciento veintitrés) que remite su Secretario General al Alcalde del Concejo Provincial de Morropón-Chulucanas, y a donde se detalla expresamente, no sólo la decisión de no presentarse a la referida evaluación, sino la de convocar a un paro de veinticuatro horas, precisamente, para el día ocho de julio de mil novecientos noventa y seis.
Que aunque el Sindicato demandante, ha sostenido que no se le ha permitido conocer el Reglamento Interno de Evaluación, siendo ése el principal motivo por el que han objetado el citado proceso, cabe señalar que la Municipalidad emplazada, en ningún momento se ha negado a detallarles sus alcances, pues ello quedó claramente demostrado no sólo con la comunicación del inicio del proceso de evaluación, según se está al antes citado Oficio Nº 008-96-D.M-MPM-CH del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, sino y fundamentalmente, con el Oficio Nº 009-96-D-M-MPM-CH del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis (obrante a fojas siete), mediante el cual, la Directora Municipal le comunica al Secretario General del Sindicato demandante, la realización de una exposición de los alcances del Reglamento de Evaluación por parte de la Comisión para el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.
Que por último, cabe señalar, que este Colegiado, en la causa Nº 206-96-AA/TC, dejó claramente establecido, que la no presentación a libre albedrío de un trabajador o grupo de trabajadores a un proceso de evaluación establecido por ley, no puede servir de sustento, para alegar violación de algún derecho constitucional, cuando se ha tenido conocimiento del día y hora en que el mismo se llevaría a efecto, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución, su Ley Orgánica Nº 26435, y la Ley modificatoria Nº 26801,
Confirmando la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, que, revocando y reformando la sentencia del doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, declara infundada la Acción de Amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chulucanas. Se dispuso así mismo la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial "El Peruano" y los devolvieron.