Source: https://delajusticia.com/2015/10/02/el-boe-alumbra-siamesas-administrativas-ley-392015-de-procedimiento-y-ley-402015-de-regimen-juridico/?replytocom=36595
Timestamp: 2020-02-18 04:36:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 112', 'artículo 52', 'artículo 117', 'artículo 75', 'artículo 109', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 126']

El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves
Truenos legales
El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
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Por fin el BOE nos trae la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, y simultáneamente, la flamante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como dos hermanitas siamesas unidas por el boletín oficial pero llamadas a tener vida autónoma. Ambas leyes cargadas de presentes variados: Trabajo para juristas; quebradero para autoridades; zozobra de gestores de fondos; material para predicar en foros; monigote para críticas de los detractores de la Ley; panacea de todos los males burocráticos para sus creadores; nueva venta de trilero de la Administración sin papeles; fuente de publicaciones o comentarios doctrinales; territorio para desbrozar en su interpretación por sentencias, etc, etc.
En su momento comenté el Anteproyecto de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pero dado que sufrió sensibles modificaciones en el Congreso (en el Senado pasó impoluto), pues me parece oportuno ofreceros ahora un comentario de urgencia de la nueva Ley 39/2015 partiendo de aquél comentario, pero ajustado a la Ley publicada en el BOE (más adelante analizaré también a su hermana, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico, y eso sí, siguiendo la misión de la academia que «actualiza, limpia, fija y da esplendor». Se trata de un comentario de urgencia pero servirá para ser conscientes de lo que se avecina aunque disponemos de un año para ponernos al día, los juristas, las autoridades y los legisladores (porque tampoco será extraño que prorroguen la entrada en vigor o la «modifiquen» antes de su vigencia).
En fin, espero que os sea útil. Partiré de mi impresión de que el legislador ha seguido la actividad de un jugador de naipes, porque diríase que se ha entretenido en barajar, cortar y repartir.
Veámoslo en gruesas pinceladas que faciliten a los lectores la aproximación al significado de la ya flamante Ley, sin tener que digerírselo por completo (133 artículos, 5 adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales).
1. El mazo de cuestiones es amplio y valioso. Nada menos que aborda: «los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.»(art.1.1 PACA). Casi nada, la madre de todos los procedimientos, y además como normas básicas y sobre todas las Administraciones Públicas (salvo cuestiones de competencia orgánica, Disp.Fin 1ª PACA). Eso sí se mantiene la remisión a sus normas específicas de los procedimientos tributarios así como de Seguridad Social, con aplicación supletoria de la ley común (Disp.Ad.primera PACA).
2. Se baraja porque se mezclan, al menos, tres leyes preexistentes:
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno;
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Se corta porque se divide el bloque de legalidad administrativa en dos leyes.
Por un lado, ahora existirá la denominada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y por otro lado, la Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. La primera Ley se ocupa de la Administración mirándose el ombligo (ad intra: personas, órganos y funcionamiento, así como relaciones); la segunda Ley se ocupa de la Administración mirando hacia el ciudadano (ad extra: procedimientos de relación entre Administración y ciudadano).
O sea, en los años cincuenta del siglo pasado, contábamos con la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957. Con la democracia, ambos ríos fueron unidos en en la desembocadura única de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora en 2015 volveremos al modelo originario: dos leyes para separar la dimensión estático (organización) y la dinámica (procedimiento).
Como curiosidad, en la actual Ley 30/1992 sabíamos que los actos nulos de pleno derecho estaban en el art.62 y los anulables en el 63. Ahora la PACA situa los actos nulos de pleno derecho en el art.47 y los anulables en el art.48… ¡los mismos preceptos de la vieja Ley de Procedimiento de 1958!. Casualidades de la maquinaria legislativa que ayudan a la memoria.
4. Se reparte la regulación con un diverso efecto.
De entrada, dejemos claro que las reglas del juego que implanta la PACA son muy similares a las reglas del procedimiento administrativo de su predecesora, y de hecho la mayor parte del articulado es reproducción literal o cuasiliteral de sus padres.
Ahora bien, siguiendo el símil del juego de naipes podrían distinguirse los Oros (la parte valiosa y brillante), los Bastos (la parte dura), las Espadas (la parte de esgrima fina y peligrosa) y las Copas (la parte que merece un brindis).
A continuación expondré las novedades de forma sintética y objetiva, para añadir en letra cursiva mis comentarios u opinión.
OROS (lo valioso y brillante).
La parte mas novedosa es la relativa a la implantación de la gestión electrónica del procedimiento, por la Administración y el ciudadano. Me parece la dirección correcta pero no puede ignorarse que ese reto planteará un gran problema para la Administración porque requerirá elevadas inversiones y un gran problema para el ciudadano medio que tendrá que cambiar de hábitos.
Veamos algunas novedades que me resultan especialmente llamativas:
Se crearán en cada Administración Registros electrónicos de apoderamientos para designar representantes ante la Administración. (art.6 PACA).
Utilísimo para evitar trasiego inútil de personas, poderes y escollos formales.
La regla general aparente es la libertad o derecho de opción del particular para comunicarse o no por vía electrónica con la Administración. Sin embargo, como excepción se sienta la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, las personas jurídicas o sus representantes, así como los empleados públicos de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. También los profesionales colegiados en sus relaciones con la Administración. Pero ahí no se detiene la excepción, pues se habilita por reglamento la extensión de tal obligación a ciertos colectivos de personas físicas “para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios» (art.14.3 PACA).
Se acabo hacer colas en los Registros administrativos para presentar papeles, y que los funcionarios los utilicen para solventar sus cuitas profesionales. Las personas jurídicas sin distingos de tamaño o tipo tendrán que comunicarse electrónicamente, y la habilitación reglamentaria para poder imponer esta obligación provoca escalofríos por su uso irreflexivo.
La trampa radica en que la habilitación reglamentaria para extender las personas físicas obligadas, se confiere a «las Administraciones», no al Gobierno (¡ojo!), por lo que podrá una Universidad implantar la comunicación electrónica obligatoria a los alumnos de determinadas enseñanzas, o el Pleno municipal extenderlo a los concesionarios de los puestos del mercado, por ejemplo.
Se facilita a las Administraciones, presumiendo su autorización, para recabar documentación de los interesados que deba figurar en el procedimiento “ electrónicamente a través de sus redes corporativas o una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.”(art.28.2 PACA)
Aunque la regulación concreta sobre el consentimiento y su armonía con la legislación de protección de datos es críptica, se producirá un ahorro de papeleo y no pocas sorpresas de quienes no recuerdan o no quisieran recordar sus datos o circunstancias en los archivos administrativos ya que el Gran Hermano administrativo cuenta con nuestra vida e historia en sus archivos.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibir notificaciones por estos medios. Y se considera que se entenderá practicada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido (art.43.2 PACA)
El reto será implementar medios tecnológicos que garanticen que efectivamente la notificación estaba a disposición dispuesta a ser leída en el correo electrónico de su “amo”, lo que planteará numerosos problemas ya que antes la realidad de las notificaciones solían ser “la palabra del cartero contra la del interesado” y ahora será “la certificación electrónica de la Administración contra un perplejo interesado que jurará y perjurará que no tuvo noticia” ( a lo que se suma que hoy día todos tenemos el correo electrónico como una jungla caprichosa); pero lo cierto es que si el correo electrónico nos sirve para recibir buenas noticias, también deberá servir para los mensajes de nuestra Administración que casi siempre sorprenden.
Se regula el expediente administrativo en su configuración electrónica, y se define el expediente con alcance general: «conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla» (art.70 PACA).
Pero también lo define negativamente: «No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento».
Al definirse el expediente ya sabemos por ejemplo, hasta donde alcanza el derecho de acceso o hasta donde puede pedirse se complete en el proceso contencioso.
Habrá que acostumbrarse al expediente virtual, en su formación, consulta y remisión a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al menos será mas fácil, rápido y exacto consultarlo y buscar datos.
Los informes que deban obrar en el expediente serán emitidos por medios electrónicos (art.80.2). La información pública se anunciará en diario Oficial pero poniéndolo a disposición en sede electrónica (art.89.2 PACA)
Lo curioso es que posiblemente habrá un tiempo de transición en que los informes se harán en papel y las informaciones públicas se plasmarán en papel, aunque se “suban” al expediente en formato electrónico.
Desaparece la categoría de los «informes no preceptivos y determinantes»
Se regulan los pagos de sanciones o derechos de hacienda «preferentemente» por medios electrónicos: tarjeta de crédito y débito, etc (art..)
¡Ya era hora!. No es admisible que hoy con tarjeta de crédito se paguen autobuses, libros y comidas, y las multas o pagos menores obliguen al interesado a peregrinar en busca de monetario de curso legal.
BASTOS (lo duro)
La parte relativa a procedimiento sancionador y al procedimiento de responsabilidad patrimonial se incorporan a la Ley de procedimiento Común (más bien podría decirse “ley de procedimientos comunes”) pues eleva de rango buena parte de las disposiciones que se incluían en los respectivos reglamentos de procedimiento sancionador (R.D.1398/1993, de 4 de Agosto, de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial).
Lo que resulta un «garrotazo técnico» es que los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no debemos buscarlos en esta Ley de Procedimiento sino en su hermana, la Ley del Sector Público, por el pretexto confeso en el Preámbulo «en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público».
O sea, lo sancionador y la responsabilidad patrimonial contarán con «regulación siamesa», repartida en dos «cuerpos» legales.
La PACA se ocupara del procedimiento y lo hará robusteciendo y consolidando las reglas del juego administrativo en dos de las caras mas duras del poder administrativo, la del sancionador y la de la responsabilidad por no funcionar debidamente.
Son «especialidades del procedimiento sancionador» llamativas las siguientes:
El denunciante no tendrá derecho a que se le comunique si se abrió o no procedimiento sancionador salvo que las normas lo dispongan expresamente (art.64.1 PACA)
La regla general es que la resolución de incoación operará como «pliego de cargos»( hechos, calificación y posibles sanciones)- Art.64.2 b, PACA).
Se consolida la abusiva praxis de que la falta de alegaciones ante la incoación del procedimiento determinará su conversión y funcionalidad como propuesta de resolución (o sea, se sancionará con un puente de dos arcos: denuncia y sanción) (art.64.2 e. PACA).
Se mantiene el «chantaje económico» de renunciar al procedimiento a cambio de una reducción de la posible sanción: «Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.«(art.85.3 PACA).
En materia sancionadora cuando “el denunciante haya participado en la comisión de esta infracción y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.”(art.62.4 PACA)Se incorpora así el estímulo al arrepentimiento y a la delación, evitando el “borrado de huellas” y la omertá de algunos expedientes sancionadores. La figura del delator o traidor (que ya existía en las sanciones del Derecho de Competencia) traerá beneficios en materia de prueba de sanciones, recaudatorios y consiguiente ejemplaridad. No parece una técnica muy noble pero el Estado de Derecho tiene que defenderse.
En materia de responsabilidad patrimonial se endurecen los requisitos:
La solicitud o reclamación inicial se convierte en todo un «cuestionario o examen», pues deberá incluir «2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante». (art.67.2 PACA).
ESPADAS (esgrima fina y peligrosa)
Se incorpora la carga en la Administración de comprobar la identidad de todo interesado en el procedimiento: «Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.«(art.9.1 PACA).
Además se distingue la necesidad de «identificación» (para constatar la autoría) de la «firma» (para constatar la voluntad o juicio del autor como suyo).
Tradicionalmente se estampaba el número en los formularios o instancias, pero ahora tendrá que exhibirlo el interesado ante la oficina o utilizar la firma electrónica. Nueva cultura burocrática.El Preámbulo nos resume el nuevo lenguaje al que necesariamente debemos adaptarnos: «En particular, se admitirán como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica; los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico; así como cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de firma admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones Públicas».
Y habrá que ponerse al día. Quien se familiarice en el uso de la firma electrónica obtendrá economía de tiempo, seguridad en los trámites y ventajas competitivas. ¡Tecnologías mas complejas hemos aprendido!
Se presume la autorización a que la Administración obtenga los documentos del particular aportados en otros procedimientos en otras Administraciones: «Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos t
enga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.» (art.28.2 PACA)
Se invierte la práctica actual en que la regla general era considerar que no existía tal consentimiento. Ahora se confía en la Administración para que rastree los documentos sin la previa autorización.
Se innova con un procedimiento administrativo de tramitación “simplificada” a petición del interesado.(art.96 PACA). Tal trámite podrá aplicarse en materia de responsabilidad si los presupuestos están claros o en caso de expedientes sancionadores por infracciones leves, y no excederá la duración de 30 días.
Curiosamente reproduce prácticamente los trámites propios de la tramitación ordinaria, o sea, un atajo que frecuentemente será mas largo que el camino principal.
Se regula un procedimiento de aprobación de normas o reglamentos que resulta petulante (principios), farragoso e inoperante vistos los informes, trámites, exigencias… Incluso se anunciará el Plan anual de normas para saber la estrategia reguladora gubernamental.
Un auténtico campo de minas formales.
Se regula el trámite de audiencia a los interesados con ocasión de un recurso administrativo, e introduce como novedad frente al vigente artículo 112.1 de la Ley 30/92 que no podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. Se pretende con ello que no se utilice la vía de recurso como remedio para subsanar la falta de acreditación de hechos o circunstancias que debieron y pudieron haberse probado en el momento procedimental oportuno, incluso mediante los trámites de subsanación previstos en el procedimiento.
Clarifica las reglas del juego pero la pregunta es… ¿conseguirá que la jurisdicción contencioso-administrativa se mantenga como jurisdicción revisora o ignorará esa novedosa previsión y admitirá todo tipo de pruebas aunque no se hubieran propuesto en vía administrativa?. Clarifica las reglas del juego pero la pregunta es… ¿conseguirá que la jurisdicción contencioso-administrativa se mantenga como jurisdicción revisora o ignorará esa novedosa previsión y admitirá todo tipo de pruebas aunque no se hubieran propuesto en vía administrativa?.
COPAS (digno de brindis)
El papel y los folios «a extinguir»: » Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia». (art.36 PACA).
Quedarán a extinguir aunque me temo que los expedientes en papel «gozarán de salud» por mucho tiempo.
Todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que, en teoría, permitirá reducir tiempos de tramitación.
Perfecto. La Administración debe dar ejemplo en el siglo XXI. El problema será alcanzar la meta de “Todas” las comunicaciones, entre “todas” las Administraciones, pero hay que ser ambicioso
Además podrá el interesado presentar solicitudes, escritos y comunicaciones “ en el registro electrónico de cualquier Administración u Organismo” (art.16.4 PACA). Simplifica los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos, potenciando «claves electrónicas concertadas» que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite.
Todas las Administraciones iguales como «buzones» para cualquier escrito hacia otra. Será notable el esfuerzo tecnológico para garantizar esa intercomunicación rápida y exacta. El reto será familiarizar al ciudadano de que igual que se relaciona con su entidad bancaria por internet o contraseñas, lo mismo deberá hacer para comunicarse con las Administraciones.
Los Registros Electrónicos estarán «abiertos hasta el amanecer»: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.»(art.31 b, PACA)
La Administración amiga. Se contempla la asistencia al ciudadano sumido en la sima de la “brecha digital”, por los empleados públicos: «Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.»(art.12 PACA)
Esta medida es necesaria pues la adaptación requerirá paciencia y cortesía a raudales. Esta medida es necesaria pues la adaptación requerirá paciencia y cortesía a raudales.
Asimismo, «las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo» (art.27.4 PACA)
Se introduce el cómputo de plazos por horas ( con el máximo de 24) y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. Se consideran hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.(art.30 PACA).
Esta medida es coherente con la prevalencia de los registros y comunicaciones electrónicas que “no tienen horario ni fecha en el calendario”.
En las notificaciones, los segundos intentos por no ser hallado el destinatario en el domicilio o lugar indicado “En el caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.”(art.42.2 PACA)
Se aclara con garantías para el destinatario el espacio temporal entre los dos intentos de notificación, aunque me imagino el peregrinaje y rechinar de dientes de los operadores postales (“carteros”).
Se equipara la valoración de los medios de prueba a los criterios procesales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: «1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»(art.77 PACA).
Está bien acompasarlo, pero no olvidemos que en el ámbito civil opera el principio de facilidad probatoria que puede generar muchas sorpresas al ciudadano de buena fe cuando inicia un procedimiento administrativo. Tampoco parece anunciar nada bueno la equiparación en la valoración entre «juez» y «funcionario instructor» por cuanto aquél posee algunos criterios generosos vinculados a su condición de imparcialidad y especialidad (Ej.sana crítica).
Se establece que el órgano competente para resolver, en procedimientos a instancia de parte, en caso de silencio administrativo, aquél emitirá de oficio en el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo, el certificado acreditativo de su producción (art.24.4 PACA ).
No deja de ser curioso, por un lado, que quien no promovió la respuesta a tiempo, ahora tendrá la obligación de dar por escrito la “respuesta presunta”, lo que además será prueba para quejarse de su actuación, si bien la Ley se queda corta pues no nos dice que pasa si no se emite “de oficio” esta certificación.
Se suprime la necesidad de reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral.
Bienvenido sea un privilegio menos que solo servía para retrasar negativas o para alzar motivos de inadmisibilidad en vía civil o laboral.
EN EL MAZO QUEDAN, SIN TOCAR…
Afortunadamente se mantienen igual la regulación de las causas de nulidad y anulabilidad o convalidación y conversión de los actos administrativos (arts.47 a 52 PACA) o revisión de oficio (art.106 PACA), así como el recurso de alzada preceptivo y la reposición potestativa (art.112.1 PACA) y recurso de revisión (art.105 ss PACA) ya que son preceptos cruciales sobre los que se ha sentado jurisprudencia y su alteración supondría una revolución de las garantías y de la seguridad jurídica. Asimismo se mantiene intacta la prerrogativa de la ejecución forzosa (arts.99- 105 PACA). Bien está no poner las manos sobre lo que funciona razonablemente.
Ah, por si hubiere dudas, queda vigente el listado de procedimientos exceptuados del silencio positivo, recogidos en el Anexo 2 al que se refiere la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. O sea, que nada de vacíos normativos para prolongar el silencio positivo.
La ocasión perdida consiste en no haber abordado con mayor nivel técnico y de garantías, incorporando conquistas jurisprudenciales o reivindicaciones de la doctrina administrativista, dando respuesta a problemas abiertos en cuestiones tan capitales como; Motivación; Silencio; Invalidez de actuaciones Administrativas; Derechos del ciudadano; terminación convencional del procedimiento; Revisión de oficio; recursos (alzada y reposición similares a los existentes)… Nada cambia en lo que constituye la espina dorsal del procedimiento administrativo.
Y sumamente interesante resulta el recordatorio que hace el estupendo informe del Consejo General del Poder Judicial a la vista del Anteproyecto, en estos tres extremos que me resultan especialmente llamativos:
– La cuestión de la suspensión cautelar del acto administrativo que no debería ejecutarse mientras se resuelve la solicitud en vía judicial, criterio del Tribunal Constitucional que suele ignorar olímpicamente la Administración. “Sería conveniente, por tanto, que el prelegislador trasladara esta declaración jurisprudencial al texto normativo, bien en el artículo 52, bien, con mayor propiedad, en el artículo 117.3, de forma que contemplara expresamente la posibilidad de la suspensión cautelar de la eficacia del acto en tanto no haya ganado firmeza o se haya resuelto sobre la suspensión cautelar solicitada.”
– La cuestión relativa a la responsabilidad de contratistas y Administraciones por daños derivados de obras públicas, viario o similares y que obliga a un peregrinaje de impugnaciones civil o contenciosa, y con llamamientos a codemandados (seguros, contratistas, etc) y condenas erráticas, que no ha sido bien resuelto todavía. Señala el informe “Mención especial merece el apartado sexto del artículo 75, que se encuentra relacionado con el artículo 109.5 del Anteproyecto. El precepto se refiere a los supuestos de daños ocasionados por contratistas de la Administración, cuando están causados por el cumplimiento de una orden directa e inmediata de la Administración, o por los vicios del proyecto elaborado por ella. En tales casos, la determinación de la responsabilidad se remite al procedimiento previsto en la Ley de reforma.”
El TRIUNFO (o comodín si fuera póker)
El Estado es consciente de que siempre habrá Administraciones institucionales, locales e incluso alguna autonómica que no sepa, no quiera o no pueda adaptarse a las exigencias electrónicas en tiempo, por lo que el Estado se ofrece a ayudar y suplir, pero eso sí, cobrando.
Por eso dispone la Disp.Ad.3ª “Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, la citada adhesión podrá conllevar la repercusión de los costes económicos que se generen.”
Lo mas importante: la vigencia de la Ley se contempla a un año aunque con adaptaciones y transitorias que lo prolongarán. Así precisa que «La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.» (Disp.Final 7ª PACA).
La vigencia de la Ley se contempla a un año aunque con adaptaciones y transitorias que lo prolongarán.
Todo ello, si se aprueba la Ley, claro está.
Seguiremos informando… me ocuparé en otra ocasión del – hermano de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y si alguien quiere asomarse a una entrevista sobre la Ley 39/2015 (PACA) que resume en diez minutos sus novedades, aquí está
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63 comments on “El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico”
Magnifico comentario y enfoque
Epetxa
Este resumen es de los que no se pueden pagar con master card.
Millón de gracias.
Volvemos, efectivamente, a la esquizofrenia normativa. ¿Para cuándo un Código Administrativo; un solo corpus jurídico con todos estos preceptos dispersos a lo largo y ancho del territorio BOE?
Muchas gracias por estos apuntes de urgencia, tan rápidos como el propio Boletín.
Me uno a los elogios. Interesantísimo resumen para hincarle el diente a la PACA…
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gracias por tu ayuda al acercarnos a estas normas básicas que nos harán sudar los próximos años. Magnífico comentario que nos acerca a ellas sin miedo y con entendimiento.
Phelinux
A mi sí que me da miedo esta Ley (no por los comentarios de Chaves). Más indefensión para el ciudadano, más poder para la Administración, que es lo mismo que decir más poder para una oligarquía que no lo usará en bien de todos sino en beneficio propio y de sus más cercanos. Así lo veo porque así me lo ha demostrado la experiencia.
Gracias, ante todo, por estas reflexiones y por las que hiciste en su día sobre el Anteproyecto de Ley de PAC, pues son muy útiles para quienes estamos preparando oposiciones a cuerpos generales de la Administración, como guía para interpretar los nuevos textos legales. Tan solo apuntar por mi parte que entre los «presentes variados» con que nos obsequian estas leyes, se te olvidó mencionar uno importante: el de «pesadilla para opositores», pues, además de los temas de los diversos programas de oposiciones cuyo contenido va a resultar directamente afectado por estas dos leyes, son asimismo innumerables las referencias más o menos puntuales que se hace a éstas en otros temas. Surge además un dilema: puesto que, salvo algunas excepciones, ambas normas entran en vigor al año de su publicación en el BOE (es decir, el 2 de octubre de 2016) ¿Qué contenido estudiar si las pruebas se convocan durante dicho año?
Umbrella City (@Paraguastown)
Yo, en adelante, me referiré a la Ley 39/2015 como ‘Doña Francisca’, del canguel…ejem…digooo…r e s p e t o que me impone. Como diría Melisandre de Asshai, «la PACA es oscura y alberga horrores».
¡Un saludo y mi enhorabuena (también por el Diccionario que presentas hoy en A Coruña)!
Brillante como siempre, querido amigo; oportuno y avanzado Si bien no comparto algunas cosas, lo cual es la grandeza del derecho. Algunas, que son pocas, pues voto a favor de la totalidad, pese a objetar algún decimal.
Por ejemplo, lo de la suspensión provisionalérrima -modelo CGPJ, que saben de juzgar, pero menos de administrar- por la que postula si hay impugnación, hasta que se resuelva la pieza separada, y que a ti parece gustarte.
¡Menudas «querellas» catalanas -perdón por lo inoportuno de la cita- que se van a meter para ganar tiempo! Pobres terceros interesados que van a obtener su derecho con dilación. Y sin derecho a exigir responsabilidad civil extracontractual, o patrimonial, repetible contra el reclamante/denunciante temerario, que son legión, pues es intocable lo de esgrimir la tutela judicial efectiva para cualquier ensoñación imposible, y la vía administrativa es gratis. Algunas debieran llevar condena en costas, je je, que se ve cada cosa…
Acuérdate, querido amigo, de las suspensiones automáticas de nombramientos de concursantes vencedores en reclamaciones a plazas de profesorado numerario de universidades, incluso de quien hasta ni había participado en las pruebas, o tenía menos méritos que el barrendero a luces vistas, nada más que por fastidiar -que mira si hay rencorosos-, o por puro delirio -que mira si hay illuminati- , o sea, un modelo de suspensión automática ex lege por impugnación que ha dado para alguna experiencia.
Ya salvó la jurisprudencia los casos de reparación imposible o difícil (vgr. las sanciones no poecuniarias). Si acaso una presunción homini para las ficciones de decisión por silencio administrativo -que ya le vale a la administración tanto abuso- pero con cuidadín si hay tercer interesado, que al cabo es al que se fastidia. O las impugnaciones de órdenes de derribo de fincas, que luego no hay quien las devuelva a su estado originario, que se suspendían casi automáticamente, aunque algún alcalde de Jerez lo imputara, con no poca malicia, al «cachondeo de La Justicia» (Sr. González Pacheco v. Bertin Osborne, que ha acabado, aquél, en celdas de la justicia, aunque por otras causas. Y éste, en tu casa o en la mía).
Otra, las suspensiones cautelares en vía administrativa por recusación, por ejemplo, por litigio pendiente, cuando el recusador vengativo ve en el tribunal o en la instrucción del procedimiento a alguien que antes le dio candela, profesional, pero candela (le suspendió en otra oposición, le evaluó negativamente otra vez, etc.) , asuntos que hubo que inadmitir por causas de creación propia, para no fastidiar a terceros, por error en la causa invocada, pues el litigio lo tenía con la administración actuante, no con el funcionata que lo hizo en virtud de su relación orgánica.
Bueno, amigos, ésta es una primera disquisición por la que pido perdón, porque viene un poco a vuelapluma. Pero muy meritorio tu comentario, Sevach, que corres más deprisa que el Correcaminos, aunque aciertas muchísimo más y sin granjearte enemigos. menos los que yo mismo te dejo en herencia.
Muchas gracias y como por razones de distancia no voy a poder asistir a la presentación de esa sin duda interesante obra, mi enhorabuena.
Agradecer los apuntes sobre las novedad legislativa. Habría mucho que comentar y tiempo habrá sin duda, pero como estamos en tiempo otoñal y es propenso a la melancolía, me quedo con la vuelta al certificado de acto presunto que me retrotrae a la facultad y mis estudios de derechos administrativo en plena aprobación de la Ley 30/1992 sobre el sentido de dicho certificado y la deficiente terminología empleada (presunto, en vez de ficticio, como sería lo correcto).
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Sergio Gomez Gutierrez
Alguno de vosotros encuentra la regulación de los Principios del Procedimiento Sancionador? Arts. 134 a 138 LRJPAC.
Sería interesante ver la nueva regulación en este punto, especialmente por el 137 LRJPAC que tanto juego da..
Lo que buscas está en los arts. 25 a 31 de la otra Ley, la del Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) a la que se refiere nuestro querido Sevach en su entrada
Gracias por este agradable resumen!
emilioas2013
Sevach, un apunte. Parece que el legislador, finalmente, ha tenido en cuenta el Informe del CGPJ en cuanto a la prescripción de las sanciones en trámite de recurso. El plazo, en caso de recurso de alzada, comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso (Art. 30.3 LRJSP).
Muchísimas gracias, Emilio ( se nota que me sorprendió la publicación simultánea de la LRJSp, pero ya la leeré y comentaré la próxima semana. En todo caso, gracias a juristas perspicaces y generosos como tú, lo he rectificado. Un cordial saludo
Gracias a ti, mira también el 90.3 de la PACA, cambia la ejecutividad de los actos sancionadores y el régimen de suspensión cautelar. http://emilioapariciosantamaria.blogspot.com.es/2015/10/novedades-de-la-paca-respecto-la.html
chefa2
Gracias José Ramón. No me ha parecido ver comentario sobre la supresión de la reclamación previa a la vía laboral ( también a la civil) y por lo que se se aboca a los administrados, en este caso, a los empleados públicos laborales y los contratados de las empresas privadas que presten servicios para las AA.PP y con ello se debe agotar la vía administrativa pura y dura acudiendo al recurso de alzada o al menos eso entiendo de su lectura. Le rogaría una aclaración, si puede, porque para un laboralista como yo la inmersión en el procedimiento administrativo requiere de una revisión de conocimientos. De nuevo gracias y saludos.
Iratxe Pikaza
Reblogueó esto en Responsables personal Ayuntamientos.
Estico
Muchas gracias, maestro Sevach, por este resumen. Espero con impaciencia el que vas a hace sobre la otra siamesa en ciernes (más larga que su hermana). La PACA y La REJUAPA. Vaya par de siamesas!! Habrá que ponerse las pilas desde hoy hasta su entrada en vigor para que no nos pille el trolebus
Gran aporte, muchas gracias.
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Para mi es una oportunidad pérdida para acabar con la anulabilidad, la nulidad y dotar de verdadera seguridad jurídica al administrado que combate un acto.
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Lucilo
Millones de gracias por el resumen. Le quita a uno el desasosiego inicial.
luiessir
Como siempre, Sevach, estupendo artículo.
No sé si mereceré contestación, pero de todos modos, hago las preguntas:
-Sobre artículo 9 de la 39/2015 e identificación del interesado: ¿Se podrá exigir la exhibición del D.N.I. al presentador de una solicitud que no es el interesado, cuando sí se exhibe el del interesado? (me refiero a un mero «entregador» de la solicitud).
-Sobre artículo 24 de la 39/2015 (silencio positivo excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario): ¿Qué validez tienen los Decretos de las CC.AA. por los que se determinan (¡¡¡¡CON UN DECRETO!!!) los plazos de resolución de los Procedimientos Administrativos y los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca (p.ej., en Castilla y León, el Decreto 183/1994, de 25 de agosto)?.
Francisco Antonio Ruiz Romero
Enhorabuena por el artículo, pues nos va a ser de mucha ayuda para todos los que manejamos el Derecho administrativo.
Por si fuera de utilidad, adjunto un enlace al DIARIO LA LEY, de fecha 09.10.2015, en el que he localizado dos tablas comparativas entre el articulado de la regulación nueva y la precedente:
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee–999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_Itps0ny2-7s_mO7R_-_9wmzarrPyaTX9bBe_F5f5m2zy2c4vLGazz96c7OC5d-_B_r3ff29n9_7uzs7DX1jnq6op2qq-fpm188_ePD353e9P6X9oIL_t7sjP_wc_9tNdawAAAA==WKE
Un saludo desde Tarifa.
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Javier Gómez Taboada
Mil gracias por esa meritoria labor de síntesis (sin pérdida de sustancia). Aporto los comentarios que la nueva LPACA provocó en el blog «Espacio Tributario»: http://fiscal.blogsiga.net/index.php/la-nueva-ley-de-procedimiento-administrativo-disculpen-que-no-me-levante/
Perrencha
En la Nota de Sociedad al final lo de «Junta» de Galicia queda raro… es Xunta de Galicia.
Estimado comentarista: No veo que haya indicado referencia alguna a la «Junta de Galicia», pero en ocasiones es cierto que me traiciona mi origen asturiano, donde se habla de Junta del Principado. Saludos
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Muy buen artículo, nos ayuda también a los estudiantes. Tengo la duda de si esa supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral se extiende o no a la reclamación del personal civil no funcionario de la Administración Militar (artículo 126 Ley 30/92) vinculado al R.D. 13 de junio de 1980. ¿Permanecerá vigente, al tratarse de un régimen especial, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015? Gracias.
¿Alguien que arroje algo de luz sobre la cuestión planteada en el comentario anterior? Un saludo.
ESTUPENDOS COMENTARIOS; ERES UN FENÓMENO
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Suena repetitivo, pero tu síntesis acerca de la nueva Ley es espectacular; sobre todo la forma que tienes de compartir tus opiniones tan cercanas en cada artículo, lo que facilita su comprensión y la hace mucho más amena. Gracias
Gracias, las palabras generosas siempre animan👍
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Esta ley sí que me da miedo (y no es la única). Tal vez sea la influencia de la película Matrix y otras pelis futuristas. Dejaremos de ser ciudadanos para ser de nuevo súbditos. Y, tal vez, finalmente, esclavos de un gran poder centralizado llamado Administración. La Administración se erige no en sistema que facilite las libertades, la igualdad social, la integración, etc. sino en un Gran Hermano que todo lo controla, que todo lo vigila, que todo lo sabe, y cuyas sospechas toman presunción de veracidad…
Lo malo es que no veo en el horizonte ningún partido que apueste por devolver las libertades y la privacidad a la ciudadanía, por ejemplo derogando leyes como esta.
Chaves, comentas en un momento dado que la Administración necesita «armas» para defenderse. Siempre se ha usado ese argumento para justificar el recurso a (incrementar) las armas (aunque ya sabemos que son armas jurídicas). ¿Has pensado que las armas que se adquieren para defenderse se convierten de repente en armas para agredir? Yo creo que la Administración ya tiene suficientes armas para defenderse. Pero las está usando mal, porque no las usa para defenderse sino para perjudicar al paganini.
Por cierto (y no es espero que nadie me conteste pero si alguien lo hace, bienvenida sea la respuesta): ¿mejora en algo esta ley la transparencia de la Administración? ¿Podremos consultar con más facilidad -ahora no hay ninguna- los expedientes tanto propios como ajenos?
Sólo con transparencia total podríamos acabar con la corrupción que carcome este país a todos los niveles.
En mi opinión, todo el que interactúe con la Administración (funcionarios, empresas, contratistas, políticos, particulares…) tiene que permitir que sus datos (salvo los personalísimos como dirección postal, sanitarios, etc.) y transacciones se publiquen en internet para que puedan ser consultadas por cualquiera que tenga interés o simple curiosidad. Así mismo, todos los presupuestos de todas las administraciones deberían estar colgados en la Red; todas las contabilidades, hasta el último céntimo, y actualizadas en tiempo real. Todos los informes que consten en los expedientes (salvo datos personalísimos como dije), con nombres, apellidos y DNI, etc. en la Red para ser consultados por cualquiera. Todos los sueldos e ingresos que ganan desde el político más importante hasta el funcionario o personal laboral más humilde, etc. Y la Administración tendría la obligación de publicar todo ello. Esa sí que sería una administración transparente. Lo demás, un brindis al sol.
Sólo así jugaríamos con las mismas cartas la Administración y sus presuntos dueños, los ciudadanos, pero que en realidad somos sus súbditos por no decir víctimas.
Así cualquiera podría detectar y denunciar enriquecimientos ilícitos y los corruptos se lo pensarían dos veces antes de meter la mano en la caja, de recalificar lo incalificable, o de sancionar al inocente.
Mientras no se tomen esas medidas que pueden parecer drásticas, esta ley no favorece a los ciudadanos y sí a esa oligarquía que ha tenido el mérito -o la suerte- de entrar en los niveles más altos de la Administración.
Me respondo a mi mismo con mi experiencia propia más reciente. Y hablando de la vieja ley.
Voy a ver un expediente del que soy parte interesada. Bien, me lo dejan ver. Lógicamente solicito unas copias de unas cincuenta hojas (de un expediente que contiene miles de folios) que creo me pueden servir para argumentar mi postura en relación a ciertas irregularidades en el expediente.
Cuando vuelvo para recoger las copias encargadas la funcionaria me dice que la jefe de la sección me deniega la entrega de aproximadamente la mitad de las copias solicitadas.
Reviso la Ley de Transparencia y no veo que el expediente ni la información que solicito esté dentro de las categorías excluidas o con accedo limitado. Por otro lado, la disp.ad. primera, en su primer apartado remite a la «normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo» que supongo es la difunta ley 30/1992, ya que el procedimiento comenzó antes de la entrada en vigor de la nueva.
Buceo en esta vieja ley y, aunque se garantiza el acceso a los expedientes (con permiso del funcionario de turno), en ningún caso se expone la gestión de las copias. Lógicamente hay documentos para los que no sirve copiar a mano su contenido. Su fuerza probatoria está en la replicación idéntica de su imagen: su firma, su estilo literario, la distribución de su contenido, sus sellos y registros de entrada o salida, la fecha marcada con tampón, etc.
¿Y si esos documentos «desaparecen» (temporalmente) cuando hay que hacer un traslado del expediente a algún otro órgano (judicial, etc.) para su revisión a instancia del interesado? Cosas más raras se han visto. Creo, por tanto, que es legítimo pedir las copias de los documentos que hagan falta, sin perjuicio de abonar lo que reglamentariamente esté establecido para cada copia. Pero la ley no te garantiza el derecho a las copias (hasta donde yo sé).
Parece que, en mi caso, la sra. jefe de sección ha encontrado el talón de Aquiles de la ley para poner trabas al administrado, posible reclamante. Hecha la ley, hecha la trampa.
Y estamos hablando de una vieja ley, ya consolidada, y de una vieja tecnología cual es la de las fotocopias. ¿Qué terribles zancadillas, por no decir monstruos, no encerrarán las nuevas leyes siamesas administrativas?
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Hipólito-Vte. Granero Sánchez
SOBRE LAS «SIAMESAS» LEYES 39/2015 Y 40/2015 Y SU RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE EXTRANJERÍA.
BREVE COMENTARIO SOBRE SI LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015, QUE ENTRAN EN VIGOR EL 02.10.2016 Y QUE DEROGAN LA LEY 30/1992, PROVOCAN EFECTOS DE CARÁCTER MATERIAL O DE FONDO SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE EXTRANJERÍA –QUE YA ADELANTO QUE CONSIDERO QUE NO-.
Aunque lo habitual es ofrecer primero unas premisas desde la que arribar a una conclusión, en el título ya queda evidenciada la conclusión: salvo las adaptaciones de los ordinales de los preceptos que se venían alegando de la L. 30/1992 y que a partir del 02.10.2016 deberán hacerse a los de las Leyes 39/2015 y 40/2015 –para cuya facilitación hago llegar el cuadro comparativo que sigue- y la advertencia que se hace en la Disp. Final 13ª de la L. 40/2015 -sobre que “las referencias hechas a la Ley 30/1992 … se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda”-, considero que, por lo que respecta al carácter material o de fondo, ninguna incidencia van a tener las Leyes 39/2015 y 40/2015 en el procedimiento sancionador en materia de extranjería.
Y, aunque ninguna relación tiene con el carácter material o de fondo con el procedimiento sancionador en materia de extranjería (que es con la finalidad con la que he examinado las Leyes 39/2015 y 40/2015), no puedo –ni quiero- dejar de poner de manifiesto cómo, aunque la finalidad confesa por el legislador en los preámbulos de las Leyes 39/2015 y 40/2015 de acometer la regulación en sendas normas lo que venía estándolo en la L. 30/1992 no ha sido otra que la de ordenar las relaciones entre Administraciones en una norma –la L. 40/2015- y las relaciones de la Administración y los ciudadanos en otra –la L. 39/2015-, no lo ha conseguido del todo, toda vez que, sin justificación bastante a criterio de quién estas líneas redacta, se recogen en la L. 40/2015, que es la norma destinada a regular las relaciones entre Administraciones, los principios de la potestad sancionadora y la prescripción que, dado que sus destinatarios son los ciudadanos, debieran formar parte de la L. 39/2015.
Me explico: En el preámbulo de la L. 40/2015 se advierte que la misma responde a “la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y las relaciones entre ellas”, mientras que otra Ley –la 39/2015- sería la “reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones”, por lo que no se entiende que en la L. 40/2015 se regulen los principios de la potestad sancionadora, cuando ésta es de aplicación, no entre ni para las Administraciones, sino entre la Administración y los ciudadanos, y desde la Administración y frente a los ciudadanos, por lo que, por razones sistemáticas, debiera aparecer en la L. 39/2015 –que, en palabras del preámbulo de la L. 40/2015, se ocupa de “la ordenación de las relaciones ad extra de las administraciones con los ciudadanos y las empresas”-, y no en la L. 40/2015 –“comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional”, se contiene también en el preámbulo de la L. 40/2015-. En el preámbulo de la L. 39/2015 se pretende justificar que los principios generales de la potestad sancionadora aparezcan regulados en la L. 40/2015, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en que “atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales”, pero lo cierto es que, por razón de la materia, los principios generales de la potestad sancionadora debieran aparecen en la norma que regula las relaciones entre la Administración y los administrados, que no es otra que la L. 39/2015.
Tampoco tiene razón (sistemática) de ser el separado tratamiento que se produce a partir de la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015 de la caducidad –que aparece en el art. 30 de la L. 40/2015- y de la prescripción –que lo hace en el art. 95 de la L. 39/2015-.
En suma: más allá de las pocas novedades materiales o de fondo que se introducen con las leyes que iniciarán su vigencia el 02.10.2016, lo más significativo que la reforma que llevan a cabo las Leyes 39/2015 y 40/2015 en la normativa reguladora de la Administración pública viene constituido por la potenciación del empleo de medios electrónicos.
Hipólito-Vte. Granero Sánchez.
13.08.2016.
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Dmplus
Una cuestión de cierta importancia, lo que hasta ahora se denominaba «dirección electrónica habilitada» pasa a denominarse en la nueva Ley «dirección electrónica habilitada única». Es curioso que la Ley no contenga una definición de este concepto y que las definiciones hasta ahora se referían a «dirección electrónica habilitada».
En la práctica el RD 1671/2009 y la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, permitían que cada organismo de la Administración del estado cuente con su DEH; y dependiendo de PResidencia se creaba una DEH que sirviera para organismos que no contraran con su propio sistema de DEH.
A pesar de que las Disposiciones derogatorias de la nueva ley, mantienen la vigencia de deetrminados artículos tanto del RD de 2009 como de la Orden, cuando la Ley habla de DEH única, ¿implica que es única solo para la administración general del Estado o impica que es única para todas las Administraciones públicas? ¿o se trata de una DEH única pero diferente para cada Administración?
Porque hasta la fecha cada Administración podía contar con una DEH, lo cual lleva a una situación infernal de tener una DEH del Estado, 17 para las CCAA y X cientos apra las administraciones locales; y esa situación es la que a día de hoy se mantiene
Por eso, no está muy claro el efecto jurídico del añadido «unica» al concepto de DEH ya existente
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