Source: http://jurisprudencia.tuabogado.com/sentencias/constitucional/sentencia-sobre-nulidad-de-articulos-155-numerales-25-y-26-194-195-y-196-de-la-constitucion-del-estado-amazonas
Timestamp: 2018-06-18 21:23:19
Document Index: 216312813

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'Artículo 155', 'artículo 194', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'artículo 4']

Que “[l]os estados de excepción, como situaciones que alteran la vida normal de los ciudadanos y del país para ser enfrentadas, requieren ciertas restricciones a algunos derechos y garantías constitucionales, lo cual constituye una competencia exclusiva del Poder Público Nacional, que está sujeta a la reserva legal, según lo dispuesto en los artículos 156, numeral 32 y 187, numeral 1, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, la Disposición Transitoria Tercera eiusdem, estableció la obligación para la Asamblea Nacional, de aprobar dentro de seis meses siguientes a su instalación, la ley que regulara los estados de excepción”.
Que “[e]n cumplimiento del mandato constitucional, la Asamblea Nacional sancionó en fecha 09 de agosto de 2001, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001, cuyos artículos 8, 15 y 16 establecen que la competencia para dictar estados de excepción, corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo la posibilidad que se delegue en el Gobernador de Estado la facultad para ejecutar el decreto, mas no para decretar la emergencia”.
Que “[s]iendo una atribución que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, confiere al Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Constitución del Estado Amazonas no puede establecer regulaciones sobre esta materia, ya que violaría el orden de distribución de competencias constitucionales, base fundamental de la organización del Estado federal descentralizado venezolano”.
Al respecto, advirtió la representación del Ministerio Público que “(…) los artículos 155 numerales 25 y 26; 194; 195 y 196 de la Constitución estadal, confieren al Gobernador del Estado Amazonas la potestad para decretar estados de emergencia dentro del territorio del Estado, en casos de calamidad pública o conmoción civil, lo cual es contrario a las previsiones constitucionales y legales que establecen la competencia a cargo del Poder Público Nacional, por órgano del Presidente de la República en Consejo de Ministros”.
Como consecuencia de tal razonamiento, insistió en que los artículos impugnados devienen nulos “(…) por invadir el ámbito de materias reservadas al Poder Público Nacional por el Texto Fundamental, incurriendo en el vicio de usurpación de funciones”.
Sostuvo que “[l]as atribuciones antes conferidas a los Consejos Legislativos Estadales por el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contemplan las materias que fueron objeto de regulación en la Constitución del estado Amazonas, impugnada parcialmente por el Ministerio Público (…)”.
Luego de citar las disposiciones contenidas en los artículos 162 y 174 de la Carta Magna, concluyó que “(…) los Consejos Legislativos carecen de competencia, para legislar en todo lo relativo a los estados de excepción, ya que son competencia exclusiva del Poder Público Nacional”.
Sobre la base de los argumentos expuestos, el Fiscal General de la República solicitó que se “(…) se declare la nulidad parcial por motivos de inconstitucionalidad de los artículos 155 numeral 25 y 26, 194, 195 y 196 de la Constitución del Estado Amazonas, publicada en la Gaceta Oficial N° 005 Extraordinario de fecha 12 de septiembre de 2002, por cuanto el Consejo Legislativo de esa entidad federal, incurrió en el vicio de usurpación de funciones al legislar en una materia, reservada a la competencia del Poder Público Nacional, como lo es la legislación y atribución de competencias en materia sobre Estados de Excepción, con lo cual infringió lo previsto en los artículos 136; 137; 156 numeral 32 y 187 numeral 1 del Texto Constitucional en concordancia con lo establecido en los artículos 337, 338 y 339 eiusdem”.
Finalmente, solicitó se declare “(…) la nulidad parcial de los artículos 155 numerales 25 y 26; 194; 195 y 196 de la Constitución del Estado Amazonas, arriba identificada”.
En escrito de 18 de mayo de 2010, la representación de la Defensoría del Pueblo señaló los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que “(…) los artículos 155 numerales 25 y 26; 194; 195; y 196 de la Constitución del estado Amazonas, contemplativos (sic) del estado de emergencia y de alarma, representan la misma institución que en la Constitución de la República se conoce como estado de excepción”.
Que “(…) la vigente Constitución de la República establece en forma exclusiva y excluyente, en los artículos 236 numeral 7, y 337 que la competencia para decretar estados de excepción le corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministro (sic)”.
Que “(…) los artículos 155 ord. (sic) 25 y 26; 194; 195 y 196 son contrarios al orden constitucional, pues el Consejo Legislativo le atribuyó al Gobernador del estado Amazona (sic) una competencia exclusiva del Presidente de la República, violentando de esa forma el orden de distribución de competencia constitucional”.
Por tales razones, concluyeron que “(…) los artículos 155 numerales 25 y 26; 194; 195 y 196 de la Constitución del estado Amazonas, resultan nulos por derivar de la violación de los principios de competencia o también llamado de legalidad, de reserva legal y separación de poderes, produciendo una usurpación de competencia reservada a la Asamblea Nacional de acuerdo al mandato constitucional”.
Finalmente, solicitaron se declare la “(…) nulidad por motivos de inconstitucionalidad, de los artículos 155 numerales 25 y 26; 194; 195 y 196 de la Constitución del estado Amazonas”.
Como punto previo, de las actas que conforman el expediente esta Sala observa que, entre el 27 de mayo de 2010, oportunidad en la cual la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público designada para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, presentó “opinión del Ministerio Público” en el presente caso; y, el 10 de enero de 2012, oportunidad en la cual la abogada Alejandra Bonalde Colmenares, actuando con el carácter de representante de la Defensoría del Pueblo, reiteró el interés procesal y solicitó se dicte sentencia en el presente caso, transcurrió más de un año, lapso establecido para declarar la pérdida del interés procesal y el abandono del trámite (Vid. sentencia de esta Sala N° 132 del 22 de febrero de 2012, caso: “Henry Pereira Gorrín”).
No obstante lo anterior, en las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el análisis versa sobre un control puramente objetivo de la adecuación de las normas impugnadas a la Constitución, en protección del principio de supremacía constitucional, aun cuando las partes pudiesen sostener un interés directo o incidental en la resolución de la inconstitucionalidad planteada.
En atención a ello y considerando los antecedentes jurisprudenciales en casos similares (Vid. sentencias de esta Sala, Nos. 1.182 del 11 de octubre de 2000, caso: “Iván Darío Badell González”; 1.395 del 7 de agosto de 2001, caso: “Iván Darío Badell González”; 3.255 del 18 de noviembre de 2003, caso: “Defensoría del Pueblo”; 565 del 15 de abril de 2008, caso: “Alexander Velásquez”; y 781 del 24 de mayo de 2011, caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz”), estima esta Sala que dada la existencia de elementos de inconstitucionalidad en las normas impugnadas, debe pasar a conocer del recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
El objeto del presente recurso de nulidad, son las normas previstas en los artículos 155 numerales 25 y 26, 194, 195 y 196 de la Constitución del Estado Amazonas, cuyos contenidos son los siguientes:
“Artículo 155. Son atribuciones y deberes del Gobernador o Gobernadora del Estado:
25. Decretar en caso de calamidad pública, el estado de emergencia o alarma de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 de [esa] Constitución, para la reparación de los males causados y para prevenir daños mayores, de lo cual informará inmediatamente a la Contraloría General del Estado y al Consejo Legislativo a los fines de (sic) ejecución presupuestaria respectiva;
26. Decretar las medidas que sean necesarias frente a hechos y situaciones que amenacen la paz ciudadana y el orden público y solicitar del Ejecutivo Nacional tomar las decisiones que tales hechos ameriten, de todo lo cual informará debidamente al Consejo Legislativo, dentro de los diez días siguientes a la publicación del Decreto”.
“Artículo 194. El Gobernador o Gobernadora del Estado conjuntamente con el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas podrá decretar el estado de emergencia o de alarma cuando se produzcan catástrofes o acontecimientos que amenacen o pongan en peligro la vida o integridad física y económica de la ciudadanía”.
“Artículo 195. Podrá decretarse también la emergencia por inminencia de acontecimientos sociales o fenómenos naturales catastróficos, anunciados o pronosticados por organismos especializados, nacionales o internacionales”.
“Artículo 196.- El Gobernador o Gobernadora podrá decretar el estado de emergencia presupuestaria o económica cuando el poder nacional no remita o entere al estado los recursos presupuestarios que le correspondan, previo informe del Contralor o Contralora General del estado y autorización del Consejo Legislativo”.
Como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de esta Sala (Vid. sentencias Nos. 597 del 26 de abril de 2011, caso: “Municipio Maracaibo del Estado Zulia”, y 780 del 24 de mayo de 2011, caso: “Julián Isaías Rodríguez Díaz”), resulta necesario considerar que la hermenéutica jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las normas, es una actividad que debe desarrollarse en su totalidad, lo cual comporta que la interpretación normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global del derecho positivo, para así esclarecer el significado y alcance de las disposiciones, cuyo conocimiento es necesario para determinar cuál ha sido la voluntad del legislador.
El principio general de interpretación de la ley consagrado en el artículo 4 del Código Civil –conforme al cual, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador–, resulta aplicable no sólo en un contexto lógico, sino teleológico o finalista, con lo cual los elementos normativos deben ser armonizados como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unos de otros, sino que los mismos han de ser tomados en cuenta al momento de hacer la correcta valoración del contenido del texto legal (Vid. sentencia de esta Sala, Nº 2.152 del 14 de noviembre de 2007, caso: “Antonio José Ledezma Díaz”).
Se DEJA SIN EFECTO la medida cautelar otorgada por esta Sala mediante sentencia N° 1.973 del 23 de octubre de 2007.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de julio de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación..,
Exp. Nº 05-0989
Expediente Nº 05-0989
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