Source: http://paravivirsantiponce.mforos.com/1718270/8717433-despido-de-una-trabajadora-embarazada-sin-que-exista-causa/
Timestamp: 2016-05-27 10:11:53
Document Index: 153795758

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 37', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 14', 'artículo 5']

PARA VIVIR SANTIPONCE - Despido de una trabajadora embarazada sin que exista causa - ASESORIA LABORAL-FISCAL ONLINE
PARA VIVIR SANTIPONCE
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poncino7Administrador del foro#1 � 18/Jun/2009, 18:26Para poder analizar la cuestión planteada y dar solución a la misma, habremos de partir del artículo 55.5 ET, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que constituye el precepto de norma de derecho positivo aplicable, y por la interpretación que del mismo se ha hecho en la reciente Sentencia de Tribunal Constitucional 92/2008, de 21 de julio, dictada en procedimiento de recurso de amparo, sobre el derecho fundamental alegado por la recurrente a la no discriminación por razón de sexo, y de la que ha sido ponente la Presidenta del Alto Tribunal, Dña. María Emilia Casas Baamonde. Se analizará la redacción actual del precepto señalado, y la evolución y fundamentos de dicha redacción, así como la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional a raíz de la Sentencia 92/2008, por cuanto rompe con la anterior doctrina sobre esta materia tanto del propio Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo. La actual redacción del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores establece, “será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador”. A continuación, añade, “Será nulo el despido en los siguientes supuestos”: a) El de los trabajadores durante la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad…… b)El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refiere los apartados 4,4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, … c)El de los trabajadores después de haberse incorporado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad……. “Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos por excedencia señalados”. Se ha destacado el contenido de la letra b) anterior, por cuanto éste es el supuesto al que se refiere la cuestión analizada, y en el que entra a conocer la Sentencia citada del Tribunal Constitucional; es decir, la calificación que debe darse al despido de una mujer embarazada y en el que no consta ni se demuestra causa alguna para la procedencia del mismo. Indicar con carácter previo al análisis del contenido de la Sentencia 92/2008 del Tribunal Constitucional, que la redacción actual del precitado artículo 55.5 ET se produjo por la modificación operada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, si bien esta última no afecta a la regulación de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas en los términos introducidos por la Ley 39/1999. Estas modificaciones se llevaron a cabo en nuestro derecho positivo con el objetivo de completar la transposición a la legislación española de ciertas directrices incluidas en normas internacionales y comunitarias, como las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, y 96/34/CE, de 3 de junio de 1996. Con ello se incluyeron a los supuestos de nulidad de los despidos discriminatorios o con vulneración de los derechos fundamentales, diversos supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el disfrute de determinados permisos parentales. La Sentencia 92/2008 del Tribunal Constitucional antes citada, sentó la doctrina no seguida hasta ese momento, de que en los supuestos del despido de una trabajadora embarazada, sin que se demuestre causa que justifique el despido, la calificación que habrá de otorgarse al mismo es la de nulidad, y ello con independencia de que la situación de embarazo fuese conocida o no por el empresario en el momento del despido. En este sentido la sentencia analizada establece: “Hemos así de señalar que nada en el artículo 55.5.b) permite apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de embarazo de una trabajadora, la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario que despide, y, menos aún, el requisito de una previa notificación por la trabajadora al empresario de dicho estado. Antes al contrario, todos los criterios de interpretación gramatical, lógica y teleológica aplicables, además del criterio último y superior, que es el de interpretación conforme a la Constitución, conducen a considerar que, como sostienen la demandante y el Ministerio fiscal, la nulidad del despido tiene en el artículo 55.5.b) ET un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente por motivos no relacionados con el mismo.” Señalar que con anterioridad a esta Sentencia, la exigencia jurisprudencial del conocimiento empresarial del embarazo de la mujer despedida, era presupuesto indispensable para la calificación de nulidad del despido, pues sólo con ese conocimiento sería comprensible que el mismo se hubiera realizado por razones de discriminación. Este planteamiento, como se indicó, fue seguido por el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 19 de julio de 2006, 24 de julio de 2007, 24 de febrero de 2008 o 12 de marzo de 2008. La principal razón a favor de considerar el conocimiento del empresario del estado de embarazo de la trabajadora como un elemento o requisito constitutivo del despido nulo de la mujer embarazada, es que la Ley 39/1999 concibe dicha calificación como un supuesto particular de despido discriminatorio, es decir, despido nulo por lesión de derechos fundamentales. Por ello parece lógico pensar, señala el Tribunal Supremo, que si el empresario no conoce el hecho o situación que la Ley protege, cual es el embarazo, no se le puede imputar que ha actuado discriminatoriamente, y que ha producido el despido por motivo del embarazo. Añade además el Supremo que el conocimiento por parte del empresario del estado de gestación como ingrediente del despido nulo de la mujer embarazada se apoya en otras razones como la de la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional, sin embargo, justifica su cambio de parecer en el cambio de la normativa aplicable, y en concreto en la modificación que del artículo 55.5.b), operó la Ley 39/1999. En este sentido la Sentencia 92/2008 establece: “La cuestión así planteada no ha sido analizada hasta la fecha por este Tribunal. En nuestras SSTC 41/2002, de 25 de febrero, 17/2003, de 20 de enero, a las que anteriormente hacíamos referencia, se analizó por este Tribunal la exigencia o no de un previo conocimiento empresarial del estado de embarazo de la trabajadora para apreciar la existencia de despido discriminatorio por razón de embarazo, en función del único supuesto de nulidad de despido disciplinario establecido en la redacción del artículo 55.5 ET vigente en la fecha de los hechos, anterior a la ahora considerada”. Y añadía, “ La nueva dualidad de causas de nulidad del despido introducida por la reforma fue, sin embargo, contemplada de forma indirecta en nuestra STC 342/2006, de 11 de diciembre, resolviendo una demanda de amparo en la que se reclamaba que se considerara nulo por discriminatorio por razón de embarazo en función del párrafo primero del artículo 55.5 ET un despido que había sido declarado ya nulo por aplicación del nuevo párrafo segundo del precepto, siendo otorgado el amparo por el Tribunal tras entender acreditado el conocimiento por parte de la empresa de su estado de embarazo y por aplicación de nuestra doctrina general de prueba indiciaria”. La nueva doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre la declaración de nulidad del despido de una mujer embarazada que no sea considerado procedente, señala, además, que la regulación legal de la nulidad de estos despidos constituye una institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo proclamado en el artículo 14 de la Constitución, por más que puedan igualmente hallarse vínculos de la misma con otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, como el derecho a la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas. Tras este nuevo criterio sentado por el Tribunal Constitucional en la analizada sentencia 92/2008, en el sentido de considerar nulo en todo caso el despido de una mujer embarazada en el que no se acredite causa para la procedencia del mismo, el Tribunal Supremo ha venido también a modificar su doctrina anterior que consideraba necesario en estos supuestos el conocimiento por parte del empresario del estado de gestación de la trabajadora. Cabe citar en este sentido la sentencia de este alto tribunal de fecha 17 de octubre de 2008 en la que puede leerse, “La cuestión había sido resuelta por esta Sala en el sentido de que en tales supuestos no procedía la calificación de nulidad si no existía tal conocimiento” (refiriéndose al estado de embarazo de la trabajadora por parte del empresario). Señala a continuación, “pero nuestra anterior doctrina tiene que ser modificada dada la doctrina que ahora fija el Tribunal Constitucional, desde la perspectiva constitucional del precepto, en sentencia 92/2008, de 31 de julio, al estimar el amparo en caso sustancialmente idéntico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPJ de 1 de julio de 1985, de la interpretación de las Leyes conforme a la interpretación de los principios constitucionales se haga por dicho Tribunal”. 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