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Timestamp: 2018-12-10 09:18:36
Document Index: 172472689

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 110', 'Artículo 105', 'Artículo 9', 'Artículo 108', 'artículo 100', 'artículo 9', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 72', 'in fine', 'artículo 4']

Josefina Olivera Fidalgo
1 SENTENCIA TC/0276/14 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente núm. TC , relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la sociedad comercial M-CRO Import, S.R.L. contra la Sentencia núm , dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés y Wilson S. Gómez Ramírez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos de la Constitución y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 19
2 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida La Sentencia núm , objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). Dicho fallo rechazó la acción de amparo incoada por la sociedad comercial M-CRO Import, S.R.L., en fecha 10 de mayo de 2013, contra la Dirección General de Aduanas. La sentencia anteriormente descrita fue comunicada por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013), a la sociedad comercial M-CRO Import, S. R. L., mediante la Certificación, de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013). 2. Presentación del recurso en revisión En el presente caso, la recurrente, la sociedad comercial M-CRO Import, S. R. L., apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo. El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. El recurso anteriormente descrito fue notificado por la magistrada Delfina Amparo de León Salazar, jueza presidenta del Tribunal Superior Administrativo el uno (1) de noviembre de dos mil trece (2013), a la Dirección General de Aduanas y al procurador general administrativo, mediante el Auto núm Página 2 de 19
3 3. Fundamentos de la sentencia recurrida El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente: PRIMERO: RECHAZA el medio de inadmisión invocado tanto por la parte accionada Dirección General de Aduanas (DGA), como por la Procuraduría General Administrativa, por los motivos precedentemente expuestos. SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la solicitud de Acción de Amparo de Cumplimiento incoada en fecha 10 de mayo del año 2013 por la compañía M-CRO IMPORT, S.R.L., contra la Dirección General de Aduanas (DGA). TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo, la presente de Acción Amparo de Cumplimiento, interpuesta por la compañía M-CRO IMPORT, S.R.L., contra la Dirección General de Aduanas (DGA), por improcedente y mal fundada. CUARTO: ORDENA la Comunicación de la presente Sentencia vía Secretaría del Tribunal 41 parte accionante compañía,m-cro IMPORT, S.R.L., a la parte recurrida Dirección General de Aduanas (DGA), y al Procurador General Administrativo. QUINTO: DECLARA el presente proceso libre de costas por tratarse de una Acción de. Amparo. SEXTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. Página 3 de 19
4 Los fundamentos dados por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo son los siguientes: V) Que de lo precedentemente expuesto este Tribunal considera que por las pruebas presentadas y por los argumentos de la audiencia de fondo y las inconsistencias del expediente impiden que se ordene la entrega de las mercancías solicitadas por la parte accionante M-CRO Import, S.R.L., y por no haberse demostrado la conculcación de un derecho fundamental y mucho menos porque no cumple con los requisitos de la Ley No , que establece que cuando la Acción de Amparo de Cumplimiento tenga por objeto hacer efectivo de un Acto Administrativo, ésta perseguirá que el Juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un Acto Administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una Resolución Administrativa o dictar un Reglamento, lo que no es el caso de la especie. VI) Que los argumentos de las partes, de los documentos depositados y de las motivaciones precedentes, este Tribunal considera que procede rechazar la presente Acción de Amparo interpuesta por la compañía M-CRO Import, S.R.L., por improcedente y mal fundada. 4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión La recurrente en revisión, la sociedad comercial M-CRO Import, S. R. L., pretende que se revoque la sentencia objeto del recurso alegando, entre otros motivos, los siguientes: a. La Sentencia que se recurre dictada por la Primera Sala, atenta directamente contra los derechos fundamentales de la Recurrente a la Página 4 de 19
5 legalidad, libertad de empresa, propiedad, debido proceso administrativo y seguridad jurídica. b. Dicha sentencia tiene como consecuencia que la Recurrente, que no cometió ninguna falta al momento de Importar sus mercancías y ha procedido a hacer los trámites aduanales de lugar en aras de recuperar sus mercancías ilegalmente retenidas por la DGA, perdiera cuantiosas sumas de dinero, por concepto del valor de las mercancías Importadas pero no recuperadas. c. Erradamente, en las páginas 13 y 14 de la Sentencia se estableció que la Recurrente no presentó los documentos necesarios que la validan como legítima propietaria de las mercancías, y que por vía de consecuencia, no puede ordenar que se le "entreguen" las mercancías retenidas ilegalmente por la DGA. Que cabe aclarar, dice la recurrente, que su intención no era la entrega de mercancía, sino que se le ordene a la DGA a que cumpla sus propias leyes y proceda a realizar los trámites aduanales de lugar para que M-CRO Import pague los impuestos aduanales correspondientes y se le entreguen una vez satisfecho éstos sus mercancías. d. La Primera Sala mal interpretó los documentos presentados por la Recurrente, lo que desembocó en la mala aplicación de Derecho en contra de los derechos fundamentales de M-CRO Import, pues la accionante original y hoy recurrente en su escrito introductorio de la Acción, así como también durante el proceso de la audiencia celebrada en fecha 13 de junio de 2013, presentó las pruebas pertinentes para probar su legitimidad como accionante, y lo grave de la violación a sus derechos fundamentales. e. Tanto la DGA como la Procuraduría General Administrativa (en adelante "PGA") se empecinaron durante la audiencia celebrada en presentar una disparidad entre los dos B/L, el primero a nombre de Alfa Cargo Express y el segundo a nombre de la Recurrente, según los propios documentos depositados Página 5 de 19
6 por la DGA en fecha cuatro (4) de junio de 2013 por ante el Tribunal Superior Administrativo. Y en base a esa disparidad, justificar la supuesta falta de legitimidad de la Recurrente. Este es el argumento que acogió la Primera Sala, errando también o interpretando de manera medalaganaria el legajo de pruebas documentales en el expediente. f. La Primera Sala también mal interpretó los documentos del expediente cuando establece que la Compañía Marítima una solicitud de investigación cuando en realidad, según consta en los anexos D y E del presente recurso, dicha compañía lo que hizo acorde a las prácticas aduanales de lugar, fue una "solicitud de corrección" del manifiesto de carga, a los fines de que M-CRO Import, S. R. L. pueda hacer la declaración aduanal de sus mercancías. g. La recurrente aclara, además, que es debido a la negación de la DGA de aceptar en el SIGA la Solicitud de Corrección, sin ninguna razón válida, como quedó evidenciado en las audiencias celebradas y en los propios documentos y argumentos presentados por la Recurrida, que la hoy Recurrente decidió intimarla formalmente a través del Acto 132, y dado que la DGA se negó a cumplir nuevamente, se inició el proceso de la presente Acción en aras de que aquella permita aceptar en su sistema la Solicitud de Corrección, y pueda M- CRO Import hacer las declaraciones aduanales correspondientes y pagarles los impuestos de lugar para desaduanizar sus mercancías. h. En la especie, la DGA, ha violentado este principio y el derecho a la legalidad de distintas formas. Así vemos que la DGA ha violentado sus propias leyes: a) No permitiendo a la Compañía Naviera hacer los cambios de lugar en el manifiesto de cargo, utilizando los canales correspondientes establecidos por la propia DGA, como lo es el SIGA, en perjuicio de la hoy Recurrente; y, b) Proceder sin ningún fundamento legal a no proveer las informaciones correspondientes sobre el paradero de las mercancías propiedad de M-CRO, así como también no permitirle a ésta realizar el proceso de desaduanización Página 6 de 19
7 de sus mercancías, pagar sus impuestos aduanales, a pesar de que lo ha solicitado formalmente, como lo fue a través del Acto 132. Por el contrario Honorables Magistrados, la DGA ha procedido de manera arbitraria, ilegal, e inconstitucional, confiscando de hecho las mercancías de lícito comercio propiedad de la Recurrente. i. En este sentido, los propios artículos 1 y 2 de la Ley 3489 indican, "las aduanas nacionales se regirán por la presente ley y demás disposiciones legales y reglamentarias para su funcionamiento" así como también "sólo podrá realzarse por las aduanas las operaciones previstas en la presente ley", es decir, la DGA solo puede actuar apegada estrictamente al canon legal establecido en la Ley 3489, como las demás disposiciones legales y reglamentarias que la rigen, entre estas la Ley , en adición a lo estipulado en el artículo de la Carta Magna. Por consiguiente, no puede la Recurrida desconocer su propias leyes para realizar una tropelía como la cometida contra la Recurrente, como lo es el hecho de que hasta el día de hoy no permita que la Solicitud de Corrección hecha por la Compañía Naviera al manifiesto de carga sea procesada, y por tanto, no pueda M-CRO Import proceder a desaduanizar y pagar los impuestos aduanales correspondientes de sus mercancías. j. El derecho a la libertad de empresa de la Recurrente ha sido violado por la Sentencia dictada por la Primera Sala en la medida que ha "legitimado" las arbitrariedades y abusos cometidas contra ésta por parte de la DGA, en adición de que la pone en una situación de incertidumbre constante para la futura Importación de mercancías, ya que esta cuestionable Sentencia que se recurre habilita a la DGA a confiscar de manera ilegal mercancías de los Importadores. k. En el presente caso, se ha conculcado el derecho fundamental de propiedad de la Recurrente en la medida en que la DGA ha procedido con total Página 7 de 19
8 impunidad a la confiscación y apropiación de los bienes propiedad de aquella, validado ahora por la Sentencia que se recurre. l. La DGA ha violentado su propio procedimiento de confiscaciones, al realizar una confiscación de facto, arbitraria e ilegal en perjuicio de la Recurrente, sin notificarle en ningún momento a ésta, los motivos de la confiscación, a pesar de inclusive ser intimada al respecto a través del Acto 132, en incumplimiento de la Ley 3489 que establece un procedimiento detallado para realizar las confiscaciones, vulnerándose por tanto, el debido proceso administrativo. m. A la Recurrente se le ha violentado su derecho fundamental a la seguridad jurídica de manera doble. En primer lugar, fue violentado por la DGA cuando no ha admitido en el SIGA la Solicitud de Corrección hecha por la Compañía Naviera, quien es el ente dentro de la cadena operativa del sistema aduanal que debe hacer dicha solicitud, en virtud de lo contemplado en los artículos 51 y siguientes de la Ley Y en segundo lugar, ha continuado violentando los derechos fundamentales de M-CRO Import, y en especial el derecho a la seguridad jurídica, cuando a pesar de que fue emplazada formalmente a través del Acto 132 a que cumpla con lo establecido en la Constitución de la República y las leyes que la rigen, y acepte la Solicitud de Corrección hecha a los fines de que la Recurrente pague los impuestos aduanales correspondientes; la respuesta ha sido un silencio ensordecedor. 5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida La recurrida, la Dirección General de Aduanas, pretende que se rechace el indicado recurso de revisión. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente: Página 8 de 19
9 a. ( ) que no puede calificarse violación al derecho a la Libertad de empresa que la Dirección General de Aduanas actúe de conformidad con las disposiciones de la Ley 3489 para el Régimen de Aduanas, al detectar un contrabando y actuar en consecuencia con las correspondientes sanciones que conlleva el referido delito aduanero, debiendo por esto ser desestimado el presente medio. b. La parte recurrente invoca el artículo 51 de la Carta Magna al entender que ha sido violado el derecho de propiedad, atribuyéndole de manera clara y precisa a la Dirección General de Aduanas la violación de dicho derecho, supuestamente legitimado por la sentencia que se recurre. En ese sentido es bueno señalar que la referida Importación fue con signada a nombre de la empresa Alfa Cargo Express, y que ci consignatario de la mercancía es el responsable ante la Administración de Aduanas por todo acto ilegal cometido en ci proceso de desaduanización de las mercancías, como ha sucedido en ci caso de la especie y en con secuencia procede igualmente rechazar dicho medio como fundamento del presente recurso. c. La recurrente alega una supuesta violación al debido Proceso Administrativo, legitimada con la sentencia recurrida, en ci entendido de que supuestamente la Dirección General de Aduanas no cumplió con el proceso que establece la Ley 3489 para ci Régimen de las Aduanas, en los casos de decomiso de mercancías motivada por Contrabando, no obstante es bueno señalar que en ci caso que nos ocupa la Administración, cumplió con el referido proceso en manos del consignatario de la mercancía, la empresa Alfa Cargo Express, a quienes les fueron notificados; además de ser publicadas en un periódico de circulación nacional las actuaciones de la Dirección General de Aduanas; por lo que este medio al igual que los anteriores debe ser rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal. Página 9 de 19
10 d. En lo concerniente a la violación de la seguridad jurídica, el recurrente invoca el artículo 110 de la Constitución de la República, referente a que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada dc situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, lo cual es inaplicable en ci caso de la especie, toda vez que la Dirección General de Aduanas no ha incurrido en ci vicio denunciado por los recurrentes al denegar la solicitud de corrección hecha por la naviera al no cumplir con los requisitos exigidos para la misma. 6. Hechos y argumentos jurídicos del Procurador General Administrativo El procurador general Administrativo, Dr. César A. Jazmín Rosario, pretende que se rechace el indicado recurso de revisión y que se confirme la sentencia recurrida. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente: a. La parte accionada expuso que existían dos informaciones de un mismo documento. la accionante no estableció cuál tendría la validez, puesto que esa información estaba a cargo de la compañía Alfa Cargo Express, consolidadora consignataria, la cual está en un proceso de investigación por contrabando, y la otra información está a nombre del accionante M-Cro Import, S.R.L., a la cual la primera compañía no le ha endosado la mercancía como debe hacerse, por lo que la Dirección General de Aduanas (DGA) no puede dar ninguna explicación ni mucho menos entregar la mercancía por cuanto no está claro a quién pertenece la misma, de esto se desprende que M-Cro Import. S.RL. no tiene calidad para accionar en su propio nombre p01 lo que en virtud del Artículo 105 de la Ley No , se solicitó que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de base legal. Página 10 de 19
11 b. Esta Procuraduría señaló que cuando se observa ci Manifiesto este aparece a nombre de la compañía Alfa Cargo Express y esto altera todo ci procedimiento que tiene Aduanas para identificar al propietario de una determinada mercancía; Que la supuesta corrección del Manifiesto tampoco lo aclara. Según el Artículo 9 de la Ley de Aduanas, es improcedente el pedimento porque es a discreción del Inspector y del Colector de Aduanas, por lo que solicitan que se rechace el Amparo de cumplimiento por cuanto la corrección del Manifiesto es opcional y porque no procede en virtud del Artículo 108 literales d y e de la Ley No , puesto que cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar un Acto Administrativo no procede el Amparo de Cumplimiento. c. El Tribunal al estudiar el expediente contentivo de la acción de amparo y de los documentos depositados por las partes se advirtió que existen dos Manifiestos con el mismo número , pero con destinatarios diferentes. Que uno le corresponde a la compañía Alfa Cargo Express y el otro a la accionante MCRO IMPORT, S.R.L. Que también existe una solicitud de investigación por parte de la naviera Marítima del Caribe Dominicana en donde solicita la corrección para el BL EGVL no siendo el mismo número del Bill Of Lading del expediente No ; que también aparece un expediente por contrabando depositado por la Dirección General de Aduanas (DGA) realizándose a la compañía Alfa Cargo Express. 7. Pruebas documentales Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en revisión de sentencia de amparo, son los siguientes: Página 11 de 19
12 a. Documento de Detalle información solicitud corrección manifiesto general de carga, en el cual consta que la Solicitud núm. IGCR , núm. de documento IGMM , Administración: Administración Puerto Multimodal Caucedo; Aplicante: Marítima del Caribe Dominicana, S.A.; Tipo de corrección: tras razones para la diferencia; Descripción: para el BL EGLV donde se lee: consignatario: Alfa Cargo Express, S. A., Notificar: Alfa Cargo Express, S. A. debe leerse: Consignatario: M-Cro Import, S. R. L. RNC , Notificar: M-CRO Import, S. R. L. RNC b. Sentencia núm , dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). c. Certificación de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013), mediante la cual la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo notificó copia auténtica de la sentencia recurrida. d. Auto núm , dictado por la Jueza Presidenta del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) octubre de dos mil trece (2013), mediante el cual fue notificado el presente recurso de revisión a la Dirección General de Aduanas y al Procurador General Administrativo. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 8. Síntesis del conflicto En la especie, según los documentos depositados y los hechos invocados por las partes, el conflicto se origina con ocasión de la solicitud del cambio del nombre del consignatario hecha por la naviera Marítima del Caribe Dominicana, S. A. Página 12 de 19
13 a la Dirección General de Aduanas, en relación al Manifiesto General de Carga No. IGCR En dicho manifiesto figura como consignataria la empresa Alfa Cargo Express, S. A. y el interés de la solicitante es que la indicada sociedad de comercio sea sustituida por M-CRO Import, S. R. L. Hasta la fecha, la Dirección General de Aduanas no ha respondido al requerimiento, razón por la cual la empresa M-CRO Import, S. R. A. incoó una acción de amparo, la cual fue rechazada mediante la sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 9. Competencia Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos de la Constitución y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Admisibilidad del presente recurso de revisión Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm En este sentido: a. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su Importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. Página 13 de 19
14 b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012, en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, entre otros: 1) ( ) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo que ha venido haciendo en lo que respecta al debido proceso administrativo. 11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional a. En la especie, en fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) la administración de Aduanas del Puerto Multimodal Caucedo recibió los contenedores núm. MFTU y TCLU , procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), en el buque Catharina Schulte V- Página 14 de 19
15 Dicho transporte lo realizó la empresa naviera Agentes y Estibadores Portuarios, S. A. (Ageport). b. La referida carga estaba consignada a la sociedad de comercio Alfa Cargo Express, S.A. y según los BL Nos. PAMIT y PAMIT contenían electrodomésticos y prendas de vestir. c. En lo que respecta a la consignataria de la referida mercancía, la naviera Marítima del Caribe Dominicana, S. A. solicitó a la Dirección General de Aduanas colocar el nombre de la empresa M-CRO Import, S.R.L. en sustitución de Alfa Cargo Express, en el entendido de que esta última no era la verdadera consignataria. d. En fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), la empresa M- CRO Import, S.R.L. intimó a la Dirección General de Aduanas para que en un plazo de 1 día franco realizara la corrección solicitada por la naviera Marítima del Caribe Dominicana, S. A. (véase el Acto No. 132/2013, instrumentado y notificado en la indicada fecha). e. La empresa M-CRO Import, S.R.L. también requirió a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de vender la mercancía de referencia, así como que le indique el lugar donde se encuentra la misma. f. Dado el hecho de que la Dirección General de Aduanas no satisfizo sus requerimientos, la empresa M-CRO Import, S.R.L. accionó en amparo contra dicha institución. Mediante la referida acción se pretende lo siguiente: f.1-. que se ordene, de manera precautoria, a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de vender la indicada mercancía y que indique el lugar donde se encuentra la misma; f.2-. que se establezca que la Dirección General de Aduanas violó en su perjuicio los derechos fundamentales a la legalidad, libertad de empresa, propiedad, debido proceso administrativo y seguridad Página 15 de 19
16 jurídica; f.3-. que ordene a la Dirección General de Aduanas la corrección del error material presente en que adolece el Manifiesto General de Carga núm. IGCR de manera que se pueda realizar el proceso de desaduanización en territorio nacional a su nombre; f4-. que se ordene la ejecución de la sentencia sobre minuta y f5-. que se fije, a cargo de la Dirección General de Aduanas, una astreinte de $50, por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia que se dicte. g. El tribunal apoderado de la acción de amparo ordenó la medida precautoria y rechazó dicha acción, en el entendido de que no se demostró la conculcación de derechos fundamentales y porque no se cumplió con los requisitos previstos en la Ley núm h. Respecto de lo decidido en la sentencia recurrida, este tribunal considera que no se corresponde con el derecho, en razón de que la acción de amparo no debió rechazarse sino acogerse parcialmente, particularmente en lo que concierne a responder la solicitud de corrección del Manifiesto General de Carga núm. IGCR i. Ciertamente, la Administración Pública y, en la especie, la Dirección General de Aduanas, tiene la obligación de responder las reclamaciones que hagan las personas físicas y las jurídicas, de lo contrario violaría el debido proceso administrativo previsto en el artículo de la Constitución, texto según el cual las garantías del debido proceso se aplican en el ámbito administrativo. j. En el presente caso, como se indicó anteriormente, la solicitud de referencia tenía como finalidad la corrección de Manifiesto General de Carga núm. ICGR , pedimento que se sustentó en el artículo 9 de la Ley No para el Régimen de las Aduanas, de fecha 14 de febrero de 1953; texto en el cual se establece que: Página 16 de 19
17 A dirección del Inspector Especial y del Interventor o de este último solamente, en caso de ausencia del primero, pueden aceptarse correcciones en el manifiesto, debido a errores que puedan ser considerados involuntariamente sometidos sin intención de fraude. En caso de que el manifiesto se haya perdido o traspapelado, y si, a juicio de los expresados oficiales esto no ha ocurrido con intención fraudulenta, el Capitán del buque, el consignatario o su representante estarán exceptuados de la multa correspondiente. Párrafo.- El Capitán, el Consignatario o Agente están autorizados para corregir el manifiesto por medio de notas adicionales, desde la fecha de la llegada de un buque a puerto dominicano, hasta diez días después. k. Según el texto transcrito en el párrafo anterior, la corrección del referido documento puede hacerse por orden de un inspector especial y del interventor o de este último solamente, en caso de ausencia del primero, a condición de que los errores invocados sean involuntarios y no haya intención de fraude. De manera que la ausencia de respuesta constituye una inobservancia de la referida normativa, lo cual tipifica uno de los supuestos del amparo de cumplimiento, según el artículo 104 de la Ley núm l. En efecto, en el artículo 104 de la referida ley núm se establece que: cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. m. En otro orden, este tribunal considera pertinente y necesario que mientras se obtiene respuesta de la solicitud de corrección, se prohíba la venta pública de Página 17 de 19
18 la mercancía de referencia, otorgar un plazo de cinco (5) días a la Dirección General de Aduanas para que responda a la solicitud de corrección de error, bajo pena de una astreinte de $10, por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Justo Pedro Castellanos Khoury, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la sociedad comercial M- CRO Import, S.R.L. contra la Sentencia núm , dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior, y en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm , dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). TERCERO: ORDENAR a la Dirección General de Aduanas que responda en un plazo improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, la solicitud de corrección incoada por la naviera Marítima del Caribe Dominicana, S. A., con relación al Manifiesto General de Carga No. ICGR Página 18 de 19
19 CUARTO: PROHIBIR la subasta de la mercancía a que se refiere el Manifiesto General de Carga núm. ICGR , hasta que se determine la procedencia de la corrección solicitada. QUINTO: FIJAR una astreinte de $10, por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia, a cargo de la Dirección General de Aduanas y en beneficio del Cuerpo de Bomberos de la provincia Santo Domingo. SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011) SÉPTIMO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 19 de 19