Source: https://es.scribd.com/document/50288956/La-Jurisdiccion-en-Venezuela
Timestamp: 2016-07-30 21:34:48
Document Index: 116621022

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 258', 'artículo 1', 'artículo 261', 'artículo 99', 'artículo 59', 'artículo 145', 'artículo 8', 'artículo 260', 'artículo 35', 'artículo 134', 'artículo 59', 'artículo 24', 'artículo 59', 'artículo 133', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 184', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 53', 'Artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 7']

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Facilitador: Argenis Manaure Autor: Leonardo E. Rangel S.
la justicia de paz y la justicia comunal. justicia. proyectos de leyes y resoluciones. representa desde la perspectiva práctica y en el rico contexto legal venezolano actual un interesante reto que afrontaremos en el marco de la cátedra de Teoría General del Proceso. la justicia militar. A tales fines se recurre a fuentes doctrinas nacionales y extranjeras pertinentes. poderes y paz social. leyes.
. del curso de Postgrado en Derecho Procesal Civil de la Universidad Central de Venezuela Abordar la temática contrastando las determinaciones constitucionales. la justicia indígena. los tribunales eclesiásticos. con las posiciones doctrinarias y las realidades legales y forenses patrias pretende en éste material condensado ofrecer un marco que esclarezca situaciones teóricas y prácticas asociadas a la jurisdicción y los medios alternativos. y a constituciones. la justicia extranjera.Introducción Analizar críticamente la “jurisdicción” cómo institución y figura jurídica constitucional procesal que se encuentra ligada a la concepción de Estado. la administración pública. el arbitraje. a los fines de extraer y organizar datos relevantes que permitan sistematizar planteamientos y realizar análisis exegéticos en torno a puntuales casos prácticos vinculados al tema jurisdicción.
contenciosa administrativa. Ahora bien. predeterminados legalmente y adscritos al Poder Judicial. con el objetivo de dirimir o solucionar conflictos y controversias de relevancia jurídica. tienen autoridad de cosa juzgada y pueden hacerse cumplir ejecutivamente mediante la coacción de la autoridad en un proceso judicial. 287. lo cual a criterio de Luis Octavio Vado mejora la administración del tiempo y “…se refleja en una mayor calidad de la actividad jurisdiccional. 297 y la disposición transitoria cuarta. me inclino a considerar. los Tribunales de la República y la administración de justicia. junto a Juan Montero Aroca. En cuanto a la fuente de la potestad jurisdiccional. 261. laboral (1999). Pero vale acotar que independientemente de los principios de exclusividad y unicidad jurisdiccional.Jurisdicción Partiendo de diferentes posiciones doctrinarias patrias y extranjeras. el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. reservan la administración de justicia y la creación. 1961 y 1999.”. y jurisdicciones especiales: militar. que tome como base de la partida la Constitución y comprenda el desarrollo de la… Ley Orgánica del Poder Judicial. mediante decisiones que reconocen. Tribunales independientes. Y corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.
. 260. constitucional. La jurisdicción pertenece al campo del derecho constitucional y al campo del derecho procesal y es el primer presupuesto procesal para que pueda ser examinada en el fondo una demanda judicial. y el principio de que la soberanía reside en el pueblo y los poderes constituidos actúan cómo sus representantes. Ante dicho mandato.4. organización y competencia de los Tribunales a la competencia del Poder Nacional en todo el territorio nacional. contenciosa electoral. Jurisdicción y Medios Alternativos Sobre éste particular la Carta Magna ordena en su artículo 258: “La ley… promoverá… la conciliación. además” de “…una mejor optimización de los recursos económicos y materiales. exclusiva y monopólica a través de órganos competentes. 259. todo con el fin de lograr la justicia. en términos generales se define la jurisdicción como una función pública o función potestad de administrar justicia.. es decir. que se ejerce. ésta última en sus artículos 49. disciplinaria judicial. como expresión de soberanía popular o soberanía de Estado. es decir se han judicializado. ante la dificultad de determinar si la jurisdicción es efectivamente una función o un Poder. Lo cual viene a ratificar lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998). que: “el concepto de jurisdicción al que ha de intentarse llegar tiene que ser aquél que atienda a la realidad de nuestro país y en este momento histórico. se observa que la jurisdicción ha sido asociada en Venezuela al Poder Judicial. la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”. dejando a la ley su organización y atribuciones específicas. indígena. la armonía y la paz social. las Constituciones de 1961 y 1999 hacen referencia expresa a jurisdicciones especiales cómo la “jurisdicción contenciosa administrativa (1961)”.” Realizando un análisis histórico de las Constituciones de 1945. vale decir. 1947. Las constituciones analizadas además de declarar en la mayoría de los casos la independencia del Poder Judicial. realizan. 286. declaran y/o tutelan derechos en casos concretos. en Venezuela la conciliación y la mediación han venido siendo incorporados a los procedimientos judiciales (verbigracia a 133 de la LOPT y artículos 469 y 470 de la LOPNNA ).
los propios militares” En Venezuela el artículo 261 de la Constitución Política de 1999 reconoce que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. consagra que los jueces serán seleccionados por concurso y que la comisión de delitos comunes. ya que no son medidas contradictorias. limitando la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza militar. mediante Resolución Nº 2004-0009.” El problema de la diferenciación entre atribuciones de la jurisdicción y administración pública es complejo. La jurisdicción militar se regula especialmente a través del Código de Justicia Militar. y la rectificación de actas civiles por errores materiales. asumiendo la rectoría del Poder Judicial.” Lo cual señala. especialmente la mediación y la conciliación. en este caso de normas individualizadas y. que deberían delegarse
. “…la visión tradicional del Poder Judicial ha variado a nivel mundial y nacional en los últimos años. Por eso. salas y tribunales. en Venezuela. ciertamente como lo sostiene Jorge Ulises Carmona Tinoco “… no se ha establecido un criterio tajante y único para diferenciar las actividades de los órganos ejecutivos…y judiciales…” Por eso “…pueden tomarse múltiples criterios y conjuntarlos para determinar la naturaleza de la función jurisdiccional que incluye las actividades de aplicación. Ahora. esto es. Jurisdicción y Justicia Militar Como lo expone Vicente Sendra.Por eso concluye el referido autor. Jurisdicción y Administración Pública Sostiene Victor Moreno: “precisamente los diversos factores de confusión entre la Administración y el Poder Judicial… dan lugar a los llamados conflictos de jurisdicción. artículo 99. que no resuelve conflictos intersubjetivo o controversias entre partes. “a estas alturas podría eximirse a los jueces sin problema alguno de la intervención en muchos de los actos de jurisdicción voluntaria. los llamados conflictos de jurisdicción positivos y negativos…”. publicada en Gaceta Oficial Nº 38. pues se le asignan atribuciones nuevas que permiten una más eficaz impartición de justicia… entre estas formas novedosas se inscriben los medios alternativos de justicia o de resolución de conflictos. en la que la disciplina castrense constituye un valor esencial para su buen funcionamiento. excepcionalmente. por lo que cualquier acto de insubordinación ha de ser rápidamente reprimido por quienes se han formado en dicho valor. tal cual se ha realizado con la Ley Orgánica de Registro Civil (2010) con el matrimonio.021 de fecha 18/08/2004. se combina “…perfectamente con la apertura de nuevos juzgados. están regulados fundamentalmente por el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. y se complica más cuando se analiza la existencia de la jurisdicción voluntaria. tiene por finalidad asegurar la disciplina en una organización fuertemente jerarquizada.” Opinamos en consecuencia. Surgen así. serán juzgados por los tribunales ordinarios. Pero la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. partiendo del concepto propio de jurisdicción. interpretación y creación. cuando un órgano administrativo y otro jurisdiccional pretenden al tiempo conocer el mismo asunto o ambos se abstienen de hacer. de normas generales. sino elementos de una política judicial que busque evitar que la litigiosidad de la sociedad rebase a la judicatura”. violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. “la jurisdicción militar. artículo 145. en un sistema democrático. como asevera Victor Moreno. Los cuales. e inspirada en el Código Orgánico Procesal Penal modificó la estructura jurisdiccional y administrativa de la justicia penal militar derogando las disposiciones que colidan con la referida Resolución.
abriendo las posibilidades de su articulación y coordinación democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del Estado. por ejemplo. el cual señala que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” Ahora bien. señalando que: “En dicha norma existe una importante referencia a la justicia de los pueblos indígenas… en primer lugar el numeral 2 del artículo 8. algunas leyes otorgan a autoridades administrativas la resolución de ciertas controversias. pero siempre las decisiones dictadas en estas instancias administrativas se someten al control judicial. han venido reconociendo “. por las direcciones de inquilinatos de las Alcaldías.legislativamente a autoridades administrativas muchos trámites no contenciosos asumidos hoy por los Juzgados del País (verbigracia: declaración de únicos y universales herederos. según sus propias normas y procedimientos. justificativos de testigos). Este marco suponía el monopolio estatal de la violencia legítima.la justicia especial indígena en sus constituciones políticas nacionales”. analizando el caso peruano. Lo cual por no tratarse de asuntos litigiosos no comportaría un atentado al derecho. Jurisdicción y Justicia Indígena En cuanto a los antecedentes del reconocimiento de la jurisdicción indígena. las decisiones dictaminadas en el procedimiento que la Ley Orgánica del Trabajo (1997) establece para los casos de inamovilidad laboral o estabilidad laboral absoluta. Y explica. Bolivia y Venezuela siguiendo el modelo colombiano y peruano…”. la justicia indígena. que en cuanto a la justicia indígena “…el elemento común en todas ellas es el reconocimiento de la facultad de impartir justicia. en concordancia con el numeral 1 del artículo siguiente. por el cual sólo el Estado y sus aparatos tenían potestad para intervenir en la regulación de la vida social y en el uso de la fuerza legítima para la persecución y represión de hechos considerados delictivos.. Juan Carlos Ruiz Molleda. más allá de la mencionada referencia el precitado autor sostiene que: “…países vecinos como Ecuador. Así.” Por eso asevera la autora que “El verbo que utilizan todas las Constituciones es “reconocer” en la medida que el texto constitucional no está “creando” la jurisdicción indígena sino que está asumiendo oficialmente su pre-existencia. a instancia de parte. siempre están sometidas al control jurisdiccional. conforme al mandato constitucional la jurisdicción indígena
. que no violen la Constitución Política nacional. que a un Estado le corresponde un solo sistema jurídico o derecho. y en otros. toda norma o sistema normativo que no proviniese del Estado o de los mecanismos autorizados por él. estableciendo que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes. artículos 65 al 76.”· En Venezuela la Constitución reconoció en el artículo 260. tal cual lo explica Raquel Yrigoyen “…la teoría del Derecho dominante en Latinoamérica se fundaba en las teorías kelsenianas sobre la identidad Estado-Derecho o “monismo jurídico”. siempre que no sean contrarios a la Constitución. de acuerdo a sus costumbres y normas siempre que no violen derechos fundamentales en unos casos. Luego. Por ello. a la ley y al orden público.. conforme a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. inspecciones extra judiciales. se denominaban “costumbres” y sólo eran admisibles jurídicamente a falta de ley y nunca en contra de ella (en cuyo caso podían configurar delito).” Hasta antes de las reformas establecidas en algunas Constituciones latinoamericanas. En Venezuela. y las dictadas en el procedimiento de fijación de cánones de arrendamiento. esto es. que señala que siempre que sea necesario “deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir. hace referencia al Convenio 169 de la OIT. artículos 453 al 458.
el artículo 35 de la Ley Orgánica de las Comunidades Indígenas. En el artículo 134 eiusdem se consagran aspectos vinculados a la relación que debe existir entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Y presenta la dificultad de establecer que Sala del Tribunal Supremo de Justicia sería la encargada de resolver el conflicto. pero si se interpretara que estamos en presencia de una verdadera jurisdicción indígena. los tratados. se establecen principios y garantías procesales mínimas. extraterritorial. que sólo preceptúa la falta o conflicto de jurisdicción con respecto a la administración pública y jueces extranjeros. valdría la pena preguntarse. En todo caso dispone la Ley que “ Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria. correspondería a la Sala Plena resolver el conflicto. No obstante. pero además establece contradictoriamente la figura del “conflicto de jurisdicción” indicando que los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria las conocerá el Tribunal Supremo de Justicia. pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República. en consecuencia.. lo presentado entre las jurisdicción indígena y ordinaria sería un conflicto de competencias.” Esto pareciera contrariar el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. artículo 24. a tenor del artículo 59 del CPC. que en sus artículos 132 al 136. material.”. En todo caso. en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos”. la familia y la comunidad. las partes. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional. siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. pues si se considera que en ese caso se está efectivamente ante un conflicto de jurisdicción. se ordena en todo caso el apego a los derechos fundamentales consagrados en la carta magna venezolana. para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes. pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la… Ley. el competente sería la Sala Política Administrativa. incorporando la posibilidad de que las sentencias dictadas en jurisdicción especial indígena sean revisadas por la jurisdicción ordinaria sólo en casos de que éstas sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo cual “comprende la facultad de conocer. y se dispone la obligatoriedad de las decisiones tomadas y la cosa juzgada en las mismas. el diálogo. violatoria de derechos fundamentales… ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia…” Como puede observarse. dispone criterios para establecer la competencia (territorial. con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. y entonces por no existir un Tribunal Superior común. los tratados. si el
. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima. la compensación y la reparación del daño. la medición. de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales. decidir y ejecutar las decisiones. estableciendo la posibilidad de declaratoria de incompetencia y por tanto la remisión de casos a la jurisdicción ordinaria o viceversa. puntualiza “la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas.3. investigar. si bien se reconocen potestades a las comunidades indígenas. conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). reconoce expresamente la viabilidad de interponer acciones de amparo constitucionales “Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial indígena. a través de sus autoridades legítimas. mediante el procedimiento respectivo establecido en la ley que regula la materia. dentro de su hábitat y tierras”. personal) en la jurisdicción indígena. el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas. Además en el artículo 133.ha sido regulada por la Ley Orgánica de las Comunidades Indígenas (2005).
2006-000420. Pues como explica Lopez Alarcon. aunque con reservas. la doble instancia.. Jurisdicción y Tribunales Eclesiásticos Con respecto a la jurisdicción civil y la jurisdicción canónica. organización. la tesis que más cobra fuerza.hecho de que las autoridades indígenas no pertenezcan al Poder Judicial y las instancias encargadas de administrar la justicia indígena no sean controladas o subordinadas al Poder Judicial. la imparcialidad de los operadores de justicia. pero ésta presenta dificultades en aspectos como el conflicto de jurisdicción y el reconocimiento de eficacias civiles en materias religiosas. sino la de la propia Iglesia en materia reservada” No obstante. El problema resulta mayor cuando se observa que de conformidad con la Ley del Sistema Judicial (2009) se otorga a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia la atribución de coordinar el registro. no constituye obstáculo insalvable al reconocimiento de los Tribunales de la Iglesia Católica. “. a lo largo de la historia.. vale decir. y aspectos como el derecho a la defensa. sin embargo el estado se ha mostrado respetuosos con la jurisdicción eclesiástica. Sostiene la mencionada autora. no sólo por la muerte de uno de los cónyuges. Exp. para Lourdes Babé “el reconocimiento de la jurisdicción eclesiástica no vulneraría el principio de exclusividad y unidad jurisdiccional… porque “el principio de exclusividad jurisdiccional. sino de la Iglesia ejerciendo jurisdicción en materia reservada”. ver Sentencia de la Sala de Casación Civil. o se establece jurisdicción exclusiva a la Iglesia o a los Tribunales civiles. han existido etapas en las que coexisten ambas jurisdicciones. divorcios o litis expensas. como lo indica Arminio Borjas. el debido proceso. Ahora bien. Por otra parte habría que analizar los procesos que se estructuren y desarrollen en las comunidades indígenas a la luz de los artículo 26 y 49 de la Constitución Nacional. en modo alguno se ejerce por los Tribunales de la Iglesia la función judicial del Estado. diferente y autónomo respecto de los que integran la organización judicial” y es que el principio de unidad jurisdiccional “… lo que excluye son las jurisdicciones especiales de cuya naturaleza no participa la jurisdicción eclesiástica dado que no son Tribunales del Estado. que en Venezuela. la jurisdicción eclesiástica “ocupa una diferente situación por no extenderse a ella la soberanía del Estado”. dictada en fecha 31/01/2008. se ha reconocido valor probatorio a sentencias dictadas por Tribunales Eclesiásticos Españoles a los fines del exequátur de una sentencia de divorcio. o la unidad y exclusividad jurisdiccional. en la regulación del matrimonio. Por eso Montero Aroca considera que es un grave error calificarla de jurisdicción especial y prefiere denominarla “extraestatal”. en 1904 se establece que “…el matrimonio válido se disuelve. funcionamiento y prestación de servicios de la jurisdicción especial indígena. que la jurisdicción eclesiástica matrimonial aunque ha sido estudiada como jurisdicción arbitral y sus decisiones como similares a los laudos arbitrales. En ese contexto. artículo 9. sino
. la determinación de “autoridades legítimas”. E igualmente sostiene la autora que aunque algunas Constituciones han eliminado fueros especiales y asumido el principio de unidad. por ejemplo cuando se trata de decisiones sobre nulidad de matrimonio o decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. prohíbe técnicamente hablar de JURISDICCIÓN ESPECIAL. delitos derivados de actos propios de las prácticas y culturas indígenas. Como bien lo cita Guasp. es la de equiparar la jurisdicción eclesiástica matrimonial a la jurisdicción extranjera. una vez reconocido su carácter de organismo internacional o si se prefiere supranacional. como bien lo explica Lourdes Babé.
valdría la pena analizar que valor podrían tener ante los Tribunales Civiles. científico. La aceptación de los árbitros y la Constitución del tribunal arbitral debe hacerse ante el Tribunal natural competente (608 CPC) y una vez aceptado el cargo. el Código Civil (1982) en sus artículo 184 al 196. tanto en los casos civiles cómo en los casos penales (por ejemplo en casos de pederastia).” Pero. Y actualmente.. se pasa al arbitraje obligatorio. sostiene acertadamente que “el arbitraje. en el sentido de que los contendientes están obligados por la autoridad a recurrir a él. ni para sustraer del conocimiento público el control de determinadas materias por supuesta necesidad del manejo confidencial de las mismas”. mientras que el Código de Procedimiento Civil (1990) regula en los artículos 752 al 765.” No obstante. venalidad. tal como lo establece la Constitución. por ejemplo en materia de nulidades de matrimonio. Podría aseverarse entonces que la jurisdicción en ésta materia es exclusivamente Estatal. divorcio y separación de cuerpos. la cual no acoge el arbitraje como un mecanismo autónomo o paralelo con propósito de eludir.” Por su parte Victor Moreno Catena. afirma que “el arbitraje. y que la obligatoriedad de la decisión se impone también con la fuerza del Estado. contempla lo relativo a la disolución del matrimonio y la separación de cuerpos. técnico. y en el que la decisión del árbitro es obligatoria sólo en cuanto es aceptada por las partes. El primero de ellos es el que señala que la “facultad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas” y de esa fuente tienen que derivar los árbitros su potestad de decidir y no de ninguna otra de carácter económico. el árbitro que se separe de él sin causa legítima incurrirá en el delito de denegación de justicia (615 CPC). ni convalidarse por la sola decisión de cámaras de comercio. el arbitraje y la jurisdicción. Y el Estado conforme Convenios suscritos con la Santa Sede respeta sus competencias para sustanciar casos de orden eclesiástico – religioso contra los representantes de la iglesia y feligreses o fieles. sustituir o evadir la jurisdicción pública so pretexto de ineficiencia. “no pueden confundirse.en los orígenes de todas las civilizaciones. los procedimientos de nulidad de matrimonio. al igual que la jurisdicción. por importante que sea y debe por tanto la investidura de los árbitros sujetarse a las formalidades señaladas por la ley.en virtud del divorcio declarado por sentencia firme…”. Alvaro Silva Calderón. ratificando la competencia de la Jurisdicción Civil para resolver tales asuntos y producir los efectos civiles correspondientes. en el País la iglesia mantiene Tribunales Eclesiásticos que rigen sus procedimientos conforme al Derecho Canónico. Jurisdicción y Arbitraje Explica Calamandrei. El arbitraje es una pieza del sistema judicial. forma parte del sistema judicial trazado por el constituyente y queda por tanto sujeto a los principios allí señalados. Existen distintos grados en la estructura jerárquica judicial católica. asociaciones profesionales o privadas relacionadas con el arbitraje. No obstante. como un medio alternativo de administrar justicia. en tanto que la tutela jurisdiccional alcanza a la ejecución coactiva por el órgano que la dicta. la tutela que se logra a través de la intervención arbitral se agota en el laudo. al tratar el tema del Arbitraje en Venezuela. que “. No puede perfeccionarse por el mero acuerdo de las partes. proporciona a los litigantes la solución del conflicto de un modo definitivo e irrevocable. al cual los contendientes recurren solamente si están de acuerdo en preferir la solución arbitral al uso de la fuerza privada. o sentencia del árbitro. pruebas evacuadas o decisiones dictadas por los Tribunales Católicos en Venezuela. Claro.
. divorcio y otras. con todo. imparcialidad o cualquier otro vicio endilgado a los Tribunales naturales. Ambas resoluciones gozan de los plenos efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación o reconocimiento por parte de ningún órgano del Estado. la primera forma de justicia es la arbitral: del arbitraje facultativo. si bien la decisión proviene allí de un particular (árbitro).
Por ello. la falta de jurisdicción sólo podrá declararse a solicitud de partes. donde se le admiten las ventajas ya señaladas”. No obstante. solución pacífica de los conflictos. Para éste autor en éste caso y el del arbitraje estamos frente a la figura de “…los equivalentes jurisdiccionales. mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en primera instancia. Jurisdicción y Justicia Extranjera Conforme lo asiente Francesco Carnelutti el juez extranjero. ya que mediante el arbitraje solo se decide la declaración del derecho. respeto a los derechos humanos. cooperación. donde se establece que la jurisdicción venezolana ante la Jurisdicción extranjera. el desistimiento y la transacción. conforme a derecho. estrechamente relacionado y subordinado al sistema judicial nacional de justicia. El arbitraje internacional por su lado es objeto de los tratados. lo contemplan los artículos 138 al 149 de la LOPT. Los árbitros no tienen plena jurisdicción. a un Juez extranjero. las causas en las que el Juez pronuncie su falta de jurisdicción deben ser remitidas en consulta a la Sala Política Administrativa del
. en los modos prescritos por la ley (exequátur). Sin embargo. bilaterales o plurilaterales. quien lo publicará y es competente para conocer de las acciones de nulidad sobre el mismo. En el orden interno el arbitraje se tiene como una forma alternativa de resolver conflictos de naturaleza privada y tiene un carácter coadyuvante. su decisión. atribución esta que es propia e indelegable de los jueces naturales… Para que el laudo de los árbitros tenga la fuerza de la cosa juzgada debe ser consignado ante el juez donde los árbitros fueron designados. puesto que mediante ellas no actúa el interés público en cuanto a la composición de los conflictos: la transacción. Con los límites y condicionamientos indicados. quienes en ocasiones actúan como jueces de alzada y en otras para dirimir incidencias que puedan surgir en el procedimiento arbitral y éste no releva la acción de los jueces naturales sino parcialmente. los cuales deben guiarse por los principios constitucionales de reciprocidad. el arbitramento es bienvenido como un medio alternativo de solución de conflictos. y los artículos 312 al 326 del COT. puede declararse. Entre estos últimos el debido proceso (49 CRBV) tiene relevante importancia en el ámbito del derecho adjetivo dentro del cual debe desempeñarse el arbitraje”. en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes inmuebles situados en el extranjero. se encuentra regulada en al artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. en Venezuela “ El arbitraje esta sujeto a la ley y a la acción de los jueces naturales. sigue explicando el autor patrio. pero ninguna de las dos implica ejercicio de jurisdicción. 152 y 155. Pero en cualquier otro caso. no tiene ninguna eficacia imperativa… si tiene jurisdicción frente al Estado al cual pertenece. dice el autor lo mismo la sentencia extranjera que la transacción pueden servir para la misma finalidad que la jurisdicción persigue. se presentan los casos dónde un asunto presentado ante un Tribunal Nacional corresponde conocerlo. igualdad soberana. Dicha situación. de por sí. carece de jurisdicción. ciertamente. de oficio. En todo caso. bien actuando los árbitros conforme a las estrictas reglas jurídicas o como arbitradores según su leal saber y entender. la decisión puede adquirir la misma eficacia que la decisión de los jueces dotados de potestad jurisdiccional cuando uno de éstos. no está ciertamente provisto de ella frente a un Estado diverso. ya que carecen de competencia para la ejecución de sus laudos.” “La disposición Constitucional sobre promoción del arbitraje contenida en el art. 258 se refiere al arbitraje dentro del sistema de justicia nacional y el arbitraje internacional debe regirse por las disposiciones de los artículos. Así por ejemplo. la haya sometido a un cierto examen y haya pronunciado respecto de ella una cierta providencia. lo mismo que lo son el convenimiento. Ahora más allá del valor de una sentencia extranjera en suelo patrio. conforme jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Jurisdicción y Justicia de Paz La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus arts. como una manifestación de democracia directa en la mejor estirpe de los comicios romanos. nacidos en la Carta Magna de 1999. sino el de “…Poseer conocimientos o experiencia en materia legal. ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal. dónde en el artículo 6° se refiere al Juez de Paz cómo el competente para ejercer “jurisdicción” en el lugar donde ocurran los hechos que determinen el conflicto o controversia. con lo que el articulo 70 “llama acertadamente Asambleas de Ciudadanos. no considerando la necesidad de que sea abogado. Además de contemplar la revisión de la decisión de los jueces de paz sólo por ellos mismos (no doble instancia). reconocido constitucionalmente. en el artículo 54. La Justicia de Paz tiene una entidad propia y no debe confundirse con formas sucedáneas de justicia”. El proyecto de Ley de Comunas. artículo 52. en principio la propuesta de creación de Tribunales Vecinales de Paz “fue tildada de locura inconstitucional”. ahora cuando el Tribunal ratifica su jurisdicción. preferentemente en el área comunitaria…” y el artículo 56. 253 y 258 de la Constitución bolivariana. planteamos la inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley por varios motivos”. para regular mediante Ordenanza lo relativo al proceso de elección popular del Juez de Paz. por tratarse de una posible delegación de la soberanía del Estado. no obstante en 1994. dónde dispone.” Consagra en el artículo 53 que “La ley respectiva establecerá los procedimientos legales. Asimismo. Y en el Artículo 11 establece la competencia de los Concejos Municipales.” Por eso el autor termina aseverando “en virtud de que la actual Ley de Justicia de Paz venezolana está reñida con los principios y normas constitucionales vigentes. aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional. que “es un medio alternativo de justicia que promueve el arbitraje. En el artículo 21 establece los requisitos para ser Juez de Paz. establece que “Los jueces o juezas comunales serán elegidos o elegidas por votación universal.Tribunal Supremo de Justicia. la consulta no es obligatoria. Cómo lo asevera Óscar Mago. en relación a Jueces de Paz y Jueces ordinarios o especiales. donde se prevea su organización y funcionamiento. Jurisdicción y Justicia Comunal En el caso Venezuela. así como la creación de instancias y tribunales con competencia para conocer y decidir en el ámbito territorial de la comuna. de acuerdo a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y de Justicia. las normas y condiciones para la creación de una jurisdicción especial comunal. se aprueba la Ley Orgánica de Justicia de Paz venezolana. sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario. En el país la Justicia de Paz es regulada por la Ley Orgánica de Justicia de Paz. 253 y 258 prevé la Justicia de Paz como una forma integrante del Sistema de Justicia Nacional. “Los Tribunales Comunales de Paz son la representación del Poder Judicial Popular.7. El artículo 35 del proyecto de Ley indica los requisitos para ser juez comunal. que según el autor citado tiene mayor respaldo hoy en la Constitución de 1999.”. entre los cuales vale acotar la no necesidad de ser abogado. Explica el autor que “La Justicia de Paz quedó inserta constitucionalmente en los arts. Por su parte. y cuyas decisiones son vinculantes”. contempla que: “Las
. ha dicho el máximo Tribunal. (1994). 178. la conciliación. plantea en el artículo 35 la posibilidad del conflicto y regulación de competencia. la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos. con respecto al particular contempla 5 artículos bajo el titulo “DE LA JUSTICIA COMUNAL”. directa y secreta de los y las habitantes de la Comuna mayores de quince años”.
como actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. por que “…en la última década diversos esfuerzos por promover reformas judiciales en los países andinos han venido frustrándose por la ausencia de cambios estructurales que beneficien a la población rural y urbana marginal. en otras palabras ejercen facultades jurisdiccionales o son conciliadores. es la validez y eficacia de las decisiones de estas autoridades. tiene excepciones. un desafío permanente para quienes elaboran políticas públicas en el ámbito jurisdiccional”. se presentan algunas dudas: “Primero la naturaleza jurisdiccional de la justicia comunal. Un segundo tema estrechamente vinculado a éste. ratificando.. Siendo esta grave situación. ciertamente en los países andinos existe un proceso de reconocimiento constitucional de la justicia comunal. Y cuando dichas decisiones no sean acatadas al término de los lapsos establecidos.decisiones emanadas de los órganos de justicia comunal tendrán carácter vinculante para los habitantes de la Comuna. El referido proyecto. Ahora bien. de la Ley Orgánica de de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (2010). lo que asevera el citado autor: “El principio de unidad y exclusividad no es absoluto. pero tal cual lo expresa Juan Carlos Ruiz Molleda. según sea el caso.”
. tradicionalmente excluidas. Además “… la colisión entre la justicia comunal y el principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción. realizada mediante el reconocimiento de sus actos.” Pareciera que el referido proyecto de ley dilucida estas cuestiones. junto a la incorporación de los Consejos Comunales a la estructura del Estado. los jueces y juezas comunales se apoyarán en las fiscalías del Ministerio Público.”. según el artículo 7 literal “d”. consideramos se enmarca en la idea expresada por Javier La Rosa Calle: “es necesario cambiar la noción tradicional de acceso a la justicia… lo cual pasa por reconocer a los sistemas de justicia alternativa”. para lograr su cumplimiento o la prosecución de las causas en el sistema de justicia ordinario.
consideramos no puede tratarse de tal. al no adscribirse al Poder Judicial. en estricto rigor doctrinal no puede ser considerada una expresión de jurisdicción. En Venezuela la utilización del término jurisdicción en las leyes y en la práctica judicial y forense resulta en ocasiones confusa y equivocada. Existe un interesante conflicto doctrinal por el cual se intenta determinar los antecedentes de la función jurisdiccional. no obstante. ni en la actualidad puede afirmarse que la asumen con absoluta exclusividad. La Justicia de Paz en Venezuela no ejerce funciones jurisdiccionales propiamente dicha y la ley que aún la regula colida con principios constitucionales. La jurisdicción patria se impone por encima de la jurisdicción extranjera en los casos establecidos por las leyes. no existe un criterio teórico diferenciador claro y en ocasiones la administración asume. conforme a la Constitución. vía reconocimiento legislativo. El principio de unidad y exclusividad jurisdiccional tiene en Venezuela algunas excepciones. y ésta representa una expresión de soberanía que en derecho se encuentra sometida a regulación por ante el Tribunal Supremo de Justicia. la jurisdicción no siempre ha sido ejercida por los Juzgados y Tribunales. aún y cuando el referido proyecto le otorgue a éstos tribunales facultades para hacer ejecutar lo sentenciado. reconocida en la Constitución y regulada en la Ley Orgánica de Comunidades Indígenas. La Justicia Eclesiástica no forma parte del Estado y por tanto no constituye un ejercicio de jurisdicción patria. En el transcurso de la historia. La justicia castrense en Venezuela forma una verdadera jurisdicción militar pues forma parte del Poder Judicial. que conforme jurisprudencia reciente ejerce funciones jurisdiccionales. fines y representantes. Las leyes venezolanas han desarrollado puntualmente los casos atribuibles a la Administración Pública y a la Jurisdicción. se pueden formular algunas conclusiones: Con la jurisdicción se afirma el principio de autoridad pública y la restricción gradual de la autodefensa o autotutela. competencias. dejando a la vía judicial la potestad de hacer ejecutar lo decidido.Conclusiones Finalizada la investigación. y habiendo sistematizado un cumulo de información e ideas en torno a diferentes particularidades practicas asociadas al tema “jurisdicción”. El arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos reconocido por mandato constitucional. definiendo principios. la facultad de sustanciar verdaderos litigios. al no ser parte del Poder Judicial. no obstante. La Justicia Comunal a tenor del proyecto de la Ley Orgánica de las Comunas se califica como una jurisdicción especial. ya que se está abriendo la posibilidad de que Tribunales no jurisdiccionales articulen y coordinen democráticamente con el sistema judicial nacional y los poderes del Estado
. aunque exista una coordinación con la jurisdicción ordinaria y cuente con facultades legales para hacer cumplir sus decisiones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume el aspecto jurisdicción. La Justicia Indígena.
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. Apreciaciones sobre el Arbitraje Jurídico en Venezuela. 1961 y 1999. Universidad Central de Venezuela. Francesco Carnelutti. 2002. Alberto Montón Redondo. 11 Edición. No. Lourdes Babé. Juan Montero Aroca. Editorial COLEX. Javier La Rosa Calle. 3. Ley Orgánica de Justicia de Paz. Perú. 2000. Constitución Nacional de 1945. Justicia de Paz. Ecuador). Revista Pena y Estado # 4. España. Raquel Z. La Jurisdicción Especial de las Comunidades Campesinas en el Departamento del Cusco. Juan Carlos Ruiz Molleda. 1997. Código de Justicia Militar. Simón Calzadilla. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. 2009. 2000. 3ra Edición. Revista Latinoamericana de Derecho. Número 10. Venezuela Arminio Borjas.Referencias Bibliográficas Álvaro Silva Calderón. Una experiencia constitucional de democracia directa: la Justicia Comunal de Paz en Venezuela. Código de Procedimiento Civil. España. Introducción al Derecho Procesal. Reconocimiento Constitucional del Derecho Indigena y la Jurisdicción Especial en los Países Andinos (Colombia. Proyecto de Ley Orgánica de las Comunas. Sistema de la Tutela Jurisdiccional: La disputa por la construcción de un modelo procesal en América Latina. Editorial Atenea. Juan Luis Gómez Colomer. 1987-1990. Buenos Aires: INECIP y Editorial el Puerto. Código Orgánico Tributario. La Jurisdicción Alternativa como Mecanismo de Acceso a la Justicia Urvio. La Posición de la Jurisdicción Canónica Matrimonial en el Derecho Español. Hacia un Modelo de Justicia Inclusivo. Tercera edición.
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