Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-42828-de-febrero-1-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a134192186b301f0e0430a01015101f0&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 00:41:03
Document Index: 84264778

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 141', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 87', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 12']

SENTENCIA 42828 DE 01 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA. LA LEY 797 DE 2003, AL ENTRAR EN VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN, QUE LO FUE EL 29 DE ENERO DE ESA ANUALIDAD, ES APLICABLE EN FORMA INMEDIATA, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO, QUE RESULTA TAMBIÉN APLICABLE A LOS ASUNTOS DE SEGURIDAD SOCIAL. DE TAL MANERA, QUE NO ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, CUANDO LA MUERTE DEL AFILIADO ACONTECE EN VIGENCIA DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 797 DE 2003, PUESTO QUE ES ESTA LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Sentencia 42828 de febrero 1º de 2011
Rad. 42828
Bogotá, D.C, primero (1º) de febrero de dos mil once (2011).
Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 22 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por WILLIAM DE JESÚS SALAZAR OSPINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, William de Jesús Salazar Ospina demandó al Instituto de Seguros Sociales, para que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, desde el 1º de noviembre de 2005, fecha en que falleció su cónyuge señora Cruz Elena Ospina Noreña; los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; en subsidio la indexación, y las costas del proceso.
Fundamentó sus pretensiones en que el 1º de noviembre de 2005, falleció su cónyuge, la señora Cruz Elena Ospina Noreña, quien contaba con 659 semanas cotizadas al ISS; que solicitó la pensión de sobrevivientes a la accionada, la cual le fue negada a través de la Resolución 022316; que con posterioridad, pidió se modificara dicha decisión lo que le fue resuelto en forma adversa a través de acto administrativo Nº 022556 de septiembre 27 de 2007; que le fue pagada la indemnización sustitutiva por valor de $ 9’445.029,oo; que le es aplicable el principio de la condición más beneficiosa para efectos de que se inaplique la Ley 100 de 1993, y en su lugar se defina el derecho pensional con el régimen anterior “que en este caso corresponde al Decreto 758 de 1990, que exige haber cotizado 150 semanas en los últimos seis (6) años o 300 en cualquier tiempo como ocurre en este caso”; y que agotó reclamación administrativa el 4 de septiembre de 2007.
El Instituto convocado al proceso al contestar la demanda, admitió la solicitud presentada por el demandante y la negativa de la entidad de reconocerle la pensión de sobrevivientes, a quien le canceló la indemnización sustitutiva, y de los restantes hechos dijo que no le constaban. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por cuanto la afiliada fallecida no cumplió las exigencias establecidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, además que en este asunto no tiene aplicación la condición más beneficiosa. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe del Instituto de Seguros Sociales, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas y prescripción.
Fue proferida el 18 de noviembre de 2008 y en ella el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra, al considerar que la causante no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni con los presupuestos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original.
Apeló la parte demandante, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 22 de julio de 2009, confirmó el fallo absolutorio de primera instancia. Le impuso las costas a la actora.
El Tribunal para dicha decisión, estimó que efectivamente las exigencias aplicables a este asunto, son las previstas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por ser la normatividad vigente para el momento del fallecimiento de la señora Cruz Elena Ospina Noreña que ocurrió el 1º de noviembre de 2005.
Igualmente señaló, que en virtud de que no se había aportado al proceso la historia laboral de la afiliada, se tenía como cierto “lo afirmado por la entidad demandada en las resoluciones en las cuales negó la pensión solicitada por el demandante, en el sentido de que la causante no hizo cotización alguna en los tres (03) últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
Agregó que el principio de la condición más beneficiosa, sólo era aplicable cuando surgían cambios de sistemas pensionales y no cuando una norma era modificada, y que aún en el evento de admitirse la aplicación del citado principio, no se había acreditado en el plenario el número de semanas cotizadas por la fallecida, pues se carece de esta información.
Lo interpuso la parte demandante con fundamento en la causal primera del artículo 87 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE TOTALMENTE la sentencia recurrida, y en sede de instancia se “modifique totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín (Sala Laboral) de fecha 22 de julio de 2.009, en el sentido de agregar a la condena el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobreviviente de su cónyuge la señora CRUZ ELENA OSPINA NOREÑA”.
Con tal objeto formuló un cargo que denominó “PRIMER CARGO”, el cual fue replicado.
Acusa la sentencia impugnada de “violar directamente los artículos 46 de la Ley 100 de 1993, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y con el artículo 53 de la Constitución Política del país”.
Para su demostración el censor argumentó lo siguiente:
“(...) El tribunal incurre en el error de inaplicar las disposiciones aplicables en ese caso como lo son las normas consagrada en los regímenes anteriores a la ley 797 de 1.993 (sic) desconociendo el principio de la condición jurídica más beneficiosa que ha tenido en cuenta esta corporación en múltiples oportunidades.
En efecto, en virtud del principio de favorabilidad, cuando se presentan situaciones como estas en las que la normas vigentes son más desventajosas que las anteriores, se inaplican para aplicar de preferencia las disposiciones más ventajosas. Este postulado tiene su fundamento en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo el que se fortalece con la vigencia de la Constitución Política del país en el artículo 53.
Así las cosas, en un caso como este el operador jurídico ha debido estudiar la normatividad anterior que en alguna oportunidad tuvo vigencia para el sujeto e inaplicar la norma o las normas más desventajosas que es lo que se solicitó en escrito de demanda”.
La oposición manifiesta que el alcance de la impugnación adolece de un error de técnica que impide a la Corte su estudio, por cuanto solicita que se case la sentencia impugnada y que en sede de instancia ésta sea modificada lo cual constituye una impropiedad; además omitió en su formulación establecer cuál era el proceder ante el fallo de primer grado.
A más de lo anterior y pronunciándose sobre el fondo del cargo propuesto, anota que no se enunció la modalidad bajo la cual orientaba el ataque, y que en su desarrollo no se evidencia cuál fue el error del fallador ya que la argumentación se presenta en forma incompleta.
Finalmente, expresa que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se encontraba vigente para el momento del fallecimiento de la señora Cruz Ospina Noreña y ésta no cumplía con las semanas exigidas, sin que pueda emplearse el principio de la condición más beneficiosa y cita para ello la sentencia del 20 de febrero de 2008, radicado 32649, proferida por esta Sala de la Corte.
Primeramente es de anotar, que no es de recibo el reproche que de orden técnico la réplica manifiesta sobre el alcance de la impugnación, en virtud de que mirado en su contexto, es dable inferir que lo que verdaderamente está pretendiendo el recurrente, consiste en que una vez casada la sentencia del tribunal, en sede de instancia se revoque el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar condenar al Instituto demandado a las súplicas incoadas en el libelo demandatorio inicial.
Respecto al cuestionamiento que la oposición le hace a la formulación del cargo, debe decirse que si bien en la proposición jurídica el censor omite expresar el submotivo de violación de las normas que ella contiene, lo cierto es que del desarrollo de la acusación, se colige que éste corresponde a la infracción indirecta del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Superados los anteriores escollos y abordando el fondo del asunto, previamente deben observarse los siguientes supuestos fácticos, no controvertidos por las partes y admitidos por el tribunal, a saber:
1. La señora Cruz Elena Ospina Noreña, quien era la cónyuge del demandante, falleció el 1º de noviembre de 2005.
2. Durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de su muerte, cotizó cero (0) semanas.
Planteadas así las cosas, para la Sala el marco normativo que se debe acoger para dirimir la presente contienda es el previsto en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, sin que haya lugar a la aplicación de la “condición más beneficiosa”; en razón de que la norma que rige el asunto es la vigente para el momento de la ocurrencia de la muerte de la afiliada y a sus requisitos es que debe ceñirse el beneficiario de la causante, sin que por tanto sea posible emplear disposiciones precedentes.
Realmente, para el 1º de noviembre de 2005, fecha del deceso de la señora CRUZ ELENA OSPINA NOREÑA, la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por ende el derecho reclamado lo adquiere el beneficiario demandante siempre y cuando se acrediten los requisitos allí consignados, que se traducen en que el causante haya “cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, y adicionalmente tenga una fidelidad al sistema equivalente al “veinticinco (25%) por ciento del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de fallecimiento”, requisito este último que luego de la sentencia de exequibilidad C-1094 del 19 de noviembre de 2003 quedó reducido al veinte por ciento (20%) y que a través de la Sentencia C-556 de 2009, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Y ello es así porque la Ley 797 de 2003, al entrar en vigor desde su publicación, que lo fue el 29 de enero de esa anualidad, es aplicable en forma inmediata, tal como lo dispone el artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, que como lo ha precisado esta Sala, resulta también aplicable a los asuntos de seguridad social.
Así lo dejó sentado está Corporación en un caso similar al que nos ocupa, cuando en sentencia del 3 de diciembre de 2007, radicación 28876, reiterada en casación el 20 de febrero de 2008 radicado 32649 y 16 de febrero de 2010 radicado 37646, fijó su propio criterio y consideró que no era procedente la aplicación del principio de la “condición más beneficiosa”, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que es esta la normatividad aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, y en esa oportunidad puntualizó:
“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.
En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LLANOS TOLE “31 de julio de 2003”, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Sentencia C-1094 de 2003.
Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”.
De otro lado, conviene acotar, que en el caso a juzgar no hay manera de verificar el número de semanas cotizadas por la afiliada fallecida durante toda su vida laboral, de cara a establecer si se cumplen los requisitos previstos en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, habida cuenta que como lo pone de presente el Tribunal, al proceso no se aportó la historia laboral de la causante.
Por todo lo acotado, la Colegiatura no cometió el error jurídico que le endilga el censor y por ende no prospera el cargo.
Costas a cargo de la demandante recurrente, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, que se fijan en la suma de Dos Millones Quinientos Mil Pesos ($ 2.500.000.oo) m/cte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 22 de julio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por WILLIAM DE JESÚS SALAZAR OSPINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.