Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Mayo/00684-25511-2011-2011-0392.html
Timestamp: 2017-02-26 17:08:07
Document Index: 313331181

Matched Legal Cases: ['artículo\n2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo\n26', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 108', 'Artículo 108']

EXP. Nº 2011-0392
Mediante oficio No. 11-0333 de fecha 29 de marzo de 2011 la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala el expediente
contentivo del “recurso por inconstitucionalidad” interpuesto por el
abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°
53.219, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos WILFREDO ANTONIO CLARK FLORES, JOSÉ RAMÓN NOGUERA VEGA, LOURDES
ESMERALDA CÁRDENAS ZAMBRANO, MIRIAM DELFINA PERNÍA, MARILUS JOSEFINA
SUÁREZ DE MÁRQUEZ, PABLO DELGADO DUQUE, LUIS HUMBERTO RAMÍREZ
LUGO, SERAFÍN ENRIQUE MÁRQUEZ SÁNCHEZ y ALFONSO DEL
COROMOTO MEDINA MORENO, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.733.449,
y 3.792.740, respectivamente, en su condición de Concejales del Municipio
Cárdenas del Estado Táchira; contra las Circulares Nros. 01-00-000-492 y 01-00-000-637
emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna
otra remuneración distinta a la dieta; y, la segunda, que ratifica el criterio
de improcedencia de pago de remuneraciones y otros conceptos distintos a los que alude el artículo
2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de
los Estados y Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002.
remisión se efectuó con ocasión a la sentencia dictada por la referida Sala en
fecha 16 de marzo de 2011, mediante la cual declinó la competencia en esta Sala
Político-Administrativa para conocer del recurso interpuesto.
abril del mismo año se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se
designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de pronunciarse
escrito presentado en fecha 16 de septiembre de 2010 ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, el abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, ya
identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Wilfredo Antonio Clark Flores, José Ramón Noguera Vega, Lourdes
Esmeralda Cárdenas Zambrano, Miriam Delfina Pernía, Marilus Josefina Suárez de
Márquez, Pablo Delgado Duque, Luis Humberto Ramírez Lugo, Serafín Enrique
Márquez Sánchez y Alfonso Del Coromoto Medina Moreno, en su condición de
Concejales del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, ejerció “recurso por inconstitucionalidad” contra las Circulares N° 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de
emanadas de la Contraloría General de la República; relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna otra remuneración distinta a la
conceptos distintos a los que alude el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y
Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002. Fundamenta su solicitud en
través de las Circulares Nros.
de 2008, respectivamente, la Contraloría General de la República ha establecido un criterio según el cual los concejales, no pueden recibir remuneraciones distintas
a la percepción de dietas y, por ende, no puede desprenderse ningún otro
beneficio o percepción adicional, tales como bonificaciones de fin de año.
Asimismo, señala, que tal posición resulta lesiva de la progresividad,
que “el hecho que generó los recursos para el Crédito Adicional distribuidos
para el pago a los Concejales del Concejo Municipal del Municipio Cárdenas, se
efectuaron amparándose en criterio Constitucional y Legal como aparece
reflejado en el Acuerdo Nro. 029/2009 del Concejo Municipal de Cárdenas,
de fecha 30/0972009, Considerando; artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 1,2 y 7 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y
Municipios, artículos 24,25,27,28 89 y 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establecen los derechos constitucionales y beneficios laborales, de
los Concejales del Concejo Municipal del Municipio Cárdenas como funcionarios
públicos. (…)” (sic). (Subrayado del escrito).
diciembre de 2009 está ajustado a derecho, por cuanto los legisladores
municipales deben ser considerados funcionarios públicos, y por cuanto el
concepto de emolumentos previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y
y cualquier tipo de ingreso mensual, percibido por el funcionario en razón de
su función pública. Expone
que la referida Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y
funciones legislativas son considerados funcionarios públicos, por lo que mal
puede la Contraloría General de la República “limitar el concepto de funcionarios a los concejales cuando estos prestan un servicio a la Administración Municipal, en virtud de sus funciones legislativas, trayendo como consecuencia
considerados trabajadores del sector público con derechos a sus prestaciones
sociales”. Señala
remuneración, sería violentar los derechos constitucionales de estos
funcionarios legislativos, que por lo particular de sus actividades “son
funcionarios en función legislativa, con los mismos derechos constitucionales,
DE CARÁCTER LEGAL Y SUBLEGAL y es la Sala Constitucional (…) la competente para determinar el alcance, aplicabilidad y
funcionarios legislativos”. (Resaltado del escrito).
artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
pide se decrete medida cautelar de conformidad con lo establecido “en el
aparte 10 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, a los fines de que se ordene a la Contraloría General de la República “deje sin efecto lo ordenado, en las actuaciones
criterio Institucional, vinculante al órgano de control fiscal municipal en el
Estado Táchira, específicamente en el acto administrativo de fecha 2 de
septiembre del año 2010, Capítulo III, numerales 2.2 y 2.3 el reintegro de la
cantidad de [Setenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco Bolívares con
Noventa y Dos Céntimos (Bs. 76.375,92)]”.
sentencia N° 267 del 16 de marzo de 2011, la Sala Constitucional declinó
la competencia en esta Sala Político-Administrativa para conocer del recurso interpuesto,
“(…) corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de
órgano del Poder Público Nacional -Contraloría General de la República-, en el marco de las potestades de control, vigilancia y fiscalización que
establecen los artículo 2 y 9.4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal sobre los órganos del Poder
Público Municipal, tales como el Concejo Municipal del Municipio Cárdenas del
Estado Táchira. Así
las cosas, la Sala advierte que, en materia de nulidades, su competencia está
regulada en la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, (…), en el artículo 25, el cual, atribuye a esta
dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, tal como se estableció supra, las
atribuye la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con lo cual, tienen rango sub legal y, por tanto, una
efecto ‘…las actuaciones administrativas emitidas en las circulares mencionadas’. Ello
así, la situación planteada no se encuentra sujeta al control concentrado que
ejerce esta Sala sobre actos infra constitucionales, sino que como actuación
administrativa que es, dictada por la máxima autoridad de un órgano de rango
constitucional, concretamente un órgano del Poder Ciudadano como es la Contraloría General de la República, se encuentra bajo el fuero de la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal, conforme a lo previsto en el artículo
26.5 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal, en
concordancia con el artículo 23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre
para conocer del presente asunto y declina el conocimiento del mismo en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y, así se decide.”.
administrativo de nulidad incoado, para lo cual observa: En el caso bajo examen el abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, ya identificado, actuando con el
carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Wilfredo Antonio Clark Flores, José Ramón Noguera Vega, Lourdes
emanadas de la Contraloría General de la República, relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna otra remuneración distinta a la
Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002. Ahora
el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se establece lo siguiente:
23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es
o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas
autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia
no está atribuida a otro tribunal.”.
parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de
2001), aplicable ratione temporis, dispone en el artículo 108 lo
“Artículo 108. Contra las decisiones del
Contralor General de la República o sus delegatarios, señalados en los
artículos 103 y 107 de esta Ley, se podrá interponer recurso de nulidad por
contados a partir del día siguiente a su notificación” (Negrillas de la Sala).
Circulares emanadas del Contralor General de la República, quien es el máximo representante de ese órgano de rango constitucional, debe la Sala aceptar la competencia para conocer del presente recurso de nulidad. Así se declara. III
Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ACEPTA la competencia que le ha sido declinada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia para conocer y decidir el recurso
JOSÉ RAMÓN NOGUERA VEGA, LOURDES ESMERALDA CÁRDENAS ZAMBRANO, MIRIAM
DELFINA PERNÍA, MARILUS JOSEFINA SUÁREZ DE MÁRQUEZ, PABLO DELGADO
DUQUE, LUIS HUMBERTO RAMÍREZ LUGO, SERAFÍN ENRIQUE MÁRQUEZ SÁNCHEZ
y ALFONSO DEL COROMOTO MEDINA MORENO, en su condición de Concejales
del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, contra las Circulares N°
de 2008, respectivamente, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el
expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de pronunciarse sobre la admisión
fallo. Cúmplase lo ordenado.
y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro
(24) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta - Ponente EVELYN MARRERO ORTÍZ
En veinticinco (25) de mayo del año dos mil once, se
publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00684.