Source: https://es.scribd.com/document/219414412/Amicus-Colombia
Timestamp: 2018-08-22 07:06:01
Document Index: 223415446

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 19']

AMICUS CURIAE ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
ACCIÓN DE TUTELA EN PROCESO T- 4111080 INSTAURADA POR LA SEÑORA LEONOR SERRANO DE CAMARGO CONTRA LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Honorables Magistrados y Magistrada Corte Constitucional Colombia M.P. Luis Guillermo Guerrero Ciudad
Ref.: Intervención en el proceso T 4111080. Accionante Leonor Serrano de Camargo, actuando en nombre propio contra la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Introducción. El presente Amicus Curiae (documento y video) es presentado antes la Honorable Corte Constitucional de Colombia, por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (en adelante Alianza Regional), una red de organizaciones no gubernamentales, independiente, apartidaria y sin fines de lucro, que agrupa a 23 organizaciones de 19 países de Las Américas, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento del pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en la región. La Alianza Regional está conformada por las siguientes organizaciones: Acción Ciudadana (AC), Guatemala; Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), El Salvador; Asociación Nacional de la Prensa (ANP) , Bolivia; Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina; Centro de Archivo de Acceson a la InformacióN (CAINFO), Uruguay; Artículo 19, Brasil; Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras; Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Panamá; Espacio Público, Venezuela;
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Honduras; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia; Fundación Pro Acceso, Chile; Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador; Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Nicaragua; Fundamedios, Ecuador; Fundar-Centro de Estudios de Análisis A.C., México; Instituto de Derecho y Economía Hambiental, (IDEA), Paraguay; Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú; Participación Ciudadana (PC), República Dominicana; Transparencia por Colombia , Colombia; Transparencia Venezuela, Venezuela y Trust for the Americas, Estados Unidos. En el presente caso la Alianza Regional por la libre expresión e información encuentra de especial importancia pronunciarse, por cuanto los delitos de difamación o injuria y calumnia juegan un papel determinante en lo que se relaciona con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Es ya reconocido que apelar a dichas tipologías penales es una forma sutil para silenciar a la prensa. Observamos que la decisión que en este caso adopte la Corte Constitucional será de suma importancia para la libertad de expresión en Colombia y de la región. De forma respetuosa se le solicita a la honorable Corte Constitucional que dada la relevancia del tema a tratar en este caso, admita la presente intervención cuyo objetivo no es otro que dar una opinión sobre la importancia de los discursos protegidos por el derecho a la libertad de expresión, dentro de los que se enmarca la columna de opinión realizada por el periodista Luis Agustín González y que fue objeto de la denuncia penal por parte de la señora Leonor Serrano de Camargo. 1. Marco Normativo El Derecho a la Libertad de Expresión se encuentra consignado en diferentes tratados internacionales de Derechos Humanos, de los cuales el
Estado Colombiano hace parte y que adicionalmente en virtud del Bloque de Constitucionalidad hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Entre los tratados que consagran este derecho se encuentran el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el cual consagra que,
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19 dispone que,
Finamente, la Convención Americana de Derechos humanos consagró en el artículo 13,
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Lo anterior permite concluir que la consagración de la protección del derecho a la libertad de expresión implica que nadie pueda ser amonestado por manifestar sus opiniones. Al mismo tiempo, si bien se contempla la posibilidad de restringir este derecho, ello debe darse bajo unas circunstancias especiales cumpliendo una serie de requisitos. 2. Las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido sobre el derecho a la libertad de expresión a raíz de los casos que llegan a esa instancia por violación del artículo 13 de la Convención Americana ya citado. La Corte como intérprete autorizado de dicho tratado ha dado unos lineamientos muy claros al respecto que son importantes para tener en cuenta. Para efectos de esto último nos referiremos en primer lugar a los estándares fijados por la Corte IDH respecto de la importancia del derecho a la libertad de expresión, en segundo lugar que ocurre cuando de quien se habla es un personaje público y finalmente cuáles son los discursos protegidos y porqué son importantes para el caso concreto. En el caso que ocupa nuestra atención existe una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra y el buen nombre. Casos como éste han sido objeto de estudio de la Corte Interamericana, la cual ha concluido que pesa tensión se debe solucionar con base en una serie de
especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana ha reiterado en diferentes oportunidades que el derecho a la libertad de expresión es una piedra angular para la construcción de sociedades democráticas, puesto que sin este derecho la sociedad no puede estar bien informada para tomar decisiones de forma consciente y por ende al no estar bien informada la sociedad no puede ser realmente libre1. En línea con lo anterior, se ha entendido por el alto tribunal de derechos humanos que el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión y por ende cuando el derecho es vulnerado se hace en las dos dimensiones, la primera el derecho individual de emitir una información u opinión y la segunda que es la dimensión social y es la posibilidad que tiene la sociedad de recibir información u opiniones de los temas que le son de interés general2. Ahora bien, dentro de los estándares que la Corte ha fijado para la garantía del derecho a la libertad de expresión se encuentra lo concerniente a las consideraciones a tener cuando de acuerdo a el sujeto de quien se opina u informa en ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión. Según este estándar cuando un periodista se refiere a un funcionario
público o personaje público como lo es un político, los parámetros para medir si existió o no una violación al derecho a la honra, son diferentes y menos rigurosos toda vez que lo que ese personaje público haga, tanto en su vida pública como privada, es de interés público. De esta forma, encontramos de un lado el manejo de asuntos de eminente interés público
Corte interamericana de Derechos Humanos. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párrafo 70 2 Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Párrafo 53
y de otro lado los funcionarios como máximos estandartes de la moralidad pública3. Así, ha señalado la Corte que en estos casos la ponderación debe hacerse entre el derecho a la honra y el derecho de la sociedad a conocer y mantenerse informados acerca de los temas que los pueden afectar como colectividad y no solo teniendo en cuenta el derecho individual del periodista a expresarse libremente.4 Por lo expuesto hasta este punto, encontramos que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en Casación se ajusta a los estándares internacionales y no constituye un pronunciamiento caprichoso a favor del periodista González. Discursos especialmente protegidos Respecto de los discursos especialmente protegidos la Corte
Interamericana ha dicho que la libertad de expresión es un derecho sumamente amplio y en principio debería permitir que todas las personas puedan expresarse sin ningún tipo de restricción, salvo algunas restricciones. En adición a esto, según la Corte, existen discursos que dada su importancia requieren de una mayor protección por parte del Estado a fin de garantizar de forma efectiva el derecho a la libertad de expresión. Dichos discursos especialmente protegidos se enmarcan en las siguientes categorías: 1. Discurso político y sobre asuntos de interés público; 2. Discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos y; 3. Discursos que son elementos fundamentales de la identidad o la dignidad personales.5
Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Párrafo 86 4 Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238 5 Cfr. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una Agenda Hemisférica para la defensa de la Libertad de Expresión. Parr. 22
El primero de este tipo de discursos es tal vez el que más se ha desarrollado en el marco del sistema interamericano. Como punto de partida se debe resaltar que en la sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica se estableció que “debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público.”6. De la mano de lo anterior, se puede encontrar que la misma Corte ha establecido en jurisprudencia reciente con respecto a la incidencia de los jueces dentro de casos en los que se pone en juego discursos de este tipo que “El poder judicial debe tomar en consideración el contexto en el que se realizan las expresiones en asuntos de interés público; el juzgador debe “ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública”.7 El segundo tipo de discursos especialmente protegidos guarda cierta relación con el primero. En la citada sentencia de Herrera Ulloa vs. Costa Rica se desarrolla que existe una diferencia del umbral de protección de los funcionarios públicos que se acentúa en el carácter de interés público que conllevan las actividades de personas de este tipo. Después de esto, en la sentencia Tristán Donoso vs. Panamá se indicó que esto también ocurre porque los funcionarios públicos se han sometido al escrutinio público y tienen una mayor influencia social y posibilidad de acceder a medios de comunicación para referirse a temas en los que están implicados.
En otras sentencias como Palamara Iribarne vs Chile se ha
indicado de manera más amplia que “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública, de políticos
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa, parr. 127 7 Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238 Párrafo. 66. 8 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193. Párrafo 122
y de instituciones estatales, se debe aplicar un umbral diferente de protección”9 Sobre el tercero de este tipo de discursos se refirió la Corte en la sentencia López Álvarez vs. Honduras al considerar que “Los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la población en general, y que conforman la identidad cultural de aquellos.” 10 Esto último se usó como base para indicar que una prohibición por parte del Estado de Honduras que evitaba que el señor López Álvarez se comunicara en su lengua nativa se configuraba en una violación a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que del razonamiento de la sentencia de López Álvarez vs Honduras se desprende la protección de otros asuntos inherentes de la persona. Sobre esto ha dicho que “Otras formas discursivas que, de conformidad con el razonamiento anterior, han de gozar de especial nivel de protección por expresar un elemento integral de la identidad y dignidad personales, son el discurso religioso y aquellas que expresan la propia orientación sexual y la identidad de género.”11 3. Casos de afectación del derecho en la región. La libertad de expresión ha sido un derecho que se ha visto vulnerado en muchas ocasiones en nuestra región. Periodistas y comunicadores de países como Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Paraguay y Venezuela entre otros, han sido objeto de denuncias y procesos penales por injurias y calumnias, luego de publicar su opinión.
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. Párrafo 84. 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141 Párrafo 171. 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Párrafo 56.
La Alianza Regional ha manifestado un permanente interés en esta materia y en el caso “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. Venezuela” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentó un video amicus con testimonios de personas de seis países de la región que han sido procesadas penalmente por sus opiniones, el que muestra cómo afectó el proceso penal en sus vidas personales y profesionales limitando su derecho de libertad de expresión y generando la autocensura. Este material fue presentado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información ante la Corte Interamericana, la que acompañamos en formato DVD para conocimiento de esta Corte Constitucional. Conclusiones La Corte Constitucional de Colombia, se pronunció sobre los discursos protegidos en la Sentencia C-442 de 2011 y parte de desarrollo que en dicha sentencia se hace sobre el tema, se encuentra consignado en la sentencia de casación objeto de la tutela. A pesar de esto consideramos que la interpretación que da la Corte Suprema de Justicia respecto del discurso político, puede ser ampliada bajo el estudio de la Corte Constitucional a propósito de la presente acción de tutela. Actualmente en toda la región se están adelantando esfuerzos para defender y proteger las garantías del derecho a la libertad de expresión, creemos que en este caso la Corte Constitucional de Colombia no será ajena a dicho esfuerzo. Un fallo restrictivo para el derecho a la libertad de expresión, no solo sería un mal precedente para el país sino también para la región. La tradición progresista de la Corte Constitucional Colombiana, es reconocida a nivel internacional y es de esperarse que la decisión que tome esté encaminada a ampliar las garantías de dicho derecho fundamental. Atentamente,
Moisés Sánchez Secretario Ejecutivo
Dirección: Avenida 18 de Julio 1431, Oficina N° 601, Montevideo, Uruguay Teléfono: 54 11 5315 7564. Correo electrónico: msanchez@alianzaregional.net, correo@alianzaregional.net Página Web: www.alianzaregional.net
Las siguientes organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, adhieren en todas sus partes a lo establecido en el presente Amicus Curiae:
JOSE LUIS BENITEZ Presidente APES, El Salvador
ALEJANDRO DELGADO FAITH, Presidente Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica
MERCEDES DE FREITAS, Directora Ejecutiva, Transparencia Venezuela, Venezuela
GUILLERMO JOSÉ MEDRANO, Coordinador del Programa de Acceso a la
Información Pública, Fundación Violeta Barrios de Chamorro – Nicaragua
CARLOS CORREA, DIRECTOR EJECUTIVO, ESPACIO PÚBLICO – VENEZUELA
EZEQUIEL FRANCISCO SANTAGADA, Director Ejecutivo, Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
MARIA JOSE POBLETE G., Directora Ejecutiva, Fundación Pro Acceso, Chile
Hector Becerra Coordinador, Comité por la Libre Expresión (C-Libre) – Honduras
MANFREDO MARROQUÍN Director Ejecutivo, Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
EDISON LANZA ROBATTO, Director Ejecutivo, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) – Uruguay
Ramiro Alvarez Ugarte Director FOI and Privacy Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Buenos Aires, Argentina
ELISABETH UNGAR BLEIER, Directora Ejecutiva, Corporación Transparencia por Colombia, Colombia
PAULA MARTINS, DIRECTORA EJECTIVA, ARTÍCULO 19 - BRASIL (ORGANIZACIÓN OBSERVADORA)
JAVIER CASTRO DE LEÓN, Director del Departamento de Estudios Legales, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
Juan León, Director Ejecutivo, Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Bolivia
JOSÉ LEÓN AGUILAR,
Director Ejecutivo, Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) – Honduras
Anexo 1. DVD video del amicus curiae presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.661 Nestor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. Venezuela.
Anexo 2, Carta de la Relatora Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre Parámetros internacionales respecto a la libertad de expresión y los crímenes contra el honor de funcionarios públicos.
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