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Timestamp: 2017-06-23 15:22:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 236', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 141', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 79', 'artículo 132', 'artículo 133', 'artículo 137']

DERECHO & FILOSOFÍA: 2011
FUNCIONES DEL SENADO ROMANO REPUBLICANO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA:
El Senado tenía una competencia extraordinaria que era ejercida para solventar situaciones de emergencia nacional, esto lo realizaba a través del senadoconsulto "ULTIMUM" y el "IUSTITIUM"
ULTIMUM: A través de este senadoconsulto, se conferían facultades extraordinarias al Cónsul, en situaciones de emergencia. Las facultades extraordinarias otorgadas facultaban al magistrado consular para dictar sentencias capitales (condena a muerte) sin que las mismas tuviesen apelación o veto de los Tribunos de la Plebe. Es decir, se trata de una suspensión de las garantías que tienen los ciudadanos que implican que ante cualquier decisión contraria puede apelarse ante el comicio, o la prerrogativa del tribuno de vetar las decisiones de los cónsules. Pudiésemos establecer una comparación con el estado de excepción actual.
IUSTITIUM: Según el autor César Ramos era de origen dictatorial. El dictador proclamaba el TUMULTUS para llamar a las armas a los ciudadanos sin observar las reglas de conscripción y decretaba el "Iustitium": que implicaba la suspensión de la actividad de las magistraturas ordinarias, respaldada por un Senadoconsulto que les autorizaba para suspender la normalidad constitucional ante la necesidad y el peligro inminente.
Breves acotaciones sobre el senado monárquico:
Sobre el Senado romano establecimos los fundamentos cuando estudiamos la estructura política en la época de la monarquía. Al respecto se explicó que estaba exclusivamente conformado por patricios y, en general, como su etimología lo determina, eran los ancianos los que participaban del mismo, primordialmente los padres de familia de las gentes, por ende, se decía que reunirse con el senado era reunirse con los padres de la patria.Sobre el nombramiento de los senadores en la etapa monárquica, hubo un primer período en el que se afirma que la condición de senador asistía a los padres de las distintas gentes por derecho propio, es decir, su posición de senador era inherente a su condición de padre. Luego, sin poder afirmar un momento específico, la prerrogativa recayó en el rey quien sólo podía nombrar a quienes pertenecían a la clase más alta, los nobles más poderosos (patricii)
La naturaleza de este órgano en la monarquía es la de un cuerpo colegiado consultivo, es decir, funge como órgano de consulta por parte del rey, quien no suele tomar determinaciones relevantes a la nación sin haber escuchado primero la opinión de los padres de la patria.Las funciones del senado para la época monárquica se circunscriben a tres, que ya hemos estudiado, ius consilii, inter regnum y auctoritas patrum. Respecto a ellas me remito a lo ya visto en clase, que será objeto de evaluación para el acumulativo.
El Senado Republicano: Entrando ya en materia del Senado en la época republicana, es menester recordar el papel primordial que desempeñó esta institución en el cambio de sistema de gobierno pasando de una monarquía aristocrática a un sistema republicano basado en las magistraturas escogidas por el pueblo (pueblo en el sentido más restringido del vocablo), en virtud de los sucesos acaecidos durante el reinado de Tarquino, El Soberbio; dejando de ser un órgano de consulta y emisor de opiniones, para convertirse en el órgano político primordial de la época republicana por sus labores contraloras y administrativas del erario público. A diferencia de la época monárquica el Senado no es exclusivo de los patricios para ser miembros del mismo, sino que hay una apertura que permite a los plebeyos aspirar al cargo senatorial. Estaba conformado por ciudadanos excelentes que ya habían participado exitosamente en el gobierno de Roma. Las versiones sobre sus integrantes varían en cuanto a la cantidad de senadores, pero el número varió entre 300 a 900 senadores, sin tener un registro exacto de cuantos pertenecían a la clase plebeya ni a la patricia, aunque, mayoritariamente estaba conformado por patricios, pues recordemos que la asunción de privilegios políticos para los plebeyos fue algo progresivo y no intempestivo, pues el proceso duró muchos años.Para ser senador, se establecieron los siguientes requisitos:· Ser ciudadano romano, con todos los derechos civiles y políticos.· Ser ingenuo o hijo de padres ingenuos, es necesario recordar que el vocablo no tiene nada que ver con su significado actual, sino que implica ser libre hijo de padres libres.· No ejercer ni haber ejercido profesiones consideradas como indecorosas.· No haber sufrido la pena de infamia, sea iuris o facti, la primera implica el concepto que la sociedad tiene del individuo, mientras que la segunda implica haber sido encontrado culpable de haber infringido la ley.· Tener la Aetas Senatoria, o la edad mínima exigida para optar al cargo de Senador, al respecto la misma fue, en un principio de 46 años, luego con la Lex Villia fue reducida a 27, Lucio Cornelio la aumentó a 30, para que luego el Princeps Augusto la redujera a 26.· Gozar de fortuna.Sobre la designación de los senadores en la época republicana, encontramos distintas versiones, una de ellas que afirma que primero los propios senadores designaban a los senadores nuevos, mas, a efectos de esta materia, vamos a tomar como cierto el criterio establecido por José María Uría, que nos indica que hubieron dos períodos con matiz peculiar:
Primer Período o período consular: Correspondía a los cónsules el nombramiento de los senadores, o a un funcionario que pudiese equipararse al cónsul como el dictador.
Segundo Período o período censorial: entre los años 400 y 422 desde la fundación de Roma, surgió una ley denominada Lex Ovinia, que privó a los cónsules del derecho que les asistía para nombrar a los senadores, circunstancia lógica pues los compromisos políticos morales que pueden adquirirse ante la necesidad de rendir pleitesía a quien me ha nombrado como senador podía tergiversar la labor fundamental de un senador dentro de un cuerpo tan importante como el Senado. Con la Ley Ovinia el derecho de nombrar a los senadores recayó en el Censor, quienes tendrían la obligación de escoger a los senadores dentro de personas que hubiesen sido magistrados.
Es importante destacar que el elegido como senador tendría este carácter de por vida, es decir, hasta su muerte serían senadores, pero la exclusión podía ser por razones de indignidad. El Senado constituyó el contrapeso al imperio de los magistrados y las estipulaciones de los comicios, y las funciones que existían durante la época republicana las siguieron ejerciendo con sus respectivas variaciones. En cuanto al “ius consilii”, el Senado es el órgano consultivo de los magistrados en todos los asuntos relevantes al estado; respecto al interregnum, al quedar vacante una magistratura los senadores la asumían mientras se nombraba al sucesor del magistrado ausente. Respecto a la auctoritas patrum la misma se vio modificada por la lex Publilia (339 a.C). El Senado a su vez asumió el control de erario público, la concesión de honores y el manejo de la política exterior.
Las funciones del senado republicano las podemos sintetizar así: (Munoz López, 2007)a) Dirigía la política internacional.
b) Regía la hacienda pública y las finanzas.
c) Controlaba a los funcionarios públicos.
d) Tutelaba la religión del Estado.
e) Fijaba los límites de las provincias y determinaba su organización.
f) Sancionaba las leyes comiciales. (ver auctoritas patrum y lex publilia)
g) Concedía la ciudadanía.
Cuando tratamos el tema de las fuentes del derecho romano, establecimos que si bien el Senado republicano no tuvo una actividad propiamente legislativa, el mismo fue fuente de derecho por cuanto fiscalizaba la actividad de los comicios, anulaba leyes y dispensaba a ciudadanos del cumplimiento de las mismas. Esto ocurrió al finalizar la época republicana.
El Senado durante el Imperio:
Durante la época imperial tenemos dos períodos diferenciados, el primero que va desde el reinado de Octaviano Augusto hasta el emperador Diocleciano (S. I a.C al 305 d.C). En este período el Senado alcanza su mayor significancia como fuente de derecho, sustituyendo a los Comicios en la labor legislativa. El problema radica en que, a diferencia de la época republicana, el Senado depende de las insinuaciones del Princeps, quien establece las directrices a seguir, lo cual le resta grandeza al Senado imperial frente al republicano que era un órgano independiente.El segundo período o período del “Bajo Imperio”, que se extiende desde Diocleciano (305 d.C.) hasta el reinado de Justiniano (S. V d.C), deja ver un Senado eunuco, que sucumbe bajo la figura de los omnipotentes emperadores, quienes son todo en este período, el Senado es un mero apéndice de la figura del príncipe.
SEÑORES DE PRIMER AÑO DE DERECHO, SECCIONES D e I, de la página 75 a la página 79 del libro de Derecho Romano del pare J.M Uría, se encuentra la forma en que el Senado llevaba a cabo sus sesiones. Por favor revisen ese material. Publicado por
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO SOBRE LA NUEVA LEY QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO SOBRE VIVIENDAS. Parte 1
El Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria, consagrada en el artículo 236, numeral 10 de la Constitución Nacional, emitió el reglamento de La ley PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA. Ya hicimos el análisis de la norma legal, es ahora necesario echar una mirada al reglamento que nos establece elementos importantes para poder establecer con claridad el régimen inquilinario sobre viviendas vigente en Venezuela.En esta primera entrega se trata las disposiciones iniciales y lo referido al contrato de arrendamiento. En próximas entregas se hará lo respectivo al Registro Nacional de la Vivienda, la fijación del canon de arrendamiento, procedimientos administrativos y demás aspectos que contiene el reglamento. Objeto del reglamento y sujetos de aplicación:
Es decir, qué busca reglar el mismo, y a quiénes. En este sentido, el reglamento tiene por objeto regular, desarrollar y establecer los procedimientos administrativos, establecidos en la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Es lógico por cuanto el procedimiento judicial lo estipula la propia Ley.Los siguientes sujetos son los que deben acatar las disposiciones del reglamento:a. Los funcionarios públicos adscritos a la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda. Lo que me sorprende es que no diga “funcionarios y funcionarias”, en fin, el reglamento estipula las normas que regirán el funcionamiento de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, órgano creado por la Ley, y que en lo sucesivo denominaremos SAV.b. Los propietarios, arrendadores o subarrendadores y los arrendatarios de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda, habitación, pensión o viviendas estudiantiles.c. Todas aquellas personas que tengan un interés personal, legítimo y directo en los procedimientos administrativos previstos en la ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas. Sobre este punto, tendríamos que esperar una interpretación exhaustiva del sentido de la ley que nos indique quiénes son estos terceros interesados. Pudiésemos hablar que, como se trata de una materia ascendida al nivel de “orden público”, un interés legítimo pudiese ser, por ejemplo, el de un familiar de un arrendatario que tenga conocimiento directo de la vulneración de algunas de las normas legales y/o reglamentarias que afecte el contenido, objeto, propósito y alcance de la ley. Una vez más, divago sobre el alcance de esta disposición.d. Las personas naturales o jurídicas, que tengan como actividad habitual la administración de inmuebles, siempre y cuando acrediten su carácter de administradores. El carácter de administrador debe acreditarse con un contrato de prestación de servicios de administración, o pudiese ser acreditado a través de un documento poder en el que exprese claramente estas facultades. Aunque más adelante, el en reglamento se dispone la necesidad del poder, creo que, las relaciones jurídicas entre propietarios y administradores (inmobiliarias o agentes), se lleva a cabo por relaciones contractuales.e. Las organizaciones sociales que se creen legalmente para la defensa de los derechos de los arrendatarios y pequeños arrendadores. Una vez más, se excluyen a las asociaciones que agrupan a los propietarios, lo cual atenta contra el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de la Constitución.f. Las comunas y los consejos comunales. La preponderancia que da el estado venezolano a la actuación de este tipo de organizaciones sociales se desprende de la ley, que nos establece la intervención del poder popular (poder popular que por demás, no existe en los parámetros establecidos en la Constitución, son organismos legales, creados por iniciativa del ejecutivo nacional, cuyos fines y propósitos no son claros)
Ámbito de aplicación: En este punto, el reglamentista confunde el concepto de ámbito de aplicación o aplicabilidad, pues el mismo va dirigido a determinar la delimitación de validez de las normas, nos dice cuándo, dónde y sobre quiénes se aplicarán dichas normas. Al respecto, el reglamento en su artículo 3, repite lo ya dicho anteriormente en el artículo 1 referido al objeto del reglamento. Igualmente, en el único aparte de la norma reglamentaria in examen, se establece la supletoriedad de las normas contenidas en ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, la ley orgánica de procedimientos administrativos, el código de procedimiento civil, el código civil venezolano según el caso y en cuanto les sea aplicable; lo cual es un poco extraño, pues estamos en presencia de la norma que regula el ámbito de aplicación, y, además, no es común un reglamento cuyos vacíos sean llenados con disposiciones previstas en normas legales de rango superior, pues es de suponer que el reglamento regula la particularidad de las normas legales, y por ende se denomina reglamento. En la constante lucha por el gobierno revolucionario por reivindicar (con palabras) el papel femenino en la realidad patria, el artículo 4 del reglamento establece una disposición novedosísima, que literalmente nos explica por qué el término PERSONA va referido tanto al género masculino como al género femenino, en los siguientes términos: Del GéneroArtículo 4º. La denominación de persona en masculino, tiene en las disposiciones del presente Reglamento un sentido genérico, referido siempre por igual a hombres y mujeres.
Mucho sabré agradecer que cualquier literato o experto en gramática española, o la propia Real Academia de la Lengua, me explique cuando el término PERSONA va referido a hombres o mujeres de manera particular. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A LA LUZ DEL REGLAMENTODe conformidad con el Artículo 5 del reglamento, todos los contratos de arrendamiento de inmuebles sometidos al régimen inquilinario habitacional, deberán ser revisados por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, que hayan sido designados para tal fin. En ninguna parte se hace referencia a la cualidad de abogado que debe tener el funcionario, lo cual sería lo ideal pues durante 5 años los abogados se prepararon para conocer la teoría general de los contratos y poder saber el tipo de instrumento que le es presentado. De igual manera el reglamento establece los requisitos que debe contener todo contrato de arrendamiento que deberá presentarse ante la SAV, así tenemos que el contrato deberá indicar, obligatoriamente: a) Nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad, número de las cédulas de identidad o número de pasaporte de las personas suscribientes, así como, indicación del carácter con que actúan, es decir, arrendador, arrendatario, apoderado, administrador, entre otros; b) Datos referenciales del inmueble como: ubicación, número del inmueble, número de catastro y los linderos del inmueble. Es decir, como novedad en la materia tenemos la necesidad de indicar el número catastral (el reglamentista desconoce que gran parte de los municipios nacionales careces de un sistema de catastro eficiente, en el caso del estado Táchira, pocos municipios tienen organizado su departamento catastral, pero debemos suponer –lo que a veces es peligros – que en dónde no haya catastro no se solicitará esta información. Asimismo, los linderos del inmueble, NORTE, SUR, ESTE y OESTE, algo así como para que no existan dudas de cuál es el inmueble que se está dando en alquiler; c) Indicación del uso que se le dará al inmueble, el cual, nunca será distinto al de vivienda, habitación, pensión o vivienda estudiantil según sea el caso. Si hablamos de disposiciones inútiles, esta debe llevarse la medalla de oro al respecto pues si se trata de un reglamento que regula la relación arrendaticia sobre vivienda y sus procederes, por qué tienes que decirme que el contrato versará sobre vivienda, es algo que se supone lógico debido al contenido especial de la materia. Pero bueno, el reglamentista no es conocido por sus dotes intelectuales; d) Duración del contrato la cual nunca podrá ser menor a un (1) año; e) Monto en números y letras por la cantidad de bolívares que deben ser cancelados por concepto de canon de arrendamiento. La redacción de esta es un poco infeliz, pero se entiende con claridad que el contrato debe incluir el monto de canon de arrendamiento, en letra y números, cosa que es lógica porque si no existiese canon, no habría contrato de arrendamiento. Asumamos que el reglamentista quiso hacer algo así como “arrendamiento for dummys”, o simplemente está adelantándose a la realidad inexorable de la presencia en la SAV de gente que conoce de todo menos de derecho.f) Nombre del Banco y número de la cuenta corriente donde deba efectuarse el pago correspondiente al canon de arrendamiento. Recordemos que la Ley establece que deberá el Arrendador dar apertura a una cuenta corriente bancaria para el pago del canon de arrendamiento.g) Dirección de habitación o trabajo del propietario o arrendador del inmueble.h) Estado de conservación en el cual se encuentra el inmueble. Lo interesante será quien dará fe de dicho estado, es decir, quién determinará cuándo algo está en buen, mal o regular estado de conservación.i) Descripción de la distribución del inmueble indicando si posee sala, comedor, cocina, jardines, porches, balcones, el número de habitaciones, baños y puestos de estacionamiento, si los posee.j) Indicación de que el inmueble se someterá a la jurisdicción judicial donde se encuentra ubicado éste y no una distinta. Recordemos que la jurisdicción es una sola y que la misma viene determinada es por las competencias, en este caso el numeral debió indicar, con claridad que la situación del inmueble es lo que determina la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales, de todas maneras, es una disposición legal, que al establecerla en el contrato lo que hace es redundar en la materia.k) Cuando el reglamento refiere que se podrán colocar cláusulas que no sean contrarias al orden público, las buenas costumbres y las leyes, deja abierto, por fin, un espacio a la autonomía de la voluntad, es decir, podremos poner cláusulas penales por retraso en el pago del canon, prohibiciones y condiciones para la vigencia de la relación arrendaticia, las cuales yo, particularmente recomiendo que sean de carácter pecuniario para garantizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, como por ejemplo, responsabilidad pecuniaria por daños y perjuicios, por falta de entrega del inmueble al vencimiento de la relación contractual, y en general todas las que no sean contrarias al orden público.l) Se debe indicar en el contrato la Resolución mediante la cual la SAV establece la regulación del canon máximo de arrendamiento que debe pagarse por el inmueble, que será calculado conforme se indica con posterioridad en el reglamento.
El reglamento deja claro en el artículo 6, que deberán presentarse todos los recaudos necesarios para la comprobación de los elementos antes indicados, en original y copia (documentos de propiedad, cédulas de identidad, instrumento poder, cédula catastral, entre otros); asimismo, ante la omisión de cualesquiera de los requisitos indicados anteriormente el funcionario dará la oportunidad de subsanar las omisiones que se encuentren en dicho contrato (Art. 7), y así proceder a la validación del mismo y presentarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ante la notaría o registro con funciones notariales respectivo. Aquí debo hacer una acotación importante, y si estoy equivocado espero que alguien tenga la decencia de corregirme. El artículo 8 dice “…protocolizar el referido documento por ante notaría pública o registro con funciones notariales...”; lo cual no es aplicable en términos jurídicos al presente caso, la protocolización es un acto distinto de la autenticación, o notariado, y la protocolización sólo la realizan los registros que son los que poseen protocolos, pues las notarías llevan libros de autenticación. Una vez más, el reglamentista, que en el presente caso fue el Presidente de la República, hace gala de desconocimiento de situaciones jurídicas elementales que dejan entrever la rapidez e improvisación con la que fue dictado el presente reglamento.Una vez otorgado el documento por ante la oficina notarial correspondientes (que ahora está exento de aranceles para el SAREN), el arrendador debe consignar una copia de dicho contrato en la SAV. Es necesario recordar que se deben hacer 3 ejemplares del contrato, uno para el arrendador, otro para el arrendatario y uno para la SAV. No consignar el contrato trae como consecuencia la imposición de sanciones, pero el Reglamento no indica cuales, sino que refiere a los artículos 22 y 24 de la Ley reglamentada, lo cual tampoco establece con claridad el tipo de sanción. A tal efecto debemos acudir al título de las sanciones establecidas por la Ley para tener claro cuál sanción es la aplicable, que de conformidad con el artículo 141, numeral 4to, en concatenación con el artículo 24 de la Ley, es de CUATROCIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS, es decir, un dineral, que es totalmente desproporcionado con la falta, que en este supuesto implica el no consignar dentro de los quince días hábiles siguientes al otorgamiento, el documento notariado de arrendamiento ante la SAV. El inicio del procedimiento sancionatorio es de oficio, y ante el Superintendente. (art. 10)De todas maneras el artículo 11 del reglamento establece la posibilidad de la presencia de un caso de fuerza mayor que haya ocasionado el no cumplimiento de lo anteriormente establecido, que generará un nuevo lapso de treinta (30) días para la regularización de la situación.
Ley para la regularización de los arrendamientos de vivienda,
SOBRE LA LEY PARA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA
El día sábado 12 de noviembre fue promulgada la ley. Una observación general: Ninguna ley puede cambiar la realidad social, ni crea bienestar ipso facto, una verdadera ley aborda el problema de casos generales para generar soluciones particulares efectivas que no alteren la naturaleza de las relaciones sociales. La ley que se va a analizar es una ley con un carácter arbitrario cuyo objeto autocrático se vislumbra de su propio título. La mejor manera de regular la situación arrendaticia es la generación de condiciones de respeto en la relación y dejar de establecer condiciones favorables para las partes, (propietarios o inquilinos), sancionar gravemente los incumplimientos de las obligaciones contractuales y garantizarle al propietario que ante el cumplimiento de sus deberes podrá encontrar reintegrado su derecho, y esto no se hace con leyes confiscatorias y amenazadoras, esto sólo se logra con "Seguridad Jurídica, concepto ampliamente desconocido por este gobierno sectario. Ahora la ley, y sobre ella las siguientes acotaciones.
En los artículos 1 y 2 encontramos la carga ideológica, la explotación capitalista y, por supuesto, la criminalización del propietario del factor de producción. Es decir, siempre con la visión socialista y las tesis de confrontación, el gobierno va a estampar una lucha de clases, y va a dejar de lado siempre el principio que implica que la buena fe se presume y la mala debe probarse, pues partiendo de estos artículos, todas las relaciones arrendaticias existentes en Venezuela son maltratadoras de la dignidad humana y, además, responden al capitalismo explotador y toda esa basura que trata de justificar la ineficiencia de las políticas públicas.
En el artículo 3 encontramos los principios rectores de la norma legal, los cuales no dejan sorpresa alguna, y menos aún innovación jurídica, simplemente atienden al modelo político que trata de establecer el gobierno central.
Artículo 4: el arrendamiento socialmente responsable debe ser transitorio, por supuesto, el artículo no dice que es transitorio porque el estado va a implementar políticas públicas tendientes a la proliferación de viviendas nuevas para generar nuevos propietarios, no, el estado simplemente establece que el arrendatario está en una condición transitoria para volverse propietario que más adelante deja entrever que será propietario de la unidad de vivienda de la que es hoy inquilino. Luego me establece multas a la vivienda desocupada, pero no explica ¿por qué?, es decir, el déficit de vivienda en el estado venezolano es culpa de los propietarios que tienen múltiples unidades de vivienda, mas no lo es del estado que no sabe resolver el déficit habitacional. Por ende, tenemos que castigar al propietario que tenga una vivienda desocupada que no la alquila porque carece de SEGURIDAD JURÍDICA que le garantice que obtendrá de vuelta su inmueble cuando el inquilino sea un sinvergüenza que no cumple sus obligaciones.
FINES SUPREMOS: ARTÍCULO 5: se habla de relaciones arrendaticias justas, pero la propia ley vulnera este principio cuando impide la recuperación de la vivienda hasta que el estado le garantice al inquilino culpable de incumplimiento una vivienda, es decir, todos sabemos que este estado venezolano NO TIENE COMO GARANTIZARLE LA VIVIENDA A NADIE, es decir, la devolución está sujeta a la fantasía de un estado responsable, que no tenemos en Venezuela. De igual manera el inquilino es el débil jurídico, y el propietario, salvo prueba en contrario no lo es. Es decir, hay una generalización de condición de explotador por parte del propietario, pues el prejuicio del explotador es el que rige la ley. Dice el ordinal 5to que protegerá al arrendador responsable, pero igual queda supeditado a QUE EL ESTADO GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA AL INQUILINO (esto lo veremos más adelante), lo cual es una condición es decir, futura e incierta.Los ordinales 7 y 8 recalcan lo que dice nuestra Carta Magna, no puede haber discriminación, es lógico. Pero ¿quién garantiza eso? ¿Cuál estado? el estado venezolano, el que se caracteriza por altos índices de impunidad. El ordinal 10 habla de libertad contractual, de autonomía de la voluntad, que no existe en la presente ley pues los límites establecidos a duración y canon de arrendamiento anulan por completo este artículo, son palabras que tratan de mitigar el carácter confiscatorio de la ley.El fin supremo establecido en el ordinal 13 es peligrosísimo, por cuanto busca restituir al desalojado por medios LEGÍTIMOS (arbitrarios es el nombre que se le da a los desalojos realizados con anterioridad a esta ley y al decreto contra desalojos y que fueron realizados al amparo de decisiones judiciales), ¿cómo se va a realizar? ¿Quién lo va a realizar? ¿El estado desconoce las consecuencias de este principio o está plenamente consciente de ello?En el ordinal 15 se desbarata el concepto de plusvalía, es decir, la situación geográfica del inmueble no puede hacer variar su precio de alquiler, pues la ley elimina esta posibilidad.
El artículo 7 establece definiciones que no vienen al caso analizar pues no entrañan novedad, salvo los de multiarrendador que será el propietario de 3 o más viviendas, y pequeño arrendador que es el propietario de una o dos viviendas. Realmente es un criterio burdo para diferenciar lo de pequeño o multiarrendador, solo con base en criterios cuantitativos y no cualitativos.El artículo 8 me establece las exclusiones de la aplicación de la ley, hoteles, posadas, fondos de comercio (esto es lógico por cuanto se trata de una ley para la vivienda, así que el obtuso legislador socialista solo redunda en su desconocimiento del derecho, pero nada podemos esperar de estos legisladores que sólo siguen órdenes y carecen de criterio propio); en el artículo 9 se excluye la vivienda con ocasión de relación laboral, es decir, cuando el empleador otorga vivienda como parte de las condiciones de la relación de trabajo a uno de sus empleados.Del artículo 10 vemos con claridad el carácter siempre privilegiado del estado, quien está exceptuado de la fijación de cánones de arrendamiento de conformidad con esta ley, es decir, los propulsores de la ley no se regirán, en principio, por la misma, salvo que actúen en función jurídico-privada.
Sobre el artículo 11, ya estaba establecido jurisprudencialmente el dictamen de medidas de secuestro, así q la ley no es novedosa al respecto.El artículo 12 dice que está prohibido arrendar espacios no adecuados a la habitabilidad y salubridad, pero, si se llegase a arrendar, el arrendatario no está obligado a pagar, y obviamente están sujetos a sanciones los propietarios. Ahora bien, me pregunto yo, ¿sabrá el gobierno bolivariano que la mayoría de las viviendas de este país carecen de condiciones de habitabilidad pues la mayoría son ranchos edificados en cerros interminables? ¿Quién se atreverá a dejar de pagar por las condiciones de habitabilidad? ¿Quién va a permitir que no le paguen bajo esta excusa? ¿Cómo se irán a solucionar estos conflictos?
El artículo 13 establece que ningún adjudicatario de una vivienda otorgada por el estado puede arrendarla salvo autorización competente, es decir, el derecho de propiedad es relativo, pues no puedes disfrutar del inmueble, no puedes obtener frutos del mismo. Claro está, no se busca la proliferación de un negocio con estos inmuebles dados en el marco de los programas sociales, pero supeditas el ejercicio del derecho de propiedad a lo que el estado permita. Esta norma carece de novedad, pues siempre se han establecido restricciones para las viviendas adjudicadas por el estado a particulares.El artículo 14 regula los avisos en prensa con base a la no discriminación, normas constitucionales llevadas a la ley.Pero el artículo 15 deja de lado a las personas que se dedican a la rama inmobiliaria, por cuanto es una actividad económica perfectamente legítima la de los corredores inmobiliarios que obtienen una ganancia por mostrar inmuebles, no es ilegal. Es simplemente una elección de quien quiere alquilar.
COMPETENCIAS, SUPERINTENDENCIAS, JURISDICCIÓN Y DEFENSA PÚBLICA
La competencia es del ejecutivo nacional, quien crea la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, quien se regirá por la Ley y que FIJARÁ EL CANON DE ARRENDAMIENTO, es decir, NO HAY AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, las partes NUNCA PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LOS MONTOS DEL ALQUILER, siempre será un órgano nacional dependiente del ejecutivo, así que de estas disposiciones se evidencia el carácter REPRESIVO, AUTOCRÁTICO, CONFISCATORIO, de la ley. Asimismo, deberá crear el registro nacional de viviendas, que no sabemos cuánto tiempo tardará en crearse y funcionar adecuadamente.El artículo 12 establece que los contratos de arrendamiento deberán ser revisados por la Superintendencia, ante lo cual simplemente espero que contraten abogados capaces porque se requiere saber de derecho para hacer un contrato.Igualmente cualquier arrendatario podrá solicitar que su contrato se inscriba en el Registro Nacional, la pregunta es ¿todos?, ¿nuevos y viejos?Por cierto, de conformidad con la Ley, ahora los actos administrativos emitidos por la superintendencia deberán ser atacados ante los tribunales de Municipios, cosa que hace que se atiborre, aún más, de trabajo a estos órganos jurisdiccionales.Sobre la defensa pública, sólo queda decir que es sólo para el inquilino, no se contempla al propietario, salvo que lo incluyamos en la parte que dice “ciudadanos y ciudadanas”, lo cual implica, necesariamente que se interprete estos artículos. Me parece discriminatorio y una vez más se denota que es una ley proteccionista de una parte de la relación bilateral y punitiva de la parte arrendadora.
LA RELACIÓN ARRENDATICIA:1. Sólo los derechos del inquilino son irrenunciable, y cualquier actuación contraria a estos, es nula. Una vez más, NO SE HABLA DEL PROPIETARIO Y SUS DERECHOS.2. Al propietario le corresponderá pagar el condominio, asimismo, en pensiones y residencias no puede corresponden los servicios públicos al arrendador, y en las viviendas unifamiliares al arrendatario. Sobre esto no se establece sanciones al inquilino abusivo que se exceda en el uso de los servicios públicos.3. El artículo 37 trata el régimen de las reparaciones mayores, pero establece que en caso de tener que mudar a los inquilinos por concepto de ellas, deberá avisarse a los órganos competentes, cosa muy interesante debido a la constante celeridad y probidad de los mismos a la hora de solucionar conflictos o emitir decisiones oportunas, probablemente las viviendas colapsen antes que se apruebe el traslado.4. El artículo 38 no entraña disposición novedosa pues quien adquiere una vivienda sobre la cual existe una relación arrendaticia, debe respetar la misma, es decir, la subrogación no es un invento de esta ley.5. La ley establece que no se puede cobrar algo adicional a lo fijado por la Superintendencia sobre el canon, aquí jugará el que llamaré “mercado negro de la relación arrendaticia”, que implicará pagos en efectivo sin otorgar recibos, sin ir a cuentas, sin manejo contable. Salvo que el estado invente unos funcionarios cibernéticos que controlen todo y tengan mil ojos y manos.6. El arrendador no responderá por los daños maliciosos ocasionados por el arrendatario, QUE DEBERÁN SER FIJADOS POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES, es decir, el órgano establecerá cuando el daño es malicioso o no, una vez más la celeridad de la administración pública nos hará tener soluciones oportunas en el punto (léase con tono sarcástico).7. Las partes acordaran la forma y tiempo en que se hará el pago del canon de arrendamiento, más no el monto.8. El arrendador debe entregar el inmueble en buenas condiciones, pero el arrendatario debe entregarlo igual, “salvo por la vetustez”. Ahora bien, veamos la definición de vetusto, un término de todo, menos jurídico. Vetusto: muy antiguo o de mucha edad. Es decir, ¿el arrendatario entregará el inmueble envejecido?, ahora no deberá mantener el inmueble en buenas condiciones, por cuanto por la vejez del mismo no está obligado a responder. ¿Qué clase de criterio es este?, ¿quién va a determinar la vetustez del inmueble, y quién va a correr con los gastos para determinar qué daños son por vejez y qué daños son por negligencia del arrendatario?9. Se prohíbe el subarrendamiento y se establecen sanciones al subarrendador. Salvo constancia expresa que lo permita. Pero, ¡oh, sorpresa!, si hay subarrendamiento el propietario tiene que formalizar la relación por ante la Superintendencia, reconociéndole derechos y antigüedad, es decir, la disposición del artículo 45 es RIDÍCULA y absurda, la norma carece de lógica jurídica. Espero que las sanciones sean decentes, si no, la norma es BURDA.10. El artículo 46 exonera de gastos de notaría a la autenticación de contratos de arrendamiento. Se elimina el contrato verbal de arrendamiento, por cuanto si no se hace contrato escrito notariado se está expuesto a sanciones. Por lo menos no eliminan los honorarios de profesionales del derecho.11. El arrendatario no está obligado a pagar un canon mayor al fijado, y menos aún por la existencia de bienes muebles en el inmueble a arrendar, aquí sólo me queda recomendar que no alquiles con enseres ni mobiliario, es decir, entrega el apartamento o casa vacío.12. A veces pienso que los que propusieron la ley son un poco ignorantes, el artículo 48 dice TODO AQUEL QUE ESTÉ EN CAPACIDAD DE PAGAR UN CANON DE ARRENDAMIENTO PUEDE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL. ¿Por qué el exceso de cuestiones subjetivas? ¿Quién es capaz de pagar un canon de arrendamiento? ¿Quién es incapaz de hacerlo?13. Con el artículo 49 se ratifica el decreto ley contra el desalojo arbitrario y la desocupación de viviendas de este año 2011. Es decir, hay que darle refugio al que tiene sentencia firme de desalojo.14. La ley define el contrato de arrendamiento, aún cuando en derecho las leyes no deben ser definitorias, pues todos sabemos lo que es un contrato de arrendamiento, pero bueno, los ilustres diputados definen la relación arrendaticia, son unos genios.15. La duración mínima de la relación arrendaticia será de un (1) año.16. Se harán tres ejemplares del contrato, uno para cada parte y el adicional para la Superintendencia y deberán tener, anexo, la resolución en la que se fija el canon de arrendamiento.17. Los contratos de arrendamiento establecerán el canon en bolívares, si lo hicieron en moneda extranjera, con anterioridad a la ley, deberán adecuarlo a la moneda nacional.18. El artículo 55 establece como domicilio el lugar de situación del inmueble, es decir, las partes no deberán establecer domicilios distintos.19. Se establecen subrogaciones en casos de conflictos familiares que impliquen divorcios o finalización de relaciones de hecho. Igualmente en caso de fallecimiento del arrendatario.20. El artículo 58 fustiga la simulación de contratos para disfrazar las relaciones arrendaticias, es decir, quien otorgase un comodato, por ejemplo, y la realidad denota que se trata de un arrendamiento, será penado por la ley y el contrato de comodato, sería nulo.
Cuando se habla de las viviendas estudiantiles, se le da cabida a los consejos comunales para que intervengan en la materia. Se le otorga derecho de privacidad al estudiante, así como otra serie de prerrogativas como la prohibición de restricción de horarios de entrada y salida (los cuales van en contra de los otros principios esbozados como el de la tranquilidad y seguridad). Asimismo, la ley establece que la pensión estudiantil deberá garantizar un espacio mínimo de nueve (9) metros cuadrados, o 6 metros cuadrados por estudiante en caso de ser múltiple la habitación.
LA FIJACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO1. El canon será fijado por la Superintendencia, será siempre al vencimiento del mes y nunca por adelantado.2. El pago tiene que realizarse en una cuenta corriente para tal fin, no podrá ser de otra manera. No indica retroactividad esta disposición legal.3. Se deberá dar recibo de pago detallado.4. La cuenta corriente sólo puede clausurarse cuando se termine la relación arrendaticia o haya decisión firme de desalojo.5. El canon de arrendamiento será fijado de conformidad con los siguientes elementos: a) valor de reposición: es lo que costaría edificar en inmueble en la actualidad; b) Dimensiones del inmueble, estipuladas por metro cuadrado, el valor de reposición implica determinar cuánto cuesta el metro cuadrado de dicha construcción; c) valor de depreciación, por tiempo y vida útil del inmueble; d) Vulnerabilidad sísmica y e) ubicación geográfica. Se elimina el criterio de sector de ubicación del inmueble y el valor del terreno. Asimismo la rentabilidad máxima oscilará entre un tres y un cinco por ciento sobre el valor del inmueble.6. El canon de arrendamiento se fijará, entonces, estableciendo el valor del inmueble multiplicado por el porcentaje de rentabilidad.7. A partir del artículo 79 se establece el procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento, lo cual son procedimientos burocráticos a los cuales estamos mal acostumbrados en el país.8. Se establece la revisión de los cánones por parte de la Superintendencia de forma anual y por las causales establecidas en la ley.
Pasando a otro punto, se obliga a las constructoras a destinar un porcentaje de aquellos proyectos habitacionales de más de diez inmuebles, para el arrendamiento de viviendas. Es decir, se condiciona la proyección de nuevos proyectos de habitabilidad, por cuanto bajo las condiciones establecidas en esta ley, ninguna relación arrendaticia sobre vivienda es justa pues la ley es extremadamente proteccionista al inquilino.Además se establece un plazo de diez años, para ofertar el inmueble en venta al inquilino, se acabó la voluntad del propietario de vender.
PREFERENCIA LEGAL ARRENDATICIA1. El arrendatario tiene preferencia a seguir siéndolo, aun cuando quiera alquilársele a otra persona.2. La preferencia es potestativa al inquilino y obligatoria al propietario.
SOBRE LOS DESALOJOS.Serán causales de desalojo:1. La insolvencia INJUSTIFICADA sobre cuatro cánones de arrendamiento. Habrá que esperar que alguien determine cuándo la insolvencia es justificada. Es decir, estamos en ceros. Deberá demostrarse por vía administrativa y judicial, y de comprobarse el inquilino perderá todos sus derechos, que son irrenunciables, así que la propia ley se contradice.2. La necesidad de ocupar el inmueble por parte del propietario y/o familiares. Deberá demostrarse y no podrá arrendarse por un lapso de 3 años.3. Uso indebido por parte del inquilino del inmueble.4. Que el arrendatario haya modificado o destruido el inmueble.5. Que sus actuaciones vayan en contra de la convivencia ciudadana
EL PROCEDIMIENTO PREVIO A LAS DEMANDAS Y EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL:
Antes de toda demanda judicial debe agotarse la vía administrativa por ante la Superintendencia para lo cual se aplicará el procedimiento relativo al decreto ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas. Cumplido este paso, podrá demandarse judicialmente.
El procedimiento judicial será oral, el Juez deberá verificar la presencia de asistencia jurídica de la parte demandada, y si no la hay, acudirá a la defensa pública. Se establece una primera audiencia de mediación y sustanciación que podrá ser prorrogada para buscar llegar a un acuerdo que pueda ser homologado. La comparecencia es obligatoria para el demandante quien será castigado con el desistimiento si no asiste, pero no es obligatorio para el demandado. La sentencia que de por terminado el desistimiento por no comparecencia podrá ser apelada ante El Tribunal Superior.Si la mediación es infructuosa, así lo declarará el Juez y pasará el demandado a contestar la demanda dentro los diez días siguientes, deberá presentar las pruebas que hará valer para sustentar sus alegatos. Si no contesta, podrá haber confesión ficta, si se cumplen con los requisitos de verificación de la misma.Luego de la contestación, se abrirá el lapso probatorios, con ocho días de promoción, tres para oposición, tres para admisión y el lapso de evacuación será fijado por el juez y no será mayor a treinta días de despachoLuego se abrirá la audiencia de Juicio que deberá ser grabada audiovisualmente y que se regirá por las normas contenidas en los artículos 114 al 122 de la Ley en examen.La decisión final tiene apelación, y podrá dar casación.
EL REINTEGRO DEL PAGO INDEBIDO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO:
Cuando el inquilino pague cantidades adicionales a lo establecido por la ley, podrá pedir al arrendador o al responsable solidario que ejecute estos cobros, el reintegro por vía judicial, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. Esto aplica para las relaciones arrendaticias suscritas con posterioridad a la Ley, no tiene efectos retroactivos. El derecho a reclamar prescribe a los diez años (por ser acción personal) contados a partir de la última fijación de cánones de arrendamiento por la superintendencia.
LA PREFERENCIA OFERTIVA Y EL RETRACTO LEGAL:
1. La preferencia ofertiva sólo será del goce del arrendatario solvente con el pago de cánones de arrendamiento.2. El propietario, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 132, dará en oferta de venta el inmueble al inquilino.3. Esa oferta está condicionada a lo estipulado en el artículo 133, es decir, el lapso para trámite de crédito es de un año, no podrá pedirse arras, ni exigir el pago de contado ni podrá resolverse la opción preferente de manera unilateral por el propietario. ES DECIR, LAS CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE SON CONTRARIAS A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD y al derecho de poder disponer de la propiedad que asiste al propietario.4. Se debe ofrecer en venta nuevamente al arrendatario pasado un año después de la no contestación o rechazo de la oferta.5. La ley establece en el artículo 137 que el precio tendrá un descuento que va desde el diez y el veinticinco por ciento del valor, de conformidad con el tiempo que tenga el arrendatario en esa condición.
Para finalizar debo decir que las sanciones son EXCESIVAS, la participación del poder popular es INTRUSIVA, y que espero que la Superintendencia cuente con un presupuesto como el de la presidencia de la República para poder cumplir con esta ley de manera eficaz. Asimismo, que se vienen momentos oscuros en materia de arrendamiento, pues la ley no contempla soluciones a los propietarios, simplemente protección al arrendatario. Igualmente obligar a las ventas de las edificaciones antiguas es ir en contra de la voluntad del propietario.
LINKS ÚTILES SOBRE CIVILIZACIÓN Y DERECHO ROMANO
http://www.epullay.cl/archivos_descargas/Roma.pdf
El link siguiente contiene una crítica válida a la atención que se presta al derecho romano en las universidades, no comparto en totalidad el criterio del autor, pero en aras de la pluralidad, presento el artículo para su lectura
http://criteriojuridico.puj.edu.co/archivos/01_7_fescobar_derecho_romano.pdf
El siguiente trata el aspecto ya entrada la época imperial sobre los juegos
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=192209(tienes que darle donde dice TEXTO COMPLETO)
Hace poco debatí con un estudiante sobre las formas y procederes de algunos docentes de la universidad. Él satanizaba la libertad de cátedra según lo percibí, por tratarse de un sistema que se presta para el abuso del poder por parte de los docentes universitarios, así que decidí tomarme un tiempo para escribir sobre ello.
La libertad de cátedra habilita al docente universitario para enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas.
El presupuesto de la libertad de cátedra es la autonomía universitaria, que implica que el docente universitario lo es por su capacidad y manejo de la materia asignada para dictar.
Así, tenemos que la libertad de cátedra, se aplica al nivel universitario por cuanto en los niveles de educación básica, media y diversificada, el papel del docente está determinado por los planes de estudio establecidos por la autoridad competente, cosa que no sucede, a rajatabla, en materia de educación superior.
La libertad de cátedra implica:
1. La institución no puede imponer al profesor la obligatoriedad de un método de enseñanza, se debe otorgar al docente universitario la posibilidad de expresar las ideas y convicciones que el mismo asume como propias, en relación a la materia objeto de ense­ñanza.
2. No puede ser sometida la actividad docente a una previa censura, puesto que esto iría, evidentemente en contra de esa libertad que va determinada por principios y valores que posee el docente.
3. El profesor universitario puede determinar, de forma libre el contenido de las enseñanzas así como el método de expo­sición a utilizar. Esto sin perjuicio para el centro educativo de establecer políticas de orientación peda­gógica. Pero esa potestad debe ser compatible con la libertad del profesor, de tal forma que no quede anulada.
El problema de la autonomía o libertad de cátedra se presenta cuando el alumno siente cercenada su dignidad. En muchas ocasiones se reciben quejas de maltratos verbales por parte del docente, inclusive yo, sin tener la intención de vejar la dignidad del alumno he proferido palabras que pueden ser interpretadas como insultantes, o hirientes; y estas quejas no deben dejarse pasar en nombre la libertad de cátedra, deben ser abordadas y solventadas.
Al respecto quizá lo que debe especificarse es que sobre la libertad de cátedra deben prelar dos principios: en primer lugar el respeto de la dignidad humana, puesto que la posición docente, si bien implica una superioridad académica, no te hace superior como persona a quien estás enseñando, y en segundo lugar, los cánones establecidos como mínimos en el pensum de estudio de la carrera, referidos a la materia a dictar, por cuanto es el criterio estipulado por las autoridades en cuanto al contenido mínimo que debe manejar todo profesional al recibir el título académico de la carrera respectiva.
La libertad de cátedra nos otorga posibilidades de corrección, instrucción, sanción, así como decidir la forma apropiada de evaluación. Muchas de ellas a veces chocarán con los modelos de conducta que tienen los alumnos quienes son más idealistas y pasionales respecto al ejercicio de sus derechos, y creen que la libertad del profesor atropella su dignidad, por lo cual es necesario establecer los límites al ejercicio de la libertad de cátedra a la hora de considerar que la misma ha cruzado la delgada línea de la potestad correctiva-sancionadora y se ubica dentro del abuso-vejamen del derecho ajeno, por cuanto, no todas las situaciones ameritan pasividad del docente ante la conducta inapropiada del alumno, así como todas las situaciones no implican que se esté cercenando el derecho del estudiante a un trato digno, o no todas las actitudes correctivas del docente son amparadas por su libertad de cátedra, por lo que no debe permitírsele caer en el ámbito del insulto o degradación de la condición del alumno.A la hora de sancionar una conducta inapropiada del docente, es necesaria la imparcialidad y capacidad del órgano decisor, que le otorgue confianza al estudiante sobre la protección de sus derechos, pues el estudiante suele temer a la denuncia por considerar que el profesor va a estar siempre amparado por la institución; y debe ser capaz de otorgar garantías al docente sobre el ejercicio de su labor conforme a la libertad de cátedra, pero que, con propiedad sea capaz de sancionar los excesos de parte de quien en condición de superioridad, abuse de la misma para cometer actos que degraden la dignidad del ser humano, entendiendo que en el ámbito de la docencia, la actividad en sí puede estar imbuida de un alto grado de subjetividad, por cuanto una palabra mal interpretada puede prestarse para una queja sin fundamento.Creo que lo principal es el respeto, el profesor capaz debe ser respetuoso con sus pupilos, pero ellos deben comprender que la figura del profesor universitario lleva consigo una carga que implica el deber de respetarlo y escucharle, por cuanto, si bien las nuevas corrientes abogan por una preparación pedagógica de todo docente universitario, el criterio primordial que lo hace merecedor de esa posición no es su capacidad pedagógica, sino el conocimiento que tiene sobre la materia que imparte.Al respecto podré decir, que mi mejor profesor durante la carrera de derecho, no era ortodoxo en su métodos de enseñanza, no dudaba en gritar o reprimir cuando era necesario, detestaba que sus alumnos tomaran apuntes, pues decía que estábamos ahí para oír y luego complementar con los libros de la bibliografía, en los exámenes orales bastaba con una pregunta, porque el que había estudiado salía bien con una o mil preguntas, y le molestaban los estudiantes que se limitaban a calentar el pupitre durante la clase. Sobre esto es importante recordar que el profesor universitario nos prepara para la realidad profesional, plagada de injusticias y momentos duros que no podemos asumir si no tenemos un carácter forjado, si no aprendemos a sobreponernos a los momentos difíciles, si no aprendemos a levantarnos ante algo que nos hiere o duele para afrontar la realidad, y eso a veces es más importante que criterios pedagógicos.
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO SOBRE LA NUEVA LEY QUE REG...
SOBRE LA LEY PARA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ...