Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=2&id=1874
Timestamp: 2018-04-23 20:48:57
Document Index: 412153495

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 171', 'artículo 26', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9']

Gaceta: LXIII/1SPO-100
DE LA SENADORA CARMEN DORANTES MARTÍNEZ
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE MARINA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone definir una Autoridad Marítima Nacional para dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales adquiridos, por lo que hace indispensable delimitar y redistribuir las atribuciones que actualmente ejercen en materia marítima y portuaria la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Pretende modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para evitar la duplicidad de funciones a fin de evitar confusión por parte de la comunidad marítima nacional e internacional sobre el ejercicio de la autoridad en esa materia, distribuyendo las atribuciones de seguridad y protección marítima y portuaria entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estableciendo con ello diversos rubros para el ejercicio de la autoridad en el puerto, en la interfaz buque-puerto y en la mar.
También se propone modificar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con el fin de homologar y definir a la Autoridad Marítima Nacional, en los términos que establecen los instrumentos internacionales en esa materia. Entre las modificaciones a dicha Ley se facultará, tanto a la Secretaría de Marina, como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para representar al país en el ámbito de su competencia, en las negociaciones de los Tratados Internacionales en materia marítima. Se transfieren las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina redistribuyéndose las atribuciones que actualmente realizas éstas, quedando únicamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquellas que se relacionen con la regulación, organización y administración de la marina mercante.
A la Secretaría de Marina le corresponderá el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos; administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; el cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuarias, salvaguarda de la vida humana en la mar y prevención de la contaminación marina; la imposición de sanciones por infracciones previstas en la misma, así como nombrar y remover a los capitanes de puerto, entre otras.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará a cargo de la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimo portuarias y de dragado, el desarrollo de la industria marítima, loas concesiones, permisos y sus tarifas y, en general, toda actividad productiva, de negocios y generadora de recursos económicos, lo anterior a través de las oficinas de servicios a la marina mercante. Asimismo, la de planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la Marina Mercante, y de los puertos nacionales; llevar el Registro Público Marítimo Nacional; prestar servicios en vías generales de comunicación por agua; regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente; organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la marina mercante; otorgar certificados de competencia, así como participar con la Secretaría de Marina en la seguridad y protección marítima y portuaria.
Las reformas a la Ley de Puertos son para alinear las funciones que tendrá la capitanía de puerto de acuerdo con la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
SE REMITIRÁ COPIA A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE EDUCACIÓN.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE JUSTICIA.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Señala que las dependencias y entidades deberán recurrir primero al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología para contratar asesorías, estudios e investigaciones. Las dependencia o entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con artesanos y ganaderos considerados como pequeños productores afiliados al régimen de incorporación fiscal.
Propone eliminar los requisitos actuales para que las personas morales legalmente constituidas puedan interponer algún recurso en favor de la protección de sus derechos en materia ambiental, en aras de proteger efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia en materia de acciones colectivas.
La iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo marco regulatorio en el que se reclasifiquen las figuras penales, se incremente la punibilidad y la sanción administrativa, por los actos y omisiones descritos en la legislación penal federal, en lo relativo a la portación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, destino, uso de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación a la autoridad competente.
De la misma manera, busca disminuir la opacidad y transparentar la aplicación de criterios, en el otorgamiento de licencias y permisos para la posesión y portación de armas de fuego, explosiva y accesoria.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone establecer en los casos de divorcio necesario, que cuando el cónyuge inocente haya realizado tareas domésticas y de cuidado se le pagarán alimentos, aun cuando hubiere tenido o tenga un empleo remunerado, en caso de que el ingreso recibido no sea suficiente.
Propone que en la conformación de todos los Tribunales y demás órganos que integran el Poder Judicial, se garantice una integración paritaria entre los géneros en sus plenos y salas. Asimismo, esta propuesta busca garantizar un mayor acceso a la mujeres en las presidencias de salas y plenos de tribunales, así como la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y sus órganos respectivos, por lo que se establece que durante las elecciones a este cargo se garantice el principio de alternancia entre los géneros.
En el caso de las Salas Regionales y la Sala Especializada del Tribunal Electoral, integradas por tres magistrados, se elimina el principio de relección en las presidencias, con el objeto de que todos los magistrados durante su mandato puedan acceder en igualdad de condiciones al cargo de magistrado presidente.
Establece que el Consejo de la Judicatura Federal en las determinaciones que realice respecto al número total y especialización de los plenos de circuito, las realice garantizando una conformación paritaria entre los géneros dentro de la totalidad de plenos de circuito que determine. De igual forma pretende que dentro de sus atribuciones como órgano encargado de expedir reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, así como las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascenso y promociones por escalafón se realicen observando en todo momento la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres.
En el sistema de la Carrera Judicial se propone adicionar que este se guie bajo los principios de igualdad de condiciones y paridad de género dentro del ingreso y promoción de las y los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial y que el Consejo de la Judicatura establezca un modelo de ingreso, promoción y desarrollo de la actividad jurisdiccional de los tribunales con paridad de género, tal y como lo hizo en días pasados el Tribunal Electoral de la Federación con el “Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Finalmente, establece un régimen transitorio donde se plantean diversas acciones afirmativas, a fin de garantizar un pleno acceso a las mujeres durante los próximos procesos de selección a cargos de ministros, magistrados y jueces.
Propone crear el Registro Público de Garantías, para que los proveedores que emitan garantías de sus productos o servicios deban de registrarlas en este Registro Público de Garantías, previa aprobación, por parte de la Procuraduría, de las condiciones contenidas en la garantía.
El Registro deberá ser consultable vía internet a los consumidores en general.
Propone reformar los artículos 60 y 61 para establecer la Jornada flexible de trabajo donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre diferentes intervalos de tiempo para que pueda cumplir con la jornada de trabajo, ya sea de forma continua o seccionada durante el día.
Asimismo, establece una modalidad de cumplimiento de la jornada laboral llamada Banco de horas que permite al trabajador, previo acuerdo con el patrón, elegir qué días y cuántas horas al día trabajará, para que agote en los días que decida, las horas que trabajaría en una semana conforme a la duración de su jornada de trabajo
Por otra parte, el trabajador cuando opte por la modalidad de banco de horas, podrá exceder la duración de la jornada máxima en un día, siempre y cuando la sumatoria de las horas trabajadas en una semana no exceda el total de horas que debe cubrir en dicha semana.
Propone reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración con el objeto de garantizar la protección y debido proceso ponderando por los derechos humanos de las y los migrantes que se encuentren en territorio nacional, debiendo ser asistidas y asistidos por un Licenciado en Derecho.
Con la adición de un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se busca salvaguardar los derechos de las personas que por su situación de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social en el juicio de amparo.
Por lo que propone que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones de pobreza o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto para reformar diversos artículos del Reglamento del Senado de la República.
La presente iniciativa propone mejorar los procesos legislativos mediante los cuales el Senado de la República analiza las iniciativas, las minutas, los tratados y puntos de acuerdo a través de mecanismos que fomenten la consulta y participación ciudadana y se fomente la rendición de cuantas.
Asimismo, la iniciativa se enfoca en incorporar al Reglamento del Senado de la República el contenido de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a las agendas parlamentarias y la agenda legislativa del Senado; así como incorporar de una mejor manera los procedimientos que se siguen cuando se analizan tratados y acuerdos internacionales o cuando se realizan las comparecencias en el marco del informe de gobierno del Presidente de la República, o cuando comparezcan los servidores públicos o personas designadas para ocupar algún cargo sujeto a ratificación o aprobación por parte del Senado.
Por otra parte, la iniciativa trata de incluir una disposición, de que se realicen audiencias públicas o reuniones con especialistas, representantes de la sociedad civil y la academia, cuando se reciba una solicitud ciudadana de participación en el proceso de dictamen de algún asunto.
El propósito de la minuta es expedir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y reformar la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se propone incorporar la posibilidad para los municipios de convertir con la entidad correspondiente para que ésta afecte sus participaciones y permitir extender los beneficios del mecanismo de deuda estatal garantizada a los municipios de un estado, bajo la premisa de que firmará un único convenio ante la Federación que defina los objetivos y parámetros generales a cumplir para alcanzar el balance presupuestario sostenible.
Se reforma la denominación de la Ley General de Deuda Pública para quedar como “Ley Federal de Deuda Pública” y finalmente con las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se busca establecer congruencia con el texto normativo de la Ley que se pretende expedir, relativo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Al respecto las comisiones dictaminadoras proponen las siguientes modificaciones:
•	Ajustan la referencias al Distrito Federal para sustituirlas por “Ciudad de México”, así como “órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales” por “alcaldías”, en atención al Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, por ello, se modifican los artículos 2, fracciones IX y X; 23, primer párrafo; 24, segundo párrafo; 33, fracciones II, inciso b), III, V, VI, VII y IX, y 51, fracción III, así como a la denominación del Capítulo III correspondiente al Título Tercero;
•	Reforman el artículo 26 para establecer que la solicitud del financiamiento deberá precisar y ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos;
•	Señalan que cuando el nivel de endeudamiento de un ente público se clasifique como sostenible, el Ente Público esté en aptitud de tomar financiamiento hasta por el equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición, por lo que, proponen ajustar el artículo 46, fracción I a fin de adecuar el porcentaje mencionado.
•	Proponen hacer referencia expresa a que la inscripción en el Registro Único de todas las obligaciones garantizadas o con fuente de pago con cargo a participaciones, se realiza de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de dicha Ley. Asimismo, que se elimine la limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones excedan el cien por ciento de los ingresos de libre disposición, por lo que proponen un ajuste al artículo 9.
En el régimen transitorio, proponen adicionar un segundo párrafo al transitorio décimo cuarto para condicionar el otorgamiento de la Deuda Estatal Garantizada a que los Estados y Municipios estén al corriente en las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo de la reforma Constitucional de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.
La iniciativa tiene como objetivo armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), reforma el artículo 9 del decreto para que el Gobierno Federal requiera la autorización del Senado de la República para aceptar enmiendas al Convenio.
Por otra parte, plantea la autorización al Gobierno Federal, a través del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor total de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.
Las comisiones dictaminadoras consideran viable autorizar la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, mismo, que establece Bases para su Ejecución en México, lo cual fortalecerá la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe.
Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9º del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece Bases para su Ejecución en México.