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Timestamp: 2018-08-16 23:19:41
Document Index: 108985180

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 81', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 81', 'artículo 81', 'in fine', 'artículo 81']

Resolución de TEAC, 00/1399/2005, 04-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1399/2005 de 04 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/1399/2005
Aunque la adopción de medidas cautelares se ha efectuado en el seno del procedimiento inspector que se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva LGT (Ley 58/2003), las medidas cautelares seguidas contra los demás responsables que puedan existir se regirán por la normativa vigente en la fecha en que se inicie el procedimiento de derivación frente a los responsables, ya que se trata de un procedimiento autónomo e independiente de los seguidos frente al deudor principal. Por ello, resulta de aplicación el artículo 41 de la Ley 58/2003 que refiriéndose tanto a los responsables solidarios como a los subsidiarios, establece la posibilidad de que con anterioridad a la declaración de responsabilidad, la Administración competente pueda adoptar medidas cautelares del artículo 81 de la Ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de dicha Ley.
En la Villa de Madrid, a 4 de mayo de 2006. En la reclamación económico administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por X, LTD y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ... contra acuerdo de la Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria de fecha 3 de enero de 2005 en asunto relativo a adopción de medidas cautelares; cuantía: 9.030.989,24 €.
PRIMERO.- En fecha 30 de diciembre de 2004, el Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, dictó acuerdo de apertura del procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria por ocultación de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir su traba, regulado en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a la entidad X, LTD en el pago de las deudas tributarias de Y, SAD por la falta de ingreso de las liquidaciones correspondientes a Retenciones del IRPF de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 por un importe total estimado en 9.030.989,24 €.
En la misma fecha 30 de diciembre de 2004, el Subdirector General de Procedimientos Especiales del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria dictó otro acuerdo dirigido a X, LTD de adopción de medidas cautelares consistente en el "embargo preventivo de los derechos económicos a favor de la sociedad X, LTD correspondientes a la transmisión de los derechos federativos correspondientes al jugador ... (... ) a Z, SAD por el importe total del traspaso".
SEGUNDO.- Contra el citado acuerdo interpuso la sociedad X, LTD reclamación económico administrativa ente este Tribunal Central en cuyo trámite de alegaciones presentado en el momento procesal oportuno, adujo en síntesis lo siguiente: a) que la adopción de medidas cautelares se ha efectuado en el seno del procedimiento inspector seguido contra Y, SAD que se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 General Tributaria, por lo que entiende que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, no es ésta la que debe aplicarse en este caso sino que es de aplicación la Ley 230/1963 que no preveía el supuesto de responsabilidad solidaria objeto del recurso; b) que tanto la Ley 230/1963 como la Ley 58/2003, en aras a declarar la responsabilidad de otras personas junto con el sujeto pasivo, se refiere a "deudas tributarias", deudas éstas que en este caso no existen porque no se ha producido ninguna liquidación administrativa no conociendo siquiera la Administración el importe exacto de la presunta deuda como lo demuestra el hecho de que hable de "importes estimados"; c) que por tanto no procede exigir de un tercero el pago de unas deudas no liquidadas vulnerando ello los derechos de los contribuyentes y atentando contra el principio de seguridad jurídica.
PRIMERO.- Concurren en la presente reclamación los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que constituyen presupuesto para la admisión a tramite de la misma, en la que la cuestión que en definitiva se plantea, es la de la adecuación o no a derecho del acuerdo de adopción de medidas cautelares antes referido.
SEGUNDO.- Alega en primer lugar la entidad reclamante la improcedencia de aplicar a los actos impugnados la normativa prevista en la Ley 58/2003.
En cuanto a lo así alegado debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo determinado en la Disposición Transitoria Tercera 1 de la Ley 58/2003, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se regirán, con carácter general, por la normativa anterior a la fecha de su vigencia hasta su conclusión. Pues bien, en el presente caso, las medidas cautelares se adoptaron en el curso del procedimiento inspector iniciado contra la entidad Y, SAD con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 58/2003, por lo que es evidente que todo el procedimiento inspector que se siga contra esta entidad antes citada regirse de acuerdo con lo determinado en la Ley 230/1963, lo cual no significa que por tal razón los procedimientos que se sigan contra los demás responsables que puedan existir deban también regirse por esta Ley, sino por la vigente en la fecha en que se inicie el procedimiento de derivación frente a los responsables. Que ello es así se deduce del hecho de que la propia Ley 58/2003 al regular en los artículos 174 y siguientes el procedimiento frente a los responsables, lo hace tratándolo como un procedimiento autónomo e independiente de los seguidos frente el deudor principal, por lo que en aplicación de lo determinado en la Disposición Transitoria Tercera. 1 de la Ley 58/2003, antes citada, el procedimiento frente a los responsables deberá regirse por la normativa vigente en la fecha de notificación del acuerdo por el que el dicho procedimiento se inició, es decir, la del trámite de audiencia, que en este caso es posterior a la entrada en vigor de la Ley 58/2003.
Por tal razón resulta ser de aplicación al caso lo establecido en el párrafo 5 del artículo 41 de la Ley 58/2003 que refiriéndose tanto a los responsables solidarios como a los subsidiarios, establece la posibilidad de que con anterioridad a la declaración de responsabilidad, la Administración competente pueda adoptar medidas cautelares del artículo 81 de la Ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de dicha Ley.
TERCERO.- Alega también la entidad reclamante que al no haberse producido en este caso ninguna liquidación administrativa, no existen deudas tributarias que aconsejen la adopción de medidas cautelares.
A tal respecto es de indicar que el artículo 81 de la Ley 58/2003, referido a las medidas cautelares, dispone en su apartado 4 in fine que en el caso de que se trate de deudas retenidas o repercutidas a terceros, las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier momento del procedimiento de comprobación o inspección. Por ello y tratándose de deudas por provenientes de Retenciones del IRPF de diversos ejercicios, es clara la posibilidad que asiste a la Administración tributaria, de adoptar medidas cautelares aun con anterioridad a haberse emitido las liquidaciones correspondientes.
CUARTO.- Respecto de lo alegado la parte reclamante al mantener la improcedencia de exigir de un tercero el pago de unas deudas no liquidadas y la vulneración de los derechos de los contribuyentes que, según dice, ello implica, debe señalarse que en el acuerdo de adopción de medidas cautelares se exponen las razones conducentes a la procedencia de adopción de tales medidas, que en síntesis son las siguientes: a) que la entidad Y, SAD no dispone en su patrimonio de bienes o derechos con que afrontar las deudas porque durante los años 2000 y siguientes ha llevado a cabo una serie de operaciones, que describe, por las que ha entregado su patrimonio, entre otras, a la sociedad X, LTD; b) que se ha cedido a la sociedad X, LTD, entidad no residente, sin actividad, sin patrimonio en territorio nacional, vinculada al grupo familiar que ostenta la titularidad del club del que es propietario el deudor, el bien más importante que tenía éste a través de la sociedad W, BV.
Pues bien, a la vista todas estas razones que no han sido cuestionadas, y muchos menos rebatidas en la presente reclamación, debe considerarse acreditada la concurrencia en este caso de los requisitos previstos en el artículo 81. 1 y 2 de la Ley 58/2003, a efectos de la adopción de medidas cautelares: existencia de indicios racionales de que en caso de no adoptarse dichas medidas, el cobro de la deuda tributaria se vería frustrado o gravemente dificultado y proporcionalidad con el daño que se pretende evitar, por todo lo cual también debe desestimarse lo alegado al respecto por la entidad reclamante finalizando por confirmar los actos impugnados con la consiguiente desestimación de la presente reclamación.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la presente reclamación, ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acuerdo impugnado.
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