Source: https://www.scribd.com/document/112010133/1527-5908
Timestamp: 2018-11-15 05:23:29
Document Index: 155455781

Matched Legal Cases: ['artículo 1316', 'artículo 1326', 'artículo 1327', 'artículo 1344', 'artículo 1437', 'artículo 1320', 'artículo 1345', 'artículo 1346', 'artículo 1347', 'artículo 1', 'artículo 1355', 'artículo 1362', 'artículo 1365', 'artículo 1367', 'artículo 1381', 'artículo 1384', 'artículo 1437', 'artículo 1440', 'Artículo 1317', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 142', 'Artículo 7', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'artículo 198', 'Artículo 165', 'Artículo 172', 'artículo 949', 'artículo 172', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 134', 'artículo 69', 'artículo 48', 'e contrario', 'artículo 105', 'artículo 265', 'artículo 172', 'artículo 135', 'Artículo 104', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 262', 'artículo 105', 'artículo 1911', 'artículo 69', 'artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 9', 'artículo 1317', 'artículo 1317', 'artículo 1317', 'artículo 1401', 'artículo 1084', 'artículo 40', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 37', 'artículo 59', 'artículo 41', 'artículo 1317', 'artículo 1365', 'artículo 59', 'artículo 41', 'artículo 394', 'artículo 398']

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“EMPRESARIO COMO PROTEGER TU PATRIMONIO PERSONAL ANTE UNA CRISIS EMPRESARIAL/ PERSONAL”
Valladolid 19 y 20 de Octubre de 2010 Confederación Vallisoletana de Empresarios. Ponentes JOSE JAIME SANZ CID. Magistrado y Presidente de La Sala III de La Audiencia Provincial de Valladolid. Sala Mercantil y Civil. JAIME SANZ FERNÁNDEZ-SOTO. Socio director. Safe Abogados. Tu Abogado a Pie de Calle. Director área Mercantil. Master en Asesoría Jurídica IE Business School. CURRICULUM DE LOS PONENTES JAIME SANZ CID Magistrado Presidente de la Sala III de lo Mercantil y Civil de la Audiencia Provincial de Valladolid Lleva de magistrado más de 35 años, ha estado anteriormente en Cuellar, San Sebastián, Palencia
JAIME SANZ FERNÁNDEZ-SOTO
ABOGADO. Fundador y Socio Director de Safe Abogados. Director del Área Mercantil y Laboral Master en Asesoría Jurídica de Empresa. Instituto Empresa. Madrid Licenciado en Derecho Universidad de Valladolid. Ha cursado 2 años de Derecho en Lecce y Bari. Italia Realizado hasta 4 Ciencias Políticas. Universidad de Burgos Actualmente se encuentra realizando el Doctorado EGB, BUP Y COU, Colegio San José( Jesuitas) Valladolid Habla Inglés, Francés, Italiano Es Experto en Marketing y Comercio Exterior Anteriormente trabajo en empresas como Cecale, Neck and Neck Presidente de la Asociación Iniciativas Empresariales Presidente del Club de Antiguos Alumnos del Ie en Burgos Es propietario además de una empresa de Marketing online Ha recibido el premio a una de las 3 mejores empresas que ha nacido en Secot en los últimos 20 años ofreciendo una conferencia ante S.M El Rey y la Ministra de Vivienda. Escribe para la Editorial Aranzadi el 1 Blog de Marketing Jurídico
Cronología • • Con 29 años funda Safe Abogados, y en Febrero de 2008 abre su primera oficina Junio de 2009 Elegido uno de los 3 mejores empresarios por Secot a Nivel Nacional, ofreciendo una conferencia ante SM El Rey en la fundación Rafael del Pino. Julio 2009 funda Safe Internacional. La 1 red internacional de Abogados de habla Hispana del Mundo Septiembre de 2009 abre su 2 oficina en Burgos Diciembre de 2009 Abre su 3 oficina en Valladolid
INDICE • • Ponencia Jaime Sanz Fernández-Soto Ponencia Jaime Sanz Cid
CONTENIDO PONENCIA Jaime Sanz 1.-Formas de ejercer la actividad. Sociedad o Autónomo • • • • • Diferencias Responsabilidades Obligaciones Coste Cuando es mejor hacer una cosa que otra
2. Separación de bienes o Régimen de gananciales • • • • • • • • • Que se consigue Para que sirve Como se hace Cuantificación de los bienes Separación de bienes antes del matrimonio Separación de bienes durante el matrimonio Bienes privativos y gananciales Las ganancias de la empresa Consentimiento empresas
3. Responsabilidad del administrador • • • • • Obligaciones Causas responsabilidad Distintos tipos de administrador Causas de disolución Causas de Concurso
4. Alzamiento de bienes • • • Que es Que supone Consecuencia
5. Sociedad Patrimonial
Esta conferencia ha sido planteada por empresarios y para empresarios desde el punto de vista Mercantil no fiscal.
1.- FORMAS DE EJERCER LA ACTIVIDAD. EMPRESA O AUTONOMO Diferencias entre uno y otro: AUTONOMO Responsabilidad ilimitada No necesario convocar Jg No Hay que realizar desembolso No gastos de constitución Tributan según beneficios Darse de baja es fácil EMPRESA Responsabilidad Limitada Necesario convocatoria junta general Desembolso mínimo 3.000 € Hay gastos de constitución Tributan impuesto sociedades Darse de baja es más difícil
El ser autónomo dependerá de las circunstancias de cada uno • Si estas empezando y no tienes bienes a tu nombre ni nada, hazte autónomo, menos responsabilidades, eso si ten en cuenta que responderás con tus bienes presentes y futuros, por lo tanto en cuanto te vaya un poco bien lo mejor montar una S.L Si llevas ya un tiempo como autónomo, te va bien y no tienes deudas, lo mejor monta una sociedad y limitas tu responsabilidad Si estas casado, tienes hijo, una hipoteca etc, mi consejo empieza como autónomo si va a ser una cosa sin mucho riesgo, pero si hay el más mínimo que siempre que se monta una empresa lo hay, monta SL, y limitas el riesgo al capital social. Si sois varios socios monta una sociedad Si tu empresa va a crecer y te va a endeudar monta una sociedad.
El ser Sociedad o montar una sociedad cuando es conveniente: • Cuando se tiene familia y se esta casado, al objeto de limitar la responsabilidad
Pero en cualquiera de los dos casos es mas que conveniente hacer separación de bienes si se esta casado, y si te vas a casar también. El ejercer la actividad mediante una sociedad tiene una serie de ventajas, aunque la principal es que La Responsabilidad es limitada, respondes con el límite del capital social en principio, y por lo tanto tus bienes personales no se ven afectados, el resto son desvetanjas, aunque la ventaja que te ofrece es tan grande que es mejor decantarse por esta forma societaria. En cuanto a la limitación de la responsabilidad, se circunscribe a los socios, en cuanto a los administradores habrá que estar a que hayan actuado con buena diligencia etc, para que la responsabilidad sea limitada. Además otro consejo para salvaguardar el patrimonio personal es constituir cuantas mas sociedades mejor, en distintos países, participadas unas por otros, al estilo lo que ha hecho la familia Ruiz Mateos, donde es imposible enterarse de nada, por el conglomerado que tienen.
2.-SEPARACION DE BIENES O REGIMEN DE GANANCIALES Las Diferencias a grandes rasgos son estas: GANANCIALES Consentimiento para todo Deudas de uno afectan a los dos Frutos de los bienes privativos son gananciales Los frutos son de ambos SEPARACION DE BIENES No necesario consentimiento, excepto venta domicilio familiar Cada uno se hacer cargo de sus deudas Frutos bienes privativos son privativos Los frutos son del dueño de ese bien
Si no se dice nada antes de casarse el artículo 1316 del código civil dice “A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales”. Este régimen podrá celebrar antes o después de celebrado el matrimonio como indica el artículo 1326 del Código Civil, debiendo constar en escritura pública para tener validez, según indica el artículo 1327. Que se entiende por sociedad de gananciales. El artículo 1344 del Código civil dice “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella”. En cambio en régimen de separación de bienes, indica el artículo 1437 “En el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes”. Una vez visto uno y otro vamos a ver como nos afecto a nivel empresarial tanto si nuestra empresa va mal, como si nos separamos o divorciamos, ya que como abogados, tenemos que ponernos siempre en el peor escenario, para que si alguna vez surgen problemas, mediante las medidas adoptadas, tengamos nuestro patrimonio personal a salvo. Así vamos a estudiar las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de los regímenes y luego los efectos que puede tener dependiendo si lo hacemos antes de adquirir deudas o no. La primera cosa importante que pueda afectar a mi patrimonio como empresario es, donde me voy a vivir con mi mujer a su casa, a la mía, compramos o alquilamos otra.
Pues bien repasemos los 4 escenarios posibles: • Si estas casado-a en régimen de separación de bienes, la casa es tuya y tienes hijos, la casa se la quedara a quien le atribuyan la guardia y custodia, sea de quien sea la casa y sino la tienes pagada te tocará seguir pagando la hipoteca. El uso lo tiene quien se queda con la guardia y custodia, aunque la propiedad sea tuya, y normalmente hasta que el niño sea independiente económicamente. Si estas casado-a en régimen gananciales, la casa es de ambos, y la estáis pagando a medias, y tienes un niño, la casa se la quedara, nos referimos al uso, quien se quede con la guardia y custodia. Y la hipoteca te tocará seguir pagándola a medias, hasta que puedas instar la venta, que es cuando el niño sea independiente económicamente, salvo que pactes otra cosa si lo haces de mutuo acuerdo. Si estas casado-a en régimen de separación de bienes, pero la casa donde vives es del otro cónyuge; pues bien si le dan al dueño de la casa la guardia y custodia, el otro seguirá pagando la hipoteca y tu te iras a otro piso. Si estas casado/a pero vives en alquiler y te separas, seguirás pagando el alquiler de la casa sino te atribuyen la guardia y custodia, pero normalmente y según la AP de Valladolid con un límite temporal de 2 años.
En resumen si tienes una casa comprada y te vas a casar, alquílala y si puedes cómprate otra casa con el otro cónyuge a medias, aunque lo mejor es irte a una casa de alquiler, porque en el momento que tengas hijos en caso de que salga mal, si te vas a vivir a tu casa con el cónyuge, puede que te quedes sin casa, teniendo que pagar la hipoteca, y pagando un alquiler en otro sitio, y esto se puede dar aunque la casa sea privativa y la hayas heredado. Y además viene verificado por el artículo 1320 del Código civil que dice “Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe”. Por lo que si te vas a vivir a la casa del otro cónyuge, y tu propiedad la dejas alquilada o sin hacer nada, en caso de que la necesites no necesitaras el consentimiento de tu cónyuge. Una vez tratado el tema familiar que es a veces igual de importante que el empresarial vamos con este último: Sociedad de gananciales La sociedad de gananciales indica el código civil, empezará en el momento de la celebración del matrimonio o posteriormente al tiempo de pactarse en capitulaciones, según indica el artículo 1345. Así dentro de la sociedad de gananciales hay bienes privativos y bienes gananciales
Son privativos de cada uno de los cónyuges según indica el artículo 1346: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad. Los que adquiera después por título gratuito. Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y el no transmisible ínter vivos. El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos. Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.
Los bienes mencionados en los apartados 4 y 8 no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. Son bienes gananciales, según el artículo 1347 1. Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. 2. Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. 3. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. 4. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho. 5. Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la Empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.354. Por lo tanto si estamos casados en gananciales todo es de los dos, lo generado durante el matrimonio, como las empresas que creemos durante el matrimonio y lo que estas puedan generar, salvo que haya capitulaciones matrimoniales. Todo lo comentado tiene un pero, si lo que establece el artículo 1355, “Podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga”.
Otra desventaja de la sociedad de gananciales para los empresarios viene determinada en el artículo 1362, ya que indica que serán a cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se origen por alguna de las siguientes causas, dice en su apartado 3, la administración ordinaria de los bienes privativos de cualquier de los cónyuges, por lo que podríamos pagar nosotros el mantenimiento de unos bienes que no son nuestros, ni del matrimonio sino del otro cónyuge. Más desventajas de este régimen viene determinada por el artículo 1365 del código civil, que dice: “Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge: 1. En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales, que por ley o por capítulos le corresponda. 2. En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio”. Por lo que las deudas que contraigamos ya sen en nuestra profesión, en nuestra empresa avalando nosotros solos, podría dar lugar que los bienes gananciales respondiesen, y por lo tanto que incluso a nuestro cónyuge no empresario le embargasen la nómina, para abonar las deudas generadas por el otro cónyuge. Y todo ello se ve refrendado por el artículo 1367 que dice “los bienes gananciales responderán en todo caso de las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro”. Además en este régimen para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges”. Por lo que de aquí se extrae, que para vender participaciones de una sociedad o cualquier otro acto, nuestro cónyuge tiene que dar el consentimiento, por lo que las decisiones se toman mucho más lento si se está casado en gananciales. Otra desventaja, viene reflejada en el artículo 1381, que dice “ los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad” Por lo que si mi padre me deja una empresa o un piso y las tengo alquiladas, ese dinero que genera es de los dos y no solo del cónyuge propietario. Y ya por último, dice el código civil en su artículo 1384, que serán válidos los actos de administración y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren”. Es decir que compramos unas acciones de una empresa del mercado de valores las ponemos a nombre de los dos y el otro cónyuge podría venderlas sin que pasase nada.
Por lo que la conclusión es clara, si eres empresario o vas a serlo no te conviene tener gananciales, porque las deudas contraídas pueden afectar a tu familia, porque para realizar un montón de actos de disposición necesitas el consentimiento del otro cónyuge, y porque si te divorcias te quedas sin nada, además si estas casado en gananciales, a la hora de embargarte un piso es mucho más fácil, porque aunque son de distintas personas, es de un mismo ente, cosa que en régimen de separación de bienes es más complicado, pues nadie va a querer el 50% de un piso, que nadie va a querer comprar. El régimen de separación de bienes En el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes, según estable el artículo 1437 Además las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad, artículo 1440 Es decir que te limita mucho menos un régimen que el otro, si eres empresario, y si te va mal la empresa o tu matrimonio, tu patrimonio no se verá tan afectado si esta de una forma o de otra, y si por ejemplo te compras una casa en régimen de separación de bienes, y cada uno se queda el 50% dificultas mucho la acción de los acreedores, porque nadie se va a querer quedar con un 50% de una casa, otra cosa es que luego quieras vender es patrimonio, cosa que se complica si tiene un embargo. Pero vamos a los casos en los que uno se ha casado en gananciales, y como la empresa va mal, queremos hacer separación de bienes, para salvaguardar el patrimonio personal. En este sentido hay que tener en cuenta distintos articulados: Artículo 1317. La modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. Articulo 1401. “Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro”. Articulo 1442. “Declarado un cónyuge en quiebra o concurso, se presumirá, salvo prueba en contrario, en beneficio de los acreedores, que fueron en su mitad donados por él los bienes adquiridos a título oneroso por el otro durante el año anterior a la declaración o en el período a que alcance la retroacción de la quiebra. Esta presunción no regirá si los cónyuges están separados judicialmente o de hecho”
Por lo que se pueden extraer varias conclusiones: Del primer articulado la conclusión es que si nosotros hemos avalado personalmente con nuestro patrimonio, y estamos casados en gananciales, el que hagamos capitulaciones matrimoniales, y por lo tanto optemos separación de bienes no altera las obligaciones que hayamos adquirido anteriormente a esta separación. Pero a las que no afectará será a las deudas que contraigamos a partir del momento que hagamos separación de bienes. Del segundo artículo, la conclusión es clara, si hacemos separación de bienes, para evitar pagar a nuestros acreedores por las deudas contraídas hasta este momento, y le adjudicamos todos los bienes a nuestro cónyuge no empresario, para nosotros no tener nada, da igual, porque podrán ir contra esos bienes, y encima aunque lo hablaremos más adelante dará lugar a alzamiento de bienes, un delito penal. Del tercero se deduce que si un empresario que su empresa ha entrado en concurso justo ha hecho separación de bienes un año antes de que su empresa haya entrado en concurso, los bienes donados a su mujer en capitulaciones matrimoniales se entienden que eran gananciales, salvo que haya habido divorcio, por lo tanto esto habrá que hacerlo con antelación o divorciarse. Aunque lo mejor para entender todo esto es ver un ejemplo. Anexo I Pues bien la conclusión es que hay que separación de bienes pero viendo dos casos: • Si van a pagar las deudas, lo mejor es atribuir los bienes al cónyuge no empresario y las acciones o participaciones al cónyuge empresario, de esta forma al hacer separación de bienes, lo que haremos es salvaguardarnos de las posibles deudas que podamos adquirir en el futuro. Si No se van a pagar, hay que hacer la adjudicación de forma proporcional para no caer en alzamiento de bienes, de esta forma las deudas que podemos contraer en el futuro ya serán de cada uno.
Para poder modificar el régimen de separación de bienes se necesita el consentimiento del otro cónyuge, y se puede hacer durante el matrimonio. 3-LOS ADMINISTRADORES. DEBERES Y OBLIGACIONES Los administradores tienen una seria de obligaciones, que vienen determinados a continuación, pero que no vamos a explicar por ser sus nombres bastante explícitos. 1.-Deber de diligencia • • • • • El deber de ejercer el cargo El deber de informarse El deber de imparcialidad La necesaria discrecionalidad de las decisiones empresariales El problema de la inmodificabilidad del deber de diligencia
2.-Deber de lealtad • • • • • La La La La La prohibición de realizar transacciones con la sociedad prohibición de explotar la posición de administrador prohibición de utilizar activos sociales prohibición de utilizar información confidencial prohibición de obtener ventajas de terceros La prohibición de aprovechar oportunidades de negocio La prohibición de entrar en competencia con la sociedad
3.-El deber de secreto 4.-Los deberes de abstención El no conocer estos deberes no implica, el que no se deban cumplir, por lo tanto el ser administrador de una sociedad implica algo más que tener el poder en la sociedad. Tipo de Administradores • • • • Mancomunado Solidario Único Consejo de Administración
Su elección, hará que la responsabilidad puede acaparar a un mayor número de personas en los casos por ejemplo de Concurso, liquidación o alzamiento de bienes. EL CONCURSO El fin del concurso es renegociar todas las deudas para poder reflotar la empresa, no quiere decir que las deudas no se tengan que pagar sino que se suspende todo temporalmente y se nombre un administrador para intentar reflotar la empresa, y se tiene que realizar en el plazo de 2 meses desde que se conoce el estado de insolvencia de la empresa. El concurso es una medida que provocan los acreedores contra las empresas, cuando estas no quieren pagar las deudas, ya que el procedimiento es muy engorroso, y supone que toda la actividad del administrador salga flote, con la responsabilidad que eso puede acarrear. Establece la ley concursal los supuestos en que este debe ser instado: Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso. 1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4, haya transcurrido el plazo correspondiente.
3. El deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente”. Una vez conocido el deber de presentar el concurso, vamos a ver quien lo puede pedir que puede ser tanto el deudor como el acreedor: Artículo 6. Solicitud del deudor. 1. En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de insolvencia es actual o si lo prevé como inminente. 2. A la solicitud se acompañarán los documentos siguientes: 1. Poder especial para solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido mediante la realización de apoderamiento apud acta. 2. La memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, de las causas del estado en que se encuentre y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad patrimonial. Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio. Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia, de los administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades integradas en éste, y si tiene admitidos valores a cotización en mercado secundario oficial. Si se tratase de una herencia, se indicarán en la memoria los datos del causante. 3. Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación. 4. Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las garantías personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones. 3. Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además: 1. Cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoria correspondientes a los tres últimos ejercicios. 2. Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y depositadas y de las operaciones que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor. 3. Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas, en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras. 4. En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o como sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales y el informe de auditoría emitido en relación con dichas cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo durante ese mismo período. 4. En el supuesto previsto en el artículo 142.1.1 deberá acompañarse propuesta de plan de liquidación. 5. Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá expresar en su solicitud la causa que lo motivara. Artículo 7. Solicitud del acreedor y de los demás legitimados. 1. El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo. Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan, acompañando el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la prueba para acreditarla. 2. En todo caso, se expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente. La prueba testifical no será bastante por sí sola”. La solicitud a instancia del acreedor en la práctica, suele ser una forma de presionar para que se produzca al pago, pero si lo hace el deudor bien por desconocimiento bien, porque piensa que puede levantar la empresa, puede incurrir en una seria de responsabilidades que expones a continuación.
La Responsabilidad Concursal El concurso una vez que es admitido por el juez, puede ser declarado fortuita o culpable. El que sea declarado en un sentido o en otro implica el que haya responsabilidades para el administrador o no. Así dice La Ley concursal de manera literal: Artículo 163. Calificación del concurso y formación de la sección sexta. 1. Procederá la formación de la sección de calificación del concurso: 1. Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años. 2. En todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación. 2. El concurso se calificará como fortuito o como culpable. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito. Artículo 164. Concurso culpable. 1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. 2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. 2. Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 3. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado. 4. Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 5. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 6. Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.
3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198. Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave. Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1. Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 2. Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores. 3. Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. Artículo 172. Sentencia de calificación. 1. La sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación. 2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos: 1. La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 2. La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio. 3. La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concúrsales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados. 172. 3. de la Ley concursal dice” Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concúrsales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa”.
Esto significa que con tal previsión viene a permitirse a los acreedores concúrsales que pueda exigir el pago del fallido concursal a terceros, cuyo patrimonio personal no constituye garantía alguna a favor de la persona jurídica concursada. De todo esto se deduce que para que se de este caso, es necesario la existencia de estos requisitos: a) Se exige la concurrencia de un presupuesto material, pues basta con la calificación del concurso fuera culpable, sino que la ley concursal limita la procedencia de la condena por responsabilidad concursal a aquellos supuestos en que se llegara a tal calificación por haberse abierto o en u caso reabierto, la sección sexta como consecuencia de la apertura de la liquidación concursal. b) Resulta también necesario respetar un presupuesto cuantitativo, ya que deviene necesario a estos fines que la masa activa a liquidar no permita la integra satisfacción del crédito de los acreedores concúrsales. c) Y un presupuesto de orden subjetivo, pues esta condena por responsabilidad concursal solo podrá recaer sobre los administradores o liquidadores, de derecho o hecho, de la persona jurídica cuyo concurso fuera calificado como culpable. Observando con lo dice del articulo del administrador que lo hubiese sido los 2 años anteriores. Esto significa que se limita la responsabilidad a aquellos supuestos en la que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. En este sentido es importante destacar la prescripción de la responsabilidad de los administradores. Así establece el artículo 949. del Código de Comercio “La acción contra los socios Gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración”. Pues bien si existen estos requisitos nombrados anteriormente podrá el juez acordar la responsabilidad concursal de los administradores. La declaración del concurso no afecta al posible ejercicio de las pertinentes acciones de responsabilidad, que conforme al régimen general, puedan ejercerse frente a los administradores de la sociedad concursada, y sin que las ya ejercitadas queden afectadas como consecuencia de la sección de calificación del concurso. Esto es que se puede declarar el concurso de la empresa y pedir responsabilidades al administrador a la vez. ¿Y que pasa cuando hay varios administradores, que son declarados culpables? En principio la regla general es que hay que estar a la conducta seguida por cada concreto administrador o liquidador, pero esto no quita la posible identidad de la condena entre varios de ellos o simplemente la coincidencia parcial respecto del importe de dicha responsabilidad (parcial para uno de ellos y total o por un importe superior para otro), dándose lugar a situaciones en que el interés de los acreedores abogaría a favor del reconocimiento de tal regla de solidaridad. A este respecto el artículo 172.3 no excluye la regla de la solidaridad, sino que simplemente estamos ante la ausencia de pronunciamiento expreso.
Lo que esta claro es que no hay norma que presuma la actuación colectiva dolosa o con culpa lata en la causación o agravamiento del estado de insolvencia y en consecuencia, no hay una inversión de la carga de la prueba, pero esto no impide que el juez sancione la solidaridad entre aquellos administradores sobre los que recayera la condena por responsabilidad concursal, cuando así se justificará en la prueba alcanzada y que acreditará una actuar doloso común a todos ellos. El aseguramiento de la eventual responsabilidad concursal Establece la ley concursal en su artículo 48.3. “Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime bastante y podrá ser sustituida, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito”. En este sentido la resolución judicial que acuerde esta medida cautelar, ha de tener un contenido mínimo necesario, pues deberá concretar tanto la cuantía por la que el embargo preventivo se ha prestar como la determinación de los sujetos obligados a tal proceder. La compatibilidad de la responsabilidad concursal con el de las acciones de responsabilidad de administradores y liquidadores. A este respecto la ley concursal artículo 48.2., establece “ Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concúrsales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá al juez del concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La formación de la sección de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado.” La responsabilidad de los administradores viene recogida en el artículo 134 LSA, y en el artículo 69 LSRL.
Aunque el principal problema se da cuando los mismos hechos, permiten tanto la responsabilidad social como la concursal, conociendo además el juez del concurso de ambas responsabilidades, lo que daría lugar en la medida que ambas contribuyen al resarcimiento de los acreedores, se produciría una confusión entre una y otra, y con ello la posibilidad de una doble condena por los mismos hechos, aunque algunos autores entienden que no ya que dicen que el artículo 48.2 de la ley concursal, es la más acorde con la distinta naturaleza y finalidad de cada una de las acciones en juego, cuyos presupuestos, además pese a lo afirmado de contrario, no coinciden, pues la acusación o el agravamiento del estado de insolvencia vendría a constituir el daño que ha de ser objeto de reparación con el ejercicio de la acción social de responsabilidad, mientras que en la responsabilidad concursal, ese origen o empeoramiento del estado de insolvencia es un mero presupuesto, que con independencia de su significada como daño para la sociedad concursada permite, atender a una finalidad distinta como es el de sancionar la conducta seguida por los administradores, procurando un mecanismo de fallido concursal. La responsabilidad concursal y responsabilidad por las deudas sociales Lo primero que tenemos que ver es lo que dice la ley al respecto: La Ley de Responsabilidad Limitada establece en su artículo 105.5 que coincide con el artículo 265. De La Ley de Sociedades Anónimas: “5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso”. La ley concursal en su artículo 172.3 establece: “3. Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concúrsales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa”.
Una vez visto lo que dice la ley hay que ser prácticos para saber que harán nuestros acreedores si nos quieren embargar bienes o pedir responsabilidades o cobrar sus deudas. Pues bien en principio los acreedores en aquellos caso en que proceda la calificación del concurso como culpable es previsible que los acreedores puedan ejercitar acciones individuales, ya que estos tratarán de adelantarse a la solución concursal que es más lenta, si bien esto ahora se pone en duda, con el nuevo articulado que hemos expuesto anteriormente, ya que antes decía el mismo artículo: “ Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general, para que adopte en su caso, el acuerdo de disolución o que no solicite la disolución judicial de la sociedad en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. Por lo que ese posterior cambia ostensiblemente el articulado y por lo tanto el como hacer las cosas. Sin embargo la opinión que se sustenta ahora misma por Jose Antonio garcía cruces en el libro responsabilidad de los administradores es, que no cabe olvidar que el crédito derivado del ejercicio de la acción ex Art. 135 ley sociedades anónimas, le asiste al acreedor no como acreedor concursal sino como tercero frente a un deudor también ajeno al concurso. La par conditio creditorum y sus exigencias derivadas podrían llegar a referirse, en su caso a los criterios que puedan asistir frente a los administradores como consecuencia de su responsabilidad concursal, pero desde luego, no puede extenderse más allá y afectar a créditos ajenos. El crédito que asiste al socio o acreedor frente a los administradores y que le permite el ejercicio de la acción ex artículo 135 LS, no es un crédito concursal. Si se atiende a todas estas precisiones, puede señalarse que carece de sentido establece previsión alguna de coordinación por resultar esta innecesaria. Por todo ello parece razonable concluir, tal y como se ha hecho entre nosotros, que la posición de la ley para con la acción individual es por el contrario pensamos la única que podía mantenerse. No tendría sentido restringir en modo alguno el derecho de los socios o acreedores a dirigirse contra los administradores por las actos que lesionaron directamente sus derechos, ni parece tampoco necesario que de tales procesos conozca el juez del concurso. LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD La ley establece una serie de supuestos en los que la sociedad debe disolverse: Artículo 104. Causas de disolución. 1. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá: a. Por cumplimiento del término fijado en los estatutos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107. b. Por acuerdo de la Junta General adoptado con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos.
c. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. d. Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años consecutivos. e. Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. f. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando la reducción sea consecuencia del cumplimiento de una Ley se estará a lo dispuesto en el artículo 108. g. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 2. La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal. A este respecto lo que hay que entender a efectos de cubrir nuestro patrimonio, es que la ley marca una serie de casos en los que debe liquidarse la sociedad, y de no hacerse el administrador puede incurrir en responsabilidad. El procedimiento que se sigue para la liquidación, es primero la disolución y luego la liquidación, aunque no es objeto del tema que nos concierne Y en este sentido surge la duda, que pasa, si yo tengo un capital social de 3.000€ y unas deudas de 9.000 € pues que en principio tu empresa está en causa de disolución y deberías disolverla, aunque en la práctica nadie lo hace, si puede traer consecuencias si las cosas salen mal. Por lo que una solución seria ampliar el capital social, de forma que nuestras deudas fuesen inferior a nuestro capital social y así no estar incursos en responsabilidad, pero la disyuntiva están en que si hay mucho capital, responde hasta ese capital que haya, por lo tanto lo que parece bueno no lo es, y lo que hay que hacer es operar de la manera más diligente posible, estando asesorados. Así la Sentencia AP VALLADOLID 13 ABRIL 2010 En ésta sentencia decíamos que ya en sentencia de 24 de noviembre de 2008 decíamos: "Se halla incurso en el supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 105 de la LSRL , (en igual sentido los artículos 260.1.3º y 262 LSA ) por haber incumplido del deber a promover la ordenada disolución y liquidación de la sociedad cuando existía causa legal para ello
(artículo 104 LSRL ) ya que como bien declara la sentencia apelada ha quedado acreditado el cierre de facto de dicha empresa, al estar completamente sin actividad comercial, e incluso reconoce el propio demandado, no tiene oficina o establecimiento alguno abierto al público, carece igualmente de solvencia y patrimonio conocidos (admite el propio demandado en las diligencia penales la inexistencia de inmovilizado) para poder afrontar el pago de las muchas deudas que mantiene entre ellas la que aquí es reclamada, no se han presentado ni depositado las cuentas en el Registro Mercantil desde su constitución y las únicas confeccionadas no aparecen firmadas por el Administrador ni aprobadas por la Junta de Socios y por último, el demandado no ha presentado libros ni soporte documental alguno de las citadas cuentas a pesar de haber sido requerido para ello por el Juzgado a instancia de la parte actora, lo que fácilmente le hubiera permitido demostrar que el neto patrimonial de la sociedad superaba la mitad del capital social." Los acreedores sociales pueden exigir el pago de las deudas no sólo a su deudor (la sociedad), sino también en forma solidaria a cualquiera de los sujetos responsables de aquel incumplimiento (administradores). El mismo criterio ha sido sustentado por el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de julio de 1997 en la que se destaca que el artículo 262.5º de la LSA al igual que el artículo 105.5º de la LSRL «configura la responsabilidad solidaria de los administradores con la de la sociedad por las deudas sociales como una pena civil por la inactividad de aquéllos al no solicitar el acuerdo de disolución de ésta...». Posteriormente el Tribunal Supremo en sentencias de fechas 21 de septiembre de 1999, 6 de noviembre de 1999, 12 de noviembre de 1999 y 1 de diciembre de 1999, reitera el criterio ya sentado en la primera de las citadas sentencias. La calificación de pena civil implica la afirmación de la especialidad de la responsabilidad sancionada en los citados preceptos respecto del régimen de responsabilidad general de los administradores de una Sociedad de Capital (artículos 133 y siguientes de la LSA y 69 de la LSRL); de manera tal que la exigibilidad de la misma no se hace depender de la concurrencia de un daño y de la relación de causalidad respecto a los administradores. Por ello, la responsabilidad de los administradores por las obligaciones sociales que sancionan dichas normas no encierra un supuesto de novación subjetiva, dado que la Sociedad no pierda su carácter de deudor frente a los acreedores sociales, sino que la responsabilidad de aquéllos se superpone a la sociedad y se hace recaer sobre el patrimonio personal de tales sujetos, razón por la que los administradores se convierten en una suerte de garantes solidarios de una deuda ajena (la social) frente a terceros. Esto es así y viene avalado por la interpretación literal y sistemática de la norma legal. En primer lugar, el contenido de los artículos 262.5 de la LSA y 105.5 de la LSRL no exige la prueba de ningún daño ni de su relación de causalidad con la actuación de los administradores. En segundo lugar, si se limitara a regular un supuesto de responsabilidad indemnizatoria quedaría vacía de contenido y, sobre todo, de razón de ser, pues bastaría con la regulación general de los artículos 133 y siguientes de la LSA y 69 de la LSRL. De acuerdo, pues, con dicha naturaleza, la responsabilidad de los administradores sancionada en los artículos 262.5º de la LSA y 105.5º de la LSRL reúne los siguientes caracteres: personal, ilimitada, autónoma, no objetiva, cumulativa y solidaria. Personal, de la propia lectura de los indicados preceptos se deduce que se trata de una responsabilidad personal de los administradores, en el sentido de que ellos harán frente a las consecuencias económicas derivadas de aquélla con cargo a su patrimonio personal. Es ilimitada, pues no mediando norma que así lo evite, será de aplicación el principio de responsabilidad universal previsto en el artículo 1911 del Código Civil. Autónoma, lo que significa que los acreedores
pueden instar de los administradores la responsabilidad sin necesidad de instar coetáneamente la disolución judicial de la sociedad. No objetiva, pues hay que exigir a los administradores una diligencia en el cumplimiento específico de los deberes que sobre ellos recaen (convocatoria de la Junta, instar la disolución). Es decir, que la responsabilidad de los administradores se imputa a título de culpa en el cumplimiento de los deberes específicos que vinculan a los administradores, aunque no consigan el resultado. Es cumulativa pues se puede ejercitar conjuntamente con las acciones previstas en los artículos 134 y 135 de la LSA y, por remisión, el artículo 69 de la LSRL pues como ya hemos expuesto tienen distinta naturaleza. Es solidaria, lo que significa que los administradores responderán de manera solidaria y no subsidiaria respecto de la sociedad por las deudas sociales en aquellos supuestos que no promovieran la disolución de la sociedad 4-EL ALZAMIENTO DE BIENES El ordenamiento español y extendida jurisprudencia, Tribunal Supremo (TS) Sentencia 12 noviembre 1982,7 noviembre de 2002,1 de abril de 2003 entiende que la personas jurídicas no pueden delinquir y que quien lo hace es la persona física. El código penal establece, en su artículo 31 “el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para responder para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. Son administradores de hecho: • • Los administradores de derecho cuyos nombramientos adolecen de irregularidades formales (acuerdo defectuoso, falta inscripción en el RM). Las personas que ejercen tareas de dirección efectiva de la sociedad a través de apoderamientos, generales o particulares( directores generales, o altos ejecutivos) Los administradores ocultos( los de la pura clandestinidad, que manejan efectivamente la compañía mediante testaferros) Quienes adopte realmente decisiones en los grupos de empresas, que ejecutan los administradores formales de las compañías.
Y no se consideran administradores de hecho: • • • Los letrados asesores Los secretarios no consejeros Asesores fiscales y jurídicos en general
Administradores de Derecho son: • Los integrantes de los órganos de administración propios en cada modelo de sociedad.
Y una cosa a tener en cuenta a efectos de responsabilidades, es que cuando en la sociedad existen diversas personas que ocupan puestos de administración o dirección, la responsabilidad penal no se presume solidaria. La jurisprudencia ha determinado, en estos casos, que el delito se imputa a quien ostenta las funciones directamente ejecutivas, esto es a quien de modo efectivo ejerce la administración de la sociedad. En el caso de consejos de administración, como la responsabilidad penal es personal, no cabe aplicar vínculos de solidaridad entre sus miembros, debiéndose estar, para incriminación, a la materialidad de las concretas acciones u omisiones de las que cada uno de los miembros de tal órgano delegado sea responsable. Las Consecuencias penales accesorias para la compañía A raíz de entrega en vigor de la LO 15/2003 de 25 de noviembre, establece el artículo 31 del Código penal. “Si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actúo”. Por lo que en los consejos de administración será mas que importante el oponerse, a los acuerdos con los que no estemos de acuerdo sino queremos incurrir en ningún tipo de responsabilidad. El delito de alzamiento de bienes Esta situación se produce cuando el deudor se desprende de los bienes con los que debería hacer frente al pago de las deudas. Se da en 3 situaciones: A) El alzamiento estricto de bienes en perjuicio de los acreedores Se comete extrayendo los bienes del deudor del ámbito de actuación del acreedor, ya mediante su ocultación física, o simulando cualquier negocio jurídico en cuya virtud el deudor pueda justificar, en el momento de la reclamación del pago del crédito por su acreedor, no disponer de bienes suficientes. Ejemplo • • • se vende un coche y no se ingresa el dinero de la venta. Realizando una venta ficticia de un chalet a su hermana y cuñado Sustituyendo una sociedad mercantil que había contraído una importante deuda, sin liquidarla en forma correcta, por otra nueva a fin de no hacer frente al pago de la misma. Sct TS 19.11.1993 Adjudicando el marido a la esposa, de común acuerdo con esta la mitad indivisa de un piso perteneciente a ambos, para eludir el primero el pago de la deuda.
No hay delito obviamente, si la realización de operaciones negociables fraudulentas por el deudor no impide, porque resten aun en su patrimonio bienes suficientes para ello, el cobro de la deuda, siempre que no se incurra en el supuesto de hecho de la segunda modalidad que explicamos ahora B) La disposición de bienes o contracción de obligaciones lesivas de la eficacia de cualquier procedimiento dirigido a la ejecución de la deuda. Este caso es para sancionar a quien con el mismo fin realice cualquier acto dedisposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate o dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo de apremio. C) La disposición de bienes o contracción de obligaciones lesivas de la eficacia de cualquier procedimiento dirigido a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito. Se sanciona así al responsable de cualquier hecho delictivo que con posterioridad a su comisión y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimantes del mismo realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente. La pena es de prisión de 1 a 4 años, importante con una pena de 2 años vas a la cárcel, si es menor y no has cometido nunca ningún delito, no vas a la cárcel. 5-SOCIEDADES PATRMIONIALES Tienen la consideración de sociedades patrimoniales aquellas en las que concurran las siguientes circunstancias: a) Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores, o por elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. b) Que más del 50% de su capital social pertenezca, directa o indirectamente, a 10 o menos socios o a un grupo familiar hasta el cuarto grado inclusive. El régimen de las sociedades patrimoniales no se aplicará en los siguientes casos: Cuando todos los socios sean personas jurídicas que, a su vez, no tengan la consideración de sociedades patrimoniales. • Cuando una persona jurídica de Derecho Público sea titular de más del 50% del capital social. • Cuando los valores representativos del capital social coticen en Bolsa de valores. .
Tanto la primera condición como la segunda deberán concurrir durante un periodo mínimo de 90 días durante el ejercicio social Dichas sociedades funcionan igual que cualquier otra sociedad, con la salvedad de su objeto social. CONCLUSION • • • • • Hay que hacer separación de bienes Ejercer la actividad como sociedad Constituir sociedades patrimoniales si tenemos muchos bienes No ejercer como administrador la actividad si se puede Ejercer la actividad mediante muchas sociedades, de forma que se más difícil encontrar nuestro patrimonio societario
PONENCIA JOSE JAIME SANZ, incluida parte en la de Jaime Sanz EL LEVANTAMIENTO DEL VELO Una sociedad es una ficción. Se ha pretendido que a través de las sociedades consigamos una serie de cosas a las que no podemos acceder como personas físicas, desgravaciones fiscales, subvenciones, contratos de leasing, etc, pero sobre todo lo que se ha perseguido es la limitación de nuestra responsabilidad. A través de las sociedades, tanto anónima como limitada la responsabilidad del empresario está limitada a su aportación. Dejamos a un lado a las grandes Sociedades Anónimas, como los grandes bancos. Cuando yo compro acciones de estas entidades ya sabemos lo que nos jugamos cada uno. Lo que hemos aportado. Pero lo que ahora nos interesan son las pequeñas sociedades anónimas o limitadas que son a través de las cuales opera un empresario. Esas sociedades que están constituidas por dos o tres amigos o socios, o por el núcleo familiar. En un principio no existe ninguna diferencia con respecto a las grandes sociedades anónimas. La responsabilidad estará igualmente limitada a esa aportación de capital social que hicimos. No podemos olvidar que nosotros hemos constituido esa sociedad desde la que vamos a actuar pero vamos a operar y nos vamos a relacionar con otras sociedades que tienen las mismas características. Y cuando operamos o vendemos a esas sociedades nos interesa cobrar. Esa limitación de responsabilidad que tenemos nosotros también le tienen ellos, y por eso nos interesa mucho conocer la solvencia de esa sociedad. Ya no se trata de vender más, sino de cobrar. Nos interesa fundamentalmente que nuestra responsabilidad quede limitada a nuestra aportación. Difícilmente lo conseguiremos cuando la Sociedad tiene un capital social de 3.000 euros.
Podemos actuar por medio de una sociedad o por medio de varias. Es muy frecuente. Se constituye una sociedad para una cosa, y otra u otras complementarias a la primera. Es perfectamente lícito, incluso con el mismo objeto social, el mismo domicilio social, los mismos administradores, etc. Podemos operar a través de todas y cada una de ellas, pero es fundamental establecer una diferenciación sobre todo frente a terceros. Mientras las cosas funcionan bien no hay problemas. Y éstos problemas se acrecentan cuando las cosas van mal. Esa limitación de responsabilidad de la que estamos hablando pude desaparecer .Cuando operamos con una sociedad y facturamos con otra. Cuando escribimos cartas con el membrete de una sociedad reclamando por otra. Cuando utilizamos los mismos medios con una y otra sociedad estamos creando confusión a la otra parte. Eso se va a volver contra nosotros. Las sociedades deberán estar diferenciadas porque en otro caso no tiene razón de ser la existencia de dos sociedades distintas. Nos van a poder reclamar a una u otra sociedad de forma indistinta. Mayor problema se plantea cuando de mis dos o más sociedades he creado un entramado. Una de las sociedades se va a pique, mientras que el resto de las sociedades progresan. Me aplicarán la creación jurisprudencial del levantamiento del velo. Antiguamente todas y cada una de las sociedades eran totalmente independientes. Y veíamos cómo una empresa se iba a pique mientras el empresario seguía progresando. Los acreedores de aquella empresa se quedaban sin cobrar y el gran beneficiario lo será el empresario quebrado que los ha dejado en la cuneta y él ningún perjuicio ha sufrido. Ésta situación se solucionó a través de la creación jurisprudencial de la teoría del LEVANTAMIENTO DEL VELO, en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 mayo 1984: en el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, valores hoy consagrados en la Constitución (artículos primero, uno, y noveno, tres ), se ha decidido prudencialmente, y según casos y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buena fe (artículo séptimo, uno, del Código Civil ), la tesis y práctica de penetrar en el "substratum" personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (artículo sexto, cuatro, del Código Civil ), admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar ("levantar el velo jurídico") en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (artículo séptimo, dos, del Código Civil ) en daño ajeno o de "los derechos de los demás" (artículo diez de la Constitución) o contra el interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, en un "ejercicio antisocial" de su derecho (artículo séptimo, dos, del Código Civil ), lo cual no significa -ya en el supuesto del recurso- que haya de soslayarse o dejarse de lado la personalidad del ente gestor constituido en sociedad anónima sujeta al Derecho privado, sino sólo constatar, a los efectos del tercero de buena fe (la actora y recurrida perjudicada), cual sea la auténtica y "constitutiva" personalidad social y económica de la misma, el substrato real de su composición personal (o institucional) y negocial, a los efectos de la determinación de su responsabilidad "ex contractu" o aquiliana, porque, como se ha dicho por la doctrina extranjera, "quien maneja internamente de modo unitario y total un organismo no puede invocar frente a sus acreedores que existen exteriormente varias organizaciones independientes" y menos "cuando
el control social efectivo está en manos de una sola persona, sea directamente o a través de testaferros o de otra sociedad", según la doctrina patria. En definitiva, para preservar las sociedades hay que proclamar la independencia de todas y cada una de ellas.
LEY CAMBIARIA Y DEL CHEQUE Artículo 9 de esta ley dice Todos los que pusieren firmas a nombre de otro en letras de cambio deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo claramente en la antefirma. Se presumirá que los administradores de Compañías están autorizados por el solo hecho de su nombramiento. Los tomadores y tenedores de letras tendrán derecho a exigir a los firmantes la exhibición del poder. La AP de VALLADOLID ya ha dicho en múltiples ocasiones que cuando el administrador o representante de una sociedad firma un talón sin anteponer en la antefirma PP, se está obligando personalmente. Ver Anexo II
ANEXO I Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª) Sentencia núm. 281/2006 de 30 junio CAPITULACIONES MATRIMONIALES: MODIFICACION: inoponibilidad: procedencia: cambio de sociedad de gananciales a régimen de separación: deuda tributaria anterior al otorgamiento de las capitulaciones: producción del hecho imponible determinante del devengo del impuesto y del nacimiento de la obligación de pago para el deudor principal: conducta omisiva plenamente atribuible al administrador único y encargado único de la gestión de la empresa: responsabilidad de los bienes gananciales. Jurisdicción: Civil Recurso de Apelación núm. 11/2006 Ponente: Ilma. Sra. Arabela García Espina La Audiencia Provincial de Burgos declara haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de fecha29-07-2005dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Burgos, revocándola en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución. Burgos, a treinta de junio de dos mil seis. La Sección Segunda de La Audiencia Provincial de Burgos, constituida por los Ilmos. Sres. D. Juan Miguel Carreras Maraña, Presidente; Dª Arabela García Espina y D. Mauricio Muñoz Fernández, Magistrados, siendo Ponente Dª. Arabela García Espina, pronuncia la siguiente: SENTENCIA En el Rollo de Apelación núm. 11 de 2006, dimanante de Juicio Ordinario núm. 998/04, sobre declaración de inoponibilidad de capitulaciones matrimoniales, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Burgos, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra La Sentencia de fecha 29 de julio de 2005, siendo parte, como demandante-apelante La Agencia Estatal de La Administración Tributaria, defendida por el Letrado Sr. Abogado del Estado y como demandados-apelados D. Alejandro, representado en este Tribunal por La Procuradora Dª. Beatriz Domínguez Cuesta y defendido por el Letrado D. Emilio Jordán Manero y Dª. Sonia, representada en este Tribunal por La Procuradora Dª. Beatriz Domínguez Cuesta y defendida por La Letrada Dª Yolanda Valverde de Torre. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de la resolución apelada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: «Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en representación de La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra D. Alejandro y Dª. Sonia, representados por la Procuradora Sra. Domínguez Cuesta, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra, con expresa imposición a la actora de las costas procesales causadas».
SEGUNDO Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de La Agencia Estatal de La Administración Tributaria, se interpuso contra el mismo recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho. TERCERO El presente recurso de apelación fue deliberado y votado por este Tribunal en la fecha de su señalamiento, el 21 de febrero de 2006. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO El Abogado del Estado con la demanda iniciadora de este litigo pretende se declare la inoponibilidad frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los cónyuges demandados por escritura pública de 19 de abril de 1996, en la que se modificaba el régimen económico matrimonial que pasaba de ser el régimen de sociedad ganancial a un régimen de separación de bienes, y que las deudas tributarias de D. Alejandro por IVA (19901995) e IRPF (1993-1995) y las demás deudas devengadas con anterioridad a abril de 1996 tiene carácter ganancial y que por tanto el inmueble de la AVENIDA000 núm. NUM000 adjudicado a su cónyuge, la demandada Dª. Sonia, está sujeto al pago de tales deudas tributarias, al amparo de los artículos 1317, 1318 y 1401 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . La sentencia de primera instancia desestima la demanda, por entender que cuando se modificó el régimen económico matrimonial, La AEAT no ostentaba crédito alguno frente a D. Alejandro, por lo que no concurre el presupuesto de hecho que permita la aplicación del artículo 1317 del Código Civil. Contra la misma formula recurso de apelación la parte actora. SEGUNDO La sentencia de primera instancia sin entrar a examinar los restantes motivos de oposición (la falta de carácter ganancial de las deudas tributarias), desestima la demanda por entender no concurre el presupuesto de hecho del artículo 1317 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , concretamente que La Agencia Estatal de La Administración Tributaria (AEAT) tuviera contra el esposo demandado D. Alejandro un derecho de crédito con anterioridad a las capitulaciones matrimoniales. Dice el artículo 1317 del Código Civil: «La modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros». La jurisprudencia, interpretando este precepto, ha declarado: «la modificación del régimen económico matrimonial durante el matrimonio, no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros (artículos 1317 CC) sin que para la subsistencia y efectividad de dicha garantía sea necesario acudir a la rescisión o nulidad de las capitulaciones matrimoniales en que tal modificación se instrumente, ya que del sentido general de los artículos 1399, 1403 y 1404 del Código Civil se desprende que la preservación de los derechos de los acreedores se traduce en que estos conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor, con responsabilidad
ilimitada y, además, su consorte responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiese formulado debidamente inventario, pues, en otro caso, y por aplicación de las normas de las sucesiones (artículo 1401 y 1402 en relación con el artículo 1084 del CC) tal responsabilidad será ultravires ( SSTS de 20 de marzo [ RJ 1989, 2186] , 27 de octubre [ RJ 1989, 6965] y 22 de diciembre de 1989 [ RJ 1989, 8867] )». Ahora bien para que la modificación del régimen económico matrimonial resulte inoponible al acreedor es preciso que la deuda del cónyuge deudor haya surgido antes de que se otorguen las capitulaciones matrimoniales. En el caso de autos no es cuestión litigiosa que en la fecha que se otorgan las capitulaciones matrimoniales, el 19 de abril de 1996, existía una deuda tributaria frente a la mercantil Taller de Electrónica Gutiérrez, SL de la que era Administrador frente a D. Alejandro, y que a fecha de hoy está pendiente de pago, al menos, la cantidad de 141.529,69 €. Tampoco se cuestiona que la deuda tributaria de la mercantil, por IVA de 19901995 e IRPF de 1993-1995 (retenciones), es responsable subsidiario D. Alejandro, por haberse dictado con fecha de 18 de agosto de 2000 acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria frente al mismo, que no ha sido recurrido; lo que se cuestiones es que en la fecha de otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, modificando el régimen económico del matrimonio, La AEAT ostentara derecho de crédito alguno contra D. Alejandro; así como el carácter ganancial de la deuda. La sentencia recurrida así lo entiende pues considera que no es sino cuatro años después del otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, cuando la deuda tributaria de la mercantil Taller de Electricidad se convierte en deuda también del Sr. Alejandro quien, como tal persona física, no tenía hasta el momento en que se declara su responsabilidad subsidiaria, en el año 2000, obligación alguna de responder de la mencionada deuda. La parte actora entiende que La Sentencia recurrida confunde los conceptos de «nacimiento» y «exigibilidad» de la deuda tributaria. Y así, con apoyo en el artículo 40 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) , y en los supuesto de derivación de Responsabilidad Tributaria regulados en el artículos 37.5 de La Ley General Tributaria, sostiene que «la obligación de responder de las deudas tributarias de una entidad, para el responsable subsidiario queda definitivamente fijada y adquirida, (nace), en el mismo momento de la realización del presupuesto de hecho previsto en el precepto (realización de actos de gestión de su incumbencia de los que resultaron las deudas tributarias impagadas), sin perjuicio de que la "exigibilidad" de dicha obligación dependiese de una previa declaración de falencia y de un acto administrativo de derivación, que se configura así como una "conditio iuris" de la exigibilidad de esa responsabilidad, no de su nacimiento». TERCERO El artículo 28 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) dispone: «El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijada por la Ley para configurar cada Tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria».
Conforme a este precepto es evidente que las deudas tributarias nacen en el momento en que se devengan, es decir, cuando se realiza el «hecho imponible» que legalmente determina su constitución. Ahora bien este nacimiento de la deuda tributaria lo es con relación al obligado principal o directo. De lo que se trata hora es de determinar cuando nace la obligación de pago de la deuda tributaria, ya existente, para el responsable subsidiario. El artículo 37 de La Ley General Tributaria dispone: «La Ley podrá declarar responsable de la deuda tributaria junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidarias, o subsidiariamente». Para que La Administración pueda dirigirse a ellos es preciso la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsable solidarios, en su caso; así como un acto administrativo cuyo contenido necesario se establece en el artículo 14.2 del Reglamento General de Recaudación ( RCL 1991, 6, 284) , que declare la responsabilidad y determine su alcance. (artículo 37.5 de La Ley General Tributaria). El artículo 40.1 de la LGT de 1963 en su redacción dada por Ley 10/85 de 26 de abril ( RCL 1985, 968, 1313) regula la responsabilidad subsidiaria de los administradores de las personas jurídicas y lo hace en los siguientes términos: 1º.–«Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de los mismos que no realicen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones; Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los administradores de las mismas...». De los precepto reseñados, resulta que si bien la deuda tributaria nace cuando se realiza el «hecho imponible» que legalmente determina su constitución, momento en que nace la deuda tributaria para el obligado principal; para el responsable subsidiario, en la medida en que su posición deudora no deriva de la realización del hecho imponible del tributo, sino del especifico presupuesto de hecho de su responsabilidad fijado por La Ley, que se constituye el hecho que origina la causa de ella, y le atribuye la condición de obligado subsidiario respecto de quienes han realizado el hecho imponible. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contenciosa Administrativo Sección 7ª, de fecha 28 de julio de 2005 ( JUR 2005, 237306) que dice: «La obligación tributaria nace para el responsable (subsidiario) cuando se ha producido el hecho imponible y además, el presupuesto de hecho determinante de la responsabilidad», que en el caso presente como en el de la sentencia citada, tal y como se expresa en la STS de 30 de septiembre de 1993 ( RJ 1993, 6562) «el vinculo legal se origina al cumplirse el presupuesto de hecho de ser administrador de una persona jurídica y concurrir, además alguna de las otras circunstancias que describe el artículo 40 de La Ley General Tributaria». La realización del hecho imponible por el obligado principal y la realización del presupuesto de hecho de la responsabilidad del obligado subsidiario previsto legalmente, constituyen legalmente en obligado al pago al responsable subsidiario, aunque esa obligación no pueda hacerse efectiva, no sea exigible, en ese momento.
Será exigible una vez realizado el acto de derivación de la acción administrativa, que tiene un doble efecto: el meramente declarativo en cuanto a la existencia de la obligación y el constitutivo respecto de su exigibilidad. La declaración de falencia del deudor principal, y, en su caso, de los responsables solidarios, y la derivación de la acción administrativa se configuran como una «conditio iuris» para la exigibilidad de la deuda pero la obligación «ex legue» del responsable subsidiario surge con la realización de presupuesto de hecho establecido por La Ley; así adquiere sentido la posibilidad de que se adopten por La Hacienda Pública las medidas cautelares a que se refiere el artículo 37.5 de La Ley General Tributaria, antes de que se produzcan los presupuesto de hecho para la exigibilidad de la deuda. CUARTO En el caso de autos, las deudas procedían de liquidaciones tributarias por IRPF (retenciones) de los ejercicios 1993 a 1995 y por IVA de los ejercicios 1991 a 1995. Se levantaron dos actas de Inspección el 26 de marzo de 1996, firmadas de conformidad por el demandado D. Alejandro, en su calidad de Administrador de «Talleres de Electricidad Gutiérrez SL» en la que se contenían dos liquidaciones de las que resultaba una deuda tributaria por IRPF (retenciones de los períodos antes señalados) por importe de 7.399.431 ptas. y por IVA de los períodos antes señalados por importe de 29.041.235 ptas. (documento núm. 4 y 5 de la demanda). Se devengan posteriormente otras deudas tributarias. El día 19 de abril de 1996 los cónyuges D. Alejandro y Dª Sonia otorgan ante el Notario de Burgos escritura pública de capitulaciones matrimoniales, estableciendo el régimen de separación absoluta de bienes, que sustituye al régimen por el que hasta ese momento y desde la fecha de su matrimonio, 23 de septiembre de 1956, se habían regido, régimen de sociedad de gananciales. En dicha escritura los cónyuges liquidan la sociedad de gananciales, adjudicando los únicos bienes que dicen poseer de la siguiente forma: A D. Alejandro las 400 participaciones sociales del capital de «Taller de Electricidad Gutiérrez SL»; a Dª. Sonia la vivienda de la c/ AVENIDA000 núm. NUM000, núm. 17 Estudio tipo «E.1». El día 12 de diciembre de 1997 se declara fallido al deudor «Taller de Electricidad SL». Se inicia expediente administrativo para la derivación de responsabilidad subsidiaria y el 18 de agosto de 2000 se dicta Acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria respecto de D. Alejandro, como Administrador único de «Taller de Electricidad Gutiérrez SL», con fundamento en la condición de D. Alejandro de Administrador único de la deudora principal y por el incumplimiento por la entidad de sus obligaciones tributarias de cuya administración era el único encargado y por el cese del ejercicio de las actividades sociales de dicha entidad. Esta resolución administrativa recurridas por los interesados. de derivación de responsabilidad no fueron
En abril de 1997, la mercantil Taller de Electricidad Gutiérrez presentó solicitud de suspensión de pagos; estado en el que se declaró a la entidad por Auto de 29 de octubre de 1997. En este Auto, por ser el pasivo superior al activo, en una diferencia de 88.851.048 ptas., se concedió al deudor un plazo de quince días para
afianzar la diferencia entre activo y pasivo; por el deudor no se afianzó la cantidad requerida y se solicitó por escrito el 13 de enero de 1998 el desistimiento del procedimiento de suspensión de pagos, desistimiento que fue acordado por Auto de 18 de febrero de 1998, teniendo a la mercantil Taller de Electrizad Gutiérrez por renunciada a los beneficios de la suspensión de pagos. Habiéndose aquietado D. Alejandro con la declaración de responsabilidad subsidiaria de la deuda tributaria de la mercantil Taller de Electricidad Gutiérrez, ha de partirse, como hecho admitido la procedencia de la responsabilidad subsidiaria, así como de las circunstancias fácticas en que se fundamenta, esto es su condición de administrador único de la mercantil deudora tributaria principal, y el incumplimiento por el administrador de los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas. De conformidad con la derivación de responsabilidad subsidiaria de D. Jesús, el presupuesto de hecho que lo determina se produce en el momento en que, en su condición de administrador único y único encargado de la entidad, deja de ingresar dentro de los plazos reglamentarios señalados la deuda tributaria respecto de los impuesto y ejercicios a que se refieren las actas, infracciones que fueron tipificadas por la Inspección como graves, calificación que no fue recurrida, y es en ese momento, conforme se ha expuesto con anterioridad, cuando se convierte en obligado al pago, aunque aún el pago no le sea exigible por ser preciso. Conforme dispone el artículo 59.1 del RD 1841/1991 begin_of_the_skype_highlighting 1841/1991 end_of_the_skype_highlig hting de 30 de diciembre ( RCL 1991, 3026) por el que se aprueba el Reglamento del IRPF: «El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante el órgano competente de la administración Tributaria, declaración de las cantidades retenida y de los ingresos a cuenta que correspondan al trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en el Tesoro Público», por su parte el artículo 41.2 del Real Decreto 1624/1992 begin_of_the_skype_highlighting 1624/1992 end_of_the_skype_highlig hting de 29 de diciembre ( RCL 1992, 2834 y RCL 1993, 404) que aprueba el Reglamento sobre el Impuesto sobre el valor añadido dice: «las declaraciones liquidadoras ordinarias deberán presentarse en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre». Siendo la deuda tributaria, a la que se refiere este litigio, referida a los ejercicios 93-95, respecto a IRPF (retención), constando en el acta núm. 11517445 que en el cuarto trimestre de 1993 y ejercicios 1994 y 1995 el sujeto pasivo no ha presentado declaración liquidadora del impuesto, no obstante ha procedido a retener cantidades a cuenta de IRPF de esos períodos,;constando igualmente en el acta núm. 1516081 relación al IVA de los ejercicios 1990 a 1995: «De la comprobaciones efectuadas y de los Libros Registro de Facturas Emitidas y Soportadas resulta que el sujeto pasivo realizó entregas de bienes y prestaciones de servicios, cuya base imponible se detalla, habiendo repercutido la correspondiente cuota de IVA». Resulta con claridad que en la fecha de modificación del régimen económico matrimonial de 19 de abril de 1996, D. Alejandro ya se había constituido en obligado al pago, porque no sólo se había producido el hecho imponible determinante del devengo del impuesto y del nacimiento de la obligación de pago para el deudor principal, sino también el presupuesto de hecho determinante de su responsabilidad subsidiaria, al no ingresar la mercantil las deudas tributarias dentro de los plazos reglamentariamente señalados, conducta omisiva plenamente atribuible a D.
Alejandro en su calidad de Administrador único y encargado único de la gestión de la empresa. Frente a lo sostenido por la Sentencia de primera instancia, si se da el presupuesto de hecho que determina la aplicación del artículo 1317 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , en el que basa su pretensión la parte actora, «la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros». Es cierto que en la fecha de la modificación del régimen económico, aún no era exigible por la AEAT el pago de la deuda tributaria a D. Alejandro, pero habiéndose constituido ya en obligado al pago de la misma, la AEAT ya había adquirido un derecho de crédito contra el mismo. QUINTO Queda, ahora, por determinar, si la deuda tributaria era o no una deuda de la que deben responder los bienes gananciales. El artículo 1365 del Código Civil ( LEG 1889, 27) dispone: «Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge: 1º En el ejercicio de la potestad doméstica o e la gestión o disposición de gananciales, que por Ley o por capítulos le corresponda. 2º En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes. Si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará lo dispuesto en el Código de comercio». El Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de junio de 1990 ( RJ 1990, 4733) ha declarado, en relación con la modificación del régimen económico matrimonial, que los bienes gananciales han de responder directamente frente al acreedor del marido de las deudas por éste contraídas ( S. 29 de diciembre de 1987 [ RJ 1987, 9656] ), señalando la responsabilidad del cónyuge no deudor con los bienes que le hayan sido adjudicados ( STS de 15 de marzo de 1991 [ RJ 1991, 2261] ). Las deudas tributarias de las que responde D. Alejandro derivan del desempeño de su profesión u oficio, que no era sino el de administrador-gestor de la mercantil «Taller de Electricidad Gutiérrez SL» (que, no era sino una sociedad familiar, constituida por los esposos y el hijo del matrimonio Juan Luis, siendo accionista mayoritario D. Alejandro con 240 de las 400 participaciones, que tiene por objeto la instalación eléctrica y reparaciones de motor y objetos análogos) como Administrador único de la entidad, actividad que se ejercía con conocimiento de su esposa, que se realizaba en beneficio de la sociedad conyugal y que constituía el sustento de la familia, basta para ello observar las declaraciones del IRPF del matrimonio (declaración conjunta) de los años 1992, 1993, 1994, 1995, de las que resulta que los ingresos familiares correspondían únicamente a las retribuciones del trabajo que D. Alejandro recibía de la mercantil «Taller de Electricidad Gutiérrez SL» pues los rendimientos netos procedentes de capital mobiliario o inmobiliario, rondaba aproximadamente 2,5% de los rendimientos del trabajo de D. Alejandro. Procediendo las deudas tributarias del ejercicio ordinario de la profesión u oficio de D. Alejandro, que constituía el sustento familiar, existiendo ya en la fecha de modificación del régimen económico del matrimonio, el 19 de abril de 1996,
procede acceder a la declaración de inoponibilidad frente a La AEAT de las capitulaciones matrimoniales que modifican el régimen económico matrimonial solicitada en la demanda. SEXTO Las capitulaciones matrimoniales de separación de bienes no son oponibles a la deuda tributaria pendiente de pago de D. Alejandro por IVA (1990-1995) e IRPF (1993-1995), pero no puede entenderse acreditado que antes del 19 de abril de 1996, D. Alejandro se hubiera convertido en obligado subsidiario al pago respecto de otras deudas tributarias de la mercantil, de la que era administrador único. Así debe rechazarse la deuda tributaria de la mercantil correspondiente a las retenciones de IRPF del primer trimestre de 1996 (que en la demanda se certifica en 467.171 ptas.) o la deuda del IVA del primer trimestre de 1996 (145.823 ptas.), ya que teniendo el plazo la mercantil obligada principal, hasta el 20 de abril de 1996, para hacer el ingreso en el Tesoro Público, (artículo 59 del Reglamento del IRPF [ RCL 1991, 3026] y artículo 41 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido [ RCL 1992, 2834 RCL 1992, 2834 RCL 1993, 404] ), en la fecha de la modificación del régimen económico del matrimonio, 19 de abril, aún no había transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y por lo tanto en ninguna infracción tributaria había incurrido el administrador y por lo tanto no se había producido el presupuesto de hecho al que la Ley vincula el nacimiento de la obligación de pago, subsidiaria. Tampoco procede ordenar la cancelación de inscripción correspondiente a las capitulaciones matrimoniales y al inmueble, puesto que no se declara ni la ineficacia ni la nulidad de las capitulaciones matrimoniales o de las adjudicaciones, sino sólo la inoponibilidad de las mismas frente a la AEAT respecto a las deudas tributarias que se reseñan. SÉPTIMO La estimación parcial de la demanda determina que no proceda hacer imposición de las costas de la primera instancia (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ). Tampoco debe hacerse imposición de las costas de esta segunda instancia al estimarse el recurso de apelación (artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). FALLO Por lo expuesto, este Tribunal decide: Se estima el Administración revocación de apelante frente recurso se apelación formulado por La Agencia Estatal de La Tributaria contra la sentencia de fecha 29 de julio de 2005 y con la misma se estima parcialmente la demanda formulada por la a D. Alejandro y Dª. Sonia y se declara:
1º Que las deudas tributarias del obligado subsidiario D. Alejandro, por IVA (19901995) e IRPF (1993-1995) de «Taller de Electricidad Gutiérrez SL», tienen carácter de gananciales. 2º Que respecto a las mismas no son oponibles, a La Agencia Estatal de La Administración Tributaria, las capitulaciones matrimoniales de separación de bines otorgadas en escritura pública por los cónyuges el 19 de abril de 1996.
3º Que el inmueble sido en la AVENIDA000 núm. NUM000, adjudicado a Dª. Sonia en la liquidación de la sociedad de gananciales, está sujeto al pago de tales deudas tributarias. 4º No se hace imposición de las costas de ambas instancias. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN. – Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente Dª. Arabela García Espina, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que yo el secretario. Doy fe. PUBLICACIÓN. – En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª).Sentencia núm. 150/2010 de 18 mayo
JUR\2010\238821
Juicio ejecutivo.
Jurisdicción: Civil Recurso de Apelación núm. 119/2010 Ponente: Ilmo. Sr. D. josé jaime sanz cid
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 VALLADOLID SENTENCIA: 00150/2010 Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000119 /2010 SENTENCIA Nº 150 Ilmos. Sres. Magistrados: D. JOSE JAIME SANZ CID D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS D. ANGEL MUÑIZ DELGADO En VALLADOLID, a dieciocho de Mayo de dos mil diez. VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003 de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de JUICIO CAMBIARIO 0000802 /2009, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo 0000119 /2010, en los que aparece como parte demandante-apelante EXPLOTACIONS FORESTALS DE LŽALT URGELL S.A., representada por la Procuradora Dª. HERMINIA SASTRE MATILLA y asistida por el Letrado D. JAVIER ALEGRE ROSELLO, y como demandado-apelado D. Ángel Jesús , representado por el Procurador D. ABELARDO MARTIN RUIZ y asistido por el Letrado D. JOSE LUIS ESPINOSA RUEDA, sobre reclamación de cantidad. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida. SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 23 de Noviembre de 2009, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Estimo la demanda de oposición, en base a la excepción de falta de legitimación pasiva, interpuesta por don Ángel Jesús contra Explotacions Forestals de l'Alt Urgell, S.A., frente al juicio cambiario promovido por Explotacions Forestals de l'Alt Urgell, S.A., por la cantidad de diez mil ochocientos ochenta y un euros con sesenta y cinco céntimos (10.881,65€) más los intereses y las costas, derivada del suministro de maderas. Cada parte se hará cargo de sus costas y de las comunes por mitad." TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la parte demandante se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal se señaló para la deliberación y votación de la sentencia recurrida el pasado día once, en que se llevó a efecto lo acordado. ÚLTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las formalidades legales. Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JOSE JAIME SANZ CID. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO Se acepta únicamente el primero de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada porque hace una narración fiel de los hechos.
SEGUNDO Debemos proceder a revocar la sentencia dictada por el Juzgado porque sigue una doctrina totalmente contraria de la marcada por este Tribunal, pues si bien es cierto que algunas Audiencias, de forma minoritaria entienden que cuando el representante o administrador de una empresa estampa su firma en un pagaré sin hacer alusión a dicha empresa, no queda obligado personalmente, sino que quien se obliga es la empresa, sin embargo la mayoría de las Audiencias siguen el criterio contrario. Así se han manifestado: AP Valencia, 30 octubre 2009 y Sección 9, 12 mayo 2009; AP Gerona 17 septiembre 2009; AP Madrid, Sección 14, 30 junio 2009 y Sección 19, 19 febrero 2009; AP Málaga, Sección 5, 18 mayo 2009; y AP Sevilla, Sección 6,18 noviembre 2008 . Dichas sentencias no hacen otra cosa sino acoger la doctrina expresada entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Octubre de 1988 , conforme a la cual quien omite la contemplatio domini en la antefirma debe responder personalmente frente al tenedor de la letra o el pagaré, salvo que la firma por representación se deduzca claramente de las pruebas practicadas. Ello es así por cuanto la presunción contemplada en el Art. 9.2 de la Ley Cambiaria y el Cheque no se refiere a la contemplatio domini, sino a la existencia del poder en aquellos casos en los que se haga constar la representación en la antefirma. De modo que si se omite toda mención o referencia a la representación, generándose una apariencia en contrario, deberá ser el firmante quien cumplidamente acredite la actuación en nombre de otro en la que pretende escudarse. Ha de precisarse al respecto que el hecho de que el pagaré se halle librado contra una cuenta corriente bancaria de la que es titular la mercantil que administra el firmante no obsta a que este hubiera asumido personalmente la obligación cambiaria dimanante el mismo. Como bien expresa la sentencia apelada, el Art. 5 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable al pagaré, posibilita el que se fije como domicilio de pago el de un tercero, sin que ello altere la cualidad con la que interviene el firmante del documento. Es cierto por otra parte que la deuda cuya satisfacción se pretendía con la emisión del pagaré no era personal del firmante, si no consecuencia de las relaciones contractuales de obra existentes entre la entidad actora y la mercantil que aquel administraba. Ahora bien, ello tampoco empece a que se hubiere obligado personalmente el firmante al pago del efecto, ya que en absoluto cabe descartar el que las partes hubieran previsto o acordado el pago de esa deuda por un tercero, tal y como autorizan los Arts. 1.158 y ss del Código Civil , o la suscripción personal del efecto por el administrador para garantizar la deuda con su patrimonio personal, todo ello ante la precaria citación económica de la entidad. Solo así encuentra explicación dentro de la lógica de las relaciones mercantiles, que la actora contratase y ejecutase para la demandada un volumen de obra superior a los 196.700 euros, según resulta de la propia documental acompañada a los autos, cuando había asegurado la operación en Crédito y Caución y esta había clasificado muy negativamente la solvencia de esta ya en octubre de 2003, aceptándole un riesgo de tan solo 7.000 euros, clasificación que no consta variase hasta que el 11 de junio de 2008, un mes antes de que se la declarase en concurso voluntario, se le redujo a cero (folio 155). Precisamente por ello, aunque el pacto de garantía no se plasme por escrito en documento aparte, todos los pagarés emitidos para el pago de las distintas certificaciones de obra se firman a título personal por uno u otro administrador, ni uno solo en representación o por poder de la mercantil, como medio de avalar con sus patrimonios personales el definitivo cobro de la deuda. TERCERO Este Tribunal ya se ha pronunciado con anterioridad en éste sentido (27 marzo 2009, Sección 1), 10 diciembre 2007, 23 enero 2006) y, citamos por todas nuestra sentencia de 14 de abril 2009 : "La sentencia impugnada se hace eco del criterio mantenido por esta Audiencia en sus sentencias de 23 de mayo de 2005, 23 e enero de 2006 y 10 de Diciembre de 2007 , que no hace sino acoger la doctrina expresada entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Octubre de 1988 , conforme a la cual quien omite la contemplatio domini en la antefirma debe responder personalmente frente al tenedor de la letra o el pagaré, salvo que la firma por representación se deduzca claramente de las pruebas practicadas. Ello es así por cuanto la presunción contemplada en el Art. 9.2 de la Ley Cambiaria y el Cheque no se refiere a la contemplatio domini, sino a la existencia del poder en aquellos casos en los que se haga constar la representación en la antefirma. De modo que si se omite toda mención o referencia a la representación, generándose una apariencia en contrario, deberá ser el firmante quien cumplidamente acredite la actuación en nombre de otro en la que pretende escudarse. Ha de precisarse al respecto que el hecho de que el pagaré se halle librado contra una cuenta corriente bancaria de la que es titular la mercantil que administra el firmante no obsta a que este hubiera asumido personalmente la obligación cambiaria dimanante el mismo. Como bien expresa la sentencia apelada, el Art. 5 de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicable al pagaré, posibilita el que se fije como domicilio de pago el de un tercero, sin que ello altere la cualidad con la que interviene el firmante del documento. Es cierto por otra parte que la deuda cuya satisfacción se pretendía con la
emisión del pagaré no era personal del firmante, si no consecuencia de las relaciones contractuales de obra existentes entre la entidad actora y la mercantil que aquel administraba. Ahora bien, ello tampoco empece a que se hubiere obligado personalmente el firmante al pago del efecto, ya que en absoluto cabe descartar el que las partes hubieran previsto o acordado el pago de esa deuda por un tercero, tal y como autorizan los Arts. 1.158 y ss del Código Civil , o la suscripción personal del efecto por el administrador para garantizar la deuda con su patrimonio personal, todo ello ante la precaria citación económica de la entidad. Solo así encuentra explicación dentro de la lógica de las relaciones mercantiles, que la actora contratase y ejecutase para la demandada un volumen de obra superior a los 196.700 euros, según resulta de la propia documental acompañada a los autos, cuando había asegurado la operación en Crédito y Caución y esta había clasificado muy negativamente la solvencia de esta ya en octubre de 2003, aceptándole un riesgo de tan solo 7.000 euros, clasificación que no consta variase hasta que el 11 de junio de 2008, un mes antes de que se la declarase en concurso voluntario, se le redujo a cero (folio 155). Precisamente por ello, aunque el pacto de garantía no se plasme por escrito en documento aparte, todos los pagarés emitidos para el pago de las distintas certificaciones de obra se firman a título personal por uno u otro administrador, ni uno solo en representación o por poder de la mercantil, como medio de avalar con sus patrimonios personales el definitivo cobro de la deuda. A tales efectos resulta indiferente que la suscripción de los pagarés no se hiciese conjuntamente por ambos administradores, ya que al firmarlos individual y alternativamente resultaban en análoga medida comprometidos sus patrimonios". ÚLTIMO.- De acuerdo con los Art. 394 y 398 LEC , imponemos las costas de la instancia a la ejecutada, sin que hagamos especial imposición en ésta alzada. Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general aplicación. FALLAMOS Que estimando el recurso de apelación presentado por la Procuradora Dª. Herminia Sastre Matilla en nombre y representación de EXPLOTACIONS FORESTALS DE LŽALT URGELL S.A., debemos revocar y revocamos la sentencia de fecha 23 de Noviembre de 2009 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Valladolid , y condenamos al demandado a que pague a la actora 10.881,65 euros de principal, más los intereses legales correspondientes y al pago de costas de la instancia, sin que hagamos especial condena de las de la alzada. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en audiencia pública el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.
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