Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655399
Timestamp: 2019-07-16 05:20:36
Document Index: 59122347

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 8']

AUTORIZACIÓN A COMISIONES ESPECIALES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS FRENTE A SITUACIÓN DE EMPRESA GENER.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS EN FAVOR DE ZONAS EXTREMAS.
INVESTIGACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN CAMPAÑAS ELECTORALES.
INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA CAJA DE CRÉDITO PRENDARIO Y DE LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.
ALCANCES SOBRE VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
APORTE ESTATAL A NUEVA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
ENCUESTA DE LA EMPRESA GALLUP CHILE SOBRE LABOR LEGISLATIVA.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN LA PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIO HABITACIONAL POR EMPRESA ÉPSILON, EN COMUNA DE CONCHALÍ. Oficios.
RECONSIDERACIÓN DE MEDIDA TOMADA POR LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL. Oficios.
MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL NO DOCENTE. Oficios.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A SECTOR DE ALTO HOSPICIO. Oficio.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA RESOLVER SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE RAPS. Oficio.
RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA ANTE SOLICITUD DE DIPUTADO NELSON ÁVILA SOBRE EL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS. Oficio.
FISCALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS DE DOBLE VÍA. Oficio.
PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS EN METROTRÉN DESDE RANCAGUA A SAN FERNANDO. Oficios.
ESCLARECIMIENTO DE ANTICIPOS PECUNIARIOS A EX FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. Oficios.
Sesión 31ª, en jueves 4 de enero de 2001
(Ordinaria, de 10.50 a 14.57 horas)
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Acuña Cisternas, don Mario.
Autorización a Comisiones especiales para sesionar simultáneamente con la Sala9
Transparencia, límite y control del gasto electoral. Primer trámite constitucional. (Continuación)9
Compatibilidad entre funciones municipales y cargos de exclusiva confianza en la Administración Pública32
Medidas adoptadas por la Superintendencia de Valores y Seguros frente a situación de empresa Gener33
Constitución de Comisión especial para evaluar cumplimiento de medidas en favor de zonas extremas34
Investigación de intervención del Estado en campañas electorales35
Investigación del funcionamiento de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario y de las irregularidades denunciadas en infraestructura y seguridad37
Alcances sobre votación de los proyectos de acuerdo42
Aporte estatal a nueva Corporación de Desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota. Oficio43
Encuesta de la empresa Gallup Chile sobre la labor legislativa43
Construcción de embalses en la provincia de Ñuble. Oficios44
Irregularidades en administración de subsidio habitacional por empresa Épsilon, en comuna de Conchalí. Oficios45
Reconsideración de medida tomada por la Dirección de Aeronáutica Civil. Oficio46
Mejoramiento para el personal no docente. Oficios47
Suministro de agua potable a sector de Alto Hospicio. Oficio48
Adopción de medidas para resolver situación de los productores de raps. Oficio49
Resolución de la Corte Suprema ante solicitud de diputadoNelson Ávila sobre el general director de Carabineros. Oficio50
Fiscalización de circulación de vehículos en carreteras de doble vía. Oficio51
Planificación de itinerarios en metrotrén desde Rancagua a San Fernando. Oficios51
Esclarecimiento de anticipos pecuniarios a ex funcionarios de la municipalidad de Rancagua. Oficios52
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado que grava a las bebidas alcohólicas que se indican. (boletín Nº 264805)53
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor agregado que grava a las bebidas alcohólicas que se indican (boletín Nº 264805)55
3.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica en Chile en virtud del Reglamento “ALA”, sus anexos y protocolos, suscrito entre el Gobierno de Chile y la Comunidad Europea, en Bruselas, el 24 de noviembre de 1998 (boletín Nº 242310)56
4.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (boletín Nº 140218)56
Del diputado señor Bustos, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 de enero en curso para dirigirse a España.
Del diputado señor Navarro, instalación de cuartel de Investigaciones de Chile en la comuna de Penco.
De los diputados señores Ulloa, Díaz, Fossa, Jarpa, Navarro y Ortiz, exclusión de los funcionarios de las Fiscalías de Cortes de Apelaciones en el beneficio del bono de desempeño individual.
De los diputados señores Andrés Palma, Ascencio, Montes, Urrutia, Mulet, Patricio Walker, Ortiz y diputada señora Caraball, efectividad de denuncia relativa a empresas ligadas a Soquimich.
Del diputado señor Ortiz, proyecto de ley del Deporte.
Del diputado señor Navarro, alcances de resolución que estableció la extensión de la jornada de atención de público en los bancos.
Del diputado señor Jarpa, fondos adicionales para solucionar déficit hospitalario en la Región del Biobío.
De los diputados señores Sánchez, Navarro, Jaramillo y Ortiz, revisión de distribución de aportes a distintas instituciones de los fondos generados por Polla chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción.
Del diputado señor Urrutia, investigación por despido de profesionales del Centro CODCereco Qhalltani de la comuna de Arica.
De los diputados señores Krauss y Cardemil, proyecto de ley relativo a la suspensión del aumento de la tasación fiscal de los inmuebles ubicados en sectores declarados como centro histórico.
De los diputados señores Ulloa, GarcíaHuidobro, Hales, Tuma, Masferrer, Navarro, Rincón, Rojas, Mora y Salas, medidas necesarias para dotar a los Cuerpos de Bomberos de Curacaví y Casablanca de implementación para rescate.
Del diputado señor Pablo Galilea, diversos aspectos de las transmisiones en regiones.
De los diputados señores Lorenzini, Acuña, Jiménez, Ortiz, Vargas, Kuschel y diputada señorita Sciaraffia, incorporación de estación de Constitución a la red regional de Maule.
Del diputado señor Kuschel y bancadas parlamentarias del Partido Renovación Nacional, por la Democracia y Demócrata Cristiano, cobertura en zonas cordilleranas de las provincias de Llanquihue y Palena.
Del diputado señor Mora, balances de los años 1997, 1998 y 1999 de la Corporación Cultural y Turismo de Calama.
Asistió, además, el ministro del Interior (S), señor Jorge Burgos.'
El acta de la sesión 26ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Bustos para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 de enero en curso, para viajar a España.
La Comisión especial encargada de analizar la actuación de los funcionarios públicos que han colaborado en el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Matute Jonhs solicita sesionar hoy en forma simultánea con la Sala entre las 11.30 y 12.30 horas.
Señor Presidente, como presidenta de la Comisión de Drogas, pido autorización para que el martes y miércoles próximos ésta pueda sesionar simultáneamente con la Sala, para poder terminar de elaborar el proyecto de ley.
La petición es muy importante para acelerar la tramitación de dicho proyecto.
En el Orden del Día, corresponde, en primer lugar, continuar la discusión general del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Señor Presidente, en buena hora estamos discutiendo sobre un tema tan importante y postergado como el límite y control del gasto electoral en el país.
Sin duda, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema político es justamente la muy deficiente institucionalidad política del país, con problemas tanto de legitimidad como de eficacia de sus instituciones.
La institucionalidad política que tenemos después de doce años de haber ganado el plebiscito y diez de haberse instalado el primer gobierno democrático, del Presidente Patricio Aylwin , corresponde más bien a la de un país subdesarrollado.
En la década de 1950 alguien sostenía que Chile era desarrollado políticamente y subdesarrollado económicamente. Hoy, 50 años después, tal vez habría que decir lo contrario: que nuestro país se encamina hacia el desarrollo en lo económico, pero es subdesarrollado políticamente, puesto que no hemos logrado dotar a nuestras instituciones políticas de la necesaria legitimidad y, desgraciadamente en muchos casos, tampoco de eficacia.
En el caso de los gastos electorales y, en general, del financiamiento de la política y de los partidos, además tenemos un serio problema de falta de transparencia. A decir verdad, el sistema de financiamiento de la política y de los gastos electorales es una verdadera caja negra, una zona muy oscura, un ámbito desregulado que, comparado con el de Norteamérica, de Europa e incluso de América Latina, es una verdadera vergüenza.
A mi juicio, ha faltado visión y voluntad política. Hemos carecido de la visión necesaria para relevar la importancia de este tema y hemos empleado múltiples medidas dilatorias a lo largo de la década para evitar un pronunciamiento sobre el tema. De hecho, el último proyecto que conocimos sobre limitación del gasto electoral, cuyos autores fueron el entonces diputado señor Andrés Aylwin y el diputado señor Sergio Elgueta, se perdió en la Cámara por un solo voto.
Por lo tanto, es importante replantear la relevancia del tema y, ojalá, tener la visión y la voluntad política para legislar al respecto.
En otro orden de cosas, cabe puntualizar que la experiencia comparada no es concluyente sobre esta materia.
En primer lugar, el hecho de legislar no impide necesariamente la corrupción. Hay muchos países con legislaciones modernas, avanzadas, muy sofisticadas, aparente o teóricamente adecuadas sobre gastos electorales, en los cuales cada cierto tiempo quedan igualmente al descubierto distintos casos de corrupción, como en el último año en Alemania y Francia.
En segundo lugar, hay distintas formas de eludir las disposiciones de legislaciones de esta naturaleza. Hay resquicios legales que se emplean en Estados Unidos, donde está muy delimitado, por ejemplo, el aporte financiero a candidaturas individuales, con límites muy definidos, con normas muy estrictas; pero existe desregulación en lo que se denomina aportes institucionales, los que se hacen a los partidos y, por lo tanto, muchas veces se elude el espíritu de la ley, sobreponiéndose a esas regulaciones respecto de las donaciones individuales a través de las institucionales.
En fin, la legislación comparada da cuenta de luces y sombras al respecto; pero lo cierto es que, sin duda, el establecimiento de un tipo de legislación ayuda a evitar tanto la corrupción como esta situación de caja negra, de zona oscura, en que se mantienen los gastos electorales cuando no hay una legislación adecuada.
Quiero ser muy claro: no habrá verdadera solución al tema del financiamiento de la política y de los gastos electorales si no se introduce un sistema de financiamiento público.
Sé que es un tema odioso, impopular, difícil; pero la única forma de corregir las inequidades, distorsiones y desequilibrios que se producen en la materia es a través de un sistema de financiamiento público de los gastos electorales. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para enfrentar este tema tan importante.
Desgraciadamente, el proyecto que estamos conociendo no regula esa situación, ya que no introduce un sistema de financiamiento público y, por lo tanto, es una solución parcial, limitada.
Insisto, no habrá una verdadera transparencia y una verdadera equidad mientras no se introduzca el sistema de financiamiento público en nuestro país.
Señor Presidente, el proyecto mismo apunta a cuestiones que son importantes y que debemos acoger. El tema del límite máximo de gastos, con cifras razonables, para las elecciones presidenciales, de senadores, de diputados, de alcaldes, me parece de la mayor importancia; es un avance sustantivo. Actualmente no existe en nuestro país un límite máximo para los gastos electorales.
La prohibición de aportes financieros procedentes de la administración pública, de los órganos del Estado o de las empresas del Estado, al igual que aportes de origen extranjero, también es importante para velar por la adecuada transparencia del sistema de financiamiento de la política.
El establecimiento del 5 por ciento como máximo de apoyo anónimo al total de gastos electorales, asimismo, es un margen razonable.
La creación de un sistema de administración electoral ad hoc, especialmente concebido para este sistema de financiamiento, también es un aporte importante.
¿Cuáles son las dudas y las sugerencias que podrían transformarse en indicaciones más adelante?
En primer lugar, definir con mayor realismo y precisión lo que debe entenderse por gasto electoral. El gasto electoral que verdaderamente importa lo sabemos quienes hemos sido candidatos a cargos de representación popular es básicamente el de la publicidad, fundamentalmente el de la publicidad radial, que, además, digámoslo derechamente, es una forma de apoyar, especialmente para quienes somos de regiones, a las radioemisoras de provincia y de regiones, dado que la televisión es gratuita en materia de propaganda electoral. El tema de la imprenta, de la publicidad escrita, obviamente es una ayuda mayor para los candidatos. Asimismo, el tema del transporte es relevante.
Menciono estos ejemplos, porque son fácilmente controlables desde el punto de vista de la fiscalización.
Queda una gran duda acerca del tema de la publicidad de los donantes o aportantes. Algunos países, como Alemania, establecen que sobre un cierto límite debe establecerse la identidad de los aportantes, con el objeto de lograr transparencia. En cambio, bajo ese límite, no es necesario señalar a la persona natural o jurídica que aportó determinados recursos.
Por cierto que esto se presta también para resquicios y fraudes. De hecho, el caso de corrupción que se ha denunciado en Alemania, por ejemplo, tiene mucha relación con este tema.
En fin, sugiero innovar se va a presentar indicación a este respecto, en lo que se refiere al proyecto de ley, al menos en tres aspectos:
En primer lugar, que se establezca un sistema de crédito tributario para donaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas, fijando un tope. Esto, que será un incentivo para generar aportes en donaciones a las candidaturas electorales, existe en muchos países. En Chile se ha establecido este tipo de estímulos para favorecer a la educación y a la cultura, por lo que, a mi juicio, no hay razones para no extenderlo al financiamiento de los gastos electorales. Se materializará en una indicación importante, que presentaremos algunos diputados, porque estimamos que será un incentivo adecuado en ese aspecto.
En segundo lugar, hay que subir el tope de los aportes que señala el artículo 14 del proyecto, según el cual sobre 20 unidades tributarias mensuales debe señalarse la identidad, el nombre del aportante. Dicha cifra, que equivale aproximadamente a 540 mil pesos, es muy baja. Considero razonable establecer la identidad del aportante por sobre una cifra importante, pero no por 540 mil pesos; porque, obviamente, mucha gente no estará dispuesta a hacer un aporte tan exiguo, tan modesto, si a cambio de ello debe identificarse.
Personalmente, estimo razonable establecer un límite de 100 unidades tributarias mensuales cinco veces lo dispuesto en el proyecto, que equivalen aproximadamente a unos 2 millones 500 mil pesos, para obligar a señalar el nombre del aportante, ya que una cifra menor me parece muy poco realista y se prestaría para aplicar muchos resquicios y formas para eludir ese control.
En tercer lugar, debemos establecer una medida importante, que hemos conversado con diputados de distintas bancadas: despenalizar este tipo de infracciones, no convertirlas en delitos. Por ejemplo, establecer que cuando se exceda el límite máximo permitido por la ley, se declare como renta y, por lo tanto, se pague como impuesto a la renta dentro del global complementario. Me parece que eso sería mucho más realista.
Existen diversas formas, que se pueden concretar en indicaciones, para perfeccionar el proyecto, el que apunta en la dirección correcta al establecer un límite y un control al gasto electoral, pero que es insuficiente, porque no hace frente al tema de fondo, que es la necesidad del financiamiento público de la política y de los gastos electorales, razón por la cual creemos que muchas de sus normas pueden ser perfeccionadas mediante distintas indicaciones.
Señor Presidente, termino recordando que en el programa presentado por la Alianza por Chile durante la campaña presidencial pasada, cuyo candidato presidencial fue Joaquín Lavín , se establece textualmente, en la página 101, lo siguiente, bajo el título “Transparencia en el financiamiento de las campañas políticas”: “Para lograr este objetivo se debe establecer la obligación de las campañas de llevar contabilidad pública respecto de los aportes que reciben y los gastos que realizan, de manera de garantizar la transparencia de los recursos que se emplean, evitar la corrupción y la coerción.
“Además, hay que acortar el período oficial de campaña para reducir los costos que tiene para el país el proceso electoral”.
Entiendo que los partidos políticos de la Alianza por Chile la UDI y Renovación Nacional, contrajeron un compromiso con el país al aprobar el programa de gobierno del entonces candidato presidencial Joaquín Lavín. Por lo tanto, espero que eso sea un incentivo, y por ello lo recuerdo, para que voten a favor del proyecto, que, precisamente, establece un sistema de contabilidad pública en materia de gasto electoral. En consecuencia, confío en que la iniciativa recibirá un apoyo sólido, fuerte, unánime, de las bancadas, o bien, que sea aprobado por abrumadora mayoría, con el objeto de que no se repita lo que sucedió la última vez por un voto se perdió un proyecto similar en la Sala y de que podamos introducir indicaciones para perfeccionar el límite y el control del gasto electoral.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, en la discusión de esta iniciativa, quiero abordar este importante tema desde el punto de vista de mi experiencia como titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, pues considero que, en la actualidad, uno de los pilares centrales de la actividad legislativa es justamente el referido a la capacidad de regular y ordenar los mercados de la más variada índole, aunque debe quedar en claro que la disputa de ideas no es un mercado.
Más allá de los comentarios sobre tan importante materia, considero indispensable consensuar en algo de tanta trascendencia en la sociedad chilena. El artículo 45, que nos correspondió tratar en la Comisión de Hacienda, y que, prácticamente, no fue discutido y se aprobó por unanimidad, da un respaldo a lo que entro a comentar.
Los antecedentes del proyecto son de un peso profundo, ya que nos hacen retroceder en la historia política de Chile y recordar cuánto ha costado a este nuevo país instalar la débil democracia que tenemos.
Aunque la exposición de los diputados informantes ha sido muy explícita y amplia, nunca dejará de ser interesante el aporte que cada uno de los parlamentarios podemos hacer.
Los ciudadanos corrientes del país el hombre y la mujer que sufren los avatares de un mercado enorme, integrado, hiper-tecnologizado, en los esfuerzos de control y de manejo de sus vidas, encuentran en el Estado y especialmente en el Parlamento, un instrumento de control de ese gran poder de los conglomerados. Lo hemos visto en las regulaciones sobre tarifas de las empresas de servicios básicos; en los esfuerzos llevados a cabo para asegurar los derechos de los deudores de bancos y financieras.
Pues bien, la independencia de juicio de todos los parlamentarios, especialmente de quienes conforman las comisiones técnicas encargadas de esta temática, es fundamental. Cuando hablamos de independencia, lo decimos claramente: es independencia de grupos, y eso sólo se logra cuando éstos no financian las campañas parlamentarias o, si lo hacen, no son decisivos en la definición de las contiendas electorales.
No queremos ver diputados ni senadores, y tampoco alcaldes o concejales, sujetos al veto de sus propiciadores. Queremos ver hombres y mujeres de todos los niveles sociales que opinen libremente en favor de los grandes intereses de la patria. ¡Cómo quisiera no equivocarme y dar respuesta a nuestra tradicional historia republicana!
Pero, así como debe haber independencia del mundo de las finanzas, deberá haberla respecto del mundo del Estado. Tan grave como emplear abusivamente el dinero de origen privado, es abusar del aparato del Estado para conseguir objetivos políticos.
Mi opinión y mi comentario es muy personal, ya que se basa en la experiencia que tuve de ver cómo candidatos usaron y abusaron de los medios de un organismo público, de sus planes y programas, para generarse dividendos muy personales. Dado que denuncié oportunamente tales hechos, creo que la experiencia es válida. Aquello tampoco puede admitirse y es una cuestión que nos obligará a dictar, seguramente, normas más estrictas para sancionar el intervencionismo estatal indebido en los procesos electorales.
Termino haciendo un llamado a la prudencia, a la generosidad de todos los señores diputados. Debemos crear un sistema de financiamiento público de la política para evitar, por el bien del país, el desprestigio de la función pública, que hoy se encuentra tan desgastada y relativamente desprestigiada; sobre todo, para resguardar el fuero más esencial de la función legislativa: la independencia de juicio. Sólo de eso se trata; de algo que parece tan básico pero que, a veces, no se entiende.
Creo que el proyecto que hoy se debate, tan interesante y de tanta trascendencia, no podrá ser una ley perfecta, y al no haberla, el intento es válido.
Señor Presidente, inicio mi intervención sobre el proyecto relacionado con la transparencia, límite y control del gasto electoral, manifestando que en nuestra trayectoria política ya hemos tenido ocasión de discutir y de hacer propuestas en forma reiterada sobre la materia, buscando una solución en nuestra democracia a la participación de los partidos políticos en las campañas electorales.
El tema siempre se ha centrado en si el Estado debería financiar a los partidos políticos para garantizar el buen funcionamiento de la democracia; porque es reconocido que las corrientes políticas se concentran en los partidos, depositarios de las ideas, sueños y aspiraciones de los distintos sectores.
Por eso, cuando nos presentan en la Cámara de Diputados este proyecto del Ejecutivo, lo primero que podemos afirmar es que echamos de menos cómo resolver que hoy puedan seguir existiendo los partidos políticos que no están en el Gobierno. Esa es la primera gran incógnita que tenemos, porque es sabido que los partidos se deben financiar con aportes de privados para poder contratar un aparato administrativo y de profesionales que permita realmente cumplir con los requerimientos de entregar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Sin embargo, en el proyecto que estamos analizando se ha puesto, incluso, un límite al gasto electoral; pero antes de dar mi opinión respecto de cómo podría votarlo, quiero señalar tres aspectos.
En primer lugar, en los últimos diez años hemos asistido a una intervención descarada del Gobierno, de las municipalidades, en las campañas electorales, y esa intervención pasa por poner la infraestructura de las organizaciones fiscales al servicio de candidaturas con nombre y apellido. Eso es absolutamente comprobable y ha sido denunciado en forma reiterada, ya que camionetas, conducidas por funcionarios públicos, han sido empleadas en campañas políticas. Si agregamos la contratación indiscriminada de personas para hacer política en las poblaciones, cabe concluir que son activistas contratados con recursos del Estado.
Entonces, es muy difícil pensar en tener una ley ecuánime en cuanto al gasto electoral; porque mi segunda observación es cómo valoramos todos los aportes del aparato fiscal a una campaña electoral: las personas contratadas, los vehículos disponibles, el combustible y los locales que se utilizan; los gastos reservados de los funcionarios de alto nivel puestos a disposición de esas campañas. Si a ello agregamos las escenas que hemos visto en cada campaña, como reparto de alimentos, casa por casa; la ayuda social; la prioridad en la entrega de viviendas básicas a personas que se identifican con ciertos colores políticos, concluiremos que es muy difícil evaluar una ley que dé equidad a las campañas electorales.
En tales condiciones resulta muy difícil entrar en el tema, y no hay ni siquiera indicaciones que pudieran reflejarlo; porque, en este proyecto del Gobierno, se habla de aportes máximos que se podrían obtener y se limita el gasto electoral a la cifra de 0,04 de unidad de fomento por cada ciudadano inscrito “en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondientes”.
Esa cifra más bien parece una mascarada, porque los recursos que se necesitan para una campaña son absolutamente diferentes de ese valor, ya que la publicidad sube sólo en el período de las campañas electorales. Los medios de comunicación escritos hacen que éstas tengan un tremendo costo que, a veces, es imposible de solventar. En esas circunstancias, entonces, todas las campañas requieren pasar el platillo, situación reflejada en el proyecto, porque plantea que si un candidato a parlamentario solicita recursos a determinados empresarios, existe el riesgo del compromiso y la venta de ese parlamentario a los grupos económicos. Esa es una verdad. Pero, ¿de qué otra manera se puede hacer?
Entonces, fijar un límite como el señalado, impediría llevar adelante las campañas.
También hay una diferencia sustantiva entre ser candidato de Gobierno y serlo de Oposición. Con este proyecto de ley se pretende ecuanimidad y transparencia en el gasto electoral. Pero y es bueno que lo digamos, porque la sesión se televisa a través del canal de la Cámara, que se ve en todas partes de Chile no hay posibilidades ecuánimes para que cualquier chileno pueda ser candidato a concejal o a parlamentario. En este país, el ciudadano que no es capaz de autosustentarse económicamente, no puede ser candidato. Esto hay que repetirlo, porque es una realidad que vivimos permanentemente. Siempre debemos buscar a las mejores personas para postularlas, pero como todas dependen de sus ingresos ordinarios, en la práctica, muchas están imposibilitadas de ser candidatas. Eso tiene relación con este tema la fijación de un tope, porque es imposible que una persona deje su puesto de trabajo a fin de presentarse a una elección sin contar con un ingreso razonable o equivalente al que tenía. Luego, nos vemos enfrentados a situaciones que son muy difíciles de resolver.
Por otra parte, el artículo 2º señala los siguientes conceptos que se considerarán gastos electorales en una campaña: propaganda y publicidad dirigidas a promover el voto para un candidato o candidatos determinados; arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña; pagos al personal que presta servicios a las candidaturas; gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, etcétera. Hay una diversidad de ítem que hacen imposible que este proyecto pueda tener destino. Lo digo con mucha tranquilidad. No es cuestión de sesgo político, sino que reitero es imposible que el proyecto pueda llegar a buen puerto, porque no representa la realidad que vivimos permanentemente.
El problema ha sido resuelto de distintas maneras en otros países. En algunos casos se paga por voto a los partidos políticos para que puedan financiar sus candidaturas. Este proyecto no tiene nada de eso, y ni siquiera una indicación nos serviría, porque cambiaría absolutamente sus ideas matrices, por lo que sería reglamentariamente improcedente.
Me resulta muy difícil aprobar un proyecto de esta naturaleza, aunque su “cáscara” presente una loable iniciativa: transparencia, que libremente los candidatos puedan pedir apoyo, recibir donaciones cuyo origen se conozca.
Una cosa más. ¿Cómo valoramos la ayuda internacional? Hay organizaciones internacionales que en forma permanente han ayudado a distintos grupos en todas las etapas de la historia política del país. Al respecto, se formulan acusaciones, por ejemplo, se desclasificaron documentos de la CIA y se señalan los grupos económicos o políticos que han ayudado a determinados sectores. También se sabe del plan de la Unión Soviética para introducir el socialismo en Sudamérica, con recursos y elementos bélicos.
Esos son hechos que tienen directa relación con lo que estamos debatiendo, pero que no están debidamente reflejados en la iniciativa ni tenemos cómo contrarrestarlos. Esa es mi preocupación. ¿Por qué el proyecto no dice relación con la realidad chilena? Somos un país pequeño, muchas veces entregado a poderosas naciones que lo han utilizado como plataforma para experimentar corrientes políticas. Así, han venido de Europa y han existido las organizaciones no gubernamentales, ONG, cuyo actuar se ha traducido, finalmente, en la contratación de miles de personas que han sido proselitistas políticos.
Por eso, rechazo en la forma y en el fondo el proyecto. Creo que ni con indicaciones podría tener alguna viabilidad. El día en que los parlamentarios tengamos la facultad de presentar un proyecto de ley sobre la materia que no sea declarado inadmisible hoy la facultad es sólo del Ejecutivo, podremos entrar a dialogar y a buscar consensos sobre los elementos necesarios para financiar los partidos políticos y, de buena forma y con transparencia, las campañas electorales, con lo cual permitiremos que cualquier chileno pueda ser candidato y no deba perder su independencia o estar bajo el alero de partidos políticos para tener esa opción.
Señor Presidente, sin lugar a dudas, como se ha expresado, éste era uno de los temas pendientes que teníamos como país, el cual tiene el desafío de modernizar su Estado y consolidar y ampliar su democracia. En definitiva, tenemos la obligación de fijar reglas claras que determinen la relación, hoy oscura y poco transparente, entre dinero y política.
En nuestro país como se ha dicho el financiamiento de las campañas políticas es un misterio, una caja negra. Es un hecho en Chile, y si se observan experiencias en otros países, se podrá ver que las campañas cada vez parecen ser más onerosas y no se avanza hacia la ampliación o consolidación de las democracias, sino hacia una plutocracia, donde pareciera que pueden tener éxito aquellos candidatos que más gastan, que más recursos tienen, que más dinero reciben; que en plenas campañas no sólo se publicitan más a través de la prensa, sino que ya se aprecian acciones que contrastan absolutamente con la ética.
Es lamentable, pero ello existe en nuestro país. No reconocerlo y no decirlo es la política bastante frecuente de la hipocresía.
En mi distrito he visto estoy segura de que también todos los señores diputados cómo algunos candidatos abusan, no sólo demostrando tener gran cantidad de dinero que arrojan en sus campañas, sino que, incluso, pagando cuentas a ese extremo de luz y de agua de electores.
En el siglo pasado se luchó arduamente en contra del cohecho, por establecer que los ciudadanos aquellos que deben elegir votaran en conciencia y libremente, sin la presión que ejercían los patrones de los fundos. En la actualidad existen nuevas modalidades de cohecho. Quiero llamar, tranquilamente, con el nombre de “cohecho” la circunstancia de que candidatos paguen cuentas, lo cual se ha transformado en una relación clientelar que, incluso, ha llegado a extremos. Por ejemplo, un elector me dijo: “Quiero saber si me va a pagar una cuenta”, a lo cual yo le respondí: “Mire, yo no voy a pagar ninguna cuenta. Usted sabrá si va a votar o por quién lo hace”.
En un mundo en que las campañas son cada vez más onerosas, la relación entre política y ética debería ir estrechamente ligada. Por eso, estoy satisfecha de que, por lo menos, discutamos este tema que, al parecer, no nos llama la atención a todos de igual manera y sobre el cual, de cara al país, deberíamos exigir que sea de la mayor importancia, pues la credibilidad y el prestigio de la actividad política también están relacionados con él.
Es un hecho que el financiamiento de las campañas políticas, hoy oscuro y poco transparente, puede transformarse en una indebida presión a la hora de tomar decisiones políticas, acuerdos o de votar determinados proyectos de ley. Se corre el riesgo de socavar una sociedad auténticamente democrática cuando no hay equidad, cuando parece ser que para financiar una campaña se tiene que tener medios, amigos con recursos o relaciones muy estrechas con empresas. Aparentemente, no se entiende otra manera de hacerlo. Por eso, era necesario poner el tema en el tapete para su discusión. Hay que darse cuenta de que no contar con financiamiento público para las campañas y los partidos es el inicio de la corrupción. Ello da pie a las nuevas modalidades de cohecho denunciadas y a la construcción de una sociedad poco democrática.
Es fundamental legislar para hacer transparente la relación entre política y dinero. Daremos un paso adelante si logramos establecer los mecanismos necesarios que permitan esa transparencia. Se trata de limitar, de controlar la influencia del dinero en la actividad política. A partir de este principio, las distintas democracias modernas del mundo han abordado y regulado este complejo tema. Al respecto, se citaba los ejemplos de Alemania, Francia, España, Estados Unidos y muchos otros países que no reiteraré. Sin embargo, es interesante constatar porque es cierto que no basta con la sola legislación para evitar la corrupción. Pero ya es un instrumento. A eso apunto. Ésa es la razón por la cual debemos apoyar el proyecto, más allá de sus insuficiencias, que pueden ser perfeccionadas con indicaciones.
No hablamos sólo de que tiene que haber mayor transparencia en el ámbito público, sino, también, de la perspectiva de la actividad política, del propio sector privado. Incluso, un factor que pueden considerar los empresarios internacionales a la hora de decidir inversiones en un país, entre otras cosas, por ejemplo, puede ser la transparencia del financiamiento de la política. ¿Por qué? Para resguardarse de los abusos o presiones a que pueden ser sometidos por sectores o personas que tengan algún poder.
Eso no es una cuestión menor, como ha quedado comprobado con la denuncia de ciertos actos de corrupción o presiones a empresas por parte de personas poderosas.
Es efectivo que la legislación comparada, como decía el colega Ignacio Walker , no es concluyente. Estoy de acuerdo, pero lo importante es contar con instrumentos, los que en Chile con vergüenza, debemos reconocerlo no existen.
Sin embargo, aquí se trata de establecer por lo menos los mecanismos que limiten el monto y la concentración de las donaciones y el gasto en los procesos electorales. Durante la campaña presidencial pasada, el país entero quedó anonadado al ver la cantidad de recursos que se invirtieron. El tema de cómo se manejará el financiamiento público en las campañas electorales debe golpear nuestras conciencias.
En ese sentido, este proyecto de ley ha abordado estos tres temas. Espero que alguna vez tengamos la misma transparencia para el financiamiento de los partidos políticos, como se ha dicho, que no es materia del proyecto, pero que comparto. Alguna vez tendrá que ser abordado para la sanidad del país, la claridad del ámbito público y para una buena relación entre ética y política.
Desde esta perspectiva general, sin duda, el proyecto contribuye a resolver los temas mencionados con anterioridad y limita por primera vez la relación entre política y dinero, relación que necesariamente debe ser transparente y servir de ayuda para clarificar el origen del financiamiento de las campañas políticas. Ello, con el establecimiento de normas que no sólo regulen la actividad de los candidatos, sino también la de los ciudadanos, de las empresas y de los grupos sociales que, desde el ámbito privado, quieren legítimamente colaborar con ese financiamiento.
Estamos ciertos de que se alzarán voces para poner en duda la eficiencia de los costos del proyecto o para dar cualquier argumento que intente afirmar, como se ha hecho, que estamos fomentando la evasión. Al respecto, siempre habrá alguien que pretenda escapar a los efectos de una norma. Pero no podemos abstenernos de legislar, cuando lo que se busca es una mayor transparencia.
Nunca podrá ser un impedimento para legislar, por ejemplo, el argumento de algún costo que dificulte la fiscalización de las donaciones y sus límites máximos. Es más, es la oportunidad que tenemos en esta Sala y el plazo para perfeccionar dicho mecanismo. Los gastos en televisión y en los medios de comunicación son completamente fiscalizables.
La idea de generar mecanismos internos, por ejemplo, para supervisar las donaciones en las empresas, es completamente fiscalizable. La mejor forma de combatir la evasión de las normas reguladoras de las donaciones y los límites de los gastos electorales, a mi juicio, es fortaleciendo las facultades y las sanciones de las instituciones responsables.
En la Sala, escuché una opinión perfectamente respetable, pues, desde luego, este es un tema controvertible y reconocemos su complejidad que señalaba que quizás lo mejor sea despenalizar las acciones. Yo creo lo contrario. Debemos facultar a la entidad que va a fiscalizar, pero, al mismo tiempo, crear nuevas figuras penales para sancionar con más severidad a los transgresores. De otra manera, estamos creando ficciones. Todos sabemos que los llamados “administradores electorales” deben entregar la información; si mienten, la ocultan o transgreden su obligación y no existe sanción penal, lo más probable es que esa institución carezca de eficacia.
Por eso, a pesar de que el proyecto establece ciertos mecanismos adecuados y equilibrados de regulaciones y sanciones, podríamos perfeccionarlo, por ejemplo, mediante la regulación de los procedimientos a través de los cuales las sociedades anónimas, colegios profesionales, sindicatos u otras entidades privadas tomen la decisión de realizar una donación a un determinado candidato o candidata. Ello perfectamente podría ser aprobado por sus directorios.
Otra materia importante es la que fija facultades al organismo contralor. Hablo, en este caso, de la dirección del Servicio Electoral para recolectar la información necesaria en las distintas instancias. Si no dotamos a la entidad fiscalizadora, concretamente al director del Servicio Electoral, lo estamos maniatando, lo que le impedirá ejercer esa facultad. Por lo tanto, deberíamos establecer con claridad la obligatoriedad de entregar esa información por parte de las candidaturas y los administradores electorales en general.
Además, es importante consignar que los donantes privados también deberían estar obligados a declarar sus donaciones ante el Servicio Electoral. Se sugería fijar una cantidad no tan baja en UTM. Podría ser y estaría de acuerdo. En todo caso, estos puntos tienen tremenda trascendencia y es de nuestra responsabilidad buscar el consenso para legislar de la mejor manera.
Sin embargo, debería crearse una figura penal especial, como una manera de mostrar voluntad política clara, que es lo que falta hoy, fundamental para preservar el prestigio y la necesaria transparencia que deben primar en el ámbito público.
Por último, según antecedentes que proporcionó el diputado informante, ninguna candidatura a senador, diputado o concejal podría sobrepasar, por concepto de gastos electorales, la cantidad que resulte de multiplicar por 0,04 unidades de fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la correspondiente circunscripción, distrito o comuna. Por ejemplo, en el distrito 29, que represento, con cuatro comunas, hay 208.641 electores. Si se multiplica esta cantidad por 0,05, que era el porcentaje que originalmente se consignaba, se llega a la cantidad de 162.218.378 pesos. Esa sería la cantidad que se autorizaría gastar en la próxima campaña a diputado.
Sólo la posibilidad de permitir ese gasto en un distrito me deja perpleja y me parece un escándalo. Llamo la atención de los honorables colegas al respecto. Por eso, debe rebajarse ese índice, por lo menos, a la mitad, que es lo que propondré en una indicación, porque no estoy dispuesta a aceptar que se establezca ese marco, aunque se sabe que ha habido personas que han gastado más. En nuestro país existe la experiencia de campañas escandalosamente millonarias, que distorsionan la conciencia de la ciudadanía y crean una relación clientelar con los electores que altera la elección libre, soberana y en conciencia.
Por lo tanto, considero que el índice de 0,04 unidades de fomento por elector es inadmisible. En un país como el nuestro, donde existen tantas necesidades, con un alto nivel de cesantía y con una economía que no se dinamiza como quisiéramos, haríamos mal si no fuéramos capaces de establecer regulaciones claras, precisas y efectivas, de manera de prestigiar la actividad pública y demostrar que se está en ella para servir y no para servirse.
Por lo tanto, en general, es necesario formular indicaciones que permitan perfeccionar el proyecto, que de todos modos constituye un primer paso en la materia.
Señor Presidente, tal vez no se ha dimensionado en toda su magnitud la importancia del proyecto. Quizás el Gobierno conoce su relevancia, pero lo ha calificado de “suma” urgencia, con lo cual se trató de impedir un debate adecuado.
Quiero recordar que el Gobierno, al establecer esta calificación, en la práctica obligaba a la Cámara a discutir el proyecto en general y en particular e impedía presentar indicaciones. Por lo tanto, sólo quedaba la posibilidad de aprobar o rechazar lo que establecieron las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.
Gracias a la decisión de la Mesa y de los Comités se logró un plazo más amplio de dos días de debate y la posibilidad, por acuerdo unánime, de presentar indicaciones hasta el próximo lunes a las 12 horas, con el objeto de que se debatan y voten en la Sala el martes. Sin duda, esto es un avance respecto de la técnica para imponer determinado criterio por parte del Gobierno.
Lo óptimo sería que retirara la suma urgencia y que las indicaciones que se hagan llegar a la Mesa se debatieran en comisiones, ya que, de las conversaciones preliminares con diputados de distintas bancadas, se colige que constituirán un cúmulo significativo, al menos en número, por lo que el martes será difícil su debate y compaginación.
Por ende, teniendo presente la relevancia, importancia y trascendencia del proyecto para la actividad política, para la acción que nosotros mismos desarrollamos, pido de nuevo al Gobierno que retire la “suma” urgencia, sin perjuicio de asumir el compromiso por nuestra parte de no dilatar en exceso su tramitación. Lo despacharíamos en el presente mes de enero, lo cual posibilitaría tratar adecuadamente las indicaciones que se presenten, de manera de lograr una legislación eficaz y coherente que cumpla el objetivo que se pretende, como es que en las campañas electorales haya transparencia e igualdad de oportunidades.
Por lo menos, mi bancada hará los esfuerzos necesarios para que las indicaciones de los diputados que la integran respondan a ese anhelo. En otras ocasiones, en proyectos quizás de similar relevancia, el tiempo, a pesar de la facultad del Gobierno de determinar la urgencia, no ha sido tan estrecho.
Por consiguiente, hago un llamado al ministro del Interior subrogante, que está en la Sala, a fin de que tome esa decisión y se ponga de acuerdo con la Mesa de la Cámara para el despacho del proyecto en su primer trámite constitucional.
Por lo demás, estoy seguro de que el Senado no lo tratará durante enero y sólo recién en marzo comenzará a discutirlo, por lo cual el Gobierno le dará mayor tiempo. En consecuencia, a lo anterior se suma un factor de respeto hacia la Cámara de Diputados, que es fundamental.
Planteada la primera parte de mi exposición, entraré al análisis del proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Dudo de que en alguno de los diputados integrantes de esta Sala, incluso de los distintos actores políticos del país, no exista unanimidad para que la actividad electoral sea transparente y digna, y no quepan dudas acerca de la honorabilidad de nuestro actuar. Por eso, es importante tener una legislación que contribuya a lograr ese objetivo.
A ninguno de los diputados de mi bancada con quienes he conversado sobre el tema le interesa que existan zonas oscuras y turbias en su accionar en la vida política, así como tampoco a los diputados que conozco, de otras bancadas, que también realizan esta actividad con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Ninguno de nosotros acepta que exista una legislación que permita dudar de nuestra honorabilidad.
En los tres períodos que llevo en la Cámara de Diputados, he visto que cuando se habla de cohecho, de alianza con grupos económicos, de falta de independencia de los diputados, cuesta bajar del concepto general a lo que es particular propiamente tal. No se dice qué diputado, de qué sector, ni en qué situación han prevalecido los intereses económicos sobre la visión política que tiene cada parlamentario.
No hay duda de que queremos avanzar en el estudio del proyecto, a fin de que nuestra actividad se rija por una legislación moderna, eficaz y eficiente, que genere una transparencia adecuada y que el gasto en que cada uno incurre cuando, cada cuatro años, acomete una campaña electoral, sea regulado de manera de que nos permita mirar a la cara al conjunto de la ciudadanía y llevar a cabo nuestra función con transparencia y dignidad.
A mi juicio, el proyecto del Ejecutivo adolece de una serie de falencias e incoherencias y, además, de omisiones importantes. Cuando nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, uno necesariamente debe prender, a lo menos, una luz amarilla y tratar de contribuir a superar ese tipo de dificultades. Insisto en este aspecto, a fin de que no se crea que en este debate unos están por que las cosas se mantengan como están, y otros, por la transparencia, porque sería una afirmación absolutamente falaz.
No obstante lo anterior, es necesario hacer presente que tenemos objeciones importantes que formular en relación con algunas normas del proyecto. Una se refiere al límite del gasto electoral. La diputada Allende, quien me antecedió en el uso de la palabra, encontraba que esto del límite podría resultar encandaloso. A mi juicio, el límite no tiene ninguna importancia real si existen normas transparentes y adecuadas. Si se fija un límite claramente irreal, puede ocurrir que sea eludido, burlado, y que las campañas permanentemente se transformen en denuncias de unos en contra de otros, en el sentido de que se ha violado y transgredido cada cierto tiempo ese límite.
En mi concepto, la fijación del límite generará más dificultades que beneficios a los futuros candidatos que han de ocupar cargos de representación pública.
En segundo lugar, el límite requerirá de una fiscalización que claramente el proyecto no sustenta. Si uno lo lee con atención, podrá advertir, por un lado, que se generarán dudas razonables acerca del cumplimiento del límite y, por otro, que no se entregará la contrapartida al órgano público por excelencia, como es el Servicio Electoral, para garantizar que los distintos partidos, candidatos, etcétera, respeten el límite. En consecuencia, nos crearemos gratuitamente conflictos, una serie de denuncias y el consiguiente desprestigio, en circunstancias de que las normas de transparencia que establece la iniciativa son mucho más eficaces.
Al iniciarse en la Comisión de Gobierno Interior la discusión general del proyecto, planteamos el tema del límite al ministro José Miguel Insulza , porque en ese momento algunos diputados consideraban necesario bajar el límite por las mismas consideraciones hechas valer por la diputada señora Isabel Allende . Producido el debate, se llegó a consenso en el sentido de que si el límite no era real generaría más perjuicios que beneficios y conflictos claramente artificiales y, además, daría lugar a denuncias que en ningún momento iban a ser probadas por algún independiente. Ante esa situación aquí están las actas, el ministro Insulza se comprometió, si bien el Gobierno seguía insistiendo en que debía existir un límite, a no modificar el establecido originalmente en el proyecto.
Lamentablemente, el ministro Insulza no cumplió con su palabra, porque a la semana siguiente presentó indicaciones para bajar los límites. Por nuestra parte, seguimos insistiendo en nuestra idea original. Coincido con la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que el límite en determinado distrito puede resultar extremadamente elevado. No tengo en este momento las cifras, pero en mi distrito, al menos, es tres veces superior a lo que personalmente he gastado en las elecciones anteriores.
El punto no es que la persona vaya a gastar o no hasta ese límite, sino evitar un conflicto innecesario y artificial, todo lo cual queda superado con las normas de transparencia del proyecto. Sin duda, si en determinado distrito cualquiera de nosotros gastara 200 millones, 150 millones o 160 millones en una campaña electoral, y eso fuera públicamente conocido, se puede encontrar en una situación difícil ante el electorado, no porque transgredió el límite establecido en la ley la ley no determinará cuánto es bueno o malo gastar, sino porque la información que recibe la comunidad puede provocar su rechazo, producirle un sentimiento de frustración y transformarse en algo inaceptable.
En esto de darse el gustito de fijar límites nos vamos a ir cazando en conflictos que necesariamente nos pueden conducir a un elemento que se quiere evitar: el desprestigio de la clase política. Establecer normas por esa vía, lo único que originará será una discusión eterna acerca de si te pasaste o no te pasaste del límite; unos tratarán de probar que no lo hicieron, y otros, que sí, pero no habrá un órgano público con capacidad para dilucidar ese conflicto en el corto plazo y con medidas adecuadas. Por el contrario, llevará a la típica discusión entre políticos y, por lo tanto, a una situación extremadamente compleja y difícil ante la opinión pública.
Queremos dejar planteado eso como un asunto verdaderamente importante y primordial a nuestro juicio.
El segundo tema que quiero abordar se refiere a la transparencia en el gasto. Al respecto, es muy importante tener presente que la misma rige solamente en la época que la ley en estudio define como campaña. Ahí hay transparencia. El límite lo fija la campaña, en el momento en que se inscribe. Incluso hay algunos que, además de eso, dicen: “Acortemos la campaña”.
Esto, de una u otra manera, debe llevarnos a reflexionar, porque nosotros somos titulares de cargos de elección popular, y estas normas también serán aplicadas a quienes traten de acceder al Congreso Nacional. Por lo tanto, es muy importante que establezcamos normas que no signifiquen una protección de nuestros cargos, sino que también permitan llegar a ellos a quienes postulan por primera vez.
Con respecto a la transparencia electoral en período de campaña, quiero mostrarles algo que queda totalmente fuera de la misma, del límite y del gasto de la campaña. Esto está pasando hoy. No sé cuánto costará. A los que les gusta hablar de cifras, sabrán cuánto cuesta una tarjeta de Navidad con estas características: es extensible en cinco tarjetas y contiene leyendas y motivos por ambos lados. ¡Bonita tarjeta de Pascua! Además, viene de un representante de un partido de los trabajadores. ¿Cuánto cuesta esta tarjeta, considerando que no entra en la transparencia de la campaña? A lo mejor, muchas de estas tarjetas llegaron a las casas de varios electores, a través de un sobre con un timbre del Senado. No hay duda de que este elemento genera una barrera de entrada importante para quien quiera acceder por primera vez a determinado cargo y, por ende, la transparencia es muy relevante.
¡Y cuánto gastaron ustedes en la campaña presidencial!
Lo que pasa, diputada Pollarolo , es que usted debe fijarse también en lo que gastan los suyos. Su Señoría se preocupa mucho de los otros.
¿Cuánto gastaron ustedes con Lavín?
Lo importante es que estamos ante una situación que se puede ir complicando. Pero aquí tenemos omisiones en la transparencia del gasto electoral.
¿Qué pasa y esta situación se ha regulado en otros países cuando un tercero hace la inversión para apoyar a determinado candidato? Por ejemplo, puede ir a la radio “El Carbón”, de Lota, y contratar publicidad para apoyar al diputado Rocha . En dicho caso, de acuerdo con este proyecto, el diputado Rocha no tendrá ese gasto en su estructura de campaña con su administrador electoral, ni en su contabilidad, por cuanto no lo realizó. Y sería muy injusto que se le imputara a él, porque fue efectuado por un particular. A través de este ejemplo quiero reflejar que existen omisiones muy importantes en este proyecto, lo cual hace necesario revisarlo más a fondo, porque si el día de mañana ese particular...
Le queda un minuto de los dos discursos, diputado Víctor Pérez .
Es muy importante tener presente que ese particular puede hacer su aporte de buena fe. Sin embargo, puede haber otro que proceda de mala fe para perjudicar al diputado. Es decir, existe una serie de falencias que es importante tener en cuenta.
Otro punto que lo voy a redondear, porque forma parte del debate, se refiere a cómo se deben considerar las asignaciones que tenemos los diputados y senadores. ¿Forman parte del financiamiento electoral las asignaciones de bencina, de vuelo, de secretarias y de oficinas, sobre la base de que las oficinas de los diputados muchas veces son las sedes de las campañas electorales? A mi juicio, no queda suficientemente resuelto ese tema, por lo cual estimo que debe estudiarse.
Por último, no existe una evaluación del costo que la ley asigna a las personas que por primera vez serán candidatos. Con la asignación de personal que da la Cámara de Diputados, uno podrá contratar al contador o a la persona que estará a cargo de la campaña y llevará la contabilidad; pero aquí el proyecto de ley en debate le pone obligaciones al administrador electoral; por lo tanto, tiene responsabilidades que la ley le impone. Ese es un costo que necesariamente uno asume al incorporar a esa persona.
Reitero que esta situación la veo, más bien, desde la perspectiva del nuevo candidato. Ese costo que se incorporará al límite, ¿es un gasto electoral? Este es un tema que también debiéramos resolver.
Lamentablemente, se ha agotado mi tiempo; pero quiero insistir en la parte inicial de esta discusión, cual es pedir al Gobierno que cambie la calificación de “suma” urgencia al proyecto para que las indicaciones, cuyo plazo para presentarlas vence el lunes, puedan ser discutidas en la Comisión de Gobierno Interior antes de analizarlas en la Sala de la Cámara de Diputados. Siempre lo hemos hecho así y el Reglamento es sabio en ese sentido. Con la calificación de “suma” urgencia, lo que hace el Gobierno es saltarse esa instancia que establece nuestro Reglamento, evitando reflexionar más a fondo y con mayor capacidad de análisis las indicaciones formuladas a una iniciativa verdaderamente relevante, respecto de la cual, como consecuencia del debate, aparecen discrepancias y proposiciones por parte de los diputados de las distintas bancadas.
Tiene la palabra la diputada señora Ovalle .
Señor Presidente, considero que este tema tiene realmente gran importancia y no creo que nadie se oponga a que exista transparencia en las campañas electorales.
La cantidad de dinero que se gasta es enorme, y a la gente se le arruga el corazón cuando ve que esos recursos se invierten en grandes carteles con fotografías, panfletos y jingles, de lo que, al final, no queda nada.
Este es un tema relevante, porque impedirá el cohecho como decía la diputada Allende o que se malgaste el dinero en forma excesiva, como lo cree mucha gente.
Por esto, quiero poner en el tapete una idea que puse en práctica, con la cual puedo decirles a mis colegas diputados que me fue extremadamente bien.
Es bien difícil llegar a un término medio y a que exista transparencia, debido a que siempre habrá mil motivos para eludirla, pero me parece bueno establecer un piso y un techo respecto de lo que se debe gastar en las campañas, a fin de que no exceda de un monto determinado.
También estoy muy de acuerdo con el diputado señor Víctor Pérez , en el sentido de que, debido a la relevancia del tema, el Gobierno debe darnos un poco más de tiempo para tratarlo.
Mi propuesta es que el 50 por ciento del gasto se invierta en cosas que vayan en beneficio del distrito que postula representar el candidato y no de una persona; por ejemplo, pintar los hospitales y consultorios, hacer plazas públicas, etc. Así, los electores se beneficiarán con la plata que se invierta en las campañas, la que en la actualidad generalmente se bota. Eso es lo que queremos.
La ciudadanía tiene la idea de que los diputados debemos solucionarles sus problemas; pero, mientras ejercemos nuestros cargos, es muy difícil estar en contacto con ella y obtener recursos para ayudarla. Entonces, me gustaría que quedara establecido que parte del dinero que se gaste en las campañas luego de que concordemos el monto favorezca efectivamente a la gente del distrito o región a que pertenezca el candidato.
Esta idea la apliqué en mi propia campaña, en la cual no sólo ocupé el dinero en la propaganda que hice para promover mi candidatura y contar las cosas que había hecho, sino también en obras para la comunidad. Se pintó un hospital, trabajo que no se había hecho en 40 años, iniciativa que la gente apreció, la supo respaldar y hasta hoy la agradece. También se hicieron plazas. La salud mejoró notablemente en mi distrito y me sentí contenta, porque la gente apoyó esa cooperación. Por eso deseo que no se desperdicie el dinero. Ojalá que no hubiese gastado nada en publicidad de papeles.
La gente debe promover el nombre del candidato. Yo no ocupaba el cargo con anterioridad y debí darme a conocer en la campaña. Pero la gente no es tonta y le gusta ver cosas concretas. Es así como después, durante nuestro período legislativo, nos exigen cosas que son muy difíciles de conseguir, porque nuestra misión no es preocuparnos de la ejecución de obras que, muchas veces, corresponden a las municipalidades; sin embargo, en muchos distritos, como el mío, ellas son pobres y no disponen de suficientes recursos. Entonces, tal vez las campañas sean la gran oportunidad para que los dineros no se desperdicien y vayan en beneficio de los electores. De esa manera podremos colaborar para que nuestro país surja y salga de la pobreza.
Señor Presidente, desde luego, como han señalado otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto es importantísimo, porque permitirá dar transparencia, disciplina y sobriedad a las campañas electorales. Sabemos bien que los países más desarrollados que el nuestro, con democracias consolidadas, han optado por normar el gasto de las campañas políticas, por cuanto no hacerlo da pie a la anarquía, a la falta de transparencia, a la arbitrariedad e inequidad en la competencia de los diversos actores de las campañas electorales. Es necesario dar a todas las partes una cierta igualdad en el trato. Para eso, nada mejor que la sociedad lo exprese a través de una ley.
Sabemos muy bien que las leyes no bastan para evitar los delitos. Hay muchísimas leyes contra el robo, el crimen, la violación y la estafa, a pesar de lo cual se siguen cometiendo esos delitos; pero no por eso vamos a decir que no debemos legislar para erradicar la comisión de delitos. La ley da una señal social de que el delito es perseguido, es inaceptable y moralmente malo. Por lo tanto, se disminuye en forma indirecta la perpetración de delitos a través de la enseñanza, la docencia que significa la existencia de la ley, y las sanciones que deben aplicarse, las cuales, en este caso, ayudan a que un pequeño margen de delincuentes potenciales no cometan delitos por temor a la sanción; pero el principal efecto de la ley es enseñar, dar una señal clara y didáctica a todos los miembros de la sociedad de que tal conducta es reprobable y, en consecuencia, no debe realizarse.
En el tema del gasto electoral, debemos evitar todo lo que favorezca la desigualdad entre los candidatos, porque no es posible que uno de mucha capacidad y con grandes dotes de servidor público se vea disminuido e ignorado simplemente porque no tiene dinero. Debemos ayudar, precisamente, a los candidatos que tienen pocos medios o que no cuentan con ellos para que, de alguna manera, puedan igualarse con los que, por razones de herencia, de padres, de familias con inmensas riquezas o por pertenecer a grupos de poder económico copen los medios de comunicación, los letreros, la radio, la televisión, los diarios y, en el fondo, también entreguen aportes directos a los electores.
El proyecto apunta a buscar esa igualdad. No la conseguirá en un ciento por ciento, porque eso es imposible; pero Chile dará un paso hacia adelante en la igualdad de trato entre los distintos candidatos.
La opinión pública será la principal censora y la que equilibrará la situación, porque la transparencia que busca la ley en cuanto a que se conozca con exactitud el gasto electoral, evitará desembolsos escandalosos, fuera de la austeridad con que debemos vivir. Chile siempre ha sido un país austero, pero en el último tiempo hemos caído en un consumismo excesivo. Por consiguiente, debemos evitar que se exprese también en las campañas electorales, o lograr, por lo menos, que se mitigue bastante ese efecto.
La transparencia que busca el proyecto será, a mi juicio, la principal herramienta. Las medidas administrativas para fijar el gasto son importantes, pero la transparencia es el eje que permitirá que el gasto excesivo poco a poco desaparezca, se oculte y sea moralmente indeseable.
Las cuentas bancarias, el límite de los aportes, la publicidad y el conocimiento público de todos los gastos que realizarán los candidatos, a través de sus administradores electorales, servirán de freno personal a cada candidato y a cada grupo político que lo apoya para ir disminuyendo el gasto electoral que, en el último tiempo, ha sido escandaloso. Chile es un país pobre, que no puede dilapidar dinero en una actividad que no produce, que no se exporta, que es un bien no traspasable y que muere en el mismo momento en que se realiza, como es la propaganda electoral.
Todos hemos sido candidatos y sabemos que necesitamos dar a conocer nuestras propuestas al público, las cuales pueden hacerse con un gasto electoral mesurado y apropiado a nuestra realidad.
El proyecto apunta a poner término a una espiral descontrolada del gasto electoral, el cual lo único que hace es empobrecer al país y debilitarnos moralmente, porque crea, en una actividad tan noble como es la política, un predominio excesivo del que tiene más dinero por sobre el que tiene menos.
De manera que el proyecto, pese a sus imperfecciones, apunta en el sentido correcto, el que Chile siempre debió seguir en cuanto a cómo debe ser la política: austera, moderada y con equilibrio entre las partes.
En ese sentido, nuestra sociedad ha dado pasos gigantescos en áreas como salud, educación, trabajo y derechos humanos; pero también es bueno que en política siga esa dirección.
Señor Presidente, insisto en la necesidad de aprobar este importante proyecto para la sanidad moral del país.
La expresión “candidato” viene desde los romanos: el ser cándido e inmaculado, que se vestía de ropaje blanco y que no tenía ninguna mancha. Sin embargo, hoy los candidatos no aparecen ante la opinión pública con toga blanca, sino con enormes bolsillos desde donde brota dinero a raudales y nadie sabe de dónde viene.
Cuando se cambió la cédula que los partidos políticos entregaban en secretaría por la cédula única, don Eduardo Frei Montalva dijo que “había llegado el momento en que era más fácil comprar un candidato que comprar votos lo que hoy se ha transformado en una trágica realidad, y después se le pasaba la cuenta”.
Por eso, en la última campaña presidencial, los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta expresaron que debía haber transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
Tengo en mi poder el programa del candidato Joaquín Lavín . En la página 101 decía textualmente: “Transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
“Para lograr este objetivo se debe establecer la obligación de las campañas de llevar contabilidad pública respecto de los aportes que reciben y los gastos que realizan, de manera de garantizar la transparencia de los recursos que se emplean, evitar la corrupción y la coerción.
A mi juicio, existe pleno consenso sobre este punto de la declaración; pero es necesario ponerlo en acción y no esperar una próxima elección. Cuando el gurú, el profeta, el líder de la Derecha proclamó en esa oportunidad tan solemne como es el hecho de ser candidato presidencial este verdadero dogma de fe, reconoció implícitamente que hoy no se lleva contabilidad, que no hay transparencia, que nadie sabe de dónde se reciben los aportes y que eso se debe aclarar, objetivo que es, exactamente, el que persigue el proyecto.
Por otro lado, el diputado señor Víctor Pérez se equivoca cuando sostiene que las asignaciones y la dieta parlamentaria se deben incluir en los gastos de las campañas. Si los parlamentarios estuvieran sentados en sus hogares, no asistieran a las sesiones de Sala ni de Comisiones a cumplir con su obligación de legislar, y no estuvieran desarraigados de sus labores habituales, indudablemente que no tendrían derecho a una remuneración. Además, el artículo 59 de la Constitución Política que redactó el gobierno militar establece que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”.
En consecuencia, no se puede afirmar en esta Sala sobre todo cuando la sesión se está televisando y la gente se puede formar una opinión equivocada acerca de esas materias que la dieta y las asignaciones que reciben los parlamentarios deben formar parte del gasto en una campaña electoral, porque los candidatos que se presentan por primera vez no las reciben. En 1990, nosotros también fuimos candidatos por primera vez y nadie sostuvo en esa oportunidad ni en las elecciones posteriores que las asignaciones debían constituir una parte del gasto en la campaña electoral, porque se trata de una contraprestación del servicio que cada congresista presta al Estado.
Otra crítica formulada es que si el proyecto llega a ser ley se va a eludir; pero nadie se pone en el caso de que toda ley puede ser materia de fraude, de simulación, de mala fe, de perversión y puede ser eludida; de lo contrario, los 120 diputados seríamos personas perfectas, lo que es imposible. Siguiendo la línea argumental de la crítica, también se podría pensar en el absurdo de derogar en el Código Civil la parte que se refiere al Matrimonio Civil, que establece la obligación de fidelidad, ya que muy pocas personas son fieles. En consecuencia, ese argumento no es válido.
Se ha dicho también que los órganos del Estado entre los cuales se encuentran los gobiernos regionales y las municipalidades realizan gastos propios de una campaña electoral. Por consiguiente, se propone que el Estado, a través de sus órganos o de los servicios públicos, tenga una reglamentación acuciosa. Pero esa reglamentación acuciosa existe. Es así como hay largos períodos de análisis del Presupuesto de la Nación, oportunidad en que cada parlamentario debe investigar en qué se va a invertir el dinero público; el Código Penal también establece una serie de sanciones gravísimas para los empleados públicos; lo mismo la ley de Probidad; la Contraloría General de la República; cada sector de la Administración del Estado tiene su estatuto propio, como sucede, por ejemplo, con los funcionarios municipales y los profesores. En consecuencia, aducir que el Estado gasta mayor cantidad de recursos en períodos electorales no corresponde, porque sólo hace lo que es propio del Gobierno; lo mismo ocurre con las municipalidades, que invierten los dineros que se fijaron en sus respectivos presupuestos. De ahí que resulta absurdo pensar que durante las campañas electorales el Estado no ejecuta, por destinar los recursos a otros fines, las obras señaladas en el Presupuesto de la Nación, en los presupuestos municipales o de los servicios públicos.
A mi juicio, esos argumentos no tienen ningún fundamento y no resisten ningún análisis, ya que sólo se trata de respetar la igualdad, la transparencia y la libertad de los electores.
Señor Presidente, en este debate se ha enfatizado el sentido de hacer transparente y limitar los gastos electorales e informar sobre ellos.
Al iniciar su discurso, el diputado señor Elgueta ha recordado el impacto que tuvo en el comportamiento de los electores y de quienes aportan fondos el hecho de introducir la cédula única en las campañas electorales. No cabe duda alguna de que los países se han visto obligados a establecer límites y a exigir transparencia en la información sobre gastos electorales, en la medida en que la democracia ha ido perdiendo fuerza frente a los poderes económicos. Históricamente, la democracia aparece al terminar la sociedad feudal, después de la revolución industrial y luego del desarrollo de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque el poder de la concentración económica sobre el ciudadano era muy grande, y fue necesario darle a éste un espacio de participación en que valiera como persona. La democracia va de la mano de los derechos de ésta, los cuales se pierden cuando en el sistema político, en lugar de regir las reglas de la igualdad, rigen las del mercado. Ahora, éstas prevalecen cuando los distintos candidatos y partidos no tienen financiamiento público ni iguales posibilidades de acceder a los recursos. Esto empieza a cobrar relevancia cuando en las sociedades democráticas se conforman bloques, algunos de los cuales representan los intereses económicos de los grandes grupos, y otros, los de los pobres.
Este problema ha sido resuelto de diferentes maneras por los países desarrollados. Casi en todos ellos existe financiamiento público para los partidos políticos y para las campañas electorales. Es una necesidad del sistema democrático.
Respecto de la intervención del diputado señor Vilches , que me antecedió en el uso de la palabra, acojo su planteamiento en cuanto a que tenemos que legislar sobre esta materia. Pero hagámoslo; porque son él y los representantes de su partido los que dicen que no debemos avanzar sobre la misma. Hace tres años, por un voto no aprobamos una disposición relativa al mismo tema sobre el cual estamos legislando ahora. Sostiene que no debemos legislar sobre esto, porque no existe lo otro. Entonces, lleguemos a un acuerdo y comprometámonos a legislar respecto del financiamiento público de las actividades políticas, porque es la manera más sensata y sana de resolver el problema. Pero debemos avanzar en este sentido no sólo porque otros países lo hayan hecho antes con razón, sino porque el problema en Chile es apremiante y acuciante. En ese sentido, discrepo del diputado Víctor Pérez , de la UDI, porque la idea central del proyecto es establecer un límite para el gasto electoral. No se trata sólo de transparencia, la cual se consigue al fijar un límite; si no hay límite, tampoco habrá transparencia.
Quiero traer a colación aquí se han dicho muchas cosas un artículo publicado en el diario “La Tercera”, del 29 de noviembre del año pasado. El título dice: “Centro de Estudios Públicos: campañas a diputados del 97 gastaron un promedio de 300 mil dólares”. A continuación, la crónica señala que se entrevistó a cinco jefes de campaña tres de diputados y dos de senadores, que aceptaron entregar un detalle de los ítem de gastos en que incurrieron, a cambio de mantener sus identidades en reserva.
Si el Centro de Estudios Públicos me lo hubiera pedido, habría concedido gustoso la entrevista. Yo abrí una cuenta corriente para depositar todos los aportes que recibí para financiar mi campaña, y les puedo asegurar podría entregar las colillas de los cheques que giré y los comprobantes de los depósitos que recibí que el monto de los aportes recibidos alcanzó a una cifra inferior a los 24 millones de pesos. Hubo absoluta transparencia. Y fue una campaña cara para un distrito con 210 mil electores. Pues bien, esta cifra de 300 mil dólares que, según el CEP, se gastó en promedio en una campaña de diputado, representa 174 millones de pesos. Es decir, según dicho centro se gastaron, en promedio, 174 millones de pesos. Sé que el colega que también es diputado por mi distrito gastó una cifra superior a la indicada; pero ni aun considerando eso llegaríamos a un promedio de 174 millones de pesos en mi distrito. Como conozco a muchos colegas: mi hermano Joaquín , Mario Acuña que está sentado a mi lado y a todos los diputados presentes, pregunto: ¿dónde están los candidatos a diputado que gastaron, en promedio, 300 mil dólares en la última campaña? Estimo que aquí existe una distorsión, porque seguramente entrevistaron a unos pocos candidatos de partidos que tienen acceso a cuantiosos recursos en distritos en que se gasta mucho dinero. Probablemente, entrevistaron a los candidatos de Las Condes, de Providencia, y no sé de dónde más.
Quiero comentar otra cifra relacionada con los 300 mil dólares por campaña. Si calculáramos a cuántos electores, en promedio, debería representar un diputado de ese distrito que gastó 174 millones de pesos, según ese estudio considero que no es así a 0,04 UF por elector, para estar dentro del promedio lo que significa que algunos gastaron más, el candidato debería representar a 272 mil electores. Pues bien, si no me equivoco no alcancé a revisar las cifras, me parece que existe sólo un distrito en el país con ese número de electores: el conformado por las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos. Incluso, creo que ni siquiera llega a esa cifra. La Florida tiene, aproximadamente, 180 mil electores; Santiago , menos de 150 mil; Las Condes , 226 mil, es decir, no alcanza a los 272 mil. Estamos hablando de cifras entregadas por un instituto serio el Centro de Estudios Públicos, sobre la base de una mala muestra, porque, por cierto, no refleja la realidad de las campañas electorales. Ellos afirman que determinado candidato a diputado gastó, en promedio, 174 millones de pesos en una campaña, lo que significaría, de acuerdo con los límites establecidos reitero, que representaría a 272 mil electores.
Esto demuestra que el límite que estamos fijando es excesivo y que debemos establecer uno mucho más bajo. Por eso, en conjunto con la diputada Marina Prochelle y los diputados Carlos Montes , Enrique Jaramillo y Rodolfo Seguel , hemos presentado una indicación en el transcurso de hoy será suscrita por otros parlamentarios, a fin de rebajar a la mitad el límite establecido en el proyecto: de 0,04 UF a 0,02 UF para las campañas de parlamentarios y concejales, para las presidenciales y los plebiscitos. Considero que es más real fijar estos límites.
De acuerdo con el mismo estudio del CEP, si en esa elección de 1997 hacemos una proyección del número de distritos y de los candidatos a senadores, tenemos que éstos gastaron 1 millón 200 mil dólares, cifra absolutamente excesiva de acuerdo con la realidad de las campañas electorales. Por lo tanto, establecer un límite de gastos sobre la base de estudios de esta naturaleza es algo irreal e implica enquistar inequidades del sistema económico en el sistema político, las que deben ser corregidas y compensadas, pero no reproducidas.
Pero quiero ir más allá. Aquí también se ha hablado mucho de las sanciones. Y plantear que la sanción tiene que ser económica, es dejar todo esto en el ámbito del mercado.
Si alguien es elegido parlamentario porque gastó más recursos que los permitidos por la ley, decirle que debe pagar más es como si nos estuviéramos refiriendo al mercado.
Si alguien pagó mal algo, está bien entonces que se le multe para que pague correctamente; si alguien no pagó un impuesto, recarguémosle el gravamen que no pagó para sancionarlo; pero si alguien gastó más recursos, en una campaña parlamentaria, de concejal y alcalde o en una presidencial, que los que la norma legal autoriza, la sanción no puede ser que pague más, porque eso sería consignar en la ley que ella misma no tiene ningún objetivo. La ley pretende establecer un límite para quienes tienen más recursos, y aquí sólo se está diciendo que esas personas tendrán que gastar más de lo que tenían planificado, si es que se les llega a descubrir.
Países civilizados, como Francia y Alemania, han avanzado en sus legislaciones para corregir esta situación. He presentado una indicación que espero sea acogida, pero lo voy a decir con toda sinceridad sé que en esta Cámara no hay suficientes varones ni mujeres como para votarla a favor. En ella se plantea que si alguien se excede, comprobadamente, en el 10 por ciento del límite, se anulan todos sus votos, con lo cual la persona pierde la calidad de electa y pierden los votos la lista y su partido.
A mí me parece que esa es la manera lógica de ordenar el sistema político y que no sea el peso económico el que mande en estas decisiones; es decir, que la democracia sea plenamente autónoma de los poderes económicos.
Cito a Francia y a Alemania, porque allí efectivamente ocurre así. En Francia, en las elecciones que se verificaron el año anterior a las efectuadas en Chile en 1997, dos parlamentarios de la coalición de gobierno y uno de la de oposición perdieron sus cargos, descalificados por el tribunal electoral, por haber incurrido en un exceso de gastos respecto del límite autorizado en la ley.
Eso debe ser así, porque si les estamos diciendo a los ciudadanos que queremos transparencia; que los recursos no se gasten en exceso; que queremos autonomía de los poderes políticos respecto de los poderes económicos, entonces la sanción no puede ser vulnerada por los poderes económicos.
Si alguien está dispuesto a gastar más plata en apoyar a una persona, que sepa que no pagará una multa, sino que su candidato no va a ser elegido.
Esa es la coherencia que debe tener el sentido del proyecto en discusión y el resultado de las decisiones que se adopten. Con esas normas, ningún candidato ni partido podrían decir, respectivamente: no supe de ese gasto o fui vulnerado.
Se establece un margen, porque en la indicación se habla de un gasto superior al 10 por ciento del límite autorizado. Alguien podría sostener que se pasó en el gasto, porque se equivocó en sacar una cuenta, pero no podría aducir ese argumento si supera el límite del 10 por ciento, porcentaje que parece sensato, más todavía si se baja, como espero, el monto máximo que se puede gastar en una campaña.
El proyecto puede ser imperfecto, como se ha dicho aquí, pero constituye un avance para la consolidación de la democracia. Por eso, espero que lo despachemos el próximo martes.
Señor Presidente, voy a dar lectura a la intervención que, sobre la materia, ha elaborado el diputado señor Rosauro Martínez , quien no ha podido asistir a la sesión por estar cumpliendo labores parlamentarias en Santiago.
“Señor Presidente, definitivamente, lo que estamos discutiendo en esta sesión se inscribe dentro del ámbito de aquellas iniciativas que dicen relación con temas que tienen incidencia directa en el desenvolvimiento de nuestro sistema democrático y su proyección.
“Tener la capacidad de establecer un sistema claro y transparente, donde las diferentes expresiones existentes en la sociedad se manifiesten libremente, es un desafío que nos compete a todos y donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos para ello. Si no lo hacemos, no sólo estaremos transgrediendo un principio básico: la igualdad ante la ley, sino condicionando peligrosamente nuestro desarrollo futuro.
“Hay que cimentar un sistema donde todos nuestros compatriotas puedan sentirse parte, tanto de elegir como de ser elegidos, sin más limitantes que su capacidad y esfuerzo individual. Y eso implica, naturalmente, crear las condiciones mínimas a partir de las cuales desarrollar ideas y pensamientos tendientes a captar el electorado que se pretende representar.
“Es usual que a quienes llevamos algún tiempo en la actividad pública, donde hemos llegado por la confianza de nuestros electores, se nos mire en cierta medida con desconfianza, en el sentido de que estamos utilizando el poder para nuestro propio beneficio y que, por los diferentes mecanismos de la actividad parlamentaria, mantenemos una posición expectante que impide, muchas veces, el surgimiento de nuevos liderazgos.
“Eso, francamente, no es así, porque cada uno de nosotros está más preocupado de representar los intereses de nuestras respectivas comunidades que de torpedear potenciales candidaturas. Pero estimo que el ejemplo bien vale la pena considerarlo, pues nos permite reflexionar sobre cuestiones que están presentes en el quehacer contingente, especialmente ahora, que la moda es criticar a los parlamentarios y políticos en general.
“Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la institución del Congreso Nacional, sus integrantes y la denominada clase política estén en el foco permanente de la crítica, muchas veces sin fundamento, y, en otros es bueno decirlo, con algún grado de solidez conceptual. Pero no es que deseemos permanecer en el Olimpo como intocables, sino que lo que molesta es el ataque artero, despectivo, la mayoría de las veces, sin aportar una idea o una propuesta que nos haga corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien.
“De allí la importancia de la transparencia en la actividad pública, que sea no sólo respecto de cuestiones que involucren recursos económicos, de las aportaciones de tal o cual persona o de financiamiento, sea público o privado. Materias de enorme trascendencia, pero que también deben ser vistas en un análisis global, donde se eduque y se informe a la comunidad respecto de la función que desempeñamos. Si nos quedamos sólo en cuestiones presupuestarias y de dinero, mucho me temo que la opinión crítica de la gente adquirirá mayor fuerza, especialmente en un momento donde legislar sobre estas cosas es delicado y tremendamente sensible.
“¿Cómo le explicamos a ese pensionado que gana 30 mil pesos o a los casi 600 mil cesantes, que para ellos no hay recursos, en circunstancias de que sí están disponibles para la actividad política, aunque sean privados? No es que quiera hacer demagogia u oponerme a la iniciativa, que incluso fuimos mejorando en la Comisión de Gobierno Interior, sino que estoy haciendo un ejercicio práctico que vamos a tener que responder en nuestros distritos.
“De allí, entonces, la importancia de desarrollar una sistemática programación de formación cultural y cívica a la comunidad, que difunda los porqué y las razones que motivan legislar sobre una materia controvertida no sólo en Chile, sino también en el mundo de las democracias contemporáneas.
“Efectivamente, lo que estamos tratando hoy ha sido motivo de debate en distintos países democráticos del mundo y, como hemos visto, no existe en la legislación comparada un modelo único, respecto del cual podamos decir: éste es el que ha dado mejor resultado, porque ha conjugado igualdad de oportunidades con libertad e iniciativa privada.
“Ello, si bien es un antecedente por considerar, no nos exime de nuestra responsabilidad de buscar la mejor fórmula capaz de garantizar ambos principios, propios y consustanciales a una sociedad libre, hoy patrimonio de la humanidad, con lo que quiero significar que a pesar de los acuerdos y consensos, presentes por ejemplo en instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, donde se consagran principios como la soberanía popular y el derecho de todos los ciudadanos de participar en elecciones libres y periódicas se estructuran y se materializan de diversa forma, de acuerdo con la historia y tradiciones políticas de cada nación.
“Por eso es que cuando la Comisión Nacional de Ética Pública evacuó su informe hace ya algunos años y estableció recomendaciones tendientes a limitar los gastos en las campañas electorales y acortarlas; realizar simultáneamente las elecciones parlamentarias y presidenciales; prohibir la contratación de avisos en la televisión de libre recepción y por cable, y financiar con fondos públicos el acceso a los medios de comunicación, lo que estaba haciendo era adelantarse a una materia que, tarde o temprano, tendríamos que tratarla, pero con la seriedad que merece, y no hacer de ella un elemento para la demagogia o para justificar ideológicamente nuestras propias convicciones.
“Es un hecho de la causa tal como lo consigna el estudio elaborado por el Centro de Estudios Públicos que en Chile el conjunto de normas existentes carecen de fiscalización, y la opinión general es que no se cumplen. Esto significa que buena parte de los donantes y ejecutivos de las candidaturas se mueven de hecho en la informalidad y son susceptibles de acciones legales que podría iniciar, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, se encargó un estudio para aquilatar el riesgo que implica la aplicación cabal de la legislación vigente. Las normas que rigen castigan duramente las contribuciones informales. A la vez, desincentivan la contribución formal al financiamiento de la política al punto de hacerla prohibitiva.
“Es precisamente aquello lo que nos debe ilustrar para encontrar los mecanismos adecuados. Un factor que se discutió bastante en la Comisión fue el denominado límite al gasto a las donaciones, pues revisando la experiencia internacional y lo que nos demuestra el informe del Centro de Estudios Públicos, CEP, contrariamente a lo que podría pensarse, la competitividad y diversidad tienden a disminuir con la imposición de límites al gasto. Esto, por una razón muy simple: quienes ocupan cargos públicos tienen, por eso mismo, ya asegurado un cierto nivel de visibilidad pública. Los aspirantes, en cambio, en general deben gastar más para darse a conocer. Los límites estrechan, por lo tanto, la competencia a los partidos establecidos y, dentro de ellos, dificultan la entrada en escena a los dirigentes nuevos.
“Y sobre lo mismo, recojo la opinión del informe, en cuanto a que los límites señalados al gasto, en tanto y cuanto sean operantes, además constituyen un obstáculo a la libre expresión de la intensidad de las opiniones y preferencias políticas. Puede haber circunstancias en las que esté en condiciones de ganar un candidato cuyo programa se oponga a convicciones y aspiraciones muy profundas y fundamentales para un sector. En tal caso, los fuertemente interesados en el tema sentirían que se están poniendo cortapisas al ejercicio de la libertad de culto y de opinión al imponerles un techo a lo que pueden gastar en difundir su doctrina y su candidato.
“Hay que ser muy cuidadosos con la fijación de límites al gasto máximo en dinero, porque puede conducir a canalizar los aportes por la vía de organizaciones intermedias que los reciben, como incentivar la adquisición de medios de comunicación con el fin de usar sus espacios como propaganda encubierta o para colocar en la agenda del debate temas específicos con el solo objeto de hacer girar a las campañas, y de premiar o castigar candidatos y políticos en función de ellos.
“Son, en general, mecanismos indirectos que permiten, de hecho, dirigir el dinero a la política sorteando los límites al gasto. La fiscalización de este tipo de financiamiento indirecto resultará difícil y lenta. La regulación demasiado compleja y de fiscalización costosa genera una búsqueda incesante de subterfugios y resquicios. “Sin duda, señor Presidente, el tema de la publicidad de los donantes es sensible, pues puede inducir a aumentar las represalias. Por ejemplo, la información plena puede permitir que un candidato amenace con dañar en el futuro a quienes donen a sus rivales o que el donante se inhiba de donar para evitar represalias de su grupo social. Puede ocurrir, en consecuencia, que la publicidad total tienda a disminuir la competencia política.
“Diferentes autores y estudiosos coinciden en que la publicidad total arriesga otros bienes. Las personas pueden preferir mantener en privado la intención de su preferencia política.
“En ese contexto, creo que la propuesta contenida en el citado informe publicado por el Centro de Estudios Públicos armoniza inteligentemente todos los bienes en juego, a través de la institución de un mecanismo de donaciones indirectas y confidenciales, acompañada de un mecanismo de donaciones directas y públicas.
“Señor Presidente, en definitiva, creo que si bien el proyecto cumple con el objetivo buscado, especialmente en lo referente a limitar los gastos electorales, es importante reconocer que en lo que a transparencia se refiere, tal como está redactado, puede ocasionar más problemas que los que pretende solucionar.
“Aun cuando votaré favorablemente los informes, en el curso de la tramitación parlamentaria tendremos la oportunidad de ir haciendo las indicaciones correspondientes.
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 506, relacionado con la compatibilidad que debe existir entre la calidad de funcionario municipal y el nombramiento en cargos de exclusiva confianza.
Proyecto de acuerdo Nº 507, del diputado señor Mora .
1.Que es de público conocimiento que la empresa Gener , por requerimientos financieros que se arrastran desde varios años producto de su alto endeudamiento para aventuras en el exterior, ha buscado diversas fórmulas para solucionar dicho problema.
2.Que la situación actual de endeudamiento sobrepasa los 2.500 millones de dólares, producto de las compras de centrales termoeléctricas en Argentina y Colombia, lo cual no guarda relación con sus activos en bolsa que corresponden a unos 1.500 millones de dólares.
3.Que la administración de dicha empresa la ha tenido un grupo de personas vinculadas a la privatización de la compañía durante el Gobierno Militar, quienes han actuado conjuntamente con los representantes de las AFP, las que aún poseen cerca del 31% de las acciones de la empresa.
4.Que el grupo operador de la empresa ha convenido con la compañía francesa TotalFinaElf, la compra de un 20% por accionista y los activos que Gener tenía en el extranjero, en una cantidad que en un comienzo pareció razonable. Para estos efectos, se acordó entre el grupo controlador y los nuevos accionistas un mecanismo que les permitiera a los primeros seguir participando en la dirección de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, y para el evento de que tal participación no ocurriera, la administración de la compañía se acordó una indemnización equivalente a sus doce últimas remuneraciones, al mejor estilo de lo que se ha criticado en las empresas del Estado.
5.Que lo anterior resulta particularmente grave si se considera que existen en esta empresa comprometidos fondos de las AFP, que pertenecen a un grupo importante de chilenos, por lo que resulta necesario conocer si los representantes de los inversionistas institucionales tuvieron noticias o si estos directores consintieron en este tipo de maniobras.
6.Que, por otra parte, existe interés de la empresa AES, inversionista de origen norteamericano, que ha efectuado una oferta pública por el 80% del paquete accionario. No obstante, este “competidor a los pocos días de hacer su oferta se puso de acuerdo con el grupo francés para distribuirse Gener , quedándose AES con la parte chilena y colombiana de la empresa y los franceses con la filial argentina, por la que se comprometió a pagar, curiosamente, la suma de 90 millones de dólares más de lo que anteriormente había ofrecido a los actuales administradores de Gener.
7.Que resulta necesario poner atención en Gener por tratarse de una empresa que concentra un monto importante de los recursos de inversionistas institucionales, por una parte, pero además, se trata de una empresa vital para el desarrollo del país que tiene una gran participación en el sistema interconectado central y que está siendo objeto de maniobras especulativas que vulneran las normas más elementales de la prudencia y ética comercial y que, de paso, pone en evidencia, una vez más, lo extraordinariamente débil que es nuestro orden económico.
8.Que lo ocurrido en Gener pone de manifiesto que, al parecer, un grupo importante de directivos de estas compañías obtiene lucros indebidos y beneficios personales utilizando indebidamente los recursos provenientes de los cotizantes en el sistema de AFP, endeudando peligrosamente a compañías estratégicas al embarcarlas en aventuras financieras en el extranjero.
9.Que los acuerdos a los que habrían llegado los inversionistas franceses y norteamericanos que han intervenido en Gener vulneran las normas sobre libre competencia, porque el objetivo último de sus maniobras es desalentar la participación de terceros.
10. Que la autoridad debe intervenir en estos actos tratando de evitar que los accionistas institucionales se vean perjudicados por este tipo de actuaciones, efectuando las denuncias y aplicando las sanciones que correspondan.
Oficiar al señor ministro de Hacienda, para que por su intermedio el señor superintendente de Valores y Seguros, informe a esta Corporación respecto de las medidas que ese órgano fiscalizador ha efectuado respecto de lo ocurrido en Gener y de los resguardos decretados para salvaguardar que los directores elegidos con el voto de los inversionistas institucionales no lesionen los intereses de los chilenos que mantienen sus fondos previsionales bajo la administración de las AFP. Igualmente, oficiar al ministro del Trabajo y Previsión Social, para que por su intermedio el señor superintendente de AFP, informe sobre los recursos que las AFP mantienen invertidos en la empresa Gener y la forma en que dicho organismo ha fiscalizado las actuaciones de los directores elegidos con el concurso de las acciones que poseen los Fondos en esta empresa y los mecanismos, medidas, instructivos u otras acciones que se han tomado para proteger los intereses de los fondos de pensiones en este tipo de inversiones.”
Proyecto de acuerdo Nº 508, de los señores Krauss , Alvarado , señorita Sciaraffia , doña Antonella ; señores Urrutia , Ascencio , Muñoz, don Pedro ; señora González , doña Rosa ; señores Sánchez y Galilea, don Pablo .
Que en la actualidad existen diversas medidas de incentivo para el desarrollo de las zonas extremas del país que otorgan franquicias y bonificaciones a las provincias de Arica, Iquique , Chiloé y Palena y a las XI y XII regiones;
Que estas medidas, que son de naturaleza legal y administrativa, tienen el propósito de potenciar el desarrollo económico y el asentamiento social de las referidas zonas, motivo por el cual su efecto y cumplimiento debiera ser objeto de periódicos análisis y revisiones;
Que la conveniencia de este análisis ha quedado en evidencia en el debate recientemente efectuado en esta Corporación con ocasión de la discusión del proyecto de ley que prorroga la bonificación a la mano de obra a que se refiere el decreto ley Nº 3.625;
Que esa revisión puede efectuarse en esta Cámara, genuina representante de todos los sectores de la sociedad, de manera que a través de los trabajos de una Comisión se propongan las medidas de mejoramiento y perfeccionamiento de los beneficios existentes y se sugieran los complementos que se estimen convenientes.
Constituir una Comisión especial, integrada por el mismo número y en la misma proporción que la de Gobierno Interior, la cual deberá informar a esta Sala, a más tardar el 31 de julio de 2001, acerca del cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se apliquen a favor de las zonas extremas del país y proponer los perfeccionamientos y mejoras que en ellas convenga introducir.”
Proyecto de acuerdo Nº 509, de los señores Monge , Orpis , Rojas , García, don José ; García, don René Manuel , y Recondo .
1.Que una de las características del sistema democrático es que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a los cargos de elección popular.
2.Que para que esto sea efectivo es fundamental que quienes están en el Gobierno mantengan prescindencia en materia electoral.
3.Que esto ha sido confirmado por un dictamen de la Contraloría General de la República (Nº 17.161) en el cual en forma categórica se señala que “los funcionarios públicos se encuentran impedidos de realizar actividades de carácter político contingente. En consecuencia, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, apoyar candidaturas políticas, promover o intervenir en las respectivas campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ni ejercer coacción sobre sus empleados con este objeto”.
4.Que este dictamen termina concluyendo que en general los funcionarios públicos no pueden valerse de su autoridad o cargo para favorecer o dañar, por cualquier medio, a alguna tendencia o partido político.
5.Que lamentablemente en los últimos años el Estado ha intervenido con todo su aparato en favor de determinados candidatos en campañas políticas. A través de los canales de televisión todo el país ha sido testigo de cómo ministros de Estado, intendentes y otras autoridades han efectuado trabajo proselitista a favor de candidatos oficialistas, cómo se han repartido canastas familiares, bonos en dinero, entrega de plásticos para invernaderos, y otros beneficios cuya entrega se encuentra al borde de la legalidad.
6.Que producto de lo anterior y si bien compartimos el objetivo general que persigue la iniciativa legal sobre control y límite del gasto electoral, consideramos que es débil en evitar el problema planteado, esto es, el desvío de recursos y la influencia del aparato público en beneficio de las candidaturas y partidos oficialistas.
7.Que por esta razón se han propuesto al Ejecutivo una serie de indicaciones tendientes a evitar la utilización de vehículos fiscales en actividades político-partidistas, regular la publicidad que pueden efectuar los órganos del Estado, sancionar a los funcionarios públicos que anticipen información con el objeto de obtener dividendos electorales, y otras que obviamente persiguen la transparencia pública y la prescindencia electoral del Gobierno.
8.Que lamentablemente sólo algunas de ellas han sido acogidas, lo que en la práctica impedirá que el proyecto cumpla con su objetivo y se constituirá en una pésima señal en materia de probidad y transparencia pública.
La Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social se constituya en investigadora de las diversas formas de intervención electoral del Estado denunciadas durante la última campaña presidencial y municipal y en esta calidad emita un informe a la Sala dentro del plazo de 90 días desde su constitución.”
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Monge .
Señor Presidente, en concordancia absoluta con el proyecto que discutimos en la mañana, que tiende a dar transparencia a los gastos efectuados en las campañas electorales, junto con otros señores diputados presentamos un proyecto de acuerdo, porque en los períodos de campaña previos a las elecciones, en las regiones se ha notado una inusitada acción de algunos funcionarios de organismos del Estado y una distribución arbitraria de recursos destinados a superar las condiciones de emergencia o de extrema pobreza que afectan a muchos habitantes de nuestras regiones.
Por el cúmulo de antecedentes reunidos y la transparencia sobre la materia, es de toda lógica y moral que se aclaren estos gastos que se hicieron en forma indiscriminada.
También hemos sabido que muchos fondos destinados por el Estado, por ejemplo, a estimular y desarrollar la pequeña agricultura campesina, se han transformado en verdaderas dádivas que se han entregado en estos períodos electorales a algunas personas. Esta acción es marcadamente mayor en las comunas y localidades con altos índices de pobreza, donde las personas viven en permanente estado de necesidad.
Para el prestigio de nuestra democracia y de las personas elegidas en los procesos electorales, es vital que estos hechos no se repitan o que, por lo menos, las inversiones del Estado sean hechas conforme con las normas establecidas en las leyes de presupuestos.
Para dignificar y dar transparencia al proceso democrático, hemos pedido que la Comisión de Gobierno Interior se constituya en investigadora para terminar definitivamente con estas prácticas que tanto desprestigian a nuestro sistema.
Proyecto de acuerdo Nº 510, de los señores Pérez, don Víctor ; Rojas , Ulloa y Moreira .
Con motivo del escandaloso robo perpetrado en la Caja de Crédito Prendario de la ciudad de Los Andes y las circunstancias en que ha ocurrido, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se constituya en Comisión investigadora con el objeto de analizar el funcionamiento de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario y las irregularidades denunciadas en materia de infraestructura y seguridad. Esta Comisión deberá emitir un informe a la Sala en un plazo no superior a 60 días.”
Señor Presidente, se ha aprobado una serie de proyectos de acuerdo sin que en la Sala se contara con el quórum mínimo requerido para ello, es decir, cuarenta diputados, lo que habla muy mal del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Además, su Señoría ha pedido la unanimidad de la Sala para su aprobación en forma tan rápida que nadie ha alcanzado a solicitar votación.
Señor diputado, se hicieron las consultas respectivas, se solicitó la unanimidad en cada proyecto para su aprobación y nadie pidió votación en su momento.
Tiene la palabra el diputado señor Seguel para plantear una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, quiero dar fe de que su Señoría, a petición de los parlamentarios que hemos estado en la Sala lamento diferir de lo dicho por el diputado señor Muñoz , en cada proyecto ha ofrecido la palabra y solicitado la unanimidad de la Sala para su aprobación. Si no se ha estado atento, obviamente, el problema es de cada cual, pero doy fe de que el Presidente cumplió la petición hecha por todos los parlamentarios de dar por aprobados por unanimidad cada proyecto hasta el número 509.
Tiene la palabra el diputado señor Hales para plantear una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, para no tener una discusión en los términos señalados por el diputado señor Seguel respecto de si se trata de problemas personales, le solicito que no dé por aprobados los proyectos sin pedir clara y expresamente la votación o la unanimidad de la Sala. Si no es así, simplemente los proyectos no están aprobados.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló para plantear una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, el Reglamento es extraordinariamente claro sobre esta materia. Su Señoría puede solicitar la unanimidad de la Sala, la cual puede darse; pero ello sólo significa que los presentes están de acuerdo con determinada proposición; es decir, si hay dos parlamentarios en la Sala, la unanimidad de la Sala es que hay dos personas de acuerdo con lo propuesto. Pero hay una disposición reglamentaria que establece que se requieren a lo menos cuarenta diputados en la Sala para aprobar cualquier proyecto de acuerdo. De manera que no basta la unanimidad. Ésta sólo significa que no hay nadie en contra, pero no que haya habido cuarenta personas en la Sala. Por lo tanto, desde el punto de vista reglamentario, por supuesto que sin dolo, su Señoría ha violentado el Reglamento.
Como bancada socialista, exigimos que se cumpla el Reglamento. No hubo cuarenta diputados en la Sala en el momento en que su Señoría solicitó la unanimidad, de manera que le pido que someta nuevamente a votación cada proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia para plantear un asunto reglamentario.
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités para tratar el tema.
Es exactamente lo que voy a hacer.
En relación con el problema que se acaba de suscitar, el artículo 8º del Reglamento señala claramente: “Cuando este Reglamento exija para determinado asunto el “acuerdo de la Cámara”, se entenderá que lo hay si la proposición cuenta con la mayoría absoluta de los Diputados que tomen parte en la votación o con el asentimiento de la Sala, habiendo el quórum necesario”.
Como no existió el quórum para aprobar estos proyectos de acuerdo, su votación queda pendiente para la sesión del martes próximo.
Señor Presidente, tal como se lo pedí en la reunión de Comités, le vuelvo a solicitar que la Mesa me certifique el quórum exacto que había al momento de aprobar cada uno de los proyectos de acuerdo.
Como no quiero repetir la sesión de los Comités, de la que su Señoría está plenamente informado, se le entregará la respuesta por escrito a la pregunta que formuló, la cual se basará en lo señalado en la reunión que tuvimos hace un instante.
Señor Presidente, quiero protestar por la forma en que se está procediendo en esta materia, porque en el minuto en que el Presidente de la Corporación declara aprobado un proyecto de ley, un artículo o, en este caso, un proyecto de acuerdo, la Mesa está ratificando que existía el quórum necesario para ello.
Por lo tanto, señor Presidente, lo único que hace este procedimiento es dejar los acuerdos de la Cámara de Diputados en la más absoluta inestabilidad, porque esto nos faculta para revisarlos y exigir que se nos certifique el quórum que existía al momento de la votación.
Tiene la palabra el señor Aguiló .
Señor Presidente, es lamentable que parlamentarios con una trayectoria de rectitud y de gran aporte en el Congreso Nacional, hoy, por un tema mezquino y menor, hagan intervenciones incluso rayanas en la falta de principios éticos, porque tanto el honorable diputado de Renovación Nacional como el de la UDI, que usaron de la palabra, tienen clara conciencia y convicción de que al momento de aprobarse los proyectos de acuerdo no existía el quórum requerido por el Reglamento de la Cámara, el cual no hace excepción alguna respecto de ese requisito.
De tal manera que la decisión adoptada por la Mesa, de la que se nos ha informado hace un momento, es la correcta, ya que se ajusta al Reglamento. Argumentar en contrario significa colocar en interdicción el Reglamento de la Cámara.
Lamento que los honorables diputados señores Rodrigo Álvarez y José García hayan hecho las intervenciones que hemos escuchado, pues tienen clara conciencia de que había menos de cuarenta diputados en la Sala al momento en que se aprobaron estos proyectos de acuerdo, algunos de los cuales tienen clara intencionalidad política, lo que, evidentemente, nada tenía que ver con los acuerdos de caballeros que habíamos logrado respecto de otras materias.
Tiene la palabra el señor Hales .
Señor Presidente, quiero hacer una observación de Reglamento estricta y restrictivamente.
Hago énfasis en que va a ser de Reglamento, porque considero que el honorable diputado señor José García tenía todo el derecho para realizar su respetable intervención en Incidentes, con cargo al tiempo del Comité de Renovación Nacional; pero no puede pedir la palabra aduciendo que se referirá a asuntos de Reglamento para expresar desagrados, protestas, alegrías u homenajes. Su intervención sólo contenía calificaciones y juicios, pero no observaciones reglamentarias.
Por lo tanto, solicito al honorable diputado señor José García o a quien quiera expresar su desagrado desde el punto de vista reglamentario, que lo haga en esa línea y cite las disposiciones reglamentarias que se han transgredido.
Señor Presidente, quiero decirle, sin felicitarlo ni reprobarlo, que lo que hay que hacer es aplicar el artículo mencionado, por lo que su Señoría ha procedido correctamente al determinar que estos proyectos no fueron aprobados. Así lo indican, honorable diputado señor José García , por su intermedio, señor Presidente, los artículos 8º, 113 y otros del Reglamento, que se refieren claramente a los quórum. Como si fuera poco, el artículo 53 de la Constitución indica que se requiere la concurrencia de cuarenta diputados para tomar acuerdos.
Cualquier transgresión a lo anterior e, incluso, si les parece oportuno pedir algo por unanimidad, podría hacerse por acuerdo, pero ese procedimiento está establecido en el Reglamento para casos muy particulares, que son los que indica el artículo 24, que dice que sólo podrá suspenderse el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, para un caso especial por acuerdo de los jefes de los Comités, ello porque, al final, es la Cámara la que aprueba el Reglamento. Incluso, podrían hacerlo no sólo los jefes de los Comités, sino que los presentes dispuestos a votar; pero para adoptar acuerdos siempre deberá contarse con un quórum de cuarenta diputados, como lo dispone la Constitución.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que ésta es una materia zanjada y sólo procede que su Señoría acepte observaciones basadas en artículos del Reglamento y no en juicios de valor o calificativos respecto de su proceder.
Señor Hales , la Mesa ya tomó una resolución respecto de esta materia. Solamente he concedido la palabra a los señores diputados que me han pedido hablar sobre cuestiones de Reglamento.
Señor Presidente, el artículo 8º, ya citado, es clarísimo respecto de esta materia, ya que señala que el asentimiento de la Sala sólo es válido cuando existe el quórum necesario. En caso de dudas, el Presidente tiene la potestad para definir situaciones de este tipo.
Pienso que aquí hemos aprendido una lección: el “Si le parece a la Sala,” va a tener que ser manejado con mucha precaución, dado que los acuerdos adoptados mediante este procedimiento a veces van más allá del propósito original.
Existió un acuerdo entre los honorables diputados señores Rodolfo Seguel y Jorge Ulloa , que, desgraciadamente, traspasó la idea que ellos tenían, pues permitió aprobar un proyecto absolutamente conflictivo, que naturalmente no estaba dentro de ese acuerdo.
La forma de “Si le parece a la Sala,” permitió que se produjera este error. Comparto la inquietud que surge de que es necesario que en el futuro se le maneje con mucha prudencia. Aquí se debió tener la certeza de que la voluntad de la Sala, que es lo que interesa al final y no los formalismos, no era la de aprobar el proyecto de acuerdo Nº 509 mediante el “Si le parece a la Sala,”, porque, en el fondo, lo más importante es respetar la voluntad de los diputados.
Por eso, comparto la inquietud de quienes piden a la presidencia que el “Si le parece a la Sala,” sea llevado a la práctica en el futuro con prudencia y respetando los requisitos que se requieren para que realmente se exprese la voluntad de la Sala.
Señor Presidente, quiero hacer a lo menos dos afirmaciones.
Primero, que soy absolutamente partidario de mantener el “Si le parece a la Sala,” como un pacto entre caballeros que existe en el Congreso Nacional desde hace años.
Segundo, aprobamos tres proyectos de acuerdo. El primero, de la honorable diputada señorita Antonella Sciaraffia , quien no se encontraba en la Sala; el segundo, del Vicepresidente, honorable diputado señor Waldo Mora , quien habló con todos los parlamentarios, y el tercero, de parlamentarios de distintas bancadas.
Junto con el honorable diputado señor Jorge Ulloa , fuimos dando la aprobación para cada uno de ellos, ya que no se trataba de proyectos de acuerdo políticos; pero cuando se trató el Nº 509 y es aquí donde hablo de la caballerosidad que se debe tener respecto de este tipo de acuerdos, por respeto al compromiso que tenía a la distancia con el honorable diputado señor Ulloa sobre los tres primeros proyectos, a pesar de que lo había leído, no era yo quien podía oponerse, porque tenía un compromiso sobre los proyectos de acuerdo anteriores. Hice gestos, pero nadie se dio cuenta, ni siquiera los que estaban muy cerca de mí. Fui a la reunión de Comités, donde expresé textualmente lo mismo que ahora estoy diciendo. Le dije al diputado señor José García , quien tiene la misma antigüedad que yo en el Congreso, que cientos de veces hemos tenido pactos de caballerosidad sobre algunos proyectos de acuerdo sin mayor implicancia, pero cuando sí la tienen, nos tenemos respeto político.
Respecto de ese proyecto de acuerdo, le dije: “Es un problema político”. Por eso me ha llamado malamente la atención lo expresado hoy por el diputado señor José García , porque no sabía que actuara en esos términos respecto de la caballerosidad política sobre los acuerdos que uno tiene. Le pedí al diputado señor Álvarez a quien también le dije que con el diputado señor Ulloa , de la UDI, habíamos aprobado los otros tres proyectos que los considerara con el sentido de la caballerosidad y de respeto a los acuerdos que se toman entre colegas en este tipo de proyectos.
Por eso, encuentro lamentable lo que ha ocurrido. Creo que se va a tomar una decisión que afectará a todos los parlamentarios que presentamos proyectos de acuerdo y que nos interesa que se aprueben, porque bastará que un diputado se oponga para que ninguno se trate.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero refrendar y respaldar las expresiones del diputado señor José García , como asimismo las del jefe de mi bancada, diputado señor Álvarez .
Cuando el diputado señor Hales alega por la aplicación del Reglamento, en circunstancias de que el señor Aguiló hace apreciaciones no reglamentarias, sino subjetivas, al sostener que las expresiones del colega José García rayan en la inmoralidad, quiero decir que lo único inmoral es que se cuestione el proyecto que no les gustó. ¡Eso es francamente inmoral!
Definitivamente, si se sanciona como aprobado determinado proyecto, no porque a alguien le guste o le disguste, se tendrá que revisar. ¡Ese es el mal procedimiento, eso es lo antirreglamentario y lo que no se debe hacer!
Entonces, digamos las cosas por su nombre. Si después del tercero, cuarto o quinto proyecto de acuerdo, sale uno que no gusta y se dice allí que es político, ¡por Dios, no seamos niños! Estamos en una Cámara política y todos los proyectos que se ven aquí son políticos. ¡Dejémonos de historias, pues!
Quiero respaldar, además, lo obrado por la presidencia. Creo que no es lícito ni moral que, después de operar una fórmula durante largo rato, cuando llega una iniciativa que no gusta, entonces se cuestiona. ¡Eso sí que es inmoral!
El señor MORA (Vicepresidente).
La Mesa ya tomó una decisión y adoptó un acuerdo sobre la materia. Se habló con los Comités.
Señor Presidente, hace rato que estoy pidiendo la palabra, de acuerdo con el Reglamento.
Es la última vez que doy la palabra, conforme al Reglamento, para poder entrar a Incidentes.
Señor Presidente, en primer término, es indispensable señalar en la honorable Cámara que nada ni nadie puede obligar a aceptar que se transgreda el Reglamento. Eso, a fojas 1. Cualquier acuerdo de caballeros o de no caballeros, de aquí o de allá, tiene un objeto ilícito: violentar una disposición reglamentaria, lo que es absolutamente inaceptable. Creo que todos los señores diputados o las señoras diputadas son caballeros o señoras, de acuerdo con su sexo. Así es que eso no puede ser objeto de discusión.
A fojas 2, o en segundo término, cuando la Mesa dice “Si le parece”, significa claramente que ella está certificando que existe el quórum requerido. Se usa esa fórmula desde antaño y puedo decir que en esta faena llevo muchos años, porque era la forma de agilizar el despacho de los proyectos de acuerdo, que tienen un tiempo definido. Entonces, se ponían de acuerdo los señores diputados para abreviar el tiempo de votación, agilizando el despacho, pero en forma alguna era para eludir el quórum.
En consecuencia, quiero respaldar a la Mesa en lo que ha hecho y decir que si recurrió a la fórmula del “Si le parece” es porque tenía la convicción íntima de que el quórum existía en la Sala. Ninguna otra posibilidad ni posición la podemos aceptar los diputados que integramos esta Sala.
En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Señor Presidente, ha sido muy ilustrativa y pedagógica la discusión habida sobre el empleo de la fórmula del “Si le parece”, de los quórum y de la voluntad de la Sala.
Debemos ser mucho más prudentes en interpretar la voluntad real de los diputados que votan en la Sala, y felicito al señor Presidente, porque ha sabido adoptar una posición adecuada a la complejidad del problema. Siempre es difícil manejar un tema con intereses políticos y éticos y que también involucra acuerdos de dos colegas de distintas bancadas; pero la Mesa ha hecho lo correcto. La votación de los proyectos de acuerdo en conflicto ha sido diferida para la próxima sesión, y entonces sabremos exactamente cuál es el apoyo real de las bancadas a cada uno de ellos. Si son aprobados, tendrán el respaldo de la Sala; en caso contrario, serán rechazados por la mayoría.
Por otro lado, quiero plantear un tema local de Arica y Parinacota .
Se ha creado una corporación de desarrollo de derecho privado para las provincias de Arica y Parinacota , facultándose al gobierno regional para que la lleve a cabo. Ya está en sus últimas etapas la redacción de los estatutos. La Corporación contará con un directorio de 23 miembros, quienes podrán llevar a cabo acciones que permitan un desarrollo sostenido de ambas provincias.
Pido que se oficie al ministro de Hacienda para que, con cargo al presupuesto correspondiente, se haga la provisión de fondos públicos definidos en la ley Arica 2, que dio marco legal a esa corporación de desarrollo, para que cuente con el presupuesto público que le permitirá operar en una primera etapa, porque existe la idea de que en el futuro también se alleguen recursos y financiamientos privados.
Quienes han formado parte de la comisión creadora de esa corporación han establecido un presupuesto de 300 millones de pesos para el presente año. Sin embargo, esos fondos no están definidos claramente en la ley de Presupuestos para el 2001. Por eso, solicito que el ministro de Hacienda, con cargo al ítem “Financiamientos comprometidos”, aporte esos 300 millones de pesos a la corporación para que desde este año empiece a dar sus primeros pasos, que son fundamentales, porque le permitirán definir exactamente sus objetivos y estudiar las áreas económicas que serán objeto prioritario de su accionar.
Asimismo, solicito que a ese oficio se adjunte el texto de mi intervención.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, junto con el texto de su intervención.
Señor Presidente, en esta Sala, cada cierto tiempo lo hemos visto hoy se producen situaciones ingratas en que salen a relucir temas delicados para quienes ejercemos cargos de representación popular, relativos al prestigio y a la valorización que hacen los ciudadanos de sus instituciones republicanas, especialmente de la función de la Cámara de Diputados.
Es un hecho verdadero que las personas ven que algunos parlamentarios gozan de privilegios, ventajas y prerrogativas injustas. Más aún, a veces con liviandad, se critica nuestro trabajo y, en casos extremos, se daña el prestigio personal y profesional de los diputados, su honra y la de sus familias. Por supuesto, no vale la pena escuchar esa crítica, porque hay otros problemas más relevantes.
Hace unos días, en el diario “El Metropolitano”, se publicó una encuesta de la empresa Gallup Chile. No sabemos si es la misma que vaticinó un triunfo aplastante del general Pinochet en el plebiscito de 1980, la cual fue seriamente cuestionada por su casa matriz en Estados Unidos. Lo recuerdo perfectamente. Pues bien, esta encuesta reciente contiene datos alarmantes respecto de la evaluación que hacen los ciudadanos en cuanto al quehacer de sus legisladores, de esta familia díscola de diputados.
En todo caso, ese medio no atiende a cuestiones más profundas, que han sido ampliamente discutidas entre los especialistas, como son la crisis de la función representativa y la participación en la política, la que, a mi juicio, se funda, entre otras cosas, en la imposibilidad de que el ciudadano perciba la capacidad concreta que existe para producir cambios en las realidades política, social y económica del país. Esta situación es muy grave, pues las bases mismas de la democracia, que con tanto esfuerzo construimos todos los chilenos, se van socavando.
Quien habla, como hombre de trabajo, esposo y padre de familia, y también como abuelo, no puede permanecer impasible frente a semejante situación, pues ve, en esta clase de publicaciones, y también en las acciones incluso de algunos de nuestros colegas un intento real de hacer sucumbir, por la vía del desprestigio, nuestra institucionalidad política.
Quiero ver publicaciones que hablen de las largas horas de estudio de proyectos en las Comisiones técnicas de esta Cámara; que alguien sea capaz de decir que los diputados son personas trabajadoras que, a veces, viven solas, aisladas de sus familias, pues deben recorrer hasta los últimos rincones y confines de sus distritos, bajo el sol ardiente de verano, en el norte, y con el frío y la lluvia, en el sur. ¡Claro que hacemos eso los que vivimos en el sur verde, en zonas desérticas o en el centro del país!
En todo caso, nos trae esperanza una nota de prensa aparecida ayer en el diario “El Mercurio”, donde se destaca la alta asistencia de los parlamentarios a las sesiones y se tiene la gentileza de destacar a quienes tenemos más presencia en esta Sala. Incluso se dice que trabajamos bastante.
Sin embargo, este acto de justicia, que valoro, me causa, al mismo tiempo, confusión. ¿Existen acaso dos parlamentos? ¿O se trata, simplemente, de que hay gente interesada en perjudicar la imagen de los órganos legislativos? ¿Cómo puede haber una contradicción tan grande entre la presunta valoración de los ciudadanos y la realidad de las estadísticas? La única explicación seria sería la falta de una política comunicacional idónea.
Termino haciendo un llamado a la Mesa de esta vapuleada Cámara, a fin de que genere las condiciones para dar a conocer nuestro trabajo y, asimismo, potencie la relevancia de las instituciones democráticas y republicanas de nuestro pueblo, que es bombardeado con informaciones de ese tipo.
Señor Presidente, como representante de la provincia de Ñuble, Región del Biobío, siempre he estado muy preocupado de la situación que afecta a la agricultura. Debo hacer notar que en dicha provincia, más del 42 por ciento de su población vive en el sector rural y, lamentablemente, allí es donde se concentra el mayor porcentaje de pobreza e indigencia.
En la región del Biobío existen grandes diferencias entre sus 52 comunas. A modo de muestra, la comuna de Concepción que representa el diputado señor José Miguel Ortiz , quien preside la Mesa en este momento, con un 5 por ciento de sector rural, sólo presenta un 16 por ciento de pobreza. Sin embargo, en el sector rural de la provincia de Ñuble, el 40 por ciento de su población exhibe los mayores índices de pobreza e indigencia.
Al asumir como gobernador de Ñuble, en 1990, creamos la Comisión provincial de Riego, por cuanto pensamos que a través de una agricultura de gran tecnología podríamos mejorar la situación descrita, siendo condición sine qua non el riego. Por ese motivo, nos abocamos a impulsar la construcción del canal Laja-Diguillín hoy, felizmente, en ejecución y al estudio integral de la cuenca del Itata para que se nos informara sobre las grandes obras de riego que deben construirse en nuestra provincia. Dicho informe fue entregado por el ministro de Obras Públicas de ese entonces, don Ricardo Lagos Escobar , hoy Presidente de la República, en la comuna de San Carlos. Entre ellas, la obra más importante es el embalse La Punilla cuyo costo asciende a 300 millones de dólares.
Sin embargo, esas obras de gran envergadura deberán concretarse en el plazo de muchos años. Por eso, es necesario que se construyan obras pequeñas y medianas como, por ejemplo, en el caso de la comuna de Coihueco, los embalses Kaiser y Miraflores , sobre el estero Coihueco , aguas arriba y aguas abajo del estero Ralbunco , respectivamente; y en la comuna de Pinto, el embalse La Esperanza sobre el río Chillán.
La Dirección de Obras Hidráulicas solicitó para este año los fondos correspondientes para los estudios de prefactibilidad de los embalses Kaiser y Miraflores , pero lamentablemente no fueron otorgados.
Tampoco hay estudios sobre el embalse La Esperanza.
Por estos antecedentes, solicito que se oficie a los Ministerios de Obras Públicas, de Planificación y de Hacienda, a fin de que otorguen los fondos necesarios para que puedan realizarse los estudios de prefactibilidad de los embalses el Kaiser y Miraflores , sobre el río Coihueco, en la comuna de Coihueco, y La Esperanza, sobre el río Chillán, en la comuna de Pinto.
Se enviarán los tres oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Jorge Ulloa , Alejandro García-Huidobro , Edmundo Villouta , Antonella Sciaraffia y de quien habla.
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora María Rozas .
Señor Presidente, quiero plantear una situación acerca de la cual tomé conocimiento la semana pasada y que afecta a un grupo importante de familias de la comuna de Conchalí.
Un grupo de comités sin casa postuló al programa de densificación urbana, subsidio de vivienda que fue entregado en 1993. El Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, de la época concedió la administración del subsidio a la consultora denominada Épsilon , a la cual se le paga entre 10 y 12 UF para realizar cada asesoría técnica legal de la construcción de la obra.
Hoy, con sorpresa y vergüenza, nos encontramos con que a diez familias se les construye su casa y se les obliga a instalar la cañería de agua potable, el alcantarillado, en circunstancias de que no se ha puesto un solo ladrillo en sus casas desde 1993.
El Ministerio de Vivienda ha ido renovando el subsidio a estas personas a través de esta institución “asesora”, lo que me suena algo raro, la cual les cobra a estas familias de escasísimos recursos por el retiro de los documentos.
Me enteré de esto, porque una familia tiene una deuda de 237 mil pesos por concepto de agua potable, elemento que no ha podido usar, porque nunca le instalaron ese servicio en su casa. Emos le cortará el agua que nunca ha usado y, después, le cobrará por la reposición. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que en este país moderno haya gente que es estafada por todos lados, sin recibir apoyo de nadie.
Podría extenderme sobre una gran cantidad de problemas de esta gente, sobre los cuales uno se pregunta: ¿Cómo pueden sobrevivir si muchas veces ganan el salario mínimo trabajando en forma eventual o coyuntural? Insisto en que esta gente es muy pobre.
Dada esta situación, que puede parecer película de terror, pero que es vivida por diez familias de extrema pobreza de Conchalí, a las cuales el Estado les ha entregado subsidio de vivienda y les ha pagado una consultora para que las asesore y apoye, y porque después de siete años se enfrentan a la amenaza de perder el subsidio y se sienten estafadas y engañadas, pido enviar oficio al ministro de Vivienda para que instruya a su seremi con el objeto de que informe a la Cámara cómo opera la empresa denominada Épsilon , Asesoría y Proyectos Limitada, quiénes la constituyen, cuántos recursos han obtenido del Estado por esta asesoría y a fin de que explique qué han hecho con estas platas en otros lugares, porque no puedo creer que sólo en Conchalí hayan actuado así.
Asimismo, pido que el Serviu tome en consideración esta situación e intervenga para que, no por la responsabilidad de esta consultora, que recibió fondos del Estado para ayudar a esta gente, estas personas pierdan la posibilidad de renovar el subsidio. Lo ideal sería buscarles una situación integral.
Por otra parte, por intermedio de quien corresponda, hay que pedir a Emos una solución para este problema y que entienda que ésta es una situación distinta. Reconozco que encontramos buena disposición al respecto. Se trata de gente que no ha tomado ni una gota de agua de Emos y que se ha visto enfrascada en una maraña que muchas veces ellos no entienden, por lo cual nosotros, como diputados, tenemos la obligación de intervenir.
Me interesa saber cómo opera esta consultora y que el Ministerio de Vivienda tome las precauciones para que esta gente no pierda su subsidio. Ojalá que el problema sea solucionado a la brevedad, igual que el de quienes hayan sido afectados por esta consultora.
Se enviarán los dos primeros oficios solicitados por su Señoría al ministro de Vivienda y Urbanismo, y el tercero, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que fiscalice la situación dada a conocer, pues sabemos que la mayor parte del capital de Emos es privado. Además, se adjuntará el texto de su intervención en las partes pertinentes, todo ello con la adhesión de los diputados señores García-Huidobro , Ulloa , Villouta , José García, José Miguel Ortiz y señorita Antonella Sciaraffia .
Señor Presidente, las Regiones Octava y Novena, junto con la Quinta, son las más afectadas por los incendios forestales. El tema ha sido tratado en más de una oportunidad en la Sala. Recuerdo que incluso hace un par de años solicité la posibilidad de que la Corporación Nacional Forestal, Conaf , pudiera adquirir aviones para el combate de incendios forestales.
A través de la prensa me enteré de que la Conaf no podrá utilizar durante esta temporada estival dos aviones cisterna Dromander , recientemente adquiridos para el combate de los incendios forestales, pues, lamentablemente, la Dirección de Aeronáutica sólo ha autorizado vuelos de demostración.
Me preocupa el tema, pues se trata de una petición que había formulado hace dos años. Por fortuna, por lo que sé, la cantidad de incendios en esta temporada no ha sido demasiado alta, pero no sabemos qué pasará más adelante. Se supone que la determinación de la Dirección de Aeronáutica debe estar basada en algún asidero legal, pero creo que debería estudiar de nuevo la situación, sobre todo porque estamos en plena temporada de incendios forestales. Dios quiera que sean los mínimos, porque eso perjudica tanto al pequeño propietario forestal como a las grandes empresas. El incendio liquida la posibilidad de trabajar a modestos trabajadores que hoy, más que nunca, requieren un trato y una preocupación permanente.
El considerable aumento del número y magnitud de los incendios forestales durante el verano, amerita el envío de un oficio a la Dirección de Aeronáutica, a través del ministro de Defensa Nacional, para que se arbitren las medidas que lleven a una solución armónica que posibilite la autorización para dichos aviones, aunque sea en forma provisoria, pero a la mayor brevedad; porque, como digo, preocupa la situación, que, por lo demás, se ha presentado muy encima de la temporada de incendios. Incluso, a lo mejor la Conaf ni siquiera tiene presupuesto para arriendo de aeronaves, en el convencimiento de que este servicio lo haría con las que he mencionado.
Se enviarán los oficios respectivos a los ministros de Defensa Nacional y de Agricultura y al contralor general de la República, con especial hincapié en que con anterioridad se había mandado un oficio al respecto, por lo cual se trata de una reiteración, y con la adhesión de la señora María Rozas , la señorita Antonella Sciaraffia y de los señores Jorge Ulloa y José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, por otro lado, el Gobierno envió al Senado un proyecto que beneficiará a los profesores, de acuerdo con las conversaciones del año pasado entre representantes del Ministerio y del Colegio de Profesores. Como tiene urgencia, espero que la próxima semana sea visto y aprobado en la Sala de la Cámara, ya que su aplicación será a contar de febrero. Sin embargo, en esta oportunidad mi preocupación, que comparten los diputados señores José Miguel Ortiz y Jorge Ulloa , tiene que ver con los problemas de los no docentes, o sea, los paradocentes, las bibliotecarias, los auxiliares, en general.
Este personal, con justa razón, reclama que no se le considera en ese proyecto y que ni siquiera hay un estudio sobre su situación.
En el caso de los auxiliares, que se desempeñan en labores importantes en los establecimientos educacionales, tanto de enseñanza básica como media, se nota, en especial, la carencia de beneficios imponibles cuando llega el momento de jubilar, ya que sus rentas disminuyen notablemente por esa causa. De esta situación he reclamado, incluso, durante los gobiernos anteriores de la Concertación. Debe estudiarse un tratamiento permanente. Es más, en las futuras leyes de presupuestos debe haber un ítem especial.
Los auxiliares, que entre otras funciones deben resguardar los establecimientos, prácticamente no tienen vacaciones. Trabajan horas extras cuando los locales son ocupados para actividades culturales o beneficios propios de la escuela o de los alumnos, pero no se les paga. Por lo tanto, no reciben diferencia en su favor.
De manera que pido que se oficie a los ministros de Educación y de Hacienda, a fin de que se les haga presente mi preocupación y esperanza de que dentro de este año se envíe un proyecto específico de mejoramiento definitivo para el personal no docente.
Se enviarán los oficios que solicita su Señoría, con la adhesión de la señora María Rozas , de la señorita Antonella Sciaraffia y de los señores Jorge Ulloa y José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, los pobladores del sector en toma de Alto Hospicio desde hace mucho tiempo solicitan que se les suministre agua potable; pero hoy ha aparecido en la prensa de Iquique una información que me parece insólita y colma mi paciencia. Dice que por falta de agua, habitantes de autoconstrucción bloquearon la ruta A16, que une esa ciudad con otras comunas de la provincia.
Agrega que luego de permanecer más de diez días sin agua, alrededor de 390 familias del sector de autoconstrucción decidieron tomarse la carretera para exigir la solución del problema. Y se hace alusión al dirigente señor Miguel Díaz Gajardo .
En la Cámara hubo oportunidad de conocer el programa de autoconstrucción, y una de las mayores preocupaciones que se hicieron presentes tiene relación con la urbanización mínima del sector.
Como los hechos están consumados y las familias viven en esas condiciones con sus niños, no es posible que pasen semanas sin que reciban algo tan vital como es el agua potable.
Como se dice en chileno, las autoridades se tiran la pelota unos a otros. Los pobladores van a reclamar a la municipalidad, y de ella los mandan a la gobernación, pero en ésta les dicen que ese problema corresponde a la municipalidad. No puede seguirse con este tipo de respuestas, porque los niños se enfermarán y habrá un foco de infección. Lamentablemente, son ellos los que reciben los efectos negativos de la irresponsabilidad de algunas autoridades que se dan el lujo de mantener un sector sin suministro de un elemento tan vital.
Por eso, solicito que se oficie al ministro del Interior, para que instruya de inmediato al intendente de la Región de Tarapacá en el sentido de que busque la manera de proveer de agua potable a esa gente y a la de La Negra, El Boro y La Pampa, grandes sectores que también tienen la misma incertidumbre.
Incluso, según un convenio, el gobierno regional entregó a la empresa de servicios sanitarios de Tarapacá dos mil quinientos millones de pesos para la construcción de una aducción. ¿Cómo es posible que esta empresa privada no haya resuelto el problema de la falta de agua potable que afecta a la gente de Alto Hospicio?
En particular, las personas de autoconstrucción no deben ser discriminadas y, más allá de cómo partió ese programa, lo lógico es que se les suministre agua potable.
Se enviará el oficio que solicita su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de la señora María Rozas y de los señores José García , Alejandro García-Huidobro , Jorge Ulloa y José Miguel Ortiz .
Ha terminado el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana.
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García .
Señor Presidente, tal como lo habíamos advertido, se han iniciado las cosechas de raps en medio de un total desconcierto entre los productores, quienes no tienen precio para el producto ni saben qué hacer con aquéllas ante la total falta de reglas del juego.
Ello, porque al día de hoy todavía no son publicadas las salvaguardias a la internación de aceites en mezclas, medidas que evitarían la actual perforación a las bandas de precios, que rigen sólo para aceites puros.
Es útil recordar que el Gobierno fijó, el 27 de abril del año recién pasado, la banda de precios para los aceites puros importados. En otras palabras, determinó un valor piso de la banda, que significa el mínimo costo de importación del producto, dando así una poderosa señal de precio a los agricultores, quienes sembraron bajo esas condiciones. Sin embargo, a poco andar, dicho piso ha sido perforado por el ingreso de aceite en mezclas, con lo cual la señal se ha ido al suelo.
Más aún, nuestro país ha concedido recientemente a Bolivia facilidades arancelarias especiales para el ingreso de aceites de soya, harina de soya y para mezcla de aceite, sin conocimiento ni aprobación del Congreso Nacional, con lo cual echó por la borda la propia banda de precios y el enorme esfuerzo de investigadores y agricultores por mejorar la competitividad del raps en nuestro país.
Este rubro es una de las pocas alternativas que van quedando para la rotación del cultivo del trigo, y su importancia radica en que, gracias a este sistema de rotación, es posible romper el ciclo de enfermedades en el cereal y mejorar su rentabilidad notablemente.
La misma demora en aprobar las salvaguardias a las mezclas de aceite ocurre con la negociación para que Argentina elimine el “draw back” a sus exportaciones de aceite, que superan largamente el impuesto de importación que pagan por ingresar a nuestro país. Por ello, resulta altamente preocupante la falta de coherencia entre el discurso y la realidad.
Debo recordar que tanto en la mesa agrícola como en las palabras del Presidente Lagos, en Osorno, se dio por asegurado el total cumplimiento de la banda de precios, por lo que los productores no deberían temer. Lamentablemente, ni las salvaguardias ni el término de los reintegros se han materializado, por lo que las empresas compradoras se han visto obligadas a cambiar los términos de los contratos, provocando con ello un clima de total desconcierto.
Por las razones anteriormente expuestas, pido que se oficie al ministro de Agricultura para informarle de esta situación y solicitarle la inmediata publicación de las salvaguardias a la internación de aceite en mezclas.
A modo ilustrativo, cabe señalar que en julio de 2000 la importación de aceites puros era de 5 por ciento, mientras que la de los aceites en mezcla es 95 por ciento, con lo cual se demuestra cómo se perfora la banda y cómo se vulneran las reglas que el Gobierno ha pretendido ofrecer, en este caso a los productores de raps, y al sector agrícola en general.
Pido que se oficie al ministro de Agricultura, dada la gravedad de la situación que afecta a cientos de agricultores de la Novena Región de La Araucanía.
Se enviará al ministro de Agricultura el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alejandro García-Huidobro y Jorge Ulloa .
Con el visto bueno de los jefes de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, los diputados harán uso de tiempos alternos.
En primer lugar, en el tiempo de la Unión Demócrata Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
Señor Presidente, esta intervención obedece, exclusivamente, a la estricta necesidad de reparar un daño de imagen que se ha hecho en estos días en la persona del general director de Carabineros y, en general, al cuerpo de Carabineros de Chile, al ser señalado, por el diputado Ávila , como una persona que incurre en abierto desacato en el cumplimiento de los fallos emitidos por los tribunales de justicia.
El diputado Ávila , con su tradicional histrionismo, ha abusado, en mi opinión, de la potestad reglamentaria de las Fuerzas Armadas y de Orden que les ha sido dada por la legislación vigente, la cual permite, en determinados casos, que oficiales dejen de serlo en atención a las estructuras y reglamentaciones de esas instituciones, en este caso de Orden.
El diputado Ávila ha señalado que da la impresión de que para el general director de Carabineros los fallos judiciales son optativos y no obligatorios, y se pregunta al respecto: ¿Es aceptable que una resolución judicial de las máximas instancias quede en una suerte de tierra de nadie?
Después de haber ingresado un escrito a la Corte Suprema, el 20 de diciembre recién pasado, a las 10.44, en el cual solicita que el máximo tribunal intervenga frente a la situación que él describe como desacato, consecuencia de la medida de exonerar a un teniente de Carabineros de la institución, recaba, al mismo tiempo, una serie de diligencias.
La Corte Suprema dio una rápida respuesta a esta petición. En una hoja de ese tribunal, que obra en mi poder, dice: “ Santiago , 3 de enero de 2001. No siendo parte, archívese”.
Esa es la respuesta que da la Corte Suprema, en un fallo absoluto, al histrionismo de estos días del diputado Ávila . Aquí está. Este es el documento de la Corte Suprema en que, en resumen, le expresa: “Señor diputado Ávila , usted no tiene razón alguna en lo que está señalando”.
Pido que, en mi nombre y en un acto de justicia, se transmita al general director de Carabineros al menos mi completa satisfacción por la respuesta de la Corte Suprema respecto del obrar de Carabineros, institución que resulta básica para el país, dado que la seguridad de la ciudadanía está fundamentalmente en sus manos, junto con la Policía de Investigaciones. Carabineros es la policía más numerosa de ambas, de manera que es necesario tener confianza en ella.
Una cosa es no estar de acuerdo con determinada medida y algo muy distinto es acusar a su máxima autoridad, en este caso el general director de Carabineros, de desacato abierto a las resoluciones de los tribunales.
El documento que acabo de exhibir en esta Sala, firmado por los señores Álvarez , García , Jordán , Faúndez, Carrasco , Garrido , Libedinsky , Tapia , Chaigneau , Rodríguez , Cury , San Martín , Espejo, consigna que todo lo señalado por el diputado Ávila carece de fundamento desde el punto de vista legal.
Pido que se oficie al general director con el objeto de hacerle presente que lamentamos, al menos desde mi punto de vista personal, este acorralamiento del cual está siendo objeto, que no tiene sentido alguno; por el contrario, sólo fomenta una severa desconfianza en la autoridad policial, lo cual daña al país.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado Alejandro García-Huidobro .
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro .
Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie a Carabineros de Chile para que fiscalice la circulación por la pista izquierda en las carreteras de doble vía. En verdad, a medida que va aumentando el flujo vehicular debido a la gran cantidad de vehículos, tanto de carga como de pasajeros y particulares, al usar permanentemente la pista izquierda impiden el adelantamiento, que haría más expedita la circulación, lo que no sólo ocasiona accidentes de tránsito, sino también atrasos, especialmente en los vehículos de transporte de pasajeros y de carga.
Si bien puedo apreciar un excesivo y eficiente control respecto de la velocidad, no veo la misma fiscalización en este sentido, que cada día es mayor en las carreteras de doble vía.
Por tanto, solicito que esta fiscalización sea iniciada a la brevedad, así como el envío de este oficio a Carabineros.
En segundo lugar, el 28 de diciembre recién pasado, el Presidente de la República inauguró el nuevo servicio del Metrotrén, que se amplió de Rancagua a San Fernando con un aumento de la frecuencia que regía a contar del día siguiente. Sin embargo, gran sorpresa nos hemos llevado en nuestra Región y también quienes estamos ocupando este medio de transporte, ya que sólo seis días después de la inauguración por el Presidente Lagos se modificaron nuevamente, sin previo aviso, los itinerarios, quedando peor de lo que estaban antes de la citada fecha; es decir, en estos momentos hay menos posibilidad de llevar pasajeros y hay menos trenes. Lo más sorprendente es la explicación que se nos dio ante tales cambios: la empresa no tiene maquinistas para cumplir con el servicio ofrecido. Esto sí que es grave, porque parece increíble que se importen trenes, se publiquen nuevos itinerarios y al cabo de seis días de funcionamiento estos anuncios sean anulados, porque no se cuenta con el personal capacitado para prestar el servicio.
Por ello, me preocupa e interesa conocer qué planificación ha existido entre Ferrocarriles y el Metro con respecto a esta situación. Estimo que se debe buscar la solución definitiva capacitando al personal necesario para que, a la brevedad, se le entregue a la comunidad el servicio que ofreció el propio Presidente de la República.
Pido que se oficie al Ministerio de Transportes y a Ferrocarriles del Estado para que nos den una explicación al respecto, porque justamente en época de vacaciones hay un mayor flujo de pasajeros.
El tercer oficio que solicito debe enviarse a la corporación municipal de Rancagua, en la cual el ex secretario general, señor Rubén Scharpe , y el ex director de la División de Administración y Finanzas, señor José Miguel Pozo del Solar, recibieron anticipos a cuenta de las indemnizaciones, equivalentes a varias veces los sueldos mensuales que ellos obtenían.
Al respecto, solicito que se oficie a la municipalidad de Rancagua con el objeto de que nos informen si el otorgamiento de anticipos ha sido una política permanente de esa corporación, los cuales nunca han sido concedidos a ningún funcionario de la salud ni menos a un profesor.
Quisiera saber quiénes autorizaron dichos anticipos: el alcalde anterior y presidente de esta corporación, don Darío Valenzuela , o el directorio.
Hago esta petición debido a que la indemnización que se les está pagando a estos ex ejecutivos no cubre la deuda que tienen con la corporación. Por consiguiente, no sabemos cómo se puede obtener la devolución de los dineros percibidos por esos ejecutivos, que fueron nombrados políticamente.
Me interesa saber si la autorización de estos anticipos fue autoconcedida o dada por el alcalde anterior, que era el presidente de la corporación municipal, o por el directorio de dicha corporación.
Pido que se oficie a la Contraloría General de la República para que audite esta situación, por cuanto es muy importante la absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos de los rancagüinos para que la corporación municipal pueda realizar su gestión tanto en atención de salud y educación como en otros servicios.
Asimismo, que investigue la gestión realizada en los últimos cuatro años por los dos ex funcionarios municipales mencionados.
Se levantó la sesión a las 14.57 horas.