Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU399-12.htm
Timestamp: 2019-06-20 02:51:51
Document Index: 70685744

Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 29', 'artículo 179', 'artículo 84', 'artículo 223', 'artículo 179', 'artículo 183', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 29', 'artículo 223', 'Artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 183', 'artículo 136']

SU399-12
Sentencia SU399/12
DEFECTO SUSTANTIVO-Aplicación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No constituye violación del debido proceso por defecto sustantivo al aplicar norma dentro del margen razonable de interpretación
DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Formas en que puede manifestarse
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO ORGANICO-Falta de competencia del funcionario judicial
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Desconocimiento del procedimiento determinado por la ley
PROCESOS DE PERDIDA DE INVESTIDURA Y NULIDAD ELECTORAL-Naturaleza
ACCION ELECTORAL-Naturaleza
PROCESO ELECTORAL-Procedencia de la nulidad de actos de declaración de elecciones de carácter popular
ACCION ELECTORAL-Características
ACCION ELECTORAL-Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa
ACCION ELECTORAL Y APLICACION PARA IMPUGNAR ACTO DE ELECCION DE CONGRESISTA-Naturaleza y alcance
PERDIDA DE INVESTIDURA-Naturaleza especial
ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS-Naturaleza y alcance
ACCION DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ACCION ELECTORAL Y PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Objeto y finalidades distintas
ACCION ELECTORAL Y PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Autonomía e independencia hace que fallos tengan sus propios efectos a pesar que dichas acciones puedan iniciar contra la misma persona y fundarse en la misma causal de inhabilidad
INHABILIDADES QUE CONSTITUYEN FUNDAMENTO PARA IMPUGNAR ACTOS DE ELECCION DE CONGRESISTAS MEDIANTE ACCION ELECTORAL-También constituyen causales de pérdida de investidura de miembros del Congreso de la República
INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DE LA ACCION ELECTORAL FRENTE A LA PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS-Reglas jurisprudenciales en aplicación de cosa juzgada y caducidad
CONGRESISTA-Inhabilidad por intervenir en gestión de negocios o celebración de contratos ante entidades públicas en interés propio o de terceros
ACCION DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO DE ESTADO-Negar nulidad de sentencia que declaro la nulidad de elección de la actora como Senadora de la República por celebración de contratos con entidad pública
Acción de tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez de Rincón contra el Consejo de Estado–Sección Quinta-
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, el quince (15) de abril de dos mil diez (2010), y en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, el veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), en la acción de tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez de Rincón contra el Consejo de Estado –Sección Quinta-.
La ciudadana Martha Lucía Ramírez de Rincón interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegida, al debido proceso y a la defensa, los cuales, en su opinión, han sido vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de seis (06) de julio de dos mil nueve (2009), que declaró la nulidad de su elección como Senadora de la República para el período 2006-2010.
1.8. El catorce (14) de junio del dos mil seis (2006), el ciudadano Raúl Castillo Gutiérrez, demandó la nulidad de la elección de la Sra. Ramírez de Rincón como Senadora de la República por haber suscrito con Bancoldex, dentro de los seis meses anteriores a su elección, contratos estatales en la modalidad de órdenes de servicio, lo que configuraba la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 179 de la Constitución Política.
1.15. El proceso de pérdida de investidura finalizó con providencia de diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010), mediante la cual se denegaron las pretensiones de pérdida de investidura y cancelación de credencial de Martha Lucía Ramírez como congresista. Lo anterior por no configurarse la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 3 de la Constitución, ya que, el negocio jurídico celebrado entre la hoy accionante con Bancoldex, es de derecho privado, no un contrato estatal y la fecha de celebración del mismo fue en agosto de dos mil cinco (2005), es decir el perfeccionamiento del contrato se dio por fuera del término inhabilitante.
· En la sentencia se afirma que la acción no estaba caduca con base en una prueba inexistente, como fue una certificación de notificación del acto de elección expedida por el Subsecretario General del Consejo Nacional Electoral, la cual no obró en el proceso 4084. Añade la actora que, “le estaba vedado utilizar el documento como parámetro de conteo del término del fenómeno anotado. Solamente, le era posible utilizar, la resolución 915 en el expediente que recoge la demanda contra la elección de la Senadora, la cual fue notificada por estrados el 5 de junio de 2006. Se debe recalcar que no se presentó como prueba ni se allegó en legal forma la constancia del subsecretario (…).”
· Interpretación errónea de las normas de caducidad de la acción electoral al no tener en cuenta que el parámetro para contabilizar la caducidad de la acción de nulidad electoral era la notificación por estrados del acto que declaró la elección –Resolución 915- efectuada el 5 de junio de 2006.
· En relación con el defecto sustantivo afirmó que, la inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, consiste en la intervención en la celebración de contratos “con entidad pública”, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato, pues el juez de lo contencioso electoral no tiene la obligación de calificar de estatal o privado el contrato correspondiente. Al respecto, citó la sentencia de 9 de noviembre de 2001, proferida por la Sección Quinta, según la cual para que se estructure la inhabilidad mencionada, no es relevante demostrar si el contrato es estatal, solemne o sin formalidades plenas, o si es de derecho privado.
Al respecto señaló: “en este caso concreto no se presentó esa situación excepcional de falta de acceso a la administración de justicia, habida cuenta de que la parte actora intervino durante toda la actuación del proceso de nulidad electoral y contó con los medios procesales para ejercer sus derecho de defensa frente a la acción de nulidad electoral promovida en su contra, pues, como bien lo informó en su demanda de tutela, aportó y solicitó pruebas e interpuso incluso el recurso de súplica contra el auto que denegó algunas de las pedidas en la contestación de la demanda.”
5. Pruebas obrantes en el expediente
6. Actuación surtida ante la Corte Constitucional
Mediante auto de dos (02) de diciembre de dos mil diez (2010), el Magistrado Sustanciador ordenó que por Secretaría General se oficiara a la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitando copia del expediente del proceso de nulidad electoral adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 11001328000200600155 y de la sentencia proferida el seis (06) de junio de dos mil nueve (2009) dentro del mismo expediente. En la misma providencia ordenó que se oficiara a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado copia del proceso de pérdida de investidura adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 1100131500020090070800 y de la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010) dentro del mismo expediente.
En cumplimiento de la anterior providencia la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado allegó copia del expediente del proceso de nulidad electoral adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 11001328000200600155 y de la sentencia proferida el seis (06) de junio de dos mil nueve (2009). Igualmente la Secretaría de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado allegó copia del proceso de pérdida de investidura adelantado contra Martha Lucía Ramírez, Radicación No. 1100131500020090070800 y de la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010).
2. Presentación del caso, planteamiento del problema jurídico y esquema de solución
En relación con el defecto sustantivo afirmó que, la inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, consiste en la intervención en la celebración de contratos “con entidad pública”, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato, pues el juez de lo contencioso electoral no tiene la obligación de calificar de estatal o privado el contrato correspondiente.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia
Inicialmente el concepto de vía de hecho –el cual tuvo origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, debe su denominación a la figura propia del derecho administrativo- fue empleado por la Corte Constitucional para referirse a errores groseros y burdos presentes en las providencias judiciales, los cuales en alguna medida suponían un actuar arbitrario y caprichoso del funcionario judicial, proceder que a su vez daba lugar a la protección constitucional de los ciudadanos afectados por la decisión judicial.
En diferentes pronunciamientos, esta Corporación ha delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en las providencias judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones, (i) cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[4], b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia[5], c) es inexistente[6], d) ha sido declarada contraria a la Constitución[7], e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador[8]; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable[9] o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[10] o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) cuando no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes[11], (iv) cuando la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva[12] o contraria a la Constitución[13]; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”[14]; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso[15] o (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto[16]. Existe defecto sustantivo igualmente cuando (viii) la decisión no está justificada en forma suficiente[17] de tal manera que se afectan derechos fundamentales[18]; (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial[19] y, (x) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución[20].
Reiteradamente esta Corporación ha sostenido que el defecto sustantivo por interpretación, puede configurarse por dos causales genéricas, totalmente independientes la una de la otra, así: en primer lugar, cuando el funcionario judicial le otorga a la norma un sentido y alcance que ésta no tiene, de tal suerte que la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) y, en segundo lugar, porque la autoridad judicial le confiere a la norma una interpretación posible dentro de las varias interpretaciones que ofrece la disposición, pero con clara contravención de postulados constitucionales[23], debido a que se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que han debido guiar el proceso y condicionar su resultado. Es perfectamente posible que en algunas oportunidades concurran las dos causales genéricas indicadas y que la interpretación contraevidente de la ley –que de por sí pugna con la Carta- comporte, así mismo, el quebrantamiento de ciertos contenidos de la Constitución, que sean relevantes para el caso a decidir[24].
De esta forma, no constituye violación del debido proceso como consecuencia del defecto sustantivo atribuido a la actuación de un funcionario judicial que aplica una norma o conjunto de normas, siguiendo una lectura que se encuentra dentro de un margen razonable de interpretación y, de todas maneras, tal reclamo no prosperará en sede de tutela, en caso de no haberse planteado en el proceso ordinario, si era posible hacerlo[28]. Sin embargo, puede suceder que una interpretación aceptable desde el punto de vista legal, no responda a las especiales exigencias dispuestas en la Constitución, y a pesar de su plausibilidad como interpretación de la ley, resulte contraria a la Norma Fundamental, debido a que el funcionario judicial durante la actividad hermenéutica no establece la conexión indispensable con los contenidos superiores y consigue como resultado un análisis de la norma legal que no tiene coherencia con lo exigido constitucionalmente. En otros términos, se hace una interpretación plausible de la norma aplicable, pero no obstante, se aplican razonamientos incoherentes para llegar a la decisión, porque, por ejemplo, el intérprete analiza aisladamente la disposición legal, sin ninguna vinculación sistemática de los contenidos constitucionales aplicables al caso concreto[29].
En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta Corporación que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado...”[32]. Y ha aseverado de igual manera, que la acción de tutela únicamente procede cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia...”[33].
La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: la primera ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[34] u omite su valoración[35] y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[36]. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[37]. La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.[38]
1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[39].
2. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[40].
3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[41].
En el mismo sentido precisó en la sentencia T-929 de 2008, que si se comprueba la incompetencia del funcionario judicial que emitió la providencia acusada, se configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”[42]”[43]. Más adelante añadió: “la extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[44] y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.”[45]
En consecuencia, ha concluido la Corte que “la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso”[46].
Por último, el defecto procedimental tiene lugar cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, se termina por emitir una providencia que vulnera derechos fundamentales[47]. No obstante, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para constituir una vía de hecho: a) Debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura una vía de hecho por vicio procesal cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo por que el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela[48].
5. La naturaleza de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral
Este razonamiento está apoyado en que los dos procesos fueron adelantados porque supuestamente la Sra. Ramírez de Rincón estaba incursa en la misma causal de inhabilidad, prevista en el numeral 3 del artículo 179 constitucional: haber celebrado contratos con una entidad pública dentro de los seis meses anteriores a su elección. Esta particularidad tiene lugar debido a que la violación del régimen de inhabilidades constituye tanto una causal de la nulidad de la elección, como una causal de pérdida de investidura.
Sobre este extremo es ilustrativo el contenido de los artículos 227 y 228 del C.C.A., que en su orden, facultan para que cualquier persona pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la finalidad de solicitar que “se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”. Así como, se anule la elección y se cancele la respectiva credencial del candidato que “no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido”.
b) Se persigue con esta institución preservar las condiciones de elección y de elegibilidad constitucional y legalmente establecidas[58]. De allí que su objetivo principal está en garantizar la constitucionalidad y legalidad de la función administrativa, de tal manera que se preserve la pureza y eficacia del voto, el uso adecuado del poder administrativo para designar servidores públicos en virtud del mérito y condiciones profesionales, así como la validez de los actos administrativos que regulan de manera general aspectos de contenido electoral, tendiente a materializar el principio de democracia participativa como base esencial del Estado Social de Derecho[59];
e) Según lo sostenido por el Consejo de Estado[60], en la acción electoral, solamente es viable invocar pretensiones dirigidas a: (i) restaurar el orden jurídico abstracto vulnerado por un acto ilegal o inconstitucional, es decir, aquellas que busquen dejar sin ningún efecto jurídico la regulación electoral, la elección o nombramiento irregulares; (ii) retrotraer la situación abstracta anterior a la elección o nombramiento irregular, y, (iii) sanear la irregularidad que constató el acto ilegal. Por el contrario, en la acción electoral no son viables las pretensiones dirigidas a obtener el reconocimiento de derechos concretos o la declaración de situaciones subjetivas a favor de la parte demandante. A este respecto, la Corte constitucional sostuvo que“(…) aunque es cierto que la sentencia que declara la nulidad de una elección, de un nombramiento, o de un acto administrativo de contenido electoral no tiene como objetivo restablecer una situación jurídica concreta, también es cierto que la consecuencia misma de la nulidad puede generar reivindicación de derechos afectados por el acto irregular. Por ejemplo, los artículos 226 y 228 del Código Contencioso Administrativo regulan como consecuencia de la nulidad de un acto de elección, la exclusión de los votos irregulares del cómputo general, o el llamamiento del candidato que no resultó elegido por la inhabilidad de la persona cuya elección fue anulada, la realización de nuevos escrutinios y la cancelación de la credencial que identifique al elegido”[61].
f) La consecuencia de la acción es dejar sin efectos un acto administrativo de contenido electoral, previa invocación, sustentación y prueba del hecho alegado que debe encontrar tipificación en una de las causales de nulidad del acto acusado, dispuestas por la ley, las cuales, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, se refieren a las generales establecidas en el artículo 84 del C.C.A. y las específicas de los actos de elección popular señaladas en el artículo 223 ibídem
g) Por tratarse de una acción pública de nulidad, la sentencia tendrá efectos erga omnes (art. 175 del C.C.A.), motivo por el cual, cobijará desde el punto de vista electoral, a todos aquéllos que pudiendo haber participado en el proceso, voluntariamente se marginaron del mismo o no concurrieron a él (art. 223 ibídem)[62], y,
h) El proceso electoral constituye uno de los instrumentos legales dispuestos para sancionar una situación irregular en la que puede incurrir cierta clase de funcionarios públicos que están inhabilitados para ocupar un cargo de elección popular. Proceso que goza de todas las garantías del debido proceso sancionador, bajo las especificidades propias, según su naturaleza y finalidad[63].
En este orden, a la acción electoral puede acudirse para impugnar los actos de elección de los miembros del Congreso de la República, cuya competencia corresponde en única instancia a la Sección Quinta del Consejo de Estado[67]. En todo caso en la acción electoral dirigida a la anulación del acto administrativo que declara elegido a un Senador o a un Representante a la Cámara, debe invocarse, demostrarse y encontrarse tipificada cualquiera de las causales de inelegibilidad reguladas en la Constitución (artículo 179) y en la ley (arts 84, 223, 227 y 228 del C.C.A). De igual forma, a esta acción debe acudirse dentro de los veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección (art. 136 num. 12 C.C.A[68]).
En el artículo del 179 de la Constitución se establecen las causales de inhabilidad o de inelegibilidad de los congresistas[77]. En el numeral 3º de la citada normativa, se dispone que no podrán ser congresistas “Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.
Por su parte, en el artículo 183 de la misma normativa constitucional[78], se regulan las causales de pérdida de investidura, dentro de las cuales se estipulan la violación del “régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…)”. (Negrillas fuera de texto).
“Tercera.- No se trata realmente de dos juicios idénticos
Se anotó en la mencionada sentencia de Sala Plena que cuando se ha iniciado una acción electoral y se ha dictado sentencia, y luego se solicita la pérdida de investidura con fundamento en la misma causal de inhabilidad, en aplicación de la cosa juzgada, el resultado de la decisión a adoptar en el proceso de pérdida de investidura, está supeditado a lo resuelto en la acción electoral, siguiendo las siguientes reglas jurisprudenciales[79]:
a) Declarada la nulidad de la elección, el proceso de pérdida de investidura solamente podría buscar constituir la causal de inhabilidad o de inelegibilidad regulada en el numeral 4o del artículo 179 de la Constitución (haber perdido la investidura de congresista), para que pueda surtir efecto en el futuro.
6. El examen del caso concreto
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010), en la acción de tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DENEGAR el amparo solicitado por las razones expuestas en la presente decisión.
A LA SENTENCIA SU399/12
Referencia: expediente T-2773240.
Acción de tutela presentada por Martha Lucía Ramírez de Rincón contra la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Si bien participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de un asunto de su competencia efectuó la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[83], no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos planteamientos discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que aquí son traídas a colación en las consideraciones 3 y 4 (páginas 17 a 20), abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[84], de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
Referencia.: Salvamento de voto a la sentencia SU-399 de 2012. Acción de tutela instaurada por Martha Lucía Ramírez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, me veo obligado a salvar voto en el asunto de la referencia. A continuación expongo las razones de mi discrepancia con la mayoría.
1.- Generalidades del caso
1.1.- Un ciudadano demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de la elección de la señora Martha Lucía Ramírez como Senadora de la República (periodo 2006-2010). Adujo que se encontraba incursa en causal de inhabilidad, por haber celebrado contrato con una entidad pública dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación (art. 179-3 CP).
1.2.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de julio de 2009, declaró la nulidad de la elección y ordenó cancelar la respectiva credencial. Sostuvo que la entonces candidata efectivamente celebró contrato con entidades públicas dentro de los seis (6) meses previos a la votación.
1.3.- Con fundamento en esta decisión e invocando la misma causal de inhabilidad, otro ciudadano demandó la pérdida de la investidura de la entonces Congresista Martha Lucía Ramírez. Sin embargo, en una decisión completamente antagónica, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de enero de 2010, al interpretar la misma causal de inhabilidad, con fundamento en los mismos hechos y valorando exactamente las mismas pruebas, negó la solicitud de pérdida de investidura. A diferencia de la Sección Quinta, la Plenaria consideró que el negocio jurídico celebrado era de derecho privado y no un contrato estatal, cuyo perfeccionamiento en todo caso se había dado por fuera del término inhabilitante.
1.4.- Ante esta evidente contradicción entre lo resuelto en uno y otro proceso, la señora Martha Lucía Ramírez presentó acción de tutela por estimar que el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló su elección como Senadora de la República, vulneró entre otros sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.
2.- Decisión de la Corte Constitucional
En sede de revisión la mayoría de la Corte Constitucional negó el amparo (sentencia SU-399 de 2012). En síntesis, adujo que como la acción de nulidad electoral y la acción de pérdida de investidura tienen naturaleza y objeto distintos, el examen fáctico y de responsabilidad del congresista presenta también parámetros distintos y por tanto bien podía llegarse a decisiones disímiles. Adicionalmente, la mayoría estimó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al efectuar el análisis normativo y la valoración probatoria, no incurrió en ninguno de los defectos que da lugar a la tutela contra providencias judiciales.
Así, la sentencia considera “errado y simplista” entender que los procesos de pérdida de investidura y de nulidad electoral tienen idéntica naturaleza, y encuentra que la interpretación efectuada por la Sección Quinta se acoge al “tenor literal” del artículo 179-3 Superior, de modo que “no incurrió en un manifiesto error interpretativo”.
3.- Razones del salvamento
3.1- Respetuoso como he sido de las decisiones de la Corte, considero sin embargo que es lógica y jurídicamente inadmisible que dos asuntos en los cuales se examinan los mismos hechos, con los mismos fundamentos normativos y con el mismo material probatorio, conduzcan a una Sección y a la Sala Plena de una misma corporación –el Consejo de Estado- a conclusiones no solo diferentes sino diametralmente opuestas. Y más difícil aún me resulta aceptar que el juez constitucional renuncie a intervenir para corregir esa abierta contradicción y proteger los derechos fundamentales de la accionante.
3.2.- Desde el punto de vista de la lógica, aunque mucho se ha discutido acerca de si tiene cabida en el Derecho, puede decirse que las reglas del pensamiento formal son necesarias aunque no siempre suficientes en el razonamiento jurídico. En este sentido la doctrina ha explicado que “la validez y la invalidez, las reglas básicas de la deducción, los principios para la evaluación de inferencias deductivas y así sucesivamente, siguen siendo fundamentalmente los mismos y no cambian cuando se aplican en un contexto legal”[85]. También ha explicado que su importancia radica en el hecho de que el acatamiento de sus reglas “es una condición necesaria para toda ciencia”, incluida la ciencia jurídica[86]. Tal vez por ello la Corte Suprema de Justicia de Alemania en algún momento llegó a calificar las leyes de la lógica como verdaderas “normas de derecho no escrito”[87].
Lo anterior también guarda relación con el principio de coherencia y su relevancia en el Derecho[88], el cual exige que las decisiones judiciales, además de no incurrir en contradicciones de orden lógico, armonicen con los principios y valores del sistema jurídico al que se integran[89].
En este sentido la Corte Constitucional ha destacado la necesidad de tomar en consideración los postulados de la lógica en el razonamiento judicial[90], al punto que no ha vacilado en declarar la nulidad de sus propios fallos cuando advierte contradicciones entre la parte motiva y la resolutiva[91]. Igualmente, ha reconocido la importancia de que las decisiones judiciales sean coherentes con el sistema jurídico en su conjunto[92].
3.3.- Hecha esta aclaración preliminar, uno de los principios básicos de la lógica es el de “no contradicción”, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas a la vez; ontológicamente significa que algo no puede “ser” y “no ser” al mismo tiempo. Así, trasladado al campo jurídico, el principio supone, por mencionar algunos ejemplos, que una conducta no puede ser permitida y simultáneamente prohibida; que un hecho no puede ser lícito e ilícito a la vez; ni que dos normas abiertamente contradictorias sean ambas válidas.
3.4.- En el asunto del cual me aparto, la Corte se enfrentaba a un caso difícil:
Cada una de las decisiones, individualmente considerada, podía ser calificada como una respuesta en principio razonable a las demandas de nulidad electoral y pérdida de investidura. En efecto, en su estructura interna cada sentencia es formalmente válida en la medida en que la conclusión se deriva de las premisas planteadas, aún más si se tiene en cuenta la autonomía e independencia de una y otra acción, sumada a que una misma conducta puede dar lugar a diferentes tipos de sanciones y responsabilidades (penal, disciplinaria, fiscal, política, etc.).
Pero lo que hacía problemático y complejo el caso era que al examinar el contenido de las dos decisiones se podía constatar, sin mayor dificultad, que exactamente los mismos hechos, material probatorio y fundamentos jurídicos, condujeron a una corporación a decisiones abiertamente contradictorias. En efecto, mientras que para la Sección Quinta del Consejo de Estado la conducta de la ciudadana Martha Lucía Ramírez configuró la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179-3 de la Constitución, para la Sala Plena su conducta nunca configuró tal impedimento. Dicho en otros términos, mientras que para la Sección Quinta la aspirante estaba inhabilitada, para la Sala Plena nunca lo estuvo.
3.5.- Al decidir la tutela en sede de revisión la mayoría de la Corte Constitucional aceptó dos hechos ontológicamente contradictorios, es decir, excluyentes entre sí: que la accionante estaba y al mismo tiempo no estaba inhabilitada para ser elegida Senadora de la República. Ello significó una inconsistencia lógica que desconoce el principio de no contradicción (algo no puede “ser” y “no ser” a la vez) y desencadenó una incoherencia jurídica: se anuló la elección de la peticionaria por estar inhabilitada, pero se mantuvo su investidura por no estarlo. Es en este punto donde no puedo compartir la posición de la mayoría.
3.6.- La autonomía e independencia como características que identifican una y otra acción (nulidad electoral y pérdida de investidura), no deben entenderse como la libertad absoluta de una corporación (Sección Quinta y Sala Plena del Consejo de Estado) para entender de forma opuesta la regla que contiene una prohibición constitucional, precisamente porque ello conllevaría a la afirmación insostenible de que existen tantas Constituciones como intérpretes.
La Carta Política es una sola y la interpretación de su contenido para aplicarlo en idéntica situación fáctica no puede llegar a extremos antagónicos según el criterio o posición de cada uno de los jueces; y en caso de existir una discrepancia así es inaplazable la intervención del Tribunal Constitucional, a quien se ha confiado la “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” (art. 241 CP) y en últimas debe resolver los conflictos relacionados con los derechos constitucionales.
En la Sentencia SU-917 de 2010 la Corte recordó que una de las principales razones que justifican la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales se deriva de la necesidad de que haya una lectura uniforme de la Constitución. También advirtió que este es el camino para brindar a los ciudadanos seguridad jurídica y condiciones de igualdad. Al respecto sostuvo lo siguiente:
“La abierta discrepancia que existe entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional necesariamente debe ser superada para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como para salvaguardar otros principios constitucionales no menos importantes como el de confianza legítima, la coherencia sistémica y la seguridad jurídica, lo que sólo ocurre mediante la procedencia de la tutela contra las providencias, y en este caso particular con la revisión y unificación de jurisprudencia por la Corte Constitucional.
Es necesario insistir en que lo que en realidad justifica la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, en particular de las altas Corporaciones judiciales, es la imperiosa necesidad de que exista una interpretación unificada sobre el alcance y límites de los derechos fundamentales; y ésta es la principal misión de la Corte Constitucional en sede de revisión de los fallos de tutela (art. 86 y 241-9 CP). Sólo de esta manera se ofrece a los ciudadanos cotas mínimas de seguridad jurídica y certeza del derecho, en la medida en que razonablemente pueden anticipar cuál será la respuesta jurídica a sus actos o ante la defraudación de las conductas que el ordenamiento censura”.
3.7.- Tanto la pérdida de investidura como la nulidad electoral son acciones que desarrollan las funciones asignadas al Consejo de Estado (art. 237, numerales 5 y 6 CP). De tal forma que no pueden existir en esa corporación, como órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dos interpretaciones que sean opuestas, contradictorias o disímiles, de las cuales pueda afirmarse lógica y razonablemente que ambas son conforme a la Constitución. Cuando se trata de la evaluar una regla donde el mismo supuesto de hecho puede desencadenar la nulidad de la elección y la pérdida de la investidura, razones de seguridad jurídica, igualdad, confianza jurídica y justicia material exigen que se acoja una interpretación uniforme, en uno u otro sentido.
3.8.- La sentencia de la cual me aparto señala que la pérdida de investidura tiene “carácter sancionatorio” por cuanto representa el “ejercicio del ius puniendi estatal” (fundamento 7.2.4). También reconoce que esa característica es predicable de la nulidad electoral, por cuanto es “uno de los instrumentos legales dispuestos para sancionar una situación irregular en la que puede incurrir cierta clase de funcionarios públicos que están inhabilitados para ocupar un cargo de elección popular” (fundamento 7.1.4., literal h).
Sin embargo, al abordar el análisis del caso la mayoría pasa inadvertido este elemento común a las dos acciones y opta por no analizar las consecuencias de una valoración antagónica de idénticos hechos y causal de inhabilidad (art. 179-3 CP).
3.9.- La división del Consejo de Estado en Salas y Secciones tiene como propósito central que las competencias se ejerzan bajo criterios de especialidad (art. 36 Ley 270 de 1996). Y siendo claro que la Sala Plena no es superior funcional de las diferentes secciones, como ya ha tenido ocasión de precisarlo la jurisprudencia constitucional[93], ello no significa que cada sección pueda actuar en forma aislada o como una rueda suelta al decidir los asuntos de su competencia. De un lado, las Secciones y Subsecciones hacen parte de la Sala Plena, por lo que es sensato exigir un mínimo de coherencia en la fundamentación de sus decisiones según los lineamientos fijados por la mayoría de la corporación. De otro, al hacer parte de una sola corporación deben desarrollar sus funciones armónicamente, con miras a asegurar la eficacia de los principios, valores, derechos y demás garantías encomendadas a la administración de justicia.
De esta manera, la razonabilidad, coherencia y unidad del ordenamiento jurídico se garantizan con la vinculación de la Sección Quinta a la postura hermenéutica que sobre la misma causal de inhabilidad ha realizado, incluso de tiempo atrás, la Sala Plena del Consejo de Estado. Interpretación sistemática que armoniza con su teleología, así como con los principios de la función pública, al tiempo que optimiza el ejercicio de los derechos fundamentales de los candidatos al Congreso de la República.
3.10.- La mayoría de la Corte acepta, recogiendo las reglas de la Sentencia C-507 de 1994, que cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado no declara la nulidad de una elección y luego se solicita la pérdida de investidura con fundamento en la misma causal de inhabilidad, la sentencia puede oponerse ante la Sala Plena como fundamento de la excepción de cosa juzgada. Explica esa regla por cuanto, “a pesar de tratarse de dos acciones con objeto y finalidades distintas (nulidad electoral y pérdida de investidura) ambas se apoyan en la misma prohibición y en idénticos elementos fácticos y probatorios que ya fueron analizados y juzgados con una decisión en firme, es decir, hace tránsito a cosa juzgada” (fundamento 8.8). La mayoría incluso advierte que en estos casos no se puede continuar con el trámite de la pérdida de investidura por razones de “unidad, coherencia e integralidad del sistema jurídico”, lo que explica en los siguientes términos:
“De tal manera que la imposibilidad en esas condiciones de que se continúe con el trámite de la pérdida de investidura, garantiza la unidad, coherencia e integralidad del sistema jurídico, al evitar que una misma corporación (el Consejo de Estado en la Sección Quinta y la Sala Plena), al interpretar y aplicar una misma disposición jurídico-constitucional, con base en las mismas pruebas pueda llegar a una conclusión disímil, lo que iría en detrimento de los principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la confianza legítima y el respeto de los actos propios, así como de las garantías fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia”. (Sentencia SU-400 de 2012, resaltado fuera de texto)
Lo paradójico es que a continuación, al examinar el caso de la señora Martha Lucía Ramírez, la mayoría abandona esos mismos criterios de “unidad, coherencia e integralidad del sistema jurídico”, para permitir que la Sección Quinta y la Sala Plena del Consejo de Estado adopten decisiones completamente antagónicas. Resulta “errado y simplista” que, so pretexto de defender la independencia y autonomía de cada acción, termine avalando la coexistencia de fallos lógicamente contradictorios y jurídicamente incoherentes, absteniéndose de intervenir para asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior considero que la Corte Constitucional ha debido revocar las decisiones de instancia, conceder el amparo y en su lugar dejar sin efecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la elección de la accionante como Senadora de la República.
En estos términos dejo constancia del salvamento de voto.
[3] Así, en fecha reciente, sostuvo esta Corporación: “[e]n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una «violación flagrante y grosera de la Constitución», es más adecuado utilizar el concepto de «causales genéricas de procedibilidad de la acción» que el de «vía de hecho»”, sentencia T-774 de 2004.
[14] T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dijo la Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo)…”.
[26] En la sentencia T-064 de 2010, se recordó que en la sentencia T-1222 de 2005, la Corte consideró “que no resultaba arbitraria ni vulneraba los derechos fundamentales del peticionario la interpretación dada por el juez ordinario sobre la aplicación del término de caducidad consagrado en el artículo 29 del Convenio de Varsovia a la acción de responsabilidad civil extracontractual por muerte del pasajero en accidente aéreo internacional. En efecto, para este Tribunal se trataba de una interpretación plausible adoptada por el juez natural, en este caso, la jurisdicción ordinaria sobre la posibilidad de extender unas disposiciones previstas inicialmente para relaciones contractuales a un evento de carácter extracontractual”.
[30] A este respecto, en la sentencia T086 de 2007, sostuvo esta corporación: “Recuerda la Corte que la procedencia de un defecto sustantivo fundado en un grave error en la interpretación, es realmente excepcional, en la medida en que se requiere demostrar de manera incontrovertible, que la decisión judicial es manifiestamente irrazonable y contraria al orden jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de la posición de un tribunal en un aspecto, o que se piense que la norma tiene un contenido distinto al que se valoró, o que se prefiera una interpretación diferente a la acogida en la providencia cuestionada, sino que se requiere que sea evidente la orientación arbitraria del juez en la causa, que se sale del razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha confiado”.
[35] Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[47] En este sentido señala la Corte. “...cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad”. Corte Constitucional. Sentencia T-1180 de 2001. En el mismo sentido, Sentencia SU-478 de 1997.
[55] Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 1998. Expediente 1747 y 1748. C.P. Roberto Medina López. Sentencia del 1º de julio de 1998. Expediente 2234. C.P. Mario Alario Méndez.
[57] Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de mayo 14/92. Magistrado Ponente: Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
[62] Respecto del tema, en la sentencia T-510 de 2006, se expuso: “En tal sentido, el artículo 223 del mismo código ordena notificar la demanda por edicto y dispone, además, que “si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se pretende”, lo que da plena publicidad al proceso electoral desde su iniciación, que luego legitima su efecto y oponibilidad general”.
[65] Penagos, Gustavo. Nulidades y Acciones del Acto Administrativo. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 2007. p. 576. al citar a Betancur Jaramillo, Carlos.
[68] Artículo 136 del C.C.A. “CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. (…) 12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento”.
[77] La citada norma constitucional señala que “No podrán ser congresistas:
[78] En el artículo 183 de la Constitución establece que “Los congresistas perderán su investidura:
PLas causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor”.
[81] Sentencia C-781 de 1999. En este fallo la Sala Plena de la Corte declaró la exequibilidad del término de caducidad de veinte (20) días regulado en el artículo 136-12 del C.C.A., para acudir en acción electoral. La Corte consideró que dicho término obedece a la libertad de configuración como función otorgada por la Carta al legislador, su finalidad es la de otorgar certeza a los actos, pues “los que declaran una elección o hacen un nombramiento, no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, so pena de vulnerar derechos reconocidos por la Constitución a los aspirantes a ocupar un cargo o los funcionarios ya electos (art. 40 inciso 1o y numeral 1), y las garantías de la comunidad, expresadas en la aspiración a gozar de un sistema administrativo, legislativo y judicial -i.e. un orden político- estables, en clara concordancia con el principio de seguridad jurídica”.
[83] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 y SU-026 de 2012.
[84] C-590 de 2005.
[85] Irving Copy and Carl Cohen, “Introducción a la lógica”. México, Limusa, 2004, p.596.
[86] Cfr. Ulrich Klug, “Lógica Jurídica”. Bogotá, Temis, 2004, p.3.
[87] Íbidem., p.202.
[88] Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2001: Sobre la importancia de la noción de integridad y coherencia en el razonamiento jurídico, ver en especial MacCormick, N., (1978), “Legal Reasoning and Legal Theory”, Clarendon Press, Oxford; Dworkin, R., (1986), Law’s Empire, Fontana Press, London y Klaus Gunther. (1995) “Un concepto normativo de coherencia para una teoría de la argumentación jurídica” en Doxa, No 17-18. Sobre las nociones de “equilibrio reflexivo” y “coherencia dinámica” como criterios de corrección en el razonamiento normativo, ver John Rawls (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, pp 14-22 y 46-51. Ver igualmente Richard Fallon (1986). “A constructivist coherence theory of constitutional interpretation” en Harvard Law Review, núm. 6.
[89] “La idea de coherencia está ligada a la de consistencia lógica, pero difiere de esta última porque la coherencia se refiere a la compatibilidad (de una decisión, de una norma o de la narración de unos hechos) en relación con valores, principios y teorías (…)”. Manuel Atienza, “Curso de argumentación jurídica”. Madrid, Trotta, p.556.
[90] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-444 de 1995, T-247 de 1996, T-555 de 1999, C-809A de 2008, T-1267 de 2008, entre muchas otras.
[91] Por ejemplo, en el Auto 091 de 2000 la Corte declaró la nulidad de la sentencia C-993 de 2000, por una incongruencia –contradicción- entre la parte motiva y la resolutiva.
[92] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-112 de 1996, C-1260 de 2001, C-415 de 2002, T-766 de 2008 y SU-917 de 2010, entre muchas otras.
[93] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.