Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2015/9/4/
Timestamp: 2019-11-14 20:07:33
Document Index: 305860972

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 22']

Diario de Sesiones 9/2015, de fecha 23/9/2015 - Punto 4 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 9/2015, de fecha 23/9/2015 - Punto 4
9L/C-0104 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE RESIDENCIALIZACIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS.
La señora PRESIDENTA: Vamos a la última comparecencia del orden del día de hoy. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular, también para la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, sobre residencialización de las zonas turísticas.
Esta última comparecencia es una comparecencia que, en cierta manera, tiene muchas derivaciones no solo desde el punto del área turística, sino también desde el punto de vista territorial... Es una pena que la señora consejera de Política Territorial no se encuentre hoy porque desde luego es clave también el papel de su departamento, no en vano de lo que voy hablar forma parte del trabajo que su departamento, a través de la empresa pública Gesplan, ha realizado en los últimos tiempos. Fundamentalmente me refiero en concreto al Plan General de San Bartolomé de Tirajana, que lo ha hecho la empresa pública Gesplan por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Durante estas semanas, meses ya quizás, hemos asistido a un debate en la sociedad, especialmente en la sociedad grancanaria, pero no es ajeno al resto de las islas del archipiélago, porque las áreas turísticas importantes fundamentalmente se encuentran en Gran Canaria y en Tenerife, pero Lanzarote y Fuerteventura también están afectadas por este problema. Es la relación o con relación a la prohibición o no, la posibilidad de poder residir con carácter permanente en las zonas de uso turístico clasificadas como tal. No es un asunto baladí, señora consejera, es un asunto muy importante porque de la solución que logremos llevar a cabo va a depender el futuro del modelo turístico que queramos en nuestro archipiélago, en las grandes áreas turísticas de nuestro archipiélago.
Es un problema que tiene multitud de derivaciones, como usted bien sabe. Especialmente derivaciones derivadas del derecho a la propiedad, ese derecho que consagra nuestra Constitución española que deviene de muchísimo antes, mil años antes probablemente, y que, siendo el derecho a la vida el derecho más importante que tenemos todos los seres humanos, el derecho a la propiedad es quizás el que está también en la cúspide de los derechos fundamentales que el ser humano, la persona tiene, ¿no? Es el derecho para hacer con la propiedad de cada uno lo que cada uno estime conveniente, lógicamente, en este caso concreto del que estamos hablando, pues conjugarlo también con las normas que en materia turística nos hemos dado todos -en Canarias particularmente- para intentar que Canarias mantenga y mejore la calidad y la excelencia turísticas de sus instalaciones.
San Bartolomé de Tirajana ha sometido -lo está en estos días- a exposición pública su plan general y es ahí donde empieza a generarse la polémica, cuando los ciudadanos, los miles de ciudadanos de San Bartolomé, se dan cuenta de que con este plan general se ven cercenados sus derechos sin mayor explicación por parte de las autoridades. Y es que Gesplan, permítanme que lo diga, la ha liado, señora consejera. Ha redactado un plan general y ha establecido unas condiciones que impiden residir en este suelo turístico.
Yo sé que no es un asunto fácil de resolver y que nadie tiene una varita mágica para poder hacerlo. El Partido Popular lo reconoce, pero con esta comparecencia, señora consejera, queremos conocer y saber qué es lo que va a hacer el Gobierno, responsable de la redacción del Plan General de San Bartolomé de Tirajana, para solucionar el problema de estos miles de ciudadanos.
La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Señora presidenta, muchas gracias. Señorías.
En realidad, como todos sabemos -y usted también lo ha citado-, se trata de una situación de muy compleja solución y difícil respuesta en esta comparecencia. A nadie en esta Cámara se le esconde que, para elaborar esta realidad, abordar esta realidad, se necesita de un trabajo intenso que requiere de tiempo y de los medios e instrumentos específicos y suficientes, además de mucho diálogo si queremos, entre todos, poder alcanzar un acuerdo que respete los legítimos intereses de las partes y redunde en beneficio del interés colectivo.
La voluntad de este Gobierno es trabajar desde el consenso, tal como les decía en mis comparecencias anteriores; por tanto, no vamos a entrar en la confrontación sino a propiciar el diálogo para buscar una solución conjunta.
En este sentido, todas las administraciones públicas implicadas -ayuntamientos, cabildos, Gobierno- tenemos que cooperar y trabajar codo con codo para buscar una solución que responda al interés general y no ponérselo más difícil aún a esta personas, sino al revés. Pueden contar con nuestro apoyo y lo último que necesitan son alarmas innecesarias. Esta es una realidad con la que este Gobierno se encuentra. Hay que abordarla, no le vamos a dar la espalda.
Desde luego, la residencialización en los núcleos turísticos es uno de los temas más difíciles que se pueden plantear en este momento, ya que, en definitiva, es como preguntar por el problema de la rehabilitación urbana, problema central en el urbanismo europeo en los últimos años acrecentado por la singularidad de la actividad turística, que en Canarias es de vital importancia al suponer su principal actividad económica y generadora de empleo.
La aparición del uso residencial en la ciudad turística canaria está directamente vinculada con la madurez y obsolescencia de una parte importante de la planta alojativa de estos tejidos urbanos, con una importantísima presencia desde sus inicios -sobre en determinadas zonas del sur de Gran Canaria, pero que también está presente en muchas islas- de las oferta de plazas extrahoteleras principalmente, aunque no solo, en forma de edificios de apartamentos, que en la actualidad deberían ser sometidos a procesos de regeneración, renovación y rehabilitación integral.
En primer lugar, es conveniente centrar y conocer con exactitud en qué consiste este fenómeno, que no es otro que la aparición del uso residencial permanente de alojamientos inicialmente previstos para su explotación turística, insertados en tramas urbanas de uso especializado turístico y formando parte de comunidades de propietarios de intereses y naturaleza muy heterogéneos en su estructura de la propiedad y modo de explotación.
Este uso residencial, producido por la natural obsolescencia de estos inmuebles derivados de un uso intensivo y del paso del tiempo sin que haya mediado normalmente la necesaria inversión en su mantenimiento y conservación, además de la falta de adaptación a los requerimientos cambiantes del mercado, ha hecho que gran parte de este paquete inmobiliario, al dejar de ser rentable, se termine vendiendo como residencia, produciendo comunidades mixtas en las que el uso residencial permanente y el uso turístico resultan de difícil convivencia, acelerando aún más el deterioro del negocio turístico en estos edificios y generando algunas disfunciones en el caso de la residencia.
Este problema tiene un carácter transversal, ya que no solo se puede abordar desde la Ley 2/2013, de rehabilitación turística, ni tampoco a partir de la Ley básica estatal 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Necesitaría un desarrollo específico en el marco de la comunidad canaria para comunidades de propietarios de tan singular composición insertas en la ciudad turística.
Siendo el turismo el sector productivo de actividad económica generadora de economía de mayor escala, es llamativa la escasa atención prestada a los procesos de renovación de los tejidos urbanos maduros de uso turístico con caracterización singular frente a la ciudad tradicional, y necesitada de estrategias específicas de planificación y gestión, con una gran variedad y diferente casuística entre núcleos y situaciones. No se trata tan solo de la manera en que afecta a la temporalidad, sino de entender la extraordinaria diferencia existente entre la ciudad de los ciudadanos frente a la ciudad de los turistas.
Hemos de entender que la ciudad turística se trata de un territorio de producción económica, que aloja de modo principal a la industria del turismo, en la que sus usuarios principales no son exactamente ciudadanos, sino clientes con requerimientos y necesidades específicas, y muy distinta de la ciudad tradicional de carácter residencial. Incluso podríamos decir que la ciudad turística en realidad no es una ciudad propiamente dicha, sino un territorio que parece una ciudad pero cuya razón de existencia principal es la actividad económica vinculada al ocio y al placer.
En nombre de los grupos no proponentes. Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
A ninguno se nos escapa que Canarias, cuyo motor económico es el turismo, tiene una andadura muy grande en esta materia. Los modelos de explotación turística fueron implantándose y creando diversas formas de dar acogida y hospedaje a los millones de turistas que visitan nuestras islas. Desde las pensiones, apartamentos, hoteles, casas rurales o segundas residencias en alquiler, hasta los grandes complejos hoteleros de todo incluido.
Actualmente, el sector se encuentra bastante regulado, pero, sin embargo, existe una serie de actividades que eluden esas normas, ocasionando pérdidas en los ingresos de la hacienda pública, un estancamiento en la remodelación turística, un peligro potencial para el turista que se aloja en inmuebles que incumplen la normativa y hasta un deterioro de la calidad turística y del servicio que se ofrece al visitante.
El amplio recorrido nos ha ido dejando por el camino una planta hotelera envejecida y en muchas zonas que fueron los primeros centros turísticos de las islas. Hoteles y apartamentos a los que no se ha dado la renovación adecuada por el sector, pero que otros, sin querer dejarlos en el abandono, vieron como una oportunidad de vivienda o para alquilarlos y tener unos ingresos extra. Esta actividad genera una economía sumergida, que detrae así recursos públicos en forma de IGIC y de IRPF. Además, estos propietarios de apartamentos privados los alquilan, compitiendo de manera desleal con los apartahoteles legalmente establecidos y sometidos a una normativa estricta.
Tal y como ya han advertido los empresarios del sector, tanto grandes empresarios como pequeños empresarios, que, recordemos, son los principales artífices de esta actividad, el uso residencial de apartamentos en complejos turísticos por residentes permanentes es un aspecto negativo para el turismo, ya que estos edificios no están diseñados para ese uso ni tampoco cuentan con la necesaria infraestructura de la zona, es decir, colegios, plazas, centros médicos, etcétera. Me permito recordar aquí también que la Ley de renovación y modernización turísticas de Canarias tiene como uno de sus objetivos poner fin a la residencialización que se ha ido produciendo en los años en las zonas turísticas y, donde sea posible, revertirla. Para los casos anteriores a esta ley, en el artículo 25 se establece que los instrumentos de planificación insulares y municipales han de analizar la realidad de las distintas zonas, calificándolas como residencial, turística o mixta.
La Agrupación Socialista Gomera comprende la necesidad de la implantación de unas normas de calidad en la atención turística y de un control y fiscalización, pero tenemos la absoluta convicción de que para legislar en esta materia es necesario el más absoluto consenso entre todas las administraciones locales, asociaciones, ciudadanos y los empresarios. Cada isla tiene una realidad distinta, fruto de un desarrollo turístico desigual en el archipiélago.
Desde ASG pedimos a la señora consejera que su Gobierno, y con la colaboración de este Parlamento, realice...
La señora PRESIDENTA: Se ha acabado su tiempo, señor Ramos Chinea, lo siento.
En nombre del Grupo Nueva Canarias, señor Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Presidenta, señorías.
Estamos ante un problema complejo, y que se veía venir. Toda la normativa canaria emanada de este Parlamento en los últimos veinte años ha tenido, con relación al turismo, un norte. Otra cuestión son los resultados, que han sido cualificar el destino, segregar el suelo turístico del residencial, apostar por la renovación, por la recuperación de los espacios más emblemáticos y mejores de Canarias, que fueron los primeros que se ocuparon. Y toda la norma ha ido en este sentido en esos veinte años. Cierto es que luego la aplicación de esa norma deja mucho que desear. La unidad de explotación es un buen ejemplo. Armó una gran polémica en su momento, pero luego no ha habido la diligencia pertinente para que esto fuera realmente eficaz. Y nos encontramos ahora que una parte de las instalaciones turísticas en suelo turístico las ocupan personas que viven allí, y que además son los propietarios en muchas ocasiones de estos inmuebles, y además los ayuntamientos los han empadronado allí.
De manera que ahora tenemos que ver cómo manejamos una difícil situación sin perder el norte y la razón de ser de las zonas turísticas y de las instalaciones turísticas, que es prestar este servicio económico por otra parte -el único competitivo que tenemos en la estructura económica del archipiélago-, y, por otra parte, compatibilizarlo, porque hay situaciones de hecho que obligan a compatibilizarlo. Hay que buscar un mecanismo. Es decir, la Ley de renovación y modernización turísticas del Gobierno... Yo he insistido aquí que las leyes hay que hacerlas con mucha cabeza y discutiendo mucho las cosas, y aquí se han hecho leyes por un tubo. Y cuando se hacen leyes por un tubo, se hacen leyes malas, leyes que no responden a la complejidad. Se da una vuelta de tuerca, que yo comprendo, al deber de uso y al deber de conservación, además hay normativa estatal que nos obliga en este sentido, pero tiene ahora unas consecuencias.
Y luego están los planeamientos. Los planeamientos, si se hacen bien, si se hacen pateando las calles, las manzanas y los complejos, se pueden gestionar. Hay ciudades turísticas de Canarias que en los planteamientos esto lo han gestionado bien, porque han ido manzana a manzana, complejo a complejo. En el sur de Gran Canaria se ha hecho un plan en los despachos, por Gesplan. No ha entrado en el detalle y ahora tenemos un lío. No queda otro remedio que, sin perder el norte del objetivo estratégico de seguir recualificando y segregando suelo turístico y residencial, reconocer la situación de hecho de lo preexistente, y, por lo tanto, permitir la convivencia donde sea inevitable y donde no sea posible pasar ese suelo a residencial; se hace también en el plan en alguna ocasión. Pero ahí tenemos un problema, producto de tantas leyes tan alejadas de la gente y planeamientos hechos en los despachos, sin considerar la complejidad de cada una de las ciudades. Insisto, hay ciudades turísticas que lo han hecho bien y esto lo tienen bastante encauzado. San Bartolomé de Tirajana lo tiene mal encauzado porque ese plan se hizo en un despacho.
La señora DELGADO LUZARDO: Buenos días a todos, señorías.
Señora consejera, la verdad es que en tres minutos no me da tiempo de desarrollar este tema de la residencialización: es muy complejo, es muy largo y, efectivamente, no se ha inventado ahora. Y mucho menos tampoco me da tiempo de hablar de sus causas. Por tanto, lo único que le pido en este momento es que haga una renovación de las zonas turísticas, que es verdad que hace falta, y eleve la calidad y los estándares de nuestro destino, sí; pero, por favor, teniendo en cuenta a la gente, a los miles de pequeños propietarios que viven allí o que alquilan sus apartamentos. Yo le digo, mire, incentive a toda esa gente para que se suba al carro de la renovación, haga atractiva la inversión, ayúdeles a rentabilizar sus apartamentos elevando su calidad, apóyelos con préstamos, con subvenciones, de muchas maneras que puede la Administración. Pero, por favor, no lo haga echándolos de sus casas como sí lo permite el Decreto 85/2015. De esa manera no haga una renovación. Permita que se redistribuya la riqueza y la actividad económica que genera el turismo. No más monopolios, por favor, en el sector. Ya está bien de que todos los incentivos y las ayudas de la Administración vayan a las cadenas hoteleras, cuando ellos aportan tan poco a fomentar la actividad económica de nuestra gente y a generar tan poco empleo.
Le voy a dar un dato que lo resume todo. El año pasado, subió el turismo un 6 %; sin embargo, solo subió un 1 % el empleo, y además de muy mala calidad. Y, sin embargo, los beneficios de las empresas subieron un 10 %. Beneficios que además no se quedan en Canarias y, por supuesto, sus cargas ambientales, sociales y territoriales sí que quedan en Canarias y cargamos todas con ellas. Por tanto, eso significa que las grandes empresas del sector turístico están incrementando sus beneficios a costa de ir reduciendo costes laborales y, sobre todo, explotando más a los trabajadores. Cuando se habla de la riqueza que genera el PIB por el turismo, solo es riqueza para ciertos empresarios.
Mire, por favor, con respecto a la residencialización, busque fórmulas imaginativas para construir espacios donde podamos convivir juntos, donde nos beneficiemos mutuamente de la existencia de los demás. Y le repito, hacen falta incentivos, apoyos y ayudas desde la Administración para los pequeños propietarios, y entre todos y todas modernizaremos y renovaremos nuestras zonas turísticas.
El Grupo Socialista, la señora Cabrera.
La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta, señorías.
Tras treinta años de desarrollo económico ligado al turismo en Canarias, el objetivo de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el medioambiente y conservador de los recursos naturales del archipiélago, del patrimonio cultural y del territorio, requiere de un amplio conjunto de acciones institucionales y sociales. Todo ello se traduce en tres leyes que conforman los pilares básicos del sostenimiento del turismo como nuestra principal actividad económica y la salvaguarda de un territorio rico en valores naturales pero, a todas luces, limitado por la insularidad.
La Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, completada con la Ley de Espacios Naturales de Canarias y la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias evidencian un posicionamiento claro del Gobierno de Canarias en defensa de la sostenibilidad como principio regidor. Con este nuevo marco normativo se erigió la prioridad de la elaboración y aprobación de unas Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo que consiguieran contener la dinámica urbanizadora desarrollista y propiciar la planificación a lo largo del territorio canario.
De las Directrices de Ordenación del Turismo he de destacar el posicionamiento a favor de la ciudad turística existente y el diseño de un sistema mediante el cual se mandate al planeamiento insular y al planeamiento urbanístico a delimitar aquellos núcleos que deben ser rehabilitados y a fijar criterios para la especialización de ámbitos concretos, dados los problemas ocasionados por la mezcla de usos residenciales y turísticos. La residencialización provocó en su momento el abandono de determinadas infraestructuras turísticas, dando lugar a la salida del mercado de una parte de la capacidad alojativa de Canarias y, por tanto, de pérdida de activos económicos, además de contribuir a mistificar los ámbitos territoriales con actividad residencial.
Sin embargo, a partir de la aprobación de la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, se establecieron una serie de iniciativas dirigidas a incentivar la renovación de los establecimientos turísticos y sus infraestructuras, potenciando una oferta de calidad y competitividad en sintonía con las exigencias del modelo turístico. Se incorporan así los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad como herramientas idóneas para planificar la ciudad turística; se aprueba la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística, que persigue, entre otros fines, evitar y, en su caso, reconducir la residencialización de las áreas turísticas, planteándose como un auténtico desafío la reconducción de los establecimientos turísticos que afectan a varias zonas de núcleos turísticos, para lo que la ley, tras declarar el deber de atenerse al uso efectivo que ostentan las parcelas turísticas según el planeamiento y las autorizaciones obtenidas, ofrece diversos criterios para la especialización de las distintas áreas en el uso más adecuado -residencial o turístico- y los supuestos excepcionales de compatibilidad.
No obstante, señora consejera, todas las medidas adoptadas no servirán de nada si no hay un control estricto por parte del Gobierno del estado real de la situación existente hasta verificar la consecución de los objetivos trazados.
Por el Grupo Nacionalista, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ VALIDO: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera.
Estamos, como han dicho todos los portavoces y la propia consejera, ante un asunto que ha generado bastante alarma y mucha desinformación en las últimas semanas. Y, a pesar de que este asunto es un asunto que abarca a toda Canarias, no cabe duda de que toca especialmente a Gran Canaria, ya que la reciente polémica se origina en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, como todos saben.
En primer lugar, me gustaría agradecerle su predisposición, consejera, a abrir el diálogo con todas las partes, administraciones implicadas, es decir, con el cabildo y con el ayuntamiento, porque estamos ante un asunto que afecta, solo en este municipio, según cifras aportadas por la propia corporación local, a 16 000 ciudadanos empadronados en zonas turísticas, pero que, como han dicho, no solo afecta a San Bartolomé, sino también a otros ciudadanos de otros municipios.
Hablemos claro. Estamos ante un asunto de vital importancia y para el que le pido que ponga todos los esfuerzos, como sé que hará. Pero también estamos ante un tema sobre el que se ha generado mucha alarma social -interesada o no- y coincidirá conmigo, consejera, en que es un tema que necesita de mucho diálogo, consenso entre administraciones y, sobre todo, de mucha serenidad para encontrar vías de solución en la búsqueda del interés general.
En el fondo de la cuestión está sobre la mesa el modelo turístico hacia el que queremos conducir a Canarias y, sobre todo, el objetivo, que no es otro que ganar en competitividad y que el archipiélago siga siendo líder como destino turístico. En este sentido, no estamos hablando solo de una cuestión puramente de planeamiento, ese trabajo lo deberá abordar este Gobierno a través de la Consejería de Política Territorial, como también el Cabildo de Gran Canaria, que tiene mucho que decir en el plan insular y en los planes territoriales; y, por supuesto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el plan general, que es al final uno de los responsables. Sin duda, estamos ante un asunto difícil al que solo le veo un camino: diálogo, diálogo y más diálogo.
Le ruego, además, que redoble los esfuerzos, consejera, y que, desde su consejería, desde el resto de áreas que tienen competencias y desde el grupo de trabajo que abordará el cambio en la normativa turística, aporte toda la transparencia que pueda para evitar la alarma social que ha ido aparejada a este asunto, y porque -lo tengo claro y lo tenemos claro- la información es la mejor herramienta para dar tranquilidad a los afectados, para caminar en la búsqueda de una solución.
Por el Grupo proponente, señor Jorge.
Señora consejera, el artículo 25 de la Ley de renovación establece que o bien el planeamiento urbanístico o bien los planes de modernización, mejora y de competitividad -en este caso de San Bartolomé de Tirajana- tendrán que dividir en recintos de intervención el suelo turístico donde coexisten o bien en la zona residencial, áreas residenciales, o usos turísticos o usos residenciales. Lo harán bien por residencialización de los establecimientos turísticos o bien porque antes ya se permitían esos usos mixtos con el objeto de encauzar la especialización. Eso es lo que dice el artículo 25, en el que también se ponen plazos, se ponen medidas de compensación y condiciones que se deben llevar a cabo para hacer el cambio efectivo del uso asignado al suelo correspondiente.
Este artículo define la manera de actuar en el futuro, señorías, no solo para Playa del Inglés, en Gran Canaria, sino también para otras zonas turísticas del archipiélago.
En la Ley de Directrices ya se habla de este tema, donde se establece la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, el uso residencial en las zonas turísticas porque eso supone un deterioro, en definitiva, de la oferta alojativa.
El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria del 2004 también prevé segregar espacialmente el alojamiento turístico de la residencia permanente. El Plan Territorial de Ordenación Turística de Gran Canaria, recientemente aprobado, que desarrolla las directrices del plan insular también establece, en su artículo 9, definiendo las piezas territoriales turísticas como aquellas cuyo uso es predominantemente el turístico en una proporción igual o superior al 30 % de la edificabilidad total. Por tanto, uso turístico con el 30 % o más de la edificabilidad total. En su artículo 17 obliga a especializar las piezas turísticas y en el 21 habla de la compatibilidad con el alojamiento temporal no turístico. El problema, señora Lorenzo, viene en el artículo 22 de la misma norma que declara incompatible el uso de alojamiento turístico con el residencial permanente y en las piezas territoriales no se autorizará el uso residencial permanente de nueva implantación. Pero es verdad que, como toda norma, siempre nos deja una puerta de salida y dice que eso será así salvo en las áreas llamadas ACR, aquí nos complicamos todos en las denominaciones. ACR significa áreas consolidadas mixtas con especialización residencial. Por tanto, sí que se deja una puerta abierta a la posibilidad de la residencialización ordenada, por supuesto, en el Plan General de San Bartolomé.
Señora Lorenzo, la casuística es múltiple, es muy variada. Múltiples son las situaciones producidas fundamentalmente por la diversidad de las tipologías de los complejos turísticos existentes. Les pongo varios ejemplos para que, al bajar al terreno, podamos ver claro la gravedad del problema: edificios de apartamentos únicos en los que unos están en explotación turística y otros los explotan directamente los propietarios. Apartamentos individuales, complejos pero individualizados en bungalós o apartamentos en los que viven propietarios, en los que existe explotación turística y en los que los propietarios alquilan esos apartamentos y esos bungalós que conviven con los turistas que tienen estancias semanales o quincenales. O, por ejemplo, complejos enteros que ya no están en explotación turística, no existe la autorización correspondiente del cabildo, en fin, de Gran Canaria o de cualquier otra isla, han salido de la explotación turística y los propietarios de cada una de las unidades turísticas, de los propietarios los destinan o bien para vivir en ellos o bien para alquilarlos. Ahora, para alquilarlos con la modalidad esta nueva del alquiler vacacional o simplemente para ir los fines de semana a su apartamento correspondiente que compró con tanto esfuerzo, lógicamente.
Tenemos problemas de multipropiedad. Propiedades atomizadas en muchos y pequeños propietarios que, muchas veces, la mayoría, tienen imposibilidad económica ellos mismos de poder dedicar parte de los rendimientos que ofrece ese apartamento para mejorar los complejos y volverlos a poner en explotación turística. Propietarios que, al no estar en explotación turística su parte, no pagan los gastos comunales del complejo, los gastos de piscina, los gastos de jardinería y los gastos, en definitiva, que genera el complejo en sí mismo y que después es muy difícil reclamárselos y cobrarlos por parte de la comunidad de explotación turística existente. Las propias características de la urbanización turística, que no está preparada para que existan residentes, porque no tienen servicios propios de una ciudad residencial como, por ejemplo, hospitales, colegios, tiendas o cualquier otro tipo de cosas.
¿Qué hacemos, señora consejera? ¿Qué hacer cuando el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana se redactó en un despacho sin pisar la calle? Esto no lo digo yo, lo dijo el señor Clavijo cuando se acercó a conocer el problema existente en San Bartolomé de Tirajana.
En definitiva, el Gobierno redacta, a instancias del Ayuntamiento de San Bartolomé, un plan de ordenación y no pisa la calle para hacerlo, y eso es grave. A nuestro juicio es muy grave que la Administración haga un plan de espaldas a los ciudadanos de San Bartolomé. Este es un lío en el que se ha metido el Gobierno y de ese lío tendremos que salir. Desde luego, nosotros la vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero es verdad que hay que darle respuesta a los miles de afectados que están en estos días -creo que hasta el día 1 de octubre- presentando alegaciones al plan general en las oficinas de Gesplan, que, como usted sabe bien, es quien redactó el Plan General de San Bartolomé.
Y este es un problema que podemos prolongarlo o achacarlo también a otros lugares del archipiélago. Hablando antes con compañeros míos, tenemos problemas en Corralejo, en Costa Teguise, en Puerto del Carmen, en Mogán, en Playa de las Américas, en Puerto de la Cruz... Son zonas que, sin duda, necesitan mejorar su calidad turística y buscar las soluciones necesarias para la convivencia entre el turista residencial, el propietario y el turista pues de toda la vida, el clásico, ¿no?
Hay más de 16 000 vecinos empadronados en Playa del Inglés a los que hay que darles una salida digna, señora consejera, y hay miles de camas turística que han salido del mercado y que, para recualificar la oferta turística y darle mayor calidad, sería importante y necesario volverlas a recuperar a la explotación turística. Y hay una apuesta por la renovación que nosotros apoyamos siempre y que obliga a la especialización de áreas pero no prohíbe el uso residencial.
Es verdad que hay muchos intereses en juego, y probablemente algunos incompatibles unos con otros, pero un plan general, señora consejera, no se puede hacer sin salir del despacho.
Mire, en su primera intervención ha descrito usted el problema, pero no ha dado ni una sola solución. Yo lo que le pido es que en esta segunda intervención nos diga alguna, por lo menos algo de lo que el Gobierno va a hacer para salir de este atolladero.
Señora consejera, para concluir el debate de esta comparecencia.
La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Bien, en general, veo que estamos de acuerdo en que el problema o la situación es compleja, que todos hemos coincidido en esto y que es algo que se debe analizar con muchísimo diálogo, escuchando a todas las partes implicadas, viendo cada una de las islas, sus situaciones, etcétera. En esto estamos todos de acuerdo.
El señor Román hacía sus reflexiones sobre las normativas que se han aprobado en los últimos años, que, bajo su punto de vista, a lo mejor no se ha gestionado bien la aplicación de esas normativas. Esa reflexión también tenemos que hacerla: de qué manera los instrumentos legales y su aplicación sirven a la finalidad de esas leyes que, bueno, que tratan de buscar soluciones, pero que también hay que reflexionar sobre ello.
La portavoz de Podemos, estamos totalmente de acuerdo con ella en el sentido de que hay que pensar en las personas, por supuesto, no solo en el territorio o en la calidad de nuestras infraestructuras, hay que pensar en la sociedad canaria que es para la cual nosotros trabajamos. No les vamos a dar la espalda, como les decía antes, por tanto, vamos a tener en cuenta sus derechos en este caso de propiedad en el caso de que lo tengan absolutamente consolidado, ¿no?, y en otros casos también vamos por supuesto a contar con todos los ciudadanos y ciudadanas, que además se están organizando y eso nos facilita la tarea del diálogo que queremos emprender.
Más reflexiones sobre el tema, que, como decía, no es sencillo. Hay que reflexionar sobre la coexistencia de, como les decía, de esta ciudad turística y esta ciudad residencial. Sabemos que no es fácil, no es sencillo, no se puede plantear de una forma generalizada, cada núcleo turístico tiene sus características singulares, hay que conocer la realidad a través de una base de datos actualizada, georeferencializada también; las disconformidades entre la realidad y el planeamiento no deberían ser traumáticas, debemos buscar las distintas soluciones desde el diálogo, como les decía, definiendo ese modelo turístico que quería, que queríamos. Una reflexión sobre todo lo que estamos hablando: sobre la coexistencia de los usos; cómo se ha gestionado el principio de unidad de explotación -también hay que reflexionar sobre ello-; la diversidad de modalidades turísticas, las tradicionales, todas las nuevas que nos traen las nuevas tendencias, sobre las que estamos hablando también estos días; la capacidad de los instrumentos, como lo decía antes, para cumplir los objetivos para los que se establecen... Toda esta reflexión, como les digo, nos llevará a buscar esas soluciones que usted mismo me cita, que, por supuesto, vamos a apuntar algunas posibles ahora, pero que, como le digo, no son sencillas y entre todos las vamos a encontrar seguro.
Recientemente también, esto es debate de cada día. Lo vemos en la prensa, en unas jornadas que hubo en el Club La Provincia, expertos, arquitectos, urbanistas, juristas... han hecho sus reflexiones y yo me quedo con algunas frases de ellos también precisamente en estos términos que no es una solución de la noche a la mañana, que el problema se ha complicado con los años... Estábamos hablando de una normativa que ya trata de reconducir el tema de la residencialización desde la Ley de Directrices del 2003 hasta la Ley de renovación, o sea, fíjense la cantidad de años que se lleva hablando de este tema y no se ha podido reconducir o buscar una solución, porque, realmente, como les decía, no es tan sencillo. Por tanto, coinciden todos conmigo, y los expertos también, en que esto nos va a llevar trabajo durante toda esta legislatura. Espero que lo antes posible podamos dar un poco de luz a este asunto.
Como les decía, para abordar esta solución es urgente un conocimiento exacto del estado actual, elaborando unos registros que cuantifiquen y cualifiquen con datos territorializados por núcleos turísticos. Solo partiendo de esta base se podrán elaborar posteriormente las medidas y marcos legales que se estimen necesarios, gracias al establecimiento de este diagnóstico que, a día de hoy, no tenemos. Por tanto, es necesario hacer esos estudios, realizar ese diagnóstico y partir de esa base para buscar las posibles soluciones.
El carácter trasversal de este problema y la gran cantidad de intereses y sectores que implica, desde la estructura de la propiedad, hasta la demanda de vivienda en la ciudad turística, desde el rediseño de la nueva ciudad mixta de uso residencial y turístico, y distintos modos de gestión, hacen que solo se pueda abordar una renovación de este alcance desde el consenso, como les decía, con la implicación de todo el sector turístico y de sus agentes públicos y privados, porque son procesos de mucha complejidad y calado.
A priori, encima de la mesa contamos con diversas posibilidades que tienen que ser valoradas en profundidad. Entre ellas, podría plantearse la reversión de la residencialización allí donde sea deseable dar prioridad a las necesidades turísticas y ofreciendo alternativas al alojamiento permanente, o, en caso contrario, podrían establecerse mecanismos de conversión definitiva y completa de edificios de apartamentos inicialmente de uso turístico en uso residencial, estableciendo mecanismos de compensación urbana ante la realidad de nuevas demandas de servicios, equipamientos y dotaciones de estas zonas con usos residenciales a los que orientaríamos.
No obstante, son posibles opciones que solo se tomarían tras el irrenunciable diálogo que se impulsa desde esta consejería y me consta que desde esta Cámara también y que les agradezco el apoyo que han mostrado para participar y aportar. Y, como les decía, siempre y cuando se haya alcanzado este consenso, pues podemos tomar las decisiones adecuadas.
Por último, únicamente recordar que este problema no se resuelve tan solo ni principalmente con marcos legales o instrumentos técnicos, sino que tiene un papel protagonista la necesidad también de desarrollar la conciencia ciudadana en cuanto al deber de conservación y rehabilitación, además de incentivar un mejor conocimiento de nuestra principal actividad económica y su repercusión sobre el territorio y nuestra convivencia; en definitiva, mejor y mayor información.
El diálogo, como les decía, es la clave de este Gobierno. También lo será a la hora de solucionar este problema. Teniendo en cuenta lo expuesto, desde este Gobierno ya hemos empezado a escuchar a las partes implicadas y lo seguiremos haciendo. Será una tarea durante estos próximos años, pero constante. Procederemos a analizar y estudiar con detenimiento cuáles son las posibles soluciones. Se crearán los equipos de trabajo entre Política Territorial y Turismo, porque se debe hacer conjuntamente este trabajo. Debe pisarse la calle, debe conocerse la realidad y también trabajar en los despachos, pero, como digo, palpando la realidad y la situación actual. Se debe revisar la normativa. Estamos dispuestos a una modificación que atienda a la realidad existente de aquellas personas que residen allí como su única vivienda y al interés general de Canarias como destino turístico competitivo, sostenible y de calidad. Todas las administraciones juntas debemos trabajar en esa línea, nada es inamovible. En este sentido, estamos dispuestos a reflexionar sobre el marco normativo, abrir el debate del modelo turístico que queremos para Canarias, escuchando a todas las partes. Todo ello sin olvidar un objetivo irrenunciable de esta Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que es trabajar para mantener el liderazgo turístico de Canarias. Se debe avanzar en competitividad y mejorar la posición como destino de calidad, éxito y referencia internacional, en un escenario cada vez más complejo y competitivo, como ya les decía, por los cambios de exigencias y motivaciones del turista del siglo XXI. Debemos ser capaces de conjugar los legítimos derechos de los propietarios sin menoscabo del objetivo irrenunciable por parte de esta consejería de mejorar la competitividad de nuestra oferta turística. Y es irrenunciable porque se trata, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, señorías, de la base sobre la que se asienta el principal sector de nuestra economía, que es el sector turístico.
Señorías, hemos acabado las comparecencias fijas en el orden del día.
9L/C-0104 Sobre -Consejera de Turismo, Cultura y Deportes-, sobre residencialización de las zonas turísticas.