Source: http://carpioabogados.com/index.php/es/colectividad/seguridad-legal/item/635-derecho-a-la-propiedad-naturaleza
Timestamp: 2018-01-19 13:24:13
Document Index: 352401496

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7']

Derecho a la propiedad Naturaleza
SubTema Naturaleza PLENO JURISDICCIONAL
Resolución 00005-2006-AI/TC 0005-2006-PI/TC
Fecha de publicación 9/4/2007
Caso Jorge Vicente Santiestevan de Noriega y más de 5000 ciudadanos SENTENCIA
El derecho a la propiedad se encuentra reconocido no sólo como un derecho subjetivo, sino también como garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70º, según el cual el Estado garantiza su inviolabilidad (FJ 40).
1. La finalidad del proceso de inconstitucionalidad de las normas.
2. La jerarquía normativa y el principio de separación de poderes.
4. La Tutela judicial efectiva: derechos de acceso a la justicia y debido proceso.
6. El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.
7. La protección del ahorro.
8. Los derechos previsionales y regímenes pensionarios
11. Según lo expuesto por este Tribunal[6], el principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de normas jurídicas. Consecuentemente, como bien afirma Requena López7, es la imposición de un modo de organizar las normas vigentes en un Estado, consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras. Así, una norma es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de aquella. Con referencia a este principio, el artículo 51º de la Constitución dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Por tanto, el referido artículo afirma los principios de supremacía constitucional que supone una normatividad supra –la Constitución– encargada de consignar la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad política. Así, en términos de Pérez Royo 8, el mundo del derecho empieza en la Constitución (...) no existe ni puede existir jurídicamente una voluntad superior a la Constitución.
12. Entonces teniendo claro el principio de Separación de Poderes y las atribuciones de cada poder del Estado considero que la regulación contenida en el inciso d) del artículo 2 de la Ley 28476, en el extremo que precisa“así como todo aquel de origen u obtenido como producto de la actividad delictiva, o que haya servido para la perpetración de la conducta delictiva” ha servido para confundir el objeto de la ley que conforme lo define el artículo 1º es “(...) recibir y disponer del dinero proveniente de actividades ilícitas en agravio del Estado”, es decir de un sólo titular que como propietario del patrimonio que le fuera extraído de su poder ilícitamente tiene derecho a ello pero cuando se avanza en esta definición para incluir a todo aquel de origen u obtenido como producto de la actividad delictiva, o que haya servido para la perpetración de la conducta delictiva se le da un alcance interpretativo que no fue el objeto de la ley, agraviando el derecho de ciertos titulares de patrimonios ajenos al Estado, interfiriendo con ello en las atribuciones del Poder Judicial relacionadas a la administración y/o disposición de los fondos o bienes incautados en determinados procesos penales en los que fuera del Estado son otros los agraviados. Es aquí donde el Juez de la causa tiene la principalísima responsabilidad de discriminar los montos reclamados por cada uno de los agraviados para que el FEDADOI pueda devolver los que no son del Estado y pueda administrar sólo los que a éste le corresponde.
14. Que si bien en este caso no puede declararse la inconstitucionalidad que los demandantes proponen tanto porque los fundamentos no sólo atacan a la creación misma del FEDADOI sino que apoyan tal existencia cuanto porque la estimación de los argumentos de la demanda irremediablemente traería consigo la desactivación aceptada. En cambio, no obstante, lo expuesto al respecto en el proyecto, considero indispensable que el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus atribuciones y en necesidad de poner orden en la realidad descrita interpreta el inciso d) del artículo 2 de la Ley 28476, en el extremo que precisa “así como todo aquel de origen u obtenido como producto de la actividad delictiva, o que haya servido para la perpetración de la conducta delictiva”, así como el extremo del inciso d) del artículo 4 del Decreto de Urgencia N.º 122-2001, que en iguales condiciones precisaba “así como todo aquel de origen u obtenido como producto de la actividad delictiva, o que haya servido para la perpetración de la conducta delictiva” que debe entenderse que se refiere a los bienes del Estado y no a los bienes de la Caja de Pensiones Militar y Policial y cuando en el artículo 6 inciso b), de la Ley 2847 en el que se dispone la forma cómo se realizará el depósito y registro del dinero incautado en el extremo que consigna las palabras “y agraviados”, así como el extremo del inciso b) del artículo 7, del Decreto de Urgencia N.º 122-2001, que consignaba también las palabras “y agraviados”, debe entenderse que se refiere a agraviados constituidos por instituciones del Estado, para así evitar que se trasladen conjuntamente con dinero y bienes en donde el Estado es el agraviado, dinero y bienes de la Caja de Pensiones Militar y Policial, los que de inmediato deben pasar a la administración directa de los jueces de las causas en donde se están tramitando los procesos anticorrupción en los que aparece este particular como agraviado, por lo que el FEDADOI o en su caso el Estado pondrá dicho dinero a disposición del Juez competente en el monto que éste determine en cada caso de acuerdo a la identificación de bienes y dinero de dominio de la Caja de Pensiones Militar y Policial.