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Timestamp: 2019-11-18 18:49:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 919', 'artículo 920', 'artículo 56', 'artículo 918', 'artículo 497', 'artículo 56', 'artículo 919', 'artículo 920', 'artículo 56', 'artículo 218', 'artículo 1197', 'artículo 56', 'artículo 49', 'artículo 56', 'artículo 46', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 46', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 49', 'artículo 56', 'in fine', 'artículo 56', 'artículo 919', 'artículo 56']

Determinación de la indemnización. Juicio Pericial Reconocimiento del derecho. Plazo. Silencio
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Determinación de la indemnización. Juicio Pericial
El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º del artículo 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación.
Teoría de la carga del asegurador
En esta posición participan quienes consideran que la LDS también ha establecido cargas al asegurador quien en el caso del articulo 56 perdería con motivo de la caducidad el derecho a defenderse de la reclamación indemnizatoria del asegurado, ya no podría repeler la misma por alguna causa de justificación
El art. 56 ley 17418 no distingue entre seguros operativos y seguros suspendidos; el asegurador debe pronunciarse, cual una verdadera carga, en su propio interés, pues si no lo hace, su incumplimiento, su silencio, le trae aparejadas consecuencias perjudiciales. Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª Centinela S.R.L. y otro en j. 29952/34772 Cabezas, Walter G. v. Garay Boemi, Emilio y otro 16/12/2003 Lexis Nº 1/5514992
Teoría del reconocimiento tácito
La más difundida de las teorías resulta esta que entiende que la ley impone al asegurador la obligación de expedirse luego de los actos o interrogatorios que se le dirigen al respecto. Ciertamente no consideramos que estemos frente a una obligación que pudiera otorgar un derecho a reclamar su ejecución, tampoco entendemos esa iterada referencia al artículo 919 del Código Civil, cuando pareciera que a todo evento y de seguirse la lógica de esta teoría sería el artículo 920 del mismo cuerpo legal el que se debería aplicar, ya que la LCS establece claramente que la omisión de pronunciarse importa aceptación y la legislación civil dice que la expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga.
La falta de pronunciamiento del asegurador neutraliza los efectos del incumplimiento de la carga y obligación asumida por el asegurado e importa un reconocimiento tácito del derecho del asegurado, pues la ley -art. 56 ley de Seguros- hace una interpretación de su silencio acorde con lo que establece el art. 919 CCiv. De modo que cualquier incumplimiento alegado fuera de ese plazo por el asegurador es inoperante por haber caducado el derecho de articular tal defensa ante lo extemporáneo de la manifestación. Juzg. Civ. y Com. Rosario, n. 14 Vignolo, Alberto J. v. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales 04/07/1996 JA 2000-II-síntesis.
El pronunciamiento prescripto por el art. 56 ley 17418 se trata, en verdad, de una obligación que no es meramente formal, sino sustancial y que por haber sido impuesta por la ley posibilita la aplicación del art. 919 CC.: ante la carga de expedirse acerca del derecho del asegurado, el silencio del asegurador permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación. Sup. Corte Bs. As Acosta, Abel I. v. Otero, Luis A. /Ac. 52887 20/09/1994 JA 1995-II-668.
Teoría del reconocimiento de deuda
No obstante determinada jurisprudencia 1 ha llegado a una interpretación en extremo de las disposiciones del artículo 56, mediante las cuales entienden ver en el silencio del asegurador la causa de su obligación2 con prescindencia del contrato, de la conducta antecedente del asegurado3
Reconocimiento del derecho. Plazo Silencio.
La definición especial con la cual se tipifica al contrato de seguro, no implica que el mismo se aparte de los principios generales de los actos jurídicos, por tanto y conforme el artículo. 499 del Código Civil para que un asegurador resulte obligado debe haber una causa para ello y así verificarse: a)la existencia de un contrato de seguro válido y vigente, b)la existencia de un riesgo, c)la existencia de un interés asegurado (al menos para los seguros patrimoniales), d)el previo pago del precio, e) la ocurrencia de un hecho que pueda ser considerado como "siniestro" conforme las determinaciones contractuales 4, y por último f)el reconocimiento de un fundamento ético en las relaciones interpersonales y en especial en las obligacionales5 sin la cual el Derecho perdería su razón existencial.
Toda interpretación que se haga al artículo. 56 de la LCS debe ser armónica con las normas obligacionales, las reglas de conducta en el iter contractual6 la defensa del consumidor de seguros y el fundamento ético del Derecho
Existen divergencia doctrinarias en cuanto a la calidad y cualidades requeridas para que se pueda considerar a determinado hecho como fuente de las, pero indirectamente hay total coincidencia respecto a aquello que no resulta fuente y causa obligacional7. Todos aceptan por vía indirecta, que una sentencia no crea obligaciones., ésta se limita a reconocer y amparar a los hechos y actos jurígenos, que resultan ser los únicos generadores de relaciones jurídicas, los únicos que producen efectos obligacionales y que sólo buscan el amparo y reconocimiento del orden positivo y el imperio ejecutivo que el mismo orden confiere a los jueces cuando el acreedor no ve satisfecho su interés y manifiesta su voluntad accionando su derecho subjetivo8.
Por tanto la causa de las obligaciones gira necesariamente sobre la base del principio de "voluntad"9 y su manifestación mediante signos comunicacionales (ejecución de un hecho material, o expresión positiva o tácita). Respecto de la manifestación tácita de la voluntad cabe señalar que la misma resulta de aquellos actos (positivos u omisivos) por los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de esa voluntad. De tal manera cabe colegir que la interpretación de esa voluntad tácita, como causa obligacional está restringida a la "certidumbre" que nos indica el artículo 918 del Código Civil, inclusive cuando el acto omisivo está configurado por un silencio10, frente a una obligación legal de expedirse.
Cuando una persona tiene una obligación legal de explicarse, se encuentra frente a una imposición que está exclusiva y determinadamente circunstanciada a los antecedentes obligacionales voluntarios a los que precedentemente se sometió... Cuando una disposición legal establece que frente a determinado acto (material o comunicacional -interpelativo o no-) otra persona debe responder o explicarse a fin que no se presuma frente a su silencio un determinado "decir" establecido por la ley no se está inventado los antecedentes inmediatos ni mediados, se los presupone, justamente el mismo articulo 919 nos indica cual el inmediato antecedente ha de ser un "acto o una interrogación" y luego ese acto o interrogación se ha de referir a un antecedentes mediato vinculante entre sendas personas.
En materia contractual, el antecedente mediato de ese acto o interrogación es el propio contrato y por eso el acto o una interrogación y la respuesta o el silencio deberán también estar necesariamente vinculadas y dentro de los límites del convenio antecedente. Los presupuestos de la norma están íntimamente relacionados con las circunstancias causales: a) Las relaciones de familia presuponen que una persona se encuentra previamente emplazada en un estado civil.-b) El silencio actual dice el mismo artículo presupone una declaración precedente y c)La explicación debida frente al interrogatorio ha de estar requerida por una ley, una disposición determinada que presupone una relación obligacional precedente entre el requirente y el compelido a explicarse.
Por tal motivo el artículo. 56 de la LCS establece que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dando por sobreentendido aquel principio general del artículo 497 del Código Civil, en virtud al cual a todo derecho personal corresponde una obligación personal, de lo que se colige que al reconocimiento del derecho del otro se sigue lógicamente el reconocimiento de estar obligado11 respecto de ese otro y cuando al silencio frente al antecedente que obliga expedirse le sigue un reconocimiento de derechos, se concluye que también el asegurador está reconociéndose como deudor.
La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia vinculan el artículo 56 de la LCS al artículo 919 del Código Civil12, lo que impone, para una correcta interpretación insistir vehemente en el marco obligacional antecedente necesario y precedente de esta manifestación tácita de voluntad13 como reiterar que es ese marco obligacional el que establece los límites de la manifestación tácita de voluntad.
Por lo tanto para que un asegurador mediante su silencio pueda verse reconociéndose deudor, debe preexistir un contrato válido y vigente14, que el acto antecedente sea efectuado por quien detente el carácter de parte contractual15 dirigido a la contraparte 16, referirse directa y exclusivamente a cuestiones vinculadas a los términos del contrato17 y recordando que nuestro Código se aparta del principio qui tacet consetire videtud, por lo cual el interprete debe ser restrictivo en el análisis, procurando el máximo de certidumbre en la existencia de esa "voluntad", pues en caso de duda la misma no existe18 y estimando que si la ley no lo señala expresamente la voluntad presumida que se sigue al silencio es no puede ser iure et iure, sino iuris tatum19
Aceptando que el "silencio del asegurador" es una típica manifestación de voluntad 20, consideramos mucho más aplicable el artículo 920 del Código Civil21 a la vez que entendemos que de tal silencio por el cual se reconoce el derecho del asegurado frente a su denuncia de siniestro, se sigue un "reconocimiento tácito de deuda"22, que impone aplicar los artículos 718 a 723 del Código Civil y muy especialmente en los muy claros y determinantes límites que establecen los artículos 719 y 723.
Consecuencias al concepto de reconocimiento de deuda
Zachariae23 inspirando a nuestro codificador entiende que tal acto de reconocimiento es y se rige por las normas propias de los actos jurídicos24 por el cual se confiesa la existencia de una obligación anterior25. La mayoría de la doctrina acepta esta adscripción al sistema francés que a diferencia del alemán y suizo que aceptan el carácter constitutivo abstracto de derechos26, se refiere y vincula siempre a una causa originaria27, el reconocimiento de deuda es declarativo y no constitutivo de obligación, es no formal e implica una exteriorización de la voluntad en la forma legalmente adecuada, que será la que elija el reconociente (principio de libertad de formas) o bien la que haya impuesto imperativamente la ley en algún supuesto determinado. En el caso del Art. 56 de la LCS el asegurador tiene dos formas de reconocerse deudor: la una expresa (declarándolo o bien mediante otra forma positiva de manifestarse) y la otra tácita: dejando transcurrir el término de 30 días28.
Es un acto jurídico unilateral29 que por cierto se diferencia claramente de otras figuras como el allanamiento30, la promesa abstracta de deuda, la novación, la renuncia, la confirmación y la transacción (cuyos desarrollos comparativos excedería al presente trabajo) está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos y si tal reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor debe estarse simplemente al título principal31.
Este reconocimiento de deuda tiene entre sus efectos específicos: a) interrumpir el término de la prescripción, b) sanear toda posible nulidad del acto causal, ya que el acto del reconocimiento también es un acto de confirmación., c) posibilita se tenga por renunciada las defensas obstativas de la obligación del asegurador que surgen del contrato y la LCS, d) conforme cierto criterio doctrinal, también se erige como prueba de la existencia de aquel acto jurídico causal.
Cabe aclarar que el reconocimiento de deuda que implica el sistema establecido en el artículo 56 de la LCS, resulta un acto jurídico, referido en principio, a una deuda ilíquida, de manera tal que una vez aceptado el derecho del asegurado a ser indemnizado (ya que el asegurador se ha reconocido deudor) comienza el proceso de verificar la magnitud de los daños y la cuantía de la prestación del asegurador. Cabe preguntarse a guisa de mera hipótesis académica, si luego de reconocido la deuda indemnizatoria podría darse un resultado cero o negativo de la liquidación. Entendemos, en ese sentido, que nada obsta a ese resultado, ya que el reconocimiento de deuda se refiere a la indemnización cuya cuantía surgirá de la liquidación, por lo tanto resulta bien admisible esa remota posibilidad de un resultado cero o negativo.
Cuando el asegurador (parte esencial en el contrato del seguro), es interpelado por aquella parte de un contrato de seguro determinado que se considera acreedor en virtud a las condiciones de ese contrato (tomador, asegurado o beneficiario), recibe la denuncia de un hecho que el reclamante del crédito indemnizatorio entiende configurativo del evento previsto en el contrato, puede además de investigar y requerir información complementaria:
a)- Reconocimiento expreso: Puede reconocer expresamente su deuda entre otras posibles situaciones cuando:
Informa al asegurado denunciante de un siniestro, cual entiende es el valor venal de la cosa dañada o sustraída32
Requiere información complementaria exclusivamente para determinar la extensión y cuantía de su obligación (liquidación)
Comunica al asegurado el nombramiento de un “liquidador”, en función específica de tal ( esto es que no realizará tareas de investigación y verificación)
Aprueba expresamente a un tercero proveedor el presupuesto de reparación de los daños experimentados en las cosas aseguradas.
b) Reconocimiento tácito por acción: Por otra parte existen, entre varias posibilidades para que reconozca tácitamente su deuda realizando determinados actos positivos configurativos de tal reconocimiento, como:
Nombra y comienza a actuar, como tal, un liquidador, aún cuando no comunique esa circunstancia al asegurado.
Compra repuestos o bienes específicos para ser utilizados para la reparación o restitución de cosas aseguradas.
Realiza prestaciones médico asistenciales atendiendo al asegurado en un seguro de personas, accidentes personales o a un tercero dañado físicamente, en el seguro de responsabilidad civil.
Atiende la reclamación de un tercero en el seguro de responsabilidad civil.-
Brinda servicios adicionales al contrato de seguro que sólo podrían ser otorgados a quienes detenten el carácter de asegurados.
c) Reconocimiento tácito por omisión (silencio): Puede reconocer tácitamente su deuda, mediante el acto positivo de guardar silencio debiéndose explicar, cuando guarda silencio en los términos previstos en el artículo. 56 de la LCS.
d) Reconocimiento Parcial : Ha de ocurrir en los casos en que el asegurador efectúe un reconocimiento expreso, pero parcial cuando:
No reconoce todos los hechos denunciados como cubiertos por el contrato de seguro, de manera que expresamente estaría reconociendo otros.
No reconoce toda la indemnización resarcitoria reclamada, excluyendo de la misma algunos bienes dañados, por entender que entre ellos habían varios que no se encontraban cubiertos por el contrato de seguro, o porque entiende que se trata de bienes de valor limitado en el contrato, o por que estima que se trata de bienes dañados en un único evento con los límites máximos indemnizables estipulados por acontecimiento en el contrato y no de varios y distintos hechos como pretende el asegurado.
No reconoce los valores reclamados que el asegurado estima corresponde a las cosas dañadas.
e) Desconocimiento expreso insuficiente (reconocimiento tácito): Son aquellos casos en los cuales el asegurador se manifiesta expresamente desconociendo ser deudor, pero lo hace deficientemente, haciendo que su acto de presunto desconocimiento sea ineficaz e inoponible, resultando insuficiente y dando lugar a la presunción de un silencio mediante el cual se concluye que ha reconocido la deuda,
No comunica razón alguna vinculada a la interpelación que el acreedor (asegurado) efectuase al tiempo de realizar la denuncia del hecho que entiende configurativo de siniestro, donde "dice" una cosa (no reconocerse deudor), pero "hace" otra, (cual es guardar efectivamente silencio) frente a la interpelación del acreedor y la presunción legal33, por lo tanto ese hacer (artículo 218 inc. 4 del Código de Comercio) imperfecto hace ineficaz aquel decir. La falta de claridad compromete la validez del acto34.
El asegurador comunica una supuesta razón legal o contractual por remisión a un artículo, como eximente de su deuda, pero sin vincular su notificación a los actos y conductas del asegurado, o a las circunstancias que harían aplicables tales referencias normativas invocadas. En estos casos se aplican los mismos principios enunciados en el acápite inmediato anterior, ya que el asegurador debe hablar claro y mencionar específicamente cuales son las conductas y razones que hacen aplicables determinadas disposiciones legales y contractuales, sin limitarse a invocar la ley material y convencional (conf. artículo 1197),que se presumen conocidas por ambas partes35. El hablar claro e informar amplia, clara y correctamente es una regla secundaria de conducta como manifestación de la buena fe contractual36
Otra situación se verifica cuando el asegurador en su notificación invoca una única razón (o algunas determinadas) omitiendo referirse a otras tantas que también tenía conocimiento (o debía tenerlo actuando con la diligencia y probidad de una sociedad organizada profesionalmente como empresa especializada en un único objeto) y luego queda demostrado que aquella razón (o razones) invocada no era idónea o suficiente para impedir el nacimiento del crédito del asegurado. En tal caso al caer la pretendida causa exonerativa invocada, queda un vacío defensivo, un silencio total respecto de cualquiera de las otras razones que pudo y debió comunicar el asegurador. Por ende ha de entenderse que el asegurador ha reconocido tácitamente su deuda37.
Cuando el asegurador tomase conocimiento de una causa eximente de su débito con posterioridad al término establecido en el artículo. 56 de la LCS, si aún no ha realizado el pago le será posible invocar esa causa eximente para resistirse válidamente a efectuarlo debiendo accionar contra el asegurado a fin de inhibir los efectos de la presunción, en tanto que si ya efectuó la prestación podrá válidamente requerir la repetición del pago indebido
También y como antes se enunció puede ocurrir que el asegurador manifestase tácitamente su reconocimiento de deuda, pero habiéndose viciado su voluntad. Atento la doctrina y jurisprudencia desarrollada respecto del fraude procesal38 que lleva a la posible revisión del casi incólume principio de la cosa juzgada judicial, como también a la revisión de los actos otorgados mediando vicios de la voluntad del obligado, no puede ni debería existir duda alguna de la viabilidad del asegurador para requerir la nulidad del acto jurídico de reconocimiento de deuda39, máxime cuando se comprueba que el asegurado ha utilizado pruebas falsas, exagerado maliciosamente los daños, impidiendo con tal ardid que el asegurador tuviera conocimiento tempestivo de la causal de eximente obligacional.
Resultaría aplicable a los seguros de personas el reconocimiento de deuda establecido en el artículo 56 de la LCS
En un trabajo póstumo Barbato40 efectúa un interesante análisis sobre el tema, realizando una necesaria, correcta y complementaria lectura de los artículos 49 y el 56, LCS con la cual coincidimos, no así con las conclusiones liberadoras del asegurador a las que arribara el autor, como las conclusiones que al respecto tuvieran lugar en año 2000 con motivo de las Jornadas de Derecho de Seguro de Villa Carlos Paz.
El artículo 49 de la LCS establece claramente una regulación diferenciada para los seguros patrimoniales y para los seguros de personas. Respecto de los primeros indica que: “el crédito del asegurado se pagará dentro de los quince días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo del artículo 56”, en tanto que en lo que a seguros de personas se refiere, dice: el pago se hará dentro de los quince días de notificado el siniestro, o de acompañada, si procediera, la información complementaria del artículo 46, párrafos segundo y tercero.
Que el pago de la indemnización en los seguros patrimoniales debe hacer dentro de los quince días “de fijado el monto de la indemnización” o aceptada la que se le debe ofrecer al asegurado, una vez vencido el plazo del artículo 56 y esto se debe a que como hemos señalado el reconocimiento de deuda a que se refiere el artículo 56 es de deuda ilíquida y requiere una liquidación. Pero en los seguros de personas no hay indemnización, ni necesidad de efectuar liquidación, tan solo se debe pagar la suma asegurada, prestación a la que se comprometió el asegurador de ocurrir el evento previsto en el contrato (artículo 1 LCS);
Que el pago de la indemnización no debe realizarse necesariamente dentro de los quince días posteriores a transcurrido el término del artículo 56 de la LCA, sino una vez que se efectuó y aceptó la liquidación, en tanto que en los seguros de personas el pago debe hacerse a los quince días de notificado el siniestro o de acompañada si procediera la información a que se refiere el artículo 46, 2do y 3er párrafo, de la LCS;
En el caso de los seguros patrimoniales el asegurador cuenta con un término para reconocerse deudor (expresa o tácitamente) en los seguros de personas no cuenta con tal posibilidad, “solo debe pagar” dentro del término legal o incurrir en mora;
En el caso de los seguros patrimoniales el asegurador puede declinar considerarse deudor y explicar amplia y detalladamente las razones, dentro del término de artículo 56. En los seguros de personas no existe el término de treinta días, no se aplica el artículo 56, en esto coincidimos con Barbato, pero no resulta de ello que el asegurador no tenga un término para expedirse y reconocerse deudor en los seguros de personas, como sostiene el autor glosado, quien siguiendo la teoría de la carga, entiende que la carga del artículo 56 debe ser de interpretación restrictiva y si el artículo 49 no la menciona en su segundo párrafo no debe imponerse término alguno para que el asegurador se expida sobre su deuda respecto a los beneficiarios;
En los seguros de personas el asegurador tiene quince días para pagar o para oponerse justificadamente a ello, en caso contrario si no resiste tempestivamente el requerimiento de pago efectuado por los beneficiarios incurrirá en mora;
Siguiendo nuestra teoría del reconocimiento de deuda y que el Código Civil no atribuye a la misma carácter novativo, tanto en los seguros patrimoniales como en los de personas el reconocimiento fuera expreso o tácito sería de ningún valor si se encuentra viciado como ocurre con cualquier otro acto jurídico, de manera que se puede resistir el pago inclusive vencido el término del artículo 56 o del 49 2do. párrafo;
Si en su carta de rechazo del pago de la indemnización al asegurado, el asegurador se limitó a expresar causales que no poseen idoneidad para denegar la cobertura y otras no fueran acreditadas fehacientemente, ha de concluirse que no hubo pronunciamiento y que, por ende, deviene aplicable el art. 56 "in fine" de la ley 17.418 (Adla, XXVII­B, 1677), el cual asimila de pleno derecho los efectos de la omisión a la aceptación de la denuncia. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III • 12/05/1998 • Perasso, Raúl E. c. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco Provincia
El hecho de que la póliza establezca que la invalidez total o permanente queda excluida de la cobertura luego que el asegurado superase los 60 años de edad no resulta óbice para la procedencia de la pretensón de la actora, tada vez que fue la propia defensa quien tuvo oportunidad de expedirse al respecto cuando en la carta documento del 4-12-1996 difirió su pronunciamiento hasta tanto pueda confirmarse el diagnóstico y analizarse el encuadre de esta en las cláusulas de la misma póliza (póliza nro. 153) y omitió hacerlo tempestivamente Formigoni Ana María c/Provincia Seguros S:A. S/odinario (CNCom Sala B 07/10/2003, elDial suplemento seguros
"El Art. 919 del Código Civil establece como principio que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme con el acto o con la interrogación; luego de expuesto ese principio, la norma legal establece la excepción: el principio cede cuando hay una obligación de contestar. Esa obligación puede tener una de estas tres fuentes: a) la ley, b) las relaciones de familia, y c) una relación entre "...el silencio actual y las declaraciones precedentes. La ley 17418 Art. 56 impone a la aseguradora la obligación -rectius: la carga- de expedirse dentro de cierto plazo sobre el derecho del asegurado, pero esa norma sólo es aplicable dentro del régimen integral previsto al efecto, que exige la oportuna denuncia del siniestro, conforme con el art. 46 de la misma ley 17418. Es decir: inaplicable al caso ese art. 56 -porque no medió denuncia oportuna del siniestro-, ninguna otra norma legal imponía a la aseguradora contestar la carta..."( "Artaza, Sirilo Tolentino c/ Caja De Seguros De Vida S.A. s/ ordinario" - CNCOM - Sala D - 20/08/1999elDial AA201
El silencio del asegurador ante la obligación impuesta por el artículo 56 de la Ley 17418, no es cuestión que pueda enervarse en sus consecuencias, pues se trata de un elemento sustancial que, a partir de la regla del artículo 919 del Código Civil, reconoce plurales aplicaciones en la Ley de Seguros. El silencio del asegurador, relevante como productor de efectos en el cumplimiento del contrato, es un silencio calificado desde que es elemento útil para computarlo como manifestación de voluntad de alguien que está obligado a responder .OBSERVACIONES: Elevada al S.T.J. en RIL el 22/08/96 (Britez Antonio Roberto c/: Herederos Y Sucesores De Antonio Goñe Construcciones, ( Cámara - Sala del Trabajo - Concordia Entre Rios elDia AT2BA)
Luego de denunciado el siniestro, la aseguradora tiene la obligación inexcusable de pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal y en su defecto su silencio debe interpretarse como un reconocimiento implícito de la garantía y a la vez un impedimento para invocar defensas en orden a obtener su liberación, es decir, que ya no podrá alegar caducidades, ni requerir otras informaciones :sólo le restará abonar la indemnización (el destacado nos pertenece) (Rattiguen, Héctor c/ Di Carlo s/ Daños y perjuicios" - CC0000 - AZ 32332 RSD-65-91 S - 19-6-1991 elDial - W72A5)
El asegurado sólo debe proporcionar información complementaria acerca del siniestro si la entidad aseguradora realiza un pedido expreso en tal sentido, pedido que para ser válido debe cumplir los siguientes requisitos: a) Debe ser formulado oportunamente, es decir, dentro de los treinta días de denunciado el siniestro y b) debe ser pertinente. Si el requerimiento de información complementaria es inoportuno, carece de validez y, por lo tanto, no produce los efectos que la ley atribuye a esa solicitud. -- Si el asegurador, luego de recibida la denuncia del siniestro, no reclama al asegurado informaciones complementarias ni prueba instrumental, el plazo de treinta días para pronunciarse corre desde la fecha de la denuncia del siniestro. -- El plazo legal de treinta días para que la aseguradora se pronuncie debe computarse desde que se verifica la denuncia del siniestro, pues ese acto constituye la primera información con eficacia contractual recibida por el asegurador. Lo expuesto surge "a contrario sensu" de lo dispuesto por el art. 56 de la ley de seguros 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677), que fija al asegurador dicho plazo para pronunciarse una vez recibida la información complementaria prevista en el art. 46 de la misma ley. -- Vencido el plazo de treinta días a partir de la denuncia del siniestro sin que la aseguradora haya hecho saber al asegurado el rechazo de su responsabilidad, ésta incurre en mora con los siguientes efectos: a) aceptación tácita de la garantía comprometida, b) comienzo del curso a los efectos de la mora, y c) imposibilidad de alegar cualquier causal que obste al cumplimiento de su obligación principal. -- El art. 56 de la ley de seguros 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677) es aplicable de oficio por el juez. De tal modo, el silencio guardado por el asegurado acerca del pronunciamiento de su asegurador requerido por dicho artículo, no es óbice para aplicar lo dispuesto en esa norma. 811. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H • 18/03/1997 • F., M. E. c. Suárez, Héctor y otro. • LA LEY1997-E, 438
Cuando se ha falseado la información requerida (art. 46 Ley de Seguros) no corre el plazo previsto en el art. 56 C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ªBlache, Héctor y otro v. Murriles Silvia 15/03/2005SJA 7/4/2004, síntesis. JA 2004-II-síntesis
Si el art. 56 LS. implica, respecto del asegurador, el reconocimiento del derecho del asegurado al no pronunciarse en los plazos legales, tal norma y sanción están referidas a la tramitación normal de la denuncia y acreditación del siniestro, pero, de ninguna manera, puede entenderse como aplicable a la aseguradora, cuando ha quedado acreditado que el asegurado ha realizado alguno de los actos previstos en el art. 48. C. Nac. Com., sala B Flametic S.A. v. El Sol de Buenos Aires Cía. de Seguros S.A 16/09/1988 JA 1989-II-546
No es arbitraria la sentencia que acoge la defensa de la aseguradora que, fuera del plazo previsto en el art. 56 - ley 17418, invoca en el expediente iniciado por la víctima la existencia de un riesgo no cubierto (carencia de carnet de conducir) probados los siguientes hechos: a) La aseguradora compareció al beneficio de litigar sin gastos y no opuso la defensa; b) en la primera presentación al expediente por daños y perjuicios, en presentación conjunta con la actora, solicitó suspensión del término para contestar demanda; c- en una presentación ulterior la citación y, en subsidio, contestó la demanda. La ambigüedad o confusión no es ni puede ser fuente de derechos No es posible que a la luz del art. 56 - ley 17418 se introduzca riesgos manifiestamente extraños; pero tampoco lo es, que el asegurador pueda dilatar sine die la aceptación o rechazo de la denuncia si la defensa que opone colinda o entra en la zona gris de las cláusulas de caducidad. El art. 56 - ley 17418 no rige los supuestos de ausencia de cobertura respecto de riesgos claramente excluidos ab initio, no confundibles con supuestos de caducidad; tampoco si hubo dolo del asegurado o si el asegurador no tuvo la posibilidad material de determinar la exclusión en el plazo legalmente previsto. El art. 56 - de la ley 17418 no se aplica si la denuncia es efectuada por una persona distinta a las mencionadas en el art. 46 - de la misma ley o por riesgo notoriamente extraño al contrato. La cláusula de exclusión de cobertura de seguro que establece que el asegurador no indemniza los siniestros producidos y/o sufridos cuando el vehículo sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría, no se trata de una cláusula de no seguro confundible por su propia naturaleza sancionaria con una de caducidad, sino que se trata de un riesgo ab initio expresamente excluido de la cobertura y cuya determinación surge de la mera descripción de circunstancias objetivas. Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª 17/12/2003. Torres, Gustavo v. Olaizola, José Lexis Nº 1/70013741-9
"El mero vencimiento de los plazos hace que la mora opere automáticamente (arts. 15-1 y 56-4, LS y art. 509, Cód. Civil, aplicable a todas las obligaciones sometidas a plazo cierto). Si el asegurador no requiere información complementaria, la ley interpreta 'iuris et de iure' que se ha pronunciado a favor del reconocimiento del derecho del asegurado (art. 56, LS; CNCom., Sala A, in re: "Zorrilla de Carrizo, Ángela del Valle c. Inca Cía. de Seguros", del 29/2/1996; Stiglitz, ob. cit., pág. 289 y 294)."
"La reserva efectuada por la aseguradora, en virtud de la cual supeditó expedirse sobre el siniestro al examen de una causa judicial o administrativa, no interrumpe el plazo legal fijado por el art. 56, LS. Una vez recibida la denuncia del siniestro o la información complementaria solicitada, sólo tiene entidad interruptiva la solicitud de información adicional prevista en los arts. 46, párrs. 1 y 2, LS (cnfr. CNCom., Sala E, in re: "Faerman, M. c. Acuario Cía. de Seguros", del 5/2/1996).-"La pasividad del asegurador -traducida en el silencio- sumado a su posición técnica y contractualmente favorable, debe interpretarse como contrario a la uberrimae bona fide que caracteriza al contrato de seguro, por haber creado en el asegurado la legítima expectativa de que el siniestro estaba aceptado (SCMendoza, Sala I, in re: "Triunfo Coop. de Seguros c. Intraguglielmo, V.", del 21/12/1995).""Lo único que opera como causal de interrupción de fuente legal es el 'requerimiento' de información complementaria, siempre que se efectúe en el período fijado por la ley (art. 56, LS).""La consecuencia sancionatoria prevista para el asegurador por el art. 56, LS es aplicable con prescindencia de la valoración negativa que pueda merecer la conducta del asegurado, puesto que debe darse preeminencia a la perentoriedad de los plazos legales sobre otras situaciones fácticas provocadas por el accionar de las partes (CNCom., Sala C, in re: "Flametic S.A. c. El Sol de Buenos Aires Cía. de Seguros", del 21/9/1990)."Sentado todo lo expuesto, 'Provincia Seguros' deberá pagar al actor la suma asegurada que surge de la póliza conforme lo reclamado a fs. 68vta. (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, Cód. Procesal), mas intereses devengados desde el 23/12/2000." Billorou, Arnoldo Gustavo c/Provincia Seguros SA s/ordinario" - CNCOM - SALA B - 28/10/2005 (Sentencia no firme) : elDial - AA3015
El art. 56 de la ley 17.418 establece a cargo del asegurador a fin de que se pronuncie acerca del derecho del asegurado, supone la vigencia de la cobertura por lo que no es invocable el eventual incumplimiento de esa obligación cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía (arts. 31 y 56, ley 17.418 S.C.B.A., Ac. C. 94525, 06/09/2006, "Novoa, Jaime y otro contra Sánchez, Walter Javier. Daños y perjuicios (expte. nº 7693)" y su acumulada "Glazar, Adolfo y otros contra Sánchez, Walter Javier y otros. Daños y perjuicios" (por unanimidad, voto Dr. de Lázzari) WebRubinzal scjba2.5.1.1.r1
1 Autos Transportadora de Productos S.A. c/Antorcha Cia. Argentina de Seguros S.A. s/Ord. (CNCom. Sala B 01/03/93 en CSJN base jurisprudencial ) en los cuales se definió a la disposición del segundo párrafo de Art. 56 como una "sanción"; autos: Martinez Aida Leadnra Victoria c/Caja de Seguros de Vida S.A. (CNCom. Sala D 05/09/2003 en elDial causa 8292/98); Artaza Sirilo Tolentino c/Caja de Seguros de Vida S.A. s/Ord. (CNCom Sala D, 20/08/1999 en elDial AA201) ; Labriola Guillermina Velia Beatriz c/Caja Nacional de Ahorro y Seguros (CNAS) s/Cobro de Seguro (CNCiv y ComFED, Sala II 03/08/2000, en el Dial causa 2999/93); Binora José y otro c/ Cia de Seguros del Interior S. A y otros (CNCom Sala c 05/06/90 en Rev. Jurisprudencia Argentina t.1991-III, p.336); Triunfo Coop. De Seguros Ltda. en J 131475 Triunfo Coop. De seguros Ltea c/Victor Intraguglielmo p/ord s/inc.cas" (SCMendoza sala I 2/12/1995 en ED t 167 p 520); Carrizo Angela del Valle Zorrila de c/Inca Sa Cia de Seguros (CNCom Sala A 29/02/1996 en Rev. Arg. del Seg. La Emp. y la Resp. Nro. 29 p.222); D.I.G de P.T c/La Meridional Cia de Seguros (CNCom. Sala B 21/09/1995, en en Rev. Arg. del Seg. La Emp. y la Resp. Nro 28, p.188); Rodriguez Antonio c/Sud America Terrestre y Marítima Compañía de Seguros Generales (Capel CC Junin 30/11/1988, en ED t. 134 p 272); Lamon Angel c/España y Rio de la Plata Cia Seguros S.A. ( Cam lra CC Córdiba 26/10/1998 en Rev. Jurd. Arg. del Seg. La Emp. y la Resp., t no 37 p.60 ) Fortuna de Mendoza Gladys Noemi c/Bonza Raúl A y otro s/ejecución sentencia recurso de revisión( Trib. Sup de Justicia de Córdoba 24/03/1993 en Rev. Jurd. Arg. del Seg. La Emp. y la Resp., t no 37 p 75); Ledesma Rubén Ireneo c/Omega Coop de Seg. Ltda s/seguro ( CNCom Sala D, 07/12/1999, en Rev. Jurd. Arg. del Seg. La Emp. y la Resp., t no 37 p 93)
2 Autos:" Formigoni Ana María c/Provincia Seguros S:A. S/odinario (CNCom Sala B 07/10/2003, elDial suplemento seguros) " y autos: Solaro Ruben P c/ Sudamerica Seguros s/sumario (CCcivyCom Sala 2da, 08(03/1996 en elDial AT10A0) en los cuales el Tribunal expone una determinante característica de los seguros de personas: "En este tipo de contrato-segro de vida colectivo. El asegurado resulta ser ''un consumidor'', por lo que constituye un deber de la parte profesional el informar a la parte débil en forma cierta y eficaz.."
3 Este acápite esta basado en sendos trabajos de Schiavo Carlos Alberto Revista de Derecho Comercial y la Obligaciones Setiembre 2004
4 Stiglitz Ruben S.,El Siniestro, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1980
5 Halperin Isaac, El Juez y la aplicación del contrato de seguro, RDCyO , t.3, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1970 ,p. 4 punto V 1.
6 Lorenzetti, Ricardo L Las reglas de conducta y los contrato, Rev. Jurisprudencia Argentina JA2003 IV fas 3, con un destacable análisis de l conducta individual en los contratos , considerando la relevancia de los usos y costumbres, como lo atinente al modelo del hombre racional y el hombre razonable, la estructura de lo que concibe como la acción racional de las partes
7 Capitant Henri, De la cause des obligations, contrats, engagements unilatéraux, legs, Ed. Dalloz, Paris 1923, p. 29 y ss
8 Von Tuhr, A. Derecho Civil Teoría General del Derecho Civil Alemán Vol. 1 Los Derechos Subjetivos y el Patrimonio, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 60
9 Conforme surge de los dispuesto en los arts: 897, 898 del Código Civil.- Ver Ionasco Trajan R, La voluntad en la formación de los contratos, Rev. LL t. 3 sec. Doc. P. 54; Halperin Isaac El Silencio en la formación de los contratos, Rev: LL t. 3 sec jur.ext. p. 33. No obstante con ello no queremos negar la existencia de otros principios obligacionales inmediatos, tales como la solidaridad social, las obligaciones de garantía (conforme señala Alterini Juan Martín La Responsabilidad Del Abogado En El Marco De La Teoría De Las Obligaciones De Resultado Atenuadas (http://www.alterini.org/tonline/to_ajm2.htm ) quien destaca que la moderna doctrina francesa distingue: a) obligaciones de resultado ordinarias (Starck, Boris - Roland, Henri - Boyer, Laurent, Droit Civil. Les obligations, t° 2, Paris, 1986, N° 1395, pág. 487) o de régimen normal (Larroumet, Christian, Droit Civil. Les obligations, 1ª parte, N° 610, pág. 556); b) obligaciones de resultado atenuadas (Viney, Geneviève, La responsabilité: Conditions, Paris, 1982, N° 534, pág. 639) o aligeradas (Marty, Gabriel - Raynaud, Pierre, Droit Civil. Les obligations, t° 1, Paris, 1988, N° 535, nota 3, pág. 660); y c) obligaciones de resultado agravadas (Viney, ob. cit., lug. cit), absolutas (Starck - Roland - Boyer, ob. cit., N° 1394, pág. 487) o de régimen severo (Larroumet, ob. cit., N° 614, pág. 565). Ver Alterini, Atilio Aníbal, El caso fortuito como causal de liberación del deudor contractual, en Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Nº 1 (1990), y toda el desarrolla de la dogmática penal sobre la imputación objetiva (Jakobs, Günther: “La imputación objetiva en Derecho penal”, Traducción de Manuel Cancio Meliá, Ad Hoc, Bs As, 1996; Peñaranda Ramos Enrique, Suárez González Carlos, Cancio Meliá Manuel, Un nuevo sistema del derecho penal consideraciones sobre la teoría de la imputación de Gunther Jakobs, Ed, Grijley, Lima 1998; Cancio Meliá Manuel, Ferrante Marcelo, Sancinetti Marcelo A. Estudios sobre la teoría de la imputación objetiva, Ed Ad.Hoc, Buenos Aires, 1998 ) la cual lentamente se va adaptando e ingresando al derecho común. Pero en el análisis de todas esta teorías entendemos encontrar siempre al menos como principio "mediato" la voluntad, el concepto de asunción individual y social voluntaria del riesgo etc.
10 Gamarra, Jorge, Tratado de todas esta teorías Derecho Civil Uruguayo, Ed. FCU, Montevideo, 1993, 3ra edic. t. XI p.211
11 En tal sentido ver autos Collado de Veiras Julia c/ El Porvenir Coop. De Seguros ( CSJN, 19/04/1988 en LL 1988-D-154)
12 Autos "Artaza, Sirilo Tolentino c/ Caja De Seguros De Vida S.A. s/ ordinario" - CNCOM - Sala D - 20/08/1999"(elDial AA201). Autos : Britez Antonio Roberto c/: Herederos Y Sucesores De Antonio Goñe Construcciones, ( Cámara - Sala del Trabajo - Concordia Entre Rios) (elDia AT2BA)
13 Gamarra Jorge ob.cit. p 216 en la cual el autor glosado expresa que: "el silencio unido al conjunto de circunstancias e lo preceden y acompaña pueden relevar la voluntad.."
14 Soto, Héctor M. Finalización de la liquidación del Siniestro Pronunciamiento del asegurador sobre el derecho del asegurado, LL 1990-A-328
15 Kemelmajer de Carlucc Aida, El Silencio del Asegurador Frente a la Denuncia del Siniestro en Derecho de Seguros Homenaje de la Asociación Argentina de Seguros al profesor Dr. Juan Carlos Felix Morandi, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 189
16 En este tema ver teoría de la representación en Fontanarrosa Rodolfo O. Derecho Comercial Argentino, Doctrina General de los Contratos Comerciales Editorial Victor P. Zavalia, Buenos Aires, 1979, en Von Tuhr, A. Tratado de las Obligaciones, Editorial Reus, Madrid reeimpresión 1ra. Editorial 1999.y en Masnatta Héctor, El Factor de Comercio Examen de la preposición institoria y del sistema de la representación en el derecho privado Argentino, Ed. Bibliografía Omeba, Buenos Aires, 1961
17 Savigny M.F.C. de Sistema del Derecho Romano Actual, Ed. Góngora y Cia. Madrid 1879, t.II p. 314, para quien todas las excepciones al principio en virtud al cual el silencio no obliga tienen una naturaleza esencialmente positiva y no se las debe entender nunca por vía de analogía
18 Llerena, Baldomero. Concordancias y comentarios del Código Civil Argentino. Ed Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires 1888. t. III p. 429
19 Ciertamente la tendencia jurisprudencial antes señalada se inclina por aceptar una presunción iuris et de iuris, ya que al transcurso del tiempo legalmente establecido en el art 56 da un carácter de "fatal" e irreversible como configurativo de la voluntad del asegurador de reconocer su deuda.
20 Caceres Cano Aydee Elvira, El Silencio del Asegurador y sus efectos (Art. 56 de la ley 17418), ED. T.134 p. 271; Lorenzo Luis H, El Silencio del Asegurador (art. 56 Ley 17418) y las exclusiones a la cobertura a traves de la Jurisprudencia, Rev. Jurídica Arg. del Seguro la Empresa y la Resp. T. 37 p. 59
21 Ya que justamente la LS decide que una determinada conducta (acción propiamente dicha y acción por omisión) cumplida por la parte a quien la ley le impuso manifestarse, debe inferirse la existencia de una determinada voluntad, con prescindencia de la intención real del agente u otorgante (ver Bueres Alberto J. Higtron Elena I, Código Civil Análisis doctrinario y jurisprudencial, Ed Hammurabi, Buenos Aires, tomo 2B p. 477)
22 autos: "Rattiguen, Héctor c/ Di Carlo s/ Daños y perjuicios" - CC0000 - AZ 32332 RSD-65-91 S - 19-6-1991 (elDial - W72A5)
23 Zachariae C.S. Cours de Droit Civil Fracais, Ed Cosee Imprimeur.Editeur, Paris 1858, t. 6, p. 418
24 Llambias Jorge Joaquin, Tratado de Derecho Civil , Obligaciones Editorial Perrot, 2da Edic., Buenos Aires,, 1975 t II -B p. 73 para quien la naturaleza jurídica de reconocimiento de deuda es un acto jurídico a diferencia de la tesis de Acuña Anzorena, Arturo, Prueba del Reconocimiento de deuda como acto interruptivo de la prescripción, Rev. Jurisprudencia Argentina t. 70 p. 453 y Legón Fernando Naturaleza y eficacia del reconocimiento interruptivo de prescripción (una teoría sobre la voluntad de desobligarse en la prescrición liberatoria) Rev. Jurisprudencia Argentina t. 51, p. 965 , para quienes el reconocimiento es un hecho jurídico.
25 Borda Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Ed. Perrot, Buenos Aires, 8va Edición t. 1, p 412
26 Enneccerus Ludwing, Derecho de Obligaciones, Ed. Bosch, Barcelona 2da ed. 1950, p. 523
27 Baudry.Lacantinerie G, Barde L, Traite Therorique et Practique de Droit Civil Tome Cuatrieme Des Obligations Ed. Larore & L. Teneni, Paris, 1908 troisieme edition, p. 209
28 autos Banco de Mendoza S.A. c/ José Domingo Pnadolfino y otro s/demanda ordinaria El reconocimiento de deuda por parte del cotitular de la cuenta corriente, es declarativo y no consttutivo, no naciendo la obligación por tanto del reconocimiento que no crea ni modifica nada, sino que exclusivamente l reproduce o admite, tan es así que si el acto de reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título origina, salvo que hubiese una nueva y lícita causa del deber art. 723 C.Civ) Por ello el reconocimiento de la obligación, además de constituir un acto interruptivo de la prescripción, tiene como otro efecto probar la obligación tal como existía, esteefecto esencial de servir como medio de prueba surge de la propia definición elaborada por el codificador en el art. 718 del Código Civil (Primera Cámara Civil Circuns I Mendoza 19/02/1999 elDial MC26B3), en igual sentido autos Banco de Mendoza S.A. c/Jorge Alejandro Robles s/ordinaro (Primera Cámara Civil, Circ. I Mendoza 19/08/1997 elDial MC24A6)
29 autos Instituto Don Jaime SRL c/ Plano de Livrires, Maria Virginia s/ Prepara via ejecutiva ( Capel CyC San Martin sala I, 27/02/2001 elDial W14D01)
30 autos Sanzone José en Juicio Instituto Financiero Agrario (como liquidador del Seguro Agricola) c/Jose Sanzone Rilli s/ apremio ( SCJMendoza en pleno en elDial MZ245E)
31 Laurent F, Principes de Droit Civil Francais; Ed. Bruxelles, Paris 1887, tome dis neuvieme, p. 412, donde el autor glosado claramente dice que:".... L'acte récognitif est celui qui contient la reconnaissance d'un titre anterior ....."
32 Como sería el caso del seguro de automotores cuyas condiciones generales imponen al asegurador señalar al asegurado cual es el valor venal del automotor destruido, robado o hurtado.
33 autos: Server c. La Rectora s/ord. (CNCom Sala A, 2/08/1975 mencionado en Caceres Cano,Aydee Elvira ob. cit. p. 274 )
34 Betti Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 4 estudios fundamentales, por Emilio Betti y otros. Lima, ARA Editores, 2001
35 autos Petruzzi Rubén O. C/ Suizo Argentina Cia. De Seg. S. A. (CNCom Sala A, 27/03/1981 ED 93-593),
36 Stiglitz Ruben S. Contratos Civiles y Comerciales Parte General , Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, t. I p. 165.-
37 autos: Duran Jaime c/ La Nueva Soc. Coop. De Seg s/ordinaro (CNCom sala D, 14/03/1980 1975 mencionado en Caceres Cano,Aydee Elvira ob. cit. p. 274
38 Bergés Mariano, Giudice Bravo Juan Facundo, La Estafa Procesal, Ed. Lema Buenos Aires, 1993
39 autos: " Rodriguez Vigo Marcelo c/ Caja de Ahorro y Seguros s/ incumplimiento de contrato (inédito) CApel Dto. Judicial Lomas de Zamora, Sala I "...Esta serie de incumplimientos formales que ambas partes se imputan recíprocamente y de los cuales pretenden derivar a su favor consecuencias favorables, ceden paso, en su consideración, al tema central que propone la aseguradora referido a la exageración de daño en que habría incurrido el actor al formular la denuncia pertinente..."(de la sentencia de Primera Instancia Juz .8 )
40 Barbato Nicolás Héctor, El artículo 56 de la Ley de Seguros 17418, RCyS, 2001-286