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Timestamp: 2020-01-19 02:09:07
Document Index: 111854728

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 110', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 2', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 110', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 81', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 18', 'Artículo 15', 'Artículo 10', 'Artículo 3']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 32-5, de 17/04/2001
Serie A: 17 de abril de 2001 Núm. 32-5 PROYECTOS DE LEY
121/000032 Por la que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. (Procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero.)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero) (núm. expte. 121/000032), así como el índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley por la que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero).
(núm. expte. 121/000032.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2001.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Al artículo 1.1, primer párrafo
Se propone suprimir el siguiente texto:
«... En consecuencia, se reconoce a dichas sociedades el derecho a percibir una compensación por talescostes.»
Al artículo 1.1, segundo párrafo
«... El importe base global de dichos costes, en valor a 31 de diciembre de 1997, nunca podrá superar 295.276 millones de pesetas en concepto de incentivos al consumo de carbón autóctono a que hace referencia el párrafo primero de la disposición transitoria cuarta, en la que se incluyen 49.267 millones de pesetas correspondientes al incentivo a la tecnología GICC.»
Al artículo 1.2
Se propone sustituir la referencia: «... Hasta el 31 de diciembre de 2010...», por la de «... Hasta el 31 de diciembre de 2007...»
Mantenimiento del plazo existente.
Al artículo 1.5, segundo párrafo
Se propone sustituir el texto: «... superiores a los costes que se tuvieron en cuenta para el cálculo a 31 de diciembre de 1997 de los Costes de Transición a la Competencia tecnológicos asignados a la misma y trasladados al momento de su transmisión...»
«... superiores a su correspondiente valor contable...»
Calcular las plusvalías reales originadas por la venta, para que sean éstas las que se descuenten del saldo pendiente de los derechos de CTC,s de la sociedad vendedora.
Se propone sustituir el texto: «... progreso económico y social...»
Por el siguiente: «... progreso económico y social generales y bien común...»
Tratar de dejar claro en la norma la necesaria vinculación de los acuerdos de los Consejos de Ministros en materia de competencia al bien común y a los intereses generales, desterrando así cualquier posibilidad de aprobación de acuerdos empresariales que pudieran anteponer los beneficios de determinados grupos
empresariales a los derechos, expectativas e intereses de la ciudadanía española.
Y todo lo anterior se pretende en virtud de la muy frecuente práctica del Consejo de Ministros consistente en confundir interesadamente las necesidades de ciertos grupos económicos con el interés general y el bien común.
PRIMER FIRMANTE: Grupo ParlamentarioFederal de Izquierda Unida
Se propone sustituir el texto: «... podrá autorizar su modificación...»
Por el siguiente: «... podrá autorizar, desde el respeto al estándar mínimo fijado por dicha legislación sectorial, su superación a través de condiciones adicionales...»
El texto actual permite al Consejo de Ministros hacer prácticamente lo que estime oportuno en relación a las condiciones impuestas por la legislación sectorial. Pudiendo, por tanto, respetarlas como tales, superarlas o hacerlas menos restrictivas para un acuerdo empresarial concreto.
Sin entrar a valorar el carácter prácticamente derogatorio de facto que tiene este Decreto-ley en relación a los estándares fijados por la legislación sectorial, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera que ésta es un arma excesiva en manos del Gobierno y que sería empleada, como demuestra la experiencia, en contra de los intereses generales y afavor de determinados intereses empresariales particulares.
Por todo ello, entendemos que es necesario mantener entre la legislación sectorial y los acuerdos de los Consejos de Ministros que autoricen acuerdos empresariales en materia de competencia una relación de «estándar mínimo» vs. «condiciones adicionales más onerosas». De tal manera que la legislación sectorial fije un mínimo infranqueable y los Consejos de Ministros puedan, si así lo estiman oportuno, ampliar las condiciones impuestas a los acuerdos de fusión y similares, todo ello teniendo siempre al bien común y al interés general como núcleos esenciales de la ratio decidendi del Consejo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo del artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda de texto alternativo al Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de defensa de la competencia. (Procedente del Real Decreto- ley 2/2001, de 2 de febrero) (núm. expte. 121/000032).
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DEL SECTOR ELÉCTRICO, Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO) (NÚM.
EXPTE. 121/000032.)
De texto alternativo.
La experiencia adquirida en el período de vigencia de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, ha puesto de manifiesto que la regulación actual es inadecuada para la consecución de condiciones de competencia efectiva en el mercado de generación eléctrica, para satisfacer los intereses de los consumidores y para dotar al sistema institucional de órganos reguladores independientes garantes del buen funcionamiento del mercado. En particular, las normas contenidas en la redacción inicial y sucesivas modificaciones de la Disposición Transitoria Sexta de la citada Ley relativas a los «costes de transición a la competencia- CTC-» están constituyendo una barrera para la entrada de nuevos competidores en el mercado de generación eléctrica y presionan al alza los precios finales de la energía eléctrica para los consumidores sin que ello se justifique por causas objetivas.
Además, la existencia de operaciones de compraventa de activos y de participaciones societarias de sociedades titulares de instalaciones de producción eléctrica españolas requiere que, en aras de la seguridad jurídica, se regule de forma precisa la situación de los antiguos y nuevos titulares en relación con los posibles CTC que se hubieran reconocido, o pudieran reconocerse,
a los titulares de las instalaciones objeto de estas operaciones.
Por otra parte, la regulación vigente de las operaciones de concentración empresarial en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, encomienda al Gobierno unas facultades desmesuradas en el procedimiento de resolución que propician la adopción de decisiones discrecionales en una materia que requiere claridad en las reglas y objetividad en los criterios que sustentan las decisiones al objeto de favorecer el desarrollo y mantenimiento de condiciones de competencia efectiva.
La presente Ley tiene por objeto evitar los efectos negativos asociados a las normas citadas reformando la regulación vigente hasta ahora con un enfoque más acorde con la defensa de los intereses de los consumidores, con la implantación de condiciones de competencia efectiva y con el fortalecimiento de las atribuciones de los órganos colegiados independientes.
En el artículo primero, se establecen las condiciones, procedimiento de cálculo y método de liquidación de las posibles compensaciones que se puedan acreditar a las empresas titulares de instalaciones eléctricas como consecuencia del proceso de transición hacia un mercado competitivo en la generación eléctrica. Los criterios básicos que orientan la nueva regulación son: la adecuación a las normas comunitarias vigentes en la materia, el condicionamiento de las compensaciones por CTC a su producción efectiva, en función de la evolución de las variables básicas que los generan, y la equidad en el tratamiento de los agentes empresariales en el supuesto de cambio de titularidad de las instalaciones eléctricas. Con ello, se pretende evitar el posible reconocimiento de derechos económicos no justificados por la evolución real de la situación económicofinanciera de las sociedades titulares de activos de generación eléctrica.
El artículo segundo contiene dos medidas básicas para el fortalecimiento del marco normativo y esquema institucional de la política de defensa de la competencia. Por una parte, se potencian la seguridad jurídica y la objetividad en las decisiones de los poderes públicos en materia de operaciones de concentración empresarial al establecer que los acuerdos del Gobierno que se separen de las propuestas del Tribunal de Defensa de la Competencia habrán de ser motivados, haciéndose explícitos los criterios de interés general que los justifican, y públicos. En esa misma lógica, procede que sea el propio Tribunal el órgano encargado de vigilar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos que se adopten por el Gobierno.
De otra, se incorpora el instrumento de las multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de los acuerdos que autorizan operaciones de concentración empresarial sujetándolas al cumplimiento de determinadas condiciones, con lo que se conseguirá mayor celeridad y rigor en el grado de cumplimiento de los citados acuerdos. En coherencia con el enfoque normativo adoptado, la competencia para la imposición de las multas coercitivas se atribuye al Tribunal de Defensa de la Competencia.
Artículo 1. Modificación de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
«1. El Gobierno aprobará, a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, el Plan de Adecuación a la Competencia del Sector Eléctrico con el objetivo principal de establecer condiciones efectivas de competencia en el sector eléctrico y con un plazo máximo de validez de 10 años. A tales efectos, el Plan podrá contemplar la concesión de compensaciones en concepto de "costes de transición a la competencia" a las empresas titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1538/1997, de 11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico.
Las compensaciones que se puedan conceder en el marco del Plan se aplicarán a los saneamientos financieros derivados de los efectos de la introducción de condiciones de competencia efectiva sobre los valores económicos de las instalaciones mencionadas en el párrafo anterior. En todo caso, el otorgamiento de las compensaciones no deberá tener efectos distorsionadores sobre la competencia. El Plan condicionará el disfrute de las compensaciones por parte de las sociedades aludidas a la observancia de cuotas máximas en el mercado de generación. Deberá existir una relación entre tales cuotas y la intensidad de las compensaciones percibidas por cada sociedad.
El Plan de Adecuación a la Competencia del Sector Eléctrico, que deberá acomodarse a lo previsto con este objeto en la Directiva 96/ 92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes en el mercado de electricidad, y en la normativa comunitaria aplicable, establecerá un procedimiento de determinación y liquidación anual de las compensaciones otorgadas y de su reparto por sociedades. Tal procedimiento tendrá en cuenta la evolución de la demanda, coste de capital, producción en régimen especial, emplazamientos de las centrales de generación, vida útil residual y cuentas de resultados de las sociedades mencionadas y establecerá un valor actual máximo de las compensaciones previstas en el horizonte temporal del Plan. El valor actual máximo resultará de la estimación del valor contable neto, a 31 de
diciembre de 1997, de las instalaciones citadas en el párrafo primero no recuperable por medio de los ingresos asociados al coste de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la presente Ley. El citado valor actual, que será revisable en función de la evolución real de los parámetros citados anteriormente, se reducirá si el coste medio de generación resultara en media anual superior a 6 pesetas por kWh.
Las compensaciones contempladas en esta disposición serán financiadas mediante repercusión a todos los consumidores de energía eléctrica, excluyendo la energía procedente de otros países de la Unión Europea.
Una parte de las compensaciones otorgadas estará asignada a la aplicación de incentivos para la generación eléctrica con carbón nacional, conforme al "Plan 1998-2005 de reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras".
En la distribución de las compensaciones que se reconozcan efectivamente, se tendrá en cuenta la salvaguarda del medio ambiente en el caso de que haya determinado un incremento notable de los costes de la inversión.
2. En el caso de que las sociedades titulares procedieran a la venta de dichas instalaciones, la empresa adquirente quedará sometida al mismo régimen anteriormente establecido debiendo solicitar la empresa vendedora a la Comisión Nacional de la Energía la certificación acreditativa de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas a las instalaciones objeto de la venta. Una vez efectuada la operación de venta e inscrito el cambio de titularidad en el Registro Administrativo correspondiente, se procederá a deducir de la sociedad vendedora y a acreditar a la sociedad compradora los saldos pendientes de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas en concepto de "costes de transición a la competencia".
Si en la venta de las instalaciones de producción a las que se reconocieron compensaciones en concepto de "costes de transición a la competencia" la sociedad vendedora obtuviera precios de venta de dichas instalaciones de producción superiores a los costes que se tuvieron en cuenta para el cálculo, a 31 de diciembre de 1997, del valor máximo de las compensaciones en concepto de "costes de transición a la competencia" asignadas a las misma y trasladados al momento de la transmisión, la diferencia será deducida de las compensaciones estimadas y asignadas a la empresa vendedora.
El procedimiento detallado de cálculo de las diferencias será establecido por la Comisión Nacional de la Energía.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente en el supuesto de que se vendan participaciones empresariales.»
Artículo 2. Modificación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 17 que pasa a tener el siguiente contenido: «Artículo 17. Competencia del Gobierno
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia remitirá su dictamen y propuesta de acuerdo al Ministro de Economía para que lo eleve al Gobierno, que en el plazo máximo de un mes deberá decidir:
a) Ratificar la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia.
b) Resolver en un sentido distinto a la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia, en cuyo caso, deberá motivar la resolución haciendo explícitos los criterios de interés general que la justifican.
2. En cualquiera de los dos supuestos señalados en el número anterior, la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia y la decisión final del Gobierno podrán consistir en:
b) Subordinar su aprobación a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. Dichas condiciones podrán consistir en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones.
1. Ordenar que no se proceda a la misma, en el caso de que no se hubiera iniciado.
2. Ordenar las medidas apropiadas parta el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración.
3. En cualquier caso, la decisión final del Gobierno será publicada en el "Boletín Oficial del Estado"».
Dos. Se da nueva redacción al párrafo 3 del artículo 18 y se añade un párrafo 4, pasando ambos párrafos a tener el siguiente contenido:
«3. El Tribunal de Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17. A tal efecto, y sin perjuicio de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer multas coercitivas de hasta 2.000.000 de pesetas, o 12.020 euros, por cada día que transcurra sin que se ejecuten las obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo.
4. Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Tribunal de Defensa de la Competencia a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 por ciento de su respectivo volumen de ventas en España
en el ejercicio en que se hubiere producido la operación de concentración.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2001.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero). (Núm. expte. 121/000032.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2001.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al artículo primero, apartados 1, 2, 3 y 4
Los apartados 1, 2, 3 y 4 se sustituyen por la redacción siguiente:
El Plan de Adecuación a la Competencia del Sector Eléctrico, que deberá acomodarse a lo previsto con este objeto en la Directiva 96/ 92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes en el mercado de electricidad, y en la normativa comunitaria aplicable, establecerá un procedimiento de determinación y liquidación anual de las compensaciones otorgadas y de su reparto por sociedades. Tal procedimiento tendrá en cuenta la evolución de la demanda, coste de capital, producción en régimen especial, emplazamientos de las centrales de generación, vida útil residual y cuentas de resultados de las sociedades mencionadas y establecerá un valor actual máximo de las compensaciones previstas en el horizonte temporal del Plan. El valor actual máximo resultará de la estimación del valor contable neto, a 31 de diciembre de 1997, de las instalaciones citadas en el párrafo primero, no recuperable por medio de los ingresos asociados al coste de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la presente Ley. El citado valor actual, que será revisable en función de la evolución real de los parámetros citados anteriormente, se reducirá si el coste medio de generación resultara en media anual superior a 6 pesetas por kWh.
Las compensaciones contempladas en esta disposición serán financiadas mediante repercusión a todos los
consumidores de energía eléctrica, excluyendo la energía procedente de otros países de la Unión Europea.
Una parte de las compensaciones otorgadas estará asignada a la aplicación de incentivos para la generación eléctrica con carbón nacional, conforme al "Plan 1998-2005, de reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras".
En la distribución de las compensaciones que se reconozcan efectivamente, se tendrá en cuenta la salvaguarda del medio ambiente en el caso de que haya determinado un incremento notable de los costes de la inversión.»
La existencia de CTC y, en consecuencia, de posibles compensaciones a las empresas titulares de instalaciones eléctricas de generación no pueden establecerse ni, mucho menos, cuantificarse a priori, ya que dependen de la evolución real de la competencia y de otras variables que afectan a la situación económicofinanciera de las empresas.
La regulación propuesta en la enmienda permite armonizar la necesaria seguridad jurídica de los operadores empresariales respecto a los efectos derivados del proceso de liberalización con el respeto a los derechos e intereses de los consumidores, que deben soportar tarifas y precios ajustados a los costes reales.
La existencia de un Plan de adecuación a la competencia, el respeto a las normas comunitarias vigentes, la cuantificación y liquidación a posteriori de los posibles CTC y la atribución de facultades en la materia a la CNE son los instrumentos adecuados para los objetivos perseguidos.
Al artículo primero apartado 5
El apartado 5 se sustituye por la redacción siguiente:
«2. En el caso de que las sociedades titulares procedieran a la venta de dichas instalaciones, la empresa adquirente quedará sometida al mismo régimen, anteriormente establecido, debiendo solicitar la empresa vendedora a la Comisión Nacional de la Energía la certificación acreditativa de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas a las instalaciones objeto de la venta. Una vez efectuada la operación de venta e inscrito el cambio de titularidad en el Registro Administrativo correspondiente, se procederá a deducir de la sociedad vendedora y a acreditar a la sociedad compradora los saldos pendientes de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas en concepto de "costes de transición a la competencia".
Necesidad de regular las situaciones en las que se produzcan compraventas de participaciones empresariales e instalaciones que sean o pudieran ser acreedoras de compensaciones por CTC para garantizar la seguridad jurídica de los compradores y no permitir beneficios injustificados para las empresas vendedoras.
En coherencia con el enfoque adoptado respecto de los organismos reguladores, las atribuciones para regular los procedimientos de aplicación de las normas se residencian en la CNE.
Al artículo segundo, apartado Uno
El apartado Uno se sustituye por la redacción siguiente:
«Uno. Se da nueva redacción al artículo 17 que pasa a tener el siguiente contenido:
3. En cualquier caso, la decisión final del Gobierno será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".»
Necesidad de evitar la posible discrecionalidad y falta de objetividad del Gobierno en la adopción de decisiones referidas a expedientes de concentración empresarial. Por ello, si el Gobierno decide apartarse del criterio del TDC, deberá motivar su resolución, explicitar los motivos de interés general que la justifican y, por supuesto, hacerlos públicos.
Al artículo segundo, apartado Dos
El apartado Dos se sustituye por la redacción siguiente:
«Dos. Se da nueva redacción al párrafo 3 del artículo 18 y se añade un párrafo 4, pasando ambos párrafos a tener el siguiente contendido:
3. El Tribunal de Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17. A tal efecto, y sin perjuicio de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer multas coercitivas de hasta 2.000.000 de pesetas, o 12.020 euros, por cada día que transcurra sin que se ejecuten las obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo.
4. Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Tribunal de Defensa de la Competencia a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 por ciento de su respectivo volumen de ventas en España en el ejercicio en que se hubiere producido la operación de concentración.»
En coherencia con las demás enmiendas, la facultad para imponer multas coercitivas debe atribuirse al Tribunal de Defensa de la Competencia.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes Enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2001.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Ignacio Aymerich Cano, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Don Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)
Al artículo primero
Se añade un nuevo apartado a la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:
«6. En la distribución de las retribuciones derivadas del reconocimiento de costes de transición a la competencia que se reconozcan efectivamente, será un criterio determinante el volumen de inversiones que realicen las compañías eléctricas destinadas a reducir el impacto ambiental de las centrales e instalaciones eléctricas, tanto de producción como de distribución, fijándose reglamentariamente los compromisos mínimos de inversión de carácter ambiental que, con carácter anual, tendrán que asumir las compañías eléctricas para adecuar sus centrales e instalaciones eléctricas. En caso de que alguna sociedad beneficiaria no realizara ninguna inversión destinada a reducir el impacto ambiental de las centrales e instalaciones eléctricas, el Gobierno podrá retirarle las retribuciones reconocidas en concepto de costes de transición al régimen de mercado competitivo.»
Introducir la obligación de destinar parte del importe de los costes de transición a la competencia a inversiones en mejora medioambiental de las centrales e instalaciones de producción y distribución eléctrica.
«7. Las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica beneficiarias del derecho a percibir compensaciones por los costes de transición al régimen de mercado competitivo estarán obligadas a destinar la porción necesaria del importe global de dichas compensaciones a mejorar las redes de distribución eléctrica, asegurando un suministro eléctrico estable y de calidad a todos los usuarios. En el supuesto de incumplir esta previsión, el Gobierno podrá retirar las compensaciones aprobadas y, asimismo, exigir la devolución de las ya percibidas en caso de grave incumplimiento de la obligación de inversión en la mejora de las instalaciones de distribución eléctrica, sin perjuicio, todo ello, de la imposición de cualesquiera otras sanciones que sean de aplicación en virtud de lo dispuesto en esta Ley.»
Considerando que las compensaciones por los costes de transición a la competencia que perciben las compañías eléctricas son sufragadas por los consumidores de energía eléctrica, es justo imponer a las mismas la obligación de destinar parte de las retribuciones percibidas por ese concepto a mejorar sus redes de distribución, de manera que se asegure un suministro eléctrico de calidad. En algunas zonas de Galicia, por ejemplo, a pesar de contar con instalaciones de producción eléctrica importantes, y por las cuales las sociedades titulares percibirán las compensaciones económicas establecidas en la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, aún existe un suministro eléctrico deficiente, que debe ser mejorado por las empresas eléctricas de manera inmediata, y que cuentan para ello con la financiación adicional de esas compensaciones, por lo que es totalmente procedente condicionar el disfrute de las compensaciones por parte de las sociedades citadas a la observancia de unas condiciones de suministro final aceptables.
Al artículo segundo
Se suprime la siguiente expresión:
«En el supuesto de que la legislación sectorial correspondiente establezca algún tipo de limitación, el Acuerdo del Consejo de Ministros podrá autorizar su modificación en tanto se ejecuta y en los términos fijados en el mismo.»
No podemos compartir la atribución que se hace en este inciso que proponemos suprimir de posibilitar la modificación de la legislación sectorial por parte del Gobierno, quebrando la posición relativa de superioridad que tiene cualquier Ley sobre los Acuerdos del Consejo de Ministros.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. (Núm. expte. 121/000032.)
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Al título del artículo segundo
«Artículo segundo. Modificación de los artículos 17 y 18 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.»
(El texto del artículo se mantiene igual).
En coherencia con la siguiente enmienda.
Al artículo tercero (nuevo)
Se propone la adición de un artículo tercero con la siguiente redacción:
«Artículo tercero. Modificación de los artículos 5, 15 y 21 de la Ley 16/1989, de 19 de julio, de Defensa de la Competencia.»
Uno. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 5 de la Ley 16/1989, de 19 de julio, de Defensa de la Competencia, que quedará redactado como sigue:
«Mediante Reglamentos de exención, en cuya elaboración informará preceptivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas previstas en el artículo 3.1, cuando:
a) Participen dos o más empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de determinados bienes o servicios para su venta o reventa, o en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, o b) Tengan únicamente por objeto la elaboración y aplicación uniforme de normas o tipos, o la especialización en la fabricación de determinados productos, o la investigación y el desarrollo en común, o c) Tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad y competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.»
Dos. Se da una nueva redacción al último párrafo del apartado segundo del artículo 15 de la Ley 16/1989, de 19 de julio, de Defensa de la Competencia, que quedará redactado como sigue:
«La ejecución de la operación en contravención de lo establecido en el presente apartado será sancionada con la multa establecida en el artículo 18.4 de la presente
Ley, y no le será de aplicación a la misma la autorización tácita prevista en los artículos 15 bis, 2 y 17.2 de la misma. La instrucción del expediente corresponderá al Servicio de Defensa de la Competencia y la imposición de la sanción al Ministro de Economía.»
Tres. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 21 de la Ley 16/1989, de 19 de julio, de Defensa de la Competencia, que quedará redactado como sigue:
«2. El nombramiento del Presidente y los Vocales será por cinco años renovables por una sola vez. No obstante, expirado el plazo del mandato correspondiente a las vocalías del Tribunal, así como de la Presidencia, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos vocales o, en su caso, del Presidente.
Cuando este último cese se produzca antes de haber transcurrido un año desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite previsto en el párrafo primero de este apartado, pudiendo ser renovado el mandato en dos ocasiones.»
Respecto del apartado Uno, la aprobación del Reglamento (CEE) 2790/ 1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinados acuerdos verticales (Reglamento de exención por categorías) ha introducido modificaciones en el tratamiento de las restricciones verticales, las cuales incluyen su aplicación a más de dos empresas y a tanto la distribución de bienes como servicios. Con el fin de poder incorporar el citado Reglamento a nuestro derecho interno se hace necesaria la modificación del artículo 5.1 a fin de que el mismo pueda dar cabida a Reglamentos de Exención que incluyan acuerdos en los que participen dos o más empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de determinados bienes y servicios.
En cuanto al apartado Dos, se trata de una enmienda técnica, ya que al promulgarse el Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, se dio nueva redacción al artículo 18.3 de la Ley 16/1989, dado que en el artículo 15.2 existe una referencia a dicho precepto, debe modificarse la remisión que en él se contempla debiendo hacerse al nuevo artículo 18.4.
En cuando al apartado Tres, se trata de aclarar el modo en que debe procederse a la sucesión en las vocalías del Tribunal de Defensa de la Competencia, acogiendo la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de septiembre de 2000:
- la vigencia del mandato se entiende referida a la vocalía, y no al titular, - se permite la continuación en el ejercicio de sus funciones a los vocales y al Presidente una vez finalizado el mandato correspondiente a la vocalía hasta tanto no se tome posesión por el suceso en dicha vocalía; - se regula la incidencia en la vigencia de los mandatos del cese del titular antes del fin del mandato correspondiente a las vocalías.
A la Disposición Final (nueva)
Se añade una nueva Disposición Final con la siguiente redacción:
«Disposición Final... Autorización al Gobierno para elaborar un Texto Refundido de la Ley de Defensa de la Competencia.
- Artículo 15 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, de Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
- Artículo 10 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.
- Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
- Artículos 29, 30, 31, 32 y 33 del Real Decretoley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.»
La promulgación de sucesivas modificaciones de la Ley 16/1989 aconsejan la redacción de un Texto Refundido que contenga una redacción sistemática del texto
comprensiva de las modificaciones operadas en el articulado.
- Enmienda núm. 8, del Grupo Parlamentario Socialista, apartados 1, 2, 3 y 4. - Enmienda núm. 1, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado 1, párrafo primero. - Enmienda núm. 2, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado 1, párrafo segundo. - Enmienda núm. 3, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado 2. - Enmienda núm. 4, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado 5, párrafo segundo. - Enmienda núm. 9, del Grupo Parlamentario Socialista, apartado 5. - Enmienda núm. 12, del Sr. Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), apartado 6 (nuevo). - Enmienda núm. 13, del Sr. Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), apartado 7 (nuevo).
- Enmienda núm. 15, del Grupo Parlamentario Popular, al título.
- Enmienda núm. 5, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado Uno. - Enmienda núm. 6, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, apartado Uno. - Enmienda núm. 14, del Sr. Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), apartado Uno. - Enmienda núm.
10, del Grupo Parlamentario Socialista, apartado Uno. - Enmienda núm.
11, del Grupo Parlamentario Socialista, apartado Dos.
Artículo 3 (nuevo)
- Enmienda núm. 16, del Grupo Parlamentario Popular.
Tercera (nueva)
- Enmienda núm. 17, del Grupo Parlamentario Popular.