Source: https://www.adapting.com/chile/
Timestamp: 2019-08-23 00:49:55
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6']

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Santiago se configura como el más destacable centro de negocios de Chile. Sólo la Región Metropolitana de Santiago concentra más de 7 millones de habitantes (aproximadamente el 40% de la población total del país). En otras regiones se localizan determinados sectores, tales como la minería en la región de Antofagasta y Calama o la pesca en el sur. También cabe recalcar la creciente importancia que van adquiriendo determinadas ciudades, como es el caso de Concepción y Viña del Mar.
Respecto al nivel de vida, se trata de un país de grandes diferencias de renta y con una clase alta y media alta muy reducida. Aunque el potente crecimiento de los últimos años ha reforzado la clase media, hay que señalar que ésta es aun relativamente reducida.
Chile es un país relativamente pequeño, en comparación con sus vecinos, con una población de, aproximadamente, 17,5 millones de habitantes y con una desigual distribución de la renta. Sin embargo, su crecimiento sostenido, la transparencia de su legislación, su buen manejo macroeconómico y su apertura a otros mercados, le han convertido en uno de los países más dinámicos de la región.
En resumen, el país ha llevado a cabo las reformas necesarias, posee una estabilidad -tanto económica, como social y política- muy superior al resto de países de la zona, y ofrece un marco jurídico claro para la inversión. Todo esto hace que su importancia como destino de inversiones y como potencia económica regional esté muy por encima de lo que le correspondería, dado el tamaño de su mercado.
El país no dispone de una Ley General de Archivos que regule la gestión de documentos en los órganos y entidades de la Administración Pública. Dispone de una Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado: la Ley nº 20.285, de 20 de agosto de 2008.
La referida ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. (Artículo 1º de la Ley).
Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el Artículo 1º precedente. (Artículo 2º de la Ley).
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley (Artículo 4º de la Ley).
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas (Artículo 5º de la Ley).
Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado (Artículo 6º de la Ley).
La Ley garantiza a todos los ciudadanos el amplio derecho de acceso a la información pública, exceptuándose aquéllos que están sujetos a cualquier grado de secreto o reserva. Es obligación del Poder Público promover la publicitación de sus registros, obedecidos los principios de la transparencia activa, así como por las respuestas en atención a los principios de la transparencia pasiva.
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