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Timestamp: 2018-03-23 02:16:47
Document Index: 231202991

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 254', 'Artículo 3', 'artículo 46', 'ARTÍCULO 57', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 30', 'artículo 67', 'artículo 11']

INFORME DE MISIÓN OFICIAL A VIENA, AUSTRIA LCDA. ANGÉLICA MAYTÍN JUSTINIANI LICDO. ANTONIO LAM. FECHA: 31 de agosto a 04 de septiembre de PDF
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María Soledad del Río Soler
1 INFORME DE MISIÓN OFICIAL A VIENA, AUSTRIA LCDA. ANGÉLICA MAYTÍN JUSTINIANI LICDO. ANTONIO LAM FECHA: 31 de agosto a 04 de septiembre de 2015 Participamos en la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción y a la Novena reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, del 31 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2015, en la sede de las Naciones Unidas en Viena. La Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información, Lcda. Angélica Maytín presidió el Grupo de Trabajo. Se instó a los Estados Partes a seguir intercambiando información sobre iniciativas y buenas prácticas para la prevención de la corrupción. Panamá destacó la buena labor realizada por los miembros del Grupo de Trabajo y a la Secretaría en la aplicación de la resolución 5/4 mediante actividades en los sectores público y privado, así como en los ámbitos de justicia penal, la sociedad civil y la educación. Adicionalmente recalcó la importancia de compartir buenas prácticas e información sobre la prevención de la corrupción. Durante las sesiones, los Estados miembros recibieron informe actualizada sobre las medidas para prevenir el blanqueo de dinero, informe sobre la integridad en los procedimientos de contratación pública y transparencia y responsabilidad en la gestión de la hacienda publica. Rusia informó al grupo sobre los avances en la coordinación de la Sexta Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y confirmó que se había firmado el acuerdo con las Naciones Unidas para celebrar la Conferencia en
2 San Petersburgo, Federación de Rusia, y que se daría prioridad al tema de alianzas públicoprivadas. Seguidamente, se dio debate temático sobre el seguimiento de la Declaración de Marrakech sobre la prevención de la corrupción. Participantes explicaron la importancia de las denuncias sobre operaciones operaciones sospechosas formuladas por las entidades informantes y de que esa información fuera confidencial durante las etapas de denuncia, análisis y divulgación. También se señaló que era fundamental que las unidades de inteligencia financiera estuvieran facultadas para inmovilizar fondos con carácter provisional. Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar una ponencia sobre el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables. Durante la exposición se puso como ejemplos algunas dificultades halladas en ese tema, como las ineficiencias causadas por el hecho de que diferentes sistemas tuvieran que trabajar juntos. También se hizo referencia a dos (2) problemas operacionales en la Unión Europea: a) la libre circulación de efectivo entre los Estados miembros de la Unión Europea, y b) la ausencia de una base de datos centralizada para todas las declaraciones de efectivo en los Estados miembros. Un panelista del Grupo de Acción financiera (GAFI) presentó con detalles la estructura del GAFI y su metodología para evaluar el cumplimiento de los aspectos técnicos y de eficacia. Varios países manifestaron que producto de las reuniones de trabajo, habían fortalecido sus leyes y regulaciones relativas a la obligación de conocer tu cliente, de conformidad con las recomendaciones del GAFI. En esa misma línea, varios países destacaron la importancia de someter a las personas políticamente expuestas a obligaciones similares. El Grupo de Trabajo reconoció el progreso realizado en la implementación de la resolución 5/4 y destacó la importancia de mantener los esfuerzos. También exhortó a la ONUDD para proveer capacitaciones para fortalecer técnicas de oficiales jurisdiccionales, fiscales y jueces en relación a casos de blanqueo de dinero e investigaciones financieras.
3 En la Novena reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, el Grupo recalcó que se evalúan tres (3) temas: a) acumulación de conocimientos; b) fomento de la confianza entre los Estados Requirentes y los Estados Requeridos; y c) asistencia técnica, capacitación y creación de capacidad. Se destacó un estudio de la Iniciativa conjunta de la ONUDD y el Banco Mundial para la Recuperación de Activos Robados sobre los ilícitos y las demandas privadas. En este estudio se ofrece orientación sobre los pasos a seguir para utilizar recursos civiles con el fin de recuperar activos robados. La ONUDD también ha publicado un compendio de casos de recuperación de activos en que se recopilan los casos presentados por los Estados Partes y los obtenidos de la base de datos Vigilancia de la Recuperación de Activos de la Iniciativa StAR. La Unión Europea nos explicó que se había aprobado en abril de 2014 la ampliación de facultades policiales y judiciales para la ubicación, el embargo preventivo y el decomiso, al tiempo que se garantizaba el respeto de los derechos fundamentales. Durante las sesiones, se mencionaron desafíos importantes como la falta de confianza entre los Estados requirentes y los requeridos, falta de comunicación eficaz entre los Estados, dificultades para intercambiar información oportunamente y la falta de familiaridad con los respectivos requisitos jurídicos. Adicionalmente, varios participantes destacaron dificultades para embargar con carácter preventivo y ubicación de activos, en particular por la complejidad de los requisitos probatorios, y por requisitos de doble incriminación demasiados estrictos. Algunos Estados Partes explicaron posibles formas de hacer frente a estos retos. Por ejemplo, con unas guías para la recuperación de activos específicas de cada país, y facilitando los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución directa de órdenes extranjeras de embargo preventivo y decomiso.
4 Varios oradores destacaron progresos realizados en la aplicación de las disposiciones pertinentes de la convención como por ejemplo de nuevas disposiciones legislativas sobre incautación y decomiso sin que mediara una condena, el decomiso basado en el valor y el decomiso ampliado. Durante el foro para promover los aspectos prácticos de la recuperación de activos, Francia destacó dos (2) factores de éxito en la experiencia de recuperación de activos. El rol de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones no gubernamentales (ONG), para iniciar acciones judiciales en los casos de corrupción, y la importante función de los magistrados de enlace franceses destinados en el extranjero para facilitar cooperación internacional. Por otro lado, se expuso que cuando una ONG emprendía acciones judiciales, se convertía en parte en la causa, tenía acceso a los documentos y tenía derecho a recurrir las decisiones y a pedir una indemnización por los daños causados. Finalmente, el Grupo de Trabajo exhortó a los Estados a adoptar nueva legislaciones en decomiso, incluyendo decomiso sin que medie una condena. En esa misma línea se pidió que los Estados Partes busquen todas las vías posibles para la recuperación de activos y métodos civiles. NOTAS DE INTERVENCIÓN Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción Sexta Reunión MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE DINERO (ARTÍCULO 14) BLANQUEO DE CAPITALES. En cuanto a las medidas que ha adoptado o prevé adoptar su país para aplicar esta disposición de la Convención:
5 Panamá cuenta con la Ley 121 de diciembre de 2013, contra la Delincuencia Organizada (reforma el Código Penal, Judicial y Procesal Penal), esta norma entró en vigencia a partir del 31 de marzo de Importante recalcar que esta Ley 121 adiciona al Título IX, Contra la Seguridad Colectiva del Libro Segundo del Código Penal un Capítulo al que se denomina DELINCUENCIA ORGANIZADA en el que se impone una sanción que va de 15 a 30 años con el solo hecho de pertenecer a un grupo delictivo organizado que por sí o unido a otros tengan como propósito, cometer entre otros delitos el blanqueo de capitales y delitos contra la Administración Pública entre otros. Esta sanción se agrava cuando se trate de funcionarios públicos lo que incluye incluso inhabilitación para ejercer funciones públicas por el doble del tiempo de prisión. En cuanto a lo que prevé el artículo 14 de la Convención sobre Medidas para Prevenir el Blanqueo de Dinero en este momento rige en Panamá la Ley 23 del 27 de abril de 2015 que Adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales introduciendo medidas que comprometen en su cumplimiento a todos los entes que mantienen alguna relación con la actividad de capitales. Esta Ley es el marco regulatorio para que se establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, también los controles apropiados para la mitigación de estos tipos penales y de esta forma proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de economía y por último establece las medidas de Cooperación Internacional. Adicionalmente, en esta Ley se establece el Sistema de Coordinación Nacional para la Prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ; Fortalece las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y determina que entidades como la Superintendencia de Bancos, Seguros y Reaseguros de Panamá, del Mercado de Valores y el Instituto Panameño autónomo Cooperativo los cuales en su artículo 20 tienen una serie de atribuciones tendientes a la supervisión de los sujetos y entidades a quienes va dirigida la aplicabilidad de la ley. A su vez nuestro país adoptó la Ley 10 de 31 de marzo de 2015 que modifica y adiciona artículos al Código Penal adecuando las sanciones a las personas jurídicas usadas o creadas para cometer un delito, aunque no sea beneficiada por él. Por otro lado, se modificó y adicionó artículos al Código Penal mediante Ley 34 de 8 de mayo de 2015 ampliando el catálogo de delitos precedentes al blanqueo de capitales y
6 adiciona el Capítulo XI al Titulo VII del Libro Segundo del Código Penal titulado Delitos de Contrabando y Defraudación Aduanera, incluyéndose sanciones a los servidores públicos que contribuyan a la realización de alguna de las conductas tipificadas. REGIMEN INTERNO DE REGLAMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN A FIN DE PREVENIR Y DETECTAR EL BLANQUEO. Panamá mantiene un marco jurídico de tipo constitucional, penal, procesal y administrativo que tipifica, sanciona y regula actividades que puedan ser vulneradas o utilizadas para blanquear dinero. En el marco constitucional como ya señalamos el artículo 4 de la misma excerta vincula y obliga al país adoptante de la Convención para que adecúe su normativa internacional o acate en su momento tratados internacionales. La Ley 23 de 2015, establece de forma clara los organismos de supervisión tanto de los sujetos obligados financieros como los no financieros así como de las Actividades Realizadas por Profesionales Sujetas a Supervisión. En ese orden de ideas vemos que la Superintendencia de Bancos supervisa a los bancos, empresas fiduciarias; financieras, arrendamiento financiero o leasing, factoring, emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y pre-pagadas y las entidades emisoras de pagos y dinero electrónicos. La Superintendencia del Mercado de Valores por su parte supervisa a las organizaciones auto reguladas, casas de valores, administradores de inversión, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de fondos de cesantía; sociedades de inversión y sociedades de inversión auto administradas, asesores de inversión y a los proveedores de servicios administrativos del mercado de valores. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se encarga de la supervisión de las compañías de seguros y reaseguros; corredores de seguros y reaseguros, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuentas o de ventas de seguros, canales de comercialización, administradores de empresas aseguradoras; aseguradoras cautivas, administración de aseguradoras cautivas y administradoras de corredores de seguros. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo se encargará de supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito o cualquiera que realice la actividad de intermediación financiera.
7 De igual forma establece dicha ley que la recientemente creada Intendencia de Supervisión y regulación de Sujetos no Financieros se encargará de la supervisión de los sujetos obligados no financieros tales como la Zona Libre de Panamá, casinos, juegos de azar, empresas promotoras entre otras 16 actividades incluyendo las que realicen los abogados, contadores públicos autorizados y notarios cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente unas once actividades tales como fungir como agentes residentes de entidades jurídicas, constitución de fideicomisos, proveer de los datos domiciliares a cualquier estructura jurídica que no sea de su propiedad. Esta normativa ha sido reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 587 de martes 4 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial N B, de martes 4 de agosto de 2015, que reglamenta el Congelamiento Preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan Medidas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y dicta otras disposiciones. Se observa entonces que en nuestro país existe una gran cantidad de entidades que pueden ser vulneradas en el blanqueo de capitales que ya se mantienen reguladas por diferentes entidades supervisoras. Tenemos de igual forma las siguientes leyes de reglamentación interna vigentes incluso antes de ser ratificada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Ley 13 del 27 de Julio de 1994, que tipifica el delito de Lavado de Dinero. Decreto Ejecutivo 125 (De 27 de Marzo De 1995) Por el cual se crea La Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Lavado de Dinero producto del Narcotráfico como Consejo Consultivo Permanente, se hace una designación y se asignan funciones. Decreto Ejecutivo 136 del 9 de junio de 1995 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la identificación de transacciones que puedan estar relacionadas con el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. Ley 41 del 2 de octubre de 2000 Que Tipifica el Delito de Blanqueo de Capitales Decreto Ejecutivo 163 del 3 de octubre de 2000 por medio de la cual se amplía la capacidad operativa de la UAF Decreto Ejecutivo 77 (De 5 De Junio De 2003) Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo 125 de 27 de Marzo de 1995 Reformado por los Decretos 64 de 17 de Marzo de 2000 y 26 de 2 de Marzo De 2001, que crea y designa los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Lavado de Dinero producto del Narcotráfico, y se dictan otras disposiciones Este Decreto Ejecutivo 125 de 27 de marzo de 1995 fue subrogado por el Decreto Ejecutivo 948 de 5 de diciembre de G.O C)
8 o Posteriormente fueron tipificados en el Código Penal los Delitos Financieros mediante Ley 14 de 22 de mayo de 2007 Ley 69 (04/12/2008), Por el cual se Reforma el Régimen Bancario y se Crea la Superintendencia de Bancos. Ley 67 (01/09/2011) Que comprende el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 sobre el Mercado de Valores en la República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores. Ley 12 (03/04/12) Que regula la Actividad de Seguros y Dicta Otras Disposiciones. Decreto Ejecutivo 55 del 1 de febrero de 2012, Modifica el Decreto Ejecutivo 1 del 3 de enero de 2001, que reglamenta la Ley 42 de 2 de octubre de Decreto ejecutivo 947 (05/12/2014), Que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento de Terrorismo Decreto Ejecutivo 241 (31/03/2015), Que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo Unidad de Análisis Financiero (UAF) Panamá cuenta con una Unidad de Análisis Financiero, para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo, siendo esta unidad el Centro Nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como para la comunicación de los resultados de sus análisis de inteligencia a las autoridades de investigación y represión del país. En la lucha contra el lavado de activos, el país ha adoptados varias mediadas entre las que tenemos: Dos modificaciones al Código Penal: Primera el 31 de marzo del 2015 mediante la Ley 10, en el artículo 254 de ésta norma penal, se adicionan otros delitos precedentes y se tipificó el delito de terrorismo y el financiamiento de Terrorismo. Segunda modificación se efectuó mediante la Ley 34 del 8 de mayo, nuevamente se adicionan otros delitos presente para el lavado de activos. Tipificando el lavado de activo en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo, aplicando el
9 delito de Activo a todos los delitos graves, por lo que se incluyó una gama de delitos determinantes. Cada Organismo de Supervisión, cuenta con reglamentaciones sectoriales, para la supervisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. INTEGRIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Transparencia y responsabilidad en la gestión de la hacienda pública (artículos 9 y 10) Dentro de las políticas de modernización del Estado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha liderado a través de la Dirección Nacional de Contabilidad, un nuevo y ambicioso proyecto orientado a la transparencia y rendición de cuentas, en materia de Gestión Financiera Publica, de cambio del sistema actual (SIAFPA) por una nueva herramienta tecnológica de clase mundial desarrollada para gobiernos, cuyo núcleo financiero contable ya desarrollado se fundamenta en la aplicación de mejores prácticas y estándares de contabilidad y presupuesto. El nuevo sistema se denomina ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa). Se caracteriza por la trazabilidad de los registros de inicio a fin, concepto de dato único que elimina la discrecionalidad en la manipulación de la data más de una vez, Interoperable e integrado en todos sus módulos, permitiendo información a tiempo real inclusive de otros módulos como P.E. el de Tesorería y la Cuenta Única del Tesoro (CUT), el SIGADE de administración de la deuda, el e-tax2 La primera Fase de este proyecto consiste en la implementación de este core financiero contable en las 26 instituciones del gobierno central y sus dependencias de las cuales ya están implementadas y en producción 13. Prevemos que a enero de 2016, incorporar las 13 restantes, y continuar con el sector descentralizado en ese mismo año. Con respecto a las medidas civiles y administrativas para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos, los Estados partes y signatarios tal vez deseen citar y describir medidas por las que:
10 Se establezcan un mecanismo de registro, archivo y preservación de la integridad de los libros y registros contables, estados financieros y documentos conexos, en el que se incluyan los archivos nacionales u otra institución a cargo de los registros, y se sancione la falsificación de esos documentos; El nuevo sistema ISTMO, permitirá facilitar cualquier acción complementaria además de los propios controles y trazabilidad que permite seguirle la huella a un registro, no solo contable, sino de tipo estadístico e identidad del que interactúa con el sistema, con amplia visibilidad para los controles y las auditorias. El sistema se caracteriza por la automatización de sus registros, poca o nula intervención repetitiva de una transacción o registro. El sistema trae implícito normas de seguridad, más las que, bajo los estándares institucionales en la asignación de roles, comunicación, back ups, y bases de datos manejadas con protocolos de mejores prácticas como los de ITIL para temas tecnológicos de seguridad en nubes etc. BUENAS PRÁCTICAS E INICIATIVAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. Buenas prácticas en la gestión de recuperación de activos y conservación de activos inmovilizados. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene El Departamento de Bienes Aprehendidos y tiene como misión regular los procedimientos para la venta, custodia y administración provisional de instrumentos, bienes muebles o inmuebles, que han sido aprehendidos por el Ministerio Público, derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y de delitos conexos, con el propósito de optimizar la conservación y rendimiento de los mismos, de esta forma el Ministerio Público no tiene que enfocar sus esfuerzos en la custodia y conservación de estos activos. Capacitación que han recibido los funcionarios de la Procuraduría para identificar, localizar, embargar con carácter preventivo y decomisar el producto de la corrupción. Debemos indicar que los funcionarios de las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación han recibido capacitación en la materia, destacándose el Foro de Políticas Anticorrupción y Seminario Académico de Justicia Penal, desarrollado en Roswell, Nuevo México y el Curso de Investigaciones Financieras Técnicas en El Salvador.
11 Aunado a que mediante Resolución N 5 de 23 de enero de 2015, la Procuraduría General de la Nación adoptó la nueva estructura funcional de las Fiscalías Anticorrupción estableciendo estructuras cónsonas con la investigación de los delitos contra la Administración Pública, en pro de satisfacer una persecución penal más proactiva, dinámica y eficaz; como consecuencia al incremento cuantitativo y cualitativo de estos delitos, para combatirlo adecuadamente, es necesario establecer unidades técnicas desarrolladas de manera planificada y estratégica, con el propósito de lograr que la investigación penal sea efectiva, lo que ha permitido especializar al personal. En ésta Resolución 5 podemos mencionar: Artículo 3. Establecer el Consejo Fiscal en materia de delitos contra la administración pública, que estará conformado por los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación y el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el cual fungirá como Coordinador General y enlace con el Despacho Superior. Artículo Quinto. Son funciones especiales del Consejo Fiscal de las Fiscalías en materia de delitos Contra la Administración Pública: 1. Establecer las estrategias de investigación a desplegar, con la finalidad de fijar criterios generales de actuación, conforme a resultado. 2. Fijar las metas que las Fiscalías Anticorrupción se proponen cumplir y determinar el plazo en que se debe producir. 3. Fijar los indicadores de medición de resultados, de acuerdo a las gestiones realizadas. 4. Evaluar el alcance de los resultados obtenidos con las gestiones realizadas. 5. Rendir informes periódicos al (la) Procurador (a) General de la Nación y los resultados obtenidos respecto a las estrategias desplegadas. 6. Promover y velar para que se realice y se publique a la comunidad, un Informe Anual de las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en el que se establezcan los logros obtenidos en los casos, las dificultades identificadas y los planes para superarlas. El Consejo Fiscal se reunirá por convocatoria del Secretario General o a petición de cualquiera de sus miembros, en las oportunidades que sea necesario. Artículo Sexto
12 Las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, estarán integradas de la siguiente manera: 1. Fiscal 2. Unidad de Apoyo Investigativo y Seguimiento de Causas 3. Unidad de Litigación 4. Unidad Administrativa 5. Unidad de Análisis 6. Unidad de Enlace Internacional. NOTAS DE INTERVENCIÓN Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos Novena Reunión PANORAMA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LOS MANDATOS EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. PUNTO 2 DE LA AGENDA Panamá es miembro de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG). Igualmente, se cuenta con el punto de contacto del CICO de España, que desde el 2013 se incluye en la Red con posibilidad de intercambio directo de información usando la plataforma RRAG seguro. Adicionalmente, son invitados especiales las redes similares a RRAG, como lo son la Red Global de StAR-INTERPOL, la Red de Recuperación de Activos de Asía Pacífico, la Red de Recuperación de Activos de África del Este y la Red de Recuperación de Activos de África del Oeste. FORO PARA PROMOVER LOS ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. INCLUÍDOS LOS PROBLEMAS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS. PUNTO 3 DE LA AGENDA (Hablaremos de Buenas Prácticas) El Departamento de Bienes aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como misión regular los procedimientos para la venta, custodia y administración provisional de instrumentos, bienes muebles o inmuebles, que han sido aprehendidos por el Ministerio Público, derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y de delitos conexos, con el propósito de optimizar la conservación y rendimiento de los mismos, de esta forma el Ministerio Público no tiene que enfocar sus esfuerzos en la custodia y conservación de estos activos.
13 FORO PARA PRESENTAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA E INFORMAR DE NOVEDADES EN RELACIÓN CON LOS DEBATES TEMÁTICOS DEL PERÍODO DE SESIONES ANTERIOR. PUNTO 4 DE LA AGENDA (Hablaremos de conozca su cliente e inteligencia financiera) Se establece en el artículo 46 de la Ley 23 la obligación a los sujetos obligados financieros para que aseguren que la información de las transferencias electrónicas tenga desde el nombre originador, beneficiario, números de cuenta y se establece que la información debe mantenerse durante todo el ciclo de pagos. La Ley 23 de 2015, establece de forma clara los organismos de supervisión tanto de los sujetos obligados financieros como los no financieros así como de las Actividades Realizadas por Profesionales Sujetas a Supervisión. En ese orden de ideas vemos que la Superintendencia de Bancos supervisa a los bancos, empresas fiduciarias; financieras, arrendamiento financiero o leasing, factoring, emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas y las entidades emisoras de pagos y dinero electrónicos. La Superintendencia del Mercado de Valores por su parte supervisa a las organizaciones autorreguladas, casas de valores, administradores de inversión, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de fondos de cesantía; sociedades de inversión y sociedades de inversión auto administradas, asesores de inversión y a los proveedores de servicios administrativos del mercado de valores. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se encargará de la supervisión de las compañías de seguros y reaseguros; corredores de seguros y reaseguros, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuentas o de ventas de seguros, canales de comercialización, administradores de empresas aseguradoras; aseguradoras cautivas, administración de aseguradoras cautivas y administradoras de corredores de seguros. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo se encargará de supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito o cualquiera que realice la actividad de intermediación financiera. De igual forma establece dicha ley que la recientemente creada Intendencia de Supervisión y regulación de Sujetos no Financieros se encargará de la supervisión de los sujetos
14 obligados no financieros tales como la Zona Libre de Panamá, casinos, juegos de azar, empresas promotoras entre otras16 actividades incluyendo las que realicen los abogados, contadores públicos autorizados y notarios cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente unas once actividades tales como fungir como agentes residentes de entidades jurídicas, constitución de fideicomisos, proveer de los datos domiciliares a cualquier estructura jurídica que no sea de su propiedad. Esta normativa ha sido reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 587 de martes 4 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial N B, de martes 4 de agosto de 2015, que reglamenta el Congelamiento Preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan Medidas para Prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y dicta otras disposiciones. Se observa entonces que en nuestro país existe una gran cantidad de entidades que pueden ser vulneradas en el blanqueo de capitales que ya se mantienen reguladas por diferentes entidades supervisoras. SE GARANTICE QUE, COMO MINIMO, LOS BANCOS Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS VELEN POR IDENTIFICAR EFICAZMENTE AL CLIENTE Y BENEFICIARIO FINAL, VIGILEN LA EXACTITUD DE LOS REGISTROS DE TODA TRANSACCIÓN Y DISPONGA DE UN MECANISMO PARA DENUNCIAR LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS La ley 23 establece en su Título V los mecanismos de prevención y control del Riesgo del Blanqueo de Capitales entre otras conductas e incluso en su Capítulo I se dedica un capítulo entero para regular todo lo relativo a la Debida Diligencia y en sus artículos 27 y 28 se establece que los sujetos obligados financieros, no financieros y los que realizan actividades por parte de profesionales sujetos a supervisión tienen una serie de medidas básicas de debida diligencia del cliente cuando sea persona natural y cuando sea persona jurídica. En esa línea establece que se debe Identificar y verificar la identidad del cliente solicitando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, debidas referencias o recomendaciones así como información confiable del perfil financiero y transaccional del cliente. En cuanto al beneficiario final se verifica en ambas calidades de cliente (si es persona natural o jurídica) y en el caso que el beneficiario final sea una persona jurídica la debida
15 diligencia se extenderá hasta conocer a la persona natural que es el propietario o controlador. Todo el Título VII de la ley 23 responde a la forma como se harán los reportes al ente receptor de los mismos: la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, estableciendo la confidencialidad y la obligación de reportar una operación sospechosa. Estos requisitos son extendidos a los sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión tales como abogados, contadores y notarios cuando se actúe en nombre o por orden de un cliente. La Superintendencia de Bancos de Panamá, a través de su Junta Directiva, una Resolución General SBP GJD , del 2 de diciembre del 2014, se establecen medidas para la identificación del verdadero propietario o beneficiario final de las sociedades anónimas. La mencionada Resolución otorgó un plazo de un año para que los bancos que operan Panamá identifiquen a los beneficiarios finales en las sociedades anónimas que abran cuentas en sus instituciones De acuerdo con el texto de la norma aprobada, "el banco deberá asegurarse de identificar al último beneficiario o verdadero propietario de una persona jurídica. En el caso de sociedades anónimas, los bancos deberán solicitar los documentos que evidencien el nombre de la persona natural identificada como beneficiario final y titular de los certificados de acciones de la sociedad anónima". Para los casos de sociedades anónimas que tengan acciones al portador, los bancos requerirán la inmovilización de las acciones a través del propio banco o de un custodio aprobado por el banco o se le entregue al banco una declaración jurada con los datos de los beneficiarios finales. Para las cuentas abiertas antes de esta reforma, la Superintendencia de Bancos otorga un año a los bancos para que se adecuen a la norma. Para los nuevos clientes, la resolución es de obligatorio cumplimiento a partir su promulgación. DEBATE TEMÁTICO SOBRE EL ARTÍCULO 57 (RESTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS) Y OTROS ARTÍCULOS PERTINENTES DE LA CONVENCIÓN. PUNTO 5 DE LA AGENDA
16 (Hablaremos de acuerdos o arreglos relacionados a los bienes decomisados) Favor dar ejemplos de acuerdos o arreglos celebrados con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados. En proceso seguido al ex magistrado Moncada Luna por la Asamblea Nacional la subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional avaló el acuerdo extrajudicial en el que el magistrado separado Alejandro Moncada Luna se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos y se ordenó el decomiso de dos apartamentos en Coco del Mar. Buenas prácticas en la gestión de recuperación de activos y conservación de activos inmovilizados. El Departamento de Bienes aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como misión regular los procedimientos para la venta, custodia y administración provisional de instrumentos, bienes muebles o inmuebles, que han sido aprehendidos por el Ministerio Público, derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y de delitos conexos, con el propósito de optimizar la conservación y rendimiento de los mismos, de esta forma el Ministerio Público no tiene que enfocar sus esfuerzos en la custodia y conservación de estos activos. Desarrolle qué medidas tiene el país en el decomiso sin que mediara una condena. La Ley 34 de 27 de julio de 2010 que modifica La ley 23 de 1986, sobre delitos relacionados con drogas, e instituye un proceso para la decisión anticipada de la situación jurídica de bienes aprehendidos, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.64 del 24 de mayo de Aunado a ello, la República de Panamá trabaja en proyecto para establecer un proceso de extinción de dominio, toda vez que para el combate contra la delincuencia organizada se hace necesario lograr desarticular económicamente estas organizaciones por medio del decomiso de sus bienes. FORO PARA DEBATIR LA CREACIÓN DE CAPACIDAD Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PUNTO 6 DE LA AGENDA SE GARANTICE QUE LOS ORGANISMOS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PUEDAN COOPERAR E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN LOS AMBITOS NACIONALES E INTERNACIONALES
17 En Panamá se han desarrollado engranajes de actuación conjunta que permiten el funcionamiento de todo el sistema en forma armónica ya que todas las entidades que estamos relacionadas con la lucha anticorrupción requerimos interactuar para que, de ese intercambio se puedan determinar los elementos de convicción que puedan completar los elementos fácticos y jurídicos que culminen en sanciones por delito de blanqueo de capitales. Evidentemente las entidades involucradas en dicha lucha son de distinta naturaleza ya que hay entidades administrativas, ministeriales, de investigación y judiciales. Por ejemplo en el caso del Ministerio Público de Panamá por el carácter reservado, es el Órgano Judicial el encargado de verificar los documentos y actividad investigativa desplazada por dicha entidad investigativa. Sin embargo el artículo 6 de la Ley 23 de 2015 establece una Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva la cual estará conformada por las autoridades ministeriales, entidades supervisoras como la Superintendencia de Bancos de Panama, quien presidirá el Consejo de Coordinación Financiera o a quien designe pero igualmente incluye al Procurador General de la Nación, al director de la Unidad de Análisis Financiero, al Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, entre otros. De igual forma permite a dicha comisión poder invitar a los gremios representantes de los sujetos obligados financieros, no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión. El artículo 12 de la Ley 23 establece la obligación de los sujetos obligados financieros designar una unidad responsable ante la Unidad de Análisis Financiero y/o un representante legal o personal natural, lo que permite un intercambio fluido en información. El artículo 43 establece las posibilidades de intercambiar información a nivel nacional, designando una persona en cada institución que conforma el grupo financiero a supervisar para que puedan intercambiar información entre ellos. En la Ley de la Superintendencia el artículo 30 establece la posibilidad de celebrar acuerdos en forma bilateral o multilateral para, entre otros aspectos intercambiar o suministrar la información necesaria para el mejor desarrollo de las funciones supervisoras e investigativas sobre agentes del mercado de valores. Se establezcan dependencias de inteligencia financiera o se considere la posibilidad de hacerlo, en ese orden de ideas se mantiene y amplía la labor de la Unidad de Análisis Financiera para la Prevención del delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
18 INCORPORACIÓN A REDES DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO (GAFI; EGMONT ETC) O SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE HACERLO El artículo 67 del Título X de la Ley 23 de 2015 establece que la República de Panamá como sujeto de Derecho Internacional participará activamente en los organismos regionales e internacionales especializados en el combate contra el Blanqueo de Capitales, estableciendo en primera instancia a la Unidad de Análisis Financiero como representante de Panamá en el Grupo EGMONT y dicha Unidad incluso será quien haga el pago de la contribución anual por la participación de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Se garantice que los organismos de lucha contra el blanqueo de dinero puedan cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacionales e internacionales; Panamá, como país miembro del Grupo Egmont a través de la Unidad de Análisis Financiera, como centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ha firmado 74 Memorando de Entendimiento y se encuentra en espera de fecha para firma de otros. De igual manera, se mantiene activamente promoviendo la firma de dichos memorandos con el fin de fortalecer su cooperación. Debemos resaltar, que la Ley 23 del 27 de abril del 2015 en su artículo 11, numerales 8, 9 y 10 le dan facultad a la Unidad de Análisis Financiero, a intercambiar con entidades homologas de otros países información de inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, previa la firma con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación, con jurisdicciones con las que no se haya suscrito acuerdo alguno, siempre que sean del Grupo Egmont y por reciprocidad, y para facilitar la cooperación cuando la información sea relevante al cumplimiento del a Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, los organismos de investigación pueden solicitar asistencias internaciones mutuas, a través de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería de Panamá, con las convenciones firmadas por Panamá, o por el principio de reciprocidad. Se utilicen como referencia o como guía las iniciativas regionales o multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero
19 Panamá ha firmado 74 Memorando de Entendimiento en tema de Cooperación e intercambio de información Internacional con países perteneciente al Grupo Egmont y se encuentra activo negociando con otros países. Con EEUU y Nicaragua ha firmado Acuerdos de Cooperación en materia de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Intercambiamos información a nivel regional a través de una red segura, la cual cuenta con todos los sistemas tecnológicos necesarios para que la documentación que se comparta llegue de manera segura, confidencial y rápida a su destinatario. Ofrecemos cooperación y asistencia internacional a países basados en el principio de reciprocidad o convenciones internacionales ratificadas por Panamá, como la Convención de Viena y la Convención de Palermo, la Convención Contra el Crimen Organizado, la Convención Contra la Corrupción, la Convención Contra el Tráfico Ilícito de narcóticos y sustancias Psicotrópicas, la Convención Interamericana de Asistencia Legal en Asuntos Penales. Utilizamos como referencia las mejores prácticas e iniciativas tanto regionales como multilaterales a fin de fortalecernos como país en materia de LA/FT. Panamá, ha apoyado en distintas ocasiones los principios básicos que han demostrado la cooperación en temas relacionados a Asistencias Judiciales Internacionales en investigaciones y procedimientos penales, en virtud de las convenciones, tratados, acuerdos multilaterales y bilaterales que sirven de base para esta cooperación, así como el principio de reciprocidad. Además, contamos con la Ley 11 de 31 de marzo de 2015, que dicta disposiciones sobre la Asistencia Legal Internacional.