Source: http://www.gestoresderiesgo.com/tag/proceso-monitorio
Timestamp: 2020-03-30 03:57:33
Document Index: 181072827

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 23', 'Artículo 22', 'artículo 5']

proceso monitorio | Gestores de Riesgo y Morosidad
Archivo de la etiqueta: proceso monitorio
22 mayo, 2012 gestoresderiesgo	7 comentarios
Ignacio Frigola-Abogado
El proceso Monitorio Europeo desde el punto de vista del empresario vendedor español.
Se trata de un procedimiento simplificado establecido para hacer realidad la libre circulación de personas y mercancías en el seno de la Unión Europea.
A través del proceso monitorio europeo se obtiene un título ejecutivo que es directamente ejecutable tanto en el estado origen de la resolución como en cualquier otro estado miembro – excepto Dinamarca. Y ello sin necesidad de solicitar el procedimiento de exequátur ni certificación alguna.
Es un procedimiento concurrente con los existentes en el derecho procesal interno de cada estado, sin que exista límite en cuanto a importe a reclamar, y procede en presencia de un elemento transfronterizo.
Elemento transfronterizo.
El carácter internacional se dará siempre que al menos una de las partes tenga su domicilio en un estado distinto a aquel en que se encuentra el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
El monitorio europeo y la empresa española.
Concretamente, este trabajo se hace en base al supuesto de que una empresa española, individual o persona jurídica, venda mercancías a un cliente domiciliado en otro estado de la Unión y se interponga la reclamación en base al monitorio europeo ante los tribunales españoles.
El primer problema que nos encontramos es el relativo a la competencia de los tribunales españoles para conocer asuntos en los que intervenga un elemento transfronterizo, esto es, en nuestro caso que el comprador está domiciliado en un país europeo distinto de España y Dinamarca puesto que hemos partido de la hipótesis del empresario demandante con domicilio en España.
El Artículo 6 del Reglamento establece que será competente, con carácter general para entender de un proceso monitorio europeo el Estado miembro que lo sea de acuerdo con las normas del Derecho Comunitario aplicables en la materia (Capítulo II del Reglamento 44/2001), esto es, con carácter general es aplicable el fuero general del domicilio del demandado.
Pero se regulan además algunos fueros especiales, entre los cuales, tenemos el relativo a las obligaciones contractuales según el cual es competente el Tribunal del lugar de cumplimiento del contrato.
El artículo 5 del Reglamento, que forma parte de la sección 2 del capítulo II, titulada «Competencias especiales», establece:
b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
– cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías“
Lo primero es saber la comprensión que hacen de esta norma los tribunales españoles, quienes definirán que ha de entenderse por “lugar de cumplimiento de la obligación”; ciertamente es el lugar en el que las mercancías vendidas hubieren sido o debieren ser entregadas según los contratos suscritos. Se considera que, incluso en lo que atañe a las ventas por correspondencia, tal lugar de cumplimiento se refiere al lugar en el que el comprador adquiere o hubiera debido adquirir el poder de disposición efectivo sobre la cosa entregada según los contratos.
Si se trata de una compraventa de mercaderías, la pregunta que nos hacemos es cuál es el lugar en el que, según el contrato, se han entregado o deberían haberse entregado las mercancías.
Nos inclinamos por el lugar de la entrega material al comprador en el caso de que no conste en el contrato expresamente.
De entrada, procede subrayar que, en virtud del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, las partes en un contrato disponen de autonomía de voluntad para determinar el lugar de entrega de las mercancías: la expresión «salvo pacto en contrario», que figura en dicho artículo del Reglamento, indica que las partes podrán pactarlo.
Se permite que las partes pacten una prórroga de jurisdicción, Artículo 6,1. Este pacto se ha de referir a los posibles monitorios que en el futuro se planteen estableciéndose en sus cláusulas contractuales. En este mismo sentido el artículo 23 que llama a la cláusula de sumisión expresa “acuerdo atributivo” de competencia, no obstante, advierte que no podrá afectar a las siguientes materias: seguros, consumidores, contratos de trabajo ni tampoco a las competencias exclusivas del Artículo 22.
La ley obliga a los tribunales que conozcan a declararse incompetentes cuando el fundamento de la competencia del citado órgano se funde en la sumisión tácita.
Procede declarar, de entrada, que la autonomía de los criterios de conexión previstos en el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento que ahora analizamos, excluye que se recurra a las normas de Derecho internacional privado del Estado del foro, así como al Derecho material que resultaría aplicable en virtud de aquel Derecho.
Son cláusulas definidas para el comercio internacional por la Cámara Internacional de Comercio con el objeto de establecer un marco jurídico establece y conocido por todos: comprador, vendedor y transportista.
Las INCOTERMS desde el momento en que definen hasta donde llegan las obligaciones del vendedor en una transacción internacional, están definiendo el lugar del cumplimiento de la prestación principal del contrato, estableciendo directamente el lugar de cumplimiento de la obligación: es decir, la competencia del juzgado correspondiendo al órgano en cuya jurisdicción se ha puesto a disposición del comprador la cosa comprada.
Por ende, será el letrado de la empresa, el que vigile por la correcta inclusión en el contrato internacional de venta la inclusión de las cláusulas que sean convenientes según lo expuesto.
EXPEDICION DEL REQUERIMIENTO DE PAGO.
Una vez expedido por el tribunal el requerimiento de pago europeo, éste deberá de comunicarse al deudor para que pague en el plazo de 30 días: la forma de este requerimiento será la que establezca el derecho interno del estado en el que se materializa la notificación.
La propia norma comunitaria establece una casuística en cuanto a las posibles comunicaciones: sus medios y efectos.
deudores europaproceso monitorioProceso Monitorio Europeo
3 noviembre, 2010 gestoresderiesgo	9 comentarios
Por Pere J. Brachfield, Socio Director de www.morosologia.com
El procedimiento monitorio fue sin duda la estrella de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y pretendía convertirse en el “Terminator” de los morosos y pícaros que medran en España. Se intentó, según la propia Exposición de Motivos de la LEC, otorgar una protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido principalmente de profesionales y pequeños y medianos empresarios.
Sin embargo, los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el primer trimestre 2010, señalan que a pesar de que los procesos monitorios en de los juzgados de primera instancia alcanzaron los 255.000 casos, con un crecimiento del 23%, sobre el mismo periodo de año 2009 las estadísticas revelan que sólo el 8,7% de los procesos monitorios concluyeron con un pago. Por ello, las ejecuciones derivadas de procesos monitorios han aumentado un 23,5% en el primer trimestre de 2010. Este incremento implica una importante carga de trabajo en los juzgados, pues representan ya el 42,4% del total de ejecuciones civiles, y acumulan cientos de casos sin resolución.
El Proceso Monitorio es una fórmula procesal abreviada que se puede utilizar para los procesos civiles de menos de 250.000 euros que tiene como objetivo ofrecer al acreedor un instrumento de protección eficaz del derecho de crédito. Cuando se promulgó la LEC en el año 2000, el Monitorio fue un procedimiento nuevo en los tribunales españoles, aunque procesos similares ya existían hace décadas en otros países europeos. Respecto a su ámbito de aplicación, el procedimiento monitorio se puede utilizar para la reclamación de deudas dinerarias (crédito que se expresa en moneda de curso legal tanto nacional como extranjera), determinadas (líquida, basta con una mera operación aritmética) vencidas (cuyo plazo de abono ya ha transcurrido) y exigibles (no se encuentra sometida a condición) siempre que la cuantía no supere los 250.000 euros.
Las características más importantes del proceso Monitorio que vale la pena destacar son:
El proceso Monitorio es potestativo, es decir que el acreedor podrá optar por utilizar o no este procedimiento según las características del crédito y del deudor.
El proceso Monitorio es más económico que los procedimientos ordinarios y tiene la gran ventaja de que se puede iniciar directamente sin necesidad de abogado ni procurador.
El acreedor de una deuda dineraria, líquida, vencida y exigible de cantidad determinada no superior a los 250.000 euros puede dirigirse directamente al juez en defensa de sus derechos de cobro.
La acreditación de la existencia de la deuda puede hacerse mediante documentos firmados por el deudor o por cualquier otro documento, aunque sea unilateralmente creado por el acreedor. (una simple factura en teoría basta)
Un punto importante a tener en cuenta dadas las características de este proceso es que el juzgado competente siempre el de residencia del deudor.
La petición de inicio del procedimiento Monitorio la puede hacer personalmente el justiciable (o sea el acreedor), por lo que puede acudir directamente al juez sin necesidad de la intervención de abogado ni procurador (aunque el demandante también puede acudir al juzgado asesorado por un letrado como yo recomiendo a mis amigos y clientes). La solicitud de la intervención judicial se hace mediante un formulario especial que facilitan los propios juzgados.
El acreedor podrá aportar como prueba cualquier documento que acredite la existencia de la deuda, como puede ser mediante documentos cualesquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello o marca o con cualquier otra señal física o electrónica proveniente del deudor.
También podrá acreditarse la deuda mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefaxes o mediante cualquier otro documento que, aún unilateralmente creado por el acreedor (es decir una simple factura emitida por el proveedor basta), sea de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones mercantiles entre proveedor y cliente, pero sin que sea obligatorio que el documento se encuentre firmado por el deudor (por tanto ofrecer más opciones para documentar la deuda es imposible).
El procedimiento se inicia con la presentación de un escrito denominado, legalmente, “petición inicial de procedimiento monitorio”, que se puede recoger en el propio Juzgado con forma de formulario, siendo suficiente que sea firmado por el acreedor y que se presenten, junto con éste, los documentos que en el tráfico mercantil de que se trate sirvan para documentar la existencia del crédito. La petición se debe presentar ante el Juzgado de primera instancia del domicilio del deudor.
Una vez recibido el formulario y el documento que acredita la deuda, y admitida la solicitud del acreedor, el Juez iniciará los trámites de citación del deudor y mediante una providencia se le requerirá para que en el plazo de veinte días pague al peticionario acreditándolo ante el tribunal o comparezca ante éste y alegue sucintamente en escrito de oposición las razones por las que a su entender no debe en todo o en parte la cantidad reclamada.
El requerimiento se notificará por medio de la oportuna diligencia de comunicación judicial con apercibimiento de que de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución.
Una vez dictada la providencia pueden existir tres grandes posibilidades, aunque en la segunda de ellas pueden surgir a su vez 3 variantes:
Proceder al pago de la deuda y finalizar el procedimiento acreditando el pago ante el Juzgado. El único inconveniente es que la conclusión del proceso por el pago de la deuda no lleva aparejada la imposición de costas al demandado.
Guardar silencio ante la reclamación, o sea no comparece ante el juzgado en el plazo de 20 días o comparece y no se opone o comparece pero no acredita el pago. En cualquiera de estos casos se puede solicitar al Juez que dicte Auto despachando ejecución por la cantidad adeudada. Se debe proceder entonces al embargo de sus bienes en cantidad suficiente y a su ejecución forzosa. Por tanto, cuando no existe oposición se produce una decisión jurisdiccional definitiva sobre el objeto del proceso, iniciándose la actividad ejecutiva. Aquí es donde se torna importante la investigación de bienes que se ha llevado a cabo en un principio. El crédito reclamado pasa a tener la consideración de cosa juzgada.
Oponerse al pago mediante la presentación de un escrito ante el Juzgado. En este caso la LEC no ha establecido una relación de causas de oposición que pueden ser presentadas por los demandados.
Seguidamente vamos a ver las circunstancias que atañen a cada una de las posibilidades anteriores.
Si el deudor atiende el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite se le hará entrega del documento en que conste la deuda y se archivarán las actuaciones
En caso de que el moroso guarde silencio y no comparezca (o comparece pero no paga ni se opone) el Juzgado despacha auto de ejecución; es decir con esta resolución judicial en la mano, ya se pueden embargar y ejecutar los bienes del deudor. Ahora bien hay que hacer notar que para la ejecución del auto despachando ejecución se requiere abogado y procurador cuando la cantidad es superior a 900 euros (en un futuro 2.000 euros)
En caso de que el deudor comparezca y se oponga (atención para importes inferiores a los 900 euros (en un futuro 2.000 euros) el demandado no necesita que el escrito de oposición esté firmado por abogado y procurador ya que puede representarse a si mismo), el pleito se solventará de forma ágil según el juicio que corresponda en función al importe reclamado y la sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada. Hay que señalar que el procedimiento se transforma en un juicio verbal si la cuantía reclamada es inferior a los 6.000 euros o en un juicio declarativo ordinario si la cuantía es superior a 6.000 euros.
Por consiguiente el importe demandado no excede los 6.000 euros, el Juzgado convocará la vista de inmediato y el proceso seguirá los trámites del juicio verbal; las partes exponen sus alegatos, practican sus pruebas, para finalizar con la sentencia.
La idea central es que si el importe reclamado no excede los 900 euros (en un futuro 2.000 euros), las partes no necesitarán abogado ni procurador durante el procedimiento; ahora bien hay que tener en cuenta que tanto el acreedor como el deudor deberán contar con abogado y procurador si la cuantía reclamada es superior a los 900 euros (en un futuro 2.000 euros). Un punto a destacar es que para la presentación del escrito de oposición por el deudor, si la cuantía es superior a 900 euros (en un futuro 2.000 euros) éste deberá estar firmado por abogado y procurador.
Vale la pena señalar que si el importe reclamado es superior a los 6.000 euros el actor deberá presentar en el término de un mes la demanda de juicio declarativo ordinario, ya que si no lo hace se archivan las actuaciones y se le condena en costas
Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”, “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com o la web www.perebrachfield.com.
Ley de Enjuiciamiento Civilmonitoriomorosos y pícaros españaprocedimiento monitorioproceso monitorio
Daniel Ncogo Ncogo Mibuy en Eficiencia económica frente a eficiencia técnica