Source: https://www.scribd.com/document/155167628/Interpretacion-Constitucional-Prieto-Sanchis
Timestamp: 2018-11-20 18:07:41
Document Index: 108674028

Matched Legal Cases: ['artículo 161', 'artículo 40', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 30']

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NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
I. ALGUNAS PECULIARIDADES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Hace algo más de quince años M. Troper se lamentaba de la escasísima atención que merecían los problemas relativos a la interpretación constitucional y de la indiferencia que los constitucionalistas mostraban ante esta cuestión'. No sé si la observación era muy acertada entonces, pero, desde luego, no parece serlo hoy en día, cuando no sólo se han multiplicado los análisis y reflexiones teóricas sobre las peculiaridades del razonamiento jurídico en el ámbito constitucional, sino cuando incluso la actividad de los órganos jurisdiccionales competentes se convierte con cierta frecuencia en el centro del debate político y del interés periodístico. Tal vez aún no se ha mantenido seriamente que la Constitución no es más que aquello que el Tribunal Constitucional dice que es, o al menos no se ha mantenido en los últimos años, pero nos acercamos bastante a un realismo moderado o metodológico que quiere hacer de la doctrina constitucional el centro del Derecho constitucional2. Ciertamente, esta relevancia del capítulo hermeneútico descansa en una concepción constitucional implícita o que no siempre se subraya con suficiente énfasis, pero que resulta indispensable para que pueda desarrollarse una auténtica labor interpretativa. Me refiero a la idea de la Constitución como verdadera norma jurídica, como fuente de derechos y obligaciones susceptibles de generar controversias que han de ser dirimidas por un órgano
1 M. TROPER, «Le probleme de l'interpretation et la theorie de la supralégalité constituionnelle», en Recueil d'etudes en hommage a Charles Eisenmann. Cujas, París, 1975, p. 133 y s. La misma opinión expresaba A. E. PÉREZ LUSO en su más reciente trabajo sobre «La interpretación constitucional», en el volumen de obligada consulta Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos, Madrid, 1984, p. 250. 2 Entre nosotros se hace eco de esta idea F. RUBIO LLÓRENTE, «Problemas de la interpretación constitucional», en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, n.° 3-4, 1988, p. 40.
Revista del Centro de Estudios Constitucionales Núm. 9. Mayo-agosto 1991
jurisdiccional. Como es obvio, si la Constitución siguiera siendo un documento político en manos del legislador y carente de garantía jurisdiccional difícilmente podría hablarse de problemas hermenúticos, pues sólo en un sentido muy lato cabe decir que el desarrollo legislativo constituya un acto de interpretación constitucional3. La interpretación constitucional constituye una modalidad de la interpretación jurídica y, por tanto, comparte muchas de las dificultades y técnicas que caracterizan a una doctrina general de la interpretación. Sin embargo, presenta algunas dificultades particulares, unas derivadas de la propia naturalezade su objeto normativo, y otras que responden a la peculiar función de los órganos jurisdiccionales competentes o a las también especiales consecuencias que se atribuyen a sus decisiones. Así, en primer término, es bien sabido que las normas constitucionales resultan «en general esquemáticas, abstractas, indeterminadas y elásticas»4 o, lo que es lo mismo, sin discutir en ningún caso el valor normativo, sus perfiles se adecúan más a la idea de principios que a la de reglas*. Aun cuando estos últimos tampoco se hallan ausentes de los documentos constitucionales, sí parece evidente que en muchos casos sus prescripciones aparecen como estándares débiles o simples razones para decidir cuyo peso es diferente en cada caso*; y no sólo esto, sino que, como escribe M. Taruffo, con frecuencia la aplicación de esos estándares no es posible con los criterios que suministra el propio ordenamiento, sino que exige acudir a valores extrajurídicos que, según opinión común, existirían en la sociedad \ Por ello, quizá sea el Derecho Constitucional el que presenta una mayor necesidad de interpretación, pues, si hemos de atender la sugerencia de Hesse, «precisamente lo que no aparece de forma clara como contenido de la Constitución es lo que debe ser» interpretado8. En suma, si toda norma ofrece un núcleo de certeza y una zona de penumbra, las de naturaleza constitucional parecen ampliar esta última en detrimento de aquel. Ahora bien, la diferencia entre la interpretación legal y la constitucional no reside sólo en las peculiaridades del objeto9, sino también en la función que generalmente se atribuye a los órganos encargados de realizarla. En este aspecto, una de las características del juez ordinario es lo que pudiera
3 Un acertado análisis de las dificultades que para una teoría de la interpretación derivan de la consideración meramente política del texto constitucional puede verse en A. E. PÉREZ LUNO, «La interpretación constitucional», citado, p. 2SI. * F. RUBIO LLÓRENTE, «La Constitución como fuente del Derecho», en La Constitución española y las fuentes del Derecho. I, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, p. 63. 5 Vid. L. GIANFORMAÜGIO, «Llnterpretazione della Costituzione tra applicazione di rególe ed argomentazione básala su principi», en Studi sulla giustificazione giuridica, Giappichelli, Torino, 1986, p. 97 y s. 6 Vid. la caracterización que hace R. DWORKIN de los principios en Los derechos en serio (1977), trad. de M. Gustavino, Ariel, Barcelona, 1984, p. 72 y s. 7 M. TARUFFO, «La giustificazione delle decisioni fondate su standar», en L'analisi del ragionamento giuridico. a cura di P. Comanducci y R. Guaslini, Giappichelli, Torino, 1989, p. 313. 8 K. HESSE, Escritos de Derecho Constitucional, trad. de P. Cruz Villalón, C.E.C , Madrid, 1983, p. 43. Coincido, no obstante, con la observación critica de Pérez Luño en el sentido de que la interpretación entendida como atribución de significado siempre es necesaria, pues en otro caso «habría que admitir que existe un único y autentico significado de las normas constitucionales», «La interpretación constitucional», citado, p. 257. 9 En todo caso, ésta seria una diferencia cuantitativa, pues ni el Derecho ordinario desconoce las cláusulas elásticas, ni el constitucional carece de mandatos precisos y concluyentes.
sólo cabe una interpretación correcta. «Problemas de la interpretación constitucional». el tipo de razonamiento de un juez ordinario supone concebir la decisión «como si» derivase del legislador. reclama del intérprete la asunción de una mayor responsabilidad en la decisión. pues generalmente ni aquello que ha de ser enjuiciado se asemeja a un supuesto de hecho. y aunque se trate sin duda de una ficción. y por la misma naturaleza de su actuación. la exigencia institucional de que. Dicho de otro modo. Como ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Vid. de 8 de abril. mi trabajo ideología e interpretación juridicam Tccnos. sino más bien la de indicar qué interpretaciones resultan intolerables. p. mientras que el modelo de razonamiento del juez constitucional. En cambio. A mi juicio. su modo de argumentar no puede ajustarse a los cánones de la subsunción13. 37. el Tribunal Constitucional no está en condiciones de verificar una mera labor de subsunción. En otras palabras. en presencia de un caso concreto. 1984. p. citado. al tener que definir el ámbito más o menos extenso de la licitud. sino la delimitación de un campo de licitud dentro del cual otros operadores jurídicos adoptarán la solución con arreglo a criterios políticos (legislador) o jurídicos (juez). 1987. dichos cánones tampoco resultan eficaces en la interpretación legal. en cambio. A. el juez ordinario puede «endosar» el sentido del fallo al propio legislador: ante un cierto caso. sino a los de la razonabilidad. A. CARRASCO PERERA. 10 177 . de un lado. sólo cabe una solución justa o adecuada. unida al hecho de que en la hermenútica constitucional se carece a veces de un supuesto de hecho o se rehusa el análisis y ponderación de todos sus aspectos. En este sentido. y. F. «la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo». por eso. p. el intérprete constitucional no busca en realidad una solución al caso. que implican necesariamente un juicio valorativo y prudencial del que sólo puede ser responsable el propio intérprete. " Vid. ni los parámetros Vid. imponiendo arbitrariamente una de ellas»12. 114 y s. 82 y s. Española de Derecho Constitucional. de manera que «la labor de integración de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes. mi Ideología e interpretación judicial. la misión de la justicia constitucional no es tanto la de precisar la «mejor» o la «única» respuesta posible. p. «El juicio de razonabilidad en la Justicia constitucional».Notas sobre la interpretación Constitucional llamarse «unidad de solución justa»10. contribuye también a entender de modo diferente la responsabilidad de la decisión. el intérprete constitucional ha de asumir que se halla en presencia de un sujeto «libre». " Vid. Así. 46 y s.-Madrid. en Revista . mientras que. 11. Carrasco cuando escribe que el método característico de la interpretación constitucional se sitúa a medio camino entre lo que él llama la deducción estricta propia de la justicia ordinaria y el juicio de optimización política14. que desempeña el papel de premisa mayor. 13 Ni que decir tiene que. creo que tiene razón. RUBIO LLÓRENTE. el legislador". citado. que su tarea ha de ser más bien delimitar el camino dentro del cual la «interpretación política» resulta admisible o no arbitraria. 12 STC 11/1981. aun cuando algunos juristas y operadores jurídicos sigan confiando en ello. y esa es precisamente la prevista por el autor de la norma. por tanto. esto es. esta distinta función. en la práctica.
el margen de licitud. al impacto que sobre el ordenamiento jurídico ejerce la interpretación constitucional. no libre. a cura di C. sino para expulsar del ordenamiento aquellas normas que resulten incompatibles con los preceptos constitucionales16. de otra parte. Milano.Luis Prieto Sanchís para el enjuiciamiento pueden dejar de ponderar conjuntamente principios y reglas. Pero hay un último rasgo que. consiguientemente. Lagiusiizia costituzionale. las dos circunstancias que acabamos de enunciar contribuyen a forjar una imagen de la justicia constitucional muy cercana a lo que comúnmente se denomina interpretación creativa. 1981. finalistas y prudenciales que alejan este género de interpretación de aquel ingenuo ideal positivista según el cual la decisión jurídica equivaldría a una conclusión lógica independiente por completo de la voluntad. Según creo. a mi modo de ver. 178 . en ocasiones de enorme trascendencia económica —recuéroese la expropiación de Rumasa— o que afecta a la propia legitimidad del-sistema. que obedece no sólo a la naturaleza política de los sujetos que participan en los procedimientos que se siguen ante el Tribunal. en el sentido de interpretación. cabría añadir algunas otras. si bien limitando sus parámetros de enjuiciamiento a las normas 15 En realidad. pero sí poco condicionada por los elementos normativos. esto es. etc. ha de «autocontenerse» también a fin de no realizar un juicio de optimización que implicaría decidir cual es la «mejor» interpretación del texto constitucional y. me parece que no son éstas las únicas peculiaridades de la interpretación constitucional. a mi juicio. pero parece que su observancia es cuanto cabe esperar del máximo intérprete de la Constitución15. es menor 16 Este es el clásico diseño del tribunal Constitucional concebido por Kelsen. merece ser especialmente subrayado y que se refiere a lo que pudiéramos llamar la fuerza jurídica de las decisiones. Geraci. mientras que la segunda tarea hace del Tribunal algo muy parecido a un juez ordinario. la presión de la opinión pública. Es bien sabido que un Tribunal Constitucional como el español desempeña dos tareas principales: un control abstracto de normas a través de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad y un control concreto en defensa de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. pero la Constitución recoge también reglas donde. no para desarrollar la Constitución o para legislar. la primera tarea erige al Tribunal en legislador negativo. Dicho de forma resumida. Vid. Tal vez el Tribunal no siempre se ajuste a este punto medio y sin duda difícil del juicio de razonabilidad. sino también a las consecuencias que se deriban de sus decisiones. esto es. le dota de competencia. La abundancia de principios entre los criterios de enjuiciamiento y el modelo de razonabilidad que viene exigido por la posición institucional del intérprete de la Constitución alientan un género de argumentación abierto a las consideraciones valorativas. KELSEN. el cálculo sobre las consecuencias sociales y económicas de la decisión. asfixiar el margen de apreciación del Parlamento. una recopilación de sus trabajos sobre la materia en H. y por tanto de discrecionalidad en favor de otros operadores jurídicos. como su acusado carácter político. y. Giuffré. donde no tendrían cabida elementos tales como las concepciones morales y políticas del intérprete. estamos pensando en la interpretación de principios y cláusulas elásticas. el contexto cultural. Con todo.
1988. asi como en algún sector doctrinal. 18 Vid. pues consiste en el enjuiciamiento de una conducta del poder público a la luz de una norma relativa a derechos fundamentales. resultaría que la fuerza o virtualidad de las decisiones del Tribunal sería en uno y otro caso de muy distinta naturaleza: allí donde el tribunal no puede orientar la actuación de otros operadores jurídicos. en Constitución española. por ejemplo. Vid. pero de aquel intento se mantuvo un residuo no tan vacío como pudiera parece a primera vista20: el artículo 161. así como la fundamentación que sirve de soporte a las sentencias de amparo. la intervención del senador Gutiérrez Rubio. el fallo de inconstitucionalidad no contiene propiamente un acto de interpretación operativa: es una ley. La Constitución española de 1978. en efecto. o el Tribunal interpreta y entonces no legisla. ARAGÓN REVÉS. p. " Un propósito que dio lugar a cierto escándalo en algunos parlamentarios de las Cortes Constituyentes. IV.E. y entonces no interpreta. de modo que los operadores jurídicos sólo están vinculados en virtud de la doctrina del precedente ". un punto de vista bastante distinto y. C. en R.Notas sobre la interpretación Constitucional que reconocen derechos fundamentales. Mientras que el fallo de amparo si puede calificarse de un acto de interpretación. interpretada por la jurisprudencia. 179 . «Enunciados aparentemente vacíos en la regulación constitucional del control de conslitucionalidad». Una opinión favorable en G. RUBIO LLÓRENTE Y M. su interpretación no tendría más fuerza que la de un precedente judicial autorizado. sino también en lo que tienen —y tienen mucho— de interpretación de normas. en cambio.. las interpretaciones del Tribunal Constitucional no se presentan como argumentaciones externas sobre un objeto cierto. Madrid. sino también la fundamentación —o sea. p. p. Un estudio de Derecho y Política. en Revista de Estudios Políticos. Me parece que nuestro sistema constitucional confirma con alguna claridad esta conclusión'8.123 y s. sino mas bien como lo hacen las normas del legislador. p. F Torres. Trabajos parlamentarios. todo parece indicar que por distintos motivos. esa doble naturaleza se ha mezclado de manera que las sentencias del Tribunal ostentan fuerza legisladora y operan directamente sobre el ordenamiento jurídico. que «la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley. Sin embargo. y como sería una perogrullada 11 Quiero decir que. 4. pero no sólo en lo que tienen de declaración abstracta de inconstitucionalidad. Madrid. sus decisiones serían en todo equiparables a las del legislador.E. como tampoco determina el Parlamento la interpretación de sus propias leyes. y los vincula. en colaboración con L PRIETO. políticos unos y jurídicos otros. Es verdad que el propósito de diseñar un control de constitucionalidad de la jurisprudencia quedó frustrado ". En estas condiciones. más ortodoxo. vol.. declarando si cierta actuación pública es compatible con el sentido de los derechos fundamentales.° 7. Interpretación constitucional y fórmula política. afectará a ésta». si se quiere. allí donde resuelve un recurso de amparo. M Así fue calificado por F. 1980. Cortes Generales. al margen de su motivación. sino como argumentaciones que desde dentro conforman ese objeto. pues ha de limitarse a responder con un «sí» o con un «no» a la pregunta sobre la inconstitucionalidad de una ley. la interpretación— que conduce a dicho resultado. 1979. CANOSA USERA. Valencia. y. n. 221 y s. PECES-BARBAS. 163 y s. no como la jurisprudencia de un Tribunal Supremo vincula a los jueces inferiores. Trivializando la cuestión: o el Tribunal legisla. lo que vincula a los operadores jurídicos no es sólo el fallo que declara la nulidad o la legitimidad de una ley.1° a) establece. 43 y s. En otras palabras. Si puede decirse así.
n primer lugar. sino de «doctrina derivada». pero ante un intérprete peculiar. es decir. ausentes por lo demás en numerosas leyes. 1988. y que sigo en lo fundamental. a diferencia del legislador cuyo poder es indiscutible para dictar normas. en Revista Española de Derecho Constitucional. en segundo lugar. conecta su actividad a casos y controversias y. el Tribunal actúa como un auténtico órgano jurisdiccional. parece evidente. sino también en los de amparo. que no habla de «fallos que declaren la inconstitucionalidad de una ley». 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se muestra aún más categórico al establecer que los Jueces y tribunales «interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos». «La jurisdicciión constitucional como forma de creación del Derecho». creo que el art. p i¡ y s. lo que exige incluir tanto el decisum como la ratio decidendi. El artículo 40.2° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional refuerza esta conclusión: la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia «habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan recursos y cuestiones de inconstitucionalidad». Y. pero no para razonar sobre ellas". porque. de su argumentación!l. 22 Piénsese en la escasa importancia de las Exposiciones de Motivos. 180 . y nótese la amplitud de la fórmula. ha de fundar su decisión en una motivación que se extiende no sólo al estricto enunciado normativo sino también a los preceptos que derivan de la interpretación de ese enunciado. por lo demás. RUBIO LLÓRENTE.Luis Prieto Sanchís suponer que aquello que afectará a la jurisprudencia existente sobre una ley es tan sólo el fallo que establece su inconstitucionalidad —pues ello es obvio—. no ya en el sentido de que proyecte su subjetividad o sus concepciones morales sobre la concreta decisión que adopta. Así pues. actúa a instancia de parte. normas que en 21 Esta es la explicación que hoy ofrece F. el Tribunal Constitucional se muestra como un intérprete creador del Derecho. ello sería bastante para interrogarnos sobre su ideología—. las del Tribunal tienen la fuerza propia de las normas del legislador. a diferencia del juez ordinario cuyas decisiones sólo se despliegan hacia el futuro en cuanto que precedentes. En suma. Finalmente. es decir. sobre todo. o sea. parece más razonable suponer que la fuerza vinculante nace justamente de la motivación del fallo. sino en el sentido más fuerte de que hace de su razonamiento un elemento más del orden jurídico en su conjunto. que la interpretación «que resulte» es algo más que el fallo. Esta particular fuerza conformadora de la jurisprudencia constitucional hace de su responsable —el Tribunal— un sujeto especialmente cualificado desde el punto de vista de la interpretación o de la argumentación jurídica. F. nos hallamos ante un intérprete del Derecho —y. operando directamente sobre el ordenamiento que habrá de proporcionar la premisa mayor de los futuros actos de interpretación. ya no sólo en los procesos de inconstitucionalidad. pues de éste puede no resultar ninguna interpretación si no se incluyen sus fundamentos. Peculiar por el objeto que tiene ante sí. n" 22. sin duda.
en fin. sino que su ponderación habrá de hacerse conjuntamente con otros principios o reglas. a diferencia de las normas. II. p. Barcelona. un paradigma de interpretación. aun cuando de hecho pueden ser usados como parámetros exclusivos de un enjuiciamiento concreto". Por ideología. por tanto. No sucede asi. «al conjunto de postulados y valoraciones que determinan cómo debe tomar el juez sus decisiones»". t r a d . abiertamente decidida a la ponderación de intereses sociales y a la búsqueda de la justicia concreta. un modelo de juez y. p. 55. 1989. E Di ROBILANT. por ejemplo. WROBLEWSKI. sin embargo. o. mejor. pues allí donde su oposición con las leyes «sea irreductible» participan de fuerza plena. Teoría e ideología nella dottrina della giustizia. Y. de una ideología de la codificación o del juez vinculado. p. Es bastante corriente referirse a la ideología judicial o. cabe entender cosas diferentes. Pero. Universidad del País Vasco. en Revista Española de Derecho Constitucional. Cada ideología expresa. algunas más relevantes que otras desde la óptica de la interpretación jurídica". pero es indudable que caben 23 La lesis de DWORKIN de que los principios. se habla así. IM ideología alen. es obvio que no aludimos aquí a la noción peyorativa de ideología como conocimiento falso o imagen deformada de la realidad". 1984. p. sino tan sólo un resultado razonable y abierto a la controversia. y de una ideología sociológica o de la libre decisión judicial.una. STC de 2 de febrero de 1981. no sucede con los principios de la Constitución española. 4 a ed. He tratado más extensamente este aspecto en «Teoría del Derecho y filosofía política en Ronald Dworkini.. 26-27. de W. al menos en los procesos de inconstitucionalidad. 356 y s. si se refiere. Giappichelli. IDEOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO. Grijalbo. citado. 1986. De DWORKIS vid. Giappichelli. aun dentro de un campo semántico más relacionado con la actividad de los jueces. Torino. 1972. 181 . 78 y s. 81. San Sebastián. no pueden ser aplicados a la manera de todo o nada quizá sugiera que en el razonamiento jurídico un principio nunca pueda erigirse en parámetro exclusivo del enjuiciamiento. en efecto. 1985. no consiste en obtener un resultado óptimo o el mejor resultado. a las ideologías judiciales para aludir «al sistema de opiniones y de valores susceptibles de influenciar o condicionar el comportamiento» de los jueces56 o. Torino. Sentido y hecho en el Derecho. peculiar asimismo por la fuerza conformadora que sobre el ordenamiento jurídico ejerce la jurisprudencia constitucional. 25 En este sentido vid. R o c e s . como posiciones extremas. 24 Sobre las distintas acepciones vid. Peculiar también por la función que desempeña que. E N C E L S .° 14. ENTRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y LA JUSTIFICACIÓN RACIONAL Relacionar la interpretación constitucional con el concepto de ideología puede ser un ejercicio interesante. M A R X V F. p. La funzione giudiziaria.Notas sobre la interpretación Constitucional ocasiones son reglas pero que en no pocos casos se muestran como principios elásticos que por su enunciado no ofrecen una respuesta categórica. que se asentaba en la primacía del Derecho civil y en la asunción acrítica de la idea de certeza jurídica. cualquiera que sea el significado que atribuyamos a esta anfibológica expresión. al menos. pues. Los derechos en serio. la referencia a la ideología puede desempeñar papeles diferentes. REBUFA. 27 J. p o r ejemplo C . n.. 26 G.
y por ideología tanto puede entenderse una cierta cosmovisión o convicción moral. Madrid. los elementos extrasistemáticos: «en ese contexto. Concretamente. en general. citado. en fin. cuyo resultado es cualquier cosa menos previsible en abstracto. Ahora bien.1° de la Constitución».1° de la Constitución. la 11/ 1981. como también la búsqueda del aplauso o del consenso social. de 11 de abril. L a garantía de su contenido esencial e n el artículo 53. Civitas. sino un componente indispensable del razonamiento que reclama la propia Constitución. de la que tienen esos mismos valores y juicios en el trabajo legislativo. Vid. C o n razón se ha visto en esa clausula un reclamo a nociones extraconstitucionales. en estas acepciones la ideología presenta un carácter prescriptivo.. m á s ampliamente mis Estudios sobre derechos fundamentales. «La regulación del ejercicio d e los derechos y libertades. valores y derechos constitucionales.Luis Prieto Sanchís posiciones intermedias y más matizadas. S T C 1 0 4 / 1 9 8 6 . S T C 3 7 / 1 9 8 1 . 1990. necesarias para responder a algunos interrogantes constitucionales. d e 17 d e julio. respetuosa con la legalidad y con la distinción entre creación y aplicación de normas. DE O T T O . formulando u n a doctrina que luego se repetiría con frecuencia. p. d e 12 de diciembre. pero antes conviene señalar que junto a la ideología de la interpretación existe también una ideología en la interpretación. Derechos fundamentales y Constitución. 29 28 182 . p. sentido y hecho. ni siquiera forman parte de nuestra tradición jurídica2*. «la limitación de las libertades a partir d e los valores s ó l o es posible mediante una ponderación de valores e n la q u e cualquier postura puede sostenerse». por racionalidad se entiende la justificación de la decisión a través de la norma aplicada. contenida en el articulo 149. C o m o dijera I. de los hechos probados. 159/1986. o. e n verdad algo elástica. p. fundadas en el Derecho preexistente. pues se trata de postular un cierto modelo de interpretación y de organización judicial. hoy parece postularse una de esas posiciones moderadas. La presencia de los que llamaremos elementos extrasistemáticos en la interpretación del Derecho me parece que resulta hoy casi umversalmente aceptada. de 16 de diciembre.1. DE O T T O en relación c o n los derechos fundamentales. en la tradición jurídica o e n las convicciones sociales. J. es el parámetro q u e utiliza el Tribunal para definir los limites d e la posible interferencia d e las leyes d e las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en el régimen de los derechos fundamentales. la ideología legal racional en palabras de Wroblewski. basta pensar en la jurisprudencia sobre el contenido esencial de unos derechos fundamentales cuya definición no siempre resulta concluyente a partir del texto constitucional y que. cada una de las cuales podría dar lugar a una ideología judicial. Madrid. de los razonamientos y de las valoraciones»M. WROBLEWSKI. 30 Así. 31 Esta exigencia.. 117. pero consciente del peso que ejercen las valoraciones y. esto es. sobre lo que son «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles»31. como el argumento consecuencialista sobre los efectos sociales o económicos de una decisión. en mi opinión. 6 2 . sobre la necesidad de ponderar entre bienes. un conjunto de valores morales y políticos. Más adelante volveremos sobre este punto. Debate. El Tribunal Constitucional abordó por vez primera la cuestión del contenido esencial en su sentencia a propósito del derecho d e huelga. máxime tratándose de un texto jurídico como la Constitución y de un Tribunal con las funciones que tiene asignadas el Constitucional.. 1988. en ocasiones. dada la igual importancia de los mismos30. 143 y s. en L. MARTIN-RETORTILLO E I. de juicios de oportunidad y de elecciones cuya naturaleza y legitimidad no difiere. sobre lo que son las «bases» de un determinado sector normativo. Aquí la ideología no es un elemento accidental que se sume a la técnica jurídica.
ya sea con las palabras de un sistema jurídico al que se le supone la plenitud lógica. el empeño de Dworkin por subrayar las dimensiones morales 32 De todo ello me he ocupado más ampliamente en mi libro Ideología e interpretación jurídica. p. 233. el diseño básico y más o menos coherente de una cierta filosofía política. sino que. en mi opinión y por paradójico que parezca. ya citado. citado. que aun en los casos más difíciles. al menos en último término. asi como mi trabajo sobre DWORKIN. n. En verdad. BAYON. en esa medida. «La interpretación constitucional en la reciente doctrina norteamericana». si se quiere. es decir. )! DWORKIN sugiere que esa teoría ética ha de ser la formulada por RAWLS y.. aquél descansa siempre en una determinada concepción de la moralidad que el juez habrá de tener en cuenta para responder correctamente a los problemas. opciones y cálculos de utilidad no muy distintos de los que están presentes en la ley. esta es la constatación que sirve de principal fundamento a la construcción dworkiana sobre el juez Hércules y la interpretación constitucional: no sólo carece de sentido la tajante separación positivista entre Derecho y moral. pero. hace del juez —del buen juez si se prefiere— un órgano de mera aplicación de un Derecho que. en la llamada zona de penumbra y allí donde los conceptos normativos se abren a las concepciones de moralidad. como sujeto político que ha de hacerse responsable de las decisiones. p. Vid. La segunda de las filosofías enunciadas viene a sostener. ni tampoco que su ponderación puede ser crucial en el trabajo hermenútico. esta es la filosofía que encontramos en la exégesis más mecanicista. considera al juez como un órgano creador de Derecho y. Los derechos en serio. p. 1985. al contrario. aveces por caminos muy diferentes. porque en ellas se encierran principios políticos. 369 y s. y aquella otra que. pero también en algunos exponentes de las corrientes tópicas y hermenúticas". 54 y s. naturalmente. toscamente— hemos querido resumir bajo la rúbrica de ideología? El intento de responder a este interrogante creo que nos sitúa ante dos filosofías o concepciones de la interpretación jurídica: aquella que. ya con las de algún sistema de justicia latente en la sociedad o en sus miembros más esclarecidos. la primera es la filosofía característica del positivismo de Kelsen o de Hart: las leyes y los precedentes proporcionan buena parte de los materiales que han de conformar el razonamiento jurídico. 143 y s. C. y especialmente en su Constitución. como un sujeto moral y no sólo técnicamente responsable de la decisión. 183 . ¿cuál es el estatus y la legitimidad de este género de consideraciones extrasistemáticas que convencional —y. Desde luego. por el contrario. Vid.° 4. en Revista de las Cortes Generales. exigencia ante la que no sabemos si preguntar primero por el tipo de Constitución o por el tipo de teoría ética". el intérprete actúa propiamente como legislador. justamente de aquí nace la famosa y un tanto sorprendente exigencia de fusionar el Derecho Constitucional y la teoría de la ética. encierra siempre una respuesta correcta.Notas sobre la interpretación Constitucional Ahora bien. el intérprete habla con palabras ajenas. más allá. Según creo. citado. sin duda. p. también J. la Constitución no es otra que la norteamericana. Si no me equivoco. existen principios morales y aun. con las complejidades que se quiera. sobre todo en los casos difíciles. no se trata de negar que en un sistema jurídico.
y ello merced'a que los criterios ideológicos que intervienen en la decisión no son obra del intérprete. Clarendom Press. 1981. por ejemplo. trad. también Hércules está en condiciones de ofrecernos la respuesta más justa en cada caso. The Foundation of Legal Reasoning. A. Legal Reasoning and Legal Theory. y menos aun normas constitucionales. 12. vid. la inocente imagen del juez irresponsable arrojada por la puerta de la crítica a la jurisprudencia exegética. emprende —al parecer con éxito— la sobrehumana tarea de hallar algo que —también al parecer— existe. éste. A. con lo que pudiera hacerse acreedor a las críticas que se han dirigido contra los sucesivos intentos de fundar un orden objetivo de valores.CORMICK. La independencia del juez. todas ellas presuntamente integradas en el Derecho. 1985. que conoce su falta de legitimidad para crear normas. etc. regresa por la ventana abierta del juez Hércules.Luis Prieto Sanchis del razonamiento jurídico y constitucional no tendría mayor transcendencia —sin minusvalorar desde luego su indudable interés— de no ser porque. 78 y 82. 36 Ciertamente. por qué. R. Oxford. vid.. 257 y s. AARNIO. aunque para ello haya de ampliar los horizontes de la normatividad bastante más allá del Código civil. Con lo cual. N MC. el razonamiento jurídico puede ser entendido como un razonamiento moral especialmente cualificado. pues. a saber: la mejor respuesta jurídica y moral al dilema planteado. SIMÓN. y 423 y s. 15 Por lo demás.. Los derechos en serio. p. p. en fin. por qué la construcción de esa mejor teoría del Derecho donde se confunden Constitución y filosofía política ha de corresponder al juez y no al legislador. qué solución adoptar cuando la respuesta que nos proporciona esa moral difiere manifiestamente de las prescripciones del Derecho positivo. (1975). de C Ximenez-Carrillo. esta posibilidad sería negada por DWORKIS. Creo que Dworkin acierta al subrayar la irremediable dimensión moral del razonamiento jurídico" y el importante papel que en éste desempeña la filosofía política. que pudieran obtenerse a partir de las 54 La expresión es de D. su construcción deja algunos puntos oscuros y otros parecen abiertamente discutibles. ante la evidente disparidad de soluciones morales. en Rechtstheorie. A mi modo de ver. se incurre en ese malabarismo verbal de que la vinculación sigue siendo vinculación allí donde se desarrolla la creatividad34. Ciertamente. nuestro autor viene a sostener la existencia en cada caso de una intrínsecamente más correcta. así. No me parece muy aventurado decir que Dworkin mantiene una concepción bastante objetivista de la moral. de qué tipo de moralidad hablamos ante una Constitución injusta o que no respete los derecho humanos. 184 . De nuevo. 1978. aun cuando pudiéramos responder satisfactoriamente esas y otras objeciones. 133 y s. por ejemplo. el problema fundamental reside en que. las directrices políticas que pueden traducirse en derecho36 no juegan ningún papel en la argumentación del juez Hércules. sin embargo. Pero incluso es posible prescindir ahora del origen último de esos valores y aceptar. no quedaría demostrado que el recurso a la mejor teoría moral despejase siempre todos los interrogantes y garantizara una y sólo una solución correcta en la aplicación de los preceptos constitucionales. al igual que ocurría con el modelo de juez vinculado del siglo XIX. 491 y s. Tampoco es casual que el razonamiento jurídico aparezca en los últimos años como el banco de pruebas de las teorías sobre argumentación práctica. p. ALEXY. Ariel. sino en este caso de una moral objetiva y cristalizada en la Constitución. citado. 265 y s. Barcelona. p. PECZENIK.
mientras que. fundado en algo más que en su particular visión de lo justo.E. no logra salvar la insatisfacción que nos dejó el positivismo al rechazar la existencia siempre y en todo caso de una única respuesta correcta. el intérprete reúne todas las condiciones para ser calificado como sujeto plenamente responsable de la decisión que adopta. Teoría de la argumentación jurídica. Real Cédula d e 23 de j u n i o d e 1778. 1984. en el ordenamiento se pueden siempre encontrar valoraciones divergentes y. como observa Alexy. 35. C. ALEXY. pues. Así pues. no en el peor sentido de la palabra. a partir de un cierto momento de la argumentación. 41 Recuérdese q u e la motivación de las sentencias fue desconocida en muchas culturas jurídicas y q u e todavía Carlos III o r d e n a b a a los jueces de A r a g ó n q u e cesaran en dicha práctica. pueden asegurar la fundamentación de las decisiones jurídicas: en las sociedades modernas hay concepciones plurales para casi todos los problemas prácticos. pues el ejercicio de ese poder «sólo es aceptable si el juez proporciona una justificación racional» de las opciones adoptadas40. a mi juicio. o sea. Como escribe Taruffo. 185 .Notas sobre la interpretación Constitucional convicciones sociales o incluso directamente del ordenamiento jurídico. Madrid. de M. Vid. Milano. J * No quiero decir con ello que las decisiones legislativas no requieran justificación y de hecho hoy este es un capitulo en pleno desarrollo. Giuffré. CAPPELETTI. p. trad. R.C. es decir. sino en el sentido de que goza de legitimidad para conformar la realidad social según sus postulados políticos. ni separada ni conjuntamente. del juez se espera un fallo fundado en el Derecho o. Suele decirse que sólo necesita justificación aquello que no es evidente ni arbitrario38. citado. M. 1989. (1978).. si el sentido de las decisiones judiciales ya no se muestra evidente —y esto es hoy un lugar común— y sus autores ni quieren ni pueden mostrarse arbitrarios39. sin la seguridad que proporciona ese complejo entramado jurídico y moral a un tiempo que hoy se nos propone. el juez y sobre todo el juez constitucional puede verse obligado a dar «un salto sin red». por su posición institucional. completar el horizonte de la normatividad jurídica con una filosofía política que suministra estándares morales. Atienza c I. Tal vez la conciencia de esta realidad sea uno de los motivos que explique el enorme desarrollo que han cobrado los estudios sobre el razonamiento jurídico como procedimiento específico de justificación de las resoluciones judiciales. WROBLF. 63 y c 40 M. la necesidad de justificar las decisiones. en la aplicación de valores el juez asume un papel creativo extraordinariamente más importante que el que desarrolla normalmente en la aplicación de las normas jurídicas. si no indeleble41. 33-34. T A R U F F O . parece lógico que hayan de ganar la legitimidad a través de su actuación. «La giustifícazione delle decisioni fondate su standars». en fin. un iter que se resuelve en un intento de justificación tanto de las premisas como de su desarrollo.WSKI recuerda esta afirmación de Perelman en Sentido y hecho en el Derecho. que desde un punto de vista jurídico se traduce en la exigencia de motivación. estas fuentes generadoras de valores. 38 J. 314-15. los consensos fácticos son raros. cuando menos. y es entonces cuando. la apelación a la evidencia parece un procedimiento extremadamente dudoso". y de ahí la imperiosa necesidad de justificación. Ciertamente. citado. en el iter que conduce desde la inicial información fáctica y normativa a la resolución o fallo. El fondo de la cuestión es que. sí al menos común al modelo judicial del Estado de " Vid. p. constituye un rasgo. lo que ocurre es que el legislador puede ser arbitrario. p p . Espejo. pp. Giudici legislatori?.
en particular. donde la actuación racional constituya su principal fuente de legitimidad. el aspecto más importante de la justificación interna es que permite que las premisas no extraídas del Derecho positivo aparezcan claramente en toda su extensión42. Teoría de la argumentación jurídica. a la inversa. Giuffré Milano. 44 M . la opción que las fundamenta»44. G . Como es lógico. cualquier fuente de moralidad puede ser consultada y. el consenso social o la filosofía política más o menos coherente incorporada a la Constitución. «Responsabilitá política del giudicc e stile della motivazione». R . «haciendo explícita. tampoco. citado. aquella que cristaliza en el propio sistema jurídico.Luis Prieto Sanchis Derecho. ALEXY. En resumen. 220 Vid. así como al legislador se le exige principalmente autoridad. en la teoría jurídica tradicional se hacía hincapié sobre todo en la justificación técnica o interna dirigida a mostrar que la decisión puede inferirse de las premisas. y justamente porque este razonamiento interno pone de relieve que algunas de las premisas no pueden ser extraídas del Derecho. se hace necesaria y adquiere una particular importancia y complejidad la fundamentación externa. 1980. y para que esa crítica pueda verificarse es necesario que sus decisiones aparezcan en términos racionales y comunicables. Desde luego. cuando el intérprete ha de dar cuenta de los valores y de las opciones elegidos. Ahora bien. pero. el juez debe responder ante todo de la forma en que ejerce su actividad43. pero se expresa en que. el intérprete se justifica preferentemente por el modo de ejercer su función.42. en Citiá-Regione. no procede discutir aquí el alcance y los problemas de la justificación de las decisiones jurídicas. Como observa Taruffo. Sin embargo. pero su legitimidad no procede de la previa aceptación de un sistema de valores. en último término. p. 43 3. como observa Alexy. que tiene por objeto la justificación de las propias premisas adoptadas como base del razonamiento. al primero se le controla a través de su elección y al segundo mediante la crítica de su comportamiento. pero dando por hecho que éstas eran proporcionadas sin mayor dificultad por el ordenamiento jurídico. p. T A R E L L O . El Parlamento se legitima más por su origen que por su comportamiento. porque acredita la presencia de elementos extrasistemáticos. como en el proceso de inferencia de las conclusiones. Lo que sí me interesa subrayar es que la justificación puede representar el elemento clave para definir la posición institucional del intérprete o aplicador del Derecho. mientras que. cualquier género de control sobre la actividad de los jueces tiene como condición que éstos motiven las decisiones. si las técnicas de motivación jurídica que hoy se practican satisfacen las exigencias de una justificación racional. sea éste el Derecho natural. sino más bien de su posibilidad de justificación racional. T A R U F F O . naturalmente. es verdad que existen elementos ideológicos en el trabajo hermenútico. p 67 y s. 1977. ni las reglas y argumentos que pueden aparecer tanto en la fundamentación de las premisas. L'imerprelazione deüa legge. 186 . tan sólo *7 Vid. y justificándola racionalmente. la distinción no es absoluta. esto es. El control social de la actividad de interpretación y aplicación se manifiesta sólo en aquella sociedad en que existe una distinción de funciones entre quien formula la norma y quien la aplica.
C. 120. En realidad. PERELMAN. ni. ni tampoco que el Tribunal Constitucional se muestre muy exigente. La justificación de las decisiones y el respeto al precedente. y transparencia como necesidad de utilizar un lenguaje y una construcción gramatical inteligible y capaz de persuadir. pues junto a pronunciamientos 45 Sobre este punto que constituye u n o d e los aspectos del debate entre H a n y Dworkin vid. d e 5 de febrero. 1990. Sinceridad entendida como plenitud razonadora.3°) como la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. p. así como de los distintos argumentos que permiten inferir la decisión a partir de las premisas. 1990. p.E. las interesantes sugerencias de J. tal vez demasiados como para siquiera enumerarlos aquí. resulte satisfactorio. Ruiz M A Ñ E R O . se trata de la sinceridad y transparencia de las motivaciones. de 14 de julio y 55/1987. sería necesario reformar bastantes aspectos de los procedimientos y técnicas judiciales. como abierta exposición de todos los criterios relevantes al caso. 247 y 248) imponen la obligación de motivar las sentencias y en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo por violación del art. tal y como hoy se practica. pues no le corresponde «enjuiciar o censurar la parquedad de una fundamentación»48. calificar la forma o estructura de una resolución judicial»4'. 46 C H . sino como modelo o idea regulativa que impulsa y obliga al intérprete a presentar su decisión como la mejor expresión de la razón práctica. Sin embargo. no creo que pueda decirse que el trabajo de fundamentación. en palabras de Perelman. 47 STC 61/1983. de su origen e implicaciones. Como es sabido. esto es. pues.C. Ed. especialmente en la interpretación constitucional. Naturalmente. 48 S T C 13/1987. el Derecho «que se quiere democrático. Y precisamente la vieja idea o anhelo de hallar siempre una «única respuesta correcta»45 creo que puede ser recuperada a través de esa argumentación. ni es exigible «una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes.Notas sobre la interpretación Constitucional posee el bagaje de su argumentación racional. 24 al considerar que esa exigencia forma parte del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho47. 6 7 9 . hay un aspecto que me parece fundamental para poder empezar a hablar de justificación racional. Jurisdicción y normas. ni enjuiciar o censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del Derecho. de 14 de mayo. de 13 de mayo. pero no ya recurriendo a la ficción de que el Derecho o la moral ofrecen de verdad una única respuesta. Sin embargo. 181 y s. 49 STC 56/1987. ha de obtener mediante la motivación una adhesión razonada»46. es difícil calibrar el grado de rigor que el Tribunal Constitucional viene requiriendo en la actuación motivadora. LA ARGUMENTACIÓN COMO FUENTE DE LEGITIMIDAD EN LA INTERPRETACIÓN 1. fruto de la persuasión y de la razón. III. Eihique el Droit. en fin. de asumirse esta ideología de la interpretación.. tanto la Constitución (art. 187 . Madrid. d e L'Université d e Bruxelles.
«Responsabiliá política.. El subrayado es nuestro. p. Madrid. 52 Vid. en el fondo. los juristas". 43 y s. «lo cual exige. en algunos casos. o que el ciudadano tiene derecho a conocer las razones del fallo. 50 S T C 5 5 / 1 9 8 7 . por ejemplo. que sólo se puede superar mediante unafundamentación específica. Se trataba concretamente de un delito de imprudencia q u e elpropio Tribunal califica de tipo «abierto». Me parece que las motivaciones de nuestros Tribunales siguen siendo incompletas. p. Acabamos de recordar la sugerencia de Wechsler a propósito de unos principios neutrales y generales y ello nos sitúa en el camino de un segundo elemento de la argumentación racional. ni el respeto al precedente debe prevalecer frente a cualesquiera otras consideraciones. Ciertamente. dicho en términos más kantianos. creo que nos hallamos aún lejos de aquel modelo de razonamiento propuesto por Wechsler en el que absolutamente todas las cuestiones habrían de ser explicadas y fundamentadas. me refiero al respeto por el precedente. al menos por el propio precedente. al menos. no es éste el único camino que cabe seguir para justificar las premisas del razonamiento jurídico. Como es sabido. cuando afirma que las motivaciones deben mostrar que la aplicación del Derecho se hace «libre de toda arbitrariedad». el buen juez sería aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos. d e 13 de m a y o . y habrían de serlo además con arreglo a principios neutrales y generales51. citado.. las interesantes consideraciones de M. ALONSO GARCÍA. C . puede ocurrir un cambio en las circunstancias o en su valoración que justifique el apartamiento de la doctrina establecida. haciendo aparecer como «deducciones lógicas» a partir de normas lo que son más bien opciones valorativas. 32 y s. el fundamento de ese respeto se halla en un principio de universalización que ordena tratar de igual modo las cosas o situaciones iguales. porque omiten la justificación y a veces la explicación de sus premisas básicas. pero no cabe duda que la observancia del precedente constituye una presunción de rectitud y de justicia". TARUFFO. C . sobre todo en aquellos casos donde es preciso recurrir a la ponderación de estándares sociales de comportamiento. Desde luego. puesto que con ello las razones de la decisión pueden mantenerse todavía desconocidas»**.». siguen presentando un estilo farragoso que. ir más allá de lo que es una simple y escueta calificación o encaje de los hechos declarados probados en una norma jurídica. 53 A mi juicio. IM interpretación de la Constitución.Luis Prieto Sanchis como el transcrito. E . el fundamento de esa presunción seria q u e bien está q u e los jueces proyecten en las decisiones sus concepciones de la moralidad y sus cálculos consecucnciales. sino explicar también el propio fundamento de las premisas. por lo que aquí parece exigirse una justificación externa. 51 Las tesis d e WESCHSLER se enmarcan en la polémica sobre la jurisprudencia del Tribunal Warren y d e ellas se hace e c o entre nosotros E. y. y que efectivamente lo hace. pues. es posible que el tribunal Constitucional no deba ejercer un control excesivo sobre el estilo y los argumentos de las motivaciones. sea como fuera. desde luego. 188 . al margen de que ello conduciría a la petrificación del ordenamiento. es decir. tal vez uno de los más importantes desde el punto de vista formal. otros parecen ir algo más allá. pero. por lo menos. que lo hagan siempre en el m i s m o sentido. es un modo de seleccionar a sus destínanos. n o basta mostrar el «encaje» o la inferencia de la decisión. 1984. . pero.
pues ello constituye la garantía tanto de la evitación de la arbitrariedad como de la promoción de la seguridad jurídica»5*.xv. es decir. «aparece c o m o cuestión d e principio la exigencia del respeto a los precedentes. 2 5 / 1 9 8 7 . que n o debieron serlo». por tanto. sino sólo la discriminación c u a n d o ésta efectivamente se produzca. Así. de 10 de julio. ello no significa la prohibición de todo cambio en la orientación de la jurisprudencia.Notas sobre la interpretación Constitucional en la que. de 25 d e junio. citado. no se trata simplemente de exponer las razones. Esta solución genérica me parece que puede identificarse con una solución universalizable y constituye así la plasmación jurisprudencial de uno de los elementos básicos del modelo de fundamentación racional. el Tribunal pueda sustituirlo e n su apreciación. salvo q u e se acredite q u e «se han t o m a d o en consideración circunstancias personales o sociales de las partes. mis Estudios sobre derechos fundamentales. pero e n d o s a n d o en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse». 263. ha de ser realizado por el juez ordinario. S T C 2 / 1 9 8 3 . se dé cuenta también de los motivos del cambio de opinión*1. de 21 de m a y o .». 189 . d e 12 de julio. de 26 d e febrero. ni convierte al precedente en un criterio sacrosanto del razonamiento. «El principio de igualdad en la aplicación de la ley —dice el Tribunal— lo que impone es la prohibición de diferencias de tratamiento arbitrarias por no justificadas. es decir. c o m o la 144/1988.. lo que ocurre es que. de la seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad. sino que es preciso hacerlo además con carácter general. 146 y s. ss Según la mejor* doctrina del Tribunal Constitucional.. 57 STC 120/1987. 2 4 1 / 1 9 8 8 . criticamente. contiene importantes matizaciones. Aquí ya no estamos en presencia de una violación del artículo 24. sin q u e . al igual que sucede cuando estamos en presencia de una norma o decisión relevante desde el punto de vista del principio de igualdad o de cualquier derecho fundamental. aquí no se censura ya la simple falta de respeto al precedente de una decisión por lo demás constitucionalmente legítima. Teoría de la argumentación. sin e m b a r g o . 8 2 / 1 9 9 0 . Naturalmente. es decir. p. Alguna. 101/1987. por consiguiente. d o n d e se sostiene que el mero c a m b i o de jurisprudencia n o es en si m i s m o reprochable. En consecuencia. es necesario que el «cambio de criterios aparezca suficientemente motivado lo que ha de hacerse con carácter general mediante una expresa referencia al criterio anterior y las aportaciones de las razones que han justificado el apartamiento de los precedentes y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. que se traduce en un ejercicio ponderativo d e los bienes en juego y d e las normativas en colisión. p. Vid. 54 En palabras d e Ai. 56 S T C 6 3 / 1 9 8 4 . d e 24 d e enero.r. de la igualdad en la aplicación de la ley y. citado. d e 19 de diciembre. además de explicar el por qué del fallo. la motivación no puede omitir una justificación razonada que explique y fundamente la excepción al principio de igualdad o la interferencia en el ámbito de la libertad". Tal vez por ello el Tribunal Constitucional acentúa su rigor en la censura de las justificaciones cuando las sentencias se apartan del precedente. incluso simplemente su propia identidad. la actuación limitadora d e un derecho fundamental debe reunir dos condiciones: respeto absoluto a su contenido esencial o mínimo. Sobre el respeto al precedente a la luz del principio de igualdad ante la ley existe una amplísima jurisprudencia. q u e n o siempre observa c o n t o d o rigor. se requiere que «el cambio de criterio pueda reconocerse como solución genérica conscientemente diferenciada de lo que anteriormente se venía manteniendo y no como respuesta individualizada»57. sino del artículo 14. y justificación adecuada d e la necesidad y proporcionalidad d e la medida limitadora. pero resulta indispensable q u e se plantee la cuestión en términos de conflicto y. en principio. Es interesante subrayar que la exigencia de motivación no se circunscribe a la justificación del cambio de criterio. admitiendo el apartarse de ellos. de 4 de mayo. Dicha justificación.
parece también que la importancia de la justificación se acentúa notablemente. Es dudoso que el Tribunal actúe siempre de este modo. sino más bien una reconstrucción de algún aspecto o sector del sistema jurídico.. la argumentación del Tribunal no constituye un ejercicio académico ni de cortesía. 55. recurriendo desde luego a estándares extraconstitucionales. creo que el respeto al precedente es una virtud más apreciable en la justicia constitucional que en 58 s A CARRASCO. que la razonabilidad misma «es un reconocimiento implícito de que la subsunción del supuesto de hecho en la norma fundamental no es automática»". ni su contenido. No puede ser determinado ulteriormente en virtud de otro concepto constitucional definido»58. en la jurisprudencia constitucional reviste una trascendencia muy superior por cuanto —si estamos en lo cierto— la ratio decidendi no es una operación que se realice a partir del Derecho. En segundo lugar. de otro. A todo ello debe añadirse que si en la justicia ordinaria la justificación servía ante todo para permitir el control de la decisión por los órganos superiores. 190 . p. En suma. « lbidem. cuando así lo hace conviene tener en cuenta. que «lo característico del factor de razonabilidad consiste en que no hay ningún otro concepto o institución que pueda servirle de referencia. Finalmente. En otras palabras. y ello no sólo por una elemental coherencia con su doctrina. en verdad. sino que es Derecho. si la razonabilidad es dibujada en cada caso por el intérprete y si la subsunción no es automática —lo que. hemos observado también que el método constitucional responde a ese juicio de razonabilidad que se sitúa a medio camino entre el juicio ordinario de subsunción y el juicio de optimización política. porque si es cierto. pues no sólo ha de perfilar los contornos de preceptos abstractos y elásticos. las consideraciones que venimos haciendo sin descuidar las orientaciones del Tribunal Constitucional creo que resultan especialmente recomendables para el propio Tribunal. sean aspectos que se justifiquen por sí solos. y en parte por las mismas razones. de un lado. pues. nunca es—. Si todo esto es así. Por ello. ni tampoco obedece obviamente a la existencia de una fiscalización superior. para eliminar la sospecha de arbitrariedad y para la propia satisfacción del ciudadano. n 48. sino que representa una actuación directa y vinculante sobre el contenido de las normas. según vimos al principio. que muchas normas constitucionales se configuran más como principios que como reglas y que los casos constitucionales son con frecuencia casos difíciles.». una razón suplementaria para cuidar la justificación de las decisiones. En primer lugar. sino que ha de transitar un largo camino para mostrar el proceso de inferencia que va desde esa norma a la decisión o fallo.. En consecuencia. lbidf-m p. pero. en la argumentación constitucional es posible que ni la elección de las premisas. y. con mayor motivo se requiere una fundamentación detallada de las opciones elegidas. la fundamentación de la sentencia no desempeña el papel de una exposición de motivos de la decisión o fallo.Luis Prieto Sanchís Ahora bien. ni la deducción correspondiente. citado. «El juicio de razonabilidad. en cualquier caso.
quizá mejor. Ante todo. Vid . Interpretación constitucional y fórmula política.. por tanto.. El juicio de razonabilidad. si se prefiere. hay un rasgo que destaca a primera vista. p. por tanto. pero con toda probabilidad ello es imposible y si algún día ocurriese sería el verdadero anuncio del fin del Derecho y de la extinción de los juristas. la jurisprudencia del Tribuna) se halla muy presente en todas tas elaboraciones doctrinales y recibe una atención suficiente Lo que quiero decir es que tal vez falta una «teoría general» sobre el modo de razonar de) Tribunal o. 264. unida a una especie de horror a los signos de puntuación. tampoco está al alcance de nuestras fuerzas. Del mismo modo que no siempre es posible alcanzar un acuerdo en las cuestiones prácticas. y es que las sentencias del Tribunal Constitucional se entienden bastante mejor. de E. que le resulta esencial la comunicabilidad. citado. El llenar este espacio con soluciones cambiantes e incompatibles entre sí contradice la exigencia de consistencia y el principio de universalidad»60. ello no es poca virtud. y para quien esté medianamente familiarizado con la jurisprudencia ordinaria. citado. que es el parámetro de enjuiciamiento. por la propia naturaleza del texto constitucional y de su función política. renunció desde el principio a esa arcaica fórmula de los «resultandos» y «considerandos» que. cuanto más limitadas se muestran las demás reglas del discurso en orden a definir una solución correcta. y R. entre otras cosas. ¿cabe decir que el fundamento de sus sentencias representa un buen ejemplo de argumentación racional? Sin duda. No obstante. El Tribunal. también son mayores las razones en favor del precedente y de la necesidad de justificar su inobservancia. en efecto. Ciertamente. La interpretación de la Constitución. tal vez sea posible aventurar alguna observación general. sin embargo.». por lo demás. y aun cuando creo que lamentablemente no abundan los análisis sobre el modo de razonar del Tribunal61. Por fortuna. sobre los modos de razonar. Teoría de la argumentación. Luces y sombras de la jurisprudencia constitucional. adoptando en su lugar un lenguaje más natural y gramaticalmente mejor ordenado. ¿en qué medida la actuación del Tribunal Constitucional se muestra fiel a su propia doctrina acerca de la justificación de las decisiones y del respeto al precedente?. ALEXY. parecen querer asfixiar al lector no avisado. el respeto al precedente se hace tanto más necesario cuanto «más libre» se desenvuelve la interpretación o. y si es verdad que el Derecho es lenguaje y. 2. la empresa requeriría un repaso bastante exhaustivo de los más de diez años de jurisprudencia constitucional. 61 60 191 . sino también a que. la respuesta a estas preguntas excede la más modesta finalidad de este trabajo y.Ñolas sobre la interpretación Constitucional la ordinaria. ALONSO GARCÍA. Un segundo rasgo formal que merece destacarse en las resoluciones del R. Algunos casos ejemplares. aún no se han abandonado los tecnicismos ni el cultivo de la criptografía jurídica. las posibilidades de no hallar una única respuesta correcta son aquí mayores y. el muy estimable trabajo de A. CARRASCO. en mi opinión. Pues bien. así también en el trabajo hermenútico «con frecuencia queda un considerable espacio de lo discursivamente posible. Esto no sólo obedece a la vocación de estabilidad de la Constitución. pues. Análisis de interés en los ya citados libros. Me parece evidente que. CANOSA USERA.
sino porque tampoco rehusan discutir los valores y la filosofía política que constituyen su transfondo. tal vez más por tener la vista puesta en otra parte que por auténticas razones jurídicas. en general. confesar su relevancia supone. simbólicamente. Creo que ello constituye un elemento más de la dimensión intersubjetiva del razonamiento constitucional que subraya el carácter del Tribunal como marco institucional de un discurso práctico. cuando menos. 1984. y en otras ocasiones. en el sentido ya indicado de mostrar abiertamente los distintos pasos del proceso de inferencia y. 65 De este aspecto me ocupé en el trabajo. ya un poco envejecido por el propio desarrollo de la jurisprudencia constitucional. porque se aducen argumentos de muy distintos valor o de consecuencias últimas diferentes. contribuye a legitimarla63. sobre todo. se destruye el mito de la justicia uniforme cuyos fallos representarían una suerte de deducción cuasi matemática. sin embargo. pues. en cambio. en esta década no han faltado sentencias constitucionales donde la crítica especializada e incluso la inaprensible opinión pública han querido ver un arrinconamiento de la argumentación racional en favor de otras consideraciones. porque acaso esa razón comporta un compromiso «fuerte» de interpretación constitucional que el Tribunal no desea asumir y entonces «arropa» su decisión en consideraciones más triviales o circunstanciales. «Los valores superiores del ordenamiento y el Tribunal Constitucional». de 7 de febrero.Luis Prieto Sanchís Tribunal es la presencia frecuente de votos particulares. Por otro lado. hacer transparente la argumentación y esto. y ello no sólo porque formalmente citen la norma o la doctrina que observan. otros casos menos espectaculares donde. parece que las disidencias resultarían imposibles o. en la mente de todos están asuntos como los de Rumasa o la ley del aborto. a la ponderación de estándares o argumentos que permiten el desacuerdo. las premisas que sirven de base a sus razonamientos. Con ello no sólo se acredita la pluralidad de opciones hermenúticas. de 62 A titulo de ejemplo puede verse lo que dice el Tribunal a propósito de la «interacción entre el Estado y la Sociedad». eludiendo un pronunciamiento sobre el auténtico problema de fondo. En suma. 83 y s 192 . si así fuera. No lo creo: los valores y las ideologías no dejarían de estar presentes aun cuando se omitiese su consideración y aun cuando se dictase una sentencia contraria. Poder Judicial. pues sólo así se explica que expertos juristas no logren la unanimidad. STC 18/1984. Naturalmente. y la misma división que se produjo entonces en el seno del Tribunal es buena prueba del punto critico que se alcanzó. p. la práctica de los votos particulares pone de relieve que en los casos constitucionales hay que reconocer bastante peso a las concepciones morales y políticas y. muy poco usuales. Cabe registrar. por unas causas u otras. sino que. la motivación del Tribunal no contribuye a mostrar la razón última de su decisión. en ocasiones. a la inversa. como ya he dicho. Tal vez la muy frecuente invocación de los valores y principios constitucionales o el desarrollo de reflexiones políticas pudiera hacer pensar en una jurisprudencia excesivamente activista o ideológicamente comprometida62. me parece que también es de justicia reconocer que las sentencias constitucionales son bastante complejas. II. y en una aproximación más sustantiva o de fondo.
en unos casos se peca por defecto y en otros por exceso. A . la fórmula utilizada por los parlamentarios —«por imperativo legal»— «no tiene valor condicionante o limitativo de la promesa». En suma ¿cabe obtener alguna conclusiión general acerca de la constitucionalidad del juramento?. (en prensa). la eutanasia voluntaria. la sentencia prefiere invocar motivos menos comprometedores y más circunstanciales. en realidad. supervivencia que parece poco compatible con el Estado democrático «que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica» y «que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político». ¿forma parte o no de la ratio decidendíl Otro capítulo donde tampoco sabemos a qué atenernos es el de ciertos deberes paternalistas relativos a la conservación de la propia vida. y que el ritual impuesto por la Presidencia del Congreso carecía de respaldo legal y no se aplicó a todos los diputados66. donde ya no aparece esa especie de vínculo religioso o sobrenatural con el texto que se jura y que sería origen de un compromiso absoluto o inmutable. de 16 de diciembre. Dicho de un modo si se quiere superficial. Aquí incluso el Tribunal se permite decir que el juramento es «una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales». a saber: que. donde confluyen problemas como el auxilio al suicidio.Notas sobre la interpretación Constitucional modo que al final tampoco se reconoce bien el motivo fundamental de la decisión. M o l ILLA V L. mi c a p i t u l o sobre « L a objeción d e conciencia» en I. La obligación de jurar encuentra muy mala cobertura constitucional en un sistema que pretende limitar su interferencia a la protección de bienes jurídicos fundamentales64. la reflexión transcrita sobre esa arcaica supervivencia. lo que hace es desactivar o desvirtuar su alcance. que es el fundamental y el único que podía servir de base a una doctrina general. Sin embargo. el Tribunal rehusa contestar a una pregunta sobre la base de no tomársela en serio". en lugar de discutir abiertamente si el modelo político plasmado en la Constitución es o no compatible con el juramento. Si se quiere. La cuestión se ha planteado indirectamente con motivo de la huelga de hambre seguida por los reclusos pertenecientes a los GRAPO y la respuesta del Tribunal ha sido siempre categórica: la alimentación forzosa. en lugar de fundar su decisión en este argumento. de 21 de junio 193 . etc. Curso Je Derecho Eclesiástico. «* STC 119/1990. Una estrategia ligeramente distinta se seguirá con los parlamentarios de Herri Batusuna. inicialmente y dado que la Constitución no impone ni prohibe esa práctica. y —entre líneas— se puede vislumbrar que el Tribunal siente muy poco entusiasmo por esta institución. IBAN. incluso 64 Vid. de 18 de noviembre y 122/1983. reduciéndolo a una fórmula ritual de respeto a las reglas del juego. STC 101/1983. que no se negaban a jurar. Sin embargo. P R I E T O . Un ejemplo de lo primero creo que puede encontrarse en la jurisprudencia a propósito de la fórmula de juramento de los parlamentarios. considerará aceptable que el legislador la exija y.C. 65 Vid. pero que deseaban usar una fórmula propia.
de 20 d e mayo 68 67 194 . la relación de sujeción especial en que se hallan los internos y la consiguiente obligación de la administración penitenciaria de velar por su salud. S T C 111/1983. que dejan un ancho margen a lo discursivamente posible. es muy probable que el juicio que nos merezcan las justificaciones del Tribunal esté condicionado por nuestra conformidad o disconformidad con sus fallos. S T C 5 / 1 9 8 1 . el ámbito de la ley orgánica es algo que la Constitución no dibuja con total nitidez. Retomando un ejemplo anterior. sino en resolver un problema con vocación de STC 120/1990. la exigencia de universalización. incluso mejor que cualquier otra. el Tribunal ha sido llamado a precisarlo y ha adoptado una decisión tan buena como cualquier otra. de 27 de junio. de otro. que el derecho a la vida tiene «un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte»67. 70 Vid. el principio de universalización representa la mejor garantía de racionalidad. y. el pronunciamiento c o m e n t a d o debe circunscribirse exclusivamente al c a s o d e los reclusos en huelga de hambre. allí donde queda un amplio espacio a lo discursivamente posible. no me parece que la elegida por el Tribunal haya de ser más reprochable que cualquiera otra. A mi juicio. o que el Decreto Ley sí puede afectar a un derecho fundamental siempre que no proceda a la regulación de su régimen general70.Luis Prieto Sanchis utilizando una mínima coacción constituye una práctica legítima cuando llega a ponerse en peligro la vida. w Vid. para alcanzar esa conclusión se utilizan dos argumentos de muy distinto tono: de un lado. ¿hemos de considerar que el Tribunal ha resuelto «de un plumazo» el moral y jurídicamente intrincado problema de la eutanasia voluntaria?68. Por ejemplo. casi lo que menos importancia tienen son los fallos en sí. Quiero decir con ello que. pero ¿acaban aquí las exigencias de una argumentación racional? Al menos en el caso de la interpretación constitucional. Ahora bien. esto es. de 5 de agosto. dentro de ciertos límites. de 2 de diciembre y 6 0 / 1 9 8 6 . de respeto al precedente: allí donde no es posible encontrar una solución en las cuestiones prácticas. ¿Ratio decidendi u obiter dictum?. pudo haber decidido lo contrario y seguramente contaba con buenos motivos para respaldar tanto una opción como la otra. los casos constitucionales pueden recibir respuestas distintas. Comprensiblemente. pues se trata de ver más bien la consistencia de la argumentación y sus posibilidades de universalización. Me remito al ya citado capitulo sobre «La objeción d e conciencia». creo que es justamente entonces cuando hace su aparición la exigencia más importante que le impone el discurso racional. el Tribunal ha decidido que la ley orgánica se refiere sólo a los derechos de la Sección Ia del Capítulo II69. d e 13 de febrero y 7 6 / 1 9 8 3 . y por los m o l i v o s que n o procede exponer ahora. cuando nos aproximamos al mundo de las motivaciones y del razonamiento jurídico realizado por el Tribunal. y esto es precisamente lo que ocurre en muchas ocasiones con los problemas constitucionales. pero una solución cuya racionalidad no reside tanto en su fidelidad a la premisa constitucional —que no es concluyente—. Demos por buenas las decisiones y sus fundamentos. En este sentido y dado que. entre otras muchas.
en cambio. el d o c u m e n t a d o c inteligente trabajo d e C. en cambio. ¿realmente fue éste el único motivo. así ha ocurrido. Sin embargo. de 23 de febrero 76 S T C 140/1986. Pero. 74 Vid. el Tribunal comenzó declarando. pues tal exigencia no se deducía de la conexión entre los artículos 81.. seis años más tarde no sólo admite los recursos de los Parlamentos vasco y catalán. cuyos criterios no se apartaban sustancialmentede los sostenidos en el fallo. Para ello alega que «en los últimos años se ha producido una evolución notoria en cuanto al ejercicio efectivo y el desarrollo normativo de las competencias de las Comunidades Autónomas. la aceptación de la decisión no nace sólo de su buena fundamentación.° 7.1" y 25.. Así.Ñolas sobre la interpretación Constitucional universalidad. 75 S T C 2 5 / 1 9 8 4 . donde alguna sentencia parece haber querido moderar la doctrina anterior. viene a sostener STC de 14 de julio de 1981. En síntesis. estimo que una de las conductas que más dañan el discurso racional del Tribunal es el cambio de jurisprudencia. a propósito de la Ley de control de cambios. en ocasiones más que de cambio cabe hablar de evolución o matización. y que acaso pudiera dar origen a una nueva interpretación del problema. 1987. Dos años más tarde76. de II de noviembre. en Revista Española de Derecho Constitucional. Por ello. " STC 119/1987. En otras palabras. «Legalidad penal y reserva d e ley e n la Constitución española». introduciendo nuevas exigencias para la concesión del amparo. sino principalmente de la seguridad jurídica que proporciona en la medida en que el Tribunal esté dispuesto a mantenerla en el futuro. n. Seguramente. uno de los casos más clamorosos y peor justificados de cambio de doctrina jurisprudencial tuvo lugar a propósito de las leyes orgánicas y de su discutible competencia en el ámbito penal". ¿estuvo en algún caso condicionada por un juicio sobre la conveniencia o no de pronunciarse sobre el fondo? Es difícil sustraerse a la sospecha.». que en principio las normas penales no debían adoptar la forma de ley orgánica. sino que estima en parte sus pretensiones72.1o". Otras veces. pero cuya novedad obedece a que viene a colmar una laguna más que a modificar una tendencia doctrinal. que incide de manera relevante en la interpretación de los preceptos que regulan su legitimación. p 9 9 y s. en la breve pero intensa historia de nuestra justicia constitucional se registran casos de palmaria y no siempre justificada separación del precedente. 71 195 . como hemos visto. lo que puede dar lugar en efecto a una nueva doctrina. 71 Un dalo significativo el 16 de diciembre de 1987 se fallaba la semencia comentada y al día siguiente se aprobó el Proyecto de reforma de la legislación antiterrorista. Ciertamente. lo que sucede es que una sentencia decide aplicar algún precepto constitucional hasta entonces en «invernación» o no suficientemente ponderado. en especial cuando no aparece suficientemente justificada. LAMARCA. por lo demás no muy convincente. o tuvo alguna influencia el cambio de opinión de otras instituciones a propósito de la normativa antiterrorista?". en la propia jurisprudencia sobre el precedente y la igualdad ante la ley. de 16 de diciembre. en 1981 el Tribunal declaró inadmisible por falta de legitimación un recurso del Parlamento vasco contra la ley antiterrorista 11/1980". La decisión formal de admisibilidad.
e implícito en el artículo 16. el verdadero efecto de esta nueva doctrina. A pesar de que es manifiesto que la garantía penal se halla en el art. Finalmente. 81 Me he ocupado más detenidamente del asunto en el trabajo en colaboración con M. no en defensa del contenido sustantivo de un derecho. sino de su garantía formal". entre los derechos que puedan hacerse valer a través del recurso de amparo constitucional. en Anuario de Derechos Humanos. creo que la sentencia recurre a este último con el único propósito (engañoso) de dar la impresión de que estamos ante un caso distinto. afirmando que toda norma que prevea penas de privación de libertad ha de ser una ley orgánica. 79 STC 53/1985. en modo alguno. sino porque lo requiere el artículo 17. se ha producido en relación con la objeción de conciencia. sin embargo. 78 STC 15/1982. 80 STC 160 y 161 /1987. cambiar el parámetro de enjuiciamiento. con el propósito de no tener que justificar con mejores y más claras razones su cambio de posición. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal?. el Tribunal cambiaría de opinión. y tal vez lo que la estimuló. éste con mayor trascendencia social. y segundo.2° en relación con el servicio militar. y justamente por virtud de ese reconocimiento implícito pudo considerar que la objeción al aborto contaba con respaldo constitucional™. la objeción de conciencia y el Tribunal Constitucional». sencillamente.° 5. 16. REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL DERECHO JUDICIAL De cuantos trabajos se han publicado en los últimos años acerca de la interpretación del Derecho creo que muy pocos son capaces de evitar en el 77 Por ejemplo. de II de abril.Luis Prieto Sanchis diametralmente lo contrario. IV. es decir.1°.1° no permite articular otras modalidades de objeción. que era precisamente lo que había querido el legislador81. se dice que «el derecho al rango de ley (si es una diferencia de rango lo que media entre la ley orgánica y la ordinaria) no figura. explícito en el artículo 30. n. todo el debate se contrae a si la ley de objeción de conciencia debe o no ser orgánica. en apariencia. Aquí el Tribunal había declarado que «la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia» y que por tanto goza en nuestro ordenamiento de un doble reconocimiento. ésta fue la consecuencia menos importante. Aunque. de 27 de octubre. es decir. p. Inesperadamente. otro caso de abandono del precedente. Y para ello tuvo que negar no una. y que además se configuraba como un «derecho constitucional autónomo» y no como un derecho fundamental80. admitiendo un recurso de amparo por violación del rango de ley. «Los derechos fundamentales. de 15 de febrero. pues el art. pues. sino dos veces su propio precedente: primero. Ten relación con otras posibles modalidades78. 196 .1°. pero —claro está— no porque lo exija el art. viniendo a mantener que la objeción al servicio militar era la única viable en nuestro Derecho. en el Auto 87/1984. 25 y no en el 17. 1988-89. Gascón. fue un notable debilitamiento del vigor jurídico del derecho a la objeción. 25. 97 y s. con la mala fortuna añadida de que el objeto del enjuiciamiento era de nuevo una Ley de control de cambios. de 23 de abril.
no se olviden las inevitables consecuencias políticas o económicas de las decisiones del Tribunal y ciérrese el cuadro con el atipico sistema arbitrado para el reclutamiento de sus magistrados. resulta muy dudoso que dar entrada a mecanismos democráticos rindiese buenos 82 Cosa. pero espero que se acepte también que se halla lejos del ideal crítico de una comunicación sin restricciones. que si suele hacer el político. ahora resulta que ni la interpretación es una ciencia. ha sido formado en la doctrina codificadora y de la subsunción y de pronto se encuentra. sujetos revestidos de poder para conformar la vida de los ciudadanos según cierto Derecho. por cierto. siempre dispuestos a calificar la interpretación como acto creativo y a los jueces como órganos políticos. lo es también la necesidad de su interpretación. 197 . sino un órgano especial con las características que ya conocemos y donde además hay muy pocos jueces de carrera. pero también según sus ideas y pasiones. ¿qué les distinguiría del legislador? Pues creo que les diferenciaría principalmente dos cosas: su carencia de legitimidad democrática y su especial modo de proceder para crear Derecho. con las barrocas construcciones hermenúticas que parecen querer hacer difícil lo fácil. defecto sí. Si además estamos hablando de Tribunales Constitucionales la cuestión se agrava considerablemente: para empezar y entre nosotros. Comenzaré por el defecto. en consecuencia. añádase la peculiar estructura de los preceptos constitucionales y la especial función que desempeña su intérprete. tampoco hay por qué rasgarse las vestiduras. por tanto. tienen el buen gusto de no exhibir este título en el curso de sus argumentaciones82. ni la justicia tiene vendados sus ojos. Sin duda es cierto que los jueces que dictan justicia en nombre del pueblo no son elegidos por el pueblo e incluso aquellos que son elegidos por sus representantes. y para colmo el depositario de las esencias jurídicas ya no es la cúspide de la jurisdicción ordinaria. A mi modo de ver. acepto que nuestro sistema será el mejor de los posibles. sin embargo. De acuerdo con una opinión compartida. o con las prolijas y casuísticas teorías norteamericanas que pretenden mostrar la sencillez de lo imposible. en el mejor de los casos. pues aquello que aprendió —y sigue aprendiendo— en las Facultades de Derecho tiene muy poco que ver con estas enseñanzas. Este.Notas sobre la interpretación Constitucional jurista una cierta sensación de frustración o amargura. como los magistrados del Tribunal Constitucional. realmente. pero menos. quien como última razón de sus decisiones generalmente invoca el apoyo social expresado en las urnas o intuido en las encuestas de opinión. cuando no abiertamente ante los epígonos del normativismo —entre los que modestamente me encuentro—. ¿en el modelo rousseauniano recreado por la comunidad de diálogo o en la pobre imagen de nuestros sistemas representativos? Desde luego. lo primero constituye un defecto y lo segundo una virtud. Por otra parte. cuando se habla de la falta de legitimidad democrática de los jueces. Si en el peor de los casos resultase que los jueces en general y los constitucionales en particular son —como yo pienso— órganos políticos. al menos en España. ¿en qué se está pensando?. Me parece que desde la perspectiva del jurista tradicional el panorama no puede ser precisamente reconfortante. la naturaleza jurídica de la Constitución es un hallazgo reciente y. Pero.
pero cuando menos nos sugiere una conclusión final: que. sobre todo. una decisión cuya eficacia se circunscribe normalmente a las partes en el proceso. En este trabajo y. pero quizá también comienzc a pensar que las decisiones de los Tribunales no son el resultado de misteriosos y contundentes procesos de deducción científica. escuchar argumentaciones contradictorias y. sin olvidar los límites y la forma especial de proceder de la jurisdicción. nuestro jurista seguirá intranquilo y no le faltan motivos. asumir institucionalmente un papel de imparcialidad. ni acaso tampoco una myor plausibilidad moral o política en las decisiones. algo de qué responder. y. sin embargo. no deja de ser un mito operativo que pudiera quedar definitivamente arrumbado si el juez pasa a considerarse un sujeto representativo. Seguiré con la virtud. habría que hacer hoy algunas matizaciones. La responsabilidad de los operadores jurídicos es un problema que excede de los propósitos de este trabajo. No se si todo ello compensa esa falta de legitimidad democrática. y todo ello sin que la elección garantice ni una mejor técnica jurídica. pero de cualquier forma habrá que cargarlo en el haber de la creación judicial del Derecho. sino como derechos83. pues ninguna propuesta o concepción política o moral está excluida por principio. pues el sistema de fuentes del Título Preliminar del Código civil proporcionaba más seguridad que cualquier argumentación racional. por supuesto. en los demás que aquí se citan. Lo dicho vale. pues el juez tiende a convertirse a veces en un componedor de intereses 198 . para un Tribunal Constitucional que necesariamente ha de transitar con frecuencia entre la ideología y el Derecho.Luis Prieto Sanchis resultados: seguimos viviendo en el ideal del intérprete pasivo y. con mucha mayor clarividencia. en consecuencia. las argumentaciones y decisiones de los jueces se hallan tan sometidas al debate como las opciones legislativas y que en ese debate todos tenemos derecho a participar. aun cuando esto represente un mito. 83 Sobre esto. intentar desarrollar una argumentación racional con todo lo que ello significa de respeto a unas reglas y modos de justificar la decisión. sino los buenos argumentos que la fundamentan. Tal vez. por tanto. aparecen algunas peculiaridades de la interpretación operativa. por ejemplo. actuar a instancia de parte y. con mucha mayor razón. pero cuya vocación de universalidad como base del precedente no puede invocar el carácter de la autoridad que la dicta. sino de una más accesible razón práctica donde todos tenemos algo que decir y. perseguir la satisfacción de pretensiones que se formulan no como meros intereses políticos.
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