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Timestamp: 2017-03-26 07:17:47
Document Index: 47610818

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 96', 'artículo 10', 'artículo\n10', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo\n19', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo\n19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo\n19', 'artículo 19', 'artículo 1']

Por qué la Ley de Dependencia no constituye un instrumento para la promoción de la autonomía personal inicio | literatura | Artículos | POR QUÉ LA LEY DE DEPENDENCIA NO CONSTITUYE UN INSTRUMENTO Autores: Francisco Guzmán, Melania Moscoso y Mario Toboso.
Instituto de Filosofía-CCHS
Trabajo publicado en revista ZERBITZUAN y disponible también en formato PDF(220 KB)
POR QUÉ LA LEY DE DEPENDENCIA NO CONSTITUYE UN INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL(1) El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la
Discapacidad, que fue aprobada el 13 de diciembre
de 2006 por la Asamblea General de la ONU. Pocos
días antes, el 30 de noviembre de 2006, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia (Ley 39/2006,
de 14 de diciembre), conocida como 'Ley de Dependencia'’.
Ésta es la ley social más reciente de carácter
estatal que se aplica en el ámbito de las personas
con discapacidad. Según los autores de este
artículo, varios estudios ya realizados han puesto
de manifiesto que vulnera numerosos aspectos
regulados en la Convención de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad, por lo
que, como todo elemento del ordenamiento jurídico
que contravenga o no esté de acuerdo con lo establecido
en las convenciones internacionales ratificadas
por el Estado español, deberá modificarse. A
partir de ese planteamiento, el objetivo del artículo
es el de proceder, de manera concreta, al análisis de
los conflictos que se plantean entre el articulado de
la Ley de Dependencia y el artículo 19 de la Convención,
que regula el 'derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad', para
efectivo para la promoción de la autonomía
personal de quienes se hallan en situación de
INTRODUCCIÓN: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL COMPROMISO LEGAL QUE ADQUIERE ESPAÑA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN
EN TORNO A LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL EN LA LEPA Y EN LA CONVENCIÓN PROMOCIÓN REAL DE LA AUTONOMÍA PERSONAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ACTUAL DE LA LEPA
DOS MODELOS DE POLÍTICA SOCIALES CONCLUSIONES
1. INTRODUCCIÓN: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos afirma que en torno al 10% de la población
mundial, unos 650 millones de personas, tiene
alguna discapacidad (ONU, 2010). De ellas 3,5 millones
se encuentran en España (INE, 2008). Con la
excepción de las mujeres, el de las personas con
discapacidad es el colectivo en situación de desventaja
más numeroso a nivel mundial.
Las personas con discapacidad se encuentran sometidas
a muchas formas de discriminación y conculcación
sistemática de los derechos humanos. La gran
mayoría de ellas viven en condiciones de extrema
pobreza, y más del 80% viven en países del tercer
mundo. Al igual que otros colectivos en situación de
desventaja, las personas con discapacidad padecen
falta de acceso a la educación en condiciones de
igualdad de oportunidades (se calcula que sólo un
2% de los niños con discapacidad en el tercer
mundo recibe algún tipo de educación), subempleo
y dificultades para acceder al mercado laboral.
Como es sabido, las personas con discapacidad tienen
numerosas dificultades para disfrutar de los
espacios públicos o encontrar una vivienda adaptada
a sus necesidades, pero la situación de flagrante
conculcación de los derechos humanos que tiene
lugar en los asilos o residencias es menos conocida.
Además, la situación de discriminación e invisibilidad
impide que las personas con discapacidad puedan decidir su proyecto vital en sus propios términos,
debido a las legislaciones que les impiden
establecer familias, mediante la prohibición del
matrimonio y la adopción, la inmigración y la libre
circulación. Algunas discapacidades son, en determinados
marcos jurídicos, causa suficiente de arresto
y reclusión forzosa (Quinn y Degener, 2002).
Con frecuencia, la discapacidad ha sido vista como
una tragedia personal que no requiere otra intervención
que la puramente médica o terapéutica. En
nombre de esta percepción de la discapacidad, que
se conoce como 'modelo médico' (Palacios y Romañach,
2007), las personas con discapacidad han sido
privadas de ejercer el control sobre sus propios
cuerpos y han sido sometidas a tratamientos e intervenciones
sin su consentimiento, a menudo cruentos,
innecesarios y de eficacia no contrastada, con elúnico objeto de atenuar su discapacidad y hacerla
menos visible. Estas personas a menudo ven violados,
además, sus derechos reproductivos, con prácticas
de esterilización forzosa o encubierta.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (en adelante, la Convención) pretende
que los derechos humanos, que vienen recogidos
en los ocho instrumentos internacionales básicos
de los derechos humanos (2), sean efectivos
también para las personas con discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la
ONU promulgó esta Convención (ONU, 2006). Dada
las dificultades de hacer efectivos los derechos humanos
para las personas con discapacidad mediante los
instrumentos previamente citados, este Tratado Internacional
busca el compromiso de los Estados en la
promoción y protección de los derechos de las personas
con discapacidad. Como se señala en su
artículo 1, la Convención pretende 'promover, proteger
y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de
igualdad de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente'.
Dado que las personas con discapacidad a menudo
padecen situaciones de discriminación múltiple, la
Asamblea Legislativa de la ONU ha concebido la
Convención como un instrumento legislativo transversal
que trata de atajarla. Se trata de un documento
vinculante con un Protocolo Facultativo que determina
el procedimiento de comunicación de las
violaciones de los derechos humanos de las personas
con discapacidad por un Estado miembro, así
como el procedimiento de investigación y resolución
de la comunicación por parte del Comité. La firma
del texto de la Convención, por sí misma, no compromete
a un Estado. Sólo la ratificación del Protocolo
Facultativo hace a un Estado Parte susceptible
de investigación por parte del Comité.
Fuente: ONU A día de hoy (noviembre de 2010), la Convención
tiene 147 Estados signatarios, 96 de los cuales la
han ratificado. Los Estados firmantes de su Protocolo
Facultativo son 90, y ha sido ratificado por 60 de
La entrada en vigor de la Convención no se produjo
hasta el 3 de mayo de 2008, y su puesta en práctica
está mediatizada por lo acordado en la Conferencia
de Madrid de Noviembre de 2007 donde se 'insta a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a que aceleren el proceso de ratificación de la Convención
a fin de asegurar su rápida entrada en
vigor' (ONU, 2007). Sus iniciativas se han visto
secundadas en sucesivas Conferencias de Estados
Partes en 2008 y 2009. La ciudad de Nueva York
acogió del 1 al 3 de septiembre de 2010 la III Conferencia.
España firmó el texto de la Convención y el
Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, y los
ratificó el 3 de diciembre de 2007.
¿Cuáles son los compromisos adquiridos por la
Firma de la Convención y la ratificación del Protocolo?
La Convención compromete, en primer lugar, a
una definición comprehensiva de la discapacidad
como la que se estipula en su artículo 1: 'Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás' (ONU, 2006).
Esta definición, con la cual ha de ser compatible la
definición de los Estados Miembros, se hace eco de
un importante cambio de paradigma auspiciado por
la Convención. Frente a un planteamiento que afirma
que la discapacidad es intrínsecamente mala, un
defecto o enfermedad que debe ser prevenida, corregidao paliada, la Convención suscribe de forma
explícita en su articulado el denominado 'modelo
social' (Palacios y Romañach, 2007), y en lugar de
situar las dificultades que experimentan las personas
con discapacidad en su propia constitución físico psíquica,
se considera que son las dificultades de la
sociedad para acogerlas en su diversidad las que
están en la base de las múltiples discriminaciones
que experimentan. Según este nuevo paradigma, la
discapacidad es el resultado de la interacción del
sujeto con un entorno excluyente que no da cabida 'a las diferencias y límites del individuo o impide su
participación en la sociedad' (ONU, 2010: 08). La
discapacidad no es percibida ya como una tragedia
personal, sino como una cuestión de derechos. Las
personas dejan de ser consideradas como 'receptoras
de servicios de beneficencia u objetos de las
decisiones de otros, y pasen a ser titulares de derechos'
(ONU, 2010: 11). Tal enfoque de derechos
implica cambios a nivel estructural, de modo que se
creen las condiciones que permitan la plena participación
de todas las personas sin distinción de género etnia, religión, nivel socioeconómico o, como es
el objeto específico de esta Convención, discapacidad.
El cambio de paradigma mencionado se concreta
también en una serie de Principios generales recogidos
en el artículo 3 de la Convención.
Además de su espíritu y de sus aspectos programáticos,
la Convención recoge una serie de obligaciones
concretas hacia los Estados Partes de cara a los
ciudadanos con discapacidad y a los colectivos en
que se agrupan, pudiendo unos y otros interponer
comunicaciones al Comité de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito
es velar por el cumplimiento de lo acordado en
la Convención. Sus funciones vienen recogidas en el
artículo 34 y sus competencias son habilitadas por
un Protocolo Facultativo.
Al respecto del procedimiento, el Protocolo Facultativo
reconoce la competencia del Comité para considerar
las comunicaciones presentadas por personas
con discapacidad o colectivos de personas con discapacidad
en torno a las violaciones de derechos
humanos de las que aleguen ser víctimas por parte
de un Estado que haya ratificado el Protocolo. Debe
señalarse que todos los Estados Partes están obligados
por el artículo 35 a presentar, al cabo de dos
años, un informe inicial de su situación e informes
de mejora y seguimiento cada cuatro años.	De especial relevancia para la promoción de la Vida
Independiente es el artículo 19 de la Convención, en
el que se destaca de forma explícita el servicio de
asistencia personal. El asistente personal es la persona
que, escogida y contratada por la persona en
situación de dependencia, le asiste en el desenvolvimiento
de su vida cotidiana, facilitándole el acceso
al empleo, a la educación y a todas las formas de la
participación social. Esta figura goza de un prolongado
arraigo en otros países de Europa donde lleva
implantada desde los años ochenta (Rodríguez-Picavea
y Romañach, 2006). Las obligaciones de España,
derivadas de la ratificación de la Convención y de su
Protocolo Facultativo, consistirán en promover el
acceso a la asistencia personal de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la Convención.
'Artículo 19. Derecho a vivir en forma independiente
y a ser incluido en la comunidad:
reconocen el derecho de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones
iguales a las de los demás, y tomarán medidas
eficaces y adecuadas para facilitar el pleno
disfrute de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación
en la comunidad, incluso asegurando que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad
de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién desean vivir, en pie de
igualdad con los demás, y no se vean obligadas
a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso
a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia
personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y
para evitar su aislamiento o separación deésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición,
en condiciones de igualdad, de las personas
con discapacidad y tengan en cuenta sus
necesidades'.
Debe notarse que la figura del/de la asistente personal
presenta notables diferencias con la figura del/de
la cuidador/a, ya que, como señala la Convención, su
función es la de facilitar la existencia y la inclusión de
las personas con discapacidad en la comunidad para
evitar su aislamiento o separación de ésta, y evitar así
recluir a la persona en el ámbito familiar.
2. EL COMPROMISO LEGAL QUE ADQUIERE ESPAÑA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN
La Convención prevé un conjunto de medidas de no
discriminación y de acción positiva que los Estados
que la ratifiquen deberán implantar para garantizar,
en igualdad de condiciones y oportunidades, el
acceso a sus derechos a las personas con discapacidad
(MSPS, 2010).
A todos los efectos, la Convención ya forma parte
del ordenamiento jurídico español, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución
española, según el cual 'los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente
en España, formarán parte del ordenamiento
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
prevista en los propios tratados o de acuerdo con
las normas generales del Derecho Internacional'.
Pero, además, la Convención tiene una influencia
relevante a nivel constitucional, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 10.2, también de la Constitución: 'Las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución reconoce,
se interpretarán de conformidad con la
tratados y acuerdos internacionales'. Así, el artículo
10.2 vincula la interpretación de los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución a los tratados
sobre esta materia ratificados por España, y dota de
un rango constitucional a los tratados sobre derechos
que ya forman parte del Derecho interno en virtud
de su artículo 96.1. En este sentido, resulta
necesario analizar la legislación española, para
saber si se adecua o no a lo establecido en la Convención
y a su filosofía (De Asís y Barranco, 2010).
El Derecho internacional, y en especial lo relacionado
con el sistema de los derechos humanos, se considera,
pues, de rango superior a las leyes de un
Estado. Esto es así de acuerdo con lo estipulado en
los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena de
1969, firmada el 23 de mayo de ese mismo año, y
que no entró en vigor hasta el 27 de enero de 1980.
España la incorporó a su sistema legislativo a través
del BOE el 13 de junio de 1980 (Romañach, 2010).
Así pues, el Estado español está obligado a modificar
todas las leyes nacionales que contravengan o
no estén de acuerdo con lo establecido en las convenciones
que haya firmado. Al estar tan reciente la
entrada en vigor de la Convención, esta modificación
todavía no ha tenido lugar. No obstante, se ha realizado
ya el análisis previo necesario para detectar
qué leyes son las que requieren ser modificadas.
Este análisis ha sido realizado por el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la
Universidad Carlos III, y el resultado del mismo es
un informe amplio en el que se señalan más de 120
leyes y decretos de todo tipo que deberán ser modificados
en los próximos años para garantizar el cumplimiento
de lo establecido en la Convención por
parte de España (Romañach, 2010).
3. EN TORNO A LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA El 30 de noviembre de 2006 el Pleno del Congreso
de los Diputados aprobó la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
Situación de Dependencia (Ley 39/2006, BOE de 14
de diciembre), conocida como Ley de Dependencia,
en adelante LEPA.
Los objetivos de la LEPA se exponen tanto en la Exposición
de Motivos como en su artículo 1.1. En la Exposición
de Motivos se afirma que la norma pretende 'atender las necesidades de aquellas personas que,
por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad,
requieren apoyos para desarrollar las actividades
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus
derechos de ciudadanía'. Y en el artículo 1,1, se afirma
que la Ley busca 'regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación
de dependencia, en los términos establecidos en las
leyes', mediante la 'creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia' (SAAD) (De
Asís y Barranco, 2010). El SAAD se configura, asimismo,
como el cuarto pilar del Estado de Bienestar (tras
el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y
el Sistema de Pensiones, desarrollados en la década
de los ochenta), y daría amparo a ese nuevo derecho
subjetivo de ciudadanía, a saber: el derecho a la promoción
de la autonomía personal y a la atención a las
personas en situación de dependencia por parte del
Estado (Bonete, 2009).
El capítulo II de esta Ley establece las Prestaciones y
Catálogo de servicios de atención del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia. Las prestaciones
pueden ser de dos tipos: de servicios y económicas.
Las prestaciones de servicio se especifican en
el artículo 15 de la Ley y se concretan en sus artículos
21 a 25. Incluyen los servicios de prevención de las
situaciones de dependencia, de teleasistencia, de
ayuda a domicilio, los centros de día y noche, y la
atención residencial. Para establecer la prioridad en
el acceso a estos servicios se tendrá en cuenta el
grado y nivel de dependencia y la capacidad económica
de la persona en situación de dependencia. Las
prestaciones económicas, por otra parte, pueden ser
de tres tipos: vinculadas a servicios, vinculadas a
cuidados en el entorno familiar y apoyos a cuidadores
no profesionales, y vinculadas a la asistencia personal.
Las primeras se recogen en el artículo 17 de la
Ley, y se destinan a cubrir los gastos ocasionados
por la adquisición de un servicio, cuando no sea
posible el acceso a un servicio equivalente público o
concertado de atención y cuidado de los establecidos
en el artículo 15. Las vinculadas a cuidados en el
entorno familiar y apoyos a cuidadores no profesionales,
recogidas en el artículo 18, tienen un carácter
excepcional, y sólo puede accederse a ellas cuando
la persona en situación de dependencia esté siendo
atendida en su entorno familiar y se den condiciones
de convivencia y habitabilidad. Por último, las vinculadas
a la asistencia personal se establecen en el
artículo 19, y su finalidad es la promoción de la autonomía
de las personas con gran dependencia, contribuyendo
a la contratación de una asistencia personal,
durante un número de horas, que facilite al
beneficiario el acceso a la educación, al trabajo y al
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.
Una de las ideas centrales de la LEPA es que la atención
de las personas en situación de dependencia se
lleve a cabo, de manera prioritaria, a través de las
prestaciones de carácter asistencial que se relacionan
en el catálogo de servicios del artículo 15. Las
prestaciones económicas tienen un alcance subsidiario
y excepcional (De Asís y Barranco, 2010).
Aunque los objetivos de la LEPA parecen adecuarse
al modelo social, éste desaparece en su especificación
posterior, tanto en lo que se refiere al catálogo
de servicios de dependencia, como a la propia definición
de dependencia que proporciona la ley. El
catálogo de servicios tiene un carácter asistencialista,
centrado exclusivamente en la atención y el cuidado,
y alejado del derecho subjetivo que promueve
la autonomía personal y la vida independiente, prácticas
fundamentales en la filosofía del modelo social
(De Asís y Barranco, 2010).
asistencialista, centrado en
la atención y el cuidado, y
alejado del derecho
subjetivo que promueve la
En su artículo 2.2, la Ley entiende por dependencia 'el estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física,
mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención
de otra u otras personas o ayudas importantes
para realizar actividades básicas de la vida diaria o,
en el caso de las personas con discapacidad intelectual
o enfermedad mental, de otros apoyos para su
autonomía personal'. No se contemplan en esta
definición otras razones para precisar la ayuda de
terceros que las que se derivan de las limitaciones
funcionales, deslizando, además, la idea, abierta a
múltiples interpretaciones, de falta de autonomía
mental. Como se menciona en su artículo 21, la prevención
de las situaciones de dependencia se dirige
a la modificación de aquellos aspectos intrínsecos
de la persona, como problemas de salud y sus
secuelas, sin que en ningún momento se mencione
el entorno social y físico de la misma como origen
de las limitaciones que la persona experimenta para
desarrollar su vida cotidiana, ni se sugieren modificaciones
del mismo. Es evidente que la Ley adopta
un concepto de situación de dependencia centrado	únicamente en las limitaciones de la persona, que
olvida totalmente las restricciones sociales que
intervienen igualmente en la situación de dependencia,
y en consecuencia ignora la interacción entre
ambos factores, a la que alude claramente la Convención
La Convención y la LEPA participan, pues, de principios
inspirados en paradigmas opuestos, que condicionan
el desarrollo de ambos textos. La Convención
está inspirada, como se ha indicado anteriormente,
en el modelo social y esto se refleja a lo largo de su
articulado, por ejemplo, en los artículos 9 (Accesibilidad),
19 (Derecho a vivir de forma independiente y
a ser incluido en la comunidad), 20 (Movilidad personal)
o 30 (Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte), en los que prevalece el derecho de elección, la
voluntad de las personas y la vida independiente
dentro de la comunidad. Por el contrario, la LEPA,
promulgada en 2006, se inspira en el modelo médico,
lo que supone un paso atrás con respecto a la
Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas
con discapacidad (LIONDAU), que ya se inspiraba
de manera plena en el modelo social, posteriormente
reflejado en la Convención. Por ello resulta
difícil llegar a entender el alejamiento notable de la
LEPA con relación al modelo social, cuando en el
momento de elaborarse esta Ley se contaba ya con
los presupuestos del mismo incorporados en la
LIONDAU. Este retroceso conceptual, sobre la base
de principios ya superados, se evidencia a lo largo
del articulado de la LEPA (Rodríguez-Picavea y Romañach,
4. EL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL EN LA
LEPA Y EN LA CONVENCIÓN La asistencia personal es un servicio de apoyo a la
Vida Independiente y a la promoción de la autonomía
personal, que se instrumentaliza a través de
una figura laboral poco conocida y todavía no regulada
en nuestro país: el 'asistente personal' (Blanco
La asistencia personal surgió en EE.UU. promovida
por el Movimiento de Vida Independiente (Independent
Living Movement) en los años ochenta. Precisamente
la rama europea de este movimiento, ENIL
(European Network of Independent Living), puso en
marcha en el año 2009 una campaña para extender la
asistencia personal a todos los países de la UE,
amparándose en la Convención. Suecia (1994) y Gran
Bretaña (1997) cuentan con leyes específicas de Vida
Independiente; leyes generales existen en Italia
(2000) y Noruega (2000); Holanda, Dinamarca, Italia,
Francia, Bélgica, Alemania, Eslovenia y Suiza han
desarrollado asimismo proyectos o sistemas de pagos
asimilables a la Vida Independiente. Se calcula que
actualmente más de 100.000 personas reciben asistencia
personal en Europa, en sus diferentes modalidades,
la mayoría de ellas en Suecia, Francia, Holanda,
Gran Bretaña y Noruega (Blanco et al., 2009).
El asistente personal es aquella persona que realiza
o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra
persona que, por su situación, bien sea por una discapacidad
o por otros motivos, no puede realizarlas
por sí misma. Un caso muy característico es la persona
que tiene una tetraplejia y, por lo tanto, no
puede manejar bien sus manos, sus brazos y sus
piernas. Por ello necesita ayuda para vestirse, para
lavarse, para comer, para beber, para tomar notas,
para conducir, para desplazarse, para ir al baño, etc.
Sin embargo, a pesar de no poder realizar de manera
autónoma estas tareas, mantiene plenamente su
capacidad de tomar decisiones y de elegir las condiciones
en las que desea realizar sus actividades
(Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006).
La figura del asistente personal se recoge en el artículo
19 de la Convención, que establece el derecho a
vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad. Dicha figura también se encuentra prevista
en la LEPA. El artículo 2.7 establece que se
entiende por asistencia personal el 'servicio prestado
por un asistente personal que realiza o colabora
en tareas de la vida cotidiana de una persona en
situación de dependencia, de cara a fomentar su vida
independiente, promoviendo y potenciando su autonomía
personal'. El artículo 14.5 considera que “las
personas en situación de dependencia podrán recibir
una prestación económica de asistencia personal en
los términos del artículo 19”. Y este artículo 19 regula
la prestación económica por asistencia personal, que 'tiene como finalidad la promoción de la autonomía
de las personas con gran dependencia. Su objetivo
es contribuir a la contratación de una asistencia personal,
beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así
como una vida más autónoma en el ejercicio de las
actividades básicas de la vida diaria'.
Esta prestación económica se encuentra doblemente
restringida en el texto de la LEPA: en primer lugar,
en cuanto al ámbito de las actividades que cubre
(educación, trabajo y actividades básicas de la vida
diaria), y en segundo lugar, en cuanto a las personas
que tienen acceso a la misma, limitándose a las
personas valoradas como con 'gran dependencia',
según el artículo 19 (De Asís y Barranco, 2010).
Obsérvese que mientras los artículos 2.7 y 14.5
hacen referencia a 'personas en situación de dependencia',
el artículo 19 restringe la prestación económica
a 'personas con gran dependencia'. Esta discriminación
arbitraria hacia las personas con
dependencia moderada o severa choca frontalmente
con el derecho recogido en el artículo 4.2.11 de la
LEPA: 'Derecho a la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera
de los ámbitos de desarrollo y aplicación de
esta Ley' (Blanco et al., 2009).
En otro orden de cosas, aun cuando en la LEPA no
hay un pronunciamiento específico sobre la naturaleza
del asistente personal, la propia finalidad de la
prestación ('contribuir a la contratación de una asistencia
personal') introduce un elemento de profesionalización
que parece ir en la dirección de excluir
a los familiares del modelo de asistente personal.
Del artículo 19 de esta Ley se deduce que el asistente
será contratado bajo la condición de trabajador
que prestará sus servicios de forma dependiente, en
el caso de constituirse una relación laboral, o de
forma autónoma, de ser otra la naturaleza del vínculo
constituido (De Asís y Barranco, 2010). Actualmente,
esta figura profesional no está regulada por ningún tipo de convenio, por lo que lo más frecuente
es realizar un contrato bajo la figura de servicio
doméstico. Pero el asistente personal no es un
empleado de servicio doméstico, por lo que se
requiere el desarrollo de un convenio específico que
establezca un salario mínimo y el pago de unas cuotas
del seguro social. El asistente personal, como
cualquier otro trabajador, debe estar siempre dado
de alta en la Seguridad Social (Rodríguez-Picavea y
Romañach, 2006).
En España existen muy pocos análisis que contemplen
los beneficios económicos, además de los
sociales y de igualdad, derivados de la implantación
de la asistencia personal. Blanco et al. (2009) consideran
que la figura del asistente personal representa
una fuente de empleo flexible, no deslocalizable,
profesional, humanamente atractivo y enriquecedor,
y adaptable al territorio y a las necesidades específicas
de la sociedad, y una inmejorable inversión
directa en empleo, ya que la presencia mínima de
costes indirectos de gestión garantiza que la inversión
de fondos públicos sea convertida en empleos
directos, sin intermediarios y sin lucro empresarial.
Además, a diferencia de otras prestaciones y servicios,
como el cuidador no profesional o el Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD), la asistencia personal
constituye una alternativa al rol tradicional del 'cuidador
familiar', desarrollado mayoritariamente por
las mujeres. Mientras que otras medidas y prestaciones
se orientan a ayudar escasamente a las mujeres,
manteniéndolas en su papel de cuidadoras
informales (aliviando un poco su carga de trabajo o
remunerándolas mínimamente), la asistencia personal
permite su emancipación de tales labores (Blanco
5. PROMOCIÓN REAL DE LA AUTONOMÍA PERSONAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ACTUAL DE LA LEPA
5.1. Procedimiento y catálogo de prestaciones La LEPA establece el derecho subjetivo a recibir una
serie de prestaciones, que pueden ser de dos tipos:
económicas y de servicios. Para acceder a ellas se
ha instituido un procedimiento administrativo que
En la primera, el solicitante tiene que ser evaluado
y reconocido en un grado y nivel de dependencia.
El dictamen de esta evaluación se basa
en la aplicación de un cuestionario y en la entrevista
directa de la persona en la que se valora
solamente su desempeño en una serie de actividades
básicas cotidianas como levantarse,
comer, vestirse, asearse, etc., responsabilizandoúnicamente a la persona de sus posibles dificultades,
sin tener en cuenta la situación de discriminación
social en la que pueda estar viviendo.
En una segunda fase de este procedimiento se
elabora el Plan Individual de Atención (PIA), en el
que se ofrece al solicitante una serie de prestaciones
a las que tendría derecho en función de
su grado y nivel de dependencia reconocido.
La LEPA prescribe en el artículo 14.2 la prioridad del
catálogo de servicios, dejando las prestaciones económicas
para casos excepcionales en los que no se
pueda ofrecer el servicio asignado.
El SAAD es el mecanismo estatal a través del cual las
administraciones públicas tramitan las solicitudes y
gestionan la información relacionada con la implantación
de la LEPA.
Tabla 1. Catálogo de servicios y prestaciones económicas
contempladas en la LEPA
Prestaciones del catálogo de servicios
Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los	de promoción de la autonomía personal.
Servicio de Centro de Día y de Noche.
P. E. vinculada a servicio (sólo en caso de que el servicio no esté disponible).
P. E. para cuidados en el entorno familiar.
P. E. de asistencia personal (sólo grado III).
Fuente: Ley 39/2006
5.2. La implantación de la Ley y su retardo administrativo El Estado asignó a las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) la labor de tramitar el procedimiento de
ingreso en el sistema y de enviar los datos de los
expedientes para comprobar el nivel de implantación
de la Ley, y si sus prestaciones llegaban finalmente
a los beneficiarios.
Las características propias de cada Comunidad Autónoma,
tales como población, grado de envejecimiento,
distribución geográfica, medios e infraestructuras,
etc., además de los intereses políticos y coyunturales
de cada una, favorables o reticentes a la implantación
del sistema, generaron una puesta en funcionamiento
de la LEPA muy desigual de un territorio a otro (OED,
mayo 2010: 9). Por estos motivos, los datos registrados
en el SAAD a veces pueden generar imágenes distorsionadas
de la realidad, sobre todo en lo que se
refiere a la información tomada en tiempo real (OED,
mayo 2010: 4). Sin embargo, con datos acumulados
desde hace dos años se pueden detectar algunas tendencias
bastante asentadas.
Desde los primeros meses las CC.AA. se dedicaron a
emitir los dictámenes de valoración de dependencia
que les eran solicitados. Hasta la fecha actual han sido evaluados el 90,99 % de los solicitantes (Imserso,
noviembre 2010). Tras un periodo de prueba y
puesta en aplicación del baremo, el plazo de espera
entre la solicitud y la emisión del dictamen se ha
estabilizado en unos tres meses. El volumen de solicitudes
se ha mantenido estable durante estos
años, e incluso ha aumentado ligeramente. Por lo
tanto se puede concluir que la evaluación de dependencia
de los solicitantes ha funcionado con relativa
agilidad, sobre todo comparada con los plazos de
espera de siguientes fases del procedimiento. En
noviembre de 2010 hay 874.154 personas valoradas
con derecho a atención (Imserso, noviembre 2010).
El paso más problemático viene siendo la elaboración
del PIA. La media de PIA resueltos ha disminuido
de 28.847 en 2008 a 18.083 en 2010; de lo que se
deriva que al sistema cada vez le cuesta más entregar
los servicios y prestaciones que supuestamente
debería (OED, mayo 2010: 13). De las personas valoradas
con derecho reconocido, el 31% (unas 250.000)
continúan a la espera de que se resuelva su PIA y
comenzar a recibir atención, en el denominado 'limbo de la dependencia'. Este número de desatendidos
se mantiene invariable desde hace algo más
de un año, e incluso se observa una ligera tendencia
al alza. Los tiempos medios de espera en este limbo
suelen ser de 12 meses (OED, mayo 2010: 6).
En el marco legal de la LEPA se programó una
implantación progresiva de las prestaciones que se
ofrecía, incorporando primero a los casos considerados
más dependientes, de grado III, después los de
grado II durante el periodo 2008-10 y finalmente los
de grado I a partir de 2011. Teniendo en cuenta que
esta planificación, de momento, ha seguido su
curso, esto ha dado como resultado general que las
administraciones de las CC.AA. se hayan visto desbordadas
En primer lugar, las CC.AA. no disponen actualmente,
ni en el mejor de los casos, de una red de servicios
que pueda atender la creciente ola de solicitudes
que se ha generado, al menos en las
condiciones que prescribe la Ley (OED, mayo 2010:
15). El segundo motivo más aludido, y directamente
relacionado con el anterior, tiene que ver con el alto
coste de estos servicios (OED, mayo 2010: 15). De
los ofrecidos en el catálogo, que tienen por Ley
carácter prioritario, el servicio de atención residencial
es con diferencia el más costoso, unos 2.100 €
al mes por plaza (3). Sin embargo, viene siendo el más
potenciado por el conjunto de las CC.AA., en la
medida de sus respectivas posibilidades, con un
68,6% del presupuesto total para la atención a la
dependencia dedicado a la atención residencial
(Imserso, 2004: 538). Es decir, los gobiernos autonómicos
arrastran una tradición de atención a la
dependencia a través de servicios residenciales que,
además de onerosos, fomentan la institucionalización
5.3. Distribución de las prestaciones y servicios: la
prestación más tramitada es la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar (PECEF)
A nivel estatal se observa una tendencia general a
pedir atención en el entorno habitual. Esta es una
preferencia lógica y legítima de los usuarios, ya que
la institucionalización suele ser el último recurso al
que se acude, cuando se han agotado los demás.
Por otra parte, los servicios de proximidad (servicio
de ayuda a domicilio y teleasistencia) están muy
poco implantados, se ofrecen con horarios muy restringidos
y con muy poca flexibilidad en las tareas,
ya que las/los profesionales están más acostumbrados
a tareas domésticas que a tareas de cuidado
personal (OED, mayo 2010: 15). Este tipo de cuidado
consiste en tareas relacionadas con las actividades
de levantarse, acostarse, aseo personal, alimentación
y cuidados sanitarios (Azaña, 2009: 9). En ningún
caso, el servicio de asistencia a domicilio puede
cubrir las necesidades de asistencia en el trabajo,
en viajes, eventos sociales, etc., a no ser que amplíe
sus competencias a las del asistente personal, en
cuyo caso ya no se trataría de ayuda a domicilio
(Blanco et al, 2008: 11).
Así las cosas, según informe del Imserso (noviembre
2010), la elección preferida de los solicitantes suele
ser la prestación para cuidados en el entorno familiar
(PECEF), con el 48,96%. La siguen, a gran distancia,
la atención residencial (15,34%) y el servicio de
ayuda a domicilio (11,18%). La PECEF es la prestación
más sencilla de tramitar. Normalmente basta
con firmar una declaración responsable por parte
del cuidador comprometiéndose a prestar estos servicios,
y presentar un padrón que acredite que vive
en el hogar familiar del beneficiario. No es necesario
presentar ningún documento posterior que justifique
el buen uso del importe de la prestación.
La cuantía se establece en función del grado y nivel
de dependencia. De todas formas, el importe máximo
de la prestación está sujeto a deducciones en
función de la capacidad económica del beneficiario.
Esto genera una situación comprometida para el
beneficiario ya que sus aspiraciones a buscar
empleo y a adquirir un nivel de renta que le reporte
cierta autonomía económica puede ir en contra del
interés de su cuidador familiar que vería disminuidos
sus ingresos. Por estos motivos la PECEF, aunque
permite la permanencia en el entorno habitual,
lo hace a costa de afianzar la dependencia familiar,
encadenando a cuidadores y personas cuidadas a una relación forzosa que puede desembocar en conflicto
(Arnau, 2009).
Las administraciones autonómicas, en principio, no
han opuesto resistencia a esta tendencia porque
supone la manera más económica y rápida de atender
a los solicitantes. Según el Observatorio Estatal
de la Dependencia (mayo 2010: 15), 'una PECEF
supone un coste mensual medio de 410 €/mes,
mientras que el servicio más barato del catálogo
dobla esta cantidad y hasta la cuadruplica en el caso
de los servicios residenciales'. Ante la falta de alternativas
más atractivas, la mayor parte de los beneficiarios
y sus familias prefieren, después de todo
recibir la ayuda económica de la PECEF, por escasa
que sea, tanto que no alcanza el salario mínimo
interprofesional, y seguir organizándose la vida
(OED, mayo 2010: 15) hasta que no haya más remedio
que aceptar la reclusión parcial o total.
5.4. La prestación menos tramitada es la prestación
económica para asistencia personal
La prestación económica para asistencia personal
(en adelante PEAP) es la menos tramitada del catálogo,
con un 0,09%, 698 en toda España (Imserso,
noviembre 2010); desde principios de 2009 se han
asignado únicamente 80 nuevas. La siguen en el
grupo de las menos solicitadas, a mucha distancia,
el servicio de prevención de la dependencia (1,36%)
que continúa sin ser especificado, y el servicio de
centro de día o noche (5,65%).
En general, las administraciones autonómicas y
estatales no muestran interés por promover y difundir
entre los solicitantes de la LEPA la PEAP (Blanco
et al, 2009: 9). Al contrario de lo que ocurría con el
cuidador en el entorno familiar, no se ha desarrollado
mediante decretos la figura del asistente personal,
ni su perfil profesional, ni su convenio de trabajo.
Su inexistente marco laboral tiene como
consecuencia que los asistentes personales contratados
directamente por los usuarios se tengan que
acoger al régimen de autónomos de la Seguridad
Social, que exige cotizar mucho más. Por otro lado,
es, con diferencia, la prestación más compleja de
tramitar y justificar ante la Administración. Requiere
la presentación periódica del contrato laboral del
asistente personal y obliga a acreditar que el trabajador
está inscrito en la Seguridad Social.
La cuantía económica de la prestación se establece
en función del grado y nivel de dependencia, pero
sólo para los casos de grado III niveles 1 y 2. El
importe máximo es de 833,96 € y no incluye cuota
adicional para la Seguridad Social como ocurre en el
caso de la PECEF. Esta cuantía permite contratar apenas
2-3 horas de asistencia personal al día, sin
incluir los fines de semana. Como señalan Blanco et.
al. (2009) 'teniendo en cuenta que hablamos de personas baremadas en grado III, se hace evidente
que el importe no alcanza ni para la mera supervivencia,
menos aún para cumplir el objetivo de la
prestación para asistencia personal de cubrir el
acceso al mundo laboral y los estudios'.
Tabla 2. Cuant�as asociadas a las prestaciones econ�micas
Cuantías máximas de las prestaciones económicas por grado y nivel para 2010 Prestación económica vinculada al servicio Prestación económica para cuidados en el entorno familiar Prestación económica para asistencia personal Cuantía
(161,01+
1,48)
Grado III nivel 1 625,47
Grado II nivel 1 401,20
Fuente: RD 374/2010 sobre las prestaciones económicas de la Ley
Además, la PEAP también está sujeta a deducciones
por copago en función de la capacidad conómica,
lo que de nuevo desincentiva la búsqueda de
empleo y fomenta la pasividad. Casi siempre se olvidan
los retornos que se obtendrían al favorecer la
inclusión laboral de las personas con diversidad funcional
en forma de cotizaciones, impuestos sobre la
renta, reducción del gasto público en pensiones y de
capacidad económica para consumir (Blanco et al,
2009: 22). Todo ello, unido a la prácticamente nula
difusión que se ha hecho de la asistencia personal
como herramienta para la autonomía personal, ha
contribuido a que los posibles interesados no solicitasen
una prestación económica que en muchos
casos ni siquiera sabían que existiese (Blanco et.
al., 2009: 9).
6. DOS MODELOS DE POLÍTICA SOCIALES La abundancia de solicitudes de PECEF requeridas
por las personas en situación de dependencia, reflejada
en los datos anteriormente expuestos, permite
extraer dos conclusiones en relación a los motivos
que las animan:
En primer lugar, que las personas no desean trasladarse
y/o permanecer a la fuerza en un sitio,
aunque tal lugar ofrezca cubrir un mínimo de
necesidades básicas. Si no hay más remedio que
permanecer en un lugar, se suele elegir el domicilio
habitual de la familia donde, al fin y al cabo, se
ha venido desarrollando su proyecto de vida.
En segundo lugar, las personas en situación de
dependencia prefieren gestionar ellas mismas los recursos que puedan recibir para llevar el
régimen de vida que decidan, en la medida de lo
posible, antes que confiar la gestión de esos
mismos recursos a una institución prestadora de
servicios (OED, mayo 2010: 15).
Sobre la base de estas dos ideas sugerimos como
herramienta de análisis dos modelos de intervención
social en casos de colectivos en riesgo de
exclusión, como los asociados a situaciones de
dependencia y discapacidad, que tienen lugar cuando
faltan los apoyos que garantizan la igualdad de
oportunidades en el ejercicio de los derechos (Rodriguez-
Picavea y Romañach, 2006-2007). Estos modelos
son el de centro de servicios y el de autogestión
6.1. Centro de servicios
Este modelo se corresponde con la intervención a
través de la atención residencial o centros de
Se caracteriza por la concentración de necesidades
en un único espacio administrativo de distribución
de servicios. Este espacio de gestión suele coincidir
con la existencia de un espacio físico al que hay que
desplazarse para recibir el servicio, siendo casi
siempre ineludible permanecer la mayor parte del
tiempo en él si se precisa del servicio continuamente.
Por lo tanto se obliga al usuario a abandonar el
entorno de su comunidad, temporal o permanentemente.
Las necesidades se señalan teniendo en
cuenta las capacidades físicas y/o cognitivas de los
usuarios. No se consideran, en principio, sus particulares
deseos y expectativas porque el objetivo
prioritario del centro es atender ciertas necesidades
básicas (cuidado, nutrición, higiene, etc.).
Los recursos para dotar los servicios se estiman en
base al número de personas que ha de atender el
centro. Dicha estimación no se ajusta a las necesidades
particulares de cada uno y trata todos los casos
como si fuera el mismo. Así, todas las plazas de un
centro residencial tienen asignados los mismos
recursos, lo que contribuye a la ineficacia en el
gasto. La gestión y distribución de tareas son decididas
por los gestores y los técnicos. Como los recursos
siempre son limitados, no queda más remedio
que priorizar economías de escala para ahorrar costes
frente a requerimientos particulares, lo cual profundiza
aún más en el proceso de homogeneización.
En semejante marco de gestión la consulta a los residentes
es muy poco vinculante. Como señalan Arnau
et al. (2007: 22): 'Las residencias, en la práctica, son
centros donde el/la individuo/a no tiene poder de
decisión, donde las decisiones las toma la dirección
del centro. Los horarios están predeterminados y la
libertad de movimientos está sujeta a estos'.
La relación entre beneficiario y los trabajadores que
le atienden está mediada por el equipo gestor, lo
cual priva al usuario de la decisión final sobre cómo
y quién debe realizar las tareas que cubran sus
necesidades. Estos es especialmente dramático
cuando se dan conflictos que pueden llegar a incluir
el abuso (CERMI, 2009: 25).
El servicio de asistencia a domicilio, si bien no exige
el desplazamiento y permanencia en un centro (esa
es su gran baza frente a la atención residencial),
cumple sin embargo el resto de características del
modelo de centro de servicios. La gestión se realiza
de forma ajena al beneficiario, las tareas se determinan
sobre un conjunto reducido y homogéneo de
necesidades básicas y el control de la realización del
trabajo recae sobre un equipo profesional especializado
(Azaña, 2009: 9).
6.2. Autogestión de recursos
Señalan Blanco et al (2009) que 'el derecho a la
igualdad debe basarse en la circulación de derechos a
través de la inversión directa en las personas que los
perciben, de manera que, cumpliendo con sus deberes
tributarios, lleguen al final de la cadena la mayor
parte de los recursos disponibles, a fin de que sean
transformados en el apoyo individual y específico que
cada persona precisa para estar en igualdad de oportunidades'.
Tal y como se presenta a continuación,
este modelo de intervención social se correspondería
con la prestación económica para asistencia personal,
pero no en los términos restrictivos del marco de la
LEPA, sino bajo los principios inspiradores del artículo
19 de la Convención. Lo que se presenta a continuación
se aproxima bastante a un modelo ideal de asistencia
personal basado en las experiencias y reflexiones
de personas que utilizan este recurso para
promover su autonomía (Vidal García, 2003).
El modelo se caracteriza por la descentralización de
las intervenciones que llevaría a cabo el propio sujeto
de la intervención, es decir, la persona en situación
de dependencia, con el asesoramiento de un
comité técnico. Esto sería al contrario de lo que
sucede en el modelo de centro de servicios, donde
el comité técnico lleva a cabo la intervención sobre
un conjunto de personas sin que éstas puedan decidir
apenas nada sobre la asistencia que recibían. El
hecho de ser la persona misma la que aplicaría la
autogestión de los recursos necesarios para promover
su autonomía, no solamente en su entorno habitual,
sino en cualquier contexto y situación (laboral,
cultural, educativa, familiar, etc.) favorece su inclusión
en la comunidad (Arnau et al, 2007: 35). Tratándose
de recursos públicos, su cuantía se podría
decidir en proceso deliberativo entre el solicitante y
una comisión pública en la que al menos hubiese
una representación del colectivo con necesidades
En dicho proceso se tendrían en cuenta las necesidades
físico-cognitivas de la persona establecidas
en función de su situación y proyecto vital y no al
contrario. Así una persona con diversidad funcional
y gran dependencia que necesite acudir a su centro
de trabajo requerirá unas horas y un tipo de asistente
personal distintos de los que necesita otra persona
gran dependiente que teletrabaja desde casa.
Una vez asignados, la gestión de recursos y la distribución
de tareas de todo tipo (básicas, sociales,
acompañamiento, ocio, etc.) serían gestionadas por
la persona beneficiaria.
7. CONCLUSIONES Las conclusiones que se ofrecen a continuación se
orientan en el sentido de dar respuesta a la cuestión
planteada en el título de este artículo: por qué la Ley
de Dependencia no constituye un instrumento para
la promoción de la autonomía personal:
Porque al haber ratificado España tanto la Convención
como su Protocolo Facultativo, está obligada
a introducir en su ordenamiento legislativo
todas las modificaciones que sean necesarias
para adecuar el mismo al contenido de estos dos
tratados internacionales. Ello incluye, por
supuesto, a la LEPA, que precisa de importantes
cambios hasta la fecha no realizados (De Asís y
Barranco, 2010).
Porque, como es ampliamente admitido, la LEPA
se basa en el modelo médico (Palacios y Romañach,
2007), un paradigma ya superado, al
menos en lo legislativo, acerca de la consideración
social de la discapacidad y de las personas
con discapacidad, que no es el paradigma que
inspira la Convención. Esta adhesión al modelo
médico es evidente en el contenido de la Ley,
tanto a nivel conceptual y en las definiciones que
plantea, como la de situaciones de dependencia,
por ejemplo, como en su catálogo de servicios de
dependencia, en el que se priorizan algunos de
ellos, de carácter marcadamente asistencialista,
en detrimento de otros, de mayor potencial en la
promoción de la autonomía de las personas (De
Asís y Barranco, 2010). Esta falta de igualdad de
oportunidades en el acceso a tales servicios
estaría en desacuerdo con lo establecido en el
artículo 19 de la Convención.
Porque la LEPA, no sólo no se alinea, sino que se
aleja, del planteamiento de la Convención, que
remite al modelo social o de Vida Independiente,
un paradigma que desde hace más de tres décadas
se viene implantando en sustitución del ya
mencionado modelo médico, y que en España se
introdujo plenamente en el ámbito legislativo en
2003 por medio de la LIONDAU, con respecto a la
cual la LEPA supone, en consecuencia, un incomprensible
paso atrás (De Asís y Barranco, 2010;
Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006-2007).
Porque en la primera fase del proceso de evaluación
que conduce, según la LEPA, a la obtención
del grado y nivel de dependencia, el dictamen se
basa únicamente en la atención al desempeño
individual de la persona en una serie de actividades
básicas de la vida diaria, que no considera el
efecto negativo que el entorno pueda tener sobre
la capacidad para tales desempeños; una interacción
ésta que remite al planteamiento del
modelo social y es tenida muy en cuenta en la
Convención. Por otro lado, al considerar tales
actividades se ignoran por completo otras actividades
fundamentales para una vida social participativa
e integrada en la comunidad, destacadas
bajo el punto de vista más amplio de la Convención
y de la LIONDAU, pero olvidadas en el planteamiento
Porque del catálogo de prestaciones que se establece
en la LEPA se priorizan de manera arbitraria
aquellas relacionadas con los servicios, limitando
las prestaciones económicas para casos
excepcionales, siendo éstas, precisamente, las
que en mayor medida pueden contribuir a promover
la autonomía personal, de manera destacada
la prestación económica para asistencia
personal. Esta priorización en los servicios es
contraria a la igualdad de oportunidades señalada
en el artículo 19 de la Convención.
Porque, en relación con el punto anterior, la LEPA
ignora que la asistencia personal constituye una
alternativa a la promoción de la autonomía con
una larga y fructífera implantación en EE.UU. y
otros países de Europa con una experiencia
mayor que la de España en el ámbito de la atención
a la dependencia (Blanco et al., 2009). En
lugar de seguir, al respecto, modelos ya conocidos,
la LEPA desatiende casi por completo las
experiencias previas que validan el potencial de
esta alternativa, cuya presencia es destacada en
el artículo 19 de la Convención.
Porque, ignorando nuevamente lo establecido en
el recién mencionado articulo 19, la LEPA restringe
doblemente la prestación económica para
asistencia personal (De Asís y Barranco, 2010):
por un lado, limitando el conjunto de las actividades
a las que se destina (únicamente a la educación,
al trabajo y a las actividades básicas de
la vida diaria) y, por otro, restringiendo las personas
que pueden ser beneficiarias de la misma:únicamente aquellas personas valoradas como
de 'gran dependencia' (artículo 19 de la LEPA).
Porque, en caso de obtención de la PEAP, y tratándose
por ello de una persona valorada como
de 'gran dependencia', la asignación económica asociada a la prestación apenas alcanza para
contratar dos o tres horas de asistencia personal,
condición ésta, evidentemente, incompatible con
la promoción de la autonomía personal establecida
como uno de los objetivos fundamentales de
la LEPA (Blanco et al., 2009), y con el papel relevante
que se otorga a esta prestación en el artículo
19 de la Convención.
Porque la prácticamente nula difusión que las
administraciones han hecho de la prestación
económica para asistencia personal, unida al
complejo proceso administrativo de tramitación
que la LEPA establece para su obtención, conduce
a que en la práctica dicha prestación sea, de
hecho, la menos solicitada: en torno al 0,1% de
los expedientes, frente al casi 50% de la prestación
económica para cuidado en el entorno del
hogar, la más sencilla de tramitar (Imserso,
noviembre 2010). Esta importante diferencia
revela que las posibilidades de acceso no son las
mismas en ambos casos, lo que supone un conflicto
con el artículo 19 de la Convención.
Teniendo en cuenta este conjunto de conclusiones,
resulta difícil considerar la LEPA, en su estado
actual, como el instrumento legislativo garante del
derecho subjetivo a la promoción de la autonomía
personal, tal y como se establece en el artículo 1.1
de la propia Ley.
1.- Este artículo se inscribe dentro del Proyecto 'Filosofía de las
tecnociencias sociales y humanas' (FFI2008-03599) del Plan Nacional
de I+D+i (2008-2011), y del Proyecto Intramural del CSIC 'Discapacidad,
envejecimiento y calidad de vida'. Está basado en la
ponencia que fue presentada en el II Congreso Anual de la Red
Estatal de Políticas Sociales (REPS), 'Crisis económica y políticas
sociales', celebrado en Madrid el 30 de septiembre y 1 de octubre
2.- Tales documentos son: la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares,
y la Convención Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, que aún no ha entrado
3.-Dato elaborado a partir del coste anual de los Centros Residenciales
para Personas con Discapacidad en Situación de Dependencia
(IMSERSO, 2004: 332).	SUBIR