Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/210/025.html
Timestamp: 2013-05-18 21:46:44
Document Index: 226181196

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 131', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 18']

BOC - 2003/210. Martes 28 de Octubre de 2003 - 3983
BOC Nº 210. Martes 28 de Octubre de 2003 - 3983
3983 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de agosto de 2003, sobre notificación de Acuerdos de iniciación a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.
No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles los Acuerdos de iniciación recaídas en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los Acuerdos de iniciación recaídos en los expedientes que se les han sido instruidos por presunta infracción a la legislación en materia de consumo.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, los correspondientes Acuerdos de inicio para su publicación en el tablón de edictos.
1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO.
Vistos el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de Defensa del Consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:
INCULPADO: Reformas Las Indias, S.L.
Nº EXPEDIENTE: 38/83/2003.
D.N.I. o N.I.F.: B38442539.
HECHOS: el día 23 de octubre de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Reformas Las Indias, S.L., con domicilio en calle Francisco Aguilar y Aguilar, 7, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y extiende el acta nº 2286 procediendo a comprobar la reclamación nº 1145/02, formulada por Dña. Esther Purriños Molina, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa al realizar un trabajo de alicatado en la fachada de su vivienda de forma defectuosa, por el desprendimiento de piedras a los seis días de concluir la obra y sin que la empresa se hiciese responsable da tales anomalías.
Personado el Inspector actuante se constata que el establecimiento reclamado, no dispone de las preceptivas Hojas de Reclamaciones, ni del cartel anunciador de las mismas, siendo este hecho constitutivo de infracción en materia de consumo.
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve.
SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, apartado 1, de la Ley 26/1984.
En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de doscientos cuarenta (240) euros.
INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructora a Dña. María Concepción Díaz Lorenzo y Secretaria a Dña. María Dolores Molina Herrera, quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto.
ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna.
Comuníquese este Acuerdo de iniciación a la Sra. Instructora del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993 y, comunicándoles que de conformidad con el artº. 42 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses produciéndose en caso de silencio administrativo, su caducidad.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO.
INCULPADO: Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L.
Nº EXPEDIENTE: 38/144/2003.
D.N.I. o N.I.F.: B07974801.
HECHOS: el día 13 de diciembre de 2002, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Cuenda e Iglesias Servicio del Gas, S.L. con domicilio en la calle Heraclio Sánchez, Edificio Galaxia, local 21-B, del término municipal de La Laguna, y extiende el acta 1630 para comprobar la reclamación nº 1953/02, formulada por El Sr. Dipak Sobhraj Melwani, provisto de documento de identidad nº X0114699-K, relativa al cambio de diverso material de la instalación del gas de su domicilio, abonando un importe que consideró abusivo.
Personado el Inspector actuante comprueba que esta empresa carece de Hojas de Reclamaciones y no se exhibe de manera visible el cartel anunciador de su disponibilidad, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: resulta aplicable lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Claudio Molina Hernández y Secretaria a Dña. María Nieves Sosa Campos, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto.
Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993 y, comunicándoles que de conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984 y, en consecuencia con el artº. 18 del Real Decreto 1.945/1983, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses produciéndose en caso de silencio administrativo, su caducidad.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2003.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2003.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.