Source: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/39202/real-decreto-ley-17-1977-de-4-de-marzo-sobre-relaciones-de-trabajo
Timestamp: 2018-03-23 18:44:10
Document Index: 263769698

Matched Legal Cases: ['artículo 222', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 33', 'Artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 122', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 35', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 44', 'artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 77', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 164', 'artículo 24', 'Artículo 89', 'Artículo 9', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 24', 'Artículo 10', 'Artículo 82', 'artículo 4', 'artículo 164']

Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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REAL DECRETO-LEY 17/1977, DE 4 DE MARZO, SOBRE RELACIONES DE TRABAJO (BOE DEL 9)
Título I. El Derecho de Huelga (Arts. 1 a 16)
Capítulo I. La huelga (Arts. 1 a 11)
Art. 1. Derecho de huelga en el ámbito de las relaciones laborales
Art. 2. Nulidad de pactos que contengan restricción al derecho de huelga
Art. 3. Requisitos de la declaración de huelga
Art. 4. Huelga que afecte a empresas de servicios públicos
Art. 5. Miembros del comité de huelga
Art. 6. Consecuencias y derechos del trabajador y empresario
Art. 7. Modo de ejercitar el derecho de huelga
Art. 8. Normas sobre la huelga en los convenios colectivos
Art. 9. Funciones mediadoras de la Inspección de Trabajo
Art. 10. Reanudación de la actividad por decisión del Gobierno
Art. 11. Casos de ilegalidad de la huelga
Capítulo II. Cierre patronal (Arts. 12 a 14)
Art. 12. Causas lícitas y efectos del cierre patronal
Art. 13. Comunicación a la Autoridad laboral del cierre del centro de trabajo
Art. 14. Reapertura del centro de trabajo
Capítulo III. Sanciones (Arts. 15 y 16)
Art. 15. Sanciones impuestas a las empresas
Art. 16. Sanciones impuestas a los trabajadores
Título II. Conflictos Colectivos de Trabajo (Arts. 17 a 26)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 17 a 20)
Art. 17. Conflictos colectivos y huelga
Art. 18. Iniciación de conflictos colectivos de trabajo
Art. 19. Competencia para conocer de los conflictos colectivos de trabajo
Art. 20. Improcedencia del planteamiento de conflicto colectivo de trabajo
Capítulo II. Procedimiento (Arts. 21 a 26)
Art. 21. Planteamiento de conflicto colectivo de trabajo
Art. 22. Escrito por el que se formaliza el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo
Art. 23. Trámite de conflictos colectivos de trabajo
Art. 24. Intento de avenencia entre las partes en los conflictos colectivos de trabajo
Art. 25. Arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo
Art. 26. Pase a la Jurisdicción laboral, del dictamen de laudos y sus efectos
Títulos III. Convenios Colectivos (Art. 27) (Derogado)
Art. 27. Modificación de los artículos quinto, sexto, duodécimo, decimoquinto, decimosexto y decimoctavo de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo (derogado)
Título IV. Limitación de la regulación estatal, por ramas de actividad, de las condiciones mínimas de trabajo (Arts. 28 y 29) (Derogado)
Art. 28. Regulación por rama de activida (derogado)
Art. 29. Reglamentación de trabajo y ordenanzas laborales (derogado)
Título V. El despido (Arts. 30 a 44) (Derogado)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 30 a 32)
Art. 30. Regulación del despido (derogado)
Art. 31. Causa del despido (derogado)
Art. 32. Causas excluidas (derogado)
Capítulo II. Despido disciplinario (Arts. 33 a 38)
Art. 33. Causas justificadas (derogado)
Art. 34. Comunicación del despido (derogado)
Art. 35. Reclamación contra el despido por parte del trabajador (derogado)
Art. 36. Despido disciplinario y nulo (derogado)
Art. 37. Despido improcedente (derogado)
Art. 38. Sanción (derogado)
Capítulo III. Despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento de la Empresa (Arts. 39 a 44)
Art. 39. Causas objetivas (derogado)
Art. 40. Requisitos del despido (derogado)
Art. 41. Período de preaviso (derogado)
Art. 42. Regulación del despido por circunstancias objetivas (derogado)
Art. 43. Acreditación de la certeza de la causa (derogado)
Art. 44. Indemnización o readmisión (derogado)
Título VI. Reestructuración de plantillas (Art. 45) (Derogado)
Art. 45. Despido por causas económicas o tecnológicas (derogado)
Primera. Disposiciones derogadas por el presente Real Decreto-Ley
Segunda. Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (derogada)
Tercera. Prórroga de la aprobación por el Gobierno del texto refundido a que se refiere la disposición final 2ª de la Ley 18/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (derogada)
Cuarta. Habilitación reglamentaria (derogada)
Primera. No aplicación del presente Real Decreto al personal civil en establecimientos militares
Segunda. Procedencia del recurso de casación
Tercera. Representación en las Comisiones deliberadoras de los Convenios Colectivos y duración mínima de éstos (derogada)
Cuarta. Modificación del artículo 222 del Código Penal (derogada)
Primera. Disposiciones aplicables a los Convenios Colectivos de Trabajo en tramitación a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (derogada)
Segunda. Disposiciones aplicables a las modificaciones de las Ordenanzas Laborales en tramitación a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (derogada)
Tercera. Disposiciones aplicables a los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (derogada)
Cuarta. Facultad de negociación de Convenios Colectivos de Empresa (derogada)
Nota informativa del Ministerio de Trabajo sobre la regulación de huelga
Han sido incluidos en nota a los artículos de esta disposición los criterios establecidos por la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril de 1981.
— El reconocimiento de la posibilidad de huelga de Empresas encargadas de servicios públicos, lo que conlleva la necesaria modificación del artículo doscientos veintidos del Código Penal.
— Al enunciar taxativamente los supuestos de ilicitud, se presupone, salvo en ellos, la licitud de la huelga.
— El reconocimiento del Comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto.
— La regulación de los efectos de la huelga en la relación jurídica de la Seguridad Social.
— El cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no precisa de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento de la licitud o ilicitud del mismo y de sus efectos.
La necesidad, cada vez más ineludible, de agilizar el régimen de las relaciones plurales de trabajo y de potenciar la relación jurídica colectiva en cuanto fuente de producción del Derecho Laboral, aconseja suprimir el dualismo sobre fijación de condiciones mínimas de trabajo por actividades económicas o por Empresas, que se contiene en la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo y en la de Reglamentaciones Laborales, reduciendo por tanto la utilización del procedimiento de la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos a aquellos sectores de producción y demarcaciones territoriales en los que no existen Convenios Colectivos.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido de las Leyes Fundamentales, aprobado por Decreto setecientos setenta y nueve/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de abril, y oída la Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo doce de la citada Ley, dispongo:
Artículo 1.—El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previstos en este Real Decreto-ley.
Artículo 2.—Son nulos los pactos establecidos en contratos individuales de trabajo que contengan la renuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga.
Artículo 3.—1. La declaración de huelga, cualquiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adopción de acuerdo expreso, en tal sentido, en cada centro de trabajo.
a) Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el 75 por ciento de los representantes,se levantará acta, que deberán firmar los asistentes.
b) Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 25 por cientode la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará constar en acta.
La comunicación de la huelga deberá hacerse por escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde que los representantes de los trabajadores comuniquen al empresario la celebración de la misma. La comunicación de huelga habrá de contener los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.
Artículo 4.—Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio.
Artículo 5.—Sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto.
Artículo 6.—1. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.
6. Los trabajadores en huelga podrán efectuar la publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.
7. El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios.
El efecto esencial de la huelga es la suspensión del contrato de trabajo, por tanto lleva aparejada el cese de la actividad laboral por los trabajadores y el no abono de los salarios por parte de la empresa. La STS, Sala de lo Social, de 11 de octubre de 1994. resume la doctrina jurisprudencial sobre los efectos de la huelga en los descuentos salariales: a) la retribución a descontar por cada día de huelga comprende el salario de la jornada no trabajada y determinados conceptos de «salario diferido» (STS de 24 de enero de 1994); b) dentro de estos conceptos figuran la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y la parte proporcional correspondiente a la retribución del descanso semanal del período en que se haya producido la huelga (STS de 18 de abril de 1994); c) el descuento salarial proporcional por huelga no repercute, en cambio, salvo que se comprenda dentro del período de huelga, en la retribución de los días festivos (STS de 24 de enero de 1994); d) en relación con las pagas extras el empresario no está autorizado para anticipar descuentos futuros por un pago salarial que no se ha anticipado (STS de 26 de mayo de 1992); e) las pagas de beneficios deben asimilarse a las extras a efectos de los descuentos (STS de 18 de abril de 1993), y f) en relación con la retribución de las vacaciones rige el criterio de la imposibilidad de descuento, por aplicación analógica de la regla del cómputo como días de servicio para el cálculo de tal concepto retributivo de la ausencia justificada al trabajo.
La STSJ de Baleares de 21 de septiembre de 2000, incorpora la doctrina constitucional y jurisprudencial en torno al denominado esquirolaje interno. Tanto el TC, como el TS, vienen manteniendo que la prohibición contenida en este precepto se extiende al empleo de trabajadores de la propia empresa que no vengan habitualmente ocupándose de los trabajos de los huelguistas, así como al desempeño de esas tareas por trabajadores de otro centro de trabajo de la propia empresa.
En relación con la designación de los servicios de mantenimiento y seguridad en el derecho de huelga la STSJ de Valencia de 24 de enero de 2002, ha estimado que no puede afirmarse que llevar a cabo intentos de consultas y negociaciones continuadas con el comité de huelga se haya de considerar un desconocimiento del deber del empresario de dar la exigida participación en la designación de los servicios de mantenimiento y seguridad al comité de huelga, aunque no haya concluido en un acuerdo concreto. Añade el Tribunal que es constitucionalmente legítimo que durante la huelga se deban prestar los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra actuación que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.
Artículo 7.—1. El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias.
Artículo 8.—1. Los convenios colectivos podrán establecer normas complementarias relacionadas con los procedimientos de solución de los conflictos que den origen a la huelga, así como la renuncia, durante su vigencia, al ejercicio de tal derecho.
Artículo 9.—La Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto.
Artículo 10.— El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16
Opina la jurisprudencia que la fijación del personal que va a cubrir los servicios mínimos necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, concretada en porcentajes diferentes por secciones, siempre que en su totalidad no altere el porcentaje establecido por la Administración con carácter global para la empresa, no supone en sí mismo un atentado contra el derecho de huelga ni la libertad sindical, susceptible de separarse en su valoración respecto del acto administrativo que determina tal fracción en términos globales.
Artículo 11.—La huelga es ilegal:
Artículo 12.—1. Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen:
Artículo 13.—1. El empresario que al amparo de lo prevenido en el artículo anterior procediera al cierre del centro de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento de la Autoridad laboral en el término de doce horas.
2. El cierre de los centros de trabajo se limitará al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa, o para remoción de las causas que lo motivaron.
Artículo 14.—El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo 12 y que no hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en las sanciones previstas en el artículo 15.
Artículo 15.—El empresario que procediera al cierre del centro de trabajo, salvo en los supuestos previstos en el artículo 12 será sancionado en la forma y por los órganos que establece el artículo 33 de la Ley de Relaciones Laborales.
La Ley de Relaciones Laborales ha sido derogada.
Artículo 16.—1. Los trabajadores que participaren en huelga ilegal o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo, incurrirán en la falta prevista en el apartado j) del artículo 33 de este Real Decreto-Ley.
2. Los trabajadores que, de acuerdo con el artículo 6, párrafo 7 fuesen designados para el mantenimiento de los servicios previstos y que se negasen a ello, incurrirán en la causa justa de despido establecida en el apartado k) del artículo 33 del presente Real Decreto-Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedieran.
El precitado artículo 33 de esta disposición fue derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que a su vez ha sido expresamente derogada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET. Véanse sus artículos 54 a 58.
Artículo 17.—1. La solución de las situaciones conflictivas que afecten a los intereses generales de los trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de conflicto colectivo de trabajo que se regula en este título.
Artículo 18.—1. Sólo podrán instar la iniciación de conflicto colectivo de trabajo:
Artículo 19.—La competencia para conocer de los conflictos colectivos de trabajo corresponde, según su naturaleza:
a) Al Delegado de Trabajo de la provincia en que se plantea el conflicto. La Dirección General de Trabajo, será competente en los conflictos colectivos laborales que afecten a trabajadores de varias provincias.
Artículo 20.—No podrá plantearse conflicto colectivo de trabajo para modificar lo pactado en convenio colectivo o establecido por laudo.
Artículo 21.—El planteamiento de conflicto colectivo de trabajo se formalizará por escrito, firmado y fechado, en el que consten nombre, apellidos, domicilio y carácter de las personas que lo planteen y determinación de los trabajadores y empresarios afectados; hechos sobre los que verse el conflicto, peticiones concretas que se formulen, así como los demás datos que procedan.
Artículo 22.—El escrito a que se refiere el artículo anterior habrá de presentarse ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Cuando el conflicto afecte a trabajadores de varias provincias, dicho escrito será presentado ante la Dirección General de Trabajo.
Artículo 23.—En las veinticuatro horas siguientes al día de la presentación del escrito citado en el artículo 21 la Autoridad laboral remitirá copia del mismo a la parte frente a la que se plantee el conflicto y convocará a las partes de comparecencia ante ella, la que habrá de tener lugar dentro de los tres días siguientes.
Artículo 24.—En la comparecencia, la Autoridad laboral intentará la avenencia entre las partes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las representaciones de cada una de las mismas. Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.
Artículo 25.—Si las partes no llegaran a un acuerdo, ni designaren uno o varios árbitros, la Autoridad laboral procederá del siguiente modo:
Artículo 26.—Los laudos de obligado cumplimiento, que habrán de ser dictados en el término de los cinco días siguientes a la fecha de comparecencia, adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de modo claro y preciso, tanto respecto de las cuestiones que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de las suscitadas en la comparecencia de las partes relacionadas con el conflicto. Estos laudos tendrán fuerza ejecutiva inmediata. Podrán ser recurridos en alzada ante la Autoridad laboral de grado superior, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez agotada la vía gubernativa podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente.
Este título III (artículo 27) ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, (BOE del 14).
VIGENTE DE 10 DE MARZO DE 1977 A 14 DE MARZO DE 1980.
Artículo 27.— [...]
Este artículo 27 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 27.—Los artículos quinto, sexto, duodécimo, decimoquinto, decimosexto y decimoctavo de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo quinto.—Los Convenios Colectivos pueden afectar:
Artículo sexto.—Los Convenios Colectivos tienen fuerza normativa y obligan, por todo el tiempo de su vigencia, y con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de los empresarios y trabajadores representados comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.
Artículo duodécimo.—Las partes deberán negociar desde la iniciación al final de las deliberaciones, bajo los principios de la buena fe y de la recíproca lealtad.
Si los empresarios empleasen dolo, fraude o coacción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte, o dejarán de asistir a las deliberaciones, se darán por terminadas éstas y se remitirán las actuaciones a la Autoridad laboral, que dará a las mismas el trámite de conflicto colectivo, salvo que los trabajadores opten por ejercer el derecho de huelga.
La Autoridad laboral podrá suspender la negociación de los Convenios Colectivos por plazo de hasta seis meses, con prórroga automática del Convenio anterior, si por los trabajadores se emplease dolo, fraude, o coacción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte. La huelga ilícita o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo se entenderá, en todo caso, constitutiva de coacción; por el contrario; el ejercicio del derecho de huelga en los términos establecidos en su legislación específica no se estimará coacción a los efectos de este artículo.
Artículo decimoquinto.—Uno. Si las partes no llegasen a un acuerdo en la negociación de un Convenio Colectivo, podrán designar uno o varios árbitros, que actuarán conjuntamente. La decisión que estos adopten tendrá la misma eficacia que si hubiese habido acuerdo de las partes.
Artículo decimosexto.—Los Convenios Colectivos se entenderán prorrogados en sus propios términos de año en año si no se denunciaran por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el artículo undécimo.
Artículo decimoctavo.—La interpretación, con carácter general, de los Convenios Colectivos está atribuida a la Autoridad laboral competente, visto el informe que la Comisión paritaria elevará con las actuaciones a que se refiere el artículo undécimo, todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto al Orden Jurisdiccional Laboral en la legislación sobre Conflictos Colectivos de Trabajo.
Este título IV (artículos 28 y 29) ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 28.— [...]
Este artículo 28 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 28.—La regulación, por rama de actividad, de las condiciones mínimas a que hayan de ajustarse las relaciones laborales, que corresponde al Ministerio de Trabajo, conforme dispone la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, sólo podrá tener lugar para aquellos sectores económicos de la producción y demarcaciones territoriales en los que no exista Convenio Colectivo de Trabajo.
Artículo 29.— [...]
Este artículo 29 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 29.—Las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas laborales actualmente en vigor continuarán rigiendo en aquellas de sus disposiciones que no sean sustituidas por lo pactado en Convenio Colectivo, suscrito a su vencimiento y con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos de este Real Decreto-Ley.
Este título V (artículos 30 a 44) ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Este artículo 35 ha sido derogado por la disposición final primera del Real Decreto-ley 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación en lo que se refiere a la supresión de la conciliación obligatoria.
Artículo 30.— [...]
Este artículo 30 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 30.—Uno. El despido se regirá por lo prevenido en el presente Real Decreto-Ley, cualquiera que sea la condición del trabajador afectado.
Artículo 31.— [...]
Este artículo 31 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 31.—Uno. Solamente podrá tener lugar el despido cuando exista causa relacionada con la conducta del trabajador o con circunstancias objetivas derivadas de la capacidad profesional del mismo o de necesidades del funcionamiento de la empresa.
Artículo 32.— [...]
Este artículo 32 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 32.—En ningún caso tendrán la consideración de causa justa para el despido las siguientes:
Artículo 33.— [...]
Este artículo 33 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 33.—Son causas justas para el despido, relacionadas con la conducta del trabajador, las siguientes:
Artículo 34.— [...]
Este artículo 34 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 34.—Uno. El despido podrá ser acordado por el empresario, sin más requisito formal que comunicarlo por escrito al trabajador, haciendo constar los hechos que lo motivan y la fecha de sus efectos.
Artículo 35.— [...]
Este artículo 35 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 35.—El trabajador, sin previa conciliación sindical, podrá reclamar, ante la Magistratura de trabajo, contra el despido acordado por el empresario, debiendo hacerlo, en todo caso, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar, prorrogable por otros tres si el lugar de trabajo fuera distinto a la localidad en que la Magistratura resida, siendo el citado plazo de caducidad a todos los efectos.
Artículo 36.— [...]
Este artículo 36 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 36.—El despido disciplinario será procedente cuando quedare acreditada la concurrencia de la causa justa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el artículo treinta y cuatro. Será improcedente el despido, en los demás casos.
Cuando el empresario no cumpliere los requisitos establecidos en el artículo treinta y cuatro del presente Real Decreto-Ley, el despido será nulo, pudiendo hacer el Magistrado de trabajo tal declaración de oficio.
Artículo 37.— [...]
Este artículo 37 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 37.—Uno. El despido procedente produce la extinción de la relación laboral, sin derecho por parte del trabajador de indemnización alguna.
Cuarto. La indemnización por resarcimiento de perjuicios será fijada por el Magistrado de trabajo, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la empresa, condiciones del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades de encontrar nueva colocación adecuada, dimensión y características de la empresa y circunstancias personales y familiares del trabajador, especialmente las de ser titular de familia numerosa, mayor de cuarenta años o minusválido. La cantidad resultante no podrá ser inferior a dos meses de salario por año de servicio, ni exceder de cinco anualidades.
Artículo 38.— [...]
Este artículo 38 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 38.—Si la causa alegada por el empresario para el despido, si bien no suficiente para tal sanción, mereciere otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado de trabajo determinará en la sentencia la sanción adecuada a la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar al mismo a la readmisión y al pago de la indemnización complementaria, conforme establece el artículo anterior.
Artículo 39.— [...]
Este artículo 39 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 39.—Uno. Por circunstancias objetivas, fundadas en la capacidad profesional del trabajador o en las necesidades de funcionamiento de la empresa, constituyen causa suficiente para el despido las siguientes:
Artículo 40.— [...]
Este artículo 40 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 40.—Uno. La adopción del acuerdo de despido al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:
— Un mes para los trabajadores cuya antigüedad en la empresa sea inferior a un año.
— Dos meses cuando la antigüedad del trabajador en la empresa sea superior a un año y no alcance los dos.
— Tres meses para los trabajadores con más de dos años de antigüedad.
Artículo 41.— [...]
Este artículo 41 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 41.—Durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
Artículo 42.— [...]
Este artículo 42 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 42.—Será de aplicación a los despidos regulados en este Capítulo lo dispuesto en el artículo treinta y cinco de este Real Decreto-Ley.
Artículo 43.— [...]
Este artículo 43 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 43.—El despido, acordado al amparo de lo establecido en el artículo treinta y nueve, será procedente cuando quedara acreditada la certeza de la causa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el apartado a) del párrafo uno del artículo cuarenta. Será improcedente en los demás casos.
Artículo 44.— [...]
Este artículo 44 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 44.—El despido procedente fundado en alguna de las causas suficientes establecidas en el artículo treinta y nueve producirá la extinción del contrato de trabajo, con obligación por parte del empresario de satisfacer al trabajador una indemnización de una semana de su salario por cada año de servicio o fracción de año. No obstante la procedencia del despido, el trabajador afectado se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable.
Este título VI (artículo 45) ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 45.— [...]
Este artículo 45 ha sido derogado por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Artículo 45.—La suspensión y extinción de las relaciones de trabajo fundadas en causas económicas o tecnológicas, se regirá por lo establecido en el artículo dieciocho de la Ley de Relaciones Laborales y disposiciones complementarias, sin más modificaciones que las siguientes:
Disposición final primera.—Quedan derogados el Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo; el artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo; el artículo 10 del Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas; el artículo 35 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, y cuantas Leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en este Real Decreto-Ley.
Esta disposición final segunda ha sido derogada por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Disposición final segunda.—El Ministro de Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en que se contengan las modificaciones derivadas de este Real Decreto-Ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre; se establezcan las correcciones técnicas adecuadas en orden a una más perfecta y eficaz regulación del procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los depósitos y sanciones que en dicho texto se prevén.
Disposición final tercera.— [...]
Esta disposición final tercera ha sido derogada por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Disposición final tercera.—Se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho la aprobación por el Gobierno del texto refundido a que se refiere la disposición final segunda de la Ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, pudiéndose efectuar tal refundición en uno o varios textos, con las correcciones técnicas adecuadas, en los que habrán de incluirse las modificaciones establecidas en el presente Real Decreto-Ley.
Disposición final cuarta.— [...]
Esta disposición final cuarta ha sido derogada por la disposición final tercera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada a su vez por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ET.
Disposición final cuarta.—El Gobierno y el Ministerio de Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas de aplicación y desarrollo del presente Real Decreto-Ley, que entrará en vigor en el siguiente día al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición adicional primera.—Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley en materia de huelga no es de aplicación al personal civil dependiente de establecimientos militares.
Disposición adicional segunda.—Se mantendrá la actual procedencia del recurso de casación respecto de las Sentencias dictadas en procesos por despido de trabajadores que ostenten cargos electivos de representación sindical.
Disposición adicional tercera.— [...]
Disposición adicional tercera.—Uno. Sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, en las Comisiones deliberadoras podrán autorizarse representaciones específicas, elegidas por los trabajadores o empresarios afectados.
Dos. El período mínimo de duración de los Convenios Colectivos que establece el artículo undécimo de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de trabajo, queda reducido a un año.
VIGENTE DE 10 DE MARZO DE 1977 A 23 DE MAYO DE 1996.
Disposición adicional cuarta.—El artículo doscientos veintidós del Código Penal queda redactado en los siguientes términos:
VIGENTE DE 10 DE MARZO DE 1977 A 7 DE ABRIL DE 1981.
Disposición transitoria primera.—Los Convenios Colectivos de trabajo que a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se encontraran en tramitación, continuarán la misma con arreglo a las normas en vigor antes de la aludida fecha.
Disposición transitoria segunda.—Las modificaciones de las ordenanzas laborales que se hallaran en trámite en la Dirección General de Trabajo a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley podrán ser aprobadas conforme a lo establecido en la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.
Disposición transitoria tercera.—Los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se regirán en su aspecto sustantivo y procesal por las normas vigentes en la fecha en que tuvieran lugar.
Disposición transitoria cuarta.—Las empresas y trabajadores afectados por Convenios Colectivos de ámbito superior al de empresa y suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley podrán negociar durante su vigencia Convenio de Empresa.
Primero. Por aplicación del artículo 164.2 de la Constitución Española subsiste la vigencia del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo (títulos I y II) en las partes de su articulado no afectadas por la declaración de inconstitucionalidad practicada por la STC de 8 de abril de 1981.
Segundo. En consecuencia, y por aplicación de la Sentencia citada quedan derogadas, por inconstitucionales, determinadas partes del articulado del Real Decreto-Ley, en la forma que hemos insertado con anterioridad, por lo que transcribimos solamente las conclusiones de esta nota informativa.
Tercero. 1. La declaración de huelga es válida sin necesidad de acuerdo expreso en cada centro de trabajo. [Apartado a) del núm. 2.º del fallo de dicha Sentencia, y apartado b) del fundamento jurídico núm. 15 de la misma.]
2. Desaparecen los requisitos de «quorum» y decisión por acuerdo mayoritario, tanto para los trabajadores como para los representantes de los mismos. [Apartado a) del mismo núm. 2.º del fallo, y apartado b) del fundamento jurídico núm. 15.]
3. Se establece la necesidad de que los trabajadores que sean elegidos miembros del comité de huelga estén afectados por el conflicto, si bien pueden pertenecer a cualquier centro de trabajo. [Apartado b) del núm. 2.º del fallo y fundamento de derecho 16.]
4. Si bien sigue correspondiendo al empresario la facultad de la designación de los trabajadores que deban efectuar los servicios necesarios durante la huelga, la determinación de dichos servicios así como de las personas que los realicen debe efectuarse con participación del comité de huelga, que si no presta dicha participación daría origen a que la huelga pudiera ser declarada ilícita, por abusiva. [Apartado c) del núm. 2.º del fallo y fundamento jurídico núm. 20.]
5. Desaparece la posibilidad de que el Gobierno pueda acordar la reanudación de la actividad laboral, salvo cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos. [Apartado d) del núm. 2.º del fallo, y fundamento jurídico núm. 19, respecto a la inconstitucionalidad de suspender la huelga, y apartado e) del núm. 2.º del fallo y fundamento jurídico núm. 18, respecto al mantenimiento de los Reales Decretos de Servicios Mínimos, con relación a los servicios esenciales para la comunidad.]
6. No obstante se mantiene la facultad del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, para establecer un arbitraje obligatorio, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros, para las huelgas en las que se valore su duración, sus consecuencias las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional. [Apartado d) del núm. 2.º del fallo, y fundamento jurídico núm. 19.]
7. Se amplía el concepto de las huelgas de solidaridad o apoyo al suprimir la palabra «directamente» con respecto al interés profesional. [Apartado f) del núm. 2.º del fallo, y fundamento jurídico núm. 21.]
8. Se mantiene la posibilidad de la tramitación de los expedientes de conflicto colectivo, si bien de forma terminante desaparece la facultad de la Autoridad laboral de dictar laudos de obligado cumplimiento, en los conflictos en los que se plantee modificación de condiciones de trabajo. [Apartado g) del núm. 2.º del fallo, y fundamento jurídico núm. 24.]
9. Quedan en vigor, en todo caso, la potestad de convocatoria de las partes, por la Autoridad laboral, a reunión de avenencia establecida en el artículo 24 del Real Decreto-Ley 17/1977, y la tramitación de los conflictos colectivos de interpretación con su remisión, caso de que no hubiera acuerdo, a la Magistratura de Trabajo.
Cuarto. No sufre modificación alguna el cierre patronal regulado en el capítulo II del título I del repetido Real Decreto-Ley 17/1977, al no estar citado en el fallo de la Sentencia.
Quinto. Mecanismos jurídicos vigentes, en el momento actual, sin necesidad de promulgar normativa alguna de desarrollo:
1.º En cualquier momento de las deliberaciones de un convenio colectivo, las partes podrán acordar la intervención de un mediador designado por ellas. (Artículo 89.4 del ET, de 10 de marzo de 1980.)
2.º La Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto. (Artículo 9 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, no afectado de inconstitucionalidad según la Sentencia.)
3.º Los trabajadores y empresarios podrán solicitar del IMAC la designación de un mediador imparcial, la Administración laboral podrá exigir al Instituto la designación de un mediador cuando las circunstancias lo demanden y previa audiencia de los interesados, todo ello sin perjuicio de las facultades que en materia de mediación tiene atribuidas la Inspección de Trabajo. (Artículo 6 del Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, y artículo 2 del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre ).
La Autoridad laboral ante la que se tramite un procedimiento de conflicto colectivo, convoca a las partes de comparecencia ante ella, y en dicha comparecencia se intentará la avenencia; los acuerdos que en dicha reunión se adopten, tendrán la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.
1.º Voluntario. En la comparecencia en trámite de conflicto colectivo ante la Autoridad laboral, las partes podrán designar a uno o varios árbitros y el laudo que éstos adopten tendrá la misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las partes. (Artículo 24 del Real Decreto-Ley 17/1977, no afectado de inconstitucionalidad.)
2.º Obligatorio. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar el establecimiento de un arbitraje obligatorio. (Artículo 10 del Real Decreto-Ley, no afectado de inconstitucionalidad según la Sentencia.)
En la negociación colectiva, las partes podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. (Artículo 82.2 del ET.)
Sexto. Mecanismos jurídicos vigentes, en el momento actual, necesitados de desarrollo normativo:
El artículo 4 del Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del IMAC, crea la figura de los Tribunales Arbitrales Laborales e integrados por un Presidente, que será funcionario público, licenciado en derecho, y dos Vocales, uno por los sindicatos de trabajadores, y otro por las asociaciones de empresarios. Dicho artículo prevé la aprobación por el Gobierno del procedimiento de actuación de estos Tribunales, las controversias que se someterán a los mismos, etc., no habiéndose, hasta la fecha, procedido a este desarrollo reglamentario.
Séptimo. Si bien el suplica del recurso acababa en solicitud de Sentencia declarando la inconstitucionalidad de las disposiciones referidas anteriormente, la nulidad de las mismas y la de aquellas otras a las que el Tribunal considere oportuno extenderse por conexión o consecuencia, la Sentencia se limita a declarar la inconstitucionalidad de los puntos recogidos expresamente, lo que supone la derogación de la norma a partir de la publicación de la Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 164 de la Constitución), no teniendo efectos retroactivos y no afectando, en consecuencia, a los laudos dictados anteriormente (incluso en rigor jurídico pueden dictarse hasta la aparición de la Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado»), al haber desestimado la Sentencia en el apartado 3.º del fallo, las restantes peticiones de los recurrentes, entre las que estaba incluida la de nulidad.