Source: http://studylib.es/doc/396972/la-corte-interamericana-de-derechos-humanos
Timestamp: 2018-10-16 11:05:46
Document Index: 258985234

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 64', 'artículo 116', 'artículo 75']

(SU ORGANIZACIÓN)
Autores: María Paula Dip y Ana Bacci Giunta
Por ley 23054 se aprueba la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
llamada Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
En su artículo 2 se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y la de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención bajo condición de reciprocidad.
Los Estados americanos que adhieren a ella reafirman así su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre, ya que éstos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
por lo que justifican una protección internacional, complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados americanos.
La segunda parte del Pacto trata sobre los medios de protección de dichos derechos y el capítulo IV sobre los órganos competentes.
Dice el artículo 33 que “son competentes para conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta
a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos - que cumple roles consultivos ya que evacúa los dictámenes que le requieren los Estados miembros y también
funciones de control, puesto que formula recomendaciones a los gobiernos de los Estados para el respeto a lo derechos Humanos. Pero también realiza funciones instructorias, comprendidas en los artículos 48-51, que analizaremos más adelante.
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Organización de la Corte:
El capítulo VIII del Pacto de San José de Costa Rica trata sobre la organización de
El artículo 52 establece que la Corte se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización que son elegidos a título personal entre juristas de
la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas
funciones judiciales, conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado
que los ponga como candidatos. No debe haber 2 jueces de la misma nacionalidad.
Según el artículo 53, se eligen en votación secreta y por mayoría absoluta de votos
de los Estados partes en la Asamblea General elegidos en base a una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados, los que pueden proponer, cada uno, hasta 3 (nacionales o de otro Estado de la OEA).
Cuando se proponga una terna, al menos uno no deberá ser nacional del Estado
Serán elegidos para un período de 6 años y sólo podrán ser reelegidos 1 vez. Tres
de los jueces designados en la primera elección durarán 3 años en su mandato –se
eligen por sorteo. (art. 54)
El artículo 55 establece que el juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la corte conservará su derecho a conocer en el mismo. Otro
estado parte en el caso podrá designar una persona de su elección para que integre la
Corte en calidad de juez ad hoc para que ambas partes estén en iguales condiciones.
Si entre los jueces llamados a conocer en el caso no hubiere ninguno de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno podrá designar un juez ad hoc. El juez ad hoc
debe reunir iguales cualidades que las requeridas para ser miembros de la corte.
El quórum es de 5 jueces (art. 56).
La Comisión comparecerá en todos los casos frente a la corte (art.57).
Según el art. 58 la Corte tendrá su cede en el lugar que determinen los Estados en
la Asamblea General, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la OEA, previa autorización del Estado respectivo. La Corte designará
a su secretario quien tendrá bajo su dirección a la Secretaría de la Corte (art.59).
La Corte preparará su estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, también hará su reglamento (art.60).
Competencia y funciones de la Corte:
(Art.61) “Sólo los Estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a
la decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los arts. 48-50 de esta Convención”.
El art. 48 señala el proceder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de
los derechos que consagra esta Convención:
a) Si reconoce la admisibilidad de la petición solicitará informaciones al gobierno
del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la
violación alegada. Estas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo
razonable, fijado por la Comisión según cada caso.
b) Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si subsisten los motivos de la petición. De no existir o subsistir
mandará archivar el expediente.
c) Podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición sobre la base de una información o prueba sobrevinientes.
d) Si el expediente no se ha archivado, la Comisión examinará el asunto planteado
y los Estados interesados le proporcionarán todas las facilidades necesarias;
también recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que
amistosa del asunto.
Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una intervención
previo consentimiento del estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido
la violación, tan solo con la presentación de una petición que reúna los requisitos formales de admisibilidad.
El art. 49 dispone que si se ha llegado a una solución amistosa se redactará un informe (para el peticionario, los Estados partes de la Convención y para el secretario
general de la OEA).
Según el art. 50, de no llegarse a una solución, la Comisión redactará un informe
que será remitido a los Estados interesados que no podrán publicarlo. Si el informe no
representa la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos
podrá agregar al informe su opinión por separado.
Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que crea adecuadas.
El art. 51 estipula que si en 3 meses a partir de dados los informes a los Estados interesados, el asunto no ha sido solucionado ni sometido a la decisión de la Corte por
la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá
emitir, por mayoría absoluta de votos, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
Hechas las recomendaciones, fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar
las medidas para remediar la situación.
Transcurrido ese plazo, la Comisión de4cidirá si el Estado ha tomado o no las medidas adecuadas.
(Art. 62) Todo Estado parte puede en el momento de adherir a esta Convención o
posteriormente, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a esta
La declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Cabe aquí aclarar que al ratificar la República Argentina la convención americana de Derechos Humanos, llamada
Pacto de San José de Costa Rica, acató la jurisdicción internacional de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo condición de reciprocidad, conforme lo estableció la
ley 23054, aprobatoria de la Convención.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso reconozcan dicha competencia.
El art. 63 dispone que cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados. Si fuera procedente, dispondrá que se
reparen las consecuencias de la medida que ha configurado la vulneración de esos
En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, e incluso podrá actuar a solicitud de la Comisión en asuntos que aún
no están sometidos a su conocimiento.
Según el artículo 64 los Estados miembros de la organización podrán consultar a la
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o incluso de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.
La Corte, a solicitud de un Estado miembro, podrá darle opiniones acerca de la
compatibilidad entre sus leyes internas y los instrumentos internacionales.
El art. 65 dispone que la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General
de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en
el año anterior y señalará también los casos en que un Estado no haya cumplido sus
(Art.66) El fallo de la Corte será motivado. Si el fallo no expresare la opinión unánime de los jueces, cualquiera de ellos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.
(Art. 67) El fallo será definitivo e inapelable. Si no se interpretase de igual modo,
puede la parte pedir aclaratoria, siempre que la solicite dentro de los 90 días de la notificación del fallo.
(Art. 68) Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte.
La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en
el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias
(Art. 69) El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a
los Estados partes en la Convención.
Se ha generado un gran debate en doctrina acerca de si la jurisdicción internacional
de la Corte Interamericana implica o no una violación a la “cosa juzgada” interna.
Dice Sagüés que, teniendo en cuenta que la decisión de la Corte Interamericana
puede dejar sin efecto la resolución de una autoridad argentina (incluso una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) si la reputa violatoria a los derechos
humanos consagrados en el Pacto, nuestra corte Suprema ha dejado, en verdad, de
ser “suprema” porque sus decisiones, en la materia que enfocamos, no resultan últimas e irrevisables, es decir que, en definitiva, no tienen fuerza de cosa juzgada material.
De todos modos, se impone una mutua concordancia entre las autoridades nacionales y las supranacionales.
Esa adecuación de nuestros tribunales a la exégesis de la corte Interamericana de
Derechos Humanos apunta en “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL,1992-C-543), se afirma
después en “Giroldi” (LL, 1995-D-461), y es otra hipótesis de interpretación armonizante. En “Bramajo” (LL, 1996-E-409), la Corte Suprema argentina dijo que “la opinión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales” del Pacto de San José de Costa Rica; pero
conviene advertir que las conclusiones de tal Comisión no tienen el mismo valor jurídico que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que incluso
esta última puede decidir un caso en oposición a lo sostenido por la Comisión.
En “Acosta y otros s/hábeas corpus”, (22/12/98), la mayoría de la Corte Suprema
aclaró en parte su directriz anterior de “Bramajo”, al indicar que si bien el Estado argentino debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuestas favorables a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al
no tratarse aquellas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial”.
Por último, dice Sagüés, debe subrayarse que es posible que una comunidad nacional entienda como aceptable lo que un órgano transnacional repute incorrecto y
viceversa. Temas como el derecho de réplica, muchos aspectos del aborto, el transexualismo, drogas, etc., pueden ejemplificar algunos de esos enfrentamientos. Jurídicamente, en principio, las autoridades locales deberán someterse a las resoluciones
de los organismos supranacionales; pero también éstos deben respetar, en la medida
de lo posible, un cierto margen nacional en el entendimiento de la extensión y contenido de los derechos personales.
Muy distinta es la postura de Bidart Campos, quien sostiene que la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana no implica violación a la “cosa juzgada” interna,
ya que el juzgamiento internacional no implica una instancia de apelación revisora de
la previa sentencia argentina.
Se trata de un proceso internacional que es independiente del tramitado ante el tribunal argentino, o sea, de un “nuevo juicio” distinto del anterior finiquitado en sede
Pero el juzgamiento internacional no implica un nuevo juicio sobre la “misma materia” juzgada en sede interna. En primer lugar, lo que la Corte Interamericana decide
con fuerza de cosa juzgada versa sobre la interpretación y aplicación de la Convención, en orden a establecer si el Estado parte ha violado o no un derecho o libertad
contenido en la misma convención. En segundo lugar, la Corte cuando verifica y falla
que ha sido violado el pacto, no toma en consideración los mismos argumentos ni la
misma “materia” que han juzgado previamente los tribunales argentinos.
Por ende, tampoco afecta la cosa juzgada de la sentencia argentina que, en última
instancia, hay que obtener –como principio- para luego poder acudir a la jurisdicción
La situación más delicada se configura, sin duda, si en un proceso judicial ante tribunales argentinos se dicta una sentencia que, en aplicación de la Convención, resuelve que no se ha violado el derecho o libertad presuntamente agraviados y, posteriormente la Corte Interamericana decidiera que Argentina ha violado dicho derecho o
libertad. Esta oposición no significa óbice alguno. La sentencia que eventualmente
puede dictar la Corte Interamericana afirmando que Argentina violó un derecho reconocido en el Pacto de San José de costa Rica, no se ocupa ni preocupa por saber si,
internamente, esa misma violación ha implicado o no una inconstitucionalidad, porque
dicha Corte no confronta las normas del pacto con las de nuestro derecho interno.
Esta comprensión de la doble jurisdicción (una interna y otra internacional, según
Bidart Campos, nos lleva a sostener que ni la Corte Suprema de Justicia ha dejado
de ser “suprema” (y la última instancia en nuestra jurisdicción interna) ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que revisa (o eventualmente revoca)
sentencias argentinas.
En consecuencia habría que afirmar que:
a) Contra las sentencias de la Corte Interamericana no procede en jurisdicción argentina ningún recurso, ni siquiera el extraordinario ante la Corte Suprema de la
b) La eventual discrepancia entre una sentencia de tribunal argentino y la posterior
de la Corte Interamericana no tiene ninguna instancia ante la cual plantearse.
c) La sentencia de la Corte Interamericana hace obligatorio su cumplimiento en jurisdicción argentina.
Otro tema que plantea Bidart Campos es si la jurisdicción internacional de la Corte
Interamericana configura o no “prórroga” de la jurisdicción interna argentina.
Conforme al artículo 116 de nuestra constitución, hay jurisdicción federal improrrogable de nuestros tribunales en “todas” las causas que versan sobre puntos regidos
por los tratados. Ello plantea duda acerca de si el acatamiento prestado por nuestro
Estado a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana configura un supuesto
de “prórroga” inconstitucional de la jurisdicción argentina.
Según dicho autor, en el caso no se produce prórroga alguna de la jurisdicción argentina. En efecto:
a) La prórroga supone que en vez de ser juzgado un caso por tribunales argentinos lo es por tribunales extranjeros; en el supuesto que analizamos hay que
1- La Corte Interamericana es un tribunal internacional (supraestatal) y no un tribunal de un estado extranjero;
2- Además, no se sustituye el juzgamiento por los tribunales argentinos, ya que
para el acceso a la Corte Interamericana, previa intervención de la Comisión,
los particulares denunciantes de violaciones al Pacto de San José de Costa Rica deben agotar, como principio, las instancias internas ante los tribunales ar-
gentinos (las pocas excepciones a este principio no llegan a desvirtuar esta
b) A la época de dictarse nuestra constitución no se conocían tribunales “internacionales”, de forma que nuestra interpretación sobre la inconstitucionalidad de la
prórroga de la jurisdicción argentina en causas federales por razón de “materia”
(regidas por tratados) sólo puede referirse a la prórroga a favor de tribunales
“extranjeros”, o sea, de otro Estado, y nunca de tribunales internacionales como
es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
c) Eventualmente ello se refuerza al tomar en cuenta que ahora el Pacto de San
José de Costa Rica tiene jerarquía constitucional por la reforma de 1994, y que
en las “condiciones de su vigencia” a que se refiere el artículo 75 inc. 22 de la
constitución ha de darse por incluido –para Argentina- el acatamiento a la jurisdicción supraestatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
fundamentos constitucionales de la competencia del
VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ MANUEL E
PERÚ INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DEL... ACCIÓN DE QUEBEC
la libertad de expresion a nivel internacional
Voto JGarcía Ramírez - Corte Interamericana de Derechos Humanos
Nota de Remision a la Corte
DIRECCION AMERICA DEL NORTE