Source: https://fundef.org/CE-obs.htm
Timestamp: 2018-12-15 22:41:10
Document Index: 48281871

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 57', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 58', 'artículo 65', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 31', 'artículo 21']

-Observatorio del CE (Elegir)- Observatrorio del CE - Noviembre 2018 Observatrorio del CE - Octubre 2018 Observatrorio del CE - Junio 2018 Observatrorio del CE - Febrero 2018 Observatrorio del CE - Septiembre 2017 Observatrorio del CE - Mayo 2017 Observatrorio del CE - Febrero 2017 Observatrorio del CE - Enero 2017 Observatrorio del CE - Septiembre/Octubre 2016 Observatrorio del CE - Julio 2016 Observatrorio del CE - Junio 2016 Observatrorio del CE - Abril 2016 Observatrorio del CE - Marzo 2016
INFORMACIÓN, ANÁLISIS, OPINIÓN - Noviembre 2018
«De cómo a veces se llega a situaciones evitables de existir una normativa precisa en materia tributaria»
(«El sumo valor que tiene legislar desde la serenidad y la objetividad»)
El Tribunal Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª) ha dictado la Sentencia 1505/2018 en la que se deja sentada como doctrina jurisprudencial que el sujeto pasivo, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados-AJD («escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria») del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, es el prestamista (acreedor hipotecario) y no el prestatario [separándose de lo que había sido hasta entones doctrina reiterada del Tribunal Supremo] y anula el número 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995) por ser contrario a la ley.
Resulta llamativo que la Sentencia 1462/2018 [recordemos, la relativa a la prestación por maternidad y dictada por los mismos Magistrados (a excepción del magistrado D. Dimitry Berberoff) que han pronunciado la Sentencia 1505/2018] haya sido acogida, sin crítica alguna, más bien con beneplácito, por políticos y contribuyentes «al constituir una muestra de conocimientos técnicos y sensibilidad social»; tal vez la explicación esté en que la devolución de cuotas tendrá que hacerla el Estado. Los magistrados que han dictado tanto una como otra Sentencia, son juristas de acreditado prestigio y profesionalidad. En particular, tales calificativos podrán sin duda confirmarlos quienes tuvieron la ocasión de asistir a las conferencias dictadas en el curso de las Sesiones Plenarias de la Semana de Estudios de Derecho Financiero (años 2010 y 2011) por los cualificados tributaristas, Magistrados D. Jesús Cudero Blas («EL TIEMPO EN LAS ACTUACIONES INSPECTORAS») y D. Francisco José Navarro Sanchís («LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS»), cuyas consideraciones y conclusiones conservan plena validez como puede comprobarse con los textos que traemos otra vez al primer plano:
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
Contenido de la conferencia en formato PDF «LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL RÉGIMEN
DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS»
Contenido de la conferencia disponible en formato PDF
Desde 2008, y hasta época relativamente reciente, D Francisco José Navarro Sanchis (Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación) publicó semanalmente en el diario de información económica «El Economista» comentarios en materia tributaria caracterizados por una esplendida redacción -de las que se dan pocas en la Prensa- lo que permitía que cuestiones técnicas complejas se trasladaran con claridad al lector cualquiera que fuera su formación intelectual.
Ciertamente, la Sentencia 1505/2018 (y por supuesto las otras dos de la Sección 2.ª de la Sala Tercera dictada en el mismo sentido) como otras muchas han variado el sentido de reiterada jurisprudencia, pero siempre las revisiones han quedado ahí y firmes los criterios jurisprudenciales innovadores. La Sentencia 1505/2018 ha supuesto desde luego como si enormes bloques de hormigón se hubieran lanzado en el «estanque dorado» por el que los acreedores hipotecarios navegaban al amparo de un marco jurídico seguro, estable durante décadas; las personas prestatarias, lo tenían asumido, porque así resultaba del Derecho aplicable y lo pactado; por su parte, determinadas Comunidades Autónomas han quedado en evidencia ante la ciudadanía que ha podido comprobar una realidad: a ciertas Comunidades Autónomas nos les parecía «indebida» la exacción tributaria de referencia, por lo que decidieron incrementar los tipos mínimos previstos por el Estado en el 50 por 100. Muy dudoso es que la aprobación del Real Decreto-ley 17 /2018 devuelva la calma al «estanque dorado», tanto por razones de forma como de contenido del mismo, antes, por el contrario, dará lugar a otras problemáticas.
De toda la «batalla» a que ha dado, y dará, lugar, el comentado fallo judicial, nos quedamos con una conclusión: hay figuras tributarias que corresponden con épocas en que los hechos imponibles eran de difícil determinación, había que cogerlos por los «pelos», dada la escasa dimensión de la vida económico-financiera; en los tiempos presentes, la ciudadanía no solo quiere saber del por qué y para que de las cargas tributarias, también se interesa en que se diseñen unos conceptos tributarios razonables y unos hechos imponibles nítidamente definidos, que verdaderamente supongan manifestación de la capacidad tributaria. Poco a poco, en Estados cercanos se han ido desechando figuras un tanto arcaicas como la modalidad de AJD, tanto en su vertiente «obstaculizadora» del trafico mercantil como del jurídico, que hunde su origen en una figura impositiva de los primeros años del siglo «XX», el Impuesto del Timbre del Estado, como así se reconocía en la Exposición de Motivos de la Ley 41/1964, de Reforma del Sistema Tributario: «Se integran en este impuesto [ITP-AJD] la mayor parte de los conceptos tradicionales que gravaban las transmisiones «inter vivos» contenidos en el Impuesto de Derechos Reales, junto con los que se superponían con él por aplicación del Impuesto de Timbre del Estado y de los de Emisión y complementario de emisión de valores mobiliarios». Y añadía el Legislador de 1964: «Por último, incorpora la Ley a este impuesto el gravamen de determinados actos jurídicos que por razón de su solemnidad o de su reflejo en la vida patrimonial no deben quedar al margen de la tributación, y que, por el contrario, pueden completar el área de este impuesto. En su determinación la Ley sigue el criterio de limitación en el número, cuidando de mantener tan sólo aquellos de carácter más significativo».
INFORMACIÓN, ANÁLISIS, OPINIÓN - Octubre 2018
Ante la realidad que actualmente (año 2018. Cortes Generales: XII Legislatura) ofrece la ordenación del sistema tributaria español y las dificultades, tanto por razones técnicas como ideológicas, surgidas al respecto de la aprobación de una norma fundamental como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hemos rescatado opiniones de antaño -no contaminadas por algunos desvaríos técnicos de los que en el presente se están viviendo- expuestas por ilustres personalidades que, como tantas otras, escribieron «Páginas de oro» que FUNDEF conserva. Opiniones (expresadas al hilo de la Ley de 26 de diciembre de 1957, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el bienio económico de 1958-59 e introdujeron determinadas reformas tributarias) que tienen, además de extremado rigor técnico, el mérito de ser expuestas en momentos de grandes dificultades económicas y políticas que ahora, en otro contexto socio-político, se vuelven a plantear.
VI Edición de la Semana de Estudios de Derecho Financiero
(Intervenciones realizadas durante los días 13 a 18 de enero de 1958)
D. FERNANDO SAINZ MARTÍNEZ DE BUJANDA
-1915-1999-
(Catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal, de la Universidad de Madrid)
«Y en ese trance es cuando suelen surgir los tópicos de la «flexibilidad», de la «agilidad» y de la «libertad de movimientos» de la acción administrativa como supuestos imprescindibles de una buena política económica»
«En rigor, no se acierta bien a comprender por qué la acción administrativa ha de ser más rápida cuando se desenvuelve a espaldas de la ley que cuando se ajusta a sus mandatos -sin contar con que, en la práctica, la liberación de las trabas legales no se traduce casi nunca en una mayor rapidez de gestión»
«La seguridad se esfuma casi por completo cuando, en defecto de normas legales estrictas, claras, rigurosas, las simples decisiones administrativas pueden alterar el rumbo de las empresas, echando sobre ellas, en cualquier momento del ciclo productivo, cargas tributarias imprevistas y de borrosos contornos»
«Para que el Gobierno pueda desenvolver su política económica con el auxilio de la herramienta tributaría no es necesario, en modo alguno, que se cambien a cada instante las figuras del sistema fiscal, que se arrumben los principios jurídicos laboriosamente elaborados, que se sustituya el sistema de fuentes, que se arrasen las garantías jurídicas de los contribuyentes»
D. MARIANO RUBIO NAVARRO
-1913-2001-
(Ministro de Hacienda, 1957-1965)
«Esta pugna, que en las épocas de equilibrio no pasa de un juego dialéctico en el terreno de la filosofía, en las épocas agudas se manifiesta y trasciende. Salta al terreno de lo político, al terreno de lo jurídico, al terreno de lo económico y al terreno de lo social, hasta hacer brotar esa palabra amenazadora, tan cargada de inquietudes: la palabra crisis»
«¿Estamos en disposición, en una palabra, de que el Impuesto se rinda ante otros fines supremos, fines de orden político, económico, social y jurídico, sin perjuicio de conseguir su finalidad directa, es la de procurar medios a la Hacienda para que pueda desenvolverse la Administración en la medida en que sea necesario? »
«Lo que sí es cierto, porque es objetivo y porque es evidente, es que en el campo del Derecho la palabra crisis tiene para muchos sentidos de consigna en que también lo tienen en el campo de lo económico y en el campo de lo social y, desde un punto de vista científico, en el campo de lo político»
«Encajar dentro de un orden jurídico un sistema tributario es algo tan elemental que no creo que se pueda ni siquiera discutir. Tan sólo los que no conocen el Derecho pueden advertir lo contrario»
-1917-2013-
(Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Madrid)
«Por otra parte -y se ha afirmado también con toda conciencia y deliberación- el criterio que los ha llevado [a los Presupuestos] a la restricción de gastos no se ha inspirado tanto en un propósito puramente limitativo el más o menos tradicional, sino que se ha fundado esencialmente la opinión de que la interdependencia dentro de la economía española, dentro de las circunstancias actuales, aconsejaba en este momento una restricción de tales gastos»
«Pues basada en esa idea, la preocupación social no es solamente un alto imperativo de la justicia o de la caridad, en virtud de la cual, por decirlo brevemente, los pobres dependerían de los ricos; sino como un imperativo de la realidad económica, cada vez más presente en la moderna teoría, en virtud de la cual los ricos también dependen de los pobres»
«No pueden expresarse mejor los fundamentos de compresión histórica indispensables para una adecuada política social, a través de la política financiera. Felicitémonos de que nuestra orientación hacendística esté dentro de estas líneas; de que perciba con el realismo necesario la interdependencia existente. En suma, de que se atenga a la historia y de que esté a la altura del momento»
«El Derecho, instrumento de Política Tributarias»
(Conferencia pronuncias en la VI Edición de la Semana de Estudios de Derecho Financiero por Don Fernando Sainz Martínez de Bujanda)
«[…] El supuesto a que en me refiero es el siguiente: la presencia de un tema vivo, actual, que al propio tiempo que lleva encerrado en sus entrañas todos los problemas básicos del Derecho Financiero moderno, es decir, un tema que exige ser tratado en esta Semana tanto por razón de su actualidad, como por las exigencias sistemáticas a la que antes me refería. Se trata, bien pueden ustedes suponerlo, de la ley de 26 de diciembre de 1957 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el bienio económico de 1958-59 y se introducen determinadas reformas tributarias»
«[…] Además de reciente, la ley es actual en el sentido más preciso de la palabra: nada hay en el momento presente que atraiga con más fuerza el interés y la curiosidad de los contribuyentes españoles -que es tanto como decir entre todos los españoles- como la ley a qué vengo refiriéndome. Y no se trata -esto lo reputo de importante- de un interés puramente especulativo o teórico, ni tampoco de una preocupación exclusivamente crematística.
Por el contrario, junto a ese interés y a esa preocupación, que no pueden desconocerse, existen el texto que nos ocupa razones más que sobradas para suscitar otro tipo de inquietudes, de carácter político y social, por poco que sea la sensibilidad que se tenga para los problemas de la vida colectiva»
1. «La Ley, instrumento de seguridad económica»
«[…] Cuando la administración pública busca fórmulas que la emancipen de la sumisión a la ley en el desarrollo de su actividad, especialmente en el campo económico y financiero suele hacerlo, como he indicado repetidas veces, dando explicaciones de su proceder. El peso de una larga tradición jurídico-política le impide prescindir de las normas elaboradas por el órgano legislativo sin dar cuenta de las razones que la inducen a dar tan grave paso. Y en ese trance es cuando suelen surgir los tópicos de la «flexibilidad», de la «agilidad» y de la «libertad de movimientos» de la acción administrativa como supuestos imprescindibles de una buena política económica.
En rigor, no se acierta bien a comprender por qué la acción administrativa ha de ser más rápida cuando se desenvuelve a espaldas de la ley que cuando se ajusta a sus mandatos -sin contar con que, en la práctica, la liberación de las trabas legales no se traduce casi nunca en una mayor rapidez de gestión-; no se adivina tampoco por qué una decisión ultrarrápida, pero mal orientada, ha de ser mejor que otra revestida de mayores garantías de acierto, aunque haya de adoptarse como algo de parsimonia; no se concibe, por fin, como al considerar lo que conviene a la vida económica del país se prescinde de algo que es, sin duda, tanto o más importante que la rapidez: la seguridad jurídica.
Por regla general, suele hablarse de seguridad jurídica, y de algún tiempo a esta parte ha tomado carta de naturaleza la expresión de seguridad social. Pero se habla menos de seguridad económica. Sin embargo, es evidente que este tipo de seguridad es fundamental para el aumento de la renta nacional y que pueda lograrse, sin graves perturbaciones, una distribución socialmente justa de aquélla.
Cuando se medita en el proceso de expansión del capital y de industrialización de Europa que se desarrolla a lo largo del siglo pasado, y cuando se observan los resortes decisivos que permitieron en esa centuria la creación de las grandes sociedades industriales, de transportes, de seguros y de crédito, no puede desconocerse el alto influjo que ejerció en ese proceso la sensación de seguridad jurídica experimentada por las empresas y por los particulares. Los sujetos económicos -individuales o colectivos- sabían a qué atenerse al invertir sus capitales, al concebir unas expectativas de renta, al movilizar sus recursos de toda índole. Y uno de los elementos que más contribuyeron a crear ese clima de confianza fueron las leyes mercantiles e industriales de la época a que vengo refiriéndome.
El movimiento codificador característico del último tercio del siglo XIX fue uno de los grandes artífices de esa atmósfera es seguridad. La seguridad se esfuma casi por completo cuando, en defecto de normas legales estrictas, claras, rigurosas, las simples decisiones administrativas pueden alterar el rumbo de las empresas, echando sobre ellas, en cualquier momento del ciclo productivo, cargas tributarias imprevistas y de borrosos contornos. En tales circunstancias, la tributación, lejos de constituir un incentivo, se transforman en un elemento de perturbación de consecuencias económicas altamente desfavorables»
2. «La Ley, instrumento de ordenación financiera y de estabilidad tributaria»
«[…] La ley es un instrumento delicado que necesita emplearse con suma cautela y que requiere una terminología precisa y una regulación de conceptos. Todo ello permite que la ordenación del tributo sea más estable y ofrezca mayores posibilidades de permanencia cuando se sustenta en textos legales. Ventaja está de la estabilidad es traduce en innegable beneficio para la vida económica, ya que permite a los sujetos económicos sabe a qué atenerse respecto a uno de los elementos que han de intervenir forzosamente en sus cálculos: la cuantía y la índole de las cargas tributarias»
3. «Conclusiones»
«[…] Para que el Gobierno pueda desenvolver su política económica con el auxilio de la herramienta tributaría no es necesario, en modo alguno, que se cambien a cada instante las figuras del sistema fiscal, que sea arrumben los principios jurídicos laboriosamente elaborados, que se sustituya el sistema de fuentes, que se arrasen las garantías jurídicas de los contribuyentes.
Por el contrario, tantos los ingresos como los gastos públicos pueden manejarse eficazmente como instrumento de política económica, mediante un dispositivo jurídico que separe las normas fundamentales del Derecho tributario material - delimitación de objetos impositivos, fijaacción de bases, determinación de devengo, prescripción de créditos y obligaciones- de las normas que integra el Derecho tributario formal o administrativo.
Por otra parte, dentro del Derecho tributario material es posible hacer una política fiscal que se apoye fundamentalmente en el manejo de las tarifas, dejando inalterados los restante elementos de la relación jurídico-tributaria. Las elevaciones o reducciones de los tipos de gravamen, en unos otros impuestos, permite que la política financiera se acomode a las fluctuaciones económicas y a las cambiantes exigencias que esos cambios tan aparejadas, sin necesidad de destruir un sistema jurídico tributario elaborado penosamente a lo largo de años o de siglos, y en cuya gestación y perfeccionamiento al estado presentes todo en las fuerzas culturales del país»
«[…] No olvidemos aquella advertencia fundamental de RIPERT: “Tras el tumulto de las revoluciones sólo perdura, la obra del jurista”». Obra lenta, difícil, solemne, pero justa y segura»
(Palabras pronuncias en la clausura de la VI Edición de la Semana de Estudios de Derecho Financiero por el entonces Ministro de Hacienda Excmo. Sr. Don Mariano Rubio Navarro)
«En toda improvisación, las ideas salen sin contraste de su peso y medida y esta dificultad resulta mayor cuando se tiene que contestar a una intervención tan brillante como la de nuestro conferenciante de hoy en [F.M. S. de Bujanda], en la que ha puesto de relieve sus merecimientos para la Cátedra que recientemente se le ha otorgado, hablándonos en ese tono profesoral y prometedor que exige un magisterio tan importante como el que ha de desempeñar»
«[…] Decía un humorista conocido, y cuyo nombre no hace al caso, que estamos en la época de las civilizaciones ilusorias y hablaba de esa especie de superestructuras mentales, de idealismos, que crean las leyes, las normas de decoro social, las costumbres, en definitiva, la vida, que pugnan evidentemente con la grosera realidad de cada día. Encontraba muchos puntos de humor en este divorcio entre la realidad y el ideal; y yo pensaba que en estos puntos de humor había también muchas gotas de tragedia, porque, ciertamente, el mundo actual es el mundo del divorcio, el del eterno problema, que ya la filosofía apuntaba, de la pugna entre el pragma y el dogma, entre lo que debe ser y lo que en realidad es.
Esta pugna, que en las épocas de equilibrio no pasa de un juego dialéctico en el terreno de la filosofía, en las épocas agudas se manifiesta y trasciende. Salta al terreno de lo político, al terreno de lo jurídico, al terreno de lo económico y al terreno de lo social, hasta hacer brotar esa palabra amenazadora, tan cargada de inquietudes: la palabra crisis.
Yo no sé si en realidad nos encontramos ante un periodo de crisis o antes uno de esos movimientos de evolución social que, a juicio de unos, son oscilantes, a juicio de otros, buscan siempre en el centro -ese “mezotes” de que habla la filosofía moderna- y a juicio de otros sólo un pendulares, sin llegar a adquirir nunca una línea de estabilidad. No tengo por qué entrar en disquisiciones puramente dialécticas. Lo que sí es cierto, porque es objetivo y porque es evidente, es que en el campo del Derecho la palabra crisis tiene para muchos sentidos de consigna en que también lo tienen en el campo de lo económico y en el campo de lo social y, desde un punto de vista científico, en el campo de lo político.
Ésta pugna puramente dialéctica, que enmarcábamos en épocas de equilibrios en el terreno filosófico, ha saltado a los otros campos como signo evidente de que estamos en una época de desequilibrio que exige un reajuste. De ahí la oportunidad de la conferencia pronunciada por Sainz de Bujanda y de ahí el que nosotros debamos acudir a la cita del conferenciante, porque indudablemente está en la línea constructiva en la que ahora y siempre tenemos el deber de situarnos»
«[…] Esa misma inquietud sobre el Derecho podemos llevarla al terreno de la política. Si la política la entendemos como ciencia, nada hay que decir. Si la política la entendemos como arte, como desarrollo de la virtud de la prudencia, ahí sí que podemos decir muchas cosas.
Porque pudiera ser que el estuviéramos también hablando de civilizaciones ilusorias, como decía el humorista, porque pudiera ser que muchos de los métodos de Gobierno que por algunos se aconsejan, chocasen con el modo de entender las cosas y con la natural idiosincrasia de los ciudadanos y se produjese un divorcio entre la teoría y la práctica, entre el dogma y el pragma, entre el ideal y la vida; porque es cierto que no hay que ser misoneísta, pero tampoco hay que hacer novedades para que los hombres se adapten a ellas, sino que hay que las cosas y las novedades para que se ajusten y acomoden al modo de ser de los hombres»
«[…] Este sistema que hemos elaborado en la última reforma [Ley 26.12.1957) ¿consigue en su última instancia la justicia? o, por el contrario ¿ provoca notorias desigualdades que acusan manifiestas injusticias ?, ¿ cabe la posibilidad de un acercamiento entre dos posturas distantes y establecer un término medio en el que se concilien todas las exigencias?, ¿estamos en disposición, en una palabra, de que el Impuesto se rinda ante otros fines supremos, fines de orden político, económico, social y jurídico, sin perjuicio de conseguir su finalidad directa, es la de procurar medios a la Hacienda para que pueda desenvolverse la Administración en la medida en que sea necesario ?, ¿ se puede alcanzar un equilibrio y colmar todas las aspiraciones y todas las exigencias que se nos pueden formular desde todos los puntos de vista?.
Este es nuestro desiderátum. Esta es nuestra gran meta. A esto debemos tender, sin ningún género de dudas»
«[…] Y nada más, señores. Hombre de Derecho, educado en ambiente jurídico, conformado jurídicamente, para mí es una satisfacción haber oído al conferenciante [F.M.S. de Bujanda]. Me ha producido la mayor tranquilidad ver cómo al hablar de la Ley le ha dado la interpretación correcta y se ha referido a la norma. Porque quizás haya habido algún equívoco en algunas críticas fáciles que se han hecho a la reforma tributaria al estimar que muchos de sus preceptos no estaban recogidos en las Leyes (siempre eran preceptos de desarrollo, desde luego) se apartaba de la Ley. De la Ley en sentido formal sí, de la norma no, porque son cosas distintas. Encajar dentro de un orden jurídico un sistema tributario es algo tan elemental que no creo que se pueda ni siquiera discutir. Tan sólo los que no conocen el Derecho pueden advertir lo contrario»
«Realidad Económica y Política Financiera»
(Conferencia pronuncias en la VI Edición de la Semana de Estudios de Derecho Financiero por Don José Luis Sampedro Sáez)
«… Y ahora permítanme dar las gracias muy sinceramente, señores, por este gran honor que es el ocupar esta Tribuna de las ya tan acreditadas Semanas de Estudio de Derecho Financiero; honor tanto más importante cuanto que no está justificado en mi caso. En efecto, yo no soy jurista y, por consiguiente, aunque no llegaré a afirmar que la palabra “Derecho” me es ajena, sí diré que no he cultivado esta especialidad. Por otra parte, tampoco he cultivado la especialidad financiera, a pesar de que llevo mucho tiempo bordeando el Derecho Financiero (en el buen sentido de la frase naturalmente), no sólo como reciente catedrático, sino como funcionario del Cuerpo Técnico de Aduanas, al que me honro en pertenecer desde hace más de 20 años»
-Realismo y realidad económica-
(“La interdependencia”)
«Son prueba de realismo, por ejemplo, y hablaría con brevedad, puesto que habló enterados, aspectos tales como las variaciones en la estructura formal del Presupuesto o el anuncio de la regularización de Organismos autónomos o la introducción del estado letra C, contribuyen, evidentemente, a mejorar el conocimiento o de auténtica realidad y a facilitar la información del público y, por tanto, la cooperación.
Hay también en ello un sentido de la oportunidad; es decir, de continuidad con la línea anterior por una parte y, por otra, surgidas después. Y, por añadidura, si aprecia el realismo en ciertos aspectos del Presupuesto que tienden a lograr agilidad y rapidez; así como en los que buscan la comodidad en la tributación, reduciendo la presión fiscal indirecta.
En este sentido me parecen muy importantes los convenios con gran grupo acciones profesionales que, como se puede apreciar en el discurso de presentación del Presupuesto, responder a un concepto macrosocial, económico y estructural de esas agrupaciones. Lo cual nos lleva a ligar esta cuestión, el problema al que la interdependencia en el nuevo presupuesto.
En cuanto a la interdependencia, se ha declarado por el ministro con toda precisión, y sin ninguno a dudas, que se considera el Presupuesto como el eje de la política económica. No se trata, ha dicho textualmente el señor ministro, de un rosario de cuentas aisladas, sino que se trata de un eje dinámico de toda la política financiera. Y sólo esto supone ya un punto de vista tan fiel al esquema y al principio de la interdependencia como en cualquier otro de los países donde, realmente, el Ministerio de Hacienda hace mucho tiempo que es el eje central de la política económica, por la actuación que le permiten la generalidad de los sectores a que alcanzan sus decisiones.
Por otra parte -y se ha afirmado también con toda conciencia y deliberación- el criterio que los ha llevado a la restricción de gastos no se ha inspirado tanto en un propósito puramente limitativo el más o menos tradicional, sino que se ha fundado esencialmente la opinión de que la interdependencia dentro de la economía española, dentro de las circunstancias actuales, aconsejaba en este momento una restricción de tales gastos»
«[…] Y, para concluir, subrayaré está aquí esa preocupación social que arranca, como vimos, en el orden material, del consciente sentimiento de interdependencia, como manifestación de la solidaridad y forma de concebir la política social. Pues basada en esa idea, la preocupación social no es solamente un alto imperativo de la justicia o de la caridad, en virtud de la cual, por decirlo brevemente, los pobres dependerían de los ricos; sino como un imperativo de la realidad económica, cada vez más presente en la moderna teoría, en virtud de la cual los ricos también dependen de los pobres.
Esta preocupación social se encuentra tan presente en el Presupuesto, que, para ponerla de relieve, nada mejor que recordar estas frases del discurso de presentación:
“Las corrientes sociales siguen su marcha inexorablemente y llegar a su final siempre. Cuando el político advierte su existencia, se encuentra ante una disyuntiva crucial: o aprovecha su energía como si fuese una fuerza motriz para levantar en vilo a la nación y dirigirla por los cauces del progreso o, si permanece encasillado en sus viejas posiciones, tiene que contemplar cómo la corriente lo envuelve todo hasta terminar por aislar o arruinar las viejas y pretenciosas fortalezas. Es inútil poner obstáculos a la marcha de la corriente social, porque entonces lo normal puede convertirse en anormal, el proceso evolutivo, en revolucionario, y saltar al campo de las discordias políticas lo que nunca debió salir del terreno en que se desenvuelve, la acción administrativa del gobierno”
No pueden expresarse mejor los fundamentos de compresión histórica indispensables para una adecuada política social, a través de la política financiera. Felicitémonos de que nuestra orientación hacendística esté dentro de estas líneas; de que perciba con el realismo necesario la interdependencia existente. En suma, de que se atenga a la historia y de que esté a la altura del momento»
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Junio 2018
Nuevo Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Agradecimientos: MIL GRACIAS, AMIGOS Y AMIGAS
Nuevo Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central
Como seguramente recordarán quienes asistieron a la Sesión Plenaria de la LIX SEDF («Reforma de la Imposición sobre la Renta de las Personas Físicas») organizada por FUNDEF y celebrada el 20 de noviembre de 2014 en el ya desaparecido Salón de Actos del BBVA, Jesús Gascón tuvo la amabilidad de impartir conferencia que versó sobre la «Reforma de la imposición sobre la renta en el contesto presupuestario e internacional actual. Valoración global de la reforma IRPF e IS». En FUNDEF, tuvimos ocasión, porque nos pareció sumamente interesante, de contribuir a la difusión del libro (contamos con la autorización del autor y en nuestra web se puede leer el Índice y Prólogo) titulado «DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL» del que es autor Jesús Gascón (Editorial CIVITAS.2013). En el Prólogo del indicado libro decía el autor, como muestra de su probado talante conciliador:
II. AGRADECIMIENTO A NUESTR@S AMIG@S
Trascurrido un plazo de tiempo razonable, hemos dado por cerrado el proceso de actualización de nuestra base de datos que ha hecho necesaria la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Al término de dicho proceso, hemos tenido constancia que nuestras amigas y amigos de tantos años siguen interesados/as por prestar su apoyo a una modesta entidad como es FUNDEF. Ha constituido una gran satisfacción comprobar como un elevado número (superior a las doscientas) de direcciones de correo electrónico nos han sido confirmadas y autorizadas para uso a los efectos propios de los fines fundacionales bajo la condición según la cual FUNDEF EN NINGÚN CASO utilizará dichas direcciones - y cualesquiera otros datos personales que figuren en sus archivos- con fines comerciales, ni los cederá a tercero alguno salvo las obligaciones que resulten de la legalidad vigente.
Por tanto, no cabe sino decir: MIL GRACIAS, AMIGAS Y AMIGOS.
También en su reunión del día 22 de junio de 2018, el Consejo de Ministros nombró presidente del TEAC a JOSÉ ANTONIO MARCO SANJUÁN, Inspector de Hacienda del Estado (hasta ahora ocupaba el puesto de presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León). Por el interés general -y el particular de quienes desempeñan sus puestos de trabajo en el TEAC- le deseamos lo mejor al nuevo presidente del TEAC y confiamos en esta nueva andadura el TEAC deje de ser ese «Caballero de la triste figura» en que lo han convertido algunas caóticas e inexplicables decisiones político-administrativas. Que no se repita aquello que dijera un Secretario de Estado del pasado, según el cual los problemas del TEAC no se podía resolver «por lo de Cataluña» (porque de ser así… apañados estamos) ni esperpento (dada la actual situación de atasco por falta de medios) con que se despidió el anterior Presidente que, en actitud de «patada a seguir», propuso, en su intervención en la «Jornada sobre la Inspección tributaria de las grandes empresas» -organizado por Deloitte Legal- que, para «evitar las interpretaciones discordantes entre las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT) y las resoluciones del TEAC, que generan inseguridad jurídica, se pudiera aplicar el sistema de otros países del entorno, en los que se pueden impugnar las consultas en vía de revisión administrativa» (elEconomista, 12.05.2018)
OPINIÓN ANÁLISIS INFORMACIÓN
«UN DERECHO AL ERROR SIN SER MULTADO POR HACIENDA»
Profesor Javier Martin Fernández
(Director del Consejo de Estudios de FUNDEF)
El Diario CincoDias, en su edición digital del día 7 de febrero de 2018, incluye artículo del que es autor el Profesor Martín Fernández (que recientemente cesó, a petición propia, como Presidente y Vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente).
Al hilo del debate suscitado en Francia [en relación con un proyecto de ley sobre un «Estado al servicio de una sociedad de confianza», tanto en el ámbito del servicio público en general como en el particular de lo tributario] el Profesor Martín Fernández hace unas muy interesantes consideraciones con la vista puesta en el ordenamiento tributario español y en el valor de la «confianza».
Desde el profundo conocimiento teórico del Derecho Financiero y Tributario, respaldado por la experiencia adquirida en su actividad docente (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UCM) y de asesoramiento fiscal, el Prof. Martín formula una serie de reflexiones a tener en cuenta por quienes deben velar, por el interés general y lo fiscal, en particular a la luz de la buena fe.
Antes de exponer las conclusiones finales, el Profesor Martín desarrolla una extensa argumentación de la que pueden extraerse ciertos particulares (aconsejamos la lectura total del artículo) que consideramos especialmente relevantes:
- «Son muchas las voces que, desde diversos ángulos (universidad, tribunales y la propia Administración reconocen la necesidad de poner freno a las consecuencias negativas que derivan de la automaticidad de nuestro régimen sancionador, pese a que no sea así en el plano de los principios aplicables. Hemos de recordar, de un lado, que la infracción es la realización voluntaria de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Además, ha de realizarse con dolo o culpa y ello produce, como efecto, la exclusión de la responsabilidad objetiva.»
- «Debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento coloca a los contribuyentes en el papel de primeros aplicadores del derecho, obligándoles, en la mayoría de las ocasiones, a realizar una interpretación de la finalidad pretendida por la norma y que puede ser distinta de la que realiza la Administración.»
- «La generalización del sistema de autoliquidaciones hace que cualquier falta de ingreso sea sancionada y ello con independencia del historial del contribuyente»
- «Además, tanto los tribunales económico-administrativos como los de justicia han pasado de estimar la mayoría de recursos contra la imposición de sanciones a rechazarlos, con el argumento de que el contribuyente no ha demostrado que actuó de buena fe. También hemos de recordar que las reducciones de las sanciones por conformidad, actualmente previstas, no son aptas para conseguir todas las distinciones necesarias.»
Y concluye el Profesor Martín:
«Por tanto y en la era de las buenas prácticas tributarias, hemos de aprender del modelo francés. Sirvan para ello varios ejemplos. En primer lugar, la buena fe, como principio que introdujo en nuestro ordenamiento la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ha de primar ante un primer error.
En segundo lugar, no pueden ser sancionadas meras consignaciones de datos en las autoliquidaciones que no producen una menor tributación (bases imponibles negativas no compensadas).
Por último, el historial del contribuyente debe tenerse en cuenta para modular la sanción. Sin duda, este debe ser el camino a seguir.»
«LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS»
Recientemente, se ha dado a conocer un estudio realizado por ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ* (Presidente del Consejo de Estudios de FUNDEF) que facilitará en buena medida al lector el acercamiento a los orígenes, esencia y posibles soluciones, o salidas, a la problemática de la financiación autonómica. La exigencia de la modificación del actual sistema de financiación de las CC. AA viene de tiempo atrás, pero tal exigencia ha adquirido máxima intensidad en los últimos meses, en particular desde que el Gobierno de la Nación apoyara la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en cuanto a la normativa relativa a los tributos concertados, como a la concerniente al Cupo, a su importe y elementos empleados para su cuantificación. La problemática planteada no es de fácil solución, como lo pone de manifiesto el «Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (Julio,2017)».
La obra que Editorial Reus publica, de la que es autor Enrique Giménez-Reyna Rodríguez, se presenta en un momento particularmente interesante en el que parece probable (mejor, hay alguna posibilidad) que se acometa la revisión del sistema de financiación autonómica, después de tantas dilaciones. El autor hace una breve, pero interesante, reseña histórica de la implantación de nuestra hacienda regional, y una descripción del modelo vigente, tanto el común el Foral.
Partiendo los orígenes y descripción del modelo vigente, el autor formula sus propuestas de reforma, confrontándolas con las contenidas en el Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (julio de 2017), destacándose las diferencias recursos que resultan a favor de las Comunidades de régimen común y de las Instituciones forales de Navarra y País Vasco. Finalmente, en el cuarto epígrafe hace el autor una valoración de nuestra diversidad normativa en materia de tributos cedidos, para dictaminar el estado de competencia fiscal que existe entre nuestras Comunidades y proponer alternativas al modelo actual.
* Enrique Giménez- Reina Rodríguez es un estudioso de la hacienda territorial en España. Licenciado en Derecho y Diplomado en Finanzas Urbanas por el Instituto de Derecho y Diplomado del Banco Mundial, ha sido en el ahora titulado Ministerio de Hacienda y Función Pública, Secretario de Estado de Hacienda, Director General de Haciendas Territoriales y Dirección General de Tributos. Como abogado, Inspector de Hacienda del Estado, Profesor Asociado en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, en todas esas facetas y en los cargo que ha desempeñado en el antes citado Departamento Ministerial, ha dedicado gran parte de su trabajo al estudio, diseño, aplicación y divulgación de este importante capítulo de la Hacienda Pública española
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Septiembre 2017
En el presente mes de septiembre y en la sede del IEF se ha presentado el documento Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT), correspondiente al año 2014 (elaborado por Ángel de la Fuente, director de FEDEA). En la web de la mencionada Fundación se puede consultar el texto completo de la muy interesante Nota titulada: «Qué nos dicen las Cuentas territorializadas?». En dicha Nota (Ángel de la Fuente-FEDEA-Instituto de Análisis Económico- CSIC. Septiembre de 2017) se resume la metodología del nuevo Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) (seguir leyendo: … se analizan los resultados correspondientes a los ejercicios 2005 y 2011-14 y se comentan algunas de sus implicaciones. «Un resultado central del análisis es que lo que podríamos denominar el componente de los saldos fiscales regionales que resulta potencialmente preocupante desde la óptica de la equidad territorial es relativamente reducido. Los saldos generados por partidas presupuestarias cuya distribución podría ser cuestionable desde esta perspectiva se sitúa en torno a los 11.000 millones de euros, o un 1% del PIB nacional. Los posibles problemas parecen ser, por tanto, de una magnitud manejable».
- AEDAF, ha celebrado su tradicional «Curso de verano» Santander», bajo el título «Fiscalidad inmobiliaria: los retos de un mercado en crecimiento». En el curso han intervenido especialistas muy cualificados en la materia entre los que se encontraban Ignacio Ucelay Sanz (que fuera Ponente en la «Jornada de Primavera.2017» organizada por FUNDEF) así como Francisco Javier Sánchez Gallardo y Jesús Gascón Catalán que han participado en distintas ediciones de la «SEMANA DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO».
- AEDAF tiene previsto celebrar (Zaragoza. Días 25 a 28 de octubre/2017) la XXXII edición de su Congreso anual. La conferencia inaugural («Motivación en el asesor fiscal»), con planteamiento temático realmente singular e interesante, se pronunciará por el prestigioso Dr. Valentín Fuster Carulla (Director General del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). Las materias de contenido tributario serán tratadas por relevantes especialistas como Carlos Gómez Barrero y Jaime Rodríguez Correa (ambos miembros de la Sección de Impuestos Indirectos de la AEDAF) y los Inspectoras Hacienda del Estado, Begoña García-Rozado González (en excedencia) y María José Garde (Subdirectora de Fiscalidad Internacional. Dirección General de Tributos.MH-FP). El Programa puede consultarse en la web de la AEDAF.
El PATRONATO DE FUNDEF se congratula, otro año más, tanto por la continuidad exitosa del evento, como porque algunos de sus miembros (Federico Álvarez Romero, María Teresa Treviño Alfonso y José María López Geta, integrantes de la Junta Directiva de APIFE en los años 2000 a 2003) fueron quienes tuvieron la idea y asumieron la organización (pese a una considerable oposición de algunos sectores de la Asociación) de la primera edición de «Encuentros Tributarios» que, finalmente por el entusiasmo sin límite de los organizadores, pudo celebrarse con gran éxito en el Salón de Actos de que BBVA disponía en el Paseo de la Castellana (Madrid) y merced al apoyo inestimable de otro miembro del actual Patronato, Juan Pedro Gil Vera (Inspector de Hacienda en excedencia que prestaba sus servicios en la dicha entidad bancaria). Al acto asistieron anteriores presidentes de APIFE - a los que, por primera vez, conjuntamente, se les reconoció públicamente su labor directiva - y en él se dio prioridad absoluta a la participación de jóvenes Inspectoras e Inspectores de Hacienda del Estado que por aquel entonces dieron sus primeros pasos como conferenciantes y ponentes en materias tributarias, actividad que han continuado muchos de ellos con brillantez hasta la fecha.
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Mayo 2017
Jornada Tributaria de Primavera/ 2017
Textos íntegros de las intervenciones de presentación y clausura de la Jornada
«Un incremento de recaudación difícil de lograr»
(CincoDías, 5 de abril de 2017)
PRESENTACIÓN CLAUSURA Autores: JAVIER MARTÍN y JESÚS RODRÍGUEZ
José María López Geta. Vicepresidente Patronato
«En nombre del Patronato de la Fundación, agradezco su presencia. Nos alegra ver, junto a presencias habituales en los actos organizados por FUNDEF, otras nuevas que esperamos no dejen de acompañarnos en el futuro.
Por esta misma época, la «Primavera», hace algunos años, la Fundación organizaba las tituladas «Jornadas sobre Novedades Tributarias». En particular, en esas jornadas, que se desarrollaban en dos tardes, eran objeto de análisis las novedades que materia tributaria introducían las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y las conocidas como Leyes de Medidas. Como sabemos, hoy en día la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en lo relativo a la materia tributaria en particular, tiene un contenido muy restringido para ajustarse a las exigencias que resultan de la doctrina del Tribunal Constitucional. Por su parte el Gobierno del Estado, desde hace ya tiempo dejó de presentar Proyectos de Ley bajo la rúbrica, de medidas fiscales, administrativas y sociales, por los recelos que suscitaban; paradójicamente, las Comunidades Autónomas siguen aprobando ese tipo de leyes.
Cuando en la Fundación decidimos celebrar la presente Jornada Tributaria, nos planteamos diversas alternativas en orden a determinar la materia que sería objeto de la misma, siempre teniendo en cuenta los períodos de tiempo -reducidos- disponibles para la intervención de los Ponentes. Tras conversar al respecto, llegamos a la conclusión que resultaba verdaderamente destacable el hecho de que en 2017 se mantuvieran aún en el primer plano de la actualidad cambios [con origen en el año 2012] en el ordenamiento jurídico-tributario de gran calado y muy controvertidos, que habían despertado una gran inquietud de la doctrina científica sensibilizada ante el peligro que pudiera estar corriendo la seguridad jurídica por razón de la interpretación que dichos cambios comportaban respecto de instituciones básicas como la irretroactividad, la prescripción; inquietud despertada que se había intensificado en el año 2016 con la aprobación por el Poder Ejecutivo de disposiciones con fuerza de Ley que no llegaron a tramitarse como proyectos de ley ... »
Amelia Maroto Sáez. Presidenta del Patronato
«Llegado este momento, solo queda clausurar esta jornada y lo hacemos con un recordatorio de algunas de las cuestiones que aquí se han abordado.
En relación con el nivel de recaudación del Impuesto sobre Sociedades sobre el que pivotan algunas de las modificaciones introducidas en la LIS por el Real Decreto Ley 3/2016, ya se ha dicho en la sala que la recaudación por este Impuesto en España alcanza prácticamente la misma proporción sobre el PIB que alcanza en los países de nuestro entorno[1], lo que hubiera hecho innecesarias tales modificaciones. Más aún, en fechas recientes la OCDE ha pasado revista a nuestro sistema tributario, considerando que las reformas a acometer deben ser: 1) Subir los tipos de los Impuestos Especiales, pues España es uno de los países que conforman la OCDE con menor carga fiscal en este ámbito. 2) Eliminar los tipos reducidos del IVA y 3) Suprimir las bonificaciones del IRPF que carezcan de enfoque adecuado, tales como: i) La deducción por adquisición de vivienda y ii) Las deducciones por fondos de pensiones. Una reflexión sobre el nivel de recaudación del Impuesto sobre Sociedades y el consumo de recursos que requiere llevar a término su obtención seria muy conveniente.
Eduardo Sanz Gadea se ha referido a las iniciativas de la OCDE y de la Unión Europea en relación con las medidas anti BEPS, que en mayor o menor medida van a provocar modificaciones en nuestra norma interna en un futuro muy cercano.
En el ámbito de la Unión Europea, diferenciando entre Directivas y Propuestas de Directivas, tenemos.
1.- Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016 (ATAD I), cuyas normas deberán transponerse por los Estados, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, para su aplicación a partir de 1 de enero de 2019, salvo en lo referente a la Imposición de Salida, cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2020... »
Los profesores de la Universidad Complutense, Martín Fernández y Rodríguez Márquez participaron como Moderador y Ponente, respectivamente, en la Primera Ponencia de la «Jornada Tributaria de Primavera, 2017»
«La característica más importante de los Presupuestos para 2017 es la ausencia de medidas tributarias. La práctica totalidad de las previstas son de menor calado, meras actualizaciones de algunos tributos. Por citar alguna que se aparta de dicho patrón, puede resaltarse la reducción del tipo impositivo aplicable a los espectáculos culturales en vivo, que pasa a tributar del 21% al 10 %.
Desde el punto de vista de la técnica tributaria, esta ausencia de innovación es de agradecer. En los últimos años, la crisis económica ha provocado un sinfín de reformas, que han afectado a las principales figuras de nuestro país (IRPF, IS e IVA). Su efectividad, en muchos casos, solo puede constatarse tras un periodo más o menos dilatado de aplicación de los tributos reformados. Además, tener un marco tributario estable ofrece seguridad a los operadores y, por ello, constituye un factor de competitividad de nuestra economía.
Dicho esto, la siguiente pregunta que debemos formularnos es si la previsión de ingresos y, con ella, el objetivo de estabilidad, puede cumplirse en este escenario de ausencia de reformas. Dicha previsión contempla un aumento global de la recaudación tributaria de un 7,9 %, con subidas de un (7,7% en IRPF, un 12,6%en Sociedades y de un 9% en IVA. Todo ello en un escenario de incremento del PIB nominal del 4,1%.
A nuestro juicio, estos incrementos de recaudación son de muy difícil consecución. Es posible que se consiga en el Impuesto sobre Sociedades, por obra de las medidas introducidas a través del RDL 3/2016, cuantificadas en 4.655 millones de euros (limitación de la compensación de bases imponibles negativas y reversión de deterioros). Pero resulta muy difícil pensar, dada la evolución del empleo y los salarios –favorable, pero todavía a un ritmo modesto–, que pueda recaudarse un 7,7% adicional en IRPF (en 2016, la variación fue de un -0,1%). Algo similar puede afirmarse en relación al IVA, cuyo aumento fue del 4,2% en 2016.
Así las cosas, no podemos descartar que deban aprobarse algunas subidas de impuestos durante 2017. Las quinielas parecen apuntar hacia los impuestos especiales, si bien hay que tener en cuenta que los que recaen sobre los hidrocarburos tienen su coste en términos de competitividad.»
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Febrero 2017
A PROPÓSITO DE LA CORRESPONSABILIDAD FISCAL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y RECAUDACIÓN
(Francisco de la Torre. Inspector de Hacienda del Estado y Presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. EL ECONOMISTA: 18.01.2017)
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Enero 2017
En el año 2006, la Fundación para la Promoción de los Estudios Financieros editó el libro conmemorativo titulado «50 SEMANAS DE ESTUDIO DE DERECHO FINANCIERO» que, en su Sección II «Características mas destacadas de las Semanas», incluye colaboraciones entre las que se encuentra la prestada por el Profesor José Luis Pérez de Ayala que aportó sus reflexiones acerca de «LAS SEMANAS DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO, COMO FORO UNIVERSITARIO»
Dado que tanto beneficiarios de la FUNDEF como otros amigos en general, nos han hecho llegar su preocupación por el hecho de que en el año 2016 no se celebrara la edición (LXI) correspondiente de la Semana de Estudios de Derecho Financiero, hemos considerado oportuno recordar a través del «Observatorio del Consejo de Estudios» lo escrito en su día por el Profesor Pérez de Ayala como muestra de que el actual Patronato tiene muy presente la importancia del legado intelectual recibido y que, por tanto, hará cuanto esté a su alcance para conservarlo en el futuro contando siempre con el apoyo de todos aquellos que participen de ese propósito.
LAS SEMANAS DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO, COMO FORO UNIVERSITARIO
He de comenzar agradeciendo a todos los promotores y patrocinadores de este libro, el que como profesional de la docencia y de la investigación universitaria, se me haya concedido la oportunidad de participar en esta obra dedicada a la historia y el Aniversario de las Semanas de Estudios de Derecho Financiero.
En estas páginas me gustaría destacar un aspecto específico: las “Semanas de Derecho Financiero” han sido una excepcional tribuna para que, a lo largo de sus sucesivas convocatorias o ediciones, la Universidad española, como estudiosa de los complejos fenómenos financieros y tributarios, mostrara todas las vocaciones múltiples, los múltiples aspectos, que han marcado la secular evolución de las instituciones universitarias, desde su fundación hasta nuestros días.
1.- Las “Semanas” como tribuna interdisciplinar de la Hacienda Pública.
A) La Universidad ha encontrado en las Semanas de Derecho Financiero, una tribuna y un auditorio, de gran calidad, para mostrar su faceta cultivadora de los saberes de la cultura humanística en materia tributaria.
B) De acuerdo con la docta opinión del ilustre filósofo García Morente, esta vertiente o cultura humanista, de institución del “saber culto” se muestra ya en su origen, en relación con aquellas parcelas del conocer humano que se supone definitivamente adquiridas y a las que hay que conservar. Pero con una peculiaridad importante: ese “saber culto” se sustenta en la unidad de conocimiento, como conjunto de saberes (Política, Filosofía, Derecho) referentes al hombre y a la sociedad.
Integra, presupone, y necesita de los “saberes especializados”. Pero los pretende trascender y unir, relacionar.
Pues bien; en el campo del Derecho Financiero y Tributario, este saber “culto” (en el sentido que acabamos de destacar) o humanístico, no especificante, técnico o especializado, sino más bien especulativo (de vocación histórica y característicamente universitaria) está ya presente en las Semanas de Derecho Financiero desde sus primeras ediciones o convocatorias.
Recordemos, sin ánimo exhaustivo, cómo en las mismas se analizan ¡nada más y nada menos! que las siguientes cuestiones: Los problemas fiscales dentro de una teoría del Estado contemporáneo (Fraga Iribarne); las relaciones entre el Estado de Derecho y el Derecho Tributario (Sánchez Agesta); los grandes temas de la justicia impositiva, plasmados en una adecuada configuración de los “principios constitucionales tributarios” (Sainz de Bujanda); y los fundamentos teóricos que deben conformar el reparto de la carga tributaria (Fuentes Quintana); así como en las exigencias éticas y políticas que plantean los comportamientos ilícitos tributarios en sus diversas manifestaciones (Ruiz Giménez; A. de Luna), etc.; o sobre la especulación acerca de las relaciones entre la fiscalidad y la investigación que expondría Lora Tamayo; o de Pavón Suárez de Urbina sobre la Revolución Técnica, etc.
C) Pero, naturalmente, lo que antecede sólo se refiere a una de las vocaciones (la más originaria, históricamente) de la Universidad. Su vocación por los saberes humanísticos y “cultos”, especulativos. Pero, ya en la Edad Media, y más decididamente en la Edad Moderna, desde Occam y el empirismo inglés, de una parte, y de la otra, el racionalismo filosófico, será la propia universidad la que haya de abrirse (lentamente, perezosamente, como gráficamente se ha dicho), a otro tipo de saberes: a los saberes científico-experimentales. Surge, así, por decirlo de alguna manera , la universidad científico-experimental; que aunque, por muchos, pretenda sustituir a la universidad “clásica”, humanística, no la sustituye ni la anula: la complementa.
Pues bien; este complemento, y enriquecimiento mutuo de los saberes humanistas y de los científico experimentales, se ha dado, como no podía ser menos, también en el campo fiscal.
Y a los saberes científicos y experimentales, de mejor definición y delimitación de las realidades atinentes a la Hacienda Pública (en cuanto necesario complemento y referente ineludible de un Derecho financiero y Tributario construido sobre bases, por ello, realistas y no utópicas) han estado abiertas las sesiones de las Semanas de Derecho Financiero, como no podía ser menos, a lo largo de su (también larga) historia. Y, con ello, se ofreció su brillante tribuna a una serie, no pequeña, de profesores y estudiosos universitarios.
Permítaseme, de nuevo, sin ánimo exhaustivo, sino por vía de enumeración, hacer, y recordar algunas referencias a intervenciones y ponencias significativas. Así, por ejemplo: las cuestiones relativas a la correcta identificación de la actividad de la Hacienda Pública, sus límites y su contenido (M. Sebastián); a las conexiones entre realidad económica y política fiscal (J.L. Sampedro); o sobre la presión tributaria en España (M. Sebastián); o sobre las relaciones de la Hacienda Pública con el comercio exterior (E. Fuentes Quintana), y el proteccionismo, la autarquía; el libre cambio, etc. (F. Estapé); los impuestos aduaneros y el mercado común (Amorós Rica); o sobre la estructura del sistema tributario español, en un mundo en evolución y con nuevas perspectivas de futuro (Naharro) y la presión fiscal y sus efectos sobre la sinceridad empresarial (Polo Díez), etc.
Ya en estas intervenciones, aparece la preocupación por conocer empíricamente, del mejor modo posible, no solo los fenómenos y realidades de la fiscalidad española; sino también de la comparada, en general y de la Comunitaria, en particular.
A partir de 1973, esta inquietud se había ya hecho patente en los equipos que trabajaban en el Instituto de Estudios Fiscales, con los Profesores Fuentes Quintana (recuérdense las páginas de la revista Hacienda Pública Española; el “libro” para la Reforma Tributaria, etc.) y Albiñana.
Pero, además, el imparable proceso de la integración en la Comunidad Económica Europea, con sus condicionantes fiscales, se harán presentes en todos los ámbitos de nuestros estudiosos tributaristas. Y, también, no solo en los de la Administración Pública, sino en los de la Universidad. Por ello no es de extrañar que en las “Semanas de Estudios de Derecho Financiero” se planteen, como temas prioritarios, las experiencias comunitarias sobre el estudio y efectos del Impuesto sobre el Valor añadido (asignatura, por aquel entonces, pendiente, para nuestro sistema tributario), con intervención otra vez de los profesores universitarios (R. Calle, J. L. Pérez de Ayala, J. R. Álvarez Rendueles, Banacloche (el gran divulgador del IVA en España), etc. etc.), en varias de sus ediciones.
Por otra parte, recordemos la XXXIII “Semana” dedicada a la problemática del Derecho Comunitario, donde encontramos intervenciones de los profesores Casana, Embid y Cuadrado Roura.
2.- Las Semanas como plataforma para la elaboración dogmática y científica del Derecho Financiero y Tributario en España.
D) Siguiendo el esquema de García Morente que hemos planteado sobre la evolución de la Universidad y de sus “vocaciones”, tras la Universidad de los saberes especulativos; y, después, tras de la Universidad científico-experimental; tras ambas, y como tercera faceta y fase de esta evolución, aparece la Universidad “técnico-profesional”. En la Universidad humanística, especulativa, tradicional, los saberes profesionales, de Derecho, de Medicina, se enseñan en sus fundamentos y contenidos doctrinales y generales. Pero las aplicaciones técnicas de esos saberes, el cómo de ejecutarlos y practicarlos, su transmisión, en suma, se realizan fuera de la Universidad: en los talleres gremiales, en las academias, en las escuelas de artes y oficios, etc. No es fortuito que las Escuelas Técnicas de Ingenieros, del máximo nivel y prestigio, se instituyen, cuando aparecen, como centros de rango y nivel universitario, sin duda, pero formalmente, como instituciones “nuevas”, y “separadas” de la Universidad tradicional. Otro ejemplo, de inverso sentido, pero también significativo, lo ofrecen los estudios empresariales; de las Escuelas Técnicas de Comercio, y su posterior transformación en facultades universitarias No hay sólo un cambio de nombre, sino de contenidos: las segundas integran de forma muy lograda los saberes teóricos, además de los técnicos; estos últimos, hasta entonces, acertadamente e históricamente, enseñados por las Escuelas de Comercio, y no por la Universidad, en el sentido estricto de la misma.
Pues bien; en los Estudios universitarios de Derecho, -y en España- la aparición de los “saberes técnicos” como materia de la disciplina universitaria, y su incorporación a los saberes jurídicos especulativos tradicionales, es relativamente tardía I. R. Fernández, entre otros, ha analizado este fenómeno para el Derecho Administrativo; F. Sánchez Calero, para el Derecho Mercantil, etc.
El comienzo de las “Semanas” coincide, en el tiempo con la conciencia universitaria de que falta, en España, incorporar a los estudios de este rango una nueva disciplina: la del Derecho Financiero y Tributario, hasta entonces ausente, como saber autónomo y construido sobre la dogmática y la doctrina general del Derecho.
Al filo de los años cincuenta del siglo pasado, el “telón de fondo” de esta iniciativa solo se dibujaba sobre algunos trabajos escasos e incipientes, aunque ya rigurosos: recuérdense los dos conocidos artículos del Profesor Sáinz de Bujanda en las Revistas de Derecho Privado y de Derecho Mercantil; la polémica sobre la relación jurídica tributaria (pionera en España) en las páginas de la recién nacida Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, entre los profesores Carreras Llansana (siguiendo la aportación puente de su maestro M. Fenech) y C. Albiñana (que ya había elaborado una teoría sobre “las responsabilidades patrimoniales tributarias”); y los meritorios manuales de H. Rossy y J. J. Perulles, etc.
Pues bien; puede afirmarse que, con este “telón de fondo”, las “Semanas de Estudios de Derecho Financiero” contribuyen decisivamente al desarrollo en España de la nueva disciplina universitaria del Derecho Financiero y Tributario; y no es casualidad, por ello, que en las Jornadas encontremos, desde sus comienzos, aportaciones de profesores universitarios sobre los temas claves de la “parte general” de dicha disciplina; aportaciones que, por lo demás, se convierten en “clásicas”.
Tales, las del profesor Sainz de Bujanda sobre las Fuentes del Derecho Financiero y la Teoría Jurídica del Presupuesto; sobre la exención tributaria; o sobre los sujetos pasivos tributarios (de los que se avanza una teoría general, aunque, en el caso concreto citado se refiriese al Impuesto del Timbre del Estado).
Dentro de estos trabajos básicos y “clásicos”, hoy, sobre la teoría general del Derecho tributario, son citables las aportaciones –tempranas y pioneras de Amorós Rica (sobre la causa en la obligación tributaria), de J. L. Pérez de Ayala, (sobre el procedimiento de gestión tributaria y sus efectos sobre la vida de la obligación tributaria material). Y a una teoría jurídica del procedimiento administrativo, en general, como referente obligado se consagrarán ponencias –en las “Semanas”– por profesores especialistas del máximo nivel: Ballbé, Garrido Falla, etc.
Ya dentro de esta evolución, y consolidada la misma también por la presencia de docentes universitarios, se irán tratando cada vez en mayor medida temas concretos, especializados, del Derecho tributario en su parte general.
Así, recordamos las aportaciones de Álvarez Gendín y del Rosal sobre los ilícitos tributarios; o las referentes a las subvenciones y beneficios fiscales, de Albiñana, Figueroa, Camilleri (combinando diversos aspectos y perspectivas); y las diversas sobre procedimientos tributarios, M. Cortés, Eseverri, M. A. Collado Yurrita, etc.
3.- La progresiva tecnificación jurídica-tributaria de las Semanas y la Universidad.
Como un lógico corolario de la madurez de los saberes sobre el Derecho Tributario, y, también, del perfeccionamiento técnico de nuestra legislación fiscal, las “Semanas”, según puede apreciarse fácilmente por sus temarios, requieren –cada vez más- convertirse en foros de debate y actualidad sobre la incesante ¿quizá en exceso incesante y ambiciosa? (ya que en el “exceso” puede haber algún “defecto”) sucesión de modificaciones y reformas legislativas.
Ello es, también, una consecuencia de las tareas y problemas cada vez más complejos que plantea, a los competentes cuerpos de la Administración tributaria, la interpretación de esa normativa cambiante, de ese lógico proceso de evolución y actualización continuas del sistema fiscal español.
Las “Semanas” se van convirtiendo, así, en unos seminarios de alta especialización técnica” para el intercambio de criterios y opiniones entre los propios funcionarios de la Administración. Y no solo es lógico, sino que ha de ser considerado con elogio, Doble elogio: el primero, porque las “Semanas” cumplen así con su propia vocación hacia los nobles fines de la Fundación para la Promoción de Estudios Financieros, en el nuevo entorno legislativo y de cada vez más complejas competencias administrativas a cargo de los prestigiosos cuerpos de funcionarios al servicio de la Hacienda Pública.
Pero además, ha de agradecerse que la tarea de la citada Fundación, y la orientación cada vez más especializada de las “Semanas”, se haya realizado sin prescindir de los profesores universitarios, los que sin duda hemos aprendido mucho de esta cada vez más alta cualificación técnica y especializada de las Semanas (tratando, a nuestra vez, de colaborar lo más eficazmente con ellas).
Aparte de las intervenciones de los profesores, y también funcionarios, Albiñana, Banacloche y Amorós, se impone, pues, cerrar estas páginas dejando constancia de la presencia de los profesores Lampreave, Albi, Casana, Martín Fernández, Sánchez Galiana, Calero, Collado Yunta, Lasarte, etc. en las “Semanas” que debatieron sobre diversos aspectos de la evolución y reforma y aplicaciones legislativas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
También, surgen problemas nuevos, en relación con el Impuesto de Sociedades, donde aparecen en otras “Semanas” las aportaciones de R. Corona, R. Falcón, E. Albi y J. L. Pérez de Ayala, etc.
O, también, y con ocasión de la Ley 1/1998, las de los profesores Rodríguez Berijo, Lasarte, Cazorla y Casado; o de Bacigalupo, y J. J. Perulles, sobre el Delito fiscal, etc.
Cerrándose, en fin, esta amable y permanente invitación de los organizadores (la referida Fundación) y patrocinadores (el Instituto de Estudios Fiscales), a los docentes e investigadores universitarios en la “Semana” del 2004 (donde colabora una lucida y nutrida nómina de profesores: Almudi, Blázquez Lydoy, Falcón Tella, Herrera Molina (P.M.), Lasarte (J.), Lasarte López (Rosa) y Zornoza, etc.
Me permito, en nombre de todos ellos y de los que, por error u omisión involuntarios haya podido silenciar en estas páginas, cerrarlas con nuestro agradecimiento por el hecho de que las “Semanas de Estudios de Derecho Financiero” hayan sido un “foro universitario” en el que los profesionales de la Universidad hayamos encontrado un cauce donde aprender y, también, un cauce donde exponer libre y gratamente inquietudes e ideas.
Ver el libro completo "50 Semanas de Estudio de Derecho Financiero"...
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Septiembre/octubre 2016
(José María López Geta. Secretario del Consejo de Estudios)
«A propósito del Estudio titulado «Novedades introducidas en el Impuesto sobre Sociedades por el Real Decreto-ley 2/2016» del que es autor Ignacio Ucelay Sanz»
«Novedades introducidas en el Impuesto sobre Sociedades
por el Real Decreto-el 2/2016»
Inspector de Hacienda del Estado (Excedente) Abogado (Baker & Mckenzie)
La especial situación política que se está viviendo en el presente año 2016, ha sido principal determinante de que la producción normativa estatal haya estado bajo mínimos, al tiempo que por motivos que podrían considerarse básicamente electorales se han planteado, en materia tributaria, incisivas Proposiciones no de Ley y Preguntas parlamentarias [a un ¡Gobierno en funciones!] que han hecho bastante ruido mediático y cuyo contenido ha dejado perpleja a la ciudadanía pues es difícil entender, por ejemplo, que se haya podido dejar tributar a ciertos contribuyente por determinadas rentas a un tipo del 3 por 100 cuando tenía que haberlo sido al 10 por 100 y todo por razón, según alguno, de un Informe de la Dirección General de Tributos que no era vinculante ni tiene fuerza de norma, en definitiva, ¡interpretación de un funcionario «infiltrado en la nube»!
Después de la puesta de manifiesto de cómo, de modo un tanto superficial, se ha llegado a tal conclusión nuevamente nos encontramos ante un nuevo juego de promedios virtuales «demostrativos» de que las «grandes empresas» están tributando a tipos efectivos del 3, 4,5,6 por 100, cuantificación a gusto del consumidor (¡como para no causar alarma a los ciudadanos que tributan por sus rentas a tipos muy superiores!).
Así que ahora estamos en que el Impuesto sobre Sociedades hay que reformarlo ¡ya!, sin más argumento «técnico» que la disminución de la recaudación fruto, se dice, de los cambios normativos de los últimos años. Que la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades haya que reformarla puede que sea una buena idea, pero, de llevarse a cabo, debería hacerse en el contexto de una reforma del sistema tributario en su conjunto y, desde luego, sin perder de vista las propuestas de la Unión Europea [véase al efecto, entre otras, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo,[Establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE. Estrasburgo, 25 de octubre de 2016. 25.10.2016. COM (2016) 682 final)], que mira por donde, por obra la diosa no-fortuna- podría darse la circunstancia que ello llevara a disminución en España de ingresos por dicho tributo.
En todo caso, los defensores de la reforma inmediata del Impuesto sobre Sociedades deberían mejorar sus argumentos, o al menos afinarlos en cuanto a la concreción de los parámetros y situaciones que es lo que hace IGNACIO UCELAY en el Estudio que seguidamente reproducimos a continuación por su interés técnico y clarificador, muy útil en estos tiempos de confusión.
Texto completo del Estudio publicado en CARTA TRIBUTARIA.
REVISTA DE DOCUMENTACIÓN. N.º 20. NOVIEMBRE 2016. WOLTER KLUWER)
Novedades introducidas en el Impuesto de Sociedades por el Real Decreto-Ley 2/2016
Inspector de Hacienda del Estado (excedente) (Baker & Mckenzie) - Abogado
El Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre (BOE 30 de septiembre) —con entrada en vigor el mismo día de su publicación— ha introducido una serie de modificaciones en materia de pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades, que afectan al que debe realizarse en los primeros 20 días de octubre. Dichas modificaciones afectan exclusivamente a las entidades cuyo importe neto de cifra de negocios, en los doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo, sea al menos de 10 millones de euros.
Las modificaciones son dos y afectan a la modalidad del pago fraccionado en función de la base imponible, obligatoria para estos contribuyentes.
La primera de ellas, es que se vuelve a establecer un importe mínimo del pago fraccionado, resultado de aplicar el 23% (25% para las entidades con tipo de gravamen del 30%) sobre el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, que respecto del pago del mes de octubre será el correspondiente a los nueve primeros meses si su periodo impositivo es el año natural. Dicho importe sólo puede minorarse en los pagos fraccionados del propio ejercicio.
Del resultado contable quedan excluidos exclusivamente las rentas derivadas de quitas o espera consecuencia de un acuerdo con los acreedores (excepto la parte que se incluya en la base imponible), el resultado positivo derivado de las operaciones de aumento de capital por compensación de crédito y determinadas rentas objeto de bonificación al 99%, y para las entidades parcialmente exentas en el importe correspondiente a rentas exentas.
Adicionalmente, se excluyen del pago mínimo a las entidades parcialmente exentas acogidas a la Ley 49/2002, a las instituciones de inversión colectivas y entidades a las que se les aplica el tipo de gravamen del 1% y los fondos de pensiones.
Como segunda medida, también en la modalidad de base imponible, el tipo del pago fraccionado es el resultante de calcular el 19/20 del tipo de gravamen aplicable a la entidad, redondeado por exceso. Así, una entidad con el tipo del 25% tendrá un tipo del 24%. En este caso, la base es la base imponible del impuesto, y a la cuota del pago fraccionado se la puede minorar en las bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta y los pagos fraccionados del propio ejercicio.
Se hace una reflexión inicial crítica sobre la urgencia presupuestaria de la medida, el impuesto elegido y la aparente capacidad contributiva de las grandes empresas, al configurar un pago a cuenta sobre una base superior a la base imponible del impuesto.
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«España gana peso en los órganos internacionales de fiscalidad» (DIARIO ABC. 30.10.2016)
«La subdirectora general de Fiscalidad Internacional, MARÍA JOSÉ GARDE, presidirá desde enero el Foro Global sobre Transparencia Fiscal e Intercambio de Información de la OCDE. El Foro Global de Transparencia que presidirá Garde parece que ganará protagonismo en los próximos meses. El G-20 pidió a la OCDE unos criterios objetivos para definir a un país como paraíso fiscal o no. Ante esta solicitud, el Foro de Transparencia Fiscal ya ha analizado a cerca de cien jurisdicciones, pero no ha elaborado lista alguna de paraísos fiscales.»
«España discute a Bruselas las cifras de fraude en el IVA» (EL PAÍS.19.09.2016. J. Sérvulo González)
«La Agencia Tributaria española discrepa de los datos sobre fraude en el IVA difundidos hace una semana por la Comisión Europea, que situaban la brecha fiscal del impuesto -diferencia entre la recaudación potencial y la real- en unos 6.214 millones. Hacienda considera que la metodología usada por la Comisión es incompleta y ofrece resultados volátiles. Insiste en que, con una estimación alternativa más precisa, el fraude fiscal del impuesto baja a la mitad»
«Es tiempo de educación fiscal» (CINCO DÍAS 28.10.2016. Jesús Rodríguez Márquez)
«Solo así se puede entender que el impago de impuestos por algunos se traduce en mayores impuestos para los demás o en recortes en los bienes y servicios públicos A mi entender, es necesario que el currículo escolar oficial contemple contenidos de educación fiscal. De un lado, hay que explicar a los alumnos que nada es gratis, que los bienes y servicios públicos que reciben tienen un coste de producción, a veces muy elevado. De otro, hay que enseñar que ese coste se financia a través del sistema tributario mediante el pago de impuestos que, además, cumple otras funciones, señaladamente la de redistribución de la renta. En definitiva, se trata de explicar el funcionamiento financiero del Estado, la íntima conexión entre los ingresos y gastos públicos. Solo así se puede entender que el impago de impuestos por algunos se traduce en mayores impuestos para los demás o en recortes en los bienes y servicios públicos.»
«Más allá del traje de «hombres de negro», varios inspectores relatan las peripecias detrás de la lucha contra el fraude» (DIARIO ABC. Javier Tahiri)
«Toda inspección tiene detrás una cuidada labor de criba e investigación de datos. «Somos el gato y los defraudadores, el ratón. Y no te lo quitas de la cabeza. A mi me ha ocurrido que en mitad de la noche me he despertado porque se me había ocurrido por qué alguien había defraudado. Y gracias a ello, encontrar al infractor», desvela José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Cada sector tiene sus propias características. «Por ejemplo, en clubes de alterne sabemos que todo lo mueve en efectivo y no suele haber archivos informáticos ocultos», señala Groba. Pero no hay un sector preferencial: en los últimos meses ha habido actuaciones de todo tipo de chatarreros a carniceros pasando por clubes nocturnos.»
«La carga fiscal indirecta» (CINCO DÍAS 26.09.2016. Itziar Galindo)
«La situación económica por la que está atravesando España en los últimos años ha abierto en la opinión pública el debate sobre si las empresas pagan su parte justa de impuestos y con ello contribuyen convenientemente a las arcas del Estado. Este debate, con importante repercusión tanto en la imagen como en la reputación de las organizaciones, se está enfocando, no obstante, en la mayoría de los supuestos, desde una perspectiva parcial. Por esa razón, la carga fiscal indirecta debe entenderse desde dos perspectivas: por un lado, la labor que realizan las empresas por medio de la recaudación de impuestos y, por otro, la información tanto propia como de terceros que las empresas deben compartir con el Estado y que le facilitan su labor recaudatoria.
De los impuestos que las empresas recaudan, que son aquellos que retienen o repercuten a terceros, derivan sin duda importantes retornos para el Estado. La prueba de la importancia de los impuestos recaudados puede verse en la información contenida en los informes de contribución tributaria que presentan algunas compañías, en los que se demuestra que los ingresos que recibe el Estado por la labor recaudadora de las empresas es en muchas ocasiones superior a los impuestos soportados por las mismas»
«La UE y la OCDE a veces generan inseguridad jurídica entre las empresas» (DIARIO ABC. 11.09.2016. S. Ruiz Gallud)
«Desde el mundo académico, Salvador Ruiz Gallud, profesor asociado de Esade y con amplia experiencia en materia fiscal como director de la Agencia Tributaria, asegura a ABC en relación con este asunto que «en estos momentos se vive una auténtica revolución en la fiscalidad internacional como consecuencia de los nuevos programas públicos para limitar la elusión fiscal, también denominada planificación fiscal agresiva. La Unión Europea y la OCDE están operando como un tándem impulsando muchos de los cambios, a veces incluso compitiendo entre ellas, pero el problema es que a veces generan inseguridad jurídica y pueden tener un efecto negativo en la actividad económica.
[…] Salvador Ruiz Gallud cree que «debe cuidarse mucho que por intentar evitar la elusión fiscal se introduzcan rigideces y obligaciones tributarias añadidas diversas que provoquen más inconvenientes que otra cosa, con efectos negativos sobre la actividad económica. El problema puede ser el de la injerencia excesiva de la política y de una opinión pública manipulable ya que se trata de cuestiones muy técnicas».
«Hacia el colapso en los Tribunales Económico Administrativos» (EL ECONOMISTA 14.10.2016. Francisco de la Torre)
«Un sistema fiscal vale en la medida en que vale la administración Tributaria que tiene que aplicarlo De la misma forma, la justicia del sistema fiscal, vale en la medida en que el sistema de revisión, la justicia tributaria, funcione. De nada le sirve a un contribuyente llevar razón, sino hay un órgano administrativo o judicial que se la dé. Más aún, incluso la lucha contra el fraude puede quedar en nada, si los Tribunales no dan la razón a la Administración Tributaria. Estos son principios evidentes, pero que a la vista de la situación de los Tribunales Económico Administrativos en España parecen haber quedado en el más absoluto de los olvidos.
[…] Lo peor de todo es que el retraso le está costando al Estado mucho más que los recursos humanos, presupuestarios y materiales, necesarios para resolver el colapso actual. Pensemos que cuando se sobrepasa el plazo de un año en la resolución, no se pueden liquidar intereses de demora a favor de la Administración Tributaria. Si la resolución es estimatoria -se le da la razón al contribuyente que recurre- hay que liquidarle intereses si ha pagado, sin limitación de plazo. Si el contribuyente ha aportado un aval, la Administración debe pagar los costes de la suspensión, que son mayores cuanto más tiempo pase. En resumen, resolver fuera de plazo implica pagar más en las estimaciones y no cobrar más cuando se desestime.»
«La triple amnistía fiscal» (CINCO DÍAS 26.09.2016. José María Peláez)
«Pero si han sido los acuerdos firmados entre los partidos políticos los que han traído de nuevo a la actualidad la amnistía fiscal, bien es cierto que hay muchas dudas jurídicas respecto de la posibilidad de recaudar esos 2.800 millones de euros que surgen de la diferencia de la recaudación teórica, 10% sobre 40.000 millones aflorados, y la efectivamente lograda, por importe de 1.200 millones.
La lamentable gestión que se hizo de la amnistía fiscal y la dejadez de la Agencia en el cumplimiento de sus fines no debería llevar a plantear una medida de dudoso resultado recaudatorio y de casi imposible ejecución, ya que supondría citar a 31.000 contribuyentes en un periodo muy corto de tiempo sin poder hacer los análisis previos y comprobaciones necesarias. Mucho me temo que esos acuerdos sean castillos en el aire y que al final habrá que felicitar a defraudadores y delincuentes por la triple amnistía conseguida: la prevista en la norma, la que afecta a impuestos que no se han querido comprobar y la relativa al blanqueo y otros delitos que se podían haber puesto de manifiesto si se hubiera comprobado el origen de las rentas y bienes.»
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Julio 2016
«La deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios»
D. José I. Alemany Bellido
Presidente de AEDAF Ponente en la Sesión Plenaria de la LVI SEDF (2011)
De absurda, calificaba José María López Geta (Secretario del Consejo de Estudios FUNDEF) en editorial de la Revista Carta Tributaria-Documentación (mayo, 2016), la polémica surgida en el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en torno a la deducibilidad de los intereses de demora de referencia. Sobre dicha cuestión, la SECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES ha elaborado un interesantísimo DOCUMENTO (supervisado por los miembros del Consejo Asesor institucional de AEDAF) incluido en el número 11 de Papers AEDAF. En dicho DOCUMENTO, tras la exposición del planteamiento en el que se basa el mismo, se examina la evolución de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, así como Sentencias (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), Resoluciones del TEAC, Resoluciones e Informes de los órganos administrativos competentes al respecto, y se exponen, en particular, abundantes y fundados argumentos en defensa de la deducibilidad de los intereses de demora derivados de actas. (...VER DOCUMENTO)
PROPUESTA AL RESPECTO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES: «Bastaría para ello con que el TEAC rectificarse su doctrina o que el propio Ministro de Hacienda tase una disposición interpretativa o aclaratoria. El respeto a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación administrativa lo demanda»
RESPUESTA DE LA AEAT (…VER DOCUMENTO)
«Brexit: impacto en el IVA para las empresas españolas»
(Diario EXPANSIÓN.15-07-2016)
DAVID GÓMEZ ARAGON, profundo conocedor el ordenamiento-jurídico tributario vigente (en especial de la normativa, y su aplicación, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, es autor de la Comunicación («El principio de neutralidad y el tipo de gravamen aplicable en el IVA a los viajes que deben tributar en el Régimen Especial de las Agencias de Viaje») incorporada al Libro editado por FUNDEF bajo el título: «IVA. Aspectos Conflictivos».
En artículo publicado (cuya lectura recomendamos) en el diario EXPANSIÓN, Gómez Aragón hace un avance sencillo y clarificador de algunas de las consecuencias que en el ámbito del IVA puede tener el BREXIT para las empresas españolas. Entre otras atinadas consideraciones el autor hace las siguientes: «Sus operaciones [las de las empresas españolas] comerciales con clientes y proveedores británicos pasarán a ser tratadas en el IVA como “operaciones con países terceros” y no como “operaciones intracomunitarias”.
Un salto atrás en el tiempo de más de 25 años para volver a la situación previa a la entrada en funcionamiento del mercado interior europeo el 1 de enero de 1993, con el restablecimiento de los procedimientos de documentación y control en frontera previstos para las exportaciones e importaciones de bienes, que son considerablemente más gravosos que los actualmente existentes tanto en términos de costes directos como de eficacia en la cadena logística de suministro.
Dado el elevado número de turistas británicos que visitan cada año España (15 millones en 2015), es importante señalar que tendrán derecho a obtener la devolución del IVA que porten por compras en nuestro país de bienes que lleven consigo en su vuelta a Reino Unido (régimen de viajeros), lo que indudablemente favorecerá la realización de tales ventas por nuestras empresas.
SEMANA DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO
Como recordarán nuestros beneficiarios y amigos en general, el día 25 de noviembre de 2015 se celebró en Salón de Actos propiedad de MUTUA MADRILEÑA (Paseo de la Castellana, 33. MADRID) la Sesión Plenaria de la LX edición de la Semana de Estudios de Derecho Financiero bajo el título general de «Ley 58/2003, General Tributaria. Aportaciones para el debate, tras lo dispuesto en la Ley 34/2015». Como anticipo a lo que será el definitivo contenido del Libro Electrónico donde se recogerán las intervenciones, ponencias y colaboraciones presentadas a la Semana de referencia, ponemos a disposición de los visitantes de nuestra Web:
Texto y audio, de la intervención de D. MARCOS ÁLVAREZ SUSO («Procedimientos tributarios. Plazos»)
Audio de la intervención de DOÑA MARÍA CORONADO SIERRA («Derecho de la Administración tributaria a comprobar tras la reforma de la Ley General Tributaria»)
Texto y audio, de la intervención de D. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ («Reforma de la Ley General Tributaria: perspectivas»)
Audio de la intervención de DON JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE («La Administración tributaria en los expedientes de delito fiscal»)
INFORMACIÓN - LECTURA RECOMENDADA
«Comentarios a la Ley General Tributaria al hilo de su reforma»
Asociación de Asesores Fiscales de España (AEDAF) ha editado conjuntamente con la Editorial CISS (Wolters Kluver) el libro «COMENTARIOS A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA AL HILO DE SU REFORMA». Esta obra -coordinada por José Luis Bosch Cholbi [Universidad de Valencia]- incluye en su Capítulo I la valoración que ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ [Presidente del Consejo de Estudios y miembro del Patronato de FUNDEF) hace de la reforma llevada a cabo por la Ley 34/2015, así como su examen de los antecedentes y evolución de la Ley General Tributaria en los últimos años. Como preámbulo de su exposición, Giménez-Reyna reproduce un texto del Magistrado del Tribunal Supremo FRANCISCO JOSÉ NAVARRO SANCHÍS que en la Sesión Plenaria de la LV Semana de Estudios de Derecho Financiero impartió interesantísima conferencia bajo el título «Régimen de infracciones y sanciones tributarias». Decía así NAVARRIO SANCHÍS:
«Desde hace algún tiempo se van imponiendo unos modos espasmódicos y abruptos de legislar en materia tributaria que, poco a poco, erosionan la idea constitucional del sistema tributario justo –los principios de la imposición no dejan de ser atributos suyos– dando paso a una situación en que parece imperar su contrario dialéctico, el caos tributario injusto, al que se desemboca con normas coyunturales, adheridas a la realidad más inmediata, sin orden ni concierto, carentes de reflexión y de sosiego, nacidas para vivir unos meses y ser sustituidas por las siguientes normas coyunturales, sin la más mínima vocación de permanencia»
(Ver Prólogo e Índice Sistemático)
«Guía de la Ley General Tributaria»
Agradeciendo a «D. Diego Martín Abril y Calvo y a D. Antonio Montero Domínguez»- a la sazón, respectivamente, Director General y Subdirector General en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones (ambos participantes en ediciones de la Sesión Plenaria de la Semana de Estudios de Derecho Financiero) - cuatro Inspectores de Hacienda del Estado con destino en dicha Dirección General al tiempo de elaborarse la Ley 34/2015, presentan la «GUÍA DE LA REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA». Como se destaca por la empresa editora (Wolters Kluwer España, S.A. CISS) en la Guía se «analiza y comenta punto por punto todas y cada una de las novedades introducidas por el nuevo texto legal [Ley 34/2015] y las compara con la situación jurídica anterior, reproduciendo, además, en cada apartado cada uno de los preceptos afectados.» AUTORES: Carlos Gómez Jiménez, Juan Miguel Martínez Lozano, Miguel Ramiro Arcas, María Jesús Virseda Moreno.
(Ver Índice Sistemático e Introducción)
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Junio 2016
LA RELACIÓN ENTRE LA HACIENDA PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS NO ES SIEMPRE CERCANA, FÁCIL O INTELIGIBLE. La falta de flexibilidad de la Administración tributaria y la rigidez en su actuación, sometida a procesos automatizados, dificulta a los contribuyentes en muchas ocasiones el cumplimiento de sus obligaciones fiscales»
11.1 TRIBUTOS ESTATALES
11.1.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
[«La regulación y aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) debe ser lo más clara y accesible posible ya que afecta a la mayor parte de la población. La actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la hora de gestionar el impuesto NO SIEMPRE GARANTIZA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS y la interpretación que realiza de la normativa muchas veces perjudica los intereses de los contribuyentes, QUE SE SIENTEN IMPOTENTES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN.»]
[«EN LA REDACCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y DE LAS RESOLUCIONES DE RECURSOS SE UTILIZA UN LENGUAJE COMPLEJO PARA LOS CONTRIBUYENTES EN GENERAL. Ello conlleva que los ciudadanos no comprendan el contenido de las mismas lo que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el ejercicio de su derecho de defensa. Resulta fundamental que se aclare la información que se proporciona a los contribuyentes en las comunicaciones tributarias y, para ello, es imprescindible que se modifique el lenguaje y los modelos empleados en procesos automatizados.»]
[«La información y asesoramiento que facilita el personal al servicio de la AEAT resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes. según las quejas, muchas de las liquidaciones giradas en concepto de IRPF TIENEN SU ORIGEN EN UN ASESORAMIENTO INCORRECTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, y los obligados tributarios se ven obligados a hacer frente al pago de intereses de demora e incluso de sanciones»]
[«Además, para algunas cuestiones la AEAT dirige a los ciudadanos a su página web, a pesar de que muchos de ellos no tienen conocimientos informáticos y encontrar los datos no suele resultar fácil sino, más bien, todo lo contrario, ya QUE ES UNA PÁGINA POCO INTUITIVA Y DE DIFÍCIL MANEJO EN GENERAL. Es sorprendente, por ejemplo, la falta de información que reciben los herederos de contribuyentes fallecidos para poder recibir la devolución que corresponde al causante en concepto del IRPF, ya que desconocen que deben presentar el modelo H-100 o la documentación a aportar, lo que conlleva que pierdan las devoluciones a las que tienen derecho»]
[«La regla del devengo debe ceder cuando da como resultado una tributación injusta. Si bien la regulación de la imputación temporal de las subvenciones ha sido modificada, posponiendo al momento del cobro la ganancia patrimonial obtenida que supone la percepción de la subvención, ya que los ciudadanos debían contribuir por unos ingresos públicos no percibidos. En otras situaciones, como es el pago del justiprecio acordado en un procedimiento de expropiación, no ocurre así. Se da el caso de ciudadanos que, a pesar de no recibir el abono del justiprecio acordado, SE VEN OBLIGADOS A TRIBUTAR POR LA SUPUESTA GANANCIA PATRIMONIAL OBTENIDA EN EL IRPF.
Si la Administración quiere servir al interés general y estar al servicio de los ciudadanos, debe adoptar medidas que garanticen que la INFORMACIÓN QUE RECIBEN LOS CONTRIBUYENTES ES ADECUADA y debe asistirles para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de la mejor manera posible, tal y como prevé la Ley General Tributaria.
«La competencia para regular los efectos jurídicos de la PAREJA ESTABLE es estatal y existe una laguna jurídica que se está llenando de forma sectorial y obliga a los ciudadanos a pedir día tras día el reconocimiento de unos derechos de los que disfrutan otras personas, que se encuentran en idénticas circunstancias económicas a las suyas, solo porque optaron por el matrimonio. La adopción de medidas generales, al menos en el ámbito tributario, evitaría estas diferencias y DARÍA CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 9.2 Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN.»]
[«En muchas ocasiones, los ciudadanos quieren solventar sus deudas con la Hacienda Pública pero no logran que les permitan el pago fraccionado de las mismas en unas cuotas asumibles que tengan en cuenta su situación económica, lo que no alcanzan a comprender, puesto que el pago beneficia a todos, especialmente a la Hacienda Pública. No son infrecuentes los casos en los que los contribuyentes solicitan un aplazamiento/fraccionamiento de pago y les es concedido, PERO LAS CUOTAS DE CADA PLAZO SUPERAN EL IMPORTE DE SUS INGRESOS MENSUALES, LO QUE ES INVIABLE.
La AEAT NO PARECE SER CONSCIENTE de las consecuencias que conllevan sus decisiones sobre la concesión de aplazamientos/fraccionamientos de pago para la continuidad de empresas y de trabajadores. Si se permitiera el pago en condiciones asumibles las entidades podrían hacer frente a la cuota mensualmente. A pesar de la difícil situación económica de estos últimos años, la postura de la AEAT no ha contribuido a facilitar la recuperación de los contribuyentes, personas físicas o jurídicas»]
[«El concepto de vivienda habitual a efectos de la deducción por inversión CONTINÚA SIENDO EL ORIGEN DE MUCHAS DE LAS QUEJAS. Si bien, dicho concepto parece claro en el Reglamento del IRPF, la interpretación que efectúa la AEAT del mismo genera numerosos conflictos. Se trata de una cuestión de hecho que debe ser probada por el contribuyente ante los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, a quienes corresponde valorar las pruebas, lo que conlleva que la aplicación de las deducciones y exenciones fiscales no resulte pacífica.
La Agencia Tributaria está girando liquidaciones de IRPF BASÁNDOSE EN CONSUMOS REDUCIDOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA que a su juicio no justifican que la vivienda haya sido habitada efectiva y permanentemente. Desde esta institución, se ha solicitado en varias ocasiones, sin resultado, que se concreten los medios de prueba que los ciudadanos pueden aportar para acreditar que una vivienda tiene la condición de habitual, y que se publiquen los consumos que la AEAT considera mínimos para que una vivienda pueda ser calificada como tal. Ante la postura de la Agencia, se ha iniciado una actuación de oficio con la Secretaría de Estado de Hacienda para que se establezcan dichos criterios, de tal forma que la decisión no quede al arbitrio del personal de la Agencia.
La determinación de las causas que excepcionan el cumplimiento del plazo de tres años para considerar una vivienda como habitual es igualmente conflictiva. LA AEAT REALIZA UNA INTERPRETACIÓN DEMASIADO RÍGIDA; un ejemplo de ello, es el caso de un contribuyente que tuvo que abandonar su vivienda tras la separación de su pareja, y constando sentencia judicial en la que se incluía que la hija en común debía residir en la misma con su madre, la Agencia concluyó que el padre no había probado la necesidad de su cambio de domicilio como consecuencia de la separación. Ello supuso que no pudiera aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual y que le reclamaran el pago de más de 10.000 euros. se sugirió que se revocara la liquidación girada pero LA SUGERENCIA FUE RECHAZADA.»]
[«La Comunidad de Madrid ha aceptado la Recomendación formulada, permitiendo que los arrendatarios presenten copia de la denuncia presentada en los casos en los que el arrendador no haya entregado copia del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana están estudiando fórmulas que permitan solventar esta situación.»]
11.2 Impuestos transmisorios
[«Los principales problemas que se han suscitado en este ejercicio giran en torno a la COMPROBACIÓN DEL VALOR DECLARADO por los contribuyentes y al método utilizado por las Administraciones públicas a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.»]
[«La Administración Tributaria gira una liquidación provisional cuando considera que el valor declarado por el contribuyente es inferior al valor real y lo hace sobre la base de una estimación realizada en un procedimiento de comprobación de valores. El problema radica en el método que utiliza la Administración para hallar el valor comprobado, pues el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), permite aplicar coeficientes multiplicadores al valor que del inmueble adquirido aparezca en el Catastro Inmobiliario. El resultado de la aplicación de los referidos coeficientes arroja un valor de inmueble generalmente superior al declarado por el contribuyente. DE ESTA FORMA LA ADMINISTRACIÓN IMPUTA UNA RIQUEZA IRREAL O INEXISTENTE POR LA QUE INJUSTAMENTE TIENE QUE TRIBUTAR Y VULNERA EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA.
Tal estimación del valor del bien, utilizada de forma preferente por los servicios tributarios es una forma ágil, fácil y barata de recaudar, –comparado con otros sistemas en los que la Administración tiene que asignar recursos e invertir tiempo para determinar el valor del bien–, y obliga al contribuyente a emplear sus medios y recursos (no siempre accesibles ni disponibles) para defender que el valor declarado del bien coincide con el valor real que, en muchos casos, ya consta en documento público tales como escritura de compra y/o adjudicación y la de préstamo hipotecario. La carga de la prueba está invertida y la ADMINISTRACIÓN EN RARAS OCASIONES ADMITE LAS PRUEBAS QUE APORTA EL CONTRIBUYENTE.
resultado de la aplicación del referido sistema, como ya apuntaba esta institución en informes anteriores, EL OBLIGADO TRIBUTARIO SIGUE ENCONTRÁNDOSE EN MUCHAS OCASIONES EN UNA SITUACIÓN CON DIFÍCIL SALIDA. Así, si opta por realizar la liquidación del impuesto por el valor por el que efectivamente fue adquirido el inmueble, el que consta en escritura pública, recibirá una liquidación complementaria de la Administración por la que además tendrá que pagar los correspondientes intereses de demora; si por el contrario refleja en la escritura de compra un precio distinto del acordado con el vendedor, cometerá falsedad de documento público además de no encontrar consenso con el vendedor»]
Otro de los medios de comprobación de valores que es objeto de quejas es el DICTAMEN DE PERITOS. Aquí se suscita otra cuestión distinta que es la falta de individualización del bien valorado, necesaria según la jurisprudencia. Así, al no considerar el perito el deficiente estado de conservación del inmueble, le OTORGA UN VALOR SUPERIOR AL REAL (le imputa una riqueza que no es real) que sirve de cálculo para la base imponible y, salvo recurso, originaría una cuota superior a la que en justicia se debe pagar. Tras recurso de los contribuyentes, la Administración reconoce que no ha contemplado el estado de conservación del inmueble y corrige la valoración; en otras ocasiones al no reconocerlo, obliga al contribuyente a acudir al Tribunal Económico Administrativo Regional que, como se verá en el apartado correspondiente, demora su resolución más allá de los plazos legalmente previstos»]
[«Los interesados tienen la facultad de oponerse a los valores comprobados por la Administración a través de la Tasación Pericial Contradictoria, del artículo 135 de la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria. EL PROBLEMA ES QUE EL PLAZO PARA ELLO GENERA CONFUSIÓN, pues se puede promover dentro del «plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado».
Así, una ciudadana promovió la tasación pericial contradictoria extemporánea al haber confiado que el plazo de 2 meses que constaba en la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid para su impugnación ante la Administración Contencioso-Administrativa era común para promover dicha tasación, lo que no era así porque este tiempo excedía del plazo del primer recurso o reclamación fijado en el citado artículo 135. Se ha efectuado una Sugerencia a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para que se considere que la notificación del Tribunal Económico Administrativo Regional incumplía los requisitos del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, de acuerdo con su apartado 3, estimar como fecha de la notificación la de presentación de la Tasación Pericial Contradictoria por la ciudadana, aunque no se trate de un recurso propiamente dicho, pues la Administración Tributaria está obligada a facilitar a los contribuyentes el ejercicio de sus derechos, y el excesivo formalismo puede hacer incumplir este objetivo. TRAS DOS REQUERIMIENTOS LA SUGERENCIA NO HA SIDO AÚN CONTESTADA.»].
11.3 TRIBUTOS LOCALES
[«La práctica totalidad de los tributos locales dependen de la confección de un censo o padrón por parte de otro organismo, por lo que la coordinación de ambas Administraciones es una exigencia de garantías para el procedimiento de recaudación de los tributos. Por este motivo, a los tributos que se exponen a continuación se les denomina tributos de gestión compartida.»]
11.3.1 El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
[«Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el valor catastral constituye la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que, tras el descenso de los valores inmobiliarios en el mercado como consecuencia de la crisis, SE HA PRODUCIDO UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL EN MUCHAS LOCALIDADES ENTRE EL VALOR QUE LOS INMUEBLES ALCANZAN PARA SU VENTA Y EL QUE LA PONENCIA DE VALORES VIGENTE EN CADA MUNICIPIO ATRIBUYE A ESTOS. Si bien se han aprobado la posibilidad de aplicar coeficientes de reducción de dicho valor catastral, es el propio ayuntamiento quien debe solicitarlo, por lo que en muchos casos este tributo supone un gravamen que los ciudadanos perciben como excesivo en el contexto socioeconómico.»
[«Aquellas parcelas que carecen de desarrollo urbanístico, a pesar de que fueron clasificadas como terrenos urbanizables por los planes de Ordenación Municipal, ven gravado un terreno, que en muchas ocasiones se destina a labores agropecuarias, como si fuera un solar. Se han recibido muchas quejas de propietarios de fincas que se ven obligados a pagar un impuesto que excede y multiplica el rendimiento de sus tierras, ya que la base imponible se equipara a una finca urbana con la máxima edificabilidad que el planeamiento ha permitido para ese sector.
Un ejemplo de este problema se ha manifestado en el municipio murciano de Cartagena, donde existe un SECTOR QUE VIENE CALIFICÁNDOSE COMO URBANIZABLE DESDE HACE UNA DÉCADA CUYO PLANEAMIENTO HA SIDO ANULADO POR UNA SENTENCIA JUDICIAL, por lo que se encuentra en una situación transitoria sin que se haya realizado ninguna actuación correctora para que Catastro pueda revertir la clasificación de esos suelos en su base de datos y el impuesto sobre bienes inmuebles pase a cobrarse como rústico. La Gerencia Regional del Catastro de Murcia ha comunicado que el Ayuntamiento de Cartagena no ha solicitado una ponencia parcial para los polígonos urbanos que mantengan actividades agropecuarias a pesar de que puedan estar afectados por la citada sentencia. El interesado en la queja manifiesta que su finca está destinada al cultivo del olivar, y desde 2008 tributa como si tuviera construidas varias zonas residenciales, establecimientos hosteleros y comerciales, por lo que la cuota anual supera los 10.000 euros. Continúan las actuaciones con ambas Administraciones.»]
[«En zonas urbanas siguen planteándose quejas de ciudadanos que no pueden afrontar la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles de su vivienda habitual, y se ven obligados a solicitar fraccionamientos con el consiguiente pago de intereses a la Administración. Muchos de ellos se encuentran en situación de desempleo, o sus ingresos proceden de pensiones de jubilación o discapacidad. En estos casos, exponen su disconformidad con que el pago de un tributo supere sus ingresos mensuales, cuando no podrían obtener en el mercado el valor que se atribuye al inmueble en la base imponible. Consideran QUE EL COBRO DE UN IMPUESTO QUE INFLUYE EN SUS MÍNIMOS VITALES Y LES IMPIDE ATENDER LA ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES O SERVICIOS NECESARIOS COMO ALIMENTOS, ENERGÍA O TRANSPORTE NO SE ACOMODA A LA PROTECCIÓN QUE LA CONSTITUCIÓN DEPARA A SUS CIUDADANOS, NI A UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO.
La Secretaría de Estado de Hacienda mantiene su opinión de que en tanto no se modifique la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tributo se liquida de acuerdo con lo que establece la norma, y que son los ayuntamientos los que pueden ofrecer medidas correctoras, como un descenso del tipo impositivo o la utilización de medidas permitidas en la actual legislación como bonificaciones o reducciones.»]
[«En muchas ocasiones, cuando se encuentran ya en período ejecutivo, las notificaciones municipales no se efectúan con la debida diligencia ni la realización de comprobaciones necesarias, por lo que los recibos se dirigen al domicilio del inmueble gravado, y no al domicilio fiscal del sujeto pasivo. Las notificaciones así intentadas suelen finalizar, cerca del plazo de prescripción, en la publicación de edictos que pasan también desapercibidos para el contribuyente. LA NOTICIA DE LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA CON LA ADMINISTRACIÓN SE PRODUCE, EN OCASIONES, CUANDO SE PRACTICA EFECTIVAMENTE EL EMBARGO, lo que conlleva la desconfianza del sujeto pasivo, que considera que no se han respetado sus derechos. La comprobación del domicilio fiscal, en lugar del envío de dichas notificaciones al domicilio del inmueble debe exigirse en el período de recaudación ejecutiva, ya que la MISMA DILIGENCIA QUE DEBE OBSERVAR EL CIUDADANO EN LA COMPROBACIÓN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES HA DE EXIGIRSE A LA ADMINISTRACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE COMPORTAN POTESTADES EXTRAORDINARIAS, como la capacidad de embargar bienes y derechos, y, consecuentemente, ser escrupulosamente exigente en la realización de cada trámite del procedimiento»]
11.3.2 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)
[«Este tributo, tradicionalmente conocido como la «plusvalía municipal», es el impuesto local que, junto con el impuesto sobre bienes inmuebles, genera mayor disconformidad entre los sujetos pasivos. El sistema de cálculo objetivo de la pretendida plusvalía, así como el elevado tipo impositivo que alcanza el 30 % de la base liquidable, supone que sea especialmente gravoso en un escenario de descenso de los precios inmobiliarios en el mercado. Adicionalmente, y debido a que no es un tributo obligatorio, LOS CIUDADANOS LO PERCIBEN COMO ESPECIALMENTE INJUSTO, Y SOLICITAN CON FRECUENCIA LA INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE SE DEROGUEN LAS ORDENANZAS QUE LO APRUEBAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS.»]
[Debido a que la base imponible no grava una plusvalía real, sino una estimada en función del valor del terreno asignado por la Administración, a efectos administrativos, en el momento de la transmisión, el contribuyente carece de la posibilidad de probar que no ha obtenido beneficio alguno por la tenencia del bien, ni por su enajenación, lo que puede colisionar con el principio de capacidad económica constitucionalmente reconocido. Dicha capacidad es el límite que la Constitución establece para la exacción del impuesto, LO QUE NO PUEDE CUMPLIRSE SI SE OBLIGA A TRIBUTAR POR UN INCREMENTO DE VALOR QUE NO SE PRODUCE, ya que se refiere a un elemento fijo, que es el valor catastral y que puede haberse establecido en un momento en que era superior al que se obtiene en el mercado»]
[«Se presupone que el objeto de este tributo es que las plusvalías que se generan por la acción pública reviertan a la comunidad, lo que implicaría configurar el hecho imponible como el incremento del valor del terreno por la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra, de modo que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido. Pero la norma no ha previsto la depreciación de los bienes inmuebles e incluso la repercusión negativa en su valor en el mercado por la acción u omisión administrativa, como es la desaparición o reducción de servicios, el deterioro de las calles, parques, etcétera.»]
[«Muchas quejas se refieren a que la entrada en vigor de ponencias catastrales recientes ha aumentado la base imponible del tributo por encima del valor de mercado, llegando a superarse el importe del valor de la compraventa en muchos casos. Ello motiva el rechazo del CONTRIBUYENTE, QUE PERCIBE EL IMPUESTO COMO INJUSTO Y VULNERATORIO DE SUS DERECHOS, ya que se le atribuye una riqueza inexistente. Se debe recordar que este tributo solo considera el valor del suelo, y no de la construcción, por lo que el efecto que estas situaciones tienen sobre el contribuyente se agrava.»]
[«La Secretaría ha reiterado también su opinión de que se trata de un tributo que se calcula de forma objetiva, sin atender a la plusvalía efectivamente obtenida, ya que se trata de que la Administración recupere para el interés común el esfuerzo realizado por los ayuntamientos, comunidades y Estado en las inversiones en mejoras de los terrenos, infraestructuras y urbanización, y de ese modo, reviertan a la Hacienda Pública esas mejoras.
A pesar de esta doctrina, que es plenamente aplicable en circunstancias normales de desarrollo territorial, la actual situación económica ha trastocado el orden en que organismos públicos y particulares influyen en el desarrollo de dichos terrenos. Un caso específico es el de aquellos terrenos que, sin haber tenido desarrollo alguno, tributan como si la urbanización se hubiera completado, ya que la calificación no depende de su efectiva realización, sino de la inclusión en el padrón de urbana o rústica de acuerdo con la clasificación que realiza la Dirección General del Catastro a partir de las ponencias realizadas como consecuencia de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana municipal. POR LO TANTO, SI UNA PONENCIA ENTRA EN VIGOR EN EL AÑO 2015, AUNQUE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO DATE DE 2014 Y NO SE HAYA REALIZADO INVERSIÓN, ALTERACIÓN O MEJORA ALGUNA, EL SUELO TRIBUTARÁ COMO URBANO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU VALOR ECONÓMICO EN EL MERCADO SE HAYA INCREMENTADO O NO»]
[«Además, el ayuntamiento manifestó a esta institución que resolvería cuando le fuera posible y que no admitía presiones. Como consecuencia de esta respuesta, se le recordó al ayuntamiento el deber legal de resolver expresamente los recursos presentados por los administrados, obligación recogida en los artículos 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que la denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
Desde entonces, el ayuntamiento ha alargado en cada ocasión más los plazos de respuesta hasta casi un año, limitándose a facilitar una copia de la respuesta original, sin motivar sus decisiones ni facilitar información adicional y sin resolver expresamente el recurso formulado, por lo que se realizó un seguimiento del recordatorio formulado en otras dos ocasiones, siendo necesario requerir la colaboración omitida, y sin modificar su actitud. Esta negativa a cumplir con su obligación de resolver y notificar el acuerdo que se alcance con la motivación que la ley exige, e infringir el deber de colaboración que el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, exige también de las Administraciones públicas, SE HA ACORDADO EL CIERRE DE LAS ACTUACIONES, CONSIDERANDO AL AYUNTAMIENTO DE NAVALPERAL DE PINARES (ÁVILA) COMO UNA ADMINISTRACIÓN ENTORPECEDORA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 18 DE LA CITADA LEY»]
11.3.3 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
[«La mayor parte de las quejas en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se refieren a procedimientos de recaudación ejecutiva municipal y a errores en la administración competente para su recaudación.»]
11.3.4 Tasas locales
[«Los ciudadanos han trasladado su percepción de que las liquidaciones de las tasas no respetan el principio de limitación al coste del servicio o la utilidad, y que no se ofrece en los acuerdos de adopción de las tasas la transparencia y publicidad necesaria para que los administrados puedan tener conocimiento de la motivación de la Administración para el cálculo de las cuotas tributarias individuales. También consideran que los SERVICIOS QUE PRESTAN LOS AYUNTAMIENTOS HAN DISMINUIDO Y A PESAR DE ELLO SE EXIGEN MÁS TASAS Y EN MAYOR CUANTÍA QUE CUANDO LOS SERVICIOS TENÍAN MAYOR CALIDAD Y FRECUENCIA.
Los ayuntamientos son reticentes a facilitar el citado estudio técnico-económico, donde los ciudadanos podrían conocer el sistema de cálculo de la cuota, y cuáles son los costes que se están considerando para su imposición. En algunos casos la tramitación de la queja se demora más de lo necesario por esa falta de colaboración.»]
[«La TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS se ha aprobado en muchos municipios que antes prestaban el servicio, que es general y obligatorio, de modo gratuito, o bien que subsumían su coste en la recaudación de otros tributos y, por tanto, no se había aprobado con carácter previo la ordenanza de su imposición. Su aplicación conlleva algunos aspectos que generan numerosas quejas, como el cobro a viviendas desocupadas, ocupadas con carácter temporal, o el considerar objeto tributario a trasteros, garajes o almacenes que no generan basura.»]
La mera puesta a disposición del servicio de recogida de residuos JUSTIFICA LA EXACCIÓN DE LA CUOTA, Y LA LIQUIDACIÓN TANTO EN EL CASO DE INMUEBLES RESIDENCIALES, COMO APARCAMIENTOS, TRASTEROS, VIVIENDAS SIN HABITAR, ALMACENES VACÍOS, Y POR CUALQUIER OTRO TIPO QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA ZONA EN LA QUE SE PRESTA EL SERVICIO. Esta interpretación viene avalada por reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, así como por el Tribunal Supremo.
A pesar de ello, los propietarios de inmuebles sin uso consideran abusiva esta imposición. En particular, los que disponen de un trastero vinculado a su residencia en el mismo edificio, estiman que el servicio que se presta es sobre la vivienda y no sobre el trastero que no genera residuos separados. Igualmente, quienes poseen locales o almacenes vacíos y no producen residuos alegan que se exige el tributo por hecho imponible inexistente y un servicio de imposible prestación. Los titulares de inmuebles destinados a aparcamiento particular aducen que la cuota de la Tasa excede del coste previsible del servicio que se presta en esta clase de inmuebles, ya que generan muchos menos residuos que, por ejemplo, una vivienda»]
[«La otra tasa local que genera mayor número de quejas se refiere a la QUE GRAVA LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARA EL PASO DE VEHÍCULOS, que los ciudadanos identifican, erróneamente, con la Tasa de Vados. El Vado puede generar una tasa adicional por impedir que una parte del dominio público se utilice por otros ciudadanos, y es complementaria de la que grava el uso de la acera para el acceso del vehículo al inmueble.
Tanto la aprobación de ordenanzas en municipios que anteriormente no liquidaban esta tasa, como el incremento de la cuota y la modificación de las ordenanzas para el cálculo de la misma ha tenido su repercusión en las quejas. Los interesados aducen, al igual que en las tasas por prestación de servicios, que las cuotas exceden del valor que ese uso podría tener si se prestara sobre bienes privados, por lo que muchos sujetos pasivos han solicitado de sus ayuntamientos la baja en el padrón de la tasa, alegando no disponer de ingresos suficientes para su pago.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DENIEGA CON CARÁCTER GENERAL ESTAS BAJAS, siempre que existan rebajes en las aceras o se mantenga la posibilidad de acceder al inmueble, incluso en el caso de que el espacio destinado para aparcamiento haya sido incorporado a la vivienda o acondicionado para otros usos. Además, los ayuntamientos exigen que, con carácter previo, se repongan las aceras al mismo nivel que las zonas que no tienen acceso a los inmuebles, lo que supone un coste asociado que hace que desistan de su pretensión de baja en el padrón»]
11.4 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
[«La norma que regula el procedimiento tributario es la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en seguimiento del artículo 31 de la Constitución establece que la aplicación del sistema tributario se basará en la proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, asegurando el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.»]
[«Se trata de un procedimiento (devolución de ingresos indebidos) que genera importantes retrasos en la tramitación en la mayoría de los casos. Los ciudadanos que acuden al Defensor del Pueblo suelen acumular un período dilatado de espera antes de presentar su queja, y la Administración demora los procedimientos por falta de medios para la comprobación de las alegaciones, por entorpecer la devolución a pesar de que la haya solicitado el obligado tributario, o bien porque se incluye a este en una lista de pagos general, que incluye desde los contratos y proveedores de la Administración hasta las devoluciones derivadas de los tributos, LO QUE PUEDE SUPONER AÑOS DE ESPERA, con el consecuente incremento de los intereses derivados de la devolución, lo que supone un perjuicio para la Hacienda Pública, que se ve obligada a aumentar sustancialmente el importe que podría reducirse con la debida diligencia.
Un ejemplo de esta práctica se aprecia en una queja presentada contra el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), que aprobó la devolución de una tasa a una ciudadana el día 28 de agosto de 2012, sin que hasta la fecha se haya producido la efectiva devolución del importe que, en su momento, ascendía a 28,53 euros. Esta queja continúa en tramitación ya que EL AYUNTAMIENTO COMUNICÓ QUE EL CRÉDITO DE LA INTERESADA OCUPABA EL NÚMERO 1.271 DE LOS ACREEDORES MUNICIPALES, ESTIMÁNDOSE POSIBLE SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, pero sin que haya confirmado la efectiva devolución ni el importe de los intereses de demora asociados.»]
[«La mayoría de las quejas que se reciben por este motivo muestran la percepción ciudadana de que existe una doble medida para los plazos: los que se exigen a los obligados tributarios y los que se pueden llegar a requerir a la Administración, lo que redunda en una pérdida de confianza de estos en la labor administrativa que no se ve gravada por sanciones ni consecuencias negativas en el incumplimiento de dichos plazos, MIENTRAS QUE PARA LOS ADMINISTRADOS PUEDE CONLLEVAR DESDE SANCIONES O PÉRDIDA DE DERECHOS HASTA LA PERENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CON TODAS SUS CONSECUENCIAS.»]
11.5 TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS
[«El funcionamiento de los tribunales económico-administrativos regionales (TEAR) sigue siendo objeto de queja de los ciudadanos, por la demora de sus resoluciones incluso en aquellas reclamaciones en las que se resuelve su inadmisión por presentación extemporánea»]
11.6 CATASTRO
[«Las características técnicas de los procedimientos de incorporación de los inmuebles a las bases de datos del Catastro, la dificultad de comprender el desarrollo de los sistemas de valoración y la complejidad de los documentos en los que se basan estas, fomentan que el ciudadano considere que la Administración no justifica o motiva sus decisiones, que valora inadecuadamente sus inmuebles o que acomete actuaciones que no garantizan sus derechos. EL ORIGEN DE LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS DE 2015 SE HA REFERIDO A LA VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES, EN LAS DISCREPANCIAS EN LA ATRIBUCIÓN DE LA TITULARIDAD O LA FECHA DE EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES.» ]
[La elaboración de la Ponencia exige la realización de un estudio de mercado cuya regulación no ha sido establecida pormenorizadamente, de manera que no existe un número de muestras concreto, por lo que no es sencillo conocer cuáles son los criterios que permiten alcanzar los módulos y valores citados. Quienes se dirigen a esta institución expresando su disconformidad con el valor asignado a su propiedad consideran que dicho valor no se acomoda al precio que el mercado ofrece por esta, lo que constituye a su juicio un error en la obtención de los valores por parte de Catastro.
Sin embargo, la Dirección General del Catastro opone frente a estas tesis, que considera subjetivas, la objetividad del valor establecido con carácter general para el municipio, sin que tampoco exponga con claridad y de forma accesible para cualquier ciudadano, cuáles han sido las metodologías y procedimientos que permiten establecer la valoración que confiere con carácter obligatorio para el inmueble, ni las razones por las que el propietario no puede obtener el importe de dicha valoración en una operación de compraventa.»]
[Una vez aprobadas las ponencias, su modificación no puede realizarse mediante recursos individuales de los ciudadanos que consideren el valor incorrecto, ya que solamente pueden ser combatidas en vía económico-administrativa con posterioridad a su aprobación, y estas se conocen por la mayoría de los ciudadanos cuando se les notifica el valor catastral, habiendo transcurrido los plazos para su impugnación, LO QUE LAS HACE INATACABLES.
Lo que puede recurrirse es el valor individual, pero la Administración se limita en estos casos a comprobar si el valor coincide con los criterios aprobados en la Ponencia, lo que genera incomprensión en la ciudadanía, debido a que la notificación del valor individual es, en muchas ocasiones, el primer conocimiento que el titular tiene de la nueva Ponencia, y en muchas otras más, cuando recibe la liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que tampoco dispone de esa opción al haber transcurrido los plazos para recurrir.
LOS RECURSOS TIENEN EFECTOS LIMITADOS, y solamente serán rectificados los errores que se detecten en la aplicación de coeficientes concretos y que puedan afectar al inmueble individual, pero nunca a los criterios, módulos y valores aprobados en la Ponencia, que se mantendrán si no se aplican los coeficientes arriba citados o se aprueba una nueva de carácter total o parcial.»]
«Como consecuencia de dichas Recomendaciones se aprobó la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, que modificó el citado artículo, y establecía la necesidad de adecuar los suelos a su auténtica naturaleza. Posteriormente también se promulgó el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana que mantiene y refuerza las clases de suelo en su artículo 21, ya que solamente se podrá calificar como suelo urbanizado el que ya haya ejecutado el planeamiento correspondiente y disponga de los servicios propios del suelo urbano.
Sin embargo, NO SE HAN CORREGIDO AÚN LAS SITUACIONES DENUNCIADAS EN MUCHAS DE LAS QUEJAS, ya que para la realización de nuevas ponencias es necesaria la colaboración municipal, que en algunos casos se está demorando, provocando con ello que estos suelos mantengan su calificación como urbanos en el padrón catastral y, por tanto, en el padrón de los tributos que utilizan este.»]
[«La disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobó el procedimiento de renovación del Catastro rústico estableciendo que se iniciaría mediante un anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia y cuyo desarrollo se realiza de oficio, rectificando con carácter general el parcelario municipal con bases gráficas actualizadas. Una vez realizado este procedimiento, las características catastrales renovadas se exponen al público en el propio ayuntamiento durante un plazo mínimo de 15 días durante el cual, y junto con los 15 días posteriores a su finalización, aquellas personas interesadas pueden presentar alegaciones.
El hecho de que no se notifique a cada uno de los titulares la modificación realizada provoca que en muchas ocasiones no tengan conocimiento de las novedades que afectan a su finca. En muchas ocasiones las divergencias se conocen cuando se tramita una adjudicación hereditaria y no se localizan las parcelas, o bien se APRECIAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES respecto de las que se recogen en los contratos y escrituras que acreditan su propiedad.»]
La cuestión que se suscita en estas quejas es que la determinación del derecho sobre la propiedad tiene carácter civil, y por lo tanto, no puede resolverse en sede administrativa, lo que obliga a los interesados a acudir a los juzgados y tribunales para obtener una sentencia que dirima quién tiene mejor derecho sobre esa propiedad. Los ciudadanos expresan su disconformidad con la falta de publicidad que han tenido los procedimientos catastrales de renovación, ya que LA FALTA DE NOTIFICACIONES INDIVIDUALIZADAS HA MOTIVADO ESTOS PROBLEMAS, QUE AFLORARÁN TAMBIÉN EN EL FUTURO.»]
[«El silencio administrativo y los retrasos en la resolución de los procedimientos, ya sean de incorporación, modificación o corrección, siguen motivando un buen número de quejas en muchas Gerencias catastrales»]
[«La motivación de las resoluciones es fundamental para que los administrados tengan puntual conocimiento de la razón que mueve a la Administración a la adopción de sus decisiones, por lo que su ausencia o deficiencia afecta al derecho fundamental a la defensa que recoge la Constitución Española. El abuso de párrafos y textos en modelos de denegación o desestimación de las alegaciones y pretensiones formuladas, sin entrar a razonar sobre lo que el interesado en los procedimientos plantea es uno de los casos más frecuentes que se denuncian en las quejas sobre los procedimientos catastrales, así como la ininteligibilidad de sus comunicaciones, que redunda en una sensación de indefensión que mueve a su presentación. Si bien la Dirección General del Catastro ha realizado un esfuerzo en exponer con mayor detalle y hacer más comprensibles sus decisiones en la atención presencial que depara a quienes acuden a las Gerencias, en sus COMUNICACIONES ESCRITAS MANTIENE UN LENGUAJE ESTRICTAMENTE TÉCNICO Y CEÑIDO A PÁRRAFOS PREESTABLECIDOS QUE NO PERMITE A LOS INTERESADOS COMPRENDER LAS RAZONES DE LA DECISIÓN QUE ADOPTA»]
APUNTES SOBRE LA REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES
En otro orden de cosas, la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía ha reabierto la polémica acerca de las competencias autonómicas en la configuración del sistema financiero local. Centrándonos en el lado del ingreso, el Estado tiene la competencia para la fijación de sus bases, entre las que se encuentra el catálogo de recursos de las Haciendas Locales. Lo anterior no impide que se produzcan cesiones de tributos por parte de las CCAA a favor de Municipios y Provincias. De un lado, es posible que el Estado, mediante Ley, incluya el tributo autonómico cedido como uno de los recursos de las Haciendas Locales. De otro, también cabe que, sin necesidad de dicha reforma, las CCAA creen un fondo, dotado con parte de la recaudación de sus tributos –ya sean propios o cedidos del Estado-, y que se reparta entre los Municipios de su ámbito territorial. Bajo cualquiera de estas modalidades, parece imprescindible que las CCAA contribuyan, activamente, a la financiación de sus Entidades Locales.
Con la finalidad de que el impuesto cumpla una función extrafiscal en política de vivienda, cabe articular el establecimiento de recargos en el IBI para las que se encuentren desocupadas (pendiente de desarrollo reglamentario). La definición de estas últimas debe vincularse a la ausencia depósito de la fianza del arrendamiento en la institución competente de la CA.
Para finalizar, la reforma de las Haciendas Locales propugnada no se limita a la mejora en las figuras existentes, sino que existe espacio para someter a gravamen nuevos objetos. Se trata, en la mayor parte de los casos, de tributos que cumplan una función extrafiscal, como puede ser la limitación de la contaminación acústica, el fomento del uso racional del agua o de la movilidad en los centros urbanos. Junto a éstos, también nuevos impuestos, con una finalidad estrictamente recaudatoria, como los que podrían recaer sobre los espectáculos o la publicidad.
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Abril 2016
La monografía, que va dirigida a un público amplio y adopta un enfoque divulgativo, evitando tecnicismos, se puede descargar en formato PDF en la web de Fundación BBVA o adquirirse en papel (encuadernación rústica: 10 euros) a través de la distribuidora de las publicaciones de dicha Fundación
«Con fecha 7 de marzo se ha emitido un Informe de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT que niega la deducibilidad, en el impuesto sobre sociedades, de los intereses de demora de una liquidación administrativa.»
«Tanto la Dirección General de Tributos (DGT) como el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) tienen competencia para la interpretación de la norma, vinculando a los órganos de aplicación de los tributos». «Sin embargo, entendemos que es mucho más correcta la doctrina formulada por la DGT, señaladamente en su contestación a consulta de 21 de diciembre de 2015. La misma efectúa un análisis impecable de la regulación contenida en la actual Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
RECOMENDAMOS a beneficiarios/as de FUNDEF la lectura completa del artículo publicado en el periódico de referencia de cuyas páginas se ha extraído la presente nota informativa.
«El nuevo modelo de IVA, que incluye tipos impositivos más altos pero que admite igualmente el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los titulares de las actividades, ha de suponer un incentivo para la modernización del tejido empresarial chino. No en vano su implantación forma parte de un plan de reformas de perfil macroeconómico. Desde el punto de vista de las compañías con negocios en China, el principal reto es, en la actualidad, la adaptación al nuevo entorno impositivo. Si el Business Tax contaba con tipos reducidos y una base imponible limitada pero que no admitía la deducción de las cuotas soportadas, el nuevo IVA tendrá ahora una base imponible que abarca la mayor parte de la economía, con unas alícuotas mayores, pero admitirá la deducción de las cuotas soportadas en los aprovisionamientos de bienes o servicios»
Inicia su artículo DOLZ LAGO haciéndose eco de la referencia de un medio de comunicación nacional (Diario El Mundo, 28 marzo 2016) a las declaraciones de actividades y bienes de los parlamentarios de la XI Legislatura. El autor de referencia, formula la siguiente pregunta: En realidad, ¿no se contemplan sanciones para las mendacidades y falsedades de estas declaraciones? Tras un interesantísimo proceso de análisis, DOLZ considera que la acción típica consiste en «faltar a la verdad en la narración de los hechos, en el ejercicio de sus funciones». «Es la llamada 'falsedad ideológica' que, partir de la reforma penal de 1995 quedó despenalizada para los particulares ex art. 392.1 CP, pero no para las autoridades y funcionarios públicos»
«En conclusión, una de las primeras funciones del Senador es cumplir con la obligación de presentar las declaraciones de actividades y bienes, conforme establece su Reglamento. No se puede interpretar que el cumplimiento de esa obligación reglamentaria no es una de las funciones del Senador, ya que estas se atribuyen en el propio Reglamento en el art. 20.1 como derecho y deber del Senador mediante la fórmula «desempeñar todas las funciones a que reglamentariamente vengan obligados». De donde se deduce que la fuente de la obligación es el reglamento y que ésta determina la función. Decir que no es una función del Senador el presentar las declaraciones a que viene obligado supone despojar esa actividad de su título legitimador para atribuirlo a una fuente de obligaciones asentada en no se sabe qué título (cfr. art. 1089 CC y desprovista de su cauce natural. Si no es una función obligatoria ad intra del Senador, ¿qué es? ¿Un acto privado y gracioso, fuera del marco legal, que tiene a bien cumplir el Senador?
El que se sancione en el art. 12.2 del Reglamento, como se ha visto antes, el incumplimiento de la obligación de las declaraciones con la imposibilidad de participar en el ejercicio de las funciones constitucionales de la Cámara no quiere decir que el Senador no pueda realizar ninguna otra función propia de su cargo. En efecto, la sanción se refiere a no participar en el ejercicio de las funciones constitucionales de la Cámara, no de las funciones del Senador. Aquellas claramente son las referidas a la misión del Senado en su marco constitucional ex art. 66.2 CE), es decir, principalmente, en el proceso legislativo y control del Gobierno. No se puede interpretar que esa sanción se extiende a otras funciones del Senador más allá de la participación mencionada en las funciones constitucionales de la Cámara, como es por ejemplo el presentar las declaraciones de actividades y bienes.»
«… frente a respetables opiniones que mantienen en la impunidad estas conductas, considerando que o bien los Senadores cuando realizan estas declaraciones no son todavía Senadores o bien no lo hacen en el ejercicio de sus funciones, entendemos que, sin embargo, son conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico y sancionables penalmente, sin que la aparente impunidad de que gozan sea un argumento jurídico válido para perpetuar indebidamente la misma. Esto, no obstante, para que se ponga en marcha el mecanismo de la Justicia Penal alguien tiene que ejercer la acción penal.»
RECOMENDAMOS a beneficiarios/as de FUNDEF la lectura completa del artículo publicado en el Diario mencionado de cuyas páginas se ha extraído la presente nota informativa.
Continuamente se habla del fraude fiscal y la trascendencia del mismo desde muy diversos aspectos político-sociales. Para muchos, tal vez demasiados y no siempre con propósito recto, los resultados a alcanzar en la lucha contra el fraude fiscal constituyen el «Bálsamo de Fierabrás» (Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Parte Primera, Capítulo X: «Es un bálsamo -respondió Don Quijote- de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener miedo a la muerte, ni hay pensar de morir de ferida alguna») que podría poner remedio al ya endémico, permanente, déficit público. PELÁEZ aborda con realismo la problemática relativa al fraude fiscal, concluyendo en que el paso del tiempo pone de manifiesto las mentiras y verdades que se dicen sobre el fraude fiscal y se hace preguntas como las siguientes: «¿Por qué no se investiga a los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal? ¿Por qué no se hace un plan de políticos y Allegados que puedan estar afectados por casos de corrupción, sabiendo que la normativa sobre blanqueo de capitales obliga a hacerles un seguimiento especial? ¿Por qué no se incluye en plan de inspección a todos los implicados en casos de corrupción? ¿Por qué no figuran en los planes de control actuaciones de investigación masivas para buscar testaferros y sociedades pantalla?»
«Una de las medias verdades se refiere a las cifras triunfalistas de resultados en la lucha contra el fraude que cada año se presentan. Por pura lógica, sí año tras año se repiten esos resultados tan brillantes, el fraude fiscal debería haberse reducido sustancialmente y situarse en Porcentajes similares a los países de nuestro entorno (…). Otra verdad a medias es la afirmación de que en el año 2015 se ha alcanzado un récord histórico de 15.000 millones de euros ingresados en la lucha contra el fraude. Siendo cierto dicho importe, hay que decir que esa cifra corresponde a ingresos de actuaciones realizadas tanto en ese año como en ejercicios anteriores. Centrándonos un poco más en el área de inspección, el incremento de objetivos numéricos cada año nos lleva a hacer actuaciones más superficiales y de escaso importe, incompatible con la investigación necesaria para descubrir el fraude más grave (…).
En los últimos años, además, a los equipos de inspección se nos mide también por el importe efectivamente cobrado cuando, de acuerdo con la estructura organizativa de la Agencia, las actuaciones para que se cobren las actas es función de otro departamento. Por último, aquel que no consigue los objetivos marcados ve reducidas sus retribuciones, ya que una parte importante del sueldo de inspectores y técnicos se percibe en concepto de productividad, sin que nadie conozca tampoco el importe de las bolsas de productividad ni los criterios de reparto.
Si la contestación a las preguntas anteriores fuera que dichas actuaciones son difíciles, entonces, ¿por qué no se han incluido en la reforma de la Ley General Tributaria medidas legales que existen en otros países, como el pago a confidentes, para poder actuar de incógnito o crear la policía fiscal?»
Actualidad del Derecho Financiero y Tributario - Marzo 2016
JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ,
Presidente del Consejo de la Defensa del Contribuyente. Miembro del Patronato y Director del Consejo de Estudios de FUNDEF
(CINCO DIAS - 15/03/2016)
En entrevista publicada en el Diario de referencia, D. Javier Martín expresó, de forma clara y precisa interesantes ideas al respecto de temas de actualidad. Así, opinó que «El problema con las grandes empresas es que la mayor parte de sus beneficios se generan en el extranjero… donde son objeto de tributación. España mantiene un régimen de exención favorable, pero creo que es el que ha permitido que se mantengan aquí las cabeceras de los grupos multinacionales españoles». A la pregunta, ¿Qué opina de las distintas propuestas fiscales que han hecho los principales partidos políticos?, el Sr. Martín contestó: «Yo destacaría, como propuestas positivas, aquellas que van dirigidas a disminuir la carga fiscal por IRPF, ya que, al final, es un impuesto sobre los trabajadores y clases medias. Incluso se debería avanzar hacia una mayor dualidad del impuesto con un tipo único para las rentas del ahorro, como medida de atracción de capitales. Colocar dinero en los bolsillos estimula el consumo, la demanda y el crecimiento. Pero aun con un escenario económico mejor, esas rebajas no pueden ser de gran cuantía, porque debemos lograr el equilibrio presupuestario. Esta no es una regla impuesta por Bruselas o los mercados, sino lo habitual en cualquier economía doméstica».
RECOMENDAMOS a beneficiarios/as de FUNDEF la lectura completa del ESTUDIO publicado en el medio de comunicación de cuyas páginas se ha extraído la presente nota informativa.
Abogado y aseesor fiscal. Profesor Universidad Pompeu-Fabra. Ponente en la LV Semana de Estudios de Derecho Financiero (año 2010)
“Discurso de investidura como Académico en la Real Academia de Doctores”
En información elaborada por XAVIER GIL PECHARROMAN, EL ECONOMISTA recoge opiniones del Profesor DURAN-SINDREU expuestas en el discurso de referencia. Así, el Profesor Durán opinó que «El estado social, como sinónimo de redistribuidor, ha fracasado por la incapacidad de transmitir su verdadera dimensión. Frente al mismo, se ha impuesto la idea del Estado protector en el que el concepto de bienestar colectivo se ha ido diluyendo en favor de la del bienestar individual.» Defendió, por tanto, la oportunidad de financiar la estructura básica del Estado y de las Comunidades Autónomas con impuestos, y la estructura asistencial y social con precios públicos Con carácter progresivo. Diseñó, en definitiva, un modelo de cofinanciación.
«La reforma propuesta por Durán-Sindreu tiene no obstante una acción previa muy importante, como es determinar el nivel óptimo de gasto, aspecto que-señaló «no significa reducir el Estado social, pero sí acometer la reforma estructural del gasto que incluye la de optimizar su gestión.» Y en este sentido, dijo que la austeridad «no es una necesidad puntual, un valor en sí mismo, necesaria y prioritaria como la Lucha contra el fraude.»
RECOMENDAMOS a beneficiarios/as de FUNDEF la lectura completa del ESTUDIO publicado en la Revista de referencia de cuyas páginas se ha extraído la presente nota informativa.
Catedrático de Derecho Tributario y Financiero. Rector de la Universidad a Distancia de Madrid.
Ponente la LX Semana de Estudios de Derecho Financiero
«Incoherencia e inseguridad jurídica»
(expansion.com - 09/03/2016)
A propósito de las discrepancias administrativas surgidas en relación con la deducibilidad de los intereses de demora, el Profesor Sánchez considera que «Las incoherencias de los distintos órganos administrativos evidencian la inseguridad jurídica de un sistema tributario que socava la confianza de los ciudadanos, condiciona la actividad económica y puede terminar por empañar el valor de la justicia. Una Administración Tributaria tan poderosa como la española no puede permitirse el lujo de la contradicción, sobre todo cuando no tiene empacho alguno en atribuir una culpabilidad generalizada a quienes se apartan de sus criterios, sancionando todo error o negligencia de los contribuyentes de a pie que viven en su mayoría, como ha señalado Tipke, en un “estado de inocencia fiscal»
«La duda, evidentemente, es el criterio a seguir ante la existencia dentro de la propia Administración de dos planteamientos absolutamente contrapuestos. A nuestro juicio, sin duda, debería imponerse el criterio de la DGT. No son sólidos los argumentos del TS, y en la recepción por el TEAC se ha producido además su reiteración irregular. El criterio del TS y del TEAC debería tener, al menos, un alcance mucho más restringido, circunscrito a supuestos específicos y nunca debiera aplicarse a una regularización que no fuera objeto del instituto sancionador, por existir una disparidad razonable con la AEAT»
RECOMENDAMOS a beneficiarios/as de FUNDEF la lectura completa en el medio de comunicación de cuyas páginas se ha extraído la presente nota informativa.
Licenciada en Ciencias Empresariales y Ciencias Políticas
Ponente en la LIX Semana de Estudios de Derecho Financiero
«El principio de libre competencia los gastos financieros»
(CARTA TRIBUTARIA-Revista de Opinión)
«Evolución del principio de libre competencia aplicado al endeudamiento vinculado, desde las tradicionales normas anti-subcapitalización hasta las actuales normas barrera que limitan —de forma objetiva— la deducción de gastos financieros, a la luz de la doctrina y trabajos de la OCDE y de la Unión Europea incluyendo el paquete BEPS de octubre de 2015 de la primera y el ATAP de enero de 2016 de la segunda.
«El Informe BEPS elaborado por la OCDE en 2013 identificó el uso de los gastos financieros en el seno de grupos multinacionales como uno de los mecanismos de planificación fiscal internacional más sencillos para desplazar bases imponibles, situando la deducibilidad de los gastos financieros en jurisdicciones de alta tributación y los ingresos correlativos en jurisdicciones de tributación reducida, dando lugar a una minoración de la carga tributaria global de dichos grupos.
Como consecuencia de lo anterior, la acción número 4 del plan de acción del proyecto BEPS OCDE/G-20 recibió el mandato de «desarrollar recomendaciones sobre las mejores prácticas en el diseño de normas para evitar la erosión de la base imponible a través de la utilización de deducciones por intereses, por ejemplo, mediante el uso de deuda entre entidades vinculadas y con terceros para lograr la deducción excesiva de intereses o para financiar la producción de ingresos exentos o diferidos y otros ingresos financieros que son económicamente equivalentes a los pagos de intereses».
«En octubre de 2015 se hizo público el informe final de esta acción, denominado «Limitación de la erosión de las bases imponibles mediante deducciones de intereses y otros pagos financieros», que representa el acuerdo alcanzado sobre la dirección que debe tomar la política fiscal en esa materia, conteniendo recomendaciones para el diseño de normas que impidan la erosión de bases imponibles mediante deducibilidad de gastos financieros excesivos.
Licenciados en Derecho y Ciencias Empresariales. Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Ponente en la LVI Semana de Estudios de Derecho Financiero
«Hay cambios de residencia fiscal por el pánico a la subida de impuestos»
En entrevista concedida al Diario EXPANSIÓN el Sr. Alemany dio respuestas muy interesantes a las preguntas muy atinadas sobre la actualidad económico-tributaria que le hiciera Mercedes Serraller. Así, a la pregunta ¿Las SICAV se están planteando irse de España ante el castigo fiscal que prometen todos los partidos?, el Sr. Alemany contestó: «Sí. Las SICAV son un problema financiero más que fiscal desde que Hacienda perdió la competencia de investigarlas. La legislación de las SICAV puede cambiar, pero no tiene sentido que se les ponga una tributación como una sociedad normal, ya que su función es ser un vehículo para invertir colectivamente. Desnaturalizarlas es arreglar el problema por la puerta de atrás. Se haga lo que se haga, van a poder irse a otro sitio y podemos perder recaudación.»
¿Aprueban una reforma de la fiscalidad autonómica que imponga un mínimo en Patrimonio y Sucesiones?
A esta pregunta, el Sr. Alemany respondió lo siguiente: «El Impuesto sobre el Patrimonio no nos parece adecuado. Pero si sigue, hay que garantizar una tributación justa a los españoles. Hay que reformar el sistema y que no genere diferencias que hacen que la gente se mueva. La flexibilidad de las comunidades debe ser limitada, como recomendaba el informe Lagares. Que no haya tanta diferencia entre Madrid y Cataluña»
Vicepresidente del Patronato de FUNDEF
«Acerca de la insoportable presión que el gasto realiza sobre los ingresos públicos, y en particular sobre los tributarios»
(CARTA TRIBUTARIA. Revista de Documentación)
«No hace falta ser un experto para saber que la política actual del gasto público está claramente condicionada por la coyuntura económica presente (cuya mejora de futuro resulta controvertida) y la necesidad inmediata de conseguir la reducción del déficit público sobre el que los Estados pertenecientes a la Unión Europea (zona euro) carecen de autonomía. La realidad está siendo tozuda al respecto, pues si no se desarrolla una política de disminución del gasto público -antes, por el contrario, se demanda el aumento del mismo- la presión sobre los ingresos públicos, y más concretamente sobre los tributarios, se hace casi insoportable pues una parte de la sociedad demanda más y más protección a cambio de que “paguen” los que más tienen y eso, dígase lo que se diga, no es suficiente, incluso en el caso de que se llegase a la confiscación. Y no digamos de acabar con la economía sumergida y el fraude fiscal, aspiraciones todas ellas que están y estarán ahí «ad eternum», no obstante, lo cual algunos, pensando en varitas mágicas que pueden poner término a esos hechos irregulares, proponen incrementar el gasto público en 96.000 millones de euros. Pocos son los que en público reconocen que el actual sistema fiscal u otro -el actual ya no tiene muchas más alternativas razonables- ofrecen serias dificultades para financiar el presente Estado de Bienestar, y menos aquél al que aspira un gran sector de la ciudadanía para un futuro más o menos inmediato. Cada día que pasa, parece que estamos más alejados de alcanzar la racionalización de la estructura organizativa del sector público que permitiría mantener el relativo peso de los gastos propios del dicho Estado de Bienestar, más distantes de la convicción de que políticas consistentes en gastos financiados con el déficit, como la experiencia tiene demostrado, acaban dando pésimos resultados y se vuelven contra los que menos tienen.»
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