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Timestamp: 2020-08-12 07:35:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 86', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5']

BOE.es - Documento BOE-A-2020-4946
Documento BOE-A-2020-4946
«BOE» núm. 133, de 12 de mayo de 2020, páginas 32173 a 32213 (41 págs.)
BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/07/tes406
Las políticas activas de empleo en España a partir de 2013 han seguido una nueva Estrategia basada en las líneas de actuación que fueron acordadas con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 11 de abril de 2013. La clave del cambio al nuevo modelo de políticas activas de empleo ha sido la modificación del modelo de financiación y gestión anterior, articulado en torno a instrumentos jurídicos pensados para programas establecidos centralizadamente, para establecer un nuevo marco de financiación, ejecución, control y evaluación orientado hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes prioritarios de actuación.
El Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo concretará los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en este año, en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para conocer y evaluar su grado de cumplimiento, teniendo en cuenta además su adecuación a la situación provocada por el COVID-19.
A su vez, el citado Plan contendrá el conjunto de los servicios y programas que cada comunidad autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan sus destinatarios.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019 aprueba el Plan Reincorpora-T 2019-2021. El primero de ellos, incluye 50 medidas con un coste estimado para 2020 de 667 millones de euros, y el segundo recoge 60 medidas con un coste estimado para 2020 de 1.480 millones de euros, si bien para políticas de activación se prevé destinar 487 millones de euros.
En concreto, de manera específica, en la presente orden se distribuyen los importes destinados a reforzar la red de personal dedicado a labores de orientación profesional para el empleo y prospección del mercado de trabajo que se mencionan en los dos planes antes citados. No obstante, este personal no circunscribirá su actuación a los colectivos objeto de dichos planes.
Con cargo a los fondos asignados en base a la presente orden ministerial, se podrán financiar los costes de la atención a las personas que sean beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo. A partir del 30 de abril de 2018, este Programa pierde su vigencia en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prórroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, pero en 2020 pueden todavía seguir existiendo personas beneficiarias del mismo, si bien con carácter muy residual.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y desde esa fecha de forma sucesiva el Gobierno ha adoptado numerosas medidas de ámbito económico, social y laboral con la forma de Real Decreto-ley para enfrentarse a la mencionada crisis. Una de ellas, aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo consiste en desafectar de forma extraordinaria los ingresos obtenidos por la cotización para la formación obtenidos en 2020. Por ello, las cantidades que se asignen a las comunidades autónomas financiadas con cargo a dicha cuota podrán utilizarse para financiar programas de fomento del empleo o iniciativas de formación profesional para el empleo, de acuerdo con las necesidades que cada una de ellas considere más necesario. De esta forma, en estos momentos de incertidumbre se dota de mayor flexibilidad a la utilización de los fondos destinados a financiar medidas de políticas activas de empleo, medidas que resultarán un elemento clave en la recuperación económica del país, una vez se haya superado la crisis sanitaria.
Asimismo, con fecha de 31 de marzo de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió con carácter favorable el informe preceptivo y vinculante establecido en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con las transferencias a realizar a las comunidades autónomas.
A su vez, con fecha 1 de abril de 2020, se autorizó el gasto en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para los programas y servicios de políticas activas de empleo financiados con cargo al presupuesto de este organismo.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 1 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se refrendan los criterios de distribución mencionados respecto de la distribución del 90 por cien de las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma en 2019 en los programas de fomento del empleo, modernización de los servicios públicos de empleo y flexibilidad entre fomento del empleo y formación profesional para el empleo, cuya financiación no proviene de la cotización por formación profesional, y se aprueba la propia distribución de créditos que resulta de su aplicación, entre comunidades autónomas con competencias de gestión estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo.
En este sentido, se debe tener en cuenta que se ha mantenido la asignación de una parte de los fondos en base al cumplimiento de los objetivos previamente fijados, en atención a lo indicado en el informe de evaluación de los servicios públicos de empleo de España elaborado por la Red de los Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea.
Finalmente, el Consejo de Ministros, en su reunión del 14 de abril de 2020, formalizó los criterios de distribución territorial y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2020, correspondientes a las ayudas citadas en los párrafos anteriores.
1. Finalizado el ejercicio económico 2020, y no más tarde del 31 de marzo de 2021, las comunidades autónomas remitirán la información relativa a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, relativos a las subvenciones gestionadas recogidas en esta orden, financiadas con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal de 2020.
2. Las comunidades autónomas aportarán la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y estructurales, así como para el seguimiento detallado y evaluación de los servicios y programas que desarrollen de cara al cumplimiento de los citados objetivos, en los términos que recoja el Plan Anual de Política de Empleo para 2020.
El seguimiento de los servicios y programas, incluido los relativos al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora-T 2019-2021, así como de las personas que participen en ellos, se efectuará en el marco del Sistema Nacional de Empleo, considerando el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo y teniendo en cuenta los respectivos Planes Anuales de Actuación que sean de aplicación.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2014 a 2016, y se hubiera justificado la imposibilidad de proceder a su pago antes de 31 de marzo del año siguiente que corresponda, cuando dicha causa hubiera desaparecido durante el ejercicio 2020 y no se hubiera procedido al citado pago con anterioridad a 31 de marzo de 2021.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en el ejercicio 2017, se hubiera justificado la imposibilidad de proceder al pago durante 2018 y 2019, y dicha causa hubiera desaparecido durante 2020, y no se hubiera abonado el importe correspondiente durante el citado ejercicio 2020, salvo que se justifique la imposibilidad de proceder al abono efectivo dentro del propio ejercicio. En todo caso, se entenderá como causa justificada de no haber procedido al pago mencionado en el plazo estipulado, el haber desaparecido la causa que impedía el pago muy avanzado el ejercicio, lo que ha impedido realizar los trámites para el pago antes de finalizar este.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma, las cantidades comprometidas y no pagadas a 31 de diciembre de 2019, cuando el abono efectivo a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio, o bien llevan a cabo el respectivo programa, no se hubiera producido durante 2020, salvo que exista causa justificada para ello.
Para ello, las comunidades autónomas deberán remitir correctamente cumplimentado antes del 31 de marzo de 2021 el anexo III, teniendo en cuenta lo indicado en la disposición adicional segunda, en lo referido al concepto de reintegro utilizado en la presente orden y la posibilidad de reutilización de los mismos.
1. En los contratos y demás documentación necesaria para la realización de servicios y programas que se financien con cargo a los fondos distribuidos en esta orden ministerial, así como en la señalización exterior existente en los lugares en los que se realicen estos servicios y programas, y en todo caso, en las actividades de difusión que cada comunidad autónoma pueda desarrollar en relación con estas actividades, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, incorporando junto a los elementos identificativos de la comunidad autónoma respectiva, los elementos establecidos en el anexo IV.
1. Las medidas recogidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y en el Plan Reincorpora-T 2019-2021, aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 5 de abril de 2019 respectivamente, se podrán financiar con cargo a los fondos asignados mediante la presente orden ministerial, atendiendo a la finalidad concreta de cada medida.
A los efectos de este programa, se considerará gestión directa exclusivamente el incremento de los medios humanos del servicio público de empleo de la comunidad autónoma, que solo podrán incluir personal especializado en actuaciones incluidas en el Eje 1 de orientación, de acuerdo con la definición que se recoge en el artículo 10.4.a) del texto refundido de la Ley de Empleo. En ningún caso el incremento de medios humanos podrá suponer un incremento de plantilla con carácter indefinido ni con vocación de permanencia.
3. Además, las comunidades autónomas podrán, con cargo a los fondos distribuidos mediante la presente orden, realizar los servicios y programas regulados en la normativa estatal recogida en el anexo I, así como desarrollar programas y servicios de políticas de activación para el empleo, distintos de los anteriores, adaptados a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial.
4. Las comunidades autónomas utilizarán los fondos estatales distribuidos mediante esta orden para la ejecución de los programas mencionados en los apartados anteriores, siempre que estos se incluyan en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, se dirijan al cumplimiento de los objetivos establecidos en este plan y se integren en alguno de los ejes regulados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo.
Las becas derivadas de la participación de las mujeres víctimas de violencia de género en acciones formativas de formación profesional para el empleo, previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, se abonarán con cargo a los fondos que se distribuyan y a los que puedan disponer las comunidades autónomas para financiar las acciones formativas de formación profesional para el empleo.
7. Con los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-A.454.90 se financiará la medida destinada a reforzar los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas mediante la contratación por tiempo determinado de nuevas personas dedicadas a labores de orientación de personas desempleadas para favorecer su inserción, así como llevar a cabo labores de prospección del mercado de trabajo.
En el anexo VI de esta orden se recoge un desglose indicativo del número de personas destinadas a las labores antes mencionadas que deben prestar sus servicios en cada comunidad autónoma, por lo que las comunidades autónomas pueden no financiar la totalidad de las personas indicadas en el anexo o pueden superar esa cifra.
En 2020, el personal contratado no podrá tener carácter indefinido ni tener vocación de permanencia, sin perjuicio de que en 2020 se procederá a estudiar su posible consolidación, en los términos expuestos en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
Para poder participar en los procesos selectivos de este personal será necesario reunir los siguientes requisitos generales:
6.º Estar en posesión del título universitario de Grado exigido para el grupo A1, así como Diplomatura exigida para A2 de conformidad a lo establecido en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Este personal debe suponer un incremento de la plantilla del servicio público de empleo respectivo. A estos efectos se considera que se ha producido el citado incremento de plantilla cuando el número de efectivos que realiza labores de orientación y prospección en la respectiva comunidad autónoma es mayor en 2020 de lo que era a 31 de diciembre de 2018; o cuando el número de efectivos que realiza labores de orientación y prospección de mercado de trabajo en la respectiva comunidad autónoma hubiera disminuido durante 2019, disminuya durante 2020 o vaya a disminuir durante el resto de años de vigencia del Plan de Choque por el Empleo Joven, 2020 y 2021, de no haberse producido la aprobación del presente programa. En todo caso, se consideran incluidas en este concepto las personas que sustituyan a las contratadas para esta finalidad durante 2019 y que hubieran causado baja durante 2020.
A estos efectos, el «número de efectivos» se refiere a personas trabajadoras que realmente estén desempeñando funciones de orientación o prospección con independencia del número de puestos que puedan existir para ejercitar estas en el respectivo servicio público de empleo autonómico. Quedan excluidos de este concepto las vacantes o puestos sin cobertura.
8. Con el fin de tener un soporte que permita recoger adecuadamente la información necesaria de las cantidades y resultados obtenidos por los programas y servicios financiados con cargo a los fondos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal distribuidos por esta orden, las comunidades autónomas deberán cumplimentar además del anexo II.1, el estado justificativo correspondiente al anexo II.2.
9. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los Planes Anuales de Política de Empleo, en los términos previstos en el artículo 2.2:
a) Por una parte, se facilitará la información precisa para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, de acuerdo con los indicadores recogidos en el plan, que se efectuará en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con las comunidades autónomas.
b) Por otra parte, se deberá proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los resultados obtenidos en cada uno de los programas y servicios incluidos en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, con la información que se especifica en el aplicativo correspondiente, en el plazo establecido en el artículo 2.1.
10. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los datos estadísticos necesarios de su gestión, en los términos y condiciones que se establezcan con el fin de que quede garantizada su integración en la estadística estatal. Para realizar esta función el Servicio Público de Empleo Estatal contará con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
1. Las comunidades autónomas podrán ordenar y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, las cantidades asignadas por medio de la presente orden, destinándolas a financiar tanto programas de fomento del empleo como iniciativas de formación profesional para el empleo, para lo cual llevarán a cabo las redistribuciones o transferencias que procedan.
Se permitirá por tanto la redistribución de las cantidades asignadas desde las aplicaciones del concepto 19.101.241-A.454 a aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452 y viceversa, en el momento en que se proceda a la efectiva distribución de fondos desde las últimas aplicaciones citadas, con las limitaciones mencionadas en los puntos 3 y 4 de este artículo.
Asimismo, de forma extraordinaria, atendiendo a las excepcionales circunstancias derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en 2020 se permite transferir el 50 por cien del importe distribuido mediante la presente orden desde la aplicación 19.101.241-A.458 a las aplicaciones 19.101.241-A.454 y 19.101.241-B.452, en los términos indicados en el artículo 6. En ningún caso se podrán realizar transferencias para aumentar la dotación destinada a financiar las cantidades asignadas desde la aplicación 19.101.241-A.458.
2. Las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma desde la aplicación 19.101.241-B.454.09 se pueden utilizar tanto para financiar servicios y programas de formación profesional para el empleo, sin necesidad de redistribución o transferencia alguna, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que así lo decidan puedan realizar estas, como para financiar servicios y programas de fomento del empleo, mediante su transferencia a la aplicación que corresponda dentro del concepto 454, en función del programa o servicio concreto que se pretenda realizar.
3. Los créditos que se consignen y se distribuyan a las comunidades autónomas en la aplicación 19.101.241-B.452.90 se deberán utilizar para financiar las acciones de formación profesional para el empleo relacionadas con la negociación colectiva y con el diálogo social, en los términos recogidos en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Una vez tramitada la respectiva convocatoria si hubiera algún importe que no se hubiera comprometido como consecuencia de la convocatoria, o de convocatorias anteriores, este podrá ser objeto de redistribución o transferencia tanto a programas de fomento del empleo como iniciativas de formación profesional para el empleo, en los términos del apartado 1 de este artículo.
4. Las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma desde la aplicación 19.101.241-A.454.90, contemplada en el artículo 4.7, no podrán ser objeto de redistribución o transferencia a otras aplicaciones, según lo señalado en el apartado 1 de este artículo, salvo en lo relativo a:
a) Importe que no sea suficiente para la contratación de una nueva persona trabajadora si no se ha podido contratar el número indicativo de personas trabajadoras incluidas en el anexo VI. Esto es, una vez contratadas el número máximo de personas posibles con la cuantía asignada, el importe que resta resulta inferior a la cantidad que se debe abonar a una nueva persona trabajadora que vaya a desarrollar labores de orientación y prospección, de acuerdo con la normativa reguladora en materia de personal en la respectiva comunidad autónoma.
b) Importe que reste una vez contratado el número indicativo de personas trabajadoras incluidas en el anexo antes mencionado. Es decir, la comunidad autónoma ha contratado al número indicativo de personas trabajadoras dedicadas a labores de orientación y prospección y por las retribuciones que tiene asignadas dicho personal de acuerdo con su normativa reguladora, existe un remanente sobre la cuantía asignada por el Servicio Público de Empleo Estatal para esta finalidad.
c) Importe resultante de la contratación o efectivo inicio de los servicios en un momento posterior a 1 de enero de 2020. En este sentido se debe tener en cuenta que los cálculos realizados han tenido en cuenta la contratación del personal destinado a labores de orientación y prospección del mercado de trabajo, desde el 1 de enero de 2020, por lo que si dicho personal comenzara a prestar sus servicios en un momento temporal posterior de dicho ejercicio, el remanente de crédito que de esta circunstancia pudiera derivarse, también puede ser objeto de reasignación. Dentro de este supuesto se incluyen los procesos convocados o en curso para aumentar la plantilla con este personal tramitados por las comunidades autónomas que hubieran sido aplazados o demorados como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. Para hacer uso de esta posibilidad las comunidades autónomas deben tener incorporados o en fase de incorporación al menos a la mitad del número de personas máximo posible con los fondos asignados. Para determinar este número máximo se debe considerar como incorporado (aunque de forma efectiva lo vaya a estar, en todo o en parte, en un momento posterior del ejercicio) desde el 1 de enero de 2020 al respectivo personal dedicado a tareas de orientación.
5. Las comunidades autónomas podrán destinar hasta un máximo del 2 por cien de las cantidades asignadas mediante esta orden ministerial, para financiar los gastos de seguimiento, evaluación, control y publicidad necesarios para la aplicación de la presente orden. Estos gastos de seguimiento, evaluación, control y publicidad no serán adicionales al crédito total de cada programa sino que forman parte del mismo.
En el caso de las cantidades que se distribuyan y de las que puedan disponer las comunidades autónomas destinadas a financiar iniciativas de oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados, este porcentaje puede complementarse en un 3 por cien adicional.
La aplicación del porcentaje total del 5 por cien, a que se refiere el párrafo anterior, por parte de las comunidades autónomas que hayan asumido o asuman, durante el año 2020, la ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados en materia de gestión de la formación profesional para el empleo (formación de oferta para trabajadores ocupados), únicamente se computará sobre el incremento de los créditos de «subvenciones gestionadas» para financiar iniciativas de formación de oferta dirigida a trabajadores ocupados territorializados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para el presente ejercicio económico que exceda de la asignación efectuada en el ejercicio de 2020 (cuando se realice), consolidada a 31 de octubre de dicho año, y actualizada a euros corrientes de 2020.
Asimismo se puede aplicar un 3 por cien adicional de las cantidades destinadas a financiar iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y de las cantidades destinadas a financiar la ejecución de programas que permitan la realización de formación en alternancia con el empleo, para la financiación de actuaciones de seguimiento y control, cuando para dichas actuaciones para este tipo de iniciativas las comunidades autónomas recurran al apoyo de entidades externas especializadas e independientes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 18.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Estos gastos no serán adicionales al crédito, sino que formarán parte del mismo. En su caso, el 5 por cien de gastos de gestión, evaluación, control, seguimiento y publicidad se calculará sobre las cantidades que efectivamente se destinen a financiar las distintas iniciativas de formación profesional para el empleo, una vez realizadas las redistribuciones que en su caso cada comunidad autónoma decida llevar a cabo.
a) Modificación de la red de oficinas de empleo, incluyendo entre otros los gastos de apertura y cierre de oficinas o las obras de acondicionamiento, siempre que se trate de oficinas de empleo en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para adaptar las oficinas de empleo, para la adecuada prestación de servicios del refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. En ningún caso, se podrán financiar con cargo a los fondos de modernización de los servicios públicos de empleo la apertura o cierre de oficinas de empleo sin el acuerdo previo con el Servicio Público de Empleo Estatal.
b) La adquisición de mobiliario, archivos, material de oficinas o informático y el establecimiento de equipos de seguridad y vigilancia, como mejora del equipamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal. En esta medida se incluyen gastos para la mejora de las oficinas de empleo en su integridad, por lo que se incluye tanto el mobiliario, archivos, material o equipos o servicios, utilizado por el personal que preste sus servicios en el Servicio Público de Empleo Estatal, como el utilizado por el personal que preste sus servicios en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para la adquisición de material a utilizar por las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección del mercado de trabajo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Implantación y desarrollo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo de cara a garantizar la integridad de la información contenida en este sistema.
e) El desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, adquisición y mantenimiento de equipos informáticos y la adquisición de productos y herramientas informáticas de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, siempre que se trate de aplicaciones, equipos o herramientas que se utilicen en la red de oficinas de empleo con presencia de personal adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal, y que tenga por finalidad mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas o equipos informáticos y adquisición de productos a utilizar por el refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección del mercado de trabajo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
g) El coste de la prestación de los servicios de control de accesos o recepción, comprobación de usuarios y orientación en puntos de información y auto información, el control de entradas y flujos de público e información general sobre el funcionamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal, siempre que se realice por personal ajeno al servicio público correspondiente.
h) Mejora de los medios humanos existentes mediante su incremento o mediante la impartición de acciones formativas en materias relacionadas con los servicios que vayan a desarrollar.
Para ello, el Coordinador Territorial dirigirá una solicitud motivada de ejecución de gasto a la comunidad autónoma respectiva, incluyendo en todo caso un importe indicativo del gasto a realizar, el cual no podrá nunca superar el 50 por cien de los fondos asignados para modernizar el respectivo servicio público de empleo autonómico. El 50 por cien de los fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-A.458 que pueden transferirse a las aplicaciones 19.101.241-A.454 y 19.101.241-B.452, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo corresponde en todo caso a la parte de fondos en los que el Coordinador Territorial no puede incidir, de forma que no cabe alegar la falta de realización de todas o algunas de las iniciativas propuestas por el Coordinador Territorial en base a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, por haber hecho uso de la flexibilidad prevista en el párrafo tercero del artículo 5.1.
Asimismo, esta Subcomisión de Coordinación u órgano equivalente debe ser informada tan pronto como sea conocida y, en todo caso, en la última reunión celebrada de cualquier variación que se produzca en las previsiones iniciales de utilización de estos importes y medidas.
1. Resultando aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por disposición expresa de su artículo 3.4.a), a las subvenciones territorializadas por la presente orden en favor de las comunidades autónomas, con competencias de gestión estatutariamente asumidas en materias sobre las que el Estado ostenta la regulación legislativa plena, habida cuenta asimismo el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional, a que se refiere el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Empleo, al amparo de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, las comunidades autónomas cumplimentarán los anexos II.2 y III de esta orden, a efectos de considerar adecuadamente justificadas las subvenciones concedidas, ya que resulta necesaria la disposición por el Servicio Público de Empleo Estatal y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de información sobre la gestión de las políticas activas de empleo y su incidencia en el mercado laboral en el ámbito estatal.
2. El Servicio Público de Empleo Estatal no procederá en el ejercicio 2021 al libramiento a las comunidades autónomas de las subvenciones gestionadas que se territorialicen para dicho ejercicio, en tanto no hayan sido remitidos, debidamente cumplimentados, a dicho organismo los anexos mencionados en el párrafo anterior.
1. Del montante de compromisos de créditos se minorarán los reintegros obtenidos por la comunidad autónoma correspondientes a los fondos distribuidos en la presente orden, cumplimentándose en la forma indicada en el anexo II.1 de esta orden.
No obstante, no deberá procederse a la minoración mencionada cuando las cantidades objeto de reintegro procedentes de fondos asignados desde las aplicaciones del concepto 19.101.241-A.454 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, se utilicen en el mismo ejercicio o en el siguiente al que se hiciera efectivo dicho reintegro para la financiación de programas y servicios de políticas de activación para el empleo.
En 2020, respecto a las aplicaciones del concepto 19.101.241-A.454 las comunidades autónomas podrán utilizar tanto los importes de los reintegros obtenidos en 2019, siempre que no se hubieran incluido en la justificación presentada en el propio ejercicio 2019, como los reintegros obtenidos en el propio ejercicio 2020, para la ejecución de servicios y programas de políticas activas de empleo que se hubieran incluido en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020. En el caso de los reintegros obtenidos durante 2020, las comunidades autónomas podrán utilizarlos en 2020 o en 2021 para la ejecución de servicios y programas de políticas activas de empleo que se hubieran incluido en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 o 2021 respectivamente.
2. En lo que respecta a las aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452, se modifica lo indicado en la disposición adicional segunda de la Orden TMS/425/2018, de 8 de abril, de forma que en 2020 las comunidades autónomas podrán utilizar los importes de los reintegros obtenidos en el año 2019 exclusivamente para financiar iniciativas de formación profesional para el empleo. En caso de proceder a esta utilización, en la justificación de los fondos asignados en 2019 no deberá procederse a la minoración de los reintegros obtenidos.
Además, en el caso de los reintegros obtenidos en 2020 no deberá procederse a la minoración mencionada en el apartado 1, cuando las cantidades objeto de reintegro se utilicen en el mismo ejercicio o en el siguiente al que se hiciera efectivo dicho reintegro para la financiación de programas y servicios de políticas de activación para el empleo. Así, estos reintegros podrán utilizarse en 2020 o en 2021 para la ejecución de servicios y programas de políticas activas de empleo que se hubieran incluido en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 o 2021, respectivamente.
3. A los efectos de esta orden ministerial se incluirán en el concepto de reintegros tanto las cantidades que son consecuencia de un procedimiento de reintegro en sentido estricto en aplicación de la respectiva normativa, como la devolución de los excesos previamente abonados por la administración, una vez ha finalizado el respectivo expediente administrativo, así como aquellas cantidades previamente comprometidas que por cualquier causa legalmente establecida no lleguen a generar una obligación de pago, una vez que la ejecución de la respectiva actuación que se financia hubiera realizado por completo.
Por ello, cuando exista una causa legalmente establecida que determine que un compromiso de crédito adquirido no dará lugar a una obligación de pago, se podrá reutilizar el importe correspondiente como reintegro a los efectos señalados en este artículo, lo que debe tenerse en consideración a la hora de cumplimentar el anexo III.
4. Se considera que una comunidad autónoma ha obtenido un reintegro en función de la fecha de este ingreso efectivo en la tesorería de la comunidad autónoma por parte de la persona, entidad o empresa obligada a realizar este abono, salvo que se justifique por parte de la comunidad autónoma respectiva que, a pesar del ingreso efectivo, el expediente no estuviera finalizado en cuyo caso se atenderá a la fecha de su finalización efectiva. En este último caso, se deberá dejar constancia documental que justifique la finalización del expediente administrativo en un momento posterior al ingreso efectivo del reintegro solicitado.
5. El importe de los reintegros mencionados en esta disposición adicional se entiende utilizado por la comunidad autónoma en la ejecución de políticas activas de empleo cuando el citado importe se hubiera comprometido presupuestariamente en su ejecución, incluyéndose esta información en los anexos II.1 y II.2, y en su caso II.3, a los efectos correspondientes.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 21.3 del texto refundido de la Ley de Empleo, se consideran sujetas al cumplimiento de la obligación establecida en su artículo 13.b). 2.º las cantidades recogidas en la aplicación 19.101.241-A.458.00 del anexo I de esta orden, así como las cantidades incluidas en la aplicación 19.101.241-A.454.00.
1. Los fondos librados a cada comunidad autónoma en aplicación de esta orden podrán ser utilizados por estas como financiación nacional en las acciones y medidas que desarrollen y sean objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo tanto a través del Programa Operativo de Garantía Juvenil, como de los respectivos Programas Operativos Regionales, siempre que los servicios y programas objeto de financiación se recojan en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020.
Asimismo, se permite la utilización de los fondos librados en los ejercicios 2014 a 2019, con excepción de aquellos que se pagaran con base en la Orden ESS/763/2016, de 5 de abril, como financiación nacional en las acciones y medidas que desarrollen y sean objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo a través de los respectivos Programas Operativos Regionales, siempre que se trate de acciones y medidas incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo del año que corresponda.
Madrid, 7 de mayo de 2020.–La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.
Créditos de subvenciones gestionadas por Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del plan de choque por el Empleo Joven 2019-2021 y a la ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021.
– La cantidad restante a se asignará de la siguiente forma:
1. Un 30 por cien de los fondos se asigna entre las diferentes comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Política de Empleo del año anterior, esto es, el Plan Anual de Empleo de 2019, en el caso de la asignación de fondos del año 2020.
2. Un 30 por cien de los fondos se asigna entre las diferentes comunidades autónomas en base a la plantilla de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, según el último dato de que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal (plantillas a 31/12/2018 en el caso de la asignación para 2020).
3. Un 35 por cien de los fondos se asigna entre las diferentes comunidades autónomas en función al número de personas inscritas como demandantes de empleo en el Sistema Nacional de Empleo a 31 de diciembre del año anterior al de la distribución que se vaya a aprobar (31/12/2019 en el caso de la distribución de 2020). El 50 por cien de los fondos a distribuir se asignará de acuerdo con datos de paro registrado y el 50 por cien restante de este apartado se asignará en base a datos de demandantes no ocupados.
4. Un 5 por cien de los fondos se asigna entre las diferentes comunidades autónomas en base al número de personas ocupadas a 31 de diciembre del año anterior (31/12/2019, en el caso de la asignación de 2020).
– El 50 por cien restante se asignará a las comunidades autónomas, de la siguiente forma: el 50 por cien de los fondos a distribuir asignará de acuerdo con datos de paro registrado y el 50 por cien restante, en base a datos de demandantes no ocupados, todo ello, teniendo en cuenta los datos a 31/12/2018.
El 50 por cien del importe se asignará en proporción al número de personas ocupadas en cada comunidad autónoma y el otro 50 por cien en proporción al número de personas activas existentes en cada comunidad autónoma (a 31/12/2019 en ambos casos en el supuesto del año 2020).
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 1 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se refrenda el criterio de la distribución del 90 por cien de las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma en 2019 en los programas de fomento del empleo, modernización de los servicios públicos de empleo y flexibilidad entre fomento del empleo y formación profesional para el empleo, cuya financiación no proviene de la cotización por formación profesional, quedando pendiente de distribución la cantidad destinada a financiar iniciativas de formación profesional para el empleo, así como el potencial exceso sobre el 90 por cien distribuido en los programas antes citados.
Por ello, el importe total a distribuir asciende a 1.048.544.799,30 euros, el 90 por cien de los 1.165.049.777,00 euros asignados en 2019 para financiar los programas de fomento del empleo, modernización de los servicios públicos de empleo y flexibilidad entre fomento del empleo y formación profesional para el empleo. La totalidad del importe se recoge en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
La distribución territorializada por comunidades autónomas desglosada por aplicaciones del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal de 2018, prorrogado para 2020, de los 1.048.544.799,30 euros antes mencionados, arroja la asignación individualizada que se indica.
– Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018.
– Plan Reincorpora-T 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019.
– Acuerdo del Consejo de Ministros que apruebe el Plan Anual de Política de Empleo para el ejercicio 2020.
57.916.520,00
10.213.746,00
9.919.942,00
7.701.529,00
23.666.747,00
4.959.706,00
14.670.911,00
20.845.185,00
57.177.445,00
32.835.164,00
15.030.088,00
27.505.391,00
45.245.353,00
10.149.735,00
3.975.463,00
1.900.522,00
343.713.447,00
Aplicación Presupuestaria 19.101.241-A.454.90
Programa de refuerzo de los servicios públicos de empleo autonómicos en labores de orientación y prospección para el empleo
20.014.695,00
1.906.335,00
2.212.515,00
1.396.035,00
4.049.595,00
4.173.525,00
4.625.505,00
8.292.375,00
7.198.875,00
3.233.115,00
4.793.175,00
6.236.595,00
2.580.660,00
918.540,00
404.595,00
(EJE 3)
80.543.613,24
13.946.606,25
13.753.698,14
10.268.242,07
30.848.368,64
6.831.932,75
20.373.427,82
28.785.718,33
81.243.348,72
45.136.325,95
19.487.763,00
34.935.359,00
62.989.613,00
13.251.904,43
4.955.774,40
2.701.840,56
470.053.536,30
3.033.048,00
534.888,00
519.504,00
1.239.408,00
768.312,00
1.091.640,00
2.994.336,00
1.719.552,00
787.104,00
1.440.432,00
2.369.472,00
531.528,00
99.528,00
4.143.411,00
721.868,00
705.463,00
1.662.815,00
351.135,00
1.045.037,00
1.477.135,00
4.059.193,00
2.336.495,00
1.055.980,00
1.922.359,00
3.213.713,00
714.669,00
277.438,00
24.365.772,00
11.038.932,00
1.946.749,00
1.890.750,00
1.467.916,00
4.510.899,00
945.323,00
2.796.288,00
3.973.106,00
10.898.065,00
6.258.407,00
2.864.746,00
5.242.548,00
8.623.800,00
1.934.547,00
757.728,00
362.240,00
65.512.044,00
(EJE 6)
9.182.729,00
1.599.818,00
1.563.459,00
1.204.481,00
3.685.172,00
778.193,00
2.316.037,00
3.273.658,00
8.996.079,00
5.178.192,00
2.340.284,00
4.260.380,00
7.122.308,00
1.583.870,00
614.867,00
300.473,00
a) Respecto de los créditos del Servicio Público de Empleo Estatal, se consignarán cada uno de los programas identificados por la correspondiente aplicación presupuestaria (desagregada a nivel de subconcepto o concepto, desde la que se libraron los fondos) atendiendo a la agrupación de aplicaciones que se recoge en el artículo 5 de esta orden. En la columna de «Redistribución según criterios flexibilidad», únicamente se harán constar las modificaciones efectuadas entre cada uno de los distintos servicios y programas (identificados por la correspondiente aplicación presupuestaria desagregada a nivel de subconcepto).
Se recuerda que en este ejercicio (2020) es posible la redistribución de fondos de las aplicaciones 19.101.241-B.452 a las aplicaciones 19.101.241-A.454 y viceversa, en el momento en que se proceda a la efectiva distribución de fondos desde las últimas aplicaciones citadas. En todo caso, se deben tener en cuenta las limitaciones recogidas en los apartados 3 y 4 del artículo 5.
Se recuerda que en este ejercicio se permite de forma excepcional la transferencia de un máximo del 50 por cien fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-A.458 a las aplicaciones 19.101.241-B.452 y 19.101.241-A.454, en los términos indicados en los artículos 5 y 6.
d) Los reintegros obtenidos, materializados en la tesorería de la Administración autonómica, de conformidad con la disposición adicional segunda de esta orden, se consignarán, con signo negativo, en la columna de «Compromisos de créditos», desagregados para cada subvención, a que se refiere el número 1 de estas instrucciones con mención expresa del ejercicio de origen de los fondos y el ejercicio en que se hace efectivo el respectivo reintegro en la tesorería de las comunidades autónomas. No obstante, estos reintegros se consignarán también con signo positivo cuando los fondos obtenidos se hubieran comprometido en la ejecución de servicios y programas de políticas activas incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo para 2020.
Preferentemente se ha de utilizar el logotipo en color
Número de personas dedicadas a labores de orientación y/o prospección de empleo a contratar por cada comunidad Autónoma con cargo a los fondos asignados en la aplicación 19.101.241-A.454.90
de personas estimado
Para totalizar las 3.000 personas indicadas en el plan de refuerzo habría que sumar las personas que van a prestar sus servicios en el Servicio Público de Empleo Estatal y en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 158, de 5 de junio de 2020 (Ref. BOE-A-2020-5738).
MODIFICA lo indicado de la disposición adicional 2 de la Orden TMS/425/2019, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2019-5543).
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2020-4208).
Real Decreto 463/2020, de 14 de marz (Ref. BOE-A-2020-3692).
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (Ref. BOE-A-2003-21614).