Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00660-de-septiembre-23-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_7d042422992447b3a7bd2054261734b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 01:17:54
Document Index: 112724806

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 87', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 365', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 87', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 21', 'Artículo 1']

﻿ Sentencia 2014-00660 de septiembre 22 de 2014
SENTENCIA 2014-00660 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. SE RECUERDA QUE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DESARROLLADA POR LA LEY 393 DE 1997, PROPENDE POR LA MATERIALIZACIÓN EFECTIVA DE AQUELLOS MANDATOS CONTENIDOS EN LEYES O EN ACTOS ADMINISTRATIVOS, A EFECTOS DE QUE EL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LE ORDENE A LA AUTORIDAD QUE SE CONSTITUYA RENUENTE, PROVEER AL CUMPLIMIENTO DE AQUELLO QUE LA NORMA PRESCRIBE. IGUALMENTE, ES UN MECANISMO PROCESAL IDÓNEO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS O DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, PERO AL IGUAL QUE LA ACCIÓN DE TUTELA ES SUBSIDIARIO, EN TANTO QUE NO PROCEDE CUANDO LA PERSONA QUE PROMUEVE LA ACCIÓN TENGA O HAYA TENIDO OTRO INSTRUMENTO JUDICIAL PARA LOGRAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA O DEL ACTO INCUMPLIDOTAMPOCO CUANDO SU EJERCICIO PERSIGA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE ESTABLEZCAN GASTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELACIÓN, JUEZ ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE TELEVISIÓN
Sentencia 2014-00660 de septiembre 22 de 2014
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014).
Rad.: 25000-23-41-000-2014-00660-01(ACU)
Actor: María del Rosario Pardo Ávila
La Sala se pronuncia sobre la apelación que interpuso la demandante, por conducto de apoderado, contra la sentencia dictada el 5 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que declaró parcialmente probada la excepción de cosa juzgada y negó por improcedente la presente acción de cumplimiento.
La señora María del Rosario Pardo ejerció acción de cumplimiento contra la Autoridad Nacional de Televisión, en adelante “ANTV”, a fin de que se le ordene acatar lo dispuesto en los artículos 3º, literal a) y 11 de la Ley 1507 de 2012; el artículo 5º, literal b) de la Ley 182 de 1995 y el anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido por la Comisión Nacional de Televisión (que es el reglamento del servicio de televisión por suscripción). En consecuencia, solicitó:
“En consecuencia con las normas señaladas, requiera a todos y cada uno de los concesionarios con el fin de verificar si, todos y cada uno de los operadores de televisión por suscripción en Colombia, provean (sic) a sus usuarios, ´un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida´, tal como expresamente lo ordena el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 que reglamenta la prestación del servicio de televisión por suscripción”
La actora se limitó transcribir el contenido de las normas que solicita sean cumplidas por parte de la autoridad demandada y a manifestar que, por escrito de 20 de febrero de 2014, constituyó en renuencia a la ANTV a fin de que requiera a todos y cada uno de los concesionarios “con el fin de verificar si todos y cada uno de los operadores de televisión por suscripción en Colombia, provean a sus usuarios, un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin (sic) de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida”. Que, a pesar de que transcurrieron más de 40 días, no ha dado cumplimiento a tal solicitud.
Mediante auto del 28 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” admitió la demanda, ordenó notificarla personalmente al director de la Autoridad Nacional de Televisión y le concedió el término de 3 días para contestarla (fl. 15).
4. Argumentos de defensa de la Autoridad Nacional de Televisión
Esta entidad, por intermedio de apoderado, manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, ya había estudiado y resuelto “dos acciones de cumplimiento” en las que también se solicitó a la ANTV que acatara lo dispuesto en el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006. Que dichos procesos fueron:
— El Nº 2013-2105-00, en el que mediante sentencia del 24 de septiembre de 2013(1), se declaró improcedente la acción de cumplimiento porque la persona que había interpuesto la acción no era la misma que constituyó en renuencia a la autoridad demandada.
— El Nº 2013-02347-00, en el que mediante fallo del 14 de noviembre de 2013, negó las súplicas de la solicitud toda vez “[...] que del numeral transcrito, objeto de acción de cumplimiento, no se evidencia ninguna obligación que deba ser cumplida por parte de la ANTV, lo que permite afirmar que no se cumple con el tercer requisito toda vez que la norma no contiene un deber jurídico actualmente exigible. (...) Que el numeral no contiene un deber claro en cabeza de la entidad demandada, pues no señala que esta deba proveer un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario, y mucho menos, como lo pretende ver la demandante, que ella deba garantizar que los concesionarios cumplan con ello, esto es, no hay una obligación por cumplir de parte de la ANTV”.
Como primera medida, propuso las siguientes excepciones, que respectivamente denominó:
— “Improcedencia de la acción de cumplimiento impetrada por la inexistencia de acciones u omisiones atribuibles a la ANTV porque no existe incumplimiento por parte de esta entidad “[...] que atente o desconozca normas de estirpe superior, legal o administrativa cuya observancia sea un imperativo para dicha entidad”.
— Cosa juzgada porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en “otra acción de cumplimiento”, en un caso similar al que ahora se debate, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2013, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la obligación contenida en el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006, no era exigible la Autoridad Nacional de Televisión. Que, teniendo en cuenta tal circunstancia “[...] es claro que el tema que en esta oportunidad vuelve a ser objeto de debate, quedó resuelto con la decisión referida”.
También dijo que en caso de que no prosperaran las anteriores excepciones, debía tenerse en cuenta que era evidente que el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 010 de 2006, en síntesis, dispone que los operadores del servicio de televisión por suscripción deberían ser quienes observen y cumplan dicha disposición porque “[...] bajo las condiciones tecnológicas que dieron lugar a la norma, esto es, para los equipos receptores de televisión que no tenían por sí mismos la capacidad de hacer conmutación o selección de entrada de las señales de Radio Frecuencia provenientes de una antena de aire o un cable coaxial de un proveedor del servicio de televisión por suscripción”.
Que, entonces, es claro que dicha disposición no contiene una obligación imperativa e inobjetable a cargo de la autoridad demandada sino que la misma radica en cabeza de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción.
Que en ese mismo sentido se pronunció la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del citado proceso Nº 2013-02347-00.
Por último, precisó que “[...] si lo que se pretende con la presente acción es el cumplimiento del aparte que precisa que ´El concesionario debe proveer un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión radiodifundida´ no es de recibo afirmar que la ANTV esté incursa en incumplimiento legal o reglamentario alguno, toda vez que el aparte correspondiente al referido deber aplica para el concesionario y no para la ANTV”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “A”, por fallo del 5 de junio de 2014, decidió:
“PRIMERO. DECLÁRASE prospera parcialmente la excepción de cosa juzgada propuesta por la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NIÉGASE las pretensiones de la demanda, en consecuencia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 393 de 1997, ADVIÉRTASE a la señora MARÍA DEL ROSARIO PARDO ÁVILA que no puede presentar nuevamente demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en la que busque el cumplimiento del Oficio Nº 2013-000134461”.
Como sustento de esa decisión, consideró lo siguiente:
— Que luego de comparar la presente acción de cumplimiento con la que en su oportunidad resolvió la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Exp. 2013-02347-00, era claro que “[...] no se presenta coincidencia entre los demandantes, pero sí entre los demandados y entre alguna de las normas señaladas como incumplidas, esto es, en el proceso Nº 25000234100020130234700 se estudió y decidió sobre el incumplimiento del numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006, en el [actual] proceso 250002341000201400660-00 se solicita [acción objeto de estudio], además del cumplimiento de ese artículo, el de los artículos 3º y 11 de la Ley 1507 de 2012 y el literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, esto es, habría cosa juzgada parcial, ya que la acción de cumplimiento no puede ser ejercida para pretender la protección de derechos subjetivos, y como el acto que se señala como incumplido es el mismo, y el cumplimiento está en cabeza de la misma entidad demandada esa pretensión prospera parcialmente, sin embargo, la Sala deberá pronunciarse sobre las demás normas señaladas como incumplidas”.
— Que teniendo en cuenta lo que disponen artículos 3º literal a), 11 de la Ley 1507 de 2012 y 5º literal b) de la Ley 182 de 1995, era evidente que consagran determinadas obligaciones en cabeza de la entidad demandada, pero no se demostró que la ANTV esté incumpliendo esos deberes.
— Que “[...] la demandante manifiesta que lo que pretende es que se le ordene a la [ANTV] que requiera a todos y cada uno de los concesionarios con el fin de verificar si los operadores de televisión por suscripción en Colombia, proveen a sus usuarios, ´un selector conmutable a la entrada del receptor de los canales de televisión terrestre radiodifundida´ y esa petición, no puede ser despachada favorablemente mediante la acción de cumplimiento”.
La actora, por intermedio de apoderado, impugnó la decisión de primera instancia. En síntesis, sostuvo que el presente caso trata sobre el cumplimiento de normas que “[...] guardan relación con el derecho a las comunicaciones de todos los colombianos y conviene, con este marco de referencia, dilucidar cuál es el propósito y el alcance del deber legal cuyo cumplimiento se persigue a fin de constatar si la ANTV lo cumple o no. Sea lo primero destacar que el deber incumplido está ligado de forma sustancial a un servicio público prestado por particulares por lo que es indispensable valorar el alcance en materia de televisión de la previsión constitucional contenida en el artículo 365 de nuestra carta política”.
Que no comparte la declaratoria parcial de la excepción de la cosa juzgada, pues de “[...] la comparación simple entre los dos procesos se encuentra que mientras en el primero, con fallo de noviembre 14 de 2013 se pretendía que la ANTV diera cumplimiento al numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006, en el promovido por mi mandante se pretende de la ANTV el cumplimiento de funciones que le imponen la obligación de adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión”.
Después de precisar las diferencias “[...] entre el servicio público de televisión por suscripción y el servicio público de televisión abierta”, concluyó que la televisión abierta se financia con recursos públicos y con la pauta publicitaria que emiten los operadores del servicio en sus programas de televisión. Por su parte, el servicio de la televisión por suscripción está destinado exclusivamente a los abonados o suscriptores que pagan una tarifa definida por el concesionario por la recepción de canales de televisión internacional.
Así las cosas, en su momento la Comisión Nacional de Televisión “[...] contractualmente y mediante acuerdo, estableció que los operadores de televisión por suscripción (cableada o satelital) tienen la obligación de ´garantizar sin costo alguno a los suscriptores de la recepción, sin interferencia, de los canales colombianos de televisión abierta que se sintonicen en el área autorizada´”.
Que posteriormente, la Ley 680 de 2006, en su artículo 11, dispuso que los operadores de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento.
Que, sin embargo, la ANTV se niega a exigirle el cumplimiento del numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006, a los operadores de televisión por suscripción por lo que estos prestadores “[...] han abusado de su posición y han desmontado las conexiones reales de acceso a las señales de televisión abierta existentes en las casas y edificios al punto de que en la actualidad la casi totalidad de los usuarios están sometidos a la circunstancia de que la única posibilidad técnica de acceso que tienen a la televisión abierta es a través de los aparatos receptores decodificadores provistos por los concesionarios de televisión por suscripción (...) circunstancia que significa que cuando los operadores de televisión por suscripción por falta de pago del usuario suspenden el servicio, el usuario automáticamente pierde también la posibilidad de recibir las señales de televisión abierta. Esto resulta tan contradictorio con los fines y principios del servicio público de televisión definidos por el legislador que en la práctica en Colombia en la actualidad no existe televisión gratuita o toda la televisión es paga en virtud de que por la ausencia de vigilancia y control de la Autoridad Nacional de Televisión los operadores de televisión por suscripción han desmontado los cables de acceso a antenas aéreas, los han reemplazado por los suyos y de esta manera han sometido a los usuarios a que las señales de la televisión abierta solo es recibida a través de sus receptores decodificadores de tal manera que si el suscriptor no paga los servicios y estos les son suspendidos queda también sin la posibilidad técnica real de acceder a las señales de la televisión abierta gratuita”.
Que, de acuerdo con lo anterior, la presente acción de cumplimiento no puede ser analizada “[...] asignándole el propósito aislado de obtener el cumplimiento de una norma técnica exigida de manera caprichosa en una norma regulatoria sino que sin perjuicio de la finalidad asignada a este tipo de acciones, la valoración del cumplimiento exigido debe ser analizado de manera integral”.
Que el juez de la causa no puede olvidar que lo que se pide en este caso es el cumplimiento del deber de inspección, control, seguimiento a cargo de la ANTV a fin de que sea efectivo el requerimiento técnico que se exige a los operadores de televisión por suscripción que prestan el servicio público de televisión, para lo cual debe tenerse en cuenta que en el artículo 21 del Acuerdo 11 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión dispuso las: “CONDICIONES DE ACCESO A TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA. El concesionario está obligado a garantizar e informar a sus usuarios sobre el derecho a acceder a los canales de televisión que se transmitan de manera radiodifundida”.
Por último, puso de presente que la presente controversia giraba en torno “[...]a la posibilidad de que los colombianos puedan recibir las señales digitales que transmiten los canales Privados Caracol y RCN del mundial Brasil 2013 que guarda estrecha relación con la acción promovida por mi mandante y que podría afectar el modelo de prestación del servicio público de televisión...”.
De conformidad con los artículos 150 de la Ley 1437 de 2011 y 1º del Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011, por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, esta Sección es competente para pronunciarse sobre la apelación que interpuso la autoridad demandada contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en la que declaró parcialmente probada la excepción de cosa juzgada y negó por improcedente la acción de cumplimiento.
Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2014 ante la ANTV, la actora solicitó el cumplimiento de los artículos 3º literal a), 11 literal b) de la Ley 1507 de 2012; 5º literal b) de la Ley 182 de 1995 y del numeral 4º anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006, expedido por la Comisión Nacional de Televisión.
De la comparación de la anterior petición con el escrito de la demanda, la Sala advierte que se trata de la misma normativa que mediante esta acción se pretende hacer cumplir. En consecuencia, encuentra debidamente acreditado la constitución en renuencia a la autoridad demandada.
5. Las normas incumplidas.
Como se anticipó se solicita el cumplimiento de los artículos 3º literal a), 11 literal b) de la Ley 1507 de 2012; 5º literal b) de la Ley 182 de 1995 y del numeral 4º anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido por la Comisión Nacional de Televisión, cuyo contenido es el siguiente:
— Literal a), artículo 3º de la Ley 1507 de 2012(2)
“FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV). De conformidad con los fines y principios establecidos en el artículo 2º de la Ley 182 de 1995, la ANTV ejercerá las siguientes funciones, con excepción de las consignadas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la presente ley:
a) Ejecutar para el cumplimiento de su objeto los actos y contratos propios de su naturaleza”.
ART. 11.—Distribución de funciones en materia de control y vigilancia. La Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de entidad concedente deba realizar la ANTV, de conformidad con el artículo 14 de la presente ley, y de aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley.
— El literal b), artículo 5º de la Ley 182 de 1995(3)
“ART. 5º—Funciones. <Ver notas de vigencia> <Ver notas del editor al final de este artículo> En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:
b. Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar”.
— El anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido por la Comisión Nacional de Televisión:
“4. Acceso al usuario
Las señales portadoras de los programas del servicio de televisión por suscripción en ningún caso podrán generar interferencias en el espectro radioeléctrico”.
En el escrito de apelación, el recurrente invocó normas que en la demanda no figuraban como incumplidas y respecto de las cuales no se agotó el requisito de constitución en renuencia, como lo son, el artículo 11 de la Ley 680 de 2006 y el artículo 21 del Acuerdo 11 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión. Por tal razón, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto de dichas disposiciones.
La señora María del Rosario Pardo solicita el cumplimiento de los artículos 3º literal a), 11 de la Ley 1507 de 2012; 5º literal b) de la Ley 182 de 1995 y del numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006, expedido por la Comisión Nacional de Televisión (por el cual se dictó el reglamento del servicio de televisión por suscripción).
En consecuencia, solicitó que la ANTV “requiera a todos y cada uno de los concesionarios con el fin de verificar si, todos y cada uno de los operadores de televisión por suscripción en Colombia, provean (sic) a sus usuarios, ´un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida´, tal como expresamente lo ordena el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 que reglamenta la prestación del servicio de televisión por suscripción”
Por su parte el a quo declaró parcialmente probada la excepción de cosa juzgada respecto del numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 expedido por la Comisión Nacional de Televisión y negó las pretensiones en relación con los artículos 3º literal a), 11 de la Ley 1507 de 2012; 5º literal b) de la Ley 182 de 1995. Por lo que compete a esta Sala, en virtud del recurso de apelación, resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia cuestionada.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia con fundamento en las siguientes precisiones:
1. De la cosa juzgada. Reiteración jurisprudencial.
Sobre esta figura la Sección Quinta del Consejo de Estado ha expresado(4) que “el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable”.
Que el elemento formal de la cosa juzgada tiene que ver con la imposibilidad de que el juez pueda volver a pronunciarse dentro del mismo proceso sobre un asunto que decidió en providencia ejecutoriada o, que otro juez, en proceso diferente resuelva sobre una materia debatida con identidad de pretensiones y fundamentos jurídicos. También se ha sostenido que el elemento material de la cosa juzgada tiene relación con la intangibilidad de la sentencia, en el entendido que se tiene por cierto que el juez de conocimiento se ocupó de la relación objeto de la contienda y que la decisión la adoptó respetando las formas propias del juicio”(5).
Que para estar en presencia del fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio(6), no es necesaria la identidad de partes, en específico de la demandante, pues al igual que acontece con las acciones populares(7), el carácter púbico de la acción de cumplimiento implica que puede instaurarse por cualquier persona(8) y que así mismo la sentencia que decide la solicitud de cumplimiento respecto de actos administrativos de carácter general y abstracto o de normas con fuerza material de ley genera efectos erga omnes y, por tanto, cobija a toda la comunidad y no a un sujeto en particular.
Porque la acción de cumplimiento que prevé el artículo 87 de la Constitución Política, se creó con la finalidad de obtener de las autoridades públicas la materialización de normas con fuerza de ley o actos administrativos, lo cual, sin lugar a dudas y tratándose de actos de carácter impersonal y abstracto, redunda en beneficio de la colectividad y no de una persona específicamente considerada(9).
Con fundamento en dichos parámetros, pasa la Sala a estudiar si en este caso se configuró el fenómeno de cosa juzgada.
— En el expediente (fls. 94 al 106) obra copia del fallo proferido el 14 de noviembre de 2013(10) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” en la acción de cumplimiento ejercida por la señora Mary Mosquera Perea contra la Autoridad Nacional de Televisión. En ese caso, la accionante solicitó que se ordenara a la demandada el cumplimiento de numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006 expedida por la CNTV, toda vez que “[...] los concesionarios del servicio de televisión deben proveer a los usuarios un aparato (selector). Ese aparato permite que se pueda recibir la televisión de canales abiertos (televisión radio difundida) directamente sin que tenga que hacerse a través de operador de cable. Ese selector, permite que si yo soy suscriptor de un operador de cable y dejo de serlo o se me corta el servicio por falta de pago, yo pueda recibir la señal de los canales abiertos”.
Como sustento de dicha pretensión, se adujo que el servicio de televisión por suscripción es una modalidad del servicio público de televisión el cual está sujeto a la regulación de la Autoridad Nacional de Televisión.
El mencionado tribunal, respecto del presunto incumplimiento de la mentada norma, concluyó:
1º. El único deber consagrado en ese informe, está en cabeza de los concesionarios.
2º. Ese deber, en efecto es claro, expreso y exigible, requisitos del deber que desarrolla la acción de cumplimiento.
3º Pero ese deber, no está en cabeza de la ANTV.
De esta forma se evidencia que del numeral trascrito, objeto de acción de cumplimiento, no se evidencia ninguna obligación que deba ser cumplida por parte de la ANTV, lo que permite afirmar que no se cumple con el tercer requisito, toda vez que la norma no contiene un deber jurídico actualmente exigible.
La Sala considera que el numeral no contiene un deber claro en cabeza de la entidad demandada, pues no señala que esta deba proveer un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario, y mucho menos, como lo pretende ver la demandante, que ella deba garantizar que los concesionarios cumplan con ello, esto es, no hay una obligación por cumplir de parte de la ANTV”.
— Ahora bien, en el sub examine, según lo expuesto en líneas anteriores, también se solicita que se ordene a la ANTV acatar lo dispuesto en el mismo numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006 expedido por la CNTV, en el sentido de que se “[...] requiera a todos y cada uno de los concesionarios con el fin de verificar si, todos y cada uno de los operadores de televisión por suscripción en Colombia, provean a sus usuarios, ´un selector conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida´, tal como expresamente lo ordena el numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 que reglamenta la prestación del servicio de televisión por suscripción” (Negrilla fuera de texto).
Dentro de este contexto, a juicio de la Sala es claro que los hechos, las pretensiones y la entidad demandada son los mismos respecto de los cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, ya se pronunció en la sentencia del 14 de noviembre de 2013 en el sentido de determinar que numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006 expedida por la CNTV no contiene un mandato imperativo que éste llamada a cumplir.
Por tal razón, como se anticipó la Sala confirmará la decisión de declarar la cosa juzgada en relación la pretensión de exigir de la demandada el cumplimiento del numeral 4º del anexo técnico del Acuerdo Nº 10 de 2006 expedida por la CNTV, toda vez que el citado punto de controversia, es una materia ya definida.
2. Respecto del incumplimiento de los artículos 3º literal a) y 11 de la Ley 1507 de 2012 y artículo 5º literal b) de la Ley 182 de 1995
Las referidas disposiciones, a la letra disponen:
— Literal a), artículo 3º de la Ley 1507 de 2012(11)
— Literal b), artículo 5º de la Ley 182 de 1995(12)
De la transcripción de dichos preceptos advierte la Sala que si bien tales disposiciones se refieren a funciones propias de la entidad demandada relacionadas, entre otras, i) la ejecución de contratos para el cumplimiento de su objeto, ii) la inspección, vigilancia, seguimiento y control en la adecuada prestación del servicio público de televisión, iii) la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que sea oponible la reserva o inviabilidad de los mismos y iv) la imposición de sanciones, es lo cierto que por la precaria argumentación de la demanda, la actora no explicó al menos de manera sumaria la forma en que la ANTV ha omitido tales deberes en el presente caso, que en particular trata “sobre la inadecuada prestación del servicio público de televisión”.
En efecto, como se puso de presente en líneas anteriores, en el escrito de la demanda la señora María del Rosario Pardo se limitó a trascribir las disposiciones que, a su juicio, no han sido acatadas por la ANTV, pero omitió exponer, así fuese sucintamente, las razones por las cuales arribó a tal conclusión.
Ante ese escenario, el juez de la causa no puede suplir el deber mínimo que tienen las partes de presentar y exponer los hechos y argumentos que le sirven de sustento a sus pretensiones, que es lo que sucedió en el presente caso.
Además, si bien en el escrito de apelación reiteró las pretensiones de la demanda, es lo cierto que la recurrente enfocó sus esfuerzos en desvirtuar la existencia de cosa juzgada respecto del cumplimiento del artículo 21 del Acuerdo 11 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión, mas no demostró que las demás disposiciones a las que se hace referencia en la solicitud de cumplimiento hayan sido desconocidas.
Asimismo, tampoco obra prueba alguna en el expediente que permita a la Sala verificar que alguno de dichos deberes se encuentre incumplido por parte de la autoridad demandada.
Las anteriores constituyen razón suficiente para confirmar la decisión de primera instancia.
1. CONFIRMAR la sentencia del 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.
1 M.P. Dr. Luis Manuel Lasso Lozano.
3 Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran <sic> entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.
4 Ver sentencia del 1º de febrero de 2010, Exp. 2009-00025-02, C.P. Susana Buitrago Valencia.
5 Sentencia del 17 de julio de 2014, Exp. 2013-00469-01, C.P. Susana Buitrago Valencia.
6 La Sala aclara que en las acciones en que se persiga el cumplimiento de un acto de carácter particular y concreto, sí es necesaria la existencia de identidad de partes, tanto demandante como demandada.
7 “Cuando se habla de identidad de partes no se hace referencia a la igualdad respecto de las personas que acuden al proceso como demandantes. Justamente, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que la misma corresponde a un límite subjetivo que no implica la coincidencia de carácter físico sino jurídico, por lo que lo realmente determinante es a quiénes perjudica o beneficia la decisión”.
Lo anterior resulta comprensible en el entendido en que la parte actora y los titulares de los derechos e intereses colectivos generalmente no coinciden, entonces se ha aclarado que lo importante para que opere la cosa juzgada es que los responsables de su afectación sean los mismos, toda vez que por la naturaleza difusa de los derechos en juego la protección recae sobre toda la comunidad, esto en razón a que la sentencia no vincula solamente a las partes sino a toda la población, por eso se habla de sus efectos “erga omnes”.
Finalmente y en relación con la identidad de causa, ésta se relaciona con la razón por la cual se acude al juez. Se ha indicado que para vislumbrar su ocurrencia debe acudirse a los hechos contenidos en las demandas, al ser estos los que motivan o fundamentan el ejercicio de la acción”.
8 Artículo 1º de la Ley 393 de 1997.
9 Que, además, el referido mecanismo constitucional también tiene como propósito lograr el respeto por la ley como principio fundamental en un Estado de Derecho, en aras de lograr la satisfacción del interés general, lo cual, valga la pena aclarar, como se verá en el caso objeto de estudio, puede garantizarse mediante una única orden judicial de cumplimiento dirigida a la respectiva autoridad pública”.
10 De acuerdo con el Sistema de Gestión Judicial Siglo 21, se verifica que dicha decisión no fue objeto de apelación alguna. Esto es, se encuentra en firme y ejecutoriada.
11 Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones.
12 Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestreucturan <sic> entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.