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Timestamp: 2019-10-16 00:35:58
Document Index: 202517512

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 157', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 157']

Real Decreto 2/1997, de 10 de enero, por el que se determinan los requisitos para participar en el procedimiento restringido para la adjudicación, por concurso, de acciones de la sociedad referida en el articulo 4 del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, y los criterios para la selección de los participantes y la resolución del concurso.
Publicado en BOE de 15 de Enero de 1997
Vigencia desde 16 de Enero de 1997
Artículo 2 Requisitos para participar en el procedimiento restringido
Artículo 3 Capacidad técnica, económica y financiera de los solicitantes
Artículo 5 Compromisos de los solicitantes
Artículo 6 Uniones de empresarios
Artículo 7 Criterios que han de regir la selección de los participantes
Artículo 8 Composición y funciones de la Mesa de Contratación
Artículo 9 Organo de contratación
Artículo 10 Criterios de selección del adjudicatario
Artículo 11 Actuaciones posteriores a la adjudicación del concurso
Primera Autorización para fijar las bases del procedimiento restringido de adjudicación de acciones
L 12/1997 de 24 Abr. (liberalización de las telecomunicaciones)
Téngase en cuenta que el R.D. Ley 6/1996, 7 junio («B.O.E.» 8 junio), ha sido derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 12/1997, 24 abril, de liberalización de las telecomunicaciones («B.O.E.» 25 abril).
El Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, ha establecido en su artículo 4 las bases para la creación de un «segundo operador de telecomunicaciones», al determinar en el apartado dos que el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION) constituirá una sociedad anónima a la que aportará la totalidad de los bienes y derechos que integran la red pública de telecomunicaciones, a cuyos efectos el Estado ha integrado por dicho Real Decreto-ley en el patrimonio del Ente Público RETEVISION los bienes y derechos pertenecientes al Estado que hasta entonces gestionaba RETEVISION en régimen de adscripción, los cuales han dejado de tener la consideración de bienes de dominio público.
Esta nueva sociedad, además del desarrollo, implantación, explotación y comercialización de servicios de telecomunicación para los que de acuerdo con la legislación vigente, obtenga título habilitante, tendrá por objeto esencial la prestación de los servicios de telecomunicaciones que tenía atribuidos el Ente Público RETEVISION, a excepción del servicio portador de los servicios de difusión que continuará prestándose por el ente público hasta la finalización del plazo referido en el artículo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, según establece la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.
Entre los servicios de telecomunicación que han de ser prestados por la nueva sociedad destaca el servicio final de telefonía básica, en su triple ámbito de servicio telefónico urbano, interurbano e internacional, cuyo título habilitante ha sido otorgado a RETEVISION por el apartado uno del mismo artículo del Real Decreto-ley 6/1996. Como quiera que con ello ha de producirse una novación del título habilitante para la prestación de dicho servicio, la disposición adicional única del Real Decreto-ley 6/1996 preceptúa que la transformación de la habilitación otorgada al Ente Público RETEVISION, en régimen de gestión directa, en un título habilitante para la gestión indirecta del servicio por la nueva sociedad, se realizará mediante el correspondiente contrato de gestión de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, autorizada ya por acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 1996 la creación de la sociedad estatal que dará nacimiento al «segundo operador de telecomunicaciones», resulta preciso desarrollar lo dispuesto en el apartado nueve del artículo 4 del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, y determinar los requisitos exigibles a las personas que deseen participar en el procedimiento restringido para la adjudicación por RETEVISION, mediante concurso, del 51 por 100, como mínimo, del capital de la nueva sociedad, una vez aprobada la valoración de esta compañía por acuerdo del Consejo de Ministros, así como los criterios que habrán de regir para la selección de los participantes y para la resolución de dicho concurso.
DISPONGO: Téngase en cuenta que el R.D. Ley 6/1996, 7 junio («B.O.E.» 8 junio), ha sido derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 12/1997, 24 abril, de liberalización de las telecomunicaciones («B.O.E.» 25 abril).
1. Este Real Decreto tiene por objeto la determinación de los requisitos para participar en el procedimiento restringido para la adjudicación por el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, mediante concurso, del 51 por 100, como mínimo, del capital de la sociedad a que se refiere el artículo 4.dos del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones; los criterios que habrán de regir para la selección de los participantes y para la resolución del concurso; la composición y funciones de la Mesa de Contratación, y la designación del órgano que habrá de adjudicar las acciones de la sociedad.
2. En todo lo no establecido en este Real Decreto será de aplicación lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
1. Podrán solicitar su participación en el procedimiento restringido referido en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten la capacidad o solvencia técnica, económica y financiera en los términos señalados en el artículo siguiente, y no se hallen comprendidas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas por el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. No podrán participar directa o indirectamente en el procedimiento restringido las personas jurídicas que sean poseedoras de títulos habilitantes para la prestación de servicios finales de telecomunicación en el territorio español, ni aquellas otras sobre las que el concesionario de dichos servicios pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante.
a) La capacidad y solvencia técnica se exigirá en relación con las actividades a desarrollar por la sociedad y se acreditará mediante una declaración responsable en la que se detallará la experiencia de los solicitantes en la explotación de redes, así como en servicios de telecomunicación, y en la comercialización de servicios dirigidos al público en general, con relación detallada de los servicios o trabajos realizados en los últimos tres años en las actividades indicadas; a ello deberán acompañarse las certificaciones expedidas por organismos oficiales nacionales, extranjeros o internacionales que acrediten los extremos señalados, y se indicarán las condiciones en las que se dispone de infraestructuras y derechos de paso susceptibles de ser utilizados para la prestación de servicios de telecomunicación en el territorio español.
b) La capacidad y solvencia económica y financiera se acreditará mediante declaración de entidad o entidades financieras que acrediten que a su juicio el licitador posee la solvencia económica y financiera suficiente para la adquisición de las acciones de la sociedad, y para asumir los demás compromisos económicos que, en su caso, se exijan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) El cumplimiento del requisito sobre porcentaje de participación del capital de personas físicas extranjeras o de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, se acreditará con el oportuno certificado del correspondiente órgano de la sociedad.
a) De confidencialidad. En garantía de la eficacia de este compromiso de confidencialidad, el licitador quedará obligado, en el caso de resultar admitido e invitado a presentar proposiciones, a suscribir los documentos que se indiquen al efecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y a constituir una fianza con carácter previo al examen de la documentación confidencial. Su cuantía, plazo y forma de constitución se concretarán en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) De permanencia en el capital de la sociedad, durante un período mínimo de cinco años, con un porcentaje igual o superior al inicialmente suscrito, en el caso de resultar adjudicatario, sin perjuicio de la posibilidad de ofertar un compromiso mayor de acuerdo con lo que se indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) De formalización del contrato de compraventa de las acciones objeto del concurso que puedan adjudicársele y del contrato entre accionistas, que se publicarán como anejos 1 y 2 respectivamente a las bases del pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso.
d) De suscripción por la sociedad del contrato de gestión del servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. A estos efectos, junto a las bases del pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso se publicará el indicado contrato de gestión, como anejo 3.
e) De no participar simultáneamente, de manera directa o indirecta, en la gestión de la sociedad o de sus filiales y en cualquier otra entidad que ostente título habilitante para la prestación de servicios finales de telecomunicación en territorio español, o en las que esta última pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante.
f) De mantenimiento en la nueva sociedad del personal del Ente Público RETEVISION, conservando aquél los derechos que tuviera en el momento de la integración.
1. Cuando dos o más empresarios soliciten acudir a la licitación constituyendo una unión, cada uno de aquéllos deberá presentar, además de los documentos exigidos por el pliego de cláusulas administrativas particulares, otro documento en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios, la participación que cada uno de ellos pretenda adquirir en el capital de la sociedad y la persona o entidad que designan para representarles ante el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión durante el procedimiento de adjudicación y enajenación de las acciones, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos ellos frente al ente público.
2. En el caso a que se refiere este artículo, los empresarios deberán presentar un compromiso específico de mantener la unión entre ellos en el supuesto de resultar invitados a participar en el concurso o, en su caso, a que cualquier variación de aquélla se ajuste a lo establecido en los párrafos siguientes. A estos efectos, deberán prestar una fianza para el cumplimiento de dicho compromiso, cuyo importe se indicará en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
a) La composición final de la unión de empresarios deberá ser puesta en conocimiento de la Mesa de Contratación, por escrito dirigido a la misma, con la antelación a la finalización del plazo para presentar proposiciones que se indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) La comunicación a que se refiere el párrafo anterior deberá indicar la composición y porcentajes definitivos de la unión que vaya a presentar su proposición, e ir acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos indicados en este Real Decreto, a efectos de comprobar que concurren los exigidos para la presentación de la oferta.
c) La Mesa de Contratación decidirá, con carácter previo a la apertura de las proposiciones, la admisión o no de la presentada por la unión de empresarios entre cuyos miembros hubiera existido alguna variación. La inadmisión de la proposición llevará consigo la pérdida de la fianza constituida al efecto.
1. La Mesa de Contratación estará compuesta por un Presidente y cuatro Vocales. El Presidente y dos de los Vocales serán designados por el Ministro de Fomento; los otros dos Vocales serán nombrados, respectivamente, por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Consejo de Administración del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión de entre sus miembros. Igualmente, formará parte de la Mesa, con voz, pero sin voto, el Secretario Letrado del Consejo de Administración del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, que actuará a su vez como Secretario de la Mesa.
Al ostentar el representante del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión la condición de Consejero de dicho ente, aquél se abstendrá de estar presente y tomar parte en las deliberaciones que efectúe el Consejo de Administración de RETEVISION relativas al concurso de venta de acciones de la sociedad, así como en la votación que aquél efectúe para la adjudicación de las acciones o, en su caso, declararlo desierto.
2. La Mesa de Contratación tendrá las siguientes funciones:
a) La apertura y calificación de la documentación exigida para ser invitado a presentar proposiciones al concurso.
b) La admisión o no de las solicitudes presentadas para participar en el concurso y proponer al órgano de contratación los empresarios que hayan de invitarse a formular proposiciones.
c) La apertura de las proposiciones presentadas.
d) La admisión o no de las proposiciones para la adjudicación de las acciones.
e) La solicitud a los licitadores de cuantas aclaraciones entienda pertinentes.
f) El análisis de las proposiciones presentadas y la elevación de la propuesta de adjudicación motivada al órgano de contratación o, en su defecto, la de declarar desierto el procedimiento.
g) Cualesquiera otras facultades relacionadas directa o indirectamente con sus funciones que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares o se deduzcan de la legislación vigente.
1. La Mesa de Contratación evaluará las ofertas aplicando los siguientes criterios:
a) La experiencia del licitador en la explotación de redes y servicios de telecomunicación y en la comercialización de redes dirigidas al público en general.
c) La aportación y puesta a disposición de la sociedad, por el licitador, por cualquier título jurídico válido, de infraestructuras y derechos de paso utilizables para la prestación de servicios de telecomunicación. Se valorará especialmente el grado de integración de los activos en el patrimonio de la sociedad, las condiciones de la aportación o puesta a disposición de derechos de paso e infraestructuras, así como la complementariedad de los mismos para la prestación de los servicios de telecomunicación en el territorio español.
d) La maximización de las aportaciones a la economía nacional que resulten del desarrollo de la sociedad, como operador de redes y servicios de telecomunicación, valorándose especialmente las aportaciones directas o indirectas a la creación de empleo, así como el compromiso del licitador de contratar personal de empresas del sector audiovisual en proceso de reestructuración o reordenación y en concreto del Ente Público RTVE y de sus sociedades estatales.
e) Las mejoras en las condiciones de prestación establecidas en el contrato de gestión de servicio público a que se refiere el párrafo primero de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones.
g) Las inversiones a las que se comprometa el licitador para el desarrollo de la sociedad como operador de redes y servicios de telecomunicación y, en su caso, el compromiso de suscribir una o varias ampliaciones de capital en los términos que se establezcan en el oportuno pliego de cláusulas administrativas particulares.
h) El compromiso del licitador de permanencia en el capital social de la sociedad, en la misma o superior participación a la que inicialmente suscriba, por un plazo mínimo de cinco años.
i) La viabilidad y desarrollo futuro de la sociedad como empresa de servicios de telecomunicaciones, dentro de un entorno competitivo en función del plan estratégico que proponga el licitador.
j) Otras aportaciones que permitan incrementar el valor del negocio actual y futuro de la sociedad.
2. El orden de prelación de los criterios indicados, su puntuación, su posible agrupación, su valoración y el modo de acreditarlos, se concretará en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Ministro de Fomento aprobará por Orden las bases del procedimiento restringido de adjudicación de acciones a que habrá de ajustarse el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión en la enajenación, mediante concurso, del capital de la sociedad a que se refiere este Real Decreto, así como el porcentaje de dicho capital que habrá de ser objeto de enajenación.