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Timestamp: 2018-06-24 10:35:18
Document Index: 334129632

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 324', 'artículo 30', 'artículo 247', 'artículo 2', 'artículo 445', 'artículo 88', 'artículo 220', 'artículo 445', 'in dubio', 'artículo 21']

Proceso No 12742 corte suprema de justicia sala de casación penal magistrado ponente
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Radicado 12.742 Casación
José Edilson Espitia y Elber Alfonso Medina
Un Juzgado Regional de Bogotá, el 22 de junio de 1.995, absolvió a José Edilson Espitia Espitia y a Elber Alfonso Medina, quienes habían sido acusados, en calidad de cómplices, del homicidio de Abraham Noguera Rodríguez, agente activo de la Policía Nacional.
Corresponde a la Sala, luego de admitidas las demandas y obtenido el concepto del Procurador Primero Delegado en lo Penal, pronunciarse sobre la legalidad de la sentencia.
A eso de las 4:30 de la tarde, un automotor tipo taxi, afiliado a la empresa Furatena, pasó por allí sin respetar la orden de detenerse. En él se desplazaban cinco hombres.
Cuando les dieron alcance, quien iba a la derecha del conductor se bajó rápidamente del taxi y disparó contra el agente Noguera Rodríguez. Las heridas le causaron la muerte cuando era conducido al hospital de Ráquira.
Al día siguiente, en un parqueadero de Chiquinquirá, fue localizado el vehículo. Elber Alfonso Medina, su conductor, se presentó voluntariamente ese mismo día ante las autoridades. La captura de José Edilson Espitia Espitia, en cambio, se obtuvo a partir de las indicaciones que sobre su lugar de residencia suministró el primero de los nombrados.
1. Iniciada la investigación, luego de ser indagados Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia Espitia, un Fiscal Regional de Bogotá les resolvió la situación jurídica el 9 de septiembre de 1993. En esa providencia, les dictó medida de aseguramiento, sin derecho a excarcelación, por el delito de homicidio agravado. Apelada esta decisión, fue ratificada el 19 de enero de 1.994, por un Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional.
2. Cerrada la investigación, fue calificado su mérito el 18 de agosto de 1.994. En esa providencia, se acusó, a título de cómplices, a los dos procesados, por el delito de homicidio agravado y se dispuso precluir la investigación por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Impugnada esta providencia, y remitida al Ad quem en razón del grado de consulta, fue confirmada el 15 de noviembre de 1.994, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional.
3. Recibido el proceso por un Juez Regional, y seguido el trámite correspondiente, los procesados fueron absueltos el 22 de junio de 1.995. Ante la apelación interpuesta por la fiscalía, el Tribunal Nacional revocó el fallo y, en su lugar, los condenó en calidad de cómplices, por el delito de homicidio agravado, a la pena principal de 21 años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por un período de 10 años, se abstuvo de condenar por perjuicios y les negó la condena de ejecución condicional.
La sentencia viola, por vía directa, la ley sustancial. Por eso enmarca su reproche dentro de los lineamientos de la causal primera de casación. En concreto, dice que el sentenciador, por aplicar indebidamente el artículo 30, numeral 8°, de la Ley 40 de 1.993, y los artículos 24 y 25 del Código Penal de 1.980, dejó de aplicar el artículo 2° de esta misma obra.
Así sustenta el cargo:
En el vehículo conducido por Elber Alfonso Medina, además de Daniel, Danilo Norato y Humberto Buitrago Barreto, apodado “Natas”, iba José Edilson Espitia. Los únicos testigos directos de lo ocurrido dentro del taxi, fueron el primero y el último de los nombrados.
El relato de Medina concuerda con el de José Edilson Espitia. Ambos refieren que Humberto Buitrago, quien viajaba a la derecha del conductor, cuando avistó el retén policial, sacó una pistola, le apuntó a Elber Alfonso Medina a la altura del tórax y le ordenó sobrepasar los símbolos viales que le indicaban detenerse. Después, cuando el agente Abraham Noguera Rodríguez los alcanzó y los obligó a parar, el mismo Humberto Buitrago, conocido como “Natas”, se bajó y le disparó al policía.
Tal como está probado, lo anterior indica, dice el casacionista, que Elber Alfonso Medina, compelido por la amenaza contra su propia vida, fue determinado a actuar como lo hizo. Jamás existió en él, como lo supuso el Tribunal, el elemento volitivo contenido en el artículo 24 del Código Penal de 1.980. Puede afirmarse, por tanto, que no prestó ayuda o colaboración eficaz al ejecutor material del homicidio. Imposibilitado como se hallaba, no podía evitar la consumación del delito. Por esa razón, no existió ninguna omisión consciente de su parte.
Menos aún puede sostenerse que Medina, cuando condujo en las condiciones descritas al homicida, quebrantó su rol de garante de la vida del agente de la policía. No tenía asignada él, por un lado, una función específica de protección sobre la víctima y, por otro, el servicio de transporte que le prestó al autor de la conducta punible no era eficaz e indispensable para alcanzar el objetivo, por cuanto cualquier otro conductor de servicio público hubiera podido brindárselo. De ahí, dice el recurrente, la inocuidad de su intervención en este sentido.
Dadas las circunstancias descritas, que constituyen fiel reflejo de lo sucedido, el juzgador aplicó indebidamente las siguientes normas:
Si Elber Alfonso Medina no prestó su voluntad para facilitarle a Humberto Buitrago la comisión del homicidio del agente Abraham Noguera, puesto que de ello no existe prueba en contrario, erróneamente el sentenciador, cuando en su fallo expresó que las circunstancias personales del autor y las materiales del hecho se comunicaban al procesado, aplicó indebidamente el artículo 25 del Código Penal de 1.980.
Del mismo modo, por cuanto Medina no actuó voluntariamente para contribuir al asesinato del agente Noguera ni violó el rol de garante de su vida, el Tribunal, al imponerle sanción a título de cómplice, aplicó indebidamente el numeral 8° del artículo 324 del Código Penal de 1.980 y el numeral 8° del artículo 30 de la Ley 40 de 1.993.
Más aún. El Tribunal, sin estar demostrado el elemento subjetivo exigido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal de 1.991, aplicó indebidamente esa norma. Sin tener certeza sobre la responsabilidad penal del procesado, y en contra de las evidencias procesales, lo declaró culpable, a título de cómplice, de un delito en el cual no tuvo participación por conducta activa u omisiva.
A manera de contrapartida, el censor señala las normas que dejó de aplicar el juzgador:
Constituía obligación del Tribunal demostrar la responsabilidad penal del incriminado. Pero no lo hizo. Supuso que Elber Alfonso Medina había prestado voluntariamente su concurso para facilitar el homicidio y que había quebrantado su rol de garante de la vida del agente. Por eso, porque la conducta de Medina no estuvo signada por el dolo, y por cuanto además este elemento anímico no se demostró, el juzgador dejó de aplicar el artículo 2° del Código Penal de 1.980.
Además, y por último, el recurrente sostiene que el fallador, dado que la presunción de inocencia en favor de Elber Alfonso Medina nunca fue desvirtuada, dejó de aplicar el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal de 1.991.
Sobre estas bases, el impugnante solicita a la Sala casar la sentencia y, como consecuencia, proceder a dictar fallo de sustitución mediante el cual se absuelva a su defendido.
2. Demanda del defensor de José Edilson Espitia.
Invoca la causal tercera de casación. Dentro de ese marco de referencia, tres son los reproches que le hace a la sentencia del Tribunal:
2.1. La ruptura de la unidad procesal violó a su defendido el debido proceso y el derecho de defensa.
La sentencia, en su criterio, está fundada sobre un proceso viciado de nulidad. Desde los inicios de la investigación, se estableció que eran cinco las personas involucradas en el homicidio del agente Abraham Noguera. Sólo dos de ellas –Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia- fueron vinculadas formalmente al proceso. Respecto de las demás, y pese a que estaban debidamente identificadas, la fiscalía decidió, por aplicación innecesaria de la figura de la ruptura procesal (artículo 88 del Código de Procedimiento Penal de 1.991), adelantar por separado la investigación correspondiente.
Los hechos en los cuales perdió la vida el agente Abraham Noguera, sólo fueron percibidos por los ocupantes del taxi que conducía Elber Alfonso Medina. Únicamente se escucharon las versiones de dos de ellos: la del propio Elber Medina y la de José Edilson Espitia. Apoyado en ellas y en el relato de los agentes que acudieron al lugar, se dedujo su grado de participación en el homicidio. Se imponía, para tener acceso al reflejo exacto de lo ocurrido, confrontar el contenido de sus indagatorias con las de los demás ocupantes del vehículo.
Esta visión unilateral de los hechos, no permitió al Tribunal hacerse con la verdad real de lo sucedido. Su decisión no tiene correspondencia con lo probado a través de esas versiones. Lo adecuado hubiera sido que el juzgador, frente a la inocencia pregonada por los dos procesados, y a falta de prueba en contrario, los eximiera de culpabilidad. De lo dicho por ellos, no se deduce compromiso penal alguno en los hechos investigados. En sus descargos, han insistido en que el acto homicida fue obra, sin su concurso, de la voluntad de Humberto Buitrago.
El rompimiento prematuro de la unidad procesal, constituye una actuación errónea del instructor. Por esa causa, no fue posible conocer la versión de los demás ocupantes del taxi. Esta circunstancia condujo al Tribunal, por haber captado apenas a un fragmento de lo sucedido, a equiparar las pruebas que comprometen a Elber Alfonso Medina con las que obran a favor de José Edilson Espitia.
De ahí que la deducción de la responsabilidad penal de Espitia haya sido forzada. A Elber Alfonso Medina se le condenó, en su calidad de conductor del automotor, por haber prestado supuestamente una ayuda eficaz al autor directo del homicidio. Se le acusó de haber hecho caso omiso de las señales fijadas en el retén policial y de efectuar maniobras con su carro para poner en óptima posición de tiro al homicida.
Esos mismos reproches, subraya el casacionista, no pueden hacérsele a Espitia. Él, en estado de embriaguez, viajaba en el centro del asiento de atrás de vehículo. En estas condiciones, le resultaba imposible prestarle una colaboración eficaz al autor del homicidio.
La ruptura de la unidad procesal, entonces, aparte de que afectó el derecho de defensa de su protegido, propició que se le juzgara sin la observancia de las formalidades propias de un debido proceso.
2.2. El instructor omitió practicar la diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos.
Esta prueba era necesaria para demostrar que el testimonio de los uniformados compañeros de la víctima, cuando afirman que a él lo respaldaba en la motocicleta el suboficial Joaquín Alberto González, riñe con la verdad.
Si es cierto lo que refieren los declarantes, la reconstrucción de los hechos tendría que explicar por qué razón, si el cabo Rodríguez, en su calidad de parrillero del finado, disparó a una distancia de dos metros toda la carga de su arma contra el taxi y sus ocupantes, no acertó, a pesar de su pericia, a dar en ninguno de los dos blancos.
De no aclararse por ese medio esta circunstancia, forzosamente tendría que haberse concluido, a tono con la narración de los inculpados, que el agente Abraham Noguera, cuando abordó a quienes se transportaban en el automotor, viajaba solo en la moto. Todo lo cual, por obvia inferencia, hubiera conducido a descalificar la credibilidad de los agentes que declararon dentro del proceso.
2.3. La prueba de alcoholemia era indispensable para hacer claridad sobre el estado anímico de los sentenciados en el momento de la ocurrencia de los hechos.
Los procesados admitieron que en el momento del crimen se hallaban bajo el efecto del licor. El Tribunal, en su sentencia, se apoyó en esta circunstancia para afianzar su juicio de condena. Pero no la tuvo en cuenta para evaluar su capacidad de análisis y su equilibrio psíquico al momento de enfrentar la situación imprevista creada por el autor directo del homicidio. Si esa prueba se hubiera practicado y allegado al proceso, el juzgador podría haber contado con mejores elementos de juicio para comprender que su estado de embriaguez les impedía intervenir, a modo de garantes de la vida del agente Noguera, para evitar la acción de Humberto Buitrago.
Estas tres irregularidades, imputables todas al instructor, concluye el casacionista, afectaron negativamente el debido proceso y el derecho de defensa del sentenciado. Por eso demanda de la Sala que declare la nulidad de lo actuado -a partir, inclusive, del auto mediante el cual se cerró la investigación-, para que, una vez subsanadas, su poderdante pueda ser sometido a un juicio conforme con las disposiciones legales y constitucionales.
El recurrente invoca la causal primera de casación, prevista en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 1.991. Por errada apreciación de todos los medios de prueba existentes en el proceso, el sentenciador violó de modo indirecto, por falta de aplicación, el artículo 445 del mismo código.
La imputación hecha a José Edilson Espitia carece de fundamento probatorio. Está cimentada en una simple suposición de su actitud frente a los hechos. El Tribunal, sin prueba que le sirviera de soporte, conjeturó en torno al comportamiento del sentenciado en el momento de la comisión del delito. A priori, concluyó que todos los ocupantes del taxi, por el hecho de viajar en compañía del directo autor, actuaron como sus cómplices. Grave este error de apreciación probatoria en que ha incurrido el Tribunal, dice el censor. Lo adecuado, lo justo, puntualiza, era haber reconocido que la prueba no era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de José Edilson Espitia. Sin estar probadas la tipicidad y la antijuridicidad, y sobre todo la culpabilidad de su conducta, no era procedente dictar en su contra una sentencia de carácter condenatorio. Por eso pide a la Sala casar la sentencia y, en su lugar, proferir un fallo absolutorio.
Aunque considera que ninguno de los cargos formulados en las demandas merece receptividad, propone, en un capítulo aparte, casar oficiosamente la sentencia. Los siguientes son sus planteamientos:
1. Respecto de la demanda en defensa de Elber Alfonso Medina.
El censor, como quedó reseñado, ataca la sentencia valido de las pautas de la causal primera de casación. La demanda, con todo, aunque en principio está correctamente formulada, en su desarrollo no observa los lineamientos técnicos propios del recurso extraordinario de casación. En la violación directa de la ley sustancial, bien sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, le está prohibido al recurrente confrontar la prueba. Esta clase de controversias está reservada para las demandas que se fundan en la violación indirecta.
El censor, en este caso, aunque admite los hechos que le sirven de base al fallador, no acepta las inferencias que de ellos extrae. A partir de las mismas pruebas que apreció el Tribunal, llega a conclusiones contrarias. Mientras al juzgador le parece que de la prueba existente aflora con toda evidencia la colaboración eficaz y voluntaria que Elber Alfonso Medina prestó en la consumación del homicidio, al casacionista se le hacen insuficientes, para ese propósito, esos elementos de convicción.
En esto radica la incorrección técnica en que ha incurrido el demandante. Si consideró que no existía prueba completa de la responsabilidad penal de Medina, no debió formular el cargo por la vía de la violación directa de la ley sustancial. Debió proponerlo, para discutir en ese ámbito la omisión, la suposición o la tergiversación de la prueba en cualquiera de sus modalidades, por la vía de la violación indirecta.
2. Demanda en defensa de José Edilson Espitia.
Cargo único. Nulidad.
El actor, anota la Delegada, enmarca el reproche dentro de los presupuestos de la causal tercera de casación. En su criterio, tres son las fallas que corroen la legalidad de la sentencia. Pero su demanda tiene desaciertos técnicos que impiden su aceptación.
2.1. Respecto a la ruptura de la unidad procesal.
A pesar de que propone la declaratoria de nulidad del proceso, basado en que al sentenciado se le obstaculizó su derecho de defensa y se le desconoció el derecho a una investigación y a un juicio acorde con las previsiones legales y constitucionales, a lo largo del desarrollo de la censura somete a crítica la apreciación de las pruebas realizada por el Tribunal.
Anota el censor, para hacer evidente su desacuerdo con el raciocinio del Tribunal, que a los inculpados, por cuanto la ruptura inoportuna de la unidad procesal no permitió conocer la versión de los demás comprometidos en el hecho, debió habérseles concedido credibilidad a sus exculpaciones, en orden a exonerarlos de cualquier compromiso penal dentro de este proceso. Si ellos manifestaron no haber prestado su voluntad para que el autor material consumara el homicidio, y si además no existía prueba en contrario de sus afirmaciones, lo razonable hubiera sido que el juzgador, en acatamiento del principio de presunción de inocencia, los hubiera absuelto del cargo que les fue atribuido en la resolución acusatoria.
Pero no termina ahí el cuestionamiento del impugnante. En otro aparte de su demanda, incluido dentro de la fundamentación de este cargo, añade que los argumentos del Tribunal, por falta de materia prima para su elaboración, son extremadamente endebles.
Así, cuando asume el juzgamiento de la conducta de José Edilson Espitia, y en razón de que no cuenta con elementos de convicción diferentes a los que él mismo ha referido, lo hace con el mismo rasero utilizado para reprochar la conducta de Elber Alfonso Medina, sin parar mientes en que la situación y la actitud de ambos durante el desarrollo de los hechos fueron diferentes.
Mientras Elber Alfonso Medina oficiaba de conductor del automóvil, por lo cual se le acusa de haber irrespetado la orden de detenerse en el retén policial y efectuar subsiguientemente maniobras para facilitar la acción homicida de Humberto Buitrago, José Edilson Espitia viajaba en el asiento de atrás, apretujado por Daniel y Danilo Norato, y sin ningún dominio sobre el desenvolvimiento del suceso.
En estas condiciones, finaliza el casacionista, no resulta ecuánime que el Tribunal, para formarse la convicción de que Espitia dio cuerpo al comportamiento propio del cómplice de un delito, haya equiparado las circunstancias en que Elber Alfonso Medina vivió el desarrollo de los hechos con las de su defendido. A partir de ellas, por ser diferentes, no podía el Tribunal, en sana lógica, extraer, como lo hizo, una conclusión similar.
Esta confrontación del acervo probatorio y de la forma como lo asumió el sentenciador, sólo es admisible cuando se ataca una sentencia por la vía de la causal primera de casación, o sea por violación indirecta de la ley sustancial, y no cuando se trata de demostrar una nulidad.
Ese error, sostiene la Delegada, torna improcedente la aceptación del cargo. Pero aún si estuviere correctamente desarrollada la censura, se impone decir que el instructor, cuando ordenó romper la unidad procesal, no transgredió las formas del debido proceso. El funcionario, antes de tomar esta decisión, hizo lo posible, como lo demuestran sus actuaciones de septiembre 9 de 1.993 y mayo 12 de 1.994, por allegar al expediente la identificación completa de Humberto Buitrago y Daniel y Danilo Norato, como condición para proceder a su emplazamiento, sin haber obtenido resultados positivos. Frente a este obstáculo, el fiscal hizo uso de los instrumentos que la ley procesal ofrece para agilizar el avance de la investigación. Valido de ellos, ordenó compulsar copias para que se investigara por separado la conducta de estas personas.
2.2. Sobre la omisión de la práctica de la inspección judicial al lugar de los hechos.
Este cargo también padece de impropiedades técnicas. El demandante, aunque en la formulación del cargo se refiere a error de hecho por omisión de prueba, al desarrollarlo centra su crítica en aspectos propios del ataque por error in iudicando. Lo primero que cuestiona es la presencia del cabo Joaquín González Marín en el lugar y en el momento en que Humberto Buitrago disparó sobre el cuerpo del agente Noguera.
Se le hace carente de verdad lo que este suboficial y los agentes bajo su mando expresaron a este respecto. De modo contrario, cree que la objetividad en este sentido está del lado de los incriminados. Ellos han relatado que la víctima, el agente Noguera, cuando interceptó el carro en que viajaban, venía solo en la motocicleta.
El Tribunal, sin embargo, ha considerado que el cabo González Marín sí le hacía compañía, en calidad de parrillero, a la víctima. Si los procesados no alcanzaron a verlo, fue porque él, como lo narró ante la fiscalía, al darse cuenta de que habían sido atacados con arma de fuego, se lanzó de la moto y se atrincheró tras el cuerpo de su compañero caído. Eso mismo explica, y despeja de paso la duda del censor a este respecto, por qué razón el cabo González Marín, desde tan incómodo punto de mira, no pudo acertar a dar en el blanco constituido por el vehículo y sus ocupantes.
Con todo y eso, y fuere cualquiera la verdad sobre la presencia del suboficial González en el lugar de los hechos, la prueba de esa circunstancia, por cuanto no afecta la solidez del fallo, resulta inocua para efectos de determinar la autoría y la responsabilidad del delito. Del hecho de que el cabo González hubiera acompañado o no al agente Noguera cuando decidió proceder contra los inculpados, no se deduce que estos últimos no hayan hecho parte del escenario en el que sucedió el delito que informa este proceso. De ahí la intrascendencia de la omisión de esta prueba.
2.3. Acerca de la omisión de la prueba de alcoholemia.
El impugnante, a este respecto, plantea un falso juicio de existencia por omisión parcial de prueba. Pero en su desarrollo, contradictoriamente, dice que el estado de embriaguez de los procesados sí se mencionó en la sentencia. Pero está en desacuerdo con la forma como el Tribunal lo evaluó. Ahí estriba su error. Si propuso un error in procedendo -la falta de una prueba-, no le estaba permitido criticar la apreciación que de ella hizo el juzgador.
Aún si se da por hecho que la prueba de embriaguez no se practicó, esta omisión, para el caso objeto de juzgamiento, es absolutamente intrascendente. El estado de alicoramiento que presentaban los procesados, no fue la causa determinante del resultado criminoso. En sí misma, la afectación del ánimo por la ingestión de sustancias etílicas no constituye causal de justificación o de inculpabilidad. Por tanto, la ausencia de esta prueba dentro del proceso no incidió en el sentido de la sentencia.
Por esas razones, entonces, el cargo no debe merecer receptividad de la Sala.
La vía seleccionada por el censor, que lo fue la violación indirecta de la ley sustancial, no es la adecuada para demostrar el cargo. La razón es que en su fundamentación, en lugar de señalar con precisión los errores de hecho o de derecho advertidos en la sentencia, se aplica en estructurar una crítica al análisis y la valoración probatoria que le sirvieron de soporte al juzgador para emitir su juicio de reproche sobre la conducta de los procesados.
Si tenía la convicción de que el fallo no era compatible con las reglas de la sana crítica, por cuanto a su modo de ver el Tribunal dedujo la culpabilidad de dos supuestos carentes de una relación causativa necesaria, debió demostrar, desde la óptica de la violación directa de la ley sustancial, en cuál etapa de su proceso intelectivo, y con relación a cuáles pruebas en particular, el fallador infringió las máximas de la experiencia, las leyes elementales de la lógica o los principios de la ciencia.
Esa no fue la orientación que el impugnante le imprimió a su censura. Se limitó a plantear que el Tribunal se apoyó en hechos inexistentes para inferir de allí la conducta omisiva imputada a los sentenciados. Pero no señaló, como es el deber de quien acude a la violación indirecta de la ley sustancial, cuáles son esos hechos indemostrados que le sirvieron de base al juzgador para llegar a la conclusión que informa su sentencia.
Su enfoque, a este respecto, se tornó elusivo. En lugar de poner de relieve los errores de hecho detectados, enfiló sus esfuerzos hacia el ejercicio de una crítica libre en torno al análisis y la valoración probatoria. Como este modo de proceder no es de recibo en sede de casación, no se pueden avalar los argumentos del recurrente para darle aplicación al principio del in dubio pro reo.
No obstante lo inaceptables que desde el punto de vista técnico se le hacen los cargos formulados por el censor, el representante del Ministerio Público, sobre la base de los dos argumentos que enseguida se sintetizarán, le solicita a la Sala casar oficiosamente la sentencia:
3.1. No está demostrado en el proceso que el resultado punible haya sido consecuencia de la conducta omisiva de los acusados. En el derecho penal de acto que rige actualmente, no existe el deber de impedir que alguien dispare contra un tercero, salvo en los casos en que el autor de la conducta omisiva tenga el deber de garante frente a ese tercero. Los sentenciados no tenían ese deber jurídico de proteger su vida. Por tanto, para acusarlos y condenarlos como cómplices del delito de homicidio, era menester demostrar que tenían el deber de impedir el resultado.
3.2. En el proceso se desconoció el principio de presunción de inocencia. No se demostró el nexo de causalidad entre la acción o la omisión de los acusados y el resultado muerte. Los únicos testigos presenciales de los hechos, fueron los dos sentenciados y, posiblemente, el cabo Joaquín González Marín. Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia han dicho, sin que mediante prueba adicional se hubiera desvirtuado su versión, que no prestaron su voluntad para que Humberto Buitrago, apodado “Natas”, disparara contra el agente Noguera. El cabo González Marín, a su vez, ha expresado que no pudo reconocer, porque la interposición del cuerpo de la víctima en su ángulo visual y las condiciones topográficas del terreno se lo impidieron, a quien agredió a balazos a su compañero de labores.
En el peor de los casos, y frente a este poco esclarecedor acopio de pruebas, finaliza la Delegada, sobre los sentenciados gravita, en su favor, la incertidumbre. Se carece, entonces, de la certeza para desvirtuar la presunción de inocencia. Las exculpaciones de los incriminados no han sido puestas en salmuera mediante otro medio de prueba. Su complicidad en la consumación del hecho punible, por otra parte, no alcanzó a configurarse porque ellos no tenían el deber jurídico, como lo exige el artículo 21 del Código Penal de 1.980, de impedir la muerte del agente Abraham Noguera.
1. A nombre de Elber Antonio Medina.