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Timestamp: 2013-05-22 05:53:09
Document Index: 212962378

Matched Legal Cases: ['artículo 262', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 77', 'artículo 130', 'artículo 39']

EUR-Lex - 52003AE0576
52003AE0576
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria" (COM(2002) 767 final — 2002/0308 (CNS))
DO C 208 de 3.9.2003, p. 7/10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
del documento: 14/05/2003; fecha de la votación
de la demanda: 17/01/2003; DEMANDE
de envío: 23/05/2003; transmitido a la Comisión
de envío: 23/05/2003; transmitido al Consejo
del debate: 14/05/2003; 399
fin de validez: 19/02/2004; relacionado con 52002PC0767
Comité Económico y Social, Sec. mercado único, producción y consumo (98), SANCHEZ MIGUEL
347.772(100)"2003"
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria"
(COM(2002) 767 final - 2002/0308 (CNS))
(2003/C 208/02)
El 17 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de abril de 2003 (ponente: Sra. Sánchez Miguel).
En su 399o Pleno de los días 14 y 15 de mayo de 2003 (sesión del 14 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1.1. La marca comunitaria, como sistema de protección unitario en el mercado europeo, supuso jurídicamente un gran avance frente a las marcas nacionales, de forma que no sólo se simplificaron los sistemas de adquisición del derecho de exclusiva sobre los signos distintivos de los productos y servicios, sino que se amplió su efecto positivo sobre el mercado y sobre los consumidores y usuarios.
1.2. La marca comunitaria ha tenido un efecto trascendente en la consecución del mercado único europeo. La libre circulación de mercancías se ha visto favorecida por la identificación de los productos y servicios comunitarios. El cumplimiento de las normas reglamentarias europeas de seguridad ha facilitado al consumidor y usuario que tuviera confianza en unas marcas determinadas, aunque no siempre con los mismos resultados. No obstante, entendemos que esta doble vertiente, la del derecho de exclusiva del titular de la marca y la identificación de productos y servicios, se consigue de manera positiva con la marca comunitaria.
1.3. La Comisión, junto con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), han venido haciendo un seguimiento del desarrollo y de los efectos de la marca comunitaria, de forma que se permitiera corregir aquellas situaciones o efectos mejorables, desde el punto de vista de obtener los mejores resultados. Para ello han realizado múltiples consultas a los Estados miembros, así como a las organizaciones interesadas.
1.4. El resultado ha sido la presente modificación del Reglamento (CE) n° 40/94(1), que pretende, por un lado, la mejora en el funcionamiento de la OAMI y, por otro, adaptar el sistema a las consecuencias que puede tener la adhesión de nuevos países con regímenes jurídicos diversos.
2.1. Fundamentalmente, la modificación propuesta tiene carácter procedimental. Se trata de corregir aquellos defectos detectados, en cuanto limitan la eficacia de los órganos previstos por el Reglamento (CE) n° 40/94, así como las cuestiones de forma ligadas a los solicitantes de la marca comunitaria. Sin embargo, hay otras modificaciones que tienen una incidencia en el reconocimiento y protección de este signo distintivo; por ello conviene tener presente, en su conjunto, cuál pueda ser el resultado de estas modificaciones.
2.2. Las modificaciones propuestas de carácter procedimental pueden agruparse en tres bloques:
2.2.1. Las que afectan al Registro de la marca comunitaria y que están dirigidas principalmente a cuestiones referidas al desarrollo del proceso de admisión o no del signo distintivo como marca comunitaria, destacado entre ellas:
- Los motivos de denegación absolutos
- Los motivos de denegación relativos
- Revisión de las decisiones "ex parte" o "ínter partes"
- Revocación de una decisión
- Reparto de gastos
- Prosecución del procedimiento
- Petición de transformación
2.2.1.1. Conviene señalar que entre las modificaciones procedimentales hay dos que tienen efectos más allá del proceso de registro:
- Efectos sobre el procedimiento de insolvencia del titular de la marca comunitaria, que se adapta al Reglamento (CE) n° 1346/2000(2).
- División de la solicitud y del registro, mediante la incorporación de dos nuevos artículos que simplifican y facilitan la división de la marca comunitaria, a fin de servir de signo distintivo a más de un producto o servicio.
2.2.2. Las que modifican las Salas de recurso, a fin de mejorar su funcionamiento y, sobre todo, para acortar el tiempo de los recursos. Entre estas medidas tenemos:
- Nombramiento por el Consejo de Administración de la OAMI de los miembros de las salas de recurso
- La asunción por el presidente de las salas de recurso de la presidencia del departamento de recursos
- Posibilidad de decisión individual de los recursos, en casos determinados
- Adopción de decisiones en sala ampliada.
2.2.3. La supresión de ciertas tasas cuya cuantía no aporte a la OAMI ingresos importantes y, sin embargo, supongan una carga en el procedimiento.
2.3. Las otras modificaciones que se proponen afectan a dos importantes temas:
2.3.1. La titularidad de la marca comunitaria, que se amplía a los nacionales de terceros países que no son miembros ni del Convenio de París ni de la OMC, siempre y cuando sus países de origen actúen en reciprocidad con los Estados miembros.
2.3.2. El sistema de búsqueda, que se procede a su derogación en vista de que no aporta al sistema de la marca comunitaria ningún valor añadido.
3.1. El CESE manifiesta una apreciación positiva al contenido de las modificaciones propuestas al Reglamento (CE) n° 40/94 al considerar que su finalidad va más allá de un cambio procedimental, necesario para adecuar el procedimiento administrativo del Registro de marca comunitaria, a las nuevas condiciones de la ampliación de la UE. Por este motivo consideramos necesario pronunciarnos sobre el resto de los temas, que a juicio del CESE, componen el conjunto de modificaciones presentadas.
3.2. Titulares de las marcas
3.2.1. Mayor flexibilidad
La Comisión propone en beneficio de una mayor flexibilidad la supresión del principio de reciprocidad a los titulares de marcas de terceros países que quieran acceder a la marca comunitaria. La propuesta favorece, en términos generales, a los titulares de las marcas y a sus representantes, dando la posibilidad de reclamar la antigüedad del registro de una marca comunitaria, la revocación de decisiones basadas en errores materiales, la ampliación del plazo procedimental en determinadas ocasiones o la clarificación de los costes.
3.2.2. Posibles dificultades
Esta flexibilidad no guarda consonancia en relación a la libertad de elección por el titular de un signo distintivo. El problema se puede presentar cuando el titular de una denominación o indicación geográfica pretende registrar ésta como marca comunitaria. Al estar ello comprendido entre los motivos de denegación absoluta del artículo 7, se impide que, por criterios muchas veces nacionales, los empresarios no tengan derecho a su utilización, cuando es realmente el signo diferenciador de sus productos o servicios.
3.3. Un aspecto que ha suscitado dudas de interpretación y decisiones judiciales de diverso orden es la expresión "de alcance no únicamente local" que figura en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento. Por lo tanto, se recomienda, que en el nuevo texto jurídico, se defina con exactitud lo que se entiende por "local" en el contexto de dicho precepto.
3.4. Representantes legales
3.4.1. En el informe realizado por la Comisión, se ha examinado el funcionamiento del sistema de representatividad, poniendo de manifiesto las trabas hoy día existentes para la libertad de circulación de servicios. En consonancia con este derecho, se debe facilitar el acceso, en todo el mercado interior, a las personas que realicen esta función ante la AOMI. La propuesta favorece la posibilidad de proveer a los representantes profesionales con un pasaporte que no les requiera tener su lugar de trabajo en aquel Estado miembro en el que están facultados para representar intereses relacionados con las marcas, sino que la obtención en uno de los Estados le faculta para actuar en todos ellos.
3.4.2. A pesar de que las modificaciones introducidas en materia de representatividad han sido simplificadas, las condiciones finales serán determinadas por la Comisión al implementar el Reglamento. Por este motivo, al CESE le resulta complicado pronunciarse sobre dicha propuesta, al carecer de información sobre los criterios que se van a necesitar para acceder al reconocimiento como representantes.
3.4.3. En todo caso, el CESE considera que la Comisión debe analizar las diferentes opciones actualmente existentes en algunos Estados miembros, tales como: realización de un examen; autorización administrativa en base a una titulación especializada; formar parte de una lista facilitada por los Estados miembros. Se deberá tener en cuenta que, actualmente, no se dan unas condiciones armonizadas, por lo que se requiere un posicionamiento de la Comisión.
3.4.3.1. Una posibilidad, al margen de las del Reglamento de ejecución, sería la adopción de Códigos de conducta, tal y como se propone por la Comisión, que permita a los representantes adherirse de forma voluntaria, sin que suponga un aumento de costes ni de obligaciones administrativas, simplificando el funcionamiento armonizado en todos los Estados miembros.
3.5. El tema de mayor relevancia de la reforma propuesta, desde el punto de vista del CESE, es el de la supresión del sistema de búsqueda. La justificación se basa, según el (4) considerando en que "no aporta al régimen comunitario un verdadero valor añadido, sino que entraña más bien costes exorbitantes, retrasos en el procedimiento y otros inconvenientes".
3.5.1. Las diferencias entre las prácticas nacionales junto a que algunos países, actualmente, no participan en el sistema de búsqueda (Alemania, Francia e Italia) podría ser uno de los motivos para su derogación. De esta forma la OAMI, tiene limitada su relación con las Oficinas nacionales, y no siempre los resultados son positivos, al carecer de una armonización para el contenido de la búsqueda.
3.5.2. Por otro lado los costes incurridos por el informe de la búsqueda se verían aumentados al doble. Según los cálculos de la Oficina, pasarían de 270 EUR por solicitud a 592 después de la ampliación.
3.5.3. No obstante las anteriores observaciones, el CESE hace una reflexión para que la Comisión considere dos cuestiones importantes:
1) Los efectos que puede tener la supresión del sistema de búsqueda para las PYME, que ven limitada la defensa de sus marcas al derecho de oposición.
2) Los efectos sobre los consumidores, en cuanto puede darse la circunstancia de que haya una marca comunitaria en coexistencia con marcas nacionales.
3.5.4. Por último, con respecto a la supresión del sistema de búsqueda, el CESE considera que debía de haberse efectuado una solución menos drástica; como, por ejemplo, haber considerado la posibilidad de realización voluntaria, en base a la petición del solicitante, asumiendo el coste, ya que el CESE piensa que se discrimina a las PYME frente a los grandes grupos empresariales, que se pueden permitir una búsqueda privada.
3.6. La expresión "y si, en la rectificación, el interés público prima sobre el hecho de no corregir el error", que figura en el artículo 77 bis del Reglamento, también se presta a disparidades innecesarias de interpretación y resulta superflua, por lo que se sugiere que se suprima.
3.7. En los artículos 127.2, 129.2 y 130.2 del Reglamento, cada vez que figure la expresión "un único miembro" será preciso añadir "que deberá ser jurista". En efecto, ya que se vela convenientemente, cuando se trata de un órgano colegial, por que "al menos uno (de los miembros) sea jurista", no parece lógico que, cuando las decisiones son adoptadas "por un solo miembro", dicho miembro no sea jurista, en especial en las salas de recurso (artículo 130.2).
3.8. Un tema que no recoge la Reforma del Reglamento de la marca comunitaria es el de la relación de éste con los Tratados Internacionales y, especialmente, el Tratado de Madrid, que permitiría a la UE estar en igualdad de derechos con otros Estados firmantes. Al día de hoy, se mantiene bloqueada la adhesión de la Comunidad por el Consejo, propuesta en 1996. El resultado es que la marca comunitaria carece de una protección internacional frente a nuestros competidores, lo que le resta fuerza en el mercado internacional. Además, si se llegara a la adhesión, se tendría que volver a reformar el Reglamento.
3.9. Por último, señalar que los principales desafíos con que se encuentra la marca comunitaria son, por un lado, la ampliación del mercado interior a 25 Estados miembros, lo que debería plantear una mejor dotación para la OAMI, tanto en recursos humanos como materiales. Y, por otro, la utilización de las nuevas tecnologías, aplicables a todos los Registros comunitarios, que si bien facilitarán el acceso a la información contenida en los mismos, no habrá de perderse de vista la utilización de sistemas de protección que mantengan la seguridad jurídica del contenido registral.
4. A modo de conclusión, conviene reiterar que la flexibilidad que busca la propuesta de reforma no debe incidir en una merma de la seguridad jurídica que garantiza la marca comunitaria, especialmente para las PYME. Por este motivo el CESE considera que la supresión del artículo 39 no debe justificarse únicamente por razones económicas. Además, la marca comunitaria tiene un valor añadido; el que certifica un sistema de producción acorde con los reglamentos y normas comunitarias, que representan una garantía de calidad de los productos y servicios para los consumidores europeos.
(1) DO L 349 de 31.12.1994.
(2) DO L 160 de 30.6.2000.