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Timestamp: 2019-05-19 10:56:25
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Matched Legal Cases: ['Artículo 109', 'Artículo 18', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 57', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 19', 'artículo 46', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 75']

128.- El acceso a la justicia y el avasallamiento de la competencia ordinaria laboral en las causas por infortunios del trabajo - RJCornaglia
En revista Derecho del Trabajo, La Ley, Buenos Aires, junio del 2003, año LXIII, n° 6, pág. 893.
EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL AVASALLAMIENTO DE LA COMPETENCIA ORDINARIA LABORAL EN LAS CAUSAS POR INFORTUNIOS DEL TRABAJO.
2. LA REACCIÓN EN LA DOCTRINA.
4. CONCEPTUALIZACIÓN NECESARIA DE LA CUESTIÓN DEBATIDA.
5. LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO “QUIROGA”.
6. SUMARIO ANÁLISIS DE LOS VOTOS QUE CONFORMAN LA MAYORIA EN EL CASO “QUIROGA”.
7. EL DEBATE IMPLÍCITO CON LA POSICIÓN MINORITARIA ADOPTADA POR EL DOCTOR PETTIGIANI.
Las miles de demandas en trámite, por ante la justicia laboral, planteando inconstitucionalidades de la LRT 24.557 y procurando reparaciones por infortunios laborales, llevan implícito un tema que hace al acceso a la justicia y a la competencia de ese fuero.
Esa competencia (tradicionalmente reconocida desde 1915), de los Tribunales ordinarios, fue desactivada por el art. 46 de la LRT 24.557 y su decreto reglamentario 717/96, que en sus previsiones sólo regulan un especial procedimiento administrativo, que culmina en un recurso judicial, a ejercer ante la justicia Federal y culmina en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Esta situación alcanza a los reclamos por infortunios que se practican por:
a) Acciones ejercidas conforme a la tarifa prevista en la Ley 24.557, sin cuestionarla, y aquellas que tachan de arbitrarias e irrazonable esa tarifa, planteando la inconstitucionalidad del art. 39 de ese cuerpo normativo.
Tienen razón de ser muchas de esas acciones en conflictos, que refieren a infortunios laborales que hubieran sido reconocidos, antes de la sanción de la LRT 24.557, conforme a las normas que la precedieron y la jurisprudencia que las interpretaba, de los cuales el mayor número refieren a las enfermedades no listadas de acuerdo a las previsiones del art. 6 de dicha LRT.[2]
b) Otro grupo de acciones, corresponde a las pretensiones de justiciables que no habiendo cumplido con el procedimiento administrativo, sin agotarlo, o desconformes con sus resultas, sin intentar el recurso en la instancia judicial ante el fuero federal, acuden a los estrados judiciales de la justicia laboral ordinaria.
c) Otras acciones refieren a los reclamos causados por culposas o negligentes prestaciones en especie otorgadas o dejadas de otorgar, por las A.R.T. con incidencia en la incapacidad final consolidada o por falta de tratamientos rehabilitatorios o insuficiente o incorrecta prestación de los mismos.
Como se advierte, el juicio de infortunios de trabajo, aunque se lo intentó perseguir y hasta erradicar por el legislador de la LRT 24.557, sigue existiendo y resulta necesario para racionalizar conflictos. Ya que ellos es natural que tengan lugar en un sistema ideado a partir de la gestión de un grupo de aseguradoras privadas que intermedian servicios de salud, actuando guiadas por la lógica empresaria que inspira la ley de la maximización de los beneficios y consiguen mejorar éstos a partir de no dar prestaciones o darlas de mala o inferior calidad o de empleadores, que incumplen la obligación de afiliarse a esas aseguradoras y tienen la misma motivación para sus conductas.[3]
Desde que la Ley 24.557 fuera sancionada por el Congreso el 13 de septiembre de 1995 y pasara a entrar en vigencia en 1996, la judicialización de esos conflictos se viene produciendo con un desarrollo progresivo de sustanciaciones de causas, en las que ninguna de ella alcanzó a ser resuelta favorablemente a las víctimas por la C.S.J.N. Ni el más patético de los casos, mereció reconocimiento alguno por parte de ese Alto Tribunal.
En todas esas causas el tema del acceso irrestricto a la justicia, los derechos de defensa de los judiciables, el debido proceso ante los jueces naturales y la competencia del fuero ordinario (de singular trascendencia y consecuencia en las Provincias), aunque de ineludible tratamiento, no mereció consideración de la C.S.J.N. Es una materia pendiente para la misma, que debió haberla tratado en la causa “Gorosito”, en la que sentó una oscura y contradictoria doctrina, solo referida a la en principio razonabilidad del art. 39 apartado l de la L.R.T. 24.557 y eludió este tema.
Recién ahora, a mérito de decisiones de Tribunales de provincia, la cuestión del acceso a la justicia en esas causas, la legitimidad de los procedimientos previstos en la ley y la competencia de los tribunales ordinarios, viene madurando, tras casi siete años de vigencia de la Ley 24.557 y a mérito de resolver cuestiones que debieron haber sido agotadas como de previo y especial pronunciamiento.
Para tratar de avanzar por esa línea, recordamos que la competencia de los Tribunales de trabajo depende:
a) De la naturaleza de la acción ejercida. Ya que se trata de una acción de daños (en un tema propio del derecho común), que está determinada por conductas sucedidas con motivo o en ocasión de las prestaciones propias de un contrato de trabajo, signado por las notas de la relación subordinada, con todo lo que ello implica. El derecho a la indemnidad del trabajador, es el principio general del derecho del trabajo, a partir del cual se fundara la rama. Siendo los principios generales del derecho del trabajo fuente material y formal del derecho específico del fuero laboral, ese principio atribuye también competencia en razón de la materia.
Cuando en un infortunio se pluridimensionan distintos regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva y uno de ellos corresponde a las obligaciones contractuales de prevención y seguridad, lo lógico es que la acción se intersubjetivice en función del contrato de trabajo en primer término y en la misma causa se juzguen los otros regímenes de responsabilidad que consagren un grado de ilicitud remanente.
b) De la opción ejercida por la actora (cuando ella opta por el fuero laboral), que cuenta a su favor el criterio reconocido por la C.S.J.N, como propio de la competencia formal. Desde muy antigua data, la C.S.J.N. sostiene: "Para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino la que se invoca como fundamento de la acción entablada".[4]
Resulta por lo tanto de particular importancia, la invocación de la pretensión de reparación de los daños sufridos y a partir de ello, la competencia del juez laboral es inexcusable, ya que como se sostiene por igual para todos los fueros: "En el conocimiento de una cuestión de competencia debe estarse en principio a los extremos de derecho invocados en el escrito de demanda".[5] Siendo esto coherente con la sistemática legal procesal ya que como surge del art. 3° del C.P.C. y C., la competencia no puede ser delegada.
c) De disposiciones de los Códigos Procesales, que como en el caso de la Provincia de Buenos Aires, prevé en el art. 5° del C.P.C. y C.: "La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado".
d) De normas de las leyes procedimentales del fuero del trabajo, como para esa Provincia, el art. 2º de la Ley 11.653, de la Provincia de Buenos Aires, que prescribe que los Tribunales del Trabajo conocerán: “de las causas vinculadas con un contrato de trabajo aunque se funden en normas de derecho común”.
e) Del art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que consagra el principio de indemnidad y prescribe que para resolver los conflictos, la Provincia deberá “establecer tribunales especializados”, que es concordante con el Art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales que ordena "en cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida resolución de los conflictos”.
En nuestro país la protección de las jurisdicciones locales (que es la que corresponde a las acciones comunes por daños referidos a infortunios laborales, tarifadas o no), se ha instrumentado por la doctrina jurisprudencial de la C.S.J.N., llamada del principio de la reserva de la jurisdicción local, con el que se corrige los abusos del legislador, cuando éste avanza en la materia sobre sus facultades constitucionales.
En el pasado, ante una situación que guarda analogías con la propia de la LRT 24.557, como fue la de creación del tribunal de seguros, capitalización y ahorros, con asiento en Capital Federal, la C.S.J.N. sostuvo:
"Que no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son "en principios propias del derecho común", ejercer una "potestad distinta" a la que específicamente le confiere el art. 67 inc. 11 de la Constitución. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que ésta fija cuando se trata de legislar sobre derecho común, referidas a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincia si las cosas o personas cayeren baja sus "respectivas jurisdicciones", puedan ser obviadas o alteradas por la sola voluntad del legislador". [6]
Es esta una de las facultades reservadas a las Provincias como lo reconoció la Corte sosteniendo que "... el juzgamiento en materia de derecho común por los jueces y tribunales de provincias se incorpora al conjunto de facultades "reservadas" a que alude el art. 104 de la Constitución. Y esta Corte, por su parte, ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas". [7]
Entre esas facultades reservadas se destacan las de poder designar sus magistrados y las de ejercer el poder de policía, ambas invadidas y violadas en las disposiciones de la LRT, ya que la misma habilita a la justicia federal en la materia, dejando sin competencia a los jueces naturales y locales, y regula lo que es órbita especifica del control a ejercer por la autoridad de aplicación provincial.[8]
Por otra parte, hasta la sanción de la LRT 24.557, la C.S.J.N., reiteradamente ha reconocido como antecedente invocable y correlacionable al caso, que las demandas contra las Obras Sociales, cualquiera fuera la estructura de las mismas, no eran de competencia federal. Y aunque las obras sociales fueran de carácter nacional y prestaran servicios propios de la seguridad social, el juzgamiento natural de las mismas debía hacerse por las competencias locales.[9]
2.- LA REACCIÓN EN LA DOCTRINA.
A poco de entrar en vigencia la L.R.T. 24.557, en dos dictámenes emitidos en marzo y septiembre de 1996, por el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes,[10] se sostuvo que el art. 46 de la LRT 24.557 viola los artículos 5, 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional, por cuanto la LRT impide a la Provincia la aplicación del derecho común en el ámbito de su jurisdicción, determinando la competencia de la justicia federal en cuestiones que, ni por la materia ni por la calidad de los sujetos involucrados, resultan procedentes, anulando la operatividad de las disposiciones de la Ley 11.653, dictada en función del mandato constituyente provincial en materia de competencia.[11]
También se destacó en esos dictámenes que se contradice:
El Artículo 109 de la Constitución Nacional: Toda vez que abre la vía para otorgar facultades jurisdiccionales a un organismo administrativo, sin posibilitar un control judicial suficiente.
El Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 1948): Porque impide a los trabajadores accidentados ocurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos mediante un procedimiento sencillo y breve.
El Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): Ya que viola el derecho de toda persona a ser oída públicamente en condiciones de igualdad por un tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones.
El Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica - 1969) y Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Al negar a los trabajadores accidentados su derecho a ser oídos con las debidas garantías por un juez o Tribunal competente.
El Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: Al restringir el acceso a la justicia a los trabajadores siniestrados.
El Artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: Por contrariar derechos reconocidos por la Constitución Provincial a los ciudadanos de Buenos Aires, imponiendo a los jueces el deber de aplicación de la constitución provincial y los artículos 1 y 39 de la misma Constitución que deben ser integrados armónicamente en su interpretación y aplicación.[12]
Estos argumentos han sido reiterados en innumerables demandas que invocaran dicho dictamen y también en sentencias que hicieron méritos en esas consideraciones, desde 1996 hasta la fecha. Ahora, son receptados por la doctrina que se desprende del fallo dictado en la causa “Quiroga”, por la S.C.J.B.A., que más adelante comentaremos.
Concordantemente, un magistrado de Mar del Plata el doctor Carlos C. Aronna, calificó como un aquelarre procesal al sistema introducido en materia de distribución de competencias, por la Ley 24.557, incompatible con la extensión geográfica del país.[13]
Por su parte Julián Arturo de Diego sostuvo: "Cabe analizar si estas normas que interfieren con los ámbitos provinciales serán toleradas con hidalguía, o como es de suponer serán resistidas hasta las últimas consecuencias por cada jurisdicción".[14]
Pero el centralismo antifederal de la LRT, no es un problema de tolerancias e hidalguías. Por su intermedio se instrumenta una clara política de limitación del acceso a la justicia de los provincianos más pobres y necesitados de ella, cuando el infortunio laboral los castiga, por la única razón de ser de haber contribuido con su trabajo, a la actividad económica de sus empleadores. La resistencia de las jurisdicciones locales, está determinada por la Constitución, siendo la tolerancia y hidalguías mencionadas, solo una muestra de servilismo a un centralismo que favorece políticas económicas de explotación del hombre, por medio de mecanismos que violan la garantía del debido proceso judicial sustantivo.[15]
3.- LOS ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.
El ordenamiento del proceso a partir del oscuro texto de la LRT 24.557, fue una preocupación constante que se evidenció rápidamente en la jurisprudencia, ante los planteos destinados a efectuar el control de constitucionalidad de la norma.[16]
En la Provincia de Buenos Aires, los jueces debían acatar la nueva Constitución provincial que a partir de la reforma de 1994, ingresó, por fin, en el constitucionalismo social y lo hizo reconociendo los principios de indemnidad y progresividad y la necesaria presencia de tribunales especializados en derecho de trabajo, a los que se pueda acceder en forma irrestricta por los trabajadores.[17]
Pero también cabe señalar, que los decisorios que fueron reconociendo la competencia para actuar en esos juicios, se enrolan también en una corriente mayor, que ha resistido a las prácticas represoras del juicio de accidente de trabajo, por parte de la legislación de la última década del siglo XX, que comenzó claramente a visualizarse con la sanción de la Ley 24.028 (que data de 1991) y en especial, con la mecánica adoptada y propuesta en su art. 16.
La propia C.S.J.N., antes de dictar el fallo “Gorosito”, reabrió las puertas que la legislación cerraba inconstitucionalmente, para articular reclamos de reparación "in integrum", por violación de deberes de seguridad en el contrato de trabajo, en la justicia laboral. Puso en el caso “Jaimes", nuevamente en el escenario nacional, el tema de la garantía de seguridad en el contrato de trabajo, como deber contractual, desprendido del art. 19 de la Ley Fundamental, exigible en el fuero del trabajo mediante una acción autónoma.[18]
Reabierta esa puerta, en los términos que ese decisorio plantea, es natural el choque entre los derechos reconocidos y las prácticas represoras de la L.R.T. 24.557. Derechos que también alcanzan a las normas positivas que consagran formas de responsabilidad contractual sin limitaciones tarifarias. Pensamos, por lo tanto, que el caso "Jaimes", se proyecta con singular vigor sobre la LRT 24.557, pese a que su decisión, hacía a la aplicación e interpretación de otro cuerpo normativo.[19]
Si no se habilita el derecho al ejercicio de la acción ante el juez natural, precluyendo el debate sobre la legitimidad al ejercicio de la misma y asumiendo la competencia, el dispendio del proceso y el tiempo que insuma la resolución de esta cuestión, será soportado por los justiciables y en especial las víctimas de conductas dañantes.
Adviértase que la inseguridad que crea esta circunstancia sólo viene a ser sorteada en la Provincia de Buenos Aires, a casi ocho años de ser creada la situación, por irresponsabilidad e insensibilidad social del legislador del economicismo.
En el año 1999, la S.C.J.B.A., a mérito de un recurso de inaplicabilidad de ley, trató de sentar una posición esclarecedora, ante las múltiples situaciones creadas por las causas en las que se debatían como cuestión previa, las excepciones de incompetencia y falta de acción articuladas ante las demandas en las que se planteaba la inconstitucionalidad de disposiciones de la LRT 24.557.
Lo hizo en el caso “Mardones”. Recordemos que en esa causa ante una declaración de incompetencia haciendo mérito de la aplicación art. 46 de la Ley de la Ley 24.557, había decidido el Tribunal del Trabajo N° 2 de Bahía Blanca, inhibirse en cuanto a la competencia y el Alto Tribunal provincial, revocó ese decisorio, sosteniendo que habiéndose planteado entre otras, la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557, a mérito de una acción común de reparación de daños (arts. 1113 y 1109 del Código Civil), se imponía como cuestión previa y para enderezar el trámite procesal, decidir esa inconstitucionalidad. Se comenzaba a vislumbrar en la jurisprudencia de la S.C.J.B.A., que existía una relación sistemática entre los arts 39 y 46 de la LRT 24.557 y se decidió que de ser admitida la inconstitucionalidad del primero, ello desactivaba subsidiariamente al art. 46, con su vía especial y propia de las reparaciones previstas en el cuerpo normativo al que pertenece. El fallo de la Corte Provincial implicó la casación de una resolución de un Tribunal del Trabajo por la que se estaba rechazando un planteo de inconstitucionalidad y la orden de dictar otro con nueva integración del Tribunal de grado. [20]
En octubre del 2000, comentamos un fallo dictado por el Tribunal del Trabajo N° 3 de Lanús, reiterando nuestra posición en torno a las cuestiones que hacen a la competencia de la justicia ordinaria laboral de la Provincia de Buenos Aires, nos referimos a un caso tenía la particularidad de que la actora no había planteado la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. 24.557 y correspondía a una enfermedad no listada conforme a las previsiones del art. 6 de esa norma.[21]
Se advertía entonces que era necesario ordenar el proceso por vía de decidir cuestiones previas a la resolución de fondo en materia de los derechos subjetivos esgrimidos. El Tribunal había decidido a favor de su competencia, asumiendo plenamente su jurisdicción. Señalamos en esa oportunidad la importancia que tenía como antecedente el fallo dictado por la S.C.J.B.A. en el caso "Mardones".
Desde entonces, acatando la doctrina sentada en “Mardones”, la mayor parte de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, asumieron la competencia en las acciones en las que se planteaba la inconstitucionalidad de disposiciones de la LRT 24.557, decidiendo como cuestiones previas y de especial pronunciamiento y definiéndose en torno a los artículos 39 y 46 de la LRT 24.557.
El 6 de junio del 2001, en dos causas así resueltas (“Cardelli” y “Britez”), que fueran apeladas por las demandadas mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, la S.C.J.B.A., trató de precisar su doctrina.
4.- CONCEPTUALIZACIÓN NECESARIA DE LA CUESTIÓN DEBATIDA.
Comentando la publicación de la primera de esas sentencias, advertimos que la declaración de inconstitucionalidad practicada (con la que coincidíamos en términos generales), ofrecía un flanco de crítica, ya que si bien las excepciones de incompetencia y falta de acción determinaban que la cuestión que hace a la inconstitucionalidad de la ley 24.557 (en particular de sus arts. 39 y 46), debieran ser resueltas como cuestiones de previo y especial pronunciamiento, en cambio lo que era materia del control de razonabilidad en cuanto al sistema cerrado y hermético creado y el monto de lo reclamable por el mismo, era otro aspecto del art. 39 que debía ser resuelto en la sentencia definitiva.
En ocasión de comentar las tendencias que asumía la jurisprudencia y en especial el caso “Cardelli”[22], precisamos que el artículo 39 de la L.R.T. presenta dos ángulos diversos de impugnación, que responden en la inteligencia de la Constitución a dos garantías distintas. Lo hemos reiterado en distintas oportunidades e insistimos ahora, pensando que de ser entendidos estos conceptos, se podrá superar una artificiosa confusión estéril.
Sostenemos entonces que esa confusión afecta garantías y derechos constitucionales:
Esta situación fue pasada por alto hasta ahora, en las causas “Gorosito”[23], “Cardelli” y “Rodríguez”[24], pero afortunadamente comienza a ser entendida y asumida en la reciente sentencia dictada en “Quiroga”, a la que arribaremos más adelante.
La determinación de la competencia, se trataba de una cuestión esencial, dejada de considerar apropiadamente. Esta omisión tuvo graves consecuencias, a la que contribuyeron todos los que por no darle el tratamiento que le correspondía, tomaban posición por que todas las cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley 24.557, debían pasar a ser debatidas y resueltas en las sentencias definitivas.
El sector de la doctrina que cometió ese error, impulsó una antinomia estéril y artificial, que inspiró una jurisprudencia oscura y contradictoria. Se generó en consecuencia un daño social grave y trascendente.
Que se agravó cuando en la justicia capitalina del trabajo, en la mayor parte de los casos, se pasó a diferirla para su tratamiento en las sentencias definitivas, sin resolverla como incidente de previo y especial pronunciamiento, dejándolo agotado y reconociendo de esta forma la legitimidad del ejercer una acción de daños, por vía distinta a la prevista por la ley, en cláusulas de la misma que refieren a inconstitucionalidades absolutas.
Lo que culminó en definitiva con la posición adoptada por el doctor Guillermo A.F. López, en su voto en la sentencia “Gorosito”, en la que en una cuestión de previo y especial pronunciamiento, dictada por la justicia ordinaria de Neuquen con motivo de tratar un planteamiento de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557, se anuló el fallo haciendo contradictorias valoraciones en cuanto a la legitimidad del Congreso para crear un sistema como el creado, la razonabilidad del mismo en término generales y se aconsejó a los magistrados inferiores no resolver cuestiones en abstracto, pero se eludía y omitía de tratar todo lo que hacía al aspecto de la competencia. [25]
En esto fue determinante la lamentable elección del caso “Gorosito” para sentar una doctrina necesaria y reclamada. Se trataba de un juicio iniciado ante la justicia ordinaria de Neuquén con una demanda en que no se planteó la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT 24.557. Solo se articuló la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557 y sobre el tratamiento de la problemática de éste, como sustentador de un régimen desigualitario y en perjuicio de los trabajadores, como irrazonable forma operativa del principio de indemnidad (sustentado en el art. 19 de la C.N.), se dictaron fallos de primer y segunda instancia y de la Corte de la Provincia de Neuquen.
En ese caso, la competencia había sido en principio aceptada por el Juzgado interviniente y no había dado motivo a resolución explícita alguna. A primera vista parece hasta prolijo que la C.S.J.N. no se expidiera sobre el tema, en tal especial juicio elegido para resolver por primera vez una de las miles de causas que existen con inconstitucionalidades articuladas contra disposiciones de la L.R.T., la mayoría de las mismas con acogimiento de esas inconstitucionalidades por parte de los tribunales inferiores.
Pero la elección no fue ni prolija, ni inocente. Menos ajustada a derecho fue la resolución de la misma. Se teorizó sobre la razonabilidad del sistema creada y ni siquiera se pretendió agotar la revisión del caso, en función de llegar a saber si el demandante, resultaba un dañado que ninguna reparación alcanzaba. Ni siquiera se esclareció si la vía elegida, el procedimiento adoptado y la jurisdicción pretendida, podían ser recorridos y optados.
La cuestión de la competencia, arrastraba a la del derecho de defensa, con un debido proceso, ante el juez natural y no podía ser eludida a mérito de los errores de la demanda o la falencia de los Tribunales inferiores. Era previa y determinante de poder ingresar en el control de razonabilidad de la norma en cuanto a la indemnización reclamada. Resolvía en definitiva el problema que hacía a una excepción de falta de acción articulada, que hacía al derecho de defensa pretendido. Y esto nada tenía que ver con el control de derechos sustantivos.
Si antes de “Gorosito” se advertía una grave cuestión a resolver, que generaban consecuencias que afectaban a la seguridad jurídica. Después de “Gorosito”, fue el caos.
En términos generales apoyaron a ese decisorio Ricardo Foglia y Antonio Vázquez Vialard, siendo este último quien aparentemente había sido usado como fuente invocada tanto por Guillermo A. F. López, en su voto en el caso “Gorosito”, como para Eduardo Pettigiani, en sus votos en “Cardelli” y “Britez”[26], cuando estas causas fueron objeto de sentencias revisando las anteriores en la S.C.J.B.A.
Debe sin embargo señalarse que recientemente Vázquez Vialard, tomó prudente distancia de las citas que del mismo se hacen para colocarlo en situación de deslegitimador de todas las inconstitucionalidades planteadas de la LRT 24.557, en un trabajo en el que aconseja: “Si el juez estima que la suma fijada por el legislador de acuerdo con un criterio razonable para valorar la dimensión del daño, resulta groseramente inadecuada, debe declarar la inconstitucionalidad de ese aspecto de la norma (no su totalidad)”.[27]
Desde las posiciones que convalida la sentencia “Gorosito”, se cree que el único control constitucional a practicar requiere la sustanciación acabada de la causa y la necesaria declaración en concreto, del agravio de los derechos reparatorios reclamados. Partiendo de un enfoque parcial, que omite una cuestión esencial, sostienen que la inconstitucionalidad será tal, si en el caso decidido, la reparación a la que tendría derecho el actor se viera afectada en forma irrazonable, discriminante y peyorativamente, por las disposiciones de la norma; lo que sólo puede resolverse a partir del derecho reconocido y juzgado en la sentencia definitiva.
Pero lo que no se advierte desde ese enfoque, es que las resoluciones de este tipo deben sortear antes un tema de competencia. Si la competencia no se encuentra habilitada por la declaración de inconstitucionalidad, el juicio no podría sustentarse.
La razón de ser de que el Tribunal se avoque a la declaración de inconstitucionalidad, no es en abstracto, como suponen los que criticaron a los jueces de primer instancia que procedieron a hacerla como asunción de sus competencias, sino en concreto, para poder asumirlas. Hace al derecho de defensa y al acceso a la justicia.
Cuando la S.C.J.B.A., en la etapa anterior al caso “Quiroga” (inspirada en una interpretación extensiva y dogmática del oscuro y contradictorio fallo “Gorosito”, dictado por la C.S.J.N.), a partir de los antecedentes “Cardelli” y “Rodríguez”, resolvía cuestiones de previo y especial pronunciamiento declarando que "no hay acción", estaba confundiendo dos acciones diferenciadas.
Una era la acción de inconstitucionalidad, que tenía por fin habilitar otra acción, que no podía ser confundida con la primera.
La segunda acción, es virtual y solo existe en la medida en que la primera prospere. Pero la inicial y habilitante, requiere un íntegro proceso judicial, con respeto al ejercicio del derecho de defensa.
Ahora a partir del caso “Quiroga”, la cuestión alcanza un plano más racional y comienza a distinguirse los temas que hacen a la garantía del debido proceso, que estallan cuando se exige el control de constitucionalidad y la competencia comienza a discutirse. Se advierte también, como en la sistemática de la L.R.T. 24.557, el avasallamiento de las facultades no delegables de las provincias, hace caer todo el complicado y artificioso proceso administrativo creado otorgándole facultades y poderes desmedidos a las aseguradoras en el mismo y a los organismos administrativos que tienen el deber de controlarlas y dejan por cierto de hacerlo.
Esa confusión, llevó a que algunos Tribunales del Trabajo, que anteriormente declaraban inconstitucionalidades de la L.R.T. 24.557, a mérito de fundados fallos y sobradas razones, pasaran a resolver las causas en forma opuesta. Haciendo mérito de argumentos en los que se sostenía la obediencia debida a la doctrina desprendida del fallo “Gorosito” y luego del caso “Rodríguez”, pasaron a rechazar demandas “in limine” o revocando resoluciones anteriores, a veces firmes y alegando razones de supuesta economía procesal.
En muchos de esos fallos, se hicieron reservas dejando constancia de las íntimas convicciones afines con la denuncia fundada de la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557. Pero esos fallos apresurados, que no advertían que la cuestión lejos estaba de encontrarse firme y que posibles e inmediatos cambios se podían avecinar. Y así resultó.[28]
5.- LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO “QUIROGA”.
El 23 de abril del 2003, la S.C.J.B.A., adoptó una doctrina jurisprudencial de singular trascendencia en cuanto al procesamiento de causas por infortunios laborales, ante la justicia ordinaria provincial en lo laboral. Lo hizo sentando posición los Ministros doctores Hitters, Salas, Negri, Pettigiani, Soria y Kogan, dictado en la causa L. 75.708, “Quiroga, Juan Eduardo contra Ciccone Calcográfica S.A. Enfermedad”.
El Tribunal del Trabajo Nº 5 de San Isidro se había declarado competente para conocer en estas actuaciones promovidas procurando la indemnización de una incapacidad sobreviniente a una enfermedad con sustento en la ley 24.557 y declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de ese cuerpo normativo.
La demanda corresponde a un reclamo fundado en la existencia de enfermedades causadas por el trabajo, hipoacusia y várices (la primera listada conforme a las previsiones del art. 6 de la LRT y la segunda no). Alega el demandante que esas enfermedades lo incapacitan en 43 por ciento de la total obrera, tomando conocimiento de la incapacidad el 15 de diciembre de 1996, cuando el accionante tenía 30 años de edad y ganaba un salario diario de pesos 28, por lo que se reclama en función de la tarifa legal la suma de pesos 26.090. La demanda fue interpuesta el 1 de diciembre de 1997, atacándose la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 de la LRT 24.557. Corrido el traslado a la aseguradora y empleadora y planteadas las defensa de incompetencia y falta de acción, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, decidió en sentencia del 28 de abril de 1999, declarando la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T. 24.557 y difirió para la sentencia definitiva, los otros planteos de inconstitucionalidades practicados.
La aseguradora citada en garantía dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Al resolverlo la S.C.J.B.A., ingresó en el control de constitucionalidad de esa disposición normativa. No es un dato menor a tener en cuenta, que a casi seis años de trámite, y a tres de la resolución de primer instancia, recién se define la situación que hace a la competencia cuestionada, en un caso en que un trabajador alega estar gravemente incapacitado y se discute el cobro de una magra indemnización reparadora, en función de una ley a la que algunos dedicaron encendidos elogios, pero que viene dando resultados prácticos como el que analizamos.
El Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, sentó doctrina a partir de la posición mayoritaria de sus miembros. Votaron a favor de la declaración de inconstitucionalidad del art. 46, los Ministros Hitters, Salas, Negri, Soria y Kogan, ordenando continuar con el procesamiento de la causa. En minoría el doctor Pettigiani, se definió a favor de la constitucionalidad del precepto.
Con el fallo “Quiroga”, se desarticulan algunos imprudentes intentos de rechazar las demandas entabladas en el fuero ordinario del trabajo, por infortunios laborales, invocando dogmáticamente y fuera de todo contexto, la sentencia “Gorosito” y la desafortunada interpretación que de ella se llevó a cabo en las sentencias “Cardelli” y “Rodríguez”, por la S.C.J.B.A..
La mayoría de la S.C.J.B.A., declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T., señalando que con el dictado del mismo el legislador del estado federal con su legislación nacional, violó y no garantizó el deber y derecho de las provincias de administrar justicia en sus territorios, en causas propias del derecho común.
Es ésta un área de lo judiciable, no delegada, ni delegable a la Nación y por lo tanto de imposible disposición por ésta, ya que no se puede renunciar a ejercer esa función, ni determinar como se lo hiciera en la LRT la competencia de la Justicia Federal, para ejercerla.
Tan es así esto dentro del esquema constitucional, que si las provincias no garantizaran el funcionamiento de la administración de justicia en sus territorios, para resolver este tipo de causas, entonces la Nación tendría que intervenirla para regularizar la gravísima situación institucional que esto crearía. Así se han convalidado intervenciones, a partir de la interpretación que se hace de los arts. 5 y 6 de la Constitución Nacional.
La doctrina sentada, obliga a que en las causas en trámite, en las que se procuran indemnizaciones por infortunios de trabajo, que se sustancien en la provincia de Buenos Aires, con impugnación de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557 o simplemente por las prestaciones previstas en la norma o por infortunios laborales no alcanzados por ese cuerpo normativo, los Tribunales del Trabajo deban una vez asumida la competencia, sustanciar los reclamos hasta la sentencia definitiva, debiendo en esa oportunidad expedirse sobre las acciones de reparación intentadas.
La jurisprudencia de la Corte que se desprende de la causa “Quiroga”, es oportuna e implica una precisión rectificadora de posiciones anteriores, que venían provocando un estado de alarmante inseguridad para los magistrados inferiores.
La cuestión por supuesto, guarda directa relación:
a) Con el ambiguo y auto contradictorio texto del fallo “Gorosito”, en el que la C.S.J.N., se definió en principio en forma abstracta, aconsejando a los inferiores obrar en concreto, sobre la declarada en principio constitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. 24.557.
b) Con la revisión ordenada practicar por la C.S.J.N., a la S.C.J.B.A., de las sentencias que ésta última dictara en la causas “Cardelli” y “Britez”, sosteniendo que debían ser revisadas y ajustadas a la doctrina sentada en “Gorosito”.
c) Con el posterior dictado por la S.C.J.B.A., de nuevas sentencias en la causas “Cardelli” y “Britez”, por las que se ordenó rechazar las demandas por falta de acción, a mérito de un criterio mayoritario de los miembros de ese tribunal, sometido a razones de obediencia debida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con reserva personal de los jueces sosteniendo que seguían teniendo por íntima convicción, que el art. 39 de la L.R.T., es inconstitucional.
d) Con las complementarias posiciones en el caso “Rodríguez”, en el que la S.C.J.B.A., formuló la posición confirmatoria de la doctrina “Cardelli” en su segunda versión, con una precaria mayoría de cinco jueces contra cuatro, estando integrada la mayoría por tres Ministros que hacían reservas de seguir entendiendo que el art. 39 de la L.R.T. 24.557 era inconstitucional, pero votaban por razones de economía procesal y para evitar futuras revisiones en función de la interpretación que practicaban del caso “Gorosito”.
Tan precaria situación jurisprudencial, terminaba con el rechazo de las demandas por sostenerse que el actor carecía de acción, en los términos del art. 39 de la L.R.T. 24.557, invocando el fallo “Gorosito”, como única razón del sustento final del decisorio.
La interpretación que se venía haciendo del fallo “Gorosito”, era dogmática e infundada. A ello sin duda contribuyó las auto contradicciones de ese decisorio, que lejos de poner claridad en el tema harto delicado de ejercer la última “ratio”, controlando la constitucionalidad de la Ley 24.557, vino a constituirse en una provocación al caos.
La confusión fue asumida en plenitud por la S.C.J.B.A., que obediencia debida por medio, pasó a sostener todo lo contrario que antes proclamaba, interpretando para obedecer, fuera de toda lógica la manda de la C.S.J.N.
En este sentido la sentencia dictada en el caso “Quiroga”, trae una necesaria racionalidad, no por tardía, menos esperada.
6.- SUMARIO ANÁLISIS DE LOS VOTOS QUE CONFORMAN LA MAYORÍA EN EL CASO “QUIROGA”.
Analizaremos los votos emitidos en el decisorio “Quiroga”, en función de los conceptos significantes en que se afirman.
Comenzaremos por el tratamiento diferenciado que se le otorga a la inconstitucionalidad referida al art. 46 de la L.R.T. 24.557.
Mientras en los casos anteriores, se debatía como cuestión central la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT 24.557, enfocando en cuanto a esta resolución lo que hace a la razonabilidad de los derechos reparatorios admitidos en el sistema de la norma y en especial la función que enviste la tarifa en relación a las acciones comunes que en situaciones similares, reconoce para años, la teoría general de la responsabilidad y las normas que la consagran en el Código Civil, ahora la cuestión es centrada a partir del art. 46 de la LRT 24.557 en los temas que hacen al derecho de defensa, acceso a la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria laboral, en este tipo de acciones.
Esto resulta en especial de las consideraciones que practica en su voto el doctor Hitters, que reitera la toma de posición inicialmente adoptada en su voto dictado en la sentencia inicial de inconstitucionalidad dictada en “Cardelli”, consiguiendo ahora las adhesiones necesarias para transformarla en doctrina mayoritaria del cuerpo.[29]
Mientras en el inicial fallo “Cardelli”, la mayoría había quedado encolumnada tras el voto de Salas, que no se había expedido sobre el problema de la competencia y había argumentado en general sobre el art. 39 de la L.R.T., sin alcanzar a entender como ambos juegan entrelazados y deben correr la misma suerte, con el nuevo realineamiento de la S.C.J.B.A., cobra singular relevancia el nuevo enfoque, que pone el acento sobre los derechos adjetivos agraviados y la existencia de una inconstitucionalidad del tipo absoluto.
La sentencia apelada en esa causa, había sido dictada por el Tribunal del Trabajo No. 4 de La Plata, que entendiendo correctamente la cuestión, declaró fundadamente y en forma conjunta la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la L.R.T. 24.557. En su voto al que adhieren la mayoría, el doctor Salas, rechaza el recurso de inaplicabilidad presentado, expidiéndose sobre su consideración de lo que hace al art. 39 y considerando innecesario por ello expedirse sobre el 46. Por su parte el doctor Hitters, coincide en su voto en cuanto al rechazo del recurso pero tratando la problemática del 46, declarándolo inconstitucional y a renglón seguido considerando que el 39 se torna inaplicable. Como se ve ambos magistrados coinciden en el decisorio desde dos ópticas distintas, que en realidad no se oponen entre sí, y que merecían las explicitaciones posteriores, que recién ahora comienzan a producirse.
Ahora cobra la importancia que mereció desde siempre, el aspecto procesal y la problemática del acceso a la justicia. Con dificultad comienza a comprenderse que ambas disposiciones (art. 46 y 39), juegan articuladas, por lo que hemos sostenido que en los casos en que estaba discutida la competencia se debía como cuestión previa, expedirse sobre los aspectos adjetivos, procesales y legitimantes de acciones vedadas, que el primero de esos artículos, en relación sistémica con el segundo.[30]
Lo esencial del voto del doctor Hitters (al que terminan por adherir y complementar con argumentos propios, los doctores Salas, Negri, Kogan y Soria), pasa por sostener que la LR.T. 24.557, pese a sus “buenas intenciones” al concentrar las decisiones finales que hacen al procesamiento administrativo de los infortunios, entroncando la revisión judicial mediante recursos que culminan en la Cámara Federal de la Seguridad Social, tiró por la borda la estructura jurisdiccional de la Nación en su relación con las provincias (art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional).
Que para a ello el legislador de la LRT 24.557 federalizó cuestiones que no son de esa índole, ya que las mismas son de competencia propia de la justicia provincial y esta regidas por el derecho común. Y que el dictado del art. 46 de la L.R.T., implicó una violación de la cláusula constitucional que ordena al Congreso dictar un Código del Trabajo y la Seguridad Social, “...sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales...”. Que con ello se agravian los arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la C.N.).
Del voto surge la sensación de agravio del magistrado, justificada por cierto, ante la desconfianza implícita del legislador, por el actuar de la justicia provincial en la materia.[31]
La invasión de la zona de reserva jurisdiccional provincial, se produjo en 1995 (año de sanción de la LRT 24.557), cuando el desguace del Estado formaba parte de la política desregulatoria, y hasta se pretendía privatizar parte del servicio de justicia, como sucedió con la constitución del SECLO, en la calamitosa, costosa e inútil experiencia practicada con las conciliaciones previas obligatorias en sede laboral.
Otra cuestión importante que el doctor Hitters señala, es que desactivado el art. 46, el sistema creado en la LRT 24.557, es inaplicable, ya que resulta imposible fracturar el modelo de la ley y hacer que se aplique sólo parcialmente.
Infiere el magistrado que no se puede admitir la actuación de las Comisiones Médicas locales, como el de la Comisión Médica Central, dado que el posterior control judicial de esos actos administrativos, “debe hacerse en el ámbito federal, pues a manera de Cabeza de Jano ‑en esta ley‑ ambos tramos son las dos caras de una misma moneda”.
Lo cierto es que ambos organismos operan y aunque lo hagan burlando la arquitectura constitucional, sus actos tienen importantes consecuencias para las partes involucradas, pero entre ellas nos resulta indudable que no pueden estar las de impedir acciones judiciales o asignarle facultades judiciales con agravios de fundamentales derechos de defensa. La cuestión pasa para los justiciables, por salvar de la ley lo posible y no asignarle una función judicial al sistema, sin agraviar la estructura republicana de la división de los poderes.
Se destaca en el voto de ese magistrado que la LRT obligó a contraer un seguro obligatorio y creó un subsistema que resiste al control jurisdiccional.
Se nos ocurre apuntar que esto no deja de tener importancia, en cuanto a la elección de los criterios con los que se interpretará las relaciones de derecho comprendidas por dos lógicas que pueden tornarse fundadas en valores muy disímiles, como son las de la seguridad social y las del seguro de daños. Y que como se lo señala, las A.R.T. son entidades privadas, con fines de lucro y sometidas al sistema de las sociedades comerciales. Signadas por su naturaleza, siempre su conducta deberá ser analizada desde la situación creada por el sistema, al entregar este tipo de servicios, a quienes si los retacean, mal prestan o niegan, alcanzarán beneficios. Un buen ejemplo de cómo opera la ley de la maximización de los beneficios, cuando lo que tendría que estar a cargo de la seguridad social, pasa a ser un negocio de seguros. [32]
Al cruce de los que sostienen que el sistema de la LRT 24.557, no resulta inconstitucional y ha sido establecido en forma razonable y dentro de las facultades con que cuenta el Congreso, el doctor Hitters plantea, apoyándose en una cita de Germán Bidart Campos, que ‑en principio‑ todos los actos y normas están sujetos al control judicial de constitucionalidad, y que estas pautas no violan el principio de división de los poderes.
También se opone a los que alegando que esta temática corresponde al ámbito de la seguridad social, encuentran que por ello se podría avanzar en la federalización, sosteniendo que la Constitución le manda al Congreso Nacional dictar los códigos de trabajo y de seguridad social (de lo que infieren como legítimo la imposición de la competencia federal en la materia), recuerda que el precepto constitucional añade ...” sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales...”.
Finalmente el doctor Hitters en la reiteración de sus posiciones, se explaya en términos que parecieran tener por destinatario al doctor Pettigiani, que en votos anteriores venía a su vez controvertiendo las ideas del primero en la inicial sentencia dictada en la causa “Cardelli”.
Expone que al reglamentar excepcionalmente, la federalización de procedimientos judiciales que refieran a causas de derecho común el legislador no puede operar con agravio del principio de razonabilidad y ello debe hacerse fundado en necesidades reales y fines federales legítimos y no en el mero arbitrio del poder legislativo. [33]
Por su parte el doctor Salas, tras adherir al voto de Hitters, resaltó que el art. 46 de la L.R.T. 24.557, no solo contraría disposiciones de la Constitución Nacional, sino también lo hace con los arts. 1, 15 y 39 de la Constitución provincial en cuanto a que la Provincia tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al gobierno de la Nación, como que también a sus habitantes se les asegura la tutela judicial, continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia y se garantiza además la intervención de tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo.
Del voto del doctor Negri, quien también adhiere al voto del doctor Hitters, destacamos que señala que la federalización, de los procedimientos y competencia prevista en la L.R.T. 24.557, no puede encontrar sustento en la supuesta existencia de un subsistema de la seguridad social, cuando las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no son entidades administrativas nacionales, sino privadas, con fines de lucro y sometidas al sistema de las sociedades comerciales. Circunstancia ésta que lo lleva a considerar que al detraer de los Tribunales ordinarios las causas que a ellas refieren se viola el art. 75 inc. 12, de la Constitución Nacional.
El doctor Soria, adhiere parcialmente al voto del doctor Hitters y en particular en cuanto a los temas que refieren al avasallamiento de las facultades propias y no delegables de la Provincia. Pero además pasa a cuestionar detalladamente, la naturaleza del procedimiento administrativo estructurado por el legislador y su reglamentación mediante el decreto 717/96.
Advierte el doctor Soria “puede concluirse que las Comisiones Médicas de la L.R.T. son organismos administrativos que, ejercen atribuciones parangonables a las jurisdiccionales”. De ello se desprende la necesariedad del control judicial. Y que la ley, agravada por la reglamentación practicada mediante el decreto 717/96 coloca al damnificado ante un complejo trámite y “cuán grave puede ser la indefensión, que podría experimentar en el ejercicio de sus reclamos dada la estrechez de la fiscalización judicial de las actos” de esas Comisiones.
Asimismo, resulta violada esa garantía constitucional al constreñir a al trabajador a litigar ante la Justicia Federal, debiendo en la alzada y en procesos de conocimiento, actuar ante jueces que no son naturales y en extraña jurisdicción a la propia de su provincia, sin que dicha competencia sea justificable ni por la materia ni por los sujetos.
Remarca apropiadamente el doctor Soria, que no existe un procedimiento reglado para canalizar tal intervención judicial; y que “la intervención judicial es limitada, ya que el denominado “recurso” se concede en relación (conf. art. 29) y sólo pueden ofrecerse medidas probatorias que hubiesen sido denegadas en la instancia [administrativa] anterior (conf. art. 28) y en algunos supuestos, directamente no se encuentra habilitada tal vía (conf. art. 27, tercer párrafo, por referencia al art. 25 y ley nº 24.241, art. 49, ap.3). Para el supuesto que se entienda aplicable el procedimiento de revisión judicial previsto en el art. 49, ap. 4 de la ley nº 24.241, tal trámite sólo alcanza, sin embargo, a la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, no así de los juzgados federales con asiento en las provincias y sólo en las causas originadas con motivo de la actuación de la Comisión Médica Central, no de las comisiones médicas provinciales. Además, de la lectura atenta del texto reglamentario, el recurso allí diagramado lo es con alcances muy estrechos ya que la Cámara, con ayuda del cuerpo médico forense, resuelve acerca del grado de invalidez del damnificado únicamente.”
Plantea por lo tanto que: “No cabe sino descalificar toda limitación que circunscriba en extremo la actuación del justiciable en sede judicial, pues con ello, ninguna oportunidad se le brinda de plantear las cuestiones de hecho, derecho y prueba que estimare inherentes... se cercena a la parte más débil de la relación jurídica el derecho de hacer oír su voz, con amplitud y sin ataduras objetables.”
Es de resaltar del voto de la doctora Kogan, la conceptualización que la misma realiza en cuanto a que la inconstitucionalidad declarada del art. 46 de la L.R.T. 24.557, constituye una inconstitucionalidad absoluta.
Apoyándose en Néstor Sagüez, a quien cita, la Ministra advierte esta situación, que la determina el hecho de haberse asignado competencia a organismos nacionales y a la justicia federal, “con sustracción de materias propias de la justicia local‑ configura un supuesto de inconstitucionalidad directa absoluta, al constituir una violación de los arts. 5, 75 inc. 12, 116 y 121 de la Constitución nacional...”.
Aunque esto no se desprenda del voto expresamente, la cuestión implica una velada alusión que lleva a distinguir la declaración de inconstitucionalidad del art. 46, de las que se han practicado hasta ahora referidas al art. 39 del mismo cuerpo normativo, en función de estimar si sus previsiones constituyen una irrazonable operativa legal de estimación de la reparación in integrum de los daños (art. 28 de la C.N. en relación con el art. 19 de la misma C.N.). Estás últimas, que son las alcanzadas en el caso “Gorosito”, son inconstitucionalidades relativas y en estos casos, tanto la declaración de la inconstitucionalidad o de la constitucionalidad de la norma referirá al caso particular a juzgar, reduciendo enormemente la gravitación que puedan tener en futuros casos a considerar.
A lo dicho debemos relacionarlo, con que por fin se advierte que en la sistemática de la Ley 24.557, resulta inescindible tratar el control de constitucionalidad de su art. 39, con independencia del art. 46, ya que el sistema opera a partir de procedimientos destinados a la reparación, en los que se encuentran comprometida en forma hermética y cerrada, el ejercicio de las únicas acciones reconocidas a procedimientos administrativos y judiciales, que fueron establecidos, con agravio de las jurisdicciones locales y las facultades no delegables de las provincias.
7.- EL DEBATE IMPLÍCITO CON LA POSICIÓN MINORITARIA ADOPTADA POR EL DOCTOR PETTIGIANI.
El fallo “Quiroga”, recepta posiciones anteriores de los Ministros que lo dictaron, que en la ocasión se reafirman y complementan, ahondando un debate en el que además de la confrontación de ideas, como es lógico suponer, se juega la suerte de las partes y determina que se fluctúe azarosamente entre rechazar las demandas o seguir procesándolas.
Comenzó con el compromiso adoptado en cuanto al mecanismo de procesamiento, por todos los miembros de la S.C.J.B.A., que votaron en las causas, “Mardones”, “Cardelli” y “Britez”.
Esa toma de posición inicial, sufrió un brusco giro al ser revisadas la sentencias “Cardelli” y “Britez” (luego del caso “Gorosito”), resuelto por la C.S.J.N., adoptándose un criterio opuesto y reafirmándoselo en la causa “Rodríguez”. Estas sentencias que no se encuentran firmes, resolvían los litigios con la declaración de la inexistencia de acción en los que se pudieran fundar. Por considerarse que esa doctrina excede la interpretación razonable que puede hacerse del antecedente “Gorosito”, es que esos fallos fueron apelados, por vía de recursos extraordinarios propios del art. 14 de la Ley 48 que se encuentran en trámite.
Para el observador crítico, a comienzos del 2003, con las sentencias “Puckus” y “Cousido”[34], referidas a un tema que hace a la aplicación de la ley en el tiempo y la declaración de inconstitucionalidad del art., 49 de la LRT 24.557, fue visible que se avecinaba un cambio. En especial si se advertía como votaba el doctor Roncoroni, quien fuera el que orientó inicialmente a una precaria mayoría en las declaraciones de constitucionalidades, pero cambió la orientación de sus votos, cuando la S.C.J.B.A, quedó integrada por sus Ministros naturales y no con la ocupación de vacancias por jueces de la Cámara de Casación Penal, como sucedió en la etapa anterior circunstancialmente. En nombrado Ministro adoptó una fundada postura en contra de la constitucionalidad del art. 39 de la LRT 24.557, pasando a sumarse a la minoría. Una minoría que a partir de serios argumentos contrastaba con una mayoría cada vez más precaria, por cuanto tres de los cinco de los que la integraban, votaban invocando una necesaria obediencia debida a la doctrina (mal entendida a nuestro criterio) de la sentencia “Gorosito” y haciendo expresas reserva de que en sus íntimas convicciones consideraban a la LRT 24.557, en su art. 39, inconstitucional.
Para ese observador crítico, el fallo “Quiroga” cae como la fruta madura del árbol. Y aunque no se expidieron en él todavía los Ministros De Lázzari, Gennoud y Roncoroni, todo indica que cada vez queda más comprometida la posición del doctor Pettigiani, quien resulta el único de los nueve miembros de esa Corte, que viene rompiendo lanzas a favor de la constitucionalidad del cuerpo normativo, tan cuestionado, de la LRT 24.557.
El doctor Pettigiani, en su voto en disidencia, mantiene la posición que adoptara en la causa “Cardelli”, al dictarse la segunda sentencia en la misma, para adecuar al decisorio dictado en “Gorosito”.
Ambos votos son casi idénticos, aunque las cuestiones sometidas a consideración a mérito de la sentencia apelada y la asunción de ellas que hacen sus colegas, responden a una lógica diferenciada, en la que es magistrado se niega a entrar.
El núcleo central de sus argumentaciones sigue refiriéndolo a la problemática del art. 39.1 de la LRT 24.557, en cuanto a los aspectos tan discutidos del mismo que refieren a la declaración de derechos sustantivos reparatorios, que expresen un tratamiento diferenciado, discriminador y desigualitario.
Sigue sin advertir que los argumentos que explaya, en cuanto a que las prestaciones de la LRT 24.557 resultan razonables, pierden todo sentido y son absurdos, cuando refieren a enfermedades no listadas a mérito del art. 6 de la LRT 24.557, como las várices que denuncia el actor Quiroga. Porque que éstas enfermedades no cuentan con prestaciones reclamables de ningún tipo (han sido caracterizadas por la doctrina como extrasistémicas) y en abstracto o en concreto, en la mecánica de la ley cuestionada no permiten acceder a reclamo alguno. En realidad esta cuestión esencial alcanzaba también a parte de los reclamos practicados en “Gorosito”, “Cardelli”, “Britez” y “Rodríguez” y ni la S.C.J.B.A., ni la C.S.J.N., lo advirtieron, tiñendo con ello de arbitrariedad a esos decisorios. Y si bien en los tres últimos, todavía puede ser que se la resuelva en función de los recursos en trámite, la primera de ellas, solo ofrece como alternativa la denuncia que de la misma se hiciera ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Creemos que la única lectura inteligente y racional que podía darse a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada del Fallo "Gorosito" era que, conforme se sostenía en sus considerandos, la cuestión que hacía al control de constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24.557, en todo lo que hace a la razonabilidad de la norma como operativa del principio de indemnidad que consagra el artículo 19 de la C.N. (en el criterio adoptado por el Tribunal Superior), sólo puede hacerse en concreto y al dictarse sentencia definitiva.
Sin embargo esto no fue así asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y esto sucedió a partir de las contradicciones en que incurriera inicialmente el doctor Roncoroni, en su voto al que adhirieran los miembros de la Cámara de Casación Penal que integraban circunstancialmente la Corte Provincial en la oportunidad de sentenciar por segunda vez la causa “Cardelli”. Por su parte en ese fallo, coincidiendo en la resolución planteada por el doctor Roncoroni, el doctor Pettigiani, sostuvo como lo sigue haciendo ahora en “Quiroga”: "A todo evento, solo podrá arribarse a la declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto cuando la reparación que conforme a la ley se establezca carezca de las notas de razonabilidad, sea desdeñable o irrisoria menoscabando así gravemente parámetros irrenunciables de equidad, que descalifiquen el acto resarcitorio de todo contenido de justicia, pero no podrá llegarse a ello sin haber transitado previamente caminos tendientes a determinar la legitimación del accionante, la responsabilidad del empleador, la magnitud del daño y la reparación que la ley cuestionada (L.R.T.) otorga para el caso".
Pero contra todo lo que podía preverse a partir de esas consideraciones, se pasó luego al absurdo de impulsar un decisorio por el que se rechaza sin más la demanda entablada, sin permitir procesar el infortunio.
Todo lo dicho nos obliga a formular la pregunta: ¿cómo hará cualquier trabajador, para transitar los caminos descriptos por el Magistrado en su voto, si éste luego impulsa en la resolución que los Tribunales afirmen que no tienen derecho a hacerlo, por imperio del art. 39.1 de la ley 24.557, y en consecuencia se rechacen las demandas sin procesarlas, ni permitir probar la existencia de responsabilidad, magnitud del perjuicio y necesidad de la reparación?
Sostiene Genaro R. Carrió: "Una sentencia puede ser auto-contradictoria ya porque declara un precepto aplicable y sin embargo no lo aplica, ya porque afirma y rechaza a la vez un hecho relevante para la solución del caso, ya porque niega en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos". [35]
En lo que hace a la convalidación constitucional del artículo 46 de la L.R.T., el doctor Pettigiani, parte de la posición del ejercicio razonable de una excepción al sistema general de adjudicación de competencias que la Constitución determina.
Su posición, ya conocida en fallos anteriores (su voto en “Quiroga” es una transcripción casi textual del dictado en “Cardelli”), implicaba una velada confrontación con los fundamentos que había vertido el doctor “Hitters”, en la sentencia inicial, revisada, dictada en esa última causa.
Ahora, en la doctrina sentada en “Quiroga”, son los Ministros Hitters, Kogan, Negri, Salas y Soria, quienes le contestan, demostrando lo irrazonable de la federalización de la judiciabilidad de las causas de derecho común por infortunios del trabajo, entre particulares, ya que las aseguradoras de riesgos del trabajo, se tratan de simples empresas afirmadas en la lógica de la maximización de beneficios y cuando los demandados se tratan de empleadores no afiliados a una A.R.T., actúan en fraude de la propia LRT 24.557, inspirados en esa misma lógica económica.
Para ese fin, manda la Constitución que cada provincia deba organizar su administración de justicia (art. 5° de la C.N.).
La competencia del poder judicial local, resuelta de facultades exclusivas de las provincias y no concurrentes con facultades similares del estado nacional.
Con mayor certeza aún, debe rechazarse la imposición por ley nacional, de una exclusión de ese poder de administrar justicia indelegable, que el estado nacional practique a favor de organismos administrativos no locales, de los juzgados federales o de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
Prescripciones que implican, la construcción de un vallado al acceso a la justicia. Y en este tema, por dos vías distintas confluyen los criterios de los jueces de la S.C.J.B.A., tanto al declarar la inconstitucionalidad del art. 46, como cuando se declara la inconstitucionalidad del art. 39; porque ambas normas constituyen un vallado para el ejercicio de las acciones comunes de reparación de daños y perjuicios por infortunios laborales, ante el juez natural provincial.
La privación del derecho a la jurisdicción natural, es una doble privación, porque además del agravio que implica el impedimento de ser juzgado por la administración judicial competente, por las leyes procesales que la regulan, implica un valladar efectivo y real para la defensa de derechos subjetivos, imposibles de ejercer prácticamente en extrañas jurisdicciones.[36]
A esto se debe sumar que en la Cámara Federal de la Seguridad Social, también ya se ha decretado la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT 24.557, por idénticas razones, y ello genera que el máximo órgano judicial establecido para ejercer el control de los recursos previstos, también esté derivando las causas a la justicia ordinaria del trabajo.[37]
El caso “Quiroga” pone de relieve la profunda relación sistémica que en el cuerpo normativo de la L.R.T. 24.557, mantienen los derechos adjetivos y sustantivos. Los que viabilizan las acciones a esgrimir y los procedimientos que las rigen y los que determinan la existencia de los derechos reparatorios a reclamar.
Por fin se advierte la cuestión esencial hasta ahora omitida en las causas “Gorosito”, “Cardelli” y “Rodríguez”, hace al derecho a la jurisdicción agraviado, ya que se impide la legítima defensa ante el juez natural y se viola la garantía al debido proceso judicial.
En esas tres causas, esta cuestión esencial no fue debidamente debatida y debió serlo, haciendo de esos tres decisorios, fallos arbitrarios. La cuestión es de indudable trascendencia institucional y su necesario tratamiento es obligatorio cuando se discute la competencia entra a ser debatida. Los fallos que ordenen los procesos referidos deberán incluso hacer uso del principio “iura curia novit”, en una cuestión que no puede prestarse al escándalo de resoluciones encontradas y diferentes ante conductas a juzgar de idénticas naturalezas.
Comienza por fin a vislumbrarse, que existe un orden lógico y racional en el proceso, que hasta ahora, a impulsos de la inconstitucional Ley 24.557, debe ser respetado por los jueces. Y que el reparto de rechazos de sentencias a ciegas y a locas, sosteniendo que no existe acción en abstracto, agravia a la razón.
Aún el hipotético caso de que no prosperaran algunas de las inconstitucionalidades que se plantean, los actores cuentan con las acciones propias de las prestaciones de la ley y sobre ellas también debe expedirse al juez al que se le somete un conflicto de esta naturaleza.
De sostenerse en la C.S.J.N., como es de esperar, los criterios seguidos por la S.C.J.B.A., el juez laboral será reafirmado en su tarea natural. La justicia del trabajo seguirá siendo la competente en las acciones por infortunios laborales, como lo fuera desde sus orígenes. Y las víctimas de accidentes y enfermedades acaecidas en ocasión y con motivo de las tareas, podrán tramitar acciones especiales o de derecho común. Todo sin perjuicio de la efectividad que demuestre el trámite administrativo previo, en los casos en que el mismo, es posible y sin hacer del mismo, un vallado imposible de sortear.
Estaríamos construyendo la superación de una grave situación pendiente, desde hace ya casi ocho años, cuando se sancionó la Ley 24.557. Una situación insostenible para las víctimas, que a todos tiene que avergonzarnos.
En ese lapso, no obtuvieron reparaciones de ningún tipo, por los daños padecidos, los trabajadores que quedaron fuera de las conceptualizaciones del accidente de trabajo y la enfermedad causada laboralmente, que surgen de las previsiones de la LRT 24.557. Y muchas de las víctimas que pudieron ser alcanzadas por las previsiones de la norma, tuvieron que darse por reparadas, con indemnizaciones miserables, sin acceder a la revisión de situaciones inicuas.
El efectivo control judicial de todos esos casos, sigue siendo una tarea pendiente, a la que la sentencia “Quiroga”, que comentáramos, permite esperanzar se pueda llevar a cabo, desactivando los vallados que impiden el acceso a la justicia.
[1] Puede consultarse del autor, sobre los temas abordados en este trabajo sus libros: Control de constitucionalidad de la Ley de Riesgos del trabajo 24.557, Editorial Joaquín Fernández Madrid, Buenos Aires, 1997 y Reforma laboral. Análisis crítico. Aportes para una teoría general del Derecho del Trabajo en la crisis, La Ley, Buenos Aires, 2002. También los trabajos: Tendencias jurisprudenciales de la provincia de Buenos Aires en materia de inconstitucionalidad de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en revista Doctrina Laboral, Errepar, julio de 1998; Jurisprudencia constitucional y el principio "alterum non laedere". Ponencia oficial presentada en las "IV Jornadas Nacionales sobre la Reforma Laboral", convocadas por la Fundación de Altos Estudios Sociales. Llevadas a cabo en el Centro Cultural Gral. San Martín, Buenos Aires, 13, 14 y 15 de mayo de 1996; El Decreto de Necesidad y Urgencia 1278/2000 y las acciones por infortunios del trabajo en la Provincia de Buenos Aires, en revista La Ley, Provincia de Buenos Aires, n° 3, abril del 2001, pág. 277. Inconstitucionalidad por violaciones al derecho de igualdad y no discriminación en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, en revista Doctrina Laboral, Errepar, enero de 1997, pág. 133. Otros artículos y ponencias se consignan en las notas de este trabajo.
[2] Estas acciones han generado todo un desarrollo alternativo de legitimación de la competencia ordinaria, de una vía que la admita, con prescindencia de que sea necesario declarar la inconstitucionalidad de la Ley 24.557, ya que se considera a estos infortunios como extrasistémicos. Es valioso el esfuerzo realizado al respecto, entre otros Tribunales por la Sala X de la C.N.A.T., pero resulta evidente que cualquier defensa seria de los derechos de las víctimas de esos infortunios, independientemente de la adhesión que se haga a estas posiciones, deberá ser reasegurada invocando supletoriamente la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas que pueden ser interpretadas como un régimen completo y único para todos tipo de infortunios laborales, como lo viene haciendo entre otros Antonio Vázquez Vialard.
[3] Para que se advierta el vano propósito del legislador represor del juicio por accidente de trabajo, recordamos que estas acciones llegan a ser aproximadamente el sesenta por ciento, de las que ocupan a los Tribunales Sociales españoles, que tienen competencia en las que refieren a las responsabilidades propias del sistema de seguridad social, con similitudes con el nuestro pero propio de una seguridad social clásica no privatizada ni delegada a aseguradoras privadas. A las que se suman las acciones contra los empleadores y sin perjuicio de las anteriores.
[4] Conf.: C.S.J.N., Fallos 279: 95; 286: 45 y 302: 339. En doctrina: Amadeo Allocati, en su "Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo". Astrea T. 1 , pag. 97.
[5] Conf.: C.N.Com. , C., 9-6-80, en L.L. 14-1-81, fallo 79.254.
[6] Ver: "Berga, Elvezio D. c/ La Rural Cía. de Seguros", C.S.J.N., agosto 12 de 1968, en La Ley T. 131, págs. 994 y ss.
[7] Ver: C.S.J.N., S. 627. XX. "Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra". 22/04/87 T.310, P.804.
[8] En esta materia la jurisprudencia registra estos antecedentes relevantes: "Las provincias, a semejanza de lo que ocurre en el orden nacional, tienen facultades para organizar la jurisdicción y competencia de sus propios tribunales, dictando sobre el particular las leyes que correspondan. Esas leyes de organización del poder judicial de los estados, además de reglamentar la competencia, y de señalar las leyes procesales que dentro de las distintas jurisdicciones han de gobernar la actuación de los funcionarios, establecen la forma en que tales jueces han de ser nombrados de conformidad con los principios adoptados en sus propias constituciones. En general, tales designaciones se hacen por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por tiempo determinado o mientras dure la buena conducta del funcionario". C.S.J.N., S. 627. XX. "Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra". 22/04/87 T.310, P.804. Y en la Provincia de Buenos Aires: "Como norma general dentro de nuestro régimen federativo, el poder de policía corresponde a las provincias y la Nación lo ejerce dentro del territorio de las mismas sólo cuando expresamente le ha sido conferido o es una forzosa consecuencia de otras facultades constitucionales. La policía de las provincias está, pues, a cargo de los gobiernos locales, entendiéndose incluidas en tales potestades las de proveer lo concerniente a seguridad, salubridad y moralidad de los vecinos, pudiendo entonces lícitamente dictar leyes y reglamentos con tales finalidades". SCBA, I 1314 S 16-7-91, Juez VIVANCO (SD), en "Sanatorio Azul S.A. y ot. s/ Inconstitucionalidad ley 9384/79 y dec. 6732/87". AyS t. 1991-II p. 537. Mag. votantes: Vivanco - Mercader - Pisano - Negri - Rodríguez Villar.
[9] Ver: "No es de competencia de la justicia federal la demanda contra la Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles". Autos: "Femeba c/ OSECAC", C.S.J.N. 30/4/91. Magistrados: Levene, Fayt, Belluscio, Petracchi, Barra, Nazareno, Moline O'Connor. Abstención: Cavagna Martínez y Oyahanarte.
[10] Ambos dictámenes fueron ratificados por el Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. El autor de este trabajo, suscribió los mencionados Dictamenes, como Director de ese Instituto. Pueden consultarse en el libro El control de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, de su autoría, prologado por el doctor Isidoro Goldenberg, Editor Joaquín Fernández Madrid, Buenos Aires, 1997, pág. 329 y ss.
[11] Puede consultarse del autor su Ponencia presentada en el Primer Encuentro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: “Crisis y Perspectivas del Derecho del Trabajo”, celebrado en la ciudad de Necochea, los días 20 y 21 de noviembre de 1998, titulada El acceso a la justicia laboral en los infortunios de trabajo. La desactivación de los fueros laborales provinciales y dos dictámenes del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Quilmes, Tomo de Ponencia, pág. 16 y ss.
[12] En similar sentido en las IX Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Laboral, celebradas en Junín los días 2, 3 y 4 de noviembre del 2000, el Panel Laboral, llegó a la Conclusión No. 10, que se transcribe: “La desprotección de las víctimas de infortunios laborales también se expresa en el “procedimiento único” al que obliga la L.R.T., enviando al trabajador desamparado a presentarse por ante las A.R.T. y las Comisiones Médicas, estas últimas verdaderos “tribunales especiales”, investidas de facultades jurisdiccionales que lesionan el principio de libre acceso a la justicia y la garantía del debido proceso (art. 18 de la C.N.). Se otorgan así potestades jurisdiccionales a órganos administrativos integrados por profesionales médicos dependientes del P.E.N., que además “resuelven” sobre cuestiones ajenas a sus incumbencias”.
[13] Sostuvo además ese autor: "Esta excesiva centralización, aunque tenga antecedentes comparables, resulta incompatible con la extensión geográfica de nuestro país, por lo que creará en la práctica una grave dificultad a los trabajadores alejados de la Capital Federal....". Doctrina Laboral, Errepar, febrero de 1996, pág. 109 y ss.
[14] Ver: Julián Arturo de Diego en "Manual de Riesgos del Trabajo", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996.
[15] Hugo F.P. Rhó y Cristián Requena, graficaban así esta situación común a la mayor parte de los trabajadores que se radican en el interior del país: "Estas instancias ante las comisiones médicas (de provincias y la central) y el dificultoso acceso a la Justicia Federal, el cual no encuentra su explicación de ser ni en razón de la materia ni de las personas, y que separa de la administración de justicia a los trabajadores y deviene en muchos casos hasta en una imposibilidad fáctica para quienes viven el interior (vgr. un trabajador de la ciudad de Monteros -N.O. cordobés- debe acudir a la Justicia Federal de Bel Ville -S.E.-, distante nada menos que 300 kms. de su medio, siendo que en su misma ciudad posee tribunales provinciales), vulneran el Debido Proceso y el acceso a la Jurisdicción por ante los jueces naturales". Ponencia inédita: "Los derechos de los trabajadores en el L.R.T. aspectos constitucionales", presentada en las V Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebradas en Cruz del Eje, el 4 y 5 de octubre de 1996, convocadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba,
[16] El primer paso fue dado con referencia a la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley 24,028, reformado por la Disposición Adicional Tercera de la LRT 24.557, que imponía la etapa del trámite conciliatorio previo, a toda reclamación por infortunio de trabajo. El Tribunal del Trabajo N° 3 de Quilmes, el 12 de junio de 1996, en los autos "Lezcano, Basilio c/ Zucamor S.A. s/ daños y perjuicios (causa 13.703)", resolvió en fallo dividido, declarar inconstitucional la reforma instrumentada por la ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557, del art. 15 de la Ley 24.028. La posición fue compartida por la mayoría de los tribunales bonaerenses, que de esa manera, desarticularon esa forma de obstaculizar el acceso a la justicia.
[17] Poco a poco se fue afirmando la asunción de la competencia en las acciones en las que se atacaba a la L.R.T. 24.557, por impedir el acceso irrestricto a la reclamación ante el juez natural, impugnando el art. 46 de ese cuerpo normativo. En el caso "Quintams, Mario Héctor c/ Multisheep S. A", el Tribunal del Trabajo de Lanús N° 2, el 19 de noviembre de 1996, pasó a operar a fondo en la impugnación de la L.R.T. Actuando a partir de una petición de la parte actora, para que se resuelva el tema de la inconstitucionalidad de la norma, en sus arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46, 49, cláusulas adicionales 1a., 3a. y 5a. como una cuestión previa, fijando la "causa petendi", y afirmando la competencia jurisdiccional. El Tribunal, asumió la competencia y a partir del principio de congruencia, relacionó con esta materia el acto de controlar al cuerpo normativo a partir de la Constitución y con referencia a la relación sistémica que mantiene el articulado impugnado. Resolvió una cuestión institucional previa que reclama del decisorio para el ordenamiento del proceso. (Ver del autor de este trabajo: Reflexiones sobre el caso "Quitams" que declara la inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo, en revista Doctrina Laboral, febrero de 1998, n° 150, pág. 260; En el caso "Montiel, Julio Jorge c/ Resind S.A. y otra s/ accidente de trabajo", el Tribunal del Trabajo de San Isidro N° 2, en abril de 1997, ingresó al tema previo al traslado de la demanda, a partir de haber impetrado la actora la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. 24.557. En la inteligencia del fallo, la cuestión queda reducida a estos términos. No se podría procesar la acción si el mecanismo represor de la misma, articulado por el citado artículo, mantuviera su vigencia. En el caso "Colman, Hermes c/ Lasalle, Rolando s/ daños y perjuicios" (Expte. 3358), el Tribunal del Trabajo N° 4 (que también falla en el caso "Cardelli"), resolvió el 19 de junio de 1997, la cuestión de competencia que la parte demandada impetrara, planteando la misma cuestión previa, pero a partir de una demanda que también tachara por inconstitucionales a los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 40, 46 y las disposiciones adicionales 1a., 3a., y 5a. de la L.R.T. 24.557. Esa orientación expresada en esos fallos solo comenzó a variar recientemente, al ser dictadas nuevas sentencias en las causas “Cardelli” y “Britez”, pero retoma vigor y sentido a partir del caso “Quiroga”, que comentaremos más adelante.
[18] En el caso "Jaimes, Juan Toribio c/ Alpargatas S.A. s/ acción contractual art. 75 L.C.T.", el 5 de noviembre de 1996, la C.S.J.N. resolvió una cuestión propia de declinatoria de competencias entre la justicia civil y la laboral de la Capital Federal, ordenando intervenir en materia de ejercicio de las acciones laborales contractuales nacidas de la violación del deber de seguridad (art. 75 de la L.C.T.), al fuero del trabajo. Ver: "La garantía de seguridad en el contrato de trabajo y su acción autónoma laboral de reparación de daños. A propósito del caso "Jaimes", en revista Doctrina Laboral, Errepar, septiembre de 1997, pág. 885.
[19] Ver del autor de este trabajo El principio de indemnidad del trabajador y la obligación de prevención y seguridad del empleador, en Jurisprudencia Argentina, 8 de septiembre de 1993, págs. 18 a 26.
[20] Ver: S.C.J.B.A., en "Mardones, Mario Rodolfo c/ Erviti Hnos. S.R.L.", (DLE N° 162, febrero, 1999, T XIII, folio 164 con nota de Amanda Caubet). "Necesariamente en la instancia de origen se debió resolver, en forma previa a cualquier otra consideración, y con respeto a los principios de congruencia, bilateralidad y defensa (no observados en la especie) para cumplir con un adecuado servicio de justicia, la constitucionalidad o no del artículo 39, incisos 1o. y 2o. de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT). Luego sí, proseguir -si correspondía- con el análisis posterior referido a la aplicación en la especie del mencionado ordenamiento normativo (LRT) y la consecuente competencia del Tribunal del Trabajo para conocer la pretensión deducida en la demanda instaurada".
[21] Se trataba del fallo dictado en "Pérez, Ana María c/ Multicanal S.A. s/ accidente ley 24.557", (Expte. 2486), que se publicara en La Ley Buenos Aires, octubre del 2000. La nota se tituló: La competencia asumida por la justicia del trabajo en una acción no prevista en la sistemática de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y la declaración de inconstitucionalidad de ese cuerpo normativo.
[22] Ver del autor de este trabajo Las tendencias actuales de la jurisprudencia y la inconstitucionalidad de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557. A propósito del fallo “Cardelli”. Dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en revista La Ley Buenos Aires, Año 8, número 6, julio del 2001, pág. 766.
[23] Ver: C.S.J.N., 2002/02/01, sentencia en autos “Gorosito, Juan R. C. Riva S.A.. y otros”, con nota del autor de este trabajo titulada El corral de los asalariados. Un debate postergado y no agotado que hace a la jurisdicción en los infortunios laborales y la constitucionalidad de la Ley 24.557”, en Doctrina Judicial de La Ley, Año XVIII, n° 8, del 20 de febrero del 2002,.
[24] Ver del autor de este trabajo Los daños extrasistémicos en la ley 24.557, las enfermedades y la inconstitucionalidad de la norma, en revista La Ley Buenos Aires, 2002-1535, comentando el fallo de la S.C.J.B.A. “Rodríguez, Héctor A. C. Buenos Aires Catering S.A.”, publicado también en esa revista.
[25] Mario E. Ackerman, sostienen que el art. 46 es inconstitucional, pero por no valorar en todas sus consecuencias, estos aspectos que tratamos de resaltar sostienen que la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 39 y 46 de la L.R.T. deberá diferirse al momento de la resolución que pone fin al pleito.
[26] Ver: La Ley Buenos Aires, Ano 9, número 10, noviembre del 2002, pág. 1345 y ss. “S.C.J.B.A., 2002/09/25, “Britez, Primitivo c. Productos Lipo S.A.”, con nota de Moisés Meik y Antonio Barrera Nicholson, titulada “La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la variación de su doctrina sobre la constitucionalidad del artículo 39.1 de la ley de riesgos del trabajo”.
[27] Ver: Antonio Vázquez Vialard, en “La tarea que le compete al juez que ha declarado la inconstitucionalidad de una disposición contenida en la ley de riesgos del trabajo (LRT)”, comentario a fallo publicado en La Ley, 7 de febrero del 2003, pág. 3.
[28] Debe tenerse en cuenta que las sentencias dictadas por la S.C.J.B.A., en las causas “Cardelli”, “Britez” y “Rodríguez”, fueron apeladas mediante recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y concedidos los recursos, se encuentran a la fecha de redacción de este trabajo a estudio en la C.S.J.N.
[29] El voto es copia casi textual del emitido en la sentencia primigenia de “Cardelli”, con una claudicación, motivada sin duda en el propósito de no disentir más y por ahora, con la doctrina de la C.S.J.N. en el caso “Gorosito”. Se deja de volcar este párrafo significativo, que antes enriquecía su posición: “Por último quiera dejar en claro que lo que acabo de votar, no apunta sólo a resolver una mera cuestión de competencia, sino que también hace al fondo en cuanto a la inaplicabilidad del art. 39 de la ley puesta bajo lupa en estos actuados, lo que significa –repito- que no puede eximirse a priori al empleador de toda responsabilidad civil como lo indica el apartado 1ro. De ese precepto”.
[30] Esto se desprende de estos párrafos del voto del doctor Hitters: “Si ello es así, al derrumbarse el art. 46, gran parte del sistema del cuerpo legal de marras queda en falsete y es inaplicable al sub lite, ya que resulta imposible fracturar el modelo de la ley, y hacer que se aplique sólo parcialmente, si tenemos en cuenta que se trata de una arquitectura monolítica donde sus distintos componentes están de tal modo entrelazados ‑y la argamasa es tan férrea‑ que se convierte en un todo inseparable.
[31] Cita también a Kemelmajer de Carlucci, la que señala que la solución que da la ley “no tiene otra explicación que no sea la desconfianza en el Poder Judicial provincial”, ello así pues este traslado de competencia no encuentra sustento en norma alguna de la Constitución Nacional, si se colige que las A.R.T no son entidades administrativas nacionales, sino privadas, con fines de lucro y sometidas al sistema de las sociedades comerciales; y además “los dictámenes médicos deben ser considerados como meros informes periciales y no como materia central del juicio” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La Ley” sobre riegos del trabajo 24.557, en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, núm. 15, págs. 265 en adelante). Similares valoraciones practica el doctor Negri en su voto.
[32] Ver del autor de este trabajo, La inconstitucionalidad del modelo en materia de seguridad social y la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, en revista Doctrina Laboral, Errepar, agosto de 1996, pág. 690; "El control de constitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24.557", en revista Derecho del Trabajo, enero de 1997, pág. 237.
[33] Y cita: Fallos, 248:781; íd., 300:1159; ver también Quiroga Lavié, en Siniestralidad Laboral de Corte y Machado, Rubinzal Culzoni, año 1996, p 393; Armagnague, Jurisprudencia de Mendoza, núm. 47, marzo 1997, p 253. Y también Fallos 300: 1159, en los que la C.S.J.N., impuso el control de constitucionalidad sobre restricciones legales a la intervención de los Tribunales locales en las materias que naturalmente le son competentes.
[34] Ver del autor de este trabajo: Tratando de no predicar en abstracto. Una sutil pero trascendente variación de doctrina en la S.C.J.B.A. en materia del control de constitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo, en revista Derecho del Trabajo, abril del 2003, pág. 501 y ss.
[35] Ver: El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo Perrot, 2° edición, Buenos Aires, pág. 281.
[36] Dice Quiroga Lavié: "Derecho a la jurisdicción (como lo denomina Bidart Campos): es la acción judicial - en la terminología kelseniana de derecho subjetivo- que permite poner en movimiento el aparato jurisdiccional estatal cuando un derecho subjetivo civil, social o público subjetivo, hubiera sido desconocido. El derecho a la jurisdicción opera como garantía de eficiencia de todos los otros derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico". Véase: Humberto Quiroga Lavié, Derecho Constitucional, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, pág. 183.
[37] Conf.: "Las Provincias no han delegado en la Nación facultades legislativas en materia procesal, y son las únicas en condiciones de dictarse para sí las normas adjetivas que estiman mejores. Por el artículo artículo 75, inciso 12) de la Constitución Nacional su aplicación corresponde a los Tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, una norma, que impida la actuación judicial a sus jueces naturales violenta la manda constitucional (art. 18) en cuanto se sustrae el conflicto suscitado entre particulares al conocimiento de órganos jurisdiccionales, con la consiguiente violación del derecho de defensa en juicio y el debido legal, a los artículos 5º, 75, inciso 12), y 121 de la Constitución Nacional y las normas constitucionales provinciales." Autos: "Garrido, José Luis c/ Asociart A.R.T." C.F.S.S. - SALA II - 14/3/2002. B.D.6 DLE 03474, Doctrina Laboral Errepar T. XVI, pág. 811 y ss.