Source: http://luisraffaghelli.blogspot.com/
Timestamp: 2017-08-19 16:39:58
Document Index: 220599250

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2561', 'in fine', 'artículo 2537', 'artículo 75', 'artículo 19']

Publicado por Luis Raffaghelli en 17:45
Importante definición de un fuero que no es el laboral.
COMUNICADO DE PENSAMIENTO CIVIL RESPECTO DE LOS DICHOS DEL PRESIDENTE EN CONTRA DE ABOGADOS/AS LABORALISTAS Y JUECES/ZAS DEL FUERO LABORAL
derechos laborales EDITORIAL
Pensamiento Civil expresa su preocupación por las manifestaciones del señor Presidente de la Nación en contra de jueces y juezas del fuero laboral y la actividad de profesionales de la abogacía que ejercen la defensa de la población trabajadora.
Las declaraciones de Mauricio Macri están teñidas de una inocultable falacia y denotan que se ha comprometido en una cruzada contra la magistratura laboral, la población obrera y contra abogados y abogadas que la defienden y representan, cuando atribuye a este universo la responsabilidad por la crisis y quebranto de las Pymes.
En primer término es necesario recordar que con el repetido argumento de la litigiosidad se modificó la ley de Riesgos de Trabajo, que básicamente impone la obligación a quienes trabajan de recurrir a las Comisiones Médicas (CCMM) como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de la LRT, u homologar acuerdos con las ART e induce a quienes resulten damnificados a consentir las resoluciones de las CCMM, realizando una sustitución de jueces y juezas naturales del trabajo por organismos dirigidos por profesionales de la salud (nombrados, dependientes del PEN y financiados por las ART) inidóneos para la función jurisdiccional, desconociendo que los damnificados han recurrido a la justicia ante el fracaso de las CCMM diseñadas originalmente por la Ley 24.557, y que el acceso a la justicia ha sido establecido en numerosos fallos por la CSJN (“Castillo”, “Venialgo” “Marchetti” y “Obregón” entre otros). Más aún, en el fallo “Obregón” la Corte fundó la inconstitucionalidad de las CCMM que se le imponía a las víctimas como una vía administrativa previa, lo que significaba retrasar injustificadamente el acceso a la jurisdicción natural, afectando al orden público.
El acceso a la justicia como logro de la población trabajadora, le ha permitido la posibilidad de presentarse ante la magistratura laboral especializada, con independencia y estabilidad en sus decisiones y con la debida defensa letrada, la intervención de peritos de oficio, la amplitud de prueba, como siempre sucedió en nuestro país, hasta que fue sancionada la Ley 24.557 a cuyos orígenes se retrocede ahora, desconociendo esta jurisprudencia que invalidó el inconstitucional procedimiento original.
En segundo término, es llamativo que el representante de uno de los poderes del Estado interfiera en el ámbito de acción del Poder Judicial y desacredite públicamente a sus integrantes. Debemos recordar que la forma republicana de gobierno que establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna exige la necesidad de dotar y garantizar de la independencia y estabilidad necesaria a jueces y juezas para que puedan cumplir y hacer cumplir con probidad y libertad el mandato de impartir justicia. El respeto por la independencia de poderes debe ser aun mayor tratándose del Poder Judicial, cuya función es precisamente, ejercer el control de legalidad de los actos de los otros dos poderes de la República.
Debemos resaltar que la mera discrepancia con los decisiones judiciales y con el trabajo profesional que llevan adelante profesionales de la abogacía, por más arbitrarios que le parezcan al titular del Poder Ejecutivo Nacional, no habilita una crítica hacia las decisiones judiciales y debe ser abordado desde la argumentación jurídica y canalizada a través de los medios procesales utilizando las vías institucionales para recurrir al Consejo de la Magistratura y presentar las pruebas pertinentes.
Reivindicamos por nuestra parte el rol que desempeñan quienes asumen la defensa de los derechos de la población obrera y que deben soportar una larga lucha para obtener el reconocimiento de los mismos, y rechazamos enérgicamente la actitud de intolerancia con las reglas del sistema constitucional vigente.
Publicado por Luis Raffaghelli en 13:22
20 de mayo de 2017 | El país
LA CIDH, CON DIPUTADOS Y REFERENTES DE DERECHOS HUMANOS
Con críticas a la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país y visitó la Cámara baja. Cuestionó el fallo del 2x1 y recibió un crítico informe sobre la situación del país.
La CIDH en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió ayer a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a la Argentina. El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, destacó la “gran celeridad” con la que actuó el Congreso nacional para limitar la aplicación del cómputo del 2x1 en casos de lesa humanidad y valoró “positivamente” la reacción de la sociedad civil frente al fallo de la Corte Suprema. Eguiguren también ofreció asistencia técnico-jurídica al planteo de los legisladores sobre la necesidad de crear mecanismos de cumplimiento efectivo por parte del Estado de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. El Foro por la Libertad y la Democracia (FLyD), que integran más de cien organizaciones, le entregó a la CIDH un duro documento sobre violaciones a los derechos humanos en el país. Hoy, la CIDH se reunirá con los integrantes de Justicia Legítima.
La convocatoria realizada por la presidenta de la comisión, Victoria Donda (Libres del Sur), aglutinó a más de 30 diputados de todas las bancadas políticas para recibir a Eguiguren y al secretario ejecutivo de la CIDH; Paulo Abrao. También participaron del encuentro Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH; Luciano Hazan, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; Victor Abramovich, ex miembro de la CIDH; Gastón Chillier, del CELS; Mariela Belski, de Amnistía; y el ex Canciller Jorge Taiana, entre otros.
Donda también remarcó allí la necesidad de avanzar con legislación complementaria sobre derechos humanos. La diputada planteó que con el fallo “Fontevecchia”, “la Corte Suprema le quita fuerza al derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y al sistema interamericano de protección de derechos humanos”. “Esta situación –continuó Donda– nos planteó el desafío del que hablamos con los expertos, de pensar una ley que cree mecanismos de cumplimiento de decisiones internacionales en materia de derechos humanos como una herramienta para contribuir a mejorar la implementación de esas decisiones internacionales. Está de más ratificar que los tratados internacionales de derechos humanos son operativos”.
Eguiguren se plegó a la preocupación de los legisladores “para asegurar el cumplimiento de las decisiones de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos de los que Argentina es parte”: “Cuando un país firma un tratado uno se pregunta si es necesario que haya una ley que diga que ese país tiene que cumplir con las decisiones de los órganos a los que se vincula mediante la decisión soberana de firmar y ratificar esos tratados. Pero después de ver dos sentencias (Fontevecchia y 2x1) parece que sí, que es necesario”, indicó el presidente de la CIDH, quien ofreció a los diputados “asesoramiento técnico” para elaborar la futura norma.
Ayer, Eguiguren también recibió un crudo informe del FLyD con distintas temáticas. La denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de los ejes principales que plantearon los referentes del Foro como de mayor preocupación.
El informe también incluye las exposiciones en el Foro de Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; y Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que lamentaron después de tantos años de lucha, tener que volver a hacer denuncias ante la CIDH.
Hoy por la mañana, la CIDH recibirá en el Hotel Sheraton de Retiro, a los integrantes de la asociación civil Justicia Legítima –que integran jueces y fiscales– en un encuentro de carácter reservado. Allí, Maria Garrigós de Rébori (Jueza de Casación); Alejandro Slokar (Juez de Casación Federal); Jorge Auat (Fiscal General Procuraduría Crímenes Lesa Humanidad); José Massoni (Primer Fiscal de la Oficina Anticorrupción); y Julio Maier (jurista), expondrán sus preocupaciones sobre la situación sobre derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad en el país.
Publicado por Luis Raffaghelli en 11:27
Documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre fallo de la Corte Argentina
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CIDH expresa preocupación por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
Fte:Web de la CIDH
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación frente a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a información de público conocimiento, el 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Argentina decidió aplicar un cómputo que tiene por efecto reducir sensiblemente el tiempo en prisión de una persona que fue condenada por crímenes de lesa humanidad. A fin de tomar tal decisión, la Corte Suprema aplicó el artículo 7 de la Ley 24.390, la cual estuvo vigente de 1994 a 2001, conocida como “2x1”, porque permitía que, luego de transcurridos los dos años de prisión preventiva permitidos por ley, se pudiera computar dos días de prisión por cada día transcurrido en detención sin sentencia definitiva. La Corte Suprema aplicó esta ley fuera del marco de su vigencia, ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007.
La CIDH expresa su consternación por la interpretación y aplicación realizada por la Corte Suprema de Justicia porque el beneficio se aplica a la persona encontrada culpable y sentenciada a prisión por haber cometido un crimen de lesa humanidad.
La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima. Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena. La aplicación del 2x1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Su aplicación tornaría inadecuada la sanción que se impuso, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos.
La CIDH celebra que la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La CIDH saluda también a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante.
La CIDH toma nota de la aprobación en el Congreso y promulgación de la Ley 27362, publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2017. La CIDH saluda lo establecido en el artículo 1, que establece que el beneficio del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".
No. 060/17
Publicado por Luis Raffaghelli en 9:40
La mayoria de la Corte se pronuncia contra la imprescriptibilidad de las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad
Fuente: CIJ - PJN
La pregunta es....en caso que los demandados fueran particulares se aplicara la misma doctrina?
En ese caso se echaria con tierra la complicidad civil con los crimenes del terrorismo de Estado.
Bs.As. 10 de mayo de 2017
En la causa “Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, se dictó una sentencia en la que el voto de la mayoría fue firmado por los jueces
Mediante el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, la Corte Suprema concluyó que dichas reclamaciones no son imprescriptibles y que, por ende, para dar lugar a una sentencia condenatoria por la responsabilidad del Estado, las acciones están sometidas a las disposiciones que establecen el plazo de prescripción dentro del cual deben ser útilmente promovidas.
Los jueces Maqueda y Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que esta clase de acciones eran imprescriptibles, fundando sus opiniones en mediante sendos votos individuales.
En el caso se trataba la demanda promovida por Amelia Ana María Villamil contra el Estado Nacional, en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en el año 1977 y que imputó al accionar de “un grupo de personas uniformadas […] que ‘prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad pública” (fs. 1/28 vta.).
El Estado Nacional contestó la demanda, planteó la excepción de prescripción de la acción y pidió el rechazo de la demanda.
Esta defensa fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró imprescriptibles a estas pretensiones. Esta resolución fue impugnada por el Estado Nacional mediante un recurso extraordinario federal que la Corte Suprema declaró admisible, para así revocar la sentencia apelada y concluir en que estas acciones están sujetas a plazo de prescripción.
Voto de la mayoría (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz)
En el caso ya existía un precedente "Larrabeiti Yáñez", dictado en 2007 y suscripto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Argibay (Fallos: 330:4592)-, el que resulta de aplicación directa al caso y al que se remite. Allí se diferenciaron ambas situaciones, sobre la base de que la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible y renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecución penal en materia de lesa humanidad se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados En suma, se sostuvo que en un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de daños como la aquí intentada.
La opinión de la mayoría dejó en claro que no existía al momento en que la prescripción de la acción operó -16 de noviembre de 1995- ninguna norma que dispusiera esa solución. Agregó que tampoco resultaría aplicable al caso la imprescriptibilidad fijada en el artículo 2561 in fine del Código Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 2537 del mismo cuerpo legal (“Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior").
Por otro lado, sostuvo que La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tampoco dispone la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias derivadas de dicho delito, sino únicamente la de las acciones penales (artículo VII; arg. Fallos: 322:1888). Añadió que de ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificación a la sentencia de la cámara. Así lo señaló esta Corte expresamente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la causa “Olivares” (Fallos: 311:1490, considerando 8°).
De modo concorde, la Corte afirmó que el Estado argentino ha procurado la reparación de estos daños, no solamente mediante la habilitación de las acciones indemnizatorias correspondientes –durante el plazo de prescripción- sino también mediante el establecimiento de regímenes indemnizatorios especiales (en este caso, ley 24.411 y sus modificatorias), cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente (leyes 24.499, 25.814, 25.985, 26.178, 26.521) hasta declararse posteriormente la ausencia de plazo de caducidad para solicitar los beneficios allí establecidos (ley 27.143).
Por último, las Corte subrayó que el hecho de que la actora –dadas sus particulares circunstancias- no pudiera reclamar la indemnización prevista por la ley 24.411 no implica en modo alguno que hubiera tenido un obstáculo para demandar aquello a que tenía derecho según su consideración, ni que las reglas generales que justifican y sustentan el instituto de la prescripción liberatoria no concurran en casos como el presente.
Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda
El deber estatal de indemnizar los daños causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado no está sujeto a plazo de prescripción.
El Juez Maqueda en su voto disidente reconoció el derecho de las víctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparación de los daños causados sin sujeción a plazo alguno de prescripción.
Esta declaración de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que recepta la propia Constitución Nacional, y que fueran ya aplicados en la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema al declarar la imposibilidad de amnistiar, indultar o declarar la prescripción penal en materia delitos de lesa humanidad. Además, y en otro orden de consideraciones, resaltó que estos postulados fueron recogidos por el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación al adecuar a ellos la legislación infraconstitucional.
En su voto, sostuvo que del derecho internacional consuetudinario, receptado por la Constitución Nacional al momento de su sanción, y de las normas del derecho convencional a las que la reforma constitucional de 1994 les dio esa misma jerarquía, se deriva que el Estado argentino ha asumido un fuerte compromiso internacional en virtud del cual la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos humanos comprende tanto el derecho de las víctimas y sus familiares al conocimiento de la verdad y el castigo penal de los autores de delitos de lesa humanidad como el de obtener una reparación de los daños sufridos.
De este modo, advirtió que, en los casos como el aquí examinado, tanto la acción de daños y perjuicios como la penal derivan de un mismo crimen internacional. En consecuencia, reconocida la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde la óptica penal, por constituir éstos serios actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, sería inadmisible sostener que la reparación económica a cargo del Estado de las consecuencias de esos crímenes pueda quedar sujeta a algún plazo de prescripción.
Finalmente destacó que la fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior: la dignidad humana. Por lo expuesto, concluyó en que la acción indemnizatoria que puede derivarse de esos delitos tiene carácter humanitario y que, en consecuencia, por sobre los objetivos que persigue el instituto de la prescripción debe primar la obligación asumida por el Estado Argentino de garantizar la reparación a las víctimas, de forma tal que se asegure su realización como seres humanos y se restaure su dignidad.
Disidencia del Dr. Horacio Rosatti
El juez Rosatti, en su voto en disidencia, sostuvo que si es imprescriptible la persecución de los delitos de lesa humanidad (consecuencia penal), como ya lo ha sostenido la Corte en diversos precedentes, debe ser imprescriptible también el derecho de las víctimas para reclamar la reparación pecuniaria (consecuencia indemnizatoria), cuando los daños estén debidamente acreditados.
Fundamentó esta conclusión en que resulta irrazonable y absurdo que el mismo Estado (si bien no el mismo Gobierno), causante de un perjuicio de la magnitud propia de los delitos de lesa humanidad, se escude en el instituto de la prescripción liberatoria para no cumplir con una obligación única, indiscutible y de naturaleza esencialmente reparatoria, que aunque pueda ser intelectualmente separable de su aspecto penal, es moralmente indisoluble.
El juez Rosatti sustentó su voto disidente en el “principio general” que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual se “prohíbe a los ‘hombres’ perjudicar los derechos de un tercero”, principio que –como ha dicho la Corte reiteradas veces- se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”; y en diversas disposiciones internacionales, tales como el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/2005/102/Add.1), en el que se destaca la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad.
Finalmente, el magistrado invocó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 60/147, por el que se reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las mismas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho.
Publicado por Luis Raffaghelli en 8:02
FALLO POR MAYORIA DE LA CSJN que aplica el 2x1 a los delitos de lesa humanidad
*Fuente: CIJ Poder Judicial de la Nación
La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.
La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).
Disidencia de los Jueces LORENZETTI Y MAQUEDA.
Publicado por Luis Raffaghelli en 12:10
Pedido ciudadano de anulación de la aplicación de la Ley 24390 a los genocidas
Anulación de la aplicación del 2X1 (Ley 24.390) en delitos de lesa humanidad
El motivo de esta petición es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la aplicación de la hoy derogada Ley 24.390 en el "caso de Luis Muiña –Expediente "BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario" para su urgente anulación ya que los ciudadanos de la República Argentina la consideramos una falta grave hacia los derechos humanos por considerarse ese caso un delito de lesa humanidad.
Esta decisión de la Corte representa un retroceso gravísimo para todas las medidas que se han tomado en los últimos años para castigar a los pepretadores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina.
Sin otro particular y con la esperanza de que el Señor Presidente habrá de comprender la urgencia y la importancia de lo que solicitamos, quedamos a la espera de pronta una decisión.
Publicado por Luis Raffaghelli en 11:38
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ANJUT
Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo
PRIMER CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACION DE JUECES y JUEZAS DEL TRABAJO
“LOS DESAFIOS DE LA JURISDICCION LABORAL”
Viernes 25 y Sábado 26 de agosto de 2017
FORUM Centro de Convenciones y Exposiciones calle Perú 511 - Ciudad histórica de SANTIAGO del ESTERO.
8,00 hs. Acreditaciones.
9,30 hs. Acto inaugural. Recepción y discurso de autoridades. Mensaje del Presidente de ANJUT Dr. Luis Raffaghelli (Juez de Cámara JNT). Elección de president@ y secretari@ del Congreso.
10 hs. Conferencia de apertura: Dr. Enrique Arias Gibert, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tema: “FEDERALISMO Y PODER JUDICIAL” moderador Marcelo Molaro (Juez La Matanza BA).
11 hs. 1ª Sesión Plenaria. Taller: “LEGALIDAD e INDEPENDENCIA del Juez del Trabajo”
Relatores: Lucia Aseff (Jueza de Cámara Rosario Sante Fe); Martha Rodríguez de Dib (Jueza de Cámara de Resistencia Chaco) y Emilio Romualdi (Juez San Isidro, Buenos Aires).
Secretari@s: Ana María Salas (Jueza Mendoza) y Xavier Uriaguereca (Juez Tribunal Dolores BA).
13 hs. Cuarto intermedio: Lunch en el lugar.
14,30 hs. 2ª Sesión Plenaria. Taller: “NEO-FLEXIBILIDAD legislativa y jurisprudencial. Relaciones individuales y colectivas del trabajo”
Relatores: Eleonora Slavin (Jueza Mar del Plata BA Hebe García Borras (Jueza de San Lorenzo Santa Fe); Andrea García Vior (Jueza JNT) y Ricardo Seco (Juez de Cámara Cruz del Eje Córdoba).
Secretari@s: Sebastian Coppoletta (Juez de Cámara Santa Fe) y Laura Soage (Jueza Concordia Entre Ríos).
16,30 break
17 hs. 3ª Sesión Plenaria. Taller “Cuestiones generales del proceso y especiales del procedimiento laboral” Silvia Escobar (Jueza de Cámara Mendoza); Roxana Mambelli (Jueza de Cámara Rosario Santa Fe) y Raúl Ojeda (Juez JNT)
Secretari@s: Silvia Santa Clara (Jueza Mercedes BA) y Enrique Fazzini (Juez Santa Rosa, La Pampa)
Tiempo de exposición de cada relator: 10’ y posterior debate abierto. Se podrán presentar propuestas de una carilla y explicadas por su autor@. Los informes de los relatores serán comunicados por la red de ANJUT diez días antes del evento.
21 hs: cena con tarjeta. Músicos locales.
9,30 hs. Panel “Panorama legislativo y jurisprudencial sobre Riesgos del Trabajo”
Carlos Toselli (ex Juez Córdoba); Daniel Machado (Juez de Cámara Santa Fe) y Juan I. Orsini (Juez La Plata BA).
Moderadora: Graciela L. Craig (JNT Presidenta de la Cám.Nac.Ap.Trabajo)
Secretario: Manuel Silva Dico (Juez de Posadas, Misiones)
11 hs. Reconocimiento de ANJUT al Dr. Rolando Gialdino. Conferencia de Clausura a su cargo: “Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
12,15 hs. Lectura de Conclusiones de los Plenario a cargo de Marina Venerandi (Jueza Bariloche Rio Negro; Guillermo J. Contrera (Juez La Matanza BA) y Gustavo C. Casco (Juez Quilmes BA)
12,45 hs. Propuesta comunicacional y revista on line ANJUT: Leandro Fretes (Juez de Cámara Mendoza; Guillermo F. Bonabotta (Juez de Cámara Paraná Entre Rios) y Silvia Escobar ( Jueza de Cámara Mendoza).
Cierre. Designación sede del próximo Congreso.Propuestas.
14 hs. Almuerzo criollo.
Matrícula de Inscripción al Congreso: $300. Estudiantes universitarios sin cargo.
Publicado por Luis Raffaghelli en 10:38
LOS JUECES RINDEN HOMENAJES A LOS ABOGADOS VICTIMA...
PENSAMIENTO CIVIL critica expresiones del Presiden...