Source: https://es.scribd.com/document/125909428/Lopez-Ortega-Juan-Jose-La-Dimension-Constitucional-del-Principio-de-Publicidad-de-la-Justicia
Timestamp: 2020-02-18 12:16:37
Document Index: 31347955

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 266', 'artículo 230', 'artículo 6', 'artículo 6']

López Ortega, Juan José - La Dimensión Constitucional del Principio de Publicidad de la Justicia | Derecho penal | Sentencia (ley)
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L_10-2012_Tasas Administración de Justicia
Sentencia t 920 08
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Expediente LIBREJUR.doc
Exp. 07187-2009 ESCRITO DEL PROCURADOR ALEGANDO EL PAGO TOTAL DE LA HIPOTECA.pdf
CALIDAD-ACCION-CUMPLIMIENTO-DIAZ-MEDINA-WILIAN-CARLOS.pdf
VADEMECUM procesal civil.docx
01DERE_Guia130217.pdf
Sumario: 1.- Introducción. 2.- El modelo constitucional de publicidad de la justicia. 3.- Publicidad y secreto en el proceso penal. 4.- La presencia de los informadores en los juicios públicos. 5.- Publicidad abusiva, proceso equitativo y presunción de inocencia. 6.- Intimidad e información sobre hechos delictivos. 7.- El control social de la justicia:
Crítica y desacato al Tribunal.
En el momento actual existe un indudable interés en la sociedad en conocer lo que sucede en el interior d ellos juzgados y tribunales, que se traduce en una demanda social de información. Por ello, si en su origen, vinculado al liberalismo político, la publicidad procesal era concebida, exclusivamente, como un instrumento de garantía a favor del inculpado, que le protegía contra la arbitrariedad de una justicia secreta, en la actualidad se ha acrecentado la importancia de la vertiente institucional de este principio vinculada a la libertad de información y crítica sobre la actuación de la justicia.
En las páginas que siguen me propongo indagar, desde la óptica del proceso debido, la relación entre información y justicia. Se trata de examinar los distintos aspectos que integran la vertiente institucional del principio de publicidad de la justicia, que constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en un sociedad democrática, puesto que, por u lado, fortalece la confianza pública en el Poder Judicial y, por otro, fomenta la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia.
2.- El modelo constitucional de publicidad de la justica.
La publicidad de los poderes públicos constituye uno de los principios básicos en funcionamiento del Estado democrático. Puede decirse que el principio de publicidad, radicalmente opuesto al secreto, es inherente a la acción del Estado moderno. A nadie extraña, por ello, que la publicidad se incluya en las Constituciones actuales como un importante instrumento de garantía. En nuestra Constitución se mencionan diversas manifestaciones del principio de publicidad. En el Art. 9.3 se consagra el principio de publicidad de las normas, en el Art. 80 se establece en relación con la actividad del Parlamento, en el Art. 105 para la Administración y en el Art. 120 respecto del Poder Judicial. Desde esta óptica amplia, la publicidad procesal no es más que la especifícación de un principio más general, consubstancial a toda la actuación del Estado moderno, que se justifica funcionalmente porque hace posible el control de la justicia por la opinión pública.
En nuestra Constitución a la publicidad procesal se refiere no sólo el artículo 120, al establecer que “las actuaciones serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”, sino también el artículo 24.2, que dispone: “…todos tienen derecho….a un proceso público…”. Por lo pronto, la publicidad del proceso constituye una de las condiciones de legitimidad constitucional de la administración de justicia; además, se encuentra ligada a posiciones subjetivas de los ciudadanos, que tienen la condición de derechos fundamentales, el derecho a un proceso público y el derecho a recibir libremente información. Por un lado , referida al proceso penal, la publicidad constituye una exigencia fundamental del proceso debido, como junto a este aspecto hace posible el control por el público de las actuaciones del poder judicial y constituye el verdadero elemento de unión entre la opinión pública y la justicia.
En un sentido estricto, la expresión publicidad de la justicia designa “el conjunto de medios que permiten al público, es decir, a una colectividad humana indeterminada y tan amplia como sea posible estar informada de la existencia de una instancia
jurisdiccional, de su desarrollo y de su resultado” (AUBY). La publicidad judicial, se hace efectiva mediante la presencia material del público ante el Tribunal e, indirectamente, a través de los medios de comunicación, que transmiten la información
a todas las personas interesadas en la noticia, a la opinión pública. Así, pues, se
distingue entre la publicidad inmediata, que supone la percepción directa de los actos procesales por el público, y la publicidad mediata, que tiene lugar por vía indirecta, a través de un intermediario, la prensa, la radio, la televisión, el cine…etc.
En el momento actual, frente a la concepción liberal de la publicidad, exigida únicamente para el juicio oral y entendida como una realidad visible e incluso audible, que afecta a las personas presentes en el lugar de las sesiones, como litigantes o espectadores, se ha ampliado extraordinariamente el círculo de los participantes indirectos en el proceso a través de los grandes medios de comunicación.
No obstante, hay que advertir del riesgo que la publicidad amplificada por los medios de comunicación representada para todos los participantes en el proceso. Especialmente, para el inculpado, que ha de soportar que parte de su vida, el reproche por el delito e incluso su condena se pongan a la vista de todos, lo que representa el obstáculo más serio para su resocialización. La publicidad excesiva también comporta una seria amenaza para la presunción de inocencia del acusado, expuesto a una pre- condena en los medios de comunicación. Por esta razón, al examinar el principio de la
publicidad de la justicia, en su dimensión constitucional, es preciso tener en cuenta los diversos intereses que actúan en esta materia: Los de la colectividad en la información
o en controlar el desarrollo del proceso, pero también los relacionados con el buen
funcionamiento de la justicia y, desde luego, la protección de los derechos de la personalidad de todos los participantes en el proceso. Conciliar los diferentes derechos en colisión no es, ni mucho menos, tarea sencilla.
3.- Publicidad y secreto en el proceso penal.
En el seno del proceso existe una tensión evidente entre la publicidad y el secreto. Algunos actos procesales han de ser mantenidos en secreto durante cierto tiempo y para determinadas personas. Otros, por el contrario, exigen la publicidad como requisito de validez. Como criterio general puede afirmarse que el secreto rige en la fase preliminar de la investigación preparatoria, mientras que una vez abierto el juicio la regla general es la publicidad.
En la fase preliminar del proceso penal, la instrucción preparatoria tiene un carácter reservado, que se justifica por el interés de la justicia en la más segura represión del delito, por el respecto al honor y a la intimidad de los participantes ene l proceso e, incluso, por el respeto a la presunción de inocencia del sospechoso. No obstante, el alcance del secreto sumarial es limitado. Por una parte, sólo vincula a aquellas personas que tienen conocimiento de las actuaciones por su relación directa con el Juez de Instrucción como sucede, por ejemplo, con los funcionarios auxiliares, los agentes de la policía judicial, los abogados y los procuradores, que tienen acceso a las actuaciones sumariales. Por otra, el secreto sumarial no determina una prohibición absoluta de informar sobre los hechos Sub iúdice, sino tan sólo la prohibición de difundir revelaciones indebidas, es decir, de hacer públicos los datos obtenidos quebrantando el secreto del sumario.
El Tribunal Constitucional ha concretado el alcance del secreto sumarial en la sentencia 13/1985, caso Diario de Mollarca. Se establece que la única limitación
admisible por razón del carácter secreto del sumario afecta a los datos a los que no se tiene acceso legítimo, es decir, cuando lo que se quiere difundir o comunicar se ha obtenido, quebrantando el secreto del sumario; no se extiende, en cambio, a los hechos de la realidad social relacionados con el proceso, que no pueden ser arrebatos
a la libertad e información, puesto que equivaldría a crear una “atípica e ilegítima
materia reservada”. Pro ello, “una información obtenida antes y al margen del sumario
no se puede considerar atentatoria al secreto sumarial, que sólo limita la libertad de información, en cuanto que para informar haya previamente que quebrantarlo”.
Los debates serán públicos bajo pena de nulidad. Con esta fórmula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 680) consagra el principio general de publicidad para la fase del juicio oral. Sin embargo, el mismo artículo, en su apartado segundo, autoriza la
celebración del juicio a puerta cerrada cuando lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito. En definitiva, el Tribunal puede disponer la celebración del juicio a puerta cerrada, para atender a la tutela de los valores éticos, la moralidad y las buenas costumbres, para proteger a las personas que participan en el proceso y atender a la tutela privada de las partes, para preservar las exigencias de orden público o de seguridad en una sociedad democrática
y, en fin, en aquellas circunstancias especiales en que la publicidad puede resultar
perjudicial para los intereses de la justicia.
El Tribunal Constitucional en tres ocasiones, únicamente, se ha referido a la validez de las restricciones impuestas a la publicidad de las sesiones del juicio oral: a propósito de la posibilidad de acordar su celebración a puerta cerrada por razones de moralidad, respecto de las restricciones de acceso a la sala de justicia impuestas por motivos de seguridad y en relación con la celebración de un juicio de faltas en una prisión de máxima seguridad.
En la Sentencia 62/1982, caso “A ver”, se admite la posibilidad de celebrar el juicio a puerta cerrada por razones de moralidad o por interés de la vida privada de las partes, pero el Tribunal recuerda que “Toda resolución que limite o restrinja un derecho fundamental ha de estar motivada, de forma tal que la razón determinante de la decisión pueda ser conocida por el afectado”. En la Sentencia 30/1986, caso cargos electos del País Vasco, el Tribunal afirma que la publicidad de las actuaciones judiciales es perfectamente compatible con medidas parciales de seguridad, aunque conduzcan a limitar el acceso a los juicios debido a la capacidad de la Sala o a
exigencias de orden público. Y, por último, en la Sentencia 96/1987, caso Herrera de la Mancha, el Tribunal Constitucional vincula el principio de publicidad procesal con la garantía de imparcialidad, al estimar que un juicio celebrado en la misma prisión donde se cometieron, por los funcionarios, los malos tratos enjuiciados no respeta el derecho
a un proceso con todas las garantías, puesto que tales condiciones no son las más
idóneas para garantizar la imparcialidad del Tribunal, que debe juzgar en presencia de un público limitado y acaso predispuesto a favor de una de las partes.
Otra manifestación del principio de publicidad de la justicia se refiere a la publicación de las sentencias. La Constitución ha extendido el principio de publicidad procesal a las sentencias, que “se pronunciarán en audiencia pública” (Art. 120.3). Esta previsión constitucional, que no tiene parangón en otras Constituciones europeas, como la alemana, la francesa o la italiana, coincide sustancialmente con lo establecido en el Pacto Internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (“la sentencia deberá ser pronunciada públicamente”). La aplicación del principio de publicidad a las sentencias suscrita la duda de si la exigencia de la publicación impone la obligación de dar lectura a su texto íntegro en audiencia pública o si es suficiente con la posibilidad efectiva de su divulgación, mediante el depósito de la sentencia en la secretaría del tribunal a disposición de todas las personas interesadas.
El artículo 120.3 de la Constitución utiliza la expresión “pronunciar”, que tradicionalmente se ha venido entendiendo en la legislación procesal como equivalente
a “dar lectura” (Art. 160 LECrim…y 364 - 365 LEC.) Sin embargo, la Ley Orgánica del
Poder Judicial parece inclinarse por otra orientación. El artículo 266.1, en lugar de
regular el mecanismo de la publicación de las sentencias, contempla exclusivamente su depósito en la secretaría del tribunal a disposición de todos los ciudadanos: “Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la secretaría del juzgado o tribunal y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas”. Por el contrario,
resulta conveniente recordar que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencias del 8 diciembre 1983, caso Pretto, de 8 de diciembre de 1983, caso Axen y de 22 de febrero de 1984, caso Sutter, sólo se admitido la validez de los procedimientos de publicación que no conllevan la lectura del fallo judicial en audiencia pública cuando se trata de sentencias recaídas en recursos de casación.
Por último, hay que mencionar el carácter secreto de las deliberaciones (arts. 233 LOPJ. Y 150 LECrim), aunque como excepción el articulo 260 de la Ley orgánica del Poder Judicial prevé la publicación de los votos particulares, modificando
sustancialmente el sistema tradicional establecido en las leyes procesales (Arts. 126
voto, solicitando su inclusión en el libro de votos reservados, que no se hacía público
y 367 LEC.), que se limitaban a permitir al magistrado discrepante salvar su
más que si se interponía recurso de casación.
4.- La presencia de los informadores en los juicios público
El derecho a indagar en las fuentes de la noticia es consecuencia de la vinculación entre la libertad de expresión y el régimen democrático, que comporta el acceso de los medios de comunicación a cualquiera de los ámbitos en que la noticia se produce. Cuando este derecho se concreta en el descubrimiento de datos relacionados con los procesos judiciales, su contenido se extiende a la posibilidad efectiva de acceder al proceso, a los debates del juicio oral, a la sentencia que lo culmina. Desde esta perspectiva, el derecho de acceso se confunde con la publicidad de los juicios, la presupone como garantía de efectividad.
El Tribunal Constitucional ha reconocido a los periodistas un derecho preferente a asistir a los juicios como consecuencia del principio de publicidad de los procesos y de la libertad de información, que extiende la protección constitucional a la búsqueda y a la obtención de la información. En la Sentencia 30/1982, caso “Diario 16”, el Tribunal Constitucional destaca la función de intermediario natural, que desempeñan los medios de comunicación, entre la noticia y cuantos no están en condiciones de conocerla directamente, en cuya virtud los periodistas, al asistir a las sesiones de un juicio público, no gozan de un privilegio gracioso y discrecional, sino de un derecho preferente atribuido en aras del deber de información constitucional garantizado.
Un cuestión, sin embargo, no resuelta en nuestro ordenamiento se refiere a la admisibilidad de la televisión en las audiencias penales. Ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal contienen una previsión específica respecto del acceso de los medios audiovisuales a los debates procesales. Tan sólo el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la posibilidad de utilizar medios técnicos de constatación y reproducción, cuya finalidad, sin embargo, se agota en la mera documentación del acto judicial, sin que se autorice su difusión pública.
Ante la ausencia de una regulación específica, nada habría impedido que nuestros Tribunales hubieran hecho uso de las atribuciones establecidas en materia de policía de vistas para restringir el acceso de la televisión a las salas de justicia. Mas, no ha sido ésta la solución que ha terminado imponiéndose. Al contrario, se ha generalizado una opinión favorable a la presencia de los medios audiovisuales en las audiencias penales, que encuentra apoyo, precisamente, en la ausencia de obstáculo legal. Ya nadie se sorprende de ver operar las cámaras de televisión en el curso de un juicio, ni tampoco resulta extraño que se recurra a estas imágenes para presentar, de forma más atractiva, las noticias sobre los procesos judiciales. Incluso, el contenido de ciertos programas de esparcimiento comienza a ser predominantemente judicial.
Un régimen tan extraordinariamente permisivo no tiene parangón en el Derecho comparado. Es cierto, como se verá a continuación, que los sistemas legales son muy diferentes, pero es común a todos ellos no reconocer a lo medios audiovisuales un ilimitado derecho de acceso. Las diferentes regulaciones pueden clasificarse en tres
grandes grupos. En Alemania y en el Reino Unido no se permite, en absoluto, la presencia de las cámaras de televisión en las audiencias penales. En otros países, como en Francia, sólo se admite la grabación de imágenes, pero con fines, exclusivamente, de documentación. En cambio, en Italia y en los Estados Unidos, se concede a las cámaras de televisión una más amplia libertad de acceso a las sesiones del juicio oral e incluso a las audiencias preliminares.
El Derecho alemán trata de forma diferente a los distintos medios de comunicación. La
prensa escrita goza de una amplia libertad de acceso. Por ello, no es infrecuente que, cuando el público es expulsado de la Sala de Audiencia, los periodistas sean autizados
a permanecer y a asistir a las sesiones del juicio. Sin embargo, las reglas
concernientes a la obtención de fotografías son más restrictivas y, por lo que respecta
a la televisión, la radio o el cine, se considera que la obtención de la verdad puede
verse afectada por la presencia de estos medios y, por lo tanto, no se les autoriza a operar.
En el Reino Unido la Contempt of Court Act (1981) impone restricciones muy severas al acceso de los medios y a la difusión de información, para evitar cualquier presión, por mínima que ésta sea, sobre los jurados. Un buen ejemplo de la forma en que se aplica la ley de 1981 nos lo ofrece el caso Channel Four Television Cº Ltd. (Comisión Europea, Dec. 9 marzo 1987), en el que un juez británico recurrió a esta legislación para proteger a los jurados de la influencia de un programa de televisión, que pretendía cubrir el desarrollo de un juicio sobre asuntos de Estado, reconstruyendo los acontecimientos más importantes de cada jornada, mediante la actuación de actores profesionales encargados de asumir los papeles individuales de cada una de las personas que habían de intervenir en el proceso. El Juez dispuso que la difusión de todo reportaje sobre cualquier parte del proceso se difería hasta que el jurado hubiese pronunciado su veredicto, ante lo cual el cuarto canal se vio obligado a modificar la forma de emisión, que tomó el formato de un gran reportaje de actualidad, en el que los actores fueron reemplazados por presentadores, que se repartían las frases del juez, los abogados y las partes. Sólo entonces la emisión fue autorizada.
La situación en Francia fue especialmente permisiva antes y después de la guerra
1939 - 1945. Ante la ausencia de una prohibición legal específica se impuso un
régimen de absoluta libertad. Se autorizaba a los fotógrafos y a los operadores cinematográficos a desarrollar su actividad sin ninguna restricción, filmando los momentos más intensos o espectaculares de las audiencias penales. Sin embargo, los abusos fueron tan grandes que la ley de 6 de diciembre de 1954 prohibió el acceso de los medios audiovisuales a los juicios. El rigor de este sistema fue atenuado,
posteriormente, por la ley de 2 de febrero de 1981, que admite la posibilidad de que el presidente del Tribunal autorice la toma de imágenes en el momento de la constitución del Tribunal, esto es, antes de que se declare abierta la sesión del juicio, pero a condición de que se obtenga el consentimiento de las partes. La ley del 11 de julio de
1985 ha previsto la constitución de un fondo audiovisual de la justicia, mediante la
grabación íntegra de los debates judiciales, siempre que las audiencias sena públicas, pero su difusión no se permite salvo en el único supuesto excepcional de que el proceso verse sobre crímenes contra la humanidad. Fue necesario introducir esta excepción, por ley de 13 de julio de 1990, para permitir la divulgación del proceso seguido en 1987, ante la Cour d’Assis de Lyon, contra Klaus Barbie.
Dada la importancia de la televisión en la vida actual, resulta prácticamente imposible sustraer la justicia penal de la difusión televisada, sobre todo en un momento en el que es posible asistir en directo a otros acontecimientos de la vida social, cuya trascendencia es equivalente, si no mayor, a la del mismo proceso. La dificultad reside en conciliar los diversos intereses en conflicto. El derecho de los ciudadanos a una información completa colisiona con el derecho de los acusados al proceso debido y con otros bienes de la personalidad. La tensión entre los diversos derechos en colisión se sitúa en dos niveles diferentes. En primer nivel, el conflicto se produce, exclusivamente, entre intereses públicos, el derecho a informar y a conocer colisiona con la necesidad de preservar el carácter equitativo del proceso, que puede verse comprometido por la
influencia deformante de lo audiovisual. En un segundo nivel colisionan intereses privados, relacionados con la protección de los derechos de la personalidad del acusado o la víctima, con los intereses públicos vinculados a la publicidad del proceso y a la transparencia de la justicia.
Para aclarar la relación entre el derecho a una información completa, gracias a la difusión por televisión, y el derecho del acusado al proceso debido resulta sumamente ilustrativa la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en el caso Chandler C. Florida (449 US 560, 1981) terminó aceptando que el derecho al proceso legal, garantizado en la Catorceava Enmienda, no entraña la prohibición de una difusión electrónica de las audiencias procesales. El Tribunal Supremo, durante la década de los sesenta, había venido subordinando el ejercicio de la libertad de prensa a que se respetara la equidad absoluta en el proceso judicial (Irvin c. Downd, 1961; Rideau c. Luisiana, 1963; Este c. Texas, 1964; Sheppard c. Maxwell, 1966), Precisamente, en el caso Este c. Texas (381 US 532, 1964) la queja del recurrente se refería a que los debates preliminares, y una parte de la audiencia, habían sido televisados, por lo que el Tribunal Supremo consideró que el derecho del acusado al proceso debido no había sido respetado.
No obstante, esta decisión ya preveía la posibilidad de que los progresos técnicos pudiesen, más adelante, llegar a provocar un cambio en el efecto de la difusión televisada sobre la equidad de los juicios penales. Este cambio se produciría en la siguiente década, al eliminarse los inconvenientes de orden material que el acceso de la televisión suponía para el desarrollo de las audiencias procesales. Ya entonces comenzó a resultar posible que las cámaras de televisión pasaran inadvertidas, instalándolas en una sala contigua, operando con la luz de la propia Sala de Audiencia, de forma silenciosa e invisible. Estos adelantos técnicos propiciaron que se admitiese, aunque en un primer momento sólo de forma experimental, el uso de las cámaras de televisión en las audiencias penales, de tal modo que cuando se sometió el caso Chandler ante el Tribunal Supremo ya eran treinta y tres los estados que habían admitido la utilización de la televisión.
Junto a ello es preciso tener en cuenta las circunstancias particulares del propio caso. El Presidente del Tribunal había autorizado el acceso de la emisión por televisión apenas había durado tres minutos. Todo ello propició una modificación en el criterio jurisprudencial, tradicionalmente inclinado a favor de los derechos consagrados en la Catorceava Enmienda, aunque, eso sí, sin que el Tribunal llegase a establecer, como esperaban algunos, que existiese un derecho a televisar los procesos penales derivado de la Primera Enmienda. Desde entonces el acceso de la televisión a los juicios penales se ha generalizado en los Estados Unidos.
Por otra parte, un buen ejemplo de cómo debe tratarse el conflicto entre el interés informativo y los derechos del acusado, desde la óptica de la ponderación constitucional de bienes, lo constituye la decisión del Tribunal Supremo Federal alemán en el caso Lebach (BverfG 35, 202), en el que se prohibió a la cadena de televisión ZDF emitir un programa documental sobre el asesinato de cuatro soldados. La emisión iba a realizarse dos años después de producida la condena, precisamente cuando uno de los cómplices iba a obtener la libertad condicional. El Tribunal Supremo destaca la relevancia del principio de rehabilitación de las personas condenadas, al que se recurre para limitar la difusión de noticias judiciales. Según la sentencia, se produce una colisión entre la libertad de información y la protección de la personalidad, que no puede resolverse estableciendo reglas de prevalencia, sino a través de la ponderación de bienes. Como regla general, cabe establecer la preferencia de la libertad de información en el caso de las informaciones actuales sobre hechos delictivos, pero tratándose de la repetición y que pone en peligro la resocialización del autor, tiene preferencia la protección de la personalidad frente a la libertad de información.
Es posible concluir este apartada realizando una precisión: que al presencia de la televisión en la audiencia penal constituya una realidad inevitable, no significa, en
modo alguno, que el acceso de las cámaras de televisión a las Salas de Justicia tenga que producirse sin ninguna restricción. Al contrario, siguiendo el ejemplo de las legislaciones de los diferentes estados de Norteamérica pueden imponerse condiciones de admisibilidad muy estrictas. Puede excluirse el acceso de la televisión en los procesos por determinados delitos, especialmente aquéllos que afectan de una manera especialmente intensa a la vida privada de la víctima, como ejemplo los crímenes sexuales. También pueden establecerse medidas especiales de protección para determinados testigos, los niños por ejemplo, y para ciertos acusados, como los enajenados. En lo que se refiere a la utilización de las cámaras, puede oponerse a los operadores la obligación de permanecer en un punto fijo, prescindir de planos generales y centrar su atención en la persona que se dirige al Tribunal, con lo que se resuelven, al menos en parte, los riesgos derivados de la subjetividad en la elección de las tomas. Se establecen diferencias en el grado de acceso, según se trate de la primera instancia o de la vista ante el Tribunal de apelación, limitando la presencia de
las cámaras en la primera instancia a las intervenciones finales y al pronunciamiento de
la sentencia. Finalmente, puede establecerse una regla que limite la difusión en directo,
obligando a que se haga en diferido, incluso, una vez haya recaído sentencia definitiva.
La experiencia ha demostrado que, cuando se sujeta la presencia de las cámaras de televisión a controles específicos, el acceso de las cámaras a las audiencias penales no tiene por qué resultar incompatible con el derecho del acusado a obtener un proceso equitativo, siempre que se adopten medidas para asegurar las condiciones externas de la comprensión escénica. La posibilidad de colocar de forma discreta las cámaras y los micrófonos ha disminuido considerablemente el peligro que para la serenidad de los debates representa la presencia de estos elementos. A pesar de ello, subsisten otros riesgos, que constituyen un importante argumento en contra de la difusión televisada de los juicios penales. Me refiero al carácter reductor de lo audiovisual, al peligro de la toma de vistas subjetivas, o a que se realice una selección deliberadamente tendenciosa de las imágenes.
Resulta imprescindible en el momento actual una regulación específica sobre las condiciones a las que debe acomodarse la presencia de las cámaras en las Salas de Justicia. Esta regulación bien podría tomar como modelo las reglas actualmente vigentes en el Derecho italiano, cuyo Código de Procedimiento Penal ha sido reformado recientemente. La presencia de las cámaras en la audiencia requiere la autorización judicial. Sin embargo, tal autorización se encuentra sujeta a una doble condición; por un lado, que la presencia de los medios no perjudique el sereno y
regular desarrollo de los debates del acto del juicio y, por otro, que el Juez obtenga la conformidad de las partes, si bien, excepcionalmente, podrá otorgarse la autorización,
a pesar de la oposición de los interesados, si el Juez aprecia un interés social relevante en la información.
5.- Publicidad abusiva, proceso equitativo y presunción de inocencia.
La información sobre los procesos judiciales, la publicidad excesiva, los denominados
Juicios paralelos, sin duda alguna, debilitan el sistema de garantías establecido para la protección del inculpado, predisponiendo en su contra a la opinión pública y al mismo Tribunal. Ante ello, se discute si debe reconocerse a favor del acusado la posibilidad de renunciar a la publicidad del proceso. El modelo liberal de publicidad alzaprimaba la dimensión individual de este principio en detrimento de su dimensión social. La publicidad era entendida como un derecho establecido, exclusivamente, en interés del individuo. En este contexto, no es extraño que se admitiese la posibilidad de restringir la publicidad para asegurar un proceso justo e imparcial, e incluso de considerase conveniente reconocer al acusado la posibilidad de solicitar el cierre del proceso para evitar una publicidad adversa. Sin embargo, esta concepción es incompatible con la función que, en el marco del Estado Social del Derecho, se asigna a la publicidad de la justicia. La publicidad procesal no sólo representa una importante garantía para el individuo sometido a juicio, sino también un instrumento en esencial para hacer posible
el control de la justicia por la opinión pública.
No obstante, las campañas de prensa violentas, que llevan al Tribunal a formarse un prejuicio desfavorable al inculpado, comprometen el derecho al proceso debido. El Tribunal Constitucional, en el Auto 195/1991, caso Rueda, ha reconocido que el clima social imperante, como consecuencia de una campaña de prensa, puede afectar al desarrollo de un juicio con todas las garantías. En concreto, ha afirmado que la Constitución brinda un cierto grado de protección frente a los juicios paralelos en los medios de comunicación, en la medida en que pueden interferir el curso del proceso penal y prejuzgar y perjudicar la defensa en el seno del proceso. Pero el mismo Tribunal Constitucional es consciente de la importancia que se asigna a la libertad de expresión en una sociedad democrática; por ello, así como los medios de comunicación no deben traspasar los linderos trazados en interés de una serena administración de la Justicia, igualmente les corresponde ofrecer información e ideas concernientes a los asuntos llevados ante los tribunales, lo mismo que en cualquier otro ámbito de interés público.
El conflicto entre la libertad de prensa y la necesidad de preservar la autoridad y la imparcialidad de los tribunales, como órganos cualificados para resolver los asuntos jurídicos, ha sido considerado, con un resultado similar, en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos des 28 de abril de 1979, caso Sunday Times. Si bien se advierte de los peligros que representan los procesos en la prensa (si el público se habitúa al espectáculo de un seudoproceso en los medios de comunicación puede darse, a largo plazo, consecuencias nefastas para el prestigio de los Tribunales como órganos cualificados para conocer de los asuntos jurídicos), el Tribunal se inclina decididamente por el carácter preferente de la libertad de información, rechazando que pueda imponerse una prohibición general de publicación de los hechos relacionados con los procesos judiciales en curso, por el interés social subyacente en la información.
Esto no quiere decir que las autoridades hayan de permanecer indiferentes frente a las campañas de prensa violentas o incluso puedan animarlas compareciendo ante los medios y anticipando una declaración pública de culpabilidad. La Comisión Europea de Derechos Humanos ha advertido que este tipo de comportamientos comprometen el carácter equitativo del proceso y socaban la presunción de inocencia del inculpado. En el caso G. Enslin, A. Baader y J. Raspe c. alemana (Comisión Europea. Dec. 8 julio 1978), los demandantes se quejaban de que la apertura del proceso había estado precedida de una excitación de la opinión pública a través de una campaña de prensa tolerada e incluso organizada por los mismos poderes públicos. Los demandantes habían sido tratados de “bandidos”, “criminales” y “banda de asesinos”. Si embargo, los miembros de la Comisión valoraron que en este caso no se podía esperar de la prensa, ni tampoco de las autoridades responsables de la política criminal, que se abstuvieran de toda declaración, no sobre la culpabilidad de los acusados, sino sobre el carácter peligroso de las facción ejército rojo, y encontrándose el Tribunal formado por jueces profesionales y no por jurados, por esencia menos influenciable por la opinión pública, no cabría deducir que se hubiese producido violación de los derechos reconocidos en el Convenio.
Es evidente que el sistema de justicia por jurados es, por esencia, más vulnerable a la profusión de información. Una publicidad abusiva puede provocar que los miembros del jurado lleguen a opiniones preconcebidas sobre la inocencia o la culpabilidad por cauces ajenos al proceso. Este problema se suscitó en el caso G. Jespers c. Bélgica (Comisión Europea. Dec. 15 de octubre 1980), en el que la demanda, sin embargo, fue declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. La reclamación del demandante, acusado por el asesinato de su esposa, se refería a la influencia que en la opinión pública había tenido la campaña de prensa directamente animada por los miembros de la fiscalía y por el Juez de Instrucción, que durante el desarrollo del proceso concedieron varia entrevistas y realizaron declaraciones en la prensa.
En el caso Petra Krause c. Suiza (Comisión Europea. Dec. 3 octubre 1978) la
demandante se quejaba de que el Ministro Federal de Justicia, había declarado públicamente que había cometido infracciones penales cuando, en realidad, su culpabilidad todavía cometido infracciones penales cuando, en realidad, su culpabilidad todavía no había sido establecida por los tribunales. Según se establece en los antecedentes de hecho de la decisión de la Comisión, el 4 de julio de 1976 M. Fulgler, Consejero Federal de Jefe del Departamento Federal de Justicia y Policía, fue entrevistado en la televisión suiza a propósito del secuestro de un avión de Air France. Los secuestradores reclamaban la liberación de diversos prisioneros encarcelados en Israel y en Europa. Entre ellos se encontraba Petra Krause encarcelada como sospechosa de diversas infracciones de terrorismo. El gobierno suizo se negó a liberarla y M. Furgler hizo la siguiente declaración a la televisión suiza: “Petra Krause no puede ser considerada como una simple combatiente palestina por la libertad. Ha cometido delitos de derecho común -depósito de explosivos- y debe responder por ello. En otoñó será juzgada y comparecerá detenida”. Pues bien, en este caso la Comisión señaló que el principio consagrado en el artículo 6.2 de la Convención garantiza a todo individuo que los representantes del Estado. No podrán tratarle como culpable de una infracción antes de que un tribunal competente la haya establecido según la ley, aunque esto no quiere decir que las autoridades deban abstenerse de informar al público de las investigaciones penales en curso. En este sentido, no se vulnera el artículo 6.2 declarando que existen sospechas, que determinadas personas han sido detenidas o han confesado, lo que debe excluirse es una declaración formal de culpabilidad.
Con posterioridad esta doctrina ha sido reiterada en otros tres casos, aunque en todos ellos la demanda fue declarada inadmisible. En el caso X c. Austria (Comisión Europea. Dec. 6 octubre 1981) la demanda se basaba en que la policía, al descubrirse la muerte había sido la abuela, aunque ni la investigación había concluido ni la demandante había sido acusada formalmente. La Comisión consideró que la difusión por la policía de un comunicado de prensa, al descubrirse la muerte de un recién nacido en una pequeña localidad, estaba justificada por la relevancia social de la información. En el caso X c. Holanda (Comisión Europea. Dec. 17 diciembre 1981) el demandante se quejaba del contenido de una entrevista televisada concedida por un representante del Ministerio Fiscal y, por último, en el caso R.F. y S.F. c. Austria (Comisión Europa. Dec. 7 octubre 1985) los demandantes la reclamación de los demandantes se refería a la difusión de un comunicado de prensa y de la publicación de una fotografía mostrando los objetos intervenidos por la policía en una investigación por tráfico de drogas y tenencia de armas, aunque también en esta ocasión la Comisión se inclinó por el interés del público y de la prensa en ser informados, frente al de la persona sospechosa de una infracción en que se respetase su presunción de inocencia.
6.- Intimidad e información sobre hechos delictivos.
No existe duda del carácter noticioso, la relevancia pública, de la información referida a hechos delictivos. Se trata de un tipo de periodismo intrínsecamente noticiable, en cuanto que versa sobre el cumplimiento o el incumplimiento de las leyes penales. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad periodística conlleva importantes riesgos, en cuanto que obliga a sacar a la luz datos de la vida privada de las personas afectadas por la información, por un lado del imputado, cuyo honor no se extingue por la comisión del delito, pero también del ofendido, cuya reputación puede verse comprometida si la información es inexacta o el periodista difunde rumores deshonrosos sin comprobación. Esto, precisamente, fue lo sucedido en el caso resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 123/1993, caso del abogado sevillano asesinado, en el que la víctima del delito fue presentada en los artículos periodísticos como una persona entregada a una vida deshonrosa e inmoral, imputándole conductas degradantes y absoluta incompatibles con el más elemental concepto de honor. La actitud del informador hacia la verdad, su absoluto desinterés en contrastar la veracidad de las informaciones difundidas, fue determinante de la denegación del amparo.
Un caso de publicación de noticias falsas por erróneas ha ocupado la atención del Tribunal Constitucional en la sentencia 178/1993, caso Las Provincias. La información
daba cuenta de un comunicado de prensa de la Guardia Civil, en la que se hacía referencia a la detención de dos súbditos alemanes acusados del homicidio de un hombre, que les había recogido cuando hacían auto-stop y se decía que tras haberles conducido a su casa había intentado violarles, a lo que había respondido dándole muerte, para a continuación fugarse con su vehículo. El hecho de que el diario se limitase a difundir el contenido de una nota oficial de prensa determinaba, aplicando la doctrina del reportaje neutral, la exclusión de la responsabilidad del informador. A pesar de ello, el Tribunal no pierde ocasión de llamar la atención contra la actitud negligente e irresponsable de la autoridad pública, al difundir una versión de los hechos que afecta a la reputación de la víctima, basándose en las declaraciones realizadas por los sospechosos, sin considerar que bien podían constituir una argucia defensiva.
La apreciación de la falta de veracidad de la información basada en el error de los datos publicados o en la omisión de datos relevantes ha sido completada por el Tribunal Constitucional en las sentencias 40/1992, caso Informe Semanal y 219/1992, caso Heraldo de Aragón. En la primera se denegó el amparo a un abogado, de quien, en un programa de televisión de máxima audiencia, se había afirmado que fue condenado por un delito de estafa, sin aclarar que la Audiencia Provincial, al revisar la condena en apelación, le había absuelto con todos los pronunciamientos favorables. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional la omisión de datos relevantes para la información no equivale a falta de veracidad.
Ciertamente, esta decisión contrasta con el resultado del segundo caso, en el que se había publicado una información sobre un comerciante detenido como “autor de un delito de estafa mediante un talón son fondos”, cuando en realidad la detención se había producido por librar un cheque sin fondos. Aunque en la sentencia se reconoce que los hechos, en lo sustancial, eran verdaderos, se destaca que su calificación jurídica era inexacta, sobre todo cuanto no se añade que es “presunta”. Es importante resaltar que en esta ocasión, por vez primera, el Tribunal Constitucional ha vinculado la exigencia de veracidad en la información con la obligación de respetar la presunción de inocencia del acusado, que en nuestro derecho sólo puede quebrar la sentencia en la que se establece la autoría por el delito.
7.- El control social de la justicia: crítica y desacato al Tribunal.
El derecho a la crítica al funcionamiento de la justicia constituye el instrumento que hace posible el control social de la jurisdicción. Hoy se admite, unánimemente, que el juez está sujeto al control de la opinión pública, a través de la crítica a la actividad jurisdiccional, lo que en cierto modo no constituye más que una modalidad de la libertad de crítica política, que posibilita la fiscalización y el control directo por los ciudadanos de los actos de quienes desempeñan una función pública y aplican las normas constitucionales, en este caso los titulares del Poder Judicial. Es bien sabido que la protección constitucional de este derecho comprende no sólo la critica respetuosa con las autoridades, sino también la crítica destructiva y provocativa. Como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 7 de diciembre de 1973, caso Handyside el derecho a criticar es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Ahora bien, el ejercicio del derecho a la crítica también está sujeto a límites, que en nuestro ordenamiento se concretan en la regulación penal del delito de desacato.
En dos ocasiones, sentencias 107/1988, caso del objetor de conciencia y 121/1989, caso “D’Artagnan al ataque”, se ha ocupado el Tribunal Constitucional de concretar el alcance de esta limitación respecto de las críticas dirigidas al funcionamiento de la justicia. El primero hace referencia a un objeto de conciencia condenado por insultos graves al ejercito, que en una entrevista publicada en el periódico Diario 16 declaró textualmente; es increíble que a mí me metan siete meses y que castiguen con un mes de arresto a un capitán de ilustre apellido que llamó cerdo al Rey; esto me confirma
una opinión que tenía muy arraigada, hay una parte de los jueces que son realmente incorruptibles, nada, absolutamente nada, puede obligarles a hacer justicia. Ante estas declaraciones el objetor fue procesado de nuevo y condenado por insultos a la administración de justicia. El Tribunal Constitucional otorgó el amparo al demandante considerando que tales expresiones constituían juicios de valor emitidos en el ejercicio de la libertad de opinión, por lo que quedaban dentro del ámbito de protección que dispensa la libertad de expresión. Los hechos que dan lugar a la segunda sentencia consisten en la publicación de un artículo en el periódico “El día” de Zaragoza, en el que en un tono irónico el autor sale al paso de las críticas vertidas a la presunta conducta de un juez, estimando que existe otras conductas o prácticas que suponen un peligro mayor para la seriedad de la justicia. La sentencia sitúa la crítica al funcionamiento de la justicia en un contexto de relevancia pública, en el que se deja un amplio espacio a la libertad de expresión.
El conflicto de bienes vinculados, por una parte, a la libertad de información y crítica pública y, por otra, a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que constituye un límite legítimo a la libertad de opinión e información, se plantea de forma especialmente compleja cuando la crítica se expresa a través del ataque personal a los miembros del Poder Judicial, por su propia posición institucional, que les obliga a estar apartados del debate público. Sin duda por este motivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 22 de febrero de 1989, caso Barford, ha sido menos permisivo al fijar el alcance de los límites a la libertad de expresión, admitiendo que es compatible con los derechos reconocidos en el Convenio la condena por difamación impuesta el autor de un artículo que, en relación con un litigio fiscal, expresaba la opinión de que los dos jueces no profesionales del Tribunal Superior de Groenlandia, al tratarse de empleados del gobierno local, estaban descalificados y carecían de la aptitud necesaria para pronunciarse con imparcialidad en un asunto que afectaba a su patrono. Para el Tribunal Europeo el hecho de que el demandante hubiera podido considerar que es admisible la limitación impuesta a la libertad de crítica, para preservar el interés legítimo del Estado en proteger la reputación de los jueces. Nuestra jurisprudencia, en cambio, incluso en los supuestos en que la crítica se expresa a través del ataque personal a los magistrados ha considerado preponderantes los intereses vinculados a la libertad de expresión, aunque hasta el momento se ha producido un pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional.
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