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Timestamp: 2020-01-21 21:21:14
Document Index: 315189531

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 8', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 173', 'artículo 200', 'artículo 173', 'artículo 37', 'artículo 68', 'artículo 37', 'artículo 180', 'artículo 102', 'artículo 37', 'Artículo 49', 'artículo 37', 'artículo 68', 'artículo 37', 'artículo 173', 'artículo 37', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 8', 'artículo 183', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 227', 'artículo 51', 'artículo 173', 'artículo 37', 'artículo 173', 'artículo 37', 'artículo 85', 'ARTÍCULO 173', 'artículo 173', 'artículo 37', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 311', 'artículo 247']

PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 076 del 11/03/2008
Dictamen : 076 del 11/03/2008
C-076-2008
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio n.° DRPI-557-2007, del 28 de noviembre del 2007, por medio del cual nos solicitó el dictamen a que se refiere el artículo 173, párrafo 1° de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, del 2 de mayo de 1978 (en lo sucesivo LGAP), para declarar en vía administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción del distintivo comercial “ELEMENT”, a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A., bajo el número de registro 143723.
De las fotocopias certificadas que componen el expediente administrativo n.° 03-2007 que se nos remitió con su gestión (66 folios en total), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
1) El 5 de abril del 2002, la apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad BOGA K.B.U. S.A., cédula jurídica n.° 3-101-252761, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “element”, en la clase 25 internacional, para proteger y distinguir ropa y zapatos, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2386-2002 (folios 10 a 13 del expediente administrativo).
2) La solicitud anterior quedó en suspenso mediante resolución del referido Registro de las 11:52 horas del 29 de mayo del 2002, al constatar del estudio de posibles antecedentes de marcas, realizado el 10 de abril de ese año, que existía una solicitud de inscripción previa para una marca igual por parte de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2001-7008. Lo anterior, de conformidad con los artículos 4 y 8.a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No consta de la documentación que se nos remitió con su gestión las copias certificadas del expediente n.° 2001-7008; el cual, por distintas referencias que se hacen en el expediente administrativo bajo nuestro poder, parece que quedó archivado desde el 5 de noviembre del 2004 e incluso pudo haberlo sido antes (desde el 28 de noviembre de 2002), con motivo de que no fue publicado el edicto correspondiente, (folios 14 a 18 y 26 del expediente administrativo).
3) El 10 de julio del 2003, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., cédula jurídica n.° 3-101-260804, y domiciliada en San José, solicita, nuevamente, la inscripción de la marca de comercio “ELEMENT”, en la clase 25 internacional para proteger y distinguir camisetas para hombre y mujer, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2003-4360 (folio 1 del expediente administrativo).
4) Luego de emitir el 22 de julio del 2003, el “Listado de posibles antecedentes de marcas” de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:45 horas del 30 de julio del 2003, resuelve que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folio 2 a 5 del expediente administrativo).
5) Que la publicación de los avisos correspondientes fue hecha en las Gacetas n.° 179, 180 y 181 de los días 18, 19 y 22, respectivamente, del mes de setiembre del 2003 (folio 1 del expediente administrativo).
6) La marca ELEMENT a favor de CRAZY T-SHIRT S.A. fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de enero del 2004, bajo el asiento n.° 143723 (folio 7 vuelto del expediente administrativo y la constante referencia que de dicho asiento registral se hace en el expediente).
7) Mediante oficio del 5 de octubre del 2005, el Lic. Edgar Hernández Mora, registrador del Registro de la Propiedad Industrial, remite al Departamento de Asesoría Legal de ese Registro el expediente n.° 2386-2002, indicándose que “POR CUANTO EN LA CLASE 25 EN QUE SE DESEA PROTEGER LA MARCA ELEMENT SE INSCRIBIO LA MARCA ELEMENT CUYO EXPEDIENTE ES 2003-4360, NO TOMÁNDOSE EN CUENTA EL EXPEDIENTE 2002-2386, QUE NOS OCUPA” (folio 9 del expediente administrativo).
8) En su oficio n º DRPI-308-2006, del 25 de julio del 2006, la Licda. Vanessa Cohen Jiménez, en ese entonces Directora del Registro de la Propiedad Industrial, informa a la Ministra de Justicia acerca de la irregularidad existente en relación con la inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2003-4360, que ameritó al parecer una investigación preeliminar que desembocó en el oficio AJ-RPI-428-2006 (ninguna de esa documentación aparece agregada al expediente remitido con su gestión); consistente, según se explica en el mismo oficio, en el irrespeto al principio de prioridad registral, debido a que BOGA K.B.U. S.A. había solicitado antes el registro de esa marca. Por lo que debió levantarse el suspenso decretado en la tramitación de esta última solicitud, luego de verificarse el archivo del expediente 2001-7008 por abandono de la gestión y haber procedido a la paralización del expediente n.° 2003-4360 hasta tanto se resolvieran las diligencias de BOGA K.B.U. S.A. Al no haberse actuado de esa forma, recomienda la apertura de un procedimiento administrativo a fin de determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca anterior, por violación al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (folios 26 a 31 del expediente administrativo).
9) En resolución de las 11:00 horas del 1° de agosto del 2007, el Director del Registro de la Propiedad Industrial, decide nombrar un órgano director integrado por los funcionarios Natasha Donoso Esquivel, en calidad de miembro propietaria, y Marjorie Franco Porras, como miembro suplente, para que verifique e instruya la verdad real de los hechos relacionados con la posible declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT, S.A., por violación a los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estar previamente solicitada esa marca, en la misma clase, por la sociedad BOGA K.B.U. S.A. (folios 32 a 35 del expediente administrativo).
10) El referido órgano director, a través de la resolución de las 9:30 horas del 27 de agosto del 2007, procede a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 siguientes y concordantes de la LGAP, para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT S.A., por los siguientes hechos: “I. SÉ PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ELEMENT” EN CLASE 25 INTERNACIONAL, EL 22 DE ENERO DEL 2004, A FAVOR DE CRAZY T-SHIRTT S.A., BAJO EL REGISTRO 146723 [sic], PESE A ENCONTRARSE PREVIAMENTE PRESENTADA LA SOLICITUD DESDE EL 05 DE ABRIL DE 2002, DE LA MARCA ELEMENTS EN LA MISMA CLASE POR PARTE DE LA EMPRESA BOGA K.B.U., S.A., LA CUÁL SE ENCONTRABA EN SUSPENSO EN RAZÓN DE UNA SOLICITUD ANTERIOR LLEVADA BAJO EL EXPEDIENTE 2001-7008, LA CUAL FUE ARCHIVADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004, LO CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, INFRINGE EL DERECHO DE PRIORIDAD DEL SOLICITANTE BOGA K.B.U. POR SER PRESENTADA SU SOLICITUD EN UNA FECHA ANTERIOR, ASIMISMO LA INSCRIPCIÓN CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.” A la vez, le hace saber a la parte interesada que le asiste el derecho a ser oída, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que considere pertinente y de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo. Entre los documentos enlistados en la resolución inicial y que se ponen a disposición de las partes no viene la investigación preliminar mencionada en el oficio n.º DRPI-308-2006 a que se hizo referencia en el punto 8 de los antecedentes. Finalmente, se indican los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución le fue notificada al representante legal de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. el 28 de agosto del 2007. No consta que se le haya notificado a la empresa BOGA K.B.U. S.A. (folios 36 a 41 del expediente administrativo).
11) El órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-325-2007, del mismo 27 de agosto del 2007, –en la que hace una relación sucinta de los hechos investigados en el punto anterior – citó a la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., en calidad de titular, a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 19 de setiembre del 2007. Dicha resolución le fue notificada al apoderado generalísimo de la citada empresa el día 28 siguiente (folio 42 y 42 vuelto del expediente administrativo).
12) El referido órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-326-2007, también del 27 de agosto del 2007, citó a la sociedad BOGA K.B.U. S.A., en los mismos términos descritos, pero en calidad de interesada, a la comparecencia indicada en el punto anterior. Dicha resolución le fue notificada el día 30 de ese mismo mes (folios 43 y 43 vuelto del expediente administrativo).
13) De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebra a las 9:13 horas del 19 de setiembre del 2007, con la presencia de la apoderada de la sociedad BOGA K.B.U S.A., el órgano director y su miembro suplente. En la audiencia, la representante de la referida empresa lleva a cabo su declaración, en la que solicita que se deje sin efecto la inscripción de la marca ELEMENT a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A. y que se reactive la solicitud presentada el 5 de abril del 2002 por su representada hasta su efectiva inscripción, en virtud del derecho de prioridad que le asiste. La audiencia finaliza a las 9:35 horas. Asimismo, el órgano director y su miembro suplente levantan una nueva acta a las 9:37 horas de ese mismo día, para hacer constar que el representante de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. no se presentó a la comparecencia (folios 44 y 45 del expediente administrativo).
14) El Director del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007– notificada a la empresa expedientada el día 9 siguiente – resuelve: “I.- Se declara la nulidad absoluta y evidente del registro 143723 correspondiente al trámite de inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A. II.- Se remite el expediente administrativo para el correspondiente dictamen de la Procuraduría General de la República”. No consta su notificación a la empresa BOGA K.B.U S.A. (folios 47 a 66 del expediente administrativo).
En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006), que entró en vigencia el pasado 1º de enero del año en curso.
A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración, y es la contenida en el artículo 173 de la LGAP. De conformidad con esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta. Dicho artículo disponía en la redacción que se encontraba vigente al momento que se inició este procedimiento administrativo ordinario, es decir, antes de que entrara en rigor la reforma introducida por el artículo 200, inciso 6), del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que sigue:
Ciertamente, tal y como se indica en este epígrafe, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.
En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978). Así, por ejemplo, el párrafo primero del referido artículo 37 introduce una tercera vía para proceder a la eliminación de un acto viciado de ilegalidad, aparte de las ya conocidas formas previstas por el artículo 180 de la LGAP (de oficio y por la vía recursiva), a saber: la solicitud o gestión de parte.
En efecto, la norma de comentario establece que “Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”. Nótese, que el párrafo trascrito no alude al típico supuesto de la instancia o gestión de parte a través de la interposición del recurso administrativo procedente contra la inscripción marcaría o el registro de un nombre comercial;[2] sino a la llamada acción de nulidad en sede administrativa, en términos similares, por cierto, a como lo hace el artículo 102 de la Ley española del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (n.°30, de 26 de noviembre de 1992).[3]
Reiteramos, que esta solicitud de nulidad, como bien lo ha clarificado la doctrina, no es propiamente un recurso administrativo, aunque esté muy cerca de ellos. La noción de solicitud que recoge el artículo 37 de la Ley de marcas, como trámite capaz de iniciar un procedimiento que obliga a la Administración a seguirlo hasta recaer una resolución definitiva, es clara y perfectamente distinguible de la noción de recurso administrativo que la propia LGAP regula (artículos 342 y 343). Pues se trata de un procedimiento especial, una acción de régimen privilegiado, que instrumenta una suerte de tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio, para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa y que se pone en marcha a través de una solicitud.[5] Tal y como, se puede constatar de los numerales 48 y 49 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que contemplan el referido procedimiento en su Capítulo X:
Artículo 49. —Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento.
En todo caso, la resolución que se emita puede ser recurrida por medio de los recursos establecidos en este Reglamento.”
El párrafo primero de las tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial. Sin embargo, el párrafo final del referido artículo 37 hace una remisión expresa al artículo 173 de la LGAP, cuando se trate de una nulidad declarada de oficio, en concreto a sus párrafos 1°, 2° y 3°. Esta remisión, como veremos de seguido, genera algunas dudas interpretativas que, lastimosamente, el examen del expediente legislativo de la Ley de marcas (n.° 13.641), no ayuda a esclarecer. En ese sentido, el texto original del artículo 37 del proyecto de dicha ley establecía:
Conforme al último párrafo trascrito, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial debe regirse, por así disponerlo de forma expresa el legislador, por los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 173 de la LGAP, según se indicó antes. El inciso 1° de marras, como se recordará del segundo epígrafe de este escrito, contempla el supuesto específico que faculta a la Administración pública para declarar en sede administrativa la nulidad de un acto declaratorio de derechos: la presencia de una nulidad absoluta que, además, debe ser “evidente y manifiesta”. Aspecto éste, que nada varía con la redacción actual del artículo 173 y que más bien se recalca con la adición de un párrafo adicional a dicho inciso 1° y la consiguiente supresión del antiguo inciso 4°.
En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).
Consecuentemente, si resulta que nos encontramos ante un vicio del acto registral que bien podría calificarse con el grado de nulidad absoluta, pero no “evidente y manifiesta”, la Administración necesariamente deberá acudir a la vía ordinaria para su anulación, a saber: el proceso contencioso de lesividad, al que se aludió antes también.
En ese sentido, el párrafo 3° del artículo 183 de la LGAP en su redacción actual reitera que: “Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo.”
En otro orden de consideraciones, el inciso 1° del artículo 173 bajo estudio, tanto en su redacción actual, como en la entonces vigente, contempla el momento – aspecto al que nos referiremos, más adelante, con detenimiento – en el cual podrá ser requerido nuestro dictamen; que en todo caso deberá hacerse antes de emitir el acto o la resolución final anulatoria. Ya que de esta forma, la Procuraduría podrá constatar de las piezas del expediente administrativo que se remita con la solicitud, el cumplimiento, de un lado, de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa del interesado o los interesados (a que se refiere el inciso 3° del numeral de cita) y de otro, que efectivamente nos encontramos ante un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, para su declaratoria en sede administrativa.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, y particularmente, la circunstancia, insistimos en ello, de que el procedimiento se inicia antes de la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo – que en todo caso, como veremos, no cambia sustancialmente la situación entonces existente – tenemos que en el caso bajo estudio, el Director del Registro de la Propiedad Industrial es quien nombra al órgano director y ordena, en consecuencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario dirigido a declarar la nulidad del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT, S.A., e incluso, llega a emitir la resolución final anulatoria (ver puntos 9° y 14° del apartado de antecedentes, respectivamente). Por fin, el referido Director es quien solicita nuestro dictamen.
Con fundamento en las consideraciones anteriores y luego del análisis del expediente administrativo remitido con su gestión, se obtiene que el procedimiento llevado a cabo para este fin, fue conducido por un órgano director nombrado por un órgano incompetente para ser el órgano decisor (el Registro de la Propiedad Industrial), es decir, distinto al jerarca constitucional ( la Ministra de Justicia); el cual no estaba legitimado para realizar ese nombramiento – según se explicó antes – y menos para dictar la resolución final, prematuramente por cierto, como se comentará en los apartados siguientes.
Por ende, existe un vicio sustancial en la designación del órgano director, como así se ha calibrado por la jurisprudencia de esta Procuraduría, que conlleva a la nulidad absoluta de todo lo actuado por él a partir de su nombramiento. Sirva de referencia el citado dictamen C-219-2001, en el que se dijo:
A mayor abundamiento, debemos indicar de forma preliminar y aclaratoria, y sin perjuicio de las consideraciones anteriores – que no nos cansamos de repetir, resultan pertinentes en la medida que este procedimiento se inicia estando vigente el texto anterior del artículo 173 de la LGAP – que a juicio de esta Procuraduría la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo no comporta en este punto un cambio de criterio del expuesto líneas atrás.
Los cuales no entrarían dentro del supuesto que contempla la segunda parte del inciso 2 de referencia: los actos dictados por los otros Poderes del Estado y por los entes públicos, en donde es el respectivo órgano supremo de la jerarquía administrativa a quien le corresponde declarar la nulidad.
En ese sentido, si bien la Ministra de Justicia no fue quien emitió directamente el acto que se pretende anular, pues evidentemente el Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en la cual se delegaron legalmente las funciones de inscripción y registro de los derechos esta materia (marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos); ello no modifica ni altera en nada la competencia para declarar la nulidad que establece la ley.
Así, por ejemplo, el artículo 227 del entonces vigente Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía un plazo de prescripción de tres años para las acciones civiles derivadas de dicho instrumento, en las que se incluía la misma acción de nulidad, como así lo indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución n.° 000038-F-2001, de las 15:50 horas del 10 de enero del 2001:
Sin embargo, a riesgo de incurrir en un prurito dogmático de seguir esa postura, al distinguir donde la norma no lo hace – pues nótese, a manera de ejemplo, que el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, (Ley n.° 4755, del 3 de mayo de 1971) habla también de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, la cual prescribe a los tres años – y siendo coherentes con la tesis expuesta en el epígrafe anterior, habría que decir que a la Administración también le corre un plazo de prescripción cuatrienal para ejercer de oficio la acción de nulidad absoluta contra sus asientos registrales de marcas y nombres comerciales inválidos.
Por cuanto el legislador decidió, que tratándose de las nulidades declaradas de oficio, solo serían aplicables los tres primeros incisos del artículo 173 de la LGAP, no así el resto de ellos, incluido el referido inciso 5 – y el actual inciso 4) – que establece el plazo de caducidad de la potestad de revisión. En efecto, notemos que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas no hace una remisión general al texto íntegro del artículo 173 de la LGAP, sino que únicamente a lo dispuesto en los “incisos 1) al 3).” Lo cual se explica tomando en consideración que el referido artículo 37 contiene un plazo especial, cuatrienal, de naturaleza diametralmente distinta, ya que no es de caducidad, sino de prescripción (ver en ese sentido, nuestro dictamen C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).
Con lo cual, debemos entender que con la notificación al titular de la marca ELEMENT, a saber la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., de la apertura del procedimiento en su contra (ver punto 10 de los Antecedentes), se interrumpió el curso del plazo de prescripción que habría expirado el 22 de enero del 2008. Lo anterior en relación con el artículo 85 de la referida Ley de Marcas, que fija la notificación a los interesados como el acto procesal determinante del dies a quo de la caducidad de las acciones incoadas al amparo de dicha ley que no han sido gestionadas en seis meses.[11]
IV. INOBSERVANCIA DEL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 173 DE LA LGAP, EN CUANTO AL MOMENTO PROCEDIMENTAL PARA SOLICITAR EL DICTAMEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sin embargo, en el presente caso, según se indicó en el punto 14° del epígrafe de Antecedentes, el Director del Registro de la Propiedad Industrial emitió la resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007, que declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 143723, correspondiente a la marca ELEMENT, sin haber requerido antes el dictamen preceptivo de la Procuraduría General de la República. Incurriendo de esa forma en una irregularidad sustancial que invalida todo el procedimiento, al dictarse el acto final de forma prematura, obviando con ello el control de legalidad que debe ejercer este órgano sobre la actuación desplegada por la Administración dictaminada.
Debemos aclarar, que las nulidades procedimentales acerca de las cuales llamamos la atención no derivan solo y necesariamente del inciso 6° del artículo 173 de la LGAP – actual inciso 5° según la reforma introducida por el Código Procesal Contencioso Administrativo – que dispone que la anulación administrativa de un acto que omita las formalidades previstas en dicho numeral será absolutamente nula; pues podría pensarse, que en coherencia con la línea de pensamiento explicada antes, este inciso tampoco resultaría aplicable por no estar contemplado de forma expresa por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas.
V. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS.
La primera consideración que debemos hacer, tal y como se indica en el presente epígrafe, se refiere a la importancia de que el Registro de la Propiedad Industrial, en futuros procedimientos dirigidos a la anulación de la inscripción de una marca o nombre comercial, proceda a remitirnos la documentación completa que tenga relación con ella.
Hacemos esta observación, pues según lo destacamos en el punto 2) del apartado de Antecedentes, no constan las copias certificadas del expediente n.° 2001-7008, que corresponde a la solicitud previa presentada por la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. para la inscripción de la marca ELEMENT, cuyo aparente archivo propició el Derecho de prioridad de la sociedad BOGA K.B.U. S.A. para el registro de la misma marca. Hablamos de aparente, pues la Procuraduría, no puede basarse en la referencia que a ese expediente se haga en otras partes de la documentación que se nos remitió con su gestión para poder emitir el dictamen requerido, sino que es necesario que lo podamos constatar por nosotros mismos. Máxime, cuando se trata de una pieza fundamental en la determinación de la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la marca registral, como lo es, el orden de prelación entre las partes interesadas y la subsiguiente infracción a los numerales 5 y 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
Recuérdese en ese sentido el criterio ampliamente reiterado por esta Procuraduría en sus pronunciamientos, que dada la posición exógena en la que se ésta se encuentra respecto a la pluralidad de Administraciones públicas – lo que le garantiza la objetividad de criterio – el expediente administrativo constituye el medio probatorio por antonomasia para el debido ejercicio del control de legalidad que el artículo 173 de repetida cita nos encomienda a través del dictamen preceptivo y vinculante que debe preceder a la resolución final. Pues, el expediente administrativo es que el nos permite comprobar que la voluntad administrativa ha discurrido debidamente por el cauce formal previsto en el ordenamiento jurídico. Razón por la cual, de no contar con el expediente íntegro y todos los documentos relevantes, resulta imposible para éste órgano asesor rendir informe alguno, pues no se podría acreditar las actuaciones de las partes, la observancia de las formalidades de índole procedimental, la constancia documental de la incidencias del procedimiento y demás documentos atinentes al procedimiento que se lleva a cabo, así como su proceso de reflexión y valoración por parte de los que han intervenido en el procedimiento administrativo, particularmente de quienes lo instruyen o excitan, todo lo cual sirve de base al acto final.
Lo anterior explica la férrea línea jurisprudencial de esta Procuraduría respecto a la obligación de la Administración pública consultante de remitir el expediente administrativo (original o su copia debidamente certificada) de forma completa, ordenado y foliado cronológicamente, como requisito sine qua non para poder emitir el dictamen favorable que se solicita. La cual se ha reafirmado en varios dictámenes recientes, como lo son el C-054-2007, del 22 de febrero, C-103-2007, del 10 de abril, C-110-2007, de 11 de abril, y el ya citado C-138-2007, todos del año 2007. Precisamente, del pronunciamiento C-103-2007, nos permitimos extraer el siguiente extracto:
“El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública establece que antes de declarar la nulidad de un acto por medio del procedimiento previsto en esa norma, es necesario que se haya seguido un procedimiento administrativo ordinario, en el cual se hayan cumplido los principios constitucionales de debido proceso y de defensa (…) La garantía del debido proceso permite que el procedimiento funcione como un medio idóneo para la producción de una voluntad administrativa que, efectivamente, sea justa, tanto para los fines que persigue la Administración en sí misma, como para la protección de los derechos constitucionales del administrado. Parte de esa garantía de debido proceso radica en el hecho de que el expediente cumpla con ciertos requisitos físicos, tales como estar compilado en fólder, ampo o carpeta; que en él consten, en orden cronológico, todos los documentos que se presentaron por parte del administrado o hayan sido agregados por la Administración; entre otros. El incumplimiento de esos requisitos, tal y como lo ha señalado en otras oportunidades esta Procuraduría, puede aparejar la violación a los principios del debido proceso. A manera de ejemplo, en nuestro dictamen C-158-2005 del 28 de abril de 2005, indicamos que el expediente administrativo debe contener toda la documentación relativa al caso que se investiga y que, además, debe responder a un estricto orden cronológico. Ello forma parte de la garantía constitucional a un debido proceso y derecho de defensa, pues si el expediente está incompleto o desordenado, su análisis se dificulta y puede provocar confusiones o equivocaciones en perjuicio del administrado. En otras palabras, esos requerimientos trascienden el aspecto del orden.”
Tampoco consta dentro del expediente que se nos hizo llegar el oficio n.° AJ-RPI-428-2006 de la Asesoría Jurídica, en donde al parecer se rinden las conclusiones de una investigación preeliminar que la entonces Directora del Registro de la Propiedad Industrial ordenó en relación con la aparente irregularidad en la inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A., y que se menciona en su oficio DRPI-308-2006 (ver punto 8) del apartado de Antecedentes).
Aparte de las consideraciones señaladas antes en relación con la importancia de contar con el expediente administrativo completo como garantía del debido proceso, debemos agregar como parte sustantiva también de esa garantía y del mismo Derecho de Defensa de quienes figuren como interesados en el procedimiento, que si bien es perfectamente legítimo y conveniente la realización de este tipo investigaciones preliminares por parte de la Administración de forma que le permita tomar una decisión mejor fundamentada en torno a si inicia o no un procedimiento administrativo, en las cuales, no es necesario la participación de las partes, sí es imperativo, como así lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional y administrativa (de la Sala Constitucional se puede ver su voto n.°2003-0915, de las 9:21 horas del 29 de agosto de 2003 y de esta Procuraduría, el dictamen C-082-2005, del 24 de febrero del 2005), que el resultado de esa investigación, así como la prueba documental recabada en ella, se ponga disposición de los interesados en el caso de que se decida iniciar el procedimiento administrativo en cuestión. Lo cual, según se indicó en el punto 10) de los Antecedentes, no consta que se haya hecho en el presente caso.
Es pertinente recordar, a este respecto, lo señalado en el dictamen C-391-2005, del 15 de noviembre del 2005, en el sentido de que, “esta Procuraduría General en su función de órgano contralor de legalidad en casos como el presente, para efectos de rendir el dictamen preceptivo que dispone el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, únicamente puede valorar los documentos que obren en el expediente administrativo levantado al efecto por la respectiva Administración, y que conste fehacientemente que de los mismos tuvo conocimiento el administrado en aras de salvaguardar su derecho de defensa y del debido proceso.” [12]
Finalmente, debemos llamar la atención para que se notifiquen a todos los que aparecen como interesados en el procedimiento administrativo, en los mismos términos a como se hizo con el titular del derecho que se pretendía anular en este caso. Ello, por cuanto, según se indicó en los puntos 10 y 12 de los Antecedentes, a la representante de la sociedad BOGA K.B.U. S.A., al parecer, solamente se le notifica la cédula de citación n.° AJ-RPI-326-2007, en la que se le comunica de forma suscinta los hechos investigados y la fecha para la comparencia oral y privada, omitiéndose con ello, el resto de previsiones que debe contener el acto de apertura y que vienen indicadas en la resolución de las 9:30 horas del 27 de agosto del 2007 del órgano director. Adicionalmente, esa notificación se realiza sin respetar los 15 días hábiles de antelación que prescribe el artículo 311 de la LGAP; con lo cual se le coloca en un eventual estado de indefensión en perjuicio de sus intereses en sede administrativa. Ya que si bien el procedimiento administrativo no se abre en contra de esa empresa, su resultado final sí que la podría afectar de resolverse a favor de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. Lo cual es de destacar en el presente caso, ya que tampoco consta en el expediente administrativo remitido, que la resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007, del Director del Registro de la Propiedad Industrial se haya notificado a la apoderada de BOGA K.B.U. S.A.
En todo caso, es importante llamar la atención de ese Despacho, para que en futuros procedimientos se proceda a notificar debidamente a todas las partes interesadas, y que esa notificación deba constar y poder verificarse en el expediente administrativo que se nos remite como presupuesto necesario para poder la emisión del dictamen favorable requerido. Pues con ello comprobamos el cumplimiento al principio del debido proceso y el respeto al Derecho de defensa de los administrados. De ahí, que el artículo 247 de la LGAP sancione con la nulidad absoluta los vicios en la notificación de los actos de procedimiento.
Con fundamento en lo expuesto, este Despacho devuelve sin el dictamen favorable solicitado, la gestión dirigida a la anulación administrativa del registro n.° 143723, correspondiente a la marca ELEMENT, propiedad de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., por los vicios señalados en la competencia y en la tramitación del procedimiento ordinario abierto al efecto.
[12] Ver también, ARGUEDAS CHEN APUY, Ana Cecilia; BRENES ESQUIVEL, Ana Lorena; VICENTI ROJAS, Iván; BONILLA HERRERA, Luis Guillermo. Manual de Procedimiento Administrativo. San José: Procuraduría General de la República, 2006, p. 11. También localizable en la página electrónica de esta institución (www.pgr.go.cr).