Source: https://www.scribd.com/document/67650285/MOCION-MATTHEI-Y-NOVOA-Responsabiliad-penal-Juvenil
Timestamp: 2017-01-21 04:36:04
Document Index: 3568794

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 62', 'artículo 62', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'artículo 146', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 3', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 20', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinMOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑOR NOVOA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ADECUANORMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA ADOLESCENCIA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2984-07) Honorable Senado: La “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Chile en 1990 y las “Reglas de Beijing”, que establecen normas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, favorecen un sistema penal juvenil distinto al que consagra nuestro Código Penal y ley de Menores. En efecto, nuestra legislación se inspira en la doctrina de la “situación irregular”, cuyo rasgo característico es que el menor es considerado inimputable, es decir, irresponsable frente a la ley penal, salvo que el Tribunal de Menores declare que el menor ha actuado con discernimiento, lo que sólo opera respecto de los menores de 18 años y mayores de 16 años. En los casos de los menores de 16 años y cuando el menor de 18 años es declarado sin discernimiento (casi la mayoría de los casos) el Estado debe tratar por igual a los menores, sean éstos “delincuentes” o menores “abandonados”. A comienzos del siglo XX, la doctrina de la situación irregular fue superada por la doctrina de la “protección integral de los derechos de la infancia”. La legislación inspirada en esta doctrina crea un sistema correccional que trata a los menores como sujetos de derechos, plenamente responsables de sus actos, pero los protege en forma especial, aún cuando se trate de menores “delincuentes”, por tratarse de personas en pleno desarrollo. Este sistema evita la confusión entre abandono y transgresión de normas penales, creando competencias separadas, la administrativa y judicial, para cada caso.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño se inspiró en la doctrina de la “protección integral”, de forma que la mayoría de los países que la han suscrito y ratificado, han adaptado, con posterioridad, su legislación de menores a dicha doctrina. En efecto, las regulaciones latinoamericanas, europeas y de Norteamérica, presentan un sistema de justicia penal para menores de edad que se estructura sobre los conceptos de responsabilidad y de procedimientos judiciales y sanciones especiales. En general, en la mayoría de éstas se repiten los siguientes aspectos: 1.- Sujetan a las normas especiales de administración de justicia juvenil o del menor a todos los menores de 18 años y a los mayores de 11 o 12 años. 2.- Consideran acto infractor constitutivo de “delincuencia juvenil” a la conducta descrita como crimen o contravención penal en el Código Penal, cuando es cometida por un menor o adolescente. 3.- Proponen un sistema alternativo de sanción y reparación, que evite en lo posible el uso del sistema represivo estatal, el cual se sustituye con medidas como las siguientes: a) Amonestación al menor y a la persona de quien dependa. b) Imposición de reglas de conducta y participación obligatoria en programas de atención, orientación y supervisión. c) Prestación de servicios a la comunidad d) Reparación de los daños a la víctima e) Advertencia f) Libertad asistida g) Internación en establecimientos donde se desarrollen programas psico-socio-pedagógicos. Esta debe ser: i. evaluada permanentemente ii. períodos no superiores a 2 – 4 años
iii. permitiendo la realización de actividades externas a criterio del equipo técnico de la institución, salvo determinación contraria del servicio tutelar iv. programas de reinserción familiar v. no puede ser internado en centros de personas mayores h) Medidas privativas de libertad, domiciliarias, durante el tiempo libre o en centros especializados. i) Medidas de privación de libertad, cuando: i. se trate de delitos sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con pena superior a 6 años ii. se haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. iii. En general, se establece que estas medidas pueden durar por hasta 15 años respecto de menores con edades entre 15 y 18 años y hasta 10 años respecto de menores entre 12 y 15 años. iv. No se puede privar de libertad a los menores de 12 años. j) Medidas de internación aplicadas en caso de infracciones cometidas con grave amenaza o violencia a terceras personas o en caso de reiteracion en la comisión de infracciones graves. Chile aún no ha adecuado su sistema penal juvenil a las normas internacionales, por lo que es necesario legislar en este sentido. Sin embargo, creemos que esta no es la única razón para modificar el sistema vigente. Según hemos observado, éste presenta una serie de desventajas, que hacen su revisión necesaria. Entre las más importantes, se nombran las siguientes: a) Al otorgar un mismo trato a los menores delincuentes y abandonados, se produce una especie de “criminalidad de la pobreza”, ya que ambos tipos tienden a confundirse.
b) Al considerar inimputable a los menores de edad, se tiende a fomentar en éstos una conducta irresponsable e irrespetuosa hacia la vida y propiedad ajena. c) La inimputabilidad de los menores frente a la ley penal facilita la utilización de éstos por parte de adultos para la comisión de delitos. d) Los menores que, según el juez, obraron “con discernimiento”, son considerados imputables y se sigue en su contra un juicio criminal como si se tratara de un adulto, con la sola excepción que contempla el artículo 72 del Código Penal, que establece una atenuante. Los puntos 2 y 3 recién señalados, constituyen una de las principales causas del aumento de la delincuencia juvenil en los últimos años. En efecto, en 1995, uno de cada cinco robos con violencia fue protagonizado por menores de 18 años. En el año 2000 dicha proporción subió aproximadamente a uno de cada tres y el 54% de los robos con violencia fue llevado a cabo por personas menores de 20 años1. Lo señalado en el punto 4 puede acarrear graves injusticias, ya que se juzga como a una persona adulta a un joven que aún actuando con clara noción del daño que causaba, pudo no haber tenido la madurez o desarrollo personal suficiente como para evaluar correctamente las consecuencias del hecho o para negarse, ante la insistencia de familiares o amigos, a cometer un delito, por poner sólo un par de ejemplos. Por todas estas razones, consideramos que enfrentar el aumento de la delincuencia juvenil sencillamente rebajando la edad de discernimiento penal resulta un simplismo, además de ser claramente insuficiente. Además, hay que tener en cuenta que no es posible dilatar la adecuación de la legislación interna a los tratados ratificados por nuestro país sin comprometer gravemente la responsabilidad del Estado. Contenido del proyecto:
Antecedentes obtenidos en www.pazciudadana.cl
En primer lugar, se consideró que la nueva regulación de la responsabilidad penal juvenil debía contenerse en un solo texto legal, nuevo, que es el incorporado al artículo I del proyecto. El artículo II efectúa las modificaciones necesarias a los textos legales vigentes. 1.- Principios rectores: En conformidad a las normas internacionales suscritas y ratificadas por Chile y la legislación nacional vigente, se consagran como principios rectores de la ley, la protección integral del adolescente, su interés superior, su formación integral y su reinserción en la familia y sociedad. 2.- Menor de edad y adolescente y “actos de delincuencia juvenil”: Para los efectos de la determinación del sujeto legal, se distingue entre el menor de edad y el adolescente, entendiéndose por el primero al menor de catorce años y por el segundo, al mayor de catorce y menor de dieciocho años. Se considera sujeto de esta ley sólo a los adolescentes que cometan “actos de delincuencia juvenil”, entendiéndose por éstos, los hechos tipificados como delito en el Código Penal o leyes especiales cometidos por adolescentes. Cabe destacar además que, dentro del grupo de adolescentes, se distingue entre los mayores de 14 años y menores de 16 años y mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, para efectos de las medidas aplicables al adolescente y su ejecución. 3.- Competencia de los Juzgados de Menores y Juzgados del Crimen: Se mantiene la competencia de los Juzgados de Menores para conocer, en conformidad a la ley Nº 16.618, de menores, de los delitos (crimen, simple delito y faltas) cometidos por los menores de edad y las faltas cometidas por los adolescentes.
A los Juzgados del Crímen sólo corresponderá conocer, en conformidad a esta nueva ley, de los crímenes y simples delitos cometidos por adolescentes. 4.- Aplicación de la ley a mayores de edad: Por regla general, esta ley no se podrá aplicar a los mayores de 18 años, salvo que el adolescente sometido a procedimiento cumpla la mayoría de edad, que el mayor de edad sea imputado de haber cometido un delito durante su adolescencia o que se trate de un menor de 21 años que presente una irreprochable conducta anterior. 5.- Detención del adolescente: La detención de un adolescente, por tratarse de una persona en pleno desarrollo, debe considerar garantías adicionales a las contempladas en el Código de Procedimiento Penal para los adultos, incluyendo las contempladas por la Convención sobre Derechos del Niño. Por ello, se consagra el derecho del adolescente a ser puesto en antecedente de sus derechos legales en un lenguaje que sea entendible por éste o por escrito, si así lo solicita. En caso de detención por flagrancia, tiene derecho a ser puesto de inmediato a disposición del tribunal competente o a la brevedad posible. Sólo puede ser detenido en los Centros de Tránsito y Distribución o en los Centros de Observación y Diagnóstico, ambos contemplados por la ley de menores. Dentro de los respectivos centros, tienen derecho a estar físicamente separados de los adolescentes detenidos mayores. La prisión preventiva sólo puede ser aplicada a los adolescentes por períodos breves y diferenciados según se trate de adolescentes del primer grupo (14 a 16 años) o segundo grupo (16 a 18 años) de edad. Además, se obliga a los tribunales y al fiscal a dar la máxima prioridad a la tramitación de los casos en que haya sido necesario detener a un adolescente.
Obviamente, estas normas se sujetan a las limitaciones que imponen los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Penal, según los cuales, la prisión preventiva debe cesar de inmediato cuando se hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, cuando cesen los motivos que la hubieren justificado o cuando el tribunal hubiere dictado sentencia absolutoria o decrete sobreseimiento definitivo o temporal. Las disposiciones referentes a la detención y prisión preventiva del adolescente concuerdan con lo señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño, (artículo 37), en cuanto a que éstas deben ser breves y de último recurso. 6.- Procedimiento ante el Juez del Crimen: Según vimos, este proyecto tiene por objeto principal la reorientación y reinserción del adolescente imputado de haber cometido un acto de delincuencia juvenil. Ello respeta las normas del artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, que reconocen el derecho del niño imputado de haber infringido las normas penales, de recibir un trato que fomente su dignidad y valor, que fortalezca su respeto hacia terceros y logren su integración en la familia y sociedad. Por ello, se establece la obligación de las autoridades correspondientes de informar sin demora y directamente al adolescente, los cargos que pesan contra él. Se incentiva al adolescente a colaborar con la investigación y, sobretodo, a cumplir o estar llano a cumplir las medidas de orientación, educación, readaptación y reinserción que el juez, junto con el Consejo Técnico de la Casa de Menores consideren adecuadas para él. Se faculta al fiscal para solicitar al juez que prescinda de la acción penal, cuando el adolescente haya sufrido daños físicos o morales a consecuencia del delito cometido.
El adolescente necesariamente debe estar asistido, durante toda la tramitación del proceso, por un abogado, sea éste particular o proveniente de la Corporación de Asistencia Judicial. Por la particularidad de las normas que deberán aplicarse y la situación especial del adolescente involucrado, consideramos imperativo la formación, dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, de un departamento especializado en la atención de adolescentes delincuentes. No hemos podido incluir esta norma dentro del presente proyecto de ley, ya que en conformidad al artículo 62 inciso 4º Nº 2, requiere el patrocinio del Ejecutivo. Esperamos que ésta pueda ser introducida con posterioridad al presente proyecto de ley a través de una indicación que, esperamos, tenga a bien patrocinar su Excelencia, el Presidente de la República. En cuanto a la audiencia, se establece que ésta debe ser oral y privada, pudiendo sólo entrar a ésta las personas señaladas en la ley con autorización del juez. Además, se obliga al juez y a los que intervengan en la audiencia, a hacer preguntas en forma clara y precisa, debiendo el juez constatar que el adolescente entiende la significancia del acto, del proceso en su contra y de las preguntas que se le dirigen. El adolescente no puede ser obligado a declarar y su silencio no puede significar presunción de culpabilidad. El carácter de reservado de los antecedentes del proceso y del adolescente se resguardan en este proyecto especialmente. 7.- Prescripción de la acción: Se decidió acortar los plazos de prescripción que rigen para los adultos. Sin embargo, también se estimó que estos plazos no podían ser demasiado cortos, ya que ello incentivaría la utilización de menores en la comisión de delitos. Por estas razones, se establecieron plazos acordes con los adoptados en la legislación comparada, que mayoritariamente son de 5 años para los delitos contra la
vida e integridad física, los delitos de violación, estupro y otros delitos sexuales señalados en el título relativo a los delitos contra el orden de las familias y moralidad pública, a los delitos señalados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Tratándose de otros delitos de acción pública, se consagra un plazo de prescripción de 3 años y de delitos de acción privada y contravenciones, de 6 meses. adolescentes: 8.Penas y medidas aplicables a los
En el proyecto se establece una serie de medidas que no sólo tienen como finalidad la retribución y prevención general y especial que tienen las penas impuestas a los delincuentes adultos, sino, que por tratarse de jóvenes en pleno desarrollo, deben tener además una finalidad, hoy llamada moderna, de orientar, rehabilitar y reinsertar al joven en su familia y sociedad. El Estado, tratándose de esta clase de delincuentes, no puede entender que agota su función en la mera sanción de la conducta, sino que debe pretender recuperar a un individuo que está comenzando su vida, dándole la oportunidad de rectificar sus errores. Tratándose de las penas privativas de libertad, cuyo carácter de retribución y prevención es indudable, se consideró necesario establecer exigencias en su aplicación y cumplimiento distintas de las generales aplicables a los adultos, ya que aún en estos casos, la finalidad de recuperar al adolescente sigue presente, no obstante que la gravedad de las conductas en que ha incurrido, justifican una medida privativa de libertad. Por estas razones, se han restringido los casos de aplicación de penas privativas de libertad, sólo a los casos en que la pena merecida por un adulto sea superior a 5 años y un día, equivalente a presidio mayor en su grado mínimo o a la circunstancias en que el adolescente haya quebrantado las penas o medidas anteriormente impuestas.
En cuanto a la ejecución de la pena privativa de libertad, se la ha rodeado de un conjunto de garantías, que aseguren que la finalidad de rehabilitación tenga posibilidades efectivas de alcanzarse. En un avance significativo en nuestra legislación penal, se otorga al juez un amplio marco para que, considerando las circunstancias particulares del adolescente, aplique las penas o medidas con un grado de discrecionalidad, que permita atender tanto a los fines generales de la sociedad como al objetivo general de la ley de otorgar al delincuente juvenil un tratamiento acorde con su condición de adolescente, que no obstante no impedir su responsabilidad penal, justifica un sistema de excepción que le brinde las oportunidades de reinserción y rehabilitación que su condición exige. En este mismo sentido, consideramos de suma importancia la constitución de un plan individual para cada adolescente condenado, elaborado por un organismo técnico con pleno conocimiento de los antecedentes del proceso y de las circunstancias particulares tanto del delito como del adolescente que incurre en él. Este plan tendría como objeto principal re-evaluar, junto al juez, las medidas aplicadas en relación a la eficiencia que demuestren tener para lograr dichos objetivos y en relación a la conducta desplegada por el adolescente en su cumplimiento. Como esta tarea corresponde al Consejo Técnico de la Casa de Menores, no hemos podido agregarla al presente proyecto de ley, debido a que se trata de una norma de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en conformidad a lo señalado en el artículo 62 inciso 4º Nº 2 de la Constitución Política de la República. Por todo esto, esperamos, al igual que en el caso anterior, que su Excelencia, el Presidente de la República, tenga a bien patrocinar e incorporar, a través de una indicación, esta norma al proyecto. Finalmente, como esta ley contempla la aplicación de disposiciones que sólo tienen lugar bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, su entrada en vigencia dependerá de la aplicación gradual de éste previsto en la ley Nº 19.762, que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración del H. Congreso Nacional, el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY CAPÍTULO I.Reglas generales. Artículo 1.- Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del adolescente que hubiere cometido actos calificados como de delincuencia juvenil, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y sociedad, en conformidad a la legislación nacional y los convenios internacionales suscritos y ratificados por Chile. En todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberá aplicarse supletoriamente la ley Nº 16.618, de menores, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Artículo 2.- Se considera menor de edad, para los efectos de esta ley, a toda persona que no haya cumplido aún los catorce años de edad y adolescente a toda persona que sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad. Serán sujetos de esta ley los adolescentes que cometan un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes especiales. Los hechos tipificados como delito en el Código Penal o leyes especiales cometidos por adolescentes serán calificados como actos de “delincuencia juvenil”. Artículo 3.- Los menores de catorce años que cometan un crimen, simple delito o falta, no serán objeto de esta ley, sino que quedarán sujetos a lo que disponga el juez de menores en conformidad a lo señalado en la ley de menores.
Articulo 4.- Se aplicará esta de edad en los siguientes casos: a) Cuando en el transcurso el adolescente sometido a procedimiento esta ley cumpla la mayoría de edad. b) Cuando el mayor de edad de haber cometido un delito durante adolescente. c) Cuando se trate de un años y menor de 21 años de edad y irreprochable conducta anterior.
ley al mayor del proceso, de acuerdo a sea imputado su etapa de mayor de 18 presente una
Artículo 5.- En los casos en que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona, a quien el tribunal presuma adolescente, ésta será considerada como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la presente ley. Articulo 6.- Corresponderá a los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, conocer en primera instancia de todos los casos de delincuencia juvenil, con la sola excepción de las faltas, en cuyo caso corresponderá conocer a los Juzgados de Menores, en conformidad a la ley de menores. Articulo 7.- Esta ley diferenciará en cuanto a las medidas y su ejecución entre dos grupos. Estos son: a) A partir de los catorce años de edad y hasta los dieciseis años de edad, y b) A partir de los dieciseis años de edad. Artículo 8.- Si en el transcurso del procedimiento se comprueba que la persona a quien se le imputa el delito era mayor de edad en el momento de cometerlo, el tribunal deberá someterlo a la jurisdicción penal de adultos. Articulo 9.- Cuando en un mismo delito intervengan uno o más adolescentes con uno o varios adultos, el tribunal podrá dictar autos de apertura del juicio oral separados, cuando, de ser conocida en un solo juicio oral pudiere afectar los derechos consagrados en esta ley para el adolescente.
CAPÍTULO II Detención de un adolescente. Articulo 10.El adolescente que detenido gozará de las siguientes garantías mínimas: sea
I.- El funcionario público a cargo del procedimiento de detención deberá poner al adolescente en antecedente de sus derechos legales en un lenguaje que pueda ser entendido por éste. Si el adolescente lo solicita, se le informará por escrito. II.- Cuando la detención se practique en virtud de los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal, el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al ministerio público de inmediato y deberán poner al adolescente directa e inmediatamente a disposición del tribunal competente. Si esto no fuere posible, deberán ingresar a los adolescentes inculpados de haber cometido un hecho constitutivo de crimen o simple delito, al respectivo Centro de Observación y Diagnóstico a que se refiere la ley de menores, dentro de las 24 horas siguientes y el funcionario que lo reciba lo pondrá a disposición del juez en la audiencia más próxima o antes, si éste así lo ordena. Si se tratare de una falta, y el adolescente tuviera domicilio conocido, o ejerciere alguna actividad o industria o rindiere caución en la forma prevista en el artículo 146 del Código Procesal Penal, de que comparecerá a la presencia judicial en la audiencia inmediata, se limitará a citarlo y lo dejará en libertad. III.- Se dará aviso inmediato respecto de su situación a sus representantes legales. IV.- La detención sólo podrá hacerse en los Centros de Tránsito y Distribución o el Centro de Observación y Diagnóstico, ambos de la Casa de Menores, en conformidad a lo señalado en la ley de menores. V.Si el adolescente detenido cumple dieciocho años de edad durante su internamiento, deberá
ser trasladado a un centro penal de adultos, pero estará físicamente separado de ellos. Artículo 11.- La prisión preventiva no podrá exceder de un mes para los mayores de catorce y menores de dieciseis años de edad y de dos meses para los mayores de dieciseis años y menores de dieciocho años de edad. Cuando el tribunal estime que debe prorrogarse, lo acordará así previa consulta al Consejo Técnico de la Casa de Menores contemplado en la ley de menores, estableciendo el plazo de prórroga y las razones que lo fundamentan. La prolongación de la prisión preventiva no podrá exceder los plazos señalados en los artículos 152 y 153 del Código Procesal Penal, cuando éstos fueren menores que los señalados en el inciso anterior. A fin de que la prisión preventiva sea lo más breve posible, los tribunales y los órganos de investigación deberán considerar de máxima prioridad la tramitación de los casos en que se recurra a detener provisionalmente a un adolescente. CAPÍTULO III Procedimiento ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Juez de Garantía o
Párrafo 1º: Etapa de investigación Artículo 12.- El fiscal tendrá la facultad de renunciar a la acción penal o bien, una vez interpuesta la acción, podrá solicitar al tribunal que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, la limite a una o varias infracciones o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, cuando: a) El adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la consumación o la perpetración de otros hechos, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde información útil para probar la participación de otras personas. b) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.
c) El adolescente esté cumpliendo o esté llano a cumplir con alguna de las medidas señaladas en la ley. En este caso, el fiscal podrá solicitar al tribunal la suspensión temporal del procedimiento, por un período de hasta seis meses, tras el cual se dará por terminado el procedimiento si el adolescente ha cumplido cabalmente con las medidas impuestas. Párrafo 2º: Comparecencia judicial Artículo 13.- Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el adolescente deberá ser asistido por uno o más defensores y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de éstos. El imputado o su representante legal podrán nombrar un defensor particular. Si no cuentan con recursos económicos, el Estado les brindará un defensor. Artículo 14.- En caso que el adolescente no comparezca con su representante legal, o bien, el tribunal tenga razones para creer que éstos no van a cooperar o tengan intereses contrarios al adolescente, deberá nombrar al adolescente un curador ad litem. Articulo 15.- Si el adolescente no hubiese sido puesto en libertad antes de presentarse al tribunal, este último ordenará que sea entregado al representante legal con el compromiso de comparecer con él cuando sea requerido, salvo las excepciones señaladas en el inciso 2º del artículo 11. Artículo 16.- La audiencia será oral y privada, so pena de nulidad. Se realizará con la presencia del adolescente, su defensor, el ofendido y el Fiscal. Además, con autorización del tribunal, podrán estar presentes los padres o representantes legales del adolescente, los testigos, peritos, intérpretes y otras personas que el tribunal considere conveniente. En el caso que el adolescente rechace la presencia de alguno de los anteriormente señalados, podrá solicitar que su comparecencia no sea admitida, lo que resolverá el tribunal.
Artículo 17.- El tribunal declarará abierta la audiencia e informará al adolescente sobre la importancia y el significado del acto y procederá a ordenar la lectura de los cargos que se le atribuyen. El tribunal deberá preguntarle si comprende o entiende la acusación que se le imputa. Si responde afirmativamente, se continuará con el debate; si, por el contrario, manifiesta no comprender o entender la acusación, volverá a explicarle el contenido de los hechos que se le atribuyen. Artículo 18.- Una vez que el tribunal haya constatado que el adolescente comprende el contenido de la acusación y verificada la identidad del adolescente, le indicará que puede declarar o abstenerse de ello, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. Si el adolescente acepta declarar, después de hacerlo podrá ser interrogado por el Fiscal y por su defensor. Igualmente podrá ser interrogado por el ofendido o su representante legal. Las preguntas deberán ser claras y directas. Durante el transcurso de la audiencia, el adolescente podrá rendir las declaraciones que considere oportunas, y las partes podrán formularle preguntas, con el objetivo de aclarar sus manifestaciones. Artículo 19.- Los antecedentes del proceso y del adolescente serán de carácter reservado y no podrán darse a conocer sino en forma excepcional y por razones fundadas. Todo el que tenga acceso a dichos antecedentes, queda obligado a guardar su reserva. Párrafo 3º.- Prescripción de la acción Articulo 20.- La acción penal prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra la vida e integridad física, los delitos de violación, estupro y otros delitos sexuales señalados en el título relativo a los delitos contra el orden de las familias y moralidad pública, de los delitos señalados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.
La acción penal prescribirá en tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública y seis meses en los casos de delitos de acción privada y faltas. Párafo 4º.- Penas y medidas aplicables Artículo 21.Una vez condenado el adolescente, el tribunal podrá aplicar una o más de las siguientes penas o medidas: a) Medidas de orientación y supervisión: 1.- Amonestación y apercibimiento. 2.- Libertad asistida. 3.- Prestación de servicios a la comunidad. 4.- Reparación de los daños a la víctima. 5.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 6.- Abandonar el trato con determinadas personas. 7.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 8.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio. 9.- Buscar trabajo. 10.Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes que produzcan adicción o hábito. 11.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las sustancias antes mencionadas. b) Penas privativas de libertad. 1.- Internamiento domiciliario. 2.- Internamiento durante tiempo libre. 3.- Internamiento en centros especializados. Artículo 22.- Estas medidas durarán el tiempo que determine el tribunal, quien podrá revocarlas o modificarlas, si variaren las circunstancias, oyendo al fiscal y al Consejo Técnico de la Casa de Menores o a alguno de sus miembros en la forma que determine el reglamento. En caso de no existir Casa de Menores, deberá
oir al funcionario indicado en la letra l) del artículo 3º de la ley Nº 16.618, de Menores. Artículo 23.- Para determinar la pena o sanción aplicable el tribunal deberá tener en cuenta: a) La exigibilidad del conocimiento acerca de la ilicitud de la conducta cometida, atendidas las circunstancias personales del adolescente. b) La capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de esta. c) La edad del adolescente y sus circunstancias personales, familiares y sociales. d) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños. e) El hecho que el adolescente haya o no participado como líder en el acto de delincuencia juvenil o haya inducido a otros a perpetrarlo. f) La circunstancia de ser el adolescente reincidente. Artículo 24.- Las penas o medidas señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. Artículo 25.- La amonestación es la llamada de atención que el tribunal dirige oralmente al adolescente haciéndole ver las consecuencias de la infracción que cometió e induciéndolo a la enmienda. Además, podrá exhortarlo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a los padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales. El apercibimiento consiste en la conminación que el tribunal hace al adolescente, para que cambie de conducta, advirtiéndole que en caso de cometer una nueva infracción, su conducta será considerada como reincidencia y le será aplicada una medida más rigurosa.
La amonestación y el apercibimiento deberán ser claras y directas, de manera que el adolescente y los responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los hechos cometidos. Artículo 26.- La libertad asistida consiste en otorgar la libertad al adolescente, quien queda obligado a cumplir con programas educativos, de recreación y deportivos y recibir orientación y seguimiento del tribunal, y, en lo posible, con la asistencia de especialistas y con la colaboración de la familia. Artículo 27.- La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, las cuales tengan fines educativos y de adaptación social. Las tareas deberán asignarse según las aptitudes del adolescente y se cumplirán durante una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia de aquél a centros educacionales ni el cumplimiento de su jornada de trabajo. Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de seis meses. Artículo 28.- La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el adolescente en favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito. Para la aplicación de esta medida se requerirá el consentimiento de la víctima y del adolescente además de la aprobación del tribunal. La reparación no podrá efectuarse mediante el pago de una suma de dinero. Artículo 29.- Las órdenes o prohibiciones señaladas en la letra a) del artículo 20 durarán un período máximo de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. Artículo 30.- El internamiento domiciliario es el arresto del adolescente en su casa habitación, con su familia. De no poder cumplirse en su casa habitación, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier pariente, de otra familia o en una entidad privada especializada en la protección de menores. Para la aplicación de las medidas
señaladas en este artículo, se requerirá el consentimiento de las respectivas familias o entidades. El internamiento domiciliario no afectará la asistencia de aquél a centros educacionales ni el cumplimiento de su jornada de trabajo. Artículo 31.- Internamiento en tiempo libre es la privación de libertad que debe cumplirse en un centro especializado, durante el tiempo libre de que disponga el adolescente en el transcurso de la semana. La duración de este internamiento no podrá exceder de un año. Se considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deba cumplir con su jornada de trabajo ni asistir a un centro educacional. Artículo 32.- Sólo podrán aplicarse privativas de libertad en los siguientes casos: penas
a) Cuando el delito, si hubiere sido cometido por un mayor de edad, estuviere sancionado con pena privativa de libertad superior a 5 años y un día. b) Cuando el adolescente haya incumplido las penas o medidas impuestas. Artículo 33.Las penas privativas libertad estarán sujetas a las siguientes reglas: de
I.Serán cumplidas en centros de readaptación o rehabilitación. En caso alguno el tribunal podrá ordenar el ingreso de una persona menor de dieciocho años en un establecimiento penitenciario de adultos. II.- En los centros de readaptación o rehabilitación, el menor de dieciseis años y mayor de catorce años de edad deberá quedar separado de los menores de dieciocho y mayores de dieciseis años de edad. III.- Durarán un período máximo de diez años para el menor de dieciseis años y mayor de catorce años de edad y de quince años para el menor de dieciocho años y mayor de dieciseis años de edad.
IV.- El menor no podrá ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales. V.- Los funcionarios de los centros de adolescentes serán seleccionados de acuerdo con sus aptitudes e idoneidad para el trabajo con éstos. Para el trabajo en los centros de mujeres se preferirá, en igualdad de condiciones, a las mujeres. VI.- En el centro, el porte y uso de armas de fuego por parte de los funcionarios deberá reglamentarse y restringirse sólo a casos excepcionales y de necesidad. VII.- Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tendrá derecho a: a) Recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre: 1.Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 2.- Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables del centro de detención. 3.- El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad. 4.- La forma y los medios de comunicación con el mundo exterior, los permisos de salida y el régimen de visitas. b) Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y que sean aplicables a los menores. Párrafo medidas Artículo 34.- La ejecución de las penas y medidas deberá fomentar, en lo posible, las acciones sociales necesarias que le permitan al adolescente su desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad. 5º.Ejecución de las penas y
ARTÍCULO TRANSITORIO La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en las regiones en que se estén aplicando las normas contenidas en la ley Nº 19.696, que establece el Código Procesal Penal. En las demás regiones, entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de dicha ley. (FDO): Evelyn Matthei Fornet.- Jovino Novoa Vásquez
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