Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190507s00061960278.html
Timestamp: 2020-08-11 10:07:14
Document Index: 407422847

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 168', 'artículo 8', 'artículo 187', 'artículo 12', 'artículo 239', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 121', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 121', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 67']

6ª Sesión Ordinaria del 7 de mayo de 2019 - C.SS
N.º 6 - TOMO 594 - 7 DE MAYO DE 2019
QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
6.ª SESIÓN ORDINARIA
4)	Pedidos de informes
–	El señor senador Besozzi solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino a los Ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay, a la Agen cia Nacional de Vivienda y al Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, relacionado con la situación actual de las viviendas desocupadas pertenecientes a dichos organismos;
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo Directivo Central, relacionado con la situación de los maestros en diferentes zonas del país.
–	El señor senador Castillo solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la representación de la República Oriental del Uruguay ante las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA).
–	El señor senador García solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con los Clubes de Niños y Centros Juveniles de todo el país;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la remoción de los barcos siniestrados en el arroyo de las Vacas, departamento de Colonia.
–	La señora senadora Matiaude solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Junta Nacional de Salud, relacionado con la creación de un seguro de emergencia médico-móvil de propiedad de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.
–	El señor senador Camy presenta un proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la indemnización correspondiente por cese, sin expresión de causa, a las empresas distribuidoras.
7) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Larrañaga, Mieres, De León, Aviaga, Delgado, Michelini, García, Alonso, Lacalle Pou y Cardoso.
–	Quedan convocados los señores senadores Gandini, Posada, Aristimuño, Asiaín, Draper, Gallicchio, Da Silva, Álvarez y Saravia.
8)	Accidentes cerebrovasculares en Uruguay
– Manifestaciones del señor senador Coutinho.
• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública.
9)	Escuela politécnica binacional
–	Manifestaciones del señor senador Cardoso.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las Juntas Departamentales de Rocha, Artigas y Rivera.
10)	Postergación del numeral primero del orden del día
•	La presidencia informa que como no se han presentado propuestas, se posterga su consideración.
11)	Ley Integral Antiterrorismo
–	Proyecto de ley por el que se la aprueba.
• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
13)	Señor Pablo Alberto Porro Lancieri. Designación como embajador
–	Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Finlandia.
14)	Convenio de cooperación con el Gobierno de la República del Ecuador para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural y natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y comercialización ilícitos
15)	Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros
16)	Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe
17)	Enmiendas al artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del comité para la eliminación de la discriminación racial
–	Proyecto de ley por el que se las aprueba.
18)	Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada
–	Proyecto de ley por el que así se declara el 15 de junio de cada año, y se establece que será feriado no laborable para esos trabajadores.
19)	Busto del prócer uruguayo José Artigas
–	Proyecto de minuta de comunicación por la que se aspira su donación a la Universidad Estatal de San Petersburgo.
«Montevideo, 3 de mayo de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 7 de mayo, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Integral Antiterrorismo.
Carp. n.º 723/2016 - rep. n.º 839/19 y anexos I y II
3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Finlandia al señor Pablo Alberto Porro Lancieri.
Carp. n.º 1303/2019 - rep. n.º 834/19
4.º) por el que se aprueba el Convenio de cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural y natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y comercialización ilícitos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de octubre de 2013.
Carp. n.º 1271/2018 - rep. n.º 835/19
5.º) por el que se aprueba el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, aprobado en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de julio de 1975, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Carp. n.º 1168/2018 - rep. n.º 836/19
6.º) por el que se aprueba el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la Reunión de ministros de Relaciones Exteriores UE-Celac, celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016, en Santo Domingo, República Dominicana.
Carp. n.º 1221/2018 - rep. n.º 837/19
7.º) por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial, adoptada en la 22.ª sesión de la decimocuarta reunión de los Estados partes de la convención celebrada en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero de 1992.
Carp. n.º 1274/2019 - rep. n.º 838/19
8.º) por el que se declara el 15 de junio de cada año Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada y como feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad.
Carp. n.º 1157/2018 - rep. n.º 832/19
9.º) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la donación de un busto del prócer uruguayo José Artigas a la Universidad Estatal de San Petersburgo.
Carp. n.º 1297/2019 - rep. n.º 833/19
ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Amorín, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Da Silva, Draper, Gallicchio, Gandini, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, De León, Delgado, García, Lacalle Pou, Larrañaga y Michelini.
(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).
«La Presidencia de la Asamblea General comunica que la integración de la comisión parlamentaria bicameral prevista en el artículo 25 de la Ley n.º 19696, Aprobación y regulación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, de 29 de octubre de 2018, estará integrada por los señores legisladores Pablo Abdala, Pedro Bordaberry, Felipe Carballo, Charles Carrera, Cecilia Eguiluz, Javier García, Óscar Groba, José Carlos Mahía, Rafael Michelini, Gerardo Núñez, Gustavo Penadés, Iván Posada, Luis Puig, Eduardo Rubio y Daisy Tourné.
Asimismo, comunica que la señora representante nacional Claudia Hugo integrará la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y el Caribe, y que el señor senador Carlos Baráibar integrará su Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor.
Además, comunica que el señor senador Miguel Vassallo integrará el Parlamento del Mercosur como suplente, en sustitución de la señora legisladora Berta Sanseverino.
TÉNGANSE PRESENTES.
Asimismo, destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley sobre inocuidad y transparencia en la comercialización de carnes.
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.
El Poder Ejecutivo remite varios mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se crea el Fondo Citrícola con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Singapur para la prestación de servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, suscrito en Singapur, República de Singapur, el 2 de octubre de 2013;
•	por el que se designa Maestro Julio Castro la Escuela n.º 71 del departamento de Paysandú;
•	por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas para actividades de investigación y desarrollo;
•	por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave C-130 (Hércules) y sus cuarenta tripulantes, pertenecientes a la Guardia Nacional de Connecticut, Estados Unidos de América, sin armas ni municiones, a fin de realizar actividades de capacitación e intercambio de experiencias con las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay entre los días 7 y 13 de abril de 2019, estableciéndose como fecha alternativa el período comprendido entre el 5 y el 11 de mayo de 2019;
•	por el que se aprueban el Convenio de seguridad social con Rumania y el Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio sobre seguridad social con Rumania;
•	por el que se declara el 9 de mayo de cada año como Día del Abogado;
•	por el que se declara el 9 de marzo de cada año como Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer;
•	por el que se realizan ajustes al impuesto al valor agregado (IVA), en lo que se refiere al bien “leche larga vida”.
AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.
Asimismo, remite varios mensajes por los que solicita la venia correspondiente para conferir los siguientes ascensos:
•	al grado de coronel, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de antigüedad, concurso y selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república y por los artículos 130 y 131 del Decreto Ley n.º 14157, orgánico de las Fuerzas Armadas, de 21 de febrero de 1974, a varios señores tenientes coroneles;
•	al grado de coronel médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, al señor teniente coronel médico don Julio Miguel Citera Gómez;
•	al grado de coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de antigüedad, aptitudes y suficiencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, a varios señores tenientes coroneles.
A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.
Además, remite mensaje por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a los doctores Gonzalo Daniel Cardozo Castillo, Lucía Silva Sandoval, María Fernanda Delpino da Silva y Natalia Helena Charquero Martínez.
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
•	por el que se designa Muelle Aníbal Sampayo el exmuelle de Shell, en el departamento de Paysandú.
A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.
•	Por el que se crean normas para el fomento del emprendedurismo.
•	por el que se modifica el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000, Modificación de la ley de elecciones. Recurso de referéndum;
•	por el que se modifica el capítulo XI de la Ley n.º 17823, de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA);
•	por el que se declara el 9 de marzo de cada año como Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer.
La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se declara el 15 de junio de cada año Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada y feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad.
Asimismo, eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la donación de un busto del prócer uruguayo José Gervasio Artigas a la Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación de Rusia.
La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Finlandia, al señor Pablo Alberto Porro Lancieri.
Asimismo, eleva informados los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se aprueba el Convenio de cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural y natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícitos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de octubre de 2013;
•	por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial, adoptada en la 22.ª sesión de la decimocuarta reunión de los Estados partes de la convención, celebrada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 15 de enero de 1992;
•	por el que se aprueba el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, aprobado en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de julio de 1995, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional;
•	por el que se aprueba el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores UE-Celac, celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016, en Santo Domingo, República Dominicana;
•	por el que se aprueba la Ley Integral Antiterrorismo.
HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 12 de la Ley n.º 19696, de 29 de octubre de 2018, a fin de designar en el cargo de director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado al señor general del Aire (r.) Washington Roberto Martínez Angelucci.
•	por el que se autoriza la salida del país de 170 (ciento setenta) efectivos militares con sus equipos individuales y de la unidad, pertenecientes al Ejército nacional, para participar en la operación de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la República Árabe de Siria, a partir de la promulgación de la presente ley, previéndose relevos parciales o totales en el lapso comprendido entre los 9 (nueve) y los 12 (doce) meses;
• por el que se autoriza la salida del país del velero escuela Capitán Miranda, su plana mayor, tripulación y guardiamarinas egresados de la Escuela Naval, compuesta de 83 (ochenta y tres) efectivos, a efectos de realizar el XXXI Viaje de Instrucción entre el 23 de mayo y el 4 de noviembre de 2019, visitando puertos de los siguientes países: República Federativa del Brasil, Granada, País de Curazao, República de Colombia, República de Panamá, Estados Unidos Mexicanos, República de Cuba, Estados Unidos de América, República Dominicana, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Santa Lucía.
REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.
La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Marcelo Soravilla, relacionadas con el acceso a la salud como derecho fundamental del ser humano.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
La Suprema Corte de Justicia remite, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república, información solicitada por la Comisión de Asuntos Administrativos relacionada con la solicitud de venia para designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor Guzmán López Montemurro.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
El Ministerio de Economía y Finanzas remite informe de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, en respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Amorín, relacionado con la construcción de un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, departamento de Montevideo.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Sebastián da Silva, con fecha 22 de mayo de 2018, relacionado con la declaratoria de emergencia agropecuaria decretada por dicho ministerio el 28 de febrero del mismo año.
El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Amorín, relacionado con la construcción de un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, departamento de Montevideo.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite informes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en respuesta a los siguientes pedidos de informes:
•	solicitado por el señor senador José Amorín, relacionado con la construcción de un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, departamento de Montevideo;
•	solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con las operaciones de la empresa Orosur, en la zona de Minas de Corrales, departamento de Rivera.
OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LOS SEÑORES SENADORES.
4) PEDIDOS DE INFORMES
(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).
«El señor senador Guillermo Besozzi solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino a los Ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay, a la Agencia Nacional de Vivienda y al Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, relacionado con la situación actual de las viviendas desocupadas pertenecientes a dichos organismos;
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo Directivo Central, relacionado con la situación de los maestros en diferentes zonas del país».
«El señor senador Juan Castillo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la representación de la República Oriental del Uruguay ante las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA)».
«El señor senador Javier García solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la remoción de los barcos siniestrados en el Arroyo de las Vacas, departamento de Colonia».
«La señora senadora Graciela Matiaude solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Junta Nacional de Salud, relacionado con la creación de un seguro de emergencia médico-móvil de propiedad de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.
OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».
(Proyecto de ley consignado en la nómina de asuntos entrados).
«El señor senador Carlos Camy presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la indemnización correspondiente por cese sin expresión de causa a las empresas distribuidoras.
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS».
SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 10 de abril faltaron con aviso los señores senadores Camy y Heber.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 10 de abril faltó con aviso el señor senador Heber.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 23 de abril faltaron con aviso los señores senadores Alonso y Lacalle Pou. Y a la sesión del 30 de abril faltó con aviso el señor senador Lacalle Pou.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 11 de abril faltó con aviso el señor senador Delgado. A la sesión del 2 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Camy, Delgado, Mieres y Tourné.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 10 de abril faltó con aviso el señor senador Paternain.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 11 de abril faltaron con aviso los señores senadores De León y Gandini. Y a la sesión del 2 de mayo faltó con aviso el señor senador Delgado.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 9 de abril faltó con aviso el señor senador Heber. A la sesión del 11 de abril faltaron con aviso los señores senadores Amorín y Heber. Y a la sesión del 2 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Heber, Michelini y Paternain.
A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 24 de abril faltó con aviso el señor senador De León.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 8 de abril faltaron con aviso las señoras senadoras Alonso y Aviaga.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 9 de abril faltó con aviso el señor senador García.
A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 9 de abril faltó con aviso el señor senador Mieres.
A la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del 23 de abril faltó con aviso el señor senador Carrera.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «6 de mayo de 2019
Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Por la presente, solicito al Cuerpo se me otorguen tres días de licencia a partir del 7 de mayo, por motivos personales
Se comunica que el señor Eber da Rosa ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 6 de mayo de 2019
Señora presidente de la Cámara de Senadores
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004 –por razones particulares–, para los días 9 y 16 de mayo del corriente, ambos días a partir de las 15:00.
–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, los días 7 y 8 de mayo de 2019.
Se comunica que los señores Julio Calzada, Beatriz Ramírez, Felipe Carballo y Cristina Lústemberg han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia a partir del día 7 de mayo hasta el día 8 a las 17:00, por motivos personales.
Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 7 de mayo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de mayo de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 9 de mayo.
Por la presente y de acuerdo a la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia, por motivos personales, desde el día de hoy hasta el 9 de mayo de 2019 inclusive.
Por la presente solicito licencia, por motivos personales, el día de la fecha.
Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, para la sesión del día de la fecha.
Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Pablo Iturralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Dolores Álvarez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Nos están visitando los alumnos de 5.º año de la escuela Clara Jackson de Heber. Sean bienvenidos.
SEÑOR COUTINHO.- Los accidentes cerebrovasculares en el Uruguay son una realidad realmente preocupante. Es la segunda patología que causa más muertes en nuestro país: más de 2500 personas por año, 7 personas por día. Y esa cifra –que no es de ahora, sino que se viene manteniendo por varios años– nos posiciona en uno de los peores lugares de América Latina. Sumado a esto, es la primera causa de incapacidad en el adulto en nuestro país, ya que esta enfermedad deja también a muchos pacientes con secuelas terribles.
A pesar de estos datos alarmantes, observamos una falta de información respecto del tema en la población y, lo que es peor: no está incluido en la canasta básica de prestaciones ni en el Fondo Nacional de Recursos. Y esto, sumado a lo penoso de la situación, hace que sea un tratamiento muy costoso para los pacientes y sus familias. No hay promoción acerca de esta patología, no se sabe reconocer los síntomas y, en caso de que se reconozcan, no se sabe cómo actuar, siendo que en estos casos la rapidez es de vital importancia.
Mueren dos millones de neuronas por minuto durante el traslado, y dependiendo del tipo de ACV, la ventana de tiempo para actuar puede ser de tan solo cuatro horas para evitar o minimizar el daño cerebral.
No todos los centros están especializados en esta atención. Se desconocen los protocolos de acción y al momento de los traslados se pierde todo este tiempo, tan valioso.
Nos cuesta a todos reconocer cuándo se trata de un caso de ACV. No sabemos a dónde recurrir, los sistemas de traslado no cuentan con un protocolo diferencial y las variables se van sumando, lo que muchas veces implica recuperaciones mucho más largas y costosas para el paciente y el sistema.
La situación que se vive cuando un ser querido ha sufrido un ACV y tiene secuelas importantes es desbordante y desequilibrante, tanto para el paciente como para su familia; a esta, muchas veces apenas le llega la información de lo que está sucediendo a través de los informes del CTI, y a menudo en forma bastante confusa o difícil de comprender. Todo esto genera desinformación, incertidumbre, miedo y ansiedad.
El retorno a la casa tampoco será sencillo, dado que tendrá que haber una readaptación a toda la nueva situación, y habrá nuevas emociones, así como nuevos gastos que implican el cuidado del paciente y la necesidad de atención por parte de distintos profesionales para que la recuperación pueda ser más exitosa. De acuerdo con las estadísticas, una de cada seis personas tendrá un ACV en su vida. Es mucho como para no tenerlo en la agenda. Reitero: una de cada seis.
En Uruguay tenemos las herramientas, conocemos la forma de atención y las medidas preventivas, y contamos con especialistas en el tema, pero el problema continúa. Son muchísimas las familias que lo viven. Estamos para apoyar todo tipo de iniciativas que sean posibles a efectos de que rápidamente se puedan incorporar en el sistema de salud la prevención, el tratamiento y la educación sobre esta enfermedad. No dejemos que las consecuencias de los ACV sigan dependiendo de la suerte.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública.
9) ESCUELA POLITÉCNICA BINACIONAL
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Cardoso.
SEÑOR CARDOSO.- Buenos días.
Días pasados conocimos a través de la prensa la ampliación de la oferta educativa para jóvenes en el departamento de Rivera, con la instalación de la UTEC. Lamentamos que se haya perdido tanto tiempo en implementar esta oferta.
En el año 2005, en ocasión de sesionar el Consejo de Ministros en la Fortaleza de Santa Teresa, planteamos al consejo y al presidente de la república que, en el marco de los planes conjuntos con la frontera con Brasil, se implementara la escuela politécnica binacional. Se trata de algo estratégico en materia de política de frontera, con lo que –notoriamente– se favorecerán ambos países, no solo en el sentido de compartir la inversión, sino también en el de hacer de ese espacio de frontera un polo de desarrollo tecnológico, beneficiándose de la formación de los jóvenes en aquellas disciplinas que fortalezcan el desarrollo regional y aumenten las oportunidades de trabajo a ambos lados de la frontera.
Quienes somos ciudadanos de departamentos fronterizos vivimos la frontera como una experiencia de integración, de convivencia y de intercambio. Sin embargo, desde la centralidad de Montevideo no siempre se capta la riqueza y el potencial que se desarrolla en ese espacio binacional, estando ajenos a esta posibilidad.
En 2016 –once años después– volvió a sesionar en Rocha el Consejo de Ministros y en aquel entonces volvimos a hacer la misma propuesta a los ministros y al señor presidente de la república. Reitero: pasaron ya once años. La escuela politécnica sigue siendo un debe en aquella frontera con Brasil. ¡Cuánto tiempo se ha perdido! ¡Cuántos jóvenes, por no poder costearse los estudios fuera del departamento, quedaron sin la oportunidad de obtener un futuro mejor y mayores posibilidades de empleo de calidad! ¡Tres períodos de gobierno debatiendo la reforma educativa y el incremento del presupuesto en educación! El Gobierno se distrajo en esos debates y eludió tomar medidas como esta, que notoriamente hubieran sido un verdadero avance para los jóvenes del interior. Ahora estamos nuevamente en tiempos de ajuste presupuestal, y el tren ya pasó. No olvidemos que el tren y la oportunidad ya se perdieron.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad Tecnológica del Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las Juntas Departamentales de Rocha, Artigas y Rivera.
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.
Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en primer término, pero como no se han presentado propuestas –exhortamos a que se proporcionen los nombres–, quedará postergado para una próxima sesión.
11) LEY INTEGRAL ANTITERRORISMO
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Integral Antiterrorismo. (Carp. n.º 723/2016 - rep. n.º 839/19 y anexos I y II)».
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: de acuerdo con el literal h. del artículo 121 del nuevo Reglamento del Senado, se debe declarar toda vinculación personal o de interés con cualquier asunto o proyecto que se considere, y el plenario autorizará o no al legislador a permanecer en sala. Es público que hasta el día de mañana ocupo una posición importante en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y si bien ya hay un presidente electo y mañana se termina el proceso electoral, todavía estoy en funciones y hay una norma de este proyecto de ley –el artículo 11– que eventualmente puede beneficiar a la asociación puesto que ella fue víctima de acciones de corrupción, etcétera. Podría verse alcanzada entonces por dicho artículo. Por tal motivo, antes de comenzar el tratamiento del tema estoy declarando esta situación que me afecta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se autoriza la permanencia del señor senador Bordaberry en sala.
SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR BARÁIBAR.- Destacamos el gesto del senador Bordaberry, pero además lo hacemos con absoluta convicción de que no hay ningún grado de implicancia. A su vez, aprovecho esta oportunidad para destacar la actividad cumplida por el señor Pedro Bordaberry como presidente del grupo interventor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde precisamente la actitud de transparencia fue un componente muy importante. Es por eso que saludamos la sensibilidad del señor senador, al tiempo que destacamos su actuación en la mencionada asociación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ingresando a la consideración del tema, tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- La Comisión de Asuntos Internacionales presenta hoy el resultado de su deliberación sobre la carpeta en consideración, que abarca varias ramas de las materias a cargo de las comisiones permanentes del Senado y también de comisiones especiales.
Se trata de un tema vasto y complejo en el que Uruguay tiene un fuerte compromiso consigo mismo y con la comunidad internacional. No podía ser de otro modo, cuando desde hace algunas décadas acciones terroristas se han transformado en una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados. Por lo tanto, los países se vienen dando herramientas jurídicas en diversas áreas para hacer efectivo el combate al terrorismo. Nuestro Uruguay en todo momento ha reforzado su compromiso con este peculiar combate. Junto con el resto de las naciones, intenta llevarlo adelante y sostenerlo en un eje que conjuga la seguridad mundial con la plena vigencia de los derechos humanos, el derecho internacional y las garantías que emergen del Estado de derecho que rige nuestras democracias.
Señora presidenta: no es esta la primera disposición ni será la última que el país deba asumir en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con las recomendaciones del Comité contra el Terrorismo y del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–, ámbitos de los cuales Uruguay es parte.
Queremos también recordar que este proyecto de ley es parte de un tríptico integrado por la ley de transparencia fiscal –aprobada hace varios años– y la ley de lavado de activos aprobada a fines de 2017. Se trata de leyes conexas entre sí.
El Poder Ejecutivo es muy claro en su exposición de motivos al expresar que, si bien desde hace varios años nuestra legislación cuenta con algunas normas en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo, no comprenden todos los aspectos necesarios para combatir esta amenaza. También manifiesta que los organismos internacionales «han observado que la legislación nacional no le exige a las Instituciones Financieras y a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) el bloqueo de activos de personas o entidades incluidas en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando las detectan, en forma inmediata»; tampoco prohíben poner fondos a disposición de estas, como lo establecen diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A esas carencias legislativas se suman otras, y con este proyecto de ley que se presenta –acotado respecto al del Poder Ejecutivo–, pensamos que Uruguay podrá hacer un papel responsable ante la próxima revisión GAFI que finaliza el 17 del corriente en nuestro país.
Esa es la premura que tenemos ante nosotros y que obra en dominio del Senado, expuesta en comisión por la Cancillería y por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El proyecto de ley que se presenta contiene dieciocho artículos dispuestos en diez capítulos y, a su vez, tenemos consenso para introducir un nuevo capítulo con un único artículo, relacionado con la compatibilidad de la actividad antiterrorista con el derecho internacional público. Está presentado en Secretaría, y obviamente esta podrá renumerar tanto capítulos como artículos.
El nuevo proyecto de ley se titula Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El artículo 1.º dispone el objeto del proyecto de ley, siendo ello la implementación de sanciones financieras a personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en un todo de acuerdo con lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Para mejor dominio de los señores senadores, quiero decir que estas resoluciones se encuentran entre las disposiciones citadas en el repartido que se encuentra en nuestras mesas. Se trata de un enjundioso legajo de resoluciones, pero creo que está perfilado allí –con la aprobación de Uruguay y de Naciones Unidas– lo que ahora presentamos.
El artículo 2.º merece la siguiente explicación. Cuando el Parlamento aprueba la Ley n.º 19574, de lavado de activos –que actualizó y compendió toda la normativa en la materia–, dispuso la aprobación de un capítulo sobre organización institucional. Se crea entonces la Comisión coordinadora contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que depende de la Presidencia de la República. El artículo 2.º de esa ley dispone una serie de cometidos para la comisión coordinadora, a los que se suma uno nuevo, que es este que tenemos como artículo 2.º del presente proyecto de ley, que propone que la comisión referida sea la autoridad coordinadora en materia de lucha contra el terrorismo y que informe anualmente a la Asamblea General sobre las actuaciones cumplidas.
El capítulo III del proyecto de ley lleva como título «Sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo, su financiamiento y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva». El primer artículo, que es el 3.º del proyecto, refiere a la verificación de listas y congelamiento, y obliga a los sujetos referidos en los artículos 8.º, 12, 13 y 29 de la Ley n.º 19574 sobre lavado de activos, del 20 de diciembre de 2017, a controlar y verificar de forma permanente lo que consigna en sus literales a), b), c) y d).
Quiero referirme, brevemente, a los artículos 8.º, 9.º, 13 y 29 de la mencionada ley. El artículo 8.º alude a la colaboración del sector público y establece que «Todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso.
El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar las obligaciones previstas en este artículo».
Los artículos 9.º, 13 y 29 de la Ley n.º 19574 establecen quiénes tienen el deber de controlar y verificar.
Señora presidenta: de existir coincidencia de las personas físicas, jurídicas o entidades con los nombres o datos de identificación que surgen en las referidas listas o designaciones, como mencioné anteriormente, los sujetos obligados deben proceder al congelamiento preventivo, de inmediato y sin demora, de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de dichas personas o entidades, y asimismo impedir el ingreso de fondos a disposición de las mismas. Esto es lo que resuelve el artículo 3.º del presente proyecto de ley.
El artículo 4.º refiere a la notificación inmediata y confirmación de la medida. Dispone que los sujetos obligados –a que ya hemos referido– deben notificar de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay que han efectuado un congelamiento preventivo, y esta le comunicará al tribunal penal competente, el que dispondrá de un plazo de hasta setenta y dos horas para determinar si dicho congelamiento corresponde a una persona física o jurídica o entidad mencionada por la Organización de las Naciones Unidas en las listas referidas en el artículo 3.°. Este artículo 4.º posee otras aristas en las que no abundaré y que van en la línea de cerrar una brecha que Uruguay tiene en la materia.
El artículo 5.º dispone que los congelamientos preventivos se mantendrán hasta que la persona o entidad sea eliminada de las listas del artículo 3.º de la presente ley. Si hubiera incumplimiento por parte de los sujetos obligados de los deberes a que ya hemos referido, se aplicarían las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de la ley de lavado de activos.
En el artículo 7.º encontramos que tanto la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, como el Ministerio de Relaciones Exteriores fundamentalmente, entre otros, serán quienes implementen los procesos para la identificación de personas o entidades que cumplan los criterios de designación establecidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se hace expresa referencia a la resolución 1373, del 28 de setiembre de 2001, cuyos pasajes voy a leer porque son interesantes.
Con respecto a este punto, la resolución n.º 1373 de Naciones Unidas, de 28 de setiembre de 2001, decide que todos los Estados «a) Prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo;
b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo;
c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión…».
d) Prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes».
Quiero decir que la legislación que estamos manejando, en vinculación con las Naciones Unidas, va en el sentido de un combate permanente y de que los Estados no presenten ningún tipo de brecha en el combate de la financiación del terrorismo.
El artículo 8.º refiere a medidas cautelares para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la presunta comisión de delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello será aplicable nuestro Código del Proceso Penal y el capítulo VI de la Ley n.º 19574, sobre lavado de activos, artículos 43 al 48.
Los artículos 9.º, 10 y 11 conforman el capítulo V de este proyecto de ley denominado «Sanciones y contramedidas internacionales».
El artículo 9.º refiere a que nuestro país podrá aplicarlas de acuerdo con la recomendación n.º 19 del GAFI, y también podrá aplicar las contramedidas financieras previstas en el artículo 2.º de la Ley n.º 19574, sobre lavado de activos. Podría leer algunos pasajes de este artículo 2.º, pero no lo voy a hacer en honor al tiempo de que dispone la cámara.
El artículo 10 del proyecto habla del decomiso y se relaciona con los artículos 49 a 60 de la Ley n.º 19574, sobre lavado de activos.
El artículo 11 es una incorporación que la Comisión de Asuntos Internacionales hace al artículo 59 de esta ley sobre lavado de activos. Creo que es importante leer este artículo 59, que refiere a la titularidad y destino de los bienes decomisados: «Toda vez que se decomisen bienes, productos o instrumentos conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el tribunal de la causa los pondrá a disposición de la Junta Nacional de Drogas, que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos.
A) Asignar bienes que se hubiesen conservado para uso oficial, en los programas y proyectos vinculados a la prevención o represión en materia de drogas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
B) Transferir los bienes que se hubiesen conservado o el producido de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
C) Transferir los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen conservado, o el producto de su venta, a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados por el consumo».
El capítulo VII está conformado únicamente por el artículo 12, que refiere a aquellas técnicas especiales de investigación previstas en los artículos 61 a 65 de la Ley n.º 19574, sobre el lavado de activos. A partir de este proyecto de ley «serán aplicables en lo pertinente a la persecución de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva». El proyecto de ley hace modificaciones a estos artículos y lo hace extensivo al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El capítulo VIII refiere a la cooperación internacional y contiene los artículos 13, 14 y 15. Este capítulo suple al de cooperación internacional del proyecto de ley del Poder Ejecutivo y establece un reenvío normativo a los artículos 68 a 75 y 77 de la Ley n.º 19574, sobre lavado de activos, de 20 de diciembre de 2017, para las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional.
En el capítulo IX, «Medidas de reparación efectivas», figura el artículo 16 que establece: «El Estado podrá disponer de asistencia jurídica, médica, psicológica y de otra índole, para las personas físicas que hayan sufrido daños físicos o de otro tipo o hayan sido víctimas de una violación de los derechos humanos como resultado de actividades o de actos de terrorismo o de actos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo, con miras a lograr su rehabilitación social». En este caso, la comisión tomó el inciso segundo del artículo 55 del mensaje original del Poder Ejecutivo.
Pasamos al capítulo X, «Disposiciones penales», que me parece es uno de los más interesantes del proyecto de ley. Su artículo 17 sustituye el artículo 14 de la Ley n.º 17835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1.º de la Ley n.º 18494, de 5 de junio de 2009. No tenemos un comparativo entre ambas leyes, pero sintetizo diciendo que este artículo amplía la cobertura de los actos de naturaleza terrorista.
Por su parte, el artículo 18 sustituye el artículo 16 de la Ley n.º 17835, relativo al delito de financiamiento del terrorismo. Como dije, se amplía este artículo con la incorporación de los actos de facilitación, a la vez que se mejora su redacción. La nueva redacción del artículo 16 es la siguiente: «El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos o activos de cualquier naturaleza, sean de fuente lícita o no, para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en cualquier tipo de actividad o actos de terrorismo, o a una organización terrorista o a sus miembros, sin importar el vínculo o el acaecimiento de los actos terroristas y aun cuando ellos no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría. Quienes realicen actos de facilitación para la organización de quienes cometan o intenten cometer los delitos de naturaleza terrorista serán castigados con la tercera parte de la pena antes indicada». Este artículo, que sustituye al artículo 16 de la Ley n.º 17835, mantiene la pena, amplía el delito de financiamiento del terrorismo y mejora su redacción.
Como dije anteriormente, con el visto bueno de la comisión vamos a introducir un aditivo que ya está en poder de la Secretaría, que refiere a la compatibilidad de la actividad antiterrorista con el derecho internacional público. Aquí estamos expresando que el ejercicio de cualquiera de las actividades y funciones previstas en el marco de la presente ley en la lucha contra el financiamiento del terrorismo debe garantizar la protección de los derechos humanos, civiles y políticos, y las libertades fundamentales de todas las personas, en especial de las víctimas y refugiados, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la república, por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, por el derecho internacional público, por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario.
Señora presidenta: seguramente se me podrá acotar que esto ya está vigente, que es ley, porque hay infinidad de convenciones y de documentos que son ley y que tienen rango de derecho internacional público, pero se trata, sencillamente, de poner en dominio de quien tenga que manejar esta ley que Uruguay persigue una firme posición contra el terrorismo en cualquiera de sus expresiones. Por supuesto, señora presidenta, lo hacemos –como lo está haciendo el mundo entero– en el eje de la seguridad internacional, de la seguridad mundial, tan necesaria para la convivencia entre todos los seres humanos, para que no sucedan hechos como el de Christchurch, en Nueva Zelanda, y otros, que son lamentables. Naturalmente, debe consagrarse la plena vigencia de todos estos derechos establecidos en las convenciones internacionales de las que Uruguay es parte, que rigen nuestras democracias. Es decir que el combate al terrorismo, señora presidenta, siempre deberá estar acompañado de la plena vigencia del Estado de derecho estampado en la Constitución de la república.
En los próximos meses veremos si con este proyecto de ley podemos salvar, diría, la instancia que se está dando en estos días. La cámara ha sido muy ágil en comprender la situación, y en este sentido queremos agradecer a los sectores de la oposición –nobleza obliga–, que rápidamente se han puesto a trabajar con los senadores del Gobierno a los efectos de lograr un proyecto que apunte a salvar los estándares que requiere la revisión que se está haciendo en el Uruguay en estas fechas.
Es cuanto quería manifestar, y quedo a disposición de los señores senadores.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado, pero desglosando el artículo 11, al que me referí cuando denuncié el literal h. del artículo 121 del Reglamento del Senado.
Por otra parte, me permito señalar que también se ha propuesto un aditivo.
SEÑORA PRESIDENTE.- El aditivo ya ha sido repartido y se votará al final.
Si los señores senadores están de acuerdo con el criterio propuesto por el señor senador Bordaberry, ponemos a consideración el articulado del proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado, con excepción del artículo 11.
En consideración el artículo 11.
Léase el aditivo propuesto por varios señores senadores.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «CAPÍTULO XI COMPATIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTITERRORISTA CON EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Artículo 19. (Compatibilidad con el Derecho Internacional Público).- El Ejercicio de cualquiera de las actividades y funciones previstas en el marco de la presente ley en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debe garantizar la protección de los derechos humanos, civiles, políticos y las libertades fundamentales de todas las personas, en especial de las víctimas y refugiados, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la República, por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, por el Derecho Internacional Público, por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el Derecho Internacional Humanitario». (Firman las señoras senadoras Xavier y Moreira y los señores senadores Camy, Martínez Huelmo, Bordaberry, Mieres y Otheguy).
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Mieres.
SEÑOR MIERES.- Quiero hacer una muy breve fundamentación general sobre el proyecto de ley.
Creo que en la comisión hemos hecho un trabajo muy positivo para dar una respuesta en tiempo a una situación que el país estaba enfrentando: la necesidad de ponerse en regla con respecto a la normativa internacional, particularmente relacionada con el financiamiento del terrorismo.
De todas maneras, hay que dejar la constancia de que legislar sobre la urgencia de la necesidad de tener una legislación frente a eventuales evaluaciones negativas que podrían ocurrir en caso contrario, no es la mejor manera de hacerlo, sobre todo porque el Poder Ejecutivo envió hace mucho tiempo un proyecto de ley integral contra el terrorismo y esa iniciativa quedó reposando en el Parlamento por dificultades existentes dentro del propio partido de gobierno. Finalmente, la bancada del Frente Amplio presenta un proyecto sustitutivo a pesar de que expresamente, en su comparecencia, el secretario de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos manifestó que prefería el que había enviado el Poder Ejecutivo y la Cancillería dijo lo mismo.
De todas maneras, estamos arribando a una solución que esperamos sea suficiente para las evaluaciones internacionales, a fin de evitar una situación compleja en el sentido de que el país quede en una posición internacional que pueda afectarlo en varias dimensiones relacionadas nada menos que con la lucha contra el terrorismo y también con el tema de su financiamiento.
En definitiva, votamos conscientes de que esta es una buena iniciativa legislativa, pero nos deja una sensación negativa el haber terminado votando apurados, cosa que no debería haber ocurrido.
SEÑORA PRESIDENTE.- Nos están visitando alumnos de 6.º año de The British Schools.
SEÑOR BORDABERRY.- Me sumo a la bienvenida.
Hemos votado afirmativamente porque creemos que, en definitiva, se termina aprobando un muy buen proyecto de ley, quizás no tan ambicioso como el que se envió en una primera instancia, pero sí más ambicioso que el sustitutivo que originalmente se iba a tratar en la comisión.
A su vez, me permito señalar como algo muy positivo el hecho de que esta instancia nos encuentre a todos los partidos juntos, aprobando instrumentos jurídicos contra el financiamiento del terrorismo, contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo y a su financiación, y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, nos encuentra juntos enfrentando la revisión que el GAFI está realizando en este momento en el Uruguay, para que nuestro país salve con buena nota y no sea incluido en listas en las que nunca debe estar.
Creo que eso es lo positivo que nos deja esta instancia, en momentos de campañas electorales y de confrontación de ideas y propuestas, porque demuestra que cuando se trata de asuntos importantes para el país todos los partidos estamos unidos a la hora de aprobar instrumentos de este tipo.
De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17.827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día martes 7 del presente, por motivos personales.
Sin más, la saludo muy atte.
De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por los siguientes días: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 18 de junio de 2019, por motivos personales.
13) SEÑOR PABLO ALBERTO PORRO LANCIERI. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Finlandia al señor Pablo Alberto Porro Lancieri. (Carp. n.º 1303/2019 - rep. n.º 834/19)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Baráibar.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: luego de recibir el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando la aprobación de esta venia, la Comisión de Asuntos Internacionales recibió al embajador Pablo Alberto Porro Lancieri y me encomendó la realización del informe correspondiente.
El señor Porro Lancieri realizó una excelente exposición y presentó el Plan de Gestión de la Embajada de Uruguay en Finlandia por el período 2019-2024. A continuación, voy a leer parte de esa documentación, en la que queda clara la importancia que el embajador asigna a la misión en Finlandia.
En su plan de gestión expresa lo siguiente: «Uruguay y Finlandia son socios estratégicos en el pleno sentido de la expresión.
El objetivo prioritario de gestión será continuar afianzando, consolidando y promoviendo esa relación de confianza.
Finlandia es un país geográficamente pequeño en su entorno, que ha conseguido posicionarse a la cabeza del desarrollo humano. Todos sus indicadores económicos y sociales apuntan a un modelo de desarrollo exitoso.
El estudio de ese modelo y la búsqueda de sinergias y complementariedades con nuestro país y cómo aplicarlas en la práctica será el otro gran objetivo de trabajo. […] La Embajada de Uruguay en Finlandia procurará seguir siendo una organización orientada a la obtención de resultados acordes a los intereses del país, con capacidad de gestión, anticipación y reacción.
Estará enfocada a la consecución de sus objetivos y metas de gestión y para ello ser capaz de:
a) recoger y analizar la información relevante que permita comprender el entorno;
b) relacionarse con el medio local a nivel de instituciones de gobierno, organizaciones políticas, empresariales, académicas, científicas, culturales y de la sociedad finlandesa en general;
c) continuar generando visibilidad positiva para el Uruguay».
Luego realiza el resumen ejecutivo y señala que el plan de gestión se divide en siete ejes de acción. Se trata –debo decirlo– de una presentación sumamente clara, lo que permite una fácil comprensión de la información.
El primero de esos ejes es el político. Al respecto señala: «Mantener y en lo posible mejorar el nivel de la relación política bilateral: desarrollar los lazos de confianza existentes, marcar presencia, aumentar la visibilidad del Uruguay en Finlandia. Cultivar contactos, utilizar sinergias existentes».
Luego de la enunciación de cada uno de los ejes realiza una enumeración de iniciativas y plantea el curso de acción. Menciono solo una, que me parece importante, que es procurar la apertura de la Embajada de Finlandia en Montevideo, en reciprocidad con la de Uruguay en ese país.
El segundo eje es el económico. En este caso dice: «En un contexto de existencia de megainversiones finlandesas en Uruguay, de ausencia de acuerdos comerciales y de caducidad del SGP para Uruguay desde 2014, procurar incrementar las cifras y lazos de comercio y la promoción y cuidado de la inversión.
En lo concerniente al área estratégica comercial, sin desconocer que Finlandia no es y probablemente no será un destino relevante para las exportaciones uruguayas, se detectan y pueden detectarse nichos de mercado de sumo interés.
Se han identificado algunos productos y servicios, para los que se realizarán acciones en las tres áreas básicas: inteligencia comercial, acceso al mercado y promoción».
Luego, en las iniciativas, agrega que se promoverá el seguimiento específico para el sector forestal-madera, el sector químico, maquinaria agrícola, clúster naval, software, etcétera.
El tercer eje es el de la cooperación y en ese sentido dice lo siguiente: «Promover la cooperación científico-tecnológica en áreas claves en las que existe excelencia en la contraparte. Uruguay, por su categorización como país de renta alta, queda fuera de la categoría de receptor de cooperación europea tradicional.
Explorar áreas en donde subsista esa posibilidad y detectar espacios de cooperación triangular».
Entre las iniciativas plantea una referente a la madera forestal: una academia forestal para formar formadores de opinión sobre la industria forestal.
El cuarto eje –y estoy resumiendo– es la educación. Al respecto dice: «Finlandia, conforme a las mediciones internacionales más relevantes, posee excelencia en materia de educación e innovación. Ambas están en la base del éxito del modelo finlandés y son claves reconocidas para el desarrollo nacional.
Si bien es cierto que la experiencia no es transferible automáticamente, son altamente deseables un conocimiento más completo y profundo del sistema y una efectiva cooperación binacional».
Entre las iniciativas plantea la cooperación, dentro de sus competencias, con el Codicén, en términos generales sobre el estudio del modelo finlandés de educación.
El quinto eje es el cultural y allí expresa: «La cultura es instrumento clave de diplomacia pública y de promoción de las industrias nacionales.
Existen notorias ventajas, conforme a las tradiciones culturales finlandesas, de poner un énfasis marcado en la promoción del tango».
Parece que el tango es muy conocido en Finlandia y, como todos sabemos, Argentina y Uruguay son las referencias obligadas para aquellos que sienten el tango como una disciplina cultural y de esparcimiento. Al respecto señala: «Explorar posibilidades de mecenazgo en empresas con intereses en ambos países.
Es crucial poder generar esfuerzos cooperativos con las embajadas uruguayas acreditadas en la región a efectos de maximizar la presencia de artistas o la realización de eventos en más de un país.
También es importante participar activamente en eventos colectivos latinoamericanos o sudamericanos organizados por las embajadas de la región en Finlandia».
Quiero destacar que en muchas ocasiones he tenido que informar solicitudes de acuerdo para designar embajadores y debo decir que esta referencia de realizar eventos en más de un país es, sin duda, un planteamiento sumamente importante, porque cuando la embajada de un país no tiene recursos suficientes se pueden organizar este tipo de actividades en forma colectiva con países cercanos, en este caso con Suecia y Dinamarca, por ejemplo. Sobre el tango, el curso de acción sería continuar promoviendo su conocimiento y garantizando la participación de la República Oriental del Uruguay en festivales.
El sexto eje es el de gestión –de gran actualidad y significación–, que tiene que ver con los procedimientos de mejora de gestión: «evaluación de resultados, organización y método, comunicaciones, seguridad de las comunicaciones, circulación horizontal de la información, administración financiera y de personal».
De las iniciativas voy mencionar la que refiere a la aplicación de criterios de gestión por resultados, curso de acción y evaluación anual por resultados. Quiero decir, señora presidenta, que durante muchos años estuve vinculado al tema de la gestión por resultados en el marco de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo que llevó adelante diversos eventos –sé que muchos de los señores senadores aquí presentes también participaron–, y puedo afirmar que Finlandia siempre se destacó por la aplicación de la gestión por resultados, metodología que parece ser muy apropiada para evaluar los presupuestos nacionales y demás.
El séptimo eje es el consular, con respecto al cual expresa: «La tarea de la Sección Consular de la Embajada y del Consulado de Distrito de carrera continuará su rol integrador con la realidad de la comunidad uruguaya residente en Finlandia. Aunque la misma es pequeña, no superando las dos centenas, resulta prioritario mantener un contacto cercano, permanente y efectivo con ella».
Esta ha sido una breve síntesis de los ejes presentados por el señor embajador Pablo Alberto Porro. Como modelo de informe, creo que vale la pena destacarlo y tenerlo en cuenta para futuras ocasiones.
El embajador Porro también realizó un exhaustivo informe sobre el perfil económico y comercial de la relación entre Uruguay y Finlandia, del que haré un breve resumen. Allí figuran los indicadores económicos de Finlandia, el comercio de ese país con el resto del mundo, las exportaciones por destino, la evolución de los principales productos exportados, las importaciones por origen y la evolución de los principales productos importados.
Hay un segundo capítulo que refiere a la relación bilateral Uruguay-Finlandia y menciona, por ejemplo, la balanza comercial entre ambos países desde el año 2014 hasta el presente. También figuran allí las cifras, pero no me voy a extender en ese aspecto.
El siguiente punto habla del comercio de la región con Finlandia y muestra un cuadro con diversas cifras. Vale la pena mencionar los acuerdos e instrumentos jurídicos en materia económica que ha habido con nuestro país: Acuerdo sobre promoción y protección de inversiones ROU-Finlandia, firmado el 21 de marzo de 2002 y vigente desde el 18 de junio de 2004 por la Ley n.º 17759, de 16 de junio de ese año; Acuerdo para evitar la doble imposición ROU-Finlandia, firmado el 13 de diciembre de 2011 y vigente desde el 6 de febrero de 2013 mediante la Ley n.º 19035, del 27 de diciembre de 2012; Acuerdo Marco con el Banco Nórdico de Inversiones (NIB) –aunque la entidad no es muy conocida, Finlandia es activo miembro de ella–, firmado en agosto de 2006 y aprobado por la Ley n.º 18117, de 17 de abril de 2007, en el cual se establece que Uruguay y sus empresas resultan formalmente elegibles para acceder a los programas de financiación del banco, acorde a los criterios de otorgamiento que este fija y que involucran a empresas de países nórdicos y bálticos. Reitero que esto último es poco conocido, pero de mucha importancia.
Luego hay otro anexo que refiere a los principales productos exportados a Finlandia entre los años 2014 y 2018; a las exportaciones uruguayas desde zonas francas en el período 2017-2018; y a las principales empresas exportadoras. Los nombres, montos y demás detalles figuran en el informe.
A continuación, se citan nuestras importaciones de productos de origen finlandés en el mismo período y las principales empresas importadoras de productos de Finlandia durante el año 2018.
En suma, este fue el informe presentado por el embajador Porro.
Reitero que se trata de un material de utilidad, no solo para los señores senadores, sino también para todo aquel que comercialice con el mencionado país.
No quisiera dejar de mencionar los antecedentes curriculares del embajador Pablo Alberto Porro Lancieri, aunque tal vez debí haberlo hecho antes. Él es abogado, cumplió con el Ciclo de Formación y Ciclo Básico I y II en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, y a modo de posgrado realizó un curso de Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid. Actualmente ocupaba el cargo de subdirector en la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería.
En cuanto a su carrera diplomática, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991 mediante concurso de oposición y méritos, y obtuvo el ascenso al cargo de ministro consejero –también por concurso de oposición y méritos– en el año 2013.
Tiene una vasta experiencia profesional en la Cancillería, de la cual se destaca que ha sido director de la Dirección Regional América de la cartera en el período 2016-2017 y director del área Mercosur.
En lo que respecta a su experiencia profesional en el exterior, ha desempeñado tareas en el Departamento Económico-Comercial de la Embajada de Uruguay en Argentina y también trabajó en la embajada de nuestro país en la república Portuguesa.
Me gustaría destacar especialmente que desempeñó funciones de segundo secretario en la Embajada de Uruguay en el Reino de Suecia, durante el período 1995-2000, país que limita con Finlandia. Seguramente, este conocimiento de la realidad sueca se extienda a la región escandinava, lo que puede generar algo que él mismo mencionaba –y que también dije en mi informe– con respecto a llevar a cabo proyectos en conjunto, sobre todo en el ámbito cultural, pero también puede ser en el área comercial o industrial, dependiendo de la dimensión y entidad del tema.
Finalmente, quiero agregar que durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales el señor Pablo Alberto Porro Lancieri presentó un exhaustivo informe –que tomó como base lo que acabo de mencionar, que era complementario de su informe–, en el que realiza el seguimiento de toda la realidad en sus diversos aspectos.
No quiero extenderme más, pero debo mencionar una referencia que él hace a los valores que la sociedad finlandesa reconoce de la uruguaya, en la que cita un documento programático de la Cancillería finlandesa que alude a nuestro país. Allí se dedican palabras que nos prestigian por la estabilidad social y política, por la visión que tiene la república con respecto a la transparencia en las tareas de gobierno y por el marco legal que hace predecibles las inversiones de las empresas finlandesas. También se menciona el interés que Uruguay ha demostrado por la experiencia de aquel país en lo que refiere a la educación.
Señora presidenta: creo que el informe ha sido sumamente exhaustivo y que los lineamientos de trabajo planteados por el señor embajador incluyen los distintos aspectos presentados in voce en la comisión.
El cuerpo central del informe del Poder Ejecutivo reza lo siguiente: «La capacidad y eficiencia que el señor Pablo Alberto Porro Lancieri ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta constituye, a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la república se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Finlandia».
Por estas razones, y dado que la Comisión de Asuntos Internacionales votó por unanimidad esta solicitud de venia de designación, proponemos que el Cuerpo haga lo propio.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Finlandia al señor Pablo Alberto Porro Lancieri».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural y natural que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y comercialización ilícitos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de octubre de 2013. (Carp. n.º 1271/2018 - rep. n.º 835/19)».
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: este proyecto de ley propone la aprobación de un convenio que establece una serie de protocolos de actuación entre ambos Estados para la restitución, la conservación y la recuperación de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y culturales. Conviene destacar que Uruguay ya ha suscrito otra serie de convenios en el mismo sentido, que mantendrían su vigencia, o sea que no serían modificados por este.
La protección de bienes culturales está instalada en los Estados, fundamentalmente latinoamericanos, que a lo largo de su historia han sufrido saqueos y, en buena medida, la pérdida de gran parte de ese patrimonio cultural, tema que genera preocupación. Es bien claro que hay un mercado en el que los bienes culturales y parte del patrimonio de nuestros Estados son traficados de manera ilegal, por lo cual este convenio establece una serie de criterios de actuación para los Estados partes frente a la detección de este tipo de prácticas y cómo pueden ser resarcidos cada uno de ellos. Esto se enmarca en la 17.ª reunión de la Unesco, del año 1972, que estableció la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que fue ratificada, a su vez, por otra serie de acuerdos de los que Uruguay ha sido parte.
De manera que es un convenio muy simple, cuyo cometido es velar por la protección del patrimonio cultural de ambos Estados. Contó con la unanimidad de votos de los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales, que recomienda al plenario su aprobación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural que hayan sido Materia de Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico y/o Comercialización Ilícitos, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de octubre de 2013».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, aprobado en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de julio de 1975, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI). (Carp. n.º 1168/2018 - rep. n.º 836/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley persigue el objetivo de aprobar el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, firmado en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de julio del año 1995 en el ámbito de la Organización Marítima Internacional.
La OMI es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1948, cuyo objetivo es la promoción de la cooperación entre los Estados y la actividad privada de la navegación, con la finalidad de mejorar la seguridad en el transporte marítimo y también prevenir la contaminación marina.
La seguridad de los buques pesqueros siempre ha sido una preocupación de esta organización, razón por la cual ha generado instrumentos para fijar diferentes estándares en la materia. De ello resulta un sistema normativo relacionado con la construcción y el diseño de los buques, los materiales, el equipamiento, las normas de mantenimiento y las inspecciones. En materia pesquera, fundamentalmente, se encuentra vigente el Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, de 1977, y su protocolo de 1993, que en Uruguay fue aprobado mediante la Ley n.º 18741, de 15 de abril de 2011.
El convenio que ahora nos ocupa concentra todos los aspectos necesarios para la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan sus actividades en buques pesqueros de eslora igual o superior a los veinticuatro metros. Se trata de exigencias mínimas que, al entrar en vigor el convenio, serán obligatorias para todos los Estados partes. Con ello la Organización Marítima Internacional pretende que sus normas sean universalmente adoptadas y reconocidas complementando el convenio de Torremolinos con el presente conjunto de disposiciones relativas a la formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros.
El convenio cuenta con quince artículos que promueven la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar, así como la protección del medio marino, estableciendo normas internacionales en materia de seguridad para aquellas personas que desarrollan actividades profesionales a bordo de buques pesqueros. También cuenta con un anexo I, que opera principalmente en lo relativo a la titulación y otros aspectos necesarios para la formación del personal de los buques pesqueros.
En lo que respecta al texto, las normas constituyen obligaciones generales que las partes asumirán promulgando leyes, decretos, órdenes y reglamentos internos para hacer efectivo el convenio y garantizar de ese modo que la seguridad humana, los bienes en el mar y la protección del medioambiente marino se cumpla a partir de la competencia y aptitud del personal enrolado en los buques pesqueros.
El convenio se aplicará al personal que preste servicio a bordo de buques pesqueros de navegación marítima con derecho a enarbolar el pabellón de una parte.
Otros tratados, convenios y acuerdos anteriores sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros que estén vigentes entre las partes, seguirán siendo válidos. Sin embargo, en la medida en que dichos instrumentos contradigan las disposiciones del presente convenio, las partes revisarán los compromisos contraídos de modo de alinear esos otros tratados con las obligaciones del presente convenio.
Uno de los aspectos relevantes del instrumento refiere a las inspecciones a las que estarán sometidos los buques pesqueros mientras se encuentren en los puertos de otra parte. Esas inspecciones tendrán como objeto verificar que todo el personal que presta servicio a bordo posea efectivamente el título idóneo o alguna documentación de similar validez.
El convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos quince Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a la ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado los pertinentes instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
Las partes en el convenio, en consulta con la Organización Marítima Internacional y asistidas por ella, fomentarán la prestación de ayuda a los Estados que soliciten asistencia técnica, en formación de personal, establecimiento de instituciones de formación del personal, suministro de equipos, desarrollo de programas de formación y prácticas en los referidos buques de pesca de navegación marítima.
Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y aclarar que en la comisión estuvimos rastreando –a vuelo de pájaro– cómo cumplía Uruguay con este convenio, y estamos en condiciones de informar que los cursos para formar personal y así cumplir con el presente convenio se dictan en la Escuela de Especialidades de la Armada Nacional y en la Universidad del Trabajo del Uruguay, en diversos módulos, de modo que podemos asumir este compromiso internacional.
En las reglas 6, 7 y 8 del capítulo I del anexo se expresa claramente que cada parte se compromete a establecer y mantener un mecanismo que garantice que los programas de formación práctica e instrucción necesaria para lograr los niveles de competencia sean objeto de seguimiento a fin de asegurar su eficacia. Asimismo, se habla sobre el reconocimiento de los títulos y de las disposiciones transitorias.
En definitiva, el país está a tono –aunque quizás tenga que estarlo mucho más profundamente en el futuro– en virtud de que la formación, la titulación y la guardia que se necesitan para estos cursos internacionales hacen también a la faz marítima que tenemos. Uruguay es un país marítimo y, por tanto, tiene que brindar seguridad para navegar por sus aguas; no olvidemos que tenemos una extensión de trescientas cincuenta millas marítimas otorgadas por la Organización de las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, no debemos perder de vista que en el futuro desarrollo pesquero de nuestro país está en ciernes el establecimiento de puertos pesqueros de otras naciones, que usarían las costas de Uruguay como base para su proveeduría y para la salvaguarda de esas flotas pesqueras. Esto le haría mucho bien a nuestro país en lo que tiene que ver con inversiones y con radicación, utilizando bandera uruguaya y nuestras costas como puerto de recalada de pesqueros del Atlántico sur y del mar Antártico.
Por lo tanto, Uruguay atiende el tema de la formación, aunque quizás en el futuro deba profundizar mucho más en él, ya que se trata de un aspecto importante para un país costero como el nuestro.
El convenio admite enmiendas y se consignan dos procedimientos. Uno de ellos es la enmienda previo examen en el seno de la organización y mediante una conferencia. A esos efectos, se describe en el artículo respectivo cada uno de esos procesos.
El convenio entró en vigor en el año 2012 y fue ratificado por Canadá, Dinamarca, Islandia, Kiribati, Letonia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Noruega, Palau, Rusia, Sierra Leona, España, Siria, Ucrania y Polonia.
El anexo presenta cuatro capítulos y establece las normas específicas para la formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros. El capítulo I trata sobre las disposiciones generales y sus definiciones a los efectos del convenio; el capítulo II abarca las reglas para la titulación de patrones, oficiales de máquinas y radioperadores; el capítulo III remite las reglas sobre formación básica y seguridad para todo el personal de buques pesqueros, y el capítulo IV refiere a los principios fundamentales que procede observar en las guardias de navegación a bordo de los buques pesqueros.
Por último, los apéndices 1, 2 y 3 del anexo muestran fórmulas para expedición de títulos y refrendo de los mismos por parte del Gobierno del Estado que corresponda.
Sin dudas, el examen de este importante instrumento internacional nos introduce en todos los aspectos técnicos que dan como resultado la versación en el arte de navegar en el tipo de embarcación a que refiere el presente convenio que, como dijimos al principio, es para aquellas naves de más de veinticuatro metros de eslora.
Tomando en cuenta la importancia de este convenio como herramienta internacional que persigue la excelencia en la formación de marinos de buques pesqueros y considerando que Uruguay, por ser un país costero, tiene una gran potencialidad pesquera, entendemos que debemos estar siempre actualizados en todas estas regulaciones y exigencias internacionales.
La comisión aprobó este proyecto y me encomendó recomendar al Senado su sanción.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, aprobado en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de julio de 1995, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI)».
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del punto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores UE-Celac, celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana. (Carp. n.º 1221/2018 - rep. n.º 837/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales ha estado muy activa en los últimos tiempos, dado que el senador Bordaberry, que la preside, nos hace marcar el paso.
El presente proyecto de ley propone la aprobación del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe, suscrito entre los días 25 y 26 de octubre del año 2016 en República Dominicana, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores Unión Europea- Celac.
Esta fundación internacional fue creada en mayo de 2010, durante la VI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, dando inicio a sus actividades un año después. Tal como expone el Poder Ejecutivo, las organizaciones que confluyen para crear la fundación lo hacen con claros objetivos de fomento, coordinación y apoyo de las relaciones birregionales Celac-Unión Europea, debiéndose destacar que la fundación ya cuenta con sesenta miembros: treinta y tres Estados por parte de América Latina y el Caribe y los veintiocho que corresponden a la Unión Europea.
El acuerdo se ordena mediante un preámbulo y treinta artículos. El preámbulo nos recuerda que desde junio de 1999 ya existía una asociación estratégica entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea, la que se estableció en la primera cumbre de ambos grupos, celebrada en Río de Janeiro. También se describen sucintamente otras instancias que marcan el desarrollo de la fundación.
Se trata de antecedentes que descubren la firmeza de los Estados partes en construir un ámbito del cual Uruguay no podría estar ausente, por los motivos que expondremos más adelante.
El artículo 1.º define que el acuerdo establece los objetivos de la fundación y concreta las normas y directrices generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento.
El artículo 2.º determina la naturaleza y la sede de la fundación, definiéndola como una organización internacional de carácter intergubernamental, establecida en el marco del derecho internacional público, persiguiendo el fortalecimiento de la citada organización. Su sede está radicada en la ciudad de Hamburgo, Alemania.
El artículo 3.º dispone quiénes son los miembros de la fundación, estando abierta la participación de Estados latinoamericanos y caribeños, Celac.
El artículo 4.º establece que la fundación gozará de personería jurídica internacional y de determinadas facultades allí establecidas.
El artículo 5.º acuerda los objetivos de la fundación, que son de gran importancia estratégica, tomando en cuenta que se trata de Estados de nuestro continente y del europeo, con los cuales nos unen múltiples intereses comunes.
El artículo 6.º complementa el anterior, estableciendo los criterios para cumplir los objetivos allí mencionados.
El artículo 7.º presenta un núcleo de actividades que serán desempeñadas por la fundación, de modo de cumplir lo encomendado en el artículo 5.º.
De aquí en adelante, el resto del articulado se dedica a la parte organizativa y estructura administrativa de la fundación.
El artículo 8.º determina que la fundación se habrá de organizar por medio de un Consejo Directivo, el presidente y un director ejecutivo.
Los artículos 9.º y 10 exponen sobre el Consejo Directivo y su doble presidencia, en el que deben estar representadas ambas partes constitutivas.
El artículo 11 consigna las facultades del Consejo Directivo del organismo internacional que se crea.
El artículo 12 fija las reuniones del Consejo Directivo y el 13 establece el marco de toma de decisiones de dicho Consejo Directivo.
El artículo 14 refiere a la elección del presidente de la fundación. Es interesante señalar que los requisitos para tan importante responsabilidad establecen que se trate de una personalidad muy conocida y muy respetada, tanto en América Latina y el Caribe como en la Unión Europea, debiendo ejercer sus funciones de manera voluntaria, pero con derecho al reembolso de los gastos necesarios y debidamente justificados. Entre sus funciones estará la representación internacional de la fundación.
El artículo 15 trata lo relacionado con las actividades del director ejecutivo de la fundación, quien será nombrado por el Consejo Directivo, y resume otras condiciones para tan importante cargo de dirección.
Los artículos 16 y 17 disponen sobre la financiación de la fundación, así como la auditoria y publicación de sus cuentas.
Voy a detenerme un instante en esta parte para leer ambos artículos, que considero importantes, puesto que en la comisión estuvimos desarrollando la parte relativa a la financiación. Me parece bueno que analicemos estos aspectos de los acuerdos.
El artículo 16 dice: «Financiación de la Fundación.
Las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el Consejo Directivo.
La Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros. El Consejo Directivo, respetando el equilibrio birregional, podrá considerar otras modalidades de financiación de las actividades de la Fundación».
Cabe destacar que Uruguay ha hecho algunos aportes voluntarios, sin perjuicio de su participación en el Consejo Directivo. El Poder Ejecutivo nos dice en su fundamentación que Uruguay realizó contribuciones voluntarias el año pasado, las que habrían significado un aporte para el empoderamiento de los países de la Celac. Sin embargo, al no tratarse aún de un organismo internacional, muchos países enfrentan dificultades para poder contribuir al presupuesto de la fundación. En realidad, este organismo comienza con dificultades financieras, pero Uruguay ha podido realizar algunos aportes a su medida.
Los artículos 18 y 19 establecen el modo de evaluación de la fundación y su capacidad para lograr asociaciones estratégicas con organizaciones intergubernamentales, Estados y entidades públicas o privadas de ambas regiones, respetando siempre el equilibrio birregional.
El artículo 20 aborda los privilegios e inmunidades que le corresponden a la fundación como organización internacional intergubernamental amparada en el derecho internacional público, incluido el acuerdo sede, entre otras capacidades.
Desde el artículo 21 al 29 el documento consigna las formalidades consuetudinarias en todo documento internacional. Por ello aparecen el o los idiomas a utilizar, la solución de controversias, el modo de llevar adelante eventuales modificaciones, la ratificación y adhesión, la entrada en vigor, duración y denuncia, disolución y liquidación, el depositario y reserva del acuerdo.
Finalmente, el artículo 30 dispone, bajo el rótulo «Disposiciones transitorias», que una vez que entre en vigor el presente acuerdo, la fundación transitoria establecida en el año 2011, conforme a la legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus actividades y ser disuelta. En consecuencia, los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de las obligaciones contractuales de la fundación transitoria se transferirán a la fundación que surge del presente acuerdo.
Se reitera que es conveniente para la República Oriental del Uruguay ser parte de organizaciones internacionales de esta naturaleza, ámbitos en donde a nuestro país siempre se le pueden abrir posibilidades de diversa índole, convenientes para su devenir histórico.
Seguramente otras particularidades se habrán de sumar a la participación de Uruguay en este acuerdo, cuyos resultados serán medidos en la evaluación respectiva.
Por lo expuesto, señora presidenta, se entiende pertinente hacer lugar a la solicitud del Poder Ejecutivo aprobando este acuerdo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea - América Latina y el Caribe, aprobado en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores UE-CELAC celebrada entre los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban las Enmiendas al artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial, adoptadas en la 22.ª sesión de la decimocuarta reunión de los Estados partes de la convención celebrada en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero de 1992. (Carp. n.º 1274/2019 - rep. n.º 838/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley persigue aprobar las enmiendas al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial, adoptadas en la 22.ª sesión de la decimocuarta reunión de los Estados partes, en la convención celebrada en la ciudad de Nueva York el 15 de enero de 1992.
Previamente, es menester recordar que la citada convención es una gran expresión de la comunidad internacional en aras de valores morales fundamentales para aplicar en el mundo contemporáneo.
Sin duda de especie alguna, ese es el valor de los objetivos de la convención al proponerse la eliminación del racismo y la discriminación racial. Ello es en atención a que el racismo lleva a grandes desigualdades, a la marginación social de las personas y a aberrantes prácticas entre semejantes, sostenidas preferentemente en el pasado por el poder de los Estados, tal como lo encontramos en infinidad de páginas de la historia de la humanidad.
En virtud de que el racismo siempre ha sido un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, la comunidad internacional ha respondido con varios instrumentos internacionales para dar lucha frontal y permanente a ese flagelo político, social y moral.
Señora presidenta: el artículo 1 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial es concluyente al manifestar que la expresión «discriminación racial» denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
El artículo 3 de la mencionada convención –lo recuerdo– condena especialmente la segregación racial y el apartheid y se compromete a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.
Coincidiremos en que son inadmisibles las ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico que pretendan justificar o promover el odio racial.
La legislación nacional ha llevado esas conductas al mismo Código Penal. Por lo tanto, las manifestaciones racistas trasgreden, sin ningún lugar a dudas, la legalidad del país, y Uruguay tiene un alto grado de compromiso con el tema de la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Desde un enfoque nacional, nuestro país lleva adelante un núcleo de acciones fundamentalmente en el plano educativo en un permanente combate al racismo.
A nivel internacional, Uruguay es parte de importantes instrumentos internacionales, en particular de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Ley n.º 13670, de 1.º de julio de 1968.
Las enmiendas que se busca aprobar por medio del presente proyecto de ley están claramente fundamentadas en el anexo, por el que se consigna la decisión CERD/SP/1992/L.1.
Ante la insuficiencia financiera que sufre el Comité para la eliminación de la discriminación racial, que es un grave obstáculo para su labor, los Estados partes de la citada convención decidieron sustituir el párrafo 6 de su artículo 8.
En consecuencia, el nuevo párrafo del artículo 8 quedará redactado de la siguiente manera: «I) El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención».
A continuación, se agrega un nuevo párrafo, que sería el número 7 del artículo 8, que dice: «II) Los miembros del Comité constituido de conformidad a la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de la Organización de las Naciones Unidas, en los términos y condiciones que la Asamblea General decida.
III) La enmienda entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General y aceptada, mediante la correspondiente notificación al Secretario General como depositario, por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte».
Señora presidenta: en virtud de que se entiende que el aspecto que focaliza la enmienda es fundamental para el necesario vigor de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Comisión de Asuntos Internacionales me encomendó comunicar a la Cámara de Senadores que lo aprobó por unanimidad y, por lo tanto, espera que el plenario siga el mismo procedimiento, dado el beneficio que ello implica.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébanse las Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, relativas a las disposiciones para sufragar los gastos de los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada en la 22ª sesión de la Decimocuarta Reunión de los Estados Parte en la Convención celebrada en la ciudad de Nueva York, el 15 de enero de 1992».
18) DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara el 15 de junio de cada año Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada como feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad. (Carp. n.º 1157/2018 - rep. n.º 832/19)».
SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: me encuentro comprendido en lo dispuesto –si no me equivoco– por el artículo 67 del Reglamento por ser mi esposa maestra en colegios privados. Por lo tanto, comunico que me ausentaré de sala. No estoy pidiendo autorización, sino que simplemente comunico –reitero– que estoy comprendido en ese artículo y me retiro de sala.
SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: de la misma manera, declaro que soy docente en dos universidades privadas y, si fuera del criterio del Cuerpo, solicito que se autorice mi permanencia en sala.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud planteada por la señora senadora Asiaín.
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: los colegas integrantes de la Comisión de Educación y Cultura nos han trasladado la responsabilidad de informar este acuerdo, este consenso que logramos en ese ámbito, en cuanto a someter este proyecto de ley a consideración del Cuerpo.
Esta iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo en octubre de 2015. En aquel momento, la línea argumental decía que esta propuesta goza del aval de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública –ANEP– y, finalmente, en setiembre del año pasado, 2018, la Cámara de Representantes la aprobó con alguna variación, que luego generó un debate en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Ese debate estaba centrado, precisamente, en el agregado del jornal pago que se marcaba en la Cámara de Representantes. Por tanto, terminamos logrando el acuerdo sobre la redacción que quedó tal como fue leída por la señora presidenta y es lo que sometemos a discusión del pleno. Me refiero a la declaración del 15 de junio de cada año como Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada y a que sea un feriado no laborable; el resto de la discusión seguramente la darán los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de la negociación colectiva.
Por tal motivo, aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, que viene refrendado por la comisión.
SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: regularmente llegan a este Cuerpo buenas intenciones de políticos macanudos que después terminan afectando bolsillos ajenos a los de quienes las proponen; este puede llegar a ser el caso. En general, estamos bastante en contra de agregar feriados a la gente porque entendemos que el futuro del Uruguay va por otro lado, por promover el trabajo y no por agregar un feriado más a un país que tiene la mayor cantidad de feriados.
Incluso, antes de que empiece el discurso de la defensa de los trabajadores, quiero decir que, a nuestro entender, en este caso se agregan costos sin especificar a quiénes afectará, y no necesariamente tienen por qué ser los empresarios de los colegios grandes o de las facultades enormes en las que todos podemos estar pensando.
Institutos de enseñanza y jardines de infantes privados existen en todo el país; cierro los ojos y veo el colegio de las Hermanas de la Virgen Niña, en Sarandí del Yi. ¡Vaya si las monjitas están haciendo un esfuerzo para mantenerlo abierto! Existen instituciones de este tipo en Dolores, en Palmitas, etcétera. Me parece que el camino de ir por las leyes macanudas con las que quedamos bien con los sindicatos, en algún momento se tiene que terminar. Por eso voy a votar negativamente este proyecto de ley, no por estar en contra de los trabajadores –lo anticipo para evitar cualquier argumento chiquitito–, sino porque estamos en un momento en que a la gente no se le puede agregar un solo costo más.
Este es nuestro fundamento.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: no me creo una política macanuda ni que esa sea la forma de dirigirnos en una sesión en la que estamos analizando un proyecto de ley que, si se lo lee con detenimiento, se podrá advertir que lo que estuvimos discutiendo en la propia comisión –lo digo como defensa histórica de una ley de negociación colectiva que fue aprobada en los años 2008 y 2009–, refiere a una negociación tripartita. Consideramos que en esta norma se incluye un reconocimiento al Día del Trabajador de la Enseñanza Privada y es en ese ámbito donde se debe discutir esto. Allí se resolverá este asunto, tal como sucede con otros temas, por ejemplo: el salario, el salario mínimo y las condiciones de trabajo. ¡Vaya que tuvimos mucho tiempo sin tener esa posibilidad!
Eso es lo que hemos discutido y a propuesta de la propia comisión.
SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.
SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: simplemente, quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo con el proyecto de ley que, en su momento, votamos en la Cámara de Representantes. Considero que una decisión de esta naturaleza tiene formato de homenaje y de reconocimiento a un sector de los trabajadores de la enseñanza que no tiene los beneficios del sector público y que, además, casi nunca deja sin clases a los estudiantes; creo que esto vale la pena reconocerlo. Estamos hablando de quienes dan clase prácticamente siempre, tienen poco ausentismo y pocos conflictos laborales, que además los resuelven con mucha madurez y sin castigar a los educandos.
En fin, me parece que este se suma a los tantos reconocimientos que vienen al Senado y a la Cámara de Representantes: el día de cuanto pueblo existe en el país que, por haber sido fundado en tal o cual fecha, es de festejo y no es laborable. Sí; hay muchos de esos casos, esta es una tradición. Pero también es de esos mojones que se clavan para decir que el Parlamento nacional o el país reconoce a un grupo de trabajadores que no tiene otros beneficios y que muestra una constante dedicación a su trabajo; son los trabajadores en quienes confiamos la educación de buena parte de los hijos de los uruguayos.
Me parece que esto vale la pena, por lo que reitero mi opinión favorable a la propuesta de la Cámara de Representantes y soy coherente con ello.
SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: en la misma línea que el señor senador Gandini, estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Incluso, lo conversamos en la comisión pues es un tema que estuvo arriba de la mesa; me refiero a la remuneración. En el resto estuvimos totalmente de acuerdo, había unanimidad en reconocer el día de este trabajador y, como era un asunto de la actividad privada, justamente, se decidió dejarlo sujeto a los acuerdos colectivos de los consejos de salarios y la tripartita. Esa fue la idea y, en definitiva, allí es donde se va a definir el tema.
Creo que esto es justo porque, además, el trabajador de la educación pública tiene su día hace mucho tiempo –por ejemplo, el maestro– y creo que los trabajadores, que son la base del desarrollo y la libertad de los ciudadanos, tienen que ser permanentemente reconocidos.
SEÑOR BORDABERRY.- Tengo una confusión y no sé si entendí bien, pues se dice que esto será objeto de una negociación en el consejo de salarios. Pediría a la señora senadora Passada que, si es posible, me aclare esta duda.
SEÑORA PASSADA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Passada.
SEÑORA PASSADA.- Este proyecto de ley volverá a la Cámara de Representantes porque en el texto original decía «feriado no laborable pago» y en el que acordó la comisión se hablaba solamente de un feriado no laborable. Esa es la diferencia con lo que aprobamos en el Senado.
SEÑOR BORDABERRY.- Me permito señalar, solamente para la versión histórica, que los consejos de salarios fueron creados en el Uruguay en el año 1943, durante el Gobierno de Amézaga. Cuando se dice que se crearon allá por el 2005, quiero señalar que eso no es así. Lo primero que habría que destacar es que fueron creados por ley en este mismo Parlamento en 1943, aunque quizá con otro espíritu: más de entendimiento y de consenso y no con el Estado muchas veces decidiendo hasta de antemano a cuál de las dos partes apoyar en los consejos de salarios y anunciándolo en la prensa, además. Es recordada aquella situación del inspector de trabajo que dijo –lo cito delicadamente, porque acá estamos discutiendo en ese tono– que iba a poner la pata arriba de la balanza del lado de los trabajadores. No; el Estado, en los consejos de salarios, a nuestro juicio, tiene que tratar de lograr los consensos y no anunciar de antemano de qué lado va a estar, porque obviamente esa puede ser una presión para que se logren más consensos.
Por otro lado, lamento que en los antecedentes no figure que esto fue fruto de un acuerdo del consejo de salarios. Cada vez que vengo al plenario reviso los antecedentes que nos distribuyen, pero no lo encontré. Obviamente, si en ese acuerdo el sector privado está dispuesto a abonar un día como feriado no laborable, está en libertad de hacerlo y a mí me cambia mucho el voto. Pero no está aquí, sino que acá lo estamos imponiendo. Es como todo: con la plata del otro somos todos buenos. Así empezamos: introducimos un feriado no laborable por esto, otro feriado no laborable por lo otro, pero pagan otros.
En definitiva, hasta sugeriría que si es posible se aplace el tratamiento de este tema y que nos traigan todos los antecedentes. Si están todos esos antecedentes, quiero votarlo. Me parece bueno votarlo. Si nos pueden conseguir los antecedentes y son resultado de un acuerdo en los consejos de salarios, no tengo ningún problema en votarlo. De todos modos, no entiendo la necesidad de la ley. Si un consejo de salarios acordó esto, tiene fuerza obligatoria para todas las partes. Por tanto, reitero, no entiendo la necesidad de una ley, pero lo que abunda no daña.
Solicito que, de ser posible, nos remitan a todos los señores senadores todos los antecedentes de este proyecto de ley, para que podamos votar a conciencia a favor o en contra. Formulo moción en ese sentido.
SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.
Más allá de lo que vote con relación a este proyecto de ley, esa pretendida diferencia entre el texto que viene de la Cámara de Representantes y el que se somete a votación me genera muchas dudas o, mejor dicho, me genera dudas, para no ser tan terminante. La eliminación de la palabra «pago» no cambia nada, porque si es un feriado no laborable evidentemente que, si no se trabaja, se va a cobrar igual. El trabajador no va a cobrar veintinueve días de salario o un jornal menos. Va de suyo que es un feriado pago, por lo tanto, el gravamen extra está creado para la institución, si quiere cubrir de alguna manera ese servicio. De lo contrario, los niños, los menores, los adolescentes y los estudiantes de educación terciaria también se quedarían sin ese servicio esencial.
No estoy adelantando mi voto, simplemente estoy planteando inquietudes. Apoyo la moción del señor senador Bordaberry para pedir que nos remitan los antecedentes, pero quiero decir que me llama la atención que sea un 15 de junio, justo antes del receso que se produce en todos los niveles de la educación primaria, secundaria y terciaria. Para nada desdeño que haya un día de conmemoración para honrar y destacar la labor de los trabajadores de la enseñanza. Es más, se debe propugnar la igualdad entre los trabajadores de la enseñanza pública y la privada. Algunos de los trabajadores de la enseñanza pública ya tenían ese feriado. Sin embargo, es necesario destacar que esta norma no tendría el mismo impacto en una institución pequeña que en una grande. Se debe tener en cuenta, asimismo, que si la institución no abre ese día evidentemente eso va a repercutir en las familias y en todos los que tenemos menores o adolescentes a cargo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Está en consideración la moción que presentó el señor senador Bordaberry para que el proyecto de ley vuelva a comisión por una semana.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.
–7 en 27. Negativa.
–19 en 27. Afirmativa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Declárase el día 15 de junio de cada año “Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada” como feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad».
–20 en 27. Afirmativa.
(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).
SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR DA SILVA.- Quiero que quede bien clarito en la versión taquigráfica que nosotros no votamos este proyecto de ley. No estamos de acuerdo con que políticos macanudos, dadivosos con plata ajena, se sientan dueños de una generosidad que les es muy lejana y afecten el normal relacionamiento de la gente que emprende y trabaja en este país. Algunas cosas van a empezar a cambiar. Por eso votamos negativamente, para ser coherentes con lo que pensamos. No estamos de acuerdo con una clase política que decide por los demás, sin ningún tipo de responsabilidad y sin ningún costo, pero cuando vienen por sus privilegios miran para el costado. Nosotros somos coherentes y por eso no votamos este proyecto de ley.
SEÑOR BORDABERRY.- Lo que se necesita en el Uruguay son más días de trabajo. Esa es la verdad. Se necesitan más días laborables. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania salió adelante y hoy es la potencia que es porque dedicó más días al trabajo. Trabajaban horas para ellos y trabajaban horas para recuperar al país.
Un expresidente de la república con quien tuve una muy buena relación decía que Uruguay es de los países con más feriados en el mundo y con una situación bastante particular: los feriados por hechos históricos, las fechas patrias, no son en verano. Es decir, ni siquiera íbamos a la guerra en verano. Salvo en el Grito de Asencio, en el que participó Pedro José Viera, conocido como Perico El Bailarín, un amigo allá en Soriano, pero tampoco fueron a la guerra, pegaron un grito. En definitiva, históricamente acá no íbamos a la guerra en verano. Los treinta y tres orientales eligieron el mes de abril para liberar la patria en la playa de la Agraciada. Peleamos con Posadas el 18 de mayo. Juramos la Constitución el 18 de julio y declaramos la independencia el 25 de agosto. Una vez que llega el verano tomamos una siesta y esperamos la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Encima nos empezamos a llenar de feriados no laborables por esto y por lo otro. Las clases empiezan más tarde por la temporada turística. Quien habla también defendía que empezaran más tarde, pero la verdad es que el Uruguay necesita más días de trabajo. Necesitamos trabajar más para salir adelante y no seguir poniendo feriados no laborables. Ahora la señora senadora Passada me aclaró –quiero decirlo con total respeto por ella– y le agradezco mucho porque no había entendido bien cuando habló, que esto no es objeto de un consejo de salarios. El ser declarado feriado no laborable no necesariamente implica que sea pago, y eso sí es objeto de un consejo de salarios, de una negociación tripartita. Le agradezco mucho a la señora senadora, pero, sinceramente, creo que tenemos que trabajar un poco más y tener menos días no laborables.
SEÑORA PRESIDENTE.- Habría que releer Poemas de la oficina de Benedetti, que hablan de eso.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: «Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la donación de un busto del prócer uruguayo José Artigas a la Universidad Estatal de San Petersburgo. (Carp. n.º 1297/2019 - rep. n.º 833/19)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este asunto es muy breve.
Varios señores senadores –cuyos nombres figuran en la carpeta– promovieron esta minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo, mediante la que se aspira a donar a la Universidad Estatal de San Petersburgo un busto de nuestro prócer, el general José Artigas. Es muy importante este tipo de actos que implican difundir aspectos de interés institucional e histórico del Uruguay. Son actos importantes especialmente cuando los interesados desean conocernos como sociedad, como Estado, como nación soberana. Este acto implica, sin lugar a dudas, el fomento de una antigua relación que tenemos con Rusia. Por lo tanto, la Comisión de Educación y Cultura recomienda a la Cámara de Senadores aprobar este asunto para que sea remitido al Poder Ejecutivo.
Este pedido, que presentan los señores senadores a través de esta minuta de comunicación, responde a una solicitud de un grupo de investigadores rusos especialistas en Estudios Latinoamericanos y del Centro Iberoamericano Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas, dirigido por el periodista y escritor Sergey Brilev, condecorado como visitante ilustre de la capital uruguaya por su labor en el fomento de las relaciones entre Montevideo y Moscú.
Señora presidenta: creo que por sí sola la minuta expresa claramente lo importante que es promoverla para que el Poder Ejecutivo se ocupe de los trámites posteriores.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de minuta de comunicación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores remite al Poder Ejecutivo la aspiración de que nuestro país done a la Universidad Estatal de San Petersburgo un busto de nuestro prócer José Artigas, en base a la solicitud manifestada por especialistas rusos en estudios latinoamericanos».
(Así se hace, a las 11:38, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Álvarez, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Cardoso, Carrera, Castillo, Gallicchio, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier).