Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-529-2012-ap-barcelona-sec-13-rec-869-2011-10-10-2012-10682731
Timestamp: 2018-02-25 21:41:31
Document Index: 341343758

Matched Legal Cases: ['artículo 1146', 'artículo 1100', 'artículo 1100', 'artículo 1255', 'artículo 1124', 'artículo 693', 'artículo 398', 'artículo 394']

Sentencia Civil Nº 529/2012, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 869/2011, 10-10-2012 | Iberley
Sentencia Civil Nº 529/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13, Rec 869/2011 de 10 de Octubre de 2012
Sentencia Civil Nº 632/2012, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 952/2011, 28-11-2012
Órden: Civil Fecha: 28/11/2012 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Utrillas Carbonell, Fernando Num. Sentencia: 632/2012 Num. Recurso: 952/2011
Sentencia Civil Nº 454/2013, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 453/2013, 10-12-2013
Órden: Civil Fecha: 10/12/2013 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Sola Ruiz, Maria Covadonga Num. Sentencia: 454/2013 Num. Recurso: 453/2013
Sentencia Civil Nº 311/2012, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 501/2011, 22-05-2012
Órden: Civil Fecha: 22/05/2012 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Utrillas Carbonell, Fernando Num. Sentencia: 311/2012 Num. Recurso: 501/2011
Sentencia Civil Nº 408/2016, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 664/2015, 21-09-2016
Órden: Civil Fecha: 21/09/2016 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Utrillas Carbonell, Fernando Num. Sentencia: 408/2016 Num. Recurso: 664/2015
Sentencia Civil Nº 518/2014, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 53/2014, 10-12-2014
Órden: Civil Fecha: 10/12/2014 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Utrillas Carbonell, Fernando Num. Sentencia: 518/2014 Num. Recurso: 53/2014
Núm. Recurso: 869/2011
Núm. Cendoj: 08019370132012100511
ROLLO Nº 869/2011-4ª
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 437/2010
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 RUBÍ
S E N T E N C I A N ú m. 529/2012
En la ciudad de Barcelona, a 10 de octubre de 2012.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, número 437/2010 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 4 Rubí, a instancia de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, sucediida por CATALUNYA BANC, S.A., contra D. Abelardo , Dª. María Rosa y D. Arcadio , los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por los codemandados María Rosa y Abelardo contra la Sentencia dictada en los mismos el día 23 de junio de 2011 por el/la Juez del expresado Juzgado.
"FALLO: ESTIMO la demanda formulada por el Procurador D. Vicente Ruíz Amat, en nombre y representación de Caixa D'Estalvis de Catalunya y CONDENO a D. Abelardo , Dña. María Rosa y a D. Arcadio a abonar a la actora la cantidad de 14.208,11 más los intereses de demora correspondientes, con expresa imposición de costas."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso de apelación los codemandados Abelardo y María Rosa , mediante sus respectivos escritos motivados, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 9 de octubre de 2012.
PRIMERO.- Apelan los demandados Dña. María Rosa y D. Abelardo la sentencia de la primera instancia estimatoria de la demanda formulada por la demandante Caixa d'Estalvis de Catalunya, en la actualidad Catalunya Banc,S.A., con fundamento legal en las normas generales de las obligaciones y contratos, en ejercicio de la acción de reclamación de la cantidad de 14.208'11 €, que es el importe pendiente de amortización del contrato de préstamo concertado, con fecha 29 de agosto de 2006, con los demandados apelantes, y con el codemandado avalista D. Arcadio , en situación procesal de rebeldía, alegando los apelantes la improcedencia de la resolución unilateral anticipada del contrato de préstamo por la entidad prestamista, solicitando la desestimación de la demanda.
Centrada así la cuestión discutida es lo cierto que, pudiendo fundarse, en general, la resolución del contrato únicamente en el incumplimiento total o propio de la contraparte, sin que baste el incumplimiento de prestaciones accesorias, que no impidan al acreedor obtener el fin económico del contrato ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1990 ),y sin que, en principio, sea suficiente el simple retraso o cumplimiento tardío ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1992 ), ha venido siendo doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1990 , 16 de abril de 1991 ,y 25 de noviembre de 1992 ),que la viabilidad de la facultad resolutoria, ejercitable en vía judicial o extrajudicial, si bien en este último caso precisada de la sanción judicial, de ser impugnada por la contraparte ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990 ),hace precisa la concurrencia, no sólo de la existencia de un vínculo contractual vigente, y de la reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo, sino además que la otra parte haya incumplido de forma grave las obligaciones que le incumbían; que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta de éste que de un modo indubitado, absoluto, definitorio e irreparable lo origine; y que quien ejercita la facultad resolutoria no haya incumplido las obligaciones que le concernían, salvo si ello ocurriera del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste es lo que motiva el derecho de resolución del contrario y lo libera de su compromiso.
Ahora bien, la doctrina expuesta se ha ido matizando posteriormente, de modo que, en la actualidad, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de mayo y 15 de julio de 2003 , 18 de octubre de 2004 , 3 de marzo de 2005 , 20 de septiembre de 2006 , y de 5 de febrero y 31 de mayo de 2007 ; RJA 3886 y 4636/2003 , 6571/2004 , 4731/2005 , 8401/2006 , y 730 y 4336/2007 ), que no se exige para la apreciación de una situación de incumplimiento resolutorio una patente voluntad rebelde, y tampoco una voluntad de incumplir, sino sólo el hecho objetivo del incumplimiento, injustificado o producido por causa no imputable al que pide la resolución, habiendo abandonado la jurisprudencia, hace tiempo, las posiciones que, de una u otra forma, exigían una reiterada y demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, o, en otros casos, una voluntad obstativa al cumplimiento, para afirmar en la actualidad que basta atender al dato objetivo de la injustificada falta de cumplimiento, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la frustración del fin del contrato.
En concreto, en relación con el retraso en el cumplimiento de la obligación, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2007; RJA 5554/2007 ) que, aunque en nuestro Derecho no hay norma que imponga, ni hasta ahora una doctrina jurisprudencial que establezca, la necesidad de constituir en mora al deudor para resolver, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho francés, de acuerdo con el artículo 1146 del Code Civil, y en consecuencia no puede objetarse el ejercicio de la acción de resolución por esta razón, no es menos cierto, que el mero retraso no es suficiente para la resolución, salvo en supuestos de especial relevancia del tiempo o del cumplimiento tempestivo de la prestación, como son aquellos en que se fija un término como esencial, según lo dispuesto en el artículo 1100,párrafo segundo, apartado 2º, del Código Civil , de modo, que el mero retraso no siempre implica que se haya frustrado el fin práctico perseguido por el negocio, ni permite atribuir a la parte adversa un interés, jurídicamente protegible, en que se decrete la resolución, por lo que la situación de retraso en el cumplimiento puede dar lugar a la constitución en mora, cuando se dan los presupuestos que, entre otros, señala el artículo 1100 del Código Civil , con las consecuencias que indican preceptos como los artículos 1101 , 1096 , 1182, y demás, del Código civil , pero no necesariamente a la resolución, que tiene el carácter de remedio excepcional, frente al principio de conservación del negocio ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1983 , 22 de marzo de 1993 , o 18 de noviembre de 1994 ( RJA 6502/1983 , 2530/1993 , y 8843/1994 ).
Y, por otra parte, es necesario que el incumplimiento del deudor se trate de un incumplimiento de cierta entidad, que se ha caracterizado como "verdadero y propio" ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1994 , 7 de marzo y 19 de junio de 1995;RJA 8836/1994 , 2149 y 5342/1995 ), " grave" (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero , y 19 de diciembre de 1996 , 30 de abril y 18 de noviembre de 1994 ), " esencial" (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1994 , y 11 de abril de 2003 ; RJA 7024/1994 y 3017/2003 ), que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1983 y 19 de abril de 1989;RJA 3241/1989 ), o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1985 ,y 24 de septiembre de 1986;RJA 4787/1986 ) o bien que genere la frustración del fin del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1995 , y 15 de octubre de 2002 ; RJA 1106/1995 y 10127/2002 ),o la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones, o la quiebra de la finalidad económica, o la frustración del fin práctico del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1990 , 21 de febrero de 1991 , 15 de junio y 2 de octubre de 1995 ; RJA 8984/1990 , 1518/1991 , 4859/1995 , y 6978/1995 ).
En el presente caso, en la póliza de préstamo de 29 de agosto de 2006 (doc 1 de la demanda), estaba previsto el vencimiento final a 31 de agosto de 2012, habiendo procedido la demandante al vencimiento anticipado del préstamo, a 1 de octubre de 2008 (doc 2 de la demanda).
Sin embargo, también en el pacto 6 del contrato de préstamo (doc 1 de la demanda), se convino que la entidad de crédito podría dar por vencida la operación, y exigir al prestatario la devolución anticipada de la suma total adeudada, cuando incumpliera cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato.
Esta cláusula de vencimiento anticipado es perfectamente habitual y admitida en el tráfico, ya que se encuentra dentro de los límites de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil , declarando, en este sentido, el artículo 1124 del Código Civil que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
También, en la actualidad, la cláusula de vencimiento anticipado se encuentra expresamente admitida en el artículo 693.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en relación con los préstamos hipotecarios, ya que permite la reclamación de la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes, zanjando la nueva norma la discusión doctrinal que se venía produciendo acerca de la exigibilidad de los plazos sucesivos aún no vencidos.
Así las cosas, resulta de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental, en concreto la liquidación aportada por la actora (doc 2 de la demanda), y la ausencia de prueba en contrario, que la parte prestataria dejó de pagar las cuotas de amortización del préstamo de las mensualidades de parte de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre de 2008, por lo que, producido el incumplimiento de la prestataria, la actora, en virtud de lo previsto en el pacto 6 del contrato de préstamo, se encuentra plenamente facultada para acordar el vencimiento anticipado del préstamo, y para reclamar no sólo las cuotas devengadas, sino también el capital pendiente, con los intereses remuneratorios y de demora correspondientes.
En cuanto a los ingresos en efectivo por los demandados en la cuenta en la que se domiciliaron los recibos, no consta que, en el momento del pago, se hiciera su imputación por el deudor al préstamo, en los términos de los artículos 1172 y ss del Código Civil , habiéndolos imputado la entidad de crédito a otras deudas de los demandados, sin que conste la oposición de los demandados, no habiendo constancia tampoco de que esas otras deudas fueran menos onerosas, o de igual naturaleza y gravamen que el préstamo, constando, en cualquier caso, que, antes de la liquidación practicada a 1 de octubre de 2008, únicamente hay un ingreso en la cuenta de 597'53 €, que no alcanza a cubrir el importe vencido de 2.179'07 €.
En consecuencia, procede la estimación de la demanda y, por consiguiente, la desestimación de los recursos de apelación de los demandados.
SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 398.1, en relación con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , siendo la resolución desestimatoria de los recursos de apelación, procede imponer las costas de los recursos de apelación a las partes apelantes.
Que DESESTIMANDO los recursos de apelación formulados por los demandados Dña. María Rosa y D. Abelardo , se CONFIRMA la Sentencia de 23 de junio de 2011 dictada en los autos nº 437/10 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Rubí , con imposición de las costas de los recursos de apelación a las partes apelantes.