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Timestamp: 2018-12-17 15:13:18
Document Index: 140267509

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 62', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 119', 'artículo 102', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 75', 'Artículo 3', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 75', 'artículo 87', 'artículo 119', 'artículo 62', 'artículo 143']

SENTENCIA 2012-00027 DE 13 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:ACLARAN CADUCIDAD DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA SANCIONES DISCIPLINARIAS. EL TÉRMINO DE CUATRO MESES PARA INTERPONER LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE CUENTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO QUE IMPONE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. ASÍ LO REITERÓ LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, AL EXPLICAR QUE ESA ES LA REGLA GENERAL APLICABLE. SIN EMBARGO, EN LOS CASOS EN QUE ES IMPOSIBLE DETERMINAR LA FECHA EN LA QUE EL INTERESADO SE NOTIFICÓ DE LA DECISIÓN SANCIONATORIA, PERO EXISTE ACTO DE EJECUCIÓN, DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE ESTE DEBE CONTABILIZARSE EL TÉRMINO DE CADUCIDAD. ADEMÁS, CUANDO EL ACTO QUE FINALIZA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ES RECURRIBLE MEDIANTE REPOSICIÓN O APELACIÓN Y ESTOS RECURSOS FUERON INTERPUESTOS, LA CADUCIDAD DEBERÁ CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE LOS RESOLVIÓ, SEGÚN CORRESPONDA, PRECISÓ LA CORPORACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SANCIÓN DISCIPLINARIA
Sentencia 2012-00027/0131-2012 de mayo 13 de 2015
Expediente No. 110010325000201200027 00.
Número interno 0131-2012
Demandante: Ana María Arango Álvarez.
3. De las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación.
3.1. La caducidad de la acción.
3.1.1. La caducidad y forma de computar el término.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha considerado(18) que la existencia de límites temporales para la interposición de acciones, lejos de ser un atentado contra el derecho de acceso a la administración de justicia, implica, por el contrario, una estrategia legal que garantiza el contenido de este derecho, pues “si el derecho a la administración de justicia pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie, semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia (…)”(19).
De este modo, no es sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción(20). Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda”(21).
De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, sobre el plazo de cuatro (4) meses fijado en el artículo 136 del C.C.A, destacó la Corte siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este aspecto, que(22):
“…la fijación de términos de caducidad para las acciones contencioso administrativas, si bien implica una limitación al derecho de los individuos para interponerlas, está encaminada a asegurar la eficacia de los derechos de las personas, racionalizando el acceso a la administración de justicia. En tal medida, es necesario tener en cuenta además que el derecho de acción, en cuanto pretende el restablecimiento de derechos subjetivos, conlleva la obligación de su ejercicio oportuno. Por otra parte, ha sostenido esta Corporación que la determinación de la oportunidad para ejercer tal derecho corresponde fijarla al legislador, quien tiene un amplio margen discrecional para establecer los términos de caducidad de las acciones, quedando limitado únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este caso, dichos principios están determinados por un criterio empírico consistente en determinar si efectivamente los administrados cuentan con el tiempo suficiente para llevar a cabo todos los pasos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en la ley para interponer las respectivas acciones. Esta limitación al alcance de las facultades legislativas fue ya objeto de análisis por parte de esta Corporación. En efecto, la Sentencia C-351 de 1994, que declaró exequible el término de cuatro meses para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho afirmó la razonabilidad de dicho término y determinó que el legislador actuó dentro del límite de sus competencias, sin desconocer el derecho de acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, esta Corporación considera que debe reiterar su jurisprudencia en cuanto al particular.”.
La anterior argumentación, compartida por esta Sala, ha sido reiterada en la jurisprudencia del Máximo Tribunal encargado de la guarda de la Constitución en diversos pronunciamientos, en los que además ha puntualizado que “La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.”. (23)
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, prevé en su numeral 2 que “la [acción] de restablecimiento del derecho caducará al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. (…)”.
Sobre la forma de computar el plazo antedicho en asuntos como este, en los que se debate la legalidad de actos administrativos de carácter sancionatorio, la Sala en anteriores oportunidades, en algunas sentencias en las que ha estudiado la legalidad de los actos de contenido disciplinario, ha considerado que el término se computa a partir del día siguiente al de la notificación del acto ejecución de la sanción(24). Ello ha sido así, ora en asuntos en los que se demanda el acto de ejecución, ora en casos en los que no se tiene certeza desde cuándo se notificó el acto sancionatorio definitivo, o bien, en eventos en los que se ha considerado tal referente temporal para no truncar el acceso a la administración de justicia.
En efecto, si una vez dictado el acto administrativo sancionatorio definitivo(25); el interesado fue notificado del mismo, es a partir del día siguiente al de la notificación que debe contarse el término caducidad, como bien lo ordena el artículo 136 del C.C.A., cuando prevé que los 4 meses se cuentan a partir de la notificación del acto.
Sobre el tema que nos ocupa, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación fijó unos parámetros claros en Sentencia de 11 de diciembre de 2012, en cual resolvió el proceso instaurado por Fernando Londoño Hoyos contra de la Procuraduría General de la Nación(26). En esa oportunidad se analizó la figura de la caducidad a la luz de los conceptos de firmeza y ejecutoria de los actos administrativos, consideraciones que acoge esta Subsección, tal como pasa a exponerse.
A su turno, y en relación con la firmeza de los actos administrativos, se debe considerar el contenido del artículo 62 del CCA(27), el cual prevé
4º) Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.”.
“El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1º y 2º del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.” (Negrilla fuera de texto).
“La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho al actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo…”.
Visto lo anterior, reitera la Sala lo que consideró la Sala Plena en la sentencia de 11 de diciembre de 2012, previamente citada, en el sentido de que para el cómputo del término de caducidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe tenerse en cuenta la ejecutoria del acto administrativo cuya declaratoria de nulidad se pretende. “(…) Así, la notificación del acto a la que se refiere el artículo 136.2 del CCA., es la de aquél con el que se agota la vía gubernativa, o la de aquél con el que culmina la actuación, cuando no procede recurso alguno (art. 62.1). Se parte entonces de la notificación del acto ejecutoriado, esto es aquel contra el que no procedía recurso (art. 62.1 CCA); o, el que resuelve los recursos interpuestos (art. 62.2 CCA)”.(28)
Tal como lo indicó la Sala Plena Contenciosa, frente al acto administrativo que pone fin a la actuación, se pueden presentarlas siguientes hipótesis(29):
En el evento en que el acto con el que se pone fin a la actuación administrativa sea pasible de los recursos de reposición y de apelación, y éstos hayan sido interpuestos conforme a lo dispuesto en el CCA., la ejecutoria del acto se dará “al día siguiente de la notificación del acto que resuelve tales recursos” y el término de caducidad se contabiliza según el artículo 136.2 del CCA., a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo que resuelve los recursos interpuestos, según sea el caso(30).
El acto administrativo demandable es el acto que está en firme, pues estando pendiente de decidir un recurso interpuesto no es posible acudir ante la jurisdicción para impugnar su legalidad(31). A su vez, el acto en firme, es aquel que culmina la actuación o cierra el debate gubernativo y sobre el cual no procede recurso en sede administrativa (art. 62 CCA)(32); presupuesto que resulta relevante al momento de contabilizar el término de caducidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Específicamente en lo que tiene que ver con los actos administrativos de carácter sancionatorio, resulta de meridiana importancia el contenido de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 119 del C.D.U. que prevé: “Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno(33), quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente”.
3.1.2. La caducidad en el caso concreto.
Interpuesto el recurso de apelación en contra del acto anterior(34), el 23 de mayo de 2011 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, resolvió modificar la sanción impuesta a la demandante imponiéndole la de destitución en inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años(35).
Tal como lo prevé los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, en el caso concreto se intentó la notificación personal y como la misma no se pudo surtir, el fallo de segunda instancia fue notificado por edicto que se fijó el por el termino de tres días hábiles desde el 9 de junio de 2011 hasta el 13 de los mismos mes y año, día en el que se desfijó(36).
Costa demás que mediante comunicación de 24 de mayo de 2011(37) enviada ese mismo día tanto a la disciplinada(38) como a su defensor, se les informó lo siguiente:
De igual manera, podrá ser notificada vía fax (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Código Disciplinario Único.
Ante la no comparecencia de la demandante ni de su apoderado, la Entidad fijó el edicto Nº 431(39) con el que se surtió la notificación de la decisión sancionatoria definitiva y que, se reitera, fue fijado el 9 de junio a las 8:00 a.m y desfijado el día 13 siguiente a las 5:00 p.m.
Mediante escrito radicado el lunes 13 de junio de 2011, el apoderado de la señora Ana María Arango Álvarez solicitó la aclaración del fallo de segunda instancia(40), petición que fue resuelta a través de decisión de 16 de junio de 2011, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de declararla improcedente(41). En este último acto administrativo la referida Sala ordenó, en el numeral 3, notificar esa decisión tanto a la demandante como a su apoderado, precisando que la primera sería ubicada en la alcaldía de Armenia, para lo cual comisionó al Procurador Regional del Quindío.
A través del Decreto N° 00623 de 17 de junio de 2011, el Gobernador del Quindío le dio cumplimiento a la decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordenó la destitución del cargo de la Alcaldesa de Armenia(42).El artículo 5 de ese acto administrativo prevé que el mismo “(…) rige a partir de la fecha de su expedición (…)”(43).
Adicionalmente la parte actora en el escrito de la demanda, reconoce que el Decreto 00623 de 17 de junio de 2011 quedó ejecutoriado el mismo día de su expedición, toda vez que en el acápite de liquidación y cuantificación del daño, al referirse al lucro cesante, afirmó que se le dejó de cancelar el salario que le correspondía como Alcaldesa Municipal, desde el 18 de junio de 2011, día en el que quedó ejecutoriada la sanción y se hizo efectivo el Decreto que así lo dispuso(44).
El 13 de octubre de 2011 la señora Ana María Arango Álvarez, mediante apoderado, solicitó a la Procuraduría General de la Nación señalar fecha y hora para la práctica de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad(45)
El 18 de enero de 2012, la Procuradora Tercera Delegada ante esta Corporación expidió constancia declarando fallido el trámite de conciliación prejudicial, “(…) advertida la constancia del Asesor de la Oficina Jurídica de la Entidad Convocada, con funciones por ante (sic) el Comité de Conciliación y, así mismo, verificada la premura del término de la acción contenciosa a incoar (…)”.(46)
La demanda fue presentada el 19 de enero de 2012(47).
Visto lo anterior, advierte la Sala que la señora Ana María Arango Álvarez formuló solicitud de conciliación extrajudicial por lo cual, a efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción en este caso concreto, resulta aplicable la disposición contenida en el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”, que prevé:
“Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
(…)”. (Las negrillas y subrayas son de la Sala).
En este punto, la Sala reitera lo que sostuvo en acápites anteriores en el sentido de que si bien es cierto se debe aplicar el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, esto no releva a los sujetos procesales de observar con diligencia los términos judiciales y darles cabal cumplimiento. En tal sentido la Sala comparte lo que consideró la Corte Constitucional en el Auto de 015 de febrero 26 de 2002(48), en el sentido de que si bien el artículo 228 de la Constitución impedía sacrificar los fines superiores de la justicia con el culto ciego a los meros formalismos, “tal enunciado constitucional no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación del documento de sustentación del recurso. Si la extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otro medida de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal.” (Subrayado fuera del texto)
Finalmente se precisa que no le asiste la razón a la demandante quien en sus alegatos de conclusión estimó que no hay caducidad en tanto que fue la Procuraduiía General de la Nación la que expidió tarde la constancia nde conciliación fallida. Lo anterior por cuanto la norma que regula la materia, estro es el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”, es claro al señalar que La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
Ahora bien, dado que ante la ocurrencia de la caducidad, de no observarse al momento de la admisión de la demanda(49), debe ser declarada en la sentencia y conllevará a la declaratoria de falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la acción; y como en este caso el demandante ejerció la acción de manera extemporánea, la Sala declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la Procuraduría General de la Nación y, en consecuencia, se inhibirá para efectuar un pronunciamiento de fondo.
18 Sentencia C - 418 de 1994. MP. Hernando Herrera Vergara.
19 Ibídem. La Corporación citada reiteró las mismas consideraciones entre otras, en la sentencia T-017/09
20 Corte Constitucional Sentencia C-351 de 1994. MP. Hernando Herrera Vergara.
21 Esta posición fue reiterada en su integridad en la sentencia C-565 de 2000 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Sentencia C-565-2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
23 Sentencia C-832 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil
24 Así lo ha considerado en sentencias como i) de 20 de marzo de 2013, proferida por la Sala dentro del expediente Nº 11001-0325-000-2010-00043-00 (0361-10) Demandante: Hernando Suescun Basto Demandado : Procuraduría General de la Nación. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez; ii) Sentencia de 5 de septiembre de 2012, proferida dentro del proceso Nº 11001-03-25-000-2010-00177-00(1295-10). Demandante: Hernando De Jesús Rivera Mejía Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y, iii) Sentencia de 17 de abril de 2012, dictada dentro del expediente Nº 11001-03-25-000-2010-00085-00 (0795-10) Actor: German Emilio Suarez Lopez Demandado: Procuraduría General De La Nación- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón.
25 sea porque contra él ya no caben recursos, o porque siendo estos procedentes ya se interpusieron
26 Expediente Nº 11001-03-25-000-2005-00012-00, Consejero ponente: dr. Gerardo Arenas Monsalve.
27 Norma a la luz del Decreto 01 de 1984. En la Ley 1437 de 2011 el artículo 87 dispone: “Los actos administrativos quedarán en firme: …3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.”.
28 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de diciembre de 2012, Expediente Nº 11001-03-25-000-2005-00012-00, Consejero ponente: dr. Gerardo Arenas Monsalve.
29 Sobre el particular, en la comentada sentencia la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo citó a BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo. Séptima edición. 2009. Señal Editora. Pág. 182-183.
30 Ahora bien: En el evento en que la decisión administrativa definitiva carezca de recursos, “la ejecutoria se producirá al día siguiente al de la notificación del acto administrativo”. Y el término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente al de la notificación de ese acto definitivo.
En el tercer evento, esto es, frente a actos administrativos respecto de los cuales sólo sea procedente el recurso –facultativo- de reposición, como lo anota el profesor Betancur Jaramillo, se pueden presentar dos variables que la Sala considera relevante señalar: “1a.) Se interpone el recurso dentro de los cinco días indicados en la ley (art. 51 inciso 2º. c.c.a) y se resuelve por la administración. Aquí la ejecutoria se logra desde el día siguiente al de la notificación del acto que resuelve el mencionado recurso; y 2ª.) El interesado no interpone la reposición. En este evento la ejecutoria se producirá, no desde la notificación del acto, sino al día siguiente al del vencimiento de los cinco días que tenía para interponerlo. Se respeta este término porque hasta el último día podía formularlo.” BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo. Séptima edición. 2009. Señal Editora. Pág 183 y ss, citado por la SALA Plena en la sentencia de 11 de diciembre de 2012, previamente referenciada.
31 El acto administrativo de contenido particular, como lo señala el profesor Betancur Jaramillo, se entiende ejecutoriado, por regla general, al día siguiente de su notificación. En materia disciplinaria, de acuerdo con el artículo 119 de la Ley 734 de 2002 “Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos, quedarán en firme tres días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar ésta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y de queja, así como aquéllas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente.”. Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández., 'siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias'
32 Sobre la firmeza del acto administrativo, la doctrina nacional ha señalado:
“El artículo 62 del CCA establece que el acto administrativo se encuentra en firme en los siguientes eventos: cuando contra él no proceda ningún recurso; cuando los recursos interpuestos se hayan decidido; cuando no se interpongan recursos; cuando se renuncie expresamente a la utilización de recursos por parte de la persona interesada; cuando haya lugar a la perención o cuando se acepten sus desistimientos. Como se observa, se trata de hipótesis que tan solo involucran a los actos de contenido particular. Configurada una cualquiera de las anteriores situaciones fácticas, la administración podrá realizar la totalidad de actuaciones, procedimientos u operaciones indispensables, para darle cabal cumplimiento a lo dispuesto en el respectivo acto administrativo.
Conforme a estos presupuestos normativos, el mundo de la eficacia aparece en una determinada situación fáctica cuando el acto reviste el carácter de ejecutivo, esto es, se encuentra en firme y en consecuencia es ejecutorio o de obligatorio cumplimiento, tanto para la administración como para el administrado…” SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo Procedimiento, Eficacia y Validez, 4ta Edición, Universidad Externado de Colombia, Pág. 321-322.
33 v.gr. el acto que resolvió la solicitud de aclaración del fallo de segunda instancia.
34 folios 98 y siguientes del cuaderno Nº 8.
35 folios 187 a 245 c. ppal.
36 folios 14 y 15 del cuaderno 9.
37 Folio 288 c. 9
38 Folio 287 c.9
39 folio 298 c.9
40 folios 313 y siguientes c.9
41 folios 341 a 347 c.9
42 Folios 253 y 254 c. ppal.
43 Se advierte además que ese Decreto tiene orden de publicación, sin que en el expediente obre constancia de la fecha en la que el mismo fue publicado. En efecto, mediante Auto de mejor proveer de 2 de septiembre de 2013 (folio 410 c.ppal), se ordenó librar oficio al Gobernador del Quindío solicitándole que remitiera con destino a este proceso la constancia del día en el que el acto de ejecución fue publicado. Sin embargo, el Secretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento, mediante oficio RJ- 673/2013 de 26 de noviembre de 2013, respondió – adjuntando escrito de la Secretaría Jurídica y de Contratación- que “(…) una vez revisada la base de datos de la página web de la administración Departamental del Quindío y el archivo central del Departamento, no se pudo evidenciar la publicación del mencionado acto”. (folio 421 c. ppal).
Ante la respuesta anterior, se ordenó requerir nuevamente al Representante Legal del Departamento del Quindío para que remitiera al proceso la información solicitada (folios 423 y 424 c.ppla) y este último informó que la Dependencia que dirigía el día 26 de noviembre de 2013 dio la respuesta, en la que se informó que “una vez revisada la base de datos de la página web de la administración departamental del Quindío y el archivo central del Departamento, no se pudo evidenciar la publicación del mencionado acto”.
44 Folio 274 c.ppal.
45 Folios 4 a 17 c. ppal.
46 folio 2 c. ppal.
47 folio 279 vuelto.
48 Corte Constitucional, Auto de 015 de febrero 26 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.
49 De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 143 del C.C.A. la caducidad es causal de rechazo de la demanda. Art. 169 ley1437 de 2011