Source: https://www.slideshare.net/desarrollourbanoquito/trabajo-tierras-instituto
Timestamp: 2017-03-27 23:28:51
Document Index: 145080083

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 60', 'artículo 17', 'artículo 1071', 'artículo 2513', 'artículo 2514', 'artículo 2513', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 75', 'artículo 41']

Plan experimental galego
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANO Acceso a la Tierra, informalidad y concentración. (Juan Luciano Scatolini) 1“En Brasil los campesinos preguntaron ¿Por qué hay tanta gente sin tierra,habiendo tanta tierra sin gente?, les respondieron a balazos…Semillas, Bocas del Tiempo, Eduardo Galeano.I.- INTRODUCCIÓN:Analizar e intentar encontrar respuestas que vinculen el derecho de propiedad,el uso de la tierra con fin social y las políticas públicas puestas en ejecuciónpara ensamblar dichos conceptos en miras a la satisfacción del interés general,es en la República Argentina verificar las causas de nuestras miserias einsatisfacciones.Difícil es pensar en construir ciudadanía plena sin reconocer y poner enejecución programas de gobierno que reivindiquen el derecho colectivo al usode la tierra con fines productivos y de vivienda social. Sin dudas que para lograrello debemos repensar el rol del Estado como regulador activo del uso delsuelo y como generador de obligaciones a los propietarios del mismo.Es necesario poner en práctica el ejercicio de la memoria para reivindicar a laspoblaciones originarias (indígenas) por su adoración a la tierra y sus frutos y enel respeto irrestricto al medio ambiente, sin poder dejar de expresar nuestrorechazo a quienes a través de la arbitrariedad y la masacre más cruentaalambraron nuestros campos a favor de unos pocos so pretexto de unacivilización deshumanizante.Los antecedentes mencionados se terminaron de plasmar como injusticia através de una constitución de neto corte liberal que exacerba el derecho a lapropiedad privada por sobre su fin social y de instrumentos legales utilizadosdurante el Siglo XX generadores de una exclusión social que apartó a mas dela mitad de nuestros habitantes al derecho básico de acceso a la tierra y lavivienda digna.Nos encontramos actualmente en un Estado en construcción en el que lasprácticas corporativas e individualistas deben ser limitadas, sin avasallarderechos pero generando nuevos instrumentos de planificación urbana queprivilegien la incorporación plena al territorio del conjunto social.Concepciones civilistas del derecho de propiedad que remarcan suscaracterísticas de absoluto, exclusivo y perpetuo fueron limitadas condecisiones de la administración tales como la expropiación, las servidumbres ylas restricciones administrativas al dominio, pero aún nuestro ordenamiento1 Abogado, Escribano (UNLP), Cursó Especialización en Derecho Administrativo Económico (UCA).- Esdesde 2001 hasta la actualidad Escribano Adscripto de la Escribanía General de Gobierno de la Provinciade Buenos Aires. 2.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOjurídico guarda bajo sus pliegues la necesidad de una reinterpretación deciertos conceptos que nos acerquen a los fines del análisis que proponemos.Pensar en prácticas regulatorias del mercado del suelo y en un ejerciciocontinuo y efectivo de la responsabilidad pública en materia urbanísticarequiere poner en marcha una coordinación de esfuerzos estatales y privados.Contar como en el caso de Colombia con una legislación favorable a talentendimiento, permite un juego más armónico entre el propietario de la tierra,que por mandato constitucional y legal debe comprender las obligaciones quedicha condición le generan y el interés de la comunidad.Es así ya que leyes de dicho país tales como la Nº 388 de 1997 para prácticasurbanas, establecen los marcos de acción para la actuación gubernamental entodos los niveles de gobierno privilegiando la función social y ecológica de lapropiedad en todos los planes urbanísticos que se lleven adelante 2. El derechode urbanización y de construir no surgen per se en el derecho de propiedadsino que es un derecho que se adquiere en la medida que se asuman lascargas que a favor de la colectividad determina el Plan urbano.Separar el derecho de urbanizar y construir, del de propiedad, permite hacerefectivo el carácter de derecho-deber y se afirma el principio de solidaridadposibilitando la aplicación de mecanismos de recuperación de plusvalías parael conjunto social.Nuestro país si realmente se propone revertir las causas estructurales de lapobreza y la exclusión social llevando adelante prácticas redistributivas, debecolocar en la agenda en forma prioritaria el desarrollo pleno de políticas detierra y planificación urbana, con el propósito de regular el mercado del suelode manera tal que el precio de la tierra quede al alcance de los máspostergados.II.- EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD:Considero que desde las ciencias jurídicas debe realizarse un esfuerzo enmateria de análisis e investigación de la situación legal existente, intentandoencontrar respuestas que desde el campo del derecho también colaboren a lamejora de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.Nuestras facultades de derecho continúan formando abogados anclados en lasvisiones civilistas de la propiedad y la responsabilidad, que en sus años deformación raramente entran en contacto con aquellas normas dirigidas aregular relaciones tan cruciales para la vida de los seres humanos y paranuestra cohesión social como son todas aquellas relacionadas con el territorio.Se ha vuelto una profesión que a pesar de su importancia e impacto social,continúa encerrada en si misma, reproduciendo cánones y principios2 Debemos recordar el aporte en esta dirección que proponía la Constitución Nacional de 1949 llevadaadelante por el gobierno de Juan Domingo Perón, al disponer: “La propiedad privada tiene una funciónsocial y, en consecuencia, estará sometida a los obligaciones que establezca la ley con fines de biencomún”.- En 1955 el golpe militar a través de sus autoridades anuló esta constitución. 3.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOaprendidos de manera acrítica y mecánica que se dirigen generalmente amantener los privilegios e intereses de unos pocos.A pesar de los programas de regularización dominial y mejoramiento que sehan instrumentado en décadas recientes 3, la tasa de desarrollo de los nuevosasentamientos informales en América Latina ha sido de dos a tres vecessuperior a la del crecimiento de la población urbana 4. Por ello el incremento dela informalidad no se puede atribuir de forma exclusiva a los cambiosdemográficos, ni al incremento de la pobreza urbana, que si bien haaumentado, lo ha hecho en tasas menores.Un ingrediente indispensable de cualquier política que pretenda mitigar lasconsecuencias de la informalidad deberá ser la lucha contra los factores queperpetúan el circulo vicioso de la formación de precios del suelo 5.A pesar de todas las implicancias negativas asociadas al desarrollo urbanoinformal, las autoridades han tolerado los procesos: siendo negligentes,aprovechándolos políticamente, realizando acciones ambiguas o promoviendodirectamente las ocupaciones.Si bien este proceso se incrementa con la responsabilidad política que ellorepresenta, también existe una tendencia de las autoridades públicas y de laciudadanía a que se mejore la calidad de vida de las zonas marginales,generalmente con respuestas de “segunda” para ciudadanos considerados de“segunda”.Creemos que existe una irresponsable tendencia a la no planificación, unestudio reciente realizado por la Alianza de Ciudades en Brasil, demostró quela decisión de regularizar un asentamiento irregular se toma, con frecuencia,más rápido que la de aprobar un proyecto de desarrollo regular. (6 meses,contra 3 años) 6.3 En la Provincia de Buenos Aires la Escribanía General de Gobierno a través del artículo 4° inc. d) de suley orgánica n° 10.830, reglamentado por decreto 2199/06, es la encargada de realizar regularizacionesdominiales de interés social a través del otorgamiento de escrituras absolutamente gratuitas para losbeneficiarios de las mismas. (Ver en www.egg.gba.gov.ar). A su vez la Subsecretaría Social de Tierras esla autoridad de aplicación de la ley n° 24.374, que permite a los poseedores de bines inmuebles anterioresal año 1989 obtener un acta de posesión que se inscribe en el asiento registral que corresponda,consolidándose el domino luego de cumplidos 10 años desde que se cuente con la referida acta deposesión. (Ver en www.mosp.gba.gov.ar/subsecretaria_social_tierras/web_tierras).4 “Regularización de la Tierra y programas de mejoramiento: nuevas consideraciones” Fernandes Edesioy Smolka Martín O. Land Lines, Julio 2004, Volumen 16, número 3 Lincoln Institute Of Land Policy.5 “Informality, Urban poverty and land market prices”.- Land Lines, Enero 2003, Volumen 4, número 7Lincoln Institute Of Land Policy.6 En el año 2001 es aprobada en Brasil la Ley Federal n° 10.257, conocida con el nombre de “El Estatutode la Ciudad” que reglamentó el capitulo sobre política urbana de la Constitución Federal de 1998,consolidando especialmente, la noción de función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad,reglamentando y creando nuevos instrumentos urbanísticos con miras a la construcción de un nuevoorden urbano socialmente justo e inclusivo y promoviendo la gestión democrática de las ciudades. 4.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOLas intervenciones públicas a través de programas de regularización deasentamientos irregulares 7 han sido de carácter sectorial, aisladas, con unafuerte fragmentación estructural (dentro de los programas, entre las diferentessecretarías y ministerios, y entre los distintos niveles de gobierno, nacional,provincial y municipal).La mayoría de los programas de regularización se ha aplicado en zonashabitacionales y poco se ha hecho en áreas informales de industria y comercio,en edificios públicos desocupados o en asentamientos irregulares en zonasrurales.En materia de financiamiento también se verifican dificultades, ya que si biense han conseguido créditos de los organismos multilaterales de crédito, comopor ejemplo el PROMEBA 8, que es un programa destinado a transformar elhábitat popular a través de la infraestructura social básica, acceso a lapropiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización comunitaria. Losestándares utilizados no guardan relación con la realidad de los territoriosdonde deben ser aplicados. (Se solicita un determinado % de los beneficiariosque cuenten con escritura traslativa de dominio o en trámite de escrituración).Asimismo dichos programas tampoco promueven el esfuerzo de los gobiernoslocales ni su participación para la toma de decisiones, destacándose laausencia de políticas de microcréditos que pudieran utilizarse para incentivar yapoyar las organizaciones comunitarias.Se podrá argumentar que la ilegalidad es producto de la oferta insuficiente desuelo servido a costos accesibles, sin embargo se observa en la práctica que lamayoría de los programas puestos en ejecución para la regularización, operanal margen de los de mejoramiento de vivienda o los socioeconómicos para laintegración a las comunidades.La mejora de la calidad de vida y la legalización de la tierra se ha concebidocomo procesos independientes, lo que ha provocado que no se logre darsoluciones integrales a esta problemática. Un claro ejemplo de ello en nuestropaís es lo acontecido con la puesta en ejecución del Programa Federal deViviendas 9, en el que se entregan las viviendas a los adjudicatarios con unasimple nota de tenencia precaria, sin la correspondiente escritura traslativa dedominio.7 La Provincia de Buenos Aires a través de la ley 11.418 lleva adelante la transferencia de dominio dedominio a sus actuales ocupantes de tierras fiscales provinciales declaradas de interés social y el EstadoNacional lo hace a través de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, ambaos através de convenio de colaboración y asistencia técnica suscripto con la Escribanía General de Gobiernodurante 2006 el primero y 2007 la Nación.8 Programa de Mejoramiento de Barrios, es llevado adelante por el Ministerio de Planificación Federal,Inversión Pública y Servicios y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (Veren www.promeba.org.ar).9 El programa prevé la construcción de un total de 300.000 viviendas nuevas de interés social en todo elpaís. 69.000 corresponden al gran Buenos Aires, 23.500 corresponden al interior de Buenos Aires, conuna inversión total del Estado nacional de $ 17.401.900.000. 5.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOA pesar de la importancia de la regularización dominial el número de títulos depropiedad expedidos es bajo 10. Ello debido a la falta de información de lapoblación sobre la importancia de contar con el título (por ello los programas deregularización deberían contener programas educativos tanto para losadministradores de ciudades como para los residentes de los asentamientosinformales) 11, el costo de las tramitaciones12, la complejidad de las leyes 13, lasactitudes conservadoras y resistencias de los notarios y de las autoridadesresponsables de los registros de la propiedad a considerar la actividad en estesentido como un rol indelegable del Estado. No se puede negar que la percepción de la seguridad es un elemento quepromueve la inversión de las familias para consolidar sus viviendas, sinembargo la titulación es importante en el interés personal de los residentes(seguridad de la tenencia de la tierra, protección contra los desalojos, sociedadconyugal, conflictos de medianería, sucesiones y acceso al crédito) y en elinterés de la ciudad en su conjunto, ya que la legalización puede contribuir a laestabilización de los mercados del suelo y así permitir formas más racionales yarticuladas de intervención pública.III.- LA ACUMULACIÓN Y EL ROL DEL ESTADO:No podemos analizar este fenómeno de la informalidad y el déficit habitacionalque sufren por millones los habitantes de nuestro país 14, sin hacerlo a la luz deotro fenómeno que se ha producido que tiene que ver con la acumulación yconcentración de la riqueza en el uso del espacio público para un cierto sectorsocial favorecido por políticas estatales llevadas adelante a esos fines.Durante los años noventa se han realizado inversiones de entre 3.500 y 4.000millones de dólares solamente en nuevas urbanizaciones privadas (barrioscerrados, clubes de campo, marinas, chacras y ciudades privadas) conalrededor de 4.000.000 de m2 cubiertos construidos y ocupando una superficietotal aproximada de 30.000 hectáreas o 300 km2, sólo estas tipologíasexpandieron un 10 % la superficie total aproximada del área metropolitana deBuenos Aires 15.10 La Escribanía General de Gobierno realizó durante el transcurso de este año 2007: 4.362 escriturassociales, en 2006: 4.383; en 2005: 4.776; en 2004: 4.764 y en 2003: 3.484.11 Las organizaciones sociales de tierra, infraestructura y vivienda, organizadas e través del Foro deOrganizaciones Sociales de Tierra, infraestructura y Vivienda (FOTIVBA) realizan jornadas de debate yasesoramiento, junto con la edición de material informativo referido a esta problemática.12 El costo de la escritura traslativa de dominio ante un escribano particular está compuesto no sólo por suhonorario, sino que tiene una fuerte carga impositiva al grabarse con impuesto de sellos, impuesto a latransferencia de inmuebles o ganancias y la necesaria liberación de deudas de impuestos provinciales ymunicipales.13 Nuestra legislación a los fines de acreditar la titularidad de domino exige título y modo, con lanecesidad que el referido título cuente con la consecuente inscripción registral prevista en la ley n°17.801.14 Según datos aportados por la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires,en la referida Provincia hacia 2005, 940.000 hogares sufren de déficit habitacional. Revista del Foro deOrganizaciones Sociales de Tierra, Infraestructura y Vivienda, Marzo de 2005.15 Clichevsky Nora, “Mercado de Tierra y sector inmobiliario en el área metropolitana de Buenos Aires,transformaciones e impactos territoriales”, informe CONICET, documento presentado en el VI seminariode la red de investigadores en globalización y territorio, Rosario, Mayo de 2001. 6.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOGran parte de estos procesos se han visto favorecidos por las políticas deflexibilización del sector privado, a través del dictado de nuevos códigos deplaneamiento urbano y por la gran cantidad de excepciones permitidas por losconcejos deliberantes a las normas vigentes, así por ejemplo en la Ciudad deBuenos Aires entre el año 1990 y 1998 se otorgaron 21.225 permisos deconstrucciones a desarrolladores inmobiliarios, San Isidro 10.181, el Municipiode Almirante Brown 5.408 16.La política de Estado para la tierra fiscal ha sido importantísima en laposibilidad de concreción de muchos de los grandes emprendimientos privadosmás importantes de la década del 90´ ya que la ley n° 23.697/89, deEmergencia Económica del Estado y disposiciones posteriores, permitieron17vender los inmuebles innecesarios a los fines de los organismos estatales.Dicha política estatal se instrumentó en momentos en que se verificaba unafuerte polarización social, producto de la concentración del ingreso, generandoun alto consumo de viviendas de lujo y viviendas para segunda residencia,mientras que los sectores de bajos ingresos no podían acceder a ningún plande viviendas dentro de los programas oficiales.Los nuevos espacios liberados por el Estado lejos de ser utilizados con un finde inserción social para los desplazados, han posibilitado gran cantidad deinversiones al sector privado, como por ejemplo a Puerto Madero SouthConvention Center que pagó 9 millones de dólares a la Corporación AntiguoPuerto Madero para la compra del terreno donde levantará un centro deconvenciones en Dique 3, con capacidad para 10.000 personas, con unainversión de 80.000 millones de dólares.La tierra fiscal también ha posibilitado el crecimiento de los hipermercadoscomo por ejemplo Jumbo-Easy en Palermo sobre terrenos del EjércitoArgentino o de Carrefour en los terrenos pertenecientes al ex Regimiento de LaTablada partido de La Matanza (112 has) que se vendió en 1998 en 19millones de dólares, a razón de 17 dólares por metro cuadrado, mientras queen su entorno el precio de venta era de alrededor de 35 dólares por cada metrocuadrado 18.Estas políticas estatales junto con la especulación del sector privado (el GrupoIRSA retiene desde hace más de 10 años terrenos para desarrollos en zonastales como Puerto Madero, Pilar 74 has, Benavides 100 has, Santa María delPlata, ex Ciudad Deportiva de Boca, en Monserrat, etc.), profundizan lasegregación de los sectores medios y de escasos recursos.Durante los 90’ se ha verificado un importante rol del Estado como vendedor desus tierras (En 1992 se vendieron 173 has del predio que pertenecía al ArsenalDomingo Viejo Nuevo sobre el Camino General Belgrano a través de la firma L.16 INDEC (1991-1998): “Edificación. Permisos para construcciones privadas”, INDEC, Buenos Aires.17 Ver Scatolini Juan Luciano, “Bienes Inmuebles del Estado: su fin social”, en Centro de Documentacióndel Instituto Provincial de la Administración Pública n° 351.711 SCA 3704, 2005.18 Diario La Nación del 25 de Julio de 1998. 7.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOJ. Ramos Brokers Inmobiliarios), con consecuencias territoriales de importanciaen el Área Metropolitana de Buenos Aires en cuanto a su desarrollo urbano.En el marco de la política de desguace del Estado, el Ministerio de Economía, através de la Dirección Nacional de Bienes Fiscales comenzó a desprenderse enforma acelerada de más de 60.000 inmuebles considerados ociosos 19, sopretexto de racionalizar el gasto público y disminuir el déficit fiscal, erigiéndoseen un aspecto más de las medidas de ajuste del sector público.Quizá el proyecto más importante en cuanto a la utilización de tierras fiscalessea Puerto Madero, que era hasta fines de los 80´ un área industrialabandonada y desafectada del uso portuario. Hacia 1989 se decide urbanizarloincorporando sus 170 has. al ejido municipal. El marco normativo poseía unagran complejidad, pero pudo resolverse a través de las normas que se dictaronreferidas a la Emergencia Económica y Reforma del Estado 20.Las decisiones estatales adoptadas han sido tendientes a la privatización delespacio público dando como resultado que el mercado formal para los sectoresde bajos ingresos sea prácticamente inexistente.IV.- EL FIN SOCIAL DE LA PROPIEDAD:Creemos que las políticas que se deben llevar adelante en materia de acceso ala tierra como presupuesto básico para el desarrollo humano, deben partir deuna redefinición del concepto de propiedad privada.Es fundamental abordar el debate considerando que las formas de ejercicio dela propiedad, en tanto mecanismo esencial de ejercicio del poder, justificantanto la generación de conflicto y violencia como su resolución 21.Nuestro país posee un arraigado concepto de la propiedad de origen civilistaque esta basado en principios ideológicos que inspiraron al legislador delCódigo de Velez Sarfield.19 Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 861/95 se vendieron tierras fiscales en forma directacorrespondientes al Partido de Tres Febrero, en dicho lugar emprendedores privados construyeron el“Golf Club General San Martín”.20 La ley 23.697 en su capítulo XXVI, se refirió expresamente a la cuestión relativa a la venta deinmuebles innecesarios a los fines estatales, así es que por el artículo 60 de la misma se dispuso lacentralización y coordinación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de las acciones tendientes a agilizarla venta de inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizados o de otro ente en queel Estado Nacional o sus entes descentralizados, tengan participación total o mayoritaria, que no seannecesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión.Luego se dictaron las leyes 23.967, 24.146 y 24.768, junto a las cuales se crearon dos organismosestatales para la administración y gestión de los bines fiscales: 1) Comisión de Tierras Fiscales “ProgramaArraigo” destinado a regularizar dominialmente tierras fiscales ocupadas y 2) Organismo Nacional deBienes del Estado ONABE, que en la práctica funciona como una inmobiliaria a gran escala.21 Maldonado Capello María de las Mercedes “La propiedad en la constitución colombiana de 1991.Superando la tradición del Código Civil”, parte de la tesis doctoral de la referida autora, en Urbanismo,Université de Paris XII, Laboratoire d´Anthropologie juridique de Paris. 8.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOLa propiedad se ha presentado como un avance de la humanidad en tantoelemento de acceso a la civilización y como supresión de las formas feudales yde la barbarie. Los juristas que participaron de la formulación del código civilnapoleónico consideraban a la propiedad como el alma universal de todalegislación.Pero simultáneamente con el acceso a la propiedad se rompieron múltiplessolidaridades aldeanas y rurales, o se ocultaron, se desconocieron o negaronmuchas otras formas de relacionar a la comunidad con la tierra basadas en laidea de común, de comunidad, de responsabilidades compartidas,produciéndose la separación institucional del hombre con la tierra.Como indica Francois Ost 22, la Revolución Francesa no solo arrasó con losprivilegios feudales sino que determinó el fin de solidaridades aldeanas yrurales, la liberación del siervo y su servidumbre, tiene una doble expresión: suindependencia en relación con la tierra tiene como contrapartida que la tierra selibera de él. El derecho de circular como uno de los rasgos de la libertad que haadquirido implica también el derecho de la tierra de circular sin atadura delhombre. Esta ruptura abrirá paso sobre todo en el tercer mundo, a lareivindicación de las reformas agrarias y rurales.El tejido jurídico definido en el marco de los códigos romano y napoleónico,parte de que la propiedad es el derecho supremo sobre los bienes, conceptoreforzado por la declaración de derechos del hombre de 1789 que consagró elderecho de propiedad como “inviolable y sagrado”, encargándose el CódigoCivil de traducirlo al derecho positivo al garantizar su carácter de absoluto,pleno y perpetuo.Desde entonces vivimos con ese mito creado por la legislación civil, que tiendea hacernos creer en la supremacía del derecho de propiedad, olvidándose quecomo más adelante analizaremos, esa misma legislación determina límites yexcepciones a su ejercicio 23.V.- HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LA PROPIEDAD 24:Es necesario pensar y analizar como se desenvuelve el derecho de propiedadsobre la tierra en una sociedad como la nuestra marcada por profundas deudassociales e inequidades. Para ello debemos plantearnos el desafío deconsiderar la existencia de derechos-deberes, ligados al principio desolidaridad, como fundantes de un nuevo pacto social que nos vincule con lapropiedad, para lo cual pugnamos por un Estado activo, regulador, quemodifique sus acciones que en general han servido para legitimar y mantenerprivilegios y exclusiones.22 Ost Francois “La nature hors la loi. L´écoligie a l´épreuve du droit”, Paris, Editions La Décourvete1995.23 Comby Joseph “L´impossible propieté absolue” en ADEF “Un droit inviolable et sacré. La propiété”,Paris, ADEF, 1989, págs. 9-20.24 Un importante aporte en ese sentido realizaron los Dres. Daniel G. Luna y Adriana M. Taller enoportunidad de disertar en al marco del Seminario de Instrumentos Jurídicos de regulación del sueloorganizado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el Lincoln Institute of Land Policy, 30de Mayo de 2007. 9.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOA fines de lograr concretar dicho objetivo es necesario la generación deinstrumentos jurídicos que permitan una actividad regulatoria útil para elcumplimiento de los fines sociales por los que pugnamos, para lo cual debemospartir de estado actual en que se encuentra el derecho positivo en relación alderecho de propiedad.Nuestra constitución define en el artículo 17 a la propiedad como inviolable y elcódigo civil, conforme texto de Velez Sarfield, a través de lo previsto en losartículos 2506, 2508, 2509, 2516 y 2517, además de definir el concepto dedominio, moldea las características de absoluto, exclusivo y perpetuo.Pero estas características son claramente limitadas por otras normas quesurgen de la legislación vigente. Así el artículo 1071 del código civil según textoincorporado por la ley 17.711 impide el ejercicio abusivo de los derechos,considerando tal, al que contraríe los fines que la ley tuvo en miras alreconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fé, la moral ylas buenas costumbres.Asimismo el artículo 2513 según texto ley 17.711 del citado código legislaacerca del ejercicio de la propiedad conforme a un ejercicio regular, y no yaacuerda al propietario el libre albedrío respecto a lo que le es propio 25. Elartículo 2514 confiere derechos al propietario siempre que su ejercicio no seaabusivo.La modificación incorporada por la ley 17.711 a nuestro código civil determinaclaramente que no es posible o admisible o lícito el ejercicio arbitrario,incontrolado, egoísta de ningún derecho, comenzando por el de dominio.El análisis de la realidad en cuanto al uso de la tierra marca que se hadesnaturalizado la idea de propiedad disfrute del código de Vélez, y se haconvertido en propiedad especulación. La especulación tiene su base en eldespojo de toda obligación, la movilidad de la tierra y su mercantilización,llevando la idea de permanencia y soberanía hacia el campo del consumo. Anivel rural el propietario tiende a sobre explotarla alterando los equilibriosnaturales y a nivel urbano ejerciendo presión para urbanizarla con mejoresrendimientos de edificación.La especulación 26, que en modo alguno puede considerarse el ejercicio regulardel derecho de propiedad, no sólo se materializa con la retención de terrenos,sino que es un conjunto de prácticas tendientes a obtener el traslado de rentasdel trabajo de la mayoría de miembros de la sociedad hacia unos pocos, los25 Recordemos que en su texto anterior el artículo 2513 del Código Civil disponía: “Es inherente a lapropiedad, el derecho de poseer la cosa, de disponer o servirse de ella, de usarla y gozarla según voluntaddel propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla…”.En la nota al referido artículo se dice que “es preciso reconocer que siendo la propiedad absoluta, confiereel derecho de destruirla. Toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el gobierno seconstituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse en juez del uso, y todaverdadera idea de libertad y propiedad sería perdida.”26 En una de sus acepciones la Real Academia de la Lengua define que la especulación es “procurarprovecho o ganancia fuera del tráfico mercantil”. 10.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOpropietarios de la tierra. Esta capacidad se desarrolla con más fuerza en unasociedad como la nuestra caracterizada por el rentismo.VI.- APORTES DEL TEXTO CONSTITUCIONAL:Es necesario considerar lo que surge de nuestra carta magna, así el artículo 14bis, produce un impacto sobre el dominio no suficientemente advertido y encontradicción con lo normado por los artículos 2508, 2516 y 2522 del CódigoCivil.Recordemos que artículo 14 bis de la C.N. determina el derecho del trabajadorde participar en las ganancias de las empresas, con control de la producción ycolaboración en la dirección, principio que no concuerda con el carácter deexclusivo de la propiedad y con el derecho del propietario de una cosa deexcluir a terceros del uso, goce y disposición no obstante que los objetos que lacosa produzca sean mediante la fuerza de trabajo de dichos terceros.REFORMA DE 1994:La reforma de 1994 incorpora a nuestra carta magna a través del Art. 75 inc. 22distintos tratados y convenciones sobre derechos humanos, entre ellos, laConvención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José deCosta Rica) que en su Art. 21.1 dispone: “Toda persona tiene derecho al uso ygoce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social” 27.El citado artículo 75 en su inciso 17 respecto al derecho de los pueblosoriginarios determina “Garantizar…la posesión y propiedad comunitarias de lastierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas ysuficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos…”.Analizado armónicamente el nuevo marco constitucional podríamos llegar a laconclusión que hemos pasado de un sistema dominiocentrista de cuño27 Creemos importante mencionar algunos fallos judiciales que realizan una interpretación razonada yajustada a derecho de esta dimensión supra nacional en que debe entenderse el derecho de propiedad.- ElSuperior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires opinó en oportunidad de expedirse en autos:“Comisión Municipal de la Vivienda c/ Saavedra Felisa Alicia y otros s/ desalojo s/recurso deinconstitucionalidad concedido, expte. N° 1556/02” y en “Comisión Municipal de la Vivienda c/Fernandez Martha Isabel y otros / desalojo s/recurso de inconstitucionalidad concedido, expte. N°2108/03”. Así en las referidas causas, entre otros conceptos, el Superior Tribunal de Justicia dijo: “… enel marco de la política de asistencia social habitacional vigente en la ciudad, el procedimiento fijado porel art. 463 del CCAyT aparece como una incongruencia y colisiona con la protección del derecho a lavivienda como derecho social efectivo (arts. 75 inc. 22 CN y 20 y 31 de la CCBA) fundamento deaquellas políticas. En materia de derecho a la vivienda las dos Observaciones Generales del Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales – órgano de contralor del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales que reconoce en su art. 11, párrafo 1, el derecho a una viviendaadecuada – cobran curcial importancia sobre todo si se tiene en cuenta que la Corte Suprema ha entendidoque los tratados deben considerarse en los términos en que ellos son interpretados por los órganosinternacionales encargados de aplicarlos… El comité ha entendido que uno de los componentes delderecho a una vivienda adecuada es la “seguridad jurídica de la tenencia”…Así en su observación n° 4 hadicho que todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice unaprotección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas…”. 11.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOnapoleónico con una única propiedad privada como centro (absoluta, exclusivay perpetua) a un sistema con otra propiedad: la indígena comunitaria.Asimismo cobra trascendencia a los fines de este análisis la incorporación de lacláusula ambiental que prevé el artículo 41 de la C.N., la incorporación de lafunción ecológica de la propiedad, que como todas las normas jurídicas es tansólo material para ser traducido, apropiado y dotado de significado en el juegoarmónico de los distintos intereses, en el terreno de las prácticas deconstrucción de ciudad, abre a la institución de la propiedad hacia contenidosaún más innovadores que los previstos actualmente en nuestra legislación.Esta mirada ambiental hace necesario repensar la noción de responsabilidad,unida al uso de la tierra, ya no como relación causal entre una falta o acción yun daño, sino como un llamado o compromiso hacia el futuro.No obstante, la noción de función ecológica, unida a la consagración delderecho al medio ambiente como colectivo y al deber de protección de lasriquezas culturales y naturales de la Nación nos aproxima a la figura dePatrimonio.VII.- EROSIONANTES DEL CONCEPTO CLÁSICO DEL DCHO. DEPROPIEDAD:Creemos que la relectura de nuestro código civil, al incorporar por medio de laLey 17.711 la figura del abuso del derecho, la limitación al carácter absolutooperada por la citada reforma, como así también por el Art. 75 inc. 22 de laC.N., el art. 41 de la C.N., la ley 25.675 de presupuestos mínimos, laincorporación de los Pactos y convenciones de derechos humanosincorporados por el Art. 75 inc. 22 y lo dispuesto por el Art. 14 bis de la C.N.impactando sobre el carácter exclusivo de la propiedad, hacen necesarioplantearnos nuevos desafíos en cuanto a la concepción y regulación de estederecho.Téngase en cuenta que a los fines de la optimización de los beneficioseconómicos que surgen de la propiedad, se ha legislado en materia de dominofiduciario (ley 24.441) y en materia de derecho real de superficie forestal (ley25.509).VIII.- SÍ A LA FUNCIÓN SOCIAL:Sin duda es una asignatura pendiente para nuestros poderes públicos asignara la propiedad un sentido social, equivalente al conjunto de obligaciones oresponsabilidades que pueden ser impuestas a la propiedad en nombre de losintereses colectivos (de urbanizar o construir de acuerdo a lo previsto en planesde ordenamiento o de abstenerse de hacerlo, de traslado gratuito a lacolectividad de la tierra correspondiente a las cesiones obligatorias necesarias 12.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOpara los usos de interés común 28, de imposibilidad de lotear o subdividir sinlicencia, de recuperar plusvalías para el desarrollo urbano, etc.).Consideramos que existen diferentes circunstancias que impiden lograr estepropósito, entre ellas la incapacidad de nuestros abogados y jueces, paracomprender las transformaciones que han operado en nuestro derecho positivoen temas como el urbanismo o el medio ambiente, y en general en losderechos territoriales. También pesa para impedir el avance de estosconceptos la persistencia de la reivindicación del derecho de propiedad, comosímbolo del acceso al progreso y la civilización, en primer término y luego comomáxima expresión de la libertad.IX.- RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS:Uno de los aspectos que deberemos analizar y legislar en el marco de lascuestiones aquí abordadas es lo concerniente a la recuperación y captación deplusvalías 29 en nuestro país y en especial en la Provincia de Buenos Aires 30.Es contrario a la justicia social, a los mínimos principios éticos y jurídicos que elpropietario de la tierra recupere para sí la totalidad de aquellas rentas que nose derivan de su esfuerzo y su trabajo propio sino del esfuerzo de lacolectividad. 3128 Téngase en cuenta que la Ley n° 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provinciade Buenos Aires a pesar de su obsolescencia, prevé la utilización de mecanismos legales que les permitena los municipios llevar adelante regulaciones que fijen prioridades para el desarrollo y limiten laespeculación inmobiliaria, ver artículos 84 al 92 de dicho cuerpo legal.29 El tema que abordamos merece un desarrollo específico y pormenorizado, es muy importante el aporteque viene realizando en la materia el Lincoln Institute Of Land Policy, el autor del presente tuvooportunidad de participar del curso de desarrollo profesional “Recuperación de plusvalías comoinstrumento de promoción del desarrollo urbano en América Latina” desarrollado en Río de Janeiro,Brasil durante Octubre de 2006, en el que representantes de más de 10 países de la región debatieron ycompartieron experiencias sobre aspectos legislativos, jurídicos, sociales, ambientales, económicos yurbanísticos referidos al tema.30 Nora Clichevsky analiza el tema a través de su trabajo: La captación de plusvalías urbanas en laArgentina en el cual menciona algunos antecedentes vinculados como el plan elaborado por el Dr. EmilioMontes en 1963 para la Organización del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual defineque el Estado debe adquirir tierras antes de la realización de obras públicas, para evitar que el trabajo ylas inversiones realizadas para la prestación de servicios públicos que mejoran sensiblemente un áreadeterminada , reporten beneficios solamente a los propietarios de inmuebles comprendidos en la misma.En la Provincia de Buenos Aires sólo han existido algunas aproximaciones al tema a través del impuestode contribución de mejoras, un intento frustrado de introducir el concepto de plusvalías por cambio deusos se dio en 1973 durante el gobierno peronista de Oscar Bidegain, gobierno con un compromisopolítico importante con relación a la equidad social, pero la intervención nacional en Enero de 1974 a laProvincia impidió que se concrete. Sí es importante destacar los aportes que la materia se vienenexperimentando a partir de la puesta en práctica del Programa Rosario Hábitat, que se lleva a cabo desdela Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fé que entre otras acciones motivó la sanción de laOrdenanza número 7799/04, en virtud de la cual se incorporó a la legislación urbana municipal unacontribución compensatoria por uso de un mayor aprovechamiento por incremento de altura.Otra experiencia en este sentido se viene llevando a cabo en la Municipalidad de San Fernando, Provinciade Buenos Aires a través de la sanción de las ordenanzas número 8601/05 Ordenanza Fiscal, 8602/05Ordenanza Impositiva, 8677/05 de construcciones antireglamentarias y 8373/05 de declaración deedificación necesaria. Asimismo el municipio lleva adelante emprendimientos con sociedades mixtas,tales como la constitución del Consorcio Parque Náutico San Fernando.31 Un ejemplo emblemático es lo ocurrido con Puerto Madero, lugar que se vio favorecido por distintasacciones estatales que mejoraron sustancialmente el valor de los inmuebles, sin esfuerzo de los 13.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOEn el medio urbano casi ningún incremento en el precio de la tierra es derivadodel trabajo del propietario, por el contrario, son producidos por la acción de lacolectividad, por la necesidad de tener acceso a una vivienda y otros usosurbanos, que se manifiesta en cambios en las normas urbanísticas o en lanecesidad de inversiones públicas o de obras o, lo que es peor, por losmovimientos especulativos y que al captarlas de manera exclusiva producenpobreza, exclusión, segregación, degradación ambiental, minimización de losespacios colectivos en la ciudad, desequilibrios en las finanzas públicas con elconsecuente conflicto y disolución de los vínculos de solidaridad.Si bien estos conceptos parecen que deberían formar parte de la lógica jurídicaincorporada a nuestra legislación, estos más de veinte años de democraciaininterrumpida no nos han permitido contar con una legislación sobre la capturay recuperación de plusvalías.La recuperación de plusvalías es antes que todo un derecho ejercido por lasentidades públicas, más que un impuesto simple tributo, y de ese modo ha sidoentendido por países como Colombia que a través de su Ley n° 388 de 1997permite al Estado recuperar para la colectividad hasta un 50% de losincrementos de los precios derivados de decisiones o inversiones públicas 32.Si bien pensar que nuestro país pueda llevar adelante la sanción de un leyfederal que regule el instrumento como en el caso de Colombia, ejemploscercanos como lo que acontece en la Ciudad de Montevideo, RepúblicaOriental del Uruguay, a través de su plan de ordenamiento territorial puestorecientemente en práctica nos demuestran que con voluntad política puedenllevarse adelante los cambios necesarios. 33Otro ejemplo a seguirse en la materia es el que se da en Brasil a partir de sunueva constitución de 1998 que incorpora el concepto de función social de lapropiedad, que hace que se lleven adelante operaciones interligadas por lascuales los desarrolladores inmobiliarios deban someterse a negociaciones conlas autoridades públicas para obtener permisos de edificación o desubdivisión 34.propietarios de los mismos, quienes sin embargo no devolvieron a la comunidad parte de esas gananciaspor falta de políticas de intervención y regulación.32 Ver entre otros: Maldonado Copello María Mercedes y Smolka Martín O. “Las plusvalías en beneficiode los pobres: el proyecto Usme en Colombia” Land Lines, Julio de 2003, volumen 15, número 3,Cambridge, Lincoln Institute Of Land Policy. Furtado Fernanda “Repensando las políticas de captura deplusvalías para América Latina” Land Lines, Mayo de 2000, volumen 12, número 3 Lincoln Institute OfLand Policy.33 La forma de captación de plusvalías se desata al producirse un cambio de las condiciones territorialesy/o urbanas y tiene por fundamento el mayor valor que se desprende del precio por alteración de lascondiciones normativas que lo regulan. Ver Plan de Ordenamiento Territorial enwww.montevideo.gob.uy/sit.34 Un ejemplo interesante comentado por Paulo Sandroni se produjo en la Ciudad de Sao Paulo en el cualun grupo inversor llevó adelante el Shopping Center llamado West Plaza, para lo cual debió pactar con elgobierno de la ciudad cambios normativos que permitan elevar el índice de aprovechamiento de la zona.La autorización para edificar en el lugar significó para el Estado contar con recursos extra presupuestariosaportados por los empresarios, equivalentes al costo de edificación de más de quinientas viviendassociales que favorecieron a los sectores más humildes de San Pablo. 14.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOX.- CREACIÓN DE BANCOS DE TIERRAS:Tal como lo venimos analizando se impone en forma urgente llevar adelantepolíticas planificadas que vinculen los distintos niveles de decisión en materiade tierras, urbanismo, vivienda y titulación dirigidos a los sectores sociales máspostergados.Como vimos se hace necesario para ello una mayor intervención estatal ynuevos instrumentos legales, no obstante lo cual, la Provincia de Buenos Airescuenta con algunas normas que permitirían mejorar el actual cuadro desituación.- Ley 11.622 35: que permite a los titulares de dominio de bienes con deudas deimpuestos provinciales y tasas municipales, que el municipio acepte elinmueble a cambio de la condonación de las deudas para ser utilizado confines de solidaridad social. Esta norma fue reglamentada por Decreto n°4.042/96.- Ley n° 24.320 36: que permite a la Provincia y a los municipios prescribir a sufavor en forma administrativa el domino de tierra propiedad de particulares,cuando pueda probar actos posesorios sobre la misma. Este consideramos quees un interesante instrumento de adquisición de bienes sin costo alguno paralos municipios.- Tierras fiscales provinciales 37: en el marco de la ley 9533/80 los municipiosdeberían llevar adelante los trámites que permitan transferir a su favor losbienes que por mandato legal les corresponden.- Herencias Vacantes: A través del dictado del Decreto 92/05 los municipios dela Provincia de Buenos Aires pueden denunciar herencias vacantes y elinmueble denunciado puede ser incorporado al patrimonio municipal. Esteinstrumento también es muy valioso ya que genera movilidad del suelo ocioso.Una eficiente utilización de estos instrumentos daría lugar a que los municipioscuenten con bancos de tierras 38que puedan ser utilizadas con diversos fines,35 Según surge del Registro General de escrituras de la Escribanía General de Gobierno entre los años2006 y lo que va de 2007 los municipios que más escrituras realizaron en relación a esta ley son: 1)General Alvarado 605 escrituras, 2) Moreno 239 escrituras, 3) Benito Juarez 42 escrituras, 4) Gral.Pueyrredón 26 escrituras, 5) Puan y Coronel Suarez 25 escrituras, 6) L.N. Alen 14 escrituras y 7) Pehuajó12 escrituras.36 Según la misma fuente los municipios que más escrituras realizaron por esta norma en 2006 y 2007son: 1) Benito Juarez 16 escrituras, 2) Villarino 7 escrituras, 3) Puan 6 escrituras, 4) Lincoln 4 escrituras,5) Tapalqué 3 escrituras y 6) La Matanza 1 escritura.37 El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Inmuebles delEstado y de la Unidad de Gerenciamiento Efectivo de Inmuebles Fiscales (UGEIF) ha realizado unrelevamiento de bienes fiscales que aún no se han incorporado al domino municipal, cuyo número essignificativo, para lo cual entre otras acciones ha suscripto en el año 2006 un convenio de colaboración yasistencia técnica para la simplificación de trámites de escrituración con la Escribanía General deGobierno.38 A nivel Nacional el Banco de Tierras fue creado por Decreto n° 835 de fecha 6 de Julio de 2004, con elpropósito de generar en el ámbito de la Comisión de Tierras Fiscales – Programa Arraigo, hoy dentro dela órbita de la Subsecretaría de Tierras Para el Hábitat Social creado por Decreto n° 158/06, un registrocon información adecuada acerca de los inmuebles de dominio privado del Estado Nacional que puedanser afectados a fines sociales. 15.
JUAN LUCIANO SCATOLINI T I E R R A S y DESARROLLO URBANOtales como la construcción de vivienda social a través del plan federal deviviendas y así evitar que en algunos lugares dicho plan fracase por falta detierras disponibles.XI.- CONCLUSIÓN: La puesta en práctica del uso de los recursos estatales enmateria de gestión de tierras fiscales, de políticas tributarias y la efectivamovilización de los instrumentos legales hoy disponibles: expropiación,restricciones administrativas a la propiedad, prescripción adquisitivaadministrativa (ley nº 24.320), dación en pago ley 11.622, entre otros, mejorarásin dudas el actual cuadro de situación.A su vez esta redefinición de la propiedad como derecho-deber, que estableceuna equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la misma, debenobligar al propietario de la tierra beneficiado (enriquecido) con la acción estatalde urbanización en suelo sin desarrollar o por actos jurídicos que incrementanel valor por otorgar usos antes no permitidos, a compensar dicho beneficio afavor de la colectividad.Para tal fin deben establecerse normas que permitan la recuperación deplusvalías lo que facilitará ampliar el margen de obtención de tierra para finessociales y reducir el precio del suelo requerido para esos mismos fines.Es justo y equitativo que la sociedad representada por sus órganos degobierno, participe de los incrementos del valor de la tierra producidos por suacción urbanística ya sea expresada en actos jurídicos u operacionesmateriales.Participar en la búsqueda de alternativas viables para un crecimiento social conigualdad y dignidad es un desafío que nos involucra a todos. Recommended
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