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Timestamp: 2019-10-17 01:11:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 281', 'artículo 121', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 121', 'artículo 10', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA 10245 DE OCTUBRE 26 DE 1999
SENTENCIA 10245 DE 26 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:SECUESTRO DE AERONAVE. SE APLICA EL DECRETO 180/88 Y NO LA NORMA ORIGINAL DEL CÓDIGO PENAL
TEMAS ESPECÍFICOS:AERONAVE, SECUESTRO DE AERONAVE, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:338 DE FEBRERO DE 2000, PÁG.187
Sentencia 10245 de octubre 26 de 1999
SE APLICA EL DECRETO 180/88 Y NO LA NORMA ORIGINAL DEL CÓDIGO PENAL
EXTRACTOS: «La Corte no quiere desaprovechar la oportunidad para referirse al supuesto paralelismo normativo existente entre el mencionado artículo 4º del Decreto 2266 de 1991 y el artículo 281 del Código Penal, en desarrollo y cumplimiento del alto fin que le concierne como máximo tribunal de la justicia penal a nivel de la unificación de la jurisprudencia nacional.
Es cierto que el Decreto 180 de 1988, dictado por el Presidente de la República en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, mediante el cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, tuvo como propósito enfrentar la situación de violencia generalizada que atravesaba el país y de ataques premeditados a las instituciones democráticas a través del auge de acciones terroristas de la delincuencia organizada.
Y resulta claro en tal medida que la viabilidad de adecuar una conducta a uno de los tipos descritos en el Decreto 180, cuando también cabía en un tipo ordinario del Código Penal, surgía de la relación directa o indirecta con los propósitos para los cuales fue expedida la legislación excepcional. Fue esta la consideración que llevó a concluir, en varios casos, que coexistían normas ordinarias y excepcionales referidas en principio a la misma conducta y que la aplicación de una u otra, con las consecuencias obvias a nivel de competencia y procedimiento, dependía de si afectaba o no el orden público que se buscaba restablecer.
“Es entonces el Decreto 180 y en general todos los que se han dictado bajo las facultades que confiere el artículo 121 de la Carta a partir de entonces —señaló la Sala en otra oportunidad(4)—, el remedio extraordinario que el ejecutivo ha buscado ante el fracaso de las previsiones de la legislación ordinaria; y siendo ésta la motivación política y social que justificó la declaratoria de estado de sitio es de absoluta necesidad concluir que existiendo normas paralelas sólo podrán ser aplicadas las de estado de sitio cuando las conductas efectivamente afecten el orden público que se pretende proteger de manera extraordinaria, porque cuando se trata de violaciones normales al orden jurídico, como consecuencia de lo que podría denominarse criminalidad convencional, es apenas natural que se recurra a la legislación ordinaria, porque proceder de otra manera sería desconocer el querer del legislador, que concibió tal legislación excepcional sólo en razón de las consideraciones antecedentemente transcritas y se desconocería también de contera la jurisprudencia constitucional de la Corte de manera indirecta, en cuanto se le estaría dando viabilidad jurídica a normas extraordinarias para solucionar o sancionar casos y conductas que nada tienen que ver con los motivos de perturbación y que no afectan en mayor grado el orden público, debiéndose entender éste, dentro de la concepción política que de él tuvo el ejecutivo para justificar la expedición del Decreto 1038 de 1984”.
(4) Sentencia de agosto 22 de 1990. M.P. Édgar Saavedra Rojas.
Si era natural, entonces, que la aplicabilidad de la normatividad contenida en el Decreto 180 de 1988 estaba sujeta a la relación directa o indirecta con las causas que originaron el estado de sitio, la misma quedó rota al cambiar la fuente formal de validez de las normas de ese estatuto que se adoptaron como legislación permanente mediante la expedición del Decreto 2266 de 1991, proferido en desarrollo del artículo 8º transitorio de la Constitución Nacional vigente. Tal fue la óptica de análisis de la Corte Constitucional al determinar su competencia para realizar el juicio de constitucionalidad al artículo 1º del Decreto 1895 de 1989 (declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de octubre 3 de 1989), acogido como permanente por el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991. Señaló esa corporación.
“Es de anotar que aunque la redacción de los artículos 1º del Decreto 1895 y 10 del Decreto 2266 de 1991 es, por razón de la subrogación, idéntica, y de que fue el mismo texto transitorio el que se incorporó a la legislación permanente, sin embargo, en razón de las fuentes formales de validez, las normas son diferentes, como enseguida se explica.
En efecto, cuando el Decreto 1895 de 1989 fue examinado por la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del control automático previsto en el artículo 121 de la Constitución de 1986, entonces vigente, esa corporación lo declaró constitucional, mediante sentencia del 3 de octubre de 1989, pero bajo el entendido de que las “actividades delictivas” allí mencionadas eran únicamente el narcotráfico y delitos conexos, pues la articulación existente entre el decreto y los motivos que llevaron a la declaratoria del estado sitio así lo exigían. Posteriormente, al haber sido demandado ante la Corte Constitucional, entre otros, el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991, esta corporación lo declaró exequible (Sent. C-127/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero), e hizo la aclaración de que la expresión “de una u otra forma”, debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, “en cualquier forma que se presenten éstas”. Es decir, que ya no se limitaría al delito de narcotráfico y conexos sino a cualquier otro”(5).
(5) Corte Constitucional. Sentencia C-319/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
La conclusión del Ministerio Público, entonces, atinente a que las normas del Decreto 180 de 1988 adoptadas como legislación permanente, son aplicables “a los comportamientos ejecutados por bandas delicuenciales de narcotraficantes o guerrilleros”, no es admisible a juicio de la Sala. Es verdad que las causas materiales que originaron en 1984 la declaratoria del estado de sitio se mantenía al momento de la expedición de la nueva Constitución y sigue siendo parte de la realidad nacional, pero no lo es que el marco de aplicabilidad de las normas excepcionales, a partir de su incorporación a la legislación permanente, siga conectado con los motivos que condujeron al ejecutivo a dicha declaratoria de perturbación del orden público.
En tal dimensión, aún aceptando que las normas del Decreto 180 tenían como orientación exclusiva la de contrarrestar a la delincuencia organizada (narcotráfico y guerrilla), las circunstancias de análisis han variado, por efecto del cambio de la fuente formal de validez de las que fueron adoptadas como legislación permanente por virtud del Decreto 2266 de 1991. Por ende, sustituida la causa de su origen, varían los contenidos de la interpretación.
No obsta lo precedente para señalar que aún en vigencia del estado de sitio, a partir de las causas originales que lo fundamentaron y de las sobrevinientes que motivaron la expedición del Decreto 180, la jurisprudencia de la Corte no condicionó la aplicación de esta normatividad a que las conductas estuvieran ligadas de manera directa o indirecta a las actividades del narcotráfico o de la guerrilla. Bastaba que el comportamiento, como específicamente sucedía frente a las conductas que no incluían el ánimo terrorista como elemento de la descripción típica, tuviera transcendencia en el orden público. Así fue la conclusión, por ejemplo, frente al delito de amenazas personales o familiares (D. 180/88, art. 26) en relación con el cual se sostuvo y se sostiene como presupuesto de aplicabilidad, la circunstancia de que transciendan la esfera meramente individual o privada y se afecten intereses colectivos.
“El estatuto 180 que contiene ese artículo 26 —dijo la Sala—(6), fue expedido para contrarrestar la grave e inmensa alteración del orden público: dentro de esa realidad y a través de esa dinámica socio-política hay que examinar toda esa normatividad de excepción, y entonces, ahí sí aparece explicable y acertado sostener, como lo ha hecho esta Sala (autos de dic. 6/88 y mar. 29/89, entre otros) que únicamente encajan en el citado artículo 26 las amenazas que trasciendan de algún modo la esfera meramente personal o privada, y, en ese desbordamiento, alcancen a afectar intereses sociales o de más amplitud, que pongan en peligro o perturben la vida en común o social de los coasociados (pocos o muchos), y no de individuales aisladas. En otras palabras, en con base en sus efectos, y no sólo en consideración a la persona o personas objeto de la amenaza, como se debe dilucidar la naturaleza de la misma, aunque obviamente la calidad o carácter que tengan el amenazado en ocasiones influye en los efectos de ésta”.
(6) Sentencia de mayo 18 de 1989. M.P. Guillermo Duque Ruiz.
De otra parte, en lo atinente al delito de fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares (D. 180, art. 13), y de otras conductas relacionadas en ese estatuto, según lo admitió la Sala en otra oportunidad(7), por sí mismas “entrañan un ataque más directo, más inmediato, más fuerte a las instituciones” “...un especial ataque a la seguridad o a la tranquilidad públicas”, y fue ello “lo que llevó al legislador a tipificarlas con más estricta penalidad independientemente de los fines que se buscarán con ellas”.
(7) Sentencia de julio 9 de 1990. M.P. Édgar Saavedra Rojas.
Frente al delito de secuestro de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo (D. 180, art. 28), las consideraciones son similares. En su redacción no fue incluido ningún propósito específico del agente como elemento configurador del tipo penal, pero no por ello es sostenible que el legislador extraordinario hizo depender la configuración de la conducta de la existencia de un nexo con actividades de una especial delincuencia organizada, en particular del narcotráfico o de la guerrilla.
La trascendencia que en materia de seguridad pública y colectiva contenía la acción, sin embargo, quedaba implícita en la norma, en la medida de la correspondencia entre la naturaleza de la conducta descrita y el ámbito de la prohibición. Usar violencia, amenazas o maniobras engañosas para apoderarse, alterar el itinerario o ejercer el control, de una nave, de una aeronave, o de cualquier otro medio de transporte colectivo, es una conducta que necesariamente perturba la tranquilidad y la paz sociales y lleva a todos, gente del común y funcionarios, a un estado de zozobra y gran tensión, que naturalmente sumen a la población en el terror. Una conducta como la descrita por la norma, es innegable, perturba significativamente el orden público, resquebraja la confianza de la ciudadanía en sus medios de transporte colectivos y siembra en el consciente colectivo la virtualidad del miedo como una asechanza permanente, que la afecta hondamente en tanto la perturba.
Quién niega la transcendencia social del secuestro de un avión con fines económicos. O el de un bus de servicio público que es desviado de su ruta, mientras sus ocupantes son sometidos mediante la violencia, independientemente de los fines buscados por los agresores. Esas conductas afectan la sensibilidad social y son altamente perturbadoras del orden público. Bajo esta óptica hacer la diferenciación entre delincuencia común y delincuencia organizada, para concluir que sólo a ésta le es imputable el delito del artículo 28 del Decreto 180, es seguir planteando que sólo el narcotráfico y la guerrilla producen daño de esta dimensión. El disvalor de la conducta de uno de estos últimos grupos que se apodera de una nave o aeronave o de cualquier otro medio de transporte colectivo, para el desarrollo de sus actividades (puede ser simplemente la consecución de dinero para financiarse), en especial bajo una confusión como la del país, donde en no pocas oportunidades el origen y las finalidades de los actos delicuenciales se presentan ocultos, no deja de asemejarse a la de otro grupo de personas que se conciertan para efectuar la misma acción. En uno y otro caso se genera zozobra social y terror general en la población.
Este fue el resultado que dentro del sistema produjo la consideración del legislador extraordinario al elaborar la descripción típica del artículo 28 del Decreto 180. Por sí misma la conducta representaba un grave ataque a la seguridad y a la tranquilidad públicas y en tal medida resultaba inclusive desafortunado limitar su alcance a un fin determinado buscado por el autor. Antes de la vigencia de la nueva Constitución, entonces, para que se configurara dicho tipo penal bastaba que el agente, con independencia del fin perseguido, realizara alguna de las conductas relacionadas en la norma. E idéntica es la solución frente a la vigencia del Decreto 2266 de 1991, por el cual se adoptó como norma permanente el comentado artículo 28 del Decreto 180, especialmente en atención al cambio de la fuente de validez de la norma que, como se dijo, desliga su análisis de los motivos originales que condujeron a la declaratoria del estado de sitio en 1984, como de los sobrevinientes que llevaron a la expedición del denominado estatuto antiterrorista.
Como corolario de lo dicho debe sostenerse que el artículo 28 del Decreto 180 de 1988 suspendió en su momento la vigencia de los artículos 281 y 282 del Código Penal y posteriormente los derogó, al ser acogido dentro de la legislación permanente, en desarrollo del artículo 8º transitorio de la Constitución Nacional».
(Sentencia de casación, octubre 26 de 1999. Radicación 10.245. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).