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Timestamp: 2017-04-27 23:57:45
Document Index: 98869098

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 104', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 149', 'artículo 87']

Ley de seguridad ciudadana videovigilancia by undefined - issuu
Ley de Videovigilancia8.12.2.3.V2
(Disposició
n Vigente)Ley de Videovigilancia
Ley Orgánica 4/1997, de 4 agosto
RCL 1997\1971SEGURIDAD CIUDADANA-VIDEOVIGILANCIA. Regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana en lugares públicos.JEFATURA DEL ESTADO
BOE 5 agosto 1997, núm. 186, [pág. 23824]SUMARIO
- Artículo 2. Ambito de aplicación
- Artículo 3. Autorización de las instalaciones fijas
- Artículo 4. Criterios de autorización de instalaciones fijas
- Artículo 5. Autorización de videocámaras móviles
- Artículo 6. Principios de utilización de las videocámaras
- Artículo 7. Aspectos procedimentales
- Artículo 8. Conservación de las grabaciones
- Artículo 9. Derechos de los interesados
- Artículo 11. Recursos
Desarrollada por Real Decreto 596/1999, de 16 abril RCL\1999\972. [
Desarrollada por Decreto 168/1998, de 21 julio LPV\1998\375. [FEV 20-04-1999]
FEV 30-07-1998]El artículo 104.1 de la Constitución establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi1Ley de Videovigilanciaseguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento actúan con absoluto respeto a la Constitución y al resto del
ordenamiento, tal como recoge el mandato constitucional en su artículo 9.1 y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.1 .
La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la conservación y custodia de bienes que
se encuentren en situación de peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en
espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de medios
técnicos cada vez más sofisticados. Con estos medios, y en particular mediante el uso de sistemas de grabación
de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los
bienes y libertades de las personas.
Ahora es oportuno proceder a la regulación del uso de los medios de grabación de imágenes y sonidos que
vienen siendo utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, introduciendo las garantías que son precisas
para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución sea máximo y no pueda verse
perturbado con un exceso de celo en la defensa de la seguridad pública.
Las garantías que introduce la presente Ley en el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad parten del establecimiento de un régimen de autorización previa
para la instalación de videocámaras inspirado en el principio de proporcionalidad, en su doble versión de
idoneidad e intervención mínima. La autorización se concederá por los órganos administrativos que se
determinan previo informe preceptivo, que será vinculante si es negativo, de una Comisión que presidirá el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, y en la cual la
presencia de miembros dependientes de la Administración autorizante no podrá ser mayoritaria.
La Ley prevé, además de las instalaciones fijas de videocámaras, el uso de videocámaras móviles con la
necesaria autorización del órgano designado al efecto, salvo en situaciones de urgencia o en las que sea
imposible obtener a tiempo la autorización, en las cuales se procederá a comunicar su uso a la autoridad policial
y a la Comisión. En todos los casos la Comisión será informada periódicamente del uso que se haga de las
videocámaras móviles y tendrá derecho a recabar la correspondiente grabación.
Las imágenes y sonidos obtenidos por cualquiera de las maneras previstas serán destruidos en el plazo de
un mes desde su captación, salvo que se relacionen con infracciones penales o administrativas graves o muy
graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial
abierto. El público será informado de la existencia de videocámaras fijas y de la autoridad responsable y todas
las personas interesadas podrán ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes en que hayan sido
Finalmente, se dispone la inmediata puesta a disposición judicial de aquellas grabaciones en las que se haya
captado la comisión de hechos que pudieran constituir ilícitos penales y, en previsión de que, por circunstancias
que deberán ser justificadas, no sea posible, se establece la entrega de la grabación junto con el relato de los
hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.
La Ley lleva a cabo modificaciones en otras leyes que, con el mismo fin de protección de la seguridad de las
personas y de los bienes y garantía de los derechos y libertades, permitan dotar de mayor eficacia a las
previsiones de ésta. Así, introduce modificaciones en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio , Reguladora del
Derecho de Reunión, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero , sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, con la finalidad de atajar la violencia callejera que eventualmente se produce con ocasión del
ejercicio del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público.
Corresponde al Estado, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la Constitución ( artículo 149.1.29ª )
en materia de seguridad pública, la aprobación de la presente Ley que, por otra parte, en la medida en que
incide en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de determinados derechos fundamentales, como
el derecho a la propia imagen y el derecho de reunión, debe tener en su totalidad el carácter de Ley Orgánica,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas en esta materia de acuerdo
con lo que dispongan sus Estatutos de Autonomía.
Artículo 1. Objeto1. La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para
grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de
contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías
y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la
Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y
libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de
autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras.30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi2Ley de Videovigilancia2. Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán
hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones
Artículo 2. Ambito de aplicación1. La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos previstos en esta Ley,
así como las actividades preparatorias, no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo .
2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado
de las imágenes y sonidos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre , de
Artículo 3. Autorización de las instalaciones fijas1. La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en los términos del artículo 1.2 de la
presente Ley está sujeta al régimen de autorización, que se otorgará, en su caso, previo informe de un órgano
colegiado presidido por un Magistrado y en cuya composición no serán mayoría los miembros dependientes de
la Administración autorizante.
2. Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las
Corporaciones Locales serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se
trate, previo informe de una Comisión cuya presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la misma Comunidad. La composición y funcionamiento de la Comisión, así como la participación de
los municipios en ella, se determinarán reglamentariamente.
3. No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras cuando el informe de la Comisión prevista en el
apartado segundo de este artículo estime que dicha instalación supondría una vulneración de los criterios
establecidos en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.
4. La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada caso al lugar
público concreto que ha de ser objeto de observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá también
todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en particular la prohibición de tomar sonidos, excepto
cuando concurra un riesgo concreto y preciso, así como las referentes a la cualificación de las personas
encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de imágenes y sonidos y las medidas a adoptar para
garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá precisar genéricamente el ámbito
físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara, sus especificaciones técnicas y la duración de la
autorización, que tendrá una vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá de solicitarse su renovación.
5. La autorización tendrá en todo caso carácter revocable.
Artículo 4. Criterios de autorización de instalaciones fijasPara autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad,
los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos;
salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y
prevenir la causación de daños a las personas y bienes.
Artículo 5. Autorización de videocámaras móviles1. En las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas, podrán
utilizarse simultáneamente otras de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley,
quedando, en todo caso, supeditada la toma, que ha de ser conjunta, de imagen y sonido, a la concurrencia de
un peligro concreto y demás requisitos exigidos en el artículo 6 .
2. También podrán utilizarse en los restantes lugares públicos videocámaras móviles. La autorización de30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi3Ley de Videovigilanciadicho uso corresponderá al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quien
atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización del medio
a los principios previstos en el artículo 6 .
La resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras móviles se pondrá en conocimiento
de la Comisión prevista en el artículo 3 en el plazo máximo de setenta y dos horas, la cual podrá recabar el
soporte físico de la grabación a efectos de emitir el correspondiente informe.
En casos excepcionales de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a tiempo la autorización indicada
en razón del momento de producción de los hechos o de las circunstancias concurrentes, se podrán obtener
imágenes y sonidos con videocámaras móviles, dando cuenta, en el plazo de setenta y dos horas, mediante un
informe motivado, al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Comisión
aludida en el párrafo anterior, la cual, si lo estima oportuno, podrá requerir la entrega del soporte físico original y
emitir el correspondiente informe.
En el supuesto de que los informes de la Comisión previstos en los dos párrafos anteriores fueran negativos,
la autoridad encargada de la custodia de la grabación procederá a su destrucción inmediata.
3. La Comisión prevista en el artículo 3 será informada quincenalmente de la utilización que se haga de
videocámaras móviles y podrá recabar en todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir
4. En el caso de que las autoridades competentes aludidas en esta Ley lo consideren oportuno, se podrá
interesar informe de la Comisión prevista en el artículo 3 sobre la adecuación de cualquier registro de imágenes
y sonidos obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios del artículo 6 .
Artículo 6. Principios de utilización de las videocámaras1. La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión
2. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una
situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en esta
3. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible
afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las
4. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana,
en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.
5. No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de
sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni de los lugares incluidos en el artículo 1
de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para
grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente
en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Artículo 7. Aspectos procedimentales1. Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley, si la grabación captara la
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial con la mayor
inmediatez posible y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación. De no poder
redactarse el atestado en tal plazo, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad judicial, o al Ministerio
Fiscal, junto con la entrega de la grabación.
2. Si la grabación captara hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas
relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano competente, igualmente de inmediato, para el
inicio del oportuno procedimiento sancionador.
Artículo 8. Conservación de las grabaciones30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi4Ley de Videovigilancia1. Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén
relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública,
con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
2. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá
observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso
contrario, lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley.
3. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes y sonidos obtenidos de conformidad con esta Ley, salvo en
los supuestos previstos en el apartado 1 de este artículo.
4. Reglamentariamente la Administración competente determinará el órgano o autoridad gubernativa que
tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida
su inutilización o destrucción. Dicho órgano será el competente para resolver sobre las peticiones de acceso o
cancelación promovidas por los interesados.
Artículo 9. Derechos de los interesados1. El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin
especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable.
2. Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que
razonablemente considere que figura. No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá ser denegado por quien
custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado,
la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las
investigaciones que se estén realizando.
Artículo 10. Infracciones y sancionesCuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley
serán sancionadas con arreglo al régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con
sujeción al régimen general de sanciones en materia de tratamiento automatizado de los datos de carácter
Artículo 11. RecursosContra las resoluciones dictadas en aplicación de lo previsto en esta Ley, cabrá la interposición de los
recursos ordinarios en vía administrativa, contencioso-administrativa, así como los previstos en el artículo 53.2
de la Constitución , en los términos legalmente establecidos.
Las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para el
mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía,
podrán dictar, con sujeción a lo prevenido en esta Ley, las disposiciones necesarias para regular y autorizar la
utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de las Corporaciones locales
radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y
las peticiones de acceso y cancelación de las mismas.
Cuando sean competentes para autorizar la utilización de videocámaras, las Comunidades Autónomas
mencionadas en el párrafo anterior regularán la composición y el funcionamiento de la Comisión
correspondiente, prevista en el artículo 3 de esta Ley, con especial sujeción a los principios de presidencia
judicial y prohibición de mayoría de la Administración autorizante.
Segunda.30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi5Ley de VideovigilanciaCada autoridad competente para autorizar la instalación fija de videocámaras por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad deberá crear un registro en el que consten todas las que haya autorizado.
El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio , Reguladora del Derecho de Reunión, queda
«3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros, responderán
directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de
reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de
que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para
evitarlos».
1. Se da nueva redacción al artículo 23 c) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero , sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, que queda redactado de la siguiente forma:
«c) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo
preceptuado en los artículos 4.2 , 8 , 9 , 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio , reguladora del
Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales
En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuya celebración se haya
comunicado previamente a la autoridad se considerarán organizadores o promotores las personas físicas o
jurídicas que suscriban el correspondiente escrito de comunicación.
Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se considerarán organizadores o
promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a
quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los
discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u
otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son
inspiradores de aquéllas».
2. Se da nueva redacción al artículo 23 d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero , sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, que queda redactado como sigue:
«d) La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la
autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 ».
3. Los actuales párrafos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y ñ) del artículo 23 de la Ley Orgánica citada se
convertirán en los párrafos e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o), respectivamente.
Las autorizaciones de instalaciones fijas de videocámaras constituyen actividades de protección de la
seguridad pública realizadas al amparo del artículo 149.1.29ª de la Constitución y no estarán sujetas al control
preventivo de las Corporaciones locales previsto en su legislación reguladora básica, ni al ejercicio de las
competencias de las diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de que deban respetar los principios de
la legislación vigente en cada ámbito material de la actuación administrativa.
Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados por las
instalaciones reguladas en esta Ley, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y
permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de obtener, en su caso, la autorización
judicial prevista en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , del Poder Judicial, y de las
indemnizaciones que procedan según las leyes.
1. Se considerarán faltas muy graves en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, las siguientes infracciones:30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi6Ley de Videovigilanciaa) Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que no constituya delito.
b) Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y sonidos grabados o utilizar éstos para
fines distintos de los previstos legalmente.
c) Reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los previstos en esta Ley.
d) Utilizar los medios técnicos regulados en esta Ley para fines distintos de los previstos en la misma.
2. Se considerarán faltas graves en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado las restantes infracciones a lo dispuesto en la presente Ley.
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes
para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la
regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , y demás normativa
específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre , de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo , de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de
los principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley.
El Gobierno elaborará, en el plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar los principios
inspiradores de la presente Ley al ámbito de la seguridad privada.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá, en su caso, a
autorizar las instalaciones fijas de videocámaras actualmente existentes, así como a destruir aquellas
grabaciones que no reúnan las condiciones legales para su conservación.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobará las disposiciones
reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».30 de enero de 2009© Thomson Aranzadi7Ley de Videovigilancia30 de enero de 2009ÂŠ Thomson Aranzadi8All pages:1234567InfoSaveLikeShareDownloadMoreLey de seguridad ciudadana videovigilancia Published on Jul 6, 2011 Notas de desarrollo Desarrollada por Real Decreto 596/1999, de 16 abril RCL\1999\972. [ FEV 20-04-1999] Desarrollada por Decreto 168/1998, d...See Morechorreon1FollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore