Source: http://dolmatovia.foroactivo.com/t90-constitucion-edicion-2-0
Timestamp: 2018-10-20 02:20:50
Document Index: 335192177

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'artículo 147', 'artículo 149', 'Artículo 153', 'artículo 148', 'artículo 148', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 197', 'Artículo 198']

Constitución Edición 2.0
Federación Dolmátova // 15 Aвгуста 2010 :: Bienvenido a casa :: Archivos Históricos
por Balla el Sáb 19 Dic 2015 - 13:07
Artículo 1. Dolmatovia se constituye como República Federal e Independiente, en unión de las Provincias de Tsvet, Rauzer, Kashengrado, Puzdal, Guellerstán, Lambirsk, Chilogda, Lvov, Svenishka, Sokolensk, Arov, Milgorov y Gurizni que, por decisión de todas y cada una de ellas, se fundan en una sola nación, en un mismo país, en un mismo Estado.
Artículo 2. La lengua oficial de la República de Dolmatovia es el dolmatovés, y posee carácter de cooficialidad el sokolenko y como Patrimonio Cultural que son, serán defendidas y respetadas.
Artículo 3. La bandera de Dolmatovia será fijada por una Ley de Bandera de Nacional que deberá ser aprobada por dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
Artículo 4. El Lema Oficial de la República es “Libre y Justa”.
Artículo 5. El Himno Oficial de la República es “Lluvias del Provenir”.
Artículo 6.- La República de Dolmatovia es un Estado Laico. Ninguna religión estará considerada como oficial o propia del Estado, sin perjuicio del derecho de los individuos tener cualquier ideología o profesar cualquier religión o culto, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Artículo 7. La soberanía nacional reside en el pueblo quien la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum.
Artículo 8. El Estado garantizará la cooperación entre provincias en pos del desarrollo común.
Artículo 9. Se garantizan las libertades individuales y colectivas.
Artículo 10. Se constituyen como valores primarios de la República el multipartidismo y la pluralidad política.
Artículo 11. Todo mandato de elección popular es revocable.
Artículo 12. La Capital de la República de Dolmatovia es la Ciudad de Tsvet.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 13. La República de Dolmatovia se divide en provincias, las que a su vez se dividen en municipios. Estas entidades territoriales gozarán de derechos y potestades propias otorgadas por la presente Constitución en virtud del sistema federal de la República de Dolmatovia.
Artículo 14. Las Provincias son entidades sociopolíticas cuyos poderes públicos gozarán de las potestades conferidas por la presente Constitución.
Artículo 15. Los Municipios son entidades sociopolíticas integradas a las Provincias de menor tamaño que poseerán potestades básicas según lo decidido por la Constitución Nacional.
Artículo 16. El pueblo dolmátovo en su totalidad es soberano del territorio dolmátovo sin excepción. Cualquier cambio en este territorio deberá ser aprobado por un referendo a nivel nacional por los dos tercios de los votos.
Artículo 16. El Estado castigará a todos aquellos que atenten contra la integridad territorial de la República. De igual forma el Estado deberá proteger a Dolmatovia de toda injerencia armada extranjera en territorio nacional.
Artículo 17. Todas las personas de la República son iguales ante la ley y por consiguiente:
Artículo 18. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.
Artículo 19. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 20. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Artículo 21. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Artículo 22. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
CAPÍTULO II. DE LOS DOLMATOVESES
Artículo 24. Son dolmátovos y dolmátovas por nacimiento:
2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre dolmátovo y madre dolmátova por nacimiento.
3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre dolmátovo por nacimiento o madre dolmátova por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad dolmátova.
4. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre dolmátovo por naturalización o madre dolmátova por naturalización siempre que antes de cumplir dieciocho años de edad, establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad dolmátova.
Artículo 25. Son dolmátovos y dolmátovas por naturalización:
1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio en Dolmatovia con residencia ininterrumpida de, por lo menos, diez años, inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud.
2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con dolmátovo o dolmátova desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco años a partir de la fecha del matrimonio.
3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser dolmátovos o dolmátovas antes de cumplir los veintiún años de edad y hayan residido en Dolmatovia, ininterrumpidamente, durante los cinco años anteriores a dicha declaración.
Artículo 26. Los dolmátovos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad dolmátova por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.
Artículo 27. Se puede renunciar a la nacionalidad dolmátova. Quien renuncie a la nacionalidad dolmátova por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los dolmátovos por naturalización que renuncien a la nacionalidad dolmátova podrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 25 de esta Constitución.
Artículo 28. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Artículo 29. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
3. La Sanción Penal no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años. La Sanción Civil, es hereditaria, sin perjuicio del derecho del heredero a Repudiar la herencia gravosa.
Artículo 30. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley.
Artículo 31. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
5. Queda totalmente prohibido el tráfico de cuerpos humanos así como de partes del mismo cuando esté sujeto a objetivos lucrativos.
Artículo 32. El hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Artículo 33. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.
Artículo 34. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable dolmátovo o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge o concubino o concubina.
Artículo 35. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
Artículo 36. Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.
Artículo 37. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley.
Artículo 38. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y el de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Artículo 39. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
Artículo 40. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
Artículo 41. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, asimismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Artículo 42. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
Artículo 43. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.
CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Artículo 44. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
Artículo 45. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
Artículo 46. Son electores o electoras todos los dolmátovos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
Artículo 47. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.
Artículo 48. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 49. Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.
Artículo 50. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Artículo 51. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
Artículo 52. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo en las formas que establezca una Ley de Referéndum Nacional.
Artículo 53. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Artículo 54. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a consulta popular de acuerdo con la Ley de Referéndum Nacional.
Re: Constitución Edición 2.0
CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS SOCIALES
Artículo 55. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Artículo 56. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.
Artículo 57. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre dos personas que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.
Artículo 58. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
Artículo 59. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 60. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promueve su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas.
Artículo 61. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
Artículo 62. El financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.
Artículo 63. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.
Artículo 64. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.
Artículo 65. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
Artículo 66. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
Artículo 67. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 68. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.
Artículo 69. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
Artículo 70. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.
Artículo 71. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo dolmátovo y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.
Artículo 72. El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley establecerá los términos y modalidades de estas obligaciones.
Artículo 73. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.
Artículo 74. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
Artículo 75. La educación estará a cargo de personas de comprobada idoneidad académica. Una ley Especial establecerá las prohibiciones para ejercer la docencia, las cuales tendrán por objetivo la integridad de los educandos, sin perjuicio de que por sentencia judicial, se puede prohibir el ejercicio de esta profesión, con el mismo y único fundamento. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.
Artículo 76. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Artículo 77. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.
Artículo 78. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua dolmátova y la historia y la geografía de Dolmatovia. De igual forma, en las Provincias que así lo decidieran por su Parlamento Provincial, se considerará su lengua propia, si la hubiere, como lengua de enseñanza obligatoria.
Artículo 79. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
Artículo 80. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes, y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.
Artículo 81. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.
Artículo 82. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantiza los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.
Artículo 83. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Sin perjuicio de que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, podrá actuar como Comprador de una propiedad y se regirá a las normas que regulen la Compra venta, el propietario es libre de aceptar o rechazar la oferta del Estado
Artículo 84. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Artículo 85. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes
Artículo 86. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
Artículo 87. El Estado promoverá y protegerá las asociaciones solidarias, corporaciones y cooperativas, en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, microempresas, empresas comunitarias y demás formas asociativas destinadas a mejorar la economía popular.
Artículo 88. Los dolmátovos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.
Artículo 89. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.
Artículo 90. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
Artículo 91. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.
Artículo 92. Toda persona, de conformidad con la ley, prestará servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública, de acuerdo a lo siguiente:
1. El Ministerio de Defensa fijará una cuota anual de conscriptos requeridos
2. Realizará un llamado a inscripción voluntario
3. Realizará un llamado a inscripción obligatorio para completar los conscriptos faltantes, con las siguientes salvedades:
3.1. No están obligados a instrucción militar los jóvenes sostenedores del hogar (entiéndase por sostenedores aquellos que tienen la renta más alta en su hogar).
3.2. No están Obligados a instrucción militar los JOVENES QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO O CON MATRICULA VIGENTE de Universidades, Institutos, Liceos o cursos de capacitación.
3.3. Están exentos de Obligación Militar aquellos que no cumplan los requisitos físicos para la misma. Una ley especial determinará las enfermedades o grados de invalidez eximentes.
3.4. Además de la modalidad de entrenamiento internado, se establecerán paralelamente una modalidad de fines de semanas, y otras de vacaciones de verano.
Artículo 93. Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley.
Artículo 94. Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.
TÍTULO IV. DE LA FEDERACIÓN Y LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS QUE LA COMPONEN
CAPÍTULO I: DEL PODER PÚBLICO FEDERAL
Artículo 95. La República Federal de Dolmatovia es un Estado Federal, democrático y social. Todo poder estatal emana del pueblo, quien lo ejercerá en las elecciones y votaciones y a través de órganos especiales de legislación, de ejecución y de jurisdicción. La República Federal se basa en el principio de la indisolubilidad de la Nación.
Artículo 96. El Poder Público Federal o Nacional se divide en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, todos ellos independientes entre sí.
Artículo 97. El derecho federal prevalecerá sobre el derecho de las Provincias. El Estado Federal garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio de la Federación. El Estado Federal reconoce la identidad propia de cada región, así como los vínculos históricos comunes, lengua, costumbres e instituciones que la definen. Las diferencias entre Provincias no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Artículo 98. Corresponde a la Federación el mantenimiento de las relaciones con los Estados extranjeros. Antes del concierto de un tratado que afecte a las circunstancias específicas de una Provincia se deberá oír a dicha Provincia en el momento oportuno. Las provincias podrán, si así se permitiese en su Constitución o Estatuto provincial, promover sus intereses comerciales en el exterior dentro del marco general de la política exterior que marque el Gobierno de la República.
Artículo 99. El Estado Federal tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
10. La organización y régimen del Distrito Federal.
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a las Provincias y Municipios por esta Constitución y la ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos provinciales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
17. Los censos y estadísticas nacionales.
18. Las obras públicas de interés nacional.
19. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
20. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
21. Las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio y naviera.
22. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
23. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
24. El régimen del transporte nacional, de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura.
25. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
26. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.
27. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
28. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Federal o Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
29. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Federal, o que le corresponda por su índole o naturaleza.
Artículo 100. Un Delegado nombrado por el Gobierno Federal representará a la Administración Federal en el territorio de las distintas Provincias ante sus entidades de autogobierno. Sus atribuciones serán determinadas por ley.
CAPÍTULO II: DEL PODER PÚBLICO PROVINCIAL
Artículo 101. Componen la Nación las Provincias de Tsvet, Kashengrado, Sokolensk, Puzdal, Milgorov, Chilogda, Gurizni, Arov, Svenishka, Lambirsk, Rauzer, Guellerstán y Lvov. Cada Provincia se regirá por la presente Constitución así como por una Constitución o Estatuto provincial, que recoja su definición y organización como territorio autónomo dentro de la indisoluble unidad de la Nación. En ellos no podrá recogerse ningún derecho o privilegio no recogido por esta Constitución. El orden constitucional de las Provincias deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social en el sentido de la presente Constitución. En las provincias el pueblo deberá tener una representación surgida de elecciones generales, directas, libres, iguales y secretas. Son entidades subprovinciales los municipios o distritos. Todas estas entidades, Provincias y municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Artículo 102. Todos los dolmátovos tendrán en cada Provincia los mismos derechos y deberes cívicos. Todos los dolmátovos tendrán, según su aptitud, su capacidad y su competencia profesional, igualdad de acceso a cualesquiera cargos públicos.
Artículo 103. Cada Provincia podrá decidir:
1) La denominación que mejor corresponda a su identidad histórica.
2) La delimitación de su territorio, previo acuerdo de las zonas afectadas.
3) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
3) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución.
Cualquier cambio en estos principios habrá de ser aprobado por referéndum y ratificado por la Asamblea Nacional.
Artículo 104. De acuerdo con el artículo anterior, el Poder Legislativo se ejercerá en cada Provincia por un Parlamento Provincial cuyas atribuciones son:
1) Legislar sobre las materias de la competencia provincial.
2) Sancionar la Ley de Presupuesto de la Provincia.
3) Las demás que le atribuya esta Constitución y la ley.
Los diputados provinciales serán elegidos por sufragio directo, secreto y universal por un período de cuatro años. En cada provincia, su Constitución o Estatuto determinará la forma de elección de su Gobernador o Presidente provincial, y éste elegirá a sus Ministros, Secretarios o Consejeros.
Artículo 105. Todas las autoridades de la Federación y de las Provincias se prestarán mutuamente asistencia judicial y administrativa.
Artículo 106. Si una Provincia no cumpliere las obligaciones federales que le incumben con arreglo a la Constitución o a otra Ley Federal, podrá el Gobierno Federal adoptar las medidas necesarias para imponer a dicha Provincia el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción federal.
Artículo 107. Son competencias cada Provincia de la Federación:
3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Federal o Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales.
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y provinciales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Federal o Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación federal o nacional aplicable.
8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos provinciales;
9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres provinciales;
10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Federal o Nacional.
11. Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente en el territorio provincial y, en los mismos términos, el transporte terrestre y por cable. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes terrestres en el ámbito de la provincia.
12. Las instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales, aeropuertos y helipuertos deportivos, así como los que no desarrollen actividades comerciales.
13. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la provincia. Aguas nacientes, superficiales, subterráneas, minerales y termales, cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la provincia. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la provincia.
14. La pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza.
15. El tratamiento singular de las zonas de montaña.
16. La instalación de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia.
17. Las ferias y mercados interiores, incluidas las exposiciones.
18. Las entidades asimilables, mutualidades no integradas en la Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil.
19. La artesanía.
20. Las denominaciones de origen, en colaboración con el Estado Federal o Nacional.
21. El fomento del desarrollo económico de la provincia, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
22. Los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de música y danza, centros dramáticos y de bellas artes, y demás centros de depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza, de interés para la provincia, que no sean de titularidad estatal.
23. El patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la provincia, sin perjuicio de la competencia del Estado para la defensa de los mismos contra la exportación y la expoliación.
24. El fomento de la cultura y la investigación científica y técnica.
25. La promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
26. El deporte y ocio.
27. La promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
28. La protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud.
29. La promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
30. Las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la provincia.
31. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
32. Los casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.
33. Los espectáculos públicos.
34. La estadística para fines no estatales.
35. El servicio meteorológico.
Artículo 108. Las provincias podrán disfrutar de algunas competencias establecidas por la presente Constitución al Estado Federal, siempre y cuando éstas no sean:
1. Defensa y relaciones exteriores no comerciales;
2. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras;
3. Los servicios de identificación;
4. La regulación de la banca central, del sistema monetario, de la moneda extranjera, del sistema financiero y del mercado de capitales;
5. La emisión y acuñación de moneda; y los censos y estadísticas nacionales;
7. Aquéllas que afecten a más de una provincia.
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido corresponderá al Estado Federal, cuyas normas prevalecerán. La forma de transferir dichas competencias será mediante la aprobación, de una parte, de los tres quintos del Parlamento Provincial solicitante; y, de otra, de los tres quintos de la Asamblea Nacional. Si resultare exitosa la votación, la Constitución o Estatuto provincial habrá de adaptarse a las nuevas competencias, que el Gobierno cederá en un espacio de tiempo razonable y con la consiguiente aportación económica.
CAPÍTULO III: DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Artículo 109. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Los Municipios tendrán potestades en las siguientes áreas:
7. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley.
Artículo 110. Los Municipios estarán gobernados por un Alcalde, elegido por sufragio universal, directo y secreto cada 4 años. Los requisitos son: ser dolmátovo, ser mayor de 25 años, ser de estado seglar y estar domiciliado desde más de 5 años en el municipio correspondiente.
Artículo 111. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales elegidos en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.
Artículo 112. Cuando dos o más Municipios pertenecientes a una misma provincia tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropolitano y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos Municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano. Para esto se realizará una consulta popular y de salir favorable la unión en distrito el Parlamento Provincial definirá sus límites y su organización política.
TÍTULO V. DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO FEDERAL O NACIONAL
Artículo 113. La Asamblea Nacional será la detentadora del poder legislativo en Dolmatovia y sus integrantes son Diputados de la República de Dolmatovia. Los Términos Congreso de la República y Parlamento de la República se entenderán en alusión a la Asamblea Nacional.
Artículo 114. Los parlamentarios se organizarán en grupos parlamentarios dirigidos por un presidente y un portavoz de grupo parlamentario designados de la manera que los grupos parlamentarios lo estimen conveniente
Artículo 115. Para formar un grupo parlamentario propio serán necesarios al menos 10 diputados. En caso de que un partido no los alcance o de ser candidaturas independientes, estos diputados se integrarán en el Grupo Mixto.
La reunión de al menos dos grupos Parlamentarios propios podrá formar un Bloque Parlamentario, no habrá límite de número para estos Bloques, y ningún Grupo Parlamentario podrá pertenecer simultáneamente a más de uno, sin perjuicio de que pueden integrar y abandonar bloques libremente. Estos bloques tendrán la misma consideración que un Grupo Parlamentario.
Artículo 116. Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional;
2. Reformar la Constitución, según lo previsto en ella;
3. Aprobar las faltas temporales del Presidente de la República;
4. Declarar una falta temporal mayor a los 30 días como una falta absoluta del Presidente de la República;
5. Destituir, luego de un juicio por responsabilidades políticas, al Presidente de la República.
6. Declarar la guerra y la paz;
7. Solventar los problemas entre cámaras;
8. Nombrar al Fiscal General y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
9. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia;
10. Decretar amnistías;
11. Discutir y aprobar el presupuesto nacional,
12. Fijar los lineamientos de la política sobre la deuda pública;
13. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto;
14. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional;
15. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley;
16. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales, que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución;
17. Conocer y decidir sobre la inhabilitación de funcionarios públicos en los casos previstos en esta Constitución;
18. Todas las demás que le señalen esta Constitución y las leyes.
Artículo 117. La Asamblea Nacional, para su funcionamiento podrá:
1. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.
2. Nombrar a sus Presidentes y Vicepresidentes.
3. Calificar a sus miembros y conocer de su renuncia. La separación temporal de un parlamentario sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los presentes;
4. Organizar su servicio de seguridad interna;
5. Acordar y ejecutar su presupuesto de gasto, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país;
6. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa.
Artículo 118. Son requisitos para ser elegido diputado:
1. Ser dolmátovo por nacimiento o por naturalización con diez años de residencia en territorio dolmátovo.
3. Haber residido cuatro años consecutivos en la provincia por la que se postula antes de la fecha de la elección.
Artículo 119: No podrán ser elegidos diputados:
1. El Presidente de la República, los Subsecretarios y los Presidentes y Directores de los Institutos Autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.
2. Los gobernadores y secretarios de gobierno de las Provincias hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos.
Artículo 120. El Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional serán elegidos por la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional
SECCIÓN II. DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 121. La Asamblea Nacional es la cámara de representación popular compuesta por diputados elegidos cada cuatro años de manera universal, directa y secreta.
Artículo 122. El número de diputados de la Asamblea Nacional por provincia será estrictamente proporcional a la población de la misma.
Artículo 123. Serán proyectos de leyes de iniciativas propias de la Asamblea Nacional:
1. Las que tengan que ver con la materia económica;
2. Las que tengan que ver con la materia de seguridad interior;
3. Las que tengan que ver con la materia electoral;
4. Las que tengan que ver con la participación ciudadana en la política;
5. Las que tengan que ver con la protección al ambiente;
6. Las que tengan que ver con la educación y la sanidad;
7. Las demás que le designen la Constitución y las Leyes.
Artículo 124. Serán Leyes Orgánicas Constitucionales aquellos proyectos de leyes de iniciativa propia de la Asamblea Nacional, que para su aprobación requerirán los dos tercios de los Diputados en ejercicio:
1. Las que tengan que ver con el régimen federal;
2. Las que tengan que ver con la política exterior de la República;
3. Las que tengan que ver con el funcionamiento y la actuación de las Fuerzas Armadas;
4. Las demás que le designen la presente Constitución y las Leyes.
Artículo 125. La Asamblea Nacional podrá:
1. Iniciar la discusión del presupuesto nacional.
2. Destituir al Presidente de la República con apoyo de dos terceras partes de los diputados en ejercicio;
3. Aprobar el nombramiento de los embajadores y representantes ante el extranjero;
4. Aprobar el nombramiento de los altos mandos militares;
5. Llamar a elecciones presidenciales anticipadas con apoyo de dos terceras partes de los diputados en ejercicio. El Presidente electo aquí terminaría el mandato presidencial anterior.
6. Acreditar a los embajadores del extranjero en el país;
7. Iniciar el juicio de responsabilidades políticas al Presidente de la República;
8. Las demás que le atribuyan la presente Constitución y las Leyes.
9. Dar voto de confianza al Primer Ministro y a su gobierno;
10. Dar voto de censura al Primer Ministro y/o a los ministros;
11. Realizar interpelaciones al gobierno en cuestiones de trascendencia nacional;
12. Nombrar a todos los funcionarios públicos nacionales o federales cuya designación le corresponda;
13. Las demás que le atribuyan la presente Constitución y las Leyes.
Artículo 126. La Asamblea Nacional podrá traspasar algunas atribuciones del Poder Público Nacional o Federal a excepción de las que tengan que ver con la política internacional, la defensa, entre otras.
Artículo 127. La Asamblea Nacional podrá interpelar a funcionarios públicos federales, provinciales en cuestiones de trascendencia provincial y nacional, incluyendo al Presidente de la Republica, Primer Ministro, Ministros de estado, y en general a aquel funcionario público que se estime necesario.
Artículo 128. La Asamblea Nacional podrá destituir a un Gobernador Provincial con el apoyo de los dos tercios de la cámara.
por Balla el Sáb 19 Dic 2015 - 13:08
SECCIÓN III. DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES
Artículo 129. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.
Artículo 130. La ley aprobada por la Asamblea Nacional entrará en vigencia en el momento en que sea debidamente promulgada y publicada en la Gaceta Nacional para conocimiento de los ciudadanos, y la fecha de la publicación será la fecha de vigencia de la ley, a menos que la misma ley señale algo distinto sobre su entrada en vigencia.
Artículo 131. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que la propia Constitución así califica, será previamente admitido por la Asamblea Nacional en Pleno, por el voto de las dos terceras partes de los y las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas.
Artículo 132. La iniciativa de formación de leyes corresponde:
2. A los integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres.
3. A la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales.
4. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente.
5. A los parlamentos provinciales, cuando se trate de leyes relativas a las Provincias.
Artículo 133. Las propuestas de ley serán presentadas en la secretaría de la Asamblea Nacional.
Artículo 134. Las propuestas de ley presentadas en la Asamblea Nacional serán discutidas dos días distintos. El Presidente de la Asamblea Nacional podrá mandar las propuestas a la comisión a la que corresponda para que dicha comisión presente un informe sobre las leyes presentadas o para una discusión pormenorizada de los proyectos de ley. Una vez presentado el informe o el proyecto corregido el Presidente enviará la ley a su discusión por toda la cámara. Los grupos y bloques parlamentarios podrán presentar enmiendas a ellas.
Artículo 135. Toda ley deberá ser aprobada por la Asamblea en Pleno se entenderá aprobada si cuenta con la mayoría absoluta de los votos a favor entre los diputados presentes en la sesión, se exceptúan aquellas que por su materia o requieran un quórum distinto.
Artículo 136. Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: «El Presidente de la República de Dolmatovia, habiendo pasado la aprobación de la Asamblea Nacional, tiene bien sancionar la presente Ley:».
Artículo 137. Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario o de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente de la Asamblea Nacional al Presidente de la República a los fines de su promulgación.
Artículo 138. El Presidente de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella.
Artículo 139. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente de la República, por mayoría absoluta de los diputados presentes y le remitirá la ley para la promulgación.
Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. La Corte Suprema de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente de la República. Si la Corte negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión de la Corte o al vencimiento de dicho lapso.
Artículo 140. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República.
Artículo 141. El Poder Ejecutivo se ejerce a través del Presidente de la República, del Primer Ministro y de los ministros.
Artículo 142. El ente supremo de coordinación del Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros, compuesto por el Presidente, el Primer Ministro y los ministros. Este órgano se encargará de discutir todo decreto-ley antes de su promulgación. De igual forma refrendará los actos de todos los integrantes del Poder Ejecutivo Federal.
SECCIÓN II. DE LA JEFATURA DEL ESTADO
Artículo 143. La Jefatura del Estado de la República de Dolmatovia le corresponde al Presidente de la República.
PARTE I. DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 144. El Presidente de la República es el Jefe de Estado de la República de Dolmatovia, personifica la nación, vela por el respeto a la Constitución y asegura, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.
Artículo 145. El Presidente de la República es elegido por un período de cinco años por sufragio universal directo.
Artículo 146. El Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtenerse dicha mayoría en primera vuelta, se procederá, el domingo posterior al siguiente, a una segunda vuelta. Solamente podrán presentarse a ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, después de la retirada en su caso de candidatos más favorecidos.
En caso de que quede vacante la Presidencia se encargará de las funciones del Presidente de la República, con excepción de las de convocar referendos y disolver el Parlamento, el Presidente de la Asamblea Nacional o, si éste se encontrare inhabilitado a su vez para ejercer esas funciones, por el Gobierno.
Artículo 147. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser dolmátovo por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.
Artículo 148. El mandato del Presidente de la República durará cinco años. El Presidente de la República no podrá ser reelegido de manera consecutiva.
Artículo 149. Serán faltas absolutas del Presidente de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por la Corte Suprema de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, la destitución por parte de la Asamblea Nacional con mayoría de dos tercios, así como la revocatoria popular de su mandato.
El Presidente de la Asamblea Nacional ejercerá provisionalmente la Presidencia de la República, siendo su única atribución convocar elecciones presidenciales en un plazo no superior a tres meses. Como Presidente interino, no podrá suscribir tratados internacionales, destituir al Primer Ministro o a los Ministros, conceder indultos, disolver la Asamblea Nacional ni nombrar embajadores.
Artículo 150. Las faltas temporales del Presidente de la República serán suplidas por el Presidente de la Asamblea Nacional hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.
Artículo 151. Son atribuciones del Presidente de la República:
2. Nombrar, con el apoyo de la Asamblea Nacional mediante moción de confianza, al Primer Ministro.
3. Nombrar a los ministros del Gobierno a petición del Primer Ministro.
4. Destituir al Primer Ministro una vez aprobada la moción de censura contra el Gobierno.
5. Presidir el Consejo de Ministros conjuntamente con el Primer Ministro.
6. Promulgar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
7. Orientar las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
8. Dirigir las Fuerzas Armadas Nacionales en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas y fijar su contingente.
9. Ejercer el mando supremo de las Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos.
10. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
11. Firmar las ordenanzas y los decretos del Gobierno.
12. Nombrar al Ministro de Defensa, al de Relaciones Exteriores, pudiendo ser destituidos por la Asamblea Nacional, y a los embajadores en los demás países.
13. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
14. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
15. Conceder indultos.
16. Disolver la Asamblea Nacional una vez durante todo su mandato sujetándose a las siguientes condiciones:
16.1. Por decreto motivado.
16.2. Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de treinta días. El primer acto de la nueva Cámara será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional llevará aneja la destitución del Presidente.
17. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
18. Veto transitorio, de manera justificada, sobre decisiones tomadas por la Asamblea Nacional que supongan el abuso de la mayoría parlamentaria, obligándose así a nuevas modificaciones por tal cámara que obtengan como mínimo un consenso de las tres cuartas partes.
19. Delinear las grandes políticas de Estado y las prioridades del Ejecutivo en el Consejo de Ministros.
Artículo 152. En virtud al artículo 147 del presente título, la Asamblea Nacional podrá, con mayoría de dos tercios, destituir al Presidente de la República en los siguientes supuestos:
1. Las disposiciones contempladas en el artículo 149.16 a) y b)
2. Violación de la Constitución a juicio del Tribunal de Garantías Constitucionales.
3. La responsabilidad criminal del Presidente a juicio de la Corte Suprema.
4. Adjudicarse cualquier responsabilidad que no le corresponda por esta Constitución o las Leyes, y toda aquélla que escape al ejercicio de sus funciones.
5. Todas las demás que establezca esta Constitución y la Ley.
Artículo 153. El Presidente de la República, como alto representante de la Nación, habrá de coincidir con las políticas gubernamentales en materia de Asuntos Exteriores y Defensa. Para asegurar este principio, el Presidente de la República copresidirá el Alto Consejo de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional junto con el Ministro o Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa. Este organismo tendrá las siguientes funciones:
1. Orientar la política en las áreas ministeriales anteriormente citadas.
2. Aprobar las resoluciones internacionales más importantes, en acuerdo con la Asamblea Nacional.
3. Todas las demás atribuciones que señalen la Constitución y la Ley.
El Presidente de la República, de acuerdo al punto 12 del artículo 148, nombrará al Ministro de la Defensa y de Relaciones Exteriores, pudiendo ser destituidos por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. El Ministro o Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa deberán presentar a este organismo las líneas generales de su política ministerial en dichos ámbitos, las cuales habrán de contar con la aprobación del Presidente de la República. Éste podrá, además, vetar cualquier resolución ministerial que no haya sido consensuada con él mediante el Alto Consejo de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
En todo caso, son de competencia exclusiva del Presidente las siguientes acciones:
1. Promover y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
2. Ejercer la máxima representación de la Nación ante la Asamblea de Naciones Unidas.
3. Nombrar a los embajadores, cónsules y demás miembros del Cuerpo Diplomático.
4. Declarar la guerra y la paz, previa autorización de la Asamblea Nacional.
5. Todas las demás que le asigna el artículo 148 de la presente Constitución, así como el resto del texto y las Leyes que al respecto pudieran promulgarse.
Artículo 154. El Alto Consejo de Estado de la República es el máximo órgano asesor del Presidente, del Gobierno y de la Asamblea Nacional, encargado de velar por la adecuación a la Constitución de los actos, leyes, decretos y mandatos de los poderes del país.
1. Los dictámenes del Alto Consejo de la República serán vinculantes.
2. Podrán solicitar dictamen del Alto Consejo de la República el Presidente de la República, el Gobierno, o la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
SECCIÓN III. DE LA JEFATURA DEL GOBIERNO
Artículo 155. La Jefatura del Gobierno de la República de Dolmatovia le corresponde al Primer Ministro conjuntamente con los ministros del Gobierno.
Artículo 156. El ente de coordinación y decisión de la Jefatura del Gobierno es el Consejo de Ministros, compuesto por el Primer Ministro, quien lo preside, y los ministros del Gobierno. Sus funciones son:
1. Definir las líneas generales de la política gubernamental, así como las de su aplicación.
2. Aprobar las proposiciones de ley y de resolución.
3. Aprobar los decretos-leyes que se traduzcan en la ejecución directa del programa del Gobierno.
4. Aprobar el Plan y los Presupuestos
5. Aprobar los actos del Gobierno que impliquen aumento o disminución de los ingresos o gastos públicos.
6. Elaborar decretos-leyes en materias no reservadas a la Asamblea Nacional.
7. Elaborar decretos-leyes en materias reservadas a la Asamblea Nacional, previa autorización de éste.
8. Elaborar decretos-leyes de desarrollo de los principios o de las bases generales de los ordenamientos jurídicos contenidos en leyes, a las cuales deberán aquéllos ajustarse.
9. Organizar internamente el Gobierno.
10. Elaborar los Presupuestos Generales del Estado, con base en la ley respectiva, y hacerlos ejecutar.
11. Dictar los reglamentos necesarios para la buena ejecución de las leyes.
12. Dirigir los servicios y la actividad de la administración directa e indirecta del Estado.
13. Realizar todos los actos exigidos por la ley en relación con los funcionarios y agentes del Estado y de otras personas colectivas públicas.
14. Defender la legalidad democrática.
15. Realizar todos los actos y tomar todas las medidas necesarias para la promoción del desarrollo económico-social y la satisfacción de las necesidades colectivas.
16. Todo lo demás que señalen la presente Constitución y la Ley.
PARTE I. DEL PRIMER MINISTRO
Artículo 157. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno de la República de Dolmatovia, dirige la acción del éste y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
Artículo 158. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República luego de la renovación de la Asamblea Nacional, previa consulta con los líderes de los distintos grupos parlamentarios de la misma. El Primer Ministro será sometido a una moción de confianza por la Asamblea Nacional en donde deberá exponer su programa político y solicitará la confianza de los diputados. Para ser ratificada esa moción de confianza la misma deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Si en cambio no se alcanzare dicha mayoría se someterá a votación cuarenta y ocho horas después en la cual la confianza se entenderá otorgada con una mayoría simple.
Artículo 159. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República disolverá la Cámara y llamará a nuevas elecciones.
Artículo 160. El Primer Ministro no podrá hacer uso de sus funciones hasta no ser otorgada la confianza de la Asamblea Nacional.
Artículo 161. Una décima parte de la Asamblea Nacional podrá presentar una moción de censura al gobierno en donde propondrá igualmente un candidato a Primer Ministro. En caso de contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara el Primer Ministro se considerará cesado y el candidato de la moción asumirá su cargo.
Artículo 162. El Presidente de la República podrá destituir al Primer Ministro quien no cesará completamente hasta la aprobación de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de una moción de censura.
Artículo 163. Para ser elegido Primer Ministro se requiere ser dolmátovo, diputado y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.
Artículo 164. Compete al Primer Ministro:
1. Dirigir la política general del Gobierno, coordinando y orientando la acción de todos los Ministros.
2. Dirigir el funcionamiento del Gobierno y establecer las relaciones de carácter general entre aquél y los demás órganos del Estado.
3. Proponer a los ministros para su nombramiento o destitución al Presidente de la República.
4. Copresidir el Consejo de Ministros junto con el Presidente de la República.
5. Refrendar los actos del Presidente de la República.
6. Ejercer las demás funciones que le señalen la presente Constitución y la Ley.
Artículo 165. El Primer Ministro debe concurrir a la Asamblea Nacional al menos una vez por mes, para informar de la marcha del gobierno. Puede ser interpelado por todos los grupos parlamentarios.
PARTE II: DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO
Artículo 166. Los Ministros, cuyo número y competencia será establecida por medio de un Decreto, son propuestos por el Primer Ministro y nombrados por el Presidente de la República, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente y el Primer Ministro por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Artículo 167. Los Ministros concurrirán a la Asamblea Nacional a petición propia, para dar cuenta de su gestión, o a petición de un grupo parlamentario, si bien podrá ser interpelado por todos los grupos parlamentarios.
Artículo 168. Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
Artículo 169. Los Ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Artículo 170. La gestión ministerial se evaluará semanalmente en el Consejo de Ministros.
Artículo 171. Los Ministros que hayan sido nombrados estando en posesión de un acta de diputado, podrán seguir ejerciendo esta función del mismo modo que cualquier otro diputado. No representarán, en este caso, al Gobierno, sino a su grupo parlamentario.
TÍTULO VI. SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Artículo 172. La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia.
Artículo 173. La Ley establece el mandato de regular las reglas esenciales para el cumplimiento del deber por parte de quienes integran la organización militar.
Artículo 174. Los recursos de la Defensa Nacional, su aportación se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea preciso afrontar, y serán determinados Anualmente por la Asamblea Nacional.
Artículo 175. La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de Dolmatovia, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de Dolmatovia.
Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por la República de Dolmatovia.
Artículo 176. Sólo los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, podrán portar Armas de fuego, La tenencia, porte y uso de armas por parte de la población Civil será regulado por una ley Ordinaria
CAPITULO II. DE LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo 177. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Nacional.
Artículo 178. La organización de las Fuerzas Armadas deberá posibilitar el cumplimiento de las misiones que se le encomienden en el marco específico, conjunto y combinado, de forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las operaciones militares.
Artículo 179. Los miembros de las Fuerzas Armadas se integrarán o adscribirán a distintos cuerpos, de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar. Estos cuerpos podrán ser específicos de los Ejércitos o comunes de las Fuerzas Armadas.
Artículo 180. A la Asamblea Nacional le corresponde:
a) Otorgar las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como las restantes autorizaciones.
d) Controlar la acción del Consejo de Defensa Nacional en materia de defensa.
e). En particular, A la Asamblea Nacional le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido.
Artículo 181. Corresponde al Consejo de Defensa Nacional
1. Determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.
2. Asimismo, en el marco de la política de defensa de forma específica:
c) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales de las que Dolmatovia forma parte.
Artículo 182. Al Presidente de la República le corresponde:
1. La dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.
2. El Presidente de la República ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo.
Artículo 183. Al Ministro de Defensa le corresponde:
1. Además de las competencias que le asignan las leyes reguladoras del Gobierno y de la Administración General del Estado, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa.
a) Asistir al Primer Ministro en la dirección estratégica de las operaciones militares.
b) Dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Presidente de la República y el Primer Ministro.
Artículo 184. La Junta de Estado Mayor de la Defensa será formado por los Jefes de Estado Mayor de cada Rama de las Fuerzas Armadas.
1. La Junta de Estado Mayor de la Defensa constituye el órgano auxiliar de mando y apoyo al Consejo Nacional de Defensa.
Se organizará de forma que permita la definición y el desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento y conducción de las operaciones militares y el ejercicio del resto de sus competencias, para lo cual se integrará a este organismo en casos de Estados de Excepción Constitucional y Guerra.
2. En particular, le corresponde a la Junta de Estado Mayor de la Defensa:
a) La función de asesoramiento militar al Presidente de la República, al Primer Ministro y al Ministro de Defensa, a \os que auxiliará en la dirección estratégica de las operaciones militares.
Artículo 185. El Consejo de Defensa Nacional coordinará a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, a quienes impartirá directrices para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.
Artículo 186. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
2. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire serán los Militares de Mayor Rango en cada rama de las Fuerzas Armadas y ejercerán, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, el mando de su respectivo Ejército. Cuando cualquier circunstancia les impida ejercer temporalmente el cargo, les sustituirán en sus funciones, respectivamente, con carácter accidental, el Oficial General en servicio activo más antiguo de los que le estén subordinados en su estructura orgánica.
d) Asesorar al Jefe de la Junta de Estado Mayor de la Defensa en el empleo de las unidades de su Ejército, así como en la elaboración y formulación de los aspectos específicos de sus respectivas capacidades.
CAPITULO III. DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 187. El cuerpos de policía están conformados por civiles, y que existirá una Academia Nacional de Policía para su entrenamiento. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como la Academia Nacional de Policía dependerán del Ministro del Interior. Una ley regulará las atribuciones y competencias de estos.
Artículo 188. Los gobiernos de las Provincias de Dolmatovia podrán establecer cuerpos de seguridad Provinciales dependientes de sus gobiernos. Las competencias de estos cuerpos de seguridad serán establecidas a través de un traspaso de competencias que se establezca por Ley que regula el Cuerpo Nacional de Policías.
TITULO VII. DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Artículo 189. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
Artículo 190. El estado de alarma será declarado por el Presidente de la República o bien por el Gobierno reunido en Consejo de Ministros, con la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, reunida urgente y extraordinariamente al efecto, por un plazo máximo de quince días, prorrogable por el Pleno de la Asamblea Nacional por igual periodo de tiempo, cuantas veces estime necesario. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
Artículo 191. El estado de excepción será declarado por el Presidente de la República o bien por el Gobierno reunido en Consejo de Ministros, con la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, reunida urgente y extraordinariamente al efecto, por un plazo máximo de treinta días, prorrogable por el Pleno de la Asamblea Nacional por igual periodo de tiempo, cuantas veces estime necesario. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende.
Artículo 192. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, reunida en sesión urgente y extraordinaria, a propuesta del Gobierno o bien, del Presidente de la República. La Asamblea Nacional determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
Artículo 193. No podrá procederse a la disolución de la Asamblea Nacional mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas La Asamblea Nacional si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelta La Asamblea Nacional o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias de La Asamblea Nacional serán asumidas por su Diputación Permanente.
Artículo 194. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Presidente de la República, del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
TÍTULO VIII. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo 195. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos para la iniciativa legislativa ordinaria.
Artículo 196. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional.
De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, se procederá a una nueva votación donde tendrá que ser aprobado por mayoría de tres quintos.
Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación dentro de los quince días siguientes a su aprobación.
Artículo 197. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte a los Títulos I, II, III, IV y V, tras cumplirse lo indicado en el artículo anterior, se procederá a la disolución inmediata de la Asamblea Nacional.
La nueva Asamblea Nacional elegida deberá ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos.
Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.
Artículo 198. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el Título VII.
- La Provincia de Tsvet podrá convertirse en Distrito Federal si así lo acordase la mayoría de dos tercios de su Parlamento Provincial, decisión que deberá ser sometida a referéndum y aprobada por más del 50% de los votos y con una participación mayor del 50%.
- El territorio insular de Vechniy Ostrov podrá acceder al autogobierno en similares condiciones que las demás Provincias. Mientras tanto, tendrá estatus de Territorio Federal, cuya administración estará a cargo del Gobierno nacional.
- Una vez aprobada la presente Constitución en la Asamblea Nacional por mayoría de dos tercios, se convocará en el plazo de un mes un referéndum y tras éste procederá a disolverse la cámara.
- Para que el referéndum sea válido, habrá de tener al menos un 60% de participación y al menos un 55% de votos favorables.
- Junto con el referéndum de aprobación de la Constitución se realizará la siguiente pregunta a la ciudadanía: "¿Desea usted que si se aprueba la Constitución se realicen inmediatamente unas nuevas elecciones Presidenciales?"; las alternativas para contestar deben ser SÍ - NO. Si es aprobada la Constitución en el referédum tendrá validez la pregunta de éste punto. Si gana la opción SÍ, el Presidente pasará a ser interino y convocará a nuevas elecciones presidenciales en 3 meses, por el contrario, si gana la opción NO, el Presidente continuará durante el resto de su mandato, ajustando su actuar a la Constitución aprobada. Para la realización de una nueva elección, la opción SÍ deberá contar con más del 55% a favor de los votos válidamente emitidos.
- En el caso de aprobarse en la consulta popular, el Gobierno pasará a la interinidad y se convocará nuevas elecciones legislativas
- La nueva cámara surgida de esas elecciones habrá de ratificar la presente Constitución por mayoría de dos tercios.
- Se convocarán, luego de aprobada esta Constitución, elecciones municipales así como a los Parlamentos Provinciales, que se encargarán especialmente de la redacción de las constituciones o estatutos provinciales.
Durante los nueve primeros años de la promulgación de esta Constitución, se elegirán sólo 3 miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales cada año, es decir en el primer, tercer y sexto año. Todos los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales dejarán su cargo al noveno año de su elección. No procederá la Renovación expresada en el Art. 184 nº 3 mientras ningún miembro del Tribunal Constitucional cumpla los 9 años de servicio en el mismo.
- Quedan derogadas cuantas leyes, decretos y/o disposiciones se opongan o contradigan lo establecido en la presente Constitución.
- Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en la Gaceta Nacional. Se publicará también en las demás lenguas de Dolmatovia.
MANDO A TODOS LOS CIUDADANOS, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.
PALACIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, A JULIO DE 1987.
Iván Badanovsky
Andrei Krovop
Viktor Sponjoski