Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24314
Timestamp: 2019-08-22 07:27:51
Document Index: 34006771

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 23', 'Artículo 137', 'Artículo 147', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 15/2015
SENTENCIA 15/2015, de 5 de febrero
ECLI:ES:TC:2015:15
1. Mediante escrito de 27 de octubre de 2014, presentado en el Registro General de este Tribunal en la misma fecha, doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada de más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.
2. El recurso se fundamenta en las consideraciones y motivos que a continuación se resumen.
a) La Ley 4/2014, objeto de impugnación, dedica su único artículo a modificar el art. 16 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha, adaptando el sistema electoral autonómico a la modificación previamente realizada en el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, EACM) por la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, que ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014. Dicha reforma estatutaria rebaja el número mínimo y máximo de diputados integrantes de las Cortes de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto se fija una nueva horquilla de 25 a 35 diputados, que sustituye a la anterior, de 47 a 59 diputados; asimismo suprime la anterior asignación, que el art. 10 EACM hacía, de un número mínimo de diputados por cada una de las provincias que integran la Comunidad Autónoma. Desarrollando esta reforma estatutaria, la Ley 4/2014 modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha configurando un parlamento autonómico con 33 diputados.
b) Como primer motivo de inconstitucionalidad se aduce que la Ley objeto del presente recurso habría de devenir inconstitucional si fuera estimado el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del art. 10.2 EACM, dada la conexión entre ambas leyes; toda vez que la Ley 4/2014, en desarrollo de la referida reforma estatutaria, modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha configurando un Parlamento autonómico con 33 diputados.
c) El segundo motivo de inconstitucionalidad vendría dado por el hecho de que la nueva horquilla de diputados infringiría el art. 1.1 CE, en relación con el art. 14 CE, al vaciar de contenido, más allá de lo razonable, los principios de pluralismo político y funcionamiento democrático, así como el principio de igualdad.
d) Como tercer motivo de inconstitucionalidad se aduce que la Ley impugnada vulnera el sistema de representación proporcional (arts. 152.1 CE y 10.2 EACM) para la elección de la Asamblea de la Comunidad Autónoma.
e) Como motivo cuarto de impugnación, se afirma que la Ley 4/2014 vulnera el art. 23 CE, en cuanto a la igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos.
f) Se aduce como quinto motivo de impugnación la infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
g) Como motivo sexto de impugnación, se afirma que la Ley 4/2014 vacía de contenido la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, contraviniendo así los arts. 2, 137 y 153 a) CE.
h) A modo de conclusión, se apela a la necesidad de reforzar, trascurridos más de treinta años de aceptable gobernabilidad autonómica, el principio de representación proporcional en la elección de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, invitando a este Tribunal a acotar en consecuencia la discrecionalidad de los legisladores autonómicos, para que no puedan, apoyándose en sus mayorías políticas coyunturales y mediante la manipulación de la legislación electoral, decidir por adelantado ventajas ciertas sobre su oponente más cualificado y eliminar fuerzas políticas minoritarias.
3. Por providencia del Pleno de 18 de noviembre de 2014 se decidió admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, así como al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Se decidió asimismo, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada en el primer otrosí del escrito de interposición, oír a las partes antes mencionadas para que, en el plazo de quince días, pudieran alegar lo que estimaren oportuno. Se acordó, por último, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
4. Por providencia del Pleno de 27 de noviembre de 2014 se tuvo por personado al Abogado del Estado en la representación que ostenta y se acordó prorrogar, a su petición, en ocho días más el plazo concedido por la providencia de 18 de noviembre de 2014.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Cámara de personarse en este procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Por escrito registrado el 5 de diciembre de 2014, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Cámara de personarse en este procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Mediante escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personó en el proceso y presentó alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad, que pueden resumirse como sigue.
7. También por escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha formuló alegaciones sobre la suspensión cautelar solicitada en el recurso de inconstitucionalidad, oponiéndose a la misma. Entiende esta representación, en síntesis, que la petición de que se suspenda cautelarmente la Ley 4/2014 es jurídicamente inadmisible y debe ser desestimada. Se trata, en efecto, de una pretensión construida al margen y en contra del ordenamiento jurídico-constitucional y de la muy reiterada doctrina constitucional en la materia: solo cabe la suspensión de una ley impugnada en el supuesto previsto en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, esto es, a solicitud del Gobierno de la Nación, como ha tenido ocasión de recordar este Tribunal, precisamente en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, por ATC 267/2014, de 4 de noviembre, en relación con la solicitud de suspensión de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM.
8. Por escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, presentó sus alegaciones el Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha, que advierte también de la estrecha relación del presente recurso con el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM, que la Ley 4/2014, de reforma de la Ley electoral de Castilla-La Mancha desarrolla, desestimado por la reciente STC 197/2014. En su fundamentación se apoya el Letrado para rechazar los motivos de impugnación que los recurrentes formulan frente a la Ley 4/2014. La identidad de objeto entre el procedimiento ya resuelto por la STC 197/2014 y el presente recurso supone que el pronunciamiento de este Tribunal debe serlo exclusivamente sobre la adecuación constitucional de la Ley impugnada a la reforma del art. 10.2 EACM introducida por la Ley Orgánica 2/2014, considerada ya plenamente conforme con la Constitución. La Ley 4/2014, en desarrollo de la referida reforma estatutaria, fija en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro de la horquilla fijada por el art. 10.2 EACM (máximo de 35 y mínimo de 25 diputados), habiendo rechazado ya el Tribunal Constitucional las tachas de inconstitucionalidad que los recurrentes dirigían a este precepto estatutario. En definitiva, descartada por la STC 197/2014 la inconstitucionalidad del art. 10.2 EACM, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2014, debe rechazarse por las mismas razones la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 4/2014.
9. Por escrito de 22 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal el siguiente día, presentó sus alegaciones el Abogado del Estado, que interesa la desestimación del recurso de inconstitucionalidad.
10. Por providencia de 3 de febrero de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
1. Se dirige este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de dicha Comunidad Autónoma. La parte dispositiva de la Ley impugnada consta de un artículo único, de una disposición derogatoria de cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo en él prescrito y de otra final, en la que se determina la entrada en vigor de la Ley al día siguiente a su publicación oficial. El contenido del primero de estos preceptos es el siguiente:
“Artículo único. Reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.
El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.”
2. Antes de entrar a considerar las tachas de inconstitucionalidad que el recurso hace a la Ley impugnada es precisa una delimitación del objeto de nuestro enjuiciamiento a la vista de lo que en la demanda se aduce. Se dice en ella, ciertamente, que objeto del recurso es la Ley 4/2014 “en su integridad”, pero esta afirmación no se compadece ni con lo alegado en concreto por los recurrentes ni, de otra parte, con los límites objetivos del control de constitucional que a este Tribunal corresponde:
a) Toda la argumentación de la demanda, como en los antecedentes se ha expuesto, se orienta a fundamentar la inconstitucionalidad de la nueva composición numérica de las Cortes de Castilla-La Mancha, cifrada en 33 diputados por el nuevo art. 16.1 de la Ley electoral, conforme al artículo único de la impugnada. Ceñidos a este extremo los alegatos de los recurrentes, es claro que nuestro enjuiciamiento directo ha de quedar acotado de igual modo, sin perjuicio —llegado el caso— de lo previsto en el art. 39.1 LOTC en punto a una eventual declaración de inconstitucionalidad por conexión o consecuencia. Al margen de esta última hipótesis, por lo tanto, aquí no habremos de enjuiciar ni las disposiciones derogatoria y final de la Ley 4/2014 (“meramente instrumentales”, según la propia demanda reconoce) ni tampoco el resto de determinaciones contenidas en el nuevo art. 16 de la Ley electoral, referidas a la asignación mínima inicial de tres diputados por provincia (número 2 de dicho art. 16), al procedimiento de distribución de los 18 diputados restantes entre las circunscripciones provinciales en atención a su población respectiva (número 3) y, en fin, a la necesaria especificación por el decreto que convoque a elecciones del número de representantes a elegir en cada circunscripción (número 4). Sobre esta última previsión no se dice, desde luego, cosa alguna en la demanda, pero tampoco se contiene en ella alegato específico en contra de lo establecido en los números 2 y 3 que quedan dichos. No puede de ningún modo tomarse por censura de inconstitucionalidad, en particular, la pregunta retórica que la demanda formula en determinado pasaje sobre el porqué de la fijación de un mínimo inicial de tres diputados por provincia y no de dos, según lo establecido en el art. 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general; precepto este —hay que advertir— no aplicable a las elecciones a asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (disposición adicional 1.2 de la citada Ley Orgánica). La respuesta a tal interrogante —a decir de la propia demanda— sería la de que, si así hubiera sido, “la barrera electoral se determinaría en porcentajes inasumibles desde el punto de vista de un estricto juicio de la proporcionalidad”; opinión ex parte sobre la que, claro está, nada tenemos ahora que decir. El recurso —esto es lo que importa— no impugna, en sí misma, esta adjudicación mínima o inicial de escaños por provincia y tampoco controvierte el procedimiento de distribución de los restantes entre las circunscripciones, reparto este último que, por otro lado, se ordena conforme a unas pautas que no difieren de las fijadas en la redacción originaria del art. 16.3 de la Ley electoral 5/1986.
b) La demanda toma también distancias críticas respecto a la exposición de motivos de la Ley impugnada, a la que tacha de no ser “sincera”, y opone a sus aseveraciones, con reiteración, el señalamiento de un llamado, con estas palabras u otras, “motivo oculto” de la misma (su “intencionalidad partidista”); esta constituiría su “verdadera finalidad” e ilustraría sobre la inconstitucionalidad pretendida. Como con reiteración hemos advertido, no corresponde a este procedimiento el enjuiciar, ni considerar siquiera, las hipotéticas o presuntas intenciones con las que las leyes hayan sido adoptadas; so pena de privar de toda objetividad al control que a esta jurisdicción le cumple (STC 197/2014, FJ 1, y jurisprudencia allí citada). Sobre uno y otro de estos extremos, en consecuencia, no cabe esperar de nosotros pronunciamiento alguno.
3. Los recurrentes articulan seis motivos de inconstitucionalidad contra la Ley que impugnan, por más que el primero de ellos —la previa disconformidad a la Constitución de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, de la que trae causa la impugnada— ha de dejarse de lado desde ahora, pues el recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley Orgánica, al que los demandantes en este punto se remiten, fue ya, como se ha recordado, resuelto y desestimado por la STC 197/2014. En lo demás, según la demanda, la Ley 4/2014 sería contraria al principio constitucional del pluralismo político (art. 1.1 CE, en relación, se dice, con el art. 14 CE); al sistema de representación proporcional (arts. 152.1 CE y 10.2 EACM, junto a los que se cita el art. 68.1 de la norma fundamental, mención esta última que hay que suponer referida al número 3 de tal disposición); al precepto constitucional que enuncia el derecho a un acceso igualitario a las funciones y cargos públicos (art. 23.2); a la interdicción constitucional de la arbitrariedad (art. 9.3) y, en fin, a la garantía por la Constitución de la autonomía política de la Comunidad de Castilla-La Mancha [invoca la demanda, a estos efectos, los arts. 2, 137 y 153 a) CE].
4. Se afirma en el recurso que la Ley 4/2014 habría conculcado, al fijar en 33 el número de diputados a las Cortes de Castilla-La Mancha, la norma constitucional que proscribe la arbitrariedad en el actuar de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Como fundamento o ilustración de esta censura se aduce —en síntesis— que esta determinación legal es fruto del “capricho”; que ignora, además, la “regla esencial” según la cual la dimensión de la Cámara de representación no puede disminuir cuando la población no lo hace o incluso aumenta y que, en fin, la reducción del número de representantes estaría buscada de propósito para favorecer al partido político mayoritario hoy en las Cortes; afirmación, esta última, que quiere acreditarse mediante proyecciones y estimaciones sobre cuál podría ser la distribución del sufragio ciudadano en unos próximos comicios.
5. Afirman también los recurrentes, con cita de los arts. 2, 137 y 153 a) CE, que la Ley 4/2014 infringe la autonomía política de la Comunidad de Castilla-La Mancha al haber reducido a 33 el número de representantes en las Cortes de la Comunidad Autónoma, lo que depararía —se aduce— la privación a dicha Cámara, así disminuida en tamaño, de la “capacidad de hacer leyes como producto de la participación y el debate plural”.
6. Excluidas las anteriores tachas de inconstitucionalidad, queda por examinar lo que bien cabe llamar el núcleo de este recurso, esto es, la supuesta vulneración por la Ley 4/2014, al fijar en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, de lo prescrito en el art. 152.1 CE; de conformidad con este, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas habrán de ser elegidas “con arreglo a un sistema de representación proporcional”. Esta aducida infracción constitucional conllevaría, de confirmarse, la transgresión, también, del art. 10.2 EACM, en cuyo párrafo primero se reitera tal exigencia de proporcionalidad para la elección de las Cortes de la Comunidad Autónoma. No así, sin embargo, la vulneración del art. 68 CE, que los recurrentes también citan, precepto cuyo número 3 impone atender a criterios de representación proporcional en la ordenación, estrictamente, de las elecciones al Congreso de los Diputados. Hay que recordar que, conforme a reiterada doctrina constitucional, la exigencia de proporcionalidad ex art. 152.1 CE pesa sobre las normas reguladoras de las elecciones a las asambleas legislativas de todas las Comunidades Autónomas, no sólo de aquellas que se constituyeron —lo que no fue el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha— con arreglo al art. 151 de la propia norma fundamental (STC 197/2014, FJ 6, y jurisprudencia allí citada).
7. Al fijar en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2014 ha venido en efecto a reducir —como ya hiciera antes la propia Ley Orgánica 2/2014, que determinó serían entre 25 y 35— la dimensión de esta Cámara; integrada hasta entonces, conforme a la anterior redacción del art. 10.2 EACM, por un mínimo de 47 y un máximo de 59 representantes. Este margen que se concretó, primero, en 47 diputados, según la reforma de la Ley electoral llevada a cabo por la Ley 8/1998; después en 49, conforme a la Ley 12/2007 y más tarde en 53, por obra de la nueva modificación de aquella normativa electoral mediante la Ley 4/2012 (esta última reforma, con todo, nunca ha sido aplicada en comicios autonómicos —según hemos recordado en la STC 214/2014, FJ 2— pues la Ley 4/2012 ha sido derogada por la citada Ley Orgánica 2/2014 y sustituida, después, por la que, hoy impugnada, desarrolla esta última reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha).
8. En general, toda reducción del número de representantes a elegir en una circunscripción electoral no favorecerá, más bien al contrario, la mayor proporcionalidad del sistema electoral de que se trate, según ya advertimos, con cita de anteriores pronunciamientos, en la STC 197/2014 [FJ 7 a)]. En ello cabe inicialmente convenir, a reserva de lo que se dirá, con lo que en la demanda se aduce. Dijimos también en aquella Sentencia que la menor proporcionalidad en principio asociada a la disminución del número de puestos a cubrir (de escaños, en este caso) no es un efecto jurídico determinado sólo, de manera directa y necesaria, por las normas que asignen diputados a cada circunscripción; observamos que una importancia no menor tendrán —para restringir o, incluso, para favorecer la proporcionalidad— elementos o variables ajenos a toda predeterminación jurídica; sobre todo, el número de candidaturas presentadas y el grado mayor o menor de concentración o dispersión entre ellas del sufragio de los electores.
a) Las bases argumentales de este recurso, como ya ocurriera con el dirigido contra la Ley Orgánica 2/2014, son en muy buena medida preventivas o cautelares, construidas como están a partir de lo que se presenta al modo de prognosis del sentido del sufragio por venir mediante extrapolaciones o ejercicios de proyección de anteriores resultados electorales sobre unos comicios futuros. Un planteamiento de este género es, en general, y conforme a una muy reiterada jurisprudencia constitucional, inconducente para instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y no ha de servir ahora para llevar a este Tribunal a la convicción de que la norma impugnada deparará la supresión o abolición de la proporcionalidad que exige el art. 152.1 CE tan sólo por haber reducido, en los términos dichos, el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha [STC 197/2014, FJ 7 c) y jurisprudencia allí citada]. Este carácter preventivo del recurso se muestra, muy en particular, a propósito de lo que con profusión en él se llaman “barreras electorales”, calificadas de desmedidas, para el acceso de las distintas candidaturas al procedimiento de asignación de escaños. Como ya dijo la STC 197/2014, en el fundamento jurídico recién citado, por barrera electoral o cláusula de exclusión se ha de entender la fijación normativa de un determinado porcentaje de sufragios para acceder a la fase de adjudicación de escaños; es de todo punto evidente que la Ley 4/2014 ni establece límite alguno de este tipo a la proporcionalidad ni modifica el establecido en el art. 17 a) de la Ley 5/1986, electoral de Castilla-La Mancha (un 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción). Lo que los Senadores recurrentes llaman aquí “barreras electorales” no son tales, sino —hemos de reiterar— unos hipotéticos umbrales porcentuales para la obtención, según los varios “escenarios” que anticipan, del último escaño en liza conforme a la regla d´Hondt; ello sobre la base de estimaciones conjeturales, ajenas a cualquier determinación excluyente del legislador y dependientes más bien, como prospecciones o simulaciones que son, del número de candidaturas que lleguen a concurrir y de la mayor o menor concentración o dispersión sobre ellas del futuro sufragio de los electores. En nada de ello —dijimos en la STC 197/2014 y reiteramos ahora— puede basarse el aserto de que la Ley impugnada habría constreñido la proporcionalidad por vía del establecimiento de una barrera electoral excesiva.
b) No es sólo, sin embargo, que la Ley impugnada se tache de contraria a la proporcionalidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha imponen sobre la base, de todo punto insuficiente, de unos hipotéticos resultados electorales futuros que están, sin embargo, por entero en manos de los electorales. Se trata además, y en relación con ello, de que el recurso muestra un entendimiento de lo exigido por los arts. 152.1 CE y 10.2 EACM y, en general, por las normas del bloque de la constitucionalidad referidas a la representación proporcional, que no se compadece, según constante jurisprudencia de este Tribunal, con el recto sentido de tales preceptos. Bastará para ilustrar lo dicho con remitirnos a nuestra jurisprudencia al respecto y en especial, una vez más, a la tan citada STC 197/2014 [FJ 7 b)]; en ella recordamos que las exigencias constitucionales en punto a la proporcionalidad han de ser vistas como imperativos de tendencia que orientan, pero no conforman, la libertad de configuración del legislador (ATC 240/2008, de 22 de julio, FJ 2), cuyo insuprimible y amplio margen de autodeterminación no ha de quedar comprometido en pos de la consecución de un apenas concebible sistema “puro” de representación proporcional (STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 5). Observamos también entonces que las reglas constitucionales referidas a la proporcionalidad no pueden interpretarse como imperativos de resultados y sí, con carácter bastante más limitado, como mandatos al legislador para establecer una condición de posibilidad de la proporcionalidad misma. Mandatos de alcance negativo, precisamos en aquella Sentencia, que se cifran, por lo pronto, en la interdicción de la aplicación pura y simple de un criterio mayoritario o de mínima corrección; esto conlleva la necesaria conformación de las circunscripciones electorales en modo tal que no se impida de iure toda posible proporcionalidad, en el grado y extensión que sea, para la conversión de votos en escaños. Junto a ello, en la prohibición, también, de la desfiguración por ley de lo que hemos llamado “esencia” de la proporcionalidad mediante límites directos de la misma, como las barreras electorales o cláusulas de exclusión que, vista su entidad, llegasen a resultar desmedidas o exorbitantes para la igualdad de oportunidades entre candidaturas. Concluimos en aquella ocasión que, si límites como estos no hubieran sido transgredidos, no podría ya este Tribunal erigirse en juez del grado, mayor o menor, suficiente o no, según estimaciones políticas, de la proporcionalidad auspiciada por determinado sistema electoral, en cada una de sus piezas y en la conjunción de todas ellas, pues, si tal hiciera, ocuparía el lugar que corresponde al legislador.
9. No conculcada, en suma, la proporcionalidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía exigen, es obligado concluir en que tampoco lo han sido ni el pluralismo político ni la norma que enuncia el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de conformidad con los requisitos que señalen las leyes (arts. 1.1 y 23.2 CE).
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 6408-2014
Promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.
Se enjuicia la constitucionalidad de la Ley electoral de Castilla-La Mancha que cifra en 33 el número de diputados de las Cortes de la Comunidad Autónoma frente a los 53 miembros que las componían conforme a la Ley electoral anterior, en desarrollo del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad.
Se desestima el recurso de inconstitucionalidad, reiterando la doctrina contenida en la STC 197/2014, de 4 de diciembre, que había confirmado la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que reducía el número de diputados de las Cortes a un mínimo de 25 y un máximo de 35. La Sentencia afirma que no se ha aportado indicio alguno en orden a probar un hipotético alcance discriminatorio de la Ley impugnada, a la que no cabe tachar de ajena a toda explicación racional, por lo que no incurre en arbitrariedad. Tampoco puede considerarse que infrinja la autonomía política de la Comunidad al no afectar a su capacidad de legislar. La Sentencia afirma que la Constitución no ofrece pauta alguna sobre el número de integrantes de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas, algo que queda a discreción de cada Estatuto de Autonomía o de sus normas autonómicas de desarrollo. En respuesta a la cuestión principal, la Sentencia rechaza que se haya producido una vulneración de la exigencia constitucional de representación proporcional para la elección de los miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, ni del pluralismo político ni del derecho a un acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Concluye que los reproches aducidos se basan en planteamientos preventivos o hipotéticos y en un entendimiento errado de la exigencia constitucional de proporcionalidad, cuyas reglas constitucionales no pueden interpretarse como imperativos de resultado sino como mandatos al legislador para establecer una condición de posibilidad de la proporcionalidad misma. En tal sentido, la Sentencia declara que el sistema electoral de la Comunidad Autónoma no habría perdido por obra de la Ley impugnada su capacidad para reflejar, según decida el cuerpo electoral, las principales opciones políticas existentes. Del mismo modo, la Sentencia se remite a lo ya resuelto por la STC 197/2014 en relación con los motivos referidos a la previa disconformidad a la Constitución de la Ley Orgánica 2/2014 de reforma del Estatuto de Autonomía.
La Ley autonómica objeto de recurso no vulnera el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), en tanto que el establecimiento de la variación del número de representantes de la Cámara de representación no favorece necesariamente a un determinado partido político [FJ 4].
El recurso no aporta indicio alguno en orden a un hipotético alcance discriminatorio de la Ley impugnada, a la que tampoco cabe tachar de ajena a toda explicación racional por haber fijado precisamente en 33 el número de diputados [FJ 4].
La Constitución no establece pautas de carácter directo y específico sobre el número de integrantes de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas, correspondiendo determinación al Estatuto de autonomía o las normas autonómicas que, en su caso, lo desarrollen [FJ 5].
El reproche de inconstitucionalidad formulado contra la Ley se alza a partir de un planteamiento preventivo o hipotético que es inidóneo y errado de lo que impone la exigencia constitucional de proporcionalidad para la elección de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 152.1 CE) [FJ. 8].
El grado en que la proporcionalidad pueda llegar a contraerse a resultas de lo dispuesto en esta Ley no es algo que quepa enjuiciarse, en abstracto, por este Tribunal Constitucional (STC 197/2014) [FJ 8].
El nuevo sistema electoral de las Cortes de la Comunidad Autónoma no deviene inconstitucional, sin que sea tarea de este Tribunal pronunciarse sobre otras posibles opciones legislativas que hubieran podido adoptarse sobre la composición de la Cámara o el reparto de escaños entre las circunscripciones electorales (SSTC 225/1998, 19/2011) [FJ 8].
La denuncia de arbitrariedad requiere argumentación específica que aporte siquiera indicios, a confirmar o no en el juicio, de que la disposición con tal título impugnada encarna una discriminación normativa o carece en absoluto de explicación racional (STC 197/2014) [FJ 4].
La exigencia de proporcionalidad ex art. 152.1 CE pesa sobre las normas reguladoras de las elecciones a las asambleas legislativas de todas las Comunidades Autónomas, no sólo de aquellas que se constituyeron con arreglo al art. 151 de la propia norma fundamental (STC 197/2014) [FJ 6].
En general, toda reducción del número de representantes a elegir en una circunscripción electoral no favorecerá, más bien al contrario, la mayor proporcionalidad del sistema electoral de que se trate (STC 197/2014) [FJ 8].
La menor proporcionalidad asociada a la disminución del número de escaños, no es el único efecto jurídico determinante de asignación de diputados a cada circunscripción, siéndolo también el número de candidaturas presentadas y el grado de concentración o dispersión de los electores (STC 197/2014) [FJ 8].
Por barrera electoral o cláusula de exclusión se ha de entender la fijación normativa de un determinado porcentaje de sufragios para acceder a la fase de adjudicación de escaños (STC 197/2014) [FJ 8].
Las exigencias constitucionales sobre proporcionalidad han de ser vistas como imperativos de tendencia que orientan, pero no conforman, la libertad de configuración del legislador (ATC 240/2008) [FJ 8].
Las reglas constitucionales referidas a la proporcionalidad no pueden interpretarse como imperativos de resultados, sino como mandatos al legislador que se cifran en la interdicción de la aplicación pura y simple de un criterio mayoritario o de mínima corrección (STC 197/2014) [FJ 8].
Las reglas constitucionales referidas a la proporcionalidad conllevan la necesaria conformación de las circunscripciones electorales, sin cláusulas de exclusión que puedan resultar desmedidas o exorbitantes para la igualdad de oportunidades entre candidaturas (STC 197/2014) [FJ 8].
Artículo 2, ff. 3, 5
Artículo 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), ff. 3, 4
Artículo 23.2, ff. 3, 6
Artículo 137, ff. 3, 5
Artículo 147.2 c), f. 5
Artículo 152.1, ff. 3, 5 a 8
Artículo 153 a), ff. 3, 5
Artículo 16 (redactado por la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2014, de 21 de julio), ff. 1, 2, 8
Artículo 17 a), f. 8
En general, ff. 1, 3, 5, 7, 8
Artículo 9.2 a), f. 5
Artículo 10.2, ff. 1, 3, 4, 6 a 8
Artículo 10.2 párrafo primero, f. 6
En general, ff. 1 a 8
Exposición de motivos, ff. 1, 4
Disposición derogatoria, ff. 1, 2
Disposición final, ff. 1, 2
Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre. Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014
Autonomía políticaAutonomía política, ff. 3, 5
Derecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, Respetado, ff. 3, 6, 9
Distribución de escaños proporcional a la poblaciónDistribución de escaños proporcional a la población, ff. 6 a 8
Número de miembros integrantes de la asamblea parlamentariaNúmero de miembros integrantes de la asamblea parlamentaria, f. 5
Organización de las instituciones de autogobiernoOrganización de las instituciones de autogobierno, ff. 2, 3, 5
Pluralismo políticoPluralismo político, ff. 3, 6, 9
Principio de interdicción de la arbitrariedadPrincipio de interdicción de la arbitrariedad, Respetado, ff. 3, 4
RepresentaciónRepresentación, ff. 3, 6 a 8
Representación proporcionalRepresentación proporcional, Doctrina constitucional, ff. 3, 6 a 8
Sistema electoralSistema electoral, ff. 2, 6 a 8
Contenido de los Estatutos de AutonomíaContenido de los Estatutos de Autonomía, f. 5