Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/701410629
Timestamp: 2020-07-14 00:17:15
Document Index: 277655706

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 241', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'e contrario', 'artículo 20']

Sentencia de Tutela nº 145/16 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 701410629
Sentencia de Tutela nº 145/16 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2016
MALTRATO EN REDES SOCIALES. SUBREGLAS JURISPRUDENCIALES. DERECHO A LA RECTIFICACION EQUITATIVA Y SIN REVICTIMIZACION. Se atribuye a la persona accionada la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de divulgar en su cuenta personal de Facebook una imagen de la actora acompañada de expresiones en las que se le imputan conductas delictivas, sin que exista condena judicial contra ella por motivo de las mismas. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares. 2º. El contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 Superior. 3º. El derecho a la rectificación que también se deriva de la precitada disposición constitucional. 4º. El alcance de los mencionados derechos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y, 5º. Subreglas jurisprudencias sobre el maltrato en redes sociales. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo solicitado y se advierte a la autoridad judicial que profirió dicho fallo que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de retirar la publicación, la valoración sobre la medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de las reglas específicas que la Corporación ha precisado para el contexto particular de las redes sociales.Recibo Relatoria:
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Caso en que a través de la red social F., se publicó foto del rostro de accionante en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y contrario a su buen nombre
La S. considera que corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada, sino que ésta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la rectificación.
La S. encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los demás; a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos correspondan a situaciones reales; al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida; y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos. Además el caso objeto de examen exige que se tenga en cuenta que la publicación que afectó los derechos de la tutelante se realizó en la red social F., lo cual determina que, como se indicó en las consideraciones generales, la vulneración iusfundamental tenga un alcance particular en atención a las características de funcionamiento de la misma red.
DERECHO A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA-Orden de retirar de la red social F. publicación referente a la accionante
Acción de tutela instaurada por K.J.P.S. contra Y.G.C.M..
La señora K.J.P.S. formuló acción de tutela contra la señora Y.G.C.M., por cuanto consideró vulnerado su derecho fundamental al buen nombre, con fundamento en los siguientes
1.1. Expone que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en su cuenta personal de la red social F. una foto de su rostro, en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y atentatorio contra su buen nombre, del siguiente contenido:
“Les quiero informar para que todos tengan cuidado miren la gran ladrona de [B]ritalia la sorprendieron robando en la empresa donde ella trabajaba y verificando no es la primera vez ya lo tiene de costumbre q (sic) trabaja y cuando renuncia manda robar las empresas yo fui la segunda víctima su nombre es J.P.S.”[1].
1.2. Manifiesta que, si bien trabajó para la señora C.M. desde el 11 de agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de 2015, la anterior acusación no se corresponde con la realidad, en tanto “no existe prueba de que se haya perdido algún elemento o bien de la oficina donde yo desarrollaba permanentemente la actividad laboral, que si bien bajo una relación de confianza depositada en m[í] como empleada, me otorg[ó] el manejo de las llaves de acceso al recinto, no significa que sea adecuado lanzar este tipo de improperios y otros más anexados en el documento. Además indicó la persona mencionada que mi pareja tenía las llaves de la oficina, y que lo habían visto cerca de la oficina con una maseta y las llaves (con un duplicado que jamás tuve [n]i saqué), para intentar ir a robar, o como indica la persona que ‘yo lo había mandado a robar’”[2].
1.3. De igual forma, relata que el 5 de septiembre de 2015 la accionada, que para la fecha se encontraba en estado de gravidez, la agredió y la amenazó diciéndole: “Los voy a mandar a matar a ustedes y a su hija y los voy a mandar a matar con mi esposo H.”[3].
3.1. Se allegó con la demanda de tutela una copia de la publicación en la cuenta personal de la red social F. de la señora Y.G.C.M., con la foto en primer plano de la accionante y el comentario respectivo[6], así como copia de algunos comentarios que allí mismo hicieron otras personas con respecto a la referida publicación[7].
Mediante decisión del 23 de septiembre de 2015 el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. resolvió amparar los derechos fundamentales de la accionante al buen nombre, a la honra y a la intimidad, y en consecuencia le ordenó a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela procediera a “retirar de la red social F. y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la señora K. (sic) J.P.S. y los comentarios referentes a la accionante, debiendo abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías y comentarios sobre la señora K.J.P.S. (sic)”[8].
Para efectos de adoptar esta decisión el juez tuvo en cuenta que la señora C.M. había sido notificada personalmente de la solicitud de amparo y, sin embargo, había guardado silencio. De tal forma que, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[9], dio por ciertos los hechos expuestos por la actora y procedió a resolver de fondo su pedimento.
De otra parte, para fundamentar su decisión en primer lugar señaló que la acción de tutela era procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución (reglamentado por el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), por cuanto consideró que la señora P.S. efectivamente se encontraba en una situación de indefensión respecto de la señora C.M., en atención a que “la persona accionada[,] quien era la empleadora de la accionante, tiene en su poder una imagen de la actora y un control sobre los medios de publicidad en los que hace apreciaciones subjetivas y aparentemente injuriosas, es decir, la señora C.M. tiene el poder de acceso y manejo de la red social de F. donde hace tales publicaciones”[10].
En segundo lugar, consideró que la publicación realizada por la señora C.M. en la red social de F. desconocía los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora P.S., en tanto afecta gravemente su reputación, la valoración que puede tener dentro de una colectividad y perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, toda vez que contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[12] sobre su persona.
Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, la cual fue seleccionada para revisión por Auto del 12 de noviembre de 2015, proferido por la S. de Selección Número Once, con fundamento en lo prescrito por el inciso 2º del artículo 86 y, el numeral 9º del artículo 241, ambos de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
De acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes, corresponde a la S. establecer si la decisión de la señora Y.G.C.M. de divulgar en su cuenta personal de F. una imagen de la señora K.J.P.S., acompañada de expresiones en las que se le imputan conductas delictivas sin que exista condena judicial contra ella por motivo de las mismas, en realidad constituye una violación de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la dignidad y, además, una expresión de maltrato a través de las tecnologías de la información.
Para resolver el problema planteado, de manera previa la S. examinará las condiciones para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, con el propósito de demostrar que las mismas sí se satisfacen en este caso, como lo entendió el juez de instancia. Y posteriormente la Corte (i) se referirá al contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 superior; así como (ii) al derecho a la rectificación que también se deriva de la disposición constitucional. A continuación se hará (iii) una aproximación al alcance de estos derechos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; con especial referencia a (iv) las circunstancias en que las nuevas tecnologías pueden resultar en escenarios de abusos y afectación de otros derechos; para, finalmente, y a partir de las anteriores consideraciones, (iv) pronunciarse sobre la decisión del juez de instancia en el caso concreto.
Por tanto, considerando los hechos en los que se basa la acción de tutela de la referencia es posible advertir que la señora K.J.P.S., tal y como lo expuso en el escrito de su demanda y finalmente lo convalidó el juez de instancia, efectivamente se podría encontrar, respecto de la accionada Y.G.C., en un estado de subordinación o en una situación de indefensión, conforme a los criterios que se exponen a continuación.
Ahora bien, para adelantar el anterior análisis de procedencia a partir de las particularidades del caso concreto es necesario que este Tribunal apele a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, tal como lo hizo el juez de instancia, de acuerdo con el cual cuando el accionado que ha sido debidamente notificado no rinde el informe en el tiempo concedido por el juez constitucional, se deben tener por ciertos los hechos que han dado lugar a la acción de amparo. Así, dado que la señora Y.G.C.M. fue notificada personalmente el 15 de septiembre de 2015 por el empleado del juzgado[20], momento para el cual se le entregó copia de la acción de tutela, y sin embargo dentro del término concedido no ejerció su derecho de defensa en forma alguna, esta S. concluye que acertó el juez de instancia al dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del decreto reglamentario de la acción de amparo y, en este sentido, en reconocerle certeza a los fundamentos fácticos descritos en el escrito de demanda.
Empero, los hechos que dan lugar a la acción de tutela en todo caso sí permiten advertir que lo que se configura es una situación de indefensión, la cual tiene lugar en razón a la imposibilidad que tiene la accionante para contrarrestar de forma actual y oportuna la posible trasgresión a sus derechos, derivada de la publicación en la red social F. de su imagen, acompañada de un comentario que califica como deshonroso su comportamiento.
En efecto, según los hechos narrados en la tutela la S. encuentra que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en la red social F. una foto del rostro de K.J.P.S. en primer plano, acompañada de un comentario injurioso e indudablemente contrario a su buen nombre.
Por tanto, se entiende que la situación de indefensión de la señora P.S. se configura de manera clara, en tanto ella no tiene cómo controlar la disposición que de esa misma fotografía resuelva hacer la señora C.M. en el futuro ni sobre los comentarios que ella en su contra decida publicar en su cuenta personal de la red social F. con ocasión de aquella. Lo cual claramente determina que la de amparo por ella interpuesta satisfaga el requisito de procedencia de legitimación por pasiva.
Asimismo, encuentra la S. que, si bien la señora P.S. dispone de los mecanismos ordinarios de defensa para reclamar por la afectación en sus derechos a la horna o buen nombre, bien sea en materia penal con la denuncia por los delitos contra la integridad moral (injuria y calumnia), por virtud de la cual le es posible acceder a retractación; o bien, en materia civil, con la reclamación de indemnización por los perjuicios sufridos por la vía de la responsabilidad civil; en todo caso estas alternativas no revisten la rapidez y oportunidad que un caso como el estudiado demandaba en tanto, precisamente, se requería una intervención actual e inmediata que impida que la situación se siguiera prolongando en el tiempo de forma indefinida, tal como la que pretendió hacer el juez constitucional de única instancia.
De esta manera, someter a la señora K.J.P.S. a las resultas de un proceso penal o civil, además de permitir que pueda generarse un daño consumado por la inoportuna orden de protección que puedan dispensar dichas jurisdicciones, desconocería la naturaleza preventiva y protectora de la acción de tutela.
De igual forma, este Tribunal ha reconocido la estrecha relación que existe entre el derecho al buen nombre y la honra, entendida ésta última como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”[42], especialmente a la hora en que uno u otro puedan resultar afectados por un uso extralimitado de la libertad de expresión, de manera que ha advertido que la labor del J. en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es de establecer si efectivamente se presentó una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento[43].
Dentro de estas redes sociales, F., por ejemplo, permite a sus usuarios crear una cuenta y un perfil con sus datos personales y establecer una red de contactos con quienes aquellos pueden interactuar, cruzar mensajes de manera instantánea, compartir fotografías, contenidos gráficos o de vídeo, difundir información, ideas y opiniones, e incluso jugar entre ellas por medio de las plataformas de tecnología virtual, y esto a nivel global.
En coherencia con lo anterior, esta Corporación se ha referido a la protección del derecho a la libre expresión y a los límites derivados en el contexto de las nuevas tecnologías y así, por ejemplo, en la Sentencia T-015 de 2015[61] se ocupó de resolver un caso en el que se controvertía la posible vulneración del derecho al buen nombre a raíz de la publicación de una propuesta artística en distintos medios de comunicación, entre ellos la red social F.. Y en esta oportunidad la Corte aplicó los mismos criterios que definen el alcance del derecho a la libre expresión y que en este fallo ya se han explicado para poder decidir con base en una sentencia judicial en firme que así lo indique.
5.6.3.2. De otra parte, la S. considera que aquí corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada, sino que ésta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la rectificación.
5.6.3.2.4. En cuarto lugar, la subregla dirigida a restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones, cobra todavía más relevancia para el caso del uso de redes sociales que, como se comentó, suelen tener tal grado de informalidad que usualmente no se tiene consciencia sobre sus implicaciones y, por tanto, sobre las limitaciones al derecho a la libre expresión. Y esto sin perjuicio de que aquí la capacidad de daño es quizá mayor que la que existen en los medios tradicionales, en razón del alto grado de difusión de las publicaciones en redes, en la afectación a los derechos fundamentales. Por lo tanto, la S. considera preciso llamar la atención sobre el hecho de que es un asunto de particular relevancia constitucional en lo que concierne al alcance del derecho a la libertad de expresión.
De la misma manera, la Corte se ha referido a este tipo de maltrato en el escenario laboral, con motivo de la información que sobre los empleados se puede publicar en la red social de la empresa, y particularmente ha tratado el tema de los riesgos a los derechos fundamentales dentro de la red social F.. Así, esta Corporación ha rescatado la importancia que tiene el consentimiento de quien va a ser expuesto en ella para proteger el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y honra[72] y, ante tales supuestos, ha rescatado el hecho de que la mayor exposición que proporcionan las redes sociales son una fuente de amenaza para los derechos fundamentales, por cuanto poseen herramientas incontrolables de procesamiento y permiten un uso ilimitado de la información depositada por los usuarios, pues las posibilidades de que ésta pueda ser compartida son exponenciales y la mayoría de las veces desconocida por parte de los usuarios[73].
Asimismo, la Corte se ha pronunciado sobre eventos en los que se califican la conducta de alguien en redes sociales, como en el caso objeto de la Sentencia T-050 de 2016[75], en el que una persona requería a su deudora a través de una publicación en F.[76]. Oportunidad en donde la Corte encontró que “que junto al mensaje divulgado se publicó una fotografía de la actora sin que mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto de disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre”.
A partir de lo anterior, entonces, este Tribunal indicó que aunque lo que se publica en las redes sociales está amparado por la libertad de expresión, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites se aplica a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación, según corresponda[77]. Por razón de lo cual consideró que el hecho de publicar mensajes cobrando deudas a través de un medio de comunicación de alto impacto como F., con múltiples usuarios que tienen prácticamente libre acceso a toda la información que se publica, “además de ser desmedido, evidencia una intención dañina por parte de la accionada […]”. Y bajo las anteriores consideraciones señaló que los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de la accionante fueron afectados, por lo que terminó ordenando a la accionada que, “como medida simbólica”, publicara en el muro de su perfil de F. la correspondiente disculpa por la afectación causada a la actora; publicación que debería estar habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante un lapso igual al que este último permaneció publicado. No obstante lo cual, en todo caso supeditó la existencia de dicha publicación a la autorización de la accionante, quien debía considerar si la misma era inconveniente.
Bajo los anteriores presupuestos y reglas jurisprudenciales, entonces, procederá la S. a hacer el examen de revisión en el caso concreto de los fallos de instancia en relación con la presente acción de tutela, en la que se controvierte la posible afectación de los derechos al buen nombre y la honra a partir de una publicación realizada en la red social F..
6.1. La señora K.J.P.S. presentó la acción de tutela contra su ex empleadora, la señora Y.G.C.M., solicitando la protección de su derecho fundamental al buen nombre, en tanto ésta última publicó en su cuenta personal de la red social F. una foto de su rostro acompañada de un comentario para ella injurioso y contrario a su buen nombre.
La tutela le fue notificada personalmente a la señora C.M.. Sin embargo, dentro del término de traslado guardó silencio, razón por la cual el juez de la causa, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dio por ciertos los hechos contentivos de la demanda de tutela y concedió el amparo solicitado, producto de lo cual le ordenó a la accionada retirar la publicación difamatoria de la red social y abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías o comentarios sobre la accionante.
Por otra parte, en relación con el fondo del asunto, el juez concluyó que la publicación realizada por la señora C.M. en la red social de F. efectivamente vulneraba los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora P.S., en tanto que contenía “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[89] sobre su persona que afectaban gravemente su reputación, además de la valoración que puede tener dentro de una colectividad, y perturbaban seriamente su entorno personal, familiar y social.
6.2. Esta S. encuentra que, en principio, la decisión del fallo en única instancia proferido dentro del presente proceso de tutela se ajusta a los límites que la Constitución define para el caso específico del derecho a la libre expresión en relación con la veracidad, imparcialidad y la garantía de los derechos mencionados por el juez. Al mismo tiempo que atiende los presupuestos que sobre la materia se han desarrollado en la jurisprudencia que se resaltaron en las consideraciones generales de esta providencia. En tal sentido, se halla razón al juez cuando indica que las afirmaciones que realizó la demandada afectaban gravemente la reputación de la accionante, así como la valoración que puede tener dentro de una colectividad, además de que perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, en tanto indudablemente contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[90] sobre su persona.
Con fundamento en lo anterior, y para los efectos de la valoración que realizó el juez de instancia, se tiene que la orden dirigida a que la accionada retirara de la red social F. y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella, resultó adecuada para efectos de que cesara la afectación a sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
6.4. Según las pruebas que obran en el expediente, se tiene que la señora Y.G.C.M. utilizó su cuenta personal de la red social F. para publicar una foto de la señora K.J.P.S., precedida de algunos comentarios con los que se le endilga la comisión de determinados delitos pero sin que conste una sentencia judicial en firme que dé cuenta de responsabilidad penal alguna. Además, dicha publicación fue vista no solo por las partes entre quienes está trabada la presente litis, sino también por aquellas personas que tienen acceso a la cuenta de la accionada, algunas de las cuales incluso la comentaron, tal y como consta en los anexos aportados por la actora.
Esta situación pone de presente una controversia en relación con el ejercicio del derecho a la libre expresión de la señora C.M. a través de la red social F.. A partir de ello, la S. observa que el ejercicio del derecho en mención no se ciñó a los presupuestos constitucionales en términos de veracidad e imparcialidad. En efecto, se advierte que la exposición en F. de la imagen de la señora P.S. acompañada de la afirmación que realiza sobre su calidad de “ladrona”, indudablemente escapa a cualquier escenario subjetivo o de opinión y, por lo contrario, refiere una acusación de una situación fáctica concreta relacionada con la comisión de un delito, pero sin que en ello se haya demostrado como cierto.
6.5. A partir de lo anterior, la S. encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los demás[92]; a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos correspondan a situaciones reales[93]; al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida[94]; y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos[95].
6.6. Además el caso objeto de examen exige que se tenga en cuenta que la publicación que afectó los derechos de la tutelante se realizó en la red social F., lo cual determina que, como se indicó en las consideraciones generales, la vulneración iusfundamental tenga un alcance particular en atención a las características de funcionamiento de la misma red.
Así pues, es preciso atender al hecho que la publicación ingresada por la señora C.M. pasó a circular por la red a partir de las lógicas de difusión espontánea de la misma, en donde la distribución en cadena de los mensajes desbordan el actuar del mismo autor del mensaje y, además, gozan de un nivel de difusión y de visibilidad en las cuentas personales de otros usuarios de forma masiva que indudablemente agrava la afectación de los derechos de la accionante.
Por ende, en relación con el primer aspecto la S. advierte que el juez de tutela adoptó la medida tendiente a la cesación del daño y, en este sentido, se confirmará la orden proferida a la señora C.M. de que retire de la red social F. y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella.
Mientras que sobre el segundo aspecto, por el contrario, llama la atención el hecho que el fallador no previó las medidas necesarias para restaurar los derechos de la señora P.S. que resultaron afectados como consecuencia de la publicación reprochada y la difusión de la misma. En este sentido, se reprocha el hecho de que no se haya valorado la aplicación de una medida de rectificación en condiciones de equidad dirigida a mitigar los efectos negativos que sobre los derechos al buen nombre y a la honra pudo haber sufrido la actora.
Por lo tanto, la S. considera que en particular el juez de amparo debió valorar la posibilidad de que la accionada (i) realizara una nueva publicación en la misma red, (ii) en la que reconociera su equivocación en relación con lo manifestado sobre la señora K.J.P.S., por cuanto faltó con ella a la verdad y desconoció la presunción de inocencia. Lo anterior en tanto esa publicación, como lo indican las reglas mencionadas, (iii) habría tenido que ser expuesta en la red social, al menos, por el mismo tiempo que aquella que generó la afectación iusfundamental, y, de manera especial, (iv) debió realizarse a la mayor brevedad posible.
En tal orden de ideas, la S. pasará a confirmar el fallo objeto de revisión, pero no sin advertir al juez de amparo que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental en todo caso comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de retirar la publicación, también la valoración sobre la medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de las reglas que esta Corporación ha destacado en el contexto de las redes sociales.
[13] Sentencia T-643 de 2013. M.P.N.P.P..
[15] Sentencia T-405 de 2007. M.P.J.C.T..
[16] Sentencia T-379 de 2013 M.P.L.G.G.P..
[17] Sentencia T-405 de 2007. M.P.J.C.T.
[19] Sentencia T-643 de 2013. M.P.N.P.P..
[21] Cfr. Sentencias T-921 de 2002. M.P.R.E.G., T-787 de 2004 M.P.R.E.G. y T-634 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[22] Cfr. Sentencias T-277 de 2015 M.P.M.V.C.C., T-088 de 2013 M.P.M.G.C., y T-219 de 2012 M.P.J.C.H., entre otras.
[23] M.P.M.V.C.C..
[24] Sentencia T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S., la cual a su vez cita a la Sentencia T-391 de 2007 M.P.M.J.C.E. y T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[25] Sentencia T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S..
[26] Así pues, en la Sentencia C-010 de 2000, M.P.A.M.C., en donde se examinó la constitucionalidad de varias normas relacionadas con la difusión de contenidos por el medio radial, se indicó específicamente que “[e]s claro que las libertades de información y de expresión tienen un trato distinto, y la Constitución admite mayores limitaciones a la primera. En efecto, mientras que la emisión de opiniones no tiene en principio límites, la transmisión de datos fácticos está protegida sólo si se trata de una información veraz e imparcial (CP art. 20). Esto significa que la veracidad e imparcialidad constituyen condiciones de legitimidad o presupuestos que delimitan el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad informativa, tal y como se desprende de numerosos pronunciamientos de esta Corte”.
[27] Sentencia T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[28] Cfr. Sentencias T-256 de 2013 M.P.N.P.P., T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C. y T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S..
[29] Sentencia T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[30] Al respecto ver, entre otras, las sentencias: T-602 de 1995 M.P.C.G.D., SU 1721 de 2000, T-1195 de 2004, T-218 de 2009 M.P.M.G.C., T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C. y T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S..
[31] M.P.M.J.C.E..
[32] Sentencia T-391 de 2007 M.P.M.J.C.E..
[34] Sentencia T-110 de 2015 M.P.J.I.P.P..
[35] Al respecto la Sentencia T110 de 2015, M.P.J.I.P.P., en concordancia con la Sentencia T-293 de 1994 M.P.J.G.H.G., estableció que “no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”.
[37] Sentencia T-550 de 2012 M.P.N.P.P..
[38] Sentencia 49/2001 (febrero 26), S. Segunda del Tribunal Constitucional Español.
[39] Sentencia C-489 de 2002 M.P.R.E.G..
[40] Sentencia C-489 de 2002 M.P.R.E.G..
[41] Sentencia T-015 de 2015, L.E.V.S..
[42] T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[43] A parte citado en la Sentencia T-904 de 2013 M.P.M.V.C.C., a partir de lo establecido en los fallos: T-603 de 1992 M.P.S.R.R., T-040 de 2005 M.P.J.I.P.C. y T-088 de 2013 M.P.M.G.C..
[44] Sentencia T-110 de 2015 M.P.J.I.P.P..
[45] T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S.. Al respecto también ver las sentencias T-602 de 1995 M.P.C.G.D., SU-1721 de 2000 M.P.Á.T.G., T-1198 de 2004 M.P.R.E.G., T-218 de 2009 M.P.M.G.C..
[46] Al respecto ver las sentencias T-512 de 1992 MM.PP. A.M.C. y F.M.D., y T-040 de 2013 M.P.J.I.P.C..
[47] Sentencia T-040 de 2013 M.P.J.I.P.C..
[48] T-332 de 1993 M.P.J.G.H.G..
[50] T-277 de 2015 M.P.M.V.C.C..
[51] M.P.J.I.P.C.,
[52] T-218 de 2009 M.P.M.G.C..
[53] T-332 de 1993 M.P.J.G.H.G..
[54] T-074 de 1995, J.G.H.G..
[57] Sentencia T-256 de 2012 M.P.N.P.P., quien a su vez se basó en el Memorandum de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.
[58] M.P.N.P.P..
[60] Sentencia T-550 de 2012 M.P.N.P.P..
[61] M.P.L.E.V.S..
[62] Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2012, M.P.H.A.S.P., se precisó, en relación con el caso concreto que “se resolverá a partir de las disposiciones constitucionales y de la posible afectación de derechos fundamentales contenidos tanto en el ordenamiento interno como internacional y, no a partir de la regulación establecida por la red social F., pues la vulneración del contenido de un derecho fundamental no depende de la transgresión o acatamiento de éstas”.
[63] Sentencia T-713 de 2010, M.P.M.V.C.C.. la S. Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por los padres en representación de su hijo menor contra un colegio de G. para que se le protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad, vulnerados como consecuencia de la sanción que se le impuso por publicar en la red social F. comentarios contra la rectora de tal institución.
[65] Ver: Sentencia T-365 de 2014 M.P.N.P.P..
[66] Sentencia T-365 de 2014 M.P.N.P.P..
[68] En la Sentencia T-905 de 2011, M.P.J.I.P.P., se estudió una acción de tutela interpuesta por unos padres de familia en representación de su hija menor contra las directivas de su colegio, la secretaría de educación distrital y otros, por cuanto ella era víctima de maltrato por su aspecto físico, tanto en el colegio como en las redes sociales. Además, esta Corte advirtió sobre el hecho de que, además, era preocupante el hecho de que no existiera una definición sobre el matoneo, sus elementos y tipologías o niveles de complejidad, para que fuera distinguible de otras formas de conflicto escolar, “pues ello impedía la diferenciación de una estrategia plena, que at[endiera] las necesidades puntuales de las partes, los padres de familia y, adicionalmente, de los profesores”. De manera que “los instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de conductas”
[69] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P.N.P.P., se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de F. un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[70] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P.N.P.P., se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de F. un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[71] Por su parte, en la Sentencia Sentencia T-365 de 2014 M.P.N.P.P., en donde se estudió una acción de tutela presentada por una madre de familia, en representación de su hijo, contra el colegio en el cual adelantaba sus estudios, por considerar que sus derechos fundamentales fueron violentados a causa del maltrato que él recibía por parte de sus compañeros personalmente y a través de la red social F.. Así, la accionante solicitó que el colegio accionado les ordenara a los padres de los compañeros del joven que les prohibieran maltratarlo en cualquier forma y les exigieran respeto hacia él, eliminando para ello el grupo que crearon en F. en su contra y retractándose públicamente de lo que habían expresado allí.
[72] En la Sentencia T-634 de 2013 M.P.M.V.C.C., este Tribunal revisó una acción de tutela interpuesta por una mujer contra la empresa de masajes en la que prestó sus servicios personales, por cuanto esta última se negaba a retirar de la red social F. y de otros medios de publicidad varias imágenes de ella que, a pesar de que en un primer momento autorizó su publicación, luego consideró que afectaban sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, pues aquéllas aparentaban que en lugar de publicitar el ofrecimiento de masajes se promocionaba el ofrecimiento de servicios de carácter sexual.
[73] Sentencia T-260 de 2012, M.P.H.A.S.P.. En esta oportunidad la Corte mencionó entre los factores generadores de riesgo para los derechos fundamentales en las redes sociales, los siguientes: (i) la falta de “toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado”; (ii) la posibilidad de que los datos personales puedan ser utilizados por “terceros usuarios malintencionados de forma ilícita”; (iii) la posibilidad de que información falsa o sin autorización del usuario sea publicada en la red; (iv) la posibilidad que los usuarios dispongan contenidos propios en la plataforma para que sean explotados económicamente por parte de la red social sin su pleno conocimiento; (v) la posibilidad de que las redes sociales ocasionalmente permitan a los motores de búsqueda de internet indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con información de contactos y perfiles de amigos; (vi) la dificultad del proceso de eliminación de información propia una vez ha sido depositada en la red; y (vii) la posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta lo cual permite contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada al usuario.
[74] En la Sentencia T-260 de 2012 M.P.H.A.S.P., se estudió una acción de tutela interpuesta por la madre de una menor de 4 años de edad en contra del padre de aquella, con la que buscó que su hija se le respetaran los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto el tutelado había abierto a nombre de la menor una cuenta en la red social F., aún a pesar de que la niña ni siquiera tenía la edad requerida por dicho portal para tal. Lo anterior, pues temía que información de la pequeña circulara de manera insegura y descontrolada en las redes sociales, de forma tal que se pudieran amenazar sus derechos fundamentales o incluso constituirse en víctima de maltrato.
[76] Sentencia T-050 de 2016 M.P.G.E.M.M..
[78] Sentencia T-260 de 2012 M.P.H.A.S.P..
[80] Sentencia T-713 de 2010 M.P.M.V.C.C..
[82] Sentencias T-379 de 2013 M.P.L.G.G.P. y T-634 de 2013 María Victoria Calle Correa.
[86] Sentencia T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S..
[87] Sentencia T-365 de 2014 M.P.N.P.P..
[88] Cfr. Sentencia T-787 de 2004, M.P.R.E.G..
[92] Sentencia T-379 de 2013 M.P.L.G.G.P..
[93] Sentencia T-634 de 2013 M.P.M.V.C.C..
[94] Sentencia T-411 de 1995 M.P.A.M.C., citada en la Sentencia T-015 de 2015 M.P.L.E.V.S..
Auto nº 13001-23-33-000-2015-00291-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 24 de Mayo de 2017