Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v2314-18-08-08-2018-1478140
Timestamp: 2019-05-27 01:37:44
Document Index: 338138022

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 17', 'artículo 42', 'artículo 99', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 18']

Resolución Vinculante de DGT, V2314-18, 08-08-2018 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2314-18 de 08 de Agosto de 2018
Núm. Resolución: V2314-18
Ley 35/2006. LIRPF. Arts. 7.e), 17.1 y 2.a).5ª, 18.2 y 42.1.
RD 439/2007. RIRPF. Arts. 9.B.2 y 12.1.a) y 2 .
La entidad consultante, en un procedimiento de despido colectivo, acreditadas las causas productivas y organizativas que motivan el mismo, transcurrido el período de consultas, llegó a un Acuerdo con la representación de los trabajadores el 15 de febrero de 2018. En el citado Acuerdo se contemplan:
1. Indemnizaciones por despido atendiendo a un programa de bajas incentivadas, que prevé diversos escenarios en función de la categoría, la edad y los años de prestación de servicios de los empleados afectados. Se establece el pago de una indemnización percibida de forma fraccionada, que se calcula en función del número de años de servicio en la empresa y de un porcentaje de la retribución bruta en el momento de causar baja, a lo que se añade según la modalidad una cantidad adicional fija, o atendiendo a la edad del trabajador, y de la que se descuenta la prestación bruta teórica por desempleo, en los términos que establece el Acuerdo.
También establece para una parte del colectivo, el pago de una indemnización percibida de forma fraccionada, que no podrá superar el importe de dos anualidades de retribución fija anual, en términos similares a los anteriormente expuestos. En algunos de los casos, estos pagos de la indemnización se instrumentarán a través de un seguro de vida colectivo en el que la entidad consultante sería el tomador, y beneficiarios y asegurados los trabajadores que perciben la indemnización, y que estaría instrumentado como compromisos por pensiones. Se incluyen bajo esta modalidad de seguro de vida colectivo únicamente aquellos empleados cuya indemnización estuviese exenta a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su integridad, por no superar la indemnización percibida los límites establecidos con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente y no superar, a su vez, el límite de 180.000 euros previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hasta tanto se defina el colectivo afectado, podría darse la situación de que, inicialmente, la entidad consultante tuviera que haber hecho directamente algún pago inicial previo a dicha constitución y, en consecuencia, los pagos efectuados mediante el seguro podrían no incluir la totalidad de la indemnización a pagar.
Los trabajadores comprendidos en el programa de bajas, cuando la indemnización correspondiente calculada conforme a los criterios establecidos, fuese inferior al mínimo legal, percibirán una indemnización de veinte días de salario por año de servicio con el tope de doce mensualidades, en forma de pago único.
Finalmente los trabajadores no comprendidos en las condiciones establecidas en el programa de bajas, percibirán una indemnización de treinta días de retribución fija bruta anual, a lo que se añade un importe adicional por años de servicio, un importe por adscripción voluntaria y un importe adicional para trabajadores con más de 25 años de antigüedad.
2. Indemnizaciones por despido de trabajadores que estando afectados por la extinción del contrato, en el ámbito del despido colectivo, rechacen la oferta de movilidad geográfica. En dicho supuesto se prevé su despido en el marco del despido colectivo, abonando la entidad consultante una indemnización en forma de pago único, en función del número de años de servicio en la empresa y de un porcentaje de la retribución bruta en el momento de causar baja, y de la que se descuenta la prestación bruta teórica por desempleo, en los términos que establece el acuerdo.
3. Convenio especial con la Seguridad Social.
El Acuerdo contempla la asunción por la entidad consultante del coste del convenio especial con la Seguridad Social, para aquellos trabajadores de 55 años o más a fecha de extinción de la relación laboral, y hasta el cumplimiento de los 63 años.
En el supuesto de los trabajadores que no hayan alcanzado los 55 años a la fecha de extinción del contrato, la empresa asumirá, previa acreditación, el abono del convenio especial con la Seguridad Social desde la fecha de terminación de la prestación por desempleo hasta que el trabajador cumpla la edad de 61 años, a tal efecto, reembolsará las cantidades que el trabajador acredite haber satisfecho para el mantenimiento de dicho convenio sin considerar las cuantías correspondientes a la actualización de bases de cotización, por otra parte, y de forma independiente a la indemnización se abonará al trabajador una cuantía adicional.
En caso de recuperación por parte de la Entidad de cuantías de convenio especial abonadas a la Seguridad Social, por acceso a la jubilación anticipada de los trabajadores, se abonará al trabajador una cuantía adicional de 6.000 euros o 2.500 euros en función de la edad del mismo.
El Acuerdo contempla un programa de movilidad geográfica, que en caso de producirse la empresa satisface compensación en forma de pago único.
1. Indemnizaciones por despido.
Los criterios que se contienen en el presente apartado se aplican a las indemnizaciones que se satisfacen al trabajador directamente por la empresa y no a través de una entidad aseguradora con la que la empresa hubiera contratado un seguro colectivo que instrumente los compromisos por pensiones asumidos por la misma con sus trabajadores, sin perjuicio del tratamiento que posteriormente se expondrá para éste último caso.
En el caso de un despido improcedente, el artículo 56.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), establece una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
No obstante, en relación con las indemnizaciones por despido improcedente, la disposición transitoria undécima del citado texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dispone que:
En consecuencia, la indemnización satisfecha por la consultante por la extinción de la relación laboral en el marco del despido colectivo efectuado, estará exenta del Impuesto con el límite del menor de:
- la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente (33 días por año de servicio con un máximo de veinticuatro mensualidades, según la nueva redacción del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, aplicable a los contratos suscritos a partir de 12 de febrero de 2012, y, para contratos formalizados con anterioridad a 12 de febrero de 2012, los límites previstos en la citada disposición transitoria undécima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
De acuerdo con dicha normativa, cuando la indemnización se perciba en forma de capital, al exceso indemnizatorio sobre el límite exento le resultará de aplicación la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF cuando el período de tiempo trabajado para la empresa sea superior a dos años. La cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
Cuando la indemnización se fraccione en dos o más períodos impositivos, quedará sometida a tributación efectiva por el Impuesto a partir del momento en que su importe acumulado supere el montante que goza de exención en virtud de lo previsto en el artículo 7.e) de la LIRPF. Una vez superada dicha magnitud, sólo podrá aplicarse la reducción del 30 por 100, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 del Reglamento del Impuesto, si el cociente resultante de dividir el período de generación (determinado por los años de servicios en la empresa, contados de fecha a fecha), por el número de períodos impositivos de fraccionamiento, fuera superior a dos. A estos efectos, deberán tenerse en cuenta, como períodos impositivos de fraccionamiento, todos aquellos en los que se perciba la indemnización, incluidos los ejercicios en los que la indemnización esté exenta. En cada uno de los períodos impositivos de fraccionamiento, la cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros. Asimismo, en caso de resultar aplicable, se deberá tener en cuenta el límite que se establece para el supuesto de extinción de relaciones laborales o mercantiles en las que el importe de los rendimientos del trabajo derivados de la extinción supere los 700.000 euros.
El tratamiento expuesto, será de aplicación a los trabajadores que extingan su relación laboral en el ámbito del procedimiento de despido colectivo, incluyendo a aquellos trabajadores que estando incluidos en el mismo, rechacen la oferta de movilidad geográfica.
2. Indemnizaciones por despido abonadas a través de un seguro colectivo.
Según se pone de manifiesto en el escrito de consulta, en algunos casos el pago de la indemnización se realiza a través de un seguro colectivo que instrumenta compromisos por pensiones. Únicamente se incluyen empleados cuya indemnización está en su integridad exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El último párrafo del artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (BOE de 13 de diciembre), establece:
“Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral con aquéllas y pasen a situación legal de desempleo en los casos contemplados en el párrafo tercero de la letra a) anterior, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de instrumentación, con carácter voluntario, de acuerdo con el régimen previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, en cuyo caso se someterán a la normativa financiera y fiscal derivada de ésta.”
Por tanto, el régimen fiscal aplicable al contrato de seguro colectivo sobre el que se consulta será el previsto para los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones conforme a la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
El artículo 17.2.a).5ª de la LIRPF, considera rendimientos del trabajo:
“5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.
Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador”.
De acuerdo con lo anterior, la integración en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del empleado se hará en la medida en que la cuantía de las rentas percibidas exceda del importe exento en virtud del artículo 7.e) de la Ley 35/2006 y de las cantidades que se hubiesen integrado anteriormente como retribución del trabajo en especie, en caso de haberse imputado fiscalmente la prima.
Si el importe total de la indemnización a satisfacer al empleado está exento, tal y como se señala en el escrito de consulta, no estarán sometidas a tributación las cantidades percibidas por los empleados incluidos en el seguro colectivo.
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), regula el despido colectivo, y en su apartado 9 dispone que:
Por el contrario en los supuestos en que la obligación de cotizar corresponde al trabajador, como sucede en el pago de convenio especial con la Seguridad Social recogido en el Acuerdo, para trabajadores que no tienen cumplida la edad de 55 años a fecha de extinción del contrato, que es asumido por la entidad consultante, las cantidades abonadas por esta última para satisfacer las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen para los trabajadores rendimientos íntegros del trabajo, pues se corresponden con la definición que para estos rendimientos establece el artículo 17.1 de la LIPRF, el cual los define como “todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”.
En el supuesto de corresponder la obligación de cotizar al trabajador, su pago por parte de la entidad consultante constituye una retribución en especie del trabajo. Ahora bien, si esta última entrega al trabajador importes en metálico para que éste haga frente a las cuotas de la Seguridad Social, dichos importes tendrán la consideración de renta dineraria, tal como dispone el artículo 42.1 de la LIRPF. En cualquiera de los dos casos, tales cantidades se encuentran sujetas a retención o ingreso a cuenta del IRPF en los términos previstos en el artículo 99 de la LIRPF y en los artículos 74 y siguientes del RIRPF.
El Acuerdo contempla el pago por parte de la entidad consultante de una cuantía adicional al trabajador, en caso de recuperación por la misma de cuantías de convenio Especial abonadas a la Seguridad Social por acceso a la jubilación anticipada de los trabajadores, siendo el importe de 6.000 euros o 2.500 euros en función de la edad del trabajador, y que se abonará al mismo en dos pagos de 3.000 euros o 1.250 euros según corresponda.
Debe indicarse en primer término que tales cantidades están sometidas a tributación como rendimientos del trabajo.
En cuanto a la posibilidad de aplicar la reducción del 30 por prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF, tal y como ha señalado anteriormente este Centro Directivo (entre otras, V1759-10), debe descartarse la existencia de un período de tiempo previo y ligado a la antigüedad en la empresa durante el que se fuera generando el derecho a percibir la cantidad en cuestión, sin que tampoco sea posible la calificación de estas cantidades como renta obtenida de forma notoriamente irregular al no encontrarse entre los supuestos recogidos en el artículo 12.1 del RIRPF.
En definitiva, la cantidad adicional que se percibirá en caso de que la entidad consultante recupere de cuantías de convenio especial abonadas a la Seguridad Social, se computará en su totalidad sin que le sea de aplicación la exención de las indemnizaciones por despido, prevista en el artículo 7 e) de la LIRPF, ni la reducción del 30 por ciento sobre los rendimientos íntegros del trabajo, establecida en el artículo 18.2 de la LIRPF y ello con independencia de que se obtenga forma de capital en el momento de la extinción de relación laboral, o en de forma renta.
Los trabajadores que acepten voluntariamente cambios en su centro de trabajo percibirán una indemnización calculada en función de la distancia y situación geográfica de los puestos de trabajo indemnización que se hará efectiva mediante un pago único a tanto alzado.
Conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 12.1 del Reglamento del Impuesto, a efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único período impositivo, las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 9 del Reglamento.
Dado que en el caso planteado las indemnizaciones se pagan de una sola vez, a tales indemnizaciones les resultará de aplicación la reducción del 30 por 100 prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF.
Sentencia SOCIAL Nº 1068/2018, TSJ Andalucia, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 560/2018, 04-04-2018
Orden: Social Fecha: 04/04/2018 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Sanchez Andrada, Jesus Num. Sentencia: 1068/2018 Num. Recurso: 560/2018
Sentencia Social Nº 2451/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2552/2014, 06-10-2015
Orden: Social Fecha: 06/10/2015 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Sanchez Andrada, Jesus Num. Sentencia: 2451/2015 Num. Recurso: 2552/2014
Carta de comunicación individual de despido colectivo (especial atención a la entrega de documentación al trabajador).
En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [ANIO].[NOMBRE_EMPRESA]D./Dña. [NOMBRE_TRABAJADOR_A]Muy Sr./Sra. Mío/a:Por medio de la presente la Dirección de [NOMBRE_EMPRESA] se ve en la necesidad de comunicarle que, como consecuencia del proceso de despi...
Resolución Vinculante de DGT, V0962-18, 11-04-2018
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 11/04/2018 Núm. Resolución: V0962-18
Resolución Vinculante de DGT, V3046-18, 28-11-2018
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/11/2018 Núm. Resolución: V3046-18
Resolución Vinculante de DGT, V0280-19, 13-02-2019
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 13/02/2019 Núm. Resolución: V0280-19