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Timestamp: 2017-08-17 23:09:13
Document Index: 114501158

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25']

Publicado por DERECHO PENAL en 12:30 No hay comentarios:
Bogotá, D.C., viernes, treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012).
1100131870052012-00531 01
Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
1. Se resuelve la impugnación presentada por Juan Carlos Fajardo Nova contra la decisión de 21 de marzo de 2012, proferida por la titular del Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que negó la petición de hábeas corpus.
2. Dice el accionante que el Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ha transgredido la norma que señala los términos para contestar la petición de libertad condicional que fuera elevada, aun cuando dicho estrado cuenta con los documentos requeridos para su concesión.
3. Solicitó que por medio del hábeas corpus se tomen las medidas necesarias para la protección de su derecho fundamental de la libertad.
4. El a quo consideró, una vez resumió la demanda, reseñó la actividad procesal y las pruebas recaudadas y describió las características de la acción constitucional libertaria, que se satisfacían los requisitos legales para negar la acción pública de hábeas corpus porque:
4.1. El accionante se encuentra legalmente privado desde el 10 de enero de 2011 cumpliendo la pena que le fuera impuesta el 30 de septiembre de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, modificada el 24 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá[1], corporación que le impuso una pena definitiva de 28 meses y 1 día de prisión por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.
4.2. Conforme a la actuación y pese a que la entidad accionada no había respondido la petición, verificó que el penado aun no ha cumplido la pena impuesta teniendo en cuenta que a la fecha de la decisión había descontado sólo 14 meses y 11 días de privación efectiva de la libertad.
4.3. La petición de libertad elevada por el accionante debe ser debatida al interior del propio proceso penal, escenario en el que cuenta con los recursos ordinarios en sede jurisdiccional para atacar la decisión.
4.4. El juez constitucional no está habilitado para hacer valoraciones sobre aspectos objetivos y subjetivos que demanda la norma para conceder el beneficio de la libertad condicional.
4.5. Descartó que Juan Carlos Fajardo Nova se encontrara ilegalmente privado de la libertad o en su defecto en una prolongación ilícita de la privación de la libertad.
5. El accionante presentó escrito de impugnación en el que indicó que se estaba desconociendo el tiempo en que fue recluido entre el 9 de mayo al 16 de julio de 2003 así como tampoco fue tomado en cuenta la redención por trabajo y estudio, requisitos que cumple para la concesión de la libertad condicional.
6. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7-1 de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer de la impugnación presentada por Juan Carlos Fajardo Nova, contra la decisión de 21 de marzo de 2012, proferida por titular del Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
7. Problema jurídico: Se debe determinar si la privación de la libertad de Fajardo Nova constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y, en consecuencia, sí los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia del hábeas corpus están presentes en el sub examine.
9. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho[2] que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de aplicación inmediata (art. 85, ibídem)[3] no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.)[4] cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a, ibídem)[5], y también (ii). es un mecanismo procesal de protección de la libertad personal en tanto en cuanto como acción pública y proceso constitucional trata de hacer efectivo el derecho fundamental de libertad individual y, por ello, se erige en una garantía procesal[6], según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria del Hábeas Corpus.
10. Como derecho fundamental el hábeas corpus se caracteriza por ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario, y cuya titularidad se extiende a todas las personas. Como acción constitucional se describe como pública, cautelar, preferente, célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria en el sentido de breve), con un procedimiento especial, indivisible, atemporal, irrevocable, intransmisible, sencilla, principal, específica, eficaz, procedente en específicas circunstancias y de efectos correctivo y reparador[7].
12. Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho[8], se puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones ilegales de la privación de la libertad[9] y en defensa de los derechos conexos[10], como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[11], siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[12].
14. Con todo, al examinar las características del hábeas corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar varias e importantes diferencias, tales como[13]:
16. Si bien la jurisprudencia tradicionalmente ha señalado que el hábeas corpus procede exclusivamente en los supuestos de a) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y, d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial[15], lo cierto es que dichos eventos de procedencia se pueden reconducir dentro del concepto «vía de hecho»[16], el que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u omisiones surgidas del capricho o arbitrariedad de una autoridad pública con franco y ostensible desprecio de normas vinculantes provenientes de los tratados y convenios internacionales, la Constitución y la ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo para su protección.
17. De lo anterior se sigue que el hábeas corpus no se puede limitar con requisitos de procedibilidad que el legislador estatutario no estableció, como lo es la exigencia del agotamiento de los recursos dentro del proceso, porque en ese caso se está autorizando la acción solamente a las partes e intervinientes del trámite judicial, únicos facultados para promover recursos o hacer peticiones de libertad, siendo que el precepto Supremo concibe la acción, como derecho de acceso a la justicia y garantía de obtener una decisión pronta, a toda persona que advierta la ocurrencia de una captura o privación ilegal de la libertad.
18. Adicionalmente, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales[17]. Por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, exegeta última de la Convención Americana[18].
19. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[19].
20. No se debe olvidar que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[20], para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[21]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[22].
21. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[23]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[24].
22. Por lo antes dicho, con atinado apego a los principios pro homine y pro libertate, se ha dicho que
23. Para que se considere demostrada una vía de hecho que haga procedente el hábeas corpus, teniendo en cuenta las características que determinó el Constituyente para la referida acción constitucional, los siguientes son los requisitos que deben cumplirse para que prospere una demanda de libertad con fundamento en la acción constitucional, y que coinciden con las exigencias que se imponen a la tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales[26]:
24. Del caso concreto: La pretensión principal del hábeas corpus y lo que busca el accionante Juan Carlos Fajardo Nova, es que se haga efectiva la libertad condicional por cumplimiento de los requisitos previstos para tal fin.
25. Acorde con los medios de prueba allegados se sabe, sin lugar a dudas, que:
25.1. Juan Carlos Fajardo Nova fue condenado el 30 de septiembre de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá – Cundinamarca, a la pena de 59 meses y 12 días de prisión, monto que fue modificado el 24 de junio de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, quien impuso una pena de 28 meses y 1 día de prisión por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
25.2. El 10 de enero de 2011 fue capturado Fajardo Nova para el cumplimiento de la pena y el 30 de marzo de 2011 el Juzgado 9º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá avocó conocimiento para su vigilancia.
25.3. Posteriormente, el 13 de abril de 2011, el penado solicitó acumulación jurídica de penas del proceso por el que hoy le vigilan pena y el que cursó en su contra en el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Tunja, petición que le fuera negada por el despacho y contra la cual interpuso el recurso de apelación el 22 de noviembre de 2011, remitiéndose los cuadernos originales ante el Tribunal Superior de Bogotá.
25.4. Surtiéndose el recurso ante este Tribunal, el 29 de febrero de 2012 ingresó al despacho accionado la petición de libertad condicional elevada por el penado junto con los documentos que soportan la solicitud provenientes del establecimiento carcelario, sin que a la fecha de la inspección judicial practicada por el juez de primera instancia, le hubieran resuelto de fondo la solicitud.
25.5. Resuelto el Hábeas Corpus por la Juez 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y estando la acción en término para resolver la impugnación interpuesta por Fajardo Nova, el Juzgado 9º de Ejecución de Penas de esta ciudad informó a este Despacho, que a través de proveído del 29 de marzo de 2012 le reconocieron a Fajardo Nova redención de pena por estudio y le concedieron la libertad condicional previo pago de caución prendaria por valor de de setenta mil pesos ($70.000) y la suscripción de la respectiva acta de compromiso.
25.6. El condenado fue notificado en la fecha, oportunidad en la que suscribió diligencia de compromiso, motivo por el cual le fue concedida la libertad mediante boleta N° 60.
26. Los derroteros señalados permiten advertir que aunque fue tardía la resolución de la libertad solicitada, el Juzgado 9º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dio respuesta que satisface el núcleo esencial de la acción como quiera que concedió la libertad condicional a Juan Carlos Fajardo Nova ante el evidente cumplimiento de las 3/5 partes de la condena.
27. De esta manera, satisfecho el requisito por el cual fue interpuesto el Hábeas Corpus, existe un hecho superado, que torna improcedente la acción.
1°. CONFIRMAR la decisión proferida por la titular del Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pero por las razones consignadas en esta sentencia.
2º. ADVERTIR que contra la presente sentencia no proceden recursos.
[1] Entiéndase Tribunal Superior de Cundinamarca.
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