Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-01384-de-febrero-7-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dbd7d76b922101f8e0430a01015101f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 19:22:15
Document Index: 140939043

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 279', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 121', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 48', 'e contrario', 'artículo 121', 'artículo 121']

﻿ Sentencia 2008-01384 de febrero 7 de 2013
SENTENCIA 2008-01384 DE 07 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN CUANTO A RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA. SI BIEN EL RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS AGENTES DE POLICÍA Y EL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES, SON REGÍMENES DIVERSOS, CON REGLAS JURÍDICAS PROPIAS, DEBE DECIRSE QUE TANTO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COMO LA DEL CONSEJO DE ESTADO HAN ADMITIDO LA POSIBILIDAD DE QUE A LOS BENEFICIARIOS DE UN RÉGIMEN ESPECIAL LE SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE NATURALEZA GENERAL, EN TANTO ESTAS ÚLTIMAS RESULTEN MÁS BENEFICIOSAS A SUS PRETENSIONES, ENTONCES ES POSIBLE AFIRMAS QUE EXCEPCIONALMENTE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SIN RAZÓN JUSTIFICADA LAS DIFERENCIAS SURGIDAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES ESPECIALES GENERAN UN TRATO DESFAVORABLE PARA SUS DESTINATARIOS, FRENTE A QUIENES SE ENCUENTRAN SOMETIDOS AL RÉGIMEN COMÚN DE LA LEY 100, SE CONFIGURA UNA EVIDENTE DISCRIMINACIÓN QUE IMPONE EL RETIRO DE LA NORMATIVIDAD ESPECIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PENSIÓN, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, AGENTE DE POLICÍA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Sentencia 2008-01384 de febrero 7 de 2013
Ref.: 050012331000200801384 01
Número interno: 0998-2012
Actor: Donelly Caro Usuga, autoridades nacionales
No obstante los anterior, el legislador mediante la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus Salas o Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada entrañe únicamente reiteración de su jurisprudencia.
Así las cosas, teniendo en cuenta que esta Sección mediante sentencias de 13 de septiembre de 2012. Rad. 1604-2009; 23 de agosto de 2012. Rad. 2321-2010 y 14 de julio de 2011. Rad. 1558-2010, ya ha resuelto asuntos cuyo problema jurídico guarda identidad con el que hoy formula la parte demandante, la Sala en el caso concreto, entrará a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 25 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho que sustancia ésta causa.
Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de la demandante en su condición de cónyuge supérstite del ex agente de la Policía Nacional Carlos Mario Castro Hoyos, en aplicación del Régimen General de Seguridad Social en pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993.
De igual forma, en el evento en que la demandante tenga derecho al referido reconocimiento prestaciones, deberá la Sala establecer si procede efectuar, sobre las mesadas pensionales reconocidas, el descuento de lo pagado por concepto de indemnización por la muerte en simple actividad del causante.
II. El acto administrativo acusado
Oficio 16748 de 19 de agosto de 2009, suscrito por el Jefe del grupo de Pensionados del Área de Prestaciones Sociales de la Secretaría General de la Policía Nacional, por el cual se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a la señora Donelly Caro Usuga en su condición de cónyuge supérstite del agente Carlo Mario Castro Hoyos (fl. 2).
III. De la pensión de sobreviviente en el Decreto 1213 de 1990.
En efecto, con la propósito de atender dicha contingencia derivada de la muerte, el legislador ha previsto la pensión de sobreviviente cuya finalidad, no es otra que la de suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el empleado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación.
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de la Fuerza Pública. En efecto, el Decreto 1213 de 1990, que modificó el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional, en su artículo 121 establece las prestaciones sociales causadas por la muerte de agente en simple actividad, en los siguientes términos:
c) Si el agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el tesoro público, se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.”.
De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que la norma antes transcrita establece el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente con carácter vitalicia a favor de los beneficiarios de los agentes de la Policía Nacional que, habiendo muerto, hubieran prestado sus servicios por lo menos 15 años.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Donelly Caro Usuga pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente argumentando para tal efecto, la muerte de su esposo el señor Carlos Mario Castro Hoyos, quien se desempeñaba como agente de la Policía Nacional.
Sobre este particular, observa la Sala que según copia del registro civil de matrimonio, de 23 de agosto de 1989, suscrito por el Registrador municipal de Apartadó, Antioquia, los señores Carlos Mario Castro Hoyos y Donelly Caro Usuga contrajeron matrimonio el 25 de diciembre de 1987, en el citado municipio (fl. 17).
En este mismo sentido, según la hoja de servicios No. 98514733 de 18 de febrero de 1993, el señor Carlos Mario Castro Hoyos prestó sus servicios a la Policía Nacional, en el grado de agente, del 21 de abril de 1985 al 24 de diciembre de 1992, esto es, durante 7 años, 9 meses y 11 días (fl. 8).
Y, que de acuerdo con el registro de defunción 903377 de 28 de diciembre de 1992 el señor Carlos Mario Castro Hoyos falleció el 24 de diciembre de 1992 (fl. 9).
Teniendo en cuenta lo anterior, el 23 de julio de 2008 la señora Donelly Caro Usuga, en su condición de cónyuge supérstite del señor Carlos Mario Castro Hoyos, solicitó al director general de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente (fls. 3 a 5).
Sin embargo, el 19 de agosto de 2008 mediante Oficio 16748 el jefe del grupo de pensionados del área de prestaciones sociales de la secretaría general de la Policía Nacional negó la referida solicitud, con los siguientes argumentos (fl. 2):
“En atención a su petición radicada bajo el número citado en la referencia, donde solicita se le reconozca a su poderdante la señora Donelly Caro Usuga y a sus menores hijos, pensión de sobreviviente como beneficiarios del extinto AG (F) Castro Hoyos Carlos Mario; al respecto me permito informarle que la normatividad que se encontraba vigente para la época que ocurrió el suceso, es decir, el Decreto 1213 de 1990, norma que regía en materia prestacional al antes mencionado, establece que para que los beneficiarios accedan al beneficio de pensión de sobreviviente, el policía debió haber laborado 15 años o más en la institución, teniendo en cuenta que la muerte del señor Carlos Mario Castro Hoyos fue calificada de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 121 del Decreto 1213/90, es decir, en simple actividad, y de acuerdo a la hoja de servicio que reposa en el expediente prestacional el institucional laboró siete (7) años, nueve (9) meses y once (11) días, por lo tanto no cumplió con el requisito antes descrito, por tal razón me permito informarle que no es posible atender favorablemente su solicitud, de reconocerle pensión de sobreviviente a su poderdante (…).”.
Bajo estos supuestos, estima la Sala que como quedó visto en el acápite anterior, el Decreto 1213 de 1990, dispone en su artículo 121 el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios de los agentes de la Policía Nacional que al momento de su muerte, en simple actividad, hubieran laborado por lo menos 15 años al servicio de dicha institución.
No obstante lo anterior, tal como lo afirmó la entidad demandada en el acto administrativo acusado, debe decirse que en el caso concreto el señor Carlos Mario Castro Hoyos al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como agente de la Policía Nacional igual a 15 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su cónyuge supérstite, en los términos del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como agente de la referida institución, esto es, el 21 de abril de 1985 hasta su muerte, 24 de diciembre de 1992, transcurrieron 7 años, 9 meses y 11 días (fl. 8).
En efecto, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, establece la pensión de sobreviviente como un amparo a favor de las personas que dependían económicamente del afiliado al sistema que ha muerto, sin haber logrado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Así se observa en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993:
“ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. “Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:” Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
En este punto, estima la Sala que si bien el régimen especial aplicable a los agentes de la Policía Nacional y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos, con reglas jurídicas propias, debe decirse que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta corporación han admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones.
En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre de 2005, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo que:
"Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta.".
Sobre este mismo punto, el despacho que sustancia la presente causa en sentencia de 27 de agosto de 2009. Radicación 0241-2007, precisó que:
“Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la sección, en casos similares al que se juzga en este proceso(2), a las excepciones en la aplicación de las normas generales por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse sólo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad, como ocurre en el caso que se examina, en el cual las previsiones contenidas en los artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la pensión de sobrevivientes, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas por muerte en situaciones especiales a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en el ordenamiento que rige la materia, por lo que la definición del asunto no puede conducir a la decisión adoptada por la entidad demandada, que negó la prestación en aplicación de dicho régimen especial.”.
Bajo estos supuestos, y descendiendo al caso concreto, se observa que conforme a lo dispuesto por los artículo 121 del Decreto 1213 de 1990 la señora Donelly Caro Usuga, en su condición de cónyuge supérstite del señor Carlos Mario Castro Hoyos, no tiene derecho al reconocimiento de una prestación pensional de sobreviviente, toda vez que el causante no laboró los 15 años exigidos por las disposiciones en cita.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la aplicación del régimen especial previsto para los Agentes de la Policía Nacional en el caso concreto, Decreto 1213 de 1990, da lugar a un trato desfavorable a las pretensiones de la demandante la Sala, estima acertada la decisión del Tribunal en cuanto por vía de excepción aplicó las disposiciones prevista en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, las cuales resultan más beneficiosas a su situación particular, en cuanto logra satisfacer los requisitos exigidos por el citado artículo 46.
En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente el señor Carlos Mario Castro Hoyos prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional, del 21 de abril de 1985 al 24 de diciembre de 1992, fecha esta última en la que se registró su muerte en simple actividad, lo que permite a la Sala dar por probado que dentro de los 3 años anteriores a su muerte esto es, entre el 24 de diciembre de 1989 y el 24 de diciembre de 1992, cotizó más de cincuenta semanas por concepto de asignación de retiro y, en consecuencia da lugar, al reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor de la demandante (fl. 8).
Sobre este particular, vale la pena precisar que en lo que se refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente, reconocida a la señora Donelly Castro Usuga, este deberá corresponder al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales el causante cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Y así mismo, en cuanto a su monto se deberá seguir la regla establecida en el artículo 48(3) de la Ley 100 de 1993, esto es, el 45% del ingreso base de liquidación, más un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500 sin exceder, en todo caso, del 75% del ingreso base.
En lo que referente a la declaratoria de prescripción de las mesadas pensionales estima la Sala que contrario a lo expuesto en la sentencia apelada el término de prescripción, previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, se interrumpió con la formulación de la petición de la demandante ante la Dirección General de la Policía Nacional, esto es, el 23 de julio de 2008, y no con la presentación de la demanda, 29 de octubre de 2008, lo que en la práctica implicaría que la entidad demandada debería pagarle las mesadas pensionales a la señora Donelly Caro Usuga a partir del 23 de julio de 2005. Empero, la Sala se abstendrá de modificar tal circunstancia, en virtud de la prohibición de la reformatio in pejus toda vez que, en el caso concreto a la Policía Nacional en su condición de apelante único no podría hacérsele más gravosa su situación frente a la presente controversia.
Finalmente, la Sala no comparte la argumentación de la entidad demandada en el recurso de apelación, en cuanto solicita que sobre las mesadas pensionales reconocidas a la demandante le sea descontada la suma efectivamente pagada por concepto de indemnización, causada por la muerte de su cónyuge, toda vez que la pensión que se le reconoce a la demandante no resulta ser una prestación extraña al régimen especial previstos para los agentes de la Policía Nacional como se observa en el literal c) del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990. En efecto, de la lectura del referido artículo resulta claro que el legislador extraordinario estableció a favor de los beneficiarios de los Agentes de la Policía Nacional muertos en actividad simple “las siguientes prestaciones”: compensación equivalente a dos años de haberes; al pago de cesantías y el reconocimiento y pago de una pensión mensual siempre que se acrediten los requisitos previstos.
Así las cosas, de la disposición en cita no resulta evidente una incompatibilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones referidas lo anterior, adicionalmente, porque cada una de ellas responde a una naturaleza distinta, esto es, mientras la compensación de 2 años, prevista en el literal a, del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, tiene un carácter eminentemente indemnizatorio la pensión de sobreviviente constituye una respuesta de naturaleza asistencial(1) a las contingencias derivadas de la muerte del beneficiario, respecto a sus beneficiarios.
Al respecto, esta sección en sentencia de 17 de mayo de 2012. Radicación 1578-2009. M.P. Alfonso Vargas Rincón, sostuvo:
“(…) En esas condiciones, el hecho de que para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes se acuda a las previsiones del régimen general de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993, no es impedimento para reconocer las demás prestaciones que por el deceso del miembro de la Fuerza Pública se causan, pues lo que se está haciendo es reemplazar la pensión del Decreto 1213 de 1990 por la establecida en la Ley 100 de 1993.
Por lo anterior, la Sala no encuentra justificada la obligación impuesta de restituir las sumas pagadas por concepto de indemnización por muerte del causante, máxime cuando la indemnización objeto de discusión, fue reconocida mediante un acto administrativo, Resolución 006097 de 17 de mayo de 1995, cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada y por ende conserva plena validez.”.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará la sentencia de 25 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Donelly Caro Usuga contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
CONFÍRMASE la sentencia de 25 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Donelly Caro Usuga contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(1) Ver sentencia de la Corte Constitucional T-231 de 31 de marzo de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto.