Source: http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar/page/2/
Timestamp: 2017-06-28 02:01:48
Document Index: 158065906

Matched Legal Cases: ['artículo 142', 'artículo 146', 'artículo 142', 'artículo 139', 'artículo 45', 'artículo 139', 'artículo 146']

Causa Hospital Militar « Mesa Juicio y Castigo – Entre Ríos « Página 2
Causa Hospital Militar Mesa Juicio y Castigo – Entre Ríos
El crimen de la apropiación
Difícilmente haya causas que muestren de forma más explícita la presencia actual de las consecuencias del terrorismo de Estado que las que investigan y juzgan casos de apropiación de niños y niñas secuestrados con sus madres o que nacieron durante el cautiverio de éstas, en la última dictadura militar. Esta siniestra práctica represiva no estaba configurada con claridad antes de producirse el golpe de Estado, pero rápidamente fue absorbida como parte del proceso de aniquilamiento de las personas sindicadas como enemigos por los represores. Sus aristas diferenciales se delinearon de inmediato.Uno de sus propósitos fue que los niños no crecieran con las familias tildadas de subversivas, en forma similar al tratamiento que impuso el franquismo a los hijos de los republicanos que eran asesinados o apresados. Durante la dictadura franquista, esos niños fueron llevados a reformatorios y separados de sus familias, para evitar que los criaran de acuerdo con valores contrarios a los que buscaba imponer el régimen. En nuestro país, tuvieron diferentes destinos: algunos fueron apropiados por integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad o personas vinculadas con éstos; otros fueron asesinados junto a sus padres; y unos pocos fueron adoptados por familias que de buena fe los educaron. Pero el objetivo de quienes pergeñaron el terrorismo de Estado fue el traspaso violento de los menores desde el grupo en el que habían nacido hacia otro, para evitar que estuvieran con sus familias verdaderas.
Otra de sus finalidades fue aplicar un castigo adicional a las familias de quienes osaron trasgredir el orden que imponía la dictadura. Como en el seno de esas familias habían nacido “extremistas”, esta práctica represiva fue una forma más de represalia por haberlos engendrado. El plus lo configuró –y lamentablemente lo sigue configurando– la angustia desgarradora de sumarle a la incertidumbre sobre lo ocurrido con las y los de-saparecidos no conocer el destino de sus hijos, quienes también pasaron a integrar la ominosa lista de desaparecidos. En algunos casos, incluso, ni siquiera se ha podido determinar si mujeres que fueron secuestradas embarazadas llegaron a dar a luz o si los niños que nacieron en esas condiciones sobrevivieron al horror. Este castigo se sigue infringiendo y el dolor que provocan estas ausencias se renueva cotidianamente para las familias que aún siguen buscando.
El tercer objetivo fue aportar al disciplinamiento que la dictadura pretendía aplicar a la sociedad: a quienes se oponían al régimen saliendo del ámbito privado en el que debían estar recluidos y desafiando el orden establecido, no sólo se los secuestraba, se los de-saparecía, se los torturaba o se los apresaba, sino que también se les arrancaban sus hijos. En Paraná, desde el mes de agosto se está juzgando a seis de los responsables de la apropiación de los hijos mellizos de la desa-parecida Raquel Negro, cuya hija, su familia y las Abuelas tuvieron la enorme alegría de encontrar hace tres años. En cambio, a su hermano aún lo estamos buscando.
Los testigos principales de este juicio fueron médicos y enfermeras del Hospital Militar en donde fue obligada a parir Raquel y de un instituto médico al que fueron llevados los bebés. La diferencia entre el relato de unos y otras fue abismal: los médicos dijeron no recordar absolutamente nada o admitieron a regañadientes lo ocurrido. Las enfermeras se sentaron frente a los jueces y, pese a que estaban declarando contra militares y médicos, contaron la verdad con una valentía inusitada. Estas mujeres, en su mayoría de edad avanzada y trabajadoras, marcaron una línea ética que está en sintonía con lo que ha sido la pelea denodada de las Abuelas, y el coraje que exhibieron brilló frente a la cobardía o la connivencia repugnante de los médicos.
En nuestro alegato, pedimos que los acusados sean condenados a prisión perpetua. Para hacerlo, tuvimos que recurrir a un planteo novedoso pidiendo que se aplique la recientemente incorporada figura de desaparición forzada respecto de lo ocurrido con el hijo varón. Lo hicimos con el convencimiento de que es lo correcto, no sólo por los sólidos argumentos jurídicos que tenemos, sino porque consideramos que el mensaje simbólico de la sentencia tiene que estar muy claro: en Argentina de ninguna forma se toleran crímenes tan aberrantes como la apropiación. Esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias y lo demuestren hoy dictando una resolución acorde con la gravedad de los hechos juzgados. Y ojalá esta sentencia también anime a más personas a aportar elementos para que podamos saber qué pasó con el mellizo y pronto festejemos su encuentro.
Ana Oberlin. Abogada representante de la querella.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-179400-2011-10-21.html
Publicado por admin en nacionales No hay comentarios
“La prisión perpetua es la pena con la que deben ser condenados los imputados”
Florencia Amore, abogada querellante de Sabrina Gullino, de Sebastián Alvarez y de HIJOS, en la causa que investiga el robo de bebés, dijo a LT14 que durante el juicio “quedó clara la responsabilidad de los imputados” por lo que se pidió una pena de prisión perpetua. Este viernes a las 17 el tribunal dará a conocer el veredicto.
En comunicación con La raíz del grito, Amore sostuvo que “hace seis años que se está investigando y recolectando pruebas, la cual se reprodujo en el juicio oral y superó ampliamente la convicción que teníamos en la instrucción”.
Publicado por admin en audios No hay comentarios
El tribunal anunció que el viernes 21 a las 17 dará a conocer su veredicto en el juicio por la causa Hospital Militar. Los represores tuvieron oportunidad de decir sus últimas palabras y de hacerse una vez más los desentendidos. Se escucharon las réplicas y contrarréplicas a los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones que hicieron las defensas.
por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)
El Dr. Lopez Arango (centro) y la Dra. Lilia Carnero, integrantes del Tribunal. Foto: Pablo Churruarín
Al finalizar la audiencia de este viernes el presidente del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar. Dentro de una semana, el viernes 21 a las 17, se conocerá la sentencia y una síntesis de los fundamentos en el juicio por el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro nacidos en el Hospital Militar en 1978, una proceso que se inició en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano. Por primera vez se hará justicia y comenzará a borrarse la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.
Al inicio de la audiencia, la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron el jueves las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011 en un planteo del imputado Juan Daniel Amelong”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales.
El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia” –porque se habría variado la plataforma fáctica y las calificaciones legales y las responsabilidades– y por una supuesta inconsistencia porque no se habría establecido concretamente los roles de los imputados para la atribución de responsabilidades.
“El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.
Sobre la calificación legal dijo que “el Ministerio Público Fiscal siempre consideró que la normativa aplicable era la misma” y que, en todo caso, “si se hubiese variado tampoco se afecta el principio de congruencia porque no hay una variación en los hechos”.
También indicó que la variación en la atribución de las responsabilidades, de autoría mediata para todos a autoría mediata para cuatro y participación necesaria para dos, se realizó “fundadamente” y por lo acaecido durante el curso del debate.
Sobre la supuesta inconsistencia de la acusación dijo que “se explicó por qué los cuatro autores mediatos (Guerrieri, Amelong, Fariña y González) formaban parte de un aparato organizado de poder que ideó y dio las órdenes para que se ejecutara el plan de traslado de Raquel Negro secuestrada, se realizara el parto clandestino y la sustracción de los bebés y sustitución de sus identidades. También se explicó por qué Pagano y Zaccaría fueron partícipes necesarios”.
Desde la querella unificada, Álvaro Pierola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción, en cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de delitos de lesa humanidad. “Todas las valoraciones de los defensores ya fueron tratadas por la Corte en los fallos Arancibia Clavel y Simón”, dijo el abogado, por lo cual los jueces no podrían apartarse de la imprescriptibilidad. “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.
Florencia Amore también compartió lo manifestado por la fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal. “Ha existido identidad fáctica en los hechos por los cuales se los indagó, procesó, se requirió a juicio y se los acusó. No se ha visto menoscabado el derecho de defensa en juicio”, dijo la representante de HIJOS Paraná. Además dijo que la defensa debe demostrar que los imputados no cometieron los hechos, no en qué calidad de autores. El cambio se hizo, de autores mediatos a coautores, se efectuó luego de evaluar la prueba producida en el debate, que se realizó bajo las reglas del debido proceso, remarcó.
En las contrarréplicas los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga y el defensor particular Humberto Franchi insistieron con el pedido de prescripción y con las nulidades.
Últimas palabras de los genocidas
Este viernes cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad para expresar sus últimas palabras. Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino González y Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría prefirió mantenerse en silencio.
El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de mis superiores ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse, curiosamente, eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.
“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.
Amelong criticó al Ministerio Público Fiscal porque “más que nadie es el que ha demostrado que respeta a pie juntillas la política de Estado que ha implementado este gobierno” y porque a su juicio no cumplió con su función de controlar la legalidad del juicio. Según dijo, hubo sólo una “apariencia de legalidad”.
Por otra parte, acusó al tribunal de no ser imparcial: “Se está procurando un momento político para producir el fallo y eso es dolo eventual. Están apurando el fallo, que salvo sorpresa va a ser condenatorio. No desconozco las presiones que tienen ustedes para fallar en este juicio histórico”.
De la misma manera cuestionó a los medios de comunicación locales y a los que tuvo acceso de alcance nacional: “Ninguno vino a verme para hacer una nota, porque lo que no quieren escuchar es la otra parte de la verdad, algo que sea diferente a la historia oficial: se está engañando a la población (…) Solamente esta resolución va a ser justa si es legal, de lo contrario no será justa y sí seguramente va a ser elogiada por esos medios oficialistas, o presionados, o por interés o por el cobro de la pauta; pero la historia no va a valorar un fallo no justo”.
El represor, que también es abogado, dijo que quiso ejercer su autodefensa en esta causa porque notaba poca predisposición de parte de quien era su defensor oficial en aquel momento, Juan Carlos Ferrari, en quien “no podía confiar”. Por el contrario, destacó “la lealtad y el profesionalismo del doctor Franchi”, quien “tiró por tierra todo lo mal que se venía haciendo antes”.
Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Yo era un teniente coronel, jamás podía interceder en la subsistencia de cualquier persona en el ámbito de Rosario. Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión. ¿Por qué iba a tocar elementos del 121? No nos tocó porque si yo tuviera que haber hecho ese plan, como un plan se hace de atrás para adelante, al primer tipo que tendría que haberle dicho lo que tenía que hacer es al señor Zaccaria, y a Zaccaría lo conocí acá”.
“Señor juez, basta del pasado, mientras estos juicios se prolonguen en el tiempo va a haber dolor, no de los que perdieron sus familiares, sino de todos. Si estos juicios siguen van a provocar heridas”, finalizó.
Marino González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió. El personal que estaba a mis órdenes no vino en ningún momento a Paraná”, se defendió. “La privación de la libertad está relacionada con la posibilidad de que el Estado le permita al preso rehabilitarse e insertar nuevamente a la sociedad. En 30 años habré cometido alguna infracción de tránsito, ¿a mí me tienen que reinsertar?¿Por qué estoy acá?¿Será por venganza?”, subrayó.
Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que eligió estar ausente durante la mayor parte del juicio, en su única declaración en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo es totalmente falsa. Nada más”, dijo.
Publicado por admin en del recinto No hay comentarios
Crónica del día Para la querella es “imposible pensar en una absolución”
Florencia Amore, abogada querellante de Sabrina Gullino, de Sebastián Alvarez y de HIJOS, habló con LT14 respecto de la jornada 18º que se desarrolló este viernes en el Juzgado Federal de Paraná por la causa Hospital Militar. Afirmó que con el cúmulo de pruebas que hay respecto de la autoría de los imputados “es imposible pensar en una absolución”.
En declaraciones al móvil de LT14, Amore detalló los pasos que se dieron en la audiencia de este viernes. Destacó que “no se violó ningún principio procesal, se ha desarrollado el debate en el marco del debido proceso, eso fue lo que sostuvimos hoy”. Con respecto al pedido de absolución realizado por las defensar, dijo la abogada que “tras tantos años que se viene investigando esta causa entendemos que el cúmulo de pruebas demuestra la autoría de los imputados y hace imposible pensar en una absolución. Está mas que probado y ha quedado evidenciado en este debate oral”.
Los representantes de los represores expusieron sus alegatos pidiendo la absolución para todos. Argumentaron la supuesta falta de pruebas que los incriminen en el robo de bebés. Responsabilizaron de los hechos al testigo Costanzo, a los fallecidos Navone y Galtieri y al demente Trimarco. Plantearon la prescripción de los delitos y la nulidad de las acusaciones. Las seguidores de Cecilia Pando se hicieron presentes por primera vez en el debate.
Los defensores pidieron este jueves la absolución de los seis represores acusados en el juicio por robo de bebés que se desarrolla en Paraná, argumentando supuesta falta de pruebas, el beneficio de la duda y la pretendida nulidad de las acusaciones. Además expusieron una hipótesis alternativa a la investigación de los hechos realizada hasta el momento, según la cual los responsables no serían los acusados sino el testigo Eduardo Costanzo, militares fallecidos y el jefe del terrorismo de Estado en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco, declarado inimputable. De la misma manera, buscaron involucrar a los médicos que intervinieron en la atención de los hijos mellizos de Raquel Negro.
La jornada se extendió por casi ocho horas. En el cuarto intermedio del mediodía llegaron al escenario de las audiencias, por primera vez en lo que va del juicio, integrantes de la ultraderechista Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que encabeza María Cecilia Pando, esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado. Eran menos de siete personas que se ubicaron en diferentes sectores de la sala y entablaron diálogo con la esposa del imputado Juan Antonio Zaccaría. Antes de retirarse comentaron que volverán a hacerse presentes este viernes.
El Tribunal Federal de Paraná, que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejo, dispuso que este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Entre Ríos continúe este viernes a las 8.30, con las réplicas y contrarréplicas acerca de los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones. Luego los procesados tendrían que expresar sus últimas palabras y se fijaría fecha para la lectura de la sentencia.
En la causa conocida como Hospital Militar se investiga el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado.
El defensor oficial Mario Franchi responsabilizó en su alegato al “Tucu” Costanzo, al comandante y el subcomandante del Segundo Cuerpo de Ejército al momento de los hechos, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jáuregui respectivamente; el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe con servicios en la capital entrerriana, Paul Alberto Navone. De ese modo pretendió desvincular a sus representados Pascual Oscar Guerrieri, Rubén Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Héctor Marino González, quienes revistaban en el DI 121 con asiento en Rosario y, según Franchi, no tenían “ni autoridad ni jurisdicción” sobre Paraná. “Nuestra hipótesis es que este hecho fue decidido por Galtieri y Trimarco y Navone fue autor mediato o directo”, aseveró.
De los cinco supuestos culpables señalados por Mario Franchi, tres ya fallecieron: Galtieri, Jáuregui y Navone. El tercero de ellos se suicidó cuando fue llamado a declarar en esta causa y hay testimonios que lo señalan como el presunto apropiador del varón. Un cuarto, Trimarco, fue declarado inimputable por incapacidad mental. Sólo uno de los indicados está vivo: el testigo Costanzo, también integrante del DI de Rosario. Sobre él basó el defensor oficial gran parte de su alegato, intentando desvirtuar las declaraciones que incriminaron a sus representados. Dijo, sintéticamente, que es un “mentiroso patológico”, un “fabulador”, que ha incurrido en “delirios” y tiene “enemistad” y “animosidad” hacia los acusados. En ese marco dijo tener “una lista 24 razones” que demostrarían que miente.
“Costanzo no miente sobre los hechos pero sí respecto de la autoría cuando debe protegerse y por eso responsabiliza a otros”, señaló, para luego asegurar que el ex agente civil de Inteligencia conocido como “El Tucu” conoce los detalles de los hechos porque tuvo “una intervención directa”, por lo cual opinó que debió ser imputado y no testigo.
Por otra parte, para la defensa oficial los delitos se consumaron en el momento que los bebés egresaron del Instituto Privado de Pediatría, adonde habían sido derivados desde el Hospital Militar, puesto que fue entonces cuando salieron de la esfera de cuidado de los médicos, quienes eran “garantes de la integridad física” de los niños. Antes de esa instancia “no se puede hablar de sustracción, por lo tanto todos los actos anteriores resultan impunes”, aseguró Franchi.
Además el abogado cuestionó la responsabilidad profesional de los médicos y recordó las “evidentes contradicciones” de algunos de los que declararon como testigos y sus “posibles renuencias a declarar” que fueron señaladas por el Tribunal. Ese fue el caso de Miguel Torrealday, uno de los socios del IPP, aunque Franchi no mencionó ningún nombre. “Las pruebas son contra la responsabilidad profesional de los médicos y no contra mis defendidos, a quienes nadie vio en Paraná e incluso los testigos dijeron no conocer”, afirmó.
Noelia Quiroga, quien comparte la defensa junto a Mario Franchi, planteó que el delito ya prescribió y que el plazo de esa prescripción se cumplió diez años después de que los menores apropiados cumplieron 10 años, es decir en 1998.
Además los defensores se opusieron al planteo de la querella de que los acusados sean condenados también por el delito de desaparición forzada de personas, para lo cual pidieron la pena de prisión perpetua, y al pedido de aplicación de la ley penal más gravosa para los imputados y más nueva (Nº 24.410) en lugar de la más benigna y vigente al momento de los hechos (Nº 11.179) para los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad.
Por su parte, Humberto Franchi, abogado del médico militar Juan Antonio Zaccaría, solicitó la absolución de su defendido en base a la supuesta ausencia de testigos que hayan reconocido su intervención delictiva y sosteniendo que su participación fue meramente “sanitaria”.
Subsidiariamente pidió que se lo contemple como partícipe secundario, porque habría actuado con “negligencia” pero no con dolo, y se le aplique la absolución por el principio de “pena natural”, argumentando para eso que el estado de salud del procesado es “deplorable” como “consecuencia” del encierro que atraviesa en forma domiciliaria. Asimismo se sumó al reclamo de la defensa oficial de la prescripción de la acción penal y al rechazo de la imputación por desaparición forzada de persona y pedido de pena en base a la aplicación de la ley penal más gravosa que hiciera la querella en su alegato.
Humberto Franchi pretendió desvincular a Zaccaría igualando su intervención en los hechos con las que tuvieron otros médicos que no fueron imputados, como los del Hospital Militar Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti y los del IPP con Torrealday a la cabeza. Según dijo, la participación de su cliente fue “casual” y solamente “sanitaria”, consistente en intentar que los bebés no murieran derivándolos al Instituto de Pediatría, aunque en otra parte del alegato dijo no atendió a los niños sino que fueron Berduc y Zaccaría y que quien los derivó fue Berduc.
Además remarcó que su defendido, quien era jefe de Terapia Intensiva del hospital, a diferencia de los otros médicos, fue el único que reconoció que el nacimiento de sus bebés y la internación en esa sala como NN fue una situación irregular; pero no tuvo otro margen de acción que ir a quejarse a la dirección del nosocomio, donde le dijeron que no se metiera con el tema. “No podía devolver los bebés a la madre. A lo sumo le podemos criticar que no tuvo la suficiente fuerza para oponerse a la situación irregular. Las consecuencias que implicaba esto no era sólo la pérdida de trabajo para Zaccaría, era algo más. Podía haber sido uno más de la lista”, manifestó, en alusión implícita a los desaparecidos. Y agregó: “No le quedaba otra”.
Por otra parte, desligó al anestesista de la patota que integraban el resto de los acusados: “La madre estaba a cargo del grupo que la trajo y se la llevó, no de Zaccaría”. Manifestó que los coimputados no lo conocían y que no participaba de las acciones clandestinas que aquellos desarrollaban y para las cuales utilizaban nombres falsos. “Zaccaría no tenía un nombre supuesto. Todo el mundo lo conocía en el hospital”, aseguró. Luego comentó que “el plan sistemático de robo de bebés utilizaba pediatras y ginecólogos, no anestesistas”.
Crónica del día En un emotivo acto, la tesis de Raquel Negro fue entregada a sus hijos
Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez recibieron este miércoles el trabajo final de la Licenciatura en Trabajo Social, carrera cursada por su madre desaparecida, Raquel Negro. El acto se realizó en la sede de la Facultad de Trabajo Social de UNER.
Este miércoles Sabrina y Sebastián recibieron la tesis de su madre, desaparecida durante la última dictadura militar. La entrega se realizó en el salón Ofelia Zaragozzi, con la presencia de autoridades de la casa de estudios, amigos y ex compañeros de Raquel Negro.
En este marco, Sabrina Gullino comentó a UNO que “fue un día muy arduo, de mucha alegría, donde nos contactamos con mucha gente y fue como un traspaso de emociones de una generación a otra”.
En este sentido expresó que “en una tesina de Trabajo Social un alumno deja plasmada su subjetividad, su ideología, y esto nos sirve para conocer el pensamiento de nuestra madre a los 20 años y sobre todo, ver su coherencia entre la teoría y la práctica”.
La joven dijo además que “fue una sorpresa muy linda, y poder leerla a ella a través de este trabajo es muy emotivo”.
“Hoy vivimos un día de mucha intensidad, ya que además estuvimos escuchando los alegatos”, señaló en torno al juicio de lesa humanidad que se tramita ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, por la causa conocida como Hospital Militar, donde se juzga a seis represores acusados de la sustracción de los mellizos de Raquel Negro nacidos en cautiverio y de la supresión de sus identidades.
Sobre este tema indicó que “estoy totalmente satisfecha con la actuación de nuestros abogados. Los alegatos de la querella fueron impecables, con una precisión absoluta de la reconstrucción a partir de los testimonios y pruebas de lo que fueron todos estos años de investigación, así que con mis abogados no tengo más que un agradecimiento enorme”.
Sabrina pudo recuperar su verdadera identidad hace casi tres años, mientras que la búsqueda de su hermano mellizo varón todavía continúa.
Publicado por admin en entrevistas No hay comentarios
Los abogados pidieron una fuerte condena como coautores para Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y González y como partícipe necesario para Zaccaría, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro y de desaparición forzada del bebé varón. Además exigieron que vayan a cárcel común. La fiscalía solicitó 14 años para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría.
Los abogados de las partes querellantes pidieron este miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados en el juicio por la causa Hospital Militar, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón. Se consideró partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría y coautores a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. De la misma manera, solicitaron la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.
Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, se pidió una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.
Álvaro Baella, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, concluyó el extenso alegato de cuatro horas de las partes querellantes, calificando a los delitos de que fue víctima el bebé varón de Raquel Negro de “desaparición forzada” agravada por ser la victima una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de “supresión de estad civil de un menor de diez años”; todo esto en concurso real con la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años que tuvieron por víctima a Sabrina Gullino, la hija mujer de Negro.
Esos crímenes fueron considerados por los letrados como de lesa humanidad, que “repugnan a la humanidad en su conjunto”. El alegato tuvo varias referencias a las palabras de Sabrina y de su hermano mayor, Sebastián Álvarez, quienes al declarar en el juicio describieron de qué modo esos delitos los han perjudicado a ellos y a su familia a lo largo de más de 30 años. Al finalizar su exposición, Baella recordó cuando Sabrina interpeló a los acusados diciéndoles que debían estar arrepentidos de no haberla tirado al río, porque ahora, tanto tiempo después, un tribunal los estaba juzgando.
Además, el abogado Álvaro Piérola, representante de la organización HIJOS, hizo mención especial a la lucha de cuatro madres de desaparecidos de Paraná, Amanda Mayor, Pepita Goyeneche, Carmen Germano y Clara Fink, a quienes brindó un reconocimiento que fue seguido, como en muchas otras intervenciones de los querellantes, por un cerrado aplauso de la sala.
Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: “Tenemos la certeza de que hemos llegado a probar de forma total y completa todos los elementos que habìamos puesto en nuestras acusaciones”.
La letrada hizo una precisa descripción del contexto del terrorismo de Estado en el cual se cometieron los delitos. En ese sentido destacó que “el objetivo de la dictadura cívico militar era transformar totalmente la estructura económica y social del país, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad, y esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad”.
“Esos objetivos tenían algunos contornos difusos, por ejemplo qué hacer con los niños nacidos en cautiverio o de muy pequeña edad que eran secuestrados con sus padres. Esto surgió de forma casi inmediata y fue absorbido como parte de los objetivos a desarrollar en este plan criminal”, sostuvo.
Oberlín detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas “de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los Hospitales Militares, como en el caso abordado en este juicio”. Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.
“Esa práctica represiva –destacó la abogada– tenía tres objetivos centrales: el primero era que los menores no crecieran con sus familias biológicas, como se hiciera en España durante el franquismo con los hijos de los republicanos. En Argentina algunos niños fueron apropiados, otros asesinados y otros dejados en orfanatos y entregados de buena fe a familias que los criaron, como el caso de Sabrina Gullino. El segundo objetivo de este plan sistemático fue efectuar un castigo adicional a las familias de los desaparecidos. Cuesta mucho imaginar efectos más perversos y más actuales que este; se reactualiza cotidianamente el dolor de esa búsqueda que no termina”, aseguró Oberlin. El tercero de los objetivos era que consistía en una forma más de disciplinamiento para la sociedad. “No creo que exista un terror asimilable a pensar que te pueden llegar a robar a tus hijos, eso sin duda era paralizante para el resto de la sociedad”, aseveró.
Luego la abogada de HIJOS, Florencia Amore, hizo un desmenuzamiento de los pruebas que acreditan los delitos investigados: sobre todo los testimonios de Eduardo Costanzo, Jaime Dri, los periodistas Miguel Bonasso, Carlos del Frade y Reinaldo Sietecase, las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto Privado de Pediatrpia, la declaración del imputado Juan Antonio Zaccaría y de los médicos de ambos centros asistenciales, entre otros.
Amore y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, y de Abuelas, Álvaro Baella, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano, González y Zaccaría. En ese sentido se explicó:
* Guerrieri: era conocido con el alias de Jorge o Mayor Jorge, se ha probado con certeza para condenar que formaba parte del grupo operativo de represión que realizó y llevó adelante los hechos investigados en esta causa. El alias era utilizado para procurar la impunidad encubriendo su verdadera identidad. La prueba está dada por el testimonio de Jaime Dri. Jorge era uno de los de más alta jerarquía en cada uno de los centros clandestinos de detención. En su legajo figura que su grado a la fecha de los hechos era el de teniente coronel y prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121, donde era segundo jefe. Fue uno de los responsables del traslado de Raquel Negro a parir a Paraná. Costanzo lo sindicó como quien conducía operativamente la Quinta de Funes. En su legajo también aparece un informe médico por un cuadro depresivo tratado en 1982, que le diagnosticaba neurosis represiva ansiosa con componentes fóbicos, que se atribuía a la actuación que le cupo en el área de Inteligencia durante la lucha contra la denominada subversión en el país y en el extranjero. Guerrieri mismo reconoció sus delitos al resaltar que lo sucedido “estuvo en el contexto de una guerra revolucionaria en todo el planeta” y que “a Tulio se lo va a buscar porque era un guerrillero”. Sin embargo, no hay registro de una búsqueda legal de Tulio Valenzuela. También dijo que el tema de los chicos se desarrolló “en el contexto de una guerra revolucionaria” y a él “por edad biológica” le tocó estar. Es decir que reconoció su participación en los hechos y su participación en el grupo que cometió los delitos de lesa humanidad que investigados en esta causa.
* Fariña: usaba el alias Sebastián, se ha probado con certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos investigados en este juicio. No podía desconocer los hechos porque era el jefe de Operaciones Especiales, o sea de la patota. Además fue uno de los que viajó a México para llevar adelante la Operación México.
* Amelong. Alias Daniel. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en el juicio. De la declaración de Jaime Dri surge que era uno de los integrantes de los centros clandestinos de detención. Fue también uno de los que viaja a México. A la época de los hechos tenía 26 años y el grado de teniente. Costanzo acreditó que fue uno de los que trasladó a Sabrina Gullino desde el Instituto Privado de Pediatría al Hogar del Huérfano de Rosario. Su familia era propietaria y lo sigue siendo del inmueble donde funcionó el CCD La Intermedia. En el momento de los hechos era segundo jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia. Reconoció en una nota de 1987 haber participado concientemente del aniquilamiento de la subversión ejecutando las órdenes que les fueron impartidas.
* Pagano. Alias Sergio paz o Sergio II. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. El testimonio de Jaime Dri lo señala como uno de los que lo tuvo cautivo. En el libro de Bonasso Recuerdo de la muerte se dice que fue uno de los que secuestró a Valenzuela y Negro. Fue además uno de los que trasladó a Sabrina al Hogar del Huérfano de Rosario.
* Marino González. Alias Pepe. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. Estuvo encargado de los trámites para la estadía de Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná y quien organizaba las guardias, según los dichos de Costanzo. En 1977/78 era capitán, era segundo jefe de la sección Inteligencia Especial del DI 121
* Juan Antonio Zaccaría. Ha quedado acreditado con certeza positiva para condenar que se desempeñaba como jefe de Terapia Intensiva y participó de los delitos descriptos. Los testigos manifestaron que era el jefe de Terapia Intensiva, que convocó a su lugar de trabajo a una de las enfermeras para recibir a los mellizos y que fue quien puso los datos de NN en las planillas de identificación de los pacientes. Era quien coordinaba todo y tenía conocimiento de los ingresos. Tenía el grado de capitán.
El abogado Ciarnello explicó que Guerrieri, Amelong, Pagano, Fariña y González deben ser condenados en calidad de couatores, por haber tenido el dominio funcional del hecho. “Los acusados en conjunto realizaron la apropiación de los hijos de Raquel Negro, con un plan en el cual armaron un dispositivo clandestino de detención en el interior mismo del Hospital Militar. Existió necesariamente entre los acusados una comunión de voluntades para ejecutar en forma conjunta y coordinada los delitos. Todos hicieron aportes indispensables para poder llevar a cabo el plan para la sustracción, ocultamiento de los bebés, la sustitución de sus identidades y la desaparición forzada del varón. Los acusados formaron parte de una organización criminal”, remarcó. Además, Ciarnello dejó en claro que Guerrieri y Fariña fueron quienes ordenaron las acciones.
“Lamentablemente no estamos juzgando a Juan Carlos Ricardo Trimarco (el jefe militar de la jurisdicción Paraná), quien podemos acordar que sería autor mediato. Lamentablemente va a morir impune. Aquí estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes del terrorismo de Estado”, remarcó.
En cuanto a Zaccaría, dijo que debía ser condenado en calidad de participe necesario o cómplice primario, ya que realizó “aportes esenciales” para la ejecución del plan. “También tenía el dominio del hecho, si retirara su aporte el delito no se habría llevado a cabo como se ejecutó. Debido a su posición jerárquica no sólo no desconocía la procedencia de los mellizos, sino que hubiese podido intervenir de modo diferente”, indicó.
También recordó que al declarar en el juicio “Zaccaria reconoció la ilegalidad de los hechos, pero no realizó ninguna conducta tendiente a evitar al menos la sustitución de identidad de Sabrina y su hermano, sino que prestó la colaboración imprescindible para la ejecución de los delitos”.
La fiscal Marina Herbel manifestó que los delitos ocurrieron dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, bajo la jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército y en el Hospital Militar de Paraná que dependía de aquel. El “eje” del operativo fue el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado, aseguró la fiscal.
Herbel expuso los fundamentos de su acusación citando las pruebas testimoniales en coincidencia con lo manifestado previamente por la querella y repasando cómo se produjeron los hechos desde el traslado de Raquel Negro a Paraná y su internación en el nosocomio, hasta el nacimiento de los mellizos y su posterior derivación al IPP.
Además hizo una “exhortación a la gente de esta ciudad” que tenga algún conocimiento del paradero del mellizo varón, a que lo acerque al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado federal de primera instancia de Paraná.
Luego el fiscal José Ignacio Candioti adelantó que mantendrían la postura sustentada en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, es decir que consideran que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.
Asimismo dijo que mantenían la postura de considerar autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero entendieron que en el curso del debate quedó acreditado que la responsabilidad de Pagano y Zaccaría debe ser encuadrada dentro de la participación necesaria.
“Queda demostrado que estos cuatro imputados fueron autores mediatos, porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder. Ellos tenían la capacidad de dar las órdenes. En su carácter de integrantes y conductores del DI 121 y principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro privada de su libertad, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que Raquel Negro sea traída a Paraná a efectos de su parto clandestino y para que luego de ese parto sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, sostuvo Candioti.
“Lo que los convierte en los responsables es que en el carácter de agentes estatales se valieron de todo los recursos humanos y de los bienes que ese Destacamento de Inteligencia para perpetrar los delitos aquí investigados: vehículos, gente para custodia, centros clandestinos de detención y hospitales militares”, remarcó.
Además contaron con la participación de Pagano y Zaccaría y por eso deben responder en carácter de partícipes necesarios: Pagano llevó a la beba al Hogar del Huérfano, mientras que Zaccaría posibilitó que los niños salieran del hospital sin que lo supieran sus familiares y sin la correcta identificación, continuó el fiscal.
Para el representante del Ministerio Público los represores “actuaron a gusto”, porque “había un componente ideológico en su accionar, como lo reconoció el propio Guerrieri”.
Asimismo defendió el testimonio del testigo Eduardo Costanzo ante las críticas de los imputados: “A Costanzo se le cree porque todos los datos que aportó se verificaron: que Raquel Negro fue trasladada al hospital de Paraná, que aquí nacieron mellizos, que eran un varón y una mujer y que la nena fue dejada en la puerta de un convento por Pagano y por Amelong”.
Luego Candioti solicitó la pena para Guerrieri, considerado autor mediato de los delitos investigados, teniendo en cuenta su elevado grado de instrucción, su grado de teniente coronel y otros aspectos. Para él pidió la condena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas.
Para Fariña, también considerado autor mediato y teniendo en cuenta las mismas circunstancias, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.
Para Amelong, como autor mediato y considerando la modalidad de su intervención en la comisión de los delitos, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.
Para González, autor mediato, tuvo en cuenta la modalidad de su intervención en los hechos y reclamó 13 años de prisión, accesorias legales y costas.
Para Pagano, como partícipe necesario, y teniendo en cuenta el silencio que guarda sobre el destino del hijo varón de Raquel Negro, solicitó 11 años de prisión, accesorias legales y costas.
Finalmente, para Zaccaría, como partícipe necesario y teniendo en cuenta que era médico, pidió 11 años de prisión, accesorias legales y costas.
Los alegatos de los defensores se realizarán el jueves 13.
Crónica del día La querella solicitó prisión perpetua en cárcel común para los represores imputados en la Causa Hospital Militar
En tanto, la Fiscalía pidió condenas de 14 años de reclusión para Guerrieri; 13 años para Fariña, Amelong y González; y 11 años para Pagano y Zaccaría
Luego de exponer detalladamente los hechos, la querella pidió prisión e inhabilitación perpetuas en cárcel común para Juan Amelong, Pascual Guerrieri, Marino González, Jorge Fariña, Walter Pagano y Juan Antonio Zaccaría, en la Causa Hospital Militar. Sin embargo, en caso de que no sea contemplada la tipificación prevista en el artículo 142 ter del Código Penal -referida a la desaparición forzada de personas-, se propuso la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetuas, lo que incluye además la revocación del beneficio de cárcel domiciliaria del que hace uso Guerrieri. Durante una presentación unificada, los abogados querellantes sostuvieron que “los acusados ejecutaron un plan conjunto de apropiación de los hijos de Raquel Negro, que fueron botín de guerra como represalia a la Operación México llevada a cabo por Tulio Valenzuela”. Igualmente, entendieron que el médico anestesista fue partícipe necesario y cómplice primario de los hechos. Según argumentaron, hubo una “intervención dolosa en base a la actuación antijurídica de la cual estaba al tanto”, incluso “prestó la colaboración indispensable” para la sustracción y sustitución de la identidad de los mellizos. Tras un cuarto intermedio, realizó su alegato el Ministerio Público Fiscal, que solicitó 14 años de reclusión para Guerrieri, y 13 años para Fariña, Amelong y González; por considerarlos autores mediatos de los delitos que se investigan. Por otra parte, requirió la pena de 11 años de cárcel para Pagano y Zaccaría, en cuanto habrían sido partícipes necesarios.
Por Betiana Spadillero Gaioli,
Durante la jornada, que se extendió ocho horas, comenzaron los alegatos, a fin de precisar las responsabilidades de cada imputado en el juicio por sustracción y sustitución de identidad. Este miércoles expusieron sus argumentos las partes acusatorias, y a pedido de la Defensoría Oficial se pasó a un cuarto intermedio hasta el 13 de octubre a las 9.
Pedido de penas de la querella
Tras un extenso proceso de producción de prueba, la querella (unificada) arribó a la conclusión de que los imputados cometieron los delitos de desaparición forzada de persona agravada, y de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años.
En consecuencia, solicitó las penas de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con cumplimiento efectivo y en cárcel común para los seis acusados. De todos modos, en caso de que no sean contempladas las tipificaciones, se propuso la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua -también de cumplimiento efectivo y cárcel común-, lo que prevé además la revocación de la prisión domiciliaria de Guerrieri.
De acuerdo a los argumentos esbozados, los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 deben ser condenados en calidad de co-autores penalmente responsables de los hechos investigados, que fueron llevados a cabo en la clandestinidad con su consentimiento y el de los diferentes estamentos del Ejército. En otras palabras, hubo un co-dominio del hecho, potestad de tener, dejar continuar o no detener el resultado final.
Según explicó el abogado Álvaro Piérola, la tipificación corresponde a delitos de lesa humanidad, porque “formaron parte de un plan sistemático con un efecto transgeneracional, que no prescribe en el tiempo”. En esa línea, se valió del artículo 146 del Código Penal, como una “herramienta para la persecución y condena de delitos de sustracción de menores durante la última dictadura cívico-militar”.
En concreto, indicó que Sabrina Gullino fue víctima de sustracción, retención y ocultamiento cuando era menor de diez años. Mientras que su hermano es damnificado bajo la figura de desaparición forzada de persona agravada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.
En el caso del mellizo varón, se suma a la negativa de informar sobre su paradero, la difusión de versiones sobre su eventual muerte, a fin de sabotear la búsqueda de sus familiares. Además, para ambos rige el delito de supresión de identidad, que requiere la aplicación del artículo 139.
Anteriormente, Lucas Ciarniello resaltó que “el gobierno de facto instauró una estructura formal y una también clandestina” en todo el país. “Por ello, llegamos a la inevitable conclusión de que paralelamente a la estructura del Destacamento de Inteligencia 121 existía una patota que se encargaba a cometer los delitos juzgados acá y que se condenaron en la Causa Guerrieri”, certificó.
“Los acusados ejecutaron un plan conjunto de apropiación de los hijos de Raquel Negro, que fueron botín de guerra como represalia a la Operación México llevada a cabo por Valenzuela. Existió una comunión de voluntades para realizar los delitos”, reafirmó asimismo. Y resaltó la importancia de los actos preparatorios, ya que los crímenes contra la humanidad “necesitan un contexto de organización”.
“Estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes pertenecientes al Ejército Argentino”, asentó.
Respecto de las licencias presentadas por los imputados, remarcó que “no resultan elementos que deban ser valorados”, porque se vinculan con las características de los hechos: que se prolongaron mucho más allá en el tiempo y que se realizaron en forma clandestina. “Esto descarta cualquier pretensión de inocencia”, aseveró.
Por su parte, la querella consideró que el médico Zaccaria debe ser condenado como partícipe necesario y cómplice primario de los hechos, según lo establecido en el artículo 45 del Código Penal.
Al respecto, Ciarnello apuntó que sabiendo el origen de los menores y la calidad de detenida política de Negro, el profesional “hubiese podido intervenir de forma diferente” en los hechos. Hubo una “intervención dolosa en base a la actuación antijurídica de la cual estaba al tanto”, incluso “prestó la colaboración indispensable” para la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos.
“Comprobamos todos los elementos que incorporamos en nuestras acusaciones”, sentenció Ana Claudia Oberlin, antes de comenzar con el alegato crítico de la querella. De inmediato, apuntó: “Es ineludible hacer algunas referencias que tienen que ver con el marco criminal de los imputados, de lo contrario es imposible entender la mecánica de la dictadura cívico-militar”.
“Se produjeron distintas violaciones a los derechos humanos, que van desde los tormentos hasta el robo de niños. Ahora contamos con numerosas condenas y con la investigación que en su momento hizo la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), para concluir que funcionó un sistema cuyo propósito era reprimir a las personas sindicadas como enemigas”, agregó la abogada.
Paso seguido, mencionó los decretos del gobierno de facto que posibilitaron “lo que ellos denominaron ‘guerra contra la subversión’, y que habilitaron operaciones militares internas, que tenían como objetivo eliminar a los ‘subversivos’, preservar el orden de la seguridad, los bienes, las personas y el Estado”. Esas operaciones indicaban además “las acciones psicológicas a desarrollar y fijaban los blancos de dichas acciones, principalmente, en algunas organizaciones”.
De esta forma, se intentó “transformar radicalmente la estructura económica y social del país, para lo cual resultaba necesario además de reprimir, adoctrinar a la sociedad, a través de la implantación del terrorismo de Estado”. Lo que fue posible mediante el acceso de las Fuerzas Armadas a “todos los resortes del gobierno”.
La letrada remarcó que entre 1976 y 1983 “se impuso una hipótesis bélica que tenía como objetivo fundamental el enemigo interior”. Según explicó, “para concretar esta misión el país fue dividido en cuatro zonas operativas, y en este esquema se puntualizó el Comando de Zona Dos, que abarcaba Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa”.
En ese marco, “las actividades de inteligencia adquirieron una importante transcendencia, incluso cinco de los acusados en la causa pertenecían justamente a esta estructura, por lo que tenían cabal conocimiento de lo que implicaba llegar a ese propósito”.
“No hablamos de un régimen autoritario, sino de un terrorismo de Estado, que impuso medidas coactivas, lo que se promovió fue un ataque indiscriminado a la sociedad civil, incluyendo el robo de niños”, enfatizó.
Y amplió: “Se formaron dispositivos represivos. Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron insertados en esta maquinaria que buscaba aniquilar sus subjetividades y convertirlos en no personas. Uno de los dispositivos más macabros fue el uso instrumental de los niños, como forma de tortura de sus padres, lo que se conoce como tortura oblicua”.
Respecto a los partos de las detenidas políticas, precisó que tenían lugar “de dos formas en general, una de ellas consistió en organizar maternidades en los centros clandestinos, hasta donde también se trasladaban a mujeres que estaban en centros cercanos o de la región”. Pero igualmente “se utilizó infraestructura que ya existía, que son los hospitales militares”. En este caso, quedó probado que Negro “fue traída a parir en Paraná y que no fue la única, por lo que es altamente probable que los centros clandestinos de la zona hayan traído a las detenidas a parir en esta ciudad”.
Continuando con su argumentación, Oberlin detalló que el robo de niños tenía tres objetivos centrales: “El principal era que los menores no crecieran con sus familias biológicas. Hecho que se imitó del franquismo español. En ese marco, la mayoría de ellos fueron entregados a represores, algunos fueron asesinados y otros dejados en orfanatos. Se trató de un traspaso violento de los niños de un grupo a otro”, expuso.
“También de esta forma aplicaron un castigo adicional a las familias. Por eso, cuando dicen que esto es pasado, no puedo dejar de pensar en cómo esta búsqueda se actualiza cotidianamente en las personas que siguen buscando a sus familiares”, añadió. Asimismo, advirtió que “esta fue una violencia específica para las mujeres que se habían apartado del lugar machista que les estaba asignado, porque salieron de sus casas, del ámbito privado y salieron a militar”.
Finalmente, resaltó que se trató de “una forma más de disciplinamiento para la sociedad, porque se necesitaba que se conocieran estas acciones, para imponer el terror”.
Detalle de los hechos y las responsabilidades
Como parte del alegato de la querella, se detalló la plataforma fáctica sobre la que discurrió el debate. Sirviéndose de las testimoniales de ex detenidos políticos, periodistas y enfermeras, la abogada querellante Florencia Amore asentó que “quedó probado que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de Rosario hasta el Hospital Militar, donde tras dar a luz a mellizos fue trasladada a La Intermedia, donde llegó sin vida”.
A su vez, volvió sobre los aportes de los deponentes referidos a la internación de Negro en el nosocomio castrense, las condiciones de atención, la custodia que permaneció con ella durante su estadía y la derivación de los mellizos desde Terapia Intensiva al Instituto Privado de Peditría (IPP). También aludió a la posibilidad de que otras detenidas hayan dado a luz en ese lugar.
La letrada puso especial énfasis en la declaración de Zaccaría, quien en la ampliación de su indagatoria admitió que había visto a Negro, que habló con ella y vio a los menores vestidos en Terapia Intensiva. En igual sentido, retomó las declaraciones de los médicos Alfredo Berduc y Juan Ferraroti –quienes según las enfermeras se encargaron de derivar a los mellizos al IPP.
“Haciendo un análisis global de los testigos, todos reconocieron, por haberlo visto o escuchado, la existencia de mellizos (un varón y una nena) que estaban alojados en Terapia Intensiva, que Zaccaría era el jefe del área y que después fueron llevados al Instituto de Pediatría”, redondeó.
Enseguida, se explayó sobre la estadía de los mellizos en el IPP, recalcando que los deponentes recordaban su internación, que en los libros de ingreso figuraban como NN y que no hay registros de quién se los llevó cuando fueron dados de alta, el 27 de marzo de 1978. En esa línea, remarcó que los propietarios del centro de salud Miguel Torrealday, David Vainstub y Ángel Schoerder no pudieron dar cuenta de estas irregularidades.
Posteriormente, refirió al testimonio de Eduardo Tucu Costanzo, quien indicó que Sabrina fue conducida por Pagano y Amelong desde el IPP al Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción a la familia Gullino. El proceso legal de adopción fue certificado por Raúl Gullino, mientras que el lazo sanguíneo con Negro y Valenzuela fue confirmado posteriormente mediante cotejo genético.
En cuanto al mellizo varón, su destino es incierto y reviste por ello la calidad de desaparecido.
Párrafo aparte, se dedicó a las responsabilidades que le corresponden a los imputados. “Guerrieri, quien usaba el alias de Jorge, formaba parte del grupo operativo de represión que llevó adelante los hechos investigados en la causa”, precisó, tras lo cual destacó los aportes que realizaron el ex detenido político Jaime Dri y el periodista Miguel Bonasso -autor del libro Recuerdo de la muerte.
Igualmente, destacó las indagatorias de Guerrieri, quien reconoció su participación en lo que denominó “guerra contra la subversión” y ratificó que actuó según sus convicciones.
A su turno, Álvaro Baella refirió a la Operación México, así como la participación de los represores Fariña y Amelong en lo que finalmente resultó una acción de contrainteligencia diseñada por Valenzuela. Sobre Amelong señaló que fue quien trasladó a Sabrina a Rosario, que cumplía funciones de Inteligencia y que además era propietario del predio donde funcionó el centro clandestino La Intermedia.
En tanto, Ciarniello especificó las pruebas que acreditaron las responsabilidades de Pagano, incluido el traslado de Sabrina al Hogar Huérfano. “Bajo el nombre de Sergio Paz, Pagano actuó como personal civil del grupo especial que comandaba Guerrieri”, afirmó. Respecto a González sostuvo que “formó parte de la patota, bajo el alias de Pepe, que llevó a cabo los hechos delictivos que se investigan”.
Por último, quedó acreditado que Zaccaría cumplía funciones en Terapia Intensiva del Hospital Militar, que se encontraba presente cuando se llevaron a los menores al IPP y que tenía acceso a las planillas de identificación de los mismos. Además, tuvo contacto con la detenida-desaparecida Raquel Negro tras el alumbramiento.
Fundamentos del Ministerio Público Fiscal
En la segunda parte de la audiencia, que inició pasadas las 15, el Ministerio Público expuso sus argumentos para solicitar las condenas de los imputados. En ese orden, Marina Herbel de Pajares repasó el contexto histórico de la represión ilegal en Argentina, para luego retomar los relatos de los testigos vinculados al traslado de Negro a Paraná y el nacimiento de los mellizos en el Hospital Militar.
Más adelante, volvió sobre las declaraciones atinentes a la internación de los menores en el Instituto de Pediatría. La fiscal destacó que los propietarios del centro de salud no recordaran los hechos y entraran en contradicción con las afirmaciones de algunas enfermeras.
En términos generales, la letrada reconstruyó los acontecimientos de forma similar a la descripción que anteriormente había realizado la querella. Paso seguido, José Ignacio Candioti refirió a las tipificaciones, ratificando lo establecido en la requisitoria de elevación a juicio, es decir, los delitos contemplados en el artículo 139 en concurso real con el artículo 146 del Código Penal.
Al respecto, aludió a los alcances de los crímenes de sustracción de menores y sustitución de identidad, así como la literatura que hay en la materia, según fallos e interpretaciones judiciales.
También se explayó sobre el funcionamiento del plan sistemático implementado por la Fuerzas Armadas: “Se llevaron a cabo hechos concretos, como secuestro de personas, la conducción de éstas a centros clandestinos donde eran torturadas y vejadas, la posterior desaparición de las mismas o su restitución con las huellas de la represión, y también el robo de bebés”, enfatizó.
A continuación, desarrolló la teoría de la autoría mediata, según la cual “siempre va a haber alguien que ejecute los hechos delictivos, porque el plan está trazado para que la orden se cumpla” en alguno de sus estamentos. Por ello, afirmó que quedó demostrado que los ex integrantes del Destacamento 121 actuaron “en el marco de un aparato estatal, con recursos humanos y con bienes”.
“De los elementos analizados surge que sin el consentimiento y las órdenes de Guerrieri, Amelong, Fariña y González, Raquel Negro no hubiese sido trasladada al Hospital Militar, donde se produjo el alumbramiento clandestino y la posterior sustitución de identidad”, aseguró.
Además, destacó que los represores “contaron claramente con la participación de Pagano y Zaccaría, por eso deben responder en el carácter de partícipes necesarios”. Y añadió: “Pagano no sólo venía a hacer las guardias en el hospital, sino que también llevó a Sabrina hacia Rosario. En tanto, Zaccaría posibilitó que los bebés salieran sin que su familia tuviera conocimiento ni posean la correcta identificación”.
Candioti expresó asimismo que los imputados tuvieron la “capacidad de comprensión” de que actuaban en forma ilícita. De hecho, subrayó que “había un componente ideológico en el accionar” de los represores.
Al momento de las responsabilidades, la Fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, y 13 años para Fariña, Amelong y González; por considerarlos autores mediatos de los delitos que se investigan en la causa. Por otra parte, requirió la pena de 11 años de reclusión para Pagano y Zaccaría, en cuanto fueron partícipes necesarios de los hechos.
Antes de terminar su alegato, Candioti exhortó a los imputados a que “rompan el pacto de silencio”, para que sus familiares puedan dar con el paradero del hermano mellizo de Sabrina; y bregó por que se haga justicia.
La investigación tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones.
En ese contexto, se indaga sobre la apropiación de los hijos de Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos.
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=154400
Análisis digital Día 15: Amelong responsabilizó a los médicos del IPP y dijo que él sólo arreglaba autos
Rozando el absurdo, el acusado se basó en sus dotes de mecánico y restaurador de autos para fundamentar su pretendida inocencia en el robo de los hijos de Raquel Negro. Volvió a cuestionar a Costanzo y dijo que cuando ocurrieron los hechos estaba de licencia. El hijo de Navone no prestará declaración testimonial porque está en España. Este miércoles se inician los alegatos.
El ex militar de Inteligencia Juan Daniel Amelong, uno de los acusados por el robo de los hijos de Raquel Negro, amplió este martes su declaración indagatoria. Lo hizo para ratificar su alegada inocencia e intentar desacreditar los dichos del testigo Eduardo Costanzo, quien lo vinculó al señalarlo como uno de los que dejó a Sabrina Gullino en la puerta de un orfanato de Rosario.
Además de buscar desligarse, procuró involucrar a los socios del Instituto Privado de Pediatría de Paraná. “Si hay alguien que sabe qué paso con el bebé varón son los médicos del Instituto Privado de Pediatría. Los tres que declararon acá fueron objeto de severas advertencias por su reticencia. No vi que se les haya formado una causa por falso testimonio”, sostuvo el militar.
“Quienes saben a quién les entregaron las criaturas, no cabe ninguna duda que son los tres doctores que declararon acá. Especialmente el doctor (Miguel) Torrealday”, afirmó el acusado. Además agregó: “Pudimos ver en el IPP que en un espacio del 50% de esta sala no vieron los bebes, no vieron los carteles, no saben quién los retiró. ¿Vio las cunas, vio las incubadoras y no vio lo que había adentro? ¡Por favor!”.
Amelong basó su estrategia defensiva en presentarse como un mero encargado de cuestiones logísticas del Ejército; afirmó que recién en 1980 comenzó a especializarse en tareas de inteligencia. Además dijo que entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 1978, cuando se produjeron los hechos investigados, se encontraba de licencia.
“Ya desde el Colegio Militar, siendo cadete de cuarto año, antes de egresar como subteniente, era encargado del parque automotor de la Compañía de Ingenieros en El Palomar. Siempre he estado destinado en el área de logística”, dijo el acusado.
Según dijo, casualmente, su primer destino fue Entre Ríos. En 1973 y 1974 estuvo en General Galarza, donde trabajó “primero en la parte de movimiento de suelos y alambrados en la ruta que va desde proximidades de Rosario del Tala a Gualeguay y luego exclusivamente en la parte de mantenimiento; actividades relacionadas en lo que comúnmente se llama los fierros”. Como dato ilustrativo, señaló que en 1974 diseñó y construyó un circuito de carreras de autos en Galarza, que fue inaugurado con la actuación del piloto Alberto Scarazzini. “Estuvimos juntos en la inauguración del circuito”, recordó.
Durante su intervención se fue en detalles relacionados con su fanatismo por los “fierros”, como él mencionó. Esto le valió una advertencia del presidente del tribunal, Roberto López Arango: “Está abundando en detalles sobre sus actividades como hobbies, que no hacen a su derecho de defensa. Hay cierto divague en su relato defensivo. La presidencia le pide que acote”.
Esos divagues rozaron el absurdo y llegaron a tal extremo que aportó como supuesta “prueba” de su supuesta inocencia en la causa la foto de un Torino que él mismo habría restaurado.
Además contó cómo fue que quedó detenido en 2004, por orden de la Justicia federal de Rosario. Relató que se enteró por radio cuando retiraba a su hijo al jardín de infantes, pretendiendo dar una imagen familiar para contraponerla a las graves acusaciones que pesan en su contra. Dijo que se presentó espontáneamente, inclusive antes de que llegara la orden de detención y que no intentó fugarse. “En cuantito supe que se me requería por la justicia, me presenté”, afirmó.
Cuando se refirió específicamente a la causa buscó desacreditar los dichos de Costanzo: “He visto que en la instrucción de esta causa se han dividido los hechos en tres momentos fácticos, uno relacionado con la detención y la muerte de Raquel Negro, según ahí se consigna, eso ya fue juzgado en la causa de Rosario. Un segundo momento fáctico que es el traslado, la custodia y el alumbramiento de los alegados mellizos. Esto sí hace al objeto procesal de esta causa. Si las fechas que se han consignado en la causa son ciertas, yo estaba de licencia, y además el destacamento no tenía ninguna jurisdicción sobre Paraná. Del tercer momento fáctico (la sustracción de los bebés), él único testigo hasta ahora es el señor Costanzo. Cuando le preguntaron (a Costanzo) sobre las circunstancias en que (Walter) Pagano le habría dicho que él y yo llevamos la criatura a un convento, dijo que si le preguntaran a otros de los integrantes que estaban en la Quinta de Funes dirían que no es cierto. El mismo testigo está diciendo que no tiene cómo probar sus dichos, que son de un tercero que lo niega”.
Luego agregó: “También Costanzo tiene distintas manifestaciones que no puedo dejar de lado. El periodista (Carlos) Del Frade dijo que cuando habló con él no hizo ninguna mención a los mellizos. Luego dijo que a la nena se la llevó Fariña. Ahora afirma que la llevamos Pagano y yo a un convento. El señor Raúl Gullino cuando se le preguntó sobre el detalle del momento en que habría estado reunido con la madre superiora (en el Hogar del Huérfano de Rosario), dijo que él quiso ahondar sobre el momento en que esa niña habría sido dejada ahí, y la superiora manifestó que no sabía si la había encontrado una persona que entraba o salía y no vieron ni escucharon nada. ¿A quién le tengo que creer si se trabó el timbre con un palillo, si no escucharon nada: a Gullino o a Costanzo?”.
Sobre el mellizo varón, Amelong recordó que Costanzo “primero dijo que nació muerto, que se estranguló con el cordón umbilical en el momento de nacer. En esta sala dijo que murió por la ingestión de los excrementos de la hermana en el seno materno. Cuál de ellas (por las versiones) es cierta, no sé, pero eso es lo que dice Costanzo contradiciéndose. Pero también en esta sala dijo que a esa criatura la tiene, según los comentarios de un tercero, o Navone o el hermano de Navone en Casilda”.
Luego insistió en que Costanzo “tiene una gran animosidad” contra él desde septiembre de 2005 cuando lo “quiso extorsionar con el tema del dinero” y aseguró que “ninguna de las denuncias” que hizo contra él o contra otros “merecieron ser tramitadas en la Justicia de Rosario”.
Además ensayó una argumentación que pretendió ser científica de que Costanzo mintió cuando denunció los vuelos de la muerte y cuando dijo que, según le contaron, desde 3.000 metros de altura se veía la sangre de los cuerpos al caer. “Se me ocurrió averiguar a qué velocidad mínima debían volar los aviones de transporte del Ejercito, me dijeron que no puede hacerlo a menos de 300 kilómetros por hora. Desde 3.000 metros tenemos 24 segundos de caída. En ese mismo tiempo el avión hace 2.000 metros. No hace falta más que calcular la hipotenusa de ese triángulo, el que vio eso (la sangre al caer los cuerpos) tiene que haber visto ese detalle a 3.500 metros de distancia. Yo creo que es imposible”.
El hijo de Navone, por ahora, no declara
El Tribunal Oral Federal, a pedido de la querella, llamó a declarar a Pablo Martín Navone, hijo del militar Paul Navone, ya que en recientes manifestaciones periodísticas dijo que su padre, antes de suicidarse en febrero de 2008, le contó que Amelong y Walter Pagano -otro de los imputados- se llevaron a la nena y la dejaron en la puerta de un orfanato. En esa entrevista, realizada en la provincia de Córdoba, dijo también que no tiene problemas en someterse a un estudio de ADN para que se compruebe o se rechace la versión de que sería hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela o bien de otros desaparecidos. El hombre debía declarar el jueves en la instrucción de la causa por el destino del mellizo varón en el Juzgado Federal y el Tribunal había decidido que ese mismo día compareciera en el juicio; sin embargo no va a declarar en ninguno de los dos ámbitos, porque se constató que viajó ayer a España y regresa recién el 28 de octubre.
Este martes, en tanto, declaró uno de los periodistas que hicieron la nota publicada el lunes en El Diario, Juan Cruz Varela (el otro fue Jorge Riani). Varela ratificó lo publicado, en el sentido de que el hijo de Navone dijo que su padre le contó que el hijo varón de Raquel Negro falleció en el parto y que a la niña se la llevaron los acusados. Además indicó que su padre se desempeñaba en Paraná como integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe y una de sus funciones fue recibir a Negro y coordinar su estadía en el Hospital Militar de Paraná.
“Me pareció que Pablo Navone tenía la necesidad de decir algunas cosas, de limpiar el nombre de su padre, por eso él refiere que no tenía ningún tipo de responsabilidad más que lo que le ordenaban, porque en ese momento tenía 27 años y no decidía cosas sino que cumplía órdenes. En ese marco me resultaba creíble lo que decía, pero no puedo valorar si lo que le dijo su padre es verdadero o no”, dijo Varela.
“Él estaba seguro de que su padre había tomado la decisión de quitarse la vida. Desde noviembre de 2007 su padre estaba alterado o nervioso porque su nombre había comenzado a circular en virtud de lo que venía declarando Costanzo. Estaba seguro de que cuando lo llamaran a declarar iba a quedar detenido. Le decía que no quería que la familia pasara por todo un proceso judicial estando lejos, porque pensaba que iba a quedar preso en Paraná”, amplió.
La audiencia finalizó con la cuarta declaración del imputado Pascual Guerrieri, quien insistió con su teoría de que las Fuerzas Armadas actuaron en el marco de una guerra y pretendió desacreditar algunos testigos propuestos por la querella. Los alegatos de las querellas y los fiscales fueron pospuestos hasta este miércoles a partir de las 9.
Crónica del día “Mi padre me contó que a la nena se la llevaron Amelong y Pagano”
Entrevista exclusiva con el hijo del militar Paúl Navone
Pablo Navone es hijo del militar que se quitó la vida el día que debía declarar en Paraná por el robo de los mellizos de Raquel Negro. En su estudio contable de la localidad cordobesa de Jesús María recibió a EL DIARIO para una entrevista en la que no eludió respuestas. Dijo que su padre supo del parto en cautiverio, pero negó que se hubiera robado al mellizo varón. “Mi padre no mató a esa señora ni se llevó a ningún hijo”, dijo para afirmar luego que nadie en su familia tiene problemas en someterse a un ADN.
Por Juan Cruz Varela y Jorge Riani para EL DIARIO
Pablo Navone negó cualquier tipo de responsabilidad de su padre.
Pablo Martín Navone es contador público nacional. Así lo testimonia el diploma de la Universidad Católica Argentina (UCA) que cuelga en la pared de su estudio, situado en una céntrica esquina de la localidad cordobesa de Jesús María.
La prolijidad de la oficina parece ser el correlato lógico del orden marcial que exhibe una ciudad signada por la Escuela de Gendarmería: la institución que aporta el 10% de la población total y garantiza una movilidad económica estable y segura.
Al bajar de su Renault Megane, exactamente a las 15.30, Pablo Navone se revela como un hombre de notable puntualidad. Camina por entre las mesas de la cafetería ubicada frente a su estudio, y como si supiera que los cronistas lo esperaban allí, se dirige sin titubeos ante los enviados de EL DIARIO.
¿Era tan previsible el lugar de espera? ¿Será que en una región de 45 mil personas los rostros extraños resultan evidentes y los periodistas portan cara de periodistas y los contadores cara de contadores y entonces no había lugar a confusiones? Como sea, Pablo Navone acierta y se acerca al lugar correcto. Se presenta con formalidad de contador recibido en la UCA y accede a sentarse para que los enviados puedan tomar los cafés que una bellísima moza formoseña depositó en la mesa.
La instancia da lugar a una charla de ocasión referida al perfil de la ciudad conocida por su fiesta de jineteada y folclore. Unos diez minutos más tarde, la entrevista pautada comenzaba ya sí en el estudio, aunque con una única condición: que fuera una charla sin grabador.
El hijo del militar Paúl Navone recibió a los enviados de EL DIARIO en su estudio.
Pablo Navone no duda en hablar de “guerra”, en lugar de terrorismo de Estado. No obstante, admite que hubo “excesos” por parte de las Fuerzas Armadas y considera que “no está mal que esos excesos sean revisados por la Justicia”.
Se lo ve convencido de lo que dice. “Estoy preparado para ser hijo de un militar”, enfatiza en un par de ocasiones. Su padre, Paúl Navone, es sujeto de acusaciones en el marco de la causa denominada Hospital Militar. El represor Eduardo Costanzo, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, en el juicio a seis militares, aseguró que fue quien se quedó con uno de los hijos mellizos de Raquel Negro.
Sólo ahí Pablo, el hijo del militar, introdujo en su discurso una expresión coloquial: “Eso es una pelotudez”. Niega que su padre haya asesinado a Raquel Negro y aquí la respuesta fue casi similar: “Eso es una pelotudez atómica”.
De ese modo salió a responder también al militante peronista radicado en Barcelona Oscar Natalio Kopaitich, quien había dicho en declaraciones periodísticas que Paúl Navone “fusiló a Raquel Negro y se llevó al mellizo”, y también al militar Pascual Oscar Guerrieri, que había tenido expresiones similares en ocasión de una indagatoria en el juicio donde se lo juzga por el robo de los bebés nacidos en el Hospital Militar.
En la entrevista con EL DIARIO, Pablo Navone no eludió ninguna respuesta y se refirió también al suicidio de su padre. El teniente coronel Paúl Alberto Navone apareció muerto, con un balazo en la sien derecha y una pistola calibre 9 milímetros en la mano, el mismo día que debía declarar en Paraná por la causa que ahora se juzga.
–¿Por qué cree que tomó la decisión de quitarse la vida?
–Yo considero que mi padre era una persona honorable y que no estaba dispuesto al manoseo de ser sometido a una causa judicial. Participó de la guerra contra la subversión y cumplió actos de servicio, y lo hizo convencido de que era lo que tenía que hacer. No se quedó con ningún mellizo ni le pegó un tiro a Raquel Negro. Pero sabía que no habría justicia para él, que lo meterían preso y no saldría nunca más. En la carta que dejó para la familia nos dice: “Les dejo este dolor y esta paz”.
–¿Cuál fue la reacción de su padre ante la citación a declarar?
–Nosotros somos gente de una vida familiar muy intensa y todos estamos al tanto de la vida de todos. Sabíamos de la preocupación que él tenía porque decía que no había tenido una participación trascendental en estos hechos; pero estaba nervioso, incómodo, ante esa situación, así que cuando lo citaron a declarar contratamos al mejor abogado que pudimos (Justiniano Martínez), a pesar de que él no quería.
Alterado por la citación
El militar Paúl Navone fue citado a declarar como imputado el lunes 25 de febrero de 2008. Unos meses antes Costanzo había dicho ante la jueza federal Myriam Galizzi que el operativo de traslado de Raquel Negro a la capital entrerriana para dar a luz estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná”.
Esa situación había generado preocupación e intranquilidad en Navone, aún en los meses previos a recibir la requisitoria judicial. Su hijo Pablo nunca antes había hablado del asunto con él. “De este tema no hablaba. Nunca profundizaba sobre lo que había sido su accionar durante la guerra contra la subversión ni qué grado de responsabilidad había tenido porque nos quería mantener al margen”, afirmó en la entrevista con EL DIARIO.
–¿Qué intervención tuvo su padre en el operativo de traslado de Raquel Negro?
–Puede ser que tuviera alguna participación, que la recibiera a esta señora y que trabajara con alguna persona del Hospital Militar de Paraná. Qué rol cumplió, específicamente, no sé, aunque debe haber estado al tanto porque era agente de inteligencia. Pero no mató a esa señora ni se llevó a ningún hijo. En su esquema mental no correspondía hacer nada de eso porque además era una persona de fe.
Sin embargo, Pablo Navone aseguró que su padre le contó que “el chico estaba grave”, aunque no pudo precisar si conocía el dato porque le constara o porque se lo hubieran dicho. “Dijo que el chico estaba grave y falleció”, insistió, dejando en claro, ahora sí, que el agente de inteligencia estaba al tanto de los detalles de la operación. Y enseguida soltó una de las frases más contundentes de la charla: “Me dijo también que (Juan Daniel) Amelong y (Walter) Pagano se llevaron a la nena y la dejaron en un orfanato”. La referencia es coincidente con lo que declarara el propio Costanzo en el juicio.
El entrevistado no omitió referirse a quienes atribuyeron a su padre haber asesinado a Raquel Negro para apropiarse del mellizo. Sobre el militante Kopaitich dijo que “ofende” y “lastima” con sus declaraciones y que sus dichos “son propios de alguien que participó de la guerra desde el otro lado y, entonces, tiene cierto rechazo por aquellos que tuvieron las botas puestas”.
Respecto de las acusaciones lanzadas por Guerrieri y Amelong en el juicio, apeló a una respuesta más bien pragmática y de sentido común: “¿A quién es más fácil echarle la culpa? Mi papá murió y le echaron la culpa. A otra cosa mariposa”.
Sobre Costanzo se explayó un poco más. Negó que fuera amigo de su padre y dijo que nunca habló de él hasta noviembre de 2007, cuando se enteró de lo que había declarado en el Juzgado Federal de Paraná; afirmó además que se contradice en sus declaraciones y que tiene “una actitud de inculpar a otras personas”. Sin embargo, reconoce que “algunas de las cosas que dice son verdad, porque gracias a su testimonio encontraron a Sabrina”, pero puso en cuestión los motivos por los cuales se presenta ante los estrados judiciales: “No se qué puede pasar por su cabeza; quizás quiera redimirse, quizás esté enojado o tal vez quiera repartir la porquería. Su actitud me genera mucha tristeza, es feo vivir en el odio”.
Paúl Alberto Navone apareció muerto el 25 de febrero de 2008. Ese día debía presentarse a declarar como imputado en la causa en la que se investigaba el robo de los bebés de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Navone tenía 62 años, había nacido en Casilda y vivió allí con su madre y un hermano menor. Tuvo una infancia difícil: a los 8 años falleció a su padre y tiempo después sufrió un accidente provocado por la explosión de una bolsa de cohetes que llevaba en un bolsillo y, aunque no tuvo secuelas, le dejó una gran cicatriz en la pierna.
En su temprana adolescencia inició la carrera militar y se fue del pueblo cuando ingresó al Liceo Militar General Belgrano, en la capital santafesina, aunque luego continuó como cursante en Campo de Mayo.
La década de 1970 lo encontró como integrante de la principal unidad de inteligencia del Ejército: el Batallón 601, un grupo operativo integrado por militares y civiles que se movía irrestrictamente en distintas zonas del país. En su caso, estuvo destinado un año en Rosario, tres años en Santa Fe, más tarde fue enviado a Córdoba y en 1975 a Buenos Aires. Entre el 15 de diciembre de 1976 y el 31 de diciembre de 1977 estuvo en Paraná como integrante del Destacamento de Inteligencia 122. De allí marchó a Formosa, donde cumplió funciones hasta el fin de la dictadura, pero en 1982 también estuvo en Malvinas. Su carrera terminó en Rosario en 1991.
Su familia ya estaba radicada en Córdoba y cuando se retiró del Ejército, Navone compró una casa en la pequeña localidad de La Granja. Entonces trabajó para una empresa de televisión por cable y después puso un bar y restaurante en Ascochinga. Al lado de la parrilla tenía un pequeño hospedaje con algunas habitaciones con las que solía aprovechar el excedente de reservas del hotel de la Fuerza Aérea. Eligió ese lugar para entregarse a la muerte una madrugada. “Fue sepultado en La Granja y tiempo después sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en distintos lugares con los que guardaba gran cariño”, contó su hijo.
El motor del proceso judicial ha sido siempre la búsqueda del mellizo varón que continúa desaparecido. A partir de los testimonios surgidos en el juicio, los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti impulsaron una investigación alrededor de la familia Navone. Palabras más, palabras menos, pidieron que se establezca el origen de un hijo –que vive en España– y un sobrino de Paúl Navone. Tampoco sobre ese punto Pablo Navone evadió respuestas. “Pienso en Sabrina y Sebastián, que les han dicho que su hermano está vivo. ¡Cómo no lo van a buscar! Yo lo haría. Es legítimo el interés que tienen y si el juez hace lugar y eso contribuye a la paz de ellos, hay que hacer el ADN”, enfatizó ante los cronistas de esta Hoja.
–¿Habla por usted o por sus hermanos?
–Por mí, por mis hermanos y, en cierta manera, también por mis primos. Nosotros somos hijos del dolor y ellos también. Si sirve para que ellos encuentren la paz, estamos dispuestos a hacernos un análisis de ADN. El fin de la entrevista fue abrupto. El hombre consideró que ya no había más que decir y que tenía obligaciones laborales que atender ante la inminencia de un viaje a España. Entonces, con misma cortesía inicial, despidió a los periodistas y se internó entre papeles y libros de contabilidad.
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/21939-mi-padre-me-conto-que-a-la-nena-se-la-llevaron-amelong-y-pagano.htm
Crónicasprevias
Vocesdel juicio
Notas en mediosnacionales
Canción del melli Melli donde estés
te voy a querer. Melli donde estés
vos ya lo sabés. Tu mamá Raquel
es mi mamá Raquel. Al Tucho lo quieren ver
en Cáceres Monié. El Mencho llamó al juez
y ya está todo bien. Estés donde estés
te quiero conocer. (Sabrina Gullino)
Delitos de lesa humanidad "La supresión de identidad de los hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura constituyó una práctica extendida en todo el país", formó parte de "un plan sistemático de la represión" y por lo tanto se trata de "delitos de lesa humanidad" e imprescriptibles, dijo el Juez Federal de Rosario Reinaldo Rodríguez
Justicia "Los juicios no son para lamernos las heridas. Tienen una importancia enorme para que nuestro país construya su futuro. Nosotros no somos familiares de víctimas que por fin pueden tener una reparación legal. Nosotros somos militantes que tenemos convicciones políticas, esas convicciones nos llevaron a organizarnos, a no buscar la venganza, sino la justicia, cuando reinaba la impunidad; y esas convicciones políticas nos llevan hoy a ponerle el cuerpo a los juicios, a bancarnos el relato del horror pormenorizado sobre nuestros padres y madres, y a no caernos y seguir, y seguir para adelante en la construcción de justicia."
Crónica dia x dia La Justicia llegó con cinco condenas y una absolución Día 18: Se fijó para el viernes el fin de la impunidad Día 17: Las defensas culparon a Costanzo, a los médicos, a los muertos y al inimputable Trimarco Día 16: La querella pidió prisión perpetua para todos los acusados en la causa Hospital Militar Día 15: Amelong responsabilizó a los médicos del IPP y dijo que él sólo arreglaba autos Día 14: terminó la etapa testimonial y Sabrina conoció el lugar donde nació Día 13: Las revelaciones de Costanzo sobre el robo de bebés y el accionar cotidiano de los represores Dia 12 : Dri exigió a sus secuestradores que digan “dónde está el hermano de Sabrina y Sebastián” Día 11: La emoción por la restitución de Sabrina y la defensa de Guerrieri del terrorismo de Estado Día 10: Las confesiones de Costanzo, la intervención de Torrealday y la impunidad de los asesinosMultimedia Nov. 2010 - HIJOS expresó que la elevación a juicio de la causa Hospital Militar es fruto del trabajo de años