Source: https://tc.vlex.es/vid/-209636
Timestamp: 2019-08-20 22:53:56
Document Index: 18667234

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4']

STC 47/2004, 29 de Marzo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 209636
Número de Recurso: 3141/93
Sentencia citada en: 28 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 25 de octubre de 1993, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Galicia 11/1993, de 15 de julio, sobre el recurso de casación en materia de Derecho civil especial. En el escrito de interposición del recurso se hizo expresa invocación del art. 161.2 CE.
El recurso de inconstitucionalidad se funda, en síntesis, en las siguientes alegaciones:
El Abogado del Estado comienza por referirse a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de legislación procesal. En este sentido, recuerda que el art. 149.1.6 CE atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de "legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas". La atribución de esta competencia responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de las instrumentos jurisdiccionales, de forma que el mencionado precepto constitucional no permite a las Comunidades Autónomas, en todo caso, innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos que materialmente regulen, pues ello equivaldría a vaciar de contenido o de todo significado la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art. 149.1.6 CE.
De conformidad con la doctrina constitucional expuesta la Comunidad Autónoma de Galicia sólo puede hacer las innovaciones procesales que necesariamente se deduzcan de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica como consecuencia de las particularidades del específico Derecho gallego (arts. 149.1.6 CE y 27.5 EAG). En consecuencia no está facultada para llevar a cabo una regulación procesal paralela a la prevista en la normativa estatal del recurso de casación recogida en la sección novena del título XXI del libro II de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Y esto último es precisamente lo que lleva a cabo la Ley impugnada, que, sin vincular la específica regulación procesal que introduce a las particularidades del derecho sustantivo gallego, contiene una regulación completa de las resoluciones recurribles, los motivos del recurso, la delimitación de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el criterio para la imposición de las costas procesales.
A continuación, el Abogado del Estado analiza de manera individualizada los preceptos de la Ley recurrida.
La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de noviembre de 1993, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, de conformidad con lo establecido en el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Junta de Galicia, por conducto de sus respectivos Presidentes, al objeto de que en el plazo común de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que tuvieran por conveniente; tener por invocado, por el Presidente del Gobierno, el art. 161.2 CE, lo que, a tenor del art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso para las partes legitimadas y desde la publicación de dicha suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros; así como, por último, publicar la incoación del recurso y la suspensión acordada en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de Galicia".
Mediante escrito registrado el día 26 de noviembre de 1993 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento y de poner a disposición del Tribunal la documentación que pudiera precisar.
Los Letrados de la Junta de Galicia, mediante escrito registrado en fecha 10 de diciembre de 1993, se personaron en el procedimiento y efectuaron las alegaciones que, a continuación, sucintamente se resumen:
Bajo la rúbrica "La atribución de la competencia ocasional en materia civil a los Tribunales Superiores de Justicia", manifiestan que el art. 152 CE, cuyo contenido transcriben, crea un nuevo órgano judicial con la firme voluntad de introducir en la Constitución la participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito judicial, a fin de dar satisfacción a la plenitud del concepto de autonomía política, mediante la consagración de un Tribunal Superior de Justicia en la cúspide de la organización jurisdiccional en las Comunidades Autónomas.
A continuación los Letrados de la Junta de Galicia se refieren a la competencia autonómica en materia de Derecho civil propio. Aducen al respecto que la promulgación de la Constitución ha determinado la apertura de un continuado proceso de renovación y actualización de los llamados Derechos civiles forales como efecto de la recuperada capacidad legislativa que determinadas Comunidades Autónomas pueden ejercer sobre su propio Derecho y que se concreta en la posibilidad reconocida en el art. 149.1.8 CE de conservar, modificar o desarrollar las instituciones integrantes de ese Derecho. En concreto, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Galicia, el art. 27.4 EAG configura como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la "conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil Gallego".
En cuanto al alcance de la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho procesal, entienden, tras reproducir, respectivamente, los arts. 149.1.6 CE y 27.5 EAG, así como aludir al significado que este Tribunal ha dado a la expresión "necesarias especialidades" del mencionado precepto constitucional (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre; 83/1986, de 26 de junio; 123/1988, de 23 de junio y 121/1992, de 28 de septiembre), que, dado que este precepto hace referencia a las peculiaridades del derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma, concretamente del Derecho civil, debe reconocerse a las Comunidades Autónomas competencia exclusiva en materia procesal para legislar sobre los trámites procesales que hacen posible la aplicación de su Derecho material de la forma más conveniente a las convicciones jurídicas que asisten a la Comunidad Autónoma de que se trate o para mejorar aquellos defectos que contenga la regulación estatal.
A continuación los Letrados de la Junta de Galicia examinan de manera individualizada los preceptos de la Ley impugnada.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 16 de diciembre de 1993, el Presidente del Parlamento de Galicia se personó en el procedimiento y efectuó las alegaciones que, a continuación, sucintamente se resumen:
El Estado tiene competencia exclusiva en materia procesal ex art. 149.1.6 CE. Por su parte, al amparo del citado precepto constitucional, la Comunidad Autónoma de Galicia ha asumido también competencia exclusiva en materia de normas procesales que se deriven del específico Derecho gallego (art. 27. 5 EAG). Se trata, pues, de la confluencia de dos competencias exclusivas, a ejercer por cada uno de sus titulares de acuerdo con la materia definida por el bloque de la constitucional, que integran, en este caso, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al que ha de ajustarse inexorablemente la legislación ordinaria, tanto de procedencia estatal como la emanada de los poderes autonómicos. La concurrencia de esas dos competencias exclusivas requiere la determinación del ámbito competencial en el que han de ejercerse ambas, sin lesionar el ámbito que corresponde a cada una de ellas, cuya delimitación, en este caso, ha de ser consecuencia de la aplicación inmediata y concorde del bloque de la constitucionalidad, que asigna a cada uno de los poderes sus propias competencias. En este sentido, en la medida en que el espacio competencial de la Comunidad Autónoma le queda constitucional y estatutariamente reservado, resulta totalmente indiferente que el Estado haya aprobado una norma sobre la materia antes que la Comunidad Autónoma (en este sentido, SSTC 85/1983, 95/1986).
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene un Derecho civil propio. Sin perjuicio de la competencia que corresponde al Estado ex art. 149.1.8 CE en materia de Derecho civil, también las Comunidades Autónomas, allí donde existan, pueden asumir competencia sobre la conservación, modificación y desarrollo de sus Derechos civiles, forales o especiales. En concreto, la Comunidad Autónoma de Galicia asumió esta competencia exclusiva (art. 27.4 EAG) y el Parlamento aprobó la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, que incorporó la Compilación como Derecho autonómico. También en anteriores legislaturas se atendieron iniciativas encaminadas a elaborar y aprobar una regulación lo más completa posible del Derecho civil propio de Galicia. Así se publicó en el "Boletín Oficial del Parlamento de Galicia" una Proposición de Ley sobre el Derecho civil gallego que caducó como consecuencia de la finalización de la legislatura (BOPG núm. 399, de 27 de abril de 1993).
El recurso de casación tiene por objeto dar uniformidad a la doctrina y a las Sentencias de los Tribunales. No constituye una tercera instancia o una segunda apelación, puesto que no es su función enjuiciar las pretensiones de las partes, atribuyéndosele tradicionalmente una finalidad defensora del ius constitutionis, del Ordenamiento jurídico, con función protectora de la norma y uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo para lograr la unidad del Ordenamiento jurídico.
La Constitución abrió la posibilidad de organizar un Poder Judicial con arraigo en las Comunidades Autónomas, aunque dentro de la unidad jurisdiccional del Estado (art. 152.1 CE), remitiendo a la LOPJ la forma de organización del Poder judicial en las Comunidades Autónomas y la regulación de las instancias procesales. Por su parte la Comunidad Autónoma de Galicia, ex art. 22.1.a) EAG, asumió el recurso de casación, al prever dicho precepto que la competencia de los órganos jurisdiccionales en Galicia se extiende en el plano civil a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en materias de Derecho civil. Bien es cierto que el precepto en cuestión se refiere a la competencia y no al procedimiento, pero indica perfectamente la claridad expresada en el texto estatutario sobre la materia.
La Ley impugnada es muy breve y sus preceptos se limitan exclusivamente a ajustar el recurso de casación a las peculiaridades del ordenamiento gallego.
La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de febrero de 1994, próximo a finalizar el plazo de cinco meses que determina el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada, acordó oír a las partes personadas para que en el plazo común de cinco días expusiesen lo que tuvieran por conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.
Por providencia de 23 de marzo de 2004 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, contra la totalidad de la Ley de Galicia 11/1993, de 15 de julio, sobre el recurso de casación en materia de Derecho civil especial. La demanda de inconstitucionalidad se funda, sustancialmente, en que, en opinión del Abogado del Estado, los preceptos de la Ley impugnada vulneran la competencia que al Estado reserva como exclusiva el art. 149.1.6 CE en materia de "legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas", no estando facultada la Comunidad Autónoma, al amparo de la competencia que ha asumido como exclusiva ex art. 27.5 del Estatuto de Autonomía para Galicia (EAG) sobre las normas procesales que se deriven del específico Derecho gallego, para llevar a cabo una regulación procesal del recurso de casación paralela a la prevista en la normativa estatal. Por su parte las representaciones de la Junta y del Parlamento de Galicia entienden que los preceptos de la disposición legal recurrida encuentran plena cobertura en el ejercicio de la citada competencia que a la Comunidad Autónoma atribuye el art. 27.5 EAG, no produciéndose, en consecuencia, la extralimitación competencial que se denuncia.
La Ley recurrida tiene por objeto, como por lo demás revela su denominación, la regulación del recurso de casación en materia de Derecho civil especial gallego y ha sido aprobada por el Parlamento de Galicia, como se indica expresamente en su Exposición de Motivos, en virtud de la competencia que "le viene atribuida en los artículos 22 y 27.5 del Estatuto de Autonomía de Galicia, que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución determinan las atribuciones de nuestra Comunidad Autónoma en materia de normas procesales que deriven del derecho gallego", y con la finalidad, tras la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 llevada a cabo por la Ley 10/1992, de 30 de abril, y en atención a la realidad normativa del Derecho civil gallego, de hacer posible que el acceso al recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sea efectivamente viable. En su texto articulado se determinan las resoluciones judiciales susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (art. 1); los motivos en los que ha de basarse el recurso (art. 2); la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para conocer del recurso de casación fundado en concretos motivos (art. 3); y el criterio de imposición de las costas procesales (art. 4). Concluye la Ley con una disposición adicional, que prevé la aplicación supletoria de las normas sobre el recurso de casación de la Ley de enjuiciamiento civil, otra transitoria, que contempla la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales dictadas antes de su entrada en vigor y que se encuentren aún en tiempo hábil de ser recurridas, y, por último, una final, que establece la entrada en vigor de la Ley al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial de Galicia".
Parece oportuno, a efectos del más adecuado juicio de constitucionalidad acerca de la Ley autonómica impugnada, y de su verdadero alcance y significación en el ámbito procesal de la casación civil de Galicia, tener en cuenta la gestación del texto normativo en cuestión.
La controversia competencial que subyace al presente recurso de inconstitucionalidad no presenta dificultad alguna, a diferencia de lo acaecido en otros procesos de inconstitucionalidad, para el encuadramiento competencial de la materia concernida. Se trata de la legislación procesal, reservada al Estado como competencia exclusiva en el art. 149.1.6 CE, si bien esta reserva no es plena o absoluta, en tanto en cuanto el citado precepto constitucional permite un espacio de normación a las Comunidades Autónomas, al señalar "sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden [el orden procesal] se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas", salvedad ésta que ha permitido que Galicia haya asumido como competencia exclusiva, en el art. 27.5 de su Estatuto de Autonomía, "las normas procesales y procedimientos administrativos que se deriven del específico Derecho gallego o de la organización propia de los poderes públicos gallegos".
Para determinar si la Ley autonómica impugnada invade o menoscaba la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal, tal como propugna el Abogado del Estado, es menester que, como cuestión metodológica previa, señalemos las premisas en que ha de descansar el entendimiento de la salvedad competencial contenida en el art. 149.1.6 CE, a fin de dilucidar si los preceptos de la Ley 11/1993 del Parlamento de Galicia constituyen o no "necesarias especialidades" procesales que encuentran legitimidad constitucional en la cláusula constitucional mencionada, y ello habida cuenta de que el art. 149.1.6 CE es el único canon de constitucionalidad a cuya luz ha de dirimirse la presente controversia competencial.
El Derecho sustantivo de Galicia, y sus particularidades, no se presenta en este caso referido a concretas y determinadas instituciones de manera aislada sino, de manera más general, a su Derecho civil foral, especial o propio, respecto del cual dicha Comunidad Autónoma ha asumido competencia exclusiva para su conservación, modificación y desarrollo, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE, y de lo que en el marco estatutario señala el art. 27.4 EAG. Es en relación con este Ordenamiento civil foral o especial de Galicia, y de las particularidades que lo configuran, sobre las que ha de proyectarse la protección jurisdiccional que supone el recurso de casación, del que conoce la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con base en la atribución competencial efectuada por el legislador estatal: art. 73.1 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), art. 1729 de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 en la redacción de la Ley 10/1992, y art. 478.1, segundo párrafo, de la vigente Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, y ello dado que el Estatuto de Autonomía de Galicia ha previsto expresamente dicha atribución competencial en su art. 22.1 a), a cuyo tenor: "La competencia de los órganos jurisdiccionales en Galicia se extiende: a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en las materias de Derecho Civil gallego".
Aunque, como hemos indicado, el canon de constitucionalidad para dirimir la presente controversia competencial viene constituido, exclusivamente, por la regla de distribución competencial contenida en el art. 149.1.6 CE, en lo atinente a la legislación procesal, ello no nos dispensa en modo alguno de considerar, como elemento imprescindible de análisis, cuál es la legislación procesal general respecto de la que se predican las especialidades incorporadas por la ley autonómica recurrida, y sin que ello implique que tal legislación procesal estatal sobre el recurso de casación civil, que es la contenida en la Ley de enjuiciamiento civil, se erija en canon o parámetro de constitucionalidad para dilucidar si la Ley de Galicia 11/1993 se acomoda o no al orden constitucional de distribución de competencias plasmado en la mencionada regla del art. 149.1.6 CE. Así, pues, las normas reguladoras de la casación contenidas en la Ley procesal civil han de servir tan sólo como punto de referencia para efectuar el imprescindible cotejo entre, de una parte, la regulación procesal emanada por el Estado en ejercicio de la competencia exclusiva que le reconoce el art. 149.1.6 CE y, por otro lado, la legislación aprobada por el Parlamento de Galicia en el ámbito de la casación civil foral, al amparo de la competencia que también le es reconocida a la Comunidad Autónoma por la tan repetida regla de distribución competencial. Solamente así, efectuado dicho ineludible cotejo entre ambas normativas, nos hallaremos en condiciones de determinar si los preceptos de la Ley gallega introducen o no auténticas o propias especialidades procesales, en cuanto singularidades que divergen (con justificación constitucional o sin ella, lo que es cuestión distinta) de la regulación estatal general que rige en el ámbito procesal del recurso de casación, en este litigio concernido.
La referida sucesión de normas procesales reguladoras del recurso de casación en la Ley de enjuiciamiento civil determina, conforma a la doctrina de este Tribunal, que el cotejo o contraste entre la regulación autonómica sobre la casación civil foral y la estatal de la LEC, atribuida ésta al Tribunal Supremo ex art. 123 CE, no haya de limitarse a la contenida en la reforma operada en la LEC de 1881 por la Ley 10/1992, que era la vigente cuando se promulgó la Ley de Galicia 11/1993 objeto de impugnación, sino que alcance también, tomándola en consideración, a la constituida por la ahora vigente Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, de cuyo régimen sobre el recurso de casación del que conoce la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, hemos destacado de forma sucinta los aspectos esenciales de sus presupuestos básicos. Ello responde a la doctrina que este Tribunal ha establecido en relación con el denominado ius superveniens (SSTC 87/1985, de 16 de julio, 137/1986, de 6 de noviembre, 27/1987, de 27 de febrero, 154/1988, de 21 de julio, entre otras).
El artículo 1 de la Ley 11/1993, de 15 de julio, del Parlamento de Galicia, dispone:
"Son susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia:
Las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias Provinciales de Galicia, así como, en su caso, las dictadas por los Juzgados de Primera Instancia y demás resoluciones a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que produzcan excepción de cosa juzgada y cualquiera que sea la cuantía litigiosa.
Las resoluciones que impidan la prosecución de la instancia o, en ejecución, resuelvan definitivamente cuestiones no controvertidas en el pleito, no decididas en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
Las resoluciones para las que expresamente se admita, en las circunstancias y con arreglo a los requisitos que vengan establecidos.
Quedan excluidas las sentencias dictadas en los juicios de desahucio por falta de pago de la renta".
Mayores problemas presenta el apartado a) del mencionado art. 1 de la Ley gallega, que permite el acceso a la casación foral o regional ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no solo de las Sentencias pronunciadas por las Audiencias Provinciales de Galicia, sino también de las dictadas por los Juzgados de Primera Instancia radicados en su ámbito territorial y, con carácter residual, de las "demás resoluciones a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil". A ello añade el precepto dos condicionamientos referidos a todas las Sentencias y resoluciones susceptibles de recurso de casación, al señalar en su inciso final: "siempre que produzcan excepción de cosa juzgada y cualquiera que sea la cuantía litigiosa".
Finalmente, debemos analizar si los condicionamientos contenidos en el inciso final del apartado a) enjuiciado, al señalar "siempre que produzcan excepción de cosa juzgada y cualquiera que sea la cuantía litigiosa", pueden ampararse por el legislador gallego en el mencionado título competencial que le habilita para introducir, en la legislación procesal de competencia exclusiva del Estado, aquellas especialidades procesales con vinculación directa en su Derecho sustantivo, en este caso constituido por el Derecho civil foral propio de dicha Comunidad Autónoma. Debemos precisar al respecto que los dos enunciados normativos del inciso transcrito ofrecen alcance de muy diverso signo, pues, mientras la exigencia de que las Sentencias produzcan eficacia de cosa juzgada guarda relación con una concepción de base doctrinal sobre las Sentencias accesibles a la casación en general, al excluir de control casacional aquéllas recaídas en los procesos sumarios en cuanto que no producen dicha eficacia, la supresión de la cuantía litigiosa (summa gravaminis) para abrir la vía casacional responde a una concreta y singular perspectiva material sobre el contenido de las instituciones jurídico-privadas que integran el Derecho civil foral o especial de Galicia, según veremos más adelante. Así pues, el requisito de que las Sentencias recurribles "produzcan excepción de cosa juzgada" no trae causa de peculiaridad alguna informadora del Derecho civil sustantivo, sino que responde a un puro y simple prurito de perfección técnico-jurídica, muy alejado de lo que debe constituir, en los términos competenciales que acota el art. 149.1.6 CE, una necesaria especialidad procesal que legitime constitucionalmente la intervención del legislador autonómico en este ámbito del ordenamiento procesal. En consecuencia la inconstitucionalidad que hemos predicado de las demás determinaciones normativas del art. 1 a) en examen, debe también extenderse a esta exigencia o requisito establecido por el legislador gallego. Más ardua es la cuestión referida al inciso final del precepto, conforme al cual las Sentencias pronunciadas en apelación por las Audiencias Provinciales de Galicia, en materia de su Derecho civil foral o especial, pueden acceder a la casación "cualquiera que sea la cuantía litigiosa", análisis que abordamos a continuación.
El Derecho civil foral o especial de Galicia, contenido en la actualidad en la Ley gallega 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia, no impugnada ante este Tribunal, responde a la competencia, constitucionalmente atribuida, de "la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan" (art. 149.1.8 CE), y que Galicia ha recogido en el art. 27.4 de su Estatuto de Autonomía: "conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil gallego". Es este, pues, el específico Derecho gallego cuyas particularidades pueden justificar que el legislador autonómico promulgue normas procesales especiales que tales particularidades requieran, y que coexistan, con legitimidad constitucional, con el ordenamiento procesal cuya competencia exclusiva es del Estado, al amparo del art. 149.1.6 CE.
Las instituciones reguladas en la Ley de Derecho civil de Galicia, Ley 4/1995, que ha derogado la Ley sobre la Compilación 7/1987, se integran por relaciones jurídicas muy vinculadas al ámbito rural de Galicia y, por ello, a su economía esencialmente agraria, sobre la base de una propiedad de carácter minifundista. Los pleitos para solventar las discrepancias sobre los derechos derivados de tales instituciones tienen, pues, como sustrato económico cuantías litigiosas escasas, muy por debajo no solamente de la que actualmente señala el art. 477.2.2 de la vigente LEC, en la cifra de veinticinco millones de pesetas, sino de la de seis millones de pesetas que fijó la reforma de la casación civil por Ley 10/1992 (art. 1687.1.c LEC de 1881). Así permite afirmarlo no solamente un somero examen de las instituciones jurídico-privadas reguladas por la mencionada Ley y por la costumbre, en lo pertinente (arts. 1 y 2, apartado 2 de la referida Ley gallega de Derecho civil), entre las que se cuenta, ad exemplum, los petrucios parroquiales o veciña, las comunidades en materia de aguas, el agra, agro o vilar, la servidumbre de paso, las serventías, el cómaro, ribazo o arró, el retracto de graciosa, los arrendamientos rústicos y aparcerías, entre otras, sino también las consideraciones vertidas en el debate parlamentario de la Ley autonómica impugnada, en el que se manifestó que la cuantía litigiosa -referida a la de seis millones de pesetas- "en la casi totalidad de los casos está muy por encima de la que es habitual en los procedimientos o pleitos del ámbito del Derecho civil de Galicia. Un derecho que, como sus señorías saben, es eminentemente rural y, por tanto, con litigios de muy escasa cuantía económica".
En el examen del art. 2 de la Ley impugnada, atinente a los motivos que pueden fundar el recurso de casación foral, debemos proceder, para una más adecuada decisión sobre la constitucionalidad del precepto, distinguiendo los dos apartados, correlativos a sendos motivos casacionales, en que se divide el mismo.
"El recurso de casación se basará en alguno o algunos de los siguientes motivos:
1) Infracciones de normas del ordenamiento jurídico civil de Galicia o conjuntamente con infracción del mismo y de normas de derecho civil común o doctrina jurisprudencial que establezca el Tribunal Superior de Justicia o la anterior del Tribunal Supremo".
El art. 2, en su segundo apartado, incluye, como específico motivo para fundar el recurso de casación civil foral, el que se configura en los siguientes y literales términos:
"2. Error en la apreciación de la prueba que demuestre desconocimiento por parte del juzgador de hechos notorios que supongan infracción del uso o costumbre.
Los usos y costumbre notorios no requerirán prueba. A los efectos de este recurso son notorios, además de los usos y costumbres compilados, los aplicados por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o por la antigua Audiencia Territorial de Galicia".
El párrafo segundo del núm. 2 del art. 2 de la Ley autonómica impugnada exonera de prueba a los usos y costumbres notorios, y añade que, a efectos del recurso de casación, han de tenerse por tales además de los compilados, los aplicados por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o por la antigua Audiencia Territorial de La Coruña.
El artículo 3 de la Ley autonómica dispone que será competente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando el recurso de casación se funde, además de en algunos de los motivos señalados en el artículo anterior, en uno de los referidos en los números 1, 2 y 3 del art. 1692 LEC de 1881.
En el art. 4 de la Ley enjuiciada se regulan las costas procesales, estableciendo el criterio o regla de la temeridad o mala fe procesales para imponer, con expresa motivación, las originadas en la tramitación del recurso de casación.
La disposición adicional de la Ley autonómica establece que: "En todo lo no previsto en la presente ley, y mientras no se opongan a la misma, regirán como supletorias las normas sobre el recurso de casación previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
El Abogado del Estado pretende también la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones transitoria y final de la Ley del Parlamento de Galicia 11/1993, con base en la conexión que tales disposiciones presentan con el resto de los preceptos de la mencionada Ley autonómica objeto de impugnación. Tal pretensión podría encontrar acogida, en aplicación del art. 39.1 LOTC, si hubiéramos declarado la inconstitucionalidad de todos los preceptos contenidos en la Ley gallega, pues carecería de sentido mantener una norma intertemporal y otra de entrada en vigor respecto de una Ley cuya inconstitucionalidad se hubiera apreciado en la integridad de su texto normativo.
Atendido lo expuesto, hemos de concluir que se ajustan al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias (art. 149.1.6 CE y art. 27.5 EAG), los preceptos de la Ley de Galicia 11/1993 objeto de la presente impugnación, que a continuación se relacionan:
Declarar inconstitucionales y nulos, por vulnerar el orden constitucional de distribución de competencias, los siguientes preceptos de la mencionada Ley: artículo 1, salvo el apartado letra a) en su inciso final "y cualquiera que sea la cuantía litigiosa", en los términos expuestos en el fundamento jurídico último; artículo 2 en su número 1; artículo 3; artículo 4 y la disposición adicional.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3141/93, al que se adhiere el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel.
Creo que nuestra actual Sentencia se aparta de modo inconveniente de la que ha sido nuestra más tradicional doctrina respecto de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia procesal, que se recoge en el fundamento jurídico 4.
Pues bien, sobre tales presupuestos de partida no me parece que el recurso de casación sea en modo alguno una necesaria especialidad de ningún derecho sustantivo, sino que se trata de una institución que obedece a consideraciones de carácter estrictamente procesal, cuyo significado común a todo el sistema procesal me resulta inequívoco; de ahí que me resulte inaceptable en línea de principio la fragmentación de su regulación desde las diferentes Comunidades Autónomas con derecho sustantivo propio.
Estimo por lo expuesto que el recurso de inconstitucionalidad debía haber sido estimado en su totalidad, y declarada la inconstitucionalidad de toda la Ley recurrida, y no solo de parte de la misma, como hace la Sentencia.
ATC 92/2004, 23 de Marzo de 2004
STSJ Murcia , 14 de Septiembre de 2005
SAP Alicante 366/2009, 11 de Noviembre de 2009