Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/460.htm
Timestamp: 2019-03-25 03:27:51
Document Index: 283542365

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 42', 'artículo 53', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 76', 'artículo 78', 'artículo 84', 'artículo 88', 'artículo 93', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 97', 'artículo 106', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 87', 'artículo 89']

LEY ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta
Resultando primero. En sesión del Pleno correspondiente al 16 de junio de 2005, se dio lectura a una Iniciativa de Ley Estatal de las Personas con Discapacidad, que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60, fracción I de la Constitución Política del Estado y 132, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentaron los diputados Constantino Castañeda Muñoz, José Chávez Sánchez y Román Cabral Bañuelos.
Resultando segundo. En sesión del Pleno correspondiente al 28 de junio de 2005, se dio lectura a una iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción II y 72 de la Constitución Política del Estado; 132, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 17 numeral 1 fracción I, 18 fracción II, 19 y 20 numeral 1 de su Reglamento General; y 2º, 3º, 7º, 12 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentó la ciudadana Gobernadora del Estado, Licenciada Amalia D. García Medina.
Resultando tercero. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción I, y 59, párrafo 1, fracción I de nuestro Reglamento General, las iniciativas de referencia fueron turnadas a través de los memorandos números 798 y 823, de fechas 16 y 28 de junio, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Discapacitados y Tercera Edad, para su estudio y dictamen.
Resultando cuarto. Que por economía del proceso legislativo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 numeral 2 del Reglamento General del Poder Legislativo, por tratarse de asuntos relativos a la misma materia, las comisiones dictaminadoras ordenaron la acumulación de los expedientes INI/037/2005 e INI/043/2005 a efecto de emitir un solo dictamen, el que fue leído en sesión del Pleno de fecha 11 de octubre del 2005 y aprobado por el Pleno de esta Legislatura en sesión celebrada el día 13 del mismo mes y año.
Primero. A través de la historia, la manera de referirse a las personas con discapacidad, determina las acciones sociales, políticas y económicas que se ejercen como derecho humano, pero es hasta la actualidad que al reconceptualizarse lo que implica equidad, diversidad e integración de y para Personas con discapacidad, es cuando las políticas públicas se orientan a dar respuesta a la demanda ciudadana de generar más oportunidades en cualquier ámbito, mejorando la calidad de procesos y resultados donde se garantice una real participación de estos grupos considerados vulnerables.
Los esfuerzos de las personas con discapacidad, de sus familias y de las instituciones de apoyo han promovido un cambio en las actitudes sociales, en la legislación y en las oportunidades socioculturales, laborales y educativas.
Segundo. Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80% de estas personas viven en los países en desarrollo.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, concluyó que la población con discapacidad se encuentra integrada por un 44.9% que presenta limitaciones relacionadas con su brazos o piernas, 28.6% es invidente o sólo percibe sombras, 16.5% es sorda o escucha con ayuda de un aparato, 14.6% es tiene algún retraso o deficiencia mental, 4.5% es muda y el restante 0.7% presenta otra clase de discapacidad.
Las causas de la discapacidad se dividen en un 31.6% que adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad, el 22.7% como consecuencia de problemas relacionados con la edad avanzada, el 14.9% nació con ella, un 17.7% como resultado de algún accidente y 1.9% debido a otras causas. El 11.5% de la población con discapacidad tiene entre 0 y 14 años; un 13.6% de 15 a 29; 30% se ubica entre los 30 y 59 años y el 44% tiene 60 y más años.
Tercero. Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que estén dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones internacionales y en otros instrumentos jurídicos.
Cuarto. La terminología actual, reconoce la necesidad de tener en cuenta no sólo las necesidades individuales, sino también las deficiencias de la sociedad, ya que la puesta en común para accionar en la incorporación a la vida social, disfrute de los bienes y servicios, nos deberá llevar a una sociedad incluyente, que tendrá que circunscribirse dentro de un marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de derechos que como ciudadanos se les confiriere, y de esta manera ir cerrando la brecha de la marginación y de las restricciones de ser una parte importante de desarrollo personal, comunitario y nacional.
La cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la ideología, que requiere cambios, los cuales se transforman en el nivel político en una situación de derecho, integrando las diferentes dimensiones de la discapacidad con un enfoque biopsicosocial.
Para hablar de inclusión en nuestro marco jurídico, será necesario que realicemos una reflexión y revisión profunda sobre la manera en la que nuestras leyes e instituciones integran, incluyen y conceptualizan a las personas con esta condición.
Por ello, se trata no sólo de reconocer y legislar sobre el derecho, si no de viabilizar el derecho adoptando medidas eficaces dirigidas hacia la inclusión real, promoviendo las transformaciones necesarias según los ámbitos de aplicación para posibilitar en los hechos el derecho.
Se pretende la inclusión fomentando una cultura de respeto a la diversidad, a los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de todo ser humano, siendo una vía de inclusión la formación, orientación, motivación requeridas por estas personas y sus familias reconociendo la dignidad, la igualdad como parte de la convivencia, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.
Quinto. Mención especial merece la reforma constitucional en materia de discriminación publicada en agosto de 2001 que prohíbe, dentro del territorio nacional todo trato discriminatorio y obliga al Estado a establecer políticas públicas adecuadas para el respeto de los derechos de las minorías y los grupos vulnerables.
En este nuevo contexto legal, se hace necesario un nuevo cuerpo normativo que deseche la postura asistencialista del Estado y dé paso al reconocimiento de los derechos que todas las personas con discapacidad tienen, así como el establecimiento de un sistema de servicios que el gobierno debe otorgarles para hacer efectivo ese conjunto de derechos.
Sexto. La iniciativa que se presenta está integrada por cinco títulos, en el primero se establecen los principios en los que deberá sustentarse toda política pública de inclusión social de las personas con discapacidad, se amplía la definición de discapacidad y se señalan los tipos de ésta y se identifican en el marco de las garantías constitucionales, establecen los derechos sociales de las personas con discapacidad. El título segundo se prevé la integración y atribuciones del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, órgano ciudadano de consulta y asesoría en la materia. En el título tercero se enumeran las atribuciones del Ejecutivo del Estado, se dan las bases de la coordinación institucional y se establece la forma de constitución y las atribuciones de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. En el título cuarto se establece el Sistema Estatal de Servicios, señalando la instancia encargada de otorgarlos; en este sistema se incluyen, los siguientes: servicios médicos; educación en todos los niveles, no sólo en la que otorga el Estado, sino también en la que éste regula; rehabilitación laboral, capacitación y trabajo; orientación y capacitación a sus familiares y entorno social, orientación y asesoría en la cultura, la creación y el deporte; la participación en los programas de asistencia social. Igualmente, obliga a las diferentes instituciones públicas y privadas a fin de que se realicen las adecuaciones necesarias para el acceso y tránsito en la vía pública y lugares con acceso al público. Asimismo, se protege el derecho de las personas con discapacidad a tener una asesoría jurídica adecuada en cualquier controversia administrativa o judicial de la que formen parte.
Mención especial merece el hecho de que se regula la utilización de manera preferencial de los espacios públicos estacionarios; se establece el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, que permitirá acercar los servicios y programas asistenciales de manera más oportuna y eficaz.
De igual manera, se establecen facultades específicas a cargo de los ayuntamientos en esta materia. Como elemento de inclusión social importante, se dispone que los servicios educativos deberán otorgarse con los apoyos especiales en los planteles de educación básica regular.
Se prevé la obligación de los concesionarios del servicio de transporte público de otorgar el servicio preferencial a las personas con discapacidad y el 50% de descuento en su pasaje.
Se garantiza el acceso al lenguaje de signos y sistema braille en las bibliotecas públicas del Estado, así como la inclusión paulatina de los avances tecnológicos para la utilización de estos servicios.
Se propone el establecimiento de un sistema que permita el acceso a la rehabilitación laboral y al trabajo, en este sistema destaca el funcionamiento de la Comisión y la Dirección de Trabajo y Previsión Social, como agencia especial de trabajo, que iniciaría el sistema y sería la encargada de poner en contacto a la persona con discapacidad y el empleador.
Finalmente, en el título quinto se establece un sistema de estímulos a quienes destaquen en la atención de las personas con discapacidad y sanciones para aquellos particulares que incumplan con el contenido de esta Ley, en el caso de los servidores públicos éstos serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado; 14, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 86, párrafo 1, 88, 90 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta.
Artículo primero. La presente Ley es de orden público e interés social y su finalidad primordial es establecer las bases que permitan la plena incursión de las personas con discapacidad a la vida social, a efecto de contribuir al ejercicio de sus capacidades, mejorando su nivel de vida y facilitando, de manera igualitaria y en equiparación de oportunidades, el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho bajo los siguientes objetivos:
I. Impulsar una cultura, política y práctica inclusiva encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad;
II. Coordinar las actividades tendientes a apoyar a las personas con discapacidad, creando y preservando las condiciones que favorezcan su inclusión al desarrollo; y
III. Crear un sistema integral de servicios, para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que reconoce esta Ley.
Art. 2º Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia son:
IV. El respeto por las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
VII. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;
IX. La no discriminación; y
X. El diseño universal.
Art. 3º Persona con discapacidad es aquella que padece alguna deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, así como un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que puede ser agravada por el entorno económico y social, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.
Se aceptan las tres clases de afectación o alteración que clasifica la Organización Mundial de la Salud como causantes de la discapacidad:
I. Deficiencia: la pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, de carácter psicológico, fisiológico o anatómico;
II. Incapacidad: cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionada por una deficiencia, dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; y
III. Minusvalidez: incapacidad que constituye una desventaja para una persona, en cuanto le limita o impide el cumplimiento de una función que es normal según su edad, género y factores sociales y culturales.
Art. 4º Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Subsecretaría: la subsecretaría de las Personas con Discapacidad;
II. Discapacidad física: la que manifiesta alguna deficiencia que obstaculiza o impide realizar diferentes acciones o actividades habituales;
III. Discapacidad mental: la que se caracteriza por una disminución de las funciones mentales con un funcionamiento intelectual inferior al del término medio de la población considerado en un rango de 100;
IV. Discapacidad sensorial: la que se presenta por una alteración del funcionamiento en el área del cerebro que controla los sentidos;
V. Personas ciegas: aquellas que tienen ausencia total de la percepción visual, incluyendo la sensación luminosa o que no distinguen imágenes;
VI. Débil visual: persona que tiene una percepción menor de las imágenes, sensaciones luminosas o ambas;
VII. Sordos: personas que presentan ausencia de la audición o una disminución importante de ésta;
VIII. Estimulación temprana: atención brindada al niño de entre 0 y 7 años, para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, mentales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano;
IX. Asistencia social: conjunto de acciones encaminadas a atender y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a las personas con discapacidad su desarrollo integral;
X. Ayudas técnicas: dispositivos tecnológicos que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales, intelectuales o emocionales de las personas con discapacidad, con el propósito de impedir la progresión o derivación en otra u otras discapacidades y mejorar su desempeño en la vida social;
XI. Sistema de escritura braille: sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve a través del tacto;
XII. Lenguaje de señas: forma de comunicación de una comunidad de sordos, mudos o sordomudos, que consiste en una serie de signos gestuales y articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función comunicativa y que forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad;
XIII. Barreras arquitectónicas: obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento tanto en lugares públicos o privados, como en exteriores o interiores;
XIV. Educación especial: conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, que con equidad social incluyente y con perspectiva de género estarán a disposición de las personas con discapacidad;
XV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social;
XVI. Convención interamericana: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos;
XVII. Convenio 159: Tratado sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo;
XVIII. Ajustes razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
XIX. Convención: convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
XX. Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;
XXI. Educación inclusiva: es la educación que propicia la permanencia, el aprendizaje y la participación de personas con discapacidad en el sistema de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos e incluye los ajustes razonables;
XXII. Estenografía proyectada: es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;
XXIII. Accesibilidad: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;
XXIV. Comunicación: se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
XXV. Habilitación: se entiende por habilitación, el proceso formativo con inicio a temprana edad, el cual busca proporcionar herramientas que permitan adquirir capacidades y destrezas a personas que desde el nacimiento presentan alguna discapacidad, apoyándose en procesos terapéuticos, en sus ámbitos médico, social y educativo;
XXVI. Enlace municipal: unidad administrativa creada dentro de la estructura orgánica de los ayuntamientos, para atender y canalizar las necesidades y solicitudes de las personas con discapacidad; y
XXVII. Competencia: conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que se ponen en juego para resolver los problemas que enfrenta el individuo cotidianamente;
XXVIII. Perro guía o animal de servicio: aquel que ha sido certificado en centros especializados para la asistencia, acompañamiento, conducción, compañía y auxilio de personas con discapacidad; y
XXIX. Comité: comité para la certificación de perros guía.
Art. 5º Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución política del Estado y la presente Ley, sin distinción por origen étnico, nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o de su familia.
Art. 6º Esta Ley reconoce y protege los siguientes derechos a favor de las personas con discapacidad:
I. El acceso a la educación que importa y regule el Estado;
II. El desplazarse libremente en los espacios públicos abiertos o cerrados de cualquier índole, ya sea por su propio pie o apoyos técnicos;
III. El disfrute de los servicios públicos estacionarios preferenciales de manera exclusiva y los de uso general en igualdad de circunstancias que cualquier persona;
IV. El acceso y conservación en igualdad de circunstancias, al trabajo remunerativo que siendo lícito, mejor le acomode;
V. A ser incluidas en los planes, proyectos y programas del gobierno estatal;
VI. A recibir el servicio de transporte público de manera accesible;
VII. A la comunicación, facilitando el acceso y uso de todos los medios disponibles para expresarse libremente;
VIII. A las actividades recreativas, culturales y deportivas;
IX. Al respeto y la convivencia, eliminando los prejuicios, estereotipos y otras actitudes discriminatorias;
X. Derecho a la vida;
XI. Acceso a la justicia;
XII. Libertad y seguridad de la persona;
XIII. Protección contra la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes;
XIV. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso;
XV. Derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la sociedad;
XVI. Respeto a la privacidad, mantener su fertilidad, a formar una familia, a decidir sobre su sexualidad y el número de hijos;
XVII. Derecho a una familia, a un nivel adecuado de vida y protección social; y
XVIII. Participación en la vida política, pública, cultural y el esparcimiento.
Art. 7º La prevención de las discapacidades constituye un derecho y un deber de toda ciudadana o ciudadano y de la sociedad en su conjunto, formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales.
Art. 8º La persona con discapacidad tiene derecho a contar con asistencia jurídica competente. Si fuese sometido a procedimiento penal, civil, familiar o de cualquier otra índole, deberán tomarse en consideración sus condiciones físicas y mentales, brindándole los apoyos personales y materiales de acuerdo a su discapacidad.
Del Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad
De su integración y atribuciones
Art. 9º El Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad, es un órgano de carácter honorífico de asesoría, consulta y promoción de los programas y políticas de la subsecretaría de Personas con Discapacidad destinados a la protección, bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado.
Art. 10. El Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad, se integrará por representantes de organizaciones de la sociedad civil que participarán en calidad de consejeros, de acuerdo con la convocatoria pública que para su conformación emita la Secretaría de Desarrollo Social..
Art. 11. El Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Colaborar y servir de órgano de consulta permanente para el establecimiento de las políticas sociales en materia de discapacidad en el Estado;
II. Contribuir a que las personas con discapacidad, participen de manera activa en los programas que tiendan a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus capacidades;
III. Elaborar estudios e investigaciones en la materia;
IV. Participar en la evaluación y aplicación de políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad;
V. Proponer al Subsecretario planes, programas y proyectos para el cumplimiento de su objeto;
VI. Nombrar al representante ante la asamblea consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad [CONADIS]; y
VII. Las demás que la presente Ley y su reglamento le confieran.
Art. 12. El Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad, sesionará con la periodicidad y formalidades que señale el Reglamento.
De las atribuciones del Estado
De las atribuciones en general
Art. 13. Son atribuciones y obligaciones del Ejecutivo del Estado, en materia de protección a las personas con discapacidad, las siguientes:
I. Establecer políticas e impulsar acciones para dar cumplimiento en la entidad a los programas nacionales, regionales, estatales y municipales, cuyo objeto sea el desarrollo integral de las personas con discapacidad;
II. Definir las políticas que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad;
III. Planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, habilitación, rehabilitación, igualdad de oportunidades y orientación para las Personas con discapacidad, así como emitir las normas técnicas para la prestación de dichos servicios;
IV. Promover que en las zonas urbanas de nueva creación, tomen en cuenta las necesidades de accesibilidad para personas con discapacidad tomando en cuenta los principios del diseño universal;
V. Impulsar que las nuevas construcciones realizadas por los sectores público, privado y social, con fines de uso comunitario, no tengan barreras arquitectónicas de las referidas en esta Ley, observando las especificaciones que en la misma se contienen, a efecto de beneficiar a las personas con discapacidad;
VI. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales que así lo soliciten, para la eliminación de barreras arquitectónicas en los diversos espacios urbanos de la entidad;
VII. Auxiliar a los organismos de las diferentes instancias de gobierno que trabajen para la inclusión social de las personas con discapacidad;
VIII. Otorgar las facilidades necesarias a las organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad sea lograr una mayor inclusión, en todos los ámbitos del desarrollo, de las personas con discapacidad;
IX. Promover la celebración de convenios en la materia, con los gobiernos federal, estatales y municipales; así como con los sectores social y privado, nacionales y extranjeros;
X. Impulsar el otorgamiento de preseas, becas, estímulos, en numerario o en especie, a las personas con discapacidad que se destaquen en las áreas laboral, científica, tecnológica, educativa, deportiva o de cualquier otra índole;
XI. Conservar en buen estado los señalamientos para personas con discapacidad;
XII. Difundir programas que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad en el Estado;
XIII. Concertar y coordinar la participación de los sectores público y social en la planeación, programación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad;
XIV. Asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas correspondientes para la ejecución de los programas dirigidos a las personas con discapacidad;
XV. Propiciar el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad;
XVI. Fomentar la captación de recursos que sean destinados al desarrollo de actividades y programas a favor de las personas con discapacidad;
XVII. Promover la difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como de las disposiciones legales que los regulan;
XVIII. Impulsar y participar, con pleno respeto a la libertad de expresión, en la unificación de criterios de difusión en los medios masivos de comunicación, eliminando estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas; promoviendo la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad;
XIX. Proporcionar orientación y asistencia jurídica a las personas con discapacidad, reconociendo, cuando proceda, su personalidad jurídica en las acciones legales en que sean parte realizando los ajustes razonables que sean necesarios;
XX. Constituir el Padrón de Personas con Discapacidad y vigilar su permanente actualización, así como el de las organizaciones e instituciones dedicadas a la habilitación o rehabilitación de personas con discapacidad;
XXI. Recibir y turnar a las instancias competentes, las quejas y sugerencias formuladas respecto del inadecuado trato a personas con discapacidad otorgado por autoridades y empresas privadas;
XXII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Ordenamiento legal; y
XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Art. 14. Las bases y modalidades del ejercicio coordinado de las atribuciones de los gobiernos estatal y municipales, se establecerán en los convenios que al efecto se celebren, en los términos de la Constitución Política del Estado, de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Art. 15. El Ejecutivo del Estado, podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con los gobiernos federal, estatales y con organizaciones sociales, públicas o privadas, en materia de asistencia para Personas con discapacidad.
De la subsecretaría de personas con discapacidad
Art. 15 bis. La subsecretaría de las personas con discapacidad, tendrá las siguientes facultades:
I. Planear y ejecutar programas de prevención, habilitación, rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad, en coordinación con los sectores público, social y privado;
II. Programar acciones de difusión masiva sobre la cultura, política, práctica inclusiva, dignidad y respeto a los derechos de las personas con discapacidad;
III. Promover actividades técnicas y científicas relacionadas con la promoción, prevención, habilitación, rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad;
IV. Constituir el padrón estatal de las personas con discapacidad y vigilar su permanente actualización, así como el de las organizaciones e instituciones dedicadas a la educación, habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad;
V. Evaluar la calidad de los servicios que se prestan en el Estado, a través de otras instituciones, proporcionando el informe al titular de la Secretaría de Desarrollo Social;
VI. Coadyuvar en el diseño de las políticas públicas que en materia de discapacidad se deberán implementar en el Estado, celebrando consultas frecuentes con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan;
VII. Opinar sobre la viabilidad de colocación de rampas y cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, apoyándose para ello en estándares internacionales;
VIII. Vigilar las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos y privados, promoviendo la eliminación de barreras arquitectónicas;
IX. Proponer al Secretario de Desarrollo Social la celebración de convenios para la atención, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en concordancia con organismos internacionales, federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado;
X. Identificar oportunidades de inversión y realizar las gestiones necesarias para que se instalen en el Estado empresas que generen empleo con enfoque social, así como gestionar recursos nacionales e internacionales para la ejecución de programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad;
XI. Promover y fortalecer los vínculos de colaboración y trabajo armónico entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que realicen acciones de fortalecimiento en materia de inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad en sus distintos ámbitos;
XII. Promover acciones en materia de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad en los municipios, orientadas al desarrollo de su potencial productivo y su incorporación al desarrollo social;
XIII. Promover la inclusión, permanencia, aprendizaje y participación de las personas con discapacidad en todas las actividades educativas regulares y especiales;
XIV. Establecer los mecanismos que promuevan la incorporación de las personas con discapacidad en la administración pública, procurando en todo momento se consideren los ajustes razonables que generen las condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades;
XV. Incidir para que las políticas públicas creadas en materia de arte, cultura, recreación y deporte, sean consideradas con enfoque inclusivo, tomando en cuenta los principios internacionales de accesibilidad;
XVI. Generar programas que contemplen la implementación de medidas compensatorias con el propósito de lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos;
XVII. Apoyar las acciones que favorezcan la eliminación de toda forma de discriminación por motivos de discapacidad, debiendo garantizar a este sector de la población la protección legal y efectiva contra estas prácticas; y
XVIII. Las demás que la presente ley y su reglamento le confieran.
De la Comisión Estatal para la Integración
Art. 16. [Derogado].
Art. 17. [Derogado].
Art. 18. [Derogado].
Art. 19. [Derogado].
Art. 20. [Derogado].
Art. 21. [Derogado].
Art. 22. [Derogado].
Art. 23. [Derogado].
Art. 24. [Derogado].
Art. 25. [Derogado].
Art. 26. [Derogado].
Del patrimonio de la Comisión
Art. 27. [Derogado].
Del Sistema Estatal de Prestación de Servicios
De las áreas de atención
Art. 28. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, los organismos de la administración centralizada, descentralizada, municipal y paramunicipal, operará un Sistema Estatal de Prestación de Servicios destinado a las personas con discapacidad, que comprenderá los siguientes rubros:
I. Salud, bienestar y seguridad social;
II. Rehabilitación laboral, capacitación y trabajo;
III. Educación y orientación vocacional;
IV. Facilidades arquitectónicas, de desarrollo urbano y de vivienda;
V. Transporte público y comunicaciones;
VI. Cultura, recreación y deporte;
VII. Desarrollo y asistencia social;
VIII. Seguridad jurídica;
IX. Difusión e implementación transversal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De los ayuntamientos y unidades administrativas municipales
Art. 29. Los ayuntamientos de los municipios del Estado, procurarán la creación de una unidad administrativa encargada de la atención de las personas con discapacidad, el titular de dicha unidad deberá ser preferentemente una persona con discapacidad. Los ayuntamientos privilegiarán la designación de un enlace municipal ante la subsecretaría, quien preferentemente será una persona con discapacidad o, en su caso, una persona con experiencia en el tema de discapacidad.
Art. 30. El enlace municipal, deberá mantener vinculación directa con la subsecretaría con la finalidad de acercar los servicios y beneficios de los programas para la inclusión de las personas con discapacidad en su municipio.
Art. 31. El enlace municipal, tendrá a su cargo la operación de las estrategias y acciones específicas que dicte la subsecretaría, para dar atención a las necesidades identificadas de una manera adecuada y oportuna.
Art. 32. Son atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos en materia de protección a personas con discapacidad:
I. Formular y desarrollar programas municipales de atención a personas con discapacidad cuyo objetivo sea lograr el bienestar integral de éstas;
II. Definir y ejecutar en los términos de este Ordenamiento y de los convenios que formalice con las distintas instancias programas de supresión de barreras arquitectónicas;
III. Celebrar convenios de colaboración en la materia, con los gobiernos federal y estatal; así como con otros municipios de la Entidad y con organismos de los sectores público, social y privado, nacionales y extranjeros;
IV. Conservar en buen estado y libres de todo material que entorpezca el acceso a las personas con discapacidad, las rampas construidas en aceras, intersecciones o escaleras de la vía pública;
V. Promover que en los estacionamientos públicos, existan los espacios necesarios para el ascenso o descenso de las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes;
VI. Gestionar ante las autoridades y empresas respectivas, la colocación de sistemas de comunicación accesibles, señalización de protectores para tensores de postes, cubiertas para coladeras y alertas en la construcción de obras en la vía pública y privada que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad;
VII. Planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, habilitación y rehabilitación, en igualdad de oportunidades y orientación para las Personas con discapacidad, así como adoptar las normas técnicas vigentes para la prestación de dichos servicios;
VIII. Difundir los programas que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad en el municipio;
IX. Proporcionar asistencia psicológica y asesoría jurídica, a través de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia;
X. Integrar, actualizar y enviar los censos municipales de las personas con discapacidad a la subsecretaría y otros organismos que lo soliciten.
En el proceso de integración de esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre la protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b) Cumplir con las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas;
XI. Recibir y transmitir capacitación sobre los diversos temas relativos a la discapacidad;
XII. Realizar, de acuerdo con su capacidad humana y de infraestructura, estudios socioeconómicos, investigaciones de campo y colaterales a las personas con discapacidad, con la finalidad de conseguir que, a través de la subsecretaría y otras instituciones se otorgue atención y apoyos;
XIII. Operar los programas de atención y apoyo de conformidad con los lineamientos expedidos por la subsecretaría; y
XIV. Las demás que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Del Plan Estatal de Prevención
Art. 33. Para los efectos de esta Ley y la prevención comprende tanto las medidas tendientes a evitar las causas de las deficiencias que pueden ocasionar discapacidad, como las destinadas a evitar su progresión o derivación en otras discapacidades.
Art. 34. El Ejecutivo del Estado, a través de los servicios de salud, la Unidad de Planeación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la subsecretaría y las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, elaborarán el Plan Estatal de Prevención de las Discapacidades, en el que deberán participar las dependencias y organismos de los gobiernos estatal y municipales.
Art. 35. El Plan Estatal de Prevención de las Discapacidades deberá ser presentado ante la Legislatura del Estado para el conocimiento de la sociedad y será evaluado anualmente, deberá contemplar las acciones de prevención en las áreas de salud, educación, trabajo y comunicación, especialmente dirigidas a:
I. La atención adecuada del embarazo, el puerperio y del recién nacido para evitar y detectar la discapacidad;
II. El asesoramiento genético;
III. La investigación en el recién nacido de enfermedades metabólicas;
IV. La detección y registro de las malformaciones congénitas visibles en los recién nacidos;
V. La promoción de la salud física y mental, principalmente evitando el uso indebido de las drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco;
VI. La prevención en accidentes de tránsito, de trabajo y enfermedades ocupacionales;
VII. El control higiénico y sanitario de los alimentos y de la contaminación ambiental; y
VIII. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.
Art. 36. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con la subsecretaría pondrá a disposición de las personas con discapacidad los servicios de asistencia social alimentaria, educativa, de apoyo especial, de habilitación, de rehabilitación, social, cultural y todos aquellos que favorezcan a su desarrollo pleno.
Art. 37. Será responsabilidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia otorgar los siguientes servicios:
I. A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial [CREE] y las Unidades Básicas de Rehabilitación [UBR], generar las condiciones oportunas para proporcionar orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades;
II. Promover la generación de recursos financieros que contribuyan a la creación y consolidación de las UBR, en cada uno de los municipios del Estado;
III. Promover la celebración de convenios de colaboración y coordinación con organismos privados y públicos ya sean federales, estatales o municipales, que aseguren e individualicen la atención a cada persona con discapacidad en su rehabilitación; y
IV. Garantizar que las personas con discapacidad reciban un diagnóstico oportuno de su inhabilidad, el cual se podrá realizar a través del CREE y comprenderá los siguientes aspectos:
a) Médico: en el que se especifique el grado, tipo de discapacidad y el tratamiento requerido;
b) Psicológico: que determinará un estudio de personalidad, del entorno familiar de la persona con discapacidad;
c) Educativo: en el que se determinará el nivel de estudios alcanzados y los niveles opcionales a los que podrá aspirar; y
d) Socioeconómico: para determinar las condiciones sociales y económicas, en que se encuentra la persona con discapacidad y el grado de apoyo que requiera para su rehabilitación e inclusión social.
Art. 38. La subsecretaría, con base en el diagnóstico emitido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial [CREE] o los Servicios de Salud en el Estado, certificará la presunta discapacidad, determinará el tipo y grado de los beneficios y servicios que deban asignarse a cada caso. Lo anterior sin perjuicio de las que emitan otros organismos legalmente facultados para ello.
Art. 39. La calificación y certificación de discapacidad que realice la subsecretaría, tendrá validez ante cualquier organismo público o privado del Estado de Zacatecas.
Art. 40. Será responsabilidad de los Servicios de Salud del Estado, proporcionar la atención adecuada a las personas con discapacidad, en los siguientes aspectos:
I. Desarrollo del Programa Estatal de Prevención, la detección temprana, oportuna, atención adecuada y rehabilitación de las diferentes discapacidades;
II. Programas especializados de capacitación, orientación y rehabilitación para Personas con discapacidad;
III. Asistencia médica y de rehabilitación médico-funcional;
IV. Orientación y gestión para la obtención de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para su rehabilitación e integración;
V. Orientación y capacitación a las familias o a terceras personas que apoyen a la población con discapacidad;
VI. Proporcionar a las personas con discapacidad, programas y atención a la salud gratuitos o a precios asequibles, de la misma diversidad y calidad que a las demás personas, considerando el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como programas de salud pública dirigidos a la población;
VII. Proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad, específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades;
VIII. Brindar servicios de salud a las personas con discapacidad, procurando el consentimiento libre e informado entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la emisión de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado; y
IX. Las demás que le asigne el titular o la titular del Ejecutivo del Estado.
De las unidades básicas de rehabilitación
Art. 41. Serán funciones de las unidades básicas de rehabilitación [UBR]:
I. Llevar a cabo acciones de prevención y detección de discapacidad, así como acciones de promoción y educación para la salud en la misma materia;
II. La orientación terapéutica recomendable, la aplicación del tratamiento respectivo, así como su seguimiento y revisión;
III. Implementar programas de rehabilitación de las comunidades de extrema pobreza y difícil acceso;
IV. Canalización hacia organismos especializados, ya sea públicos o privados, de aquellos casos que por características específicas de discapacidad, así lo requieran;
V. Dar atención en zonas rurales y de difícil acceso, así como diseñar, ejecutar e implementar un programa de rehabilitación basado en la participación comunitaria, con el apoyo y asesoría técnica de personal especializado; y
VI. Las demás que les otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Art. 42. Cada unidad básica de rehabilitación [UBR], elaborará un programa de prestación de servicios de acuerdo con las condiciones y necesidades de su región, el cual se hará del conocimiento de la subsecretaría, la que deberá vigilar su cumplimiento.
De la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad
Art. 43. Se entiende por habilitación, el proceso formativo con inicio a temprana edad, el cual busca proporcionar herramientas que permitan adquirir capacidades y destrezas a personas que desde el nacimiento presentan alguna discapacidad, apoyándose en procesos terapéuticos, en sus ámbitos médico, social y educativo.
Se entiende por rehabilitación, al conjunto de acciones médicas, psicológicas, sociales, educativas y ocupacionales que tienen por objeto que las personas con discapacidad, puedan obtener su máximo grado de recuperación funcional, a fin de realizar actividades que les permitan ser útiles a sí mismas y a su familia e integrarse a la vida social.
Art. 44. Los procesos de habilitación o rehabilitación de las personas con discapacidad, podrán comprender:
I. Tratamiento de habilitación o rehabilitación oportuno y adecuado a su discapacidad;
II. Orientación y tratamiento psicológico, individual y familiar;
III. Educación general y especial; y
IV. Rehabilitación socioeconómica y laboral.
Art. 45. El tratamiento de rehabilitación o habilitación, comenzará en la etapa más temprana posible, y se basará en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de las personas, apoyando la participación e inclusión en la comunidad, considerando todos los aspectos de la sociedad.
Art. 46. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, toda persona que presente alguna disminución funcional calificada, tendrá derecho a beneficiarse con la habilitación o rehabilitación médica necesaria para corregir o mejorar su estado físico o mental, cuando éste constituya un obstáculo para su integración educativa, laboral o social.
Art. 47. Los procesos de habilitación o rehabilitación se complementarán con la prescripción y la adaptación de prótesis, órtesis y otros elementos auxiliares de calidad para las Personas con discapacidad cuya condición lo amerite.
De la orientación y tratamiento psicológico
Art. 48. La orientación y tratamiento psicológico, se emplearán durante las distintas fases del proceso de habilitación o rehabilitación, iniciarán en el seno familiar e irán encaminados a lograr que la persona con discapacidad supere su situación, logre el desarrollo de su personalidad e inclusión social.
Art. 49. El apoyo y orientación psicológica, tendrán en cuenta las características de cada persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses, los factores familiares y sociales que puedan condicionarle y estarán dirigidos a optimizar al máximo el uso de sus potencialidades.
De la educación general y especial
Art. 50. La educación que imparta y regule el Estado deberá considerarse con un enfoque inclusivo, contribuyendo al desarrollo de competencias para la vida:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima, reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; y
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus habilidades y competencias tanto físicas como mentales.
Art. 51. Con el fin de contribuir al desarrollo del potencial humano de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, la Secretaría de Educación, deberá facilitar las condiciones necesarias para adecuar todos los espacios físicos en las escuelas.
Art. 52. La Secretaría de Educación deberá atender a menores con discapacidad, sin discriminación alguna, en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas, promoviendo además su inclusión en las privadas.
Art. 53. Serán responsabilidades de la Secretaría de Educación, en materia de apoyo a las personas con discapacidad, las siguientes:
I. Brindar educación básica para Personas con discapacidad, a través de la educación regular y especial;
II. Facilitar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad y realizar los ajustes razonables, en su proceso de escolarización, asegurando su ingreso, permanencia, participación, aprendizaje y egreso de las escuelas regulares;
III. Promover la inclusión de asignaturas en materia de discapacidad en los contenidos curriculares de la formación básica, media y superior;
IV. Diseñar y ejecutar programas de estímulos a las o los docentes que destaquen en la atención a personas con discapacidad;
V. Garantizar que se tomen las medidas necesarias a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación regular adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas mexicano y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; y
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social;
VI. Apoyar los proyectos innovadores que incorporen conocimientos, métodos, técnicas vanguardistas, que generen resultados exitosos tendientes a lograr que las niñas y niños y jóvenes no sean discapacitados ni física ni mentalmente;
VII. Fomentar la educación a distancia, aprovechando los avances tecnológicos que la comunicación actual ofrece;
VIII. Establecer en el Programa Estatal de Becas, en las instituciones públicas y privadas, que se destinen por lo menos el 10% de ellas a alumnos con discapacidad, emitiendo normas especiales para su otorgamiento, en las que se tome en cuenta el nivel de discapacidad y el esfuerzo del alumno y no el aprovechamiento académico;
IX. Incorporar planes educativos que faciliten al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua oral y escrita;
X. Elaborar programas educativos que permitan a las personas ciegas y débiles visuales integrarse al sistema estatal educativo, público o privado, creando de manera progresiva las condiciones físicas y acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales y libros actualizados a las publicaciones regulares necesarias para su aprendizaje;
XI. Favorecer la inclusión educativa y asegurar que los planes de estudio, sean flexibles y adaptables; y
XII. Las demás que sean necesarias para asegurar la educación básica en las personas con discapacidad, ya sea especial o regular.
Art. 54. De acuerdo a la decisión de la persona con discapacidad, sus padres o tutores, se podrá elegir la alternativa educativa para su escolarización, ya sea regular o especial; en caso de su integración al sistema educativo general, se deberán otorgar los programas de apoyo y recursos correspondientes, salvo lo establecido en el párrafo siguiente.
Tratándose de personas con discapacidad de entre uno y seis años de edad los padres de familia o tutores podrán inscribirlos a los Centros de Atención Multidisciplinarios y a partir de su ingreso a los niveles posteriores de primaria, secundaria, preparatoria y profesional, deberán inscribirse en escuelas regulares para el acceso pleno a la educación. La cual no deberá quedar supeditada a un diagnóstico profesional, debiendo realizar en ambas modalidades los ajustes razonables y otorgar los apoyos necesarios.
Art. 55. La educación especial, contará con personal interdisciplinario técnicamente capacitado y calificado, que provea las diversas atenciones que cada persona con discapacidad requiera. Dentro del personal administrativo y docente, se integrarán personas con discapacidad siempre que tengan las aptitudes suficientes para desempeñar los cargos.
Art. 56. La educación especial y ordinaria, compartirán los mismos fines, objetivos y principios con criterios de calidad, pertinencia y equidad hacia las personas con discapacidad.
Art. 57. Además de las finalidades ya descritas, la educación básica a través de la educación especial o regular tenderá a la consecución de los siguientes objetivos:
I. La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas;
II. El desarrollo de las habilidades, aptitudes y la adquisición de conocimientos que permitan a la persona con discapacidad la mayor autonomía posible;
III. El fomento y la promoción de todas las potencialidades de las personas con discapacidad, para contribuir al desarrollo armónico de su personalidad y capacidad de aprendizaje; y
IV. La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a la persona con discapacidad servir a la sociedad y su autorrealización.
Art. 58. La educación media superior y superior, garantizarán la accesibilidad de las personas con discapacidad a sus planes y programas de trabajo, proporcionando las ayudas técnicas oportunas, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas que impidan su libre acceso dentro de las instalaciones de dichos centros educativos.
Art. 59. En el Sistema Estatal de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de acceso a la información de la administración pública estatal, deberán incluirse, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad.
Art. 60. El Sistema Estatal de Bibliotecas deberá contar con el porcentaje de acervo en escritura braille, en audio, y estenógrafos de español para la comprensión de lenguaje para personas sordas, señalado por el sistema nacional.
Art. 61. Las bibliotecas de estantería abierta deberán facilitar su uso a personas con discapacidad, principalmente a aquellos que requieran movilizarse en silla de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas u otros.
Asimismo, se deberá contar con un área determinada específicamente para personas con discapacidad visual, en donde se instalen cabinas que permitan hacer uso de grabadoras o lectura en voz alta.
De la cultura, recreación y el deporte
Art. 62. El Estado reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural, deportiva y de recreación, adoptando todas las medidas pertinentes para asegurar que tengan acceso a material cultural, deportivo y recreativo en formatos accesibles.
De igual forma, el Estado difundirá entre las empresas o instituciones que empleen a personas con discapacidad, sus programas de ocupación de tiempo libre.
Art. 63. El Estado y los ayuntamientos promoverán que a las personas con discapacidad, se les brinden facilidades para desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad en museos, teatros, cines, bibliotecas públicas, instalaciones deportivas y de recreación, entre otras.
Art. 64. El Estado y los ayuntamientos, a través de sus instituciones culturales, artísticas, deportivas y de recreación, elaborarán programas específicos que fomenten la participación de las personas con discapacidad. Estos programas deberán incluir la realización de encuentros deportivos, visitas guiadas, campamentos, talleres y cursos artísticos; así como el uso de lenguaje braille, lenguaje de señas y sistemas aumentativos y alternativos.
Art. 65. La Secretaría de Educación, la subsecretaría de la juventud, el Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» y el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, en coordinación con la subsecretaría, serán los organismos encargados de crear y promover los programas específicos a que se refiere el presente capítulo.
Art. 66. El Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» en coordinación con la subsecretaría diseñará un programa de desarrollo cultural para Personas con discapacidad, en el que se incluirán las siguientes acciones:
I. Implementación de talleres de capacitación artística en que se incluyan a personas con discapacidad;
II. Fortalecimiento de las actividades artísticas vinculadas con las personas con discapacidad; y
III. Promoción del uso de las tecnologías en cinematografía y teatro que faciliten la adecuada comunicación de su contenido a personas con discapacidad.
Art. 67. El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas en coordinación con la subsecretaría, la Unidad de Planeación del Titular del Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales elaborarán el Programa Estatal de Deporte Adaptado y Paralímpico, debiendo considerar:
a) La participación en la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas a su condición, alentando a que se ofrezca en igualdad de condiciones la instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de oportunidades a instalaciones deportivas y recreativas; y
d) Las instituciones y organismos involucrados reconocerán en ceremonia pública el esfuerzo de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, en igualdad de circunstancias y sin discriminación alguna.
De la rehabilitación laboral
Art. 68. Con fundamento en la legislación laboral vigente, en la Convención Interamericana y en el Convenio 159 y la Convención, las personas con discapacidad tendrán derecho al empleo y la capacitación, en términos de igualdad, equidad y remuneración que les otorguen la certeza a su desarrollo personal y social. Para tales efectos, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Dirección de Trabajo y Previsión Social, realizará las siguientes acciones:
I. Promover el establecimiento de políticas, en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad;
II. Fomentar con el apoyo de la Secretaría a través de la subsecretaría la firma de convenios y acuerdos de cooperación e información sobre generación de empleo, capacitación, adiestramiento y financiamiento para Personas con discapacidad, ante otras instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil;
III. Impulsar en coordinación con la subsecretaría el empleo, capacitación y adiestramiento de las personas con discapacidad, a través de:
a) La elaboración de programas estatales de empleo, capacitación para la población con discapacidad; y
b) La implementación de programas para la incorporación de personas con discapacidad a las fuentes de trabajo;
c) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
d) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, apoyando la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
e) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
f) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; y
g) Garantizar a través de las Secretaría de Economía y la subsecretaría, que las empresas realicen los ajustes razonables para asegurar la contratación y permanencia en el empleo de las personas con discapacidad;
IV. Celebrar convenios de colaboración con ayuntamientos y con organismos con programas de los sectores público, social y privado;
V. Realizar acciones permanentes orientadas a la incorporación de personas con discapacidad a las fuentes ordinarias de trabajo, o en su caso, su incorporación a fuentes de trabajo o talleres protegidos, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad;
VI. Capacitar en materia de discapacidad, a los sectores empresarial y comercial;
VII. Promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias, conocimiento y experiencia, realizando los ajustes razonables para asegurar su desarrollo y permanencia en las instancias de la administración pública estatal y municipal, hasta alcanzar por lo menos el 5% de la planta laboral;
VIII. Establecer en coordinación con la subsecretaría, la Secretaría y las Secretarías de Finanzas, de Economía y de Campo, así como con la colaboración de las Secretarías Federales de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mecanismos de financiamiento, subsidio o inversión, para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las organizaciones civiles de y para Personas con discapacidad;
IX. La subsecretaría vigilará que las condiciones en que las personas con discapacidad desempeñan su trabajo, no sean discriminatorias, en caso de ser necesario canalizará las quejas a las instancias correspondientes;
X. Gestionar en colaboración con la subsecretaría, el otorgamiento de incentivos fiscales y subsidios a las personas físicas o morales, que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones, realicen adaptaciones, eliminen barreras físicas y diseñen sus áreas de trabajo; y
XI. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales sobre la materia.
La rehabilitación socioeconómica
Art. 69. La finalidad primordial de la política de empleo a trabajadores con alguna discapacidad, será su inclusión en el sistema ordinario de trabajo, empleo protegido o, en su caso, el autoempleo, promoviendo su incorporación al sistema productivo de forma adecuada.
Art. 70. Se fomentará el empleo de las personas con alguna discapacidad, mediante el establecimiento de sistemas que faciliten su inclusión laboral, éstos podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los centros de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su movilidad en centros de producción y la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos.
Art. 71. La Secretaría de Economía y la subsecretaría, así como los municipios, a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con la Red de Vinculación Laboral, diseñarán y ejecutarán programas de promoción de empleo, a través de una bolsa de trabajo que procure la colocación selectiva de personas con discapacidad, realizando análisis de puestos.
Art. 72. Se crearán centros especiales de ocupación, cuyo objetivo principal será asegurar un empleo remunerado al garantizar trabajo productivo al personal con alguna discapacidad, cuya promoción y apoyo técnico dependerá de la subsecretaría.
Art. 73. La totalidad de la plantilla de los centros especiales de empleo, estará constituida por trabajadores con discapacidad, a excepción de las plazas del personal sin discapacidad imprescindible para el desarrollo de la actividad.
Art. 74. Sin prejuicio de la función social que los centros especiales de empleo han de cumplir, su estructura y organización se ajustarán a las empresas ordinarias.
Art. 75. Los centros especiales de empleo, podrán ser creados por la autoridad pública, o bien, por organismos de la sociedad civil o personas físicas interesadas en respaldar estos programas.
Art. 76. Las personas con discapacidad que deseen ingresar a un centro especial de empleo, deberán inscribirse en las oficinas que para tal efecto señalen la subsecretaría y la Secretaría de Economía, las que seleccionarán a los solicitantes considerando el grado y tipo de discapacidad.
Art. 77. El trabajo que realice la persona con discapacidad en los centros especiales de empleo, deberá ser productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del trabajador, a fin de favorecer su adaptación personal y social y facilitar su posterior inclusión laboral en el mercado ordinario de trabajo.
Art. 78. La subsecretaría promoverá acuerdos y convenios con posibles empleadores tendientes a facilitar la oferta de empleos.
Art. 79. Los servicios sociales para Personas con discapacidad, tienen como objetivo garantizar el logro adecuado a niveles de desarrollo personal y de su inclusión a la comunidad.
Art. 80. Las acciones en materia de servicios sociales para Personas con discapacidad, se regirán por los siguientes principios:
II. Los servicios sociales que presten la administración pública y las instituciones o personas jurídicas privadas, no tendrán ánimo de lucro;
III. Los servicios sociales para Personas con discapacidad que sean responsabilidad de la administración pública se prestarán por las instituciones y centros de carácter general, a través de los causes y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario; salvo, cuando excepcionalmente las características de la discapacidad exijan una atención singularizada;
IV. La prestación de los servicio sociales, respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio y entorno familiar; y
V. Se procurará, hasta el límite que impongan los distintos tipos de discapacidad, la participación de los interesados, especialmente en el caso de adultos, en las actividades comunes de convivencia, dirección y control de los servicios sociales.
Art. 81. Además de las medidas específicas previstas en esta Ley, se deberán otorgar servicios y prestaciones económicas a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de necesidad extrema y carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.
Art. 82. Los servicios de información pública, deberán facilitar a las personas con discapacidad, el conocimiento de las prestaciones a su alcance, así como las condiciones de acceso a las mismas, haciendo uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Art. 83. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en la presente Ley, y cuando la gravedad de la afección lo hiciera necesario, las personas con discapacidad tendrán derecho a residir y ser asistidas en un centro especializado.
Art. 84. Los servicios de albergue y centros comunitarios, tienen como objeto atender las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad carentes de hogar y familia, o con graves problemas de integración familiar. Estos albergues y centros comunitarios, deberán ser promovidos por la administración pública estatal, organizaciones de la sociedad civil o por las propias personas con discapacidad y sus familias. En este último caso, recibirán apoyo especial de la subsecretaría.
Art. 85. Se consideran barreras arquitectónicas, todos aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en espacios exteriores o interiores del sector público, social o privado, así como aquellos que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones de los mismos.
Art. 85 bis. Para garantizar el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, el Estado y los municipios deberán:
I. Adecuar los espacios públicos, abiertos y cerrados, para garantizar el libre desplazamiento de las personas con discapacidad;
II. Construir vías de circulación peatonal continuas y a nivel, o bien, contar con los elementos necesarios para que superen los cambios de nivel en los cruces de calles y accesos a espacios públicos;
III. Implementar guías e información especiales para las personas con discapacidad o debilidad visual, a fin de facilitar y agilizar su desplazamiento seguro y efectivo; y
IV. Permitir el libre acceso de perros guía, sillas de ruedas, andaderas, bastones y demás apoyos necesarios, por parte de las personas que presenten alguna limitación para su movilidad o desplazamiento.
Art. 86. En materia de movilidad y barreras arquitectónicas, esta Ley reconoce y protege, a favor de las personas con discapacidad, los siguientes derechos:
I. Desplazarse libremente en los espacios públicos;
II. Disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias que cualquier otro ciudadano; y
III. Tener acceso y facilidades para el desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales, recreativos, educativos y culturales mediante la construcción de las instalaciones arquitectónicas apropiadas, de acuerdo con las recomendaciones del diseño universal.
Art. 87. El derecho al libre tránsito en los espacios públicos abiertos y cerrados por las personas con discapacidad, tienen las finalidades siguientes:
I. Contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II. Mejorar su calidad de vida; y
III. Proteger y facilitar de manera solidaria, el disfrute de bienes y servicios al que toda ciudadana o ciudadano tiene derecho, en consecuencia:
a) Las concesiones del auto transporte de pasajeros del Estado, prevendrán la reserva de un lugar, que será distinguido con el logotipo universal de las personas con discapacidad, mismo que tendrá preferencia sobre los demás usuarios de este servicio;
b) Las instalaciones para espectáculos públicos tales como teatros, cines, lienzos charros, plazas de toros o instalaciones provisionales que se usen con fines similares, reservarán en áreas preferentes y populares, espacios adecuados y accesibles para personas con discapacidad, posibilitándoles el uso de ayudas técnicas, perros guías o animal de servicio u otros apoyos. A estos lugares se les distinguirá igualmente con el logotipo universal. Los ayuntamientos garantizarán y vigilarán el cumplimiento de esta disposición; y
c) Los estacionamientos tendrán zonas preferentes para vehículos en las que viajen personas con discapacidad, tanto en la vía pública como en lugares de acceso público.
Art. 88. Para los efectos de los artículos anteriores, la Secretaría de Infraestructura y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán apegarse a las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que deben ajustarse los proyectos públicos y privados de:
I. Urbanización, fraccionamiento y construcción que se sometan a su aprobación;
II. Ampliaciones, reparación y modificación de edificios, calles, callejones, avenidas existentes; y
III. Los proyectos de construcción de conjuntos habitacionales que constituyan un complejo arquitectónico, que deberán incluir las directrices a que deban sujetarse, a fin de que tales inmuebles resulten de fácil acceso para Personas con discapacidad.
Art. 88 bis. El Estado y municipios garantizarán a las personas con discapacidad que usan perro guía o animal de servicio, las facilidades para el acceso, recorrido y permanencia del mismo en los espacios públicos, así como de su traslado en transportes públicos.
El acceso del perro guía o animal de servicio a los espacios con pago de entrada o peaje no implicará pago adicional, salvo que su movilización constituya la prestación de un servicio agregado.
Los perros guía o animales de servicio que deriven de programas de entrenamiento gubernamentales o de apoyo asistencial, serán donados a los usuarios de escasos recursos que así lo requieran, o cubiertos con aportaciones mínimas. Las instancias de asistencia social de Gobierno del Estado procurarán convocar a instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, para formar fondos de apoyo a estas actividades.
Art. 88 ter. Son lugares de libre acceso a las personas con discapacidad en compañía de sus perros guía o animales de servicio, los siguientes:
I. Los lugares de esparcimiento al aire libre, como parques, jardines y otros espacios de uso público, incluidos los centros de recreación, parques de diversiones y complejos de entretenimiento;
II. Los locales e instalaciones donde se realicen espectáculos públicos o desarrollen actividades recreativas;
III. Los asilos, hogares para la atención a los adultos mayores, centros de rehabilitación y establecimientos similares, públicos o privados;
V. Los centros educativos, deportivos y de salud, públicos y privados de todos los niveles y grados, modalidades y especialidades;
VI. Los museos, bibliotecas, teatros, salas de cine, de exposiciones y conferencias, almacenes, tiendas, despachos profesionales y centros comerciales;
X. En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o privado de atención al público.
En el caso de que la infraestructura no permita el adecuado desplazamiento a las personas con discapacidad acompañadas de perros guía, se procurará, cuando sea posible, un recorrido alterno.
Art. 88 quáter. Se crea el comité para la certificación de perros guía como un órgano técnico de apoyo, dependiente de la subsecretaría para la inclusión de las personas con discapacidad.
El comité será presidido por el titular de la subsecretaría y contará con tres vocales, que serán personas de la sociedad civil con conocimientos amplios en la materia y cuyos cargos serán honoríficos.
El comité se reunirá conforme lo establezca su reglamento, en el que además se determinará los procedimientos para su operación, y en sus sesiones conocerá de los asuntos que le encomiende la presente Ley.
Art. 88 quinquies. Todo perro guía debe ser acreditado por el comité para la certificación de perros guía. La acreditación se concederá previa comprobación de que el perro reúne las condiciones higiénico-sanitarias, de adiestramiento y aptitud para auxiliar a personas con discapacidad.
Las certificaciones otorgadas por otras entidades y países a perros guía, deberán ser revalidadas por el comité.
Los perros guía o animales de servicio deberán estar identificados, mediante la colocación en lugar visible, del distintivo que le otorgue el comité. También deberán estar identificados permanentemente mediante microchip, según acuerde el comité.
El usuario de animales de servicio, previo requerimiento, deberá exhibir su identificación que lo acredite como la persona autorizada pora su uso, expedida por el comité, así como documentación que acredite las condiciones sanitarias que se mencionan en el artículo siguiente.
Art. 88 sexies. El usuario de un perro quía o animal de servicio deberá cumplir, además de las obligaciones que señala la normativa vigente, con las siguientes:
I. Mantener al perro guía o animal de servicio a su lado, con la correa y arnés correspondientes, en los lugares, establecimientos y transportes a que se refiere esta Ley;
II. Llevar identificado de forma visible al perro guía o animal de servicio, llevando consigo la documentación sanitaria, cuando sea requerido para ello;
IV. Cumplir y procurar que los demás cumplan los principios de respeto, defensa, convivencia pacífica, trato digno y protección del perro guía; y
V. Garantizar el adecuado nivel de bienestar e higiene del perro guía, a efecto de proporcionarle una buena calidad de vida.
Art. 89. Las barreras arquitectónicas en los inmuebles del servicio público estatal o municipal, deberán ser eliminadas o en su caso, adaptadas para brindar el libre acceso a las personas con discapacidad. Será responsabilidad del servidor público titular de cada dependencia o entidad, el vigilar que los espacios antiguos, actuales y de nueva creación, cuenten con dicha especificación.
De la misma forma, en los inmuebles referidos en el párrafo anterior se deberán cumplir los siguientes principios:
I. Carácter universal y adaptado para todas las personas;
II. Señalización e inclusión de tecnologías para facilitar el acceso y desplazamiento y así posibiliten a las personas en el uso de ayudas técnicas, perro guía, animal de servicio u otros apoyos; y
III. Adecuación progresiva de las instalaciones.
Art. 90. Será responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, la celebración de convenios con los ayuntamientos, para que en las vialidades antiguas, actuales y nuevas, se cuente con la accesibilidad adecuada para personas con discapacidad.
Art. 91. El Ejecutivo del Estado, a través de la Dependencia correspondiente, instrumentará un programa de vivienda especial para personas con discapacidad, incluyendo en los proyectos arquitectónicos las especificaciones necesarias. En este programa se otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.
Art. 92. Los ayuntamientos deberán prever en sus planes de desarrollo municipal, la adaptación progresiva de las vías públicas, parques y jardines.
Del servicio público de transporte y
de los programas de educación vial
Art. 93. La Dirección de Transporte, Transito y Vialidad será la encargada de promover entre las y los concesionarios de transporte público, la utilización de unidades adaptadas para personas con discapacidad, en cada una de las rutas de transporte urbano y suburbano.
Art. 94. La subsecretaría es la única instancia facultada para dotar de distintivo de identificación con el símbolo universal de la discapacidad, a los vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad o que les den servicio, a fin de que puedan hacer uso de los estacionamientos a ellos reservados.
Art. 95. El Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, deberá incluir en las concesiones para el servicio de transporte público, la obligación de los concesionarios de otorgar un 50% de descuento en el pago de pasaje que del transporte público realicen a las personas con discapacidad evidente o que presenten la credencial que para fines de identificación expida la autoridad competente.
Art. 96. Cuando en las poblaciones o localidades del Estado no existan transportes especializados para personas con discapacidad, o existiendo no cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, en cada una de las unidades que utilicen reservarán por lo menos un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo, a efecto de que sean utilizados por pasajeros con discapacidad.
Dichos asientos, deberán cumplir los siguientes criterios:
I. Estarán situados lo más cerca posible de la puerta de acceso del vehículo de que se trate, se identificarán con el símbolo universal de la discapacidad, pudiendo ser utilizados por cualquier usuario siempre y cuando no sea requerido por alguna persona con discapacidad, so pena de ser sancionado en los términos de esta Ley, de no acceder a ello;
II. Se deberá facilitar el acceso a las personas invidentes con sus perros guía y/o sus implementos a los lugares públicos y transporte público; y
III. Se realizarán programas de difusión y capacitación a conductoras o conductores sensibilizándolos en la atención a personas con discapacidad.
Art. 97. El Ejecutivo del Estado, a través de la subsecretaría y la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, promoverán, diseñarán e instrumentarán programas y campañas permanentes de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad, en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público, con la pretensión primordial de que la población en general, acepte a los mismos en las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, evitando su marginación y discriminación.
Estos programas y campañas se difundirán ampliamente por los medios masivos de comunicación existentes en la entidad.
La Dirección de Transporte Público y Vialidad, de conformidad con la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, sancionará a los conductores que ocupen los cajones destinados a las personas con discapacidad.
Art. 98. La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, promoverán y vigilarán que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público, las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad.
Igualmente, vigilará que los concesionarios realicen las adecuaciones a las unidades de manera progresiva hasta lograr que el total de los vehículos garanticen la accesibilidad, seguridad y comodidad del transporte a personas con discapacidad.
Art. 99. El Ejecutivo del Estrado, implementará un programa de estímulos fiscales a las empresas concesionarias del transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad.
Art. 100. El Gobierno del Estado otorgará estímulos, beneficios y reconocimientos a aquellas personas o instituciones que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad, mismos que serán entregados en actos públicos con el propósito de promover dichas acciones.
Art. 101. El Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la subsecretaría, creará estímulos, premios y reconocimientos, a favor de aquellas personas con discapacidad, que se distingan en cualquier noble actividad, con el propósito que la sociedad les reconozca sus hechos y aptitudes, ya sea en la realización de acciones tendientes a superarse a sí mismos, en su trabajo, en el deporte, en la ciencia o en el arte.
Art. 102. Las autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las infracciones a esta Ley cometidas por particulares, serán la Secretaría de Infraestructura la Dirección de Transporte, Transito y Vialidad y los ayuntamientos.
En el supuesto de incumplimiento a las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley a las obligaciones que este Ordenamiento les imponga, se aplicará en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Art. 103. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley se sancionarán, según sea su naturaleza y la gravedad de las mismas, de la siguiente manera:
I. Multa de hasta cien cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad, al momento de cometerse la infracción, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia en términos de lo que establezca el Reglamento respectivo;
II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
III. Revocación de la autorización, permiso o licencia de construcción o de funcionamiento;
IV. Cancelación de la correspondiente concesión o permiso; y
V. Clausura definitiva, parcial o total, del establecimiento o edificio.
Art. 104. Las sanciones administrativas consignadas en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.
Art. 105. Para aplicarse una sanción, se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:
II. Los daños que se hayan producido o pudieren producir;
III. Las condiciones socio-económicas de la infractora o infractor; y
IV. Si se trata de reincidencia.
Art. 106. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las reglas siguientes:
I. Recibida una denuncia, la autoridad competente dispondrá la práctica, en su caso, de la inspección que corresponda para constatar la existencia de los hechos, la que estará a cargo del personal que le esté subordinado, debiendo efectuarse en un plazo no mayor de cinco días;
II. Efectuada la inspección, si resultaren ciertos los hechos denunciados, la o el presunto infractor será citado para que en un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez, contados a partir del día siguiente a la fecha en que le sea notificada la cita, comparezca por escrito, ofreciendo las pruebas idóneas que estime favorables a sus intereses y haciendo las alegaciones pertinentes. La citación se le hará por medio de oficio en el que se indicará la infracción que se le impute, así como los hechos en que la misma consista. El oficio se remitirá por estafeta o correo certificado con acuse de recibo;
III. Transcurrido el plazo antes señalado, si la o el presunto infractor hubiese ofrecido pruebas, la autoridad fijará un plazo que no excederá de diez días para que las mismas sean recibidas o perfeccionadas; y
IV. Concluido el periodo probatorio o vencido el plazo indicado en la fracción II de este artículo, en el supuesto de que la o el presunto infractor no comparezca o no ofrezca pruebas, la autoridad emitirá resolución en un plazo no mayor de diez días, determinando si se aplica o no la sanción;
V. El Consejo Estatal de y para Personas con Discapacidad, recibirá copia de las resoluciones emitidas por las instancias correspondientes.
En los plazos a que se alude este numeral, sólo se computarán los días hábiles.
Art. 107. El cobro de las multas que impongan las autoridades competentes corresponderá a Secretaría de Finanzas y a las tesorerías municipales, respectivamente, mediante el procedimiento económico-coactivo previsto en la legislación fiscal que resulte aplicable.
Art. 108. Las resoluciones dictadas con base a esta Ley, podrán ser impugnadas ante la misma autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración.
Art. 109. El recurso de reconsideración se hará valer mediante escrito, en el cual se precisen los agravios que la resolución origine al recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que éste tenga conocimiento de la resolución impugnada.
Art. 110. El recurso se resolverá sin más trámite que la presentación del escrito de impugnación y la vista del expediente que se haya integrado para dictar la resolución recurrida. La autoridad, decidirá sobre el recurso en un plazo no mayor de quince días hábiles.
Art. 111. Cuando el recurso se interponga en contra de resolución que imponga una multa, el o la interesada, para obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, acreditará haber garantizado el importe de la sanción ante la correspondiente dependencia fiscal, mediante fianza o depósito suficiente para cubrir el principal más los accesorios legales.
Art. 112. La interposición del recurso, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, dará efecto a la suspensión de la ejecución del acto que se reclame, hasta en tanto no sea resuelto.
Art. 113. La resolución que se dicte en la reconsideración, será recurrible ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. También serán impugnables ante el mismo Tribunal, aquellas resoluciones respecto de las cuales no se haya interpuesto este recurso.
Artículo primero. La presente Ley, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Art. 2º Se abroga la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad para el Estado de Zacatecas, expedida mediante decreto número 59, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el 29 de mayo de 1996; y, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Se derogan además, todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Instrumento.
Art. 3º El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Art. 4º Las instalaciones, edificios públicos, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados de manera paulatina, de conformidad con los programas operativos de obra pública.
Para tal fin, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 58 ayuntamientos municipales y los organismos autónomos, contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para la realización de dichas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.
Tratándose de edificios con valor histórico y arquitectónico, se estará a la opinión emitida por la Comisión del Patrimonio Cultural del Estado.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado a los trece días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Presidente. Dip. Adán González Acosta; Secretario: Dip. Carlos Alvarado Campa; Secretario: Dip. José Antonio Venegas Méndez. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, el día veinticinco del mes de octubre del año dos mil cinco.
Lic. Tomas Torres Mercado
142 89 5-octubre-05 6-octubre-05 LVIII
263 44 3-junio-06 4-junio-06 LVIII
Se reforman el artículo 95 y 103
167 56 13-julio-2011 14-julio-2011 LX
Se adiciona un párrafo tercero al artículo 97.
378 62 4-agosto-2012 01-enero-2013 LX
Nota: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en su artículo 4º transitorio, establece que se deroga el capítulo III de la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado en fecha cinco de noviembre de dos mil cinco.
Se reforman las fracciones I y XV del artículo 4; se reforma la fracción V del artículo 11; se deroga el Capítulo III del Título Tercero con los artículos 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25 y 26; se deroga el Capítulo IV del Título Tercero con el artículo 27; se reforma la denominación del Capítulo II del Título Cuarto; se reforman los artículos 29; 30 y 31; se reforman las fracciones X, XII y XIII del artículo 32; se reforma el artículo 34; se reforma el artículo 36; se reforman los artículos 38 y 39; se reforma el artículo 42; se reforman los artículos 51 y 52; se reforma el proemio del artículo 53; se reforma el artículo 65; se reforma el proemio del artículo 66; se reforma el artículo 67; se reforman las fracciones II, III, VIII y X del artículo 68; se reforman los artículo 71 y 72; se reforma el artículo 76; se reforma el artículo 78; se reforma el artículo 84; se reforma el proemio del artículo 88; se reforman los artículos 90 y 91; se reforman loa artículo 93, 94 y 95; se reforma el párrafo primero del artículo 97; se reforma el párrafo primero del artículo 98; se reforma el artículo 101 y se reforma el párrafo primero del artículo 102.
151 66 16-agosto-2014 17-agosto-2014 LXI
Se reforman las fracciones I y II del artículo primero, se reforman las fracciones III, IV, V, VI y VII y se adicionan las fracciones IX y X del artículo 2º; se reforma el primer párrafo del artículo 3º; se reforman las fracciones X y XIV y se adicionan las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII al artículo 4º; se reforma el artículo 5º; se reforman las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 6º; se reforma la denominación del Título Segundo; se reforman los artículos 9 y 10; se reforma el proemio y las fracciones IV y V y se adiciona la fracción Vi, recorriéndose la siguiente en su orden al artículo 11; se reforma el artículo 12; se reforman las fracciones II, III, IV, VII, VIII. XIV, XVIII y XIX del artículo 13; se adiciona el Capítulo II bis denominado "De la subsecretaría de Personas con discapacidad". al Título Tercero, con el artículo 15 bis; se reforma el proemio y se adiciona la fracción IX al artículo 28; se reforman los artículos 29, 30 y 31; se reforman las fracciones V, VI, VII y X del artículo 32; se reforman los artículos 34 y 36; se reforma la fracción I y se reforma el inciso d) de la fracción IV del artículo 37; se reforma la fracción I y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII, recorriéndose la última en su orden al artículo 40; se adicionan la fracción V, recorriéndose la última en su orden del artículo 41; se modifica la denominación del capítulo séptimo del título cuarto; se adiciona un párrafo primero, recorriéndose el actual en su orden al artículo 43; se reforma el proemio y las fracciones I y II del artículo 44; se reforman los artículos 45, 46, 47 y 48; se reforma y adiciona el artículo 50; se reforma y adiciona el artículo 50; se reforman los artículos 51 y 52; se reforma la fracción II, se reforma y adiciona la fracción V y se reforman las fracciones IX y XI del artículo 53; se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 54; se reforma el artículo 60; se reforma el párrafo segundo del artículo 61; se reforma el párrafo primero del artículo 62; se reforman los artículos 63, 64 y 65; se reforma y adiciona el artículo 67; se reforma el proemio, se reforma la fracción III y se adicionan los incisos c), d), e), f) y g) y se reforman las fracciones VII, VIII y IX del artículo 68; se reforman losa artículos 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 82 y 84; se reforma la fracción III del artículo 86; se reforma el inciso b) de la fracción III del artículo 87; se reforma el proemio del artículo 88; se reforman los artículos 94 y 95; se reforma el párrafo primero del artículo 97 y se adiciona la fracción V al artículo 106.
468 06 20-enero-2016 21-enero-2016 LXI
Se reforma el párrafo primero del artículo 3°
572 52 29-junio-2016 29-junio-2016 LXI
Se adicionan las fracciones XXVIII y XXIX al artículo 4°; se adiciona el artículo 85 bis; se reforma el inciso b) de la fracción III del artículo 87; se adicionan los artículos 88 bis, 88 ter. 88 Quáter, 88 Quinquies, 88 sexies, y se adicionan un párrafo segundo y las fracciones I, II y III al artículo 89.
Último cotejo de vigencia: agosto 2016.