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Timestamp: 2019-07-20 22:04:43
Document Index: 381032450

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 107', 'artículo 286', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 67', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 58', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 65', 'Artículo 68']

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO La Salud Pública - Organización Mundial de la Salud (oms) (1946)
La salud pública de toda la sociedad, de los consumidores y usuarios es el conjunto de condiciones objetivas que aseguran el bienestar físico y psíquico de los ciudadanos. El concepto de salud pública abarca tanto la sanidad como la salubridad y la higiene, e incluso debe comprender el riesgo para la vida y/o la integridad física.
SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona, no se exige que el agente reúna cualidades personales distintas a las que dimanan de su condición de persona humana.
SUJETO PASIVO: Es la colectividad
Es un delito doloso o culposo; doloso en tanto a la realización de todos los tipos penales contenidos en este capitulo se realicen por acción o comisión, o culposo en tanto dicho delitos sean cometidos por culpa (negligencia , imprudencia o impericia)
ART. 286 CONTAMINACION DE AGUAS O SUSTANCIAS DESTINADAS LA CONSUMO
A mediados del siglo XIX, aún antes de que se demostrara la teoría microbiana, se había determinado que la transmisión de las enfermedades entéricas estaba vinculada al agua contaminada, en particular el cólera y la tifoidea, lo que instó a las autoridades de salud pública, basadas en la experiencia y la intuición, a introducir medidas y reglamentos, como la ley promulgada en Londres en 1852 exigiendo que se filtrara toda el agua (del abastecimiento público). Con la acumulación de las pruebas de que las enfermedades anotadas se transmitían por medio de microorganismos, el tratamiento del agua adquirió impulso, y la filtración y desinfección se convirtieron en una práctica normal de salud pública
A. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
Primeros pasos: años 70 y 80.
La primera ola de legislación comunitaria referente al agua data de los años 1970 y 1980, principalmente preocupada en objetivos y niveles de calidad mínimos para ciertos tipos de agua – aguas de baño, aguas conchicolas y aguas destinadas al consumo humano. Como éxitos de este periodo cabe remarcar, la directiva de aguas de baño de 1976 y la directiva que regula las condiciones de agua destinada al consumo humano de 1980.
El agua de consumo humano ha sido definida en las Guías de Calidad del Agua de Bebida de la Organización Mundial de la Salud- OMS (OMS, 1985) como "adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual incluida la higiene personal". El agua no debe presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar irritación química, intoxicación o infección microbiológica que sea perjudicial a la salud humana (VARGAS, 1996).
La ley de aguas de 1985, DE ESPAÑA
Tiene como objeto la regulación de dominio público hidráulico, el uso del agua la protección del medio ambiente hídrico y la regulación de las competencias atribuidas al Estado
B. Marco Normativo Nacional
En este capítulo presentamos los principales dispositivos legales, instituciones, instancias de participación ciudadana y mecanismos de sanción relacionados con el tema del medio ambiente y el agua en particular.
1. MARCO LEGAL PARA EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AGUA EN EL PERÚ
El país tiene un marco legal muy amplio referido al uso sostenible de los recursos naturales, de la conservación del medio ambiente y el tratamiento del agua en particular. Sin embargo, la legislación ambiental se caracteriza por ser dispersa y carente de instrumentos de gestión ambiental.
Por otro lado, se presentan duplicidades, vacíos y contradicciones.
1.1 CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(DECRETO LEGISLATIVO 613 DE 1990)
El Código tiende a ser integrador y sistémico; recoge los principios y derechos esenciales de una adecuada gestión ambiental. Incorpora derechos fundamentales y principios pilares de la gestión ambiental:
el derecho a habitar un ambiente sano
el derecho a participar en la definición de la política ambiental
el derecho a la participación ciudadana, entendida como el derecho ciudadano de acceder a la justicia en defensa del ambiente (derechos difusos) y el derecho al acceso a la información
el principio pagador contaminador.
1.2 LEY No. 1333 LEY DEL MEDIO AMBIENTE DEL 23 DE MARZO DE 1992
Este Código prevalece sobre cualquier otra norma legal contraria a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS POR EL CÓDIGO
El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio común de la nación. Su protección y conservación son de interés social y pueden ser invocados como causa de necesidad y utilidad públicas.
• Participación ciudadana en la definición de lineamientos y políticas
Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales.
De igual modo, tiene derecho a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas y la integridad del ambiente y los recursos naturales.
También se señala, ART. VI, título preliminar como contrapartida, que todos están obligados a proporcionar a la autoridad la información que ésta requiera en el ejercicio de sus atribuciones para el control y la vigilancia del medio ambiente.
• Evaluación, vigilancia y control
Art. 23 y 24
El control tiene por objeto evaluar y hacer una proyección de las actividades que generen riesgos de daño ambiental. El Estado proveerá a la autoridad ambiental los recursos necesarios para controlar aquellas actividades que presentan un potencial de riesgo contra el medio ambiente.
La vigilancia y el control de las actividades que generen riesgo contra el ambiente serán financiados con los recursos que provea el Estado para tal fin y los que recaude la autoridad por la aplicación de sanciones a las personas naturales sometidas a dicha vigilancia y control.
Art. 34 y 35
De parte de la sociedad, se indica que la comunidad participa directa o indirectamente en la definición de la política ambiental, así como en la ejecución y aplicación de los instrumentos de dicha política. Por tanto, cualquier persona podrá poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos que hicieran procedente la adopción de las medidas necesarias para proteger el ambiente
• El agua y el alcantarillado, competencia sobre la calidad del agua.
Art. 107 y 108
Es de responsabilidad del Ministerio de Salud (MINSA) garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su uso es necesario.
Igualmente, el Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en las que quede prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles.
1.2 LEY GENERAL DE AGUAS (DECRETO LEY 17752 DE 1969)
Para esta ley, las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas.
El uso justificado y racional del agua sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país (Artículo derogado por el inciso a de la primera disposición final del Decreto Legislativo 757, Ley de Promoción de la Inversión Privada, publicado el 13 de noviembre de 1991)
En el referido decreto legislativo se establece que “El control de la calidad del agua para consumo humano está a cargo de empresas o instituciones públicas o privadas especializadas en saneamiento ambiental, que serán debidamente calificadas y registradas en un Registro Especial que para el efecto abrirá el Ministerio de Salud, el que establecerá los requisitos que deberán cumplirse para el efecto y supervisará las actividades de las referidas empresas o instituciones” (artículo 53).
Con la ley de aguas se creó un sistema de derechos administrativos, por el cual el Estado solamente otorga licencias, permisos y autorizaciones de uso. Las licencias otorgan a sus titulares el uso permanente del recurso de acuerdo con la oferta hídrica y con los criterios de planificación y regulación.
El orden de prioridades señala que, en primer lugar, está el consumo de la población; luego el consumo de los animales, el del sector agrícola y, por último, los usos energéticos, mineros e industriales.
1.3 LEY GENERAL DE SALUD (LEY 26842 DE 1997)
título segundo, capítulo VIII
Establece la protección del medio ambiente para la salud como una obligación del Estado peruano.
Esta ley señala que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, las que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que establece la autoridad de salud competente para preservar la salud de las personas.
En los aspectos particularmente referidos al agua, el alcantarillado, la disposición de excretas, la reutilización de aguas servidas y la disposición de residuos sólidos, se norma que estas acciones quedan sujetas a las disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, la que vigilará su cumplimiento.
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL PARA EL USO DEL AGUA
Para ordenar y dar viabilidad al agua como recurso de uso humano, agrícola, industrial, energético y minero, se ha generado progresivamente un conjunto de instituciones públicas, amparadas en sus correspondientes dispositivos legales, que buscan garantizar la disponibilidad, el acceso al agua y la calidad de este recurso.
Estas instituciones, nacidas básicamente a partir de la Ley de Aguas de 1969, han ido adquiriendo su actual configuración a través de sucesivos reglamentos y normas, orientados por las reformas neoliberales de los años noventa, al tiempo que creaban las condiciones para la promulgación de una nueva ley.
Al respecto, vale recordar que luego del Código de Aguas de 1902, el principal marco legal vigente es la Ley de Aguas de 1969 (Decreto Ley Marco normativo nacional 17752), norma muy distante del modelo de manejo privado de los recursos hídricos. Se considera que, en su momento, fue un dispositivo legal de carácter integral, pues no sólo compatibilizaba el tratamiento del agua con la nueva realidad social generada por la reforma agraria de la década de 1970, sino que incorporaba aspectos innovadores como son la conservación y la preservación del recurso hídrico en el contexto de un nuevo diseño institucional.
Este aspecto lleva necesariamente a analizar a las instituciones que se han generado en torno al agua, tanto cuando ésta es considerada un recurso para la producción como cuando se constituye en un recurso para uso humano, pues el deslinde entre la normatividad institucional y su aplicación, por ejemplo, con la conformación de juntas de regantes, tiende a generar confusión y competencias difusas.
2.1 EL AGUA COMO RECURSO PRODUCTIVO
2.1.1 Institucionalidad pública
La Ley de Aguas otorga al Ministerio de Agricultura (MINAG) la autoridad casi exclusiva sobre las aguas, salvo en los temas sanitarios ya indicados.
Para este fin, en el MINAG se crearon la Dirección General de Aguas y las direcciones regionales, con la función prioritaria de otorgar licencias, permisos y autorizaciones de agua.
De acuerdo con el Decreto Supremo 61-69-AG, se establece que al MINAG le correspondía el otorgamiento de los distintos usos, mientras que el MINSA tenía la función de preservar las aguas de su contaminación.
De esta manera, la autoridad de aguas cumplía la función de otorgar derechos de uso, y a la autoridad sanitaria le correspondía clasificar los cursos de agua y autorizar los vertimientos de ella, sin que exista una coordinación expresa entre ellas.
El INRENA ha recibido tanto las competencias que tuvo la Dirección General de Aguas de acuerdo con la Ley de Aguas de 1969 como otras competencias de organismos dedicados a la administración y conservación de los recursos naturales. En este sentido, la problemática del agua es tratada ahora por la denominada Intendencia Nacional de Recursos Hídricos del INRENA.
En el aspecto referido al agua, la concepción de considerar que la conservación del recurso es tarea exclusiva de la autoridad de aguas y la preservación lo es de la autoridad sanitaria ha ido modificándose.
Empresas prestadoras de servicios (EPS)
En 1994 se promulgó la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley
26338), la cual declara en su ART. 3 que los servicios de saneamiento son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, y que su finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente.
Actualmente, se observa que las EPS cumplen un papel clave en la distribución del agua en el ámbito urbano. Actualmente, existen en el país 53 EPS, que son municipales, y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), que es del Estado; todas estas instancias tienen bajo su jurisdicción a 60% de la población total del país
2.2 ORDENAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO DE USO HUMANO
De la misma manera que el agua de uso productivo, el recurso de consumo humano también ha generado una institucionalidad y una normatividad pública responsables de controlar su disponibilidad, distribución y calidad. En este caso, las instituciones públicas de control y regulación abarcan, sobre todo, la generación de agua potable por parte de las empresas prestadoras de servicios que tienen una cobertura básicamente urbana, mientras que organizaciones sociales rurales de carácter autogestionario han cubierto el espacio no atendido en el medio rural.
2.2.1 Las instituciones públicas de control y regulación del agua potable
Encontramos que el MINSA y la SUNASS tienen esta función específica.
a) Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental
La DIGESA es un órgano de línea del MINSA cuyos objetivos son proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental; lograr la articulación y concertación de planes, programas y proyectos nacionales de salud ambiental; establecer normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos; conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control, entre otros.
En la práctica, en el plano normativo más directamente relacionado con la población se viene ejecutando la vigilancia sanitaria de la calidad del agua de consumo humano en cada una de las fases que comprende su producción y distribución, así como la vigilancia sanitaria de la disposición final de las aguas servidas procedentes del servicio de alcantarillado sanitario.
Asimismo, se resalta que, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley General de Salud, le corresponde al MINSA, por intermedio de la DIGESA, supervigilar a nivel nacional las acciones que desarrollen las entidades del Estado en cuestiones de abastecimiento de agua segura para el consumo humano.
b) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
La SUNASS es el organismo regulador y supervisor de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. Fue creada por decreto ley 25965 en diciembre de 1992. Sus funciones principales son las siguientes:
Cumple una importante función supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las obligaciones legales y técnicas de las empresas que producen y distribuyen el agua de consumo humano. Para ejercer esta función, periódicamente elabora informes sobre la base de los datos levantados por las propias EPS, los cuales, al ser alcanzados, tienen carácter de declaración jurada.
A manera de conclusión, podemos señalar que las responsables del tratamiento del agua de uso productivo y las que velan por el acceso y calidad del recurso de uso humano son : INRENA, MINSA-DIGESA y
Sobre este tema, adicionalmente habría que reiterar que de acuerdo con la Ley de Promoción de la Inversión Privada de 1991, el control de la calidad del agua para consumo humano no constituye una función exclusiva del MINSA, ya que también puede estar a cargo de empresas o instituciones públicas o privadas especializadas en saneamiento ambiental. Estas empresas o instituciones son calificadas y registradas por el MINSA, que establecerá los requisitos y supervisará sus actividades.
2.2.2 Las organizaciones rurales y el agua de uso humano
a) Las juntas de administración del agua y saneamiento
Las JAAS, que desde su inicio han estado vinculadas al MINSA, se originaron en la necesidad de complementar la construcción de sistemas de agua potable en las comunidades rurales con organizaciones que abordaran los problemas de saneamiento de una manera integral, pues la dotación pública de agua conducía progresivamente al mal uso de los sistemas y al recrudecimiento de los problemas sanitarios. El nuevo marco legal estipula que dependen técnica y legalmente de los concejos provinciales.
2.3 LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD: EL AGUA COMO RECURSO AMBIENTAL
En la década de 1990 aparecieron en el ámbito institucional entidades públicas e instancias de Gobierno descentralizadas, cuyo campo de atención y competencias abarcan el conjunto de los recursos naturales. De esta manera, el agua empezó a ser tratada con el enfoque de los recursos naturales, el cual incluye las tradicionales miradas desde el campo productivo y sanitario.
Como se ha señalado, de acuerdo con el Código del Medio Ambiente, la vigilancia y el control ciudadano constituyen instrumentos que permiten una evaluación y proyección del daño ambiental. Estos mecanismos de participación potencian la defensa de los derechos ciudadanos (ejercida por la Defensoría del Pueblo) frente a las actividades que generan riesgos contra el ambiente; además, son particularmente importantes para la protección de los derechos sobre el agua y la salud de la población.
2.3.1 El Consejo Nacional del Ambiente
El CONAM es el organismo rector de la política nacional ambiental (Ley 26410 del año 1994). Su objetivo es promover la conservación del ambiente y propiciar el equilibro entre éste, el desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales.
La salud pública y el derecho al consumo de adecuado del agua, derechos sobre el agua y la salud de la población.
El que envenena, contaminar o adultera aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres a diez años.
Si resultan lesiones graves o la muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años
Cualquier persona imputable que contamine, envenene o adultere aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al consumo
ENVENENAR, CONTAMINAR O ADULTERAR
S USTANCIAS ALIMENTICIAS
Como se observa, el artículo 286 prevé dos conductas típicas que son envenenar y adulterar.
Refiriéndose a la primera Fontán Balestra dice que el término envenenar encierra la idea de agregar o mezclar algo (veneno), en cambio la adulteración se produce transformando las sustancias, es decir, toda alteración de la sustancia de una cosa que, sin ser directa agregación de un tóxico, altera sus propiedades alimenticias o medicinales volviéndola peligrosa para la vida o la salud de las personas.
Las acciones típicas son envenenar, contaminar o adulterar. El termino envenenar en cierra la idea de agregar o mezclar algo: el veneno.
De modo como el delito esta previsto en el código la consumación tiene lugar en el momento de envenenar, contaminar o adulterar las aguas o sustancias previstas.
Tanto las conductas de envenenar como la de adulterar se relacionan con tres objetos sobre los que recae la acción.
Estos son las aguas, las sustancias alimenticias, y las sustancias medicinales.
Por agua se entiende aquella destinada al consumo, el uso alimenticio por las personas, aunque sus cualidades no sean de las más recomendables a esos fines, como las aguas de las charcas, pozos poco profundos o cisternas mal acondicionadas, así como las aguas destinadas al riego, o al consumo de animales.
El segundo objeto que menciona el artículo son las sustancias alimenticias que abarcan todas materias sólidas o líquidas destinadas a ser ingeridas como comidas o bebidas.
Por último aparecen las medicinas que son todos los compuestos medicinales, destinados al uso humano, ya se lo administre por ingestión o de otra forma.
De lo dicho resulta que la mera tenencia de sustancias alimenticias adulteradas no constituye delito, si no resulta que están destinadas a ser consumidas por personas indeterminadas. Tales materias pueden servir para fines industriales, combustible, etc.
Art. 287. Adulteración de sustancias o bienes destinados a uso publico
El que de modo peligroso para la salud, adultera sustancias o bienes destinados al uso público, distintos a los especificados en el art. 286, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años
Si la adulteración consiste en el envenenamiento o contaminación de las sustancias mencionadas y resultan lesiones graves o muerte que el agente pudo prever, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años
Cualquier persona imputable que de modo peligroso para la salud, adultere sustancias o bienes destinados al uso publico
Destinadas al uso público
S USTANCIAS
Es requisito es que las sustancias o bienes estén destinados al uso publico y que se realice de un modo peligroso para la salud.
Si la adulteración no puede en modo alguno tornarla peligrosa para la salud, el peligro común no existe, ni, por tanto, el delito.
Adulterar equivale a alterar, lo que quiere decir tanto como cambiar o variar las cualidades de una cosa, lo cual bien puede ser logrado sin agregar sustancias toxicas.
El delito no se concreta con el solo hecho de adulterar sustancias o bienes destinados al uso publico, esta acción esta limitada por la exigencia de que de dicha adulteración resulte un peligro común para la salud; peligro real, efectivo.
Tanto las sustancias como los bienes, deben estar destinadas al uso publico. Son de uso público las sustancias que utiliza la población en general.
El hecho es doloso, el delito se consuma no con la adulteración, sino cuando estos hechos alcanzan a crear una situación de peligro común para la salud. O sea en el momento que comienza a haber peligro concreto y efectivo para las personas.
El delito se caracteriza con el peligro común, consistente en la posibilidad de que las sustancias sean utilizadas por personas indeterminadas, circunstancias que debe ser abarcada por el dolo del autor.
Se prevén como agravantes que
Adulteración - Envenenamiento
El hecho sea seguido de lesiones graves o la muerte que el agente pudo prever. La pena es no menor de seis ni mayor de 10 años
Art. 288 Comercialización o trafico de productos nocivos
El que produce, vende, pone en circulación, importa o toma deposito alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al consumo humano, falsificados, adulterados, corrompidos o dañados que pudieran comprometer la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años.
Si se trata de sustancias medicinales que se comercializan vencido el plazo que garantiza su buen estado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años y multa de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el agente hubiera utilizado sellos, etiquetas o cualquier distintivo de marcas de fabrica debidamente registradas o le nombre de productos conocidos.
Si el agente sabía que el empleo o consumo del producto originaba un peligro de muerte, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años
Cuando el agente actúa por culpa la pena privativa de la libertad será no mayor de dos años
1. Código penal español
Los antecedentes de los preceptos objeto de estudio tienen su punto de partida en los artículos 374 y 375 del Código Penal de 1822 y de 1848, alcanzando mayor autonomía sistemática en el C.P. de 1928, que dedicaba el Título IV a la «Elaboración y comercio de productos químicos y drogas tóxicas» (arts. 557 y 558).
2. DECRETO LEY Nº 17505 CODIGO SANITARIO (18 de junio de 1963)
Artículo 58o.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana, están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud pública y privada.
Artículo 60o.- Es prohibido:
a).- Utilizar, para la fabricación de alimentos o bebidas, materias primas perjudiciales para la salud o impropias para el consumo humano;
b).- Que los alimentos o bebidas sean de tal naturaleza o agregado en tales condiciones o cantidad, que el producto resultante pueda ser perjudicial para la salud o impropio para el consumo humano.
c).- Importar, fabricar, fraccionar, vender, ofrecer para la venta, poseer o almacenar alimentos o bebidas alterados, contaminados, adulterados o falsificados;
d).- Atribuir a los alimentos propiedades terapéuticos cuando no las tienen;
e).- Aprovisionar, utilizar, fabricar, guardar, anunciar o vender artículos dispositivos o aparatos que se destinen con fines de adulteración o puedan utilizarse con tales propósitos, o que sean contrarios a las disposiciones o fines del Reglamento;
f).- Tener en la Planta de Elaboración de los alimentos y bebidas, o en el local que se comunique directamente con ellos, sustancias dañinas para la salud que de alguna forma puedan mezclarse con los alimentos o bebidas;
Artículo 61o.- Todo alimento o bebida elaborado, de producción nacional o extranjera, solo podrá expedirse al consumo, previo registro y autorización sanitaria de la Autoridad de Salud.
Artículo 63o.- La fabricación, almacenamiento, transporte y cualquier otra forma de manipulación de alimentos y bebidas, con el fin de venderlos o servirlos al público, se realizará evitando que se contaminen y se hagan nocivos para la salud.
Artículo 67o.- Es absolutamente prohibido la importación de todo alimento o bebida, o materia prima destinada a su elaboración, que sean perjudiciales para la salud o impropia para el consumo humano.
Artículo 76º La Autoridad de Salud supe rvigilará la inspección y control de los productos farmacéuticos y cosméticos.
Artículo 77º Ningún producto farmacéutico o cosmético, cualquiera que sea su naturaleza, fórmula o aplicación, podrá ser objeto de venta o expendio, a ningún título, sin autorización de la Autoridad de Salud.
Artículo 81º Es prohibido:
a) La fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia a cualquier título, de productos farmacéuticos y cosméticos contaminados, adulterados, falsificados o alterados;
Artículo 83º La Autoridad de Salud autorizará la venta o distribución, a cualquier título, de productos farmacéuticos y cosméticos, siempre que se encuentren debidamente registrados.
3. LEY No. 1333 LEY DEL MEDIO AMBIENTE
DEL 23 DE MARZO DE 1992
4. LEY No. 26842 LEY GENERAL DE SALUD (20-7-97)
Artículo 90.- Queda estrictamente prohibido importar, fabricar, fraccionar, elaborar, comerciar, traspasar a título gratuito, distribuir y almacenar alimentos y bebidas alterados, contaminados, adulterados o falsificados.
Artículo 91.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, sólo podrán expenderse previo Registro Sanitario.
Artículo 92.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica.
Artículo 93.- Se prohibe la importación de todo alimento o bebida cuyo comercio, distribución y consumo no estén permitidos en el país de origen por constituir riesgo para la salud.
Artículo 95.- La fabricación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y expendio de alimentos y bebidas debe realizarse en locales que reunan las condiciones de ubicación, instalación y operación sanitariamente adecuadas, y cumplir con las exigencias establecidas en el reglamento que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional.
Artículo 96.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente, de acuerdo con la reglamentación correspendiente.
Artículo 97.- Cuando la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o producto se considere peligroso para la salud de la población, el Estado debe establecer las meditas de protección y prevención correspontiente.
Artículo 58º.- Los productos farmacéuticos que se comercializan en el país y demás que correspondan, deben responder en sus análisis cualitativos y cuantitativos a la fórmula y composición declarada por el fabricante y autorizada para su fabricación y expendio al otorgarse el Registro Sanitario
Cualquier persona imputable que produce, vende, pone en circulación, importa o toma deposito alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al consumo humano, falsificados, adulterados, corrompidos o dañados que pudieran comprometer la salud de las personas
PONE EN CIRCULACION
TOMA EN DEPÓSITO
P reservantes
Quedan así comprendidos además de los medicamentos y alimentos todos los productos que pueden resultar peligroso para la salud, tales como jabones, colorantes, perfumes, etc.
En el caso del delito de comercialización de productos nocivos para la salud, el tipo penal reprime la conducta a título de dolo, esto es el conocimiento y voluntad; el agente actúa a sabiendas de que el consumo del producto puesto a comercio compromete la salud de las personas.
El delito se consuma con solo cumplir una cualquiera de las conductas previstas. No se requiere resultado dañoso alguno. La expresión pone en circulación venta, evidencia que ni siquiera es necesario que las cosas hayan llegado a manos de terceros. La sola tenencia de los productos mencionados constituye delito.
Con plazo vencido que garantiza su buen estado
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años y multa de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
UTILIZACION - Sellos
cualquier distintivo de marca de fabrica registrados
nombre de productos conocidos
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años
Empleo o consumo del producto
Originaba un peligro de muerte
onocimiento por
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años
ART. 288- A
El que comercializa alcohol metilico, conociendo o presumiendo su uso para fines de consumo humano, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
No es punible la comercialización de alcohol metilito para fines comprobadamente industriales o científicos
Cualquier persona imputable que comercialice alcohol metilico, conociendo o presumiendo su uso para fines de consumo humano
Su uso para fines de consumo humano
El agente actúa con dolo ya que como lo establece el tipo penal existe un conocimiento o una presunción por parte de este que dicho alcohol va ser destinado al consumo humano comprometiendo la salud de las personas.
1. Ley 28317 (Publicada el 05 de agosto de 2004)
LEY DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL METILICO
La Ley tiene por objeto establecer las medidas de control y fiscalización de la comercialización del alcohol metílico, desde su fabricación o ingreso al país hasta su destino final; comprendiendo las actividades de depósito, transporte, comercialización y uso del alcohol metílico; sin perjuicio de lo dispuesto en las demás normas sobre la materia.
"Artículo 1º.-Prohibición de la comercialización del alcohol metílico
Prohíbase la comercialización del alcohol metílico en todo el territorio nacional, salvo cuando tengan por destino su uso lícito para fines científicos o industriales.
El alcohol metílico para ser comercializado dentro del territorio nacional debe constar siempre en envase cerrado con una etiqueta visible que diga: "Veneno. Es delito su uso en la elaboración de bebidas alcohólicas".
"Artículo 2°.- Delito de tráfico ilícito de alcohol metílico
El que fabrica y/o comercializa alcohol metílico o bebida alcohólica elaborando dicha sustancia, conociendo o presumiendo su uso para fines de consumo humano, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años".
"Artículo 3°.- Delito de contrabando de alcohol metílico
El que burlando el control aduanero ingresa alcohol metílico del extranjero, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de doce años".
Ley de Delitos Aduaneros N°26461 del 08 de junio de 1995
En Título I De los Delitos Aduaneros penaliza en el artículo 2° lo siguiente:
"Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, las siguientes modalidades de delito de Contrabando que superen las cuatro Unidades Impositivas Tributarias:
El internamiento ilegal de mercancías provenientes del extranjero, cualquiera que sea su causa burlando los controles aduaneros".
El Capítulo IV sobre "Circunstancias agravantes" Artículo 7°:
b).Las mercaderías materia del delito sean de comercio prohibido o restringido, en cuyo caso dispone que
"Tratándose del delito de Contrabando, y del delito de la Defraudación de Rentas de Aduanas, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de ocho años ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos setenta días-multa cuando ocurran las circunstancias.." como la mencionada.
El ingreso ilegal de alcohol metílico del extranjero constituye circunstancia agravante del delito de contrabando previsto en el inciso b)
Art. 288-B Uso de productos tóxicos o peligrosos
El que fabrica, importa, distribuye o comercializa productos peligrosos para la salud destinados al uso de menores de edad y otros consumidores, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho
Cualquier persona imputable que fabrica, importa, distribuye o comercializa productos peligrosos para la salud, destinados al uso de menores de edad y otros consumidores
La sociedad( menores de edad y otros consumidores)
Destinados al uso de menores de edad y otros consumidores
El delito es doloso, la consumación se produce al realizar alguna de las acciones indicadas. No es necesario que los productos nocivos se usen, consuman o apliquen, ni tampoco que se concrete el daño real para nadie
1. LEY No. 26842 LEY GENERAL DE SALUD (20-7-97)
Artículo 65º.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 68 de la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse en establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico. En los lugares donde no existan químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que establece el reglamento.