Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-21-febrero-2005-ministerio-de-justicia-98683
Timestamp: 2017-03-23 05:03:50
Document Index: 181792232

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 327', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 98']

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1,9 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1,9 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1,9 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del registrador de la propiedad n.° 1,9 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 21 de junio de 2004 don Vidal Olivas Navarro, Notario de Coslada, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don Alfredo M. B..
Se expresa en tal escritura que «interviene, en nombre y representación, como apoderado, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzkoa y San Sebastián -Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficientes para otorgar la carta de pago, la cancelación de hipoteca y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura, resultan del poder, vigente según asegura, que dicha entidad le tiene conferido en escritura autorizada el día 10 de octubre de 2001, por el Notario de San Sebastián, don José María Segura Zurbano, número 3111 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al tomo 1894, folio 43.a, sección 8.', hoja número SS-745, inscripción 680.% de la que me exhibe copia autorizada.
Tiene a mi juicio según interviene la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca ...».
La mencionada escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 3 de noviembre 2004, y causó el asiento de presentación 1830, del Diario 53.
Dicho título fue objeto de la siguiente calificación:
«l. Hechos: ... El Notario, ni aún sucintamente transcribe las facultades representativas que permitan al Registrador calificar la suficiencia de los poderes. El juicio bajo su responsabilidad no es suficiente, ni equivale en absoluto, a la calificación del Registrador.
2. Fundamentos de Derecho: Único: Artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 98 de la Ley 24/2001, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002; así como fallos concordantes.
Contra la precedente calificación puede interponerse recurso...
Madrid, 10 de noviembre de 2004.-El Registrador (Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador).»
La calificación fue comunicada al Notario mediante fax el 13 de noviembre de 2004. Debe destacarse, a los efectos que luego se expondrán, que este dato no consta en el informe del Registrador, sino que se deduce del recurso del Notario.
Por medio de escrito que tuvo entrada en el mencionado Registro de la Propiedad el 26 de noviembre de 2004, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra dicha calificación, con base en los argumentos que se resumen en el fundamento de derecho primero de esta resolución.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 10 de diciembre de 2004, que tuvieron entrada en este Centro el 14 de diciembre.
En tal informe no constan datos como la fecha y la forma en que se notificó la calificación. En cambio, el funcionario calificador reconoce
abiertamente que tiene constancia de la doctrina de esta Dirección General y que, no obstante su conocimiento, no acata su contenido, justificando el mantenimiento de su calificación en la, a su juicio, contradicción existente entre las Resoluciones de este Centro Directivo citadas en el antecedente de hechos precedente y la de 12 de abril de 2002.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una carta de pago y cancelación de hipoteca.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes "Hechos". Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en los siguientes argumentos: Primero, la existencia de numerosas Resoluciones de este Centro Directivo, expuestas anteriormente, que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por el Registrador y que son vinculantes para todos los Registradores. Segundo, ese precepto, según las citadas Resoluciones, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades, de modo que ese juicio sea congruente con del negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas. Y, tercero, el Registrador no podrá exigir que se le acompañe, transcriba o testimonie el documento del que nacen las facultades representativas.
En consecuencia, lo primero que procede destacar es que sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegación
de un derecho del ciudadano -inscripción del hecho, acto o negocio jurídico documentado en el título-. Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida.
Por las razones precedentes, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, introdujo dos reformas en el sentido expuesto: Primero, en la actualidad la
misma Ley Hipotecaria proclama la vinculación de todos los Registros al contenido de las Resoluciones de este Centro Directivo cuando por ellas se estiman recursos frente a la calificación, mientras no se anulen por los Tribunales (artículo 327 de la Ley Hipotecaria), pues tal explícita vinculación no es sino una consecuencia primaria, directa y lógica del principio de jerarquía que ordena cualquier organización administrativa; y, segundo, se introdujo en el artículo 103 de la citada Ley 24/2001 de 27 de diciembre, la posibilidad de consultas vinculantes que pueden presentar el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, consultas que una vez resueltas por esta Dirección General vinculan por igual a Notarios y Registradores, obligando a ambos a acatar el contenido de la decisión adoptada por este Centro Directivo.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado -interesado en la inscripción-puede conocer si el órgano administrativo -Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles- sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio de 1997).
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario
deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción y que el mismo, según manifiesta el otorgante, está vigente (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo -cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999-, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficientes para otorgar la carta de pago, la cancelación de hipoteca y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura, resultan del poder...»; y añade posteriormente, «Tiene a mi juicio según interviene la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca ...» .
Resulta evidente que dicho juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Madrid, 21 de febrero de 2005. La Directora General. Pilar BlancoMorales Limones.