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Timestamp: 2018-07-16 02:14:12
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Matched Legal Cases: ['Artículo 53', 'artículo 118', 'Artículo 54', 'Artículo 104', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 65', 'artículo 14', 'artículo 65', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 59', 'artículo 1', 'Artículo 60', 'artículo 149', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 131', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'artículo 31', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 149', 'artículo 67', 'artículo 41', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 74', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 54', 'artículo 40', 'artículo 22', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 1']

Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Vigente hasta el 1 de julio de 2012)
Vigencia desde 1 de enero de 2000. Esta revisi�n vigente desde 27 de agosto de 2010hasta 1 de julio de 2012.
Artículo 53. Modificación del artículo 118 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, regulador del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Artículo 54. Modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Artículo 104. Normativa aplicable.
Asimismo, les serán de aplicación las normas que, con carácter general, regulan la actividad de las entidades de crédito, y con carácter supletorio la presente Ley de Cooperativas cuando su ámbito de actuación estatutariamente reconocido, conforme a su ley específica, sea supraautonómico o estatal, siempre que realicen en el citado ámbito actividad cooperativizada de manera efectiva.
Artículo 55. Modificación de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados.
No podrán ejercer la actividad de mediador de seguros privados por si ni por persona interpuesta las personas que por disposición general o especial tengan prohibido el ejercicio del comercio. Tampoco podrá ejercerse la actividad de mediación de seguros privados por si ni por persona interpuesta en relación con las personas o entidades que se encuentren sujetas por vínculos de dependencia o sujeción especial con el mediador, por razón de las específicas competencias o facultades de dirección de éste último, que puedan poner en concreto peligro la libertad de los interesados en la contratación de los seguros o en la elección de la entidad aseguradora.
Artículo 56. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 14 con el siguiente texto:
Se añade un tercer párrafo al apartado 2 del artículo 17, con el siguiente texto:
Se modifica el apartado 3 del artículo 17, que queda redactado como sigue:
El actual apartado 3 del artículo 17 pasa a ser el apartado 4 de dicho artículo, con el siguiente texto:
Los actuales apartados 4 y 5 del artículo 17 pasan a ser los apartados 5 y 6 de dicho artículo, respectivamente.
Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 65, que queda redactada como sigue:
Realizar ventas con pérdida, con excepción de los supuestos señalados en la Ley, e incumplir las normas sobre facturas que recoge el artículo 14.
Se modifica la letra f del apartado 1 del artículo 65, que queda redactada como sigue
El incumplimiento de los plazos máximos de pago que contempla el apartado 3 del artículo 17, así como la falta de entrega por los comerciantes a sus proveedores de un documento que lleve aparejada ejecución cambiaria, y la falta de entrega de un efecto endosable a la orden en los supuestos y plazos contemplados en el apartado 4 del artículo 17.
Se añade una disposición adicional sexta con el siguiente texto:
Artículo 59. Modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
Es objeto de la presente Ley la regulación de las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de autopistas y de las concesiones administrativas para la conservación y explotación de tramos de autopistas ya construidos. Estas últimas concesiones podrán otorgarse de manera anticipada a la finalización del plazo concesional de las autopistas cuya construcción, conservación y explotación haya sido objeto de concesión previa.
El adjudicatario se obliga a constituir en el plazo y requisitos que los pliegos de la concesión establezcan, una sociedad anónima de nacionalidad española con quien aquélla se formalizará, y cuyo fin sea el cumplimiento del objeto de la concesión tal como se define en el artículo 1, así como, potestativamente, de cualesquiera otras concesiones de carreteras que en el futuro pudieran otorgársele en España.
No será precisa la constitución de una nueva sociedad enónima si el adjudicatario fuese una sociedad preexistente de nacionalidad española que sea concesionaria de cualquier otra autopista de paje, en cuyo caso dicha sociedad deberá adaptar sus estatutos.
El régimen jurídico durante la fase de explotación en las concesiones de construcción, conservación y explotación, así como en las de conservación y explotación, será el siguiente:
Artículo 60. Contrato de servicios de gestión de autovías.
La conservación de la infraestructura desde el momento de la entrada en vigor del contrato y durante toda la vigencia del mismo.
La adecuación, reforma y modernización inicial de la infraestructura para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación del servicio.
Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles, en relación con los elementos de la infraestructura cuya vida útil sea inferior al plazo del contrato.
La forma de determinación y abono del precio.
La fórmula o sistema de revisión de precios aplicable, o hacer constar su improcedencia en su caso.
Redactará los proyectos necesarios conforme a los documentos indicados en el apartado cinco.
Satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de los proyectos.
Restablecerá, a su costa, las servidumbres existentes, cuando sea indispensable su modificación para la ejecución de los proyectos.
Ejecutará las obras para desviar el tráfico, cuando la naturaleza de las actividades lo requiera.
Siete. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento remitirá a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda un programa de necesidades de esta modalidad de contratación que deberá acompañarse de los siguientes documentos:
Justificación sobre la conveniencia de realizar contratos de acuerdo con esta modalidad por razones de interés público.
Informe sobre la valoración económica y social de las actuaciones a acometer, en relación con el coste que este tipo de contratos implica.
Pliego de cláusulas administrativas particulares de cada uno de los contratos.
Nueve. El presente artículo constituye legislación básica sobre contratos administrativos dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, excepción hecha del contenido del apartado 7.
Artículo 61. Subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Artículo 62. Acreditación de la condición de residente en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Al objeto de alcanzar una mayor facilitación y accesibilidad al vigente régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se aceptará la acreditación de la condición de residente mediante la utilización del documento nacional de identidad o documento equivalente para ciudadanos de la Unión Europea.
Reglamentariamente, en el plazo de seis meses, se determinará el procedimiento adecuado, que se basará en la utilización de fotocopia de dicho documento. La acreditación de residencia mediante el documento nacional de identidad se entenderá como declaración de responsabilidad por parte del beneficiario sobre la vigencia de los datos del mismo y su condición de residente con derecho a bonificación.
A estos efectos, en el citado documento deberá constar el domicilio de residencia que de derecho a la bonificación, original que deberá ser exhibido por el beneficiario ante la compañía aérea o marítima o agencia de viajes expendedora del billete bonificado.
Artículo 63. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Las servidumbres legales impuestas en razón de la navegación aérea, entre las que deben incluirse las acústicas, constituyen limitaciones del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando las condiciones que exigieren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional.
Mediante disposición reglamentaria ha de establecerse el régimen jurídico de las servidumbres citadas y las condiciones de uso de los predios y sujeción parcial al interés general que comprende la protección de las personas, del medio natural y de la seguridad de la navegación aérea.
La disposición de desarrollo ha de delimitar las zonas de incompatibilidad, afectación e influencia de uso, instalaciones, actividades y edificaciones.
El planeamiento territorial, el urbanístico y cualesquiera otro que ordenen ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, han de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos referidos.
Sólo dará lugar a expropiación forzosa, la imposición de servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, que impidan el ejercicio de derechos patrimonializados.
Artículo 64. Modificación de los artículos 87, 88 y 90 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, sobre procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruido.
Artículo 65. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Cuando la infracción denunciada revele una conducción que suponga un exceso en más de un 50 % en los tiempos de conducción, o una minoración en más de un 50 % en los tiempos de descanso reglamentariamente establecidos, se considerará temeraria y, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda exigir con arreglo a esta Ley, se pasará el tanto de culpa a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial.
Artículo 66. Modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, excepto sus artículos 25, apartados 1, 2, 3 y 6, 26, 36, apartado 2, y su disposición adicional sexta.
Artículo 67. Modificación de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.
El Ministerio de Fomento dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que la información correspondiente haya tenido entrada en cualquiera de los registros del Departamento, para notificar la aceptación o, en su caso, la denegación de la adquisición pretendida. La denegación podrá fundarse en la falta de transparencia de la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad adquirente o en la existencia de vinculaciones entre la persona o entidad que pretenda la adquisición y otra entidad concesionaria del servicio esencial de televisión que puedan entrañar perturbación al principio de no concentración de medios que inspira la presente Ley.
Artículo 68. Modificación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Artículo 69. Modificación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Artículo 70. Modificación de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Promoción y Fomento de la Cinematografía.
Artículo 71. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Segundo. Órganos de asesoramiento de la Comisión.
1. Como órganos de asesoramiento de la Comisión se constituiren dos Consejos Consultivos presididos por el Presidente de la Comisión Nacional de Energía, el Consejo Consultivo de Electricidad y el Consejo Consultivo de Hidrocarburos, ambos con un número máximo de 36 miembros.
2. Los Consejos Consultivos podrán informar respecto de las actuaciones que realice la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio de sus funciones. Este informe será a su vez preceptivo sobre las actuaciones a desarrollar en ejecución de las funciones segunda, tercera, cuarta y séptima.
Artículo 72. Habilitación al Gobierno para la modificación de las cuantías establecidas en el apartado 2 del artículo 131 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes.
Artículo 73. Habilitación al Gobierno para la revisión del estatuto jurídico de la corporación regulada en el Real Decreto 3183/1979, de 21 de diciembre, por el que se organiza el Patrimonio Comunal Olivarero.
Artículo 74. Ayudas a los arrendatarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos.
Artículo 75. Declaración de interés general de determinadas obras de regadío.
Obras de modernización y consolidación de los regadíos de las comunidades de regantes siguientes:
Río Adaja (Ávila), Páramo Bajo (León-Zamora), Canal del Pisuerga (Palencia-Burgos), Canal Macías Picavea (Valladolid), Canal de San Frontis (Zamora), Virgen del Aviso (Zamora), Margen Derecha del Tera (Zamora); R. del Iregua (La Rioja), Regadíos Rioja Baja (La Rioja), Val de Alferche, Ilche (Huesca), La Campaña y Conchel, Castejón del Puente (Huesca), Sector VIII Monegros, Poleñino (Huesca), Almudévar (Huesca), San Juan, La Luenga (Huesca), El Temple (Huesca), Huertas de Fraga, Velilla de Cinca y Torrente de Cinca (Huesca), Val de la Cot, San Esteban de Litera (Huesca), Toma Gabarra, San Esteban de Litera (Huesca), Santa María-Tozal-Gros, San Esteban de Litera (Huesca), Gaén-Híjar (Teruel), Maluenda (Zaragoza), A-19-20, Zona Regable del Cinca, Huerto (Huesca); Canal de Orellana (Badajoz), R. Levante, Margen Izquierda (Alicante), Acequia de Moncada, La Baronesa, Orihuela (Alicante), Riegos Río Alcoy, Gandía (Valencia), Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó, Benejama (Alicante), Comunidad General de Regantes Medio Vinalopó, Novelda (Alicante), Novelda (Alicante), Villarreal (Castellón), Comunidad General de Usuarios, C. Júcar Turia, Carlet (Valencia), Sindicatos de Riegos de Castellón (Castellón), Almazora (Castellón), El Provencio (Cuenca), El Salobral (Albacete); Guadalcacín (Cádiz), El Ropero, Sector VI, Vegas Bajas del Guadalquivir, Marmolejo (Jaén), San Isidro, Sector V, Vegas Bajas del Guadalquivir, Marmolejo (Jaén), Sector III, Zona Alta del Guadalquivir, Santo Tomé (Jaén), Sector III, Zona Media de Vegas del Guadalquivir, Begíjar (Jaén), Sector 1, Zona Alta de Vegas, Agrupación de Mogón (Jaén), Sector V, y I, Zona Media Vegas de Jaén, Torreblascopedro (Jaén), Sector II, Puente del Obispo (Jaén), Nuestra Señora de los Dolores, Arjona (Jaén), Fuentelapeña, Andújar (Jaén), Pozoblanco, Mancha Real (Jaén), Zona Regable del Río Guadalmena (Jaén), Bembezar Margen Derecha (Córdoba-Sevilla), Valle Inferior del Guadalquivir (Sevilla), Bajo Guadalquivir (Sevilla), Riegos de Viar (Sevilla), Sector II, Vegas Altas del Río Guadalquivir, Santo Tomé (Jaén), Sierra Mágina, El Caz, Torres (Jaén), Heredamiento Regante Molina de Segura (Murcia), Campotejar, Molina de Segura (Murcia), Los Albares-La Serrana, Cieza (Murcia), Tajo-Segura, Totana (Murcia), Alhama de Murcia (Murcia), Azarbe del Merancho, Santomera (Murcia), El Porvenir, Abanilla (Murcia), Heredamiento Principal, Archena (Murcia), Sector A de la Zona 2ª, Abarán (Murcia), Lorca (Murcia), Heredamiento de Aguas de Ceutí (Murcia), Casablanca, Abarán (Murcia), Campo de Cartagena, Cartagena (Murcia), San Víctor, Santomera (Murcia), Huerta Alta de Pliego, Pliego (Murcia), Aguas del Trasvase Tajo-Segura, Librilla (Murcia), Heredamiento de Aguas de Puebla de Mula, Mula (Murcia), Zona II de la Vega Alta y Media del Segura, Blanca (Murcia), S.A.T. número 3472, Los Albárez, Cieza (Murcia).
Las obras de Ampliación y optimización energética de la desaladora Virgen del Milagro para producir 16 Hm3/año de Mazarrón, Murcia.
Obras de transformación y puesta en riego de Aragón:
En la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias:
Artículo 76. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Artículo 77. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
Uno. El apartado 11 del artículo 31 queda redactado como sigue
Los precios correspondientes a la distribución y dispensación de las especialidades farmacéuticas que se dispensen en territorio nacional son fijados por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por grupos o sectores tomando en consideración criterios o valores de carácter técnico-económico y sanitario.
Artículo 79. Ayudas sociales a los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Artículo 80. Ayudas sociales a los afectados por la hepatitis C.
El censo se elaborará a partir de los datos suministrados por los centros sanitarios públicos y será gestionado por la Comisión que se cree al efecto en el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que participaren las asociaciones de afectados y los técnicos que se designen.
Artículo 81. Modificación de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Aquéllos cuyo contenido se refiera a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, tanto los ya tramitados como los que en la actualidad esten en tramitación.
Se consideran incluidas en este apartado las diligencias o actuaciones previas o de carácter preliminar que se encuentren en curso.
1. Las Administraciones públicas deberán notificar las resoluciones relativas a las solicitudes de información sobre el medio ambiente en el plazo máximo de dos meses, a partir de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
3. Las citadas resoluciones podrán ser objeto de recurso en los términos previstos en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El suministro de la información en materia de medio ambiente dará lugar, en su caso, al pago de las contraprestaciones económicas que puedan establecerse, sin que las cantidades a satisfacer puedan exceder de un costo razonable, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa sobre tasas y precios públicos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Delegación legislativa en el Gobierno para la aprobación de un texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Capítulo V (artículos 18 a 21) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Título IV (artículos 93 a 97) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Artículo 42, apartados 2.4 y 5, y artículos 45 a 52 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Capítulo I del Título III (artículos 30 a 34) de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre Derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
Las disposiciones sobre infracciones y sanciones de orden social contenidas en las restantes leyes cualquiera que fuera la fecha de su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Delegación legislativa en el Gobierno para la aprobación de textos refundidos de las disposiciones legales reguladoras de los Regímenes especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Públicos y del Mutualismo administrativo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen de la Organización Internacional de Comisiones de Valores.
Se le aplicará el régimen previsto en los artículos 48 a 58, ambos inclusive, de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Gozará de la exención subjetiva prevista en el artículo 45.I.A.a del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el alcance y los efectos que en él se establecen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, relativa a los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
La Organización Nacional de Ciegos Españoles precisará Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con los Ministros de Economía y Hacienda y del Interior, para la concesión de autorizaciones relativas al régimen de sorteos del cupón pro ciegos, así como de cualquier otra modalidad de juego de las definidas en el Acuerdo general entre el Gobierno de la Nación y la ONCE vigente en cada momento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Exención por daños físicos o psíquicos.
La exención prevista en la letra q del artículo 7 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, en la redacción dada en el artículo 1 de esta Ley, se aplicará al período impositivo de 1999 y anteriores no prescritos, con excepción de las actuaciones administrativas que hayan devenido firmes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Exenciones fiscales a las ayudas públicas para reparar los daños personales causados por las inundaciones en Biescas, y por la riada de Badajoz
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Régimen de las reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas y de los recargos sobre tributos del Estado.
El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos de gestión tributaria emanados de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos del Estado cedidos a las mismas, así como con los recargos autonómicos sobre los tributos del Estado, corresponde exclusivamente a los órganos económico-administrativos del Estado conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, con el alcance previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y en el artículo 19 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias.
Además, el ejercicio de la competencia exclusiva a que se refiere el párrafo anterior se someterá a la siguientes normas dictadas al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución y de las leyes anteriormente citadas:
Primera. En la notificación de los actos de gestión tributaria a que se refiere esta disposición, deberá expresarse que contra los mismos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar el recurso previo de reposición, cabe reclamación económico-administrativa, regulada en los artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria y en el Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre.
Se indicará expresamente en la notificación el órgano competente para resolver la reclamación económico-administrativa, que será un Tribunal Económico-administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, así como el plazo para interponerla.
Segunda. Sin perjuicio de lo dispuesto en la norma anterior, cuando en la notificación del acto de gestión tributaria no se haga constar expresamente la competencia del Tribunal Económico-administrativo del Estado para conocer de la reclamación que pueda formularse contra aquel, o cuando se indique que tal competencia corresponde a un órgano propio de la Comunidad Autónoma, el interesado podrá interponer la correspondiente reclamación ante el Tribunal Económico-administrativo del Estado, en cuyo caso el Tribunal podrá suspender el acto impugnado sin necesidad de que el interesado preste garantía alguna.
Tercera. No obstante, si la reclamación económico-administrativa se hubiera presentado ante un órgano de la Comunidad Autónoma gestora, éste deberá remitir, de inmediato, la citada reclamación junto con el expediente de gestión al Tribunal Económico-administrativo Estatal correspondiente.
Cuarta. Las resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos del Estado y relativas a los citados tributos y recargos deberán ser ejecutadas por las oficinas gestoras ajustándose exactamente a los pronunciamientos de aquéllas.
Quinta. Las normas contenidas en esta disposición también serán de aplicación a las notificaciones realizadas y a las reclamaciones presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Beneficios fiscales aplicables a Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 .
Uno. El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 67 de la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos a la Participación Privada en Actividades de Interés General, será de aplicación a los programas y actividades relacionadas con Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 , siempre que se aprueben por el Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 y se realicen por las entidades o instituciones a que se refieren el artículo 41 y disposición adicional sexta de la Ley 30/1994.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 % de las inversiones que, efectuadas en el término municipal de Salamanca, se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 y consistan en:
Elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.
Obras de rehabilitación de edificios y otras construcciones que reúnan los requisitos establecidos en los Reales Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre y 726/1993, de 14 de mayo, y que contribuyan a realzar el espacio físico afectado por esta disposición adicional.
Las citadas obras deberán cumplir, además, las normas arquitectónicas y urbanísticas que al respecto puedan establecer el Ayuntamiento y el Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 .
La satisfacción en España o en el extranjero de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 y reciban la aprobación del Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 .
2. Esta deducción, conjuntamente con las reguladas en el capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá exceder del 35 % de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones, y será incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada Ley 43/1995, de 27 de diciembre. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse, respetando igual limite, en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.
Cuatro. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refieren los apartados anteriores.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas gozarán de una bonificación del 95 % en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 y que certifique el Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.
2. Las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 según certificación del Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 , gozarán de una bonificación del 95 % en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre sus operaciones relacionadas con dicho fin.
A tal efecto a la solicitud de reconocimiento deberá acompañarse certificación expedida por el Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 de que las inversiones con derecho a deducción se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades así como de las demás circunstancias previstas en esta disposición.
Siete. El Consorcio para la Organización de Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002 remitirá a la Dirección General de Tributos copia de los certificados emitidos en relación con los beneficios contenidos en la presente disposición adicional en los meses de enero, abril, julio y octubre, para su ulterior remisión a los órganos de gestión correspondientes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los complementos especiales al personal laboral local a que se refiere el Decreto 1182/1971, de 11 de mayo.
En los períodos impositivos no prescritos anteriores a 1 de enero del año 2000, tendrán la consideración de renta exenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que, bajo el concepto de suplemento especial , ha percibido el personal laboral local al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en España, empleado por la entidad Actividades Fuerzas Estados Unidos en España , a que se refiere el Decreto 1182/1971,de 11 de mayo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Residencia habitual en territorio español.
El artículo 9.1.a de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, quedará redactado como sigue:
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Régimen aplicable a los minusválidos incapacitados judicialmente.
Las disposiciones específicas previstas en la normativa tributaria en favor de las personas discapacitadas con grado de minusvalía igual o superior al 65 %, serán de aplicación a los minusválidos cuya incapacidad se declare judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Modificación del régimen aplicable a las entidades miembros de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Informe sobre el seguro de dependencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Cánones de uso de las viviendas militares.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Revocación y suspensión de autorización de despacho en operaciones de comercio exterior
Presentación reiterada de la documentación que debe aportarse para el despacho de las mercancías en la Administración tributaria fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, o bien con manipulación de los datos contenidos en dicha documentación.
Incumplimiento reiterado de la obligación de efectuar los pagos por cuenta de sus comitentes dentro de los plazos reglamentariamente establecidos.
Ser declarado responsable solidario por ser causante o colaborar en la realización de infracciones tributarias.
Incumplimiento de las obligaciones que los profesionales autorizados tengan de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria a que obliga la Ley General Tributaria y demás disposiciones aplicables al efecto.
Otorgar poderes para actuar ante la Administración tributaria a favor de personas que no cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente por el Gobierno de Canarias.
Baja como colegiado, en su caso, en el Colegio profesional respectivo y, en general, pérdida de los requisitos de capacitación para el despacho de mercancías. A tal efecto, los Colegios afectados deberán comunicar con carácter inmediato las bajas que se produzcan.
Colaboración o consentimiento en el levante de mercancías sin la preceptiva autorización.
Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos de gestión, inspección o recaudación de la Administración tributaria.
Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de presentación de declaraciones de importación o exportación de mercancías a despacho.
Transgresión de la buena fe en el ejercicio de la colaboración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Cuando quien se encuentre en el caso previsto en el párrafo anterior, sea administrador de la correspondiente sociedad, las obligaciones allí mencionadas se aplicarán a todas las operaciones, con independencia de su cuantía. Los administradores de las sociedades cuyas acciones esten admitidas a negociación en una Bolsa de Valores deberán también comunicar, en los términos establecidos en el párrafo anterior, la adquisición o enajenación de derechos de opción sobre acciones de la propia sociedad que realicen por cualquier título.
Lo dispuesto en el párrafo primero de la presente disposición en el caso de sociedades cuyas acciones esten admitidas a cotización en una Bolsa de Valores será igualmente de aplicación en relación con las entregas de acciones y de derechos de opción sobre acciones que reciban en ejecución de sistemas de retribución de dichas sociedades los administradores de las mismas, así como con los sistemas de retribución, y sus modificaciones, referenciados al valor de las acciones que se establezcan para los citados administradores.
Las sociedades cotizadas que a la entrada en vigor de la presente disposición tengan vigente algún sistema de retribución consistente en la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre acciones o cualquier otro sistema de retribución referenciado al valor de las acciones, dirigido a sus administradores o a sus directivos deberán, con carácter previo a la ejecución o cancelación del sistema de retribución, registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores un suplemento del folleto que tengan en vigor, o un nuevo folleto especifico, en el que se proporcione información detallada e individualizada sobre las acciones y opciones o liquidaciones que corresponden a administradores y directivos. Con relación a los que tengan exclusivamente la condición de directivos, la información podrá presentarse de forma agregada. Como documentación acreditativa a la que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de valores, se presentará para su registro el acuerdo de la junta general de accionistas en el que se aprueba o ratifica el sistema de retribución.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Extinción del régimen de previsión de los médicos de asistencia médico-farmacéutica y de accidentes de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de marzo.
La retribución consistente en la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o que esté referenciada al valor de las acciones, deberá preverse expresamente en los estatutos, y su aplicación requerirá un acuerdo de la Junta General de accionistas. Dicho acuerdo expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de este sistema de retribución.
El ejercicio y la enajenación de los derechos de opción sobre acciones concedidos antes del 1 de enero del año 2000 a los administradores de una sociedad cotizada en ejecución de sistemas de retribución de la misma, en el supuesto en que no esté expresamente prevista en los estatutos sociales esta forma de remuneración, requerirá en todo caso la previa aprobación de la Junta General de accionistas.
Del mismo modo, lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación, en cuanto a los citados Directores generales y asimilados, en relación con la ejecución o cancelación de sistemas retributivos referenciados al valor de las acciones establecidos antes del 1 de enero del año 2000.
La aplicación de sistemas de retribución consistentes en entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas, así como cualquier otro sistema de retribuciones que esté referenciado al valor de las acciones, a Directores generales y asimilados de sociedades cotizadas, que desarrollen funciones de alta dirección bajo dependencia directa de los órganos de administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados de la sociedad cotizada requerirá la previa aprobación de la Junta General de accionistas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA. Modificación de la disposición transitoria duodécima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Disposición transitoria duodécima. Procesos selectivos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEGUNDA. Transferencia de recursos entre el Negratín y el Almanzora.
Sólo se podrá transferir el volumen embalsado que exceda de 210 hm3, dada la cota de la toma correspondiente y la necesidad de su correcto funcionamiento.
Dado que el embalse del Negratín pertenece a un sistema de explotación, el de regulación general, sólo se podren transferir recursos cuando el volumen embalsado en dicho sistema de regulación general supere un mínimo del 30 % de la capacidad de embalse de dicho sistema.
El volumen anual transferido no será mayor de 50 hectómetros cúbicos.
Los usuarios del agua trasvasada soportarán, en la parte alícuota del volumen transferido, en la forma en que se determine, el importe de las obras de regulación necesarias para equilibrar el déficit añadido que esta transferencia provoca en el sistema de regulación general del Guadalquivir.
Corresponderá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el control de la obra de captación del embalse del Negratín.
Corresponderá a la Confederación Hidrográfica del Sur el control del resto de las infraestructuras de la transferencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA TERCERA. Declaración de interés general de determinadas obras hidráulicas.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero:
Azud de derivación y canal principal de la zona regable de Adaja.
Embalse de Bernardos.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Tajo:
Presa de regulación del río Cedena y abastecimiento a la Mancomunidad de Cabeza del Torcón, Toledo, Polen, Guadamur y San Martín de Montalbán.
Presa de regulación, conducción ETAP y depósitos para abastecimiento a las Navas del Marqués.
Abastecimiento de las poblaciones del alto Tiétar desde el Alberche.
Ampliación de colectores y depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
Aprovechamiento de las aguas subterráneas para abastecimiento de la Comunidad de Madrid.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
Presa de Salobre.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Sur:
Aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos del bajo Guadalhorce para el abastecimiento de Málaga. Planta desalobradora en la ETAP. El Atabal.
Conexión Málaga-Costa del Sol occidental.
Conducción presa de Cerro Blanco (río Grande)-ETAP del Atabal (Málaga).
Corrección de los vertidos salinos al embalse de Guadalhorce.
Aprovechamiento hidrológico de los acuíferos de Sierra de Almijara y Alberquilla.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro:
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura:
Plantas desaladoras de agua de mar como aportación de nuevos recursos hidráulicos en el ámbito territorial C. H. Segura.
Colectores de aguas salinas en la cuenca del Segura.
Automatismo y control de los canales principales del postrasvase.
Acondicionamiento de ramblas y de márgenes y riberas del río Segura en la zona alta.
Aportación de agua de la cuenca alta del Segura al sistema oriental de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Dos. Las obras incluidas en este artículo llevaren implícitas las declaraciones siguientes:
E. El escalafón del Cuerpo único de Notarios quedará formado por la integración de los actuales escalafones de notarios y corredores de comercio colegiados, por estricto orden de antigüedad en uno y otro. Los notarios conservarán la antigüedad en clase que tengan asignada. A los corredores de comercio colegiados se les asignará la clase correspondiente a la plaza que sirvan, determinada con arreglo a la legislación notarial; la antigüedad en la clase de cada uno de ellos será la que corresponda en la carrera, deducidos seis años para la clase segunda, y nueve años para la primera, salvo aquellos que hayan accedido a la plaza por concurso-oposición, que tendran la antigüedad en la clase correspondiente a la fecha de su toma de posesión en dicha plaza. En los concursos para la provisión de plazas, de cada tres vacantes, dos se proveerán por antigüedad en carrera y una por antigüedad en la clase.
B. Antes de la entrada en vigor de la presente disposición se aprobará un programa para las oposiciones de acceso al Cuerpo único de Notarios. Las oposiciones que se convoquen a partir del 1 de enero del año 2002 se celebraren con arreglo a dicho programa y a la reglamentación notarial.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA QUINTA. Modificación del artículo 74 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota del impuesto a favor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para el disfrute de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se determinarán en la ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEXTA. Sistema de previsión social a favor de los deportistas profesionales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SÉPTIMA. Participaciones públicas en el sector energético.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA OCTAVA. Modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.
Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA NOVENA. Informe para la eliminación de la inseguridad jurídica en materia de derechos de autor.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA PRIMERA. Modificación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
3. Las entidades públicas de una determinada Comunidad Autónoma habilitadas, con arreglo a la Ley, para prestar el servicio de radiodifusión sonora, podrán emitir en el territorio de otras Comunidades Autónomas con las que aquélla tenga espacios radioeléctricos colindantes. Para ello, será preciso que exista acuerdo entre las Comunidades Autónomas afectadas y que, en cada territorio, se empleen las frecuencias que tengan asignadas por el Ministerio de Fomento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de Televisión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA TERCERA. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal no sometido a legislación laboral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA. Liquidación de tarifas por servicios portuarios al amparo de la Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, y de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.
La decoración de la porcelana artística artesanal.
Fabricación de tripa artificial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994, se reducirán de acuerdo con lo establecido en las reglas 2ª y 4ª del apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Adaptación de los contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de inversión.
Los contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión, concertados con anterioridad a 1 de enero del año 2000, podrán adaptarse, en el plazo de dos meses a partir de esta fecha, a lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Concluido el citado plazo, los contratos no adaptados tributarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2.h de dicha Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Endeudamiento local
Año Ahorro neto (porcentaje)
Dos. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no precisarán autorización las operaciones de crédito a concertar por las Entidades locales durante el período 2000 al 2003 cuando el volumen total del riesgo asumido de las operaciones de crédito referidas en dicho punto represente, sobre los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediatamente anterior o en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año, un porcentaje superior al 110 %, a condición de que se presente ante el órgano autorizante un compromiso firme de reducción de deuda aprobado por el Pleno que permita alcanzar dicho porcentaje a 31 de diciembre de 2003. Dicho compromiso será objeto del oportuno seguimiento por el órgano citado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Créditos ampliables para pago de obligaciones derivadas de convenios con las Comunidades Autónomas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Mantenimiento del plazo de cinco años para la deducción o compensación de determinadas cuotas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Régimen transitorio de las modificaciones en la disposición adicional cuarta y en la letra a del apartado quinto del anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las modificaciones de la disposición adicional cuarta y la letra a del apartado quinto del anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, introducidas en la presente Ley, surtirán efectos desde el 1 de enero de 1998.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Tipo del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a las labores de tabaco.
Los cigarros puros con precio inferior a 100 pesetas unidad: 4,5 %.
Los cigarros puros con precio igual o superior a 100 pesetas unidad: 13 %.
Las labores de tabaco negro: 20 %.
Las labores de tabaco rubio y sucedáneos del tabaco: 40 %.
Importación de cigarros puros con precio inferior a 100 pesetas unidad: 0,45 %.
Importación de cigarros puros con precio igual o superior a 100 pesetas unidad: 1,3 %.
Importación de labores de tabaco negro: 2 %.
Importaciones de labores de tabaco rubio y sucedáneos del tabaco: 4 %.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Aplicación de determinadas modificaciones introducidas en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario.
Uno. Las cuotas soportadas o satisfechas antes del día 1 de enero del año 2000, por la adquisición o importación de bienes de inversión, no deberán ser objeto de la regularización establecida en el artículo 40 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la medida en que la prorrata aplicable en los años posteriores resulte modificada, respecto de la del año en el que se soportaron las mencionadas cuotas, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, 37, número 2, y 39 de la citada Ley en relación con la percepción de subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, número 2, apartado b, de la misma, no integren la base imponible del Impuesto General Indirecto Canario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. Mantenimiento del plazo de cinco años para la deducción o compensación de determinadas cuotas del Impuesto General Indirecto Canario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA. Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en los artículos 24 y 98 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA. Régimen transitorio de la modificación introducida en el apartado 4 del artículo 55.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
La modificación introducida, en virtud de lo previsto en el apartado cuatro del artículo 1 de esta Ley, en el apartado 4 del artículo 55.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, surtirá efectos desde el 1 de enero de 1999.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA. Régimen transitorio de la modificación introducida en el artículo 17.2.a de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
La modificación introducida en el artículo 17.2.a de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, por el artículo 1 de esta Ley, será aplicable a los rendimientos devengados desde el día 1 de octubre de 1999.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA. Derogación de la disposición transitoria vigésima segunda de la Ley 66/199 7, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley queda derogada la disposición transitoria vigésima segunda de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 31 de diciembre, de manera que a las subvenciones que no integran la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, acordadas antes del 1 de enero de 1998 y percibidas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, les serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 102, apartado uno, 104, apartados uno y dos y 106, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Vigente hasta el 1 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. (BOE. núm. 156, de 1 de julio de 2011) y de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).
Disposición transitoria duodécima (primer párrafo):
Declarado inconstitucional y nulo, con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 6, por Sentencia 176/2011, de 8 de noviembre, del Pleno del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 294, Suplemento, de 7 de diciembre de 2011)
Disposición adicional trigésima cuarta (apdo. 2, en la redacción dada al mismo por la disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 74/2010, de 18 de octubre de 2010, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 279, 18 de noviembre de 2010).
Disposición adicional trigésima cuarta (apdo. 2):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 161/2009, de 29 de junio de 2009, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.
Disposición adicional trigésima cuarta (apdo. 1):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 146/2009, de 15 de junio de 2009, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 172 Suplemento, de 17 de julio de 2009).
Disposición adicional trigésima cuarta (apdo. 1, antes de su modificación por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 116/2009, de 18 de mayo de 2009, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 149 Suplemento, de 20 de junio de 2009).
Se amplía al año 2004 esta autorización por disposición final primera de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se amplía al año 2002 esta autorización por disposición adicional séptima de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Disposición adicional trigésima cuarta:
Derogado por Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
Disposición vigésimo séptima:
Derogado por Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
Redacción según Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.
Disposición adicional vigésima séptima:
Derogado por Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
Derogado, en la parte que se refiere a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Derogado, en lo que se refiera al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.