Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89153
Timestamp: 2019-10-15 22:04:32
Document Index: 199928352

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 24', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34']

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años.
La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años de edad, al tenor de la siguiente:
La noción de ciudadanía puede definirse como la membresía o pertenencia a una comunidad y como la expresión más acabada de la naturaleza de la relación entre los miembros de esa comunidad . Desde el punto de vista estrictamente normativo, la ciudadanía es un concepto jurídico que describe quiénes son ciudadanos, cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones.
En México, el artículo 34 de la Constitución establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Por su parte, los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Constitución señalan los derechos, las obligaciones y las causales de suspensión o pérdida de la ciudadanía y nacionalidad mexicana.
Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 de la Constitución, destacan diversos derechos políticos esenciales tales como: el derecho al voto (activo y pasivo) en las elecciones generales; el derecho a participar en las consultas populares; el derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país; y el derecho a iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso.
De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México , elaborado y publicado en 2014 por un equipo de investigación multidisciplinario, en colaboración con el INE, el porcentaje de mexicanos que dijeron involucrarse en algún tipo de participación política diferente del voto (participación no electoral) es muy reducido. Dicho estudio concluyó que las y los mexicanos entendemos a la ciudadanía como un asunto de obediencia de leyes y voto, sumamente desvinculado de la idea de participación, organización colectiva y ejercicio pleno de derechos.
“La participación de los mexicanos tiende a ser individualizada y coyuntural. Sin duda, esto se relaciona con la baja membresía en organizaciones sociales y con altos niveles de desconfianza en las instituciones, sobre todo las gubernamentales y las de representación política. Los partidos políticos no cumplen su papel de vínculo entre ciudadanía y gobierno. No obstante, los ciudadanos les siguen percibiendo como un intermediario útil (práctico) en la consecución de ciertos objetivos. En consecuencia, puede decirse que las y los mexicanos son ciudadanos pasivos y reactivos, participan de manera coyuntural, generalmente por razones altruistas y prefieren las acciones individuales antes que las colectivas” .
En razón de lo anterior, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, refrendamos nuestra convicción en torno a la necesidad de que nuestro país transite hacia un nuevo modelo de democracia. Un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solo representativo y electoral. Desde nuestra perspectiva, las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de los asuntos públicos.
De esta forma, estamos convencidos de que la transformación de la res pública solo puede ser una realidad a través del ejercicio pleno de los derechos políticos y creemos firmemente que la única manera de contrarrestar el déficit democrático derivado de la falta de confianza de las y los mexicanos hacia las instituciones, es precisamente a través de la promoción del involucramiento y la participación de un número cada vez mayor de mexicanas y mexicanos en el proceso de toma de decisiones que les conciernen.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa el 32.8 por ciento de la población del país. Alrededor de 22.2 millones de menores de edad (el 56.6 por ciento) se encuentran en edad escolar, entre los 5 y los 14 años; 10.5 millones son niños menores de cinco años (16.5 por ciento), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años (26.9 por ciento).
Con base en estas cifras, es posible afirmar que existen más de 6 millones de personas entre los 15 y los 17 años, las cuales se encuentran ya en un estado de madurez que les permitiría ejercer responsablemente derechos políticos y participar e involucrarse plenamente en el escenario democrático.
Desde hace muchos años el derecho internacional comenzó a evolucionar y dejó atrás el enfoque tutelar que concebía a los adolescentes como menores de edad, dando paso a una nueva visión garantista en la que niñas, niños y adolescentes comenzaron a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos. Por lo tanto, la reducción de la edad para ser considerados y reconocidos como ciudadanos, sería un paso más en la dirección correcta, ayudaría a consolidar ese salto cuántico que demanda nuestra democracia y significaría una reivindicación histórica inscrita en la extensión progresiva de los derechos de la persona y en el fortalecimiento de la ciudadanía .
En este contexto, resulta oportuno recordar que en 1857 y hasta 1969 la edad mínima para adquirir la ciudadanía era de 21 años, aunque se aceptaba que quienes estuvieren casados podrían adquirirla a los 18. Este criterio era seguido en la mayor parte del mundo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.
Como consecuencia de una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral y en la vida social, en 1969 se reformó la Constitución para quedar en los términos que conocemos. Con dicha reforma, se redujo el “periodo propedéutico” en el que se le habilitaba al sujeto a conducirse de acuerdo a las expectativas que se tienen de un ciudadano mexicano; se ayudó a borrar las fronteras entre las actividades de los adultos y los no-adultos, se favoreció una mayor participación de los jóvenes en la vida pública y se avanzó en la consolidación de un meta relato social sobre la juventud .
En nuestros días, la decisión acerca de quiénes pueden participar en las elecciones es parte crucial de todo régimen democrático porque supone tomar una posición acerca de la posibilidad de que un determinado grupo social goce de plenos derechos políticos a partir de una consideración etaria. Por ello, hablar de la ampliación de derechos democráticos es una apuesta para que las y los jóvenes cuenten con una herramienta de participación política que se pueda traducir en acciones y decisiones para la sociedad de la que forman parte .
En este sentido, es importante considerar que una persona de 16 años de edad puede adquirir derechos y responsabilidades. Esto significa que los y las jóvenes cuando llegan a los 16 años han completado la educación secundaria obligatoria proporcionada por la sociedad, han adquirido la madurez y los conocimientos básicos en historia, temas sociales y otras asignaturas que les permiten ser ciudadanos socialmente responsables. Por tal motivo, la extensión del derecho a la ciudadanía para los jóvenes de 16 años supone el otorgamiento de uno de los principales derechos democráticos, en tanto la sociedad asume que a esa edad los jóvenes ya son sujetos que podrán hacer uso de él responsablemente.
Es oportuno destacar que el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de México refiere que la ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia.
Por ello, la posibilidad de una rebaja en la edad en la que se accede al derecho al voto desde los 18 a los 16 años permite ampliar el concepto de ciudadanía, de manera que se dé cabida en él a las y los jóvenes de 16 a 18 años, que en la actualidad se encuentran excluidos de tal consideración; asimismo, el adelanto de la edad podría contribuir a reforzar el sentimiento cívico de las y los jóvenes, estimular su interés por la política o aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones. Desde el punto de vista educativo, la extensión del derecho al voto a partir de los 16 años sería un instrumento eficaz para educar socialmente a los adolescentes, la participación de este grupo en los procesos electorales redundaría también en beneficio de la sociedad, al poder contar con ciudadanos jóvenes, interesados por los asuntos públicos, responsables y participativos.
Por tanto, la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad constituye un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta franja de la juventud, con lo cual, además, se adquirirá la ciudadanía y los derechos políticos que van aparejados, tales como:
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.
Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.
Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional
Por tal motivo, extender el derecho de sufragio a los mayores de 16 años implica una profundización significativa de la democracia moderna e inclusiva, toda vez que significa una ampliación de la base y la legitimidad ciudadana, al asegurarle a una mayor cantidad de personas la facultad de participar activamente en la toma de decisiones.
De este modo, se parte del supuesto de que a mayor cantidad de individuos que ejerzan efectivamente sus derechos políticos, mayor será la calidad y el contenido democrático de la comunidad política. Cabe enfatizar que la organización internacional Save the Children señala que rebajar la edad de sufragio a los 16 años puede suponer un buen comienzo para lograr un cambio en la cultura de participación infantil en nuestro país.
Por ello, esta importante y destacada organización de la sociedad civil considera que la propuesta de reducir la edad es un primer paso para garantizar la participación de las y los jóvenes en la vida pública y en la toma de decisiones que les afectan, y es una forma idónea de asegurar su condición de sujetos activos de derecho .
Además, la organización señala que para garantizar una participación real no solo se debe reducir la edad mínima para votar, sino que el Estado debe dar voz a la infancia estableciendo espacios de aprendizaje y participación ciudadana; y se debe garantizar un acceso a la información significativa y relevante. A manera de ejemplo, es preciso señalar que en el derecho comparado existen diversos países en los que el derecho al voto se alcanza a una edad más temprana, tales como: Irán (15), Cuba (16), Indonesia y Argentina (17). En Bolivia, Brasil y Ecuador el voto (de carácter obligatorio) es optativo entre los 16 y 17 años.
En Europa solo dos países tienen reconocido el derecho al voto a los 16: Austria (desde 2007) y Chipre (donde el voto además es obligatorio) . En la legislación de algunos cantones suizos también se reconoce el derecho al voto a los mayores de 16 años. Además, resulta oportuno recordar que un proceso reciente muestra el impacto posible de la ampliación del voto a los adolescentes de 16 y 17 años. Este caso se refiere al referéndum por la independencia de Escocia en 2014.
En este sentido, se amplió la posibilidad del voto de los 18 a los 16 años. Lejos de la idea de que a este grupo de edad no le importaba la cosa pública, los adolescentes escoceses participaron masivamente (89%) en el referéndum sobre la independencia de Escocia . En el mismo tenor, la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) del Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe que solicita la reforma de la ley electoral de la Unión Europea para las próximas elecciones de la UE de 2019.
Entre otras innovaciones, el proyecto de resolución propone la armonización de la edad mínima de los votantes a los 16 años . De este modo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso en una de sus resoluciones la extensión de la edad del voto a los 16 años, con el objetivo final de fortalecer la democracia en Europa.
Por otro lado, la comisión constituida en el Reino Unido para analizar el tema de la edad del voto The Electoral Commission , señaló que la edad apropiada para votar no necesariamente está relacionada ni tiene porqué estar vinculada a otras edades en las que se adquiere otro tipo de responsabilidades.
Por ello, establecer la edad mínima de 16 años para adquirir la plena ciudadanía y la mayoría de edad, tiene que configurarse como una reforma democrática necesaria, ya que pone en manos de las y los jóvenes una herramienta de participación política por la cual ellos pasan a ser sujetos de pleno derecho al acceder a la posibilidad de participar por medio del sufragio en las decisiones de la sociedad de la que forman parte.
Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para facilitar la comprensión y el sentido de la adición propuesta:
Artículo 34. – Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
Artículo 34.- Son ciudadanos de la República las personas que, teniendo la calidad de mexicanas, reúnan, además, los siguientes requisitos:
Haber cumplido 16 años, y
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. - Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los doce días del mes de enero de 2019
Gianfranco, Poggi. The State, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1990. p.28.
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Ciudadania-Activa.pdf
El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia http://www.injuve.es/sites/default/files/5LourdesGaitan.pdf
Ortíz Leroux, Jaime Eduardo, “El sujeto de la ciudadanía en la Constitución Mexicana”, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt16.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004937.pdf
BAJAR LA EDAD PARA VOTAR A LOS 16 AÑOS: UN PRIMER PASO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA https://www.savethechildren.es/notasprensa/bajar-la-edad-para-votar-los-16-anos-un-primer-paso-para-garantizar-los-derechos-de-la
https://elpais.com/elpais/2015/11/20/3500_millones/1447996680_144799.html
https://elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411034807_844576.html
https://www.votewatch.eu/blog/strong-ep-majority-prepares-harmonisation-of-eu-elections-rules/
The Electoral Commission, Age of electoral majority: report and recommendations, 2004, parágrafo 3.16