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Timestamp: 2020-07-04 16:30:26
Document Index: 115000630

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 17']

¿Documentos notariales por videoconferencia? El COVID-19 y la inmediación a distancia - Hay Derecho
¿Documentos notariales por videoconferencia? El COVID-19 y la inmediación a distancia
17 abril, 2020 /12 Comentarios/en Blog /por Manuel González-Meneses García-Valdecasas y Segismundo Alvarez Royo-Villanova
La situación de excepcionalidad y emergencia sanitaria que vivimos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 lleva a muchos a considerar necesario un replanteamiento de la forma de ejercer la función notarial que permita hacer compatibles la protección de la salud pública y la continuidad en la prestación del servicio notarial, en la medida en que la continuidad de este servicio es algo, sin duda, necesario para la continuidad de la vida económica del país. La propuesta que hizo pública el día 14 de abril el Consejo General del Notariado trata de responder a esta necesidad (aunque los autores desconocemos sus detalles técnicos).
El problema es si esto es posible. En relación con la función notarial, la cuestión clave que genera tensión entre la protección de la salud, de un lado, y la continuidad del servicio, de otro, es ese principio que ha venido siendo durante siglos una de las piedras angulares de nuestro sistema notarial: la inmediación física del notario respecto de las partes del negocio o acto documentado, la “presencia” o exigencia de comparecencia personal de los otorgantes ante el notario.
Esta comparencia personal física y la consiguiente inmediación entre notario y otorgante en un lugar y en un tiempo determinados son la base de la autenticación por el notario tanto de la identidad como del consentimiento, lo que constituye, junto con el juicio de legalidad, la esencia última de la función del notario en relación con los negocios o actos jurídicos en cuya documentación interviene. La fuerza legal del documento negocial notarial descansa en último término en la afirmación por el notario de que en un día x una persona determinada ha consentido realmente un determinado contenido negocial, porque él así lo ha presenciado.
Y esta afirmación ha presupuesto siempre, sin ninguna excepción, la comparecencia personal del otorgante ante el notario autorizante del acto, entendida la comparecencia como comparecencia precisamente física, coincidencia en el tiempo y el espacio, contacto visual directo y próximo entre ambos.
¿Es concebible y posible, entonces, una función notarial con plenitud de efectos legales –la autorización de escrituras públicas o la intervención de pólizas de contratos mercantiles con el mismo valor jurídico que es propio de los documentos notariales que hasta ahora conocemos- sin inmediación física entre los otorgantes y el notario? La respuesta afirmativa se fundamenta en estas dos consideraciones: i) la inmediación física no es un fin en sí misma, sino un instrumento para el logro de lo que realmente importa: la autenticación por el notario de la identidad y del consentimiento de los otorgantes del negocio; y ii) la tecnología ofrece hoy medios que hacen posible que el notario, sin inmediación física, pueda afirmar con una seguridad razonable y suficiente tanto la identidad personal como la realidad del consentimiento. De manera que no se pretende dejar de lado la inmediación, como fundamento último de los poderosos y valiosos efectos jurídicos del documento notarial, sino entender de otra forma la inmediación y la presencia, una forma adaptada a un contexto social en que las formas de comunicación e interacción a distancia cada día están más generalizadas y normalizadas, y además proporcionan una experiencia cada vez más “presencial”.
Se trata de admitir, en definitiva, otorgamientos notariales a distancia haciendo uso de unos medios de comunicación que proporcionen al notario la suficiente garantía para su definitivo juicio de identificación y la interacción del notario con los otorgantes en tiempo real con sonido e imagen, es decir, mediante videoconferencia. Con el auxilio de una tecnología de este tipo es posible que el notario desarrolle respecto del negocio documentado las mismas funciones que ha venido hasta ahora ejerciendo respecto de los negocios otorgados en su presencia: identificación real y no presupuesta de los otorgantes, juicio de su capacidad natural en ese momento, control de legalidad del negocio, asesoramiento jurídico, verificación de la realidad del consentimiento, etc. Todo lo cual está ausente cuando se autentica un consentimiento negocial a distancia mediante la aplicación de una simple firma electrónica, por muy reconocida o cualificada que ésta sea. No olvidemos que la firma electrónica en realidad es un instrumento técnico para asegurar la procedencia o autoría de un mensaje, sobre la base de presuponer que dicho mensaje procede de una persona determinada por el hecho de que la totalidad de su contenido o una parte de él ha sido cifrada aplicando una clave privada que se supone que sólo conoce y controla dicha persona. La ley presume esta procedencia y por eso da a ese documento el valor de un documento con firma manuscrita, pero no hace que el documento en cuestión deje de ser un documento privado, pues ninguna autoridad o agente oficial ha controlado su contenido, su ajuste a la legalidad, ni su adecuación a la real voluntad del firmante, ni si éste tiene en el momento de firmar plena capacidad y comprende su significado jurídico y todas sus posibles implicaciones -es decir que ha prestado un consentimiento informado a ese documento-.
Lo que se plantea no es simplemente la aplicación de una firma electrónica a distancia, ni la creación de una especie de documento notarial de segunda categoría -con unos efectos jurídicos más limitados, en atención a las peculiares circunstancias que rodean su otorgamiento-, sino trasladar todo el régimen de valor y eficacia jurídica del documento notarial tradicional a documentos resultantes de una nueva forma de proceder que nos permita hablar de una verdadera inmediación remota o a distancia.
Y para que la seguridad de este otorgamiento notarial a distancia sea completa, no se trata simplemente de que el notario y los otorgantes se pongan en contacto mediante cualquier aplicación que permita una videoconferencia, sino que el acceso a dicha funcionalidad ha de tener lugar precisamente a través de la plataforma online centralizada del notariado (para que, además de garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones, los otorgantes puedan confiar en que están interactuando con un notario español en el ejercicio legal de su función). Además, no basta con que el notario se cerciore en la sesión de la videoconferencia de la identidad de los otorgantes –porque los conoce personalmente o por cotejo de su imagen con la fotografía de un documento oficial de identificación del que obre copia fehaciente en su poder-, de su capacidad y de su conocimiento pleno y consentimiento del negocio, sino que este consentimiento debe plasmarse en la firma electrónica por cada uno de los otorgantes del archivo electrónico que contiene el texto del documento, que deberá circular telemáticamente a tal efecto durante la misma sesión. Esta firma electrónica del documento tanto por el notario como por los otorgantes (haciendo uso de una de las firmas electrónicas reconocidas por el Reglamento UE 910/2014) se convertirá así en garantía tanto de la autenticidad como de la integridad del documento consentido.
Dado que la mayoría de los españoles no disponen en este momento de una firma electrónica reconocida activa, parece aconsejable que, de manera transitoria y quizás limitada a determinados documentos, se pueden arbitrar otros sistemas de firma a distancia que dejen constancia del consentimiento al documento autorizado por el notario. Pero al final el sistema deberá tender a la creación de una matriz electrónica con la firma reconocida de todos los otorgantes y del notario.
La propuesta no es totalmente innovadora. Con ocasión de la presente crisis, el propio Gobierno, en su papel de legislador de emergencia, ha iniciado el camino con una regla para el acta notarial de la junta general introducida en el artículo 40 del Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Pero se trata de algo que teníamos ya a las puertas en el ámbito de las sociedades de capital, ante la necesidad de transposición de la Directiva (UE) 2019/1151, que contempla la intervención notarial en los expedientes societarios pero sin poder exigir, como regla general, la presencia física de los otorgantes, por cuanto han de poder tramitarse íntegramente en línea. No obstante, la situación de emergencia sanitaria actual, la incertidumbre sobre cuándo volverá la total normalidad y la necesidad de proteger a las personas más vulnerables a la enfermedad justifican acelerar esta transición, por supuesto garantizando la seguridad que siempre ha de acompañar a la actuación notarial.
https://i0.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2020/04/online-not.jpg?fit=881%2C539&ssl=1 539 881 Manuel González-Meneses García-Valdecasas https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Manuel González-Meneses García-Valdecasas2020-04-17 14:30:562020-04-17 15:48:06¿Documentos notariales por videoconferencia? El COVID-19 y la inmediación a distancia
17 abril, 2020 en 17:45
Estimados Manuel y Segismundo:
El debate es profundo y de calado y creo que supera, incluso, el marco de la presente crisis. En este momento de urgencias, y aun considerando la utilidad y necesidad de otros muchas, cuestiones como la que planteáis son un oasis intelectual abierto al pensamiento jurídico útil. Gracias por ello.
En el supuesto de las Juntas Generales de Sociedades, claramente delimitado en las medidas dictadas al amparo del estado de alarma, que prevé la celebración de estas Juntas vía telemática, la intervención del Notario, incluso por medios telemáticos, proporcionaría una seguridad jurídica y garantía inusitadas. Además de la seguridad del uso de la plataforma, directamente controlada por la Notaría (con lo que ello supone de responsabilidad y control del canal mismo de intervención), se obtendría un plus técnico, al contar con un profesional del derecho altamente cualificado, particularmente en las pequeñas y medianas sociedades que no pueden permitirse Secretaría de Junta o de Consejo profesional.
Fuera de este supuesto, creo que hay que considerar muy seriamente su generalización, no ya en tiempos extraordinarios, sino dentro de la “normalidad” que nos aguarda (espero que a la vuelta de la esquina). Podría fomentarse el uso de la plataforma mediante la pre selección en el caso de operadores jurídicos habituales (los abogados utilizamos la tarjeta ACA y el sistema lexnet desde hace ya cuatro años, cada vez con más naturalidad, no exenta de problemas). También puede iniciarse la práctica en un abanico restringido de supuestos hasta comprobar su eficacia, validez y utilidad.
Pienso que es más que evidente que determinadas prácticas notariales, arraigadas en la inmediación física, están avocadas a su desaparición y que otras, como las que plantea este artículo han llegado para quedarse, que ello no debe ser óbice para disfrutar de la seguridad jurídica que todos anhelamos y que es un gran momento para el notariado de contemplar la forma de cómo seguir sirviendo más y mejor a la sociedad.
Una vez más, gracias por abrir este debate.
18 abril, 2020 en 11:20
Muchas gracias por el comentario. Estamos de acuerdo en que la propuesta no es solo para la época de pandemia, que simplemente pone de relieve su utilidad en la situación actual; también en que su aplicación y generalización plantearán problemas prácticos importantes, lo que justifica su aplicación progresiva. Lo que pretendemos aquí sobre todo es explicar la posibilidad desde el punto de vista de los principios, siendo conscientes de que el diablo está en los detalles…
17 abril, 2020 en 19:15
La posibilidad de una matriz electrónica y negocios a distancia es antigua, concretamente de 2001, pero no ha sido desarollada hasta ahora. Transcribo lo correspondiente del libro “Derecho Notarial”, de mi padre J.E. Gomá Salcedo, en colaboración con mi hermano Ignacio y yo mismo:
Un supuesto muy peculiar es el regulado por el art. 111 de la ley 24/2001, 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: “Formalización de negocios jurídicos a distancia. Por conducto electrónico podrán dos o más notarios remitirse, bajo su respectiva firma electrónica avanzada , el contenido de los documentos públicos autorizados por cada uno de ellos que incorporen las declaraciones de voluntad dirigidas a conformar un único negocio jurídico. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y el procedimiento para la integración de las distintas declaraciones de voluntad en el negocio unitario, así como la plasmación del mismo en un único documento público.”
La interpretación de este precepto ofrece cierta dificultad, porque puede entenderse que se limita a contemplar un supuesto indiscutido, cual es el de que uno o varios notarios autoricen de manera normal sendos instrumentos públicos cada uno de los cuales contiene una o varias declaraciones de voluntad no autosuficientes sino destinadas a integrarse en un único instrumento general (poderes para constituir una sociedad, declaraciones para ocupar una reserva de puesto, u otras semejantes) y, seguidamente, remitan copia por vía electrónica a lo que pudiera llamarse el notario central, que será el que autorice, también en papel y de modo normal ese instrumento general, recogiendo en la forma que proceda las comunicaciones recibidas. El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo se referiría a cuestiones formales como la constancia de las comunicaciones y otras, si bien ese desarrollo podría ser superfluo puesto que el reglamento notarial ya contempla estos asuntos (artículos 176 y 178).
Pero también puede pretenderse ampliar el contenido de la previsión legal admitiendo otras modalidades. En esta línea, JAVIER MICÓ considera aplicable este artículo tanto a la contratación a distancia que se plasme en una escritura pública electrónica matriz -lo que por el momento no es posible – como a la formalización en papel ante diferentes notarios de un único negocio, los cuales se comunican telemáticamente entre sí las declaraciones de voluntad; En parecidos términos se expresa RODRÍGUEZ ADRADOS , y además, contra la literalidad del artículo, niega la posibilidad de que el negocio quede plasmado en un único documento público “porque los documentos públicos han sido dos o más, y no pueden dejar de ser dos o más”, tanto si son en formato papel como si en el futuro son electrónicos.
Sin embargo, en nuestra opinión, cualquier interpretación de esta norma tiene que cumplir las exigencias que la misma norma plantea; por otra parte, no dice en realidad que solamente debe existir un único documento público, sino que todo el negocio se plasmará finalmente en un documento público total y unitario.
Yendo más allá, se sostiene que se está hablando única y exclusivamente de ese futuro documento público electrónico, hoy todavía inviable. Así, la Dirección General (RR. 8 octubre 2005, 18 enero 2006) ( ) considera que lo que se está regulando es un supuesto de autorización de un documento público electrónico matriz que contiene todo el negocio, en el cual se incorporarían las declaraciones de voluntad contenidas en otros documentos autorizados por otros notarios, que remitirían al notario autorizante del negocio las copias autorizadas electrónica que contienen esas declaraciones de voluntad. El desarrollo reglamentario se refiere a la concreción de los requisitos técnicos para todo ello. En todo caso, excluye expresamente del artículo los negocios a distancia cuyas matrices estén en formato papel aunque después se expidan copias electrónicas de las mismos, copias que tienen su propia regulación en el artículo 17 bis de la Ley del Notariado (RR. 8 octubre 2005, 18 enero y 9 marzo 2006). También GARCÍA MÁS parece excluir los documentos en formato papel .
Por su parte, Fernando GOMÁ LANZÓN ( ) adopta una posición más avanzada: para este autor el citado art. 111 plantea ciertas dificultades de interpretación que no se deben, quizá, a un defecto en su redacción, sino a una calculada ambigüedad: en la fecha de su promulgación, año 2001, nos encontrábamos en las fases iniciales del desarrollo en España de lo que se ha dado en llamar la Sociedad de la Información , y no estaba muy clara cuál iba a ser su evolución posterior, dada la rapidez con la que se estaban produciendo los cambios en esta materia. En su opinión, el legislador quiso introducir una actuación notarial novedosa basada en las nuevas tecnologías, pero sin pronunciarse de una manera explícita sobre el modo de llevarla a cabo jurídica y tecnológicamente, tarea que delega en un futuro reglamento, aún inexistente.
Coincide con la DGRN en el sentido de que el precepto en cuestión está contemplando exclusivamente el otorgamiento de negocios jurídicos a distancia instrumentados en una escritura pública matriz autorizada en soporte electrónico, puesto que las copias electrónicas de matrices en papel tienen una regulación precisa y suficiente en otros artículos, antes mencionados, y no necesitan de ningún precepto especial ni de más desarrollo reglamentario. No obstante, sigue diciendo, tampoco esta interpretación parece encajar perfectamente en la literalidad del mismo, puesto que no explica satisfactoriamente por qué aquél habla de negocio unitario y de documento único. En realidad, lo que el artículo está haciendo es algo completamente novedoso: recrear, entre comparecientes distantes entre sí, la misma unidad de acto instrumental, de contexto e incluso sustantiva que se produciría si todos ellos comparecieran físicamente y a la vez ante el mismo notario, y todo ello mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
Fernando Gomá lo explica de la siguiente forma: Dos o más comparecientes se encuentran distantes entre sí y cada uno de ellos está acompañado de un notario. Todos los notarios están conectados simultáneamente a una red y a un documento electrónico objeto del otorgamiento, a la vista de todos ellos. Cada uno de los notarios, respecto de su cliente, ejerce sus funciones de identificación, asesoramiento, lectura, etc., de ese proyecto de escritura, y cuando exista acuerdo, cada uno de los comparecientes presta su consentimiento en un documento electrónico particular, contenido que el notario “remite” a los demás (nótese que el artículo no menciona que se trate de una copia), de modo que el documento electrónico es consentido en unidad de acto por todos ellos a través de cada uno de los notarios, y, finalmente, autorizado electrónicamente por uno de estos, sin necesidad de otorgamientos sucesivos ni adhesiones. El desarrollo reglamentario debería resolver las complejas cuestiones jurídicas y técnicas que se plantean.
Todo lo expuesto es ciertamente interesante desde el punto de vista teórico y de reflexión doctrinal aunque por el momento inaplicable, y lo cierto es que, con la posibilidad de remitirse entre notarios copias autorizadas electrónicas de documentos prácticamente al mismo tiempo que el otorgamiento de la matriz, por el momento ya se encuentra razonablemente bien solucionada la cuestión de la contratación a distancia con intervención notarial.
18 abril, 2020 en 11:25
Gracias Fernando, muy interesante repasar lo que se había escrito ya sobre este tema. Yo creo que el futuro será la matriz única electrónica, firmada electrónicamente por todos los otorgantes, que comparecerán ante notario (físicamente o por videoconferencia). Manuel tiene escrito un trabajo más detallado sobre los aspectos técnicos que espero se publique próximamente.
Yo no estoy tan seguro de que ese sea el futuro, al menos el único, Segis. El mantenimiento de los documentos electrónicos a lo largo de las décadas, teniendo en cuenta la obsolescencia cada vez más rápida de los soportes electrónicos y sistemas de lectura, hace que cada cierto tiempo fuera necesario un volcado de toda esa información al nuevo soporte, lo que en el caso de los protocolos notariales implica un enorme coste, y además debiendo dotarse de las máximas medidas de seguridad.
Frente a eso, el papel lleva siglos acreditando su mantenibilidad y accesibilidad con un coste muy controlado.
Vicent Simó Sevilla Dice:
19 abril, 2020 en 11:36
Fijémonos en Francia, no en vano la Ley de 25 Ventoso se cita como antecedente de nuestra Ley del Notariado.
Para empezar, en Francia ya se reguló la redacción de instrumentos públicos en soporte electrónico en 2005 (artículos 16 a 20 del Decreto nº 71-941, relativo a los actos redactados por los notarios). Algo que contempla el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, pero que no se ha desarrollado reglamentariamente. ¿Por qué? Por desidia, naturalmente.
Por regla general, la redacción en soporte electrónico se hace en presencia de las partes, que a diferencia del notario, que firma con su firma electrónica reconocida, utilizan un medio que permita la colocación en el documento notarial, visible en la pantalla, de la imagen de su firma manuscrita. Por excepción, el artículo 20 permite que cuando una persona no esté presente ni representada ante el notario llamado redactor (instrumentaire), su consentimiento o declaración sea recogido por otro notario ante el que comparece y que participa en la redacción del documento; el intercambio de informaciones necesarias para su redacción se efectúa por medio del sistema de transmisión aprobado por el Consejo superior del notariado; cada notario recoge el consentimiento y la firma de la persona que comparece ante él y pone su propia firma; el documento se perfecciona cuando el notario redactor lo firma electrónicamente.
El procedimiento es parecido al descrito por Fernando Gomá en su comentario.
Pues bien, en ese marco, el Decreto n° 2020-395 del pasado 3 de abril deroga temporalmente el artículo 20 en el sentido de suprimir la necesidad de que la persona que no esté presente ni representada ante el notario redactor del documento notarial en soporte electrónico, comparezca ante otro notario: el notario instrumentaire se bastará para radactarlo; el consentimiento o la declaración de cada parte o persona se efectuará por medio de un sistema de comunicación y de transmisión de información que garantice la identificación de las partes, la integridad y la confidencialidad del contenido y aprobado por el Consejo superior del notariado; eso sí, el notario redactor recogerá, simultáneamente con el consentimiento o declaración susodichos, la firma electrónica cualificada (lo que la Ley española denomina “reconocida”) de todas las partes. Esto es importante, no se trata de una firma manuscrita en una pantalla táctil, sino de una verdadera firma electrónica.
Se trata de una medida temporal, que expirará un mes después del fin del estado de urgencia sanitaria declarado en Francia, y se adopta considerando la imposibilidad de las partes de acudir físicamente a la notaría.
La propuesta del Consejo General del Notariado responde al esquema de empezar la casa por el tejado o poner el arado delante de los bueyes.
Lo lógico sería, primero, desarrollar reglamentariamente el artículo 17 bis de la Ley del Notariado y regular “los requisitos indispensables para la autorización o intervención y conservación del instrumento público electrónico”.
Una vez hecho esto, si se quiere admitir como forma de inmediación o presencia la que brinda un sistema de videoconferencia, sea como excepción en tiempo de epidemia, sea como regla en todo tiempo, no tiene sentido restringirlo a determinados actos o negocios jurídicos, y no extenderlo a todos, como en Francia.
Lo peor, sin embargo, es que la propuesta representa un nuevo intento de control de la profesión notarial por parte de ANCERT. Nos habla de una sede electrónica notarial cuya existencia es necesario desmentir. Ciertamente, disponemos de un sistema telemático integrado por la red RENO, la plataforma SIGNO y un mismo sistema de firma electrónica cualificada, pero no hay una sede electrónica notarial única a la que están conectadas las oficinas notariales, sino que hay tantas sedes notariales, físicas y electrónicas, como notarios.
Aunque ANCERT acabe imponiendo su ley, como ha ocurrido con las plataformas de la Ley 5/2019, la solución que se adopte no puede interferir en la libertad de los ciudadanos y empresas, y por lo tanto, si la videoconferencia vale, debe admitirse cualquier sistema de comunicación y de transmisión de información que garantice la identificación de las partes, la integridad y la confidencialidad del contenido, y no solamente la plataforma creada por ANCERT.
19 abril, 2020 en 11:41
…merecería la pena alguna mención a las posibilidades del BLOCKCHAIN: es algo ya bastante maduro, soluciona todos los problemas con relativa sencillez y provee de una alta eficacia a todo tipo de documentos.
19 abril, 2020 en 13:30
La verdad es que el juicio de capacidad sobre pantalla plana resulta cuanto menos pintoresco. Quizás es nuestra falta de imaginación o las películas pero se me antoja que el que ejerce fuerza sobre un corresponsal remoto puede pasar fácilmente el filtro del control de manera harto más fácil que cuando existe presencia física ante el fedatario en un sitio neutral. El juicio se degrada y el sistema pierde en su conjunto. Mengua la calidad de la fe notarial y la aproxima a la función identifcadora de un “notario electrónico”. Eso por no hablar de los problemas de competencia entre notarios y de los riesgos de imposición a los usuarios de ciertas tecnologías propietarias.
4 mayo, 2020 en 23:20
Luis, Yo creo que en el momento actual, en el que estamos realizando multitud de actividades antes presenciales en línea -trabajo, reuniones, clases, consultas, congresos, conferencias, mesas redondas, etc…- lo que resulta pintoresco es plantearse que nada cambie. Lo que no quiere decir que sea sencillo, y habrá que contar con medios técnicos que ofrezcan la mayor seguridad.
Evidentemente no es lo mismo, y para muchas cosas es mejor la presencia. No solo para el juicio de capacidad como dices sino también para el de identidad y para el control del blanqueo y del fraude la presencia puede ofrecer más garantías. Por eso en la Directiva 2019/1151 de digitalización de sociedades se prevé que la autoridad (el notario en nuestro caso) pueda, cuando tenga cualquier duda sobre estas cuestiones exigir la presencia física del otorgante. Obviamente esto es necesario establecerlo con carácter general pues la responsabilidad del notario por estos juicios y controles debe implicar la posibilidad de exigir la presencia física en caso de duda.
La competencia entre notarios cambia poco: ya sabes que, a diferencia de lo que sucede con los registros, los clientes pueden acudir a cualquier notario para otorgar cualquier escritura. El único limitado por el territorio es el notario, nunca el cliente.
En cuando a las tecnologías propietarias, no se muy bien a qué te refieres, pero mientras el sistema sea de acceso libre y gratuito para todo el mundo y se limite a la actuación notarial, no parece que pueda existir ningún problema con nadie.
En cualquier caso me conforta tu preocupación por la calidad del control de capacidad, identidad, legalidad y consentimiento informado que realiza el notario, que desde luego es el tema que más tenemos que cuidar en esta materia. Te separas claramente de aquellos que propugnan las bondades de la inscripción de los documentos privados, a mi juicio con grave peligro para el sistema de seguridad jurídica en general.
5 mayo, 2020 en 12:26
La admisión de los documentos públicos electrónicos es un clamor en el Notariado. Como es obvio no hay unanimidad, por no haberla no la hay ni el ejército, pero una inmensa mayoría de los notarios son partidarios. Hay más discrepancia en cuanto a los medios concretos de implantarlo y también justificados temores en relación con los efectos en la competencia interna pero no desde luego ni en los fines ni en los efectos.
También es un criterio generalmente compartido que es el documento público notarial y el notario el que tiene que estar a disposición de la sociedad y no al revés.
Y aunque en derecho (casi) todo es opinable, de la lectura de los artículos 17 BIS LN, 111 y DT 11 de la Ley 24/2001 parece clara la conclusión de que bastaría una decisión de la DGSJFP aprobando los dispositivos técnicos utilizables, porque la cobertura legal YA existe, como ha explicado de forma fenomenal Fernando.
Ya si se quisiera rizar el rizo, se podrían retocar los arts. 23 LN, para recoger la identificación electrónica para la dación de fe de conocimiento (aunque con el Reglamento eIDas ya sería suficiente apoyo jurídico), el propio 17 bis LN en relación con la matriz y las copias electrónicas y el desarrollo reglamentario correspondiente.
Esto que podría parecer cosa de cuatro chalados o delirios de notarios aburridos por el confinamiento reunidos en diversos grupos y chats ha sido asumido públicamente por muchos de ellos con su nombre y apellidos; determinados documentos de conclusiones se han compartido en redes sociales, siendo Vanguardia Notarial, que reúne a un uno de los más activos en este sentido.
El mismísimo Consejo General del Notariado lo impulsa en el detallado documento elevado al Ministerio de Justicia que, contra toda costumbre anterior, fue hecho público en la intranet notarial y que ha sido ampliamente difundido en redes sociales por los propios notarios.
El contenido de dicho documento ha sido recibido con general aceptación. Parece que sintoniza muy bien con las necesidades demandadas por la sociedad, que deben ser satisfechas sin merma de la seguridad jurídica.
Enhorabuena Manuel y Segis por explicar en lenguaje llano y sencillo una opinión generalizada, que desmiente el topicazo injusto que se nos suele aplicar, con o sin desconocimiento, motejándonos de ser una carga innecesaria, retrógrada, anquilosada y obsoleta.
5 mayo, 2020 en 12:49
Esto que podría parecer cosa de cuatro chalados o delirios de notarios aburridos por el confinamiento reunidos en diversos grupos y chats ha sido asumido públicamente por muchos de ellos con su nombre y apellidos; determinados documentos de conclusiones se han compartido en redes sociales, siendo Vanguardia Notarial, foro en el que comparten sus opiniones unos 300 notarios uno de los más activos en este sentido.
5 mayo, 2020 en 13:30
¿Algún motivo por el que no se publica mi comentario?
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