Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-stc3003-2016-2015-00653-de-marzo-10-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_af950c683ba24ee89f4feaf418dfe7fd&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 16:38:15
Document Index: 370905471

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1666', 'ARTÍCULO 1579', 'artículo 1668', 'artículo 138', 'artículo 537', 'artículo 1668', 'artículo 1668', 'artículo 1634', 'artículo 1668', 'artículo 1666', 'artículo 1579', 'e contrario', 'artículo 1668']

SENTENCIA STC3003-2016 DE 10 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA SUBROGACIÓN LEGAL. SE RECUERDA QUE PARA QUE SEA VÁLIDA LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DEL ACREEDOR A UN TERCERO QUE PAGA, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1666 DEL CÓDIGO CIVIL, DEBEN CONCURRIR UN MÍNIMO DE REQUISITOS. EN EFECTO, SE SOSTIENE QUE, SALVO EL CASO DEL ARTÍCULO 1579 DEL ESTATUTO MENCIONADO, LA OBLIGACIÓN QUE SE SATISFACE DEBE SER AJENAES DECIR, QUIEN PAGA OSTENTARÁ LA CALIDAD DE TERCERO. ASÍ MISMO, SE EXPLICA QUE COMO REQUISITO PARA QUE OPERE LA SUBROGACIÓN SE HA ESTABLECIDO QUE AQUELLA PERSONA POR CUYO ACTUAR SE SATISFACE EL DERECHO DE CRÉDITO INSOLUTO DEBE AFECTAR SU PROPIO PATRIMONIO Y, FINALMENTE, LA OBLIGACIÓN DEBE APARECER COMO SUSCEPTIBLE DE SER TRASLADADA A UNA PERSONA DIFERENTE DE QUIEN ERA ACREEDOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ACREEDOR, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PATRIMONIO, SUBROGACIÓN LEGAL, PROCESO EJECUTIVO
Sentencia STC3003-2016/2015-00653 de marzo 10 de 2016
Rad.: 50001-22-14-000-2015-00653-01
STC3003-2016
(Aprobado en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciséis)
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el veintiuno de enero de dos mil dieciséis por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acción de tutela promovida por Jorge Enrique Roldan Montoya contra el Juzgado Civil del Circuito de Acacias (Meta), trámite al que se vincularon a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.
El accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado, porque en el ejecutivo que inició Banco Agrario contra Francisco de Jesús Umbarila López, el juez accionado, se negó a reconocer la subrogación que operó por ministerio de la ley, y por el contrario procedió a terminar el proceso, por pago total de la obligación.
En consecuencia, solicita que se ordene a la autoridad accionada, se le reconozca su derecho de subrogatario legal que ostenta, conforme el artículo 1668 del Código Civil.
[Folio 1, c. 1]
1. Banco Agrario de Colombia S.A., promovió demanda ejecutiva hipotecaria contra Francisco de Jesús Umbarilla López, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Acacias, autoridad que libró mandamiento de pago el 21 de agosto de 2012. Así mismo, decretó el embargo del inmueble distinguido con folio de matrícula Nº 232-467.
2. La notificación del ejecutado se surtió por aviso, quien dentro de la oportunidad concedida, no formuló excepción alguna.
3. Por lo anterior, en auto del 13 de diciembre de 2012, el juzgado decretó la venta en pública subasta del bien dado en garantía.
4. El 26 de abril de 2013, se realizó la diligencia de secuestro del inmueble.
5. Posteriormente, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, comunicó que al interior del proceso de unión marital de hecho, que inició María Victoria Fonseca Larrota contra Francisco de Jesús Umbarilla López, decretó el embargo de los remanentes que le puedan corresponder al demandado dentro del ejecutivo que promovió Banco Agrario.
6. En auto del 30 de mayo de 2014, el juzgado tomó atenta nota del anterior embargo.
7. Luego el 15 de agosto de 2014, Jorge Enrique Roldan Montoya, solicitó al juzgado, se le reconociera como subrogatario del crédito, teniendo en cuenta que con la anuencia del demandado, procedió a pagar al Banco Agrario el valor del crédito cobrado en el proceso.
Para sustentar su pretensión, el accionante aportó una certificación expedida por la apoderada del banco ejecutante, mediante la cual afirmó, que el crédito de Francisco de Jesús Umbarila, fue cancelado a la entidad ejecutante, con recursos propios de Jorge Enrique Roldan Montoya, tal y como éste lo informó.
Así mismo, aportó declaración extraprocesal rendida por Francisco de Jesús Umbarila, quien explicó que Jorge Enrique Roldan, con su “anuencia y autorización expresa (…) canceló con dineros de su propiedad, el valor del crédito, por capital, intereses y costas judiciales”. [Folios 263-265, c. 1 del expediente 12-297]
8. En providencia del 9 de septiembre de 2014, el juzgado, previo a resolver la anterior petición, requirió al memorialista para que aportara “la correspondiente subrogación del crédito que hace la entidad demandante a favor de Jorge Enrique Roldan Montoya”.
9. Impetrado por el tutelante recurso de reposición contra aquella determinación, por auto de 16 de enero de 2015, se mantuvo la postura cuestionada, tras considerar el juzgado, que el documento que acredita el supuesto pago aparece signado por la apoderada del ejecutante, persona que no está facultada para recaudar dineros a favor de su poderdante, “y por tanto jurídicamente la obligación continua vigente, hasta tanto el mencionado Banco certifique el respectivo pago. De ahí que el juzgado requiera de la subrogación proveniente del Banco ejecutante”. [Folios]
10. Seguidamente a través de apoderado, Jorque Enrique Roldan Montoya, promovió incidente de “reconocimiento de la calidad de tercero y de subrogatario del crédito”, para lo cual aportó varias consignaciones que se realizaron ante el Banco Agrario.
11. En auto del 3 de marzo de 2015, el juzgado rechazó de plano la anterior solicitud, de conformidad con el artículo 138 del C.P.C.
12. El interesado solicitó la adición de la anterior providencia, para que se ordenara oficiar al Banco ejecutante, con el fin de que dicha entidad, aportara al proceso, certificación del pago que efectúo.
13. La anterior solicitud se negó en auto del 16 de abril de 2015.
14. A continuación la apoderada del banco ejecutante pidió la terminación del proceso por pago total de la obligación, y aclaró que la obligación fue cancelada por Jorge Enrique Roldan Montoya.
En escrito separado, y radicado en el juzgado, el 27 de mayo de 2015, el promotor insistió ante la autoridad querellada, para que fuera reconocido como “litisconsorte” del demandante.
15. En proveído del 3 de julio de 2015, se negó la terminación del proceso por pago, toda vez que la apoderada del demandante, no tenía facultad expresa de “recibir”, de conformidad con el artículo 537 del C.P.C.
En auto separado y de la misma data, se denegó la solicitud que elevó el accionante, tras estimar el juez, que la figura de litisconsorte no opera en procesos ejecutivos.
16. El 29 de septiembre de 2015, Jorge Enrique Roldan, aportó un acta de conciliación que se realizó ante Fenalco, en la que Francisco de Jesús Umbarila, reconoció de forma expresa, que el primero pagó a favor del Banco Agrario, la suma de $165’285.000 por concepto de la obligación dineraria que se pretende recaudar en el Juzgado Civil del Circuito de Acacías.
Con fundamento en dicho documento, y en el artículo 1668 del Código Civil, nuevamente solicitó que fuera reconocido como subrogatario del crédito cobrado por el Banco Agrario.
17. Al día siguiente, el Coordinador de Cartera Regional del Banco Agrario, peticionó ante el juzgado, la terminación del proceso, por pago total de la obligación.
18. En auto del 18 de noviembre de 2015, y sin pronunciarse sobre la solicitud que elevó el accionante el 29 de septiembre de ese año, el juzgado resolvió favorablemente la petición del ejecutante, y en consecuencia levantó las medidas cautelares, y las dejó a disposición del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio.
19. Contra la anterior decisión, Jorge Roldán Montoya, formuló reposición y en subsidio apelación, y por auto de 10 de diciembre de 2015, el juzgado se abstuvo de dar trámite a los recursos, porque el recurrente carecía de legitimación al no ser parte reconocido en el juicio.
20. Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2015, el promotor del amparo interpuso recurso horizontal y queja contra el último pronunciamiento, los cuales aún no han sido resueltos.
21. En criterio del accionante, la anterior actuación lesionó sus derechos porque conforme al artículo 1668 del Código Civil, y con la autorización del deudor Francisco de Jesús Umbarilla, decidió cancelar la obligación crediticia que éste último tenía con el Banco Agrario, y que era objeto de cobro ante el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, sin embargo, la citada autoridad, en varias oportunidades, negó reconocer la subrogación legal,, y por el contrario, resolvió terminar el proceso por pago total de la obligación, y levantar las medidas cautelares.
1. El 12 de enero de 2016 se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 5, c. 1]
2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, expresó que para el reconocimiento de la subrogación legal, se requiere acreditar por parte del interesado, el pago de la obligación ante el Banco acreedor, situación que al interior del proceso no ocurrió, pues no basta las simples manifestaciones de la apoderada del ejecutante, o la conciliación que realizó el accionante con el deudor, pues las mismas, no son vinculantes para el ejecutante.
A su turno, Banco Agrario, manifestó que el 8 de abril de 2015, el accionante elevó una solicitud “con el fin que le certificaran que pagó la obligación a cargo del señor Francisco de Jesús Umbarila López”, y en comunicación del 22 de abril de ese año le informó la entidad financiera:
“… que la obligación a cargo del cliente Francisco de Jesús Umbarilla López fue cancelada mediante solicitud de extinción efectuada directamente por el titular de la obligación y así mismo fue aprobada, por tal razón no es viable certificar la subrogación alguna a su nombre…”.
Por lo anterior pidió denegar el amparo porque “no resulta procedente que se reconozca al señor Jorge Enrique Roldan Montoya como subrogatario de la obligación, por cuanto la misma opera cuando un tercero le paga al acreedor la obligación respectiva y en este caso la solicitud de extinción de la obligación fue presentado por el señor Francisco de Jesús Umbarila López…”. [Folios 26 y 27, c. 1]
3. En sentencia de 21 de enero de 2016, el Tribunal concedió el amparo, y resolvió en el numeral segundo lo siguiente:
“… SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Acacías Meta, que en las 48 horas siguientes a su notificación, proceda anular la actuación a partir del auto del 4 de septiembre de 2014, inclusive, y en consecuencia estudia nuevamente la solicitud de reconocimiento de tercero como subrogatario del crédito por el accionante en el proceso Nº 2012-00297-00, conforme lo explicado en esta providencia…”.
Para arribar a esa conclusión, estimó que el accionante acreditó en el proceso cuestionado, que el deudor lo autorizó, para que el primero cancelara con dineros de su propiedad, el valor del crédito que estaba cobrando Banco Agrario ante el juzgado querellado. Así mismo, aportó una certificación expedida por la apoderada del ejecutante, donde reconoció que Jorge Enrique Roldan Montoya, canceló el crédito Nº 72504503006505-3 a nombre del deudor, afirmación que también encuentra respaldo en los recibos de pago obrantes a folios 276 a 279 del proceso.
Por lo anterior, el juez colegiado consideró que se dan los presupuestos de la subrogación, y que no era admisible que el juzgado accionado exigiera al tutelante, aportar certificación adicional por parte del Banco Agrario, pues tal requisito sólo opera tratándose de una subrogación convencional.
De igual forma explicó, que Banco Agrario perdió legitimidad para actuar en el proceso, y por tanto no tenía facultad para solicitar la terminación del mismo por pago total de la obligación, comoquiera que con la subrogación, la obligación no se extingue, sino que el acreedor original es sustituido por quien le hizo el pago.
4. Por estar en desacuerdo con la decisión, el Juez Civil del Circuito de Acacías la impugnó, porque conforme el artículo 1634 del Código Civil, es deber de la autoridad judicial verificar la “comprobación precisa y exacta del pago”, y que en “contraposición a la tesis expuesta en la sentencia de tutela que se impugna, lo relevante en este caso es que el Banco Acreedor ha manifestado puntual y expresamente que el producto del pago de la obligación ejecutada lo recibió personal y directamente del deudor José Umbarilla López y no del accionante, y por tanto en estas condiciones se debe concluir que no ha operado el pago por subrogación”.
5. El 2 de febrero de 2015, el apoderado de María Victoria Fonseca Larrota (persona que promovió el proceso de liquidación de la sociedad patrimonial contra Francisco de Jesús Umbarila López), expresó que el demandado, “pretende es defraudar los bienes”, y desconocer sus derechos patrimoniales, toda vez que tiene un vínculo de familiaridad con el accionante.
1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.
Ese desconocimiento de la ley adjetiva o sustantiva debe ser, sin embargo, un error trascendente que por tener una influencia directa en la determinación de fondo que se emite afecta de manera grave el debido proceso.
2. No cabe duda que en el caso sub lite el juzgado acusado con la decisión censurada quebrantó las garantías superiores invocadas al terminar el proceso por pago total de la obligación, sin previamente pronunciarse sobre la solicitud que elevó el accionante el 29 de septiembre de 2015, respecto a su reconocimiento de subrogatorio legal.
Rememórese que desde el 15 de agosto de 2014, el accionante ha insistido por diversos mecanismos, su reconocimiento como subrogatario legal, al interior del proceso ejecutivo cuestionado, al afirmar que canceló todas las obligaciones crediticias que son objeto de recaudo en el juicio que se adelanta contra Francisco de Jesús Umbrila López, petición que quedó pendiente de resolución, según se evidencia en auto del 9 de septiembre de ese mismo año.
3. Así las cosas, y para aterrizar al tema que hoy ocupa la atención de la Sala, cumple decir que en pretérita oportunidad en sede de casación, se definió lo siguiente:
“… 6. La subrogación, institución invocada por la accionante en procura de hacer prevalecer sus derechos de recobro, a voces del Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Tomo II, pp. 1912), es la ‘Acción y efecto de subrogar o subrogarse’, es decir, ‘Sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra’. (…) desplazamiento que puede sobrevenir por ministerio de la ley o por acuerdo ajustado entre el acreedor primigenio y el tercero que satisface la prestación debida”.
“Por manera que, en línea de principio, una vez efectuado el pago la subrogación se produce y, con ello, connatural a dicha institución, sobreviene la sustitución del inicial acreedor; bajo esa perspectiva, quien satisface la contraprestación respectiva asume la posición de quien fuera en un comienzo su titular”. (CSJ SC, 14 en. 2015, rad. 2007-00144-01)
Ahora bien, el artículo 1668 del Código Civil consagra:
“Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio:
5º) Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor…”.
No obstante lo anterior, y para que sea válido la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga, conforme lo establece el artículo 1666 del Código Civil, debe concurrir un mínimo de requisitos, tal y como lo expuso la Corte en la sentencia de casación atrás citada, los cuales son:
“7.1. Salvo el caso del artículo 1579 del C.C., la obligación que se satisface debe ser ajena, es decir, quien paga ostentará, de manera diáfana, la calidad de tercero; no resulta posible, entonces, que quien satisfaga el derecho de crédito sostenga vínculo alguno con la prestación debida; menos que aparezca como deudor, mandante o representante de éste. En otros términos, la solución brindada por esa persona ajena al crédito no será en respuesta a compromisos legales o convencionales, pues, en tal hipótesis, no estaría extinguiendo deuda ajena o por cuenta suya”.
“7.2. También, como requisito para que opere la subrogación, se ha establecido que aquella persona por cuyo actuar se satisface el derecho de crédito insoluto, al proceder en tal sentido, afecte su propio patrimonio; por tanto, el pago realizado no develará una recepción previa de dineros cuyo destino tienda a esa finalidad, en cuanto que, de acaecer tal evento, comportaría una representación, mandato, agencia oficiosa, etc., en fin, desnaturalizaría el cumplimiento de la obligación a instancia del tercero”. (Negrilla y subrayado fuera del texto)
“7.3. A lo anterior corresponde agregar que la obligación que se transmite bajo esa modalidad de pago, debe aparecer como susceptible de ser trasladada a persona diferente de quien era acreedor; en otras palabras, el crédito satisfecho será de aquellos que admita ser trasferido. Exigencia esta que permitirá radicar en cabeza de quien efectúa el pago la posibilidad de vindicar el cobro pendiente; de no albergarse esa prerrogativa, por obvias razones, no procede la subrogación”.
4. Descendiendo al caso bajo estudio y de la revisión del expediente objeto cuestionamiento, observa la Corte, que desde el 15 de septiembre de 2014, Jorge Enrique Roldan Montoya, peticionó ante el juzgado accionado, se reconociera como “subrogatario del crédito cobrado por la entidad bancaria demandante, teniendo en cuenta el pago verificado en su calidad de tercero”, para lo cual aportó los siguientes documentos:
i) Certificación que expidió la apoderada del Banco Agrario, mediante la cual expresó que “el crédito Nº 72504503006505-03 a nombre del señor Francisco de Jesús Umbarila (…) fue cancelado al banco agrario de Colombia por el señor Jorge Enrique Roldán Montoya”, y que la obligación cancelada corresponde al proceso adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de Acacías.
ii) Declaración extraprocesal que rindió Francisco de Jesús Umbarila López ante la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio, por la cual manifestó, que con su “anuencia y autorización expresa”, el tutelante “canceló con dineros de su propiedad el valor del crédito, por capital, intereses y costas judiciales, cobrado ejecutivamente a mi persona en el juzgado Civil de Circuito de Acacias por el Banco Agrario de Colombia”.
Así mismo, y ante el requerimiento que efectúo el juzgado querellado, por auto del 9 de septiembre de 2014, el promotor allegó al proceso varios comprobantes de consignaciones, y formatos de “ingresos y egresos”, en las que se evidencia varios abonos, a los créditos que adquirió Francisco de Jesús Umbarila. [Folios 276-279, c.1 exp. 12-297].
Igualmente, obra memorial de terminación del proceso por pago total de la obligación, suscrito la Subgerente de Cartera Regional de Bogotá del Banco Agrario de Colombia, documento que fue acompañado por el escrito de la apoderada especial de esa entidad, donde por segunda vez afirmó que “quien pago la obligación ante el banco según recibos de pago fue el señor Jorge Enrique Roldán Montoya…”. [Folios 284 y 285, ibídem].
De la misma manera, y con el ánimo de acreditar la subrogación, el tutelante convocó a audiencia de conciliación, al Banco Agrario y al ejecutado, y en el transcurso de la misma, Francisco de Jesús Umbarila aceptó nuevamente, que Jorge Enrique Roldan, fue la persona que “con dineros de su propio patrimonio”, pagó la suma de $165’285.000, por concepto de liquidación del crédito, a favor de la citada entidad financiera, según se desprende de la lectura del documento visible a folios 299 a 302 del expediente 2012-297-00.
5. En ese orden de ideas, y de la revisión cuidadosa del proceso cuestionado, evidencia esta Corporación, que el Juzgado accionado, aún no se ha resuelto de fondo, la solicitud que presentó el tutelante, el 15 de agosto de 2014, reiterada el 29 de septiembre de 2015 –ver folios 262 a 266 y 297 a 298 el expediente 2012-297-, ni tampoco ha valorado todas las pruebas que aportó Jorge Enrique Roldán Montoya, por el contrario, resolvió dar trámite al memorial que presentó la entidad ejecutante el 2 de octubre de ese año, y en consecuencia, terminó el proceso por pago total de la obligación, en auto del 3 de noviembre del año pasado.
De allí, y por esa circunstancia específica, se hace indispensable la intervención del juez de tutela, pues no es admisible, que el juzgado accionado, sin razón justificable, se niegue a resolver de fondo la solicitud que previamente le había formulado el accionante.
Ahora, esta Corte hace precisión, que contrario a lo expuesto por el a quo constitucional, de ninguna manera se está dando por cierto, que el accionante cumplió con los presupuestos que exige la figura de subrogación legal, téngase en cuenta que es el juez de conocimiento, quien deberá analizar detalladamente y valorar en conjunto las pruebas documentales que obran en el expediente, y así determinar si es procedente o no reconocer la calidad que invoca Jorge Enrique Roldan Montoya, para lo cual deberá tener en cuenta no solamente lo preceptuado en el numeral 5º del artículo 1668 del Código Civil, sino también deberá corroborar que se cumplan con estrictez los requisitos mínimos que se expusieron en el numeral tercero de esta providencia.
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, procedente resultaba conceder la tutela incoada, sin embargo, se modificará la orden constitucional, en el sentido que el juez accionado deberá dejar sin valor y efecto, únicamente el proveído del 3 de noviembre de 2015, pues las decisiones que adoptó con anterioridad a esa data, no fueron cuestionadas por el accionante, y además no lucen arbitrarias ni antojadizas.
Igualmente, se ordenará al Juzgado que previo a resolver sobre la terminación del proceso por pago total de la obligación, en un término no mayor a cinco días, resuelva de fondo, las solicitudes que presentó el actor el 15 de agosto de 2014, reiterada en memorial del 29 de septiembre de 2015, conforme a lo expuesto en líneas anteriores.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia que por vía de impugnación se ha revisado, en el sentido de:
1. ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta), que en el improrrogable término de cinco días, proceda a dejar sin valor y efecto el auto del 3 de noviembre de 2015, y en su lugar, previo a resolver sobre la terminación del proceso por pago total de la obligación, resuelva de fondo, la solicitud que presentó el tutelante el 15 de agosto de 2014, reiterada en memorial del 29 de septiembre de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDENAR a la secretaria de esta corporación, remitir de inmediato el expediente objeto de la queja constitucional al Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Nro. 500063113001-2012-00297-00), para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior.
3. COMUNÍQUESE telegráficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, remítase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.