Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1101748
Timestamp: 2020-05-26 13:45:05
Document Index: 387442574

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 86', 'artículo 30', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 33', 'artículo 146']

El Decreto ley 6/2012, tiene por objeto establecer medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículo de turismo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Se aplica al transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que se desarrollen o presten íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
DECRETO LEY 6/2012, DE 8 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN VEHÍCULO DE TURISMO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears prevé la posibilidad que el Consejo de Gobierno apruebe normas con rango de ley mediante decretos leyes. Concretamente, este artículo establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de Decretos leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”.
La redacción de este apartado adopta una configuración similar a la que define el artículo 86.1 de la Constitución. Por un lado, se exige un supuesto de hecho que lo habilite, en concreto una “necesidad extraordinaria y urgente”, y por otro, se limita la aplicación del decreto ley, en el sentido que esta vía normativa no está permitida para determinados ámbitos materiales, como los derechos que prevé el Estatuto, el régimen electoral, el presupuesto o las instituciones de la Comunidad Autónoma.
El artículo 30.5 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, en la redacción de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero , atribuye en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva plena -potestad legislativa y reglamentaria y función ejecutiva- del transporte por carretera.
El marco normativo de aplicación en materia de transporte en la Comunidad Autónoma está constituido por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio , de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los Transportes por Carretera y por Cable; la Ley 16/1987, de 30 de julio , de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre ; la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de transportes terrestres, y el Plan Director Sectorial del Transporte de las Illes Balears (PDSTIB), aprobado por el Decreto 41/2006, de 28 de abril.
Artículo 3 Título habilitante
Artículo 4 Tipificación de infracciones
Artículo 5 Personas responsables
Artículo 7 Medidas cautelares
Artículo 8 Depósito del vehículo
1. Los vehículos depositados por haber sido inmovilizados por alguna de las causas previstas en este decreto ley, que no sean retirados por las personas titulares de derechos sobre los mismos, podrán ser objeto de las medidas previstas en la Ley 16/1987, de 30 de julio , de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo.
Artículo 9 Prescripción de infracciones y de sanciones
1. Las infracciones en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que prevé esta norma prescribirán a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y al año las leves, a contar desde el día de su comisión.
Artículo 10 Inspección de transportes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre , acompañando al boletín de denuncia o al acta con el resultado de la actuación inspectora se adjuntará un informe complementario con la descripción de las circunstancias de la comisión de la infracción y de las actuaciones llevadas a cabo durante la inspección.
1. El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones previstas en esta norma será el establecido en el artículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre , en lo que no se opongan a este decreto ley.
En lo no previsto en el presente decreto ley se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio , de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo Disposición transitoria única El presente decreto ley no será de aplicación a los expedientes sancionadores que se inicien con posterioridad, o se encuentren en tramitación, a su entrada en vigor, por hechos ocurridos con anterioridad a la misma.