Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-47-de-febrero-19-de-2008?documento=legcol&contexto=legcol_75992042438cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 00:14:33
Document Index: 49915138

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 180', 'artículo 168', 'artículo 178', 'artículo 95', 'artículo 95']

﻿ RESOLUCIÓN 47 DE FEBRERO 19 DE 2008
RESOLUCIÓN 47 DE 19 DE FEBRERO DE 2008
CONTENIDO:PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ASIGNA FUNCIONES A LOS PERSONEROS DELEGADOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DEL MENOR, Y PERSONEROS MUNICIPALES PARA QUE ACTÚEN COMO REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA Y EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -LEY 1098 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONERO MUNICIPAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DE FAMILIA, DERECHOS HUMANOS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, DELITO, SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, PROCEDIMIENTO PENAL, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LEY DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA
“Por medio de la cual se asignan funciones a los personeros delegados para la vigilancia de los derechos humanos, protección de la familia y del menor, y personeros municipales para que actúen como representantes del Ministerio Público en los procesos judiciales y administrativos de la jurisdicción de familia y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006—”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las contenidas en los numerales 2º y 7º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, como supremo director del Ministerio Público, y
Que los artículos 275 y 277 de la Constitución Política determinan que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y tiene entre otras funciones, la de intervenir en los procesos judiciales en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales;
Que el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 establece que el señor Procurador General de la Nación, como supremo director del Ministerio Público y con fundamento en las atribuciones legales podrá “formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos”;
Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, establece que el señor Procurador General de la Nación, como supremo director del Ministerio Público y con fundamento en las atribuciones legales podrá “expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”;
Que el artículo 180 del Decreto-Ley 262 de 2000, señala los servidores que tienen la calidad de agentes del Ministerio Público, “son agentes del Ministerio Público, el Viceprocurador General, los procuradores delegados, los procuradores judiciales y los personeros distritales y municipales”;
Que el artículo 168 de la Ley 136 de 1994, determina que las personerías municipales y distritales, son las entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Como tales, ejercerán las funciones de Ministerio Público que les confiere la Constitución Política y la ley, así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación;
Que el numeral 5º del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, faculta a los personeros para intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación, en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales;
Que el artículo 95 del Código de la Infancia y la Adolescencia, establece cómo está integrado el Ministerio Público y las funciones que en materia de Infancia y adolescencia debe cumplir, y de manera clara, en el parágrafo establece que “Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia”;
Que teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 95 del Código de Infancia y la Adolescencia, prevé que la intervención de los personeros distritales y municipales solo se realizará ante la falta de procurador judicial en familia, resulta necesario reglamentar su intervención como agentes del Ministerio Público en las ciudades capitales o sedes de distrito judicial no obstante la existencia de procuradores judiciales en asuntos de familia;
ART. 1º—Disponer que los personeros delegados para la vigilancia de los derechos humanos, protección de la familia y del menor y, personeros municipales, actúen como representantes del Ministerio Público, ejerzan las funciones propias de su cargo e intervengan en calidad de sujetos procesales, en los procesos administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que adelantan las comisarías de familia, en las ciudades capitales o sedes de distrito judicial; no obstante existan procuradores judiciales en asuntos de familia.
ART. 2º—Disponer que los personeros delegados para la vigilancia de los derechos humanos, protección de la familia y del menor y, personeros municipales, actúen como representantes del Ministerio Público y ejerzan las funciones propias de su cargo e intervengan en calidad de sujetos procesales, en los procesos adelantados en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en las ciudades capitales o sedes de distrito judicial; en coordinación con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
ART. 3º—Comuníquese la presente resolución a los titulares de las personerías de todo el país; para que una vez enterados de su contenido den cumplimiento a lo ordenado por este despacho.