Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55905
Timestamp: 2019-09-22 21:01:26
Document Index: 101880551

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3']

Gaceta: LXII/3SPR-13/55905
Con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pretende que la Federación, los Estados y los Municipios, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, sus autoridades, tendrán la obligación de consultarlos cada vez que inicien leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno, así como en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
En el mismo sentido, con las reformas a la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas se busca que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas consulte a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se inicien leyes o decretos o se promuevan actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.
La que suscribe, Diputada Federal Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente:
Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estableció que es un 14.9% de la población total del país, la que se considera indígena, así mismo, de dicho porcentaje se refiere que una parte importante vive en centros urbanos y localidades de menos de 15,000 habitantes.
En este Programa Especial, se plasma en su directriz número 4 denominada “Participación social y coordinación intergubernamental” que es necesario orientar la política del Gobierno Federal hacia los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación acotada en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, ya que la participación de la población indígena en la definición e instrumentación de las acciones de gobierno se ha ido incrementando en años recientes a través de espacios y procesos diversos, con el fin de contar con políticas públicas pertinentes que puedan tener mejores resultados en los indicadores de desarrollo.
Por su parte, el Gobierno Federal ha diseñado y promovido políticas públicas para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dicha Comisión tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución.
Es de vital importancia la representación de este sector de nuestro país en instancias públicas, así como en los procesos de consulta que plantean la necesidad de apoyos y espacios para que sus comunidades realicen ejercicios de planeación y ordenamiento territorial como base para su desarrollo local y regional basadas en su cosmovisión e identidad, y que asuma la actitud para gestionar las acciones necesarias y participar en su ejecución. El Gobierno Federal debe mejorar los procesos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia.
En materia internacional podemos encontrar el Convenio número 169 que es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Dicho convenio fue ratificado por México, el 5 de septiembre de 1990, en éste se establece la obligación de que una vez ratificado, el país que así lo hace cuenta con un año para adecuar su legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante.
En el documento internacional se establece que el espíritu de la consulta, y la participación de los pueblos indígenas constituye la piedra angular de dicho Convenio, sobre la cual se basan todas sus disposiciones, en él se exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan, también demanda que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio antes mencionado no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de acciones gubernamentales, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.
En su artículo 6, se establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales, la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
Así mismo, menciona que los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad.
Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio, también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.
Como se ha especificado con antelación, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo, las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena.
Se entiende como consulta efectiva, aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada, esto significa una consulta real y oportuna, por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.
A fin de dar cumplimiento al Convenio número 169, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emitió el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, sin embargo, aún no se ha cumplimentado de manera satisfactoria lo contenido en dicho instrumento internacional, debido a que existe una omisión en la norma constitucional al no referirse a las medidas legislativas que sí las establece en el Convenio, pero el problema real, es que podría considerarse inconstitucional la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya que esta ley secundaria sobrepasa el ámbito de competencia que establece la Constitución, porque en dicha ley sí permite la consulta cuando el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas, como se especifica en el siguiente cuadro:
CONVENIO NÚMERO 169 DEL O.I.T.
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Artículo 6 inciso (a)…
a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;…
Artículo 2°, Apartado B…
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen…
Artículo 3, fracción VI…
VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno…
De lo anterior, se aprecia que no existe coincidencia entre los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia, por lo es imperante que se homologuen a fin de que la Ley de Secundaria no vaya más allá de lo que establece la nuestra Carta Magna, ya que el artículo 6, numeral 1, inciso a) del Convenio número 169 del organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes estipula la obligación de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, por lo que al referirse en la Carta Magna a los Planes de Desarrollo tanto nacionales como estatales y municipales se cumple lo relativo a las medidas administrativas, sin embargo se omite lo referente a las medidas legislativas.
Aunado a lo anterior, se propone reformar la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que no se limite solamente a la facultad que tiene el Ejecutivo Federal para iniciar las iniciativas de ley, sino que se extienda al poder ejecutivo a nivel estatal y congresos locales, en virtud de que ellos también cuentan con esa facultad de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX, del Apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IX, del Apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
I a la VIII…
IX. Consultar a los pueblos indígenas cada vez que inicien leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno, así como en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:
VI. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se inicien leyes o decretos o se promuevan actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los ocho días del mes de julio del año dos mil quince.