Source: http://blog.altran.es/telecomunicaciones-media/equipos-radioelectricos/
Timestamp: 2017-03-29 19:03:01
Document Index: 347634366

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 149', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 10', 'artículo 90', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 56']

13 Marzo, 2017 por Germán Navarro Martínez | 0 Comentarios
Introducción: equipos radioeléctricos
Equipo radioeléctrico (RD 188/2016, de 6 de mayo): Cualquier aparato de telecomunicación que emite o recibe intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o radiodeterminación, o el producto eléctrico o electrónico que debe ser completado con un accesorio, como una antena, para emitir o recibir intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o radiodeterminación.
El pasado 13 de junio y tal y como se preveía en el Título IV de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, entró en vigor el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprobaba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.
En este Título IV, -tal vez uno de los menos notorios de esta nueva Ley General de Telecomunicaciones ya que ésta estaba principalmente enfocada a facilitar y potenciar los despliegues de las nuevas redes de telecomunicaciones y particularmente de las redes de FTTH-, tiene como objetivo, tal y como su propia rubrica indica, la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos radioeléctricos que se pueden utilizar en el estado español y por extensión, en la Unión Europea. Por tanto, determina qué condiciones de funcionamiento debe tener un equipo radioeléctrico para que se pueda llevar a cabo su comercialización (y también determina cómo se debe llevar a cabo ésta) y uso en el Estado Español.
En el desarrollo de esta publicación veremos que este es un aspecto que se ha incluido desde la primera Ley General de Telecomunicaciones redactada y aprobada en España y se ha ido manteniendo en el tiempo hasta hoy en día, a pesar de que en el ámbito Europeo no se ha tratado dentro del mismo conjunto de legislación. Esto va a provocar que la aparición de algunas de estas nuevas leyes generales de telecomunicaciones motivadas por la necesidad de trasponer reglamento europeo, no haya tenido impacto en la certificación de aparatos radioeléctricos y en su comercialización y puesta en uso, y en otros casos que haya habido más de un real decreto tratando estos aspectos aunque no haya habido ninguna nueva ley. Sin embargo, en todas las leyes, ha seguido apareciendo este tema en el Titulo IV de las mismas.
Sin embargo, para entender lo que nos indica y aporta este nuevo real decreto, es necesario remontarse a los reales decretos (y las leyes de las que nacen) que con anterioridad se han ocupado de este tema y las novedades que cada uno de ellos han ido introduciendo. Es por ello que este post se plantea como un recorrido por la pequeña historia de la regulación de las telecomunicaciones en España, aunque siempre teniendo presente los aspectos sobre la comercialización y puesta en servicio de los equipos radioeléctricos que dan pie a este escrito.
Hay que notar que, contrariamente a lo que se pudiera esperar, en este tipo de documentación legal prácticamente no se recogen datos sobre rangos de valores de distintos parámetros físicos que deban cumplir estos aparatos radioeléctricos para su funcionamiento en España y por extensión, en la Unión Europea, sino que se atiende a criterios más generales y se deja a los órganos de supervisión del Gobierno (primero el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones, luego el Ministerio de Industria y finalmente la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones) establecer qué valores de esos parámetros físicos hacen que se cumpla lo dispuesto en las leyes y reales decreto. La única mención que se hace en todo momento a algún parámetro que deben cumplir estos aparatos desde la primera Ley de 1987 hasta este último real decreto es la de que deben trabajar en el espectro de frecuencias radioeléctricas definidas para ellos y que actualmente se recoge en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
Estos valores de parámetros físicos que deben cumplir los equipos se recogen en resoluciones a las que se puede acceder a través de la web del SETSI dedicada al espectro radioeléctrico y que especifican, en función de la tecnología que desarrollen:
Modulación/Ancho de banda
Dirección/Separación dúplex
Potencia transmitida/Densidad de potencia
Método de acceso al canal y condiciones de ocupación
Requisitos esenciales adicionales (este concepto ha aparecido con este Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo como veremos en el último apartado de esta entrada)
También veremos que estas comprobaciones se realizan en laboratorios acreditados para tal fin por el organismo de supervisión del Gobierno. Vamos a ver que las leyes y los reales decretos establecen los criterios que deben cumplir los mismos para poder realizar estas comprobaciones y el proceso de acreditación. También observaremos que debe ser el fabricante, el importador o el distribuidor del producto el que realice las gestiones necesarias con estos laboratorios para conseguir la acreditación que permita la comercialización y puesta en servicio y uso de estos equipos.
Ahora sí, una vez aclarado el esquema de este post, podemos emprender un camino que vamos a iniciar en un momento en el que España acababa de ingresar en la, por entonces Comunidad Económica Europea (ni siquiera era todavía la UE), la telefonía móvil era analógica (y una rareza), los teléfonos móviles eran más bien “arrastrables” (sólo hay que recordar los paseos de Gordon Gekko para hacernos una idea de su comodidad) y en nuestros hogares sin ordenadores (ni por supuesto conexión a nada que no fuera la Red de Telefonía Básica, el agua corriente y la luz eléctrica), los televisores de tubo incandescente y sin mando a distancia sólo podían sintonizar dos canales de televisión (que además eran públicos y a uno de ellos se le llamaba por la banda de frecuencia en la que emitía, “el” UHF).
El primer real decreto que se puede encontrar en España sobre las características que debe cumplir un aparato radioeléctrico para poder operar legalmente es el Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, que desarrolla lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. Esta ley es pionera en nuestra legislación ya que, de hecho en el preámbulo de la misma se indica que “responde a la necesidad de establecer, por primera vez en España, un marco jurídico básico en el que se contengan las líneas maestras a las que ha de ajustarse la prestación de las diversas modalidades de telecomunicación, a la vez que se definan con nitidez las funciones y responsabilidades de la Administración Pública y de los sectores público y privado”. Es por tanto, en este año 1987, cuando en España se establece por primera y entre otros aspectos, el marco jurídico que conforma los requisitos que deben cumplir los diferentes equipos de telecomunicación (que por aquel entonces y como he comentado se reducían al teléfono fijo de casa, unos pocos y muy pesados teléfonos móviles, la radio y la televisión) para poder ser comercializados y utilizados en nuestro país.
La Ley, que es muy ambiciosa, pretende, como su propio nombre indica, “la ordenación de las telecomunicaciones y cualquier comunicación mediante cables y radiocomunicación”, estableciendo que su “competencia exclusiva corresponde al Estado”, y que lo hace “de acuerdo con el artículo 149.1.21 de la Constitución”. Dentro de estos objetivos, dedica el ya mencionado artículo 29 de la misma a “definir y aprobar las especificaciones técnicas que permitan garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico, en relación a los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que:
Utilicen el espectro de frecuencias radioeléctricas
Puedan conectarse a las redes públicas de telecomunicación o envíen señales a las mismas
Puedan perturbar el normal funcionamiento de un servicio de telecomunicación”
Hay que notar que en esta época, las telecomunicaciones son todavía competencia del Estado y por lo tanto no se encuentran liberadas. Esta competencia, por ejemplo en el caso de las comunicaciones telefónicas (y entre ordenadores, aunque de manera muy residual en aquel momento) recae en Telefónica que por aquel entonces es una empresa estatal y ejerce como un monopolio, ya que no tiene competencia. En el campo de las emisiones de televisión, la competencia recae en Televisión Española, puesto que por no existir, no existen todavía ni las emisoras de televisión privadas.
La Ley también indica que corresponde al por entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones expedir el correspondiente certificado de cumplimiento de dichas especificaciones y aprobar el modo en que deberán realizarse los ensayos para su comprobación. Este aspecto veremos cómo va variando con el paso del tiempo y de las sucesivas leyes, de modo que esta competencia irá siendo delegada en otros agentes que, eso sí, tendrán que atender a lo que especifique el organismo gubernamental competente en la materia de cada momento.
Además la ley también legisla sobre la comercialización de dichos equipos indicando que para poder llevar a cabo la “importación, fabricación en serie, venta o exposición para la venta de cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema será requisito imprescindible haber obtenido previamente los certificados de homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas a que se refieren los puntos anteriores.”
Por especial relación con el tema de este post, destaco los dos siguientes artículos del real decreto:
El artículo 11 en el que se describe la documentación que debe acompañar a la solicitud de Certificado de Aceptación del Equipo
El artículo 20 en el que se indican en qué laboratorios se podrán hacer las correspondientes comprobaciones de las especificaciones técnicas de los equipos a presentar
Entre la documentación a presentar, además del consiguiente pago de tasas, el real decreto prevé la presentación de una Memoria técnica del equipo que, “firmada por un técnico titulado competente”, que incluya las “características técnicas declaradas por el fabricante e instrucciones de manejo, así corno fotografías suficientes para poder identificar cada tipo o modelo de los mismos”. Este aspecto vamos a ver que se mantiene fundamentalmente estable en el tiempo, aunque lógicamente la documentación va a ir acomplejándose conforme también lo vayan haciendo los equipos a los que acompaña
En cuanto a los centros de acreditación, el real decreto, especifica que estos deben ser;
Bien Laboratorios de la Dirección General de Telecomunicaciones,
Bien Laboratorios acreditados, ya sean pertenecientes o no a los fabricantes (el propio real decreto describe cómo obtener dichas acreditaciones)
En cuanto a las características de emisiones que los fabricantes deben hacer cumplir en sus equipos, el real decreto 138/1989, de 27 de enero, que indica que, los “límites de medida de las características de perturbación radioeléctrica de líneas y equipos de telecomunicación”, deben ser los siguientes:
Tensión en terminales: 1.000 microvoltios, para frecuencias de 0,5 a 1,6 MHz
Intensidad de campo: 100 microvoltios/metro, medida directamente debajo de una línea, para frecuencias entre 0,5 y 1,6 MHz
El último artículo que legisla sobre el proceso para la puesta en servicio, uso y comercialización de los equipos de telecomunicaciones es el 29, en el que se indica que “corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones definir y aprobar las especificaciones técnicas que permitan garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico, en relación a los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que:
También indica que “corresponde al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones expedir el correspondiente certificado de cumplimiento de dichas especificaciones” y “aprobar el modo en que deberán realizarse los ensayos para su comprobación”, por lo que, finalmente “para la importación, fabricación en serie, venta o exposición para la venta de cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema será requisito imprescindible haber obtenido previamente los certificados de homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas a que se refieren los puntos anteriores”.
Sin embargo, entre la aparición de esta Ley y el real decreto 1066/1989, de 28 de agosto, que desarrolla dicho artículo 29, aparecen tres directivas europeas, la CEE 83/189, 86/361 y 88/301, que ya preparan “la liberación del mercado, de equipos y aparatos de telecomunicación, así como su libre conexión a las redes”. Estamos antes la aparición de un nuevo escenario que no estaba contemplado en la Ley 31/1987: la de la liberación de las telecomunicaciones y su libre competencia y que obligará a la modificación de esta Ley.
En cuanto al desarrollo reglamentario del artículo 29, en el real decreto 1066/1989 ya que indica que “se hace necesario, pues, regular los aspectos relativos a los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que hace referencia el artículo 29, punto 1.°, de la Ley anteriormente citada, para disponer de instrumentos jurídicos que garanticen que el proceso de utilización en régimen de libertad de comercio de los mismos, no perturben el normal funcionamiento de las redes de telecomunicación, en el uso racional del dominio público radioeléctrico. Por ello, se establecen normas precisas, en concordancia con las directivas emanadas de la CEE, respecto a la elaboración de las especificaciones técnicas que aquéllos deban cumplir, el procedimiento de obtención del certificado de cumplimiento de las mismas y los laboratorios acreditados para realizar las pruebas necesarias para la expedición de dicho certificado”.
Para poder obtener dicho certificado, el real decreto, prevé varias alternativas:
La primera es que el equipo ya venga homologado de algún país de la CEE, como especifica en el artículo 10
La segunda es que se presente un certificado de Aceptación que deberá ir acompañado de una memoria técnica firmada por un técnico competente “con inclusión de planos, esquemas, listas de componentes, características técnicas declaradas por el fabricante e instrucciones de manejo, así corno fotografías suficientes para poder identificar cada tipo o modelo de los mismos”
A esta solicitud, la administración debe responder al fabricante o su representante legal indicando:
El número de unidades que debe presentar para hacer los correspondientes ensayos
La reglamentación con las especificaciones técnicas que debe cumplir el equipo
La orden por la que se determina los métodos de ensayo que permitirán verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas mencionadas
Los centros en los que se pueden hacer estos ensayos
Como hemos visto, a estas alturas la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea ya ha dejado su impronta en los reglamentos que regularon la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones vigente. Sin embargo, la Ley no está preparada para dicha circunstancia, por lo que la siguiente parada en nuestro recorrido la haremos en un momento en el que ya existe la televisión privada en España, los ordenadores empiezan a dejar de ser una rareza en las viviendas particulares (aunque sin estar conectados nada más que a la luz eléctrica), tu primer contacto con Internet y el correo electrónico lo tienes al entrar en las Universidades y los teléfonos móviles están empezando a llegar a nuestras vidas y a cambiarlas, especialmente en lo tocante a con quien nos relacionamos y cómo lo hacemos. Concretamente nos situamos en el año 1992, tan importante en nuestra pequeña historia reciente en este mundo de las telecomunicaciones como en otros múltiples aspectos y que a día de hoy seguimos recordando. En lo tocante al ámbito de las telecomunicaciones, en este año aparece la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Esta Ley es de gran importancia, puesto que ya entra de lleno a regular la nueva situación de las telecomunicaciones en España, dando paso al proceso de liberación de las mismas. Este proceso es acorde a la entrada de España en la CEE, ya que, tal y como se indica en el preámbulo, “la Comunidad Económica Europea, a través de la Comisión y del Consejo, ha fijado el ámbito normativo común de este sector de las comunicaciones, dictando, entre otras, las Directivas de la Comisión de las Comunidades Europeas 88/301/CEE y 90/388/CEE, relativas a la competencia en los mercados de terminales y servicios de telecomunicación, basadas en el artículo 90, apartado 3, del Tratado”. Por lo tanto, es la adaptación a este nuevo marco jurídico impuesto desde la CEE lo que hace necesario el cambio de la Ley.
De este modo, la Ley modifica nada menos que 20 artículos (los artículos 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34 y 35) de la Ley 31/1987. Estas modificaciones de la
Ley, pretenden que los denominados servicios de valor añadido (Se entiende como servicio de valor añadido “los servicios de telecomunicación que, no siendo servicios de difusión, y utilizando como soporte servicios portadores o servicios finales de telecomunicación, añaden otras facilidades al servicio soporte o satisfacen nuevas necesidades específicas de telecomunicación como, entre otras, acceder a información almacenada, enviar información o realizar el tratamiento, depósito y recuperación de información”) se prestan en régimen de libre competencia y no tendrán la consideración de servicio público y su explotación requerirá previa autorización administrativa, por lo que se abre la puerta a la libre competencia en las telecomunicaciones.
Además, en la modificación del artículo 29, se introduce a la CEE como actor de la misma, de modo que “Los certificados de conformidad o procedimientos alternativos de cumplimiento de norma común armonizada cuyas referencias se hayan publicado en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, expedidos por organismos competentes designados por los Estados miembros, de acuerdo con la legislación comunitaria, tendrán valor equivalente al certificado de aceptación para los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas procedentes de cualquier Estado de la Comunidad Económica Europea o de otros Estados con los que exista acuerdo en este sentido”.
En lo tocante a la comercialización y puesta en servicio y uso de los equipos de telecomunicaciones, la Ley se desarrollará en el año 1994, mediante el real decreto 444/1994, de 11 de marzo y que viene a actualizar el real decreto 138/1989, de 27 de enero del que ya hemos tratado. Este real decreto actualiza la regulación que es necesaria para superar los problemas relativos a los problemas de compatibilidad electromagnética de los equipos y sistemas, “con el fin de proteger el normal funcionamiento de los servicios de telecomunicación”.
Para entender la necesidad de este enfoque, hay que recordar que en el año 1994 en España estaba empezando a ser habitual la presencia de ordenadores en todas las casas (aunque no mayoritariamente con conexión a Internet) y estábamos empezando a adquirir teléfonos móviles de forma masiva. También hay que indicar que no era extraño escuchar las interferencias que el procesador de un ordenador modelo 484 podía provocar en el aparato de radio en el momento del encendido o cuando estaba realizando algún cálculo más pesado de la cuenta o la interferencia que la recepción de un mensaje de texto podía provocar en la televisión o en la radio si el móvil que lo recibía estaba demasiado cerca de la misma.
Es por esto que en el real decreto, en su Capítulo II, se establecen los requisitos de comercialización y puesta en servicio de los equipos de telecomunicación, dividiéndolo en dos aspectos:
Los requisitos de protección, desarrollados en el artículo 5 del real decreto
Los requisitos para la comercialización y puesta en servicio, desarrollados en el artículo 6 del real decreto
En cuanto a la protección, el real decreto permitía la comercialización y uso de aquellos equipos que se construyesen de modo que:
Las perturbaciones electromagnéticas que generasen, quedaran limitadas a un nivel que les permitiese, utilizaran o no el espectro radioeléctrico, y a otros aparatos, funcionar de acuerdo con el fin para el que han sido previstos
Tuvieran un nivel adecuado de inmunidad intrínseca contra las perturbaciones electromagnéticas, que les permitiese funcionar de acuerdo con el fin para el que han sido previstos
Para establecer qué debía cumplir los aparatos de telecomunicación que cumpliesen con estos requisitos, el real decreto indicaba que el nivel máximo de perturbaciones electromagnéticas generadas por los mismos deberá ser tal que no dificulte la utilización, en particular, de los siguientes aparatos:
Receptores de radio y televisión privados
Equipos de radio móviles y radiotelefónicos comerciales
Aparatos médicos y científicos
Aparatos domésticos, equipos electrónicos domésticos y herramientas portátiles
Aparatos de radio para la aeronáutica y la marina
Redes y aparatos de telecomunicaciones
Emisoras de radio y de teledifusión
Iluminación y lámparas fluorescentes
Por lo tanto, el fabricante y el agente económico que comercializase un equipo debían de asegurarse que el mismo pudiera funcionar sin interferir el funcionamiento de los equipos anteriormente listados (incluyendo a las lámparas fosforescente que provocaban interferencias en los equipos de telecomunicación al punto que se tuvieron que desarrollar tres directivas europeas para regularizar tal situación, la 76/890/CEE, la 82/500/CEE y la 87/310/CEE).
En cuanto a la comercialización y uso, el real decreto establecía que sólo se podía hacer, lógicamente, con los equipos que cumpliese con los requisitos anteriores, si bien permitía una autorización temporal para demostraciones comerciales en ferias, exposiciones y exhibiciones.
Esta conformidad debía ser, como se especifica en el capítulo III del real decreto, certificada por el fabricante o por su representante legal establecido en la Unión Europea, mediante una “declaración CE de conformidad”. De este modo, el fabricante o su representante legal establecido en la Unión Europea debía poner la marca “CE” de conformidad en el aparato o, si esto no es posible debido a su tamaño, en el envase, en las instrucciones de empleo o en el certificado de garantía. Este procedimiento permitiría identificar rápidamente qué equipos de telecomunicación eran adecuados para su uso sin interferencias. Esto implica que, ya desde este primer momento, la responsabilidad sobre el correcto funcionamiento del equipo ya no recae en el Estado, sino sobre el fabricante o sobre su representante legal, quedando las instituciones públicas como meros evaluadores de este cumplimiento. Para ello, exigirán para cada equipo que se quiera comercializar, el correspondiente expediente técnico de construcción, que debe describir el aparato y contener los procedimientos utilizados para garantizar su conformidad con los requisitos de protección anteriormente descritos. Además, el fabricante debía incluir un informe técnico o certificado obtenido de un organismo competente.
El real decreto también actualiza los requisitos que debían cumplir esos organismos:
Deben tener personal, medios y equipos necesarios para hacer estas evaluaciones
Disponer de personal con competencia técnica e integridad profesional
Ser independientes, en cuanto a la ejecución de los ensayos, elaboración de informes, expedición de certificados y realización de la vigilancia prevista en el real decreto
Se debía respetar el secreto profesional
Debían contratar un seguro de responsabilidad civil
Dos años después de este documento vería la luz el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, que incorpora al desarrollo hecho en el real decreto 1066/1989 del artículo 29 de la Ley, la Directiva 86/361/CEE, de 24 de julio, que trata de “la primera etapa del reconocimiento mutuo de la homologación de equipos terminales de telecomunicación, y establece los requisitos y el procedimiento para que la Administración otorgue el certificado de aceptación mediante el que se acredita que los equipos cumplen las normas técnicas exigibles, y así garantizar el funcionamiento eficiente de las redes y servicios de telecomunicación”.
En cuanto a los requisitos que deben cumplir los equipos de telecomunicación para su evaluación de conformidad, el real decreto establece en su artículo 3 que estos deben ser:
“Los relativos a la seguridad del usuario y a la seguridad de los empleados, en la medida en que no estén previstos en la Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero
Los referentes a la seguridad de los empleados de los operadores de redes públicas de telecomunicación, en la medida en que no estén previstos en la Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero
Requisitos de compatibilidad electromagnética, en la medida que sean específicos de los equipos terminales
Los de protección contra daños a la red pública de telecomunicación
Los que aseguren el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias, cuando proceda
Los que permitan asegurar el interfuncionamiento del equipo terminal con los equipos de la red pública de telecomunicación a fin de establecer, modificar, tasar, mantener y suprimir conexiones reales o potenciales
Los que permitan asegurar el interfuncionamiento de los equipos terminales a través de la red pública de telecomunicaciones, en casos justificados”
El real decreto también establece en su artículo 4, como era de esperar, que “para la comercialización de los equipos terminales sujetos a reglamentación técnica común será necesario la obtención del correspondiente certificado de aceptación en los términos establecidos en este Reglamento”. También establece en el artículo 16 que también tendrá validez un certificado expedido por un “organismo notificado de un Estado miembro de la Unión Europea”.
Las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos se definen en el artículo 8, de modo que:
Garanticen el funcionamiento eficiente de los servicios
La adecuada utilización del espectro radioeléctrico
El real decreto establece, en su artículo 19, 3 procedimientos para la solicitud del certificado:
Procedimiento DC, en el que hay que presentar un “certificado de examen de tipo acompañado de la declaración de conformidad con el tipo”
Procedimiento CP, en el que hay que presentar un “certificado de examen de tipo acompañado de una declaración de la aprobación de un sistema de calidad de la producción”
Procedimiento CT, en el que hay que presentar una “declaración de conformidad con un sistema de aseguramiento de calidad total del proceso de diseño, fabricación, inspección y ensayos finales”
Finalmente, el real decreto indica que será el fabricante el que escoja el procedimiento escogido para obtener el certificado.
Si bien, la liberación en sí misma de las telecomunicaciones no supone un impacto directo en el tema que sirve de base a este post, puesto que no trata de los requisitos por los que se puede comercializar y poner en uso un dispositivo de telecomunicaciones, se trata de un hito tan importante en la regulación del marco de las telecomunicaciones en España que no puedo dejar de mencionar la Ley 12/1997, de 24 de abril, que marcará la llegada definitiva del libre comercio al ámbito de las telecomunicaciones y el fin del “monopolio natural” que imperaba en este ámbito.
Para ello, la Ley prevé la creación de dos entes fundamentales para dicha liberación:
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que será un “órgano independiente encargado de velar por la aplicación de tales principios y de arbitrar los conflictos entre los operadores del sector”
Un segundo Operador de Telecomunicaciones que permita “la introducción de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones Y, por consiguiente, el mejor servicio a los usuarios, tanto residenciales como empresariales en un sector basado en redes”. Este segundo Operador será RETEVISION (Red Técnica Española de Televisión) al que la Ley habilita “para la prestación del servicio final de telefonía básica, que incluye el servicio telefónico urbano, interurbano e internacional, y para el servicio portador soporte del mismo” y al que la misma Ley obliga a adjudicar “por procedimiento restringido, mediante concurso, el 51 %, como mínimo, del capital social” de la misma, iniciando el proceso de privatización de las telecomunicaciones en España
Obviamente esta Ley supone un cambio radical de escenario en el ámbito de las telecomunicaciones en España y el análisis del mismo daría para muchos post, pero esa es una historia de la que podremos hablar en otro momento.
Esta nueva Ley que anuncia la llegada del libre mercado a las telecomunicaciones en España, hace necesaria la reforma de nuevo la Ley General de Telecomunicaciones de modo que esté preparada para este nuevo ámbito. Es por este motivo que en el año 1998 sale a la luz la Ley 11/1998, de 24 de abril, que tiene como objeto aplicar las deliberaciones sobre los principios básicos para la liberalización del sector que se han concluido en el seno de la Unión Europea (sucesora de la CEE). Concretamente, en la exposición de motivos ya se indica que esta nueva Ley “lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, disminuyendo el control administrativo que sobre él existía” y que “una de las finalidades esenciales que la Ley persigue es garantizar, a todos, un servicio básico a precio asequible, el denominado servicio universal”.
En cuanto al tema de este post, la Ley le dedica el Título IV, de modo que adapta la normativa comunitaria al régimen de certificación de aparatos de telecomunicaciones. En sí misma la Ley no aporta grandes novedades a lo que se viene exigiendo hasta el momento para la comercialización y puesta en uso de equipos radioeléctricos, pero sí introduce como agente del proceso a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, ente creado en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de modo que será ésta la que elabore el informe previo que permitirá al Ministerio de Fomento la aprobación de las especificaciones técnicas de los equipos que se quieran certificar. Estos equipos habrán de garantizar en todo caso “el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicaciones, así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico”.
Para ello, “la conformidad con las especificaciones técnicas se establecerá mediante la emisión del certificado de aceptación, tras la verificación del cumplimiento de dichas especificaciones” y la “comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se llevará a cabo en laboratorios de ensayo designados por el órgano competente del Ministerio de Fomento” por lo que la Ley, en cuanto al tema que nos ocupa, no introduce grandes novedades que tengan que tener en cuenta los agentes implicados en el proceso.
El real decreto que daría desarrollo a lo dispuesto en la Ley en lo concerniente al tema que da origen a este post llegará en el año final del siglo pasado, al ver la luz el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre. Este real decreto viene a desarrollar el artículo 56 de la Ley por el que se prevé “el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los equipos y aparatos con la normativa aplicable, tomando en cuenta las diferentes formas de obtención del certificado de aceptación y los distintos métodos de evaluación para su otorgamiento, así como el modo en que deban realizarse los ensayos para su verificación”. También tiene en cuenta la Directiva 1999/5/CE, de 9 de marzo, que supone “una profunda modificación del régimen armonizado de evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones que permite su libre circulación en los Estados miembros”.
Básicamente, el real decreto establece que para “la puesta en el mercado de los equipos será necesario que el fabricante o persona responsable, tras verificar la conformidad de los mismos con los requisitos esenciales que le sean de aplicación, incluya junto a ellos una declaración de conformidad con dichos requisitos, además de un manual del usuario que contenga la información precisa, detallada en el Reglamento aprobado por este Real Decreto, sobre su funcionamiento y utilización”.
En primer lugar, el real decreto indica que todos los aparatos deberán cumplir dos requisitos que califica como esenciales:
Deben cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica
Deben cumplir con los requisitos de compatibilidad radioeléctrica, cuya descripción se encuentra en el real decreto 444/1994, de 11 de marzo
Deben utilizar apropiadamente el espectro radioeléctrico
También especifica unos requisitos adicionales, que debe publicar la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) mediante sucesivas resoluciones y que podrán ser los siguientes:
Deben ser capaces de interactuar adecuadamente a través de redes públicas de telecomunicación y conectarse a los interfaces del tipo apropiado en todo el territorio de la UE
En esta interacción no deben dañar la red a la que se conecten ni utilizar inadecuadamente sus recursos
Deben ser capaces de proteger los datos personales y la intimidad de los usuarios
Deben garantizar la prevención del fraude en su uso
Deben permitir el acceso a los servicios de seguridad y emergencia
Deben permitir su uso a personas que presenten discapacidades
El real decreto señala que es el fabricante del aparato el responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos requisitos. En el caso de que éste no fuera perteneciente a la UE, será el importador del aparato, o en su ausencia el responsable de la puesta en mercado del aparato, el que se responsabilizará de ello.
Una vez establecidos estos requisitos, el real decreto enumera las condiciones deben cumplir los aparatos para poder ponerse en servicio:
Se debe evaluar, por parte del fabricante o del importador, si el fabricante no pertenece a la UE, la conformidad del aparato con respecto a los requisitos que acabo de describir y para ello el real decreto establece que el fabricante:
Debe elaborar la documentación técnica del aparato de forma que permita realizar la evaluación de la conformidad del producto con los requisitos esenciales, describiendo con claridad los procesos de diseño, fabricación, funcionamiento del aparato
Debe incluir una descripción general del aparato, incluyendo las fotografías necesarias, los planos del equipo y las descripciones necesarias para su correcta interpretación
Debe incluir los resultados de los exámenes realizados al equipo
El equipo debe llevar el correspondiente marcado que permita su uso en la UE
El equipo debe ir acompañado con el correspondiente manual de usuario y obliga a que éste esté redactado al menos en castellano. Este manual deberá contener al menos la siguiente información:
Debe contener la información suficiente para el correcto uso del aparato
Debe identificar al fabricante y al responsable de la puesta en servicio
Debe incluir una declaración de conformidad con la Directiva 99/05/CE, que es la que se traspone en el real decreto
Información sobre las redes públicas de telecomunicación a las cuales está destinado el equipo, identificando los interfaces que debe usar e indicando los servicios que el aparato es capaz de proporcionar
Que el aparato vaya acompañado, junto con el manual de usuario, de la declaración de conformidad con los requisitos esenciales aplicables al mismo
En 2003 aparecería una nueva actualización de la Ley General de las Telecomunicaciones que será clave en el actual marco de las mismas en nuestro país, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre. Esta ley supondrá una profunda profundización en “los principios ya consagrados en la normativa anterior, basados en un régimen de libre competencia, la introducción de mecanismos correctores que garanticen la aparición y viabilidad de operadores distintos a los titulares del antiguo monopolio, la protección de los derechos de los usuarios, la mínima intervención de la Administración en el sector, el respeto de la autonomía de las partes en las relaciones entre operadores y la supervisión administrativa de los aspectos relacionados con el servicio público, el dominio público y la defensa de la competencia” y lo hace en base a las directivas que la UE ha ido aprobando desde la aparición de la ley anterior y ésta.
Sin embargo, la propia ley advierte que el objeto de las directivas europeas sólo atiende a “la habilitación para actuar como operador en este sector, los derechos y obligaciones de los operadores, las obligaciones en materia de interconexión y acceso, la necesidad de garantizar unas prestaciones mínimas bajo el epígrafe del servicio universal y los derechos de los usuarios”, habiendo quedado fuera “los requisitos para la evaluación de la conformidad y puesta en el mercado de los aparatos de telecomunicaciones” que sí se incluyen en la Ley.
Antes de entrar en el tema del post, destacar que la Ley prevé:
El avance en “la liberalización de la prestación de servicios y la instalación y explotación de redes de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cumpliendo con el principio de intervención mínima, se entiende que la habilitación para dicha prestación y explotación a terceros viene concedida con carácter general e inmediato por la ley. Únicamente será requisito previo la notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para iniciar la prestación del servicio”, por lo que desaparecen los “títulos habilitantes individualizados de que era titular cada operador para la prestación de cada red o servicio”
“La ampliación de las prestaciones, que, como mínimo esencial, deben garantizarse a todos los ciudadanos, bajo la denominación de “servicio universal”. Se incluye el acceso funcional a internet” y “la posibilidad de que se ofrezcan opciones tarifarias especiales que permitan un mayor control del gasto por los usuarios” (vía libre para las “tarifas planas)”
La “regulación de la ocupación del dominio público o la propiedad privada para la instalación de redes”, reconociendo “derechos de ocupación a todos los operadores” “en la medida que sea necesario para la instalación de sus redes”
Se abre la posibilidad a “la cesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico”
Además, esta Ley es el origen del real decreto 401/2003, de 4 de abril, con el que se produce el nacimiento de las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o ICT. Ésta es también otra historia que se puede tratar en otros post.
Sin embargo, en cuanto a la evaluación de conformidad de equipos y aparatos de telecomunicación y a pesar de que como he comentado antes, la ley se preocupa de incluir más aspectos de las telecomunicaciones de lo que le viene dado por las directivas de la UE, el Título IV de la Ley no introduce grandes novedades en cuanto a lo que ya se venía estableciendo en las Leyes anteriores. De hecho, no se elabora, a pesar de estar previsto en la ley, ningún nuevo real decreto sobre este particular. Los actores y responsabilidades de los mismos en este aspecto son básicamente las que venían ya recogidas en la última ley en su desarrollo normativo posterior y por lo tanto, seguirá vigente lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.
Marco regulatorio actual de equipos radioeléctricos
En el año 2014 se estableció la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que, como comentaba al principio del artículo, tenía como principal objetivo el establecimiento de las condiciones necesarias para facilitar el despliegue de las redes FTTH que tanto impacto han tenido en las economías de muchas de las empresas del sector de las telecomunicaciones que operan en España, sigue la tradición de las Leyes Generales de Telecomunicación que hemos repasado, de modo que, además de recoger las Directivas de la UE que se han ido aprobando durante la vigencia de la Ley anterior, amplía el ámbito de las mismas, incluyendo los aspectos relativos al tema de este post.
De nuevo, el Título IV de la ley recoge los aspectos relativos a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos y de nuevo lo hace sin grandes novedades, puesto que no traspone ninguna de las novedades que se producen en Europa y que afectan al ámbito de los aparatos radioélectricos.
Sin embargo, en el año 2016 aparece un nuevo real decreto que sí regula este Título IV de la nueva Ley General de Telecomunicaciones
Novedades en el real decreto Sin embargo, con la aparición del Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo lo que sí ha hecho es actualizar una reglamentación que ya contaba con 16 años de vigencia y que requería de al menos una revisión. Sin embargo, tampoco se aprecian grandes novedades en el mismo, puesto que el objeto del real decreto es adaptar la legislación al Nuevo Marco Legislativo (NML) que tiene como objetivo principal mejorar la comercialización interna de bienes. Este NML se compone de dos instrumentos que establecen el marco común para la comercialización de todo tipo de productos en la UE:
El Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos
La Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos
El real decreto también incorpora la Directiva 2014/53/UE que garantiza que “únicamente puedan ser comercializados cuando cumplan los requisitos que:
Proporcionan un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad
Un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética y
Un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico que evite interferencias perjudiciales”
Esta Directiva Europea clarifica las obligaciones que deben cumplir fabricantes, importadores y distribuidores de equipos radioeléctricos, eliminando algunas obligaciones administrativas que se exigían hasta el momento como la notificación previa de equipos radioeléctricos que utilicen bandas cuyo uso no esté armonizado en la UE.
Además, se incluye la Directiva 2014/30/UE que trata la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética entre todos los países miembros de la UE.
Una de las novedades de este real decreto estriba en que incluye los receptores de radiodifusión de sonido y televisión, que no venían siendo incluidos en estos reglamentos, ya que el legislador entiende que “la capacidad de recepción constituye un factor cada día más importante para garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico”.
Otra de las novedades es que estos equipos ya se entienden como una combinación de hardware y de software, estando este último en constante actualización, de modo que no sólo atiende a la evaluación de un aparato en sí, sino también del software que se pueda ejecutar en el mismo.
Requisitos que deben cumplir los aparatos radioeléctricos En cuanto a los requisitos esenciales que deben cumplir los equipos radioeléctricos el real decreto establece el siguiente listado:
Los límites de tensión de estos equipos deben garantizar la protección de la salud y la seguridad de las personas y los animales domésticos, y la protección de los bienes durante su uso
Un nivel de compatibilidad radioeléctrica conforme al Anexo I, que establece que el diseño y fabricación de los equipos garantizaran (curiosamente, el propio real decreto reconoce que no hay unos requisitos más específicos que aplicar):
Que las perturbaciones electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que permita a los equipos de radio y de telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el fin para el que han sido previstos
Un nivel de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que permita al equipo funcionar sin una degradación inaceptable en su uso previsto
El real decreto establece una novedad en cuanto a las características que deben cumplir los equipos, puesto que, además de estos requisitos esenciales que deben cumplir los mismos, incluye una serie de requisitos que serán aplicables o no, en función del tipo de equipo evaluado. Estos tienen que ver con:
La interacción con accesorios, en particular con los dispositivos de carga comunes
La interacción con otros equipos radioeléctricos a través de redes de comunicación
La conexión a interfaces del tipo adecuado en toda la Unión Europea
No deben dañar la red a la que se conecten ni su funcionamiento, ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red de manera que cause una degradación inaceptable del servicio
Deben disponer de salvaguardas que garanticen la protección de datos y la privacidad
Deben ser compatibles con funcionalidades contra el fraude, acceso a emergencias, utilización por parte de usuarios con discapacidad y que garanticen que sólo se puede incorporar software al aparato que se ha demostrado conforme a la combinación de equipo y software
Agentes económicos implicados En cuanto a los agentes participantes en el proceso de comercialización y puesta en uso y servicio de los equipos, el real decreto identifica los siguientes y les establece las siguientes obligaciones:
Son los que deben garantizar que los aparatos radioeléctricos han sido diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos esenciales establecidos
Deben asegurarse que sus equipos utilizan la interfaz radioeléctrica adecuada al servicio que prestan
También deben elaborar la documentación técnica, que debe incluir todos los datos o detalles sobre los medios utilizados por el fabricante para garantizar la conformidad del equipo con los requisitos esenciales establecidos en el real decreto.
Llevar a cabo la evaluación de conformidad, emitiendo un certificado UE de conformidad (documento mediante el cual, el fabricante de un equipo radioeléctrico, declara y afirma que se ha demostrado que el citado equipo radioeléctrico cumple los requisitos esenciales establecidos en el mismo) e incluyendo un marcado CE en el aparato cuando esta evaluación se haya cumplido
Mantener estas condiciones con las nuevas versiones que vayan apareciendo del aparato y actualizar la documentación técnica
Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico
Representantes autorizados: tiene las mismas obligaciones que el fabricante, excepto las siguientes, que son exclusivas del fabricante
Garantizar que el equipo ha sido diseñados y fabricado de conformidad con los requisitos esenciales establecidos
Elaborar la documentación técnica y realizar la evaluación de conformidad
Importadores: deben asegurarse que introducen aparatos que cumplan con los requisitos descritos en el reglamento
Distribuidores: deben asegurarse que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos esenciales establecidos y que los importadores han cumplido con los requisitos que se les exigen
Hemos visto a lo largo del post, que se deben acompañar los equipos de la correspondiente documentación técnica y en este caso, no iba a ser menos. El real decreto exige que como mínimo dicha documentación contenga:
Una descripción general del aparato, incluyendo
Versiones del software o el firmware que afecte al cumplimiento de los requisitos esenciales (novedad con respecto a los anteriores reglamentos)
Dibujos del diseño conceptual y de fabricación y esquemas de componentes, junto con la descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de estos dibujos y esquemas, así como del funcionamiento del equipo radioeléctrico
Una copia del certificado de examen UE cuando aplique
Los resultados de los cálculos de diseño efectuados, los exámenes realizados y otros elementos similares pertinentes
Como se puede ver, es una evolución de la documentación que se ha ido solicitando en las leyes y reales decretos anteriores
Procedimientos de la evaluación de la conformidad En cuanto al procedimiento de evaluación de conformidad, que debe confirmar que el aparato cumple con los requisitos esenciales previstos, el real decreto establece tres posibilidades:
Control interno de la producción. Este es un proceso mediante el cual es el propio fabricante del aparato el que se responsabiliza de elaborar la documentación técnica conforme lo dispuesto al real decreto, fabricar el aparato ajustándose a la misma y redactar la declaración UE de conformidad, realizando el marcado CE en el mismo.
Examen UE seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción. En este proceso se divide en dos fases:
En la fase de diseño es un organismo notificado (que se describe más adelante) el que examina el diseño técnico del equipo de telecomunicación y verifica que dicho diseño cumple los requisitos esenciales aplicables
En la fase de fabricación es el fabricante debe tomar todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad del equipo de telecomunicación fabricado con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos que le son de aplicación y debe colocar el marcado CE al mismo. Además, tiene que garantizar y declarar que el equipo de telecomunicación en cuestión es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y cumple los requisitos que le son de aplicación
Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad. En este proceso, es el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, el que garantiza que el equipo radioeléctrico en cuestión cumple los requisitos del presente reglamento que le son de aplicación
Organismos encargados de realizar la evaluación de la conformidad Sobre los organismos de evaluación de la conformidad de los equipos, el real decreto establece que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autoridad notificante y quien debe establecer y aplicar “los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y del seguimiento de los organismos notificados, incluido lo relativo a subcontrataciones y filiales”. Y particularmente para los en lo que se refiere a equipos radioeléctricos y a equipos de telecomunicación que no sean radioeléctricos el real decreto prevé que sea la SETSI la que actúe en nombre del MINETUR.
En este punto hay que indicar que una autoridad notificante es una autoridad designada por un Estado miembro, responsable de establecer y aplicar los procedimientos necesarios para la evaluación, notificación y supervisión posterior de los organismos notificados de evaluación de conformidad.
Esta autoridad notificante podrá encomendar la evaluación y el seguimiento contemplados en el real decreto a un organismo nacional de acreditación y cuando así lo haga, este organismo deberá cumplir con lo siguiente:
No debe existir ningún conflicto de interés con los organismos de evaluación de la conformidad
Se debe organizar y gestionar de manera que se preserve la objetividad e imparcialidad de sus actividades
Toda decisión relativa a la notificación del organismo de evaluación de la conformidad será adoptada por personas competentes distintas de las que llevan a cabo la evaluación
No debe ofrecer ni ejercer ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación de la conformidad ni servicios de consultoría de carácter comercial o competitivo
Debe preservar la confidencialidad de la información obtenida.
Debe disponer del personal competente para efectuar adecuadamente sus tareas.
Lógicamente, si no delegara sus funciones, la autoridad competente también debería cumplir con estos requisitos.
En cuanto a los organismos de evaluación de la conformidad, para que estos sean notificados a la Comisión Europea deben cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar establecido de acuerdo con el Derecho español y tener personalidad jurídica
Debe ser independiente de la organización o del agente económico responsable del equipo de telecomunicación que evalúa (aunque sí se permite que sea organismo notificado una asociación de fabricantes o de importadores que incluya al fabricante o importador, siempre que acredite su independencia y la ausencia de conflicto de intereses)
Su personal no debe intervenir en el diseño, manufactura o fabricación, comercialización, instalación, uso o mantenimiento del aparato evaluado
Debe ser capaz de realizar la evaluación conforme a lo dispuesto en el real decreto, a través de
Personal suficiente y con la adecuada formación técnica
Los procedimientos adecuados para ello
Llegados al final de este camino, podemos concluir que la certificación de los equipos de telecomunicación para su comercialización y puesta en uso y servicio en España ha seguido un camino paralelo a la evolución política del Estado, por la entrada en la CEE (actual UE) y a la de los propios equipos objeto de esta legislación.
Esto ha implicado, tanto la necesaria adaptación a las normativas europeas, de cara a la construcción de un mercado único y que se ha materializado en la trasposición de las diferentes directivas europeas que he tratado como en la evolución de los procesos y agentes implicados para adaptarse a las nuevas soluciones tecnológicas que los equipos ofrecen.
Este camino ha establecido unas sólidas bases normativas y de estructuras de evaluación que permiten una sencilla adaptación a esas nuevas soluciones y que por lo tanto, estas sean rápidamente llevadas a los consumidores finales, con la garantía de que no se va a perturbar el normal funcionamiento del resto de equipos existentes en cada momento.