Source: https://diariolaregion.com/web/juzgado-civil-288/
Timestamp: 2019-04-22 18:15:35
Document Index: 272418798

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 197', 'artículo 2', 'artículo 446', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 200', 'artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 193', 'artículo 197', 'artículo 50']

octubre 15, 2018 Region AVISOS JUDICIALES, EDICTOS, JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE: 00624-2015-0-1903-JR-CI-01
JUEZ: ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ
ESPECIALISTA: FERNANDO RIVEROS DA SILVA
LITIS CONSORTE: TELLO FLORES, LUIS
DEMANDADO: DEL AGUILA VALERA GINO GERENTE EMPRESA TELEVISIVA SELVA TV CANAL 33 SEÑAL ABIERTA ,
DEMANDANTE: CUBAS ENCINAS, DAVID
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE.-
Iquitos, seis de enero Del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS; puestos los presentes autos en despacho para sentenciar, dentro del plazo de ley, y actuando en sujeción del Principio de Celeridad Procesal se procede a expedir la resolución que corresponde Y CONSIDERANDO; I.- PARTE EXPOSITIVA Demanda; i. Petitorio Mediante escrito de fecha de ingreso cinco de junio del dos mil quince, obrante a fojas siete a doce, el demandante don DAVID CUBAS ENCIMAS haciendo uso de su derecho de acción interpone la presente demanda constitucional de hábeas data y la dirige contra la persona de GINO DEL AGUILA VALERA, GERENTE DE LA EMPRESA TELEVISIVA “SELVA TV” – CANAL 33 – SEÑAL ABIERTA; a fin de que por medio de la misma se la haga entrega del video que obra en los archivos de su empresa, vertidas al aire el 17 de febrero del 2015, en el programa “Opiniones Divididas”, que dirige el periodista señor Luis Tello; ii. Hechos;La parte demandante fundamenta su pretensión en virtud de los siguientes fundamentos; En la fecha 17 de febrero del 2015, el periodista señor Lucho Tello, quien dirige el programa “Opiniones Divididas” que es trasmitida de 03 a 04 p.m de lunes a viernes, en pleno horario de público en general, trasmitió a toda la población palabras soeces, subidas de tono, como Cubas es un coimero, estafador y otras palabras irreproducibles; Para cumplir con la ley, por ser requisito indispensable y por haber sido difamado en el programa periodístico antes dicho, mediante escrito de fecha 25 de febrero del 2015, solicito se le haga llegar el video y audio del programa “Opiniones Divididas” de fecha 17 de febrero del 2015; Pese a requerirle por escrito y en varias oportunidades verbalmente, se mofaron de su solicitud, y nunca le contestaron; Considerando una burla la negativa a su pedido, pese a cumplir con la Ley, hasta la fecha pese haber transcurrido más de veinticuatro días, no se le contesta, por lo que solicita, que en el plazo más breve, orden se le entregue la información solicitada; puesto que dicha información, si bien es cierto la empresa es privada, empero la información es de carácter público; Fundamenta jurídicamente su demanda y ofrece los medios probatorios que a su derecho corresponde; iii. Auto admisorio; Mediante resolución número uno de fecha quince de junio del dos mil quince, obrante a fojas trece, se dispuso admitir a trámite la demanda incoada teniéndose presente para su oportunidad los medios probatorios que se ofrecen, disponiéndose el traslado de la misma a los demandados a fin de que cumplan con absolver la pretensión incoada en el plazo de ley; Excepción de Falta de Legitimidad para obrar del demandado Mediante escrito de fecha de ingreso veinticinco de junio del dos mil quince, obrante a fojas veintisiete a cuarenta y uno, el demandado GINO ANTONIO DEL ÁGUILA VALERA deduce la siguiente excepción en virtud de los siguientes fundamentos; Que, el suscrito Gino Antonio Del Águila Valera es el Titular Gerente de la empresa AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL, con RUC N° 20528148809, dedicado a la actividad de Radio y Televisión, que se trasmite en señal abierta en Canal 33 – Selva TV; Es el caso que su representada, AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL, firmó Contrato de Concesión Privado de fecha 31 de enero del 2015, con el señor Luis Tello, mediante el cual se otorgó concesión señal en Canal 33 Selva TV para trasmitir el Programa “Opiniones Divididas”, en el horario de Lunes a Viernes de 3:00 a 4:00 pm; Que, según la cláusula quinta del Contrato de Concesión privado, ambas partes acordaron que su representada no asumiría ninguna responsabilidad legal directa o indirecta por el contenido o difusión de las imágenes y/o imágenes emitidos durante la transmisión del programa concesionario, que pudiera afectar la moral o las buenas costumbres de los televidentes; así como la dignidad de las buenas autoridades del país, y en caso de producirse los hechos mencionados, serán absoluta y única responsabilidad del concesionario, en este caso del Periodista Luis Tello, por ser el Director y Conductor del referido programa; Asimismo, conforme la cláusula segunda del Contrato, su representada no mantiene relación laboral o de dependencia con el concesionario Luis Tello Flores, siendo aquel independiente y único responsable de su actuación profesional; Que, conforme a los términos del contrato de concesión privado ofrecido como medio probatorio de la excepción deducida, se encuentra demostrado que el demandado ni su representada AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL son legitimados pasivos para ser emplazados en esta causa; Contestación de la demanda; Mediante escrito de fecha de ingreso veinticinco de junio del dos mil quince, obrante a fojas veintisiete a cuarenta y uno, el demandado GINO ANTONIO DEL ÁGUILA VALERA contesta la demanda incoada en su contra en virtud de los siguientes fundamentos; Que, conforme a los términos del contrato de concesión privado ofrecido como medio probatorio de la excepción deducida, se encuentra demostrado que el demandado ni su representada AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL son legitimados pasivos para ser emplazados en esta causa, siendo el llamado legalmente a responder en este proceso, como demandado, el mencionado Periodista Luis Tello Flores, por tener la calidad de concesionario de señal Canal 33 Selva TV, y a su vez es el Director y Conductor del Programa “Opiniones Divididas” que se trasmite de Lunes a Viernes de 3:00 a 4:00 pm; por ende, aquel es el único obligado de entregar la información de grabación de audio y video de fecha 17 de febrero del 2015 requerido por el demandante en su escrito de demanda; Que de otro lado, si bien es cierto que su representada ha recepcionado por mesa de partes las cartas remitidas por el demandante, dirigido al Periodista Luis Tello Flores, tal hecho en lo absoluto implica alguna responsabilidad de la citada empresa de cumplir el requerimiento de entrega de información al actor, puesto que el material de grabación de cada programa, al igual que su custodia, corresponde hacerlo al propio concesionario, no teniendo su representada obligación de grabar los programas que corresponde a los diferentes concesionarios del Canal; Mediante resolución número dos de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, obrante a fojas cuarenta y cuatro, se resolvió: 1) tener por deducida la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, por ofrecidos los medios probatorios que indican; 2) tener por absuelto el traslado de la demanda por parte del demandado, teniéndose por ofrecidos los mismo medios probatorios que se indican y los mismo que se merituaran en su oportunidad; y 3) téngase por admitido denuncia civil contra el mismo, incorporándose como Litis consorte necesario pasivo a Luis Tello Flores, De los demás actuados; Mediante resolución número tres de fecha veintiuno de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas cincuenta y cinco, se dispuso poner los autos a despacho para expedir la resolución que corresponda; II.- PARTE CONSIDERATIVA. Sobre el Derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva; PRIMERO: Que, en principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los cuales garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone1; Derecho de prueba SEGUNDO: Que, es un principio elemental de lógica jurídica, el que las partes deben acreditar los hechos que exponen o contradicen, salvo aquello expresamente aceptados por la contraparte, o aquellos que no han sido negados, observados o contradichos, y en atención además a las presunciones legales, siendo que todos los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y crear certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos para que así pueda fundamentar sus decisiones con suficiencia, de conforme lo prevé el artículo 197° del Código Procesal Civil; TERCERO: Que, conforme lo establece el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, para ejercitar la acción judicial en la interposición de una demanda se debe tener legítimo interés, económico o moral; el interés moral autoriza la acción solamente cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley; Finalidad del proceso CUARTO: Que, conforme lo establece el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil se tiene que la finalidad concreta de todo proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social es justicia, es así que el fin del proceso es la realización del derecho sustancial a través de la actuación de la ley en los casos concretos para así satisfacer el interés público o general; Naturaleza del habeas data QUINTO: El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución., según los cuales establecen que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; y “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente; a) Análisis de la excepción propuesta; SEXTO: Que, en el diseño del Código Procesal Civil, la excepción es un instituto procesal por el cual un demandado puede denunciar la existencia de una relación jurídica inválida por ausencia o de un presupuesto procesal o está presentado de manera deficiente, o no existe o está presentado de una manera deficiente una condición de la acción, esto es, es el formato jurídico por el cual el demandado revisa presupuestos procesales y condiciones de la acción. La Corte Suprema de Justicia de la República recoge el siguiente concepto: “la excepción es un medio de defensa mediante el cual se cuestiona la relación procesal o la posibilidad de expedirse un fallo sobre el fondo, por la omisión o defecto de un presupuesto procesal o de una condición de la acción, respectivamente,”2; SEPTIMO: Así, la excepción constituye, un medio de defensa que concede la norma a través del cual las partes denuncian la inexistencia o presencia defectuosa de un presupuesto procesal de la acción o una condición de la acción que determinan una relación jurídico procesal invalida o la imposibilidad por parte del Juez de un pronunciamiento válido sobre el fondo.3 La excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado OCTAVO: “La excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o demandado prevista en el inciso sexto del artículo 446° del Código Procesal Civil, procede cuando no existe una adecuación lógica-jurídica entre las partes que intervienen en la relación sustantiva”.4 Asimismo, DAVIS ECHANDIA5 señala que “tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones (o pretensión) contenidas en la demanda (…), por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídico sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deban ser objeto de la decisión del Juez, en el supuesto de que aquélla o éste existan; o de ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial que autorice para intervenir en el proceso ya iniciado.” (El agregado es nuestro); NOVENO: En ese orden de ideas MONROY GALVEZ6 establece que “la legitimidad para obrar consiste precisamente en que las personas que tienen su lugar respectivo en la relación jurídica sustantiva, sean exactamente las mismas que ocupan su lugar respectivo en la relación jurídico procesal (…)” (El agregado es nuestro) y siendo ello así cabe recalcar que dentro de la relación existen entre las partes ésta debe guardar total similitud con la relación jurídica sustancial (o sustantiva) válida a fin de que sea evidente la congruencia de los intervinientes en los hechos ya inmersos en un proceso judicial; DÉCIMO: Que, conforme autos se tiene que el demandado DAVID CUBAS ENCIMAS deduce excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, en virtud de que su representada, AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL, firmó Contrato de Concesión Privado de fecha 31 de enero del 2015, con el señor Luis Tello, mediante el cual se otorgó concesión señal en Canal 33 Selva TV para trasmitir el Programa “Opiniones Divididas”, en el horario de Lunes a Viernes de 3:00 a 4:00 pm; y según la cláusula quinta del Contrato de Concesión privado, ambas partes acordaron que su representada no asumiría ninguna responsabilidad legal directa o indirecta por el contenido o difusión de las imágenes y/o imágenes emitidos durante la transmisión del programa concesionario, que pudiera afectar la moral o las buenas costumbres de los televidentes; así como la dignidad de las buenas autoridades del país, y en caso de producirse los hechos mencionados, serán absoluta y única responsabilidad del concesionario, en este caso del Periodista Luis Tello, por ser el Director y Conductor del referido programa; DÉCIMO PRIMERO: Que, de las pruebas aportadas al proceso se tiene que a fojas diecinueve a veintiuno obra el Contrato de Concesión Privado de fecha 31 de enero del 2015, el mismo que fue celebrado entre AMA PRODUCCIONES Y SERVICIOS EIRL representada por su Gerente Gino Antonio Del Águila Valera, a quien se le llamara Concedente y el señor Luis Tello Flores a quien se le denominará el Concesionario. Señalándose en el segundo considerando de la presente, que el concedente deja constancia que no le une ninguna relación laboral o de dependencia con el concesionario, en consecuencia, el concesionario actuara en nombre propio y en forma independiente en todas y cada una de las relaciones comerciales que se origine del contrato con terceros y/o auspiciadores; asimismo en el quinto considerando señala que las partes contratantes acuerdan que el concedente no asumiría ninguna responsabilidad jurídico-legal directa o indirecta por el contenido o difusión de las imágenes y/o comentarios emitidos durante la transmisión del programa concesionado, que pudiera afectar la moral o las buenas costumbres de los televidentes; así como la dignidad de personas naturales e imagen de personas jurídicas y/o autoridades del país; y en caso de producirse los hechos mencionados, serán absoluta y única responsabilidad del concesionario, en este caso del Periodista Luis Tello, por ser el Director y Conductor del referido programa; DÉCIMO SEGUNDO: Que, sin embargo de ello, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 2° 4 de la Constitución, toda persona tiene derecho “[a] las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”. A su vez, el quinto párrafo del artículo 14° de la Norma Fundamental, establece que “[l]os medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en educación y en la formación moral y cultural”. En consecuencia con ello, el artículo 3° de la Ley N° 28278 – Ley de Radio y Televisión-, refiere que los servicios de radiodifusión “son servicios privados de interés público, prestados por una persona natural o jurídica, privada o pública, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general”, señalando el artículo 4° de esta ley que tales servicios tienen por finalidad “satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respecto de los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de identidad nacional”; DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, a menos que ello suponga una flagrante violación a otros bienes fundamentales –entre los que destacarían el derecho fundamental a la intimidad y la seguridad nacional- toda persona tiene el derecho de acceder a las grabaciones de los programas de los medios de radiodifusión, asumiendo el costo de la reproducción que suponga el pedido; máxime si, como resulta evidente, este derecho actuaria de manera instrumental para posterior protección de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación, en las vías correspondientes. Por lo que dicho esto, el demandado GINO DEL AGUILA VALERA, GERENTE DE LA EMPRESA TELEVISIVA “SELVA TV” – CANAL 33 – SEÑAL ABIERTA; tiene legitimidad para obrar en el presente caso, siendo que esto procede cuando no existe una adecuación lógica-jurídica entre las partes que intervienen en la relación sustantiva; y como ya se mencionó líneas arriba, los titulares de los servicios de radiodifusión tienen por finalidad “satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respecto de los deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de identidad nacional”. Por lo que siendo ello así y teniendo en cuenta los medios probatorios antes mencionados, se aprecia que tanto el demandante y la demandada tiene legitimidad para obrar, por lo tanto existe una relación procesal válida entre las partes, por lo que corresponde desestimar la presente excepción. a) Análisis de la pretensión; Libertad de información DÉCIMO QUINTO: En relación con la libertad de información reconocida en el inciso 4) del artículo 2° de la Constitución, El Tribunal ha señalado, que “[…] se garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente. […] La libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz. Por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad; a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos objetivos y contrastables, sí lo pueden ser”7; Derecho de acceso a la información pública DÉCIMO SEXTO: El derecho de acceso a la información pública evidentemente se encuentra estrechamente vinculado a uno de los contenidos protegidos por la libertad de información. Y al igual de lo que sucede con esta última, debe indicarse que el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar alguna; DÉCIMO SEPTIMO: Bajo los argumentos expresados en la presente resolución corresponderá en la presente resolución analizar si la información solicitada por la parte demandante tiene la calidad de publica o no, en tal sentido lo que prevé el demandante es la obtención DEL VIDEO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE SU EMPRESA, VERTIDAS AL AIRE EL 17 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL PROGRAMA “OPINIONES DIVIDIDAS”, QUE DIRIGE EL PERIODISTA SEÑOR LUIS TELLO; el cual supone el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública mediante el cual nadie puede ser arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos del Estado o personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejerzan función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización. Asimismo, tal como lo expresa el artículo 2°, inciso 5) de la Constitución, la persona que solicite la información pública solo tendrá que abonar el costo que suponga tal pedido. Dicho costo tendrá que ser proporcional, quedando vedada cualquier exigencia de pagos exagerados, ya que, de lo contrario, también se estará afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública; (Las negritas son nuestras); DÉCIMO OCTAVO: Que, del escrito de demanda de fecha cinco de junio del dos mil quince, obrante a fojas siete a doce, el demandante don DAVID CUBAS ENCIMAS haciendo uso de su derecho de acción interpone la presente demanda constitucional de hábeas data y la dirige contra la persona de GINO DEL AGUILA VALERA, GERENTE DE LA EMPRESA TELEVISIVA “SELVA TV” – CANAL 33 – SEÑAL ABIERTA; a fin de que por medio de la misma se la haga entrega del video que obra en los archivos de su empresa, vertidas al aire el 17 de febrero del 2015, en el programa “Opiniones Divididas”, que dirige el periodista señor Luis Tello; por lo que conforme a las pruebas aportadas al proceso y de conformidad con lo establecido por el artículo 62° del Código Procesal Constitucional “Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud (…)” por lo que siendo ello así, sí se encuentra acreditado a través de los medios probatorios obrante a fojas tres a cinco, el requerimiento que realizó el actor de la demanda para obtener la información requerida; DÉCIMO NOVENO: Que, al respecto debe señalarse que según lo dispuesto por el artículo 34° de la Ley N° 28278 – Ley de Radio y Televisión-, y el articulo3 100° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, establecen que los titulares de los servicios de radiodifusión deberán regirse por el Código de Ética dictado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pues bien, mediante Resolución Ministerial de Transporte y Comunicaciones. Pues bien, mediante Resolución Ministerial N° 801-2006-MTC-03, el referido Ministerio aprobó el Código de Ética para la prestación de los servicios de radiodifusión, cuyo artículo 18° establece que [l]as estaciones de radiodifusión conservaran las grabaciones de su programación nacional y de los comerciales por un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de su emisión; el mismo que concuerda con lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 27927, encontrándose obligada la parte demandada a brindar la información requerida, VIGÉSIMO: Que, si bien la parte demandada contesta el requerimiento realizado por el actor de la demanda, esto no acredita que dichos oficios fueron recepcionado por el demandante, ya que lo que se pretende se encuentra amparado por un derecho constitucional, y siendo ello así y a criterio de éste juzgador debe ampararse la demanda estableciéndose que la parte demandada brinde la información requerida de contarla total o parcialmente y de no ser el caso solicitar a las instituciones pertinentes a fin de otorgar dicha información a favor del demandante, por cuanto en autos se advierte que la demandada haya contestado la solicitud del demandante en el extremo de precisar y/o señalar que se sebe realizar algún tipo de tipo a fin de brindar la información que dio origen al presente proceso; III.-PARTE RESOLUTIVA Por los fundamentos expuestos, con criterio de conciencia y administrando justicia a nombre de la Nación, el Magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en concordancia con los artículos 138º, 139º numeral 3) y 143° de la Constitución Política del Perú, los numerales 2) y 4) del artículo 50° del Código Procesal Civil y los artículos 1° y 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; RESUELVE Declarar Fundada la demanda de hábeas data incoada por don DAVID CUBAS ENCIMAS; En consecuencia; ORDENO que el demandado GINO DEL AGUILA VALERA, GERENTE DE LA EMPRESA TELEVISIVA “SELVA TV” – CANAL 33 – SEÑAL ABIERTA y/o LUIS TELLO FLORES proporcionen al demandante dentro del término de diez días bajo su cuenta y costo, la COPIA DEL VIDEO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE SU EMPRESA, VERTIDAS AL AIRE EL 17 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL PROGRAMA “OPINIONES DIVIDIDAS”, QUE DIRIGE EL PERIODISTA SEÑOR LUIS TELLO; con costos del proceso; bajo apercibimiento de imponérsele multa progresiva de conformidad con lo establecido en el artículo 22° segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, más el pago de los costos procesales. Una vez consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución. Notifíquese lo actuado en el modo y forma que la ley prevé. H.s.-
Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por licencia del titular.
EXPEDIENTE: 00899-2017-0-1903-JR-CI-01
MATERIA: ACCION DE CUMPLIMIENTO
DEMANDADO: PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE LORETO,
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE LORETO,
DEMANDANTE: VELA VIUDA DE ALVAREZ, CARMEN ROSA
RESOLUCIÓN NUMERO TRES.- Iquitos, 01 de agosto de 2017.
AUTOS Y VISTOS, puestos los presentes autos en despacho para sentenciar, siendo el estado del presente proceso, y actuando en sujeción del principio de celeridad procesal, dentro del plazo de ley que establece el artículo 53° del Código Procesal Constitucional, se expide la resolución que corresponde y CONSIDERANDO; I. EXPOSICION DEL CASO De las partes y la pretensión constitucional 1. El 24 de mayo de 20178), CARMEN ROSA VELA VIUDA DE ALVAREZ (en adelante el demandante) interpone demanda constitucional de cumplimiento contra el DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (en adelante la demandada), a fin que dé cumplimiento a lo ordenado en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 336-2012-GRL-DRS-L/30.50, del 04 de julio de 2012 (en adelante la resolución requerida), que aprueba y dispone el pago de S/. 16,993.20 nuevos soles por concepto de bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-94 y modificatorias, a favor de su ex cónyuge César Manuel Álvarez Davelouis; el pago intereses legales y las costas del proceso. De la exposición de los hechos del demandante 2. La demanda se fundamenta en lo siguiente:1.1 Que, el 04 de julio de 2012, a través de la resolución requerida, se aprueba y dispone el pago de S/. 16,993.20 nuevos soles por concepto de bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-94. 2.2 Que, el 12 de abril de 2017, requirió a la demandada para que cumpla con hacerle el pago de la deuda mencionada. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, dicho requerimiento no ha sido atendido.
Del auto Admisorio. 1. El 13 de junio de 20179, se admite a trámite la demanda y se dispuso la notificación a la demandada y al Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Loreto (en adelante el Procurador), otorgando un plazo de 5 días hábiles para contestar la demanda. De la contestación de la demanda. 1. El 26 de junio de 201710, el Procurador se apersona al proceso y contesta la demanda en virtud de los siguientes fundamentos:1.1 La dilucidación del asunto controvertido deberá efectuarse en la vía del proceso contencioso administrativo; 2.2La resolución requerida no contiene un mandato claro, preciso e incondicional, dado que no se ha verificado ni precisado el período exacto por el que se ha efectuado el cálculo de la deuda, tampoco se señala el tipo de interés, mucho menos el factor que deberá considerarse para el cálculo. 1.2 De ser amparada la pretensión deberá afectarse al fondo denominado “Fondo D.U. N° 037-94”. FUNDAMENTOS (ANALISIS DEL CASO); Del objeto del proceso de cumplimiento 1. Que, el artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política establece que la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66, inciso 1 del Código Procesal Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. De la naturaleza de los requisitos mínimos del mandamus contenido en una norma legal y en un acto administrativo. 2. Que, Tribunal Constitucional en la STC N° 168-2005-PC ha declarado que los criterios de procedibilidad de las demandas de cumplimiento, previstos en los fundamentos 14, 15 y 16, supra, constituyen precedente vinculante inmediato, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, a decir el fundamento 14 señala: “Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. e) Ser incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: a) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. b) Permitir individualizar al beneficiario. 1. Que, conforme a los fundamentos 10 y 14 de la STC 2616-2004-AC/TC, se establece a quienes corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos bajo el amparo del Decreto de Urgencia N° 037-94. Entre ellos quienes se encuentren en la escala N° 7. 2. Que, del estudio y análisis de la resolución requerida (de fojas 3 a 4) cumplen los requisitos exigidos en la STC N° 168-2005-PC11, a decir: 1.1 Ser un mandato vigente: Por cuanto no ha sido declarada nula mediante el proceso correspondiente. El acto es plenamente ejecutable. 1.2 Es un mandato cierto y claro: Por cuanto del propio texto fluye la obligación de la demandada para su cumplimiento. 1.3 No está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares: No se deducen del mismo interpretaciones dispares, es decir, no es ambiguo. 1.4 Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento: Por cuanto el propio Director General del Hospital Regional de Loreto (demandado) ha expedido las resoluciones directorales obligándose a su cumplimiento.1.5 Ser incondicional: no se verifica, más que la sola renuencia de la emplazada, de alguna circunstancia previa que sea compleja. La demandada deberá cumplir con la misma teniendo en cuenta su presupuesto sea para la fecha de su expedición o para el ejercicio siguiente.1.6 Reconocer un derecho incuestionable del reclamante: Por cuanto reconoce que al demandante le corresponde percibir dicha suma.1.7 Permitir individualizar al beneficiario: Señala que el demandante es el beneficiario de la expedición de la citada resolución. Del requisito especial de la demanda. 1. Que, con requerimiento notarial del 12 de abril de 2017 (de fojas 06) se ha dado cumplimiento al requerimiento previo conforme lo dispone el artículo 69° de la ley procesal Constitucional que señala: Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. De la contestación de la demanda. 1. Que, es menester subrayar que la demandada no es un ente aislado del Gobierno Nacional, sino, vienen a ser un organismo descentralizado que en abstracto forman un todo denominado Ente Público, de lo que se entiende que las decisiones que adopte el Gobernador Regional, los gerentes, directores y funcionarios públicos de la demandada no son expresiones apartadas, sino, son compromisos responsables y debidamente coordinados con el Gobierno Central dentro de un marco de integración conforme establece el Principio General Décimo de La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público N° 28112. 2. Que, si bien es cierto corresponde al Titular de la Entidad -como la más alta autoridad ejecutiva- efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, también es cierto, que tal disposición no impide a la demandada para que -como organismo público descentralizado dentro de un marco de integración- gestione o canalice la petición del demandante a fin de procurar la programación presupuestaria para el siguiente ejercicio anual en caso de no contar con disponibilidad, de esa manera evitar insatisfacciones y denuncias frecuentes por inactividad material de la Administración Estatal. De la resolución de la controversia 1. Que, de lo expuesto, la demanda debe ser amparada por cuanto el demandante tiene derecho a percibir la suma de total de S/. 16,993.20, el cual se encuentra reconocido en la resolución requerida al emitirse de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley y los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional antes referidos; debiendo ordenarse el pago de los intereses legales, así como los costos del proceso. 2. Que, a diferencia de lo señalado por la demandada, la resolución requerida se encuentra dentro de los parámetros establecidos en STC N° 168-2005-PC y, además, que en esta instancia y de carácter meramente argumentativo pretenda cuestionar o desconocer la validez y vigencia de resoluciones administrativas expedidas por sus propias dependencias. 3. Que, asimismo, mención aparte merece lo señalado por la demandada respecto a que la resolución cuyo cumplimiento se prevé no se hizo efectiva por no existir disponibilidad presupuestal, al respecto debemos señalar que conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional “[…] la administración no puede justificar su incumplimiento menos la pérdida de ejecutoriedad de la resolución cuestionada en los términos del artículo 193°.1).2) de la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General amparándose en la condición que ella misma crea y en su inactividad para ejecutar en los propios términos la resolución que emite, concluyéndose que el acto administrativo se encuentra vigente […]”12 toda vez que dicha condición (económica) es irrazonable por cuanto desde la expedición de la resolución cuyo cumplimiento se prevé han transcurrido más de 5 años en los cuales la demandada debió agotar todos los medios que sean necesarios a fin de dar cumplimiento a la resolución que ésta misma expidió y así de esa manera no generar un perjuicio a la demandante en el presente proceso. 4. Que, debe añadirse que la demanda tiene mayor sustento con las copias del expediente administrativo acompañado al presente proceso (de fojas 38 a 62), los mismos que fueron requeridos por esta judicatura, donde además consta el informe escalafonario del 06 de julio de 2017 (fojas 38) que señala que César Manuel Álvarez Davelouis ha sido asistente administrativo I, nivel SPF, por tanto ubicado en la escala N° 7 (profesionales) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM y que no fueron objeto de cuestionamiento por la demandada, por lo que su mérito probatorio se mantiene firme. 5. Que, los demás medios probatorios actuados y no glosados no enervan las conclusiones a las que se ha arribado en la presente sentencia, dejando constancia que conforme al artículo 197° del Código Procesal Civil todos son valorados en forma conjunta, pero en la sentencia se plasman los que determinan y sustentan la decisión. 6. Que, por los fundamentos expuestos, con criterio de conciencia y administrando justicia a nombre de la Nación, el Magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en concordancia con los artículos 138° , 139° numeral 3) y 143° de la Constitución Política del Perú, los numerales 2) y 4) del artículo 50° del Código Procesal Civil y los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Decreto Legislativo N° 1342, que promueve la transparencia y el derecho de acceso a la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales y la Resolución Administrativa N° 396-2014-P-PJ, que aprueba el Manual judicial de lenguaje claro y sencillo para los ciudadanos. I. PARTE RESOLUTIVA; RESUELVE: Declarar FUNDADA la demanda de Acción de Cumplimiento interpuesta por CARMEN ROSA VELA VIUDA DE ALVAREZ en consecuencia ORDENO que el DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS”, dentro del plazo de DIEZ DIAS de notificado con la presente resolución, cumpla con lo dispuesto en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 336-2012-GRL-DRS-L/30.50, del 04 de julio de 2012, que aprueba y dispone el pago de S/. 16,993.20 nuevos soles por concepto de bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-94y sus modificatorias, más los intereses legales; bajo apercibimiento de ejecución forzada, imposición de multa y la Destitución del Responsable según corresponda en ejecución de sentencia, en caso de incumplimiento. Con costos del proceso. Consentida o ejecutoriada que sea la presente Resolución, Publíquese en el Diario Oficial El Peruano, en la forma prevista por Ley. Por disposición superior interviene la secretaria que suscribe por vacaciones de la titular.
1 El Tribunal Constitucional en la STC N° 090-2004-AA/TC cita a Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo” señalando que el derecho al debido proceso es “un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derecho individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos”. (Vid. Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”. Ara Editores 1ra. Edisión, Lima 2001, págs. 47 y 48).
2 Cas. No. 1874-99-Ica, “El Peruano” 7.4.2000, pág. 4971.
3 RIOJA BERMUDEZ, Alexander (2009); El Proceso Civil. Editorial Adrus S.R.L., Arequipa – Perú. Pág. 208.
4 CAS N° 492-96 La Libertad El Peruano 23-06-98
5 ECHANDIA, Davis (1984): Teoría General del Proceso. EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L., Bs. As. Tomo I Pág. 310.
6 MONROY GALVEZ, Juan (1996): Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Themis S.A., de Belaunde & Monroy. Santa fe de Bogotá (Colombia). Pág. 182.
7 STC. N.° 0905-2001-AA/TC
8 Obrante de fojas 12 a 16.
9 Resolución N° 01, obrante de fojas 17 a 18.
10 obrante de fojas 31 a 36.
11 Estos mismos criterios han servido para analizar un proceso constitucional iniciado frente al no cumplimiento en el pago de resoluciones administrativas emitidas como consecuencia de un proceso judicial (STC 04363-2011-PC/TC)
12 Expediente N° 04995-2009-PC/TC-La Libertad, ocho de marzo del año dos mil diez.