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Timestamp: 2018-08-16 14:11:26
Document Index: 288801559

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 5']

﻿ Sentencia 2005-01183 de mayo 2 de 2013
SENTENCIA 2005-01183 DE 02 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:BASE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A CONGRESISTA. LOS TIQUETES AÉREOS NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN POR EL SERVICIO, YA QUE SON MEROS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, QUE NO IMPLICAN RETRIBUCIÓN. DE ESTA MANERA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE INCLUYE VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS PARA RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE UN CONGRESISTA ES NULO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
Sentencia 2005-01183 de mayo 2 de 2013
Rad.: 250002325000200501183 03
Número interno: 1903 – 2011
Bogotá, D. C., dos de mayo de dos mil trece.
El artículo 150 de la Constitución Política establece el marco general de competencias atribuidas al Congreso de la República las cuales se ejercen por medio de la expedición de diversos tipos de leyes. El numeral 19 dispone que dentro de dichas competencias y mediante una Ley marco el Congreso debe “dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para los siguientes efectos” dentro de los cuales en el literal e) dispone “fijar los reajustes salariales y de prestaciones sociales de los servidores públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública”.
PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devengan los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.
Posteriormente los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, establecieron un reajuste especial a las pensiones de senadores y representantes jubilados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª, en los siguientes términos:
Esta última disposición fue modificada por el artículo 7º del Decreto 1293 de 22 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”, que indicó:
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994. El Gobierno Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de ley anual de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994".
Para determinar el alcance de las expresiones contenidas en las normas citadas, es preciso tener presentes las consideraciones fijadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-608 de 1999 por medio de la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, y en la que la Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada, en el entendido de que cuando la norma se refiere a “por todo concepto” debe entenderse que dicha expresión se refiere a la asignación que recibe el congresista como contraprestación directa por sus servicios.
En aquella oportunidad, la Corte precisó:
“1. Las expresiones "por todo concepto", usadas en el texto del artículo 17 y en su parágrafo, no pueden entenderse en el sentido de que cualquier ingreso del Congresista —aun aquéllos que no tienen por objeto la remuneración de su actividad, que primordialmente es de representación política, como ya se dijo— sea considerado dentro de la base sobre la cual se calcula el monto de la pensión.
Según eso, todas aquellas sumas que corresponden a salario, a primas, y a otras erogaciones integrantes de la "asignación", pueden constituir —depende de las determinaciones que adopte el Ejecutivo al desarrollar las pautas y lineamientos trazados por el Congreso— base para liquidar la mesada pensional. En cambio, están excluidas de ese conjunto las que, al no gozar de un sentido remuneratorio, pagan servicios ajenos a la asignación”. […] (Resalta la Sala).
Establecido lo anterior, la Sala se referirá es al concepto de salario y su fundamento normativo, tratándose del régimen especial de los congresistas, por cuanto de su definición dependen criterios orientadores que pueden resolver el asunto objeto de estudio.
En primer lugar, y como lo ha señalado esta sección, el Decreto 1045 en su artículo 45 resulta inaplicable, ya que sus disposiciones regulan las prestaciones sociales de empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades de la administración pública del orden nacional, a las cuales no pertenece el Congreso de la República.
Observa la Sala que las normas citadas no pueden ser aplicadas al caso concreto, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo fija su ámbito de aplicación en los artículos 3º y 4º, de la siguiente manera:
“ART. 2º—El presente código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.
ART. 4º—Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten (Resalta la Sala)
En esas condiciones, no se puede aplicar el concepto de salario allí establecido, teniendo en cuenta que el mismo estatuto prohíbe su aplicación a servidores del Estado.
La jurisprudencia de esta sección(1), en relación con el concepto de salario, ha precisado lo siguiente:
“(…) vale decir que los conceptos devengar y salario no son idénticos y por ello no se pueden confundir. Devengar, es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título; mientras que el salario es la retribución por el servicio prestado y en este sentido, es uno de los posibles objetos del verbo devengar; de donde no todo lo devengado es salario, así como el salario no puede considerarse devengado para todos los efectos, en la medida en que pueden devengarse (causarse) rentas o ingresos a títulos diferentes”.
Ahora bien, el concepto de asignación comprende no sólo la remuneración básica sino todo aquello que el servidor público —funcionario o empleado— percibe por concepto de salario, esto es, todo lo que devengue habitual y periódicamente como retribución directa por sus servicios. De tal suerte que los factores señalados en el artículo 5º del Decreto 1359 de 1993 no pueden tenerse como una relación taxativa sino meramente enunciativa. De ahí que la misma norma señale “... y toda otra asignación de la que gozaren” pero, siempre que esos otros factores adicionales tengan carácter remunerativo pues, de lo contrario, no pueden considerarse para efectos pensionales.
Partiendo de los conceptos enunciados la Sala ha fijado unos criterios jurisprudenciales (de retribución, de habitualidad, de la provisión) con el objeto de determinar qué parte de la asignación o salario pueden tenerse en cuenta dentro del ingreso base para liquidar pensiones.
Bajo esta perspectiva, la Sala ha señalado que el primer criterio para determinar si un factor debe incluirse en el ingreso base de liquidación, es el de la retribución, es decir si dicho pago retribuye el servicio.
El segundo criterio, es el de la habitualidad, según el cual la prestación no debe únicamente constituirse en una retribución los servicios prestados, sino que además debe tener una cierta vocación de(sic).
El tercer criterio, de la provisión, según el cual las sumas destinadas a facilitar o proveer medios necesarios para el cumplimiento de una función determinada por parte del servidor, para que no están destinadas a retribuir directamente dicha función, no deben tenerse en cuenta como un factor determinante para calcular el IBL.
En cuanto a los viáticos, esta corporación ha expresado:
“en efecto, se ha considerado a los viáticos como aquella asignación que es capaz de retribuir y, por ende, remunerar la labor prestada, cuando sufragan la manutención y el alojamiento del servidor en el lugar donde tenga que cumplir la comisión de servicios, pero siempre que cumplan con la condición de habitualidad y permanencia en su ingreso. Lo anterior significa que si se perciben ocasionalmente por el empleado no adquieren el carácter remunerativo de la labor prestada”(2).
Por lo anterior, los aludidos viáticos no cumplen con el criterio de habitualidad o permanencia, y en consecuencia no es posible incluirlos como factores de liquidación de la prestación, comoquiera que si bien tienen el carácter de asignación que reviste un sentido más amplio que el concepto de salario, no tienen la condición remunerativa, puesto que no tiene vocación de permanencia.
En relación con los tiquetes aéreos la Sala estima conveniente, hacer las siguientes precisiones:
Los tiquetes aéreos si bien facilitan la labor de los congresistas, no constituyen remuneración por el servicio. Son meros medios para el cumplimiento de las funciones, que no implican remuneración o retribución.
“(…) admitir lo contrario, sería aceptar que todo ingreso del congresista podría constituir base de liquidación pensional, y tendrían que incluirse verbigracia valores como los destinados a sufragar la gasolina del vehículo oficial que se le concede al parlamentario para su movilización en la ciudad, así como también las sumas por cuentas de servicio de celular que se le otorga al congresista”.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Resolución 000722 del 10 de septiembre de 1997, por medio de la cual se reliquidó la pensión del señor José Celestino Martínez Fletcher, reconoció factores que no debieron incluirse para tal efecto, motivo por el cual se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad parcial del acto demandado.
CONFÍRMASE la sentencia de 2 de junio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró la nulidad parcial de la Resolución 000722 de 10 de septiembre de 1997, por medio de la cual se reliquidó la pensión del señor José Celestino Martínez Fletcher y negó las demás pretensiones de la demanda.
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 29 de noviembre de 2007, Expediente 0212-07, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, sentencia del 25 de septiembre de 2008. Expediente 2573-07, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.