Source: https://www.scribd.com/doc/130171816/Denuncia-contra-el-secretario-de-Comercio-Interior-Guillermo-Moreno
Timestamp: 2016-08-29 06:57:50
Document Index: 64605929

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 210', 'Artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 34', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo\n19']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreFORMULAN DENUNCIA Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.Señor Juez Federal
De nuestra mayor consideración: Los diputados de la Nación abajo firmantes, con domicilio en sus públicos despachos del Congreso Nacional sito en Riobamba 25 de Capital Federal y constituyendo domicilio legal en la Av. Rivadavia 1829, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y respetuosamente y como mejor proceda decimos: I.- OBJETO
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 174 del Código de Procedimiento Penal, y ante hechos de público conocimiento que atentan gravemente contra pilares de nuestro sistema republicano de gobierno como: (i) el libre acceso a la información, (ii) la libertad de expresión y por ende (iii) el orden democrático; venimos a presentar formal denuncia contra el Secretario de Comercio Interior de la Nación y/o los funcionarios nacionales competentes y/o intervinientes en los hechos que se describen a continuación por la
aparente violación de los artículos 149 bis, 161, 213 bis y 248 del Código Penal.
Que asimismo, por los hechos referidos, venimos a solicitar se investigue si los directivos y responsables de las empresas que resulten involucradas en los mismos, no han participado de algún modo en las conductas descriptas por los artículos 161 y 213 bis del Código Penal.
Que resulta de público conocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional a través de su Secretario de Comercio Interior ha impulsado y coordinado lo que llama un “congelamiento de precios” a partir del 1º de febrero de 2013. Que a consecuencia de dicho supuesto congelamiento de precios, el Secretario de Comercio Interior, “habría ordenado a”, o “habría acordado con” los Supermercados y las grandes cadenas de electrodomésticos, que a partir de dicho congelamiento de precios, estas empresas cesarían en la publicación de avisos publicitarios en los medios gráficos, principalmente en los diarios La Nación, Clarín y medios audiovisuales del último grupo de medios. Que el hecho del cese de la publicación de los mencionados avisos por parte de los supermercados y cadenas de venta de electrodomésticos, puede verificarse sencillamente comparando la cantidad y relevancia de la publicidad publicada en un diario actual, con otro similar del año anterior o de dos meses atrás. También podrá ser materia de la investigación penal que se impulsa, analizando las políticas de comunicación previas de las diferentes 2
empresas, mediante la declaración testimonial de ejecutivos, funcionarios y empleados de los medios y de los anunciantes.
Que vista esta situación, no cabe otra alternativa que concluir que
estamos frente a una acción organizada y coordinada tendiente a afectar gravemente la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación con líneas editoriales e informativas independientes del gobierno, especialmente los medios gráficos.
Que este accionar, de comprobarse, no sería un hecho aislado y
resulta ser otro verdadero atentado contra la libertad de información y de expresión, se da en un contexto de abierta confrontación del Poder Ejecutivo Nacional contra el grupo Clarín y el diario La Nación, principales destinatarios de estas medidas, así como a otros medios periodísticos independientes del Gobierno Nacional, como acciones premeditadas tendientes a impedir la libre circulación de esos periódicos a través de un mecanismo de asfixia financiera.
Que es el mismísimo Secretario de Comercio Interior, el que fomenta con recursos de origen desconocido, acciones públicas e intimidatorias contra los mencionados medios de comunicación. Al respecto pueden tomarse como ejemplo sus ya clásicas acciones de repartir entre asistentes de misiones comerciales, los ya famosos globos con la leyenda “Clarín Miente” u otros elementos como biromes o remeras con inscripciones similares, cuyas fuentes de financiamiento desconocemos y que nunca han sido debidamente aclarados por los usuarios de ese cotillón ideológico, pese a insistentes pedidos de informes para que se aclare el origen de los mismos y se rinda cuenta si se utilizan para ello fondos públicos.
Que luego del repentino cese de pauta publicitaria de las cadenas de supermercados y electrodomésticos, se habrían sumado al mismo el 3
grupo de empresas relacionado a Telefónica de Argentina y a Telecom Argentina. A su vez, lo propio estarían haciendo bancos comerciales privados, descontando la ausencia de los bancos públicos.
Que actualmente, la publicidad de entidades privadas constituye el principal medio de financiación de los medios periodísticos independientes del gobierno, lo que es auto evidente y no requiere prueba, siendo ese el caso, especialmente, de los medios Clarín y La Nación. Que como puede apreciarse fácilmente, si esta organización continuara con su cometido de vaciar de publicidad a los medios de comunicación, éstos se verán rápidamente impedidos de funcionar por falta de recursos. Si ello sucediera, éstos verían seriamente cercenado su derecho a la libertad de expresión, y la ciudadanía, vería gravemente afectado su derecho al libre acceso a la información, afectándose por otra parte, las fuentes de trabajo de numerosos trabajadores que, ya fuere en forma directa o en forma indirecta, pertenecen a esos medios periodísticos y a las empresas proveedoras de servicios e insumos de esos medio periodísticos. Que como fuera dicho al inicio, en caso de perpetrarse este atentado contra los derechos mencionados, en atención a la función estratégica que a los mismos se les asigna en nuestra Constitución, en realidad se estaría consumando un grave atentado contra el orden republicano de gobierno y contra el sistema democrático. La libertad de expresión no constituye sólo un derecho de quien emite la opinión o la noticia, sino que ella es substractum esencial de la garantía de la ciudadanía de mantenerse informada para poder ejercer con conciencia sus derechos políticos. Por consiguiente, la cuestión de 4
restringir la libertad de expresión, ya sea a las personas o a los medios masivos de comunicación, implica una lesión al Estado constitucional de derecho que V.S. debe analizar profundamente a la hora de considerar la presente denuncia.
Que en el mismo sentido también se ha pronunciado la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) en su comunicado emitido el día 11 de febrero de 2013 que dice: “La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR - observa con grave preocupación y rechaza la prohibición impuesta por el Gobierno argentino a la publicidad de las empresas supermercadistas, lo que constituye un doble atentado contra derechos fundamentales reconocidos internacionalmente: prohíbe la comunicación al público de información útil y necesaria para su toma de decisiones e interfiere en el funcionamiento de los medios de comunicación, restringiéndoles arbitrariamente los recursos provenientes de la publicidad que permiten su auto sustento. La Libertad de Expresión Comercial es parte de las libertades que conforman la racionalidad selectiva de las personas para asumir sus propias decisiones y está comprendida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce el derecho fundamental de todo individuo a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin estar sujeto a censura previa. La AIR insta a las autoridades argentinas a no vulnerar directa ni indirectamente el ejercicio de la Libertad de Expresión en ninguna de sus formas y a abstenerse de implementar nuevos mecanismos de presión sobre los medios de comunicación libres e independientes.”
La comisión de los delitos que se denuncian y cuya investigación se solicita también fueron advertidos por la Sociedad Interamericana de Prensa quien rechazó la decisión del gobierno de Argentina contra la libertad de prensa, que supone otro grave intento en procura de acallar a los medios críticos o independientes, esta vez mediante el ahogo económico. Que además, todo ello sucede en los albores de un año electoral de vital importancia para la República, frente a la pretensión del partido oficial del “vamos por todo” y su abierta intención de modificar la Constitución a efectos de perpetrarse indefinidamente en el poder, tal y como ya previamente lo hicieren en la provincia de Santa Cruz.
A su vez, este nuevo golpe a los medios de comunicación no oficialistas, se suma a la arbitraria distribución de la publicidad oficial que realiza el gobierno pese a los reiterados reclamos de las entidades del sector y a fallos contrarios a esas prácticas de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.- LAS NORMAS PENALES INVOLUCRADAS
El art. 149 bis del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.” 6
En el presente caso, se desconoce la motivación que han tenido las empresas involucradas para decidir tan abrupta disrupción en la pauta publicitaria que venían teniendo en los medios gráficos, puntualmente en los diarios La Nación y Clarín. Si perjuicio de señalar que estas empresas, o mas precisamente sus directivos, pueden ser responsables de los delitos que por la presente se solicita que sean investigados, es probable que alguna o varias de ellas hayan actuado bajo amenaza de algún funcionario público o por temor a sufrir una represalia indebida, en caso de no acceder a suspender la pauta publicitaria en los medios no afines al gobierno nacional. Como es de conocimiento de V.S., la coacción es un delito contra la libertad de resolución y de actuación de la voluntad (véase SchönkeSchröder, Kommentar, cit., º 240, I, citado por FONTAN BALESTRA, Tratado de Derecho Penal, Ab. Perrot, Tomo V, ed. 2004), por lo que debe prescindir de la naturaleza delictiva o no de la conducta que se pretende imponer a otro (Pacheco, El Código Penal, cit., t. III, p. 270). Por lo contrario, el hecho que se procura obligar a hacer no debe, por lo común, constituir un delito, pues en tal caso podrán entrar en juego los principios de la autoría mediata o acaso de la participación. Sólo importa, a los efectos de la configuración de este delito, que el sujeto pasivo no esté obligado a lo que se le quiere imponer. En el fondo, importa tutelar, en las relaciones entre los particulares, la garantía constitucional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (ver Fontán Balestra, ob. cit.). 7
Es por ello, que por la presente se solicita que se investigue la posible comisión del delito tipificado en el art. 149 bis del Código Penal, ya sea por parte del Secretario de Comercio Interior e la Nación y/o por cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional que hubiere hecho uso de amenazas con el propósito de obligar a las empresas involucradas a dejar de publicitar en los medios gráficos.
El 161 del Código Penal dice: “Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.” Resulta evidente que si alguien ataca la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación como es el caso de los diarios Clarín y La Nación, pues la consecuencia y principal propósito del agotamiento financiero que se persigue es impedir la libre circulación de los mismos. En el caso concreto, si el supuesto proceder y/o la supuesta organización delictiva (que por la presente se denuncia) continuara incorporando por cualquier medio nuevos sectores empresarios que se avengan a dejar de pautar en los medios no afines al gobierno, pues al comienzo se estorbará la libre circulación del periódico, pero si esta acción se sostiene en el tiempo, es obvio que el periódico no podrá hacer frente a sus gastos y deberá dejar de funcionar, transformándose ese accionar en una verdadera conducta antijurídica contraria al bien jurídico tutelado, la libertad de prensa. O lo que es peor, este proceso de ahogo financiero conducirá a que los medios independientes se vean forzados a ser adquiridos a muy bajo costo 8
por capitales más complacientes y afines con el poder de turno. Todo ello y conforme muchos autores penales lo citan, equivale a impedir la libre circulación de un periódico, por lo que entendemos que las acciones llevadas a cabo por esta supuesta organización, se encontrarían enmarcadas claramente en el tipo del art. 161 del Código Penal, que no es sino la penalización del ataque a derechos de libertad de expresión y prensa protegidos por la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que la integra.
El art. 213 bis del Código Penal dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.” En el caso del Secretario de Comercio Interior que habría promovido el repentino cese de pauta publicitaria en los medios periodísticos como Clarín y La Nación entre diversas empresas, aparecería como suficientemente claro que resulta responsable del delito del art. 213 bis. Ello así, toda vez que a través de su asociación con otros empleados públicos y/o empresarios, habrían formado una asociación que en definitiva tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas. En este caso, dicho objetivo habría sido perseguido por medio de la fuerza que le da el hecho de atacar con medidas ilegítimas e impropias de un funcionario público, las fuentes de financiamiento de los periódicos afectados. 9
Al atacar la principal fuente de financiación de los diarios, en definitiva se busca que estos cesen en sus opiniones y/o adopten, en este caso, las del gobierno nacional. Ello, con el efecto aleccionador que medidas represivas de este tipo suelen tener para el resto de los sectores económicos, que rápidamente podrán adivinar cuáles serán las consecuencias a las que se exponen en caso de no pensar como el gobierno de turno. Huelga recordar, que de un clima de miedo y terror como el que se busca a partir de acciones como estas, se derivarán lógicas consecuencias sobre la difusión de las propuestas de los partidos políticos, con el consabido perjuicio que ello traerá aparejado para el sistema democrático. De permitirse estos atropellos a derechos fundamentales y esenciales al sistema democrático como el derecho a la libertad de prensa y el de libre acceso a la información, se estaría traspasando un límite vital para la subsistencia misma del sistema democrático. A su vez, se estará logrando que ninguna empresa que desee evitar la acciones represivas del estado, (o sea, todas las empresas) decidirá en el futuro contribuir al financiamiento de un medio crítico o de un partido opositor, porque ya tendrá a la vista lo que le sucede a una empresa que no piensa igual que el gobierno. La asociación del Secretario de Comercio Interior con otros empleados públicos y con los directivos y responsables de las empresas que resulten involucradas, se prueba por el hecho de que sin haber existido un acto administrativo del que se desprendiera la orden a las empresas de cesar en la publicación de sus avisos en los diarios, éstas han tomado de manera conjunta una decisión en el 10
mismo sentido en el mismo momento. Paradójicamente, pueden leerse en los medios de estos días que son los propios directivos de estas empresas quienes afirman que este cese de publicación de publicidad en los diarios, les ha bajado sensiblemente el “tráfico” de público a sus locales comerciales, con el perjuicio que de ello se deriva para sus ventas. Por otra parte, no es cierto que las cadenas de supermercados hayan cesado con el ofrecimiento de diferentes promociones al público concurrente y al consumidor, que les convendría promocionar. Basta concurrir a cualquiera de las cadenas grandes y ver los carteles y anuncios colgados con promociones específicas por productos no alcanzados en el acuerdo de precios o por productos abundantes que podrían venderse por debajo de los máximos, para constatarse que las promociones y precios rebajados siguen dentro de la oferta de los comercios. Las mismas que hasta no hace mucho tiempo figuraban en páginas enteras de los diarios, cumpliendo una triple finalidad. Por una parte permitía al consumidor comparar ofertas sin necesidad de recurrir a diferentes establecimientos, por otra parte le permitía a los supermercadistas promocionar sus ofertas en forma directa a mayor cantidad de consumidores y por último era una fuente de ingresos muy importante para los medios de prensa. Con lo cual, por lo expuesto no se entiende la racionalidad de la decisión que han adoptado las empresas. Salvo que la misma haya sido adoptada de manera no libre, o de manera organizada y concertada con el Secretario de Comercio Interior, pudiéndose eventualmente conformarse así una verdadera asociación permanente o transitoria, que en los hechos está afectando seriamente a los 11
medios independientes cuyos principales ingresos provienen de la publicidad privada, porque con la publicidad oficial, el gobierno ya los ha discriminado de manera también ilegítima.
El art. 248 del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.” El artículo precitado se encuentra dentro del Título XI que detalla las acciones punibles en contra de la Administración Pública, bien jurídico tutelado. Al referirse a la Administración Pública, la ley no está protegiendo a la Nación o al Estado mismo, como lo hace en los Títulos IX y X, sino el normal funcionamiento de los órganos de gobierno. Es la regularidad funcional de los órganos del Estado lo que constituye la objetividad jurídica que nos ocupa (véase González Roura, Derecho Penal, t. III, pág. 351; Gómez, Tratado, t. V, Nº 1302, pág. 457). Es así bien claro que el concepto de Administración Pública no coincide con el que le asigna el Derecho administrativo, y menos aún, con el de poder administrador. En el título que nos ocupa tal concepto es mucho más amplio, puesto que comprende el aspecto funcional de los tres poderes (Exposición de Motivos de 1891, pág. 228).
El texto transcripto nos demuestra que la protección legal tiende a la necesidad de asegurar la conducta de los funcionarios públicos, quienes con el incumplimiento de sus deberes, entorpecen la regularidad funcional de los órganos del Estado y afectan la vida de los ciudadanos, pudiendo incluso, como en el presente caso, a afectar negativamente su vida. Pero, también en algunos casos, el delito puede ser indistintamente la acción de los unos o los otros, y, en fin, en determinados supuestos la obra necesaria de un particular y un funcionario, en forma conjunta. El bien jurídico tutelado es, genéricamente, la Administración Pública y los delitos incluidos en el Título en estudio persiguen garantizar la regularidad y especialmente la legalidad de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones legales (Manzini, Trattato, Vol. V, nº 1352, pág. 236; Cámara Federal de la Capital, L.L., t. 89, pág. 408). La ley dispone claramente que la acción punible tipificante alcanza a los funcionarios cuando “… no ejecutare las leyes cuyo incumplimiento le incumbiere”, porque en el Artículo 42 de la Constitución Nacional están los derechos del consumidor a ser informado y la no distorsión de los mercados, concepto que incluye la acción concertada de quienes tienen posición dominante en un mercado (publicidad) para distorsionar otro mercado (medios), que en este caso afecta derechos amparados en el Pacto de San José de
Costa Rica y en la Constitución (libertad de información, expresión y prensa). En el caso, este delito es el que se imputaría al Secretario de Comercio Interior, en tanto haya dado “…órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.” Este delito quedará tipificado en relación al Secretario de Comercio Interior en tanto quede demostrado que ha dado la orden verbal a las empresas que resulten involucradas, de cesar en la publicación de su pauta publicitaria en los medios de comunicación gráfica. Ello así, por más que luego las empresas hayan acordado con éste la repentina interrupción de la pauta publicitaria, en lo que terminaría configurando el delito del art. 213 bis antes expuesto. Por otra parte, es precisamente el Secretario de Comercio Interior quien debería velar por el cumplimiento de las leyes de Defensa de la Competencia, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, todas las cuales con los hechos relatados se han visto gravemente afectadas. En ese orden de ideas, debe señalarse que la ley 25.156, en su artículo 1ro establece que “están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la 14
competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general…” aclarando el inc. f) del artículo 2do de tal texto legal, que quedan comprendido en los supuestos de esa norma las acciones que persigan “…f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada en un mercado o excluirlas de éste…” La disposición penal aquí citada y que constituiría el eje central de la denuncia prevé tres formas típicas con las que un funcionario público puede cometer abuso de autoridad: dictando resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales; ejecutando órdenes o resoluciones de esa clase existentes; no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Claramente quien lo realiza es el funcionario con las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de los cuales se abusa y en este caso, con la participación necesaria de los particulares que, sabiendo de la ilegalidad de la medida adoptada y los efectos nocivos de la misma, la ejecutan. Se cumple así el requisito exigido por el tipo penal, sobre que el actor actúe como funcionario, en ese carácter y función y cuando la ley se refiere a la no ejecución de leyes, emplea correctamente la expresión cuyo cumplimiento le incumbiere, porque en este caso sí se deja de hacer lo que es propio de la función. En este supuesto, el funcionario que dispone esta medida contraria a derecho es justamente quien debe velar por el resguardo de los derechos de los consumidores y el legal ejercicio del comercio en el país. En ese rol 15
es que adopta esta medida contraria al libre ejercicio de la prensa y en contraposición al derecho de información que tienen los consumidores. El abuso resulta que mismo es contrario a la Constitución Nacional y a las leyes precitadas, no pudiendo en ningún caso su accionar ser ejercido en forma lícita por funcionario alguno. Ningún funcionario podría en ningún caso estar facultado para disponer o ejecutar una medida de estas características La materialidad del delito de abuso de autoridad debe cometerse a través de uno de los actos que la ley indica. El hecho puede consistir tanto en dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o a las leyes, como en ejecutar las órdenes o resoluciones, ya existentes, o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al autor. Es en este caso que el funcionario actuante ordena que se lleve adelante, en concordancia con otras conductas antijurídicas como la coacción y dentro del marco de las facultades otorgadas, una serie de medidas arbitrarias e ilegítimas que significan un claro abuso de poder. Se agrega a este abuso, la materialización de una omisión, consistente en no ejecutar las leyes vigentes en materia de defensa del consumidor y defensa de la competencia, cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario y es dentro de ese marco que sostuvo las reuniones y planificaciones por las que compele a los particulares de actuar como aquí se denuncia. Es claro que el tipo penal consiste en 16
la violación e incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal. La Cámara Federal de la Capital, por su parte, dispuso el procesamiento del superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central que, ante una evidente situación de iliquidez de una entidad financiera, no sólo no revocó su autorización para funcionar como tal, sino que además omitió exigir la presentación de un plan de regularización y saneamiento en los términos del artículo 34 de la ley 21.526. (Sala 1ª, "Pou, Pedro Ver Texto", del 7/VII/2000, D.J., t. 2000-3, pág. 1003). El mismo tribunal consideró que prima facie cometió este delito el ministro de Economía de la Nación que dictó sendas resoluciones en virtud de las cuales se disponía que las entidades financieras sujetas al Banco Central debían aplicar restricciones para dar cumplimiento a las órdenes emanadas de jueces nacionales en relación a lo dispuesto en un decreto, pues se estimó que, de esa manera, se alteró el equilibrio que entre los poderes del Estado prevé la Constitución (Sala 1ª, "Cavallo, Domingo F. y otros Ver Texto ", del 22/VIII/2002, L.L., Suplemento de Jurisprudencia Penal, 29/X/2002, pág. 7, con nota de Esteban Righi, "Acerca del concurso y la participación en los tipos de abuso de autoridad e instigación a cometer delito"). El delito se consuma con la acción o la omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni provecho alguno. Precisamente es ésta la característica del abuso genérico de autoridad. No es admisible tentativa (Maggiore, Derecho Penal, Vol. III, pág. 213).
MAXIMA GRAVEDAD INSTITUCIONAL Los derechos de Libertad de Información y Libertad de Expresión afectados por los delitos que por la presente se denuncian, son derechos humanos fundamentales y resultan vitales para la subsistencia misma del sistema democrático, prescripto en el art. 1º de nuestra Constitución Nacional que dice: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.” En este orden de ideas, resulta pertinente citar las normas constitucionales y de tratados internacionales con rango constitucional, en donde estos derechos se protegen expresamente.
Constitución Nacional. Artículo 14.- “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.” Al respecto, los Dres. Daniel A. Sabsay y José Miguel Onaindia, en “La Constitución de los Argentinos - Errepar Julio de 1998 sostienen: “Esta disposición constituye uno de los pilares de nuestro orden institucional, ya que en ella se consagra en forma expresa el catálogo de derechos civiles esenciales para el desarrollo del Estado de Derecho. Sin el respeto de estas libertades fundamentales y de las que se derivan de ellas, no existe posibilidad de organizar 18
un Estado democrático aunque se cumpla formalmente con las prescripciones de la parte orgánica. Es más, todo el derecho constitucional del poder se organiza como garantía genérica del efectivo goce de los derechos reconocidos a los habitantes de la Nación.”
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión: Art. IV.- Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Art. 19: Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; ente derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus pensamientos, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San
José de Costa Rica. “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 19
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Artículo
19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Como puede apreciarse, la protección de los derechos de libertad de
expresión y de libre acceso a la información, poseen una protección del más alto rango en el derecho local y en el derecho internacional. Y ello es así desde hace varias décadas atrás.
Sin embargo, estos derechos cobran mayor relevancia en el siglo
XXI, en un país que ya supera los 40 millones de habitantes. Actualmente, para la vigencia del sistema democrático resulta vital que en la República se respeten absolutamente los derechos de libertad de expresión y de libre acceso a la información. Si ello no sucede, la democracia se verá gravemente afectada, pues los ciudadanos no podrán contar con la información necesaria a efectos de tomar las decisiones políticas que consideren pertinentes. Ello tiene mayor gravedad aún en un año electoral como el presente. Para los partidos políticos opositores, -que no cuentan con recursos propios del abuso de poder estatal que realiza el Gobierno Nacional, por ejemplo con la propaganda en “Fútbol para Todos”, resulta vital poder contar con medios independientes que expresen sus opiniones y las difundan a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. De otra 21
manera, los políticos opositores jamás podremos llegar a todos los ciudadanos a los que aspiramos a representar. Todo ello se da en un contexto de abierto conflicto del Gobierno Nacional contra grupos de medios independientes como el grupo Clarín, La Nación o Perfil, medios a los que el Gobierno ya penaliza de manera ilegítima por medio de una arbitraria distribución de la pauta publicitaria oficial, existiendo a la fecha sentencias dictadas por la Corte Suprema en ese sentido y que continúan siendo desconocidas por el Estado Nacional.
Y todo ello se agrava con el mencionado abuso que el Gobierno
Nacional hace del poder del estado y la utilización indiscriminada de éste para promover y publicitar sus ideas políticas y sus candidatos por distintos medios estatales o financiados por el Estado.
Si en este contexto se permite pasivamente que el Estado Nacional,
en forma directa o indirecta, actuando formalmente o por medio de funcionarios que abusan de su poder potencialmente coercitivo, recorte sensiblemente las principales fuentes de financiamiento de los medios independientes, pues en realidad lo que se estará permitiendo es que desde el propio estado se atente contra el sistema republicano y el orden democrático.
Para casos como el presente, el viejo código penal vigente, contiene
normas que resultan un tanto anticuadas. En este sentido, el ARTICULO 226 dice: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y 22
formas legales. Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.”
Pues bien, ya entrado el siglo XXI y luego de las experiencias por
las que ha transcurrido la República durante el siglo pasado, que esta figura penal requiera “que se alzaren en armas”, resulta al menos limitado. Ello por cuanto en la actualidad, existen técnicas y métodos menos evidentes que podrían dañar del mismo modo el bien jurídicamente protegido por la norma.
Tal el caso que aquí nos ocupa. Pues privar a los medios
independientes de su principal fuente de financiamiento y a los ciudadanos del libre acceso a la información, constituye, como hemos dicho, un gravísimo atentado contra el orden democrático y contra la misma Constitución. V.- PRUEBA A los fines de preservar la prueba y de investigar la posible ocurrencia de los delitos mencionados, se solicita se ordene la producción de la siguiente prueba con carácter previo y urgente:
Se solicite a los diarios La Nación, Clarín, Página 12, Perfil, El Argentino, Diario Popular y los que se consideren necesarios a efectos de que informen los siguiente:
supermercados y electrodomésticos, bancos, y las empresas AMX Argentina S.A., Telmex Argentina S.A., Telefónica de Argentina SA, Telefónica Móviles Argentina SA, Telecom Argentina SA y Telecom Personal SA. Esta información deberá contener la pauta contratada por cada empresa, para cada mes, expresada en (i) monto facturado, (ii) cantidad de días del mes en que se publicaron avisos de esa empresa, y (iii) cantidad de espacio por mes contratado por cada empresa. Todo ello, por el término de los últimos dos años, a los efectos de poder comprobar el abrupto cese en la publicación de avisos que han realizado las empresas en cuestión. A modo de ejemplo, mínimamente deberán brindar información sobre la pauta contratada por Carrefour, Coto, Disco, Día, Jumbo, Garbarino, Falabella, Frávega, Musimundo, etc.
A efectos de comprobar la relevancia económica y financiera que poseen los ingresos por pauta de empresas privadas en los diarios mencionados, se les solicitará la siguiente información: Para los últimos dos años, deberán informar qué porcentaje de sus ingresos proviene de los siguientes orígenes: (i) venta de periódicos, (ii) pauta publicitaria de personas físicas o jurídicas privadas, (iii) pauta publicitaria del estado nacional, (iv) pauta publicitaria por provincia y de la ciudad de Buenos Aires, (v) pauta publicitaria de 24
municipios; (vi) clasificados; (vii) judiciales; (viii) otros ingresos.
A efectos de comprobar lo intempestivo de la suspensión de la publicación de avisos, para cada una de las empresas mencionadas en 19.i, se deberá informar lo siguiente: (i) si a partir de febrero ocurrió una disminución sensible de la pauta publicitaria; (ii) si ello implicó dejar sin efecto de manera intempestiva, contrataciones previamente concertadas con el diario; (iii) por qué medio y quién les notificó el cese de la pauta publicitaria y cuáles fueron los motivos esgrimidos de dicha decisión; (iv) que persona y sector del diario o empresa de servicios contratada al respecto recibió la noticia de las empresas clientes a efectos de dejar de pautar en el diario o bajar sensiblemente dicha pauta; y (v) de qué persona de cada cliente de los mencionados al principio se recibió la orden de modificar la pauta publicitaria en lo que va del año 2013.
Se solicite a las cadenas de supermercados y venta de electrodomésticos que se considere pertinente (se sugiere incluir Carrefour, Coto, Disco, Día, Jumbo, Garbarino, Falabella, Fravega y Musimundo), al grupo de empresas de Telefónica de Argentina y de Telecom Argentina y a los Bancos, que brinden la siguiente información a efectos de determinar si han procedido en los términos del art. 213 bis del código penal:
Que informen la composición de sus áreas comerciales, de marketing y/o publicidad, que tengan la responsabilidad de planificar y asignar el presupuesto de marketing y publicidad. 25
Al respecto deberán identificar al máximo responsable, a los directores, gerentes y jefes de dichas áreas así como de los directores y/o responsables de las relaciones institucionales y/o gubernamentales de cada una de las empresas mencionadas.
Deberán informar los presupuestos de pauta publicitaria en medios gráficos aprobados para los años 2011, 2012 y 2013 debiendo especificar: (i) cuál es el procedimiento interno seguido para la planificación de dicho presupuesto; (ii) cuál es el procedimiento interno seguido para la asignación de ese presupuesto en los distintos medios gráficos y específicamente en cada diario; (iii) cuáles son los criterios objetivos tenidos en cuenta a los fines de decidir la asignación de pauta publicitaria en los distintos medios gráficos y en cada diario; (iv) cuál fue el criterio de decisión adoptado en cada año para definir la asignación de pauta publicitaria en cada medio gráfico y en cada diario. En relación a los cambios operados en la pauta publicitaria en los diarios en el año 2013, se deberá informar: (i) a qué criterios objetivos responde la decisión de modificar de manera sensible e intempestiva la pauta publicitaria en cada diario; (ii) cómo ha sido el proceso interno de toma de decisión de dicha modificación en la pauta; (iii) quién o quienes han tomado la decisión de modificar la pauta publicitaria en los medios gráficos y en cada diario y las medidas societarias adoptadas para su implementación.
Por todo lo expuesto venimos a presentar la presente denuncia, solicitando que, de corresponder, se impulse la acción penal contra quienes resulten responsables de los actos mencionados a los efectos de determinar si resultan autores penalmente responsables o en su caso el grado de participación de cada uno de los mencionados en la comisión de los delitos denunciados. A todos los efectos legales esperamos que se nos cite a ratificar la presente denuncia y nos reservamos el derecho a ser tenidos como partes querellantes en esta causa. Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.
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Denuncia contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno by FedericoPinedo116 viewsEmbedDownloadDescriptionLa denuncia es por atentar contra el sistema democrático, impedir la libre circulación de diarios críticos del Gobierno y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.La denuncia es por atentar contra el sistema democrático, impedir la libre circulación de diarios críticos del Gobierno y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.Interests: Types, Government & PoliticsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less