Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-413-de-agosto-8-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_0962efc7f8264cff8d6c34c0a99b3994&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-20 00:59:16
Document Index: 198947407

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 101', 'artículo 86', 'artículo 42', 'Artículo 39']

﻿ Sentencia T-413 de agosto 8 de 2016
SENTENCIA T-413 DE 08 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:EL TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE ACUMULARSE AL TIEMPO COTIZADO EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. EXISTE UN VÍNCULO INDISCUTIBLE ENTRE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL MÍNIMO VITAL Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, YA QUE ESTA PRESTACIÓN PRETENDE ASEGURAR QUE LAS PERSONAS CUYA CAPACIDAD LABORAL SE VE DISMINUIDA RECIBAN UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA COMO UNA FUENTE DE INGRESO QUE LES SIRVA PARA GARANTIZAR SUS NECESIDADES BÁSICAS. ASÍ MISMO, EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 860 DE 2003, DISPUSO QUE TENDRÁN DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ LAS PERSONAS QUE TENGAN UNA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL IGUAL O SUPERIOR AL 50% Y QUE HAYA COTIZADO 50 SEMANAS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN. ADICIONAL A ESTO, EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 48 DE 1993, DISPUSO QUE TIENEN DERECHO LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESTADO EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO A QUE DICHO TIEMPO LES SEA COMPUTADO PARA EFECTOS PENSIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, PENSIÓN DE INVALIDEZ, SISTEMA DE PENSIONES, SERVICIO MILITAR, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO AL MÍNIMO VITAL
Sentencia T-413 de agosto 8 de 2016
2. El 18 de julio de 2007, Seguros de Vida Alfa S.A. calificó la pérdida de capacidad laboral del señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao, con un 70.90 %, de origen común y con fecha de estructuración del 9 de marzo de 2007, al presentar “trauma raquimedular nivel T 12 con paraplejía secundaria”(1).
3. El 12 de septiembre de 2008, Porvenir S.A. dando respuesta a la solicitud de pensión de invalidez radicada por el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao, le manifestó que no era posible reconocerle la prestación solicitada, debido a que no cumplía con el requisito de fidelidad y tampoco contaba con 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez(2).
4. El 4 de junio de 2015, el actor le solicitó a Porvenir S.A. revisar su situación teniendo en cuenta que prestó el servicio militar obligatorio del 14 de septiembre de 1988 al 30 de junio de 1990, tiempo certificado por el Ministerio de Defensa(3). Dicha petición se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, mediante la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización(4).
5. El 1º de julio de 2015, Porvenir S.A. confirmó la decisión adoptada inicialmente al constatar que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao no cuenta con 50 semanas de cotización durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. En cuanto al cómputo de las cotizaciones realizadas como soldado de las fuerzas militares, no es posible realizarlo por tratarse de un régimen exceptuado(5).
6. De acuerdo con la historia laboral entregada por Porvenir S.A. el 8 de abril de 2015, puede constatarse que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cuenta, en principio, con 90.86 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración(6), de la siguiente manera:
De lo anterior, el actor concluyó que, en principio, la entidad accionada no incluyó el periodo comprendido entre el 14 de abril de 1988 y el 30 de junio de 1990, tiempo en el que prestó el servicio militar obligatorio en el Ministerio de Defensa. Aseguró que el tiempo acreditado es de 183.29 semanas(7).
7. El actor asegura que en la sentencia T-063 de 2013 la Corte Constitucional dispuso que el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio debe computarse como tiempo de servicio válido para el trámite de la pensión(8).
8. El actor afirma que es una persona en situación de invalidez, que requiere de silla de ruedas para desplazarse, usa pañales, está desempleado y carece de recursos económicos para suplir sus necesidades básicas. A su vez, informó que sus necesidades básicas son suplidas por la fundación GANA que le suministra medicamentos y medicina(9).
9. Como consecuencia de lo expuesto, el accionante solicitó al juez de tutela, que se le ordene a Porvenir S.A. realizar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de forma definitiva, desde el 9 de marzo de 2007 momento en el que perdió su capacidad laboral, teniendo en cuenta el tiempo del servicio militar obligatorio. Como pretensión subsidiaria pidió la devolución de saldos teniendo en cuenta el tiempo cotizado cuando prestó el servicio militar obligatorio(10).
10. Mediante auto del 6 de noviembre de 2015, el Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín, Antioquia, admitió la demanda de tutela, puso en conocimiento y vinculó a Porvenir S.A. para que se pronunciara sobre los hechos de la demanda y aportara las pruebas que considerara necesarias(11).
11. Porvenir S.A. aseguró que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cotizó 3.86 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, lo que implica que no cumple con el requisito de haber cotizado 50 semanas en las últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003. Por lo anterior, el 12 de septiembre de 2008 fue rechazada la solicitud de pensión de invalidez(12).
Impugnación: presentada por la parte actora el 7 de diciembre de 2015(13)
El 27 de julio de 2016, la Secretaría General informó que vencido el término probatorio, fueron recibidos los oficios de Porvenir, Colpensiones, Municipio de Bello y de la Fundación Gana “FUNDAGANA”, en los que dan respuesta al auto de pruebas de fecha 1° de julio de 2016(14).
19. Porvenir S.A. aseguró que el pasado 19 de julio de 2016, le envió comunicación al señor Roberto Belarmino Piedrahita en la que se evidencia que cotizó 63.14 semanas durante todo el tiempo en el que estuvo afiliado al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad(15).
Finalmente, Porvenir S.A. adjuntó documentos relacionados con la historia laboral del actor, tales como la relación histórica de movimientos(16), historia laboral(17), reclamación de prestaciones económicas del 31 de marzo de 2008(18), formulario de solicitud de prestaciones económicas de pensión de invalidez(19), autorización de trámite del bono pensional del 31 de marzo de 2008(20) y notificación de la calificación de pérdida de la capacidad laboral(21), entre otros.
20. Colpensiones mediante escrito del 21 de julio de 2016, comunicó que de acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Nacional de Reconocimiento, el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao “no tiene ninguna petición radicada en Colpensiones y adicionalmente verificando nómina no cuenta con prestación reconocida por nosotros. Al ingresar al aplicativo bonos pensionales, aparece que la SOC ADM de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., como afiliado con solicitud de pensión rechazada, devolución de saldos de (invalidez), es decir está afiliado en el RAIS.”(22)
21. El Municipio de Bello, en oficio del 13 de julio de 2016,(23) a través de la Secretaría de Salud remitió el informe cuyo contenido se sintetiza a continuación.
Nombre del programa Objetivo del programa Unidad ejecutora
Educación incluyente y flexible Implementar los modelos educativos pertinentes y flexibles que permitan el ingreso a la escuela y atender de forma prioritaria y continua a la población con necesidades educativas especiales. Secretaría de educación
Atención integral a la población en situación de discapacidad. Realizar acciones integrales que promuevan el desarrollo de las personas en situación de discapacidad y las comunidades, en un marco de inclusión, garantía de derechos e igualdad de oportunidades. Secretaría de Salud.
— Implementación de modelos educativos flexibles
— Atención incluyente para población vulnerable con necesidades educativas especiales (discapacidad, víctimas de conflicto, desplazados, menores en riesgo social, reintegrados y desvinculados).
— Alimentación escolar y educación en hábitos matronales.
— Atención para la población en edad escolar con discapacidad cognitiva significativa.
— Centro Integral de Oportunidades Diversas
— Construyendo Juntos el Progreso
— De la Mano Nos Cuidamos, Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
22. En escrito del 13 de julio de 2016, la Fundación Gana “FUNDAGANA” informó que tiene como finalidad mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los integrantes de la familia Gana. A su vez, busca promover el desarrollo social de sus integrantes y de las comunidades en donde la compañía realiza sus actividades(24).
— El 22 de noviembre de 2013, le fue entregado un auxilio económico de $75.000, por presentar infección urinaria.
— El 26 de marzo de 2014, le fue entregado un colchón de aire para evitar escaras.
— El 29 de septiembre de 2015, le fue entregado un auxilio económico de $30.000, por presentar infección urinaria.
24. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia(25), y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario siempre y cuando se presente la acción ordinaria en un término de 4 meses (26).
En sus distintos pronunciamientos(27) ha dado aplicación del requisito de subsidiariedad considerando las circunstancias particulares del accionante. En esa dirección, el tiempo de espera desde la primera solicitud pensional a la entidad de seguridad social (procedimiento administrativo), la edad (personas de la tercera edad), la composición del núcleo familiar (cabeza de familia, número de personas a cargo), el estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de enfermedades importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación escolar y potencial conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer) y las circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato socioeconómico, calidad de empleo) de quien reclama el amparo constitucional, son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer si la pretensión puede ser resuelta eficazmente a través de los mecanismos ordinarios, o si, por el contrario, las dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de manera injustificada(28).
25. Legitimación por activa: La acción de tutela fue interpuesta por la señora Jacqueline Orozco Patiño como apoderada del ciudadano Roberto Belarmino Piedrahita Henao(29). Lo anterior, encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Se encuentra entonces demostrada la legitimación en la causa por activa.
26. Legitimación por pasiva: La acción de tutela se dirige contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., entidad administradora de fondo de pensiones que presta un servicio público y, como tal es demandable en proceso de tutela(30).
27. Inmediatez: El 1 de julio de 2015, Porvenir S.A, (31) negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, con fundamento en el hecho que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao no cuenta con 50 semanas de cotización durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. La acción de tutela fue interpuesta el 5 de noviembre de 2015, es decir, dentro de un tiempo razonable y por consiguiente, la Sala considera que se cumple el requisito de inmediatez.
28. Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable(32).
La eficacia consiste en que el mecanismo judicial este “diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”(33). Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa(34) competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando “no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido.”(35)
“ART. 2º.—El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (…)”. (Subrayado fuera del texto original)
Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el requisito de subsidiariedad se flexibiliza y la tutela se hace procedente cuando (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable(36); y (iv) cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado(37).
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que los sujetos que merecen especial protección constitucional son, por ejemplo, menores de edad (Art. 44 C.P), personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), y en estos casos “(…) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos y, por tanto, la acción de tutela debe proceder y ser concedida.”(38)
30. Esta corporación ha definido la pensión de invalidez como una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad(39). Este derecho adquiere una connotación especial al buscar preservar los derechos de los sujetos de especial protección como las personas que tienen una disminución física, sensorial o psiquiátrica(40).
32. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993(41), modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, estableció que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se requiere:
“PAR. 1º—Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
“PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
33. La Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 en la Sentencia C-428 de 2009. En esta ocasión, estimó que el requisito de fidelidad de cotización al sistema -del 20% para el reconocimiento de la pensión de invalidez- contradecía el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre el cual se encuentra el derecho a la seguridad social. En virtud de lo anterior, la Sala Plena concluyó “que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1° como en el 2°, deben ser declarados inexequibles puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma”.(42) Siguiendo la misma línea, la sentencia C-556 de 2009 declaró inexequible los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que también establecían requisitos de fidelidad al sistema.
“PAR. 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
35. La Ley 2 de 1945 “por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa”, en la sección II que versa sobre el retiro de oficiales y sus prestaciones, en el artículo 46 dispuso que el “tiempo de servicio, para todos los efectos, se liquida a partir de la fecha del ingreso al Ejército, en cualquier grado, inclusive como soldados y los dos últimos años de permanencia en la Escuela Militar de Cadetes.” Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la disposición mencionada le reconocía a todos los integrantes de las fuerzas militares, incluso a los soldados, el derecho a contabilizar para el cálculo de la pensión de vejez el tiempo destinado a dicha labor, desde el mismo momento del ingreso(43). La Ley 2 de 1945 fue derogada por la Ley 126 de 1959(44) y el Decreto Ley 2339 de 1971(45).
36. Posteriormente, el Decreto Ley 2400 de 1968(46), en el artículo 24, dispuso:
“Cuando un empleado del servicio civil es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, sus condiciones como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirán ninguna alteración, quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a recibir remuneración. Terminado el servicio militar será reintegrado a su empleo. Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los empleados que sean llamados a prestar servicio militar obligatorio. (…).”(resaltado fuera del texto original).
El Decreto Ley 2400 de 1968 reglamentado por el Decreto 1950 de 1973(47), señaló en el artículo 101(48) que el tiempo de servicio militar debía ser tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad.
47. En cuanto a la solicitud de devolución de saldos, de acuerdo con la respuesta dada por Porvenir S.A. a la solicitud de pruebas se evidencia que dicha entidad ya inició los trámites ante el Ministerio de Defensa para reclamar el valor correspondiente a dichos aportes y pagarle al señor Piedrahita Henao el valor correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala le ordenará a Porvenir, si aún no lo ha hecho, que proceda a reconocer y pagar la devolución de saldos al actor en un término máximo de 48 horas contados a partir del momento en que se notifique la sentencia(49).
1. REVOCAR el fallo del 1° de febrero de 2015, proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, Antioquia, que a su vez, confirmó la providencia del 20 de noviembre de 2015, del Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Medellín, Antioquia, que negó el amparo solicitado a los derechos fundamentales del señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao.
2. ORDENAR a Porvenir S.A, si aún no lo ha hecho, que en el término máximo de 48 horas, contado a partir de la notificación de la presente sentencia proceda a reconocer y pagar la devolución de saldos a la que tiene derecho el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao, teniendo en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar.
3. ORDENAR al Municipio de Bello, que en el término máximo de quince días contado a partir de la notificación de la presente sentencia, le informe al señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao de manera detallada los programas de protección social con los que cuenta el municipio y proceda a incluirlo en los que más se adapten a sus necesidades.
1 Dictamen de pérdida de la capacidad laboral (PCL). (Cuaderno No.1 fl. 14 y 15).
2 Respuesta de Porvenir S.A. a solicitud pensional. (Cuaderno No.1 fl. 16 y 17).
3 Petición. (Cuaderno No.1 fl. 19 y 20).
4 Certificado de información laboral para bono pensional. (Cuaderno No.1 fl. 22 y 23).
5 Respuesta de Porvenir S.A. del 1 de julio de 2015. (Cuaderno No.1 fl. 24 a 27).
6 Historia Laboral para Pensión. (Cuaderno No.1 fl. 28).
7 Manifestación realizada en la demanda de tutela. (Cuaderno No.1 fl. 6).
8 Manifestación realizada en la demanda de tutela. (Cuaderno No.1 fl. 3).
9 Manifestación realizada en la demanda de tutela. (Cuaderno No.1 fl. 5 y 7).
10 Manifestación realizada en la demanda de tutela. (Cuaderno No.1 fl. 8).
11 Según consta en el Auto del 6 de noviembre de 2015. (Cuaderno No.1 fl. 31).
12 Porvenir S.A. presentó el informe respectivo luego de vencido el término de traslado, que otorgó el Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín, Antioquia, mediante providencia del 6 de noviembre de 2015. (Cuaderno No.1 fl 33 a 39).
13 Impugnación. (Cuaderno No. 1 fl.55)
14 Oficio del 27 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Corte Constitucional. (Cuaderno principal, fl. 73)
15 En la Respuesta de Porvenir S.A. (Cuaderno principal, fl. 28 al 60). Carta 2410 del 19 de julio de 2016, enviada al señor al señor Roberto Belarmino Piedrahita (Cuaderno principal, fl. 30 y 31)
16 Cuaderno principal, fl. 32 al 34.
17 Cuaderno principal, fl. 35.
18 Cuaderno principal, fl. 36.
19 Cuaderno principal, fl. 43.
20 Cuaderno principal, fl. 44.
21 Cuaderno principal, fl. 47 al 49.
22 Cuaderno principal, fl 62
23 Cuaderno principal, fl. 63 y 64.
24 Cuaderno principal, fl. 65 y 66.
25 Ver, entre otras, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y T-548/15, y T-317/15.
26 Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver, sentencia T-896/07, entre otras.
27 Ver, entre otras sentencias la T-043 de 2007, T-395 de 2008, T-093 de 2011.
28 Esta Corte en sentencia T-721 de 2012, al referirse a la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar la pensión de invalidez, insistió en que la aptitud de los instrumentos judiciales ordinarios para resolver de manera efectiva los problemas jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos pensionales debe establecerse a partir de una evaluación exhaustiva del panorama fáctico y jurídico que sustenta la pretensión de amparo.
29 Según consta en el poder especial, el cual obra a folio 12 del cuaderno No. 1.
30 Constitución Política de Colombia, artículo 86 y el Decreto 2591 de 1991, artículo 42. En ese sentido se encuentra, por ejemplo, la sentencia T-936 de 2014
31 Respuesta de Porvenir S.A. del 1 de julio de 2015. (Cuaderno No.1 fl. 24 a 27).
32 Ver, entre otras, sentencia T-547 de 2011.
33 Cfr. Sentencia T-113 de 2013.
34 Al respecto la sentencia SU-037 de 2009 aseveró: “La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.”
35 Cfr. Sentencia T-471 de 2014.
36 Ver, sentencia T-722 de 2011.
37 Sentencia T-043 de 2014
38 Ver, entre otras, sentencias T-456 de 2004, T-888 de 2009, T-979 de 2011.
39 Sentencia C-227 de 2004.
40 Sentencias T-26 de 1992, T-011 de 1993, T-427 de 1992, T-144 de 1995; T-1007 de 2004.
41 Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
42 Por cuanto, la Ley 860 de 2003, “(…) agregó un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante, el requisito de fidelidad al sistema que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, y aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez, y no habiendo población beneficiada por la norma como en el requisito de las semanas mínimas de cotización, ni advirtiendo una conexión entre el fin previsto en la norma -la promoción de la cultura de la afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes- con los efectos producidos por la misma, este requisito de fidelidad no logra desvirtuar la presunción de regresividad, a diferencia del caso respecto del cual la reforma mostró matices de progresividad a pesar del aumento en el número de semanas requeridas”. Sentencia C-428 de 2009.
43 Ver las sentencias T-510 de 2014, T-739 de 2014, T-525 de 2015, entre otras. En estas providencias los accionantes solicitaban que para efectos pensionales les fuera tenido en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio.
44 Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa.
45 . “Por el cual se dicta el Estatuto de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.”
46 “Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones”.
47 “Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.”
48 La norma en cita dispone que: “El tiempo de servicio militar será tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad, en los términos de la ley.”
49 Porvenir deberá realizar el pago del bono pensional, teniendo en cuenta los artículos 115 a 120 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 3798 de 2003 y demás normas aplicables al caso concreto.