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Timestamp: 2019-07-17 09:03:18
Document Index: 20753673

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'e contrario', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 421', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 9', 'artículo 2']

﻿ DECRETO 2716 DE 1994
DECRETO 2716 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1994
CONTENIDO:ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y ASOCIACIONES CAMPESINAS, PROCEDIMIENTO PARA SU CONTROL Y VIGILANCIA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1014, ENERO 15 DE 1994 PG. 1380
DECRETO 2716 DE 1994
“Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 30 del Decreto 1279 de 1994”.
ART. 1º—Del campo de aplicación. El presente decreto regula el marco jurídico de las asociaciones agropecuarias y campesinas, nacionales y no nacionales, constituidas o que se constituyan en el territorio nacional, con el fin de permitir su adecuado control y vigilancia para asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y liquidación se cumplan, en un todo, conforme a la ley, a este decreto y a los respectivos estatutos.
ART. 2º—De la naturaleza. Para los fines del presente decreto se entiende por asociación agropecuaria la persona jurídica de derecho y sin ánimo de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y acuícola con el objeto de satisfacer o defender los intereses comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional.
Se entiende por asociación campesina aquella organización de carácter privado constituida o que se constituya por campesinos, y que tenga como objeto principal la interlocución con el gobierno en materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria.
PAR.—Entidad “sin ánimo de lucro” a que se refiere el presente artículo, es aquella en la que las utilidades que se obtienen en el desarrollo de su objeto social no son objeto de distribución entre sus asociados.
Los recursos que los asociados entreguen a las asociaciones no se consideran aportes de capital, sino contribuciones para sostenimiento de la persona jurídica y/o para la prestación de servicios a sus asociados, y en ningún caso son reembolsables ni transferibles.
El contenido de este parágrafo se hará constar en los estatutos de toda asociación agropecuaria o campesina, que se organice o constituya con fundamento en el presente decreto, de manera que el patrimonio de estas entidades no puede ser, por ningún motivo, objeto de distribución entre sus asociados.
(Nota: El inciso primero fue modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 1º del Ministerio de Agricultura).
ART. 3º—De las características. Toda asociación agropecuaria o campesina deberá reunir las siguientes características:
3. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados.
ART. 4º—De las condiciones. Para que una asociación agropecuaria o campesina, sea considerada de carácter nacional, su objeto social debe ser susceptible de desarrollar en todo el territorio nacional. Cuando se desarrolle en parte de éste, será de carácter no nacional.
ART. 5º—De la denominación. Las asociaciones agropecuarias o campesinas incluirán en su denominación social las palabras “asociación o corporación agropecuaria o campesina nacional o no nacional”, según el caso.
(Nota: Modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 2º del Ministerio de Agricultura).
De la constitución y reconocimiento de las asociaciones agropecuarias o campesinas
ART. 6º—De la constitución. Las asociaciones agropecuarias o campesinas se constituirán con un mínimo de veinte (20) miembros en acto privado que se hará constar en acta firmada por todos los asociados fundadores con anotación de sus nombres, documentos de identificación o estatuto del que derivan su existencia y domicilios, en la cual se consagrará:
1. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá la asociación agropecuaria o campesina y el sometimiento a los mismos.
2. El valor de las cuotas iniciales de sostenimiento aportadas por los miembros fundadores.
3. El nombramiento de los miembros de la junta directiva.
4. El nombramiento del revisor fiscal.
(Nota: El inciso primero fue modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 3º del Ministerio de Agricultura).
ART. 7º—Del reconocimiento jurídico. Corresponde al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones agropecuarias nacionales o campesinas nacionales y de las modificaciones que se presenten a sus estatutos. El reconocimiento jurídico de las asociaciones agropecuarias o campesinas no nacionales corresponde a la secretaría de gobierno de las alcaldías de los municipios, distritos especiales y distrito capital o a las que hagan sus veces. La secretaría competente para estos efectos será la correspondiente al lugar del domicilio principal que se establezca en los estatutos de tales asociaciones.
ART. 8º—De los requisitos. Para el reconocimiento de personería jurídica se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica suscrita por el representante legal de la asociación.
2. Acta de la asamblea general de constitución.
3. Relación de afiliados, indicando si se trata de persona natural o jurídica; en este último caso anexar certificado de existencia y representación legal expedida por autoridad competente, como también la autorización del órgano directivo para ingresar a la misma.
4. Texto completo de los estatutos, con firmas del presidente y secretario intervinientes en la asamblea general de constitución.
ART. 9º—Del trámite para el reconocimiento. Recibida la solicitud y sus anexos, la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las asociaciones de carácter nacional, o la secretaría de gobierno respectiva para los de carácter no nacional, asumirá su estudio y si su objeto social está acorde con lo señalado en el artículo 2º de este decreto y no fuere contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres, procederá a elaborar la resolución concediendo la personería jurídica; en caso contrario, será rechazado de plano dicho reconocimiento.
PAR.—Cuando la documentación presente deficiencias o esté incompleta, será devuelta al interesado con las indicaciones del caso, a fin de que se subsanen las deficiencias encontradas o se aporten los documentos faltantes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones, no se da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido el expediente se archivará, sin perjuicio de que el interesado presente una nueva solicitud.
ART. 10.—De la existencia y representación legal. Para todos los efectos legales será prueba de la existencia y representación legal de una asociación agropecuaria o campesina, la certificación que en tal sentido expida la oficina
jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso.
ART. 11.—De los estatutos. Los estatutos de toda asociación agropecuaria o campesina deberán contener:
2. Objeto social de la asociación y enumeración de sus actividades.
3. Condiciones para la admisión de socios, retiro y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión.
4. Derechos y deberes de los asociados.
5. Régimen de sanciones, causales y procedimientos consagrando la oportunidad para que el asociado ejerza cabalmente el derecho a su defensa.
6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los órganos de dirección, administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.
7. Convocatoria a asambleas ordinarias y extraordinarias.
9. Constitución e incremento patrimonial de la asociación.
10. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación.
11. Procedimiento para reforma de estatutos y expedición de reglamentos internos.
12. Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, una vez disuelta y liquidada a una entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro.
13. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos.
PAR.—Los estatutos serán reglamentados por la junta directiva, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios.
ART. 12.—De las reformas estatutarias. Las reformas de estatutos de las asociaciones agropecuarias o campesinas nacionales y no nacionales deberán ser aprobadas en asamblea general y no producirán efectos mientras no haya sido aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, mediante resolución motivada, para lo cual se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal o por el presidente de la reunión estatutaria en la cual hayan sido aprobadas las reformas.
2. Actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas reformas
con firmas del presidente y secretario de la respectiva reunión.
3. Estatutos que incluyen todas las modificaciones introducidas con firmas del presidente y secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.
ART. 13.—De los asociados. Pueden ser miembros de una asociación agropecuaria, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción agrícola, pecuaria, forestal, piscícola, y acuícola. No pueden serlo en consecuencia, aquellas personas cuyas actividades se limitan a servir de simples intermediarios entre los productores y los consumidores, ni quienes tienen por actividad exclusiva suministrar bienes o prestar determinados servicios a los productores. En las asociaciones campesinas podrán ser miembros las personas que acrediten la calidad de campesinos, de conformidad con lo establecido en los respectivos estatutos.
(Nota: El inciso primero fue modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 4º del Ministerio de Agricultura).
ART. 14.—Del término para adquirir la calidad de asociado. La calidad de asociado de una asociación agropecuaria o campesina se adquiere:
1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución.
ART. 15.—De los deberes. Son deberes fundamentales de los asociados:
1. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la asociación.
2. Acatar las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.
3. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias.
4. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los cargos para los cuales sean elegidos por la asamblea general o por la junta directiva.
5. Dar a los bienes de la asociación el uso para el cual están destinados y cuidar de su conservación y mantenimiento.
6. Velar por los intereses de la asociación.
7. Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones que tenga para con la asociación.
9. (sic) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la asociación agropecuaria o campesina.
ART. 16.—De los derechos. Son derechos fundamentales de los asociados:
1. Utilizar los servicios de la asociación y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.
2. Participar en las actividades de la asociación y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informados de la gestión de la asociación de acuerdo con las prescripciones estatutarias y/o reglamentarias.
4. Fiscalizar la gestión de la asociación.
5. Retirarse voluntariamente de la asociación.
6. Participar en las asambleas generales con voz y voto de conformidad con lo establecido en los respectivos estatutos.
PAR.—El ejercicio de los derechos de que trata este artículo está condicionado al cumplimiento de los deberes.
(Nota: Los numerales 2 y 4 fueron modificados por el Decreto 938 de 1995 artículo 5º del Ministerio de Agricultura).
ART. 17.—De la pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución cuando se trate de personas jurídicas, retiros voluntarios, forzosos o por exclusión.
En los estatutos se determinará el órgano competente para decretar la exclusión de un asociado, consagrándose, en todo caso, la oportunidad para que el excluido ejerza cabalmente el derecho a su defensa.
El retiro forzoso está sujeto a la incapacidad civil para ejercer derechos y contraer obligaciones, de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia.
En caso de muerte, la junta directiva decidirá si los herederos del asociado fallecido, continúan como asociados, y en caso afirmativo éstos tendrán los mismos derechos y obligaciones de los demás asociados.
(Nota: Modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 6º del Ministerio de Agricultura).
ART. 18.—De la composición. El patrimonio de las asociaciones agropecuarias o campesinas, estará integrado, entre otros, por los siguientes recursos:
1. Cuotas de afiliación y sostenimiento que determine la asamblea general.
2. Aportes o donaciones que les otorguen personas naturales o jurídicas de carácter privado.
3. Beneficios o pagos que obtengan por la prestación de sus servicios.
4. Bienes o rendimientos derivados de cualesquiera otras actividades que desarrollen dentro del marco de su objeto social.
PAR.—El patrimonio de las asociaciones agropecuarias o campesinas es independiente del de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las obligaciones de una asociación no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno de sus afiliados, a menos que éstos hayan consentido expresamente en responder por todo o por parte de tales obligaciones.
De la dirección, administración y vigilancia interna
ART. 19.—De los órganos que la componen. La asamblea general es el órgano de dirección, la junta directiva y el representante legal son de administración y la revisoría fiscal o el fiscal de vigilancia interna.
ART. 20.—De la asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo de dirección de las asociaciones agropecuarias o campesinas y está constituida por la reunión de asociados hábiles o delegados elegidos por éstos; sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.
PAR.—Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos.
ART. 21.—De las reuniones. Las reuniones de la asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares, excepción hecha de las asociaciones de segundo grado y tercer grado que las celebrarán dentro de los primeros cuatro (4) meses.
Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea ordinaria.
Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos.
PAR. 1º—Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias serán convocadas por la junta directiva, o en su defecto, podrán ser convocadas por el fiscal o revisor fiscal o por un número plural de asociados que represente por lo menos el treinta por ciento (30%) de los afiliados.
La convocatoria para las asambleas debe hacerse con una anticipación inferior a veinte (20) días calendario, la cual se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma prevista en los estatutos. En esta convocatoria se indicará la fecha, hora, lugar de la reunión y temas a tratar.
Para este efecto el revisor fiscal o fiscal deberá elaborar el listado de los socios que válidamente pueden participar con voz y voto en la asamblea, la cual se dará a conocer a los mismos, con veinte (20) días de anticipación a la fecha prevista para su realización.
PAR. 2º—Cuando se trate de asambleas ordinarias que no puedan celebrarse en el término estipulado en este artículo, la asociación nacional deberá solicitar autorización previa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las no nacionales a la secretaría de gobierno respectiva, para celebrar el evento, la cual se concederá si los argumentos que exponen los interesados están relacionados con perturbaciones de orden público o por inconveniencias de índole económica.
La asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles o delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior a la tercera parte de los mismos. Si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzare el quórum requerido se convocará a una nueva asamblea dentro de los treinta días siguientes, en la cual habrá quórum con un número de socios que represente al menos el 15% de los socios activos.
Por regla general las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes, salvo que los estatutos establezcan un porcentaje superior.
La elección de junta directiva y demás cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y sistemas que establezcan los estatutos o reglamentos de cada asociación. Cuando se adopte el sistema de listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente electoral.
En las asambleas generales de socios corresponderá a cada uno de ellos un solo voto, sin embargo podrá representar hasta (2) asociados más, si presenta los poderes válidamente otorgados. Las personas jurídicas asociadas participarán en las asambleas por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe.
PAR. 3º—El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, convocará la asamblea general a sesiones extraordinarias cuando se hubieren cometido irregularidades que sólo pueden ser conocidas o resueltas por la asamblea, o que pudiendo ser subsanadas por la junta directiva, ello no se hubiere producido dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la solicitud del ministerio o la secretaría de gobierno en tal sentido.
(Nota: Modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 7º del Ministerio de Agricultura).
ART. 22.—De las funciones de la asamblea general. La asamblea general ejercerá las siguientes funciones:
1. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación para el cumplimiento de su objeto social.
2. Aprobar y reformar los estatutos.
4. Aprobar o improbar los estados financieros.
5. Adoptar las medidas que exijan el interés común de los asociados, el cumplimiento de la ley, los estatutos o reglamentos de la asociación.
6. Elegir los miembros de la junta directiva.
7. Elegir al fiscal o revisor fiscal y si es el caso fijarle la remuneración.
8. Confirmar, modificar o revocar las sanciones, de acuerdo con el reglamento que para este efecto expida la junta directiva.
9. Las demás que le señalen la ley, los estatutos, o las que por su naturaleza le correspondan como órgano supremo de dirección de la asociación.
ART. 23.—De las asambleas de delegados. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados en los siguientes casos:
1. Cuando la realización de la asamblea general de socios se dificulte en razón del número de asociados que determinen los estatutos.
2. Cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la asociación.
PAR.—El número mínimo de delegados será de treinta (30) y se elegirán para el período y número previsto en los estatutos. La junta directiva reglamentará el procedimiento de elección, que en todo caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados.
ART. 24.—De la junta directiva. La junta directiva es el órgano de administración permanente de la asociación, sujeta a las directrices y políticas de la asamblea general y responsable de la administración general de los negocios y operaciones.
El número de sus integrantes, su período,
las causales de remoción y sus funciones serán fijados en los estatutos. Las funciones de la junta directiva serán las necesarias para la realización del objeto social. Se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la ley, los estatutos o reglamentos.
PAR.—Cuando una persona natural actúe en representación de una persona jurídica asociada y sea elegida como miembro de la junta directiva, cumplirá sus funciones en interés de la asociación; en ningún caso en el de la entidad que representa.
ART. 25.—Del representante legal. El gerente, director ejecutivo o el presidente de la junta directiva, según se determine en los estatutos, será el representante legal de la asociación y ejecutor de las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. Será nombrado por ésta y sus funciones y período serán precisados en los estatutos.
ART. 26.—De la vigilancia interna. La fiscalía o revisoría fiscal es el órgano de supervisión y control interno de la asociación, y estará a cargo de un fiscal o revisor fiscal con su respectivo suplente, elegidos por asamblea general para el período que se establezca en los estatutos, el cual deberá coincidir con el fijado para la junta directiva.
ART. 27.—De las funciones del revisor fiscal o fiscal. El fiscal o revisor fiscal tendrá las siguientes funciones:
1. Asegurar que las operaciones de la asociación se ejecuten de conformidad con las decisiones de la asamblea general, la junta directiva, la ley, los estatutos y los reglamentos.
2. Verificar que los actos de los órganos de dirección y administración se ajusten a las prescripciones legales, a los estatutos y a los reglamentos.
3. Exigir que se lleve regularmente la contabilidad, las actas y los registros de los asociados.
4. Inspeccionar los bienes de la asociación y exigir que se tomen oportunamente las medidas que tiendan a su conservación y seguridad.
5. Autorizar con su firma los inventarios y balances, cuando se trate del revisor fiscal.
6. Convocar a la asamblea general extraordinaria en los casos previstos en la ley, los estatutos o reglamentos y velar por el cumplimiento estricto de las normas y procedimientos de convocatoria, quórum y habilidades en las reuniones de asamblea general.
7. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, en el control y vigilancia de la asociación, para lo cual rendirá los informes que le sean solicitados.
8. Efectuar arqueos de caja cuando lo juzgue necesario, y por lo menos una vez cada trimestre.
9. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general, a la junta directiva o al representante legal, según el caso de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la asociación.
10. Las demás que le señalen la ley, los estatutos y los reglamentos.
PAR.—El fiscal o revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la asociación, a sus afiliados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
ART. 28.—Calidades del revisor fiscal o fiscal. El cargo de revisor fiscal debe ser desempeñado por un contador público, cuya inscripción no se encuentre suspendida o cancelada ni se encuentre incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley 43 de 1990.
El cargo de fiscal debe ser desempeñado por una persona que no sea miembro de la asociación y con conocimientos de contabilidad.
De la inscripción de los órganos de administración y vigilancia interna
ART. 29.—Requisitos. La oficina jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las secretarías de gobierno respectivas, según el caso, realizarán las inscripciones de representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales o fiscales de las asociaciones agropecuarias y campesinas, para lo cual los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de registro suscrita por el representante legal o secretario, o por quienes estén autorizados para tal fin.
2. Actas o extracto de las partes pertinentes de las mismas, en donde conste: el número total de miembros de la asociación y el de los asistentes a la respectiva reunión, las elecciones y designaciones efectuadas según el procedimiento y los requisitos estatutarios, las cuales se aportarán con las firmas de presidente y secretario.
PAR. 1º—La inscripción de miembros de junta directiva, revisores fiscales o fiscales y representantes legales de las asociaciones agropecuarias y campesinas constituye un registro efectuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o las secretarías de gobierno, según el caso, respecto de las decisiones adoptadas por la asamblea general o la junta directiva. Con base en el mismo se expedirán los certificados a que hubiere lugar.
PAR. 2º—Si se presentaren dos o más peticiones de inscripción de diferentes órganos de administración y/o vigilancia para un mismo período, los documentos o solicitudes que planteen estas divergencias o controversias sobre la legalidad de las reuniones o de las decisiones de la asamblea general y/o junta directiva de las entidades de que trata este decreto, serán devueltos a los interesados para que éstos diriman sus controversias ante la justicia ordinaria mediante el procedimiento establecido en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 30.—De los órganos de control y vigilancia. El control y vigilancia de las asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales estará a cargo del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con el fin de asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y liquidación se cumplan en un todo conforme a la ley, a este decreto, a los respectivos estatutos y a los reglamentos.
Corresponde, con estos mismos fines, a las secretarías de gobierno de las alcaldías de los municipios, distritos especiales y distrito capital o a las que hagan sus veces, el control y vigilancia de las asociaciones agropecuarias y campesinas no nacionales.
ART. 31.—De las atribuciones. Para el control y vigilancia sobre las asociaciones agropecuarias o campesinas se ejercerán las siguientes funciones:
1. Adelantar investigaciones en virtud de las cuales se podrán realizar inspecciones a los libros y documentos y requerir las informaciones que estime pertinentes.
2. Asistir a las asambleas generales mediante un delegado cuando lo considere necesario.
3. Convocar a asambleas extraordinarias en los casos previstos en el parágrafo tercero del artículo 21 de este decreto.
4. Imponer las sanciones cuando se incurra en violaciones legales, estatutarias o reglamentarias o se cumplan sus decisiones.
PAR. 1º—Las asociaciones agropecuarias y campesinas están obligadas a prestar a la entidad que ejerce su control y vigilancia toda la colaboración y suministrarle la información que ésta requiera para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia de que trata el presente capítulo.
Estas asociaciones también están obligadas a remitir a la entidad que ejerce su control y vigilancia, entre otros documentos, copia auténtica de los balances y estado de pérdidas y ganancias de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes sobre la materia y las actas de la asamblea general, de las reformas de estatutos, de los cambios de miembros de órganos directivos y de fiscalización y de representante legal, lo mismo que informar sobre el retiro o ingreso de nuevos asociados.
(Nota: El parágrafo 1º fue modificado por el Decreto 2374 de 1996 artículo 1º del Ministerio de Agricultura).
PAR. 2º—Las asociaciones agropecuarias y campesinas igualmente deberán abrir por lo menos los siguientes libros: de afiliados, de actas de asamblea general y junta directiva y de inventarios y balances. Todos estos libros deben ser previamente registrados ante la entidad que ejerce el control y vigilancia, y está prohibido que en éstos se arranquen, sustituyan o adicionen hojas o se hagan enmendaduras, tachaduras o raspaduras.
(Nota: El parágrafo 2º fue modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 8º del Ministerio de Agricultura).
ART. 32.—De las prohibiciones de las asociaciones. A ninguna asociación agropecuaria o campesina le será permitido:
2. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores.
3. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos.
4. Consagrar como objetivo social principal el desarrollo de actividades comerciales, ni desviar en tal sentido su objeto social principal.
ART. 33.—De la escala sanciones para las asociaciones. Cuando se compruebe que una asociación agropecuaria o campesina, excede los límites impuestos en la ley, los estatutos y reglamentos, será sancionada por la entidad que ejerce su control y vigilancia, mediante resolución motivada, salvo para la establecida en el numeral 1º; para este efecto y de acuerdo con la gravedad de la infracción, se adopta la siguiente escala de sanciones:
1. Amonestación escrita por una sola vez.
2. Conminación para que suspendan los actos o actividades contrarios a la ley, los estatutos o los reglamentos, bajo apremio de multas diarias sucesivas de uno (1) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.
3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades específicas de su objeto social.
4. Suspensión de la personería jurídica hasta por el término de seis (6) meses.
5. Orden de disolución y liquidación de la asociación con la correspondiente cancelación de la personería jurídica.
PAR. 1º—Las sanciones podrán ser revocadas de oficio o a petición de parte, mediante resolución motivada, cuando se establezca plenamente que se han subsanado las irregularidades que las motivaron, con excepción de aquéllas que se hubieren impuesto por violación de la ley.
PAR. 2º—Mientras una asociación agropecuaria o campesina tenga suspendida la personería jurídica, los miembros de la junta directiva y el representante legal no podrán celebrar ni ejecutar operaciones en nombre de ella, salvo las que sean necesarias para la conservación del patrimonio social. En consecuencia, la contravención a la presente norma los hará solidariamente responsables de los perjuicios que se ocasionen a la asociación y/o a terceros.
ART. 34.—De las prohibiciones de los asociados. A los asociados les está prohibido:
1. Utilizar el nombre de la asociación para adelantar campañas políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajenas al objeto social de la misma.
2. Presionar a los miembros directivos de la asociación con el fin de que se desvíe el objeto social de la entidad o se violen sus estatutos.
3. Desarrollar actividades que tiendan a perjudicar a la asociación, a sus directivos o a sus asociados.
5. (sic) Servirse de la asociación en provecho de terceros.
PAR.—En los estatutos de las asociaciones agropecuarias o campesinas deberá establecerse la escala de sanciones para los asociados, de acuerdo con la gravedad de la infracción.
ART. 35.—De la responsabilidad de miembros de los órganos de administración y vigilancia interna. Los miembros de la junta directiva, el representante legal, el liquidador y el revisor fiscal o fiscal, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias y se harán acreedores a las sanciones indicadas en el artículo 36 de este decreto, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.
Los miembros de la junta directiva serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión en donde se tomó la decisión que dio origen a la imposición de la sanción o de haber salvado expresamente su voto.
ART. 36.—De las sanciones a los miembros de los órganos de administración y vigilancia interna. Las sanciones aplicables por los hechos contemplados en el artículo anterior, serán las siguientes:
2. Multa hasta de cien (100) veces el salario mínimo mensual legal vigente.
3. Decretar la separación del respectivo cargo.
(Nota: El numeral 3 fue modificado por el Decreto 938 de 1995 artículo 9º del Ministerio de Agricultura).
ART. 37.—De la aplicación de sanciones. Las sanciones establecidas en los artículos 33 y 36 de este decreto, con excepción de la enunciada en el numeral 1º de ambas disposiciones, serán impuestas mediante resolución motivada en la que se indicarán los recursos a que tienen derecho los sancionados. En todo los casos será necesaria una investigación previa.
ART. 38.—De la condición para la fusión o incorporación. Las asociaciones agropecuarias o campesinas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto social sea común o complementario.
ART. 39.—De la fusión. Cuando dos o más asociaciones se fusionen, se disolverán sin liquidarse y constituirán una nueva asociación, con denominación diferente, que se hará cargo del patrimonio de las asociaciones disueltas.
La fusión requerirá la aprobación de las asambleas generales de las asociaciones que se fusionan.
ART. 40.—De la incorporación. En caso de incorporación, la asociación o asociaciones incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.
Para la incorporación se requerirá la aprobación de las asambleas generales de la asociación o asociaciones incorporadas. La asociación incorporante aceptará la incorporación por decisión de la asamblea general o de la junta directiva, según lo dispongan los estatutos.
ART. 41.—De la subrogación de derechos y obligaciones. En caso de incorporación la asociación incorporante, y en el de fusión, la nueva asociación, se subrogará en todos los derechos y obligaciones de las asociaciones incorporadas o fusionadas.
ART. 42.—De la aprobación. La fusión y la incorporación requerirá de la aprobación de la entidad que ejerce el control y vigilancia, para lo cual las asociaciones fusionadas o incorporadas deberán presentar todos los antecedentes y documentos referentes a estos procedimientos.
ART. 43.—De la disolución. Las asociaciones agropecuarias o campesinas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes causas:
2. Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su constitución.
4. Por fusión o incorporación a otra asociación.
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley o las buenas costumbres.
6. Por vencimiento del término previsto para su duración, salvo que en los estatutos se haya establecido un término indefinido.
PAR. 1º—En los casos previstos en los numerales 2º y 3º del presente artículo, la entidad que ejerce el control y vigilancia, dará a la asociación un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir del momento en que este organismo conozca esta situación, para que subsane la causal, o para que, en el mismo término convoque asamblea general, con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término, la asociación no demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido a la asamblea, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, decretará mediante resolución motivada la disolución y nombrará liquidador o liquidadores.
PAR. 2º—Cuando la disolución haya sido acordada por la asamblea general, ésta designará el liquidador o liquidadores de acuerdo con sus estatutos, o en su defecto lo será el último representante legal inscrito, quienes deberán enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o a la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, los siguientes documentos, para efectos de su aprobación:
1. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del liquidador, balance general y estudio de cuentas, con las firmas del representante legal y del fiscal o revisor fiscal, o de quienes legalmente hagan sus veces.
2. Documento en que conste el trabajo de liquidación, con la firma del liquidador. Este documento deberá ser aprobado por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la disolución, según acta, con los mismos requisitos de firmas de su presidente y de su secretario.
3. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro que reciba el remanente de los bienes provenientes de la liquidación, en donde conste la cuantía de la donación.
ART. 44.—De la aprobación de la disolución. La disolución de las asociaciones agropecuarias o campesinas, cualquiera que sea el origen de la decisión, será aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso.
ART. 45.—De las consecuencias de la disolución. Disuelta la asociación, se procederá a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión “en liquidación”.
ART. 46.—De la actuación de los liquidadores. Los liquidadores actuarán de consuno y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por los asociados o en su defecto por la entidad que ejerce el control y vigilancia. El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la asociación.
PAR.—Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores.
ART. 47.—De la publicidad de la liquidación. Con cargo al patrimonio de la entidad liquidada, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a ser valer sus derechos.
ART. 48.—Del procedimiento para la liquidación. Para la liquidación se procederá así: quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.
ART. 49.—De los deberes del liquidador. Serán deberes del liquidador:
2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros, documentos y papeles.
3. Exigir cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera otra persona que haya manejado intereses de la asociación, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley, los estatutos y los reglamentos.
4. Cobrar los créditos de la asociación, utilizando la vía judicial si fuere necesario.
5. Obtener la restitución de los bienes sociales que se hallen en poder de asociados o de terceros a medida que se vaya haciendo exigible su entrega, lo mismo que restituir bienes de los cuales la asociación no sea propietaria.
6. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten.
7. Rendir cuentas periódicas durante su mandato y al final de la liquidación y obtener del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, su aprobación.
ART. 50.—De la prioridad de pagos. En la liquidación de las asociaciones agropecuarias o campesinas deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
1. Gastos de la liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y causados al momento de la disolución.
5. Obligaciones con terceros.
6. Obligaciones con los asociados.
ART. 51.—De los remanentes de la liquidación. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad sin ánimo de lucro o de beneficio común que los estatutos hayan previsto o la acordada en la asamblea de disolución, y a falta de disposición estatutaria, a la asociación de esta naturaleza, que autorice el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso.
De las asociaciones de segundo y tercer grado
ART. 52.—De las condiciones y requisitos. Las asociaciones agropecuarias y campesinas podrán agruparse entre sí, o con otras asociaciones sin ánimo de lucro, en asociaciones de segundo grado, siempre que con ello se busque facilitar el cumplimiento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan un mismo o similar objeto social y que participen en su integración cuando menos diez (10) asociaciones.
El objeto social de los organismos de segundo grado estará orientado exclusivamente a servir en las necesidades de sus asociaciones integrantes.
PAR.—Las asociaciones de segundo grado podrán agruparse en asociaciones de tercer grado, siempre que con ello se busque facilitar el cumplimiento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan un mismo o similar objeto social y que para su constitución participen por lo menos cinco (5) asociaciones de segundo grado.
ART. 53.—Del reconocimiento. Para el reconocimiento, funcionamiento y control y vigilancia de las asociaciones de segundo y tercer grado se exigirán y aplicarán las mismas disposiciones señaladas para las asociaciones de primer grado.
ART. 54.—De la aplicación analógica. Los casos no previstos en el presente decreto se resolverán mediante la aplicación analógica de disposiciones generales sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las asociaciones agropecuarias y campesinas.
ART. 55.—De la adecuación de estatutos. En un plazo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la vigencia de este decreto, las asociaciones agropecuarias y campesinas, constituidas con anterioridad a éste, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Sin embargo, los estatutos de las mismas continuarán vigentes hasta la fecha de aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, de las reformas estatutarias presentadas para el efecto dentro del plazo establecido.
(Nota: Modificado por el Decreto 2374 de 1996 artículo 2º del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
ART. 56.—De la inactividad. Las asociaciones agropecuarias y campesinas, que a la fecha del presente decreto se encuentren inactivas deberán reestructurar sus cuadros directivos, para lo cual tendrán un plazo de seis (6) meses. Vencido este término el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, procederá a cancelar la personería jurídica.
Se entiende que una asociación agropecuaria o campesina se encuentra en estado de inactividad, cuando no reporta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de gobierno respectiva, según el caso, informes en un período de más de dos años.
ART. 57.—De la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 14 de diciembre de 1994.