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Timestamp: 2015-07-02 09:47:23
Document Index: 296067256

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 167', 'Artículo 167', 'artículo 27', 'Artículo 27']

Blog - Se reactiva Record Policivo para fines laborales y se regula el cierre de calles
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Se reactiva Record Policivo para fines laborales y se regula el cierre de calles
Administrador RBC
07/27/2010 02:14 p.m. Uno de los hechos más comentados en las últimas semanas en diversos sectores de la sociedad, ha sido el contenido de la Ley 14 de 13 de abril de 2010, promulgada por la Asamblea Nacional de Diputados, mediante la cual se dictan medidas sobre el Certificado de Información de Antecedentes Personales, reforma el Código Electoral y se adiciona un artículo al Código Penal.
Son tres los temas que abarcó la iniciativa legislativa en esta oportunidad:
La expedición del denominado Certificado de Información de Antecedentes Personales (Record policivo).
La tipificación de la acción de cierre de calles como delito.
La revocatoria de mandato en el Código Electoral.
Al respecto de la expedición del Certificado de Información de Antecedentes Personales (Record policivo).
La ley 69 de 27 de diciembre de 2007, que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional y Adscribe los servicios de Criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; en sus artículos 17 y 18, establecía que el titular de la información registrada en el Gabinete de Archivo e Identificación Personal, con relación a los antecedentes personales que lleva a lo interno la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), era el único con derecho a solicitar que se le expidiera la certificación de antecedentes personales.
De igual forma, la normativa comentada, prohibía que los empleadores requirieran del aspirante a una vacante laboral, la presentación del mencionado certificado de antecedentes personales, estableciendo como excepciones, los servicios bancarios financieros o de valores; el transporte aéreo; los servicios de vigilancia o seguridad privada; el manejo y control de explosivos; la guarda y custodia de personas menores de edad; la actividad docente y de transporte colegial y los oficios domésticos.
El artículo 1 de la Ley 14 de 2010, reforma el artículo 17 de la normativa anterior, estableciendo que ya no solo es el titular de la información restringida de los antecedentes personales quien podrá solicitarla. Ahora, también están facultados para requerirla, las autoridades competentes y las personas naturales o jurídicas para fines laborales debidamente autorizadas por el titular. Cabe destacar que la reforma legal elimina las excepciones en cuanto a los servicios u oficios, es decir, que la información podrá ser solicitada por el potencial empleador al aspirante de la vacante laboral, con independencia del servicio o profesión de que se trate, cualquiera sea su naturaleza.
Por su parte, el artículo 2 de la Ley 14, reforma el artículo 18 de la legislación previa, en el sentido de establecer la gratuidad del certificado de antecedentes personales.
Asimismo, se indica que cuando dicho certificado sea expedido para fines laborales, sólo consignará información registrada en el Gabinete de Archivo e Identificación Personal referente a sentencias condenatorias por delitos, que hayan sido registradas dentro de los diez años anteriores a la expedición del certificado.
Como aporte adicional, la ley, establece la prohibición de que la persona natural o jurídica que recopile la información de los antecedentes personales, la suministre a terceras personas, salvo que medie autorización de su titular.
Consideramos que el espíritu de la reforma comentada, es el de contribuir de alguna forma a prevenir las acciones delictivas, que en los últimos meses, parecieran estar ganado terreno a las autoridades.
Ello es así, por cuanto al brindársele la oportunidad a un empleador de conocer los antecedentes personales de un aspirante, contribuye a tener una visión más amplia de su personalidad. Si bien, creemos en la resocialización de la personas que en algún momento han purgado penas por la comisión de delitos, no menos cierto es que en muchos casos, dicha resocialización no es más que un postulado; que contrasta con la cruda realidad de que existen personas con inclinación delictiva, que acceden a posiciones de trabajo, y por ende, al patrimonio y a la intimidad de las empresas, muchas veces con resultados nefastos. He allí la necesidad de brindar a los empresarios y a las personas naturales, un mecanismo de prevención y protección para sus empresas u hogares, con las respectivas limitaciones al establecer controles para la divulgación de la información adquirida y protegiendo el derecho de intimidad del titular de esa información.
Cabe señalar que la reforma legal establece que en la certificación de Antecedentes Personales, solo se hará mención de aquellas condenas que hayan sido registradas, en un periodo de diez (10) años antes de su expedición; lo cual consideramos, resulta ineficaz, por cuanto, puede que el titular de la información en esos diez años no haya cometido ningún delito; no obstante en los cinco años anteriores, se evidencia su proclividad a cometer delitos, con la ejecución de tres o más conductas simultáneas que hagan deducir que se trata de una persona “reincidente” o bien un “delincuente habitual”.
De cualquier forma, aprobamos y apoyamos la iniciativa legislativa, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista ciudadano, por cuanto constituye una de las medidas de de prevención de la comisión de delitos ejecutadas por el Estado, garante de la seguridad ciudadana, por mandato constitucional. El cierre de calles como delito.
El artículo 9 de la Ley 14 de 13 de abril de 2010, adiciona al nuevo Código Penal, el artículo 167-A que reza:
Artículo 167-A: Quien abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de la violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículo por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Cabe señalar que el artículo se adiciona al Capítulo IV del nuevo código penal, denominado Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa. Se parte entonces de la premisa de que la conducta descrita como delictiva en la nueva norma, al ser incluida en este capítulo, se entiende que es atentatoria de esa libertad de reunión, en este caso.
No obstante, al examen de la norma penal, se puede inferir que el bien jurídico tutelado no es la libertad de reunión a pesar de ser incluido en dicho capítulo; sino más bien lo tutelado es la libertad de tránsito, así como la propiedad pública y privada.
La libertad de tránsito es consagrada en el artículo 27 de la nuestra Carta Magna, el cual reza:
Artículo 27: Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración.
Al examen del tenor literal de la nueva norma penal, podemos distinguir los elementos propios del tipo:
El abuso del derecho de reunión o manifestación: El abuso debe ser del derecho de reunión o manifestación, es decir, que la conducta se ejecutará al momento de ejercer ese derecho de reunión con abuso. El uso de la violencia: el uso de la violencia es un elemento necesario del tipo, ya que sin que medie violencia, no se podría hablar de abuso del derecho de reunión. Debe tratarse de actos o conductas violentas, cuyo empleo es lo que precisamente marcará la diferencia entre la libertad de reunión pacífica y el abuso de este derecho. Es una noción subjetiva, ya que si bien hay actos cuya violencia es tangible, hay otras formas de violencia más subliminales e indirectas que pueden pasar desapercibidas. La norma no define qué debe ser catalogado como violencia. Quedará a criterio del juzgador. Los verbos rectores del tipo: Impedir u obstaculizar el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país; causar daños a la propiedad pública o privada.
Quien impida el libre tránsito de vehículos : el sujeto activo debe impedir el libre tránsito mediante el uso de violencia, lo cual denota que está abusando de su derecho de reunión. Impide el tránsito de personas o vehículos, con manifestaciones que atraviesan las avenidas, atacando a quien intente avanzar. Quien obstaculice el libre tránsito de vehículos: El sujeto activo ejecuta la acción, colocando mediante el uso de la violencia, obstáculos que usualmente se utilizan en las manifestaciones para evitar el tránsito de los vehículos (tanques de basura, llantas en fuego, trozos de madera o de arboles y otros); cualquier objeto que pueda representar un obstáculo para el flujo vehicular Quien cause daños a la propiedad pública o privada: El sujeto activo, abusando de su derecho de reunión, por el hecho de usar la violencia al momento de ejercerlo, causa daños a la propiedad ya sea esta pública o privada. Esto a través de actos atentatorios de la propiedad, como lanzar piedras, bloques, bombas de fabricación casera (molotov) o cualquier otro implemento que pueda ocasionar perjuicios o daños a la propiedad, ya sea esta pública o privada.
Cabe destacar que el acto de causar daños a la propiedad pública o ajena para que tipifique este delito, debe ser cometido en abuso del ejercicio de derecho de reunión y no en otras circunstancias.
Por la penalidad que conlleva (de seis meses a dos años de prisión) será un delito conocido por los jueces penales de la esfera municipal. Trackback
Blog RBC
Re: Se reactiva Record Policivo para fines laborales y se regula el cierre de calles
Sí, se está de acuerdo con la utilización del Record Policivo, lamentablemente en Panamá hay empresas queinmediato le niegan la oportunidad a los aspirantes, sin ver sus otros atributos, aún si ya pagaron su condena muchos años después la siguen pagando al no darle empleo. Hay que ser más eficientes al evaluar la hoja de vida de los candidatos.
By Sophia on 07/03/2012 10:19 a.m.
para tramites en panama ( crisol de raza)
By giovanna nitsuga guerrero herrera on 07/03/2012 10:19 a.m.
considero yo que los procesados penalmente y haber pagado ya su condena en días o multas, no deben aparecer en sus record policivo ya que al cerrar puertas se les empuja a que sigan en lo mismo, sin embargo, a los que son ya reincidentes en un delito si... es obio que ya seria una profesión delictiva lo que acontese.... este record policivo agrede directamente al derecho de tener un trabajo digno
By librada on 09/23/2013 10:21 a.m.
Trabajo en recursos humanos,he hablado con cientos de personas en las entrevistas muchos con record, algunos manifiestan defensa propia, defensa del pudor de una dama, algunos tipificados como intento de homicidio pero le dieron libertad a razon de $1.00 diario 36 meses.No entiendo si esa persona es peligrosa como le dan libertad a razon multa de un dolar diario.claramente se ve q no es peligrosa en realidad.otros lo acusan de violacion ellos de 18 años y la novia de 16 a 17 años, y por peleas con la novia o la suegra despues de 3 años de noviazco los acusan y a los dias la suegra o la novia se contradice. personas q le han quitado los regalos a su novias por peleas, joyas,autos, neveras, relojes etc, hasta entran a la casa sin permiso y los acusan de ladrón, pero las autoridades no ponen están detalles en los record.Estas personas no son peligrosas pero el record los marca.muchos me dicen q tiene q ver q trampa realizan para vivir porque loe empresarios no les da oportunidad de trabajo.yo trato de darles oportunidad pero la empresa muchas veces me lo impide.Este sistema debe cambiar en especial para casos menores, imaginese por un delito menor hay q esperar 10 años para conseguir el record limpio.(tengo un caso de $300 en gallinas q segun el joven las gallinas los tenia hace 15 dias vinieron despues de una inundacion, y raiz de eso lo acusan de ladron.
By ernesto clemente on 05/12/2014 07:03 p.m.