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Timestamp: 2020-02-20 17:10:23
Document Index: 231423040

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 89', 'artículo 76', 'artículo 133', 'artículo 2']

El Lago de Chapala (y 139 humedales mexicanos más) inscrito en la Convención Ramsar, ¿cuáles son los mecanismos legales de cumplimiento?
El Lago de Chapala (y 140 humedales mexicanos más) inscrito en la Convención Ramsar
¿Cuáles son los mecanismos de cumplimiento?
Silvana Marisa Ibarra Madrigal1
silvanamarisa@geoalternativa.com
gestion@geoalternativa.com
Marta Bravo Santos2
martabs@geoalternativa.com
La Convención Ramsar o Convención para el uso racional de los humedales, es un Tratado Internacional al que México se adhirió en 1986, con el objetivo de lograr el uso racional de los ecosistemas acuáticos, mejor definidos como humedales, sin embargo, si bien se han llevado a cabo diversas iniciativas en vías de la promoción y fomento a la conservación de los humedales, hasta hoy (año 2014) aún los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Mexicano no han realizado la “transformación legislativa” necesaria para garantizar el uso racional de los humedales a través del enfoque por ecosistemas o manejo integral de cuenca, con la cual sin duda facilitarían y fortalecerían las gestiones de aquellas organizaciones, instituciones y sociedad organizada en pro de los humedales y podrían entonces cumplirse las disposiciones del Tratado.
Aunque después de 28 años de firmado el Tratado y 140 sitios Ramsar designados en su territorio aún no se hayan hecho todas las adecuaciones legales y administrativas necesarias, la obligatoriedad del cumplimiento del Tratado queda manifiesta desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posicionando el Tratado como “Ley Suprema de toda la Unión” lo que quiere decir que debe cumplirse incluso ante la contradicción con otras leyes federales ya existentes.
La Convención Ramsar o Convención para el uso racional de los Humedales especialmente con hábitat de aves acuáticas migratorias, constituye un Tratado Internacional en pro de la Conservación de los Humedales, este fue signado en primer lugar por Australia, Finlandia, Noruega, Sud África, Suecia y la República Islámica de Irán, en 1971, en la ciudad Iraní de Ramsar, (a la que debe su nombre) y en 1986 por México, en respuesta a la creciente preocupación por la constante degradación de estos ecosistemas acuáticos.
Los países que se adhieren a ella tienen la obligación legal de garantizar la conservación y el uso racional de los humedales que ha designado como Humedales de Importancia Internacional.
Sin embargo, en el caso de México esto no se ha cumplido a cabalidad, no porque no se hayan llevado a cabo iniciativas hacia el logro de la conservación de los humedales, sino porque estas no se sustentan en un marco legal sólido a raíz de una “transformación legislativa” que permita y fomente el cumplimiento de este Tratado; esto puede responder a una a una falsa percepción generalizada de que el tratado en cuestión no constituye un compromiso vinculante3, es decir de cumplimiento obligatorio y se ha manejado y difundido como un acuerdo “de voluntad”4, sin embargo, esto constituye más una omisión, ya que la ley es clara y la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que los Tratados Internacionales a los que México se suscriba se convierten automáticamente en Ley Suprema (art. 133 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ortiz. 2012) lo que lo sitúa a nivel de la propia Constitución, esto significa que su cumplimiento se encuentra por encima de cualquier ley federal, estatal (Ley sobre Tratados Internacionales), entonces, si esto es así, ¿Poder Ejecutivo de la Unión debería emprender una readecuación legislativa para no incurrir en una evasión de esta obligación?.
El objetivo del presente documento es mostrar los mecanismos legales a partir de los cuales se debe partir para lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México ante la Convención Ramsar hace 28 años y, demostrar que no es un acuerdo de voluntad, si no totalmente vinculante, incluso ante la contradicción con otras leyes de cualquier orden, ya establecidas.
La necesidad de demostrar la obligatoriedad de cumplir los preceptos establecidos por la Convención Ramsar, radica en la importancia de conservar los ecosistemas acuáticos para responder incluso a las garantías individuales inscritas en la Constitución, que refiere en su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4 fracción III); la conservación de los humedales es hoy un tema de seguridad hídrica y de seguridad alimentaria, pues es el agua el elemento más importante para la existencia de la vida en la Tierra.
La Convención Ramsar está depositada en la UNESCO (Convención Ramsar, 2014), su sede se encuentra en Suiza a cargo de la “Secretaría de Ramsar”, el cual opera con el asesoramiento del organismo subsidiario de expertos, el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) y el respaldo de las Organizaciones Internacionales (OIA)5. Cada tres años los representantes de las Partes Contratantes (COP) se reúnen en la “Conferencia de las Partes Contratantes” este es el órgano de la Convención encargado de formular políticas y adoptar decisiones (resoluciones y recomendaciones) para administrar la labor de la Convención e incrementar la capacidad de las Partes de alcanzar sus objetivos.
A partir de su entrada en vigor, en 1975, La Convención Ramsar, se ha ocupado de establecer lineamientos y directrices que encaminan a los países a lograr el “uso racional” de los Humedales, definido como "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible".
La adhesión a la Convención señala un compromiso por parte del gobierno nacional de trabajar activamente en apoyo de los “tres pilares” de la Convención: 1) garantizar la conservación y el uso racional de los humedales que ha designado como Humedales de Importancia Internacional, 2) incluir en la planificación ambiental nacional el uso racional de todos los humedales en la mayor medida posible, y 3) entablar consultas con otras Partes Contratantes acerca de la aplicación de la Convención, especialmente en lo que concierne a los humedales transfronterizos, los sistemas hídricos y las especies compartidas (Convención Ramsar, 2014)
Con mayor precisión, el artículo 8.2 del Tratado compromete a las Partes Contratantes a: “designar humedales adecuados que cumplan los criterios para la Lista de Humedales de Importancia Internacional ("Lista de Ramsar") y garantizar su gestión eficaz; trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio mediante la planificación nacional del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, y la educación del público; y cooperar internacionalmente con respecto a los humedales transfronterizos, los sistemas de humedales compartidos, las especies compartidas y los proyectos de desarrollo que puedan afectar a los humedales” (Convención Ramsar, 2005).
Hasta hoy, la Convención Ramsar cuenta con 168 Partes Contratantes, a las que México se sumó en 4 de Noviembre de 1986, con la designación de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos ubicada en la Península de Yucatán.
Hoy, México se posiciona en el 2° Lugar a nivel Mundial tanto en número como en extensión de sitios Ramsar designados, después de Inglaterra y Canadá respectivamente, pues resguarda 140 sitios Ramsar que suman una extensión de 8,465,008.97 ha, de los cuales 30 se encuentran dentro o son áreas naturales protegidas (CONANP, 2014).
Entre los Estados con el mayor número de Humedales designados se encuentran Quintana Roo y Jalisco, ambos cuentan con 13 de estos humedales de importancia internacional, en Quintana Roo: Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Bala´an K´aax, Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, Área de Protección de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Laguna de Chichankanab, Parque Nacional Arrecife de Cozumel, Manglares de Nichupté, Manglares y Humedales del Norte de Isla Cozumel (CONANP, 2014).
y en Jalisco (Ilustración 1): La Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala, La Laguna de Sayula (ambos designados en 2004), La Laguna de Zapotlán (designada en 2005), la Laguna de Atotonilco (designada en 2006), el Estero Majaguas, El Estero el Chorro, La Laguna de Chalacatepec, El Sistema Estuarino Lagunar Agua Dulce El Ermitaño, El Estero La Manzanilla (los 7 humedales costeros anteriores designados en 2008), el Lago de Chapala (designado en 2009) La Presa La Vega (designada en 2010) (SEMADET, 2014), por lo que Jalisco representa casi el 10% de los humedales designados en el País (CONANP, 2014)
Ilustración 1.- Mapa de sitios Ramsar de Jalisco. Fuente: SEMADES 2012 (Ahora SEMADET)
Así una de las designaciones más recientes fue la del lago considerado el más importante del País debido a su gran extensión (1,740.8 km²) e importancia para la diversidad biológica: El Lago de Chapala, este humedal alcanzó la designación de importancia internacional en el año 2010 (Gutiérrez Nájera, et al, 2010) con arreglo a 5 de los 9 criterios6 para la identificación de sitios Ramsar: criterios 2, 3, 5, 7 y 87
Este número y extensión de sitios Ramsar por los que México se ha adjudicado compromisos, sin duda le confieren al País un lugar privilegiado que conlleva grandes retos para lograr el uso racional de estos sitios Ramsar. Sin embargo aún hoy, a 28 años de su adjudicación como Parte Contratante, carece en algunos sentidos de los mecanismos legales y administrativos para ejercer de forma exitosa esta misión.
Cada Parte Contratante (COP) en la Convención Ramsar designa un organismo de aplicación dentro de su gobierno, para encargarse de los asuntos relacionados con la Convención, estos organismos son denominados “Autoridades Administrativas”, que en el caso de México recae en la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), son los principales órganos de coordinación de la Secretaría en los Países miembros, que se suman a los distintos canales diplomáticos con que la Convención cuenta. Tras cada Autoridad Administrativa figuran los “Punto focal nacional” como medio de contacto, que en el caso de México es la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).
También, entre sus principales lineamientos, la Convención Ramsar, exhorta a los países a realizar un examen de su legislación y realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para fortalecer la conservación de los humedales, a consolidar mecanismos de gestión eficientes bajo el enfoque de manejo integral de cuencas (MIC), a crear organismos institucionales encargados de la cumplir los compromisos adquiridos ante la Convención que nos llevarían al uso racional de los recursos naturales de los signados sitios Ramsar (Ramsar, 2014).
Esto se ha cumplido en México de forma parcial, pues siendo la SEMARNAT la “Autoridad Administrativa” recibe esta la atribución de la implementación del Tratado y esta a su vez desahoga estas atribuciones en la CONANP., sin embargo, por el momento, se ocupan únicamente de aquellos sitios Ramsar que se encuentran en dentro de Áreas Naturales Protegidas.
Mecanismos ya instituidos por el gobierno federal que abonan al cumplimiento del Tratado.
El Plan Estratégico 2009-2015 de la Convención Ramsar, plantea 28 “estrategias” que corresponden a las prioridades determinadas por la mayoría de las Partes Contratantes en la Conferencia de las Partes de 2009. En este sentido, el Plan Estratégico pide el establecimiento de un Comité Ramsar o Comité Nacional de Humedales, que contribuya a la aplicación nacional de la convención, y que incluya siempre que sea posible a representantes de instituciones académicas y de ONG, y así contribuir muy positivamente a la obtención de resultados satisfactorios.
En respuesta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONANP, conformó el Comité Nacional de Humedales para fomentar el intercambio de información y experiencias respecto al conocimiento, manejo y rehabilitación de humedales (CONANP, 2014).
El CNH es el organismo a través del cual la SEMARNAT y la CONANP implementan las diversas acciones encaminadas a dar mayor atención a los temas de manejo integrado de recursos hídricos, sin embargo los objetivos de este Comité siguen siendo fomentar, apoyar, promover, fortalecer, orientar; sus atribuciones son: de fungir como instancia de consulta, emisión de opiniones, proposición de criterios, orientar, promover acciones para fomentar la protección y la investigación científica etc…
Sin duda estos objetivos y atribuciones son un buen avance en el fomento al logro del uso racional de los sitios Ramsar y el manejo integral de cuencas, sin embargo no constituyen normativas particulares y legislación apropiadas para garantizar una gestión eficaz como lo dicta el artículo 8.2 del Tratado (Convención Ramsar, 2005), pues el CNH forma parte de una comisión dentro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y no se le confieren atribuciones legales ni normativas.
También, parte del Plan Estratégico 2009-2015 de la Convención Ramsar, figura la elaboración de una “Política Nacional de Humedales” (PNH) A través de esta Política, el Gobierno Federal establece un marco de actuación integral y transversal, así como un instrumento rector que define prioridades y que guía el cumplimiento de objetivos y metas para lograr el aprovechamiento sustentable y la protección de los humedales mexicanos (Plan Estratégico de la Convención Ramsar 2009-2015); si bien este considera la Resolución VII.6 de la 7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes realizada en 1999) establecidos en el Manual para la Elaboración y Aplicación de Políticas Nacionales de Humedales y toma en cuenta las Directrices para la Aplicación del Concepto de Uso Racional de la Convención Ramsar, sigue constituyendo un documento “rector8 de planeación y que guía el cumplimiento de objetivos”, sin tener este aún la contundencia legal necesaria para que funcione con independencia de las leyes y normas ya establecidas sin necesidad de la institución del Tratado.
Cabe resaltar en este punto que además, según la Ley de Aguas Nacionales, la atribución del manejo del agua en México, recae en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el hecho de que el Punto Focal de la Autoridad Administrativa de Ramsar en México sea otra dependencia provoca omisiones en el momento de la aplicación del tratado, pues el tratado no está aún acatado por la CONAGUA y es muy simple identificar esto desde el simple hecho de que la Ley de Aguas Nacionales contempla una definición de humedal sumamente diferente a la emitida por la Convención Ramsar, se hace evidente la controversia y la falta de conversión y adecuación legislativa necesaria para la efectividad en el cumplimiento del Tratado.
En Jalisco también se han llevado a cabo iniciativas para el fortalecimiento del tema como la conformación del Comité Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco (CEPAHJ), organismo de coordinación interinstitucional en pro de la gestión hacia el uso racional de los humedales, incluso se han elaborado ya los Programas de Conservación y Manejo de los 13 sitios Ramsar del Estado, sin embargo estos siguen “en el closet” precisamente debido a la falta de claridad en la atribución de las dependencias para la publicación de los mismos y mucho menos para su aplicación, que requiere de una gestión transversal, interinstitucional e intersectorial.
La Constitución política y la ley suprema, ley sobre tratados internacionales
Los tratados internacionales son una fuente importante para los derechos fundamentales; sin embargo, vale señalar que éstos fueron inspirados de los derechos consagrados y reconocidos por los Estados nacionales en sus respectivos textos constitucionales, por lo que en este sentido, el nivel de disfrute y de garantía depende de cada país y cómo lo concreta constitucionalmente (Ortiz, 2012).
Al referirnos a la incorporación de los tratados internacionales a los ordenamientos internos de los Estados (Países), la doctrina internacionalista distingue entre las teorías monistas y dualistas por la relación que guarda el derecho internacional sobre el derecho interno, en el caso de la postura monista, los ordenamientos internacional e interno están estrechamente vinculados y constituyen un solo sistema jurídico, en el que los tratados internacionales se incorporan automáticamente una vez hayan sido ratificados por los Países y en consecuencia, automáticamente se configuran en normas de aplicación inmediata por los tribunales (Corcuera, 2001)
Así, a diferencia de los países del sistema anglosajón, la mayor parte de los países de Latinoamérica, incluyendo México, adoptan la incorporación automática con el solo hecho de ratificar el Tratado, como lo hizo México con el presidente Miguel de la Madrid en 1986 (DOF, 1986), pues es el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República quien está facultado para celebrar los tratados internacionales, esto es, quien participa en su negociación, redacción, autenticación y aprobación (artículo 89, fracción X) procedimiento previsto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados desde 1969.
Posterior fue sometido a aprobación del Senado (artículo 76, fracción I) quienes ratificaron los compromisos de México hacia el logro del uso racional de los sitios Ramsar y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1986
En consecuencia y en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado y que estén de acuerdo con la Constitución son Ley Suprema de toda Unión, así lo establece el propio artículo 133:
“Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”
Así el presente logra mostrar los mecanismos legales que significan la legalidad y obligatoriedad de cumplir los lineamientos de la Convención Ramsar, más en México no ha sido efectivo dentro del sistema jurídico debido a que no se ha realizado aún un proceso de armonización e implementación, pues este no figura en ninguna Ley Federal o Estatal, incluso la Ley de Aguas Nacionales, siendo esta la que regula el manejo y distribución de aguas nacionales considera una definición de humedal totalmente diferente a la que se establece por decreto en la Convención Ramsar.
El único instrumento legal que ya considera los sitios Ramsar de forma expresa es el reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco en materia de Áreas Naturales Protegidas.
Dicho reglamento sí reconoce a los sitios Ramsar como modalidades de conservación de los ecosistemas acuáticos, y estipula en su considerando número 3 que “es atribución de la SEMADET (…) aprobar los programas de aprovechamiento” entendiéndose estos últimos como el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo sustentable del ecosistema respectivo”. Sin embargo este no ha sido suficiente para la eficiente gestión hacia el uso racional de los sitios Ramsar, pues a pesar de que en su artículo señala a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial como la encargada de ejecutar lo estipulado, no se ha logrado la publicación de los Programas de Conservación y Manejo de los sitios Ramsar de Jalisco, entre ellos claro el del Lago de Chapala.
Así la gestión de aquellas personas, colectivos, instituciones, etc. Interesadas en la conservación de los humedales se torna tortuosa y falta de fortalecimiento, de recursos económicos y de mecanismos legales que valgan la designación de importancia internacional que poco ha ayudado y fomentado a lograr beneficios en la conservación y uso racional de los sitios Ramsar de México, en particular en el Estado de Jalisco.
Los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Convención Ramsar, al tratarse de la protección y el logro del uso sustentable de los humedales, son de prioridad internacional debido a que conlleva temas de seguridad hídrica, desertificación, cambio climático e incluso seguridad alimentaria.
Los países que se hayan convertido en Partes Contratantes al designar al menos un humedal como sitio Ramsar en su territorio, se están comprometiendo a cumplir (según el art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) los “tres pilares” de la Convención, a través de la institución de los mecanismos legales y administrativos necesarios para garantizarlo.
México, a través de su Poder Ejecutivo, ha creado organismos y políticas de fomento, difusión, promoción, opinión, orientación etc…
Lo anterior no constituye medidas normativas y de gestión para garantizar la gestión eficaz hacia el uso racional de los recursos de los humedales, incluido por supuesto el Lago de Chapala.
Aún es necesario que los productos de un examen legal y administrativo a nivel nacional y por cada estado de la República, debido a su autonomía, se vean reflejados en los instrumentos de gestión (legales y administrativos) ya existentes para cumplir con la transformación legislativa que un Tratado Internacional requiere posterior a su incorporación.
Derivado de ello, tal vez sea necesario crear las instituciones u organismos adecuados y especializados para el resguardo de estos ecosistemas de forma contundente y decidida, no solo mediante el fomento y el impulso como se ha venido haciendo hasta hoy.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2014. Humedales de México. Visto en http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php
Comité Nacional de Humedales (CNH). 2011. Lineamientos para la operación del Comité Nacional de Humedales. IV sesión ordinaria.
Convención Ramsar. 2002. Lineamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales. Visto en http://www.ramsar.org/pdf/guide/guide-allocation-s.pdf
Convención Ramsar. 2014. Autoridades Administrativas. Visto en: http://www.ramsar.org/AddressBook/AdminAuthorities.pdf
Convención Ramsar. 2014. La Convención Ramsar y su misión. Visto en http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-mission/main/ramsar/1-36-53_4000_2
Corcuera Cabezut, Santiago. 2001. Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, México, Oxford UniversityPress.
Diario Oficial de la Federación. 1975. Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. Poder Ejecutivo y Legislativo. Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación. 1992. Ley Sobre Celebración de Tratados. Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación. DECRETO de Promulgación de la Convención, Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y el Protocolo que la Modifica, adoptadas en la ciudad de Ramsar y París, el 2 de febrero de 1971 y el 3 de diciembre de 1982. Estados Unidos Mexicanos.
Ficha Informativa Ramsar (FIR). versión 2012-2014. Categorías aprobadas en la Recomendación 4.7 (1999) y modificadas por la Resolución VIII.13 de la 8ª Conferencia de las Partes Contratantes (2002) y Resoluciones IX.1, Anexo B, IX.6, IX.21 y IX. 22 de la 9ª Conferencia de las Partes Contratantes (2005).
Gutiérrez Nájera, Raquel; Barba Calvillo Guillermo. 2008. Compilada para la identificación de características de importancia Internacional del Lago de Chapala. Instituto de Derecho Ambiental, IDEA y Universidad de Guadalajara, CUCBA.
Ortiz Valdez, Laura; González Pascual Maribel. 2012. La Interpretación Judicial de los Instrumentos Internacionales de derechos humanos en México.
Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. Visto enhttp://lema.rae.es/drae/?val=vinculante.
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 2014. Humedales y sitios Ramsar. Visto en: http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/biodiversidad/humedales-y-sitios-ramsar
1 Lic. En Biología, Directora de Gestión Ambiental en GeoAlternativa AC
2 Maestra en Cooperación para el Desarrollo, Directora de Educación y Sensibilización Ambiental de Geo Alternativa AC
3 Vinculante: adj. Que vincula, sujeta a una obligación. Real Academia Española
4 Esto es una percepción personal que responde a los diversos comentarios y políticas de manejo de sitios Ramsar, en las que me he visto involucrada a lo largo de mi labor de 4 años en el sector público, por parte de servidores públicos de la CONANP, SEMADET e incluso de la Universidad de Guadalajara, pues se ha manejado siempre el tema como un Tratado que no es vinculante y es un acuerdo de voluntad únicamente.
5 Las organizaciones Internacionales Asociadas con la Convención Ramsar son:
6 La Convención Ramsar establece 9 criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional Aprobados por la Conferencia de las Partes Contratantes en sus Reuniones 7ª (1999) y 9ª (2005) en sustitución de los Criterios aprobados previamente por la COP en sus Reuniones 4ª y 6ª (1990 y 1996), para orientar la aplicación del artículo 2.1 de la Convención sobre designación de sitios Ramsar
7Criterios de designación del Lago de Chapala como Humedal de Importancia Internacional:
Criterio 2: sustenta especies vulnerables y en peligro critico
Criterio 3: sustenta poblaciones de especies importantes para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada.
Criterio 5: sustenta de manera regular una población de 20,000 o más aves acuáticas.
Criterio 7: Sustenta una proporción significativa de las subesepcies, especies o familias de peces autóctonas, etapas del ciclo de vida, interacciones de especies y/o poblaciones que son representativas de los beneficios y valores de los humedales y contribuye de esta manera a la diversidad biológica del mundo.
Criterio 8: Es una fuente de alimentación importante para peces, zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento y una ruta migratoria de la que depende la existencia de peces.
8 Diccionario de la Real Academia Española: tr. Guiar, llevar o conducir algo.