Source: http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe188.htm
Timestamp: 2017-09-21 05:10:19
Document Index: 22842794

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 35', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 35', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 233', 'Artículo 18']

NYR. Informe nº 188. BOE de mayo de 2010.
INFORME Nº 188. (BOE de MAYO de 2010)
Medidas déficit Poderes tributarios Entidades y servicios de pago
Valencia: Admón electrónica Navarra: Ley Vivienda Oposiciones Registros
Convenio bienes privativos Crédito hip. embargado Identificación extranjero
Arrendamientos históricos Espacios comunes p. h. ¿Pacto parasocial?
ESTRUCTURA MINISTERIOS. Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Este Real Decreto es vehículo para la supresión de 30 altos cargos, una Secretaría General y 29 Direcciones Generales. Más adelante se completará con supresiones en Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Entre las Direcciones Generales suprimidas, se encuentran:
- Ministerio de Justicia: la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
- Ministerio de Economía y Hacienda: la Secretaría General de Financiación Territorial y la Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial.
- Ministerio de Educación: la Dirección General de Relaciones Internacionales.
PDF (BOE-A-2010-7184 - 13 págs. - 252 KB) Otros formatos
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. Real Decreto 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2010-2011.
En este texto, se determinan los parámetros cuantitativos por los que se regirán las convocatorias de becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2010-2011 financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación:
PDF (BOE-A-2010-7329 - 16 págs. - 327 KB) Otros formatos
ACCESO A LA UNIVERSIDAD. Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Se precisan determinados aspectos relativos fundamentalmente a la organización de las nuevas pruebas de acceso que en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre se regulan, así como a los criterios que serán de aplicación a los nuevos procedimientos de admisión a las universidades públicas en las próximas convocatorias.
PDF (BOE-A-2010-7330 - 5 págs. - 186 KB) Otros formatos
REGISTRO ELECTRÓNICO MINISTERIO HACIENDA. Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.
La presente Orden tiene como objeto la regulación del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a su ámbito.
El Registro Electrónico será único para todos los órganos del Departamento. Quedan fuera de su ámbito la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los restantes organismos públicos dependientes, salvo convenio, el Consejo para la Defensa del Contribuyente y los que cuenten con regulación propia.
Documentos admisibles. El Registro Electrónico admitirá, a través de las aplicaciones informáticas habilitadas para la presentación de formularios, cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos y organismos pertenecientes a la Administración General del Estado, con excepción de los que deban de presentarse en registros electrónicos específicos.
El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Utilizará el calendario de días inhábiles aprobado anualmente, previsto en el art. 48.7 LPA, correspondiente a todo el territorio nacional.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente.
PDF (BOE-A-2010-7530 - 11 págs. - 242 KB) Otros formatos
CINE. Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
Con el argumento de reducir las cargas administrativas, entre otras medidas, se sustituye la aportación de documento público como medio acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el personal, creativo, técnico e industrias técnicas, por la de una declaración responsable sobre dichos extremos.
En el procedimiento para la inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, se elimina la obligación de presentar copias de los documentos acreditativos del número de identificación fiscal, así como del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o censo correspondiente, dando a los interesados la opción de autorizar a la Administración para obtenerlos.
PDF (BOE-A-2010-7531 - 5 págs. - 190 KB) Otros formatos
*AGENCIA TRIBUTARIA. Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria.
Representación acreditada. El art. 46 LGT permite que los obligados tributarios con capacidad de obrar actúen por medio de representante. En el apartado 2 de dicho precepto se establece que «para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV y V de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente».
Para asistir a los contribuyentes la Administración Tributaria lleva un registro electrónico de apoderamientos, creado por Resolución de 16 de febrero de 2004, ampliado por Resolución de 18 de enero de 2005, siendo, en todo caso, apoderamientos especiales, hasta que la Resolución de 20 de junio de 2007 permitió otorgar y inscribir poder a un tercero con carácter general, extendiéndolo a la totalidad de los trámites cuya realización por Internet estuviera habilitada
La presente Resolución refunde y actualiza las Resoluciones anteriores y amplia su ámbito dando respuesta a las nuevas demandas de los contribuyentes:
- Podrán incorporarse al registro los apoderamientos otorgados por Internet por personas jurídicas y entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 LGT. Esta vía de incorporación de los apoderamientos al Registro a través de Internet debe tender a consolidarse en el futuro como la única vía de acceso al mismo para los apoderamientos otorgados por personas jurídicas, en particular, por las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.
- El apoderamiento podrá ser otorgado a una o varias personas tanto físicas como jurídicas, salvo en el caso de apoderamientos para la recepción telemática de comunicaciones y notificaciones que únicamente podrá ser otorgado a una sola persona física o jurídica.
- Podrá también apoderarse para procedimientos de contratación y de responsabilidad patrimonial.
Modos de otorgamiento:
a) Comparecencia personal del poderdante en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria mediante el empleo del formulario del Anexo I.
b) Documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria. En estos casos el documento de acreditación del apoderamiento deberá ajustarse al contenido recogido en el formulario del Anexo I.
c) Poder otorgado por Internet, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Aspecto temporal. Los apoderamientos a los que se refiere esta Resolución surtirán efecto en lo que a ella afecta- desde la fecha de su incorporación al Registro de apoderamientos.
Renuncia. En cualquier momento el apoderado podrá renunciar al apoderamiento, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Otorgamiento de poder para la recepción de comunicaciones y notificaciones. Como requisito especial, precisa la aceptación del apoderado que se acreditará de idéntica forma al apoderamiento otorgado. Mientras no conste, no surtirá efecto. El poderdante también ha de consentir que la notificación pueda ser electrónica.
Apoderamiento general. Para que un apoderamiento surta efecto respecto de la totalidad de los trámites o actuaciones habilitados o que se habiliten para ser realizados por Internet, en el documento en que se apodere, se ha de hacer constar, además de su carácter general, que la representación se extiende expresamente a los trámites y actuaciones relacionados en el artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la consulta de datos personales, al pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de titularidad del poderdante y a la recepción de notificaciones.
Apoderamiento especial. Se permite limitar sus efectos a una o varias de estas categorías:
c) Pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria.
- Podrá realizarse por los mismos medios que su constitución: comparecencia, documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada o por Internet
- Sólo surtirá efectos desde el momento en que sea comunicada fehacientemente a la Agencia Tributaria.
Contenido del Registro de apoderamientos:
Registro de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados. El resto de la Resolución se dedica a este registro al que se incorporarán los datos de la sucesión tanto de personas físicas como de la extinción y sucesión de la persona jurídica o entidad carente de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, o los documentos que acrediten la representación legal de la persona carente de capacidad de obrar
Entró en vigor el 22 de mayo de 2010.
Ver reforma de 2016.
PDF (BOE-A-2010-8118 - 12 págs. - 374 KB) Otros formatos
REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL. Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
Fines. El Registro Integrado Industrial tendrá los siguientes:
a) Integrar la información sobre la actividad industrial en todo el territorio español que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las Administraciones Públicas.
c) Suministrar a los servicios competentes de las Administraciones Públicas los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales.
Así pues, este nuevo Registro tendrá mero carácter informativo. Será de ámbito estatal, y estará adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Industria, Dirección General de Industria, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
En el Decreto no se hace referencia alguna al Registro Mercantil.
PDF (BOE-A-2010-8189 - 10 págs. - 237 KB) Otros formatos
MODELOS TRIBUTARIOS. Orden EHA/1338/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
- Modelo 200: Declaración del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), que figura en el anexo I.
- Modelo 220 (formato electrónico): Declaración del Impuesto sobre Sociedades-Régimen de consolidación fiscal correspondiente a los grupos fiscales, que figura en el anexo II.
- Modelo 206: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), que figura en el anexo I
PDF (BOE-A-2010-8230 - 145 págs. - 2433 KB) Otros formatos
CATALUÑA. Ley 7/2010, de 21 de abril, de modificación de la Carta municipal de Barcelona.
La reforma tiene por finalidad incorporar la regulación del Consejo Económico y Social de Barcelona como órgano municipal de naturaleza consultiva y carácter general, en el cual participan los agentes sociales y económicos más representativos de la ciudad de Barcelona
PDF (BOE-A-2010-8324 - 2 págs. - 165 KB) Otros formatos
ANDALUCÍA. Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 20.1 el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse en los términos que establezca la Ley.
En Andalucía se dictó la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada reguló el derecho de las personas a redactar un documento escrito en el que hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas, así como a designar mediante dicho documento a quien tomará decisiones en su lugar.
En esta Ley se regulan de forma específica los derechos que tiene el paciente al afrontar el proceso de su muerte, con el fin de preservar la dignidad de la persona en ese trance, respetar su autonomía y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Dentro de estos derechos se encuentran la información clínica y el de realizar la declaración de voluntad vital anticipada y a que sea respetada la misma
La disposición final segunda modifica algunos aspectos concretos de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, relativos a los artículos 3, 6 y 9.2:
- Se amplía al personal funcionario público habilitado al efecto por la Consejería de Salud la capacidad de verificación de los requisitos determinantes de la validez del testamento vital,
- se amplía su acceso a los profesionales sanitarios implicados en el proceso y
- se establece la obligatoriedad de la incorporación a la historia clínica.
Ver trabajo de Ramón María Moscoso Torres, Notario de Baena (Córdoba), sobre el Testamento Vital ante Notario.
Ver apuntes de Jorge López Navarro, Notario de Alicante, sobre Testamento Vital.
Ver Apoderamientos preventivos, por Inmaculada Espiñeira Soto, Notaria de Santa Cruz de Tenerife.
PDF (BOE-A-2010-8326 - 17 págs. - 299 KB) Otros formatos
NAVARRA. Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Esta Ley Foral tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en relación con la accesibilidad universal y diseño para todos respecto a los entornos, los procesos, bienes, productos y servicios, así como en relación con los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, de tal forma que los mismos se hagan comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en igualdad de condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Dentro de su ámbito de aplicación se encuentran las relaciones con las Administraciones Públicas.
PDF (BOE-A-2010-8390 - 12 págs. - 250 KB) Otros formatos
CANTABRIA. Ley 1/2010, de 27 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.
La reforma se centra en dos áreas:
A) La del ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de éstos. Destaca la implantación de la ventanilla única para los procedimientos relacionados con las actividades de servicios; potenciar para el acceso o el ejercicio de una actividad de servicios, en vez de la autorización, la declaración responsable y la comunicación previa; se suprime la aportación de datos que obran en poder de la Administración, y se exige que el silencio negativo sea por razones imperiosas, debiendo el Gobierno identificar estos supuestos.
B) El área de la contratación pública que ha de adaptarse a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al derecho comunitario.
PDF (BOE-A-2010-8506 - 11 págs. - 239 KB) Otros formatos
SERVICIOS DE PAGO Y ENTIDADES DE PAGO. Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo objetivo último era lograr la verdadera integración del mercado único de servicios de pago. Para ello prevé una serie de medidas articuladas en torno a tres ejes fundamentales y que se refuerzan mutuamente: la eficiencia en el funcionamiento del mercado único de servicios de pago, la protección del usuario y la seguridad del mercado de servicios de pago.
La Directiva 2007/64/CE ha sido incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, algunos de cuyos aspectos fundamentales pretende desarrollar el presente real decreto, sobre todo en lo que afecta a la transposición del régimen jurídico de las nuevas entidades de pago y a la concreción de algunas disposiciones relativas al régimen jurídico general de los servicios de pago.
En el título I, se contiene el desarrollo del régimen jurídico de creación de las entidades de pago.
- Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda autorizar la creación de las entidades de pago, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.
- Se inscribirán las nuevas entidades de pago aparte de en el Registro Mercantil- en un Registro Especial del Banco de España, antes de comenzar su actividad.
- Se detallan los requisitos para obtener y conservar la autorización de una entidad de pago.
c) Disponer en todo momento de determinado capital inicial mínimo.
d) Que los accionistas o socios titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos.
e) Que los administradores y directores generales de la entidad de pago sean personas de reconocida honorabilidad y posean, la mayoría de ellos, los conocimientos necesarios.
f) Disponer de sólidos procedimientos de gobierno corporativo y de gestión de riesgos.
g) Establecer procedimientos y órganos de control interno sobre blanqueo y terrorismo.
- Las entidades de pago se inscribirán, antes de iniciar sus actividades, en el Registro Especial de entidades de pago que se creará en el Banco de España.
- También se creará por parte del Banco de España un Registro de Altos Cargos en el que deberán inscribirse los administradores y directores generales de las entidades de pago.
- Tres artículos están dedicados al régimen aplicable a las distintas modificaciones que puede experimentar una entidad de pago, tanto en sus estatutos sociales como en sus actividades, con una previsión específica para el caso de fusión.
- El uso de la denominación de entidad de pago queda reservado a estas entidades, que podrán incluirlo en su denominación social si lo desean.
El título II regula la actividad transfronteriza de las entidades de pago.
El título III se dedica al régimen de los agentes y delegación de funciones operativas.
El título IV trata de la regulación de los requisitos de garantía, que permitan salvaguarden los fondos de sus usuarios, de los requerimientos de recursos propios y de las limitaciones operativas de las cuentas de pago. En cuanto a esto último, se regulan los efectos de la inactividad de la cuenta de pago durante un año y se limitan también las posibilidades de que la cuenta mantenga saldo deudor como resultado de operaciones iniciadas directamente por el ordenante titular de la cuenta de pago.
En el título VI se introducen dos excepciones a la aplicación de determinados aspectos de la normativa reguladora de los servicios de pago.
- Se excluyen, para instrumentos de escasa cuantía y siempre que así se pacte entre las partes, ciertas obligaciones que la ley establece entre el proveedor de servicios de pago y el usuario.
- No están sujetos a esta normativa los servicios de pago que se basen en instrumentos cuyo uso esté limitado a los establecimientos del emisor o a una red limitada de proveedores.
El título VII recoge el régimen sancionador y de supervisión aplicable a las entidades de pago y el deber de secreto profesional.
Una disposición transitoria que detalla el procedimiento y los requisitos mínimos que han de cumplir, para la convalidación de su autorización, aquellos establecimientos de cambio de moneda que hubieran sido autorizados para la gestión de transferencias y que, no pretendiendo ampliar su objeto social, deseen convertirse en entidades de pago.
Entrada en vigor: el 30 de mayo
Ver para Entidades de pago, resumen más amplio de JAGV.
PDF (BOE-A-2010-8551 - 22 págs. - 360 KB) Otros formatos
CANTABRIA. Ley 2/2010, de 4 de mayo, para la modificación de la Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria y de otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior.
Con esta Ley se realiza una transposición parcial de la Directiva 2006/123/CE, garantizando la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios.
Afecta, entre otras materias, a la instalación de nuevos equipamientos comerciales, ventas especiales, ventas ambulantes, ventas a distancia o al sistema arbitral de consumo.
PDF (BOE-A-2010-8555 - 14 págs. - 293 KB) Otros formatos
VALENCIA. Ley 3/2010, de 5 de mayo, de administración electrónica de la Comunitat Valenciana.
Objeto de la ley. Fundamentalmente:
- El desarrollo del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.
- La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo.
Ámbito subjetivo de aplicación. Dentro del amplísimo elenco que desgrana el art. 2, son de destacar:
- La administración de la Generalitat.
- Las entidades que integran la administración local
- Las corporaciones de derecho público
- Las sociedades mercantiles si hay participación mayoritaria de la administración de la Generalitat
Derechos. Además de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos tienen, entre otros, los siguientes:
- Derecho a formular consultas a las administraciones públicas por canales y medios electrónicos.
- A obtener gratuitamente una dirección de correo electrónico facilitado por la Generalitat Valenciana.
- A utilizar libre y gratuitamente los medios y servicios generales electrónicos que se pongan a su disposición para su empleo en las relaciones con las administraciones públicas.
- A la utilización de los procedimientos electrónicos disponibles de una forma personalizada y directa.
- La sede electrónica de titularidad de la Generalitat es su portal o sitio web institucional en Internet, en la dirección electrónica bajo el nombre de dominio www.gva.es.
- Cada entidad local de las referidas en la Ley dispondrá de una sede electrónica institucional donde se integrarán toda la información y los servicios que ofrezcan y presten a la ciudadanía.
- La sede electrónica de la Generalitat será punto de acceso electrónico general de todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación descrito en el artículo 2 de la presente ley.
- Las sedes electrónicas pondrán a disposición de los ciudadanos un espacio de almacenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de análoga significación.
Publicaciones oficiales electrónicas.
- El «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» se publicará en la sede electrónica de (hay una omisión en el texto publicado) en formato electrónico, como única versión, que tendrá la consideración de oficial y auténtica.
- La publicación electrónica de los diarios o boletines oficiales de las entidades que integran la administración local de la Comunitat Valenciana se realizará en las sedes electrónicas de las mismas y podrá sustituir la edición impresa, con los mismos efectos señalados en el apartado anterior
Almacenamiento de documentos y expedientes administrativos electrónicos. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos y expedientes administrativos, con independencia del soporte que tuvieran originariamente.
- Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para formular todo tipo de solicitudes, recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciones y consultas, así como para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
- En la medida en que la implantación del expediente electrónico lo permita, los interesados en un procedimiento tendrán derecho a conocer el estado de tramitación de los expedientes en los que sean parte, a acceder electrónicamente al índice del expediente y a cualesquiera documentos que obren en aquel, siempre que no perjudiquen el derecho a la protección de datos de carácter personal o lo prohíban expresamente otras leyes, así como a la normativa aplicable en el procedimiento.
- Reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse exclusivamente por medios electrónicos para determinados colectivos. Mientras tanto, los ciudadanos podrán elegir en cualquier momento el medio o canal de comunicación con las administraciones públicas
- Se regulan las notificaciones electrónicas, las cuales se entenderán practicadas o rechazadas en los términos que se señalan en la Ley 11/2007, de 22 de junio.
- Se prevé la notificación por comparecencia electrónica. Podrá entenderse realizada a través del ejercicio por la persona interesada del derecho de acceso al expediente y a su estado de tramitación, o mediante su acceso a servicios electrónicos en la correspondiente sede electrónica, siempre que quede acreditada su identidad, así como la naturaleza de dicho acceso.
Procedimiento administrativo electrónico. Se regulan también sus líneas generales, su gestión electrónica y diversos procedimientos especiales.
Entró en vigor el 8 de mayo de 2010.
PDF (BOE-A-2010-8556 - 36 págs. - 548 KB) Otros formatos
LUXEMBURGO. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal, hecho en Bruselas el 10 de noviembre de 2009.
Se sustituye el artículo 27 relativo al intercambio de información.
PDF (BOE-A-2010-8616 - 4 págs. - 183 KB) Otros formatos
NAVARRA. Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra.
Navarra tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo.
El Título I incluye, entre otras materias, el objeto, finalidad y principios de la Ley Foral, las actuaciones protegibles en materia de vivienda y los plazos administrativos para la resolución de las solicitudes en materia de vivienda, determinando el sentido del silencio.
El Título II regula el concepto, las características y tipologías existentes de vivienda protegida, así como el contenido de la actividad pública de fomento en materia de vivienda. Se establece un único tipo de vivienda de Protección Oficial. Se regula el Programa de intermediación para el alquiler de viviendas desocupadas, la conocida como «Bolsa de alquiler».
El Título III determina el sistema de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, incluyendo el Censo de solicitantes. Se da un tratamiento específico al régimen de alquiler de vivienda protegida. Se modifica el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas, por ejemplo, introduciendo una nueva fase en el procedimiento de adjudicación de viviendas, la autorización para la firma de los contratos, con la que se pretende realizar un control previo a la firma del contrato de compraventa o alquiler, del cumplimiento por el solicitante de los requisitos mínimos de acceso, así como de los apartados del baremo en los que tuviera derecho a obtener puntuación.
El título IV se centra en la rehabilitación de viviendas. Se pone el acento en actuaciones rehabilitadoras sostenibles, y se favorece el pasar de la rehabilitación aislada de viviendas y edificios a la gran rehabilitación de conjuntos residenciales rurales y urbanos.
El Título V desgrana los requisitos que ha de cumplir la publicidad de la venta y arrendamiento de viviendas, las obligaciones informativas de los promotores a los compradores y arrendatarios de vivienda y establece la obligación de crear y mantener actualizado en Internet un sitio web informativo en materia de vivienda. Se fomenta el Sistema Arbitral de Consumo.
Y el Título VI, que se desarrolla en tres capítulos, está dedicado al control y prevención del fraude en materia de vivienda protegida. Se fija el plazo de duración del régimen de las viviendas protegidas, dando continuidad a la situación actual. Será de treinta años, contados a partir de la fecha de su calificación definitiva, pero para las dedicadas al arrendamiento, sin opción de compra, será de quince años.
Se establece una prohibición temporal de disponer a título gratuito durante el plazo de cinco años.
Se mantiene un sistema de control público de los actos de disposición de las viviendas protegidas, sistema articulado en la obligación de comunicación previa de las primeras y ulteriores transmisiones de viviendas protegidas a efectos de poder ejercitar los derechos de adquisición preferente,
Dice al respecto el artículo 46: Elevación a escritura Pública e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras que documenten la transmisión de viviendas protegidas, tanto a título oneroso como gratuito, que se acredite por el transmitente el cumplimiento del requisito de comunicación al Departamento competente en materia de vivienda en las condiciones previstas en el artículo anterior, así como el otorgamiento, en su caso, de la autorización administrativa para transmitir a terceros la vivienda protegida, o la renuncia de dicho Departamento a ejercer el derecho de tanteo.
También es de destacar que se abre la posibilidad de la permuta y que se regula la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad.
Este título también regula la inspección, la defensa y restauración de la legalidad y el régimen sancionador.
Deroga, entre otras:
- La Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
- La Ley Foral 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.
Entrará en vigor el 17 de julio de 2010.
PDF (BOE-A-2010-8618 - 48 págs. - 751 KB) Otros formatos
IMPUESTO DE SOCIEDADES. Sentencia de 10 de diciembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo de pleno derecho el artículo 233.2 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en la parte que indica "siempre que éstos sean residentes en España".
Decía el precepto de este Reglamento, actualmente derogado:
2. Las inversiones en programas de investigación o desarrollo darán derecho a la deducción, tanto si se realizan directamente por el sujeto pasivo como si se contrata su realización con terceros, siempre que éstos sean residentes en España. En ningún caso dará derecho a la deducción la adquisición de programas
que hubieran figurado anteriormente en el activo fijo del vendedor.
PDF (BOE-A-2010-7425 - 1 pág. - 153 KB) Otros formatos
Nota: en definitiva lo que quería el registrador es que se empleara la palabra NIE, aunque el número de la tarjeta que se expresaba, empezando por X, solo podía ser el NIE, pues el número de soporte de la tarjeta, de la propia tarjeta, empieza siempre por E. Es un ejemplo por tanto de formalismo innecesario y además recalcitrante. (AFS)
*54. COMPRAVENTA DE FINCA RÚSTICA CONSTANDO ARRENDAMIENTO HISTÓRICO INSCRITO EN FINCA DE PROCEDENCIA. Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de San Vicente del Raspeig, don Francisco José Román Ayllón, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad nº 3 de Alicante, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Se vende una finca rústica, manifestando el vendedor que no se halla arrendada. Sin embargo en el Registro de la Propiedad consta inscrito un arrendamiento anterior a 1935, no cancelado en la finca de origen.
El registrador exige que se aclare la situación, sin mayor precisión, denegando la inscripción por defecto insubsanable, aunque parece dar a entender que es posible la inscripción cancelando el arrendamiento. El registrador sustituto confirma la calificación remitiéndose a los mismos argumentos de la nota del registrador sustituido, que no detalla ni enumera.
El notario recurre, se queja de la falta de motivación sustantiva de ambas notas, considera que dicho arrendamiento no está vigente y que, en todo caso, no hay en la Ley ninguna prohibición de venta de las fincas arrendadas.
La DGRN revoca la nota, pues señala que La ley de Arrendamientos Rústicos de 1935 no cierra el Registro a las compraventas de fincas arrendadas, que la ley vigente solo lo cierra provisionalmente en tanto no se acrediten las notificaciones para el ejercicio del derecho de adquisición preferente por el arrendatario, y además que el arrendamiento objeto del presente caso no está vigente, aunque no se haya cancelado registralmente, por aplicación de lo dispuesto en la ley 1/1992 de Arrendamientos Rústicos Históricos. (AFS)
Nota. Según esta ley, el 31 de diciembre de 1997, se han de considerar extinguidos por finalización de prórroga, salvo una excepción ya no aplicable y que concluía el 11 de febrero de 2002:
a) Los anteriores al Código Civil cuyo arrendatario traiga causa de quien lo fuera a su publicación.
b) Los concertados antes de la Ley de 15 de marzo de 1935, cuando el arrendatario sea cultivador personal.
PDF (BOE-A-2010-8287 - 7 págs. - 203 KB) Otros formatos
La nota de calificación es muy escueta. Sólo dice lo siguiente: Hechos: No se aporta la correspondiente Licencia Municipal de segregación. Fundamentos de derecho (Artículo 18 de la Ley Hipotecaria): - Resolución de la Dirección General de fecha veintidós de Abril de mil novecientos ochenta y cinco. Observaciones: Para subsanar dicho defecto, aportar la pertinente licencia municipal de segregación. Contra esta calificación .-
60. COMPRA DIVORCIADO EN DOCUMENTO PRIVADO. ELEVAN A PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD DE GANANCIALES. Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Rodrigo Tena Arregui, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid nº 23, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado de compraventa.
Similar a la anterior. (AFS)
PDF (BOE-A-2010-8659 - 9 págs. - 221 KB) Otros formatos
61. TRANSMISIÓN DE FINCA SUPUESTAMENTE ANEJA A UNA CONCESIÓN. Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "La Vascongada, S.A.", contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid nº 19, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
La Sociedad La Vascongada S.A., titular de una concesión administrativa de un ferrocarril minero de vía estrecha de servicio particular desde Vallecas a las Canteras de Cuesta Perales, vende en 2007 cuatro participaciones en dicha concesión (en total un 45%), finca registral 5884 (parte de la cual estaba situada en terreno a reparcelar) a cuatro compradores: la Mercantil Factor Inmuebles S.L. y tres personas físicas más, mediante cuatro cuotas indivisas diferentes y compraventas distintas, extendiéndose las compraventas a los anexos a las vías y a la finca 1066, que figura inscrita bajo folio distinto de aquella
Luego en 2009 se complementa la escritura anterior en relación con la finca 1066 elevando a público un documento privado firmado por la Vascongada y las tres personas físicas indicadas (no interviene la Mercantil Factor Inmuebles S.L.), estableciendo que tal finca se incluyó en la venta de 2007 y ahora se determinan las participaciones de finca vendidas a los tres en esta finca, pero en porcentaje diferente al de las participaciones vendidas de la concesión de ferrocarril, aunque la vendedora se reserva en dicha finca una participación superior a la que le vendió a la Mercantil Factor Inmuebles S.L. en la concesión.
El Registrador se opone por entender que la finca 1066 forma parte de la concesión, como terreno anejo a la misma, y su transmisión precisa de autorización admva y además al venderse sólo a tres de los cuatro compradores de las participaciones de la concesión, y en porcentaje distinto a la de éstas, se precisa la intervención del cuatro, la Mercantil Factor Inmuebles S.L.
La DG acepta el recurso de La Vascongada S.A. y estima, tras una elaboración detallada de los antecedentes legislativos, que no consta registralmente que la finca 1066 esté afecta a la concesión y por tanto se puede vender libremente; y además no se precisa para su venta la intervención de la otra Mercantil Factor Inmuebles S.L., pese a que las participaciones vendidas de la misma, no concuerdan con las participaciones que fueron vendidas en la concesión, finca 5884, ya que se trataba de cuatro ventas diferentes y sin relación entre sí y además la sociedad vendedora todavía ostenta en cuanto a la finca 1066 una participación superior a la que le vendió en la concesión a la Mercantil Factor Inmuebles S.L.
EXAMEN DETALLADO DEL SUPUESTO:
Hechos: La Sociedad La Vascongada S.A es titular de la finca registral 1066 del Registro 19 de Madrid, consistente en una finca rústica en término de Vallecas, que adquirió por aportación a través de escritura de 2008, la cual se encuentra incluida en un proyecto de reparcelación.
Respecto de los terrenos ocupados por la vía férrea, la determinación de su superficie y linderos se llevó a cabo en escritura de 2007, y su mayor parte se encuentra, como indico, incluida en una reparcelación.
Además la misma Entidad es titular de otra finca 5884 del mismo Registro, consistente en una concesión de ferrocarril minero de vía estrecha, también por título de aportación, tanto de la concesión de la dicha vía férrea como de los terrenos que ocupa y cuanto es anexo o accesorio a dicho ferrocarril, aportación que fue aprobada por Real Orden de 1908, y así figura inscrita en el Registro de la Propiedad.
1.- Por una escritura de 2007 La Vascongada S.A., vende a otra Entidad X y a tres personas físicas c, d y f, ciertas participaciones indivisas de dicha concesión admva, aclarando que la venta se extiende a los terrenos y fincas que puedan ser reconocidos como titularidad de la Mercantil Vendedora, y dentro de estos anexos, se citan, determinados terrenos pendientes de reconocimiento de la titularidad de ésta y además la finca 1066 citada, el reconocimiento de cuya titularidad en cuanto a la vendedora se obtuvo judicialmente, y como queda dicho, vende en esta escritura de 2007 a la Mercantil X y a cuatro personas físicas determinadas participaciones en la concesión y terrenos anejos, incluida la finca 1066, como compraventas independientes.
2.- La escritura anterior de 2007, se complementa con otra de 2009, aclarando en cuanto a la finca 1066, que la vendedora y los tres compradores personas físicas (no se incluyó la Mercantil X) habían suscrito un documento privado de venta que por esta escritura se ratifica y eleva a escritura pública, indicando que como terreno anexo o complementario del ferrocarril se encontraba la finca 1066, cuyos porcentajes en esta finca, se concretan en la misma escritura de 2009 y difieren de los fijados en la venta de la concesión.
Registro de la propiedad: El Registrador suspende la inscripción en cuanto a la finca 1066, por dos defectos:
..- Porque considera que es necesario el consentimiento previo de la Administración al ser la finca 1066 aneja de una concesión.
..- No ha comparecido en la escritura complementaria de 2009 uno de los compradores, la Mercantil X, ya que sólo se habían vendido unas participaciones de la finca 1066 a las tres personas físicas, sin comparecer la Mercantil X, aunque la participación reservada por la Vascongada S.A en esta finca., era superior a la cuota vendida a aquella en la concesión.
Dirección General: La DG estima el recurso interpuesto por la Vascongada S.A., y rechaza los dos defectos alegados por el registrador:
1.- En cuanto al primer defecto, se basa para el rechazo en Ley de Ferrocarriles de 23 noviembre de 1877,, vigente al tiempo de la inscripción de la concesión admva relativa a la finca 5884, que distinguía entre las líneas ferroviarias de servicio general y de uso particular, y en estas últimas no se permitía la ocupación de terrenos del Estado, pero sí de dominio público, aunque si el servicio fuera importante podía concederse la expropiación forzosa y ocupación de terrenos del Estado mediante ley. En cuanto a los almacenes y demás obras que fueran parte integrante del ferrocarril y necesarias para su existencia, no requerían inscripción separada sino que se incluían en la de la propia obra pública.
Con el Reglamento Hipotecario de 1915 se estableció que para que la adscripción de fincas inmatriculadas a la Concesión, era precisa la cancelación de la primitiva inscripción de las mismas, sistema que se cambia en el RH de 1947, donde el art 63 establece que para que produzcan efecto frente a tercero la adquisición por expropiación forzosa o por convenios de fincas o dchos inscritos que hayan de formar parte de la obra pública por destinarse directa y exclusivamente a su servicio, es necesario la inscripción a favor del concesionario, y según el art 66 RH respecto de las demás fincas anejas a los ferrocarriles de dominio particular de los concesionarios no destinados directamente al servicios público, deben inscribirse en la forma ordinaria.
El Registrador no admite la inscripción de dichas participaciones vendidas de la finca 1066, por considerar que es aneja a la concesión de ferrocarril y no se acredita la autorización admva para la venta, pero de los antecedentes registrales de la finca no resulta ninguna referencia a su adquisición por expropiación o su incorporación a la concesión. Dada la finalidad de la línea de ferrocarril para su servicio particular, resulta que la existencia de terrenos utilizados como accesorios no implica que queden sujetos al régimen jco de la concesión, y ni en la inscripción de la finca 1066 ni en la inscripción de la concesión consta dicha afectación, por tanto dicha finca 1066 es aneja al dominio particular de la concesionaria que le legislación anterior sometía al régimen registral común, debiendo entenderse que no forma parte de la obra pública por no constar que se destinara directa y exclusivamente a su servicio o explotación.
2.- Tampoco se puede mantener el segundo defecto, ya que pese a que en la escritura originaria había cuatro compraventas distintas (la hecha a la Mercantil X y a las tres personas físicas), ya que se vendían participaciones distintas a cada adquirente, el hecho de que en la escritura complementaria, la concreción de las cuotas vendidas en ésta respecto de la finca 1066, sea distinta de las que los compradores tenían en la concesión (finca 5884) no es obstáculo para la inscripción, ya que estamos ante compraventas distintas y la participación que se reserva la vendedora (La Vascongada) en la finca 1066 es superior al porcentaje vendido a aquella por ésta en la venta de la concesión admva. (JLN)
PDF (BOE-A-2010-8660 - 8 págs. - 211 KB) Otros formatos
*49. PACTO UNÁNIME ENTRE LOS SOCIOS SIN MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. DIFERENCIA ENTRE PACTO PARASOCIAL NO INSCRIBIBLE Y PACTO ESTATUTARIO INSCRIBIBLE. Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Pontevedra, don Luis Darrieux de Ben, contra la negativa del registrador mercantil I de Pontevedra, a inscribir el nombramiento de administradores solidarios de una sociedad de responsabilidad limitada contenido en una escritura pública.
Hechos: En escritura de adopción de acuerdos sociales con asistencia de todos los socios, se cesa y nombra administradores estableciendo que para su cese será necesario el acuerdo de socios que representen 2/3 de los votos correspondientes a las participaciones sociales.
El registrador suspende la inscripción por estar dicho pacto, que no se hace como modificación estatutaria, en contradicción con el artículo de los estatutos que fija los quórum de votación para la adopción de acuerdos sociales.
Recurre el notario autorizante alegando que dicho pacto no forma parte de los estatutos por afectar sólo a los nombrados en la escritura, pero no a los que, en su caso, puedan ser nombrados con posterioridad.
Doctrina: La DG, tras establecer la diferencia entre pacto parasocial y pacto modificativo de estatutos, constata la falta de especificación de la escritura a este respecto considerando que si se tratara de pacto estatutario debería darse cumplimiento a las normas mercantiles que exigen su incorporación a los estatutos. Sobre esta base confirma el acuerdo de calificación declarando no inscribible el pacto establecido.
Comentario: Interesante resolución de la DG por cuanto distingue y establece las claras fronteras entre lo que es un pacto parasocial y lo que son los estatutos de la sociedad. Lo primero es un mero pacto convencional entre socios, que no tiene porqué ser inválido, pero que en principio y, salvo que forme parte de un protocolo familiar, no puede tener acceso al RM. Lo segundo, es decir el pacto que lleva consigo o implica una modificación estatutaria y que como tal debe formar parte del aspecto corporativo o de funcionamiento de la sociedad, para que sea inscribible, debe llevar consigo la clara voluntad social de modificar los estatutos de la sociedad. Si así no se hace lo que procede es inscribir lo que de inscribible tenga la escritura, en este caso el cese y nombramiento de administradores, y denegar la inscripción del pacto convencional o parasocial, lo que no quiere decir, evidentemente, que dicho pacto, por no inscribirse, sea inválido o que no produzca efectos entre los socios que lo firmaron. (JAGV)
PDF (BOE-A-2010-7482 - 3 págs. - 169 KB) Otros formatos
- Es primera copia de escritura.
- Inscribible en el Registro de la Propiedad.-
- Tiene contenido valuable.
Fuenlabrada, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 5 de junio de 2010.
Visita nº desde el 4 de mayo de 2010