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Esperanza Marchita | Este es el Blog Oficial donde encontrarás información sobre mi candidatura | Página 2
Iniciativa del senador José González Morfín para reducir financiamiento a los partidos políticos
Ahora que se acerca el inicio de sesiones del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, recuperamos esta iniciativa del senador José González Morfín que propone de manera similar al diputado César Nava (también del PAN), con el fin de no olvidar el tema de la urgente necesidad de disminuir el financiamiento público de los partidos políticos en México.
Del Sen. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
C.C. Secretarios de la Mesa Directiva
José González Morfín, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
La reforma electoral en México del 2007 dio paso a una “tercera generación de reformas electorales”. Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos.
De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.
En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.
Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
Justamente, esta tercera generación de reformas electorales fue resultado de una contienda presidencial muy cerrada, por lo que, era necesario dar respuesta a los grandes retos que enfrenta la democracia mexicana: el fortalecimiento de sus instituciones, el uso del dinero en campañas y la participación de los medios de comunicación.
En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.
La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.
De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.
Sin embargo, es de gran importancia adecuar el sistema de financiamiento público para los partidos políticos y los ingresos que reciben los Consejeros Electorales, con el propósito fundamental de eficientar los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, el pasado 8 de octubre del 2009, el Diputado Federal José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En está iniciativa se propuso reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.
La difícil situación económica por la que atraviesa el país, obliga a todos los actores políticos y sociales a realizar un esfuerzo adicional en materia de reducción de inversiones y gastos, con eficacia, eficiencia y transparencia. Hoy se hace necesario revisar las prioridades con criterios de austeridad y hacer los recortes a que haya lugar. El gobierno federal y otros actores ya han dado muestra de ello, los partidos políticos no pueden ser la excepción.
La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.
Los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.
Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.
Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.
El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento.
Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.
La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.
Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.
Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.
En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados, acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.
La presente iniciativa busca ser acorde con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, razón por la cual se propone reformar el texto constitucional, para establecer que las retribuciones de los Consejeros Electorales será se acuerdo a lo que establece el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Es por ello compañeros senadores que el día de hoy propongo la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales con el objeto de crear un justo y auténtico equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados.
Si bien nuestra economía comienza a mostrar signos de recuperación, debemos ser conscientes que la repercusión en cada uno de los hogares mexicanos tardará algunos meses en reflejarse, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa propiciamos la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.
Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con:
Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
Base III… a la Base IV…
Base V.…
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.
Base VI…
Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
a)… al f)…
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;
Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
2… al 3…
I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;
II. a la V.…
Artículo Cuarto. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 112. …
a)… al j)…
3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II de la Constitución.
Segundo.- Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 10 de noviembre de 2009.
18 enero 2010 at 14:19
Publicado en Cámara de Senadores, PAN, Reducción financiamiento a partidos, Ya bájenle
El Universal, 3 de diciembre de 2009
Hace un par de años el filósofo Slavoj Zizek publicó un controvertido texto en una revista inglesa: “Resistir es rendirse”. Era una larga crítica a las izquierdas en el mundo, pero en particular a un sector de la izquierda internacional que tomó como lema una idea proveniente del neozapatismo mexicano: “Cambiemos el mundo sin tomar el poder”.
Esta es una idea atractiva no sólo para quienes se consideran de izquierdas, sino para cualquiera que desconfíe del ejercicio del poder y de sus representantes. Es una idea que deja implícito que el problema es el poder mismo, no sólo quien lo ejerce. A Zizek, semejante desconfianza, pero sobre todo sus implicaciones en la acción política, le parecen un despropósito. Para él, cualquier iniciativa política seria tiene que tener como objetivo tomar el control del Estado, no sólo resistirlo y rendirse.
Hay algo atractivo en el razonamiento de Zizek: renunciar por completo al ejercicio del poder suena a perder causas que a uno le interesan. El problema de su argumento es que peca de conceder el mismo supuesto que concede la máxima neozapatista. ¿Acaso el poder sólo reside en las instituciones centrales del Estado? Si no sólo reside en esas instituciones, ¿dónde está?
En México hemos vivido en los últimos 20 años un proceso de ciudadanización. No sólo nos reconocemos como individuos privados, integrantes de grupos tradicionales o gremiales, sino como portadores de derechos reconocidos por el Estado. Esto es obvio en el caso de las credenciales de elector que nos permiten participar en procesos electorales, pero también en casos paradigmáticos que han llegado a la Corte en los cuales se reconoce el derecho a exigir el reconocimiento de derechos civiles ante la autoridad.
Sin embargo, ciertos momentos y eventos dejan ver el surgimiento de una forma más potente de ciudadanización. Una en la que esos derechos reconocidos por igual no sólo se ejercen cada tres años o de forma reactiva, sino como parte del sistema democrático de contrapesos. Es decir, la ciudadanía no sólo como una condición pasiva, sino como conjunto de instrumentos activos.
Entonces, ¿dónde reside el poder? Reside, sí, en las instituciones de los gobiernos, pero también en la ciudadanía como institución dispersa que se puede activar como contrapeso a quienes gobiernan. Ciudadan@s que vigilan, denuncian y evalúan. No resisten al poder (no se rinden), sino que lo invaden, lo ejercen, lo toman por sorpresa. Quienes ocupan posiciones de responsabilidad pública tendrán que saber eso. Que no podrán esconderse entre colegas que los solapen, que el poder vigilante que normalmente se atribuye a las agencias de gobierno, desde la ciudadanía, se puede ejercer en sentido contrario. El ojo del “Gran Hermano” no es exclusivo a los gobiernos, puede ser un instrumento de la ciudadanía como contrapeso frente a quienes gobiernan.
La idea de la ciudadanía como contrapeso invoca muchas preguntas, entre ellas ¿y eso cómo se construye? La vigilancia desde la ciudadanía es un estado de alerta intermitente en cada ciudadano, pero permanente en el agregado de iniciativas individuales. Por esa razón las grandes movilizaciones como instrumento prediseñado de presión y protesta suelen gastar más energía que los resultados que logran. En esos mares de gente, el número gana a los argumentos y la “vigilancia” se pierde en el movimiento mismo.
Hay otros métodos, unos que se van probando en ciertas discusiones, y otros que falta poner a prueba. Las campañas #internetnecesario y ¡Ya Bájenle! son una muestra de lo que se puede hacer desde la colectividad pero reconociendo a los individuos. Esto no significa renunciar a las manifestaciones públicas, sino pluralizarlas y generalizarlas. Manifestaciones que pueden tener pequeños pero consistentes éxitos si logran contar nuevas historias que hagan visible algo antes invisible y convencer y sumar simpatizantes que quieran ser parte de esas historias.
Las manifestaciones que sólo pretenden autoafirmarse no suelen llegar muy lejos, por eso si hay ciudadn@s que quieren ser un contrapeso no pueden serlo sólo en referencia a sí mismos, tienen que serlo al ejercer el poder mientras lo enfrentan.
3 diciembre 2009 at 16:22
Publicado en ciudadanía, Columnas, internetnecesario, Reducción financiamiento a partidos, Ya bájenle
Iniciativa del diputado Nava para reducir financiamiento a partidos
Para seguir documentando el proceso que nos llevará a dismunir el financiamiento público a los partidos políticos en México a principios de 2010, a partir del impulso de la campaña “¡Ya bájenle! Menos dinero a los partidos”, presentamos la iniciativa del diputado César Nava (PAN), presentada el 9 de octubre de 2009.
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CÉSAR NAVA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano. En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático. Tal es el caso de las Reformas de 1964, 1977, 1987, 1990 y 1993.
En 1996, la legislación electoral volvió a reformarse para introducir por primera vez una serie de conceptos inéditos en materia de financiamiento público para los partidos políticos. La reforma estableció una suma anual para cada uno de ellos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal marcando límites en el financiamiento público y priorizándolo sobre el privado. De esta forma se buscó generar las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema multipartidista que fuera capaz de representar a todas y cada una de las expresiones ideológicas, políticas, sociales y culturales que existen en nuestro país.
Sin embargo, al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de la reforma de 1996, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura en el sistema de partidos.
El cambio de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista competitivo, generó una espiral creciente de gastos en materia electoral, los cuales buscaban garantizar la competencia justa y equitativa entre los actores involucrados, haciendo de la democracia mexicana una de las más caras del mundo. Es por ello que, gran parte de los argumentos que pedían modificaciones a la Ley, planteaban la necesidad de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña, así como fortalecer las atribuciones de las autoridades electorales.
En ese tenor y después de una serie de debates y discusiones en la materia, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma constitucional sustentada en tres ejes primordiales:
1. La disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales;
2. El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y
3. El diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.
De estos ejes y en específico en lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destaca el planteamiento de un nuevo método de cálculo para el financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del recurso público que se destina a las campañas electorales, y el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.
Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.
Como parte de las modificaciones planteadas en esta iniciativa, en sintonía con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, se propone modificar el esquema de retribuciones de los Consejeros Electorales. El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
En la presente iniciativa se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.
De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.
Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias partidistas y que pongamos por encima de cualquier consideración el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.
Confiamos en que encontraremos en este Honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.
Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Base V. …
a) … al f) …
II. a la V. …
Artículo 4. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
a) … al j)…
Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día ocho de octubre del año dos mil nueve.
Diputado José César Nava Vázquez (rúbrica)
1 diciembre 2009 at 12:58
Publicado en Cámara de Diputados, General, PAN, Reducción financiamiento a partidos, Ya bájenle