Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/746531561
Timestamp: 2019-02-23 09:29:34
Document Index: 330426986

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 129', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

Sentencia de Constitucionalidad nº 112/18 de Corte Constitucional, 7 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 746531561
Actor: LINA VIVIANA PORTELA RODRIGUEZ Y OTROS
Demandado: LEY 1843 DE 2017
Expediente: D-12519
DETECCIÓN DE INFRACCIONES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS. EL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO SERÁ SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON EL CONDUCTOR. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 1843 de 2017, por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la norma acusada vulnera los artículos 29 y 33 de la Constitución Política. La Corte se INHIBE para emitir un pronunciamiento de fondo por la ineptitud sustantiva de la demanda, en tanto el cargo formulado es inepto al carecer de argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes que habiliten el juicio de constitucionalidad. La Sala encontró que el mismo se estructuró a partir de la transcripción del resumen del auto admisorio de otra demanda, sin que se hubiera desarrollado los argumentos que soportaban lo transcrito. Recibo Relatoria:
Demandante: L.V.P.R., M.A.R.S., D.A.M.T. y K.P.R.O..
Los ciudadanos L.V.P.R., M.A.R.S., D.A.M.T. y K.P.R.O., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentaron demanda contra el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.
Por medio de Auto del quince (15) de enero del dos mil dieciocho (2018) se admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. En la referida decisión se ordenó comunicar el inicio del proceso a la Presidencia de la República, la Presidencia del Congreso y al Ministerio de transporte. Igualmente invitó a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, a la Federación Colombiana de Municipios, la Comisión Colombiana de Juristas, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia, Libre de Colombia, Católica de Colombia, de C. y a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) para que ofrecieran su concepto sobre la demanda estudiada y, fijó en lista el proceso, para que los ciudadanos pudieran intervenir como impugnadores o defensores de la disposición sometida a control. Por último, corrió traslado al Procurador General de la Nación.
Posteriormente, mediante Auto 318 del 23 de mayo de 2018, se ordenó levantar la suspensión de términos en el expediente de la referencia.
Dirección de notificación;
Número telefónico de contacto;
Correo electrónico; entre otros, los cuales serán fijados por el Ministerio de Transporte.
Los demandantes señalaron que el parágrafo primero de la normatividad acusada vulnera los artículos 29 y 33 de la Constitución Política, ya que “al establecer una responsabilidad solidaria del conductor –sic-, por las contravenciones realizadas por el conductor del vehículo, detectadas por medios tecnológicos, omite la necesidad de demostrar la culpabilidad del propietario, exigencia clara del artículo 29 de la Constitución porque le impone la carga de responder por una transgresión cometida por otra persona y viola la prohibición de auto incriminarse, prevista en el artículo 33 Superior. A su juicio, la norma permitiría endilgarle responsabilidad al propietario del vehículo aun sin demostrar que fue él quien cometió la infracción.”[1].
Indicaron que la vulneración del artículo 33, “se deriva del hecho de que le corresponde al Estado la carga de demostrar la culpabilidad para poder endilgar responsabilidad, contrario a lo dispuesto por la norma controvertida, que al determinar la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo “invierte la carga probatoria, trasladándole toda la carga probatoria al propietario del vehículo (…) Dejándole –sic- a la parte más indefensa, el propietario de vehículo, la responsabilidad de desvirtuar que él no cometió la infracción de tránsito”[2]”.
Manifestaron que la norma en cuestión desconoció el condicionamiento incluido en la sentencia C-530 de 2003 en donde se resolvió que el aparte final del inciso 1º del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 era constitucional en el entendido de que “el propietario sólo será llamado a descargos, cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción” [3], por lo que concluye que “constitucionalmente no es posible exigir la responsabilidad del propietario del vehículo sin demostrar que fue él quien cometió la infracción, contrario a lo previsto en la responsabilidad solidaria cuestionada”.
Solicitaron, en consecuencia, declarar la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 “para que los propietarios de los vehículos no se vean afectados y no opere la responsabilidad objetiva sino la subjetiva[4]”.
Ministerio de Transporte. Presentó su intervención inicial[5] por medio de apoderada[6], y planteó como argumento principal la ausencia de los requisitos de la demanda, por lo que solicitó se emita un pronunciamiento inhibitorio. Como petición subsidiaria que se declare la exequibilidad de la norma demandada.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad. La Directora de Asuntos Legales de la Secretaría Distrital de Movilidad presentó su intervención para lo cual de manera inicial planteó la ineptitud de la demanda por considerar que en el presente asunto no se reúnen los requisitos exigidos por la jurisprudencia, para lo cual desarrolla cada uno de ellos.
Federación Colombiana de Municipios. El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios solicitó declarar la exequibilidad del precepto acusado.
Agencia Nacional de Seguridad Vial. El concepto se presentó de manera extemporánea por lo que no se resumirá en la presente decisión.
Universidad del Rosario, Clínica Jurídica de Interés Público “Grupo de Acciones Públicas (GAP)”. Mediante escrito que suscriben dos de sus miembros, en primer término solicitaron que se realice la acumulación de la acción de la referencia con la del expediente D-12329 y además que se declare la inexequibilidad de la norma demandada.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En concepto rendido por un miembro designado por el Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, se solicita que la norma sea “declarada exequible, por existir cosa juzgada material”[14].
Universidad Católica de Colombia. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia solicitó se declare inexequible el parágrafo demandado.
Pontificia Universidad Javeriana. El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana solicitó declarar la exequibilidad de la norma acusada.
Universidad Externado de Colombia. En concepto realizado por el grupo de investigación en Derecho Administrativo, se invitó a que se declarara la constitucionalidad de la normativa atacada.
Universidad Libre de Colombia. En escrito allegado por el Director y un docente del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, se solicitó declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
C.E.H.. El ciudadano mencionado actuando en nombre propio presentó de manera extemporánea su intervención, por tanto no se resumirá en la presente sentencia.
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer y decidir la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, toda vez que la norma acusada parcialmente hace parte de una ley de la República, en este caso, la Ley 57 de 1887 -Código Civil colombiano-.
Del resumen de las intervenciones puede advertirse que uno de los intervinientes[23], incluyendo el Procurador General de la Nación, plantearon que la demanda en el presente asunto no cumple con los requisitos que han sido establecidos por la jurisprudencia para abordar el estudio de fondo en el presente asunto.
A partir de la sentencia C-1052 de 2001 se fijó un precedente que se ha venido reiterando sobre las condiciones argumentativas mínimas que deben cumplir las demandas o acciones públicas de inconstitucionalidad[28]. Para ello se ha considerado que, si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad es expresión de la democracia participativa y pluralista, la misma requiere de condiciones argumentativas mínimas que permitan la discusión entre diversas posturas y que, a su vez, informen a la Corte sobre el contenido y alcance del problema jurídico constitucional que se somete a su consideración. Se ha dicho entonces que, se trata de un “ejercicio de deliberación sujeto a que se esté ante un debate jurídico genuino, pues de lo contrario no podrá adoptarse una resolución de fondo por parte de la Sala”[29].
Así las cosas, sobre la exigencia de los requisitos tanto formales como materiales se ha dicho que “para que pueda trabarse un debate de esta naturaleza, es preciso que la demanda reúna unos contenidos indispensables, los cuales son precisamente aquellos contemplados por la disposición a la que antes se hizo referencia[30]. Esta exigencia no puede entenderse como una limitación desproporcionada al ejercicio del ius postulandi sino, por el contrario, como una carga de necesario cumplimiento para que el procedimiento de control llegue a buen término, pues de lo que se trata es que el demandante cumpla con unos deberes mínimos de comunicación y argumentación que ilustren a la Corte sobre la disposición acusada, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia”[31].
Como se dijo antes, la jurisprudencia constitucional ha construido reglas suficientemente definidas sobre las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad[33].
La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque como se ha indicado, debido al carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles.
El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[34]
Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”[35]. En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias, en la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante, en su aplicación a un problema particular y concreto, o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” [36]
Esta Corporación ha precisado que la exigencia de estos requisitos no supone en modo alguno la adopción de una técnica específica, sino simplemente unos requerimientos argumentativos indispensables para que pueda evidenciarse una acusación jurídico constitucional objetiva y verificable. De cara a lo expuesto, es preciso señalar que la citada sentencia C-1052 de 2001[37], recalcó que el cumplimiento de la carga de argumentar mínimamente la pretensión de inconstitucionalidad se explica en que a partir de dicha fundamentación es que se efectúa el examen de la norma, toda vez que la revisión que se realiza no es oficiosa sino rogada, lo cual implica que “efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”[38].
De igual manera, se ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser estudiada a la luz del principio pro actione -por razón de la naturaleza pública de esta acción[39]-, en virtud del cual cuando exista duda acerca del cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales de la demanda, esta se resuelve a favor del accionante, admitiéndola como apta y resolviendo el fondo del asunto. Sin embargo, debe precisarse que la aplicación de este principio, no puede ser llevada al absurdo de que la Corte resuelva sobre la exequibilidad de una norma construyendo el cargo ante la insuficiente argumentación de quien la interpuso[40].
En esas condiciones, si al estudiar los cargos propuestos en una demanda, la Corte encuentra que no se cumplen las exigencias del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y de la jurisprudencia constitucional[41], se impone la necesidad de proferir un fallo inhibitorio, por la ineptitud sustancial de la misma. Tal inhibición, por una parte, garantiza que la Corte ajuste su ámbito de decisión a los cargos propuestos, sin suplir el papel del demandante y, por otra, implica la ausencia de cosa juzgada frente a las normas impugnadas, tornando viable la posibilidad de presentar nuevas acciones contra ellas, oportunidad que se eliminaría si la Corte, pese a las deficiencias argumentativas de los cargos, optara por pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los contenidos normativos acusados[42].
Tal y como puede observarse a folios 3 y 4 del expediente, la demanda se dirige en contra del parágrafo primero del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, por considerar vulnerados los artículos 29 y 33 de la Constitución, esto es, debido proceso y derecho a la no autoincriminación.
En la forma transcrita se presentaron por los accionantes los argumentos que soportan la presunta inconstitucionalidad de la norma, y si bien es cierto en la fase de admisión el Magistrado sustanciador estimó que la presente demanda de inconstitucionalidad contenía cuando menos un cargo con la posibilidad de propiciar un debate constitucional, lo cierto es que del examen detenido del contenido de la acción, de las intervenciones y el concepto del Ministerio Público, se observa que la argumentación expuesta no cumple con los requisitos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia como pasa a explicarse, siendo además, los párrafos transcritos y tomados de la demanda, una copia evidente de un auto admisorio de otra demanda de inconstitucionalidad al interior del radicado D-12329.
En primer lugar, la Sala observa que la demanda que se estudia carece de la claridad requerida, toda vez no se presentó con nitidez por parte de los accionantes un contenido de censura y menos aún se desarrolló en forma coherente la justificación de la misma; ello se advierte por cuanto, como se dijo antes, la demanda se limita a copiar y pegar sin ningún tipo de comillas lo que en un auto que admite otra demanda contra la misma norma se dijo por parte del Magistrado ponente de ese asunto a manera de resumen; omitiendo los accionantes que si precisamente su intención era presentar un ataque en contra de la norma, las afirmaciones que se copiaron –a modo de resumen en el auto- no eran suficientes para cumplir con este presupuesto de claridad pues, la construcción del cargo debía ir mucho más allá, presentando las razones que justifican dichas afirmaciones.
Aun cuando lo anterior sería suficiente, la demanda carece además de certeza, pues si bien es cierto, reitérese, del resumen copiado y pegado se puede inferir el contenido de la norma o la proposición que se acusa –ello se extracta no por la propuesta de los accionantes-, no lograron los demandantes construir el cargo a efectos de afirmar que al precepto acusado le es atribuible el sentido del cual parte el cargo. Tampoco se cuestionó en debida forma un contenido legal verificable del texto acusado, por lo que, no es posible que ahora la Corte complemente en su totalidad los cargos pues como puede verse en momento alguno los accionantes describen con claridad cuál es la proposición normativa contenida en la disposición acusada que contraría los parámetros Constitucionales.
Encuentra además la Corte que, se incumple el parámetro de especificidad pues los escasos fundamentos expuestos no evidencian un cargo de naturaleza constitucional, que apunte a demostrar cómo el artículo demandado contraría los artículos 29 y 33 de la Constitución. Se trata entonces de una transcripción indeterminada, indirecta, global y abstracta que no permite construir un verdadero cargo de inconstitucionalidad.
Observa la Sala que menos aún se cumple con el requisito de pertinencia, pues en la presente oportunidad no se contrasta la norma superior con el precepto demandado, ni se expone su contenido al parámetro superior, sino que se realizan, reitérese, afirmaciones que se toman idénticas de un auto admisorio de similar demanda, pero sin que se presenten los argumentos de índole constitucional que construyan el cargo.
Para concluir el análisis de aptitud del cargo, observa la Sala Plena que lo planteado es insuficiente, ya que no bastaba con afirmar desde una interpretación copiada y pegada sin contexto que el parágrafo 1° artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 desconoce el debido proceso y el derecho a la no autoincriminación, sino que el cargo debía estructurarse desde una perspectiva constitucional, con fundamento en un ejercicio comparativo entre el texto superior y el contenido real de la norma acusada.
Dado lo anterior, y la ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, impiden que la Corte proceda con un estudio de fondo en el presente asunto, estando vedada la posibilidad de construir el cargo a partir de lo que con cuidado, profundidad y responsabilidad presentaron los intervinientes en el presente asunto pues la demanda no contiene elementos de juicio que permitan desarrollar un debate de índole constitucional[45].
La presente demanda estuvo dirigida contra el parágrafo 1° artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. Según los actores, la norma desconoce los artículos 29 y 33 de la Constitución, para lo cual se copia y pega un resumen de los argumentos presentados en el auto por medio del cual se admitió la demanda en el proceso radicado con el D-12329.
[1] V. folio 3 del expediente.
[2] V. folio 4 del expediente.
[26] En la sentencia C874 de 2002, reiterada en la sentencia C-612 de 2015, la Corte consideró que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de inconstitucionalidad”.
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