Source: https://es.scribd.com/doc/59468642/Principios-Rectores-de-Los-Procedimientos-Administrativos-1
Timestamp: 2017-01-19 08:56:02
Document Index: 366166694

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'Artículo 35', 'Artículo 55', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 145', 'artículo 140', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 141', 'artículo 334', 'artículo 11', 'artículo 62', 'Artículo 36', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 34', 'Artículo 1']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseINTRODUCCIÓNAl realizar un acercamiento al tema propuesto, hemos notado que son estos cuatro principios contenidos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de la República Bolivariana de Venezuela, como son: la economía procesal, la eficacia, la celeridad y la imparcialidad, los grandes rectores de la administración pública y que en ellos están contenidos el resto de los principios que sirven de guía a la correcta administración, el obrar de los funcionarios y los derechos de los administrados. Los esfuerzos por la introducción de un modelo de administración pública moderno y eficaz, se dieron en el marco del modelo de sustitución de importaciones, y de una política de gran expansión de la administración pública. El consumo interno era de vital importancia para lograr la legitimidad del modelo democrático, por lo que los planes van dirigidos fundamentalmente al logro de una organización centralizada de la administración mediante la cual los beneficios de la economía eran distribuidas mediante diversas agencias y estructuras de mediación, tales como los partidos políticos que dominaron la escena política dentro de lo que fue la conciliación de poder a partir de 1958. Los planes de transformación de estas economías y de sus estructuras de funcionamiento se inician bajo la crítica del funcionamiento de sus aspectos administrativos así como del contenido de las políticas públicas, de tal manera que una primera generación de planes de modernización y transformación se centraron en proponer cambios de funcionamiento de dichas estructuras, es decir del cambio de la institucionalidad.
Principios Rectores de los Procedimientos Administrativos
Articulo 30 L.O.P.A. La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos preceptos cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de procedimiento.
Principio de la Economía Procedimental
Un procedimiento deberá llevar a cabo dicho principio tanto como el de la eficacia, la celeridad e imparcialidad e indica que cuando deban resolverse cuestiones relativas a las normas de procedimiento deberá tomar en cuenta dicho precepto. (Artículo 35. Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. (Articulo referido a la producción en serie de los actos que así lo requieran) -Es también manifestación de la economía procedimental la reducción de los plazos. La ley al efecto establece durante el lapso de sustanciación del procedimiento ordinario, un término máximo de veinte días (20) para la evacuación de las pruebas documentales
(Artículo 55. Los documentos, informes y antecedentes a que se refiere el artículo anterior, deberán ser evacuados en el plazo máximo de quince (15) días si se solicitaren de funcionarios del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos. Si el funcionario requerido considerare necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder en ningún caso del doble del ya indicado.) A su vez en cuanto a la tramitación y resolución de los expedientes (para que sea eficiente y económico el procedimiento) el lapso máximo es de cuatro meses (4), salvo que medien causas excepcionales Artículo 60. La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde. La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses. Este artículo busca concretar toda la problemática pendiente e impedir vías de impugnación autónomas que podrían eternizar el procedimiento Artículo 62. El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación. La reducción de los trámites e instancias Como consecuencia del principio de la eficacia, el principio de economía procesal también informa el procedimiento administrativo, de manera que se asegure el cumplimiento del fin propuesto, con el menor costo y en la forma más rápida posible. Es decir, con este principio de la economía se busca evitar trámites inútiles e
que estableció de manera inconveniente una larga cadena.las normas de procedimiento se
. Así sucedió. que no existía.innecesarios. en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. y buscar la concentración de los actos procesales (principio de la concentración).. En estos casos. para poder acudir al contencioso administrativo. el régimen regulador de las instancias administrativas de revisión. de recursos administrativos. que debe seguir la Administración. exige que se tenga en cuenta que ³.
innecesarias. dado el régimen contrario al principio de la economía procesal que lo que busca es la simplificación y el desarrollo del procedimiento en la forma menos costosa. a los efectos de que por ejemplo. conforme a dicha Ley Orgánica. luego. ante la autoridad superior del Instituto. De nuevo. sean sólo dos instancias de revisión: la autoridad que dicta el acto y una autoridad superior que lo revise. Por lo cual. en el Código colombiano encontramos una definición del principio de economía (aún cuando no se lo califica como "procesal").
diligencias. se debe agotar la vía administrativa ante el Ministro de adscripción. siendo contrario al principio de economía procesal aquellos procedimientos administrativos que establecen una larga cadena de recursos en vía administrativa.. cuando se trata de la impugnación de actos administrativos dictados por las autoridades de un Instituto Autónomo. y luego. aproximar actos procesales de manera que puedan cumplirse en forma concentrada a los efectos de evitar dilaciones. la impugnación de actos administrativos emanados de institutos autónomos se convierte una tarea casi imposible. es decir. por ejemplo. en vía jerárquica. Deriva también de este principio de la economía procesal. si se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad inferior de un Instituto Autónomo debería acudirse en reconsideración ante la misma autoridad.
en el Decreto de Uruguay se desarrolla el principio al prescribir en su art. ni autenticaciones. en la generalidad de las leyes de procedimiento simplemente se realiza una enunciación del principio de "economía" sin definir el contenido. En cambio. que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios. entonces. 8 que ³En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad. que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 3). al disponer su artículo 5º: ³. 7).. la uruguaya (art. Sin embargo. 13). la Secretaría General tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar la adopción de Resoluciones.. que es rasgo común de todas estas leyes de
.. la simplicidad y la economía del mismo y evitarse la realización o exigencia de trámites. ni notas de presentación personal. el Reglamento de la Comunidad Andina donde a pesar de la influencia de la legislación Colombiana..En virtud del principio de economía procesal. 30). Estos son los dos únicos cuerpos normativos que definen el principio de economía del procedimiento administrativo. que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 2) y la mexicana (art. formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento´.utilicen para agilizar las decisiones.. sí se lo califica como principio de economía procesal. Puede decirse. sino cuando la Ley lo ordene en forma expresa" (art. la venezolana (art. en detalle. como sucede con las leyes argentina (art. y que no se exijan mas documentos y copias que los estrictamente necesarios´. El mismo principio lo recoge.
el Principio pro actione o de la interpretación más
. El fin. es el que siempre debe orientar el desarrollo del procedimiento. es decir. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. el Principio de la Economía Procesal. el de lograr los efectos de los actos comenzando por presumir que son válidos y eficaces. en las distintas leyes. en definitiva. en efecto. en algunos casos definida conceptualmente. la previsión del principio de la economía procesal. removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. lo que facilita la labor de control del juez. el Principio favor acti y El principio de la conservación de los actos administrativos. el principio de la eficacia implica el principio de la conservación. es la satisfacción de esos fines en el menor tiempo y con el menor costo posible. el Principio de la Presunción de la legalidad y validez. vinculado tanto al interés general.
En virtud del principio de eficacia. Este principio de interpretación del procedimiento administrativo implica varios principios que las leyes latinoamericanas recogen: el Principio de la Instrumentalidad. se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad. Este tema del logro del fin. El objetivo del procedimiento administrativo. del saneamiento o de la convalidación de los actos administrativos. a los efectos de que los procedimientos puedan lograr su finalidad. Este principio. plantea diversas soluciones e implica diversos otros principios: El Principio del Informalismo o del informalismo de las formalidades.procedimientos administrativos en América Latina. como al interés de la Administración y al interés del administrado.´ En esta forma.
o tiene que ser aprobado por otra entidad pública. en el caso mexicano. 10. produce efectos pero estos pueden estar sometidos a variadas condiciones que deban cumplirse a los efectos de que el acto pueda producir sus consecuencias jurídicas y que deben cumplirse sea en la propia Administración o respecto de destinatarios del acto. tratándose de actos del Ejecutivo. se trata del régimen de las aprobaciones y autorizaciones como condición de eficacia de los actos administrativos. Incluso. En todo caso. Por ejemplo. Esto encuentra regulación expresa en muchas leyes. en muchos casos. así como el de la prescripción de la actuación administrativa. y Requisitos en la Administración: la aprobación y la autorización. generalmente. y el Principio de la Caducidad del procedimiento cuando no se cumplen las obligaciones por parte del interesado en la continuación del mismo. se requiere de autorizaciones previas o aprobaciones posteriores de los órganos Legislativos. cuando se trate de procedimientos que se inicien a petición de parte. En primer lugar. la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. el acto válido o conforme con el ordenamiento jurídico. Los Requisitos de eficacia Como se ha dicho. En efecto. de conformidad con las
. a la acción. se destacan aquellos requisitos de eficacia que deben cumplirse en el seno de la propia Administración. las leyes exigen que para que un acto administrativo surta efectos tiene que ser autorizado previamente por otro órgano administrativo. ³Si el acto administrativo requiere aprobación por órganos o autoridades distintos del que lo emita. y que en general se configuran como autorizaciones y las aprobaciones. en principio.favorable a lo solicitado. establece: Art. al requerimiento.
Así. los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto administrativo. cuando el acto requiera aprobación del otro órgano. también se regula en forma expresa la aplicación de dicho requisito de autorización. y Requisitos en relación con los destinatarios: la publicación y la notificación. 11. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.
. por supuesto. 145. no tendrá eficacia sino hasta tanto aquella se produzca´. mientras ésta no se haya dado. y el de alcance general. En el caso de la Ley General de Costa Rica. 1. salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento. por parte de los interesados. la Ley argentina señala sobre la "Eficacia del acto" que: Art. el cual sólo podrá comenzar a surtir efectos cuando ella se produzca. aquél no será eficaz. ni podrá comunicarse. En tercer lugar. que debe ser previa. los requisitos de eficacia se rigen por el principio del conocimiento.disposiciones legales aplicables. Pero en relación con los destinatarios del acto. la autorización es una condición previa a la propia emisión del acto autorizado. En segundo lugar. para que el acto tenga eficacia. Por ejemplo. la aprobación es un acto posterior al acto sujeto a aprobación. impugnarse ni ejecutarse. el artículo 145 de la Ley General establece. de publicación". ³Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado. cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa. como condición de eficacia. Normalmente. Art. En cambio. En cuarto lugar.
140.Por tanto. en todas las leyes se recogen los mismos principios. 11 de la Ley argentina). el comienzo de los efectos de los actos administrativo regulados en las leyes de procedimientos administrativos. que inicia con el artículo 140. En esta forma. los administrados podrían. cuyo texto es el siguiente: Art. caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia. En el caso de Costa Rica. está vinculado al principio general de la necesidad de la notificación o de la publicación de los actos administrativos. de nuevo se destaca que la Ley General dedica un Capítulo entero al tema ³Sobre la eficacia´ de los actos administrativos. en ausencia de notificación o publicación. un cumplimiento voluntario sobre todo en el caso de los actos de efectos particulares. en cuyo caso lo producirán desde que se adopte´.
. ³El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al interesado. pedir el cumplimiento de estos actos si tienen conocimiento de los mismos y no causan perjuicios a terceros (art. excepto si le concede únicamente derechos. se regula el principio de que se exceptúa del requisito de notificación "el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular. así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección. Sin embargo. antes de cumplirse con estos requisitos. a pesar de que la notificación y la publicación sean requisitos de eficacia. los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe". puede haber. En igual sentido. En todo caso. en la Ley Federal mexicana en su artículo 9. en general. investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes.
es decir. que es lo normal en el Diario Oficial o en la Gaceta Oficial. por ejemplo. La distinción la recoge la Ley Orgánica de Venezuela. establece: "Artículo 9. con toda precisión. Por ejemplo. Sin embargo... que "es requisito de eficacia del acto administrativo su debida comunicación al administrado. produce efectos si su contenido es sólo el otorgamiento del derecho a quien lo pide. no es necesario respecto de los actos administrativos de efectos generales. si el acto administrativo es. en su artículo 141. la Ley General de Costa Rica precisa en su artículo 334. Esto. Además.". es el caso de la Ley Federal mexicana que. la declaración o la concesión del derecho por la Administración aún sin notificación formal del acto. sino para los actos generales
.Conforme a esto y en beneficio del particular. Puede decirse que estos principios se encuentran regulados en todas las leyes sobre procedimientos administrativos de América Latina. El acto administrativo será válido eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. en el caso de actos que sólo otorgan derechos. señala expresamente que: ³la debida comunicación será el punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo´. que comienzan sus efectos a partir de la publicación de los mismos. Por supuesto. consecuencia de una petición de un derecho. la notificación de los actos de efectos individuales como condición para el inicio de sus efectos. Adicionalmente. la notificación es indispensable para que el acto de efectos particulares surta efectos. previéndose que la publicación no es sólo para los actos normativos. para que sea oponible a éste´. para que la exigencia de la notificación no se convierta en una limitación a que el acto pueda comenzar a surtir efectos de inmediato. coincide con el momento en el cual se inician los términos para los lapsos de impugnación de los actos administrativos.
72). dónde deben hacerse las notificaciones. Dicha publicación debe efectuarse en el Diario o Gaceta Oficial. oficio. el principio es que el acto administrativo de efectos generales debe publicarse. si existen dichas Gacetas Oficiales. como principio general: En primer lugar. porque en definitiva se dirigen a un número de sujetos no determinados todavía (art. la precisión del lugar de la notificación. el principio de la notificación personal al interesado o al apoderado o al representante legal. 46).de efectos particulares. o el que sea de carácter general no normativo cuando afecte a un número determinable de personas. telegrama. como lo desarrolla el Código colombiano. en la Ley Orgánica de Venezuela (art. es decir. similar al que puede indicarse conforme a los Códigos de Procedimiento Civil. es decir. pero
. mediante acto escrito. En tercer lugar. 44). si se trata de actos administrativos dictados por entidades territoriales descentralizadas. En cuanto a las notificaciones de los actos administrativos hay principios comunes que puedan identificarse en casi todas las leyes. respecto al tema de la publicación. sobre todo el de carácter normativo. en el domicilio o residencia del interesado o en el lugar que estos hayan señalado como ³domicilio procesal". 73) y en la Ley General de Costa Rica (art. Esto se encuentra expresamente establecido en el Código colombiano (art. la posibilidad de la publicación es un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones (art. 243). deberá hacerse la publicación estableciéndose sustitutivamente. en la entidad. En segundo lugar. carta o cualquier otro medio. la recepción de la notificación debe ser personal. En efecto. cuando se trate de actos administrativos nacionales.
35 de la Ley Federal mexicana. puede considerarse de eficacia relativa. donde para agilizar los efectos del acto. sino que es obligatorio publicarlo en un diario de mayor circulación (art. Es decir. lo que no puede la Administración es recurrir libremente a la publicación sustituyendo la exigencia de notificación personal. permiten que esta notificación pueda hacerse a la persona que se encuentre en el domicilio o la residencia. siempre que sea el domicilio o la residencia de la persona (art. 45 del Código colombiano) o de publicación del edicto (art. las leyes de procedimientos establecen mecanismos alternativos de fijación de edictos en el Despacho del órgano administrativo (art. art. puede dejarse la notificación del acto con quien lo reciba. 76). Un punto importante es que si bien la publicación es una forma de suplir la ausencia de notificación personal. en general. donde la notificación no procede por edicto colocado en una oficina pública. el emplazamiento se debe publicar en un periódico. por lo que hay que destacar la importancia de la regulación en el caso venezolano. si el acto administrativo es de efectos particulares y tiene destinatarios. Es el caso de Venezuela. En todo caso cuando se desconozca el domicilio o de residencia del destinatario. 76. 75).las leyes. para distanciar el principio de la notificación de los actos administrativos de los principios de la citación procesal contenidos en las normas del procedimiento civil. 37). Esto. Ley Orgánica de Venezuela). que son mucho más rigurosos. igual que el emplazamiento en el proceso judicial. tiene que haber notificación personal y no puede la Administración pretender que con
. En el caso de México se exige la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación (art. En el caso colombiano debe destacarse que la institución del edicto colocado en lugar público. En estos casos. si la persona destinataria no está en ese lugar.
no lo afecta en el sentido de que pueda llegarse a considerar que habrían caducado los recursos. En cuarto lugar. debe destacarse la regulación detallada de la legislación mexicana sobre la posibilidad de que el particular interesado. pueda presumirse que se notificó el acto. Por tanto. el error en que pueda inducir la Administración al particular. 44 y 47) y en la Ley General de Costa Rica (art. particularmente en la Ley venezolana (art. donde se exige que la notificación contenga el texto íntegro del acto administrativo que se notifica. 74) y Colombia (art. 245).el hecho de publicarlo en la Gaceta Oficial. 73). conocer voluntariamente el
. la publicación no puede sustituir la exigencia de la notificación personal. Este necesario contenido de los actos administrativos lo traen expresamente indicado todas las legislaciones. Por último. si la propia Administración se equivoca en indicarle al particular cuál es el recurso que tiene y el particular usa erradamente el recurso indicado. 77). pueda darse por notificado. con la indicación de los recursos que proceden contra el acto. expresamente se señala que el tiempo que pueda transcurrir no se cuenta a los efectos de la caducidad cuando se corrija la introducción del recurso (art. particularmente en forma expresa en los casos de Venezuela (art. al regular las notificaciones defectuosas. Por tanto. 48). En todas las legislaciones se sigue el principio de la legislación española. de manera tal que si la notificación no contiene todos los elementos establecidos no produce efectos y no comienzan a correr para el particular los lapsos de impugnación. en el Código colombiano (art. como principio. la cual además muy poca gente lee. otro principio es el relativo al contenido de la notificación. aún sin notificación. Como se regula expresamente en la Ley Orgánica venezolana.
en el derecho administrativo. La condición y el término en los actos Los actos administrativos.acto y ejercer los recurso de impugnación ante la Administración (art. Pero como principio. La regulación de la materia en las leyes de Procedimientos Administrativos. Sólo encontramos en la Ley Federal mexicana la previsión expresa de que el acto
. a estas modalidades. puede alegar la caducidad. la Administración sí puede estimar que tuvo conocimiento del acto desde el momento en que ha actuado y que su recurso feneció o caducó si no lo ha ejercido en el tiempo establecido. salvo que el particular se haya dado por notificado formalmente ante la Administración o haya dado por conocido el acto formalmente y lo haya impugnado ante los órganos jurisdiccionales. En definitiva. discrecionalmente. pueden tener supeditado el inicio de sus efectos o la duración de los mismos. es excepcional. 41). no podrá la Administración alegar la caducidad de los recursos con fundamento en que ³presume´ que el particular conocía el acto. en ningún caso. incluso frente a la posibilidad de impugnación. Sin embargo. por ejemplo. aún cuando no haya sido notificado personalmente. La regulación deriva de la discusión sobre si la Administración puede presumir que el particular conocía el acto y si por esa vía. sin embargo. salvo que haya manifestación concreta de alguna actuación del particular ante la Administración. a condición o término. como todo acto jurídico. la Administración puede someter la eficacia de sus actos. En principio no debe haber esa presunción. si el particular actúa en el procedimiento y se da por notificado. el principio de la seguridad jurídica exige la conservación de los actos Administrativos. la materia requiere texto expreso por lo que. de la impugnación del acto. Por tanto. cuando el conocimiento del interesado consta en el expediente administrativo.
pero regulado en una forma indirecta cuando precisa las formas de extinción del acto administrativo. Por ejemplo. al final. En tal sentido el artículo 11 señala que el acto se extingue de pleno derecho cuando la formación del acto está sometida a una condición o término suspensivo y éste no se realiza. la única
. está vinculada al concepto de la inimpugnabilidad del acto administrativo. Por tanto.. Este principio justifica que el acto puede ser totalmente ejecutado. que a veces se usa mucho por el funcionario. por lo cual el principio es la limitación a la potestad discrecional. en cuyo caso se extingue. lo que conduce es a la arbitrariedad. La firmeza La firmeza del acto administrativo se produce cuando el mismo es totalmente irrevisable. aquel que ya no es recurrible. Es decir.La administración deberá dar cumplimiento a los actos administrativos firmes" (art. por vía de la regulación de su extinción. o cuando está sometido el acto a un acaecimiento de condición resolutoria. y que haya que cumplirlo necesariamente. La definición precisa de la firmeza de los actos administrativos normalmente no se encuentra en textos legales expresos. de oficio o a petición del interesado. En todo caso..administrativo puede estar sometido a condición o término. es una regulación indirecta de la condición y el término. de someter a condición un acto cuando no hay tal condición en la legislación y que. En tal sentido. la Ley General de Costa Rica señala al respecto que ³. 228). sólo puede existir por texto expreso. puede decirse que el principio positivo de que el acto administrativo puede estar sometido a condición o término no se encuentra regulado en forma general en las leyes de procedimientos administrativos. Ello confirma la conclusión de que la condición o término en relación a los efectos de los actos administrativos.
cuando los recursos interpuestos se hayan decidido o cuando no se interpongan los recursos. En el problema de celeridad del proceso y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país. problema que no compete exclusivamente a las partes procesales. el tiempo es más que oro. a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza ³justicia que no es rápida. o cuando se renuncie expresamente a ellos.de las leyes que trae una definición de la firmeza es el Código colombiano que precisa en su artículo 62 que "Los actos administrativos quedarán firmes cuando contra ellos no proceda ningún recurso. aún cuando en la legislación no se incluya una definición expresa. lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de un proceso. al aumentarse la incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva del juez. es justicia. evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos. no es justicia´. acostumbrado a reformas publicitadas más no eficaces. Este mismo principio es el que se aplica en todos los demás países. cuanto más demora exista en su resolución. sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento´. Ya el insigne Couture señalaba que en el proceso. expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna. sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país.
³Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible.
Decreto N° 368 de fecha 5 de octubre de 1999 Título I Disposiciones generales
. a fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida. " Estos principios. dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento.. República Bolivariana de Venezuela Decreto con rango y fuerza de ley sobre simplificación de trámites administrativos. el Código colombiano señala que: ".393 de fecha 22 de octubre de 1999. además. tiene la ventaja de permitir al Juez llegar a dictar una mejor sentencia. en virtud del principio de celeridad las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos. sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal. señala el mismo artículo. Una enumeración extensísima de principios de esta naturaleza. deben servir como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.Pablo Sánchez Velarde: ³la celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal. suprimirán los trámites innecesarios. puede invocarse el mismo principio aún cuando es posible su exigencia a título de derecho. del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas´. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.
Al referirse al Principio de Celeridad.. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general. sin duda. utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
reducir los gastos operativos. Artículo 36. En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que estos fueron presentados. en los siguientes casos:
. mejorar su eficacia. dejando constancia en el expediente. Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada.A. realizarán la simplificación de los trámites administrativos que se efectúen ante los mismos. el jefe de la oficina podrá modificar dicho orden. TITULO II De la simplificación de trámites administrativos Artículo 4: La simplificación de los trámites administrativos tiene por objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública. obtener ahorros presupuestarios.O.P. Artículo 3: A los efectos de este Decreto-Ley. Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto cuya competencia les esté legalmente atribuida.
Artículo 34 L. los órganos de la Administración Pública Central y Descentralizada funcionalmente a nivel nacional. se entiende por trámites administrativos las diligencias. cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos.Artículo 1: El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer los principios y bases conforme a los cuales. actuaciones o gestiones que realizan los particulares ante los órganos y entes de la Administración Pública para la resolución de un asunto determinado. a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas. pertinencia y utilidad.
3. tratándose de un recurso administrativo. Señalaba Giannini que la Constitución italiana vigente. la idea de separación entre Gobierno y Administración. Parágrafo Único: Quedan exceptuados de esta disposición los funcionarios que tengan a su cargo la expedición de certificados adoptados en serie o conformen a modelos preestablecidos. constituida de un aparato administrativo acéfalo e irresponsable. o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 4. o. 2. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate. Cuando personalmente. Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento. de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del asunto.
. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los directamente interesados en el asunto. o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo. Tuvieren interés en el procedimiento. Quedan a salvo los casos de revocación de oficio y de la decisión del recurso de reconsideración. que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. ha introducido por primera vez.1. Ante el problema de las garantías de la Administración frente a las interferencias y presiones que ejercen los Gobiernos sobre la estructura administrativa del Estado (fenómeno dado en llamar politización de la Administración) se encuentra el problema de la tutela del Gobierno contra directivas propias o ³independientes´ de la burocracia. de modo que les resulte en extremo difícil advertir la existencia de causas de inhibición.
el denominado principio de imparcialidad.
Alcance del principio de imparcialidad Desde el punto de vista negativo. admitiendo el control de constitucionalidad. el principio de imparcialidad expresa la necesaria separación entre política y administración en lo que se refiere al funcionamiento de la Administración Pública. para evitar discriminaciones arbitrarias. y De intereses privados entre sí. originalmente resistente a admitir el control de idoneidad de las normas legales que regulan la buena administración y la imparcialidad cambió de posición. Entre intereses públicos e intereses privados.
Origen del principio de imparcialidad El principio de imparcialidad deriva del principio de igualdad. para impedir que los intereses privados sean sacrificados más de lo necesario. aplicable incluso en las relaciones laborales privadas. y se concreta en la comparación y la elección ponderada de diversos valores: y y Entre varios intereses públicos. En la actualidad.pretendiendo superar la politicidad inducida por el gobierno. a través de la aplicación del principio de legalidad de la Administración. Se refiere a la exigencia de que la Administración. Finalmente se ha evolucionado desde una interpretación negativa (sobre la base de la apartidización de la Administración) a una interpretación de signo positivo. La jurisprudencia. dándole al principio un contenido amplio. se le ha reconocido el carácter de ³principio inmanente del ordenamiento jurídico´. en los límites de la determinación de la no arbitrariedad y de la irracionabilidad de la disciplina adoptada. en el ejercicio de sus funciones. valore y actúe los intereses públicos. sin sufrir desviaciones por
pues constituye un corolario del principio de igualdad. sino que: a) se garante la independencia de la Administración ante influencias políticas. no se trata de considerar que la administración no es parte. para el ingreso a las funciones públicas. la imparcialidad constituye un corolario del principio de transparencia de la actuación administrativa. bajo el perfil del exceso de poder. la Administración debe adoptar comportamientos idénticos. El obsequio al principio de imparcialidad la actividad administrativa debe desarrollarse sin discriminaciones. y b) se trata de independizar la Administración. frente a circunstancias iguales o equiparables. en aplicación del cual. sobre la acción de la misma. activas y pasivas. públicos y privados. por ausencia de una ponderada comparación entre los diversos intereses. debe valorar y comparar los distintos intereses que están en juego en la actividad administrativa.intereses personales del agente. de modo que estén asegurados el buen funcionamiento y la imparcialidad de la administración". de los partidos políticos o de posturas partidizadas. en cuanto control democrático de los ciudadanos. En base a dicho texto. Expresión práctica de ese principio es la exigencia de concursos abiertos. inc. Desde el punto de vista positivo. etc. La violación el principio de imparcialidad conduce a la ilegitimidad del acto. expresa que la Administración. sobre los que el acto incide.
. y La Constitución italiana de 1948 (art. 97. sobre la base de la distinción entre parte (parcialidad) y todo (imparcialidad). o intereses de grupos de presión públicos o privados. 1 ) establece: "Los órganos públicos están organizados según disposiciones legales. partidos políticos. Asimismo. de modo que la elección constituya el resultado de un armónico moderamiento de los diversos intereses (Allegretti).
dirigida al funcionamiento de la Administración. mientras que el principio de imparcialidad. En esencia. prestigiosos publicistas italianos. principio que actúa como una especie de directiva constitucional. referida a un deber de buena administración y de imparcialidad. afirmando que el principio de buena administración hace referencia al elemento objetivo. se trata de la extensión del principio de igualdad de tratamiento. determinada por la influencia de
. o como regla de desarrollo de la función. o que comporta la adopción de una serie de reglas procesales de la conducta administrativa (Mortati) ligándose al principio de legalidad (Cassese). criticada por eminentes autores como Nigro. Existe una interpretación sustancial de ambos principios. y en este caso. actúa como directiva dirigida al comportamiento de la Administración. Se ha reafirmado la autonomía de la imparcialidad respecto de la igualdad. sino a la decisión singular. al principio de igualdad. aunque reconociendo cierto punto de contacto (Cassese). porque se considera que la disparidad de trato. Se ha sostenido que la imparcialidad es un canon de conducta de la Administración dirigido a la actuación concreta y a la especificación del concepto de buena administración (Berti). conectándose la imparcialidad. sostuvieron que el principio de imparcialidad constituye una expresión pleonástica del principio de buena administración. cuyo respeto se asegura por medios jurisdiccionales y por instrumentos de garantías de la propia organización (Cerri). admiten la diferencia. se refiere a la adopción de resoluciones fundadas en normas superiores y según los procedimientos establecidos. produce o conduce al exceso de poder.El principio de imparcialidad. Comentando el texto señalado. se refiere al elemento subjetivo de la actuación del órgano. Mientras que otros autores. Esposito y Paladin. a todas las situaciones semejantes. Se considera que la imparcialidad no se opone a la acción política global de la Administración.
etc. pero puede dañar la imagen de la Administración. tendencias ideológicas. o sea que se trata de asegurar la independencia de la Administración de la acción de partidos políticos.
. Se refiere a la adopción de resoluciones fundadas en normas superiores y según los procedimientos establecidos. la legalidad y la buena apariencia de la
Finalidad del principio de imparcialidad Con el principio de imparcialidad no se trata de establecer o asegurar que la Administración no se constituya en parte de las actuaciones administrativas. grupos de presión. toda vez que la decisión tomada por quien tiene el deber de abstenerse puede ser jurídicamente correcta. sino lo que se garante. que pueden dar lugar a la recusación y en la separación de las fases de instrucción y de sanción en los procedimientos sancionadores.un interés particular o tomada por quien puede parecer que actúa motivado por ese interés protege Administración. las
Imparcialidad y derecho de acceso El principio de imparcialidad también se materializa a través del derecho de acceso a todo el que tenga un interés en la tutela de situaciones jurídicamente relevantes. La formulación positiva del principio de imparcialidad se manifiesta en los motivos de abstención. como expresión del principio de transparencia de la acción administrativa. Es la extensión del principio de igualdad de tratamiento. a todas situaciones semejantes. es la independencia de la administración de influencias políticas de todo tipo (ya fueren activas o pasivas).
transcurrido un plazo (fijo o prudencial) se considera que existe denegatoria ficta. b) La obligación de motivar el procedimiento. c) La identificación del responsable del procedimiento. d) La necesaria participación del administrado en todas las etapas. Se ejerce mediante solicitud motivada dirigida a la Administración que lo confeccionó. Su finalidad es asegurar la transparencia y la garantía del desarrollo imparcial de la acción administrativa.
. Supone: a) El acceso de todos (personas y asociados) a los actos administrativos.
Imparcialidad y trasparencia El principio de imparcialidad también se vincula con el principio de transparencia. con la garantía del hábeas data. El principio de trasparencia es de creación jurisdiccional. c) El derecho de acceso de otros entes a las informaciones. que supone el reconocimiento a los interesados de la posibilidad de conocer los documentos administrativos (representaciones gráficas.El derecho al acceso es una manifestación inmediata del principio de transparencia de la actividad administrativa. b) El derecho de acceso a las informaciones que posee la Administración. a raíz del cual debe ser admitido al administrado el ejercicio de un control democrático sobre los momentos en que se desarrolla la actuación administrativa. electromagnéticas. cinematográfica. o de otra especie) y el contenido de los actos (externos e internos) que le incumben. El principio de trasparencia se compone de diversos elementos: a) La obligación de concluir el procedimiento con un acto explícito. y el derecho de obtener copias a su costo. a los efectos de verificar la corrección y la imparcialidad.
o en intereses de grupos de presión. partidos políticos.
Conceptos negativo y positivo de imparcialidad Desde el punto de vista negativo.
. como garantía y favorecimiento de su desarrollo imparcial. es el de asegurar la protección de la actuación de los funcionarios frente a las jerarquías administrativas. de modo que la elección constituya el resultado de un armónico moderador de los diversos intereses (Allegretti). sin sufrir desviaciones originadas en intereses personales de los agentes. debe valorar y comparar los distintos intereses que están en juego en la actividad administrativa. sobre la base de la distinción entre parte (parcialidad) y todo (imparcialidad). El principio de transparencia. el principio de imparcialidad expresa la necesaria separación entre política o ideología y administración. Desde el punto de vista positivo.
Garantías constitucionales de la imparcialidad Uno de los modos de reafirmar el principio de imparcialidad. públicos o privados. en el ejercicio de sus funciones. A tales efectos la propia Constitución establece importantes normas hábiles al respecto. valore y realice los intereses públicos. grupos de presión. tales como: a) Que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. Se refiere a la exigencia que la Administración. etc. supone que el accionar administrativo permite un claro y completo control de todas las etapas de la sustanciación.e) El derecho de acceso a los documentos. en lo que se refiere al funcionamiento de la Administración Pública. expresa que la Administración.
y por los órganos directa o indirectamente representativos de la voluntad general. sin que existan motivos objetivos y legítimos. e) Que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. y otra cosa es la ingerencia partidista.). Pero una cosa es la dirección política. pero en todo caso. utilizándose integrantes. entre sus
Política e imparcialidad Ello no significa desconocer la natural participación política en la dirección de los organismos públicos. Se viola el principio de imparcialidad cuando la Administración atribuye a una determinada situación (requisitos. d) Que no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas. es necesario distinguir entre la partidización.b) Que en los lugares y horas de trabajo. queda prohibida toda actividad ajena a la función. y la dirección política de la Administración. c) Que se reputa ilícita toda actividad dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.
Materialización del principio de imparcialidad El principio de imparcialidad se materializa en la comparación y la elección ponderada:
. etc. cualidades. las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine. La dirección política de la Administración representa la elección de prioridades entre los diversos intereses públicos y está determinada por las normas constitucionales y legales. un valor preponderante respecto de otras situaciones concurrentes.
b) Entre intereses públicos e intereses privados. d) La participación de terceros en el procedimiento administrativo.
Institutos que efectivizan el principio de imparcialidad El principio de imparcialidad suele efectivizarse a través de institutos diversos. nos ocuparemos de la abstención y la recusación en el ámbito de la Administración. b) Las comisiones paritarias. para evitar discriminaciones arbitrarias. h) El principio de buena fe objetiva. para impedir que los intereses privados sean sacrificados más de lo necesario. e) El contradictorio.a) Entre varios intereses públicos. g) El principio de publicidad y las notificaciones. j) La eliminación de la disparidad de trato como síntoma del vicio de exceso de poder. f) La congrua motivación de los actos. c) La abstención y la recusación. etc. Entre todos esos principios.
El instituto de la abstención o excusación Como contrapartida de la imparcialidad. i) La lealtad de comportamiento por parte de la Administración. tales como: a) Los llamados y los concursos abiertos. c) De intereses privados entre sí. la abstención o excusación consiste en la obligación de los titulares de órganos o cargos públicos de mantenerse alejado o de no
etc. no obstante. así como por haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite (prejuzgamiento).
. los justifiquen. Es un instituto dirigido a asegurar la serenidad y la autoridad necesaria para el correcto ejercicio de las funciones. Alcance del principio de imparcialidad en el derecho positivo "Los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo podrán excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad por interés en el procedimiento en que intervienen o afecto o enemistad en relación a las partes. La excusación del funcionario o su recusación por los interesados no produce suspensión del procedimiento ni implica la separación automática del funcionario interviniente. a su juicio. frente a los interesados. enemistad. En los casos en que exista la obligación de abstenerse o excusarse. cuando puedan surgir desviaciones a causa de sus situaciones particulares o de una específica relación con los destinatarios de los actos (parentesco. afinidad. la absoluta extraneidad (foráneo) de su actuación. en caso contrario.). cuando existan razones que. para obtener la sustitución del funcionario tachable. los sujetos expuestos a ser perjudicados por la parcialidad del funcionario decisor. será la propia Administración que tiene conocimiento de la circunstancia. o con bienes objetos de los actos. determinando la separación del funcionario involucrado. garantizando a los destinatarios. la autoridad competente para decidir puede disponer preventivamente la separación. tienen el derecho (ante la ausencia u omisión de inhibición) de pedir la recusación. la que debe intervenir.ejercer sus funciones.
sin ser funcionario. y. cuando su imparcialidad sea exigible en atención a la labor que cumpla (peritos.).Con el escrito de excusación o recusación se formará un expediente separado. pueda tener participación en los procedimientos administrativos. Si admitiere la excusación o recusación. designará en el mismo acto qué funcionario deberá continuar con la tramitación del procedimiento de que se trate. El docente que se encuentre ante una situación de compromiso tal. Actuación de oficio por parte de la Administración Cuando medie motivo de impedimento o sospecha fundada al respecto. Las disposiciones anteriores alcanzarán a toda persona que. la anuencia para dejar de intervenir en el asunto. O sea que respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. al cual se agregará los informes necesarios y se elevará al funcionario jerarca inmediatamente superior. El deber general de abstención Ante una situación de vínculo especial entre evaluante y evaluado. asesores especialmente contratados. el jerarca debe provocar su separación o alejamiento del conocimiento del asunto. en razón del impedimento que se le presenta. etc. en los que exista una causa de impedimento o recusación. por razones de decoro o delicadeza. todo docente tiene el deber de inhibirse. el primero debe apartarse. tiene el deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto de su competencia. privarse o inhibirse de participar en el procedimiento. que afecte o pueda afectar la imparcialidad de la actuación. abstenerse o excusarse de actuar. requerir de las autoridades. el cual decidirá la cuestión.
. si el involucrado no actúa en forma espontánea o se niega a hacerlo.
.Regla general en la materia Por último. que pueda afectar la imparcialidad. o afecto o enemistad hacia la otra parte. ante cualquier circunstancia comprobable. cabe señalar que por regla general se está en presencia de una causa de excusación o de recusación. por tener interés en el asunto en que se interviene. así como por haber prejuzgado.
d) Si el funcionario presuntamente impedido no se abstiene de participar. e) En caso de no existir interesado. deben ajustar su conducta al denominado principio de imparcialidad. por motivos de legalidad. la parte interesada o afectada. existe o se sospecha que puedan existir causas de impedimento o de implicancia por parte de los funcionarios actuantes. pueden extraerse las siguientes conclusiones: a) En todas las actuaciones administrativas. b) Se quiebra el principio de imparcialidad. cuando en la actuación administrativa concreta. de delicadeza o de decoro personal. o cuando el destinatario del acto pueda resultar beneficiado con la actuación respectiva. debe abstenerse voluntariamente de actuar. puede recusarlo.
. c) Todo funcionario que se encuentre en una situación de impedimento o implicancia. los funcionarios de las entidades públicas. la Administración debe separar del procedimiento al funcionario impedido o implicado.Conclusiones De las consideraciones que anteceden.
Decima Segunda Edición. Colección Estudios Jurídicos. Monografía: El principio
de imparcialidad y sus corolarios. 4. Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Nº 16. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Decreto con Rango. Editorial Jurídica Venezuela. Brewer ± Carias.BIBLIOGRAFÍA 1. Lares Martínez. Editorial Gredos.(2000). 1999. 1982. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Nº 5. actualizada a la Constitución de 1999. Montevideo. 2.
.891 Extraordinario del 31 de Julio de 2008. Biasco Marino. Editorial Exlibris. Eloy. Allan R. Emilio. 3. Diccionario de uso del Español.
5. 2002. Caracas. Derecho Administrativo. Madrid. Manual de Derecho Administrativo. Caracas.
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