Source: http://sociedadesmdp.blogspot.com/2016/08/cambio-trascendente-en-la.html
Timestamp: 2018-10-20 13:43:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 144', 'artículo 141', 'artículo 142', 'artículo 143', 'artículo 148', 'artículo 144', 'artículo 54', 'artículo 1716', 'artículo 1724', 'artículo 1725', 'artículo 1726', 'ARTÍCULO 1734', 'ARTÍCULO 1735', 'ARTÍCULO 1736']

DERECHO SOCIETARIO: CAMBIO TRASCENDENTE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA C.S.N. LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA ES UNA Y PARA TODO EL ORDEN JURÍDICO.
CAMBIO TRASCENDENTE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA C.S.N. LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA ES UNA Y PARA TODO EL ORDEN JURÍDICO.
CAMBIO TRASCENDENTE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA C.S.N.
LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA ES UNA Y PARA TODO EL ORDEN JURÍDICO.
I.-OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO:La jurisprudencia y la doctrina no son uniformes en esta materia. Por estas circunstancias un intérprete poco informado podría suponer que la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, varía según sean las áreas del derecho en las cuales se aplique. A mero título de ejemplo, se puede citar un fallo que sostuvo que “es improcedente hacer extensiva la condena por diferencias salariales a los integrantes de la sociedad demandada en virtud de lo previsto en el art. 54 de la ley 19.550, pues si bien el trabajo en negro y las similares violaciones perjudican al trabajador que se ve privado de sus derechos, de ello no puede derivarse que resulten aplicables en el ámbito laboral normas dirigidas exclusivamente a relaciones comerciales.”[1]
Desde el año 2001 a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente.Sin embargo, pareciera que la cuestión no ha sido dilucidada. La pregunta clave es: ¿la inoponibilidad varía según la rama del derecho en la cual se aplica? O por lo contrario, habría que afirmar que la teoría de la inoponibilidad es una sola y que como instituto se aplica siempre en similares condiciones. El texto del artículo 144 del C.C. y C. debería disipar toda duda, habida cuenta de que el territorio de su aplicación es muy vasto pero así y todo, creemos que es imprescindible insistir en la unicidad de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Creemos que la toma de posición respecto a este enfoque es de crucial importancia. Si bien ahora el derecho común se encuentra unificado, sigue habiendo una independencia de algunas materias, como por ejemplo la laboral o la defensa del consumidor.
La médula de este trabajo se orienta a sostener que la teoría general de la personalidad y de la inoponibilidad de la personalidad jurídica ES UNA SOLA. Sostenemos que la misma es aplicable a las personas jurídicas en general,cualquiera fuera el área del derecho en la cual éstas actuaran. Si se aceptara esto, -por ejemplo- no sería admisible que se resolvieran casos laborales en condiciones distintas a las que se utilizaran para casos propios del derecho común.
Hasta octubre del año 2014, la jurisprudencia de la C.S.N. –a partir del sonado caso “Palomeque” sentenciado en el año 2003- reflejaba un criterio casi excluyente respecto a los recaudos exigibles para aplicar la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica. Esta rígida posición, contradecía a la doctrina y a la jurisprudencia societaria. No fue un dato menor que la S.C.B.A. siguió los lineamientos receptados por la C.S.N.
El 30 de octubre de 2014, la CSN sostuvo una diferente formulación en los autos caratulados Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A. y otros s/ daño ambiental. Es nuestro propósito, demostrar que todo ha cambiado y que se ha vuelto a la buena doctrina.
II.-ASPECTOS ESENCIALES DE LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA: Lo primero que se debe tener en cuenta es que el Instituto en análisis es uno de los pilares del Orden Jurídico.- Acompaña a las personas “ideales” regulando los alcances de la personalidad que el derecho les reconoce, independientemente de que su actividad se desarrolle en el área del derecho común, en la laboral, previsional, administrativa, agraria, o en relación a cualquier otro ámbito. Más simplemente: se aplica en todas las ramas del Derecho porque la teoría que estudiamos constituye parte del “Estatuto” de las personas jurídicas.
Aceptar la unicidad de la teoría, implica reconocer que esta valiosa herramienta, se puede utilizar en cualquier campo del Derecho. No es un dato insignificante. Sin embargo, existe alguna jurisprudencia –especialmente en materia laboral- que parece desconocer la singularidad de la teoría que analizamos.No negamos que cada rama del Derecho presenta normas, facetas o circunstancias especiales que los jueces receptan. Pero creemos–al menos con respecto a la noción de personalidad jurídica- que el basamento jurídico es unitario y que no son admisibles variaciones sustanciales.Si bien hay disciplinas que se estructuran sobre la base de la protección a una parte que se considera débil, como sucede en el Derecho del Consumidor o en el Derecho del Trabajo o a la inversa, como es el caso del Derecho Tributario, sostenemos que los principios básicos aplicables deben ser los mismos.
Nos parece que es hora de que se comprenda en toda su dimensión que el instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica es primordial y que ocupa un lugar de privilegio junto a las acciones simulatorias, a las de fraude, a las de nulidad, a las de extensión de la quiebra y a las de responsabilidad. Por otra parte como lo veremos más adelante, afirmar la vigencia del art. 54, apartado 3º de la ley 19.550, no modificado por la ley 26994 como así también la del art. 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, es equivalente a postular la de los grandes principios del derecho que expresamente el legislador incorpora como su fundamento. No es irrelevante tampoco, el innegable parentesco que tiene la inoponibilidad de la personalidad jurídica con el instituto de la extensión de la quiebra.
La materia que estudiamos, como es obvio, se ha enriquecido con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación aunque creemos que con anterioridad ya eran aplicables por analogía las normas del art. 54 apartado tercero de la ley 19550 en relación a todas las personas jurídicas. No constituyen una excepción las sociedades unimembres, habida cuenta del carácter estructural de las normas del art. 54 apartado 3º de la ley 19.550. La “unicidad” de las normas sustanciales de la personalidad se ha ratificado mediante su incorporación al C.C. y C., haciendo incontrovertible su íntima relación con los grandes principios del derecho común.
Que la sociedad es una persona jurídica ya estaba dicho en el art. 33 del Código Civil de Vélez luego de la reforma de la ley 17711. En la parte pertinente, esta norma disponía que eran personas jurídicas “...2º. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”.
En el Código Civil y Comercial quedó esto ratificado, por cuanto en elartículo 141 se dice: “Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. “
El artículo 142 del C.C. y C. reza:“Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar,excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.”
El artículo 143 del mismo cuerpo legal, dice:“Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.”
El artículo 148 del C.C. y C. expresa:“Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
i. Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.”
El art. 2do. de la ley 19.550 reiteró para las sociedades (En ese momento se refirió a las comerciales, después de la reforma de la ley 26994, quedó el texto intocado en la Ley General de Sociedades, ya no existen las civiles) la existencia de la personalidad jurídica, aseverando “La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley”. Esta norma no ha sido modificada, por tanto su principio rector sigue iluminando nuestra disciplina. Aunque parecía una simple reiteración del art. 33 del C.C. de Vélez, en su momento fue prolíficamente interpretado por la doctrina y por la jurisprudencia, concluyéndose que la personalidad era un recurso técnico dado para el cumplimiento de determinados fines y que si los mismos se desvirtuaban, la consecuencia era que no se daban los efectos del instituto, o sea la posibilidad de oponer el vallado de la personalidad.
Aunque existen más antiguos precedentes en la materia,[2] fue sobre la base del art. 2do. de la ley de sociedades 19550, especialmente a partir del caso “Astesiano” que tomó forma lo que ahora llamamos “teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica” la cual ha tenido diversas denominaciones, algunas de ellas impropias para nuestro derecho. [3]
Por ende, la sanción del art. 54 apartado 3º, — como decía nuestroquerido amigo Enrique M. Butty, miembro de la Comisión que proyectara la ley 22.903— en realidad, no hizo más que complementar una materia que ya se encontraba en pleno desarrollo.
Bajo el título de “Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica”, el art. 54 apartado 3º de la L. S. no modificado en la L.G.S., reza: “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.”Asimismo, en el C.C. y C. con amplio alcance el artículo 144 prescribe:“Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.”
Lo primero que cabe destacar en ambos artículos, -aunque no forme parte del texto legal- es la incorporación del concepto de inoponibilidad. Es una forma de ineficacia que si bien no fue absolutamente novedosa en nuestro derecho, en esta materia ha constituido un hallazgo por cuanto permitió dejar incólume a la sociedad, lo que no sucedería si el efecto fuera nulificante o disolutorio. Sólo con fines didácticos, Palmero comentaba que funciona como “una nulidad entre partes”.[4]
III.-LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA SEGÚN LA DOCTRINA SOCIETARIA CLÁSICA: Sintetizándolos, se podría decir:
1.- El art. 54 apartado 3º se incorporó para que no cupiera duda de que la controlante no responde automáticamente por las obligaciones contraídas por la controlada. Lo mismo se puede decir respecto a la norma del art. 144 C.C. y C.-
2.- Para que los socios y los controlantes y otros miembros implicados queden obligados, se requiere una actuación “torpe” de la persona jurídica, la cual está tipificada en la normativa del art. 54 apartado 3º L.G.S y también en la órbita del art. 144 C.C. y C.-
3.-Está incluido el controlante persona humana. Jurisprudencial y doctrinariamente en relación a las sociedades se ha considerado siempre que los controlantes personas físicas podían ser responsabilizadas aunque la figura del control, legislada en el art. 33 de la L.G.S. sólo habla de control “entre” sociedades.Luego de la reforma de la ley 26.994, en el ámbito del art. 144 del C.C. y C. no hay ningún motivo para excluir a la persona humana.
4.- Tanto en el art. 54 apartado tercero L.G.S. como en el art. 144 del C.C. y C., no está excluida la responsabilidad del funcionario que “de hecho”, actúe asumiendo el rol de controlante:En cuanto a quiénes pueden encuadrarse en la figura del “controlante”, existen algunos antecedentes jurisprudenciales que afirman que un funcionario social, como el director de una S.A., por ejemplo, podrían ser responsabilizados como controlantes.Ésta no es una cuestión pacífica pero creemos que la conducta realizada en concreto, es la que puede calificar o no de controlante a una persona, independientemente del cargo nominal que ostente la misma.De lo contrario, una mera función administrativa, impediría aplicar un conjunto de normas que se prevé en la ley especialmente para determinadas actuaciones reprochables. En definitiva, nada impide que una persona pueda ser sancionada en base a distintos regímenes que confluyeran sobre ella.
5.- El art. 54 apartado 3º de la L.S. no se refiere a la responsabilidad de los administradores o funcionarios, que sólo serían alcanzados en cuanto desempeñaran el rol de socios o de controlantes. Igual respecto al art. 144 C.C. y C. que sólo varía porque implica a un elenco variado de personas jurídicas y por tanto se debe referir también a “socios, asociados, miembros o controlantes.”Pero es similar, tampoco se refiere a funcionarios de la persona jurídica con respecto a los cuales el régimen responsabilizatorio es diferenciado y específico.
7.- Se califica de “torpe” o de “desviada” la actuación que encubriera la consecución de fines extrasocietarios o que constituyera un mero recurso para violar los grandes principios que menciona el art. 54 apartado 3º. La supresión del término “mero” en el art. 144 C.C. y C.,en nuestra opinión no cambia la sustancia de la figura. Sí se podría entender como un reforzamiento de la misma porque permite interpretar que una actuación que tendiera a la consecución de fines extrasocietarios aunque no hubiera sido realizada “exclusivamente” para tal fin, igualmente permitiría “inoponer” la personalidad.
Estos grandes principios, no son nuevos, por el contrario, son los que la doctrina y la jurisprudencia nacionales han elaborado a lo largo de décadas. Se debe hacer referencia especial al “abuso del derecho” (aunque no se lo mencione expresamente), a la “buena fe”, al “orden público” y por supuesto, a la ley.
También se incluye como reprochable, “la frustración de derechos de terceros” que constituye la doctrina del jurista alemán Rolf Serick, autor de un libro precursor en la materia: “Realidad y apariencia de las Sociedades Mercantiles”.
En relación al texto del artículo 54 de la ley 19550, fue algo novedoso, considerar reprochable la actuación que encubriera “la consecución de fines extrasocietarios”. Esta noción, se vincula íntimamente con el concepto de interés social que es sustancial para saber cuándo se produce el desvío del control. Significa que el interés de la sociedad controlada no puede ser desviado por la controlante externa ni por el socio que controle internamente. Cuando se viola esta regla, se responsabilizan los infractores. En nuestro orden jurídico, estas pautas son las que regulan la responsabilidad en materia de grupos societarios ya que la misma se estructura sobre la base de que se debe respetar el interés social de todas las sociedades del grupo. No hay ningún motivo para considerar que en ámbito del art. 144 del C.C. no sea exactamente lo mismo. O sea, siempre habrá que privilegiar el interés social de la persona jurídica involucrada.
El art. 54 apartado 3º, implica la posibilidad de promover una acción para imputar la actuación torpe a socios o controlantes o bien para responsabilizarlos. Pero doctrinariamente, se ha considerado también la posibilidad de oponer como defensa la normativa citada. Esto no debería ser distinto en la órbita del art. 144 del C.C. y C.
IV. RESPONSABILIDAD RESULTANTE FRENTE A ACTUACIONES QUE GENEREN LA POSIBILIDAD DE INOPONER LA PERSONALIDAD JURÍDICA: La actuación “torpe” genera consecuencias jurídicas graves, en sustancia, las mismas que surgen habitualmente por la comisión de actos antijurídicos que provocaran daño. El art. 1109 del código de Vélez era una buena referencia. Actualmente lo es la normativa del art. 1724, 1725 y concordantes del C.C. y C.[5] Ejemplificando, todo socio o controlante que por su culpa o negligencia (desde ya, también hay responsabilización cuando hubiera dolo) hiciera posible una actuación torpe que provocara daño, estaría obligado a la reparación del perjuicio. Este principio surge hoy claro de la norma del artículo 1716 del C.C. y C.[6]
V.- POSIBILIDAD DE ATEMPERAR LA RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE INOPONER LA PERSONALIDAD JURÍDICA: La responsabilidad derivada, por imperio de las normas que estudiamos (art. 54 apartado tercero de la actual L.G.S. y art. 144 del C.C. y C.), es ilimitada y solidaria. Sobre este tema, consideramos que habida cuenta de las circunstancias especiales que normalmente se dan cuando se requiere la aplicación estas normas, sería recomendable –aunque nada fácil desde el punto de vista jurídico- aplicar complementariamente a estos casos, la normativa del art. 157 L.S. relativo a la gerencia de la S.R.L. la que — cuando la misma es colegiada — remite a las normas del directorio de la S.A. Pero cuando no existe colegio, permite quebrar la solidaridad. Más concretamente, si la gerencia no es colegiada, se permite que cuando una pluralidad de gerentes participen en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez pueda fijar la parte que a cada uno le corresponda en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal.
VI.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y CONTROLANTES ES SIEMPRE DIRECTA:La responsabilidad derivada del art. 54 apartado 3º L.G.S. y del art. 144 del C.C. y c., además de ilimitada y solidaria, es siempre “directa” porque se genera a causa de un actuar antijurídico de los responsables. No requiere acreditar que la persona jurídica es insolvente, ni existe en este caso derecho de excusión, como sucede en el supuesto de configurarse responsabilidad personal del socio cuando no está protegido por el tipo social. En tales casos sí hay excusión porque se aplica el art. 56 L.S. Todo lo contrario ha sostenido Lorenzetti con relación a las sociedades en varios votos como Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requiriendo la insolvencia de la sociedad para efectivizar la inoponibilidad. Esto sería algo similar a sostener que para que existiera perjuicio se debería presuponer que la sociedad es insolvente. Esta postulación, -sin dejar de reconocer el altísimo nivel jurídico de Lorenzetti- es jurídicamente infundada y lógicamente contradictoria. Si se siguiera este criterio, habría que modificar el principio general en materia de reparar el daño causado por actos antijurídicos, simplemente porque uno de los obligados estuviera en condiciones de abonar la indemnización. No se le puede privar de un derecho indemnizatorio al acreedor que tiene la potestad de elegir a su demandado entre el espectro de obligados legalmente. Además, la solvencia de hoy, se podría transformar en insolvencia en el futuro cercano.
VII.- ALCANCE DEL VOCABLO “CONTROLANTE”: Para determinar su extensión, se debe acudir al art. 33 de la ley 19.550. Dicha norma prevé: 1) El control jurídico que es el que tiene aquel que posee una participación, en base a su tenencia de partes de interés, cuotas o acciones, que sin duda alguna, le permite tomar las decisiones sociales. (Por ejemplo, cuando tiene la mayoría de votos para prevalecer en las asambleas ordinarias). 2) El control interno de hecho, se posibilita cuando, sin tener la mayoría, de facto, uno o más socios predominan en la toma de decisiones. Finalmente, el control externo, es el que tiene aquel que no es socio, en virtud de determinadas relaciones jurídicas. En todos los casos, el control se puede ejercer en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada.
Por otra parte, si una pluralidad de personas escudándose tras la personalidad jurídica de la controlante o de una segunda sociedad a su vez controlada a través de la cual se ejerciera el control, posibilitaran una actuación torpe de la controlada, serían todos y cada uno de ellos, solidaria e ilimitadamente responsables por las consecuencias dañosas de la actuación colectiva. Si la sociedad fuera declarada en quiebra, podrían ser directamente demandados, según el caso, en base a los arts. 173 y 174 o 175 y siguientes de la ley 24.522. Esta es la interpretación que se deriva tanto de la normativa del art. 33 L.S. como de su complementación con la del art. 161 apartado 2º que reza que “A los fines de esta sección, se entiende por persona controlante: a) aquélla que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social; b) cada una de las personas que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción indicada en el párrafo a) precedente y sean responsables de la conducta descrita en el primer párrafo de este inciso.”
Si el control abusivo se hubiera concretado en base a una actuación dolosa de una o más personas, respecto a las que hubieran obrado con dolo, podría resultar aplicable para responsabilizarlos, el régimen del art. 173 y 174 de la ley 24.522 que tiene un amplio plazo prescriptivo y que permite declarar la ineficacia de actos jurídicos con una retroacción mayor a los dos años.
Siguiendo idénticos principios, en caso de que existiera un conjunto de personas que actuando colectivamente controlara externamente a la fallida, aún sin ser socios de la misma, cada uno de ellos, siempre y cuando hubiera hecho posible la actuación torpe de la fallida, sería ilimitada y solidariamente responsable.
VIII.- LA CARGA DE LA PRUEBA: En principio, pesa sobre las espaldas de los que alegaran su existencia, aunque resultarían aplicables también los principios propios de la “prueba dinámica”.[7] El C.C. y C. ha reglado de manera más completa esta problemática. Ya antes de la reforma de la ley 26994 la C.S.N. había sostenido que las reglas que rigen la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del caso sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, dada la necesidad de dar primacía — por sobre la interpretación de las normas procesales — a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal.[8]
Según las circunstancias del caso concreto y en aras de una solución justa, frente a severas dificultades probatorias, el juez debería ponderar esmeradamente el conjunto de las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores del caso y apreciarlo con soberana facultad para interpretar el “animus.” Como bien lo recuerda Giatti, acertadamente sostuvo la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, que la situación guarda sustancial analogía con la que se configura en supuestos de simulación, en cuya hipótesis no se discute que los terceros comúnmente deben recurrir a la prueba de presunciones. Y esa dificultad probatoria también ha sido destacada con referencia concreta a la aplicación de la teoría de la penetración. De ahí que cuando por las circunstancias del caso o por la índole de los hechos la prueba directa es imposible o extremadamente difícil, no se puede hacer incidir las consecuencias que de allí derivan sobre la parte gravada con la carga de la prueba, de modo que en esos casos adquiere pleno valor la de presunciones, medio que ha sido expresamente admitido por la ley.
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica, - gracias a criterios cerrados y antijurídicos como el trasuntado en el caso Palomeque y fallos que siguen sus aguas – se puede convertir en una “rara avis” jurídica. Por eso, coincidiendo con Miguens y con Antunes, creemos que la responsabilidad grupal se debería regir por los siguientes principios: “La sociedad dominante será responsable por todas pero sólo por aquellas deudas de sus sociedades subsidiarias provenientes de una o varias decisiones negociales tomadas bajo su control. b) Es a cargo de la primera (la dominante) el producir prueba de si tales decisiones negociales han sido originadas desde su propio control o fueron tomadas autónomamente por la segunda”.[9]
IX.- EL DOLO Y LA CULPA COMO BASE DE LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA: Si bien la figura que analizamos pareciera requerir dolo en el origen de la actuación, porque la misma se debe dirigir a “encubrir” la consecución de fines extrasocietarios o a “constituir un mero recurso” (o sólo un recurso en el ámbito del art. 144 del C.C. y C.) para violar los grandes principios incorporados a la norma, también quedan obligados los que “hubieran hecho posible la conducta social torpe. Esta última alocución (hacer posible), no tiene antecedente en el derecho societario, pero creemos que se debe considerar como una forma de aludir a un obrar culpable. O sea, considerar que hace posible una actuación dañosa, aquel que no actúa con la diligencia que las circunstancias exigen, para evitar que el resultado dañoso se posibilite.
X.- LA IMPUTACIÓN DE LA ACTUACIÓN TORPE A SOCIOS Y CONTROLANTES QUE LA HUBIERAN HECHO POSIBLE: Más allá de las discrepancias doctrinarias referidas, lo importante es decir que además de la responsabilización de socios y controlantes que hubieran hecho posible la actuación “torpe”, existe otra consecuencia, también absolutamente novedosa. Nos referimos a la específica “imputabilidad” de socios y controlantes que hubieran hecho posible la actuación torpe de la sociedad controlada, o sea “hablamos de la atribución a dichos socios y controlantes de los actos “reprochables” efectuados por la sociedad controlada.” Esto es así, porque el art. 54 apartado 3º L.G.S., reza que la misma, “… se imputará directamente a los responsables mencionados y el art. 144 del C.C. y C. dice que “…se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible.”
Esta distinción, provoca una multiplicidad de consecuencias, que inciden en la prescripción de las acciones derivadas y en los alcances del instituto. Para pedir el cumplimiento del contrato, regiría el plazo de cinco años establecido en la norma del art. 2560 del C.C. y C.- Para reclamar por responsabilidad civil, el de tres años contemplado en la norma del art. 2561 del mismo cuerpo legal.-
La imputación de la conducta societaria a socios y a controlantes, que surge con claridad del texto del art. 54 apartado 3º, ha sido aceptada por la doctrina, no vemos reparos para que se interprete lo mismo para el art. 144 C.C. y C. Palmero, justificó la aceptación de este segundo efecto, manifestando que la ley podía ser más prolífica que el mismo legislador. Sin dudas tuvo razón.
XI.- EL CONCEPTO DE INOPONIBILIDAD A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN:En nuestra opinión, la actuación “torpe” constituye una ilicitud, es antijurídica. El legislador no quiere que se configure. Prevé una responsabilización de los sujetos que la hicieran posible y una imputación diferenciada. Es una antijuridicidad sutil, que requiere un análisis cuidadoso de los hechos, pero la actuación torpe colisiona con el plexo jurídico, es contraria a los grandes principios que tanto el art. 54 apartado 3º de la L.G.S. como el art. 144 C.C. y C. adopta como basamento. Por eso, en anteriores trabajos, hemos hablado de ilicitud en sentido amplio.[10] El art. 9º del C.C. y C. reafirma que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Es bueno recordar que mucho antes la S.C.B.A. había resuelto que la buena fe no era un hecho sino un principio jurídico, receptado por nuestra legislación positiva como pauta de interpretación y que el juzgador no podía dejar de aplicarlo, tanto más tratándose de las contratos bilaterales y sinalagmáticos en que cada una de las partes debe colaborar para que se cumplan los fines que se han tenido en vista al celebrarlos. [11]
Sostenemos, en consecuencia que cuando se postula una teoría de la inoponibilidad y de la responsabilidad societaria, no existen motivos para dejar de aplicarla en todos los ámbitos del derecho. Por eso, la “velada” influencia de factores sociológicos, ideológicos, económicos y políticos, puede ser letal desde el punto de vista jurídico porque se puede omitir la aplicación científica del derecho que nos parece es lo que ha sucedido en nuestra materia.-
Es respecto al derecho laboral que TODO lo que enseñaron los maestros del Derecho Comercial fue desvirtuado. No deja de asombrarnos que todo lo que ha sido postulado casi pacíficamente por toda la doctrina y jurisprudencia societaria, fue destruido respecto al derecho laboral por la C.S.N. y por la S.C.B.A. mediante fallos que ignoraron todo lo debatido por los especialistas durante décadas.
Las postulaciones que hiciera la CSN en materia laboral, se referían específicamente a la inoponibilidad de la personalidad y por ende, se podía considerar que regían en cualquier campo del derecho. Esto era especialmente grave porque desvirtuaba la doctrina societarista en su médula. Por tanto, lo que parecía pacífico en derecho comercial, se ignoraba en materia de derecho laboral. Algo equívoco, -sin duda- que era imprescindible dilucidar. Mientras tanto, la jurisprudencia de la SCBA se basó en la de la CSN que prácticamente descartaba la aplicación de la inoponibilidad. Vale decir que las diferentes Salas de la Cámara del Trabajo de la Capital Federal no siguieron fielmente el criterio de la Corte y se generó un mosaico de distintas soluciones que configuraron un cuadro anárquico en el cual los reclamantes dependían (y dependen) de la radicación de sus reclamos.
Han pasado muchos años pero las discrepancias continúan, aunque vale reconocerlo, la justicia laboral ha evolucionado mucho en la materia. [12]
Entre los fallos de la C.S.N. el que más impacto tuvo sociológica, económica, cultural y jurídicamente, fue sin duda PALOMEQUE, ALDO R. C. BENEMETH S.A. Y OTRO del 04/03 / 2003. La CNTrab., sala X, había responsabilizado por el art. 54 L.S. por no registrar parte del salario efectivamente convenido y abonado. Se condenó a tres accionistas. Dos de ellos, además eran directores pero la extensión de la condena de la Cámara se basa en el carácter de accionistas de las personas implicadas. Oportunamente criticamos enfáticamente este pronunciamiento en un artículo publicado en el Diario La Ley, al cual nos remitimos en aras de la brevedad.[13]
Resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Palomeque” que era improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por la falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, “…si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales“ (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).
En el referido pronunciamiento se consideró que para aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica, era una exigencia que la sociedad fuera ficticia. Esto parecía afirmar que debía constituir una mera apariencia, una forma simulada. ¿Fue esa la interpretación? Según el Diccionario de la Real Academia Española, ficticio es algo fingido o fabuloso, o aparente, convencional. Por otra parte, con igual criterio idiomático, se podría decir que una sociedad se constituye fraudulentamente cuando lo hace en base a engaños, falacias, inexactitudes conscientes, abuso de confianza, que produce o prepara un daño, generalmente material. También se podría decir que es fraudulenta la constitución societaria hecha mediante actos simulados y rescindibles, que dejan al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe.
Si la formulación de la CS en el caso “Palomeque” se interpretara de este modo, para poder aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica, habría que descartar a toda sociedad que se hubiera constituido "realmente" "para cumplir un rol económico cierto". En suma, lo que el fallo comentado menospreció de manera más evidente y por tanto no atendió como correspondía fue "la actuación" de la sociedad. Este no es un dato menor, porque si se analiza el texto del art. 54 apartado 3° de la ley 19.550 introducido por la ley 22.903, se advertirá fácilmente que el centro de la atención del legislador es, justamente, la actuación de la sociedad. Esto no ha cambiado en la Ley General de Sociedades porque el texto sigue siendo el mismo. La actuación también es lo fundamental en el art. 144 del C.C.y C. que no habla de “sociedad” nada más que porque se refiere a otras personas jurídicas. Creemos que no resultaría difícil comprender aún para un intérprete poco avezado, que cuando se estableció la inoponibilidad de la personalidad jurídica y la responsabilidad de socios y controlantes, el legislador tuvo en cuenta “la actuación” de la persona jurídica.
Es imposible interpretar de otra forma el apartado tercero del art. 54 de la ley 19550, -subsistente en la L.G.S. y similar también en el art. 144 C.C.y C.-, a menos que la "lectura" del mismo fuera distorsionadora. Tanto es así, que la mencionada normativa de la antigua ley de sociedades comerciales, -no modificada- solamente hacía responsables a los socios y controlantes "que la hicieron posible". ¿Y a qué se refería la ley mediante el uso de la locución "hacer posible"? La respuesta debe ser categórica, se aludía a la actuación de la sociedad. Más sencillamente, la responsabilidad de socios y controlantes es una consecuencia directa de hacer posible una actuación "torpe" de la sociedad. Utilizamos deliberadamente el concepto de "torpeza" instituido por el maestro Julio César Otaegui porque gran parte de la doctrina lo ha incorporado a su léxico.
Como dijéramos en anteriores trabajos, "si hablamos de actuación torpe, es necesario tanto 'la torpeza' como 'la actuación'. Y esto significa que la misma, se atribuye a la sociedad que siempre queda responsabilizada en primer término.
Cuando se dieran los presupuestos gravísimos que menciona la sentencia de la CS en el caso “Palomeque”, consideramos indubitable que se podría extender la responsabilidad a los socios y controlantes. Pero sostenemos que se podría generar la responsabilización de los mismos, sólo por haber hecho posible la actuación torpe aunque no se dieran los extremos de estar frente a una sociedad ficticia, fraudulenta, etc.
Si se llevara al límite del absurdo la postulación de la CS en el caso “Palomeque”, respecto a una sociedad que fuera constituida "normalmente" para ejercer una industria lícita que luego se desvirtuara, jamás se podría extender la responsabilidad a los socios y controlantes, aun cuando la actuación de la entidad hubiera sido ostensiblemente reprochable. Afirmar esto sería un dislate, pero es la consecuencia lógica del fallo que analizamos.
La C.S. confundió en el caso Palomeque, situaciones que eran totalmente distintas. Sobre la base de un sonado caso jurisprudencial hemos sostenido que en materia de abuso de la personalidad, se impone distinguir dos tipos de situaciones:
El fallo “Palomeque” que criticamos se refiere solamente a esos casos extremos, como si fueran los únicos en los cuales se puede aplicar la normativa "desestimatoria", ignorando que el art. 54 apartado tercero de la ley 19550, admitía otros supuestos, como claramente surge de su texto, ignorado por la C.S.N. Reiteramos que el legislador lo sigue haciendo en la formulación de la L.G.S. sin variación alguna y en el art. 144 del C.C. y C. con modificaciones que no van a lo esencial.
Siguiendo los lineamientos indicados, hemos sostenido que las hipótesis se deben distinguir, ya que los remedios jurídicos en algunos supuestos permitirán prescindir de la forma misma, negando la existencia autónoma del sujeto de derecho, mientras que en otros ésta se mantiene pero ni el socio ni el controlante pueden oponer la personalidad jurídica de la sociedad para eximirse de responsabilidad por su actuación torpe que hubieran hecho posible. Además, la misma se les atribuye como si la hubieran realizado individualmente, sin que esto importe desobligar a la sociedad que siempre queda imputada.
Parece obvio que se está refiriendo a la EXIGENCIA DE INTENCIONALIDAD EN EL MOMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Esto tampoco era exigido. Ni antes por la normativa del art. 54, L.S., ni ahora por la misma norma de la L.G.S. ni por el art. 144 del C.C. y C. En su oportunidad hemos sostenido que la norma del art. 54 apartado Tercero L.S. –no ha sido modificado por la ley 26944, y se ha mantenido en su esencia en el actual art. 144 del C.C. y C.- no exige que haya un vicio en la constitución de la sociedad. Sólo se refiere a su actuación.
Lo grave de la sentencia de la C.S.N. en el caso “Palomeque”, es que en ella se hace referencia, -como si se tratara de un requisito ineludible-, a que existiera a priori, en el momento de la constitución, "un propósito de violar la ley". Esto no es así y constituye un grave error, ya que la ley lo único que hace es exigir una intencionalidad en "la actuación", no en la fundación de la sociedad. Es la "actuación" la que no debe encubrir la consecución de fines extrasocietarios. Es la "actuación" de la sociedad la que no debe constituir un mero recurso para obrar torpemente.
De la normativa en estudio, se deriva que una vez evidenciado un obrar intencionalmente desviado por parte de un socio o controlante (una utilización no permitida del recurso técnico de la personalidad), resulta responsabilizado también quien ha contribuido sólo culpablemente a que esta actuación nociva se hiciera posible. Sería, en definitiva, una consecuencia emparentada con el régimen general, fundamentalmente los arts. 512 y 902 del Cód. Civil de Vélez, que abrían el camino a la normativa del art. 1109 del mismo cuerpo legal (ahora 1716 del C.C. y C. que sustituiría al 1109 y 1724 y 1725 del C.C. y C. que sustituirían al art. 512 y 902 respectivamente).-
Si bien la fórmula utilizada por el legislador no fue demasiado feliz, ya que el concepto de "hacer posible la actuación torpe" no se identifica automáticamente con la noción de "culpa", no cabe dudar que se le parece. Se debe interpretar que el socio o controlante, en las especiales circunstancias previstas en el art. 54, tercer apartado, de la L.S., debe hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que se concrete la actuación desviada de la sociedad. Esto no ha variado en la L.G.S. ni en la formulación del art. 144 C.C. y C.
Más simplemente, queda responsabilizado el socio o controlante que hubiera omitido actuar conforme con las exigencias de la situación, o sea respetando las pautas previstas en el art. 1724 y 1725 del Cód. Civil y Comercial.
Es notable la insistencia de la CS en el caso “Palomeque” en requisitos que ninguna normativa ha impuesto y que por lo contrario, podríamos decir, se consideraron innecesarios por el legislador del apartado tercero del art. 54 de la ley de sociedades “comerciales”. Reiteramos, esto no ha variado con la reforma de la ley 26944.-
Si fuéramos rigurosos en el análisis de la sentencia de la CS en el caso “Palomeque” tendríamos que reconocer que cuando se registra personal "en negro", cuando se dejan de pagar las cargas sociales, no solamente se perjudica al trabajador, sino al Fisco y se altera la libre competencia en el mercado. Suponer que esto no significa afectar el orden público laboral, realmente nos parece improponible. Sin embargo es lo que ha hecho la C.S.N. en el caso “Palomeque”. A menos que se sostuviera, como parece surgir del fallo, que aunque el orden público laboral estuviera afectado, si la sociedad no hubiera sido constituida en forma ficticia o fraudulenta, este resultado no tendría relevancia jurídica a los fines de la extensión de responsabilidad a los socios por la actuación de la sociedad. Cuesta creer que éste haya sido el razonamiento pero más aún cuesta encontrarle un fundamento, habida cuenta de que antes de la vigencia del art. 54 apartado tercero de la ley 19550, tanto la doctrina como la jurisprudencia había trazado un camino totalmente distinto al que ahora sigue la CS. Luego de la sanción de la ley 22.903, que introdujo la normativa citada, es más evidente que la sentencia que comentamos no tiene real fundamento jurídico y que es una postulación arbitraria y nociva. En la actualidad, luego de la reforma de la ley 26944, el criterio que criticamos sería más claramente insostenible aún.
En materia de responsabilidad de los administradores, el error de la CS en el caso “Palomeque” ha sido también muy grave, pero no nos referiremos a ello porque la finalidad de este trabajo nos obliga a ser breves.
Si aceptamos la unicidad de la personalidad jurídica, se puede decir que la sentencia dictada en el caso “Palomeque” es profundamente nociva, porque tiende a destruir las bases de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica para todo el derecho y no sólo en relación a un caso laboral.
JURISPRUDENCIA POSTERIOR DE LA C.S.N. HASTA OCTUBRE DE 2014: Luego del caso “Palomeque”, hubo votos atinentes a nuestra materia, como -por ejemplo- el del Dr. Lorenzetti, en el caso “Davedere” en el cual la Corte Suprema no trató el fondo del asunto por ser declarado inadmisible el recurso.[14]No podemos extendernos en este trabajo sobre su voto en disidencia. Por otra parte, la S.C.B.A. siguió las aguas del criterio plasmado en “Palomeque”. [15] Sólo diremos que –en nuestra opinión- refiriéndonos sólo al criterio del Dr. Lorenzetti, se guarda sideral distancia con el caso Palomeque. Que haya dicho que la personalidad jurídica se debe emplear en forma restrictiva no sorprende porque es algo que la jurisprudencia en general ha receptado aunque es susceptible de algunas críticas y precisiones. Creemos que es clara la diferencia con el caso Palomeque porque hablar de que “es preciso acreditar el uso abusivo de la personalidad” es algo muy distinto que exigir su constitución ficticia o fraudulenta o los demás elementos que se mencionan en el caso “Palomeque”. Bajo este punto de vista, se podría sostener que Lorenzetti apunta a que la C.S.N. retome la buena senda que no es otra que la que casi pacíficamente sostiene la doctrina y la jurisprudencia societaria.
Lo que es novedoso es que en su voto de disidencia Lorenzetti opina que aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica requiere la insolvencia de la sociedad. Esta postulación, -sin dejar de reconocer el altísimo nivel jurídico de Lorenzetti- es jurídicamente infundada y lógicamente contradictoria. Si se siguiera este criterio, habría que modificar el principio general en materia de reparar el daño causado por actos antijurídicos, simplemente porque uno de los obligados estuviera en condiciones de abonar la indemnización. No se le puede privar de un derecho indemnizatorio al acreedor que tiene la potestad de elegir a su demandado entre el espectro de obligados legalmente. Además, la solvencia de hoy, se podría transformar en insolvencia en el futuro cercano. Se debe reiterar, es indiferente que se haya producido o no la insolvencia de la sociedad controlada. Lo que importa es si ha existido o no un acto antijurídico, en el caso, que haya existido una actuación torpe y que uno o más socios o controlantes la hubieran hecho posible. Es todo lo que requiere la ley y por tanto, algo que no se puede cambiar mediante la vía interpretativa sin degradar a la norma.
XII.-FALLO DE LA CSN QUE CAMBIA LA SITUACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE PALOMEQUE Y DE TODA LA JURISPRUDENCIA PROVINCIAL QUE SE BASA EN EL MISMO: Nos referimos a la sentencia dictada en los autos caratulados Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A. y otros s/ daño ambiental, de la CSN del 30 de octubre de 2014. La C.S.N. dijo que la sanción que prevé el art. 54 último párrafo de la ley 19550 es la “inoponibilidad de la personalidad jurídica” al tercero que la invoca y la de imputar directamente a los socios o controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.”Esto no se diferencia con lo que sostiene la doctrina y la jurisprudencia societarista. Sigue diciendo la C.S.N.: “El instituto de la inoponibilidad debe ser aplicado con criterio restrictivo, en situaciones excepcionales cuando las pruebas permitan tal conclusión, no resultando suficientes las meras alegaciones de que la sociedad incurre en actuaciones fraudulentas o frustratorias de los derechos de los terceros.” Tampoco en este párrafo se advierte algo novedoso. La restrictividad del criterio del juez para aplicar la inoponibilidad de la personalidad jurídica, si bien me parece que no se puede aceptar sin algunas reservas, ha sido adoptada en general por la jurisprudencia y por la doctrina. Por tanto, en esto la CSN está reafirmando criterios conocidos.
Sigue el fallo: “Siendo la sociedad la obligada formal y sustancial a responder eventualmente por los daños ambientales producidos por conductas o condiciones que le fueron imputables, es independiente de quien o de quiénes dominen o controlen el paquete accionario.”Esto es cierto en principio, por cuanto el control societario, en sí mismo, no está vedado por el legislador, como claro surge del principio contenido en el art. 172 de la ley 24.522. [16]
Luego se sostiene: “Resulta inaplicable el art. 54 segundo párrafo de la ley 19550 cuando no se advierte que hubiera una “actuación de la sociedad”, según la fórmula empleada por dicha norma, una conducta dolosa o culposa, que encubra la consecución de fines “desviados” (extrasocietarios), o que se levante como un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe que debe primar en los negocios o para frustrar derechos de terceros.” Nos parece muy satisfactorio encontrar que por fin la CSN ha encontrado el buen camino. Lo que hace en este párrafo es sostener la doctrina casi pacífica en el ámbito del Derecho Societario.Se debe tener en cuenta que la CSN alude a “la actuación”. Algo correcto que se debió hacer en el caso “Palomeque” con la anterior conformación del Alto Tribunal.
Siguiendo en la misma línea, dice la C.S.N.: “Para llegar a la citación de la sociedad controlante de la compañía a quien se responsabiliza por daño ambiental colectivo, la actora debería demostrar una conducta abusiva de parte de esta última compañía en detrimento de terceros, dado que el ambiente es un macro bien colectivo o común, que aprovechando la “máscara societaria” le sirva a aquélla para eludir responsabilidades por daño ambiental colectivo.” Es grato para nosotros comprobar que la CSN sigue insistiendo sobre la actuación de la sociedad. No otra cosa es la “conducta abusiva por parte de esta última” que refiere. Ni se vislumbra la posibilidad de que se considere que importe cómo ha sido constituida la sociedad, cuál fue el propósito de sus fundadores ni los elementos que se incorporaran como necesarios en el fallo “Palomeque”. No desentona la CSN en este pronunciamiento con la doctrina societarista instaurada a lo largo de muchas décadas.
Culmina la CSN diciendo: “Es a todas luces improcedente pretender ampliar la demanda contra la sociedad controlante del ente demandado por daño ambiental, mediante la invocación genérica de un supuesto de abuso de personalidad, la prevalencia de la realidad económica y el control del paquete accionario de la sociedad demandada, para desligarse de la responsabilidad por daño ambiental colectivo en detrimento de terceros.” Estas afirmaciones finales son aceptables. En síntesis, significan que: 1) No es suficiente invocar genéricamente que hay abuso de la personalidad. 2) La calidad de controlante de la sociedad por sí sola no es suficiente para responsabilizar.
CONCLUSIONES: Si bien los antecedentes del proceso que se tuvieran en vista al sentenciar en este caso deben tener particularidades y sería necesario conocerlas para opinar con mayor solvencia, basta leer la sentencia para comprender que no tiene nada que ver con lo que se expresó por la CSN en el caso Palomeque en el año 2003. Esta es la buena noticia.
Lo que se podría afirmar a partir de esta última sentencia de la CSN es que si en un caso laboral o vinculado a cualquier otra rama del derecho, se decidiera aplicando otros principios distintos a los mencionados, esto significaría que la CSN afirmaría que la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica no es una y para todo el derecho. Esta postulación sería un despropósito jurídico y muy lamentable. Esperamos que eso nunca suceda y que de ahora en más reine la coherencia en nuestra materia. No creemos que aplicar el Estatuto de la Personalidad a todos los ciudadanos en todos los casos sea negativo. En la práctica, no es nada fácil responsabilizar a socios y controlantes. Es siempre necesario acreditar que existe una adecuada relación de causalidad, lo que mucho se ha ignorado en materia laboral. Para que socios y controlantes sean responsabilizados frente a terceros por los daños causados, se requiere probar que hubo actuación torpe de la sociedad y que la misma se hizo posible por la acción o por la omisión de alguno de dichos sujetos.- Si se analizan los repertorios jurisprudenciales se advertirá que no son muchos los casos. Lo que ha sucedido es que en el ámbito laboral la aplicación del instituto que estudiamos ha sido muy demandada, pese a los criterios rígidos que tenía la CSN a partir de Palomeque y la S.C.B.A. en base a los fallos referidos.
[1] Ver sentencia del 22 de noviembre de 2001, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I en los autos caratulados Carrizo, Rosa c/Lanata, Morilla y Asociados S.R.L.
[2] En aras de la brevedad, nos limitamos a citar dos resonantes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son los dictados el 04/09/1973 en autos Compañía Swift de La Plata S.A. publicado en LA LEY 151 , 515, Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Concursal y el 31/07/1973 en el sonado caso Parke Davis y Cía. S.A. AR/JUR/22/1973.
[3] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A (CNCom)(SalaA)1978/02/27. Astesiano, Mónica I. y otra c. Gianina, Soc. en Com. por Accs.
[4]Ver los dichos vertidos por Juan Carlos Palmero en el Congreso Nacional e Iberoamericano de Huerta Grande de 1.992, transcriptos en obra citada de Gulminelli, Ricardo Ludovico, Responsabilidad por Abuso de la Personalidad Jurídica Depalma 1998, página 184 y con cita también en Elementos del Conflicto Societario, Editorial Ad-Hoc, abril de 2001, p.191, nota 6.-
[5] Continúa los lineamientos del código anterior con un texto más moderno y comprensible, la normativa del artículo 1724 del C.C. y C. que reza: “Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Asimismo, el artículo 1725.- Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente.
Persiste la necesariedad del vínculo causal en el artículo 1726 del C.C. y C. que reza: “Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.”
[6] El art. 1716 del C.C. y C. establece: “Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código. Asimismo, el art. 1717 del C.C. y C. dice: “Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.”
[7] Ver C.C. y C. ARTÍCULO 1734.- Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.
ARTÍCULO 1735.- Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa.
ARTÍCULO 1736.- Prueba de la relación de causalidad. La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.
[8] Ver fallo CSJN, 16/2/99, LL, 1999-C,136. citado por Alonso, Juan Ignacio - Giatti, Gustavo Javier en su trabajo Aspectos procesales de la aplicación de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, Publicado en: Sup.Esp. Sociedades Comerciales 2004 (diciembre).
[9]Antunes, José E.: Liability of Corporate Group Autonmiy and Control in Parent-Subsidiary Relationships in US, Geman And,.U. Law. An International and ComparativePerspective, Kluwer, Deventer, Boston, 1994, pp. 381/413, citado por Miguens en su obra Miguens, Héctor J.: Extensión de la quiebra y la responsabilidad en los grupos de sociedades, Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 375 u ss.
[10] Ver Gulminelli, Ricardo Ludovico, Responsabilidad por Abuso de la Personalidad Jurídica Depalma 1998, página 159 y ss., en donde se cita la opinión de diversos y prestigiosos autores.
[11](Ver SC Buenos Aires, Mayo 26 1970, Márquez, Carlos A. C. Galliani, Abelardo L.).
[12] Es de recordar el célebre fallo ―Aybar, Rubén E. y otro c. Pizzería Viturro S.R.L. y otros del año 1973. Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a poco de sancionada la ley 19.550.
[13]Ver Un retroceso en materia de responsabilidad societaria • Gulminelli, Ricardo L. • Nota a Fallo • LL, 2003-F, 731.
[14]Corte Suprema de Justicia de la Nación • 11/08/2009 • Robledo, Oscar Manuel c. Cordón Azur S.R.L. y otros • • LA LEY 25/09/2009 , 7 • ED 234 , 621 • DJ 04/11/2009 , 3130 • AR/JUR/25281/2009. Corte Suprema de Justicia de la Nación • 28/05/2008 • Funes, Alejandra Patricia c. Clínica Modelo Los Cedros S.A. y otro • • IMP 2008-15 (Agosto) , 1350 • DJ 20/08/2008 , 1089 • DJ 2008-II , 1089 • ED 233 , 726 • AR/JUR/3116/2008.Corte Suprema de Justicia de la Nación • 03/07/2007 • Vázquez, Fabián Ariel y otro c. Konttrolar S.R.L. y otro • • La Ley Online • AR/JUR/4550/2007. Corte Suprema de Justicia de la Nación • 29/05/2007 • Daverede, Ana M. c. Mediconex S.A. y otros • • IMP 2007-13 (Julio) , 1330 • LA LEY 23/07/2007 , 8 • LA LEY 2007-D , 440 • LA LEY 06/08/2007 , 7 con nota de Horacio A. Brignole • LA LEY 2007-D , 617 con nota de Horacio A. Brignole • LA LEY 04/10/2007 , 5 con nota de Diana Cañal • LA LEY 2007-E , 659 con nota de Diana Cañal • AR/JUR/1519/2007.
[15] SCBA LP L 100212 S 19/12/2012 Juez SORIA (MA)
Carátula: Cockshott, Juana Vera c/Jardín y Colegio Nuevo Mundo S.R.L. y otros s/Despido
Magistrados Votantes: Kogan-Soria-Negri-de Lazzari-Pettigiani
Tribunal Origen: TT0200LZ
SCBA LP L 94909 S 05/09/2012 Juez HITTERS (MA)
Carátula: Coito, Eduardo c/El Ruiseñor S.A. y otros s/Indemnización por despido, etc.
Magistrados Votantes: Hitters-Kogan-Genoud-Negri-de Lázzari-Soria
Tribunal Origen: TT0100BB
SCBA LP L 102643 S 04/05/2011 Juez SORIA (SD)
Carátula: De Melo, Adrián Alejandro c/Industrias Plásticas Chilavert S.A. s/Indemnización por despido
Magistrados Votantes: Soria-Negri-de Lazzari-Pettigiani
Tribunal Origen: TT0300LA
SCBA LP L 95085 S 04/08/2010 Juez GENOUD (OP)
Carátula: De Luca, Marcelo F. c/Manfidan S.R.L. y otros s/Despido
Magistrados Votantes: Genoud-Negri-de Lázzari-Pettigiani-Soria-Kogan
Tribunal Origen: TT0200LP
SCBA LP L 85741 S 25/04/2007 Juez HITTERS (SD)
Carátula: Cortina, Carlos c/Power Tools S.A.C.I.F. y otros s/Salarios, etc.
Magistrados Votantes: Hitters-de Lázzari-Soria-Pettigiani-Genoud
Tribunal Origen: TT0200BB
SCBA LP L 100124 S 04/05/2011 Juez PETTIGIANI (SD)
Carátula: Ahmed, Sara Nélida y otros c/EbenEzer S.A. y otros s/Despido
Magistrados Votantes: Pettigiani-Hitters-Soria-Negri
Tribunal Origen: TT0100SM
SCBA LP L 81550 S 31/08/2005 Juez HITTERS (SD)
Carátula: Avila, Carlos Alberto c/Benjamín Gurfein S.A. y otros s/Despido
Magistrados Votantes: Hitters-Soria-Roncoroni-Negri-Pettigiani
Tribunal Origen: TT0100LZ
[16] Art. 172 de la L.C.Q.: Supuestos. Cuando dos o más personas formen grupos económicos, aún manifestados por relaciones de control pero sin las características previstas en el art. 161, la quiebra de una de ellas no se extiende a las restantes.
Publicado por ricardo ludovico gulminelli en 5:35