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Timestamp: 2019-03-24 04:48:12
Document Index: 345760615

Matched Legal Cases: ['artículo 563', 'artículo 215', 'artículo 308', 'artículo 308', 'e contrario', 'artículo 333', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 333', 'artículo 29', 'artículo 353']

Fernando roldan meneses obregon
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TUTELA No. 43666
Aprobado Acta No. 270
Bogotá, D.C., agosto veintisiete (27) de dos mil nueve (2009).
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el Juez de Primera Instancia de la Dirección General de la Policía Nacional, contra la decisión adoptada el 24 de julio de 2009 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio se concedió el amparo para el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano FERNANDO ROLDAN MENESES OBREGON, en actuación que se reclama frente al juzgado recurrente.
Según se desprende de las diligencias, con ocasión de la resolución de acusación proferida el 29 de enero de 2009 por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior Militar en contra del Coronel ® FERNANDO ROLDAN MENESES OBREGON y otro, por el delito de privación ilegal de la libertad, el Juzgado de Primera Instancia de la Dirección General de la Policía Nacional, previo el estudio de la legalidad que le corresponde en virtud del inciso 1º del artículo 563 del Código Penal Militar, asumió el conocimiento del juicio mediante providencia del 15 de abril de 2009.
Es así que, vencido el término pertinente para que los sujetos procesales solicitaran pruebas y encontrándose el proceso al despacho para decidir, el apoderado de MENESES OBREGON solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de acusación aduciendo en esencia, que se desconoció el principio de jerarquía consagrado en el artículo 215 del Código Penal Militar por cuanto el procesado es superior en grado y antigüedad respecto de la Fiscalía que en sede de apelación emitió pliego de cargos, invocando además la aplicación del artículo 308 de la Ley 600 de 2000 dado que la normatividad del Código Penal Militar solo habilita la invocación de éste tipo de nulidades en casación.
Frente a tal pedimento se pronunció el funcionario cognoscente en providencia de sustanciación del 15 de mayo de 2009, en el sentido de abstenerse de decidir sobre la nulidad deprecada dada su improcedencia en los términos de los artículos 390 y 391 del Código Penal Militar, al tiempo que precisó, no es viable la aplicación del artículo 308 de la Ley 600 de 2000 por cuanto no se está en presencia de un vacío normativo y en cambio aparece que la Ley 522 de 1999 se ocupa, in extenso, de las nulidades dentro del proceso penal militar.
La anterior decisión fue comunicada a la defensa del procesado, habiéndose solicitado su revocatoria mediante memorial radicado el 22 de mayo de 2009, por lo que el juzgado de conocimiento dispuso en la misma fecha estarse a lo resuelto en el auto cuya revocatoria se deprecó.
Agotado lo anterior, el ciudadano FERNANDO ROLDAN MENESES OBREGON presentó demanda de tutela tras considerar que el Juzgado de Primera Instancia incurrió en la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso al rechazar la nulidad planteada al interior de la actuación reseñada, decisión ésta frente a la cual no se le permitió interponer los recursos de ley dado que al solicitar su revocatoria se dispuso estarse a lo resuelto. Por ello, demanda el amparo para sus garantías constitucionales con la pretensión de que se dejen sin efecto las providencias del 13 y 22 de mayo anterior y se adopte una de reemplazo.
Lo profirió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 24 de julio de 2009 concediendo el amparo reclamado, advirtiendo para ello que el contenido de la decisión adoptada por el juzgado accionado sí legitimaba la interposición de recursos ordinarios en su contra, siendo que a diferencia de lo que sucede cuando se trata de un acto de impulso procesal previsto en la legislación militar (artículos 390 y 391 de la Ley 522 de 1999), el funcionario se dio a la tarea de explicar las razones jurídicas por las cuales rechazaba la nulidad planteada resolviendo de fondo la situación, por lo que era imprescindible que dada la naturaleza del proveído, salvaguardara los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, mediante el ejercicio de los recursos que la ley dispone para tal fin, luego, se erigió en una vía de hecho la forma como clausuró esa decisión, esto es, “comuníquese y cúmplase”.
Para dar cumplimiento al amparo, ordenó dentro la notificación conforme a las normas procesales, de la decisión del 13 de mayo de 2009, que resolvió la petición de nulidad elevada por la defensa del procesado, sin perjuicio de la actuación adelantada posteriormente.
El Juez de Primera Instancia ante la Dirección General de la Policía Nacional impugnó la sentencia de tutela, para lo cual señaló que contrario a lo afirmado por el Tribunal la providencia del 13 de mayo hogaño en nada modificó, negó, reconoció o alteró derechos de los sujetos procesales en los términos del artículo 333 de la Ley 522 de 1999, razón por la que es de comuníquese y cúmplase. Advierte así, resulta gravoso para las formas del proceso penal militar que ahora, en virtud del fallo de tutela, se deba notificar una providencia de sustanciación otorgándose la oportunidad a los sujetos procesales que aleguen nulidades que solo podían invocarse antes de la ejecutoria de la resolución de acusación, lo cual va en contravía de lo preceptuado en los artículos 390 y 391 del Código Penal Militar y trae consecuencias a los demás sujetos procesales en cuanto a su derecho a la pronta y cumplida administración de justicia.
De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.
Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Criterio reiterado y unánime de esta Sala ha sido mostrar lo equivocado que resulta tomar la acción de tutela como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues la tutela no puede entenderse que es un recurso más de libre escogencia por parte del interesado y en cualquier tiempo, sino que debe preservarse la necesidad de que se comprenda que el legislador circunscribió y previó las oportunidades para formular las quejas o cuestionamientos que se consideren necesarios.
Sin embargo, se ha aceptado la eventual injerencia del juez de tutela cuando está de por medio la presencia de una situación que conlleve la necesidad de amparo por razón de una determinación judicial que posee implícitamente una lesión a un derecho constitucional, y el afectado no cuente con mecanismos judiciales idóneos para abogar por la vigencia de dicha prerrogativa.
En el presente asunto, es claro que el funcionario recurrente –Juez de Primera Instancia ante la Dirección General de la Policía Nacional- se muestra inconforme con el amparo concedido por el Tribunal a quo, tras considerar que la providencia a través de la cual “se abstuvo de resolver” la nulidad deprecada por la defensa de FERNANDO ROLDAN MENESES OBREGON no tiene el carácter de auto interlocutorio en los términos del artículo 333 de la Ley 522 de 1999, y por tanto no le resultaba forzoso ofrecer oportunidad de proponer los recursos ordinarios en su contra.
Por ello, en orden a resolver la presente impugnación impera destacar
que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina:
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio."
El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo.
Precisado lo anterior ha de decirse que, entrañando la petición elevada por el apoderado del procesado MENESES OBREGON la nulidad de la actuación, forzoso deviene concluir que la providencia a través de la cual se define su procedencia es de carácter interlocutorio y no un auto de sustanciación limitado a darle impulso a cualquier otro trámite dentro de la actuación procesal, de modo que su notificación debió cumplirse conforme lo prescribe el Código Penal Militar para éste tipo de decisiones y en virtud de ello, ofrecerle oportunidad a los sujetos procesales de recurrir tal determinación por vía de los recursos ordinarios consagrados en el artículo 353 y ss. de la obra en cita.
De ahí que, confrontado tales premisas a la actuación reprobada y los fundamentos de la demanda constitucional se logra verificar que se dan los presupuestos para acceder al amparo deprecado, porque, desconociendo el contenido sustancial de la decisión proferida, el funcionario accionado resolvió despachar desfavorablemente la petición de nulidad impetrada a través de un auto de comuníquese y cúmplase, situación que le impidió al peticionario proponer los recursos ordinarios que en su contra procedían.
Así las cosas, es claro que con el actuar del juzgado accionado se ha quebrantado el debido proceso del accionante, en cuanto, tratándose de una decisión fincada en un aspecto sustancial omitió darle el trámite regulado por la ley, por lo que es imprescindible brindar la protección a efecto de que sus garantías sean restablecidas dado que frente a la decisión reprobada el proceso ya no ofrece alternativa alguna para cuestionar su validez, por ello, se impone la confirmación del fallo de tutela impugnado.
1.- CONFIRMAR la sentencia impugnada.
3.- REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta sentencia.