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Timestamp: 2018-03-25 04:01:08
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - PDF
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Cristián Herrera Quiroga
1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
3 1 Índice Introducción 3 La propiedad intelectual 3 Las dos ramas de la propiedad intelectual: propiedad industrial y derecho de autor 4 Obras protegidas por derecho de autor 6 Derechos protegidos 8 Derechos de reproducción, distribución y otros 9 Derechos de interpretación y ejecución públicas, radiodifusión y comunicación al público, y de puesta a disposición del público 10 Derechos de traducción y adaptación 11 Derechos morales 12 Limitaciones sobre los derechos 12 Vigencia del derecho de autor 14 Propiedad, ejercicio y cesión del derecho de autor 15 Observancia de los derechos 16 Derechos conexos 19 Función de la OMPI 23 Información adicional 25
5 3 Introducción Este folleto es una introducción destinada a no especialistas y personas no familiarizadas con el derecho de autor y los derechos conexos. En él se explican en términos llanos los principios en los que se basa la normativa y la práctica relativas al derecho de autor y los derechos conexos. Se describen, por consiguiente, los tipos de derechos amparados en la legislación de derecho de autor y derechos conexos así como las limitaciones respecto de dichos derechos. Por último, se abordan la cesión del derecho de autor y las disposiciones en materia de observancia. En el folleto no se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, por ejemplo, sobre la forma de proceder ante una infracción del derecho de autor, por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales de propiedad intelectual y de derecho de autor. En la contraportada del folleto se ofrece más información: sitios Web y publicaciones de utilidad para todo lector que desee profundizar en la materia. En cuanto a la propiedad industrial, cabe remitirse a una publicación similar de la OMPI, a saber, Principios básicos de la propiedad industrial, en la que se ofrece una introducción similar al tema de la propiedad industrial y sus elementos centrales: patentes, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas. La propiedad intelectual La legislación de derecho de autor forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de Derecho de la propiedad intelectual. Por propiedad intelectual se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) consta una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber: las obras literarias artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los diseños industriales;
6 4 las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares y en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado. De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. En primer lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social. Las dos ramas de la propiedad intelectual: propiedad industrial y derecho de autor La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad industrial que, por decirlo en pocas palabras, se refiere a las invenciones, y el derecho de autor, que se aplica a las obras literarias y artísticas. La propiedad industrial adopta toda una serie de formas, a saber: las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones estéticas que determinan el aspecto de los productos industriales. La propiedad industrial abarca también las marcas de comercio, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y
7 5 designaciones comerciales y las indicaciones geográficas, a lo que viene a añadirse la protección contra la competencia desleal. El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de copyright. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras. La expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin. Aunque no sean las únicas formas de propiedad intelectual, convendría en este folleto empezar por estudiar la diferencia esencial que existe entre las invenciones y las obras literarias y artísticas. Desde un punto de vista no jurídico, cabe definir una invención por toda nueva solución a un problema técnico. Esas nuevas soluciones son ideas, y como tales pueden ser objeto de protección; en la protección de las invenciones que se contempla en la normativa de patentes no se exige que la invención quede representada de forma física. Por consiguiente, la protección que se concede a los inventores viene a ser una protección contra toda utilización de la invención sin la debida autorización de su propietario. Llegado incluso el caso de que un tercero conciba la misma invención por sus propios medios, sin haberla copiado o incluso sin ser consciente del trabajo ya realizado por el primer inventor, es menester obtener autorización antes de poder explotarla. A diferencia de la protección de las invenciones, en la normativa de derecho de autor se protege exclusivamente la forma de expresión de las ideas, y no las ideas propiamente dichas. Por creatividad, en el sentido contemplado en la normativa de derecho de autor, se entiende creatividad en la elección y la disposición de palabras, notas musicales, colores y formas. Por consiguiente, en la legislación de derecho de autor se protege al titular de derechos de propiedad
8 6 contra todo tercero que copie o se procure y utilice la forma en la que haya sido expresada la obra original. De esa diferencia básica entre las invenciones y las obras literarias y artísticas deriva la diferencia que existe en cuanto a su protección legal. Habida cuenta de que la protección de las invenciones equivale a un derecho de monopolio para explotar una idea, la vigencia de la protección es corta, por lo general, de 20 años. Además, el hecho de que una invención goce de protección debe ser puesto en conocimiento del público, a saber, se debe proceder a una notificación oficial en el sentido de que una invención específica pertenece a un propietario concreto durante un número dado de años; dicho de otro modo, la invención protegida, descrita con todo detalle, debe ser objeto de divulgación pública en un Registro oficial. Dado que, a diferencia de lo que antecede, por protección jurídica de las obras literarias y artísticas mediante el derecho de autor se entiende exclusivamente la prohibición de utilizar sin la debida autorización la expresión de las ideas, la duración de dicha protección puede llegar a ser mucho más larga que en el caso de la protección de las ideas propiamente dichas, sin que ello vaya en detrimento del interés público. Además, la legislación puede ser, y en la mayor parte de los países lo es, sencillamente declarativa, es decir, que en ella se estipule que el autor de una obra original tiene derecho a impedir que terceros copien o utilicen de otra forma su obra. Por consiguiente, se parte de que toda obra creada goza de protección en cuanto empieza a existir y no se considera necesario mantener un Registro público de obras protegidas por derecho de autor. Obras protegidas por derecho de autor Desde el punto de vista de la protección del derecho de autor, se entiende por obras literarias y artísticas toda obra original, independientemente de lo que valga desde el punto de vista literario o artístico. Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las mismas. En el artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas se estipula lo siguiente: Los términos 'obras literarias y artísticas' comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. A continuación de esa definición, en el Convenio se enumeran los siguientes ejemplos de obras de esa índole:
9 7 libros, folletos y otros escritos; conferencias, alocuciones, sermones; obras dramáticas o dramatico-musicales; obras coreográficas y pantomimas; composiciones musicales con o sin letra; obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; obras de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a la geografía, a la topografía, la arquitectura o a las ciencias; traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística, que están protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original; colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección y la disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, que quedarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de esas colecciones. Los países miembros de la Unión de Berna, a los que vienen a sumarse un gran número de otros países, estipulan en sus leyes de derecho de autor la protección de las categorías de obras anteriormente mencionadas. Ahora bien, no se aspira a abarcar todos los casos en esa lista. En la normativa de derecho de autor se protegen también otros modos o formas de expresión de obras en los campos literario, científico y artístico. Los programas informáticos constituyen un buen ejemplo de categoría de obra que no figura en la lista del Convenio de Berna pero que entra sin duda dentro de lo que se entiende por producción en los campos literario, científico y artístico en el sentido de lo estipulado en el artículo 2. Cabe señalar que los programas informáticos gozan de protección con arreglo a la normativa de derecho de autor de varios países así como en virtud del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996). Los programas informáticos son conjuntos de instrucciones que controlan el funcionamiento de una computadora a los fines de que pueda realizar una tarea específica, como el almacenamiento y la consulta de información. De la elaboración del programa se encargan uno o más autores, pero su modo o forma de expresión final sólo puede ser entendido directamente por una máquina (la computadora) y no por el ser humano. Las
10 8 producciones multimedios constituyen otro ejemplo de tipos de obras que no figuran en la lista del Convenio de Berna pero que claramente entran dentro de lo que se entiende por creaciones en los campos literario, científico y artístico. Aunque sigue faltando una definición jurídica aceptable a ese respecto, existe consenso en el sentido de que la combinación de sonido, texto e imágenes en formato digital, accesible mediante un programa informático, constituye una expresión original cuya paternidad puede ser atribuida a un autor y que justifica la protección de las producciones multimedios con arreglo a la normativa de derecho de autor. Derechos protegidos En todo tipo de propiedad, la característica principal es que el titular de la misma puede utilizarla de forma exclusiva, es decir, de la manera en que desee, y que nadie más puede utilizarla sin obtener la debida autorización. Es evidente que eso no quiere decir que el propietario pueda utilizarla sin tener en cuenta otros derechos reconocidos en la Ley e intereses de los demás miembros de la sociedad. Análogamente, el titular del derecho de autor de una obra protegida puede utilizar su obra de la manera en que decida, y puede oponerse a que terceros la utilicen sin su consentimiento. Por lo general, por derechos concedidos a los titulares de obras protegidas por derecho de autor en las leyes nacionales se entienden derechos exclusivos a autorizar que terceros utilicen la obra, con sujeción a los derechos amparados en la Ley e intereses de los demás. En el derecho de autor están comprendidos dos tipos de derechos. En primer lugar, los derechos patrimoniales, que son los que permiten que el titular obtenga retribución financiera por el uso de su obra por terceros. Y por otro lado, los derechos morales, que permiten que el autor pueda tomar determinadas medidas para preservar los vínculos personales que le unen a su obra. En la mayor parte de las legislaciones de derecho de autor se estipula que el autor o el titular de los derechos de una obra tiene derecho a autorizar o impedir determinados actos en relación con su obra. El titular de los derechos sobre una obra tiene la facultad de prohibir o autorizar: la reproducción de la obra de varias formas, como las publicaciones impresas y las grabaciones sonoras; la distribución de ejemplares; la interpretación o ejecución públicas de su obra; la radiodifusión o comunicación por otros medios al público;
11 9 la traducción de su obra a otros idiomas; la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión. En los párrafos que siguen se explican con más detalle esos derechos. Derechos de reproducción, distribución y otros El derecho que tiene el titular a impedir que terceros hagan copias de su obra sin su autorización es el derecho fundamental amparado en la legislación de derecho de autor. A su vez, el derecho a controlar el acto de reproducción, se trate de la reproducción de libros por un editor o la fabricación por casas discográficas de discos compactos de interpretaciones y ejecuciones grabadas de obras musicales, constituye la base jurídica de muchas formas de explotación de las obras protegidas. En las legislaciones nacionales se contemplan otros derechos a los fines de velar por el respeto del derecho básico de control de la reproducción. En un gran número de ellas se contempla específicamente el derecho a autorizar la distribución de ejemplares de obras. Como es lógico, poco valor económico revestiría el derecho de reproducción si el titular del derecho de autor no tuviera la facultad de autorizar la distribución de los ejemplares realizados con su consentimiento. Por lo general, el derecho de distribución expira con la primera venta o cesión de la titularidad de un ejemplar específico. Eso significa, por ejemplo, que si el titular del derecho de autor de un libro vende o cede por otros medios la titularidad de un ejemplar del libro, el propietario de dicho ejemplar podrá regalar dicho libro o incluso revenderlo sin precisar nuevamente autorización del titular del derecho de autor. Otro derecho objeto de creciente reconocimiento, y que se contempla en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, es el derecho a autorizar el alquiler de ejemplares de determinadas categorías de obras, como las obras musicales de grabaciones sonoras, obras audiovisuales y programas informáticos. Ese derecho pasó a ser necesario a los fines de impedir abusos del derecho de reproducción de que goza el titular de derecho de autor, pues, con los progresos tecnológicos, los clientes de tiendas de alquiler lo tienen fácil para copiar dichas obras. Por último, en algunas legislaciones de derecho de autor se contempla el derecho a controlar la importación de copias como medio de impedir que ello vaya en detrimento del principio de territorialidad del derecho de autor, es decir, que los intereses patrimoniales legítimos del titular del derecho de autor se verían
12 10 amenazados en la medida en que no pudiera ejercer los derechos de reproducción y distribución a nivel territorial. Existen formas de reproducción de obras que constituyen excepciones por cuanto no exigen la autorización del titular de los derechos. Esas excepciones se conocen con el nombre de limitaciones sobre los derechos (véase la página12). Sobre el tapete de los debates en esa esfera está hoy el alcance de una limitación concreta que suele estar contemplada en las legislaciones de derecho de autor y en cuya virtud se permite que los particulares puedan realizar una reproducción única de obras con fines privados, personales y no comerciales. La justificación de esa limitación respecto del derecho de reproducción es hoy objeto de cuestionamiento en la medida en que, con la tecnología digital, hoy pueden elaborarse sin previa autorización, copias de alta calidad de obras, siendo prácticamente imposible diferenciarlas del original, lo que, por consiguiente, constituye una alternativa ideal a la compra de ejemplares autorizados. Derechos de interpretación y ejecución públicas, radiodifusión y comunicación al público, y de puesta a disposición del público En un gran número de legislaciones nacionales se entiende por interpretación o ejecución públicas toda interpretación o ejecución de una obra en un lugar en el que el público esté o pueda estar presente, o en un lugar no abierto al público pero en el que se encuentre presente un número considerable de personas al margen del círculo familiar normal y gente allegada a la familia. Con el derecho de interpretación o ejecución públicas se faculta al autor o al titular del derecho de autor a autorizar la interpretación o ejecución en directo de una obra, como puede ser una obra teatral en un teatro, o un concierto sinfónico en una sala de conciertos. Por interpretación o ejecución públicas se entiende también la interpretación o ejecución mediante la grabación. Por consiguiente, se entiende por interpretación o ejecución públicas de una obra musical el hecho de que la grabación sonora de dicha obra o el fonograma de la misma pueda escucharse gracias a un equipo de amplificación, por ejemplo, en discotecas, aviones, centros comerciales, etc. Por derecho de radiodifusión se entiende la transmisión, a los fines de su recepción por el público, de sonidos, o de imágenes y sonidos, por medios inalámbricos, ya sea por radio, televisión o satélite. La comunicación alpúblico de una obra significa la distribución de una señal por medios alámbricos o inalámbricos, que pueda ser recibida exclusivamente por personas que dispongan del equipo necesario para descodificar la señal. La transmisión por cable constituye un ejemplo de lo que se entiende por comunicación al público.
13 11 Con arreglo al Convenio de Berna, los autores gozan del derecho exclusivo a autorizar la interpretación o ejecución públicas, la radiodifusión y la comunicación de sus obras al público. En virtud de ciertas leyes nacionales, el derecho exclusivo de que goza el autor o titular de los derechos a autorizar la radiodifusión seve sustituido en determinadas circunstancias por un derecho a remuneración equitativa, aunque ese tipo de limitación en relación con el derecho de radiodifusión es cada vez menos común. En los últimos años, los derechos de radiodifusión, interpretación y ejecución públicas y comunicación al público han sido objeto de numerosos debates. Hoy se plantean nuevos problemas a raíz de los últimos avances tecnológicos, en particular, la tecnología digital, gracias a la cual hoy existen las comunicaciones interactivas, que permiten que el usuario seleccione las obras que desea descargar en su computadora. Existen divergencias de opinión en cuanto al derecho que debe aplicarse a esa actividad. En el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) se aclara que esta actividad debería quedar amparada mediante un derecho exclusivo, descrito en el Tratado en tanto que derecho del autor a autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija. En la mayor parte de las legislaciones nacionales se recoge ese derecho como parte del derecho de comunicación al público, y en otras se entiende que forma parte del derecho de distribución. Derechos de traducción y adaptación El acto de traducir o adaptar una obra protegida por derecho de autor está también supeditado a la autorización del titular de los derechos sobre la obra en cuestión. Por traducción se entiende la expresión de una obra en otro idioma que el de la versión original. Por adaptación se entiende, por lo general, la modificación de una obra a los fines de crear otra, por ejemplo, la adaptación cinematográfica de una novela, o la modificación de una obra a los fines de utilizarla con otros fines, por ejemplo, la adaptación de un libro de texto originalmente escrito para estudiantes universitarios para que pueda ser utilizado por estudiantes de menor grado. De por sí, las traducciones y adaptaciones constituyen ya obras protegidas por derecho de autor. De ahí que, a los fines de publicar la traducción o adaptación de una obra se deba obtener autorización tanto del titular y del derecho de autor sobre la obra original como del titular del derecho de autor sobre la traducción o la adaptación de la misma.
14 12 Objeto de considerable debate en los últimos años ha sido el alcance del derecho de adaptación, habida cuenta de las posibilidades hoy sumamente mayores de adaptar y transformar obras incorporadas en formatos digitales. Con la tecnología digital se ha vuelto rápido y fácil manipular textos, sonido e imágenes. Los debates en cuestión se han centrado en la necesidad de un equilibrio adecuado entre los derechos del autor a controlar la integridad de la obra, y a autorizar modificaciones, y los derechos de los usuarios a efectuar cambios en la medida en que formen parte de lo que se entiende por utilización normal de las obras en formato digital. Derechos morales En el artículo 6 bis del Convenio de Berna se estipula la obligación que tienen los Estados contratantes de conceder a los autores: i) el derecho a reivindicar la paternidad de la obra (derecho de paternidad); y ii) el derecho a oponerse a cualquier deformación u otra modificación de la obra o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor oasu reputación (derecho de integridad). Por lo general, esos derechos se conocen con el nombre de derechos morales de los autores. En el Convenio se estipula que dichos derechos son independientes de los derechos patrimoniales de que goce el autor y que serán conservados por el autor incluso en los casos en los que haya cedido sus derechos patrimoniales. Conviene subrayar que los derechos morales se conceden exclusivamente a autores individuales. De ahí que incluso en los casos en los que, por ejemplo, un productor cinematográfico o un editor sea el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra, los intereses morales sobre la misma se atribuyen exclusivamente al creador individual. Limitaciones sobre los derechos La primera limitación es la exclusión de determinadas categorías de obras como obras susceptibles de protección por derecho de autor. En algunos países, las obras no gozan de protección si no están fijadas en un formato tangible. Por ejemplo, una obra coreográfica sólo quedaría protegida una vez se hayan registrado los movimientos, ya sea mediante una notación de los mismos o mediante una grabación en cinta. En otros países no son susceptibles de protección por derecho de autor los textos de ley y las decisiones administrativas.
15 13 El segundo tipo de limitaciones tiene que ver con ciertos actos de explotación que por lo general exigen la autorización del titular de los derechos y que, en las circunstancias que se contemplen en la Ley, pueden realizarse sin dicha autorización. Existen dos tipos básicos dentro de esa categoría: a) la libre utilización, es decir, la no obligación de compensar al titular de los derechos por la utilización de su obra sin haber pedido autorización;y b)las licencias no voluntarias, que sí exigen compensación al titular de los derechos por la explotación no autorizada. Entre los ejemplos de libre utilización, cabe destacar: las citas extraídas de obras protegidas, a condición de que la fuente de la cita y el nombre del autor sean mencionados y que esa utilización se ajuste a las prácticas honestas; la utilización de obras con fines docentes, y la utilización de obras a los fines de la información periodística. En lo que respecta a la libre utilización con fines de reproducción, en el Convenio de Berna se estipula una norma general y no una limitación explícita. En el artículo 9.2 se estipula la facultad de que gozan los Estados miembros de permitir la reproducción en determinados casos especiales, y en la medida en que esa reproducción no vaya en detrimento de la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Como ya se ha mencionado, en un gran número de leyes se estipula la facultad de que gozan las personas a título particular para reproducir una obra exclusivamente para su utilización personal, privada y no comercial. Ahora bien, dada la facilidad para copiar y la calidad de los ejemplares obtenidos gracias a los progresos tecnológicos, en algunos países se ha limitado el alcance de esas disposiciones, en particular, por conducto de sistemas que permiten la copia hasta cierto punto pero cuentan con un mecanismo de pago a los titulares de derechos por los perjuicios de que sean objeto sus intereses económicos debido a los actos de copia. A las categorías específicas de libre utilización que se estipulan en unas y otras leyes nacionales vienen a añadirse las disposiciones que se contemplan en las leyes de algunos países, en las que se consagra el concepto conocido con el nombre de uso o acto leales. Es decir, el hecho de poder utilizar obras sin obtener autorización del titular de los derechos, partiendo de factores como la naturaleza y la finalidad de la utilización, en particular, si la misma tiene fines comerciales; la cantidad de la parte utilizada en relación con todo el conjunto de la obra; y las repercusiones de la utilización en el valor comercial potencial de la obra.
16 14 Con las llamadas licencias no voluntarias, las obras pueden ser utilizadas en determinadas circunstancias sin precisarse autorización del titular de los derechos aunque se debe proceder a la compensación respecto de dicha utilización. Esas licencias se llaman no voluntarias en la medida en que están contempladas en la Ley y no derivan del ejercicio de la prerrogativa exclusiva de que goza el titular del derecho de autor para autorizar determinados actos. Las licencias no voluntarias suelen aplicarse en los casos en los que surgen nuevas tecnologías para la difusión de obras al público por lo que los legisladores nacionales temen que los titulares de derechos podrían impedir el desarrollo de esa nueva tecnología al denegar la autorización para la utilización de las obras. Ese fue el caso en lo que respecta a dos licencias no voluntarias que se contemplan en el Convenio de Berna, y que permiten la reproducción mecánica de obras musicales y la radiodifusión. No obstante, cada vez se cuestiona más en qué medida se justifican esas licencias no voluntarias puesto que existen hoy opciones eficaces para la puesta a disposición del público de las obras sobre la base de una autorización otorgada por los titulares de los derechos, en particular, la gestión colectiva de los derechos. Vigencia del derecho de autor El derecho de autor no tiene una vigencia indefinida. En la Ley se estipula un plazo de vigencia de los derechos del titular, plazo que se inicia con la creación de la obra o, como se contempla en algunas leyes nacionales, en cuanto quede plasmada en formato tangible. Por lo general, el derecho de autor sigue surtiendo efecto durante cierto tiempo una vez fallecido el autor. La finalidad de esa disposición es velar por que los herederos del autor puedan beneficiarse económicamente de la explotación de la obra incluso después de la muerte de este último. En los Estados parte en el Convenio de Berna y en muchos otros países, el plazo de protección se extiende, por lo general, durante la vida del autor y durante un mínimo de 50 años contados a partir de su muerte. En el Convenio de Berna se estipulan también plazos de protección en lo que respecta a obras como las obras anónimas, póstumas y cinematográficas, respecto de las cuales no es posible fijar la vigencia en función de la vida de un autor individual. En varios países, se observa hoy una tendencia a alargar la vigencia del derecho de autor, por ejemplo, en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros países se ha ampliado el plazo del derecho de autor, que ha pasado a tener una vigencia de 70 años contados a partir de la fecha de fallecimiento del autor.
17 15 Propiedad, ejercicio y cesión del derecho de autor Por lo general se entiende que el titular del derecho de autor sobre una obra es, por lo menos en los primeros tiempos, la persona creadora de la obra, es decir, el autor de la obra. Pero ese no es siempre el caso. En el artículo 14 bis del Convenio de Berna se estipulan normas para la determinación de la propiedad inicial de los derechos sobre las obras cinematográficas. En las leyes de ciertos países se estipula también que si una obra ha sido creada por un autor empleado a los fines de crear dicha obra, será el empleador, y no el autor, el titular del derecho sobre la misma. No obstante, como ya se ha observado, los derechos morales siempre se atribuyen al autor individual de la obra, sea quien sea el titular de los derechos patrimoniales sobre la misma. En la ley de un gran númerodepaíses se estipula también que el titular inicial de los derechos sobre una obra puede ceder todos los derechos patrimoniales de la misma a terceros. (Ahora bien, cabe reiterar que los derechos morales son una prerrogativa personal del autor y no pueden ser objeto de cesión alguna). Los autores pueden vender los derechos sobre sus obras a individuos o empresas que tengan mayor posibilidades de comercializar las obras y ello, a cambio de la debida retribución. Esos pagos, que por lo general dependen de la utilización real que se haga de la obra, se denominan regalías. En cuanto a las cesiones del derecho de autor, pueden adoptar una de las dos formas siguientes: cesiones y licencias. En virtud de una cesión, el titular de los derechos cede el derecho a autorizar o prohibir determinados actos contemplados por uno, varios o todos los derechos que le hayan sido atribuidos en virtud de su titularidad del derecho de autor. Viene a ser una cesión de un derecho de propiedad. Así pues, si se ceden todos los derechos, la persona a la que hayan sido atribuidos pasa a ser el nuevo titular del derecho de autor. En algunos países no se considera legal la cesión del derecho de autor y sólo se permiten las licencias. Por concesión de licencias se entiende que el titular del derecho de autor conserva la propiedad pero autoriza a un tercero a realizar determinados actos protegidos en virtud de sus derechos patrimoniales, por lo general, durante un plazo específico y con una finalidad concreta. Por ejemplo, el autor de una novela puede conceder una licencia a un editor para realizar y distribuir ejemplares de su obra. Además, puede conceder una licencia a un productor cinematográfico a fin de realizar una película basada en su novela. Las licencias pueden ser exclusivas, en el sentido de que el titular del derecho de autor conviene en que no otorgará autorización a tercero alguno para realizar los
18 16 actos objeto de licencia; o no exclusivas, lo que significa que el titular del derecho de autor puede autorizar a otros a realizar los mismos actos. A diferencia de la cesión, la licencia no atribuye por lo general el derecho a autorizar a terceros a realizar actos amparados mediante derechos patrimoniales. La concesión de licencias también puede adoptar la forma de gestión colectiva de los derechos. Con arreglo a dicha gestión, los autores y otros titulares de derechos conceden licencias exclusivas a una entidad única, que actúa en su nombre, para conceder autorizaciones, recaudar y distribuir la debida remuneración, impedir y detectar infracciones de derechos y solicitar medidas de compensación en los casos de infracción. La ventaja que para los autores supone la gestión colectiva reside en el hecho de que, habida cuenta de las múltiples opciones que ofrecen las nuevas tecnologías en lo que respecta a la utilización no autorizada de obras, un único organismo puede velar por que dicha utilización se realice sobre la base de autorizaciones fáciles de obtener desde una fuente central. Además, el titular de derechos puede optar por renunciar al ejercicio de los derechos, ya sea total o parcialmente. Por ejemplo, puede proceder a publicar material protegido por derecho de autor en Internet y ponerlo a disposición de todo el que desee utilizarlo o puede restringir esa renuncia a utilizaciones con fines no comerciales. Existen a ese respecto importantes proyectos de cooperación organizados sobre la base de un modelo en el que los contribuidores renuncian a ciertos derechos en la forma estipulada en las condiciones de concesión de licencias aprobadas para el proyecto, como el proyecto General Public License (GPL). Por consiguiente, ofrecen la facultad a terceros para utilizar su contribución y adaptarla, a condición de que los usuarios ulteriores también se adhieran a las condiciones de la licencia. Esos proyectos, como el open source movement (movimiento en favor del libre acceso al código fuente), centrados en la creación de programas informáticos, también funcionan sobre la base del derecho de autor. De otra manera, no podrían imponer obligación alguna a los usuarios ulteriores. Observancia de los derechos En el Convenio de Berna constan muy pocas disposiciones en relación con la observancia de los derechos y sin embargo, en los últimos años ha sido extraordinaria la proliferación de normas nacionales e internacionales en esa esfera, debido principalmente a dos factores. En primer lugar, los progresos tecnológicos para la elaboración y utilización (tanto autorizada como no
19 17 autorizada) de material protegido. En particular, la tecnología digital facilita la transmisión y la posibilidad de copiar perfectamente toda información que exista en formato digital, incluidas las obras protegidas por derecho de autor. En segundo lugar, la creciente importancia económica que ha adquirido en el comercio internacional la circulación de productos y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por decirlo llanamente, el comercio de productos objeto de derechos de propiedad intelectual ha pasado a ser un negocio floreciente en todo el mundo. Se justifica así la adopción del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), en el que se estipula la obligación delas Partes Contratantes de velar por que en las respectivas leyes se contemplen procedimientos de observancia de modo que puedan tomarse medidas reales contra toda infracción de los derechos que se contemplen en el Tratado, incluidas medidas de subsanación para impedir o disuadir nuevas infracciones. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en el que figuran disposiciones más detalladas sobre la observancia de los derechos, es una prueba concreta de ese nuevo vínculo que se ha establecido entre la propiedad intelectual y el comercio. En los siguientes párrafos se resumen varias disposiciones en materia de observancia que se contemplan en recientes normativas nacionales en esa esfera y que cabe dividir en las siguientes categorías: medidas conservativas o provisionales, medidas civiles de subsanación; sanciones penales; medidas en frontera; y medidas de subsanación y sanciones contra los abusos respecto de dispositivos técnicos. Las medidas conservativas o provisionales tienen dos finalidades: en primer lugar, impedir infracciones, en particular, impedir la entrada de productos infractores en los canales comerciales, en particular, la entrada de productos de importación una vez cumplidos los trámites aduaneros; y en segundo lugar, conservar pruebas pertinentes respecto de toda supuesta infracción. Las autoridades judiciales pueden así ordenar que se pronuncien medidas provisionales sin tener que avisar con antelación al supuesto infractor. De esa manera, el supuesto infractor no podrá reubicar los productos a los fines de evitar que sean detectados. La medida provisional más común es el registro de los locales del supuesto infractor y el embargo de los productos de la supuesta infracción, el equipo utilizado para su fabricación y todo documento y prueba de las supuestas actividades infractoras. En lo civil, las medidas de subsanación tienen por finalidad compensar al titular de los derechos por los perjuicios económicos que haya sufrido a raíz de la infracción, lo que por lo general se concretiza en una indemnización por daños y
20 18 perjuicios y son un factor disuasivo de futuras infracciones. A ello viene a añadirse por lo general una orden judicial para destruir los productos causantes de la infracción y el principal material utilizado para su producción. En la medida en que el tribunal considere que existe peligro de que continúen los actos causantes de infracción, también puede pronunciar requerimientos judiciales contra dichos actos, cuyo incumplimiento se traduciría en la imposición de una multa al infractor. En lo penal, las sanciones tienen por finalidad penalizar a los que, con conocimiento de causa, comenten actos de piratería a escala comercial y, al igual que en lo civil, disuadir nuevas infracciones. La penalización se concreta en multas considerables, y sentencias de cárcel en sintonía con las penas que se aplican a delitos del mismo nivel de gravedad, en particular, los delitos recurrentes. La disuasión se lleva a cabo mediante órdenes de embargo y destrucción de los productos causantes de la infracción y del material y del equipo principal utilizado para cometer el delito. En cuanto a las medidas en frontera, difieren de las medidas de observancia anteriormente descritas en la medida en que implican la intervención de las autoridades aduaneras y no de las autoridades judiciales. En virtud de esas medidas, el titular de los derechos tiene la facultad de pedir que las autoridades aduaneras impongan la interrupción de la circulación de productos supuestamente infractores del derecho de autor. El titular de los derechos dispone así de un plazo razonable para incoar un procedimiento judicial contra el supuesto infractor, evitando el riesgo de que los productos supuestamente infractores empiecen a distribuirse una vez finalizados los trámites de aduana. Pero para ello, el titular de los derechos debe a) convencer a las autoridades aduaneras de que existen pruebas prima facie en el sentido de que se ha producido una infracción; b) suministrar una descripción detallada de los productos, a los fines de su identificación; y c) aportar una caución de indemnización al importador, el propietario de los productos y las autoridades aduaneras en caso de que se llegue a la conclusión de que los productos no han causado infracción alguna. En la última categoría de disposiciones en materia de observancia, que han adquirido mayor importancia desde el auge de la tecnología digital, están medidas, recursos de subsanación y sanciones contra el abuso respecto de medios técnicos. En determinados casos, el único medio práctico de impedir la copia de obras es recurrir a sistemas de protección o de gestión, concretamente, la utilización de dispositivos técnicos que impiden por completo la copia o se las arreglan para que la calidad de los ejemplares sea tan mala que no puedan ser
21 19 utilizados. Se recurre también a medios técnicos para impedir la recepción de programas de televisión comerciales codificados para los que se precisa la utilización de mecanismos de descodificación. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, es posible fabricar dispositivos que permitan eludir los sistemas de protección y codificación. Con las disposiciones en materia de observancia que recaen en esta categoría, la finalidad es impedir la fabricación, la importación y la distribución de dichos dispositivos. En el WCT constan disposiciones con ese fin así como otras disposiciones con las que se aspira a impedir la supresión o alteración no autorizadas de información sobre gestión electrónica de derechos y la difusión de copias de obras en las que se haya suprimido ese tipo de información. Mediante esa información se identifica al autor o el titular de los derechos y se determinan las condiciones para la utilización de la obra, por lo que su supresión puede traducirse en la distorsión de sistemas informatizados de gestión de derechos y distribución de tasas. Derechos conexos La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. En la normativa de derechos conexos se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por derecho de autor. Ahora bien, en algunas leyes se deja claro que el ejercicio de los derechos conexos no debe afectar en modo alguno a la protección del derecho de autor. Hasta la fecha se han venido otorgando derechos conexos a tres categorías de beneficiarios: artistas intérpretes y ejecutantes; productores de fonogramas; y organismos de radiodifusión. El reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes se justifica en la medida en que se considera necesaria su intervención creativa, por ejemplo, a los fines de la realización de obras cinematográficas y obras musicales,
22 20 dramáticas y coreográficas; también son justificables los intereses que tienen en la protección legal de sus interpretaciones individuales. El reconocimiento de los derechos de productores de fonogramas se justifica en la medida en que sus recursos creativos, financieros y de organización son necesarios a los fines de poner a disposición del público grabaciones sonoras en forma de fonogramas comerciales y por cuanto tienen intereses legítimos en contar con los recursos jurídicos necesarios para tomar medidas contra toda utilización no autorizada, ya sea la elaboración y distribución no autorizadas de ejemplares (piratería)o la radiodifusión y comunicación no autorizadas al público de sus fonogramas. Análogamente, los derechos de los organismos de radiodifusión se justifican habida cuenta de la función que desempeñan en la puesta a disposición del público de las obras y de sus intereses legítimos en el control de la transmisión y retransmisión de sus emisiones. Tratados. La primera respuesta internacional organizada frente a la necesidad de protección jurídica de las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos fue la adopción, en 1961, de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma). A diferencia de la mayoría de los convenios internacionales, que reflejan la legislación de unos y otros países y tienen por finalidad sintetizar la normativa existente en ese campo, la Convención de Roma fue una iniciativa encaminada a establecer normas internacionales en un ámbito en el que existían pocas leyes nacionales en esa fecha. En aquel momento, eso supuso que la mayor parte de los Estados tuvieran que elaborar y promulgar leyes antes de adherirse a la Convención. Hoy prácticamente todo el mundo conviene en que la Convención de Roma ha quedado desfasada y debe ser objeto de revisión o de sustitución por un nuevo conjunto de normas en la esfera de los derechos conexos, aun cuando fuera el punto de partida para la inclusión en el Acuerdo sobre los ADPIC de disposiciones sobre los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (aunque existen diferencias en cuanto al nivel de protección de los mismos). Para dos de las categorías de beneficiarios se cuenta hoy con protección actualizada, a saber, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en 1996 junto con el WCT. En la OMPI está hoy, además, sobre el tapete, la adopción de un nuevo tratado sobre los derechos de los organismos de radiodifusión. En las leyes nacionales se contemplan los siguientes derechos para las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos (aunque no todos los derechos se estipulen en la misma ley):
23 21 En lo que respecta a los artistas intérpretes y ejecutantes, se estipulan sus derechos a impedir la fijación (grabación), la radiodifusión y comunicación al público sin su consentimiento de sus interpretaciones o ejecuciones en directo así como el derecho a impedir la reproducción de fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones en determinadas circunstancias. En cuanto a la radiodifusión y la comunicación al público, puede estipularse la obligación de una remuneración equitativa en vez de un derecho a impedir esos actos. Habida cuenta de la naturaleza personal de ese tipo de creaciones, en algunas leyes nacionales se conceden también derechos morales a los artistas intérpretes y ejecutantes, a los fines de impedir la utilización no autorizada de su nombre e imagen o la modificación de sus interpretaciones o ejecuciones en la medida en que vayan en detrimento de su reputación. Los productores de fonogramas gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción, importación y distribución de sus fonogramas y copias derivadas de los mismos y del derecho a una remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicación al público de sus fonogramas. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir la retransmisión, la fijación y la reproducción de sus emisiones. En algunas leyes se contemplan derechos adicionales. Por ejemplo, cada vez son más los países en los que se concede a los productores de fonogramas yalos artistas intérpretes y ejecutantes el derecho de alquiler respecto de los fonogramas (y respecto de obras audiovisuales para los artistas intérpretes y ejecutantes), y en otros países se conceden derechos específicos en relación con la transmisión por cable. Análogamente, en el WPPT se estipula el derecho de alquiler del que gozan los productores de fonogramas (así como todo titular de derechos sobre fonogramas en virtud de la ley del país de que se trate). Como en el caso del derecho de autor, en la Convención de Roma y en las leyes de unos y otros países se contemplan limitaciones sobre los derechos. Esas limitaciones permiten la utilización de interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones protegidos, por ejemplo, con fines de enseñanza, investigación científica y utilización privada y la utilización de pequeños extractos a los fines de informar sobre temas de actualidad. En algunos países se contemplan las mismas limitaciones respecto de los derechos conexos que las que se contemplan en relación con el derecho de autor, incluida la posibilidad de conceder licencias no voluntarias. No obstante, en el WPPT se estipula que esas limitaciones y excepciones deben limitarse a determinados casos especiales que no sean incompatibles con la utilización normal de las interpretaciones y ejecuciones de
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