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Timestamp: 2019-12-15 08:09:19
Document Index: 141974776

Matched Legal Cases: ['artículo 282', 'artículo 509', 'artículo 520', 'artículo 579', 'artículo 579', 'artículo 588', 'artículo 588', 'artículo 967', 'artículo 967', 'artículo 57', 'artículo 89', 'artículo 57', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 509', 'artículo 509', 'Artículo 579', 'Artículo 579', 'artículo 588', 'Artículo 588', 'Artículo 588', 'artículo 967', 'artículo 57', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 98', 'artículo 98']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 597-4137, de 15/09/2015
cve: BOCG_D_10_597_4137
Se han introducido modificaciones en el texto del Preámbulo o Exposición de Motivos para adecuarlo al contenido definitivo del texto articulado y lograr una redacción más exacta y precisa.
Al margen de las correcciones meramente ortográficas o técnicas que se explican por sí solas, las enmiendas afectan al apartado III, en el que se introduce una explicación de las modificaciones en el estatuto del investigado detenido; al apartado IV, en cuyo octavo párrafo se refleja la nueva duración máxima, prórrogas incluidas, de las medidas de intervención, de dieciocho meses en lugar de dos años; y en cuyo párrafo decimoquinto se introduce una explicación sobre la orden de conservación de datos; en el último párrafo de este apartado IV se introduce una exposición más completa sobe las novedades en la utilización de medios tecnológicos por el agente encubierto. Además, se incluye un nuevo apartado, VI, para dar cuenta del régimen establecido en la Disposición transitoria en cuanto a la aplicación de las nuevas garantías, en las diligencias, resoluciones y actuaciones que se acuerden tras la entrada en vigor de esta Ley, aunque lo sean en procedimientos ya en curso.
ARTICULO ÚNICO. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Apartado Dos (artículo 282 bis).
Se modifica la redacción del apartado 6, segundo párrafo, de ese artículo de la Ley para establecer que el intercambio y envío de archivos de contenido ilícito o análisis de sus resultados, por el agente encubierto informático, requieren de autorización específica; se integra aquí el contenido del apartado 7, que se suprime, con una formulación que se estima más perfecta.
Tres (artículo 509).
La redacción del apartado 1, primer inciso, se modifica para establecer expresamente el requisito de motivación de la resolución aludida.
Se modifica también el apartado 2 del artículo; la redacción mantiene la posibilidad de prorrogar otros cinco días la incomunicación cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada, pero elimina la segunda incomunicación que contempla el texto vigente.
El nuevo apartado 4 prohíbe la detención incomunicada de los menores de dieciséis años, como medida adicional de mejora de las garantías de los detenidos bajo este régimen.
Cuatro (artículo 520).
Se modifica el segundo inciso del apartado 1, primer párrafo, para recoger la necesidad de respetar también el derecho a la información, al salvaguardar los derechos al honor, intimidad e imagen del detenido o preso.
En el párrafo segundo de este apartado 1 y como corrección técnica se sustituye «la presente ley» por «la presente Ley».
Once (artículo 579).
Se modifica la rúbrica del artículo sustituyendo «escrita y telegráfica» por «escrita o telegráfica».
Se modifica la redacción del apartado 1, párrafo primero, para incluir expresamente todas las formas de envío, fax, burofax y giro, en el concepto de comunicaciones telegráficas. Se sustituye «apertura y examen» por «apertura o examen».
Doce (artículo 579 bis).
Se modifica la redacción del apartado 3 para completar y reforzar el régimen de la preceptiva autorización judicial de estas medidas restrictivas, al tiempo que disuadir de su utilización abusiva como medidas alternativas al proceso.
Trece (Capítulo IV nuevo en el Título VIII del Libro II).
Se modifica la redacción del numeral 2.º del apartado 2 para que en la solicitud de la medida de investigación tecnológica conste una justificación por relación a los principios rectores del artículo 588 bis a.
En la rúbrica del precepto se sustituye «Destrucción de los registros» por «Destrucción de registros».
Se mejora la redacción del apartado 2 para incluir las referencias al sobreseimiento libre o al dictado de sentencia absolutoria, entre las circunstancias que imponen la destrucción de registros; al propio tiempo se incluye la posibilidad de que el tribunal acuerde la conservación, pues la no destrucción puede resultar conveniente por la existencia de otros procesos relacionados, de cara a futuras revisiones, etcétera.
Quince (Capítulo VI nuevo en el Título VIII del Libro II).
Se ha añadido, al final del precepto, la mención «que considere de interés», tal y como también figura en el artículo 588 ter f.
Diecinueve bis (nuevo) (artículo 967).
Se ha considerado conveniente modificar también este artículo de la Ley en los extremos siguientes:
En el apartado 1, primer párrafo, se sustituye «imputado» por «investigado».
Además se introduce un nuevo párrafo segundo en este apartado 1 del artículo, que somete a las reglas generales en materia de representación y defensa los procedimientos por delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de seis meses o más.
Se elimina la referencia al artículo 967 de la Ley, en el que, mediante la enmienda que se acaba de explicar, ya se sustituye «imputado» por «investigado».
El párrafo único del texto remitido se convierte en apartado 1 y se sustituye la expresión «Las previsiones de esta ley serán aplicables» por «Esta Ley se aplicará», que se considera más correcta.
Se introduce un nuevo apartado 2 para que la presente Ley, que mejora los derechos de los investigados e introduce mayores garantías en las diligencias de investigación tecnológicas, se aplique en los procedimientos ya en curso, respecto de las actuaciones que se acuerden a partir de su entrada en vigor.
En esta disposición se introducen una serie de modificaciones para lograr un perfecto ajuste con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El encabezamiento de la disposición se modifica para incluir el artículo 57.1, entre los preceptos que se modifican y aunar la referencia a los apartados 2 y 3 del artículo 89 bis.
Se introduce un nuevo apartado, que ha de ser el primero, para introducir un nuevo numeral 5.º en el apartado 1 del artículo 57 que recoge los asuntos de que conoce la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En consecuencia, corre la numeración de todos los siguientes apartados de la disposición.
En el que ahora será apartado Cuatro (Tres en el texto remitido), se incluye la modificación del párrafo segundo del numeral 2.º del apartado 1 del artículo 82 de la Ley Orgánica, dedicado a la competencia en el orden penal de las Audiencias provinciales; se trata de sustituir la referencia a los juicios de faltas, por otra a los juicios por delitos leves, conforme a su nueva denominación. No se modifica la redacción vigente del párrafo primero de este numeral 2.º del apartado 1 del artículo 82.
En el que ahora será apartado Cinco (Cuatro en el texto remitido) se introduce una modificación de la letra b) del apartado 1 del artículo 87, que trata de la competencia de los Juzgados de Instrucción.
El apartado «Cinco» del texto remitido pasa a ser «Seis». En el apartado 2 del artículo 89 bis, se introducen las siguientes modificaciones: En el segundo párrafo, se sustituye «la presente ley» por «la presente Ley». En el tercer párrafo se inserta la precisión «grave o menos grave» al indicar las sentencias para cuya ejecución son competentes los Juzgados de Instrucción.
El apartado Seis del texto remitido pasa a ser Siete. En el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 89 bis, se inserta también la precisión «grave o menos grave» al indicar las sentencias para cuya ejecución son competentes los Juzgados Centrales de Instrucción.
La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometido a información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantación requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometida a información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantación requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dos años, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella. De esta forma se busca un equilibrio entre la necesidad de valerse de estas diligencias para la investigación de los delitos más graves para la sociedad y la importancia de definir unos límites cronológicos que no prolonguen de forma innecesaria la interferencia de los poderes públicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida. Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella. De esta forma se busca un equilibrio entre la necesidad de valerse de estas diligencias para la investigación de los delitos más graves para la sociedad y la importancia de definir unos límites cronológicos que no prolonguen de forma innecesaria la interferencia de los poderes públicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida.
Resulta ocioso explicar la importancia del denominado agente encubierto a efectos de la persecución de determinadas modalidades delictivas. Pues bien, íntimamente relacionado con las anteriores medidas de investigación tecnológica, la reforma actualiza el uso de tales recursos por el agente encubierto en las tareas que tiene encomendadas, en concreto, respecto a su eventual actuación bajo identidad supuesta en los canales cerrados de comunicación telemática, y para la grabación de imágenes y conversaciones, cuando fuera preciso. En ambos casos, la necesidad de autorización judicial, que no será precisa para las actuaciones en canales abiertos de comunicación por su propia naturaleza garantiza el pleno respeto del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de las personas afectadas. Resulta ocioso explicar la importancia del denominado agente encubierto a efectos de la persecución de determinadas modalidades delictivas. Pues bien, íntimamente relacionado con las anteriores medidas de investigación tecnológica, la reforma actualiza el uso de tales recursos por el agente encubierto en las tareas que tiene encomendadas. En concreto, de una parte se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y de otra, se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.
VI Las normas previstas en esta Ley serán aplicables a todos los procedimientos penales que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante y a fin de que las garantías previstas, relativas al estatuto del investigado y detenido y medidas de investigación tecnológica, sean inmediatamente operativas en los procedimientos en curso, se dispone que tales garantías presidan también las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor. Ello en modo alguno supondrá que se pueda cuestionar la validez de las resoluciones adoptadas o actuaciones practicadas con anterioridad y conforme a la legalidad entonces vigente.
Artículo único. Modificación de la Ley de Enjuicia-miento Criminal.
El agente encubierto informático podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los algoritmos asociados a dichos archivos ilícitos. El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.
7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio. 7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.»
El agente encubierto informático podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.» SE SUPRIME ESTE PÁRRAFO
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 509, que tendrá la siguiente redacción: Tres. Se modifican los apartados 1 y 2, y se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 509, que quedan redactados como sigue:
«1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: «1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
«1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en los traslados ulteriores. «1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
«Artículo 579. De la correspondencia escrita y telegráfica. «Artículo 579. De la correspondencia escrita o telegráfica.
1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el investigado remita o reciba, así como su apertura y examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos: 1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:
3. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente. Asimismo se informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce.» 3. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente, para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo se informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce.»
2.º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de injerencia. 2.º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de injerencia.
Artículo 588 bis k. Destrucción de los registros. Artículo 588 bis k. Destrucción de registros.
2. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito. 2. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio del Tribunal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-lo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras realizadas. Se indicará el origen y destino de cada una de ellas y se asegurará, mediante un sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas.
a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:
b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-lo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las conversaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-lo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las conversaciones que considere de interés.
Diecinueve bis (nuevo). Se modifica el apartado 1 del artículo 967, que queda redactado del siguiente modo: «1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.»
1. En los artículos 120, 309 bis, 760, 771, 775, 779, 797, 798 y 967, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado», en singular o plural según corresponda. 1. En los artículos 120, 309 bis, 760, 771, 775, 779, 797 y 798, el sustantivo «imputado» se sustituye por «investigado», en singular o plural según corresponda.
Las previsiones de esta ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 1. Esta Ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 2. La Ley se aplicará también a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor en procedimientos penales en tramitación.
Se modifican los artículos 65, 73.3, 82.1, 87.1, 89 bis 2 y 89 bis 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedan redactados como sigue: Se modifican los artículos 57.1, 65, 73.3, 82.1, 87.1 y 89 bis. 2 y 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedan redactados como sigue: Uno. Se añade un nuevo numeral 5.º al apartado 1 del artículo 57. «5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.»
Uno. Se añade un nuevo numeral 7.º al artícu-lo 65, que sustituye al actual que pasa a ser el numeral 8.º: Dos. Se añade un nuevo numeral 7.º al artícu-lo 65, que sustituye al actual que pasa a ser el numeral 8.º:
Dos. Se añade una nueva letra e) al apartado 3 del artículo 73, con la siguiente redacción: Tres. Se añade una nueva letra e) al apartado 3 del artículo 73, con la siguiente redacción:
Tres. Se añade un nuevo numeral 6.º al apartado 1 del artículo 82, con la siguiente redacción: Cuatro. Se modifica el párrafo segundo del numeral 2.º y se añade un nuevo numeral 6.º al apartado 1 del artículo 82, que quedan redactados como sigue: «2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.»
Cuatro. Se añade una nueva letra h) al apartado 1 del artículo 87 con la siguiente redacción: Cinco. Se modifica la letra b) y se añade una nueva letra h) al apartado 1 del artículo 87, que quedan redactadas como sigue: «b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por aceptación de decreto.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artícu-lo 89 bis que queda redactado como sigue: Seis. Se modifica el apartado 2 del artícu-lo 89 bis que queda redactado como sigue:
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley. Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.
Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.» Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.»
Seis. Se modifica el apartado 3 del artícu-lo 89 bis que queda redactado como sigue: Siete. Se modifica el apartado 3 del artícu-lo 89 bis que queda redactado como sigue:
Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por los Juzgados Centrales de Instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.» Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales de Instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.»