Source: https://www.slideshare.net/Wendyquiroz1103/rec-1996-032
Timestamp: 2017-11-18 21:53:19
Document Index: 19808146

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 102', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 130', 'Artículo 130', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 102', 'artículo 46']

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1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos México RECOMENDACIÓN 32/1996 Síntesis: La Recomendación 32/96, del 10 de mayo de 1996, se dirigió a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y se refirió al caso de las comunidades de pescadores de la Laguna de Mitla, Guerrero. El quejoso señaló que el 11 de diciembre de 1990 y el 15 de octubre de 1991, diversas uniones y grupos pesqueros de la región de la costa de Guerrero suscribieron convenios ante la presencia de autoridades de la entonces Secretaría de Pesca, en los que los pescadores se obligaban a no practicar métodos prohibidos de pesca y que, en caso contrario, los representantes de dicha Secretaría procederían a la inmediata incineración de las artes y equipos que fueran asegurados. Por otra parte, varios grupos de pescadores señalaron que los señores Javier Roque Suárez y Mónico Ruiz B. fueron detenidos ilegalmente por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes pretendieron acusarlos de un delito que no habían cometido; dichos pescadores agregaron que sufrieron amenazas y vejaciones por parte de un "cacique" de la localidad; quien era protegido por el inspector de pesca y por infantes de marina; también indicaron que les fueron decomisados lanchas, redes y equipo de pesca, objetos que fueron incinerados en su presencia, refiriendo varios casos más de abusos y extorsión de similares características; finalizaron su queja señalando que habían acudido a diversas autoridades sin recibir respuesta alguna. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que efectivamente fueron violados los Derechos Humanos de los habitantes de algunas comunidades en la Laguna de Mitla, Guerrero, en virtud de que los términos de los convenios celebrados y convalidados por las autoridades eran ilegales, ya que los procedimientos acordados para imponer sanciones a las personas que cometieran infracciones a la Ley de Pesca eran irregulares y trasgredían lo dispuesto por el artículo 14 constitucional; también se acreditó que no se habían podido realizar adecuadamente las inspecciones de vigilancia por parte de la actual Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a fin de prevenir el impacto negativo que producen los métodos prohibidos de pesca; igualmente se acreditó que fueron asegurados equipos de pesca a grupos de pescadores por parte de autoridades adscritas a la Delegación Estatal de la Secretaría referida,
2. 2 procediendo a su inmediata incineración sin ningún sustento legal; además, se elaboraron actas de aseguramiento de productos y equipos pesqueros en las que no se hacía la distinción necesaria entre las actividades domésticas y las comerciales; lo anterior era necesario ya que las consecuencias jurídicas en cada caso eran distintas. Se recomendó iniciar de un procedimiento de investigación en contra de los servidores públicos de la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que fueron señalados por los agraviados; realizar visitas de inspección y vigilancia periódicas por parte de la referida Secretaría en la Laguna de Mitla, a fin de preservar los recursos naturales en el sitio de referencia; iniciar estudios técnicos para determinar la posible necesidad de establecer una veda en la Laguna de Mitla, señalando la duración de la misma, los periodos de explotación y todas aquellas medidas que se estimen pertinentes, tomando en consideración la dependencia económica de varias decenas de familias respecto de los productos de la mencionada laguna; atender los conflictos que surjan entre las comunidades pesqueras de la región, respetando siempre los marcos legales, e iniciar campañas que hagan conciencia entre los usuarios de la Laguna de Mitla en el sentido de que éstos se abstengan de usar métodos y equipos prohibidos de pesca, informándoles de los trámites legales que en todo caso deben realizar para esta actividad.
3. 3 México, D.F., 10 de mayo de 1996 . Caso de las comunidades de pescadores de la Laguna de Mitla, Estado de Guerrero Maestra Julia Carabias Lillo, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Ciudad Muy distinguida Secretaria: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1o.; 6o., fracciones II y III; 15, fracción VIl; 24, fracción IV; 44; 46 Y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/122/95/GRO/ 1505, relacionados con la queja interpuesta por la licenciada Maria Teresa Jardí Alonso, y vistos los siguientes: I. HECHOS A. Esta Comisión Nacional recibió, el 13 de marzo de 1995, un escrito firmado por la licenciada María Teresa Jardí Alonso, entonces Directora del Departamento de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de México, al cual acompañó dos escritos de queja: uno relativo a la Unión de Uniones Grupos Pesqueros de la Costa de Guerrero, y el otro a Javier Roque Suárez, Mónico Ruiz B. y grupo de pescadores del poblado El Papayo. B. Por tal motivo, con relación a la queja expuesta por la Unión de Uniones Grupos Pesqueros de la Costa de Guerrero, se radicó el expediente CNDH/122/95/GRO/1505, el cual se refirió a la inconformidad de uniones y grupos que realizan actividades pesqueras en las comunidades vecinas a la Laguna de Mitla, de Atoyac de álvarez, Guerrero, pues señalaron que el 11 de diciembre de 1990 y el 15 de octubre de 1991 firmaron, ante la presencia de autoridades de la entonces Secretaría de Pesca, convenios por los que ellos se obligaban a no practicar métodos prohibidos de pesca, y, en caso contrario, los representantes de la entonces Secretaría de Pesca procederían a la inmediata incineración de las artes y equipo de pesca que se confiscaran con motivo de los servicios de inspección y vigilancia que realizaran en compañía de elementos de la Secretaría de Marina.
4. 4 C. Radicado el expediente de queja de referencia, se giraron los oficios 7970, 11628 y 15603, del 23 de marzo, 26 de abril y 30 de mayo de 1995, respectivamente, al doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de Pesca de la Secretaría de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, mediante los cuales se le solicitó un informe sobre los actos constitutivos de la queja, así como toda la información que estimara pertinente para determinar el seguimiento que se daría al caso. D. En respuesta, el 1 de junio de 1995, este Organismo Nacional recibió el oficio SEMARNAP-12-01/950368, del 12 de mayo de 1995, mediante el cual el doctor Adrián Wences Carrasco rindió el informe requerido, en donde señaló que, por falta de apoyo humano y financiero, la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, en sus acciones de inspección y vigilancia "no había rendido en un 100% por carecer de inspectores". Asimismo, acompañó copia de las actas de asamblea del 11 de diciembre de 1990 y 15 de octubre de 1991, así como copies de las actas de inspección levantadas por el jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero. E. De la información proporcionada por la Delegación Especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, destaca lo siguiente: i) El acta de asamblea, del 11 de diciembre de 1990, en la cual se hizo constar que comparecieron el señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, así como representantes de los poblados de pescadores de El Zapote, Zapotillo, El Papayo, Cayaco, Camalote, Colonia Vicente Guerrero, Zacualpan, Cacalutla, Hacienda de Cabañas, Llano Real y San Jerónimo, quienes por unanimidad tomaron seis acuerdos, entre los que resulta relevante el compromiso de los pescadores de omitir la utilización de métodos prohibidos de pesca como el "apaleo", "choque de piedras dentro del agua", "rayar el agua con motor en circulo" y "tender el trasmallo en círculo"; evitar la captura y comercialización de productos pesqueros en "talla juvenil"; que las autoridades municipales y los grupos de pescadores solicitarían por escrito, cuando lo requirieran, servicios de inspección y vigilancias que serían dirigidos por los inspectores de pesca. ii) El acta de asamblea. del 15 de octubre de 1991, en la que se hizo constar que comparecieron el licenciado Leopoldo Ayala Guevara, entonces delegado federal de Pesca en el Estado de Guerrero, el licenciado Antonio Valdivia Zúñiga, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías, el señor Arsenio Dorante, jefe del
5. 5 Departamento de Organización y Capacitación, el señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, así como representantes de las comunidades de pescadores de los poblados de E1 Zapote, Zapotillo, E1 Papayo, Cayaco, Camalote, Colonia Vicente Guerrero, Zacualpan, Cacalutla, Hacienda de Cabañas, Llano Real y San Jerónimo, quienes llegaron a cuatro acuerdos, entre los que destaca la orden para dar cumplimiento a los puntos convenidos el 11 de diciembre de 1990, dado que se continuaba capturando especies mediante métodos prohibidos de pesca; pare ello manifestaron su apoyo a los servicios de inspección y vigilancia, a fin de que las artes, equipo y producto de pesca asegurados fueran incinerados de inmediato. F. El 14 de junio de 1995, dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional se constituyeron en el poblado de Zacualpan, donde se entrevistaron con el señor Claudio Laurel, Presidente de la Unión de Pescadores Zacualpan I, quien les manifestó que el motivo de su queja fue que las autoridades de Pesca no realizaban inspecciones en la Laguna de Mitla, por lo que en ese tiempo todos pescaban con métodos prohibidos, pues de otra manera no lograrían sacar nada, ya que el producto se encontraba en tallas muy chicas; por ello propuso que las autoridades de Pesca vedaran por espacio de cuatro meses toda captura en la laguna, a fin de que las especies se reprodujeran, toda vez que se podía extinguir el producto, y no daría ni para comer a las familias de pescadores. G. El mismo 14 de junio de 1995, dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional se constituyeron en el poblado de El Zapotillo, Municipio de Coyuca de Benitez, Guerrero, donde se entrevistaron con el señor José Antonio Castro Hernández, quien dijo ser el representante o Presidente del Grupo Acuícola E1 Zapotillo y señaló que los hechos motivo de la queja ya no existían, pues ya habían quedado resueltos, por lo que no tenían queja en contra de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. H. El 15 de junio de 1995, dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional se constituyeron en el poblado Vicente Guerrero, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde se entrevistaron con el señor Elías Rios González, Presidente de la Unión de Pescadores Ensenada, quien señaló que los hechos motivo de la queja consistían en que había muchas personas que utilizaban métodos prohibidos de pesca, y que la Delegación Federal de Pesca no hacia nada pare remediar esas irregularidades; que ese era el sentir de las otras tres uniones de pescadores de esa comunidad; que las personas quienes iniciaron las prácticas prohibidas de pesca fueron los pescadores de El Papayo, y que los acuerdos tomados fueron firmados por la mayoría de las comunidades de pescadores y por ello pedían que se Cumplieran
6. 6 I. Con relación al escrito de queja de los señores Javier Roque Suárez, Mónico Ruiz B. y otros pescadores del poblado El Papayo, se inició el expediente de queja CNDH/122/95/GRO/1507, en el que se señaló que los señores Javier Roque Suárez y Mónico Ruiz B., fueron objeto de una detención ilegal por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero quienes pretendieron "fabricarles" un delito; asimismo, el grupo de pescadores del poblado E1 Papayo, señaló que habían sufrido amenazas y vejaciones por parte del señor Julio Ríos, "cacique" de la localidad, quien, acompañado por el señor Abel Abarca de la O, inspector de Pesca y por infantes de Marina, les había quitado lanchas redes y atarrayas, las cuales habían quemado en su presencia; que en una ocasión el "sargento" Miguel Muñoz Morales les quitó sus lanchas a los señores Jesús Madero Benítez y Rogelio Navarrete ávila y los amenazó con su arma de fuego, cortando cartucho, y les dijo que si querían seguir con vida era mejor que se quedaran en silencio: que el señor Abel Abarca de la O, inspector de Pesca, les exigía el pago de la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para dejarlos pescar sin problemas; que habían solicitado a las autoridades de Pesca su intervención con relación a los hechos narrados, sin que hubieran recibido respuesta alguna. J. Una vez admitido pare su trámite el expediente de queja, se giraron los siguientes documentos: i) Los oficios 10896 y 15601, del 21 deabril y 30 de mayo de 1995, respectivamente, dirigidos al contralmirante JMLD Homero Torreblanca Nambo, Secretario Particular del Secretario de Marina, a quien se le solicitó un informe con relación a los hechos constitutivos de la queja. ii) Los oficios 10380 y 15602, del 18 de abril y 30 de mayo de 1995, dirigidos al licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien se le solicitó un informe sobre los hechos constitutivos de la queja y copia de la averiguación previa TAB/IV/143/94. iii) Los oficios 10381, 21562 y 23966, del 18 de abril, 21 de julio y 10 de agosto de 1995, respectivamente, dirigidos al licenciado Martín Díaz y Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a quien se requirió un informe con relación a los hechos constitutivos de la queja, así como los expedientes administrativos que se iniciaron con motivo de las inspecciones realizadas en la Laguna de Mitla. iv) El oficio 16807, del 13 de junio de 1995, dirigido al magistrado Jesús Araujo Hernández, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
7. 7 Guerrero, a quien se le solicitó copia certificada de la causa penal 107/994 seguida en contra de Javier Roque Suárez y Mónico Ruiz B. ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tecpan de Galeana, Guerrero. K. En respuesta a este último expediente, esta Comisión Nacional recibió la siguiente documentación: i) El oficio 112.951136, del 11 de mayo de 1995, firmado por el licenciado Martín Diaz y Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, mediante el cual rindió la información que le fue requerida, acompañando copia de las siguientes constancias: - El oficio SEMARNYP-12-01/950335, del 26 de abril de 1995, firmado por el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, en el que señaló que los agraviados no se encontraban registrados en el padrón de pescadores en el Estado de Guerrero, por lo cual carecían de permiso para realizar actividades propias del ramo. - El oficio OFPT-10-03/027/95, del 25 de abril de 1995, dirigido al contador público Fermín Román Navarrete, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, firmado por el señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galena, Guerrero, en el que señaló que con el fin de erradicar los métodos prohibidos de captura, "el 11 de diciembre de 1990, convocamos y llevamos acabo asamblea"; que con igual fin "realizamos nuevamente la reunión del 15 de octubre de 1991"; que debido a la persistencia en pescar violando los acuerdos tomados por las comunidades pesqueras, se infraccionó al siguiente número de personas: Que los señores Javier Roque Suárez y Julio Ríos Roque no han sido infraccionados, sólo los señores Mario Ríos González (acta de inspección 26752), Jesús Madero Benítez (acta de inspección 26758) y Faustino Campos Galeana (acta de inspección 26760).
8. 8 -El acta de incineración, del 18 de mayo de 1994, firmada por el señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, en la que se hizo constar que se incineraron las siguientes artes y equipo de pesca: una panga, siete trasmallos, seis docenas de camarón blanco y cinco docenas de tilapia en talla juvenil, por haberse sorprendido a Jesús Madero Benítez capturando en círculo y "arreando" y a Mario Ríos González capturando camarón blanco sin permiso de pesca. - Las actas de inspección 26753, 26754, 26755 y 26756, del 8 de marzo de 1994; 26757, del 12 de mayo de 1994; 26758 y 26759, del 18 de mayo de 1994 y 26760, del 17 de junio de 1994, en las que se hizo constar que se encontró a diversos pescadores utilizando métodos prohibidos, a la vez que ninguno de ellos contaba con identificación que los acreditara como pescadores con permiso. -Los oficios 940458, 940457, 940455 y 940456, del 16 de marzo de 1994; 940668, del l9 de mayo de 1994; 941160 y 941159, del 1 de junio de 1994, y 940968, del 9 de agosto de 1994, girados por el doctor Adrián Wences Carrasco a diferentes personas; en ellos se hicieron constar las sanciones a que se hicieron acreedores por ser infractores de la Ley Federal de Pesca, en las que se les impusieron multas de N$30,555.00 (Treinta mil quinientos cincuenta y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), en su mayoría, mismas que se dejaron sin efecto considerando la situación económica de los infractores, salvo el caso relativo al señor Arturo Rodales Trujillo, a quien mediante el oficio 940668, del l9 de mayo de 1994, se le impuso una sanción de N$30,570.00 (Treinta mil quinientos setenta nuevos pesos 00/100 M.N.) y se ordenó el decomiso de 400 kilogramos de tilapia en diferentes tallas, bienes que serían donados. ii) El oficio 950784, del 30 de mayo de 1995, firmado por el contralmirante JNLD Francisco Altamirano Trejo, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Marina, quien señaló que el g de mayo de 1994, la Delegación Federal de Pesca en el Estado de Guerrero solicitó apoyo a la Secrtaría de Marina para dar seguridad, el 11 de mayo del mismo año, al inspector de Pesca, en la práctica de labores de inspección y vigilancia en la Laguna de Mitla; que el 13 de mayo de 1994, los elementos de la Secretaría de Marina rindieron un parte de novedades, en el que señalaron que se recogieron siete trasmallos que se encontraban abandonados y que fueron incinerados por el inspector de Pesca, sin saber el motivo de ello; que el 18 de mayo de 1994 se prestó apoyo pare una nueva diligencia de inspección en la que el señor Abel Abarca de la O, inspector de Pesca, procedió a la incineración de las artes de pesca encontradas y al aseguramiento de un motor fuera de borda; que la Décima Octava Zona Militar acompañó copia del acta de incineración de las artes de pesca del 18 de mayo de
9. 9 1994, así como copia del recibo de devolución del motor Evin Rude, de 15 H.P., y dos recibos por concepto de pago de la lancha de madera y equipos de pesca incinerados en esa fecha. iii) El oficio 316, del S de mayo de l995, firmado por el licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, quien acompañó copia de la averiguación previa TAB/IV/l43/994, seguida en contra de Julio Ríos Roque por el delito de daños cometidos en agravio de Javier Roque Suárez, de la que se desprende lo siguiente: - Que el 26 de mayo de 1994, la licenciada Francisca Flores Rizo, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Coyuca de Benítez, Guerrero, inició la averiguación previa TAB/IV/143/994, con base en la denuncia formulada por el señor Javier Roque Suárez, quien señaló que el 18 de mayo del mismo año, el señor Julio Ríos cometió el delito de daños en su contra, pues el inculpado "vació un bote de gasolina a la lancha" propiedad del declarante y le prendió fuego, esto ante la presencia del señor Abel Abarca de la O, inspector de pesca en Tecpan de Galena, quien decía al inculpado que no quemara la lancha, pues únicamente tenia que pager una multa. -El 6 de septiembre de 1994, la licenciada Francisca Flores Rizo, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Coyuca de Benítez Guerrero, determinó ejercitar la acción penal en la averiguación previa TAB/IV/143/994, en contra de Julio Ríos Roque como probable responsable del delito de daños, cometido en agravio de Javier Roque Suárez. -El 6 de septiembre de 1994, mediante el pedimento penal 1017, el licenciado Elías Reachy Sandoval, entonces agente determinador del Ministerio Público del Fuero Común, solicitó al Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, tenerlo por presentado ejercitando acción penal en contra de Julio Ríos Roque como probable responsable del delito de daños. iv) El oficio 153, del 19 de junio de 1995, firmado por el licenciado Jesús Araujo Hernández, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante el cual obsequió copia certificada de la cause penal 107/994 seguida en contra de Javier Roque Suárez por el delito de daños cometidos en agravio de Mario Ríos González, radicada ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, de la que destacan las siguientes constancias:
10. 10 - El 27 de mayo de 1994, el señor Mario Ríos González compareció ante el pasante de licenciado en derecho Miguel ángel Solano Neri, agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Distrito Judicial de Galeana, a fin de presentar su querella por el delito de daños cometidos en su agravio por el señor Javier Roque Suárez, iniciando así la averiguación previa GALE/03/124/994. - El 11 de julio de 1994, previos los actos correspondientes pare la integración de la averiguación previa GALE/03/124/994 el pasante de licenciado en derecho Miguel ángel Solano Neri, agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Distrito Judicial de Galeana, determinó ejercitar la acción penal y de reparación del daño en contra de Javier Roque Suárez. - El 14 de julio de 1994, la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, tuvo por recibido el pedimento penal 136, del 11 de julio del mismo año, mediante el cual el agente del Ministerio Publico ejercitó acción penal en contra de Javier Roque Suárez por el delito de daños, cometidos en agravio de Mario Ríos González, dando así inicio a la cause penal 107/94. - El 9 de agosto de 1994, la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, dictó un acuerdo en el que resolvió sobre el ejercicio de la acción penal librando orden de aprehensión en contra de Javier Roque Suárez. - El 13 de octubre de 1994, la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, decretó la detención virtual del señor Javier Roque Suárez, en virtud de que se presentó ante la juzgadora con una suspensión provisional. - El 13 de octubre de 1994, la licenciada Antonia Casarrubias García tomó la declaración preparatoria al señor Javier Roque Suárez, en la que este último señaló que en mentira el hecho de que haya quemado una red camaronera propiedad del señor Mario Ríos González, pues ese día, por órdenes del señor Julio Ríos Roque, padre del ofendido, el inspector de Pesca, Abel Abarca de la o le quemó sus trasmallos al declarante y a otras personas más. - El 17 de mayo de 1995, previos los trámites procesales llevados a cabo dentro de la cause penal 107/94, la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, dictó sentencia definitiva en la que determinó que el señor Javier Roque Suárez no era penalmente responsable del delito de daños
11. 11 causados a Mario Ríos González. por el que lo acusó el agente del Ministerio Público. v) El oficio 112/953270, del 7 de agosto de 1995, firmado por el licenciado Martín Díaz y Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quien acompañó copies de la siguiente documentación: - El oficio SEMARNAP-12-01/950668, del 31 de julio de 1995, firmado por el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quien señaló que de los 14 denunciantes del poblado El Papayo, únicamente cuatro son justificables a través del acta de inspección correspondiente y 10 no cuentan con sustento alguno; que el problema que se suscita en la Laguna de Mitla se debe a pescadores que utilizan trasmallos, y otros sólo utilizan atarrayas, y que cuando los pescadores tienden el trasmallo no permiten la captura, por falta de espacio a los que no cuentan con ese tipo de artes; que la falta de repoblación de especies trace escasear el producto y obliga a los trasmalleros al encierro en círculo, "al choque de piedras" y "apaleos". lo que resta toda posibilidad de capture a quienes sólo cuentan con atarraya. - El acta de inspección 8027, del 23 de enero de 1991, por la que se encontró al señor Javier Roque Suárez "apaleando" dentro de la Laguna de Mitla y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello, se determinó, en contra del infractor, una multa por la cantidad de $249,900.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), misma que se dejó sin efecto, por lo que el 5 de marzo de 1991 se le devolvió al señor Javier Roque Suárez una panga y un trasmallo de 250 metros de 3.5 pulgadas de luz de malla y dos remos. - El acta de inspección, del 23 de enero de 1991, en la que se encontró al señor Adulfo Cortez Morales capturando con trasmallo en círculo y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello el 5 de marzo del mismo año, se le impuso una multa por la cantidad de $249,900.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), y se decretó el decomiso de las artes y equipo de pesca relacionadas en el acta de inspección (una panga de madera y un trasmallo de 300 metros de largo, de 3.5 pulgadas de luz de malla); en virtud de ello, el 8 de abril de 1992 se llevó a cabo una diligencia en la que se procedió a quemar artes y equipo de pesca de varios pescadores, entre ellos las de Adulfo Cortez Morales.
12. 12 - El acta de inspección, del 26 de marzo de 1993, en la que se encontró al señor Naybe Diego Rumbo capturando con artes de pesca no permitidos y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello, el 2 de abril del mismo año, se le impuso una multa por la cantidad de N$28,647.51 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y siete nuevos pesos 51/100 M.N.), y se decretó el decomiso de las artes y equipo de pesca relacionadas en el acta de inspección (una atarraya de 2.5 pulgadas de luz de malla y 12 docenas de tilapia); asimismo, aparece un acta de incineración del 26 de marzo de 1993, en la que consta que se llevó a cabo la diligencia en la que se procedió a quemar artes y equipo de pesca de varios pescadores, entre ellos las de Naybe Diego Rumbo; asimismo, existe un acta de donación de 66 docenas de tilapia del 26 del mes y año citados, en favor de la Casa del Anciano de Tecpan de Galeana Guerrero, producto decomisado a diversos pescadores, entre ellos al señor Naybe Diego Rumbo. - El acta de inspección, del 17 de junio de 1994, en la que se señaló que el 11 de mayo del mismo año, en la diligencia de inspección y vigilancia, se encontró un trasmallo tendido en círculo y una panga de madera varada, sin que se supiera quién era el dueño, y fue precisamente el 17 de junio cuando el señor Faustino Campos Galeana señaló que dichas artes y equipo de pesca eran de su propiedad; en virtud de ello, el 9 de agosto del mismo año, se le impuso una multa por la cantidad de N$30,555.27 (Treinta mil quinientos cincuenta y cinco nuevos pesos 27/100 M.N.), sanción que se dejó sin efecto; asimismo, aparece un documento del 19 de julio de 1994, en el que se hace constar que el señor Faustino Campos Galeana recibió del señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca, la cantidad de N$1,300.00 (Mil trescientos nuevos pesos 00/100 M.N.) porconcepto de la panga de madera y 700 metros de trasmallo de 3.5 pulgadas de luz de malla que le habían sido decomisadas. - El acta de asamblea, del 15 de marzo de 1994, en la que se reunieron el contador público Fermín Román Navarrete, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías, Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, en representación de la Delegación Federal de Pesca en el Estado de Guerrero, así como representantes de pescadores de la Laguna de Mitla, en la que el contador Fermín Román Navarrete señaló que era necesario modificar los acuerdos tomados con anterioridad, porque las sanciones a los presuntos infractores eran drásticas, pero los pescadores presentes en la reunión manifestaron que por ningún motivo se cambiarían los convenios y mucho menos los acuerdos relativos a las sanciones.
13. 13 L. El 14 de junio de 1995, dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional se constituyeron en el poblado El Papayo, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. donde se entrevistaron con la esposa del señor Javier Roque Suárez, quien mostró copia de la boleta de libertad del 17 de mayo de 1995, girada por la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, quien señaló que dentro del proceso penal 107/994 se dictó sentencia definitiva en la que se absolvió al procesado del delito de daños en agravio de Mario Ríos González. M. El 15 de junio de 1995, dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional se entrevistaron en el poblado El Papayo, Municipio de Coyuca de Benítez, con el señor Javier Roque Suárez y Mónico Ruiz B., refiriendo el primero que el juez que conoció de la causa penal seguida en su contra dictó sentencia absolutoria; que el inspector de Pesca Abel Abarca de la o le ha quitado sus artes de pesca y a veces él mismo las quema, pero la mayoría de la veces las entrega al señor Julio Ríos Roque, persona que después las quema; el segundo manifestó que no ha sido detenido ni tampoco tiene conocimiento de que se haya seguido una averiguación previa en su contra. N. El 3 de julio de 1995, este organismo Nacional recibió un escrito firmado por 14 personas pertenecientes a la comunidad de pescadores de El Papayo, en el que hicieron una relación de los bienes que, según ellos, las autoridades de Pesca les habían decomisado, a fin de que se investigara el destino que se les dio. O. El 6 de noviembre de 1995, se acumuló el expediente de queja CNDH/122/95/GRO/1507 al CNDH/122/95/GRO/1505, toda vez que de las investigaciones llevadas a cabo se observó que los hechos narrados se vinculaban estrechamente. II. EVIDENCIAS En este caso las constituyen: 1. El escrito de queja firmado por la licenciada María Teresa Jardí Alonso, entonces Directora del Departamento de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de México, recibido en este organismo Nacional el 13 de marzo de 1995, relativo a hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos cometidos en agravio de la Unión de Uniones Grupos Pesqueros de la Costa de Guerrero, y de Javier Roque Suárez, Mónico Ruiz B. y Grupo de Pescadores del poblado El Papayo.
14. 14 2. El oficio SEMARNAP-12-01/950368, del 12 de mayo de 1995, firmado por el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de Pesca de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, en el que se señaló que por falta de apoyo humano y financiero, la Oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeara, en su acciones de inspección y vigilancia no ha rendido en un 100% por carecer de inspectores. 3. El acta de asamblea, del 11 de diciembre de 1990, en la que se hizo constar que por comparecencia del señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, así como representantes de los poblados de pescadores de El Zapote, El Zapotillo, El Papayo, Cayaco, Camalote, Colonia Vicente Guerrero, Zacualpan, Cacalutla, Hacienda de Cabañas, Llano Real y San Jerónimo, quienes por unanimidad tomaron seis acuerdos del que destaca el compromiso y obligación de no utilizar métodos prohibidos de pesca, como el apaleo, choque de piedras dentro del agua, rayar el agua con motor en círculo y tender el trasmallo en círculo; evitar la capture y comercialización de productos pesqueros en talla juvenil; que las autoridades municipales y grupos de pescadores solicitarían por escrito cuando requirieran un servicio de inspección y vigilancia, mismos servicios en los que intervendrían y serían dirigidos por los inspectores de pesca. 4. El acta de asamblea, del 15 de octubre de 1991, en la que se hizo constar la comparecencia del licenciado Leopoldo Ayala Guevara, entonces delegado federal de Pesca en el Estado de Guerrero, del licenciado Antonio Valdivia Zúñiga, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías, del señor Arsenio Dorante, jefe del Departamento de Organización y Capacitación, del señor Abel Abarca de la O, jefe de la Oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, así como de representantes de las comunidades de pescadores de los poblados de El Zapote, El Zapotillo, El Papayo, Cayaco, Carnalote, Colonia Vicente Guerrero, Zacualpan, Cacalutla, Hacienda de Cabañas, Llano Real y San Jerónimo, quienes llegaron a cuatro puntos de acuerdo, entre los cuales destaca el que ordena que se dé cumplimiento a los puntos convenidos el 11 de diciembre de 1990, dado que se continuaba capturando especies mediante métodos prohibidos de pesca, pare tal fin manifestaron su apoyo a los servicios de inspección y vigilancia, para que las artes, equipo y producto de pesca decomisados fueran incinerados de inmediato. 5. El acta circunstanciada del 14 de junio de 1995, en la que dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional hicieron constar que se constituyeron en el poblado de Zacualpan, donde se entrevistaron con el señor Claudio Laurel, Presidente de la Unión de Pescadores Zacualpan I.
15. 15 6. El acta circunstanciada, del 14 de junio de 1995, en la que dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional hicieron constar que se constituyeron en el poblado de El Zapotillo, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde se entrevistaron con el señor José Antonio Castro Hernández, representante o Presidente del Grupo Acuícola El Zapotillo. 7. El acta circunstanciada, del 15 de junio de 1995, en la que dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional hicieron constar que se constituyeron en el poblado Vicente Guerrero, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde se entrevistaron con el señor Elías Ríos González, Presidente de la Unión de Pescadores Ensenada. 8. El oficio 112.951136, del ll de mayo de 1995, firmado por el licenciado Martín Díaz y Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, mediante el cual rindió el informe que le fue requerido. 9. El oficio SEMARNYP-12-01/950335, del 26 de abril de 1995, firmado por el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, en el que señaló que los agraviados no se encuentran registrados en el padrón de pescadores en el Estado de Guerrero, por lo cual carecen de permiso pare realizar actividades propias del ramo. 10. El oficio OFPT-10-03/027/95, del 25 de abril de 1995, dirigido al contador público Fermín Román Navarrete, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, firmado por el señor Abel Abarca de la O, jefe de la Oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, en el que señaló que con el fin de erradicar los métodos prohibidos de captura, "el 11 de diciembre de 1990, convocamos y llevamos acabo asamblea"; que con igual fin "realizamos nuevamente la reunión del 15 de octubre de 1991"; que debido a la persistencia de capturar violando los acuerdos tomados por las comunidades pesqueras, se infraccionó al siguiente número de personas:
16. 16 11. El acta de incineración, del 18 de mayo de 1994, fIrmada por el señor Abel Abarca de la O, jefe de la Oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero. 12. Las actas de inspección 26753, 267S4,26755 y 26756 del 8 de marzo de 1994; 26757, del 12 de mayo de 1994; 26758 y 26759 del 18 de mayo de 1994 y 26760, del 17 de junio de 1994, en las que se hizo constar que se encontró a diversos pescadores utilizando métodos prohibidos de pesca, a la vez que ninguno de ellos contaba con identificación que los acreditara como pescadores con permiso. 13. Los oficios 940458, 940457, 940455 y 940456, del 16 de marzo de 1994; 940668, del 19 de mayo de 1994; 941160 y 941159, del 1 de junio de 1994 y 940968, del 9 de agosto de 1994, en los que se hicieron constar las sanciones que se impusieron a los infractores a la Ley Federal de Pesca, las que, en su mayoría, consisten en multa de N$30,555.00 (Treinta mil quinientos cincuenta y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), misma que se dejaba sin efecto. salvo en el caso relativo al oficio 940668, del 19 de mayo de 1994, en la que se impuso una sanción de N$30,570.00 (Treinta mil quinientos setenta nuevos pesos 00/100 M.N.) y se ordenó el decomiso de 400 kilogramos de tilapia en diferentes tallas, bienes que serían donados. 14. El oficio 950784, del 30 de mayo de 1995, firmado por el contralmirante JNLD Francisco Altamirano Trejo, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Marina, mediante el cual rindió el informe que le fue requerido. 15. El oficio 316, del 5 de mayo de 1995, firmado por el licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, mediante el cual proporcionó copia certificada de la averiguación previa TAB/IV/143/994, de la que destacan las siguientes constancias: i) El acuerdo de inicio, del 26 de mayo de 1994, firmado por la licenciada Francisca Flores Rizo, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Coyuca de Benítez, Guerrero, relativo a la denuncia formulada por el señor Javier Roque Suárez. ii) La determinación, del 6 de septiembre de 1994, en la que la licenciada Francisca Flores Rizo, agente del Ministerio Público del Fuero Común en Coyuca de Benítez, Guerrero, ejercitó acción penal dentro de la averiguación previa TAB/IV/143/994, en contra de Julio Ríos Roque como probable responsable del delito de daños.
17. 17 iii) El oficio 1017, del 6 de septiembre de 1994, firmado por el licenciado Elías Reachy Sandoval, entonces agente determinador del Ministerio Público del Fuero Común, quien solicitó al Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, tenerlo por presentado, ejercitando acción penal en contra de Julio Ríos Roque como probable responsable del delito de daños. 16. El oficio 153, del 19 de junio de 1995, firmado por el licenciado Jesús Araujo Hernández, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante el cual obsequió copia certificada de la cause penal 107/994, segunda en contra de Javier Roque Suárez por el delito de daños cometidos en agravio de Mario Ríos González. radicada ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, de la que se destacan las siguientes constancias: i) El acuerdo de inicio de la averiguación previa GALE/03/124/994, del 27 de mayo de 1994, firmado por el pasante de licenciado en derecho Miguel ángel Solano Neri, agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Distrito Judicial de Galeana. ii) Determinación, del 11 de julio de 1994, relativa a la averiguación previa GALE/03/124/994, firmada por el pasante de licenciado en derecho Miguel Ángel Solano Neri, agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Distrito Judicial de Galeana, quien ejercitó acción penal y reparación del daño en contra de Javier Roque Suárez. iii) El acuerdo de radicación, del 14 de julio de 1994, emitido por la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, quien inició la causa penal 107/94. iv) El acuerdo, del 9 de agosto de 1994, emitido por la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, quien resolvió sobre el ejercicio de la acción penal, librando orden de aprehensión en contra de Javier Roque Suárez. v) El decreto de detención virtual del señor Javier Roque Suárez, del 13 de octubre de 1994, emitido por la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero. vi) La declaración preparatoria, del 13 de octubre de 1994, emitida por el señor Javier Roque Suárez ante la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero.
18. 18 vii) La sentencia, del 17 de mayo de 1995, emitida dentro de la cause penal 107/94 por la licenciada Antonia Casarrubias García, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, en la que determinó que el señor Javier Roque Suárez no era penalmente responsable del delito de daños por los que lo acusó el agente del Ministerio Público. 17. El oficio 112/953270, del 7 de agosto de 1995, firmado por el licenciado Martín Díaz y Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quien acompañó copia de la siguiente documentación: i) El oficio SEMARNAP-12-01/950668, del 31 de julio de 1995, firmado por el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, quien señaló que de los 14 denunciantes del poblado El Papayo, únicamente cuatro son justificables a través del acta de inspección correspondiente y 10 no cuentan con sustento alguno; que el problema que se suscita en la Laguna de Mitla se debe a que unos pescadores utilizan trasmallos y otros sólo emplean atarrayas, y que cuando los pescadores tienden el trasmallo no permiten la captura por falta de espacio, a los que no cuentan con ese tipo de artes; que la falta de repoblación de especies escasea el producto y obliga a los trasmalleros al encierro en círculo, al choque de piedras y apaleos, lo que resta toda posibilidad de capture a quienes sólo cuentan con atarraya. ii) El acta de inspección 8027, del 23 de enero de 1991, en la que se encontró al señor Javier Roque Suárez "apaleando" dentro de la Laguna de Mitla y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello, se determinó en contra del infractor una multa por la cantidad de $249,000.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), misma que se dejó sin efecto, por lo que el 5 de marzo de 1991, se le devolvió al señor Javier Roque Suárez una panga y un trasmallo de 250 metros de las de 3.5 pulgadas y dos remos. iii) El acta de inspección, del 23 de enero de 1991, en la que se encontró al señor Adulfo Cortez Morales pescando con trasmallo en círculo y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello, el S de marzo del mismo año se le impuso una multa por la cantidad de $249,900.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), y se decretó el decomiso de las artes y equipo de pesca relacionadas en el acta de inspección (una panga de madera y un trasmallo de 300 metros de largo de 3.5 pulgadas de luz de malla); en virtud de ello, el 8 de abril de 1992, se llevó a cabo la diligencia
19. 19 en la que se procedió a quemar artes y equipo de pesca de varios pescadores, entre ellos las de Adulfo Cortez Morales. iv) El acta de inspección, del 26 de marzo de 1993, en la que se encontró al señor Naybe Diego Rumbo capturando con artes de pesca no permitidos y no presentó ningún documento que lo acreditara como pescador autorizado; en virtud de ello, el 2 de abril del mismo año, se le impuso una multa por la cantidad de N$28,647.51 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y siete nuevos pesos 51/100 M.N.), y se decretó el decomiso de las artes y equipo de pesca relacionadas en el acta de inspección (una atarraya de 2.5 pulgadas de luz de malla y 12 docenas de tilapia); asimismo, aparece un acta de incineración, del 26 de marzo de 1993, en la que consta que se llevó a cabo la diligencia en la que se procedió a quemar artes y equipo de pesca de varios pescadores, entre ellos las de Naybe Diego Rumbo; existe también un acta de donación de 66 docenas de tilapia del 26 de marzo del mismo año, en favor de la Casa del Anciano de Tecpan de Ga1eana, Guerrero, producto decomisado a diversos pescadores, entre ellos al señor Naybe Diego Rumbo. v) El acta de inspección, del 17 de junio de 1994, en la que se ser aló que el 11 de mayo del mismo año, en la diligencia de inspección y vigilancia se encontró un trasmallo tendido en círculo y una panga de madera varada, sin que se supiera quien era el dueño, y fue hasta el mismo 17 de junio que el señor Faustino Campos Galeana aclaró que dichas artes y equipo de pesca eran de su propiedad; en virtud de ello, el 9 de agosto del mismo año, se le impuso una multa por la cantidad de N$30,555.27 (Treinta mil quinientos cincuenta y cinco nuevos pesos 27/100 M.N.), sanción que se dejó sin efecto; asimismo, aparece un documento del l9 de julio de 1994, en la que el señor Faustino Campos Galeana recibe del señor Abel Abarca de la o, jefe de la oficina Federal de Pesca, la cantidad de N$1,300.00 (Mil trescientos nuevos pesos 00/100 M.N.) por concepto de la panga de madera y 700 metros de trasmallo de 3.5 pulgadas de luz de malla que le habían sido decomisadas. vi) El acta de asamblea, del 15 de marzo de 1994, en la que se reunieron el contador público Fermín Román Navarrete, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías, Abel Abarca de la o, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, en representación de la Delegación Federal de Pesca en el Estado de Guerrero, así como representantes de pescadores de la Laguna de Mitla, en la que el contador Fermín Román Navarrete señaló que era necesario modificarlos acuerdos tomados con anterioridad, porque las sanciones a los presuntos infractores eran drásticas, pero los pescadores
20. 20 presentes en la reunión manifestaron que por ningún motivo se cambiarían los convenios y mucho menos los acuerdos relativos a las sanciones. 18. E1 acta circunstanciada. del 14 de junio de 1994, en la que dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional hicieron constar que se constituyeron en el poblado E1 Papayo, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde se entrevistaron con la esposa del señor Javier Roque Suárez. 19. El acta circunstanciada, del 15 de junio de 1995, en la que dos visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional hicieron constar que se entrevistaron con el señor Javier Roque Suárez en el poblado El Papayo, Municipio de Coyuca de Benítez . 20. El escrito firmado por 14 personas pertenecientes a la comunidad de pescadores de El Papayo, recibido el 3 de julio de 1995 en este organismo Nacional, en el que hicieron una relación de pertenencias que habían sido recogidas por el señor Abel Abarca de la O. 21. El acuerdo de acumulación de los expedientes CNDH/122/95/GRO/l505 y CNDH/122/95/GRO/1507, del 6 de noviembre de 1995. III. SITUACIÓN JURÍDICA Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca no han establecido, al momento de emitirse el presente documento, los mecanismos necesarios pare resolver los problemas existentes dentro de las comunidades de pescadores de la Laguna de Mitla, relativos a la utilización de métodos prohibidos de pesca y a la posible escasez de las especies existentes en ese sitio. Los señores Mónico Ruiz B. y Javier Roque Suárez, actualmente gozan de libertad; este último en virtud de la sentencia absolutoria que dictó en su favor la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, Guerrero, dentro de la cause penal 107/94, al no encontrarlo penalmente responsable del delito de daños, por el que fue denunciado por el señor Mario Ríos González, y el segundo por no haber sido objeto de detención alguna. IV. OBSERVACIONES El análisis de los hechos y evidencias recabadas permiten a esta Comisión Nacional llegar a la conclusión de que han sido violados los Derechos Humanos
21. 21 de las diversas comunidades de pescadores en la Laguna de Mitla, Estado de Guerrero, con base en las siguientes consideraciones: a) De las constancias que integran el presente expediente de queja, se aprecia que servidores públicos de la hoy Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca estuvieron presentes en el momento en que las uniones, comunidades y sociedades de pescadores que trabajan en la Laguna de Mitla, Estado de Guerrero, celebraron un convenio por el cual se comprometían a respetar los métodos de pesca, y que estaban de acuerdo en que la desaparecida Secretaría de Pesca procediera de inmediato a quemar las artes de pesca pertenecientes a quienes estuvieran haciendo uso de métodos prohibidos en la capture de especies. Lo anterior se acredita con base en el informe que rindió el delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, quien acompañó copia de las actas levantadas los días 11 de diciembre de 1990 y 15 de octubre de 1991. Cabe destacar que en las actas señaladas en el párrafo que antecede, se menciona que intervinieron, en las mismas, funcionarios de la entonces Secretaría de Pesca, entre ellos, el anterior delegado federal de Pesca en el Estado de Guerrero. Al respecto, cabe indicar que el artículo l9, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos auxiliaría a las Delegaciones Federales en la formulación de convenios, contratos y bases de cooperación técnica en los que la Secretaría fuera parte, sin que se acredite que dicha Dirección General haya intervenido al momento en que servidores públicos de esa dependencia firmaran el convenio. Por lo anterior, se considera que la Delegación Especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero actuó fuera del marco legal, toda vez que debió ser alar a las uniones de pescadores que no era procedente lo asentado en las dos actas de referencia y cuyo cumplimiento solicitan ahora los agraviados, en virtud de que son irregulares los procedimientos por los cuales se pretende imponer sanciones a las personas que cometan infracciones a la Ley de Pesca, ya que no se encuentran contemplados en la citada ley; sin embargo. este organismo Nacional no soslaya el hecho de que los métodos prohibidos son reprochables, ya que contravienen lo establecido en la ley de la materia, por lo que las autoridades deben vigilar su cumplimiento.
22. 22 De la redacción contenida en los convenios, así como de las acciones desplegadas por servidores públicos de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, se desprende que han sido violados los Derechos Humanos de pescadores de la Laguna de Mitla, pues las citadas autoridades debieron objetar los términos en que fueron redactados los convenios , en virtud de que los mismos resultan violatorios al artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: Artículo 14. [...] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior se debe a que en algunas de las diligencias de inspección y vigilancia llevadas a cabo por la hoy Secretaría de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca se retuvieron artes y equipo de pesca, procediendo casi en forma inmediata a su destrucción, sin haber seguido el procedimientos administrativo respectivo, violando con su actuación la garantía de audiencia, únicamente acatando lo señalado en los convenios celebrados entre las comunidades de pescadores que desde luego no pueden estar por encima de la Ley de Pesca y su Reglamento. b) Por otra parte, el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Pesca, en sus fracciones IV y V, señala que las Delegaciones Federales de Pesca tienen las facultades de realizar los servicios de inspección y vigilancia pare comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Pesca y que estarán en la posibilidad de calificar e imponer las sanciones que procedan por violaciones a la Ley de Pesca y a las disposiciones que deriven de ella. Esta facultad de la hoy Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca debe cumplirse con regularidad, a fin de que se materialice el objetivo de la misma, es decir que los pescadores observar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la actividad pesquera. En este sentido, no es válida la objeción que hizo el doctor Adrián Wences Carrasco, delegado especial de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el Estado de Guerrero, al señalar que no se han podido realizar inspecciones en un 100% por falta de apoyo humano y financiero, hecho que de ninguna manera es óbice pare ordenar que se dé cumplimiento a las
23. 23 disposiciones de la materia, pues si bien es explicable la causa por la que no se han llevado a cabo las visitas de inspección, esto no es justificable, pues en todo caso debe proveerse de una estrategia pare evitar las conductas infractoras de los pescadores de la Laguna de Mitla, y en su caso, establecer cursos a fin de sensibilizar a los pescadores respecto del impacto negativo que producen los métodos prohibidos de pesca. c) Por otra parte, las acciones desplegadas por el señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerreno, quien realizó funciones de inspección y vigilancia en la Laguna de Mitla, se llevaron a cabo en contravención a las disposiciones de la Ley de Pesca, del Reglamento de la Ley de Pesca y del Reglamento Interno de la entonces Secretaría de Pesca, pues, contraviniendo los procedimientos administrativos, incineró artes y equipos de pesca que decomisó, quebrantando con sus actos el orden jurídico, pues si bien es cierto que argumentó la existencia de convenios celebrados entre las comunidades de pescadores pare actuar en este sentido, dichos convenios no pueden estar por encima de la ley. Para acreditar este punto, esta Comisión Nacional cuenta con copia simple del acta de incineración del 18 de mayo de 1994, firmada por el jefe de la Oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, en la que se hace constar que se incineraron artes de pesca, producto y una panga, ya que se había sorprendido a dos personas pescando con métodos prohibidos en la misma fecha. Este hecho, además, resulta ilegal pues omite el procedimiento determinado en el capítulo XVI del Reglamento de la Ley de Pesca, en el que se establece que si se sorprende a una persona realizando métodos prohibidos de pesca o utilizando artes o equipo prohibido, se deberá proceder a decomisar las artes y el equipo, y el producto que se les encuentre será entregado a instituciones de beneficencia, o en su caso, se procederá a su venta a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con relación a la destrucción del producto, ésta se realizaría cuando se encuentre en estado de descomposición, lo cual no quedó acreditado, por lo que también se omitió la orden expresa contenida en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Pesca que a la letra dice: Artículo 130. La Secretaría dictará las medidas necesarias a efecto de que los remates de bienes y productos pesqueros decomisados o la venta directa de estos últimos, se destinen precisamente a los fines establecidos en el artículo 29 de la Ley.
24. 24 Los productos pesqueros que se donen a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, sólo podrán ser destinados al consumo humano directo de los internos. Los demás bienes decomisados no podrán ser objeto de donación por ningún motivo. En el caso de destrucción de productos pesqueros en estado de descomposición o de artes de pesca prohibidas que hayan sido decomisados, la autoridad pesquera deberá levantar acta circunstanciada de tal hecho en la que participará la autoridad que corresponda, según el caso. Asimismo, se indica en la disposición transcrita, que las artes de pesca podrían destruirse siempre que estén consideradas como prohibidas; en el presente caso, es importante distinguir entre artes y equipos de pesca prohibidos y métodos prohibidos de pesca, los primeros son los bienes materiales que se utilizan pare la capture de especies y que no reúnen los requisitos de ley, por ejemplo cuando los trasmallos tienen una luz de malla inferior a la permitida para la captura de determinadas especies; y los segundos se den cuando los pescadores tienden los trasmallos en círculos, "rayan el agua" con los motores de las lanchas, o bien "apalean" el agua, con el fin de que la capture de las especies sea más abundante. En el caso que nos ocupa? las artes y equipo de pesca fueron retenidos por utilizarse métodos prohibidos, sin que dichos bienes se hubiesen considerado como prohibidos, por lo que en tal circunstancia, debió ponerse en depósito las artes en caso de que se consideraran métodos prohibidos y después resolver su destino final, tal como lo realizó la Delegación Federal de Pesca en ocasiones anteriores, sin que se procediera a su incineración inmediata, hecho que se realizó en contravención a la Ley de Pesca. d) Es importante resaltar que las autoridades de Pesca han mencionado en las actas administrativas que se levantaron, que los pescadores no contaban con la autorización o permiso de la Secretaría de Pesca, por lo que su actividad era ilegal; sin embargo, la Ley de Pesca, en su artículo 4º y el Reglamento de Ley de Pesca, en su artículo 5º, mencionan que se puede permitir la pesca doméstica a los habitantes de las riveras de aguas nacionales, sin necesidad de contar con autorización o licencia; y en caso de que se excediera sobre la cantidad de especies capturadas, entonces se consideraría como pesca comercial, pero, en las actas levantadas con motivo de las diligencias de inspección y vigilancia, se hace constar que se estaba trabajando con métodos prohibidos y, en algunos casos, se acreditó que se realizaba pesca comercial, por ejemplo cuando se decomisó la cantidad de 400 kilogramos de producto pesquero, por lo que tales actas adolecen del señalamiento en el sentido de que se estaba realizando la actividad pesquera con fines comerciales, y se requería el permiso
25. 25 correspondiente, pues la omisión de tal señalamiento trae como consecuencia el que en otros casos sí se pueda considerar que se estaba frente a un caso de pesca doméstica; en tal virtud, debe hacerse el señalamiento respectivo en las actas de inspección que se levanten. Por lo anterior, es necesario que las autoridades de Pesca especifiquen, al momento en que se levanten las actas de inspección y vigilancia, el motivo primordial por el cual se decomisan, en forma provisional, los equipos, artes de pesca y producto, para que en su oportunidad se destinen como la ley señala. Asimismo, es conveniente que se realicen las visitas necesarias a las poblaciones de pescadores en la Laguna de Mitla a fin de concientizar las de lo negativo que resulta la pesca con métodos prohibidos, así como de indicarles cuáles son los requisitos que deben llenar pare la obtención de un permiso o autorización de pesca, pues quedó acreditado ante este organismo Nacional que a la Unión de Pescadores de Ensenada se le entregaron dos permisos de pesca, uno pare pescar especies de escama de agua dulce y otra para la captura de langostino chacal dentro de la Laguna de Mitla, siendo la única organización que cumplió los requisitos de la Ley y Reglamento de Pesca, por lo que en tales circunstancias se trace necesario que las demás uniones y grupos pesqueros regularicen su situación jurídica con respecto a la actividad pesquera que llevan a cabo. e) Con relación a los hechos imputados a los elementos de la Secretaría de Marina que brindaron protección al inspector federal de Pesca este organismo Nacional no cuenta con elementos que acrediten que hayan violado Derechos Humanos de los quejosos, en virtud de que en los partes informativos que rindieron a sus superiores no reportaron incidentes, salvo la extrañeza que les causaba el hecho de que se procediera a la incineración de artes y equipo de pesca por parte del inspector federal de Pesca. f) Por lo que se refiere a la "fabricación de delitos", argumentados en el escrito de queja este organismo Nacional acreditó, a través de los medios de prueba de los cuales se da cuenta? que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero realizó sus actividades apegada a Derecho, en virtud de que dio inicio a una averiguación previa con base en una querella que le fue presentada averiguación que después de haber reunido los elementos del tipo penal, consignó ante la autoridad judicial, la cual, dentro del marco legal de su competencia, libró la correspondiente orden de aprehensión y, después de que concluyó la etapa del procedimiento, dictó sentencia absolviendo al señor Javier Roque Suárez del delito de daños en las cosas que le imputara el señor Mario Ríos González. Asimismo, no quedó acreditado que el señor Mónico Ruiz B. hubiese sido detenido ni que se hubiese seguido una indagatoria en su contra pues la quejosa no aportó
26. 26 elementos de prueba en tal sentido y ante este organismo Nacional el señor Mónico Ruiz señaló que no había sido objeto de detención alguna. g) Por otra parte, es importante resaltar la inquietud de los pescadores que realizan sus actividades dentro de la Laguna de Mitla, en el sentido de que por la práctica de métodos prohibidos y la utilización de artes y equipo de pesca prohibidos, las especies se están extinguiendo en esa laguna, por lo que reclaman que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca realice con mayor regularidad las actividades de vigilancia e inspección, a fin de erradicar estos vicios de la actividad pesquera en dicho lugar. Asimismo, sugieren que esa autoridad realice los estudios técnicos necesarios en la Laguna de Mitla para determinar una posible veda en la captura de las especies, pare que éstas puedan regenerarse y no exista el peligro de extinción, como actualmente ocurre, pues los pescadores señalan que antes se extraía producto de mayor tamaño, y en la actualidad se está obteniendo pescado en "talla juvenil". h) Por otra parte, este Organismo Nacional estima que es oportuno que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca proceda de inmediato a la investigación de los hechos que se imputan al señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina de Pesca en Tecpan de Galena, toda vez que existen diversas imputaciones en su contra, en el sentido de que bajo su responsabilidad ha permitido que el señor Julio Ríos Roque retenga equipos y artes de pesca propiedad de varios pescadores de la Laguna de Mitla, los destruya o los ponga a la venta, como lo argumentaron 14 pescadores de la comunidad El Papayo, en especial el caso del señor Javier Roque Suárez, quien dentro de la averiguación previa TAB/IV/143/994 señaló que el señor Abarca de la O le decomisó una lancha, redes y trasmallos de su propiedad, al argumentar que estaba utilizando métodos prohibidos de pesca y permitió que el señor Julio Ríos vaciara un bote de gasolina sobre los citados bienes con la tolerancia del inspector de Pesca. Además, los elementos de la Secretaría de Marina que acompañaron al señor Abel Abarca a realizar inspecciones de vigilancia en la Laguna de Mitla, expresaron su extrañeza de que los bienes retenidos fueran incinerados por dicho servidor público, circunstancia que acredita que no se trataba de una práctica regular. En virtud de todo lo antes señalado, se trace necesario que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca realice una investigación exhaustivo con relación a los hechos imputados al señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero y se determine si efectivamente han sido retenidos indebidamente bienes de pescadores de la
27. 27 comunidad de El Papayo, determinándose el destino final que se les dio y, en su caso, se haga devolución de los mismos a sus propietarios. i) Este Organismo Nacional está consciente de que por un lado debe buscarse que no se agoten las especies por una inadecuada capture y, por otro, que se debe buscar concientizar de ello a todos los pescadores de la Laguna de Mitla, y propiciar que quienes no tengan artes adecuadas sean asesorados con programas que coadyuven en esta tarea; por ello, esa Secretaría deberá hacer una profunda investigación pare encontrar soluciones adecuadas a la problemática de los pescadores y buscar que la Ley se cumpla, imponiendo las sanciones que legalmente correspondan. De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos formula respetuosamente a usted, señora Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, las siguientes: V. RECOMENDACIONES PRIMERA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que la Contraloría Interna de esa Secretaría inicie un procedimiento interno de investigación con relación a los hechos imputados al señor Abel Abarca de la O, jefe de la oficina Federal de Pesca en Tecpan de Galeana, Guerrero, por haber quemado artes y equipos de pesca propiedad de pescadores de la Laguna de Mitla, así como por haber tolerado que el señor Julio Ríos Roque dispusiera de los bienes que fueron decomisados provisionalmente, imponiendo las sanciones que legalmente correspondan. SEGUNDA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que se realice una investigación con relación a los equipos y artes de pesca que les fueron decomisados a personas del poblado El Papayo, por parte del inspector federal de Pesca de Tecpan de Galeana, Guerrero, y que a la fecha no han sido devueltos. TERCERA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que se realicen diligencias de inspección y vigilancia periódicas por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en la Laguna de Mitla, a fin de que se supervise el estricto acatamiento a la Ley de Pesca y su Reglamento, imponiendo las sanciones que legalmente correspondan a las personas que transgredan las citadas disposiciones. Lo anterior, con el fin de que se preserven los recursos naturales en el sitio de referencia.
28. 28 CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que se inicien estudios técnicos pare determinar la posible necesidad de establecer una veda en la Laguna de Mitla, en la que se señale la duración de la misma, los periodos de explotación de los recursos pesqueros y todas aquellas medidas que se estimen pertinentes, tomando en cuenta, en todo momento, que de la explotación de los recursos pesqueros existentes en el sitio de referencia, dependen económicamente varias decenas de familias; asimismo, atienda los conflictos pesqueros que surjan entre las comunidades pesqueras de la Laguna de Mitla y busque las mejores soluciones a los mismos, de común acuerdo con los pescadores afectados, pero siempre dentro de los marcos legales. QUINTA. Se sirva girar sus instrucciones a fin de que se realicen actividades encaminadas a concientizar a los pueblos pesqueros usuarios de la Laguna de Mitla, pare que se abstengan de emplear métodos y equipos prohibidos de pesca, a la vez de que se les indique la necesidad de acatar en todos sus términos la Ley de Pesca y su Reglamento, señalándoles que para ello requieren autorización pare pescar en forma comercial las especies que habitan en la citada laguna. SEXTA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública. De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de 1S días hábiles siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esta circunstancia. Atentamente, El Presidente de la Comisión Nacional
29. 29 Rúbrica