Source: http://manuelrosalesporvenezuela.com/2009-11-17-19-01-36.html
Timestamp: 2018-02-26 04:05:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 49', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 285', 'artículo 13', 'artículo 13']

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Informe de la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
Preparado por: Delsa Solórzano. Directora Nacional de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo
El límite al poder punitivo del Estado, no es más que la aplicación efectiva de los Derechos Humanos. En tal sentido, es dable observar que el Derecho Penal, debe estar al servicio de los Derechos de la Persona Humana.
Así, en nuestro país, la violación de los Derechos Humanos, se ha convertido casi en algo tradicional. Esta violación, tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho penal.
Para algunos, los Derechos Humanos son “prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano”,[1] son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual.
Sin embargo, en las más modernas definiciones de “Derechos Humanos”, esta noción luce incompleta por abarcar sólo la parte sociológica del concepto, por lo cual debería hablarse más bien de “Derechos de la Persona Humana”. De esta manera se asume un concepto más completo de Derechos Humanos, a saber: “…son aquellos derechos fundamentales e inalienables de carácter universal, derivados de la sola condición que tienen los individuos de la especie humana de ser “persona”, independientemente de su nación, raza, credo o condición socioeconómica; expresados en los tratados, convenios y declaraciones de derecho internacional de las cuales son signatarias la mayoría de las naciones del planeta…”[2]
Esta definición no sólo responde a las características de los Derechos Humanos (Derechos de la Persona Humana) antes señalados, sino que, además, abarca toda una serie de aspectos que han estado tradicionalmente olvidados en la definición de Derechos Humanos. Tales aspectos son, además del sociológico que es el tradicional, el filosófico, el antropológico y el psicológico, con lo cual se atiende a un concepto integral del “hombre”.
Delimitado pues el marco teórico, es fácil comprender la grave situación que atraviesa nuestro país en materia de DDHH.
En Venezuela, el estado de Derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los Poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo. De seguidas, procedemos a detallar algunas evidencias de lo aquí dicho:
La Falta de autonomía e independencia del Poder Judicial y uso del sistema de Administración de Justicia para la persecución de la disidencia:
Se ha determinado con detalles el control de los casos de índole político por parte de jueces vinculados con los intereses del Gobierno de Hugo Chávez Frías, el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces en el poder judicial queda determinado por la fidelidad o no al régimen y al partido de gobierno. Todos aquellos jueces que han decidido de forma autónoma e imparcial, pero en perjuicio de los intereses políticos han sido destituidos de sus cargos.
De la misma forma han sido destituidos más de 200 fiscales del Ministerio Público sin procedimientos administrativos previos y en absoluta violación del debido proceso, por las mismas razones antes expuestas.
Por otra parte, la administración de justicia se ha convertido en palestra de solución política de los conflictos contra los intereses del régimen, se han iniciado y desarrollado procesos penales sin sustento jurídico alguno, todos producto de la consideración Gubernamental de que las personas juzgadas han ejecutado alguna actividad de índole político, calificando a los imputados de manera permanente como “opositores, asesinos, golpistas, miembros de la CIA” entre otros calificativos.
Los casos de índole político se han caracterizado por la ausencia absoluta de cumplimiento del debido proceso y ausencia total de sustentos jurídicos en las causas, a la par de estar dirigidos por jueces y fiscales afectos al oficialismo. Podemos enumerar algunos de ellos sólo para ilustración. Todos los casos que señalaremos de seguidas se encuentran debidamente sustentados por los abogados de defensores de los distintos ciudadanos mencionados:
1.-El caso del General Francisco Usón, quien ha sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber emitido una opinión en un medio de comunicación social, por la supuesta comisión del delito de “Injuria Contra la Fuerza Armada Nacional”. Tal opinión se consideró políticamente inconveniente para la Fuerza Armada Nacional. Su sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia. Fue juzgado por un tribunal militar. Hoy ya se encuentra en libertad.
2.-En cuanto al caso denominado los “carmonafirmantes”, es de destacar que se persigue, e investiga a todo aquél que ha resultado ser presumiblemente culpable de un supuesto golpe de Estado aún no definido jurídicamente, por presuntamente haber firmado un Decreto de disolución de los poderes públicos. El caso se ha manejado durante 5 años y hasta la fecha sólo ha habido actuaciones arbitrarias sin sustento jurídico alguno. Es importante destacar que según la ley adjetiva penal venezolana luego de 6 meses de haberse realizado la imputación fiscal, debe presentarse el acto conclusivo de cierre de la investigación, han transcurrido 5 años y aún el caso continúa abierto.
3.-Relacionado con el mismo caso de los sucesos del 11A se produjo la orden de privación de libertad contra los militares cuyos casos habían sido sobreseídos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por haber encontrado en su momento que no habían incurrido, el 11 de Abril de 2002, en ningún delito, violando con esto todos los principios que rigen el debido proceso, y muy particularmente la cosa juzgada. Ninguno de estos altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional se encuentra en el país, pues han manifestado su desconfianza absoluta en un sistema de justicia político y no jurídico.
4.-En el caso del dirigente gremial Carlos Ortega se produjo un juicio de los más breves en cuanto a duración, ya que a menos de un año de su detención fue condenado a una pena de más de 15 años de prisión, por los supuestos delitos de rebelión, instigación a delinquir y uso de documento falso. La condena por el delito de rebelión fue totalmente infundada pues Carlos Ortega al igual que miles de venezolanos hicieron el uso legítimo del Derecho a la Huelga, por ende ha sido condenado por rebelión sin el uso de armas, a título individual y sin haberse traducido un atentado, daño o ruptura del hilo democrático o contra las instituciones tal y como exige el Código Penal Venezolano. Este ciudadano se evadió de la Cárcel militar en la cual permanecía detenido por considerar que su condena era injusta e infundada, se espera la confirmación de la sentencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Se encuentra asilado en la República del Perú.
5.-El caso de Danilo Anderson fue uno de los casos de los que ocuparon mayor atención por demostrarse continuas trasgresiones a los derechos humanos de los enjuiciados. Actualmente, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, así como su primo Juan Guevara, han sido condenados, sin la existencia de ninguna prueba contundente sobre su intervención en dicho crimen, sino únicamente con el dicho de un testigo que los medios de comunicación han demostrado es un “testigo falso, de dudosa credibilidad, que ha mentido y se ha contradicho” y que hasta en el mismo proceso judicial ha dado versiones distintas de los hechos. Con la declaración de este testigo, además, se logró decretar la medida de privación de libertad de Nelson Mezerhane, Salvador Romaní, Patricia Poleo y Añez Núñez, sin cumplir con ninguno de los requisitos exigidos en el Código Orgánico procesal Penal.
6.-El caso de Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, junto con el de los 8 Policías Metropolitanos acusados por sólo 2 de las 19 muertes ocurridas el 11 de Abril (17 asesinatos permanecen aún sin investigar) están ya en etapa de juicio arrastrando con los vicios denunciados en las primeras etapas del proceso.
ACUSADOS: Comisarios HENRY JESÚS VIVAS HERNÁNDEZ, LÁZARO JOSÉ FORERO LÓPEZ e IVAN ANTONIO SIMONOVIS ARANGUREN, y funcionarios del mismo Cuerpo Policial, MARCO JAVIER HURTADO, HÉCTOR JOSÉ ROVAIN, JOSÉ ARUBE PÉREZ SALAZAR, JULIO RAMÓN RODRÍGUEZ SALAZAR, ERASMO JOSÉ BOLÍVAR y LUIS ENRIQUE MOLINA CERRADA. Los acusados RAMÓN ZAPATA y RAFAEL ALFREDO NEAZOA son defendidos por defensores públicos.
DEFENSORES: JOSÉ LUIS TAMAYO RODRÍGUEZ, THERESLY MALAVE WADSKIER, IGOR HERNÁNDEZ, YAJAIRA CASTRO DE FORERO Y MARÍA DEL PILAR PERTIÑEZ DE SIMONOVIS.
FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO: HAIFA AISSAMI y MARIA ALEJANDRA PÉREZ.
TRIBUNAL DE LA CAUSA: JUZGADO CUARTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN MARACAY. Juez: MARJORIE CALDERÓN GUERRERO. Constituido con 3 Escabinos (2 Principales. 1 Suplente).
DELITOS POR LOS CUALES FUERON ACUSADOS:
A. Funcionarios de la PM: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO Y LESIONES PERSONALES GRAVÍSIMAS, GRAVES, MENOS GRAVES Y LEVES EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA (Art. 405, numeral 1. del Código Penal, en concordancia con el art. 424 eiusdem) EN PERJUICIO DE 3 FALLECIDOS (ERASMO SÁNCHEZ, RUDY URBANO DUQUE y JOSEFINA RENGIDO) Y LAS HERIDAS DE VEINTISEIS PERSONAS.
B. Comisarios: COMPLICIDAD NECESARIA EN LA COMISIÓN DE DICHOS DELITOS. (Art. 405, numeral 1. del Código Penal, en concordancia con el art. 424 eiusdem y el art. 84, numeral 2. y último aparte ibidem).
Luego de más de 6 años de juicio y detenidos arbitraria e ilegalmente, sin ninguna prueba en su contra, en una decisión completamente inconstitucional, fueron condenados a 30 años de prisión.
6.-Casos de Leopoldo López quien es el Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda en la ciudad Capital, se le siguen en la actualidad 28 procesos penales por distintos delitos entre ellos rebelión civil, cooperación en la rebelión militar, malversación de fondos, atentar contra el ambiente en la construcción de obras dentro del municipio entre otros. Además ha sido inhabilitado sin debido proceso y en alteración de normas procesales básicas por parte de la Contraloría General de la República con lo cual no puede ejercer cargos de elección popular por 12 años. Es el político más perseguido en la actualidad a través de la utilización de las vías de justicia.
7.-La investigación contra los directivos de la Asociación Civil Súmate ha estado sometida a más violaciones al debido proceso, entre ellas la actitud indudablemente parcializada del juez de juicio que culminó con su separación del proceso. Es importante destacar que en este caso inclusive se desacató de forma flagrante la decisión del TSJ que en Sala Penal obligaba la incorporación de las pruebas de la defensa. En este caso también los acusados han tenido que recurrir a la Inspectoría General de Tribunales a denunciar las irregularidades en el manejo del expediente. El caso ha pasado por manos de varios jueces, se les imputa por traición a la patria por haber recibido fondos del NED para la ejecución de procesos de capacitación en materia de derechos políticos. Tienen prohibición de salida del país desde hace más de dos años y aún no se ha celebrado el juicio oral y público.
8.-La periodista Ibeyise Pacheco quien tuvo que enfrentar nuevas imputaciones y se ha enfrentado a nuevos juicios. Se ordenó en su contra una privación de libertad que posteriormente fue modificada en cuanto al sitio de reclusión, pero que en ambos casos reveló la intención directa, clara e indudable de ejercer presión contra comunicadores sociales que en el ejercicio de sus funciones han realizado denuncias contra quienes ejercen cargos públicos.
9.- Los casos de los militares detenidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde por razones políticas, además del General Francisco Usón ya mencionado, se encuentran el trato que se ha dado a los oficiales en casos como el de los presuntos “paramilitares”, donde se sometió a juicio a más de 100 personas, entre éstos fue condenado el General Ovidio Poggioli, ya en libertad, y el Teniente Coronel Prieto, sentenciado sin haberse seguido un juicio imparcial y objetivo.
Destacan entre ellos los detenidos por razones políticas de índole militar los casos de: Teniente Coronel Quintero Guilarte a quien se le sigue un juicio desde hace 2 años por traición a la patria por haber capturado y entregado a las autoridades Colombianas al famoso guerrillero Rodrigo Granda. En su proceso se han violado y trasgredido todos los principios básicos y hasta la fecha no hay un juicio que le haya permitido demostrar su inocencia: Capitán Otto Guevauer sentenciado a la pena de 12 años y 6 meses de prisión por el delito de “desaparición forzada de persona” en perjuicio del presidente de la República, y esto porque fue el militar a quien le correspondió custodiar a Hugo Chávez el 11 de abril hasta la base militar de la Orchila donde se mantuvo resguardado hasta el regreso al poder. Es decir una desaparición forzada de una persona que jamás desapareció; General Felipe Rodríguez, contra el cual hasta se ofreció “recompensa” por su captura pretendiendo vincularlo sin pruebas a la colocación de explosivos en dos sedes de embajadas en la Ciudad de Caracas. Pretende atribuírsele un delito no tipificado como lo es el “terrorismo” el proceso penal se ha extendido sin las garantías jurídicas, con violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa.
10.- Caso de los dirigentes políticos del estado Táchira condenados de igual forma por Rebelión civil sin que haya ninguna de las características tipológicas exigidas en la norma sustantiva, permanecieron detenidos por más de 1 año y ahora su sentencia se encuentra definitivamente firme luego de un proceso penal colmado de arbitrariedades y violaciones denunciadas de forma permanente. Hoy se encuentran en libertad, producto de una Ley de Amnistía.
11.- Caso del dirigente estudiantil de la Universidad de Mérida Nixon Moreno a quien se le ha imputado por el delito de rebelión militar y ahora pretende involucrársele en alteraciones del orden público por el ejercicio de los derechos políticos, además se ha simulado la perpetración de un “intento de violación” contra una funcionaria policial del Estado aún cuando las pruebas demuestran que este hecho no existió. Se libró en su contra una orden privativa de libertad sin el debido proceso lo que lo llevó a permanecer en la clandestinidad hasta que el Nuncio Apostólico lo ha recogido en su sede donde estuvo protegido por el Vaticano hasta aguardando el tramite el asilo correspondiente al considerársele un perseguido político. Tal trámite nunca se realizó, lo que produjo su evasión y hoy se encuentra asilado en la República del Perú.
12. Caso de Enrique Mendoza, ex Gobernador del Estado Miranda, quien ha sido inhabilitado por la Contraloría General de la República y se encuentra imputado por la comisión de diversos delitos, todos con justificaciones de carácter político.
13. Caso Manuel Rosales: A continuación, haremos un breve resumen explicativo del caso que cursa ante la Fiscalía 11 del Ministerio Público a Nivel Nacional, a cargo de la Abg. Katiuska Plaza, y cuyo Juzgado de Control es el signado con el número 19, a cargo de la Abg. Reina Morandy, por el cual se pretendió privar de su libertad a Manuel Rosales, de manera ilegítima, en violación directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los pactos, tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y la legislación penal y procesal penal vigente en nuestro país.
Manuel Rosales, alcalde de la ciudad de Maracaibo, ex candidato Presidencial contra Hugo Chávez y líder fundacional del Partido Un Nuevo Tiempo, principal partido de la alternativa democrática de Venezuela, está siendo evidentemente víctima de un caso de persecución política. El mismo está relacionado, en principio con una averiguación administrativa abierta por la Contraloría General de la República, la cual determinó, luego de un proceso violatorio del Debido Proceso, que Manuel Rosales, presuntamente se había enriquecido ilegalmente por la cantidad de Bs. F. 147.000,oo. En esta averiguación administrativa se le cercenó el Derecho a la Defensa, ya que le fue negado el ingreso de pruebas de descargo, que determinaban contundentemente, que en la consideración de ese monto como ilícito, no fueron tomados en cuenta sus ingresos como productor agropecuario, actividad a la que de manera pública y notoria desde hace más de 30 años se dedica Manuel Rosales combinándola con su actividad política, y monto además por el cual había declarado y pagado debidamente el impuesto sobre la renta correspondiente.
Producto de esa investigación administrativa, y de la denuncia penal interpuesta por el ciudadano José Luis Pirela, quien se desempeñaba para la época como Secretario General del Partido Patria Para Todos (uno de los principales partidos que respalda al Presidente de la República) en el estado Zulia, el Ministerio Público abre una investigación penal, la cual, por falta de pruebas y por considerar que no había sido cometido ningún hecho punible, la fiscalía decreta el Archivo en junio de 2006.
El caso permanece cerrado, hasta que en el fragor de la campaña electoral para elegir autoridades regionales (Alcaldes y Gobernadores), en el año 2008, el Presidente Chávez declara en diversas oportunidades que él mismo de ponía el frente de la “operación Manuel Rosales vas preso”. Igualmente, el Presidente de la República profirió en distintas oportunidades diversas expresiones ofensivas y graves amenazas contra Manuel Rosales, insistiendo permanentemente en ratificar la orden de hacer preso a Rosales. Luego de estos señalamientos presidenciales, todos los Poderes Públicos, evidenciando una falta absoluta de independencia entre los mismos, cosa imprescindible para la verdadera existencia de Democracia y Estado de Derecho, acatan la orden proveniente de Miraflores e inmediatamente, el Ministerio Público, a través de la fiscal Katiuska Plaza, reabre la archivada investigación, violando con ello lo establecido en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que la reapertura de una causa archivada sólo será posible ante la existencia de “nuevos elementos de convicción surgidos con posterioridad al archivo”, los cuales resultan inexistentes en el presente caso, salvo por la orden antes citada de Hugo Chávez de encarcelar a Rosales.
Luego de lo antes narrado, la Fiscal Katiuska Plaza, presenta formal acusación en contra de Manuel Rosales, ante el Juez de Control del Estado Zulia, en la que, para abundar en el carácter persecutorio desde el punto de vista político, y como una prueba más de la politización de la justicia en Venezuela, la señalada representante del Ministerio Público pide la citación para el hipotético juicio de los dirigentes políticos oficialistas Diputado por el PSUV Mario Isea, el ex acalde de Maracaibo por el PSUV Gian Carlo Di Martino y José Luis Pirela, Secretario General del PPT en el Zulia, como únicos y principales “testigos” para demostrar la supuesta culpabilidad de Manuel Rosales.
En la señalada acusación fiscal, además se solicita que Manuel Rosales sea privado de su libertad y desde ese momento, tanto él, como su familia y colaboradores más cercanos, están siendo víctimas de una brutal persecución policial, lo cual nos hace temer con fundadas razones por la vida e integridad física de Rosales.
Visto lo anterior, la innumerable violación de los derechos de Manuel Rosales, la podemos resumir de la siguiente manera:
1. Derecho a ser juzgado por un juez natural: Manuel Rosales debe ser juzgado por un juez del Circuito Judicial Penal de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, ya que éste es el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Pues bien, el Ministerio Público solicitó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo Justicia la radicación del juicio, alegando que el caso había causado alarma, sensación o escándalo público, y para demostrar esta situación, anexaron periódicos de circulación nacional, donde lo único que se evidenciaba era que el Ministerio Público había presentado acusación en contra de Manuel Rosales y se había pedido además la detención del mismo, pero en modo alguno se evidenciaba una alarma, sensación o escándalo público que impidiera la correcta continuación del caso en cuestión. Juzgar a Manuel Rosales, es un hecho que en todo caso alarma al país entero, e incluso debe causar alarma a la comunidad internacional, por cuanto evidencia la ausencia de estado de derecho y la politización absoluta de la justicia en nuestro país. Si con ello bastara, entonces no podría ser juzgado Manuel Rosales en ningún lugar de nuestro país o del mundo.
Ante lo anterior, es menester acotar, que Manuel Rosales, no es sólo un líder fundamental en el Estado Zulia, sino un verdadero líder nacional, ex candidato presidencial contra el presidente de la República Hugo Chávez, obteniendo una importantísima votación, líder fundacional de Un Nuevo Tiempo, el cual es el principal partido político de la alternativa democrática en Venezuela, por lo tanto, cualquier situación que tenga que ver con su enjuiciamiento y posible detención, es una situación que va a causar la más alta atención no sólo en el Estado Zulia, sino en toda la geografía nacional, así que cualquier radicación de este juicio carece de sentido práctico.
No obstante lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, decidió radicar el caso en la ciudad de Caracas, exhibiendo una inusual celeridad procesal, que llevó a que tal y como lo dejaron sentado sus abogados defensores, el expediente fuera trasladado desde el Estado Zulia a la ciudad de Caracas, inclusive antes de que estuviera redactada la decisión de radicación.
Por otra parte, una vez radicado el expediente, el mismo fue distribuido al Tribunal 19 de Control, de forma completamente irregular, en horas de la noche, y sin posibilidad de la defensa de presenciar el sorteo correspondiente, el cual recayó en el Tribunal señalado, cuya juez a cargo es la Dra. Reina Morandy, la cual resulta ser hermana de la Magistrada de la Sala Penal (la misma Sala que decidió radicar el expediente) del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Myriam Morandy, la cual a su vez es comadre de la Presidente de la Asamblea nacional, Diputada del PSUV Cilia Flores.
Con toda esta situación se violan los artículos 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Código Orgánico Procesal Penal.
2. Violación del Principio de Presunción de Inocencia: Como se mencionó anteriormente, en este caso Manuel Rosales ha sido víctima de un verdadero intento de linchamiento político, derivado de las declaraciones de diversos representantes del actual régimen, las cuales van desde las realizadas por el Presidente de la República, la propia Defensora del Pueblo, Ministros y diversos dirigentes oficialistas, hasta las que realizan a diario los Diputados oficialistas, las cuales señalan la intención clara y precisa de declarar como culpable a Manuel Rosales sin juicio previo. Con esto se viola el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Derecho a la Defensa: A Manuel Rosales se le viola su derecho a la defensa, ya que fue acusado por el Ministerio Público, sin que éste esperara la resolución de la impugnación que los abogados defensores hicieran del dictamen de la Contraloría General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, por los vicios que tal dictamen presentaba, parte de los cuales fueron señalados ya en el presente escrito. En tal sentido, es de destacar que, la causa penal depende de la causa administrativa que se sigue ante nuestro Máximo Tribunal, es por ello que los abogados alegaron ante el Tribunal de Control correspondiente, la existencia de la prejudicialidad. Ante esta situación, el Juez de Control ha debido paralizar la causa hasta que el TSJ se pronunciara sobre la nulidad de las actuaciones de la Contraloría, cosa que no se hizo y por el contrario, se pospuso la audiencia para conocer de la señalada prejudicialidad para el mes de octubre, cosa que deja en absoluto estado de indefensión al Alcalde de la ciudad de Maracaibo, por cuanto, la nulidad del acto administrativo del cual pende la investigación penal, ni lo decide el TSJ, ni lo decide el Tribunal de Control.
Asimismo, el Tribunal 19 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue cerrado en el mismo momento en que recibió el expediente, negándose el acceso a las actuaciones y cercenando el derecho a la defensa de Manuel Rosales. A los abogados se les negó con esa actuación el derecho a ejercer de forma plena la defensa. De esta manera Manuel Rosales se queda sin derecho a la defensa y hasta sin tribunal que conozca de su caso.
Ante tal situación, la Dirección Política Nacional de Un Nuevo Tiempo, decidió denunciar públicamente estos hechos, para que con la ayuda de la debida presión de opinión pública, se lograra la reapertura del Tribunal, cosa que ocurrió en fecha 1º de abril de 2009, fijándose para el día 20 del mismo mes, la realización de la correspondiente audiencia preliminar. Sin embargo, los vicios existentes en el expediente son de tal gravedad, que no se subsanan con la simple fijación de la señalada audiencia, ya que, para que exista verdadera garantía de un juicio limpio, debería anularse incluso la propia acusación, devolverse el expediente al estado Zulia y asignarse a un juez diferente al que conoce la causa actualmente, así como debería también cesar de inmediato la persecución policial en contra de Manuel Rosales y la orden de detención que diera ilegítimamente el Presidente de la República.
Por si esto fuera suficiente, luego de radicado el expediente en la ciudad de Caracas, el mismo no llegó con todas sus piezas al nuevo tribunal de la causa, encontrándose todavía algunas en la ciudad de Maracaibo. A tales piezas del expediente no se le permite acceso a la defensa de Manuel Rosales, alegando que el Tribunal de Maracaibo ya no tiene competencia para conocer de la causa, pero al no estar en Caracas las mismas, tampoco pueden tener acceso a ellas en el Tribunal 19 de Control, con lo cual se ha cometido una grave violación al Derecho a la Defensa, ya que al momento de presentar l contestación de la acusación y las pruebas de la defensa que exculpan de responsabilidad al acusado, no pudo conocerse el contenido completo del expediente.
Con lo anteriormente narrado, se violan los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 12 del Código Orgánico Procesal Penal.
4. Desconocimiento del Derecho a ser Juzgado en Libertad: Con la ambigua solicitud de detención realizada por el Ministerio Público en contra de Manuel Rosales, se le viola el derecho constitucional y legal de ser juzgado en libertad, más aún si se toma en cuenta que se trata de un alcalde en ejercicio, electo por el voto popular y que no ha dejado de presentarse a ningún acto del proceso para el cual haya sido citado o requerido, con lo que ha dejado demostrado, con suficiencia, su deseo de mantenerse apegado a la investigación.
Adicionalmente a todo esto, a través de una denuncia realizada por el Diputado Ismael garcía, se pudo tener conocimiento de que el Tribunal ya había realizado un proyecto de decisión, en el cual consta no solamente que al momento de la realización de la audiencia preliminar correspondiente, se ordenaría la inmediata detención de Manuel Rosales y su inmediata reclusión en el retén de La Planta, el cual no sólo es uno de los más peligrosos y hacinados del país, sino que al mismo son destinados sólo presos comunes y no presos políticos.
Con lo aquí descrito, se violan los artículos 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 7.1 y 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 9 del Código Orgánico Procesal Penal.
5. Violación del Debido Proceso: Las violaciones flagrantes de los derechos antes señalados, y de muchos otros, verifican la vulneración en general del Debido Proceso, lo que deja en evidencia que en el caso de Manuel Rosales, estamos en presencia de una persecución política disfrazada de proceso judicial, en la cual participan actores pertenecientes a distintos Poderes del Estado, que en la actualidad, lamentablemente se encuentran absolutamente secuestrados y controlados por el Presidente de la República. Con lo aquí narrado se violan los artículos 49 de nuestra Carta Fundamental, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 1 del Código Orgánico Procesal Penal.
Los hechos antes descritos, y las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en contra de Manuel Rosales, no hacen más que evidenciar el carácter de perseguido político de un demócrata, que ha consagrado su vida a la lucha por el rescate de la institucionalidad en Venezuela, lo cual nos llevó a ratificar como Partido Político, como demócratas, como defensores fieles de los derechos humanos y como amigos de Manuel Rosales, nuestra inmensa preocupación por la vida e integridad física de Manuel Rosales y la de su familia. Es por ello que, la decisión tomada por el Alcalde de Maracaibo, ex Gobernador del Estado Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales de no presentarse a la audiencia preliminar fijada, para no convalidar así con su presencia, y con su propia suerte a un poder judicial que lejos de cumplir con su obligación de actuar apegado al Estado de Derecho, lo hace sólo en cumplimiento de una orden presidencial, con lo cual se evidencia la ausencia de separación de los Poderes Públicos y con ello de Estado de Derecho y de Democracia en nuestro país.
En este momento, Manuel Rosales se encuentra en la hermana República del Perú, donde le fue otorgado un Asilo Territorial, por ser un perseguido político del régimen de Hugo Chávez, y cumpliendo además con todos los requisitos establecidos en pactos y convenios internacionales en la materia, apelando así pues a la importante tradición de asilo territorial, que como pueblo demócrata, reina en ese vecino país.
14. Caso Gustavo Azócar: El juicio comienza en diciembre del año 2000. El Gobernador Ronald Blanco ordenó a la Procuradora General del estado, Ana Casanova, la apertura de una investigación contra el periodista. Blanco La Cruz quería evidentemente acallar la posición crítica de Azócar y las múltiples denuncias realizadas por este contra su gobierno.
Forjaron un expediente y fue denunciado en el Ministerio Público. Convirtieron un juicio civil en un juicio penal. Lo que en principio era un supuesto incumplimiento de contrato, lo convirtieron en una presunta estafa.
Denunciaron por estafa, lucro ilegal en actos de la administración pública y falsedad de documento.
En concreto, la denuncia tiene que ver con unos contratos de publicidad firmados con lotería del Táchira en el año 2000 para transmitir cuñas de lotería en Radio San Cristóbal y en Televisora Regional del Táchira.
Los denunciantes dicen que la empresa GEA Comunicaciones Corporativas C.A., perteneciente a Azócar, no transmitió las cuñas en la emisora, pero hay facturas, ordenes de transmisión, certificados y pautas de transmisión que demuestran exactamente lo contrario y prueban de modo efectivo que las cuñas si se transmitieron.
Hay dos informes del CICPC que prueban que la empresa transmitió, cobró y pagó esos comerciales tanto en TRT como en la radio.
El juicio oral y público comenzó el 11 de mayo de 2009 (9 años después). Asistió el periodista puntualmente a 19 audiencias hasta que el 29 de julio la Juez Fanny Becerra, en violación flagrante de los establecimientos legales venezolanos que obligan al juicio en libertad, ordena la detención y juzgamiento prisión de Gustavo Azócar.
Antes de ser detenido, tenia una medida cautelar inconstitucional, ya que violaba el derecho a la Libertad de Expresión, que lo obligaba desde hacía 42 meses a presentarse cada 30 días en un tribunal; 42 meses sin salir del país; 42 meses sin declarar sobre el juicio.
La juez revocó la medida y envió a prisión a Gustavo Azócar por haber publicado en su página Web 2 informaciones sobre el caso que habían salido publicadas en dos periódicos regionales.
Pero eso no es todo: el 1 de septiembre, cuando apenas faltaba una semana para terminar el juicio (llevaban 28 audiencias) la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) suspendió a la Juez Fanny Becerra.
Al suspender la audiencia, dejan 3 semanas más en prisión al destacado periodista tachirense. Designaron un nuevo Juez el 17 de septiembre de 2009 José Hernán Oliveros y ahora este juez quiere anular el juicio, para comenzar de cero. Eso que podría quedar detenido en una cárcel de presos comunes, indefinidamente hasta que se celebre el juicio de nuevo.
15. Caso Biagio Pilieri: Ex alcalde, Ex diputado, actualmente Concejal y Coordinador General Regional del Movimiento Convergencia en Yaracuy, y Comunicador Social BIAGIO PILIERI, y otros honorables yaracuyanos casi todos miembros de su administración, es pertinente informar a la opinión pública en general sobre los particulares siguientes:
BIAGIO es un dirigente Político y funcionario Público desde hace más de 16 años, con una conocida, limpia, honesta y transparente trayectoria, donde todo Bruzual y Yaracuy recuerdan su eficiente gestión. Se ha convertido desde su salida de la Alcaldía en la figura central de la alternativa democrática en el Municipio Bruzual. Desde su curul de Concejal elegido por el pueblo para el periodo (2005-2009), no cesó de denunciar las irregularidades, desmanes y presuntos ilícitos administrativos en que incurrió la gestión del alcalde Adelmo León, y por eso, este tristemente celebre personje es el instigador y manipulador de todo el entramado pseudo-jurídico en contra de BIAGIO y otros yaracuyanos, hoy injusta e ilegalmente presos.
El Ministerio Público se excedió al solicitar su detención, ya que consta en actas que BIAGIO y los demás ciudadanos investigados asistieron a todas las citaciones que les impuso el Ministerio Público; incluso voluntariamente comparecieron aún sin ser citados formalmente. Además que es perfectamente comprobable el total arraigó de ellos a sus domicilios y lugares de trabajo. Y como ha dicho la Fiscal General, “en estos casos no se justifica la detención preventiva”.
Es de hacer notar que ésta averiguación tiene mas de cuatro años, pues, data de principios del año 2005, y es en agosto de 2008 cuando se les imputa; curiosamente en plena campaña electoral donde Biagio Pilieri participaba como candidato a la Alcaldía de su localidad, y es cuando el Ministerio Público obviando el principio de presunción de inocencia, solicitó la medida de privativa de libertad.
El pasado Lunes 20 de Abril de 2009, se realizó la Audiencia Preliminar prevista, donde estuvo presente Biagio Pilieri, y las otras ocho 08) personas; todas acusadas injustamente. Pero a pesar de lo contundente de los argumentos y pruebas a favor de los injustamente acusados, y de haberle demostrado al Juez de Control Nº 1 (Dr. Romel Antonio Oviol Rodríguez), que la defensa tenia razón, y los acusados son inocentes, de la manera más absurda, sorpresiva, e injusta, se les vuelve a encarcelar, y se ordena llevarlos a juicio.
Estamos evidentemente “Juicio Político”, donde se criminaliza a Biagio Pilieri y se usa entonces contra él, a la Justicia como un “Instrumento de Represión Política”.
Luego de que ya han transcurridos alrededor de siete (07) meses de su detención, y más de cuatro (04) meses de la “Audiencia Preliminar” es evidente que ahora estamos frente a un evidente Retardo Procesal.
16. Caso Richard Blanco: A raíz de la aprobación de la inconstitucional e ideologizante Ley Orgánica de Educación, se produjeron en la ciudad de Caracas diversas manifestaciones públicas, las cuales fueron brutalmente reprimidas por el régimen. Como consecuencia de esas manifestaciones públicas, voceros gubernamentales, con la finalidad de amedrentar a los marchistas, señalaron que serían prohibidas las protestas pacíficas, aun cuando se encuentran amparadas en el artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y anunciaron la detención de diversos voceros de la alianza opositora. Uno de ellos Richard Blanco.
El Prefecto de la ciudad de Caracas y Presidente del Partido Político de la alternativa democrática, Richard Blanco, fue detenido en condiciones completamente irregulares en fecha 27 de agosto de 2009, por órdenes directas de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, según declaraciones rendidas por ella misma. Sin razón alguna, sin imputación previa, sin haber comparecido nunca ante un tribunal o un fiscal para ser impuesto de los hechos en su contra, fue brutalmente detenido por funcionarios adscritos al CICPC, quienes sin orden alguna, sacaron a Blanco a la fuerza de sus oficinas.
Luego de 3 días fue presentado a la orden de tribunales y fue ordenada su detención en la Cárcel de Yare, uno de los penales más peligrosos del país.
17. Caso Oscar Pérez: Otro de los ciudadanos amenazados con ser detenidos por parte del Gobierno Nacional a raíz de las manifestaciones por la Ley Orgánica de Educación, fue Oscar Pérez, Secretario General de ABP.
Luego de la detención de Richard Blanco, comenzó una brutal persecución policial contra Pérez, exhibiendo órdenes de captura por la comisión de graves delitos. Igualmente, este proceso se produjo completamente al margen del debido proceso en flagrante violación de los derechos humanos de este ciudadano venezolano. Hoy Oscar Pérez se encuentra solicitando asilo en la República del Perú.
18. Detención de 11 funcionarios de la Alcaldía Metropolitana, en defensa de sus derechos laborales: En el marco de una protesta amparada en el artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, un grupo de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana manifestó exigiendo reivindicación y respeto a sus derechos laborales, en las afueras del TSJ, debido al anuncio del Gobierno Nacional de dejar sin recursos a este importante ente, razón por la cual más de 8 mil trabajadores perderían sus puestos de trabajo.
La respuesta del régimen, lejos de escuchar a los trabajadores, fue ordenar su detención. Los trabajadores son:
Carlos Lozada Villegas, retenido ilegalmente desde Agosto 28,2009 (La Planta, Caracas)
Abello Álvarez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Omar Rodríguez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Gustavo Aponte, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Gerardo Jesús González, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Xisto Antonio Gómez, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Jaer Antonio Pulido, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Yumar Oscar Figueroa, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Alexander Ronald, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Viña Figueroa, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
Lixido José Solarte, retenido ilegalmente desde Agosto 26,2009 (La Planta, Caracas)
19.- Caso Julio Rivas: En fecha 8 de septiembre de 2009, Julio Rivas, estudiante de 22 años de edad, fue detenido en Valencia, luego que su vivienda fuese allanada, por su presunta participación en los hechos que se generaron en la marcha del 26 de agosto contra la Ley Orgánica de Educación.
Este joven estudiante, fue prácticamente sentenciado desde el programa de vocería política del régimen “La Hojilla” y desde allí fue ordenada su detención.
El Julio Rivas fue imputado por los delitos instigación a delinquir, incitación a la guerra civil, resistencia a la autoridad y porte ilícito de armas genéricas, siendo que lo único que portaba en sus manos el día de la señalada manifestación el líder estudiantil, era una china, podemos afirmar, con toda certeza, que por risible que ello resulte, el joven fue imputado por “porte ilícito de china”. En un procedimiento completamente irregular y violatorio del debido proceso, fue ordenada la privación de libertad del estudiante universitario y fue trasladado a la cárcel de Yare en el estado Miranda.
Esto ocasionó una huelga de hambre estudiantil, iniciada en las afueras de la Organización de Estados Americanos en Caracas, por jóvenes estudiantes provenientes del oriente del país, y gracias a esa acción que se masificó e intensificó cada día, se logró la liberación de Julio Rivas.
20.- Caso Delsa Solórzano: Solórzano es abogado, activista de Derechos Humanos, Dirigente Nacional del Partido Un Nuevo Tiempo, donde desempeña como Directora Nacional de Derechos Humanos y Justicia, igualmente, se encuentra a cargo de la Coordinación del a Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática.
Con ocasión del ejecútese dictado por el Presidente de la República Hugo Chávez a la Ley Orgánica de Educación, se realizó un acto político en el Teatro Teresa Carreño, donde fueron utilizados menores de edad para hacer proselitismo. Esto se encuentra prohibido tanto por la LOPNA como por pactos y tratados internacionales suscritos ratificados por la República.
En razón de ello, en representación de la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzano y José Luis Farias, también dirigente nacional de un Nuevo Tiempo y coordinador de la Comisión de Educación de ese partido político así como de la Mesa de Unidad Democrática, acudieron al Ministerio Público con la finalidad de solicitar a esta institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 285 de nuestra Carta Fundamental, la apertura de las investigaciones legales a que hubiere lugar.
Es el caso que, de denunciantes pasaron a ser denunciados, y fueron citados al Ministerio Público en calidad de “investigados penalmente”, figura esta que no existe en la legislación venezolana. Durante el acto de declaración se informó que estaban sometidos ambos a investigación penal, por el hecho de haber realizado la denuncia de marras. La investigación penal en contra de ambos dirigentes sigue abierta.
21.- Caso José Dacre “Maraco”: El lunes 19 de enero de 2009, 1 día después de que el Presidente de la República Hugo Chávez ordenara a reprimir manifestaciones con “gas del bueno”, dirigentes del movimiento estudiantil convocaron una manifestación hacia el Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle a la máxima instancia judicial la apertura del registro electora, en virtud de las cercanías del proceso referendario para la enmienda constitucional, ya que se estaba limitando el derecho al voto a cerca de 3 millones de jóvenes que habrían cumplido 18 años para el momento de realizarse tal proceso comicial. Pero antes de llegar a la sede del Tribunal la marcha fue violentamente disuelta en El Rosal por la Policía Metropolitana.
En medio la manifestación, la policía confiscó el camión de sonido que los estudiantes habían usado para la marcha, y el director de la PM, Carlos Meza, denunció que dentro del camión la policía había encontrado tres gaveras de bombas molotov, piedras y envases de gasolina. A consecuencia de ello fue detenido el conductor del camión, José Dacre “Maraco”.
El miércoles 21 de enero, un acto en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, dirigentes estudiantiles convocaron un acto, en el cual pudieron mostrar un video que probaba que la PM había sembrado las bombas molotov en el camión.
23.- Caso de Leocenis García: Comunicador social, dueño de un medio de comunicación llamado 6to Poder, se ha destacado por las denuncias que ha llevado a cabo junto a un sacerdote, el Padre José Palmar por las presuntas irregularidades cometidas en la petrolera estatal PDVSA.
Desde el 03/06/2008 está preso en un pabellón para presos comunes de alta peligrosidad en la cárcel de Tocuyito, lugar al que fue trasladado desde la sede de la DISIP en Valencia, Estado Carabobo. Su defensor Fabián Chacón y el padre de Leocenis temen por su vida, creen que pudiera existir un complot para asesinarlo. (Noticiero Digital, 03/06/2008).
El pasado 03/06/2008, Leocenis García, su chofer Luis Alfredo Tortosa y su asistente Johandry Rojas Bravo fueron acusados por el Ministerio Público, representado por el fiscal 5to del Estado Carabobo. Jaime Martínez y su asistente Mario Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de Violación de domicilio, Agavillamiento, Daño violento a la propiedad, Resistencia a la autoridad y, en el caso de García también se lo acusa de un quinto delito: Porte ilícito de arma de fuego. Todo esto en la sede del diario El Periódico, ubicado en la avenida Uslar de Valencia.
El 27/05/2008, Fabián Chacón en una rueda de prensa dada en la Fiscalía General de la República hizo una denuncia penal sobre los delitos cometidos en contra de Leocenis García: privación ilegítima de libertad, violación al debido proceso, abuso de autoridad, tortura (le aplicaron unos electrodos en la cabeza), tentativa de homicidio, abuso de poder, simulación de hechos punibles (los hechos de los que se le acusa).
El abogado relata que fueron sorprendidos y detenidos en la sede del periódico a las 12:30 p.m. y aparecieron cuatro horas después en la sede de la Brigada Motorizada de la Policía después de la intervención de los medios de comunicación y del General Cliver Alcalá Cordones quien llamó al Jefe de la Policía y le pidió que no les hiciera daño. Además agrega que las instancias internacionales humanitarias tienen medidas para los casos de presos de este tipo, que también han sido ignoradas en este caso.
Las declaraciones de los policías que intervinieron en el proceso son contradictorias en lugar, tiempo y entre sí, y, son importantísimas ya que no pueden ser alteradas.
La defensa de Leocenis ha denunciado penalmente a los fiscales y policías que intervinieron en el caso, también pide la destitución del Juez de Control, Orlando José Ramírez, ya que en su condición de juez de control pudo haber corregido y fiscalizado jurisdiccionalmente la actividad de la policía y del Ministerio Público y al contrario, aceptó mansamente las imputaciones hechas a los defendidos del Dr. Chacón.
A Luis Tortosa y Johandri Rojas, les fue otorgada una medida cautelar de libertad por la Jueza Itinerante de Control 2 , Olivia Macapio, pero no así a Leocenis García, la razón aducida para no otorgársela fue que “Leocenis tiene los medios suficientes para irse del país”. Es decir se presume a priori un mal proceder por parte del preso político.
23.- Caso Eligio Cedeño: Vicepresidente Financiero del Banco Canarias, un agente autorizado de cambio de moneda extranjera.
En junio del 2003, Gustavo Arráiz, un hombre de negocios de Caracas, reconocido como el vendedor de computadores más importante del país – Consorcio Microstar – solicitó a CADIVI a través del Banco Canarias una suma importante de dólares para adquirir computadoras que habían sido enviadas a Venezuela y que estaban en la aduana de Venezuela esperando su pago. La operación tenía toda la apariencia de regularidad, viniendo de un vendedor al público que había distribuido cientos de millones de dólares en computadoras en Venezuela en los años recientes. Luego de verificar toda la documentación, el Banco Canarias presentó los papeles a CADIVI quién aprobó la operación. Lo que CADIVI no supo hacer, sin embargo, fue ejercer su deber legal para investigar los hechos antes de aprobar la operación, y falló al no descubrir que las computadoras no habían sido enviadas a Venezuela y que las ventas en las facturas que presentó Microstar eran falsas. Fue sólo después de que CADIVI había dado la autorización final y el Banco Canarias había completado la operación cambiaria que la Administración de Aduanas de Venezuela alertó a la Procuraduría General de la Nación acerca del fraude de Microstar. Desafortunadamente para Cedeño, la Procuraduría General de la Nación ignoró la conducta sospechosa de CADIVI, insistiendo, en que Cedeño estaba implicado porque – aseguró – había entregado la moneda venezolana que había financiado la operación de cambio. Esta aseveración era incorrecta, pues como se detalla debajo, la verdad de los hechos nunca ha importado en el caso Cedeño.
Cuando finalmente comenzó el juicio en marzo del 2008, se imputan a Cedeño tres cargos: (1) la supuesta conspiración para contrabandear a través de la simulación de mercancías importadas. Este cargo implicaba que Cedeño, de alguna manera, había participado en la entrega fraudulenta de formularios a la Aduana Venezolana por las computadoras inexistentes; (2) el supuesto desvío de fondos del Banco de Canarias. Este cargo se basaba en la teoría de que la moneda venezolana utilizada para adquirir los dólares estadounidenses durante la operación de cambio no fue provista por Microstar sino por los activos del Banco Canarias, que fueron desviados a propósito por Cedeño, y (3) el supuesta conspiración para obtener dinero en moneda extranjera por medio del fraude. Este cargo se relaciona con el anterior, pues de acuerdo con la fiscalía, el rol de Cedeño dentro de la supuesta conspiración consistía en brindar la moneda venezolana necesaria para el desvío de los activos del Banco de Canarias. (Tomado y resumido de la página Web de Eligio Cedeño)
Son muchos otros los casos que merece la pena destacar de modo individual, pero a favor del espacio, haremos un breve resumen de ellos, trascribiendo de seguidas, la lista de los presos políticos de nuestro país, con fecha y lugar de reclusión. Este listado ha sido elaborado con la colaboración de todos los abogados de los diferentes presos y perseguidos políticos de nuestro país:
2. Dtgd. (PM) Luis Molina Cerrada. Lugar de reclusión Cárcel de Ramo Verde. Los Teques
13. Iván Simonovis. Lugar de reclusión LA DISIP
26. José Wenceslao Castillo (Mayor retirado de la Fuerza Aérea) Cárcel de los Teques
30. Biagio Pilieri. Lugar de reclusión Comandancia General de la Policía de San Felipe. Yaracuy
31. Asdrúbal Lugo. Lugar de reclusión Comandancia General de la Policía de San Felipe. Yaracuy
32. Mario Martínez. Lugar de reclusión Comandancia General de la Policía de San Felipe. Yaracuy
33. John Pernía. Lugar de reclusión Comandancia General de la Policía de San Felipe. Yaracuy
34. José Leonardo Paraqueima. Lugar de reclusión Polibaruta. Caracas
35. William Urquiola. Lugar de reclusión Poli Baruta. Caracas
36. José Alfredo Báez. Lugar de reclusión Hospital Victorino Santaella, Los Teques
49. Richard Blanco (Prefecto de Caracas y Presidente de Alianza bravo Pueblo). Lugar de reclusión Cárcel de Yare 3
50. Julio César Rivas. Cárcel El Rodeo I (puesto en libertad)
3.- Capitán del Ejército Rafael Ángel Faría
No podemos dejar de mencionar algunos de los perseguidos políticos de nuestro país:
Ing. Alejandro Plaz
Ing. Luis E. Palacios
Pol. Nixon Moreno
Br. Arturo Senior
Br. Miguel Aponte
Br. Héctor Castro
Br. Elías Capogian
10. Br. Alejandro Mejías
11. Br. Alejandro Aguirre
12. Br. Federico Black
13. Br. Carlos Velar
14. Br. Alejandro Pulido
15. Dr. Rafael del Rosario
16. Lic. Yon Goicoechea
17. Lic. Virginia Zamora
18. Abg. Perla Jaimes
19. Abg. Mónica Fernández
20. Ing. Andrés Trujillo
21. Francisco “Kico” Bautista
22. Carla Angola
23. Roland Carreño
24. Leopoldo Castillo
25. María Isabel Párraga
26. William Echeverría
27. Patricia Poleo
28. Orlando Urdaneta
29. Marianella Salazar
30. Martha Colomina
31. Ibeyise Pacheco
32. Beatriz Adrián
33. Violeta Rosas
34. Diana Carolina Ruiz
35. Gladys Rodríguez
36. Gabriela Matute
37. Marta Palma Troconis
38. Rafael Poleo
39. Roger Santodomingo
40. Nelson Bocaranda
41. Miguel A. Rodríguez
42. Periodistas de la Cadena Capriles (entre muchos otros comunicadores sociales)
43. Mas de 250 estudiantes con medidas cautelares
44. Carlos Ortega
45. José Solórzano Bravo
46. Ronald Marcano
47. Asdrúbal Solórzano Charai
48. Pedro Pérez y
49. Fedorwkis Carreño (entre otros)
50. Mas de 300 dirigentes sindicales sometidos a medidas cautelares y persecución judicial)
51. Gral. Italo Del Valle Alliegro
52. Com. Henry López S.
53. Br. Julio Rivas
54. Br. Ronald Martínez
55. Br. Javier Scriven
56. Br. Rubén Ferrer
57. Br. Carlos Paparoni
58. Br. Diego Cabrita
59. Manuel Rosales
60. Omar Barboza
61. Pablo Pérez
62. César Pérez Vivas
63. Delsa Solórzano
64. José Luis Farias
65. Enrique Mendoza
66. Henrique Capriles Radonski
67. Leopoldo López
68. Julio Borges
69. Francisco Ferrer
70. Miguel Vásquez y
71. Wilfredo Febres (entre muchos otros)
Directivos de Medios de Comunicación Social:
72. Guillermo Zuloaga
73. Alberto Federico Ravell
74. Nelson Mezerhane
75. Nelson Belfort
76. Enza Carbone y
77. Marcel Granier (entre otros)
Centenares de ex-trabajadores petroleros
78. Juan Fernández y
79. Horacio Media
80. 18 mil despedidos de la industria petrolera
81. Centenares de Jueces y Fiscales destituidos de sus cargos por apegarse a la ley y no a los designios del régimen
82. Miles de ciudadanos firmantes de la Lista Tascón
Violación sistemática y reiterada de la libertad de expresión y amenaza a los medios de comunicación social
En nuestro país las constantes amenazas contra la libertad de expresión ya se han convertido en uso común por parte del Estado.
En principio las amenazas se cernían sólo sobre periodistas, cabe destacar los casos de Alberto Federico Ravell, Gustavo Zuloaga, Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo, Marta Colomina, Gustavo Azócar, todos perseguidos, amenazados, maltratados y hasta condenados por la justicia chapista. Igualmente destacan los casos de reporteros de diversos medios de comunicación libres que fueron agredidos en actos y manifestaciones del oficialismo (cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Luisana Ríos y otros).
Posteriormente, al ver que era imposible acallar a los valientes periodistas y comunicadores sociales venezolanos, la arremetida gubernamental se dirigió hacia los medios de comunicación libres y plurales que simplemente se negaron a ceñirse a las políticas comunicacionales dictadas desde las más altas esferas del gobierno. Esto se evidenció en principio en innumerables procedimientos administrativos sin sustento legal alguno abiertos en contra de la planta televisiva Globovisión. La cual ha sido víctima de multas incosteables, y ataques indiscriminados tanto a su planta televisiva como a sus directivos, los cuales están siendo sometidos a procedimientos penales, en evidentes actos de persecución política.
Ahora bien, las amenazas contra la Libertad de Expresión han tenido su clímax en el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), el primer canal televisivo de nuestro país con más de 53 años de vida.
Recientemente fueron cerradas 34 emisoras de radio y el régimen amenaza con cerrar 29 más.
Adicionalmente, acaba de entrar en vigencia una resolución donde se indica que el Gobierno determinará el lugar donde van a transmitir sus programas los llamados productores independientes, así como los horarios de los mismos, con lo cual el régimen tendría un dominio absoluto de la programación emitida por los medios de comunicación social.
En este sentido es de destacar que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su inciso 3 establece:
“…No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales…”.
Por su parte, el artículo 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión
“…La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión…”.
En el caso que nos ocupa, vemos cómo el Estado Venezolano, haciendo uso de todo su poder, ha utilizado mecanismos ilegales para hacer cesar la concesión otorgada a Radio Caracas Televisión.
Se ha evidenciado igualmente discriminación política con este medio de comunicación social, ya que en circunstancias idénticas a las que se encontraba RCTV, ha sido renovada la concesión a otros canales de televisión.
La consecuencia de la represión gubernamental han sido detenidos con violación del debido proceso e innumerables heridos. En este momento la situación de conmoción en mi país es brutal, las calles de Venezuela se encuentran cerradas, las Universidades sin clases ya que nuestros jóvenes están en las calles pidiendo a gritos libertad, es por ello que la comunidad internacional no puede permanecer de oídos sordos ante tal grave situación.
Este marco de violación de los Derechos Fundamentales, nos alarma sobremanera y nos alerta aún más en cuanto a la posibilidad de que continúen estos hechos de amedrentamiento contra toda la disidencia política del país y las violaciones contra la libertad de expresión se incrementen, por cuanto se evidencia que en Venezuela no existe Estado de Derecho ni se respeta el Debido Proceso.
[1] Ver en página WEB de PROVEA: ¿Qué son los Derechos Humanos?
[2] VICENTE MUJICA AMADOR: Ponencia “El Fundamento Filosófico de los Derechos Humanos”. 1998