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Timestamp: 2015-07-31 11:17:31
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Realidad Jurídica -> Volumen 13:¨La forma de Gobierno de los Estados..."
Volumen 13, 2008
LA FORMA DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN MEXICANA.
Dr. Rafael Leyva Mendivil Introducción
1. Características de la forma de gobierno local.
2. La forma republicana de gobierno.
3. La forma de gobierno representativa..
4. La forma de gobierno popular. 5. Homogeneidad de las formas de gobierno federal y local..
7. Fuentes consultadas. Introducción.
Una de las inquietudes recurrentes que se ha manifestado a lo largo de las diferentes épocas y lugares en que se han desarrollado las diversas civilizaciones humanas, se ha venido expresando con la interrogante formulada, tanto por los pensadores y filósofos de la antigüedad, así como los del mundo moderno y contemporáneo, en el sentido de cuál será la mejor forma de gobierno. Tal parece que el hilo conductor de las ideas políticas, que van de Platón a Aristóteles, pasando por Maquiavelo, se caracteriza por la preocupación predominante de resolver la cuestión de cuál es el tipo de Estado menos injusto, idea que está estrechamente enlazada con la forma de gobierno que se organice y funcione en dicho Estado, por lo que habría que “…considerar cuál es la forma de asociación que puede ser, entre todas, la mejor para quienes sean capaces de vivir lo más posible conforme a sus ideas de vida” 1.
El propio filósofo griego Aristóteles, a partir del análisis efectuado en relación con las organizaciones preestatales conocidas como ‘polis’, describe un esquema de formas de gobierno que atiende a dos criterios: quiénes y cuántos detentan el poder político, por una parte y, por la otra, de qué manera se ejerce dicho poder. Si la autoridad recae en un solo individuo, se llama monarquía; si el poder lo ejerce un selecto y reducido grupo de individuos, estamos ante la presencia de una aristocracia y, por último, si el ejercicio del poder se sustenta en el pueblo, entonces se habla de democracia. “A estos tres tipos de gobierno […] llamó Aristóteles formas puras, en oposición a las formas impuras, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Las formas impuras surgen por la sustitución del interés general por el interés particular de quienes gobiernan, de modo que la monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia” 2.
Derivado del anterior esquema, observamos que las formas de gobierno presentan dos aspectos, a saber: el orgánico y el funcional, que implican, tanto una estructura determinada, así como una serie de atribuciones a cargo de los órganos que constituyen dicha estructura. En este sentido, resulta sencillo constatar que en cada estado miembro de la federación mexicana, se presentan dichos aspectos, en virtud de que, por una parte, contamos con los órganos primarios o básicos, como son el legislativo, ejecutivo y judicial y, por la otra, que a cada uno le están asignadas determinadas facultades y obligaciones. Ahora bien, el constitucionalista ecuatoriano Rodrigo Borja nos advierte que no debemos caer en el error, siempre latente, de confundir las formas de Estado con las formas de gobierno. “La palabra Estado designa a la totalidad de la comunidad política, es decir, al conjunto de personas —gobernantes y gobernados— e instituciones que forman la sociedad jurídicamente organizada sobre un territorio determinado; en cambio, la palabra gobierno comprende solamente a la organización específica del poder constituido al servicio del Estado […] En consecuencia, mientras que las formas de Estado se refieren a la manera de ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado, las formas de gobierno tienen relación con la especial modalidad adoptada por los órganos directivos que formulan, expresan y realizan la voluntad del estado” 3. Esto nos permite dejar en claro que existe una relación de una ‘parte’ respecto a un ‘todo’, siendo éste el Estado y aquélla el gobierno.
1.-Características de la forma de gobierno local.
La Carta Magna de nuestro país contiene diversas normas, mediante las cuales se establecen las bases a que debe sujetarse la organización interna de los estados que conforman el régimen federal mexicano, aspectos dentro de los cuales se encuentra el tema de la forma de gobierno que se debe instituir en las propias entidades federativas.
En efecto, el párrafo primero del artículo 115 de la Constitución Federal prevé, en su parte relativa, que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo (y) popular, lo que nos indica que tales características deben ser atendidas puntualmente por los respectivos textos constitucionales de cada estado, sin que exista posibilidad jurídica alguna para que los referidos estados adopten formas distintas de organización gubernamental, so pena de la aplicación de las correspondientes sanciones a aquellos sujetos que pretendan introducir otro esquema que desconozca las características mencionadas.
Previo a entrar al análisis de las Constituciones locales, para constatar en qué términos retoman las aludidas características de la forma de gobierno, así como de las sanciones a que pueden hacerse acreedores quienes atenten contra las previsiones que al respecto señala la Norma Fundamental, procederemos a revisar el significado de cada una de las características que habrán de concurrir en la multicitada forma de gobierno que han de adoptar los estados miembros de la federación, atento a lo preceptuado en el ya referido numeral 115.
2.- La forma republicana de gobierno. Como la mayoría de los vocablos y expresiones utilizados en la ciencia política, así como en el ámbito jurídico provienen del latín, la expresión ‘república’ tiene su origen en las raíces etimológicas de ese lenguaje, quedando determinada su derivación de la conjunción de dos palabras: res, que significa cosa, y publicae, que encierra la idea de comunidad o colectividad de individuos, vocablos que, interpretados conjuntamente, nos generan una idea principal, en el sentido de que la república es aquello que atañe a los intereses y necesidades de un conglomerado social. Ahora bien, sin desentendernos de la anterior significación, la doctrina jurídico-política, que se ha manifestado a través del constitucionalismo mexicano, le ha atribuido al concepto de república los elementos siguientes: a).-La renovación periódica de los titulares del poder público, y b).-la participación de la voluntad ciudadana, para determinar quiénes habrán de ostentar dicha titularidad gubernamental. Estos principios operativos surgieron como una respuesta a la que ha sido considerada la antítesis del republicanismo, es decir, la forma de gobierno monárquica. En efecto, esta última se caracteriza, en primer término, porque la duración en el cargo, del titular máximo de la potestad estatal, es vitalicia y, en segundo lugar, porque existe un procedimiento de sucesión dinástica, es decir, no se reconoce la necesidad de convocar a los integrantes de la comunidad para que intervengan en la decisión de quién ocupará la vacante en el caso de fallecimiento o abdicación del titular regio.
No obstante lo anterior, el antagonismo entre las formas de gobierno republicana y monárquica, ha quedado históricamente superado en el mundo occidental, dada la evolución que han experimentado los países donde se originó y desarrolló el régimen de monarquía absoluta, países entre los que podemos citar a España e Inglaterra, los cuales conservan la figura de rey y reina, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos tales personajes no ejercen actividades de gobierno, sino que únicamente se les reconoce ciertas funciones de carácter protocolario, es decir, son figuras tradicionalistas, que operan como símbolo de unidad nacional, dándoles el tratamiento de Jefe de Estado en el ámbito internacional.
En los países mencionados, quienes realmente gobiernan son, en Inglaterra, el denominado primer ministro y, en España el jefe de gobierno, apoyados en sus respectivos gabinetes, cuyos integrantes provienen, respectivamente, del Parlamento y de la Cortes, que son los órganos legislativos de los citados países y cuyos miembros, por lo menos en una de sus cámaras, son electos por el voto ciudadano cada determinado período. Es en este aspecto donde se identifican los dos elementos republicanos a que se hizo referencia en renglones precedentes. Lo que nos permite ironizar en el sentido de que puede hablarse de la existencia de “monarquías republicanas”.
Asimismo, también puede ironizarse con la expresión de que algunos países han tenido o tienen un régimen de “república monárquica”, dado que formalmente en sus textos constitucionales aparece la referencia de que son una república. Tal era el caso de la República de Chile durante el gobierno militar del general Pinochet, personaje tristemente célebre, que permaneció por un lapso aproximado de diecisiete años como jefe de Estado, habiendo proscrito a los partidos políticos y, por consiguiente, sin haber convocado a elecciones, desaplicando con ello los elementos concurrentes, que materializan el republicanismo, según quedó anotado. Experiencias similares ocurrieron en otros países latinoamericanos, no omitiendo que también México tuvo su página negra durante la época gubernamental de Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el cargo de presidente por cerca de tres décadas, mediante sucesivas “reelecciones”, sin que le haya preocupado que la Constitución de 1857 estableciera que nuestro país era una república federal. Ante tal situación, los gobernadores de las entidades federativas siguieron su ejemplo “reeligiéndose” indefinidamente, hasta que el movimiento maderista logró echarlos del poder, y después el movimiento constitucionalista, encabezado por Don Venustiano Carranza, quien con la convocatoria a un congreso constituyente, logró expedir la Constitución de 1917, que sentó las bases de la actual forma de gobierno republicano, tanto en el ámbito nacional como local, generándose con ello una renovación cíclica de los titulares del poder público en los diferentes órdenes de gobierno, esto es, en los cargos públicos de carácter nacional como son los de Presidente de lo Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, así como en las instancias gubernamentales de las entidades federativas, como sucede con los Gobernadores, los Diputados locales y los integrantes de los Ayuntamientos.
3.- La forma de gobierno representativa. 4 Esta segunda característica de la forma de gobierno, que deberán adoptar los estados miembros de la federación, y que se contiene en el ya citado artículo 115 de la Constitución federal, se reafirma en la fracción II del numeral 116 de la propia Norma Suprema de nuestro país, en cuanto que en su primer párrafo establece que el número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al número de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de once en los estados cuya población sea superior a esta cifra.
Como podemos percatarnos, no se deja al arbitrio de las entidades federativas el determinar el mínimo de diputados con que pueden contar en sus respectivos Congresos locales, aunque no existe impedimento para que las propias entidades federativas establezcan una cantidad tope, en atención a la mayor o menor población con que cuenten, sino que se predetermina el número mínimo de integrantes en la propia Constitución federal, como ya quedó señalado, en razón de que las asambleas legislativas deberán, precisamente, ser representativas de los diversos sectores de la población, órganos colegiados en los cuales se han de ver reflejadas las corrientes ideológicas existente en la sociedad, es decir, se trata de que haya un pluralismo, que permita el debate equilibrado de ideas, logrando articular diversas propuestas normativas, mediante el consenso de los representantes populares que conforman dichas asambleas legislativas.
4.- La forma de gobierno popular. Es de considerarse que el gobierno representativo se encuentra estrechamente relacionado con la tercera y última característica de la forma de gobierno, que el artículo 115 constitucional estipula para las entidades federativas, como lo es el que tal forma de gobierno debe ser popular. Esta expresión no necesariamente debe ser entendida o interpretada en el sentido de que se trata de un gobierno que goza de gran simpatía, o que es digno de admirarse, conforme a algunas de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española que, dicho sea de paso, sería lo ideal, sino que el adjetivo calificativo de popular, como característica que ha de tener la forma de gobierno local, hace referencia a que su legitimad debe ser democrática, es decir, debe contar con el sustento de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, manifestada mediante el sufragio. “El método democrático es un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una competencia por el voto” 5 En este punto, el voto popular equivale al voto ciudadano, si convenimos en que el concepto de pueblo es de orden político, ya que conlleva la idea de un conjunto de individuos a quienes se les reconocen plenos derechos civiles y políticos y que, por lo tanto, gozan de la prerrogativa de tomar parte en la elección de quienes han de representar sus más caros intereses, y de solucionar sus ingentes necesidades, incluyendo al resto de la población, aún cuando los integrantes de ésta no tenga la calidad de ciudadanos. 5.- Homogeneidad de las formas de gobierno federal y local.
Existe una marcada correlatividad entre las características de la forma de gobierno de las entidades federativas, contenidas en el ya referido artículo 115 de la Norma Suprema, con las que consagra el artículo 40 del mismo cuerpo normativo para el Estado Mexicano. Esto se ve corroborado con la opinión del tratadista Gamas Torruco 6, en el sentido de que hay uniformidad institucional entre Federación y estados, dando a entender que tal correspondencia no es producto de la casualidad, sino que se hizo de manera deliberada. En efecto, el artículo mencionado en segundo término establece, en su parte relativa, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, democrática. Si hacemos la comparación con las características de la forma de gobierno local nos percataremos de que la única diferencia está en el último vocablo, pues en el caso de los estados se utiliza el término popular; sin embargo, ambas expresiones guardan sinonimia, es decir, tienen el mismo campo semántico, acorde a lo manifestado en párrafos precedentes, ya que la democracia, atendiendo a su etimología, significa gobierno o poder del pueblo, aunque debemos aclarar que tal concepto ha experimentado una evolución progresiva, pasando por tres etapas: primera, la denominada democracia pura o directa, cuyo ejercicio, en la Grecia clásica, estaba a cargo de los ciudadanos, sin que la toma de decisiones colectivas quedara en manos de intermediarios. “Tradicionalmente se ha señalado como signo característico de la democracia el de que, en el sistema respectivo, el pueblo ‘se gobierna a sí mismo’. Se suele afirmar, por lo tanto, que el gobierno democrático es un régimen de ‘autogobierno popular’, aseveración que, en cuanto al principio que proclama, es verdadera, pues inclusive la acepción etimológica del vocablo ‘democracia’ así lo indica” 7; segunda, democracia indirecta ó representativa, surgida por necesidades prácticas, ante la imposibilidad material de que los ciudadanos, inmersos en conglomerados sociales más amplios y complejos, pudieran reunirse simultáneamente para tomar las mas importantes decisiones en aras del bienestar colectivo. Ignacio Burgoa reconoce, al respecto que “…en los Estados, desde que rebasaron los estrechos límites de la ‘polis’ griega, es imposible que funcione lo que se ha llamado la ‘democracia directa’.-por lo que, citando al constitucionalista Miguel Lantz Duret, agrega.-…en los Estados modernos, tan complicados y tan llenos de problemas y responsabilidades, no cabe suponer la posibilidad de que el pueblo tenga el espacio adecuado para ejercitar en un momento dado todas las funciones políticas, ni el tiempo necesario para dedicarse a las mismas […] Por lo tanto […] el pueblo […] ha sido admitido simplemente a designar representantes…” 8. La tercera y última fase de esta evolución se le denomina democracia semidirecta, pues consiste en la intervención de los ciudadanos, a través de mecanismos de participación resolutiva (plebiscito, referéndum, iniciativa popular y otros), en la toma de algunas decisiones, que revistan trascendencia para la sociedad, sin que esto excluya la actividad de órganos representativos, mismos que funcionan complementariamente en la materialización de tales decisiones.
En lo que concierne al ámbito federal, las modalidades de la democracia semidirecta no han sido aún incorporada al texto de la Constitución Mexicana, lo cual no ha sido impedimento para que sí se haya tomado en cuenta en la Carta constitucional de algunas entidades federativas, como es el caso de Baja California, según se advierte del contenido de diversos artículos. No obstante, todas las Constituciones locales recogen la forma de gobierno representativo, también denominado de de democracia indirecta, siendo en este punto donde convergen las tres características que hemos venido enunciando desde los primeros párrafos del presente documento, pues si decimos que un gobierno es republicano, implícitamente estamos admitiendo la intervención de los ciudadanos en la elección de los integrantes de los órganos de ese gobierno, ya sea en el ámbito federal o local y éstos, a su vez, se convierten en representantes populares. A manera de ejemplo, acudiremos a los textos constitucionales de algunas entidades federativas, a fin de constatar lo dicho, constituciones dentro de las que se encuentra, en primer término, la del estado de Baja California, así como la de nuestros inmediatos vecinos sudbajacalifornianos, además de las que corresponden a los estados ubicados a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, como son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Constitución bajacaliforniana textualmente recoge las tres características de la forma de gobierno que rige en el estado, en el primer párrafo de su artículo 11, al señalar que es republicana, representativa y popular. Así mismo, en cuanto a la segunda característica, ésta se encuentra prevista en el artículo 14 de la propia Constitución local, al establecer que el ejercicio del poder legislativo se deposita en una asamblea de representantes del pueblo, que se denomina Congreso del estado. Igualmente, los elementos de la forma de gobierno republicano se reafirman con el contenido de los artículos 14, 44 y 78, en cuanto que, respectivamente, contemplan que los diputados locales serán electos cada tres años, el gobernador cada seis años y los integrantes de los ayuntamientos cada tres años, todos ellos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. En estas previsiones normativas se conjugan los antedichos elementos del republicanismo, como son, por una parte, la renovación periódica de los titulares de los órganos del poder público y, por la otra, la manifestación de la voluntad ciudadana para determinar el triunfo electoral de los candidatos previamente postulados por los correspondientes partidos políticos. En lo que concierne a nuestro vecino estado de Baja California Sur, el artículo 36 de su Constitución establece, en su parte relativa, que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, agregando en su artículo 37 que el estado adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano y representativo; y en su artículo 38, que Baja California Sur es un estado democrático. Considerando esta última expresión, y tratando de efectuar una interpretación lógica y congruente con nuestra línea explicativa, estimamos que aquí se utiliza el término democrático como equivalente a la característica de la forma de gobierno popular.
Por su parte, la Constitución del estado de Sonora, en el segundo párrafo de su artículo 22, prevé que la elección de gobernador del estado, de los diputados al Congreso del estado y de los integrantes de los ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, mientras que en su artículo 25 señala que, de acuerdo con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el estado de Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular,
En cuanto al estado de Chihuahua, se establece en el artículo 30 de su Constitución, que éste adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, características que se ven confirmadas en los artículos 40 por lo que se refiere a la elección y duración de los integrantes del Congreso local; 86 y 87 en lo que concierne al titular del poder ejecutivo, y 126 fracción I en relación con los ayuntamientos.
El artículo 4° de la Constitución del estado de Coahuila contiene las características de su forma de gobierno, que son, también, la republicana, representativa y popular; contemplando en su diverso numeral 27, que los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, y de entre los candidatos propuestos por los partidos políticos, elegirán a los diputados locales, al gobernador del estado y a los integrantes de los ayuntamientos. Para ello, se observará un procedimiento eleccionario que garantice la seguridad jurídica de los electores. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo y de los Ayuntamientos del estado se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
En lo que corresponde a la Norma Fundamental del estado de Nuevo León, ésta establece, en su artículo 30, las multicitadas características republicana, representativa y popular de su forma de gobierno, complementando las mismas con el contenido del artículo 41, al señalar que el sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los órganos del poder público. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado se realizará en elecciones libres, auténticas y periódicas, a través de la emisión del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo.
Finalmente, el estado de Tamaulipas adopta, también, la forma republicana, representativa y popular de gobierno en el artículo 4° de su Constitución, mientras que el segundo párrafo del numeral 20 dispone que Las elecciones del gobernador, de los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos del estado se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, elecciones que serán libres, auténticas y periódicas.
Con las consideraciones efectuadas en los inmediatos renglones precedentes, queda de manifiesto que los estados miembros de la federación mexicana son fieles seguidores del modelo de forma de gobierno establecido en el ámbito nacional, conforme al contenido del artículo 40 de la Carta Magna, así como a lo estatuido en el diverso artículo 116 de la propia Norma Fundamental. Ahora bien, ¿Cuáles serían las consecuencias jurídico-políticas para el caso de que alguna entidad federativa desacatara este último precepto y, por lo tanto, se adoptara una forma de gobierno distinta a la prescrita? Aparentemente, en nuestra Constitución Mexicana, no existe la hipótesis normativa que venga a dar solución a este supuesto, como sí existe, expresamente, en la Constitución estadounidense de la cual aquélla recibió su influencia, según quedará precisado más adelante.
En efecto, la Constitución del vecino país del norte establece en su artículo cuarto, sección cuarta la siguiente redacción: Los Estados Unidos garantizarán a todo estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerá a cada uno en contra de invasiones, así como contra disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura). A este contenido normativo se le conoce como ‘guarantee clause’ (cláusula de garantía democrática del estado federal), misma que “…se pensó como un procedimiento que debería procesarse en las instancias políticas del gobierno nacional. Siempre dentro del marco de la Constitución, la forma de hacer valer esta cláusula constitucional quedaba a la discreción de los órganos políticos del gobierno nacional.-presidente y Cámaras del Congreso de la Unión.-. Pero el impulso principal se esperaba que proviniese del presidente de la república federal, quien podía incluso hacer uso de la fuerza militar en casos extremos” 9. Sin embargo, un sector de la doctrina mexicana constitucional, cuyo principal exponente es Felipe Tena Ramírez, ha denominado a este contenido como la garantía federal, en virtud de la cual los poderes federales, concretamente el legislativo y el ejecutivo, tienen el deber de proteger a los estados miembros contra los trastornos que puedan derivar de los hechos alteradores del orden, según quedó señalado.
Precisamente, el tratadista mencionado, comenta al efecto que dicha garantía federal “…se traduce en la obligación de los poderes federales de intervenir en un Estado, en cualquiera de estos dos casos: de oficio, cuando en el Estado se altera la forma republicana de gobierno o hay invasión; a petición de la legislatura del estado o en su caso del ejecutivo, cuando hay violencia doméstica” 10. Al primer tipo de intervención se le llama ‘reconstructiva’, porque con ella se pretende restablecer la vigencia del republicanismo como forma de gobierno de los estados. Sin embargo, extrañamente, la Constitución Mexicana, no obstante que se inspiró en la estadounidense, incorporó en su texto, de manera incompleta, la mencionada cláusula, ya que omitió el aspecto concerniente a la alteración de la forma republicana de gobierno. En efecto, el original artículo 122 (hoy primer párrafo del numeral 119), preceptúa que los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del estado o por su ejecutivo, si aquella no estuviera reunida. Como se puede observar, el texto referido pasa por alto el punto relacionado con la forma de gobierno en las entidades federativas. Pero, a manera de subsanar esa extraña omisión, el legislador federal mexicano retomó el tema en la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal, en cuanto que estableció como causal de desaparición de los poderes locales de la correspondiente entidad federativa, el hecho de que los titulares de dichos poderes “promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República” 11. Así mismo, el propio legislador federal consideró que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, señalando las hipótesis normativas en ocurre el mencionado perjuicio, entre las que se encuentra el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal 12.
Del contenido de los artículos que acaban de mencionarse, se desprende que en el ámbito mexicano únicamente pueden ser sujetos activos de la alteración de la forma de gobierno local las autoridades de la respectiva entidad federativa. Eso significa que los particulares no pueden incurrir, formalmente, en esa conducta políticamente reprochable, situación contraria a la interpretación que deriva de la normatividad estadounidense, en el sentido de que la cláusula de garantía federal tiene como finalidad “…la intervención y enfrentamiento del gobierno nacional con alguno de los poderes del gobierno del estado miembro para restablecer la democracia, o de acudir en auxilio del gobierno del estado cuando el ataque a los derechos individuales y al sistema democrático proviniese de miembros de la sociedad civil, es decir, que hubiese una sublevación o insurrección interior contra el orden constitucional estatal” 13. Aunque, por otro lado, el precitado artículo 119 primer párrafo (anteriormente 122), de la Constitución Mexicana, prevé la hipótesis de que los poderes federales protegerán a las autoridades de cualesquier entidad federativa cuando éstas se vean amenazadas por alguna sublevación o trastorno interior, siempre y cuando la respectiva legislatura solicite la intervención de aquellos o, en su defecto, lo haga el titular del poder ejecutivo local, lo cual descarta la posibilidad de que dichos poderes federales actúen en estos casos oficiosamente.
Como podemos advertir de todo lo expresado en los párrafos precedentes, la forma de gobierno en los estados miembros de la federación mexicana es toral, pues es parte de su propia estructura orgánica y funcional, que permite mantener la estabilidad de las instituciones jurídico-políticas en cada una de las comunidades locales, pero que trasciende al ámbito nacional, ya que, en la medida en que en que se atiendan las disposiciones normativas respecto a los períodos de renovación y, por ende, de movilidad de los gobernantes, consultando para ello a la voluntad de los ciudadanos, podrá lograrse el avance y consolidación de un país, que como el nuestro, apenas está caminando, aún tambaleante, por las vías que se orientan hacia una incipiente democracia real, que siempre es perfectible y que, ojalá, se empate con el concepto formal contenido en nuestra Carta Magna, mediante el cual se considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo 14. 6.-Conclusiones.
PRIMERA.- La Constitución Política Mexicana contiene diversas normas, mediante las cuales se establecen las bases a que debe sujetarse la organización interna de los estados que conforman el régimen federal, aspectos dentro de los cuales se encuentra la forma de gobierno que se debe instituir en las propias entidades federativas.
SEGUNDA.- El párrafo primero del artículo 115 de la Constitución Federal prevé, en su parte relativa, que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Tales características son atendidas puntualmente por los respectivos textos constitucionales de cada estado, sin que exista posibilidad jurídica alguna para que los referidos estados adopten formas distintas de organización gubernamental. TERCERA.- La forma de gobierno en los estados miembros de la federación mexicana es toral, pues es parte de su propia estructura orgánica y funcional, que permite mantener la estabilidad de las instituciones jurídico-políticas en cada una de las comunidades locales y, además, trasciende al ámbito nacional pues, en la medida en que en que se atiendan las disposiciones normativas respecto a los períodos de renovación y, por ende, de movilidad de los gobernantes, consultando para ello la voluntad de los ciudadanos, podrá lograrse el avance y consolidación de nuestra aún incipiente democracia real, que siempre es perfectible, ante la perspectiva de que se empate con el concepto formal contenido en nuestra Carta Magna, mediante el cual se considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 15
7.-Fuentes consultadas. Bibliográficas:
Aristóteles.-Política.-Libro Segundo.-Editorial Porrúa.-Colección “Sepan Cuántos…”.- México, 1976.
Barceló Rojas, Daniel Armando.-Introducción al Estudio del derecho Constitucional Estadounidense.-Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.-México, 2005.-
Borja, Rodrigo.-Derecho Político y Constitucional.-Editorial Fondo de Cultura Económica.-México, 1991.
Burgoa Orihuela, Ignacio.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editorial Porrúa.-México, 1989.-
Gamas Torruco, José.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editorial Porrúa.-México, 2001.-
Schumpeter, J. C.- Capitalismo, Socialismo y Democracia.-Editorial Orbis.-Barcelona, España, 1983.
Tena Ramírez, Felipe.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editorial Porrúa.-México, 1985.-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Editorial Sista.-México, 2006.
Ley Reglamentaria del Artículo 76 Fracción V de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.-
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Referencias..
1 Aristóteles.-Política.-Editorial Porrúa.-Colección “Sepan Cuántos…”.- México, 1976.-p. 173
2 Borja, Rodrigo.- Derecho Político y Constitucional.-Editorial Fondo de Cultura Económica.-México, 1991.-p. 113 (pie de página).
3 Ibidem.- p. 82
4 En cuanto al origen y evolución del Régimen Representativo, nos remitimos al contenido del Capítulo Tercero del presente trabajo de investigación. 5 Schumpeter, J. A.-Capitalismo, Socialismo y Democracia.-Editorial Orbis.-Barcelona, 1983.-p. 343. 6Gamas Torruco, José.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editorial Porrúa.-México, 2001.-p. 681 7 Burgoa Orihuela, Ignacio.-Derecho Constitucional Mexicano.- Editorial Porrúa.-México, 1989.-p. 516
8 Ibidem.-pp. 516 y 521
9 Barceló Rojas, Daniel Armando.-Introducción al Derecho Constitucional Estatal Estadounidense.-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.-México, 2005.-p.40
10 Tena Ramírez, Felipe.-Derecho Constitucional Mexicano.-Editorial Porrúa.-México, 1985.-p. 178
11 Artículo 2°, fracción V de la mencionada Ley Reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1978.
12 Artículos 6° y 7° fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1982.
13 Barceló Rojas, Daniel Armando.-Introducción al Derecho Constitucional Estatal Estadounidense.-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.-México, 2005.-p. 40.
14 Artículo 3°, fracción II, inciso a), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
15 Artículo 3°, fracción II, inciso a), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.