Source: http://b.se-todo.com/pravo/1975/index.html?page=5
Timestamp: 2020-02-18 21:41:41
Document Index: 290992319

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

De octubre de - página 5
Arts Law Centre of Australia recordó que los Estados miembros se han reunido en el CIG porque el nivel de protección que actualmente se brinda a las ECT es inadecuado y, por sí mismo, perjudicial para la cultura de los pueblos indígenas. Informó a los presentes que antes de la sesión en curso del CIG, se reunieron un grupo de organizaciones no gubernamentales australianas en representación de pueblos, organizaciones indígenas y clientes de éstas, a saber, Copyright Agency Ltd., FAIRA, el Arts Law Centre of Australia, la Sra. Terry Janke, abogada indígena que en los últimos años ha colaborado en determinados asuntos con la OMPI, y el Sr. Les Malezer, del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, con el fin de alcanzar una posición común y debatir sus opiniones con la Delegación de Australia. El trabajo preparatorio llevado a cabo en esta reunión resultó provechoso. La Representante declaró que además de examinar los textos específicos del instrumento relativo a las ECT, también analizaron el proceso y llegaron a la conclusión de que los participantes en el CIG deberían tener en consideración los escasísimos recursos con los que cuentan los pueblos indígenas y sus organizaciones, lo que dificulta extraordinariamente su participación de manera efectiva en un proceso de negociación internacional. Esta situación se ha visto agravada por la escasez de medios del Fondo de la OMPI de Contribuciones Voluntarias. Recordó que en el CIG se abordan cuestiones fundamentales para el bienestar cultural y la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Solicitó que todas las partes implicadas en el proceso tengan en mente en sus próximas deliberaciones los dos principios siguientes: en primer lugar, la necesidad de fijar una fecha y asumir un compromiso de finalizar el texto en una fecha determinada, en lugar de permitir un proceso de duración indefinida y, en segundo lugar, que se abstengan de introducir nuevo texto al proyecto de artículos relativo a las ECT, si no es con el fin de solucionar divergencias entre las diferentes opciones. Sobre artículos concretos, la Representante instó a las partes a asegurarse de que las excepciones y limitaciones del artículo 5 se redacten de forma estricta y sólo en condiciones mutuamente convenidas y con el consentimiento libre, fundamentado y previo de los pueblos indígenas.
El Representante de las Tribus Tulalip señaló que su comentario acerca del artículo 5 es similar a la opinión formulada por la Representante del Arts Law Centre of Australia. Recordó que algunos países reconocen al menos a través de su Derecho constitucional, Derecho positivo, o Derecho de los tratados, que los pueblos indígenas tienen una serie de derechos distintos del resto de la población. Sin embargo, otros países reconocen que los pueblos indígenas tienen como tales derechos que les son inherentes, pero que no dependen ni de la soberanía, ni de la autoridad estatal. El Representante dijo que la forma en que está formulado el artículo 5 parece indicar que los derechos los otorga el Estado, algo que no se ajusta a la realidad en muchos países. Al menos en los casos en los que los pueblos indígenas tienen derechos inherentes, la previsión de excepciones y limitaciones debería hacerse con el consentimiento libre, fundamentado y previo de los pueblos indígenas y en condiciones mutuamente convenidas. A su juicio, esta frase podría salvar numerosas divergencias existentes en las negociaciones en curso: a través de las condiciones mutuamente convenidas, los Estados se asegurarán de que también se cumplen sus condiciones, y gracias al consentimiento libre, fundamentado y previo, los pueblos indígenas se verán protegidos de todo daño. El hecho de otorgar a los Estados la competencia para determinar el ámbito de protección les conferirá derecho a interpretar estas condiciones. El Representante señaló que la principal dificultad reside en determinar quién será el responsable de interpretar el término “daño” y qué criterios se utilizarán para valorarlo. Además, preguntó qué criterio se utilizará con respecto al daño moral. Indicó que los pueblos indígenas mantienen distintas tesis en cuanto a lo que entienden por “daño”, especialmente en los casos que encierran aspectos espirituales. Recalcó que la alternativa 2 del artículo 5, párrafo 2, parece una paráfrasis del párrafo 1. En cuanto a la opción 2 del artículo 6, indicó que no tiene claro su significado. Declaró que no están claros los efectos de la disposición, según la cual en los aspectos económicos el plazo de protección de las expresiones culturales tradicionales debe/deberá ser limitado. Preguntó si se equipara la protección con la explotación económica, si dejaría de ofrecerse protección en caso de que los pueblos indígenas en un momento dado no deseen explotar económicamente sus ECT, y si los pueblos indígenas podrán seguir beneficiándose de la explotación económica de las ECT una vez vencido el plazo de protección.
El Presidente declaró que prevé que estas cuestiones técnicas sean objeto de un intenso debate en una fase ulterior.
El Representante de KEI apuntó que se debe prestar atención a los enfoques basados en el principio de responsabilidad. A través de tales enfoques se podría proporcionar remuneración en caso de comercialización de una expresión cultural tradicional protegida. No se requeriría necesariamente un derecho exclusivo y no se proporcionaría remuneración en los casos en los que el uso de la expresión cultural tradicional se lleve a cabo en obras distribuidas o ejecutadas de manera gratuita. Otra posibilidad consiste en otorgar el derecho a remuneración solo por determinados tipos de explotación comercial como, por ejemplo, el uso de expresiones culturales tradicionales en películas o música grabada, cuando las obras generen ingresos superiores a un importe mínimo determinado. Indicó que le preocupa la posibilidad de que el establecimiento de un sistema sui generis de protección de los derechos de propiedad intelectual en relación con las ECT pueda impedir el uso no comercial y gratuito de obras. Admitió que la comunidad identificada como propietaria o depositaria de las ECT podría estar interesada en controlar o regular el uso de dichas ECT, con independencia del aspecto remunerativo. Pero incluso en estos casos, la regulación del uso no tiene que basarse necesariamente en un derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, la difamación y la calumnia suponen importantes restricciones a la libertad de expresión que operan con independencia de los derechos de P.I.
La Delegación de Namibia indicó que desea hablar sobre la cuestión de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que opina que constituye el principal objeto de controversia. Recordó que durante los procesos de negociación de la Declaración Universal, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CBD), y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante, Protocolo de Nagoya), en ningún momento se percibió un intento serio de definir el término “pueblo indígena”. El artículo 33 de la Declaración Universal prevé los criterios por los que los pueblos indígenas se identifican a sí mismos. La Delegación señaló que en el seno de las sociedades africanas persisten claras diferenciaciones étnicas que ningún conjunto de criterios puede reducir a la única cuestión de quién es indígena y quién no. Una presunción simplista de qué es un “pueblo indígena” no puede funcionar en el contexto africano. Incluso en grupos que se identifican a sí mismos como pueblos indígenas, las ECT no se distribuyen uniformemente en el seno de un grupo amplio, sino que son únicamente específicas de subgrupos más reducidos. Por este motivo, prefiere utilizar ambos términos: “pueblos indígenas” y “comunidades locales”. Señaló que el objetivo del CIG consiste en impedir una situación en la que los derechos de P.I., creados a través de la existencia oficial del sistema internacional de P.I., permitan la apropiación indebida en beneficio privado de creaciones o expresiones culturales de origen comunitario, esto es, creadas en el seno de una comunidad. Algunas de esas creaciones son milenarias, y otras son los atuendos diseñados por un grupo de carnaval. La Delegación instó a los Estados miembros a consagrar esfuerzos para impedir la apropiación indebida en beneficio privado de obras creadas de manera colectiva. Este planteamiento beneficiará tanto a los pueblos indígenas, en su definición más estricta, como a las comunidades locales y a los grupos de carnaval, quienes posiblemente habrán diseñado un nuevo atuendo y una nueva forma de desfilar. Indicó que a través de este enfoque se definirá con precisión la relación entre los derechos recién creados y los derechos de P.I. ya existentes, y las expresiones de creatividad.
El Presidente indicó que las cuestiones planteadas por la Delegación de Namibia pertenecen al ámbito del debate técnico. Señaló que podrían plantearse más cuestiones a ese respecto, como la existencia de otras formas de expresión cultural colectiva que quizá no encajen en el marco de protección único de las ECT. Recordó la opinión de la Delegación de Namibia en cuanto a que existen diferentes comunidades de personas enraizadas en sus propias realidades históricas, que difieren de una comunidad a otra y de un país a otro. Mencionó otros ejemplos de pueblos indígenas australianos y norteamericanos que representan a otros grupos y tienen diferentes necesidades. Señaló que una de las principales dificultades que debe afrontar el Comité es identificar las expresiones culturales que merecen protección y distinguirlas de aquellas otras que, aun siendo legítimas, no se enmarcan en este ámbito de protección. Señaló que las delegaciones han insistido en que el Comité está examinando el núcleo espiritual de los pueblos y comunidades indígenas.
La Delegación del Japón indicó que cree que los Estados miembros deben alcanzar un equilibrio adecuado entre la protección de las ECT y el uso leal de las mismas. Propuso añadir un objetivo con el fin de conseguir un equilibrio entre la protección de las ECT y el uso de las mismas por parte de terceros. El texto del nuevo objetivo propuesto es el siguiente: “(xv) Utilización por terceros de ECT: permitir la utilización por terceros de ECT.” La Delegación se refirió al artículo 1 de la Ley de Derecho de Autor del Japón, que prevé ambos objetivos: la protección de los derechos de los autores, y la explotación equitativa de las creaciones culturales. Dijo que considera que las ECT pertenecen en su mayor parte al dominio público, lo que posibilita su utilización libre por parte de terceros, siempre que dicha utilización sea apropiada. La Delegación señaló que no apoya el establecimiento de restricciones al uso privado de ECT y opina que su uso inapropiado es poco habitual. Reiteró la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre la protección de las ECT y el uso leal de éstas.
La Delegación de la República Islámica del Irán dio las gracias al Gobierno de Tailandia por haber auspiciado la Reunión Informal del CIG que tuvo lugar en Bangkok en julio de 2013. Dijo que en los debates allí mantenidos se logró hallar nuevos puntos de convergencia y se brindó a los Estados miembros la oportunidad de intercambiar opiniones, especialmente sobre la labor futura del CIG. Considera que es oportuno y práctico convocar este tipo de reuniones en Ginebra. A su juicio, ello facilitará las negociaciones en curso. En cuanto al artículo 1, la Delegación recalcó que la definición de las ECT constituye la esencia del instrumento. Indicó que debe ser concluyente pero, al mismo tiempo, lo más inclusiva posible. En su opinión, la introducción de calificativos, tales como “artística y literaria”, comprometen el carácter inclusivo de la definición. Añadió que lo mismo ocurre con los criterios de admisibilidad recogidos entre corchetes en el artículo 2.a), esto es: “actividad intelectual creativa”. Cree que el elemento fundamental de la definición de las ECT, lo que las distingue de otros tipos de expresiones culturales, es que se transmiten de generación en generación.
El Representante de la CAPAJ declaró que el artículo 7 debe establecer claramente que la protección de las ECT de los pueblos indígenas no está sujeta a formalidad alguna. Insistió en que el artículo 8 debe garantizar que se apliquen sanciones a quienes perturben o impidan las creaciones culturales de los pueblos indígenas. Propuso mejorar la redacción de la opción 1 del artículo 9 de la siguiente manera: “El Estado deberá velar por que se tomen las medidas necesarias para preservar la cultura de los pueblos indígenas”. Asimismo, propuso que en el artículo 10 se utilice la expresión “deberá”, de manera que su redacción quede establecida de la siguiente manera: “La protección prevista en el presente instrumento deberá […]”. Indicó que en dicho artículo debería hacerse referencia a la Declaración Universal. Además, propuso suprimir el artículo 11. Con respecto al artículo 12, el Representante declaró que los Estados miembros deben respetar las ECT de los pueblos indígenas que se encuentren en los territorios de otros Estados miembros.
La Delegación de la Federación de Rusia indicó que considera que el debate ha de centrarse principalmente en los artículos 1, 2 y 3. Con respecto al artículo 1, dijo que se decanta por la alternativa 1. La Delegación aboga por mantener un debate independiente con respecto a la cuestión de la inclusión de las palabras “artística y literaria”. Declaró que la lista ilustrativa de ECT recogida en el artículo 1 no debería incluir las “adaptaciones de las expresiones” mencionadas en el inciso e) ni prever ejemplos concretos de ECT. En lo que respecta a los criterios de admisibilidad, dijo que considera apropiado incluir en el párrafo 2 los incisos a), b) y c). En referencia al artículo 2, la Delegación declaró que los beneficiarios de la protección son los pueblos indígenas o comunidades locales. Indicó que no se opone a la inclusión de la frase “o según lo determine la legislación nacional o por tratado” ni del texto “que poseen, mantienen, utilizan o desarrollan sus expresiones culturales tradicionales […] según la definición del artículo 1”. Respecto al artículo 3, dijo que prefiere la opción 1, en virtud de la cual “Debe/deberá velarse por salvaguardar conforme a la legislación nacional los intereses patrimoniales y morales de los beneficiarios”. Opina que la Opción 1 es más flexible y permite a los Estados miembros determinar el ámbito de la protección con arreglo a sus necesidades específicas.
[Nota de la Secretaría: esta parte de la sesión se celebró después de la primera reunión del grupo de expertos].
El Presidente abrió de nuevo el debate sobre el punto 6 del orden del día y presentó la versión “Rev. 1” del texto “La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos” de 16 de julio de 2013. Propuso examinar uno por uno los artículos de esta Rev. 1, comenzando por los Objetivos y la propuesta de Preámbulo. Señaló que la inclusión de un Preámbulo constituye una mera propuesta presentada por los facilitadores. Fue concebido con la intención de distinguir ciertos principios generales de los Objetivos propiamente dichos. El Presidente invitó a los facilitadores a presentar la Rev. 1.
El Sr. Kebbell, haciendo uso de la palabra en nombre de los dos facilitadores, presentó la Rev. 1 al pleno del CIG. Declaró que en la redacción de la Rev. 1, los facilitadores mantuvieron una postura imparcial. No expusieron las opiniones de sus Estados, sino que trataron de tener en consideración las posturas de todos los Estados miembros. Al revisar el texto, el principio fundamental consistió en alcanzar un equilibrio entre las opiniones de los Estados miembros y los comentarios formulados por los observadores, y conseguir un equilibrio entre los intereses de los titulares y usuarios de las ECT. La flexibilidad fue un tema que se recogió en todas las declaraciones, tanto en la sesión plenaria como en el grupo de expertos, dado que el instrumento deberá aplicarse en ámbitos nacionales distintos. Dijo que los facilitadores trataron de simplificar el texto y centrarse en los objetivos principales relativos a la naturaleza del instrumento, como un instrumento similar a la P.I. Se disculpó por las posibles omisiones en la Rev. 1, recordando a los presentes que los facilitadores dispusieron de un tiempo muy limitado para elaborarlo. En cuanto a los Objetivos, los facilitadores trataron de definir los objetivos fundamentales relacionados con la P.I. que persigue alcanzar el instrumento. Esta labor se tradujo en la determinación de cuatro objetivos. Los Estados miembros habían considerado importantes algunos otros objetivos. Estos últimos objetivos, con independencia de su alcance, constituyen piezas importantes de la estructura del instrumento y se han incluido en un preámbulo. Admitió que el preámbulo requiere una mayor elaboración, que figura entre corchetes. Señaló que falta un corchete al final de la sección dedicada al preámbulo. Declaró que el Objetivo 1 procede del Objetivo 4 del texto original. El Objetivo 1 persigue impedir la apropiación indebida de las expresiones culturales tradicionales y controlar las formas en que se utilizan fuera del contexto consuetudinario y tradicional. Los facilitadores dividieron este artículo en dos partes en aras de una mayor claridad. Los corchetes que en la versión anterior encerraban a la palabra “controlar” fueron suprimidos, simplemente porque la frase no tenía sentido con dichos corchetes. Asimismo, indicó que los facilitadores pusieron entre corchetes la “s” en la palabra “Pueblos” para reflejar las inquietudes expresadas acerca del uso de los términos “Pueblo” y “Pueblos”. Indicó que el Objetivo 2 procede del Objetivo 13 del texto anterior, y que el Objetivo 3 procede del Objetivo 10 del texto original. El Objetivo 4 se basa en el Objetivo 8 de la versión original. El Objetivo 4 se refiere a la protección y retribución de la creatividad y la innovación. Los facilitadores redujeron el Objetivo 4 del texto original porque no tenían claro si dicho objetivo perseguía proteger no sólo las ECT de reciente creación sino también las ECT ya existentes, o incentivar la creatividad y la innovación por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales, en consonancia con un objetivo de política más tradicional en materia de P.I. por el que se fomenta la creación de ECT adicionales. Pidió disculpas a la Delegación del Japón por omitir su propuesta a este respecto. Se ofreció a colaborar con la Delegación con el fin de que dicha propuesta quede reflejada en el texto. En cuanto al artículo 1, la Rev. 1 incorpora la versión facilitada por la Delegación de Argelia en nombre del Grupo Africano. Asimismo, se tomaron en consideración los comentarios formulados en la sesión plenaria y en la reunión del grupo de expertos. A petición del Presidente, los facilitadores distribuyeron el texto a las delegaciones con el fin de que puedan examinar al mismo tiempo las dos versiones del artículo 1 presentadas en dos columnas, correspondiendo la de la derecha a la versión original. La lista de la versión original fue trasladada a una nota a pie de página con varios corchetes, a solicitud de una delegación. Esta cuestión suscitó opiniones enfrentadas entre los Estados miembros. Algunos consideran que si se incluye la lista, se corre el riesgo de que algunas ECT queden excluidas, mientras que otros estiman que es importante aclarar los tipos de ECT que son sin lugar a dudas materia protegida en virtud del instrumento. Por tanto, los facilitadores incluyeron dicha lista en una nota a pie de página, considerando esta posibilidad como una forma de avanzar que someten al examen de las delegaciones. Otra cuestión consiste en si las delegaciones tendrán inconveniente en suprimir la lista por completo. Las palabras “son/incluyen” se pusieron entre corchetes en la versión derivada de la propuesta presentada por el Grupo Africano, ya que aún no hay consenso sobre si la definición debe ser inclusiva. El facilitador informó que hubo diversidad de opiniones en cuanto al uso de los términos “expresiones” u “obras”, de modo que ambos términos figuran entre corchetes. Indicó que se debe sustituir la palabra “obra” por “obras”. Expuso que los facilitadores trataron de simplificar el artículo 2. Reformularon el texto con el fin de aclarar que los beneficiarios son “el/los Pueblo[s] Indígena[s] o comunidades locales que poseen, mantienen, utilizan o desarrollan sus expresiones culturales tradicionales”. Admitió que debe establecerse algún tipo de vinculación entre las ECT y las personas beneficiarias de su protección. Otra opción consiste en utilizar la frase “distintivas o asociadas a la cultura, conocimientos o patrimonio tradicionales de los beneficiarios”, recogida en el artículo 1, con el fin de reflejar dicha vinculación. Los facilitadores desearían que las delegaciones se fijen en la estructura del texto y no sólo en la redacción exacta. Los facilitadores incorporaron también el artículo 2.2 del texto relativo a los conocimientos tradicionales, tal y como propusieron algunas delegaciones. Asimismo, abreviaron y simplificaron el artículo 3. Unieron las opciones 1 y 2 del texto anterior, incorporando a un nuevo texto algunos de los conceptos recogidos en la opción 1, como “en la medida en que sea pertinente”, “conforme a la legislación nacional” y “de forma razonable y equilibrada”. La lista de actuaciones prohibidas fue trasladada a una nota a pie de página con el fin de aclarar el significado de “uso”. Los facilitadores intentaron satisfacer la necesidad de dotar al instrumento de flexibilidad, de manera que los Estados gocen de ella a la hora de establecer las condiciones para la concesión de la protección en el ámbito doméstico. La intención subyacente era ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de optar entre el enfoque basado en los derechos o el enfoque basado en medidas a la hora de aplicar el instrumento. En cuanto al artículo 5, los facilitadores pusieron entre corchetes la conjunción “o” entre los términos “contexto cultural” y “tradicional”, a propuesta de una delegación. Asimismo, a petición de varias delegaciones, trataron de unir las alternativas 1 y 2 del artículo 5. Esta unión debe sin duda perfeccionarse. Resaltó que la versión actual del artículo 5.3 se centra en la utilización de las ECT. Difiere de la regla de los tres pasos, que generalmente se centra en discernir si la limitación excepcional cumple los pasos. El facilitador indicó que se formuló la pregunta de si la regla de los tres pasos aporta o no seguridad jurídica. Se preguntó si genera seguridad si se utiliza por sí sola, dado que está concebida en circunstancias que serán bastante variables. También se preguntó si se obtendría la misma seguridad fusionando la regla de los tres pasos con otros conceptos.
El Presidente dio las gracias a los facilitadores y abrió el debate para que se formulen comentarios sobre el preámbulo y los objetivos de la Rev. 1. Propuso que los participantes centren sus comentarios en sí, en su opinión, los Objetivos y el Preámbulo recogen todas las propuestas o si pueden añadirse u omitirse elementos que contribuyan a orientar la labor de los facilitadores ante la siguiente ronda de debates en el seno del grupo de expertos. [Nota de la Secretaría: todas las delegaciones que formularon comentarios dieron las gracias a los facilitadores por la preparación de la Rev. 1].
El Representante del MEDPI manifestó su inquietud por la “s” entre corchetes en el término “Pueblos Indígenas” en todo el texto. Propuso suprimir los corchetes en torno a la “s” con el fin de armonizar el texto con la Declaración Universal. En el párrafo 3 del Preámbulo, propuso añadir la conjunción “y” entre “Pueblos Indígenas” y “comunidades locales”. Recordó que la Secretaría de la OMPI fue uno de los miembros participantes en el Grupo interinstitucional de apoyo para las cuestiones indígenas y que la OMPI está profundamente comprometida en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
La Delegación de El Salvador manifestó que se decanta por el término “Pueblos Indígenas” en plural. Con respecto a los Objetivos recogidos en la versión original, recordó que la tarea consistió en examinar los distintos objetivos y tratar de determinar cuáles son objetivos reales y cuáles podrían recogerse en realidad en un preámbulo. Mostró su agradecimiento por el esfuerzo desplegado por los facilitadores a este respecto. No obstante, indicó que se ha omitido un nuevo objetivo propuesto por la Delegación del Japón. Considera que dicho objetivo es muy útil.
El Presidente propuso restablecer los corchetes en torno a la palabra “Pueblos”, de modo que no sea necesario debatir en esta fase la cuestión del plural. Aseguró que se entiende que esta cuestión concreta tiene sus raíces en una reserva presentada por algunas delegaciones. El Comité retomará la cuestión en el momento oportuno.
La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, manifestó que la palabra “preámbulo” prejuzga la naturaleza del instrumento. Solicitó que se suprima el título “Preámbulo”. Con respecto al texto recogido bajo dicha rúbrica, indicó que no ha dispuesto del tiempo suficiente para reflexionar sobre todos los aspectos del mismo. Se reservó su opinión sobre afirmación de los facilitadores de que se incluirá entre corchetes todo el contenido del preámbulo. En cuanto a los Objetivos, la Delegación dijo que no ha dispuesto del tiempo necesario para examinarlos íntegramente en su forma actual. Por consiguiente, solicitó que se pongan entre corchetes y se reservó el derecho a formular comentarios sobre los mismos en una fase ulterior.
La Delegación de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, propuso añadir “y el uso indebido” después de “apropiación indebida” en el apartado a) del Objetivo 1. Propuso unir los Objetivos 3 y 4 en un nuevo Objetivo 3 de la manera siguiente: “promover y retribuir la creatividad y la innovación basada en la tradición, promover las actividades intelectuales y artísticas, la investigación y el intercambio cultural en condiciones justas y equitativas para el/los Pueblo[s] Indígena[s] y las comunidades locales”.
El Representante de Tupaj Amaru declaró que la cuestión de definir “pueblos indígenas” ya se abordó anteriormente en el proceso de negociación referente a la Declaración Universal. Resaltó que la Delegación de la UE parece ser el único grupo de los Estados miembros que se opone a reconocer adecuadamente a los pueblos indígenas. Asimismo, lamentó que la Delegación de la UE no se muestre favorable al proceso de negociación alegando que necesita más tiempo para estudiar el texto. Sostuvo que la Delegación de la UE parece un grupo de poderes neocoloniales, cargado de reminiscencias de la vieja Europa.
El Presidente recordó al Representante de Tupaj Amaru que en la etapa en curso del procedimiento debe centrarse en los Objetivos y el Preámbulo de la Rev. 1.
El Representante del CISA expresó su apoyo los comentarios formulados por el Representante de Tupaj Amaru