Source: https://psicolog.org/naciones-unidas-v3.html
Timestamp: 2019-11-21 17:28:51
Document Index: 127622928

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 99', 'artículo 20', 'artículo 3']

I. Marco constitucional y jurídico en el que se aplica el Pacto (artículo 2) Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/SLV/Q/6)
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
II. No discriminación, libertad de injerencias arbitrarias en la vida privada, protección de la familia e igualdad de los hombres y las mujeres (artículos 2, 3, 17, 23 y 26)
Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones
CCPR/C/SLV/Q/6/Add.1
100.º período de sesiones
Respuestas por escrito del Gobierno de El Salvador a la lista de cuestiones (CCPR/C/SLV/Q/6) que deben abordarse al examinar el sexto informe periódico de El Salvador (CCPR/C/SLV/6)*
I. Marco constitucional y jurídico en el que se aplica el Pacto (artículo 2)
Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/SLV/Q/6)
a) Ejemplos de casos en los que las disposiciones del Pacto fueron invocadas ante los tribunales nacionales o por estos
1. El Estado reconoce que la invocación o referencia generalizada del derecho internacional de los derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en particular, son aún un desafío para el sistema judicial de El Salvador. No obstante, sí se produce su aplicación e invocación por diferentes tribunales en las distintas instancias, sobre todo en el ámbito penal.
2. Algunos ejemplos concretos de lo anterior son los siguientes:
a) Resolución del Tribunal de Sentencia de Usulután, de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 24 de febrero de 2006, en la causa 0501-23-2006, en relación al delito de homicidio en perjuicio del señor José Gilberto Soto. En este caso, el tribunal analiza la declaración de un testigo criteriado, quien al rendir su confesión extrajudicial en la Fiscalía fue objeto de violencia, por lo que con base en disposiciones de la Constitución de la República, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal consideró que los actos realizados en contra de su derecho a la integridad personal se configuraban como "Tortura" y excluyó todo lo que pudiese derivarse de aquella confesión que el testigo criteriado dio en la Fiscalía, incluso lo que manifestó en el juicio el referido testigo, por considerar que pesaría el temor de lo que sufrió y que pudiera esperar sufrir;
b) Resolución del Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador, de las dieciséis horas del día 07 de julio de 2008, en la causa 105-2008-2, contra varios implicados en el delito de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado. El Tribunal invoca el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación a la aplicación de la ley más favorable a favor de una persona procesada;
c) Resolución del Tribunal 2° de Sentencia de, de las catorce horas del día 31 de julio de 2008, en la causa 148-2008-3, en relación al homicidio agravado atribuido a un agente policial en perjuicio de la vida de una persona sujeta a un procedimiento de detención. El tribunal razonó que el enjuiciado se excedió en el trato que como agente de autoridad estaba obligado a realizar y que como parte de un grupo élite o especializado denominado Unidad Táctica Operativa, se le capacitaba en la materia de Derechos Humanos, manejo de situaciones de riesgo y de conflictos en diferentes niveles, como desarrollo de los derecho que se le debe guardar o garantizar a todo ciudadano aunque sea detenido. En relación al uso de la fuerza cita lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.
b) Si el Estado Parte proyecta dar carácter constitucional al Pacto
3. Actualmente la Constitución de la República de 1983 no da rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos; pero de conformidad al artículo 144 de la misma, los tratados internacionales están sobre la legislación secundaria cuando se establece que en caso de conflicto entro entre la ley y el tratado, prevalecerá el tratado.
4. El reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos como parte integrante de la Constitución en El Salvador, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es parte en este momento de la agenda de proyectos de reforma constitucional de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Sin embargo, la prevalencia que les reconoce la Constitución a dichos Tratados, por sobre las leyes internas, permite su plena aplicabilidad en reconocimiento del artículo 144 de la Constitución, en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional.
5. Como ha expresado ya el Estado ante el Comité contra la Tortura, a partir del nuevo Gobierno que inició sus gestiones el 1.º de junio de 2009, éste decidió reconocer sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, el Estado de El Salvador ha reconocido los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos a conocer la verdad, acceder a la justicia y a recibir reparaciones adecuadas.
6. Si bien el Órgano Legislativo, en la actualidad, no ha incluido dentro de su agenda la revisión de la Ley de Amnistía de 1993, la imposibilidad jurídica de aplicar la misma en las sedes judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos, ha sido declarada por la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000 (sentencia sobre demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, del 26 de septiembre de 2000).
7. En efecto, dicha sentencia, numerada 24-97/21-98, abrió la posibilidad para que, en el conocimiento de casos concretos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, los jueces penales consideren la inaplicación de la Ley de Amnistía.
8. El Estado de El Salvador modificó sus normas sobre la prescripción de la acción penal con relación a graves violaciones a los derechos humanos. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 99 del Código Penal, la figura de la prescripción en el proceso penal salvadoreño es inoperante en los casos de “tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica, racial, por sexo o religión”, respecto de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la vigencia de dicho Código, es decir el 20 de abril de 1998. Esta disposición corresponde a una reforma efectuada el mediante Decreto Legislativo N° 665, del 22 de julio de 1999, publicado en el D.O. N° 157, Tomo 344, del 26 de agosto de 1999.
9. La investigación judicial sobre el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue archivada en 1993, por orden del Juez 4° de lo Penal de San Salvador, quien aplicó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, emitida por la Asamblea Legislativa mediante Decreto N° 486, del 20 de marzo de 1993. En el caso de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras de la Universidad Centroamericana, fueron condenados por dicho crimen ante el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador —en 1991— dos oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador, siendo ellos Alfredo Benavides Moreno y Yusshi Mendoza, quienes posteriormente fueron beneficiados con la ya referida Ley de Amnistía General de 1993. Una segunda denuncia penal, judicializada en 2001, fue archivada por aplicación de la prescripción de la acción penal por la juez competente, en razón que consideró que la imprescriptibilidad establecida por el Código Procesal Penal de 1998 -antes citada-, al carecer de retroactividad por mandato constitucional, impedía continuar con el ejercicio de la acción penal. En la actualidad, ninguno de los dos casos es objeto de investigación por la Fiscalía General de la República o por autoridades judiciales competentes.
10. En aplicación de los Acuerdos de Paz de El Salvador, específicamente en lo relacionado a las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc para la depuración de la Fuerza Armada, más de un centenar de oficiales de dicha institución militar, incluyendo algunos oficiales del alto mando, fueron separados de sus cargos a inicios de la década de 1990.
11. Con relación a la reparación de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, el Estado reconoce que dicho deber en materia de derechos humanos no ha sido cumplido, a pesar de las recomendaciones que al respecto han emitido diversas instancias internacionales. En razón de lo anterior, en el marco del nuevo Gobierno de la República que asumió sus funciones el 01 de junio de 2009, el Estado ha tomado la decisión de avanzar en un proceso de cumplimiento de esta obligación. Por lo cual, con fecha 5 de mayo de 2010, fue aprobado el Decreto Ejecutivo N.° 57, mediante el cual se crea la “Comisión Nacional de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado interno”.
12. Dicha Comisión, integrada por altos funcionarios del actual Gobierno, tendrá el mandato de diseñar un programa integral de reparaciones colectiva, mediante un procedimiento de trabajo que incluye necesariamente la participación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, a través de las organizaciones de la sociedad civil que las representan.
13. A nivel normativo, la Ley de la Carrera Policial1 establece en su Título III, las disposiciones que regulan el ingreso a la Policía Nacional Civil (PNC), indicando los requisitos que todo aspirante a la misma debe cumplir, entre estos superar el curso de formación inicial impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
14. Para determinar en forma clara y transparente el ingreso de los aspirantes al referido curso de formación inicial, el Consejo Académico de la ANSP ha establecido un instructivo que regula los procesos de convocatoria y selección de dicha Academia. Además, la solicitud de ingreso presentada a la ANSP es evaluada por la Unidad de Convocatoria y Selección (UCS), asistida por una Unidad de Verificación de Antecedentes (UVEA), formada por Policías Nacionales Civiles, Unidades que tienen la responsabilidad2 de velar porque cada persona aspirante cumpla con el perfil establecido en el artículo 20, numeral 1 de la Ley de la Carrera Policial, conformado por los requisitos siguientes3:
a) Poseer vocación de servicio a la Comunidad, capacidad para las relaciones humanas y madurez emocional, así como las condiciones físicas, morales e intelectuales necesarias para desempeñarse como policía;
b) Ser salvadoreño por nacimiento y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos;
c) No tener antecedentes penales y presentar solvencia de la PNC;
d) Cumplir con los requisitos académicos requeridos para cada nivel, según se establece en el artículo siguiente. Todos los títulos de estudio deberán estar registrados y autorizados por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la Ley General de Educación y a la Ley de Educación Superior;
e) No haber sido destituido por motivos disciplinarios de la Administración Pública, o Municipal, ni de alguna institución oficial autónoma o privada, en un procedimiento tramitado conforme a derecho; lo anterior se presumirá salvo prueba en contrario;
f) Haber superado las pruebas de selección destinadas a verificar que los candidatos llenen el perfil requerido, éstas comprenderán los exámenes cultural, físico, médico y psicotécnico, completados con entrevistas personales.
15. Tales requisitos son ampliamente indagados por las unidades anteriormente mencionadas, por lo que el ingreso a la ANSP de aspirantes que puedan haber cometido violaciones a los derechos humanos o haber estado involucrados en transgresiones del derecho humanitario es controlado, en aplicación de la normativa que regula el procedimiento antes mencionado, por medio de la solvencia de antecedentes penales, la solvencia de antecedentes policiales y la indagación de campo realizada por la UVEA.
16. Se considera que las solvencias requeridas, acompañadas de un responsable proceso de investigación a los aspirantes por parte de la UVEA y la decisión político-institucional de garantizar el acceso a la ANSP únicamente de aspirantes que cumplan el perfil predefinido, constituyen un proceso adecuado de contratación de nuevos funcionarios de la Policía Nacional Civil. De esta forma, si existiesen transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de un aspirante a la Academia, esto daría lugar a su exclusión del proceso de selección, de haberse determinado tales hechos luego de una investigación y de haberse señalado responsabilidad por los mismos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.
17. Referido siempre al proceso de selección de aspirante a la ANSP, en el caso de que una persona no cuente con ficha de antecedentes policiales, la UVEA desarrolla un amplio trabajo de investigación de campo amparada en el Protocolo de Trabajo de la Unidad de Verificación de Expedientes de Alumnos, aprobado en noviembre de 2008. Tal instrumento define como una línea obligatoria de trabajo el acudir a las diferentes sedes policiales de la localidad en que habitan los y las aspirantes, identificación de las condiciones de vida, en torno familiar, social y laboral que permitan perfilar aspectos conductuales y/o de personalidad. Por regla general, por cada alumno se realizan entrevistas con: el jefe de la unidad policial cercana, dos profesores de la última institución educativa del aspirante, un directivo de la comunidad, dos residentes del lugar en que habita el aspirante. Aquellos aspectos de la vida de los aspirantes que le inhabiliten para el servicio policial sin aparecer reflejados en el registro de la PNC o de Centros Penales, son registrados en el acta levantada por cada una de estas entrevistas para su posterior valoración.
18. Como resultado de esta fase de investigación de campo se han visto excluidos del proceso de ingreso a la PNC personas con un historial comunitario de violencia (doméstica o común) que no ha sido nunca denunciada por temor de las víctimas. Lo anterior responde a que la ANSP, se reserva el derecho de admisión si durante el proceso de selección de aspirantes detectare: incompatibilidad con el servicio policial, falsedad en los datos, antecedentes delictivos o referente social negativo (según lo determine UVEA), tal como lo establece el Instructivo de Convocatoria y Selección. Si se trata de alumnos en formación inicial o de reingreso y se destacan conductas incompatibles con el servicio policial o la comisión de delitos, el Instructivo disciplinario de alumnos de la ANSP establece un procedimiento para la expulsión definitiva de la Institución y por ende, se imposibilita su ingreso a la Policía Nacional Civil.
19. Finalmente, en el supuesto de de ex policías que deseen su reingreso a la PNC, la misma Ley de la Carrera Policial establece que el personal que renunció a la carrera policial, podrá reingresar por única vez a ésta, debiendo cumplir son requisitos como los siguientes:
a) Presentar ante el Tribunal de Ingreso y Ascensos (TIA) de la Policía Nacional Civil, la solicitud que para tal efecto apruebe el Director General, juntamente con la acreditación de carencia de antecedentes penales, policiales, disciplinarios y constancia emitida por la Inspectoría General de la PNC, en la que se establezca que el interesado no registra faltas disciplinarias incumplidas o procedimientos disciplinarios sin finalizar;
b) Someterse a una investigación de la conducta pública y privada, la cual será realizada por la Unidad de Verificación de Antecedentes. en un plazo no mayor de treinta días, con la finalidad de establecer las condiciones morales y de probidad del aspirante, debiendo el TIA emitir una resolución que lo califique como apto o no apto para el reingreso;
c) Aprobar una evaluación psicológica realizada por la División de Bienestar Policial, encaminada a establecer si el aspirante posee vocación de servicio, buenas relaciones interpersonales y madurez emocional;
d) En caso que el aspirante tenga más de un año de haber renunciado, deberá cursar y aprobar en la ANSP, un curso de actualización y reforzamiento.
20. La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el 16 de enero de 1992, vuelve necesaria la reforma del sistema judicial, con el objeto de su fortalecimiento para mejorar la administración de justicia.
21. Dicha reforma incluyó una modificación en la forma de integración de la Corte Suprema de Justicia, la cual está compuesta por 15 Magistrados, cuya elección es producto de un proceso que permite la participación de abogados de la República en el libre ejercicio de la profesión, los que por medio de una elección en las que se realiza una votación respecto de abogados que llenan los requisitos constitucionales para ser abogados de Corte, definen un listado con 15 nombres, al que se suman otros 15 propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, los que pasan a conocimiento de la Asamblea Legislativa, órgano de Estado al que corresponde la elección final de los Magistrados que integran la Corte. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, una de las Salas que componen la Corte, así como su Presidencia, son designados también por la Asamblea Legislativa, reafirmándose con esta elección la independencia judicial.
22. En el aspecto presupuestario, por disposición constitucional, el Órgano Judicial cuenta con una asignación anual que no puede ser inferior al 6% de los ingresos corrientes del Presupuesto General de la Nación, con el objeto de que éste tenga independencia económica.
23. Se creó también el Consejo Nacional de la Judicatura, como un órgano independiente, que tiene a su cargo el proponer candidatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. Se encuentra también bajo responsabilidad la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objetivo es mejorar la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales.
24. Actualmente, como parte de la modernización del sistema de justicia, para el logro de una administración de justicia más rápida y efectiva, se ha desarrollado una amplia reforma normativa que incluye reformas al Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, que está próximo a entrar en vigencia en octubre de este año, la modificación de los procesos en el ámbito civil y mercantil, a través del Código Procesal Civil y Mercantil, primando la oralidad en los procesos. Además, se han implementado reformas a la legislación sobre niñez y familia, por medio de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y se cuenta con un Anteproyecto de Ley de Procedimientos Constitucionales, a efecto de hacer más agiles y efectivos los procesos constitucionales de Amparo, Hábeas Corpus e Inconstitucionalidad; sin embargo, está aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.
25. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Institución que nace como fruto de los Acuerdos de Paz en El Salvador, con miras al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en el país, ha sido reforzada presupuestariamente en años consecutivos, de forma que su presupuesto actual asciende a 10.854.225 dólares, lo que representa un incremento significativo con relación al presupuesto de poco más de seis millones de dólares (6.020.665,00 dólares) con el que contaba en el año 2003, habiendo tenido lugar los incrementos más importantes en los años 2008 y 2009, como puede observarse en el siguiente cuadro.
10.854.225
10.468.380
8.966.305
6.896.205
6.506.280
6.493.590
6.020.665
26. Con relación a las amenazas en contra del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de las medidas inmediatas adoptadas por las autoridades policiales con relación al caso, se encuentra la reunión sostenida entre el señor Procurador, el Director General de la Policía Nacional Civil y varios Subdirectores operativos, para abordar el punto de las amenazas y las acciones a tomar al respecto, para investigación de las mismas y para garantía de la seguridad de dicho funcionario y su familia.
27. Asimismo se procedió a la apertura formal de la investigación criminal correspondiente, cuya dirección se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República. Como medida concreta para garantizar la seguridad personal del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, desde enero del presente año, cuando tuvieron lugar las amenazas en su contra, se le asignaron dos agentes más de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil, los que se sumaron como complemento de la seguridad que ya se le brindaba desde que asumió posesión de su cargo y que hasta antes de las amenazas consistía en cuatro agentes, máximo autorizado por la Ley de Protección a Personas Sujetas a Seguridad Especial.
28. Por otra parte, considerando aspectos como el lugar de residencia del señor Procurador, que se ubica fuera de la ciudad capital, se coordinó el acompañamiento a éste durante sus traslados a través de un equipo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), de lo que luego se prescindió por disposición del mismo Procurador, pero se mantiene vigilancia las 24 horas del día en su residencia, a través de la delegación policial de la zona.
29. La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sin haber establecido una hipótesis definitiva sobre la autoría de las amenazas al señor Procurador.
30. Además de las acciones adoptadas respecto a la seguridad del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, se han implementado medidas frente a los atentados y las amenazas en contra de la vida de activistas sociales y medioambientalistas en el Municipio de San Isidro, Departamento de Cabañas, por medio del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia y de la Policía Nacional Civil, instituciones que han trabajo en la implementación de un plan coordinado con la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para abarcar y brindar seguridad a un mayor número de personas relacionadas con este caso, cuya dimensión y características han obligado a medidas como el cambio total del personal de seguridad pública en la zona y patrullajes policiales permanentes. Asimismo, la Fiscalía General de la República, institución que tiene a su cargo la investigación de ilícitos penales, mantiene abierta la investigación sobre este caso, la cual ha presentado avances en la identificación e individualización de los responsables.
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
31. El Salvador ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas, en particular los nahuapipiles, los lencas y los cacaopera, los que conviven como comunidades y se identifican por sus costumbres y creencias propias; pero hasta el momento no existe un marco jurídico-normativo específico referido a poblaciones indígenas, que reconozca derechos específicos o contemple acciones a desarrollar a favor de éstas.
32. No obstante lo anterior, la Constitución de la República consagra en su artículo 3 el principio de igualdad y establece el goce de los derechos civiles sin distinción alguna de nacionalidad, raza, sexo o religión. En atención a ello, el Estado de El Salvador reconoce que el combate de la discriminación que tiene lugar en perjuicio de las poblaciones indígenas exige la adopción de medidas y acciones positivas en atención a las necesidades específicas de estas comunidades, relacionadas también con aspectos como la conservación de su cultura, su lengua y sus costumbres y creencias.
33. Es así, que considerando la existencia en el país de grupos vulnerables o socialmente excluidos, para el nuevo Gobierno la inclusión, la igualdad y la no discriminación son ejes transversales para la formulación de las políticas públicas, por lo que el 20 de junio de 2009 se creó la Secretaría de Inclusión Social, entidad encargada de velar por los grupos poblacionales específicos, como las comunidades indígenas. Entre las obligaciones de esta Secretaría se encuentran: “propiciar un enfoque de derechos humanos en la formulación de las políticas públicas de cara a la erradicación de la discriminación y de toda forma de intolerancia hacia las personas y los grupos sociales, propiciando la implementación, en caso de ser necesario, de acciones afirmativas”. Entre las primeras metas en la agenda de trabajo de esa Secretaría, se encuentra visibilizar a la “Nación Indígena”.
34. Una de las acciones específicas desarrolladas, en conjunto con una universidad privada y el Ministerio de Educación (MINED), es un programa de revitalización de la lengua Nahuat-Pipil, que atiende 15 escuelas públicas de las zonas de asentamiento de los pueblos pipiles. Esto responde en forma concreta a la disposición constitucional que establece que las “lenguas autóctonas que se hablen en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto”.
35. Es importante destacar además, que en el año 2007, el Estado salvadoreño aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y actualmente, el Estado salvadoreño es parte de las reuniones de negociación para la búsqueda de consensos del grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
36. En lo que respecta a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos públicos, en particular los niveles más altos de la administración pública, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, debido a que los pueblos indígenas forman parte de la sociedad salvadoreña como sujetos plenos de derechos, al igual que a todo salvadoreño les son reconocidos los derechos a ejercer el sufragio4; a asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos; y a optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan la Constitución y las leyes secundarias.
37. El programa del Gobierno Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, ha dejado ya planteado que su gestión concreta estará asentado en un sólido enfoque de equidad de género, de igualdad de oportunidades, de trato respetuoso y responsable entre hombres y mujeres. Desde esa visión, protegerá los derechos humanos de las mujeres como medida que permita equiparar el acceso en los ámbitos social, político, ambiental, cultural y económico. Ello exigirá impulsar reformas sucesivas a la institucionalidad para posibilitar la incorporación sostenida de la perspectiva de género en las políticas públicas, priorizando aquellas medidas que impacten la cultura y privilegien a los sectores excluidos de la población. Se propiciarán medidas para promover la responsabilidad paterna, la construcción de roles sociales que propicien la participación equitativa en las tareas del hogar y el combate frontal a la violencia.
38. Sin embargo, hay que señalar que para garantizar que las diferentes estrategias y políticas sectoriales contenidas en este Plan Quinquenal de Desarrollo contribuyan a la creación de una sociedad con equidad de género mediante la reducción de las brechas de género y el combate a todas las formas de violencia contra la mujer, se impulsará una Política Nacional de la Mujer. La política tendrá como finalidad potenciar el desarrollo integral de las mujeres salvadoreñas en todos los espacios de la sociedad en condiciones de equidad y de igualdad con los hombres y se hará operativa a partir de dos grandes objetivos de género y, en segundo lugar, la promoción del cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos de las mujeres, no discriminación de género y de prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
39. En la actualidad, la Asamblea Legislativa estudia la Ley de Igualdad Real, así como la Ley contra la Violencia de Género, ambas iniciativas están siendo apoyadas por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Inclusión Social, la cual ha expresado su respaldo para la aprobación de ambas normativas.
40. Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social, en conjunto con el Grupo Parlamentario de Mujeres (Diputadas de todos los partidos políticos), han llegado a un entendimiento para impulsar que el Presupuesto General de la Nación contenga metas concretas y la disponibilidad específica de recursos para combatir toda forma de discriminación por razón de género. Dicha iniciativa, sin precedentes en la historia salvadoreña, permitirá hacer visibles metas concretas de realización de derechos y recursos asignados a los mismos. El Estado salvadoreño realizará a partir del ejercicio presupuestario 2011, un estudio detallado que contribuya a disminuir las inequidades salariales que puedan existir por razón de género en el sector público, como resultado de la visión presupuestaria acordada entre la Secretaría de Inclusión Social y el Grupo Parlamentario de Mujeres.
41. El Salvador no cuenta con mecanismos legales que mandaten de manera vinculante el aumento en el número de mujeres que ejerzan cargos públicos y de representación política; sin embargo, desde un espacio de coordinación conformado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Asociación de Mujeres Parlamentarias y Ex Parlamentarias (ASPARLEXSAL)5, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Foro de Mujeres Políticas, y con el acompañamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), se ha elaborado un anteproyecto de ley “Reformas electorales para alcanzar la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres”. Esta propuesta de reforma fue entregada a la Asamblea Legislativa el 9 de junio de 2010 y consiste en incorporar al Código Electoral 12 artículos en los que se plantea garantizar el acceso de las mujeres a la participación en procesos electorales y participación política.
42. El Estado Salvadoreño reconoce la importancia de elevar los niveles de escolaridad en todo el país, y particularmente en las zonas rurales, para reducir las brechas de inequidad y exclusión de las dimensiones campo/ciudad/género. En tal sentido, el Estado salvadoreño ha realizado acciones orientadas a incrementar la escolaridad en la zona rural, proveyendo de uniformes gratuitos a los niños y niñas a nivel nacional e incrementando, en todas las escuelas públicas, alimentación escolar, con contenido calórico suficiente.
43. El Ministerio de Educación ha sido parte activa de los planes de acción de la Política Nacional de la Mujer, al respecto han desarrollado jornadas de sensibilización y capacitación con personal técnico, docente y alumnado, padres, madres de familia y comunidad educativa en general. Ha fortalecido a través de dicha Política acciones para mejorar la condición y posición de las mujeres, asimismo dentro de sus áreas de acción en Educación sobre “Crear las condiciones para incrementar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación formal y no formal tomando en cuenta sus necesidades e intereses, ha creado programas como: “Educación Inclusiva, para erradicar estigma y discriminación en los centros escolares”.
44. El actual Gobierno tiene en proceso el programa nacional de alfabetización “Aprendiendo a vivir mejor”, el cual pretende que en un período de 5 años bajar el índice de analfabetismo de 17,97% al 4% al 2014, con una movilización nacional dentro de esta estrategia dado que el índice de analfabetismo es mayor en la mujer y más si es en el área rural e indígena, se trabajará para que como resultado se obtenga la reducción de la brecha de género en la alfabetización.
45. Asimismo, es importante señalar que la gratuidad de la educación media ha sido incorporada recientemente a iniciativa del Ministerio de Educación, según reforma Constitucional, ratificada por la Honorable Asamblea Legislativa, en Decreto N.° 35, de fecha 27 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de junio de 2009.
46. Por último, el Programa de Alimentación Escolar, el cual se amplió hasta Tercer Ciclo, en el área urbana y rural y se ha fortalecido el componente educativo del programa como apoyo a la estrategia de asistencia y permanencia en el sistema educativo del alumnado, con lo cual se contribuye a la retención de las mujeres en el sistema educativo.