Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-476-98.htm
Timestamp: 2017-11-21 08:06:44
Document Index: 107624045

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 33', 'artículo 64', 'artículo 86', 'artículo 22', 'artículo 86', 'artículo 18', 'Artículo 229', 'artículo 86', 'artículo 64', 'artículo 39', 'artículo 64', 'artículo 228', 'artículo 64', 'artículo 354', 'artículo 39', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 8', 'artículo 481', 'artículo 69']

T-476-98
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, los ciudadanos CARLOS ALBERTO CHICA ARIAS, SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO, EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ, GLORIA ALEJANDRA MORENO GOMEZ Y SARA ASTRID ROCIO PRIETO PARDO, solicitaron protección para sus derechos fundamentales al trabajo, a la libre asociación, y a la libertad de expresión, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por actuaciones que atribuyen a los miembros de la junta directiva, al gerente de entonces, LUIS HORACIO CIFUENTES, y al subgerente, CAMILO BUSTOS, de la CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S.A.
Coinciden en señalar los actores, quienes interpusieron cada uno individualmente la acción, que el día 18 de noviembre de 1997, fueron llamados uno por uno por el subgerente de la empresa demandada, quien les informó que la misma había tomado la decisión unilateral de dar por terminados sus contratos de trabajo, los cuales habían celebrado el año inmediatamente anterior bajo la modalidad de contratos laborales a término indefinido; así mismo, que dicha decisión la tomaban sin que mediara justa causa, procediendo de manera inmediata a entregarles las respectivas liquidaciones e indemnizaciones y ordenándoles que desalojaran sus oficinas y se retiraran en el acto de las instalaciones de la empresa; incluso a uno de ellos, al coordinador de noticias Carlos Alberto Chica, se le hizo acompañar de un empleado para que éste vigilara su retiro y se le impidió terminar de dirigir unas palabras a sus compañeros de trabajo.
Tanto es así, afirma uno de los demandantes, el señor Eulogio Uscateui Martínez, que en una conversación que sostuvo con el subgerente de la compañía demandada, previa a la notificación que de su despido él mismo le hizo, éste le manifestó que había sido informado de las “sindicaciones” que le hacían varios de sus compañeros, en el sentido de señalarlo como una de las personas que había promovido la elaboración del documento de pacto colectivo y su posterior firma, afirmaciones que el actor califica como “...el anuncio anticipado de mi despido.”
Anotan los actores, que si bien son conscientes y conocedores de las normas de carácter laboral que facultan a la empresa para dar por terminados, unilateralmente y sin que medie justa causa, los contratos laborales que a término indefinido con ellos había celebrado la demandada, previo el pago de la correspondientes indemnizaciones, tales normas no los facultan para tomar ese tipo de decisiones con el objeto, primero de evitar que los trabajadores, en ejercicio de legítimos derechos que les reconocen la Constitución y la ley, promuevan la elaboración y posterior negociación de un instrumento legal que regule sus relaciones con la empresa a la que prestan sus servicios, y, segundo, para intimidar a sus compañeros adoptando medidas “ejemplarizantes”, con las cuales quisieron advertirles de las consecuencias que tendrían que afrontar si mantenían su respaldo a la propuesta de pacto colectivo, violando con tales acciones de manera flagrante sus derechos fundamentales al trabajo, a la libre asociación y a la libre expresión, y atentando contra su condición de dignidad, todo lo cual es contrario a los principios y derechos fundamentales del Estado social de derecho, para los cuales solicitan protección vía tutela.
Dicho despacho recibió las correspondientes demandas el 21 de noviembre de 1997 a la 4 P.M. (folio 22 del expediente), y profirió sentencia el 24 de noviembre de 1998, mediante la cual resolvió “no tutelar el derecho al trabajo de los accionantes”. (folio 48 del expediente).
Tal decisión, reitera el a-quo, le corresponde adoptarla a los jueces laborales previo el trámite ordinario previsto para el efecto, lo que implica que en los casos de la referencia existe otro medio de defensa judicial amplio y eficaz, que hace improcedente la acción de tutela dado su carácter subsidiario y la imposibilidad de entenderla como “una instancia de instancias”.
Agrega, que el juez laboral tiene facultades ultra y extra petita, que le permiten en los procesos que adelante “...ir más allá de lo pedido”, lo que hace viable, si éste así lo considera, que atienda además de la solicitud de reintegro a sus trabajos, las demás peticiones de los actores.
El 19 de febrero de 1998, la Sala Segunda de Revisión de esta Corporación, profirió un auto a través del cual declaró sin valor ni efecto la providencia emitida por el Juzgado Doce Penal de Circuito y se abstuvo de efectuar la revisión de fondo del mismo, “...por cuanto -dijo- se aprecia la existencia de causales de nulidad en lo actuado por dicho despacho judicial.”
En efecto, la Sala verificó que el a-quo “...omitió avocar el conocimiento, emitir auto admisorio, pronunciarse sobre acumulación o trámite conjunto, ordenar lo pertinente acerca del decreto y práctica de pruebas solicitadas, disponer la notificación y vinculación de la parte demandada, limitando su actuación a proferir la providencia calendada el 24 de noviembre último, y a surtir la notificación de la misma.” Concluyó entonces, que dichas irregularidades “conllevan a la violación del debido proceso, lo que deviene en la anulación de la providencia referida.”
“...ha de advertirse que el Juzgado omitirá la evacuación de las veinticuatro (24) declaraciones cuyos nombres fueron reseñados en el acápite correspondiente a testimonios del escrito fechado el 24 de noviembre próximo pasado, cuando quiera que la información que rendirá el señor gerente de la empresa acusada, no sólo se entenderá que refleja de manera integral la verdad de lo acontecido sino que ésta se entiende prestada bajo la gravedad del juramento, lo que de suyo hace suponer sin dubitación alguna, que los asertos plasmados en el oficio que dé contestación al remitido por este despacho judicial, deberán guardar correspondencia con la situación que dio origen a los despidos delatados por los accionantes.” (folio 92 del expediente)
- En él manifiestan, por ejemplo, que “al parecer”, previa a la decisión del despido, se produjo una reunión de la Junta Directiva en las instalaciones de la empresa, en la cual se evaluó “...la situación originada por la publicación en la cartelera de una propuesta de pacto colectivo de trabajo dirigida a los directivas”, que los llevó a adoptar esa determinación.
- Señalan también los demandantes en el escrito que remitieron al a-quo, que además de ellos y por los mismos motivos, al día siguiente, esto es el 19 de noviembre de 1997, fueron despedidos la periodista del área deportiva, Esperanza Palacio, y el editor nocturno de fines de semana José Domingo Bernal.
- Así mismo manifiestan, que la jefe de redacción de la emisora, Aida Luz Herrera Lozano, “invitó” a los empleados que habían suscrito el documento de pacto colectivo que no habían sido despedidos, “...a que se presentaran ante el subgerente Camilo Bustos, para retractarse, si no querían correr la misma suerte”, advertencia que trajo como consecuencia que no se volviera a hablar del documento y que “...el temor y el miedo se apoderarán de la mayoría de quienes adhirieron a la propuesta.”
- Presentan además los actores, lo que denominan los “antecedentes” de la propuesta de pacto colectivo de trabajo, documento del cual es pertinente destacar, entre otros, los siguientes aspectos:
a. La propuesta surge cuando la mayoría de los empleados de Radio Net están próximos a cumplir su primer año de servicios, fecha a partir de la cual se debían negociar los correspondientes reajustes salariales.
b. Todos los empleados se habían comprometido con un proyecto radial innovador, que durante sus primeras etapas afrontó una fuerte crisis por lo que debió ser reestructurado, lo que significó para directivos y empleados un esfuerzo adicional que se tradujo, entre otras cosas, en una redistribución de funciones ya que fue necesario recortar el personal inicialmente contratado.
c. Superada la crisis, y establecida la viabilidad radial y periodística de la empresa, al comenzar el segundo año de labores un grupo de empleados, precisamente quienes fueron despedidos, consideró “...pertinente y oportuno sugerir el mencionado mecanismo de concertación, convencidos de su bondad como instrumento propicio para la creación de una cultura organizacional escrupulosa en el respeto pleno de derechos y deberes.”
d. Dado que varios de los empleados provenían de CARACOL-RADIO, incluido el gerente de la empresa demandada, y que en esa organización se desarrolló con resultados positivos la experiencia de celebrar un pacto colectivo de trabajo, los empleados despedidos que promovieron la idea, consideraron “normal y leal con la empresa” plantearle algo similar.
e. La prueba de que la empresa conocía de la gestión que adelantaban, la cual se desarrolló con transparencia y de conformidad con la ley, y de que el verdadero motivo del despido colectivo que se produjo el 18 de noviembre de 1997 no fue una “reorganización administrativa” como los sostiene el apoderado de la demandada, es que el 14 de noviembre de 1997, fecha en la que empezó a circular el documento de pacto colectivo, el jefe de operaciones de la misma, señor Guillermo Jaramillo, llamó al grabador Cesar Moreno y le advirtió “...que no firmara el documento porque se trataba de un sindicato, y que si alguno de los integrantes del equipo técnico lo hacía sería despedido.” (folio 26 del expediente)
- De conformidad con lo expresado por el apoderado de la demandada en el escrito de respuesta a los interrogantes que le formuló el despacho, el cual reposa al folio 96 del expediente, no obstante que los despidos se produjeron el mismo día, ellos no se originaron en la presentación de una propuesta de pacto colectivo de trabajo, como lo afirman los peticionarios, pues desde que la sociedad querellada fue constituida, el 5 de octubre de 1995, a ella no le han presentado ningún pliego de peticiones. El verdadero y único motivo fue ”la reorganización interna de la compañía conforme a la facultad legal prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.”
- Lo que se presenta entre los peticionarios y la demandada, es un conflicto jurídico originado en la terminación unilateral de sus contratos laborales, que como tal debe ser dirimido por la jurisdicción laboral y no por el juez de tutela, pues no se les vulneró a los primeros ningún derecho fundamental ni se les causó un perjuicio irremediable; aceptar la procedencia de la acción, dice el a-quo acogiendo los argumentos del apoderado de la demandada, implicaría “violar la norma constitucional que prohibe las obligaciones irremediables” y establecer, a partir de la fecha, que “los empleadores no podrían despedir a sus trabajadores y estarían obligados a tenerlos a su servicio hasta que las muerte los separe”
- Concluye el a-quo, que siguiendo los lineamientos del artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, consideró y considera su despacho, que la tutela promovida con la finalidad de ejercer la acción de reintegro es inadmisible y merece rechazo de plano, dado que existe otro mecanismo de defensa judicial, lo que implica que el funcionario a cargo “...está exonerado de practicar cualquier tipo de pruebas y aún más de notificar a la parte contra quien se dirige la acción, ya que estos actos son la consecuencia misma de suponerle cauce probable a la acción promovida...”
- En criterio de los apelantes, el a-quo violó sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, dado que desde el inicio mismo del nuevo trámite de las acciones, el ordenado por esta Corporación una vez declaró la nulidad del primer fallo por las irregularidades que en él verificó, entre ellas la omisión del trámite del “decreto y práctica de pruebas” correspondiente, manifestó de manera expresa, que omitiría la toma de las veinticuatro declaraciones solicitadas por los actores, dado que, dijo
“...la información que rendirá el señor gerente de la empresa acusada no sólo se entenderá que refleja de manera integral la verdad de lo acontecido sino que ésta se entiende prestada bajo la gravedad del juramento, lo que de suyo hace suponer sin dubitación alguna, que los asertos plasmados en el oficio que de contestación al remitido por este despacho judicial, deberán guardar correspondencia con la situación que dio origen a los despidos delatados por los accionantes.”
Es decir, que de antemano el a-quo definió que la verdad de los hechos sería aquella manifestada por la demandada a través de sus representantes, ignorando el derecho de los actores a controvertir lo que ella manifestara, al denegar de plano la práctica de todas las pruebas que en concepto de éstos podrían desvirtuar la información que obviamente iba a suministrar el gerente de la acusada para defenderse, como en efecto lo hizo a través de apoderado, en el sentido de que el motivo de los despidos había sido “...la reorganización interna de la compañía conforme a la facultad prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo” y no el alegado por los actores.
“...por qué darle plena validez a un falso testimonio, a una mentira, sin entrar siquiera a controvertirla con la valoración de las pruebas que anexamos y la recepción de los testimonios que solicitamos, lo que podría constituirse incluso en una parcialidad manifiesta ?”
- Rechazan también el argumento expuesto por el apoderado de la demandada, en el sentido de que el motivo que alegan los actores como causa de su despido no fue cierto, dado que su representada jamás recibió ningún pliego de peticiones; tal argumento, dicen, es falso y mentiroso, pues si no se presentó fue precisamente porque sus directivas lo impidieron, tomando medidas arbitrarias y contrarias a derecho que intimidaron a los demás empleados. Cómo puede el a-quo, se preguntan los actores, aceptar como la verdad la de las directivas, sin permitirles a ellos controvertir sus afirmaciones y sin practicar las pruebas solicitadas que las habían podido desvirtuar, después de que ellas, las directivas, “abortaron un proceso iniciado por sus empleados” y violaron los derechos al trabajo y a la libre asociación de las siete personas que despidieron ?
“...lo que hizo la señora juez fue facilitarle las cosas a Radio Net para que con su verdad a medias amparada en legalismos, presentara una versión falsa, lejana de la realidad y continuara violando nuestros derechos fundamentales y burlándose de la majestad de la justicia.”
“Lo que buscamos es que se analicen factores no legales pero si inconstitucionales que fueron la causa directa de la decisión que tomo la empresa”, la cual quiso dejar en claro que “...aplastará con soberbia y a cualquier precio todo lo que se interponga en sus propósitos de evitar el más mínimo asomo de organización entre sus trabajadores.”
En esa perspectiva, las pretensiones de los demandantes, que se les reintegre a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones y con los mismos horarios, que se les reconozcan los salarios que han dejado de devengar desde la fecha del despido y que se proceda a considerar la propuesta de pacto colectivo, desvirtúan la procedencia de la acción de tutela, pues son materias de exclusiva competencia del juez laboral, “...quien contará con términos más amplios para la práctica de pruebas y además es la única autoridad que puede emitir juicio acerca de las características de la vinculación laboral de los accionantes, de la terminación de los contratos de trabajo, como de las consecuencias jurídicas.”
El 6 de mayo de 1998 la Secretaría General de esta Corporación recibió, para su eventual revisión, copia del expediente de la referencia. Al día siguiente, ese mismo despacho recibió una comunicación suscrita por el señor Samuel O. Salazar Nieto, uno de los demandantes, en la cual a nombre propio y de los demás actores solicitó a esta Corporación la selección del expediente y su revisión; mediante auto de fecha 1 de junio de 1998, la Sala de Selección Número Cinco rechazó la solicitud de revisión del expediente radicado bajo el número T-152.151.
Con fecha 3 de junio de 1998, el Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, insistió en la selección del expediente en mención manifestado lo siguiente :
“Considero importante que el caso se someta a la revisión de la Corte, porque las circunstancias que motivaron su inicial escogencia permanecen vigentes y porque el trámite procesal que se le dio después del auto de nulidad proferido por la Sala Segunda, evidencia una clara vulneración del derecho al debido proceso en la medida en que el Juez de instancia, haciendo caso omiso de lo resuelto en dicho auto, no recaudó ni valoró de manera imparcial el material probatorio.”
El 8 de junio de 1998, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional seleccionó, para su revisión, el expediente No. T- 152151, correspondiéndole por reparto al Magistrado Fabio Morón Díaz.
Si bien la legislación laboral vigente en nuestro país le permite al empleador, unilateralmente, dar por terminados contratos laborales celebrados a término indefinido, sin que medie justa causa, siempre que asuma el pago de las correspondientes indemnizaciones, materia que en caso de controversia obviamente le corresponde conocer y definir a la jurisdicción laboral ordinaria, lo que no le permite al empleador la ley y mucho menos la Constitución, es que amparado en el referido mandato legal, contenido en el artículo 64 del C. S. del T., coarte, restrinja y obstruya el libre ejercicio por parte de sus trabajadores, de sus derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y por ende al trabajo, que como tales están consagrados en los artículos 25, 38, 39 y 55 de la Carta Política.
Es decir, que lo que aseguran los actores y niegan los representantes de la empresa demandada, es que el verdadero y único motivo de sus despidos fue evitar que avanzara y prosperara la propuesta de pacto colectivo de trabajo que ellos impulsaban y respaldaban, lo que se traduce en una clara violación de sus derechos fundamentales a la libre asociación y a la negociación colectiva, y no una “reorganización interna”, actitud que es contraria a los postulados básicos del Estado social de derecho y que afecta el núcleo esencial de derechos fundamentales cuya protección le corresponde garantizar al juez constitucional, lo que implica que la acción de tutela era procedente para el efecto.
a. En el caso que se revisa, la acción de tutela que los actores instauraron contra un particular era procedente, dada la relación de subordinación que entre ellos existía, y el carácter de fundamentales de los derechos que alegan vulnerados.
Pero además, la procedencia de la acción de tutela en el caso que se revisa, encuentra también sustento específico en el hecho de que la solicitud de los peticionarios, en esencia que se les reivindiquen y respeten vía tutela los derechos a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo, consagrados como fundamentales en los artículos 38, 39 y 55 de la Constitución Política[1], es propia de la actividad que le corresponde desarrollar al juez constitucional, quien, como lo ha señalado de manera expresa esta Corporación, tiene la obligación de brindar protección inmediata y efectiva a dichos derechos, ante situaciones de violación o amenaza de vulneración de los mismos:
“... en materia de derecho colectivo pueden presentarse situaciones conflictivas que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores o de las organizaciones sindicales, como se verá a continuación :
“Tanto la Constitución (arts. 38 y 39 C.P.) como diferentes normas del C.S.T. (arts. 353 y 354), reconocen y garantizan el derecho fundamental de asociación sindical, tanto para los trabajadores particulares, como para los servidores públicos, sean empleados públicos o trabajadores oficiales, aun cuando la relación con los empleados públicos existen ciertas restricciones a su derecho de asociación sindical (arts. 414 y 415 del C.S.T.). Igualmente, garantizan el derecho a la negociación colectiva.
“La acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, cuando quiera que sean vulnerados o exista amenaza de su violación...”
“a) Cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a éstos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse a un sindicato. Igualmente, cuando el patrono, obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida” (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
b. En el caso que se revisa, no existía otro medio de defensa judicial que determinará la improcedencia de la acción de tutela, dado que las pretensiones de los actores trascendían la aspiración de recuperar sus puestos de trabajo, para lo cual contaban con la acción laboral de reintegro, pues su objetivo era solicitar de las autoridades judiciales, protección inmediata y efectiva para sus derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo.
Tal afirmación desconoce de plano los argumentos que esgrimen los actores, que insisten en que si bien saben y reconocen que es una prerrogativa legítima del empleador dar por terminados unilateralmente y sin justa causa los contratos laborales[2] previo el pago de las correspondientes indemnizaciones, y que cualquier controversia que surja de la adopción de ese tipo de decisión le corresponde conocerla a la jurisdicción laboral, en su caso específico el ejercicio de esa prerrogativa por parte de la demandada tuvo otro alcance e intención, como fue la de impedir que ellos y sus compañeros ejercieran libremente los derechos de asociación y de negociación colectiva para regular sus relaciones laborales, consagrados en los artículos 38, 39 y 55 de la Carta Política, lo que ocasionó, como necesaria consecuencia, la vulneración de su derecho al trabajo al ser despedidos para impedir el ejercicio efectivo de los primeros.
Como se anotó antes, la Corte Constitucional ha precisado, que aún cuando el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales “... no figura entre los derechos fundamentales, puede ser protegido a través de tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración del derecho al trabajo, como también del derecho de asociación sindical, si se tiene en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración de la respectiva convención colectiva de trabajo.”[3]
“La acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para la efectividad de los mencionados derechos, cuando quiera que sean vulnerados o exista amenaza de su violación, entre otros casos, en cualquiera de las siguientes hipótesis:
“b) Cuando el patrono obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
Más allá del reintegro a sus puestos de trabajo, que en el proceso que se revisa, de ser probadas las imputaciones que los actores le hacen a la demandada, podría surgir como una consecuencia de la decisión de amparo que el juez constitucional eventualmente emita para proteger los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, lo que reclaman los peticionarios es el respeto a su derecho a la libre asociación para adelantar una negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, violado, según ellos, al impedir la accionada, con la decisión de sus despidos, que ellos siguieran promoviendo entre sus compañeros la elaboración y presentación de un pacto colectivo de trabajo, y al lograr también, con esa determinación, intimidar a los demás empleados de la empresa, especialmente a aquellos que con su firma habían respaldado dicha propuesta[4], de manera tal que ellos desistieran, como en efecto ocurrió, en el propósito e concretar y celebrar con la empresa un pacto colectivo de trabajo, actuaciones ambas que no sólo vulneran el núcleo esencial de los mencionados derechos fundamentales, sino que atentan contra los principios y valores que rigen el Estado social de derecho.
“El derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural que desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática ...” (Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero)
Es decir, que si bien la acción de reintegro de la que disponen los actores, aparece como un medio de defensa judicial idóneo si su pretensión fuera exclusivamente recuperar sus puestos de trabajo[5], no lo es cuando, como en el caso que se analiza, el objetivo de aquellos trasciende esa aspiración y se remite a pretender protección inmediata y efectiva para sus derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo, los cuales son esenciales en un sistema social y democrático, regido, entre otros, por los principios de autonomía y dignidad del individuo y de pluralismo y solidaridad.
“El juez u organismo judicial ante el cual se invoca un derecho primario, como los que busca proteger el artículo 86 de la Carta, debe entrar en el fondo del asunto para examinar, con criterio de justicia material, las circunstancias en medio de las cuales se ha producido el acto o la omisión que puedan estar causando la perturbación o el riesgo del derecho fundamental para definir si el daño o la amenaza existen; para establecer sobre quién recae la responsabilidad del agravio y para impartir, con carácter obligatorio e inmediato, las órdenes encaminadas a restaurar la vigencia real de las garantías constitucionales.” (Corte Constitucional, Sentencia T-034 de 1994, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
El a-quo, “...omitió abocar el conocimiento, emitir auto admisorio, pronunciarse sobre la acumulación y trámite conjunto, ordenar lo pertinente acerca del decreto y práctica de pruebas solicitadas, disponer la notificación y vinculación de la parte demandada, limitando su actuación a proferir la providencia calendada el 24 de noviembre último, y a surtir la notificación de la misma... Dichas irregularidades conllevan la violación del debido proceso, lo que deviene en la anulación de la providencia referida.”
En consecuencia, le ordenó al Juzgado Doce Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, “...que impartiera a las demandas el trámite legal correspondiente”, para lo cual ordenó devolverle el expediente.
A través de auto fechado el 25 de febrero de 1998, y en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Segunda de Revisión de esta Corporación, la titular del Juzgado Doce Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá avocó de nuevo el conocimiento y trámite conjunto de las demandas de tutela de la referencia, ordenó la notificación de dicha determinación a las partes intervinientes, incluido el representante legal de la empresa demandada y solicitó, a través del oficio No. 466 de la misma fecha a la “...gerencia de la firma hispanoamericana de radio, informe en duplicado ... [sobre] si los accionantes estuvieron vinculados a dicha empresa, amen de responder los siguientes puntos:
“a- Lapso dentro del cual estuvieron vinculados.
c- Motivo o causal de desvinculación o retiro de la empresa, la cual a través de su representante legal deberá informar dentro del término perentorio de veinticuatro (24) horas contadas a partir del recibo del oficio correspondiente, si [los actores], presentaron propuesta alguna de PACTO COLECTIVO y cuál fue su incidencia en el retiro de dichos empleados.”
Si bien el artículo 22 del Decreto Ley 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución, estipula que el juez que conozca de la acción podrá proferir el fallo sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas, ello no debe entenderse, como lo hace el a-quo, en el sentido de que se le dotó con la facultad de fallar “con carencia absoluta de prueba que conduzca al convencimiento pleno de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.” Sobre el particular ha dicho esta Corporación:
“...Ante la existencia de estos preceptos (C.N. art. 86 y D. 2591 /91 art.3) y especialmente por la brevedad del término que se concede para fallar, como por el informalismo procesal que caracteriza a la acción de tutela, algunos jueces han considerado que están dispensados de cumplir ciertas actividades necesarias dentro de toda clase de procesos, destinadas a determinar la veracidad de los hechos, como es la práctica de pruebas o, dicho en otras palabras, que pueden fallar con carencia absoluta de prueba que conduzca al convencimiento pleno de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.
“Cierto es que al tenor del artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 “el juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier información formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”, pero adviértase que dicha autorización tiene lugar única y exclusivamente cuando existe, dentro del proceso, al menos una prueba de la cual se pueda inferir violación o amenaza del derecho fundamental invocado, inferencia que si bien compete realizar exclusivamente al juez del conocimiento, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ha de ser apta para sustentar las consideraciones del fallo, en armonía con el valor que pueda lógicamente asignárseles a los distintos elementos probatorios allegados al proceso.
“El juez de tutela, como cualquier otro juez de la República, está sujeto a las mismas reglas que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás procesos. Lo que ocurre es que en los procesos de tutela, no está sujeto a los estrictos y precisos límites fijados en la ley para cada uno de ellos, como al cumplimiento de las exigencias formales allí establecidas, de manera que una vez obtenidos todos los elementos de juicio que considere suficientes para definir el caso, sin recurrir a averiguaciones innecesarias, impertinentes e inconducentes, puede proceder a tutelar el derecho o denegar la petición, sin exceder los límites temporales fijados por la Constitución y la ley.
“El juez de tutela, entonces, no sólo puede utilizar cualquier medio probatorio que sea idóneo y eficaz para verificar si las actuaciones u omisiones de los funcionarios públicos o particulares en los casos señalados por la ley, vulneraron o amenazaron con violar un derecho constitucional fundamental, en cabeza del peticionario, sino que tiene el deber legal de decretar pruebas cuando no exista en el proceso, al menos una, que lo conduzca necesariamente a la convicción plena de la presunta infracción o amenaza, pues el juez de tutela no puede fallar en conciencia.” (Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 1993, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)
“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
“...cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho al que hace alusión la norma que se revisa -que está contenida en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.” (Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.)
En el caso sub-examine, la juez constitucional de primera instancia no garantizó igualdad a las partes, pues como lo manifestó de manera expresa en el ya citado auto del 25 de febrero de 1998, presumió que la versión de una de ellas, la de la empresa demandada, “reflejaría de manera integral la verdad de lo acontecido”, argumento que a su vez le sirvió de base para negar la práctica de las pruebas solicitadas por los actores y para abstenerse ella de ordenar la práctica de otras, e incluso de valorar los documento aportados al proceso.
Al suponer, de manera equívoca y contraria al espíritu mismo de la Constitución, y a las más elementales normas jurídicas de carácter sustantivo y procedimental, que el hecho de que la información que le solicitó a la demandada ésta lo suministraría bajo la gravedad del juramento, constituía suficiente garantía para, “sin dubitación alguna”, asumir que esa era la verdad, el a-quo, no sólo le negó a los actores la posibilidad de controvertir los argumentos expuestos por la acusada y presentar los propios, sino que se despojó él mismo de la facultad y obligación inherente a su investidura de analizar el acervo probatorio, tanto el que reposa en el expediente como el que dejó de recopilar, a partir del cual debía definir la controversia de manera objetiva y razonada, lo que de suyo es contrario a la Constitución y a la ley.
Pero además, con tal actuación el a-quo también vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, cuyo núcleo esencial, ha dicho la Corte, se integra al del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, “...por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso, el cual consiste, no solamente en poner en movimiento el aparato jurisdiccional, a través de los actos de postulación requeridos por la ley procesal, sino en que se surtan los trámites propios del respectivo proceso, se dicte sentencia estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda y que ésta sea efectivamente cumplida.”[6]
El derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, ha sido calificado por la Corte como un derecho medular, es decir como la garantía real y efectiva que el Estado le ofrece al individuo, de poder acudir, para resolver las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, “...con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley.”[7]
Ha quedado establecido, que las decisiones de instancia se basaron en una percepción restringida de las peticiones de los actores, y que ellas carecieron de una base probatoria adecuada y suficiente. Por ese motivo, la Sala debió proceder a decretar algunas pruebas[8] que servirán para dirimir la controversia planteada, la cual por lo demás, no se refiere a si el patrono tenía o no la facultad para dar por terminados unilateralmente y sin justa causa los contratos de trabajo de los actores, previo el pago de las correspondientes indemnizaciones, facultad que como se dijo antes está consagrada de manera expresa en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiéndole al juez laboral decidir sobre los litigios que de su aplicación se deriven, sino a la utilización, por parte de la demandada, de esa prerrogativa de orden legal, para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales a la libre asociación y a la negociación colectiva de los actores, para lo cual vulneraron su derecho al trabajo, consagrados en los artículos 25, 38, 39 y 55 de la Carta Política. Ese es, en esencia, el núcleo de la controversia que deberá resolver la Sala.
a. El ejercicio del derecho a la libre asociación y del derecho a la negociación colectiva, constituyen, en el Estado social de derecho, una garantía para la realización efectiva de valores fundantes del Estado, tales como la convivencia, el trabajo, la justicia social, la paz y la libertad.
Esta Corporación ha señalado, que los valores fundantes del Estado social de derecho, entre los cuales se encuentran la convivencia, el trabajo, la justicia social, la paz y la libertad, representan “...un catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico”[9] y que sobre ellos se debe construir el fundamento y la finalidad de la organización política.
“Dentro del Estado social de derecho que preconiza nuestra Constitución Política, el derecho colectivo del trabajo constituye un instrumento valioso y apropiado para hacer realidad la justicia social en relaciones entre patronos y trabajadores, la vigencia de un orden justo, la convivencia tranquila, “mediante la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”, y el reconocimiento a la dignidad humana en la persona del trabajador, a través de la regulación de las “condiciones de trabajo”, en lo que atañe al derecho individual del trabajo y la seguridad social, que asegure a las personas el derecho “a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Preámbulo, arts. 1, 2, 25, 39 y 55 C.P.)
“El derecho colectivo de trabajo se presenta en el ámbito constitucional, como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la solución pacífica de los conflictos laborales y promuevan y realicen la defensa de los derechos e intereses que le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las relaciones que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo.
“El derecho colectivo de trabajo dentro de la perspectiva constitucional analizada comprende :
“a) La libertad de asociación sindical, esto es el derecho de unirse en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, que en el artículo 39 de la C.P., tiene una regulación autónoma diferente a la libertad de asociación que, de modo general, consagra el art. 38 de la misma obra ...”
“b) (...)
“c) El derecho a la “negociación colectiva para regular las relaciones laborales”, que se hace efectivo y adquiere vigencia y operatividad, a través de la celebración de los “acuerdos y convenios de trabajo”, denominados en nuestra legislación pactos colectivos o convenciones colectivas de trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación, para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53, inciso final, 55 y 56, inciso final C.P.)
“El derecho a la negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad (art.13 C.P.), si se tiene en cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en una plano e igualdad frente al patrono. ...” (Corte Constitucional, Sentencia C-09 de 1994, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
b. En el caso concreto que se revisa, los empleados que elaboraron y promovieron una propuesta de pacto colectivo de trabajo, fueron despedidos, decisión que le permitió a la empresa, no sólo detener dicha propuesta, sino impedir que los demás trabajadores continuaran con ese propósito, lo que se traduce en una clara violación de los derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo.
En el caso concreto que se revisa, siete empleados de la empresa demandada[10] decidieron promover la realización de un pacto colectivo de trabajo, que regulara sus relaciones labores con la accionada, pues consideraron que ese instrumento, que prevé la ley para el efecto en el caso de trabajadores no sindicalizados[11], serviría para mejorar de manera concertada, entre la empleadora y los empleados, algunos aspectos que en su criterio contribuirían a optimizar el clima laboral; tal convicción la tenían, entre otras razones, porque varios de ellos provenían de otra empresa de comunicaciones en donde se encuentra vigente y ha presentado buenos resultados un pacto de las características que ellos querían impulsar y negociar.
Esas siete personas, cinco de las cuales son los actores en el proceso de tutela objeto de revisión, todas fueron despedidas de sus puestos de trabajo entre el 18 y el 19 de noviembre de 1997, según la demandada dada la necesidad urgente de la empresa de adelantar un plan de recorte de gastos o reorganización administrativa de la empresa, ante la precaria situación financiera que afrontaba en ese entonces; la modalidad de despido utilizada fue la terminación unilateral del contrato sin que mediara justa causa, previo el pago de las correspondientes indemnizaciones, tal como lo establece el artículo 64 del C. S. del T.
Así lo manifestaron los actores en sus respectivas demandas y así lo sostuvo en la declaración rendida en el Despacho del Magistrado Sustanciador, la señora Sara Astrid Rocío Prieto, una de las actoras, quien a la pregunta, ¿Promovió usted junto con otros compañeros la elaboración y posterior presentación ante las directivas de la empresa de una propuesta de pacto colectivo de trabajo ?, contestó lo siguiente :
“...Sí, fui una de las autoras intelectuales, con Samuel Salazar y Esperanza Palacio nos reuníamos a la hora del almuerzo y dadas las circunstancias de que no cancelaban almuerzos, ni horas extras, ni auxilio de transporte ni otras necesidades de los trabajadores, se nos ocurrió presentar un pacto colectivo a la empresa, teniendo en cuenta que era socia de Caracol o del Grupo Santo Domingo, porque Samuel y yo trabajamos en Caracol durante muchos años y para derrotar al sindicato en su momento la empresa presentó a los trabajadores un pacto colectivo. Quienes no estábamos en el sindicato suscribimos el pacto colectivo; recordando esas épocas con Samuel propusimos a Esperanza para conseguir el pacto colectivo que se había firmado en caracol acomodarlo a la situación de radionet y presentárselo a la empresa.”
El despacho le preguntó entonces, si además de Samuel Salazar y Esperanza Palacio, otros empleados de la empresa promovieron la propuesta, a lo que ella respondió:
“Carlos Chica, que fue el que más motivó a la gente para que firmara por lo que él representa, un periodista íntegro...otro que participó fue Eulogio Uscateguí...José Domingo Bernal fue otro de los que participó...a Carlos Fernando Alvarez se le encomendó que indagara en el Ministerio de Trabajo sobre cuál era el procedimiento a seguir con la propuesta de pacto colectivo.
La propuesta fue respaldada por 47 de los 105 empleados que hacían parte de la empresa para la época[12], lo que hace viable concluir que era de conocimiento público, no reservada, y que efectivamente tanto empleados como directivos tenían conocimiento de ella; de hecho, el gerente de la accionada, señor Luis Horacio Cifuentes Valenzuela, en la declaración que rindió ante esta Corporación el 26 de agosto del presente año, manifestó que informalmente se había enterado de ella aunque la misma nunca había sido entregada a la compañía, y que supo que un ejemplar de dicho documento estaba colocado en la cartelera de la empresa con la firma de un buen número de trabajadores; vale aclarar, que en efecto un ejemplar de dicha propuesta fue colocado en la cartelera de la empresa demandada por Alejandra Moreno, quien fue precisamente una de las despedidas y es actora en el proceso de tutela que se revisa.
La demandada no aportó ningún elemento que le permita a la Sala aceptar, que en efecto el despido de los peticionarios obedeció a un plan de recorte de costos, o a “...una reorganización interna de la compañía” diseñada y ejecutada por la gerencia, tal como lo afirma su apoderado en el escrito remitido al a-quo que reposa al folio 97 del expediente; así, no existe ningún documento que se refiera a dicho plan, él mismo no fue comentado ni consultado en la junta directiva de la empresa, o por lo menos no se aportó prueba alguna en ese sentido; tampoco fue consultado o comentado con sus directivos, ni siquiera con el director de noticias, quien además es socio de la compañía[13], no obstante que de manera abrupta y sin previo aviso le fueron retirados siete de sus más inmediatos colaboradores.
Por el contrario, de las declaraciones rendidas es viable y razonable concluir, que el motivo de los despidos si tiene una directa relación con la promoción que hicieran los demandantes entre sus compañeros de una propuesta de pacto colectivo de trabajo. Así por ejemplo, el director de noticias, señor Yamid Ahmad Ruíz, en la declaración rendida ante el Despacho del Magistrado Sustanciador el día 19 de agosto de 1998, manifestó lo siguiente:
“No, entre otras cosas porque cuando se mencionó el tema los periodistas lo desmintieron. Quiénes lo desmintieron ?. CONTESTO. Los periodistas que usted me mencionó [la magistrada auxiliar delegada para tomar la declaración previamente le había enumerado las personas despedidas]. Ante quién lo desmintieron ?. Ante todos los compañeros del noticiero incluyéndome. PREGUNTADO. Es decir, que fueron interrogados sobre el particular ?. CONTESTO. No, porque yo no interrogo, se debió tratar el tema a propósito de una comunicación que colocaron en una cartelera y ellos aclararon que esa comunicación no tenía ningún sentido distinto al de transmitir algunas inquietudes.”
“...la gerencia me informó después de tomada la decisión [de los despidos] que la compañía tenía una deuda superior a dos mil millones de pesos y que era indispensable aplicar recortes, y se aplicaron en muchos sentidos para llegar a un recorte de gastos importante”
“...Tengo entendido que el comunicado o la carta [ la propuesta de pacto colectivo de trabajo] que mencioné que había sido colocado en la cartelera planteaba una serie de solicitudes que eran imposibles de atender ante las circunstancias de penuria de la empresa.”
Las anteriores afirmaciones encuentran corroboración en la declaración de la historiadora Diana Uribe Forero, una de las empleadas de la empresa que conoció y respaldó con su firma la propuesta de pacto colectivo de trabajo. Ella manifestó, que fue invitada a conocer la propuesta y a respaldarla con su firma por dos de los empleados que fueron despedidos, específicamente por los señores Eulogio Uscátegui y Samuel Salazar, y a la pregunta de si conocía el motivo del despido contestó lo siguiente:
“...yo lo supe, aunque yo no estaba presente cuando eso sucedió. Los motivos dicen, estaban relacionados con la propuesta .”
También se reafirman las conclusiones antes señaladas, en lo expresado por el señor Cesar Augusto Moreno Hernández, empleado de la empresa que fue llamado a declarar, quien no respaldó la propuesta de pacto colectivo de trabajo, pues él manifestó que la misma le fue dada a conocer por el señor Samuel Salazar y por Alejandra Moreno, dos de los despedidos y actores la tutela.
“... El [Samuel Salazar] se limitó a decirme de qué se trataba el pacto y me dijo que lo pensara para firmarlo y respaldarlo...En las charlas que nosotros teníamos con respecto al pacto él me aconsejaba que nos convenía y que lo pensáramos para firmarlo y respaldarlo. En ningún momento nos presionó ni obligó a nadie a firmarlo.”
El argumento que esgrime el apoderado de la demandada, que acogió de manera expresa el ad-quem, en el sentido de que aunque la desvinculación se produjo el mismo día, ello no significa que hubiere vicios ocultos y mucho menos que hubiere obedecido a la propuesta de un pacto colectivo, “...dado que, hasta la fecha el EMPLEADOR no ha recibido pliego de peticiones de los trabajadores tendientes a conseguir un PACTO COLECTIVO o una CONVENCIÓN COLECTIVA...”, debe rechazarlo la Sala, pues la acusación de los trabajadores despedidos es precisamente que con la medida adoptada, la de sus despidos, se truncó el proceso que se adelantaba y se les impidió de tajo presentar la propuesta a las directivas, pues ellos adelantaban la fase preliminar, que consistía en obtener el mayor respaldo posible por parte de los empleados a la propuesta, para luego si presentarla a las directivas, negociarla y posteriormente, de llegar a un acuerdo, suscribirla con la empleadora, y luego sí proceder a depositar el documento en el Ministerio de Trabajo, requisito con el cual cobraría vigencia el instrumento.
“Debe recordarse que al derecho de asociación es inherente la libertad, por lo cual resulta violado tanto cuando se coacciona externamente al individuo para que [no] se asocie como cuando se lo obliga a asociarse. Esa libertad tiene que ser garantizada por el patrono aún en mayor grado cuando se trata de la asociación sindical, ya que ello corresponde a un elemental principio de lealtad hacia los trabajadores. (Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
Lo anterior lo verificó la Sala al preguntarle a todos los declarantes, tanto a los directivos de la empresa demandada, como a los empleados de la misma que fueron citados, así como a los actores convocados, qué paso luego de los despidos con la propuesta de pacto colectivo, y coincidir todos en que no se volvió a saber nada de ella. Así por ejemplo, al preguntársele al señor Cesar Augusto Moreno, qué había pasado con la mencionada propuesta después del despido de los demandantes éste contestó lo siguiente :
“...No se volvió a saber nada con respecto a esa propuesta. Nadie volvió a comentar nada de ese tema.”
Por su parte la historiadora Diana Uribe Forero ante la misma pregunta manifestó lo siguiente: “No se volvió a hablar de eso”
Otro elemento que sirve para establecer un nítido nexo de causalidad entre la actividad desarrollada por los demandantes para elaborar y promover un pacto colectivo de trabajo y su despido, es la intervención que ante sus compañeros hizo el Señor Carlos Alberto Chica, una vez fue informado por el subgerente de la decisión de la empresa de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo; sobre tal intervención, de las declaraciones se desprende que ella efectivamente ocurrió y que en la misma el accionante se refirió a lo injusto de la decisión de su despido y los convocó a continuar sin temor en el propósito que él y otros compañeros promovían. Uno de los directivos de la empresa, el señor Mauricio Vargas Escobar, en su declaración manifestó sobre el particular:
“El [Carlos Alberto Chica] empezó a hablarle a todo el grupo de periodistas sobre su propuesta de carácter sindical, recuerdo que decía que no había apoyo y que le parecía injusto...”
El juez, ha dicho la Corte Constitucional, tiene la obligación positiva de decretar y practicar las pruebas que sean necesarias para determinar la verdad material, “...pues esta es la única manera para llegar a una decisión de fondo que resuelva la controversia planteada, en la que prime el derecho sustancial y el valor de la justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política.”
En el caso propuesto, las decisiones de instancia se limitaron a analizar una situación formal, la presunta legitimidad de una decisión del empleador, por encontrar la misma expreso fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del C. S. del T., y la competencia del juez ordinario para dirimir las controversias que de ella se susciten, sin tener en cuenta que la acusación de los actores precisamente trasciende ese aspecto, pues se refiere a que la accionada se valió de esa norma legal para, amparada en la facultad que de ella se desprende, violar los derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo de los peticionarios.
“...La norma que primero y en grado mayor obliga al Juez es la Constitución. Si bien los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley (C.N. art. 230), en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán sus disposiciones (C.N. art. 4). Las normas constitucionales están llamadas a ser aplicadas directamente a las controversias, y para ello, por regla general, no requieren de la mediación de la ley por cuanto tienen un contenido normativo propio y auto-suficiente. Las leyes y demás normas del ordenamiento no deben aplicarse si resultan incompatibles con el sentido de la Constitución y, en todo caso, deberán interpretarse del modo que más armonicen con el texto constitucional. La Constitución aspira a tener una plenitud de sentido y a permear con sus principios y valores el entero ordenamiento. Cualquier pieza normativa del ordenamiento, por ende, para subsistir en él y reclamar obediencia debe conciliarse con la letra y el espíritu de la Constitución. Esa decisiva verificación es una de las tareas más delicadas que el Estado confía al poder judicial, en el momento en que éste procede a decidir los asuntos que se someten a su consideración.”[14]
“El inciso 2, del numeral 2 del artículo 354 del C.S.T., modificado por el artículo 39 de la ley 50 de 1990, hace un listado de los actos que se consideran atentarios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador, que a juicio de la Corte es válido en la evaluación constitucional de las acciones patronales atentatorias contra dicho derecho, así:
“Obstruir o dificultar la afiliación de personal a una organización sindical de la protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios.
“Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales..” (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
El juez constitucional, reitera la Sala, tiene la obligación de escudriñar con sumo cuidado, en los supuestos de hecho del caso concreto que le corresponde resolver, para evitar que potenciales agresores de los derechos fundamentales, encuentren refugio en preceptos de orden legal que el legislador ha producido pretendiendo objetivos muy distintos; así, en el caso que se revisa, la facultad que se le otorga al empleador a través del artículo 64 del C. S. del T., busca flexibilizar las relaciones de trabajo y armonizarlas en un contexto en el que predomina la economía de mercado, la globalización y la internacionalización de las relaciones de producción, y en el que el desarrollo tecnológico exige un margen de acción mucho más amplio para los actores del proceso productivo, de ninguna manera el fin que se buscaba con ella era establecer un mecanismo que le permitiera al patrono detener y obstaculizar cualquier intento de asociación de sus trabajadores, dándole la facultad de despedir a aquellos que lo promovieran o respaldaran, previo el pago de una indemnización. Esa concepción simplemente repugna a los principios rectores del Estado social de derecho consignados en nuestra Carta Política.
“...la sumisión de los patronos a la Constitución no solo se origina y fundamenta en los artículo 1, 4 inciso 2 y 95 de la Constitución, en cuanto los obligan a acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se logra no sólo con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido, sino en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
“...al patrono no le puede ser permitido, escudado en la libertad para convenir o contratar y para disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos principios y valores constitucionales.” (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995)
“...las normas constitucionales que reconocen los derechos de asociación sindical y negociación colectiva, se fortalecen con los mandatos de los artículos 53, inciso 3, y 93 de la Carta Política, en cuanto incorporan a la legislación interna “los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados” por Colombia, los cuales constituyen una fuente para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en dicha Carta. En estas condiciones, son aplicables en el orden interno los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. aprobados por Colombia mediante las leyes 26 y 27 de 1976, que reconocen los mencionados derechos”.
“En materia de negociación colectiva, el artículo 4 del Convenio 98 de la O.I.T. dispone:
“Deberán adaptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociaciones voluntarias, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.” (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
Segundo. En su lugar CONCEDER la tutela interpuesta por los actores, para proteger sus derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo, ordenándole para el efecto a la demandada, que en el término de 48 horas, reintegre a sus puestos de trabajo a los señores CARLOS ALBERTO CHICA ARIAS, SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO, EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ, GLORIA ALEJANDRA MORENO GOMEZ Y SARA ASTRID ROCIO PRIETO PARDO, dejando a salvo sus derechos por concepto de salarios, los cuales son de conocimiento de la justicia ordinaria.
[1] Vale aclarar, que la Corte Constitucional ha precisado, que aún cuando el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales “...no figura entre los derechos fundamentales, puede ser protegido a través de tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración del derecho al trabajo...” (Corte Constitucional, Sentencia SU- 342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
[2] Dicha facultad se encuentra consignada y regulada expresamente en el artículo 64 del C. S. del T.
[3] Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
[4] A solicitud del Despacho del Magistrado Sustanciador, el gerente de la empresa demandada certificó en oficio fechado el 26 de agosto de 1998, que en la fecha en la que se sucedieron los hechos que originaron la acción de tutela que se revisa, el número de empleados al servicio de la empresa era de 105, de los cuales, en el momento del despido de los peticionarios, 47 habían respaldado con su firma la propuesta de pacto colectivo de trabajo. El original de las planillas en las que se recogieron dichas firmas reposa en el expediente, folios 34 a 37.
[5] Cuando el patrono, con base en la prerrogativa que le otorga el artículo 64 del C. S. del T., da por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral, ello no quiere decir que el trabajador no tenga más opción que conformarse con la indemnización, pues él puede recurrir a la justicia y solicitar el reintegro: “La percepción del dinero destinado por la parte patronal para indemnizar el despido injusto, no puede significar la decisión absoluta de escoger entre uno u otro derecho, porque es el juez quien puede decidir esta situación mediante pedimento del trabajador, quien como es obvio, no podría optar por sí mismo por el reintegro para incorporarse a la empresa desconociendo el despido, y volver al trabajo contra la voluntad de ésta. ...Lo que significa que [el recibo] de la indemnización por despido injusto por parte del trabajador, no [implica] renuncia tácita al derecho de pedir el reintegro para que la justicia resuelva...” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de diciembre 13 de 1973), acción que debe conocer el juez laboral, consagrada en el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965.
[6] Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 1996.
[7] Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
[8] La Sala Ocho de Revisión, en ejercicio de sus facultades legales, a través de autos fechados el 11 y el 19 de agosto de 1998, ordenó la práctica de algunas pruebas en el proceso de revisión de la referencia, específicamente ordenó tomar diez declaraciones a directivos, empleados y actores y la remisión por escrito de información por parte de la demandada.
[9] Corte Constitucional Sentencia T-406 de 1992, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.
[10] De las declaraciones rendidas ante la Sala de Revisión de la Corte, por dos de los actores de la demanda, Carlos Alberto Chica y Sara Rocío Prieto y por el gerente de la misma Luis Horacio Cifuentes, cuyos textos reposan en el expediente, folios 250 a 263, se concluye que además de quienes interpusieron la acción de la referencia, otros dos empleados, Esperanza Palacio y José Domingo Bernal, que también participaron activamente en la elaboración y promoción entre sus compañeros de la propuesta colectiva de trabajo, fueron despidos por la demandada al día siguiente que se sucedieron los despidos de los peticionarios, esto es el 19 de noviembre de 1997, bajo la misma modalidad de terminación unilateral del contrato sin que mediara justa causa.
[11] Esta modalidad se encuentra consagrada en el artículo 481 del C. S. del T., el cual fue subrogado por el artículo 69 de la Ley 50 de 1990.
[12] El dato sobre número de empleados al servicio de la empresa en la fecha en que se efectuaron los despidos de los actores, fue suministrado por la accionada a través de oficio fechado el 26 de agosto de 1998, remitido al Despacho del Magistrado Sustanciador., el cual reposa en el expediente, folio 289.
[13] Al folio 101 del expediente reposa copia del certificado de Cámara de Comercio, en el que aparece como socio el entonces director de noticias de la cadena demandada.
[14] Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.