Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311319.html
Timestamp: 2019-03-19 17:39:01
Document Index: 172144710

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 51', 'artículo 333', 'artículo 60', 'artículo 333', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 419', 'artículo 416', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 48', 'artículo 33']

as201311319
Auto Supremo Nro. 319/2013
Sucre, 11 de noviembre de 2013
Expediente: Tarija 216/2013
Partes Procesales: Ministerio Público contra Víctor Cecilio Lozano Puma
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Víctor Cecilio Lozano Puma (fs. 103 a 105), impugnando el Auto de Vista Nro. 46/2013 emitido el 24 de septiembre, de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 100 a 102), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Juzgado de Sentencia Nro. 2 de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, que conoció esa causa, pronunció Sentencia Nro. 37/2010 el 29 de septiembre (fs. 76 a 81), declarando al imputado Víctor Cecilio Lozano Puma absuelto de la comisión del delito de tráfico de sustancias contraladas previsto en los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y autor del delito de suministro, previsto y sancionado en el artículo 51 de la Ley Nro. 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años a cumplir en la cárcel pública de la ciudad de Yacuiba, con costas a favor del Estado, el pago de 300 días multa a razón de Bs. 2 por día y la confiscación definitiva de los bienes incautados.
Contra la citada Sentencia, el acusado Víctor Cecilio Lozano Puma, formuló recurso de apelación restringida (fs. 84 a 85), resuelto por Auto de Vista Nro. 46/2013 de 24 de septiembre (fs. 100 a 102), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que lo declaró sin lugar y confirmó en su integridad la Sentencia impugnada.
Con el Auto de Vista referido, el recurrente fue notificado personalmente el 14 de octubre de 2013 (fs. 110 vta.), formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 18 de octubre de 2013 (fs. 103 a 105).
1. En los puntos 1 y 2, señala que el Tribunal de Alzada sobrepasó las normas relativas a la imposibilidad de revalorizar prueba en segunda instancia, pues en los considerandos II. y II.1, pese a referir que el Tribunal de Apelación tiene por objeto esencial, controlar la correcta aplicación de la ley y dar tutela a las garantías constitucionales, no fundamentó ni motivó todos los puntos denunciados en apelación. Asimismo en el considerando III. 1, no obstante señalar que la responsabilidad del imputado, nace en virtud de elementos probatorios legalmente incorporados a juicio, declaró sin lugar el agravio y contrariamente, señaló que no se puede revalorizar prueba en esa instancia, siendo que lo que se impugnó no fue la revalorización sino la forma de admisión de las pruebas y la errónea aplicación de la ley, cuestionándose, en base a qué prueba se determinó la existencia de sustancias controladas si en ningún momento se judicializó el informe pericial, siendo además imposible la admisión de la prueba de narco test porque no constituye prueba documental ni está dentro de lo previsto en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal; por otro lado, en el considerando III.2, el Tribunal de Alzada, revalorizó la prueba al expresarse sobre: 1) la prueba signada como Mp1, consistente en el informe policial, el Tribunal de Alzada expuso las razones por la que se ponderó positivamente, no teniendo relevancia lo alegado por el apelante; 2) dijo que no se acreditó de qué manera, el Fiscal incumplió el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el momento de la ejecución del mandamiento de allanamiento, refiriendo que no basta señalar su aparente incumplimiento, sino especificar como se incumplió la norma; 3) sobre el acta de requisa de inmueble y acta de prueba de campo o narco test, cuya incorporación por su lectura está permitida de acuerdo al artículo 333 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, que no tiene ninguna trascendencia reclamar calidad de prueba anticipada al respecto, y que en base a estos argumentos, declaró sin lugar el agravio denunciado. Con los argumentos precedentes como sustento, reitera que el Tribunal de Alzada revalorizó la prueba porque realizó un trabajo interpretativo e ingresó al fondo del proceso, aspectos que contravienen los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral. Invoca los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 41 de 30 de marzo de 2012 y 151 de 14 de mayo de 2013.
2. En los puntos 3 y 6, denuncia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la ilegalidad de los medios de prueba, valoración de la prueba, sobre la actividad procesal defectuosa, puntos que fueron denunciados en apelación restringida, contraviniendo lo dispuesto por el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2004, que según el recurrente, determina “Que, de lo expuesto se colige que el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre todos los puntos apelados hecho que constituye defectos de sentencia insubsanables” (sic). Además cita el Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 2004 referido a que en ningún fallo puede omitirse la fundamentación y que no puede existir incongruencia o contradicción entre la parte considerativa y resolutiva. Más adelante, cita los Autos Supremos Nros. 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004.
3. En el punto 4, señala que el Tribunal de Alzada a tiempo de pronunciarse sobre la ponderación de los derechos y principios, debió también tomar en cuenta su condición de ser humano que tiene derechos y garantías y no solo considerar la dignidad humana de la víctima.
4. En el punto 5, alega aplicación errónea de la ley, pues tanto el Tribunal de Sentencia como el de Alzada admitieron la prueba del narco test en base a un fundamento errado, pues si bien este informe se plasmó documentalmente, fue un acto practicado en la primera fase y de ninguna forma puede ser admitido, además que no es posible aplicar el derecho en base a una interpretación que no es coherente con los principios de inmediación, de concentración y de inmediatez, asumiendo competencias que le corresponden exclusivamente al Tribunal de Sentencia, más allá de lo permitido por los artículos 407 y 413 del Código de Procedimiento penal. Señala que el Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003, establece que el recurso de apelación restringida es un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas y no para revalorizar la prueba.
5. En el punto 7 señala que el sistema procesal no admite doble instancia y que el accionar del Tribunal de Apelación, está limitado para anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial se debe indicar el objeto concreto del nuevo juicio y cuando sea evidente que para dictar nueva Sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente y que es deber del Tribunal de Alzada y Casación, observar los defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos que deben ser corregidos de oficio y cita el Auto Supremo Nro. 373/2006 de 6 de septiembre de 2006.
Finalmente expone su criterio señalando que la línea doctrinal sentada por el Máximo Tribunal de Justicia, declara la admisibilidad del recurso de casación, al evidenciar violaciones flagrantes a los derechos fundamentales, al debido proceso y defectos absolutos insubsanables como determinan los artículos 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal, en cuyo caso el Tribunal de casación, de oficio deberá entrar al fondo y enmendar los defectos mencionados para reencaminar el debido proceso, por lo que solicita se admita el recurso planteado y se dicte resolución estableciendo doctrina legal aplicable que deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, caso contrario se ordene el reenvío del juicio ante otro Tribunal de Sentencia o se determine su absolución.
CONSIDERANDO III: (Requisitos para la admisibilidad del recurso)
Por otro lado, resulta necesario indicar que la revisión excepcional procede cuando existen denuncias fundadas de violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos de procedimiento insubsanables o de la sentencia, conforme determinan los artículos 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal.
Que el recurso de casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 46/2013 de 24 de septiembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 100 a 102) dentro del plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
El recurrente Víctor Cecilio Lozano Puma, omitió anexar copia del recurso de alzada, sin embargo, encontrándose en antecedentes la apelación restringida original, se pudo verificar que no invocó precedente alguno. En casación cita los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 41 de 30 de marzo de 2012, 152 de 14 de mayo de 2013, 562 de 1 de octubre de 2004 y 373 de 6 de septiembre.
De la lectura de la denuncia contenida en el punto 1 relativa a la revalorización de la prueba que hubiera realizado el Tribunal de Alzada haciendo un trabajo interpretativo e ingresando al fondo del proceso, aspectos que –en criterio del recurrente- contravienen los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral; se invocó los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004, los cuales fueron simplemente citados, omitiendo cumplir con el requisito de admisibilidad consistente en señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los Autos Supremos, olvidando además identificar la situación fáctica o de hecho similar, limitándose simple y llanamente a denunciar, de manera general, la revalorización de la prueba en que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada y citar Autos Supremos, sin tomar en cuenta que no es suficiente referir y citar precedente contradictorio, sino que dicha formalidad se cumple cuando de manera fundamentada y motivada se explicita la contradicción entre el Auto de Vista que se impugna y los Autos de Vista o Autos Supremos que se invoca, indicando y reflejando de qué modo se presenta la contradicción que se alude; por lo que, resulta evidente que el recurso de casación, en este punto, adolece de omisión de los requisitos establecidos para su admisibilidad y que se constituyen en indispensables. Invoca también los Autos Supremos Nros. 041 de 30 de marzo de 2012 y 152 de 14 de mayo de 2013, sin embargo, de la revisión de la base de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, se evidencia que los mismos son inexistentes.
Respecto al punto 2, en el que el recurrente alega falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre las denuncias hechas en apelación restringida, respecto a la ilegalidad de los medios de prueba, concretamente sobre la MP4, valoración de la prueba, actividad procesal defectuosa, refiere aunque de manera sutil, que con este accionar, el Tribunal de Apelación contraviene el Auto Supremo Nro. 724 de 26 de noviembre de 2006, que según el recurrente, está referido a que la falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre todos los puntos apelados, constituye defecto absoluto; en consecuencia el impugnante cumple con precisar, aunque de manera corta y puntual, la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente señalado, por lo que corresponde admitir este motivo.
El Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 2004, también invocado en este punto, versa sobre un proceso tramitado con el régimen procesal penal antiguo, que a la fecha se encuentra abrogado, pues en la doctrina legal contenida en él, hace referencia a la obligación que tenía el Tribunal de Alzada o de Casación, de corregir de oficio los defectos absolutos identificados en el proceso, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial antigua, consiguientemente, bajo ningún aspecto puede ser considerado como precedente contradictorio.
En el mismo punto, cita también los Autos Supremos Nros. 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004, los que no fueron invocados con carácter de especificidad a los fines del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, ya que solo son mencionados, por tanto no corresponde ningún análisis sobre los mismos pues de la misma manera, no cumplen con el requisito de admisibilidad mencionado anteriormente.
En el punto 3 el recurrente al referirse a la falta de consideración de sus derechos y garantías, omitió invocar precedente contradictorio, consiguientemente incumplió también con el requisito de señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y otros Autos de Vista o Autos Supremos pronunciados por las demás Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia.
En el punto 4, respecto a la denuncia sobre la errónea aplicación de la ley, el recurrente alega que, tanto el Tribunal de Sentencia como el de Apelación admitieron la prueba del narco test en base a un fundamento errado, pues si bien este informe se plasmó documentalmente, fue un acto practicado en la primera fase y no puede ser admitido y que no es posible aplicar el derecho en base a una interpretación que no es coherente con los principios de inmediación, de concentración y de inmediatez, asumiendo competencias que le corresponden exclusivamente al Tribunal de Sentencia. Si bien el recurrente hace referencia a lo señalado por el Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003 sobre la apelación restringida como medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas y no para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho de los jueces o tribunales inferiores, no estableció de manera precisa y clara el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones; al respecto es necesario precisar que el recurrente al margen de verificar que el contenido de los precedentes invocados contengan hechos similares o análogos resueltos, es decir, planteamiento de la denuncia, norma o derecho vulnerado y puntos resueltos en el precedente, y debe explicar razonada y fundamentadamente, la forma o manera en que contradice el Auto de Vista impugnado al precedente invocado, no siendo suficiente para el cumplimiento de los requisitos de admisión, la mera cita de las resoluciones supremas o Autos de Vista, o la transcripción de una parte de ellos, como es el caso. No obstante lo referido, es preciso señalar también, al tenor de lo dispuesto por el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, que al ser la denuncia contenida en este motivo, relativa a un defecto de la Sentencia, el recurrente además de hacer su reclamo en apelación restringida, es en esa misma instancia en que debió invocar el Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003 que se señala en casación para sustentar sus pretensiones; ante tal omisión, el presente recurso deviene en inadmisible.
De la lectura del punto 5 se concluye que lo expresado en él, no constituye agravio alguno, pues lo que hace el impugnante es verter un criterio sobre el sistema procesal y las atribuciones del Tribunal de Alzada relativas a la posibilidad de ordenar la reposición de un juicio o reparar directamente la inobservancia de la ley, cuando sea el caso, y cita simplemente el Auto Supremo Nro. 373/2006 de fecha 6 de septiembre de 2006.
Finalmente, respecto a lo expresado por el recurrente con relación a la obligación del Tribunal de Casación de declarar la admisibilidad del recurso de casación ante la evidencia de defectos absolutos, de violaciones flagrantes al debido proceso y a los derechos fundamentales y resolver de oficio el fondo para enmendar dicho defectos, es preciso señalar que, evidentemente, la doctrina establecida por este Tribunal Supremo, ha establecido de manera excepcional como causal de admisión del recurso de casación la denuncia de existencia de “flagrantes” infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; sin embargo este entendimiento no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a denunciar la existencia de defectos, sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; consiguientemente, no es posible admitir el presente recurso de manera excepcional por omisión de los requisitos precedentemente señalados.”
En consecuencia, de lo referido precedentemente se deduce que el recurso de casación interpuesto, cumple y reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 416 y 417, en lo que respecta a la denuncia expuesta en el puntos dos; por lo que, el Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 2004, se constituirá en base y sustento legal del recurso de casación para que se logre establecer la existencia o no de la contradicción manifestada.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación, (respecto de la denuncia inserta en el punto dos, a efectos de verificar la contradicción denunciada con el Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 2004), interpuesto por Víctor Cecilio Lozano Puma (fs. 103 a 105), impugnando el Auto de Vista Nro. 46/2013 emitido el 24 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 100 a 102), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controlas, previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.