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Timestamp: 2018-08-17 04:58:25
Document Index: 395497170

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 132', 'artículo 131', 'artículo 85', 'artículo 23', 'artículo 1602', 'artículo 6', 'artículo 267']

﻿ SENTENCIA 6582 DE AGOSTO 23 DE 1991
SENTENCIA 6582 DE 23 DE AGOSTO DE 1991
CONTENIDO:CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO SE PUEDE ACORDAR DOMICILIO PROCESAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO, DOMICILIO PROCESAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:238 DE OCTUBRE DE 1991, PÁG.881
Auto 6582 de agosto 23 de 1991
NO SE PUEDE ACORDAR DOMICILIO PROCESAL
Ref.: Expediente 6582
Santa Fe de Bogotá, D.C., agosto veintitrés de mil novecientos noventa y uno.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 11 de octubre de 1990, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual, por falta de competencia territorial, se inadmitió la demanda y se dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Santander.
1. El consorcio ``Escandón Manby y Cía. Arquitectos - Alberto Antonio Zúñiga Caballeró'', en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 del CCA, sobre controversias contractuales, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Instituto de Seguros Sociales para que se declare administrativamente responsable por el incumplimiento del Contrato No 002002 de 21 de marzo de 1984 y se ordene el pago de las obligaciones que relaciona en aquella.
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proveído apelado (fols. 68 a 70), consideró que por razón del territorio en donde se ejecutó la obra objeto del contrato (Bucaramanga), carece de competencia para conocer de esta controversia. Sostuvo que ``Como la demanda presentada se interpuso en acción de la relativa a asuntos contractuales, en donde la competencia por razón del territorio se determina por el lugar donde se ejecutó o debía ejecutarse el contrato, y el que dio origen al asunto, no sólo de los hechos, sino además del contrato mismo (fls. 4 a 16 vto.) se advierte que su ejecución se dio en otro territorio distinto del que la ley fijó a esta corporación, la demanda habrá de inadmitirsé''.
3. El recurrente sostiene que el a-quo no tomó en consideración que ``las partes acordaron como domicilio contractual la ciudad de Bogotá'' (cláusula décima sexta). Agrega también como fundamento para que proceda la revocatoria del auto admisorio, los artículos 85 y 1602 del Código Civil.
a) Sea lo primero señalar que la Sala está de acuerdo con la decisión del Tribunal de inadmitir la demanda y remitirla al Tribunal Administrativo de Santander, por lo que el auto recurrido habrá de confirmarse. En efecto:
La competencia por razón del territorio para conocer en primera instancia de los procesos referentes a contratos administrativos, al tenor del inciso final del numeral 8o, del artículo 132 del CCA, ``...se determinará por el lugar donde se ejecutó o debía ejecutarse el contrato...'''' y según el mismo numeral del artículo 131 ibídem, en idéntica forma radica la competencia de los tribunales en procesos de única instancia.
Ahora bien, en el caso bajo examen se trata de un contrato de obra pública consistente en la terminación de la Clínica Los Comuneros, en la ciudad de Bucaramanga, (Cláusula Primera). Resulta, pues, obvio que el contrato se ejecutó en esa ciudad, capital de Santander, por lo cual, en razón de factor territorial y en los términos de las normas mencionadas, la competencia para conocer lo referente a dicho contrato, en única o en primera instancia, le está atribuida legalmente al Tribunal Administrativo de ese departamento, como atinadamente se decidió en el auto cuestionado.
b) Para la Sala, el hecho de que las partes hubiesen señalado en la cláusula décima sexta del contrato como ``domicilio contractual'''' a la ciudad de Bogotá, de ninguna forma puede alterar la competencia que el ordenamiento contencioso administrativo le asignó, por razón del territorio, en este tipo de procesos, a los tribunales de esta jurisdicción. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que los artículos 85 y 1602 del Código Civil le permiten a las partes establecer por mutuo acuerdo un domicilio contractual, pero en ningún caso domicilio procesal.
Por otra parte, esa libertad contractual no puede prevalecer sobre el mandato de expresas normas de carácter legal-procesal, que por ser de orden público son de obligatorio cumplimiento. En efecto, de una parte el artículo 85 del Código Civil, no tiene efectos en casos como el presente, porque su alcance lo limitó al señalamiento de un lugar para cumplir las obligaciones surgidas del negocio. Por otra parte, el numeral 5o del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil al referirse a la competencia territorial en procesos originados en contratos, dispone: ``para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se tendrá por no escritá''. (Subrayas fuera del texto).
c) De otra parte, si bien la disposición del artículo 1602 del Código Civil, citado por el recurrente, consagra que el contrato es ley para las partes, también debe considerarse que podrá dejar de serlo y se puede invalidar por causas legales, una de las cuales consiste precisamente en contrariar expresas normas de contenido procesal que limitan o regulan esa libertad contractual, las que en razón de su misma naturaleza son de obligatorio cumplimiento, como lo dispone el artículo 6o del C. de P.C., aplicable por remisión del artículo 267 del CCA
d) Se concluye entonces que la competencia de los Tribunales Administrativos para asumir el conocimiento de asuntos como el estudiado, está perfectamente definida en disposición especial que por su misma condición implica la manifestación del poder estatal imponible, por sí sola, sobre la voluntad o el querer de los contratantes. Darle otro entendimiento al caso bajo examen, implicaría desconocer un estatuto procesal, de suyo imperativo, con miras a darle preeminencia a la autonomía de las partes, lo cual atenta contra la estructura misma del proceso.
Por lo expuesto la Sala
CONFÍRMASE en su totalidad el auto de octubre 11 de 1990 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha, agosto 22 de 1991.
Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta.