Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-mayo-2017/
Timestamp: 2017-11-23 00:03:29
Document Index: 78414875

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 97', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 38', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 7']

1.- Comprobantes de Pago que permiten deducir gastos personales en el Impuesto a la Renta
El Decreto Legislativo No. 1258 (vigente a partir del 01.01.2017) y que modificó la Ley del Impuesto a la Renta estableció que de las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse gastos relativos al importe pagado por los siguientes conceptos: i) arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles, ii) honorarios profesionales de médicos y odontólogos y iii) servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como renta de cuarta categoría (excepto por la función de director, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea, etc.).
En ese sentido, mediante Resolución de Superintendencia No. 123-2017/SUNAT (15.05.2017), se ha establecido los tipos de comprobantes de pago que podrán emitirse por los mencionados servicios, así como el plazo con el que cuentan los contribuyentes para sustentar los gastos en caso dichos comprobantes no sean emitidos de manera electrónica.
De otro lado, la norma en comentario ha designado emisores electrónicos y ha establecido las condiciones y plazos para la emisión (física o electrónica) de los comprobantes en función del tipo de servicio que se brinden (arrendamiento, subarrendamiento o servicios profesionales).
La norma en comentario entra en vigor el 16.05.2017, salvo excepciones conforme a lo dispuesto en su Única Disposición Complementaria Final.
2.- Cálculo del límite de emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)
El Decreto Supremo No. 137-2017-EF (17.05.2017) ha modificado el Reglamento de la Ley No. 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, y el artículo 17º de la Ley No. 30264 (aprobado por Decreto Supremo No. 036-2017-EF). Así, se ha modificado la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento que regula la entrada en vigencia de su artículo 97º (cálculo del límite de emisión de los CIPRL). La modificación establece un procedimiento transitorio para el cálculo del límite de emisión de los CIPRL a efectos de impulsar proyectos de inversión.
La norma en comentario entra en vigor el 18.05.2017.
3.- Aprobación de regla especial adicional para la presentación de la Solicitud de Devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)
Como es de conocimiento, los sujetos comprendidos en los alcances de la Resolución No. 100-2017/SUNAT, que se encuentren en situación de emergencia por desastre natural y a los que les sea aplicable el cronograma especial de vencimientos de obligaciones mensuales, deben aplicar la regla general establecida por la Resolución de Superintendencia No. 166-2009/SUNAT a fin de solicitar la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio, lo que implica que si la solicitud corresponde a los períodos incluidos en el cronograma especial debe esperar a que transcurran las nuevas fechas de vencimiento aun cuando se encuentre en la posibilidad de presentar la declaración de esos períodos antes de dichas fechas.
A fin de que la extensión de plazos de vencimientos de la Resolución No. 100-2017/SUNAT no se torne perjudicial para efectos de la presentación de la solicitud de devolución del SFMB, la Resolución de Superintendencia No. 132-2017/SUNAT (25.05.2017) ha incorporado una regla especial adicional aplicable a los solicitantes que se encuentren en la situación de emergencia por desastre natural, la cual consiste en lo siguiente:
– Si la solicitud de devolución es a través del Formulario Virtual No. 1649: Los solicitantes que presenten su solicitud en meses posteriores al siguiente a aquel en que se publicó el Decreto Supremo que declaró el estado de emergencia por desastres naturales deben consignar en el formulario, el último período transcurrido a la fecha de presentación de dicha solicitud, siempre que este corresponda a períodos incluidos en el cronograma especial con nuevas fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales.
– Si la solicitud de devolución se da por un medio distinto: Los sujetos que presenten solicitudes de devolución del SFMB en los meses posteriores al siguiente a aquel en que se publicó el Decreto Supremo que declaró el estado de emergencia, por períodos incluidos en el cronograma especial y por medios distintos a los regulados en la Resolución de Superintendencia No. 166-2009/SUNAT, deben: i) consignar en la solicitud de devolución como período al último transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud y ii) haber cumplido previamente con presentar la declaración del último período transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud, con anterioridad a la presentación del formulario que la contiene.
La norma en comentario entra en vigor el 26.05.2017
4.- Imprentas acogidas al Régimen MYPE pueden solicitar inscripción en el “Registro de Imprentas” ante SUNAT
Considerando que, actualmente, podría haber imprentas acogidas al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta que deseen inscribirse en el Registro de Imprentas, la Resolución de Superintendencia No. 133-2017/SUNAT (29.05.2017), ha modificado el Reglamento de Comprobantes de Pago a fin de adecuarlo para posibilitar la inscripción de una imprenta acogida al referido Régimen en el mencionado Registro.
La norma en comentario entra en vigor el 30.05.2017.
1.- Operadores Turísticos: documentos necesarios para acreditar los servicios que conforman el “paquete turístico”
Se le formularon a SUNAT las siguientes consultas en relación con los servicios que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país, considerados exportación de conformidad con el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV:
Considerando lo señalado en el artículo 9°-F del Reglamento de la Ley del IGV e ISC, en caso que los operadores turísticos domiciliados no cuenten con copia del documento de identidad incluyendo la(s) foja(s) correspondiente(s) que permitan acreditar la identificación de la persona natural no domiciliada que utiliza el paquete turístico, ¿ello implicaría que no podría considerarse como exportación los servicios indicados en el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV e ISC, prestados por estos, y por ende, no sería aplicable el beneficio establecido en el subcapítulo II del capítulo VIII del citado reglamento?
En los casos que los operadores turísticos domiciliados cuenten con la copia del documento de identidad, pero no con la(s) foja(s) correspondiente(s) que permitan acreditar la fecha del último ingreso al país, ¿pueden subsanar las fojas antes citadas presentando copia de la Tarjeta Andina de Migración (TAM) a la que hace referencia la Resolución Ministerial No. 0226-2002-IN-1601?, ¿es posible que las fojas citadas puedan ser sustituidas por cualquier otro documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones en donde se pueda verificar el último ingreso al país de la persona natural no domiciliada?
En el caso de la ocurrencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor que produjera la destrucción o pérdida de la copia de los documentos señalados en el artículo 9°-F del Reglamento de la Ley del IGV e ISC, que permitan acreditar lo indicado en los incisos a) y b) del citado artículo, ¿podrían ser reemplazados los documentos siniestrados mediante la documentación emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones para con ello acreditar la operación de exportación establecida en el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV e ISC?
En caso no se consignara en el comprobante de pago por exportación los servicios regulados en el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV e ISC, o no se emitiera a favor de un sujeto no domiciliado según la definición establecida en el artículo 9°-A del Reglamento de la Ley del IGV e ISC ¿la inobservancia por parte del operador turístico domiciliado en relación a lo normado en el artículo 9°-E del referido reglamento conllevaría a que no sea considerada como una operación de exportación?
SUNAT, mediante INFORME No. 029-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
Si la identificación de la persona natural no domiciliada que utiliza el paquete
turístico no fuera sustentada por el operador turístico domiciliado con el
documento de identidad, no se considerará exportado dicho paquete
turístico; y, por ende, a dicho operador no le corresponderá el beneficio a
que se refiere el subcapítulo II del capítulo VIII del Reglamento de la Ley del IGV.
En los casos en que los operadores turísticos domiciliados cuenten con la copia del documento de identidad, pero no con la(s) foja(s) correspondiente(s) que permitan acreditar la fecha del último ingreso al país de la persona natural no domiciliada, podrán sustentar dicha fecha presentando copia de la mencionada TAM, debiéndose tener en cuenta que no se ha regulado la presentación de algún otro documento en sustitución de aquella.
Toda vez que el artículo 9°-F del Reglamento de la Ley del IGV no ha previsto el empleo de documentos distintos a la copia del documento de identidad o de la TAM para acreditar la operación de exportación; si por un hecho fortuito o fuerza mayor se dejara de contar con dichas copias, no se podrá sustentar la operación de exportación a la que se refiere el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV con un documento distinto que las sustituya.
Una factura que no fuera emitida al sujeto no domiciliado según la definición establecida en el artículo 9°-A del Reglamento de la Ley del IGV o que fuera emitida sin consignar los servicios indicados en el numeral 9 del artículo 33° de la Ley del IGV, no permitirá acreditar que la operación de que se trate califique como una exportación de servicios.
2.- ¿El préstamo otorgado por una empresa “domiciliada” a favor de una empresa “no domiciliada”, ambas pertenecientes al mismo “grupo económico” (vinculadas), donde ésta última no es accionista de la primera (empresa “domiciliada”) puede calificar como “distribución de dividendos (presuntos)”?
Sobre el tema, se formularon a SUNAT las siguientes consultas:
¿La presunción establecida por el primer párrafo del inciso f) del artículo 24°-A de la Ley del Impuesto a la Renta que considera como dividendo a todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición, que las personas jurídicas otorguen a favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, resulta aplicable a un préstamo a largo plazo (diez años o más) otorgado por una persona jurídica domiciliada en el país a favor de una persona jurídica no domiciliada, que pertenece al mismo grupo económico y con la cual mantiene vinculación económica de conformidad con lo establecido por el artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, pero que no es su accionista directo ni indirecto?
Partiendo del supuesto planteado en la pregunta anterior, ¿varía la respuesta si la persona jurídica no domiciliada que recibe el préstamo a largo plazo (diez años o más) es accionista indirecto (vale decir, accionista del accionista directo) de la persona jurídica domiciliada que efectúa el préstamo?
SUNAT, mediante INFORME No. 032-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
Pertenezca al mismo grupo económico y sea parte vinculada a la persona jurídica prestamista de conformidad con lo establecido por el artículo 24° del Reglamento de la LIR, pero de la que no es su socia, asociada, titular o integrante.
Lo señalado en el numeral precedente resulta de aplicación incluso si la prestataria solo es accionista del accionista de la persona jurídica que efectúa el préstamo.
3.- En los supuestos en que una empresa de seguros no domiciliada, o una que sin ser de seguros está autorizada por la legislación de su país a ofrecer el seguro denominado “garantía extendida”, cobren una prima por dicho seguro a una empresa domiciliada, por el cual se comprometen por un tiempo determinado a reparar y/o reponer un bien mueble situado en el Perú en caso este presente defectos de fábrica, siendo que dicho bien fue vendido por una empresa no domiciliada distinta de aquellas que ofrecen el seguro, se formula las siguientes consultas:
¿El pago de la citada prima califica como renta de fuente peruana?
En el supuesto que calificara como renta de fuente peruana ¿debe considerarse que la actividad de las empresas no domiciliadas son servicios de asistencia técnica o de seguro?
SUNAT, mediante INFORME No. 033-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
En el supuesto que una empresa de seguros no domiciliada, o una que sin ser de seguros está autorizada por la legislación de su país a ofrecer el seguro denominado “garantía extendida”, cobren una prima por dicho seguro a una empresa domiciliada, por el cual se comprometen por un tiempo determinado a reparar y/o reponer un bien mueble situado en el Perú en caso este presente defectos de fábrica, siendo que dicho bien fue vendido por una empresa no domiciliada distinta aquellas que ofrecen el seguro:
1.- Operaciones No Reales. ¿Cuándo estamos frente a los supuestos previstos en los incisos a) o b) del artículo 44° de la Ley del IGV?
El artículo 44° de la Ley del IGV (LIGV) establece que se considera como operación no real a las siguientes situaciones:
Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de construcción; y
Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiendo empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que señale el reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el reglamento.
Fluye de la lectura de la RTF 12669-3-2014 lo siguiente:
–El supuesto establecido en el inciso a) del artículo 44° de la LIGV, se configura cuando nunca se efectuó la operación.
–El supuesto establecido en el inciso b) del artículo 44° de la LIGV, se configura cuando existiendo una operación, el emisor que aparece en el comprobante de pago no ha realizado verdaderamente la operación, siendo que en este caso cabe la posibilidad de mantener el derecho al crédito fiscal en la medida que el adquirente cancele la operación empleando los medios de pago dispuestos por el Reglamento de la LIGV.
Al respecto, cabe añadir que, conforme lo ha establecido el Tribunal Fiscal mediante RTF 05053-1-2013, el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 44° de la LIGV corresponde a los casos en los que habiéndose efectuado la operación, el emisor del comprobante de pago no es quien la realizó verdaderamente. Este supuesto sólo resulta aplicable al caso en el que se haya constatado la realización de la operación.
Asimismo, en virtud de la RTF 15868-3-2013, se tiene que cuando las operaciones de compra son realizadas a sujetos distintos a los que emitieron los comprobantes de pago, el reparo por operaciones no reales es determinado conforme a lo estipulado en el inciso b) del artículo 44° de la LIGV.
2.- ¿Los buses adquiridos en leasing por una empresa dedicada al transporte público urbano e interprovincial de pasajeros, califican como “Maquinaria y Equipo” para fines del ITAN?
SUNAT al fiscalizar a una empresa por concepto de ITAN (2013) reparó (desconoció) la deducción de la base imponible (del ITAN). Ello, al considerar que el término “Maquinaria y Equipo” está circunscrito a la subcuenta 333 del Plan Contable General Empresarial “Maquinaria y Equipo de explotación”, por lo que las unidades de transporte adquiridas vía leasing no estarían comprendidas en la citada deducción (entendemos que para SUNAT los buses habrían de estar contabilizados bajo la subcuenta 334 “Unidades de transporte”).
El Tribunal Fiscal, mediante RTF 08149-4-2015, falló a favor de la empresa bajo el siguiente razonamiento:
-La legislación del ITAN no contempla una definición del término “Maquinarias y Equipos” por lo que en aplicación de la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario corresponde recurrir a otras fuentes de interpretación para obtener el alcance del citado término.
-La NIC 16 recoge los criterios de definición de un bien que califica como activo tangible siendo aquel que posee una empresa para la producción o suministro de bienes y servicios, los cuales se espera sea utilizados por más de un período.
-Bajo el término genérico de “Maquinarias y Equipos”, debe entenderse a todos aquellos activos tangibles utilizados efectivamente en la prestación de servicios o para propósitos administrativos de las empresas afectas, determinados de acuerdo a la naturaleza de cada actividad, que se espera usarlos más de un período y no son objeto de comercialización.
-Dado que la empresa tiene como actividad la prestación de servicios de transporte terrestre, los vehículos destinados a tal efecto y que han sido materia de reparo se encuentran comprendidos dentro del término “Maquinarias y Equipos”; por lo que, corresponde levantar el reparo.
1.- Ley que precisa la Cobertura de Preexistencias Cruzadas y de los Planes de Seguros y Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
Mediante Ley No. 30562, publicada el 18.05.2017 en el diario El Peruano, se precisó aspectos complementarios de la cobertura de preexistencias cruzadas y de los planes de seguros brindados por las Entidades Prestadoras de Salud.
Así, se estableció la prohibición de realizar recargos individuales en las migraciones de los seguros de salud a los planes regulares o potestativos de las EPS y viceversa. De otro lado, se dispuso que las EPS deberán calcular su siniestralidad y los costos de todos sus planes de manera integral, de modo que todos sus afiliados paguen los mismos montos. En ese sentido, la suma de los afiliados regulares y los afiliados potestativos deberá entenderse como una sola cartera.
2.- Publicación de la Directiva del servicio de Conciliación Administrativa
De acuerdo al Decreto Legislativo No. 910 (Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador), la Conciliación Administrativa está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surjan en la relación laboral.
Al respecto, mediante Resolución Ministerial No. 094-2017-TR, publicada con fecha 25.05.2017, se aprobó la Directiva General “Lineamientos para la prestación del Servicio de Conciliación Administrativa” con el objeto de uniformizar criterios en torno a la aplicación del mecanismo de la conciliación, en el ámbito de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional.
1.- Descanso Médico de trabajador no obliga a renovar Contrato a Plazo Fijo
El Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencia recaída en el Expediente No. 02508 2014-PA/TC, precisó que el empleador no está obligado a renovar el contrato de trabajo a plazo fijo en caso se produzca su vencimiento mientras el trabajador se encuentra con descanso médico; sin embargo, precisó que sí se podría renovar el contrato a plazo fijo, pero solo por decisión propia del empleador.
Adicionalmente, en el presente caso, luego de la revisión de las cláusulas del contrato, el Tribunal Constitucional concluyó que en el contrato de trabajo para obra determinada o servicio específico suscrito entre el accionante y la empresa demandada, se había consignado la causa objetiva específica que autorizó la contratación temporal del actor, pues en este se detalla las labores que debe realizar el trabajador y más aún se indica que dichas labores son de naturaleza temporal. En consecuencia, no se acreditó la desnaturalización del contrato.
Por todo lo dicho, el Tribunal Constitucional decidió declarar INFUNDADA la demanda porque no se acreditó la vulneración de los derechos constitucionales alegados por el demandante.
2.- Indemnización por despido arbitrario será válida solo si el trabajador lo acepta expresamente
Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente No. 06459-2013-PA/TC, se ordenó la reposición de una extrabajadora pues su empleadora no pudo acreditar que el pago de la indemnización había sido aceptado por la demandante.
El Tribunal precisó que el cobro de beneficios sociales no impide acudir al Proceso de Amparo para solicitar la reposición laboral. En dicha sentencia se distinguió entre el cobro de los beneficios sociales y la indemnización por despido arbitrario; el primero, no implica consentimiento alguno del despido arbitrario; el segundo, conlleva la terminación del vínculo laboral, por cuanto se está optando por la eficacia resarcitoria frente al despido y no por la eficacia restitutoria.
Así, el Tribunal Constitucional encontró que la hoja de liquidación de beneficios sociales de la accionante incluía el concepto de indemnización según el artículo 38º del Decreto Supremo No. 003-97-TR. Además, identificó reportes de abonos a una cuenta bancaria de la demandante. Sin embargo, la hoja de liquidación no se encontraba firmada por la demandante.
Así, la empresa demandada depositó tanto beneficios sociales como indemnización en la cuenta de ahorros de la accionante sin que esta haya manifestado su voluntad de aceptar el pago de la indemnización.
Considerando que la entidad demandada no presentó medio probatorio alguno que demuestre que la demandante aceptó el pago indemnizatorio por despido arbitrario, el Tribunal ordenó la reincorporación de la demandante como trabajadora a plazo indeterminado.
3.- La no presentación de Convenios de Formación Laboral Juvenil en los registros autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no configura desnaturalización
Mediante Sentencia de Casación No. 12528-2016-La Libertad, publicada con fecha 03.05.2017, la Corte Suprema señaló que en el caso de los Convenios de Formación Laboral Juvenil, la falta de presentación del registro es considerado una formalidad en cuanto al trámite del mismo, no pudiendo constituirse dicha condición en justificante para concluir la desnaturalización del convenio. Al respecto, las causales de desnaturalización se encuentran previstas en el artículo 7º del Decreto Supremo No. 001-96-TR.
En ese sentido, se cuestionó si la no presentación de los registros especiales autorizados por el Ministerio de Trabajo a que se refiere el artículo 12º del Decreto Supremo No. 05-95-TR determina que el Convenio de Formación Laboral Juvenil se desnaturalice. Así, dicho artículo 12º señala que “los jóvenes sujetos a la formación laboral, serán inscritos en un Registro Especial, a cargo de la empresa, y autorizado por la dependencia competente del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a su sola presentación”.
Finalmente, la Corte dispuso que lo señalado en el artículo 12º del Decreto Supremo No. 05-95-TR no puede ser leído de manera aislada, sino por el contrario, debe ser concordado con el artículo 7º del Decreto Supremo No. 001-96-TR.