Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/particular-formula-ministro-juan-43920149
Timestamp: 2019-08-23 19:49:29
Document Index: 174107931

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 112', 'artículo 9', 'artículo 112', 'artículo 16', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 383', 'artículo 14', 'artículo 112', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 384', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 384', 'artículo 382', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 168', 'artículo 112', 'artículo 112', 'ARTÍCULO 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112']

Voto num. 1a./J. 22/2008 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 43920149
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.DEPOSITARIOS DESIGNADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. EL SOLO TRASLADO DEL BIEN MUEBLE A UN LUGAR DIVERSO DE DONDE SE CONSTITUYÓ SU DEPÓSITO NO ES UN ACTO DE DOMINIO Y, POR TANTO, NO CONFIGURA LA DISPOSICIÓN QUE SANCIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
«Previo a formular el análisis respectivo, ha lugar a dejar establecido que el núcleo del tipo penal que nos ocupa, lo constituye el hecho de disponer, en beneficio del activo (quejoso) o de distinta persona, de un bien dado en depositaria por la autoridad fiscal federal (pasivo), por lo que para su configuración resulta necesaria la finalidad de apropiación, es decir, el ánimo del depositario de conducirse como dueño de la cosa que se le entregó en custodia con el objeto de incorporarlo al patrimonio propio o al de otro individuo; conducta del depositario que es dable de calificarse como dolosa, en términos del artículo 9o., primer párrafo, del Código Penal Federal, puesto que la comisión del ilícito supone, necesariamente, el conocimiento de que se quebranta la ley, así como la voluntad de realizar tal acto. Luego, el bien jurídico tutelado por el injusto en análisis, es la hacienda pública federal, la que con la comisión de la figura delictiva en comento, deja de contar con la garantía que representan los bienes que la autoridad fiscal federal da en guarda y custodia al depositario. También cabe puntualizar que, doctrinariamente, el delito de que se trata, previsto por el artículo 112, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se clasifica como de acción, formal en atención al resultado, de peligro, doloso, unisubsistente, unisubjetivo, perseguible por querella y susceptible de configuración de la tentativa. Ahora bien, es verdad, como lo aduce el quejoso, que en el caso, de las constancias que integran la causa penal 366/2005 (génesis del acto reclamado), no se acreditan la totalidad de los elementos del cuerpo del delito, en específico: la disposición de los bienes para su beneficio o de terceros; por lo que al estimarse lo contrario, en las consideraciones sustento de la orden de aprehensión reclamada, se transgrede en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, esto es, legalidad y seguridad jurídica. Efectivamente, para fundar su resolución, el Juez de Distrito (al igual que el homólogo responsable, al emitir la orden de aprehensión combatida), al remitirse, transcribiendo, a lo sostenido por el Juez del proceso, tomó en consideración los medios de prueba siguientes: Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil cinco, firmado por el licenciado ... administrador local jurídico de Guadalajara Sur, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual formula querella para que se proceda contra el aludido ... al considerar que cometió el delito tipificado en el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación (fojas 3 a 9, del cuaderno de pruebas). Ratificación de la referida querella, mediante comparecencia del ocho de noviembre de dos mil cinco, ante el órgano técnico investigador (fojas 56 a 58, ídem). Copia certificada de la credencial expedida a nombre del querellante, por el Servicio de Administración Tributaria (fojas 59, ídem). Copia autorizada del oficio número 325-SAT-A-16820, signado por el licenciado ... administrador general jurídico del Servicio de la Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual designa al licenciado ... como administrador local jurídico de Zapopan, Jalisco (foja 60, ídem). Acta de embargo vía administrativa realizada el tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho, de la que se advierte que en ese acto se elaboró la lista correspondiente de los bienes embargados y se discernió el cargo de depositario, a ... siendo, esos bienes, los siguientes: 8 analizadores de un 9000; 2 analizadores de gases Ka Wquip; 3 reguladores de voltaje; probadores electrónicos; monitor 4000; compresor de aire CBS, modelo V5538, serie 21022453; 2 analizadores de gases con soporte; monitor 4000; analizadores de cuatro gases, monitor 4000, 2 compresores de aire CBS; maquinaria instalada en Suc Revolución; maquinaria instalada en otras sucursales; 1 laboratorio para distribuidores; 1 laboratorio S.M. 1500; 8 t mesas de trabajo de madera .60X100 mts., 4 rampas, 2 ventiladores de mesa; 2 ventiladores de techo; 2 ventiladores de uso rudo; 3 gatos hidráulicos (uno chico y dos grandes); 3 boilers; 5 motocicletas C90 Honda; camioneta Dodge, D-150, modelo 92, serie NM74225; V.W. 1600 Sedán 93, serie A CD067913; camioneta R.W.; V.W. 1600 Sedán 93, serie llP9015669; moto Rd 175 Scort; 40 torres; lotes de herramientas divs. sucursales; 90 anaqueles; antena, bocina, receptor; lámpara, amplificador; 5 escritorios de madera (dos cajones); 14 sillas secretariales; 25 sillas; 3 sillones ejecutivos; 1 refrigerador nueve pies; archivero (tres cajones de metal); archivero (cuatro cajones de metal); 2 archiveros (dos cajones de madera); entrepaños y postes; aire acondicionado carrier; 3 escritorios ejecutivos; radio, móvil y fuente; copiadora Xerox, serie 08914435387, mod. 1012; teléfono celular, y caja registrador. Acuerdo de remoción del cargo de depositario, del que se desprende que los bienes embargados quedan bajo el cuidado de la Administración Local de Recaudación Guadalajara Sur. Copia certificada de los informes de asunto de no diligenciado de embargo, de cuatro y seis de julio de dos mil cinco, signados respectivamente por los notificadores ejecutores ... donde se asienta el hecho de que no fueron entregados los bienes embargados a la autoridad fiscal debido a que no se encontraron ninguno de los referidos bienes (fojas 39 a 50). Ratificación de las actas descritas en el párrafo que antecede, por parte de las personas quienes los signan, es decir, ... notificadores ejecutores adscritos a la citada administración (fojas 56, 57 y 62 a 65). Inspección ministerial practicada en el inmueble ubicado en Avenida Revolución número 26, colonia A., en Guadalajara Jalisco, en la que se hizo constar diversas características de la construcción, destacando que la referida finca, presenta también el número veintiséis, de fachada color gris, de aproximadamente diez metros de frente, de tres niveles, con la razón social que dice Afinaciones Carburación & Fuel Injection, además de que una persona de nombre ... con quien se entendió la diligencia informó al representante social integrador que ignoraba quién era ... así como dónde se encontraran los bienes embargados, que fueron dejados en depósito en ese domicilio y una vez que se ingresó al inmueble se constató que efectivamente no se encontraban los bienes requeridos (foja 67). La adminiculación de los elementos de prueba referidos, realizada por el Juez de Distrito, de conformidad con lo establecido por los artículos 280, 284 a 286 y 288 a 290, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, le hizo considerar que: ‘... resultan aptos y suficientes para demostrar que: el tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho, visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal Guadalajara Sur, practicaron visita domiciliaria al contribuyente El Carburador S.A., con domicilio en Avenida Revolución número 26, Guadalajara, Jalisco, a efecto de levantar el acta de embargo en la vía administrativa, entendiéndose la diligencia con ... quien manifestó estar enterado del motivo de la diligencia que se llevaría a cabo y asimismo estar de acuerdo con ella. Acto en el cual, en presencia de dos testigos, se procedió a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales inherentes a lograr el embargo de diversos bienes, los cuales quedaron debidamente asentados en tal acta; por tanto, al cierre de la diligencia en comento, se designó como depositario de los bienes embargados al referido ... quien aceptó la designación con ese mismo carácter, haciéndole saber la penas en que incurren los depositarios infieles, de conformidad al artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, luego, el dieciséis de junio de dos mil cinco, el administrador local de Recaudación de Guadalajara Sur, acordó la remoción del cargo de depositario, a efecto de que los bienes listados en el acta de embargo respectiva queda al cuidado de la Administración Local de Recaudación; ello, que los días cuatro y seis de julio de dos mil cinco, ... notificadores de la autoridad hacendaria, respectivamente se constituyeron en el domicilio referido a efecto de lograr la diligencia respectiva, sin poder verificarla, debido a que en el acto de requerir la entrega de los bienes embargados, ... quien se encontraba en el lugar, les manifestó que no se encontraban en ese lugar ninguno de los bienes referidos en el acta de embargo. Por tanto, quedó demostrado que después del tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que fue la fecha en que visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal Guadalajara Sur, practicaron visita domiciliaria al contribuyente El Carburador S.A., con domicilio en Avenida Revolución número 26, Guadalajara, Jalisco, a efecto de levantar el acta de embargo en la vía administrativa, diligencia desahogada con el implicado ... quien al cierre de la diligencia en comento, fue designado depositario de los bienes embargados, hasta antes del día cuatro de julio de dos mil cinco, fecha en que ... notificador de la autoridad hacendaria, se constituyó en el domicilio referido a efecto de lograr la diligencia de requerir la entrega de los bienes embargados, y que se encontraban a cargo de ... ello en virtud de la remoción del referido cargo de depositario, sin poder llevarla a cabo en virtud de que al constituirse en dicho domicilio, la persona que se encontraba en el lugar, les manifestó que no se encontraban en ese lugar ninguno de los bienes referidos en el acta de embargo, por ende, se llega a la determinación que en ese periodo necesariamente ... dispuso para sí de los multicitados bienes embargados. En la especie es conveniente dejar establecido, que si bien es cierto en autos no existe constancia alguna que revele concretamente la fecha y la hora en que el implicado dispuso para sí de los bienes embargados afectos a la presente causa; también debe ponderarse que ello no significa la ausencia de esa disposición para sí, porque, como más adelante se verá, en autos quedó circunstancialmente probado que el sujeto implicado, dispuso de tales bienes al llevarlos a algún otro lugar desconocido, y de los cuales fue designado depositario, no obstante de que de las propias circunstancias se aprecia que se le hizo saber el contenido del artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, pues, los días cuatro y seis de julio de dos mil cinco, ... notificadores de la autoridad hacendaria, respectivamente se constituyeron en el domicilio Avenida Revolución número 26, colonia A. en Guadalajara, Jalisco, a efecto de lograr la diligencia de requerir la entrega de los bienes embargados, y que se encontraban a cargo de ... ello en virtud de la remoción del referido cargo de depositario, sin poder llevarla a cabo en virtud de que al constituirse en dicho lugar, la persona con la que se atendió la diligencia, les manifestó que no se encontraban en ese lugar ninguno de los bienes requeridos, por ende, se llega a la determinación que en esas fechas, el implicado dispuso para sí de los referidos bienes inmuebles; ciertamente, es verdad que no se puede señalar de manera específica los momentos (días y horas en que el indiciado dispuso para sí de los bienes embargados relacionados a este proceso), empero, esa peculiaridad result
ineficaz para destruir la cadena de indicios que se obtiene del examen adminiculado de las piezas de convicción que arroja la presente causa penal, máxime porque, como también se ponderará en líneas posteriores, es evidente el activo dispuso para sí de dichos bienes, pues al constituirse los notificadores en el aludido domicilio, y requerir por la entrega de los multicitados bienes, la persona con la que se entendió la diligencia manifestó que no se encontraban en el lugar, por ende, se advierte que el activo dispuso para sí de los mismos.’. Así las cosas, este tribunal federal estima que del caudal probatorio que obra en el proceso génesis del acto reclamado, no se advierten los suficientes indicios para acreditar la materialidad del delito previsto por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación; en virtud de lo que enseguida se expondrá. Tal como se advierte de las actuaciones integrantes del cuaderno de pruebas allegado al juicio biinstancial, se advierte que con el objeto de localizar al ahora recurrente, ... notificadores/ejecutores adscritos al Servicio de Administración Tributaria, en la Administración Local de Recaudación de Guadalajara Sur, de nombres ... se constituyeron en el domicilio de aquél, esto es, el ubicado en la Avenida Revolución número 26, el cuatro y seis de julio de dos mil cinco, respectivamente, a fin de notificarle/requerirlo por el cambio de depositario; sin embargo, en ambas ocasiones no les fue posible encontrarlo, entendiendo las diligencias respectivas con ... quien les informó que las oficinas donde estaba la persona moral que buscaban (cuyo representante es el aquí quejoso) se encontraban deshabilitadas y en mal estado, y que al buscado no lo conocía. R. con la que se evidencia que al igual que los bienes, tampoco, ni siquiera, se encontró al depositario (aquí quejoso); por tanto, tal conducta no encuadra en el tipo penal descrito en el precepto 112, párrafo primero. Así, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, no está acreditado que éste haya dispuesto de los bienes asegurados por la autoridad fiscal y que se dejaron bajo su resguardo, puesto que por la actividad de disposición debe entenderse el que los hiciera suyos, incorporándolos a su patrimonio con el ánimo de disponer de ellos como dueño, lo que no se encuentra demostrado. Con el objeto de brindar mayor sustento a esta consideración y para una mejor comprensión, cabe decir que la figura prevista por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, guarda similitud con el ilícito equiparado al de abuso de confianza previsto en el artículo 383, fracción II, del Código Penal Federal, que dispone: ‘383. Se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena: I. ... II. El hecho de disponer de la cosa depositada, o sustraerla el depositario judicial o el designado por o ante las autoridades, administrativas o del trabajo; y, III. ...’. En esas condiciones, para entender el acto de disposición a que se refiere el delito contemplado por la norma específica, resulta atendible lo que la doctrina y jurisprudencia establecen para la figura delictiva general. La posibilidad de acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo en la formulación de resoluciones fue reconocida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., mayo de 2001, página 448, que es del rubro y texto siguientes: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho; mientras que en su párrafo tercero dispone que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el Texto Constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas, en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen.’. Ahora bien, en relación a lo que debe entenderse por disposición como elemento integrante (objetivo) del tipo penal de abuso de confianza -que como se dijo anteriormente guarda similitud con el previsto por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación-, se comparte lo estimado por F.P.V., en su obra Diccionario de Derecho Penal, E.P., 1997, que dice: ‘La conducta delictiva en el abuso de confianza se encuentra expresada en la ley con el verbo disponer (al que ... disponga ...), según el texto del artículo 382 del C.P., el cual equivale al de apropiar, usado en otras legislaciones y determina el momento consumativo del delito, ya la disposición sea para sí o bien para otro’. Tal disposición, dice la ley, recae sobre cosa ajena mueble, respecto de la cual el agente tiene tenencia y no eldominio. Para precisar el alcance del acto de disposición, algunos consideran que el delito se integra cuando el sujeto que la posee dispone de ella o se la apropia por cuanto que realiza actos de dominio, en tanto que otros piensan que el delito se perfecciona cuando el sujeto invierte la cosa (crimen reversionis). Comúnmente se considera que existe disposición o apropiación, cuando el activo del delito la incorpora a su dominio, privando de éste a su dueño, sin ánimo de restitución. Por ello, C.C. estima que hay apropiación cuando el agente hace suya la cosa incorporándola a su patrimonio con el ánimo de disponer de ella como dueño; R.D. precisa la acción en este delito en apropiarse de las cosas recibidas por título que produzca obligación de entregarlas o devolverlas, siendo necesario en su opinión que la intención de apropiarse se manifieste a través de un acto dispositivo o de otro modo rotundo y determinante ... El verbo núcleo del tipo: disponer, implica una actividad, una conducta positiva voluntaria, como lo puede ser enajenar la cosa que se tiene en posesión precaria o en depósito o prenda sin autorización de ninguna especie .... Asimismo, resulta ilustrativa la opinión de M.A.D. de León, en su obra Código Penal Federal con comentarios, publicada por la editorial P., sexta edición, México, año dos mil tres, que al respecto señala: ‘... disponer para sí de la cosa ajena mueble significa, aquí, primero, que el sujeto activo la tenga a su disposición o en posesión de manera legal y con su consentimiento (expreso o tácito), por haberla recibido, mediante un acto jurídico (menos el de propiedad), de quien se la transmitió, y segundo, apropiarse o adueñarse de la misma sin tener derecho para esto último.’. Es decir, no obstante la cosa mueble se entrega al agente de manera transitoria, sin transferírsele su propiedad (como, v.g., en depósito o en prenda), aquél, violando el fin jurídico justificante de su poder de hecho y tenencia limitada sobre la citada cosa, ejerciendo atribuciones mayores a las que tiene por el justo título se apropia de ella, incorporándola a su patrimonio, reteniéndola o realizando actos como si fuera su dueño. En tanto, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su décima cuarta edición, editorial P., México, año dos mil, en la entrada correspondiente al abuso de confianza, en su parágrafo V, dice: ‘La esencia de la conducta típicamente descrita consiste en que el sujeto activo disponga del objeto material, esto significa penalísticamente que se apropie de la misma, o sea, que actúe frente a ella con ánimo de dueño, sin embargo es preciso aclarar que este delito se configura con la apropiación indebida y no por el simple uso abusivo o no autorizado del objeto material.’. Finalmente, M.J.H., en su Derecho Penal Mexicano, tomo IV, séptima edición, editorial P., México, año dos mil tres, en lo que interesa, opina: ‘La esencia de la conducta típica radica en que el agente disponga del objeto material del delito. Disponer de una cosa ajena, tanto significa como apropiársela, esto es, como hacerse dueño de ella de propia autoridad, beneficiándose con su posesión o disfrute, cual si el propietario fuera, o enajenarla o gravarla mediante un acto jurídico que presupone la presencia de una previa apropiación o, al menos, la coexistencia de una apropiación simultánea. Y en verdad, hubiere sido más correcto que la conducta típica del delito se hubiere claramente expresado con la frase se apropie dado que la esencia fáctica del mismo consiste en hacerse dueño de ella de propia autoridad, o, como con toda precisión expresa A., en comportarse en relación con la cosa como si fuere propia.’. Por otra parte, resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis jurisprudencial que bajo el número 9 aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 10, que se transcribe a continuación: ‘ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE. DIFERENCIAS. Mientras que en el delito de abuso de confianza es esencial la acción de disponer o disipar la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal que el abusario obre como si fuera su dueño, tratándose del delito de fraude se requiere la concurrencia del engaño por parte del autor, esto es, cuando éste realiza una actividad positivamente mentirosa que hace incurrir en una creencia falsa a la víctima o cuando se aprovecha del error en que ésta se encuentra, pues si bien en uno y otro ilícitos, el autor alcanza un lucro indebido, que implica disminución patrimonial para el ofendido; de todas formas lo que es esencial es que en el abuso de confianza la tenencia del objeto le ha sido confiada voluntariamente, sólo que viola la finalidad jurídica de la tenencia; en tanto que en el fraude el autor se hace de la cosa o valores, mediante el engaño o maquinaciones a que recurre para obtener su entrega
’. De la misma forma, conviene citar las tesis que con los números 3448 y 3458, aparecen publicadas en el citado A. al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, pero en la parte correspondiente a los denominados Precedentes Relevantes, que son de los rubros y textos siguientes: ‘ABUSO DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN Y POR RETENCIÓN, DISTINCIÓN ENTRE, PARA DETERMINAR EN QUÉ MOMENTO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Las cuestiones que deben abordarse y resolverse en este fallo giran alrededor de dos tipos base, previstos en el Código Penal en cuanto al abuso de confianza: uno de ellos definido en el artículo 382 y el otro en el artículo 384 del mismo cuerpo legal, y que describen, el primero, la conducta del que dispone y, el segundo, del que retiene, conductas totalmente distintas cuyos elementos difieren entre sí y en manera alguna pueden ser confundidos. El artículo 382 del Código Penal establece que comete el delito de abuso de confianza «el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio». En el caso concreto, el indiciado, en su carácter de director general de la empresa ofendida, según opinión de los peritos contadores, se apropió de diferentes cantidades de dinero pertenecientes a dicha empresa, dando un destino distinto a las cantidades que obtuvo, en su propio beneficio, por lo que al realizar los actos que se le atribuyen, ejecutó actos positivos que encajan dentro de la definición del acto de disposición, que se entiende como la actuación de dueño en relación con los bienes recibidos; así, por ejemplo, el cajero que se queda con dinero de la caja que maneja, comete actos de disposición, y no de retención; el depositario que vende la cosa recibida en alquiler, no retiene, sino que dispone; el gerente o director de una empresa que hace suyos los bienes de la misma, dispone y no retiene. Los mismos auditores determinaron que en la fecha en que se practicaron las auditorías, no tenía las cantidades de dinero, puesto que ya había dispuesto de ellas; por tanto, no se había quedado con dinero propiedad de la empresa ni lo guardaba, sino que ya lo había gastado en su beneficio personal, realizando una conducta típica del delito previsto en el artículo 382 del Código Penal, pues ya no era tenedor o poseedor en precario de esa cantidad, en la fecha en que se determinó el faltante, y menos aún lo era en la fecha posterior en que se le requirió formalmente la entrega del dinero. El artículo 384 del mismo ordenamiento establece que se reputa como abuso de confianza, la ilegítima posesión de la cosa retenida, si el tenedor o poseedor de ella no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, o no la entregue a la autoridad, para que ésta disponga de la misma conforme a la ley. Este artículo se refiere a uno de los tantos medios de comisión del delito de abuso de confianza, que excluye el del acto de disposición por propia definición, ya que no se puede disponer y retener al mismo tiempo, y supone que la cosa, materialmente, físicamente, esté en poder del retenedor, quien se niega a devolver la cosa a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho a la misma; mas en el caso particular, no existe prueba alguna de que el indiciado tuviera física y materialmente en su poder la cantidad que se afirma obtuvo de la empresa, pues de acuerdo con los peritajes, con la querella inicial, con los acuerdos tomados en asambleas y consejos, al indiciado se le imputó el haber dispuesto de diversas cantidades, no el haberlas retenido. Consecuentemente, el término de la prescripción de la acción penal empezó a correr a partir de la fecha en que la empresa ofendida tuvo conocimiento, mediante las auditorías practicadas, de la disposición indebida del dinero por el indiciado, y no a partir de la fecha en que éste fue requerido formalmente de la devolución de la cantidad de dinero que se estimaba retenida, pues evidentemente que al no existir este delito de abuso de confianza por equiparación, no puede considerarse sobre la prescripción de la acción penal correspondiente.’; y ‘ABUSO DE CONFIANZA. USO INDEBIDO DEL BIEN POR UN DEPOSITARIO JUDICIAL. Para que exista disposición como elemento del delito de abuso de confianza, es requisito sine qua non la apropiación del bien por parte del activo; por tanto, el uso indebido por el depositario judicial de la cosa que le fue entregada para su custodia, sólo constituye un indicio insuficiente para demostrar plenamente el acto de apropiación, pues para ello deben obrar otros elementos de prueba que, en forma inequívoca demuestren que el activo se adueñó de la cosa por voluntad propia.’. Igualmente, son ilustrativas las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXI, página 379; así como Sexta Época, Volúmenes VIII, Segunda Parte, página 9; X, Segunda Parte, página 69; y XXVI, Segunda Parte, página 20, que son del tenor siguiente: ‘ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE, DIFERENCIAS ENTRE LOS DELITOS DE. El delito de abuso de confianza tiene como constitutivas, la disposición indebida para sí o para otro, de una cantidad de dinero en cualquiera de las formas que lo presentan, esto es, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal, que el abusario obre como si fuera su dueño, sea para apropiársela en forma de ilícita retención -disponer para sí-, o sea para apropiársela enajenándola o gravándola, esto es, disponer para otro; en tanto que el delito de fraude implica acrecentamiento por parte del sujeto activo, con disminución patrimonial para el pasivo de la infracción, con engaño o aprovechamiento de error. Es cierto que entre el abuso de confianza y el fraude existe en común el perjuicio, como consecuencia de la disposición indebida, ya que en el fraude, el agente infractor alcanza un lucro indebido al hacerse ilícitamente de una cosa, que puede estar constituida por bienes corporales de naturaleza física, tanto muebles como inmuebles por no establecer limitación el precepto que define el fraude; pero lo que establece la diferencia específica, entre uno y otro, lo es el hecho de que, en tanto que en el abuso de confianza, el sujeto activo tiene la tenencia de la cosa, que le ha sido confiada, mas no el dominio de la misma, en el fraude el objeto del delito, lo adquiere como un resultado de las maquinaciones engañosas que realiza el agente infractor, para obtener la entrega de la cosa, mediante engaño o aprovechamiento de error, al desplegar una actividad positivamente engañosa, que hace incurrir en creencia falsa -error- al sujeto pasivo, o, que conociendo el falso concepto en que se encuentra la víctima, se abstiene de hacérselo saber para realizar sus actividades desposesorias.’; ‘ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE. Aunque es cierto que el delito de abuso de confianza que define el artículo 382 del Código Penal Federal, y el de fraude, son infracciones que causan lesión al patrimonio y, por tanto, implican defraudación, también lo es que tratándose del delito de fraude, el agente despliega una actividad positivamente mentirosa para hacer incurrir en una creencia falsa, error, al pasivo de la infracción, alcanzando un lucro indebido, en tanto que por lo que ve al delito de abuso de confianza, aun cuando hay disposición o distracción de la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia en forma tal que el abusario obra como si fuera su dueño, sin embargo, concurre un elemento distinto, como lo es el relativo a que la cosa ha sido entregada voluntariamente por este último, en tanto que en el fraude, el pasivo es determinado por el dolo con que procede el sujeto activo.’; ‘FRAUDE Y ABUSO DE CONFIANZA. En el delito fraude es el elemento esencial de la figura delictiva la actividad positivamente mentirosa, empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia falsa, error, al sujeto pasivo, haciéndose ilícitamente de una cosa, alcanzando con ello un lucro indebido. Por el contrario, en el delito de abuso de confianza, lo que constituye el elemento diferencial respecto de la figura delictiva que antecede, es la acción de destruir o disipar la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal, que el abusario obre como si fuera su dueño, sea para apropiársela en forma de ilícita retención, disponer para sí, o sea para apropiársela enajenándola o gravándola, disposición para otro, y sin tener el dominio sobre el objeto del que le ha sido confiada la custodia. Como es de verse, ambas figuras delictivas implican una lesión al patrimonio, pero en tanto que en el abuso de confianza la tenencia del objeto es confiada voluntariamente por su dueño al abusario, reservándose para sí el dominio, en el fraude la entrega de la cosa se obtiene mediante una maquinación que realiza el sujeto activo, para obtener la entrega del bien del que luego dispone.’ y ‘ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE. Mientras que en el delito de abuso de confianza, es esencial la acción de disponer o disipar la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal que el abusario obre como si fuera su dueño, tratándose del delito de fraude se requiere la concurrencia del engaño por parte del autor esto es, cuando éste realiza una actividad positivamente mentirosa que hace incurrir en una creencia falsa al pasivo de la infracción, o cuando se aprovecha del error en que éste se encuentra, pues si bien en uno y otro ilícitos, el autor alcanza un lucro indebido, que implica disminución patrimonial para el pasivo de la infracción, de todas formas lo que es esencial, es que en el abuso de confianza, la tenencia del objeto le ha sido confiado voluntariamente, sólo que viola la finalidad jurídica de la tenencia; en tanto que en el fraude el autor se hace de la cosa o valores, mediante el engaño y maquinaciones a que recurre para obtener su entrega.’. Sobre este tema, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la tesis publicada en la página 15 del tomo 68, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, estableció: ‘ABUSO DE CONFIANZA, DISPOSICIÓN COMO CONDUCTA TÍPICA EN EL. CONCEPTO. No es exacto que por disposición deba entenderse únicamente actos de enajenación o de gravamen, pues la conducta típica se integra por todo acto de apropiación de la cosa o bien poseído, a título de dueño; esto es, cuando el sujeto agente se hace de la cosa de propia autoridad, beneficiándose de su disfrute, como si fuese propietario de ella.’. Igualmente, el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en su criterio visible a foja 189, del tomo 133-138 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, dispuso: ‘ABUSO DE CONFIANZA, DISPOSICIÓN DEL BIEN COMO ELEMENTO DEL DELITO DE. No puede tenerse por demostrada la existencia de los elementos disposición y perjuicio que, a más de otros, integran el cuerpo del delito de abuso de confianza, cuando no se pretende ni se demuestra en autos que el quejoso hubiera llevado a cabo un acto de apropiación o de adueñamiento del vehículo sino, en todo caso, que lo utilizó sin autorización de su propietario cuando se encontraba en un taller con el objeto de ser reparado.’. Así, conforme a los criterios doctrinales y jurisdiccionales antes transcritos, resulta que para que se actualice el elemento típico del delito previsto por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, consistente en que el activo disponga de los bienes cuya custodia le fue encomendada, se requiere que el mismo los haga suyos, incorporándolos a su patrimonio con el ánimo de disponer de ellos como dueño, situación que, como se adelantó, no se encuentra demostrada en las actuaciones de la causa criminal instaurada al quejoso ... ya que si bien es cierto que se encuentra acreditado que al ir a buscarlo personal de la autoridad hacendaria, para notificarle el acuerdo de remoción de
argo de depositario, en virtud del cual, los bienes embargados a que se refiere el acta de embargo levantada el tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho, quedarían bajo el cuidado de la referida autoridad, no lo encontraron, también lo es que tal circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que dicho inculpado hubiera dispuesto de los bienes en cuestión, puesto que para ello se requería de prueba fehaciente, apta y suficiente que evidenciara que el hecho de no encontrar ni al depositario, ni a los bienes embargados, obedecía a que él, respecto de ellos, se condujo con ánimo de dueño, incorporándolos a su patrimonio o al de otra persona, lo que se repite, no se acredita con el cúmulo probatorio existente en la causa penal; siquiera indiciariamente. Así las cosas, se estima que la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, ... por considerarlo probable responsable en la comisión del delito previsto por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, resulta equívoca, ante la evidencia de prueba insuficiente para tener por acreditada la materialidad de dicho ilícito; circunstancia que, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, sí resulta transgresora de las garantías individuales del peticionario de garantías. Siendo aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial consultable en la página 203, Tomo II, correspondiente a la materia penal, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta cuando del conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por tanto, la sentencia con base en prueba insuficiente, es violatoria de garantías.’. Bajo tal contexto resulta que si en el caso, la conducta que en la especie se atribuye al quejoso, consistente en que al irlo a buscar al domicilio en que se practicó el embargo de los bienes para garantizar el pago de unos créditos fiscales, para notificarle el acuerdo de cambio de depositario, siquiera lo encontraron (sic), así como tampoco a los bienes embargados, es inconcuso que tal proceder, no acredita actos de disposición respecto de los bienes, puesto que no refleja o patentiza el ánimo de incorporarlos a su patrimonio. Así las cosas y considerando que para librar una orden de aprehensión, lo único susceptible de no encontrarse plenamente probado es la responsabilidad del procesado en la comisión del ilícito de que se trate, no así de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito (tal como lo ilustra, la tesis que en el siguiente párrafo se citará); por tanto, resulta incuestionable que si en el caso, uno de esos elementos objetivos del delito (referido en el desarrollo del presente fallo), tal como se apuntó en párrafos anteriores, nose encuentra acreditado a plenitud -fehacientemente-, por ende, el proceder que se imputa al quejoso no actualiza los elementos del tipo penal contemplado en el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. La tesis a que se alude en líneas anteriores, resulta consultable en la página 1823, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y establece: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN MATERIA FEDERAL ES INNECESARIA LA PRUEBA PLENA DE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO. De la interpretación sistemática del contenido del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que es al agente del Ministerio Público a quien le corresponde acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado como base del ejercicio de la acción penal, mientras que a la autoridad judicial corresponde examinar si ambos requisitos están acreditados en autos, en el entendido de que por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito; de donde se colige que para el dictado de una orden de aprehensión o auto de formal prisión, para acreditar el cuerpo del delito sólo se requiere la demostración plena de los elementos objetivos, materiales o externos y, en determinados casos, cuando la conducta típica lo requiera, los normativos; sin embargo, al ser imperativo constitucional el que la responsabilidad penal se encuentra acreditada de manera probada, en ese mismo grado deberá acreditarse el aspecto subjetivo del delito.’ (lo resaltado es por este tribunal). No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la conducta desplegada por el impetrante de amparo que se pudiera probar con las actuaciones de la causa criminal que se le instauró, sería, la de haber omitido hacer entrega a la autoridad hacendaria de los bienes embargados con motivo de créditos fiscales cuya custodia le fue encomendada, lo que pudiera encuadrar en un tipo penal diverso al previsto en el dispositivo legal por el cual se le incriminó, como lo es el previsto por el mismo artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, pero en su segundo párrafo, que dispone: ‘112. ... Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga en disposición de la autoridad competente. Empero, aun cuando se encuentran contempladas en el mismo precepto legal, las conductas previstas por los párrafos primero y segundo del referido artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, son distintas, como se pone en manifiesto a continuación.’. Efectivamente, las hipótesis delictivas contenidas en el segundo párrafo del dispositivo legal en comento son subsidiarias a la del primero, que es la figura principal; éstas se encuentran integradas por dos elementos objetivos, uno que es de carácter positivo y otro de carácter negativo, pudiéndose configurar separadamente, pues el primero de ellos estriba en el ocultamiento del bien, mientras que el segundo, lo constituye la omisión de poner el bien depositado a disposición de la autoridad competente. Se afirma que tales hipótesis son subsidiarias a la principal, contenida en el primer párrafo, porque en una y otra existe coincidencia del elemento normativo, que estriba en que el bien debe tener el carácter de depositado, esto es, que haya sido asegurado por la autoridad fiscal y lo haya dejado en depósito de alguien; igualmente, tanto las descripciones subsidiarias como la principal requieren sujetos activo y pasivo calificados, pues el agente debe ser una persona que haya sido designada depositaria del bien, en tanto que el ofendido es, desde luego, la autoridad fiscal federal. Sin embargo, el carácter subsidiario de las hipótesis contempladas por el párrafo segundo del precepto en cita, se origina porque sancionan un grado o estadío de la figura principal, pues en ellas el activo únicamente oculta el bien u omite ponerlo a disposición de la autoridad fiscal; en cambio, en el delito principal, el elemento objetivo tiene un mayor alcance y trascendencia, porque, como se vio en otra parte de la presente resolución, lo constituye la disposición del bien asegurado, para sí o para otro, de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, lo que, desde luego, implica una conducta más compleja, dado que para actualizarla, el activo debe hacer suyo el bien incorporándolo a su patrimonio con el ánimo de disponer de él como dueño. Por otro lado, cabe hacer la precisión de que el hecho que el párrafo segundo del numeral en estudio, inicie con la frase igual sanción, no se refiere a que se trate de una sola conducta, sino a una misma pena que es aplicable tanto a la hipótesis delictiva principal, como a las subsidiarias, pues el legislador entendió que la comisión de cualquiera de ellas, aunque los alcances de sus elementos objetivos sean distintos, es de gran trascendencia y gravedad para el fisco federal, ameritando igual sanción. Al respecto, se comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página 23, que se reproduce a continuación: ‘ANALOGÍA. SUBTIPOS PENALES POR EQUIPARACIÓN.’ (se transcribe). Al tema, resulta aplicable la tesis sustentada por este órgano jurisdiccional, que con el número III.2o.P.94 P, es visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., correspondiente al mes de mayo de dos mil tres, página 1219, que es del tenor siguiente: ‘DELITOS COMETIDOS POR DEPOSITARIOS O INTERVENTORES DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS HIPÓTESIS CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON SUBSIDIARIAS A LA DEL PRIMERO, QUE ES LA FIGURA PRINCIPAL, Y NO SE TRATA DE UNA MISMA CONDUCTA.’ (se transcribe). Luego, si la conducta que en la especie se atribuye al quejoso consiste en que al momento de que personal notificador de la autoridad hacendaria se constituyó en el domicilio de él ... no lo encontraron, así como tampoco los bienes embargados (conducta que se calificó como de disposición de dichos bienes para sí o para terceras personas), es inconcuso que tal proceder no acredita actos de disposición respecto de los bienes, puesto que no evidencia que existió el ánimo de incorporarlos a su patrimonio y disponer de ellos como dueño, sino sólo que fue omiso para dejarlos a disposición de la autoridad hacendaria, lo que, en todo caso, sería constitutivo de un delito diverso. De modo que, se reitera, el proceder que se imputa al quejoso no actualiza los elementos del tipo penal contemplado por el artículo 112, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas, ante lo fundado del agravio que se analizó, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso, ... de manera lisa y llana, el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado (orden de aprehensión) al Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Cabe precisar que similar criterio se sostuvo en el amparo directo 481/2006, resuelto por este órgano jurisdiccional en sesión del trece de abril de dos mil siete. Por otra parte, resulta pertinente anotar que en virtud del sentido del presente fallo, este tribunal federal estima innecesario abordar el estudio de la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, en virtud del beneficio a que se verá sujeto el quejoso; además, si se pondera que la aplicación del precepto es una conditio sine qua non para analizar el tema de constitucionalidad, y en el caso, como se vio, la aplicación de tal precepto será nula, por no colmarse los elementos objetivos del tipo penal, por tanto, desaparece del mundo jurídico del quejoso, el referido acto concreto de aplicación. Por último, se estima necesario acotar que este tribunal federal no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (visible en la página 702, T.V., correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época), en la tesis que señala: ‘DELITOS COMETIDOS POR DEPOSITARIOS O INTERVENTORES DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. CUÁNDO SE ACTUALIZAN. El artículo 112 del Código Fiscal de la Federación establece que se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido; por lo que si en autos se comprueba que el quejoso trasladó de un lugar a otro los bienes muebles que quedaron bajo su resguardo en virtud de un embargo provisional que le practicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando esta movilización se hubiera hecho por unos días, es indudable que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el citado numeral, pues lo que en la especie se sanciona es precisamente el que se haya dispuesto de los bienes sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad hacendaria quien, por razón del embargo, los tenía a su disposición; toda vez que el «traslado» de los bienes que ahí se refiere, no es dable de aplicar a la ‘disposición’ que se indica en el primer párrafo del artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, porque para ello resulta necesario que la persona a quien se le imputa tal actuar, se apropie del bien con ánimo de dueño y de incorporarlo a su patrimonio. Lo que no sucede con la figura del traslado, en la que solamente se necesita que un determinado bien se desplace de un lugar a otro.’.»
- Situación que no se encuentra demostrada, ya que si bien es cierto que se encuentra acreditado, que al ir a buscar al depositario, para notificarle el acuerdo de remoción de su cargo, en virtud de lo cual los bienes embargados quedarían bajo el cuidado de la autoridad fiscal, y que no lo encontraron ni al él ni a los bienes, también lo es que tal circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que dicho inculpado hubiera dispuesto de los bienes en cuestión, puesto que para ello se requería de prueba fehaciente, apta y suficiente que evidenciara que el hecho de no encontrar ni al depositario, ni a los bienes embargados, obedecía a que éste, respecto deellos, se condujo con ánimo de dueño, incorporándolos a su patrimonio o al de la otra persona, lo que no se acredita.
"Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120 veces el salario."
"Amparo directo 7612/57. D.A.G.. 9 de abril de 1958. Unanimidad de cinco votos. Ponente: L.C.G.."
"Amparo directo 1974/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953. No se menciona el nombre del promovente. 18 de febrero de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: L.C.G.."
"Amparo penal directo 4579/33. M.D.. 19 de julio de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.M.O. Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente."
"Página:1072
"Amparo penal en revisión 623/42.-G.S.M.-15 de abril de 1942.-Unanimidad de cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente."
Tesis Aislada num. P. XI/2011 de Suprema Corte de Justicia, Pleno