Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1897_2018.html
Timestamp: 2019-12-14 05:48:55
Document Index: 131152887

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 538', 'Artículo 226', 'artículo 226', 'Artículo 227']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1897_2018]
Artículo 1 2 3 ACUERDO
a)	recibir fondos de las Partes y de terceros para asegurar la ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación, y
b)	financiar programas, proyectos y actividades de cooperación aprobados por el Grupo Técnico de Cooperación de la Plataforma de Cooperación del Pacífico (GTC).
a)	Medio ambiente y cambio climático
b)	Innovación, ciencia y tecnología
c)	Micro, pequeñas y medianas empresas
d)	Desarrollo social y
e)	Otras que las Partes determinen.
a)	Promoción y desarrollo de iniciativas, planes, programas y proyectos,
b)	Realización de estudios y/o diagnósticos conjuntos
c)	Intercambio de información y normativas vigentes
d)	Realización de actividades conjuntas de formación y capacitación, incluyendo intercambio de especialistas y técnicos
e)	Asistencia y/o visitas técnicas de funcionarios, expertos, investigadores, delegaciones y practicantes
f)	Conformación de redes, y
g)	Cualquier otra modalidad de cooperación que las Partes convengan.
Que la reproducción del texto que acompaña a este Proyecto de Ley son copia fiel y completa del texto del “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).
El proyecto de ley Aprobatoria sometido a la consideración del Honorable Congreso de la República tiene como finalidad la aprobación del “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico” –en adelante el Acuerdo–.
La cooperación internacional –en adelante la cooperación– encuentra su razón de ser en los principios universales de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre una situación de bienestar conforme a su dignidad humana, fin último de la existencia de los Estados[1]. Podría decirse que en la cooperación internacional, de manera principal, se evidencia aquella veta que ilumina al jus gentium y hace que hoy se lo denomine como el derecho de la dignidad humana[2].
La cooperación es también un desarrollo de los principios de soberanía, igualdad, corresponsabilidad, interés mutuo, sostenibilidad, equidad, eficacia y preservación del medio ambiente, muy ligados a las relaciones entre los sujetos del derecho internacional[3].
Por su parte, la Constitución Política de Colombia contempla que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia[4]. Así mismo, la Constitución consagra los principios reguladores de las relaciones internacionales y dispone que el Estado promueva la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional[5].
La integración Latinoamericana tenía una especial significación para nuestro Constituyente; y por tanto, prescribió que el Estado debía promover la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad[6].
La Corte Constitucional ha manifestado que “(…) la cooperación y la integración –fundadas en la noción más amplia de solidaridad internacional–, en su sentido primigenio, persiguen la unión de los países en torno a problemas o afinidades comunes, cuyas consecuencias trascienden las fronteras nacionales”[7].
- Diversificar la agenda de política exterior hacia sectores ejes del desarrollo nacional.
- Consolidar la presencia y posicionamiento de Colombia en instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales para la defensa y promoción de los intereses nacionales.
- Consolidar la oferta y la demanda de cooperación internacional en función de los objetivos de política exterior que sirvan a los intereses fundamentales del país.
- Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas;
- Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y,
- Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.
En línea con estos propósitos, los Presidentes de la Alianza, en el marco de la V Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cádiz, España, el 17 de noviembre de 2012, indicaron que “Para contar con mayor estabilidad y previsibilidad en el financiamiento de los programas de cooperación en el corto y mediano plazo –incluyendo aquellos de proyección de la Alianza del Pacífico bajo la modalidad de triangulación– (se hacía necesario que) … las instituciones competentes de sus respectivos países, (avanzarán) … en las negociaciones para la constitución del Fondo Común de Cooperación de la Alianza del Pacífico, con miras a su operatividad y puesta en marcha durante el 2013”.
Ministra e Comercio, Industria y Turismo
1. La Cooperación Internacional y su Régimen Jurídico en Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social, y la Cooperación Internacional, Presidencia de la República. Segunda edición, noviembre de 2008.
4. Artículo 9o. En relación con este tema, nuestra Corte Constitucional ha manifestado que resulta primordial señalar, para efectos del asunto bajo examen, lo dispuesto en el artículo 9o Superior, según el cual las relaciones exteriores del Estado se basan “en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. Esta máxima fundamental –consagrada así por el Constituyente– significa ni más ni menos que nuestro país se acoge en un todo a los principios del derecho internacional que han sido aceptados, no solo dentro de los parámetros de los tratados públicos ya sean estos bilaterales o multilaterales, o de los acuerdos suscritos dentro del marco de los organismos internacionales a los cuales el Estado ha adherido –en particular, la Organización de la Naciones Unidas (ONU)–, sino también a aquellos que se derivan de los usos y costumbres internacionalmente consagrados. Expediente D-798 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 538 (parcial) del Decreto 2700 de 1991. Magistrado Ponente: Doctor Vladimiro Naranjo Mesa. Veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995).
5. Artículo 226. Sobre el particular ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-294 de 2004, con ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería que, dadas las necesidades, exigencias y oportunidades que plantea el concierto de las naciones, le corresponde al Estado asumir una posición activa frente a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Esto es, en el entendido de que Colombia como Nación es un sujeto de derecho en el conjunto ecuménico de países, que tiene ciertas necesidades que solo puede resolver con el concurso de otros Estados o entidades de derecho internacional, le corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas relaciones internacionales, sin perder de vista que en los tratados o convenios que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos en cuanto Nación, al igual que los de sus habitantes. A lo cual han de concurrir cláusulas contractuales presididas por un sentido de justicia vinculado a la construcción de un progresivo equilibrio internacional, a una relación costo-beneficio que le depare balances favorables a los intereses nacionales y a la creciente cualificación de la presencia nacional dentro de las diversas esferas de acción que comprende el acontecer internacional (artículo 226 C. P.).
6. Artículo 227.
7. Sentencia C-400 de 1998.