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Timestamp: 2018-04-25 05:13:13
Document Index: 167789042

Matched Legal Cases: ['artículo 859', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 307', 'artículo 340', 'artículo 308', 'artículo 307', 'artículo 171', 'artículo 400', 'artículo 476', 'artículo 26', 'artículo 343', 'artículo 6', 'artículo 171', 'artículo 400', 'artículo 249', 'artículo 254']

El Procedimiento Ordinario a la luz del proyecto de Código de Procedimiento Civil TSJ/AN 2015
Prof. Álvaro Badell Madrid
2.- El Procedimiento Ordinario en la Reforma del CPC/TSJ
3.- La demanda -art. 307-
3.1 Admisión -art. 309-
3.2 Despacho saneador -art. 309-
3.3 Reforma de la demanda
3.4 Emplazamiento -art. 311-
4.- Contestación de la demanda -art. 317 y ss.-
5.- Las cuestiones preliminares -art. 319-
6.- La audiencia preliminar -art. 353-
6.1 Fijación de la audiencia preliminar -art. 353-
6.2 De la incomparecencia a la audiencia preliminar -art. 354-
6.3 Desarrollo de la audiencia preliminar -art. 355-
6.3.1 Fase de Mediación
6.3.2 Fase de Sustanciación
6.4 Apelación de las decisiones audiencia preliminar -art. 358-
7.- La audiencia de juicio -art. 359-
7.1 Admisión y evacuación de pruebas -art. 359-
7.2 Desarrollo de la audiencia de juicio -art. 361-
7.3 Prolongación de la audiencia de juicio -art. 362-
7.4 Efectos de la incomparecencia a la audiencia de juicio -art. 363 y 364-
7.5 Auto para mejor proveer -art. 366-
7.6 De la sentencia oral -art. 365-
8.- De la apelación -art 275 y ss.-
8.1 Informes de la apelación -art. 284-
8.2 Fijación de la audiencia de apelación -art. 285-
8.3 De la incomparecencia a la audiencia de apelación -art. 285-
8.4 Audiencia de apelación. Fijación, desarrollo y sentencia –art. 288 y 289-
El 9 de octubre de 2014, la Sala de Casación Civil (sin determinación del o los autores) en cabeza de su Presidenta Magistrada Yris Pena Espinoza, presentó para su discusión por parte de la Asamblea Nacional un Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, (en adelante PCPCTSJ).
La justificación fundamental de dicha reforma, señaló la Magistrada Peña, la constituye el mandato Constitucional que “impone la simplificación de los procesos, la transformación de las funciones de los juzgados, la implementación de la oralidad y la prevalencia de la concentración e inmediación en la celebración de los actos procesales y en la garantía de la economía procesal.” Igualmente se afirmó que “…la inclusión de la oralidad a partir de la reforma, se concentrará en dos audiencias, una preliminar y otra de juicio, que culminará con la sentencia en primera instancia.”
Posteriormente el PCPCTSJ fue sometido a consulta pública promovida por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional -solo tenemos conocimiento de la realización de dos jornadas- una efectuada el 24 de abril de 2015 en el auditorio de PDVSA La Campiña en la ciudad de Caracas, a la cual tuvimos oportunidad de asistir. En ella se concedió el derecho de palabra a los presentes, antes de finalizar el acto con un máximo de 2 minutos por participante para formular observaciones al Proyecto a viva voz, tiempo obviamente insuficiente para expresar con claridad las consideraciones y recomendaciones que este Proyecto nos merecía habida cuenta de la cantidad de errores, contradicciones e insuficiencias que tenía. Una segunda consulta pública tuvo lugar en fecha 7 de mayo de 2015, en la Sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua con sede en Maracay, en la que no fue concedido el derecho de palabra a los asistentes.
En ambas ocasiones, manifestaron los señores diputados encargados de la coordinación de tales actos, que la reforma tenía como cometido adaptar al Código de Procedimiento Civil vigente (en adelante CPC) a los principios de oralidad, brevedad, celeridad procesal e inmediación que propugna nuestro Texto Fundamental al desarrollar las garantías procesales constitucionalizadas en sus artículos 26, 49 y 257. Además señalaron que la necesidad de reformar el CPC obedece a que éste constituye un Código “vetusto” y “no acorde con los principios establecidos en la Constitución” lo cual ha generado retardo procesal.
En dicha consultas públicas, se aplicó entre los presentes, una encuesta denominada por los legisladores “EL INSTRUMENTO DE CONSULTA”, con una serie de preguntas sobre aspectos más bien de carácter general pero sin indagar sobre los temas realmente novedosos de dicha propuesta, como podrían ser: el juicio por audiencias; los poderes del juez tanto probatorios oficiosos como cautelares oficiosos también; la ejecución forzosa de la sentencia y la imposición de astricciones que son penalizaciones económicas -conminaciones al pago- por parte del Juez Ejecutor; la modificación de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia la cual, en el PCPCTSJ deja de ser de estricto orden público, pasando a ser renunciable en caso que no se alegue como primera defesa, etc.
En relación con estas consultas, lo deseable hubiese sido invitar formalmente a los Colegios de Abogados, a las Universidades a través de sus Facultades de Derecho; la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; los Institutos de Estudios Jurídicos del país, y abogados litigantes en general, para coadyuvar en la elaboración y revisión de un CPC adaptado a los postulados de oralidad, brevedad, inmediación y celeridad procesal, como principios generales con los que obviamente todos los que formamos parte del sistema de justicia estamos de acuerdo.
En mi modesta intervención, expresé que el problema grave de retardo judicial que afecta a nuestros tribunales no es el imputable al CPC. Deriva mas bien, de la poca importancia que se ha dado a nuestro sistema de justicia; a la asignación de un presupuesto absolutamente deficitario al poder judicial; a que por ejemplo en un Circuito Judicial como el de Caracas, contamos solo con 12 jueces de Primera Instancia Civil y Mercantil para atender una población que ronda los 6 millones de habitantes, con un personal insuficiente y mal pagado, sedes inadecuadas, todo lo cual implica que sea imposible a los jueces estar al día con su trabajo fundamental como es sentenciar causas para impartir justicia de manera idónea, oportuna y célere.
Igualmente expresamos -en defensa del Código de Procedimiento Civil vigente desde 1987 que si tuvo una paternidad conocida, responsable y de gran calidad profesional como fueron los ilustres Procesalistas Dres. ARISTIDES RENGEL-ROMBERG, LEOPOLDO MARQUEZ AÑEZ, JOSE ANDRÈS FUENMAYOR y el Juez LUIS MAURI- que el CPC no puede ser tildado de “vetusto” y desfasado. Todo lo contrario, fue tan visionario y de avanzada el CPC que desde el 16 de marzo de 1987 cuando entró en vigencia, estableció por ejemplo el principio de justicia finalista, según el cual en ningún caso se declarará la nulidad del acto si este ha alcanzado el fin al cual está destinado (art. 206), al igual que fue incluida la oralidad, brevedad, concentración e inmediación procesal en el artículo 859 y siguientes para regular de manera clara y sencilla un modelo de procedimiento oral para determinadas causas que nunca se puso en vigencia a nivel nacional.
A dicho procedimiento oral, se le dio tímida vigencia limitada a las Circunscripciones Judiciales de Caracas y Maracaibo, el 14 de junio de 2006 mediante Resolución Nº 2006-00038, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como plan piloto para luego llevarlo a todo el Territorio Nacional.
Ahora bien, pensar que la resolución de los problemas de importante retardo procesal y otros que aquejan a nuestro poder judicial se logrará reformando el CPC es un craso error, con todo el respeto que me merecen los señores Diputados que están dados a la tarea de crear un nuevo Código de Procedimiento Civil y digo crear ya que hoy día, no podemos hablar del análisis de la propuesta que sometió originalmente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justica -PCPCTSJ- a la consideración de la Asamblea Nacional, sino de la creación de un Código totalmente distinto al que originalmente fuera presentado en octubre de 2014, al que incluso se le ha dado una denominación distinta ya que la propuesta alude al “Código Procesal Civil” adoptando la denominación de la ley procesal general en Uruguay y Costa Rica.
El PCPCTSJ proponía cinco (5) jueces para sustanciar y decidir una misma causa, partiendo de un Juez de Mediación y otro de Juicio para el primer grado de jurisdicción y luego, para el segundo grado de jurisdicción, una Corte de Apelaciones integrada por tres (3) jueces colegiados para dictar sentencia, todo lo cual, en nuestro parecer, significaba multiplicar por cinco (5) el recurso humano y económico que intervendría en una misma causa, sin que ello significase mayor celeridad procesal.
Exhortamos a los señores legisladores presentes en la consulta pública del 24-04-15 en Caracas, a que en primer lugar, dejaran la premura que parecían tener en aprobar el PCPCTSJ. Se afirmó incluso en el acto, que se revisarían 100 artículos del Proyecto en cada sesión de la asamblea. Sobre esto, le hicimos ver al coordinador que un código técnico requiere del concurso de especialistas en la materia. Afirmar que en una pocas horas pueden analizarse 100 artículos de un Código es una clara evidencia de la falta de entendimiento de cómo se aborda el análisis de un Código, el cual no está organizado para ser leído en el orden de la enumeración de su articulado sino por instituciones, lo que sin duda es una labor compleja.
Otra petición que hicimos fue el incremento de los recursos económicos y humanos al Poder Judicial para lograr un mejor servicio de justicia y finalmente, como solución inmediata a tal finalidad, propusimos la adecuación del procedimiento oral del CPC y su puesta en vigencia a nivel nacional, tomando en cuenta las tendencias jurisprudenciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia y la experiencia que en materia oral deriva de los juicios laborales; agrarios y de menores, lo cual es mucho más sencillo y expedito que la reforma integral del CPC que se proponen.
Con solo reformar el procedimiento oral del CPC (artículos 859 y ss.) y algunas de las normas rectoras de las instituciones fundamentales e incrementar los recurso humanos y económicos del poder judicial, se resolvería en el país, en tiempo muy breve, lo relativo a la adopción de la oralidad como forma de los actos procesales en materia civil y mercantil y se lograría el descongestionamiento de los tribunales.
En lo particular, tuvimos oportunidad de analizar el PCPCTSJ pues en los Estudios de Postgrado de la Universidad Católica Andres Bello en la que hacemos docencia desde hace mas de 20 años, surgió el lógico interés de revisar el PCPCTSJ por lo que se ofreció un Seminario que nos correspondió Monitorear, entre los meses de enero a abril de 2015 con un grupo de unos 20 alumnos -proactivos todos- quienes voluntariamente escogieron analizar -junto con su profesor- dicha propuesta normativa como parte de su formación profesional en la Especialización de Derecho Procesal, ya que al ser un Seminario tiene carácter de materia electiva. Esa experiencia, enriquecedora por demás, generó un abanico de opiniones disímiles sobre las instituciones que planteaba la reforma, pero en general, creo que fuimos todos coincidentes en las carencias y contradicciones que el Proyecto presentaba.
Insistimos en reiterar que la reforma de un Código, como compilación de leyes que es, requiere del concurso de expertos en las diversas materias que el texto legal estudia y desarrolla. Hemos tenido conocimiento que el PCPCTSJ original ha sido objeto de importantes variaciones a esta fecha en el seno de la Comisión que lo analiza en la Asamblea Nacional, al punto que prácticamente se trata ahora de un nuevo proyecto. Se eliminaron las Cortes de Apelaciones, modificaron las iniciativas probatorias del Juez; se establecieron algunas precisiones en materia de citación presunta para corregir el grave error que al respecto destacamos en nuestra intervención del 14 de abril de 2015 en Caracas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que fue suprimida la norma que proponía que se utilizaría el género neutro para aludir a los sujetos del proceso y se incluyeron normas en las Instituciones Fundamentales, que le dan un tinte político e inaceptable a Proyecto de Código de Procedimiento Civil de la Asamblea Nacional (en adelante PCPCAN).
Así, por ejemplo el artículo 1 del PCPCAN establece como referencia de comportamiento de los jueces al sentenciar la “ética socialista”, sin que pueda entenderse el significado de dicha expresión, ya que se trata de un concepto sociológico y no jurídico y además absolutamente indeterminado. Igualmente, en el artículo 3 se establece que los jueces deben propender al logro de “una justicia liberadora” que garantice la inclusión y armonía social. Dicha expresión es recogida nuevamente en el artículo 10 del PCPCAN, sin que pueda entenderse el verdadero alcance de la justicia liberadora como modelo de justicia.
Por su parte, el artículo 4 destaca que el proceso debe estar destinado a que se cumpla con el cometido del proyecto político de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es el proyecto político del texto constitucional?
Llama la atención que ninguna de estas disposiciones formaron parte del PCPCTSJ, siendo incorporadas por los señores legisladores que lo analizan, al punto que para especialistas en materia constitucional, el PCPCTSJ quedó vacío de contenido y la propuesta que se analiza actualmente en el seno de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional es un Código totalmente distinto al presentado en el anteproyecto. En nuestra opinión, la incorporación de contenido político en un Código eminentemente técnico le imprime, desde antes de su nacimiento, un germen de distorsión interpretativa que afecta gravemente su constitucionalidad, eficacia y eficiencia.
En resumen, es aconsejable que una ley técnica destinada a regular las diferencias entre partes que van al proceso en igualdad de condiciones, donde no hay presunción de que hay algún débil jurídico, no incluya este tipo de conceptos y declaraciones políticas, las cuales exhortamos sean eliminadas y es igualmente deseable que se consulte y escuche a los especialistas en Derecho Procesal en el país, para que podamos tener una legislación que realmente coadyuve a la resolución de los casos civiles y mercantiles con celeridad pero en un marco de garantismo pleno.
Felicitamos al Instituto de Estudios Jurídicos Dr. José Angel Castillo Moreno y a los organizadores de estas reputadas XVIII Jornadas Centenarias Internacionales en homenaje al centenario de la fundación de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, a celebrarse en el Salón Centenario del prestigioso Colegio de Abogados del Estado Carabobo, que atinadamente han sido propuestas para estudiar el Derecho Procesal desde la perspectiva Constitucional, Civil, Laboral y Penal, de lo cual, seguros estamos de ello, surgirán propuestas, ideas, observaciones y recomendaciones, que esperamos lleguen a oídos de nuestros legisladores y en particular los que tienen asignada la responsabilidad de elaborar un Código de Procedimiento Civil manera técnica, eficiente y sobre todo, que puedan gozar de validez intrínseca en aras a su aplicación plena y efectiva.
2.- El Procedimiento Ordinario en la Reforma del CPC
Como precisión necesaria, debemos indicar que todas nuestras referencias al procedimiento ordinario, aludirán al Proyecto que actualmente discute la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de julio de 2015 (PCPCAN, el cual modificó la propuesta original de PCPCTSJ).
El PCPCAN plantea un proceso por audiencias: i) Audiencia preliminar que se desarrolla en dos fases: a) Fase de mediación y b) Fase de sustanciación y fijación del tema decidendum y; ii) Audiencia de juicio como acto central para la resolución de la causa, ya que dicha audiencia concluye con la lectura del dispositivo de la sentencia en forma oral.
El modelo adoptado por el PCPCAN es similar al establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos y Tribunales del Trabajo -LOPTRA- para los juicios laborales, pero en nuestro parecer, con regulaciones que deben ser perfeccionadas o mejor desarrolladas como por ejemplo la fase de mediación en la audiencia preliminar, la cual, ha sido limitada a un lapso máximo de 15 días de despacho, lo cual augura una experiencia muy distinta al alto porcentaje de éxito en la resolución de los juicios en materia laboral en esta etapa, ya que durante los cuatro (4) meses de duración que tiene como límite máximo esta fase en sede laboral, se logra en un alto porcentaje de causas el convencimiento recíproco en las partes de la conveniencia de cerrar el caso mediante un acuerdo negociado.
En el PCPCAN está regulada la duración de la etapa de mediación en un lapso brevísimo y en una audiencia compleja en cuanto a su contenido, en la que se supone ocurrirán las siguientes actividades: i) El juez de mediación tratará de que las partes lleguen a un acuerdo. De no lograrlo, ii) Se da inicio a la fase de sustanciación a través de: a) La resolución de las cuestiones preliminares y la subsanación de las mismas; b) Lo relativo al control y contradicción de los medios de pruebas y el pronunciamiento sobre su admisión o inadmisión y la orden de evacuación de las pruebas que así lo ameriten; y c) Adicionalmente, está prevista la culminación de dicha audiencia con la fijación del thema decidendum sobre el cual discurrirá la segunda parte del proceso ordinario.
Vemos pues que se trata de una audiencia de gran complejidad que, sin dudas, reclama atención y requiere mejor precisión legislativa para que pueda servir de verdadera herramienta de conciliación. No puede ponerse de lado el hecho de que las relaciones civiles y mercantiles, son de tan variada génesis y alcance, partiendo de las relaciones contractuales nominadas e innominadas a las extracontractuales (responsabilidad aquiliana), acciones reales, personales, etc., lo cual difiere en mucho de la materia laboral en la que el gran porcentaje de causas se centra en determinar si hay o no relación laboral y sus efectos; si un concepto forma parte del salario a los fines de que se ordene el recalculo correspondiente; o si se pagaron o no las prestaciones y demás indemnizaciones laborales.
Luego, está prevista la audiencia de juicio, en la que el juez de juico -que no participó en la fase de incorporación y control de los medios de prueba al proceso- ha de presidirla y tendrá como misión fundamental, dictar sentencia.
Difiere la propuesta del contenido actual del Procedimiento Oral del CPC (859 y ss.) en el que el mismo juez que depura y presencia la incorporación de las pruebas, es quien sentencia en la audiencia de juicio. Exhortamos a los legisladores a que se mantenga este esquema y lejos de duplicar los recursos humanos, se multipliquen al unificar en un solo juez la función de mediación, depuración sustanciación y decisión.
Se establece en el juicio ordinario –vid art. 345 PCPCAN-, la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en las disposiciones del PCPCAN y cuando deban evacuarse pruebas antes de la audiencia de juicio que requieran el levantamiento de un acta. Sin embargo, los jueces deben procurar garantizar la oralidad, brevedad, concentración e inmediación en el juicio ordinario, siendo irrenunciables e irrelajables, las formas procesales de los actos, por convenio de las partes o por disposición del juez. De este modo, se reitera el principio de legalidad de los actos procesales que contenido en el artículo 7 del CPC.
Bajo estas premisas, ha sido previsto que se desarrolle el procedimiento ordinario en el PCPCAN, respecto del cual haremos algunas breves consideraciones, solo mencionando los aspectos que pueden ser novedosos o polémicos a los fines de cumplir con la limitación espacial que lógicamente supone el presente artículo, como parte de una serie de opiniones de connotados juristas nacionales e internacionales que participan en las Jornadas Centenarias que se recopilan en esta obra.
Es menester precisar, que siendo que lo analizado es un Proyecto aprobado apenas en primera discusión, el texto definitivo podría tener cambios en su contenido, forma y articulado –esperemos que para bien- respecto de lo que acá afirmamos, por lo cual, las normas que se citan en este artículo son meramente referenciales y a la fecha de realización de las Jornadas, incluso su contenido podría haber variado dada la dinámica de la elaboración de un cuerpo normativo complejo como el que se alude en estas líneas.
Otra aclaración necesaria es que este artículo contiene opiniones e interpretaciones que obedecen al juicio personal y particular del autor, producto solo de nuestra experiencia como litigante a los largo de 29 años y como docente de Derecho Procesal durante más de 20 años, por lo que en modo alguno pretenden ser criterios interpretativos vinculantes, definitivos y mucho menos autóctonos ni excluyentes de otras valiosas opiniones que hemos tenido ocasión de escuchar, conversar y compartir en eventos jurídicos a los que desde el mes de marzo de 2015 hemos asistido en relación con la reforma del CPC.
Al igual que el CPC, en el PCPCAN el procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se podrá proponer por escrito en cualquier día y hora hábil. En tal sentido, el artículo 307 del PCPCAN al hacer referencia a los requisitos del libelo, reitera fundamentalmente el contenido del artículo 340 del CPC. Observamos que en el PCPCAN, se apartó de los requisitos formales del PCPCTSJ que obligaba a desarrollar en capítulos separados las explicaciones necesarias sobre jurisdicción; competencia; capacidad, integración de la relación procesal y otros aspectos que en nuestro parecer lucían convenientes a los fines de la adecuada depuración ab initio del proceso por la misma parte actora.
Estimamos que el cambio fundamental en el modelo de procedimiento ordinario que se propone lo constituye el hecho de que la parte actora debe cumplir, so pena de preclusión de la oportunidad, con su carga probatoria junto con la demanda. De manera que debe ofrecer, no solo las pruebas que constituyan los documentos fundamentales de la pretensión estos es, aquellos de los cuales deriva directamente el derecho a ser deducido, sino además, todo género de pruebas que desee hacer valer en el proceso.
Se establece en relación con la prueba testimonial que se deberán identificar los testigos con sus nombres, apellidos, y además con su número de documento de identificación y la dirección donde habrán de ser citados, si fuere el caso. Se incorpora un requisito no siempre sencillo de cumplir como es tener acceso al número de cédula de identidad del testigo, sobre todo en aquellos casos en que el testigo mantiene alguna vinculación con la contraparte.
En cuanto a la preclusión de la carga probatoria para el demandante, el artículo 308 del PCPCAN lo reitera, al mismo tiempo que deja en claro que en relación con las excepciones o hechos nuevos que pudieran ingresar al proceso por la vía de la contestación de la demanda y/o reconvención, podrán ser rechazados y controlados desde el punto de vista probatorio en la audiencia preliminar, permitiéndose la promoción diferida de pruebas en dicha audiencia.
Acogiendo el criterio jurisprudencial imperante, se establece que el actor debe indicar el objeto de los medios de prueba ofrecidos conjuntamente con la demanda y se establecen las mismas excepciones para la promoción excepcional de pruebas no acompañadas al libelo, en caso de que se trate de documentos públicos y haya indicado en el escrito correspondiente la oficina donde se encuentran; o que se trate de pruebas relacionadas con hechos surgidos en forma sobrevenida a la determinación de la controversia o de pruebas de las que no hubiere tenido conocimiento con anterioridad.
En resumen; los requisitos de forma de la demanda conforme al artículo 307 del PCPCAN son los siguientes:
La indicación del tribunal al cual va dirigida.
Identificación de las partes con indicación de nombre, apellido; número del documento de identificación; estado civil, domicilio, residencia o habitación tanto de la parte demandante como del demandado, y aquel en que serán emplazados o notificados de ser distinto; y de ser posible número telefónico, fax, correo electrónico y cualquier otro medio afín.
Si se trata del representante legal, los datos y la presentación de los documentos que acrediten esa representación.
Si se trata de una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación o razón social, creación o registro, domicilio, los relativos al nombre y apellido del o de los representantes legales, estatutarios o judiciales; así como el número telefónico, fax o correo electrónico; y la presentación de los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce.
Identificación del representante judicial o mandatario y consignación del poder que lo acredita.
El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si se trata de un inmueble; las marcas, colores o distintivos, si es un semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si se trata de un bien mueble, y los datos, títulos y explicaciones necesarios si son derechos u objetos incorporales.
Relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. Si se demanda la indemnización de daños y perjuicios, se especificarán éstos y sus causas.
De ser demandadas varias pretensiones en forma acumulada, se indicará cuál es la principal y cuáles son las subsidiarias.
La consignación de los instrumentos fundamentales de los que se deriva el derecho reclamado, así como cualquier otro documento o prueba documental; y la promoción de los otros medios de prueba que quiera hacer valer en demostración de su pretensión. El documento público que no sea acompañado deberá ser identificado con sus datos de autenticación o protocolización. En caso de promoción de testigos, deberán ser enunciados, identificados con sus nombres, apellidos, número de documento de identificación y la dirección donde habrán de ser citados, si fuere el caso.
El valor estimado de la demanda en bolívares e indicación de su equivalente en unidades tributarias, si fuere estimable en dinero.
La solicitud de indexación judicial, si fuere el caso.
Adicionalmente debe incluirse en el libelo, ex artículo 171, el domicilio procesal ya que a falta de indicación, se tendrá por tal la sede del tribunal e igualmente, el artículo 400 del PCPCAN prevé que en caso que la parte actora desee servirse de un documento, que según su manifestación esté en poder de su adversario o del tercero, podrá pedir su exhibición en la demanda.
Finalizo los requisitos expresando mi opinión en cuanto a la ejecución forzosa del fallo, ya que se ha incluido la posibilidad de que el juez ejecutor establezca a través de conminaciones económicas al ejecutado, penalizaciones por cada día de retraso en el cumplimiento voluntario de la decisión (vid. artículo 476 PCPCAN).
Sin embargo, observo que estas conminaciones económicas -astricciones- en cuanto a la entidad de su fijación, están referidas a circunstancias fácticas como lo son la naturaleza y complejidad del asunto ordenado así como la capacidad económica del obligado. Esta capacidad económica del obligado es un hecho que indiscutiblemente debe ser demostrado dentro del proceso, por lo cual, en mi parecer, al hablar del contenido formal de la demanda y de la contestación, luce altamente recomendable desarrollar un capítulo destinado a alegar tal capacidad económica y hacer la demostración correspondiente.
En caso contrario, la fijación por parte del juez ejecutor, quien carece de facultades para indagar y fijar hechos, devendría en una actividad de imposible ejecución al no tener referenciales reales que le permitan determinar -oficiosamente- la capacidad económica del ejecutado.
Como comentario sobre la promoción anticipada de todas las pruebas, hemos afirmado en algunos foros en los que hemos participado analizando esta propuesta, que luce muy desigual el trato que se da a la parte actora y la demanda, ya que el actor deberá consignar todas sus pruebas junto con la demanda, sin que esté prevista la obligación de resguardo del material probatorio en obsequio de mantener la igualdad y equilibrio procesal.
Téngase presente que el demandado podrá preparar, con toda amplitud, mientras evade su citación, la contraprueba de las promovidas por su adversario con el propósito de sembrar dudas en el ánimo del Juez (Art. 254 PCPCAN) y obtener así la desestimación de la demanda.
Nos permitimos sugerir que la obligación de promover todas las pruebas por parte de la actora, se haga en escrito anexo a la demanda pero independiente de ésta y sea ordenada su reserva, para hacerlo público en la audiencia preliminar, conjuntamente con el escrito de pruebas presentado por el demandado. Esto equilibraría, sin duda, la posición jurídica y estratégica de ambas partes, sin olvidar que los terceros que eventualmente tengan la posibilidad de participar en el proceso, podrían verse igualmente favorecidos por la ventaja que implica conocer el alcance de toda la oferta probatoria del juicio la cual queda develada en el acto de contestación de la demanda.
La admisión de la demanda por parte del juez de la causa ha sido ampliada a cinco (5) días de despacho siguientes a su presentación y recibo por parte del tribunal, siendo los criterios a analizar por parte del juez en orden a su admisibilidad los siguientes:
Que no sea contraria al orden público
A alguna disposición expresa de la ley
Que no resulte manifiestamente improponible, esto es, por no estar tutelada la pretensión en el ordenamiento jurídico o cuando se utilice una vía no idónea para satisfacerla.
La manifiesta improponibilidad de la demanda obedece a la incorporación de un criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero que puede convertirse, en una importante limitación de la garantía de tutela judicial efectiva que deriva del artículo 26 de la Constitución. Esta figura, de mejor y más acabada tradición, ha sido mejor estudiada y desarrollada en Argentina y Uruguay.
Sobre este tema, el eminente Profesor argentino Jorge Peyrano afirma que la improponibilidad de la demanda está vinculada con la existencia de “UN DEFECTO ABSOLUTO DE JUZGAR” Código General del Proceso del 6 de octubre 1988, establece «119.2 Si el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión.»
En Venezuela el punto ha sido estudiado por el Profesor Rafael Ortíz Ortíz en su obra “Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de Intereses Jurídicos”, Primera Edición. Editorial Frónesis S.A, Caracas, 2.004, pp. 336 al 339, quien en torno a esta institución ha expresado que:
“…desde hace algún tiempo, la doctrina y, hace poco, la jurisprudencia venezolana, viene inquiriendo si toda pretensión, por el sólo hecho de ser admisible, tiene que ser tramitada a lo largo del proceso si, desde el inicio, se sabe que la pretensión no puede tener la tutela jurídica del ordenamiento e, irremediablemente, será declarada improcedente. Estamos en presencia de la llamada improponibilidad manifiesta de la pretensión, la cual abarca los supuestos en que la pretensión objetiva o subjetivamente sea improponible. La procedencia de la pretensión (ya no se trata de admisibilidad) tiene que ver con la aptitud de la pretensión jurídica y su respectiva tutela jurídica por el procedimiento; es decir, revisar la procedencia de la pretensión es decidir sobre el fondo de lo pedido, el mérito de la petición y el juicio de adecuación del ordenamiento jurídico conforme lo solicitado…
Para Jorge Peyrano la improponibilidad objetiva que padece una pretensión siempre nace de alguna patología sufrida por el objeto de ésta y las resultas de la cual concurre un “defecto absoluto en la facultad de juzgar” en el tribunal interviniente; defecto que provocará la emisión de una respuesta jurisdiccional discordante en cuya virtud rechazará in limine la demanda (rectius: la pretensión) interpuesta…Con base en las enseñanzas anteriores, podemos señalar respecto de la institución que nos ocupa: Se entiende por improponibilidad manifiesta de la pretensión el juicio de procedencia que debe realizar el juez, en cualquier estado y grado de la causa, que se centra en la determinación de un defecto de absoluto de la facultad de juzgar respecto de una pretensión jurídica que se manifiesta objetiva, subjetiva y clara y terminantemente carente de la posibilidad jurídica de ser tutelada por el ordenamiento jurídico por así derivarse de los supuestos fácticos explanados en la petición inicial…A diferencia de la doctrina mayoritaria, la improponibilidad manifiesta de la pretensión abarca a los supuestos en que la pretensión objetivamente sea improponible y cuando subjetivamente, en cuanto a su actuación o realización, la pretensión sea imposible en la esfera jurídica de quien invoca la tutela jurisdiccional…(Cursivas del texto) (Negritas añadidas).
En su Teoría General del Proceso Ortíz Ortíz afirma que:
“El principio moderno implica que todas las situaciones jurídicas son susceptibles de ser tuteladas por el Derecho, siempre y cuando tengan relevancia jurídica. Como lo expresa VESCOVI, la posibilidad jurídica consiste en que la pretensión se halle regulada por el Derecho objetivo, que se encuentre tutelada por éste. Se requiere cierta adecuación entre el hecho alegado y la norma invocada, esto es, una cierta coincidencia objetiva entre los hechos históricos en que se funda la demanda y los hechos que constituyen el supuesto de la norma jurídica que se menciona como su fundamento (CALAMANDREI) (Editorial Frónesis, S.A, Segunda Edición. Caracas, 2.004, 430).”
Nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, en casos de amparo constitucional, se ha referido a la improponibilidad manifiesta de la pretensión, no constituyendo ello un impedimento para que el criterio acogido por dicha Sala, sea aplicable a otras materias, pudiendo señalarse la sentencias del 4 de noviembre de 2.003, Caso: Y.J. Alvarez Piña y otros, la cual puede resumirse de la siguiente manera:
“…Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine litis, en el sentido de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine litis la improcedencia de la acción; lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción…Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a casales de orden público, o a vicios esenciales…”
Cuando la demanda no reúna los requisitos formales exigidos para el libelo, el tribunal en vez de admitirla, podrá ejercer el despacho saneador lo cual hará dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la presentación de la demanda. En el auto que contenga el despacho saneador ordenará la corrección del defecto de forma de la demanda o la subsanación de la cuestión preliminar de que se trate. La parte actora dispondrá de cinco (5) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso arriba señalado, para subsanar los vicios y deficiencias señalados por el Juez. De no hacerlo oportunamente, el proceso se extingue.
Aún cuando la norma no lo señala, debemos partir de la premisa que la parte demandada, como primera actuación en juicio, podrá alegar que la subsanación efectuada por la actora –a consecuencia del despacho saneador- fue inidónea o no acorde con el contenido del despacho saneador y ello deberá ser resuelto en la audiencia preliminar.
De subsanarse adecuadamente, el tribunal decidirá sobre la admisión de la demanda dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del lapso de los cinco días para subsanar.
3.3 Reforma de la demanda -no prevista-
No está prevista expresamente la posibilidad de reformar la demanda, lo que difiere del artículo 343 del CPC que establece la posibilidad de la reforma. Ello, sin duda, constituye un obstáculo inentendible en lo que a celeridad y economía procesal se refiere, ya que siendo abogado en ejercicio han sido muchas las ocasiones en las que nos ha correspondido reformar la demanda bajo un procedimiento simple y expedito que, por lo demás, es manifestación de la tutela judicial efectiva de la parte actora y del lado del demandado, igualmente está garantizado el derecho a la defensa ya que cuando la reforma se hace después de la citación materializada, se reanuda íntegramente el lapso de 20 días para la contestación de la demanda.
Lógicamente, en caso de incluirse la institución de la reforma de la demanda en el PCPCAN, ésta será igualmente susceptible del despacho saneador.
No incluir la posibilidad de reformar la demanda, atenta incluso contra uno de los principios fundamentales de la reforma como es el contenido en el artículo 6 del PCPCAN, que establece que «La justicia se administrará lo más brevemente posible y el Estado así debe garantizarlo.»
Admitida la demanda, el tribunal ordenará expedir por secretaría tantas compulsas como demandados sean con inclusión de la orden de comparecencia, siendo novedoso que dicho emplazamiento se hará para dentro de los quince (15) días de despacho siguientes a que conste en autos la citación del demandado o del último de ellos en caso de litis consocio pasivo.
En el caso del término de distancia se mantiene idéntica la regulación al CPC, es decir, el tribunal le fijará a todos los codemandados un término común, tomando en cuenta la distancia más larga y el lapso del emplazamiento se dejará correr íntegramente cuando el demandado o alguno de ellos, si fueren varios, contesten antes del último día del lapso, garantizándose así el principio de integridad de los lapsos procesales.
A los fines de este trabajo, no abordaremos el análisis de los medios de citación previstos en el PCPCAN, ya que de manera fundamental, se reproducen casi que con idéntico alcance todas las formas de citación estudiadas y desarrolladas por el CPC.
En cuanto a la contestación, se mantiene que deberá presentarse por escrito, el cual se agregará al expediente indicándose la fecha y hora de su presentación e igualmente, en caso de litis consocio pasivo, podrán contestar juntos o separadamente.
Se establece que en el escrito de contestación, el demandado debe cumplir con los requisitos del libelo de la demanda en tanto sean aplicables; pero además deberán invocarse y sustanciarse las cuestiones preliminares, así como cualquier defensa o excepción de fondo que se quiera hacer valer para enervar la pretensión del accionante.
En la contestación deberá expresarse con claridad si se contradice en todo o en parte, si se conviene en ella total o parcialmente o con alguna limitación y las defensas y excepciones perentorias que considere conveniente alegar. Podrá invocarse la falta de cualidad o la falta de interés en el demandante o en el demandado para intentar o sostener el juicio –falta de legitimación ad causam-.
Es además la oportunidad procesal para proponer la reconvención o mutua petición o para llamar a terceros a la causa.
Desde el punto de vista de la oferta probatoria del demanda, junto con la contestación deberán promoverse todos los medios de prueba que quieran hacerse valer, incluyendo las documentales, los testigos que rendirán declaración en el debate, con expresión de sus nombres, apellidos y número de documento de identificación, mereciendo este requisito igual comentario que el que formulamos al referirnos a la demanda por lo que lo damos por reproducido; y en general todos los medios probatorios que han de hacerse valer, con expresión de los hechos que pretenden ser demostrados.
De no acompañarse las pruebas, precluye la oportunidad para ello, salvo los casos de excepción constituidos por los documentos públicos en los que se haya indicado la oficina donde se encuentran; o que se trate de pruebas relacionadas con hechos surgidos en forma sobrevenida a la determinación de la controversia, o de pruebas de las que no hubiere tenido conocimiento con anterioridad.
Igual que en la demanda, debe indicarse en la contestación, conforme al artículo 171 del PCPCAN, el domicilio procesal y a falta de indicación, se tendrá por tal la sede del tribunal. Además, el artículo 400 del PCPCAN prevé que en caso que la parte demandada desee servirse de un documento, que según su manifestación esté en poder de la actora, podrá pedir su exhibición en el escrito de contestación.
Se opta por modificar el sistema actual de las cuestiones previas, que son de carácter potestativo, autónomas y no forman parte de la contestación de la demanda conforme al 346 del CPC, por las cuestiones preliminares que con el mismo propósito depurativo del proceso, consiguen su justificación en tratar de garantizar la sustanciación de un proceso que culmine con una sentencia de mérito que satisfaga la tutela de la ejecución.
Así, se establecen como cuestiones preliminares:
La falta de jurisdicción y la incompetencia del tribunal.
La litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro proceso por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia.
La ilegitimidad de la parte demandante por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio.
La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o apoderada o representante del accionante, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.
La falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio.
La existencia de una condición o plazo pendiente.
La existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto.
La cosa juzgada.
La caducidad del derecho de accionar establecida en la ley.
La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta o cuando solo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.
Se elimina el defecto de forma de la demanda como cuestión preliminar, salvo esa, se reproducen, casi al calco las cuestiones previas vigentes.
Igualmente, se mantiene la posibilidad de subsanar voluntariamente algunas de las cuestiones preliminares; desde el momento de su interposición hasta la audiencia preliminar, en cuya oportunidad el tribunal se pronunciará sobre la idoneidad de la subsanación efectuada. Si la subsanación no es idónea, el tribunal ordenará corregir la omisión detectada, de la forma prevista para la tramitación y resolución de las cuestiones preliminares.
Como lo expresamos, el procedimiento ordinario se tramitará en primera instancia en dos audiencias: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Se aclara que las pruebas se evacuarán en la audiencia de juicio para garantizar la inmediación que es propia del proceso oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de esta audiencia, como sería el caso de la experticia e inspección judicial.
El PCPCAN establece que las audiencias serán grabadas en audio o en forma audiovisual, excepto los actos que se realicen en la fase de mediación de la audiencia preliminar. Es altamente conveniente no grabar la fase de mediación, lo cual difiere de lo que proponía el PCPCTSJ, lo cual, lógicamente podría suponer un atentado contra la posibilidad de alcanzar una solución conciliada al quedar registradas mediante su grabación las propuestas y las consideraciones sobre éstas por las partes en la fase de mediación.
Vencido el lapso para la contestación de la demanda, el tribunal fijará dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, el día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, la cual, deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes. Las partes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal o por medio de apoderado con poder que le permita realizar actos de autocomposición.
Es lógico que sea así, ya que la actividad de mediación está destinada a lograr la conciliación de las posiciones contrapuestas de las partes y ello, en la mayoría de los casos, implica el otorgamiento de recíprocas concesiones generándose un acto convencional de naturaleza transaccional, para lo cual, las normas sustantivas y adjetivas que regulan el mandato judicial, requieren la mención expresa de los actos de disposición que se confieren.
Veamos el tratamiento que da el PCPCAN a la inasistencia de las partes, de forma injustificada, a la audiencia preliminar:
Parte actora: la inasistencia injustificada del demandante a la audiencia preliminar producirá el desistimiento de la pretensión.
Parte demandada: Su inasistencia injustificada implica la admisión de los hechos afirmados en la demanda, en todo lo que no se haya probado lo contrario, y el juez procederá a sentenciar de inmediato salvo que se trate de materias no disponibles en que esté involucrado el orden público, en cuyo caso deberá dársele continuidad a la causa. De manera que no se trata de los efectos de la confesión ficta, toda vez que ya el demandado dio contestación a la demanda y consignó pruebas que podrían enervar la pretensión procesal.
Ambas partes: Se levanta un acta haciendo constar la incomparecencia y el tribunal, sin más trámite, dicta sentencia dando por finalizado el proceso y ordenando el archivo de las actuaciones. Ahora bien, estimamos que falta aclarar en la norma que igualmente que en el caso de inasistencia de la parte actora, en este supuesto también se produce el desistimiento de la pretensión, lo cual es importante precisar a los fines de la inadmisibilidad pro tempore que surge del desistimiento de la pretensión, en los términos del artículo 249 del PCPCAN.
Ahora bien, si por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobados, una de las partes no pudiere comparecer a la audiencia, podrá fijarse nueva oportunidad, por una sola vez, previa solicitud de la parte interesada. Pensamos que la interpretación no debe ser literal y que incluso en caso de incomparecencia de ambas partes, puede operar la dispensa por parte del juez, previa demostración del caso fortuito o fuerza mayor alegados por las partes.
Están previstas dos (2) fases bien diferenciadas en su naturaleza y efectos en esta etapa del proceso, i) La fase de mediación y, ii) La fase de sustanciación.
La fase de mediación es privada, con la asistencia obligatoria de las partes de manera personal o a través de sus apoderados. Esta fase no puede exceder de quince (15) días de despacho, salvo acuerdo expreso de las partes, y en ese caso, puede extenderse por el mismo lapso.
Una importante aclaratoria de la norma rectora es que no producen efectos para las partes en el juicio las afirmaciones y alegatos de estas en la fase de mediación. Lógicamente, debe tratarse de materias en las que no estén prohibidas las transacciones.
Siendo una etapa básicamente de las partes y no del juez, se dará preferencia en cuanto a la organización y fijación de las sesiones de mediación, a lo que al respecto dispongan las partes. Solo en caso de desacuerdo, el juez de Mediación, Sustanciación y Ejecución fijará las sesiones. El juez debe dirigir la mediación, con imparcialidad y todos los actos de esta fase del proceso son privados y confidenciales. Es por ello que está previsto que el Juez pueda sostener entrevistas de forma conjunta o separada con las partes o con sus apoderados.
La fase de mediación puede concluir con un acuerdo total o parcial que homologará el juez mediación y sustanciación, el cual se hará constar en un acta y tendrá efecto de cosa juzgada. En caso que el acuerdo alcanzado sea total, este pone fin al proceso. De ser parcial, se debe dejar constancia en el acta correspondiente de tal hecho, especificando los asuntos en los cuales no hubo acuerdo y continuar el proceso en relación con los controvertidos. Esto es sumamente importante, ya que el PCPCAN prevé la posibilidad de ejecución anticipada (vid. art. 487) lo que implica que, por lo que se refiere a los acuerdos alcanzados en la audiencia preliminar puedan ejecutarse, incluso, de manera forzosa y sin esperar la sentencia definitiva, la parte no conciliada.
De no haber mediación dentro del lapso máximo de 15 días previsto o de su única prórroga por igual período, concluye la fase de mediación. Igualmente, sin haber transcurrido íntegramente esta lapso, el Juez de Mediación puede dar por concluida esta fase si en su criterio resulta imposible conciliar las posiciones de las partes, de lo cual, se dejará constancia en el auto expreso que cierra esta fase de la audiencia preliminar.
Concluida la fase de mediación, sin que las partes hubieren alcanzado un acuerdo -parcial o total- tiene lugar el inicio de la fase de sustanciación, en la cual, el mismo tribunal procederá a examinar las cuestiones preliminares. En esta etapa de la audiencia, está prevista la grabación de su desarrollo y está regida por el principio de publicidad.
Lo primero que ocurrirá, será la subsanación de las cuestiones preliminares que el Juez estime procedentes, o las que habiendo sido subsanadas voluntariamente, no fueron idóneamente corregidas.
Partiendo de la premisa de que han sido subsanadas las cuestiones preliminares, corresponde a las partes exponer los argumentos de la demanda y de la contestación, así como de la reconvención si la hubo y la contestación a la misma, respectivamente. En esta audiencia podrán hacer alegaciones complementarias sin alterar sustancialmente sus pretensiones, los fundamentos de éstas y las defensas esgrimidas, debiendo aclarar los términos de la pretensión si resultaren imprecisos, a juicio del tribunal.
Esta aclaración adicional pareciera no tener sentido, ya que en caso de que la pretensión sea imprecisa, confusa en cuanto a sus términos y alcance, es de suponer que el Juez utilizó su potestad de depuración preliminar mediante el primer despacho saneador, al analizar lo correspondiente a la admisión de la demanda.
Otro aspecto muy importante de la audiencia, lo constituye el hecho de que cada parte expresará si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquellos que consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación; y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la fijación de la controversia. A tales fines, corresponde a las partes exponer sus motivos para oponerse las pruebas que ofrezca su contraparte por razones de manifiesta impertinencia, inconducencia, ilegalidad o ilicitud.
Con vista a lo antes señalado, el juez fijará los hechos y los límites de la controversia y determinará qué hechos serán objeto de prueba, vale decir, los que sigan siendo controvertidos después de la audiencia.
Concluida la audiencia preliminar, se remitirá el expediente dentro de los tres (3) días siguientes al juez de juicio, junto con el acta de la audiencia y la grabación correspondiente.
Está previsto que la audiencia preliminar discurra en una sola audiencia en la fase de sustanciación, al menos, luego de subsanadas las cuestiones preliminares. Si no es posible concluir la audiencia dentro de las horas de despacho fijadas, el juez podrá prolongarla en las horas inhábiles siguientes. Excepcionalmente, podrá continuar la celebración de la audiencia en día distinto que no excederá de tres (3) días de despacho, para agotar las fases de la audiencia preliminar. En este caso, se indicará en el acta la fecha y hora para la continuación del debate.
Al concluir la audiencia se levantará el acta correspondiente en la que se recogerán los argumentos de los intervinientes, así como lo decidido por el tribunal en cada caso. Se agregarán los escritos presentados y los resultados de las pruebas que se hayan materializado durante el acto.
No se levantará un acta por cada medio probatorio evacuado, sino que ello se incorporará todo en una misma acta.
6.4 Apelación de las decisiones de la audiencia preliminar -art. 358-
Las decisiones que ponen fin al proceso pronunciadas en la audiencia preliminar serán apelables dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes. Esta apelación se oirá en ambos efectos En caso contrario, todas las interlocutorias que admitan apelación, tendrán recurso diferido por lo cual, la apelación se acumulará con el de la sentencia definitiva.
Concluido el lapso de evacuación de pruebas, el juez de juicio fijará dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia oral, la cual tendrá lugar dentro de los diez (10) días de despacho siguientes.
Al recibir el expediente proveniente del Juez de mediación, el Juez de juicio deberá, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, pronunciarse sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes. La decisión que admite las pruebas no tiene recurso alguno y la que las declara inadmisibles tiene apelación diferida con la sentencia definitiva.
Si como resultado de la decisión del superior la prueba resulta admisible, no tendrá efecto devolutivo, por lo cual, en esa misma instancia se admitirá y evacuará para luego estimarla o desestimarla en su sentencia definitiva.
Admitidas las pruebas se evacuarán en el lapso de veinte (20) días de despacho siguientes contados a partir del día siguiente de la fecha de su admisión aquellas que no requieran evacuarse en la audiencia, como son las posiciones juradas y las testimoniales. En el caso de las posiciones juradas, el absolvente de posiciones quedará citado en la audiencia preliminar. Excepcionalmente, si existiera causa justificada, las posiciones juradas y los testigos se evacuarán mediante comisión, o cuando fuere posible mediante videoconferencia o cualquier otro medio telemático certificado.
Se trata de un acto formal, público, pero sobre todo oral. Por ello no están permitidas las lecturas ni está prevista la consignación de escritos, se diferencia de la audiencia preliminar en la que nada obsta, y por el contrario es altamente recomendable, consignar por escrito, los hechos que son admitidos y los que no, para que al momento de la fijación de los hechos controvertidos exista plena prueba de la posición expresada por las partes en dicha audiencia.
Solo podrá permitirse a las partes la lectura de textos o documentos, previa la solicitud de la venia correspondiente y la autorización en cada caso, cuando se trate de aspectos difíciles de recordar como fechas, términos técnicos, cantidades, o algún instrumento o prueba que conste en autos y a la cual deba referirse como fundamento de su exposición.
Seguidamente se evacuarán las pruebas, comenzando con las del demandante en la forma y oportunidad que determine el juez, concediendo a la parte contraria un tiempo breve para que haga las observaciones que considere oportunas con facultad para ordenar la cesación del debate sobre dicho punto cuando el juez lo considere suficientemente debatido.
Testimoniales: el promovente deberá presentar los testigos –sin citación- salvo que causa justificada y comprobada así lo haga necesario, a fin de que rinda su declaración. La parte contraria podrá hacer las repreguntas que considere necesarias.
Experticia: Los peritos están obligados a comparecer a la audiencia y harán las aclaratorias o ampliaciones que se le requieran (por las partes o por el juez) en relación con los dictámenes periciales que hubieren presentado. Se ha incorporado la posibilidad de que las aclaratorias y explicaciones de los peritos o expertos y su interrogatorio pueda realizarse mediante videoconferencia o cualquier otro medio telemático certificado.
Documentales: La prueba documental se incorporará mediante su lectura total o parcial por el juez.
Otros medios probatorios: El juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad. En este caso ordenará la prolongación o el diferimiento de la audiencia. En ningún caso, podrá diferir la audiencia por un lapso mayor a diez días de despacho.
Esta iniciativa probatoria es de tal amplitud que pareciera permitir a las partes que ante la omisión de alguna prueba esencial para la demostración de sus alegatos de hecho, pudieran conseguir una vía de subsanación de la preclusión en la que habrían incurrido. Sobre todo, pareciera una norma que va en contrasentido respecto de las regulaciones sobre carga probatoria en la demanda y en la contestación, en donde se ha remarcado que de no cumplirse con la oferta probatoria adecuadamente, precluye la oportunidad para promover nuevas pruebas, salvo los casos excepcionales como son: hechos nuevos surgidos después de la determinación de la controversia; documento público respecto del cual se han indicado los datos donde deben ser compulsados y los documentos de fecha posterior o desconocidos por las partes.
Sin embargo, esta norma dispone la posibilidad a las partes de promover “cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad”. Esta potestad, sin duda, solo puede estar referida al juez quien en su labor de establecimiento de la verdad en los límites de su oficio, podrá ordenar la evacuación de los medios probatorios que estime necesarios para mejor proveer con arreglo a la verdad y a la justicia.
De no ser posible concluir la audiencia de juicio dentro de las horas de despacho fijadas para ello, el juez podrá prolongarla en las horas inhábiles siguientes y podrá excepcionalmente, continuar la celebración de la audiencia en días distintos, sin que excedan de tres (3) días de despacho, para agotar el debate. En este caso, se indicará en el acta la fecha y hora para la continuación del debate.
El tratamiento de la incomparecencia de alguna de las partes o ambas a esta audiencia es el siguiente:
Parte actora o parte demandada: Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas, pero no se practicarán las pruebas de la parte ausente.
Ambas partes: Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extingue, con los efectos similares a los que derivan de la perención de la instancia, es decir, surge igualmente la causal de inadmisibilidad pro tempore prevista en el artículo 254 del PCPCAN.
Peritos o expertos: Es obligación de los peritos o expertos comparecer personalmente o a través de videoconferencia, o cualquier otro medio telemático, previa notificación del tribunal, si fuere necesario, so pena de multa y exclusión de las listas de auxiliares de justicia de los tribunales.
El Juez de juicio podrá diferir la audiencia de juicio por un lapso que no excederá de ocho (8) días de despacho, a través de un auto para mejor proveer, en el cual acordará:
La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que el juez estime necesario para decidir;
Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro;
Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos.
Este auto es inapelable, pero las partes podrán hacer al tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto de las actuaciones practicadas. Vencido el lapso fijado por el auto, el juez reanudará la audiencia de juicio y dictará el dispositivo del fallo.
Una vez concluido el debate, con las conclusiones orales de las partes, y el auto para mejor proveer si hubiese sido el caso, el juez se retira de la sala mientras que las partes permanecerán en la misma y en un tiempo que no excederá de sesenta minutos, regresará para anunciar el dispositivo del fallo “precedido de una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho que quedarán asentados en el acta respectiva.”
El juez podrá diferir, por una sola vez, el anuncio del dispositivo cuando por razones de complejidad del asunto así lo amerite; o cuando concurran causas ajenas a su voluntad o fuerza mayor, por un lapso que no excederá de cinco (5) días de despacho. En este caso, el juez deberá fijar el día y la hora para el anuncio del dispositivo de la sentencia quedando las partes notificadas de la nueva oportunidad del acto.
Al pronunciar el dispositivo del fallo en forma oral, el juez deberá publicarlo de manera íntegra dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, debiendo cumplir la sentencia con los requisitos de validez formal y extrínsecos previstos en el PCPCAN.
Es por ello que la sentencia se pronuncia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley y deberá contener:
La identificación del tribunal que la dicta, las partes y sus apoderados
Una síntesis precisa y lacónica de los alegatos de las partes, sin transcribir en ella los actos del proceso que consten en autos.
Las pruebas presentadas por las partes señalando en cada caso el hecho que se pretendía probar o negar, expresando siempre el criterio del juez respecto a cada una de las pruebas presentadas. Las pruebas deben ser analizadas conforme al orden de los alegatos de las partes.
La indicación de las normas que se consideran aplicables para resolver la controversia, señalando mediante análisis razonado, el sentido y alcance que se le atribuye a cada precepto.
La determinación del objeto o la cosa en la cual recaiga la decisión.
Decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
La firma del juez y el secretario y la fecha de publicación.
El conjunto de razonamientos que sirven de fundamento al examen de las pruebas y a la interpretación de las normas jurídicas deben tener una relación lógica entre premisas y conclusiones.
La sentencia una vez elaborada y firmada por el juez que la hubiere dictado y por el secretario del tribunal, será publicada en extenso en el lapso previsto y de no publicarse en dicho lapso deberá ser notificada a las partes. Se establece como causal de sanciones disciplinarias para el juez, no decidir en el término señalado para ello.
Por el principio de integridad de los lapsos procesales, el término para la publicación íntegra de la sentencia se dejará transcurrir totalmente a los efectos de la apelación.
En la sentencia el juez podrá ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo con un único perito, el cual será designado por el tribunal.
8. De la apelación -art 275 y ss.-
Al igual que en el modelo actual, está garantizado el principio general de doble jurisdicción, por lo cual, de toda sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al juicio, dictada en primera instancia, se oirá apelación salvo disposición especial en contrario.
La apelación se interpondrá ante el tribunal que pronunció la sentencia, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la publicación del texto íntegro del fallo, o dentro del mismo lapso contado a partir de la notificación a las partes de la publicación del fallo dictado fuera del lapso previsto en este Código, en cuyo caso será remitido el expediente de inmediato al tribunal superior.
Al ejercer el recurso, el apelante deberá señalar qué pronunciamientos incidentales quedan comprendidos en la apelación, ya que debe tenerse en cuenta que el principio general es que de las interlocutorias, como regla general, no se da apelación inmediata sino diferida junto con la definitiva.
Como puede observarse, no corresponde al juez de juicio pronunciarse sobre la admisión del recurso de apelación, siendo ese pronunciamiento del ámbito de competencias exclusivas del tribunal superior.
El escrito de informes, esto es, el escrito que contiene las razones y argumentos fácticos y jurídicos en los cuales se fundamenta la apelación será presentado ante el tribunal de alzada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al auto expreso mediante el cual el tribunal superior declare que ha recibido el expediente. A dicho escrito se acompañarán los instrumentos públicos siempre que no sean de los que debieron haberse acompañado antes y se promoverán posiciones juradas, como únicos medios de pruebas admisibles en esta instancia.
Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, podrán ser presentadas las observaciones al informe presentado por la otra parte, siendo esta la oportunidad procesal para tachar el documento público eventualmente producido en alzada conforme al procedimiento previsto en el PCPCAN.
Vencidos los lapsos para informes y sus observaciones, el tribunal superior examinará la admisión de la apelación. De estimar que no es admisible, dará por terminado el proceso mediante sentencia debidamente motivada. De admitir el recurso, procederá a fijar día y hora para la audiencia de apelación, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes.
Las regulaciones sobre inasistencia de las partes a la audiencia de apelación es la siguiente:
Parte apelante: La falta de comparecencia de la parte apelante a la audiencia, se considerará como desistimiento del recurso interpuesto y así será declarado de oficio o a instancia de la otra parte.
Parte no apelante: Si no asiste la parte no apelante –el PCPCAN alude inadecuadamente a la “parte apelada” lo cual debe ser corregido, ya que la única apelada es la sentencia. En todo caso, de no concurrir la parte no apelante, esto no será motivo de suspensión o diferimiento a la audiencia.
En la oportunidad señalada por el tribunal superior se realizará la audiencia de apelación. Las partes formularán sus alegatos y defensas oralmente y culminarán expresando sus pertinentes conclusiones, salvo que hubieran promovido posiciones juradas, caso en el cual, éstas tendrán lugar en la misma audiencia.
El juez superior podrá además dictar auto para mejor proveer en la misma oportunidad en que se fije la audiencia de apelación o durante su celebración, con facultades para:
Acordar la presentación de algún instrumento,
Ordenar la práctica de alguna inspección judicial, de una experticia, que se amplíe o aclare la que exista en autos, o acuerde la comparecencia de algún testigo y,
En general ordenar evacuar cualquier otra prueba que el juez estime legal y pertinente para la decisión del asunto.
Podrá igualmente interrogar a las partes en la audiencia.
En ningún caso podrá superar los quince días de despacho siguientes a la fecha del auto la evacuación de estas diligencias probatorias oficiosas.
Reanudada la audiencia, o en caso de no haber utilizado las prerrogativas probatorias antes aludidas, el juez se retirará de la sala de audiencias por un tiempo que no será mayor de sesenta minutos y concluido dicho lapso, regresará a la sala y dictará su fallo en forma oral, y reproducirá en todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, sin formalismos innecesarios y dejando expresa constancia de su publicación.
Podrá diferir el pronunciamiento del fallo, en casos excepcionales, atendiendo a la complejidad del asunto debatido, o por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Este diferimiento sólo podrá ser por una sola vez y no podrá exceder de cinco días de despacho después de concluida la audiencia de apelación.
Al igual que en diferimiento de la audiencia de juicio, siempre deberá determinarse por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto para sentenciar, a los fines de que puedan comparecer las partes, quienes se entiende que están a derecho.
Hemos querido hacer un brevísimo recorrido por los actos que de manera fundamental articulan el procedimiento oral, observando que el proceso por audiencias que se plantea, no dista mucho del que está en vigencia en Caracas y Maracaibo, Estado Zulia a la luz del CPC, por lo que, como hemos afirmado y en ello coinciden importantes y connotados procesalistas, es perfectamente viable y de mucha mayor celeridad, reformar el capítulo correspondiente al Procedimiento Oral en el CPC para ponerlo en vigencia a nivel nacional en muy corto plazo y con plena eficiencia, por lo que concluimos estas líneas haciendo votos porque prevalezca la sindéresis en el análisis de un texto legal de tanta importancia y trascendencia pero a la vez, que mucha profundidad desde el punto de vista técnico en cuanto a la regulación de los diversos procedimientos contenidos en el Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que muchas leyes especiales sustantivas y/o adjetivas, remiten al CPC como norma procedimental supletoria, por lo que, mayor cuidado debe tenerse al momento de promover su reforma, la cual requiere del concurso de verdaderos especialistas en la materia, como los que aglutina esta Jornada y otras que se están realizando en el país con motivo de la reforma del CPC que se anunció en octubre de 2014 por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.