Source: http://bazica.org/comisin-interamericana-de-derechos-humanos-v3.html?page=30
Timestamp: 2019-04-21 22:19:15
Document Index: 233664924

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 10']

d. Obligación de transparencia activa - Comisión interamericana de derechos humanos
El derecho de acceso a la información impone al Estado la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por lo menos en cuanto a: (a) la estructura, funciones, presupuesto de operación e inversión del Estado; (b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos —por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación—; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere. Dicha información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que sectores importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin embargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias245.
Sobre el derecho de transparencia activa, en la Declaración Conjunta de 2004, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE precisaron que, “las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés público”; y que “se establecerán sistemas para aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación”246.
El alcance de esta obligación también se precisa en la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, que establece que, “los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades—incluyendo su política, oportunidades de consultas, actividades que afectan al público, presupuestos, subsidios, beneficios y contratos—de forma rutinaria y proactiva, aún en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible”247. En el mismo sentido, esta obligación incluye el deber de no interferir con el derecho de acceso a la información de todo tipo, el cual se extiende a la circulación de información que pueda o no contar con el beneplácito personal de quienes representan en un momento dado a la autoridad estatal.
La Asamblea General de la OEA, en su Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual acoge la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información”, aclaró algunas de las obligaciones estatales en materia de transparencia activa. La citada Resolución prescribe que “aun en la ausencia de una petición específica, los órganos públicos deberán divulgar información sobre sus funciones de forma regular y proactiva, de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible”. Asimismo, en el artículo 9 de la Ley Modelo se establece la obligación de “divulgar información de manera proactiva a los efectos de minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes de información”. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Modelo señala en detalle las clases de información clave sujetas a diseminación de manera proactiva por una autoridad pública248.
La obligación de los sujetos obligados de suministrar al público información en forma oficiosa es contemplada en los ordenamientos jurídicos que fueron analizados en este estudio, aunque en grados muy distintos.
Países como Chile, Uruguay, Nicaragua, Ecuador y México consagran la obligación de publicar un amplio catálogo de información. Por ejemplo, el Artículo 7 de la Ley de Transparencia de Chile, que establece la obligación de transparencia activa a los órganos del Estado, contiene un listado de la información que debe ser publicada permanentemente en el sitio Web de cada entidad, la cual, además, debe ser actualizada mensualmente. Entre la información que debe ser divulgada se encuentra la estructura orgánica de la entidad, sus funciones y facultades, los mecanismos de participación ciudadana y todo lo relacionado con los procesos de contratación y la transferencia de fondos públicos249.
La Ley de Acceso a la Información Pública de Uruguay también prevé, en su artículo 5, la obligación de publicar, de manera oficiosa, en las páginas de Internet de los sujetos obligados, una información mínima acerca de asuntos tales como la estructura orgánica, las facultades, la asignación y ejecución presupuestal, la contratación y los mecanismos de participación ciudadana, y el domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información. El artículo dispone también que la información debe ser organizada y sistematizada para asegurar “un amplio y fácil acceso a los interesados”250.
En la ya mencionada Sentencia 48 del Juzgado Letrado de Segundo Turno de Mercedes, en Uruguay, el Juzgado también se refirió a la obligación de transparencia activa. Afirmó el Juzgado que la información que había sido solicitada – relacionada con los gastos de propaganda oficial de la Junta Departamental Soriano-, no sólo no tenía el carácter de reservada, sino que formaba parte de la información que debía ser dada a conocer de manera activa por parte de la entidad:
“[N]o solo no es confidencial la información que se solicitó sino que en el artículo 5 de la Ley que nos ocupa, cuando regula sobre la difusión de la información pública, establece que los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, la siguiente información mínima: “…D) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda. E) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas especificando los titulares o beneficiarios de éstos, F) Toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo”. Vale decir, que por lo que viene de señalarse, la información solicitada no solo no es confidencial, sino que es pública por esencia”251.
En Nicaragua, los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información establecen, respectivamente, las informaciones mínimas que deben difundir de oficio, en sus páginas Web, las entidades públicas y las entidades privadas obligadas por la ley. En el caso de las entidades públicas se observa que ellas deben hacer pública la estructura orgánica de la entidad, sus facultades, la remuneración de los funcionarios, los servicios que ofrece, el presupuesto que maneja y la información relacionada con los procesos de contratación, así como los requisitos y formatos para acceder a los servicios y programas ofrecidos por la entidad252. En relación con las entidades privadas, el artículo 21 establece que ellas deben divulgar las “concesiones, contratos, subvenciones, donaciones, ventajas, licencias o autorizaciones” que les han sido otorgadas por el Estado; “las obras e inversiones que tienen que realizar, las ya realizadas y las pendientes por realizar”, por causa de los contratos o autorizaciones; las “clases de servicios que prestan, así como sus tarifas básicas [y] la forma de calcularlas”; los procedimientos establecidos para la interposición de reclamos y recursos; y el informe anual de actividades253. También en el caso nicaragüense se establece que cada entidad pública debe presentar la información de manera sistematizada para facilitar el acceso a la misma. Por otra parte, la ley nicaragüense es la única en la que se dispone que los sujetos obligados “deben poner a disposición, de manera oportuna y completa, a los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes, toda información, diagnósticos, estudios, prospecciones y/o información pública de otra naturaleza, para contribuir al proceso de su desarrollo y bienestar socioeconómico, en base al conocimiento de su propia realidad”254.
En Ecuador, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene una relación de la información mínima actualizada que debe ser publicada en el portal de los sujetos obligados. El listado coincide en diversos puntos con los que ya se han mencionado en los países tratados, pero extiende la obligación a la información relacionada con la remuneración mensual de los trabajadores, incluyendo todo ingreso adicional.255 En el artículo se establece también la obligación especial de la Función Judicial, la Corte Constitucional y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de publicar sus sentencias. En su inciso final, la norma prescribe que la información debe ser publicada en forma organizada y cronológica, “sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones”.
En República Dominicana, la Ley General de Acceso a la Información Pública (LGLAIP) contempla tres maneras de cumplir con el principio de transparencia activa. En primer lugar, el artículo 3 de la Ley establece que las autoridades deberán mantener un servicio permanente y actualizado de información sobre determinadas materias de relevancia pública256. En segundo lugar, el artículo 4 de la Ley establece, con carácter “obligatorio”, que se hagan disponibles y con actualización permanente las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir esos objetivos las máximas autoridades de cada entidad están obligadas a establecer sistemas que permitan brindar acceso a las personas interesadas, así como publicar dicha información a través de los medios disponibles. En tercer lugar, el artículo 5 crea la obligación para todos los poderes y organismos del Estado de instrumentar la publicación de sus respectivas “Páginas Web” a fin de que se haga disponible información sobre su estructura, sus integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión y base de datos, entre otros257.
En México, el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contempla la obligación de transparencia activa en una multiplicidad de asuntos, entre los cuales se encuentran la estructura orgánica de la entidad, las funciones y servicios que presta, el presupuesto y los procesos de contratación258. La norma también establece que la información “deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”.
La Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala prevé, en su artículo 10, que los sujetos obligados deben mantener actualizada y disponible en todo momento, y como mínimo, información relacionada con una multiplicidad de temas, entre los cuales se encuentran la estructura orgánica de la entidad, las funciones que cumple, los procesos de contratación que desarrolla, el presupuesto y el inventario de bienes muebles, así como los “honorarios, dietas, bonos y viáticos” que le sean dados a los funcionarios259. La ley contempla también obligaciones particulares de publicación de información para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial260, y fija obligaciones especiales para las entidades públicas o privadas de carácter internacional y para las entidades no gubernamentales que manejen fondos públicos261. También es de interés anotar que el numeral 28 del artículo 10 obliga a las entidades del Estado a mantener un informe actualizado “sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos”262.
En Colombia, el artículo 1 de la Ley 57 de 1985 establece que “[l]a Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos Diarios, Gacetas o Boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos”263. Luego, el artículo 7 de la Ley 962 de 2005 dispone que la Administración Pública debe poner a disposición de las personas, a través de medios electrónicos, las leyes, decretos, actos administrativos y demás documentos de interés público264. Al tenor del artículo 8, todas las instituciones públicas también deberán informar al público, a través de medios impresos o electrónicos, sobre las funciones de los distintos órganos, las regulaciones, procedimientos y trámites que se surten ante la entidad, y la localización, horarios de trabajo y datos de contacto265. Igualmente, el Decreto 1151 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea, dispone que las entidades deben habilitar un portal en Internet para proveer información en línea, junto con esquemas de búsqueda básica. Sin embargo, estas disposiciones se limitan a las entidades estatales y no establecen el mínimo de información que debe contener el portal266.
En El Salvador, la Ley de Acceso establece, en su artículo 10, una amplia lista de informaciones que deben ser divulgadas de manera oficiosa y actualizada por parte de las entidades obligadas. Entre los datos que deben ser difundidos están el marco normativo de cada ente obligado, su estructura orgánica y competencias, el directorio y currículo de los funcionarios públicos, el presupuesto asignado, el listado de asesores, la remuneración mensual por cargo presupuestario, las memorias de labores, los servicios que ofrecen, los listados de viajes internacionales financiados con dineros públicos, la dirección de la unidad de acceso a la información y los datos sobre el oficial de acceso, los informes contables y todo lo relacionado con los programas de subsidios e incentivos fiscales, el listado de obras en ejecución, los subsidios e incentivos fiscales, los permisos otorgados, las contrataciones y adquisiciones, los mecanismos de participación ciudadana y estadísticas sobre los indicadores de cumplimiento de la institución.267 La Ley establece que, además de las informaciones relacionadas en el artículo 10, el Órgano Legislativo, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, el Órgano Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas y los Concejos Municipales deben publicar distintas informaciones relacionadas con su labor específica268. El artículo 18 dispone que la información debe ser puesta a disposición del público a través de cualquier medio, pero que el Instituto para el Acceso a la información fomentará el uso de las tecnologías de la información269.
En Panamá, la Ley de Transparencia de Gestión Pública dispone que las instituciones del Estado están obligadas a tener disponible en forma impresa y en sus respectivos sitios de Internet, y a publicar periódicamente información relacionada con la asignación y ejecución presupuestal, su estructura orgánica, los procesos de contratación y las reglas de procedimiento para acceder a la información pública270.
El Reglamento de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de Argentina se limita a contemplar, en su artículo 10, que las entidades a las que se aplica el Reglamento deben publicar “información básica” para orientar al público en el ejercicio de su derecho al acceso a la información271. Pero en el Estado argentino existe una multiplicidad de normas que establecen la obligación de determinadas entidades u órganos estatales de publicar información específica. Así ocurre con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados, en cuyos reglamentos se prevé la publicación de información sobre la actividad legislativa272, y con la Rama Judicial, en cuyo reglamento se establece la obligación de publicar oficiosamente la nómina completa, la contratación, las sanciones, los actos de licitación y contratación públicas, el presupuesto anual de Corte y sus informes mensuales de ejecución y la estadística semestral273.
En Jamaica, la sección 4 de la Ley de Acceso a la Información establece la obligación de las autoridades de publicar información de conformidad con el anexo primero de la ley, el cual establece que deberá publicarse: (a) una descripción del área temática de la autoridad pública; (b) una lista de sus departamentos y agencias, especificando los temas manejados por cada uno de éstos, su ubicación y el horario de servicio al público; (c) el título y la dirección de trabajo del director de la autoridad; (d) una declaración los manuales y otros documentos que contengan interpretaciones, reglas, directrices, prácticas o precedentes de la autoridad pública, así como los documentos que contengan los lineamientos detallados que rigen a la autoridad en relación con el establecimiento de derechos, privilegios o beneficios, obligaciones, sanciones o perjuicios respecto de particulares274. El primer anexo de la ley establece además la obligación de poner los documentos a disposición del público en general para su inspección o compra. La información indicada deberá además ser publicada en la Gazette, y será actualizada por lo menos una vez cada 12 meses a partir de la publicación de la declaración establecida en el literal 1(d) del anexo. Si alguno de estos documentos tuviese información clasificada de conformidad con los parámetros establecidos en la ley, la autoridad deberá, “a menos que resulte impracticable o irrazonable” [original: “unless impracticable or unreasonable to do so”], elaborar una versión pública del documento, es decir, proveer un documento alterado sólo en lo necesario para excluir el material reservado.
La legislación canadiense contempla la obligación de transparencia activa en la Ley de Acceso a la Información. De acuerdo con la sección 5(1) de la Ley, los ministros deberán editar periódicamente, por lo menos una vez al año, una publicación que contenga “(a) la descripción de la organización y responsabilidades de cada institución gubernamental, incluyendo detalles de los programas y funciones de cada división o rama de cada institución gubernamental; (b) una descripción de todos los tipos de documentos que se encuentran bajo control de cada institución gubernamental con suficientes detalles para facilitar el ejercicio del derecho de acceso de acuerdo con la Ley; (c) una descripción de todos los manuales utilizados por los empleados de cada institución gubernamental en la administración o ejecución de los programas o actividades de la institución gubernamental; y (d) el cargo y dirección del funcionario de cada institución gubernamental a quien se deben dirigir las solicitudes de acceso a la información conforme a la Ley”275.
En los Estados Unidos de América, el régimen de acceso a la información ha puesto un énfasis importante en la provisión de información útil para los usuarios de manera proactiva. A partir de las reformas de 1996 al FOIA, se introdujo el uso de los medios electrónicos para requerir que las entidades públicas pongan a disposición del público importantes volúmenes de información en las llamadas salas de lectura electrónicas.276 Específicamente, en la FOIA se encuentran disposiciones sobre el tipo de información que debe ser puesta a disposición general277. Adicionalmente, la FOIA impone la obligación de divulgar información relativa al propio ejercicio del derecho de acceso a la información. Toda dependencia sujeta al FOIA debe elaborar un informe en el que se rindan cuentas de la implementación de la misma y las actividades que generó y debe hacer esta información pública de manera activa278.
Al respecto, la FOIA establece que cada organismo gubernamental deberá divulgar por separado y publicar de modo actualizado en el Registro Federal para guía del público: “(A) la descripción de su oficina central y las filiales, y de los lugares de atención, los empleados y los métodos a través de los cuales el público puede obtener información, entregar documentos o peticiones, u obtener decisiones; (B) información sobre el curso regular del trámite y el método por medio del cual sus funciones se canalizan y determinan, incluyendo la naturaleza y los requisitos de todos los procedimientos formales e informales disponibles; (C) la reglamentación de los procedimientos, la descripción de los formularios disponibles o los lugares en lo que éstos pueden ser obtenidos y las instrucciones sobre el alcance y el contenido de todos los documentos, informes o investigaciones; (D) las regulaciones sustantivas de aplicación general adoptadas con sujeción a la ley y las formulaciones de política general o interpretaciones de aplicación general elaboradas y adoptadas por la dependencia; y (E) toda modificación, revisión o revocatoria de lo anterior”279.
En Trinidad y Tobago, la sección 7 de la Ley de Libertad de Información relaciona la información que debe ser publicada proactivamente por parte de las autoridades públicas280. Dentro de ella se incluyen: “las particularidades de la organización y funciones del organismo, indicando, tanto como sea posible, sus poderes de decisión y otras facultades relacionadas con las funciones que afecten a los ciudadanos, y las particularidades de todo mecanismo que exista para consulta con el público, o con representantes del mismo, en relación con la formulación de políticas o la administración del organismo gubernamental”; las categorías de documentos en posesión de la autoridad pública; “el material que ha sido preparado por la autoridad pública conforme a la Ley para publicación o inspección por parte del público y los lugares en los que las personas pueden consultar u obtener ese material”; “la literatura disponible por medio de servicios de suscripción”; el procedimiento que debe seguir una persona cuando eleve una solicitud de acceso a un documento ante una autoridad; el funcionario responsable dentro de cada autoridad pública de la recepción inicial y el procesamiento de las solicitudes de acceso a documentos; “las juntas, consejos, comités y otros cuerpos constituidos por dos o más personas que son parte de la autoridad pública, o han sido establecidos para asesorarla, cuyas reuniones son abiertas a los ciudadanos o cuyas actas están disponibles para la inspección pública”, entre otros281.
En Antigua y Barbuda, la sección 10 de la Ley establece la obligación anual de las autoridades de publicar una descripción de su “estructura, funciones, obligaciones y finanzas”; información relevante sobre “cualquier servicio que provee directamente a miembros del público”; una relación de los mecanismos de solicitud de información o reclamos que tiene disponible para el público en general; una guía de sus sistemas de archivo e información; una descripción de las competencias y obligaciones de sus funcionarios de alto rango; sus normas, reglamentos y políticas de administración; el contenido de toda decisión que pueda afectar al público en general y las razones que la fundamentan; y cualquier mecanismo o procedimiento de representación ante la autoridad que pueda ser utilizado por las personas282.
Por último, en Perú sólo se establece la obligación de transparencia activa de dos tipos de información. En efecto, la Ley de Acceso a la Información de Perú dispone que los sujetos obligados deben publicar la estructura orgánica de la entidad y la información presupuestaria283.