Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43476849
Timestamp: 2019-03-22 05:52:49
Document Index: 377022515

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 230', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 379', 'artículo 192', 'artículo 243', 'artículo 241', 'artículo 49', 'artículo 242', 'Artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 233']

Auto nº 155/08 de Corte Constitucional, 2 de Julio de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476849
Auto nº 155/08 de Corte Constitucional, 2 de Julio de 2008
Ponente: Sala Plena Corte Constitucional
Expediente: D-5645
Recurso extraordinario de revision contra la sentencia c-1040 del 19 de octubre de 2005. (reeleccion presidencial). Los recurrentes señalan que, si bien el recurso de revision no se encuentra consagrado en el decreto 2067 de 1991, cabe su aplicacion por analogia, en la medida que procura la vigencia del dictado constitucional de un orden justo. A continuacion, refieren lo que denominan el proyecto politico-criminal-paramilitar que evidencia indefectiblemente la existencia de vicios de procedimiento en la adopcion del acto legislativo 02 del 2004 que aprobo la reeleccion. Esta corporacion destaca que, sobre el alcance de la cosa juzgada constitucional, no existe vacio legal alguno que permita acudir a la aplicacion analogica de normas de otros ordenamientos procesales, por cuanto la ley que rige los procesos de constitucionalidad, de manera expresa, señala que contra las sentencias de la corte constitucional no procede recurso alguno. Ciertamente, de conformidad con el articulo 243 de la constitucion politica, los fallos dictados por la corte en ejercicio del control jurisdiccional hacen transito a cosa juzgada constitucional. En esa medida, las decisiones adoptadas por la corte en cumplimiento de su mision de garantizar la integridad y la supremacía de la carta politica, adquieren plena firmeza, un caracter definitivo e incontrovertible, de tal manera que el tribunal pierde la competencia para volver a pronunciarse sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores. Asi mismo, debe precisarse que una vez adoptada la decision, esta se convierte en obligatoria para todos los habitantes del territorio nacional y, por tanto, no puede ser revocada ni por la corte ni por ninguna otra autoridad publica. Adicionalmente, el termino de caducidad previsto en el articulo 242 de la carta politica de 1991 en relacion con las acciones por vicios de forma, se encuentra vencido, por lo que no cabe plantear una nueva controversia constitucional en relacion con el tramite del acto legislativo no. 2 de 2004. Rechazada
Auto 155/08
J.A.R.P. y otros.
B.D.C., dos (02) de julio de dos mil ocho (2008)
Que mediante escrito radicado en la Corte Constitucional el día 17 de junio de 2008, los ciudadanos J.A.R.P., V. de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores; R.V.V., Presidente de la Corporación Colectivo de Abogados J.A.R.; U.G.C., de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas; J.G., del Comité Permanente de Derechos Humanos; I.C.V., Director de la Fundación M.C.V.; F.C.V., V. de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; O.G.C., de Humanidad Vigente Corporación Jurídica; P.A.F., RSsC, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; R.G.S., de la Corporación Reiniciar; O.H., de la Asociación Minga, manifiestan interponer ''RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005''. Dicho recurso, en escritos allegados a la Corte, fue oportunamente coadyuvado por L.A.L.M., Y.C.C., J.E.S.C., J.C.P.V.S., W.A.B.D., A.U.M., E.C.O., H.E.F., L.C.D.P., F.Q., P.X.F.C., L.A.L.M., S.R.G.P., B. delR.R.M., M.V.C., Y.C.C., E.C.W., C.C.A.C., P.J.V.V., J.G.M., C.A.R.M., C.H.S.H.B., L.H.R.H. y L.M.H.C..
Que como sustento a la solicitud de revisión los recurrentes se refieren, en primer lugar, a la procedencia del recurso de revisión en la jurisdicción constitucional, para señalar que, si bien el mismo no está consagrado en el Decreto 2067 de 1991, cuyo artículo 49 dispone que ''Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno'', cabe aplicarlo ''... por analogía y ante todo en procura de la vigencia del dictado constitucional de un orden social justo...'' para lo cual estiman posible acudir ''... al régimen procesal laboral, civil, administrativo y penal, jurisdicciones en donde sí está consagrado el recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas.''
Esa analogía, a su vez, a juicio de los recurrentes, se ve avalada por las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente (Art. 8) y que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (Art. 25), así como por lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución que autoriza a los jueces a recurrir a la equidad, a la jurisprudencia y a los principios generales de derecho. En ese contexto, señalan, el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil establece que los vacíos ''... se llenarán con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal.'' Así mismo, prosiguen, el artículo 8º de la ley 153 de 1887 establece que ''[c]uando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.''
Agregan que su solicitud no puede deslindarse de la inscripción en el preámbulo constitucional del principio de orden social justo, ni de los criterios de la jurisprudencia constitucional en relación con el hecho de que la cosa juzgada se subordina a dicho principio y que, como se ha señalado por la Corte Constitucional ''El recurso de revisión fue estatuido como un mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, por la ocurrencia de hechos y conductas contrarios a derecho que, una vez configurados, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia, y por ende, la seguridad jurídica que le sirve de fundamento, al carecer de un elemento esencial: la justicia que debe inspirar toda decisión judicial.'' Sentencia C-569 de 1998
Prosiguen señalando que la Corte Constitucional, al fundamentar su decisión de declarar la inexequibilidad del inciso final del artículo 379 del C. de Procedimiento Civil, que excluía del recurso de revisión a determinadas sentencias, razonó de la siguiente manera:
''Como puede observarse, las causales 2, 3, 4, 5 y 6, tienen como fundamento la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos. En otros términos, de no haberse configurado los hechos delictuosos o las conductas fraudulentas, la decisión habría sido, en un alto grado, distinta a la adoptada. Es por esta razón, que se afirma que el recurso de revisión busca ajustar a la realidad, la decisión inicialmente adoptada, realidad que no pudo ser conocida por el fallador, en razón a los hechos y conductas fraudulentas.
Las causales 7 y 8, por su parte, buscan restablecer el debido proceso, más aún, cuando contra la decisión proferida no procedía ninguno de los recursos ordinarios (tal como acontece con las decisiones que dictan los jueces municipales en única instancia, por disposición expresa del legislador). Mientras la causal 1, se convierte en una extensión del derecho de contradicción, al permitir demostrar la existencia de pruebas que, por no haberse podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, dejan sin sustento la decisión inicialmente adoptada. (... )
Nada más contrario a derecho que admitir que, a pesar de que una decisión fue adoptada con fundamento en pruebas falsas (testimonios, documentos, pruebas periciales, etc.), o en contradicción del debido proceso, por mencionar alguna de las causales de revisión, no pueda ser objeto de este mecanismo excepcional, creado precisamente para hacer justicia, sólo porque la sentencia correspondiente fue adoptada en un proceso tramitado en única instancia, carente, por ese hecho, de todo recurso ordinario''.10
Por lo anterior, para los recurrentes, cabe concluir que el recurso de revisión es procedente, incluso respecto de fallos proferidos por la Corte Constitucional, ''... toda vez que este órgano también es pasible -como ha ocurrido en la situación que nos convoca al ejercicio de la presente acción- de ser vulnerada y asaltada por intereses particulares, en este caso de intereses ostensiblemente ilícitos.''
En un segundo apartado de su escrito, los recurrentes presentan en primer lugar los antecedentes propios de la sentencia recurrida, para señalar, entre otras cosas, por un lado, cuál es, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el parámetro normativo de referencia para el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, y, por otro, que la fecha de la sentencia, 19 de octubre de 2005, es relevante para los efectos del recurso presentado, por cuanto, afirman, para ese momento, ni el país ni la Corte Constitucional ''... tenían conocimiento de la forma ilícita como se había integrado el Congreso de la República en las elecciones del 2002...'' , así como ''... tampoco se tenía conocimiento de la existencia del Pacto de Ralito el cual fue suscrito por varios de quienes después ejercieron como miembros de la comisión que resolvió temas como impedimentos alrededor del trámite del en ese momento, proyecto de acto legislativo, tampoco conocía la Corte la existencia de delitos que envolvieron de ilicitud el ejercicio de votos fundamentales para la aprobación del referendo como es el caso de la entonces congresista Y.M., como del ejercicio omisivo que de dicho ejercicio mediado un acto ilícito, como se ha sostenido en relación con el Congresista TEODOLINDO AVENDAÑO CASTAÑO.''
En cuanto a la oportunidad para la presentación del recurso expresan que ''[t]anto el Código de Procedimiento Civil como el Código Contencioso Administrativo consagra que el recurso de revisión debe ser instaurado dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia; el Código de Procedimiento Penal no establece límite de tiempo para la acción de revisión y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece un término máximo de cinco años.''
''Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.''
Agregan que esta causal, puede ser armonizada con la tercera consagrada en el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, según la cual ''Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad''.
a.- El denominado ''Documento de R.'', que como ya anotamos, fue informado a la nación por el senador DE LA ESPRIELLA.
b.- Las sentencias condenatorias proferidas contra varios miembros del Congreso de la República que votaron el Proyecto de Acto Legislativo.
c.- Los medios de prueba documentales y la confesión hecha por la ex congresista
Y.M., donde certificaba que había incurrido en el delito de cohecho, esto es, su voto favorable a la aprobación del Proyecto de Ley de reelección presidencial, fue ''adquirido'', mediante remuneración recibida de altos funcionarios del gobierno del actual P.A.U.V..
d.- Los medios de prueba documentales y el testimonio rendido por la ex congresista
Y.M., en cuanto evidencia que el congresista TEODOLINDO AVENDAÑO, había incurrido en el delito de cohecho, esto es, la expresión negativa de su voto parlamentario, favorable igualmente a la aprobación del Proyecto de Ley de reelección presidencial, fue la contraprestación de remuneración recibida por la señora MEDINA quien a su vez la obtuvo de altos funcionarios del gobierno del actual P.A.U.V..
Para explicar la procedencia de la solicitud, los recurrentes hacen una extensa exposición de lo que denominan el ''Proyecto Político - Criminal - Paramilitar'', que, en su concepto, conduce a mostrar que es evidente la existencia de vicios de procedimiento en la adopción del acto legislativo 02 del 2004 que aprobó la reelección, pues, ''... es claro cómo el proyecto desplegado por los paramilitares es una empresa criminal que atenta contra la constitución política de 1991, y la fórmula del Estado Social de Derecho; que los llevó a hacerse del poder político, llegando a tener miembros suyos, en el Congreso de la República.'' Para los recurrentes ''[u]n congresista elegido por medios ilegales no puede crear derecho, con menor razón cuando con anterioridad había suscrito un documento con el paramilitarismo donde se comprometía a una ''refundación'' que traicionaba el Preámbulo de la Constitución Política.''
Se refieren, por otra parte al cohecho en el que incurrió la ex congresista Y.M., quien ''...públicamente confesó por los medios de comunicación, que desde la Presidencia de la República, recibió dádivas y prebendas por su voto afirmativo a favor del acto legislativo Nº 02 de 2004.''
En dichas condiciones, prosiguen, ''... es objetivo concluir que los parlamentarios que votaron el Proyecto de Acto Legislativo a pesar de sus alianzas con el paramilitarismo (evidenciadas en el Pacto de Ralito y en las sentencias condenatorias), así como quienes definieron su Voto, en razón de las promesas remuneratorias; se fueron contra el mismo Estado Social de Derecho que deben defender desde su dignidad, independientemente de los intereses particulares o partidistas que innegablemente se pueden presentar en cualquier congresista. Esto es, vulneraron el sentido del Voto Parlamentario dentro de una democracia y con mayor razón el sentido de un estado social y democrático de Derecho. No puede concluirse legal ni legítimamente que el documento Pacto de Ralito, puede desplazar el sentir del Pueblo de Colombia expresado en la Constitución Política de 1991.''
A partir de las anteriores consideraciones, señalan que, como quiera que para la fecha de la sentencia C-1040 de 2005 los magistrados de la Corte Constitucional ''... no conocían de la existencia del denominado Pacto de Ralito, ni de los hechos delictivos cometidos en las elecciones parlamentarias del 2002, ni de los nexos de congresistas con el paramilitarismo en Colombia, ni del punible de cohecho en que incurrieron, entre otros, la congresista YIDIS MEDINA ...'', existía una ''realidad que no pudo ser conocida por el fallador, en razón a los hechos y conductas fraudulentas''.
Concluyen este aparte señalando que ''[l]a causal para que prospere el recurso extraordinario de revisión, están más que demostrada, pues se funda en hechos notorios, sabidos y conocidos por el país y el mundo.''
Para probar los hechos de esta demanda en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, los recurrentes solicitan que ''... se decreten, practiquen y tengan como tales, los siguientes medios de prueba:
- Se oficie a la Secretaría de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia fin de que:
Certifiquen por escrito el nombre de los senadores y representantes electos en las elecciones legislativas del año de 2002, que estén siendo objeto de investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado u otra infracción, dentro de la investigación que adelantan por el fenómeno de la parapolítica, con posterioridad al 19 de octubre de 2005.
Se sirvan allegar los autos de detención proferidos y las sentencias condenatorias que se hayan dictado con posterioridad al 19 de octubre de 2005 igualmente por las alianzas con el paramilitarismo.
Se sirvan certificar si ese órgano judicial ha iniciado investigación penal contra la ex representante Y.M.Q..
En caso cierto, se sirvan indicar por qué delito es investigada y cuáles son los hechos.
Se sirvan remitir, de ser ello posible, copia del auto de detención proferido en su contra y de la sentencia condenatoria si la hubiere.
Se sirvan remitir copia simple de los medios de prueba documental allegados por la ex congresista Y.M.Q., para probar sus afirmaciones.
Se sirvan remitir -de ser ello jurídicamente viable-, la diligencia de diligencia y/o declaración rendida por la ex congresista Y.M., en cuanto manifiesta que el congresista TEODOLINDO AVENDAÑO, había incurrido en el delito de cohecho.
- Se oficie a la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación, a fin:
R. copia del documento conocido como `Pacto de Ralito'.
C. por escrito el nombre de los senadores y representantes electos en las elecciones legislativas del año de 2002, que estén siendo objeto de investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado u otra infracción, dentro de la investigación que adelantan por el fenómeno de la parapolítica, con posterioridad al 19 de octubre de 2005.
Informen si dicho organismo adelanta investigaciones contra el D.D.P., actual Ministro de la Protección Social, y contra el D.S.P. de la Vega, ex Ministro de Gobierno y de Justicia; por las acusaciones que en su contra ha formulado la ex congresista Y.M..
- A la Secretaría General del H. Senado de la República, para que certifiquen por escrito, el nombre de los senadores que tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria votaron a favor del acto legislativo Nº 02 de 2004, en todas y cada una de las sesiones realizadas para su aprobación.
- A la Secretaría General de la H. Cámara de Representantes, para que certifiquen por escrito, el nombre de los representantes que tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria votaron a favor del acto legislativo Nº 02 de 2004, en todas y cada una de las secciones realizadas para su aprobación.
- Cítese al S.R.G., detenido por orden en la Fiscalía, en la cárcel La Picota de Bogotá, para que bajo la gravedad del juramento, manifieste todo lo que le consta sobre el fraude electoral cometido en las elecciones parlamentarias del 2002.
- Finalmente nos permitimos allegar, a fin de que sean tenidos como medio de prueba documental:
Ejemplar de la Revista Cambio. Edición No. 774. Semana del 1 al 7 de mayo de 2008.
Ejemplar de la Revista Cambio. Edición No. 775. Semana del 8 al 14 de mayo de 2008.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, respecto de la Asociación de Abogados Laboralistas de los Trabajadores.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, respecto de la Corporación Colectivo de Abogados J.A.R..''
- Que el recurso presentado por el conjunto de ciudadanos plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional revise la Sentencia C-1040 de 2005.
Tal y como lo consagra expresamente el artículo 243 de la Constitución Política, ''los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional''.
En concordancia con ese mandato, el artículo 241 de la Constitución Política, al confiarle a la Corte ''la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución'', establece igualmente que las funciones asignadas a dicho tribunal deberán cumplirse ''en los estrictos y precisos términos de este artículo'', sin que en el mismo figure la de pronunciarse sobre el sentido de los fallos que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
Sobre el efecto de cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia ha precisado que el mismo conlleva, al menos, dos consecuencias Sobre el alcance de la Cosa Juzgada constitucional se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-397 de 1995, C-037 de 1996, C-774 de 2001, C-310 de 2002, entre muchas otras, y los Autos A-174 de 2001 y A-289ª de 2001, entre otros. . La primera, que las decisiones adoptadas por esta Corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Carta Política, adquieren plena firmeza, esto es, un carácter definitivo e incontrovertible, de tal manera que el tribunal pierde la competencia para volver a pronunciarse sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores. La segunda, que una vez adoptada la decisión, la misma se convierte en obligatoria para todos los habitantes del territorio nacional y, por tanto, no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad pública.
Ahora bien, acorde con el alcance de cosa juzgada constitucional reconocido a las decisiones de la Corte, la jurisprudencia de esta Corporación, de manera uniforme, ha señalado que, tal como se dispone en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 ''contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno'' y que según esa misma disposición, sólo es posible anular las sentencias de constitucionalidad a condición de que en ellas se haya incurrido en una violación al debido proceso Corte Constitucional, Auto 008 de 26 de julio de 1993, MP: J.A.M., sin que la circunstancia de que, en una interpretación sistemática de las disposiciones aplicables, se haya concluido que la solicitud de nulidad puede presentarse incluso contra la propia sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, signifique ''... que haya un recurso contra las providencias de la Corte Constitucional, ni que la opción de solicitar la nulidad pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.''
De esta manera, sobre la materia no existe vacío legal alguno que permita acudir a la aplicación analógica de normas de otros ordenamientos procesales, por cuanto la ley que rige los procesos de constitucionalidad, de manera expresa, señala que ''contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno''.
La naturaleza misma de las competencias atribuidas a la Corte Constitucional y el alcance reconocido a sus decisiones, impide que éstas sean susceptibles de recurso alguno.
En la Sentencia C-1040 de 2005, la Corte Constitucional se pronunció de manera definitiva sobre la exequibilidad del Acto Legislativo No. 2 de 2004 en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada con base en los vicios de procedimiento y competenciales que los actores estimaban presentes en el trámite de la reforma. Resueltas las solicitudes de nulidad que de manera oportuna se presentaron contra esa sentencia, la misma quedó revestida de la autoridad de cosa juzgada y frente a ella no cabe recurso alguno. Del mismo modo, como quiera que ya está vencido el término de caducidad previsto en el artículo 242 de la Constitución en relación con las acciones por vicios de forma, no cabe plantear una nueva controversia Constitucional en relación con el trámite del Acto Legislativo No. 2 de 2004.
Primero.- RECHAZAR DE PLANO el recurso extraordinario de revisión presentado contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005 por J.A.R.P., V. de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores; R.V.V., Presidente de la Corporación Colectivo de Abogados J.A.R.; U.G.C., de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas; J.G., del Comité Permanente de Derechos Humanos; I.C.V., Director de la Fundación M.C.V.; F.C.V., V. de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; O.G.C., de Humanidad Vigente Corporación Jurídica; P.A.F., RSsC, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; R.G.S., de la Corporación Reiniciar, y O.H., de la Asociación Minga.
Salvamento de Voto al Auto 155/8 del Magistrado Jaime Araújo Rentería
Solicitud de Nulidad contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005
Muy respetuosamente, me permito presentar mis razones jurídicas que son de total discrepancia frente a la decisión adoptada en esta providencia, ya que considero, que la solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 de 2005 presentada por los ciudadanos, debió ser acogida por esta Corporación, al comprobarse debidamente a partir de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia el hecho delictual que dio origen al Acto Legislativo No. 02 del 2004.
En primer término, me permito manifestar que las cosas en el derecho son lo que son, y que independientemente de que los ciudadanos hayan solicitado una ''revisión'' se trata de una solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 del 2005.
En este sentido, debo recordar que de conformidad con un principio universal del derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. Así, un contrato de trabajo es un contrato de trabajo así se le dé el nombre que se le quiera dar, o una compraventa es una compraventa así se le dé otro nombre, y un delito es un delito así se le quiera dar la apariencia de otra cosa. Este principio se encuentra reforzado por aquel que dispone que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre las formalidades -art. 228 CN-.
De este modo, no se puede exigir de los ciudadanos que no tienen por qué saber derecho, que llamen las cosas por su nombre, de manera tal que póngale el nombre que se le quiera poner ''a'', ''b'' o ''c'', de todas maneras lo que se está solicitando es la NULIDAD de la Sentencia C-1040 del 2005 que erróneamente declaró constitucional el Acto Legislativo No. 02 del 2004, el cual se originó en un acto de corrupción.
Por tanto, para solicitar la nulidad no se necesita ser abogado ni tener conocimientos de derecho sino sólo la condición de ciudadano, por esa razón, no se puede exigir de los ciudadanos precisión en los términos jurídicos. De este modo, afirmar que porque los ciudadanos le pusieron tal o cual nombre a su solicitud, la Corte lo encuentra improcedente, no es ajustado a derecho por cuanto lo que debe entender la Corte en estricto derecho es que se está solicitando la Nulidad de la sentencia C-1040 del 2005 y proceder a estudiarla.
En este orden de ideas, considero que esta Corporación, que al momento de fallar ya tenia en su poder la sentencia de la Corte Suprema que probaba el delito de cohecho, tiene que ser consecuente con su suprema función constitucional, esto es, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución -art. 241 C.P.-, y acoger la solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 del 2005 presentada por los ciudadanos, ya que constituye un hecho probado que el proceso constitucional frente al Acto Legislativo No. 02 del 2004 se encuentra viciado de nulidad, por cuanto dicho acto legislativo tuvo origen en la corrupción y el delito, y ni la corrupción ni el delito pueden ser fuente de derecho, razón por la cual esta Corte tiene la obligación de restablecer el ordenamiento jurídico y constitucional que fue vulnerado mediante un delito. Esto es precisamente lo que los ciudadanos solicitan a esta Corporación, que proceda de conformidad con su función constitucional y declare la NULIDAD de la sentencia C-1040 del 2005.
En segundo término, me permito reiterar en su totalidad los argumentos expuestos por el suscrito magistrado frente al Auto No. 156 del 2008 relativos a la también solicitud de nulidad presentada ante esta Corporación por la Corte Suprema de Justicia, para lo cual citaré in extenso dichas razones que siguen siendo íntegramente válidas frente a la solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 del 2005 presentada por los ciudadanos:
''La sentencia en cuestión se encuentra viciada de una NULIDAD ya que al momento de la adopción de la misma, esta Corte desconocía que el Acto Legislativo bajo estudio era NULO DE PLENO DERECHO o más exactamente INEXISTENTE, por haber sido la consecuencia de un DELITO, el delito de cohecho, tal y como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente -No.173 del 26 de junio del 2008-. Estos hechos son nuevos y una vez conocidos, tienen relevancia constitucional en cuanto afectan de manera inmediata y directa la VALIDEZ JURÍDICA tanto del Acto Legislativo de la reelección presidencial como de la sentencia C-1040 del 2005 mediante la cual se declaró, incurriendo en un error, la exequibilidad de la misma; razón por la cual considero que esta Corte se encuentra OBLIGADA jurídicamente a estudiar y declarar la nulidad de la sentencia C-1040 del 2005 y con ella del Acto Legislativo No. 02 del 2004, bien a petición ciudadana o de autoridad pública, o bien de oficio.
Como en la novela Crónica de una muerte anunciada de G., ''El día en que lo iban a matar''; o mejor, en el que esta Corte mató al Estado de Derecho, me levante a las 5:30 de la mañana del 2 de julio y el diario El Tiempo decía: ''No revisar sentencia que validó la reelección propone ponencia que estudia la Corte Constitucional''. ''Según Fuentes consultadas por EL TIEMPO, en el tribunal predomina la premisa de que sus sentencias hacen tránsito directo a cosa juzgada sin posibilidad de revisión''. Era obvio que el proyecto del Magistrado E. y la decisión se habían filtrado; y que los medios conocían no sólo el sentido de la ponencia que se presentó a S.P., sino la posición que adoptaría la mayoría de los Magistrados de esta Corte, situación que en concepto del suscrito magistrado no sólo atenta sino que vulnera la dignidad, credibilidad y legitimidad de esta Corporación.
La intervención de dos Magistrados, que en mi sentir estaban impedidos, uno porque ya había votado favorablemente la reelección, y después de su voto su padre fue designado por el Presidente reelegido en el segundo semestre del 2006 como Embajador en Francia -cargo que actualmente desempeña-; y el otro Magistrado quien intervino antes de ser designado Magistrado, primero ante el Congreso y después ante esta Corporación a favor de la reelección; quien además fue S.J. de la Presidencia de la República e incluido en una terna por el Presidente reelecto para ocupar el cargo de Magistrado en esta Corporación. En ambos casos, era claro que ni el nombramiento de Embajador, ni la inclusión en la terna se hubieran podido realizar si no hubiera existido la reelección.
Los presagios eran negros. La intervención de los mismos Magistrados que ya habían votado a favor de la reelección, incluida la Magistrada que en una reciente entrevista concedida en la revista Credencial Edición No. 255 del mes de febrero de 2008 (páginas 33 y 34) manifestó al responder la pregunta ''¿Qué perfil debe tener el siguiente Presidente? - ''Me gustaría una persona con el corte del presidente U.; más moderada en el gasto militar, que invierta más en educación y salud, pero con su talante de autoridad, que mantenga la seguridad democrática, que es lo que la gente necesita en este momento. No necesariamente tiene que ser Uribe pero si una persona que siga su política. Un cambio abrupto en este momento sería fatal para el país...''
Descalificar la sentencia de la Corte Suprema, atacarla y quitarle sus efectos jurídicos: Como lo denuncié en la Sala, eso equivalía a usar a la Corte Constitucional contra la Corte Suprema y tomar partido a favor de los que quieren descalificarla.
La propuesta de que la Corte Suprema nos había dado la sentencia para que hiciéramos con ella lo que nos diera la gana, inclusive ignorarla. Como lo denuncié en la Sala, esta propuesta lo que buscaba era convalidar el delito, mantener la reelección, con todos sus efectos, incluido el nombramiento de Embajadores y las ternas de Magistrados.
No revisar ni anular la sentencia por ningún motivo. Como lo denuncié en la Sala, el objetivo era perpetuar los efectos del delito.
La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -No. 173 del 26 de junio del 2008- y su valor jurídico.
En la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se evidencia que existieron múltiples irregularidades en el proceso legislativo de aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004 en el Congreso, referidas a la actuación de la entonces congresista Y.M., y a cómo el voto de esta congresista fue definitivo y determinante para la aprobación del Acto Legislativo de la reelección, de manera tal que sin el voto de Y.M. no habría sido posible la reelección.
De este modo, en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia - No. 173 del 26 de junio del 2008- se evidencia que existió una maniobra para no aceptar el impedimento de Y.M. para votar acerca del proyecto de reelección, dejándola entonces habilitada para votar (págs. 13 y 14); así mismo que ministros del presidente U.V. -tanto el Ministro del Interior como el Ministro de la Protección Social-, le ofrecieron un consulado y otras prebendas a cambio de su voto de apoyo al entonces proyecto de reelección (págs. 19 y 19); de otra parte se prueba que otras personas allegadas a Y.M. recibieron prebendas por conducto de Yidis y su apoyo al proyecto de reelección (págs. 20-30); también se deja constancia de que posteriormente a la aprobación del proyecto de reelección presidencial, el S. General de Presidencia, ante el anuncio de la publicación de un libro de Yidis, la citó al Palacio de Nariño para ''prevenirla sobre el perjuicio que podría ocasionar al Gobierno Nacional''.
Así mismo, se deja en claro en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que sin el voto de Y.M., el entonces proyecto de reelección no habría tenido futuro, por cuanto si la entonces representante hubiera votado a conciencia, esto es, libre y voluntariamente, tal y como lo había manifestado y se había comprometido públicamente tanto con sus compañeros de célula como con la opinión pública, el proyecto de Acto Legislativo no habría sido aprobado. De lo anterior concluye la Corte Suprema que ''el voto de YIDIS MEDINA resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional o, dicho de otra forma, sin su voto el Acto Legislativo después del 4 de junio de 2004 habría sido historia porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto. Sin embargo, el ''SI'' expresado mediante el voto de esta Congresista permitió el curso de los restantes debates en el Congreso, para convertirse finalmente en una reforma constitucional''. (pág. 33).
De esta manera, evidencia la Corte Suprema que el voto de Y.M. no se debió al valor de los argumentos o la capacidad de convencimiento, sino a las dádivas y promesas burocráticas aceptadas por la excongresista, esto es, ''... en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones''. (pág. 38).
Así mismo, realiza la Corte Suprema de Justicia una reflexión sobre la importancia de la labor legislativa y los actos corruptos como el cohecho que terminan minando la estabilidad institucional y destruyendo el Estado constitucional de Derecho, expresando su total estupefacción y preocupación porque desde las altas esferas del poder político ''se impulse la desistitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegara hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice. Cobra fuerza en este momento la frase de T.J.: Los fines políticos no justifican medios inmorales'' (pág. 43). (resaltado fuera de texto).
En consecuencia, sostiene la Corte Suprema que se encuentra ''(d)emostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (Acto Legislativo No. 02 de 2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada''. (pág. 42). (resaltado fuera de texto).
Concluye la Corte Suprema que un ''acto jurídico'' desviado, como el de aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004, que tiene connotaciones delictivas, no puede tener vigencia ni ejecutividad, por cuando ''(a)sí como: i) la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho de propiedad Corte Constitucional, sentencia C-374 /97, ii) que la contratación pública ejecutada con desconocimiento de las reglas que la regulan conlleva severas sanciones El Código Penal prevé penas de 64 a 216 meses de prisión para los eventos previstos en los artículos 408, 409 y 410. y iii) asumiendo en serio y hasta las últimas consecuencias que la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional Corte Constitucional, Sentencia C-709/96 la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho Artículo 1 de la Constitución Política que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad''. (pág. 43 y s.). (resaltado fuera del original).
Por todas estas razones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que el delito nunca puede originar validez o legitimidad jurídica, ya que '' ... el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal ...'' (pág. 44) y en razón de ello decide remitir copia de su sentencia a esta Corte y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia (pág. 44 y 60); en el caso de esta Corte, para que de conformidad con la función constitucional que le ha sido asignada, restablezca el ordenamiento jurídico quebrantado por la vulneración a la Constitución Nacional derivada de la aprobación de un Acto Legislativo mediante la comisión de un delito.
Lo que tenemos entonces con la sentencia de la Corte Suprema es una prueba de actos de corrupción, como lo fue el fabuloso ''combo'', a que se refirió Y.M., ofrecido a quien votara la reelección: Notaría, mas Consulado o embajada, mas Dirección de órganos de salud, según lo expuesto por la propia Y.M.. Actos de corrupción que están debida y judicialmente comprobados. En la propia sentencia se habla de seducción, soborno y apoyo a un acto de reelección con base en acciones delictivas.
De todo lo expuesto en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el suscrito Magistrado concluye: (i) que existieron múltiples y comprobadas irregularidades en la actuación de la entonces congresista Y.M. y de algunos altos funcionarios del Gobierno de ese entonces, durante el proceso de aprobación del proyecto del acto legislativo que proponía la reelección presidencial, configurándose plenamente el delito de Cohecho con la finalidad de que la excongresista cambiara su voto y apoyara el proyecto de reelección, como efectivamente ocurrió, a cambio de dádivas y prebendas burocráticas; (ii) que el voto de Y.M. fue determinante para la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que terminó con la aprobación de la reelección presidencial, y que por tanto existe un vínculo directo, inmediato y consustancial entre este voto y la aprobación de la reelección presidencial, de manera tal que sin el voto de la excongresista Y.M., el Acto Legislativo No. 02 del 2004 nunca hubiera sido aprobado; (iii) que se configuró la comisión de un DELITO DE COHECHO, y que tal actuación ilícita y criminal fue determinante para la aprobación del Acto Legislativo No. 02 del 2004; es necesario concluir que el Acto Legislativo se encuentra viciado por la comisión de un delito, lo cual genera una NULIDAD que es por lo demás una NULIDAD ABSOLUTA, INSUBSANABLE E IMPRESCRIPTIBLE.
Consecuencias del Fallo de la Corte Suprema de Justicia
En consecuencia, considero necesario enfatizar de manera categórica, de conformidad con un principio universal del derecho, que la corrupción, el crimen o el DELITO, no pueden ser NUNCA y bajo ninguna justificación o circunstancia, FUENTE DE DERECHO, y que por tanto los ''actos jurídicos'' que se produzcan a partir de alguna de estas circunstancias son NULOS DE PLENO DERECHO o INEXISTENTES o INEFICACES, por cuanto nunca puede ser derecho lo que está viciado ab initio de corrupción, ilicitud, de injusticia extrema o de criminalidad.
Esta corte tiene establecido que es posible declarar la nulidad de sus propias sentencias de constitucionalidad, sin distinguir si versan sobre L. o actos legislativos. Esa nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de algún interesado.
Otra consecuencia clara de la corroboración por la Corte Suprema de Justicia de que el Acto Legislativo No. 02 del 2004 fue originado en un ''acto jurídico'' ilícito y delictual, y por tanto también inconstitucional siendo nulo de pleno derecho, es el hecho que la REELECCIÓN PRESIDENCIAL aprobada por tal Acto Legislativo es NULA DE PLENO DERECHO y por tanto la reelección del actual gobierno es INCONSTITUCIONAL E ILEGAL.
Si el acto legislativo es nulo, la consecuencia es que estamos en el régimen de la Constitución de 1991, esto es de prohibición de toda reelección presidencial, no importa si el apellido es Uribe, P., S. o G..
Así las cosas, no sólo el presidente y el V. sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil.
En consecuencia, si no existe JURÍDICAMENTE, sino de facto la reelección presidencial, todo lo realizado por el Gobierno no tiene ningún efecto, todos esos actos de gobierno son ilegítimos. El deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, V. o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegitima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es inconstitucional (por ser invalida, esto es, producida sin respetar las normas de creación del derecho o que tengan por causa el delito). El deber de respeto a la autoridad o a la ley finaliza en la teoría constitucional, frente a acciones injustas, ilegales o inválidas, esta obediencia, es decir, el respeto que podemos tener por una persona o por un gobierno por haber actuado legítimamente, se rompe con una actuación injusta, ilegal o criminal, y en consecuencia, ningún colombiano después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de obediencia civil, ya que se rompió el fundamento de legalidad y legitimidad que es el fundamento también para la obediencia civil de los ciudadanos.
H.D.T., el apóstol y padre de la Desobediencia Civil decía: ''Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Las personas, bajo un gobierno como el actual, creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas. Creen que si oponen resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es culpa del gobierno que el remedio sea peor que la enfermedad. Es él quien lo hace peor''.
En primer lugar, para el suscrito magistrado es necesario diferenciar entre dos situaciones jurídicas distintas que sin embargo se encuentran en una relación de causa-efecto, esto es, el Acto Legislativo No. 02 del 2004 que aprobó la reelección presidencial -causa-, y la reelección presidencial del año 2006 -efecto-. Este último acto jurídico que dio lugar a la reelección del actual gobierno fue posible gracias al Acto Legislativo No. 02 del 2004 que aprobó la reelección presidencial y por tanto es consecuencia, efecto o derivación del primero.
Precisamente el respeto por este marco jurídico-normativo de la democracia es lo que diferencia una verdadera democracia constitucional de algunos regimenes de facto, dictatoriales o injustos que sin embargo cuentan con el apoyo de las mayorías. Para ejemplificar esto último, bástenos recordar que personajes como H. y M. en su momento, fueron o bien elegidos por las mayorías de sus países o contaban con el apoyo de estas mayorías, y sin embargo, en ninguno de estos casos puede hablarse de democracia, la cual presupone unos contenidos y presupuestos jurídicos-normativos relativos a principios, valores y derechos constitucionales que hay que respetar para que se pueda otorgar validez a las mayorías, por cuanto un régimen inconstitucional, ilegal, arbitrario o ilegítimo, lo sigue siendo así cuente con el apoyo del pueblo.
Las mayorías condenaron a J. y absolvieron a B. y sin embargo quien tenía la razón, la verdad y el derecho era J..
Por tanto, el argumento de las mayorías no hace desaparecer la inconstitucionalidad, la ilicitud o la criminalidad. Como lo mencioné anteriormente, H. y M. tuvieron mayorías, pero ello no puede justificar en ningún momento, ni mucho menos hace desaparecer los delitos cometidos en los campos de concentración nazi, ni el genocidio de 20 millones de soviéticos, ni el holocausto judío, la represión o la violación masiva de derechos fundamentales. De esta manera, el hecho de que en algunos momentos históricos los regímenes inconstitucionales o las dictaduras tengan respaldo popular, no las legitima como regímenes constitucionales o democráticos.
Procedencia de la Nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional
4.1 La Corte se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia sobre la posibilidad de revisar sus fallos tanto de tutela como de constitucionalidad, por vicios ocurridos durante el proceso como también al momento de fallar la sentencia Sobre este tema ver Auto 08 de 1993, M.P.: J.A.M., Auto 033 de 22 de junio de 1995, M.P.: J.G.H.; Auto 035 de 1997, M.P.: C.G.D.; Auto 197 del 2006, M.P.: J.C.T.; Auto 360 del 2006, M.P.: C.I.V.H., entre otros..
Así, la Corte ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma, ya que esta Corporación ha precisado que tiene ''el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas'' Auto 08 de 1993, doctrina reiterada en los autos del 27 de junio de 1996 y 035 del 2 de octubre de 1997..
Independientemente de que los ciudadanos hayan mencionado una ''revisión'', se trata de una solicitud de nulidad
En relación con la petición presentada por los ciudadanos, de lo que se trata es de una solicitud de nulidad de la sentencia C-1040 del 2005, aunque se hable de manera poco precisa de una ''revisión''.
Así debo recordar aquí, que de conformidad con un principio universal del derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. Así las cosas, un contrato de trabajo es un contrato de trabajo así se le dé el nombre que se le quiera dar, o una compraventa es una compraventa así se le dé otro nombre, y un delito es un delito así se le quiera dar la apariencia de otra cosa. De este modo, no se puede exigir de los ciudadanos que no tienen por qué saber de derecho, que llamen las cosas por su nombre, de manera tal que póngale el nombre que se le quiera poner ''a'', ''b'' o ''c'', de todas maneras, el Acto Legislativo No. 02 del 2004 se originó en un acto de corrupción y por tanto lo que se solicita es la NULIDAD de la sentencia que erróneamente lo declaró constitucional.
El valor de la seguridad jurídica frente al de la justicia
A este respecto, la posición jurídica del suscrito magistrado ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la prevalencia de la justicia frente a la seguridad jurídica, en aquellos casos en que entren en colisión, como por ejemplo, en el caso de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales V.A.R., J., ''Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales'', en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial ''R.L.B.'', 2005., o frente a casos como el que hoy nos ocupa.
Por esta razón no comparto tampoco el argumento de la Corte en el sentido de que no somos competentes para conocer de este asunto, ya que por orden del art. 241 de la Carta ''a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución''. Somos competentes para restablecer el orden constitucional cuando este ha sido violado por hechos gravísimos como un delito, por la vía de la nulidad de nuestras propias sentencias. Quienes dicen que no hay competencia de esta Corte para estudiar la nulidad de su sentencia, lo que en realidad proponen es que el delito perdure, no que el orden jurídico se restablezca. Quienes dicen que no se puede hacer nada, hacen mucho pero a favor del delito y de los delincuentes, protegen a los delincuentes y al delito.
Constancia de protesta frente a la forma como se hizo el reparto
El reparto se hace mediante sorteo para garantizarle a los ciudadanos sus derechos, ya que no se le coloca un J.A.H. para que acepte o rechace su pretensión.
Del Acto Legislativo inexistente o nulo a las sentencias también nulas de la Corte Constitucional
Por segunda vez la Corte Constitucional con una decisión judicial nula, ''convalida'' un acto que tuvo como causa un delito probado por la Corte Suprema de Justicia y que en consecuencia es nulo. Decimos que por segunda vez porque la primera vez también la sentencia C-1040 del 2005, que declaró la constitucionalidad del Acto Legislativo No. 02 del 2004, fue nula.
Para demostrar el anterior aserto, me permito hacer referencia a las inhabilidades de los magistrados de esta Corte que no permiten en ninguna de las decisiones aludidas que se logre el número mínimo de votos exigidos por la ley -art. 14 del Decreto 2067 de 1991- para una decisión de esta Corporación.
El primer magistrado que no podía votar era el actual presidente de esta Corporación, Dr. H.S.P., quien acepta el hecho de que es ciudadano italiano.
De conformidad con el artículo 40, numeral 7 de la Constitución Nacional: ''Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. (...)'' (resaltado fuera de texto).
El otro magistrado es el Dr. M.G.M.C. porque lo prohíbe el artículo 233 de la Constitución Política. Este artículo prescribe: ''Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.'' (resaltado fuera del original).
El magistrado M.C. acepta el hecho de que llegó a la edad de retiro forzoso, y al llegar a esa edad perdió competencia para asumir cualquier asunto de la Corte Constitucional. Al momento de fallar la sentencia sobre la reelección presidencial ya el magistrado M. había perdido esa competencia y ahora tampoco la tiene.
Nadie entiende que a los magistrados de la Corte Constitucional no se les aplique esta disposición. La misma norma no puede tener dos interpretaciones. Como el Dr. M. ha llegado a la edad de retiro forzoso se encuentra usurpando un cargo público y devengando un salario al cual jurídicamente no tiene derecho.
En síntesis, el acto delictual nulo de la reelección fue ''convalidado'' por esta Corte con una sentencia también nula que obtuvo cuatro (4) votos jurídicamente válidos a favor, y tres (3) votos jurídicamente válidos en contra.
En esta oportunidad, nuevamente la Corte con este Auto ha producido otra decisión igualmente nula: si de los ocho (8) magistrados que votaron, excluimos a los dos (2) que no pueden votar ningún asunto, esto es, a los Drs. Sierra y M., el primero porque no puede acceder a la función pública, y el segundo porque llegó a la edad de retiro forzoso; y si excluimos los votos de los dos (2) magistrados que no podían participar en este asunto, como lo señalamos en el debate sobre los impedimentos, el Dr. M.C.E., y el Dr. M.G.C., en razón a que la decisión los afectaba directamente y porque además habían sido beneficiarios de la reelección presidencial, nos quedan sólo cuatro (4) magistrados que votaron favorablemente esta decisión.
El primero de los magistrados impedidos es el Dr. Cepeda, porque su padre había sido designado como embajador por el Presidente reelegido y al anular el Acto Legislativo vendría otro presidente a nombrar otros embajadores, de modo que la permanencia del presidente es la que garantiza la permanencia de su padre embajador. El segundo de los magistrados impedidos, es el Dr. M.G. quien como lo aceptó en la Sala, intervino ante el Congreso para defender la reelección presidencial, después intervino ante esta Corte para defender otra vez la reelección presidencial durante el proceso de las demandas contra el Acto Legislativo, quien era el secretario jurídico de la Presidencia de la República y quién además fue incluido en la terna para el cargo de magistrado de esta Corte por el señor presidente.
Si sumamos todos los magistrados que estaban inhabilitados e impedidos para votar esta providencia nos da como resultado cuatro (4) magistrados inhabilitados e impedidos, razón por la cual sólo quedan cuatro (4) votos jurídicamente válidos a favor de la decisión, de manera que el delito que dio origen al Acto Legislativo ha sido ''convalidado'' con una decisión nula, pues no es cierto que haya tenido ocho (8) votos jurídicamente válidos a favor, ya que jurídicamente sólo valen cuatro (4) votos a favor y uno (1) en contra.
Las consecuencias de este fallo.
Como pregunté en la Sala ¿Qué pasaría, hipotéticamente, si no sólo Y. se hubiera ''encombado'' con el Gobierno para recibir notarías o consulados o embajadas o direcciones de salud, y si algún Magistrado también se ''encombó'' para fallar favorablemente el acto legislativo a cambio de embajadas, notarías o cualquier otra canonjía, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo comprobara?. ¿Quiere decir que esta Corte no podría hacer nada después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Sería posible un tal exabrupto jurídico?. A juicio del suscrito magistrado no podría ser posible ni sostenible tal tesis, pero según se ha fallado en esta providencia, al parecer esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
Por todas las razones expuestas, considero que este fallo es contrario: a derecho, consagra una injusticia extrema y a la simple decencia, por lo cual salvo mi voto frente a la presente providencia.''
Aclaración de Voto al Auto 155/08 del Magistrado Jaime Córdoba Triviño
Manifiesto mi acuerdo con las motivaciones y decisión del Auto 155/08 proferido por la Corte Constitucional dentro del Expediente D-5645, en cuanto existen suficientes argumentos para estimar válido el rechazo de plano al recurso extraordinario de revisión presentado por varios ciudadanos contra la sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y por cuanto, además, ha operado la caducidad prevista en la Carta Política en relación con posibles vicios de forma en el proceso de expedición del Acto Legislativo 2 de 2004, resulta incuestionable que la Corte ha perdido competencia para emitir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Con todo como en oportunidad del examen de constitucionalidad del Acto Legislativo referido salvé mi voto en relación con la sentencia C-1040/05 por estimar que el acto reformatorio de la Carta era inconstitucional por vicios de forma insubsanables en el proceso de formación en el Congreso de la República, es preciso que reitere ahora ese criterio y para ello me remito a la argumentación expuesta entonces.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 10 de Febrero de 2014
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 14379 de 27 de Marzo de 2001
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 24 de Mayo de 2011