Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2006/06/registro-oficial-16-de-junio-del-2006-suplemento
Timestamp: 2019-09-16 09:01:01
Document Index: 327138629

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 81', 'artículo 22', 'artículo 94', 'artículo 34', 'artículo 94', 'artículo 34']

Registro Oficial. 16 de JUNIO del 2006 Suplemento
Viernes, 16 de junio de 2006 - R. O. No. 293
0523 Apruébanse las reformas introducidas al Estatuto de la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Cantón Santo Domingo de los Colorados, con domicilio en Santo Domingo de los Colorados.
0525 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Avalúos y Catastros "ASODAYC", con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito..
0527 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica al Comité Pro Mejoras del Barrio de la Super Manzana "F" de Carcelén, con domicilio en la parroquia de Cotocollao, cantón Quito.
0006-2005-AI Confírmase la resolución venida en grado y concédese el recurso de acceso a la información pública planteado por el doctor Diego Gómez de la Torre Reyes..
0039-05-HD Niégase el babeas data propuesto por la señora Laura Beatriz Coque Tiglia y otra.
0041-2005-HD Confímanse lo resuelto en primer nivel y niégase el habeas data propuesto por Carlos Humberto Villacís Naranjo.
0294-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo propuesta por Jaime Gonzalo Quisaguano Ushiña.
0309-2005-RA Desestímase el recurso de amparo constitucional propuesto por la señora María Clementina Ramírez Naranjo.
0320-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por la señora Perla Lorena Zambrano Carrera..
0335-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Arturo Mauricio Chicaiza Vaca..
0370-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional solicitado por la Compañía ECUAVITAL S. A.
0378-05-RA Niégase el amparo solicitado por el señor Edgar Neptalí Tapia Molina.
0058-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por la ciudadana liona Helena Doege.
0099-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Juan de Jesús Sinchi Cruz
0104-2005-HC Confírmase la resolución pronunciada por el Alcalde del cantón Manta que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora María del Carmen Sornoza Molina y otra.
0104-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por Alexandra Harnisth Uvidia..
0532-2005-RA Concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Norberto Nurnberg Anda, Presidente y representante legal de la Fundación Educativa Jefferson de Guayaquil y otro
0006-2006-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor César Guillermo Laica Cuadrado.
0022-2006-HC Confírmase la resolución pronunciada por el Alcalde del cantón Morona que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Miguel Ashanga Kajech Ambama..
0027-2006-HC Revócase la resolución emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito (E) y concédese el recurso de hábeas corpus propuesto a favor de la señora María Olga Ríos Pinela.
PLE-TSE-6-7-6-2006 Expídese el Reglamento para la integración y funcionamiento de las juntas receptoras del voto.
No. 0523
Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación\n del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente\n de la República, aprobar mediante la concesión\n de personería jurídica, a las organizaciones de\n derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas\n del Título XXX, Libro I, del citado cuerpo legal;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339, de noviembre 28 de\n l998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30\n del mismo año, el Presidente de la República delegó\n la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito\n de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones\n pertinentes;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 33 de abril 26 del 2005,\n el Presidente Constitucional de la República, designó\n Ministro de Bienestar Social al doctor Alberto Rigail Arosemena,\n Secretario de Estado que de conformidad con el Art. 17 del Estatuto\n del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función\n Ejecutiva, es competente para el despacho de los asuntos inherentes\n a esta Cartera de Estado;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0081 de julio 6 del\n 2005, el Ministro de Bienestar Social, delegó al Ab. Miguel\n Martínez Dávalos, Subsecretario de Fortalecimiento\n Institucional, la facultad de otorgar personería jurídica\n a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro,\n sujetas a las disposiciones del Título XXX, Libro I, de\n la Codificación del Código Civil, publicada en\n el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005;
Que, la Asociación de Comerciantes Ambulantes del cantón\n Santo Domingo de los Colorados, con domicilio en Santo Domingo\n de los Colorados, provincia de Pichincha, obtuvo personería\n jurídica mediante Acuerdo Ministerial N° 2524 de octubre\n 26 de 1988, a través de la directiva y por resolución\n de la asamblea general de 19 de septiembre del 2005, ha presentado\n la documentación para que se apruebe las reformas al estatuto,\n cuyas actas serán parte integrante del presente acuerdo\n ministerial;
Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio N° 2425-AL-PJ-JBR-2005\n de 25 de noviembre del 2005, ha emitido informe favorable, para\n la aprobación de las reformas del estatuto a favor de\n la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Cantón\n Santo Domingo de los Colorados, con domicilio en Santo Domingo\n de los Colorados, provincia de Pichincha, por considerar que\n la misma ha cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto\n Ejecutivo N° 3054 de agosto 30 del 2002, publicado en el\n Registro Oficial N° 660 de septiembre 11 del mismo año\n y del Título XXX, Libro I de la Codificación del\n Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial N° 46 de junio 24 del 2005; y,
Art. 1.- Aprobar las reformas introducidas al Estatuto de\n la Asociación de Comerciantes Ambulantes del Cantón\n Santo Domingo de los Colorados, con domicilio en Santo Domingo\n de los Colorados, provincia de Pichincha, sin modificación\n alguna.
Art. 2.- Reconocer a la asamblea general de socios, como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos de la asociación y al\n Presidente como su representante legal.
Art. 3.- Disponer que de la asociación, cumpla sus\n fines y actividades con sujeción al estatuto reformado\n en esta fecha.
Art. 4.- La solución de los conflictos que se presentaren,\n al interior de la asociación y de ésta con otras,\n se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje\n y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145\n de septiembre 4 de 1997.
Publíquese conforme a la ley.
Dado en Quito, a 7 de diciembre del 2005.
12 de diciembre del 2005.
No.\n 0525
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de\n l998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30\n del mismo año, el Presidente de la República delegó\n la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito\n de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los\n mismos, de las organizaciones pertinentes;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 33 de abril 26 del 2005\n el señor Presidente Constitucional de la República,\n designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail\n Arosemena, Secretario de Estado que de conformidad con el Art.\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho\n de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;
Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio N° 2369-AL-PJ-FADC-05\n de 21 de noviembre del 2005, ha emitido informe favorable, para\n la aprobación del estatuto y concesión de personería\n jurídica a favor de la Asociación de Funcionarios\n de la Dirección de Avalúos y Catastros "ASODAYC",\n con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito,\n provincia de Pichincha por cumplidos los requisitos establecidos\n en el Decreto Ejecutivo N° 3054 de agosto 30 del 2002, publicado\n en el Registro Oficial N° 660 de septiembre 11 del mismo\n año y del Título XXX, Libro I de la Codificación\n del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial N° 46 de junio 24 del 2005; y,
Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica a la Asociación de Funcionarios de la\n Dirección de Avalúos y Catastros "ASODAYC",\n con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito,\n provincia de Pichincha, con la siguiente modificación.
PRIMERA.- En el Art. 5, suprímase el literal a).
Art. 3.- Disponer que de la asociación, una vez adquirida\n la personería jurídica y dentro de los 15 días\n siguientes, proceda a la elección de la directiva de la\n organización y ponga en conocimiento dentro del mismo\n plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente,\n igual procedimiento observará para los posteriores registros\n de la directiva.
Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios, como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos de la asociación y al\n Presidente como su representante legal.
Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren,\n al interior de la asociación y de éste con otras,\n se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje\n y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145\n de septiembre 4 de 1997.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Jefe de Archivo.-\n 12 de diciembre del 2005.
No.\n 0527
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339, de noviembre 28 de\n l998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30\n del mismo año, el Presidente de la República delegó\n la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito\n de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los\n mismos, de las organizaciones pertinentes;
Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio N° 2444-AL-PJ-FADC-05\n de noviembre 25 del 2005, ha emitido informe favorable, para\n la aprobación del estatuto y concesión de personería\n jurídica a favor del Comité Pro-Mejoras del Barrio\n de la Super Manzana "F" de Carcelén", con\n domicilio en la parroquia Cotocollao, cantón Quito, Distrito\n Metropolitano, provincia de Pichincha por cumplidos los requisitos\n establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 3054 de agosto 30\n del 2002, publicado en el Registro Oficial N° 660 de septiembre\n 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la\n Codificación del Código Civil, publicada en el\n Suplemento del Registro Oficial N° 46 de junio 24 del 2005;\n y,
Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica al Comité Pro-Mejoras del Barrio de la\n Super Manzana "F" de Carcelén con domicilio\n en la parroquia Cotocollao, cantón Quito, Distrito Metropolitano,\n provincia de Pichincha, con las siguientes modificaciones:
PRIMERA: El Art. 1, dirá: "Constitúyese\n el Comité Pro-Mejoras de la Super Manzana "F"\n de Carcelén, de la parroquia Cotocollao, del cantón\n Quito, provincia de Pichincha, como una organización de\n derecho privado, sin fines de lucro y regulada por las disposiciones\n del Título XXX, Libro Primero del Código Civil\n vigente, el presente Estatuto y Reglamentos que se dictaren,\n sujetándose además a la legislación nacional\n vigente y a los respectivos organismos de control".
SEGUNDA: Añádase luego del Art. 35, los siguientes\n artículos innumerados:
Art. "El Comité en caso de recibir subvenciones\n presupuestarias del Estado, se someterá a la supervisión\n de la Contraloría General del Estado y a la normativa\n legal aplicable".
Art. "En todas sus actividades el Comité, observará\n las disposiciones del Código Tributario y demás\n leyes que regulen la materia económica; además\n pondrá a disposición del Ministerio de Economía\n y Finanzas la información suficiente, especialmente en\n los casos que hay retención o presunción tributaria,\n por la administrcación de capital, aporte o donaciones".
Tercera: Anádase a continuación del Art. 45,\n el siguiente artículo innumerado:
Art. "El Comité en sus actividades, expresamente\n observará las ordenanzas municipales vigentes y que se\n dictaren, que norman el ordenamiento urbano y el saneamiento\n ambiental; así como las normas y restricciones que impartan\n los demás organismos de control".
Art. 3.- Disponer que el comité, una vez adquirida\n la personería jurídica y dentro de los 15 días\n siguientes, proceda a la elección de la directiva de la\n organización y ponga en conocimiento dentro del mismo\n plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente,\n igual procedimiento observará para los posteriores registros\n de la directiva.
Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios, como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos del comité y al Presidente\n representante legal.
Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren,\n al interior del comité y de éste con otras, se\n someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y\n Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de\n septiembre 4 de 1997.
Quito D.\n M., 31 de mayo de 2006.-
Vocal ponente: Dr. Enrique Tamariz Baquerizo
No. 0006-2005-AI
En el caso signado con el No. 0006-2005-AI
Que el Dr. DIEGO GOMEZ DE LA TORRE REYES, en calidad de Procurador\n Judicial del señor Jorge Eduardo Mahuad Witt, Gerente\n y Representante de la Compañía Mahuad Asociados,\n Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda.., comparece\n ante el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha,\n e interpone Recurso de Acceso a la Información Pública,\n en contra del Superintendente de Bancos, Ing. Alejandro Maldonado\n García y el Intendente Nacional de Seguros, Dr. Renan\n Calderón Villacís. El recurrente en lo principal\n manifiesta:
Que, con fecha 23 de septiembre del 2004, ha presentado una\n petición ante el señor Superintendente de Bancos\n y Seguros, en la que solicita se le confieran copias certificadas\n de los siguientes documentos:
1.- Informe Jurídico emitido por la Intendencia Nacional\n de Seguros, Departamento Jurídico, que sirvió como\n basamento para emitir el Oficio No. INS-AL-2000-05042, de 6 de\n noviembre de 2000, suscrito por el señor ingeniero Alejandro\n Maldonado García, a ese tiempo Intendente Nacional de\n Seguros, hoy Superintendente de Bancos y Seguros.
2.- Informe Jurídico emitido por la Intendencia Nacional\n de Seguros, Departamento Jurídico, que sirvió como\n basamento para emitir el oficio No. INS-AL-2001-3046, de 17 de\n julio de 2001, suscrito por el señor abogado Néstor\n Mora Vera, a ese tiempo Intendente Nacional de Seguros, al igual,\n que la carta dirigida por Clave Seguros C. A. Agencia Asesora\n Productora de Seguros, de fecha 27 de junio de 2001, que contiene\n el petitorio de una consulta jurídica y a su vez la contestación,\n mediante oficio numero INS-AL-2001-3046 de fecha 12 de junio\n de 2001.
3.- Informe Jurídico emitido por la Dirección\n de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de\n Bancos y Seguros, que sirvió como fundamento para emitir\n el oficio No. INS-2004-0179, de 23 de enero de 2004, suscrito\n por el señor doctor Renan Calderón Villacís,\n a ese tiempo Intendente Nacional de Seguros.
4.- Informe Jurídico emitido por la Intendencia Nacional\n de Seguros, Departamento Jurídico; si lo hubiere, que\n sirvió de sustento para emitir el oficio No. INS-2004-0179,\n de 23 de enero de 2004, suscrito por el señor doctor Renan\n Calderón Villacís, a ese tiempo Intendente Nacional\n de Seguros.
Que, este pedido lo hace en base a que la información\n solicitada no tiene el carácter de reservada, de conformidad\n con los artículos 23 numeral 15, y 94 de la Constitución\n Política del Estado, en concordancia con los artículos\n 1, 3, 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a\n la Información Publica y los artículos 28, 32 de\n la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y\n Prestación de Servicios Públicos por parte de la\n Iniciativa Privada y 21 de su Reglamento de aplicación.
Que, con oficio No. INS-2004-3669, de fecha 12 de Octubre\n de 2004, el Intendente Nacional de Seguros, le responde al recurrente,\n enviándole los siguientes oficios: Oficio No. INS-AL-2000-5042\n de 6 de noviembre de 2000; Oficio No. INS-AL-2001-3046 de 12\n de julio de 2001; comunicación dirigida por CLAVESEGUROS\n C.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, de fecha 27 de junio\n de 2001; y, Oficio No. INS-2004-0179 de 23 de enero del 2004.
Que el demandante, reclama ante el Superintendente de Bancos\n y Seguros, por las respuestas recibidas por parte del Intendente\n Nacional de Seguros, argumentando que lo que le ha sido remitido\n no es lo que ha solicitado, ya que lo peticionado es el Informe\n Jurídico, que sirvió como base para las decisiones\n que se encuentran expresadas en los oficios antes señalados.\n Adicionalmente solicita que se le certifique el por qué\n de la comunicación del 27 de julio del 2001, dirigida\n al señor abogado Néstor Mora Vera, Intendente Nacional\n de Seguros, a esa fecha, y suscrita por el Eco. Antonio Valle\n Granda, a esa fecha, Gerente General de Claveseguros, fue admitida\n a trámite sin contar con un abogado patrocinador, como\n lo manda el Art. 50 de la Ley de Federación de Abogados\n del Ecuador. Finalmente en dicho escrito, el Dr. Gómez\n De la Torre Reyes le solicita al demandado, que en caso de no\n existir los informes jurídicos, se le deberá certificar\n dicho hecho, y a la vez justificar la falta de motivación\n de los oficios INS-AL-2000-5042 de 6 de noviembre de 2000, y\n oficio INS-AL-2001-3046 de 12 de julio del 2001, que hacen referencia\n a la existencia de esos informes; bajo la prevención de\n falso testimonio.
Que, posterior a esta solicitud, la que no fue respondida\n por la autoridad recurrida, ha insistido por reiteradas ocasiones\n la necesidad de conocer sobre lo peticionado.
Que, con estos antecedentes, plantea recurso de acceso a la\n información, a fin de que se le entregue copias certificadas\n de la información requerida en el plazo de ocho días\n por parte de las autoridades interpeladas, la misma que deberá\n ser completa, clara y verídica, también solicita\n se le den copias certificada de las acciones de personal, nombramientos,\n contratos, en los que conste quién o quiénes eran\n las personas que desempeñaban los siguientes cargos: el\n de Intendente Nacional de Seguros al 6 de noviembre del 2000,\n al 12 de julio del 2001, y al 23 de enero del 2004, y se sirva\n certificar la fecha en que dejaron de ostentar dicha calidad,\n se le certifique por qué la comunicación del 27\n de julio del 2001, dirigida al señor Abogado Néstor\n Mora Vera, Intendente Nacional de Seguros, a esa fecha y suscrita\n por el Eco. Antonio Valle Granda, a esa fecha, Gerente General\n de Claveseguros C. A. fue admitida a trámite, a pesar\n de no estar suscrita por un abogado patrocinador, conforme lo\n determina el articulo 50 de la Ley de Federación de Abogados\n del Ecuador. Solicita también que se le certifique, con\n qué documentos de respaldo, el Superintendente de Bancos\n y Seguros, autorizó al doctor Calderón Villacís,\n Intendente Nacional de Seguros a emitir el oficio No. INS-2004-3669\n de 12 de octubre del 2004.- Además solicita se le permita\n el acceso físico a la información requerida; la\n sanción a la autoridad (es) o funcionarios que se han\n negado a entregar la información solicitada en todos y\n cada uno de sus petitorios; acorde a lo determinado por el literal\n c) del articulo 23 de la Ley Orgánica de Transparencia\n y Acceso a la Información Publica y finalmente reclama\n daños y perjuicios, costas judiciales y honorarios.
La parte demandada, alega que en lo referente al recurso de\n acceso a la información presentado por el accionante,\n se trata de materia de seguros, y debe estar tratado bajo la\n Ley General de Seguros, que en su Art. 41 "prohíbe\n la divulgación del contenido de sus informes a los administradores\n de las entidades controladas, a los auditores y funcionarios\n de la Superintendencia de Bancos", es decir establece reserva\n sobre los informes producidos en el área de seguros, también\n alegan improcedencia de la acción, en base a la Ley Orgánica\n de Transparencia y Acceso a la Información Publica, en\n su Art. 17, que señala: "...No procede el derecho\n a acceder a la información publica, exclusivamente en\n los siguientes casos: ...b) las informaciones expresamente establecidas\n como reservadas en leyes vigentes"; y Art. 18 que dice:\n "...La información clasificada previamente como reservada,\n permanecerá con tal carácter hasta un periodo de\n quince años desde su clasificación..". En\n plena concordancia con lo que manda el Art. 9 del Reglamento\n a la Ley ibidem.- "...c) Si se trata de información\n preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados\n de las entidades del sector publico o contratados por estas,\n cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en\n la tramitación o defensa en un proceso administrativo\n o judicial, o de cualquier tipo de información protegida\n por el secreto profesional del ejercicio de la abogacía..".\n adicionalmente alegan que el Superintendente de Bancos y Seguros,\n en cumplimiento de lo que manda el Reglamento General de la Ley\n Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n Publica, expidió la Resolución No. SBS-2005-059\n de 11 de febrero de 2005, que contiene el índice temático,\n por series documentales, de los expedientes clasificados como\n reservados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que en\n la parte pertinente reza así : " Informes jurídicos\n producidos por el Intendente Nacional Jurídico, Procurador\n Judicial, asesores u otros abogados de la institución\n o contratados por esta".
El Juez en su sentencia determina que la información\n solicitada al señor Superintendente de Bancos y Seguros\n surte efecto jurídico obligatorio después de seis\n días contados desde la fecha de promulgación, y\n en consecuencia, procede el Recurso de Acceso a la Información\n Publica.
Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo de rigor\n y, siendo el estado de la misma el de resolver, para hacerlo\n se considera:
PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso acorde con lo dispuesto en el numeral 7 del\n Art. 276 de la Constitución Política de la República,\n artículo 81 de la Constitución Política\n de la República y artículo 22 de la Ley Orgánica\n de Transparencia y Acceso a la Información, publicada\n en el Registro Oficial No. 337 de 18 de Mayo de 2004.
SEGUNDO.- Que, no existe omisión de solemnidad sustancial\n que incida en la decisión final de la causa, por lo que\n se la declara válida.
TERCERO.- Que, el recurso de acceso a la información,\n normado por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso\n a la Información Pública, garantiza a las personas\n el derecho de acceder a las fuentes de información como\n mecanismo para ejercer la participación democrática\n respecto del manejo de la cosa pública.
CUARTO.- Que, el peticionario solicita el acceso a la información,\n para que, por medio del Superintendente de Bancos y Seguros y\n el Intendente Nacional de Seguros, se proceda a entregársele\n copias certificadas, de los informes jurídicos que sirvieron\n como sustento de los oficios No. INS-AL-2000-05042 del 6 de noviembre\n del 2000, Oficio No. INS-AL-2001-3046, del 17 de julio del 2001,\n del Oficio No. INS-2004-0179, de 23 de enero del 2004., solicitud\n que se la reitera en varias ocasiones como se desprende del expediente,\n no existiendo una respuesta a su pedido en forma adecuada, no\n se le dio respuesta alguna al respecto; en la audiencia ante\n el Juez, la parte demandada alega que el presente tema debería\n estar regulado por la Ley General de Seguros, hecho éste,\n que no es debatible en el presente caso y en segundo lugar alega\n que lo solicitado por el recurrente es reservada como lo dice\n la propia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la\n Información Publica y que existe una resolución\n de la Superintendecia de Bancos y Seguros, que determina el índice\n temático, por series documentales, de los expedientes\n clasificados como reservados y que en lo referente al caso dispone\n en su ultimo numeral que lo son: "...informes jurídicos\n producidos por el Intendente Nacional Jurídico, Procurador\n Judicial, asesores u otros abogados de la institución\n o contratados por este".
QUINTO.- Que, el recurso de acceso a la información\n pública es la garantía que hace efectivo el derecho\n constitucional de información, establecido en el artículo\n 81 de la Constitución Política del Estado. Que,\n dicho recurso procede sobre la información pública\n cuando la autoridad pública en forma expresa o tácita\n se ha negado a entregar la información que debe suministrarse\n conforme lo establece la Constitución de la República,\n cuando no se trate de información reservada.
SEXTO: Como podemos observar el recurrente en el ejercicio\n de sus derechos fundamentales, los mismos que son regulados y\n observados por nuestra Constitución, no ha tenido respuesta\n alguna por varios meses, en relación a una información,\n que no tenia el carácter de reservada al momento de realizar\n su petición, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Transparencia\n y Acceso a la Información Publica dice: "La información\n clasificada previamente como reservada.......,", como podemos\n observar la calificación de reservada debe ser realizada\n con anterioridad a la petición, presupuesto jurídico\n que no se ha cumplido, lo que se confirma con el silencio de\n la administración frente a los pedidos reiterados que\n sobre el tema, solicitaba el recurrente, si bien, el propio articulo\n 18 determina que las instituciones públicas elaborarán\n semestralmente un índice de los expedientes clasificados\n como reservados, el demandado así lo hizo, el 11 de febrero\n del 2005, fecha en la que el accionante presenta su recurso de\n acceso a la información pública (agotada la vía\n administrativa y ante la negativa de entrega de la información\n peticionada), con lo que se evidencia un claro afán de\n mantener la información solicitada en reserva, contraviniendo\n preceptos constitucionales fundamentales, entre ellos, el respeto\n a la Ley y su irretroactividad, la misma que se ejercita en un\n tiempo y espacio determinado, derecho que al ser vulnerado atenta\n contra el principio de seguridad jurídica, base fundamental\n de todo Estado de Derecho, en concordancia con lo establecido\n en el Art. 23 numeral 26 de nuestra Carta Magna. Como se puede\n observar al momento de expedirse la Resolución de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros, estaban en plena vigencia los derechos del\n demandante a pedir la información y acceder a la misma,\n la cual no tenia el carácter de reservada.
En consecuencia, LA PRIMERA SALA DEL TRIBU-NAL CONSTITUCIONAL,
1.- Confirmar la resolución venida en grado y, consecuencia,\n conceder el recurso de acceso a la información pública\n planteado por el doctor DIEGO GOMEZ DE LA TORRE REYES, en calidad\n de Procurador Judicial del señor Jorge Eduardo Mahuad\n Witt, Gerente y Representante de la Compañía Mahuad\n Asociados, Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda.,\n en contra del Superintendente de Bancos y el Intendente Nacional\n de Seguros.
2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.-
f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Presidente (e) Primera\n Sala.
f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.
f.) Dr. Iván Salcedo Coronel, Vocal Primera Sala.
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Iván Salcedo Coronel, Tarquino Orellana Serrano y Enrique\n Tamariz Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil seis.-
f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n Primera Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de junio del 2006.- f.) Secretaria de la\n Sala.
CAUSA\n No. 0039-05-HD
VOCAL PONENTE: Dr. Iván Salcedo\n Coronel
En Quito, a 31 de mayo de 2006.-
Las señoras Laura Beatriz Coque Tiglia y Girma Sufana\n Goyez Peña, comparecen ante el Juez de lo Civil de Pichincha\n y plantean acción de hábeas data en contra de William\n Pérez Aragón e indican:
Que son socias del Comité PROMEJORAS DEL BARRIO LOS\n ROSALES ubicado en la parroquia Chillogallo, cantón Quito,\n Distrito Metropolitano, en el que tienen en posesión lotes\n de terreno desde más de cinco años, adquiridos\n mediante escritura de compra-venta privados y promesa de compra-venta\n celebrados con el señor Angel Alicio Costales Orozco y\n que sobre estos predios han construido sus casas.
Que actualmente saben que el Comité PROMEJORAS ha adquirido\n toda la propiedad incluyendo calles al mismo Ingeniero Angel\n Costales y suscrito por Willian Pérez Aragón, por\n lo que la propiedad debe estar a nombre de éste o del\n Comité PROMEJORAS, situación que pone en riesgo\n la situación de las comparecientes que tienen promesas\n de compra-venta y con la compra-venta se les puede afectar en\n sus derechos.
Que como el mencionado Presidente del Comité Promejoras\n El Rosal no ha dado cumplimiento de celebrar escrituras individuales\n ni les informa sobre la situación de los predios por más\n requerimientos que se le hace de exhibición, diálogos,\n mediación, sabiendo que el destino de las propiedades\n está en el Banco de datos que reposa en el COMITE PROMEJORAS\n EL ROSAL BARRIO LOS ROSALES, sirviéndose del hábeas\n data el Presidente entregue el siguiente Banco de Datos que contiene:\n Lista de socios del Comité, planos de identificación\n de los lotes, calles y áreas verdes, convenios celebrados\n con el Municipio Metropolitano de Quito para la legalización\n del Barrio, catastro de Barrio, aprobación del acta en\n la que conste el monto a pagar como consecuencia de la cesión\n de derechos, actual directiva debidamente legalizada, escrituras\n públicas de la que aparezca que el COMITÉ PROMEJORAS\n es el dueño en el que está asentado el Barrio,\n nomenclatura del barrio, sanciones, publicaciones y exclusión\n de socios, legalización de la primera directiva y estatutos,\n Registro Oficial en que se publicó los Estatutos "todo\n este banco de datos se debe disponer que bajo juramento los entregue\n el requerido."
Que en la audiencia pública realizada el seis de julio\n del dos mil cinco ante el juez Quinto de lo Civil de Pichincha\n con despacho en Quito, el demandado por medio de su abogado sostiene\n que la demanda presentada no es procedente porque este recurso\n pueden pedir únicamente las personas que deseen conocer\n los datos de si mismo o de sus bienes, que las demandantes no\n son socias del Comité Barrial PROMEJORAS LOS ROSALES,\n que por respeto a la autoridad entrega, en copias, todos los\n documentos solicitados; la parte accionante, por medio de su\n defensor indica que admitido a trámite este recurso se\n proceda a la entrega del banco de datos que como legítimas\n posesionarias de los lotes en que viven, les corresponde defender\n sus intereses y sobre todo saber el destino que se les ha dado\n a los documentos, datos que por el momento son administrados\n y se encuentran en poder del Comité PROMEJORAS LOS ROSALES,\n más aún, ahora que se ha pretendido negar el derecho\n que tienen las actoras, se proceda a rectificar los datos para\n que sus intereses queden plenamente garantizados.
Que el Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, mediante Resolución\n expedida el 15 de julio del 2005, desecha el hábeas data\n propuesto, y luego concede el recurso de apelación planteado\n por las actoras.
Al encontrarse el expediente en estado de resolver se hacen\n las siguientes,
PRIMERA: Esta Sala, de acuerdo con el numeral 3 del Art. 276\n de la Constitución Política de la República,\n en concordancia con el inciso primero del Art. 62 de la Ley de\n Control Constitucional, es competente para conocer y resolver\n en este caso.
SEGUNDA: Toda persona, según el artículo 94\n de la Constitución Política de la República,\n tiene derecho a acceder a los documentos, banco de datos e informes\n que sobre si misma, o sobre sus bienes, constan en entidades\n públicas o privadas, así como a conocer el uso\n que se haya dado de ellos y su propósito, y puede solicitar\n ante el funcionario correspondiente, la actualización\n de datos o su rectificación, eliminación o anulación,\n si fueren erróneos o afectare ilegítimamente sus\n derechos.
TERCERA.- Constituye una obligación constitucional\n tanto del Estado como de sus instituciones el asegurar la eficacia\n de las normas constitucionales, en especial de los derechos y\n garantías establecidas a favor de las personas, los cuales\n son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal\n o autoridad. Precisamente en el campo constitucional se dispone\n de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o\n mediato sirven para tutelar o garantizar derechos de las personas,\n tales como: el derecho a dirigir peticiones y a recibir atención\n a las preguntas pertinentes; el derecho a acceder a fuentes de\n información, a acceder a documentos y bancos de datos;\n a buscar, recibir y conocer información objetiva, veraz,\n plural y oportuna sobre si misma o sobre sus bienes; y en términos\n generales, siempre que no afecte el sigilo profesional, no obstruya\n la acción de la justicia, o cuando los documentos solicitados\n no tengan el carácter de reservados por razones de seguridad\n nacional, y no afecten el honor, la buena reputación,\n la intimidad, o se irrogue daño moral al solicitante.\n Este mecanismo de protección y garantía de los\n derechos de las personas es el hábeas data. Se trata de\n una institución reciente, en relación a otras como\n el hábeas corpus que tiene muchas décadas de existencia,\n pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional\n Latinoamericano, y que de acuerdo a precisiones de orden terminológico\n proviene del latín: el primer vocablo del significado\n "conserva o guarda tu" y el segundo con el de "fecha"\n o "dato".
CUARTA.- El hábeas data a decir del tratadista Miguel\n Angel Ekmekdjian Calogero, constituye "Una garantía\n básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e\n iguales". El hábeas data permite a toda persona acceder\n a registros públicos o privados, en los cuales están\n incluidos sus datos personales o de su familia, para requerir\n su rectificación o la supresión de aquellos datos\n inexactos que de algún modo le pudiesen perjudicar en\n su honra, buena reputación e intimidad. El derecho a la\n protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer\n la existencia de ficheros o de información almacenada\n y el propósito o la finalidad que se persigue con ellos;\n el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el\n contenido de la información registrada, o participar de\n la información que sobre la imagen o concepto de ellos\n se tenga; y, el derecho a rectificar, que es la posibilidad del\n titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos,\n inexactos u obsoletos sean rectificados en la medida en que,\n al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.
QUINTA.- Lo anotado nos llevaría a afirmar que el hábeas\n data al igual que el amparo son mecanismos procesales constitucionales\n que procuran de manera ágil y sumaria garantizar el reconocimiento\n de los derechos de las personas físicas o naturales. La\n pretensión de las recurrentes de requerir a través\n de esta garantía información sobre su condición\n de socias del Comité Promejoras del Barrio "Los Rosales",\n sería perfectamente viable, y no es que se reconozcan\n derechos posesorios o de dominio sobre lotes o inmuebles, ese\n no es el objetivo del hábeas data; sin embargo, cabe precisar\n que en la audiencia pública que tuvo lugar el seis de\n julio del dos mil cinco, el señor William Aníbal\n Pérez Aragón en su condición de Presidente\n del Comité Promejoras El Rosal, del Barrio Los Rosales\n hizo la entrega de todos los documentos e información\n requerida por las peticionarias, y acompañó siete\n anexos que constan de fojas 7 a la 54 del expediente. En consecuencia,\n la pretensión de las recurrentes ha sido satisfecha, esto\n es, se ha dado cumplimiento al requerimiento hecho por ellas\n en los términos de su demanda. Por todo lo expuesto, la\n Primera Sala del Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus\n atribuciones,
1) Se niega el hábeas data propuesto por las señoras\n Laura Beatriz Coque Tiglia y Girma Sufana Goyez Peña,\n en razón de que la información solicitada ya ha\n sido entregada por el demandado, conforme consta de autos, no\n existiendo materia para resolver;
2) Devolver el expediente al Juzgado de Origen para los fines\n consiguientes; y,
3) Publicar en el Registro Oficial.
No. 0041-2005-HD
Vocal ponente: Dr. Tarquino Orellana\n Serrano
PRIMERA SALA DEL
En el caso signado con el No. 0041-2005-HD
El ingeniero Carlos Humberto Villacís Naranjo, comparece\n ante el Juzgado Tercero de lo Civil de Guayaquil e interpone\n acción de Hábeas Data en contra del Liquidador\n Temporal de Filanbanco S.A., en liquidación. Manifiesta\n en lo principal lo siguiente:
Que en el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil,\n la compañía Importadora Luis Villacís C.\n Ltda., de la cual es su Gerente y representante legal, tramitó\n el recurso de hábeas data con el No. 607-2004 en contra\n de FILANBANCO S.A. en Liquidación, en la persona del Liquidador\n Temporal, por un supuesto préstamo interno del Banco La\n Previsora por $ 36.358,oo y un pagaré por $ 15.000,oo.
Que en el Juzgado se realizó el cotejo de las firmas\n y rúbricas que aparecían en los dos pagarés\n para ratificar la falsedad de los mismos, los que contenían\n las obligaciones dinerarias materia de la demanda, el que fue\n realizado por el perito documentólogo, el que en su informe\n concluye que "Las firmas dubitadas estampadas en los documentos\n debitados 1 y 2 (Pagarés a la orden Nros. 2150141465 y\n 2150139797 del banco La Previsora de fechas 06 de Enero del 2000\n y del 27 de Diciembre de 1999 por 36.000 y por 15.000 dólares\n respectivamente, NO GUARDAN IDENTIDAD CALIGRAFICA NI MORFOLÓGICA\n CON LAS FIRMAS INDUBITADAS DEL SR. ING. CARLOS HUMBERTO VILLACÍS\n NARANJO OBRANTES DE LOS DOCUMENTOS INDUBITADOS UNO Y DOS (Cédula\n de Ciudadanía y Cuerpo de firmas); POR LO TANTO HA SIDO\n REALIZADA POR DISTINTAS PERSONALIDADES GRAFICAS".
Que el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil,\n en su Resolución declaró con lugar el recurso de\n hábeas data planteado y dispone que FILANBANCO S.A., en\n Liquidación, por la interpuesta persona de su Liquidador\n Temporal, proceda a eliminar o anular de su registro o sistema\n de banco de datos, dentro del plazo de ocho días, contados\n a partir de la notificación del fallo, el nombre de la\n Cia. Importadora Luis Villacís Cia. Ltda., como deudora\n de las supuestas obligaciones contenidas en los pagarés\n mencionados, cuya alteración por falsificación\n ha sido demostrada pericialmente.
Que fundamentado en lo que determinan el artículo 34\n y siguientes de la Ley del Control Constitucional en concordancia\n con el artículo 94 de la Constitución Política\n del Ecuador, interpone el recurso de hábeas data y solicita\n se elimine o anule en el Sistema de FILANBANCO S.A., en Liquidación,\n de su registro o sistema de banco de datos y se oficie a la Superintendencia\n de Bancos para que su nombre, en calidad de Garante, no siga\n constando como deudor de las supuestas obligaciones contenidas\n en los pagarés mencionados, cuya alteración por\n falsificación ha sido demostrado pericialmente dentro\n del recurso de amparo No. 607-2004.
En la audiencia pública el abogado defensor del recurrente\n ratificó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
El abogado defensor del Liquidador Temporal de FILANBANCO\n S.A. en Liquidación, ofreciendo poder o ratificación,\n manifestó que el recurrente no cumple con lo señalado\n en el artículo 34 de la Ley del Control Constitucional.\n Que el accionante aparentemente basa su pretensión en\n el hecho de que en la acción de hábeas data sustanciada\n en el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil,\n se realizó una diligencia pericial, inapropiada y no prevista\n en esta clase de trámite, de coteja de firmas y rúbricas\n que aparecen en los pagarés a la orden del Banco La Previsora,\n que concluyó que las firmas constantes en dichos documentos\n no guardan identidad caligráfica ni morfológica,\n y que por tanto se ha demostrado una alteración por falsificación,\n cuando es conocido que de acuerdo a la legislación positiva,\n debe existir una sentencia en firme, dictada por el órgano\n judicial competente, que declare que un documento es falsificado,\n por lo que no cabe que se use este argumento para plantear la\n indebida acción. Que lo resuelto por el Juez Vigésimo\n Octavo de lo Civil de Guayaquil, dentro de la acción de\n hábeas data citada, ya fue cumplido por la Institución,\n lo que es de conocimiento del accionante. Que para eliminar o\n anular el nombre de una persona como deudora de una institución\n del sistema financiero, implica que éste haya honrado\n su correspondiente obligación y en el presente caso no\n aparece en los registros de Filanbanco S.A. en Liquidación,\n que el señor Carlos Humberto Villacís Naranjo,\n en su calidad de avalista de las obligaciones de Importadora\n Villacís C. Ltda., haya cancelado obligación alguna.\n Por lo expue