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Timestamp: 2020-08-07 01:39:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 48', 'artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 340', 'artículo 363', 'artículo 424', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 154', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 15', 'Artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 141', 'artículo 227', 'artículo 384', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 2']

Registro Oficial No.136- Miércoles 05 de febrero del 2020 Suplemento
Miércoles 05 de febrero de 2020 (R. O.136, 05–de febrero -2020Suplemento
Año I - Nº 136
Quito, miércoles 5 de febrero de 2020
011 Expídese la tabla de pensiones alimenticias
mínimas para el año 2020
SUBSECRETARÍA GENERAL DEL
PR-SGC-SGIG-2020-0001 Expídese el Procedimiento
para la Formulación, Autorización, Control y
Evaluación de los Planes de Comunicación de
Central, Institucional y Dependiente de la Función
Doctor Iván Xavier Granda Molina
Que, el artículo 3 ibídem, establece como deberes primordiales del Estado, entre otros, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; así como planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir;
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Que, el numeral 2, del artículo 11 de la Carta Magna, señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación alguna, para lo cual el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad de los titulares de derechos, que se encuentren en situación de desigualdad;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en
artículo 11 numeral 8, establece que el contenido
los derechos se desarrollará de manera progresiva
a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;
Que, el numeral 9 del artículo 11 ibídem, establece: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, respecto de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, ordena: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastrófi cas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”;
Que, el artículo 44 de la Norma Suprema, expresa: “las niñas y niños que tienen derecho a un desarrollo integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno de afectividad y seguridad que les permita la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, siendo deber del Estado, la familia y la sociedad promover de forma prioritaria este desarrollo integral y asegurar el ejercicio pleno de derechos”;
Que, el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde la concepción. En el inciso segundo señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;
Que, el artículo 48, numeral 1 ibídem, dispone: “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica”.
Que, el Cuerpo normativo ibídem en su artículo 66, sobre los derechos de libertad, numeral 2, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas”, “2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”;
Que, el numeral 1 del artículo 69 de la Norma Suprema, determina: “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
el artículo 340 de la Carta Magna establece:
es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el numeral 5 del artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado, será responsable de brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria, establecidos en la Constitución;
Que, el artículo 424 de la Norma Suprema, determina: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de efi cacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratifi cados por el Estado que
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reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”;
Que, el numeral 3 del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión;
Que, según lo establece el artículo 5 de la Convención ibídem, los Estados Parte, respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional;
Que, el artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece el principio de igualdad y no discriminación, el cual se traduce a: Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, fi liación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación”;
Que, el artículo 8 del cuerpo normativo ibídem, establece la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, para lo cual determina: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos sufi cientes, en forma estable, permanente y oportuna.”;
Que, sobre el Interés Superior del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia, lo ha recogido en su artículo 11, y expresa: “(…) es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.”;
Que, el artículo 12 ibídem señala: “Prioridad absoluta.-En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.
En caso de confl icto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.”;
Que, el artículo 14 ibídem, en su parte pertinente, establece: “Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insufi ciencia de norma o procedimiento expreso para justifi car la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”;
Que, el artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, determina: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarle un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”;
Que, el artículo 26, del Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al Derecho a una vida digna, establece: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y sufi ciente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y tranporte.”
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Que, el artículo 2 del capítulo 1, del título V, del libro segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes, establece: “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-fi lial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
Alimentación nutritiva, equilibrada y sufi ciente;
Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o defi nitiva.”
Que, el artículo 4 del Capítulo 1, del Título V, del Libro Segundo de la norma ibídem, define a los titulares del derecho de alimentos y establece: “Tienen derecho a reclamar alimentos:
Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma;
Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o difi culte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y sufi cientes; y,
Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o difi culte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certifi cado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.”;
Que, el artículo 5 del Capítulo 1, del Título V, del Libro Segundo de la norma ibídem, establece: “ Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.
En caso de: ausencia, impedimento, insufi ciencia de recursos o discapacidad de los obligados principales,
debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:
Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fi jada o asumirla en su totalidad, según el caso.
Los jueces aplicarán de ofi cio los instrumentos internacionales ratifi cados por el Ecuador a fi n de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión.
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia.”;
Que, el artículo 15, literal b) del capítulo I, del Título V, del Libro II, de la Norma ibídem, establece los parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas indicando que: “El Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, en su calidad de rector de la política pública de protección social integral, defi nirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas
Que, el artículo innumerado 43, del capítulo I, del Título V, del Libro II, de la Norma ibídem, determina: “(...) hasta el 31 de enero de cada año el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social publicará en los periódicos de mayor circulación nacional la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas más el porcentaje de infl ación que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.”;
Que, la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 6, define a la persona con discapacidad como: “(…) se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más defi ciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida
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permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento.”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 901 de 18 de octubre de 2019, se designó al doctor Iván Xavier Granda Molina, como Ministro de Inclusión Económica y Social;
Que, por medio del Acuerdo Ministerial No. 000080, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 329, de 19 de junio de 2015, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En dicho instrumento, se establece la misión de esta Cartera de Estado, la cual es: “Defi nir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.”;
Que, el numeral 1 del artículo 9 del Estatuto ibídem, establece como atribución de este Ministerio: “(…) ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria”;
Que, el numeral 2.1.1.4, del artículo 12 del Estatuto ibídem, establece como misión de la Subsecretaría de Protección Especial, planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos el numeral 2.1.1.4.1, del artículo 12 del Estatuto ibídem, establece como misión de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos: “Planifi car, coordinar y gestionar las políticas a través de estrategias internas y externas, que permitan prevenir la amenaza y vulneración de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, conforme a las competencias de la Institución.”; y el literal e) de las “Atribuciones y responsabilidades”, establece: “e. Elaborar la tabla de pensiones alimenticias mínimas con base en criterios previstos por la Ley”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-394, del Ministerio del Trabajo, publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 113, del 03 de enero de 2020, en su artículo 1 se determinó: “Del salario básico uni fi cado para el año 2020.- Fijar a partir del 01 de enero de 2020, el salario básico unifi cado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa, en cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ($ 400,00) mensuales. (…)”;
Que, mediante Sentencia No. 048-13-SCN-CC, publicada en la Gaceta Constitucional No. 004, de 23 de septiembre de 2013, la Corte Constitucional, negó las consultas remitidas por los Jueces de la Primera y Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sobre la constitucionalidad del artículo innumerado 15, del capítulo I, del Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia y la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, expedida por el Consejo de la Niñez y Adolescencia mediante Resolución No. 001-CNNA-2012; la Corte Constitucional estableció: “Determinar cómo interpretación conforme a la Constitución que para la aplicación del artículo innumerado 25 de la Ley Reformatoria al Título V del libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como la Resolución No. 1-CNNA-2013, la determinación del ingreso para la aplicación del porcentaje correspondiente se realizará únicamente con la deducción previa del aporte del trabajador a la seguridad social”(sic)”;
Que, mediante sentencia No. 044-17-SIS-CC, de la Corte Constitucional, en su parte resolutiva se manifestó: “(…) En este sentido, se observa que la juzgadora primeramente analiza que el alimentante señor (…), se desempeña como profesor a tiempo completo en la carrera de medicina de la Universidad (…), donde recibe un sueldo fi jo mensual del cual se le descuenta directamente el aporte a la seguridad social, sumado a los ingresos que recibe por sus servicios como médico en libre ejercicio en el Instituto
(…). Respecto a los segundos ingresos, la juzgadora ha considerado el impuesto a la renta en el que se refl eja los ingresos y egresos propios de su negocio o actividad profesional, dando como resultado el ingreso que realmente percibe. Este cálculo matemático no incumple lo señalado por la sentencia No. 048-13-SCN-CC ya que es correcto de cada negocio tener gastos generados de la misma actividad, que no deben ser considerados como gastos personales del alimentante sino de la actividad profesional o negocio que desempeña. Finalmente se identifi ca que, del cálculo realizado la juzgadora fi ja una pensión superior al mínimo correspondiente según la Tabla de Alimentos, de acuerdo a lo señalado por la sentencia N.° 048-13-SCN-CC anteriormente citada.”;
Que, según la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la inflación anual (IPC) en el año 2019 fue -0,07%;
Que, mediante “Informe Técnico para la Tabla de Pensiones de Alimenticias Mínimas 2020”, elaborado por el psicólogo Nicolás Carranza Trujillo, Analista de
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Proyectos de Protección Especial y Gabriela Gallardo Sandoval, Analista de Protección Especial; revisado por la economista Yesenia Díaz Velasco, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos; y, aprobado por la abogada Patricia Salazar Pazmiño, Subsecretaria de Protección Especial, se recomendó: “la actualización de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que considera al SBU 2020 con el valor de US$ 400,00 según los porcentajes expresados en la tabla y teniendo en cuenta la clasifi cación por edad, número de derechohabientes y el agregado de rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad”;
Que, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. MIES-SPE-2020-0091-M, de 27 de enero de 2020, por parte de la Viceministra de Inclusión Social, manifestó: “(…) APROBADO”; la Subsecretaria de Protección Especial con memorando Nro. MIES-SPE-2020-0094-M, de 27 de enero de 2020, solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica: “(…) proceder con el trámite para la elaboración y publicación del Acuerdo Ministerial en el que se expida la “Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 2020”, como lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, para lo cual remito los siguientes documentos (…)”; y,
En ejercicio de las atribuciones que le concede el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador;
EXPEDIR LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2020
Artículo 1.- La Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas estará compuesta por seis niveles en función de los ingresos del alimentante.
Los ingresos expresados son en Salarios Básicos Unificados (SBU).
El primer nivel agrupa a las personas cuyos ingresos expresados en Salarios Básicos Unificados son de 1.00000 SBU hasta 1.25000 SBU, inclusive; el segundo, a las personas cuyos ingresos son de 1.25003 SBU hasta 3.00000 SBU, inclusive; el tercero, a las personas cuyos ingresos son de 3.00003 SBU hasta 4.00000 SBU, inclusive; el cuarto, a las personas cuyos ingresos son de 4.00003 SBU hasta 6.50000 SBU, inclusive; el quinto, a las personas cuyos ingresos son de 6.50003 SBU hasta 9.00000 SBU, inclusive; y finalmente, el sexto nivel, agrupa a las personas cuyos ingresos son de 9.00003 SBU en adelante.
Artículo 2.- Composición.- La Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, está compuesta por 6 columnas que expresan:
Las primeras tres columnas (INGRESOS DEL DEMANDADO) corresponden a los pagos mínimos que tienen derecho las y los alimentados en cuanto a los rubros de alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios, salud, bienes durables y no alimenticios.
La primera columna, corresponde al número de derechohabientes, la segunda columna representa los porcentajes correspondientes para derechohabientes de 0 a 2 años 11 meses 29 días y la tercera columna representa los porcentajes correspondientes para derechohabientes de 3 años en adelante. La diferenciación por edad de los derechohabientes es en correspondencia con la Constitución de la República del Ecuador, por ser la educación inicial obligatoria y garantizada por la Carta Magna.
tres columnas siguientes,
(REHABILITACIÓN
AYUDAS TÉCNICAS POR
conciernen al agregado a que hubiere lugar únicamente en los casos en que uno o más derechohabientes tuvieran algún tipo de discapacidad temporal o definitiva, en donde se incorpora los valores de “rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o defi nitiva”, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2 del capítulo 1, del título V, del libro segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia.
En este caso, la primera columna corresponde al monto en porcentaje de un SBU correspondiente al agregado, cuando uno o más derechohabientes tuviesen discapacidad moderada; la segunda columna cuando uno o más derechohabientes tuviesen discapacidad grave; y, la tercera columna cuando uno o más derechohabientes tuviesen discapacidad muy grave.
Artículo 3.- Los porcentajes establecidos en la tabla, corresponden a la sumatoria de la distribución del consumo per cápita en el nivel correspondiente del ingreso. La estructura de consumo se divide en el gasto correspondiente a: 1) alimentos, 2) bebidas no alcohólicas, 3) vivienda y servicios, 4) educación, 5) salud, 6) bienes durables y 7) no alimenticios y adicionalmente se considera 8) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad.
Artículo 4.- En el primer nivel de la tabla, (desde 1.00000 SBU hasta 1.25000 SBU) a un derechohabiente de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 28,12 % y de 3 años en adelante es de 29,49 %.
Para dos derechohabientes de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 39,71 % y de 3 años en adelante es 43,13 %.
En los casos de tres derechohabientes en adelante de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad el porcentaje de los ingresos que le corresponde es 52,18 % y de 3 años en adelante es 54,23 %.
Finalmente, para los casos en que uno o más derechohabientes tuvieran alguna discapacidad, se deberá incorporar al valor absoluto del cálculo anterior, el correspondiente a:
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En caso de discapacidad moderada, del 30 % al 49 %, el 4,56 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad grave, del 50 % al 74 %, el 5,23 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad muy grave, del 75 % al 100 % el 6,63 % de 1.00000 SBU.
Artículo 5.- En el segundo nivel de la tabla, (desde 1.25003 SBU hasta 3.00000 SBU) para un derechohabiente de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 34,84 % y de 3 años en adelante es de 36,96 %.
Para dos derechohabientes, 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 47,45 % y de 3 años en adelante es 49,51 %.
Finalmente, para los casos en que uno o más derechohabientes tuvieran alguna discapacidad, se deberá incorporar al valor absoluto del cálculo anterior el correspondiente a:
En caso de discapacidad moderada, del 30 % al 49 %, el 10,68 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad grave, del 50 % al 74 %, el 12,26 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad muy grave, del 75 % al 100 % el 15,55 % de 1.00000 SBU.
Artículo 6.- En el tercer nivel de la tabla, (desde 3.00003 SBU hasta 4.00000 SBU) para uno o más derechohabientes de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 38,49 % y de 3 años en adelante es de 40,83 %.
En caso de discapacidad moderada, del 30 % al 49 %, el 18,23 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad grave, del 50 % al 74 %, el 20,92 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad muy grave, del 75 % al 100 % el 26,53 % de 1.00000 SBU.
Artículo 7.- En el cuarto nivel de la tabla, (desde 4.00003 SBU hasta 6.50000 SBU) para uno o más derechohabientes de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 39,79 % y de 3 años en adelante, es de 42,21 %.
Finalmente, para los casos en que uno o más derechohabientes tuvieran alguna discapacidad, se
deberá incorporar al valor absoluto del cálculo anterior el correspondiente a:
En caso de discapacidad moderada, del 30 % al 49 %, el 25,54 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad grave, del 50 % al 74 %, el 29,30 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad muy grave, del 75 % al 100 % el 37,16 % de 1.00000 SBU.
Artículo 8.- En el quinto nivel de la tabla, (desde 6.50003 SBU hasta 9.00000 SBU) para uno o más derechohabientes de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 41,14 % y de 3 años en adelante, es de 43.64%.
En caso de discapacidad moderada, del 30 % al 49 %, el 30,43 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad grave, del 50 % al 74 %, el 34,92 % de 1.00000 SBU.
En caso de discapacidad muy grave, del 75 % al 100 % el 44,28 % de 1.00000 SBU.
Artículo 9.- En el sexto nivel de la tabla, (desde 9.00003 SBU en adelante) para uno o más derechohabientes de 0 a 2 años (11 meses 29 días) de edad, el porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 42,53 % y de 3 años en adelante, es de 45,12 %.
Artículo 10.- Los valores correspondientes al agregado por discapacidad no serán considerados por derechohabiente sino por hogar. En casos de haber varios derechohabientes con discapacidad, se deberá tomar en cuenta el valor correspondiente al derechohabiente de mayor grado de discapacidad.
Artículo 11.- Para la fijación provisional de la pensión alimenticia, se aplicará lo establecido en la presente tabla, sin perjuicio de que en la audiencia el Juez o Jueza tenga
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en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la misma. (Nivel 1).
Artículo 12.- Cada año, una vez que el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces, informe el monto del nuevo Salario Básico Unificado, las pensiones que se encuentren por debajo de las mínimas señaladas en el artículo 4 del presente Acuerdo, serán ajustadas automáticamente.
El incremento del Salario Básico Unificado afectará únicamente a las personas que tengan este ingreso o un ingreso menor.
Artículo 13.- Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en cuenta el ingreso que tenga el alimentante, expresado en Salarios Básicos Unificados (SBU), el número total de hijos/as que tenga el alimentante, aún si estos no lo han demandado y se lo ubicará en el nivel correspondiente.
La pensión de alimentos fijada garantizará la satisfacción de las necesidades básicas de los derechohabientes, tal como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia.
En el caso de que el alimentante tuviera un segundo ingreso por servicios profesionales se deberá tomar en cuenta lo determinado en la parte resolutiva de la Sentencia de la Corte Constitucional No. 0044-17-SIS-CC, de 30 de agosto de 2017. Respecto a los segundos ingresos, se deberá considerar el impuesto a la renta declarado por parte del alimentante, en el que se reflejarán los ingresos y egresos propios del negocio o actividad profesional que realiza; mismo que da como resultado el ingreso real percibido.
Artículo 14.- En caso de tener hijos/as de diferentes edades, se aplicará el porcentaje correspondiente al derechohabiente de mayor edad.
Artículo 15.- En caso de que ambos progenitores tengan que pagar alimentos, se ubicará independientemente en el nivel que corresponda a cada uno según sus ingresos y se definirá la pensión que cada uno deberá asumir.
Artículo 16.- Los valores de la tabla están expresados en Salarios Básicos Unificados (SBU); sin embargo, para la determinación de la pensión el/la juez/a fijará la pensión alimenticia en dólares de los Estados Unidos de América.
Artículo.17.- Cada año, una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informe el porcentaje de inflación, de conformidad con lo señalado en el artículo 15, del capítulo 1, del Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, este porcentaje deberá ser indexado de forma automática a todas las pensiones alimenticias fijadas.
Artículo 18.- El contenido del presente Acuerdo se sintetiza en la siguiente tabla:
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR
Edad del / la Alimentado / a
(11 meses 29 días)
1 hijo /a
28,12% del ingreso
29,49% del ingreso
5,23% de 1.00
4,56% de 1.00 SBU
6,63% de 1.00 SBU
2 hijos / as
39,71% del ingreso
43,13% del ingreso
Registro Oficial Nº 136 – Suplemento
Miércoles 5 de febrero de 2020 – 9
34,84% del ingreso
36,96% del ingreso
2 hijos /as
10,68% de 1.00 SBU
12,26% de 1.00 SBU
15,55% de 1.00 SBU
3.00003 SBU hasta 4.00000 SBU
38,49% del ingreso
40,83% del ingreso
18,23% de 1.00 SBU
20,92% de 1.00 SBU
26,53% de 1.00 SBU
4.00003 SBU hasta 6.50000 SBU
39,79% del ingreso
42,21% del ingreso
25,54% de 1.00 SBU
29,30% de 1.00 SBU
37,16% de 1.00 SBU
6.50003 SBU hasta 9.00000 SUB
41,14% del ingreso
43,64% del ingreso
30,43% de 1.00 SBU
34,92% de 1.00 SBU
44,28% de 1.00 SBU
9.00003 SBU en adelante
42,53% del ingreso
45,12% del ingreso
34,92% de 1.00
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PRIMERA.- En caso de alimentantes cuyos ingresos sean menores al equivalente a 1.00000 SBU (correspondiente al primer nivel de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas) se deberá tomar como mínimo referencial al SBU actualizado. Siendo responsabilidad de la autoridad competente, actuar con acuerdo a lo determinado en el artículo 5 del Libro II, del Capítulo I, Título V, de Código de la Niñez y Adolescencia.
SEGUNDA.- En el caso de la provincia de Galápagos, los valores que se aplicarán en la fijación de pensiones alimenticias, se realizará conforme a la normativa relativa al Salario Básico Unificado, en función al Régimen Especial fijado para la provincia.
TERCERA.- Para la aplicación de la presente Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para el año 2020, se deberá dar cumplimiento a las normas vigentes establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 67 de 28 de enero de 2019, por medio del cual se expidió la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para el año 2019.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de enero de 2020.
f.) Doctor Iván Xavier Granda Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social.
MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓ-MICA Y SOCIAL.- Secretaría General.- Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.- 04 de febrero de 2020.
RAZÓN: Abg. Javier Rolando Velecela Chica, en mi calidad de Director de la Secretaría General del MIES, conforme se desprende de la Acción de Personal Nro. GMTRH-0002, que rige a partir del 01 de enero de 2020; de conformidad a la atribución establecida en la letra g), del número 3.1.8., del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000080, el 14 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial, Edición Especial Nro. 329, el 19 de junio de 2015; CERTIFICO lo siguiente: siento como tal que, las ocho (08) fojas que anteceden son fiel copia del original, las cuales hacen referencia al
ACUERDO MINISTERIAL NRO. 011, DE 28 DE ENERO DE 2020, las mismas que se encuentran en la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado.- Lo Certifico.-DM., Quito, a 04 de febrero de 2020.
Abg. Javier Rolando Velecela Chica, Director de Secretaría General, Ministerio de Inclusión Económica y Social, D. Durán. 04-02-2020.
Nro. PR-SGC-SGIG-2020-0001
Mgs. Christian Geovanny Novoa Oquendo
COMUNICACIÓN DE GOBIERNO PRESIDENCIA
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 18, dispone: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verifi cada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.- 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”;
Que, el inciso 2 del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planifi cación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
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los principios de efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planifi cación, transparencia y evaluación”;
Que, el primer inciso del artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”;
Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, se expidió las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, en cuyo artículo 25, establece: “Las instituciones públicas de la Función Ejecutiva podrán difundir, informar, publicitar, contratar propaganda y elaborar material publicitario únicamente previa autorización de su Plan de Comunicación por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, quién emitirá las regulaciones pertinentes”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 535 de 11 de octubre de 2018, se suprimió la Secretaría Nacional de Comunicación y se creó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República;
Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 936 de 21 de noviembre de 2019, establece: “Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 383, de 3 de mayo de 2018, publicado en el Registro Ofi cial Suplemento No. 252, de 31 de mayo de 2018, y dispóngase que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia revise y determine las directrices para las actividades relacionadas con la comunicación a ejecutarse por parte de las respectivas instituciones de la Función Ejecutiva”;
Que, con Resolución Nro. PR-SGC-SGIG-2019-0001 de 20 de marzo de 2019, el Subsecretario General de Información de Gobierno, resolvió: “Expedir el procedimiento para la formulación y autorización de los Planes de Comunicación de la Función Ejecutiva”;
Que, mediante Acuerdo Nro. PR-SGPR-2019-0362 de 12 de noviembre de 2019, el Secretario General de la Presidencia de la República, a esa fecha, expidió la Reforma al Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, en cuyo artículo 10 numeral 2.1.3.2, determina entre otras atribuciones y responsabilidades del Subsecretario General de la Información de Gobierno, la siguiente: “(…) g. Dirigir y regular el procedimiento para formulación, autorización, control y evaluación de los planes de comunicación de las entidades de la Función Ejecutiva (…)”;
Que, la Disposición Transitoria Segunda del Acuerdo Nro. PR-SGPR-2020-0008 de 14 de enero de 2020, señala: “El Subsecretario General de Comunicación de Gobierno de la Secretaría General de Comunicación ejercerá las atribuciones y responsabilidades asignadas a la Subsecretaría General de Información de Gobierno de la Secretaría General de Comunicación en el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por
Procesos de la Presidencia de la República, expedido con Acuerdo No. SGPR-2019-0362 de 12 de noviembre del2019, hasta que este sea reformado”;
Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2019-0077-OF de 20 de junio de 2019, la Subsecretaria General de Planificación y Desarrollo, remitió los “Lineamientos previos para la elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversiones 2020”;
Que, mediante Acción de Personal Nro. 2020-MP-008 de 06 de enero de 2020, se designó al señor Christian Geovanny Novoa Oquendo, como Subsecretario General de Comunicación de Gobierno; y,
En el ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y las delegadas por la Máxima Autoridad,
Expedir el Procedimiento para la Formulación, Autorización, Control y Evaluación de los Planes de Comunicación de las Entidades de la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva.
Artículo 1.- La presente Resolución es aplicable de forma obligatoria para todas las entidades públicas que conforman la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva (APCID), incluidas las empresas públicas.
Artículo 2.- La Máxima Autoridad de la Entidad Pública determinada en el artículo precedente, remitirá ante el Subsecretario General de Comunicación de Gobierno, el Plan de Comunicación de su Entidad hasta el 31 de enero de cada año, y de conformidad con el formato establecido.
Para el caso de las entidades adscritas y dependientes, la solicitud deberá ser enviada por su Máxima Autoridad, con copia a la Máxima Autoridad de su Entidad rectora, para conocimiento y coordinación.
Artículo 3.- El Plan de Comunicación contendrá la Planificación de la Estrategia General de Comunicación de la Entidad, con el detalle de sus respectivas acciones, tanto a nivel concentrado, como en territorio, ya sean de fuente de financiamiento fiscal, corriente y/o inversión, financiamiento externo; e, inclusive las que no cuentan con presupuesto.
Artículo 4.- La revisión de los Planes de Comunicación será realizada por el área responsable del desarrollo de la política pública de comunicación y de la revisión planes de comunicación gubernamental y acciones comunicacionales de los proyectos de inversión.
Artículo 5.- En caso de considerarlo necesario, el Subsecretario General de Comunicación de Gobierno, podrá solicitar criterio a otras áreas de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, debido
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a su especificidad, extensión o complejidad, previo a la aprobación del Plan de Comunicación.
Así también, de considerarlo necesario, podrá convocar con carácter de obligatorio a representantes de la Entidad para que pueda realizar aclaraciones sobre su plan de comunicación o las acciones comunicacionales de su proyecto de inversión.
Artículo 6.- En caso de que la Subsecretaría General de Comunicación de Gobierno remita observaciones al Plan de Comunicación, deberán ser solventadas de manera inmediata y justificada, para su posterior aprobación.
Artículo 7.- La aprobación del Plan de Comunicación, así como sus actualizaciones y/o modificaciones, en el caso que se requiera, será emitido por la Subsecretaría General de Comunicación de Gobierno.
Artículo 8.- Las actualizaciones y/o modificaciones que requiera realizarse al Plan de Comunicación podrán
solicitarse en cualquier
fiscal; para tal efecto,
la actualización y/o
Artículo 9.- El aval de la Secretaría General de Comunicación de Gobierno de la Presidencia de la República para las acciones de comunicación de los estudios, programas o proyectos de inversión será emitido por la Subsecretaría General de Comunicación de Gobierno, y la revisión será realizada por el área responsable del desarrollo de la política pública de comunicación y de la revisión de planes de comunicación gubernamental y acciones comunicacionales de los proyectos de inversión.
Las acciones comunicacionales cuya ejecución contemple la erogación de recursos obtenidos por préstamos, fondos de cooperación internacional o cualquier otro mecanismo de financiamiento distinto, se regirán por lo acordado en los contratos o convenios respectivos, mismos que deberán constar en el Plan de Comunicación presentado, y en sus respectivas actualizaciones y/o modificaciones.
Artículo 10.- El seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación será realizado por la Subsecretaría General de Comunicación de Gobierno, a través del área responsable del desarrollo de la política pública de comunicación y de la revisión de planes de comunicación gubernamental y acciones comunicacionales de los proyectos de inversión; para lo cual, las áreas de comunicación de las entidades de la Función Ejecutiva brindarán la colaboración pertinente.
Así también, hasta el 31 de diciembre de cada año, las entidades públicas remitirán al Subsecretario General de Comunicación de Gobierno un informe de los resultados de la ejecución del Plan de Comunicación, para la evaluación pertinente.
Artículo 11.- En ningún caso la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República o su personal
serán responsables de la obtención del financiamiento, la gestión, ni de los procedimientos de contratación que las entidades lleven a cabo a efectos de ejecutar sus planes de comunicación previamente aprobados. Consecuentemente, dichos procedimientos contractuales serán de exclusiva responsabilidad de la Entidad pública contratante, quién deberá observar y cumplir con el ordenamiento vigente.
PRIMERA.- Para la elaboración de los Planes de Comunicación se deberá dar cumplimiento obligatorio a las directrices emitidas por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República para la implementación de las actividades comunicacionales de las instituciones de la Función Ejecutiva, correspondiente al período de ejecución.
Se podrán actualizar los formatos para presentación de los Planes de Comunicación; dicha actualización será notificada por la vía correspondiente a las entidades determinadas en el artículo 2 de la presente Resolución.
SEGUNDA.- El asesoramiento de la aplicación de la presente Resolución será realizado por el área responsable del desarrollo e innovación de la política pública de comunicación, planes de comunicación gubernamental y acciones comunicacionales de los proyectos de inversión.
ÚNICA.- Deróguese íntegramente la Resolución Nro. PR-SGC-SGIG-2019 0001 de 20 de marzo de 2019, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 454 de 26 de marzo de 2019, relacionada con el Procedimiento para la Autorización de los Planes de Comunicación de la Función Ejecutiva; así como, las demás disposiciones de igual o menor rango jerárquico que se opongan a lo establecido en la presente Resolución.
ÚNICA.- De la ejecución, cumplimiento y seguimiento de la presente Resolución encárguese al área responsable del desarrollo e innovación de la política pública de comunicación, planes de comunicación gubernamental y acciones comunicacionales de los proyectos de inversión.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en la ciudad de Quito D.M. a los 24 días del mes de enero de 2020.
f.) Mgs. Christian Geovanny Novoa Oquendo, Subsecretario General de Comunicación de Gobierno, Presidencia de la República del Ecuador.