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Timestamp: 2020-06-04 23:16:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 162']

12. La Justicia Constitucional (II) - Derecho UNED
12. La Justicia Constitucional (II)
1 Competencias del Tribunal Constitucional
2 El Recurso de inconstitucionalidad
3 La cuestión de inconstitucionalidad
3.1 La cuestión interna de constitucionalidad o autocuestión de constitucionalidad
4 El control previo de la constitucionalidad de los Tratados
5 Los conflictos constitucionales
5.1 Conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
5.1.1 Conflictos positivos
5.1.2 Conflictos negativos
5.2 Conflictos de atribuciones
5.3 Conflictos en defensa de la autonomía local
6 La impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las CCAA prevista en el artículo 161.2 de la Constitución
7 El recurso de amparo constitucional. Regulación y naturaleza
8 Objeto del recurso de amparo constitucional
9 Actos impugnables
10 Legitimación
11 La demanda de amparo constitucional
Las atribuciones del TC aparecen recogidas principalmente en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Además de conocer, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia, etc, ejerce funciones administrativo-económicas y funciones de naturaleza judicial.
El TC es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Sus atribuciones aparecen recogidas en la Constitución y el la LOTC, e incluyen el conocimiento de:
El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado y las CCAA.
La cuestión de inconstitucionalidad promovida por los órganos judiciales contra normas con rango de ley del Estado y de las CCAA.
El recurso de amparo por violación d los derechos y libertades constitucionales
Los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA o los de éstas entre sí.
Los conflictos en defensa de la Autoridad local.
Las impugnaciones por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptada por los órganos de las CCAA.
El control previo de constitucionalidad de los Tratados Internacionales
La verificación de los nombramientos de los Magistrados del TC, para juzgar sin reúnen los requisitos requeridos por la C. y la LOTC
La declaración de inconstitucionalidad de los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
El TC cuenta con otra serie de competencias, de distinta índole, que pueden ser administrativo-económicas entre las que se encuentran las de dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios y la de elaborar su presupuesto; y otras de naturaleza judicial, comola de apreciar su propia falta de jurisdicción o de competencia.
A través de este recurso se defienden el interés general y la supremacía de la Constitución, declarando, en su caso, inconstitucionales aquellas normas que sean contrarias a los preceptos constitucionales.
El recurso debe ser interpuesto en el plazo de tres meses (salvo especialidades) por los órganos o personas determinadas en la Constitución y en la LOTC.
El TC al resolver el recurso planteado tomará como parámetro de constitucionalidad, tanto la Constitución como el llamado «bloque de constitucionalidad».
La Sentencia será estimatoria o desestimatoria produciendo el efecto de cosa juzgada; y en el primer caso además supone la expulsión del Ordenamiento Jurídico de la norma (o parte de la misma) que ha sido objeto del recurso.
Las atribuciones del TC aparecen recogidas principalmente en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El control jurisdiccional de la constitucionalidad de la leyes se pone en marcha en principio mediante el denominado recurso de inconstitucionalidad, cuya resolución incumbe al TC. Se trata de un cauce de impugnación directo de las normas con rango de ley,, tanto del Estado como de las CCAA, que conduce al TC a ejercer un control represivo de la constitucionalidad de aquéllas. Es represivo, y no preventivo, porque su interposición es posible sólo después de la publicación oficial de la ley o disposición normativa en cuestión.
Según la Constitución y la LOTC están legitimados para promoverlo:
Los órganos ejecutivos y las Asambleas de las CCAA, previo acuerdo adoptado al efecto.
La capacidad para actuar como parte activa en este procedimiento está restringida a órganos o secciones de los mismos.
No es la persona física concreta la que, por sí sola o en unión de otras, puede impugnar la constitucionalidad de las leyes, sino el órgano de que la misma es titular o la condición o la conclusión de representante del pueblo de la que está investida.
El recurso debe ser interpuesto en el plazo de tres meses a partir de la publicación d la norma impugnada mediante demanda presentada ante el TC en la que constarán la identidad de los demandantes, la Ley, disposición o acto impugnado, en todo caso o en parte, y el precepto constitucional que se entiende infringido. La LO 1/2000 ha ampliado el plazo para el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA a 9 meses.
Objeto del recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con la LOTC, son:
Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley
Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley delas CCAA
En cuanto al canon o parámetro de constitucionalidad, es decir, el referente normativo con el que se compara la norma en cuestión para verificar su validez constitucional, está formado por el conjunto de “los preceptos constitucionales y las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para delimitar las competencias del Estado y las CCAA, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas”.
Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. “La eficacia erga omnes propia de las sentencias del TC en los procedimientos de inconstitucionalidad implica, como consecuencia ineludible, la de que, declarada la inconstitucionalidad de una norma legal, ésta queda expulsada del ordenamiento, con lo que no puede ser aplicada por ningún órgano del Estrado”.
“Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión en la misma vía, fundado en infracción de idéntico precepto constitucional”.
“Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los deba extenderse por conexión o consecuencia”.
Finalmente, “la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre Leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el TC habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad”
La cuestión de inconstitucionalidad es como el recurso del mismo nombre, “un instrumento destinado primordialmente a asegurar que la actuación del legislador se mantiene dentro de los límites establecidos por la Constitución, mediante la declaración de nulidad de las normas legales que violen esos límites”.
Persigue el mismo fin que el recurso de inconstitucionalidad, si bien sólo está legitimado para elevar la cuestión al TC, el órgano judicial ordinario que al ir a dictar Sentencia en un proceso concreto se ve abocado a aplicar una norma de cuya constitucionalidad duda.
La cuestión promovida por los Jueces o Tribunales tiene el carácter de control concreto de la constitucionalidad de las leyes.
Objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, es, también, enjuiciar la conformidad a, o disconformidad con, la Constitución, de las leyes, disposiciones y actos con fuerza de ley comprendidos en el art. 27.2 LOTC.
El parámetro de constitucionalidad es, igualmente, el conjunto de normas que forman el bloque de constitucionalidad.
¿Quién está legitimado para plantear la cuestión de constitucionalidad?:
El art. 163 dela Ce dispone que “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”. Y el 35 de la LOTC, que “cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma ....” reiterando a renglón seguido lo establecido en el art. 163 CE. Así pues, los legitimados son exclusivamente los Jueces y Tribunales ordinarios en cualquier tipo de proceso.
Por lo que hace al momento procesal y a los requisitos del planteamiento la LOTC dice que el órgano judicial sólo podrá plantearla una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, con lo que se pretende”impedir que las cuestiones de inconstitucionalidad se utilicen con fines dilatorios (y) garantizar que el juzgador tenga a la hora de plantearla los elementos de juicio suficientes para conocer si realmente de la norma que va a cuestionar depende el fallo”. Antes de adoptar su decisión el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que deseen.
Para que le planteamiento prospere, el órgano judicial debe concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya de constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.
El TC podrá rechazarla, mediante auto, en trámite de admisión, sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado cuando faltaren las condiciones procesales o fueren notoriamente infundadas. Si el TC la admite, dará traslado de la misma la Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno y, de afectar a una norma autonómica con fuerza de ley, al ejecutivo y legislativo de la Comunidad Autónoma correspondiente, para que puedan personarse en el procedimiento y formular alegaciones en un plazo de 15 días, concluido ese plazo, dictará sentencia, comunicándosela inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso, el cual se lo notificará a las partes.
La cuestión interna de constitucionalidad o autocuestión de constitucionalidad
La autocuestión de constitucionalidad persigue también la expulsión del Ordenamiento Jurídico de las normas que sean contrarias a la Constitución, pero en este caso es el propio TC el que se formula así mismo la cuestión con ocasión de la resolución de un recurso de amparo o de un conflicto de competencias en el ámbito local.
El control previo de la constitucionalidad de los Tratados
Si durante la tramitación de un Tratado internacional surgen dudas sobre la constitucionalidad de sus disposiciones, determinados órganos del Estado pueden recabar la intervención del TC para que se pronuncie al respecto antes de su firma por el Estado.
La Constitución ha previsto la posibilidad de un control excepcional a priori o previo para los tratados internacionales.
Mediante la vía del art. 95.2 CE –dice el TC- la Norma fundamental atribuye al TC la doble tarea de preservar la Constitución y de garantizar, al tiempo, la seguridad y estabilidad de los compromisos a contraer por España en el orden internacional. Como interprete supremo, el TC es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un Tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no ha recibido aún el consentimiento del Estado. Si la duda de constitucionalidad se llega a confirmar, el Tratado no podrá ser objeto de ratificación sin la previa revisión constitucional.
El objeto el control es, pues, el texto de un tratado internacional que suscita dudas sobre la constitucionalidad de sus estipulaciones.
El procedimiento se inicia durante la tramitación del tratado, mediante el requerimiento al TC para que “declare si existe o no esa contradicción”. El requerimiento lo realiza el Gobierno, el Pleno del Congreso, a iniciativa de dos Grupos parlamentarios o de más de una quinta parte de los Diputados o el Senado, a propuesta de un Grupo Parlamentario o de veinticinco Senadores.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la mencionada declaración, el TC ha señalado que se trata de una “decisión basada en argumentaciones jurídico-constitucionales” y “ aunque su forma no puede merecer la calificación legal de Sentencia, es una decisión jurisdiccional con carácter vinculante y, en cuanto tal, produce erga omnes todos los efectos de cosa juzgada”.
Los conflictos constitucionales
El Tribunal Constitucional español viene desempeñando desde su creación un importante papel como Tribunal de conflictos, especialmente de aquellos que son consecuencia de la división territorial del poder, en sus diferentes esferas: central, autonómica y municipal.
Los conflictos constitucionales pueden clasificarse en: conflictos de competencias entre el Estado y las CC. AA. o de estas entre sí, que a su vez se subcalifican en positivos o negativos; conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado; y conflictos en defensa de la autonomía local, que plantean los municipios y provincias frente al Estado o una Comunidad Autónoma. El conocimiento de todos ellos es de la competencia del Tribunal Constitucional.
Conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
Pueden ser positivos (el Estado y la CCAA se consideran competentes en determinada materia; el TC deberá declarar a quién de los dos corresponde finalmente dicha competencia); y negativos (ni el Estado ni la CCAA se consideran competentes para regular determinada materia).
Son objeto de este tipo de conflictos las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las CCAA que, a juicio del que lo plantea, no respetan el orden de competencias establecido en la CE, en los Estatutos de Autonomía o en las leyes correspondientes y, en el caso de las CCAA, afectan a su ámbito. La legitimación para plantear el conflicto corresponde al Gobierno del Estado que podrá formalizarlo directamente ante el TC, y al respectivo Gobierno de la CCAA, el cual tendrá previamente que requerir de incompetencia al Gobierno Central o a otra CC. AA y, una vez producido el rechazo del requerimiento acudir al TC.
La iniciación del conflicto producirá la suspensión de todo proceso en el que esté pendiente la impugnación de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto.
En la tramitación del conflicto, la parte actora aporta cuantos documentos y alegaciones estime convenientes, así como las informaciones, aclaraciones o precisiones le solicite el TC.
La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará , en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto.
La LOTC ha previsto dos tipos. Uno, el que se produce como consecuencia de que la Administración del Estado o de una CCA y, sucesivamente, la CCA o el Estado, a los que se les ha permitido, declinen su competencia para adoptar resolución expresa de la pretensión deducida ante los mismos por una persona física o jurídica. En este supuesto el interesado puede acudir al TC, presentando la oportuna demanda, para que se tramite y resuelva el conflicto de competencias negativo.
El segundo tipo de conflicto negativo, es el que puede suscitar el Gobierno central ante la inactividad del órgano ejecutivo superior de una C A; y procederá cuando, después de haberle requerido para que ejercite las atribuciones propias de su competencia, el Gobierno o la C A se declare incompetente. Previas las alegaciones oportunas, el TC dictará sentencia que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
La declaración de que el requerimiento es procedente, que conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la C A deberá ejercitar la atribución requerida;
Se produce cuando dos órganos constitucionales consideran tener competencia sobre la misma materia. El TC declarará a quién le corresponde la competencia.
Aunque la CE no se refiere a ellos, la LOTC si lo hace. Son los conflictos que oponen al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado con el CGPJ, o a cualesquiera de estos órganos constitucionales entre sí.
El conflicto constitucional de atribuciones tiene como principal objeto una vindicación de competencia suscitada por uno de estos órganos a consecuencia de actos o decisiones de otro órgano constitucional.
El procedimiento se inicia mediante el requerimiento de incompetencia y la posterior formalización del conflicto ante el TC. Sigue la fase de notificación al órgano requerido, la personación o comparecencia, alegaciones y obtención de información y aclaraciones, y concluye con la sentencia. Que determinará a que órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas.
Se produce cuando una norma con rango del Ley del Estado o de una CCAA invade el ámbito de autonomía de uno o varios municipios o de una o varias provincias.
Este es un procedimiento creado para proteger la autonomía local frente a las normas y disposiciones con rango del Ley del Estado o de una CCAA que puedan vulnerarla.
Esta institución no está pensada para reivindicar competencias, sino para asegurar la autonomía local. De ahí que no exista requerimiento previo de incompetencia y, de otra parte, que los sujetos legitimados para plantear el supuesto conflicto no puedan ser, a su vez, demandados en este procedimiento por invadir competencias ajenas.
Están legitimados para plantear este tipo de conflictos:
El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley
Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y que representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial.
Un número de provincias que suponga al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial.
El procedimiento empieza con el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de la misma. A continuación hay que solicitar, dentro del plazo de tres meses contados desde el siguiente al de la publicación de la ley, el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la correspondiente C. A. si existiere.
Si el TC lo admite a trámite, dará traslado a los órganos legislativo y ejecutivo de la C. A. y, en todo caso, a los órganos correspondientes del Estado. Luego de la personación y de la formulación de las alegaciones y de requeridas las aclaraciones oportunas, el TC resolverá. La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía, determinando la titularidad o atribución de la competencia controvertida y lo que proceda sobre las situaciones creadas.
La impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las CCAA prevista en el artículo 161.2 de la Constitución
A través de esta vía de impugnación se persigue que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de una disposición normativa sin fuerza de ley o de resoluciones emanadas de cualquier órgano de una CCAA.
Hay que diferenciarla de la impugnación que pudiera darse ante el orden contencioso-administrativo, pues en este caso se dudaría de la «ilegalidad» de la disposición o resolución pero no entraría a enjuiciar su constitucionalidad.
El único fundamento posible ha de ser en este caso una trasgresión de la Constitución que no sea la falta de competencia. Como dijo el TC “los art. 76 y77 de la LOTC configuran un procedimiento que encuentra sustantividad propia en aquellos supuestos en los que el Gobierno imputa a una disposición legal o a una resolución de una Comunidad Autónoma un vicio de inconstitucionalidad que, no consistiendo en la vulneración del orden competencial, no podría ser denunciado a través del recurso de inconstitucionalidad debido al rango de tales disposiciones o resoluciones, ni se avendría tampoco en razón del carácter de la pretensión deducida, a los límites objetuales del conflicto.”
El recurso de amparo constitucional. Regulación y naturaleza
El recurso de amparo aparece regulado en la Constitución y en la LOTC. El recurso tiene carácter excepcional y subsidiario.
La Constitución de 1978 ha incluido entre las garantías de las libertades y derechos fundamentales el instituto del recurso de amparo. Y lo ha hecho en los art. 53.2, 161.1.b) y 162.1.b) que, respectivamente, disponen:
53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 –la igualdad-, y la Sección primera del Capítulo segundo –artículos 15 a 29-, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
161.1.b) El Tribunal Constitucional, es competente para conocer: Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
Y Están legitimados: 162.1.b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
El recurso de amparo es un remedio constitucional–procesal, específicamente diseñado para preservar y restablecer los derechos fundamentales, previstos y amparados en la Constitución, que posee un carácter extraordinario y, en la mayoría de las ocasiones, subsidiario, ya que con anterioridad hay que agotar sin éxito la vía judicial preceptiva y los recursos utilizables, y haber invocado formalmente el derecho vulnerado.
La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades –dándoles efectividad-, cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias.
Objeto del recurso de amparo constitucional
A través del recurso de amparo se persigue la protección de derechos y libertades recogidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución. Si bien este ámbito de protección se ha visto ampliado a determinados supuestos recogidos en distintas Leyes (iniciativa legislativa popular, régimen electoral general, etc.).
De acuerdo con el art. 53.2, antes transcrito, los derechos y libertades protegidos con el recurso de amparo constitucional son, en principio, los incluidos en los art. 14 a 29 y 30.2 de la CE., es decir, el principio de igualdad, el derecho a la vida y la integridad física y moral, las libertades ideológica, religiosa y de culto, la libertad personal y la seguridad, el honor, la intimidad, la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, las libertades de residencia y de circulación, la libertad de expresión y demás del art. 20, los derechos de reunión y asociación, el derecho a participar en los asuntos públicos el derecho a la jurisdicción, a la educación, a sindicarse, de petición, de huelga y la objeción de conciencia para prestar el servicio militar.
Sin embargo la legislación ha venido modificando ese ámbito de protección, ampliándolo. Ejemplos de esa ampliación han sido:
La LO reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, la comisión promotora podrá interponer recurso de amparo ante el TC.
La LO del Régimen Electoral General, con respecto a los candidatos.
La LO de Partidos Políticos, caso de disolución de partidos.
También se ha producido una notable ampliación del ámbito protegible por el recurso de amparo a través de la jurisprudencia constitucional, sobre todo como consecuencia de la interpretación de los art. 14 –igualdad- y 24 –tutela judicial efectiva o derecho a la jurisdicción-.
El recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades antes referidos, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las CCAA y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
La LOTC distingue tres tipos básicos de decisiones que pueden dar lugar a la interposición de un recurso de amparo:
Procedentes de órganos legislativos estatales o autonómicos.
Procedentes de órganos ejecutivos estatales o autonómicos (siempre que se haya agotado la vía judicial procedente)
Procedentes de la acción u omisión de órganos judiciales (siempre que se den determinados requisitos).
Procedentes de los órganos legislativos: el art. 42 dispone que “las decisiones y actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas de las CCAA, o de sus órganos, que violen los derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos en el plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras sean firmes”.
Procedentes de los órganos ejecutivos: El art. 43 dice: Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución.
“La exigencia de haber agotado al vía judicial procedente es aplicable también sin duda a los recursos que se intenten contra acuerdos de los Ayuntamientos. Asimismo son poderes públicos los Colegios Profesionales, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y la Casa Real.
El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial Provinientes de los órganos judiciales:
Procedentes de los órganos judiciales. A tenor con el art. 44 de la LOTC, Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
La Constitución dice en su artículo 162 que están legitimados: Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El art. 46 de la LOTC matiza aquella afirmación al decir que los legitimados son en todo caso, el Defensor del Pueblo, y el Ministerio Fiscal; además, en los casos de los art. 42 y 45 -actos del legislativo y del ejecutivo-, lo es la persona afectada; mientras que en los de los art. 43 y44 –actos del poder judicial-, quienes hayan sido parte en el proceso.
Se requiere que la persona natural o jurídica invoque un interés legítimo.
Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso o que ostenten un interés legítimo en el mismo.
El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.
Tras un reforma de la LOTC en 2009 se han establecido una serie de requisitos para admitir la demanda de amparo constitucional.
Del recurso de amparo conocerán las Salas o las Secciones del TC, que dictarán Sentencia estimando o desestimando el mismo. En todo caso tendrá valor de cosa juzgada, produciendo sólo efecto inter partes.
El recurso de amparo será objeto de una decisión de admisión a trámite cuando concurran los siguientes requisitos:
Que cumpla lo dispuesto en los art 41 a 46 y 49.
Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del TC en razón de su especial trascendencia.
La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos protegidos.
reconocimiento del derecho o libertad pública conforme a la CE.
restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de medidas.