Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00432-4826-2014-de-octubre-28-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_79b0c9917bf04c8eabef518bb5bbece9&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 22:21:58
Document Index: 31188503

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 158', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 158', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 158', 'artículo 188', 'artículo 392', 'artículo 73', 'artículo 365', 'artículo 188', 'artículo 171', 'artículo 365', 'artículo 280', 'artículo 158', 'artículo 80', 'Artículo 171', 'artículo 42', 'artículo 392', 'artículo 73']

﻿ SENTENCIA 2013-00432/4826-2014 DE OCTUBRE 28 DE 2016
SENTENCIA 2013-00432 DE 28 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:PRESTACIONES RECONOCIDAS A FAMILIARES DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA MUERTOS EN COMBATE. EXISTE UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LAS PRESTACIONES QUE LE SON RECONOCIDAS POR EL DECRETO 2728 DE 1968 A LOS FAMILIARES DE LOS SOLDADOS MUERTOS EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO Y LAS PREVISTAS POR EL DECRETO 1211 DE 1990 PARA LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES MUERTOS EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS. EN ESTE SENTIDO,NO EXISTE JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA QUE A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SOLDADOS REGULARES QUE VIENEN PRESTANDO SUS SERVICIOS A LA FUERZA PÚBLICA Y FALLEZCAN EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO NO LES SEA RECONOCIDA UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, CUYA ÚNICA FINALIDAD ES LA DE BRINDAR UN APOYO ECONÓMICO AL GRUPO FAMILIAR, QUE ANTE LA AUSENCIA DEFINITIVA DE QUIEN PROVEÍA LO NECESARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS HA QUEDADO DESPROVISTO DE LOS MEDIOS ECONÓMICOS PARA TAL EFECTO. DE HECHO, NO RESULTA RAZONABLE TAMPOCO QUE EL DECRETO 2728, AL IGUAL QUE DECRETO 1211, ORDENE EL ASCENSO PÓSTUMO DEL SOLDADO REGULAR MUERTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL SERVICIO AL GRADO INMEDIATAMENTE SUPERIOR, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE SUS BENEFICIARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, PRESTACIONES SOCIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, CLASES DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, MUERTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES
Sentencia 2013-00432/4826-2014 de octubre 28 de 2016
Rad. 660012333000201300432 01
Nº Interno: 4826-2014
Actores: Luz Angélica Yande y Delio Rodriguez Cometa.
Asunto: Determinar la viabilidad del reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte en combate(1) y establecer si se deben devolver las sumas reconocidas por concepto de compensación.
Bogotá D.C., veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.
Atendiendo a los motivos de oposición aducidos tanto por la parte demandante como la demandada y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de que trata el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990(17); en caso afirmativo, se debe establecer si los mencionados señores tienen que devolver las sumas que se les pagó por concepto de compensación y, además, si la entidad demandada puede ser condenada en costas.
i) De la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado profesional en el caso que su muerte se produzca en combate
La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, dejaría en situación de desamparo a los integrantes del mismo. En efecto, con la finalidad de atender dicha contingencia derivada de la muerte, el legislador ha previsto la pensión de sobreviviente cuya finalidad, no es otra que suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el empleado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación.
En este contexto, el derecho de la seguridad social crea la noción de “beneficiario de pensión” que difiere del concepto de general de “heredero o causahabiente” previsto en el derecho civil. Lo anterior por cuanto, mientras los herederos de una persona que fallece, son sus descendientes o ascendientes, sin importar el grado de dependencia económica con el fallecido, los beneficiarios de pensión son las personas que se encontraban en situación de dependencia de la persona que fallece. Es claro, entonces, que todo beneficiario de pensión es también heredero del causante, pero los herederos no necesariamente son beneficiarios de pensión.
Bajo ese contexto debe decirse, que el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, en el artículo 8º estableció algunas prestaciones de carácter económico a favor de los soldados que en servicio activo mueren “por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público”. Al respecto, la norma en referencia preceptuó:
“(...) ART. 8º—El soldado o grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
Tal y como se puede observar, la citada normatividad no estipuló el derecho de obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado muerto, pues solo determinó una compensación por muerte en caso de que el soldado hubiese fallecido en combate, misión o por diferentes causas.
No obstante, el Decreto 1211 de 1990, por el cual se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 189, contenido en la Sección de prestaciones por muerte en actividad, estipuló lo siguiente:
“(...) ART. 189.—Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.
(...)”. (Lo subrayado es de la Sala).
Nótese que el citado artículo estableció una serie de prestaciones a favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en combate, entre las que se encuentran el ascenso póstumo y el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.
“(...) Las prestaciones sociales por causa de muerte de oficiales y suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia éstos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de ley.
c. Si no hubiere hijos la prestación se divide así: - El cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge. - El cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividir entre los padres así:
- A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuges, la prestación corresponder a la caja de retiro de las Fuerzas Militares. (...)”.
Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias; es por ello que en casos con contornos similares al presente, esta Corporación ha concluido que en aras de efectivizar el derecho a la igualdad, así como proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, es viable aplicar el Decreto 1211 de 1990 con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes prevista en dicho régimen. Al respecto, se ha sostenido(18):
No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo económico que este les brindaba.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa, en su condición de padres del soldado Wiltón Rodriguez Yande, quien falleció en actos propios del servicio el 17 de marzo de 2000(19), pretenden el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente de acuerdo con el régimen prestacional previsto para los miembros de las Fuerzas Militares, en el Decreto 1211 de 1990.
En efecto, los demandantes el 5 de junio de 2012, con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, le solicitaron al Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la citada prestación pensional teniendo en cuenta que la muerte de su hijo se produjo en desarrollo de actos propios del servicio(20).
No obstante lo anterior, la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa mediante Oficio OFI12-59707 MDSGDVBSGPS 1.10 de 25 de junio de 2012 negó la referida solicitud, con el argumento de que el Decreto 2728 de 1968 no establecía el reconocimiento de una prestación pensional a favor de los ascendientes o descendientes de los soldados muertos en combate. Para el efecto dispuso:
Por el fallecimiento del señor Wilton Rodríguez Yande (q.e.p.d.) se reconoció y ordenó pagar compensación por muerte y bonificación especial mediante Resolución 2859 de 2001, única prestaciones a que había lugar, teniendo en cuenta el Decreto 2728 de 1968, norma legal vigente y aplicable para la época de los hechos.
En el evento de haber hecho efectivo dichos valores, deberá dirigirse a la tesorería principal del grupo financiero de la dirección administrativa.
Debe señalarse del material probatorio allegado al expediente, que el señor Wiltón Rodriguez Yande ingresó a prestar sus servicios al Ejército Nacional, inicialmente como soldado regular desde el 2 de agosto de 1998 al 5 de diciembre de 1999 y, posteriormente, como soldado voluntario desde el 6 de febrero de 2000 al 17 de marzo de 2000, fecha en que falleció mientras adelantaba una operación de registro y control militar en el Corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda). Para el efecto en el Informe Administrativo de 19 de marzo de 2000 se estableció que
“(...) siendo aproximadamente las 23.00 horas del día viernes 17 de marzo del año en curso, la contraguerrilla bombarda 3 recibe la orden de desplazamiento hacía el corregimiento de Santa Cecilia donde en ese momento se encontraba siendo asaltada la población por subversivos del 47 frente de las Farc, llegando las tropas hasta el sitio llamado puente la unión. Antes de llegar al corregimiento de santa Cecilia, llegando al puente fueron enviados unos vehículos particulares con pasajeros con las luces encendidas, mencionados cruzaron el mismo y se les ordenó alto sin acatar la orden de la tropa los cuales llegando a la curva iluminando la patrulla que se encontraba en el sitio de inmediato se sintieron ráfagas de fusil producidas por los bandoleros, cayendo herido el soldado Rodríguez Yande Wiltón, donde más tarde falleció por causa del impacto de arma larga calibre 556 R-15 con entrada parte izquierda torácica con orificio de salida en la espalda, fue auxiliado por el soldado enfermero pero fue imposible salvarle la vida, más tarde se procedió a evacuar el soldado. (...)”.
Pues bien, observa la Sala que el régimen prestacional de las Fuerzas Militares, previsto en el Decreto 2728 de 1968, únicamente le reconocía su ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo y, a favor de sus ascendientes, una prestación indemnizatoria y el pago del auxilio de cesantías en doble proporción. Así las cosas, resulta evidente que cualquier prestación pensional, entre ellas, la reclamada por los demandantes, se encuentra excluida de los beneficios reconocidos a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio.
Se debe advertir con fundamento en lo establecido en el acápite anterior, que existe un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.
Estima la Sala que no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.
De hecho, no resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo económico que este les brindaba.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política(21), la Sala en el caso concreto, tal y como lo dispuso el a quo, inaplicará el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.
Sobre este particular, esta Sección en sentencia 30 de octubre de 2008, Rad. 8626-2005. se manifestó que:
“(...) En principio, como el hijo de los demandantes ostentaba la calidad de soldado regular no tendría derecho a las prestaciones consagradas en el Decreto 1211 de 1990 para los oficiales y suboficiales muertos en combate sino únicamente a las relacionadas en el Decreto 2728 de 1968.
El derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado que muere en la prestación del servicio militar obligatorio fue consagrado en la Ley 447 de 21 de julio de 1998. (...)
Si bien la normatividad en cita establece el reconocimiento de una pensión a favor de los beneficiarios del soldado muerto, la misma no es aplicable al sub lite porque la norma entró a regir el 21 de julio de 1998 y la muerte del soldado ocurrió el 6 de noviembre de 1996, es decir, 8 meses antes de la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998.
Sin embargo, la finalidad de la norma aludida es proteger al grupo familiar del soldado muerto en la prestación del servicio militar oficial y brindar una ayuda para que sus integrantes no queden desamparados, razón ésta que permitiría aplicar el beneficio pensional consagrado en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados que prestando el servicio militar son muertos en combate”..
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.) prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 1 año, 5 meses y 19 días el monto de la citada prestación pensional, de acuerdo con el literal d, del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, debe ser equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem, tal y como lo señaló el a quo.
De otro lado, en lo que se refiere al argumento que expuso la parte demandante, según el cual, no es posible la devolución de lo pagado por compensación de la muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.), se tiene que, al comparar tanto el Decreto 2728 de 1968 como el 1211 de 1990, se advierte que ambas normas son coincidentes en una indemnización que corresponde al reconocimiento de cuarenta y ocho meses (cuatro años) de haberes correspondientes al grado del fallecido y pago doble de las cesantías causadas, quiere decir entonces que no hay lugar a solicitar tal devolución, por ende, se revocará la sentencia en cuanto a este punto se refiere. Al respecto esta corporación ha señalado lo siguiente(22):
“(...) En efecto haciendo un parangón entre lo previsto por el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, que en su inciso primero reza: “ART. 8º—El soldado o grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía..”. y lo dispuesto por el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 que dispuso “ART. 189.—Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante..”, no existe explicación jurídica para exigir que lo percibido por los demandantes a título de indemnización por mandato del Decreto 2728 de 1968 sea reintegrado por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de que trata el Decreto 1211 de 1990, cuando ésta última también lo contempla y ninguna de las prestaciones allí consagradas son optativas o excluyentes, sino, por el contrario, perentorias para quienes se hallen en los supuestos fácticos descritos por el legislador.
Finalmente en relación a la condena en costas, es pertinente señalar que aunque el origen de éstas obedece a un principio de responsabilidad patrimonial que tienen las partes(23) cuando con sus actuaciones procesales incurren en mala fe o temeridad, también es cierto que éstas actualmente constituyen causales o reglas que expresamente refiere la ley para su declaratoria, liquidación y ejecución.
Bajo este entendido, cabe precisar que el criterio para la imposición de costas inicialmente estaba dado por observancia de la conducta asumida por las partes(24), no obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se advierte que en el artículo 188(25) se hace mención a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil que respecto a la materia señala en el artículo 392(26): “(...) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73 (...)”.
Consecuente con lo anterior y dado que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el artículo 365 señaló que “(...) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe (...)”., se tiene que el criterio subjetivo que en principio operaba y que hacía referencia al examen que debía realizar el juez para determinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso o incidente o se opuso a él y resultó vencido, dejo de existir cuando se acogió con la nueva normatividad el criterio objetivo que simplemente indica que las costas en los casos señalados en los artículos anteriores, son a cargo de la parte vencida.
Es necesario señalar que recientemente esta Corporación(27), respecto de la condena en costas, en relación a la aplicación del Decreto 1 de 2 de enero de 1984(28), dijo lo siguiente:
“(...) La norma contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre la procedencia o no de imponerlas.
La mencionada sentencia, precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del Decreto 1 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes..”., también lo es que la norma establecida en la Ley 1437 de 2011, no impone la condena de manera automática, frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que tal condena es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderando tales circunstancias, debe pronunciarse sustentando su decisión de procedencia.
La anterior interpretación se ajusta con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala que la condena en costas se impone en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos “...en que haya controversia” y “... sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En el presente asunto, el a quo no expuso ningún argumento para imponer la condena en costas a la parte vencida en el litigio, decisión que debió fundamentar de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 del Código General del Proceso (...)”.
Lo que permite concluir que en aplicación de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984, existía un criterio subjetivo al cual debía acudir el operador jurídico para determinar si a razón de una actuación temeraria, habría lugar o no a la imposición de las costas.
Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que existe un criterio objetivo en lo que corresponde a la imposición de las costas a la parte vencida, pues para el caso, el condenar en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, no tiene en cuenta la conducta asumida por la parte vencida. Sin embargo, en criterio de la ponente debe existir un margen de análisis mínimo que le permita al Juez evaluar las circunstancias que le permitan decidir si se le impone o no costas a la parte vencida.
Así las cosas, refiriéndonos al caso en concreto, se observa que el a quo no realizó un análisis que permita inferir si hay una circunstancia distinta a la aplicación objetiva y literal de la norma y por tanto al revisarse la discusión planteada por la demandante.
En las anteriores condiciones se confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda de 17 de julio de 2014, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y se revocará los numerales 6.5.2 y 6.5.5, en cuanto ordenaron descontar de los valores a pagar la suma cancelada por concepto de compensación y condenaron en costas a la parte demandada, respectivamente.
1. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. REVOCAR los numerales 6.5.2 y 6.5.5 de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó el descuento de lo cancelado por compensación por muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande y condenó en costas a la parte demandada, respectivamente.
NEGAR tanto la devolución de los dineros que fueron reconocidos y pagados por concepto de compensación, por no existir fundamento legal para ello, como la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.
1 Decreto 1211 de 1990.
d. Si el oficial o suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este decreto (...)”.
17 “(...) ART. 189.—Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado.
Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
18 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia de 7 de julio de 2011, Radicación 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09), Actor: Evadias Perez Villalba.
19 De acuerdo con el Informe Administrativo de 19 de marzo de 2000 visible a folio 7.
20 Visible a folio 3 del expediente.
21 “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
22 CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 19 de enero de 2015, radicado 13001-23-33-0002012-00159-01(4353-13), actores: Vidal Simarra Pedroza y Maritza Franco de Simarra, demandado: Ministerio de Defensa - Armada Nacional, C. P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
Ver también sentencia del Consejo de Estado, Expediente 17001-2331-000-2006-01111¬ 01 (1578-09), C. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, la cual señala que:
“(...) De acuerdo con lo anterior, la indemnización por muerte del Agente y las cesantías dobles, no son incompatibles con la pensión de sobrevivientes, pues el derecho a recibir las dos primeras se causa con el hecho del fallecimiento, independientemente de que haya lugar al reconocimiento del segundo (pensión de sobrevivientes) para el cual se exige además que el causante haya prestado sus servicios por 12 años.
Por lo anterior, la Sala no encuentra justificada la obligación impuesta de restituir las sumas pagadas por concepto de indemnización por muerte del causante, máxime cuando la indemnización objeto de discusión, fue reconocida mediante acto administrativo, Resolución 006097 de 17 de mayo de 1995, cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada y por ende conserva plena validez (...)”.
23 En el entendido que en los aspectos no contemplados en el C.P.A.C.A. se sigue el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, se tiene que el artículo 80 respecto de la responsabilidad patrimonial de las partes, literalmente señala: “Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente. A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente. Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente”.
24 Artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
25 Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
26 Modificado por la Ley 794 de 2003, señala en el artículo 42: Los numerales 1º y 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil quedarán así: 1.) Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 2.) La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección “B”. Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón (e). Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015). Radicación 73001-23-33-000-2012-00206-01. Expediente 1343¬ 2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
28 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.