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Timestamp: 2019-12-15 02:46:31
Document Index: 39535164

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 128', 'artículo 53', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 87']

Ley 1/2008, de 17-04-2008, de la Presidencia de la Junta, de creación de la Empresa Pública de Gestión de Suelo de Castilla-La Mancha (Vigente hasta el 22 de Septiembre de 2011).
Publicado en DOCM núm. 87 de 28 de Abril de 2008 y BOE núm. 193 de 11 de Agosto de 2008
Vigencia desde 29 de Abril de 2008. Esta revisión vigente desde 29 de Abril de 2008 hasta 22 de Septiembre de 2011
Artículo 2 Forma jurídica
Artículo 3 Objeto y funciones de la empresa pública
Artículo 4 Capital social
Artículo 7 Avales y garantías
Artículo 8 Control financiero
Artículo 9 Recursos humanos
Artículo 10 Memoria de actividades
Primera Sobre aportación de bienes
Segunda Sobre operaciones de reordenación
Tercera Modificación de la adscripción
Disposición transitoria única Subrogación
Primera Plazo de constitución
Número 4 del artículo 9 redactado por la disposición final novena de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 4/2011, 10 marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 22 marzo).
Hay que mencionar que la nueva legislación básica estatal recogida en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, identifica -como ya lo hizo la Ley regional 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y posteriormente el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que derogó la ley anterior- la acción de urbanizar con una función pública, independiente de la actividad edificatoria, y por tanto, separada del estatuto del derecho de propiedad y considera que el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. La urbanización es un servicio público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados. Por ello, es una buena oportunidad para crear un instrumento para garantizar lo que la propia legislación básica denomina «principio de desarrollo territorial», al indicar que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
El artículo 128.2 de la Constitución Española reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha faculta en su artículo 53.Dos a la Junta de Comunidades para constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia. El artículo 12.h) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, establece reserva de Ley para el régimen general y especial en materia financiera de las entidades que, de conformidad con el artículo 4 de la misma norma, integran el sector público regional, entre las que se encuentran las empresas públicas.
A su vez, el artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía atribuye plena competencia a la Junta de Comunidades para la «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda».
a) La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler.
b) La instrumentación de figuras de planeamiento, urbanización y parcelación de suelo para fines residenciales, industriales, de equipamiento y de servicios.
c) La promoción y gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo y de viviendas.
d) El mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas de la Comunidad Autónoma.
a) Los de su propio capital social.
b) Las transferencias recibidas de los presupuestos de las Administraciones Públicas Autonómica, Estatal, Europea y Local, así como de las entidades y empresas públicas dependientes.
c) Los créditos y demás operaciones financieras que pueda concertar con las entidades de crédito y ahorro.
4. Los funcionarios que pasen a prestar sus servicios en puestos directivos quedarán en la situación administrativa de servicios especiales cuando concurran las circunstancias exigidas en el artículo 87.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
a) Una relación de los objetivos previstos para el ejercicio así como el grado de consecución de los mismos.
b) Una evaluación económica de las inversiones realizadas.
1.º Un estado en el que se recogerán las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
2.º Un estado en el que se especificarán las inversiones de la Junta o de sus organismos autónomos partícipes en su capital, así como las demás fuentes de financiación.
3.º La expresión de los objetivos que se alcanzarán en su ejercicio y, entre ellos las rentas que se esperan generar.
4.º Una memoria de evaluación económica de la inversión o inversiones que se vayan a realizar en el ejercicio.