Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1996/C-408-96.htm
Timestamp: 2017-10-21 04:59:56
Document Index: 316122793

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 156', 'artículo 30', 'artículo 12']

C-408-96
Corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios. Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción del tratado.
La internacionalización de la protección de los derechos humanos deriva no sólo de la demostrada insuficiencia de los mecanismos estatales en este campo sino que se articula a la idea, según la cual, es más factible la convivencia pacífica entre Estados democráticos que entre regímenes autoritarios, porque los controles democráticos internos y la opinión pública pueden asegurar una mayor adhesión de los regímenes políticos a las reglas pacíficas del derecho inter­nacional. Lo anterior explica que jurídicamente los derechos humanos sean normas imperativas de derecho internacional o de Ius Cogens, que limitan la soberanía estatal, ya que los Estados no pueden transgredirlas, ni en el plano interno, ni en sus relaciones internacionales. Los problemas de derechos humanos han dejado de ser un asunto interno exclusivo de los Estados para constituir una preocupación de la comunidad internacional como tal, la cual ha buscado diseñar meca­nismos globales de protección. Este control internacional no debe entonces ser entendido como una intervención en los asuntos internos de otros Estados, sino como una consecuencia jurídica del principio de que hay cuestiones que están reguladas directamente por el derecho internacional. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos en manera alguna desconocen la Constitución o vulneran la soberanía colombiana; por el contrario, son una proyección en el campo internacional de los mismos principios y valores defendidos por la Constitución.
La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
II. DE LA NORMA OBJETO DE REVISIÓN.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SUSCRITA EN LA CIUDAD DE BELEN DO PARA, BRASIL, EL 9 DE JUNIO DE 1994.
Visto el texto de la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, suscrita en Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.
ARTICULO PRIMERO: Apruébase la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, suscrita en Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 7a. de 1994, la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, que por el artículo 1º de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, “CONVENCION DE BELEM DO PARA”
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otros lugar, y
h. el derecho a libertad de asociación
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de las decisiones.
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación,
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores públicos y privados, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y cuidados de los menores afectados;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas .
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la "CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, suscrita en Belem Do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a los 29 diciembre de 1995
La ciudadana Vilma Delgado Piedad Peña, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el proceso para defender la constitucionalidad del convenio bajo revisión.
Según su criterio, la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" obedece a criterios axiológicos e instrumentales pues deriva, de un lado, del convencimiento de los Estados de que la violencia contra la mujer es una violación grave de sus derechos humanos y del otro, de "la necesidad de adoptar un instrumento internacional que constituya una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que pueda afectarlas." Estos propósitos, según la interviniente, se encuentran desarrollados a lo largo de la Convención y armonizan con los principios de la Constitución, por lo cual se concluye que este tratado es "un mecanismo adecuado para desarrollar los preceptos constitucionales que consagran la protección de la mujer."
El Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad del tratado bajo revisión, pues considera que la violencia contra la mujer es causa de violación de sus derechos humanos y un obstáculo para el goce y ejercicio de los mismos, tal y como lo señaló la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993. Por ello, concluye el Defensor:
La Convención objeto de estudio constitucional no contradice ningún principio o norma constitucional, por el contrario, desarrolla no solo preceptos constitucionales de sustancial importancia en la búsqueda de un orden justo (Artículos 2, 13, 40-8, 42-1-5-6-9 y 43 de la Constitución Política) sino que además concreta principios y normas internacionales que Colombia ha adoptado (Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (Ley 74 de 1968), artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 19668, artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981), y mediante los cuales se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para que el trato a la mujer sea cada vez más respetuoso de su dignidad."
La ciudadana María Ladi Londoño Echeverry, directora de la fundación SI-MUJER (Servicios integrales para la mujer) interviene en el proceso y considera que el tratado bajo revisión es complementario de otros instrumentos internacionales que también protegen los derechos de la mujer. Luego la ciudadana señala que esta convención no sólo armoniza plenamente con la Constitución sino que, además, es una herramienta importante para quienes trabajan por los derechos de la mujer en Colombia, ya que la violencia contra la mujer, "por haber estado silenciada y mimetizada bajo falsos valores culturales, requiere de grandes esfuerzos para que pueda emerger en su verdadera dimensión como paso fundamental en la erradicación de la misma".
Las ciudadanas pertenecientes a la “Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos Regional Cali" intervienen en el proceso y solicitan la declaratoria de constitucionalidad de la convención bajo revisión, pues ella provee de "mecanismos para la defensa y el respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres y las niñas y la eliminación de todas las formas de discriminación."
Igualmente interviene en el proceso la ciudadana Lucrecia Meza Rodríguez, directora del CAMI (Centro de Acciones Integrales para la Mujer) quien solicita la constitucionalidad del tratado, ya que es "un valioso instrumento para la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas."
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, Orlando Vázquez Velázquez, solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley Nº 248 del 29 de diciembre de 1995 y de "la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994"
El Ministerio Público comienza por el examen formal de la suscripción del tratado, en relación a lo cual afirma que Colombia no participó en la negociación del tratado, "por lo cual no se hace necesaria la verificación de los requisitos constitucionales correspondientes a la representación del Jefe de Estado y de sus agentes." En efecto, según el Procurador, este tratado es un instrumento interamericano abierto a la firma de todos los Estados Miembros de dicha organización y fue adoptado en la asamblea realizada en Belem Do Para, Brasil, y firmado por 8 países, entre los cuales no se encuentra Colombia.
Según el Procurador, este impacto de la violencia contra la mujer, como forma de discriminación y de violación de sus derechos humanos, ha sido denunciado en forma constante por cientos de organizaciones de mujeres, lo cual ha permitido que se construyan instrumentos jurídicos -como la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, firmada con Copenhague el 17 de julio de 1980- por medio de los cuales los "Estado han hecho notables esfuerzos encaminados a buscar la eliminación de los factores de discriminación y desarrollar los mecanismos de protección que conduzcan a la realidad de la igualdad jurídica y de hecho entre hombres y mujeres, tanto a nivel de derechos como de deberes". Es pues en tal contexto que se inscribe el tratado revisado, ya que es un nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para dar efectiva protección a la mujer.
En consecuencia, los deberes de los Estados contemplados en el Capítulo III, tienen las siguientes características: unos son de carácter inmediato y otros de desarrollo progresivo. Los de carácter inmediato se refieren a los compromisos que las Partes adquieran de “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia...” (art. 7º); y los de desarrollo progresivo o programático.
Por las formulaciones de “adoptar”, “garantizar”, “fomentar”, “alentar” que se emplean en la Convención, se advierte que se trata de cláusulas programáticas de donde se puede deducir que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia es de desarrollo progresivo, porque establecen mandatos que el Estado Parte debe promover haciendo o dando algo, para que el derecho alcance plena efectividad ."
El Procurador considera que los objetivos que la Convención impone a los Estados los obliga "a salir de su tradicional silencio e indiferencia y exige un determinado nivel de iniciativa y creatividad", ya que "la responsabilidad estatal trasciende la mera eliminación de la implantación discriminatoria de las leyes aplicables, como quiera que articula el deber de modificar las condiciones económicas, sociales y culturales responsables de tal discriminación". Además, resalta la Vista Fiscal, el tratado también prevé mecanismo internacionales de protección, complementarios de los internos, para proteger los derechos de las mujeres. Se trata, de un lado, de los informes anuales que los Estados rinden a la Comisión Interamericana de Mujeres y que deben incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar el maltrato contra la mujer y, de otro lado, la posibilidad de que se presenten quejas individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación por parte de un Estado de los deberes derivados de la Convención. Así mismo se contempla la posibilidad de que un Estado Parte requiera la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de la Convención.
2- Según certificación del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, anexada al expediente (Filos 22 y 23), la presente convención fue adoptada durante la Asamblea realizada en Belem do Pará, por ocho países, entre los cuales no figura Colombia. Por ello, según tal constancia, el Ejecutivo "decidió la adhesión de nuestro país a ese instrumento internacional, con base en los argumentos de conveniencia contenidos en la respectiva exposición de motivos presentada al Congreso de la República", y obra en el expediente confirmación presidencial del texto del convenio bajo examen, efectuada con anterioridad a su presentación al Congreso (Flio 4). Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo irregularidades en la suscripción del mencionado tratado por el Estado colombiano.
4- Ahora bien, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores, presentó el 28 de marzo de 1995, al Senado de la República, el proyecto de ley para la aprobación del convenio bajo revisión, con la correspondiente exposición de motivos. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso del 30 de marzo de 1995 y repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado[1], en donde fue radicado como proyecto 200. La ponencia para primer debate fue presentada y publicada el 13 de junio de 1995[2], y el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el 7 de junio de 1995[3]. Como bien lo señala el Ministerio Público, el proyecto fue debatido y aprobado sin haber sido publicada previamente la ponencia en la Gaceta del Congreso pero tal omisión no genera ningún vicio de procedimiento, toda vez que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 156 de la Ley 5a. de 1992, el Presidente de la respectiva Comisión, cuando considere necesario agilizar el trámite del proyecto, “podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico para distribuirlo entre los miembros de la comisión; ello sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”, como efectivamente ocurrió. Luego fue presentada la correspondiente ponencia para el segundo debate en el Senado[4] y fue aprobado por la plenaria el 16 de agosto de 1995, conforme el quórum legal, constitucional y reglamentario[5].
Posteriormente el proyecto fue enviado a la Cámara de Representantes en donde fue radicado como 061 de 1995 y, luego de que se publicara la ponencia para primer debate[6], fue aprobado el 8 de noviembre de 1995, con el quórum suficiente para deliberar y decidir, según constancia del Secretario General de dicha Comisión (Flio 30). Más tarde se publicó la ponencia para segundo debate[7] y el proyecto fue aprobado en la Plenaria de la Cámara en la sesión plenaria del día 15 de diciembre de 1995, con un quórum deliberatorio y decisorio conformado por 142 Representantes[8]. Luego, el proyecto fue debidamente sancionado como Ley 248 de 1995, el 29 de diciembre de 1995, tal como consta en la copia auténtica incorporada al expediente (Folio 15). La Ley fue entonces remitida a la Corte Constitucional el 12 de enero del año en curso para su revisión.
5- El tratado bajo revisión busca, como lo señala su propio título y el preámbulo, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, objetivo que tiene relaciones con otros instrumentos internacionales que ya fueron adoptados por nuestro país y que pretenden eliminar la discriminación contra la mujer. Así, el Convenio 100 de la O.I.T, en vigor internacionalmente desde el 23 de mayo de 1953, prohibe la discriminación salarial por razón del sexo. Por su parte, la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por Colombia por la Ley 51 de 1981 y ratificada el 19 de enero de 1982, obliga a los Estados a tomar medidas con el fin de erradicar todas las formas allí consignadas de discriminación de la mujer. Con todo, el presente convenio tiene una particular importancia en el plano internacional pues constituye el primer tratado que tiene como objetivo específico erradicar toda forma de agresión contra la mujer, esto es, no sólo aquella que ocurre en el ámbito público sino incluso en la esfera privada y doméstica[9].
Es más, algunos podrían considerar que, en estricto rigor lógico y conceptual, el presente convenio resulta innecesario, pues la mujer es persona, y los derechos de las personas ya se encuentran consagrados y protegidos, tanto por los tratados de derechos humanos como por la propia Constitución. Pero desafortunadamente en la práctica la violencia y la discriminación contra la mujer se encuentran muy extendidas, pues son un ejercicio de poder que deriva en gran medida de las relaciones inequitativas que subsisten entre mujeres y hombres. Por ello la Corte considera que, como bien lo señalan varios intervinientes, la exposición de motivos gubernamental y los debates en las Cámaras, el presente instrumento jurídico tiene gran importancia dentro del contexto social internacional y colombiano pues las distintas modalidades de violencia afectan la dignidad, la vida y la integridad de las mujeres en muy diversas formas. Así, de manera directa se lesiona su integridad física pero igualmente se vulnera su afectividad, se deteriora su autoestima, con lo cual se socava su autonomía y se desconoce su dignidad como persona. Por ello la Corte coincide con lo señalado por la Declaración Final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, según la cual "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales", por lo cual la violencia contra la mujer "y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y valía de la persona humana y deben ser eliminadas"[10].
Esta violencia contra la mujer se encuentra además muy extendida. Así, diversos documentos de Naciones Unidas han mostrado que tanto en los países desarrollados como en las naciones en vía de desarrollo las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia no sólo en los ámbitos públicos y laborales sino también dentro del hogar. Por ejemplo, en Estados Unidos entre tres y cuatro millones de mujeres son golpeadas cada año, de suerte que la agresión contra la mujer representa el 25 % de los delitos violentos en ese país[11].
En Colombia, las prácticas de violencia contra la mujer se encuentran tanto o más extendidas, situación que la Corte Constitucional deplora y considera que debe ser corregida por las autoridades. Así, como lo indica la exposición de motivos del Gobierno, la Encuesta Nacional de Prevalencia, Demografía y Salud de 1990 mostró la extensión de estas formas de violencia doméstica pues concluyó que el 58% de las mujeres que han estado alguna vez unidas, han sido objeto de violencia física o sexual por parte de sus parejas. Igualmente, la ponencia para primer debate en el Senado también trae cifras alarmantes al respecto. Dicen los ponentes sobre la extensión de la violencia contra la mujer en nuestro país:
De las mujeres atendidas en la Casa de la Mujer en Bogotá entre 1989 y 1991, el 96.2% había sufrido violencia psicológica, el 86.4% violencia física y el 41.9 violencia sexual. En el 62.9% de los casos, el agresor era el esposo y en el 26.7% el compañero, siendo pocos los casos en que el agresor fue otro pariente o un desconocido.
La investigación regional más reciente (1994), realizada en Cali por el Comité de Cali preparatorio de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, establece que de un total de 600 personas encuestadas (hombres y mujeres) cerca de una cuarta parte manifestó la existencia de maltrato familiar e identificó al esposo o padre como principales agresores.
Según Medicina Legal en el período 1992-1994, el 90% de los casos presentados fueron sobre violencia conyugal. Adicionalmente, la investigación señala que la violencia contra la mujer generalmente es ejercida por un hombre. En general, se señala como principales causas del conflicto violento, las relaciones de poder que se establece en el ámbito familiar en razón de la edad y del sexo, dentro de estructuras verticales rígidas, autoritarias, excluyentes y opresivas que determinan quienes mandan y quienes obedecen.[12]"
Estas definiciones recogen las propuestas que en ese campo han hecho diversas organizaciones de protección y defensa de los derechos de la mujer. Así, los criterios de la presente Convención coinciden con las propuestas efectuadas en este campo por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, del 15 de septiembre de 1995, adoptó una definición de violencia contra la mujer prácticamente idéntica[13].
El documento CONPES para desplazados del 13 de septiembre de 1995 afirma que “los grupos poblacionales más afectados por el dezplazamiento son las mujeres y los jóvenes”.[14]
Igualmente, muchas mujeres se ven volcadas a la prostitución, por fenómenos de violencia o de pobreza. Así, según estudios efectuados por la Cámara de Comercio y la Defensoría del Pueblo[15], en tres de cada cuatro casos la pobreza ha sido el factor esencial en nuestro país para que una mujer se prostituya. Pero entre las menores de 21 años, la violencia ha jugado un papel determinantes, pues la agresión en el hogar ha sido la causa principal que ha forzado a muchas jóvenes a ejercer la prostitución, situación que las hace a su vez particularmente vulnerables a muy distintas formas de agresión. En efecto, esas mismas investigaciones de la Cámara de Comercio resaltan que el 33% de estas mujeres consideran que su principal problema es el abuso por parte de la policía, debido a redadas constantes que se efectúan con el propósito de limpiar las zonas. Estos abusos, según ellas, van desde agresiones y violaciones hasta retenciones ilegales de personas y de documentos.
11- Pero ello no es todo; las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer, "la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"[16]. Por ello esta Corporación considera que es no sólo legítimo sino una expresión de los valores constitucionales que el tratado prohíba también la violencia contra la mujer en el ámbito del hogar. En efecto, la Constitución proscribe toda forma de violencia en la familia y ordena a las autoridades sancionarla cuando ésta ocurra (CP art. 43), razón por la cual esta Corporación, al declarar exequible, en la sentencia C-371/94, la facultad de los padres de sancionar moderadamente a sus hijos, precisó, en la parte resolutiva, que "de las sanciones que apliquen los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará excluída toda forma de violencia física o moral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 42 y 44 de la Constitución Política" (subrayas no originales). No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado. Hace tan solo 30 años, en 1954, en un país de alta cultura democrática como Inglaterra, el comandante de Scotland Yard se jactaba de que en Londres había pocos asesinatos y que muchos de ellos no eran graves pues eran simplemente "casos de maridos que matan a sus mujeres.[17]"
Esto explica que esta violencia doméstica contra la mujer sea un fenómeno poco conocido y denunciado ante las autoridades pero que, todo indica, adquiere proporciones alarmantes. Así, según ciertas investigaciones, en Estados Unidos sólo se denuncia uno de cada cien casos de violencia en el hogar[18]. Y en Colombia, según lo señalan los propios debates parlamentarios en la discusión del presente tratado, las múltiples formas de violencia contra la mujer comienzan apenas ser documentados, con enormes dificultades relacionadas con la naturaleza misma del fenómeno, el cual es visto como “natural” dentro de una cultura discriminatoria, que no es exclusiva de nuestro país, considerado como asunto privado de la mujer o de la familia y no denunciado, ya que la mujer agredida no goza de presunciones que la favorezcan ni de facilidades procesales para acreditar el delito.
“... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Seria A Nº 6 Párr. 21).
La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.[19]
En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o se sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado[20].
20- Los artículos 10 a 12 desarrollan mecanismos de protección específicos en el ámbito interamericano a fin de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Así, se establece que en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados deben incluir información sobre los factores que estimulan la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para prevenirla y erradicarla, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas (art. 10). Igualmente se estipula que los Estados y la Comisión Interamericana de Mujeres pueden requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención (art. 11). Finalmente, el artículo 12 regula un mecanismo de queja individual pues señala que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas por violación de los derechos reconocidos por la Convención. En tal caso, la Comisión aplicará al trámite de tales quejas las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
21- Los mecanismos internacionales de protección, como los consagrados por la presente Convención, tienen su antecedente en la Convención Europea de Derechos Humanos o Convención de Roma del 4 de noviembre de 1950, redactada por la mayor parte de los países europeos con el recuerdo aun fresco del drama del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a sacar del ámbito exclusivamente nacional la garantía de los derechos humanos. La filosofía de los sistemas internacionales de protección es entonces, en cierta medida, que los derechos humanos son demasiado importantes para dejar su protección exclusivamente en manos de los Estados, pues la experiencia histórica de los regímenes totalitarios había mostrado que el Estado puede llegar a convertirse en el mayor violador de tales valores, por lo cual son necesarias las garantías internacionales en este campo. Se concede entonces la posibilidad a los individuos de acudir a un órgano internacional -la Comisión Europea- para denunciar violaciones a derechos humanos por parte de su propio Estado, confiriéndose así por primera vez perso­nalidad jurídica internacional al individuo.
23- Esta internacionalización de la protección de los derechos humanos deriva no sólo de la demostrada insuficiencia de los mecanismos estatales en este campo sino que se articula a la idea, según la cual, es más factible la convivencia pacífica entre Estados democráticos que entre regímenes autoritarios, porque los controles democráticos internos y la opinión pública pueden asegurar una mayor adhesión de los regímenes políticos a las reglas pacíficas del derecho inter­nacional. El orden internacional acepta así la perspectiva de Kant, quien en su proyecto de paz perpetua, si bien consagraba el principio de no intervención, pues establecía que ningún Estado debía inmiscuirse por la fuerza en la cons­titución y gobierno de otra nación, planteaba en su primer artículo que una de las condiciones esenciales para la paz mundial era que el régimen interno de los Estados fuese repu­blicano, a fin de que las deci­siones sobre la paz o la guerra no depen­diesen de los caprichos del gobernante sino de la voluntad de los ciudadanos libres e iguales. Por esas dos razones se considera entonces que la violación por parte de un Estado de los derechos fundamentales de sus ciudadanos no es un asunto pura­mente doméstico sino que afecta a la comunidad internacional, tanto por sus potenciales implicaciones políticas como porque vulnera la conciencia de la comunidad civilizada. No es entonces por casualidad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 comienza señalando que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana."
Todo lo anterior explica que jurídicamente los derechos humanos sean normas imperativas de derecho internacional o de Ius Cogens, que limitan la soberanía estatal, ya que los Estados no pueden transgredirlas, ni en el plano interno, ni en sus relaciones internacionales. Los problemas de derechos humanos han dejado de ser un asunto interno exclusivo de los Estados para constituir una preocupación de la comunidad internacional como tal, la cual ha buscado diseñar meca­nismos globales de protección. Este control internacional no debe entonces ser entendido como una intervención en los asuntos internos de otros Estados, sino como una consecuencia jurídica del principio de que hay cuestiones que están reguladas directamente por el derecho internacional.
[1]Ver Gaceta del Congreso Año 4, Nº 41, 30 de marzo de 1995, pp. 14 y ss; flios 44 y ss del presente expediente.
[2] Gaceta del Congreso Año IV, Nº 149 del 13 de junio 1995, pp.8 y ss, flios 138 y ss del presente expediente
[3]Según constancia del Secretario9 General de la Comisión Segunda del 20 de febrero de 1996, incorporada al presente expediente (folio672).
[4] Ver Gaceta del Congreso Año IV, No 233 del 10 de agosto de 1995, pp 5 y ss, folios 151 y ss del presente expediente.
[5]Ver la certificación expedida por el secretario General del Senado de la República, Dr. Pedro Pumarejo Vega, del 20 de febrero de 1996, flio 99 del presente expediente.
[6]Gaceta del Congreso. Año IV. No. 308 del 25 de septiembre de 1995. pp. 2, flio 64 del presente expediente.
[7]Gaceta del Congreso, Año IV, No. 441 del 1º de diciembre de 1995. p 7, flio 93 del presente expediente.
[8] Ver constancia del Secretario General de la Cámara de Representantes, Diego Vivas Tafur, incorporada al presente expediente (flio 188)
[9]Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 31.
[10]Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena
[11]Ver Naciones Unidas. La mujer. Retos hasta el año 2.000. Nueva York, Naciones Unidas, 1991, pp 71 y 72.
[12]Gaceta del Congreso Año IV, Nº 149 del 13 de junio 1995, p 9, flio 139 del presente expediente.
[13] Ver Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de spetiembre de 1995. Documento A/CON,177/20, pp 61 y ss.
[14]Jaime Córdoba Triviño. Tercer Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1996, Vol II, p 325.
[15]Ver Cámara de Comercio. La Prostitución en el Centro de Bogotá. Bogotá: autor, 1991. Defensoría del Pueblo. Situación de la a niñez explotada sexualmente en Colombia. Bogotá: Ministerio Público, Serie Fémina, No 6. 1995.
[16]Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48.
[17]Citado por Naciones Unidas. La mujer restos hasta... Loc- cit, p 74.
[18]Ver Naciones Unidas. La mujer. Retos hasta el año 2.000. Nueva York, Naciones Unidas, 1991, pp 71 y 72.
[19]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 29 de julio de 1988. Caso Manfredo Velázquez Rodríguez. Párrafos 164 a 167.
[20] Ibidem, Párrafos 172 a 177.