Source: http://habeas-corpus-colombia.blogspot.com/2011/05/decision-de-habeas-corpus-proferida-por.html
Timestamp: 2018-05-25 08:49:53
Document Index: 405577075

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25']

HABEAS CORPUS: DECISIÓN DE HABEAS CORPUS PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. M.P. ALBERTO POVEDA PERDOMO
DECISIÓN DE HABEAS CORPUS PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA. M.P. ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 016
Bogotá, D.C., lunes, catorce (14) de febrero de dos mil once (2011).
Radicación 110013104007201100001 01
Procedente Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento
Solicitante ROBERTO RODRÍGUEZ PEDRAZA
Accionado Juzgado Penal del Circuito de Funza
1. Se resuelve la impugnación presentada por JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE contra la decisión de 9 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que negó la petición de hábeas corpus.
2. El 2 de febrero de 2011 fue capturado JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE por orden del Juzgado Penal del Circuito de Funza, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva.
3. BERMÚDEZ ÁLAPE estuvo privado de la libertad en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá por más de cuatro años, por cuenta de otro proceso penal, y obtuvo la libertad en diciembre de 2010.
4. Para que BERMÚDEZ ÁLAPE obtuviera la libertad, el centro penitenciario debió consultar que el penado no estaba requerido por otra autoridad judicial, y por tanto obtuvo la libertad en el mes de diciembre de 2010.
5. Manifestó que si bien es cierto que el 26 de julio de 2006 el Juzgado Penal del Circuito de Funza condenó a BERMÚDEZ ÁLAPE, a 23 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, dicha condena se encuentra prescrita de conformidad a lo establecido por la Ley 599 de 2000, artículo 79.
6. El a quo consideró que se satisfacían los requisitos legales para negar la acción pública de hábeas corpus porque:
6.1. Se logró establecer que el 26 de julio de 2006 el Juzgado Penal del Circuito de Funza, condenó a JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE a la pena de veinte 23 meses de prisión.
6.2. Que si bien es cierto que en un principio se había condenado a BERMÚDEZ CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79’647.788 de Bogotá, también es cierto, que por el estudio de lofoscopia se estableció el 14 de octubre de 2009 que JHON JAIRO BERMÚDEZ CASTILLO es en realidad JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE, cancelándose la órdenes impartidas contra BERMÚDEZ CASTILLO y librándose las nuevas órdenes contra JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE identificado con la cédula de ciudadanía indicada.
6.3. BERMÚDEZ ÁLAPE fue puesto a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Funza, mediante informe del patrullero WILLIAM FERNANDO ÁLVAREZ GIRALDO adscrito a la Sección Primera de Escuadrones Móviles de Carabineros DEUIL de Neiva, Huila, legalizándose la privación de la libertad el 4 de febrero de 2011 ante el Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá, para efectos del cumplimento de la pena impuesta.
6.4. La privación de la libertad que afecta a BERMÚDEZ ÁLAPE está plenamente soportada en la pena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Funza, resultando imposible desconocer la decisión condenatoria del Juez de Instancia, la cual se encuentra en firme.
6.5. Descartó que BERMÚDEZ ÁLAPE se encuentre ilegalmente privado de la libertad o en su defecto en una prolongación ilícita de la privación de la libertad.
7. Presentada por JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE: En el momento de la notificación personal de la sentencia que puso fin en primera instancia al proceso de hábeas corpus, el interesado manifestó su deseo de recurrir la decisión.
V.I. Competencia:
8. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7-1 de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer de la impugnación presentada por JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE, contra la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
V.II. Problema jurídico:
9. Debe determinar la Sala si la privación de la libertad de JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y, en consecuencia, sí los supuestos fácticos determinan la procedencia del hábeas corpus presentado.
IV.III. Discusión
10. El derecho fundamental y la acción de hábeas corpus, como lo establecen los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo XXV, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8°, 9° y 10°, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1°, 3° y 4°, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7°, 8° y 25, los Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Detención o Prisión, están instituidos como la máxima garantía normativa dirigida al amparo de la libertad personal y los derechos conexos.
11. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de aplicación inmediata (art. 85, ibídem) no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.) cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a, ibídem) , y también (ii). es un mecanismo procesal de protección de la libertad personal en tanto en cuanto como acción pública constitucional trata de hacer efectivo el derecho fundamental de libertad individual y, por lo tanto, se constituye en una garantía procesal , según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria del Hábeas Corpus.
12. Como derecho fundamental el hábeas corpus se caracteriza por se imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario y extenderse a todas las personas. Como acción se describe como pública, cautelar, preferente, célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria en el sentido de breve), con un procedimiento especial, indivisible, atemporal, irrevocable, intransmisible, sencilla, principal, específica, eficaz y procedente en específicas circunstancias .
13. Las notas definitorias del hábeas corpus permiten ver sus similitudes pero, sobre todo, sus grandes diferencias con la acción de tutela, grandes diferencias.
14. Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que “el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho , se puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones ilegales de la privación de la libertad y los derechos conexos , como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional , siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
16. Con todo, al examinar las características del hábeas corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar varias e importantes diferencias, tales como:
17. Si bien la jurisprudencia tradicionalmente ha señalado que el hábeas corpus procede en los siguientes casos: a) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial y d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial , todos los supuestos de procedencia se pueden englobar dentro del concepto «vía de hecho» , que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u omisiones surgidas del capricho o arbitrariedad de una autoridad pública con franco y ostensible desprecio de normas vinculantes provenientes de los tratados y convenios internacionales, la Constitución y la ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo para su protección.
18. De lo anterior se sigue que el hábeas corpus no se puede limitar con requisitos de procedibilidad, como lo es la exigencia del agotamiento de los recursos dentro del proceso, porque en ese caso se está autorizando la acción solamente a las partes e intervinientes del trámite judicial, únicos facultados para promover recursos o hacer peticiones de libertad, siendo que el precepto Supremo concede la acción, como derecho de acceso a la justicia y garantía de obtener una decisión pronta, a toda persona que advierta la ocurrencia de una captura o privación ilegal de la libertad.
19. Adicionalmente, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales . Por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana .
20. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) . No se debe olvidar que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH , para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto . Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley . El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente . En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios .
IV.IV. Del caso concreto
22. La pretensión principal del hábeas corpus y lo que busca el impugnante se reduce a la libertad del condenado JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE, porque supuestamente se encuentra privado de la libertad de manera ilegal.
22. Acorde con los medios de prueba allegados se sabe, sin lugar a dudas, que:
22.1. JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE fue condenado el 26 de julio de 2006, a la pena de 23 meses de prisión por el Juzgado Penal del Circuito de Funza.
22.2. Dicha decisión quedó debidamente ejecutoriada el 14 de agosto de 2006.
22.3. Mediante estudio de lofoscopia se estableció la verdadera identidad de JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE O JHON JAIRO BERMÚDEZ CASTILLO, son la misma persona, razón por la cual se libraron las nuevas órdenes de captura.
22.4. El 4 de febrero de 2011 se materializó y legalizó la privación de la libertad a BERMÚDEZ ÁLAPE en cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Funza.
23. Los derroteros señalados permiten advertir que la pretensión de BERMÚDEZ ÁLAPE, no puede prosperar, no porque esté por cuenta de un proceso o sometido al cumplimiento de una pena, sino porque materialmente no emerge ninguna de las causales de procedencia del amparo constitucional.
24. De las diferentes modalidades de vías de hecho que permitirían la procedencia del hábeas corpus, ninguna de ellas aparece consolidada en el sub examine, porque (i) la orden de captura se hizo efectiva en la persona del condenado, así éste aparezca con diferentes nombres y (ii) la pena no se encontraba prescrita en el momento en que se le capturó, porque, como bien se advirtió, la condena quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2006 y hasta la fecha de la aprehensión no habían transcurrido los 5 años que permitirían la extinción de la misma.
25. Si en el sub judice se hubiese demostrado que el capturado no es el mismo condenado, porque, por ejemplo, se trata de un caso de homonimia, el hábeas corpus resultaría procedente ante un perjuicio irremediable respeto del cual la acción de revisión resulta ineficaz.
26. Así mismo, si sobre la pena de prisión hubiese ocurrido el fenómeno extintivo de la prescripción, también procedería el hábeas corpus al consolidarse una vía de hecho por violación directa de la Constitución (art. 28). En este hipotético supuesto la existencia de un perjuicio irremediable amén de que cualquier otro instrumento procesal carecería de la eficacia de la acción constitucional para reparar el agravio, ameritarían que se concediera por la vía extraordinaria la libertad de un condenado.
27. Las razones aducidas para negar el hábeas corpus no impiden que el interesado, en busca de su libertad, proceda ante el juez de penas a elevar peticiones de suspensión de la ejecución de la pena, libertad condicional, prescripción, y etc., porque la presente decisión no constituye cosa juzgada en tales materias.
28. Como no se ha evidenciado que la privación de libertad que padece JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE, se articule en alguno de los supuestos configuradores de una vía de hecho, se confirmará la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento, pero por las razones expresadas supra.
1°. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento, pero por las razones consignadas en esta sentencia.
2º. NOTIFICAR personalmente esta decisión a JHON JAVIER BERMÚDEZ ÁLAPE.
3º. REMITIR copia de la providencia al a quo.
4º. ADVERTIR que contra los resuelto no procede recurso alguno.
Cfr. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 90; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, supra nota 161, párr. 129, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 202
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de 26 de junio de 2009, radicación 32115, 4 de septiembre de 2009, radicación 32572 y 6 de octubre de 2009, radicación 32791, M.P. RAMÍREZ BASTIDAS. La anterior interpretación fue acogida mediante auto de 8 de octubre de 2010, radicación 35124, M.P. QUINTERO MILANÉS., decisión en la que se transcribe textualmente lo apuntado pero sin citar las decisiones precedentes.
Publicado por DERECHO PENAL en 17:07