Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201504389259423.HTML
Timestamp: 2019-04-18 21:28:36
Document Index: 336368449

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 710', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 710', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 61', 'artículo 19', 'artículo 710', 'artículo 696', 'artículo 629']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 438/2015
–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a los representantes de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, doctor Pérez Manrique y a la delegación que los acompaña. Pedimos disculpas a nuestros invitados por el retraso, pero tuvimos una sesión del Senado que se extendió más de lo previsto.
SEÑOR CHEDIAK.- Buenas tardes a todos los señores senadores y señoras senadoras.
Trataremos de hacer la presentación lo más acotada posible. A tal efecto, queremos exhibir un video muy corto, con audio, que refiere a la rendición de cuentas de lo realizado. Si no se dispone otra cosa, pasaríamos entonces a proyectarlo.
–Como forma de complementar el video, simplemente haré algunas observaciones sobre los puntos prioritarios, que son cuatro.
La prioridad uno, tiene que ver con la construcción del Centro de Justicia de Maldonado. Tal como se expresa en el video, se cerró el contrato, se está construyendo y se avanza incluso más rápido de lo que se había planificado previamente, lo que nos hace suponer que la obra va a tener un gran avance en el año 2016. Con respecto a los costos de arrendamiento de parte de las 400 sedes que tiene el Poder Judicial, en el año 2014 el monto total fue de $ 93:500.000 y este año se incrementó. En Maldonado, en los distintos locales, que son todos arrendados, gastamos $11:600.000 por año. Este primer módulo de 3.600 metros cuadrados que ya está en construcción, será destinado a la justicia penal de este departamento. En principio, se prevé que la entrada en funcionamiento será en febrero del año 2017 junto con el nuevo Código del Proceso Penal, por supuesto para todas las sedes penales.
Luego, nuestra directora de la División Planeamiento y Presupuesto, contadora Gonnet, señalará que, si este Parlamento no decide reforzar la línea base de inversiones para la realización de este primer módulo, se deberá dedicar al menos el cien por ciento de toda la línea de base de inversiones de todo el Poder Judicial e incluso enlentecer la obra, dado que aunque se suspendiera el resto de las obras en el país, probablemente no podríamos seguir el ritmo de construcción que actualmente llevamos adelante.
La segunda prioridad –seguramente los señores senadores lo tienen claro–, a efectos de centrar bien el problema, agrego que refiere a las sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente. En este caso, hay una partida de $ 20:000.000 por año que ha quedado en una especie de limbo. Recordemos que el artículo 400 del Código General del Proceso está relacionado con el pago de todas las obligaciones que el Estado contraiga por condena judicial con cualquier organismo del Estado y por cualquier concepto. En este proyecto de Presupuesto figura el artículo 710 –creo que el original es el 677, luego fue 713 y ahora es 710– que establece un régimen especial de pago de las sentencias, laudos arbitrales y transacciones cuyo origen esté relacionado con créditos laborales, mediante un mecanismo más diferido que el original del artículo 400. Pero, en el medio queda solamente el Poder Judicial, nuestro Inciso 16, con el pago de las condenas normales, no de origen salarial, en general motivadas por la decisión correcta de este Parlamento de indemnizar a todas aquellas personas que estén ilegítimamente privadas de libertad, haya funcionado bien o no el servicio. Esto equivale a esos $ 20:000.000 anuales que el Poder Judicial no tiene y, además, eso no quedaría cubierto ni por el mecanismo del artículo 400 ni por el futuro mecanismo del artículo 710. Por tanto, no se podrían pagar simplemente porque el Poder Judicial no tiene fondos. Reitero que esa es la segunda prioridad de $ 20:000.000 por año.
En materia de gastos de funcionamiento, hasta ahora hemos funcionado con la línea base del Presupuesto 2010. Estos gastos, al igual que las inversiones, no se reajustan por inflación. La inflación y los aumentos de costos del mantenimiento de esas 400 sedes –que, entre otras cosas, incluye el pago de las facturas de OSE y UTE, en un quinquenio en el que se ha instalado aires acondicionados en forma masiva en la mayoría de las sedes del país, para dar más confort, no solo a los funcionarios judiciales, sino a la población que utiliza el servicio– ha determinado la necesidad de hacer algún traspaso del rubro inversiones, a los efectos de poder seguir funcionando. Más adelante, este punto lo definirá mejor la contadora Gonnet.
En este año se registró un déficit de $ 81:000.000 que fue parcialmente subsanado por un refuerzo en el rubro gastos de $ 50:000.000, partida que fue habilitada por el Poder Ejecutivo en el mes de agosto y que nos permitió seguir funcionando en este quinquenio. Pese a que vamos a conformar un comité de crisis para el funcionamiento de los próximos años, hay una serie de rubros que resultará difícil bajar. Un ejemplo de ello es el rubro limpieza que es muy importante, pues si dejáramos de limpiar continuamente estas 400 sedes de todo el país, estaríamos incumpliendo los convenios sobre condiciones laborales. Otro rubro cuyo costo es notable, es el de vigilancia. En este caso, la clara política del Ministerio del Interior de reducir las horas 222, ha obligado al Poder Judicial a contratar empresas de seguridad, lo que insume mucho dinero en virtud de los distintos aumentos que han tenido esas empresas en los rubros laborales.
La prioridad tres, refiere a los centros de mediación. En el video se expresa que hay 10 en funcionamiento, pero son 9 los que funcionan efectivamente y 3 están pendientes, debido a que no se concluyó la etapa concursos de selección para llenar dichos cargos o por otro tipo de dificultades relacionadas con los convenios con la intendencia respectiva y la habilitación del correspondiente local. En este caso, estamos solicitando que se nos dé la posibilidad de cubrir el resto del país, porque Montevideo y algunos departamentos del interior ya están cubiertos. Concretamente, se requiere una docena de centros de mediación para cumplir con el resto del país. Si bien fue dicho en la presentación, ratificamos que en los lugares donde están funcionando y las partes se sientan ante un mediador profesional a tratar de autocomponer su litigio, el 98 % de las mediaciones son exitosas. Este es un mecanismo muy útil, que aproxima la Justicia a la gente y tiene una tasa de cumplimiento voluntario por quienes acuerdan ese convenio mucho más alta que una decisión judicial, aunque esta fuera igual a la solución a que llegan las partes autocomponiendo. Además, no es un mecanismo caro. Por tanto, sería extremadamente bueno para toda la sociedad uruguaya que, en estos próximos años, pudiéramos instalar en el resto del país los centros de mediación.
Dentro de la prioridad cuatro, se destaca como objetivo el plan estratégico y el fortalecimiento de las políticas y procesos de capacitación. En este caso, podría decirse que, en un segundo Presupuesto, solicitamos $ 500.000 anuales para cumplir con el refuerzo de los cursos en derechos humanos para los operadores judiciales, que brinda el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. El Estado uruguayo, las tres ramas del Gobierno, fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión del caso Gelman, la que estableció que estos cursos debían darse al más alto nivel, con fondos presupuestales que el Estado debía proveer a esos efectos. El Poder Judicial ha ido cumpliendo esta disposición pero con fondos propios, pues nunca recibió recursos presupuestales para el cumplimiento de esta sentencia.
SEÑOR PÉREZ MANRIQUE.- Debemos señalar un par de conceptos respecto a la mediación, en el sentido de que la política que ha llevado adelante la Suprema Corte de Justicia, ha sido a través de acuerdos con las intendencias para generar espacios en donde instalar los centros de mediación. Hoy en día, de 10 centros que habían sido autorizados en el presupuesto, están funcionado 9. Tenemos una fuerte demanda de parte de las fuerzas vivas, de los colegios de abogados y de las propias intendencias –algunas de las cuales han ofrecido locales–, para instalar centros de mediación en aquellos departamentos en los que aún no los hay. Recuerdo que hablamos con el entonces senador Besozzi sobre la posibilidad de instalar alguno en Mercedes y ya está funcionando. Asimismo, hemos instalado, sin presupuesto, el Centro de Mediación Penal Adolescente en Montevideo, con funcionarios que comparten este trabajo con su tarea habitual como mediadores en temas de vecindad. De sesenta y nueve asuntos remitidos, este centro ya lleva veintinueve en los que se ha logrado hacer comparecer a ambas partes. Esto ha ayudado a que los jueces de adolescentes sepan que tienen un recurso tendiente a los acuerdos, que ha permitido cristalizar alguna conciliación intraprocesal muy interesante como, por ejemplo, en el caso de una rapiña y en dos casos de hurto, en los que se lograron conciliaciones intraprocesales. Esto quiere decir que los propios jueces han gestionado los acuerdos y los han obtenido. Por lo tanto, ese desarrollo en la mediación requiere, por un lado, la creación de centros en los departamentos del interior donde aún no los tenemos y, por otro, de una estructura de tipo administrativa y funcional que respalde el funcionamiento de estos centros a través del asesoramiento y la supervisión adecuada. Cabe aclarar que hoy tenemos una estructura muy débil, con una jefa encargada de los centros de mediación que trabaja con un funcionario administrativo, pero la demanda es muy superior, máxime si se crean más cargos.
En materia de derechos humanos, estamos presupuestando la creación de un departamento de Derechos Humanos, Equidad, Género e Infancia, que tiene costos exclusivamente de servicios personales. Estamos hablando de $ 4:516.606 por año y están previstos los cuatro años. Esto es fundamental porque, de este modo, se crea institucionalidad de derechos humanos dentro del Poder Judicial, con una perspectiva de políticas de derechos humanos y no solo en lo que hace a lo que es el dictado de sentencia, sino incluso al diseño del sistema de justicia y a hacer prevalecer el acceso a la Justicia como un elemento fundamental.
En materia de género, el Poder Judicial, a través del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género –como se vio en el video que recién se proyectara–, tiene un trabajo muy comprometido y muy importante, al punto de que todos los meses de noviembre –este año será el día 26–, el Poder Judicial rinde cuentas ante la sociedad sobre lo que ha hecho en esta materia. Hemos asumido fuertes compromisos en este sentido, razón por la cual nos preocupa la necesidad de mejorar los equipos técnicos en el interior para atender estos casos y optimizar el funcionamiento de los juzgados de familia especializados, que se encuentran en la calle Rondeau. Aspiramos a poder crear más juzgados de este tipo y en el futuro hacer una división de competencias entre lo que es propiamente violencia doméstica y lo que son asuntos de infancia, en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia. A esos efectos, reitero, necesitamos más juzgados y más equipos técnicos.
Estas son las prioridades del Poder Judicial. Debemos señalar que en al año 2014, la Suprema Corte de Justicia se entrevistó con los cuatro candidatos a la presidencia de los partidos políticos con representación parlamentaria y a cada uno de ellos les hizo llegar un programa y un cronograma de acción para este quinquenio. Lo cierto es que esperábamos tener un presupuesto que contemplara algunas de esas prioridades, pero la realidad es que el Poder Ejecutivo, en su proyecto de ley de Presupuesto, no contempló al Poder Judicial y el inciso no existe. En la Cámara de Representantes se agregó este Inciso con algunos artículos sin costo presupuestal, pero quedaron otros pendientes también sin costo presupuestal.
La verdad es que en el estado en que está hoy el presupuesto, el Parlamento tendrá que elegir entre la propuesta del Poder Ejecutivo, que es cero, y la del Poder Judicial, para lo que es menester obtener financiación. Trasladamos la preocupación que nos genera este presupuesto cero, pues significa que durante el quinquenio tendremos muy serias dificultades para mantener el servicio como corresponde a una mínima satisfacción de ese derecho que es el acceso a la Justicia. En este sentido, nuestra directora de Planeamiento y Presupuesto, la contadora Gonnet, hará un informe sobre el estado de nuestro inciso en relación a gastos y suministros. Es bueno decir que estamos llegando al final del año gracias a transferencias de rubros, pese a que hemos tenido refuerzos, tal como dijo el señor presidente. Lo que sucede es que ante la no actualización de las partidas del presupuesto, aprobado en el año 2010, no llegamos a pagar los gastos como producto de la inflación.
Puesto que el año próximo ejerceré la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir a continuación: mi gran preocupación es cómo pagaremos los gastos y cómo llegaremos al 31 de diciembre del 2016 con el servicio en funcionamiento. Esta es la preocupación que queremos trasmitir al Parlamento en este momento.
SEÑORA GONNET.- Profundizando las exposiciones que hicieron el señor presidente y el señor ministro, me gustaría aportar datos numéricos que demuestran que en el año 2014, del 100% del presupuesto del Poder Judicial, el 86% se utilizó en el pago de sueldos y, por lo tanto, está funcionando con el 14% restante. Como pudieron ver en la exposición inicial, lo que corresponde al Poder Judicial en el Presupuesto del Gobierno central, ha ido descendiendo: en algún momento tuvimos el 1.4%; en 2014, estamos en el 1,17% y no sabemos cómo vamos a cerrar el 2015.
El hecho es que las partidas que nos asignaron en el Presupuesto del 2010-2014, en realidad llegaron hasta el 2013 y en el 2014 funcionamos con refuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas y del rubro inversiones. Lo cierto es que el presupuesto actual del Poder Judicial está congelado a valores de hace cinco años. Como los señores senadores saben, en cuanto a las inversiones, la Ley de Presupuesto permite reajustes pero, en realidad, de los gastos de funcionamiento lo único que se reajusta son los arrendamientos y los suministros oficiales por las tarifas. Ahora bien; las partidas de inversiones y las que corresponden a otros gastos de funcionamiento, como los que hay que hacer para que puedan funcionar las sedes en forma decorosa, comprar insumos y contratar servicios, no reciben reajustes anuales. Las únicas partidas que recibimos durante el período 2010‑2014 estaban establecidas en la Ley n.º 18719, y lo que se contempló en parte fue el crecimiento que tuvo el Poder Judicial con todas las creaciones de sedes y nuevos servicios, así como una infraestructura en la que, a pesar de ese presupuesto tan menguado, hemos tratado de seguir invirtiendo. El presupuesto de inversiones es de casi $ 150:000.000; es de ciento cuarenta y nueve millones y un piquito, pero lo redondeo a $ 150:000.000 para que sea más fácil su comprensión. Es así desde el 1.º de enero del 2010, y va a continuar así desde el 2015 al 2019. Aun con esa situación, la Suprema Corte de Justicia se ha fijado la meta de hacer el centro de justicia en Maldonado, pero para ello se requiere que se contemplen los montos solicitados y detallados dentro de la prioridad uno. Con relación al primer bloque, ya se firmó el contrato este año en el mes de agosto, y la empresa Stiler comenzó sus trabajos. Esto significa que si esos montos no se otorgan, el año que viene tendremos que seguir adelante con los $ 150:000.000 mencionados, pero a un ritmo menor que el que nos está ofreciendo Stiler. Dicha empresa está ofrecer la obra a un ritmo mayor, pero si no contamos con ese crédito, si continúa vigente lo que está votado por la Cámara de Representantes, se deberá enlentecer el trabajo y no vamos a poder hacer absolutamente nada más en materia de informática, equipamiento o cualquier renovación que tengamos que hacer en algunas de las sede, por ejemplo, la reparación de un techo o de instalación eléctrica. En fin. La situación es muy ajustada.
Este año estamos llegando sacándole algo a inversiones y con los refuerzos que nos dio el ministerio, pero para el año que viene la situación es totalmente incierta. Si nosotros pagamos los contratos que están firmados al día de hoy, el presupuesto no da para muchas de las cosas que están en el resto del funcionamiento. Incluso, hemos tenido que reducir hasta las compras de papel y demás útiles. Por poner un ejemplo, entre los años 2010 y 2014 la inflación acumulada llegó a un 46,74 %, según datos del IPC. En el año 2010 tuvimos para gastos de limpieza un presupuesto de $ 35:400.000; el 2015, va a cerrar en casi $ 76:000.000, y el previsto para el año que viene es de $ 86:000.000. ¿Por qué? No solo por la inflación, sino porque los costos que significan las medidas de seguridad incluidas en las leyes que se han votado, las empresas los han trasladado a sus precios, con lo cual los están pagando los demás organismos del Estado. Hay un incremento por normas de seguridad, por normas de accesibilidad, por normas de seguridad ante incendio, etcétera. Es infinito el tema de cómo se incrementan los gastos. Otro ejemplo, es el de los consejos de salarios, donde en materia de limpieza los empleados han tenido un reajuste en sus salarios de un 12 %. La inflación ha sido de un ocho con algo por ciento, pero en los servicios de limpieza ahora tenemos un reajuste de un 12 %. Lo mismo pasa con los servicios de vigilancia, tema que fuera citado por los señores ministros. Como los señores senadores saben, el Ministerio del Interior fue reduciendo los servicios de vigilancia, pero el Poder Judicial no pudo reducirlos, por lo que tuvo que contratarla. Un servicio de vigilancia de 24 horas, cuesta $ 150.000 en un mes, lo que insume $ 1:800.000 al año.
Se comprenderá el gasto que significa para el Poder Judicial, que está manejando unos $ 478:000.000 al año en funcionamiento, cuando los servicios de limpieza, de vigilancia y de mantenimiento edilicio tienen los costos mencionados. La situación que están planteando los ministros es la que estamos evaluando, y no sabemos realmente cómo vamos a lograr funcionar el año que viene.
Eso es lo que quisiera trasmitir. No quiero ahondar para no insumir más tiempo.
SEÑOR CHEDIAK.- Señora presidenta: si está de acuerdo, el doctor Méndez, Director General de los Servicios Administrativos, hará la fundamentación de algunos artículos.
SEÑOR MÉNDEZ.- Procuraré ser muy breve y, en principio, voy a hacer nada más que una referencia, salvo que los señores senadores tengan dudas respecto a algunas de las disposiciones que proyectó la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso con gusto podremos acercar la información que sea necesaria.
A continuación, voy a hablar de los artículos que se incluyen en el proyecto del Poder Judicial que no tienen costo, y hago la salvedad –si bien los señores senadores probablemente ya lo deben tener presente– de que algunos de ellos fueron aprobados en la Cámara de Representantes. Me refiero a los artículos que van del 20 al 25 del proyecto enviado por la Suprema Corte de Justicia, que cuentan con media sanción de la Cámara de Representantes y, por supuesto, también aspiraríamos a que tuvieran la aprobación correspondiente del Senado de la República. Hay tres o cuatro artículos más sin costo del mensaje de la Suprema Corte de Justicia que no fueron considerados por la Cámara de Representantes y aspiramos a que el Senado los pueda incorporar; son los artículos 32, 33, 42 y 61.
Lo único que hace el artículo 32 es autorizar la presupuestación de los funcionarios contratados en unas determinadas condiciones que surgen del propio artículo –no voy a darle lectura porque sería tomar tiempo de manera inútil– y, por supuesto, esto se haría de acuerdo con la reglamentación que la Suprema Corte de Justicia ha dispuesto en estos casos, es decir, teniendo en cuenta las calificaciones de estos funcionarios y su antigüedad. Reiteramos que esto no implica costo, en tanto que el crédito presupuestal con el que hoy se les paga, que es el de contratos, pasa automáticamente a formar parte del salario que se les pagaría como presupuestados. Quiere decir que de ninguna manera esto implica un aumento de costo y así lo establece expresamente la Suprema Corte de Justicia, por si pudiera quedar alguna duda.
El artículo 33 autoriza, en caso de que fuera aprobado por el Senado y luego por la Cámara de Representantes, a que el Poder Judicial disponga una modificación de los grados y denominación de los cargos. Este artículo señala «sin que requiera crédito presupuestal». Este artículo, en especial, prevé la derogación por todo concepto que hace referencia a la retribución de los funcionarios informáticos. Esto ha hecho que, incluso, ellos no puedan participar de ninguna retribución especial que en condiciones especiales la Suprema Corte de Justicia puede otorgar a otros funcionarios, pero no así a los del escalafón «R», porque tienen esa definición expresa en cuanto a su salario. A su vez, se pretende establecer la equiparación del grado de Director de la División del escalafón «R», informático, con el grado de su similar en el escalafón II que es el profesional. En consecuencia, se modificarían los restantes grados de ese mismo escalafón informático en proporción con ese primero mencionado. Aquí también la Suprema Corte de Justicia reitera que esto no implicará incremento salarial y que esa creación se efectuará por la vía de transformación, potestad que la Suprema Corte de Justicia tiene asignada por ley, en el sentido de realizar la transformación sin costo presupuestal.
Por su parte, el artículo 42, de alguna manera, también procura estandarizar una situación. Se trata del escalafón «Q» de particular confianza. Concretamente, procura homogeneizar esa definición salarial del cargo de director nacional de la Defensa Pública, que es escalafón de confianza, con la de los subdirectores generales de los Servicios Administrativos, que también son escalafón «Q», en atención a que perciben igual remuneración. En consecuencia, este artículo no tiene costo porque hoy lo que se pretende es homogeneizar desde el punto de vista de la denominación en especial. Asimismo, se procura modificar la dependencia jerárquica de la Dirección Nacional de la Defensa Pública pasando a depender en forma directa de la Suprema Corte de Justicia y saliendo de la órbita de la Dirección General de los Servicios Administrativos. Por ende, como los señores senadores pueden advertir, tampoco tiene costo.
La última disposición proyectada que mencionaba es el artículo 61, que lo único que procura, pero no es menor, es establecer las condiciones mínimas de acceso que deberían tener como formación los integrantes del escalafón «R», Informática. Allí se establece que son dos años de carrera de nivel universitario o terciario o de carrera técnica en informática o electrónica en institución pública o privada, con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. En realidad, aunque parezca mentira, si bien estos requisitos se cumplen, es por la vía de los hechos, ya que no hay norma que haya definido cuál es el requisito para pertenecer a este escalafón. En los hechos, sí lo tienen, desde luego pero parecería lógico que así se estableciera por ley.
Estas son, en síntesis, las disposiciones que no tienen costo y que el Poder Judicial aspira a que el Senado las pueda incorporar al proyecto de ley que finalmente se apruebe.
Por supuesto, si los señores senadores quieren efectuar alguna consulta con relación a los artículos que remitió la Suprema Corte de Justicia, tanto los señores ministros, como la contadora Gonnet y quien habla estamos a sus órdenes.
SEÑOR CAMY.- Agradecemos a la Suprema Corte de Justicia por su presencia en la comisión.
No tenemos más para expresar que la alarma que sentimos por lo que acabamos de escuchar en cuanto a que, de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto nacional para el período 2016–2020, sin incluir el presupuesto que elaborara el Poder Judicial y que remitió al Parlamento, aquel no podrá funcionar. Creemos que el hecho de no considerar en absoluto la requisitoria de un poder del Estado es un hecho sin precedentes en nuestro país.
Tenemos que señalar la gravedad de esta situación porque no estamos hablando de un Inciso –aunque involucre dependencias muy importantes y significativas, como los que hemos recibido en estas largas jornadas–, sino que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. Todos sabemos lo que implica la separación de poderes, y los pesos y contrapesos que se dan entre ellos tienen que ver directamente con el sistema republicano de Gobierno, con el estado de Derecho y obviamente su independencia está naturalmente vinculada a los recursos con que cuente cada uno para poder llevar adelante sus objetivos y cometidos, en fin, su razón de existir.
Señalamos esto porque en la jornada de ayer recibimos al Ministerio Público y Fiscal y en esa oportunidad hicimos referencia a dos normas que para nosotros son muy positivas: una de ellas es la que genera la desconcentración del Ministerio Público y Fiscal y la otra es la relativa al reformulado Código del Proceso Penal.
Hace unas horas fuimos a conversar por otros temas con el señor ministro del Interior –también se lo planteamos al señor fiscal, pero sin ánimo de embretarlo, porque no correspondía que contestara sobre un poder ajeno a su investidura– y le planteamos que recibimos ahora en esta comisión, pero hace quince días en la Comisión de Constitución y Legislación, dos señales muy contradictorias. Por un lado, la que dio la fiscalía que señaló que si en tiempo y forma no se aplica y entra en vigor, en febrero de 2017 el nuevo Código del Proceso Penal, el país estará en problemas y se expone, incluso, a condenas en el marco internacional por la violación de normas básicas de los derechos humanos. Para todos es conocido que esto involucra a más de diez mil ciudadanos privados de libertad y que el 64 % de ellos no tiene sentencia, así lo señaló el ministerio público. En ambas oportunidades se remarcó con énfasis, en una exposición muy seria, la necesidad imperiosa de que entre en vigor en ese tiempo, sí o sí.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha argumentado una preocupación contraria al decir que no tiene mecanismos prácticos para poder llevar adelante esa reforma. En la oportunidad en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia estuvieron en la Comisión de Constitución y Legislación dijeron lo que acaba de ratificar el señor ministro Pérez Manrique con claridad meridiana y en forma contundente: que no confirmaba la viabilidad del funcionamiento básico o mínimo del Poder Judicial, a fines de 2016, si las condiciones presupuestales son las que hasta ahora se plantean.
Señora presidenta: nosotros íbamos a hablar de algunos artículos, puntualmente del artículo 19 y del artículo 710 del Poder Ejecutivo; íbamos a argumentar sobre el aspecto vinculado al artículo 696 que afecta a los actuarios, a los señores jueces y a los funcionarios del Poder Judicial. Me parece que en esta oportunidad simplemente resta que cada uno tome nota con responsabilidad lo que se está exponiendo y que piense qué puede provocar de aprobarse cierta decisión, cuando en poco tiempo en el Senado de la República lo está reiterando, con claridad meridiana, ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia. Pero también cuesta analizarlo cuando hace menos de 24 horas, desde otra óptica muy legítima, otro Inciso –es válido aclararlo y reivindicarlo, a pesar de que casi el 30 % de lo solicitado en la Cámara de Diputados se restringió– tuvo un tratamiento presupuestal acorde muy importante.
Lo que se nos plantea es que se está advirtiendo muy claramente la imposibilidad de aplicar una norma tan necesaria como la que ya se votó, que fue la del Código del Proceso Penal. Y, fundamentalmente, lo que la Suprema Corte de Justicia nos está diciendo hoy es que puede terminar no funcionando el Poder Judicial, a fines del año que viene, en las condiciones presupuestales actuales.
Creo que ante esta realidad, reitero, prefiero no aludir ni a los artículos ni a las preguntas que iba a hacer porque fueron claramente establecidas, pero quiero expresar que aspiro a que esta comisión, en el momento oportuno –será la próxima semana–, cuando termine la comparecencia de los Incisos, se aboque a plantear el trabajo, leyendo muy atentamente la versión taquigráfica de lo expresado por los señores ministros.
Por el momento, queremos expresar la alarma, la gravedad y el respaldo pleno para que el Poder Judicial sea considerado –sin entrar en adjetivos ni en consideraciones de ningún tipo– de manera acorde a lo que solicita para funcionar; concretamente, se trata de uno de los tres poderes del Estado. Me imagino qué pasaría con el país y qué tratamiento le daríamos nosotros, si mañana el Poder Legislativo tuviera cero porcentaje de aumento o determinación de recursos para funcionar, aunque sea básicamente.
SEÑOR AMORÍN.- Le damos la bienvenida a la delegación de la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los poderes del Estado, cuya independencia valoramos siempre y en todas las circunstancias.
Lo que ha manifestado el señor senador Camy es bastante claro porque es una preocupación que tenemos todos. A la independencia del Poder Judicial hay que preservarla de muchas formas y estoy seguro de que, en ese aspecto, todos pensamos lo mismo aunque a veces los caminos son distintos. Todos vamos a trabajar para que se mantenga esa independencia tan valorada por todos.
En cuanto a los artículos a que hacía referencia el señor senador Camy quiero decir que, por ejemplo, conozco el 710 y tengo posición tomada al respecto, así que no es necesario hacer preguntas sobre eso. No obstante, me interesaría saber qué opinan nuestros invitados de un artículo que se votó en la Cámara de Representantes. Me refiero al que venía con el n.º 606 en el texto del Poder Ejecutivo, dentro de lo correspondiente al organismo Fiscalía General de la Nación, y que hoy es el artículo 629, que dice: «El Ministerio Público y Fiscal no intervendrá en ningún proceso como dictaminante técnico auxiliar del Tribunal». Quería saber si esto tiene alguna influencia o si no cambia nada; esa es la pregunta que quiero plantear.
SEÑOR HEBER.- Nos queremos sumar a la bienvenida a los representantes de un Poder del Estado, además de pedir disculpas por la demora, ya que estábamos en pleno debate en el Senado. No queremos ser descorteses con las autoridades de un Poder del Estado que, para nosotros, es garantía de la propia democracia.
Estamos mirando de esta manera y con estos ojos el Presupuesto. Lamentamos que, desde la Cámara de Representantes, apenas se hayan aprobado estos artículos, sin incrementos de ninguna clase y sin la atención debida a lo que el propio Poder Legislativo encomienda. Hemos discutido y votado toda la reforma del Código del Proceso Penal y después no damos los recursos necesarios. Para eso no hubiéramos votado nada y así nos hubiéramos ahorrado muchas discusiones y trabajo legislativo porque, llegado el momento, no les damos los recursos necesarios para que implementen todo eso.
Como decía muy claramente, en nombre del Partido Nacional, el señor senador Carlos Camy, vamos a leer muy cuidadosamente las versiones taquigráficas porque esta situación comprometida del Poder Judicial en cuanto a cumplir sus funciones en el año 2016 es algo que nos tiene que llamar la atención y hacer reflexionar. Seguramente, esto hará reflexionar al partido de gobierno de modo tal de dar algún recurso que signifique, de alguna manera, la posibilidad de cumplir ya no con las reformas sino con lo que ya vienen haciendo.
De los 65 artículos que presenta el Poder Judicial tenemos siete, lo que notoriamente es insuficiente para atender los requerimientos de continuidad de la garantía de un Poder del Estado que no tiene la autonomía financiera necesaria como para cumplir su función.
Entonces, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido y que eso hace al prestigio que la democracia uruguaya tiene. Eso es gracias, entre otras cosas –pero fundamentalmente–, a la función independiente que tiene el Poder Judicial en nuestra democracia. Esa independencia está directamente ligada a tener, aunque sea mínimamente, una autonomía financiera como para poder cumplir su función sin depender de otros Poderes del Estado. Por lo tanto, también nos vamos a ahorrar hacer preguntas respecto al articulado porque las cosas están muy claras.
Nos gustaría tener identificados, por lo menos con respecto al funcionamiento del Poder Judicial y a los inconvenientes que ya ocasionaría el no voto, cuáles son, como mínimo, los artículos que precisamos para continuar prestando los servicios de justicia que tenemos en el país. Queremos tener identificado cuál es el mínimo esfuerzo que tenemos que hacer, sabiendo desde ya que lamentablemente no hay voluntad política de otorgar al Poder Judicial todo lo que precisa. Sería muy importante para nosotros que por lo menos se enumeraran los artículos, sin necesidad de que realicen un comentario muy largo de los mismos, a efectos de captar el fin que la Constitución establece al Poder Judicial y que pueda continuar con sus tareas. Es decir que quisiéramos saber cuál es el mínimo indispensable para evitar comprometer, si se continúa con este presupuesto, los servicios de justicia hacia fines del año 2016. Esa es nuestra inquietud a efectos de identificar nuestro acuerdo y nuestra tarea en las negociaciones internas que espero tener con el Gobierno para atender los reclamos que un poder del Estado garantista, como es el Poder Judicial, hace hoy a otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo.
SEÑOR CHEDIAK.- En un pendrive tenemos –a efectos de contestar la pregunta del señor senador Heber– los temas prioritarios del proyecto de ley de presupuesto del Poder Judicial con sus totales en las cuatro prioridades que hemos señalado. Si la señora presidenta está de acuerdo, dejamos también un planillado con información al respecto.
Hemos señalado cuatro prioridades –en los términos que el señor senador Heber plantea– sobre qué es lo prioritario de lo prioritario e indispensable para poder continuar funcionando como lo venimos haciendo. No estamos hablando de la reforma del proceso penal ni de la reforma de la reforma que –como ya lo señalamos en la comisión correspondiente del Senado de la república– no se puede hacer sin costo. No se puede hacer la reforma ni el código –que tuvimos el honor de integrar en su comisión redactora– ni la reforma que propone el Poder Ejecutivo de la reforma tratando de bajar los costos. Las reformas procesales penales tienen costo y el Poder Judicial tendrá dificultades –como señaló el ministro Pérez Manrique– para funcionar sin reforma alguna en el año 2016.
En ese planillado señalamos varias prioridades, como los cursos de derechos humanos y los centros de mediación. Lo indispensable para funcionar es el refuerzo de la partida de gastos y de la partida de inversiones. ¿Por qué? Porque si dedicamos el cien por ciento de nuestra partida de inversiones –como señaló la contadora Gonnet– para cumplir con las obligaciones ya contraídas como primera prioridad en la realización del módulo penal uno del Centro de Justicia de Maldonado, no se podrá hacer absolutamente nada en inversiones y mantenimiento en el resto de la república durante todo el año 2016, cosa que es extremadamente complicada.
Otra de las prioridades es el gasto de funcionamiento –ya tenemos un déficit proyectado importante– porque no podremos llegar, como se adelantó, a fin de año funcionando sin refuerzos vía presupuesto –si la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Representantes así lo disponen– o vía refuerzos del equipo económico del Poder Ejecutivo a nuestras líneas de base de presupuesto.
El refuerzo para el Centro de Justicia de Maldonado a que hacíamos referencia era del año 2016. Necesitamos un refuerzo para sobrevivir durante ese año y culminar el edificio. Por supuesto que una vez que en el año 2017 el primer módulo del centro de justicia penal de Maldonado haya sido completado vamos a poder empezar a hacer todas aquellas obras en el resto de la república que, tal como viene la situación presupuestal, no podremos hacer en el año 2016. Lo prioritario es lo que hemos señalado. Contestando a la pregunta del senador Amorín en el sentido de la redistribución de funciones dentro de la Fiscalía General de la Nación, debo decir que nosotros hemos señalado que esa es una de las dos vías para acometer mínimamente la reforma por parte de la Fiscalía General de la Nación, con la creación de nuevos cargos de fiscales adjuntos –creo que era en el entorno de 30 en la etapa de la Cámara de Representantes– y la posibilidad de desafectar fiscales y fiscales adjuntos que hoy realizan tareas en otras competencias no penales y dedicarlas también a la materia penal. Nosotros hemos señalado que por supuesto el Poder Judicial puede seguir funcionando si esos fiscales no fungen como asesores técnicos de los jueces en la materia de familia y en la materia civil. El problema para el Poder Judicial es que para acometer la reforma del Código del Proceso Penal no cuenta con ninguna de las dos vías, pues no se han aprobado hasta ahora nuevos cargos para acometer la reforma y, además, no podemos dejar nosotros de desempeñar ninguna de las funciones que en las otras materias también estamos desempeñando. No podemos hacer lo mismo que la Fiscalía General de la Nación y dejar de cumplir, desafectar funcionarios de otras materias no penales para reforzar la penal. Nosotros estamos absolutamente constreñidos y por eso en la Comisión de Constitución y Legislación hemos señalado la imposibilidad –no la dificultad, pues la dificultad es seguir funcionando en 2016– de acometer, sin fondos específicos, sin creaciones de cargos y sin partidas especiales de inversiones, la reforma del proceso penal, ya sea la reforma total como está planteada a partir del 1.º de febrero de 2017, o la parcial para el 1.º de febrero de 2019. Ninguna de estas dos reformas se puede acometer por parte del Poder Judicial sin refuerzo de rubros.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Antes que nada, quería dar la bienvenida a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
En forma muy sintética, quisiera hacer una reflexión con el mayor respeto y en forma muy fraternal. Todos los que de alguna manera hemos pasado por los centros educativos, sobre todo los públicos, recordamos que nuestros maestros en todas las instancias nos recalcaron la importancia de los tres poderes del Estado, de lo que significaba la República y de la independencia de cada uno de ellos. Simplemente dejo esta reflexión, porque cada uno de nosotros, que hemos pasado por centros educativos en cualquiera de sus niveles, sabemos que se nos enseñó y se nos marcó a fuego que la república eran los tres poderes del Estado, su independencia, y que eso garantizaba tener una democracia representativa. Digo esto con mucho cariño, en forma muy fraternal, porque creo que va más allá de las situaciones circunstanciales; creo que esto significa ver el monte, no el pastito, y ver mucho más allá de lo que representa la independencia de nuestros tres poderes.
SEÑORA XAVIER.- Muchas gracias a la delegación. Ha quedado muy claro el planteo y no tenemos ninguna pregunta para formular. Aunque parezca obvio, parece oportuno decir que vamos a estudiar estas propuestas como corresponde. Por supuesto, es una situación compleja por la cantidad de demandas existentes en esta instancia presupuestal que tiene una previsión acotada en el tiempo y, en este momento, tampoco tenemos clara la posibilidad de contar con recursos por fuera del Presupuesto para más adelante porque, justamente, la previsión es acotada a dos años, dado el nivel de incertidumbre.
De todos modos, haremos todos los estudios, intercambios y consultas y tomamos este planteo con la responsabilidad que corresponde.
SEÑORA MOREIRA.- Le doy la bienvenida a la delegación de la Suprema Corte de Justicia. Me siento muy representada por las palabras de la senadora Xavier. Creo que hay todo un proceso que hace a las restricciones presupuestales y que tiene que ver con la posibilidad de un aumento de los gastos del Poder Judicial, como resultado de las posibles sentencias que sobrevendrían por leyes votadas en el período anterior. Esto es parte del cálculo presupuestal que tiene el Poder Ejecutivo en la suma global de sus gastos. No obstante ello, quiero dejar sentado que muchos hemos trabajado en la reforma del Código del Proceso Penal arduamente y lo hemos dejado votado para implementarlo en este período. Por tanto, son de recibo todas las preocupaciones que la Suprema Corte de Justicia manifiesta respecto de la necesidad de tomar medidas ahora, a efectos de que el nuevo Código del Proceso Penal pueda estar vigente a partir del año 2017, por más que se implemente por institutos.
Tomamos el compromiso de estudiar las demandas del Poder Judicial, sus legítimas preocupaciones, no solo con la idea de que su funcionamiento no se vea afectado, sino apuntando a la reforma de la Justicia porque creo que el nuestro es uno de los países que van quedando en América Latina que no la ha terminado. Nuestra voluntad es que la reforma de la Justicia sea uno de los buques insignias, el que, si bien zarpó un poco más tarde, esperamos llegue a puerto en el actual período.
También quisiera reconocer tres cosas que están muy claras en el planteo del Poder Judicial. El papel de la mediación nos parece muy importante. Hemos conversado con el doctor Pérez Manrique a propósito de esto que es tan importante para una demanda judicial que, a veces, se ve acrecentada como resultado de los muchos problemas que tiene la sociedad uruguaya, especialmente, los de la seguridad pública.
Otro punto a destacar, es la preocupación en relación con el tema de los derechos humanos y de género, que son innovaciones que se han producido en los últimos veinte o treinta años en el terreno de la Justicia.
Por tanto, la delegación de la Suprema Corte de Justicia puede estar segura de que en esta Cámara trabajaremos y pondremos todo nuestro esfuerzo para lograr mejoras en este inciso.
SEÑOR MELÉNDEZ.- En primer lugar, quisiera dar las gracias por la información brindada, por la exposición de los problemas y sus posibles soluciones. Además, sepan que siempre estaremos abiertos a conversar.
Tengo experiencia en la gestión del Poder Ejecutivo y he conversado con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y con el director general sobre algunos aspectos en particular, pero me parece que el punto es lo que fundamenta la independencia de poderes, que no implica separación y anquilosamiento de uno o enquistamiento de uno con respecto al otro, sino interacción interesante que hace a la profundización de la democracia.
Hay dos elementos importantes: uno, tiene que ver con el aumento de rubro presupuestal y otro, que maneja la Suprema Corte de Justicia, con un refuerzo de rubro que corresponde al Poder Ejecutivo. Dentro de ese encuadre –como dijeron las dos senadoras que me precedieron en el uso de la palabra–, nos comprometemos a analizar objetivamente el tema. Nos mantendremos en contacto para hacerles conocer cualquier opinión que tengamos o para analizar o profundizar algunos de los temas planteados.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la visita de la delegación de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto, nos queda la versión taquigráfica de lo que aquí se ha expresado y trabajaremos en ello.
Retomamos el trabajo a las 18 y 30 minutos para recibir al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
(Son las 17:15).