Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0026
Timestamp: 2018-09-26 01:38:59
Document Index: 70484590

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 62', 'artículo 167', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 24', 'artículo 41', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 22']

de 26 de febrero de 2014
relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 50, apartado 1, su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62,
Las directivas de la Unión adoptadas en el ámbito de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor ya proporcionan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos y, por ende, un marco para la explotación de los contenidos amparados por esos derechos. Dichas directivas contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la creatividad. En un mercado interior en el que la competencia no esté falseada, la protección de la innovación y de la creación intelectual también fomenta la inversión en servicios y productos innovadores.
La difusión de contenidos protegidos por derechos de autor y derechos afines, incluidos los libros, las producciones audiovisuales y las grabaciones musicales, así como los servicios vinculados a estos, requiere que los diferentes titulares de derechos de autor y derechos afines, es decir, los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores y editores, concedan una licencia sobre estos derechos. Corresponde normalmente al titular elegir entre la gestión individual y la gestión colectiva de sus derechos, salvo que se disponga de otro modo por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión y las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros. La gestión de los derechos de autor y derechos afines comprende la concesión de licencias a los usuarios, la auditoría de los usuarios, el seguimiento del ejercicio de los derechos, la protección de los derechos de autor y derechos afines, el cobro de los ingresos derivados de la explotación de los derechos y el reparto de las cantidades que deben abonarse a los titulares de derechos. Las entidades de gestión colectiva permiten que los titulares de derechos sean remunerados por usos que los propios titulares no podrían controlar o hacer respetar, en particular en mercados no nacionales.
En virtud del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión debe tener en cuenta la diversidad cultural en sus actuaciones y contribuir al desarrollo de las culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional y regional y haciendo hincapié al mismo tiempo en la herencia cultural común. Las organizaciones de gestión colectiva desempeñan y deben seguir desempeñando un papel importante como promotoras de la diversidad de la expresión cultural, tanto al permitir a los repertorios de menor volumen y menos populares el acceso al mercado como mediante la prestación de servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de sus titulares y del público.
Las entidades de gestión colectiva establecidas en la Unión deben poder disfrutar de las libertades que prevén los Tratados cuando representan a los titulares de derechos que residan o estén establecidos en otros Estados miembros o conceden licencias a los usuarios residentes o establecidos en otros Estados miembros.
Existen diferencias importantes entre las normas nacionales que regulan el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, en particular por lo que respecta a su transparencia y su obligación de rendir cuentas a sus miembros y a los titulares de derechos. En una serie de casos, ello ha causado dificultades, en particular a los titulares no nacionales de derechos cuando pretenden ejercer sus derechos, y ha dado lugar a una deficiente gestión financiera de los ingresos recaudados. Los problemas de funcionamiento de las entidades de gestión colectiva les impiden explotar con eficiencia los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, en detrimento tanto de los miembros de las entidades como de los titulares de derechos y los usuarios.
La necesidad de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva ya se había señalado en la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión (3). Dicha Recomendación establecía una serie de principios, como la libertad de los titulares de los derechos de elegir sus entidades de gestión colectiva, la igualdad de trato de todas las categorías de titulares de derechos y el reparto equitativo de los derechos recaudados. Asimismo, invitaba a las entidades de gestión colectiva a facilitar a los usuarios información suficiente sobre las tarifas aplicables y el repertorio antes de las negociaciones entre ellos. Contenía asimismo recomendaciones sobre rendición de cuentas, representación de los titulares de derechos en los órganos decisorios de las entidades de gestión colectiva y resolución de litigios. Sin embargo, la Recomendación tuvo un seguimiento desigual.
La protección de los intereses de los miembros de las entidades de gestión colectiva, de los titulares de derechos y de terceros exige la coordinación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de gestión de derechos de autor y de concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales, con objeto de disponer de garantías equivalentes en toda la Unión. Por consiguiente, la presente Directiva ha de tener como base jurídica el artículo 50, apartado 1, del TFUE.
La presente Directiva tiene por objeto la coordinación de las normas nacionales relativas al acceso de las entidades de gestión colectiva a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, las modalidades de administración de estas entidades y su marco de supervisión, y por consiguiente ha de tener como base jurídica el artículo 53, apartado 1, del TFUE. Asimismo, dado que se trata de un sector que ofrece servicios en toda la Unión, la presente Directiva debe tener como base jurídica el artículo 62 del TFUE.
La presente Directiva tiene por objeto establecer requisitos aplicables a las entidades de gestión colectiva para garantizar un elevado nivel de administración, gestión financiera, transparencia e información. No obstante, ello no debe impedir que los Estados miembros mantengan o impongan normas más estrictas que las establecidas en el título II de la presente Directiva a las entidades de gestión colectiva establecidas en sus territorios, siempre que dichas normas más estrictas sean compatibles con el Derecho de la Unión.
Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe impedir a un Estado miembro aplicar a las entidades de gestión colectiva establecidas fuera de la Unión pero que operan en dicho Estado miembro disposiciones iguales o similares.
Nada de lo dispuesto en la presente Directiva debe impedir que las entidades de gestión colectiva celebren acuerdos de representación con otras entidades de gestión colectiva —en cumplimiento de las normas sobre competencia contempladas en los artículos 101 y 102 del TFUE— en el ámbito de los derechos de gestión con objeto de facilitar, mejorar y simplificar los procedimientos de concesión de licencias a los usuarios, inclusive para fines de facturación única, en condiciones de igualdad, no discriminación y transparencia, y de ofrecer asimismo licencias multiterritoriales en ámbitos distintos a los que hace referencia el título III de la presente Directiva.
La presente Directiva, aplicable a todas las entidades de gestión colectiva, con excepción del título III, que solo se aplica a las entidades de gestión colectiva que gestionan derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea sobre una base multiterritorial, no afecta a los acuerdos sobre la gestión de derechos en los Estados miembros, como la gestión individual, el efecto ampliado de un acuerdo entre una entidad de gestión colectiva representativa y un usuario, es decir, las licencias colectivas ampliadas, la gestión colectiva obligatoria, las presunciones legales de representación y la transferencia de derechos a entidades de gestión colectiva.
La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros determinen, por ley, reglamento o cualquier otro mecanismo específico a dicho efecto, una compensación justa a los titulares de derechos por las excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la remuneración de los titulares de derechos por las excepciones al derecho exclusivo en lo referente a los préstamos públicos contempladas en la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) aplicable en su territorio, así como las condiciones aplicables a su recaudación.
La presente Directiva no requiere que las entidades de gestión colectiva adopten una forma jurídica específica. En la práctica, esas organizaciones operan bajo distintas formas jurídicas, como asociaciones, cooperativas o sociedades con responsabilidad limitada, controladas por titulares de derechos de autor y derechos afines o por entidades que representan a dichos titulares, o propiedad de estos. No obstante, en algunos casos excepcionales, debido a la forma jurídica de la entidad de gestión colectiva, no está presente el elemento de propiedad o control. Este es, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que no tienen miembros. No obstante, también deben aplicarse a dichas entidades las disposiciones de la presente Directiva. De igual modo, los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para impedir que, mediante la elección de la forma jurídica, se incumplan las obligaciones derivadas de la presente Directiva. Debe señalarse que las entidades que representan a titulares de derechos, y que son miembros de entidades de gestión colectiva, pueden ser otras entidades de gestión colectiva, asociaciones de titulares de derechos, sindicatos u otras organizaciones.
Los titulares de derechos han de poder encomendar la gestión de sus derechos a operadores de gestión independientes. Dichos operadores de gestión independientes son sociedades mercantiles que se diferencian de las entidades de gestión colectiva, entre otras razones, porque no pertenecen a los titulares de derechos, ni están controladas por estos. No obstante, en la medida en que dichos operadores de gestión independientes realizan las mismas actividades que las entidades de gestión colectiva, deben estar obligados a facilitar determinada información a los titulares de derechos a los que representan, a las entidades de gestión colectiva, a los usuarios y al público.
Los productores audiovisuales, los productores de discos y los organismos de radiodifusión conceden licencias de sus propios derechos, en determinados casos junto con derechos que les han sido transferidos, por ejemplo, los intérpretes, sobre la base de acuerdos negociados individualmente, y actúan en interés propio. Los editores de libros, música o periódicos conceden licencias de derechos que les han sido transferidos sobre la base de acuerdos negociados individualmente y actúan en interés propio. Por lo tanto, los productores audiovisuales, los productores de discos, los organismos de radiodifusión y los editores no deben ser considerados «operadores de gestión independientes». Además, los gestores de los autores y de los intérpretes o ejecutantes y los agentes que actúan como intermediarios y representan a los titulares de derechos en sus relaciones con las entidades de gestión colectiva no deben ser considerados «operadores de gestión independientes» dado que no gestionan derechos en el sentido de fijar tarifas, conceder licencias o recaudar dinero de los usuarios.
Las entidades de gestión colectiva han de poder decidir libremente encomendar la realización de algunas de sus actividades, como la facturación a los usuarios o el reparto de los importes debidos a los titulares de derechos, a filiales u otras entidades controladas por ellas. En dichos casos, las disposiciones de la presente Directiva que serían aplicables si la actividad pertinente fuera realizada directamente por una entidad de gestión colectiva deben ser aplicables a las actividades de las filiales o de las otras entidades.
Con el fin de velar por que los titulares de derechos de autor y derechos afines puedan beneficiarse plenamente del mercado interior cuando sus derechos sean gestionados colectivamente y por que su libertad de ejercer estos derechos no se vea indebidamente limitada, es necesario prever la inclusión de salvaguardias adecuadas en los estatutos de las entidades de gestión colectiva. Por otra parte, cuando presten sus servicios de gestión, las entidades de gestión colectiva no deben establecer discriminaciones, directa o indirectamente, entre los titulares de derechos por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento.
Habida cuenta de las libertades establecidas en el TFUE, la prestación y recepción de servicios de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines deben implicar que un titular de derechos pueda elegir libremente la entidad de gestión colectiva encargada de la gestión de sus derechos, ya se trate de derechos de comunicación con el público o de derechos de reproducción o de categorías de derechos relacionados con formas de explotación como la radiodifusión, la exhibición en salas o la reproducción para la distribución en línea, siempre y cuando la entidad de gestión colectiva que el titular de derechos desee elegir ya gestione estos tipos o categorías de derechos.
Los derechos o categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones gestionados por la entidad de gestión colectiva deben ser determinados por la asamblea general de los miembros de esa entidad si no estuvieran ya determinados en sus estatutos o establecidos por ley. Es importante que los derechos y las categorías de derechos se determinen de forma que se mantenga un equilibrio entre la libertad de los titulares de derechos de disponer de sus obras y otras prestaciones y la capacidad de la entidad para gestionar eficazmente los derechos, teniendo en cuenta, en particular, el tipo de derechos gestionados por la entidad y el sector creativo en el que opera. Teniendo debidamente en cuenta dicho equilibrio, los titulares de derechos deben poder retirar fácilmente dichos derechos o categorías de derechos de una entidad de gestión colectiva y gestionarlos individualmente o confiar o transferir la gestión de la totalidad o de una parte de estos a otra entidad de gestión colectiva u entidad, independientemente del Estado miembro de nacionalidad, de residencia o de establecimiento de la entidad de gestión colectiva o del titular de los derechos. En caso de que un Estado miembro, en cumplimiento del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros, previera la obligatoriedad de la gestión colectiva de los derechos, la elección de los titulares de derechos se limitaría a otras entidades de gestión colectiva.
Las entidades de gestión colectiva de derechos que gestionan diferentes tipos de obras y prestaciones, como las obras literarias, musicales o fotográficas, deben ofrecer también esta flexibilidad a los titulares de derechos en lo que respecta a la gestión de diferentes tipos de obras y otras prestaciones. Por lo que respecta a los usos no comerciales, los Estados miembros deben prever que las entidades de gestión colectiva adopten las medidas necesarias para velar por que sus titulares de derechos puedan ejercer el derecho de conceder licencias para tales usos. Dichas medidas deben incluir, entre otras, una decisión de la entidad de gestión colectiva sobre las condiciones inherentes al ejercicio de dicho derecho, así como que se proporcione información a sus miembros sobre dichas condiciones. Las entidades de gestión colectiva deben informar a los titulares de derechos de esta posibilidad y permitirles ejercer los derechos relacionados con dichas posibilidades de la forma más fácil posible. Los titulares de derechos que ya hayan autorizado a la entidad de gestión colectiva pueden ser informados a través del sitio de internet de la entidad. La obligación de obtener el consentimiento de los titulares de derechos en la autorización para la gestión de cada derecho, categoría de derechos o tipo de obras y otras prestaciones en la autorización no debe impedir al titular de derechos aceptar propuestas de modificación posteriores de dicha autorización por acuerdo tácito, de conformidad con las condiciones establecidas por la legislación nacional. La presente Directiva no debe excluir como tales ni los acuerdos contractuales con arreglo a los cuales la revocación o la retirada por parte de los titulares de derechos tiene un efecto inmediato sobre las licencias concedidas antes de dicha revocación o retirada, ni los acuerdos contractuales según los cuales dichas licencias no se ven afectadas durante un determinado tiempo tras la revocación o retirada. No obstante, dichos acuerdos no deben crear obstáculos para la plena aplicación de la presente Directiva. La presente Directiva no debe afectar a la posibilidad de que los titulares de derechos gestionen sus derechos de forma individual, también para usos no comerciales.
La condición de miembro de una entidad de gestión colectiva debe basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, en particular en el caso de los editores que, en virtud de un acuerdo sobre explotación de derechos, tengan derecho a una parte de los ingresos procedentes de los derechos gestionados por las entidades de gestión colectiva y a percibir dichos ingresos de las entidades. Dichos criterios no deben obligar a las entidades de gestión colectiva a aceptar a miembros cuya gestión de derechos, categorías de derechos o tipos de obras u otras prestaciones no se incluyen en su ámbito de actividad. Las entidades de gestión colectiva deben llevar registros que permitan la identificación y localización de sus miembros y de los titulares de derechos cuyos derechos representa la entidad sobre la base de las autorizaciones concedidas por esos titulares de derechos.
Con objeto de proteger a los titulares de derechos cuyos derechos están directamente representados por la entidad de gestión colectiva pero que no cumplen sus criterios para ser miembros de esta, es adecuado requerir que determinadas disposiciones de la presente Directiva relativas a los miembros se apliquen también a dichos titulares de derechos. Los Estados miembros han de poder conferir asimismo a dichos titulares el derecho a participar en el procedimiento de toma de decisiones de la entidad de gestión colectiva.
Las entidades de gestión colectiva deben actuar en el mejor interés colectivo de los titulares de derechos a los que representan. Por consiguiente, es importante prever sistemas que permitan a los miembros de una entidad de gestión colectiva ejercer sus derechos como miembros participando en el proceso de toma de decisiones de la entidad. Algunas entidades de gestión colectiva tienen diferentes categorías de miembros, que pueden representar a diferentes tipos de titulares de derechos, como productores e intérpretes. La representación en el proceso de toma de decisiones de dichas diferentes categorías de miembros debe ser equitativa y equilibrada. La eficacia de las normas relativas a la asamblea general de los miembros de las entidades de gestión colectiva se vería menoscabada si no existiesen disposiciones sobre las modalidades de celebración de esta asamblea. Así pues, es necesario velar por que la asamblea general se convoque periódicamente, y como mínimo una vez al año, y por que las decisiones más importantes de la entidad de gestión colectiva sean adoptadas por la asamblea general.
Todos los miembros de las entidades de gestión colectiva deben poder participar y votar en la asamblea general de los miembros. El ejercicio de esos derechos solo debe estar sujeto a restricciones equitativas y proporcionadas. En algunos casos excepcionales, las entidades de gestión colectiva se han creado bajo la forma jurídica de una fundación, por lo que no tienen miembros. En dichos casos, las competencias de la asamblea general de los miembros deben ser ejercidas por el órgano encargado de la función de supervisión. Cuando las entidades de gestión colectiva tienen como miembros a entidades que representan a titulares de derechos, como puede ocurrir cuando una entidad de gestión colectiva es una sociedad con responsabilidad limitada y sus miembros son asociaciones de titulares de derechos, los Estados miembros han de poder prever que algunas o todas las competencias de la asamblea general sean ejercidas por una asamblea de dichos titulares de derechos. La asamblea general de los miembros debe tener, al menos, competencia para establecer el marco de las actividades de dirección, en particular por lo que se refiere al uso de los ingresos de derechos por la entidad de gestión colectiva. No obstante, este principio debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros prevean normas más estrictas sobre, por ejemplo, inversiones, fusiones u operaciones de empréstito, incluida la prohibición de dichas transacciones. Las entidades de gestión colectiva deben alentar la participación activa de sus miembros en la asamblea general. Debe facilitarse el ejercicio de los derechos de voto a los miembros que asisten a la asamblea general, así como a los que no asisten. Además de la posibilidad de ejercer sus derechos por medios electrónicos, los miembros deben poder participar y votar en la asamblea general de los miembros por medio de representante. La votación por medio de representante debe restringirse en casos de conflictos de intereses. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben prever restricciones por lo que respecta a la representación solo si ello no perjudica la adecuada y efectiva participación de los miembros en el proceso de toma de decisiones. En particular, el nombramiento de representantes contribuye a una adecuada y efectiva participación de los miembros en el proceso de toma de decisiones y brinda a los titulares de derechos la posibilidad real de optar por una entidad de gestión colectiva de su elección con independencia del Estado miembro de establecimiento de la entidad.
Debe permitirse a los miembros participar en el control continuo de la gestión de las entidades de gestión colectiva. Con este fin, esas entidades deben disponer de una función de supervisión adaptada a su estructura organizativa y los miembros deben estar representados en el órgano que ejerza esta función. Dependiendo de la estructura organizativa de la entidad de gestión colectiva, la función de supervisión puede ser ejercida por un órgano distinto, por ejemplo, un consejo de supervisión, o por algunos o todos los directivos del consejo de administración que no gestionen los negocios de la entidad de gestión colectiva. El requisito de representación equitativa y equilibrada de los miembros no debe impedir a la entidad de gestión colectiva nombrar a terceros para ejercer la función de supervisión, incluidas personas que dispongan de los conocimientos profesionales pertinentes y titulares de derechos que no cumplan los requisitos para ser miembros o que no estén representados por la entidad directamente sino a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva.
En aras de una gestión adecuada, la dirección de una entidad de gestión colectiva debe ser independiente. Los gestores, ya hayan sido elegidos como directores, o contratados o empleados por la entidad sobre la base de un contrato, deben estar obligados a declarar, antes de asumir sus puestos y todos los años a partir de ese momento, los posibles conflictos entre sus intereses y los de los titulares de derechos representados por una entidad de gestión colectiva. Las personas que ejercen la función de supervisión deben realizar asimismo dichas declaraciones anuales. Los Estados miembros deben disponer de libertad para exigir a las entidades de gestión colectiva que dichas declaraciones sean públicas o que se presenten a las autoridades públicas.
Las entidades de gestión colectiva de derechos recaudan, gestionan y reparten los ingresos procedentes de la explotación de los derechos que les son confiados por sus titulares. Dichos ingresos han de abonarse en última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica directa con la entidad, o estar representados a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva o a través de un acuerdo de representación. Por tanto, es importante que las entidades de gestión colectiva actúen con la máxima diligencia al recaudar, gestionar y repartir esos ingresos. Solo es posible repartir con exactitud los ingresos si la entidad de gestión colectiva de derechos mantiene registros adecuados de sus miembros, de las licencias y de la utilización de las obras y otras prestaciones. Los datos oportunos necesarios para la gestión colectiva eficaz de los derechos deben ser facilitados asimismo por los titulares de los derechos y los usuarios y verificados por la entidad de gestión colectiva.
Los importes recaudados y debidos a los titulares de derechos deben mantenerse en las cuentas separadamente de todo activo propio que pueda tener la entidad. Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros prevean normas más estrictas para las inversiones, incluida la prohibición de invertir los ingresos de los derechos, si se invierten dichos importes, la inversión debe realizarse de conformidad con la política general de inversión y gestión de riesgos de la entidad de inversión colectiva. A fin de mantener un nivel elevado de protección de los derechos de los titulares y de velar por que estos se beneficien de los ingresos que puedan obtenerse de la explotación de dichos derechos, las inversiones realizadas y mantenidas por las entidades de gestión colectiva de derechos deben gestionarse con arreglo a criterios que obliguen a la entidad a actuar con prudencia, permitiéndole al mismo tiempo decidir sobre la política de inversión más segura y eficiente. De esta forma, las entidades de gestión colectiva de derechos han de poder optar por una asignación de activos que se adecúe a la naturaleza y duración específicas de toda exposición al riesgo de los ingresos de derechos invertidos y que no cause indebidamente merma de los ingresos que deben abonarse a los titulares de derechos.
Puesto que los titulares de derechos tienen derecho a ser remunerados por la explotación de sus derechos, es importante que los descuentos de gestión no sobrepasen los costes justificados de la gestión de los derechos y que toda deducción, distinta de los descuentos de gestión, por ejemplo una deducción para fines sociales, culturales o educativos, sea aprobada por los miembros de las entidades de gestión colectiva y que estas actúen con transparencia frente a los titulares de derechos en lo que respecta a las normas que regulan dichas deducciones. Idénticos requisitos deben aplicarse a toda decisión relativa a la utilización de los ingresos de derechos para su reparto colectivo, como becas. Los titulares de derechos deben tener acceso con carácter no discriminatorio a cualquier servicio social, cultural o educativo financiado mediante las deducciones. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las deducciones efectuadas en virtud del Derecho nacional, como las deducciones por la prestación de servicios sociales a los titulares de derechos por parte de las entidades de gestión colectiva, por lo que se refiere a cualquier aspecto que no esté regulado por la presente Directiva, siempre que dichas deducciones sean conformes con el Derecho de la Unión.
El reparto y el pago de los importes debidos a titulares de derechos individuales o, en su caso, a categorías de titulares, deben efectuarse a su debido tiempo y de conformidad con la política general en materia de reparto de la entidad de gestión colectiva de que se trate, incluso cuando se efectúen por medio de otra entidad que represente a los titulares de derechos. Solo razones objetivas que escapen al control de una entidad de gestión colectiva pueden justificar el retraso en el reparto y el pago de los importes debidos a los titulares de derechos. Por lo tanto, circunstancias como la inversión de los ingresos de derechos sujeta a una fecha de vencimiento no deben constituir razones válidas para dicho retraso. En los casos en que existan razones válidas, es conveniente permitir a los Estados miembros que adopten normas que aseguren el reparto en tiempo oportuno y la localización e identificación efectivas de los titulares de derechos. Con objeto de asegurar que los importes debidos a los titulares de derechos se reparten de forma adecuada y efectiva, y sin perjuicio de que los Estados miembros puedan prever normas más estrictas, es necesario requerir a las entidades de gestión colectiva que, de buena fe y con la necesaria diligencia, adopten medidas razonables para identificar y localizar a los titulares de derechos de que se trate. Es asimismo conveniente que, en la medida que lo permita el Derecho nacional, los miembros de una entidad de gestión colectiva decidan sobre la utilización de todo importe que no pueda ser repartido cuando los titulares de derechos que tienen derecho a dichos importes no puedan ser identificados o localizados.
Las entidades de gestión colectiva han de poder gestionar derechos y recaudar ingresos procedentes de su explotación en virtud de acuerdos de representación con otras entidades. Para proteger los derechos de los miembros de otras entidades de gestión colectiva, las entidades no deben distinguir entre los derechos que gestionan en virtud de acuerdos de representación y aquellos que gestionan directamente para sus titulares. Tampoco deben poder aplicar deducciones, distintas de las deducciones respecto de los descuentos de gestión, a los ingresos de derechos recaudados en nombre de otra entidad de gestión colectiva sin el consentimiento expreso de esta. Es asimismo conveniente requerir a las entidades de gestión colectiva que procedan al reparto y efectúen pagos a otras entidades sobre la base de dichos acuerdos de representación no más tarde del momento en que reparten y abonan los importes a sus propios miembros y a los titulares de derechos no miembros a los que representan. Además, debe requerirse a su vez a la entidad receptora que reparta sin demora los importes debidos a los titulares de derechos a los que representa.
Resulta especialmente importante que la concesión de licencias se realice en el marco de unas condiciones comerciales equitativas y no discriminatorias, a fin de que los usuarios puedan obtener licencias para las obras y otras prestaciones con respecto a las cuales una entidad de gestión colectiva representa derechos y de garantizar la remuneración de los titulares de derechos. Las entidades de gestión colectiva y los usuarios deben, por tanto, negociar de buena fe la concesión de licencias y aplicar unas tarifas que deben determinarse sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. Es conveniente que los cánones de licencia o la remuneración determinados por las entidades de gestión colectiva sean razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico del ejercicio de los derechos en un contexto particular. Por último, las entidades de gestión colectiva deben responder sin dilaciones indebidas a las solicitudes de licencias presentadas por los usuarios.
En un entorno digital, las entidades de gestión colectiva deben conceder periódicamente licencias sobre su repertorio para formas de explotación y modelos de negocio totalmente nuevos. En tales casos, a fin de favorecer unas condiciones propicias para el desarrollo de estas licencias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el Derecho de la competencia, conviene proporcionar a las entidades de gestión colectiva la flexibilidad necesaria para otorgar a la mayor brevedad, licencias individualizadas para servicios en línea innovadores, sin el riesgo de que las condiciones de estas licencias puedan utilizarse como precedente para la determinación de las condiciones de otros tipos diferentes de licencias.
Con objeto de velar por que las entidades de gestión colectiva puedan cumplir las obligaciones establecidas en la presente Directiva, los usuarios deben facilitar a esas entidades información pertinente sobre el uso de los derechos representados por las entidades de gestión colectiva. Esta obligación no se debe aplicar a las personas físicas que actúan para fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, artesanal o profesional y que, por lo tanto, no responden a la definición de usuario de la presente Directiva. Además, la información requerida por las entidades de gestión colectiva para poder ejercer sus funciones debe limitarse a lo que es razonable y necesario para los usuarios, y que está a disposición de estos, teniendo en cuenta la situación específica de pequeñas y medianas empresas. Esa obligación podría incluirse en un acuerdo entre una entidad de gestión colectiva y un usuario; dicha inclusión no obsta a los derechos legales nacionales a información. Los plazos aplicables a la facilitación de información por parte de los usuarios deben permitir que las entidades de gestión colectiva cumplan los plazos establecidos para el reparto de los importes debidos a los titulares de derechos. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio emitir facturas conjuntas.
A fin de reforzar la confianza de los titulares de derechos, de los usuarios y de otras entidades de gestión colectiva en la gestión de derechos por estas entidades, cada entidad de gestión colectiva debe cumplir requisitos específicos de transparencia. Así pues, debe exigirse a cada entidad, o al miembro que sea una entidad responsable de la adjudicación o el pago de importes debidos a los titulares de derechos que facilite, al menos una vez al año, a los diferentes titulares de derechos determinada información, como los importes que les han sido adjudicados o abonados y las deducciones efectuadas. Debe asimismo exigirse a las entidades de gestión colectiva que suministren suficiente información, en particular de tipo financiero, a otras entidades de gestión colectiva cuyos derechos gestionen a través de un acuerdo de representación.
Con objeto de velar por que los titulares de derechos, otras entidades de gestión colectiva y los usuarios tengan acceso a información sobre el ámbito de actividad de la entidad y las obras u otras prestaciones que representa, las entidades de gestión colectiva deben facilitar asimismo información sobre dichas cuestiones en respuesta a una solicitud debidamente razonada. La cuestión de si se puede, y en qué medida, cobrar descuentos razonables por la prestación de dicho servicio corresponde al Derecho nacional. Cada entidad de gestión colectiva debe publicar también información sobre su estructura y sobre la manera en que ejerce sus actividades, incluidos en particular sus estatutos y políticas generales sobre descuentos de gestión, deducciones y tarifas.
A fin de que los titulares de derechos puedan controlar y comparar las actuaciones respectivas de las entidades de gestión colectiva, dichas entidades deben publicar un informe anual de transparencia que incluya información financiera auditada y comparable en relación con sus actividades específicas. Asimismo, deben publicar anualmente un informe especial, que forme parte del informe anual sobre transparencia, sobre la utilización de las cantidades destinadas a servicios sociales, culturales y educativos. La presente Directiva no debe impedir que una entidad de gestión colectiva publique en un documento único, por ejemplo como parte de sus estados financieros anuales, o en informes específicos, la información requerida por el informe anual sobre transparencia.
Los proveedores de servicios en línea que utilicen obras musicales, como los servicios que permiten a los consumidores descargar o escuchar música en modo continuo (streaming), así como otros servicios que proporcionan acceso a películas o juegos en los que la música es un elemento importante, deben obtener previamente el derecho a utilizar tales obras. En virtud de la Directiva 2001/29/CE, es necesario obtener una licencia para cada uno de los derechos en la explotación en línea de obras musicales. Con respecto a los autores, dichos derechos son el derecho exclusivo de reproducción y el derecho exclusivo de comunicación pública de obras musicales, que incluye el derecho de puesta a disposición. Dichos derechos pueden ser gestionados por los propios titulares de derechos, es decir los autores o editores de música, o por entidades de gestión colectiva que presten servicios de gestión colectiva a los titulares de los derechos. Los derechos de los autores relativos a la reproducción y comunicación al público pueden ser gestionados por entidades de gestión colectiva diferentes. Por otra parte, cuando varias personas tienen derechos sobre una misma obra, es posible que hayan autorizado a distintas entidades a conceder licencias sobre sus partes respectivas de derechos. Todo usuario que desee prestar un servicio en línea que ofrezca una amplia gama de obras musicales a los consumidores necesita agregar los derechos sobre las obras de los diferentes titulares y entidades de gestión colectiva.
Si bien internet no conoce fronteras, el mercado de servicios de música en línea en la Unión sigue fragmentado y el mercado único digital aún no se ha logrado plenamente. La complejidad y la dificultad inherentes a la gestión colectiva de derechos en Europa han exacerbado, en una serie de casos, la fragmentación del mercado digital europeo de servicios de música en línea. Esta situación contrasta claramente con el rápido crecimiento de la demanda de acceso por parte de los consumidores a contenidos digitales y a servicios innovadores asociados, incluso de carácter transfronterizo.
La Recomendación 2005/737/CE promovía un nuevo marco regulador mejor adaptado a la gestión, a nivel de la Unión, de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la prestación de servicios legales de música en línea. Reconocía que, en la era de la explotación en línea de obras musicales, los usuarios comerciales necesitan una política de concesión de licencias acorde con la ubicuidad del entorno en línea y que además sea multiterritorial. Sin embargo, la Recomendación no ha sido suficiente para fomentar la generalización de las licencias multiterritoriales de los derechos en línea sobre obras musicales, ni para responder a las demandas específicas a este respecto.
En el sector de la música en línea, en el que la gestión colectiva de los derechos de autor sobre una base territorial sigue siendo la norma, es fundamental crear condiciones que favorezcan la máxima eficacia en las prácticas de concesión de licencias por las organizaciones de gestión colectiva en un contexto cuya dimensión transfronteriza es cada día más importante. Procede, por tanto, prever un conjunto de normas que establezcan las condiciones básicas de concesión de licencias colectivas multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea, incluidas las letras, por las entidades de gestión colectiva. Las mismas normas deben aplicarse a la concesión de dichas licencias para todas las obras musicales, incluidas las obras musicales integradas en obras audiovisuales. Sin embargo, no deben aplicarse a los servicios en línea que solo ofrecen acceso a obras musicales en forma de partituras. Las disposiciones de la presente Directiva deben garantizar el nivel mínimo de calidad de los servicios transfronterizos prestados por las entidades de gestión colectiva, especialmente en términos de transparencia del repertorio representado y la exactitud de los flujos financieros relacionados con la explotación de los derechos. Debe asimismo establecerse en la Directiva un marco que facilite la agregación voluntaria de repertorios musicales y de derechos, reduciendo, de este modo, el número de licencias que necesitan los usuarios para prestar un servicio multiterritorial y multirrepertorio. Estas disposiciones deben permitir a una entidad de gestión colectiva solicitar a otra que represente su repertorio sobre una base multiterritorial cuando ella misma no pueda o no desee cumplir los requisitos. Conviene imponer a la entidad solicitada la obligación de aceptar el mandato de la entidad solicitante, a condición de que ya agregue los repertorios y conceda o se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales. El desarrollo de servicios legales de música en línea en toda la Unión debe también contribuir a combatir las infracciones en línea de los derechos de autor.
La disponibilidad de información exacta y completa sobre las obras musicales, los titulares de derechos y los derechos que cada entidad de gestión colectiva está autorizada a representar en un determinado territorio reviste especial importancia para la eficacia y transparencia del proceso de autorización, para la tramitación posterior de los informes de los usuarios y la facturación a los proveedores de servicios, y para el reparto de los importes que deban abonarse. Por esta razón, las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de obras musicales deben estar en condiciones de procesar estos datos detallados con rapidez y precisión. Para ello deben utilizar bases de datos sobre la titularidad de los derechos objeto de licencia multiterritorial que permitan la identificación de las obras, los derechos y los titulares de derechos que una entidad de gestión colectiva está autorizada a representar, así como de los territorios que abarca la autorización. Se debe tener en cuenta, sin dilaciones indebidas, toda modificación de esa información, y las bases deben actualizarse continuamente. Esas bases de datos también deben ayudar a cotejar la información sobre las obras con la información sobre los fonogramas o sobre cualquier otro soporte al que se haya incorporado la obra. Asimismo, es importante velar por que los usuarios potenciales y los titulares de derechos, así como las entidades de gestión colectiva, tengan acceso a la información que necesiten con objeto de identificar el repertorio que las entidades de gestión colectiva representan. Las entidades de gestión colectiva deben poder adoptar medidas para proteger la exactitud y la integridad de los datos, controlar su reutilización o proteger la información delicada desde el punto de vista comercial.
A fin de velar por la máxima exactitud de los datos relativos al repertorio musical que tratan, las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales sobre obras musicales deben estar obligadas a actualizar sus bases de datos continuamente y sin demora cuando sea necesario. Deben establecer procedimientos fácilmente accesibles que permitan a los proveedores de servicios en línea, así como a los titulares de derechos y a otras entidades de gestión colectiva, comunicarles toda imprecisión que las bases de datos de la entidad puedan contener con respecto a las obras que poseen o controlan, incluidos los derechos —en su totalidad o en parte— y los territorios a que se refiere el mandato otorgado a la entidad de gestión colectiva, sin, no obstante, poner en peligro la veracidad y la integridad de los datos que posee la entidad de gestión colectiva. Dado que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) confiere a todos los interesados el derecho a obtener la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos inexactos o incompletos, la presente Directiva también debe garantizar que se corrijan sin dilación indebida los datos inexactos que afecten a los titulares de derechos o a otras entidades de gestión colectiva en el caso de las licencias multiterritoriales. Asimismo, las entidades de gestión colectiva deben tener la capacidad de procesar electrónicamente el registro de las obras y las autorizaciones para gestionar derechos. Dada la importancia de la informatización para un tratamiento rápido y eficaz de los datos, las entidades de gestión colectiva deben prever la utilización de medios electrónicos para la comunicación estructurada de dicha información por los titulares de derechos. En la medida de lo posible, las entidades de gestión colectiva deben velar por que tales medios electrónicos tengan en cuenta las normas o las prácticas sectoriales voluntarias pertinentes desarrolladas a nivel internacional o de la Unión.
Las normas sectoriales en materia de utilización de la música, información sobre ventas y facturación son fundamentales para mejorar la eficiencia del intercambio de datos entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios. El control de la utilización de las licencias debe respetar los derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Para que estas mejoras de eficiencia se traduzcan en una agilización de la gestión financiera y, en última instancia, de los abonos a los titulares de derechos, debe obligarse a las entidades de gestión colectiva a proceder sin demora a la facturación a los prestadores de servicios y al reparto de los importes que deban abonar a los titulares de derechos. Para que este requisito sea eficaz, es necesario que los usuarios faciliten a las entidades de gestión colectiva informes precisos a su debido tiempo sobre la utilización de las obras. No debe obligarse a las entidades de gestión colectiva a aceptar informes de los usuarios en formatos propios cuando existan normas sectoriales de uso generalizado. No debe impedirse a las entidades de gestión colectiva la externalización de servicios relativos a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales. Compartir o consolidar capacidades administrativas debe ayudar a las entidades de gestión colectiva a mejorar los servicios de gestión y a racionalizar las inversiones en herramientas de gestión de datos.
La agregación de diferentes repertorios musicales para la concesión de licencias multiterritoriales facilita el proceso de concesión de licencias y, al poner todos los repertorios a disposición del mercado para la concesión de licencias multiterritoriales, refuerza la diversidad cultural y contribuye a reducir el número de transacciones que debe realizar un proveedor de servicios en línea para ofrecer servicios. Esta agregación de repertorios debe facilitar el desarrollo de nuevos servicios en línea, además de permitir reducir los costes de transacción repercutidos en los consumidores. Por lo tanto, debe fomentarse que las entidades de gestión colectiva que no deseen o no puedan conceder licencias multiterritoriales directamente sobre su propio repertorio encomienden, con carácter voluntario, a otras entidades la gestión de su repertorio de forma no discriminatoria. La exclusividad de los acuerdos sobre licencias multiterritoriales restringiría las opciones de los usuarios que deseen obtener licencias multiterritoriales, así como las de las entidades de gestión colectiva que busquen servicios de administración de su repertorio sobre una base multiterritorial. Por consiguiente, todos los acuerdos de representación entre entidades de gestión colectiva que prevean la concesión de licencias multiterritoriales deben celebrarse en condiciones de no exclusividad.
Para los miembros de las entidades de gestión colectiva es especialmente importante la transparencia de las condiciones de gestión de los derechos en línea respecto de los cuales dichas entidades han sido autorizadas a representar a los titulares. Las entidades de gestión colectiva deben, por tanto, proporcionar información suficiente a sus miembros sobre las principales condiciones de cualquier acuerdo por el que se encomiende a otra entidad de gestión colectiva la representación de los derechos de música en línea de estos miembros a efectos de la concesión de licencias multiterritoriales.
Es también importante exigir a toda entidad de gestión colectiva que conceda o se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales que acepte representar el repertorio de las entidades de gestión colectiva que decidan no hacerlo directamente. Para que este requisito no sea desproporcionado y no exceda de lo necesario, la entidad de gestión colectiva solicitada solo debe estar obligada a aceptar el mandato de representación si la solicitud se limita a los derechos en línea o a las categorías de derechos en línea que ella misma representa. Por otra parte, este requisito solo debe aplicarse a las entidades de gestión colectiva que agreguen repertorios y no debe hacerse extensivo a las que otorguen licencias multiterritoriales únicamente sobre su propio repertorio. Tampoco debe aplicarse a las entidades de gestión colectiva que se limiten a agregar derechos sobre unas mismas obras con el fin de poder conceder licencias, conjuntamente, del derecho de reproducción y del derecho de comunicación pública de tales obras. A fin de proteger los intereses de los titulares de derechos de la entidad de gestión colectiva mandante y de velar por que los repertorios pequeños y menos conocidos de los Estados miembros puedan acceder al mercado interior en igualdad de condiciones, es importante que el repertorio de la entidad de gestión colectiva mandante se gestione en las mismas condiciones que el repertorio de la entidad colectiva mandataria y se incluya en las ofertas presentadas por la entidad colectiva mandataria a los proveedores de servicios en línea. Los descuentos de gestión que cobra la entidad de gestión colectiva mandataria deben permitirle recuperar las inversiones necesarias y razonables realizadas. Todo acuerdo en virtud del cual una entidad de gestión colectiva delegue en otra u otras entidades la concesión de licencias multiterritoriales sobre su propio repertorio musical con vistas a su utilización en línea no debe impedir a la primera entidad seguir concediendo licencias limitadas al territorio del Estado miembro en que esté establecida, sobre su propio repertorio y sobre cualquier otro repertorio que pueda estar autorizada a representar en ese territorio.
Los objetivos y la eficacia de las normas relativas a la concesión de licencias multiterritoriales por las entidades de gestión colectiva se verían comprometidos significativamente si los titulares de derechos no pudieran ejercer dichos derechos con respecto a las licencias multiterritoriales cuando la entidad a la que hayan confiado sus derechos no hubiese concedido ni se hubiese ofrecido a conceder licencias multiterritoriales, ni hubiese deseado, además, encomendar a otra entidad esta tarea. Por esta razón, sería importante que, en tales circunstancias, los titulares de derechos puedan ejercer el derecho a conceder las licencias multiterritoriales solicitadas por los proveedores de servicios en línea directamente o a través de otra u otras partes, retirando de su entidad de gestión colectiva sus derechos en la medida necesaria para la concesión de licencias multiterritoriales para usos en línea y dejando los mismos derechos en la entidad original para la concesión de licencias monoterritoriales.
Los organismos de radiodifusión recurren generalmente a una entidad de gestión colectiva local para obtener la licencia que necesitan para la emisión de programas de radio y televisión que incluyen obras musicales. Esta licencia a menudo se limita a las actividades de radiodifusión. Sería necesaria una licencia para los derechos en línea sobre las obras musicales que permitiera que estas emisiones de radio o televisión estuvieran también disponibles en línea. Con objeto de facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras musicales en línea a efectos de la retransmisión simultánea y en diferido en línea de emisiones de radio y televisión, es necesario prever una excepción a las normas habitualmente aplicables a la concesión de licencias multiterritoriales para la utilización en línea de obras musicales. Dicha excepción debería limitarse a lo necesario para permitir el acceso a programas de radio o televisión en línea y al material que tenga una relación clara y subordinada con la emisión original y haya sido producido con el fin de completar, previsualizar o volver a ver el programa de radio o televisión de que se trate. La excepción debe aplicarse sin dar lugar a un falseamiento de la competencia con otros servicios que permiten a los consumidores acceder a obras audiovisuales o musicales en línea, ni a prácticas restrictivas, como el reparto de mercados o clientes, que vulnerarían los artículos 101 o 102 del TFUE.
Es preciso garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Las entidades de gestión colectiva deben ofrecer a sus miembros procedimientos específicos para la tramitación de las reclamaciones. Esos procedimientos también deben ponerse a disposición de otros titulares de derechos representados directamente por la entidad y de las entidades de gestión colectiva en cuyo nombre gestione derechos en virtud de un acuerdo de representación. Además, los Estados miembros deben poder prever que los litigios entre las entidades de gestión colectiva, sus miembros, los titulares de derechos o los usuarios sobre la aplicación de la presente Directiva puedan someterse a un procedimiento de resolución de litigios alternativo rápido, independiente e imparcial. En particular, la eficacia de las normas relativas a las licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales podría verse socavada si los conflictos entre las entidades de gestión colectiva y otras partes no fueran resueltos con rapidez y eficacia. Como consecuencia de ello y sin perjuicio del derecho a recurrir a la vía judicial, es conveniente prever la posibilidad de un procedimiento extrajudicial fácilmente accesible, eficiente e imparcial, como la mediación o el arbitraje, para la resolución de litigios entre las entidades de gestión colectiva que conceden licencias multiterritoriales, por un lado, y los proveedores de servicios en línea, los titulares de derechos de autor u otras entidades de gestión colectiva, por otro. La presente Directiva no determina una forma específica de organización para dicha resolución alternativa de litigios, ni determina el órgano que debe realizarla, siempre que estén garantizadas su independencia, imparcialidad y eficiencia. Por último, es asimismo conveniente que los Estados miembros dispongan de procedimientos de resolución de litigios independientes, imparciales y efectivos, mediante organismos que tengan conocimientos especializados en materia de Derecho de la propiedad intelectual o mediante órganos jurisdiccionales, adecuados para resolver litigios en materia mercantil entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios sobre las condiciones relativas a la concesión de licencias existentes o propuestas o sobre el incumplimiento de un contrato.
Los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados que permitan controlar el cumplimiento de la presente Directiva por parte de las entidades de gestión colectiva. En tanto que no es adecuado que la presente Directiva restrinja la elección de los Estados miembros por lo que respecta a las autoridades competentes, ni a la naturaleza ex ante o ex post del control de las entidades de gestión colectiva, ha de velarse por que dichas autoridades puedan tratar, de forma efectiva y en tiempo oportuno, todo problema que pueda surgir en la aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros no deben estar obligados a crear nuevas autoridades competentes. Por otra parte, los miembros de una entidad de gestión colectiva, los titulares de derechos, los usuarios, las entidades de gestión colectiva y otras partes interesadas deben poder notificar a la autoridad competente las actividades o circunstancias que, en su opinión, constituyen una infracción de la legislación por parte de las entidades de gestión colectiva y, cuando proceda, de los usuarios. Los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes dispongan de competencias para imponer sanciones o adoptar medidas cuando no se cumplan las disposiciones de Derecho nacional por las que aplica la presente Directiva. La presente Directiva no prevé tipos específicos de sanciones o medidas, a condición de que estas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Dichas sanciones o medidas pueden incluir la destitución de los directores que hayan actuado de forma negligente, inspecciones en los locales de la entidad de gestión colectiva o, en los casos en que se haya concedido una autorización para que opere una entidad, la retirada de dicha autorización. La presente Directiva debe ser neutral en cuanto a los regímenes de autorización y de supervisión de los Estados miembros existentes hasta la fecha, incluido el requisito de representatividad de la entidad de gestión colectiva, en la medida en que dichos regímenes sean compatibles con el Derecho de la Unión y no constituyan un obstáculo para la plena aplicación de la presente Directiva.
A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la concesión de licencias multiterritoriales, deben establecerse disposiciones específicas relativas al control de su aplicación. Las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión deben cooperar entre sí con ese fin. Los Estados miembros deben prestarse asistencia mutua mediante el intercambio de información entre sus autoridades competentes con objeto de facilitar el control de las entidades de gestión colectiva.
Es importante que las entidades de gestión colectiva respeten los derechos a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal de los titulares de derechos, los miembros, los usuarios y demás personas cuyos datos personales traten. La Directiva 95/46/CE rige el tratamiento de datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Los titulares de derechos deben recibir información adecuada sobre el tratamiento de sus datos, los destinatarios de esos datos, los plazos de conservación de los mismos en cualquier base de datos y la forma en que los titulares de derechos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos de carácter personal que les conciernen, de conformidad con la Directiva 95/46/CE. En particular, los identificadores únicos que permiten la identificación indirecta de una persona deben tratarse como datos personales en el sentido de dicha Directiva.
Las disposiciones sobre las medidas coercitivas deben entenderse sin perjuicio de las competencias de las autoridades públicas independientes nacionales establecidas por los Estados miembros en virtud de la Directiva 95/46/CE para controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de esa Directiva.
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»). Las disposiciones de la presente Directiva relativas a la resolución de litigios no deben impedir a las partes el ejercicio de su derecho a recurrir a la vía judicial, tal y como se garantiza en la Carta.
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar la capacidad de los miembros de las entidades de gestión colectiva de controlar las actividades de esta, garantizar un nivel de transparencia suficiente de las entidades de gestión colectiva y mejorar la concesión de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de competencia, y de cualesquiera otras disposiciones legales pertinentes de otros ámbitos, tales como las relativas a la confidencialidad, los secretos comerciales, la protección de la intimidad, el acceso a los documentos, o disposiciones de Derecho contractual y de Derecho internacional privado en relación con los conflictos de leyes y la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales, la libertad de asociación de los trabajadores y los empleados y su derecho a organizarse.
De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicativos (7), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), emitió su dictamen el 9 de octubre de 2012.
La presente Directiva establece los requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión colectiva. Asimismo, establece requisitos relativos a la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea.
1. Los títulos I, II, IV y V, a excepción de los artículos 34, apartado 2, y 38, se aplicarán a todas las entidades de gestión colectiva establecidas en la Unión.
2. El título III y los artículos 34, apartado 2, y 38 serán aplicables a las entidades de gestión colectiva establecidas en la Unión que gestionen derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea sobre una base multiterritorial.
3. Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva se aplicarán a las entidades que, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, sean propiedad de una entidad de gestión colectiva o estén controladas por esta, siempre que dichas entidades realicen una actividad que, si la ejerciera una entidad de gestión colectiva, estaría sujeta a las disposiciones de la presente Directiva.
4. El artículo 16, apartado 1, los artículos 18 y 20, el artículo 21, apartado 1, letras a), b), c), e), f) y g), y los artículos 36 a 42 se aplicarán a todos los operadores de gestión independientes establecidos en la Unión.
a) «entidad de gestión colectiva»: toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que cumple al menos uno de los siguientes criterios:
ser propiedad o estar sometida al control de sus miembros, o
carecer de ánimo de lucro;
b) «operador de gestión independiente»: toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual, para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que:
no sea propiedad ni esté sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los titulares de derechos, y
carezca de ánimo de lucro;
c) «titular de derechos»: toda persona o entidad distinta de una entidad de gestión colectiva, que sea titular de derechos de autor o de derechos afines a los derechos de autor o que, en virtud de un acuerdo de explotación de derechos o por ley, esté legitimada para percibir una parte de los ingresos percibidos;
d) «miembro»: un titular de derechos o una entidad que represente a titulares de derechos, incluidas otras entidades de gestión colectiva y asociaciones de titulares de derechos, que cumpla los requisitos para ser miembro de la entidad de gestión colectiva y sea admitido por ella;
e) «estatutos»: la escritura o acta de constitución o los estatutos de una entidad de gestión colectiva;
f) «asamblea general de los miembros»: el órgano de la entidad de gestión colectiva en el que los miembros participan y ejercen su derecho de voto, independientemente de la forma jurídica de la organización;
g) «directivo»:
cuando la legislación nacional o los estatutos de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema monista, todo miembro del consejo de administración,
cuando la legislación nacional o el estatuto de la entidad de gestión colectiva prevean un sistema dual, todo miembro del consejo de administración o del consejo de supervisión;
h) «ingresos de derechos»: los importes recaudados por una entidad de gestión colectiva en nombre de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho a remuneración o de un derecho a compensación;
i) «descuentos de gestión»: el importe facturado, deducido o compensado por una entidad de gestión colectiva de los ingresos de derechos o de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos para sufragar los gastos de gestión de los derechos de autor o derechos afines;
j) «acuerdo de representación»: todo acuerdo entre entidades de gestión colectiva en virtud del cual una entidad de gestión colectiva encomienda a otra entidad de gestión colectiva la representación de los titulares respecto de los derechos sobre su repertorio, incluidos los acuerdos celebrados de conformidad con los artículos 29 y 30;
k) «usuario»: toda persona o entidad que lleve a cabo actos sujetos a la autorización de los titulares de derechos o a la obligación de remuneración de los titulares de derechos o de pago de una compensación a los titulares de derechos y que no actúe en calidad de consumidor;
l) «repertorio»: las obras cuyos derechos gestiona una entidad de gestión colectiva;
m) «licencia multiterritorial»: una licencia que cubre el territorio de varios Estados miembros;
n) «derechos en línea sobre obras musicales»: cualquiera de los derechos de un autor sobre una obra musical previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE que sea necesario para la prestación de un servicio de música en línea.
Representación de titulares de derechos y condición de miembro, y organización de las entidades de gestión colectiva
Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva actúen en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representan y por que no les impongan obligaciones que no sean objetivamente necesarias para la protección de sus derechos e intereses o para la gestión eficaz de sus derechos.
Derechos de los titulares de derechos
1. Los Estados miembros velarán por que los titulares de derechos gocen de los derechos establecidos en los apartados 2 a 8 y por que estos derechos se establezcan en los estatutos o en las condiciones para ser miembro de la entidad de gestión colectiva.
2. Los titulares de derechos tendrán derecho a autorizar a la entidad de gestión colectiva de su elección a gestionar los derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones de su elección, respecto de los territorios de su elección, independientemente de la nacionalidad o del Estado miembro de residencia o de establecimiento de la entidad de gestión colectiva o del titular de derechos. Salvo que la entidad de gestión colectiva tenga motivos objetivamente justificados para rechazar la gestión, estará obligada a gestionar esos derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones, siempre que su gestión esté comprendida dentro de su ámbito de actividad.
3. Los titulares de derechos tendrán derecho a conceder licencias para el ejercicio no comercial de los derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones de su elección.
4. Los titulares de derechos tendrán derecho a revocar la autorización para gestionar derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones, concedida por ellos a una entidad de gestión colectiva, o a retirar de una entidad de gestión colectiva los derechos o categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones de su elección, según se determine de conformidad con el apartado 2, en los territorios de su elección, con un plazo de preaviso razonable no superior a seis meses. La entidad de gestión colectiva podrá decidir que la revocación o la retirada surta efecto únicamente al final del ejercicio.
5. En caso de que se adeuden importes a un titular de derechos por actos de explotación que tuvieron lugar antes de que surtiera efecto la revocación de la autorización o la retirada de derechos, o en virtud de una licencia concedida antes de que surtiera efecto la revocación o la retirada, el titular conservará los derechos que le confieren los artículos 12, 13, 18, 20, 28 y 33.
6. Las entidades de gestión colectiva no restringirán el ejercicio de los derechos previstos en los apartados 4 y 5 exigiendo, como condición para el ejercicio de dichos derechos, que la gestión de los derechos o categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones objeto de la revocación o la retirada se encomiende a otra entidad de gestión colectiva.
7. En los supuestos en que un titular de derechos autorice a una entidad de gestión colectiva a gestionar sus derechos, otorgará consentimiento explícito para cada derecho o categoría de derechos o tipo de obras y otras prestaciones que autorice a la entidad de gestión colectiva a gestionar. Todo consentimiento deberá constar por escrito.
8. Las entidades de gestión colectiva informarán a los titulares de derechos de los derechos que les confieren los apartados 1 a 7, así como de las condiciones inherentes al derecho establecido en el apartado 3, antes de obtener su consentimiento para gestionar cualquier derecho o categoría de derechos o tipo de obras y otras prestaciones.
Las entidades de gestión colectiva informarán a aquellos titulares de los derechos que ya les hayan concedido autorización de los derechos que les confieren los apartados 1 a 7, así como de las condiciones inherentes al derecho establecido en el apartado 3, a partir del 10 de octubre de 2016.
Normas para ser miembro de las entidades de gestión colectiva
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva respeten lo dispuesto en los apartados 2 a 5.
2. Las entidades de gestión colectiva aceptarán como miembros a los titulares de derechos y a las entidades que representen a los titulares de derechos, incluidas otras entidades de gestión colectiva y asociaciones de titulares de derechos, que cumplan los criterios de admisión, que se basarán en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos criterios de admisión se incluirán en los estatutos o en las condiciones para ser miembro de la entidad de gestión colectiva y se harán públicos. En caso de que una entidad de gestión colectiva deniegue una solicitud de admisión, deberá ofrecer al titular de los derechos una explicación clara de los motivos de su decisión.
3. Los estatutos de las entidades de gestión colectiva deberán prever mecanismos adecuados y eficaces de participación de todos sus miembros en el proceso de toma de decisiones de la entidad. La representación de las diferentes categorías de miembros en el proceso de toma de decisiones deberá ser equitativa y equilibrada.
4. Las entidades de gestión colectiva permitirán a sus miembros la comunicación con la entidad por vía electrónica, incluso a efectos de ejercer sus derechos como miembros.
5. Las entidades de gestión colectiva conservarán un registro de sus miembros y lo actualizarán periódicamente.
Derechos de los titulares de derechos que no sean miembros de la entidad de gestión colectiva
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva cumplan las normas establecidas en el artículo 6, apartado 4, el artículo 20, el artículo 29, apartado 2, y el artículo 33 en relación con los titulares de derechos que tengan una relación jurídica directa por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual con ellas pero no sean miembros de las mismas.
2. Los Estados miembros podrán aplicar otras disposiciones de la presente Directiva a los titulares de derechos a que se refiere el apartado 1.
Asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva
1. Los Estados miembros velarán por que la asamblea general de los miembros se organice con arreglo a las normas establecidas en los apartados 2 a 10.
2. La asamblea general de los miembros se convocará al menos una vez al año.
3. La asamblea general de los miembros decidirá sobre las modificaciones que se introduzcan en los estatutos y en las condiciones para ser miembro de la entidad de gestión colectiva cuando esas condiciones no estén recogidas en los estatutos.
4. La asamblea general de los miembros decidirá sobre el nombramiento o cese de los directivos, examinará su rendimiento general y aprobará su remuneración y otras prestaciones, como ganancias monetarias y no monetarias, pensiones y subsidios, derechos a otras primas y el derecho a una indemnización por despido.
En las entidades de gestión colectiva con un sistema dual, la asamblea general de los miembros no decidirá el nombramiento o cese de los miembros de la junta directiva ni aprobará su remuneración y otras prestaciones cuando la competencia para adoptar tales decisiones esté delegada en el consejo de supervisión.
5. De conformidad con las disposiciones del título II, capítulo 2, la asamblea general de los miembros decidirá, como mínimo, sobre las siguientes cuestiones:
la política general de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos;
la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
la política general de inversión de los ingresos de derechos y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
la política general de deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos y sobre cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
la utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
la política de gestión de riesgos;
la aprobación de cualquier adquisición, venta o hipoteca de bienes inmuebles;
la aprobación de fusiones y alianzas, la creación de filiales, y la adquisición de otras entidades, participaciones o derechos en otras entidades;
la aprobación de propuestas de operaciones de empréstito y de préstamo o de constitución de avales o garantías de préstamos.
6. La asamblea general de los miembros podrá delegar los poderes a que se refiere el apartado 5, letras f), g), h) e i), mediante una resolución o una disposición en los estatutos, en el órgano que ejerza la función de supervisión.
7. A los fines de lo dispuesto en el apartado 5, letras a) a d), los Estados miembros podrán exigir a la asamblea general de los miembros que determine condiciones más precisas para la utilización de los ingresos de derechos y las rentas derivadas de la inversión de los ingresos de derechos.
8. La asamblea general de los miembros controlará las actividades de la entidad de gestión colectiva decidiendo, al menos, sobre el nombramiento y el cese del auditor y aprobando el informe anual de transparencia a que se refiere el artículo 22.
Los Estados miembros podrán autorizar sistemas o modalidades alternativas para el nombramiento o el cese del auditor, siempre que estos sistemas o modalidades estén concebidos para garantizar la independencia del auditor respecto de las personas que dirigen las actividades de la entidad de gestión colectiva.
9. Todos los miembros de la entidad de gestión colectiva tendrán derecho a participar y votar en la asamblea general de los miembros. No obstante, los Estados miembros podrán autorizar restricciones sobre el derecho de los miembros de la entidad de gestión colectiva a participar y ejercer derechos de voto en la asamblea general de los miembros, sobre la base de uno de los criterios siguientes o de ambos:
la duración de la condición de miembro;
los importes recibidos o que deban abonarse a un miembro,
siempre que esos criterios se determinen y apliquen de manera equitativa y proporcionada.
Los criterios establecidos en las letras a) y b) del párrafo primero se incluirán en los estatutos o en las condiciones para ser miembro de la entidad de gestión colectiva y se harán públicos, de conformidad con los artículos 19 y 21.
10. Cada uno de los miembros de una entidad de gestión colectiva tendrá derecho a nombrar a cualquier otra persona o entidad como su representante para participar en la asamblea general de los miembros y votar en su nombre, siempre que dicho nombramiento no dé lugar a un conflicto de intereses que pudiera producirse, por ejemplo, cuando la persona representada y el representante pertenezcan a categorías diferentes de titulares de derechos dentro de la entidad de gestión colectiva.
No obstante, los Estados miembros podrán prever restricciones en relación con el nombramiento de delegados y el ejercicio de los derechos de voto de los miembros a los que representan si dichas restricciones no perjudican la participación adecuada y efectiva de los miembros en el proceso de toma de decisiones de una entidad de gestión colectiva.
Los poderes de representación serán válidos para una única asamblea general de los miembros. El representante disfrutará de los mismos derechos en la asamblea general de los miembros que los que tendría el miembro que confiere dichos poderes. El delegado emitirá los votos con arreglo a las instrucciones del miembro al que representa.
11. Los Estados miembros podrán decidir que las competencias de la asamblea general de miembros se ejerzan a través de una asamblea de delegados elegidos como mínimo cada cuatro años por los miembros de la entidad de gestión colectiva, siempre que:
se garantice una participación adecuada y efectiva de los miembros en el proceso de toma de decisiones de la entidad de gestión colectiva, y
la representación de las diferentes categorías de miembros en la asamblea de delegados sea equitativa y equilibrada.
Las normas que se establecen en los apartados 2 a 10 se aplicarán mutatis mutandis a la asamblea de delegados.
12. Los Estados miembros podrán decidir que, cuando una entidad de gestión colectiva, no pueda, por razón de su forma jurídica, celebrar una asamblea general de los miembros, el órgano que desempeñe la función de supervisión ejerza las competencias de la asamblea general de los miembros. Las normas establecidas en los apartados 2 a 5, 7 y 8 se aplicarán mutatis mutandis al órgano que ejerza la función de supervisión.
13. Los Estados miembros podrán decidir que, cuando una entidad de gestión colectiva tenga miembros que sean entidades que representan a titulares de derechos, todas o algunas de las competencias de la asamblea general de los miembros se ejerzan por una asamblea de estos titulares de derechos. Las normas establecidas en los apartados 2 a 10 se aplicarán mutatis mutandis a la asamblea de titulares de derechos.
Función de supervisión
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva cuenten con una función de supervisión con el fin de controlar permanentemente las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de las personas que gestionan las actividades de la entidad.
2. Las diferentes categorías de miembros de la entidad de gestión colectiva estarán representadas de forma equitativa y equilibrada en el órgano que ejerce la función de supervisión.
3. Toda persona que ejerza la función de supervisión deberá hacer una declaración individual anual a la asamblea general de los miembros sobre conflictos de intereses que incluya la información mencionada en el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo.
4. El órgano que ejerza la función de supervisión se reunirá periódicamente y tendrá, como mínimo, las siguientes competencias:
ejercer las competencias que le delegue la asamblea general de los miembros, en particular en los términos del artículo 8, apartados 4 y 6;
supervisar las actividades y el desempeño de las funciones por parte de las personas mencionadas en el artículo 10, incluida la ejecución de las decisiones de la asamblea general de los miembros y, en particular, las políticas de carácter general recogidas en el artículo 8, apartado 5, letras a) a d).
5. El órgano que ejerza la función de supervisión informará sobre el ejercicio de sus competencias a la asamblea general de los miembros al menos una vez al año.
Obligaciones de las personas que dirijan las actividades de la entidad de gestión colectiva
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva tomen todas las medidas necesarias para que las personas que dirigen sus actividades lo hagan de forma adecuada, prudente y racional, utilizando procedimientos administrativos y contables sólidos y mecanismos de control interno.
2. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva establezcan y apliquen procedimientos destinados a evitar conflictos de intereses y, cuando dichos conflictos no puedan evitarse, procedimientos destinados a detectar, gestionar, controlar y declarar conflictos de intereses reales o potenciales, con el fin de evitar que los intereses colectivos de los titulares de derechos a los que la entidad representa se vean perjudicados.
Los procedimientos mencionados en el párrafo primero incluirán una declaración anual individual de cada una de las personas a las que se hace referencia en el apartado 1 a la asamblea general de los miembros, con la información siguiente:
cualesquiera intereses en la entidad de gestión colectiva;
toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros tipos de prestaciones;
toda cantidad percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva como titular de derechos;
cualquier conflicto real o potencial entre los intereses personales y los de la entidad de gestión colectiva o entre las obligaciones respecto de la entidad de gestión colectiva y cualquier obligación respecto de cualquier otra persona física o jurídica.
Gestión de los ingresos de derechos
Recaudación y utilización de los ingresos de derechos
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva respeten las disposiciones establecidas en los apartados 2 a 5.
2. Las entidades de gestión colectiva actuarán con diligencia en la recaudación y la gestión de los ingresos de derechos.
3. Las entidades de gestión colectiva mantendrán separados en sus cuentas:
los ingresos de derechos y cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, y
todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos activos, de sus descuentos de gestión o de otras actividades.
4. Las entidades de gestión colectiva no estarán autorizadas a utilizar los ingresos de derechos ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, excepto cuando esté permitido deducir o compensar sus descuentos de gestión en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), o utilizar los ingresos de derechos o cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5.
5. Cuando una entidad de gestión colectiva invierta ingresos de derechos o cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, deberá hacerlo en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representa de conformidad con la política general de inversión y de gestión de riesgos contemplada en el artículo 8, apartado 5, letras c) y f), y teniendo en cuenta las normas siguientes:
cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de gestión colectiva velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los de dichos titulares de derechos;
los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera;
los activos estarán debidamente diversificados, a fin de evitar una dependencia excesiva de un activo concreto y la acumulación de riesgos en el conjunto de la cartera.
1. Los Estados miembros velarán por que cuando un titular de derechos autorice a una entidad de gestión colectiva a gestionar sus derechos, la entidad de gestión colectiva deba proporcionar al titular de derechos información sobre los descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos de derechos y de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, antes de obtener su consentimiento para gestionar sus derechos.
2. Las deducciones serán razonables en relación con los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4, y se establecerán de acuerdo con criterios objetivos.
3. Los descuentos de gestión no superarán los costes justificados y documentados en los que haya incurrido la entidad de gestión colectiva en la gestión de los derechos de autor y derechos afines.
Los Estados miembros velarán por que los requisitos aplicables al uso y a la transparencia del uso de los importes deducidos o compensados respecto de descuentos de gestión se apliquen a cualquier otra deducción realizada para cubrir los costes de la gestión de los derechos de autor o derechos afines.
4. En caso de que una entidad de gestión colectiva preste servicios sociales, culturales o educativos, financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, estos servicios se prestarán sobre la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y al alcance de dichos servicios.
Reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos
1. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 15, apartado 3, y en el artículo 28, los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva repartan y abonen de forma periódica, con diligencia y exactitud, y de conformidad con la política general sobre reparto a que se refiere el artículo 8, apartado 5, letra a), los importes adeudados a los titulares de derechos.
Los Estados miembros velarán asimismo por que las entidades de gestión colectiva o los miembros de estas que sean entidades que representan a titulares de derechos repartan y paguen a los titulares de derechos dichos importes lo antes posible, y, a más tardar, en un plazo máximo de nueve meses a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan recaudado los derechos, a menos que razones objetivas relacionadas, en particular, con la comunicación de información por los usuarios, la identificación de los derechos o de los titulares de derechos, o el cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares de derechos, impidan a las entidades de gestión colectiva o, en su caso, a sus miembros respetar ese plazo.
2. Cuando los importes correspondientes a los titulares de derechos no puedan repartirse en el plazo establecido en el apartado 1 debido a que no se haya podido identificar o localizar a los titulares de derechos de que se trate y no sea de aplicación la excepción a dicho plazo, esos importes se mantendrán separados en las cuentas de la entidad de gestión colectiva.
3. Las entidades de gestión colectiva adoptarán todas las medidas necesarias, coherentes con el apartado 1, para identificar y localizar a los titulares de derechos. En particular, a más tardar tres meses después del vencimiento del plazo establecido en el apartado 1, la entidad de gestión colectiva pondrá información sobre las obras y otras prestaciones de las que no hayan sido identificados o localizados uno o varios de los titulares de derechos a disposición de:
los titulares de derechos a los que represente o las entidades que representen a los titulares de derechos, cuando dichas entidades sean miembros de la entidad de gestión colectiva, y
todas las entidades de gestión colectiva con las que haya celebrado acuerdos de representación.
La información a que se refiere el párrafo primero incluirá, cuando estén disponibles, los siguientes datos:
el nombre de la obra u otra prestación;
el nombre del titular del derecho;
el nombre del editor o productor de que se trate, y
cualquier otra información pertinente disponible que pueda contribuir a identificar al titular de derechos.
La entidad de gestión colectiva verificará asimismo los registros a que se refiere el artículo 6, apartado 5, y cualquier otro registro fácilmente disponible. Si las medidas antes mencionadas no diesen resultados, la entidad de gestión colectiva pondrá esta información a disposición del público a más tardar un año después del vencimiento del plazo de tres meses.
4. Cuando los importes correspondientes a los titulares de derechos no puedan repartirse en un plazo de tres años a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan percibido los derechos, y siempre que la entidad de gestión colectiva haya tomado todas las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos de acuerdo con lo indicado en el apartado 3, se considerará que estos importes no pueden ser objeto de reparto.
5. La asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva decidirá sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de reparto de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra b), sin perjuicio del derecho del titular de los derechos a reclamar tales importes a la entidad de gestión colectiva de acuerdo con la legislación de los Estados miembros en materia de limitación de las reclamaciones.
6. Los Estados miembros podrán limitar o determinar los usos autorizados de los importes que no pueden ser objeto de reparto, entre otros modos, garantizando que dichos importes se utilicen de forma separada e independiente para financiar actividades sociales, culturales y educativas en beneficio de los titulares de derechos.
Gestión de derechos en nombre de otras entidades de gestión colectiva
Derechos gestionados en virtud de acuerdos de representación
Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva no discriminen a los titulares de derechos cuyos derechos gestionen en virtud de un acuerdo de representación, en particular con respecto a las tarifas aplicables, los descuentos de gestión y las condiciones de recaudación de los ingresos de derechos y de reparto de los importes correspondientes a los titulares de derechos.
Deducciones y pagos en el marco de acuerdos de representación
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva no apliquen deducciones, aparte de los descuentos de gestión, a los ingresos derivados de los derechos que gestionan en virtud de un acuerdo de representación, o a cualquier rendimiento derivado de la inversión de esos ingresos de derechos, salvo que la otra entidad de gestión colectiva que sea parte del acuerdo de representación, autorice expresamente dichas deducciones.
2. Las entidades de gestión colectiva repartirán y abonarán periódicamente, con diligencia y exactitud los importes correspondientes a otras entidades de gestión colectiva.
3. Las entidades de gestión colectiva efectuarán dicho reparto y esos pagos a las otras entidades de gestión colectiva lo antes posible y a más tardar nueve meses después del cierre del ejercicio en el que se hayan recaudado los derechos, a menos que razones objetivas relacionadas, en particular, con la comunicación de información por los usuarios, la identificación de los derechos o de los titulares de derechos, o el cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares de derechos, les impidan cumplir dicho plazo.
Las otras entidades de gestión colectiva, o sus miembros que sean entidades que representan a titulares de derechos, repartirán y abonarán los importes debidos a los titulares de derechos lo antes posible y a más tardar seis meses después de la recepción de esos importes, a menos que razones objetivas relacionadas, en particular, con la comunicación de información por los usuarios, la identificación de los derechos o de los titulares de derechos, o el cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares de derechos, impidan a las entidades de gestión colectiva o, en su caso, a sus miembros, cumplir dicho plazo.
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva y los usuarios negocien de buena fe la concesión de licencias de derechos. Las entidades de gestión colectiva y los usuarios intercambiarán toda la información necesaria.
2. Las condiciones de concesión de licencias se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios. Cuando concedan licencias sobre derechos, las entidades de gestión colectiva no estarán obligadas a basarse, para otros servicios en línea, en las condiciones de concesión de licencias acordadas con un usuario, cuando dicho usuario preste un nuevo tipo de servicio en línea que lleve a disposición del público en la Unión menos de tres años.
Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.
3. Las entidades de gestión colectiva responderán sin dilación indebida a las solicitudes de los usuarios, indicando, entre otros extremos, la información necesaria para que la entidad de gestión colectiva ofrezca una licencia.
Una vez recibida toda la información pertinente, la entidad de gestión colectiva, sin dilación indebida, ofrecerá una licencia o facilitará al usuario una declaración motivada en la que explique por qué no expide una licencia para un servicio concreto.
4. Las entidades de gestión colectiva permitirán a los usuarios comunicarse con ellas por medios electrónicos, también, en su caso, a efectos de informar sobre la utilización de la licencia.
Los Estados miembros adoptarán disposiciones para velar por que los usuarios proporcionen a la entidad de gestión colectiva, dentro de un plazo y en un formato acordados o establecidos previamente, la información pertinente a su disposición sobre la utilización de los derechos representados por la entidad de gestión colectiva que resulta necesaria para la recaudación de los ingresos de derechos y el reparto y el pago de los importes debidos a los titulares de derechos. Cuando adopten una decisión sobre el formato para la comunicación de esta información, las entidades de gestión colectiva y los usuarios tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, las normas sectoriales voluntarias.
Información facilitada a los titulares de derechos sobre la gestión de sus derechos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, y en los artículos 19 y 28, apartado 2, los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva pongan a disposición de cada titular de derechos al que hayan atribuido ingresos de derechos o realizado pagos, en el período al que se refiere la información, al menos una vez al año, la siguiente información, como mínimo:
todo dato de contacto que el titular de derechos haya autorizado a la entidad de gestión colectiva a utilizar a fin de identificarlo y localizarlo;
los ingresos de derechos atribuidos al titular de derechos;
los importes abonados por la entidad de gestión colectiva al titular de derechos, por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización;
el período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se atribuyen y abonan importes al titular de los derechos, excepto cuando razones objetivas relacionadas con las declaraciones de los usuarios impidan a la entidad de gestión colectiva facilitar esta información;
las deducciones aplicadas en concepto de descuentos de gestión;
las deducciones aplicadas por conceptos distintos de los descuentos de gestión, incluidas las que estipule la legislación nacional por la prestación de servicios sociales, culturales y educativos;
los ingresos de derechos atribuidos al titular de derechos que estén pendientes de pago por cualquier período.
2. Cuando una entidad de gestión colectiva atribuya ingresos de derechos y entre sus miembros figuren entidades que sean responsables del reparto de ingresos de derechos a titulares de derechos, la entidad de gestión colectiva facilitará la información indicada en el apartado 1 a esas entidades siempre que estas no dispongan de esa información. Los Estados miembros velarán por que dichas entidades pongan al menos la información indicada en el apartado 1, como mínimo una vez al año, a disposición de todo titular de derechos al que hayan atribuido ingresos de derechos o realizado pagos en el período al que se refiere la información.
Información facilitada a otras entidades de gestión colectiva sobre la gestión de derechos en virtud de acuerdos de representación
Los Estados miembros velarán por que, al menos una vez al año y por medios electrónicos, las entidades de gestión colectiva pongan, como mínimo, la siguiente información a disposición de las entidades de gestión colectiva en cuyo nombre gestionen derechos en virtud de un acuerdo de representación durante el período al que se refiere la información:
los ingresos de derechos atribuidos, los importes abonados por la entidad de gestión colectiva por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización de los derechos que gestionan en virtud del acuerdo de representación, y todos los ingresos de derechos atribuidos que estén pendientes de pago por cualquier período;
las deducciones aplicadas para cualquier otro fin que no sean descuentos de gestión según lo establecido en el artículo 15;
información sobre las licencias concedidas o denegadas en relación con las obras y otras prestaciones a que se refiere el acuerdo de representación;
las resoluciones adoptadas por la asamblea general de los miembros en la medida en que estas resoluciones sean pertinentes para la gestión de los derechos incluidos en el acuerdo de representación.
Información facilitada, previa solicitud, a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión colectiva y a los usuarios
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, los Estados miembros velarán por que, en respuesta a una solicitud debidamente razonada, las entidades de gestión colectiva faciliten, como mínimo, la siguiente información por medios electrónicos y sin dilación indebida a toda entidad de gestión colectiva en cuyo nombre gestionen derechos en virtud de un acuerdo de representación, a todo titular de derechos o a todo usuario:
las obras u otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan directamente o en virtud de acuerdos de representación, y los territorios que abarcan, o
cuando dichas obras u otras prestaciones no se puedan determinar debido al ámbito de la actividad de la entidad de gestión colectiva, las categorías de obras o de otras prestaciones que representan, los derechos que gestionan y los territorios que abarcan.
Información que debe hacerse pública
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva hagan pública como mínimo la siguiente información:
sus estatutos;
sus condiciones para ser miembro y las condiciones de revocación de la autorización para gestionar los derechos, en caso de que no estén incluidas en los estatutos;
los contratos tipo de licencia y las tarifas estándar aplicables, descuentos incluidos;
la lista de las personas contempladas en el artículo 10;
su política general de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos;
su política general de descuentos de gestión;
su política general de deducciones, distintas de los descuentos de gestión, aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier ingreso procedente de inversiones de ingresos de derechos, incluidas las deducciones para servicios sociales, culturales y educativos;
una lista de los acuerdos de representación que haya celebrado y los nombres de las entidades de gestión colectiva con las que haya celebrado esos acuerdos de representación;
su política general sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
los procedimientos disponibles para la tramitación de las reclamaciones y la resolución de litigios, de conformidad con los artículos 33, 34 y 35.
2. La entidad de gestión colectiva publicará, y mantendrá actualizadas, en su sitio de internet la información contemplada en el apartado 1. Esa información estará a disposición del público en dicho sitio de internet.
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva, con independencia de su forma jurídica con arreglo al Derecho nacional, y a más tardar ocho meses después del final de cada ejercicio, elaboren y hagan público un informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio, que incluya el informe especial a que se refiere el apartado 3.
La entidad de gestión colectiva publicará en su sitio de internet el informe anual de transparencia, donde permanecerá a disposición del público durante al menos cinco años.
2. El informe anual de transparencia deberá contener, como mínimo, la información indicada en el anexo de la presente Directiva.
3. Un informe especial dará cuenta de la utilización de los importes deducidos para los servicios sociales, culturales y educativos y comprenderá, como mínimo, la información indicada en el punto 3 del anexo de la presente Directiva.
4. La información contable que figure en el informe anual de transparencia será auditada por una o varias personas legalmente habilitadas para la auditoría de cuentas, de conformidad con la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).
El informe de auditoría incluidas las salvedades al mismo, se reproducirá íntegramente en el informe anual de transparencia.
A efectos del presente apartado, la información contable comprenderá los estados financieros contemplados en el punto 1, letra a), del anexo a la presente Directiva y toda la información financiera contemplada en el punto 1, letras g) y h), y el punto 2 del referido anexo.
CONCESIÓN DE LICENCIAS MULTITERRITORIALES DE DERECHOS EN LÍNEA SOBRE OBRAS MUSICALES POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA
Concesión de licencias multiterritoriales en el mercado interior
Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio cumplan los requisitos previstos en el presente título cuando concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales.
Capacidad de tramitar licencias multiterritoriales
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales dispongan de capacidad suficiente para procesar por vía electrónica, de manera eficiente y transparente, los datos necesarios para la administración de tales licencias, en particular a los efectos de identificar el repertorio y controlar su utilización, proceder a la facturación a los usuarios, recaudar los ingresos de derechos y repartir los importes correspondientes a los titulares de los derechos.
2. A efectos del apartado 1, las entidades de gestión colectiva deberán cumplir, como mínimo, las condiciones siguientes:
ser capaces de determinar con precisión las obras musicales, en su totalidad o en parte, que están autorizadas a representar;
ser capaces de determinar con precisión, en su totalidad o en parte, en cada territorio de que se trate, los derechos y los correspondientes titulares de estos derechos, respecto de cada obra musical o parte de esta que están autorizadas a representar;
utilizar identificadores únicos para identificar a los titulares de derechos y las obras musicales, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las normas y las prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión;
utilizar medios adecuados para detectar y resolver, de forma rápida y eficaz, incoherencias en los datos en poder de otras entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales.
Transparencia de la información sobre los repertorios multiterritoriales
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales faciliten, por medios electrónicos, a los proveedores de servicios de música en línea, a los titulares cuyos derechos representan y a otras entidades de gestión colectiva, en respuesta a una solicitud debidamente razonada, información actualizada que permita la identificación del repertorio de música en línea que representan. La información incluirá:
las obras musicales representadas;
los derechos representados, en su totalidad o en parte, y
los territorios cubiertos.
2. Las entidades de gestión colectiva podrán tomar medidas razonables para proteger, cuando sea necesario, la exactitud e integridad de los datos, controlar su reutilización y proteger la información delicada desde el punto de vista comercial.
Exactitud de la información sobre los repertorios multiterritoriales
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales dispongan de procedimientos que permitan a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión colectiva y a los proveedores de servicios en línea solicitar una corrección de los datos contemplados en la lista de condiciones en virtud del artículo 24, apartado 2, o de la información facilitada de conformidad con el artículo 25, cuando dichos titulares, entidades y proveedores consideren, sobre la base de pruebas razonables, que estos datos o esta información son inexactos respecto de sus derechos en línea sobre las obras musicales. Cuando las reclamaciones estén suficientemente fundadas, las entidades de gestión colectiva velarán por que los datos o la información se corrijan sin dilación indebida.
2. Las entidades de gestión colectiva deberán proporcionar a los titulares de derechos cuyas obras musicales estén incluidas en su propio repertorio y a los titulares de derechos que les hayan confiado la gestión de sus derechos en línea sobre obras musicales de conformidad con el artículo 31, los medios para que estos les presenten en formato electrónico información sobre sus obras musicales, sus derechos sobre dichas obras y los territorios respecto de los que los titulares de derechos autorizan a la entidad. Al hacerlo, las entidades de gestión colectiva y los titulares de derechos tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, las normas o prácticas sectoriales voluntarias relativas al intercambio de datos desarrolladas a nivel internacional o de la Unión que permitan a los titulares de derechos especificar la obra musical, en su totalidad o en parte, los derechos en línea, en su totalidad o en parte, y los territorios, respecto de los que conceden autorización a la entidad de gestión colectiva.
3. Cuando una entidad de gestión colectiva encomiende a otra la tarea de conceder licencias multiterritoriales de los derechos en línea sobre obras musicales en virtud de los artículos 29 y 30, la entidad de gestión colectiva mandataria aplicará también el apartado 2 del presente artículo en relación con los titulares de derechos cuyas obras musicales estén incluidas en el repertorio de la entidad de gestión colectiva mandante, salvo que las entidades de gestión colectiva lleguen a otro acuerdo.
Exactitud y puntualidad de la información y la facturación
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva controlen la utilización de los derechos en línea sobre las obras musicales que representen, en su totalidad o en parte, por los proveedores de servicios de música en línea a los que hayan concedido una licencia multiterritorial de estos derechos.
2. Las entidades de gestión colectiva deberán ofrecer a los proveedores de servicios de música en línea la posibilidad de declarar por vía electrónica la utilización efectiva de los derechos en línea sobre obras musicales y los proveedores de servicios de música en línea informarán con precisión sobre la utilización efectiva de esas obras. Las entidades de gestión colectiva ofrecerán la posibilidad de utilizar al menos un método de información que tenga en cuenta normas o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión para el intercambio electrónico de esos datos. Las entidades de gestión colectiva podrán negarse a aceptar las declaraciones de los proveedores de servicios en línea presentadas en un formato propio si han previsto que se utilice una norma sectorial para el intercambio electrónico de datos.
3. Las entidades de gestión colectiva enviarán sus facturas a los proveedores de servicios en línea por medios electrónicos. Las entidades de gestión colectiva ofrecerán la posibilidad de utilizar al menos un formato que tenga en cuenta normas o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o de la Unión. La factura indicará las obras y derechos objeto de licencia, en su totalidad o en parte, sobre la base de los datos contemplados en la lista de condiciones en virtud del artículo 24, apartado 2, y las prácticas efectivas correspondientes, en la medida en que sea posible sobre la base de la información proporcionada por el proveedor del servicio en línea y el formato utilizado para facilitar dicha información. El proveedor de servicios en línea no podrá negarse a aceptar la factura a causa de su formato si la entidad de gestión colectiva está utilizando una norma sectorial.
4. Las entidades de gestión colectiva facturarán al proveedor de servicios en línea con exactitud y sin demora tras la notificación de la utilización efectiva de los derechos en línea sobre esa obra musical, excepto cuando no sea posible por razones atribuibles al proveedor de servicios en línea.
5. Las entidades de gestión colectiva dispondrán de procedimientos adecuados que permitan al proveedor de servicios en línea impugnar la exactitud de la factura, en particular en los casos en que este proveedor reciba facturas de una o varias entidades de gestión colectiva por los mismos derechos en línea sobre la misma obra musical.
Exactitud y puntualidad de los pagos a los titulares de derechos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva que concedan licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales repartan con exactitud y sin demora los importes correspondientes a los titulares de derechos devengados por dichas licencias, tras la notificación de la utilización efectiva de las obras, excepto cuando esto no sea posible por razones atribuibles al proveedor de servicios en línea.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, las entidades de gestión colectiva facilitarán, como mínimo, la siguiente información a los titulares de derechos junto con cada pago que realicen conforme al apartado 1:
el período durante el cual ha tenido lugar la utilización por la que se adeuden importes a los titulares de derechos y los territorios en que ha tenido lugar tal utilización;
los derechos recaudados, las deducciones realizadas y los importes repartidos por la entidad de gestión colectiva en relación con cada derecho en línea sobre las obras musicales que los titulares de derechos han autorizado a la entidad de gestión colectiva a representar, en su totalidad o en parte;
los derechos recaudados en nombre de los titulares de derechos, las deducciones efectuadas y los importes repartidos por la entidad de gestión colectiva en relación con cada proveedor de servicios en línea.
3. Cuando una entidad de gestión colectiva encomiende a otra la tarea de conceder licencias multiterritoriales de los derechos en línea sobre obras musicales en virtud de los artículos 29 y 30, la entidad mandataria repartirá los importes contemplados en el apartado 1 con exactitud y sin demora, y facilitará la información contemplada en el apartado 2 a la entidad mandante. La entidad de gestión colectiva mandante será responsable del ulterior reparto de esos importes y de la comunicación de esa información a los titulares de derechos, salvo que las entidades de gestión colectiva lleguen a otro acuerdo.
Acuerdos entre entidades de gestión colectiva para la concesión de licencias multiterritoriales
1. Los Estados miembros velarán por que todo acuerdo de representación entre entidades de gestión colectiva en virtud del cual una entidad de gestión colectiva encomiende a otra la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales de su propio repertorio sea de naturaleza no exclusiva. La entidad de gestión colectiva mandataria gestionará dichos derechos en línea en condiciones no discriminatorias.
2. La entidad de gestión colectiva mandante informará a sus miembros de las principales condiciones del acuerdo, incluida su duración, y de los costes de los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva mandataria.
3. La entidad de gestión colectiva mandataria informará a la entidad mandante de las principales condiciones con arreglo a las cuales se concederán licencias de los derechos en línea de esta última, incluida la naturaleza de la explotación, todas las disposiciones que se refieran o afecten a los pagos por licencia, la duración de la licencia, los ejercicios contables y los territorios que abarquen.
Obligación de representar a otra entidad de gestión colectiva para la concesión de licencias multiterritoriales
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad de gestión colectiva que no conceda ni se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales de su propio repertorio solicite a otra entidad de gestión colectiva que celebre un acuerdo de representación en relación con estos derechos, la entidad solicitada acepte esa solicitud si ya concede o se ofrece a conceder licencias multiterritoriales de esa misma categoría de derechos en línea sobre obras musicales del repertorio de otra u otras entidades de gestión colectiva.
2. La entidad solicitada responderá a la entidad solicitante por escrito y sin dilación indebida.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5 y 6, la entidad solicitada gestionará el repertorio representado de la entidad solicitante con arreglo a las mismas condiciones que aplique a la gestión de su propio repertorio.
4. La entidad solicitada incluirá el repertorio representado de la entidad solicitante en todas las ofertas que dirija a los proveedores de servicios en línea.
5. Los descuentos de gestión por el servicio prestado por la entidad solicitante a la entidad solicitada no excederán de los costes en que haya incurrido razonablemente la entidad solicitada.
6. La entidad solicitante pondrá a disposición de la entidad solicitada la información sobre su propio repertorio que sea necesaria para la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales. Cuando esta información sea insuficiente o se facilite de una forma que no permita a la entidad solicitada cumplir los requisitos del presente título, esta tendrá derecho a facturar los gastos en que haya incurrido razonablemente para satisfacer tales requisitos o a excluir las obras respecto de las cuales la información sea insuficiente o inutilizable.
Acceso a la concesión de licencias multiterritoriales
Los Estados miembros velarán por que, en caso de que a partir del 10 de abril de 2017, una entidad de gestión colectiva no conceda ni se ofrezca a conceder licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales o no permita que otra entidad de gestión colectiva represente esos derechos con tal fin, los titulares de derechos que hayan autorizado a esa entidad a representar sus derechos en línea sobre obras musicales puedan retirar de esta los derechos en línea sobre obras musicales para fines de concesión de licencias multiterritoriales para todos los territorios sin tener que retirar los derechos en línea sobre obras musicales para fines de concesión de licencias monoterritoriales, al objeto de conceder licencias multiterritoriales sobre sus derechos en línea sobre obras musicales, ellos mismos o a través de cualquier parte que autoricen o a través de una entidad de gestión colectiva que cumpla lo dispuesto en el presente título.
Excepción aplicable a los derechos de música en línea exigidos para programas de radio y televisión
Los requisitos previstos en el presente título no se aplicarán a las entidades de gestión colectiva cuando, basándose en la agregación voluntaria de los derechos requeridos, en cumplimiento de las normas sobre competencia contempladas en los artículos 101 y 102 del TFUE, concedan una licencia multiterritorial para los derechos en línea sobre obras musicales exigidos por un organismo de radiodifusión para comunicar al público o poner a su disposición sus programas de radio o televisión en el momento de su primera emisión o ulteriormente, así como cualquier material en línea, incluidas las previsualizaciones, producido por o para el organismo de radiodifusión que complemente la difusión inicial de su programa de radio o televisión.
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva pongan a disposición de sus miembros y de las entidades de gestión colectiva por cuya cuenta gestionan derechos en virtud de un acuerdo de representación procedimientos eficaces y rápidos para la tramitación de reclamaciones, en particular en relación con la autorización para gestionar derechos y la revocación o retirada de derechos, las condiciones para ser miembro, la recaudación de importes que deban abonarse a los titulares de derechos, las deducciones y el reparto.
2. Las entidades de gestión colectiva responderán por escrito a las reclamaciones presentadas por los miembros o las entidades de gestión colectiva por cuya cuenta gestionan derechos en virtud de un acuerdo de representación. Cuando las entidades de gestión colectiva rechacen una reclamación, deberán motivar su decisión.
Procedimientos de resolución alternativa de litigios
1. Los Estados miembros podrán establecer que los conflictos entre entidades de gestión colectiva, miembros de entidades de gestión colectiva, titulares de derechos o usuarios en relación con las disposiciones de Derecho nacional adoptadas con arreglo a los requisitos que establece la presente Directiva se puedan someter a un procedimiento rápido, independiente e imparcial de resolución alternativa de litigios.
2. A efectos del título III, los Estados miembros velarán por que los litigios relacionados con las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio que concedan o se ofrezcan a conceder licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales puedan someterse a un procedimiento independiente e imparcial de resolución alternativa de litigios en los siguientes casos:
litigios con un proveedor de servicios en línea, real o potencial, en relación con la aplicación de los artículos 16, 25, 26 y 27;
litigios con uno o varios titulares de derechos en relación con la aplicación de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31;
litigios con otra entidad de gestión colectiva en relación con la aplicación de los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
1. Los Estados miembros velarán por que los litigios entre las entidades de gestión colectiva y los usuarios en relación, en particular, con las condiciones vigentes o propuestas de concesión de licencias o con el incumplimiento del contrato puedan someterse a un órgano jurisdiccional o, cuando proceda, a otro organismo independiente e imparcial de resolución de litigios especializado en Derecho de la propiedad intelectual.
2. Los artículos 33 y 34, y el apartado 1 del presente artículo no afectarán al derecho de las partes a alegar y defender sus derechos recurriendo a la vía judicial.
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes para ello hagan un seguimiento del cumplimiento por parte de las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva.
2. Los Estados miembros velarán por que existan procedimientos que permitan a los miembros de una entidad de gestión colectiva, a los titulares de derechos, a los usuarios, a las entidades de gestión colectiva y a las demás partes interesadas notificar a las autoridades competentes designadas para tal fin las actividades o circunstancias que, en su opinión, constituyan un incumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos por la presente Directiva.
3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas para tal fin tengan competencia para imponer sanciones apropiadas o adoptar medidas adecuadas en caso de incumplimiento de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Estas sanciones y medidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes mencionadas en el presente artículo y en los artículos 37 y 38 a más tardar el 10 de abril de 2016. La Comisión publicará la información recibida a este respecto.
Intercambio de información entre autoridades competentes
1. A fin de facilitar el seguimiento de la aplicación de la presente Directiva, cada Estado miembro velará por que cualquier solicitud de información recibida de una autoridad competente de otro Estado miembro, designada para tal fin, relativa a asuntos relacionados con la aplicación de la presente Directiva, en particular con respecto a las actividades de las entidades de gestión colectiva establecidas en el territorio del Estado miembro solicitado, obtenga respuesta sin dilación indebida por la autoridad competente designada para tal fin, siempre que la solicitud esté debidamente razonada.
2. Cuando una autoridad competente considere que una entidad de gestión colectiva establecida en otro Estado miembro pero que opera en su territorio pueda no estar cumpliendo las disposiciones de Derecho nacional del Estado miembro en el que esa entidad de gestión colectiva está establecida y que hayan sido adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva, podrá transmitir a la atención de la autoridad competente del Estado miembro en el que la organización de gestión colectiva esté establecida toda la información pertinente, acompañada en su caso de una solicitud de que esa autoridad adopte las medidas adecuadas en el marco de sus competencias. La autoridad competente solicitada dará una respuesta motivada en un plazo de tres meses.
3. La autoridad competente que formule esa solicitud podrá también remitir los asuntos a que se refiere el apartado 2 al grupo de expertos establecido de conformidad con el artículo 41.
Cooperación para el desarrollo de la concesión de licencias multiterritoriales
1. La Comisión fomentará el intercambio periódico de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros designadas para este fin, así como entre dichas autoridades y la Comisión, sobre la situación y la evolución de la concesión de licencias multiterritoriales.
2. La Comisión celebrará consultas periódicas con representantes de los titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva, los usuarios, los consumidores y otras partes interesadas sobre la experiencia adquirida en la aplicación de las disposiciones del título III de la presente Directiva. La Comisión facilitará a las autoridades competentes toda la información pertinente que surja de dichas consultas, en el marco del intercambio de información establecido en el apartado 1.
3. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 10 de octubre de 2017, sus autoridades competentes presenten a la Comisión un informe sobre la situación y la evolución de la concesión de licencias multiterritoriales en su territorio. El informe incluirá, en particular, información sobre la disponibilidad de licencias multiterritoriales en el Estado miembro de que se trate, y sobre el cumplimiento por las entidades de gestión colectiva de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en aplicación del título III de la presente Directiva, así como sobre la evaluación de la concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales por los usuarios, los consumidores, los titulares de derechos y otras partes interesadas.
4. Sobre la base de los informes recibidos con arreglo al apartado 3 y la información recabada con arreglo a los apartados 1 y 2, la Comisión evaluará la aplicación del título III de la presente Directiva. En caso necesario y, si procede, basándose en un informe específico, considerará la conveniencia de adoptar nuevas medidas para resolver los posibles problemas detectados. Esa evaluación se referirá, en particular:
al número de entidades de gestión colectiva que cumplen los requisitos del título III;
a la aplicación de los artículos 29 y 30, incluido el número de acuerdos de representación celebrados por entidades de gestión colectiva en virtud de dichos artículos;
a la proporción de repertorios en los Estados miembros disponible para la concesión de licencias multiterritoriales.
INFORMES Y DISPOSICIONES FINALES
Notificación de entidades de gestión colectiva
A más tardar el 10 de abril de 2016, los Estados miembros facilitarán a la Comisión, sobre la base de la información de que dispongan, una lista de las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio.
Los Estados miembros notificarán sin dilación indebida a la Comisión cualquier cambio que se produzca en dicha lista.
La Comisión publicará esa información y la mantendrá actualizada.
A más tardar el 10 de abril de 2021, la Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe al respecto. Ese informe incluirá una evaluación del impacto de la presente Directiva en el desarrollo de servicios transfronterizos, en la diversidad cultural, en las relaciones entre entidades de gestión colectiva y usuarios y en el funcionamiento en la Unión de las entidades de gestión colectiva establecidas fuera de la Unión y, si fuera preciso, sobre la necesidad de una revisión. La Comisión presentará su informe acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.
Se constituye un grupo de expertos. Estará formado por representantes de las autoridades competentes de los Estados miembros. El grupo de expertos estará presidido por un representante de la Comisión y se reunirá bien a iniciativa del presidente, bien a petición de la delegación de un Estado miembro. Las funciones de dicho grupo consistirán en:
examinar las repercusiones de la transposición de la presente Directiva en el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva y los operadores de gestión independientes en el mercado interior, y poner de relieve posibles dificultades;
organizar consultas sobre todas las cuestiones que se deriven de la aplicación de la presente Directiva;
facilitar el intercambio de información sobre aspectos significativos de la evolución de la legislación y la jurisprudencia, así como sobre acontecimientos importantes de índole económica, social, cultural y tecnológica, en particular en el mercado digital de las obras, y otros asuntos.
El tratamiento de datos personales que se efectúe en el marco de la presente Directiva se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 10 de abril de 2016. Informarán inmediatamente a la Comisión al respecto.
Hecho en Estrasburgo, el 26 de febrero de 2014.
(1) DO C 44 de 15.2.2013, p. 104.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2014.
(3) Recomendación 2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (DO L 276 de 21.10.2005, p. 54).
(4) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
(5) Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376 de 27.12.2006, p. 28).
(6) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(7) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(8) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(9) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y por la que se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
Información que deberá figurar en el informe anual de transparencia contemplado en el artículo 22, apartado 2:
estados financieros, que incluirán un balance o un estado de patrimonio, una cuenta de ingresos y gastos del ejercicio y un estado de los flujos de tesorería;
un informe sobre las actividades del ejercicio;
información sobre las negativas a conceder una licencia de conformidad con el artículo 16, apartado 3;
una descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad de gestión colectiva;
información sobre toda entidad que sea propiedad o esté controlada directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la entidad de gestión colectiva;
información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio anterior a las personas contempladas en los artículos 9, apartado 3, y 10, así como sobre otros beneficios que se les hayan concedido;
la información financiera contemplada en el punto 2 del presente anexo;
un informe especial sobre la utilización de los importes deducidos para servicios sociales, culturales y educativos, que incluya la información a que se refiere el punto 3 del presente anexo.
Información financiera que deberá figurar en el informe anual de transparencia:
información financiera sobre los ingresos de derechos, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización (por ejemplo, radiodifusión, difusión en línea, ejecución pública), incluida la información sobre los rendimientos derivados de la inversión de ingresos de derechos, y el uso de estos (si han sido repartidos a los titulares de derechos, a otras entidades de gestión colectiva o destinados a otros usos);
información financiera sobre el coste de la gestión de derechos y otros servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, con una descripción pormenorizada de, como mínimo, los elementos siguientes:
todos los costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos,
costes de explotación y costes financieros, desglosados por categoría de derechos gestionados y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, con una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos, únicamente en relación con la gestión de derechos, incluidos los descuentos de gestión deducidos de ingresos de derechos o compensados con estos, o cualquier rendimiento derivado de la inversión de ingresos de derechos de conformidad con el artículo 11, apartado 4, y el artículo 12, apartados 1, 2 y 3,
costes de explotación y costes financieros en relación con servicios distintos de los servicios de gestión de derechos, pero incluidos los servicios sociales, culturales y educativos,
recursos empleados para cubrir los costes,
deducciones aplicadas a los ingresos de derechos, desglosadas por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, así como la finalidad de la deducción, por ejemplo costes relacionados con la gestión de derechos o con servicios sociales, culturales o educativos,
porcentaje que representa el coste de los servicios de gestión de derechos y otros servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos en relación con los ingresos de derechos en el ejercicio pertinente, por categoría de derechos gestionados, y, cuando los costes sean indirectos y no puedan atribuirse a una o varias categorías de derechos, una explicación del método utilizado para la asignación de dichos costes indirectos;
información financiera sobre los importes que deben abonarse a los titulares de derechos, con una descripción pormenorizada de, como mínimo, los elementos siguientes:
el importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
el importe total abonado a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
la frecuencia de los pagos, con un desglose por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización,
el importe total recaudado pero aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes,
el importe total atribuido pero aún no repartido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización, indicando el ejercicio en que se recaudaron dichos importes,
en caso de que la entidad de gestión colectiva no haya procedido al reparto y al pago en el plazo establecido en el artículo 13, apartado 1, los motivos del retraso,
el total de los importes que no puedan ser objeto de reparto junto con la explicación del uso que se haya dado a dichos importes;
información sobre relaciones con otras entidades de gestión colectiva, con una descripción de, como mínimo, los siguientes elementos:
importes percibidos de otras entidades de gestión colectiva e importes pagados a otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad,
descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos de derechos que deben abonarse a otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos, por tipo de uso y por entidad,
descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos pagados por otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos y por entidad,
importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras entidades de gestión colectiva, desglosados por categoría de derechos y por entidad.
Información que deberá figurar en el informe especial mencionado en el artículo 22, apartado 3:
importes deducidos para servicios sociales, culturales y educativos en el ejercicio, desglosados por tipo de finalidad y, respecto de cada tipo de finalidad, desglosados por categoría de derechos gestionados y por tipo de uso;
una explicación de la utilización de dichos importes, con un desglose por tipo de finalidad, incluido el coste de la gestión de los importes deducidos para los servicios sociales, culturales y educativos y los importes separados utilizados para servicios culturales, sociales o educativos.