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Timestamp: 2020-08-07 23:28:44
Document Index: 258426892

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Sentencia nº EXE.000250 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 7 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 593335622
Número de Expediente: 13-501
Exp. 2013-000501
Mediante escrito presentado en fecha 25 de julio de 2013, por el ciudadano S.A.Y.R., asistido judicialmente por la profesional del derecho T.E.L., en su carácter de Defensora Pública Provisoria Primera con competencia para actuar ante las Salas Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo; fue solicitado el exequátur de la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia N° 3 de San Cristóbal de la Laguna y su Partido Judicial, Madrid, R.d.E., que disolvió el vínculo matrimonial que hasta entonces existía entre el señalado solicitante y M.C.P.R..
A la referida solicitud se le dio entrada en el libro respectivo, el 25 de julio de 2013, dándose cuenta en Sala de la misma, en fecha 9 de agosto de 2013.
Correspondió la ponencia respectiva a la Magistrada quien, previo conocimiento de lo solicitado; con el carácter indicado suscribe la presente decisión, expresada en los términos siguientes:
En el escrito respectivo, se pide a esta Sala de Casación Civil:
…que se declare, mediante procedimiento de Exequátur (sic) la Fuerza (sic) Ejecutoria (sic) de la sentencia que en fecha veinte y dos (sic) (22) de septiembre de dos mil cinco (2005), dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 3 de San Cristóbal de la Laguna y Partido Judicial, Procedimiento (sic): FAMILIA, DIVORCIO CONTENCIOSO N° 419/05, España, mediante el (sic) cual (sic) disolvió el vínculo matrimonial que (…) S.A.Y.R. (…) con la ciudadana M.C.P. REYES…
Al referirse a la “…COMPETENCIA DE LA SALA…”, afirma el solicitante, que:
“…El procedimiento que dio lugar a la sentencia extranjera de divorcio fue de naturaleza contenciosa, por lo tanto corresponde a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para “Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo a los Tratados Internacionales o en la ley”, conforme a lo dispuesto en el Artículo (sic) 28 Ordinal 2, de la Ley Orgánica del Tribunal supremo de Justicia…”.
Ahora bien, observa esta Sala, que en el capítulo V del escrito respectivo, se expresa lo siguiente:
“…DE LOS HIJOS HABIDOS EN EL MATRIMONIO
En la sentencia dictada por el Juzgado (…), señala:
3°.- Se ratifican las medidas adoptadas en la sentencia de separación de fecha 25 de septiembre de 2002, dictadas por el antiguo Juzgado de primera (sic) Instancia e Instrucción n° (sic) 5 de La Laguna en el procedimiento N° 291/2002, con la única excepción de la modificación del horario correspondiente al Régimen (sic) de visitas del padre que será de las 10 de la mañana del sábado a las 19 horas del domingo, consistente en las siguientes:
1°.- Se atribuye a las hijas menores habidas del matrimonio y al cónyuge en cuya compañía queden el uso y el disfrute del domicilio conyugal.
2°.-Se atribuye a la esposa la guarda y custodia de las niñas con el ejercicio conjunto de la Patria (sic) Potestad (sic) y pudiendo el padre visitarlas y estar en su compañía (…)
Lo que se quiere resaltar es que las niñas viven con la madre, y el padre puede visitarlas cuando desee…”.
DE LO ADMITIDO
Mediante auto de fecha 25 de octubre de 2013, el juzgado de sustanciación de esta Sala de Casación Civil, admitió solicitud de exequátur y en atención al contenido y alcance de los artículos 20 y 21, numeral 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ordenó notificar a la ciudadana Fiscala General de la República, y oficiar a la Dirección de Migración y Zonas Fronterizas de la Onidex, solicitando el movimiento migratorio y el último domicilio declarado de la parte contra quien se pretende que obre el exequátur.
Consta en los autos, el cumplimiento de lo ordenado en el referido auto de admisión, sentido en el cual se verifica, que el Ministerio Público, se dio por notificado en fecha 31 de octubre de 2013, mediante oficio FTSJ-02-467-2013, a través del cual informa la designación del funcionario que ejercería la representación de dicha institución en el aludido procedimiento; así como el oficio N° 1649-137596, de fecha 1° de noviembre de 2013, suscrito por el Director General del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, a través del cual, hace del conocimiento de la Sala, como le fue requerido en la oportunidad de la admisión; que la ciudadana M.C.P.R., contra quien se pretende que obre la ejecutoria solicitada, “…No Registra Movimientos Migratorios…”.
Conforme al artículo 28 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, la competencia para conocer en materia de exequátur, se encuentra atribuida de la siguiente manera:
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 28, numeral 2:
…Son competencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia:
2.- Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la Ley (sic)…
Código de Procedimiento Civil. Artículo 856:
…El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal (sic)Superior (sic)del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables…
En la citada normativa, se otorga a esta Sala de Casación Civil, la competencia para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras producidas para resolver asuntos contenciosos, facultando para el respectivo conocimiento, cuando se trate de decisiones y actos dictados para decidir materias relativas a emancipación, adopción y cualquier otra naturaleza no contenciosa; a los juzgados superiores del lugar donde se haya de hacer valer la ejecutoria de la cual se trate.
Ahora bien, no obstante la indicada atribución legal de la competencia para conocer en materia de exequátur, en fecha 28 de octubre de 2013, la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal de Justicia, se pronunció de la siguiente manera:
…En la causa iniciada por solicitud de exequátur presentada por R.P.S., asistida por la abogada M.A.P.G., Defensora Pública Primera (1°), adscrita al Sistema de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, según consta en resolución N° 092-2008, emanada de la Dirección General de la Defensa Pública en fecha 3 de diciembre de 2008; el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2012, declaró inadmisible la pretensión formulada a fin de dar fuerza ejecutoria a la sentencia de 23 de junio del año 2010, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, donde se confiere la custodia definitiva de su menor nieto, identificado R.S.C.S., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En efecto, esta Sala observa que el Juzgado (sic) Superior (sic) descartó la aplicación de los artículos 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales se desprende la competencia de la Sala de Casación Civil, para conocer las solicitudes de exequátur de actos y sentencias extranjeras derivadas de procesos contenciosos. Textualmente disponen estos artículos lo siguiente:
Del examen de las normas citadas se aprecia, que los Juzgados (sic) Superiores (sic) Civiles (sic) son competentes para conocer las solicitudes de exequátur, cuando versen sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso; mientras que la Sala de Casación Civil, conocerá de las pretensiones para otorgar la fuerza ejecutoria a las decisiones dictadas en causas de naturaleza contenciosa. Tal delimitación, fija la competencia de los órganos jurisdiccionales en relación al exequátur.
Al respecto el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.” La lectura de esta disposición, en concordancia con los artículos 5 y 60 del mismo Código determina la naturaleza de orden público de este factor, y así lo ha establecido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 1.316 de 16 de noviembre de 2010, al señalar: “la competencia por la materia y por el valor de la demanda se informan por reglas de estricto orden público, por ende, inderogables; y, en consecuencia, la incompetencia que se derive por tales presupuestos, es declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso; mientras que la incompetencia por el territorio, no tiene tal carácter.
es evidente que el Juzgado Superior Cuarto no podía conocer el mérito de la solicitud presentada, que requería autorizar la fuerza ejecutoria de una sentencia dictada con ocasión a un juicio de custodia (guarda), que tiene naturaleza contenciosa.
a pesar de la contumacia de la ciudadana venezolana K.S.S.M., en el juicio celebrado en los Estados Unidos de México, debe concluirse que el mismo tiene carácter contencioso. Así se decide.
En consecuencia, la solicitud de exequátur de la sentencia del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, dictada con ocasión a la demanda presentada por R.P.S., en donde obtuvo la custodia de su nieto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, debía ser conocida en única instancia por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Este artículo 78 ha sido examinado en múltiples oportunidades por la Sala Constitucional de este m.t., a fin de clarificar el sistema dispuesto para la protección de niños, niñas y adolescentes. Un valioso precedente que estudia su contenido, lo encontramos en la sentencia N° 1.438 de 10 de agosto de 2011, donde señaló:
Dicho esto, de acuerdo al artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se desaplica el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y se ordena remitir copia del presente fallo, a la Sala Constitucional de este m.t., a fin que confirme si la exégesis expuesta de la norma en referencia, es conforme a la Constitución. Así se decide.
Visto el análisis anterior, debe ratificar una vez más esta Sala que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la Constitución tiene un valor normativo y vinculante directo y, por lo tanto, necesariamente aplicable por todos los Jueces (sic) y Tribunales (sic). En consecuencia, es manifiesto que todos los órganos de la rama judicial del poder público tienen, en cada uno de sus ámbitos, la posibilidad de interpretar y aplicar las normas constitucionales salvando, claro está, la supremacía interpretativa que en la materia tiene la Sala Constitucional de acuerdo al artículo 335 de la Constitución de la República, y sin desmedro del monopolio de la declaración de inconstitucionalidad establecido también por nuestra Carta Fundamental.
Por otra parte, la competencia para autorizar la ejecutoria de sentencias firmes en asuntos contenciosos, ha estado reservada al m.T. de la República. De allí entonces que la Sala de Casación Social, que hace parte del Tribunal Supremo de Justicia al igual que del Sistema (sic) de Protección (sic) Integral (sic) de Niños (sic), Niñas (sic) y Adolescentes (sic), deba conocer de las causas donde se solicite autorizar la fuerza ejecutoria de sentencias firmes dictadas en procesos con litigio (contenciosos), en los que a su vez los niños, niñas y adolescentes tengan un interés inmediato y directo sobre el objeto debatido, tal y como fue expuesto supra.
Del mismo modo, cuando se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, serán competentes los Juzgados (sic) Superiores (sic) de Protección (sic) de Niños (sic), Niñas (sic) y Adolescentes (sic) de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos, en aplicación del artículo 453 de la Ley Orgánica para la Protección (sic) de Niños (sic), Niñas (sic) y Adolescentes (sic), que establece el criterio atributivo de la competencia en razón del territorio. Así se decide.
En correspondencia con lo anteriormente expuesto, se admite la solicitud de exequátur y se ordena notificar al Ministerio Público para que en el lapso de diez (10) días de despacho rinda su informe sobre la procedencia de la solicitud formulada por la ciudadana mexicana R.P.S.. Igualmente se ordena la citación de la ciudadana K.S.S.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-16.111.381, a fin que dé contestación a la solicitud dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su citación, en atención a lo dispuesto en el artículo 853 del Código de Procedimiento Civil.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley (sic), por razones de resguardo del orden público, pasa a dictar el siguiente pronunciamiento:
PRIMERO: Declara INADMISIBLE el control de legalidad propuesto contra la sentencia del Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de 18 de diciembre de 2012, dictada con ocasión a la solicitud de exequátur propuesta por R.P.S..
TERCERO: ASUME LA COMPETENCIA para conocer la solicitud de exequátur de la sentencia de 23 de junio de 2010, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, presentada por R.P.S., en atención a los artículos 78 y 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la desaplicación del numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
CUARTO: ADMITE la solicitud de exequátur y ordena la notificación del Ministerio Público y la citación de K.S.S.M..
Publíquese, regístrese y notifíquese a R.P.S., en la persona de M.A.P.G. y/o T.E.L.C., Defensoras Pública para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional…
Como se desprende del texto transcrito, la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal de Justicia, apoyándose en el control difuso dispuesto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de brindar la debida protección a los derechos e intereses, de los mismos, en la sentencia citada, desaplicó la normativa que le atribuía la competencia a esta Sala de Casación Civil, para conocer de los procedimientos de exequátur, en aquellos casos en los cuales se trate de decisiones extranjeras que resuelven asuntos jurídicos que incidan directamente sobre la esfera jurídica de niños, niñas o adolescentes.
En aplicación del precepto contenido en el artículo 78 constitucional, norma que rige el sistema de protección integral, constituido por un conjunto de órganos especializados para resolver los asuntos que incidan directamente sobre la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes; la referida Sala, cuando se requiera otorgar fuerza ejecutoria a las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, dejó establecida su máxima jerarquía funcional para resolver en los asuntos contenciosos, otorgándola a los juzgados superiores de protección de la circunscripción judicial del lugar donde aquellos tengan su residencia habitual, en los casos no contenciosos.
Así, al resolver el control de la legalidad interpuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 490 de la ley orgánica que rige la materia respectiva, por la abogada M.A.P.G., Defensora Publica Primera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, asistiendo a la ciudadana R.P.S., en la solicitud de exequátur de la sentencia de 23 de junio del año 2010, dictada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, mediante la cual le fue conferida a la solicitante, la custodia definitiva de su menor nieto, la Sala en comentario desaplicó la normativa que hasta la fecha se aplicaba en relación con la competencia para conocer los procedimientos de exequátur de sentencias extranjeras sobre controversias con incidencia directa en intereses de niños, niñas y adolescentes.
En razón de las determinaciones contenidas en la sentencia en comentario, se ordenó su remisión, “…a la Sala Constitucional de este m.t., a fin que confirme si la exégesis expuesta de la norma en referencia, es conforme a la Constitución…”, y en el ejercicio de su facultad para revisar las sentencias que ejerzan el control difuso de la constitucionalidad, conforme a los artículos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del artículo 25.12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; en fecha 20 de febrero de 2014, en su sentencia N° 51, sobre la desaplicación de las normas relativas a la competencia para conocer de las solicitudes respectivas con influencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes; la Sala Constitucional, al decidir dicha revisión; determinó lo siguiente:
…Mediante Oficio Nº 1896 del 21 de octubre de 2013, la Sala de Casación Social de este M.T., remitió a esta Sala Constitucional copia certificada de la sentencia dictada por la mencionada Sala el 4 de octubre de 2013, que desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el numeral 2, del artículo 28, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de una solicitud de exequátur presentada por la ciudadana R.P.S., titular del pasaporte mexicano n° G10062450, asistida por la abogada M.A.P.G., Defensora Pública Primera, adscrita al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, según resolución n° 092-2008, emanada de la Dirección General de la Defensa Pública a fin de dar fuerza ejecutoria a la sentencia dictada el 23 de junio de 2010, por el Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, donde se confiere la custodia definitiva de su menor nieto, cuya identificación se omite conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual se encuentra sometido el fallo dictado por la Sala de Casación Social de este M.T..
La Sala de Casación Social de este M.T., en su decisión del 4 de octubre de 2013, desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el numeral 2, del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con base en las siguientes consideraciones:
En el caso in comento, la sentencia bajo análisis la dictó la Sala de Casación Social de este M.T., en virtud de la interposición del recurso de control de la legalidad incoado por la Defensora Pública de la ciudadana R.P.S. contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictada el 18 de diciembre de 2012, mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de exequátur, con la finalidad de dar fuerza ejecutoria a una sentencia dictada el 23 de junio de 2010, por el Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, donde se le confirió la custodia definitiva de su menor nieto.
En este sentido, esta Sala evidencia, que la Sala de Casación Social de este M.T. declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto, por cuanto el procedimiento de exequátur se ventila en una sola y única instancia, es decir, que no existe la posibilidad de impugnar dicho fallo.
En este orden, la Sala de Casación Social una vez a.e.a.a. de oficio la referida sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, por no haber sido el Juzgado competente para conocer la pretensión planteada y, en consecuencia, desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y asumió la competencia para conocer de la solicitud de exequátur en atención a los artículos 78 y 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, admitió la solicitud de exequátur.
Al respecto, observa esta Sala de la revisión de las actas que, la solicitud de exequátur presentada por la ciudadana R.P.S., con la finalidad de dar fuerza ejecutoria a la sentencia dictada el 23 de junio de 2010, por el Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de Naucalpan de Juárez de los Estados Unidos de México, donde se le confirió la custodia definitiva de su menor nieto, en efecto, fue tramitada y decidida por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
De manera que, conforme a las normas citadas es competencia de la Sala de Casación Civil de este M.T. decretar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros en procedimientos contenciosos, ya que en los casos donde no existan partes contrapuestas en litigio, le corresponde conocer a los Tribunales Superiores Civiles “…del lugar donde se haya de hacer valer…”.
Ahora bien, con respecto a la competencia por la materia esta Sala estableció en sentencia n° 144, del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), lo siguiente.
En este sentido, la competencia tiene como característica fundamental que es de orden público, razón por la cual es inderogable, indelegable y es un presupuesto de mérito para la sentencia, es decir que la competencia, en el ordenamiento procesal vigente, es un requisito sine qua non para la eficacia del pronunciamiento de una decisión válida; por ello, la sentencia que dicte un juez incompetente resulta nula.
Artículo 28. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.
Artículo 1.- Se atribuye en forma exclusiva y excluyente para todo el territorio nacional al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, la competencia para conocer y decidir los procesos de Adopción Internacional a que se refiere la ‘Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional’, (…omissis…); también se le atribuye a este Tribunal competencia para conocer y decidir los procesos de Adopción de Niños y Adolescentes, cuando quienes pretendan adoptarles se encuentren domiciliados o residan en otros Estados, contratantes o no de la citada Convención.
Artículo 2.- Se atribuye en forma exclusiva y excluyente para todo el territorio nacional a la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Área Metropolitana de Caracas, la competencia para conocer y decidir en segunda instancia las decisiones dictadas en los procesos de Adopción Internacional por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente a que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución. Así mismo, se le atribuye competencia en forma exclusiva y excluyente, en todo el territorio nacional, para impartir o no, el pase a las sentencias o actos de autoridades extranjeras, a que se refiere el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se relacionan con la materia de Adopción Internacional regida por la citada Convención…
CONFORME A DERECHO la desaplicación efectuada en sentencia n° 0808 dictada por la Sala de Casación Social de este M.T., el 4 de octubre de 2013, mediante la cual desaplicó el numeral 2, del artículo 28, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de una solicitud de exequátur presentada por la ciudadana R.P.S., asistida por la abogada M.A.P.G., Defensora Pública Primera, adscrita al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.
Se ORDENA la publicación de este fallo en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Se ORDENA la publicación de este fallo en el portal web de este Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y a todos los Jueces Presidentes de los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cúmplase lo ordenado…”.
Se desprende de la sentencia transcrita, que la Sala Constitucional consideró “…CONFORME A DERECHO…”, la desaplicación del numeral 2, del artículo 28, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, efectuada por la Sala de Casación Social, en su sentencia N° 0808, dictada el 4 de octubre de 2013.
Al revisar el fallo en mención, determinó la indicada Sala, “…con carácter vinculante…”, “…que el conocimiento de las solicitudes de exequátur donde se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, serán competentes los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos. Del mismo modo, la competencia para conocer las solicitudes de exequátur donde se requiera autorizar la ejecutoria de sentencias firmes dictadas en asuntos contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, será competente la Sala de Casación Social de este M.T., al cual debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, a los tribunales de los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se establece…”.
En el caso particular, debe la Sala aplicar, no obstante haber admitido la solicitud objeto del presente fallo, el cambio jurisprudencial previamente expuesto, que ocasiona la incompetencia sobrevenida de esta Sala de Casación Civil en materia de exequátur.
Ello, en el cumplimiento del deber dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, como parte que conforma esta Suprema Sede Judicial, corresponde a esta Sala de Casación Civil, velar por la uniforme interpretación y aplicación de las normas y principios constitucionales.
Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala dejar determinado de acuerdo con lo observado en las actas respectivas, que lo solicitado en el caso de especie, es el exequátur de la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2005, por el Juzgado de Primera Instancia N° 3 de San Cristóbal de la Laguna y su Partido Judicial, Madrid, R.d.E., mediante la cual, fue disuelto el vínculo matrimonial que hasta entonces existía entre el solicitante y M.C.P.R., quienes, como se indicó en el escrito respectivo, tienen “…hijas menores…” en común.
En esa sentencia cuya fuerza legal se pretende, se ratifican medidas adoptadas en relación con asuntos, como el régimen de visitas; que inciden en la esfera jurídica de aquellas hijas habidas en el matrimonio cuya disolución se decidió, en razón de lo cual, como lo determinó la Sala de Casación Social en su sentencia del 28 de octubre de 2013, y fue ordenado cumplir con carácter vinculante por la Sala Constitucional de este M.T., debe conocer el procedimiento de exequátur planteado, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: su INCOMPETENCIA para tramitar y resolver la solicitud de exequátur de la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia N° 3 de San Cristóbal de la Laguna y su Partido Judicial, Madrid, R.d.E., presentada en fecha 25 de julio de 2013, por el ciudadano S.A.Y.R., asistido judicialmente por la profesional del derecho T.E.L., en su carácter de Defensora Pública Provisoria Primera con competencia para actuar ante las Salas Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: DECLINA el conocimiento de la presente causa, en la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal de Justicia, y se ordena en razón de ello la respectiva remisión.
Publíquese, regístrese. Remítase el expediente a la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.
Exp.: Nº AA20-C-2013-000501