Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2015/19/8/
Timestamp: 2019-09-23 02:34:20
Document Index: 46618133

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 14', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 24', 'artículo 24', 'in fine', 'artículo 35']

Diario de Sesiones 19/2015, de fecha 10/12/2015 - Punto 8 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 19/2015, de fecha 10/12/2015 - Punto 8
9L/PNL-0089 PROPOSICIÓN NO DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC) Y SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON DEROGACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la PNL-89, la 3.4, solicitada o instada por el grupo Nacionalista Canario, de solicitud al Gobierno del Estado en relación con la derogación de las tasas judiciales en las pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales.
Tiene la palabra para su defensa el señor García Ramos.
Una PNL compartida, cinco minutos el Grupo Nacionalista y cinco el Socialista.
El señor GARCÍA RAMOS: Bueno, me corresponde defender una proposición no de ley presentada por mi compañero Pablo Rodríguez Valido, en tareas electorales, sobre la derogación de las tasas judiciales en las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales.
Es una PNL con una exposición de motivos muy clarificadora, y lo que se pone en cuestión, yo diría... -y ahora aprovechando que no hay mucha gente del Partido Popular aquí, no los voy a herir del todo-, es que en la política activa, cuando se ha ido de la política activa el señor don Alberto Ruiz Gallardón, le dejó dos regalos envenenados al Partido Popular, a los compañeros y compañeras del Partido Popular. Uno quizá fue que los siete mil ciento y pico millones, miles de millones de deuda en el municipio de Madrid, y otro es esta Ley 10/2012, de tasas judiciales, ¿no? Una ley que yo creo que viene a intentar privatizar la justicia y viene también a poner en ridículo una ley, que es una ley de la democracia, de 1986, de supresión de las tasas judiciales, que desde luego hacía una lectura, con mucha propiedad, de lo que es la Constitución, ¿no? Llámese artículo 1, que tiene como valores superiores la justicia, la libertad, el pluralismo político, entre otros; llámese artículo 119, de gratuidad de la justicia, así está explícitamente dicho en la Carta Magna; o llámese también artículo 14, del derecho de todos los españoles ante el ejercicio de la justicia.
Esta ley del 2012, del señor Gallardón, intenta apoyarse en una ley anterior, del 2002, la 53 del 2002, diciendo que ahí se había iniciado el proceso de imposición de tasas judiciales, cosa totalmente incierta porque esa ley del 2002, 53 del 2002, lo único que hacía era imponer esas tasas judiciales a empresas y entidades o sociedades de elevada facturación y dejó exentas a la mayoría de las empresas y entidades y a todas las personas físicas.
Se ha producido con esta ley un proceso de desmontaje progresivo, ¿no?, desde recursos al Tribunal Constitucional ganados, recursos de amparo de justiciables, pronunciamientos de la defensora del Pueblo y después digamos que ha sido el mismo Gobierno, el mismo Gobierno del PP, el que ha seguido desmontando la ley. Uno es con el Real Decreto 3/2013, donde ya rebaja las tasas de cuotas variables y ya definitivamente yo creo que le da el puntazo con el Decreto 1/2015, donde deja libres a las personas físicas del pago de tasas, pero sigue exigiendo el pago de las mismas a sujetos jurídicos como entidades sin fines de lucro y a sujetos pasivos que tengan una consideración de entidades de reducida dimensión.
Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es seguir con este desmontaje de la ley. Esta proposición no de ley no plantea sino eso, y lo que pedimos es que ahora el Gobierno de España, pues, cree una exención de tasas a entidades sin fines de lucro, sobre todo a sociedades mercantiles de baja facturación que estén por debajo de un millón de euros anuales.
Esto es lo que pedimos realmente, está especificado; instamos a esa exención de tasas a personas y entidades sin fines de lucro y a sociedades mercantiles de baja facturación; y quizá también a la transferencia de lo cobrado hasta ahora a nuestra comunidad, con un objetivo claro, que es destinado a la asistencia jurídica gratuita.
Creo que es una PNL que no va a tener ningún rechazo, porque lo único que estamos haciendo es colaborando con el Gobierno del PP para hacer desaparecer una ley que atenta contra principios fundamentales -lo dije al principio- de lo que es la Constitución española: la igualdad de todos los españoles ante la ley y la gratuidad de la justicia, ¿no?, y además respetar que la justicia es uno de los valores superiores de la redacción de esa Carta Magna.
Por el tiempo de cinco minutos, el Grupo Socialista, que comparte iniciativa, el señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenos días.
Señores del Partido Popular, que van quedando ya pocos en los escaños, vamos a aprovechar que hoy está Mariano por Canarias y le mando un mensaje. No tengo su teléfono móvil, con lo cual no le puedo mandar un wasap, pero seguramente algún diputado del Partido Popular sí que lo puede tener, y hoy le diría: "Mariano, sé fuerte, devuélvenos los 19 millones de euros que les recaudaste a los canarios a través de la tasa judicial". Como seguramente lo van a ver a lo largo del día -insisto, no tengo su móvil-, pues, trasládenselo.
Miren, durante muchos meses, en este país, el Partido Popular realizó una aberración democrática, injusta, que fue la de vulnerar, la de convertir en pantomima, un derecho fundamental básico en cualquier Estado democrático, el derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24 de la Constitución española. Hay muchas cosas que nos igualan como ciudadanos: el derecho a acceder a una educación pública y de calidad, una sanidad pública de calidad... -por cierto, que hoy les hemos devuelto la sanidad a todos los ciudadanos que viven en Canarias, con independencia de... en fin, de su condición, en la que estén residiendo en nuestra tierra; creo que es una buena noticia-; pero si hay algo que también nos devuelve la igualdad a todos es la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia a defender nuestros intereses, sin que nos pongan más pegas de las que ya, digamos, existen en condiciones normales: pagarse un procurador, pagar un letrado, la lentitud de la Administración de justicia... Pero el Partido Popular decidió que había dos tipos de ciudadanos en este país: los que podían acudir a los tribunales de justicia y pagarse la tasa judicial y los que no lo podían hacer. Y además lo hizo en un momento terrible, en un momento de crisis económica; en un momento en que los ciudadanos necesitaban como nunca poder acudir a los tribunales de justicia y defenderse de cosas como las preferentes, como los desahucios, como los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Lo hizo en ese momento y lo hizo en el mismo momento en el que les perdonaba a los tramposos del sistema tributario español que depositaran sus dineros en Suiza, y al mismo tiempo que le exigía a una familia por interponer una demanda judicial para reclamar sus derechos, al mismo tiempo que hacía esto, le perdonaba a los tramposos sus trampas en el sistema tributario. Esto es lo que ha ocurrido en estos años en este país.
Y hoy, aprovechando que está Mariano, vamos a pedirle desde el Parlamento que esos 19 millones de euros que se recaudaron en Canarias, que nos los devuelva. Porque hizo trampas, algo que ya es habitual, porque esa ley se justificó, con aquel ministro tan progresista llamado Ruiz Gallardón, sobre la base de que era un dinero para agilizar los procedimientos. Desde luego consiguió, consiguió reducir la cantidad de litigios que había en la justicia española, pero, claro, lo consiguió por la vía de penalizar a las familias de los trabajadores de este país, a los pequeños autónomos, a los pequeños empresarios. Lo consiguió, pero, insisto, a costa de convertir a ciudadanos de primera y a ciudadanos de segunda categoría.
Por lo tanto, si esa era la finalidad de la ley, mejorar la Administración de justicia, no tiene ningún sentido que se lo hayan quedado. No tiene ningún sentido que se hayan quedado con ese dinero cuando hay comunidades autónomas como la nuestra que tienen transferidas las competencias en la administración de la Administración de justicia. Máxime cuando a continuación han ido imponiendo obligaciones a las comunidades autónomas sin contar con ellas, la última, la del papel cero a partir del 1 de enero. "Yo me voy de fiesta, los demás me pagan las facturas", que es la receta del partido Popular. O, recientemente, como hemos visto, el intento, también vergonzoso, de privatizar el Registro Civil. Más de lo mismo, privatizar un derecho fundamental. El señor Mariano Rajoy no quiso, en fin, convertirse o realizar una puerta giratoria, se hizo un tobogán directamente, para el día que regrese al Registro de la Propiedad de Santa Pola, y entonces intentó hacer un negociete para sus amigos registradores, en un caso insólito en la justicia española, porque fue el propio Colegio de Registradores el que hizo las enmiendas a la ley, y está demostrado, algo que es absolutamente insólito en la historia política de este país.
Por lo tanto, creo que es justo, primero, decirle -y repito- a Mariano "sé fuerte y devuélvenos los 19 millones de euros"; segundo, eliminar las tasas judiciales para las personas jurídicas, sobre todo para los pequeños y medianos emprendedores de este país, que todavía tienen que pagar por reclamar las deudas que les pueden deber en el contexto de sus negocios. Eliminémoslas, mantengámoslas solo para las grandes corporaciones de este país. Y, por último, doten el presupuesto del año 2016 como Dios manda para poder seguir atendiendo a los ciudadanos de este país exactamente como se merecen.
El Grupo Podemos tiene una enmienda. Señora Del Río.
La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Compañeras, compañeros.
Voy a ser muy breve, porque es un tema en el que estamos de acuerdo y prácticamente nuestro discurso ya lo han dicho de alguna manera.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos valoramos, por supuesto, como positivo todo lo que suponga la eliminación de trabas y obstáculos para el acceso al derecho fundamental consagrado en la Constitución de la tutela judicial efectiva. Compartimos con los grupos proponentes que la justicia es un pilar básico del sistema democrático y, por tanto, su acceso debe estar garantizado, no solo para todas las personas físicas sino también para las pequeñas y medianas empresas, así como asociaciones, ONG y otras entidades que defiendan el bien general.
Las tasas aprobadas por la Ley 10/2012 suponen una clara vulneración de este derecho, así como un evidente incumplimiento de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
No nos sirven de excusa los argumentos del Gobierno del Partido Popular de que el fin de las tasas era garantizar la justicia. De los 570 millones de euros recaudados entre los años 2013 y 2014 solo 6 millones se destinaron a este fin.
Las pymes, principales creadoras de empleo en estas islas, están siendo gravemente afectadas por esta ley. Y solo por poner un ejemplo, cualquier pequeña empresa, y el otro día nos lo contaba gente de una ferretería, que tienen impagados a lo mejor de 500 euros, de 1000, no pueden demandar porque les cuesta más las tasas de lo que cobrarían. Por tanto, es injusto y hace que la demanda sea inviable para ello.
Estamos de acuerdo, por tanto, y votamos a favor de esta PNL, aunque consideramos que la propuesta de aplicación de las exenciones es matizable y queríamos ampliarla con la siguiente enmienda de adición: "Aplicar la exención no solo a aquellas entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002, de forma que sea aplicable también a todas las entidades, independientemente de su forma o condición jurídica, que representen y/o defiendan el interés general, tales como asociaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivos culturales, así como otras formas de organización y participación en la sociedad civil".
Y nada más, así ahorramos tiempo.
Para fijar posición, Grupo Nacionalista.
El señor GARCÍA RAMOS (Desde su escaño): Sí, señor presidente, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Nacionalista Canario aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Podemos.
Queda aceptada la enmienda.
Por tres minutos, el Grupo Mixto. Señora Melodie.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Las tasas judiciales que se impusieron a las personas físicas en España con la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, movilizaron en su contra a la sociedad, a los partidos políticos, a los colegios de abogados, a los procuradores y a todo el mundo de la justicia en nuestro país. Fueron para las personas y siguen siendo para las pequeñas pymes actualmente una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución española. Unas tasas impuestas que nos vendieron que contribuirían a financiar la justicia gratuita en nuestro país y que se destinarían a financiarla, pero, señorías, lo único que se conseguía es que la justicia fuera para aquellos que pudieran permitírsela y no para la gente que tenía que recurrir a ella por tener un problema. Se hicieron sin tener en cuenta la proporcionalidad ni la realidad de aquellos que debían pagarlas para poder acceder a una justicia que los poderes públicos tienen la obligación de proporcionar al ciudadano y que es uno de los pilares de cualquier sociedad.
Señorías, actualmente, desde febrero de este año, antes de las elecciones autonómicas y municipales, esta tasa no se cobra a las personas físicas, pero se ha dejado en el sistema para las personas jurídicas. Por supuesto, sin ningún criterio. Mi análisis de la realidad de lo que suponen para una pequeña empresa y más concretamente para el empresario que intenta sacar adelante su negocio, empresa que todos sabemos que, a pesar de tener sus siglas de sociedad limitada o incluso cuando son sociedades unipersonales quieren... -son ellos quienes realizan el esfuerzo monetario de mantener el negocio a flote de una persona-, es una persona, una familia. Que, ante un problema legal, se ve limitada en su derecho a la tutela judicial por estas mismas tasas, que lo despersonalizan por montar una empresa. Ni qué decir de cobrarle a una ONG sin ánimo de lucro.
La Agrupación Socialista Gomera apoyará esta iniciativa y esperamos que las tasas ya cobradas en el territorio de Canarias reviertan a la justicia de Canarias. No se entiende que el Estado, después de haberlas cobrado, no dé cuenta de dónde están y que ni aplique lo injustamente recaudado al propósito que tenía la norma, que era financiar la justicia gratuita. El hecho de que no aparezcan no solo parece un motivo de burla a nuestros ciudadanos, es algo alarmante que obliga a reclamar al Estado como representantes públicos. ¿Cómo es posible que desaparezcan sin más cientos de millones de euros de las arcas públicas, que encima han tenido que recaudar, como si fuera personal de Hacienda, nuestros secretarios judiciales? Es imposible que no haya un registro de esos movimientos.
En fin, señorías. En cuanto al tercer apartado de la proposición, es un hecho constatable, y del que ya hemos hablado en algún debate en la comisión, la situación dispar de la implicación de los recursos estatales a la justicia en otros territorios del país con respecto a nuestras islas. Es por eso que se requiere una dotación presupuestaria mayor por parte del Estado a nuestra comunidad autónoma, para terminar proyectos de organización tan esenciales como la nueva oficina judicial y fiscal. Esperamos que...
Por el Grupo Nueva Canarias, señora Esther González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señorías.
Esta ley es una de las perlas del Partido Popular, otro ejemplo de su forma de legislar y de su forma de gobernar. Es un exponente claro de la gran diferencia que hay entre las políticas progresistas y las diferencias entre las políticas conservadoras, entre las políticas que defienden los derechos y las libertades y las políticas que las restringen o que las anulan. Porque las políticas progresistas defienden el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las manifestaciones, mientras que las políticas conservadoras los limitan o los anulan, y está el ejemplo ahí de la ley mordaza. Porque las políticas progresistas defienden el derecho a la educación universal, independientemente de la capacidad económica y de la capacidad intelectual de los y de las alumnas, mientras que las políticas conservadoras han hecho una educación para ricos y una educación para inteligentes. Ahí está la ley, la Lomce. Porque además las políticas progresistas también reconocen el derecho de la mujer a decidir o no sobre la interrupción de su embarazo a través de una ley de plazos, mientras que las políticas conservadoras intentaron, a través de una ley de supuestos, impedir esta posibilidad. Gracias a Dios, el clamor popular y la reivindicación de las mujeres permitieron que esta ley se quedara en una ley non nata. Porque además, y por último, las políticas progresistas defienden el derecho a la justicia universal, mientras que las políticas conservadoras lo que han hecho es que han limitado este derecho y han implantado nuevamente una justicia para ricos, y es la ley de tasas que hoy -de tasas judiciales-, que hoy nos ocupa. Y además justificando la necesidad de descongestionar los juzgados, o sea, imagínense que para descongestionar las listas de espera quirúrgica o para descongestionar las urgencias sanitarias, pues, a los pacientes, antes de entrar en el hospital, les pidieran o les exigieran una tasa. Y eso realmente es lo que ha hecho la tasa judicial: impedir que muchas de las personas físicas y de las personas jurídicas pudieran acceder a la justicia.
De repente, en ese momento, llega el año 2015, año electoral, y por mor de los milagros que se producen en los años electorales, entonces sacan el real decreto donde exencionan de las tasas a las personas físicas, pero a personas físicas independientemente de su nivel de renta y de su nivel de patrimonio, pero, por contra, a las personas jurídicas, personas jurídicas, entes sin fines lucrativos o personas jurídicas de escasa capacidad económica, sí que se les impide, porque las desorbitadas tasas les impiden acceder.
Por todo eso, nosotros, el Grupo nacionalista de Nueva Canarias va a apoyar esta iniciativa, y lo que sí quiero decir también es que el resto de las partes dispositivas de esta iniciativa lo vamos a apoyar pero como medida transitoria, porque nosotros lo que defendemos, Nueva Canarias lo que defiende es la justicia universal y la justicia gratuita.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Esther González.
La señora PÉREZ BATISTA: Buenos días, señorías.
Bueno, respecto a la primera cuestión que se plantea en la proposición no de ley, respecto a la derogación de las tasas judiciales a las sociedades mercantiles, siento mucho y vemos que en el Grupo Nacionalista y en el Grupo Socialista hay una amnesia política preocupante. Señor García Ramos, señor Matos: el Gobierno del Partido Socialista. Mire, el Gobierno del Partido Socialista, con el señor Zapatero, introdujo nuevas tasas judiciales a través de la Ley 4/2011, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que modificaba el artículo 35 de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introduciendo, señor Matos, introduciendo la obligatoriedad de las empresas y sociedades mercantiles a abonar tasas judiciales en el procedimiento monitorio. Obligatoriedad. Sociedades mercantiles que, recordarán, no pagaban tasas hasta ese momento en el que llegaron ustedes al Gobierno. Por tanto, no es ocioso recordar que las tasas judiciales a las empresas las implantó y las impuso el Partido Socialista en el año 2011.
Dicho esto, hay que rememorar también la situación en la que ustedes, señores socialistas -a los que todavía no se les cae la cara-, dejaron al país en el año 2011. ¡La quiebra de nuestro país en el año 2011! Recuerden que durante el Gobierno socialista se puso en grave peligro la totalidad de los servicios públicos de nuestro país, incluida la justicia, señor Matos, lo cual obligó al Gobierno del Partido Popular a mantener las tasas judiciales que ustedes mantuvieron e incrementaron e innovaron durante el año 2011.
Sin embargo, es verdad que uno de los compromisos del Partido Popular después del 20 de diciembre -¡que vamos a ganar las elecciones!- será evidentemente la revisión de esas tasas judiciales a medida que se vaya consolidando el crecimiento económico de nuestro país. Crecimiento que se ha conseguido, señor Matos, gracias a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. Porque, mire, mucho me temo, señor Matos, que quien debe ser fuerte después del 20D, después del 20 de diciembre, quien sí que va a tener que necesitar una fortaleza importante va a ser el señor Pedro Sánchez, ante la debacle electoral que va a generar.
Respecto a las transferencias a la comunidad autónoma canaria de los importes de las tasas judiciales, yo tengo que decirles que las tasas judiciales han ido a parar al conjunto general de los impuestos recaudados, que se han destinado a políticas sociales, que ha sido la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy, ha ido destinado a educación, ha ido destinado a sanidad... Porque ustedes dejaron el país en la quiebra. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
En lo que respecta al nuevo modelo de implantación judicial, vienen ustedes anunciando -es competencia exclusiva del Gobierno canario-, vienen ustedes anunciando la implantación de la oficina judicial en Canarias. Mire, Ward decía: "el pesimista se queja del viento; el optimista...
La señora PRESIDENTA: Señora Astrid, se le acabó el tiempo. Gracias, señora Astrid, sabe que se le ha acabado el tiempo.
Se han acabado todas las intervenciones. Vamos a votar, señorías, con la enmienda aceptada.
Señorías, queda aprobada, con 38 votos afirmativos, ningún no y 10 abstenciones.
9L/PNL-0089 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con derogación de las tasas judiciales en las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales.