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Timestamp: 2018-08-19 08:19:27
Document Index: 145645095

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 53', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 38408 de mayo 6 de 2010
SENTENCIA 38408 DE 06 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:LA NEGACIÓN DE RELACIÓN LABORAL NO EXONERA PER SE AL EMPLEADOR DEMANDADO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, NI LA DEMOSTRACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO TRAE CONSIGO INEXORABLEMENTE QUE SE IMPONGA DICHA SANCIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN LABORAL, PRUEBA DEL CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD
Sentencia 38408 de mayo 6 de 2010
Rad. 38408
El recurrente no cuestiona en los cargos la existencia del contrato de trabajo, sino la condena que le impuso el tribunal por la indemnización moratoria, debido a la negativa de reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones sociales debidos. Para ello, inicialmente denuncia la infracción directa de los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo, que llevó al tribunal a aplicar indebidamente el 24 de ese estatuto.
Y en ese reproche le asiste razón a la entidad impugnante, pues es lo cierto que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo no era pertinente al asunto aquí debatido, como que se halla ubicado en la parte primera del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre el derecho individual del trabajo, en la que se regula lo concerniente a las relaciones individuales de trabajo del sector privado, mas no las correspondientes al sector público, al que pertenece el instituto demandado. Lo anterior surge del artículo 3º del citado código, que en su artículo 4º excluye de sus regulaciones las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y sus trabajadores.
Es claro entonces que el tribunal infringió directamente los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo, lo que lo llevó a aplicar indebidamente el 24 de ese código, pues la declaratoria de inexequibilidad parcial de la norma que lo subrogó ninguna incidencia tenía en el asunto aquí debatido, por no ser pertinente al caso, de modo que no podía atribuírsele al empleador que actuara en contra de las consecuencias de la inconstitucionalidad de ese precepto, como razón para concluir que actuó de mala fe.
Sin embargo, el error jurídico del tribunal no conduce a la casación del fallo impugnado, porque, como surge de su sinopsis, para concluir la ausencia de buena fe del demandado también se apoyó el tribunal en otras consideraciones, ya que arguyó que “en este caso no fueron demostradas circunstancias que exoneren al demandado de dicha sanción pues, por el contrario, se encuentra que la conducta de éste se orientó a sustraerse de sus obligaciones de índole laboral respecto de quien fuera su trabajadora dependiente, subordinada y vinculada para ejecutar las labores de abogada en una jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes recibiendo como contraprestación por ello una remuneración mensual”, por lo cual estimó que “Se desvirtúa así la contratación por prestación de servicios que supuestamente pretendió celebrar” (fls. 422 y 423).
Como queda visto, el anterior es un argumento ajeno a cualquier consideración sobre las normas del Código Sustantivo del Trabajo y que por sí solo es suficiente para mantener en pie el fallo impugnado, en cuanto se funda en razonamientos de orden estrictamente fácticos, que los cargos no desvirtúan.
En los cargos también se le reprocha al tribunal que se apoyara en una sentencia de la Corte que es predicable respecto del sector privado, mas no del sector oficial, en el que el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza la celebración del contrato estatal de prestación de servicios, que si bien puede dar lugar a que en el contratista se de el carácter de trabajador oficial, ello no significa inexorablemente la imposición de la sanción moratoria.
Sobre el particular, importa anotar que el tribunal no aplicó fatalmente la sanción por mora ante la conclusión de la existencia de un contrato de trabajo, pues, como quedó visto, analizó la conducta del demandado, solo que encontró que no demostró que actuara con buena fe. Tampoco pasó por alto la posibilidad de que en el sector público se celebren válidamente contratos de prestación de servicios, pero al estudiar las pruebas del proceso, halló acreditado que en este caso, “... los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre las partes sólo tuvieron esa forma escrita pero que, en realidad, se ejecutaron como verdaderos contratos de trabajo dadas las obligaciones pactadas y la forma como debían desarrollarse conforme quedó descrito y de las cuales dan cuenta tanto los documentos como los testimonios rendidos en el proceso”; lo cual pone de presente que no infringió en forma directa la norma legal que permite la celebración de contratos de prestación de servicios en el sector oficial, como tampoco le confirió un entendimiento distinto al que surge de su tenor literal.
Cuanto hace al argumento según el cual el criterio vertido en la sentencia de esta Sala proferida el 16 de marzo de 2005, radicación 23987, del que echó mano el tribunal, tiene cabida para el sector privado mas no para el público, cumple anotar que no comparte la Corte la glosa del cargo, porque si bien en el caso que allí se analizó se trató de un trabajador privado, el discernimiento expuesto resulta aplicable respecto de los trabajadores oficiales, en cuanto que pese, a que se apoyó en normas del Código Sustantivo del Trabajo, lo que, en esencia, indicó la Corte es que cuando se niega la naturaleza laboral de un contrato deben darse razones atendibles para ello, así sean equivocadas. De ahí que se dijera, como lo transcribió el tribunal, que la regla de juicio contenida en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que, cumple anotar, es la misma de los artículos 2º y 3º del Decreto 2127 de 1945, aplicable a las relaciones laborales oficiales, “... le enseña al juez laboral que debe desatender el simple rótulo formal o aparente que se le asigne a los contratos y los documentos que oculten la relación de servicio personal subordinado con nombres o menciones propias de otros contratos”.
No cabe duda, entonces, de que esa regla de valoración probatoria debe ser utilizada también respecto de las relaciones de trabajo oficiales, de suerte que era pertinente para dilucidar si el aquí demandado, al ocultar la realidad del trabajo subordinado bajo el ropaje ficticio de unos contratos de prestación de servicios, actuó de buena fe. Con mayor razón, si esa regla es trasunto del principio de la primacía de la realidad, hoy día de rango constitucional al estar consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, y, por ello, predicable de todas las relaciones laborales, sin consideración al sector en que se presenten, como tuvo oportunidad de precisarlo la Corte en la aludida sentencia.
Así surge también de lo que explicó la Corte recientemente en la sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 36506, en un asunto en el que el demandado era el mismo recurrente y alegaba buena fe por haber suscrito contratos de prestación de servicios:
“Vista la motivación de la sentencia recurrida, el ad quem para revocar la condena por indemnización moratoria, sostuvo en esencia: (I) Que era justificable la actitud del empleador demandado, en virtud de que el no pago de prestaciones sociales durante la ejecución y a la finalización del vínculo que ató a las partes, se basó en el entendido de la no existencia de un contrato de trabajo, sino de uno de prestación de servicios que suscribió el demandante; y (II) Que lo anterior el ISS lo alegó desde la contestación a la demanda inicial, para lo cual aportó la prueba del contrato al plenario, lo que hace atendible su proceder y permite inferir que su conducta estuvo revestida de buena fe.
“A su turno, en la sustentación del cargo, el recurrente adujo que era completamente desacertado el anterior razonamiento o valoración probatoria para colegir buena fe del Instituto convocado al proceso, toda vez que la abundante prueba documental como la testifical que analizó el fallador de alzada, lo único que deja en claro es la existencia del vínculo de carácter laboral que se tuvo por acreditado, al igual que la subordinación jurídica por las órdenes verbales y escritas impartidas al trabajador demandante por sus superiores inmediatos, la programación de turnos y el desarrollo de funciones idénticas a los médicos de planta del ISS, lo que el accionado no logró desvirtuar por cuanto sabía que estaba al frente de una relación laboral y no civil o comercial, como fingió entender, sin que hubiere prueba de peso que le permitiera tener una convicción invencible de la presencia de un contrato de prestación de servicios, máxime cuando de tiempo atrás el Instituto de Seguros Sociales ha tenido conocimiento de los diversos pronunciamientos de las altas cortes en casos análogos de nóminas paralelas en donde se ha declarado la existencia del “contrato realidad”, en aplicación del principio de la primacía de la realidad.
“Planteadas así las cosas, primeramente es de recordar, que acorde con la jurisprudencia adoctrinada, la “buena fe” equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud.
“En segundo lugar, es pertinente anotar, que la simple negación de la relación laboral no exonera per se al empleador demandado de la indemnización moratoria, como tampoco la demostración del contrato de trabajo trae consigo inexorablemente que se imponga dicha sanción.
“En efecto, la absolución de esta clase de indemnización cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por parte del accionado al dar contestación al libelo demandatorio, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de éste resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993”.
Por último, se afirma en los cargos que la posibilidad que existe en el sector público de celebrar contratos de prestación se servicios ha servido para que en algunos casos anteriormente ventilados ante la Corte, se concluyera que el ahora demandado obró de buena fe. Aunque ello es cierto, importa precisar que la imposición de la sanción moratoria depende de las particularidades de cada caso, que aparezcan debidamente demostradas en el proceso, de tal suerte que las consideraciones efectuadas en determinado asunto no pueden ser automáticamente trasplantadas a otros. Y si bien la Corte ha concluido en otros procesos que el Seguro Social ha obrado de buena fe en casos de contornos similares al presente, recientemente, modificando su percepción sobre tal asunto, ha entendido que conductas, como la aquí demostrada, no permiten concluir la existencia de razones serias y atendibles configurativas de buena fe.
Así se dijo en la citada sentencia del 23 de febrero de 2010, radicación 36506, donde expresó lo que a continuación se transcribe:
“La verdad es, que descendiendo a la órbita de lo fáctico, la Sala observa, que el Instituto de Seguros Sociales sostuvo desde la misma contestación de la demanda con la que se dio apertura a la presente controversia, que la modalidad de contrato suscrito con el actor lo fue de “prestación de servicios” en los términos de la Ley 80 de 1993, siendo éste un contratista con autonomía e independencia (fls. 13 a 20, cdno. del juzgado), y que en el transcurso del proceso el ISS certificó la vigencia de esos contratos como médico especialista (fls. 34 y 35, ib.), algunos de los cuales obran en los autos a folios 67 a 93, 149 a 163, 189 a 198, 227 a 243 y 266 a 279 ídem; lo cual haría pensar en un principio, como en otros casos anteriores ocurrió, que la actitud o proceder asumido por el ente demandado, bien podía ser atendible aunque no acertado en estricto sentido jurídico, conllevando la justificación de su conducta y la exoneración de la sanción moratoria.
“Más sin embargo, cabe anotar, que la buena fe no se puede sostener con el infringimiento de la ley laboral, como sucede en este caso en particular, donde no queda duda de que la relación que unió a las partes se desarrolló desde un principió con la subordinación jurídica específica propia de un contrato de trabajo, en los términos de los artículos 1º de la Ley 6ª de 1945 y 1º del Decreto 2127 de igual año.
“Ciertamente, es evidente que la vinculación del accionante que se hizo a través de la suscripción de veintidós (22) contratos ininterrumpidos entre el 7 de diciembre de 1994 y el 30 de noviembre de 2002 de conformidad con la certificación de folio 34 y 35, con los que se ejecutó una actividad habitual y permanente que igualmente desarrollaba el personal de planta de la entidad, no cumplía los requisitos del numeral 3º del artículo 32 de la referida Ley 80 de 1993 para insistir en la utilización de esta clase de contratación, todo lo cual conforme al derecho y la justicia, implica la pérdida de justificación de la actitud o proceder de la parte demandada.
“Por ello, el tribunal dejó sentado que “... Tampoco puede entenderse que la contratación del señor Alberto Enrique Camargo Gallardo tuviera por fin cubrir necesidades temporales del Seguro, pues no obstante que los contratos de prestación de servicios citados fueron celebrados a plazo determinado en la decisión recurrida se estableció que el actor se desempeñó en una actividad habitual, que además recibía órdenes del coordinador del departamento de ginecobstetricia”; lo que conlleva a que por las características particulares y especiales de la contienda en la que se ve seriamente comprometida la responsabilidad del ISS, resulta a todas luces innegable, que no puede el instituto demandado continuar amparándose en el numeral 3º del artículo 32 de la referida Ley 80 de 1993 para insistir en la supuesta legalidad de los documentos contractuales.
“Pero es que además, las otras pruebas calificadas y que fueron denunciadas, que sustentan la declaratoria real del contrato de trabajo para con el demandante, valga decir, el memorando de llamado de atención y suspensión de cirugía (fl. 55), la comunicación de traslado para la UPZ Centro en una jornada de 8 horas (fl. 56), la solicitud de permiso para asistir a un evento en la ciudad de Cali (fl. 57), la misiva relacionada con el cubrimiento de turnos (fl. 58), el memorando de obligaciones a cumplir como médico tratante (fl. 62), la citación a comités con asistencia o participación obligatoria (fls. 65 y 66), y las relaciones de turnos y horarios de trabajo (fls. 94 a 148, 164 a 188, 199 a 226, 244 a 265, y 280 a 235), no permiten abonar y por ende sostener que al Instituto accionado le asistiera una firme convicción o creencia de estar actuando válidamente o en derecho, cuando estos elementos de prueba muestran todo lo contrario, esto es, que se estaba al frente de una verdadera relación de naturaleza laboral, puesto que el trato dado al accionante era la de un típico trabajador subordinado.
“Sustentar lo contrario sería darle la espalda a la adecuada y cumplida justicia, con violación ostensible de varios derechos fundamentales como el del trabajo, la dignidad y la igualdad, entre otros, con clara vulneración del principio de la buena fe, confianza y lealtad, que siempre deberán estar presentes para la seguridad de los actos jurídicos.
“De ahí que, mirando en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.
“En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y permanente, a sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta después de terminado definitivamente el contrato de trabajo.
“En este orden de ideas, encuentra la Sala que en la presente actuación no hay elementos convincentes que permitan deducir la existencia de un obrar con lealtad por parte de la demandada como lo dedujo con error el tribunal, no siendo en consecuencia de recibo las razones esgrimidas por esta desde la contestación de la demanda inicial, en la medida que según quedó visto, las circunstancias de contratación utilizadas para con el demandante no son atendibles para sostener la buena fe como en otros casos anteriores se hizo, lo que genera en esta oportunidad el reconocimiento de la indemnización moratoria conforme a lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.
“Por todo lo dicho, el tribunal al definir específicamente la súplica de la indemnización moratoria y justificar la conducta del Instituto de Seguros Sociales revistiéndola de buena fe, incurrió en la deficiente valoración probatoria que le atribuye la censura, cuando como quedó expresado, en las condiciones antedichas y al ser inocultable la existencia del contrato de trabajo entre las partes, el proceder de la entidad accionada aparece caprichoso y más bien revestido de mala fe.
“Ahora bien, frente a la prueba testimonial, y que procede la Sala a examinar por encontrarse demostrado con prueba calificada los yerros fácticos endilgados, las declarantes Hortensia Luz Madera Mendoza y Ruby Ruiz de Reyes (fls. 326 a 332, cdno. del juzgado), son coincidentes en dar fe de la actividad personal del demandante, el sometimiento de que fue objeto a una continuada subordinación o dependencia para con el Instituto de Seguros Sociales, y el no pago de prestaciones sociales; no obstante que ejecutaba la misma labor de otros médicos ginecólogos vinculados de planta con el ISS con todas las garantías laborales; todo lo cual contribuye a establecer la ausencia de una excusa válida para haberse sustraído dicho empleador al pago de las prestaciones sociales a las que por medio de este proceso fue condenado a cancelar.
Por ende, los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 7 de marzo de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Ruby Zuly Machado Castrillón contra el Instituto de Seguros Sociales.
Como hubo oposición, las costas del recurso extraordinario se imponen al recurrente.