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Timestamp: 2017-10-20 01:22:25
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 9 de marzo de 1992. Disolución de sociedad. Oposición. Inexistencia. Pruebas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 9 de marzo de 1992
Sociedades: Disolución. Naturaleza civi o mercantil. Inexistencia de sociedad mercantil por incumplimiento de requisitos. Compañía colectiva. Calificación jurídica. Procedimiento: Pruebas. Error en su valoración. Prueba anticipada de testifical en domicilio.
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancia de don Jorge contra don Benjamín, doña María, doña Andrea, doña Begoña, doña María Luisa, sobre disolución de sociedad civil y otros extremos.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho, se dictara sentencia por la que: a) Se declarara que la aportación de dinero, bienes e industria realizada en el año 1957 por don Jorge, don Benjamín y el difunto hermano de éste, don Filomena, para la creación y puesta en marcha del negocio mercantil de ferretería que funciona en el tráfico bajo el nombre de «Ferretería Arevalillo», constituyó la fundación de una sociedad civil, con una cuota de participación igual entre los tres socios, b) Se declarara que al fallecer Filomena en el año 1973, la sociedad continuó entre los socios sobrevivientes y los herederos de aquél, c) Se declarara el derecho del demandante a pedir y obtener la disolución y liquidación de la sociedad civil propietaria de la «Ferretería Arevalillo». d) Se condenara a los demandados a estar y pasar por las declaraciones de los apartados anteriores de forma que, a través del procedimiento que se fije en ejecución de sentencia, se llegue a una disolución total de la sociedad, con distribución del activo resultante entre los socios a iguales terceras partes, e) Se condenara a los demandados a pagar todas las costas del juicio por su mala fe.
Admitida a trámite la demanda, comparecieron los demandados alegando las excepciones dilatorias que consideraron oportunas y que fueron desestimadas, contestaron a la demanda bajo la misma representación en base a los hechos y fundamentos de Derecho que estimaron de aplicación al caso, y suplicaron se dictara sentencia desestimatoria de la demanda, con condena en costas a la parte actora.
El actor, en escrito de réplica, amplió el suplico de la demanda en el sentido de que se dictara sentencia que contuviera los siguientes pronunciamientos además de los ya anteriormente expuestos: 1) Se condenara también a los demandados a incluir en la cantidad que corresponda al demandante en la liquidación la parte de beneficios desde 1978 en la proposición de un tercio, más intereses. 2) Subsidiariamente, y si no se estima la existencia de una sociedad civil, declarar la existencia de una comunidad de bienes sobre el negocio correspondiendo al actor un tercio del condominio, condenando a los demandados a la disolución en los términos que resulten en ejecución, asi como al pago de la parte de los beneficios desde 1978 más intereses.
Los demandados, en trámite de duplica, se ratificaron en las alegaciones expuestas en el escrito de contestación a la demanda.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 29 de abril de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue: «Que estimando en esencia la demanda, debo: a) Declarar, como declaro, la existencia de una sociedad civil constituida en 1957 entre don Jorge, don Filomena y don Benjamín para la explotación del negocio de "Ferretería Arevalillo", por partes iguales entre los tres socios, b) Declarar, como declaro, la subsistencia de la sociedad al fallecimiento de don Filomena, con sus herederos, c) Acordar, como acuerdo, reconocer el derecho de don Jorge a pedir la disolución que, de interesarse, se practicará en ejecución de sentencia precediéndose a dividir el valor neto del negocio en tres partes iguales que se distribuirán, d) Reconocer, como reconozco, el derecho del actor don Jorge al percibo de un tercio de los beneficios netos del negocio desde 1978 sin declive y que se fijarán por las normas del artículo 932 de la Ley Procesal, más los intereses del artículo 921 de la misma Ley desde que sea líquida la cantidad, e) No hacer, como no hago, expresa condena en costas y con reserva de pronunciamiento respecto de la ejecución».
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia con fecha 8 de noviembre de 1989, cuyo fallo es como sigue: «Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de doña Gabriela, don Juan Francisco y doña Ana María García, doña María y doña Begoña contra la sentencia dictada el día 29 de abril de 1986, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número uno de los de Madrid, en los autos de mayor cuantía número 878/78, seguidos a instancia de don Jorge, hoy doña María Luisa, doña Lucía y doña Andrea, que han estado representadas por el Procurador señor Monsalve Gurrea; resolución que se revoca en el solo particular de que la sociedad entre don Jorge y los hermanos don Pascual y don Benjamín, es mercantil irregular -extremo a) del fallo-, confirmándola en los restantes pronunciamientos; sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes litigantes de las costas causadas en esta segunda instancia».
Tercero.-El Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián, en representación de doña Gabriela, don Juan Francisco, doña Ana María, doña María y doña María Luisa, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: Motivo primero. Al amparo del número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por error en la apreciación de la prueba que resulta de los particulares reseñados en los documentos que a continuación se reseñan, que demuestran la equivocación evidente inicialmente de una sociedad civil y luego de una sociedad mercantil.
Motivo segundo. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por interpretación errónea el artículo 24.2 de la Constitución Española, en relación con el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Motivo tercero. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) la doctrina legal y jurisprudencial reiterada sobre falta de litis consorcio pasivo necesario que establece la obligación de declararlo incluso de oficio.
Motivo cuarto. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) del artículo 12.1 de la Constitución Española, que establece la prohibición de indefensión y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Motivo quinto. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) del artículo 1282 del Código Civil .
Motivo sexto. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) del artículo 119, párrafo 1.º del Código de Comercio .
Motivo séptimo. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) del artículo 1281, párrafo 2° del Código Civil .
Motivo octavo. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por interpretación errónea del artículo 548, párrafo 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohibe alterar las pretensiones que sean objeto del pleito.
Motivo noveno. Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia que las sentencias de ambas instancias, han infringido por violación (falta de aplicación) del artículo 359, párrafo 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 25 de febrero de 1992, en que ha tenido lugar.
Primero.-Impugnan los recurrentes, por medio del primer motivo del recurso, que se apoya en el número 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las resultancias probatorias que han conducido en las dos instancias a la apreciación de la existencia de una sociedad entre los litigantes, adjetivada como civil inicialmente y, luego, en la sentencia recurrida como sociedad mercantil, no unos particulares concretos, que son los apropiados para dirigir, rectamente, la denuncia del error de hecho que este ordinal ampara, poniendo en confrontación el dato o punto erróneo tenido como probado con la opuesta veracidad del documento, ignorado, omitido o tergiversado en su contenido, sino con la inaceptable intención de revisar todo el resultado de la prueba, mediante la cita de unos documentos que han sido valorados de manera diferente a como lo hace la parte, pero no errónea, en el conjunto de una serie de medios probatorios, entre los que ha destacado, precisamente, por las características del asunto, la valoración dada a la prueba testifical y la declaración que prestó como prueba anticipada en su domicilio por imposibilidad física y ante la judicial presencia la ya fallecida doña Andrea, junto a elementos documentales de significación coincidente con el juicio de hecho establecido. Ni el testamento, ni los justificantes del pago de impuestos, ni los contratos laborales, ni las pólizas de seguros, son, dados los términos en que el litigio se planteó, documentos que por sí mismos desvirtúen el resultado de la prueba a que se llegó; y, mucho menos, puede invocarse, como principal documento, que patentiza el error de hecho, unas manifestaciones mecanografiadas y suscritas por la anciana doña Andrea, con posterioridad al acto de la declaración judicial, para contradecir las manifestaciones que prestó ante «presencia judicial» y con las demás formalidades legales, razones que llevan a la desestimación del motivo, ya que no cabe en este momento declarar la inadmisión, tal como solicitó en su día el Ministerio Fiscal.
Segundo.-Carece de viabilidad casacional, la supuesta violación del artículo 24 de la Constitución que se dice cometida, apoyándose, además, en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulado bajo la tutela procesal del número 5? del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el argumento de que «no se respetó en ningún momento el principio de inmediación», infracción que deduce de la circunstancia de no haber sido la misma persona el Juez que intervino en las diligencias probatorias y el Juez que dictó la sentencia, suceso que ninguna regla constitucional ni procesal vulnera; aún más, se produce con relativa frecuencia, y ello, con independencia de las consideraciones de «lege ferenda» que puedan hacerse sobre la conveniencia de acentuar las exigencias de tal principio en nuestras leyes procesales, aunque nunca con consecuencias extremadas, como serían las de exigir que todas las pruebas se practicaran ante el mismo Juez que dicta la sentencia o que nunca el Juez que comenzó el asunto pueda ser sustituido, conforme a ley, por otro: la única obligación que en este orden impone la Ley de Enjuiciamiento Civil a los Jueces y Magistrados es que vean por sí mismos los pleitos y actuaciones par dictar autos y sentencias (artículo 318), norma que no ha sido conculcada.
Tercero.-Denuncia el tercero de los motivos, al amparo del número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la falta de aplicación de la doctrina jurisprudencial reiterada sobre falta de litis consorcio pasivo necesario que establece el deber de declararlo incluso de oficio, cuestión que basan los recurrentes en no haber sido demandada la sociedad que de haber existido tendría como accionistas a numerosos herederos. Lo inane de la argumentación resulta del propio planteamiento, si se atiende a que la sentencia recurrida sostiene el carácter irregular de la dicha sociedad, y, por tanto, la inexistencia de personalidad jurídica de la misma al margen de los socios que la constituyeron o sus derechohabientes (que nunca serían accionistas sino partícipes), amén de ser la existencia de la referida sociedad lo que se discute, de manera que mal puede entenderse que sea incompleto el cupo de los demandados, puesto que lo que ventilan son las relaciones contractuales, y su naturaleza social, habidas entre las partes y sus herederos, a los que se circunscribe el alcance de la cosa juzgada. En consecuencia el motivo perece.
Cuarto.-Bajo en número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusan los recurrentes, numerado como cuarto motivo, la infracción, otra vez, del artículo 24 de la Constitución porque entienden que la prueba testifical anticipada consistente en la declaración que prestó doña Andrea, al realizarse sin intervención de la parte demandada y sin respetar el principio de contradicción, a su juicio, ha producido indefensión para aquéllos. En realidad, la declaración de la luego demandada se solicitó como prueba testifical y no como prueba de confesión, según la califican los recurrentes, pero este extremo no es básico a los efectos que se discuten, pues aun habiéndose admitido, según se pidió, como prueba testifical, la naturaleza del acto excluye la participación de una parte demandada que todavía es sólo potencial dado que el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, configura las pruebas anticipadas, como actos de prueba anteriores a la demanda, esto es como actos preparatorios que, necesariamente, no tienen que ir seguidos de la demanda, pues el resultado de los mismos cabe que determine su no presentación; de aquí, que el referido precepto, emplee la expresión «informaciones de testigos», que es el mismo que se utiliza en otros lugares de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 1636 y 1653 v.g.) cuando todavía no hay intervención de parte contraria, ni, por tanto, contradicción. De todos modos, cuando los recurrentes-demandados conocieron la demanda presentaron las manifestaciones por escrito de la interesada, desdiciéndose de lo declarado, esto es, argüyeron cuanto pudieron en su defensa; pero lo más importante, con todo, es que la parte recurrente trata de fijar exclusivamente, la atención en un punto que sólo adquiere interés dentro de las demás declaraciones prestadas y en razón de todos los elementos de prueba que han servido para formar la convicción judicial. Por tanto, el motivo decae.
Quinto.-Por medio del quinto motivo, que sustenta el número 5.º del artículo 1692 y explicita la infracción del artículo 1282 del Código Civil, los recurrentes intentan hacer supuesto de la cuestión ya decidida en cuanto a los hechos, pues, de la falta de contrato escrito que exprese la voluntad societaria, se trata de establecer conforme a actos coetáneos y posteriores de los socios (que no se especifican con amplitud y detalle cuáles son), la carencia de intención asociativa que pugna con lo declarado con fuerza de hechos probados. De aquí que, también, el motivo decaiga.
Sexto.-Denuncian, en el sexto motivo, bajo el número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la inaplicación del artículo 119 del Código de Comercio, al considerar que no existe sociedad, dado que la creación de una sociedad mercantil, exige el otorgamiento de escritura notarial y la inscripción en el Registro Mercantil, requisitos que sólo tienen carácter constitutivo en las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, pero no en las «compañías colectivas», según, además, reconoce, con carácter más general, el artículo 120 siguiente al invocado como infringido, por inaplicación, que expresamente contempla las consecuencias para los encargados de la gestión social con la contravención de las disposiciones del artículo precedente, y, de donde se infiere, por otra parte, la exacta calificación de sociedad irregular colectiva que atribuye la sentencia recurrida a las actividades societarias de los litigantes cuyo objeto consiste en la explotación comercial de un negocio de ferretería. Ergo, el motivo perece.
Séptimo.-Sin, prácticamente, ninguna argumentación conducente a la explicación del motivo, salvo algunas referencias inconexas a la prueba documental y su valoración que ya fue objeto de examen y de desestimación al tratar del motivo primero, por medio del articulado bajo el número séptimo, que se apoya como los anteriores en el número 5.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa una pretendida violación del artículo 1281, párrafo 2.º del Código Civil, que carece de toda aplicación al caso, puesto que la prueba de la sociedad se ha establecido, no con base en un contrato escrito, ni con apoyo en un contrato verbal relatado oralmente por testigos o por medio de confesión en todas sus partes, cuyas cláusulas fueran oscuras, sino como consecuencia de una serie de actos inequívocos expresivos de la voluntad contractual societaria, corroborados en cuanto a la intención de las partes por medio de pruebas testificales. Asimismo, el motivo decae.
Octavo.-Con apoyo erróneo en el número 5 del artículo 1692, se denuncia, como motivo octavo, la interpretación inadecuada del artículo 548, párrafo 2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohibe alterar las pretensiones que sean objeto principal del pleito, causa, impugnatoria, íntimamente relacionada, con la que, finalmente, bajo el mismo equivocado ordinal, tratan los recurrentes, como motivo noveno, lo que permite su examen conjunto, y, en el que acusa la incongruencia de la sentencia, sustentándose en el párrafo 1.º del artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En síntesis los recurrentes ponen de relieve que, en ningún momento, la parte actora, calificó como mercantil el contrato de sociedad cuyo reconocimiento solicitó, sino antes bien en repetidas ocasiones (así en el suplico de la demanda) se refirió a la existencia de una sociedad civil, extremos que, a su juicio, deberían conducir a que se estimase no congruente con las pretensiones del actor la sentencia de segunda instancia, que, a diferencia, de la de primera instancia que mantuvo la existencia de una sociedad civil ha decantado su posición jurídica, a favor de esta otra segunda calificación, no pedida por el actor, ni contemplada, por tanto, en su pretensión, según se deduce de los respectivos escritos de alegaciones. La incertidumbre del actor, que en su escrito de demanda, habla, efectivamente, «del derecho a pedir y obtener la disolución y liquidación de la sociedad civil propietaria de la "Ferretería Arevalillo", al tiempo que, en otro lugar del suplico, se refiere «a la declaración de la aportación de dinero para la creación y puesta en marcha del negocio mercantil de ferretería que funciona en el tráfico bajo el nombre de "Ferretería Arevalillo", no permite establecer que la petición del mismo excluyera la calificación de mercantil, que, además, dado los términos en que el debate se planteó, con expresa negativa de los recurrentes a reconocer cualquier tipo de sociedad (civil, mercantil, regular o irregular), no incide en la sustanciación fáctica de la pretensión, ni altera la «causa petendi» desenvolviéndose el punto de vista jurídico que sostiene la Sala sentenciadora, dentro del margen que, sin cambio de pretensión, admite la regla «iura novit curia», habiéndose limitado a corregir el concepto calificatorio de la sociedad, que, a juicio de esta Sala es también más acertado, puesto que materialmente la actividad societaria es actividad mercantil y el establecimiento, como el mismo demandado lo reconoce tiene carácter igualmente mercantil, aunque las dudas sobre la cuestión sean explicables teniendo en cuenta las vacilaciones doctrinales sobre la nítida separación entre sociedades civiles y mercantiles, especialmente acentuadas en el caso de las irregulares; mas, en todo caso, la diferencia de calificación no altera básicamente los pedimentos, ni los pronunciamientos que en su día se hicieron y confirmó la sentencia recurrida. Consecuentemente, los motivos son desestimados.
Noveno.-La desestimación de todos los motivos apareja la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la imposición de costas (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Gabriela, don Juan Francisco, doña Ana María, doña María y doña Isabel María Luisa, contra la sentencia de 8 de noviembre de 1989, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimotercera, en el recurso de apelación dimanante de los autos, juicio de mayor cuantía 878/78, promovido, ante al Juzgado de Primera Instancia número uno de Madrid, por don Jorge, hoy sus herederos doña María Luisa, doña Lucía y doña Andrea, sobre disolución de sociedad y otros extremos, condenando a los recurrentes al pago de las costas de este recurso; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.