Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00690-de-febrero-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d5b310fd0bc0034e0430a0101510034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 22:38:14
Document Index: 35346633

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 115', 'artículo 1', 'artículo 209', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 39', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 12']

﻿ Sentencia 2004-00690 de febrero 3 de 2011
SENTENCIA 2004-00690 DE 03 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y SUPRESIÓN EN EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, INCORA. PROTECCIÓN ESPECIAL A PREPENSIONADOS, CONSAGRADA EN LA LEY 790 DE 2002 Y CONCORDANTES, EL HECHO DE QUE UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE PRÓXIMA A OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN PENSIONAL NO PUEDA SER DESPEDIDA, COMO CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE SUPRESIÓN DE CARGOS, CONSTITUYE UNA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE SUS PROPIOS DERECHOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, SUPRESIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA
Sentencia 2004-00690 de febrero 3 de 2011
Rad.: 47001-23-31-000-2004-00690-01 (1345-09)
Actor: José Eugenio Lozano Andrade
Consiste en decidir si el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, al abstenerse de suprimir el empleo de profesional especializado, código 3010, grado 16, que venía desempeñando el señor José Eugenio Lozano Andrade actuó conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
Según certificación de 19 de diciembre de 2003, suscrita por el Gerente liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora., el señor José Eugenio Lozano Andrade se vinculó a esa entidad desde el 9 de agosto de 1985 (fls. 18 a 20).
Del proceso de liquidación y supresión en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora
El Presidente de la República mediante Decreto 1292 de 21 de mayo de 2003, dispuso la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, y ordenó su liquidación (fl. 68).
El 28 de julio de 2003 el Presidente de la República mediante Decreto 2100 suprimió un número de cargos existentes en la planta de personal del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora (fl. 68).
Mediante oficio de 21 de enero de 2004, el señor José Eugenio Lozano Andrade le solicitó al gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, la inclusión de su cargo dentro del proceso de supresión y liquidación que se venía adelantando en la entidad (fls. 13 a 14).
El 30 de enero de 2004, mediante oficio 2004-2-00792.1, la gerencia del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en liquidación Incora, le negó la solicitud de supresión del cargo de profesional especializado, código 3010, grado 16, que venía desempeñando (fl. 12).
I. De la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora
“7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; (...)”. (Negrilla fuera de texto).
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. (...)
Bajo estos supuestos, el Congreso de la República mediante la Ley 573 de 7 de febrero de 2000 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, en los términos del artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, para expedir normas con fuerza de ley con el fin de regular, entre otros, el siguiente asunto:
En ningún caso el Gobierno podrá disponer la supresión y liquidación de las siguientes entidades: Fondo Nacional del Ahorro “FNA”, Financiera de Desarrollo Territorial “Findeter”, Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF (...)”(1).
Así las cosas, en ejercicio de la mencionada facultad, el Presidente de la República mediante el Decreto Ley 254 de 21 de febrero de 2000 expidió el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional con fundamento en el cual, con posterioridad, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora., establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 153 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Para mayor ilustración se transcriben los apartes del Decreto 1293 de 21 de mayo de 2003, por medio del cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora:
En desarrollo del mencionado trámite de supresión y liquidación, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, suprimió varios cargos existentes en la planta de personal del Incora, en liquidación, mediante el Decreto 2100 de 2003. Para el efecto consideró:
“Que la junta liquidadora del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en liquidación, sometió a aprobación del Gobierno Nacional la supresión de cargos de su planta de personal, de acuerdo con el acta 1 del 4 de julio de 2003.
No obstante lo anterior, el citado proceso de supresión debía adelantarse en el término de 3 años contados a partir de la expedición del Decreto 1292 de 2003, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 1º ibídem; sin embargo, dicho término fue prorrogado posteriormente por los decretos 1492 de 2006, 542 de 2007 y 2462 de 2007.
II. De la protección especial a prepensionados, consagrada en la Ley 790 de 2002 y concordantes:
Mediante la Ley 790 de 2002 el Congreso de la República consagró varias disposiciones tendientes a adelantar el programa de renovación de la administración pública, con el objeto de renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, y la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y desarrollados en la Ley 489 de 1998.
Dentro de este proceso de renovación de la administración de justicia, el legislador previó una medida de protección especial a favor de los empleados que se encontraran en circunstancia excepcionales que ameritaban un tratamiento preferencial, en los siguientes términos:
Sobre este particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-768 de 2005, sostuvo que la medida consagrada en la norma arriba transcrita responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado social de derecho. Así se lee en la citada sentencia:
“(...) Pues bien, es en desarrollo de este tipo de medidas, entre otras, en donde se enmarca la protección laboral reforzada establecida por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, denominada “reten social”, por medio de la cual se buscó que dentro del programa de renovación de la administración pública, se otorgara una protección especial a las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación la ley en comento cumplieran con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez. De lo contrario, en virtud de la fusión, reestructuración o liquidación de las entidades públicas objeto del programa de renovación referido, esas personas quedarían desprotegidas y cesantes laboralmente.
6.4. Los programas de renovación o modernización de la administración pública persiguen una mejora en la eficiencia de las labores adelantadas por las entidades públicas con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios necesarios en el cumplimiento de los fines del estado. Con este objetivo, es posible que la administración decida reorganizar su estructura y, en este proceso, eventualmente racionalizar las plantas de personal de las entidades estatales. No obstante, los derechos de los trabajadores no pueden verse lesionados por la supresión intempestiva de sus cargos, en virtud de una decisión unilateral y discrecional de la administración. Es dentro de esta finalidad en donde se inscribe la protección laboral reforzada que prevé la Ley 790 de 2002. (...)”. (Negrilla fuera del texto).
Cabe destacar, que esta protección especial fue reglamentada con posterioridad mediante el Decreto 190 de 2003, en los siguientes términos:
“(...) ART. 1º—Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente decreto, se entiende por:
El demandante en el escrito de la demanda y en el recurso de apelación sostiene que la entidad demandada al aplicar el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, vulneró sus derechos de carrera en tanto que no le permitió hacer uso del derecho de opción previsto en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998. Precisó que, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, hizo mal en aplicarle la citada protección cuando su situación particular no correspondía a la de un prepensionado.
En punto de este tema, la Sala estima necesario reiterar que la Ley 790 de 2002 estableció una protección especial, en el marco del programa de renovación de la administración pública, consistente en una estabilidad laboral reforzada, para las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la citada ley.
En este mismo sentido, debe decirse, que de acuerdo a lo manifestado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en el oficio 2004-2-00792.1 de 30 de enero de 2004 el cargo que venía desempeñando el actor no podía ser suprimido dada su condición especial de prepensionado.
Bajo este supuesto, la Sala pasa a determinar sí, en efecto, la situación particular del señor José Eugenio Lozano Andrade se adecuaba a los supuestos del artículo 12 de la citada Ley 790 de 2002.
Sobre el particular, se advierte, que dentro del expediente se encuentra acreditado que el demandante prestó sus servicios al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora., a partir del 9 de agosto de 1985(2), y que su nacimiento se registró el 25 de noviembre de 1948(3), razón por la cual, al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante quedó cobijado por el régimen de transición previsto en su artículo 36(4), toda vez que, en ese momento contaba con 46 años de edad.
De acuerdo con lo expuesto, al señor José Eugenio Lozano Andrade como empleado oficial en materia de pensión de jubilación le resultaba aplicable la normatividad anterior, a la Ley 100 de 1993, esto es, la Ley 33 de 1985, la cual estableció en el artículo 1º que el tiempo de servicio y edad para efectos del reconocimiento de una pensión vitalicia de jubilación era de 20 años continuos o discontinuos y 55 de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior, debe decirse que en el caso concreto el demandante adquirió su estatus pensional el 9 de agosto de 2005, momento en el cual cumplió el último de los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, 20 años de servicios, para el reconocimiento de una pensión de jubilación. Así las cosas, para la Sala la situación particular del demandante correspondía a la prevista para los prepensionados en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, toda vez que, adquirió su estatus pensional dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la citada norma, esto es entre el 27 de diciembre de 2002 y el 27 de diciembre de 2005.
De acuerdo con las razones que anteceden, el actor sí era beneficiario de la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, medida que a juicio de la Sala en nada vulnera los derechos de carrera que le asistían al señor José Eugenio Lozano Andrade.
Sobre este punto, para la Sala resulta importante precisar que de conformidad con lo establecido en acápites anteriores, la medida de protección establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 obedece a disposiciones constitucionales, entre ellas la protección a la seguridad social, esto es, al goce de una pensión de jubilación.
Bajo estos supuestos, contrario a lo afirmado por el señor José Eugenio Lozano Andrade, debe decirse que el hecho de que una persona que se encuentre próxima a obtener el reconocimiento de una prestación pensional no pueda ser despedida, como consecuencia de un proceso de supresión de cargos, constituye una garantía del ejercicio de sus propios derechos.
Así mismo, se estima que la citada medida de protección no resulta contraria a lo previsto en los artículos 122 y 125 de la Constitución Política en tanto que un proceso de supresión necesariamente no lleva implícita una medida de supresión de toda una planta de personal. Lo anterior, resulta razonable, dado que en el transcurso de dicho proceso la entidad requiere de algunos empleos para garantizar el normal desarrollo de sus funciones. En este sentido, dispuso el artículo 15 del Decreto 1292 de 2003:
Lo anterior adquiere relevancia, para el caso concreto, si se tiene en cuenta, que el proceso de supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en liquidación Incora, no culminó en los tres años previstos en el Decreto anteriormente mencionado, pues, tal como quedó anotado acápites anteriores, se requirió la ampliación del término inicial mediante los decretos 1492 de 2006, 542 de 2007 y 2462 de 2007.
De otra parte, estima la Sala que tampoco es cierto que con la aplicación de la medida de protección especial contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 al señor José Eugenio Lozano Andrade se le haya vulnerado su derecho adquirido a optar entre una indemnización o la reincorporación a un cargo equivalente, dado que la opción de elegir entre una reincorporación y una indemnización no es consecuencia inmediata de ostentar derechos de carrera sino de la supresión efectiva de un cargo de carrera ejercido por un funcionario inscrito en el escalafón del sistema de carrera.
Así las cosas, como en el caso concreto la supresión del cargo del actor no se concretó, debe precisarse que el derecho solicitado nunca ingresó en su patrimonio lo que torna en improcedente su petición de optar por la reincorporación o la indemnización por supresión del cargo.
Al respecto, esta sección en sentencia de 30 de agosto de 2007. Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 4279-2005; sostuvo:
Por lo expuesto, y como quiera que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, la Sala confirmará la decisión del tribunal por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
CONFÍRMASE la sentencia de 6 de mayo de 2009, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda formulada por José Eugenio Lozano Andrade contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en liquidación, Incora.
(1) Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-401 de 19 de abril de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(2) Ver folio 18 del expediente.
(3) Ver folio 17 del expediente.
(4) ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.