Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1199849
Timestamp: 2020-07-10 16:16:08
Document Index: 240612610

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14']

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica (BOE de 24 de junio de 2020). Texto completo.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1999, relativo a la información del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica, fue transpuesta al derecho español la Directiva 89/618/ EURATOM , del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, relativa a la información de la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica. Con este Acuerdo se establecieron unos principios comunes y disposiciones específicas sobre las citadas materias, teniendo como objetivo todos aquellos grupos de población para los que se hubiera adoptado un plan de actuación en previsión de casos de emergencia nuclear o radiológica.
Con posterioridad, el Gobierno aprobó un conjunto de planes y directrices de actuación relativos al riesgo nuclear y radiológico: el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), por el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio ; la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico, por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre ; los Planes Directores de emergencia nuclear exteriores a las centrales nucleares de José Cabrera y Trillo (PENGUA), Almaraz (PENCA), Ascó y Vandellós (PENTA), Santa María de Garoña (PENBU) y Cofrentes (PENVA), aprobados por acuerdos de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009; y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, por el Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre . A su vez, por parte de las comunidades autónomas se han aprobado los correspondientes Planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico.
Por otra parte, la anteriormente mencionada Directiva 89/618/ EURATOM , del Consejo, de 27 de noviembre de 1989, fue derogada con la aprobación de la Directiva 2013/59/EURATOM , del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Entre las disposiciones de esta última directiva se establecen requisitos para que los Estados miembros informen a la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica, y para que la población que pueda verse afectada por tal emergencia sea informada de forma periódica y con antelación. Asimismo, establece requisitos para la coordinación de la información a la población y de las medidas de protección con otros Estados miembros y terceros países que puedan verse afectados por una emergencia acaecida en su territorio, con potenciales consecuencias transfronterizas.
A su vez, la Ley 17/2015, de 9 de julio , del Sistema Nacional de Protección Civil, establece, en su artículo 6, el derecho a la información de todos los ciudadanos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas a seguir para prevenirlos. Y que dicha información habrá de proporcionarse tanto en caso de emergencia, como, preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes. Ese derecho a la información es correlativo en la ley con la obligación de los poderes públicos a proporcionarla, establecida en el mismo artículo 6, así como de los titulares de centros, establecimientos y dependencias, en los que se realicen actividades susceptibles de generar emergencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.bis.7.
De otra parte la Ley 33/2011, de 4 de octubre , General de Salud Pública, y la Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad, establecen los derechos de los ciudadanos a recibir información relativa a los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto, información que será proporcionada con carácter de urgencia en caso de que el riesgo sea inmediato y la obligación de las administraciones sanitarias de informar sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población, que deberá incluir una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para la población.
Teniendo en cuenta todo ello, resulta necesario transponer al derecho español lo que la Directiva 2013/59/EURATOM , del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, dispone. Mediante el presente real decreto se transponen, en particular e íntegramente, los artículos 70 y 71, así como el anexo XII, y de manera parcial los artículos 17 y 99, en los aspectos referidos a la información a suministrar. Recoge, además del contenido de la información previa que deberá proporcionase a la población que pueda verse afectada en caso emergencia nuclear o radiológica, el contenido de aquella que deberá suministrarse a la población realmente afectada por la emergencia, a la población en general, al personal de intervención adscrito a los planes de emergencia nuclear de nivel de respuesta exterior y a los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, a la Unión Europea, a otros organismos internacionales y a Estados miembros y terceros países que pudieran estar afectados por una emergencia nuclear o radiológica ocurrida en territorio español.
g) Instalaciones o actividades reguladas: aquellas que habitualmente utilizan sustancias nucleares o radiactivas, incluidas en el ámbito de aplicación en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre .
Artículo 4. El deber de información previa.
2. Asimismo estarán obligados los titulares de las centrales nucleares y los de aquellos centros que pueden dar lugar a riesgos radiológicos significativos en el exterior del emplazamiento, esto es, los titulares de los establecimientos e instalaciones susceptibles de encuadrarse en los grupos de emergencia radiológica I y II, del anexo I “Grupos de emergencias radiológicas” de la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico, aprobada por el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre . Dichos titulares deberán comunicar al director del plan de emergencia nuclear o al director del plan especial de protección civil ante el riesgo radiológico de comunidad autónoma que en cada caso corresponda, los programas de información puestos en práctica y la información facilitada, los cuales deberán reunir las especificaciones del anexo I y las que se establezcan en los correspondiente planes de nivel de respuesta exterior.
Artículo 5. Contenido de la información previa.
Artículo 6. Actualización del contenido de la información previa.
Artículo 7. El deber de información en emergencia nuclear o radiológica.
Artículo 8. Contenido de la información en emergencia nuclear o radiológica.
Artículo 9. Actualización del contenido de la información en emergencia nuclear o radiológica.
Artículo 10. El deber de información previa.
Artículo 11. Contenido de la información previa.
Artículo 12. Actualización de la información previa.
Artículo 13. Información en caso de emergencia nuclear o radiológica.
Artículo 14. Información a la Unión Europea, y a sus Estados miembros, a terceros países potencialmente afectados y a otras organizaciones internacionales.
Disposición adicional primera. Programas de información preventiva.
Disposición adicional segunda. Colaboración de los medios de comunicación.
- Restricción del consumo de ciertos alimentos y agua que puedan estar contaminados.
- Normas fundamentales de higiene y descontaminación.
- Recomendación de permanencia en el domicilio.
- Distribución y uso de sustancias protectoras.
- Disposiciones que deban adoptarse en caso de evacuación.