Source: https://www.derechoecuador.com/garantia-del-debido-proceso
Timestamp: 2019-08-26 04:54:27
Document Index: 381720623

Matched Legal Cases: ['artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 75', 'in dubio', 'artículo 8', 'Artículo 8']

Derecho Ecuador - GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO
Frente a este aspecto es necesario comenzar induciendo sus vocablos, términos e instituciones jurídicas, con el fin de orientar hacia una crítica y meta- comprensión de este aspecto jurídico que es de trascendental importancia en el desarrollo de todo el proceso penal, ya que ello permite garantizar la seguridad jurídica a cada uno de los sujetos procesales y en general a la sociedad que es la que vigila la actuación de todos los operadores de justicia, en especial del fiscal y del juzgador, que son los que tienen mayor protagonismo en un proceso penal.
El vocablo proceso viene del latín processus, que es la acción de seguir adelante; que aplicado al derecho es hacerlo y sustanciarlo hasta alcanzar la sentencia, pasando por todas las etapas del proceso penal; la Constitución de la República en el artículo 169 utiliza e término sistema procesal, pero para significar un conjunto de reglas y principios organizados dentro de una materia.
En nuestro caso el proceso es el penal, al relacionarlo con el delito, respecto de su tipicidad, sanción y juzgamiento, aspectos contemplados en las normas constitucionales y legales, que se utilizan para la realización de la justicia que no menciona el artículo precedente.
Es de gran importancia referirse a lo que manifiesta Ferrajoli sobre el debido proceso, quien dice: ?Y expresa los valores democráticos del respeto a la persona del imputado, la igualdad entre las partes contendientes y la necesidad práctica ?además de la fecundidad lógica- de la refutación de la pretensión punitiva y de su exposición al control por parte del acusado?. (FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal).
En síntesis, se puede definir al debido proceso y al sistema procesal penal, como el conjunto de principios y procedimientos sucesivos ordenados, dentro de los cuales se investiga un delito, cuya finalidad fundamental es llegar a buscar la verdad de un hecho llamado delito, pero siempre respetando los derechos del procesado- acusado.
La palabra debido se deriva del participio de deber, que significa lo que es lícito y éste viene del latín licitus; que se traduce como justo y que es de la ley; por lo tanto, el término debido proceso, etimológicamente significa seguir con la ley. Proceder viene del verbo proceder, que en derecho es ?Iniciar o seguir procedimiento criminal contra alguien?. (Diccionario Encarta 2009); que en síntesis y desde el punto de vista jurídico sería proceder debidamente, proceder con estricto apego a la ley procesal en todo el desarrollo del proceso penal, con el objeto de garantizar todos y cada uno de los derecho fundamentales de los sujetos procesales.
A esta institución jurídica varios pensadores le han definido así: ?En términos concretos, podrá decirse que el debido proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado??. (VACA, Ricardo, 2007).
El debido proceso para el derecho de defensa, es el conjunto de derechos y garantías constitucionales y legales que preservan o tutelan al procesado dentro de una acción penal, para defenderse y evitar que los operadores de justicia se extralimiten en la aplicación del Derecho Procesal Penal. Las normas procesales harán efectivas las garantías del debido proceso, así lo explica expresamente el artículo 169 de la Constitución de la República: ?El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por al sola omisión de formalidades.?
Por lo indicado y considerando lo dispuesto por la norma constitucional antes manifestada, el Derecho procesal Penal, que es el que establece los procedimientos que deben seguirse para aplicar el derecho sustantivo penal, deben regirse estrictamente a los principios de simplicidad, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, siendo su finalidad esencial la de garantizar cada uno de los derechos de los sujetos procesales, haciendo así afectivas las garantías del debido proceso y por ende alcanzando una administración de justicia creíble, transparente , rápida, sin contradicciones y de gran trascendencia en la sociedad.
Es preciso indicar que el Derecho Procesal Penal, es la rama del Derecho Público, que tiene por objeto regular la atribuciones de los operadores de justicia y la participación y formalidades de los sujetos procesales, dentro de un juicio penal, donde se investiga un delito que se le atribuye a un procesado o acusado determinado, pero que para su juzgamiento es necesario que se le garantice el debido proceso, que es el ideal máximo que persigue el juzgador, para cristalizar una adecuada administración de justicia.
El derecho de defensa, como se ha dicho al principio se refiere exclusivamente a lo material, propia del procesado y que es activa y pasiva; la una hace uso de su palabra y la otra se reserva el uso de la palabra.
El Derecho Procesal Penal, hace referencia al debido proceso desde un punto de vista general, haciendo referencia a todas las etapas o fases del proceso penal, hasta la culminación del trámite, donde deben cumplirse todos y cada uno de los principios del debido proceso, que están determinados en los artículo 75 al 82 de la Constitución de la República, del 1 al 15 del Código de Procedimiento Penal, del 4 al 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, siendo los más significativos los siguientes: Presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, simplificación, uniformidad, eficacia, eficiencia, celeridad, economía procesal, in dubio pro reo, igualdad de oportunidades de los sujetos procesales, imparcialidad del juzgador y conoce y resuelve cada uno de los casos puestos a su conocimiento.
La norma jurídica considera al debido proceso como garantía y al derecho de defensa como principio. La garantía son los derechos que reconoce la Constitución de la República y la ley, a los ciudadanos inmersos en una contienda penal; y, principio en cambio es un enunciado normativo general del Derecho.
El proceso es un medio para asegurar, en al mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. En este sentido, en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los lineamientos generales del denominado debido proceso legal o derecho de defensa procesal.
Es por ello que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, durante el proceso, toda perna tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas como el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes ene l tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (Artículo 8.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, San José Costa Rica).
Por lo indicado anteriormente, el debido proceso no es un principio procesal como lo sostienen varios tratadistas, sino una garantía procesal constitucional que abarca a todos los principios procesales. El debido proceso es el todo y el principio es una parte del todo: el universo está constituido por un conjunto de elementos. La garantía asegura y protege contra algún riesgo y el principio se aplica para que se cumpla el primer presupuesto jurídico.
El Derecho a la Defensa Técnica efectiva en el proceso penal
El abogado es un letrado en el campo del Derecho y su misión es defender a los que carecen de este conocimiento y es estudioso de esta rama Ralph Waldo Emerson expresa: ?Las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes: el derecho a instruirlas?.
Las personas que se encuentre afectada por la atribución de un delito, tiene el derecho a ser auspiciado por un profesional del Derecho. De este enunciado nace en la doctrina la defensa técnica, como si el Derecho requiere un tecnicismo; vale hacer un análisis de forma sobre este particular para determinar si la terminología jurídica es propia y semánticamente precisa.
La voz ciencia, se origina del latín sciencia que es el conjunto de conocimiento sistematizados; y, el vocablo técnica viene del latín technicus, arte, por lo que técnica se deriva de arte. Pues el Derecho, posee esa categoría estructural basada en e l pensamiento de justicia y convivencia social y la vez se plasma en normas jurídicas mediante la aplicación objetiva, por parte del juzgador quien administra justicia en cada caso concreto la ley, la Constitución de la República, los tratados ya cuerdos internacionales, en relación con el hecho y las pruebas de cargo y de descargo que han sido solicitadas, ordenadas, practicadas e incorporadas por los sujetos procesales.
Por lo indicado, el Derecho es una ciencia porque está estructurado por un conocimiento científico y que a la vez es arte porque se requiere de procedimientos técnicos para manifestarse. Es ciencia dentro de la categoría social y arte en el ámbito de su aplicación: se basa en propósitos de justicia para una mejor convivencia social y para transformarlos en normas se hace menester habilidad creativa.
Para Ferrajoli el derecho a la defensa consiste en: ?La defensa, que tendencialmente no tiene espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método de prueba acusatorio, consistente precisamente ene l contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes. La epistemología falsacionista que está en la base de este método no permite juicios potestativos sino que requiere, como tutela de la presunción de inocencia, un procedimiento de investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y ritualizado, entre partes contrapuestas. ?FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal).
Aspectos esenciales para proporcionar defensa técnica y efectiva
Indudablemente para realizar una defensa técnica y efectiva, se requiere de un conocimiento de las normas sustantivas y adjetivas penales, a más de las constitucionales y de los tratados y acuerdos internacionales, porque se puede conocer el Derecho Penal a profundidad, pero no se puede dominar el Derecho Procesal, como el Derecho Constitucional, donde están reguladas las garantías y derechos de los ciudadanos y todos los principios del debido proceso; pues resultará un fracaso si sucedería así, es como conocer la madera pero nos ser aserrador: conjugar la ciencia y el arte es una operación matemática, infalible.
Las normas penales se conjugarán con exactitud con el proceso penal, donde debe inspirar al profesional defender los derechos de su patrocinado, para lo cual actuará de manera transparente, con lealtad procesal y buena fe y fundamentalmente con conocimiento del hecho fáctico y de las normas jurídicas aplicables al caso concreto, para de esta forma garantizar los derechos de su defendido.
A le defensa técnica se la puede definir así: Es la ejercida por un abogado especialista en una materia determinada, con conocimientos efectivos y acertados en el Derecho Sustantivo y Adjetivo Penal, la Constitución de la República, los tratados y acuerdos internacionales delos cuales el Ecuador es parte, a fin de que esté en capacidad de orientar al inculpado para su defensa material y presentar pruebas, alegatos, argumentos, objeciones, impugnaciones y recursos que consagra la ley, en todo el desarrollo del proceso penal; entonces se tiene como objetivo hacer respetar la normativa legal todos los principios del debido proceso, los principios generales del Derecho, aspectos que deben ser garantizados por el juez o tribunal que está conociendo el caso y que finalmente la competencia de resolverlo en estricto apego a Derecho, lo cual permitirá que la sociedad tenga un alto grado de confiabilidad en la administración de justicia y en todos y cada uno de los operadores de justicia en materia penal.