Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-406.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-01 13:27:50
Document Index: 226048472

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 406, de 13/12/2017
cve: DSCD-12-CO-406
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 406
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO ACEDO PENCO, VICEPRESIDENTE PRIMERO
- Sobre medidas urgentes de impulso del Sistema de Garantía Juvenil con la finalidad de reducir nuestra elevada tasa de desempleo juvenil. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001109) ... (Página2)
- Sobre medidas para paliar la situación de desprotección generada a los pensionistas españoles afectados por la prolongada suspensión del pago de sus pensiones por parte del Gobierno de Venezuela. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001265) ... (Página7)
- Sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002156) ... (Página12)
- Relativa a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002517) ... (Página16)
- Relativa al cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002551) ... (Página20)
- Relativa a la aprobación de un acuerdo en materia de racionalización de los horarios del trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002670) ... (Página24)
- SOBRE MEDIDAS URGENTES DE IMPULSO DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL CON LA FINALIDAD DE REDUCIR NUESTRA ELEVADA TASA DE DESEMPLEO JUVENIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001109).
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy.
He hablado con los portavoces y diputados y por el día que es, las fechas que son y los viajes que hay que hacer, nos vamos a ceñir desde el principio a los tiempos que nosotros mismos hemos establecido; es decir, 7, 5 y 3 minutos. Lo haremos desde el principio para que no haya ningún problema, así que les ruego que se ciñan al tiempo. Sin más preámbulos, iniciamos la sesión con el debate de la PNL del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Del Campo.
Señorías, estamos en un mundo cambiante, en un mundo en el que la globalización, las nuevas tecnologías y la digitalización están cambiando todo; están cambiando la sociedad, están cambiando la economía. Y todos estos cambios son muy buenos, nos están llevando a la época de mayor prosperidad económica y social de nuestra historia, pero también es cierto que la globalización, las nuevas tecnologías y la digitalización están creando nuevos problemas y nuevas necesidades. Estamos viendo cómo todos estos nuevos avances están dejando fuera a una parte de la sociedad, lo que los economistas llaman insiders y outsiders. Y dentro de estos outsiders, de la gente que se está quedando fuera, están nuestros jóvenes. Si entramos en materia propiamente laboral, estamos viendo cómo los modelos que hemos tenido hasta ahora no han servido, cómo los partidos que nos han gobernado hasta ahora no han sabido llevar a cabo las reformas necesarias para dar solución a todos estos nuevos problemas y necesidades, que están dejando apartados o fuera a una parte muy importante de la población como son nuestros jóvenes.
No lo decimos nosotros, los datos están ahí: si hablamos de desempleo tenemos más de un millón de parados menores de treinta años; la tasa de desempleo juvenil en España, según los últimos datos, está en torno al 33% cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 14,6%. Si nos vamos al desempleo de larga duración, aun tratándose de menores de treinta años vemos cómo el 35,4% llevan más de un año buscando empleo, o cómo el 20% de los desempleados menores de treinta años son parados de muy larga duración, es decir, que llevan más de dos años buscando empleo. Pero es que, además, los jóvenes que encuentran empleo se trata de un empleo precario. Les doy otro dato, el 60% de los asalariados menores de treinta años tienen un contrato temporal, la mayoría de ellos por obra o servicio determinado. Hemos visto y discutido en esta Comisión cómo hay una nueva realidad que parte de esta nueva economía: tenemos seis millones de trabajadores pobres, de trabajadores que aunque trabajan no llegan a final de mes, no llegan al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Y de esos seis millones en la actualidad que incluyen trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, cuatro millones son jóvenes. Los mismos datos se reflejan si hablamos de educación, con tasas de abandono escolar que siguen siendo inaceptables; tenemos una tasa del 18,2% cuando la media en la Unión Europea es del 10%, muy lejos de países como Francia, Alemania o Austria. Pese a ello, el Gobierno sigue sacando pecho con que es la cifra más baja en la historia de España. En cualquier caso, esta reducción se ha debido sobre todo a la falta de ofertas de empleo reales y como consecuencia de un regreso de la parte de la población juvenil sin titulación que ya no ha podido acceder a esos empleos. Igual sucede si hablamos de la tasa de repetición, tenemos una de las más altas de todos los países de la OCDE, o de
titulados universitarios porque nuestros jóvenes con talento muchas veces se tienen que marchar al extranjero. Les doy otras cifras: una cuarta parte de nuestros titulados no encuentran trabajo, y de los que lo encuentran, la mitad de ellos trabajan en algo para lo que no se han preparado o que no tiene nada que ver con su titulación.
Ahí estamos nosotros, tratando de proponer medidas que cambien esta dinámica. Por eso hemos pactado medidas, en un primer momento con el Partido Socialista, después con el Partido Popular, como traer un contrato estable que acabe con esa dualidad y precariedad, que iguale derechos de insiders y outsiders, de trabajadores con contrato indefinido que ya están dentro y trabajadores temporales precarios; medidas de conciliación, el incremento del permiso de paternidad a un mes -precisamente hoy me incorporo después de haber disfrutado de este permiso-; o políticas activas de empleo y su modernización para no quedarnos únicamente con ese porcentaje del 2% que nuestros servicios de empleo son capaces de colocar, con ese perfilado estadístico y con ese cheque formación que al final deja en manos de los desempleados elegir en qué formarse. De esto va la proposición no de ley.
Esta mañana lo hemos explicado en el Pleno, hemos preguntado a la ministra y le decíamos que aquí no estábamos solos, Europa nos ha ofrecido mecanismos para luchar contra esta lacra del desempleado juvenil, un mecanismo muy importante como es la Garantía Juvenil europea para la que había más de 8000 millones, de los que a España le tocaba un tercio porque realmente tenemos prácticamente un tercio de los desempleados jóvenes de toda Europa. La Comisión Europea nos dijo a finales de 2015 que España había utilizado solamente un 2% del dinero de esa Garantía Juvenil europea. Lo mismo ocurrió a finales del año 2016, cuando nos dio el toque porque éramos el segundo peor país en la utilización de estos fondos destinados a la Garantía Juvenil. Hemos visto cómo esta mañana la ministra informaba de que ya teníamos acordado un plan de choque para fomentar el empleo juvenil. Un acuerdo con sindicatos y patronales en el que, según nos ha informado, se recoge este complemento salarial naranja que nosotros ya hemos defendido y habíamos pactado con ellos, incluso lo anunciamos con la ministra, pero nos ha dicho que era necesaria la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para ponerlo en marcha. Precisamente por eso, desde aquí queremos decir al Grupo Parlamentario Socialista y a los grupos parlamentarios que sabemos que no están muy de acuerdo con esta medida de fomento de empleo para jóvenes, que salgan de ese no es no a los presupuestos, que no se opongan a los presupuestos de 2018 porque contienen medidas como esta, pero no solo eso, también llevan muchas otras medidas como 1200 millones de euros en formación para el empleo, una semana más en los permisos por paternidad, que los mileuristas no paguen IRPF o ayudas a la educación de cero a tres años, que son muy importantes.
No obstante, y señalada la importancia de la aprobación de esos presupuestos de 2018 donde hay una partida de 500 millones para este complemento salarial, sí queremos decirle al Gobierno -de eso va esta PNL- que en los presupuestos del año 2017 ya se contemplaba una partida de otros 500 millones para el complemento salarial. Por eso traemos esta proposición no de ley, independientemente de la aprobación de los presupuestos de 2018, en los presupuestos de 2017 ya existía una partida y por ello, desde esta Comisión, instamos al Gobierno a tomar las medidas oportunas para poder implementar ya este complemento salarial que, como les digo, está acordado entre sindicatos y patronal.
Les anuncio, por si alguien tiene que salir o algo, que la votación no se hará antes de las cinco y media. El Grupo de Ciudadanos incorpora una enmienda, la número 4, a esta proposición. Y luego se han presentado varias enmiendas, las números 1, 2 y 3, que defiende la señora Vidal, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes, señorías. En primer lugar, con todo el respeto diré que es una iniciativa que tiene un punto panfletario, puesto que más allá de intentar solucionar un problema muy grave que a día de hoy afecta a la mayoría de jóvenes de nuestro país, viene a defender un acuerdo entre dos partidos. El compañero se ha referido a algunos datos que son relevantes tanto en términos del porcentaje de paro que tienen nuestros jóvenes, absolutamente inaceptable, como del porcentaje de temporalidad, absolutamente abrumador, que sufre la mayoría de ellos. Esta proposición hace una disquisición entre si es o no voluntaria la temporalidad. Yo más bien diría que es una temporalidad resignada mientras no haya una opción diferente para que estas personas puedan acceder a un trabajo más estable que, con toda probabilidad, es aquello que cualquiera desearía; con una inestabilidad inaceptable, unos sueldos muchísimo
más bajos, un acceso a las prestaciones mucho más restringido, nuevas fórmulas que precarizan aún más la situación en que están los jóvenes como puede ser, por ejemplo, los falsos becarios. Una precariedad que no solo es laboral, sino que deviene en una precariedad vital al atravesar todas y cada una de las esferas de la vida de nuestros jóvenes. Son trabajadores pobres y lo más preocupante es que las expectativas de mejora de su situación a día de hoy son -para ser sutil- dudosas.
Cuando hablamos de este problema hay que decir que ha habido reformas laborales cómplices; reformas laborales que han empeorado sustancialmente la situación en la que están no solo las personas jóvenes, sino las mujeres, también los hombres, por supuesto, los inmigrantes, etcétera, es decir, cualquier trabajador o trabajadora de este país. Unas reformas que van en el sentido de esta palabra que ahora a algunos tanto les molesta, pero que cuando hablamos precisamente de reformas laborales otros aplican gustosamente, la unilateralidad, que significa esa facilidad que están proporcionando a los empresarios para hacer lo que quieran con las trabajadoras y trabajadores de este país. Son reformas que ignoran la democracia interna en las empresas puesto que destrozan la negociación colectiva y restringen derechos. Son reformas que, al fin y al cabo, han hecho polvo nuestro mercado de trabajo y con ello a los trabajadores de nuestro país; que incrementan la vulnerabilidad y, además, convierten a los jóvenes en una especie de moneda de cambio para los ajustes del mercado o, si ustedes prefieren utilizar un término clásico, en el ejército de reserva. Es bueno que en el Congreso de los Diputados hagamos la reflexión de que la temporalidad es contraria a los derechos, ya que cuando una persona tiene un contrato temporal en la práctica no tiene la capacidad de poder ejercer los derechos que tiene reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores o en su convenio colectivo de referencia. Tengamos por lo menos esta reflexión en mente porque es importante sobre todo cuando estamos hablando de empleo centrado en el colectivo de los jóvenes.
En cuanto a la Garantía Juvenil es bueno empezar haciendo autocrítica y decir que ha sido un fiasco y un fraude en nuestro país, no ha funcionado y, además, se planteó de forma negativa desde un inicio. La Garantía Juvenil nace aproximadamente entre 2012 y 2013 con una reflexión alrededor de la necesidad de mejorar la capacidad de inserción de los jóvenes y no solo eso, sino también la calidad del empleo. Esto se traslada por el Gobierno de España a una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que en ningún caso refleja la calidad del empleo y que, por lo tanto, no aborda la precariedad que atraviesa todos y cada uno de los empleos que mayoritariamente tienen las personas jóvenes. Además, es una garantía que nace vacía y que, a día de hoy, aún continúa así; se ha convertido en una forma de tener a los jóvenes dando vueltas por la Administración como si fueran ratoncillos, en muchos casos sin tener programas de referencia en los que poder entrar y encontrar su utilidad. Por tanto, efectivamente, este Programa de Garantía Juvenil estaba dotado con un porcentaje importante en términos presupuestarios, pero en cualquier caso claramente insuficiente.
Por eso nosotros proponemos no solo salir de esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que nació tarada, sino avanzar hacia un nuevo plan de empleo concertado y dialogado con todos los grupos parlamentarios del Congreso. Estamos a tiempo, si realmente a todas y todos nos importa la calidad del empleo y la situación que atraviesa a día de hoy la mayoría de los jóvenes de nuestro país, hagamos algo para mejorarlo; hablemos, negociemos y avancemos hacia un acuerdo de empleo en el que también haya especificidades para el colectivo joven. En segundo lugar, nosotros no somos favorables a los complementos salariales. No son paguitas lo que queremos, sino sueldos dignos, y consideramos que la responsabilidad en la fijación de esos sueldos corresponde a la empresa. Es de traca que a día de hoy nos propongan que tengamos que ser precisamente los trabajadores y trabajadoras los que nos tengamos que pagar nuestra propia miseria y precariedad. Por tanto, proponemos avanzar hacia un modelo diferente y eliminar este copago de la precariedad que, al fin y al cabo, significan los complementos salariales. Por último, solicitamos también una evaluación de la Garantía Juvenil porque no ha funcionado. Hagamos autocrítica, veamos en qué puntos podemos avanzar, cuáles no tienen sentido y cuáles no hemos abordado hasta el día de hoy.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado la enmienda número 5. Señor Martínez Oblanca, tiene la palabra.
Muy buenas tardes a todos. Doy por defendida la enmienda presentada por el Grupo Mixto, en este caso a través de los diputados del PDeCAT que están ausentes. En relación con la iniciativa presentada
por Ciudadanos, sí me gustaría apuntar que hace referencia a la que sin duda es una de las grandísimas prioridades en la política española, porque siendo apremiante la necesidad de crear más puestos de trabajo y mejor retribuidos, en el caso de los jóvenes es cuestión de emergencia social. Baste señalar que pese a la caída del desempleo a lo largo del año 2017, con una tasa que ha bajado del 26% a menos del 18%, el paro juvenil continúa siendo uno de los dramas de nuestro mercado laboral, porque cuatro de cada diez jóvenes no trabaja y tenemos del orden de 800 000 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Se acaban de decir cosas muy duras sobre este Sistema de Garantía Juvenil, pero hay que subrayar que el Consejo Europeo el pasado mes de mayo a través de una recomendación dio continuidad al Programa Nacional de Reformas de 2017 que se está aplicando en España y, por tanto, a las medidas de apoyo a los jóvenes.
La iniciativa que ha defendido el diputado de Ciudadanos, don Sergio del Campo, está fechada en diciembre de 2016, hace un año, y en este tiempo ha habido avances significativos en torno a las políticas de empleo juvenil. Algunos son avances muy recientes, como el principio de acuerdo alcanzado por el Ministerio de Empleo y los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, para la implementación urgente del complemento salarial de 430 euros para jóvenes contratados que formen parte del Programa de Garantía Juvenil. Esto fue un compromiso de la ministra Báñez en las Cortes Generales y, por tanto, es una buena noticia porque supondrá dar mayores facilidades para acceder a la jubilación parcial y la correspondiente sustitución a través de los denominados contratos relevo. A esto hay que añadir también el incentivo para transformar mediante bonificaciones los contratos temporales en contratos indefinidos y la transferencia de 175 millones a las comunidades autónomas para orientación, formación y ayudas a jóvenes sin cualificación. El que los jóvenes tengan tantísimas dificultades para incorporarse al mercado laboral es producto de la dureza extrema de la crisis económica y financiera, que exige precisamente que todos los Gobiernos coloquen el desempleo juvenil en la prioridad absoluta de sus agendas políticas. Los indicadores oficiales más recientes siendo esperanzadores, no nos liberan de la responsabilidad de mantener el combate contra el desempleo juvenil. Y lo digo además singularmente desde Asturias, porque allí el paro se ha cebado, si cabe con más virulencia, entre los más jóvenes y continúa siendo una triste realidad a tenor de los sucesivos datos mensuales, que habiendo sido buenos para el conjunto de España, continúan subrayando la divergencia de los datos del Principado.
En Foro, que apoyamos la reforma laboral y, por lo tanto, nos sentimos partícipes de ese gran objetivo de alcanzar los veinte millones de trabajadores en el año 2020, compartimos la vigente Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que es un instrumento que trata de dar respuesta a la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes españoles, y que contiene cien medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, todo ello en el marco de la Garantía Juvenil y con un amplio abanico de medidas para atender los diferentes perfiles de los jóvenes desempleados. He visto que el propio Grupo Ciudadanos se ha autoenmendado, parece que vamos camino de una transaccional.
Señor presidente, ahora que veo a mi compañero y colega del Grupo Mixto, señor Campuzano, quería pedirle que le concediese unos breves instantes para que pueda defender personalmente la enmienda que presentó en nombre del Grupo Mixto.
Seguimos con el turno establecido. No hay nadie del Grupo Vasco ni de Esquerra Republicana. Por tanto, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Peña por tiempo de tres minutos.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes.
En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes es un auténtico desastre. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado en un informe muy duro que el Estado español es el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral a los trabajadores jóvenes menores de treinta años. Pero hay aspectos en las que no tienen razón, porque esta PNL está desactualizada, pues solicita cosas que a propuesta del Partido Socialista deberían estar ya puestas en marcha tras la aprobación del Real Decreto firmado hace un año, en diciembre de 2016.
Quiero centrarme en por qué no apoyaremos una propuesta que degrada más la vida de los jóvenes trabajadores en este país, porque no puedo olvidarme de que es inasumible el dato de personas jóvenes desempleadas, que es vergonzoso que este Gobierno empuje a los jóvenes a la explotación laboral, a la
temporalidad y a la precariedad, y que su gestión ineficiente, su gestión ineficaz hace que solamente el 30% de las ofertas que se realizan a través del Sistema de Garantía Juvenil sean ofertas de empleo, porque el 70% restante de las ofertas son de formación, mientras que en la Unión Europea es justo al contrario, el 70% de las ofertas son de empleo. Por tanto, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven Garantía Juvenil, Iniciativa de Empleo Joven, es el gran fracaso de este Gobierno.
Por eso, no podemos aceptar el complemento salarial de Ciudadanos. No es una buena idea, y lo voy a explicar, porque hay tres razones, al menos.
El primer error es habitual en la regulación del mercado de trabajo por parte de los partidos de derechas, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios con reducciones en las cotizaciones, con rebajas fiscales o con ayudas casi directas, como la que plantean con este complemento. Pero es que estas políticas de subvención además no funcionan. Un empresario no contrata a un joven fundamentalmente en razón de lo barato que le resulte su salario. Le contratará, primero, si le necesita y, en segundo lugar, si cuenta con la formación y las habilidades útiles para la empresa.
El segundo error es grave, porque esta medida premia precisamente a los empleadores que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. El Partido Popular y Ciudadanos quieren incentivar los acuerdos individuales para rebajar el salario a aportar por la empresa, a fin de obtener una compensación pública. A todas luces, resulta injusto pagar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.
Y el tercer error -y ya por terminar- tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Quieren hacer exactamente el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando. De hecho, una de las últimas medidas que tomó Cameron fue la de elevar el salario mínimo -el Partido Ciudadanos no la quiere hacer-, para reducir la factura abusiva de las arcas públicas que estaban pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7000 millones de libras anuales y los resultados estaban siendo un absoluto fracaso.
Por tanto, votaremos en contra de esta proposición, que lo que quiere es precarizar el trabajo y la dignidad de los jóvenes trabajadores de este país.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Peña.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Alberto.
Señorías, les adelanto que nuestro voto será favorable, con una adición. Y será favorable porque lo que el Grupo Ciudadanos inicialmente solicitaba en su iniciativa de una forma algo genérica son cuestiones en las que el Gobierno del Partido Popular ya viene trabajando, implementando medidas en algunos de los puntos desde la X Legislatura en esta Cámara, y lo que solicita Ciudadanos en su propia autoenmienda va en la línea de la política del Gobierno.
Debemos enfatizar que favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo continúa siendo una prioridad para España que requiere de la concentración de esfuerzos significativos a través de políticas públicas de empleo. Las medidas que se han puesto en marcha están dando buenos resultados. Sin embargo, somos conscientes de que hay que seguir reforzando y acelerando la aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el fin de continuar mejorando la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral. Esta misma mañana la ministra de Empleo trasladaba en esta Cámara los resultados de la política llevada a cabo por el Gobierno. La tasa de desempleo juvenil subió 30 puntos durante la crisis y, gracias a las medidas implementadas desde 2012, hemos conseguido que esta tasa baje 21 puntos. En este momento 2 676 000 menores de treinta años se encuentran trabajando, y, de los 960 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 400 000 tienen empleo, lo cual nos arroja un nivel de empleabilidad del 40%. Con esta y otras medidas hemos recuperado el 90% de todo el empleo destruido durante la crisis, y, a diferencia de lo que ocurrió en épocas anteriores a las del Gobierno del Partido Popular, el empleo que se ha recuperado ha sido a tiempo completo.
En el pasado mes de septiembre, fruto del diálogo social, en la mesa de plan de choque por el empleo joven se acordó un paquete de medidas, entre las que hay que destacar las siguientes: la renovación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven entre 2017 y 2020; el Programa de formación y transmisión de conocimientos en el empleo a través del contrato de relevo, con una nueva modalidad de jubilación parcial que posibilite la formación de trabajadores jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que se incorporen a la empresa sin experiencia ni cualificación previa para este puesto de trabajo; la famosa ayuda de acompañamiento del 80% del IPREM; 430 euros a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje; aumento hasta 3000 euros por la bonificación por conversión a indefinidos de dichos contratos para la formación y el aprendizaje; equiparación del contrato de trabajo en prácticas con el contrato para la formación y el aprendizaje en materia de cotización e incentivos para la conversión en indefinido; la aprobación, en coordinación con el Ministerio de Educación, de un estatuto de las prácticas no laborales, así como el Programa nacional de orientación, formación y ayudas directas a los jóvenes sin cualificación.
En definitiva, señorías, tal y como les adelanté al inicio de mi intervención, reitero el anuncio de que votaremos a favor de esta iniciativa, con una transacción que estamos consensuando con el grupo proponente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberto.
Señor Del Campo, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: La transaccional.
- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN GENERADA A LOS PENSIONISTAS ESPAÑOLES AFECTADOS POR LA PROLONGADA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE SUS PENSIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DE VENEZUELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/001265).
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, seguimos con la segunda proposición no de ley, sobre medidas para paliar la situación de desprotección generada a los pensionistas españoles afectados por la prolongada suspensión del pago de sus pensiones por parte del Gobierno de Venezuela. La presenta el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora Perea.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de distintas asociaciones de pensionistas retornados venezolanos. Todos ellos me han pedido una cuestión, y es que esta proposición no de ley la planteemos como la necesidad de dar cobertura a los derechos sociales de la ciudadanía y, por tanto, a las necesidades básicas de todos ellos. Y en este sentido pediría a los compañeros de la Comisión que lo tuvieran en cuenta, a los efectos de dar salida realmente a las necesidades que se están planteando.
Esta iniciativa es de aquellas que llevan a los ciudadanos y a las ciudadanas a pensar y a reconocer como propias las instituciones de su país, las instituciones en las que viven, las que comparten y las que acaban dirigiendo sus vidas, y me explico. Nos encontramos en este caso con emigrantes retornados de Venezuela que cotizaron en aquel país y con emigrantes que cotizaron en aquel y en este país, en España; ciudadanos y ciudadanas que cuando regresaron a España con los ahorros de toda una vida tras una larga trayectoria laboral tenían una expectativa de derecho -algunos incluso continuaron trabajando en nuestro país-. Por tanto, ya tenían ese derecho reconocido, las pensiones. Hoy, como consecuencia del incumplimiento del país obligado a abonar a estos ciudadanos sus pensiones, Venezuela, hay ciudadanos totalmente desprotegidos. Y el Estado español, que debería procurar dar respuesta a estas necesidades, no está ni se le espera. Pero, como decía antes, estos ciudadanos esperan una respuesta del Gobierno español, ya que fue el país de origen y ahora el de acogida. ¿Y qué hace el Partido Popular? A juicio del Grupo Socialista, mira hacia otro lado. ¿Por qué decimos esto? Porque no nos podemos esconder en el incumplimiento del otro y sacar pelotas fuera, y menos cuando las pelotas tienen nombres y apellidos y derechos reconocidos, más de 10 000 personas. Aunque el Gobierno del Partido Popular está realizando gestiones con el Gobierno de Venezuela -y nos consta-, no es suficiente con respecto a la petición sobre la que hoy venimos a debatir y sobre la que pedimos que haya acogida por parte del resto de los grupos.
Señorías, les hablaré de Vicente Álvarez Pérez, que nació en Villa de Breña Alta en 1936, a los diecisiete años emigró a Venezuela con esperanzas de tener una vida mejor, tuvo posibilidad de construir un proyecto de vida y lo consiguió, y en el año 2003 volvió a España, pensando que su vida como pensionista estaría garantizada. Pues bien, aún tardó desde 2003 hasta 2008 en tener reconocida esa
pensión. Pero además, por incumplimiento del Gobierno de Venezuela, no solo dejó de percibir aquella pensión. Como quiera que el Gobierno de Venezuela continúa certificando que la siguen percibiendo, es decir, realmente el pensionista tiene reconocido un derecho y el Gobierno de Venezuela dice que la continúa percibiendo, en España les está suponiendo un grave perjuicio, porque realmente dicha pensión no existe. Desde el 1 de enero de 2016 no perciben ningún tipo de ingreso, pero, como quiera que constan esos ingresos en nuestro país, han perdido todo tipo de protección que pudieran tener, por ejemplo, con los complementos a mínimos, que es lo que venimos a pedir básicamente en esta PNL. Si se la leen, creo que es suficientemente clara.
Pues bien, Vicente falleció hace relativamente poco tiempo. Su situación fue realmente complicada, porque tuvo que dejar la residencia donde compartía su vida con su mujer. Tuvieron un piso asistido, porque no podían pagar esos ciento y pico euros que les venían de los complementos a mínimos, y tuvo que volver a vivir con la hija, en una situación mucho más complicada. Y, señorías, estoy convencida de que el señor Dastis está exigiendo el cumplimiento bilateral del convenio suscrito entre España y Venezuela, estoy convencida de ello. Pero lo cierto es que los pensionistas retornados de Venezuela han perdido toda protección por parte de este Gobierno y creemos que no dársela es tener una miopía política que a estas alturas no nos podemos permitir. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ministerio de Empleo obliga a los pensionistas retornados a exigir ese complemento a mínimos en los juzgados, es decir, como quiera que el ministerio, de entrada, no se lo reconoce por una cuestión de rentas, les dice que recurran y que vayan a los juzgados. Está habiendo sentencias favorables, pero esa no es la cuestión. No se trata de que estas personas tengan derechos favorables, que saben que los van a tener. Es un problema de tiempo, de costes profesionales, de desgaste, de desprotección y, sobre todo, de desasosiego para las familias.
Señorías, creo que el sentimiento de pertenencia que tenemos los ciudadanos con respecto a nuestras instituciones es el de sentirnos protegidos, y creo que el Gobierno español lo puede y lo debe hacer. Por eso, el Grupo Socialista les pide que apoyen esta iniciativa. Y son medidas urgentes. Esta proposición no de ley ya se presentó en el mes de marzo y recientemente se aprobó en el Senado una resolución en el sentido de apoyar las negociaciones con el Gobierno de Venezuela. Creemos que el Gobierno del Partido Popular tiene que dar salida a estos complementos a mínimos, que realmente están dando verdaderos quebraderos a las familias, porque muchos retornados de Venezuela vinieron con unos ahorros adquiridos a lo largo de toda su trayectoria profesional, ahorros que les costaron sudor y en muchos casos lágrimas, porque tuvieron que dejar aquí a sus familias, en España. Lo mínimo que piden -y creemos que es de recibo- es que se tenga sensibilidad por parte del Gobierno.
Hace escasamente un día debatíamos en el Pleno del Congreso una proposición no de ley sobre el caso de dos hermanas que convivían en una residencia y que por cuestión de denegársele a una de ellas la pensión contributiva tuvieron que dejar de vivir juntas. Esa es una falta de sensibilidad brutal, a juicio de los socialistas, y creemos que no es de recibo por un Gobierno que se dice que es solidario y está pensando en las políticas sociales. Señores del Partido Popular, apoyen esta iniciativa, rectifiquen, den dignidad a los pensionistas de este país, a los de aquí, a los retornados; en definitiva, a todos. Hoy pediremos una serie de datos al ministerio a los efectos de conocer exactamente el número de pensionistas que están en estas circunstancias y en la semana próxima pediremos una entrevista con la ministra de Empleo, la señora Fátima Báñez, a los efectos de encontrar una salida cuanto antes mejor.
A continuación, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Es imprescindible que, al igual que se hizo en el Senado, en diferentes parlamentos autonómicos y en muchos ayuntamientos, también el Congreso de los Diputados se haga eco y haga suyos los graves problemas que están sufriendo los miles de personas -muchas de ellas con una edad que ya les impide acceder al mercado laboral- que, tras toda una vida de esfuerzo y de sacrificio en la que hoy es la República Bolivariana de Venezuela, se ven privadas desde hace dos años de las pensiones y los derechos económicos que se han ganado con su trabajo y que no pueden percibir por el incumplimiento de ese Gobierno y singularmente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hay que subrayar que el IVSS -y, por extensión, el Gobierno de aquel país- firmó un convenio bilateral -por tanto, entre ambas naciones- que, según su artículo 5, sobre exportación de pensiones, supone una obligación
recíproca. La aprobación de esta iniciativa parlamentaria tiene que considerarse una llamada urgente y perentoria de atención a nuestro Gobierno para que ponga todo de su parte en la búsqueda de soluciones para que todas las personas que están sometidas a esta situación puedan resolverla.
La calidad de vida de miles de familias que viven en España está gravemente comprometida por el desastre económico de Venezuela, su inflación récord del 800% y el desabastecimiento a todos los niveles, que ha arrastrado a impagos desde diciembre del año 2015, lo que afecta de forma muy crítica a las pensiones de los beneficiarios en el exterior, a los pensionistas venezolanos residentes en España y también a pensionistas emigrantes retornados españoles. Si bien este es un problema que está repartido por todo el territorio nacional, con especial incidencia en comunidades históricamente emigrantes hacia Venezuela -y esta tarde algunos de sus representantes nos acompañan-, permítanme que tenga un recuerdo singular para los que en Asturias a través de ASOPEVE nos han transmitido su situación y nos han insistido para que nos hagamos eco de la misma, una situación crítica que viene derivada de la entrada en barrena de Venezuela y que se resume en su involución desde un sistema democrático a un sistema dictatorial. Los dictadores hacen leyes a su medida o las interpretan a su conveniencia. Y el abuso del poder y el atropello de los derechos humanos les lleva al incumplimiento de los pactos y acuerdos que se firmaron en su día. De lo que hablamos en este caso es de una cuestión de incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos por Venezuela.
Por tanto, la aprobación de esta iniciativa tiene que ser una llamada para que toda la Administración española, como bien ha dicho la diputada del Grupo Socialista, atienda a las personas afectadas que constan como perceptores de una pensión venezolana, aunque no la cobren, porque eso les acarrea muy serias dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales españolas y de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí existe también una tarea muy importante que hacer, que depende de la tarea del Gobierno de España. Nuestro voto estará siempre con la defensa de los derechos de todos estos miles de personas y familias gravemente afectadas por el cumplimiento flagrante e inaceptable del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Los portavoces del Grupo Vasco y Esquerra Republicana no están. Por tanto, en nombre del Grupo Ciudadanos, corresponde el turno al señor Del Campo, por tiempo de tres minutos.
Como denuncia en esta PNL la portavoz del Partido Socialista, Mercè Perea, en el mes de diciembre de 2015, el Gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios en el exterior. Se calcula que en España la suspensión afecta a unas 3800 personas, aunque este número podría variar, si bien no tenemos la cifra oficial. Fundamentalmente, se trata de emigrantes españoles retornados que tienen derecho a percibir una pensión después de haber trabajado y cotizado en Venezuela durante años, así como de ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país y a los que corresponde una jubilación por unos u otros motivos.
Como se ha dicho, en nuestro país, la Seguridad Social ha suscrito un convenio con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales por el que se garantiza el pago en el extranjero -en este caso, en España- de las pensiones de las personas que habiendo cotizado en Venezuela han decidido desplazarse a alguno de los países con los que se ha suscrito, un convenio que actualmente da cobertura a unas 11 000 personas en España y Venezuela, según la Seguridad Social. Estas personas llevan meses sin recibir su pensión, lo que supone una vulneración flagrante de sus derechos. Esta situación está dando lugar a episodios dramáticos, pues para muchas familias ha supuesto la suspensión de una fuente de ingresos fundamental, incluso en algunas ocasiones de la única renta que tienen en su hogar. Se trata de un problema que afecta a miles de familias y que ha dado lugar a un conflicto entre España y Venezuela, después de que el Gobierno de Maduro incumpliera dicho convenio bilateral, que le obliga y compromete con los pensionados de Venezuela en España.
En su sesión de 2 de noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Exteriores ya aprobó, con 28 votos a favor -en este caso, con los votos de Ciudadanos, PP, PSOE y Grupo Mixto- y 8 en contra -del Grupo Confederal de Podemos y Esquerra Republicana-, una proposición no de ley de mi grupo parlamentario sobre las medidas que tenía pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones por parte del Gobierno de Venezuela a sus beneficiados en España. En dicha proposición no de ley se instaba al Gobierno, en primer lugar, a exigir explicaciones del Gobierno
venezolano ante el incumplimiento del citado convenio bilateral; en segundo lugar, a exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el citado convenio de forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España, y, en tercer lugar, en caso de recibir una negativa por parte del Gobierno venezolano, a presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias recibidas.
En aquel momento mi compañero Fernando Maura ya dijo que la proposición no de ley tenía que ver con la desastrosa gestión económica del Gobierno de Venezuela, una gestión que había que acumular a la actuación política que en dicho momento decía que avanzaba hacia un golpe de Estado del Gobierno sobre las instituciones representativas del país, como hemos visto que ha ocurrido posteriormente. Por eso, creo que esta es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad en este caso para esta Comisión y para este Parlamento de hacer visible nuestra solidaridad concreta con la población venezolana, sobre todo, con la que más cerca está de nosotros, la que vive con nosotros, y, por lo tanto, apoyaremos esta iniciativa.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez.
Dos cositas rapidito que hemos repetido por activa y por pasiva y creo que la ciudadanía de nuestro país ya tiene bastante claras, aunque lo voy a recalcar.
La primera es el respeto total y absoluto que tenemos a la soberanía de los diferentes países, el respeto a los acuerdos internacionales y al impulso de la bilateralidad y la multilateralidad en estas relaciones, y, más en concreto -y sabiendo de lo que hablo, porque soy canario-, con territorios tan cercanos, territorios hermanos nuestros, como es América Latina, en su conjunto, y más aún -diría yo- en el caso de Venezuela, país que atraviesa -y esto no es ninguna novedad-, que ha atravesado una crisis muy dura, tanto económica como política e institucional que ha generado sufrimiento en millones de personas, en millones de venezolanos y de venezolanas, pero que también ha tenido consecuencias más allá de las propias fronteras de Venezuela, y creo que este es un vivo ejemplo de ello.
La segunda -y también para nosotros clarísima- es el respeto y la defensa de todos los derechos, incluidos los laborales, en cualquier sitio del mundo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: los salarios diferidos, las pensiones -no dejan de ser otra cosa que salarios diferidos, derechos adquiridos por la cotización, por el trabajo realizado a lo largo de la vida-, serán defendidos por nosotros, por nuestro grupo parlamentario en cualquier lugar del mundo, se haya trabajado y cotizado en Venezuela, se haya hecho en España, en Estados Unidos o en Papúa Nueva Guinea. Nosotros eso lo tenemos clarísimo.
Por lo tanto -y con esto ya termino-, la iniciativa que trae el Grupo Socialista dista mucho de la presentada en la Comisión de Asuntos Exteriores por el Grupo Ciudadanos, dista mucho tanto en el fondo como en la forma. Esta iniciativa busca solucionar un problema, no busca hacer política interior, no busca inflamar frente a la crispación, frente a la responsabilidad que supone echar gasolina a un fuego en un conflicto como el que vive la sociedad venezolana. Esta iniciativa busca favorecer el diálogo, el diálogo bilateral, en este caso entre el Gobierno legítimo de España y el Gobierno legítimo de Venezuela, para que solucionen este conflicto y para que miles de personas que tienen derecho a recibir una pensión vean hacerlo efectivo, porque para eso llevan toda su vida trabajando y toda su vida cotizando, para ahora cobrarlo. Mediante el diálogo y la presión, esta iniciativa busca solucionar este hecho. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver ni en la forma ni en el fondo con iniciativas presentadas anteriormente, que, como ya dije, lo que buscan es inflamar y echar gasolina al fuego. Y, como no puede ser de otra manera, porque busca la defensa de un derecho laboral fundamental como para nosotros son las pensiones, votaremos a favor.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.
Señorías, en primer lugar, en mi grupo parlamentario reconocemos la situación de desprotección en la que se encuentran los pensionistas españoles afectados por la ya prolongada suspensión del pago de
sus pensiones por parte del Gobierno de Venezuela -subrayo, único responsable de la misma y al que la señora Perea, paradójicamente, no ha hecho una sola mención en su intervención- (La señora Perea i Conillas: No es verdad). Podemos entender por qué: busca votos para esta proposición. Pero, señora Perea, el único responsable de esta situación es el Gobierno de Venezuela.
Eso no quiere decir, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular no esté de acuerdo con atender esta situación, pero, desde luego, no se puede hacer instando al Gobierno de España a incumplir la ley, como pretende el grupo proponente, porque, en primer lugar y antes de analizar las propuestas concretas, es importante recordar -no se ha hecho aquí por parte de sus señorías- que el convenio bilateral de Seguridad Social de 12 de mayo de 1988 se aplica a los venezolanos y a los españoles, disfrutando ambos de igualdad de trato, por lo que cualquier medida que se adopte en el ámbito de la norma internacional debe beneficiar igualmente a los ciudadanos españoles y a los venezolanos. Además, en virtud de las normas comunitarias, esta igualdad de trato debe extenderse también a los ciudadanos europeos. Por tanto, no puede tomarse dentro del ámbito del convenio bilateral ninguna medida que beneficie únicamente a los ciudadanos españoles, como el grupo proponente pretende.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta la situación que se produce con respecto a las pensiones de otros países -Venezuela no es el único- que tampoco abonan sus cuantías o lo hacen con un retraso importante, porque, si adoptásemos una excepción solo para Venezuela, se dejaría en situación de desigualdad a personas cuyas circunstancias son iguales o similares. Y además se crearía un precedente con respecto a que la Seguridad Social española asuma los incumplimientos de los otros Estados en sus obligaciones con los interesados.
Por último y con carácter general, debo señalar también, señorías, que los reconocimientos de derechos de la Seguridad Social y sus importes están basados, como saben muy bien, en la Ley General de la Seguridad Social y sus disposiciones de desarrollo, así como en las normas internacionales en la materia. Por ello, cualquier medida que pueda adoptarse para proteger a determinados colectivos que suponga una excepción solo podrá tomarse fuera del ámbito de las competencias de la Seguridad Social, es decir -para que me entiendan-, en el campo de la asistencia social, con lo que mi grupo podría estar completamente de acuerdo.
Con respecto a las medidas ya particularmente recogidas en la iniciativa de referencia, en primer lugar, en cuanto a las personas con derecho a pensión española además de la venezolana, debo decir que existen distintas situaciones: la primera de ellas, la posible percepción de la pensión mínima española en su totalidad, sin tener en cuenta el importe de la pensión venezolana. Sin embargo, ello no es posible legalmente, señorías. Para conceder el complemento a la pensión mínima, nuestra legislación obliga a tener en cuenta las pensiones reconocidas por otros Estados, en virtud de la norma internacional. Por lo tanto, no lo podemos hacer, salvo incumpliendo la ley. En segundo lugar, por lo que respecta al reconocimiento automático del complemento al mínimo, sin esperar a la comunicación de la Seguridad Social venezolana, al igual que en el caso anterior, esta propuesta tampoco es posible, según nuestra legislación, pues dicho mínimo solo se concede si, una vez sumada la pensión venezolana reconocida y la española, no se alcanza referido importe. En tercer lugar y por lo que se refiere a la petición de la revisión de los expedientes de reintegro, debo aclarar, señorías, que la pensión venezolana se ha tenido en cuenta en función de los importes acreditados que han percibido los interesados. Y, en cuarto lugar, en cuanto a las reclamaciones de deudas por parte de la Seguridad Social, estas están perfectamente regladas y no se pueden establecer excepciones fuera de las legalmente previstas. También sería un incumplimiento de la norma. Y en cuanto a las personas que solo perciben pensión venezolana, cabe señalar que, entre otras, la solicitud de la gratuidad de la dispensación de medicamentos será en virtud de la norma establecida en el Real Decreto 119/2012, de 3 de agosto, y se accederá a ellos según el derecho reconocido.
Por último, en la iniciativa de referencia se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la proposición no de ley 161/679, sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones por parte del Gobierno de Venezuela a sus beneficiarios en España.
Al respecto tengo que manifestarles que el Instituto Nacional de la Seguridad Social -es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no el Ministerio de Asuntos Exteriores-, como organismo de enlace, se ha dirigido al presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el 15 de septiembre de 2016 -reiterando la petición del 28 de diciembre y de marzo, julio y octubre de 2017, como sus señorías deberían saber-, instándole al cumplimiento del artículo 5 del Convenio de Seguridad Social suscrito entre España y Venezuela en 1988. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta ni acuse de recibo a ninguna de las reclamaciones cursadas, subrayo, ni respuesta ni siquiera acuse de recibo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Camps, debe ir terminando.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo, señor presidente.
Asimismo el INSS también -lo digo porque están aquí representadas las organizaciones de afectados- continúa con el envío al Instituto Venezolano de Seguridad Social de las reclamaciones individuales que los pensionistas afectados presentan en las distintas sedes provinciales y centros de atención e información. Por lo que, señora Perea, si hay algún Gobierno que no está ni se le espera, es el único que usted no ha nombrado, el presidido por el señor Maduro.
- SOBRE LA DEFINICIÓN DE LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS NECESARIAS PARA ADECUAR LAS RELACIONES ECONÓMICO-LABORALES ENTRE INDIVIDUOS Y EMPRESAS EN EL MARCO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002156).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al 3.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales.
A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano.
Efectivamente, el Partit Demòcrata presenta esta iniciativa que pretende abrir en el Estado español el debate sobre la necesidad o no, en su caso, de introducir modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Este es un debate que está en el corazón de las sociedades y de las economías avanzadas. En nuestra exposición de motivos, por ejemplo, hacemos referencia a un informe de la Comisión Europea que invita a los Estados miembros a abrir esta discusión y a proceder a modificaciones normativas en esta materia, debido en parte a un hecho evidente, que es el impacto disruptivo que las tecnologías de la información y la comunicación están provocando en el mundo de las empresas y las relaciones laborales.
Una excolega nuestra y exsecretaria de Estado en esta materia, doña María Luz Rodríguez, en un reciente artículo formulaba la idea de la digitalización de la economía y la sociedad. Por tanto, estamos ante un debate que se extiende por nuestra economía, que tiene tendencia a crecer por las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación generan, por la propia capacidad de innovación de emprendimiento de los promotores de estas iniciativas y por nuestro comportamiento como usuarios que hace crecer e impulsar estas plataformas. Ante esta evidencia, hay que pensar de nuevo en nuestras regulaciones laborales y en materia de protección social, así como también en nuestras distinciones entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia, ya que son fruto fundamentalmente de una economía de base industrial, que ya fue puesta en cuestionamiento por la irrupción de una economía basada en los servicios. Pensar que nuestras instituciones de toda la vida sirven para regular y para responder a las contradicciones, a los problemas y a los retos que están generando estas plataformas, es no vivir en la realidad. Hoy existen dos tipos de conflictos: por un lado, los conflictos que plantean las plataformas con las iniciativas empresariales, que reclaman seguridad jurídica para poder operar en los mercados con certidumbre y con tranquilidad, y por otro lado, las reclamaciones de los trabajadores profesionales que están vinculadas a estas plataformas, ya que reclaman una seguridad y una protección social adecuadas.
Esa tensión, que va a ir creciendo en los próximos años, podemos pretender situarla en el ámbito del conflicto ante los tribunales y responsabilizar a la Inspección de Trabajo, que es lo que está sucediendo ahora en algunos países, o bien podemos hacer un esfuerzo de análisis y de conocimiento de cuál es la realidad para ser capaz de formular propuestas que nos permitan buscar un nuevo equilibrio entre la seguridad y la certidumbre que exigen estas empresas de estas características y las seguridades y protecciones que demandan aquellas personas que colaboran por cuenta ajena o por cuenta propia con estas iniciativas empresariales.
En este sentido, nos parece que la mejor fórmula que tiene un Estado maduro para abordar este debate es encargar a un grupo de expertos que nos hagan una primera radiografía o fotografía de esa realidad, teniendo en cuenta las especificidades del marco de relaciones laborales del Estado español. Por ejemplo, ese informe debe tener en cuenta que en el Estado español existe una figura regulada que
no es demasiado habitual en el resto de la Unión Europea, que es la del trabajador autónomo económicamente dependiente, y que a mi entender abre posibilidades para encajar en el marco legal estas nuevas realidades. Asimismo, ese informe que realicen debe tener en cuenta cuáles están siendo las experiencias que están sucediendo en otros Estados de nuestro entorno, que nos dé pistas de cómo abordar este debate.
Este es un debate que nos parece imprescindible, que forma parte de un movimiento más de fondo, de transformación del mundo del trabajo tal como lo hemos conocido desde la época industrial y en el que las viejas categorías necesitan una puesta al día, si quieren continuar jugando ese papel de equilibrio entre eficacia económica y justicia social que caracteriza a nuestros modelos de sociedad. Además, el Partit Demòcrata está convencido de todas las oportunidades que pueden provocar estas plataformas en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de prosperidad y en términos de realización de proyectos personales. Por tanto, no debemos de tener ningún tipo de prejuicio contra estas plataformas, ya que necesitamos convivir en una sociedad donde existan reglas que organicen y resuelvan el conflicto, que garanticen la protección social ante los riesgos de pérdida del empleo, de discapacidad y de enfermedad, que generen cotizaciones suficientes para generar pensiones, que garanticen tiempos de descanso, etcétera. No somos partidarios de que las plataformas digitales -nos consta que tampoco ellas- se muevan en la ley de la selva.
Este es el sentido de esta iniciativa que les planteamos desde el Partit Demòcrata, con esa petición al Gobierno para que encargue un informe. El Grupo Socialista nos ha planteado una enmienda, que nosotros compartimos. Hemos trasladado a las portavoces del Grupo Socialista que compartimos la enmienda, sobre la cual efectuaríamos, señor presidente, una pequeña modificación que ofreceríamos como una transaccional para que fuese asumida por todos los grupos parlamentarios. Después de este debate voy a proceder a elaborar el texto y a intentar recoger las firmas. Hemos tenido algún contacto con algún otro grupo y esperamos que esta iniciativa sea apoyada. De esta forma existiría el compromiso de la Cámara de hacer referencia a una realidad social. Esta Cámara no puede ignorar lo que está sucediendo en la calle sino que debe empezar a trabajar este asunto con el mayor rigor posible, para que nos permita tener esa fotografía a través de este informe que planteamos realizar a través de esta iniciativa.
Hay una enmienda, presentada el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra, la señora Serrano.
Buenas tardes, señorías. Efectivamente, estamos ante una iniciativa presentada por el Partido Demócrata catalán, que trae una problemática de máxima actualidad y que no es un tema menor ni baladí. El mercado de trabajo está cambiando y estamos ante nuevas realidades comerciales y laborales. Hasta hace unos años era bastante sencillo: jornada, salario, base de cotización y financiación del sistema. Desde hace unos años todo está cambiando y los datos de robotización se van conociendo. Según el presidente del Consejo Económico y Social, en veinte años se prevé que el 45% de los puestos de trabajo de fabricación desaparezcan. Cómo gestionar todo esto es complicado y cómo ordenarlo también. El proceso acelerado de la economía colaborativa afecta directamente al trabajo, especialmente al trabajo autónomo y difumina la base de cotización y, por tanto, la financiación del sistema. Nos va a costar, pero tenemos que pensar en reformar nuestra normativa para adaptarla a la realidad actual.
Esta iniciativa que ustedes presentan, señor Campuzano, en nuestra opinión era bastante simple para la problemática tan profunda que suponen las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Señorías, no creemos que los doce millones de trabajadores independientes de los cuales habla su iniciativa, según el estudio al que ustedes aluden, sean trabajadores autónomos en puridad, pueden ser trabajadores autónomos, pero por imposición, o falsos autónomos. Sin lugar a duda, todo ello es lo que tenemos que analizar detenidamente para crear un marco normativo adecuado, donde los derechos estén garantizados y las relaciones laborales o contractuales sean en igualdad, preservando los derechos de todas las partes. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre vamos a defender la protección de los trabajadores, que tan perjudicados se han visto por la reforma laboral del Partido Popular, porque sin duda es la parte más débil.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de la necesidad de olvidarnos de parches y reformar ampliamente nuestra normativa en Derecho del Trabajo para hacer
frente al alto grado de temporalidad de nuestro mercado de trabajo y al abuso del despido disciplinario, tal y como recomienda la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. El Grupo Parlamentario Socialista cree que estamos ante una profunda crisis del mercado laboral, pero el cambio que se plantea con la transformación digital debe ser inclusivo y no exclusivo, porque el trabajo debe ser un motor de cohesión social importante en nuestra sociedad.
A pesar de la política de autobombo y autocomplacencia del Gobierno del Partido Popular y de la propia ministra Báñez -que a veces no sabemos dónde vive ni qué realidad conoce-, los datos reales están ahí. El contrato de trabajo indefinido y el empleo estable suponen solo el 59% y está retrocediendo de forma notable, frente al auge del trabajo independiente. Por tanto, este asunto supone un marco normativo complejo y de realidades muy diferentes, las cuales hay que abordar y ha llegado el momento de abordarlo desde un punto de vista global. Para que se puedan gestionar mejor estos asuntos y todos los hechos que afectan a nuestro derecho laboral, es necesario e imprescindible abordar cuestiones como el tiempo de trabajo y el cambio tecnológico para generar la seguridad jurídica necesaria entre empresarios y trabajadores. En cuanto a la temporalidad es verdad que hay actividades estacionales, pero un porcentaje del 28% a nivel de contratación temporal no es aceptable.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el trabajo colaborativo tiene que regularse conforme al derecho laboral para evitar la explotación. No obstante, creemos en el consenso y en el diálogo. Por eso, hemos presentado una enmienda de modificación, a la que ha aludido el señor Campuzano, donde proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que antes del 31 de diciembre de 2017 convoque la Mesa de Diálogo Social y de Empleo, con el fin de estudiar y elaborar un informe que identifique las reformas necesarias para adecuar la legislación económica-laboral vigente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas digitales y a sus usuarios. Dicho informe deberá sentar las bases sobre la interrelación entre los tiempos de trabajo y los cambios tecnológicos en la prestación laboral, con el fin de asegurar la necesaria seguridad jurídica entre empresarios y trabajadores, así como garantizar la necesaria protección social de las actividades de trabajo en plataformas digitales y la seguridad jurídica de estas y de sus usuarios proveedores de bienes y servicios, incorporando la flexibilidad que requiere la economía digital. Este informe será presentado a esta Comisión para que podamos entre todos y todas tomar los datos que del mismo se extraigan y llevar a cabo las reformas pertinentes.
¿Grupo Vasco? (Pausa). Estaba, y no está. ¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Tampoco está.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.
Nosotros apoyaremos esta iniciativa y los motivos son claros, tal como lo he dicho en la primera proposición no de ley. Estamos en un mundo muy cambiante y en el ámbito de las relaciones laborales nos tenemos que adaptar. Creo que aquí no se han traído los cambios necesarios en el modelo de relaciones laborales para adaptarnos a esta nueva realidad, a la globalización. Decía entonces -y digo ahora- que es importante regular la digitalización de la economía. Estamos de acuerdo con lo de instar al Gobierno a presentar un informe realizado por expertos, porque al final son ellos quienes mejor lo saben, para llevar a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la legislación económico-laboral vigente a la realidad del funcionamiento de las plataformas digitales y los usuarios. Desde nuestro punto de vista esta economía digital ha roto las costuras de nuestra normativa laboral y de empleo, tanto del empleo por cuenta ajena como por cuenta propia, donde parece en ocasiones también que a golpe de tribunal se está encuadrando a los trabajadores de la economía digital. Nosotros somos partidarios de una regulación que no haga necesario llegar a los tribunales y que este asunto quede encuadrado en el marco de la ley. Quizás esto acabe dándole un poco más de claridad a esas zonas grises entre el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, aparte de garantizar la necesaria protección social en las actividades de trabajo en plataformas digitales.
Así pues, apoyaremos la propuesta y celebramos que en este caso el Partido Demócrata traiga una iniciativa con seny; una iniciativa que va a favor de la creación de empleo y de la economía y que huye de
la senda a la que nos tienen acostumbrados en los últimos meses en Cataluña, con declaraciones unilaterales de independencia, saltándose las leyes a la torera y que al final nos ha llevado a ver cómo más de tres mil empresas en Cataluña se han ido, cómo han subido las cifras de paro, etcétera. Celebro -desde el respeto que sabe que le tengo, señor Campuzano- que vuelva a este seny que le ha caracterizado siempre. (La señora España Reina: Como El Almendro, que vuelve a casa por Navidad).Espero que a partir del 21 de diciembre sigan en esta senda, en vez de seguir la senda a la que nos tienen acostumbrados en estos últimos meses.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud.
El sentido del voto de nuestro Grupo Confederal va a venir determinado por cómo quede finalmente el redactado de esta iniciativa, que pretende adecuar las relaciones económico-laborales entre personas y empresas en el marco de las plataformas digitales. Como dice la propia exposición de motivos, el impacto económico derivado de las actividades colaborativas es cada vez mayor y crecen también las oportunidades de empleo. Sin embargo, este crecimiento también viene acompañado de un crecimiento de la precariedad laboral, la desigualdad y la inseguridad jurídica. Por eso, nuestro Grupo Confederal apuesta por la regulación, pero no cualquier regulación ni a cualquier precio. Estaremos muy atentas a este proceso que se pueda abrir hoy con la aprobación de esta iniciativa para impedir que esto pueda rebajar la protección social o la legislación sobre contratación laboral y fiscalidad y pueda ponerla al servicio de las empresas que controlan el sector. Por eso, estamos a favor de regular, pero asegurando el cumplimiento de la legislación laboral y garantizando la protección social. Así también lo recoge la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuando recomienda trabajar para que los acuerdos contractuales entre las partes no pueda resultar que los y las trabajadoras se vean privados de la protección a la que tienen derecho.
En nuestra opinión la regulación tiene que conjugar dos aspectos: por una parte, debe proteger los derechos e intereses de las personas trabajadoras, y por otra parte, debe potenciar el correcto y responsable uso de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, para asegurar con todo ello un buen desarrollo económico y un empleo de calidad.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Albaladejo.
El ambiente que se desarrolla en esta PNL hace que nos planteemos una cierta reflexión, en cuanto a la vinculación al mercado laboral de las nuevas tecnologías. En España acumulamos una subida de la afiliación superior al 8% en los últimos tres años y tenemos una cifra de afiliados que ha crecido casi en 70 000 personas y el empleo en la economía digital crece a un ritmo del 18%. Realmente es una materia que a todos nos tiene que motivar para poder seguir esta senda del crecimiento del empleo, que es algo fundamental. Yo he podido analizar con muchísimo detalle la propuesta del señor Campuzano, así como la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Por un lado, en el trasfondo existe la petición de la creación de dos comités de expertos para elaborar un informe al respecto de hacia dónde vamos en estas nuevas figuras de las plataformas digitales, en cuanto a su impacto en el mercado laboral, y por otro lado, se trata de hablar de la seguridad jurídica vinculada al mercado laboral que pueda surgir de esas posibles novaciones normativas en esta materia.
Sin embargo, yo quiero manifestar algo. Efectivamente, como aquí se ha dicho nos encontramos ante una situación clara de globalización; es decir, el acuerdo que adoptemos aquí debe de estar acompasado para que sigamos siendo un mercado competitivo respecto del resto que tenemos en nuestro entorno geográfico más cercano, en relación a la Unión Europea. Además, se da la circunstancia de que hay cierta premura en el tiempo de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, al decir que sea antes del 31 de diciembre del 2017. Yo entiendo que a veces las PNL se presentan y los plazos son demasiado taxativos. Sin embargo, la realidad es que el Gobierno de España -como todo el mundo sabe- tiene el compromiso en la próxima reunión
del G20 en el año 2018 de llevar los resultados de un análisis de un comité de expertos español, en relación a las posibles novaciones y al futuro del mercado laboral, no solamente dentro de nuestro entorno geográfico sino dentro del G20. No olvidemos que las plataformas digitales fundamentalmente se encargan de lanzar un conocimiento y una visibilidad real de las relaciones laborales más allá de las fronteras.
Estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que buscar algún punto de acuerdo y de entendimiento en esta materia. Si yo cojo a pies juntillas el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, debo decir que el problema lo tendrían esas plataformas digitales con relación a la definición clara y concisa amparada en la legalidad de lo que es una relación laboral. Sin embargo, es verdad que esto sería probablemente no ver la otra parte del problema, un problema que va mucho más allá del territorio del Reino de España.
Por tanto, yo quisiera reservar en este momento el posicionamiento del voto del Partido Popular al respecto, a la expectativa de tener la posibilidad de poder transaccionar algo que verdaderamente dé sentido al texto. Ya he dicho que el tema de la fecha es algo que deberíamos analizar, pero también deberíamos buscar que el Gobierno de España vaya avalado con un verdadero buen comité de expertos que dé un análisis real y cierto de cuál sería el estado de la generación de empleo vinculado a las plataformas digitales en nuestro país, de cara a esa reunión importante del G20 en el año 2018. Debo manifestar que no hay cosa mejor para la creación de empleo que la seguridad jurídica. Yo creo que debemos analizar, por suerte o por desgracia, que nuestras vinculaciones y nuestras actuaciones en algunas ocasiones transcienden mucho más allá de nuestras fronteras.
Me alegra que el señor Campuzano haga esta propuesta, le tomo la palabra. Tal vez yo podría detallar en este momento aquí lo que suponen algunas decisiones parlamentarias en un ámbito autonómico, que han hecho que la seguridad jurídica desaparezca dentro de la Comunidad Autónoma catalana; que han generado no solamente que tres mil empresas desaparezcan de Cataluña sino que también, por desgracia, en el mes de octubre del año 2017 tengamos una media de cuarenta y siete autónomos que desaparecen en Cataluña al día, cuando en el mes de octubre de 2016 había cuarenta y cinco emprendedores diarios nuevos dentro del mercado laboral catalán; que han hecho, por desgracia, que escuchemos decir hace dos horas a una consultora internacional de reconocido prestigio como Reputation Institute que España dejará de ingresar 12 000 millones de euros por menos turismo extranjero a raíz de la crisis catalana. Quiero decir con ello que si tomamos decisiones que van a ir mucho más allá de la seguridad jurídica, se genera un efecto contrario de destrucción de empleo, de destrucción de actividad económica y eso, por desgracia, lo pagan los empleados en este país.
Por tanto, pido por favor que tengamos en la medida de lo posible la altura de miras de llegar a un punto de entendimiento para que el Gobierno de España tenga en el 2018 un buen comité de expertos, para que se pueda analizar de forma correcta cuál es el impacto en el mercado laboral de las plataformas digitales y de esta forma poder generar nuevos empleos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Campuzano, ¿acepta alguna de las enmiendas que se han presentado? (Rumores).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, sobre la base de la enmienda que ha formulado el Grupo Socialista vamos a formular una transacción, que espero que podamos cerrar en los próximos minutos.
- RELATIVA A ABRIR UN PROCESO DE DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE IMPULSO DE LA IGUALDAD LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002517).
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación pasamos al 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral.
En primer lugar, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora España.
Las políticas de igualdad entre las mujeres y los hombres han ido avanzando en España considerablemente durante la consolidación de la democracia y ha contribuido a construir una vía mejor para las personas en nuestro país, al reconocer y extender así las libertades y los derechos
para el conjunto de la sociedad. Está claro que la incorporación de las mujeres al trabajo representa un activo fundamental para la recuperación económica de nuestro país y el cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible. Una economía globalizada basada en el conocimiento no puede prescindir de la mitad del talento y de la capacidad de una sociedad, si se quieren alcanzar ventajas competitivas.
Les voy a dar algunos datos. Desde diciembre del año 2011 hay 241 904 mujeres más trabajando y desde febrero del año 2013, que es el peor año de la crisis, más de medio millón de mujeres han recuperado o han encontrado un puesto de trabajo. En la actualidad podemos decir que las mujeres representan casi el 50% de la ocupación total, alcanzando los casi 8,5 millones de afiliadas, el mayor número de mujeres afiliadas en la historia. Asimismo, el número de mujeres directivas también ha ido creciendo en la última década, ya que hace diez años se situaba en el 17% y según los últimos datos está ya en el 26%. No obstante, a pesar de esta mejoría, en cuanto a salarios persisten diferencias y deben removerse los obstáculos que existen para que la igualdad sea plena y efectiva, tanto en el ámbito público como en el privado.
En el año 2007 el salario medio anual de las mujeres en España fue de 16 943 euros, frente a los 22 780 euros de los hombres, es decir, 5836 euros menos, que es un 25% menos según el Instituto Nacional de Estadística. Si nos fijamos en los datos del año 2016, las cifras del INE revelan que las ganancias medias anuales de los hombres han subido a 25 727 euros, frente a los 19 744 de las mujeres, pero la diferencia, 5982 euros menos es un 23,2% menos; es decir, los sueldos están aumentando, pero las distancias entre ambos sexos apenas se reducen. En la actualidad España se sitúa en el sexto lugar de la Unión Europea, con un porcentaje medio de un 18,8% de brecha salarial según los últimos datos de Eurostat.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley que insta al Gobierno a que abra un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral, para adoptar medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género conforme a una tabla de clasificación por categorías profesionales. Esperamos que esta proposición sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios.
A esta proposición de ley se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
La señora España me permitirá que les diga que ni les entiendo ni les comprendo, porque justamente ayer mismo presentamos en la Comisión de Igualdad una proposición no de ley para mejorar la igualdad en el ámbito laboral y el Partido Popular votó en contra. Sin embargo, hoy -un día después- nos trae una proposición no de ley para hacer más efectiva la igualdad en el ámbito laboral, lo cual me sorprende muchísimo. Me decía que se ha avanzando en política de igualdad durante los últimos años, pero lo cierto es que se ha avanzando muy lentamente. La verdad es que en muchas ocasiones hay que llevarles con los pies arrastrando, intentando cambiar el sentido de las medidas y de las políticas fracasadas que se han puesto en marcha, para revertir esta situación de desigualdad en el ámbito laboral que sufren las mujeres porque creo que ya está bien.
En este caso hablamos en materia de igualdad, pero la conciliación familiar también es un compromiso prioritario para Ciudadanos y para conseguirlo hacen falta hechos y no palabras ni simples declaraciones. Por eso en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 arrancamos del Gobierno del Partido Popular la ampliación del permiso de paternidad hasta las cuatro semanas, un incremento de dos semanas. En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incluye una semana más de permiso de paternidad, aunque parece que hay partidos más interesados en quedarse anclados en el no es no que en apoyar mejoras en la conciliación. En este sentido, me van a permitir que cite a mi compañero, Sergio del Campo, que ha sido recientemente padre, que ya advertía que en este aspecto de la corresponsabilidad los poderes públicos tienen o, mejor dicho, tenemos que seguir avanzando y poner a disposición de las personas los mecanismos necesarios para hacerla efectiva.
Justo este lunes conocimos la noticia de que el Ministerio de Empleo quiere auditar en el ámbito salarial a las grandes empresas para lograr la igualdad salarial. En el borrador presentado a los agentes sociales para la reforma de la contratación, se ha incluido la obligación para las empresas con más de 250 empleados de hacer auditorías salariales para sensibilizar del problema a empresas y trabajadores. Está bien que el
partido que sustenta al Gobierno se inste a sí mismo a hacer lo que ya está haciendo, pero nosotros creemos que hay que ir mucho más allá, y por eso intentamos que dejen de arrastrar los pies y cambiar las políticas sociales que se están poniendo en marcha. En el documento que contiene las 150 medidas acordadas con el Partido Popular recogimos expresamente la promoción de la igualdad en todos los ámbitos, avanzando en el compromiso de la defensa y promoción de la igualdad como base de una sociedad madura y avanzada, luchando contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. En este sentido va nuestra enmienda al proponer medidas concretas para hacer que esta igualdad laboral sea una realidad. El Grupo Parlamentario Popular ha aceptado a regañadientes nuestra proposición no de ley, pero vamos a llegar a una transaccional que apoyaremos porque más vale un pasito adelante que no un paso atrás.
Hay otra enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Juana Amalia): Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. La propuesta que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular nos parece necesaria pero insuficiente, sobre todo después de los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo sobre el aumento del paro en noviembre, que tiene un género claro que es el femenino. A finales del mes de noviembre, señorías, las oficinas públicas de empleo españolas contaban 7255 desempleados más, de los que 286 eran hombres y 6969 mujeres, es decir, el 96% del total. Desgraciadamente, tenemos que reseñar que más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental están en paro. Señorías, es urgente remover los obstáculos que sitúan a la mujer en peor situación en el mercado de trabajo. La asunción en exclusiva de responsabilidades familiares por las mujeres determina la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial. La mayor demanda de participación en el mercado laboral de la mujer no puede realizarse a costa de su extenuación. La conciliación parece seguir siendo un asunto de mujeres y actúa situando a la mujer en peores condiciones laborales, debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo. Corregir la brecha salarial es una cuestión de justicia y equidad, y exige situar a la mujer en igualdad de condiciones que los hombres en el empleo, tanto en el acceso como en su permanencia, promoción interna y formación. Es necesario avanzar en su mayor participación en los órganos de decisión, la ruptura del denominado techo de cristal, conscientes de la mejora que esto supondría también en la gobernanza de las empresas al incidir en la selección de los más cualificados, sean hombres o mujeres. Es necesario articular medidas de corresponsabilidad familiar y para el cuidado de los otros. Es decir, señorías, son necesarias políticas públicas para la remoción de los obstáculos que impiden esta igualdad. Los poderes públicos tienen que actuar por mandato constitucional, por el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y porque así les obligan los tratados de la Unión Europea.
El Gobierno del Partido Popular tiene que modificar sus políticas miopes, que han aumentado la brecha laboral desmantelando los servicios sociales y la Ley de dependencia, a lo que se añade la desregulación del tiempo de trabajo producida por la reforma laboral, que implica extralimitación horaria, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas, y reducciones horarias para el cuidado de menores que dificultan la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral y, en consecuencia, la participación de la mujer en el ámbito laboral. Señorías, son políticas que tratan de devolver a la mujer a casa y lo están consiguiendo. Por primera vez en cuarenta años está cayendo la población activa femenina; es decir, menos empleo y más paro para las mujeres.
Al Grupo Parlamentario Socialista esta situación nos parece volver a antiguos esquemas sociales donde la mujer se quedaba en casa por imperativo social, mientras el hombre salía en busca de trabajo para cuidar de la familia como máximo responsable del bienestar y subsistencia de la misma. La dificultad para encontrar empleo es manifiesta para todos, pero ser hombre no debe ser garantía para encontrarlo antes ni para tener mejores condiciones laborales que en el empleo que encontraría la mujer. Las medidas laborales incorporadas en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que remite en muchos casos a la negociación colectiva, ha mostrado unos efectos limitados como consecuencia del debilitamiento de los sindicatos y la reducción de la cobertura de la negociación colectiva tras la aprobación de la reforma laboral del Partido Popular. Lograr la igualdad de género dentro del marco laboral, además de un objetivo democrático es un objetivo urgente para desarrollar la potencialidad económica y social que necesita nuestro país. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda de modificación a la iniciativa que debatimos, por considerar que es más completa y ambiciosa que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Esta es una proposición no de ley que incide en una materia en la que, desde el punto de vista parlamentario, ya se están analizando muchas iniciativas, singularmente en la denominada Comisión de Igualdad, como nos acaban de recordar hace unos minutos. Por lo que he leído en los diarios de sesiones de sus reuniones a lo largo de esta XII Legislatura, ya se ha abordado en numerosas ocasiones este gran reto para la sociedad española de conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el marco de las organizaciones laborales. En esta materia España está más o menos en la media europea, pero es que Europa tiene unos parámetros realmente muy mejorables. He leído que al ritmo que vamos aún necesitaríamos muchas décadas, siete décadas, setenta años, para alcanzar la igualdad retributiva. Y tampoco es alentador el objetivo de lograr tasas de empleo similares; de hecho, este mismo año el índice de igualdad de género otorga una puntuación del 52,9 sobre 100, insisto, para el conjunto de la Unión Europea.
En España tenemos, como se ha subrayado, un largo recorrido por delante. Nuestro marco normativo, comenzando por la Constitución Española y su artículo 14, nos ha dotado de instrumentos para combatir la discriminación por cualquier circunstancia personal o social, pero, además, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos obliga al cumplimiento de las directivas para impulsar o reforzar la promoción de la igualdad. También hay que decir que en España ya nos hemos dotado de recursos para impulsar las buenas prácticas empresariales en materia de igualdad. Yo tengo aquí uno de los folletos que publicita el ministerio con las medidas para abordar los planes de igualdad y lo titula: La igualdad de oportunidades es un buen negocio. Bien, supongo que habrá que insistir para que nuestras empresas sean conocedoras de esa oportunidad de buen negocio que tiene precisamente la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades.
Coincido con otros portavoces en que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es susceptible de ser ampliada, porque se queda escasa respecto a los múltiples factores que influyen en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que prestan idéntico trabajo. Sin embargo, en las dos enmiendas que se han presentado veo elementos que pueden enriquecer la propuesta original defendida por la diputada señora España. Mi voto en todo caso será favorable, pero animaría al grupo proponente a ampliar el mandato al Gobierno que puede salir esta tarde de la Comisión de Empleo, en una materia tan importante para muchísimas personas, sobre todo para nuestras mujeres.
Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Marcello, tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías. Compartimos con el grupo proponente la preocupación por acabar con la brecha salarial porque en nuestro país las mujeres, para que cobren lo mismo que un hombre haciendo la misma tarea en el mismo puesto de trabajo en un año, tendrían que trabajar setenta y seis días más al año. Eso significa que las mujeres directamente trabajamos gratis para seguir cobrando lo mismo que cobraría un hombre. Vemos cómo en Europa se va mejorando esta situación y, sin embargo, en España seguimos a la cola en el tema de la brecha salarial. En nuestro país seguimos teniendo puestos de trabajo que cada vez son más precarios, los salarios cada vez son más bajos y aumenta la desigualdad. No podemos compartir con el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, el discurso del Gobierno en cuanto a la recuperación económica que vivimos y esa primavera en la que supuestamente estamos, y mucho menos estamos conformes con su afirmación de que esa mejoría se produce gracias a la aplicación de las medidas de austeridad y la devaluación salarial que trajo consigo la reforma de 2016. Esa devaluación salarial es la que hizo esa falsa trampa, aunque ahora nos dicen que se está igualando un
poco la brecha salarial. Evidentemente, si se devalúan todos los puestos de trabajo, los de las mujeres también respecto a los de los hombres.
No es que lo digamos nosotros, los últimos datos del informe de la EPA ya nos plantean un aumento de la precariedad, de la temporalidad y de la parcialidad, todavía más sangrante en el caso de las mujeres, ya que el 23% de los contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres frente al 7% de los hombres. Nos plantean también las elevadas jornadas laborales y el abuso de las horas extras que se está haciendo en este país. Estamos viviendo con normalidad que una mujer o un hombre tengan que trabajar dos, tres o incluso cuatro horas diarias gratis en su puesto de trabajo. Y los datos de la EPA continúan mostrando que sigue habiendo una desigualdad de género en el mercado laboral, ya que la jornada laboral a tiempo parcial desempeñada por las mujeres ya llega al 75,85%. Eso significa que más de dos millones de mujeres están en esta situación y que la brecha salarial, comparto lo que decía la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, no es fruto de una única causa, sino que deriva de una situación estructural.
Esta desigualdad retributiva requiere medidas potentes y específicas. Por eso nosotras ya propusimos la medida de permisos de paternidad y maternidad intransferibles y cien por cien pagados, que nuestro Gobierno nos ha vetado. También planteamos la necesidad de incorporar en la cultura empresarial el establecimiento del diagnóstico y de planes de igualdad. Nos encontramos muy lejos de los acuerdos alcanzados para la Estrategia 2020. Ya en el 2014 mediante una recomendación la Unión Europea mandataba a todos los países que nos pusiéramos a trabajar para acabar con la brecha salarial. Nos ponía un plazo para hacer ese trabajo, al término de 2015 teníamos que haber hecho todo ese estudio, ese diagnóstico, y haber puesto en marcha todas las medidas necesarias para acabar con la brecha salarial. El Gobierno de España no lo hizo en el 2015 y ahora viene, dos años más tarde, y encima con una burda PNL. Sin embargo, nosotras, siendo oposición, sí que hemos hecho nuestro trabajo y hemos presentado una proposición de ley para la redistribución retributiva y acabar con la brecha salarial, de manera que las mujeres no tengamos que trabajar gratis y en condiciones más precarias y de desigualdad. Mucho nos tememos que esa ley sea vetada como las cuarenta leyes más que nos ha vetado el Gobierno del Partido Popular a toda la oposición. Les quedan pocos días para vetarla, ténganla en cuenta y no presenten simples proposiciones no de ley.
Señora España, ¿acepta alguna de las enmiendas?
La señora ESPAÑA REINA: No podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí hemos preparado una transaccional con el punto tercero de la enmienda de Ciudadanos que paso a la Mesa y a los distintos grupos.
- RELATIVA AL CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO DERIVADA DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/002551).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del punto 5.º del orden del día, relativa al cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial. La presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y la defiende la señora Díaz Pérez.
Buenas tardes, casi buenas noches ya. Defendemos un texto que, en definitiva, insta a acometer las reformas legislativas necesarias para dar cumplimiento a los mandatos internacionales que tiene nuestro país, en concreto, que cumpla con la directiva que obliga al mantenimiento de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y, particularmente, en materia de Seguridad Social. Quiero empezar señalando que el Partido Popular, el Gobierno de España -y esto es una enorme tristeza-, tiene un problema con la igualdad laboral y retributiva; es un Gobierno persistentemente rebelde que se niega a cumplir la Directiva 79/7/CEE; se niega a seguir las recomendaciones que ya desde 2014 están a disposición de los países europeos. Prácticamente todos los países europeos han acomodado su
legislación para favorecer, nada más y nada menos, que la igualdad de derechos laborales entre mujeres y hombres. Y por desgracia -lo digo con enorme tristeza-, somos el único país, el único Estado, que está recibiendo condenas del Tribunal de Justicia de la UE justamente por vulneración de derechos fundamentales en materia de igualdad, por incumplimiento de la directiva del año 1979. Esto tiene que hacer reflexionar al Grupo Parlamentario Popular como partido que apoya de manera mayoritaria al Gobierno porque sería conveniente que este, en manos de la señora Fátima Báñez, acometiera con urgencia las reformas legislativas necesarias para defender los derechos de la mitad de la población trabajadora que somos las mujeres.
Este asunto que traemos hoy, tras la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE el día 9 de noviembre de este año -que, si me permiten, tiene que ver con una moción aprobada ya en esta Cámara a propuesta del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero también con una proposición de ley que esperemos que el lunes no sea vetada por el Gobierno del Partido Popular porque lo que pedimos en esta ley de igualdad retributiva es de manual-, es el ejemplo palmario de lo que nunca se debe hacer. Les digo ya que no es el primer caso porque, como saben ustedes, en el año 2012 se juzgó otro en este mismo tribunal en el que se condenó a nuestro país por trato desigual. En aquel caso la accionante cuestionaba el cómputo en materia de pensiones, y este que nos ocupa es en materia de desempleo, pero es evidente que el Grupo Parlamentario Popular no es capaz de entender que necesita adecuar la normativa, insisto, para no vulnerar los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras respecto a la Seguridad Social. En el año 2012 el Partido Popular tardó nada más y nada menos que más de ocho meses para acometer las reformas legislativas necesarias en esta materia que, como saben ustedes, dio lugar al Real Decreto-ley 11/2013 a través del cual se incorpora el coeficiente de parcialidad. Me quiero detener aquí porque el coeficiente de parcialidad no resuelve los problemas de desigualdad que tenemos en el cómputo de los tiempos parciales que sigue siendo discriminatorio para las mujeres, en este caso para las trabajadoras de nuestro país. La sentencia dictada en noviembre pone el acento en esta cuestión. Y lo que defiende la iniciativa que nosotros traemos hoy aquí a debate es justamente algo muy sencillo, que se compute como cotizado dentro del contrato a tiempo parcial todo el periodo en el que la persona haya permanecido en situación de alta en el sistema de Seguridad Social, con independencia de la jornada realizada. Hagámoslo así porque, como saben ustedes, la doctrina, los juristas y el Tribunal de Justicia de la UE están indicando -aparte de la complejidad de calcular el periodo de carencia con el complemento de parcialidad, porque a veces parece cosa de meigas llegar a calcular exactamente lo que estamos hablando- que es disfuncional y sigue generando discriminaciones en esta materia.
Por tanto, en este caso se trata de una prestación por desempleo, pero, obviamente, pedimos cosas muy sensatas, y es que acometan las reformas legislativas necesarias con carácter inmediato porque nos tememos que las trabajadoras, a la vista de la proyección que están teniendo estos casos, van a empezar a accionar y lamentablemente vamos a recibir más condenas. Lo digo porque me avergüenza que mi país sea condenado por discriminación, en este caso indirecta, y vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras. Estas reformas legislativas deben ir en dos sentidos: cumplir la Directiva 79/7/CEE del Consejo y, por supuesto, modificar el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984. Nos parece de sentido común.
Solo para ilustrar, en el caso de Elbal Moreno la accionante era una limpiadora que trabajaba a tiempo parcial a razón de cuatro horas diarias. Con el cómputo del Gobierno de nuestro país necesitaría trabajar y cotizar cien años para devengar el derecho a la pensión. Obviamente, esto es un disparate y así lo entendió el Tribunal de Justicia de la UE. Urge, de manera inmediata, la resolución de estos problemas. Insistimos, señores y señoras del Grupo Parlamentario Popular, sean valientes. Somos conscientes de que esto supone dinero, no somos gente extraña, pero sobre todo es una insensatez mantener en esta auténtica desigualdad a las trabajadoras de nuestro país. Creo que vamos por muy mal camino sobre todo en el ámbito de la justicia. Así que por no pasar la vergüenza que pasamos con cada una de las sentencias que se están dictando, que nos ponen en tela de juicio y enmiendan lo que antes defendió la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo les pediría que en aras de la defensa de la igualdad retributiva -que no salarial porque son conceptos diferentes- votasen a favor de esta iniciativa. De lo contrario, obviamente, el mensaje que mandamos a la sociedad española es que estamos ante un Gobierno profundamente discriminatorio y machista. Le he dicho en una ocasión a la señora Fátima Báñez que tiene un departamento opaco al género. Hoy podemos afirmar más que nunca que su gabinete es radicalmente opaco al género. No estamos haciendo ideología ni partidismo, sino defendiendo los derechos
fundamentales y el cumplimiento de las directivas que obligan a este país. Por tanto, en nombre del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, espero y deseo que esta iniciativa salga adelante.
Hay una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Reynés.
Buenas tardes, señorías. Señora Díaz, creo que vivimos realidades diferentes porque usted no ha escuchado a la señora Báñez, igual es que no estaba en el hemiciclo esta mañana, pero la señora Báñez lo ha dicho claramente. Una cosa es la España del 2017 y otra fue la que encontramos nosotros en 2011, y en eso ha trabajado desde el primer día el Gobierno de España del Partido Popular. A usted solo le avergüenzan algunas condenas porque en el asunto de los estibadores esas condenas no les interesaban. ¿Verdad que no? (La señora Díaz Pérez: ¡Porque es lo mismo!). No, claro que sí es lo mismo. Ustedes lo que han hecho ha sido presentar una proposición no de ley que se fundamenta en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha resuelto la cuestión prejudicial -eso es verdad- planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, acerca de la compatibilidad del apartado cuatro del artículo 3 del Real Decreto 625/1985 con el derecho de la Unión Europea. Este apartado es el que se aplica para el cómputo del periodo de ocupación cotizada a efectos de determinar la duración de una prestación contributiva por desempleo, originada por la pérdida de un trabajo a tiempo parcial en el que la prestación de servicios no se realiza durante todos los días laborales del periodo de duración del contrato. El magistrado consideró que el artículo 3.4 del real decreto citado otorgaba un peor trato a efectos del derecho a prestaciones en los contratos a tiempo parcial llamados verticales, en los que el trabajo se concentra en solo parte de los días de la semana, respecto a los contratos a tiempo parcial horizontales con igual parcialidad en la jornada laboral, solo que repartida durante los cinco días laborables de la semana, afirmando que ello supone una discriminación indirecta por razón de sexo. Por ese motivo planteó en la cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la prohibición de discriminación por razón de sexo directa o indirecta que contempla el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, se opondría a una norma nacional como el artículo 3.4 del real decreto que ya he citado, que en los casos de trabajo a tiempo parcial vertical excluye del cómputo como días cotizados los días no trabajados, con la consiguiente minoración en la duración de la prestación por desempleo. El tribunal resuelve mediante sentencia la cuestión prejudicial declarando que el artículo 4.1 de la directiva, relativo a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, se opone a una normativa de un Estado miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el periodo de pago de la prestación por desempleo, cuando está acreditado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por tal normativa. En eso estamos de acuerdo.
Por tanto, se solicitó a la Abogacía del Estado un informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de esta sentencia, entre ellos, la necesidad de modificar el Real Decreto 625/1985. La Abogacía del Estado ha emitido con fecha 22 de noviembre el informe solicitado, en el que concluye que el efecto vinculante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizada determina con carácter general que el criterio en ella contenido debe aplicarse desde su publicación -en eso también tiene usted razón- y, por tanto, ha de ser tenido en cuenta en la resolución de las solicitudes de prestaciones que afecten a tal supuesto, evitando así futuros litigios por violación del derecho comunitario, por lo que se recomienda la modificación de la citada norma reglamentaria, adoptando las medidas que sean necesarias para su aplicación en tanto no tenga lugar dicha reforma reglamentaria. En consecuencia, desde la secretaría de Estado se han iniciado los trámites de modificación normativa, y ello porque se considera que en línea con el argumento central de la sentencia, la mejor forma de garantizar que se aplica el mismo criterio para el cómputo de la ocupación cotizada a efectos de determinar el periodo mínimo exigible para el acceso a las prestaciones por desempleo o la duración de estas, con independencia de que el trabajo se haya realizado a tiempo parcial horizontal o vertical, consiste en hacer constar expresamente esta circunstancia en el texto del artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985. Por eso simplemente quiero acabar diciendo que la Secretaría de Estado de Empleo a través del SEPE va a llevar a cabo las oportunas modificaciones para proceder, a la mayor brevedad posible, a su aplicación efectiva, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya ha puesto en marcha
los procedimientos pertinentes para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En todo caso, reitero, señora Díaz, el empleo de calidad y con garantías es un objetivo prioritario del Gobierno, aunque ustedes no lo crean. Por eso vamos a continuar trabajando en el marco del diálogo social, del debate político y también junto con las comunidades autónomas, para que se puedan poner en marcha a la mayor brevedad posible tantas nuevas medidas como sean necesarias para lograr estos objetivos. Por ello nosotros hemos presentado una enmienda que, sin duda, ustedes podrían aceptar como grupo proponente. Dice así: Dictar las instrucciones pertinentes para que se reconozcan los derechos de protección por desempleo, en igualdad de condiciones con independencia de que el trabajo se haya realizado a tiempo parcial horizontal o vertical y, a su vez, iniciar los trámites necesarios para la modificación del artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985 para adaptarlo a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 9 de noviembre de 2017, mediante la que se resolvía la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona. Espero que podamos ponernos de acuerdo y aprobar en cualquier caso una transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchísimas gracias, señor presidente.
Agradezco a la señora Díaz que traiga esta proposición no de ley, porque sin duda es una discriminación que existe en nuestro mercado laboral. Además, quienes más lo sufren son las mujeres, aunque también lo sufren los hombres que trabajan a tiempo parcial, ya que dependiendo de cómo se haga el cómputo de la hora, de la parcialidad del tiempo trabajado, así van a tener una prestación futura. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea nos vuelven a dar un toque a España, al Estado, mandándonos que aclaremos esto y que hagamos las modificaciones pertinentes para que a igualdad de cotizaciones, haya igualdad de prestaciones.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará todas estas iniciativas. Volvemos a darnos cuenta cómo el Gobierno, el Partido Popular, vuelve a ir a rastras y cómo tienen que enmendarle la plana los tribunales de justicia. Por tanto, apoyaremos la proposición no de ley.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes, de nuevo.
Evidentemente, el Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta, entre otras cosas porque hemos presentado una exactamente igual. Apoyamos esta propuesta porque creemos que esta sentencia del 9 de noviembre de 2017 debe concretarse seriamente en un cambio de criterio de actuación inmediato del SEPE y, en su caso, en la correspondiente modificación normativa, equiparando las condiciones de acceso a prestaciones por desempleo a personas trabajadoras con contratos a tiempo parcial.
Esta sentencia, como saben, pone en evidencia una vez más la necesidad de revisar y reformar el sistema de protección por desempleo en España para acometer diferentes retos: en primer lugar, para equiparar en el acceso al mismo sin discriminaciones a todos los colectivos, y en segundo lugar, como refuerzo de la protección por desempleo para cubrir a más personas y con mayor intensidad, corrigiendo la actual situación que ha llevado a la tasa de cobertura al actual 54%, es decir, a que casi una de cada dos personas en desempleo no tienen ningún tipo de prestación económica. Una vez más, son las mujeres las más perjudicadas, ya que estas siguen siendo las que de manera muy mayoritaria ocupan empleos a tiempo parcial. Así, no es solo que las mujeres tengan una de las formas contractuales más precarias e hiperflexibles de nuestro mercado laboral, lo que incide en la brecha salarial, sino que se ven perjudicadas en el cobro de todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social, incluida, evidentemente, también la prestación por desempleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista confía en un apoyo mayoritario para garantizar la equiparación en la percepción de la prestación por desempleo de las personas trabajadoras que prestan su actividad laboral a tiempo parcial vertical y las que la realizan a tiempo completo, por ser contraria a la legislación comunitaria sobre igualdad, ya que esta discrimina a las mujeres.
Antes de pasar a la última proposición no de ley, pregunto a la señora Díaz si acepta o no la enmienda del Grupo Popular.
Hemos ofrecido a la portavoz del Partido Popular una transacción consistente en la adición de un texto para justamente que se den las instrucciones convenientes en las direcciones provinciales en esta materia. Si lo aceptan, sería muy satisfactorio para nuestro grupo.
Si terminan la transaccional, preséntenla en la Mesa antes de la votación.
- RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS DEL TRABAJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002670).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la aprobación de un Acuerdo en materia de racionalización de los horarios del trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente
Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a mi compañero, el señor Del Campo, por su reciente paternidad, que lo disfrute. (Risas.-Varios señores diputados: Enhorabuena.-Aplausos). Quiero darles la enhorabuena a los recientes padres, que disfruten de su retoño.
Una vez dicho esto, inicio mi intervención diciendo que en España se ha legislado y avanzado mucho para conciliar la vida laboral con la familiar y personal. La última reforma laboral, aprobada por el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, introdujo algún cambio más respecto a la conciliación, pero es necesario seguir avanzando. Se considera que hay una falta de racionalidad en los horarios laborales para hacer compatible la vida personal con el trabajo. La ministra de Empleo y Seguridad Social propuso recientemente a los entes sociales en la Mesa sobre el Empleo de Calidad, que se incluya de manera concreta en materia de conciliación lo siguiente: aprobar un acuerdo sobre racionalización de los horarios en las empresas e instituciones, que favorezca la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar. Se trata de un tema que está siendo objeto de negociación en la Mesa de Empleo de Calidad, donde la negociación colectiva cobra un papel capital. La ministra de Empleo y Seguridad Social se refirió a este asunto, precisamente en una comparecencia que se produjo en esta misma Comisión para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. La ministra señaló que uno de los ejes de actuación va a girar en torno al diálogo para la elaboración de un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios y añadió expresamente que el Gobierno quería que la jornada laboral en España con carácter general acabara a las seis de la tarde, para lo cual se impulsará un pacto con los representantes de empresas y trabajadores.
Asimismo, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de ese trabajo de políticas transversales, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal constituye un objetivo básico de las políticas de apoyo a la familia y a la infancia. La conciliación es una demanda creciente en nuestra sociedad y desde este ministerio se incluye esta cuestión como eje prioritario en sus actividades y en los distintos planes que viene impulsando, como es el Plan Integral de Apoyo a la Familia. También se promueven y apoyan iniciativas que buscan una mayor sensibilización social y un reconocimiento a las entidades que desarrollan medidas de conciliación, como por ejemplo los distintivos de igualdad en la empresa, los certificados de empresa familiarmente responsable o el apoyo a las actividades de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios en España.
En el ámbito de la Administración General del Estado, especialmente desde mediados de la década pasada, es destacable el esfuerzo realizado en orden a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, lo que plantea un cambio cultural para garantizar la igualdad de oportunidades, potenciar el capital humano y para servir de orientación al sector público y privado, al objeto de que la conciliación en el ámbito de la Administración General del Estado sea un elemento coadyuvante para un nuevo reparto social y familiar de responsabilidades, en el que están implicados empresa, familia y Estado.
Uno de los grandes hitos fue el Plan Concilia. A través de una serie de actuaciones, se perseguía implantar una política de compatibilización entre el trabajo y la vida personal que redundará, no solo en beneficio personal del empleado público, sino también en beneficio para la Administración. Así, a partir
de 2005 empezaron a implantarse paulatinamente varias medidas, a fin de cumplir con el objetivo señalado. Entre estas medidas cabe señalar la racionalización de jornadas y horarios, el establecimiento de permisos para la conciliación, excedencias, etcétera.
Asimismo, en el ámbito de la Administración General del Estado se vienen planteando nuevas posibilidades de flexibilización destinadas a atender mejor las necesidades personales y familiares de las empleadas y los empleados públicos, sin menoscabo de las respectivas obligaciones profesionales y de la adaptabilidad laboral requerida. Por ello, se han realizado distintas propuestas que han sido negociadas y aprobadas en las distintas mesas de negociación. Así, en la Mesa de negociación de la Administración General del Estado se acordó la modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en los siguientes términos: en primer lugar, aumentar el periodo de jornada de verano para quienes tienen a su cargo a un menor de 12 años de edad, y en segundo lugar, adaptación progresiva de la jornada de trabajo en la reincorporación al mismo tras determinados tratamientos médicos, entre otros, evidentemente.
Si apostamos por superar los retos que ello conlleva y aceptar decididamente los desafíos de implantar medidas conciliadoras, estaremos más cerca de conseguir crear entornos de trabajo de mayor productividad, con más calidad y equilibrados. No debemos finalizar sin señalar la importancia de la participación de los agentes sociales en el marco del diálogo social, con el fin de impulsar la calidad en el empleo y de esta manera seguir avanzando en la agenda por la mejora de la productividad como garante del crecimiento, el empleo y el sistema del bienestar. Para ello, propuestas como la que contiene la presente iniciativa podrán ser objeto de análisis y de estudio en las mesas de diálogo social.
Por lo expuesto, señorías, pido el voto favorable a esta iniciativa para poder seguir avanzando y generando sinergias en el tema de la conciliación. Ya que estamos, si me lo permite el presidente, quiero desearles felices fiestas y un próspero Año Nuevo.
A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano para defender su enmienda.
El señor CANO FUSTER: Muchísimas gracias, señor presidente. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE: Ruego silencio, por favor. (Pausa).
Continúe, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Señorías, hoy de nuevo el Grupo Parlamentario Popular nos trae una enmienda para racionalizar los horarios de trabajo. Me van a permitir que me repita, pero es que el Partido Popular también se repite. Ayer mismo, también en la Comisión de Igualdad, llevamos una proposición no de ley de racionalización de horarios de trabajo, pero el Partido Popular volvió a votar en contra. Señorías, nos estamos jugando mucho para tener una sociedad que pueda compatibilizar tanto el trabajo como su familia. Necesitamos ciudadanos que puedan desarrollarse profesional y personalmente. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, y lo hacemos entre todos ya, esto no va a suceder.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, como decía antes, es el de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, cómo compatibilizar la vida personal, la familiar y la carrera profesional. Muchos padres y madres quieren poder compaginar una vida profesional estimulante y una vida familiar gratificante, quieren poder pasar tiempo con sus hijos sin sacrificar su carrera profesional, de la misma manera que desean disfrutar del fruto de sus esfuerzos educativos y laborales, a la vez que forman una familia.
Desafortunadamente, los datos sugieren que en nuestro país conciliar esos objetivos sigue siendo un rompecabezas, sigue siendo una misión imposible para los ciudadanos. Es un hecho bien conocido que España exhibe un patrón de horarios laborales, escolares, comerciales y de ocio poco compatibles con la conciliación. Los problemas propiciados por la peculiar jornada laboral española se ven agravados por la falta de flexibilidad ofrecida por nuestras empresas. Señorías, los datos apuntan a que España es uno de los países que ofrece menos flexibilidad, en cuanto a la organización de la vida laboral y la jornada de trabajo, como por ejemplo la posibilidad de acumular horas para tomar días libres, o para variar la hora de comienzo y final del día. España tampoco se encuentra en posiciones de liderazgo, cuando se trata de la autonomía de los empleados a la hora de determinar sus horarios de trabajo. En países como Holanda y Suecia el porcentaje de trabajadores, cuyas empresas determinan los horarios
sin posibilidad de cambio, es del orden de la mitad que en España. Tampoco existe en nuestro país una posibilidad real de teletrabajo.
Una de las potenciales consecuencias de esta falta de flexibilidad es que los trabajadores, mayoritariamente las mujeres, optan por la jornada reducida. Asimismo, los datos muestran que la tasa de actividad de los trabajadores con hijos menores de quince años es notablemente menor en mujeres y que estas se enfrentan a una tasa de desempleo mucho mayor que los hombres cuando tienen hijos pequeños, lo que sugiere una desigualdad muy importante en términos de oportunidades.
En resumen, señorías, la evidencia apunta que el aumento de la flexibilidad laboral beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores. La racionalización de los horarios laborales no solo es un beneficio físico y psíquico, sino que puede llegar a ser una invención para las empresas. Señorías, hemos presentado una enmienda de mejora, atendiendo al acuerdo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos tuvo con el Partido Popular en esta proposición no de ley, que espero sea aceptada.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora González Bayo para defender su enmienda.
Señorías, estamos ante una proposición no de ley que nos sorprende tanto como al señor Cano, porque la verdad es que es difícil coger el pulso al Partido Popular. Hemos visto cómo don Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular y también presidente del Gobierno, en reiteradas ocasiones en las elecciones de 2016 dijo durante la campaña, antes y después, que iba a hacer una ley de conciliación, donde la jornada laboral acabaría a las dieciocho horas, donde habría un banco de horas para los trabajadores que haría flexible su trabajo y donde se otorgaría un sello de identidad a aquellas empresas que fueran responsables con su trabajo. (Rumores).
Todo eso dijo el señor Rajoy en campaña electoral. Después comienza el Gobierno y firma un pacto con Ciudadanos -el señor Cano lo ha nombrado hace poquito tiempo- con 150 medidas de compromiso para mejorar España, aunque todavía no estamos viendo esas mejoras. Un tironcito de orejas para los dos. (Risas). En el punto 67 de ese gran pacto se recogía abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de Gobierno un pacto nacional de conciliación laboral y racionalización de los horarios, para lograr una jornada laboral flexible y compacta. Pues bien, ha pasado un año, pero en un año no ha habido pacto nacional y hoy tenemos aquí una PNL que lo único que pone de manifiesto es la hipocresía de sus políticas. (La señora España Reina: Ni en Navidad.-Rumores).
Señorías, hay que avanzar en la racionalización de los horarios, pero para ello tenemos que derogar la reforma laboral y también el Real Decreto-ley que regula el trabajo a tiempo parcial, porque precisamente esas leyes lo que han hecho es desregular el mercado y traer flexibilidad laboral a manos del empresario. Con esas leyes encima de la mesa difícilmente podemos racionalizar los horarios y, por tanto, no podemos conciliar.
Esto me lleva a hacerme dos preguntas. No sé si las dos PNL que habéis traído hoy es porque estamos en campaña electoral -entonces tenemos que hablar de mujer y de los horarios-, o bien porque tenéis que contentar a vuestros socios de Gobierno, a Ciudadanos, diciéndoles que realmente estáis cumpliendo las 150 medidas -o 155, si no me he perdido alguna-. (Risas). Yo creo que debíamos de ser serios. Yo le pediría al Partido Popular que derogue la reforma laboral y también el Real Decreto-ley 16/2013, que traiga una ley de racionalización horaria o una ley de conciliación, me da igual cómo lo queráis llamar. Lo que sí quiero es que se garanticen los derechos a los trabajadores, pero la única manera de garantizarlos es con las leyes -eso lo sabéis-, y no con los brindis al sol, como es la PNL que hoy nos traéis aquí. Asimismo, le diría a Ciudadanos que le exijan a su socio de Gobierno que esa ley se lleve a cabo y que no dejen pasar la oportunidad que tienen en este momento.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que el trabajo más productivo es el que hacen las personas con sus manos cuando están contentos en el entorno laboral. Por eso, pedimos que se hagan leyes para motivar al trabajador y también para que el trabajador pueda elegir flexiblemente sus horarios. Estos son los temas que nos preocupan. No es la primera vez que viene al Congreso este tema. Quienes lleváis aquí más tiempo sabéis que en el año 2013 hubo una subcomisión, la cual dio lugar a un estudio y a un informe
sobre temas de la racionalización de los horarios. En ese informe se veía la necesidad de desarrollar y de legislar este asunto. Esto fue en 2013, pero hoy estamos en 2017, es decir, no se ha avanzado nada. Hoy precisamente viene simplemente una proposición no de ley.
No entiendo, como decía al principio, al Partido Popular con el tema de la racionalización. El Gobierno andaluz tomó la decisión de conceder la jornada laboral de treinta y cinco horas a los empleados públicos, precisamente porque 250 000 empleados públicos pedían la conciliación del horario laboral y la vida familiar. El Gobierno de Andalucía decidió que tuvieran la jornada laboral de treinta y cinco horas para conseguir la conciliación, pero el Partido Popular en el Gobierno, a través de su Consejo de Ministros, recurrió esta medida ante el Tribunal Constitucional. Señorías, esta medida se tumba y la implantación se para. Sin embargo, la implantación de esta jornada no solo quería la conciliación, sino también la generación de empleo. Según los sindicatos -no lo digo yo-, se han perdido entre 7000 y 10 000 puestos de trabajo públicos para los servicios a los ciudadanos, a quienes nos debemos -no me diga usted que no- todos los políticos. (Rumores).
Por último, para terminar, me gustaría dar nuestra opinión. Hemos presentado una enmienda, porque queremos que se siga avanzando en la racionalización y nos gustaría que nos admitieran la enmienda. Ese realmente sería el compromiso del Partido Popular con leyes que hagan realidad las peticiones de los trabajadores.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora España Reina: Después de todo lo que nos has dicho, estamos para admitir la enmienda.-Risas).
La señora GONZÁLEZ BAYO: Solo he dicho la verdad.
Estamos en un clima navideño. Se pueden interrumpir, señorías. (Rumores.-Un señor diputado: Felices fiestas).
Seguimos, por favor. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco? (Pausa). ¿Esquerra Republicana? (Pausa).
A continuación, por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Marcello.
Habla el Partido Popular de la importancia de la gestión del tiempo. Nosotros compartimos esa preocupación y yo creo que también lo ampliaríamos a la gestión de nuestras vidas. Con este modelo de trabajo de estructura precaria que tenemos ahora mismo, donde los salarios han bajado, la desigualdad ha subido y los empleos cada vez son más precarios, que nos traiga el Partido Popular una propuesta que diga que hay que gestionar el tiempo, cuando no somos capaces de gestionar nuestro mercado laboral ni nuestra vida, nos parece hasta insultante. Sobre todo, cuando España -como decía la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra- es uno de los países donde la falta de flexibilidad del horario laboral complica mucho más conciliar la vida familiar y donde las horas extras no pagadas son cada vez más abundantes. Además, existe una normalización de las horas extra, encima de no ser pagadas. De tal forma, que hay que dedicar dos o tres horas más diarias de trabajo, sabiendo que no nos las van a pagar.
Además, en esta proposición no de ley echo en falta sobre todo la perspectiva de la mujer. Hablan de favorecer la competitividad del trabajo con la vida personal y familiar. Esto lo dicen los mismos que nos han vetado una ley para poder conseguir que los permisos de paternidad y de maternidad sean intransferibles y pagados al cien por cien. Yo no sé si es la Navidad o es la hipocresía, pero algo raro está pasando esta tarde aquí. Esta proposición no de ley nos parece una simple burda, que no va a contar con nuestro apoyo. Si de verdad quieren acabar con la brecha salarial, o hacer una gestión de los tiempos y del trabajo para que se pueda conciliar la vida laboral y la familiar -aquellos que puedan-, la peor de las maneras posibles es esta, con una simple proposición no de ley.
Señor Candón, ¿acepta o no las enmiendas tanto del Grupo de Ciudadanos como del Grupo Socialista?
El señor CANDÓN ADÁN: Menos mal que he felicitado las fiestas, pero no importa. (Risas). No las aceptamos, porque ya está abierta la Mesa del diálogo social y este tema ya está en negociación. Por tanto, no aceptamos ninguna.
La señora letrada me dice que falta una transaccional, que nos dijeron que nos iban a dar a la Mesa. Creo que era la 5.ª proposición no de ley. Si falta alguna transaccional, por favor, acérquenla a la Mesa.
La señora DÍAZ PÉREZ: Señor presidente, es que no acepta el Partido Popular. Entonces, no hay transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo. (Pausa).
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, votamos el 1.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas urgentes de impulso del Sistema de Garantía Juvenil con la finalidad de reducir nuestra elevada tasa de desempleo juvenil. Votamos la transaccional.
A continuación votamos el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para paliar la situación de desprotección generada a los pensionistas españoles afectados por la prolongada suspensión del pago de sus pensiones por parte del Gobierno de Venezuela. En este caso no hay transaccional.
A continuación votamos el 3.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Se vota con la transaccional.
Pasamos a votar el punto 4.º del orden del día: proposición no de ley relativa a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral. Se vota con la transaccional.
Votamos el 5.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa al cálculo de la duración de la prestación de desempleo derivada de contratos a tiempo parcial. No hay transaccional.
Por último, votamos el 6.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la aprobación de un acuerdo en materia de racionalización de los horarios del trabajo. No hay transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 9; abstenciones, 9.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.-Una señora diputada: Qué revolución tenemos).
Señorías, ya sé que todos tienen prisa. Que tengan todos una Feliz Navidad.
Se levanta la sesión. (Varios señores diputados: ¡Feliz Navidad!).