Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2008-00121-2654-08-de-agosto-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_cc68005261d746a2b05b087e642fbb5d&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 04:55:55
Document Index: 54408684

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 2']

﻿ Auto 2008-00121 de agosto 4 de 2010
AUTO 2008-00121 DE 04 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:CONFIRMA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO REGLAMENTARIO 3800/2003 QUE REGLAMENTA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 797 DE 2003. NORMA QUE SE RELACIONA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA QUE SEA APLICABLE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 CON FINES PENSIONALES, DE LAS PERSONAS QUE DECIDAN TRASLADARSE O DEVOLVERSE DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (FONDOS DE PENSIONES) AL DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (SEGURO SOCIAL).
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, ELEMENTOS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
Auto 2008-00121 de agosto 4 de 2010
Exp. 110010325000200800121 00
Nº Interno 2654-08
Actor: Fernando Ruiz Acosta
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada —Ministerio de la Protección Social— contra el auto de 5 de marzo de 2009 proferido por esta Sección, mediante el cual admitió la demanda y decretó la suspensión provisional, que en ejercicio de la acción de simple nulidad solicitó el señor Fernaod (sic) Ruiz Acosta.
El auto repuesto
Mediante auto de 5 de marzo de 2009 esta Sección admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 expedido por el Presidente de la República, por el cual reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003; por considerar que del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida, aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del CCA.
La apoderada judicial del Ministerio de la Protección Social —como parte demandada— interpuso recurso de reposición contra el anterior proveído (fls. 43 a 52).
Manifestó que el acto demandado – artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, no hace nugatorio los derechos pensionales de las personas que estando en régimen de transición se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad —de conformidad con las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993— deciden regresar al régimen de prima media con prestación definida; sino que simplemente establece los requisitos para poder mantener la transición, requisitos que, fueron definidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002 al declarar condicionalmente exequibles el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100, ante la necesidad de preservar la estabilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida.
Sostuvo que el acto acusado, lejos de ser un obstáculo para las personas beneficiadas del Régimen de Transición, lo que hace es mantener el equilibrio entre los dos Regímenes, pues no resultaría equitativo que el Régimen administrado por el ISS terminara subsidiando a las personas que en el ejercicio de la libertad de escogencia del Régimen, optaron por el de Ahorro Individual con Solidaridad; resulten pensionadas en las mismas condiciones de quienes mantuvieron la fidelidad al de Prima Media con Prestación Definida.
Lo anterior, traería como consecuencia que se hayan obtenido menores rendimientos financieros, y por ende menores recursos al Fondo Común, lo que sería injusto en la medida que, ni las personas que conforman el Fondo Común del Régimen de Prima Media con Prestación Definida ni su administradora (ISS), tuvieron incidencia en la determinación inicial del afiliado del Sistema General de Pensiones, de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Concluyó que el traslado de un Régimen a otro se trata de una elección libre y expresa, en la cual, el afiliado acepta las características del Régimen de su elección, entre otras se encuentra el Régimen de Inversiones, el cual está reglamentado en la ley, exigiéndose una rentabilidad mínima en los Regímenes. La decisión de traslado del afiliado debe cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002 y señalados por el Gobierno Nacional en el Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003 para regresar al régimen de prima media con prestación definida, manteniendo el Régimen de Transición.
Para resolver se
La Sala resolverá el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada — Ministerio de la Protección Social—, de conformidad con la normatividad y Jurisprudencia expuesta por las partes al momento de la presentación de la demanda e interposición del recurso; así como sucedió cuando se declaró la suspensión provisional del acto parcialmente demandado.
El acto parcialmente suspendido es el artículo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 expedido por el Presidente de la República, por el cual reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, relacionado con los requisitos exigidos para que sea aplicable el Régimen de Transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con fines pensionales, de las personas que decidan trasladarse o devolverse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Fondos de Pensiones) al de Prima Media con Prestación Definida (Seguro Social).
La Sala reitera que al establecer el Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 en su artículo 3º nuevos requisitos, entre otros, que al cambiarse de Régimen Pensional —del Fondo de Pensiones al del ISS— se traslade el saldo de la cuenta al ISS, y que dicho saldo “no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último”; no reglamenta y contraría la disposición de la Ley Reglamentada, es decir, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó un Régimen de Transición para aquellas personas que en el momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez. Este consiste en que se les permite pensionarse con el cumplimiento de los requisitos que prescribían las normas anteriores a la Ley 100 de 1993. El Régimen de Transición tiene entonces el fin de no frustrarles a estas personas la expectativa de adquirir la pensión de vejez, ya que dicha ley exige mayores requisitos para acceder a tal derecho.
Al ser el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el Régimen de Transición un derecho adquirido, no es posible considerar que una norma posterior los afecte —como lo ha sostenido la Jurisdicción Constitucional(1)—, hasta el punto de hacerlos nugatorios. Aceptar estos nuevos requerimientos mediante la norma reglamentaria aquí demandada, conllevaría al desconocimiento de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, como lo es la Seguridad Social elevada a canon Constitucional en el artículo 48, el cual prescribe:
ART. 48—Adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005
Texto adicionado:
ART. 1º—Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:
‘El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.
Es evidente que la protección otorgada por el Régimen de Transición se conecta de forma inescindible con el derecho a la pensión de vejez y por esta vía, con el derecho fundamental a la Seguridad Social, ya que establece unas condiciones más favorables para acceder al mismo en favor de algunas personas; precisamente con el fin de no vulnerar mediante ley posterior una expectativa legítima.
Además, una de las características de la potestad reglamentaria, es definir cuáles son y de qué manera se desarrollarán las leyes que requieren reglamentación. Los límites de esta facultad o potestad señalan la necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado, porque si los ordenamientos expedidos suministran todas las nociones indispensables para su ejecución, no habría necesidad de reglamentarlos.
De hecho, el acto reglamentario debe desarrollar no solo lo que hay expreso en la ley reglamentada, sino lo que hay implícito en ella, de suerte que no restrinja o cree situaciones no previstas en la norma reglamentada —literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2º de la Ley 797 del mismo año— como lo hizo el Decreto Reglamentario —Decreto 3800 de 2003—, acusado, en este caso.
En conclusión, se reitera, como se dijo en el auto recurrido, del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del CCA.
No reponer el auto de 5 de marzo de 2009 proferido por esta Sección, mediante el cual admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 expedido por el Presidente de la República, por el cual reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003; que en ejercicio de la acción de simple nulidad solicitó el señor Jorge Luis Pabón Apicella.
Magistrados: Bertha Lucia Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Luis Rafael Vergara Quintero—Alfonso María Vargas Rincón—Víctor H. Alvarado Ardila.
(1) Sentencia C-754 de 10 de agosto de 2004, M.P. Dr. Álvaro Tafur G.