Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-44216-de-julio-10-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041e662f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 04:21:03
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﻿ SENTENCIA 44216 DE JULIO 10 DE 2003
SENTENCIA 44216 DE 10 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:REFORMATION IN PEJUS EN TRÁMITE DE LA CONSULTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, CONSULTA POPULAR INTERNA
Sentencia 44216 de julio 10 de 2003
Aprobada Acta 79
Bogotá, D.C., diez de julio del año dos mil tres.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los procesados Carlos Hernán Correa Arias, Wilson de Jesús Arboleda Echeverri, Gonzalo de Jesús Parra Rojo y Héctor Darío Saldarriaga Villa contra la sentencia dictada por el Tribunal Nacional mediante la cual los condenó por el concurso de delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y utilización ilegal de uniformes e insignias. También condenó a Leici Cifuentes Moreno por estos mismos delitos más el de cohecho por dar u ofrecer.
1. La cuestión fáctica fue declarada por el juzgador, de la manera siguiente:
“El 31 de enero de 1991, siendo aproximadamente las diez de la noche, efectivos de la Policía Metropolitana de Medellín, retuvieron por exceso de velocidad al vehículo campero Toyota de placas HA 7094, en el que se desplazaban por el sector del Pedregal, zona urbana de Medellín, Wilson de Jesús Arboleda Echeverri y Gonzalo de Jesús Parra Rojo. Registrado el vehículo por los uniformados hallaron en su interior dos brazaletes distintivos de la Sijín, con la leyenda “F2”. Los retenidos fueron puestos a disposición de la Sijín, en donde informaron sobre el secuestro de William de Jesús Arango Ochoa consumado hacía pocas horas, y su sitio de cautiverio, ubicado en la carrera 68 Nº 25-28 de Medellín, en el que efectivamente fue hallado custodiado por Héctor Darío Saldarriaga Villa y un menor de edad de nombre Iván Darío Garcés Sánchez.
“Por las imputaciones que les hicieran los primeros cuatro retenidos, fueron aprehendidos posteriormente Carlos Hernán Correa Arias, Carlos Enrique Acosta Rendón y Leici Cifuentes Moreno, estafeta de la Policía Nacional para la fecha de los hechos”.
2. Abierta la investigación por un juzgado de orden público con sede en Medellín (fl. 38-1), vinculó mediante indagatoria a Wilson de Jesús Arboleda Echeverri (fls. 41 y ss.-1), Gonzalo de Jesús Parra Rojo (fls. 48 y ss.-1), Héctor Darío Saldarriaga Villa (fls. 53 y ss-1), Carlos Enrique Acosta Rendón (fls. 62 y ss.-1), Carlos Hernán Correa Arias (fls. 66 y ss.-1) y María Zully Arboleda Echeverri (fls. 58 y ss.-1), y definió la situación jurídica de los cinco primeros con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, al tiempo que se abstuvo de proferir esta medida respecto de la últimamente mencionada (fls. 77 y ss.-1).
3. El Juzgado Noventa y Dos de Instrucción Penal Militar, por su parte, vinculó mediante indagatoria al agente de la Policía Nacional Leici Cifuentes Moreno (fls. 181 y ss.-1), definió su situación jurídica con medida de aseguramiento consiste en detención preventiva por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y dispuesto remitir copias de las diligencias por competencia al juzgado de orden público (fls. 216 y ss.-1), quien asumió su trámite conjunto (fls. 227).
4. Con fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y dos, el juzgado de instrucción de orden público resolvió variar la calificación jurídica provisional de la conducta imputada a Leici Cifuentes Moreno, y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el concurso de delitos de secuestro agravado y cohecho por dar u ofrecer (fls. 326 y ss.-1).
5. Agotada la fase correspondiente a la investigación, y previa clausura de ésta por parte de una fiscalía regional de Medellín (fl. 442-1), el veintisiete de enero de dos mil novecientos noventa y tres se calificó el mérito probatorio del sumario con cesación de procedimiento respecto de los procesados María Zully Arboleda y Carlos Enrique Acosta Rendón. Dispuso, además, reabrir la investigación en relación con los procesados Leici Cifuentes Moreno, Wilson de Jesús Arboleda Torres, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Gonzalo de Jesús Parra Rojo y Carlos Hernán Correa Arias (fls. 413 y ss.-2).
Con fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, al conocer del grabado jurisdiccional de la consulta de la anterior determinación, resolvió confirmar la cesación de procedimiento respecto de María Zully Arboleda Echeverri, revocó la cesación de procedimiento adoptada por la primera instancia en relación con Carlos Enrique Acosta Rendón y en su lugar ordenó la reapertura de la investigación en su contra, y confirmó “en todo lo demás la providencia consultada pero con la modificación de que los cargos imputados para Leici Cifuentes Moreno, Wilson de Jesús Arboleda Torres, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Carlos Hernán Correa Arias y Carlos Enrique Acosta Rendón son el secuestro extorsivo, tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de defensa personal, utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Militares en concurso ... además del punible por cohecho que se le debe enrostrar a Leici Cifuentes Moreno” (fls. 67 y ss. cdno. Sda. Inst.).
6. Mediante resolución del trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la Fiscalía Regional de Medellín declaró la clausura parcial del ciclo instructivo en relación con los procesados Carlos Enrique Acosta Rendón, Wilson de Jesús Arboleda Torres, Gonzalo de Jesús Parra Rojo y Carlos Hernán Correa Arias (fls. 594 y ss.-2).
7. Posteriormente, el quince de febrero siguiente, se declaró el cierre de la investigación en relación con los procesados Héctor Darío Saldarriaga Villa y Leici Cifuentes Moreno (fls. 711 y ss.-2).
8. Con fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, la Fiscalía Regional con sede en Medellín calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados Wilson de Jesús Arboleda Echeverri, Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Carlos Hernán Correa Arias, Carlos Enrique Acosta Rendón y Leici Cifuentes Moreno por el concurso de delitos de secuestro extorsivo de que trata el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 (acogido como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991); porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, previstos por los artículos 1º y 2º del Decreto 3664 de 1986 (adoptados como legislación permanente por el D.E. 2266/91); y utilización ilegal de uniformes e insignias, definido por el artículo 19 del Decreto 180 de 1988 (adoptado como legislación permanente por el D.E. 2266/91, art. 4º).
Al sindicato Leici Cifuentes Moreno, le imputó, además, el delito de cohecho por dar u ofrecer, definido por el artículo 143 del Decreto 100 de 1980.
Respecto de la procesada María Zully Arboleda Echeverri, resolvió precluir la investigación por el delito de secuestro extorsivo (fls. 754 y ss.-2), decisión que posteriormente dejó sin valor “por cuanto... ya había sido objeto de preclusión o de cesación de procedimiento y esta determinación había sido confirmada por la segunda instancia (fls. 833 y ss.-2).
9. Los procesados Héctor Saldarriaga Villa, Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Leici Cifuentes y Carlos Hernán Correa Arboleda, interpusieron recurso de apelación contra la providencia calificatoria, siendo confirmada en segunda instancia el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 93 y ss. cdno. Fiscalía Sda. Inst.).
10. El conocimiento del juicio fue asumido por un juzgado regional de Medellín (fls. 908 y ss.-2), en donde posteriormente, previo traslado para presentar alegatos (fls. 1164 y ss.-3), el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco dictó sentencia parcial mediante la cual condenó a Carlos Hernán Correa Arias y Héctor Darío Saldarriaga Villa a la pena principal de ciento cuarenta y siete (147) meses de prisión; a Gonzalo de Jesús Parra Rojo a quien le impuso ciento cuarenta y nueve (149) meses de prisión; y a Leici Cifuentes Moreno a quien le impuso ciento cincuenta (150) meses de prisión. Le impuso a todos ellos, la pena principal multa en cuantía de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, y la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años; asimismo, los condenó al pago en concreto de los perjuicios ocasionados con la infracción y ordenó el decomiso de las armas incautadas, a consecuencia de hallarlos penalmente responsables de los cargos formulados en el pliego enjuiciatorio (fls. 1463 y ss.-3).
Por sentencia del diecisiete de noviembre siguiente, condenó al procesado Carlos Enrique Acosta Rendón a la pena principal de ciento cuarenta y siete (147) meses de prisión, la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, y el pago solidario de los perjuicios causados con la infracción, a consecuencia de declararlo penalmente responsable del concurso de delitos imputado en la resolución acusatoria (fls. 3 y ss. cdno. 4).
El treinta de noviembre de ese mismo año, profirió una tercera sentencia, esta vez en relación con le procesado Wilson de Jesús Arboleda Echeverri, a quien condenó a las penas principales de ciento cuarenta y siete (147) meses de prisión, y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, y la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, por encontrarlo penalmente responsable del concurso de delitos imputado en la resolución de acusación (fls. 49 y ss.-4).
Mediante el fallo de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, el Tribunal Nacional resolvió modificar los de primera instancia, “en el sentido de condenar a los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Carlos Hernán Correa Arias, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Wilson Arboleda Echeverri y Carlos E. Acosta Rendón, a la pena principal de veinticinco (25) años de prisión y 1.200 salarios mínimos para la época de los acontecimientos, cada uno, como coautores responsables de los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y el ilícito contemplado en el artículo 19 del Decreto 180 de 1980, en concurso de hechos punibles”. “De la misma forma se condena a Leici Cifuentes Moreno a la pena principal de veinticinco (25) años y dos (2) meses de prisión y 1.200 salarios mínimos legales para la fecha de los hechos, como coautor responsable de los delitos descritos en el cuerpo de este proveído” (fls. 3 y ss. cdno. Trib.), y confirmó en lo demás, al conocer en segunda por vía del grado jurisdiccional de la consulta y de la apelación promovida por los procesados y sus defensores.
Consideró al efecto, que el análisis de la totalidad de los fallos recurridos se realiza teniendo en cuenta que al tratarse de sentencias proferidas bajo el trámite ordinario, son susceptibles del grado jurisdiccional de la consulta —de conformidad con lo estipulado por el artículo 29 de la Ley 81 de 1993, que modificara al artículo 206 del Código de Procedimiento Penal—, tal como lo advirtiera el a quo al disponer en los pertinentes fallos, la consulta de dichas sentencias en caso de que no fuesen impugnadas. La procedencia y legalidad del anterior control, se deriva también del artículo 34 de la precitada ley (CPP., art. 217), al disponer que el juzgador de segundo grado, puede decidir sin limitación alguna, sobre la providencia atacada cuando se trata de consulta, lo que faculta aún más a la colegiatura para revisar de manera integral los pronunciamientos apelados, sin que le sea obligatorio limitarse a los aspectos materia de impugnación” (fl. 7, cdno. Trib.).
Agregó, que al individualizar la sanción correspondiente a cada uno de los procesados, el juzgador de primer grado transgredió el principio de la legalidad de la pena, razón por la cual “previa motivación de las circunstancias que generaron tal antecedente, se procederá a la modificación de las sanciones impuestas”.
Precisó que “el juzgador de instancia, al dosificar las sanciones a imponer desconoció los extremos punitivos del tipo de mayor gravedad, del que debía partir por tratarse de un evento concursal de infracciones, tal y como lo impone el artículo 26 del Código Penal. Como se observa, si la conducta de mayor entidad es la prevista por el artículo 268 del Código Penal, concordante con el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, conforme al cual, la sanción para dicho comportamiento oscilará entre veinte (20) y veinticinco (25) años de prisión y multa de un mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales, mal podría entonces tabular como sanción privativa de la libertad y sanción económica, penas equivalentes a ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y nueve, y ciento cincuenta meses de prisión, como fue lo que resolvió y multas equivalentes a cinco (5) salarios mínimos, pues tal dosificación se traduce en le desconocimiento de los extremos punitivos del tipo básico, lo que simultáneamente lesiona, el ya citado principio de la legalidad de la pena” (fl. 37, cdno. Trib.).
Con fundamento en lo anterior, procedió entonces a redosificar las sanciones, que concluyó en los términos arriba vistos.
11. Contra dicha sentencia, los procesados (fl. 58) y sus defensores oportunamente interpusieron recursos extraordinarios de casación, el que fue concedido por el ad quem (fl. 69), y los profesionales del derecho que atienden los intereses de Carlos Hernán Correa Arias, Wilson de Jesús Arboleda Echeverri (fls. 90 y ss.), Gonzalo de Jesús Parra Rojo (fls. 101 y ss.), Leici Cifuentes Moreno (fls. 122 y ss.) y Héctor Darío Saldarriaga Villa (fl. 130) presentaron las correspondientes demandas que la Sala declaró ajustadas a las prescripciones legales (fl. 3, cdno. Corte). No aconteció igual en relación con el procesado Carlos Enrique Acosta Rendón cuyo recurso fue declarado desierto por el tribunal (fl. 148, cdno. Trib.).
2.1. A nombre de los procesados Carlos Hernán Correa Arias y Wilson de Jesús Arboleda Echeverri.
Con apoyo en la causal primera de casación, un cargo formula el demandante contra el fallo del tribunal, en el que lo acusa de haber transgredido lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 29 de la Carta Política en relación con el debido proceso y el principio de favorabilidad, en razón a que sus representados eran apelantes únicos y a favor de ellos se erigía la prohibición de reforma peyorativa contenida en los artículos 31 de la Constitución y 217 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993.
Agrega que en la sentencia de segunda instancia el tribunal agravó la pena impuesta en la de primer grado, toda vez que pasó de 147 meses de prisión a 25 años de prisión, sin tomar en cuenta, además, que para el 31 de enero de 1991, no había sido expedido el Decreto 2266 de 1991, que adoptó como legislación permanente el Decreto 2790 de 1990. Es decir, la norma aplicada “no era preexistente al acto que se imputa a mis asistidos”.
Después de transcribir algunos apartes de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, solicita de la Corte casar la sentencia de segunda instancia y dictar el fallo que en derecho corresponda (fls. 90 y ss.).
2.2. A nombre de los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo y Leici Cifuentes Moreno.
No obstante que el defensor de estos procesados presenta dos libelos, la argumentación que propone es sustancialmente idéntica en ambos y se fundamenta en los mismos motivos de casación, razón por la cual la Corte los tomará como uno solo para los efectos de su resumen.
En el primer cargo denuncia que la sentencia fue proferida en juicio viciado de nulidad, por la comprobada existencia de irregularidades que afectan el debido proceso, toda vez que el sentenciador de primera instancia desvertebró la estructura básica del trámite al haber proferido en un mismo asunto tres sentencias distintas en diferentes fechas “deshilvanando la relación jurídica formal y sustancial que se había consolidado en la resolución acusatoria”.
Con fundamento en lo expuesto solicita de la Corte anular lo actuado a partir del auto de citación para sentencia y otorgar la libertad provisional a sus asistidos.
En el segundo cargo, formulado con apoyo en la causal primera de casación, sostiene que el tribunal violó, por vía directa, disposiciones de derecho sustancial al aplicar indebidamente el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 que contempla una pena de 20 a 25 años de prisión para el delito de secuestro extorsivo.
Sostiene al efecto que de acuerdo con los hechos declarados por los juzgados de instancia, el delito cometido fue el secuestro simple, sin que hubieren establecido fines terroristas, políticos, sexuales o económicos, y el sentenciador tampoco describe los elementos que integran el secuestro extorsivo, como tampoco que la conducta se hubiere realizado contra una persona con alguna calidad especial.
Considera, entonces, que a los procesados se les debe imponer la pena establecida para el delito de secuestro simple, prevista en el Decreto 100 de 1980, en razón a que los hechos tuvieron ocurrencia el 31 de enero de 1991.
Por lo anterior es del criterio de que la Corte debe proferir “sentencia estimatoria de sustitución parcial, ubicando el comportamiento del procesado dentro de la figura del secuestro simple y haciendo las respectivas rebajas punitivas” (fls. 101 y ss.).
2.3. A nombre del procesado Héctor Darío Saldarriaga Villa.
Con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, de casación, el actor formula un único cargo contra el fallo del tribunal en el que lo acusa de ser violatorio, por vía directa, de normas de derecho sustancial, a consecuencia de la aplicación indebida de lo normado por el artículo 6º, inciso primero, del Decreto 2790 de 1990 —convertido en legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991—, y la falta de aplicación de lo dispuesto por el artículo 268 del Código Penal de 1980. Después de traer a colación lo normado por el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, y de mencionar que dicho cuerpo normativo se conoce con el nombre de estatuto para la defensa de la justicia, puesto que tenía como propósito crear mecanismos jurídicos para la protección de los jueces de orden público y las personas intervinientes en los procesos de competencia de aquellos, sostiene que con tal disposición se prendía sancionar aquellos comportamientos calificados como secuestro, cuando fueran cometidos contra personas de las calidades allí mencionadas, o porque los agentes del ilícito buscaban fines terroristas.
Considera que cuando la mencionada disposición adicionó el Decreto 1631 de 1987, el legislador extraordinario solamente quiso evitar que los secuestradores de algunas de las personas revestidas de las calidades allí mencionadas, con fines simplemente terroristas, políticos o económicos, no quedaran comprendidas dentro del tipo penal del artículo 268 del Código Penal.
Agrega que el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 no derogó, expresa o tácitamente, el artículo 268 del Código Penal de 1980, que se encontraba vigente para la época de los hechos materia de investigación y juzgamiento, por tanto, aplicable al caso ya que el plagio no se realizó con fines terroristas o por motivos políticos, sino simplemente con le propósito de obtener un provecho económico.
Por lo anterior, solicita de la Corte casar la sentencia de segunda instancia, y proferir la de reemplazo en la que se impongan al procesado las penas principales que correspondan, graduadas dentro de los límites establecidos por el artículo 268 del Decreto 100 de 1980 (fls. 130 y ss.).
3. Concepto del agente del Ministerio Público.
3.1. En relación con las demandas presentadas y los cargos contenidas en ellas, la Procuradora Cuarta Delegada para la casación penal, conceptúa de la manera siguiente:
3.1.1. A nombre de los procesados Carlos Hernán Correa Arias y Wilson de Jesús Arboleda Echeverri.
Comienza por manifestar que la demanda adolece de insalvables defectos técnicos, en cuanto no se cumplió con las exigencias previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 1991. Resalta que no se identificó a los sujetos procesales y tampoco se consignó allí la síntesis de los hechos y de la actuación procesal.
El libelista tampoco satisfizo la obligación de exponer de manera clara y precisa los fundamentos de la causal que aduce, toda vez que no determinó si la infracción de normas de derecho sustancial ocurrió por la vía directa o la indirecta, y mucho menos individualizó el sentido de la transgresión. Es tanto ello que no se sabe si fue por falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación; o por errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.
Con la argumentación que el libelista presenta, hace una confusa mezcla de los principios de favorabilidad y legalidad del delito y de la pena, con la prohibición constitucional y legal de no reformatorio in pejus, sin que logre desentrañarse si la intención era acreditar que las normas que establecen dichos institutos, dejaron de aplicarse, se aplicaron indebidamente o se interpretaron de manera errónea.
Entonces, como el principio de limitación que gobierna el recurso extraordinario impide a la Corte y al Ministerio Público corregir tales falencias, deviene ineludible la desestimación del cargo, conforme lo solicita.
3.1.2. A nombre de los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo y Leici Cifuentes Moreno.
El libelista incurre en fallas formales y de técnica que impiden la prosperidad de las censuras que presenta. Es así como con fundamento en las causales primera y tercera presenta dos cargos, ambos como principales, sin tomar en cuenta que no resulta aceptable alegar que una actividad es nula y al mismo tiempo válida.
Si bien identifica clara y nítidamente la causal de nulidad que invoca, a la hora de demostrar el pretendido vicio se conforma con censurar que el juez de primera instancia hubiere dictado tres sentencias en distintas fechas, pero no precisa de qué manera ese proceder afectó en concreto la situación de sus representados. Es decir, no demuestra la trascendencia del vicio y por ende la necesidad de conjurarlo mediante el mecanismo extremo de la nulidad.
Anota, no obstante, que ninguna lesión se produjo en los derechos de los procesados por la circunstancia de que el juez a quo hubiere culminado la instancia con tres sentencias, pues en cada una de ellas se ocupó de diferentes acusados, todos ellos condenados, y respecto de una misma situación fáctica imputada a todos en conjunto, sin que se hubiere dictado decisiones contradictorias.
Además, todos los procesados se enteraron de las tres sentencias, y tuvieron la oportunidad de interponer recursos de apelación, lo que efectivamente hicieron, consiguiendo un pronunciamiento unitario el juez de segunda instancia, ahora demandado en casación.
De otra parte, precisa que las alegaciones del togado resultan superfluas e infundadas, máxime cuando en una sola de las sentencias de primera instancia se profirió la decisión de condena respecto de los dos acusados en cuyo favor recurre en sede extraordinaria.
En relación con el segundo cargo, sostienen que éste tampoco está llamado a prosperar. Al alegar la violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 6º del Decreto 2700 de 1990, tenía por deber aceptar los hechos y la valoración probatoria tal como fueron recogidos y estimados en los fallos de instancia, restringiendo la controversia a razones de derecho y no a la apreciación de los medios.
El libelista da por descontado que los hechos en que se fundan las decisiones de condena se contraen exclusivamente a los narrados en “La historia del hecho” de la sentencia del 7 de noviembre de 1995, o los “hechos” consignados en el fallo de 16 de julio de 1996, sin tomar en cuenta que los hechos no solamente son los sintetizados a manera de remembranza del acontecer histórico que originó el proceso, sino que se extienden a todas aquellas circunstancias fácticas, estudiadas, valoradas y demostradas en las consideraciones vertidas por los juzgadores de instancia.
Abundantes fueron los razonamientos contenidos en los fallos, donde se concluyó que el secuestro tenía fines extorsivos, lo cual no puede ser desconocido al amparo de la causal que se invoca, porque ello implica adentrarse en un debate probatorio que no sólo está vedado, sino que tampoco se propone por el censor.
Por lo anterior considera que los dos cargos deben ser desestimados.
3.1.3. A nombre del procesado Héctor Darío Saldarriaga Villa.
Después de memorar los antecedentes históricos que dieron lugar a la expedición del Decreto 2790 de 1990, que entró a regir el 16 de enero de 1991, considera que el cargo debe ser desestimado. Esto por cuanto no se configura el vicio a que se alude por el demandante, dado que, desde la formulación del pliego enjuiciatorio y en los fallo de primera y segunda instancia, la calificación jurídica de la conducta se hizo tal correspondía, por el delito de secuestro extorsivo, y con remisión expresas a lo normado en el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 ya que en dicha consecuencia penal el precepto de la legislación ordinaria se oponía a las previsiones de la extraordinaria y, por tanto, no podía ser aplicado.
3.2. Casación oficiosa.
La agencia del Ministerio Público solicita de la Corte casar oficiosamente el fallo de segunda instancia por considerar que se incurrió en ostensible desconocimiento de las garantías fundamentales del procesado.
Sostiene el afecto que el tribunal violó directamente disposiciones de derecho sustancial al haber omitido aplicar la garantía constitucional prevista en el artículo 31 de la Carta Política, y desarrollada por los artículos 17 y 217 del Decreto 2700 de 1991, consistente en la prohibición de reformar en perjuicio el fallo apelado, cuando el procesado sea único impugnante.
Recuerda que el delito materia de investigación y juzgamiento se enmarcó en el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990. No obstante, el juez de primera instancia, consciente de que esa era la disposición aplicable al caso, en el proceso de individualización de la pena, por error, se remitió a los parámetros punitivos establecidos en el artículo 268 del Código Penal de 1980.
Estas determinaciones de primera instancia no fueron materia de impugnación por el fiscal ni el Ministerio Público, sino sólo por los condenados quienes perseguían una decisión más favorable. Empero, el tribunal, al advertir el yerro del a quo, en franco desconocimiento de las normas de contenido sustancial que vienen de mencionarse, pretextando conjurar el atentado contra el principio de legalidad de la pena, y competencia sin límite por ser los fallos de aquéllos que por ley deben ser consultados, procedió a la redosificación de la pena, tomando como marco para ello el establecido en el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990.
Dice no desconocer la posición mayoritaria de la Sala sobre este aspecto, sin embargo, su criterio es diametralmente opuesto, y lo apoya en algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y en el salvamento de voto a la decisión adoptada por la Sala el 28 de octubre de 1999. Su pensamiento resulta sintetizado en los siguientes apartes del concepto:
“Resumiendo todo lo hasta aquí precisado, tal y como se afirma en el aludido fallo de la Corte Constitucional y en el salvamento de voto, la prohibición de la reforma en perjuicio tiene rango constitucional fundamental, y el condenado que acuda solitario ante el ad quem, adquiere una protección infranqueable, aun cuando por parte del juzgador haya sido favorecido con la imposición de una pena que desconoce el principio de legalidad, y aún cuando la misma sentencia impugnada admita la consulta, ya que el recurso de apelación interpuesto en singular por el condenado, conforme a la redacción de los artículos 31 superior y 17 de la ley penal adjetiva, excluye la compatibilidad entre el grado de jurisdicción y el recurso vertical, siendo preferente éste e imponiendo una competencia limita que impide, sin excepción alguna, agravar la situación del condenado”.
“La Carta Política al consagrar en su artículo 31 el principio de la “non reformatioin pejus”, como garantía debida a los procesados que en forma singular acudan al examen de su sentencia, lo hace bajo el entendido de “tantum devolutum appellatum”, es decir, que el impugnante legitimado persigue una revisión de la decisión en cuanto le fue desfavorable, de manera que al acceder el funcionario judicial al estudio del punto por la voluntad exclusiva del condenado, agraviarlo colocándolo en una condición más grave de la que motivó su discrepancia, contraviene su intención inicial y eso fue justamente lo que ocurrió en el subjudice, infiriéndose con ello violación a la garantía de no reformatio in pejus”.
3.3. Prescripción de la acción penal.
Finalmente, la delegada llama la atención acerca de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción respecto de algunos de los delitos de los que se ocupó la presente actuación.
Recuerda que el 21 de abril de 1994 la fiscalía profirió resolución de acusación contra los procesados Cifuentes Moreno, Arboleda Echeverri, Saldarriaga Villa, Parra Rojo, Correa Arias y Acosta Rendón, en calidad de coautores del delito de secuestro extorsivo, en concurso con los delitos definidos por los artículos 1º y 2º del Decreto 3664 de 1986, y 19 del Decreto 180 de 1988, disposiciones acogidas como legislación permanente por los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto 2266 de 1991; además del punible de cohecho por dar u ofrecer de que trata el artículo 143 del Código Penal de 1980 en relación con el primero de los mencionados. Este pronunciamiento fue confirmado el 5 de septiembre siguiente por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional.
Teniendo en cuenta, entonces, las penas máximas señaladas para los comportamientos endilgados, de acuerdo con lo normado por los artículos 80 y 84 del Código Penal, considera indudable que la acción penal prescribió el 5 de septiembre de 1999, respecto de los punibles descritos en los artículos 1º del Decreto 2664 de 1986 y 19 del Decreto 180 de 1988, así como el previsto en el artículo 143 del Decreto 100 de 1980.
En razón de lo anterior, solicita a la Sala declarar prescrita la acción penal respecto de las mencionadas conductas, y, por ende, cesar procedimiento a favor de los enjuiciados a quienes les fueron imputadas, ajustando la pena a la que corresponda por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública contenidos en el pliego de cargos, con sujeción a la petición de casación oficioso que presenta.
Con fundamento en estos planteamientos, la delegada sugiere a la Corte desestimar las demandas presentadas, y casar oficiosamente la sentencia materia de impugnación, por incurrir el ad quem en violación directa de la ley sustancial al haber dejado de aplicar la garantía de no reforma en perjuicio contenida en el artículo 31-2 de la Carta Política, y en los artículos 17 y 217 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
En tal virtud, considera que las penas principales estimadas por el a quo respecto de cada uno de los condenados deben permanecer incólumes, previas las deducciones que se realicen con ocasión del fenómeno de la prescripción de la acción penal, frente a los delitos definidos en los artículos 143 del Código Penal de 1980, 1º del Decreto 3664 de 1986 y 19 del Decreto 180 de 1988 (fls. 299 y ss. cdno. Corte).
La Corte aprehenderá el estudio de las demandas de casación presentadas, en el mismo orden observado para efectos de su resumen, sin perjuicio del examen conjunto de aquellas que se apoyan en idéntico motivo de casación, se fundan en el mismo supuesto fáctico, corresponden a iguales criterios de demostración y de fundamentación, y conducen a igual solución que las hace inescindibles, no sin antes pronunciarse en relación con la prescripción de la acción penal que la delegada de la procuraduría solicita.
1. Cuestión previa. Prescripción de la acción penal.
En materia penal el fenómeno prescriptivo de la acción opera en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito imputado, tenidas en cuenta las circunstancias sustanciales modificadoras de la punibilidad concurrentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior de cinco años o superior de veinte, salvo las excepciones que la propia normatividad establece (C. Penal anterior arts. 80 y 83 del nuevo estatuto).
Dicho término se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada. Cuando esto acontece, debe comenzar a correr de nuevo desde entonces, pero el fenómeno se consolida en la mitad del tiempo respectivo, sin que pueda ser inferior a cinco años, ni superior de diez (C. Penal anterior arts. 84 y 86 del actual).
El término prescriptivo para los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, fabricación y tráfico de armas y municipios de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias, y cohecho por dar u ofrecer, en la fase del juicio, es en estos casos de cinco años.
Ello si se da en considerar que el máximo de pena imponible para el primer delito (porte de armas de defensa personal) frente a las normas aplicadas en la acusación sería de ocho años (D. 3664/86, art. 1º, incorporado a la legislación permanente por el D. 2266/91, art. 1º). Para el segundo (porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas), de diez (10) años (D. 3664/86, art. 2º incorporando a la legislación permanente por el D.E. 2266/91). Para el tercero (utilización de uniformes e insignias), de seis (6) años, según se establece de lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el D.E. 2266/91, art. 4º). Y, para el cuarto (cohecho por dar u ofrecer), de dos años, conforme lo disponía el artículo 143 del Código Penal de 1980.
La resolución de acusación en el caso sub judice causó ejecutoria el 5 de septiembre de 1994, fecha en la cual fue confirmada sin modificaciones por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 754 y ss.-2, y 93 y ss. cdno. Fisca. Sda. Inst.). contados desde entonces los cinco (5) años, se constata que se cumplieron el 5 de septiembre de 1999, después de haber sido proferida la sentencia de segunda instancia, y antes de que el proceso entrara al despacho para decidir el recurso.
Sobre la base entonces, de la prescripción de la acción penal por los referidos delitos, la Sala aprehenderá el estudio de las demandas.
2. Respuesta a las demandas.
Resulta evidente, como con acierto es destacado por la delegada de la procuraduría, que el libelo acusa deficiencias de orden técnico y de fundamentación, los cuales impiden a la Corte proveer una respuesta de fondo a las alegaciones que propone.
La demanda no se aviene a los requisitos establecidos por el artículo 225 del Decreto 2700 de 1991 (L. 600/2000, art. 212), en cuanto no contiene la síntesis de los hechos materia de investigación y juzgamiento ni resume la actuación procesal llevada a cabo en las instancias.
Tampoco indica de manera clara y precisa los fundamentos fácticos y jurídicos del motivo de casación a que el actor se acoge para demandar la revocación del fallo, no establece la forma de la violación de disposición de derecho sustancial (directa o indirecta), ni indica el sentido en que un tal desacierto tuvo ocurrencia. En fin, no logra saberse si las disposiciones que menciona fueron dejadas de aplicar, aplicadas indebidamente o se les dio una intelección que jurídicamente no les corresponde, o si alguna de dichas hipótesis de transgresión se dio a través de incurrir el juzgador en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.
Es de tal entidad el desorden argumentativo que el libelo ostenta, que sin ningún apego por los principios de autonomía y no contradicción que rigen el instrumento extraordinario de impugnación a que se acude, bajo un mismo enunciado de propuesta involucra conceptos relativos a la violación del debido proceso, el principio de favorabilidad de la ley penal, la transgresión de la prohibición de la reforma en perjuicio cuando el procesado es apelante único, y la aplicación de una disposición sustancial “que no era preexistente al acto que se imputa a mis asistidos”. Todo ello ha debido ser materia de postulación y desarrollo de manera separada y autónoma, con indicación de la prioridad con lo habría de acometerse su estudio en cumplimiento de lo previsto por el artículo 225-4 del estatuto procesal anterior (art. 212-4 del actual).
Los motivos de inconformidad que el censor expone, los apoya tan sólo en la trascripción parcial de disposiciones contenidas en el estatuto superior, y de pronunciamientos emitidos por el juez constitucional y por esta Corte, pero sin ilación ninguna con la causal de casación que aduce, sin que exista claridad sobre el cargo concreto que pretende formular, ni en relación con la petición que presenta de casar el fallo demandado y dictar el “que en derecho corresponde”.
Entonces, como el actor hizo una indebida mezcla de argumentos que le restan claridad y precisión en la postulación del ataque, y dado que la Corte no puede corregir la demanda a fin de desentrañar el propósito que se persigue con su presentación, por prohibirlo el principio de limitación que rige su actuación, en total acuerdo con la delegada en su concepto, no cabe más alternativa que desestimar la censura.
El estudio conjunto de estas demandas, como ad initio ha sido advertido por la Sala, deriva de aparecer apoyadas en idénticos motivos de casación, que a su vez se fundan en los mismos supuestos fácticos que corresponden a iguales criterios de demostración y solución que las hace inescindibles.
En ambos libelos, y sin mencionar la prioridad con que la Corte debe acometer su estudio, el actor propone dos cargos: El primero, apoyado en la causal tercera, tras considerar que el fallo fue proferido en juicio viciado de nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. El segundo, formulado con base en el motivo primero, por violación directa de disposiciones de derecho sustancial que derivaron en la aplicación indebida del artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 y falta de aplicación de lo previsto por el Decreto 100 de 1980 en lo relativo a la definición típica del delito de secuestro simple.
Así, al presentar ambas censuras como principales, incluso concluir el pedido solicitando de la Corte anular el proceso a partir del auto de citación para sentencia y proferir sentencia sustitutiva donde se condene al procesado por el delito de secuestro simple, el demandante incurre en insalvable contradicción.
Aunque sustenta los cargos en capítulo separados, conforme lo ordenaba el artículo 225-4 del estatuto procesal anterior, no toma en cuenta que se trata de censuras excluyentes toda vez que la primera niega lo que la segunda afirma —la validez del juicio—, y que ello resulta determinante al momento de adoptar las soluciones que propone: declarar la nulidad de lo actuado y proferir fallo de sustitución, las cuales resultan contradictorias, sin que la Corte pueda optar por una de ellas no sólo por vedarlo el principio de limitación que gobierna el recurso, sino por la posibilidad de pervertir el principal propósito que animó al impugnante para haberlo interpuesto.
Al margen de lo anterior, de suyo suficiente para desestimar las censuras, aún de llegar suponer la Corte que la intención de libelista es dar prioridad a la pretensión invalidatoria de lo actuado y que para el caso de no ser acogida esta propuesta, subsidiariamente se examine el cargo relativo a la violación directa de la ley sustancial y profiera el correspondiente fallo de reemplazo, de todas maneras, ninguna de las dos censuras aparece correctamente planteada.
2.2.1. El cargo de invalidación del proceso a que el actor se acoge, lo hace consistir en haberse proferido, por el juzgador de primera instancia, tres sentencias en diferentes echas, en un mismo proceso, no obstante que, en su criterio, ha debido dictarse una sola por razón del criterio de unidad procesal, con lo cual se vulneran las formas propias del debido proceso.
Ninguna duda cabe que la alegación así propuesta acusa deficiente argumentación. Aunque en la demanda se sostenga que la irritualidad noticiada comportó vulneración del debido proceso y se sugiera que ello dificulta el control jurisdiccional, lo evidente es que el casacionista incumple el deber de demostrar la relación que ha de existir entre el vicio aducido y la alteración de las bases de la acusación y el juzgamiento en cuanto tiene que ver con sus asistidos. Igual ocurre en referencia a la posibilidad de afectación del derecho de defensa y la supuesta obstaculización al ejercicio de los recursos, que, como derivado de irregularidad invocada, implícitamente son sugeridos en el libelo.
El actor de tomar en cuenta, que, como ha sido acordado por la jurisprudencia, en tratándose de la causal tercera, cuando su invocación se funda en la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, o la violación de derecho de defensa, no basta con mencionar que la actuación cumplida, y en la cual se dictó el fallo objeto de ataque, contiene una irregularidad. Resulta imperativo para quien acude a esta clase de planteamiento, poner en evidencia ante la Corte, con examen de la realidad que el proceso evidencia, cómo se configura el yerro, cuáles son sus contornos, y, principalmente, denotar cuál es su trascendencia. Asimismo, el casacionista tiene por deber, precisar cuál es el procedimiento correcto, en qué aspecto resultó desconocido o modificado el debido proceso constitucional a consecuencia de la incorrección, y de qué manera ello causó menoscabo a las garantías fundamentales o los intereses que representa.
Se limita, por el contrario, a noticiar que el fallador a quo adoptó un procedimiento sui generis al proferir tres fallos en un mismo asunto y en fechas distintas. No indica, sin embargo, cómo dicha actuación repercutió negativamente en la validez del trámite, comprometió gravemente la estructura básica del juicio o privó de oportunidades de defensa a sus asistidos, con lo cual el cargo queda en su solo enunciado, lo que por sí mismo determina su improsperidad. Pero si alguna razón hay para negar cualquier posibilidad de viabilidad a la censura, es precisamente la inocuidad del reparo.
En este sentido, razón asiste a la delegada en sostener que “ninguna lesión produjo en los derechos de los acusados en cuestión, el que el juez de primer grado hubiese culminado este proceso con tres sentencias, pues en cada una de ellas se ocupó de diferentes acusados, sufriendo todos la misma suerte, esto es la condena, respecto de la misma situación fáctica imputada a todos en conjunto, luego en los fallos ninguna decisión contradictoria se erigió para alguno de los procesados, amén que todos ellos se enteraron de las tres sentencias, y frente a la suerte que cada uno de ellos corrigió, tuvieron la oportunidad de interponer el recurso de apelación, como a la postre efectivamente lo hicieron, consiguiendo el pronunciamiento unitario del juez colegiado de segundo grado, ahora demandado en casación, todo lo cual igualmente permite afirmar que aún cuando no fue regular la forma en que el juez regional de Medellín culminó este proceso, ello tampoco desquició de manera grave o fatal le estructura básica del debido proceso penal, resultando abstractas, superfluas e infundadas las alegaciones del togado, en el sentido de que los tres fallos determinaron el desconocimiento del principio de unidad procesal e impiden hacerles el respectivo seguimiento en sede de casación, máxime cuando en una sola de las sentencias de primera instancia fue emitida la decisión de condena respecto de los dos acusados por los que aboga este libelista”.
2.2.2. No muy diversa de la situación que viene de ser expuesta, resulta ser la que se establece del ataque que por violación directa de la ley sustancial, y al amparo de la causal primera de casación, ha sido propuesta. También sobresale en el desarrollo de la censura, precariedad en la demostración del cargo, ausencia de fundamento en los supuestos en que se funda, desconexión absoluta con las consideraciones fácticas realizadas por el sentenciador y, de contera, entremezcla indebida de reparos a la apreciación probatoria.
El actor sostiene, sin llegar a demostrarlo, que en la declaración de los hechos el sentenciador encontró establecido que el secuestro de William de Jesús Arango Ochoa fue simple pues no tuvo un propósito definido que le diera carácter de extorsivo, y que sin embargo dejó de aplicar la pena establecida para el secuestro simple y aplicó la prevista para aquél.
No obstante esta pobreza argumentativa, apoyada tan sólo en la remembranza que el juzgador hizo del acontecer fáctico que constituyó la génesis de la investigación penal, debe advertirse que el casacionista combate una sentencia distinta de la proferida en segunda instancia.
De no ser así, habría establecido, sin mayor dificultad, que el juzgador declaró acreditado que la retención del mencionado ciudadano tuvo como propósito exigir por su libertad un provecho patrimonial, lo que de suyo desvirtúa la apreciación contraria del recurrente.
Así se desprende de las siguientes consideraciones del fallador de segunda instancia, cuando se pronunció acerca de la pretensión elevada por los impugnantes para que modificara la calificación jurídica de la conducta de secuestro extorsivo a simple:
“Elevan también los recurrentes, como peticiones subsidiarias:
“a) Que se modifique la adecuación típica del delito de secuestro extorsivo, y se considere en su defecto la adecuación del comportamiento al secuestro simple, que en su entender se dio en el grado de tentativa, caso en el cual, son acreedores al beneficio de libertad por pena cumplida.
“En lo que a este aspecto hace relación, precisa la Sala, que si bien lo inmediata de la liberación del secuestrado Arango Ochoa, o el escaso término en que estuvo en poder de sus captores, no permitió que aquéllos concretaran el monto de una exigencia económica, tal propósito se deriva inequívocamente, de las indagaciones que sobre su estado patrimonial y bienes de capital le hicieron a la víctima en su sitio de cautiverio, situación que denota entonces que el propósito de su sustracción no era otro que obtener por su liberación un incremento patrimonial injusto; ello se deriva también de la feria de ofrecimientos de altas sumas de dinero que se hicieron entre los coprocesados, por la tarea que en dicha acción criminal cumpliría cada uno; a Parra Rojas por ejemplo, se le ofrecieron por sus “servicios” la suma de $ 500.000, suma que obviamente se contaba cancelar con el producto de la acción ilícita. Entonces resulta claro el propósito de obtener provecho patrimonial ilícito, por lo que no hay duda que incurrieron en el delito de secuestro extorsivo y no simple como lo alegan” (negrilla) (fl. 14, cdno. Trib.).
Así resulta evidente que el casacionista no acepta los hechos y las pruebas en la forma como fueron apreciadas y valoradas por el fallador de instancia, pues es manifiesto que presenta los hechos de manera diversa a como los apreció el tribunal. Al proceder de este modo, claro que ha debido acudir a la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, y no a la directa que equivocadamente ensaya.
En estas circunstancias, las protuberantes deficiencias técnicas en la proposición y desarrollo del cargo, su falta de razón y de fundamento, hacen que él no pueda prosperar.
Cosa distinta es que no asista razón al demandante y por ello carezca de vocación de prosperidad, en términos que pasa a precisarse:
Como se indicó en el resumen que se hizo de la demanda, el actor considera que en tratándose del delito de secuestro extorsivo por el que se condenó a su asistido, el tipo penal aplicable al caso era contenido en el artículos 268 del Decreto 100 de 1980, y no el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, en razón a que no actuó con finalidad terrorista, ni la víctima de la infracción tenía alguna de las cualificantes exigidas por el citado estatuto.
Al respecto debe decirse que tal como declaró la Corte en la sentencia de casación proferida el 22 de agosto de 1990, criterio reproducido en sentencia de casación del 19 de noviembre de 1992, ambas con ponencia del magistrado Saavedra Rojas, es cierto que con anterioridad a la vigencia del Decreto 2790 de 1990 coexistían las siguientes formas de secuestro: La ordinaria contenida en los artículos 268 y 269 del Código Penal, que definía los delitos de secuestro extorsivo y secuestro simple; y la del secuestro terrorista consagrado en los artículos 22 y 23 del Decreto 180 de 1988, en el que el comportamiento del agente está guiado por el propósito terrorista de crear zozobra e inseguridad social, pudiendo ser que se trate de una actividad con finalidades políticas o de cualquier otra índole.
Sin embargo, el paralelismo normativo a que allí se hizo referencia fue superado con la expedición del citado Decreto 2790 de 1990, que entró a regir el 16 de enero de 1991, el cual, en su artículo 6º, estableció:
“ART. 6º—Siempre que el delito de secuestro se dirija contra persona que ocupe alguno de los cargos mencionados en el numeral 1º del artículo 2º del Decreto 474 de 1988 o en funcionario de la rama jurisdiccional, Registrador Nacional del Estado Civil, miembro del Consejo Electoral o el Registrador, registrador departamental, o municipal del Estado Civil, agente del Ministerio Público, agente diplomático o consultar al servicio de la Nación acreditado ante ella, comandante general o miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de los cuerpos de seguridad, subdirector nacional de orden público, director seccional de orden público, miembro de la Asamblea Nacional Constitucional, miembro principal o suplente de las asambleas departamentales, funcionario elegido por corporación de elección popular, cardenal, primado, arzobispo, nuncio y obispo; o se ejecute con fines terroristas; u obedezca a los propósitos descritos en el artículo 1º del Decreto 1631 de 1987 o persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal, se sancionará con prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y multa de un mil a dos mil salarios mínimos legales mensuales...” (negrilla).
La jurisprudencia ha reiterado que cuando el secuestro ha sido cometido en vigencia del Decreto 2790 de 1990, y los hechos que lo configuran tienen finalidad terrorista, o recaen sobre sujeto pasivo cualificado, o se ejecuta con el propósito de perseguir los objetivos señalados en el artículo 268 del Código Penal de 1980 entre los cuales se incluye el de exigir por la libertad un provecho o cualquier utilidad, la norma aplicable es la del artículo 6º del citado Decreto 2790 de 1990, acogido como legislación permanente por el artículo 11 del Decreto 2266 de 1991 (Cfr. Sents. de casación, nov. 12/99 y dic. 3/99, proferidas dentro de los procesos de Rad. 13566 y 12683, M.P. Dr. Córdoba Poveda y Rad. 13555, M.P. Dr. Pérez Pinzón); recientemente reiterada en pronunciamientos de septiembre 20 de 2000 (M.P. Dr. Córdoba Poveda) y de 15 de febrero de 2001 (M.P. Dr. Mejía Escobar), en procesos de radicados 131314 y 13874, respectivamente.
Si se toma en cuenta, entonces, que el Decreto 2790 de 1990 entró a regir el 16 de enero de 1991, que el secuestro del señor William de Jesús Arango Ochoa se produjo el 31 de enero de 1991 y, además, que el fin perseguido era el de obtener provecho económico, tanto que durante su cautiverio los plagiarios indagaron por su situación económica y bienes de capital, y que a cada uno de los intervinientes en el hecho se le ofreció pagar una suma de dinero, no cabe más que concluir que la preceptiva aplicable era el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990.
3. Casación oficiosa
La procuradora delegada sugiere a la Corte casar parcialmente la sentencia impugnada, para que la pena privativa de la libertad quede conforme fue impuesta en primera instancia, por considerar que el juzgador dejó de aplicar la garantía de no reforma en perjuicio contenida en el artículo 31-2 de la Carta Política, y en los artículos 17 y 217 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
No cabe duda que al dictarse los fallos de primera instancia, el Juez Regional de Medellín, calificó la conducta de secuestro en el ámbito de protección del artículo 6º del Decreto 2790 de 1990. Así lo precisó al indicar que “de acuerdo al material existente en la foliatura, que los aquí nombrados son responsables de la infracción al artículo 6º del Decreto 2790 de 1990 el cual adicionó el artículo 268 del código represor” (fl. 1474, cdno. 3); “Se procede por un concurso de acciones punibles (C.P., art. 26). —Secuestro extorsivo— que define el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, acogido como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, adicionante del libro segundo, título X, capítulo I del Código Penal en donde aparece como ofendido en la libertad individual y patrimonial el señor William de Jesús Arango Ochoa” (fls. 10 y 11, cdno. 4); “Inicialmente Wilson de Jesús Arboleda Echeverri, ha cometido el delito de secuestro extorsivo descrito (en el art. 6º) del Decreto 2790 de 1990, acogido como norma permanente por el Decreto 2266 de 1991” (fl. 58, Ib.).
Sin embrago, al individualizar la pena acudió a los parámetros establecidos por el artículo 268 del Código Penal de 1980.
Este desacierto, fue advertido y corregido por el tribunal de segunda instancia al conocer de la apelación promovida por la defensa y del grado jurisdiccional de la consulta a que estaban sometidos dichos pronunciamientos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal por el que se rigió el asunto, modificado por el artículo 29 de la Ley 81 de 1993.
En relación con el criterio de la delegada, en el sentido de que la consulta opera en forma residual o subsidiaria al cual se acude como consecuencia del silencio de las partes, de manera que la apelación resulta preferente frente a aquella e impone una competencia limitada que impide, sin excepción alguna, agravar la situación del condenado, debe decirse que no resulta consecuente con le alcance que a dicho grado jurisdiccional corresponde.
A diferencia de los recursos, que son potestativos de los sujetos procesales y se fundan en razones de interés particular, la consulta opera por mandato legal, se apoya en razones de interés general, y es de carácter imperativo, particularidades que hacen que su cumplimiento no pueda dejarse al arbitrio de las partes, ni siquiera de la voluntad del funcionario judicial que ha proferido de la decisión.
A estas diferencias habría que agregar las no menos importantes que en el ámbito de la competencia funcional del superior se presenta, acorde con la naturaleza de cada uno de estos institutos. Mientras en la apelación, la competencia del superior tiene carácter limitado, en cuanto sólo puede revisar aquellos aspectos que son objeto de impugnación, en la consulta la competencia es de plena justicia e ilimitada.
De plena, porque está facultado para examinar la decisión consultada en sus distintos aspectos; ilimitada por que puede revocarla o modificarla en cualquier sentido, sin condicionamientos de índole alguna, aún en disfavor del procesado, según lo establecía el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, modificatorio de 217 del Estatuto Procesal de 1991, y ha sido declarado en pronunciamiento de exequibilidad por la Corte Constitucional (Cfr. C-583/97, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, entre otras).
Frente a estas premisas, mal puede compartirse la postura de la delegada, en el sentido de que la simple interposición del recurso de apelación contra una decisión consultable, cualquiera que sea el aspecto impugnado, enerva la posibilidad de que el superior pueda entrar a considerar los aspectos que no han sido objeto de tacha por el apelante.
No se discute que el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal anterior, modificado por el 29 de la Ley 81 de 1993, adolecía de graves falencias en su redacción, y que su texto literal daba la posibilidad de concluir que cuando se interpone algún recurso contra la decisión consultable, trátese de reposición o apelación —la norma no hace distinciones—, no habría lugar a este grado jurisdiccional. Recuérdese el texto de la disposición:
“Providencias consultables. En los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces regionales, son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado o sindicato presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas”.
Lógicamente el aspecto puramente literal no puede ser el único norte en el proceso de interpretación de una norma. También ha de auscultarse le teología del precepto y el sistema al cual se integra, y en esta medida es claro que la interpretación propuesta por la agencia de Ministerio Público contraviene la naturaleza y razón de ser del instituto de la consulta.
Ya ha sido dicho, en doctrina reiterada, que este nivel de revisión opera por mandato legal, y que su operancia no puede depender de la voluntad de las partes, de suerte que baste la interposición del recurso de alzada para que el superior deba inhibirse de revisar los aspectos no atacados, quedando circunscrita su competencia funcional al examen de los que fueron. Admitirlo, sería entronizar un mecanismo de burla a la ley, y permitir que el interés general que fundamenta la consulta ceda el paso al particular de los sujetos procesales (Cfr., oct. 22/97, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel).
La expresión “son consultables cuando contra ellas no se hubiere interpuesto el recurso de apelación”, utilizada en normatividades anteriores (L. 17/75, art. 1º y D. 50/87, art. 210), e incorporada con lagunas variantes en el texto del artículo 29 de la Ley 81 de 1993, tenía entonces razón de ser porque el recurso de apelación otorgaba competencia al ad quem para conocer sin limitaciones de la providencia impugnada (L. 17/75, art. 3º y D. 50/87, art. 538), tomando por contera innecesaria la consulta, e imprimiéndole a ésta un verdadero carácter subsidiario.
Frente a la normatividad por la que se rigió el asunto, en que el recurso de apelación otorgaba competencia al superior para decir únicamente sobre los aspectos impugnados, una consideración de esta índole pierde vigencia, no siendo posible postular que la consulta es subsidiaria de la apelación.
Cuando se interpone la apelación contra una providencia que se halla sujeta al grado jurisdiccional de la consulta, es claro que la interposición del recurso no compromete la potestad del ad quem derivada de la ley, de poder reformar sin limitación alguna la decisión consultada, aún en los aspectos impugnados y en perjuicio del procesado.
Totalmente equivocado resulta, por consiguiente, impugnar un determinado aspecto de la decisión consultable, en el entendido de que así se impide su examen integral por la segunda instancia, o que de esta manera el procesado en cuyo nombre se apela queda amparado por el principio de no reformatio in pejus (Cfr. entre otras, Sent. Cas., oct. 21/98. Rad. 13419. M.P. Dr. Arboleda Ripoll).
De acuerdo a estos lineamientos, es de entenderse que la modificación del tribunal a los fallos de primera instancia que ahora reprocha la delegada en el sentido de imponer las penas previstas para el delito de secuestro extorsivo previstas en el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, por cuya realización los procesados fueron objeto de enjuiciamiento, no puede tener connotación diferente a la del ejercicio de la potestad de poder reformar sin limitación alguna la decisión sometida al grado jurisdiccional de la consulta, y, por dicha vía, ajustar la sentencia a la legalidad estricta de la pena establecida para el hecho por el cual fueron hallados responsables y se les condenó.
Si como lo establece la disposición realizada por los procesados, la pena es de prisión de veinte a veinticinco años y multa en cuantía de un mil a dos mil salarios mínimos mensuales legales, no podía prescindirse de ella sin dejar de incurrirse en ilegalismo en la determinación judicial de las consecuencias derivadas del delito, de donde resulta impertinente valorar como violatoria de la prohibición de reforma en lo peor la enmienda que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 206 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el 29 de la Ley 81 de 1993, y en aras de pautar la decisión del a quo a la ley, llevó a cabo el fallo de segunda instancia.
No asistiéndole razón a la delegada del Ministerio Público, se negará la pretensión de casación oficiosa que eleva.
De conformidad con lo anotado en la primera parte de las consideraciones de este fallo, se declarará prescrita la acción penal en relación con los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho por dar u ofrecer, y se harán los ajustes punitivos pertinentes, siguiendo los parámetros dosimétricos aplicados por el ad quem al corregir la tasación hecha por el juez de primera instancia.
Al efecto, se tiene que el tribunal tuvo como delito base el de secuestro extorsivo y partió de veintidós (22) años de prisión, y por razón del concurso los aumentó en tres (3) años a los procesados Parra Rojo, Correa Arias, Saldarriaga Villa, Arboleda Echeverri y Acosta Rendón, y dos meses más a Cifuentes Moreno por el cohecho. De allí que por estos aspectos no cabe hacer incremento alguno.
Esto significa que los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Carlos Hernán Correa Arias, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Wilson Arboleda Echeverri, Carlos Enrique Acosta Rendón y Leici Cifuentes Moreno, han de responder solamente por el delito de secuestro extorsivo, y que por dicho ilícito deben purgar veintidós (22) años de prisión. La pena de multa y las accesorias se mantendrán incólumes.
La decisión que en este sentido se adopta en relación con le procesado no recurrente Carlos Enrique Acosta Rendón, se realiza en virtud del principio de aplicación extensiva (D. 2700/91, arts. 243 y 229 del nuevo estatuto).
Es de aclarar, que compete al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad realizar la redosificación punitiva a que hubiere lugar, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, y la aplicación del principio de favorabilidad (CPP, art. 79.7).
Resta precisar, finalmente, que esta sentencia no sustituye la que fue objeto de impugnación, por cuanto la reducción punitiva es de carácter objetivo, únicamente como consecuencia de la prescripción y no de las demandas, las cuales no prosperaron. Por tanto, contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, así se notifique lo atinente a la prescripción que se decreta y sus efectos, decisión que es de carácter interlocutorio y no hace parte del fallo de casación.
1. DECLARAR PRESCRITA la acción penal respecto de los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho por dar u ofrecer, imputados en el pliego enjuiciatorio a los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Carlos Hernán Correa Arias, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Wilson Arboleda Echeverri, Carlos Enrique Acosta Rendón y Leici Cifuentes Moreno. Ordenar, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en su contra por razón de estas conductas punibles.
2. Fijar en veintidós (22) años de prisión, la pena privativa de libertad para los procesados Gonzalo de Jesús Parra Rojo, Carlos Hernán Correa Arias, Héctor Darío Saldarriaga Villa, Wilson Arboleda Echeverri, Carlos Enrique Acosta Rendón y Leici Cifuentes Moreno, quedando en lo demás sin modificación el fallo, sin perjuicio del ajuste que, por favorabilidad, pueda aplicar el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
3. No casar la sentencia impugnada.