Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-384-de-junio-24-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_55ee17134182415f8f1f5274ac16d664&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 09:42:05
Document Index: 219607451

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 23', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 227', 'artículo 206', 'artículo 13', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 40']

SENTENCIA T-384 DE 24 DE JUNIO DE 2015
CONTENIDO:PAGO DE LAS INCAPACIDADES CAUSADAS DESPUÉS DEL DÍA 180 POR ENFERMEDAD COMÚN. EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS ESTÁ REGULADO POR EL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 2463 DE 2001, QUE ESTABLECE EL DEBER DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES, Y DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, DE REMITIR A SUS AFILIADOS A LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN PREVIO CONCEPTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 150 DÍAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL, NO OBSTANTE EL DECRETO 2463 PERMITE QUE LA AFP POSTERGUE EL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN HASTA POR 360 DÍAS CALENDARIO ADICIONALES A LOS PRIMEROS 180 DÍAS DE INCAPACIDAD QUE OTORGA LA E.P.S, SI EL MENCIONADO CONCEPTO DE REHABILITACIÓN ES FAVORABLE Y CON LA CONDICIÓN DE QUE SE OTORGUE UN SUBSIDIO EQUIVALENTE A LA INCAPACIDAD TEMPORAL QUE VENÍA DISFRUTANDO EL TRABAJADOR, LA CORTE HA CONCLUIDO QUE EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES LABORALES POR ENFERMEDAD COMÚN QUE SE CAUSEN A PARTIR DEL DÍA 181 CORREN POR CUENTA DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COMPETENTE, HASTA QUE EL AFILIADO RECUPERE SU SALUD, O HASTA QUE SEA CALIFICADA LA PÉRDIDA DE SU CAPACIDAD LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL, CALIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL, DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE, DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL, INCAPACIDAD LABORAL, BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LA INCAPACIDAD LABORAL, PAGO DE LA INCAPACIDAD LABORAL, RECONOCIMIENTO DE LA INCAPACIDAD LABORAL, CLASES DE INCAPACIDAD LABORAL, INCAPACIDAD LABORAL ABSOLUTA, DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL, INCAPACIDAD LABORAL MAYOR A CIENTO OCHENTA DÍAS
2.1.2. Informó que trabajó desde el 1º de julio de 1976 hasta el 31 de mayo de 1999 en la empresa Surtiendas y Droguerías Olímpica S. A., tiempo durante el que cotizó 1.104 semanas al sistema de seguridad social en pensiones. No obstante, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, emitido por Colpensiones(2), el señor Luis Alfredo Cruz Molina cotizó en total 745.29 semanas al sistema.
2.3.3. Certificación emitida por la RTS Agencia Cardo Infantil de Bogotá, en la que consta que Luis Alfredo Cruz Molina, asiste a en terapia de diálisis peritoneal automatizada, porque padece de Insuficiencia renal crónica, desde el mes de agosto de 2011, y requiere la terapia dialítica ininterrumpida como soporte vital, todos los días (fl. 22, cdno. de única instancia).
2.3.5. Certificación de la directora regional de recursos humanos de Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A., en la que consta que el señor Luis Alfredo Cruz Molina, trabajó en esa empresa desde el 1º de julio de 1976, hasta el 15 de mayo de 1999 (fl. 28, cdno. de única instancia).
La pensión anticipada de vejez por invalidez y el principio de favorabilidad. Reiteración de jurisprudencia
A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. (…).
8.2. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto 917 de 1999 que contiene el manual único para la calificación de la invalidez. Este, en su artículo 7º, literal a), señala lo que debe entenderse por deficiencia:
Pero al analizar el mencionado requisito, la Sala Segunda encontró que la pérdida de capacidad laboral del actor, se efectuó con base en el “Manual único para la calificación de la invalidez” contenido en el Decreto 917 de 1999, el cual señala que el porcentaje máximo con el que puede ser calificada una deficiencia física, psíquica o sensorial es de 50. Según esta norma, la deficiencia nunca podría ser de más del 50% y, por lo tanto el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que consagra la pensión anticipada de vejez, para las “personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1.000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley100 de 1993” —énfasis propio— nunca podría tener aplicación o producir efecto.
Por otra parte, semejante forma de interpretar los porcentajes, supondría que una norma de rango infralegal —como el decreto— tiene la virtualidad de privar de efectos a la ley, y de subvertir la competencia preferente del legislador en la regulación de la seguridad social, que viene dispuesta por la Carta cuando dice que “[l]a seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley” (negrillas añadidas al art. 48, C.P.)”.
10.1. Así pues, observando que es común no tener claro cuál es la pensión a la que tiene derecho una persona que fue calificada con 50% o más de pérdida de la capacidad laboral, para escoger cuál de las dos normas vigentes se debe aplicar (art. 33 par. 4º, o art. 39 de la L. 100/93), es necesario hacerlo bajo el principio de favorabilidad, pues “[e]n estos eventos los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social”(26).
13. El primer referente normativo sobre el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales ocasionadas por enfermedad no profesional se encuentra en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra el derecho del trabajador a obtener de su empleador un auxilio monetario hasta por 180 días, en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores(28). Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 “dicha tarea quedó en manos de las entidades encargadas de asegurar las contingencias en materia de seguridad social. El artículo 206 dispuso que el régimen contributivo asumiría el reconocimiento de ‘las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes’, y autorizó a las EPS para subcontratar el cubrimiento de esos riesgos con compañías aseguradoras”(29).
— Las incapacidades por enfermedad general que se causen desde entonces y hasta el día 180 deben ser pagadas por la EPS (L. 100/93, art. 206). En todos los casos, corresponde al empleador adelantar el trámite para el reconocimiento de esas incapacidades (D.-L. 19/2012, art. 121).
— La EPS deberá examinar al afiliado y emitir, antes de que se cumpla el día 120 de incapacidad temporal, el respectivo concepto de rehabilitación. El mencionado concepto deberá ser enviado a la AFP antes del día 150 de incapacidad (D.-L. 19/2012, art. 142).
Ausencia de un régimen de transición para la pensión de invalidez, y la protección de las expectativas legítimas de los afiliados al sistema general de pensiones. Reiteración de jurisprudencia
17. Con la Ley 100 de 1993 nació el actual sistema de seguridad social en pensiones, y por ende nuevos requisitos y regímenes para acceder a las prestaciones contempladas en el mismo, dentro de este, “el legislador consagró la pensión de invalidez(34) cuyo objetivo es garantizar a las personas que han perdido su capacidad laboral en la proporción que la ley establece, el acceso a una fuente de ingresos para solventar sus necesidades vitales(35). Dicha prestación, al brindar especial protección a las personas disminuidas físicamente, realiza el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política”(36).
“A diferencia del reconocimiento de otras prestaciones sociales, como la pensión de vejez, no existe un régimen de transición establecido para la prestación económica de invalidez(40). Lo anterior se explica en virtud de que el hecho que produce el estado de discapacidad no es previsible, mientras que los factores para establecer si una persona ha adquirido o no el derecho a la pensión de vejez es mayormente determinable, entre otros factores, por el tiempo y la edad”(41).
22.1 La anterior postura es sostenida por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia. Al respecto ha señalado que la condición más beneficiosa “no se constituye en una patente de corso que habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro”(45).
25. Ahora bien, esta interpretación de la condición más beneficiosa no es nueva, por el contrario, existen varias sentencias de esta Corte(47), en las que analizó la situación de personas que adquirieron una incapacidad para laborar igual o superior al 50% en vigencia de la Ley 860 de 2003, pero no cumplían con los requisitos de esta norma para acceder a una pensión de invalidez, pero habían realizado un importante esfuerzo de cotización al sistema, y durante la vigencia del decreto 758 de 1990 habían cotizado 300 semanas o más, que era la densidad de cotización al sistema requerida por este. En consecuencia, siguiendo los parámetros del principio de la condición más beneficiosa, resolvieron inaplicar la Ley 860 de 2003, y en su lugar, concedieron el derecho conforme al Decreto 758 de 1990, norma que no es, la inmediatamente anterior.
25.1 Así ocurrió en la Sentencia T-628 de 2007(48), en la que la Corte estudió el caso de una persona que tenía VIH/sida y había sido calificada con un 53.92% de pérdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuración el 30 de junio de 2007. El ISS negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, porque tenía que haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, requisito con el que no contaba. La Corte argumentó que la seguridad social es un instrumento muy importante para cumplir con los fines sociales del Estado, pues se trata de todo un sistema que brinda a las familias las garantías que necesitan cuando se presentan riesgos sociales que pueden afectar su capacidad y subsistencia. Por ello, la pensión de invalidez es una prestación de gran relevancia constitucional, pues con ella se protegen los derechos de personas que deben recibir una especial protección en razón a su estado de incapacidad, quienes aunque no cuentan con un régimen de transición para acceder a la correspondiente pensión, en virtud de los principios de equidad, justicia, razonabilidad y proporcionalidad, pueden adquirir el derecho con base en un régimen anterior a la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, resolvió amparar los derechos a la vida, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana del actor, y resolvió inaplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 —modificado por el art. 1º de la L. 860/2003—, y en su lugar, utilizar los requisitos consagrados en el artículo 6º, literal b) del Decreto 758 de 1990, que son haber cotizado para el seguro de invalidez 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al estado de invalidez o contar con 300 semanas en cualquier época, con anterioridad a la fecha estructuración.
“A partir de lo anterior, queda claro que el accionante cumplía con el requisito establecido en el Decreto 758 de 1990, artículo 6º, literal b), de las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, anterior al estado de invalidez, porque cuando dicho decreto estaba vigente, el actor ya tenía más de 300 semanas cotizadas y no se había estructurado su invalidez. || Sin duda alguna, en el presente caso las modificaciones a los requisitos que se establecieron con la Ley 100 de 1993 y posteriormente con la Ley 860 de 2003, son regresivas frente a la situación particular del accionante que no obstante haber cotizado 1165,35 semanas por más de veinte años y hasta el año 2006, ahora debe acreditar haber cotizado 25 semanas durante el año anterior a la calificación de la invalidez, mientras que bajo el régimen del Decreto 758 de 1990 ya cumplía con el requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier época. (…) ||Se reitera de esta manera lo establecido por la jurisprudencia en casos semejantes en sede constitucional y en sede laboral en la Corte Suprema de Justicia(50) en los que se ha considerado que, si bien el afiliado había cumplido requisitos más estrictos, al amparo de una legislación anterior para acceder a la pensión de invalidez, no resultaba proporcionado ni conforme a los principios constitucionales de la seguridad social, entre ellos el de la condición más beneficiosa, que se negara la prestación con base en la aplicación del nuevo régimen, incluso en el evento que la estructuración de la invalidez hubiera acaecido bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993” (negrita fuera del texto).
Señaló la Sentencia T-953 de 2014 que, “[l]a condición más beneficiosa, tal y como se puede interpretar de su aplicación en la jurisprudencia, no solo protege las expectativas legítimas de los ciudadanos de cambios normativos intempestivos, sino que adicionalmente los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que gozan de una pensión completando presupuestos de menor exigencia(55). Por tanto, limitar su uso a la norma inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría”(56) de las reglas jurídicas puede conducir a situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad, eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando el sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad” —énfasis propio—.
31.1. En cuanto a la subsidiariedad de la acción, para esta Sala es claro que la vía ordinaria no es un medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales del señor Azael Gómez, pues es una persona especialmente vulnerable, dado su alto porcentaje de incapacidad, y la difícil situación económica por la que se encuentra pasando, ya que era la única persona que aportaba para mantener su hogar. Esta situación merece una protección inmediata, pues contrario a lo considerado por el juez de instancia, no resulta proporcional someter al accionante a un proceso ordinario laboral, por la urgencia de satisfacer su mínimo vital, más aún cuando tuvo que acudir a la acción de amparo para conocer la decisión de Colpensiones frente a su solicitud, pues transcurrieron varios meses sin que esta se pronunciara sobre el tema.
(ii) Fue calificado con un 72,64% de pérdida de su capacidad para laborar, del cual el 40.74 % corresponde a su nivel de deficiencia(61), porcentaje que según la interpretación(62) hecha por la Corte en la Sentencia T-007 de 2009, es más que suficiente para tener como cumplido el requisito contemplado en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, entendido como ser calificado por lo menos con la mitad del porcentaje máximo posible de deficiencia física, psiquica o sensorial, que en este caso sería tener un 25%.
(iii) Finalmente, cuenta con 1.004 semanas cotizadas al 30 de noviembre de 2013(63).
35. Por otra parte, en cuanto a la pretensión encaminada a ordenar a la Cooperativa de Trabajo Asociado al pago de las incapacidades causadas después de los primeros 180 días de inactividad del señor Gómez, la Sala encuentra que no es procedente frente a la cooperativa de trabajo asociado, pues de acuerdo con las reglas expuestas en los numerales 12 a 16 de la parte considerativa, ello le compete a las AFP o a las EPS según el caso. En esta oportunidad, Coomeva EPS cumplió oportunamente su deber de emitir un concepto de rehabilitación el 9 de noviembre de 2012, es decir, en el día 120 de su incapacidad, fecha en la cual, remitió el caso a Colpensiones para lo pertinente. Por su parte, la AFP tardó aproximadamente cinco meses en calificar al actor (el examen de verificación de la incapacidad fue realizado el 30 de mayo de 2013). Los primeros 180 días de incapacidad culminaron alrededor de enero de 2013, es decir que por la demora de Colpensiones en dar el trámite requerido, el agenciado y su familia quedaron sin un ingreso durante un largo tiempo hasta conocer el porcentaje de su discapacidad, dato sin el que no sabían cuál era el procedimiento a seguir.
38.1. En primer lugar le corresponde a la Sala estudiar la idoneidad de los medios ordinarios de defensa con los que cuenta el accionante. Pues bien, contrario a lo considerado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en este caso es claro que la vía ordinaria no es una opción que garantice eficazmente la protección de los derechos fundamentales del señor Luis Alfredo Cruz Molina, teniendo en cuenta su alto porcentaje de incapacidad (73.12%) para laborar, y el delicado estado de salud en el que se encuentra, pues padece de insuficiencia renal crónica y requiere terapia de diálisis peritoneal automatizada ininterrumpida como soporte vital, todos los días, de acuerdo con la certificación emitida por la RTS Agencia Cardio Infantil de Bogotá(64). Adicionalmente, la enfermedad que padece le ha desencadenado otras como hipotiroidismo, hipertensión arterial y anemia, razón que le impide trabajar establemente y tener un ingreso fijo.
43. Ahora bien, el señor Luis Alfredo Cruz Molina, cumple con los requisitos que exigía un régimen anterior al actual, esto es, el artículo 6º literal b) del Decreto 758 de 1990(69), para acceder a la pensión de invalidez, pues actualmente tiene 55 años de edad(70), cuenta con más de 300 semanas de cotización al sistema, anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (17 de agosto de 2011)(71), y fue calificado con un 73,12% de pérdida de su capacidad para laborar.
3. ORDENAR a Colpensiones, que en el término de 48 horas, contadas desde el momento de notificación de esta providencia, le pague al señor Azael Gómez, todas aquellas incapacidades laborales que le hayan sido reconocidas por su médico tratante desde el momento en que cumplió el día 180 de incapacidad laboral (10 de enero de 2013), hasta el 30 de mayo de 2013, momento en el que realizó el examen de pérdida de capacidad para laborar al agenciado.
Magistrados: Myriam Ávila Roldán—Mauricio González Cuervo—Ligia López Díaz—.
(2) Folios 11 y 12, cuaderno de única instancia.
(4) En este aparte la Sala seguirá especialmente la Sentencia T-142 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(6) Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en Sentencia T-786/08 (M. P. Manuel José Cepeda) expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”. En un sentido semejante pueden consultarse las sentencias T-225/93 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544/01 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-983/01 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
(8) “La Corte ha llamado la atención sobre la importancia de que dichas circunstancias sean examinadas, también, al realizar el análisis material de la acción de tutela. Al respecto, señala la Sentencia T-093 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas): “(...) el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: a) del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación económica, se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta; b) se verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el mínimo vital y el debido proceso; y c) se constata la afectación de principios constitucionales como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social”.
(9) Al respecto, ver Sentencia T-1083 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(10) Sentencia T-142 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(12) Sentencias T-007 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-201 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada y T-665 de 2013, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(17) M. P. Manuel José Cepeda Espinoza.
(18) Principio aplicado por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia C-024 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
(21) M. P. Alexei Julio Estrada.
(22) M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(24) Un estudio detallado del contenido y alcance del principio de favorabilidad en materia laboral fue realizado por la Corte en la Sentencia SU-1185/01. En esa oportunidad, la Sala Plena sostuvo lo siguiente: En el ámbito de los conflictos de trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el estatuto superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley. En la sentencia antes citada, se manifestó sobre el tema lo siguiente:
Allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica” (Sent. T-001/99, M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
“... el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos” (Sent. T-800/99, M. P. Carlos Gaviria Díaz)”.
(25) Sentencia T-043 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
(26) Sentencia T-832A de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(27) La Sala seguirá lo señalado al respecto en la Sentencia T-333 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(30) Decreto 2943 de 2013. “Artículo 1º. Modificar el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará así:
(31) La Sentencia T-786 de 2009 (M. P. María Victoria Calle) enumera los eventos en que la responsabilidad de las EPS en el reconocimiento de las incapacidades laborales causadas durante los primero 180 días se traslada a los empleadores. El fallo indica que esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, el trabajador no reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el Decreto 47 de 2000; cuando el empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones sin que la EPS se hubiera allanado a ella y cuando el empleador no informa sobre la incapacidad concreta del trabajador.
(33) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-980 de 2008, M. P. Jaime Córdoba; T-920 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza; T-137 de 2012, M. P. Humberto Sierra y T-263 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio.
(34) La Corte Constitucional ha definido la pensión de invalidez como “una prestación destinada a proteger los riesgos o contingencias que provocan estados de incapacidad, con cargo al sistema de seguridad social, de acuerdo con las directrices del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstas en la Carta Política”. Corte Constitucional, Sentencia T-951 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
(35) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(36) Sentencia 1072 de 2007, M. P Rodrigo Escobar Gil.
(37) En la Sentencia T-832A de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte definió las expectativas legítimas de esta forma: “Las expectativas legítimas se ubican en una posición intermedia entre las meras expectativas y los derechos adquiridos. Las tres figuras hacen alusión a la posición fáctica y jurídica concreta en que podría encontrarse un sujeto frente a un derecho subjetivo. Una persona tiene un derecho adquirido cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento del mismo; estará ante una mera expectativa cuando no reúna ninguno de los presupuestos de acceso a la prestación; y tendrá una expectativa legítima o derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de reconocimiento del derecho subjetivo. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que (i) las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos; (ii) los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber ingresado al patrimonio del titular y; (iii) las expectativas legítimas son merecedoras de una protección intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
(38) M. P. Rodrigo Escobar Gil.
(39) M. P. Jorge Ignacio Pretel Chaljub.
(40) Corte Constitucional, Sentencia de Tutela T-043 del 1º de febrero de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
(41) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Radicación 24280, Acta 60 del 5 de julio de 2005, M. P. Camilo Tarquino Gallego.
(43) Para una mejor comprensión de esta figura es necesario recordar la habitual distinción entre disposición y norma jurídica empleada por esta corporación. En esa dirección, la Corte ha precisado que una misma disposición jurídica puede contener diversas normas jurídicas o interpretaciones. La norma jurídica en realidad es el resultado de la disposición jurídica interpretada. Al respecto, es necesario tener en cuenta que las expresiones texto legal, disposición jurídica y enunciado normativo, son sinónimas; y que los términos norma jurídica, contenido normativo e interpretación, lo son igualmente entre sí. Para mayor ilustración conviene traer a cita un fragmento de la Sentencia C-987 de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas), en la que se precisó: “Hay que acudir a la distinción, acogida por la doctrina y frecuentemente empleada por esta corporación entre disposición y norma pues es claro que con frecuencia el control de constitucionalidad no recae sobre un texto legal (disposición o enunciado normativo) sino sobre su interpretación (norma o contenido normativo), por lo tanto, en principio no siempre que la demanda de constitucionalidad verse sobre la interpretación de una disposición resultaría infundada, sin embargo, la interpretación que se acusa debe ser plausible y además debe desprenderse del enunciado normativo acusado. La falta de estas características se traduce en la ausencia del requisito de certeza en la formulación de los cargo”.
(45) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), Radicado 57442 (M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz). Esa posición ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia del veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008), Radicado 3315 (M. P. Luis Javier Osorio López); sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010), Radicado 41676 (M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza); sentencia del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), Radicado 40492 (M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz); sentencia del seis (6) de diciembre de dos mil once (2011), Radicado 49291 (M. P. Luis Gabriel Miranda Buelvas); sentencia del diez (10) de julio de dos mil trece (2013), Radicado 41619 (M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón).
(48) M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
(49) M. P. Mauricio González Cuervo.
(51) M. P. Alberto Rojas Ríos.
(52) M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(53) M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
(54) M. P. María Victoria Calle Correa.
(55) Recuérdese que la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha sostenido que la condición más beneficiosa no solo se fundamenta en la protección a la confianza legítima, sino también en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. En el apartado 4.1.1 de esta providencia se citó la sentencia del cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005), Radicado 24280 (M. P. Camilo Tarquino Gallego), en la cual se explicó que “sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer”. Por lo que en el caso era necesario invocar la condición más beneficiosa para efectos de aplicar una norma derogada, en vigencia de la cual un reclamante había efectuado todas sus cotizaciones al sistema.
(56) Este término fue utilizado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), Radicado 9758 (M. P. José Roberto Herrera Vergara), para dar cuenta de una aplicación normativa que es ajena a las circunstancias concretas de un caso en el cual se reclamaba la aplicación de una norma derogada, para efectos del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
(57) En el folio 3 del cuaderno de única instancia se encuentra una copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones, emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el que consta que el señor Azael Gómez tiene al 30 de noviembre de 2013, 1.004,89 semanas de cotización.
(58) T-275 de 1995, SU-706 de 1996, T-041 de 1996, T-452 de 2001, T-659 de 2004, T-623 de 2005, T-542 de 2006, T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
(62) Ver, supra, numeral 8.3.
(69) “ART. 6º—Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: (…).