Source: https://www.iberley.es/legislacion/acuerdo-5-mar-2019-c-madrid-instrucciones-generales-aplicacion-procedimiento-ejercicio-iniciativa-legislativa-potestad-reglamentaria-consejo-gobierno-26208135
Timestamp: 2019-03-21 08:33:52
Document Index: 307628009

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Acuerdo de 5 de Mar de 2019 C.A. Madrid (Instrucciones generales para la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno) | Iberley
ACUERDO de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones generales para la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 13-03-2019
Boletín: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número 61
El procedimiento de elaboración de normas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid viene configurado principalmente por los preceptos establecidos con carácter básico en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en aplicación supletoria a la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de su Estatuto de Autonomía, los establecidos para la Administración General del Estado por esa misma ley y por el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Todo ello sin perjuicio de la regulación autonómica específica respecto de algunos de esos trámites, en particular, en lo referente al informe de calidad normativa, de la Abogacía General, de la Comisión Jurídica Asesora.
Las instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2016, adaptaron los trámites y prescripciones legales de la nueva normativa estatal a la organización y funcionamiento de la Comunidad de Madrid y establecieron criterios uniformes de funcionamiento a los centros directivos implicados en la elaboración y tramitación de las disposiciones normativas.
La experiencia acumulada, así como la primera jurisprudencia dictada en relación al alcance de las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018, del Tribunal Constitucional, aconsejan una actualización de las instrucciones para establecer un procedimiento más ordenado, participativo, transparente y en el que todos los agentes implicados actúen en un marco presidido por la máxima seguridad jurídica.
Primero. Aprobación de las instrucciones
Aprobar las instrucciones generales para la aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria regulado en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Segundo. Pérdida de efectos del Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997
Queda sin efecto el Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997.
Madrid, a 5 de marzo de 2019.
El objeto de estas instrucciones es precisar los diferentes trámites que conforman el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno, en el marco de lo dispuesto en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con la finalidad de facilitar su correcta aplicación.
Estas instrucciones no serán de aplicación al supuesto previsto en el artículo 4.5.c)1º de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones.
a) Título VI Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Título V Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
c) Capítulos I a IV de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
d) Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Gobierno y sus Comisiones.
e) Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa.
f) Instrucción 1/2007, de 7 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por el que se establecen criterios de coordinación para la inclusión de asuntos en los índices de la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos y del Consejo de Gobierno.
a) Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
b) Guía metodología para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
c) Modelo tipo para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo elaborado por la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.
d) Método simplificado de medición de cargas administrativas y su reducción: criterios para la aplicación de la tabla de medición.
a) Decreto 87/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, artículo 8.3.
b) Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
a) Consulta pública.
b) Elaboración del proyecto y su memoria del análisis de impacto normativo.
c) Decisión sobre trámites ulteriores en los casos de anteproyecto de ley o de proyectos de decreto legislativo.
d) Solicitud de informe de coordinación y calidad normativa.
e) Solicitud de informes preceptivos y de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes.
f) Trámite de audiencia e información pública.
g) Informe de la secretaría general técnica de la consejería proponente.
h) Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
i) Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
j) Proyecto y memoria de análisis de impacto normativo definitivos.
k) Elevar a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos.
l) Aprobación por el Consejo de Gobierno.
m) Publicación y entrada en vigor.
n) Archivo electrónico.
a) Normas presupuestarias.
b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica.
d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia.
La consulta se llevará a efecto por la secretaría general técnica a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid integrado en la web comunidad.madrid, en el apartado correspondiente a Información jurídica , que incluye un subapartado titulado consulta pública , previa solicitud del titular del centro directivo u organismo a quien corresponda la iniciativa.
Adicionalmente, debe darse conocimiento previo al Consejo para el Diálogo Social, durante el trámite de consulta pública, de las actuaciones de producción normativa que afecten a las materias definidas por el Consejo para el Diálogo Social: desarrollo económico y social, empleo y formación profesional del ámbito del empleo, protección social, otras políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico y social de la región y aquellas otras actuaciones de especial relevancia sobre las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 21/2017, de 28 de febrero, por el que se crea el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid. Esta comunicación se realizará a través del portal web mediante la herramienta espacio de participación para el Diálogo Social , conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se da publicidad a las normas de organización y funcionamiento de dicho Consejo.
7. Elaboración del proyecto y su memoria del análisis de impacto normativo (artículo 26.3 Ley 50/1997)
La MAIN es el documento que expone los argumentos que justifican la propuesta normativa y en el que se refleja la evolución de su tramitación y de su contenido. Será elaborada por el centro directivo competente por razón de la materia y su contenido se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 931/2017, 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en la correspondiente guía metodológica y en el modelo tipo ofrecido por la Oficina de Calidad Normativa.
a) Principios de buena regulación:
b) Detección y medición de cargas administrativas:
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuando se creen nuevas cargas administrativas para las empresas deberá eliminarse al menos una carga existente de coste equivalente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, que en caso de problemática especial, la no compensación habrá de justificarse en la MAIN, y no será imprescindible la compensación cuando se trate de normas que se deriven de la legislación europea, acuerdos internacionales, normativa para la regulación de emergencias civiles, medidas para evitar el riesgo financiero, contener la inflación, regular impuestos y tasas, multas y penalizaciones, cotizaciones a la seguridad social o cuando las normas tengan vigencia temporal, especialmente aquellas de vigencia anual.
c) Análisis de impacto económico:
Respecto del análisis del impacto económico ha de considerarse que conforme al artículo 2.1.d).1º del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, dicho análisis evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento en estas materias. Este apartado incluirá, además, el test Pyme en los términos que se determinen en la Guía Metodológica de análisis del impacto normativo.
d) Análisis de los impactos sociales:
1.º El impacto de género se analizará en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el artículo 26.3.f) de la Ley del Gobierno, por la dirección general competente en materia de mujer.
2.º El impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, se valorará en los términos exigidos por el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, por la dirección general competente en materia de menores y familia.
3.º El impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género se valorará en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, por la dirección general competente en materia de no discriminación de personas LGTBI.
e) Análisis de impactos medioambientales, de accesibilidad, de salud y los demás que correspondan:
f) Órganos competentes:
g) Descripción de la tramitación:
h) Evaluación normativa:
i) Identificación de la MAIN:
En estas instrucciones se diferencia entre la MAIN inicial y la definitiva debiéndose indicar en su título que se trata de la inicial o de la definitiva , pudiendo existir otras intermedias; todas ellas deberán ir fechadas y firmadas por el centro directivo proponente.
j) Memoria abreviada:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En los casos de la disposición adicional primera de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, el plazo de emisión de dicho informe es de quince días hábiles.
Asimismo, conforme al Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los Sistemas de Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid (artículo 12) y el Decreto 87/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (artículo 15.2), la regulación de nuevos procedimientos administrativos o las modificaciones de los ya existentes, deberán ser informadas por la dirección general competente en materia de calidad de los servicios, que podrá manifestarse sobre la necesidad de simplificar o racionalizar la tramitación.
a) Dar audiencia a los ciudadanos cuyos derechos e intereses legítimos pueden verse afectados por la propuesta normativa (audiencia).
Cuando el contenido del proyecto así lo aconseje, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Esta consulta directa se practicará de forma electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de que las personas físicas puedan formularse alegaciones u observaciones en papel.
b) Obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades (información pública).
Este trámite se practicará a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, en el apartado correspondiente a Información jurídica , que incluirá un subapartado titulado audiencia e información pública , a instancia de la secretaría general técnica, previa resolución del titular del centro directivo u organismo a quien corresponda la iniciativa, de forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir sus alegaciones, poniendo a su disposición los documentos necesarios, claros, concisos y con toda la información precisa.
El Consejo para el Diálogo Social será también consultado en el trámite de audiencia pública a fin de que realice las observaciones que estime oportunas. A este fin, el centro directivo proponente remitirá la documentación correspondiente al espacio de participación para el Diálogo Social.
Conforme a dicho artículo, la Abogacía General será consultada cuando se trate de anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias, salvo, en cuanto a éstas, las que tengan carácter meramente organizativo. Este informe es preceptivo y no vinculante, y debe emitirse en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 105/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Abogacía de la Comunidad de Madrid.
La consulta no será preceptiva cuando se trate de normas meramente organizativas, es decir, de aquellas normas organizativas que produzcan solo efectos internos, no ad extra.
En la formula promulgatoria de la propuesta normativa se indicará: oída la Comisión Jurídica Asesora , si no se atienden todas las observaciones sustanciales; o de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora , si se atienden todas las observaciones esenciales de ésta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, el proyecto normativo así como su MAIN, se publicarán en el Portal de Transparencia como documentación en tramitación .
Con carácter excepcional y conforme a los requisitos establecidos en estas disposiciones, aquellos asuntos que por su especial naturaleza y urgencia deban ser sometidos a Consejo de Gobierno podrán elevarse también a este directamente por índice adicional de asuntos del Consejo de Gobierno (índice rojo) anunciándolo en la Comisión Preparatoria e incluyendo en la aplicación del Consejo de Gobierno la documentación correspondiente.
Si se trata de un decreto legislativo o de un decreto que apruebe el correspondiente reglamento, deben publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (en adelante, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID), en todo caso, y en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, Boletín Oficial del Estado ) sólo cuando lo exija la normativa correspondiente.
Los decretos del Consejo de Gobierno y los decretos legislativos se envían al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID por la Secretaria General del Consejo de Gobierno con la correspondiente propuesta de inserción formulada por la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, a petición de la secretaria general técnica correspondiente. La remisión al Boletín Oficial del Estado , en caso de que sea necesaria, corresponde al Organismo Autónomo BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (apartado diecisiete del artículo 8 de la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en relación con el artículo 15 del Decreto 210/2003, de 16 de octubre).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de Autonomía y el artículo 51.3 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la entrada en vigor de las disposiciones de carácter general se producirá en el caso de las leyes al día siguiente de su publicación , (artículo 40 EA) y en el caso de los reglamentos a los veinte días de su publicación (artículo 51.3 Ley 1/1983) en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
No obstante, en los casos en los que sea previsible que los destinatarios de la norma requieran un período de adaptación y, en concreto, cuando se impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esta, conviene establecer un período de vacatio legis, pudiéndose considerar lo establecido en el artículo 23 de la Ley 50/1997, en el que se indica que: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales se tramitará conforme a la legislación presupuestaria, en particular, la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y la orden anual del titular de la consejería competente en materia de presupuestos que regula el procedimiento de elaboración de dicho anteproyecto de ley.
(03/8.841/19)
DECRETO 105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacia General de la Comunidad de Madrid.
LEY 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresion del Consejo Consultivo.