Source: https://es.scribd.com/document/344064390/Proyecto-de-ley-crea-el-Servicio-Nacional-de-Reinsercion-Social-Juvenil
Timestamp: 2017-05-27 20:20:09
Document Index: 207215230

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Proyecto de ley crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ScribdExplorarEXPLORAR POR INTERESESCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyNAVEGAR POR TIPO DE CONTENIDOLibroslibros de audioNoticias y revistasPartiturasSubirIniciar sesiónRegistrarseOpcionesUnirseIniciar sesiónCargarProyecto de ley crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil Cargado por Francisco EstradaCapital PunishmentCriminal LawLabour LawPunishmentsAdults5.0 (1)DescargaInsertarDescripción: Proyecto de ley crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica.Ver másProyecto de ley crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica.Copyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentBoletín N° 11.174-07
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la
introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal
de adolescentes, y a otras normas que indica.
MENSAJE Nº 16-365/
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a consideración del H.
Congreso Nacional el presente proyecto de ley, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social
El año 2005 se aprobó la ley N° 20.084 estableciendo por primera vez en Chile un sistema penal
especial para hacer efectiva la responsabilidad penal de los adolescentes. Dicha normativa marcó un
hito en nuestro ordenamiento jurídico por varias razones. En primer lugar, representó la primera
expresión concreta de la necesaria separación respecto del sistema de Administración Pública de los
conflictos que presenta la población menor de edad, lo que contribuyó a superar la perniciosa
confusión que propone para estos conflictos el sistema fundado en la doctrina de la “situación
irregular”. Además, permitió contar con una herramienta más respetuosa de las garantías que la
Constitución asegura a todos los individuos.
Dicho hito fue, por ello, expresión del compromiso asumido en el año 1990 cuando nuestro país
ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, obligándonos, sobre sus méritos,
principios y paradigmas a adecuar nuestra institucionalidad a los postulados que fundan dicho
No obstante, la ley N° 20.084 ha demostrado ser insuficiente para alcanzar los resultados esperados.
El actual sistema penal de adolescentes no logra reinsertar ni se muestra eficaz en términos
preventivos. No solo por cuanto refleja los problemas que enfrenta el proceso penal para aclarar o
resolver los diversos casos denunciados, sino que, además, por la total ausencia de contenidos
realmente disuasivos en las sanciones dispuestas. A su vez, otras modalidades de reacción se
muestran absolutamente desproporcionadas y favorecedoras de la mera desocialización.
Adicionalmente, las condiciones que caracterizan a los centros privativos de libertad, poco distan de
la que muestra la realidad de nuestro sistema penitenciario común, a pesar de que se trata de
menores de edad, en proceso de formación.
Por otra parte, la regulación vigente no ofrece criterios de especialización que demanda la
personalidad evolutiva de los adolescentes en su interacción con el sistema penal, siendo la
jurisprudencia la que paulatinamente ha tenido que introducirlos.
Finalmente, son precarias las actuales condiciones que ofrece la Administración del Estado para
abordar el desafío completo que conlleva la implementación de esta normativa.
El actual diseño administrativo requiere ser modificado para cumplir los fines de la justicia penal
adolescente. Lo anterior debe ir acompañado de un cambio en los paradigmas de intervención. Se
requiere contar con un diseño planificado que guíe los procesos de cumplimiento y progresión de
las sanciones (es decir, de un “modelo de intervención”) que cuente con los recursos humanos y
materiales necesarios. Solo de esa forma lograremos dar cuenta de los objetivos preventivos y de
justicia que persigue este sistema de responsabilidad penal.
Además, se requiere contar con sistemas que actúen coordinadamente con capacidad técnica para su
Los desafíos actuales consisten en contar con una capacidad institucional para implementar
orientaciones técnicas uniformes e idóneas; en corregir los efectos perversos o disruptivos que
ofrece el sistema de financiamiento de los programas subvencionados; en disponer de información
unificada y suficiente para adoptar decisiones que favorezcan una mejora técnica y de gestión en
forma progresiva; en tener una oferta especializada para cumplir con las diversas acciones que
comprende la intervención; y en realizar monitoreo y seguimiento en el ámbito técnico que
conlleva su ejecución.
De esta forma, parece evidente que el desafío en la actualidad no consiste en reformar o sustituir el
modelo dispuesto en la legislación vigente. Su contenido parece más bien asociado a la necesidad
de profundizar la implementación de la Convención Internacional de los derechos del Niño. Solo de
esa forma lograremos dar cuenta de los objetivos preventivos y de justicia que persigue este sistema
Lo anterior ha sido puesto de relieve en diversos procesos de evaluación, entre los que destacan los
informes propuestos por las Comisiones de Supervisión de Centros Privativos de libertad (CISC)
implementados por decisión de la autoridad administrativa desde la entrada en vigencia de la ley;
los análisis inicialmente ofrecidos al alero de la organización de la Fundación Paz Ciudadana en los
años 2006 y 2007 y que tuvieron reflejo en el proceso de reforma que motivó las correcciones
realizadas a la ley 20.084 por la ley N° 20.191; el amplio y participativo proceso de evaluación
propuesto por la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado en el año 2012; las
recomendaciones planteadas por la Comisión de expertos organizada por el Ministerio de Justicia
en el año 2013; el acucioso informe propuesto por la Comisión de Evaluación de la Ley de la H.
Cámara de Diputados en 2015, y los estudios levantados por la academia y diversas organizaciones
Con el fin de enfrentar esta realidad, mi programa de Gobierno asumió concretamente el
compromiso de reformular la administración y ejecución de la actual reglamentación aplicable a los
delitos que cometen las personas menores de edad, reformando las sanciones alternativas a la cárcel
y las medidas alternativas al proceso penal.
Dicho compromiso conlleva la “creación del Servicio Nacional de Reinserción Social de
Adolescentes, entidad pública especializada y altamente calificada que asuma responsabilidad
directa, en coordinación con las demás agencias del Estado, por el proceso de reinserción social de
cada adolescente infractor (...) a partir de la división del actual Servicio Nacional de Menores
(SENAME)”.
Para ello abordamos la definición de las bases legales que permitan implementar un modelo de
intervención (técnico y profesionalizado) idóneo para cumplir estos objetivos, tarea que demanda la
realización de una serie de reformas normativas y ajustes necesarios a la legislación vigente. A ello
se suma la necesidad de incorporar reglas que permitan alcanzar la especialización de los actores
institucionales que intervienen en la gestión procesal de estos conflictos judiciales y la introducción
de las correcciones indispensables a la ley N° 20.084.
El actual sistema de justicia juvenil no cuenta con un modelo único de intervención que establezca
los objetivos y principales estrategias de acción para todos los ejecutores lo que impide a las
autoridades evaluar su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, se propone un
diseño sistémico de la nueva estructura del servicio que se hará cargo de su ejecución.
Para la comprensión de la conducta infractora de ley, el modelo propuesto asume una postura
teórica de criminología evolutiva y del ciclo vital. Así, la delincuencia juvenil se entiende como un
aspecto de la trayectoria vital que debe comprenderse y tratarse en forma especializada con miras a
la promoción del desarrollo del capital humano y social. Son consistentes con esta postura las
prácticas derivadas de la perspectiva de la desistencia delictiva, psicoeducación, justicia
restaurativa, entre otras. Desde esta perspectiva, se comprende que la mayor parte de los jóvenes
infractores no se convertirán en adultos infractores, por lo que junto con conocer los factores
criminógenos (aquellos que aumentan la probabilidad de reiteración de conductas delictivas), es
necesario conocer y promover los factores que hacen más probable que los jóvenes se alejen de la
Se tuvo en cuenta también que las intervenciones no son efectivas en sí mismas, sino que
demuestran ser efectivas en determinadas poblaciones, bajo condiciones sociales, culturales,
económicas y legales específicas. Bajo este esquema, el manejo de casos proyectado busca evitar la
estandarización de la intervención, mediante el uso de baterías de instrumentos y protocolos de
evaluación que aseguren el acompañamiento individualizado, mediante relaciones cara a cara que
motiven, faciliten y sostengan procesos de cambio; así como de acciones con un enfoque integral,
mediante un proceso de gestión que organice los flujos de coordinación entre todos los que
intervienen y todas las intervenciones que se dan a un o una joven, todo lo cual debe estar
asegurado en el modelo de gestión institucional.
1. Se crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
El proyecto de ley consta de 46 artículos permanentes y 9 artículos transitorios. A continuación se
describe su contenido.
a. Servicio público descentralizado
Se crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil como un servicio público
El Servicio que se propone tiene por objeto la administración y ejecución de las medidas y
sanciones contempladas por la ley N° 20.084. Le corresponderá la implementación de políticas de
carácter intersectorial y el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la
conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención.
Las máximas autoridades del Servicio serán seleccionadas y nombradas de conformidad con el
Sistema de Alta Dirección Pública, regulado en el título VI de la ley N° 19.882.
b. Modelo de gestión de programas
En la organización del nuevo Servicio se ha priorizado el desarrollo de un modelo de gestión de
programas que fomente su constante retroalimentación, mejoramiento y perfeccionamiento. Es por
ello que se ha considerado un diseño que refuerce tanto su formulación, operación, evaluación y
monitoreo, como fases interrelacionadas entre sí como dentro del proceso y con un alto nivel de
especialización en cada una de estas.
En materia de formulación de programas, se proyecta un reforzamiento de los procesos de diseño,
detallando los estándares de calidad para su funcionamiento, sus objetivos e indicadores. Estos
estándares de calidad serán validados por una instancia colegiada: el Consejo de Estándares y
Acreditación, con la finalidad de contar con un respaldo técnico externo para los procesos de
Por su parte, las Direcciones Regionales tendrán un rol protagónico en la operación de dichos
programas y ejecutarán un proceso de monitoreo y asesoría técnica a los programas en base a los
estándares y normas técnicas claramente definidas, con miras a fomentar que ellos operen con el
máximo rendimiento posible.
La formulación, implementación, evaluación y monitoreo de programas tiene un componente
especial de sistematización en todo el ciclo de la oferta programática.
De este modo, para realizar el diseño de la oferta programática, un primer paso es sistematizar la
evidencia obtenida a partir de procesos de investigación social y búsqueda de evidencia de prácticas
En lo referido a la evaluación, se fortalece la gestión del conocimiento en la estructura institucional,
incorporándolo como un estándar en la ejecución de los distintos programas y relevando las
unidades de estudio tanto a nivel nacional como regional.
c. Instancias de coordinación
Por otra parte, el nuevo Servicio incorporará diferentes instancias de planificación y coordinación
con los actores involucrados en el Sistema de Justicia Juvenil. A nivel nacional, se conformará la
Comisión Nacional de Reinserción Social Juvenil, coordinada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la cual permitirá generar una Política en el área que permita influir en la
agenda de los otros sectores clave. Esto será puesto en marcha con una mesa técnica coordinada por
el Servicio a nivel nacional, con la finalidad de generar planificaciones comunes y marcos de
formulación y evaluación de líneas especializadas.
No obstante, como la intersectorialidad se expresa en el territorio - donde se encuentran los equipos
de trabajo y los programas públicos- las Direcciones Regionales tendrán un rol protagónico, por lo
que se incorpora una Comisión Operativa Regional con representantes de los servicios públicos
involucrados. Junto a lo anterior, se contempla la incorporación de profesionales especialmente
dedicados a la gestión de red, cuya misión será articular las mesas de trabajo, coordinar equipos y
activar redes de diferente tipo.
d. Colaboración público-privada
En relación a la colaboración público-privada, el nuevo Servicio mantendrá un modelo de
externalización de programas. Se propone un modelo integrado que se conforma con un ciclo
compuesto por cuatro componentes: (i) acreditación de programas, (ii) licitación y asignación de
recursos, (iii) monitoreo y (iv) transparencia.
La acreditación será un proceso en el cual se evaluarán las capacidades de las entidades privadas
para el cumplimiento de los estándares de calidad previamente determinados. Para ello se efectuará
un proceso de evaluación ejecutado por las Direcciones Regionales, cuyos resultados serán
ratificados previo informe del Consejo de Estándares y Acreditación, antes señalado. El proceso de
licitación se generará de manera descentralizada, con la posibilidad de que cada región pueda
determinar, de acuerdo a sus propias características, las coberturas y zonas de agrupación de los
programas. El sistema de licitaciones será regido por el procedimiento regulado por la ley N°
19.886 que fija las Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de Servicios.
e. Comité de estándares de acreditación
Se reforzará el carácter técnico del Servicio, lo que implica que se contará con información de
calidad para la elaboración de estándares para la ejecución de los programas, los que además
tendrán un control externo por parte del Comité de Estándares y Acreditación propuesto, de carácter
altamente técnico. Dichos estándares permitirán la generación de un proceso de supervisión de
Además, se separan las funciones de supervisión con la de asesoría técnica y gestión de redes,
procurando de esta forma que el cuerpo de supervisores pueda enfocarse a la tarea de verificar el
cumplimiento de los estándares previamente definidos y el cumplimiento de los aspectos
administrativos y financieros de los contratos celebrados con la administración.
Por su parte, las áreas de soporte se manifiestan en el desarrollo de mecanismos especializados que
permitan agilizar la gestión operativa del Servicio, en miras de la especialización, gestión hacia el
sujeto de atención y la gestión de recursos. En este sentido, resultan relevantes las áreas de
desarrollo de control de legalidad, tecnologías, infraestructura y desarrollo del personal. Asimismo,
y debido a la gran cantidad de procesos de licitación y uso de transferencias, así como de procesos
relativos al área administrativa de recursos humanos, se fortalecen las áreas de asesoría jurídica,
personas y administración y finanzas, tanto a nivel nacional como regional.
Por su parte, el funcionamiento actual del uso de tecnologías de la información en el Servicio
Nacional de Menores cumple un rol importante para la ejecución programática, debido a la
importante cantidad de transacciones de información entre el nivel administrativo y los ejecutores
de programas. Sin embargo, los sistemas de interacción existentes no incorporan todas las áreas de
gestión posibles. Por otro lado, la información no es homogénea, existe redundancia de datos y la
plataforma es de difícil manejo. Dada la relevancia de la materialización de este sistema, que
requerirá de un importante grado de desarrollo de proyectos, se opta por reforzar la
institucionalidad en este ámbito, creándose un registro de información, considerando su adecuado
2. Reformas a la ley 20.084
La materialización de este modelo requiere ajustes normativos importantes que dan forma y
contenido preciso al presente proyecto de ley. Entre ellos destacan los siguientes:
a. Establecimiento de límites mínimos y máximos para las sanciones que lo requieran
En el diseño de la intervención se ha tenido en cuenta que carece de sentido proyectar una
intervención en tiempos demasiado breves o extensos. De ahí que sea indispensable contar con
límites mínimos y máximos razonables proponiéndose para la libertad asistida un lapso que puede
fluctuar entre los 6 y los 18 meses; para la libertad asistida especial, un lapso que va de los 6 meses
a los 3 años; para la nueva sanción de libertad asistida especial con internación nocturna (que
sustituye el rol que cumple en la actualidad el régimen semicerrado) un periodo que va de los 6
meses a los 5 años; y para el régimen cerrado un periodo mínimo de 6 meses, manteniendo los
máximos actualmente vigentes.
Este mismo contenido lleva a garantizar dichos límites a todo evento incluyendo los casos
concursales y el régimen dispuesto en la actualidad para proceder a la sustitución de las condenas.
b. Limitación a la aplicabilidad de la multa y de la amonestación
En la misma línea de lo señalado en el acápite precedente, se ha tenido en cuenta el bajo efecto
disuasivo que ofrecen las condenas de multa y de amonestación, opciones que pasan a constituir
alternativas casi exclusivas en ilícitos de menor gravedad que, por diversas condiciones, arriban a la
instancia de condena. De esta forma, a fin de potenciar su propio efecto disuasivo y el que demanda
el sistema, se ha propuesto limitar su imposición, en cuanto se constante que carece de efectos de
dicha naturaleza. Se propone, en consecuencia, limitar la amonestación a dos ocasiones; y la multa
a una pluralidad de sanciones fundadas en ilícitos de carácter patrimonial (dos o más).
c. Regulación del concurso de delitos
En la misma línea se ha tenido en cuenta que las evaluaciones hechas sobre el funcionamiento de la
Ley 20.084 han reparado uniformemente en la necesidad de homogeneizar el tratamiento de los
concursos de delitos. En particular, se ha criticado la inconveniencia de recurrir en él al mecanismo
de la acumulación material de condenas. Y no sólo por el hecho de permitir el superar los rangos
máximos de sanción previstos en la ley, sino por materializar intervenciones que carecen por
completo de sentido, por extensión y por razones de autor.
En efecto, la aplicación de estas condenas, especialmente concebidas para ser ejecutadas sobre
adolescentes, carecen de sentido si terminan siendo aplicadas a adultos que han pasado la barrera de
la juventud, lo que sucede con todas aquellas que se impongan con una duración demasiado
extensa. Otro tanto sucede en la coordinación de la intervención, la que carece de sentido sobre
acumulaciones parciales con planes e instituciones encargadas de la ejecución igualmente distintas.
Se propone, por ello, sustituir expresamente dicho régimen por un mecanismo de exasperación, que
obliga a determinar la pena en base a la condena más gravosa, considerando las demás con un
efecto incremental, todo ello en el marco de la individualización de la sanción. Este es el régimen
de preferencia que ofrece la regulación comparada y la propia de adultos en Chile tratándose de
delitos de similar especie.
Este régimen refuerza la idea de que es necesario clarificar que los máximos legales previstos para
cada sanción rigen a todo evento.
d. Regulación de la reiteración delictiva
En atención a sus contenidos y al mayor significado que ofrecen los casos de reiteración delictiva se
prevé una regla que hace extensivo el régimen de exasperación o agravación descrito
precedentemente para los casos de reiteración delictiva.
e. Tratamiento del concurso de delitos cometidos como adolescente y adulto y régimen
Lo dicho en el acápite precedente permite advertir un problema adicional de mucha gravedad. Se
hace indispensable corregir la total ausencia de regla en la legislación vigente que se haga cargo en
particular del caso en que un adolescente debe ser condenado o debe ejecutar, además, una condena
fundada en el régimen penal general. Lo relevante es que carece de sentido imponer una pena "de
adolescentes" a quien ya ha sido condenado como adulto, en atención al contenido especial que
tiene la primera condena y las características de quien las recibe siendo un adulto convicto.
Sobre esa base, todo aconseja considerar una regla de absorción que dé aplicación preferente de la
condena fundada en el régimen de adultos, considerando adicionalmente una excepción fundada en
la necesidad de evitar abusos (la comisión de un delito como adulto que sea leve para sustraerse a la
aplicación de la condena más gravosa, como adolescente).
En la misma línea de lo resuelto en los casos concursales se regula también el caso de
delinquimiento durante la ejecución de una condena, privilegiándose las opciones que implican una
continuidad en los planes de intervención. En este sentido se dispone inicialmente la aplicación de
las reglas generales sobre concurso, a menos que se trate de un simple delito de menor entidad o
que el condenado esté cumplimiento el máximo de las penas aplicables. Dichos casos quedan
regulados como situaciones de quebrantamiento de condena.
f. Determinación de la pena y otras consecuencias previstas en la normativa vigente
En lo relevante, se propone un sistema de determinación de la pena que cuente con un soporte dado
por un informe técnico que se elabore en forma coordinada con los diversos planes de intervención
disponibles. Con ello se focaliza la necesaria individualización de las sanciones en torno a las
alternativas propuestas por los modelos de intervención, asegurando una mayor precisión entre las
necesidades que presenta el adolescente y la sanción que le corresponde sin alterar el papel que
cumple la gravedad del hecho cometido.
Dicha valoración se potencia mediante el aseguramiento de una instancia específica y autónoma
destinada a debatir sobre la pena procedente, que se separa, por ley, del debate referido a la
culpabilidad del potencial condenado.
Todo lo dicho se extiende a las instancias donde se requiere de la intervención judicial para aprobar,
modificar o precisar el contenido de los respectivos planes de intervención individualizados. Ello
garantiza en mejor forma la necesaria coherencia que debe existir entre la decisión que respalda la
pena impuesta, su ejecución y eventual modificación, como las acciones que favorecen su
Finalmente, se disponen los casos y formas que permiten que los contenidos del respectivo informe
técnico puedan ser útiles para las decisiones que debe adoptar la judicatura a la hora de resolver una
eventual suspensión condicional del procedimiento o la procedencia de una medida cautelar de
g. Individualización de la pena
La reglamentación actualmente vigente ofrece una serie de contenidos que no resultan adecuados
para individualizar la sanción aplicable. Se trata de criterios genéricos que no discriminan ni tiene
en cuenta las particularidades relevantes de considerar en el comportamiento adolescente.
De esta forma se ha tenido en cuenta, además de lo específico del delito (bien jurídico y modo de
comisión) y de las condicionantes personales relevantes (edad, etc.), la violencia, el uso de armas,
los móviles, etc., suprimiéndose por ello la genérica referencia a la sanción "idónea", aportando
pautas que favorecen precisamente la mayor individualización (pena personalizada) que se pretende
h. Reformulación del sistema de quebrantamiento e incumplimiento de las condenas
Con respecto al caso en que se quebranta una condena, se ha tenido en cuenta que carece de sentido
un sistema centrado, en exclusiva, en el contenido sancionatorio que confía en que los casos más
graves ameritan una intervención estrictamente disuasiva. Lo adecuado por ello es asociar
primariamente el tratamiento de los casos de quebrantamiento a una rigidización idónea en el
respectivo plan de intervención, previendo, además, para el caso que lo amerite, de una
modificación más drástica en el contenido de la sanción, basada precisamente en el hito de la
renuencia a cumplir la condena. Se requiere, asimismo, diferenciar los casos de mero
incumplimiento de aquellos que dan lugar a una hipótesis de quebrantamiento.
i. Caso especial del tráfico de drogas
Carece de sentido considerar el tratamiento de adicciones como una sanción si se cuenta con dicho
recurso como parte de la intervención, en la generalidad de los casos. Por otro lado, los resultados
de vincular la procedencia de estas intervenciones a la constatación de una patología específica (y
no solo a la sintomatología) expresada en la ejecución del delito no ha dado los resultados
esperados, pues no tiene en cuenta el efecto general que produce, en cuanto factor de riesgo, ni los
efectos de la propia intervención, especialmente cuando se trata de la privación de libertad.
Por esta razón se propone suprimir el artículo 7º que considera dicho componente como reacción
accesoria, en tanto se la incluye en forma general en el contenido de todo el modelo de
Esta misma lógica se advierte tras la necesaria regulación de una regla programática, que garantice
la satisfacción de los estándares de la intervención en la población condenada, en particular de
aquellas que corresponden a prestaciones de radicación estatal (salud, salud mental, drogas,
educación). Ello permite, asimismo, advertir el carácter de derecho que asiste a las mismas y su
procedencia en los diversos regímenes que conllevan intervención, agregándose, además, la
población sometida a un régimen de internación provisoria. Esto último y la mayor rigidez que se
proyecta para la ejecución de la totalidad de las condenas hacen insoslayable la necesidad de
disponer de un régimen de abono de condenas más amplio, que no se centre en exclusiva en el
contenido que ofrece la internación provisoria respecto de las condenas privativas de libertad.
j. Sustitución de la pena de internamiento en régimen semicerrado
La ejecución de la pena de internamiento en régimen semicerrado ha provocado el mayor número
de críticas. En lo relevante se puede destacar el que dicha sanción se ejecuta prácticamente como un
régimen de reclusión nocturna, sin que sea posible advertir procesos de intervención reales que
vayan más allá de los efectos del encierro. Ello explica que se trate de la sanción que ofrece los
mayores resultados de incumplimiento y la mayor ratio de reincidencia. Sobre esa base se propone
sustituir su contenido centrando sus efectos en la ejecución de un programa de libertad asistida de
carácter intensivo (especial) que se acompañe de un régimen de internación nocturna. Se altera con
ello el eje central de su ejecución que pasa a basarse en un contenido que goza de una evaluación
del todo opuesta y que por ello ofrece los mejores resultados en los indicadores reseñados.
k. Plazos y condiciones para la ejecución de la suspensión condicional del procedimiento y la
sujeción a la vigilancia de la autoridad como medida cautelar
Las evaluaciones realizadas han revelado los déficits que aquejan a la suspensión condicional del
procedimiento y a la medida cautelar consistente en la sujeción del imputado a un régimen de
libertad controlada. En este sentido, se sugiere ajustar los plazos a mínimos y máximos al que
puede extenderse el régimen de suspensión condicionado, teniendo en cuenta que la relación
temporal en la adolescencia suele definirse en unidades diversas a las previstas en el régimen
general para los adultos. Lo más relevante, sin embargo, se vincula a la ausencia de consideración
de condicionantes idóneas para la intervención en esta franja etárea, siendo demasiados genéricos
los presupuestos y contenidos que a este respecto ofrece el sistema penal común. De ahí que sea
indispensable incorporar reglas que definan en forma precisa y especializada los contenidos
razonables de prever respecto de esta franja etárea en particular, introduciendo condiciones de
cumplimiento particulares.
La ausencia de esta misma clase de contenidos (y de las condiciones que habiliten a su control)
incide decisivamente en la subutilización de la medida cautelar de vigilancia de la autoridad o de
terceros, déficit que se propone corregir a partir de una modificación equivalente.
l. Supresión del procedimiento monitorio
La gestión del requerimiento escrito en ilícitos de menor entidad suele carecer de la formalidad y
ritualidad que caracteriza al proceso. De ahí que sea escaso el número de casos donde el sistema
detenta incidencias en el adolescente sino hasta la instancia de condena, con elevadas cifras de
ausentismo. La comparecencia es por ello considerada indispensable para dar cuenta de los
objetivos previstos en esta especial forma de intervención, optimizando asimismo, en términos
prácticos, la posibilidad de que se ocupen las salidas alternativas y derechos procesales en general.
m. Formalización legal de la procedencia del procedimiento abreviado
Conforme a las evaluaciones realizadas, la aplicación de las reglas generales sobre el procedimiento
abreviado no goza de uniformidad a lo largo del país. De ahí que se haga necesario formalizar su
procedencia y condicionarlo a un marco de penalidad que guarde una relación de proporcionalidad
relativa con la regla prevista para el régimen general. De ahí que se fije, siguiendo el precedente
histórico, en torno a las condenas a régimen cerrado inferiores a los tres años de extensión.
La existencia de instancias procesales en que se requiere la concurrencia de la voluntad del
imputado y de las que emanan efectos restrictivos de su libertad o derechos se basa en su
responsabilidad para adoptar decisiones que puedan ser asumidas como plenamente responsables.
Tratándose de menores de edad dicho supuesto aconseja fortalecer las opciones de que se verifique
la plena responsabilidad en su decisión. Para ello se propone una instancia judicial destinada a
asegurar que el consentimiento se brinde en forma plenamente informada.
n. Modificaciones específicas de carácter necesario
Se ha tenido en cuenta, además, que diversas normas no logran favorecer los procesos que se
proyectan, o lisa y llanamente los entorpecen. De ahí que se haya previsto modificar las reglas
vigentes sobre el lugar de cumplimiento de la condena (incorporándose un nuevo artículo 41 bis) y
la regla de competencia para el conocimiento de todas las cuestiones asociadas al control de la
ejecución (modificándose el artículo 50).
Finalmente, se ha tenido en cuenta que en la actualidad la falta de notificación de las víctimas
constituye una importante causal de fracaso de las audiencias programadas para la revisión o
sustitución de sanciones.
En otro ámbito, se dispone también del recurso de apelación respecto de todas las resoluciones
propias de la ejecución (modificándose el artículo 56) cuya procedencia respecto a las resoluciones
asociadas al quebrantamiento de condenas resulta controvertida. Lo relevante a este último respecto
es que se pretende homogeneizar el tratamiento sobre la generalidad de resoluciones de relevancia
que tienen lugar en el curso de la ejecución de una condena, a saber, la sustitución, remisión y
o. Necesidad de aclarar instituciones relevantes
Existen otras modificaciones puestas de relieve en las evaluaciones y reforzadas por la opinión de
las instituciones involucradas que vale la pena abordar. Ellas se vinculan a problemas de carácter
práctico que ofrece la tramitación conjunta de causas que cuentan con imputado adolescente y
adulto a la vez y con la procedencia del régimen de penas accesorias previstas en la ley N° 20.066
sobre violencia intrafamiliar.
i. Separación de acusaciones como regla general en caso de imputados adolescentes y
adultos (concurso de procedimientos)
La concurrencia de adultos y adolescentes en un mismo hecho delictivo provoca el problema de que
ambas instrucciones y el respectivo juzgamiento se encuentran en una parte de sus contenidos
sujetos a reglas diversas. La ley privilegia la opción del Ministerio Público de optar por llevar
adelante las investigaciones en conjunto o separarlas, como también de someter los hechos a una
misma o a diversas acusaciones, aplicándose en forma preferente las reglas especiales (de
adolescentes) en casos de gestión conjunta. La diversidad de plazos de instrucción y otros factores
relevantes hacen que sea común la gestión separada, lo que ofrece problemas asociados a la
compatibilidad e incidencia mutua de las diversas resoluciones. De ahí que se haya preferido
introducir una regla que somete el juzgamiento a una gestión conjunta por defecto, demandando
una decisión razonada para la gestión separada.
ii. Condenas accesorias en casos de violencia intrafamiliar
El carácter especial de la regulación de Violencia Intrafamiliar y el carácter especial del sistema de
responsabilidad penal previsto en la ley N° 20.084 ofrece conflictos. Técnicamente, el sistema de
penas y reacciones aplicables a la responsabilidad penal de los adolescentes se encuentra fijado de
manera completa y absoluta en el texto de la ley N° 20.084, lo que sugiere la idea de excluir el
régimen de consecuencias especialmente previstas para los casos de Violencia Intrafamiliar, a pesar
de que, en ocasiones, su aplicabilidad resulta del todo atingente. De esta forma, se incorporan
dichas consecuencias al régimen penal de adolescentes, en calidad de medidas o consecuencias
Hay que hacer la salvedad de que el sistema de determinación de dichas medida prevé en todo caso
un régimen excepcional para su aplicación, en particular, tratándose de la medida consistente en el
abandono del hogar que comparte con la víctima.
p. Especialización de operadores del sistema de justicia
Como hemos advertido, uno de los objetivos centrales que se supone la consagración de un sistema
especializado de responsabilidad penal de adolescentes se expresa en la institucionalización de un
sistema judicial que cuente con una formación técnica adecuada para comprender y aplicar las
diferencias que deben ser tenidas en cuenta en este ámbito de la responsabilidad penal en relación al
sistema general o común (de adultos). Ello no solo incide en el conocimiento y dominio de la
normativa particular aplicable y de los contenidos que ofrecen las disciplinas auxiliares a partir del
enfoque que detenta esta normativa en torno a la reinserción. También se traduce en la necesidad de
que dichas actuaciones den cuenta de estándares y criterios diferenciados en la interpretación y
aplicación de la generalidad de las instituciones.
La idea es que la exclusividad favorece las diferencias de enfoque que demanda la diversidad de
estándares y criterios, mientras que la dedicación preferente demanda una exigencia adicional,
asociada al desdoblamiento que supone el aplicar dos modelos de legislación penal en un mismo
De ahí que se haya procurado alcanzar el mayor grado de especialización posible, como objetivo,
dejando en segundo plano la opción de recurrir a la dedicación preferente por parte de jueces,
Ello nos lleva, en este caso en particular, a proponer el establecimiento de un Tribunal de Garantía
de carácter especializado en las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, de San
Miguel y de Concepción y a generar salas especializadas, de dedicación exclusiva, en las
jurisdicciones de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y Temuco. Lo
dicho se acompaña además con una regla que favorece la dedicación preferente en los demás casos,
centrada en las herramientas que concede el manejo de la agenda del tribunal y la gestión de las
En paralelo se establece una estructura correlativa en la destinación de fiscales y defensores del
Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, respectivamente, para dar cobertura integral a
esta oferta de especialización. Se fortalece asimismo una estructura técnica de apoyo en las
unidades directivas superiores (nacional y regional) que permita contar con las lecturas
interdisciplinarias idóneas para el cumplimiento de los objetivos que demanda este sistema especial.
Finalmente, el proyecto considera las modificaciones necesarias de realizar a otros cuerpos legales
con el objeto de adecuar su texto. En lo más relevante ello supone modificar el Decreto Ley N°
2.465 “Ley Orgánica del Sename”; la ley N° 20.032 que establece sistema de atención a la niñez y
adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención; el
Código Orgánico de Tribunales; la ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público;
la ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, y el decreto ley N° 3.346 Ley Orgánica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el DFL N° 3 de 2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL
Artículo 1.- Del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Créase el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil, en adelante “el Servicio”, servicio público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del
Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Servicio se regirá por el Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley
N°19.882 y, para todos los efectos, tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago.
Artículo 2.- Objeto. El Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y
ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, mediante el desarrollo
de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la integración
social de los jóvenes sujetos de su atención y la implementación de políticas de carácter
intersectorial en la materia.
En cumplimiento de este objeto el Servicio deberá resguardar el respeto por los derechos
humanos de los jóvenes, reconocidos en la legislación nacional, la Constitución Política de
la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
El Servicio proveerá las prestaciones correspondientes por sí o a través de terceros, en
conformidad a lo dispuesto por la ley N° 20.084.
Artículo 3.- Jóvenes sujetos de atención. Son sujetos de atención del Servicio los
jóvenes en los términos establecidos en el inciso primero del artículo 3 de la ley N° 20.084,
respecto de quienes se haya decretado una sanción o medida de conformidad a dicha ley.
Principios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Artículo 4.- Interés superior de los jóvenes sujetos de atención. En todas sus
actuaciones, el Servicio tendrá en especial consideración el interés superior de los jóvenes
sujetos de atención.
Artículo 5.- Principio de especialización. El Servicio deberá garantizar que en la
ejecución de las sanciones y medidas dispuestas en la ley N° 20.084 se cumpla con la
especialización que las diferencia del régimen previsto en la ley penal común.
Artículo 6.- Deber de reserva y secreto, y sus excepciones. Los funcionarios del
Servicio deberán guardar secreto de la información de la que tomen conocimiento en el
cumplimiento de sus funciones, con excepción de los casos previstos en la ley. Para efectos
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del decreto con fuerza de ley N° 29,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 18.834, se estimará que los hechos que infrinjan esta
disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de
las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
La obligación de secreto también se aplicará al personal de los prestadores acreditados a
que se refiere el artículo 23, y en casos de incumplimiento serán sancionados conforme a
las normas generales y cuando proceda, se aplicará lo dispuesto en el artículo 32.
El tratamiento de datos personales y sensibles por parte del Servicio quedará sujeto a lo
dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
Artículo 7.- Funciones del Servicio. Corresponderá al Servicio:
a) Administrar y controlar un sistema para la ejecución efectiva de las medidas y sanciones
aplicadas a jóvenes en virtud de la ley N° 20.084.
b) Ejecutar, por sí o por terceros, las medidas y sanciones aplicadas a los jóvenes en
conformidad a la ley N° 20.084, conforme al modelo de intervención a que se refiere el
Título II de la presente ley.
c) Proveer de programas especializados para el cumplimiento de las medidas y sanciones
de la ley N° 20.084.
d) Coordinar con los órganos de la Administración del Estado competentes la elaboración
y ejecución de planes, estrategias y programas relacionados con reinserción, rehabilitación
e intervenciones socioeducativas amplias orientadas a la integración social de los jóvenes
sujetos a la ley N° 20.084, y colaborar con sus autoridades en la elaboración de políticas
Asimismo, el Servicio efectuará las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de su
objeto con las instituciones privadas que corresponda.
e) Elaborar estándares de funcionamiento para los programas a través de los cuales se
efectúa la ejecución de las medidas y sanciones de la ley N° 20.084, los cuales deberán
contar con la validación de acuerdo al artículo 11. Además, deberá elaborar los estándares
de acreditación para las instituciones que administren dichos programas, los cuales deberán
contar con la validación de acuerdo al citado artículo 11.
f) Acreditar a las instituciones que cumplan con los requisitos y estándares establecidos,
a través de los procedimientos correspondientes.
g) Supervisar la labor que desarrollen organismos acreditados y centros de administración
directa que ejecutan programas en relación a las medidas y sanciones de la ley N° 20.084.
h) Brindar, excepcionalmente, asistencia a los organismos acreditados y a los centros de
administración directa que ejecuten programas para la resolución de materias e
intervenciones complejas, y en la resolución de cualquier dificultad o duda asociada a su
ejecución conforme a los lineamientos técnicos y estándares aplicables.
i) Prestar información, orientación o capacitación a los organismos integrantes del
sistema de responsabilidad penal juvenil que lo requieran, para propender a la
especialización señalada y en el Párrafo 2° del Título II de la ley N° 20.084.
j) Elaborar, a requerimiento de los tribunales competentes, fiscales del Ministerio
Público y defensores penales, los informes técnicos de que trata el artículo 37 bis de la ley
N° 20.084, a través de la respectiva Dirección Regional.
k) Realizar un seguimiento personalizado de los casos en que se ordene la aplicación de
medidas o sanciones contempladas en la ley N° 20.084, durante la ejecución de las mismas
y otorgar un acompañamiento con posterioridad a ella de carácter voluntario, a través de la
respectiva Dirección Regional.
l) Constituir unidades destinadas a la adquisición, producción, elaboración y
comercialización de materias primas y bienes manufacturados o fabricados por los jóvenes
sujetos a medidas y sanciones establecidas en la ley N° 20.084, con el objeto de posibilitar
su inserción laboral, de conformidad a las normas de protección al trabajo infantil
dispuestas en el Libro I, Título I, Capítulo II del Código del Trabajo, las que se regularán a
través del reglamento que al efecto se dicte.
m) Generar estudios y evaluaciones de sus programas, considerando la realidad regional y
caracterización de los jóvenes sujetos de su atención.
n) Emitir informes estadísticos periódicos de carácter general sobre el funcionamiento del
sistema de ejecución de medidas y sanciones aplicadas en virtud de la ley N° 20.084,
ejecutadas por el Servicio.
ñ) Publicar por medios electrónicos el registro de prestadores acreditados, los resultados
de los procesos de acreditación; los informes de los procesos de supervisión, los informes
estadísticos de la institución, los estudios e investigaciones efectuadas y los programas
o) Operar como referente técnico con organismos internacionales para el desarrollo de
actividades relacionadas con las funciones del Servicio.
p) Generar procedimientos idóneos para recabar la opinión de los jóvenes sujetos de
q) Las demás funciones que la ley le encomiende.
Artículo 8.- De la Organización. La administración y dirección superior del Servicio
estará a cargo de un Director Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá su
Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determinará la
organización interna, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N°1, de
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, con sujeción a la planta y dotación máxima de
personal. Para estos efectos, deberán considerarse, a lo menos, una Subdirección Técnica y
una Subdirección Administrativa.
Artículo 9.- Funciones y Atribuciones del Director Nacional. Serán funciones y
atribuciones del Director Nacional del Servicio, especialmente las siguientes:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio y
ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del
b) Dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos
y el buen funcionamiento del Servicio.
c) Coordinar, controlar y evaluar la gestión que desarrolle el Servicio y las Direcciones
Regionales para el logro de sus fines.
d) Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio y conferir poder a abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio,
con las facultades de ambos incisos del artículo 7, del Código de Procedimiento Civil de
e) Convocar al Consejo de Estándares y Acreditación, y a la Comisión Coordinadora
Nacional, establecidos en los artículos 11 y 13, respectivamente.
f) Fijar mediante resolución, los estándares de funcionamiento de los programas de
intervención, estándares de acreditación de instituciones y programas, previa validación del
Consejo de Estándares y Acreditación.
g) Delegar algunas de sus funciones o facultades en funcionarios del Servicio.
Artículo 10.- De las Subdirecciones. Las Subdirecciones dependerán del Director
Nacional y estarán a cargo de un Subdirector afectos al Sistema de Alta Dirección Pública.
A la Subdirección Técnica le corresponderá velar por la correcta aplicación del modelo de
intervención en todo el territorio nacional. A la Subdirección Administrativa, le
corresponderá administrar las funciones de apoyo del Servicio.
Artículo 11.- Del Consejo de Estándares y Acreditación. Créase un Consejo de
Estándares y Acreditación del Servicio, cuya función será asesorar al Director Nacional en
el desarrollo técnico del Servicio. Asimismo, previa propuesta del Director, el Consejo
a) Validar los estándares de funcionamiento para los programas relacionados con la
ejecución de las medidas y sanciones de la ley N° 20.084.
b) Validar los estándares de acreditación para instituciones que administren los
programas referidos en el literal anterior y sobre las correspondientes solicitudes de
acreditación y pérdida de la misma, conforme al procedimiento que establezca el
reglamento establecido en el inciso segundo del artículo 37.
c) Validar la acreditación de los prestadores que realice el Servicio de conformidad a los
estándares antes señalados.
Este Consejo estará conformado por cinco miembros expertos en las áreas ligadas al
desarrollo de los jóvenes o a la justicia juvenil, que cuenten experiencia y reconocida
trayectoria en el área de su competencia cuales son:
1.- Un abogado experto en materia de justicia juvenil, con más de 10 años de actividad
laboral dedicada a dichas materias y que se haya destacado en su experiencia práctica,
académica o de investigación.
2.- Dos profesionales de las ciencias sociales con más de 10 años de actividad laboral
vinculada a los temas que constituyen el objeto del Servicio y que se hayan destacado en
materia de intervención, programas sociales, academia o investigación.
3.- Un profesional del área económica o administración con más de 10 años de actividad
laboral y que cuente con conocimiento demostrable en los temas que constituyen el objeto
4.- Un funcionario que ejerza la jefatura más alta en el área funcional de reinserción
social, designado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Los integrantes del Consejo estarán obligados a presentar una declaración de intereses y de
patrimonio en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.880.
Artículo 12.- Funcionamiento del Consejo de Estándares y Acreditación. El Consejo
sólo podrá sesionar previa convocatoria del Director Nacional del Servicio y con la
mayoría absoluta de sus integrantes; sus acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de
sus miembros presentes en cada sesión. El Consejo será convocado por el Director
Nacional del Servicio al menos cada tres meses. Toda incompatibilidad o hecho que reste
imparcialidad a un consejero deberá ser informado por éste, quien, en su caso, deberá
abstenerse de intervenir en el acto de que se trate.
Los integrantes del Consejo percibirán una dieta de ocho unidades de fomento por cada
sesión a que asistan, con un máximo de doce sesiones por cada año calendario,
considerando tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Esta dieta será
compatible con otros ingresos que perciba el consejero.
La determinación de los demás procedimientos necesarios para su funcionamiento,
obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades, así como las causas de cesación en el
cargo serán establecidas por un reglamento. En cualquier caso, serán incompatibles con el
ejercicio del cargo de consejero aquellas actividades que impliquen una relación laboral o
la participación en juntas directivas o consultivas, cualquiera sea su denominación, de los
prestadores acreditados o en proceso de acreditación regulados en la presente ley,
incompatibilidad que subsistirá hasta seis meses después de que el consejero hubiere
cesado en sus funciones en el Consejo. Quien fuese removido de su función por presentar
esta incompatibilidad no podrá integrar el Consejo nuevamente hasta que hayan
transcurrido cinco años desde su remoción.
Artículo 13.- De la Comisión Coordinadora Nacional. Existirá una Comisión
Coordinadora Nacional del Servicio, a la que corresponderá revisar periódicamente el
funcionamiento del sistema de ejecución de justicia juvenil de la ley N° 20.084.
Dicha Comisión será convocada al menos cada dos meses y presidida por el Director
Nacional del Servicio. Estará conformada por representantes de los siguientes organismos,
designados por sus respectivos jefes de Servicio:
a) Subsecretaría de Justicia.
b) Subsecretaría de Redes Asistenciales.
c) Subsecretaría de Educación.
d) Subsecretaría de Servicios Sociales.
e) Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
f) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
g) Instituto Nacional del Deporte.
h) Gendarmería de Chile.
El Director Nacional del Servicio podrá invitar a representantes de otras instituciones y
órganos del Estado que se consideren necesarios para el cumplimiento del objetivo
señalado en el inciso primero.
El reglamento establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.
Artículo 14.- Del plan de acción. La Comisión Coordinadora Nacional del Servicio
deberá proponer al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil un plan de acción
interinstitucional a cinco años que contendrá el detalle de actividades, metas, indicadores,
metodologías y plazos necesarios para el logro de los objetivos estratégicos dispuestos en la
Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. Corresponderá a la Comisión hacer el
seguimiento de dicho plan de acción, la evaluación de sus avances y resultados, debiendo
informar sobre ellos, periódicamente, al Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Anualmente propondrá las modificaciones pertinentes a la misma instancia, considerando
para esos efectos los informes que fuesen remitidos por los Comités Operativos Regionales.
Artículo 15.- Direcciones Regionales. El Servicio se desconcentrará territorialmente a
través de las Direcciones Regionales. En cada región del país habrá un Director Regional
Artículo 16.- Funciones y Atribuciones del Director Regional. A los Directores
Regionales del Servicio corresponderá la representación del mismo en la región y tendrá a
su cargo, de acuerdo con las directrices del Director Nacional, llevar a cabo las funciones
del Servicio, especialmente con las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Dirección
Regional. Para ello, podrá dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para
su buen funcionamiento, de conformidad a las normas generales dictadas por el Director
b) Coordinar al Servicio con los organismos públicos y privados que corresponda, y con
los Tribunales de Justicia, tanto a nivel regional como local, para la implementación
efectiva de las medidas y sanciones previstas en la ley N° 20.084.
c) Celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos
d) Dictar las instrucciones a los funcionarios del Servicio que sean necesarias para el
cumplimiento de su objeto en la región.
e) Supervisar técnica, administrativa y financieramente los centros administrados por
prestadores acreditados, en la región y velar por el adecuado funcionamiento técnico,
administrativo y financiero de los centros de administración directa del Servicio en la
f) Realizar las acciones necesarias para resguardar los derechos de los jóvenes sujetos a
las medidas y sanciones de la ley N° 20.084, en la región.
g) Constituir, coordinar y convocar al Comité Operativo Regional e informar al Director
Nacional el avance del Plan de Acción Regional.
h) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios de la Dirección Regional.
i) Administrar los bienes del Servicio que se encuentren asignados a la Dirección
j) Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le asignen las leyes y reglamentos.
Artículo 17.- Comité Operativo Regional. En cada región del país, existirá un Comité
Operativo Regional, al que corresponderá implementar en la respectiva región el Plan de
Acción Intersectorial de Reinserción Social Juvenil. Para este efecto deberá:
a) Coordinar la implementación del Plan de Acción Intersectorial, pudiendo considerar la
inclusión de objetivos propios de la región.
b) Generar una estrategia de redes que permita ejecutar con pertinencia el Plan a nivel
c) Conocer y gestionar situaciones particulares que se produzcan en la región y que
requieran de una respuesta intersectorial.
d) Emitir informes anuales del cumplimiento del Plan de acción en la región y remitirlos
a la Comisión Coordinadora Nacional.
Para tal efecto, el Director Regional correspondiente convocará, al menos cada dos meses,
a los representantes regionales de los organismos señalados en el inciso segundo del
artículo 13 de la presente ley y convocará en carácter de invitados a otras instituciones y
órganos del Estado que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos
Un reglamento, expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecerá las
normas necesarias para el funcionamiento de estos comités.
Artículo 18.- Centros y programas para la ejecución de sanciones y medidas. Del
Director Regional dependerán, técnica y administrativamente, los centros de administración
directa del Servicio ubicados en la respectiva región en que se ejecuten la medida de
internación provisoria y las sanciones de internación en régimen cerrado y de libertad
asistida especial con internación nocturna, previstas por la ley Nº 20.084.
Del mismo modo, el Director Regional velará por la provisión de programas que sean
ejecutados por organismos acreditados del Servicio, dentro de la respectiva región.
DEL MODELO DE INTERVENCIÓN
Artículo 19.- Modelo de intervención. El Servicio establecerá un modelo de intervención
de aplicación nacional y vinculante para la ejecución de las sanciones y medidas, que
deberá considerar acciones desde el inicio de su aplicación por el tribunal competente hasta
el acompañamiento voluntario posterior al egreso, orientado a dar cumplimiento a los
objetivos dispuestos por el artículo 20 de la ley N° 20.084.
Artículo 20.- Intervención personalizada. Toda intervención que se realice en el marco
del modelo definido en el artículo anterior deberá centrarse en el joven sujeto de atención
del Servicio, orientándose a la satisfacción de los fines descritos en el artículo 20 de la ley
N° 20.084. El Servicio deberá orientar toda su gestión destinada a su implementación,
control, seguimiento de casos y demás pertinentes, en el mismo sentido.
Artículo 21.- Del registro de información. Créase un sistema de información diseñado,
implementado y administrado por el Servicio cuya finalidad será contar con un expediente
individual de cada joven sujeto de atención y que, a su vez, permita proveer de información
necesaria para el diseño y estudio de políticas, planes y programas y, de análisis
estadísticos que se requieran. El sistema contará a lo menos con la siguiente información:
a) Individualización del o la joven.
b) Individualización de las medidas y sanciones que se hubieren decretado, la resolución
que ordena su ingreso, las evaluaciones e informes efectuados, resoluciones judiciales que
se dicten en la etapa de ejecución y la certificación del término de la ejecución de la
condena o egreso de la medida, según corresponda.
c) Los programas asociados a la intervención del o la joven.
La información contenida en este registro estará disponible para los intervinientes del
sistema judicial y encargados de la ejecución, según corresponda de acuerdo a su función.
El tratamiento de la información contenida en este sistema estará sujeto a las normas de la
En base a dicha información el Servicio deberá mantener y administrar los siguientes
registros actualizados:
1º Registro de programas disponibles, el que deberá estar a disposición de los Tribunales de
2º Registro de prestadores acreditados, de carácter público.
3º Registro de medidas y sanciones impuestas en virtud de la ley N° 20.084, que deberá
contener información relativa a su ejecución y que deberá permitir un adecuado
4º Registro general de información de cada joven que fuere sujeto de atención.
5º Registro de mediadores penales.
Dichos registros se publicarán en el sitio electrónico mediante el cual el Servicio dé
cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa dispuestas en la ley N° 20.285.
Los registros de información deberá vincularse, en lo que sea procedente, con el sistema
integrado de información de la Niñez administrado por la Subsecretaría de la Niñez, la cual
dictará las normas necesaria para la interoperabilidad de ellos.
Los prestadores acreditados estarán obligados a proporcionar la información necesaria que
el Servicio les solicite para los registros a que se refiere este artículo y para el
cumplimiento de sus funciones, en los plazos, forma y condiciones que éste determine.
Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, estarán obligados a proporcionar
la información necesaria que el Servicio les solicite para los registros a que se refiere este
artículo y para el cumplimiento de sus funciones.
Estándares para la aplicación del modelo de intervención
Artículo 22.- Estándares para la aplicación del modelo. El sistema de ejecución de
programas contemplará un conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de
medidas y sanciones, tanto privativas de libertad como de ejecución en el medio libre. Los
estándares son definiciones de los niveles de exigencia de las prestaciones que deben
desarrollarse a nivel de todo el territorio nacional.
Al Servicio le corresponderá la elaboración de los estándares de calidad fijados para cada
programa, los que serán validados por el Consejo de Estándares y Acreditación y
posteriormente aprobados por resolución del Director Nacional.
Acreditación de organismos colaboradores
Artículo 23.- De la acreditación de instituciones y programas. Para la aplicación del
modelo de intervención previamente señalado, el Servicio podrá contratar los servicios de
organismos externos debidamente acreditados para tal efecto y que no tengan fines de
La acreditación de instituciones se realizará por el Servicio conforme a los estándares que
se hayan definido para este efecto y se solicitará su validación por el Consejo de Estándares
y Acreditación. Dicha acreditación tomará en consideración, al menos, su objeto de
constitución, que carezcan o “estén constituidos como personas jurídica sin fines de lucro”,
su comportamiento financiero y técnico y el cumplimiento de la legislación laboral y
Del mismo modo, el Servicio acreditará programas de intervención, que den cumplimiento
a los estándares fijados previamente para este efecto. Existirán distintos niveles de
acreditación conforme regule el reglamento establecido en el inciso segundo del artículo
37. Para este tipo de acreditación, se considerará, entre otros, el cumplimiento de los
estándares de calidad definidos por el Servicio, la evaluación de los resultados en caso que
hayan medido en forma previa y la certificación de procesos de calidad.
Tanto para la acreditación de instituciones como de programas existirá una convocatoria
realizada por la Dirección Nacional del Servicio por los medio oficiales. El procedimiento
será gratuito y deberá implementarse por el Servicio conforme a las normas que el
reglamento dicte para este efecto establecido en el inciso segundo del artículo 37.
Del mismo modo, corresponderá al Servicio establecer los instrumentos de medición y
calificación, los que serán públicos.
Contratación de organismos acreditados
Artículo 24.- Normativa aplicable. La contratación de servicios con organismos
acreditados, se regirá por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, y las normas
Artículo 25.- Roles en el proceso de licitación. Las respectivas licitaciones serán
efectuadas a nivel regional, por las respectivas Direcciones Regionales del Servicio.
La Dirección Nacional fijará los lineamientos y procedimientos para los procesos de
licitación y realizará una planificación anual de los mismos.
La regulación general de los procesos de licitación será establecida por la Dirección
Nacional en las respectivas bases de licitación, las que se elaborarán conforme a los
estándares para la aplicación del modelo previamente aprobados.
La elaboración de los requerimientos técnicos específicos que atiendan a cada realidad
regional, será efectuada por la respectiva Dirección Regional del Servicio.
El llamado a licitación, la evaluación de las propuestas y la adjudicación de las mismas
serán efectuados por el respectivo Director Regional, conforme a las normas legales y
administrativas vigentes y los lineamientos que imparta la Dirección Nacional.
Las reclamaciones en contra de la respectiva resolución adjudicatoria se interpondrán ante
el Director Nacional del Servicio, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del
correspondiente acto administrativo.
Artículo 26.- Situaciones especiales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la
ley N° 20.084 y su reglamento, el Servicio podrá excepcional y transitoriamente ejecutar
directamente los servicios de organismos acreditados para la implementación de proyectos
por falta de oferentes en un proceso licitatorio.
El Servicio podrá asumir, en casos calificados, la administración provisional de un
proyecto y transferir fondos extraordinarios en casos de emergencia, conforme a lo
dispuesto en los siguientes artículos y en el reglamento.
Artículo 27.- De la administración provisional. El Director Regional, mediante
resolución fundada, podrá disponer la administración provisional directa de un programa
ejecutado por un organismo acreditado, con el objeto de asegurar su adecuado
funcionamiento y la continuidad del Servicio hasta el término del contrato, conforme a lo
Para efectos del inciso anterior se entenderá por caso calificado los siguientes:
a) Cuando exista una evaluación negativa del desempeño del programa y exista riesgo de
afectar la vida o integridad física de los jóvenes.
b) Cuando el incumplimiento de las obligaciones del convenio ponga en riesgo la
c) Cuando, por razones imputables al organismo acreditado, se haga imposible la
mantención del servicio a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos,
ejecuciones o retiros que afecten sus bienes.
d) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones
previsionales o de salud del personal del programa. Se entenderá por atraso reiterado la
mora total o parcial en el pago de tres meses consecutivos o de tres en un período de seis
meses en un año.
e) Cuando, por causa imputable al organismo acreditado, se suspendan reiteradamente los
servicios básicos para el buen funcionamiento del centro o programa.
f) Cuando, en la ejecución del programa se produzcan hechos de violencia contra los
jóvenes, sin que el organismo acreditado haya tomado medidas conducentes a su
La resolución del Director Regional se notificará por carta certificada al organismo
acreditado para que éste, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde dicha
notificación, pueda reclamar administrativamente ante el Director Nacional.
La entidad o prestador acreditado afectado por la aplicación de una sanción podrá reclamar
la legalidad de la misma dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación
de la respectiva resolución, ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio.
La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación al Servicio, notificándolo por
oficio. Éste dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la
reclamación interpuesta, para formular observaciones.
Evacuado el traslado por el Servicio o vencido el plazo de que dispone para formular
observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará
extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La
Corte podrá abrir un término probatorio, que no podrá exceder de siete días hábiles, y
escuchar los alegatos de las partes.
Artículo 28.- Pago de los servicios. El pago de los servicios contratados se efectuará por
proyecto, en parcialidades del costo total del mismo, según la totalidad de las plazas
convenidas y conforme a lo establecido en las bases de licitación.
Artículo 29.- Supervisión. El Servicio supervisará los programas para la ejecución de las
medidas y sanciones aplicadas conforme a lo establecidos en la ley N° 20.084, respetando
siempre las condiciones dispuestas en el contrato celebrado con el respectivo organismo
La información que emane de la supervisión servirá como insumo para los lineamientos de
gestión de calidad, en el sistema de acreditación de organismos externos y en la elaboración
y reformulación de los estándares de calidad exigibles a cada programa.
Artículo 30.- Supervisión de Centros Privativos de Libertad Regulados por la ley N°
20.084. Las Direcciones Regionales del Servicio deberán supervisar el resultado de los
indicadores de estándares de calidad para los centros privativos de libertad regulados por la
ley N° 20.084, a través de inspecciones periódicas de supervisión a los centros de cada
región, generando informes públicos de resultados por cada inspección.
Asimismo, la supervisión de los centros privativos de libertad será efectuada por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de las Comisiones Interinstitucionales
de Supervisión de Centros reguladas por el reglamento de la ley N°20.084.
Artículo 31.- Supervisión de programas de medio libre. La supervisión de los programas
de medio libre se efectuará por la respectiva Dirección Regional y deberá contemplar de
manera integral los aspectos financieros y técnicos.
Los organismos acreditados deberán prestar todas las facilidades para efectuar la referida
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se efectuarán inspecciones evaluativas
La supervisión velará por el debido cumplimiento de los estándares fijados por el Servicio
para cada programa y por el uso de los recursos en los fines estipulados en las bases de
licitación y convenios correspondientes.
El organismo acreditado deberá enviar un informe periódico que detalle la demanda
atendida, su descripción, inconvenientes y otros aspectos relevantes, conforme a lo
Artículo 32.- Sanciones. Frente a causales de incumplimiento de los respectivos
convenios, por parte de los organismos colaboradores acreditados, el Servicio podrá, según
su gravedad, aplicar las siguientes medidas, las que deberán ser contempladas en las bases
de licitación correspondientes:
a) Aplicar multas equivalentes a un 10 % y hasta un 60% del pago correspondiente. La
multa podrá elevarse al doble en caso de reiteración. El monto de la multa dependerá de la
gravedad del incumplimiento del que se trate, según los criterios que establezca el
b) Disponer el término anticipado y unilateral del respectivo convenio, conforme a las
causales establecidas en el reglamento.
c) Determinar la pérdida de la acreditación, previo informe del Consejo de Estándares y
Las sanciones anteriores procederán sin perjuicio de la pérdida de la personalidad jurídica,
En caso de aplicación de la sanción prevista en la letra c), el prestador sancionado no podrá
solicitar nuevamente la respectiva acreditación sino después de dos años desde que haya
quedado firme la resolución que aplicó la sanción.
Las resoluciones firmes que apliquen sanciones a entidades o prestadores acreditados
deberán publicarse en el sitio electrónico mediante el cual el Servicio dé cumplimiento a
las obligaciones de transparencia activa de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información
El organismo colaborador afectado por la imposición de una sanción podrá reclamar ante la
Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.
DEL PERSONAL Y EL PATRIMONIO
Artículo 33.- Personal. El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su
Artículo 34.- Formación. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil desarrollará
políticas, programas y actividades orientadas por un plan estratégico dirigido a la
formación y perfeccionamiento permanente de sus funcionarios, con miras a potenciar el
desarrollo de sus habilidades y conocimientos para que el cumplimiento de las tareas
propias del servicio se desarrolle en términos acordes con las exigencias del principio de
Artículo 35.- Del patrimonio. El patrimonio del Servicio estará formado por:
a) Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o en otras
leyes generales o especiales.
b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o
adquiera a cualquier título, y los frutos de tales bienes.
c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus
objetivos, a cualquier título.
d) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepten con beneficio de
inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de
impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no se someterán al
Artículo 36.- Continuador legal. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se
constituirá, para todos los efectos legales, en el ámbito de las funciones y atribuciones que
le otorga esta ley, en sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores, con
todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones.
De este modo, las funciones, atribuciones y facultades otorgadas por otras leyes al Servicio
Nacional de Menores, se entenderán conferidas al Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil, en el ámbito de sus respectivas competencias.
De igual forma, las referencias que hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas
al Servicio Nacional de Menores, respecto de estas materias, se entenderán efectuadas,
según el ámbito de sus respectivas competencias, al Servicio Nacional de Reinserción
Artículo 37.- Reglamento. Para la adecuada ejecución de las disposiciones establecidas en
esta ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictará un reglamento en materias
orgánicas y funcionales del Servicio, incluidos los registros informáticos que se establecen
Por su parte, un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y
además suscrito por el Ministro de Hacienda regulará las materias necesarias para la
adecuada ejecución del sistema de acreditación de instituciones y programas, regulados en
el párrafo 3°, del Título II de esta ley.
Artículo 38.- Modificaciones la ley orgánica del SENAME. Modifícase el decreto ley
N°2.465 que crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica, en
el siguiente sentido:
1) Suprímese en inciso primero del artículo 1 la frase “y a la reinserción social de
adolescentes que han infringido la ley penal”.
2) Suprímese el numeral 2) del artículo 2.
3) Suprímese la primera oración del numeral 4) del artículo 3.
4) Reemplázase en el numeral 8) del artículo 5 la expresión “, protección y
rehabilitación” por “y protección”.
5) Reemplázase en el numeral 1) del artículo 12 la expresión “, protección y
Artículo 39.- Modificaciones a la ley N° 20.032. Modifícase la ley N° 20.032 que
Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores
del Sename, y su régimen de subvención, en el siguiente sentido:
1) Suprímese el literal b) del numeral 3.2 del artículo 4.
2) Suprímese el numeral 2 del inciso primero del artículo 5, y en el inciso final del mismo
artículo, la frase “o el desarrollo del proceso de reinserción de los adolescentes infractores
de ley penal”.
3) Sustitúyese en el numeral 3 del inciso primero del artículo 5 las expresiones “lo
números anteriores” por la siguiente “el número anterior”.
4) Suprímese en el inciso segundo del artículo 12, la frase “ni a los programas de
reinserción para adolescentes infractores de ley penal,”.
5) Suprímese el artículo 17.
6) Suprímense los literales d) y e) del numeral 4 del artículo 30.
Artículo 40.- Modificaciones a la ley N° 20.084. Introdúcense las siguientes
modificaciones a la ley N° 20.084 sobre responsabilidad de los adolescentes por
1) Agrégase en el artículo 5 un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:
“La prescripción de la acción penal se suspende si se hubiere derivado el conflicto a una
instancia de mediación y mientras ésta dure.”.
2) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese la letra b) de su inciso primero por la siguiente: “b) Libertad asistida especial
con reclusión parcial.”.
b) Suprímese en el acápite sobre penas accesorias la expresión “y” y la coma que le
precede y que se ubican al final de la letra a).
c) Incorpórase una letra c) nueva del siguiente tenor:
“c) Las previstas en el artículo 9 de la ley N° 20.066.”.
3) Suprímese el artículo 7.
4) Intercálase en el artículo 8 un inciso tercero nuevo del siguiente tenor, pasando el actual
inciso tercero a ser inciso cuarto:
“En caso alguno se podrá imponer una amonestación en más de dos ocasiones a un mismo
adolescente. Lo dispuesto en el presente inciso no tendrá lugar si ha transcurrido un tiempo
prolongado desde la última infracción o si la naturaleza del delito hiciere razonable
imponer nuevamente esta misma sanción.”.
5) Intercálase en el artículo 9 un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“No se podrá imponer la multa tratándose de quienes han sido ya condenados previamente
por una pluralidad de delitos de carácter patrimonial.”.
6) Sustitúyese en el artículo 13 el inciso final por el siguiente:
“La duración de esta sanción no podrá ser inferior a los 6 ni superior a los 18 meses.”.
7) Sustitúyese en el artículo 14 el inciso final por el siguiente:
“La duración de esta sanción no podrá ser inferior a los 6 meses ni superior a los tres
a) Sustitúyese en el inciso primero las expresiones “la internación en régimen semicerrado
con programa de reinserción social”, por las siguientes: “la libertad asistida especial con
reclusión parcial”.
“El programa de reinserción social se realizará, en lo posible, con la colaboración de la
familia.”.
9) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyense las expresiones “privación de libertad bajo la
modalidad de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social” por
las siguientes, en el texto del inciso primero y en el encabezado del artículo: “libertad
asistida especial con reclusión parcial”.
b) Sustitúyense, en el inciso primero, las expresiones “reinserción
social” por las siguientes: “actividades socioeducativas intensivas”.
c) Agrégase en la letra b) del inciso segundo las expresiones “e intensivo”, a continuación
del término “periódico”.
a) Suprímense las expresiones “y semicerrado, ambas”, que siguen a “régimen cerrado”.
b) Agrégase la siguiente frase final nueva a continuación del punto aparte, que pasa a ser
punto seguido: “Tampoco se podrán imponer por un periodo inferior a un año de
duración.”.
c) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo:
“La pena de libertad asistida especial con reclusión parcial no se podrá imponer por un
lapso superior a los 5 años, ni inferior a los 6 meses.”.
11) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyense en el inciso primero las expresiones “internación en régimen semicerrado”,
por las siguientes: “libertad asistida especial con reclusión parcial”.
b) Sustitúyense en el inciso segundo las expresiones “o semicerrado, ambas con programa
de reinserción social”, por las siguientes: “con programa de reinserción social o la libertad
12) Modifícase el artículo 23 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyense el número 2) las expresiones “internación en régimen semicerrado con
programa de reinserción social”, por las siguientes: “la libertad asistida especial con
b) Sustitúyense en los números 3) y 4) las expresiones “internación en régimen semicerrado
reclusión parcial, libertad asistida simple o especial”.
c) Modifícase la tabla demostrativa en el siguiente sentido:
i) Suprímese en el tramo que va “Desde 5 años y un día” las expresiones “internación en
régimen semicerrado con programa de reinserción social”.
ii) Sustitúyense las expresiones “Internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social”, por las siguientes: “Libertad asistida especial con reclusión parcial” las
tres veces que aparece.
iii) Sustitúyense las expresiones “Libertad asistida en cualquier de sus formas”, por las
siguientes “Libertad asistida simple o especial”, las dos veces que aparece.
f) Agrégase en el inciso final la palabra “simple” a continuación de la expresión “asistida”
la primera vez que aparece mencionada.
13) Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:
“Artículo 24.- Individualización de la pena. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente el Tribunal impondrá una sola pena de entre las que fueren procedentes,
cualquiera fuere el número de los delitos cometidos. En su caso, se tomará como base las
sanciones aplicables al delito que merezca las de mayor gravedad.
La clase y la extensión de la pena a imponer se determinará considerando exclusivamente
los siguientes criterios, debiendo, en cualquier caso, darse estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 63 del Código penal:
1. La gravedad del delito o delitos cometidos, considerando especialmente:
a. El bien jurídico protegido y la modalidad escogida para su afectación.
b. El empleo de violencia física o de ensañamiento y la naturaleza y entidad de ellas.
c. La utilización y clase de armas o la provocación de un riesgo grave para la vida o la
integridad de las víctimas.
d. La calidad en que interviene el condenado y el grado de ejecución del hecho.
2. Los móviles y demás antecedentes que expliquen la ocurrencia de los hechos y el
3. La edad, desarrollo psicosocial del condenado.
4. El comportamiento demostrado con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los
hechos, y durante la instrucción del proceso, en lo que fuere relevante para la valoración de
Tratándose de la reiteración de delitos el tribunal tomará como base la pena que
corresponda al hecho mas grave pudiendo ampliar su extensión o sustituirla por una más
aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley, según cuál fuere el número
de los delitos, las relaciones o nexos existentes entre ellos y su valoración de conjunto
conforme a los criterios señalados en los numerales precedentes.
Las respectivas penas no se impondrán en caso alguno con una extensión inferior o
superior a la prevista en los artículos 9, 11, 13, 14 o 18, respectivamente.
El tribunal deberá especificar y fundamentar en el fallo la forma como ha procedido a la
fijación de la pena a partir de los criterios señalados indicando los hechos que los
respaldan.”.
14) Intercálase los siguientes artículos 25 bis, 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies nuevos:
“Artículo 25 bis.- Determinación de las sanciones accesorias. El comiso de los objetos,
documentos e instrumentos del delito se impondrá en todas las condenas. La prohibición de
conducir vehículos motorizados se impondrá en todo caso en que concurran los
presupuestos descritos en el inciso primero del artículo 12 de la presente ley.
Las medidas accesorias previstas en el artículo 9 de la ley N° 20.066 se impondrán en los
casos y formas que las justifican conforme a las reglas generales, a excepción de las
previstas en las letras a) y b) cuando el condenado y la víctima compartieren domicilio,
residencia o lugar de estudio o trabajo. Estas últimas sólo se podrán imponer en casos
extremadamente calificados, debiendo fundarse en antecedentes objetivos y específicos de
los que se deberá dar cuenta de forma detallada en la sentencia debiendo además adoptarse
los resguardos que garanticen que el condenado no quedará privado de condiciones
mínimas para su desarrollo.
Artículo 25 ter.- Concurso de infracciones correspondientes a regímenes diversos. Si un
mismo proceso se debiera imponer condena por delitos cometidos siendo menor y mayor
de dieciocho años de edad se impondrá exclusivamente la pena aplicable a estos últimos.
Se exceptúa el caso en que fuere más grave el delito cometido siendo menor de edad, en
cuyo caso la pena aplicable a las diversas infracciones se impondrá de conformidad a las
reglas previstas en el presente título.
A los efectos de este artículo y del siguiente se considerará más grave el delito o conjunto
de ellos que tuviere asignada mayor pena de conformidad con las reglas generales. No
obstante el tribunal también podrá calificar su mayor gravedad teniendo en cuenta la
naturaleza y extensión o cuantía de la sanción comparativa aplicable en uno y otro caso.
Lo dispuesto en el inciso primero también se aplicará si el la ejecución del delito se iniciare
antes del cumplimiento de la mayoría de edad y terminare luego que ésta se hubiere
Artículo 25 quáter.- Unificación de condenas. Si durante la ejecución de una sanción el
adolescente fuere condenado por la comisión de un delito diverso al que la justifica, el
tribunal procederá a regular la pena que hubiere correspondido aplicar a la totalidad de los
delitos cometidos en caso que hubieren sido juzgados conjuntamente de conformidad con
lo dispuesto en las demás reglas del presente título. En dicho caso el tiempo de ejecución
que se hubiere satisfecho será abonado a la nueva condena, salvo que se trate de las penas
previstas en las letras e), f) o g) del artículo 6.
Lo dispuesto precedentemente no tendrá lugar tratándose de la comisión de uno o más
simples delitos de menor gravedad respecto de aquellos que fundan la condena en curso de
ejecución y que hubieren sido cometidos con posterioridad al mismo. En dicho caso se
aplicará lo dispuesto en el artículo 52, considerando los hechos, a estos efectos, como un
Lo dispuesto el inciso precedente también tendrá lugar respecto de todos aquellos que ya se
encontraren cumpliendo una condena por el máximo de las penas que autoriza la ley para la
sanción de los delitos de que se trate.
A estos efectos no tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 164 del Código Orgánico de
Artículo 25 quinques.- Unificación de condenas de diversos regímenes. Lo dispuesto en el
artículo anterior también se aplicará si el nuevo delito ha sido cometido siendo el
condenado mayor de 18 años, a menos que se trate de un delito de mayor gravedad o que
deba recibir una sanción superior. En dicho caso tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 25
ter, extinguiéndose de pleno derecho la condena que se encontrare en curso de ejecución.”
15) Modifícase el artículo 26 en el siguiente sentido:
“En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto que
hipotéticamente hubiese sido condenado por un hecho análogo en equivalentes
circunstancias no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza ni se podrá imponer una
pena, de cualquier clase, cuya naturaleza o extensión fuere superior a aquella.”.
b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:
“A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se considerará lo dispuesto en la ley
N° 18.216.
En caso alguno se podrá disponer el cumplimiento de sanciones que individual o
copulativamente supongan una condena que supere los límites máximos previstos en los
artículos 9, 11, 13, 14 o 18.”.
16) Modifícase el artículo 27 en el siguiente sentido:
a) Suprímense, en el inciso segundo, las expresiones “o monitorio”.
b) Agrégase un inciso tercero nuevo del siguiente tenor:
“El procedimiento abreviado procederá conforme a las reglas generales, a menos que la
pena solicitada sea el internamiento en régimen cerrado con programa de reinserción social
con una duración superior a los 3 años. También podrá solicitarse una sanción mixta en la
medida que se ajuste al plazo antes señalado.”.
17) Agrégase un nuevo artículo 27 bis del siguiente tenor:
“Artículo 27 bis.- Consentimiento informado. Siempre que el consentimiento del
adolescente sea condición para acceder a un determinado procedimiento, suspenderlo o
ponerle término, el Juez deberá cerciorarse, antes de resolver, de que ha conversado con el
defensor privadamente; y que ha sido adecuadamente informado de sus derechos y de las
implicancias procesales que conllevan dichas decisiones. Tratándose del procedimiento
abreviado en particular, verificará en particular si comprende que renuncia al juicio oral y
que podría ser condenado o absuelto. En dichas actuaciones el Juez deberá usar un lenguaje
comprensible acorde a la madurez y desarrollo del adolescente.”.
18) Modifícase el artículo 28 en el siguiente sentido:
a) Intercálase un inciso segundo nuevo del siguiente tenor, pasando el actual inciso
segundo a ser inciso tercero:
“Lo dispuesto en el inciso precedente no tendrá lugar en los casos previstos en el inciso
segundo del artículo 25 ter, debiendo en dicho caso darse estricto cumplimiento a lo
previsto en el presente título.”.
b) Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “en los artículos
185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiere determinado la
sustanciación conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto del menor, de las
normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes”, por la
siguiente: “en el artículo 185 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello se procederá
a la acusación conjunta de todos los delitos y responsabilidades, debiendo en todo caso
darse estricto cumplimiento a las normas que conforme a esta ley son aplicables al
juzgamiento de los adolescentes, debiendo conocer del asunto el Juzgado o Tribunal que
ejerciere competencia en materia penal de adolescentes. Sólo podrán dictarse diversos
autos de apertura del juicio oral si se trata estrictamente de alguno de los casos de que trata
el inciso segundo del artículo 274 del Código Procesal Penal”.
19) Intercálanse los siguientes artículos 29 bis y 29 ter, nuevos:
“Artículo 29 bis.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo precedente el conocimiento de los procesos referidos a la
responsabilidad penal regulada en la presente ley y su fallo, cuando proceda, corresponderá
en exclusiva a Los Juzgados de Garantía de adolescentes y a las salas especializadas de los
Juzgados de Garantía de adolescentes, en los lugares en que existieren. En dichos casos las
competencias correspondientes a los fiscales del Ministerio Público serán ejercidas por
fiscales adjuntos especializados en la instrucción de procesos asociados a la
responsabilidad penal de adolescentes según lo dispuesto en el párrafo 3 bis del Título II de
la ley N° 19.640. Asimismo, la defensa penal de quienes fueren imputados o acusados y de
quienes cumplieren condena en virtud de dicha responsabilidad corresponderá asimismo a
defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes conforme dispone el
artículo 9 bis de la ley N° 19.718, en la medida en que carezcan de abogado.
En dichos casos los fiscales y defensores ejercerán dichas funciones en forma exclusiva
mientras se encuentren adscritos a la respectiva especialización.
El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurará la misma asignación de
especialización de fiscales y defensores, respectivamente, en los lugares donde funcionaren
salas, jornadas o días preferentes para el conocimiento de los procesos asociados a la
responsabilidad penal de los adolescentes regulada en la ley N° 20.084.
Artículo 29 ter.- Formación y capacitación. Los jueces y funcionarios judiciales que se
desempeñen en las salas especializadas en responsabilidad penal de adolescentes de los
Juzgados de Garantía y en los Juzgados de Garantía de Adolescentes deberán haber
aprobado una formación especializada impartida en el marco del programa de
perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de
Asimismo, los fiscales y defensores de que trata el inciso primero del artículo precedente
no podrán desempeñar las funciones ahí establecidas sin haber obtenido las acreditaciones
y la formación que garantice un conocimiento especializado de los aspectos particulares
que tiene la responsabilidad penal de que trata la presente ley.
El perfeccionamiento y capacitación de que trata el presente artículo deberá comprender,
como mínimo, los contenidos de la ley N° 20.084, su reglamento, jurisprudencia relevante
y la normativa internacional afín; la normativa institucional del Servicio de Reinserción
penal de adolescentes. Incluirá además las referencias necesarias comprender los caracteres
de las principales teorías explicativas del comportamiento delictivo juvenil que cuenten con
evidencia empírica y del desarrollo evolutivo psicosocial y biológico de la adolescencia y
los principales modelos de intervención y prácticas efectivas que se orienten a motivar un
cambio. Deberá asimismo considerar información sobre los estándares exigidos en forma
transversal y por programa; sobre la existencia o disponibilidad de estos últimos en la red y
su funcionamiento; sobre los caracteres generales del sistema de supervisión.”.
20) Agrégase el siguiente inciso final nuevo en el artículo 32:
“Se deberá levantar el informe técnico de que trata el artículo 37 bis. respecto de todo
imputado que permaneciere más de 15 días sujeto a internación provisoria o bajo sujeción a
la vigilancia de una autoridad.”.
21) Intercálase el siguiente artículo 32 bis nuevo:
“Artículo 32 bis.- Sujeción a la vigilancia. Las instituciones encargadas de ejecutar la
medida cautelar de sujeción a la vigilancia prevista en la letra b) del artículo 155 del
Código Procesal Penal, cuando procediere, deberán supervisar el cumplimiento de las
obligaciones que impone el proceso mediante acciones de control, monitoreo y orientación.
Deberán asimismo coordinar la atención de las necesidades sociales, psicológicas,
educativas, de salud y de orientación judicial del adolescente imputado mediante acciones
de derivación asistida.”.
22) Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en el artículo 33:
“El tiempo que el imputado cumpliere en internación provisoria deberá ser abonado
íntegramente en caso que fuere condenado a alguna de las penas previstas en las letras a) a
d) del artículo 6°, a razón de un día de cumplimiento por cada día de internamiento, arresto
o vigilancia, indistintamente. Igualmente, el tiempo que el imputado cumpliere bajo arresto
domiciliario o sujeto a la vigilancia de una institución deberá ser abonado íntegramente
tratándose de las penas previstas en las letras b) a d) del artículo 6.
En caso que la pena a cumplir fuere inferior al mínimo previsto en la ley para la pena de
que se trate, la extensión efectiva que se deberá cumplir se ajustará a dicho límite.”.
23) Intercálase el siguiente artículo 35 bis nuevo:
“Artículo 35 bis.- Suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional
del procedimiento procederá respecto de todo simple delito o falta, pudiendo decretarse por
un plazo no inferior a 6 ni superior a los 12 meses.
El tribunal podrá imponer una o más de entre las condiciones señaladas en el artículo 238
del Código Procesal Penal, a excepción de las dispuestas en las letras e), f) y h), pudiendo
asimismo decretar la obligación de reparar a la víctima, prestar un servicio a la comunidad
o de asistir a programas de entrenamiento cognitivo, terapia familiar, de intervención en
violencia o abuso sexual u otro semejante. Deberá asimismo precisar la institución que se
encargará de la ejecución, seguimiento y supervisión del cumplimiento de las condiciones
impuestas y su periodicidad. Dicha institución podrá también solicitar la revocación en los
términos del artículo 239 del Código Procesal Penal.
Si en el procedimiento se hubiere evacuado el informe técnico de que trata el artículo 37
bis. su contenido deberá servir de base para la determinación de dichas condiciones. En
caso contrario, el tribunal podrá así requerirlo, quedando en suspenso su aprobación por un
periodo máximo de hasta 15 días.
También se podrá imponer alguna de las medidas accesorias previstas en el artículo 9° de
la ley N° 20.066 en cuyo caso tendrá lugar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 23
de la presente ley.”.
24) Agrégase un nuevo Párrafo 4° en el título II titulado "De las salidas alternativas al
procedimiento y de la mediación", antes del artículo 35, pasando los actuales Párrafos 4° y
5° a ser 5° y 6°, respectivamente;
25) Agréganse los siguientes artículos 35 ter, 35 quáter, 35 quinquies y 35 sexties, nuevos:
“Artículo 35 ter.- Mediación. Todo proceso en que fuere procedente la suspensión
condicional del procedimiento o el principio de oportunidad podrá ser derivado a
mediación. La derivación la realizará el fiscal si no hubiere formalización. En caso
contrario la ordenará el Juez a petición de las partes.
La mediación exitosa, con acuerdo cumplido por parte del imputado, dará lugar al archivo
definitivo o al sobreseimiento, según sea el caso, sin perjuicio de los acuerdos alcanzados
respecto a los efectos civiles del delito.
No procederá la mediación si se hubiere declarado el cierre de la investigación ni
tratándose de procesos referidos a delitos dolosos contra la vida; delitos contra la libertad
ambulatoria; delitos contra la libertad sexual cometidos contra personas menores de edad y
respecto de los delitos y faltas tipificados en la ley N° 20.000, a excepción de los previstos
en los artículos 4 y 50. Tampoco procederá en procesos por delitos que fueren constitutivos
de violencia intrafamiliar, a menos que se dé estricto cumplimiento a lo previsto en el
El Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública establecerán
conjuntamente un protocolo estructurado de condiciones personales y procesales bajo las
que se estima procedente la derivación. Se establecerán asimismo exigencias particulares y
de carácter excepcional para la derivación de los hechos que fueren constitutivos de
violencia intrafamiliar. En todo caso deberá darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en
los incisos segundo y tercero del artículo 2° de la ley N° 20.609 que establece medidas
Artículo 35 quáter. Intervinientes. En el proceso de mediación participarán la víctima y el
imputado, personalmente. Su intervención será, en cualquier caso, voluntaria. Tratándose
de delitos contra intereses colectivos o de carácter general, podrá ocupar el lugar de la
víctima un representante de una entidad u organismo público o privado sin fines de lucro
que represente el interés de la colectividad. En caso de controversia, resolverá el tribunal.
Artículo 35 quinquies. Efectos de la mediación frustrada. Si la mediación se frustrare por
una causa que no fuere atribuible al imputado el mediador dejará constancia de ello,
pudiendo servir el acta respectiva, si se llegare a imponer una condena, para atenuar la
responsabilidad penal. Asimismo, según cual fuere su contenido, podrá también servir
como antecedente en las audiencias de sustitución y revocación de condena.
Fuera de los casos mencionados en el inciso precedente, todo proceso de mediación,
frustrada o exitosa, y todos los antecedentes referidos a aquél, se regirán por lo dispuesto en
el artículo 335 del Código Procesal Penal.
Artículo 35 sexties. Programa de mediación. A los efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dispondrá de un programa
especial de mediación penal, integrado por mediadores públicos o contratados de
conformidad a la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, y su Reglamento.
Los mediadores deberán encontrarse acreditados en un Registro de Mediadores Penales. El
procedimiento, requisitos de ingreso y permanencia, supervisión y sanción, así como
también las causales de eliminación del Registro, se establecerán a través de un
El programa de mediación penal deberá también ofrecer un mecanismo que permita a las
partes acceder a la información necesaria para resolver su intervención en el programa de
mediación. El programa se encargará además de la supervisión del cumplimiento de los
acuerdos alcanzados y de las certificaciones que correspondan.
La mediación de que trata este párrafo será siempre gratuita para las partes.
Toda persona que cumpla funciones como mediador deberá informar periódicamente al
Ministerio Público o al Tribunal, según corresponda, sobre el desarrollo del proceso técnico
de la mediación, sin que dicha periodicidad pueda exceder de los 3 meses.”.
26) Intercálase el siguiente artículo 37 bis nuevo:
“Artículo 37 bis.- Informe técnico. El Ministerio Público o la Defensa podrán solicitar la
emisión de un informe técnico en cualquier etapa del procedimiento, a ser evacuado por el
Servicio de Reinserción social de adolescentes.
Dicho informe deberá referirse a los criterios señalados en los incisos segundo y tercero
del artículo 24 y a las pertinencias de las condiciones de que trata el artículo 35 bis
debiendo regirse por lo dispuesto en el artículo 335 del Código Procesal Penal, pudiendo
ser utilizado, en exclusiva, en las siguientes actuaciones judiciales:
a. En aquellas en que se discuta una medida cautelar, si es invocado por la defensa, y, en
aquello que sea citado por dicha parte.
b. En aquellas en que se aprueban las condiciones de una suspensión condicional del
c. En aquellas destinadas a la determinación de la pena, una vez evacuado el veredicto
En los casos de que tratan las letras a. y b. del inciso precedente el juez que hubiere
intervenido en la respectiva audiencia quedará inhabilitado para resolver en el futuro sobre
la absolución o condena del imputado.
La infracción de la obligación de reserva se sancionará conforme a las reglas generales,
produciendo además la nulidad de todas las actuaciones en las que se produjere, incluyendo
el juicio oral, en su caso.”.
27) Agrégase en el artículo 38 un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:
“En cualquier caso dicho plazo se deberá suspender si se hubiere derivado el conflicto a
una instancia de mediación y mientras ésta dure.”.
28) Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:
a) Intercálase en el inciso primero el término “siempre” entre las expresiones “deberá” y
“llevarse”.
b) Sustitúyese la frase “En dicha audiencia, el tribunal podrá requerir la opinión de
peritos.”, por la siguiente, modificando el punto seguido que la precede por una coma:
“pudiendo el tribunal diferir la determinación de la pena y la redacción y lectura del fallo
hasta por un máximo de 2 días adicionales. Antes de finalizar la audiencia el tribunal podrá
realizar consultas a los intervinientes o pedir aclaraciones necesarias para resolver.”.
c) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos:
“Si ninguna de las partes hubiere solicitado un informe técnico procederá el Tribunal a
requerirlo, pudiendo en dicho caso ampliarse la audiencia de determinación de la pena
hasta por un máximo de 8 días en total. Podrá asimismo, requerir la presencia de quienes
hubieren intervenido en su preparación en calidad de peritos o solicitar la actualización de
un informe evacuado en el curso del procedimiento, sea de oficio o a petición de alguna de
En todo caso el tribunal requerirá la información actualizada de los centros y programas
vigentes, su cobertura y disponibilidad.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a toda condena, sea que se pronuncie en
un juicio oral, tras un procedimiento simplificado o abreviado.”.
29) Intercálase un artículo 40 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 40 bis.- Plan de intervención. Toda condena impuesta quedará sujeta a la
aprobación judicial de un plan de intervención, estructurado a partir de las reglas técnicas
que al efecto determine el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y que deberá
tener lugar en un máximo de 15 días desde la fecha en que se comunica la sentencia
conforme lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal. Dicha comunicación se
hará en audiencia ante el Tribunal encargado de la ejecución de a sentencia, siendo
obligatoria la presencia del condenado.
Toda modificación que sufra el plan de intervención requerirá de una nueva autorización en
audiencia judicial en la medida en que varíe las condiciones de ejecución de la condena y a
menos que las razones que lo motivan hayan sido objeto de controversia judicial.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las condenas previstas en las letras
g) y h) del artículo 6°. Tratándose de las condenas previstas en las letras e) y f) de dicha
disposición tendrá lugar lo señalado en el artículo siguiente.”.
30) Intercálase un artículo 40 ter, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 40 ter. - Si la condena impusiere las penas de reparación a la víctima o
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el tribunal derivará al condenado a un
programa de mediación para la fijación de una propuesta sobre las condiciones específicas
de cumplimiento de dichas condenas, suspendiendo el plazo a que se refiere el artículo
En caso alguno la mediación podrá extenderse más allá de dicho objetivo. Los mediadores
deberán asimismo observar los protocolos y orientaciones técnicas que imparta el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil en relación a la ejecución de dichas condenas.
Si se frustrare la mediación o si esta no fuere procedente acorde a lo dispuesto en el artículo
35 ter, el tribunal determinará las condiciones de cumplimiento de dichas condenas
conforme a las reglas generales. En dicho caso, se tendrá en cuenta el caso en que la
frustración se produjere por causas que no fueren atribuibles al condenado.”.
31) Intercálase un artículo 41 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 41 bis. Ejecución y cumplimiento de condena. El cumplimiento de las condenas
a internamiento en régimen cerrado con programa de reinserción social, se iniciará el día en
que quede ejecutoriada la sentencia que las impone.
En las demás condenas la ejecución se iniciará el día de ingreso efectivo del condenado al
respectivo programa.”.
32) Sustitúyese en el artículo 43 la letra a) por la siguiente:
“a) Los Centros para el cumplimiento de la libertad asistida especial con reclusión
parcial.”.
33) Intercálase un artículo 44 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 44 bis. Régimen en internación provisoria. La internación provisoria se ejecutará
en términos compatibles con la presunción de inocencia de la que goza el adolescente
Lo dispuesto en el inciso precedente en caso alguno será considerado un obstáculo para la
organización de un régimen cotidiano de actividades que favorezcan el desarrollo de
hábitos que posibiliten una convivencia respetuosa de los derechos de los demás; la
atención en problemas de salud, la participación en actividades educativas, de nivelación o
reforzamiento escolar, deportivas o de apresto laboral y el contacto permanente con la
Se deberán considerar, además, acciones que orienten o preparen al adolescente para el
cumplimiento de las obligaciones que les impone el proceso y su preparación para el
egreso, cuando corresponda.”.
34) Intercálase un artículo 48 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 48 bis. Toda persona que se encontrare cumpliendo una condena en aplicación de
la presente ley o que estuviere sujeta a internación provisoria tiene derecho a la atención
efectiva en materias de salud, incluyendo salud mental y programas asociados al
tratamiento de adicciones y al acceso a un régimen de educación formal.
Este último, en el caso de las condenas de internamiento en régimen cerrado con programa
de reinserción social, deberá fundarse en un programa que tenga en cuenta las especiales
condiciones bajo las que se desarrolla el proceso de educación formal.
Corresponde al Servicio Nacional de Reinserción Penal de Adolescentes adoptar las
medidas necesarias para coordinar una adecuada, completa y oportuna cobertura de dichas
prestaciones por parte de los órganos sectoriales competentes. Corresponde asimismo a los
órganos competentes la provisión y pertinencia de dichas prestaciones.”.
35) Sustitúyense en el artículo 50 las expresiones “donde ésta deba cumplirse” ubicadas al
final del inciso por las siguientes “de domicilio del condenado”.
36) Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente:
“Artículo 52.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento en
forma grave o reiterada a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el
tribunal encargado del control de la ejecución procederá, previa audiencia y según la
gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:
1.- Tratándose de la multa, aplicará en forma sustitutiva la sanción de prestación de
servicios en beneficio de la comunidad por el tiempo mínimo previsto en la ley. Si el
adolescente no aceptare la medida, aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus formas
por el tiempo mínimo previsto en la ley.
2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de las penas accesorias previstas en las
letras a) y c) del artículo 6°, sin perjuicio de la mantención de las prohibiciones o
restricciones que ellas importen, por el tiempo restante.
3.- Tratándose del quebrantamiento de las medidas de reparación del daño y prestación de
servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma sustitutiva la libertad asistida
en cualquiera de sus formas por el período mínimo previsto en la ley.
4.- El quebrantamiento de la libertad asistida o de la libertad asistida especial dará lugar a
una ampliación del plazo por el que hubiesen sido impuestas dichas sanciones o,
alternativamente, a su sustitución por la sanción inmediatamente superior, extensiva al
tiempo mínimo previsto en la ley, según cuál hubiese sido la naturaleza del incumplimiento
y su persistencia.
5.- El quebrantamiento de la libertad asistida especial con reclusión parcial podrá
sancionarse con una ampliación del plazo por el que hubiese sido impuestas dicha sanción
o, alternativamente, por su sustitución por una pena de internación en un centro cerrado por
el tiempo mínimo previsto en la ley, según cuál hubiese sido la naturaleza del
incumplimiento y su persistencia. En su caso, se procederá al abono del tiempo que se
hubiere satisfecho la condena original.
6.- El quebrantamiento del régimen de libertad asistida simple o especial al que fuere
sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, facultará al juez para
ordenar que se sustituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado con
programa de reinserción social por el tiempo que resta.
El quebrantamiento que no fuese grave o reiterado podrá dar lugar a una intensificación del
correspondiente plan de intervención.
En las audiencias de que trata este artículo será obligatoria la presencia del condenado.”.
37) Intercálase un artículo 52 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 52 bis. Incumplimiento. Si el condenado no se presentare a la ejecución de la
condena o no concurriere a las citaciones que se le comuniquen para la determinación del
plan de intervención se despachará orden de arresto, suspendiéndose el plazo señalado en el
inciso primero del artículo 40 bis. La renuencia reiterada será tratada como
quebrantamiento de condena.”.
38) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 53 pasando los actuales
incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto respectivamente:
“La sanción sustitutiva no se podrá imponer en una extensión inferior o superior al mínimo
y máximo previsto en la ley.”.
39) Intercálase un nuevo artículo 55 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 55 bis. A efectos de lo dispuesto en los tres artículos precedentes la víctima
deberá informar su domicilio para fines de notificación en la primera actuación en que
intervenga ante un tribunal o fiscal del Ministerio Público, pudiendo en dicha oportunidad
indicar una forma alternativa para recibir dicha comunicación. El tribunal o fiscal que
hubiere recibido dicha información deberá registrarla y comunicarla oportunamente a quien
Lo dispuesto también tendrá lugar en caso que se hubiere decretado cualquier tipo de
medida que obligue a guardar reserva para fines de protección de la víctima, debiendo el
órgano correspondiente adoptar las medidas de resguardo que sean pertinentes.”.
40) Intercálase un nuevo artículo 56 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 56 bis. Son apelables las resoluciones adoptadas en virtud de lo dispuesto en las
reglas que se incluyen en el presente párrafo 3°.”.
41) Suprímese el artículo 57.
42) Sustitúyense en los artículo 42, 43, 55 y 56 las expresiones “Servicio Nacional de
Menores” por las siguientes “Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes”.
Artículo 41.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las
siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:
1) Intercálase un artículo 16 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 16 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 letra g) las competencias de
los juzgados de garantía relativas a los procesos referidos a la responsabilidad penal de
adolescentes que establece la ley N° 20.084 serán ejercidas en la siguiente forma:
1. En las comunas que a continuación se indican dichas competencias serán ejercidas por
los siguientes Juzgados de Garantía de Adolescentes, que se integrarán con los jueces
establecidos en el artículo 16 y tendrán la competencia que en cada caso se indica:
- Juzgado de garantía de adolescentes de Santiago, integrado por 6 jueces, con competencia
sobre las comunas de Pudahuel, Huechuraba, Quilicura, Renca, Conchalí, Cerro Navia, Lo
Prado, Independencia, Recoleta, Estación Central, Quinta Normal, Lo Barnechea, Vitacura,
La Reina, Las Condes, Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia, Maipú, Cerrillos, La Florida,
- Juzgado de garantía de adolescentes de San Bernardo, integrado por 3 jueces, con
competencia sobre las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La
Cisterna, El Bosque, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana, San Miguel y San
- Juzgado de garantía de adolescentes de Concepción, integrado por un juez, con
competencia sobre las comunas de Concepción, Penco, Talcahuano y Hualpén;
2. En los Juzgados de Garantía de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar,
Rancagua, Talca y Temuco existirá una sala especializada en responsabilidad penal de
adolescentes destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias.
3. En los demás Juzgados de Garantía deberá priorizar la asignación de jornadas, días o
salas con dedicación exclusiva para el ejercicio de dichas competencias en el
procedimiento objetivo y general de distribución de causas de que trata el artículo 15.
Se deberá considerar además la necesidad de mantener una adecuada coordinación con los
fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos que se encontraren asignados
en forma especializada para los respectivos procesos. La Unidad de administración de
causas deberá realizar las coordinaciones que sean necesarias a dichos efectos.”.
2) Intercálase un artículo 16 ter, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 16 ter. A efectos de la integración del Juzgado de Garantía de Adolescentes de
Santiago la Corte de Apelaciones de Santiago establecerá un procedimiento de destinación
de Jueces de Garantía de carácter equitativo, anual o bianual, a partir de aquellos que
integren el 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13º o 14º Juzgados de Garantía de Santiago,
debiendo en cualquier caso asegurar un estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
29 bis de la ley N°20.084.
Este mismo procedimiento se deberá aplicar por parte de las Cortes de Apelaciones de San
Miguel con respecto al Jugado de Garantía de Adolescentes de San Bernardo en relación a
los Jueces de Garantía que integren el 10º, 11º, 12, 15º Juzgados de Garantía y los Juzgados
de Garantía de San Bernardo y Puente Alto. Lo propio realizará la Corte de Apelaciones de
Concepción en relación a la integración del Jugado de Garantía de Adolescentes de
Concepción, en relación a los Jueces de Garantía que integren los Juzgados de Garantía de
El procedimiento de que trata este artículo también aplicará a la integración de las salas
especializadas en responsabilidad penal de adolescentes de los Juzgados de Garantía de
Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y Temuco.”.
3) Agrégase un inciso final, nuevo, del siguiente tenor en el artículo 17:
“Lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 16 bis. será aplicable a los tribunales de
juicio oral en lo penal para el ejercicio de las competencias que les corresponden en
relación a los procesos referidos a la responsabilidad penal de adolescentes que establece la
ley N° 20.084.”.
4) Intercálase un artículo 26 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 26 bis. Las normas que rigen la actuación de los juzgados de garantía serán
aplicables a los juzgados de garantía de adolescentes de que trata en artículo 16 bis en lo
que no fueren incompatibles con lo previsto en la ley N° 20.084.
En dichos Juzgados de Garantía y en aquellos en que funcione una sala especializada para
el conocimiento de los procesos referidos a la responsabilidad penal de adolescentes que
establece la ley N° 20.084 las visitas de que tratan los artículos 567 y 578 se realizarán por
uno de los jueces de garantía de adolescentes que ejerza jurisdicción en el lugar en que se
ubique cada centro de internación en régimen cerrado, centros destinados a la ejecución de
la internación provisional y centros en que se cumpla la sanción de libertad asistida
especial con reclusión nocturna. A dichos efectos, el comité de jueces respectivo deberá
establecer un sistema objetivo de turnos, considerando una distribución equitativa en
atención a la cantidad de recintos ubicados en el respectivo territorio jurisdiccional y su
distancia del lugar de asiento preferente del Juzgado.”.
5) Intercálase un artículo 26 ter nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 26 ter. La planta de personal de los Juzgados de Garantía de Adolescentes. La
Corte Suprema, por razones de buen servicio, atendida la carga de trabajo que presente
cada uno de juzgados de Garantía señalados para cada caso en el artículo 16 ter, y previo
informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destinará a partir de
su planta el número de funcionarios del Escalafón Secundario y del Escalafón del Personal
de Empleados del Poder Judicial que sean necesarios para el funcionamiento de los
Juzgados de Garantía de adolescentes de Santiago, San Bernardo y Concepción.
Para dicha destinación deberá considerar especialmente la necesidad de que cada uno de
esos Juzgados de Garantía se encuentre en condiciones de:
a. Brindar asistencia técnica a los jueces de Garantía y Orales en lo penal de adolescentes
en el desarrollo de las audiencias.
b. Entregar información actualizada y específica respecto a los centros y programas
existentes en el respectivo territorio, disponibilidad de plazas y características de la
intervención que en ellos se desarrolla.
c. Realizar las coordinaciones y enlaces que fueren necesarios con el Servicio de
Reinserción Penal de adolescentes y con la red de instituciones que ejecutan sanciones y
programas en el respectivo territorio jurisdiccional.
d. Apoyar a la unidad de administración de causas en las tareas de coordinación que
conlleva la distribución de causas.”.
Artículo 42.- Modificaciones a la ley N° 19.640 Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.640
Orgánica del Ministerio Público:
1) Agrégase al artículo 22 un inciso final nuevo del siguiente tenor:
“Existirá asimismo una unidad especializada para asesorar en la dirección de la
investigación y el ejercicio de la acción penal de los delitos sometidos a la responsabilidad
especial de adolescentes regulada en la ley N° 20.084, cuyo funcionamiento se regirá por lo
dispuesto en el presente artículo y en el título Párrafo 3 bis de la presente Ley.”.
2) Intercálase un nuevo Párrafo 3 bis en el Título II del siguiente tenor: “Párrafo 3 bis. De
la Unidad especializada de responsabilidad penal de adolescentes”.
3) Agrégase un artículo 26 bis nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 26 bis. Funciones. La Unidad especializada de responsabilidad penal de
adolescentes se encuentra encargada de cumplir con las siguientes funciones:
a. Cumplir labores de asesoría para el Fiscal Nacional y para las Fiscalías Regionales en lo
referido a la aplicación de la ley N°20.084.
b. Colaborar con los fiscales adjuntos especializados en responsabilidad penal de
adolescentes de acuerdo con las instrucciones generales que al efecto dicte el Fiscal
c. Establecer y mantener procedimientos de trabajo con los Fiscales Regionales y con los
fiscales adscritos, así como con las demás Unidades Especializadas.
d. Realizar visitas periódicas de trabajo en las Fiscalías Regionales en lo referido al trabajo
de los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes, informando de los
resultados al Fiscal Nacional y al Fiscal Regional correspondiente.
e. Efectuar estudio, análisis y difusión de la jurisprudencia referida a la aplicación de la ley
f. Proporcionar fallos de interés a la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia, para
el ingreso en la respectiva base de datos, especificando la doctrina que en ellos se establece.
g. Elaborar y difundir boletines de doctrina y jurisprudencia para apoyar la labor de los
fiscales adscritos a la Unidad.
h. Dirigir, conjuntamente con la División de Recursos Humanos, la capacitación de los
i. Proponer al Fiscal Nacional los ajustes a la legislación nacional que hagan posible
mejorar el desempeño del Ministerio Público en las tareas de persecución de los delitos de
que trata la ley N° 20.084.
j. Proponer al Fiscal Nacional la elaboración y adecuación de las instrucciones generales y
criterios de actuación que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las
tareas de investigación y para el ejercicio de la acción penal pública en los delitos de que
trata la ley N° 20.084.
k. Afianzar la relación existente entre el Ministerio Público y los distintos organismos
públicos y privados vinculados a la aplicación de la ley N° 20.084.
l. Coordinar con las policías procesos de trabajo relativos a la investigación de los ilícitos
m. Participar u organizar congresos, seminarios y reuniones sobre la aplicación de la ley N°
20.084.
n. Llevar un registro de las investigaciones sobre los delitos de que trata la ley N° 20.084.”.
4) Agrégase la siguiente letra f) nueva en el artículo 34:
“f) Unidad Técnica de responsabilidad penal de adolescentes.”.
5) Intercálase el siguiente artículo 34 bis nuevo:
“Artículo 34 bis. La Unidad Técnica de responsabilidad penal de adolescentes tendrá por
i. Asesorar a los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes en cuanto
a la selección de la pena más idónea.
ii. Apoyar las tareas de coordinación con los programas y sanciones disponibles en lo
referido a la ejecución de medidas cautelares y sanciones.
iii. Evaluar los informes técnicos asociados a los planes de intervención individual e
informes sobre su estado y avance.
iv. Contactar y coordinar la derivación de las partes a un programa de mediación.”.
6) Intercálase un artículo 40 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 40 bis.- Exclusividad. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable a
los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes quienes deberán,
exclusivamente, dirigir la investigación, sostener la acción penal e intervenir en las
audiencias referidas a la ejecución de condenas referidas a procesos regidos por la ley
N°20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes.
En su caso, podrán también cumplir dichas funciones en procesos en que al menos uno de
los imputados o condenados estuviere sometido a dicha responsabilidad, aun respecto de
los demás imputados o condenados.”.
Artículo 43.- Modificaciones a la ley N°19.718 que Crea la Defensoría Penal Pública.
Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.768 que crea la Defensoría
Penal Pública:
1) Intercálase un artículo 9 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 9 bis. Existirá también una Unidad especializada de Defensa penal de
adolescentes a la que corresponderá:
a. Asesorar en la definición de criterios y directrices técnicas generales que orienten el
trabajo institucional en los aspectos relacionados con la defensa penal de adolescentes.
b. Coordinar a nivel nacional a los prestadores de defensa penal juvenil, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N°20.084, quienes, para todos los efectos
legales, se entenderán adscritos a la Unidad.
c. Proponer al Defensor Nacional y ejecutar, en su caso, todas aquellas políticas y acciones
destinadas a garantizar la especialización de la defensa penal de adolescentes.
d. Relacionarse con las demás Unidades y Dependencias de la Defensoría Penal Pública,
para velar por la incorporación en las políticas, programas y actividades de la institución,
las especialidades de la defensa penal juvenil.
e. Informar al Defensor Nacional acerca de la idoneidad técnica de los candidatos a
defensor penal juvenil o asistente social juvenil que se le presentaren para su contratación.
f. Brindar asesoría técnica a los defensores adscritos a la Unidad y a los demás defensores y
unidades regionales de estudio, por medio de respuesta a consultas, documentos de trabajo,
informes de jurisprudencia, entre otros instrumentos.
g. Diseñar, proponer e implementar actividades de capacitación para la especialización de
la defensa penal juvenil, en el marco del Plan anual de Capacitación.
h. Efectuar tareas de seguimiento y monitoreo general del sistema de responsabilidad penal
juvenil previsto en la ley N° 20.084.
i. Representar a la Defensoría Nacional en las tareas de coordinación interinstitucional,
seguimiento legislativo y otras similares, en lo referido al sistema de responsabilidad penal
de adolescentes, cada vez que sea requerido.
j. Organizar, implementar y monitorear los distintos compromisos gubernamentales
abordados por la Defensoría Penal Pública, asociados a la justicia juvenil.
k. Realizar las demás funciones que le encomiende el Defensor Nacional.”.
2) Intercálase un artículo 25 bis nuevo del siguiente tenor:
“Artículo 25 bis. En las defensorías locales se deberá considerar un número suficiente de
defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 bis de la ley N° 20.084, en términos que permitan cumplir las
funciones de que tratan los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo precedente
respecto de quienes tuvieren la calidad de imputados, acusados o condenados en virtud de
la aplicación de la ley N° 20.084.
Los servicios de defensa adscritos a la referida Unidad se organizarán bajo cualquiera de
las modalidades previstas en el inciso segundo del artículo 4 de la presente ley, debiendo en
cualquier caso cumplirse con las exigencias de especialización establecidas en el artículo
29 ter de la ley N° 20.084.”.
3) Agrégase un inciso final nuevo en el artículo 36 del siguiente tenor:
“Lo dispuesto en los incisos segundo a cuarto precedentes no será aplicable a los servicios
de defensa penal de adolescentes, adscritos a la Unidad especializada de defensa penal de
adolescentes.”.
4) Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:
a) Agrégase un inciso final nuevo:
“En cualquier caso, se deberá licitar en forma separada la defensa de los casos sometidos a
la aplicación de la ley N°20.084. La licitación deberá identificar la forma como se
verificará el cumplimiento de la especialización de los servicios de defensa que exige la
ley.”.
b) Intercálase un inciso segundo nuevo del siguiente tenor pasando el actual inciso segundo
a ser tercero:
“En cada nómina se deberá indicar expresamente quienes se encuentran habilitados para
asumir la defensa penal de adolescentes.”.
Artículo 44.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Modifícase
el decreto con fuerza de ley N°3 de 2016, que Fija el Texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
1) Reemplázase, en el artículo 2, literal g), el enunciado final “, y de los sistemas
asistenciales aplicables a los menores que carezcan de tuición o cuya tuición se encuentre
alterada y a los menores que presenten desajustes conductuales o estén en conflicto con la
justicia;”, por la siguiente expresión: “; y de los jóvenes que estén en conflicto con la
Justicia;”.
2) Intercálase un artículo 16 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 16 bis.- Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, se constituirá un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil que
tendrá la labor de proponer al Presidente de la República la Política Nacional de
Reinserción Social Juvenil.
Para la formulación de esta Política, el Consejo deberá:
a) Proponer los objetivos estratégicos y metas para el Sistema de Justicia Juvenil;
b) Determinar los procedimientos para la participación consultiva del sector académico, la
sociedad civil y organizaciones internacionales;
c) Aprobar y hacer seguimiento al Plan de Acción elaborado por la Comisión Coordinadora
d) Conocer los resultados de evaluaciones del funcionamiento del Sistema de Justicia
e) Evaluar el cumplimiento de la política periódicamente;
f) Cumplir con las demás funciones que ésta u otras leyes, o el Presidente de la República le
encomienden, en el ámbito de sus funciones.
Para la formulación de la política el Consejo deberá tener en consideración la Política
El consejo será presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Además,
participará como asesor técnico el Director del Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil. La Secretaría Ejecutiva de este Consejo estará radicada en la División de
Reinserción Social del Ministerio de Justicia.
El decreto supremo que lo constituya establecerá la participación en el Consejo de las
secretarías de Estado con competencias en aquellas materias abordadas por la Política
Nacional de Reinserción Social Juvenil, así como de otras instituciones y funcionarios del
Estado que se consideren necesarios para la implementación y diseño de las políticas en el
Un reglamento, expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
establecerá las demás normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la
adecuada ejecución de su función.”.
Artículo 45.- Adecuaciones a la ley orgánica de Gendarmería de Chile. Modifícase el
artículo 3 del decreto ley N° 2.859 que Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en el
1) Sustitúyese, en la letra a), la expresión “Servicio Nacional de Menores” por “Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil”;
2) Sustitúyese, en la letra d), la expresión “Servicio Nacional de Menores”, por “Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil”, y
3) Sustitúyese, en la letra d) número 4, la expresión “Servicio Nacional de Menores” por
“Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”.
Artículo 46.- Juzgados de garantía de adolescentes. Créase un juzgado de garantía de
adolescentes con asiento preferente en cada una de las siguientes comunas del territorio de
la República, integrado por los jueces establecidos en el artículo 16 del Código Orgánico
de Tribunales y con la competencia que en cada caso se indican:
1. Juzgado de garantía de adolescentes de Concepción, integrado por un juez, con
2. Juzgado de garantía de adolescentes de Santiago, integrado por 6 jueces, con
competencia sobre las comunas de Pudahuel, Huechuraba, Quilicura, Renca, Conchalí,
Cerro Navia, Lo Prado, Independencia, Recoleta, Estación Central, Quinta Normal, Lo
Barnechea, Vitacura, La Reina, Las Condes, Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia, Maipú,
Cerrillos, La Florida, Macul y Peñalolén
3. Juzgado de garantía de adolescentes de San Bernardo, integrado por 3 jueces, con
Artículo primero transitorio.- Vacancia e implementación. La presente ley comenzará a
regir en forma gradual conforme al cronograma que a continuación se indica:
1.- Transcurridos 12 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo;
2.- Transcurridos 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de
Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Rios, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibañez del
Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena; y
3.- Transcurridos 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial, en las Regiones de
Valparaíso; Del Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior:
a) La Comisión Coordinadora Nacional deberá constituirse dentro de los seis meses
contados desde la publicación de la presente ley.
b) El Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil y el Consejo de Estándares y
Acreditación deberán constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de iniciación
de actividades del Servicio. Este último deberá proceder a aprobar los Estándares de
calidad de cada programa y a la acreditación de las instituciones que lo requieran con la
antelación necesaria para una adecuada implementación.
Las Direcciones Regionales del Servicio deberán constituirse con al menos seis meses de
antelación a la fecha en que corresponda la aplicación de la ley en las respectivas regiones,
conforme al cronograma señalado para cada caso en el inciso primero; y los Comités
Operativos Regionales con al menos 3 meses de antelación a la misma fecha. El proceso de
contratación de servicios con organismos acreditados deberá también iniciarse en el mismo
plazo en cada región.
Artículo segundo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del
plazo de seis meses contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más
decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y suscritos por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para
1) Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y
dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de
ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que
se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos
para el desempeño de los mismos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos
que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo y los niveles jerárquicos para la aplicación del Título
VI de la ley N° 19.882. Además, establecerá las normas para el encasillamiento en las
Asimismo, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las
remuneraciones variables, tales como, la aplicación de la asignación de modernización de la
ley N° 19.553.
2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta
y a contrata, desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción
Social Juvenil y al Ministerio de Desarrollo Social. En el respectivo decreto con fuerza de
ley que fije la planta de personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y
el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados por estamento y calidad
jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La
individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la
fórmula "Por orden del Presidente o Presidenta de la República", por intermedio del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El traspaso del personal titular de planta y a
contrata se efectuará en la misma calidad jurídica y grado que tenía a la fecha del traspaso.
A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se
entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo
modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios
traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho. Los funcionarios que sean traspasados desde
el Servicio Nacional de Menores al Ministerio de Desarrollo Social, también traspasarán el
cargo que sirven y aumentará en el mismo número del traspaso la dotación máxima del
personal de dicho Ministerio.
3) Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del traspaso y del
encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil. Igualmente, fijar la dotación máxima de personal de dicho
Servicio, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo
10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto
4) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes
restricciones, respecto del personal al que afecte:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de
término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral
de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia
habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con
b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni
modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier
diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se
absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los
funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los
trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que
aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le
aplicará el reajuste general antes indicado.
c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan
reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
5) Podrá disponer el traspaso, en lo que corresponda, de los bienes que determine,
desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Artículo tercero transitorio.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en
el título VI de la Ley N° 19.882, nombrará al primer Director Nacional del Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil, quien asumirá de inmediato y en tanto se efectúan
los procesos de selección pertinentes que establece la señalada ley para los cargos del
Sistema de Alta Dirección Pública. No obstante lo anterior, a partir de la fecha de
publicación de esta ley, el Presidente de la República podrá nombrar a dicho Director para
efectos de la instalación de ese Servicio. En tanto no inicie sus actividades dicho Servicio,
la remuneración del Director Nacional, será grado 2, de la Escala Única de Sueldos, se
financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia.
Mientras no se fije la asignación de alta dirección pública para el cargo señalado en el
inciso anterior, al Director Nacional le corresponderá la asignación de dirección superior
establecida para el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, conforme al
artículo único del decreto con fuerza de ley N°8, de 1990, del Ministerio de Justicia, que
adecúa las plantas y escalafones del Servicio Nacional de Menores, al artículo 5 de la ley
N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.
Artículo cuarto transitorio.- Primer presupuesto del Servicio. El Presidente de la
República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el
primer presupuesto del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, transfiriendo a éste
los fondos del Servicio Nacional de Menores que correspondan, pudiendo al efecto crear,
suprimir o modificar los capítulos, programas, subtítulos, ítems, asignaciones, y glosas
presupuestarias que sean pertinentes.
Artículo quinto transitorio.- Vacancia respecto a las normas de derecho penal
sustantivo de la Ley N° 20.084. No obstante lo dispuesto en el inciso primero del artículo
primero transitorio de la presente ley, las normas que introducen modificaciones a la Ley
N° 20.084, previstas en los numerales 13, 14 salvo en lo que respecta al artículo 25 bis que
se introduce y 15 letra b) del artículo 44 de la presente ley, entrarán en vigencia en todo el
territorio nacional en la fecha prevista en el numeral primero del inciso referido.
Quienes a dicha fecha se encontraren cumpliendo condena por aplicación de la Ley N°
20.084 y consideren que dicha condena se modifica por aplicación de dichas reglas, podrán
solicitar la revisión de su condena conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Código
Penal y en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, debiendo dicha
solicitud someterse a las siguientes reglas:
1º El proceso de revisión deberá tramitarse, a partir de la presentación de una solicitud
escrita por parte del abogado defensor ante el Tribunal de Garantías competente para
conocer de la ejecución de la condena, debiendo ser ingresada antes de los 60 días del
vencimiento del plazo señalado en el inciso primero.
2º El tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes expuestos en audiencia
convocada al efecto, la que se tramitará como si se tratare de una audiencia de sustitución
3º No obstante, si la condena que motiva la solicitud se cumple en alguna de las
regiones descritas en el numeral primero del primer inciso del artículo primero transitorio
se podrá solicitar el informe de que trata el artículo 37 bis que se introduce en la ley N°
4º La resolución deberá encontrarse ejecutoriada antes de la fecha prevista en el
numeral 1° del inciso primero del artículo primero transitorio de la presente ley y su
ejecución se llevará a cabo a partir de esa fecha.
5º Tratándose de condenas a que se refiere el numeral tercero precedente se deberá
citar a audiencia destinada a la aprobación del plan de intervención, si correspondiere, una
vez pronunciada la resolución. La condena que corresponda cumplir se sujetará a lo
dispuesto en las reglas que se introducen a la Ley N°20.084 por la presente ley a partir de la
entrada en vigencia del sistema. En los demás casos la condena que corresponda será
ejecutada, o continuará su ejecución, conforme a las reglas originalmente aplicables.
Sin perjuicio de ello, quienes se encontraren cumpliendo condena por aplicación de la Ley
N° 20.084 a la fecha que corresponda dar inicio a la regulación establecida en la presente
ley conforme al artículo primero transitorio, deberán sujetar el saldo de pena que restare por
cumplir a las reglas que ésta misma introduce a la Ley N° 20.084. A dichos efectos se
procurará contar, a la brevedad posible, e incluso antes de la fecha indicada, con los
No obstante quienes hubiesen sido condenados a penas de trabajos en beneficio de la
comunidad o reparación del daño y hubiesen iniciado la ejecución de la pena deberán
terminar de cumplirla en la forma prevista al momento de imponerla.
Artículo sexto transitorio.- Instalación del sistema judicial. La integración de los
Juzgados de Garantía de adolescentes y de las salas especializadas establecidas en el
artículo 16 bis que se introduce en el Código Orgánico de Tribunales deberá encontrarse
provista con a lo menos 90 días de antelación a la fecha que para cada caso se indica en el
inciso primero del artículo primero transitorio. A dichos efectos, deberá también haberse
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 ter y 27 ter que se introducen en el
Con todo, la primera designación de jueces que corresponda llevar a cabo en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 16 ter nuevo que se incorpora al Código Orgánico de Tribunales,
se deberá asignar a 3 jueces por un periodo de un año y a 3 jueces por un periodo de dos
años tratándose del Tribunal de Garantía de Santiago y a 2 jueces por un periodo de dos
años y 1 por un periodo de un año tratándose del Tribunal de Garantía de San Bernardo.
Asimismo, dentro del mismo plazo las Cortes de Apelaciones deberán verificar que se ha
cumplido con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 16 bis señalado en el inciso primero
y en el nuevo inciso final del artículo 17.
Artículo séptimo transitorio. Instalación de fiscales y defensores especializados. Las
modificaciones introducidas a la ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio
Público y a la ley N°19.718 que Crea la Defensoría Penal Pública en los artículos 46 y 47
de la presente ley, respectivamente, comenzarán a regir en la fecha prevista en el numeral
primero del primer inciso del artículo primero transitorio de la presente ley.
Los fiscales adjuntos especializados en la instrucción de procesos asociados a la
responsabilidad penal de adolescentes y los defensores especializados en responsabilidad
penal de adolescentes de que trata el inciso primero y tercero del artículo 29 bis que se
introduce a la ley N° 20.084 deberán haber sido designados en el mismo plazo señalado en
Artículo octavo transitorio. Capacitación. Dentro del plazo de 90 días de que tratan los
dos artículos precedentes deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 ter que
se introduce en la ley N° 20.084. De preferencia, las actividades de formación deberán
considerar el trabajo interinstitucional y común.
Artículo noveno transitorio.- Imputación presupuestaria. El mayor gasto fiscal que
represente la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia
se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida
presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del
gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el
gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de
Presupuestos del Sector Público.”.
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