Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00054-1998.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:44:34
Document Index: 263178630

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 308', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 18', 'artículo 292', 'Artículo 292', 'artículo 326', 'artículo 294', 'artículo 348', 'artículo 306', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 306', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 231', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 210', 'artículo 299', 'artículo 210', 'artículo 232', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 245', 'artículo 348', 'artículo 299', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 299', 'artículo 287', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 287', 'artículo 299', 'artículo 297', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 230', 'artículo 348', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 348', 'artículo 234', 'artículo 299', 'artículo 230', 'artículo 348', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 299', 'artículo 231', 'artículo 299', 'artículo 299', 'artículo 231', 'artículo 299', 'artículo 231', 'artículo 287', 'artículo 3', 'artículo 174', 'artículo 212', 'artículo 348', 'artículo 232', 'artículo 348', 'artículo 139', 'artículo 14', 'artículo 348', 'artículo 105', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 351', 'artículo 286', 'artículo 285', 'artículo 14', 'artículo 219', 'artículo 14', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 187', 'artículo 232', 'artículo 348', 'artículo 297', 'artículo 91', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 6']

SUP-JRC-054-1998
EXPEDIENTE: SUP-JRC-054/98.
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA COLEGIADA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO.
México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-054/98, promovido por el PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, por conducto de Miguel Hernández Flores, contra la resolución de trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, en el expediente TEE-JIN-005/98, mediante la cual declaró infundado el juicio de inconformidad instaurado por el ahora promovente, contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento del Súchil, Durango y, como consecuencia, la declaración de validez, así como la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez a la fórmula ganadora, y
I. El once de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Miguel Hernández Flores, impugnó mediante juicio de inconformidad, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento del Súchil, Durango y, como consecuencia, la declaración de validez, así como la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez a la fórmula ganadora.
II. El trece siguiente la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, declaró infundado el juicio de inconformidad instaurado por el ahora promovente.
III. El catorce de agosto del mismo año fue notificada la sentencia a los entonces partido actor y partido tercero interesado.
IV. El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Miguel Hernández Flores, promovió juicio de revisión constitucional electoral, contra la sentencia referida con anterioridad, mediante demanda presentada ante la sala responsable, el dieciocho de agosto del año en curso. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de José Noel Martínez Puerta, compareció como tercero interesado.
V. El veinte de agosto, la demanda de juicio de revisión constitucional electoral fue recibida en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con el expediente número TEE-JIN-005/98 y el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.
VI. Por auto de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VII. Por auto de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se admitió a trámite la demanda de juicio de revisión constitucional electoral de referencia, se tuvo por rendido el informe circunstanciado de la autoridad responsable y se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto se puso en estado de resolución, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el presente juicio de revisión constitucional electoral es procedente, por haber sido promovido, en primer lugar, para impugnar la resolución emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, en el juicio de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento del Súchil, Durango y, como consecuencia la declaración de validez, así como la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez a la fórmula ganadora. Además, dicho juicio es procedente también, porque se colman los siguientes requisitos:
La resolución impugnada es definitiva y firme, puesto que, de acuerdo con la legislación electoral local, no existe medio de impugnación alguno, a través del cual la resolución combatida pudiera ser modificada o revocada, en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango es la última instancia electoral para resolver las controversias planteadas en el juicio de inconformidad, en términos del artículo 308 del Código Estatal Electoral del Estado de Durango y dicho órgano jurisdiccional fue el que emitió la referida resolución. De ahí que deba tenerse por satisfecho el requisito correspondiente.
Respecto a que la resolución materia del juicio de revisión constitucional electoral contravenga algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal requisito apreciado como exigencia formal, se encuentra también satisfecho, ya que, según el partido actor, esa resolución contraviene los artículos 14, 41, y 116 de dicha constitución, sin que la circunstancia de tener por surtido este elemento legal implique prejuzgar sobre el fondo del asunto.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 25 del suplemento 1, año de 1997, de la revista Justicia Electoral, órgano de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es:
"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones `Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos', debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principio de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."
La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, e incluso, es factible antes de la fecha constitucional y legalmente fijada para la toma de posesión de las planillas electas para los cargos de presidente municipal y regidores, pues dicha fecha es el primero de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en términos del artículo 18 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Durango.
Por otra parte, la violación reclamada puede ser determinante para el resultado de la elección, pues el promovente impugna siete casillas de las doce que integran el municipio de Súchil, Durango, sobre todo si se tiene en cuenta que la diferencia de votos entre la fórmula ganadora y la que obtuvo el segundo lugar es de tan solo ciento ochenta y seis votos, por lo que de acogerse las pretensiones del promovente el resultado de dicha elección cambiaría.
Por lo expuesto, se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral.
En la especie, no existen causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable o por el tercero interesado o que esta sala superior haya encontrado, por lo que a continuación se procede al estudio de las pretensiones hechas valer por el partido actor.
TERCERO. Las consideraciones en que se sustentó el sentido del fallo impugnado son del siguiente tenor:
"Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia o de sobreseimiento reguladas por los artículos 292, 293 y 294 del Código Estatal Electoral, por ser cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, es deber de este órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa al fondo del asunto, toda vez que de ser acreditadas se traducen en impedimentos que provocan imposibilidad jurídica para analizar y dirimir la cuestión planteada.
"No obstante que el partido tercero interesado o la autoridad responsable no invocaron causal de improcedencia o sobreseimiento, este tribunal advierte que en el escrito de demanda del partido promovente se impugna la casilla 1271 Básica, en la cual sólo se mencionan los hechos y de tales hechos no se pueden deducir los agravios, por lo que es dable entrar al estudio correspondiente para establecer si se acredita alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento respecto de esta casilla, atendiendo lo establecido en los artículos 292, 293 y 294 del Código Estatal Electoral.
"En lo conducente, el artículo 292 del Código Estatal Electoral establece lo siguiente:
`Artículo 292. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del primer párrafo del artículo 326 de este libro, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:
`a), b), c), d)...
`e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el auto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados...
`También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.'
El artículo 294 del Código Estatal Electoral prevé que:
`Art. 294. Procede el sobreseimiento cuando:
`a), b)...
`c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente libro...'
"Al respecto, al realizar un examen exhaustivo al escrito de inconformidad presentado por el impugnante, a foja 8 de autos, se encuentra visible que, únicamente con relación a la casilla en mención, se encuentra en el hecho número dos lo que a continuación se transcribe:
`... HECHOS... 2. Pero es el caso que, durante la jornada electoral, en las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1265 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua, 1270 Básica y 1271 Básica, se cometieron irregularidades, y violaciones al código de la materia que afectan la legalidad y por lo tanto, la validez de la votación en ellas recibida relativa a la elección de ayuntamiento, mismas que actualizan las causales de nulidad contempladas en los artículos 348 y 351, del Código Estatal Electoral de Durango...'
"No obsta establecer, que si bien es cierto, a foja 7 de autos consta que el enjuiciante solicita se declare la nulidad de la votación recibida en la casilla 1271 Básica, invocando para ello la causal de nulidad de la votación prevista en los incisos d) y e) del artículo 348 del Código Estatal Electoral, también es cierto que del Hecho transcrito con antelación no establece agravio alguno que le cause la recepción de la votación en la mencionada casilla electoral, ya que de ello no se deducen , de acuerdo con el artículo 306, párrafo primero del código electoral local, circunstancias específicas mediante las cuales se establezca la posibilidad de que la votación haya sido recibida en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, o por personas u órganos distintos a los facultados por el código estatal electoral, y que tanto en el Acta de la Jornada Electoral como en el encarte mencionado con anterioridad, documentos que obran a fojas 82 y de la 126 a la 143 de autos respectivamente, existe coincidencia con las personas que fueron designadas para fungir como funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla y las que actuaron el día de la jornada electoral, tanto como Presidente, Secretario, Primer y Segundo Escrutador, y en el primero de los documentos mencionados se asienta que la casilla se instaló a las ocho horas, y que no obstante que se cerró a las dieciocho horas con diecisiete minutos, se establece en el apartado correspondiente, que a las seis de la tarde ya no había electores en la casilla, lo que en la especie significa que después de esa hora ya no votaron más electores.
"En ese orden de ideas, es dable declarar el sobreseimiento del Juicio de Inconformidad por lo que toca a la casilla 1271 Básica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 292, párrafos primero, inciso e) y tercero y 294, párrafo primero, inciso c) del Código Estatal Electoral.
"Al no existir alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento que esté debidamente acreditada, se tiene por interpuesto en tiempo y forma el presente juicio de inconformidad, por lo que es procedente el estudio y resolución de la controversia planteada por las partes, salvo por lo que respecta a la casilla mencionada en los párrafos precedentes.
"CUARTO. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar, atendiendo lo prescrito en el Código Estatal Electoral si ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1265 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica; si se debe o no modificar el acta de cómputo municipal y por consecuencia si se confirma o revoca la constancia expedida a favor de la planilla de ayuntamiento registrada por el partido político triunfador como resultado de la anulación de la votación emitida en las casillas impugnadas. Asimismo, si ha lugar o no a declarar la nulidad de la elección impugnada.
"De los agravios y hechos expuestos por el partido promovente en su escrito de interposición del Juicio de Inconformidad se desprenden claramente los agravios que se estudian y analizan en los subsecuentes considerandos de esta sentencia, los cuales se refieren a diversas hipótesis de nulidad previstas en el párrafo primero del articulo 348 del código estatal electoral, por ello se estudiarán atendiendo a la relación siguiente:
"En primer lugar se estudiarán las casillas 1265 Básica y 1270 Básica, a la luz de la nulidad de votación prevista en el inciso e) de artículo 348 del código estatal electoral.
"En segundo lugar se estudiará la misma casilla 1265 Básica, bajo la hipótesis contemplada en el inciso f) del artículo ya mencionado.
"En tercer lugar se analizará la casilla 1265 Básica en la hipótesis de la causal de votación contemplada en el inciso h) del artículo citado.
"En cuarto lugar se estudiará la casilla 1265 Básica, contemplada en esta ocasión desde la causal de nulidad del inciso i) del artículo 348 del código de la materia.
"Y en último lugar se estudiarán las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua, 1270 Básica a la luz de la causal de nulidad de votación prevista en el inciso d) del artículo en mención.
"Cabe precisar que al resolver la controversia planteada, este tribunal actuará con apoyo en las atribuciones que le reserva el artículo 306, párrafo tercero del código estatal electoral y atendiendo al principio de exhaustividad a que tiene obligación, a fin de asegurar el estado de certeza jurídica que sus resoluciones deben generar.
"QUINTO. En relación a las casillas 1265 Básica y 1270 Básica, cuya votación debe analizarse por este tribunal al tenor de lo dispuesto en el artículo 348, inciso e) del Código Estatal Electoral, el cual señala:
`Art. 348. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite... e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por este Código.'
"Las partes en este juicio manifestaron lo siguiente:
"El partido político promovente expresó que, en la casilla 1265 Básica y 1270 Básica se cometieron irregularidades y violaciones que afectan la legalidad, y por lo tanto, la validez de la votación en ellas recibida, y expresó como agravio medular lo siguiente:
`Causa agravio al partido que represento, el hecho de que la votación en las casillas 1265 básica ahora impugnada haya sido recibida por personas y organismos distintos a los facultados por el Código citado, ya que al violarse los procedimientos dispuestos en los artículos 105 párrafo final, 138, 139, 140, 210, 212 e) y f), 213 y 230 del Código Estatal Electoral de Durango, en relación al artículo 348 e) del código en cita, se incurre en falta al principio de certeza y profesionalismo, dado que esas casillas no quedaron integradas conforme a los términos previstos por la ley, y en consecuencia la votación que se recibió estuvo viciada de origen.
`Asimismo, el hecho de que no aparezca la firma del Secretario de la Mesa Directiva de la Casilla 1270 Básica en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección para miembros del ayuntamiento, implica necesariamente que el órgano colegiado electoral denominado Mesa Directiva de Casilla no se integró debidamente al faltar uno de sus funcionarios, y concretamente el facultado para la elaboración de tales documentos, donde se deriva no ya la nulidad sino la existencia misma del citado documento público, y no debió haberse contado la votación de una casilla que carecía de firma en el documento que sirve para acreditar los resultados, que pueden considerarse en duda formalmente hablando.'
"Por su parte, la autoridad responsable para defender la legalidad del acto impugnado manifiesta que:
`En relación al primero de los agravios este Consejo Municipal Electoral estima que es infundado en virtud de que la votación de la casilla 1265 básica, fue recibida por las personas autorizadas por la ley, como se puede constatar con el acta de la jornada electoral y el acta final de escrutinio y cómputo.
`En relación a la casilla 1270 B, no se presentó el secretario, así como tampoco el primero y segundo escrutador motivo por el cual actuaron (sic) los dos primeros suplentes generales y un ciudadano siguiéndose el procedimiento del artículo 231 del código de la materia.'
"El tercero interesado aduce con referencia a esta causal de nulidad invocada por el actor lo siguiente:
`En relación con el agravio de la casilla 1265 resulta evidentemente falso que la votación haya sido recibida por personas no falcutadas por la ley, lo cual es comprobable con el contenido del acta de la jornada electoral en la cual, tanto para la instalación de la casilla, como para el cierre de la misma, aparecen las firmas de los integrantes de la mesa directiva, nombrados por la autoridad electoral; además que lo anterior es avalado con las correspondientes firmas de los representantes de los partidos políticos, incluyendo al Partido de la Revolución Democrática.
`En relación con el agravio de la casilla 1270, es falso lo manifestado por el actor, toda vez que de conformidad con el contenido de las actas de la jornada electoral y final de escrutinio y cómputo aparecen debidamente firmadas por los cuatro miembros de la Mesa Directiva de Casilla citada. Es importante hacer notar que ambas actas también fueron firmadas por los dos representantes del Partido de la Revolución Democrática en la casilla de referencia.'
"Para un correcto análisis de la causal que nos ocupa, resulta conveniente señalar que las personas facultadas por el Código Estatal Electoral para recibir la votación, son: los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, en los términos del artículo 141, párrafo primero, inciso b) del cuerpo legal en comento, mismo que establece como atribuciones de dichos integrantes, entre otras, el recibir la votación en la jornada electoral.
"Ahora bien, también conviene precisar quienes pueden ser integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, y son:
"a) Aquellos que cumplan con los requisitos del artículo 140 del código estatal electoral y resulten insaculados por los consejos municipales correspondientes, en los términos del artículo 210 del código en mención; y
"b) Extraordinariamente, cuando no se apersonen los miembros designados, propietarios o suplentes, para integrar la casilla, también podrán ser integrantes de las mesas directivas, aquellos ciudadanos, que aún cuando no reunieran la totalidad de los requisitos antes aludidos, se encuentren en la casilla para emitir su voto exclusivamente, y sean requeridos para conformarla; pero en ningún momento podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.
"Luego entonces, podemos concluir que cuando la recepción de la votación la hagan personas distintas a las antes mencionadas, podrá declararse nula la votación que se reciba en la casilla en que ocurra el quebranto a la Ley Electoral.
"Ahora bien, al realizar un minucioso análisis de la Actas de la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo, Hojas de Incidentes y del encarte que contiene la ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla instaladas el día de la jornada electoral, en el Municipio de Súchil, Dgo., publicado en el periódico `El Siglo de Durango', el día cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho; documentos a los que se les concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, este Tribunal Estatal Electoral considera debidamente acreditado lo siguiente:
"Para realizar un examen más objetivo de la impugnación por la causal invocada, e indagar si efectivamente se configuró la violación a que alude el actor relativa a la establecida en la casilla 1265 Básica, se presenta una gráfica que consta de cuatro columnas. La primera corresponde al número de casilla; la segunda contiene los nombres de los funcionarios que fueron publicados en el encarte denominado `Ubica tu casilla', editado por el Instituto Estatal Electoral en la fecha ya mencionada con anterioridad; la columna número tres se refiere a los funcionarios de casilla que actuaron en la casilla impugnada el día de la jornada electoral, cuyos nombres quedaron asentados en las actas correspondientes; también en esta columna queda asentada la hora de apertura de la casilla; y por último, en la cuarta columna se señalan las coincidencias entre las columnas segunda y tercera, todo esto para así obtener el dato de si se trata o no de ciudadanos autorizados para recibir la votación; asentándose las coincidencias, que se presentan en el caso del Presidente, Secretario, Primer y Segundo Escrutador.
FUNCIONARIOS SEGÚN PUBLICACIÓN
FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS Y HORA DE APERTURA DE CASILLA
P. MARÍA GUADALUPE DELGADO CAMPO
S. MARICELA PUERTA CORRALES
1E. MARTÍN CISNEROS CHIHUAHUA
2E MA. DE JESÚS FLORES CORRALES
1. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ROCHA
2. JUANA ALANIS GARCÍA
3. ELVA ANDRADE JUÁREZ
MARÍA GUADALUPE DELGADO CAMPO
MARICELA PUERTA CORRALES
MARTÍN CISNEROS CHIHUAHUA
MA. DE JESÚS FLORES CORRALES
"Lo anterior se traduce en lo siguiente:
"En la casilla impugnada por el actor, identificadas con el número 1265 Básica, la Mesa Directiva de Casilla se integró por ciudadanos previamente insaculados y capacitados por el Instituto Estatal Electoral, y cuyos nombres fueron oportuna y legalmente publicitados en los encartes respectivos, actuando en el día de la jornada electoral en la casilla indicada y en los cargos para los cuales fueron designados, instalando la casilla a las ocho horas, como lo establece la ley, además que del Acta de la Jornada Electoral se aprecia que fue firmada por los representantes del partido político actor, Martha Hernández y Tereso Torres Rodríguez y no lo hicieron bajo protesta, sin apreciarse incidente al respecto en el acta correspondiente.
"Razón suficiente para decretar por parte de este órgano jurisdiccional que no se actualiza la causal de nulidad invocada por el partido promovente respecto a la casilla 1265 Básica.
"Por lo que respecta a la casilla 1270 Básica, efectivamente, tal como lo argumenta el partido político actor, el Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, no fue firmada por el Secretario de la Mesa Directiva, observándose sin embargo, que se encuentran estampadas las firmas de los ciudadanos representantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, aunado esto a que en el apartado para asentar incidentes durante el escrutinio y cómputo, se asentó que no se presentó ningún incidente, además, en el Acta de la Jornada Electoral que obra a fojas 85 y 195 de autos, se puede apreciar que la casilla inició a las nueve horas y cerró a las seis de la tarde (dieciocho horas), por ya no haber electores en la misma, signada por los funcionarios de casilla aludidos, entre ellos, el Secretario, y signada también por los representantes de los partidos políticos.
"Este tribunal electoral considera que la falta de firma del Secretario en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo se debió seguramente a una simple omisión, insuficiente para establecer que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por el código; y para decretar la nulidad de la votación en la casilla en estudio, es menester que se compruebe efectivamente que las personas que actuaron como funcionarios en la Mesa Directiva de Casilla, no estén facultados conforme lo marca el artículo 210 del código estatal electoral. Por lo que se aprecia que obra en autos, a foja 195, el Acta de la Jornada Electoral y donde aparece al final de la firma de todos y cada uno de los funcionarios de casilla, con lo que se llega a la convicción que la Mesa Directiva de Casilla se integró correctamente; en este orden de ideas, este órgano resolutor también considera que debe privilegiarse la emisión y recepción del sufragio de los electores, y en aras de lo anterior, no es suficiente para considerar que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por el código; el hecho de que el Secretario haya omitido estampar su firma en el Acta de Escrutinio y Cómputo y aunado a esto, tenemos que los representantes del partido impugnante firmaron sin protesta alguna.
"Esta Sala Colegiada desestima los argumentos vertidos por el actor, pues no obstante que la firma respectiva no fuera asentada en el acta correspondiente, ello sólo constituye una irregularidad menos, que no se traduce necesariamente en causa de nulidad de la votación recibida, sin desconocer que se trata de una irregularidad que tiene el carácter de violación, contraventora del artículo 232 del código estatal electoral vigente; pues esa única circunstancia no produce la constitución de la causal de nulidad prevista en el artículo 348, inciso e) de la ley electoral, ya que sólo se trata de una omisión de formalidades ad probationem, que pueden ser suplidas por otros medios, sin afectar la sustancia de la recepción de la votación. Esto es, conforme a la experiencia y a las reglas de la lógica y de la sana crítica, tal formalidad ni es indispensable para la validez del acto ni su realización es suficiente para acreditar plenamente que la votación se recibió por personas u organismos distintos a los facultados por la ley; de modo que sólo arrojaría un indicio de que el partido político que impugnara la votación tendría que adminicular otro medio para lograr la plena prueba, lo que en la especie no aconteció, pues con la documentación obrante en el expediente, claramente ha quedado demostrado que los funcionarios que actuaron fueron debidamente facultados por la autoridad competente para recibir la votación el día de la jornada electoral, garantizándose así el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad durante el desarrollo de la jornada electoral.
"Además, este tribunal estatal electoral sostiene que el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, no debe ser viciado por una imperfección menor cometida por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos elegidos al azar, que después de ser seleccionados son capacitados como funcionarios a fin de integrar las Mesas Directivas de Casilla; en efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídica electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la Ley, originadas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
"De lo anteriormente argumentado, este tribunal considera que la causal de nulidad de la votación en la casilla, prevista en el artículo 348, párrafo primero, inciso e) del código estatal electoral no se actualiza respecto de las casillas 1265 Básica y 1270 Básica y consecuentemente devienen infundados los agravios esgrimidos por el promovente.
"SEXTO. Por lo que se refiere a la casilla 1265 Básica, cuya votación debe analizarse por este órgano jurisdiccional a la luz de la causal de nulidad de la votación invocada por el partido promovente relativa al inciso f) del artículo 348, dicho precepto establece:
`Art. 348. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite... f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.'
"Las partes en este juicio expresaron al respecto lo siguiente:
"El actor manifiesta en su escrito de inconformidad que en la casilla 1265 Básica, se cometieron irregularidades y violaciones que afectan la legalidad, y por lo tanto, la validez de la votación en ellas recibida, y expresó como agravio medular lo siguiente:
`La violación de lo establecido en los artículo 245, 247, y 250 del Código Estatal causa agravio y por lo tanto lesión a mi representado en el sentido de que en la casilla 1265 básica haya mediado error en escrutinio y cómputo de votos, debido a que según reporta nuestro representante de casilla `nos anularon muchos votos de forma exagerada. Y por si fuera poco, únicamente dirigentes y funcionarios del PRI solamente ellos manejaban toda la documentación de la casilla antes mencionada. en este punto hago mención de que muchas boletas para votar las estaban echando a las urnas. Esto con el fin de que a la hora de contar las boletas, para hacerlas válidas, sólo para ellos, o sea para el PRI.' Ello le resta representatividad a lo que en las urnas expresó la ciudadanía y por lo que debe ser sancionada tal irregularidad con la declaración de nulidad de la votación recibida en esa casilla. Por tal razón consideró que puede realizarse una inspección o reconocimiento judicial en el paquete y expediente electoral de la casilla impugnada a efecto de corroborar el dicho del representante de casilla, Tereso Torres Rodríguez.
`Causa perjuicio al partido que represento la violación a la norma ya que existe error en el cómputo de los sufragios emitidos en la pasada jornada electoral que beneficia a las fórmulas de candidatos registros por el PRI, y esto es determinante para el resultado de la votación, ya que los votos computados de manera irregular, son los que resultan de las discrepancias entre las cifras relativas a los rubros de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, ello por estimarse que la diferencia resultante se traduce en un error en el cómputo de los votos.'
"Por su parte la autoridad responsable para defender la legalidad el acto impugnado manifiesta que:
`Que el punto segundo del escrito no constituye agravio, sino un mero alegado en virtud de que el recurrente no señala el error que pudiera haber ocurrido en el escrutinio y en el cómputo y sólo refiere que se anularon muchos votos, lo que en concepto de éste órgano comicial no es una violación, ni causal de nulidad, advirtiéndose que únicamente se anularon trece votos, y que ello es por circunstancias que corresponden a los ciudadanos en el momento de la votación y no así a los integrantes de las mesas directivas de casillas, de los Consejos Municipales o de los partidos políticos, corroborando con esta manifestación que no existió error en el escrutinio y cómputo como se hace constar en las actas respectivas.'
"El partido tercero interesado aduce con referencia esta causal de nulidad invocada por el actor lo siguiente:
`Que por lo que respecta al segundo de los agravios en la acta final de escrutinio en relación con la casilla 1265 básica, es falso lo expuesto por el actor, toda vez que no existe ningún error en el escrutinio y cómputo de votos, y aún suponiendo sin conceder de que existiera tal error, el mismo no sería determinante para el resultado de la votación.'
"Antes de proceder al análisis de los hechos estimados como extremos de los agravios hechos valer por el demandante, y en atención a lo dispuesto por el artículo 348, párrafo primero, inciso f) del código Estatal electoral, este Tribunal Estatal Electoral considera necesario precisar que la actualización de la causal de nulidad de la votación recibida en una casilla, misma que guarda una relación inmediata con los hechos y agravios que invoca el partido recurrente, implica la configuración de los presupuestos consistentes en que haya error o dolo en la computación de los votos, y que sea determinante para el resultado de la votación.
"Asimismo se considera que en virtud de que el partido demandante no impugna por dolo el cómputo de los votos, y consecuentemente tampoco aporta prueba alguna para acreditar la existencia del elemento subjetivo requerido para tener por configurada la causal de dolo en el cómputo, esta autoridad jurisdiccional procederá al análisis del presente agravio sobre la base que hubo un posible error y no dolo, ya que éste no puede presumirse si se parte de la buena fe en la actuación de los órganos electorales.
"En todo lo aducido por el partido recurrente a través de su representante, no establece concretamente en qué consiste el error o dolo en la computación de los votos, solamente hace argumentaciones que se traducen en simples alegatos de lo probablemente ocurrido el día cinco de julio en la jornada electoral en dicha casilla, no especificando en qué consiste el error o dolo en el cómputo de los votos, por lo que atendiendo a lo establecido por el Código de la materia, este tribunal debe analizar el error en que incurre el recurrente y estudiar plenamente si hay alguna violación en perjuicio del mismo. Y después de un minucioso análisis del Acta Final de Escrutinio y Cómputo, documento al que se le confiere pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, no se aprecia error alguno en los datos que deba tomarse en cuenta primordialmente para considerar la existencia de error en la computación de los votos, ya que:
"a) El total de ciudadanos que votaron conforme a la Lista Nominal de Electores fue de 464.
"b) El total de boletas extraídas de la urna fue de 464, y
"c) La votación total emitida, esto es, los votos a favor del Partido Acción Nacional 41; el Partido Revolucionario Institucional 179; el Partido de la Revolución Democrática 174; el Partido del Trabajo 57; votos anulados 13; Suma de votos válidos 451; más las boletas inutilizadas que fueron 281, nos resulta el total de las boletas recibidas para la elección de miembros de ayuntamiento que fue de 745, y que restándole a esta cantidad las 281 boletas inutilizadas, nos resulta el total de electores inscritos en la Lista Nominal que votaron y el total de boletas electorales extraídas de la urna, que equivalen a 464.
"Por todo lo anterior, este tribunal llega a la conclusión de que es infundada la causal de nulidad aludida, por no estar acreditado el error del cómputo de los votos a que hace referencia el recurrente, ya que como plenamente se corrobora con el Acta Final de Escrutinio y Cómputo, en los apartados correspondientes, no se aprecia error alguno en que pudiera hacer incurrido la Mesa Directiva de Casilla en cuanto a su llenado, además de que en el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la casilla en estudio, se percibe una correlación en la votación obtenida por el partido político triunfador con el enjuiciante de 179 votos contra 174 votos, lo cual es similar a la votación total obtenida por dichos partidos políticos en el cómputo municipal, la cual corresponde a 1063 votos para el partido que obtuvo la mayoría y 873 votos para el partido político actor en el presente juicio de inconformidad.
"Por lo que devienen infundados los agravios esgrimidos por el promovente, por lo que se refiere a la causal de nulidad de votación de casilla prevista en el inciso f), del artículo 348 del código estatal electoral.
"SÉPTIMO.- En relación con la casilla 1265 Básica, cuya votación debe analizarse por este tribunal al tenor de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 348 del código estatal electoral, que a la letra dice:
`Art. 348.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite... h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada'.
"El partido político recurrente expresó que, en la casilla 1265 Básica, se cometieron irregularidades graves y violaciones que afectan la legalidad, y por lo tanto, la validez de la votación en ellas recibidas, y expresó como agravio medular lo siguiente:
`Causa agravio al partido que represento el hecho de que se trató de impedir el ejercicio de los derechos cuyo representante del PRD ante la casilla 1265 básica, Profr. Tereso Torres Rodríguez, ya que según consta en su declaración testimonial así como en el testimonio notarial que contiene la declaración de la señora Martha Hernández Bermúdez, inscrito en el volumen 9 número 706 de fecha 9 de julio de 1998, ante la fe del Notario Lic. Vicente Guerrero Romero, quien ejerce en la Notaría No. 1 de Nombre de Dios Durando, la declarante manifiesta hechos que le constan y que tuvieron verificativo el día 5 de julio del presente año, manifestando bajo protesta de decir verdad, que como a las once horas el señor Francisco Orlando Castañeda Álvarez, Presidente del Consejo Municipal Electoral, le dijo al Profr. Tereso Torres Rodríguez, representante propietario del PRD ante la casilla, que desalojara el lugar, pero no le dio ninguna explicación'.
"Por su parte la autoridad responsable para defender la legalidad del acto impugnado, manifiesta que:
`Por lo que hace al cuarto agravio manifestado por el recurrente en calidad de Presidente del Consejo Municipal, me constituí y di fe de que todos los partidos tenían sus representantes ante la casilla 1265 básica, y en especial el PRD, estando sus tres representantes, incluso se hace constar en las actas donde firma el Sr. Tereso Torres Rodríguez.'
"El partido tercero interesado aduce con referencia a esta causal de nulidad invocada por el actor lo siguiente:
`Que es irrelevante el hecho de que los testimonio ante notario que contienen las declaraciones de la Sra. Martha Hernández Bermúdez, Sofía Ávalos y Tereso Torres Rodríguez porque dichas declaraciones aparte de ser extemporáneas, no se asentó ningún incidente en las actas respectivas y que se relacione con lo manifestado por dichas personas, ya que éstas fácilmente declararon ante el notario lo que más les convenía a sus intereses, y por lo tanto su dicho ante el fedatario no tiene ninguna validez para que pueda incidir en las nulidades de las casillas señaladas por el supuesto señalado.'
"De la lectura del precepto legal antes referido, podemos advertir como necesario, para que se actualice la causal de nulidad en comento, el que se acredite plenamente que sin causa justificada, se dio durante la jornada electoral cualquiera de los dos siguientes hechos:
"a) Que se haya impedido el acceso a la casilla a los representantes de los partidos políticos; o
"b) Que se les haya expulsado de la misma.
"Después de un minucioso análisis del Acta de la Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y Cómputo y Hoja de Incidentes de la casilla 1265 Básica, documentos a los que se les confiere valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, se encuentra debidamente probado lo siguiente:
"En la Hoja de Incidentes que obra a foja 187 de autos, se asentó la circunstancia que: `De forma equivocada se dieron nombramientos del PRD. Quedando finalmente como propietarios Profr. Tereso Torres, Sra. Martha Hernández suplente Manuel Tamayo', misma en la que aparece estampada la firma del cuestionado Tereso Torres R.
"En el Acta de la Jornada Electoral que obra a foja 186 de autos, se aprecia la firma del C. Tereso Torres R., representante del partido político actor ante la Mesa Directiva de Casilla; de igual manera se aprecia en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo que obra a foja 188 de autos, la firma de los representantes de los partidos políticos ante la Mesa Directiva de Casilla.
"Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que en todo momento tuvo acceso al señor Tereso Torres R., representante del Partido de la Revolución Democrática ante esa casilla, o bien, que se le haya expulsado de la misma, desde su instalación hasta la clausura, sin causa justificada, ya que él tuvo una participación activa dentro de la misma, que se confirma con la firma estampada en las actas ya referidas.
"Cabe considerar que las pruebas testimoniales ofrecidas por el partido político actor, consistentes en las declaraciones rendidas ante la fe del Lic. Vicente Guerrero Romero, en ejercicio de la Notaría Pública Número Uno, con jurisdicción en Nombre de Dios, Dgo., de los C.C. Martha Hernández Bermúdez, Francisco Orlando Castañeda Álvarez, Sofía Ávalos y del propio Tereso Rodríguez, no son suficientes para acreditar que se le impidió el acceso o se le expulsó al representante del partido enjuiciante de la casilla, ya que del mismo escrito del Juicio de Inconformidad, en el agravio en estudio, el partido político actor manifestó: `Que se trató de impedir el ejercicio de sus derechos cuyo representante del PRD ante la casilla 1265 Básica, Profr. Tereso Torres Rodríguez', lo que en la especie significa que únicamente en el caso se acreditaría con tales testimoniales que existió la tentativa de no permitir el acceso al mencionado Tereso Torres Rodríguez, lo cual no aconteció, según ya ha quedado probado en este considerando, además que obra en autos en los términos y con los documentos ya expresados, que los representantes del partido político actor actuaron ante la Mesa Directiva de la casilla impugnada. Lo anterior queda robustecido con el siguiente Criterio Jurisprudencial, emitido por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a foja 708, Tomo II de la Memoria 1994, que literalmente dispone lo siguiente:
`IMPEDIR EL ACCESO A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O EXPULSARLOS SIN CAUSA JUSTIFICADA. CUANDO NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. Si del análisis integral de las constancias que obran en el expediente como son las copias certificadas del acta de la jornada electoral y de las hojas de incidentes, se desprende que el representante del partido político recurrente firmó los apartados correspondientes desde que se instaló la casilla y hasta que se cerró la votación, y que su rúbrica también figura en la parte relativa del acta de escrutinio y cómputo, aún bajo protesta y sin expresar el motivo de la misma, se debe concluir que no se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que a tal representante no se le impidió el acceso a la casilla ni tampoco se le expulsó de ella.'
"Por lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causal de nulidad de casilla contemplada en el artículo 348, párrafo primero, inciso h), del código estatal electoral, por lo que devienen infundados los agravios esgrimidos por el promovente en la casilla 1265 Básica.
"OCTAVO. Por lo que corresponde a la casilla 1265 Básica, cuya votación debe analizarse por este tribunal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 348, inciso i) del código estatal electoral, el cual dispone lo siguiente:
`ART. 348. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite... i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación'.
"El partido actor expresó que en la casilla 1265 Básica, se cometieron irregularidades y violaciones que afectan la legalidad, y por lo tanto, la validez de la votación en ella recibida, y expresó como agravio medular lo siguiente:
`Causa agravio al partido que represento el hecho de que durante la jornada electoral, así como unos días antes y después de la misma se hayan cometido violaciones sustanciales en el Municipio de Súchil, con motivo de la elección de ayuntamiento, como es el hecho de que la Sra. Felipa Sosa Flores, militante del PRI, en el municipio mencionado se haya dedicado a solicitar el voto a toda la gente que asistía a votar a la casilla instalada en la Escuela Vicente Guerrero de la población de Súchil, es decir, la 1265 básica.
`Así mismo consideramos con relación sustancial cometida durante la jornada electoral el hecho de que la Srita. Corres Patraca, candidata suplente del PRI a diputada por el Distrito XV, anduviera convenciendo a los electores que votaran por el candidato del PRI a cambio de promesas o despensas.'
"Por su parte la autoridad responsable, para defender la legalidad del acto impugnado manifiesta que:
`En lo que alude el recurrente al punto quinto, no le consta ni al consejo, ni al Presidente del Consejo Municipal Electoral tales hechos.'
`En virtud de que los agravios expuestos por el actor en su escrito de Juicio de Inconformidad se encuentra en una forma desordenada e incongruente, con lo asentado en la acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo así como de la hoja de incidentes. Desde este momento niego terminantemente todos y cada uno de dichos agravios.'
"Este tribunal electoral considera que para analizar la causal de nulidad de votación de casilla invocada por el partido actor, en principio, es conveniente recurrir al estudio de los componentes de la hipótesis de nulidad prevista en el inciso i) del artículo 348 del código estatal electoral, toda vez que de su sentido puede obtenerse diáfanamente la interpretación que conviene tomar en cuenta para estimar la presunta materialización de la causal.
"En relación a los factibles sujetos activos de la coacción o la violencia física a que alude la causal analizada y respecto de las conductas que legalmente procede realizar en la casilla, en el caso de que se den violencia o presión, puede decirse lo siguiente: si los hechos son intentados por electores u otras personas, directivos de casilla o representantes de partido, lo lógico es que el Presidente respectivo los conmine, primero a cesar su actitud y luego, si no es obedecido, proceder a solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad para ordenar su retiro. Si quienes ejecutan o promueven los actos referidos no acatan los llamados del presidente de casilla o si las fuerzas de seguridad no acuden oportunamente, o si la coacción o la violencia física son incontrolables o incesantes, lo conducente sería que el Presidente de la casilla de que se trate, suspenda la votación.
"En ese orden de ideas, si se conviene en que la `presión' es la fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad, para obligarla a que dé su concenso a una cosa o que la haga, o para precisarla a que diga o ejecute algo, debe de estimarse que, como es en el caso de la `violencia física', la existencia de la presión debe ser comprobada ante el órgano jurisdiccional, acreditándose no sólo que se ejerció sobre funcionarios de casilla o sobre electores identificables, sino que eso motivó el incumplimiento de las obligaciones esenciales en la recepción, escrutinio y cómputo de los votos o en su seguridad, libertad y secrecia, lo que además sea determinante para el resultado de la votación.
"Esencialmente en ese rumbo, se ha orientado el criterio de este tribunal al estimar los extremos que deben agotarse para declarar la nulidad de la votación en una casilla, por la materialización de la hipótesis reseñada, según puede advertirse en los Criterios de Jurisprudencia Número, 43 y 87, sostenidos por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visibles en las páginas 689 y 712 de la Memoria 1994, Tomo II, los cuales se transcriben a continuación:
`43. VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 párrafo 1 inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la votación recibida en casilla será nula si se ejerce violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Para que se configure dicha causal de nulidad, es necesario que el recurrente acredite los siguientes extremos: que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y que dicha violencia física o presión fue determinante para el resultado de la votación; en la inteligencia de que por `violencia física' se entienden aquellos actos materiales que afectan la integridad física de las personas y la `presión' implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.'
`87. PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- A fin de que se pueda evaluar de manera objetiva que de no haberse ejercido presión sobre los electores, otro partido podría haber alcanzado la votación más alta, es necesario que se acredite que la presión se haya ejercido sobre determinado número de electores, o bien, durante la mayor parte de la jornada electoral, ya que en el primer caso, al conocerse el número de electores que votó bajo presión a favor de determinado partido que alcanzó la votación más alta, y deducidos a dicho partido el número de votos correspondientes, otro ocuparía el primer lugar de la votación, en cuyo caso resultaría evidente que dicha irregularidad fue determinante para el resultado de la votación; y en el segundo caso, al comprobarse que durante la mayor parte de la jornada electoral se ejerció presión sobre los electores que votaran a favor de algún partido y en caso de que éste obtenga la votación más alta, existiría la presunción de que dicha presión se ejerció sobre la mayoría de los electores y consecuentemente se inferiría que ello fue determinante para el resultado de la votación.'
"Así pues, en concepto de este órgano jurisdiccional, para acreditar la materialización y actualización de la causal examinada, tendrán que concurrir los siguientes elementos:
"a) Que se pruebe que se ejerció la violencia física o coacción sobre la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores.
"b) Que tales conductas fueron ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla respectiva, o por otros directivos, representantes de partidos políticos, electores u otras personas, pero consentidas o no impedidas por el propio funcionario.
"c) Que los hechos probados fueron determinantes para el resultado de la votación.
"Ahora bien, en la especie, del análisis de las actas de jornada electoral, acta final de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes correspondientes a la casilla impugnada, las cuales obran e fojas 186, 187 y 188 de autos, documento al que se le concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, se obtiene que en la casilla 1265 Básica hubo un incidente, el cual consiste, tal y como se certifica en la Hoja de Incidentes que obra agregada a foja 187 de autos, en lo siguiente: `De forma equivocada se dieron nombramientos del PRD, quedando finalmente como propietarios los C.C. Profr. Tereso Torres, la Sra. Martha Hernández suplente Manuel Tamayo'. Por lo que no se aprecia que haya ocurrido algún otro incidente, como lo señala el partido político actor, relativo a personas que ejercieran violencia física o presión moral sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o los electores.
"Por lo que al no quedar asentado en las actas de la Jornada Electoral, Escrutinio y Cómputo y Hoja de Incidentes respectivas, circunstancia de modo, tiempo y lugar que acredite que se ejerció violencia física o presión moral sobre el electorado o sobre los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, no se acredita la causal de nulidad contemplada en el inciso i) del código estatal electoral.
"No obstante a que el partido político impugnante ofrece como prueba para acreditar lo anterior, diversas testimoniales rendidas ante Notario Público que obran a fojas de la 20 a la 79, y acompaña a su escrito de inconformidad diversas fotografías que obran a fojas 90, 92, 93 y de la 104 a la 125 de autos, no son de estimarse, en virtud de que en las Hojas de Incidentes, Actas de la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo y en su escrito de inconformidad, el actor no señaló los hechos que pudieran guardar relación con actos de presión sobre el electorado, en los que precisara circunstancias de modo, lugar y tiempo, que permitan deducir si los actos de presión consistentes en la realización de proselitismo del día de la jornada electoral, son determinantes para el resultado de la votación, es claro que este órgano jurisdiccional considera que por la razón de que con estas probanzas no es posible concluir el número de electores que votaron a favor del partido político triunfador, o en contra del enjuiciante, tampoco es posible determinar si ese probable número de votos sea determinante para establecer que arrojen un resultado en el sentido de que restándole esos votos al partido triunfador, el que ocupa el segundo lugar pase al lugar del que obtuvo el mayor número de votos.
"Aún más que las señaladas testimoniales desahogadas ante la fe del Lic. Vicente Guerrero Romero, Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Nombre de Dios, Dgo., consistentes en las declaraciones de los C.C. Tereso Torres Rodríguez, Martha Hernández Bermúdez, Petra Betancourt Escalante, Genoveva Ibarra Silva, Elva Hernández Betancourt, Verónica Galván Corrales, Tomás Contreras Roldán, Sofía Ávalos, Leonor Martínez Didea, Lorenza Gambino Molina, José María Canales García, Jesús Barrios Atilano, Sergio Meza Salas, Susana Parra Gómez y Celia Genoveva Castañón Robles, no satisface los requisitos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 297 del código de la materia, pues ninguno de los testigos asienta en su declaración la razón de su dicho, omisión que imposibilita a este tribunal estatal electoral a determinar si lo declarado fue expresado sin coacción o soborno, que los hechos narrados sean conocidos por los sentidos y no por inducción o referencia de otra persona, lo que deja duda sobre las circunstancias esenciales y accidentales de lo afirmado.
"Asimismo, las pruebas técnicas consistentes en veinticinco fotografías, las cuales ya han quedado mencionadas a las fojas que obra agregadas en autos, aunque en ellas se aprecian diversas imágenes de personas de manera individual y en grupo, de vehículos con engomados alusivos a campaña electoral a favor de diversos candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, de postes con propaganda al mismo partido político y a otros partidos, así como fachadas de inmuebles, consistentes en casas particulares, oficinas del Partido Acción Nacional, escuela; en relación de cada una de estas fotografías, el aportante en su escrito de inconformidad no señala concretamente lo que pretende acreditar, ni identifica a las personas, los lugares o las circunstancias de modo, tiempo y forma que reproduce esta probanza.
"Por lo que este órgano jurisdiccional llega a la convicción, que las pruebas aportadas por el actor resultan insuficientes para tener la certeza de que se presionó a los ciudadanos para que votaran a favor del partido político triunfador en la casilla en estudio; tampoco acredita con exactitud, el período en que ocurrió esta situación, ni el número de electores que estuvieron expuestos a ella, por lo cual se considera que los hechos y agravios expuestos por el partido político inconforme, no quedan acreditados con los elementos de prueba aportados de su intención, y que de las constancias que obran en autos tampoco se acreditan tales extremos.
"Por lo antes expuesto, al no haberse acreditado todos y cada uno de los elementos que actualizan la causal de nulidad de la votación contenida en el inciso i), párrafo primero del artículo 348, del código estatal electoral, este órgano resolutor declara infundado el agravio esgrimido por el promovente en relación a la casilla 1265 Básica.
"NOVENO. Por lo que respecta a las casillas 163 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, cuya votación debe analizarse por este tribunal al tenor de lo dispuesto en el artículo 348, inciso d) del código estatal electoral, que literalmente dispone lo siguiente:
`Art. 348.- la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite... d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.'
"Las partes en este juicio argumentaron lo siguiente:
"El partido político actor expresó que en las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, se cometieron irregularidades y violaciones que afectan la legalidad, y por lo tanto, la validez de la votación en ella recibida, y expresó como agravio medular lo siguiente:
`Causa agravio al partido que represento el hecho de que las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica se hayan instalado a las 9:15 Hrs., 8:25 Hrs., 8:18 Hrs., 8:25 Hrs., y 9:00 Hrs. respectivamente, en horario posterior al establecido por el código de la materia por la Jornada Electoral infringiéndose en tales casillas lo dispuesto por el artículo 230.'
"Por su parte, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, para defender la legalidad del acto impugnado, manifestó que:
`Que en relación a la casilla 1263 Básica, en efecto, se instaló a las 9:15 horas toda vez que a las 8:30 horas de esa misma fecha se avisó al Consejo Municipal sobre la falta del Primer Escrutador y de los Suplentes Generales. Este Consejo decidió designar a un ciudadano que se encontraba en la fila de los votantes, quien aceptó el encargo.
`Por lo anterior se sostiene que no se actualiza la causal de nulidad a que alude el artículo 348, inciso d) del código de la materia, porque se recibió la votación en la fecha señalada para la jornada electoral al haber observado lo dispuesto por el artículo 231 del citado Código.
`Que en relación a la casilla 1264 Básica, se instaló a las 8:25 Hrs., observando lo dispuesto por el artículo 231, inciso a) del código de la materia, que permite que a falta de un funcionario, lo sustituya el primer suplente general; en el caso, falto el primer escrutador y como estaba presente únicamente el segundo suplente general, éste tomó su lugar, motivo por el cual la casilla efectivamente se instaló a las 8:25 horas dentro de la fecha fijada para la jornada electoral.
`Que en relación a la casilla 1266 Básica, en efecto, se instaló a las 8:18 horas por la falta de mobiliario, aclarando que tal circunstancia se avisó al consejo a las 8:00 horas, por lo que de inmediato se ordenó cubrir las necesidades de la casilla con mobiliario del propio consejo, por lo que se aclara que la votación se recibió dentro de la fecha marcada para la jornada electoral.
`Que en lo que respecta a la casilla 1266 Contigua, es falso que se haya instalado a las 8:25 horas a que alude el impugnante, en virtud de que se hace constar en la propia acta, que se instaló a las 8:55 horas siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 231, inciso b), del código estatal electoral, habiendo ocupado el lugar del primer escrutador, un ciudadano de los votantes, toda vez de que no se presentaron los suplentes generales para la casilla, habiéndose recibido la votación en la fecha señalada por el código estatal electoral.
`Que en relación a la casilla 1270 Básica, se instaló a las 9:00 horas por la falta de los escrutadores y el Secretario y la necesidad de observar el procedimiento establecido por el artículo 231 del código de la materia. Por lo tanto, ser recibió la votación en la fecha señalada para la jornada electoral.'
"El Partido Tercero Interesado alude, con referencia a esta causal de nulidad invocada por el actor en estas casillas, lo siguiente:
`Que por lo que respecta a las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, cuya nulidad solicita el agraviado, no se acredita ninguna de las causales que contempla el artículo 348 del código estatal electoral, ni mucho menos la contenida en el inciso d) que es la que invoca el actor, ya que la hipótesis que se contempla en dicha causal, se refiera que la votación se reciba en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, situación que no sucedió, toda vez que la votación ser recibió el día de la elección, esto es, el 5 de julio durante la jornada electoral y no en tiempo distinto como pretende hacer creer el actor, como lo demuestra con las actas respectivas de la jornada electoral.'
"Antes de analizar el agravio aducido por el partido político actor, se hacen las siguientes precisiones:
"Este tribunal estatal electoral estima que por fecha debe entenderse el año, mes, día y horario. En ese sentido, la Legislación Electoral establece que la etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección y concluye con la clausura de las casillas, según lo disponen los artículos 187, párrafo cuarto y 230, párrafo segundo del código estatal electoral. Una vez instalada la casilla, que en ningún caso será antes de las ocho horas, el Presidente de la Mesa anunciará el inicio de la votación, la cual no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 234, párrafos primero y segundo del código estatal electoral. La votación cerrará a las dieciocho horas, salvo en los casos de excepción, debiendo el presidente de la casilla declarar cerrada la votación, procediéndose al llenado del Acta de la Jornada Electoral.
"De esta manera, la votación solamente puede recibirse validamente en el transcurso del lapso comprendido entre las ocho y dieciocho horas del día de la elección, por lo que si la votación se recibe en día y horas diferentes a las previstas por la ley, ya sea antes o después, se actualiza la causal de nulidad de dicha votación.
"Ahora bien, este órgano resolutor, al analizar las actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas, especialmente el apartado denominado `Instalación de casilla', las hojas de incidentes respectivas y el acta circunstanciada de la sesión permanente celebrada el día de la jornada electoral por el Consejo Municipal Electoral de Súchil, Dgo., documentos a los que se les confiere valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, considera suficientemente acreditado, -como lo afirma el actor-que en las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, se instalaron después de las ocho horas, del día cinco de julio del presente año, es decir, después de la hora establecida para tal efecto por el artículo 230, párrafo segundo del código en mención, ya que tales casillas fueron instaladas dentro del período que abarca de las ocho horas con dieciocho minutos a las nueve horas con quince minutos. Sin embargo, esta violación al precepto indicado se debe examinar para concluir si la votación se recibió en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, por la cual, si se actualiza o no la causal de nulidad invocada por el partido promovente, procediendo a continuación a realizar el análisis respectivo.
"Efectivamente, aún cuando el inciso d) del artículo 348 del código estatal electoral, establece como causal de nulidad: `Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para celebración de la elección', y no precisa la hora en que deba iniciarse, se desprende del párrafo quinto del artículo 230 del código de la materia, que por ningún motivo podrá iniciarse antes de las ocho horas, quedando abierta la posibilidad para hacerlo con posterioridad a dicha hora, por causa justificada, toda vez que la votación debe ser recibida el primer domingo de julio del año de la elección, en el lapso comprendido entre las ocho horas y el cierre de la votación, que es a las dieciocho horas del mismo día, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley adjetiva.
"Además, en la mayoría de los casos existe una causa justificada para la instalación tardía de las casillas, pues como se desprende de las Hojas de Incidentes correspondientes a las casillas impugnadas en estudio, éstas no fueron instaladas a las ocho horas del día de la jornada electoral por diversas causas de las cuales consistente en los siguiente:
" En la casilla 1263 Básica, al analizarse la Hoja de Incidentes respectiva, se apreció que aparece asentado el incidente ocurrido a las nueve horas con quince minutos en el sentido de que: `De acuerdo con el artículo 231 se procedió al nombramiento del C. René Barrón Castillo en virtud de no haberse presentado el primer escrutador María Concepción Hernández Sosa en presencia del Consejo Electoral Municipal'; lo cual en la especie significa que la Mesa Directiva de Casilla actuó conforme a lo establecido en el artículo 231 del Código Electoral y al Acuerdo Número 27 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria Número veintitrés del miércoles seis de mayo del año en curso, por el que se unificaron criterios de interpretación de los artículos 139 y 231 del Código Estatal electoral, relativos a los suplentes de la Mesas Directivas de Casilla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, Número 41, Tomo CXCIII, ya que, como es en el caso, desde las ocho horas estuvo presente el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla y de conformidad con lo establecido en los incisos b) y c) del señalado artículo 231, tomó las medidas necesarias para la instalación de las casillas después de las ocho horas con treinta minutos, y en virtud de que, como se asienta en el Acta de Cómputo Municipal, no se presentó la C. María Concepción Hernández Sosa, funcionario de esa casilla como primer escrutador, así como ningún suplente, se procedió a designar a un ciudadano para que sustituyera a la ausente antes mencionada, sustitución hecha esta conforme a lo establecido al numerario legal antes invocado, por lo que se llega a la convicción de que en la casilla en estudio sí se recibió la votación en la fecha establecida por el código electoral local.
"Con respecto a la casilla 1264 Básica, al realizar un examen minucioso de las constancias que obran agregadas al expediente, en el Acta de la Jornada Electoral se aprecia en el apartado correspondiente que la casilla se instaló a las ocho horas con veinticinco minutos; en la Hoja de Incidentes se percibe que no se reporta incidente con relación a la instalación de la casilla, únicamente se asienta el incidente reportado a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos en el sentido de que: `Se encontraron tres boletas en la mámpara (sic)', y en el Acta de la Sesión Permanente de la jornada electoral se reportó el hecho de que: `En la sección 1264 Básica se comisionó a los C.C. Consejeros Electorales Rafael Castañeda Correa y Manuel García Durán, quienes notificaron que hubo una modificación en cuanto al primer escrutador, Genoveva Serrano García, por lo que se procedió inmediatamente a hacer la suplencia correspondiente, en este caso el primer suplente general Verónica Galván Corrales una vez hecha esta modificación se instaló y se dio apertura legalmente a la misma'; documentos a los cuales se le concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, y con los cuales este órgano jurisdiccional llega a la conclusión que la casilla en estudio se instaló después de las ocho horas del día de la jornada electoral, conforme a las causas de justificación establecidas en el artículo 231 del código estatal electoral y al Acuerdo Número 27 dictado por el Consejo Estatal Electoral, por lo que es factible decretar que el partido político actor no acreditó que la votación recibida en la casilla en estudio se haya recibido fuera de la fecha establecida en el código electoral local.
"En relación a la casilla 1266 Básica, una vez analizadas las constancias que obran agregadas al expediente, se advierte que en el Acta de la Jornada Electoral se asienta en el apartado correspondiente que la casilla se instaló a las ocho horas con dieciocho minutos, observando además que en la Hoja de Incidentes que corresponde a esta casilla, no se asienta alguno sucedido el día de la jornada electoral, por lo que este órgano jurisdiccional llega a la conclusión que con respecto a la instalación de la casilla no ocurrió problema relevante alguno; lo mismo sucede en el Acta de la Sesión Permanente del día de la jornada electoral; documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, con los cuales este tribunal electoral llega a la conclusión de que efectivamente esta casilla se instaló después de las ocho horas del día de la jornada electoral, específicamente a las ocho horas con dieciocho minutos, considerando que esta circunstancia no puede considerarse como una irregularidad grave por la cual tenga que decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla en estudio, ya que de considerarlo así, estaríamos ante la presencia de que cualquier tipo de irregularidades menores o infracción diera lugar a la nulidad de la votación o elección, lo cual haría nulatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la Ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
"Por ello, este Tribunal estima que la votación recibida en la casilla 1266 Básica se llevó a cabo dentro de los plazos y términos que señala el código para tal efecto.
"Por lo que toca a la casilla 1266 Contigua, al realizar un examen exhaustivo de las constancias que obran agregadas al expediente, en el Acta del Jornada Electoral se asienta en el apartado correspondiente que la casilla se instaló a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos; percibiéndose que en la hoja de incidentes que corresponde a esta casilla, no se asienta incidente alguno sucedido con relación a la instalación el día de la jornada electoral, únicamente se aprecia un incidente el cual se consigna en los siguientes términos: `Hora 10:30 Se entrega a dos elector (sic) dos boleta (sic) no foliada de gobernador'; en el Acta de Sesión Permanente llevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Súchil, Dgo., el día de la jornada electoral se reportó el siguiente hecho con relación a la casilla en cuestión: `Ante la necesidad de la instalación de la 1266 Contigua y debido a que la C. Ma. del Carmen González González no se presentó, asimismo ninguno de los suplentes generales y que por acuerdo del Consejo se procedió a hacer la sustitución correspondiente, seleccionando al C. Palemón Cisneros Mijares para que ocupara el puesto vacante, ya que esta fue la persona más indicada y apta para desarrollar las actividades correspondientes a la persona antes mencionada'; documentos a los cuales se les confiere valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, por ser documentales públicas y con los cuales este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la casilla se instaló conforme a lo establecido en el artículo 231 del código estatal electoral y al Acuerdo Número 27 del Consejo Estatal Electoral ya referido, por lo que es factible decretar que el partido político actor no acreditó que la votación recibida en la casilla en estudio, se haya recibido fuera de la fecha establecida en el código estatal electoral.
"Por lo que corresponde a la casilla 1270 Básica, al realizar un análisis minucioso y exhaustivo de las constancias que obran en el expediente, se encuentra lo siguiente: en el Acta de la Jornada Electoral se aprecia en el apartado de `Instalación de Casilla' que la casilla se instaló a las nueve horas; en la Hoja de Incidentes respectiva, se reporta uno, el cual se refiere a la instalación de la casilla, y literalmente expresa: `Hora 8:00 faltaron funcionarios propietarios, Secretarios Primer Escrutor y Segundo Escrutador, ocupó lugar de Secretario ciudadano Juan González R. y primero y segundo escrutador los dos primeros suplentes y el tercer suplente no se presentó'; en el Acta de la Sesión Permanente, llevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Súchil, Dgo., el día de la jornada electoral, no se reportó incidente alguno relativo a la instalación de la casilla; documentos a los que se les concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 299, párrafo segundo del código estatal electoral, por se documentos públicos y con los cuales este Órgano Jurisdiccional llega a la conclusión de que existe causa justificada para haber empezado a recibir la votación después de las ocho horas, en virtud de que se llevó a cabo la sustitución de funcionarios conforme a lo establecido por el artículo 231 del código estatal electoral y al Acuerdo Número 27 tomado por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria Número 23 del día miércoles seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por el cual se unificaron los criterios de interpretación de los artículos 139 y 231 del código estatal electoral, relativos a los suplentes. Con lo que se llega a la conclusión de que la votación no se llevó a cabo en fecha distinta a la señalada por la Ley Electoral.
"Como se puede apreciar, en todos los casos existió una causa justificada para la instalación tardía de las casillas, pues como se desprende de los documentos ya analizados de las casillas en estudio, éstas no fueron instaladas exactamente a las ocho horas del día de la jornada electoral, por diversas causas, consistentes generalmente en la ausencia de los funcionarios designados por el Consejo Municipal para integrar las Mesas Directivas de Casilla, por ello que la votación empezó a recibirse después de las ocho horas, sin que esto vulnere la certeza respecto de la instalación y la recepción del sufragio; siendo aplicable el Criterio de Jurisprudencia dictado por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible en la página 714 de la Memoria 1994, que literalmente expresa lo siguiente:
`RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- Para interpretar el alcance del artículo 287, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es importante definir lo que se entiende por `fecha', de acuerdo con el criterio de interpretación gramatical previsto por el artículo 3, párrafo 2 del citado ordenamiento legal. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por `fecha' debe entenderse `dato o indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa'; por otra parte, con fundamento en los dispuesto por el artículo 174, párrafo 4 del Código de la materia, la etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del día señalado para tal efecto, y concluye con la clausura de la casilla, además de que el artículo 212, en sus párrafos 1 y 2, establece la forma en que la casilla debe instalarse, de lo que se infiere que por `fecha' para efectos de la causal de nulidad respectiva, debe entenderse no sólo el día de la realización de la votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 18:00 horas del día señalado para la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos por el propio ordenamiento electoral.'
"Por todo lo anterior, este Tribunal Estatal Electoral considera que no se acreditaron los extremos de la causal de nulidad prevista en el inciso d), párrafo primero del artículo 348 del código estatal electoral, en las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, declarándose infundado el agravio hecho valer por el promovente.
"Por cuanto ha quedado expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 25, párrafo decimotercero y 97 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Durango; 148, 149, 151, párrafo primero, fracción III, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 1, 2, párrafo segundo, 284, 285, párrafo primero, 286, párrafos primero y segundo, inciso b); 287, 292,295, 296, párrafo primero, fracción I, inciso a); 332, 334, 335, 336 y 338, párrafo primero, inciso d) del código estatal electoral; es de resolverse, y
"S E R E S U E L V E :
"PRIMERO.- Se sobresee el presente Juicio de Inconformidad respecto de la casilla 1271 Básica, en los términos del Considerando Tercero de este fallo.
"SEGUNDO.- Es infundado el presente Juicio de Inconformidad respecto de las casillas 1263 Básica, 1264 Básica, 1265 Básica, 1266 Básica, 1266 Contigua y 1270 Básica, en los términos de los Considerados Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de esta sentencia.
"TERCERO.- Se confirman los resultados consignados en las Actas de Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez otorgadas a la formula de candidatos que obtuvo el mayor número de votos, por el Consejo Municipal Electoral de Súchil, Dgo."
CUARTO. Los agravios expresados en este juicio de revisión constitucional electoral fueron:
"El 11 de julio de 1998, interpuse el recurso de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez la elección de ayuntamiento del municipio de Súchil, Durango, y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez, por existir causales de nulidad de la votación recibida en las casillas 1263 básica, 1264 básica 1265 básica, 1266 básica, 1266 contigua, 1270 básica, 1271 básica, cuyos hechos y agravios pido se tengan aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra, a fin de evitar repeticiones innecesarias.
"II. Una vez efectuado el trámite y substanciación correspondientes, el tribunal electoral responsable, emitió la resolución impugnada mediante la cual sobresee el juicio de inconformidad respecto de la casilla 1271 básica, y declara infundado el mismo con relación a las casillas 1263 básica, 1264 básica, 1265 básica, 1266 básica, 1266 contigua y 1270 básica, confirmando indebidamente los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de ayuntamiento en el municipio de Súchil y por consecuencia el otorgamiento de las constancias respectivas, efectuadas por el Consejo Municipal Electoral; motivo por el cual interpongo ahora el Juicio de Revisión Constitucional Electoral a efecto de hacer valer los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de que esa Sala Superior repare las violaciones constitucionales de la sentencia impugnada.
"Los hechos anteriormente mencionados causan al partido político que represento los siguientes
"A G R A V I O S
"PRIMERO. El considerando QUINTO de la resolución que se impugna y su punto resolutivo SEGUNDO, causan agravio a mi representado e infringen lo dispuesto por los artículos 14 párrafo final, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el tribunal responsable haciendo una interpretación indebida e inexacta de la ley desestima y tiene por infundado el agravio primero de mi juicio de inconformidad, mediante el cual alegué que:
`El hecho de que no aparezca la firma del secretario de la mesa directiva de la casilla 1270 básica, en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección para miembros del ayuntamiento, implica necesariamente que el órgano colegiado electoral denominado mesa directiva de casilla no se integró debidamente al faltar uno de sus funcionarios, y concretamente el facultado para la elaboración de tales documentos, de donde se deriva no ya la nulidad, sino la inexistencia misma del citado documento público, y no debió haberse contado la votación de una casilla que carecía de firma en el documento que sirve para acreditar los resultados, que pueden considerarse en duda formalmente hablando. Razón por la cual también solicito que dicha casilla no sea tomada en cuenta al momento de verificar el cómputo por parte del tribunal.'
"En efecto, el Tribunal responsable supone erróneamente que la ausencia de dicha firma en el acta de escrutinio y cómputo es una `simple omisión' del secretario de casilla obligado a ello, y aunque acepta que dicha irregularidad constituye violación a lo dispuesto por el artículo 232 del Código Estatal Electoral de Durango, de igual forma considera que la misma no afecta la validez del acto impugnado, y argumenta en su infundada resolución que el acta de la jornada electoral está `signada por los funcionarios de casilla aludidos, entre ellos, el Secretario, y signada también por los representantes de los partidos políticos'. Dicho criterio es infundado y sostenerlo sería tanto (guardando las proporciones) como que faltase alguna de las firmas de los integrantes del tribunal y fuera válida la resolución.
"Al respecto son de considerarse dos comentarios:
"Es un principio jurisprudencial y doctrinalmente aceptado que: un documento sin firma es la nada jurídica; irregularidad conocida, de la cual se deriva otra en el caso concreto, consistente en el hecho de que el funcionario obligado a redactar el acta final de escrutinio y cómputo, y a estampar su firma en el citado documento no estuvo presente durante el desarrollo de la votación ni durante el escrutinio y cómputo; razón por la cual, el Secretario en ninguna forma da fe de que la votación haya sido recibida por el órgano constitucionalmente facultado para ello ni que los resultados sean auténticos, y consecuentemente, debe estimarse que fue recibida tal votación no por el órgano colegiado denominado `mesa directiva de casilla' sino por un órgano distinto al facultado por el código estatal electoral, configurando la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 348 del invocado ordenamiento legal; situación que causa agravio al Partido de la Revolución Democrática al desestimar mi agravio la responsable sin motivo ni fundamento legal.
"Sabemos que el órgano electoral denominado `mesa directiva de casilla' es de carácter colegiado, integrado por un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres Suplentes Generales, en los términos del artículo 139 del Código Estatal Electoral de Durango; de modo que, al faltar uno de ellos, en especial un funcionario tan importante como el Secretario, no está debidamente integrado dicho órgano y, la votación no ha sido recibida por el organismo legalmente autorizado. El hecho aducido por la responsable en el sentido de que el Secretario sí firmó el acta de la jornada electoral, no implica necesariamente su presencia durante el desarrollo de la votación, pues dicha documental bien pudo levantarse al instalarse la casilla, y no se comprueba con certeza la presencia de dicho funcionario en las etapas subsecuentes, razón por la cual es infundado el análisis efectuado por la responsable al respecto y violatorio del texto final del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por otra parte, es de considerarse el siguiente criterio jurisprudencial de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral (Segunda Época), con relación a las firmas de los representantes de partido acreditados en la casilla en el acta final de escrutinio y cómputo:
`45. ACTAS. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO IMPLICA LA CONVALIDACIÓN DE VIOLACIONES LEGALES. A pesar de que ninguno de los representantes de los partidos políticos que actuaron en una casilla firme las actas electorales sin hacer protesta alguna, ello no quiere decir que se convaliden las violaciones cometidas a la normatividad electoral por el aparente consentimiento de los representantes de los partidos políticos y de los funcionarios actuantes en la casilla, así tales violaciones sean mínimas, máxime cuando claramente se infringe alguna disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que se trata de normas de orden público.
"SC-I-RIN-039/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de Votos.
"SC-I-RIN-041/94. Partido de la Revolución Democrática. 12-X-94. Unanimidad de Votos.
"SC-I-RIN-042/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de Votos.
"SEGUNDO. Causa agravio al partido que represento, el considerando sexto de la sentencia recurrida, en virtud de que resulta incongruente lo resuelto en este punto por el tribunal del conocimiento con lo que expresé en mi agravio relativo a la causal de nulidad de votación relativa a la casilla 1265 básica fundado en el inciso f) del artículo 348 del código estatal electoral haciendo notar que el juzgador fue omiso al practicar la inspección que como apoyo a mi agravio ofrecí oportunamente con lo cual transgredió el principio de certeza y legalidad consignado en el artículo 105 párrafo final del precitado código y consecuentemente infringen lo dispuesto por los 14 parrativa y 41 de la constitución general de la República en perjuicio de mi representado, por lo que respetuosamente solicito se practique por ese H. alto cuerpo la inspección ofrecida ya que su deshago puede ser determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla y para reparar el error que señalé en mi impugnación, si tomamos en cuenta que el número de votos anulados indebidamente es superior a la diferencia del primero al segundo lugar en la casilla 179 a 174 siendo infundada la proyección que pretende la responsable al señalar que es similar a la votación total emitida en el cómputo municipal ya que debe examinarse caso por caso lo controvertido.
"Causa también agravio al partido político que represento el considerando séptimo de la sentencia que se combate, pues la responsable aduce que no se actualiza la casual de nulidad contemplada en el artículo 348 párrafo primero inciso h) del código estatal electoral que se planteó en el agravio expresado con relación a la casilla 1265 básica, y del estudio de dicho considerando estimo que no fue bien analizada la argumentación de mi agravio y que no se encuentra tampoco bien aplicado el criterio Jurisprudencial en que se apoya el juzgador, por lo que en mi concepto se violan los artículos 14 párrafo final, 41 de la constitución general de la República en perjuicio de mi representado.
"Causa agravio igualmente a mi representado el considerando octavo de la sentencia que recurro relativa a la casilla 1265 básica al expresar mi agravio fundándome en la causal prevista por el artículo 348 inciso i) del código estatal electoral, ya que en el considerando referido el juzgador al resolver declara infundado el agravio que esgrimo por no actualizarse la causal de nulidad de la que habla el precitado artículo; considerando inexacto el criterio aplicado para resolver por parte de la responsable en este punto, al no tomar en consideración todos los elementos probatorios que se aportaron para fortalecer mi agravio, desestimando las testimoniales rendidas ante Notario Público y que llenan los requisitos previstos por el Código Estatal Electoral de Durango para hacer prueba plena así como las pruebas técnicas (fotografías) que en conjunto adminiculadas, son suficientes para anular la votación de la casilla 1265 básica por la causal invocada, por lo que al no darles el valor probatorio que conllevan, se violan en perjuicio de mi representado los artículos 14 párrafo final y 41 de nuestra Carta Magna.
"TERCERO. Causa agravio a mi representado, el hecho de que la autoridad responsable en el considerando noveno o en cualquier parte de la sentencia impugnada, hayan desestimado y omitido que el análisis de la causal de nulidad que invoque en el juicio de inconformidad respectivo (concretamente en el agravio quinto) que se reproduce a continuación:
`CAUSA AGRAVIO. Al partido que represento el hecho de que durante la jornada electoral así como unos días antes y después de la misma se hayan cometido violaciones generalizadas sustanciales en el Municipio de Súchil, con motivo de la elección de ayuntamiento como es el hecho de que la señora FELIPA SOSA FLORES militante del PRI en el municipio mencionado se haya dedicado a solicitar el voto a toda la gente que asistía a votar a la casilla instalada en la Escuela Vicente Guerrero de la Población de Súchil, es decir la casilla número 1265, y que a cambio del voto prometía el pago de una cantidad de dinero consistente en cien pesos por cada voto, según declaraciones testimoniales ante el Notario Público número 1 del Municipio de Nombre de Dios Dgo., Lic. VICENTE GUERRERO ROMERO, inscritos en el volumen 9 números 704, 705, 711, del año de 1998 rendidos por los CC. JESÚS BARRIOS ATILANO, JOSÉ MARÍA CANALES GARCÍA Y TOMAS CONTRERAS ROLDAN, por lo cual se trangrede la libertad del voto y la equidad en la competencia electoral para favorecer a uno de los partidos contendientes (PRI) y a sus candidatos miembros del ayuntamiento y para perjudica al PRD y sus candidatos. Asimismo consideramos con relación sustancial cometida durante la Jornada Electoral el hecho de que la Señorita HORTENSIA CORRES PATRACA, Candidata Suplente del PRI a Diputada por el Distrito XV anduviera convenciendo a los electores a que votaran por el candidato del PRI a cambio de promesas o despensas como lo atestiguan VERÓNICA GALVÁN CORRALES, LORENZA GAMBINO MOLINA, SUSANA PARRA GÓMEZ, rendidas ante el fedatario antes citado y cuyos testimonios números 698, 702 y 703 que obran agregados al presente escrito corroboran este hecho, y asimismo el hecho de diversos militantes o representantes del PRI, que actuaron durante la jornada electoral como el señor Dagoberto Acosta Castañeda, Miguel Chávez Montes y Julia Flores Piña anduvieran realizando acciones contrarias a lo dispuesto por el código electoral del Estado, las que se describen en los testimonios notariales rendidos por la señora Petra Betancourt Escalante, Elva Hernández Betancourt, Genoveva Ibarra Silva, Lorenza Gambino Molina, Susana Parra Gómez y otras personas en los testimonios ante el Fedatario mencionado, marcados con los números 697, 699, 700, 702, 703, lo cual constituye desde mi punto de vista prueba plena de la existencia de violaciones generalizadas durante la jornada electoral, mismas que fueron determinantes para el resultado de la elección impugnada, con mayor razón si tomamos en cuenta que dichas irregularidades ocurrieron en mucho más del veinte por ciento de las casillas de municipio y sobre todo de la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es de solamente doscientos catorce, en solamente doce casillas (sin contar la especial), como se acredita con el acta de cómputo municipal que se anexa, y configura causal de nulidad según lo establecido en el artículo 351 del Código Estatal Electoral de Durango, razón por la cual solicito la nulidad de la elección impugnada', consistente en la denuncia de violaciones generalizadas cometidas durante el desarrollo de la jornada electoral en las casillas no solo la 1265 básica, sino además la 1263 básica, 1264 básica, 1266 básica, 1266 contigua, 1270 básica y 1271 básica, instaladas en el municipio de Súchil, Dgo., atendiendo al texto del articulo 351 invocado, que señala:
La Sala del Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la nulidad de una elección de ayuntamiento cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección salvo que las irregularidades fueron imputables a los partidos promoventes a sus candidatos'.
"Considero que la responsable no siguió adecuadamente el principio de exhaustividad para la resolución con certeza jurídica del juicio de inconformidad TEE-JIN-005/98, siendo de considerar la siguiente tesis:
"EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por mas que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sala Superior. S33EL 005/97 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
"SUP-JDC-010/97. Organización Política `Partido de la Sociedad Nacionalista'. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.
"Lo anterior, en virtud de que, las irregularidades en que incurre la responsable infringen (a mi juicio) los principios de constitucionalidad y de legalidad que deben imperar en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales electorales; tomando en cuenta que, el sistema de medios de impugnación regulado en el Libro Sexto del código estatal electoral, y concretamente lo mencionado en el artículo 286, tiene por objeto garantizar tales principios, aplicando en su caso, los criterios de interpretación gramatical, sistemático y funcional en la resolución de las impugnaciones durante el proceso electoral; más aun en la parte final del primer párrafo del artículo 285 del código de la materia precisa que: ` ... a falta de disposición expresa se aplicaran los principios generales del derecho'; lo cual tiene relación directa con el párrafo final del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición que resulta infringida por el tribunal responsable, en consideración a lo expuesto en el presente agravio.
"En efecto, al invocar como causal de nulidad la existencia de violaciones generalizadas y sustanciales cometidas en la jornada electoral en el Municipio de Súchil Dgo. resulta evidente que, dicha causal se refiere a todas y cada una de las casillas impugnadas mediante el juicio de inconformidad al cual le recayó la sentencia recurrida, entre ellas las impugnaciones referidas a las casillas mencionadas en el presente agravio y en escrito de inconformidad y su conjunto, y no solamente la referida de la 1265 básica, por las sencilla razón que si la causal fuera invocada sólo respecto a esta casilla, entonces no se trataría de `violaciones generalizadas'. Y al no considerar la demanda en su conjunto, la responsable incurre en violación al principio de exhaustividad ya que no analiza integralmente su contenido y declara infundado sin causa justificada mi recurso, no obstante haberse demostrado con las documentales consistentes en los testimonios notariales que obran en autos la existencia de tal cantidad de irregularidades que sólo pueden implicar irregularidades generalizadas ocurridas durante la jornada electoral, mismas que se encuentran plenamente acreditadas ya que dichas pruebas reúnen los requisitos que exige el artículo 219 del código de la materia, son supervinientes y no están contradichas por otros medios de prueba. En todo caso el tribunal debió analizarlas y valorarlas en su justa dimensión, y en su momento definir si con las mismas se acreditaba la existencia de las violaciones generalizadas y sustanciales aducidas. Ahora bien, el hecho no debe verse en relación de las causales de nulidad específicas previstas en el articulo 348 del código invocado, sino en su naturaleza de causal genérica, que bien pueden ser distintas a las que establece dicho precepto, porque donde la ley no distingue no cabe distinguir; y así las cosas, considero que el proselitismo durante la jornada electoral, las promesas o dádivas a cambio de votos y demás acciones contrarias al código de Durango que se describen en los testimonios notariales mencionados, afectan la libertad en el ejercicio del derecho al voto y la equidad en la competencia electoral de manera grave y sistemática desde mi punto de vista, y son determinantes para el resultado de la elección impugnada, tomando en cuenta la escasa diferencia de votos entre el PRI y el PRD (186), situación que no debe ser convalidada, porque la responsable infringe lo dispuesto en el párrafo final del artículo 14 constitucional, y debe ser reparada.
"Sigue causando agravio a mi representado la sentencia que se impugna, cuando resuelve el juzgador acerca de las casillas 1263 básica, 1264 básica, 1266 básica, 1266 contigua y 1270 básica diciendo que en todas ellas la votación `se recibió en fecha indicada'. En mi agravio expresado ante la responsable con motivo de mi juicio de inconformidad, indiqué que por fecha distinta a la señalada para la elección debe entenderse no sólo el día señalado para tal efecto, sino también el horario en el que se desarrolló la elección; que en el caso concreto debió ser a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 18:00 hrs. del 5 de julio de 1998 y en la especie, el órgano resolutor, aunque aparentemente analiza y resuelve en su considerando noveno sobre cada una de las casillas arriba enumeradas, en todas coincide al resolver que la votación fue recibida en la fecha señalada, sin embargo considero que dejó fuera de estudio los argumentos y las pruebas que aporté al juicio con relación a estas casillas. Igualmente hago notar, que el mismo juzgador admite que en las actas respectivas quedaron consignadas todas las violaciones a que hago mención en mis agravios, dejando de analizar el hecho de que las pruebas que aporté en su conjunto hacen prueba plena para anular el resultado de la votación emitida en todas y cada una de las casillas impugnadas por el partido que represento y que han quedado enumeradas en el cuerpo de este escrito, por lo que considero que con estos actos se viola en perjuicio de mi partido, el artículo 348 del código estatal electoral en sus diversos inciso y con ello deviene la violación a los artículos 14 y 41 de nuestra carta magna."
QUINTO. El Partido de la Revolución Democrática aduce como primer agravio, que la sala responsable, en el considerando sexto de la resolución impugnada, realizó una indebida interpretación de su agravio hecho valer en inconformidad, al considerar que la falta de firma en el acta de escrutinio y cómputo, por parte del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, era una irregularidad que no ameritaba declarar la nulidad de la votación.
El partido promovente, con la finalidad de acreditar la aseveración anterior, esgrime los siguientes argumentos:
a) Aceptar que el acta de escrutinio y cómputo es válida sin la firma del secretario, por el hecho de estar firmada por los demás funcionarios de casilla, sería tanto como admitir que las resoluciones "del tribunal" son válidas aunque falte la firma de un magistrado.
b) Un documento sin firma es la nada jurídica, en consecuencia, si el funcionario obligado a redactar el acta de escrutinio y cómputo y a estampar su firma en dicho documento no lo hizo, ello quiere decir que dicho funcionario no estuvo presente durante el desarrollo de la votación ni durante el escrutinio y cómputo; razón por la cual el secretario en ninguna forma da fe que la votación haya sido recibida por el órgano constitucionalmente facultado, ni que los resultados sean auténticos y, consecuentemente, debe estimarse que la votación fue recibida por órgano distinto al facultado por la ley y por tanto, sí se surte la causa de nulidad contenida en el inciso e) del artículo 348 del código estatal electoral.
Las anteriores alegaciones son infundadas, como se demostrará a continuación.
En cuanto al argumento contenido en el inciso a), esta sala superior considera lo siguiente.
El partido promovente le da a la omisión de la firma del acta de escrutinio y cómputo, correspondiente a la casilla 1270 básica impugnada en inconformidad, la importancia de un elemento o requisito necesario para la validez, o incluso, para la existencia del documento, situación que en modo alguno es correcta, pues de los artículos 143, 251 y 252, párrafo cuarto del Código Estatal Electoral del Estado de Durango es posible desprender que el acta mencionada es única y exclusivamente un documento "ad probationem", mas no un documento "ad solemnitatem"; es decir, en dicha acta se asientan los resultados finales de la votación recibida en la casilla, pero no existe disposición alguna, en el Código Estatal Electoral de Durango, en el que se exija o establezca, que para que la votación emitida sea válida, es necesario que se levante y se firme por todos los funcionarios el acta de escrutinio y cómputo. Si se aceptara que las firmas de los integrantes de la mesa directiva de casilla constituyen un formalismo "ad solemnitatem" equivaldría aceptar, que la votación emitida en forma espontánea y libre por la ciudadanía está condicionada, para su validez, a que ninguno de los miembros de la Mesa Directiva de Casilla incurra en la omisión de firmar el acta de escrutinio y cómputo, lo que implicaría un absurdo.
La argumentación del actor no se ve reforzada con la comparación que hace entre la falta de firma de un funcionario de casilla en un documento electoral, con la falta de "alguna de las firmas de los integrantes del tribunal". A este respecto, se estima que la comparación mencionada no es válida, pues la actuación de los funcionarios en uno y en otro caso se rige por principios y normativas diferentes. Incluso, la comparación propuesta por el demandante le es desfavorable, puesto que al no precisar la clase de tribunal a que se refiere, pueden invocarse casos, como el de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde en conformidad con el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación las resoluciones surgen por unanimidad o por mayoría de votos, en una sesión, en la cual se cuente con la presencia de por lo menos cuatro magistrados, sin que la ley prevea que la validez de la resolución dependa del asentamiento de una firma en algún documento. De ahí que la invocación de las resoluciones de un tribunal y las firmas de sus titulares que el actor realiza, sin hacer mayores precisiones, no admita servir de apoyo a su pretensión.
En cuanto a los argumentos contenidos en el inciso b), es de considerarse lo siguiente.
El Partido de la Revolución Democrática parte implícitamente de la falsa premisa, de que la falta de firma en el acta de escrutinio y cómputo constituye la inobservancia de un formalismo "ad solemnitatem", y sobre esta base afirma, que el acta de escrutinio y cómputo en comento, por carecer de la firma del secretario de casilla es "la nada jurídica". Sin embargo, ya quedó establecido que en la legislación electoral de Durango no hay precepto alguno que sirva de apoyo para considerar, que la falta de firma de alguno de los funcionarios de casilla constituye un formalismo "ad solemnitatem". Por tanto, si no se está en presencia de un acto jurídico solemne no cabe aceptar, que la inobservancia del formalismo conduzca a la inexistencia del acto, es decir, a la nada jurídica, como inexactamente lo sostiene el demandante.
Por otra parte, del hecho conocido consistente en que en el acta de escrutinio y cómputo no está asentada la firma del secretario de casilla, el actor pretende elaborar la presunción de que dicho funcionario no estuvo presente en la jornada electoral y que, por tanto, la votación fue recibida por personas u organismos distintos a los facultados por la ley.
En efecto, en términos del artículo 232 del Código Estatal Electoral de Durango, los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla deben firmar las actas que se levantan en dicha casilla. Sin embargo tal omisión, por sí sola no constituye un elemento que evidencie fehacientemente, la ausencia del funcionario en la jornada electoral.
El actor trató de elaborar una presunción humana, pero para que ésta se dé, es necesario que se parta de un hecho conocido y que de él se derive como consecuencia única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el pretendido hecho desconocido.
En este caso no se dan tales elementos, pues el hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté firmada por el secretario, no lleva a concluir necesariamente que fue porque dicho secretario no estuvo presente durante la jornada electoral, ya que existen un sinnúmero de causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. Como puede apreciarse, la falta de firma de un acta no tiene como consecuencia única, ordinaria y fácil, la de que el secretario haya estado ausente.
Además, existen otras circunstancias, que impiden obtener la convicción de que el secretario de la casilla no estuvo presente durante la recepción de la votación, según lo pretende el actor.
En efecto tanto el acta de cómputo como la de la jornada electoral fueron firmadas por lo demás funcionarios de la casilla, así como por lo representantes de los partidos políticos, entre ellos el actor. El acta de la jornada electoral fue firmada por el secretario. Por otra parte, en dichas actas no se hizo constar la existencia de incidentes, como pudo haber sido, la ausencia del secretario, hecho que es de gran relevancia, según lo acepta el demandante y que, por consiguiente, de haber acontecido, lo más seguro es que hubiera sido asentado en cualquiera de las actas en comento.
El promovente de este juicio afirma, que no es relevante la firma del secretario en el acta de la jornada electoral, porque ésta pudo llenarse desde el inicio de la votación. A este respecto se considera que no asiste razón la actor, porque no hay dato alguno en el expediente que permita afirmar, que el acta de la jornada electoral fue llenada desde el inicio de la votación y que, posteriormente el referido secretario se hubiera ausentado. En segundo lugar, la situación invocada por el demandante no es la ordinaria, porque en el acta de la jornada electoral existen datos que no pueden ser conocidos desde el inicio de ese acto, por ejemplo, la hora en que la votación se cierra y su causa. Se insiste también en que, si en el caso hubiera acontecido lo que sostiene el actor, en el sentido de que el secretario se hubiera retirado después de que desde el principio se hubiera llenado el acta de la jornada electoral, lo más seguro es que esa situación anormal habría sido notada en la parte correspondiente a las incidencias; pero como antes se vio, esto no ocurrió y los representantes de los partidos políticos, incluido el Partido de la Revolución Democrática dieron fe de ello, al asentar sus firmas en cada una de las actas mencionadas.
Por todas esta razones no es de aceptarse que el tribunal responsable debiera haber partido de la base de que la votación se recibió sin la presencia del secretario de la casilla y que en tal virtud, procediera la pretendida nulidad.
SEXTO. El Partido de la Revolución Democrática aduce, en el segundo de sus agravios los siguientes argumentos:
a) El tribunal responsable fue omiso en practicar la inspección que en forma oportuna se ofreció en el juicio de inconformidad, para acreditar el error que hubo en el cómputo de los votos en la casilla 1265 Básica;
b) En el considerando séptimo, de la resolución impugnada, se concluyó, que no se actualizaba la causa de nulidad contemplada en el artículo 348, párrafo primero, inciso h), del Código Estatal Electoral de Durango; pero sin que hubiera sido analizado correctamente el agravio correspondiente y sin que se hubiera aplicado adecuadamente el criterio de jurisprudencia en el que se apoyó el tribunal responsable para resolver;
c) El tribunal responsable violó los artículos 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no tomó en cuenta elementos probatorios ofrecidos para fortalecer el agravio que se hizo valer y se desestimaron testimonios rendidos ante notario público y pruebas técnicas (fotografías), que llenan los requisitos previstos en el Código Electoral Estatal de Durango, para hacer prueba plena y que adminiculadas son suficientes para anular la votación de la casilla 1265 Básica, por haberse ejercido violencia o presión sobre los electores.
Las alegaciones relacionadas con el inciso a) son inoperantes.
Debe tenerse en cuenta que en conformidad con el artículo 297 de Código Estatal Electoral de Durango, existen pruebas que pueden ser ofrecidas por las partes y pruebas cuyo desahogo queda a discreción de los órganos competentes. Entre la primera clase de probanzas pueden citarse, las documentales públicas y privadas, las técnicas, la presuncional, la instrumental de actuaciones, la de confesión y la testimonial.
Dentro del segundo grupo puede citarse, el reconocimiento o inspección judicial y la pericial. En lo conducente, el citado precepto expresa: "Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se puedan modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada."
La anterior transcripción evidencia que, en principio, queda a discreción del órgano de conocimiento la recepción de la prueba de inspección, la cual es posible desahogar, si se dan los elementos mencionados en la parte transcrita.
En tal virtud, sólo podría considerarse que el tribunal responsable utilizó indebidamente la citada facultad discrecional, si estuviera demostrado, que la prueba de inspección no fue recibida, a pesar de que dicho órgano jurisdiccional contaba con elementos suficientes para considerar que la violación aducida ameritaba el desahogo de la probanza; que los plazos permitían que la inspección fuera desahogada y que de perfeccionarse la prueba se hubiera podido arribar a la nulificación de la votación en la casilla de mérito.
Sin embargo, en el agravio que se examina nada se dice sobre alguno de los puntos mencionados, pues el actor no expone algún razonamiento para demostrar la necesidad de la recepción de la probanza, la oportunidad de su desahogo o la eficacia de su resultado, sino que simplemente se concreta a señalar la omisión en la práctica de la diligencia correspondiente y a aducir la inobservancia de los principios de certeza y legalidad y la conculcación de los artículos 14 y 41 constitucional. De ahí que no exista base alguna para considerar, que el tribunal responsable utilizó ilegalmente el arbitrio que le concede la ley para la recepción de la prueba de inspección.
En cuanto a la petición del actor de que esta sala superior practique la inspección judicial, tal solicitud debe ser denegada, porque en términos del artículo 91, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral está proscrito el ofrecimiento y la admisión de probanzas. La excepción a esta regla general se refiere al caso de pruebas supervenientes; pero la inspección mencionada no tiene tal calidad, porque no hay base alguna para considerar, que el tema de la prueba hubiera surgido después de la emisión de la resolución reclamada, o bien, que la probanza no se hubiera podido aportar, por un desconocimiento, por parte del oferente o de la autoridad, o por haber existido obstáculos insuperables para su desahogo.
En cuanto al argumento contenido en el inciso b), esta sala lo considera inoperante, puesto que el promovente se constriñe a manifestar, que "estima" que el tribunal responsable no analizó bien la argumentación de su agravio y que no aplicó correctamente el criterio de jurisprudencia en que apoyó su resolución, sin manifestar o esgrimir los argumentos o las consideraciones por las que considera que el tribunal analizó incorrectamente su agravio o aplicó indebidamente el criterio de jurisprudencia; lo anterior implica que el actor formuló una simple aseveración dogmática, de carácter subjetivo, que no está encaminada a desvirtuar los razonamientos y argumentos de la sentencia impugnada; de ahí la inoperancia señalada.
En cuanto al argumento contenido en el inciso c), es de considerarse lo siguiente.
En el juicio de inconformidad, para acreditar que en la casilla 1265 Básica había existido violencia o presión sobre los electores, el Partido de la Revolución Democrática ofreció varios testimonios producidos ante fedatario público, así como veinticinco fotografías.
El tribunal responsable resolvió sobre tales probanzas (a fojas 35, 36 y 37 de la resolución impugnada), que las documentales eran insuficientes para acreditar la causa de nulidad invocada, puesto que por lo que se refería a los testimonios rendidos ante el fedatario, éstos eran ineficaces, porque los testigos no habían dado la razón de su dicho, lo cual impedía apreciar las circunstancias de las cuales depende el valor de la prueba, y que de las fotografías no podía desprenderse alguna relación entre lo impreso en ellas con algún hecho sucedido en la casilla, además de que el promovente no identificaba personas, lugares o circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Como se puede apreciar, el tribunal responsable sí tomó en cuenta las probanzas a que se refiere el ahora promovente, razón por la cual no existe la omisión que aduce en la primera parte de su argumento.
Por otro lado, es de advertirse, que en el agravio que se examina, el actor no desvirtúa las consideraciones esgrimidas por el tribunal responsable, porque en la demanda no se expone algún argumento para demostrar que, contrariamente a lo señalado por dicho órgano jurisdiccional, en la documentación electoral y en la demanda de inconformidad sí habían sido expresados hechos descriptivos de actos de presión hacia el electorado. El demandante tampoco expone un razonamiento para evidenciar que, opuestamente a lo indicado en el fallo impugnado, los testigos que rindieron sus declaraciones ante fedatarios públicos sí habían proporcionado la razón de sus dichos, o bien, que aun cuando algunos de ellos habían omitido hacerlo, por alguna razón legal, sí había base para poder apreciar, que los deponentes habían actuado sin coacción o sin que mediara soborno, y que los hechos narrados habían sido conocidos directamente por ellos. El promovente de este juicio es igualmente omiso en referirse a las consideraciones del tribunal responsable sobre las veinticinco fotografías, pues nada dice para demostrar, por ejemplo, que en su escrito de inconformidad sí señaló concretamente los hechos específicos que pretendía demostrar con cada fotografía y que sí había identificado las personas y lugares a que se refería en tales fotografías.
En estas circunstancias, la falta de impugnación mencionada provoca que las consideraciones de la sala responsable permanezcan incólumnes y, por tanto, continúen siendo aptas para seguir rigiendo el sentido del fallo.
SÉPTIMO. El Partido de la Revolución Democrática aduce en su tercer agravio que, la sentencia impugnada viola en su perjuicio los artículos 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) La sala responsable omitió y desestimó el análisis del quinto agravio hecho valer en inconformidad, consistente en que hubo violaciones generalizadas en siete casillas del Municipio de Súchil, por lo que procedía la nulidad de la elección, en términos del artículo 351 del Código Estatal Electoral de Durango;
b) La sala responsable, al considerar que en cinco casillas la votación sí se había recibido en la fecha indicada, dejó fuera el estudio de argumentos y pruebas que se aportaron en el juicio de inconformidad, con relación a dichas casillas, no obstante que sala responsable reconoce que, las violaciones quedaron consignadas en las actas respectivas.
A continuación, por razones de método y orden lógico se estudiará primero la argumentación aducida por el promovente en el inciso b) y con posterioridad la contenida en el inciso a).
El Partido de la Revolución Democrática impugnó en inconformidad cinco casillas, por la causa de nulidad consistente en haber recibido la votación fuera de la fecha señalada por la ley, para lo que argumentó en el juicio referido que, por fecha debe entenderse no sólo el día, sino también la hora, y que la totalidad de dichas casillas había sido instalada con posterioridad a las ocho horas.
Por su parte, la sala responsable en el cuerpo de la resolución impugnada, concretamente en el considerando noveno, realiza el estudio minucioso de dicha causa de nulidad, en relación a las casillas impugnadas y concluye, tal y como consta a fojas 40 a 48 de la citada resolución impugnada, que, efectivamente, tales casillas fueron instaladas con posterioridad a las ocho horas; que sin embargo, ello se debió a que en todos los casos existió una causa justificada para la instalación tardía de las casillas, pues en tres casos no se presentó la totalidad de los funcionarios de casilla y hubo de proceder al nombramiento correspondiente y, en los otros dos casos, el retardo fue consecuencia de la organización y de poner en orden el material electoral correspondiente.
En la resolución impugnada se advierte también que el tribunal responsable revisó las respectivas actas de cada casilla, así como las correspondientes hojas de incidentes, en las que no aparece registrada alguna irregularidad grave, que pudiera poner en duda la libre emisión del voto por parte de los ciudadanos.
Como se puede apreciar, el argumento esgrimido por el promovente es infundado, porque contrariamente a lo sostenido por éste, el tribunal responsable no omitió el examen de los argumentos relacionados con la pretendida nulidad de la votación en las casillas que en su oportunidad precisó. Tampoco omitió el examen de las probanzas relacionadas con la pretendida nulidad y, si bien, dicho órgano jurisdiccional no acogió la pretensión de nulidad, ello se debió a que en tales probanzas no advirtió que existiera conculcación a la ley, que ameritara la sanción pretendida.
En este punto se advierte también, que el actor no desvirtúo las consideraciones del tribunal responsable, porque ningún argumento expone para demostrar, por ejemplo, que el citado tribunal incurrió en alguna inexactitud al apreciar las actas de la jornada electoral. En efecto, el demandante no se refiere a que, contrariamente a lo señalado en el fallo impugnado, en las actas de la jornada electoral no están explicadas las causas por las que, las casillas se abrieron con posterioridad, las causas por las que fueron sustituidos funcionarios de casilla, etcétera.
De ahí que la falta de impugnación señalada provoca, que las consideraciones del tribunal responsable permanezcan intocadas y, por tanto, sean aptas para producir plenos efectos jurídicos.
En cuanto a la violación contenida en el inciso a)
este órgano jurisdiccional considera que dicha violación es inoperante, por las siguientes consideraciones.
En efecto, consta en autos que el entonces promovente en el juicio de inconformidad argumentó como parte de su quinto agravio: "...la existencia de violaciones generalizadas durante la jornada electoral, mismas que fueron determinantes para el resultado de la elección impugnada, con mayor razón si tomamos en cuenta que dichas irregularidades ocurrieron en mucho más del veinte por ciento de las casillas del municipio y sobre todo de la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es de solamente doscientos catorce, en solamente doce casillas (sin contar la especial), como se acredita con el acta de cómputo municipal que se anexa, y configura causal de nulidad según lo establecido en el artículo 351 del Código Estatal Electoral de Durango, razón por la cual solicito la nulidad de la elección impugnada."
Del estudio que esta sala superior realizó de la sentencia impugnada se observó que la sala responsable omitió dar respuesta al argumento transcrito, pues al realizar el estudio del contenido del quinto agravio manifestado por el entonces promovente en el juicio de inconformidad, se constata con claridad, que únicamente se ocupó de la parte primera de dicho agravio, en cuanto a las irregularidades que habían existido en la casilla 1265 Básica, por lo que se refiere a la causa de nulidad consistente en ejercer violencia o presión sobre los electores.
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta sala superior realizará, con plenitud de jurisdicción, el estudio de la violación esgrimida en inconformidad por el Partido de la Revolución Democrática y sobre la cual no se pronunció la sala responsable.
La citada violación es inoperante, pues en el quinto agravio de inconformidad, el actor sólo se refiere a las supuestas violaciones sucedidas en la casilla 1265 Básica, y de ahí parte para decir, que existieron violaciones similares en más del veinte por ciento de las casillas instaladas en el Municipio de Súchil. Sin embargo, el promovente no identifica, por un lado, las casillas en las que se dieron dichas irregularidades y, por otro lado, tampoco específica en qué consistieron las irregularidades que según su dicho sucedieron en más del veinte por ciento de las casillas que integran el citado municipio.
Por otra parte, del estudio pormenorizado que este órgano jurisdiccional realizó de las constancias que obran en autos no se constató la existencia de irregularidades sucedidas en las casillas que integran el Municipio de Súchil, el día de la jornada electoral. Por tanto no hay base para considerar que en el presente caso se hubieran producido irregularidades que hubieran podido conducir a la pretendida nulidad.
Por todo lo anteriormente señalado, esta sala superior concluye, que al haberse desestimado los argumentos del Partido de la Revolución Democrática, actor en el presente juicio, ha lugar a confirmar la sentencia impugnada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción IV, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 6, 22, 25 y 93, párrafo I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de resolverse y se
ÚNICO. Se confirma la resolución de trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, en el juicio de inconformidad, tramitado en el expediente TEE-JIN/005/98.
Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución Democrática, en el domicilio señalado en autos para tal efecto, al Partido Revolucionario Institucional, por correo certificado, en el domicilio que obra en autos, por no haber señalado domicilio en esta ciudad; y a la autoridad responsable, mediante oficio al que se anexa una copia certificada de la presente resolución, con la devolución de los autos originales, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.