Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2018/acuerdos_y_sentencias/ays_407_18.php
Timestamp: 2019-05-23 02:53:28
Document Index: 276079227

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 8', 'artículo 247', 'artículo 193', 'artículo 180', 'artículo 192', 'artículo 51', 'artículo 246', 'artículo 17', 'artículo 248', 'artículo 180', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 192', 'artículo 203']

Acuerdo y Sentencia 407/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 407/18
EXPEDIENTE: "PARANA FUNCIONAL C/ RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, y MIRYAN PEÑA CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver el recurso de apelación y la nulidad interpuesta contra el Acuerdo y Sentencia N° 325 de fecha 05 de febrero de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, BENITEZ y PEÑA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: El Abogado Fiscal, desiste expresamente del estudio de la nulidad (fs. 138), lo que conjugado con la ausencia de vicios procesales que habiliten a la posible declaración oficiosa, con amparo del artículo 113 del Código Procesal Civil, torna inevitable el desistimiento solicitado. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA PEÑA CANDIA AGREGÓ: En cuanto a la primera cuestión planteada, me adhiero al voto del ministro preopinante, existiendo un desistimiento expreso del recurrente y al no encontrarse vicios o defectos procesales que justifiquen la nulidad de la resolución recurrida. En consecuencia, corresponde TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad deducido. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL MINISTRO BENITEZ RIERA EXPRESÓ SU ADHESIÓN A LOS VOTOS QUE ANTECEDEN POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: El representante de la entidad fiscal, al sustanciar el recurso de apelación interpuesto por su parte, indica "sobre la falta de comprobación del vínculo comercial entre los proveedores IPC S.A y TRANSCARRETERA S.R.L con la firma PARANA FUNCIONAL, señalando el argumento del Tribunal de grado como agravio de su representada, refiriendo que la prueba pericial confirmó las firmas como de los señores CAYO RAMÓN MONGES y ENRIQUE ROMERO SOLALINDE, ambos representantes de cada una de las firmas citadas, lo que consideró impertinente ya que con apoyo de la doctrina procesalista, sostiene que la pericia debe ayudar a la resolución de una cuestión que el magistrado no puede resolver por sí solo, y no aquello que si puede hacerlo, como el conflicto suscitado en el presente caso. Impugna la decisión del Tribunal de Cuentas, que soslayó la actuación administrativa, en la que los auditores de la SET constataron que el contribuyente había declarado como IVA e IRACIS, créditos fiscales, costos y gastos respaldados con comprobantes de supuestas operaciones comerciales entre la contribuyente intervenida y los supuestos proveedores, quienes habían negado haber realizado tales, remitiéndose a modo probatorio a dos expedientes administrativos que los individualiza, en que el personal fiscal interviniente se había ratificado respecto a la diferencia detectada de los montos que la firma actora había declarado impositivamente, lo que sustentó la calificación de de la autoridad tributaria de operaciones comerciales inexistentes detectadas y denunciadas por su parte, aunque en avance de su fundamentación califica de operaciones que "prácticamente no existieron" (fs. 404). Sostiene que la negación de las firmas IPC S.A, la que había declarado no haber operado comercialmente nunca desde su constitución y que la actividad de la misma correspondía a rubro distinto al declarado; el caso de TRANSCARRETERA S.R.L, cuyo propietario había testificado en el sumario administrativo negando su carácter de proveedor, y que hacía cuatro años anteriores a la fecha de las facturas detectadas, que dicha firma no venía operando; Rosa Juliana Ruíz, Carol Shop S.R.L y Top Cell S. A de vínculo comercial con la contribuyente demandante en autos, no había sido rebatida por la propia firma actora, por lo que a decir del apelante, tampoco debió el Tribunal inferior hacerlo, como cuestiona que lo hizo en el fallo aquí recurrido. Con referencia del apelante al informe del auditor interno, señala que se limitó al reconocimiento de aspectos meramente formales de los comprobantes impositivos de la firma fiscalizada, cuando que la cuestión de fondo versó sobre la existencia o falsedad de las operaciones comerciales instrumentadas en las mismas, b) SOBRE LAS FACTURAS IMPUGNADAS. Resultó también objetado en apelación la no demostración por la fiscalizada tanto en sede administrativa como dentro del presente contencioso administrativo, una erogación real en los términos del artículo 8, concordante con los artículos 86 y 247 todos de la Ley N° 125/91. Indica que la sola oposición del contribuyente, sin ofrecer elementos de probanzas que desvirtúen la irregularidad denunciada, no hace mérito suficiente que permita concluir la veracidad, como lo hizo el fallo apelado, basando este punto en el voto que quedó en minoría en instancia básica, c) SOBRE LA SANCIÓN APLICADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A LA FIRMA PARANÁ FUNCIONAL SACTI: defiende la motivación de los actos administrativos atacados en el presente juicio, y basa también su postura cuestionadora en el principio de realidad económica, prevista en el artículo 247 de la Ley N° 125/91, para sostener seguidamente que se cumplen las presunciones previstas en los artículos 173, numerales 1, 3 y 5 y; 174, numeral 12) de la norma tributaria antes indicada, ya que había sido detectado contradicción entre los libros de contabilidad de la contribuyente y los documentos contables analizados, d) SOBRE LAS COSTAS. Las que fueron impuestas al Ministerio de Hacienda, lo que a decir de la recurrente, genera también agravio a su parte, invocando a favor del recurso planteado el artículo 193 del Código ritual, nuevamente con extensas citas de la doctrina procesalista nacional y argentina, concluyendo que corresponde corran en el orden causado, ya que no hubo error grave demostrable que resulte atribuible a la administración tributaria, como tampoco - a decir de la impetrante - existan precedentes jurisprudenciales asimilables al caso, trascribiendo parcialmente un precedente de esta misma Sala, en el que así había sentenciado. Solicita la procedencia del recurso de apelación y la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 325 de fecha 05 de setiembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
CONTESTACIÓN DE LA PARTE RECURRIDA - LA FIRMA CONTRIBUYENTE INTERVENIDA
La representación técnica de la firma contribuyente, contesta cada uno de los puntos significados como expresión de agravios, siendo el primero: SUPUESTA INEXISTENCIA DE VÍNCULO COMERCIAL: sobre lo que la parte apelada, reconoce la negación inicial de las firmas de las que había adquirido bienes, siendo estas IPC S.A y TRANSCARRETERA S.R.L, situación posteriormente variada ya en sede administrativa, siendo dicho error rectificado por los propios directivos de las mismas. Dicha rectificación mereció prueba pericial, por la que se corroboró la coincidencia de las firmas, negando, pero posteriormente admitiendo el vínculo comercial entre las mismas como proveedoras y la contribuyente intervenida fiscalmente, lo que permitió al Tribunal fallar en el sentido que lo hizo, indicando que el órgano jurisdiccional carece de la posibilidad de asumir lo que expone como la veracidad caligráfica, pericia que también resultó desmeritada por la apelante, por considerar la cuestionadora que no aportó nada como apoyar en ella el fallo, ya que consideró que el Tribunal goza de suficiente capacidad y conocimiento para resolver la cuestión. Pese a ello, en el escrito de expresión de agravios, la apelante se aventuró a calificar de "supuesto reconocimiento" indicando la ubicación de tal dicho. Respecto a lo que fue expuesto como PROVEEDORES DEL PROVEEDOR, procedió a contestar que las inconductas de cada contribuyente, deben ser soportadas por cada infractor, invocando como sustento legal, el artículo 180 de la Ley N° 125/91, cuestionando lo sucedido en el presente caso, que se quiso cargar con las responsabilidades imputables de los proveedores, encabeza de la firma apelada. Reseña que la firma actora, a la que representa, había mantenido vínculo comercial con IPC S.A y, ésta última con Carol Shop S.R.L, Rosa Juliana Ruíz y Top Cell S.A. La negación de vínculo comercial de las tres últimas entidades comerciales citadas, con la firma que finalmente resultó proveedora de su representada, manifiesta que no puede valerle responsabilidad alguna, mucho menos una sanción por infracción impositiva, ya que nunca tuvo relación con las firmas que proveyeron de mercaderías a la que finalmente resultó proveedora de la firma fiscalizada, agregando que tampoco corresponde al contribuyente la investigación de infracciones tributarias, citando jurisprudencia de Sala en dicho sentido. Sostiene que la posibilidad de afectación a su representada por hechos reprimidos por la norma tributaria, hubiera sido de haberse demostrado la participación en hechos cometidos por otros contribuyentes - como sostiene sucedió entre la firma IPC S.A y sus proveedores - sin que así haya sucedido, por que niega que la firma actora haya cometido ilícito alguno. Respecto a la situación con la firma TRANSCARRETERA S.R.L, segunda firma que proveyó a su representada, califica de misma situación. Al evacuar el traslado, respecto A LAS PRUEBAS, sobre lo que el apelante sostuvo que el profesional se había limitado a la revisión formal de los comprobantes y declaraciones juradas, pero sin considerar la cuestión de fondo, la inexistencia de tales operaciones comerciales, instrumentadas con dicha documentación. Cita a doctrina administrativista, con otro precedente jurisprudencial de esta misma Sala, que en el contencioso administrativo, como en toda la materia de derecho público, la carga probatoria es compartida por las partes. Las declaraciones de facturas contado, como a crédito, sostiene no afecta la determinación del gravamen, ya que los montos fueron consignados correctamente y cumplida la obligación en el periodo ordinario al efecto. Referente a las retenciones practicada a los proveedores de la firma PARANA FUNCIONAL, defendió la comprobación de las mismas pero sin que hayan sido consignados por el fiscal para la determinación de lo que supuestamente fue dejado de tributar, resultando calificado como infracción, lo que cuestiona que el apelante no puede desconocer tal hecho, a decir de esta representación convencional, debidamente comprobado en sede administrativa como también la judicial, referido expresamente por el Tribunal en su fallo. Tal desconocimiento por parte de la autoridad administrativa, se traduce en la pretensión fiscal de exigir una obligación ya cumplida con anterioridad, refiriendo que ello permitió al a quem, concluir que no es suficiente la sola presunción, la que tampoco pudo primar por sobre la documentación auditada, sin otros medios probatorios que lo desvirtúen. Finaliza la contestación, respondiendo sobre LAS COSTAS, tema también apelado y al que sostiene que la apelante pretendió hacer parecer como una cuestión que se preste a controversia, buscando probar su alegación en el voto disidente del fallo apelado, basado en el parecer de un Magistrado que quedó en minoría y, siendo voto minoritario componente de un Tribunal, asume el resistente a la apelación, que los fallos de los órganos colegiados como afirma que resultan los tribunales - no se analizan por fracciones, sino como un todo, por lo que no puede alterar el principio general, por el cual la parte vencida debe soportar las costas del proceso, previsto en el artículo 192 del Código de ritos aplicable. Agrega que tampoco la buena fe invocada por la representación fiscal, conforme a la conducta procesal presentada en ambas instancias, lo pueden hacen merecedor de la exención de costas, cuando que a decir del apelado, ello es obligación de toda parte procesal (a la que incluye al Estado) conforme al artículo 51 del Código Procesal Civil, y que lo que resulta sancionado, es la mala fe del litigante, con un incremento en las costas del proceso. Solicita el rechazo del recurso y la confirmación del fallo apelado.
En el primero de los cuestionamientos del recurrente en alzada, resulta sobre la pertinencia de la pericia practicada aún en fase administrativa, la que a propuesta de la firma actora, tras la negación inicial de los representantes de dos entidades comerciales, que documentalmente resultaban proveedoras de la demandante de autos, constituyendo para esta los comprobantes emitidos en tales documentos, crédito fiscal, que resultó impugnado por la autoridad fiscal, para dentro del propio sumario administrativo, en actos procedimentales posteriores, los representantes de ambas firmas, negantes, habían declarado contradictoriamente la veracidad del vínculo comercial de sus representadas (las firmas comerciales que documentalmente resultaban proveedoras de la parte apelada) con la fiscalizada.
La pericia, entre otras cosas, verso en la confirmación que las firmas de quienes negaron, resultaban las mismas de quienes posteriormente se rectificaban, variando su postura inicial, arrojando un resultado positivo.
El valor probatorio de dicha prueba pericial, aquí desmeritada, resulta inoportuna, ya que la misma había sido cumplida por ante la misma autoridad, la que no mereció objeción oportuna alguna, sino una silente aprobación por parte de la hoy parte apelante.
Por otro lado, dichas pericias integran el conjunto de instrumentales que conforman los antecedentes administrativos del presente juicio, lo que conforme constancia de autos, había sido objeto de materia probatoria ofrecida por ambas partes ante el Tribunal de Cuentas, tanto por la demandada (fs. 141) como la actora (fs. 143), plenamente admitida, por proveído de fecha 20 de julio de 2016, dictado por la Presidencia del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala (fs. 146).
Resulta ilógico desmeritar una prueba ofrecida por la propia impugnante, a lo que agrego que la amplitud probatoria, habilitó al Tribunal de grado, la consideración respecto a dicha pericia, conforme previsión del artículo 246 del Código Procesal Civil, respecto a una prueba que había permitido al a quem fallar con certeza respecto a la variación de la postura de las firmas, las que finalmente habían asumido de manera conteste las calidades de proveedoras (antes negadas), basada en la absoluta coincidencia del origen de ambas firmas de los representantes de tales empresas, las que habían sido estampadas en notas remitidas por los propios representantes de las firmas IPC S.A y TRANSCARRETERA S.R.L a la Sub Secretaría de Estado de Tributación. Ello torna un argumento no atendible a los efectos de la resolución de la presente apelación.
El hecho que las declaraciones contables respecto operaciones comerciales mantenidas entre la firma apelada e IPC S.A y TRANSCARRETERA S.R.L, en rubros distintos para los que habían sido inscriptos, para el caso de una de ellas o; en periodos fiscales posteriores al cese de operaciones para la otra contribuyente proveedora, el reconocimiento de ambas sociedades, de haber estado ligadas comercialmente en carácter de proveedoras, posiciona a las mismas como directas responsables ante la expedición de tales facturas timbradas, lo que vindica la veracidad de tales operaciones, como los montos en ellas instrumentadas, sin que ello deba ser nuevamente acreditada por parte de la firma auditada, si no que ello debió pesar, ante un eventual requerimiento de la autoridad administrativa tributaria, en cabeza de los contribuyentes libradores de tales comprobantes (IPC S.A y TRANSCARRETERA S.R.L).
En el presente caso, el fisco, una vez más, se limitó a cuestionar y sancionar a una contribuyente que careció de responsabilidad, al menos directa o de un modo detectable, ante una posible situación de irregularidad impositiva, cuya investigación no trascendió, ni al menos, pareció haber sido intentada al efecto de su aclaración, ni de la determinación del o los responsables del hecho.
Dicha pasividad en la gestión investigadora de la autoridad fiscal, no puede ser cargada sobre un contribuyente cuya conducta ante la intervención del personal fiscalizador no se compadece a la de un infractor, cuando conforme constancia de autos, hubo reconocimiento expreso que la fiscalización que le fue practicada por personal de la SET, se basó sobre comprobantes, cuyos valores ni aspectos formales, hayan sido desmeritados por los fiscalizadores, sino muy contrariamente reconocido expresamente que habían sido objeto de pericia, resultando conclusión de la referida pericia, la calificación de formalmente correctos los materiales peritados (facturas y declaraciones juradas).
Pese a la presentación de tales documentos contables, fue requerida por la autoridad administrativa, la demostración de la veracidad de tales erogaciones, conforme a los artículos 8, 86 y 247 de la Ley N° 125/91, sin embargo, si tales comprobantes o las operaciones en ellas registradas, fueren objeto de dudas, incumbió al personal interviniente la desvirtuación de la veracidad de los mismos, sin que así haya sido, basándose la representación apelante simplemente en el voto de la minoría sin otro sustento.
La inversión de dicha carga probatoria, implicaría contrariar la presunción de inocencia, que para el sub lite, asiste a la contribuyente fiscalizada, garantía constitucional, institucionalizada en el artículo 17 de la Constitución Nacional, numeral 1), lo que no sólo resultaría ilegal, sino impracticable por arbitraria e inconstitucional.
El calificativo dado por el Abogado Fiscal en su segundo fundamento otorgado con referencia a la sanción aplicada (fs. 144) de "prácticamente inexistente" respecto a las operaciones documentadas en las facturas sobre las que había sido cumplida la intervención a la contribuyente, sosteniendo tal afirmación en la negación de los proveedores, firmas emisoras de tales comprobantes, justifica, primero la correspondiente aclaración que toda sanción administrativa, no puede ser sostenida en ninguna "prácticamente existencia o inexistencia", ya que cualquier falta de certeza, implica duda y, la que a su vez de presentarse en cuestiones tributarias, resulta OBLIGADAMENTE a favor del contribuyente en todos los casos, conforme al párrafo final del artículo 248 de la Ley N° 125/91.
Como segunda aclaración, la negación por parte de las empresas proveedoras de haber mantenido relación comercial con la contribuyente intervenida, ya fue objeto de referencia, negaciones que fueron cambiadas por las propias firmas, en sendos informes, lo que desecha el presente argumento del apelante fiscal, ya que fue diametralmente variada, aunque sin consecuencias para las mismas pese a las responsabilidades que deberían pesar sobre tales representantes respecto a las firmas a las que representan, conforme los artículos 181 y 184 de la Ley N° 125/91, por quienes habían finalmente admitido, la expedición de tales facturas.
La responsabilidad por obligaciones ajenas, ha sido establecida no con un criterio formal sino a título represivo, que responde a fundamentos de dolo y culpa y, a cuyos efectos debe realizarse la conducta del responsable, lo que tuvo su fuente en el ordenamiento impositivo alemán, adoptado por los principios dominantes en el derecho tributario comparado, como por la doctrina, siendo igualmente seguido por la tributación nacional.
La situación descripta en los fundamentos de expresión de agravios del Abogado Fiscal, no puede resultar enmarcada a ninguno de los numerales de los artículos 173 ni 174 de la Ley tributaria ya citada, por no compadecerse a las previsiones en ellos previstos, como impropiamente lo sostuvo el apelante.
Así, la presente apelación muestra los mismos matices de juicios contencioso administrativos ya antes resueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los que había sido atacada por la administración, la responsabilidad de quien no mereció la calificación de infractor del ilícito tributario de defraudación, como claramente lo prevé el artículo 180 de la Ley N° 125/91, que trascripta dispone: "La responsabilidad por infracciones tributarias, independientemente de su tipificación en la legislación penal, es personal del autor, salvo las excepciones establecidas en esta ley." (Sic.), entre los que pueden ser citados juicios, en los que se había sentenciado en idéntico sentido y con similares fundamentos, pudiendo ser individualizados: CAMPING 44 S. A. c/ Resolución R.P. N° 382 de fecha 28 de noviembre de 2008, dictadas por el Vice Ministerio de Tributación del Ministerio de Hacienda, resuelto por Acuerdo y Sentencia N° 1464 de fecha 04 de noviembre de 2013 y, SAVEIRO S. R. L. c/ Resolución N° 274 de fecha 16 de octubre de 2007, y la Resolución N° 49 de fecha 18 de junio de 2008, dictada por la Sub Secretaría de Estado de Tributación, resuelto por Acuerdo y Sentencia N° 678 de fecha 13 de setiembre del 2011, ambos dictados por esta Corte Suprema de Justicia.
Las costas de la instancia cumplida por ante el Tribunal de Cuentas, último punto apelado, el que tras haber prosperado íntegramente la pretensión demandada, siguió el curso obligado de ser soportado por la parte vencida, conforme lo contempla el artículo 192 del Código Procesal Civil que trascripto dispone: "PRINCIPIO GENERAL: la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado." La negrita, resalta el acápite del artículo trascripto, y el subrayado el imperativo, que continente de la teoría del riesgo objetivo de la derrota en nuestro sistema positivo, el que las partes procesales, asumen al resistir a una pretensión adversa en un pleito judicial.
Sabido es que las costas deben ser impuestas por quien resulte procesalmente derrotado, siendo ello, como lo contempla el propio encabezado de la previsión supra trascripta, un principio del derecho procesal general.
Ya lo tiene destacado esta Sala Penal, que el Magistrado sentenciador, resulta único habilitado, a variar dicho principio, fundadamente, en caso de excepcional situación que a criterio del mismo (y no de la parte litigante) justifique variar la regla antes señalada, en previsión contenida en el artículo 193, también del Código Procesal Civil.
El Tribunal en la presente causa, tras haber resuelto la procedencia de la cuestión demandada (prosperando la pretensión de la contribuyente demandante), siguió la regla prevista en el artículo 192 del ya citado plexo procesal, condenando con costas a la parte vencida.
Dicha previsión, no sólo doctrinaria, sino también legalmente habilitada, no encontró fundamento alguno, salvo la enojosa posición de la representación fiscal, ante un resultado adverso.
Pronunciados sobre la totalidad de los puntos apelados, sin que hayan sido considerado la procedencia de ninguno de ellos, el recurso de apelación no puede prosperar, conforme las fundamentaciones ya desarrolladas, por lo que el Acuerdo y Sentencia N° 325 de fecha 05 de febrero de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado íntegramente, y las costas del recurso, deben ser impuestas a la parte apelante, conforme al literal a) del artículo 203 del Código de ritos, no sólo por la improcedencia del recurso, sino por la cantidad de precedentes jurisprudenciales idénticos al presente, todos fallidos, sin embargo se han repetidos a modo de ensayos los mismos cuestionamientos fiscales. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA PEÑA CANDIA SOSTUVO: En lo que hace a la segunda cuestión planteada, y luego de un análisis detallado de estos autos, me permito disentir del voto del Ministro preopinante debido a los fundamentos que paso a exponer.
Primeramente, vemos que los agravios del apelante se centran básicamente en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal de Cuentas, dando mayor relevancia al informe pericial sobre las firmas que a las demás pruebas. Sobre el punto, cabe mencionar que el objeto de controversia era mucho más sobre el contenido de las facturas presentadas por la firma Paraná Funcional que la firma objeto de la pericia realizada.
Las firmas IPC S.A y Transcarretera S.R.L, en los expedientes N° 20113011038 del 18 de abril de 2.011 y N° 20113011845 del 27 de abril de 2.011 los supuestos proveedores negaron haber realizado operaciones comerciales con la firma Paraná Funcional. A esto se suma también la declaración del Sr. Cayo Monges, representante legal de la firma IPC S.A en la carpeta fiscal de la causa N° 76/11 "INVESTIGACIÓN FISCAL S/ DOCUEMTNOS NO AUTENTICOS" en la cual niega que los documentos existentes en la administración tributaria hayan sido firmados por el mismo. A su vez, el representante el representante legal de la firma Transcarretera S.R.L, manifestó que además de no realizar ninguna operación comercial con la firma Paraná Funcional, no solicitó ni autorizó la impresión de facturas pues no operaba comercialmente desde hace 4 años.
Los motivos mencionados, además del hecho que en las notas de rectificación presentadas por ambas empresas donde solo manifiestan haber realizados transacciones comerciales con la firma Paraná Funcional, indicando nada más que los años de dichas transacciones y sin prueba alguna, hacen que el informe final realizado por los auditores de la SET, manifestando que dichas operaciones no existieron, sea una consecuencia lógica de la fiscalización realizada.
Además de lo previamente expuesto, no es menos importante la discrepancia encontrada entre los libros y las facturas, donde en las operaciones figuraban en crédito y en efectivo respectivamente. A ello, además, hay que agregar que las actividades de ambas empresas nada tienen que ver con las facturas presentadas por la firma Paraná Funcional. En el caso de la firma IPC S.A ésta es una empresa constituida a fin de "... brindar servicios técnicos en el campo de la ingeniería, economía y contabilidad; principalmente en consultoría para sí o para terceros...", conforme consta en el Acta de Constitución de dicha sociedad (fs. 266 y 266 vlto.) mientras que la actividad económica de la firma Transcarretera S.R.L se circunscribe meramente al transporte regular y no regular de mercaderías por carretera. Sin embargo, en las facturas presentadas por la firma Paraná Funcional, ambas empresas figuran como importadoras - exportadoras y las facturas fueron redactadas en concepto de mercaderías varias (desde taladros hasta mochilas escolares). En consecuencia, no es un dato menor el hecho que el representante legal de la firma IPC S.A haya manifestado que no realizó ningún pedido de impresión de facturas con los timbrados que tuvo a la vista así como el hecho de que no poseen Libros de Compras ni Ventas por la naturaleza de la empresa a la que representa (fs. 273/274).
Las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores, al contrario de lo concluido por la mayoría del Tribunal de Cuentas en el presente caso, dan lugar a la configuración de los supuestos descriptos en los artículos 173 inc. 1), 3, y 5) y 174 inc. 12), existiendo así una presunción de defraudación. En conclusión, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación, y en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 325 de fecha 05 de septiembre de 2.016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Por ende, el acto administrativo individualizado como Resolución Particular N° 57 de fecha 11 de agosto de 2.015, dictada por el Vice Ministerio de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe ser ratificado en todos sus términos. En relación a las COSTAS, corresponde que las mismas se impongan a la perdidosa conforme a lo dispuesto en el art. 203 inc. b) del C.P.C. Es mi voto.
A SU TURNO, EL MINISTRO BENITEZ RIERA MANIFIESTO SU ADHESIÓN AL VOTO DEL MINISTRO SINDULFO BLANCO POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Asunción, 26 de setiembre de 2018.
TENER POR DESISTIDO de la nulidad, a solicitud del propio recurrente.
NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el 325 de fecha 05 de febrero de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el que debe ser confirmado en todos sus puntos.
IMPONER las costas del recurso a la parte vencida.