Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-184-17.htm
Timestamp: 2019-06-16 10:42:18
Document Index: 406991184

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 86', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 392', 'e contrario', 'artículo 33', 'Artículo 392']

T-184-17
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Caso en que víctima de violencia doméstica solicita asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria, sin la presencia del agresor
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el funcionario judicial incurre en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto cuando: “(…) i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (…)”. En síntesis, este exceso se presenta cuando el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar, entre otros, derechos que puedan verse involucrados, el derecho al acceso a la administración de justicia. Es por ello que no es posible sacrificar derechos subjetivos por aplicar taxativamente normas procesales, pues si ello ocurre, el juez constitucional está en la obligación de hacer prevalecer los derechos individuales fundamentales.
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Desarrollo en el Sistema Interamericano
PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia constitucional
VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Protección judicial
Las autoridades judiciales deben: “(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto no se tuvo en cuenta derecho, como víctima de violencia doméstica, a no ser confrontada con el agresor en audiencia
Acción de tutela instaurada por el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio José Luis Ortíz Pérez, como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas en primera instancia por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela iniciada por el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio señor Jorge Luis Ortiz Pérez, como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez representante legal de la niña Connie Valentina y el adolescente Andrés Felipe Borja Ramírez, contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, y los vinculados señor Luis Carlos Borja Ordúz, Fiscalía Especializada de Violencia Intrafamiliar, Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, Personero Delegado de Derechos Humanos el Menor y la Familia de Barrancabermeja, Defensor de Familia adscrito al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, y el derecho a no ser confrontada con su agresor.
El Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio obrando como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez representante legal de los niños Connie Valentina y Felipe Borja Ramírez, solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a una vida libre de violencia y a no ser enfrentada con su agresor, que considera le fueron vulnerados por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia, al resolverle de manera desfavorable la petición de práctica de su interrogatorio de parte sin la presencia de su ofensor.
2.1 Informa el actor que la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, demandó la fijación de cuota alimentaria en favor de sus hijos Conni Valentina Borja Ramírez y Felipe Borja Ramírez, y a cargo del señor Luis Carlos Borja Ordúz.
2.3 Un día antes de la realización de la audiencia, la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, solicita a la juez de familia, que se le fije una fecha, una hora y un lugar, diferente para que se reciba su interrogatorio de parte, pues, siendo víctima de violencia intrafamiliar, no está en condiciones de enfrentarse con su agresor.
2.7. En virtud de lo anterior, y como para la demandante este porcentaje de alimentos no consulta la realidad de los gastos que la crianza de sus hijos demanda, en especial por la condición de su hija Connie Valentina Ramírez quien presenta “un déficit cognitivo especial”, lo cual genera gastos y cuidados adicionales, se acudió al juez constitucional para que se revisara la decisión y la garantía del debido proceso que no le fue respetado a la demandante al no permitírsele rendir interrogatorio de parte sin la presencia de su agresor.
1.1. Escrito suscrito por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, dirigido al Juzgado Tercero de Familia de Barrancabermeja, a través del cual solicitaba se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 4799 de 2011 y se le respetara y aplicara su derecho a no ser confrontada con su agresor (fls. 11-12 del cuaderno principal).
1.2. Escrito dirigido por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja solicitando de manera urgente acompañamiento dentro del proceso que por alimentos adelanta a su agresor (fls. 15-16 del cuaderno principal).
1.3. Escrito dirigido por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez a la Defensoría del Pueblo informándole de su situación personal y familiar, y solicitándole la intervención en el proceso de alimentos debido a que sus peticiones de no confrontación y de acompañamiento no fueron atendidas por el juzgado de conocimiento ni por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja (fls. 9-10 del cuaderno principal).
1.4. Certificación suscrita por la psicóloga Claudia Liliana Martínez González, sobre el trastorno de personalidad dependiente que sufre la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, desde el 11 de marzo de 2016 y en el que concluye: “(…) no es recomendable que la paciente se vea confrontada a situaciones relacionadas con los posibles hechos de violencia, porque eso altera la salud mental de la paciente, lo que podría conllevar a una recaída y desestabilizarla” (Fol. 17 del cuaderno principal).
1.5. Certificación expedida por el psicólogo Leonardo Rueda Rueda quien atendió a la paciente Nasly Patricia Ramírez Flórez en proceso de reconocimiento psico-jurídico que le permitió concluir que la paciente presenta: “(…) síndrome de mujer maltratada de alta complejidad por la duración (22 años) y gravedad de la violencia generalizada a la que ha sido sometida (…)” Fls. 18-19 del cuaderno principal.
2.1. El Fiscal Primero Local CAPIV, dio respuesta[2] informando que a su despacho le correspondió conocer de la denuncia formulada el 7 de enero de 2016 por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, contra su esposo, el señor Luis Carlos Borja Ordúz, y contra el sobrino de su esposo, señor Cristian Mauricio Angarita Borja, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar.
2.2. La Juez Tercero Promiscuo de Familia refiere en su respuesta que, el proceso de alimentos se adelantó respetando los derechos de las partes intervinientes, y en especial los derechos de los menores involucrados para quienes se pedía la fijación de cuota alimentaria. En cuanto a la petición de la demandante de ser oída sin la presencia del demandando, destaca que le aclaro a su apoderado, que no sería sometida a careo alguno, razón por la que debía comparecer a la diligencia, pues el artículo 392 del C. G. del P., dispone que los procesos verbales se agotarán en una sola audiencia[3].
2.3. La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja dice que como respuesta a la solicitud de acompañamiento elevada por la hoy actora señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, en su nombre y en representación de sus hijos, Conni Valentina y Andrés Felipe Borja Ramírez, se practicó visita, el 27 de julio de 2016, al expediente radicado al número 2016-00042 en el Juzgado Tercero Promiscuo de Barrancabermeja, constatando que las etapas procesales pertinentes se practicaron sin haberse vulnerado el debido proceso ni ningún otro derecho fundamental[4].
2.5. Luis Carlos Borja Ordúz, solicita declarar improcedente la acción, al considerar que no existe vulneración de ningún derecho fundamental en cuanto la decisión de no asistir a la audiencia fue autónoma y propia de la demandante, y porque el proceso se desarrolló siguiendo el trámite previsto en el artículo 390 del Código General del Proceso[6].
2.6. La Defensora de Familia de Barrancabermeja –Centro Zonal la Floresta- afirma que revisado el expediente que contiene el proceso de alimentos adelantado al señor Luis Carlos Borja Cruz, se observa que el proceso se adelantó conforme a las etapas propias del proceso verbal sumario, y respetando las garantías mínimas de todos los sujetos procesales[7].
3. Sentencias judiciales que se revisan e impugnación
Oportunamente el accionante impugna la sentencia insistiendo en que la ausencia de la denunciante en la audiencia que fijó la cuota alimentaria a cargo del cónyuge Luis Carlos Borja Orduz, desconoció su derecho a ser oída. Considera el impugnante que el juez de conocimiento debió garantizar la presencia de la víctima de violencia de género en la audiencia, pero sin la presencia del agresor, y no basarse en un tecnicismo legal y dejarla sin la posibilidad de ser escuchada.
Deberá la Corte establecer si el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, y el derecho de no ser confrontada con su agresor, de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, al negarse a practicar interrogatorio de parte sin la presencia de su agresor señor Luis Carlos Borja Ordúz, dentro del proceso de fijación de cuota alimentaria adelantado en favor de sus hijos Conni Valentina y Felipe Borja Ramírez.
3. Legitimación por activa del agente oficioso – Reiteración de jurisprudencia
Para el presente evento, quien interpuso la demanda en nombre y representación de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, fue el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio, quien recibió escrito de la accionante solicitándole su intervención para que sus derechos y los de sus hijos, no fueran vulnerados[9]. Se afirma en la demanda de tutela expresamente, que obra como agente oficioso, en procura de lograr que a la demandante en el proceso de alimentos se le garanticen sus derechos fundamentales como víctima de violencia doméstica, que sea oída y que finalmente se atiendan los distintos requerimientos que efectúo ante la Procuraduría Regional y al juzgado de conocimiento. En consecuencia, la Sala de Revisión concluye que el defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio, está legitimado para obrar en nombre y representación de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales: requisitos generales y específicos de procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia[10].
Así, en esta última decisión la Corte determinó que el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar las siguientes condiciones genéricas de procedibilidad:[25] (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional, esto es, que afecte los derechos fundamentales de las partes;[26] (ii) que el actor haya agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado. Esto guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una nueva instancia para las partes en el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite la flexibilización de ésta cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez: el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador. De no ser así, se pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación constitucional; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, sea decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y afecte los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que se excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el proceso; (v) que el actor identifique razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y la haya alegado en el proceso judicial respectivo, si ello era posible. Este requisito pretende que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y, (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.[27] Así se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas. (Negrillas fuera del texto)
En el presente asunto y bajo los criterios que se acaban de exponer, la Sala observa que concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que la acción de tutela presentada por el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, es apta para controvertir la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Igualmente, (ii) la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, agotó todos los recursos eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Fue así como solicitó al juez de familia le recepcionara su interrogatorio de parte en una fecha y hora distinta a la fijada para recibir esta misma prueba a su cónyuge, debido a la presión psicológica que su presencia le generaba[41]. De igual manera, radicó petición ante la Defensoría del Pueblo[42] y en la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja[43], a quien además le solicitó ejercer vigilancia del proceso de alimentos, que además debía tramitarse en única instancia y por ende la sentencia en él proferida, no era susceptible de recurso alguno.
De igual manera, la tutela se dirige contra la autoridad judicial que profirió el fallo que se considera vulnerador de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, esto es, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, por lo tanto, se cumple con el presupuesto de la legitimación por pasiva.
5. Marco normativo y jurisprudencial sobre la protección a la mujer contra cualquier tipo de violencia
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, consagró en sus artículos 3 y 20 la obligación del Estado parte de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para el goce de los derechos civiles y políticos que dicho pacto reconoce, proscribiendo cualquier forma de discriminación.
- La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas reunida en Beijing entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995 se enfocó en el análisis de temas como la mujer y la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, los medios de difusión. En dicho documento se resalta la presencia de situaciones graves de discriminación en diversos ámbitos como la educación, salud, trabajo, economía y sociedad[63] por lo que indicó que la comunidad internacional tiene como prioridad que las mujeres tengan plena participación igualitaria en la vida civil, social, política, económica y cultural a nivel regional, nacional e internacional, eliminando cualquier forma de discriminación originada a partir del sexo[64].
- La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer también denominada Convención de Belém do Pará, realizada el 9 de junio de 1994, define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[68], y señala que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra [69].
6. Solución al caso concreto
El Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio solicitó a la Corte Constitucional la selección para revisión, de los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Superior de Bucaramanga –Sala Civil-, y por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil-, en cuanto negaron el amparo de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, pues en su criterio, la tutela debía prosperar, porque el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, desconoció y vulneró dentro del trámite dado a la demanda de fijación de cuota alimentaria, los derechos de defensa, de contradicción, y en especial el derecho de la víctima –señora Nasly Patricia Ramírez Flórez-, a no ser confrontada con su agresor.
En efecto, tal y como se consignó en el acápite de los hechos, la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez demandó la fijación de cuota alimentaria para sus hijos Conni Valentina Borja Ramírez y Felipe Borja Ramírez, a cargo de su padre, señor Luis Carlos Borja Ordúz, por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones, quien a su vez estaba siendo investigado por el delito de violencia intrafamiliar según denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, cuya radicación fue confirmada por el Fiscal del caso al descorrer el traslado de la demanda de tutela[97].
Sobre el curso que se le ha dado a la investigación adelantada al señor Luis Carlos Borja Ordúz por el presunto delito de violencia intrafamiliar, la Fiscalía de manera explícita señala que dicha investigación se adelanta no sólo contra el señor Luis Carlos Borja Ordúz, sino también contra el sobrino de éste de nombre Cristian Mauricio Angarita Borja[98], quien a su vez fue testigo de la parte demandante dentro del proceso de alimentos, tal y como se constató por este despacho al revisar la grabación de la audiencia inicial llevada a cabo dentro del citado proceso[99].
De igual manera se infiere de la grabación, que la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, insistentemente peticionó al juzgado de familia, la aplicación de su derecho a no ser confrontada con su agresor, y que tal petición le fue resuelta de manera desfavorable bajo el argumento del carácter concentrado de la audiencia inicial, que impedía realizar otra audiencia para recibir el interrogatorio de parte a la demandante.
Este derecho fue el que invocó la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, víctima de violencia doméstica, ante el Juez Tercero Promiscuo de Familia, al considerar que no estaba en condiciones de enfrentar a su ofensor. Sin embargo, el Juez Tercero de Familia, con el argumento de ser un proceso verbal sumario en el que la audiencia inicial es concentrada[104], negó a la demandante la posibilidad de acudir al proceso de fijación de cuota alimentaria, sin la presión psicológica que le significaba la presencia del demandado señor Luis Carlos Borja Ordúz, en la audiencia.
Las anteriores precisiones, para entrar la Sala a revisar si la actuación del juez de familia que conoció de la demanda de fijación de cuota alimentaria interpuesta por Nasly Patricia Ramírez Flórez, estuvo acorde con estos principios procesales, y si se ajustó a los estándares internacionales y nacionales que propenden por el respeto y la protección de los derechos de la mujer víctima de violencia doméstica.
Las pretensiones del amparo de tutela solicitado por el Defensor del Pueblo como agente oficioso, se encaminaron a la protección de los derechos fundamentales de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, a una vida libre de violencia, al debido proceso y a no se confrontada con el agresor, para lo cual solicitó que se ordenara al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia: i) dejar sin efecto las actuaciones realizadas en la diligencia de audiencia del 18 de julio de 2016 dentro del proceso de alimentos presentado por la señora Ramírez Flórez en favor de sus hijos, ii) citar para la recepción del interrogatorio de parte a la demandante, en una fecha y hora distinta a la fijada para recepcionar el interrogatorio a su agresor.
Para el juez del proceso de alimentos no fue suficiente con la prueba que se aportó sobre la condición sicológica de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, quien por espacio de 22 años soportó la agresión proveniente de su cónyuge[105], quien valga decirlo, no controvirtió la veracidad de estos documentos, ni negó que en su contra se estuviera adelantando una investigación penal por el delito de violencia intrafamiliar, razón por demás suficiente para que se valorara esta especial circunstancia, para decidir la modificación de la fecha de la audiencia sin la presencia del demandado. Esta prueba, resulta de vital importancia para la fijación de la cuota alimentaria en la medida en que la madre de los menores puede exponer todas las situaciones que se le presenten en crianza de sus hijos, dándole al juez mayores elementos de convicción para que el valor de la cuota alimentaria consulte la realidad.
Esta situación fue la que expuso la victima de la agresión señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, de manera directa y a través de su apoderado, a la juez de familia que adelantaba el proceso de fijación de cuota alimentaria, y que, se repite no fue atendida bajo los lineamientos del artículo 8º literal K de la Ley 1257 de 2008, y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia que han previsto para la protección de la mujer víctima de violencia doméstica, concretamente los artículos 4 y 7, de la Convención de Belen Dó Pará. Por el contrario, la funcionaria judicial decidió continuar con la diligencia de audiencia inicial y decidir el proceso en el que fijó el valor de la cuota alimentaria en un porcentaje equivalente al 12% del salario que devenga el demandado[106], para cada uno de los menores.
Para establecer el porcentaje de cuota alimentaria el juez valoró además de los documentos aportados por las partes en la demanda y en su contestación, las manifestaciones que hizo el demandante al momento de rendir su interrogatorio de parte, y el testimonio del sobrino del demandado quien a su vez y según la respuesta de la Fiscalía a la juez de tutela de primera instancia, también es sujeto de investigación por el presunto delito de violencia intrafamiliar, según denuncia hecha por la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, hecho este que a juicio de la Sala, no puede ser ajeno en un proceso de fijación de cuota alimentaria, y que a pesar de ello, no tuvo en cuenta la juez de familia para establecer con un criterio de razonabilidad el derecho de la víctima de no ser enfrentada o confrontada con su agresor, pues la demandante había manifestado que la sola presencia del agresor en el mismo sitio de la víctima implica para ella miedo e intimidación.
En este orden de ideas, para esta Corporación, el funcionario judicial que adelantó el proceso de fijación de cuota alimentaria, al dejar de aplicar el contenido del artículo 8º de la Ley 1257 de 2008, tantas veces citado, alegando la naturaleza concentrada de la audiencia prevista en el artículo 392 del C. G. del P., incurrió en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, porque, sacrificó el derecho que legalmente le asiste a la señora Nasly Patricia Ramírez, de no ser confrontada con su agresor, por aplicar la norma procedimental, siguiendo el riguroso esquema procesal, aunque sin tener en cuenta la prevalencia de los derechos fundamentales de la mujer víctima de la violencia, que fueron expuestos y sustentados fáctica y jurídicamente al interior del trámite del proceso de alimentos.
Así las cosas, se revocará la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de octubre de 2016, para en su lugar conceder la tutela de los derechos de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, al debido proceso y a no ser confrontada con su agresor, dentro del proceso de alimentos que adelantó en representación de sus hijos Connie Valentina y Felipe Borja Ramírez, contra el señor Luis Carlos Borja Ordúz, radicado en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Como consecuencia del amparo, se dejarán sin efecto las actuaciones realizadas por el Juez Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, en la audiencia inicial llevada a cabo el 18 de julio de 2016 salvo las pruebas legalmente decretadas y practicadas, y se ordenará a este funcionario que fije nueva fecha para la realización de la diligencia de audiencia en la que disponga lo necesario para que dentro de la misma se reciba interrogatorio de parte a la demandante señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, sin la presencia del demandado Luis Carlos Borja Ordúz, garantizándole así su derecho a no ser confrontada con su ofensor.
7.5. Revisado el expediente que contiene el trámite dado por el Juez Tercero Promiscuo de Familia, a la demanda de fijación de cuota alimentaria interpuesta por Nasly Patricia Ramírez Flórez, y confrontadas las decisiones que se tomaron por el funcionario judicial, con el contenido de las normas nacionales e internacionales, es evidente que a la víctima de violencia doméstica, señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, no se le garantizó de manera efectiva su derecho fundamental, de acceso a la administración de justicia, debido a que la autoridad judicial, bajo un criterio netamente procesal, desconoció su condición de víctima de violencia doméstica y no le permitió comparecer al proceso a rendir su interrogatorio, de manera libre y serena sin la presencia de su agresor. La accionante fue víctima de obstáculos que impidieron acceder a una administración de justicia eficaz, a un recurso judicial efectivo y a la protección especial frente a los hechos de violencia sufridos.
Primero.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de octubre de 2016, para en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, y a no ser confrontada con su agresor, dentro del proceso de alimentos que adelantó en representación de sus hijos Connie Valentina y Felipe Borja Ramírez, contra el señor Luis Carlos Borja Ordúz, radicado en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.
Segundo.- DEJAR sin efecto las actuaciones realizadas por el Juez Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, en la audiencia inicial llevada a cabo el 18 de julio de 2016, salvo las pruebas legalmente decretadas y practicadas, y se ordenará a este funcionario que fije nueva fecha para la realización de la diligencia de audiencia en la que disponga lo necesario para que dentro de la misma se reciba interrogatorio de parte a la demandante señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, sin la presencia del demandado Luis Carlos Borja Ordúz, garantizándole así su derecho a no ser confrontada con su agresor.
Tercero.- ORDENAR a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja que intervenga de una manera efectiva en el proceso de fijación de cuota alimentaria que adelanta la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez, de manera tal que se le garantice un debido proceso acorde con su condición de víctima de violencia intrafamiliar.
[1] La Sala de Selección Número Uno estuvo integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio
[3] Folio 37-38 del cuaderno principal.
[4] Folio 40 – 44 del cuaderno principal.
[5] Folio 47-49 del cuaderno principal.
[6] Folio 51-54 del cuaderno principal.
[7] Folio 71-72 del cuaderno principal.
[8] Sentencia T-214 del 1º de abril de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
[9] Folio 9 a 10 del cuaderno principal.
[11] La Sala efectuará una breve exposición sobre esta materia, a partir del recorrido que va desde la sentencia de la Sala Plena C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero) hasta la sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[14] M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Ver, entre otras, las sentencias T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1112 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[16] Sentencia T-265 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[17] Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[18] Es de anotar que la jurisprudencia en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo “vía de hecho” por el de “causal específica de procedibilidad”. (Sentencias T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-453 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras).
[19] El abandono del concepto “vía de hecho” por el de “causales de procedencia de la acción de tutela” se comenzó a proponer en las sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003 (Todas con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, y T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[21] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[24] Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Jaime Araujo Rentería, SPV. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-566 de 1998.
[25] Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[26] Ver sentencias T-173 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[28] La Sala continúa la exposición en torno a lo dispuesto en sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[30] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[31] Cfr. sentencias T-104 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-747 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005 MP. Jaime Córdoba Triviño); igualmente, los fallos T-008 de 1998 y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[34] También conocido como “vía de hecho por consecuencia”, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (MP. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[35] En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver sentencia T-114 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[36] “Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[37] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[38] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[39] Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y T-701 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[41] Folio 11-12 cuaderno principal.
[42] Folio 9-10.
[43] Folios 15-16.
[45] Folio 1.
[46] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra AV Rodrigo Uprimny Yepes. Pueden consultarse también las sentencias T-264 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-747 de 2013 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-104 de 2014 MP Jorge Iván Palacio AV Nilson Pinilla Pinilla.
[47] T-429 de 2016 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[48] Sentencia C-804 de 2006 a través de la cual se declaró la inexequibilidad parcial del artículo 33 del Código Civil Colombiano. MP. Humberto Sierra Porto.
[49] Así lo señaló el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General No. 19 sobre “La violencia contra la mujer” (Documento ONU A/47/38. 1992), en la cual señaló como primera medida que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
[50]Como una reivindicación de las luchas sociales y políticas que buscaban la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y que fueron emprendidas por líderes sociales como María Cano, quien fue la primera activista política que luchó por los derechos de los trabajadores, el legislador ha expedido una serie de normas que concretan la garantía de estos derechos, pudiendo citarse como ejemplo, entre otros: i) la Ley 83 de 1931 “sobre sindicatos” que le permitió a la mujer que trabajaba, obtener de manera directa su salario y no que el mismo fuera percibido por su esposo o sus padres; ii) la Ley 28 de 1932 “Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio)” a través de la cual se introdujeron reformas en la organización de la familia, dado que hasta antes de su expedición, la administración y el mando eran ejercidos por el padre, la mujer era una incapaz representada por su esposo; iii) el Decreto 227 de 1933 por medio del cual se extendió el alcance de la reforma de la enseñanza primaria y secundaria consagrada en el Decreto 1487 de 1932 a las mujeres, lo que permitió a éstas el logro del bachillerato y por lo tanto el acceso a la universidad. Cabe citar aquí que la primera mujer que fue admitida en aplicación de las normas que se acaban de describir, fue Gerda Westendrop, el 1º de febrero de 1935 en la Universidad Nacional, pero fue Gabriela Peláez quien ingreso a esa misma universidad, en 1936, siendo la primera mujer en obtener un título universitario y la primera abogada del país; iv) la Ley 53 de 1938 que en aplicación de las reglas que había recomendado la OIT en 1919 para la protección de la maternidad, hizo efectiva tal protección y reconoció a las mujeres una licencia remunerada con posterioridad al nacimiento de su(s) hijo(as). v) el Acto Legislativo No. 3 de 1954 reconoció a la mujer el derecho al voto, el cual fue ejercido en 1957 por primera vez; vi) el Decreto 502 de 1954 extendió la cedulación a todos los ciudadanos colombianos que contaran con más de 21 años, por lo tanto, las mujeres tendrían acceso a la identidad portando la cédula de ciudadanía; vii) el Decreto 2351 de 1965 implementó la prohibición de despedir a una mujer que estuviera en estado de embarazo; viii)., el Decreto 2820 de 1974 “por el cual se otorgan iguales de­re­­­chos y obligaciones a las mujeres y a los varones” modificó varios artículos del Código Civil tendientes a erradicar la desigualdad para las mujeres, verbigracia, se derogó la obligación de obediencia de la mujer a su esposo, la de vivir con él y la de seguirlo a cualquier lugar donde este trasladara su residencia, también se le concedió la patria potestad de los hijos en igualdad de condiciones a las mujeres y a los hombres; xix) la Ley 82 de 1993 “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”, brindó protección especial a la mujer, en aspectos como la “seguridad social, la educación, la capacitación, la cultura, la adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios, la vivienda, la política y la administración”.
[61] Art. 3 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. “a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad 7/; c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El derecho a igual protección ante la ley 7/; e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/; f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 9/; g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11/”.
[62] Art. 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.
[63] Numerales 71, 90, 161 y 220 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[64] Numeral 10 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[65] Numeral 118 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[66] Numeral. 124 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[68] Art. 1. de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
[69] Art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
[70] Informe de la Relatoría sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Punto B. Doc. 68. Enero, 20 de 2007, véase en https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap1.htm.
[71] CIDH, Informe de Fondo, No. 5/96, Raquel Martón Mejía (Perú), 1 de marzo de 1996, pág.22.
[74] Sentencia del 04 de julio de 2006, Caso López vs. Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[75] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Corte Suprema de Justicia (QUINTANA COELLO Y OTROS) VS. ECUADOR. Sentencia de 23 de agosto de 2013 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
[80] Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. RadhikaCoomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25
[82] MP. Hernando Herrera Vergara. Sentencia del 31 de agosto de 1994.
[83] M.P. José Gregorio Hernández.
[84] M.P. José Gregorio Hernández.
[85] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[86] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[87] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[90] Sentencia del 13 de junio de 2013 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[91] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[92] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[94] Sentencia T-967 de 2014 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95] Sentencia T-145 de 20017 MP. María Victoria Calle Correa.
[96] T-027 de 2017 MP. Aquiles Arrieta Gómez.
[97] Folio 35 a 35vto del cuaderno principal.
[98] Folios 35-36 del cuaderno de primera instancia.
[100] María Eugenia Calderón Espejo Juez Tercero Promiscuo de Familia.
[105] Certificaciones suscritas por la sicóloga Claudia Lilian Martínez González, folio 17, y por el sicológico Mg. Leonardo Rueda Rueda, folios 18 y 19 del cuaderno principal.
[106] Revisado el audio que contiene la grabación de la audiencia (fol. 8), el demandante en el proceso de alimentos, señor Luis Carlos Borja Ordúz, percibe un salario integral de $9.776.000.oo de los cual efectuados los descuentos por retención en la fuente, salud, pensión y solidaridad, recibe un valor neto equivalente a $8.622.000.oo
[108] Artículo 392 del C. G. del P. “(…) En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373 de este código en lo pertinente. En el mismo auto en el que el juez cite a la audiencia decretara las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere. (…)”.