Source: http://doczz.net/doc/1268947/informe-sobre-la-justicia-para-adolescentes
Timestamp: 2019-05-27 12:10:15
Document Index: 413992195

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en conflicto con la ley penal en México
Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011.
D.R. © 2013 Instituto de Justicia Procesal Penal AC
Calle Magdalena 434, 101 A
ISBN: 978-607-95728-3-9
Diseño: Zitricbox
Nydia Cuevas Alfaro y Sandra de la Peña Nettel
Diseño de portada: Sandra de la Peña Nettel
Informe sobre la justicia para
la ley penal en México
Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005,
Director del Programa de Medios y Acceso a la Información
Natalia Navarro Asencio
Renato Cortazar Reyes
Vera Martínez García
Coordinadores del Proyecto “Informe sobre la justicia para adolescentes
en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las
reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011”: Carlos Gregorio de
Gràcia y Gregorio González Nava
Al Fondo Canadá para Iniciativas Locales [Canadian Fund for Local Initiatives] por el financiamiento del Proyecto. A Javier Carrasco Solís y Ana
Dulce Aguilar García por sus excelentes observaciones a la inves­ti­ga­ción. A
Marco Lara Klahr por la edición del presente Informe. A Natalia Navarro
Asencio por su apoyo incondicional en las tareas administrativas y logísticas. A Renato Cortazar Reyes y Vera Martínez García por su asistencia a
la investigación. A la doctora Mila Paspalanova por sus atinados comentarios al proyecto. Y a la licenciada Angélica Rocío Mondragón Pérez por
los comentarios y datos aportados.
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Metodología y marco analítico . . . . . . . . . . . 15
1.1. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2. Marco analítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2. Análisis legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Reforma constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.2. Interpretación jurisprudencial de la reforma constitucional . . 20
2.3. Análisis de las legislaciones estatales y federal . . . . . . . .24
2.4. Tendencias en las reformas a las leyes de justicia para
adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3. Análisis cuantitativo . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1. Discusión general sobre la disponibilidad de datos . . . . . .31
3.2. Datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.3. Discusión sobre la calidad de los datos publicados
por el INEGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. Estudios y opiniones sobre la implementación del
sistema de justicia para adolescentes . . . . . . . . 45
5. Análisis con base en los pilares definidos a partir
del artículo 18 constitucional . . . . . . . . . . . . . 47
5.1. Sistema integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2. Derechos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
5.3. Especialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
5.4. Justicia alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
5.5. Internamiento como último recurso y por el tiempo más
breve posible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.6. Reintegración social y familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6. Conclusiones y recomendaciones . . . . . . . . . 53
6.1. Sistema integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2. Derechos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
6.3. Especialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
6.4. Justicia alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
6.5. Internamiento como medida extrema y por el tiempo más
breve que proceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
6.6. Reintegración social y familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Conclusiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Protocolos de entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Este Informe sobre el estado actual de la justicia para adolescentes en México,
elaborado por el Instituto de Justicia Procesal, tiene los méritos de ofrecer
información concreta y actualizada sobre la implementación legal y práctica
del sistema de justicia juvenil en el país; analizar, evaluar y definir los logros
alcanzados y retos pendientes en el desarrollo de los temas centrales del
programa constitucional en la materia; y, convocar a todos los sectores
sociales a una amplia discusión que permita hacer eficiente el modelo de
justicia consagrado en el artículo 18 de la Carta Magna.
Seis mandatos u objetivos del sistema de justicia para adolescentes se consideran primordiales y sobre los mismos se desarrolla el presente Informe.
1.- El carácter integral del sistema de justicia para adolescentes. En la
Constitución de la República se ha plasmado un sistema integral de atención a los adolescentes que abarca diversas facetas comenzando con la
prevención de la comisión de conductas delictivas (políticas para enfrentar las causas o factores que pueden contribuir a ellas) hasta la ejecución
de medidas impuestas mediante sentencias (intervenciones para procurar
la reinserción social) e incluye diversos actores (principalmente la sociedad) y espacios (destacadamente la comunidad). La norma constitucional
recogió la doctrina de la protección integral cuyo documento señero es la
Convención sobre los Derechos del Niño. Esta y aquella forman un bloque que debe ser interpretado de forma conjunta y que alienta la integralidad que comentamos.
A pesar de que así está concebido el sistema, es notorio en el país la ausencia de instancias de coordinación en los Estados de la República encargadas
del diseño conjunto de planes para su implementación. No hay tampoco, en
consecuencia, evaluación y seguimiento del desarrollo del mismo. Después
de la puesta en marcha del sistema en los Estados ha quedado en suspenso
la elaboración de estrategias y acciones que enfrenten coordinadamente las
diversas facetas de la justicia juvenil, la creación de medidas especiales de
apoyo a los jóvenes en diversas situaciones y la participación social en la
ejecución de las mismas. Contundentemente en este Informe se dice: “en el
diseño actual de la justicia para adolescentes es incipiente el carácter sistémico y la integralidad; no existen mecanismos de coordinación entre los
actores e instituciones participantes, los programas comunitarios y la participación de la sociedad civil se limita apenas a unos pocos ejemplos y no
existen políticas públicas para promoverlos”.
El diseño legal del sistema de justicia juvenil y la planeación de su implementación debían estar unidas. La consideración del carácter integral del sistema
debió llevar consigo la idea de la coordinación entre las diversas instancias
involucradas en su operación en el momento de su puesta en marcha. Esta
carencia, nos parece, muestra que la reforma se instaló sin una adecuada
conciencia de sus implicaciones y sin apreciar que la misma significaba un
cambio del conjunto de respuestas estatales a las problemáticas sociales que
padecen niños y adolescentes. Se trató de una transformación de la forma
en que el Estado y la sociedad deben responder o reaccionar a las necesidades que tienen los jóvenes que exigía, no solo la elaboración de nuevas leyes,
sino un replanteamiento de las políticas en la materia.
Aquella omisión derivada de esta falta de conocimiento, persistente en estos
años, ha tenido nocivas consecuencias: falta de datos fiables sobre la situación de la delincuencia juvenil en el país (INEGI ha hecho, se documenta en
este texto, un importante esfuerzo); carencia de estrategias para la atención
de los niños y jóvenes expuestos a algún factor de riesgo; respuestas institucionales que en vez de procurar incluir a los jóvenes a lo sociedad refuerzan
su exclusión y estigmatización; y, entre otras, arreglos o cambios basados en
simples percepciones que han llevado, como comentaremos más adelante,
a la vuelta atrás del sistema en los aspectos procesales.
2.- Derechos fundamentales y específicos. Mayúscula es la afirmación que
se hace en este Informe al decirse que “las garantías procesales aparecen
como el terreno en el que más se ha avanzado”. Es de gran importancia ya
que, como se sabe, nuestro país fue de los últimos que, en la práctica, hizo
efectivas las consecuencias de considerar a los niños como sujetos de derechos. Hace solo una década afirmar que estos eran titulares del derecho al
debido proceso si no causaba rechazo por lo menos originaba dudas y matizaciones. Hoy nadie seriamente pone en cuestión esta premisa normativa.
La justicia para adolescentes se ha enfrentado en estos años al doble proceso
de construir normativa y culturalmente un debido proceso especializado. Antes de 2005, y esta es una importante diferencia con respecto al proceso de
reforma en el ámbito de los adultos, no había modelo procesal penal ni órganos
que actuaran en defensa de los derechos de los adolescentes. Concretamente,
ni debido proceso, ni órganos de acusación y defensa, ni mucho menos juez.
El sistema se ha levantado a partir de aquel año.
Me parece que esta circunstancia proveniente del pasado, las actuales
exigencias de especialización del sistema y las dificultades que la instalación
de la misma idea de debido proceso (como se ha puesto de relieve en la
opinión pública en algunas decisiones jurisdiccionales recientes) y del sistema acusatorio en el país, son las razones que explican que nos hayamos
concentrado fundamentalmente en este tema, como se describe acertadamente en este Informe, y que todavía haya vacíos en áreas como la defensa
pública o vaivenes en la práctica procesal que produzcan el acercamiento
del sistema especializado al de adultos.
3.- Especialización. La especialización de los operadores del sistema es el
principal mecanismo de protección a favor de los niños que enfrentan la justicia. En este Informe se afirma, correctamente, que hay grandes avances en
las vertientes orgánica, de asignación de competencias y en los procesos de
selección de operadores jurídicos en los sistemas de justicia juvenil del país.
Efectivamente, hoy en todas las entidades de la República existen órganos
especializados a los que se les ha atribuido competencias específicas y cuyos
titulares son seleccionados a través de mecanismos que exigen requisitos
concretos relacionados con la materia y conocimientos de las características
de los sujetos de que conocen.
Sin embargo el Informe advierte que todavía existe en el país la necesidad
de profundizar la capacitación permanente de los operadores del mismo.
Esta afirmación es especialmente delicada e importante porque el personal
que forma parte del sistema debe estar preparado suficientemente en los
principios y normas que lo conforman y en las diversas vertientes que tiene
la delincuencia juvenil. Ello es así ya que su función es, en algunos casos,
diseñar programas o pautas especiales para el tratamiento casos y, en otros,
aplicar e interpretar los principios y normas especiales para juzgar a los adolescentes haciendo, en la práctica, realidad un sistema especializado (diferente
al de adultos), ya no solo por los órganos, sino por sus formas, programas,
reglas de aplicación y criterios de resolución. No hay, en consecuencia, más
grave omisión que la relacionada con la falta de capacitación permanente
de los operadores ya que la misma evita la especialización.
4.- Justicia Alternativa. La desjudicialización de casos es una vertiente
esencial del modelo de justicia para adolescentes adoptado en México.
Por ello, el proceso, en todas sus etapas, debe prever la posibilidad de
sacar los casos del sistema. Desde el momento en que se tiene noticia del
delito hasta la audiencia de juicio, incluso, en la etapa de ejecución de
medidas. Uno de los instrumentos más importantes para la realización de
esta vertiente del sistema es la justicia alternativa misma que en la práctica
el ministerio público u otros órganos en la fase de investigación han estado
utilizando cada vez con mayor frecuencia.
En este tema tres cuestiones son de extrema importancia, y que son resaltados en este importante Informe que comentamos: el órgano que realiza el
procedimiento alternativo; el resultado restaurativo; y, el control y seguimiento
Respecto a lo primero, la recomendación que los autores realizan es que un
órgano diferente al ministerio público realice dichos procedimientos. Ello
garantiza, sin lugar a dudas, la imparcialidad y confianza, sobre todo del
adolescente imputado, del desarrollo del mismo. En relación con lo segundo,
esto es, el resultado del procedimiento, el principio educativo que rige al
sistema exige considerar no solo el elemento reparatorio sino el ingrediente
restaurativo con el objetivo, precisamente, de procurar que el infractor se percate del daño causado y las consecuencias negativas de su conducta para
la víctima y la sociedad. Y, tercero, debe haber mecanismos de control de las
medidas acordadas y su cumplimiento en cada caso y efectuarse una evaluación periódica de la eficacia de dichos procedimientos. La consideración
cuidadosa de cada uno de los elementos que integran estos procedimientos
subraya que la justicia para adolescentes debe perfeccionar la ruta de la justicia
alternativa como vía principal del tratamiento de los casos.
5.- Internación como último recurso y por el tiempo más breve. Pero así
como la ruta anterior está cada vez más definida, en los últimos años hemos
visto cercenarse el principio más importante del sistema: el de privación de
libertad como último recurso que tiene como complemento que la misma se
imponga “por delitos graves” y “por el tiempo más breve que proceda”. Hay
que comprender que este último elemento introduce el ingrediente educativo, base del sistema, al principio señalado. De esta forma, se enlazan en su
entendimiento ya que se parte de la premisa de que el encarcelamiento no
produce ningún efecto positivo para nadie y que la finalidad del sistema es
la reinserción social y por ello se debe evitar la privación de la libertad de
los niños y si ello no puede ser posible porque se trata de un delito grave
hay que regresar a la sociedad lo más pronto posible al adolescente que ha
sido encarcelado.
En este Informe se destaca que los niveles de internación de adolescentes
han disminuido drásticamente después de la reforma de 2005 (confieso
que tengo mis dudas sobre la posibilidad de efectuar comparaciones con
años previos a éste por las características del modelo tutelar que encerraba
a todos por considerar a esta una medida idónea). La población en los
Centros de Internación “se habrían reducido hasta a una décima parte”.
Pero también se alerta señalando que en la mayoría de las entidades “los
plazos máximos de internación son significativamente altos”.
Esto es, si bien parece que se ha hecho efectivo el principio de excepciona­lidad
de la privación de libertad, este se ha quedado sin uno de los ingredientes que
lo dotan de contenido, tal como es su duración. El sistema exige no solo no
privar de libertad a los adolescentes por cualquier conducta sino que cuando
se decide hacerlo privilegiar, sobre el carácter punitivo, el fin educativo del
modelo. Por ello la Constitución estableció como uno de los elementos
fundamentales de dicha medida extrema la duración y ordenó que ella
fuera por “el tiempo más breve que proceda”.
El vaciado de contenido de este principio es parte del proceso de desarrollo
que ha tenido la justicia juvenil en el país en los años recientes. Sus razones
son diversas y se encuentran en varias vertientes o eslabones del sistema:
en la percepción social de la cada vez más frecuente participación de adolescentes en la comisión de delitos; en la desinformada apreciación de la
flexibilidad y permisividad del sistema con los jóvenes; y en la poca efectividad de las instituciones encargadas de la ejecución de medidas para
cumplir con sus fines. Estos tres factores, entre otros, han ocasionado la
adopción de medidas estatales de control más radicales contra los adolescentes y provocado que en varias entidades se haya decidido excluir de la
sociedad por más tiempo a los jóvenes que cometen delitos en vez de
generar políticas que lleven a su reeducación. Por supuesto que el vaciado
de contenido de aquel principio también implica el desmoronamiento del
fin de reinserción social y familiar del adolescente que rige al sistema.
6.- Reinserción social y familiar. Según el Informe, esta es “el área que
requiere mayor atención”. A pesar de la configuración de un régimen
legal de medidas muy robusto en la mayoría de las entidades federativas,
poco han cambiado las actuales instituciones su forma de trabajo y sus
programas de atención. Estas siguen ancladas en el modelo tutelar. “Las
actuales instituciones encargadas de aplicar las medidas (en externación
o internación) no logran cabalmente evadir las prácticas y las estructuras
del antiguo modelo tutelar”.
La procura de la reinserción social sigue siendo concebida como el “tratamiento” a un enfermo que se realiza a través de intervenciones aisladas y
las instituciones a cargo no han desarrollado los programas necesarios para
brindar apoyo a los jóvenes a quienes se les dicta medidas ambulatorias,
esto es, no privativas de libertad, mismas que son las prioritarias en el nuevo
sistema y en donde están colocados la mayoría de los jóvenes bajo sentencia. Además, salvo en contados casos la sociedad participa en la ejecución
de dichas medidas. Los órganos de ejecución siguen estando apartados de
la comunidad y esta los sigue considerando un lugar para los excluidos.
Todo esto implica otro fuerte golpe al programa educativo del sistema y
principalmente a la función de prevención de la reincidencia que debe desarrollarse en los centros de ejecución de medidas.
Muchas causas explican lo anterior. Entre otras: la falta de entendimiento
sobre la amplitud del programa constitucional en materia de atención a la
delincuencia juvenil; la inadecuada legislación reglamentaria dictada para
regular las funciones de las instituciones responsables de la ejecución de
medidas; la incipiente labor de control que realizan los jueces a cargo de
la vigilancia del procedimiento de ejecución; la inexistencia de voluntad
política de los gobiernos estatales para canalizar recursos suficientes para
la reeducación de los jóvenes; y la consideración de la reintegración social de
los adolescentes como una política estatal no prioritaria. No hemos sido capaces de hacer de la justicia para adolescentes parte esencial de las políticas
sociales y, en consecuencia, esta sigue siendo una “justicia menor”.
Otro mérito de este trabajo es que nos aconseja voltear a otros espacios con
más experiencias que el nuestro en esta materia. Hay que partir de que la
instalación de nuestro sistema no se entiende, como se dice en este Informe,
sin el proceso latinoamericano de reforma y que su futuro no se comprende sin
el análisis del desarrollo del mismo. Hay en muchos países gran experiencia
acumulada en materia de prevención, justicia y reinserción social de jóvenes.
En este como en muchos otros temas, durante años México permaneció
dormido ante la dinámica que se producía en Latinoamérica, Estados Unidos
y Canadá. Voltear a los países de nuestro entorno y analizar sus prácticas
será definitivo para acelerar la implementación del programa contenido en
el artículo 18 constitucional sobre todo porque se comparten principios y,
hasta cierto punto, manifestaciones de la delincuencia juvenil.
Este Informe seguramente significará un punto de inflexión en el proceso
de desarrollo de nuestro sistema de justicia juvenil. Llega en un momento en
que la reflexión colectiva está maniatada por los problemas de seguridad que
hay en el país y las condiciones sociales que viven los jóvenes no reflejan
más luz que la que muestran las manifestaciones frecuentes de insatisfacción
que se producen por todo el país. La apuesta es, sin embargo, por la maximización de derechos de niños y adolescentes a través de la concreción de
un sistema de protección y de justicia robusto construido mediante un debate amplio en el que reflexivamente participen todos los sectores de la
sociedad. Están de por medio las generaciones actuales y venideras de mexicanos que nos exigen mejorar su situación actual y darles herramientas
para labrarse un futuro.
En 2005, la reforma del artículo 18 constitucional introdujo en el derecho
mexicano una visión avanzada de los principios contenidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño y en los instrumentos internacionales que la
complementan. Luego, la de 2008 estableció en el 20 el proceso penal acu­
satorio, y la de 2011, el control de convencionalidad, a través del artículo 1º.
El propósito de este Informe es actualizar y recoger las evaluaciones y opinio­nes
sobre el nivel de implementación de las reformas constitucionales mencionadas,
mismas que fueron determinantes en la creación del sistema integral de justicia
para adolescentes, no solo en el aspecto legislativo, sino en los de pro­­cu­­ra­ción
e impartición de justicia, y de ejecución de medidas.
La evaluación se enfoca en los aspectos fundamentales, privilegiando aportar
elementos para la discusión social amplia acerca del sistema de justicia para
ado­les­cen­tes que ha ido configurándose y materializándose en la ley y en la
Se recogieron, en primer lugar, las opiniones publicadas sobre la implementa­
ción del artículo 18 constitucional. Luego se realizó un análisis legislativo
para identificar cómo las entidades federativas han desarrollado la reforma
y, fundamentalmente, qué cambios han experimentado las normas estatales. Por último, se hizo una evaluación de las prácticas institucionales.
Para lograr lo anterior se realizaron entrevistas con actores clave y operadores
del sistema en cinco entidades federativas del país. Dilucidar un consenso
mínimo sobre cómo ha sido interpretada esta reforma constitucional fue
fundamental en la realización de este Informe, pues resulta inimaginable un
sistema integral de justicia para adolescentes eficiente que no esté soportado
por los principales actores de su implementación.
Finalmente, la expectativa de este trabajo será satisfecha si sus resultados
y conclusiones motivan una amplia discusión pública que redunde en mejoras
sus­tanciales para la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal
1. Metodología y marco analítico
El abordaje metodológico concuerda con el ob­je­
ti­vo general del Proyecto:1 “Hallar factores de
éxito y buenas prácticas que hayan contribuido a
la reforma constitucional, definir mecanismos de
monitoreo capaces de orientar las políticas públicas tendientes a un sistema integral de justicia
para adolescentes, generar decisiones informadas
y en armonía con la Constitución y los tratados
Para ello, se efectuaron una investigación bibliohemerográfica tan completa como fuera posible
y entrevistas con los principales actores institucionales del sistema de justicia para adolescentes
(jueces, agentes del ministerio público, policías
y autoridades responsables de la ejecución de
medidas), así como con académicos, técnicos y
autoridades de otras instituciones que interactúan
con el sistema. Las organizaciones de la sociedad
civil fueron especialmente consultadas también.
Esta sistematización de opiniones, perspectivas
e interpretaciones sobre el artículo 18 constitucio­
nal (y la jurisprudencia respectiva de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación) permitió compen­
diar un cúmulo de ideas dispersas.
Simultáneamente, se analizó la legislación de cada
entidad federativa para identificar su correspondencia con el marco constitucional general.
Dado el poco tiempo disponible (tres meses, ciertamente de trabajo intenso), se eligieron cinco
entidades federativas para profundizar la investigación: Baja California, Distrito Federal, Guana­
jua­to, Morelos y Oaxaca, buscando de ese modo
lograr cierta representatividad geográfica.
Se puso atención especial en el monitoreo del
sistema, para lo cual fueron identificadas y anali­
zadas las fuentes primarias (sitios en Internet de
Tribunales, Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública) y secundarias de información (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,
la Procuraduría General de la República, PGR, y
diversos estudios), buscando establecer si los datos disponibles contribuyen a una adecuada evaluación de la eficiencia del sistema. Al respecto,
El presente Informe es uno de los productos del Proyecto
“Justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal. Estado
actual, después de las reformas constitucionales de 2005 y 2008”,
desarrollado por el Instituto de Justicia Procesal Penal, AC, con el
soporte financiero del Fondo Canadá para Iniciativas Locales [Canadian Fund for Local Initiatives].
la información cuantitativa fue considerada elemento clave. Así, se analizaron los recursos de
información existentes en cada entidad federativa y los del INEGI, para determinar hasta dónde
el diseño de las bases de datos disponibles permite el monitoreo permanente de la eficacia del
sistema y su apego al artículo 18 constitucional.
1.2. Marco analítico
La reforma al artículo 18 constitucional en México
es resultado de un proceso complejo que en gran
medida trasciende la realidad nacional; un proceso de aprendizaje y evolución de los derechos de
los adolescentes durante los últimos 150 años,
a través del cual han tenido lugar notables avances, contradicciones, reformas y contrarreformas.
En el continente americano y en el resto del mundo el tema ha tenido relevancia creciente debido
a los movimientos sociales en favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y
a la preocupación generalizada por la seguridad
ciudadana y el grado de incidencia que en ella
pudieran tener los adolescentes en conflicto con
Para comprender cabalmente las reformas en
México es necesario reflexionar sobre la forma en
que se han producido las transformaciones legales
e institucionales en la justicia para adolescentes en el
El marco analítico considera, asimismo, la tensión
existente en muchos países entre un vigoroso
movimiento en favor de los derechos de niños,
niñas y adolescentes —en especial cuando se les
atribuye una conducta tipificada como antisocial
por las leyes penales—, y las opiniones y políticas
públicas que conciben a los adolescentes con una
fuerte vinculación con los temas de seguridad ciu­
dadana, en un contexto donde sectores sociales
reclaman la disminución de la edad de responsabilidad penal2 o penas más severas,3 o consideran
“Yo sí creo que debiera discutirse de nueva cuenta, revalorar,
reconsiderarse lo que se llama la edad penal o la edad punible, porque hay personas de 17 años, de 17 años y medio, que ya andan
enfilados en grupos delictivos cometiendo cualquier cantidad de
delitos… ”: Nahle García, Arturo, procurador general de Justicia del
Estado de Zacatecas, El Sol de Zacatecas, 11 de febrero de 2013,
http://goo.gl/x3s2j.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero,
Edmundo Román Pinzón, afirmó que el aumento de penalidades y
la justicia para adolescentes como una “puerta
giratoria” —donde los que son acusados de cometer delitos quedan libres tan rápido como
entraron—.4 Los cambios legislativos en la mayoría de los países han otorgado las garantías
procesales que les habían sido negadas, entendiendo que el equilibrio entre debido proceso y
seguridad ciudadana está representado por la
máxima de Blackstone según la cual, "para la ley,
es preferible que diez culpables escapen a que un
inocente sufra".5
Antes de la reforma de Illinois la tendencia era que
los niños fueran juzgados en los mismos tribunales
penales que los adultos, con excepción de los
considerados dentro del principio doli incapax,8
que excluía absolutamente del proceso penal a
los menores de 7 años. Gracias al nuevo juzgado
especializado y los que le siguieron, los adolescentes menores de 16 años eran sometidos a un
proceso civil con algunos elementos del penal,
aparte de que se introdujeron la confidencialidad
y cierta informalidad.9
Otra de las intenciones de este Informe es mostrar
que son posibles políticas públicas que maximicen
los derechos de los adolescentes al mismo tiempo
que mejoran la seguridad ciudadana.
Robert Dawson hace un interesante análisis que
permite comprender cómo han sido los ciclos de
creación del modelo tutelar y su posterior evolu­
ción hacia la protección integral. Efectivamente,
después del primer juzgado especializado en
Chicago (1899) el modelo se expandió rápidamente en Estados Unidos, de modo que hacia
1925 todos los estados lo habían replicado. De
forma paralela, dicho modelo tiene un fuerte impacto en la región, al proveer una solución a las
necesidades institucionales. Así, Canadá (1908),
Argentina (1919), Colombia (1920), Perú y Brasil
(1924), y México (1926) lo implementan. Para
1939 todos los países de América Latina habían
establecido de alguna forma este modelo tutelar.
Hay una extensa bibliografía y opiniones sobre
cómo abordar la protección de los derechos de los
adolescentes y su correlación con la seguridad ciu­
dadana. Dos de esos textos son aquí utilizados
como base para el análisis.6
Es imposible revisar cualquier reforma del sistema de justicia para adolescentes sin un análisis
his­tó­ri­co comparado y, en particular, sin ponerlo
en perspectiva en torno de la evolución que dicho
análisis ha tenido en Estados Unidos, fundamentalmente porque sus reformas han sido impulsoras
de los cambios en la región. Un análisis comparativo regional es, sin duda, el mejor mapa de ruta
para proponer una discusión informada.
El primer hito en esta historia es la creación, en
1899, del primer juzgado especializado en adolescentes, en Chicago (Illinois). Probablemente
concurrieron en ese entonces varios factores
determinantes para su establecimiento: los incipientes movimientos en favor de los derechos
de niños, niñas y adolescentes; la industrialización,
y la percepción de que los hechos delictivos atribuibles a estos comenzaban a experimentar cierto crecimiento.7
procesos para personas menores de 18 años contribuiría a evitar
que cometieran más delitos. El Universal, 4 de enero de 2011,
http://goo.gl/ZQrYS.
“Nos dimos cuenta [de] que muchas de las personas que nos
asaltan son menores de edad, entonces entran al CIPA, a lo que era
el Tutelar para Menores... salen, entran, salen…”, Gilberto Aispuro,
responsable de la Comisión de Seguridad Pública del Centro Empresarial de Sinaloa, Noroeste, 3 de febrero de 2013, http://goo.
gl/Wx1Bj.
Blackstone, William, Commentaries on the Laws of England,
Book the Fourth, Chapter the Twenty-Seventh: Of trial, and conviction, 1769, “for the law holds, that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer”.
Dawson, Robert O., “The Future of Juvenile Justice: Is It Time
to Abolish the System?”, 81 Journal of Criminal Law and Criminology, 1990, pp. 136-155, http://goo.gl/kI2LC. Gottfredson, Michael R. y Hirschi, Travis, National crime control policies. Society,
1° de enero, 1995, http://goo.gl/jX797.
7 Theodore Ferdinand analiza, por ejemplo, cómo en Boston,
entre 1830 y 1850, ocurrió un crecimiento pronunciado en el nú-
mero de delitos, acompañado por un incremento similar en las infracciones atribuibles a adolescentes de 10 a 15 años de edad.
Hizo este hallazgo al comparar los datos de aquel periodo con el
total de delitos cometidos de 1815 a 1830, encontrando que en
estos últimos años las infracciones de adolescentes se mantenían
en un nivel irrelevante. También explora cómo la nueva tendencia
observada entre 1830 y 1850 —que podría deberse a nuevos factores sociales— influyó en la decisión de crear un juzgado especializado. Ferdinand, Theodore N., “Juvenile delinquency or juvenile
justice: which came first?”, 27 Criminology, 1989, pp. 204-224.
Regla aplicable en el Common Law según la cual se limitaba
el concepto de delito a las personas mayores de 7 años de edad.
En Commonwealth v. Fisher fue cuestionada la constitucionalidad de este procedimiento, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte, y no volvió a ser puesta en duda sino hasta Kent (1966),
“Court ruled that parents patriae and good intentions are sufficient for intervention without concern for due process”.
Figura 1. Evolución de las diferencias entre justicia para adolescentes y justicia penal, con base en el modelo de Robert
Dawson para Estados Unidos, complementado con la evolución en el resto del continente americano, 1880-202010
Canadá, 1908
Riad, 1988
Derechos del Niño, 1989
Gault, 1967
46 Estados
Winship, 1970
Chile, 1929
Perú, 1924
Brasil, 1924
La continuidad del sistema tutelar en Estados
Unidos motivó paulatinamente críticas y cuestio­
na­mientos en los años sesenta y entonces, a partir
de Kent (1966), Gault (1967) y Winship (1970), la
Suprema Corte reformó el modelo imperante, lo
cual para 1990 se reflejaba legislativamente en
todos los estados. Tales cuestionamientos apuntaban fundamentalmente hacia la vigencia del
debido proceso y eran impulsados desde la defensa y en particular desde la defensoría pública.
Simultáneamente, tomó fuerza un movimiento
mundial que se vio plasmado en las Reglas de
Beiging (1985) y las Reglas de Riad (1988), entre
otros instrumentos de las Naciones Unidas, y en
1989 la Convención sobre los Derechos del Niño
se convirtió en el principal referente de dere­chos
humanos para la estructuración de la impartición
de justicia para adolescentes (artículo 40). Entonces comenzaron los procesos de refor­ma para
ajustar las leyes nacionales a dicha Convención,
precedidos por la Young Offenders Act de Canadá
(1984), que anticipaba muchos elementos de la
Convención, incluida la incorporación del debido
Las reformas legislativas en América Latina también llevaron años, desde el Estatuto da Crainça e
10 El gráfico muestra, en definitiva, el ciclo histórico de nacimiento,
apogeo y declinación del modelo tutelar y el desfase de casi 20
años entre Estados Unidos y Canadá, y los países de América Latina.
do Adolescente en Brasil (1990), seguido por la
Ley del Menor Infractor en El Salvador (1994), para
continuar en los demás países hasta culminar en
2007 con la reforma de Chile. A su vez, en México
la reforma del artículo 18 constitucional de 2005
incluyó los elementos esenciales y algunos adi­cio­
­­na­les que se verán más adelante, y en esta historia
hay conclusiones fundamentales al analizar la im­
ple­men­tación de dicha reforma mexicana.
La justicia para adolescentes ha sido tema de debate
internacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño como marco de referencia obligado.
Los cambios vanguardistas en Estados Unidos hacia
el sistema actual fueron resultado de un proceso
institucionalizado y, como se dijo, fue la defensoría legal de los adolescentes la que quebró el
paradigma imperante; luego sobrevino una legislación acorde con las correspondientes decisiones
de la Suprema Corte de aquella nación.
En Canadá la evolución es resultado de varios
intentos legislativos, en 1970 y 1984 —para satisfacer la Charter of Rights and Freedoms, que
fuera integrada a la Constitución en 1982—,
cuando se aprobó la Young Offenders Act, que
estableció un balance entre debido proceso, protección de la sociedad y necesidades especiales de
los adolescentes infractores. En 2003 fue promul­
ga­da la Youth Criminal Justice Act que apunta a
resolver algunos de los problemas percibidos y
puede caracterizarse a partir de elementos de su
Preámbulo y su Declaración de Principios: proteger
a los ciudadanos, promoviendo la rehabilitación,
reintegración y prevención de los adolescentes en
apoyo de programas basados en la comunidad;
un sistema de justicia especializado y proporcional,
y la generación de información sobre la justicia para
adolescentes, las infracciones y la efectividad de las
medidas, misma que se hace accesible al público.11
En América Latina la reforma comenzó con el
pro­ce­so legislativo a partir de la Convención pero
do por ideólogos que emprendieron la
a­bo­ga­cía de los derechos de los niños, niñas y
ado­­les­­cen­­tes. Las nuevas leyes se establecieron
con cierta facilidad, pero la institucionalidad
que debía aplicarlas era débil, descoordinada y
funda­men­tal­men­te a cargo del Estado.
En Estados Unidos y Canadá se observó cierta
ventaja en el tiempo (América Latina tiene casi 20
años de retraso en los procesos de reforma). Cuando en América Latina comenzó a verse la justicia
para adolescentes como una prioridad de reforma
legislativa, en aquellos dos países ya se discutían
otros temas, quizá centrados en la reintegración
so­cial y familiar con énfasis en la participación de la
más severas. Como afirma Rubén Vasconcelos, la
política criminal no es el fin del artículo 18 consti­
tu­cio­nal reformado en 2005, pero puede ser una
de sus consecuencias.12
Como se ha dicho, en la práctica México —y América Latina— tiene un desfase de casi 20 años con
respecto a Canadá y Estados Unidos, y una creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
Se ha buscado aquí utilizar dos citas bibliográficas
(referidas en las notas 6 y 7) que tienen también
casi 20 años de antigüedad —sin que ello implique
adherirse completamente a ellas— para abordar
las necesidades actuales con mayor perspectiva,
reconociendo que ya se discuten desde hace bastante tiempo. Otro de los objetivos de este Informe
es acelerar el debate y aprovechar la experiencia
internacional: el artículo 18 constitucional se halla
en perfecta sintonía con los últimos avances observados en la región, parece entonces que la
clave está en reducir los tiempos para su total
La reforma constitucional en México, quizás una de
las últimas, logró incluir varios aspectos de este pro­
ce­so de aprendizaje, incluidos, como se verá más
adelante, la necesidad de una visión sistémica e
integral de prever el derecho a una reintegración
social y familiar, y a la justicia alternativa.
En América Latina ha sido difícil pasar de una buena
legislación a instituciones que la operen con eficiencia; existe la creencia de que basta con dis­po­ner
de una ley para que las instituciones del Estado
garanticen por sí mismas todos los derechos.
Este es un desafío del que México no está exento.
Otro marco de análisis apunta a la importancia de
prestar atención a los adolescentes cuando se di­
se­ña una política pública que busca garantizar la
seguridad ciudadana. Las recomendaciones de
Gottfredson y Hirschi sobre la política criminal son
un punto de partida: 1) Minimizar las políticas
reactivas; 2) supervisar a los adolescentes; 3) investigar a las organizaciones delictivas; 4) educación temprana y cuidado de los niños, y 5) apoyar
la cohesión de la familia. Por el contrario, desaconsejan aumentar la población carcelaria, redoblar
esfuerzos en rehabilitar adultos o establecer penas
11 Se han enfatizado algunos principios debido a su relevancia
en la situación mexicana; un análisis completo puede verse en
http://goo.gl/NxVky.
12 El sistema de justicia para adolescentes “no tiene el fin de
disminuir la delincuencia juvenil sino el de configurar un dispositivo que respete los derechos de los adolescentes acusados de cometer delitos para que, mediante sus mecanismos, les brinde la
oportunidad de tener un futuro y también les garantice el derecho
a su desarrollo integral –consagrado en el artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución– con el objetivo de que asuman ‘una función constructiva en la sociedad’, de acuerdo con el artículo 40,
numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)”.
Vasconcelos Méndez, Rubén, “Claroscuros en el desarrollo del sistema de justicia juvenil en México”, DFensor, 14 de mayo de 2010,
http://goo.gl/22Fxx.
2.1. Reforma constitucional
En México se llevaron a cabo tres reformas cons­
ti­tu­cio­na­les determinantes en la justicia para
adolescentes: en 2005, la del artículo 18 que definió las bases del sistema integral de justicia para
adolescentes; en 2008, la del artículo 20 que estableció el modelo acusatorio para los procesos
penales, y en 2011 la de derechos humanos que
incorporó de manera transversal el principio pro
A continuación se cita el texto constitucional que
define las bases del sistema integral de justicia
para adolescentes, que fueron esenciales para
Artículo 18.- … la Federación, los Estados y
el Distrito Federal establecerán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, un sistema
integral de justicia que será aplicable a quienes
se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y
tengan entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce
esta Constitución para todo individuo, así como
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido
reconocidos. Las personas menores de doce
años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos
a rehabilitación y asistencia social.
go­bierno estará a cargo de instituciones, tri­
bu­­na­­les y autoridades especializados en la
orientación, protección y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la protección
ob­ser­var­se en la aplicación de este sistema,
procedimientos seguidos a los adolescentes
se observará la garantía del debido proceso
legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán
como fin la reintegración social y familiar del
adolescente, así como el pleno desarrollo de
su persona y capacidades. El internamiento
se utilizará sólo como medida extrema y por
el tiempo más breve que proceda, y podrá
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como
Cuando se habla de un sistema integral de justicia para adolescentes deben incluir, asimismo, los
artículos 20 y 73 —fracciones XXI y XXIX—
constitucionales, pues estos han sido vinculados
necesariamente al 18 por decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, SCJN.13
El desarrollo legislativo de las reformas constitucionales mencionadas ha sido estudiado a profundidad por Rubén Vasconcelos,14 por lo cual
aquí solo se pretende identificar a grandes rasgos
si las respectivas legislaciones de las entidades
federativas cumplen con los elementos medulares de la reforma.
Para ello, al analizar la implementación legislativa
de los artículos 18 y 20 constitucionales se eligieron los siguientes pilares mínimos con el fin
de establecer el grado de adecuación referido:
- Carácter sistémico e integralidad15
- Derechos fundamentales (por
ejemplo, debido proceso, sistema
acusatorio, intimidad)16
- Especialización17
13 Artículo 73.- “XXI. … En las materias concurrentes previstas
en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales… XXIX. … Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el distrito
federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes,
velando en todo momento por el interés superior de los mismos y
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los
que México sea parte”.
14 Vasconcelos Méndez, Rubén, La justicia para adolescentes en
México: Análisis de las leyes estatales, México, UNAM–UNICEF,
2009, http://goo.gl/kqrvn.
15 Artículo 18.- “… la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un
sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya
la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad…”.
16 Ibid.: “… se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos… En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal…”.
17 Ibid.: “… La operación del sistema en cada orden de gobierno
estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes…”.
- Justicia alternativa18
- Independencia entre las autoridades19
- Internamiento como medida extrema
y por el tiempo más breve que
proceda20
Estos principios constitucionales cumplen con la
Convención sobre los Derechos del Niño, en
particular los referidos al interés superior del
adolescente (artículos 21 y 37), debido proceso
(artículo 40.2); especialización (40.3); diversidad
de medidas (40.4), internación durante el periodo
más breve que proceda (37.b), justicia alternativa
(40.4) y reintegración social (artículo 40.1).
2.2. Interpretación jurisprudencial
La siguiente tabla desglosa los pilares constitucionales que rigen el sistema de justicia para
adolescentes en México y que por su relevancia fueron considerados en esta investigación:
Tabla 1. Criterios del Poder Judicial de la Federación sobre el artículo 18 constitucional
Jurisprudencias y tesis aisladas del Pleno y salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de
Circuito sobre la interpretación al artículo 18 de la Constitución
“… el carácter sistémico de la justicia juvenil deriva de la comprensión de
diversas facetas… …como: 1) prevención, 2) procuración de justicia, 3)
impartición de justicia, 4) tratamiento o ejecución de la medida, y 5) investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que
incidan en la materia” .21
“… las acciones de colaboración… …que han de desarrollarse entre los
distintos niveles de gobierno, deben tener como componente la debida
interacción entre los mismos, razón por la cual, la forma en que ha de
llevarse a cabo debe encontrarse prevista en las leyes de la materia o
mediante la firma de convenios de colaboración para la ejecución conjunta de acciones…”.22
Garantía de debido proceso legal El sistema de justicia penal para adolescentes privilegia el aspecto educativo y de “reinserción” familiar respecto del punitivo de las conductas.23
“… en los procedimientos seguidos contra adolescentes […] debe atenderse al principio de interés superior del menor […] ello implica que las
instituciones, los tribunales y las autoridades encargadas de aplicar el sistema penal para adolescentes […] deben maximizar su esfera de derechos…”.24
“… el principio del interés superior del menor implica que la actuación de
las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del
sistema penal para adolescentes, deba orientarse hacia lo que resulte más
benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades…”.25
18 Ibid.: “… Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente…”.
19 Ibid.: “… En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la… independencia entre las autoridades que
efectúen la remisión y las que impongan las medidas”.
20 Ibid.: “… El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad,
por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves…”.
21 Registro 168772, Tesis P./J. 69/2008, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre de
2008, p. 620.
22 Registro 168770, Tesis P./J. 73/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 622.
23 Registro 160265, Tesis 1a. I/2012 (9a.), Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 1, febrero de 2012, p. 666.
24 Registro 161044, Tesis XVIII.4o.3 P, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIV, septiembre de
2011, p. 2152.
25 Registro 168776, Tesis P./J. 78/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 616.
Del artículo 18 constitucional “… no se advierte la obligación de crear
tipos penales aplicables únicamente a los menores de edad…”, sino únicamente que aquellas conductas realizadas sean tipificadas como delitos
en los Códigos Penales.26
La omisión de celebrar la audiencia de vista en el proceso de justicia para
adolescentes “… constituye una violación de las garantías de defensa del
quejoso […] que conforma uno de los principios rectores del sistema integral para adolescentes, como lo es el de “inmediación”…” .27
El principio de proporcionalidad de las medidas tiene tres perspectivas:
1) Proporcionalidad en la punibilidad de las conductas
2) Proporcionalidad en la determinación de la medida, y
3) Proporcionalidad en la ejecución28
El principio de mínima intervención tiene tres vertientes:
1) Alternatividad
2) Internación como medida más grave, y
3) Breve término de la medida de internamiento29
La implementación del sistema integral de justicia para adolescentes reconoce el “…derecho a la defensa gratuita y adecuada desde el momento
en que son detenidos y hasta que finaliza la medida…”.30
El principio de proporcionalidad, uno de los principios rectores en la materia de justicia para menores, tiene tres perspectivas:
a) A nivel de punibilidad
b) En cuanto a la determinación de la sanción —punición— se
prevé la posibilidad de individualización de la medida por
parte del juzgador en el caso concreto, y
c) A nivel de ejecución31
En tanto no se establezca el nuevo sistema integral en el orden federal,
no debe aplicarse la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en
materia federal, “… dado que establece y regula el pasado sistema tutelar,
que precisamente fue abandonado con la reforma constitucional en materia
de justicia para adolescentes de que se trata…”.32
Son contrarias al artículo 18 constitucional aquellas disposiciones que
permitan que sigan aplicándose la ley para menores infractores u otorguen competencia a los Consejos Tutelares para que sigan conociendo de
los procedimientos iniciados.33
La competencia para conocer los procedimientos relacionados con la comisión de conductas tipificadas como delitos por las leyes federales por
quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad,
26 Registro 168777, Tesis P./J. 75/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 615.
27 Registro 166022, Tesis III.2o.P.227 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, noviembre de 2009, p. 880.
28 Registro 168778; Tesis P./J. 77/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 614.
29 Registro 168779, Tesis P./J. 79/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 613.
30 Registro 168780, Tesis P./J. 76/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 612.
31 Registro 168882, Tesis P./J. 82/2008, Semanario Judicial de la
2008, p. 598.
32 Registro 163793, Tesis II.3o.P.7 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 1308.
33 Registro 170074, Tesis XV.4o.15 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, marzo de 2008, p.
recae en los juzgados especializados en justicia para adolescentes de las
entidades federativas que correspondan, en tanto no se expida la Ley
Federal de Justicia para Adolescentes.34
Deben considerarse inconstitucionales aquellas normas que establezcan
una edad penal mínima distinta a la que señala el artículo 18 constitucional35.
El término “especializados”, puede entenderse en relación con:
a) La organización del trabajo (especialización orgánica)
b) La asignación de competencias, y
c) El perfil del funcionario36
Los órganos que han de juzgar a los adolescentes que hayan cometido
delitos no solo deben desempeñar la función jurisdiccional material, sino
también quedar adscritos formalmente, con todas las consecuencias inherentes a ello, al Poder Judicial del Estado mexicano.37
Es necesario que cada orden de gobierno implemente las medidas necesarias durante el proceso de selección de personal, que garanticen la especialización y adecuación del perfil profesional como requisito para los
aspirantes a cada cargo.38
Formas alternativas de justicia
No existen todavía criterios judiciales sobre las formas alternativas de justicia en el sistema integral de justicia para adolescentes.
Independencia entre las autori- “La expresión ‘independencia’ […] obedece al ánimo de dejar completadades que efectúen la remisión mente abandonado el sistema tutelar anterior, en el cual no se daba esta
y las que impongan las medidas independencia ni la naturaleza acusatoria” .39
Internamiento como medida
No es contrario a la Constitución limitar a los inculpados por delitos graves el beneficio de la libertad provisional bajo caución.40
a medida de tratamiento en internamiento está autorizada solo para conductas tipificadas como delitos graves.41
“A efecto de determinar las medidas de internamiento definitivo para los
menores infractores debe observarse […] la gravedad de la conducta tipificada como delito y la edad del sujeto, tomando en cuenta: I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla; II. La
magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro en que éste fue
colocado; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho
realizado…”.42
“… las autoridades del centro de internamiento, autorizadas por la Dirección de Ejecución de Medidas, tienen facultad de decidir en un momento
dado si resulta o no contraproducente, para la total “reinserción” del
adolescente, que siga cumpliendo con la medida principal y, por ende, la
conveniencia de que ésta sea sustituida por la de menor gravedad…”.43
34 Registro 172246, Tesis XXIV.18 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, junio de 2007, p. 1040.
35 Registro 174101, Tesis 1a. CLVI/2006, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 2006, p. 278.
36 Registro 168773, Tesis P./J. 63/2008, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, septiembre de
2008, p. 619.
37 Registro 168769, Tesis P./J. 71/2008, Semanario Judicial de
38 Registro 168775, Tesis P./J. 66/2008, Semanario Judicial de
2008, p. 617.
39 Registro 168781, Tesis P./J. 80/2008, Semanario Judicial de
2008, p. 611.
40 Registro 167305, Tesis VI.1o.P.266 P, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, mayo de 2009,
41 Registro 160300, Tesis I.6o.P.138 P (9a.), Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 3, febrero de 2012,
42 Registro 162553, Tesis I.8o.P. J/3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 2011, p. 2214.
43 Registro 160396, Tesis VI.2o.P.152 P (9a.), Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 5, enero de 2012, p. 4485.
Cuando el adolescente sentenciado cumpla la mayoría de edad mientras
compurga la pena, procede reubicarlo garantizando su separación de los
demás internos, independientemente del lugar en el que se cumplimente
la medida de internamiento.44
“… el internamiento puede ser viable en aquellos supuestos en que, aun
cuando el tipo penal no exija como elemento la violencia, ésta se materialice en los hechos, y el delito esté considerado como grave…”.45
“… para determinar su duración deben tenerse en consideración tres aspectos: 1) la relación directa con los daños causados; 2) la proporcionalidad
con la conducta realizada; y 3) la penalidad […], no determinar su duración
con base en la “peligrosidad” del adolescente…”.46
“… la imposición del arresto a los menores de edad […] viola el artículo 18
de la Constitución […], no pueden adoptar el aislamiento de los menores
como método de castigo por su infracción”. 47
Las jurisprudencias citadas implican que la justicia para adolescentes en México debe constar
de un sistema integral, con reglas que respeten el
debido proceso, especializado, que promueva la
justicia alternativa, con la clara división entre las
au­to­ri­da­des judiciales y las que ejecutan las medi­
das, así como con el internamiento como medida
extrema. Para respetar estos principios, los estados
tienen obligaciones constitucionales e internacio­
nales que deben establecer en sus respectivos
ordenamientos locales. En este sentido, la implementación de la justicia para adolescentes en
cada entidad federativa debe caracterizarse por
contar con personal adecuadamente capacitado
en los procesos de desarrollo de adolescentes, para
que dichos procesos sean verdaderamente especializados, y las leyes deben fijar reglas claras de
debido proceso, con responsabilidad compartida
entre las diversas instituciones implicadas. Esta
división es la que configura el sistema integral.
A partir de estos principios como ejes rectores
se analizarán enseguida las legislaciones estatales y, por ende, las prácticas correspondientes.
44 Registro 168416, Tesis P./J. 74/2008, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, noviembre de
2008, p. 1205.
45 Registro 160391, Tesis VI.2o.P.151 P (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 5, enero de
2012, p. 4491.
46 Registro 170711, Tesis VI.2o.P. J/13, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de
2007, p. 1535.
47 Registro 170798, Tesis P./J. 106/2007, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de
2007, p. 978.
2.3. Análisis de las legislaciones
estatales y federal
mente, la justicia para adolescentes se compara con
las Reglas de Beijing, arrojando en 2012 un 86.35%
de progreso en la adecuación a nivel nacional.48
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Las legislaciones estatales presentan similitudes y
CNDH, ha venido realizando una serie de estudios diferencias significativas. Estas últimas reflejan
sobre el grado de adecuación de la legislación de enfoques enriquecedores, pero al ser analizadas a la
las entidades federativas respecto de los instrumentos luz de los artículos 18 y 20 constitucionales exinternacionales de derechos humanos;48específica- hiben contrastes que se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Desarrollo legislativo del artículo 18 constitucional
debido proceso Especialización alternativas de
Independencia Internamiento como
autoridades mínima-máxima años
- - -49
- - -51
- - -53
Baja California r
[Ver nota50]
- - -54
Sur½—5
½—15
Coahuila r
[Ver nota 49]
Distrito - - -57
Federal0—5
48 Consultar los valores por entidad federativa en http://goo.
gl/tM1WB. Para mas detalles sobre la metodología, ver http://
goo.gl/Ndaow.
49 Coexisten procesos oral y escrito, según la gravedad del delito.
50 En la ley del sistema de justicia para adolescentes es de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Penales del estado,
que todavía no ha incorporado el modelo acusatorio conforme a
las reformas constitucionales de 2008.
51 La justicia alternativa queda limitada a la reparación del daño.
52 Está vigente el sistema acusatorio/oral de acuerdo con el
artículo 4o de la Ley de Justicia para Adolescentes y supletoriamente el Código de Procedimientos Penales que adopta el sistema
acusatorio de acuerdo a su artículo 3o.
53 La aplicación de los medios alternativos de justicia corresponderá exclusivamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
de conformidad con el artículo 8o de la Ley de Justicia Alternativa.
54 La Ley de Justicia para Adolescentes contempla la justicia
alternativa, sin embargo, remite para su procedimiento a la ley de
la materia, aunque hasta el 5 de abril de 2013 esta no existía todavía en el compendio de leyes del Congreso del Estado de Baja California Sur. Ver http://goo.gl/tA1y6.
55 Ya está en vigor el sistema acusatorio que, de acuerdo con el
artículo 161 de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para
Adolescentes y el 1o del Código de Procedimientos Penales del
estado, donde el procedimiento será acusatorio y oral.
56 Ya está en vigor el sistema acusatorio y oral, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes
Infractores y el artículo 3o del Código de Procedimientos Penales
57 El sistema estadístico de calidad en el Distrito Federal es, en
alguna medida, el inicio de una visión sistémica.
Estado de r
México1—5
- - -60
a---61
a---62
- - -63
½—10
- - -64
- - -67
¼—7
58 Ya está en vigor el sistema acusatorio, de acuerdo con el artículo 30 del Código de Justicia para Menores Infractores, al 1o del
Código Procesal Penal del estado, así como a sus transitorios fracción IV, donde se establece que dicho ordenamiento será aplicable
para el sistema integral de justicia para menores infractores.
59 Ya entró en vigor el sistema acusatorio/oral, conforme al
artículo 111 de la Ley de Justicia para Adolescentes.
60 La existencia —aun cuando no está en el texto de la ley— de
redes interinstitucionales de coordinación y ejecución de medidas es
uno de los elementos fundamentales del sistema integral del estado.
61 El mecanismo alternativo de justicia está supeditado a la reparación del daño; además, hasta el 5 de abril de 2013 no existía
en el catálogo de leyes del Congreso del Estado la ley de justicia
alternativa. Ver http://goo.gl/1y6X9.
62 En la Ley de Justicia para Adolescentes estatal los mecanismos alternativos de justicia están supeditados a la reparación del
daño y, además, la Ley de Justicia Alternativa no contempla a los
63 La Ley de Justicia para Adolescentes prevé la conciliación; sin
embargo, hasta el 5 de abril de 2013, en el catálogo de leyes del
Congreso del Estado no existía ley de justicia alternativa. Ver
http://goo.gl/Nu665.
64 No se fija un mínimo ni un máximo general para la imposición
de la medida de internamiento, sino que esta dependerá de la conducta antisocial de la que se trate, conforme al parámetro establecido
en el artículo 156 de la Ley de Justicia para Adolescentes, que dice:
“… las medidas no podrán exceder en su duración del límite mínimo
de la penalidad correspondiente a la conducta tipificada en el Código Penal, y no podrá ser inferior a la mitad de ese límite”.
65 Ya está en vigor el sistema acusatorio/oral, de acuerdo con
el artículo 19 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes y al artículo 1o del Código de Procedimientos Penales del
66 De conformidad con el artículo 20 de la Ley de Justicia para
Adolescentes, ya está en funcionamiento el sistema acusatorio/oral.
67 La justicia alternativa para adolescentes procede cuando no
se trate de delitos cuya sanción requiera de privación de la libertad
en un centro especializado, tales como homicidio, violación, parricidio, robo calificado, secuestro y corrupción de menores, entre
otros. Ver artículo 93 de la Ley de Justicia para Adolescentes.
½—18
¼—8
1/6 —5
Todos los estados poseen una legislación sobre
justicia para adolescentes. Sin embargo, la mayoría no cumplió con la vacatio legis que la
reforma constitucional estableció en 2005, que
era para 2006, por lo cual fueron promovidos
una serie de amparos para adolescentes internados en las instituciones tutelares; este activismo de litigio forzó a los estados a aprobar
legislaciones especializadas en la materia. Por
su parte, como se señaló antes, hasta hace
unos meses la Federación no contaba con dicha normatividad ni con el respectivo sistema,
por lo cual la responsabilidad de procesar a los
adolescentes por conductas tipificadas como
delitos federales recae en los estados, según
dispuso la SCJN, aunque carecen de recursos
humanos y económicos adicionales para este
Tabla 3. Legislación de los cinco estados seleccionados en el presente Informe para determinar su armonización con los principios
constitucionales en materia de sistema de justicia para adolescentes
Baja California71 Distrito Federal
[Ver nota 57]
[Ver nota 59]
Fracciones V a la
XIV del artículo 16
Art. 11 y 17 LJA
Arts. 28, 36, 42 al
55 LJA
Fracción III del art.
24 LJA
Arts. 20 al 32
68 Está en vigor el sistema oral, de acuerdo con el artículo 10 de
la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
69 Opera el sistema acusatorio oral, de acuerdo con el artículo 5
de la Ley de Justicia para Adolescentes y supletoriamente el nuevo
Código Procesal Penal con sistema acusatorio/oral previsto en su
70 Está vigente el sistema acusatorio/oral, de acuerdo con el
artículo 22 de la Ley de Justicia para Adolescentes y, supletoriamente, el Código Procesal Penal del estado que adopta el sistema
acusatorio en su artículo 4o.
71 La Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes entrará en vigor hasta el día 11 de agosto de 2014. El presente análisis de los pilares se hizo con la Ley de Justicia para Adolescentes
vigente al 20 de febrero de 2013.
Arts. 19 y 21 al 38
Fracción VII del art.
1, fracción VI del
art. 2, art. 21 y
fracción V del art.
Fracción II de los
arts. 2 y 20 de la ley
de Defensoría Pública
Arts. 4 y 12 LJA.
Inciso b) fracción VII
del art. 21 y fracción IV
del art. 28 de la ley
Arts. 4, 15 y 23 al
30 LJA
Arts. 6 al 23 y
Arts. 3, 12 y 126
fracción II del art.
al 130 LJA.
24 LJA.
Fracción XX del
Arts. 32, 33, 40 y 41 art. 7 de la ley
Arts. 44bis, 51 y 54
Art. 2, fracción VI
del art. 4 y art.
34 de la ley
Arts. 36 al 38 de la
ley de Defensoría
Arts. 108 al 116 LJA. Inciso c) fracción I
Art. 8 de la ley de del artículo 12 LJA.
justicia alternativa Art. 33 de la ley de
efectúan la
remisión y las
Arts. 21 al 26 LJA
como medida Fracción II del art. 16
y arts. 158 al 162 LJA
Arts. 17, 25 y 27
Arts. 59 al 68 LJA
Art. 50 al 56 LJA. Arts. 38 al 46 LJA
Art. 5 bis de la ley de
Arts. 23 al 27 LJA
Art. 6, 7 y 15 LJA Arts. 62, 69, 126,
127 y 129 LJA
Art. 34 al 36 y 86
Art. 109 LJA72
Fracción XXVII del
art. 24 y 114 LJA
Arts. 58 y 89 al
95 LJA
En síntesis, Baja California cuenta con un sistema
escrito en la etapa de investigación a nivel del mi­
nis­te­rio público, es decir, continúa con la ave­ri­gua­
ción previa. En el Distrito Federal funcionan dos
sistemas: el escrito, para delitos graves, y el oral,
para los demás. Morelos posee un sistema acusatorio vigente en toda la entidad, utiliza el código
acusatorio de adultos en forma supletoria y recientemente reformó un transitorio para crear un
juzgado con procedimiento escrito para las con-
ductas delictivas federales. En este caso se habrían
elevado las penas máximas, pero tal modificación
no ha entrado en vigencia. En Guanajuato se utiliza
el código tradicional de adultos supletoriamente,
aun cuando existe un código acusatorio vigente
en la zona norte. El de Oaxaca es un sistema acusatorio, pero en la etapa de ejecución se utiliza la
Ley del Menor Infractor del Distrito Federal, ya
derogada, como supletoria en lo que se refiere a
las conductas federales.
72 En 2012 el estado de Morelos modificó la Ley de Justicia para
Adolescentes, fijando las penas máximas para delitos no graves a
cinco años y para delitos graves a siete. La modificación, sin em-
bargo, aún no está vigente ni ha sido publicada. Ver: “Endurecerán
penas contra niños sicarios en Morelos”, La Vanguardia, 10 de julio
de 2012. http://goo.gl/eLInj.
2.4. Tendencias en las reformas a las
leyes de justicia para adolescentes
Las leyes de justicia para adolescentes han
expe­rimentado una serie de reformas posteriores a la aprobación de sus textos originales,
ante lo cual es preocupante la tendencia hacia
el incremento en las penas máximas, el agregado de penas mínimas y la forma en la que se
procede con las conductas antisociales del fuero
Tabla 4. Sentido de las reformas a las leyes de justicia para adolescentes
[Debido proceso legal]
— Se adicionó la fracción VIII al artículo 38, de modo que la valoración de las pruebas se
hará también cuando obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal con equipos y sistemas tecnológicos, en términos de la ley que
regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal.
[Justicia alternativa]
­­— Se adicionó el inciso C a la fracción primera del artículo 12, estableciéndose los centros
de justicia alternativa como órganos y autoridades especializadas en la justicia para
adolescentes, que en consecuencia resolverán siempre y cuando las conductas tipificadas como delitos sean no graves.
— Se reforma el artículo 40.
— Se adicionó la fracción IV al artículo 45, por lo cual procede la suspensión del procedimiento cuando las partes soliciten solucionar su conflicto en el centro de justicia alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción V, de la Ley de Justicia Alternativa, en cuyo caso la suspensión será hasta por un término de 30 días.
— Se adicionó la fracción VII al artículo 48, estableciendo que el sobreseimiento procede
también cuando el resultado de la gestión del conflicto, por cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias, arroje un acuerdo restaurativo entre las
partes, en el caso de las conductas tipificadas como delitos no graves.
— Se modificó el primer párrafo del artículo 91.
[internación como último recurso y por el plazo más breve posible]
— En 2012 la Ley de Justicia para Adolescentes tuvo una reforma en la que se aumentaron las penas para los adolescentes que cometan el delito de homicidio; en adelante,
recibirán, en promedio, cuatro años de sentencia; por violación, dos años diez meses,
y por lesiones, dos años cinco meses, de acuerdo con un reporte estadístico del Tribunal Superior de Justicia del DF, TSJDF.
— Se reformó el último párrafo del artículo 159, quedando como sigue: “para
fines del otorgamiento de libertad provisional bajo caución tratándose de la
clasificación como graves de las conductas tipificadas como delitos contra
la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII
del título XVIII de la Ley General de Salud, se observarán las disposiciones
del Código Federal de Procedimientos Penales”.
— Al reformar el artículo 160 se aumenta la duración de la medida, de modo
que antes no podía exceder los siete años, mientras que ahora no podrá
exceder los diez años.
— Mediante la reforma de 2009 se elevó la duración máxima de las penas de
siete a diez años, lo cual que se conservó asimismo en la posterior reforma
de 2010 al artículo 91.
No se modificaron los máximos de duración de la medida de internamiento, en
tanto que se fijaron mínimos temporales insalvables para la duración de la
misma, de modo que el encierro para los más chicos será de uno a cuatro años
y para los más grandes de dos a siete años.
— El artículo 81 se reformó en lo referente a la detención. Así, si se ordenaba
la libertad del imputado y el ministerio público deseaba formularle imputación, antes esto debía llevarse a cabo en audiencia diversa, y a partir de la
reforma debe realizarse de forma inmediata.
— Se reformó el segundo párrafo del artículo 80, donde se establece que en
los casos de personas menores de 12 años estas deberán ser entregadas a
sus padres o responsables, o en caso de que tal acción resulte perjudicial se
le remitirá a la institución encargada, donde serán sujetas de rehabilitación
y asistencia social —esta última parte es la que resultó de la reforma mencionada.
— Aumento de las penas máximas, ver nota al pie 72.
3.1. Discusión general sobre la
La disponibilidad de indicadores sobre las instan­cias
del sistema de justicia para adolescentes es limitada. Si bien los datos de intervenciones policiales y
puestas a disposición del ministerio público son re­­
co­­pi­­la­dos en detalle por las Secretarías de Seguridad
Pública, rara vez son publicados. Al mismo tiempo,
los que publica el INEGI no distinguen entre adolescentes y adultos, de tal forma que es imposible
correlacionarlos con los del resto del sistema. Las
pro­cu­ra­du­rías, a su vez, tien­den a no hacer públicos
datos relevantes,73 como aquellos sobre adolescentes puestos a disposición, investigaciones iniciadas, acciones presentadas ante los juzgados especializados, adolescentes que se be­ne­fi­cian del
principio de oportunidad y casos sobreseídos.
Finalmente, los datos judiciales suelen ser publicados por los poderes judiciales de cada estado,
pero en un formato que tiende a ser convencional y general; por ejemplo, “Casos iniciados”,
“Casos en trámite”, “Casos concluidos”, y solo
excepcionalmente la información aporta el nivel
de detalle suficiente. La mejor muestra en este
sentido es la publicación estadística del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal74, que incluye cada concepto y los datos correspondientes
en un diagrama de flujo donde es posible apreciar
las distintas salidas que cada caso puede tener, sin
que necesariamente se trate de sentencias definitivas. Este es el paradigma a seguir si se desea
aportar información que permita analizar en detalle el funcionamiento de la justicia para adolescentes, pero aún en el caso del Distrito Federal es
resultado de un proceso que ha tomado varios
años de desarrollo y únicamente ofrece los datos
relativos al proceso escrito.75 76
Figura 2. Etapas procesales de los adolescentes remitidos en el sistema escrito, Distrito Federal, mayo 2011-abril 201276
Remitidos con detenido
•944 Consignaciones
de nuevo ingreso con
Libertad por Causa Diversa a Sentencia
•113 Auto de
Libertad por Falta
Radicación en
•1,771
• 1,565 Personas
• 1,602 Delitos
1,528 SI
21*** NO
Libertad por no
calificar de Legal
la Detención **
• 1261 Defensa de Oficio
• 334 Defensa Privada
Auto de Plazo
• 340 Solicitudes de
Duplicidad del Auto
• 817 Condenatorias
• 40 Absolutorias
• 1,391 Auto de Formal
Prisión **
Instrucción **
Solicitud MP Apelación
Libro de Gobierno (Desahogo de las diligencias más urgentes)
Sustitutivo o
• 82 Auto de Sujeción a
Proceso sin Restriccion de
su Libertad**
• 1,587 con auto de
plazo e instrucción
• 305 Ordinarios
• 173 Sumarios
• 1,083 Especiales
Consignaciones con
• 944 con cierre
• 618 sin cierre
Sentencia **
- Ejecutoria **
- Libertad **
Modifica Revoca
Incompetencia, Excusa, Recusación, Acumulación
73 Por ejemplo, en Oaxaca el Anexo Estadístico del Segundo
Informe de Gobierno 2011-2016 incluye los datos de la Procuraduría, http://goo.gl/y6fNd. También en Guanajuato se publican
en el sitio http://goo.gl/OI6uy. En ambos casos sin distinguir entre adolescentes y adultos.
74 De los cinco estados analizados (en particular con base en
sus sitios oficiales en Internet): en Guanajuato, el Poder Judicial
publica casos iniciados, pendientes y resueltos, sin ninguna otra
precisión; Morelos publica algunos datos no estructurados en los
Informes Anuales del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y en
Baja California y Oaxaca no se ha podido encontrar datos disponibles al público. En las demás entidades federativas del país tampoco puede accederse a datos mucho más detallados.
75 En el Distrito Federal coexisten el proceso oral para las conductas antisociales no graves, y el escrito para las graves.
76 Tribunal Superior de Judicial del Distrito Federal, Anuario
Estadístico 2012, p. 113, http://goo.gl/U905X.
Las cifras sobre la ejecución de medidas son también escasas; solo han podido identificarse las del
Distrito Federal relativas a los casos de internación.
Los censos de gobierno del INEGI han venido
a llenar estos vacíos, homogenizar la estructura
de la información y dar continuidad a los datos.
Pero esto es un proyecto aún en desarrollo, de
manera que faltan datos o son inconsistentes, no
obstante el esfuerzo institucional extraordinario
por garantizar la calidad mínima necesaria.
Es importante resaltar que estos datos deben ser
públicos y accesibles para que cualquier persona
o entidad pueda procesarlos y contrastar sus hipó­
te­sis, ejerciendo de esta forma el control ciu­da­da­no
sobre los sistemas de justicia para adolescentes.
3.2. Datos recopilados por el
y Geografía, INEGI
En México, es incipiente la generación y publicación de los datos mínimos que permitan hacer
un monitoreo permanente del sistema integral
de justicia para adolescentes. Dichos datos (de
acceso fundamental para académicos, investigadores y formadores de opinión) están dispersos
y su estructura varía de una entidad federativa
a otra, lo que hace casi imposible la obtención de
datos coherentes a nivel nacional. Los tribunales
superiores de justicia son los que más información
tienen a disposición del público, mientras que a la
de las procuradurías de justicia y las secretarías
de seguridad pública puede accederse solo en
casos específicos.77
Hasta 2009, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía publicó varias series de cifras bajo la
categoría “Seguridad y Orden Público”, lo
cual permitía obtener unos pocos indicadores
acerca del desempeño de la impartición de justicia para adolescentes. Luego, quizá por la falta
de confia­bi­li­dad, a partir de 2010 aplicó un nuevo enfoque metodológico y, con una visión clara
de la impor­tan­cia de la justicia para adolescentes, creó series específicas y mucho más desagregadas.78 La diferencia metodológica esencial es
que tales datos no son aportados por los órganos
correspondientes de cada entidad federativa,
77 Un buen ejemplo de rendición de cuentas y publicidad es el
de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, que publica
periódicamente datos estadísticos de sus actividades, aunque no
distingue los datos de adultos y adolescentes, http://goo.gl/OI6uy.
78 Las cifras utilizadas en este estudio fueron descargadas entre
el 1 de febrero de 2013 y el 4 de abril de 2013, disponibles en:
http://goo.gl/XLOqT.
sino que son los propios técnicos del INEGI quienes realizan el levantamiento de las cifras, procesando los registros acumu­la­dos dentro de cada
unidad de estadística de cada órgano estatal.
Este enfoque —reforzado con la creación por
parte del INEGI de un Comité en el que participan
cada uno de los órganos competentes— vino a
satisfacer una necesidad de la que se tenía clara
conciencia desde hace varios años. Sin embrago,
y pese a que probablemente es una decisión
pertinente en la coyuntura actual, esta metodo­
lo­gía plantea para el INEGI una complejidad que
deberá resolverse una vez alcanzado el objetivo
primario, que es el de homologar los datos. Al final, el grado de detalle pretendido está cada vez
más cerca del tipo de datos que debe recolectar
una institución estadística nacional que abarca
todos los sectores, respecto de la producción y pu­
bli­ca­ción de estadísticas que cada sector debe
aportar en sus aéreas de competencia específicas.
En cuanto a seguridad pública y procuración de
justicia, este constituye un avance importante,
pues los datos son mucho más compactos y ho­
mo­gé­neos, llenando un vacío de información
pro­du­ci­do por la inexistencia de estrategias de
rendición de cuentas y trasparencia de los órganos específicos.
Es en los tribunales superiores de justicia donde
se observan las mayores dificultades, ya que la
tipicidad y estructura de los datos se multiplica
por la complejidad del proceso judicial; es aquí
donde se observan los principales problemas de
calidad y confiabilidad que podrían deberse también a una mayor debilidad en la generación de
datos estadísticos básicos en el origen.
Para el presente Informe, con los datos publicados
por el INEGI para 2010 y 2011 se han calculado
indicadores básicos que deberían mostrar indicios
sobre el desempeño del sistema de justicia para
La primera serie de dichos indicadores básicos
apunta a medir las denominadas salidas del sistema: el ciclo comienza con la aprehensión del
adolescente (en flagrancia o caso urgente) o por
orden de detención; luego el ministerio público
decide o no iniciar la investigación que e­ven­
tual­men­te concluiría con la judicialización del
adolescente o, por el contrario, la aplicación del
principio de oportunidad, evitando con ello su
judicialización. Luego puede haber una intervención judicial para determinar la legalidad de la
detención. Si el adolescente es vinculado a proceso
podría no llegarse a la etapa de juicio mediante la
aplicación de formas alternativas de justicia o la
suspensión del proceso a prueba. Si se llega a una
sentencia definitiva, esta puede ser absolutoria
o sancionatoria, y en este último caso las medidas
sancionatorias pueden ser en libertad o bajo privación de la libertad.79 Preocupa especialmente la
situación del adolescente que se encuentra en
proceso, ya que las medidas cautelares —en
libertad o en internación— deben respetar su
presunción de inocencia. Por último, el ciclo
concluye con la ejecución de las medidas, tanto
en internación como en externación, donde
importan particularmente las terminaciones an­ti­
ci­pa­das y el grado de cumplimiento y seguimiento
de las medidas en externación.
Es relevante medir las proporciones de adolescentes que siguen la línea principal ordinaria (que
es la excepcional y como último recurso prevista
en el artículo 18 constitucional) “aprehensión–
investigación–judicialización–sentencia sancionatoria–internación”, pero aún más medir las
múltiples salidas laterales, cuya cuantificación va
exhibiendo la excepcionalidad del procedimiento
3.3. Discusión sobre la calidad de
los datos publicados por el INEGI
A continuación, se intentará calcular los principales e indispensables indicadores para evaluar
el sistema de justicia para adolescentes. Algunos
de tales indicadores, en particular para determinadas entidades federativas, presentan resultados
inconsistentes y muy probablemente algunos
de ellos no válidos. Sin embargo, este ejercicio
busca propiciar un proceso de control de calidad
de los datos, algo absolutamente necesario para
que los indicadores calculados puedan ser utiliza­
dos por su confiabilidad.
En primer lugar, es imposible comparar el número
de aprehensiones realizadas por las autoridades
policiales con el de investigaciones iniciadas
por el ministerio público. Existe la dificultad de la
diversidad de corporaciones policiales (como el
caso de las municipales, que no siempre se inclu­
yen en las estadísticas de las secretarías de seguridad pública estatales), aparte de que muchas
aprehensiones las realizaban las Fuerzas Armadas
u otras autoridades, en particular tratándose de
delitos federales. Otro obstáculo —seguramente
salvable en los futuros censos de gobierno— es
que los datos recopilados por el INEGI no discri­
79 Esta secuencia en su línea principal ordinaria y sus salidas
laterales es la que pretende cuantificarse. Un ejemplo de este enfoque se muestra en la Figura 2, que solo incorpora cuanto ocurre
en las sedes judiciales.
mi­nan las intervenciones policiales por la edad
de las víctimas y las personas aprehendidas.
Los censos del INEGI recolectan datos de procu­
ra­­ción de justicia para adolescentes: para medir
las salidas laterales desde que el adolescente es
puesto a disposición del ministerio público hasta
que queda eventualmente vinculado a un proce­so
judicial sancionador.
Así, resulta, de acuerdo con los estudios y en­tre­­
vis­­tas realizados, que en muchos casos el ministerio público tiende a evitar la judicialización.
Es frecuente también que, a juicio de este, se
aplique el principio de oportunidad, ya sea
concluyendo su intervención bajo protesta del
adolescente o por la reparación económica de
los daños u otras formas de justicia alternativa.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el
ministerio público archiva el caso sin que exista
constancia de que se ofreció al adolescente
participar voluntariamente en algún programa.
La Figura 3 muestra el cálculo del indicador de
investigaciones iniciadas por el ministerio público
en cada estado que motivan vinculación a proceso
(expresado en porcentajes). Las variaciones en las
cifras responden, más que nada, a la incertidum­bre
sobre cómo se evita la judicialización en esos casos
y resulta muy difícil explicar las grandes diferen­
cias entre estados. Más aún, si se observa que
algunas entidades federativas tuvieron que ser
excluidas del gráfico por reportar más vinculaciones a proceso que investigaciones iniciadas
(situación posible, aunque excepcional).
También llama la atención que los porcentajes
cubran casi todo el espectro posible, mientras
que sería más razonable una concentración de los
datos alrededor de un 20% (que representan los
valores verificados en Morelos, 20%, y Guanajuato,
10%, y parecen ser los que mejor reflejan el sentido del artículo 18 constitucional). Los datos
tenderían a mostrar sobre todo la heterogeneidad
de criterios para disponer los casos por parte de los
ministerios públicos, aunque también es posible
explicar estas diferencias por problemas en la
definición de qué es una “investigación” y qué
un “proceso judicial abierto”.80
80 El que no existan procedimientos confiables de captura de
datos que diferencien una audiencia de “control de detención” y
una de “vinculación a proceso”, por un mismo hecho relativo a un
mismo adolescente, puede dar lugar a la cuantificación de dos
procesos judiciales en vez de uno, en particular si las carpetas o los
números de registro contienen identificadores distintos.
Figura 3. Porcentaje de investigaciones abiertas por el ministerio público que se judicializan, 201181
Datos visiblemente inconsistentes;
para algunos estados es muy probable que los porcentajes no sean válidos
Fuentes: Censos del INEGI, y datos recolectados en las procuradurías y los poderes judiciales de cada estado.
Otro indicador que sería necesario calcular a
partir de los censos del INEGI es el referente al
número de adolescentes internados en función
de los procesos judiciales abiertos, lo cual mostraría de alguna forma la excepcionalidad de la
privación de libertad. Sin embargo, se presentan las mismas deficiencias que en la figura anterior (en especial, la gran variabilidad entre
estados). Algunas explicaciones posibles son
las de casos como Michoacán, donde se judicializa el 93% de las investigaciones y se inter-
na al 7.7% de los adolescentes vinculados a
procesos (ídem Baja California Sur y Sinaloa),
lo que lleva a diagnosticar que el ministerio público en ese estado no está aplicando el principio de oportunidad, el cual se habría desplazado para su aplicación en sede judicial, pero
esto es una mera conjetura mientras no se tenga la certeza de que los datos recolectados poseen la calidad necesaria. Una situación distinta
podría predicarse de Guanajuato, Quintana Roo
o Zacatecas, donde ambas cifras son bajas.
81 El dato resulta dividiendo el número de “procesos judiciales
abiertos” por el de “investigaciones abiertas” por el ministerio público. Se excluyeron Aguascalientes y Guerrero, por falta de dato,
y Jalisco, por arrojar un 825%, en virtud de que son cuestionables
los porcentajes superiores al 100%.
Más que establecer conclusiones, aquí se percibe
la necesidad de profundizar los estudios sobre la
calidad de los datos. En la Figura 3 es significativa
la falta de datos o la exclusión de otros por ser
inconsistentes aparentemente.8283
Figura 4. Porcentaje anual de adolescentes internados con respecto al número de procesos judiciales abiertos, 201183
Fuentes: Censos del INEGI y datos recolectados en los poderes judiciales y las secretarías de seguridad pública de cada estado.
82 Los datos publicados por el INEGI contienen muchos vacíos,
muy probablemente porque no pudo encontrar la información suficiente en algunos de los órganos de esos estados.
83 No se incluye Guerrero, por datos faltantes. Colima, Nuevo
León y Tlaxcala presentan más internamientos que procesos
abiertos durante el año, lo cual exhibe una incongruencia.
Para atenuar la fuente de mayor complejidad en
los datos (el proceso judicial y su variada termino­
lo­gía, instancias y formalidades), se generó en la
Figura 5 un indicador que vincula las “investiga­cio­
nes abiertas” con los “ingresos a los centros para
adolescentes”. Estos cálculos también evidencian
un amplio espectro numérico y algunas incongruen­
cias, como es el caso de Tlaxcala, con un 98.6% de
investigaciones que derivan en internación, frente
a un 64.2% que deriva en un proceso judicial.
Figura 5. Porcentaje de internamientos con respecto al número de investigaciones abiertas, 2011
Chiapas 117%
Tlaxcala 99%
Sonora 98%
San Luis Potosí 85%
Colima 70%
Nayarit 65%
Nuevo León 65%
Veracruz 41%
Tabasco 38%
Durango 34%
Tamaulipas 32%
Baja California 32%
Chihuahua 26%
Baja California Sur 21%
Hidalgo 20%
Oaxaca 17%
Distrito Federal 15%
Sinaloa 14%
Campeche 10%
Coahuila 8%
Zacatecas 7%
Michoacán 7%
Querétaro 7%
Quintana Roo 4%
Fuentes: Censos del INEGI y datos recolectados en las procuradurías y las secretarías de seguridad pública de cada estado.
Finalmente, en las Figuras 6 y 7 se proponen
dos indicadores para evaluar debido proceso y
la excepcionalidad de la internación; estos datos tendrían menor probabilidad de error, pues
proceden de un solo órgano y no del cruzamiento entre dos órganos independientes. Los
valores obtenidos muestran algunos estados
con valores altos de absoluciones (entre el 10 y
el 20%), si bien siguen siendo bajos al compararlos con indicadores internacionales (en Costa Rica, por ejemplo, el mismo indicador alcanzó el 25%). Preocupa especialmente la larga
lista de resultados significativamente bajos,
que pueden ser interpretados de diferentes
maneras pero que debieran ser explicados por
las propias instituciones implicadas.
Figura 6. Porcentaje de egresos de los centros de internamiento por resolución absolutoria,
comparado con el de procesos abiertos, 201184
Yucatán 24.9 %
Colima 23.0 %
San Luis Potosí 17.6 %
Chiapas 15.7 %
Veracruz 12.3 %
Baja California 11.7 %
Oaxaca 9.4 %
Tamaulipas 8.9 %
Querétaro 8.8 %
Hidalgo 7.1%
Zacatecas 5.3 %
Nayarit 5.2 %
Campeche 3.7 %
Morelos 3.5 %
Durango 3.2 %
Coahuila 2.1 %
Distrito Federal 2.0 %
Sinaloa 1.8 %
Quintana Roo 1.8 %
Guanajuato 1.4 %
Tabasco 1.4 %
Chihuahua 1.1 %
Jalisco 0.4 %
México 0.1 %
Fuentes: Censos del INEGI y datos recolectados en las secretarías de seguridad pública de cada estado.
Para comparar el número de adolescentes internados (el dato utilizado no es el de ingresos
en el centro de internación, sino el de un corte
anual que se realiza censando la población in-
ternada), en la Figura 11 se los divide entre la
población de adolescentes de 12 y de 17 años
de edad en cada estado, para lograr una cifra
comparable entre todos.
84 El dato correspondiente a Nuevo León, 142%, probablemente es inconsistente. No hay datos para Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora y Tlaxcala.
Si bien los resultados de la Figura 7 son más homogéneos, las interpretaciones de los valores
extremos son difíciles al no disponerse de cifras
Figura 7. Adolescentes en centros de internamiento por cada 10,000 adolescentes, 2011
Campeche 0.9
Oaxaca 0.9
Michoacán 0.9
Guanajuato 1.3
Veracruz 1.4
México 1.5
Puebla 1.6
Sinaloa 1.9
Coahuila 2.1
Morelos 2.6
Tamaulipas 2.7
Quintana Roo 2.7
Guerrero 2.8
Hidalgo 3.0
San Luis Potosí 3.7
Zacatecas 3.7
Chiapas 3.7
Aguascalientes 4.1
Durango 4.9
Yucatán 6.1
Jalisco 6.8
Nuevo León 7.2
Baja California Sur 8.2
Distrito Federal 8.2
Nayarit 8.7
Chihuahua 8.7
Colima 11.0
Tabasco 11.6
Baja California 11.8
Sonora 19.8
La conclusión preliminar del cálculo de estos
indicadores es que, de nueva cuenta, la calidad
de los datos parece insuficiente para un cálculo
confiable. Muchos estados registran faltantes
de información y es probable que haya cierta
confusión al momento de capturar los datos so-
bre qué incluir. De todas formas, se considera
loable el trabajo del INEGI para producir estos
datos, pues fomenta una cultura de medición y
evaluación, y a partir de posibles inconsistencias
exhibe la urgencia de analizar las eventuales
Como se verá en las siguientes figuras, aquí se
realizaron cálculos adicionales —que no agotan
todos los cálculos posibles en función de las variables incluidas por el INEGI en los censos.
Figura 8. Porcentaje de “reincidentes” entre los adolescentes ingresados en los centros de internación, 201185
Tabasco 32.9 %
Sonora 27.0 %
Nayarit 20.2 %
Morelos 16.7 %
Distrito Federal 15.9 %
Nuevo León 14.9 %
Jalisco 12.6 %
San Luis Potosí 11.5 %
Tamaulipas 10.3 %
Yucatán 10.2 %
Baja California 9.1 %
Chiapas 8.9 %
México 7.2 %
Aguascalientes 4.9 %
Guerrero 4.5 %
Durango 4.2 %
Coahuila 3.5 %
Querétaro 2.9 %
Tlaxcala 2.7 %
Baja California Sur 1.8 %
Oaxaca 1.1 %
Guanajuato 1.1 %
Colima 1.0 %
85 No se incluyen Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, debido a la falta de datos.
Figura 9. Adolescentes internados en proceso (en etapa de resolución) como porcentaje del total de internados, 201186
Nuevo León 95.1 %
Aguascalientes 77.0 %
Chihuahua 73.9 %
Colima 61.3 %
Nayarit 58.2 %
Tlaxcala 55.6 %
Campeche 55.6 %
Jalisco 53.9 %
Tamaulipas 51.1 %
Guanajuato 45.6 %
Baja California 44.9 %
San Luis Potosí 41.7 %
Sinaloa 37.5 %
Guerrero 37.4 %
Zacatecas 31.3 %
Veracruz 29.4 %
Querétaro 29.1 %
Distrito Federal 28.1 %
Yucatán 26.3 %
Puebla 22.7 %
Coahuila 22.4 %
Tabasco 18.5 %
Hidalgo 18.4 %
Durango 15.3 %
México 14.6 %
Chiapas 12.4 %
Morelos 11.1 %
Michoacán 5.9 %
Figura 10. Procesos judiciales iniciados por homicidios atribuibles a adolescentes como porcentaje del total de procesos judiciales
iniciados por homicidios (incluyendo adultos), 201187
Fuentes: Censos del INEGI y datos recolectados en los poderes judiciales de cada estado.
86 Se excluyen Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora por falta de datos.
87 Fue excluido Coahuila por falta de datos. El INEGI reporta un
total de 95 procesos judiciales por homicidio iniciados en Durango, de los cuales 24 fueron atribuidos a adolescentes.
Figura 11. Población de los centros de internamiento para adolescentes, 1999-201188
Fuentes: Series del INEGI 1999–2007; censo del INEGI 2012, y datos recolectados en las secretarías de seguridad pública de
88 Las series que venía publicando el INEGI se descontinuaron
en 2008 y actualmente no están accesibles en el sitio de Internet
respectivo. Los datos de 2010 y 2011 se calculan con otra metodología. Los descensos visibles en los años 2002 y 2007 obedecen
a datos incompletos.
Figura 12. Adolescentes ingresados a los consejos tutelares (1999 a 2007) y a los centros de internamiento (2010 y 2011), y
adultos procesados en primera instancia (2000 a 2011)
Adolescentes ingresados
Fuentes: Series del INEGI 1999–2007; censos del INEGI 2011 y 2012, y datos recolectados en las secretarías de seguridad pública de
Con respecto a los delitos federales, no es posible precisar su evolución en el largo plazo, aunque existen datos recopilados por la Procuraduría
General de la República que permiten apreciar
un incremento sostenido de los delitos diversos
(o sea, aquellos no vinculados con los delitos
contra la salud). Asumiendo que en 2011 se iniciaron 42,480 investigaciones a adolescentes,
a nivel nacional (dato de los Censos del INEGI),
las conductas antisociales federales tendrían un
14.4% de incidencia sobre el total.
Figura 13. Adolescentes “indiciados” por delitos del fuero federal, 2006-2012
Fuente: Procuraduría General de la República.89
La conclusión de este análisis preliminar de calidad es que las contradicciones e inconsistencias
son demasiado grandes como para que los datos,
tal como están, sean útiles para calcular los indi­
ca­do­res. Compatibilizar datos de diferentes entidades federativas y órganos (cada uno con sus
peculiaridades) es una tarea difícil que requiere
procesos de homologación de las definiciones
de cada variable para que sean comparables.
Es probable que exista una confusión jurídica
sobre cada dato estadístico y estén recolectándose
magnitudes no comparables. El esfuerzo del INEGI
es extraordinario, pero es evidente que persisten
problemas de calidad en las unidades de estadís­
ti­ca de cada órgano, en la mayoría de las entidades federativas.
89 Los datos fueron suministrados por la Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en respuesta a una solicitud de información. También fueron publicados
por la Fundación Pantalla, disponibles en: http://goo.gl/gJWe7.
Los de 2012, a su vez, resultan de una estimación basada en los
4. Estudios y opiniones sobre la
En México se han realizado importantes estudios
y vertido múltiples opiniones sobre la implemen­
ta­ción del sistema de justicia para adolescentes,
algunas de las cuales se citan a continuación, no
solo por su agudeza, sino por la relevancia social
de quienes las formularon:90
Dra. Ruth Villanueva Castilleja: “la prevención
y el seguimiento ni siquiera figuran”, “es
positivo que en México exista la separación
absoluta de personas adultas y menores de
edad”. Y enseguida remarcó “la necesidad
de contar con profesionistas especializados en
menores de edad infractores, no en derecho
penal ni en amparo, que entiendan con un
enfoque distinto el derecho y su aplicación
para esta población”.
las entidades federativa al contrastarlas con las
Reglas de Beijing.91
Este claroscuro puede entenderse a la luz de la
evolución histórica de la justicia para adolescentes, donde las garantías procesales han tenido
preeminencia constante. México no ha estado al
margen de esas tendencias, pero es evidente que
el artículo 18 constitucional fijó también otros
objetivos que serán analizados a continuación.
Paula Ramírez, protagonista por parte de
UNICEF México del proceso de reforma: “como
muchas reformas legales que se han registrado en materia de infancia y adolescencia
en América Latina, la reforma del sistema de
justicia para adolescentes se encuentra frente
al gran desafío de la efectividad”.
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos,
AC, CONATRIB: “se tiene que reconocer con
humildad que ya hemos ingresado a una crisis
y que las reformas que se hicieron hace cuatro
años a la Constitución se instrumentaron sin la
planeación adecuada y sin el soporte económico que hiciera viable y exitosa su aplicación”.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la
“a cuatro años de que se concretaron reformas
en esta materia se carece de recursos, infraestructura y personal especializado para que se
aplique en los hechos”.
Como contrapartida, la evaluación más reciente
de la Comisión Nacional de los Derechos Huma­
nos, CNDH, estima en un 86.35% el grado de
adecuación a nivel nacional de las legislación en
90 Iruretagoyena, Amelia, “Situación del Sistema Integral de
justicia para Adolescentes: Visión interdisciplinaria”, Revista Amicus Curiae, México, Año V, Número 1, febrero 2012, http://goo.
gl/C2Gxs.
91 CNDH, “Justicia para Adolescentes”, Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos, http://goo.gl/dktuS.
5. Análisis con base en los pilares
definidos a partir del
La primera visión acerca del desarrollo legislativo
que ha tenido el artículo 18 constitucional es la
de una gran diversidad de leyes con diferencias
sustantivas en sus denominaciones y en el lenguaje utilizado. Un análisis general permite afirmar
que la mayoría de las leyes atienden a regular la
pro­curación e impartición de justicia, mientras que
los demás aspectos de dicho artículo consti­tu­cio­­nal
son abordados en menor grado —por ejemplo, el
del carácter sistémico de la justicia para adolescentes—.92 Además, según la SCJN, “puede
afirmarse que el carácter sistémico de la justicia
juvenil deriva de la comprensión de diversas facetas del problema de la delincuencia juvenil…”; en
este sentido, aspectos en política criminal como
el de la prevención y otros, no necesariamente son
ajenos a la norma que regula el sistema integral
de justicia para adolescentes. La aplicación suple­
to­ria de la legislación penal de adultos preocupa
en alguna medida, sobre todo cuando la legislación supletoria no es un código procesal penal acusatorio; lo anterior también implica
aceptar que hay situaciones que podrían no
estar previstas y por ello se resuelven en manera no especializada.
El respeto a la intimidad de los adolescentes ha
sido adecuadamente tratado por las legislaciones,
y en particular la protección de sus datos personales. Sobre la publicidad del proceso se observa
que en algunos estados es reservado por defecto
(por ejemplo, Morelos) y el adolescente puede
decidir si la acepta, mientras que en otros es público por defecto y el adolescente puede solicitar
la reserva (por ejemplo, en Baja California). Por
último, la destrucción de los registros —prevista
en las legislaciones— debería cuidar que no queden versiones informáticas.
En los últimos años se han presentado en los
sistemas de justicia para adolescentes casos que
mueven a preguntarse si los códigos penales
de fondo deberían prever algunas situaciones
específicas para los adolescentes. Un ejemplo
son las que en Estados Unidos han sido llamadas
Leyes Romeo y Julieta — existentes también en
diversos países latinoamericanos—, que consisten
en incluir en los códigos penales de fondo excep92 Es por esto que la denominación más precisa de las leyes de
justicia para adolescentes de las entidades federativas es la de Tlaxcala: Ley de Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes.
ciones para los casos de delitos sexuales tipificados.93 Otro ejemplo es el de la publicación de
imágenes que podrían encuadrarse como porno­
gra­fía infantil, en cuyo caso la legislación penal
está concebida para castigar a usuarios y productores de dicha pornografía, pero en cambio
su aplicación puede resultar excesiva cuando son
adolescentes quienes publican fotografías en una
red social digital, incluyendo a aquellos que publican las imágenes de ellos mismos. En estos
casos, siguiendo la letra de los códigos penales, no
cabría excepción ni discrecionalidad. Este tema
es especialmente relevante en la coyuntura actual
de México, donde se debate sobre la pertinencia
de un Código Penal Único.
Aparte, la legislación debería tener en cuenta en
la ejecución de las medidas la situación parti­cu­lar
de las niñas,94 los adolescentes con discapacidad,
los miembros de comunidades originarias, los
adolescentes emancipados y la de quienes padezcan trastornos mentales, especialmente en los
centros de internación.
5.1. Sistema integral
Varios especialistas entrevistados mencionaron
que, en la práctica, no existe el carácter “sistémico” que establece el artículo 18 constitucional
en México. Otros autores como Amelia Irureta­
go­ye­na señalan que el “sistema requeriría un
órgano coordinador especializado” .95
Por su parte, la SCJN entiende que “el carácter
sistémico de la justicia juvenil deriva de la com93 Wood, Chauntelle R., “Romeo and Juliet: The 21st Century
Juvenile Sex Offenders”, Southern University Law Review (en prensa), http://ssrn.com/abstract=2021262. Por ejemplo, el Código
Penal del Paraguay (artículos 135 fracciones 6 y 137) deja a la
discrecionalidad del juez la aplicación de la pena cuando la relación
sexual es entre adolescentes, siempre que ambos la consientan. El
segundo párrafo del artículo 308 bis del Código Penal de Bolivia
dice: “Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce años, siempre que no
exista diferencia de edad mayor de tres (3) años, entre ambos, y
no se haya producido violencia ni intimidación”.
94 Las niñas han mostrado históricamente ser una minoría en el
sistema de justicia para adolescentes, pero tienen necesidades especiales; por ejemplo, tras concebirlos en los centros de internación, separan a sus hijos después de cierta etapa de desarrollo.
95 “La evidencia manifiesta que el sistema de justicia para adolescentes requiere de un órgano coordinador especializado que
impulse una política pública integral, preventiva, de protección y
de reintegración social, con enfoque restaurativo”. Iruretagoyena,
Amelia, op. cit., nota 91.
prensión de diversas facetas del problema de la
delincuencia juvenil, que abarcan tanto aspectos
de política social como de política judicial, criminal y de control de gestión, que pueden identificarse como: 1) prevención, 2) procuración de
justicia, 3) impartición de justicia, 4) tratamiento
o ejecución de la medida, y 5) investigación,
planificación, formulación y evaluación de las
políticas que incidan en la materia”.96
La definición de “sistema” puede tomarse de
Ludwig von Bertalanffy en su Teoría General de
los Sistemas, según la cual se trata de un “complejo de elementos que interactúan”.97 Cuando
el artículo 18 constitucional establece el carácter
sistémico de la justicia para adolescentes no solo
está refiriéndose a las interacciones previstas en
los códigos procesales, implícitos en todos los
procesos judiciales, sino a que las personas y las
instituciones que intervienen deben interactuar
de tal forma que se optimice la finalidad del
sistema, o sea “que se garanticen los derechos
para todo individuo, así como aquellos derechos
desarrollo les han sido reconocidos” y “adecuar
la justicia para adolescentes a la doctrina de la
protección integral de la infancia, y los instrumentos internacionales en que esta se recoge”.98 La
interacción en el sistema no consiste, entonces, en
la simple comunicación procesal “en el caso”;
se esperaría cierta organización y flujo de
informa­ción capaz de contribuir a su finalidad y
maximizarla. Esta interacción ha sido interpre­ta­da
por distintos especialistas como coordinación,
orga­ni­za­ción o intercambio de información y
co­no­ci­mien­to que genere uno de los efectos es­
pe­ra­dos del sistema, el de ser mucho más que la
La “comprensión de diversas facetas” aludida
por la SCJN y la finalidad del sistema parecen
imposibles de alcanzar sin mecanismos e instan­
cias de coordinación y sin el flujo continuo y
público de información básica de calidad —incluyendo, como mínimo, la jurisprudencia y la
información estadística de todas las instancias
implicadas.99
96 Registro 168772, op. cit., nota 21.
97 Etimológicamente, la noción de "sistema" proviene de los
vocablos griegos syn e istemi, que traducidos en conjunto a nuestro idioma significarían "reunir en un todo organizado". Bertalanffy, Ludwig von, Teoría General de los Sistemas, Fondo de Cultura Económica, 1976.
98 Registro 168773, op. cit., nota 36.
99 Otros sistemas engloban estas características dentro del
concepto “homeostasia”, definido por Walter B. Cannon como la
propiedad de un sistema abierto de regular su ambiente interno
para mantener una condición estable y alcanzar sus fines, mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico controlados por mecanismos de regulación interrelacionados.
El concepto está presente de la siguiente manera en las Reglas de Beijing:
30.3 Se procurará establecer con carácter
regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema de administración
de justicia de menores y recopilar y analizar
los datos y la información pertinentes con
miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema.
En México, se considera que en el diseño actual
de la justicia para adolescentes son incipientes
el carácter sistémico y la integralidad; no existen
mecanismos de coordinación entre los actores
e instituciones participantes; los programas comunitarios y la participación de la sociedad civil
se limita a unos pocos casos, y no hay políticas
públicas para promoverlos.
Los esfuerzos del INEGI —con la colaboración
de las entidades federativas, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, y la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos, CONATRIB— son
encomiables; el solo hecho de considerar la necesidad de información y la actualización metodológica de sus formatos es un paso relevante
hacia el futuro. Resolver los problemas de calidad
de la información se avizora como la próxima
tarea.100
En Guanajuato se ha identificado como factor
de éxito la existencia de dos redes institucionales. La primera fue creada por iniciativa de la
Procuraduría General de Justicia y se denomina
Red de Atención Integral Especializada en Adolescentes (que aunque no está prevista en la
Ley de Justicia para Adolescentes, la entienden
como implícita). Integran dicha red el Poder
Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, el
Sistema DIF, instituciones de derechos humanos,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones
privadas, como los Centros Nueva Vida, la Universidad del Instituto Mundial, Sumar Contigo
y la Universidad La Salle. Funciona con base en
un convenio de colaboración firmado por los
miembros y acuerdos bilaterales con la propia
Esta red tiene un “catálogo de servicios” a través del cual el ministerio público, con apoyo de
100 Algunos aspectos son de diseño; puede percibirse que es
necesario que los datos sean discriminados al menos en los casos
de personas menores de 18 años. El estudio “La violencia juvenil
en México: reporte de la situación, el marco legal y los programas
gubernamentales”, Banco Mundial 2012, muestra la dificultad de
utilizar estadísticas con grupos etarios no acordes a la legislación,
http://goo.gl/j7i20.
las áreas técnicas, busca el programa adecuado
para cada adolescente, quien a su vez no necesita reconocer los hechos, ni confesar su participación en ellos, sino únicamente aceptar participar en el programa; su participación no es
incompatible con el proceso que se le sigue.
Durante las reuniones periódicas de esta red se
analiza siempre el funcionamiento del sistema
integral de justicia para adolescentes estatal,
centrando la discusión generalmente en algún
La segunda red mencionada, con una estructura
similar y en la que coinciden los miembros principales de la primera, fue creada por la Dirección
de Reinserción Social para Adolescentes de la
Secretaría de Seguridad Pública e incluye a los
Ambas redes hacen el seguimiento para determinar el cumplimiento, por parte del adolescente,
de los programas derivados de los respectivos
acuerdos con la Procuraduría y las medidas ejecutadas por la Dirección de Reinserción Social
5.2. Derechos fundamentales
Según comentarios vertidos en las entrevistas,
las garantías procesales son el terreno en el que
más se ha avanzado dentro del sistema de justicia para adolescentes. Muchos entrevistados
se dicen satisfechos con el sistema de garantías
actual, en tanto que otros temen que el modelo
procesal se haya aproximado demasiado al de
adultos, perdiendo quizás algunos rasgos peculiares que eran esperables en virtud de la condición especial de los adolescentes.
Jueces del Distrito Federal entrevistados consideraron que aún falta profundizar en aspectos del
debido proceso y el sistema acusatorio. La interpretación de la SCJN al analizar el párrafo del
artículo 18 constitucional que establece la "independencia entre las autoridades que efectúen
la remisión y las que impongan las medidas”, es que
“de esta expresión se valió el Poder Refor­ma­dor
para inscribir el sistema de justicia juvenil dentro de
los procedimientos de corte acusatorio”.101 Preocupa especialmente que persista el procedimiento
escrito en algunas entidades federativas (por ejemplo, en el Distrito Federal y Colima) y en la reciente
legislación federal, en la medida en que dificulta
la inmediación propia del modelo acusatorio.
101 Registro 168781, op. cit., nota 39.
Algunos indicadores dan señales de la efectividad
del debido proceso. La Figura 6 permite apreciar
las absoluciones, que son siempre buena señal,
aun admitiendo que podrían deberse a acciones
que debieron ser desistidas. En este caso el indi­
ca­dor tampoco representa todas las absoluciones, sino únicamente aquellas ocurridas durante
la internación preventiva —lo cual implica una
Asimismo, preocupa la necesidad de una defensa capacitada y especializada —en particular tratándose de la defensoría pública—, algo esencial
para la fortaleza y continuidad de un sistema de
Otros derechos —como el de intimidad— o los
“derechos específicos que por su condición de
personas en desarrollo les han sido reconocidos”,
se identifican en el marco legal en mayor o menor
medida, pero es difícil apreciar su efectividad
sin una revisión sistemática de la jurisprudencia
y las denuncias presentadas ante las comisiones
La SCJN se ha referido a la “especialización” pre­
ci­san­do que “su utilización en el artículo 18
constitucional puede entenderse en relación con:
a) la organización del trabajo (especialización orgánica); b) la asignación de competencias; y, c) el
perfil del funcionario”.102 También, que “es ne­ce­sa­rio
que cada orden de gobierno im­ple­men­te las medidas necesarias durante el proceso de selección
que garantice la especialización y adecuación
del perfil, previamente a acceder al cargo”.103
En las entrevistas realizadas surgieron preo­cu­pa­
cio­nes sobre cómo fueron seleccionados los jueces para adolescentes, señalando que, como una
forma de asegurar el conocimiento del proceso, se
dio preferencia a jueces penales de adultos con
experiencia en derecho procesal.104
Por otra parte, la policía especializada está prevista
en algunas legislaciones (por ejemplo, en la Ley de
Justicia para Adolescentes de Guanajuato, artículo 59), pero es probable que sea la especialización más difícil de lograr. Hay estados donde
se brinda capacitación a los policías en atención
a los adolescentes, pero, salvo en las grandes
102 Registro 168773, op. cit., nota 36.
103 Registro 168775, op. cit., nota 38.
104 Se ha observado que muy pocos jueces proceden del antiguo
sistema tutelar y que en algunos casos han ingresado por concursos
abiertos, en tanto que en otros se prefirió seleccionarlos entre los
ciudades, resulta complicado. Las Reglas de Beijing advierten de alguna forma esa dificultad:
12.1 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo
o de manera exclusiva con menores o que
se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán
instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes especiales de
policía con esa finalidad.
Algunos jueces consideran que la existencia de
profesionistas de áreas sociales y psicología adscritos a los juzgados es una forma de abordar
integralmente la situación del adolescente desde
diferentes especialidades. Ruth Villanueva opina
que la especialización está estrechamente ligada
al carácter de “sistema integral”, entendiendo este,
añade, como un “conjunto de instituciones, tribunales y autoridades especializadas, interrelacionados para la atención de los menores infractores en materia de prevención, procuración e
impartición de justicia, y ejecución de medidas y
el seguimiento de las mismas, que forman una
unidad con plena independencia entre ellas, pero
con el mismo fin común que comprende también
el establecimiento de diversos programas como
los de planeación, especialización, difusión, investigación científica y evaluación”.105
La especialización plantea un compromiso para
que los estados establezcan programas de selec­
ción, inducción, preparación y capacitación de
todos los operadores e instituciones involucradas
en la justicia para adolescentes. Quienes trabajan
con adolescentes deben recibir cursos sobre su
proceso de desarrollo, las dinámicas familiares
y aspectos psicosociales diversos para comprenderlos y no únicamente enfocarse en memorizar
las legislaciones. Esto hace la diferencia entre la
justicia para adolescentes y la de adultos.
5.4. Justicia alternativa
Las modalidades alternativas de justicia se hallan establecidas de alguna forma en casi todas
las entidades (algunas tienen en proceso legislativo proyectos de leyes específicas, como es
el caso de Baja California Sur).
Ya sea en las leyes de justicia para adolescentes
o en las específicas sobre la solución alternativa
de conflictos, existen formas de evitar en lo posi105 Villanueva Castilleja, Ruth, et. al., La justicia de menores infractores en la reforma al artículo 18 constitucional, México, Porrúa, 2006, p. 67.
ble la judicialización de los adolescentes, donde
predominan la mediación y la conciliación, o bien
el acuerdo reparatorio y suspensión del proceso
(Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Hidalgo, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).
En las entrevistas realizadas se observa la idea
predominante sobre el carácter reparatorio de los
acuerdos y no del restaurativo, e incluso hubo jueces que opinaron que dicha prevalencia podría
ser discriminatoria en casos de precaria condición
económica de la familia del adolescente, incumpliéndose los objetivos de la reintegración social.106
La aplicación de alternativas puede ser por iniciativa del ministerio público (antes de ejercer la
acción) o del juez (una vez vinculado a proceso
el adolescente). En algunas entidades federativas
quedan al arbitrio del ministerio público especializado, lo que parece limitar la amplitud que
pretende el artículo 18 constitucional. En otras,
se confía el procedimiento alternativo a los centros de justicia alternativa, lo que garantiza una
mayor independencia —que va más allá de la
establecida en el texto constitucional, pero satisface los mismos fines resaltados por la SCJN en
lo que se refiere al “ánimo de dejar completamente abandonado el sistema tutelar anterior, en
el cual no se daba esta independencia”.107
Las leyes existentes tienden, en general, a excluir
las formas alternativas en cierto tipo de delitos o
cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.
Se apreció en las entrevistas que es poco frecuente
—o probable— el procedimiento de mediación
con una finalidad puramente restaurativa; si bien
varios jueces consultados reconocieron los beneficios de que el adolescente conozca los sentimientos de la víctima o el ofendido, en apariencia
los mediadores no están suficientemente entre­
na­dos en este procedimiento.
106 La justicia restaurativa, en oposición a la retributiva, se
asienta en tres dimensiones importantes que involucran activamente, a su vez, tres aspectos distintos: responsabilidad del autor,
restauración de la víctima y reintegración del adolescente a la comunidad. A diferencia de la justicia retributiva, en la cual la vulneración a la ley y el castigo consecuente constituyen el eje central,
la restaurativa se centra en las consecuencias que una conducta
antisocial ha supuesto para una persona en específico y la necesidad de repararlas. Su origen se sitúa en la decisión de un juez en
Kitchener (Ontario, Canadá) que en 1979 promovió el encuentro
entre unos jóvenes acusados de vandalismo y los dueños de las
propiedades afectadas, para que el daño fuera reparado. Busca,
pues, que el ofensor se responsabilice de las consecuencias de su
acto, procurando que en el encuentro con la víctima haya una reconciliación basada en el perdón; también, que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del adolescente a la comunidad y, si es posible, la restitución misma del daño. Ver: http://
goo.gl/IGtdA y www.justiciarestaurativa.org.
107 Registro 168781, op. cit., nota 39.
5.5. Internamiento como último
recurso y por el tiempo más
breve posible
Atendiendo a las cifras reportadas por el INEGI
(Figuras 11 y 12) y a las visitas de campo realizadas
para este Informe, se aprecia que los niveles de
internación de adolescentes en México han disminuido drásticamente tras la reforma constitucional;
esta parecen haber alejado al antiguo concepto
tutelar de internar por situación de riesgo, como
puede apreciarse en los datos publicados por el
INEGI para los años 1999 a 2006, donde la parte
más significativas de los internaciomientos se
debían a “infracciones de vagancia, malvivencia,
estado de ebriedad, molestar personas y menores
no consignados”.
La privación de libertad ha disminuido tanto en
el número de internamientos como en la población de los centros de internación —la cual se
habría reducido a una décima parte—. Sin embargo persisten algunos problemas; específicamente, en la mayoría de las entidades los plazos
máximos de internación son significativamente
altos, tanto que se desvirtuaría el concepto de
reintegración social y familiar.
En unos cuantos estados existen plazos mínimos
de internación, lo cual impide a los tribunales considerar las circunstancias individuales del adolescente, la proporcionalidad y los objetivos de
la reintegración.
En la Figura 9 puede verse una amplia variabilidad de adolescentes internados “en proceso”
(durante la etapa de resolución); en algunas
entidades los porcentajes son significativamente
elevados y en otros muy bajos —como Morelos,
con un 11.1%—, lo que podría ser un resultado
de la implantación de la Unidad de Medidas
Cautelares (UMECA). El tema ha sido tratado
recientemente por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
con la recomendación de revisar cada dos semanas la situación de internación preventiva.108
La creación de Unidades de Medidas Cautelares
en Morelos ha demostrado ser un mecanismo
108 “§75. Todo niño detenido y privado de la libertad debe poder
comparecer ante una autoridad competente en un plazo de 24
horas para que se examine la legalidad de esa privación de libertad. La prisión preventiva debe ser revisada con regularidad, preferentemente cada dos semanas”. Informe conjunto de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños sobre
prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia
juvenil y las medidas con las que responder a dicha violencia, 27 de
junio de 2012, http://goo.gl/m3Efy.
institucional eficaz para garantizar el derecho
de la persona a enfrentar su proceso penal en
libertad bajo condiciones de supervisión.
5.6. Reintegración social y familiar
En las entrevistas, las medidas aplicadas en externación se describen como “individualizadas” e
incluyen una serie de intervenciones, siendo las
más frecuentes el tratamiento para la farmacodependencia, la atención psicológica, la promoción de habilidades para la vida (generalmente,
capacitación para un ejercer un oficio o profesión) y la supervisión familiar. Sin embargo, se
tiene noticia de pocos casos de programas que
permitan al adolescente crear un nuevo grupo
humano de interacción (por ejemplo, se menciona a adolescentes que ingresan a un grupo de
teatro callejero). Los programas que podrían
aproximarse a esta idea son los de reintegración
académica o laboral, aunque en este caso los vínculos sociales resultan mucho más débiles que los
necesarios para propiciar la reintegración social
Un director del área de atención dijo: “podemos
hacer muchas cosas, pero todas ellas muy frías”,
refiriéndose precisamente a la creación de los lazos
afectivos esenciales para la reintegración social y
familiar. En otras entrevistas se mencionaron también los torneos deportivos que se organizan en
los centros de internación, donde los adolescentes
privados de la libertad compiten con estudiantes
dispuestos a visitarlos.
En definitiva, a los programas de atención se les
considera “individualizados” pero en realidad son
un conjunto de diagnósticos y una combinación
de intervenciones estandarizadas principalmente
de corte terapéutico; y aunque su objetivo es el
adolescente, predomina en ellos el vínculo pasivo
con un profesionista.
En otros países —especialmente Canadá y Estados Unidos— se aprecia que la política pública
se ha enfocado en promover entre las organizaciones de la sociedad civil la generación de ideas
y propuestas innovadoras para la atención de adolescentes. Dichas organizaciones desarrollan una
idea de reintegración social y familiar, la formulan
y puede ser discutida con las autoridades encargadas del tratamiento. Si es aprobada, se definen
un perfil de adolescente al que estará dirigida (y
no a una conducta antisocial en específico), así
como un criterio de supervisión y evaluación.
Estos programas deberían recibir apoyo económico público.
La creatividad desplegada da lugar a muchas
nuevas ideas que, evaluadas cuidadosamente,
dan lugar a programas exitosos. Los programas
de boot camp (que consisten en periodos breves de adiestramiento cuasi-militar), por ejemplo,
han sido tan criticados como elogiados por diferentes sectores sociales. Es probable que un adolescente en particular se beneficie con reglas un
poco más rigurosas y cree un grupo de interacción, aunque definitivamente no es para cualquier adolescente. En el extremo contrario están
los programas denominados VOMP (victim ofender mediation program), donde se desarrolla
una sesión entre el adolescente y la víctima con la
intervención de un mediador especializado y cuyo
objetivo primordial de que el adolescente internalice que la víctima es una persona de carne y hueso
con la que puede establecer una relación afectiva,
lo que le ayudará a expresar sus sentimientos y,
si es posible, a disculparse y ser comprendido por
la persona a la que le produjo un daño. Los VOMP
son una medida restaurativa y no necesariamente
incluyen la reparación económica —o al menos
no tienen ese objetivo.
Las medidas de atención y tratamiento basadas
en la comunidad propician una mayor oportunidad de “reintegración social y familiar” que
cualquier otro tratamiento psicológico o de desintoxicación. En los resultados de la investigación
empírica para este Informe se advirtió no solo la
falta de este tipo de programas, sino que las
autoridades encargadas de la ejecución de medidas no conceptualizan plenamente la necesidad de
involucrar a la sociedad civil.
En suma, las leyes derivadas del artículo 18 constitucional se han centrado en la procuración e im­
par­ti­ción de justicia, dejando en segundo plano
la creación y ejecución de programas de reintegración social y familiar. No obstante, experiencias exitosas en otros países ven en estos programas
un mecanismo para garantizar los derechos de los
adolescentes y una excelente política criminal
preventiva capaz de cambiar su futuro, particu­
lar­mente tratándose de aquellos que llegan al
sistema por conductas antisociales leves. Para lograrlo, tales programas —como lo muestran también las experiencias exitosas— deben basarse en
la participación de las comunidades y requieren de
mecanismos de supervisión que garanticen tanto
su eficacia como una metodología que asegure
que el programa asignado en cada caso sea el que
el adolescente realmente necesita.
6.1. Sistema integral
La existencia de instancias de coordinación y monitoreo del sistema de justicia para adolescentes,
concebido eventualmente como “un todo”, es
esencial para satisfacer el principio constitucional
que lo define como “un sistema integral”.109
Estas instancias deben nutrirse de la información
más completa y de la mejor calidad posible (jurisprudencial y estadística, sin descartar otras) para
poder retroalimentar al sistema, identificando
buenas prácticas, tendencias y anomalías. La realización de estudios comparativos entre estados
también es una fuente primordial para el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en el
Tanto a nivel estatal como federal, y luego nacional, dichas instancias no pueden excluir a la
sociedad civil, que a través de sus organizaciones
debe estar representada y articulada, lo mismo
que las universidades.
Fundamentalmente las instituciones de seguridad
pública, procuración e impartición de justicia, y
defensoría pública deben fortalecer sus áreas
estadísticas y de transparencia, de modo que
garanticen la producción de los datos mínimos
necesarios para la evaluación del sistema.
La participación de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia y la Comisión Nacional
de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos es esencial para sistematizar los datos
de los tribunales, que por su complejidad requieren mayor especialización.
El INEGI, por su parte, ha de continuar su tarea de
coordinación y apoyo técnico para la producción
de datos completos y confiables del sistema.
6.2. Derechos fundamentales
Aunque se percibe una moderada satisfacción por
los objetivos alcanzados tras la reforma constitucional, el sistema de derechos procesales es perfectible,
por ejemplo, en la profundización del sistema acusatorio y el fortalecimiento de la defensoría pública.
109 Nada impide que haya un sistema nacional con amplia interacción y coordinación entre los susbsistemas estales, del Distrito
Federal y el federal. Esta unicidad redundará en el interés de los
adolescentes y es la interpretación más plausible del artículo 18
constitucional, que no ha querido decir “sistemas integrales”, sino
que alude a “un sistema integral de justicia”.
La persistencia de procesos escritos en algunas
jurisdicciones preocupa a varios jueces y académicos entrevistados, quienes consideran que
es incompatible con el modelo acusatorio.
El monitoreo y seguimiento de la efectividad de
los derechos fundamentales y específicos puede
apoyarse en indicadores numéricos (como número de absoluciones, internamientos y aplicaciones del principio de oportunidad), pero estos
son útiles, sobre todo, para establecer indicios
y crear alertas que después sean verificadas, o
no, a través de análisis de casos.110
6.3. Especialización
Entendiendo que la especialización orgánica, la
de las competencias —preferentemente únicas
y excluyentes de otras— y la de los procesos de
selección son criterios ya establecidos en los procesos de reforma, otro aspecto de la especia­li­za­ción
que requiere máxima atención es la ca­pa­ci­tación
permanente, que podría incluir instancias reflexivas y de evaluación del desempeño de todo el
sistema, pues, como se ha señalado, la especialización se halla estrechamente vinculada con la
integralidad y el carácter sistémico previstos por
los principios constitucionales del artículo 18.
Se ha detectado que en la mayoría de los estados
hay avances a nivel normativo, pero asimismo
diversos retos en el operativo. La especialización
del sistema no solo significa aprobar leyes “especializadas”, sino un cambio estructural. Por ejemplo, los estados mantienen las mismas estructuras
preexistentes en las instituciones tutelares y el
mismo personal, de manera que el cambio en las
legislaciones no necesariamente se ha traducido
en una transformación estructural y orgánica.
Esto es aún más evidente en los centros de medidas privativas de la libertad, donde persisten las
estructuras típicas del modelo tutelar y el personal
no necesariamente recibió la capacitación debida
sobre el sistema integral especializado.
En general, los operadores del sistema no siempre
son seleccionados con los criterios adecuados ni
reciben la suficiente preparación; salvo los jueces,
agentes del ministerio público y defensores públicos.
110 Los indicadores tienen muchas ventajas y si se basan en datos
confiables son contundentes, además de que exigen mucho menos
recursos. El análisis de casos, que es más complejo, juega un papel
complementario, pero fundamental.
6.4. Justicia alternativa
La no judicialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal es esencial en la reforma
constitucional y la justicia alternativa es el recurso
institucional más eficiente para lograrla, pues ofrece
salidas alternativas al proceso penal.
cautelares y su posterior supervisión es acorde con
varios de los principios del artículo 18 constitucional.
6.6. Reintegración social y familiar
En este caso, hay aspectos en los que es necesario
profundizar: los centros de justicia alternativa
parecen ser instituciones más idóneas, especializadas y confortables para el adolescente y la
víctima u ofendido, que las procuradurías o los
juzgados, además de que dan independencia al
Una de las principales conclusiones del presente
Informe es que esta es el área que requiere mayor
atención. Las actuales instituciones encargadas de
aplicar las medidas —en externación o internación—no logran extirpar cabalmente las prácticas
y estructuras del obsoleto modelo tutelar. Es natural,
entonces, que al conservar su inercia institucional
conciban la reintegración social y familiar como un
tratamiento o una serie de intervenciones aisladas.
Es recomendable crear y fortalecer acuerdos res­tau­
ra­ti­vos, los cuales podrían incluir responsabilidades
no necesariamente económicas, como los servicios
a la comunidad o la participación voluntaria en
programas basados en la comunidad.
Destacan varios ejemplos de medidas administradas por la sociedad civil, como el caso de Reintegra, pero son experiencias específicas limitadas
a muy pocas entidades federativas —incluidos el
Distrito Federal y Yucatán.
La evaluación y el monitoreo de la eficacia de estas
formas de disposición es esencial, pues no cualquier
modelo de justicia alternativa ni cualquier tipo de
acuerdo se ajusta a cualquier adolescente; la elección por parte del mediador o conciliador —de
acuerdo con el juez o el ministerio público— de las
alternativas, tomando en cuenta el interés superior
del adolescente, exige conocimiento sistematizado
sobre la efectividad de cada programa.
En este sentido, es recomendable una política pública donde la sociedad civil sea convocada a
aportar su creatividad a través de propuestas de
atención dirigidas a perfiles específicos y basadas
esencialmente en la inserción del adolescente a
su comunidad. Tales propuestas deben recibir el
apoyo económico de los estados y ser sometidas
a un seguimiento permanente para establecer su
6.5. Internamiento como
medida extrema y por el tiempo
más breve que proceda
La información aportada por las entrevistas y los
datos publicados por el INEGI revelan un descenso
significativo de la internación de adolescentes en
conflicto con la ley penal, tanto en el total de ingresos a los centros de internación durante el año
calendario, como en la población internada (censos para fechas determinadas), lo cual representa
un cambio radical en la procuración e impartición
Sin embargo, hay aspectos preocupantes, como
los límites especialmente elevados de las sanciones máximas en internación (como el establecido
en la legislación de Aguascalientes) y la existencia
de mínimos, en algunos casos.
Entendiendo que el principio constitucional se
aplica tanto a las sanciones como a las medidas
cautelares, un procedimiento especializado de evaluación para la toma de decisiones sobre medidas
1) Hay gran disparidad normativa y una eviden­te confusión jurídica, y coexisten procesos escritos para los delitos graves y orales para los no graves, además de que hay un evidente desorden en los códigos supletorios —algunos
estados utilizan los acusatorios, otros los tradicionales o el Código Federal
de Procedimientos Penales, otros más la Ley del Menor Infractor del Distrito Federal, ya derogada.
2) Los datos estadísticos disponibles son incompletos y dispares, las instituciones reportan información cuantitativa contradictoria y el INEGI no ha
logrado aún la definición precisa y consensuada de cada una de las variables necesarias, ni establecido los controles de calidad requeridos; tampoco
ha logrado conformar grupos de análisis con técnicos especializados de los
órganos de cada entidad federativa.
3) Con respecto a la especialización, los operadores no siempre son seleccionados con criterios adecuados, ni han recibido la debida preparación
—salvo jueces, agentes del ministerio público y defensores.
4) La organización del sistema integral de justicia para adolescentes ha cambiado en la legislación, pero no en sus estructuras; por ende, los centros de
internamiento se mantienen según el modelo tutelar.
5) Algunos estados mantienen terminología incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, incluida la de “menores” o “infractores”,
cuando la Constitución menciona a los “adolescentes en conflicto con la
6) Aunque se insiste en la aplicación de programas individualizados, no está
claro cómo los equipos técnicos pueden desarrollarlos sin el involucramiento pleno de la familia y la defensa; la realidad es que las áreas técnicas
elaboran sus programas de manera aislada y no integral. Tampoco está
claro si toman en cuenta la opinión de los adolescentes, así como sus intereses, habilidades y aptitudes específicas, de modo que estas sean el centro
de los programas de reintegración social. Al final, se tiende a crear programas que consideran únicamente la conducta antisocial cometida, lo cual
estigmatiza a los adolescentes. Tal proceder no solo contraviene los principios constitucionales e internacionales, sino que dificulta la reintegración
Jueces especializados en justicia para adolescentes
Dependencia: ___________________________________________________________________
Lugar y fecha: __________________________________________________________________
El entrevistado da su consentimiento para que sean dados a conocer los datos personales que
aporta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI / NO
1.- ¿Considera que la legislación vigente en el estado asegura todas las garantías procesales
contenidas en el artículo 18 constitucional?
2.- ¿El proceso sigue el modelo acusatorio previsto en el artículo 20 constitucional?
3.- ¿En la práctica, estima que los adolescentes tienen un proceso menos, igual o más garantista que los adultos de su estado?
4.- ¿Se protege la intimidad de los adolescentes?
5.- ¿Cuáles son los pasos para decidir qué medidas se adoptarán para un adolescente?
6.- ¿Dispone de equipos especializados no-jurídicos que le asistan en la elección de las medidas más adecuadas?
7.- ¿Puede asignar una medida que sea aplicada por una organización de la sociedad civil?
¿Podría describir en qué consiste y cómo se llama la asociación civil?
8.- ¿Existe en el estado ley de justicia alternativa? ¿Incluye específicamente a los adolescentes?
9.- ¿Ha tomado decisiones que incluyan formas de justicia alternativa? ¿Cuáles?
10.- ¿Qué criterios aplica para decidir una medida de internación?
11.- ¿Existe adscrito al juzgado un centro de justicia alternativa? ¿O uno dependiente del
Poder Ejecutivo?
12.- ¿Cómo interpreta el artículo 18 constitucional en cuanto a que deberá existir “independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas”?
13.- ¿Estima que el ministerio público efectúa remisiones?
14.- ¿Qué aspectos de los artículos18 y 20 constitucionales consideran que han tenido una
implementación débil, insuficiente o nula?
Ministerios públicos especializados en justicia para adolescentes
Dependencia:____________________________________________________________________
Lugar y fecha:__________________________________________________________________
5.- ¿Hay publicados datos que informen sobre el número de adolescentes que son puestos a
disposición del ministerio público, cuántas investigaciones se inician, cuántos casos se judicializan y cuántos son resueltos por el principio de oportunidad?
6.- ¿Se hacen acuerdos reparatorios? ¿Disponen de mediadores o conciliadores, o se apoyan
en los centros de justicia alternativa?
7.- ¿La unidad especializada en adolescentes del ministerio público funciona bajo criterios
explícitos sobre en qué casos se propondrá la judicialización y en cuáles una salida alternativa,
o existen reglas no escritas?
8.- ¿Qué aspectos de los artículos 18 y 20 constitucionales considera que han tenido una
Funcionarios de primer nivel de las secretarías de seguridad pública
Lugar y fecha:____________________________________________________________________
1.- El INEGI ha publicado cifras anuales sobre “intervenciones policiales” y “probables responsables”, pero sin segmentarlos por edades. ¿Los sistemas de información de esta secretaría de
seguridad pública podrían precisar al INEGI el número de aprehensiones diferenciando entre
las personas menores de 18 años y las adultas?
2.- ¿Existe policía especializada o capacitada para atender los casos de adolescentes?
3.- ¿Esta secretaría de seguridad pública tiene a su cargo los centros de internación de adolescentes? ¿Tiene a su cargo la ejecución de medidas en externación?
4.- ¿Ha realizado esta secretaría de seguridad pública acuerdos con organizaciones de la sociedad civil para que se desarrollen y ejecuten programas de reintegración social o familiar?
5.- ¿Qué aspectos de los artículos 18 y 20 constitucionales considera que han tenido una
Funcionarios de unidades del Poder Ejecutivo que ejecutan las medidas (cautelares o
sancionatorias)
Dependencia:___________________________________________________________________
1. ¿De qué órgano del Poder Ejecutivo depende esta unidad y cuál es su estructura administrativa? ¿Dicha unidad deviene de la antigua autoridad tutelar?
2.- ¿Está separada la ejecución de medidas en internación de las que se siguen en externación?
3.- ¿Cuántas son y qué especialidades profesionales tienen las personas que conforman la
4.- ¿Algunos de los profesionales que conforman esta unidad asesora a los jueces para la
elección de las medidas?
5.- ¿Se han establecido convenios con organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen
y ejecuten programas de reinserción social o familiar? ¿Podría dar ejemplos?
6.- ¿Se ejecutan medidas/programas de reinserción social o familiar con la intervención de
otros órganos del Ejecutivo estatal o federal, como los Sistemas DIF u otros? ¿Podría dar ejemplos?
7.- ¿Qué tipo de abordajes estima que están especialmente dirigidos a la reintegración social
Este libro se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2013 en Diversidad
Gráfica, SA de CV, Priv. de Av. 11 No. 4-5, Col. El Vergel, Iztapalapa,
México, D.F., C.P. 09890
Fondo Canadá para
fue apoyado por el
Chihuahua - Cuentame INEGI
LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA I. El con cep to de se
TESIS ELÍ RODOLFO SOSA
heridos - Justice in Mexico
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS \(CEJA\)