Source: https://beta.e-justice.europa.eu/494/ES/claiming_damages_from_the_offender?GREECE&init=true&member=1
Timestamp: 2020-08-08 13:31:32
Document Index: 168252362

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 486', 'artículo 488', 'artículo 505']

Durante la fase de instrucción del procedimiento penal, al interponer la denuncia ante el fiscal o la autoridad policial correspondientes, la víctima debe declarar, en la denuncia misma, que desea constituirse en parte civil (politikós enágon). También puede hacer dicha declaración en un documento separado (dikógrafo), durante la investigación del delito, notificándola a la policía, al Ministerio Fiscal o la autoridad que investigue el asunto, e incluso puede hacer la declaración directamente ante el órgano jurisdiccional, siempre y cuando este no haya comenzado a examinar la prueba (artículos 82 y 83 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
a) En la fase de instrucción, según se indica más arriba (artículo 83 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal);
b) Durante el juicio, efectuando una declaración oral antes de que comience a examinarse la prueba, sin que sea necesario realizar ningún trámite previo por escrito, si desea reclamar una indemnización por el dolor, el sufrimiento y los daños morales padecidos como consecuencia del delito cometido en su contra, o mediante notificación o traslado al acusado al menos cinco días antes de la vista, si desea reclamar una indemnización por daños materiales (artículo 68 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En general, la declaración de la víctima de su intención de constituirse en parte civil debe incluir un resumen del asunto, las razones por las que considera que tiene derecho a intervenir en el procedimiento y la designación de un mandatario ad litem que le represente ante el órgano jurisdiccional de su domicilio.
Si la declaración de intención de constituirse en parte civil se relaciona con una reclamación de indemnización por el dolor, el sufrimiento y los daños morales padecidos, no es necesario realizar ningún trámite previo por escrito. En esos casos, la parte civil suele reclamar un importe simbólico, es decir, 44 EUR, a título provisional (me epifýlaxi) y no la totalidad del importe de la indemnización. Si el órgano jurisdiccional determina que el acusado es culpable, ordenará que se le abone a la víctima ese importe simbólico en concepto de indemnización. Para reclamar el resto, la víctima deberá interponer una demanda separada ante los órganos jurisdiccionales de lo civil. Si la víctima reclama una indemnización por daños materiales como resultado del delito cometido en su contra, debe proceder a la notificación o traslado de la demanda al demandado al menos cinco días antes de la vista, exponiendo en detalle sus pretensiones (artículo 68 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
No existe ningún formulario específico. La declaración de la víctima debe contener toda la información que se indica más arriba. Según lo indicado anteriormente, solo es necesario realizar un trámite previo específico cuando se le solicita al órgano jurisdiccional penal que ordene la reparación de daños materiales, en cuyo caso debe la demanda debe notificarse al acusado cinco días antes de la vista.
Antes de la vista, debe presentar cualquier documento que justifique la reclamación, es decir, certificados médicos, declaraciones, testimonios u otros medios de prueba.
El demandante debe pagar la tasa judicial para procesos civiles de 40 EUR (artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde el 23 de enero de 2017, en su versión modificada por la Ley 4446/2016).
La Ley (el artículo 1 de la Ley 3226/2004) dispone que tienen derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita los ciudadanos con bajos ingresos de los Estados miembros de la UE y los nacionales de terceros países y los apátridas que residan legalmente o tengan su residencia habitual en la Unión Europea. Los ciudadanos con bajos ingresos que tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita son aquellos cuya renta familiar anual no supera los dos tercios de la renta personal anual mínima prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo Nacional. En el caso de los litigios nacionales, no se tienen en cuenta los ingresos de la otra parte del proceso. La asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles o penales también está disponible para víctimas de los delitos a los que se refieren los artículos 323 (tráfico de esclavos); 323A (trata de seres humanos); 323B, letra a) (turismo sexual: organización de viajes para tener relaciones sexuales o realizar otros actos indecentes con menores); 324 (abducción de menores); 339 (corrupción de menores); 348A (pornografía infantil), y 351A (actos indecentes con menores a cambio de dinero), del Código Penal y los artículos 87, apartados 5 y 6 (ayuda a la entrada en Grecia, la salida de Grecia o la residencia en Grecia en situación irregular de nacionales de terceros países), y 88 (transportes ilegal de nacionales de terceros países en Grecia), de la Ley 3386/2005, así como para los menores víctimas de los delitos a los que se refieren los artículos 336 (violación), 338 (abuso sexual), 343 (actos indecentes y abuso de autoridad), 345 (incesto), 346 (actos indecentes entre parientes), 347 (actos indecentes y contrarios a la naturaleza; este delito ha sido abolido), 348 (participación en la corrupción de terceros), 348B (captación de menores con fines sexuales), 348C (difusión de imágenes pornográficas de menores), y 349 (proxenetismo) del Código Penal.
Si el órgano jurisdiccional penal determina que no ha de darse curso o ha de desestimarse la acción penal por cualquier motivo, tampoco examinará la acción civil. También desestimará la acción civil si esta no se interpuso de la forma establecida por ley y descrita anteriormente, si carece de fundamentos jurídicos o si es infundada, por ejemplo, si la víctima no sufrió daños como consecuencia directa del delito o no es titular del interés jurídico afectado.
Puede interponer un recurso ordinario (éfesi) contra una sentencia absolutoria dictada por un juzgado de instrucción de faltas, un tribunal, un juzgado de primera instancia o la audiencia por delitos de gravedad media (plimmélima), únicamente si se le condena en costas y al pago de una indemnización (artículo 486, apartado 1, letra b), de la Ley de Enjuiciamiento Penal). También puede recurrir una sentencia condenatoria contra el acusado, siempre y cuando se desestime su reclamación por carecer esta de fundamentos jurídicos o se le conceda una indemnización económica o material superior a 100 EUR, si la sentencia recurrida fue dictada por un juzgado de instrucción de faltas; a 250 EUR, si la sentencia recurrida fue dictada por un juzgado de primera instancia o de menores; o a 500 EUR, si la sentencia recurrida fue dictada por un Tribunal de primera instancia o de menores (artículo 488 del la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Puede interponer un recurso sobre una cuestión de derecho (anaíresi) contra una sentencia condenatoria contra el acusado, siempre y cuando se desestime su reclamación por carecer esta de fundamentos jurídicos, o contra una sentencia absolutoria, si se le condena en costas y al pago de una indemnización (artículo 505, apartado 1, letra c), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
La indemnización que concede el órgano jurisdiccional penal es fundamentalmente el resultado de una resolución judicial en materia civil. Por tanto, se ejecutará con arreglo al proceso de ejecución de sentencias civiles (anankastikí ektélesi).