Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00132-0430-2011-de-diciembre-1-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_aff7511f8ae84a2da67fd1a4b7de7006&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 00:16:51
Document Index: 378479786

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 143', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 136', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 42', 'artículo 29', 'artículo 165', 'artículo 92', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 44', 'artículo 41', 'artículo 5']

﻿ SENTENCIA 2011-00132/0430-2011 DE DICIEMBRE 1 DE 2016
SENTENCIA 2011-00132 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:DEFENSA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS. LA DEFENSA TÉCNICA ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PENAL Y NO OPERA DE LA MISMA MANERA EN DERECHO DISCIPLINARIO, TODA VEZ QUE EN ESTA ÁREA LA PARTICIPACIÓN DE UN APODERADO DEL DISCIPLINADO NO ES OBLIGATORIA, SINO FACULTATIVA. SI BIEN LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA TÉCNICA HA SIDO CIRCUNSCRITA AL PROCESO PENAL Y NO SE EXTIENDE SIEMPRE A OTRO TIPO DE PROCESOS, EL LEGISLADOR PUEDE, EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DE CONFIGURACIÓN, EXTENDERLA. ACORDE CON ELLO, AFIRMÓ QUE NO ES OBLIGATORIO QUE EN PROCESOS LOS DISCIPLINARIOS SE CUENTE CON UNA DEFENSA TÉCNICA Y CUANDO NO SE LE INFORME AL INVESTIGADO QUE PUEDE CONTAR CON UN APODERADO ELLO DE POR SÍ NO DA LUGAR A LA NULIDAD DE UNA DECISIÓN, PUES SE DEBE DEMOSTRAR QUE ESTA OMISIÓN EN TAL SENTIDO AFECTÓ DE MANERA GRAVE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, CLASES DE PROCESO DISCIPLINARIO, PROCESO ORDINARIO DISCIPLINARIO, PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA TÉCNICA, IRREGULARIDAD EN EL PROCESO DISCIPLINARIO, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ELEMENTOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO
Sentencia 2011-00132 de diciembre 1º de 2016
Radicación: 11001032500020110013200
Nº Interno: 0430-2011
Corresponde a la Sala de Subsección determinar la legalidad de los fallos de 3 de mayo de 2010 proferido por el inspector delegado regional Nº 4(6), y de 18 de agosto de 2010 proferido por el inspector general de la Policía Nacional mediante los cuales se impuso al patrullero LUIS ALBERTO AGUIRRE MUÑOZ la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por encontrarlo responsable de falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo en el desempeño de sus funciones públicas.
a) La caducidad de la acción.
1. La figura de la caducidad en el Código Contencioso Administrativo.
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Este término debe verificarse por el juzgador al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, por cuanto el artículo 143 del mismo cuerpo normativo prescribe que ésta se rechazará de plano cuando hubiere operado dicho fenómeno.
En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Decreto 1716 de 2009, reglamentario de la Ley 1285 de 2009, en su artículo 3º, dispuso que el término de caducidad de la acción se suspende con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público hasta que se presente alguna de las siguientes circunstancias a saber: i) Que se logre el acuerdo conciliatorio o; ii) Se expidan la constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001 o; iii) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero
Así las cosas, como la demanda fue radicada el día 14 de enero de 2011 (fl. 235 vto)(7), transcurrieron 4 meses y 20 días desde la fecha de notificación del acto de retiro. Sin embargo, para efectos del cómputo de términos debe descontarse el periodo de suspensión de la caducidad como consecuencia del trámite conciliatorio(8), que en el caso específico fue de 24 días, por lo que se concluye que al momento de presentación de la demanda aún no se había vencido el término legal de 4 meses de que trata el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo respecto de los actos acusados. En consecuencia, se despachará desfavorablemente esta excepción.
b) Estudio de la excepción denominada «La jurisdicción administrativa no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias».
1. Alcance del control de los actos administrativos por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Este concepto se precisa en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley 1437 que regulan el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que están involucradas las autoridades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Destacamos los asuntos relacionados con el conflicto que se genere en la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado (art. 104, num. 4º), en tanto se refiere a relaciones especiales de sujeción de los servidores públicos.
— Las decisiones de los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una decisión judicial.
En efecto, los actos proferidos en ejercicio de la función disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, son actos que no gozan de los atributos de independencia e imparcialidad, porque dicha potestad se ejerce a partir de un estructura de delegación piramidal o escalonada, en cuya cabeza se encuentra el Procurador General de la Nación, quien de conformidad con el artículo 7º, ordinal 2º del Decreto 262 de 2000, tiene la competencia para formular políticas generales y criterios de intervención en materia de control disciplinario.
— Alcance del control judicial integral.
— Respecto de las causales de nulidad.
Afirma Rafael Ostau De Lafont Pianeta lo siguiente: “[…] La concepción del Estado social de derecho entonces, trasciende sin abandonar el control de legalidad para inducir al juez en general y particularmente al juez contencioso como un juez garante de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos. Le impone al juez no solamente entonces ocuparse de si el acto, la actuación, o la gestión de la administración debe verificarse en cuanto a su contexto de adecuación al ordenamiento jurídico. Sino que además de ello debe preocuparle al juez el que sus decisiones propendan por proteger y garantizar la protección de los derechos de los administrados. […]”.
Así las cosas, en esta sentencia de unificación se precisa el alcance del control judicial integral que tiene el juez de lo contencioso administrativo, cuando se trate de actos sancionatorios disciplinarios, de todo aquello que tenga vinculación con las causales de nulidad invocadas y los derechos fundamentales allí involucrados(9)».
De lo expuesto hasta el momento, para la Sala es claro que no existen límites formales para el control judicial contencioso-administrativo de los actos administrativos proferidos por el inspector delegado región de Policía 4 y por el inspector general de la Policía Nacional.
Al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de debido proceso administrativo en su jurisprudencia y lo ha reiterado en varias ocasiones, aduciendo que las garantías que lo componen son «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados(10)», lo cual se traduce para la persona sometida a un procedimiento sancionatorio en poder conocer las actuaciones de la administración, pedir y controvertir pruebas, ejercer su derecho de defensa, impugnar los actos administrativos, entre otras garantías.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que en los procedimientos sancionatorios se deben observar plenamente «los principios de contradicción, publicidad y derecho a la defensa que garantizan la protección de los derechos de los administrados frente al poder coercitivo del Estado»(11).
«ART. 17.—Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del consultorio jurídico de las universidades reconocidas legalmente».
Para efectos de resolver la controversia, se pone de presente que la parte actora hace referencia (de forma poco clara) a la analogía entre el derecho penal y el derecho sancionatorio, por lo que es necesario recordar que la Corte Constitucional(12) ha manifestado que a pesar de que ciertas similitudes entre estas disciplinas, existen diferencias importantes que las separan, pues los intereses jurídicos que protegen esas dos disciplinas son diferentes. Efectivamente, en el derecho penal se puede ver afectado un derecho tan fundamental como el de la libertad y está dirigido a todas las personas, el derecho disciplinario apunta a regular la conducta de los servidores públicos y a garantizar la eficiencia, la eficacia y moralidad en el desempeño de sus funciones, lo cual implica que pueden existir características específicas que exigen tratamientos diferenciales.
Al respecto, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la de esta corporación han señalado que la defensa técnica es un aspecto fundamental del derecho al debido proceso penal y que ello no opera de la misma manera en derecho disciplinario porque en éste la participación de un apoderado del disciplinado no es obligatoria, es facultativa como se analizará a continuación. En efecto, en Sentencia C-328 de 2003 se expuso lo siguiente:
«Para resolver esta cuestión es necesario determinar si cuando el artículo 29 de la Constitución dijo que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio” estableció una garantía que se ha de extender obligatoriamente a ámbitos diferentes al penal. La jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado acerca del problema planteado. La exigencia constitucional de la defensa técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no se tiene siempre que extender a otro tipo de procesos, aunque el legislador puede en ejercicio de su potestad de configuración extenderla. Es así como en la Sentencia C-131 de 2002 la Corte resolvió declarar exequible una expresión del artículo 42 de la Ley 610 de 2000 que establecía que la defensa técnica del implicado en un proceso de responsabilidad fiscal era facultativa. En esta sentencia, la corporación consideró que el artículo 29 de la Constitución no ordena la defensa técnica en procesos que no son de naturaleza penal. En palabras de la Corte,
En otra sentencia, la Corte Constitucional abordó indirectamente esta misma cuestión cuando declaró exequible una norma que decía que el procesado disciplinariamente podría designar un apoderado “si lo estima necesario”. De dicho fallo se deduce que el derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente ordenado en el campo del derecho sancionatorio disciplinario(13)».
«Para resolver la primera parte de la pregunta planteada precedentemente, debe resaltar la Sala, que a diferencia del derecho penal en materia disciplinaria la existencia del apoderado no es obligatoria, porque en el primero, la defensa técnica es fundamental para la protección del derecho a la libertad personal o favor libertatis, mientras que en el disciplinario, el artículo 165 del CDU dispuso por ejemplo, que la notificación del pliego de cargos se hiciera personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.
Ahora bien, debe puntualizarse que en materia disciplinaria una vez se inicia la investigación, la defensa material comienza formalmente con el pliego de cargos, ya que en este momento se concreta la imputación jurídico fáctica contra el investigado, al señalarle entre otros aspectos, las posibles irregularidades en que pudo haber incurrido, las normas presuntamente violadas y su concepto, la identificación del autor o autores, la forma de culpabilidad etc., de manera, que el auto de cargos es una pieza esencial con el cual podría señalarse, se traba probatoriamente la relación entre investigado e investigador, porque es a partir de allí, cuando se despliega una mayor actividad y se ejerce plenamente el derecho de contradicción y defensa.
Si bien es cierto como se evidenció en el caso bajo estudio, el señor Bravo no tuvo información por parte del ente de control en el momento en que se le notificó la apertura de la investigación de la posibilidad de tener un abogado, revisadas las pruebas que se practicaron antes de que contara con él, se encontró que estas se mantuvieron esencialmente, dado que no fueron controvertidas, ni objetadas, ni se solicitó la ampliación de las declaraciones para contrainterrogar o ampliar su contenido durante el periodo probatorio en que contó con asistencia jurídica, omisión que como se indicó, le confirió fuerza probatoria y sirvió de base para la decisión, es decir, no hubo violación al derecho de defensa, si tuvo la posibilidad de contradicción, lo que resuelve la segunda parte del cuestionamiento, para concluir, que no es viable aducir la invalidez del proceso por la omisión formal de no haber informado al disciplinado que tenía derecho a designar un defensor, si no se demuestra que se afectó el derecho de defensa y por consiguiente el debido proceso(14)».
Al respecto, esta Sala observa que en el auto de 31 de octubre de 2009(15), el inspector delegado para la región de Policía Cuatro dio apertura a la investigación disciplinaria, decisión que fue notificada personalmente al patrullero LUIS ALBERTO AGUIRRE MUÑOZ el día 3 de noviembre de 2009(16), en la cual se le puso de presente que en virtud del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, podía ejercer los siguientes derechos:
8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única instancia». Resaltado fuera de texto.
No obstante que el actor manifestó voluntariamente que rendiría versión libre, él nunca ejerció ese derecho dentro de la investigación. Posteriormente y una vez se realizó la notificación del pliego de cargos, presentó escrito de descargos en el cual incluyó un acápite denominado “VERSIÓN DE LOS HECHOS”, donde relató lo ocurrido el día 12 de octubre de 2009(17).
III. Falsa Motivación: Presunta inexistencia de la falta disciplinaria.
«ART. 84.—
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió (…)».
Pese a que tal causal esté contemplada en el Código Contencioso Administrativo como una de las que dan lugar a la nulidad del acto administrativo, en dicho cuerpo normativo no se hace una definición de lo que debe entenderse por falsa motivación, por lo que es necesario hacer un breve estudio de la figura.
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un “medio de prueba en verdad de primer orden”, sirviendo además para la interpretación del acto»(18).
Desde hace varios años esta corporación ha manifestado que para que haya lugar a la declaración de falsa motivación «es necesario que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la decisión tomada»(19).
Ahora bien, en lo relativo a revisión judicial de la falsa motivación de un acto administrativo, la jurisprudencia ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos»(20).
De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente: (i) la falsa motivación puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, y (ii) quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda impugnarlos(21).
El patrullero LUIS ALBERTO AGUIRRE MUÑOZ, se desempeñaba para la época de los hechos en el cuerpo de vigilancia del área de Policía comunitaria MECAL(22), específicamente en el cargo de «conductor del comandante de policía comunitaria»(23), y para la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es para el 12 de octubre de 2009, se encontraba a órdenes del mayor MAURICIO BÁEZ GÓMEZ.
El actor cumplía turnos de 24 horas(24), tal como consta en la versión de los hechos que acompañan sus descargos.
Ahora bien, respecto de las condiciones en que se prestaba el servicio, y que corresponden a sus funciones como conductor, resulta relevante el testimonio del patrullero JOSÉ EBED QUINTERO(25), quien era la persona que relevaba con el actor en el oficio de conductor del mayor BÁEZ GÓMEZ.
«PREGUNTADO — ¿Dónde quedaba el vehículo de Policía Comunitaria cuando no estaba transportando al comandante del grupo?
CONTESTÓ — Quedaba en la estación de Policía la Riviera, en el parqueadero de la estación, yo lo que hacía en la mañana era recoger las llaves que quedaban en la oficina de la red de cooperantes.
PREGUNTADO — Diga al despacho ¿en qué sitio realizaba el relevo o cambio de turno?
CONTESTÓ — En la estación de Policía la Riviera, pero yo no me veía con él, las llaves quedaban en la red de Cooperantes y lo hacíamos por medio de línea telefónica.
PREGUNTADO — ¿Dónde se debía prestar la disponibilidad el Policía, mientras el señor oficial o comandante de Policía comunitaria no lo utilizaba o se encontraba descansando, teniendo en cuenta que el servicio de ustedes era de 24 horas?
CONTESTÓ — A mi particularmente me decía que estuviera pendiente en la casa para cualquier eventualidad.
PREGUNTADO — Diga al despacho ¿cuál (sic) era lo ordenado por el señor comandante de Policía comunitaria cuando alguno de ustedes se tenía que desplazar a algún lugar solo?
CONTESTÓ — Manifestarle lo que se iba a hacer, manifestarle la ocupación, el tiempo que se requería para hacer alguna diligencia.
PREGUNTADO — Diga al despacho ¿qué tipo de trámite debía surtir el conductor del comando de Policía comunitaria cuando requería de algún permiso especial? ¿Ante quién se solicitaba para no realizar las labores propias del conductor?
CONTESTÓ — Ante el comandante de Policía comunitaria, manifestando verbalmente, si se requería una o dos horas de lo contrario debería hacerse por escrito”
Ahora bien, el mayor MAURICIO BÁEZ GÓMEZ(26), que tal como se ha indicado en la presente sentencia, era el superior del actor para la fecha de ocurrencia de los hechos, manifestó:
«PREGUNTADO — Diga al despacho ¿dónde le ordenó prestar la disponibilidad para el día 12-10-09?
CONTESTÓ — para ese día le ordené prestar la disponibilidad en los dos lugares ordenados: estación de Policía la Rivera o en su residencia en el barrio Terrón Colorado en la ciudad de Cali, eran los dos lugares que se le tenían ordenados.
PREGUNTADO — Diga al despacho si para el día 12-10-09 el señor patrullero AGUIRRE MUÑOZ le manifestó dónde iba a prestar su disponibilidad, es decir si se iba a quedar en la estación la Rivera o en su residencia en Terrón Colorado.
CONTESTÓ — no, él siempre se retiraba y tenía clara la orden de estar disponible en los dos lugares ordenados. Por ningún motivo podía prestar disponibilidad en lugar distinto a los dos ya ordenados.
PREGUNTADO — Diga al despacho si para el día 12-10-09 después de las 21:00 horas, usted contactó al señor patrullero Aguirre Muñoz.
CONTESTÓ — no, lo retiré aproximadamente a las 21:00 horas o antes, ordenándole permanecer disponible en los lugares ordenados, no lo contacté para nada después de que lo retiré.
PREGUNTADO — Diga al despacho si el patrullero AGUIRRE MUÑOZ le manifestó a usted que para el día 12-10-09, que debía realizar algún tipo de servicio o actividad personal en el municipio de Yumbo para la citada fecha.
CONTESTÓ — en ningún momento me manifestó desplazamientos al municipio de Yumbo para ese día.
CONTESTÓ — No me pidió permiso para realizar actividades personales».
Al respecto, es preciso indicar que de acuerdo con la definición que hace el artículo 3º del reglamento de servicios de guarnición para la Policía Nacional del vocablo «disponible», el agente de la Policía que se encuentra disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento(27).
Así las cosas, existe certeza que el patrullero LUIS ALBERTO AGUIRRE MUÑOZ, sin que mediara una causa justificada, permiso o causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria(28), se ausentó de su lugar en el que se le había ordenado permanecer, situación que implica una afectación a la prestación del servicio.
ART. 25.—Alcance e importancia. La disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la institución policial e implica la observancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber profesional.»
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que en los actos administrativos demandados no se incurrió en falsa motivación por cuanto la conducta es: a) Típica pues incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en «ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada»; b) Antijurídica(29), en tanto que con ella incumplió el deber funcional que le impedía ausentarse del sitio de trabajo y, c) Fue cometida a título de dolo, esto es, ejecutando conscientemente una actividad que es contraria a la ley y a los principios y funciones esenciales del servicio policial, situación que implica la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos donde la sanción mínima corresponde a diez (10) años de inhabilidad general, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1015 de 2006, razones suficientes para desvirtuar el cargo presentado.
1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.
2. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor LUIS ALBERTO AGUIRRE MUÑOZ, en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva.
3. Se reconoce personería al doctor RICHARD OSWALDO VEGA BELLO con tarjeta profesional 138.473 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante a folios 291 a 297 del cuaderno principal.
6 Esta corporación es competente para conocer del litigio, en razón a que el trámite procesal se surte con arreglo a las reglas de competencia previstas por el Decreto 1 de 1984, dada la época de presentación de la demanda, la naturaleza de la controversia y corresponder a una sanción disciplinaria que implica la separación definitiva del ejercicio de una función pública.
7 Se hace referencia a esa fecha por corresponder al día, mes y año en que fue recibida en la secretaria de la sección segunda de esta corporación, conforme al sello visible a folio 235 vuelto del expediente.
8 La solicitud de conciliación fue presentada el día 29 de octubre de 2010 y el acta de no conciliación se expidió el 22 de noviembre de 2010, según el acta y la constancia visibles a folio 218 a 220 del cuaderno principal.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016, expediente 1210-2011, M.P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 16 de febrero de 2001, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Sobre estas garantías consultar, entre otras, las sentencias T-442 de 1992, T-120 de 1993, T-020 y T-386 de 1998, T-1013 de 1999, T-009 y T-1739 de 2000, T-165 de 2001, T-772 de 2003, T-746 de 2005 y C-1189 de 2005.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-596 de 10 de agosto de 2011, M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005, M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-328 de 29 de abril de 2003, M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 16 de febrero de 2012, expediente 1454-09, M.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.
15 Folios 182 a 190, cuaderno de pruebas.
16 Folio 216, cuaderno de pruebas.
17 Folios 451 a 462, cuaderno de pruebas.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-250 de 1998, M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de 1989, C.P. ÁLVARO LECOMPTE LUNA.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 1999, expediente 3.443, C.P. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA. En el mismo sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de febrero de 1996, expediente 3.361, C.P. MANUEL URUETA AYOLA.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre de 2003, expediente 16.718, C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR.
22 Extracto hoja de vida visible a folio 226, cuaderno de pruebas.
23 Declaración juramentada del mayor Mauricio Báez Gómez, folio 79, cuaderno de pruebas.
24 El actor así lo reconoce en la versión de los hechos que se encuentra a folio 457, cuaderno de pruebas.
25 Declaración realizada por ese agente visible a folios 501 a 503, cuaderno de pruebas.
26 Declaración visible a folios 367 a 370, cuaderno de pruebas.
27 Resolución 9857 de 1992. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 26308, M.P. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ.
28 Causales contenidas en el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
29 El artículo 5º del Código Disciplinario Único, prevé «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».