Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1995/C-073-95.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:47:37
Document Index: 34268076

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 241', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 79', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14']

C-073-95
Sentencia No. C-073/95
CONVENIO INTERNACIONAL/PRINCIPIO DE AUTODETERMINANCION DE LOS PUEBLOS/RECURSOS NATURALES-Protección
Los términos del convenio, en lo que atañe a los compromisos sobre adopción de políticas nacionales o regionales, no violan el principio de autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del país refuerzan el mandato constitucional que ordena al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (CP art. 80). De otra parte, uno de los objetivos de la educación del colombiano es, precisamente, una formación para la protección del medio ambiente.
CONVENCION SOBRE EL SISTEMA CLIMATICO-Mecanismos de financiación
Los recursos económicos destinados a la sustitución de prácticas y procedimientos con efectos negativos sobre el sistema climático, mediante la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, por lo general proceden de países desarrollados. Por su parte, los países en desarrollo que pueden verse favorecidos con estos ingresos gozan de representación equitativa y equilibrada, dentro de un sistema de dirección transparente. A juicio de la Corte, este mecanismo en nada resulta lesivo de los intereses nacionales ni de las disposiciones constitucionales.
CONVENCION SOBRE EL SISTEMA CLIMATICO-Confidencialidad de informaciones
La convención deja a salvo la posibilidad de que los países parte cataloguen como confidencial la información que suministren, de manera que la secretaría la proteja en el proceso de compilación y transmisión. A los países en desarrollo se les resguarda la posibilidad de proponer voluntariamente proyectos para la financiación de la reducción de emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero. La inconveniencia para la economía del país, al tener que dar a conocer a otros países el estado del parque industrial, mediante la publicidad de los inventarios sobre emisiones antropogénicas, en la práctica es inexistente, ya que la convención faculta a los países parte a mantener la confidencialidad de ciertas informaciones, así como a administrar la implementación progresiva de proyectos de transformación tecnológica con miras a controlar y reducir los efectos adversos del cambio climático.
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO-Solución de conflictos
La determinación de los mecanismos para la resolución de controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación de la Convención, es una medida necesaria para la efectividad de los compromisos contraídos por los países parte, que busca la consecución pacífica de los objetivos de la convención, la cual está acorde con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos la resolución pacífica de las controversias.
REF: Expediente L.A.T.-037
Revisión constitucional de la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, "por la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
Santa Fe de Bogotá, D.C., Febrero veintitrés (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Aprobado por Acta Nº 06
En el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, "por la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992".
LEY 164 1993
(Octubre 27 de 1994)
"Por la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992"
Visto el texto de la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentado sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad.
Tomando nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, han tenido su origen en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de emisiones originada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y de desarrollo.
Recordando también que los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros Estados ni de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Recordando las disposiciones de la resolución 44/228 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1989, relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y las resoluciones 43/53, de 6 de diciembre de 1988. 44/207, de 22 de diciembre de 1989, 45/212, de 21 de diciembre de 1990, y 46/169, de 19 de diciembre de 1991, relativas a la protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras.
Conscientes de la valiosa labor analítica que sobre el cambio climático llevan a cabo muchos Estados y de la importante contribución de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como de otros organismos internacionales e intergubernamentales, al intercambio de los resultados de la investigación científica y a la coordinación de esa investigación.
Reconociendo que las medidas necesarias para entender el cambio climático y hacerle frente alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y económico si se basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y económico y se reevalúan continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos en la materia.
5. Por “gases de efecto invernadero” se entiende aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radicación infrarroja.
2. Deberían tomarse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo, especialmente aquéllas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y las de aquéllas Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención.
1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias deberán:
e) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático, desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de las zonas, particularmente de Africa, afectadas por la sequía y la desertificación, así como por las inundaciones;
h) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden científico, tecnológico, técnico, socieconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta;
a) Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales[1] y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a tal modificación, y tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de ese objetivo. Esas Partes podrán aplicar tales políticas y medidas conjuntamente con otras Partes y podrán ayudar a otras Partes a contribuir al objetivo de la Convención y, en particular, al objetivo de este inciso;
b) A fin de promover el avance hacia ese fin, cada una de esas Partes presentará, con arreglo al artículo 12, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Convención para esa Parte y periódicamente de allí en adelante, información detallada a cerca de las políticas y medidas a que se hace referencia en el inciso a) así como acerca de las proyecciones resultantes con respecto a las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal para el período a que se hace referencia en el inciso a), con el fin de volver individual o conjuntamente a los niveles de 1990 esas emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes examinará esa información en su primer período de sesiones y de allí en adelante en forma periódica, de conformidad con el artículo 7;
d) La Conferencia de las Partes examinará, en su primer período de sesiones, los incisos a) y b) para determinar si son adecuados. ese examen se llevará a cabo a la luz de las informaciones y evaluaciones científicas más exactas de que se disponga sobre el cambio climático y su repercusiones, así como de la información técnica, social y económica pertinente. Sobre la base de ese examen, la Conferencia de las Partes adoptará medidas apropiadas, que podrán consistir en la aprobación de enmiendas a los compromisos estipulados en los incisos a) y b). La Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, también adoptará decisiones sobre criterios para la aplicación conjunta indicada en el inciso a). Se realizará un segundo examen de los incisos a) y b) a más tardar el 31 de diciembre de 1998, y luego otros a intervalos regulares determinados por la Conferencia de las Partes, hasta que se alcance el objetivo de la presente Convención;
ii) Identificará y revisará periódicamente aquellas política y prácticas propias que alienten a realizar actividades que produzcan niveles de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, no controlados por el Protocolo de Montreal, mayores de los que normalmente se producirían;
f) La Conferencia de las Partes examinará, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, la información disponible con miras a adoptar decisiones respecto de las enmiendas que corresponda introducir en la lista de anexos I y II, con aprobación de la Parte interesada;
ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de personal en cargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo.
f) Hacer los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el cumplimientos eficaz de sus funciones, bajo la dirección general de la Conferencia de las Partes; y
TRANSMISION DE INFORMACION RELACIONADA
CON LA APLICACION
3. Además, cada una de las Partes que sea un país desarrollado y cada una de las demás Partes desarrolladas comprendidas en el anexo II incluirán detalles de las medidas adoptadas de conformidad con los párrafo 3, 4 y 5 del artículo 4.
4. Las Partes que son países en desarrollo podrán proponer voluntariamente proyectos para financiación, precisando las tecnologías, los materiales, el equipo, las técnicas o las prácticas que se necesitarían para ejecutar esos proyectos, e incluyendo, de ser posible una estimación de todos los costos adicionales, de las reducciones de las emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero, así como una estimación de los beneficios consiguientes.
5) Cada una de las Partes que sea un país en desarrollo y cada una de las demás Partes incluidas en el anexo I presentarán una comunicación inicial dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Convención respecto de esa Parte. Cada una de las demás Partes que no figure en esa lista presentará una comunicación inicial dentro del plazo de tres años contados desde que entre en vigor la Convención respecto de esa Parte o que se disponga de recursos financieros de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4. Las Partes que pertenezcan al grupo de los países menos adelantados podrán presentar la comunicación inicial a su discreción. La Conferencia de las Partes determinará la frecuencia de las comunicaciones posteriores de todas las Partes, teniendo en cuenta los distintos plazos fijados en este párrafo.
6. La información presentada por las Partes con arreglo a este artículo será transmitida por la secretaría, lo antes posible, a la Conferencia de la Partes y a los órganos subsidiarios correspondientes. De ser necesario, la Conferencia de las Partes podrá examinar nuevamente los procedimientos de comunicación de la información.
RESOLUCION DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
5. Con sujeción a la aplicación del párrafo 2, si, transcurridos 12 meses desde la notificación por una Parte a otra de la existencia de una controversia entre ellas, las Partes interesadas no han podido solucionar su controversia por los medios mencionados en el párrafo 1, la controversia se someterá, a petición de cualquiera de las partes en ella a conciliación.
APROBACION Y ENMIENDA DE LOS ANEXOS
3. Todo anexo que haya sido aprobado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior entrará en vigor para todas las Partes de la Convención seis meses después de la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes su aprobación, con excepción de las Partes que hubieran notificado por escrito al Depositario, dentro de ese período, su no aceptación del anexo. El anexo entrará en vigor para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el retiro de la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sea Partes en la Convención. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo, y viceversa.
RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION
Belarúsa
Checoslovaquiaa
Federación de Rusiaa
Hungríaa
Ucraniaa
La Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 164 de octubre 27 de 1994, "por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241-10 de la Constitución.
Con fundamento en el artículo 44 del decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el magistrado ponente, mediante auto del doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), avocó el conocimiento de la convención y de su ley aprobatoria, decretó la práctica de pruebas y ordenó la fijación en lista del negocio para permitir la intervención ciudadana que consagran los artículos 242, numeral 1 de la Constitución y 7, inciso 2, del decreto antes citado. Igualmente, dispuso el traslado del negocio al despacho del Señor Procurador, quien rindió el concepto de rigor.
El Magistrado Ponente, solicitó al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, hacer una descripción de la situación de contaminación atmosférica en Colombia y de las medidas tomadas para contrarrestar sus efectos. Las conclusiones que arrojan las pruebas practicadas, se recogen más adelante en la presente sentencia, bajo el acápite de "descripción de la situación de contaminación atmosférica en Colombia".
La ciudadana Sonia Pereira Portilla, apoderada que interviene en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la ley revisada.
Señala que los cambios climáticos acaecidos a consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero, producto de las actividades humanas, se han convertido en un tema de creciente preocupación mundial. Entre los efectos negativos de esta situación, menciona el aumento de los niveles del mar, el cambio de patrones de evapo-transpiración y humedad del suelo, las inundaciones, los aumentos de salinidad en el agua y la pérdida de diversidad biológica.
Aduce que en los países localizados en la zona intertropical - como Colombia -, los efectos del fenómeno, en caso de no ser controlado, se sentirían con especial rigor en las zonas bajas - valles de los ríos Magdalena, Cauca, Arauca, San Jorge y Sinú, áreas y ciudades costeras -, en donde se presentarán crecientes inundaciones. Otras zonas, vulnerables a la aridez como la Guajira, la Orinoquía y los valles transversales, se verían igualmente afectadas, además del aumento de enfermedades y plagas en vegetales, el incremento de incendios forestales y el impacto negativo sobre la vida útil de los embalses.
A su juicio, la Convención no sólo se erige en un instrumento que permite responder a los problemas descritos, sino que desarrolla los artículos 79 y 80 C.P., sobre protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
Asegura que las obligaciones surgidas de la Convención están sujetas al grado de desarrollo y circunstancias particulares de los países, con lo cual la Convención se adecúa a los principios de equidad y reciprocidad que rigen las relaciones internacionales. Sostiene, por último, que al país le conviene la búsqueda de un consenso que incorpore el derecho a elegir opciones variadas para atender los compromisos de estabilización y reducción de gases de invernadero, sin sacrificar las metas de crecimiento económico y bienestar social.
El Ministerio del Medio Ambiente presentó a la Corporación un memorial en el que defiende la constitucionalidad de la Ley 164 de 1994.
La acumulación de gases invernadero, sostiene, produciría un cambio climático que tendría efectos nefastos sobre "el entorno marítimo y los niveles del mar, la distribución y conformación de los asentamientos humanos, la degradación de los suelos, la producción de la energía y la protección de la biodiversidad".
La Ley 99 de 1993, aduce, establece los lineamientos de la política ambiental colombiana, en concordancia con las normas constitucionales. Así, en el artículo 1 numeral 1, se dispone que el desarrollo social y económico del país se establecerá de conformidad con los postulados previstos en la Declaración de Río, normas de carácter universal que, entre otras, exigen la reducción de factores antropógenos causantes del cambio climático.
La Convención objeto de revisión, señala el Ministerio de Medio Ambiente, tiene por objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en un período tal que los ecosistemas se adapten naturalmente a las nuevas condiciones ambientales y que permitan un desarrollo económico sostenible, sin amenazas de reducción en la producción alimenticia.
Para tal efecto, se estipulan una serie de compromisos, los cuales responden a un principio de "responsabilidad compartida pero diferenciada", conforme al cual, las obligaciones de cada parte corresponden a su capacidad real para enfrentar los problemas ambientales. Igualmente, se contempla en el convenio, la asistencia, por parte de las naciones desarrolladas, en materia de transferencia de tecnología y de recursos económicos, a países en vía de desarrollo.
Considera, finalmente, que la ley aprobatoria de la Convención, lejos de contrariar postulados constitucionales, los desarrolla.
El Procurador General de la Nación, en escrito del dieciséis (16) de febrero de 1995, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como de la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, aprobatoria de la misma.
El concepto fiscal anota que la convención fue firmada el día 11 de junio de 1992, por el entonces Presidente de la República, Dr. César Gaviria Trujillo, en uso de las facultades que la Constitución en su artículo 189-2 le otorga como Jefe de Estado. Por otra parte, encuentra que el trámite de la ley aprobatoria, cumplió con todas las formalidades contempladas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.
En lo que atañe al examen material de constitucionalidad, el Jefe del Ministerio Público no encuentra reparo alguno de índole constitucional que afecte la validez de las disposiciones contenidas en el Instrumento Público sujeto a revisión, ni tampoco de su Ley aprobatoria. Por el contrario, considera que "el problema del cambio climático encuentra eco en los preceptos de la Constitución Política de Colombia, en los cuales se hace repetida referencia a la protección del medio ambiente, el desarrollo económico sostenible y el bienestar de la comunidad, así como el respeto al derecho internacional".
1. La Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y de su ley aprobatoria (L.164 de 1994), de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
Descripción de la situación de contaminación atmosférica en Colombia
2. Según el Ministerio del Medio Ambiente, los principales causantes de la contaminación atmosférica en el país corresponden a "material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno", causados por fuentes fijas y móviles. Se destacan dentro de las primeras, las emisiones de óxido de azufre, material particulado y monóxido de carbono, como consecuencia de la combustión incompleta de combustibles fósiles, principalmente en la generación de energía eléctrica.
Respecto de la responsabilidad sectorial en las emisiones, el Ministerio informa que, con base en datos de 1989, la industria de productos minerales generó el 53% de la contaminación por "material particulado"; la refinación del petróleo, el 45% de las emisiones de dióxido de azufre; y, las industrias manufactureras de productos no metálicos, el 56% del óxido de nitrógeno presente en el aire.
3. En cuanto a las medidas adoptadas para contrarrestar la contaminación atmosférica, el Ministerio del Medio Ambiente señala que actualmente se prepara un decreto que reglamenta la protección de la calidad del aire, con miras a controlar los procesos industriales en el país, así como la emisión de contaminantes producto de la utilización de combustibles. Además, informa que se han fijado parámetros jurídicos, acompañados de medidas de cumplimiento, a fin de que el sector industrial colombiano se someta a las indicaciones gubernamentales.
El Ministerio de Minas y Energía, por su parte, describe las medidas tomadas en relación con los combustibles utilizados en el sector automotriz, las cuales se pueden dividir en dos grupos: primero, las acciones destinadas a reducir el uso de combustibles generadores de gases propiciadores del efecto invernadero, y, segundo, las medidas tomadas para reducir los efectos contaminantes de gasolina, A.C.P.M. y lubricantes.
4. La información remitida por las dependencias oficiales, permite vislumbrar una preocupante panorámica en materia de contaminación atmosférica para el país. La presencia de los elementos químicos señalados, muestra que hasta ahora se están diseñando y poniendo en ejecución controles ambientales de las fuentes de contaminación que generan la destrucción de la capa de ozono y productoras del efecto invernadero y la lluvia ácida.
De acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y de azufre, sustancias presentes en la atmósfera del país, son considerados agentes potencialmente destructores de la capa de ozono y generadores de la lluvia ácida. Estas sustancias inciden negativamente en la calidad del medio ambiente y propician el cambio climático. La lluvia ácida, entre otros efectos, modifica el Ph de las tierras, disminuyendo el potencial agrícola del suelo, la capa vegetal y el follaje arbóreo. El efecto invernadero, por su parte, según algunos analistas, podría ser la causa del "fenómeno del niño", cuyas consecuencias son bien conocidas en el país, debido, entre otras, al racionamiento eléctrico del año 1992.
Todo lo anterior, a la luz de las normas constitucionales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, ilustra sobre la necesidad de que Colombia apruebe la Convención Marco sobre cambio climático, de manera que se potencialicen los esfuerzos para prevenir y controlar el deterioro ambiental.
5. Por razones metodológicas y para facilitar su análisis, la convención se ha dividido en seis partes. Dicha división se efectúa teniendo como criterio, la agrupación del articulado referente a un mismo aspecto de la Convención.
En los considerandos de la Convención, se expresan las razones por las cuales se hace necesario que los países adopten un instrumento internacional para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Se reconoce la soberanía de los Estados en materia de explotación de los recursos naturales, así como en materia de adopción de leyes para la regulación del cambio climático. Así mismo, se reconoce, que las medidas tendientes a evitar los efectos nocivos del cambio climático, se deben aplicar de manera diferenciada, teniendo en cuenta las situación física, social, y económica de los países partes.
5.1 Los artículos 1, 2 y 3 se refieren a aspectos de la convención, que son la base para su comprensión y aplicación.
El artículo 1 contiene definiciones que fijan el significado de los términos utilizados en la convención. Designa factores y efectos de carácter físico, químico o biológico relacionados con el cambio climático.
El artículo 2, señala el objetivo de la Convención, a saber, la fijación de disposiciones que impidan interferencias antropógenas en desmedro del sistema climático.
Los principios contemplados, en el artículo 3, señalan los parámetros que informan la aplicación de la convención, los cuales pueden sintetizarse así: responsabilidad diferenciada de los países y basada en la equidad para evitar que las medidas adoptadas con el fin de evitar los efectos nocivos para el sistema climático, impliquen cargas anormales para algunos países; propósito de las partes de reducir al mínimo las causas del cambio climático, teniendo en cuenta los diversos contextos socio-económicos y buscando la máxima efectividad al menor costo; reconocimiento del derecho de los países al desarrollo sostenible, y aceptación del hecho de que el desarrollo económico es el sustrato que permite a los países adoptar medidas para remediar los efectos producidos por el cambio climático; llamamiento a las partes para que establezcan un sistema económico abierto que permita un desarrollo sostenible; proscripción de medidas para combatir el cambio climático que constituyan una discriminación o restricción encubierta del comercio internacional.
5.2 Los artículos 4, 5 y 6 conforman un apartado, en que se indican los compromisos y obligaciones de las partes. Se distinguen compromisos de carácter general, aplicables a todos los Estados parte, y obligaciones diferenciadas, aplicables a los países según el grado de desarrollo y situación física y económica de los mismos.
El artículo 4, consagra, en su primera parte, compromisos de carácter general para todas las partes: publicación de datos sobre emisiones antropógenas; publicación y aplicación de medidas para contrarrestar el cambio climático; cooperación en el desarrollo y transferencia de tecnología con el fin hacer frente al cambio climático; promoción de la gestión sostenible; cooperación en la adaptación al cambio climático y rehabilitación de zonas afectadas; consideración de los aspectos referentes al cambio climático en la adopción políticas económicas y ambientales; promoción de la investigación e intercambio informativo, educación y sensibilización de la población sobre la problemática derivada del cambio climático.
La segunda parte del mismo artículo se refiere a los compromisos concretos de los países, los cuales se establecen teniendo en cuenta el grado de desarrollo de los mismos. Según este criterio, los países desarrollados y los países en transición hacia una economía de mercado - por lo general, países de la extinta Unión Soviética -, se obligan a adoptar medidas de carácter nacional para mitigar los efectos del cambio climático y reducir el nivel de gases de efecto invernadero, al existente en 1.990. Igualmente, se establece para los países en mención, el deber de informar sobre las medidas adoptadas y los avances obtenidos en este campo. Adicionalmente, se indica la metodología que la Conferencia de las Partes debe adoptar para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
Los artículos 5 y 6, son desarrollo de las obligaciones específicas de las partes. El primero de ellos hace referencia a la obligación de observación e investigación sistemática y exige la colaboración de las partes en los planes y esfuerzos investigativos. Por su parte el artículo 6, estatuye la obligación de promover, en el plano nacional e internacional, la educación, capacitación, sensibilización, y acceso del público a la información sobre cambio climático.
5.3 Los artículos 7, 8, 9 y 10 de la convención se refieren a los órganos diseñados para su funcionamiento y efectividad. La Conferencia de las Partes se erige como órgano superior, con la función básica de regular la aplicación de la convención, mediante la evaluación del cumplimiento de las obligaciones por las partes y la promoción de la aplicación de medidas y el establecimiento de órganos subsidiarios. A la Conferencia le corresponde ejercer funciones de índole directiva, como la fijación de procedimientos no establecidos en Convención y la regulación su propio funcionamiento. Por su parte, el artículo 7 señala, entre otras cosas, la oportunidad para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias, los temas a tratar en ellas y la posibilidad de que observadores asistan a las mismas.
En el artículo 8 se establece una secretaría, como órgano que desarrolla funciones básicamente administrativas, de coordinación y transmisión de la información.
En los artículos 9 y 10, se establecen dos órganos auxiliares. El primero de ellos se denomina "órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico". Este se encarga de prestar asesoría a los países, en la evaluación del estado del cambio climático, de sus efectos y del desarrollo de nuevas tecnologías. El segundo, "denominado órgano subsidiario de ejecución", tiene como función velar por el cumplimiento de las obligaciones, en especial en lo referente a la transmisión de información.
5.4 Otro grupo de disposiciones lo conforman los artículos 11 y 12 de la convención. El primero regula lo referente al establecimiento de un mecanismo de financiación para asegurar el suministro de recursos financieros; se establece que el manejo de la financiación se encargará a entidades internacionales; se señala como función de estas entidades la de concertar arreglos entre las partes para lograr la consecución de recursos; y se indica que estos arreglos podrán ser posteriormente revisados. El artículo 12, por su parte, desarrolla de forma detallada lo concerniente a la obligación de transmisión de información, discrimina las obligaciones de cada una de las parte según su nivel de desarrollo, y establece la periodicidad con que se deben presentar los informes. Esta obligación, en términos generales, consiste en la imposición de la carga de informar sobre emisiones de gases efecto invernadero y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos adversos que genera el cambio climático.
5.5 Los artículos 13 y 14, establecen los mecanismos con que se cuenta para la resolución de controversias relacionadas con la aplicación de la convención. Ellos son el establecimiento de un mecanismo consultivo, la negociación directa, el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, la conciliación o el arbitraje.
5.6 El conjunto final de artículos - del 15 hasta el 26 - se refieren a procedimientos para realizar enmiendas, aprobar anexos y protocolos y ejercer el derecho de voto por las partes, así como a aspectos procedimentales relacionados con el depósito, firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en vigor, reservas, denuncia y texto auténtico de la convención.
Examen de forma de la ley 164 de 1994, aprobatoria del Convenio de Cambio Climático
6. El Proyecto de ley 50/93 Senado, aprobatorio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, fue presentado por la Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho, el día 13 de agosto de 1993, tal como aparece en la Gaceta del Congreso N° 292 del viernes 27 de agosto de 1993.
El Proyecto de Ley 50/93 Senado fue aprobado en primer debate, por la Comisión Segunda del Senado de la República, el día 20 de Octubre de 1993, con un quórum de 12 Senadores de un total de 13 miembros de la Comisión II (art. 2º Ley 3ª de 1992). Lo anterior de conformidad con certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, la cual obra en el expediente.
Por su parte, el Secretario General del Senado de la República certificó, a solicitud del despacho, que en la plenaria del Senado de la República del día martes 23 de noviembre de 1993, fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 50/93, con un quórum decisorio y aprobatorio de 90 Senadores.
En la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 152 de 1993, fue aprobado en primer debate, en la Comisión Segunda, el día 25 de mayo de 1994, con un quórum decisorio y aprobatorio de doce (12) Representantes de un total de 19 miembros de la Comisión (art. 2º Ley 3ª de 1992), de acuerdo con certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a solicitud del despacho. La Plenaria de la Cámara de Debates aprobó, el día 6 de septiembre de 1994, con un quórum decisorio y aprobatorio de 141 Representantes, de acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes.
Primera parte: definiciones, objetivo, principios
7. El artículo 1 consagra algunas definiciones de términos técnicos cuya precisión es necesaria para fijar el alcance de la convención. Los conceptos definidos - "efectos adversos del cambio climático", "cambio o sistema climático", "emisiones", "gases de efectos invernadero", "organización regional de integración económica", "depósito", "sumidero", "fuente" -, tienen relevancia exclusivamente para la aplicación del convenio, sin que el artículo que los contiene viole alguna norma constitucional.
El artículo 2 establece el objetivo del convenio: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La finalidad del convenio está acorde con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de forma que se garantice un desarrollo sostenible (CP art. 80) y con el postulado de la razonalización de la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la preservación de un ambiente sano (CP art. 334).
El artículo 3 enuncia los principios que guían la aplicación de la convención con miras a alcanzar su objetivo. La equidad, las responsabilidades comunes pero diferenciadas según se trate de países desarrollados o en desarrollo, y las capacidades respectivas, son las bases del compromiso de las partes en la empresa de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras (art. 3-1). Las necesidades y circunstancias específicas de los países en desarrollo son tomadas en cuenta, de manera que éstos no tengan que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la convención (art. 3-2). Las medidas de precaución a adoptar en contra de las causas del cambio climático, a que se comprometen las partes, deben tomar en cuenta los distintos contextos socioeconómicos (art. 3-3), y las políticas y medidas de protección ser apropiadas a dichas condiciones específicas, estar integradas en los programas nacionales de desarrollo (art. 3-4) y no constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional (art. 3-5). Estos principios son consistentes con el respeto a la autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del Estado colombiano (CP art. 9), con los deberes del Estado en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales (CP arts. 79 y 80), y con la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que son las bases de las relaciones internacionales del país (CP art. 228).
Segunda parte: compromisos
8. El artículo 4 del convenio establece los compromisos contraídos por los países partes. Inicialmente, se consagran compromisos generales exigibles a todas las partes (párrafo 1), en materia de suministro de información sobre inventarios nacionales de emisiones antropógenas y de absorción de gases de efecto invernadero, y de observación sistemática y establecimiento de archivos de datos e intercambio de información sobre sistema y cambio climático. Estas obligaciones de ninguna manera contrarían las disposiciones constitucionales.
En relación con la adopción de decisiones políticas, las partes se comprometen a formular y aplicar programas para la reducción del cambio climático (i), a tener en cuenta, "en la medida de lo posible" en sus políticas y medidas económicas, sociales y ambientales, las consideraciones relativas al cambio climático (ii), y a promover y apoyar la educación, capacitación y sensibilización del público respecto a este tema, así como promover su participación en el proceso (iii). Los términos del convenio, en lo que atañe a los compromisos sobre adopción de políticas nacionales o regionales, no violan el principio de autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del país (CP art. 9). La expresión "en la medida de lo posible" relativiza la obligación de adoptar, inmediatamente, determinadas políticas o medidas. Al contrario, refuerzan el mandato constitucional que ordena al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (CP art. 80). De otra parte, uno de los objetivos de la educación del colombiano es, precisamente, una formación para la protección del medio ambiente (CP art. 67). Así lo sostuvo esta Corporación con ocasión de la revisión del Convenio sobre diversidad biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992 y de su ley aprobatoria (Ley 165 de 1994):
“La conciencia social del hombre se adquiere a partir de la formación del niño. Se trata de un proceso continuo y permanente, donde la educación ambiental debe comprender todas las etapas del individuo, incluso hasta aquellas que superan los límites académicos o profesionales. Por ello, la Carta Política señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y que formará al colombiano "en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente" (Art. 67 C.P.). Asimismo, el artículo 79 superior prevé que es deber del Estado fomentar al educación con el fin de proteger la diversidad e integridad del ambiente.
“El compromiso que significa la educación le atañe, por mandato de la Carta, al Estado, a la sociedad y a la familia. Se trata de una tarea común en la cual deben participar todos: el Estado y los particulares, los padres de familia y los maestros, las autoridades y cada uno de los ciudadanos. Pero, ante todo, se trata de una responsabilidad que recae sobre cada persona; es a cada uno a quien le corresponde conocer y preservar los recursos naturales y comprender y difundir la importancia que ellos revisten, pues con esa información, el hombre tomará conciencia y actuará adecuadamente con el fin de que los demás aprendan de él”[2].
De conformidad con lo expuesto, la norma revisada no sólo no viola la Constitución sino que propicia su desarrollo.
En cuanto a los compromisos atinentes a la implementación de medias técnicas y logísticas para el control de emisiones de gases de efecto invernadero, las partes se comprometen a desarrollar, aplicar y transferir, tecnología, prácticas y proceso que controlen, reduzcan o prevengan dichas emisiones (i); a conservar y reforzar los sumideros y depósitos de gases (ii); a cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos de cambio ambiental (iii), y, a promover y apoyar la investigación sobre la materia (iv). Todos estos compromisos son concordantes con los deberes del Estado en materia de protección del medio ambiente y prevención y control del deterioro ambiental (CP arts. 79 y 80).
A Colombia, país en desarrollo, no le son aplicables los compromisos estipulados para países desarrollados en los párrafos 2, 3, 4 del artículo 4 del convenio. El párrafo 5, en cambio, se dirige a países en desarrollo, los cuales se obligan a promover, facilitar y financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, y el acceso a ellos, a otras partes. Esta estipulación es manifestación de la internacionalización de las relaciones ecológicas (CP art. 226) y de la cooperación internacional del Estado colombiano en materia de protección del medio ambiente (CP art. 80), cometidos a alcanzar de conformidad con los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
El párrafo 7 del artículo 4 enfatiza que la efectividad de los compromisos contraídos por los países en desarrollo, está condicionada al cumplimiento previo de las obligaciones de los países desarrollados relativas a recursos financieros y a transferencia de tecnología. En este mismo orden de ideas, los párrafos 8, 9 y 10 exigen tomar en cuenta las necesidades específicas y las condiciones especiales de los países en desarrollo y de los menos adelantados, al momento de estudiar y adoptar medidas para evitar los efectos adversos del cambio climático o para controlar el impacto de las medidas de respuesta a dichos cambios, una vez han sido aplicadas. Estas directrices que enmarcan los compromisos adquiridos por el país, se acompasan con la equidad, que debe regir las relaciones entre países con diverso grado de desarrollo, y con la política de conveniencia nacional que debe guiar las relaciones internacionales sobre la materia (CP art. 228).
Los artículos 5 y 6 son desarrollo explícito de las obligaciones contenidas en los literales g) e i) del artículo 4 de la convención, respectivamente, los cuales versan sobre la investigación y observación sistemática de los factores productores del cambio climático y de las medidas diseñadas para enfrentarlo, así como sobre la educación, formación y sensibilización del público ante esta problemática de trascendencia universal. Al respecto cabe remitir a las observaciones hechas al revisar el artículo 4, sin que se observe ninguna infracción de la Constitución.
Tercera parte: órganos
9. El establecimiento de órganos directivos, ejecutivos y de funcionamiento, para llevar a la práctica y hacer operante la convención de forma que se cumplan sus objetivos, en nada contraría la Constitución. Todo país u organización regional de integración económica, depositario de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al convenio, hace parte del órgano supremo de la misma (artículo 7), con derecho a voto, en los términos del artículo 18 del mismo. A la Secretaria permanente se le encomiendan las funciones administrativas necesarias para asegurar la operatividad de la convención (artículo 8). Los órganos subsidiarios de asesoramiento científico y tecnológico (artículo 9) y de ejecución (artículo 10), están abiertos a la participación de todas las partes y ejercen funciones dirigidas a coordinar los esfuerzos de las partes y garantizar el cumplimiento de los objetivos y compromisos del convenio.
Cuarta parte: mecanismos de financiación y sistema de información
10. El artículo 11 define un mecanismo de financiación para transferencia de tecnología, con representación equitativa y equilibrada de todas las partes, cuyo funcionamiento se encomienda a entidades internacionales existentes. Este medio para la obtención de recursos financieros no es excluyente de otras fuentes de financiamiento por conductos bilaterales, regionales o multilaterales, destinadas a dar aplicación a la convención. Los recursos económicos destinados a la sustitución de prácticas y procedimientos con efectos negativos sobre el sistema climático, mediante la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, por lo general proceden de países desarrollados. Por su parte, los países en desarrollo que pueden verse favorecidos con estos ingresos gozan de representación equitativa y equilibrada, dentro de un sistema de dirección transparente. A juicio de la Corte, este mecanismo en nada resulta lesivo de los intereses nacionales ni de las disposiciones constitucionales.
El artículo 12 desarrolla el deber de las partes de transmitir información sobre el inventario nacional de emisiones antropogénicas y de la absorción por los sumideros de los gases con efecto invernadero, y sobre las medidas adoptadas para aplicar la convención. La convención deja a salvo la posibilidad de que los países parte cataloguen como confidencial la información que suministren, de manera que la secretaría la proteja en el proceso de compilación y transmisión. A los países en desarrollo se les resguarda la posibilidad de proponer voluntariamente proyectos para la financiación de la reducción de emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero. La inconveniencia para la economía del país, al tener que dar a conocer a otros países el estado del parque industrial, mediante la publicidad de los inventarios sobre emisiones antropogénicas, en la práctica es inexistente, ya que la convención faculta a los países parte a mantener la confidencialidad de ciertas informaciones, así como a administrar la implementación progresiva de proyectos de transformación tecnológica con miras a controlar y reducir los efectos adversos del cambio climático.
Quinta parte: mecanismos para la solución de conflictos
11. El artículo 13 de la convención preceptúa que la Conferencia de las Partes designará un organismo consultivo multilateral para resolver cuestiones referentes a la aplicación de la convención. El artículo 14, por su parte, establece como mecanismos de solución de los conflictos que surjan entre las partes, con ocasión de la aplicación o interpretación de la convención, la negociación directa, el sometimiento a la Corte Internacional de Justicia, el arbitraje o la conciliación. Igualmente, preceptúa que cualquier notificación, declaración o revocación no suspenderá los procedimientos en curso. A juicio de la Corte, la determinación de los mecanismos para la resolución de controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación de la Convención, es una medida necesaria para la efectividad de los compromisos contraídos por los países parte, que busca la consecución pacífica de los objetivos de la convención, la cual está acorde con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos la resolución pacífica de las controversias.
Sexta parte: aspectos procedimentales relacionados con la Convención
12. Por último, los artículos 15 a 26 de la Convención regulan aspectos relacionados con el procedimiento de enmiendas a la misma (art. 15), de aprobación y enmienda de los anexos de la convención (art. 16), de protocolos que podrán ser aprobados por la Conferencia de las partes en cualquier período ordinario de sesiones (art. 17), de derecho a voto que tienen cada una de las partes (art. 18), del depositario de la convención y sus protocolos, que será el Secretario General de las Naciones Unidas (art. 19), de su firma (art. 20), de disposiciones provisionales en relación a una secretaría provisional (art. 21), de su ratificación, aceptación, aprobación y adhesión (art. 22), de su entrada en vigor (art. 23), de la prohibición de introducir reservas (art. 24), del derecho de denuncia en cabeza de las partes (art. 25) y de los textos auténticos, en diferentes idiomas, de la convención. A juicio de la Corte, estas disposiciones reflejan aspectos operativos y técnicos propios de cualquier instrumento internacional multilateral y, de ninguna manera, vulneran la Constitución.
En consecuencia, la Corte encuentra que tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, contentiva de la misma, se ajustan plenamente al texto constitucional.
DECLARAR EXEQUIBLES la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, así como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994, aprobatoria de la misma".
[1] Ello incluye las políticas y medidas adoptadas por las organizaciones regionales de integración económica.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-519 de 1994. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.