Source: http://portaley.com/2016/06/delitos-la-intimidad-descubrimiento-revelacion-secretos/
Timestamp: 2017-10-23 18:38:20
Document Index: 188973296

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 197', 'e contrario', 'artículo 18']

Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos | Abogados Portaley penal, civil e Internet
by PortaLey · Jun 2, 2016
Según la Real Academia Española, intimidad se define como la Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.
Esta “zona espiritual íntima” puede referirse a sentimientos, información, actos, etc, cuyo conocimiento se desea quede restringido a determinadas personas, elegidas por el propio sujeto.
La intimidad es un derecho reconocido por la Constitución Española como derecho fundamental (goza de las máximas garantías normativas y jurisdiccionales) en su artículo 18, al establecer que
Se refiere por tanto, a ese ámbito personalisimo del ser humano que únicamente le pertenece a cada individuo y sobre el que tiene plena capacidad de decisión.
Este precepto ha sido modificado por L.O 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la L.O 10/1995 del Código Penal, incluyéndose los artículos 197 bis, 197 ter, 197 quater y 197 quinquies, con entrada en vigor desde el 1 de julio de 2015.
La principal novedad en la reforma del artículo 197 se encuentra en su apartado 7, donde se tipifica como delito la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad.
Con la anterior redacción esta conducta no sería constitutiva de delito, al haberse obtenido las imágenes con el consentimiento del afectado, sin embargo, el legislador ha querido dar mayor protección a la intimidad de las personas castigando la conducta posterior de divulgación, en la que no existe este consentimiento de la víctima.
¿Que conductas podrían vulnerar el derecho a la intimidad de las personas?
Acceder al correo electrónico de la pareja o de cualquier otra persona sin su consentimiento, no sólo supone un descubrimiento de sus secretos, sino tambien una vulneración de su derecho al secreto de sus comunicaciones. Igualmente, se trata éste de un derecho fundamental recogido en el artículo 18.3 CE: Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Ambas conductas son constitutivas de delito.
Al igual que en el caso planteado anteriormente, el acceso a los mensajes de Whatsapp sin el consentimiento del titular del terminal móvil podría constituir una vulneración de su intimidad y por tanto, un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La interceptación de comunicaciones personales, que ya estaban recogidas en el Código, pero con la reforma se incluye el artículo 197 bis 2 C.P , que estable que;
Con esta regulación se consideran delito también las interceptaciones de comunicaciones realizadas entre sistemas o equipos de información.
La producción, adquisición para su uso, importación o facilitación a terceros, de programas informáticos concedidos o adaptados para cometer delitos informáticos, y/o proporcionar contraseñas de ordenador o códigos de acceso que permitan acceder a todo o parte de un sistema de información es delito y así lo recoge el art. 197 ter C.P.
Una conversación telefónica esta amparada por el secreto de las telecomunicaciones de los intervinientes, de manera que, únicamente ellos podrán disponer del contenido de dicha conversación. Si una persona intercepta una conversación telefónica en la que no es parte interviniente, podria incurrir en un ilícito penal.
Es muy habitual que en los procesos judiciales de familia las partes presenten conversaciones y/o discusiones telefónicas mantenidas con el contrario a efectos probatorios, las cuales, si no son impugnadas de contrario, suelen ser admitidas y unidas a la causa.
La Constitución Española recoge en su artículo 18.4 el derecho fundamental a la protección de datos del ciudadano, el cual, reconoce la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.
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