Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-94-760-98-de-noviembre-11-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041a057f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 16:19:23
Document Index: 64233919

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 158', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA 94- (760) -98 DE NOVIEMBRE 11 DE 1999
SENTENCIA 94- (760) -98 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:MAGISTRADOS DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA. INSCRIPCIÓN EN CARRERA JUDICIAL DE LOS ELEGIDOS ANTES DE 1996. SE DECRETA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 159 Y 263 DE 1996COMO TAMBIÉN, LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 292 Y 380 DE 1997, 492 DE 1996 Y 125 DE 1998, TODAS ELLAS, EXPEDIDAS POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO, CONCURSO DE MÉRITOS, PROCESO ADMINISTRATIVO, CARRERA JUDICIAL, MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PERÍODO DEL MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:339 DE MARZO DE 2000, PÁG.400
Sentencia 760-98 de noviembre 11 de 1999
INSCRIPCIÓN EN CARRERA JUDICIAL DE LOS ELEGIDOS ANTES DE 1996
EXTRACTOS: «Decide la Sala la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Luis Edmundo Medina Medina contra los acuerdos 159 de junio 27 de 1996; 263 de octubre 8 de 1996; y contra las resoluciones 292 del 31 de julio de 1997; 380 del 30 de septiembre de 1997; 492 del 22 de diciembre de 1997 y 125 del 19 de marzo de 1998, actos éstos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Los actos acusados comprenden lo siguiente:
1. Acuerdo 159 de 27 de junio de 1996 (fls. 40-45), mediante el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, convoca a un concurso de méritos para los cargos de magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, determinando que podrán participar en él, los ciudadanos colombianos que reúnan los requisitos para el cargo y quienes desempeñen “actualmente” el cargo de magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales.
2. El Acuerdo 263 de 8 de octubre de 1996 (fls. 46-47), por medio del cual se cumplió el plazo de inscripción a concurso, convocado mediante el Acuerdo 159 de 1996.
3. La Resolución 292 de julio 31 de 1997 (fls. 49-76), por medio de la cual se resuelve sobre la admisión de aspirantes al “concurso de méritos”, destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para los cargos de magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en la que aparece admitido el demandante (fl. 51).
4. La Resolución 380 de 30 de septiembre de 1997 (fls. 77-85), por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos del concurso de méritos para aspirantes a magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura, donde el actor obtuvo un puntaje de 567,69 (fl. 81).
5. La Resolución 492 de 22 de diciembre de 1997, por la cual se resuelve (fls. 86-89) el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 380 de 30 de septiembre de 1997, con el fin de que fuera revisado el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos practicada dentro del mencionado proceso de selección, que decidió confirmar en todas sus partes la decisión impugnada.
6. La Resolución 125 de marzo 19 de 1998 (fls. 26-32), por la cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura negó la inscripción del actor en carrera judicial.
En esencia, el libelista para impetrar la anulación de los actos enunciados, parte de la base de que el demandante se inscribió como candidato a desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, y se sometió a cada una de las etapas y pruebas de selección que conforme a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, integraban el concurso de méritos, resultando airoso en cada una de ellas, razón por la cual fue designado como magistrado por un período de 4 años de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, inciso 1º, del Decreto 2652 de 1991.
A pesar de que en el año de 1993 el Consejo Superior actualizó el concurso de méritos para proveer los cargos de magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, y de que el demandante se sometió al mismo, éste se empeña en desconocer el status jurídico a que tiene derecho el demandante, pues a través del Acuerdo 159 de 27 de junio de 1996, dispuso convocar a un concurso de méritos a fin de conformar un registro nacional de elegibles para los cargos de magistrado de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de carácter público y abierto, en el que podían participar los ciudadanos colombianos, y quienes desempeñaran “actualmente” el cargo de magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderado se opone a las pretensiones de la demanda (fls. 137-163), advirtiendo que la parte demandante a partir del enunciado de un acuerdo dictado por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, el Nº 12 de 1993, pretende de manera artificiosa, hacer creer que el sistema de selección empleado para el nombramiento de los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura en 1993, fue el mismo reglamentado para la elección de los magistrados de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias.
Según la parte demandada, existen inobjetables diferencias entre el proceso de selección para los magistrados de las Salas Administrativas y el señalado para los de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, conforme a la preceptiva de que trata el artículo 6º del Decreto 2652 de 1991.
Mientras en el caso de los primeros se imponía la conformación de ternas por parte de los Tribunales Superiores de Distrito y Contencioso Administrativo; en el de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, el decreto ordenaba implementar el mecanismo del concurso de méritos.
El Decreto 2652 de 1991, por el cual se adoptan medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, estableció en el artículo 5º, que se dividieran también en Sala Administrativa y Sala Jurisdicción Disciplinaria.
El artículo 6º ibídem, señala:
“Los magistrados de los consejos seccionales serán elegidos por la Sala Plena del Consejo Superior, para un período de 4 años, así:
Los correspondientes a las salas administrativas de ternas que para cada cargo presenten los tribunales superiores de distrito y contenciosos administrativos.
Los de las salas jurisdiccionales disciplinarias mediante el sistema de concurso de méritos...”.
Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo Nº 3 de 24 de septiembre de 1992, Sala Plena (fls. 172-177), creó el Consejo Seccional de la Judicatura en cada uno de los departamentos del país cuya capital fuera cabecera de Distrito Judicial.
En el artículo 12 se estableció la forma en que debían nombrarse los magistrados de cada uno de los Consejos Seccionales, con el siguiente tenor literal:
"ART. 12.—Los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán nombrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º incisos 2º y 3º del Decreto 2652 de 1991, sin perjuicio de lo establecido en el mismo decreto, artículo 6º inciso 4º.
El Consejo Superior de la Judicatura, por acuerdo separado, reglamentará el concurso de méritos requerido para designar los magistrados de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias y hará la convocatoria correspondiente, con la antelación debida, para que quienes resulten elegidos puedan tomar posesión de sus cargos en la fecha de instalación de los consejos”.
En lo referente a la conformación de la Sala Administrativa señala el artículo 13:
“ART. 13.—Para la integración de la Sala Administrativa cada uno de los tribunales que funcionan en el correspondiente departamento, deberá presentar al Consejo Superior de la Judicatura la terna que prevé el artículo 6º del Decreto 2652 de 1991. En la conformación de ellas de todos los magistrados con exclusión de aquellos que en lo dispuesto en el artículo 6º, inciso 4º del decreto (sic) sean integrantes de la Sala Disciplinaria del respectivo Consejo Seccional.
Estas ternas deberán estar acompañadas con la correspondiente hoja de vida y las certificaciones y demás documentos que den certeza sobre el cumplimiento de los requisitos que se exigen para el ejercicio del cargo...”.
Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo Nº 24 (fl. 178), de 4 de septiembre de 1992, mediante el cual se crearon los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Mediante el Acuerdo Nº 11 de 10 de junio de 1993 (fls. 183-189), el Consejo Superior de la Judicatura dictó disposiciones relacionadas con la integración de los Consejos Seccionales de la Judicatura, fijando el término comprendido entre el 15 de junio y el 15 de julio de 1993, como plazo para la inscripción de los aspirantes a integrar las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y estableció en el artículo 1º lo siguiente:
“ART. 1º—Fijar el término comprendido entre el 15 de junio y el 15 de julio del año en curso como plazo para la inscripción de los aspirantes a integrar las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, creadas mediante el Acuerdo Nº 03 proferido por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura el 3 de marzo de 1993.
Las solicitudes deberán presentarse en la Presidencia de los Tribunales Superiores y Contencioso Administrativos que funcionan en los diferentes distritos judiciales”.
El artículo 2º, ibídem estableció que:
“ART. 2º—Las ternas correspondientes por cada cargo a proveer deberán ser conformadas y enviadas con la respectiva documentación de los aspirantes a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura a más tardar el 30 de julio del presente año.
PAR.—Las ternas se conformarán con sujeción a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 03 de 1993, esto es, que para cada cargo a proveer se enviará una terna por cada tribunal”.
El artículo 5º ibídem, señaló que las entrevistas personales se realizarán en las fechas y lugares que señale la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.
El artículo 7º ibídem, preceptúa:
“ART. 7º—La Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura hará la elección de los magistrados de la salas Administrativas y Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales creados en el mencionado Acuerdo Nº 03, el día once (11) de agosto del año en curso, previa convocatoria de la Presidencia”.
Así las cosas, dirá la Sala que el anterior acuerdo señaló las directrices para proveer los cargos de magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, siempre respetando lo señalado en Acuerdo 12 (fl. 187), que reglamentó el concurso de méritos y la selección de los magistrados para integrar las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias y Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
En el artículo 3º se señalaron los requisitos que debían reunir los aspirantes a los Consejos Seccionales (fl. 188) a saber:
“a) Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad.
b) Tener título de abogado otorgado por una universidad reconocida oficialmente.
c) No tener antecedentes penales.
d) No tener antecedentes disciplinarios.
e) No haber sido excluido o suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado.
f) No haber sido destituido de cargo público o suspendido en su desempeño.
g) No estar incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la Constitución y la ley.
h) Acreditar experiencia de ejercicio profesional mínimo durante ocho años...”.
En el artículo 6º se establecieron los factores a tener en cuenta para la selección de los concursantes, con el siguiente tenor literal:
“ART. 6º—Los factores que se tendrán en cuenta para la selección de los concursantes serán: la entrevista personal al candidato y su experiencia profesional o académica. Esta será evaluada con base en la correspondiente hoja de vida y la documentación que la respalde”.
Cumplido lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura procedería a la elección en la Sala Plena, de los magistrados de las Salas Jurisdiccionales y Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, para períodos de 4 años, con base en las siguientes consideraciones:
“Que mediante Acuerdo Nº 03 de marzo 3 de 1993, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura creó los Consejos Seccionales de la Judicatura en cada uno de los departamentos del país cuya capital es actualmente cabecera de Distrito Judicial, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 2652 de 1991 que prevé el establecimiento de los aludidos organismos.
Que mediante los Acuerdos 11 y 12 del pasado 10 de junio, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura dictó disposiciones para integrar los Consejos Seccionales de la Judicatura, y reglamentó el proceso de selección de magistrados para integrar las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Que el Acuerdo 51 de 1993 de la Sala Administrativa, señaló los términos para realizar la elección de los magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales.
Que algunos tribunales no conformaron el número de ternas exigidas por la ley para la elección de las Salas de los respectivos consejos, circunstancia que obliga a reabrir el procedimiento previsto en las normas vigentes para el efecto de designar los integrantes de aquellos”.
El demandante fue designado para el Consejo Seccional del Meta (fl. 197). El día 2 de noviembre de 1993 (fls. 213-228), ante el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura tomaron posesión de sus cargos de magistrados de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales, designados conforme al Decreto 2652 de 1991, los acuerdos 1252, 60 y 63 del Consejo Superior de la Judicatura, las personas allí reseñadas, las cuales fueron designadas y confirmadas.
Advierte en primer lugar la Sala, que para la fecha en que el actor fue designado como Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, el ingreso y permanencia en la carrera se encontraba regulado por las previsiones señaladas en el Decreto 52 de 1987.
El cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Administrativa de los Consejos Seccionales de Judicatura fue considerado expresamente en la ley estatutaria de la administración de justicia dentro del sistema de carrera judicial, según las voces del artículo 158 de la Ley 270 de 1996 que dispuso:
“Son de carrera los cargos de magistrados de los Tribunales y de las Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción”.
Inicialmente el artículo 193 de la Ley 270 de 1996, dispuso:
“ART. 193.—Permanencia en la carrera. Los actuales funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la presente ley, hubiesen sido vinculados a la rama judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo, por período fijo a término indefinido (sic), quedan incorporados al sistema de carrera judicial previsto en esta ley estatutaria y a los derechos derivados de la misma, sin necesidad de providencia que así lo declare.
PAR.—Con el fin de determinar su ingreso a la carrera los funcionarios y empleados que se hallen en período de prueba serán evaluados por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo que hayan ejercido el cargo con tal carácter, en la forma que establezca el reglamento que para el efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
La Corte Constitucional declaró inexequible el inciso primero y exequible el parágrafo de la disposición antes transcrita.
Sobre la inexequibilidad del inciso primero hizo la siguiente precisión:
“Claro está y así se hará saber en la parte resolutiva de esta providencia, que las consideraciones precedentes se refieren solamente a las vinculaciones realizadas mediante nombramientos directos, pues en el caso de las personas que hubiesen sido nombradas en propiedad como consecuencia de un concurso público, resulta constitucionalmente viable —además de justo— que ellas ingresen al sistema de carrera con el lleno de los requisitos legales como se explicará más adelante (...).
Ahora bien, la inexequibilidad del inciso primero y la exequibilidad del parágrafo, llevan a esta Corte a puntualizar que no por esta decisión los funcionarios y empleados de la rama judicial a que se refiere el inciso primero del artículo bajo examen pierden sus cargos. Lo que sucede es que ellos no podrán ahora ser incorporados en forma automática al régimen de carrera judicial y, si aspiran a tal objetivo, deberán someterse a los requisitos generales que establezca la ley y que reglamente el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior como se dijo anteriormente, no cobija a los servidores públicos que han sido nombrados en propiedad a través de un concurso; en este caso, la Sala Administrativa de la referida corporación, deberá adelantar los trámites necesarios para incorporarlos al régimen de carrera, siempre y cuando reúnan los requisitos adicionales que la ley hubiese previsto para tales efectos”.
Hechas las anteriores precisiones, observa la Sala que el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, procedió mediante el Acuerdo 52 de 5 de octubre de 1993 (fl. 194-199), a nombrar al actor como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta (fl. 197).
Dicho en otros términos, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso para proveer los cargos de magistrado de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Sus etapas consistieron en entrevista personal al candidato y su experiencia profesional o académica. Experiencia que seria evaluada conforme a la hoja de vida y a la documentación que la respaldara.
Si bien desde el punto de vista técnico jurídico, es decir basados en las normas de administración de personal, como son las que regulan la carrera (judicial), esa particular manera de reclutar a los aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales, no podría calificarse como un verdadero concurso de méritos, dentro del cual ingresaran los candidatos más idóneos, y de esa forma se garantizará una eficiente prestación del servicio público de que se trata, la precariedad del mismo no es una circunstancia atribuible al demandante o aspirante sino a la entidad que realizó dicho llamamiento.
En estas condiciones, para la Sala es claro que el demandante tenía unos derechos de carrera que debían ser respetados y que se acomodan a la previsión que inicialmente contempló el artículo 193 de la Ley 270 de 1996, y lo cobija la precisión que sobre el particular hizo la Corte Constitucional.
En efecto, la disposición declarada inexequible establecía que los funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la ley hubiesen sido vinculados a la rama judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo “por período fijo a término indefinido (sic)”, quedan incorporados al sistema de carrera judicial previsto en esta ley estatutaria y a los derechos derivados de la misma, sin necesidad de providencia que así lo declare.
En este orden de ideas, como la convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo concurso, el Consejo Superior de la Judicatura no podría válidamente sustraerse a ella con el único fin de negar los derechos de carrera del funcionario.
Advierte la Sala que en el Acuerdo 12 de 1993 el Consejo Superior de la Judicatura realizó la convocatoria a concurso, y en el artículo 3º señaló los requisitos que debían reunir los aspirantes, los cuales básicamente son los mismos establecidos en los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996 para el cargo de magistrado, que por lo demás, en ningún momento la entidad demandada alegó que el demandante no cumpliera.
Por las razones expuestas, al demandante ingresar por concurso público y haber sido nombrado por un período de 4 años para el cargo de magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, lo amparan derechos de carrera judicial de conformidad con los planteamientos ya esbozados. Por lo tanto, se accederá a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala Administrativa, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
1. Decrétase la nulidad del Acuerdo Nº 159 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de 27 de junio de 1996, por el cual ese organismo convocó a todos los interesados o aspirantes al cargo de magistrados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura a inscribirse en concurso de méritos destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para tales cargos, comprendiendo entre ellos a quienes “desempeñen actualmente el cargo de magistrados de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.
2. Decrétase la nulidad del Acuerdo Nº 263 del 8 de octubre de 1996 por medio del cual se amplía el plazo de inscripción al concurso, convocado mediante Acuerdo Nº 159 de 1996 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Decrétase la nulidad de la Resolución Nº 292 de julio 31 de 1997, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que determinó entre las personas inscritas en el concurso de méritos para la conformación del registro nacional de elegibles cuáles aspirante fueron admitidos y cuáles no, incluyendo entre los primeros al demandante.
4. Decrétase la nulidad de la Resolución 380 de 30 de septiembre de 1997, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se determinó el puntaje de la prueba de conocimientos efectuada en desarrollo del concurso de méritos, entre ellos, el obtenido por el actor.
5. Decrétase la nulidad de la Resolución 492 de la Sala Administrativa de 22 de diciembre de 1996, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la cual negó el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 380 de 30 de septiembre de 1997.
6. Decrétase la nulidad de la Resolución 125 de marzo 19 de 1998, en virtud de la cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura negó la solicitud de inscripción en la carrera judicial que expresamente formuló el doctor Luis Edmundo Medina Medina.
7. Como consecuencia de lo anterior, declárase que el doctor Luis Edmundo Medina Medina, por haber aprobado con anterioridad concurso de méritos para aspirantes a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y haber sido designado para el cargo de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, tenía y tiene derecho a ser inscrito en el escalafón de la carrera judicial, y no podía ser convocado a un nuevo concurso de méritos para aspirantes al citado cargo.
8. Por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, está en la obligación de inscribir en el escalafón de la carrera judicial, en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa de Consejo Seccional de la Judicatura a Luis Edmundo Medina Medina a partir de la fecha en que hizo la solicitud.
Comuníquese esta decisión a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nacional y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia archívese el expediente. Cúmplase. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado».
(Sentencia de noviembre 11 de 1999. Expediente 760-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).