Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88701
Timestamp: 2019-12-14 17:09:47
Document Index: 386456455

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 108', 'artículo 110', 'artículo 78', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 85', 'artículo 123', 'artículo 108', 'artículo 56', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 110', 'artículo 108', 'artículo 111', 'Artículo 111', 'artículo 110', 'ARTÍCULO 111', 'artículo 111', 'Artículo 110', 'Artículo 111']

Gaceta: LXIV/1PPR-73/88701
VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
En la actualidad la ciudadanía ha sido un participante activo de la alternancia políticaen México, generando con ello un avance en el proceso de madurez democrática de nuestro país, no obstante, ese proceso de participación ciudadana aún existe asuntos pendientes como lo es el referente a la responsabilidad política de los servidores públicos, particularmente la inmunidad que inherentemente brinda impunidad al Presidente de la República.
A pesar de los avances generados desde el Congreso de la Unión que permitió la promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir la corrupción, existen tareas pendientes que representan un reclamo de la ciudadanía para combatirla conjuntamente con actores de la sociedad civil y autoridades de distintos órdenes de gobierno con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
La actuación de los servidores públicos debe desempeñarse en todo momento con pleno apego de los principios éticos establecidos en la fracción tercera del artículo 109 constitucional que a la letra señala “Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” Es así como dicha actuación debe asumirse como tal y no solo por el temor a ser sancionado por el incumplimiento establecido en la norma.
Durante la campaña electoral para presidente de México una de las grandes coincidencias de los candidatos, fue el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho, destacando la propuesta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador quien señalo que “para hacer realidad el quitar los privilegios y los fueros, “basta con reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder juzgar por corrupción al Presidente en funciones”.
En este mismo orden de ideas, conviene señalar que si se pretende la construcción de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el respeto al estado de derecho, donde ninguna persona se encuentre por encima de la ley, se debe normar el ejercicio responsable y honesto de los servidores públicos de primer nivel y por ende reformar los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha quedado en evidencia que la investidura que recae en el representante popular o servidor público no siempre supone un compromiso inmediato con la ciudadanía y con el Estado.
En Acción Nacional creemos que el hecho de ser Presidente de la República y siendo este el primer mandatario, se obliga ante la ciudadanía a hacer respetar las leyes con evidente responsabilidad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; este comportamiento basta para que en efecto cascada sea replicado para quienes ejercen la función pública.
Es así que el juicio político es entendido jurídicamente como el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso de la Unión cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 constitucional resulten en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En este sentido, podríamos decir que el juicio político es un instrumento de control parlamentario cuyo fin es destituir al funcionario público que ha cometido violaciones a la Ley.
Para el contexto de la presente reforma constitucional, adquiere significativa importancia mencionar que en diversas latitudes de América Latina el Presidente se encuentra sujeto a este procedimiento legal.
En la actualidad, nuestro país no cuenta con un mecanismo constitucional que permita combatir la inmunidad e impunidad de la que son acreedores los funcionarios públicos, provocando con ello conductas reproblables que en cualquier parte del mundo serian sancionados de manera ejemplar.
Ahora bien, en cuanto a los antecedentes constitucionales de la responsabilidad del Presidente conviene señalar que el registro en la historia nos lleva a los orígenes en las constituciones de 1824, 1836, 1857, y 1917.
En la constitución de 1814 los delitos considerados como una causa de responsabilidad referían a la “Herejía, apostasía, por los de Estado, infidencia y dilapidación de los caudales públicos”.
Para la Constitución de 1824 los delitos por los cuales se consideraba como causa de responsabilidad del presidente consideraban; “Delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, cohecho o soborno; impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que estos se presenten a servir en sus destinos en las épocas señaladas, impedir a las cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la constitución”.
Para la de 1836 solo se consideró a los “Delitos comunes y delitos oficiales”. Como se puede observar las causales resultaron extremadamente generales.
En el año de 1843 durante la vigencia de las Bases Orgánicas el artículo 78 establecía que “Las dos cámaras reunidas formarán jurado, con el objeto arriba expresado, en las acusaciones contra el Presidente de la República por los delitos oficiales especificados en el artículo 90, y en las que se hagan por delitos oficiales contra todo el ministerio, o contra toda la Suprema Corte de Justicia o la Marcial”. Los delitos a que hace mención dicho artículo 90 establece que son prerrogativas del Presidente:
No poder ser acusado ni procesado criminalmente durante su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y forma de gobierno establecida en estas bases. Tampoco podrá ser acusado por delitos comunes, sino hasta pasado un año de haber cesado en sus funciones”.
En el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 expresamente se establecía la responsabilidad por parte del Presidente de la República por delitos comunes y por los delitos considerados de oficio, el fincamiento de la responsabilidad se encontraba condicionado a la firma del Secretario responsable, es decir que este último no lo hubiera autorizado.
El Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1856 señalaba en su artículo 85 las prerrogativas a las que el presidente de la República tenía derecho ahí se establece que “no puede ser acusado, ni procesado criminalmente durante su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y forma de gobierno establecida en la convocatoria”. Además de ello establecía que no podría ser objeto de acusación por delitos comunes, sino hasta que hubiera pasado un año terminadas sus funciones.
Para la Constitución de 1857 el articulo 103 establecía expresamente que el Presidente de la República es responsable durante el tiempo de su encargo y solo podrá ser acusado por los delitos de traición a la Patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos del orden común.
Hasta que en la Constitución de 1917 y ya reducidas las causas por las que el Presidente de la República puede ser acusado es como finalmente se mantiene dicha redacción en nuestra leu Vigente, es decir, por Traición a la Patria y delitos graves del orden común, lo que jurídicamente podemos traducir en inmunidad, primeramente por la generalidad de los “delitos graves del orden común” y segundo por el catálogo que ofrece el Código Penal Federal en su artículo 123, es decir, prácticamente la posibilidad de que el Presidente pueda ser acusado por dichos supuestos resulta imposible.
El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido la constante de todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales de todo Estado de Derecho para evitar el abuso del poder.
El juicio político como tal tienen sus orígenes en el año de 1641, cuando en Inglaterra el Parlamento enjuicio y condenó a Thomas W. Stranfford, ministro del rey. Desde entonces dicho procedimiento fue denominado impeachment, el cual se incorporó a las normas y costumbres constitucionales de Inglaterra. La regulación en el ordenamiento jurídico se hizo realidad en la Constitución estadounidense de 1787 y como sucedió con las principales instituciones políticas, el Estado de Derecho la división de poderes, el habeas corpus, el sistema legislativo bicameral, la facultad de veto del jefe del Estado, los partidos políticos; el origen en la historia del Juicio Político fue inglés, la obra teórica francesa y la implementación legal, estadounidense y se erigió en modelo de juicio político para los demás países de América. En la Sección Cuarta se puede leer que “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.
Como se desprende del análisis del referido artículo, como lo refiere la autora Odilisa, las penas imputables eran similares a las establecidas en el Juicio de Residencia español, las cuales iban desde la destitución del cargo, inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho en el gobierno, sin menoscabo de las sanciones que corresponden a la responsabilidad política, el funcionario culpable quedaba sujeto al enjuiciamiento, condenado y castigado por los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que hubiera cometido con ocasión del ejercicio del mando.
Legislaciones en América Latina
Existen sistemas democráticos vigentes en diversas latitudes que contienen métodos efectivos de pesos y contrapesos, en donde la figura presidencial además de tener facultades se encuentra sujeta de las responsabilidades en que pueda incurrir.
En países de América Latina sus constituciones declaran los supuestos en los cuales se puede sancionar, juzgar y acusar al Presidente de la República por cometer delitos del fuero común entre otros, incluso después de terminado su periodo de gestiones, en sustento a lo anterior, conviene referir a manera de ilustración lo que en otras latitudes sucede:
La Constitución venezolana no prevé la posibilidad de abrir un juicio político al presidente.
Párrafo segundo del artículo 108. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
En la redacción vigente se limita las acusaciones solo al tiempo en que se desempeñe como Presidente de la República, lo que representa una diferencia respecto de los países referidos, los cuales establecen en sus leyes la facultad para juzgar al mismo después de concluida gestión; en contraste a lo que sucede en la constitución española que en su artículo 56 numeral 3 establece que: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo salvo lo dispuesto en el artículo 65-2”.
Ahora bien, en referencia al artículo 110 constitucional el cual se establece que:
“Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.”
Como se aprecia, en el texto constitucional el Presidente de la República no está considerado como sujeto de juicio político, lo cual adicionado a lo que establece el artículo 108, confirma inmunidad e impunidad plena.
Es decir que con la redacción vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente puede ser responsable penalmente, pero no puede tener responsabilidad política, por lo tanto, el proceso por medio del cual se le puede sancionar es la declaración de procedencia mediante un juicio penal, pero con un trato especial, tal y como lo establece el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 111 …
Por lo que toca al Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlos ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Ante esta redacción, el Estado Mexicano no puede permanecer pasivo frente a las legislaciones de América Latina en donde en cumplimiento a sus mandatos legales, expresidentes han sido sancionados.
Con esta propuesta de reforma constitucional, retoma el espíritu de diversas iniciativas que han sido presentadas en pasadas legislaturas con el objetivo de estar a la vanguardia en cuestiones de combate a la corrupción en donde la figura presidencial es la protagonista para ser sujeta a sanciones durante el tiempo de su encargo y hasta un año después de concluido su mandato por hechos de corrupción, cualquier violación a la constitución y a las leyes federales que de ella emanen.
Combatiendo con ello la impunidad e inmunidad con la que se diluye cada administración, en esta última hemos sido testigos del “borrón y cuenta nueva” en apego al marco legal constitucional.
En Acción Nacional le tomamos la palabra el Presidente Andrés Manuel López Obrador para “acabar con la impunidad y poder juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano” , la ciudadanía no quiere más casos como la Casa blanca, Odebrecht, OHL, el Socavón, la licitación del tren México Querétaro, Corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la estafa maestra, entro otros; para acabar con dichos privilegios, impunidades y los fueros en México requerimos que los ajustes al marco constitucional sean como se plantea en el Proyecto de Decreto de esta propuesta legislativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108,110 y 111; Y SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se reforman los artículos 108,110 y 111; y se deroga el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo y hasta un año después de concluido su mandato, podrá ser acusado por traición a la Patria, hechos de corrupción y cualquier violación a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político la o el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra la o el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 6 de diciembre de 2018.
Derechos del Pueblo Mexicano, Estudios históricos y doctrinarios.
Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones.
Derechos del Pueblo Mexicano.
Odilisa Gutiérrez Mendoza, El Juicio Político y la Declaración de Procedencia en el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa.
Constitución de los Estados Unidos de América 1787.
Parlamento de Uruguay, Constitución de la República.
Congreso de la República del Perú, Constitución Política del Perú.
Presidente Andrés Manuel López Obrador, cien compromisos anunciados en el Zócalo de la Ciudad de México.