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Timestamp: 2020-07-08 15:18:13
Document Index: 222391217

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2']

C_2019206ES.01002502.xml
C 206/25
Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Hannover (Alemania) el 20 de marzo de 2019 — EZ/Bundesrepublik Deutschland
(2019/C 206/30)
¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE (1) en el sentido de que la «negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto» no exige que el afectado se haya negado a cumplir el servicio militar en un procedimiento formal de objeción, si el ordenamiento jurídico del país de origen no prevé un derecho de objeción al servicio militar?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que también en el supuesto de persecución establecido en el artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva es preciso que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, letra d), de la misma Directiva, los motivos mencionados en el artículo 10 de esa Directiva y los actos de persecución definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la citada Directiva, o la ausencia de protección contra los mismos, estén relacionados?
En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión: ¿Es suficiente que el procesamiento o la pena traigan causa de la negativa a cumplir el servicio militar para que estén relacionados, en el sentido del artículo 9, apartado 3, en combinación con el artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE, la persecución consistente en procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar y el motivo de la persecución?
(1) Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).