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Timestamp: 2018-01-16 19:24:18
Document Index: 326229958

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 29', 'artículo 129', 'artículo 119', 'artículo 133']

LEY DEL MIEDO no resuelve la inseguridad pública – Proyecto 3
Escrito por Redacción · 21 de diciembre de 2017
El proyecto de Ley de Seguridad Interior no es aceptable ni viable, porque no cuenta con fundamento legal, presenta graves insuficiencias conceptuales, y violenta el pacto federal, derechos y garantías de la sociedad. Es la “sentencia” de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados (CONCAAM) en contra del nuevo marco jurídico para la nueva forma de instituir la militarización de la vigilancia que corresponde a las fuerzas policiales del país.
Es un criterio coincidente con el de la mayoría de las organizaciones civiles y de los más altos foros internacionales de defensa de los derechos humanos.
Es en el fondo una Ley del Miedo, que no resuelve la crisis de seguridad pública y procura disponer de las fuerzas armadas para reprimir motines de protesta que no se descartan en el proceso electoral del 2018 si no hay respeto a la voluntad ciudadana.
En esta propuesta, sostuvo la Confederación de jurisconsultos presidida por el sinaloense Ricardo Beltrán Verduzco, hay serios problemas de origen (previos a su elaboración), que “hacen innecesario analizar una propuesta de Ley, para la cual el Congreso no cuenta con facultades de expedirla, porque no hace falta debido a que existen disposiciones constitucionales para regular la participación de las fuerzas armadas en tareas seguridad y porque no hay un concepto de seguridad interior en las normas jurídicas mexicanas, entre otros aspectos que son objeciones a tomar en cuenta”.
En definitiva, “estos temas no pueden soslayarse, porque ponen en riesgo los derechos humanos de los mexicanos y la estabilidad de nuestro Estado de Derecho”.
PROBLEMAS DE ORIGEN; JUSTIFICAR LO INSOSTENIBLE
1. La propuesta de ley intenta legalizar la ilegalidad, advierte el representante del organismo de abogados.
Esto se fundamenta en múltiples declaraciones de las fuerzas armadas, de grupos políticos, de analistas y de los autores de la Ley7, han reconocido que por más de una década las fuerzas armadas han participado en tareas de seguridad pública en diversas entidades del país, sin un marco jurídico que los respalde.
“Esto implica reconocer que se ha actuado durante todo este tiempo al margen de la ley, violentando todas las normas y hasta derechos de la sociedad, sin que nadie haya puesto un alto, con la complicidad de todos los órdenes de gobierno. Qué país el nuestro dónde se impulsa una ley para justificar hechos injustificables, que dañan a todos los mexicanos”.
2. Se trata de emitir una ley sobre un tema en el que el Congreso de la Unión no tiene facultades expresamente concedidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ningún otro ordenamiento jurídico, advierte Beltrán Armenta.
Y fue más preciso:
La Constitución faculta al Congreso en el artículo 73 para legislar sobre diversas materias como sobre seguridad nacional (fracción XXIX-M), seguridad pública (fracción XXIII) y protección civil (XXIX-I) pero en ninguna parte establece facultades para legislar en materia de seguridad interior. Proponer, discutir y, en su caso, aprobar una ley para lo que no se tiene facultades, por el simple interés político de impulsar una estrategia en el combate a la delincuencia organizada (por decir lo menos) es un acto arbitrario y absolutamente violatorio de nuestro Estado de Derecho.
LA LEY DE VÍCTIMAS TAMBIÉN ES ILEGAL
Considera que “parece que a este Congreso ya se le está haciendo costumbre legislar en temas sobre los que la Constitución y las leyes no le otorgan facultades, y hacerlo sin consecuencia alguna, amparados en el derecho parlamentario. Ahí está la Ley General de Víctimas aprobada por este Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2013, cuando no se contaba con facultades constitucionales para hacerlo, y la reforma mediante la cual se adicionó la fracción XXIX-X al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar en la materia en el año 2016. Es decir, hasta tres años después de expedida la Ley, el Congreso se otorgó la facultad de legislar sobre la materia.
“Qué manera de acomodar las cosas y qué grave resulta para un país que busca caminar por la vía de la ley. Ahora se pretende repetir la misma historia y seguramente veremos en algunos años una reforma Constitucional para darle al Congreso la facultad de legislar sobre seguridad interior”.
3. Los promotores de esta propuesta de Ley se fundamentan en una mentira al señalar que no existen disposiciones constitucionales que normen y regulen el actuar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Ya sea por ignorancia, por interpretación equivocada o mala fe, es reprobable que se intente aprobar una ley, además de sin facultades constitucionales, basada en mentiras.
“Los invito”, añadió el dirigente nacional de abogados, “a que lean el artículo 29 constitucional sobre estados de excepción, el artículo 129 sobre las tareas de las fuerzas armadas en tiempo de paz y el artículo 119 y se pregunten si realmente nuestra Constitución no es muy clara sobre los momentos y las formas en que las fuerzas armadas pueden legalmente actuar en seguridad pública”.
(reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo
PELIGROSO LEGISLAR SIN ANTES PRECISAR ALCANCES DE SEGURIDAD INTERIOR
Es muy peligroso para el país legislar sin antes resolver el concepto y los alcances de la seguridad interior, así como el papel que podrían desempeñar de manera extraordinaria y temporal las fuerzas armadas en estas tareas. Con esta propuesta de ley se está intentando convertir de manera permanente a las fuerzas armadas en policía “suplente”, cuando esa no es la facultad que les otorga la Constitución. Legislar sin resolver antes la ambigüedad conceptual en que operan las Fuerzas Armadas puede ser nacionalmente peligroso, al no saberse a ciencia cierta qué tipo de tropas demanda el país ni cuál sería el alcance de su misión en el ámbito de la seguridad interior. El riesgo es hacer más rígido, irrevocable, su carácter actual de policía suplente. Lo peligroso de legislar sin saber de qué estamos hablando.
4. La Ley parte de pensar erróneamente que las fuerzas armadas son mejores para las tareas de seguridad que las policías.
Grave error y gran mentira. Las propias fuerzas armadas han reconocido públicamente que no están entrenadas, ni tienen la capacidad para actuar como policías y a pesar de ello los hemos tenido en tareas de seguridad por más de diez años, con todos los problemas que esto ha generado para la población.
Las declaraciones de gobernadores (ejemplo, gobernador Miguel Angel Yunes, de Veracruz) y de demás autoridades de que las fuerzas armadas actuarán como policías, además de absurdas son insostenibles, porque la naturaleza de las fuerzas armadas no es policiaca y no tienen el entrenamiento para realizar esas actividades.
Así se viola hasta la propia jurisprudencia en la que fundamentan la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en donde en ningún caso se habla de suplir funciones. La jurisprudencia dice: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.”
FUERZAS ARMADAS NO INHIBEN VIOLENCIA: LA EXACERBAN
El declarante añade que “sólo basta ver los resultados que se ha logrado con la presencia de las fuerzas armadas en diversas entidades del país durante la última década, que han sido desastrosos. No existe ninguna evidencia de que la presencia de las fuerzas armadas en las calles y su participación en seguridad pública se haya expresado en mejores indicadores, sino por el contrario, la violencia y la delincuencia han crecido exponencialmente en esas entidades y en otras regiones del país”.
Aclara que sólo basta revisar las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal en las entidades federativas para darnos cuenta que estos indicadores no han disminuido a pesar de la presencia de las fuerzas armadas en esas entidades federativas.
“Pero aún más grave es que las fuerzas armadas se han quedado de manera permanente en tareas de seguridad, supliendo a las policías (no apoyándolas), sin ningún tipo de control y contribuyendo directamente al desmantelamiento de los cuerpos policiacos en todo el país y a la irresponsabilidad de los gobernantes frente a la sociedad que gobiernan”.
5. Que no tenemos policías confiables, por eso se necesitan las fuerzas armadas.
Es cierto: en las policías estatales y municipales, desde hace muchos años, ha prevalecido la corrupción, la falta de capacitación y de entrenamiento adecuados. Pero también es cierto, que la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido un factor determinante para desmantelar los cuerpos policíacos, en muchas entidades del país.
En las entidades donde participan las fuerzas armadas en seguridad pública, no han llegado a fortalecer y apoyar las labores de las policías, sino a sustituirlas en sus funciones, con lo que se han destinado menos recursos y esfuerzos a modernizar esos cuerpos policiacos.
Los gobernadores y presidentes municipales han encontrado en este mecanismo una forma de evadir sus responsabilidades sobre la seguridad pública en sus entidades y no han buscado crear cuerpos policiacos adecuados, que aceleren la salida de las fuerzas armadas de su territorio. Para ellos, resulta cómodo delegar sus responsabilidades en materia de seguridad, a cuerpos federales, a pesar de las molestias que se genere en su población.
ESTADOS PAGAN OPERATIVOS MILITARES Y NO PUEDEN INVERTIR EN SUS POLICÍAS
Pero las fuerzas armadas no actúan gratis, en las entidades donde operan, además de los grandes recursos presupuestales que reciben, en donde no hay transparencia bajo el escudo de la seguridad nacional, son pagados por los gobiernos estatales. Resulta imposible que se les pida a las entidades federativas que inviertan en la creación de cuerpos policíacos modernos y bien preparados, cuando por un lado no hay incentivos para hacerlo y, por otro lado, no se cuentan con los recursos para hacerlo, porque se destinan a pagar a quienes suplen en esas funciones.
“Con esta Ley nos podemos esperar que la seguridad pública quede en manos, de manera permanente, de las fuerzas armadas. Preparémonos a vivir en una sociedad sometida, donde en los hechos hay un estado de excepción, sin aplicar las disposiciones constitucionales pertinentes”.
6. Qué los ciudadanos piden la presencia de las fuerzas armadas en las entidades.
Beltrán Verduzco afirma que “los ciudadanos no piden a las fuerzas armadas, piden a sus gobernantes que les den seguridad y tranquilidad. Y se han visto atrapados ante las mentiras y las falsas promesas de los políticos que les dicen que la única manera de lograrlo es con la presencia de las fuerzas armadas en sus ciudades, aunque eso signifique ceder derechos y garantías”.
Los gobiernos han atrapado a la sociedad en la falsa disyuntiva entre seguridad y libertad, olvidando que “es obligación del Estado y de los gobiernos otorgar a la sociedad seguridad pública, sin violentar sus derechos y sin hacerlos renunciar, en los hechos, a la protección que les dan las leyes”.
Aceptar la presencia de las fuerzas armadas en labores policiacas, cuando esta no es su función, ni su naturaleza, es condenarnos a ser un país y una sociedad limitada en sus garantías y en su desarrollo.
7. Que la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no violenta los derechos humanos.
La realidad es otra: esto es absolutamente falso. Los riesgos de violaciones a derechos humanos son permanentes, porque no está en la naturaleza de las fuerzas armadas actuar como policías, no cuentan con la capacitación y el entrenamiento necesarios para interactuar con la sociedad. Las fuerzas armadas son entrenadas para repeler agresiones y para actuar ante estados de excepción en donde se suspenden temporalmente garantías. Su función ha crecido para prestar ayuda a la sociedad ante desastres naturales, pero eso no los capacita para actuar como policías. Responden a una organización vertical y disciplinaria y cuentan con fuero, lo que les da condiciones especiales frente al resto de la sociedad.
Está ampliamente documentado a nivel internacional el riesgo que conlleva el tener a las fuerzas armadas en tareas policiacas y la gran cantidad de violaciones a derechos humanos que se dan cuando actúan en labores policiacas.
En el caso de México, existe una gran cantidad de denuncias ante las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos humanos, sobre violaciones realizadas por miembros de las fuerzas armadas, durante sus operativos.
Ahí están también muchos casos conocidos por todos, que no vale la pena mencionar, de poblaciones enteras -incluso en Sinaloa- que vieron violentados sus derechos, cuando las fuerzas armadas intentaron cumplir con sus tareas de seguridad pública. Habrá que preguntarles a muchas de estas poblaciones si realmente quieren a las fuerzas armadas en sus calles.
Con esta propuesta de ley, se pretende utilizar el temor de la sociedad a la inseguridad, como pretexto para que las fuerzas armadas actúen para poner orden. Así transitaremos del temor social a la inseguridad, al terror social a las fuerzas armadas. Esto a nadie ayuda, ni al país, ni a la sociedad, ni a las propias fuerzas armadas.
9. No sorprende que los creadores de esta iniciativa de ley sean legisladores que no conocen de seguridad pública y de lo que los ciudadanos quieren (Diputados César Camacho Quiroz y Marta Sofía Tamayo).
Los autores de esta iniciativa muestran claramente su desconocimiento sobre seguridad pública y particularmente sobre la ausencia de un concepto de seguridad interior y de límites en su comprensión y en la operación de quienes participen en ella.
Baste leer las palabras de Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que las recupera Jorge Fernández Menéndez, “Razones” (Excélsior, 06-12-2017, pág. 12): “No hay nada que defina, me decía el general Cienfuegos en aquella oportunidad, qué es la seguridad interior y cuándo son problemas de seguridad interior. Desde mi punto de vista, estamos entrando ya en un panorama donde muchos de los asuntos que considerábamos de seguridad pública hoy han escalado y tienen que ser considerados problemas de seguridad interior”.
Beltrán agregó que “en y con sus propias palabras, Cienfuegos se sitúa y nos da la razón de acuerdo a lo que aquí afirmo”.
LA SOCIEDAD NO TIENE CERTIDUMBRE, SÓLO SE DA A LAS FUERZAS ARMADAS
Intentan justificar la presencia ilegal de las fuerzas armadas en diversas entidades del país, proponiendo una ley, para la que el Congreso no tiene facultades de legislar, que les dé garantías a las fuerzas armadas para actuar, pero no a los miembros de la sociedad, que son los que realmente merecen tener certidumbre y certeza en el actuar de sus autoridades.
¿DICTADURA O DEMOCRACIA? “Legislar para dejar seguras y contentas a las instituciones armadas parece más propio de una dictadura que de una democracia como pretende ser la mexicana. Las democracias lo que deben fortalecer y asegurar son los derechos y las garantías de su sociedad.
“Los autores de la iniciativa pretenden mañosamente”, sugiere, “desconocer la falta de facultades del Congreso en la materia, el que no exista una definición de seguridad interior en México, el significado de la seguridad pública y la seguridad nacional y, sobre todo, que el eje de nuestro país es la sociedad, no instituciones castrenses. También desconocen lo resuelto por la Suprema Corte”, precisiones que por lo visto no tomaron en cuenta los legisladores