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Timestamp: 2019-09-18 07:33:34
Document Index: 159013837

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 121', 'artículo 121', 'artículo 86', 'artículo 121', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 121', 'artículo 124', 'artículo 121', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 121', 'artículo 9', 'artículo 121']

﻿ SENTENCIA STC8849-2018/2018-00070 DE JULIO 11 DE 2018
SENTENCIA STC8849-2018 DE 11 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:MORA JUDICIAL. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LOS JUECES CIVILES ESTÁN OBLIGADOS A EMITIR SENTENCIA, DE PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA, DURANTE EL TÉRMINO DEL AÑO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO, SALVO QUE SE INTERRUMPA O SUSPENDA EL PROCESO POR ALGUNA CAUSA LEGAL, ESTE PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y NO ADMITE MODIFICACIÓN, EN ARMONÍA CON LAS GARANTÍAS DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE TRADUCE LA NECESIDAD DE DEFINICIÓN DE LOS LITIGIOS SIN DILACIONES INDEBIDAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS NORMAS PROCESALES SON DE ORDEN PÚBLICO, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EN NINGÚN CASO PUEDEN SER DEROGADAS, MODIFICADAS O SUSTITUIDAS POR LOS FUNCIONARIOS O PARTICULARES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TÉRMINO PROCESAL, VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, TÉRMINO JUDICIAL, JUEZ, FACULTADES DEL JUEZ, MORA JUDICIAL, JUEZ CIVIL, ACTUACIÓN DEL JUEZ
Sentencia STC 8849-2018/2018-00070 de julio 11 de 2018
Rad.: 76001-22-03-000-2018-00070-01
(Aprobado en sesión de once de julio de dos mil dieciocho)
Se decide la impugnación formulada por el accionante frente al fallo proferido el 7 de marzo de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acción de tutela promovida por Hernán Andrés Quezada Hoyos contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Noveno Civil del Circuito, ambos de esa misma ciudad, trámite al que se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso atacado.
1. El promotor del amparo, a través de apoderado judicial, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
Por tanto, solicitó dejar sin efecto los autos calendados 25 de octubre de 2017, 4 de diciembre de ese mismo año y 5 de febrero de 2018.
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes:
2.1. Hernán Andrés Quezada Hoyos promovió demanda declarativa en contra de Allianz Seguros S.A., libelo que fue admitido con proveído del 26 de mayo de 2016, el cual fue notificado a la demandada el 5 de julio de esas calendas, por conducta concluyente.
2.2. Posteriormente, el actor presentó reforma al escrito introductorio, admitida con providencia del 1º de marzo de 2017, cuyo enteramiento se surtió, por estado, el 6 de marzo siguiente.
2.3. El 10 de octubre de 2017, el demandante solicitó la anulación de “la actuación posterior al [...] 5 de julio de 2017, [data en la] que se cumplió 1 año contado desde la notificación de la demanda al demandado, sin que se profiriera sentencia ni se hubiese dispuesto la prórroga pertinente”, conforme lo contempla el artículo 121 del Código General del Proceso.
2.4. Con auto del 25 de octubre de 2017, el a quo negó la nulidad deprecada, determinación que el peticionario recurrió en reposición y, en subsidio, apelación, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnación, mediante determinación del 4 de diciembre de 2017.
2.5. A través de decisión del 5 de febrero de 2018, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali resolvió la alzada interpuesta subsidiariamente, confirmando el proveído censurado.
2.6. Por vía de tutela, expresó el demandante que los falladores enjuiciados incurrieron en un “defecto sustantivo por inaplicación del [artículo] 121 del CGP”, toda vez que el juez de primer grado “decidió seguir conociendo del proceso, pese a que el efecto de la [citada] norma lo dejó sin competencia, lo que configuraba la invalidez alegada; y que el ad quem en adición, entendió que tal nulidad, pese a ser de pleno derecho, resultaba saneable [...]”.
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelantó en el proceso objeto de queja constitucional, resaltó que lo pretendido por el accionante es “hacer valer [...] su interpretación personal, ya que la presente acción de tutela está planteada con el ánimo de desestimar las consideraciones y el criterio jurídico esbozado” por los estrados convocados.
2. Los demás convocados guardaron silencio.
El a quo denegó el amparo al considerar que “no se vislumbra[ba] una vía de hecho por parte de los accionados que vulnere el debido proceso del [...] accionante”, toda vez que “independientemente que se comparta o no la hermenéutica utilizada por los jueces accionados, lo cierto es que no [se] encuentra [...] que la interpretación realizada por aquellos sea abiertamente ilegal [...]”.
El promotor del reguardo insistió que “sí se dio el defecto sustantivo acusado [...], comoquiera que la hermenéutica impartida por l[o]s [querellados] [...] desborda el contenido de lo dispuesto en los artículo[s] 93 y 121 del CGP”, habida cuenta que “visto sea de manera aislada o conjunta, no contiene elemento gramatical alguno conforme al cual resulte ajustado a derecho computar el término de duración del proceso a partir de la notificación del auto admisorio de [la reforma de la demanda], en lugar del libelo genitor”.
De igual manera, reiteró que “la nulidad invocada se da de pleno derecho por ministerio de la ley”, por lo que no comparte “la afirmación conforme a la cual se habría saneado [...]”.
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
De allí que, en tratándose de tutela contra decisiones judiciales, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.
“[...] el amparo solo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (...)’” (CSJ STC, mayo 11/2001, Rad. 0183, reiterada STC 4269-2015, abr. 16/2015).
Así pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada “vía de hecho”.
2. En este orden de ideas, sea lo primero advertir que el estudio que se realizará en esta instancia se circunscribirá al auto calendado 5 de febrero de 2018, que confirmó el proferido el 25 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, por cuanto fue aquella decisión la que clausuró el debate que se suscitó en torno a la solicitud de nulidad que elevó el quejoso, el 10 de octubre de la anualidad pasada.
Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que, contrario a lo que sostuvo el a quo constitucional, el estrado enjuiciado cometió un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción, por cuanto para desechar la nulidad que esgrimió el quejoso desconoció lo reglado en el artículo 121 del Código General del Proceso, el cual dispone, en sus apartes pertinentes, lo siguiente:
“Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaria del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses.
Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia” (negrillas ajenas al texto).
Del contenido literal de la disposición en cita, se concluye, de un lado, que el legislador instituyó una causal de pérdida de competencia, fundada en el trascurso del tiempo para decidir de fondo, es decir, que se le otorga al juzgador un plazo razonable para resolver la instancia so pena de que el asunto deba ser asumido por un nuevo funcionario judicial.
Por otra parte, advierte la corporación que el hito inicial para el cómputo del término de un año que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr objetivamente desde la notificación del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, sin que consagre salvedad alguna en caso de reforma o sustitución del libelo.
Entonces, la hermenéutica que en esta oportunidad acoge la Corte, alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupción o suspensión del litigio, contrario a lo que sostuvo el juez ad quem criticado, que incluyó una modificación para el cómputo del referido lapso, no contemplado en la norma bajo análisis, conforme se extracta de su redacción, en armonía con las garantías de acceso a la administración de justicia, que traduce la necesidad de definición de la litis sin dilaciones indebidas.
En efecto, la prenotada sede judicial en el proveído de 5 de febrero de 2018, que confirmó el proferido el 25 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, destacó que:
“[...] este despacho comparte completamente los argumentos expuestos por el a quo, concretamente el hecho de que la reforma de la demanda va más allá de un simple cambio al libelo inicial, por cuanto no se puede empezar el cómputo de términos para dictar sentencia, sin que la reforma haya sido debidamente notificada. Luego entonces armonizando la normatividad existente en el caso materia de estudio, tenemos que no puede considerarse como vencido el término para dictar sentencia como lo interpreta el apelante, puesto que el cómputo del mismo debe partir del día 6 de marzo de 2017, fecha en que se notificó [por] estado la reforma de la demanda y se corrió el respectivo traslado [...]”.
Consecuentemente, el despacho judicial criticado erró al incluir una salvedad no regulada legalmente, con la finalidad de contabilizar el plazo que tenía el a quo para dictar sentencia, circunstancia que deja al descubierto la trasgresión del derecho al debido proceso del gestor del amparo, toda vez que, al tenor del artículo 13 del Código General del Proceso, las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento y en ningún caso podían ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, menos aun cuando estas reglamentan uno de los factores de competencia que contempla el estatuto procesal vigente.
Es que, al haberse surtido el enteramiento del auto admisorio del libelo a la demandada, el 5 de julio de 2016, es claro que la actuación adelantada con posterioridad al 5 de julio de 2017, sin que se hubiese dictado fallo de primera instancia, era “nula de pleno derecho”, sin importar la alegación tardía de esa invalidez.
2.1. En adición, resalta la Sala que la Ley 1395 de 2010, en su artículo 9º, fue la primera reglamentación en contemplar el aquí denominado factor temporal de competencia, en términos casi idénticos a los que hoy consagra el artículo 121 del Código General del Proceso.
En efecto, el citado canon noveno de la Ley 1395, que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, prescribía que:
“En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaria del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses”.
Nótese que la citada regla, si bien contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador para dirimir el litigio, lo que permitía predicar su saneabilidad; diferente a lo que acontece en vigencia del Código General del Proceso, en el que, sin duda, se instituyó una nueva causal de invalidez y, además, con la particularidad de obrar de “pleno derecho”, que solo se había contemplado en tratándose de la prueba obtenida con violación del debido proceso (C.P., art. 29, inc. final).
Y es que este tipo de nulidad, al operar de “pleno derecho”, surte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o saneamiento.
En otras palabras, una interpretación finalística de la codificación actual, de configurarse la eventualidad contemplada en el tantas veces mencionado artículo 121, lleva a concluir como inoperante el saneamiento regulado en el artículo 136 de la obra en cita, aun a pesar de que los intervinientes hubieran actuado con posterioridad al vicio, guardando soterrado silencio o lo hubiesen convalido expresamente, porque esto contradice el querer del legislador, dirigido a imponer al estamento jurisdiccional la obligación de dictar sentencia en un lapso perentorio, al margen de las circunstancias que rodeen el litigio e, incluso, de las vicisitudes propias de la administración de justicia, desde su punto de vista institucional.
2.2. De otro lado, a pesar de que el parágrafo del artículo 136 ibidem, consagra como insaneables únicamente los vicios provenientes de ir en contra de providencias del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia; la interpretación que en esta ocasión acoge la Sala no desdice tal previsión legal, comoquiera que el empleo de la nulidad de pleno derecho, propia del derecho sustancial, traduce un vicio invalidatorio de orden procesal con entidad superior a las anomalías que otrora preveía este ordenamiento, de donde los cánones 121 y 136 citados, guardan armonía.
Por ende, a tal evento es inaplicable el inciso final del precepto 138 ejusdem, por cuanto reñíría con la interpretación finalística y literal que prohíja la Corte, pues emplearlo sería tanto como afirmar que a pesar de estar viciada de pleno derecho la actuación del juzgador a quien le culminó el plazo plasmado en el artículo 121, se convalidar[á] lo decidido, ya que esto equivaldría a restar efectos al vicio que opera sin más.
2.3. Cabe añadir que la estipulación de plazos perentorios para la resolución de los litigios, deriva de la necesidad de dar cumplimiento a los diferentes tratados internacionales que ha suscrito Colombia, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, ratificado con la Ley 74 de 1968, que en su artículo 9º (num. 3º), dispone que “[t]oda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”, mandato que por su relevancia no solo debe restringirse a materia penal, sino también a asuntos de naturaleza civil.
2.4. Las consideraciones precedentes, llevan a la Sala a recoger todos los precedentes que, en sentido contrario, emitió previamente, al considerar que la postura aquí expuesta es la más acorde a lo consagrado en el ordenamiento jurídico, específicamente, en el artículo 121 del estatuto procesal vigente.
3. Así las cosas, se impone la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneración de la garantía fundamental al debido proceso del promotor, por lo que se ordenará a la sede judicial acusada que, tras dejar sin efecto la providencia censurada, proceda en los términos del inciso 2º del canon 121 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, en su lugar, CONCEDE el amparo al derecho al debido proceso de Hernán Andrés Quezada Hoyos. En consecuencia, dispone:
1. Ordenar al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali que, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente, deje sin efecto el proveído que profirió el cinco de febrero de 2018 en el proceso promovido por Hernán Andrés Quezada Hoyos contra Allianz Seguros S.A. (Rad. 2016-00314) y toda la actuación que de este dependa.
2. Cumplido lo anterior y en un término no superior a quince (15) días, contados desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelación propuesto por el allí demandante contra el auto que dictó el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad, el 25 de octubre de 2017, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo.
3. Remítase copia de esta providencia a los Juzgados Noveno Civil del Circuito, Tercero Civil Municipal, ambos de Cali, y al a quo constitucional para que este último vele por su cumplimiento.
4. Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.
Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo, con aclaración de voto—Luis Alonso Rico Puerta, con salvamento de voto—Ariel Salazar Ramírez, con salvamento de voto—Octacio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.