Source: https://issuu.com/rodrigo89/docs/revista_marzo_completa
Timestamp: 2018-05-27 18:28:24
Document Index: 313236623

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 28', 'Artículo 2', 'Artículo 30', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 43', 'Artículo 35', 'artículo 14', 'artículo 165', 'artículo 16', 'artículo 166', 'artículo 20', 'artículo 21']

Revista Marzo 2012 by Rodrigo Rodriguez romero - issuu
ANAHUA ICEM NA AH YE
EMAHQU IN T IXT ILI TIL UA
AHUA TULLI TEN MA
Publicación mensual • 4a. época • Número 31 • MARZO 2012
Clase Inaugural del Doctorado en Derecho Constitucional
Director Enrique González Barrera Editor responsable Enrique González Barrera
4.	Editorial 5.	In Memoriam Miguel Blanco Múzquiz
Consejo editorial Héctor González Estrada Sergio Cárdenas Caballero Javier Antonio Flores Arturo Baca Rivera
6.	Discursos Presentación del Doctorado en Derecho Constitucional Ministro Jorge Pardo Rebolledo
Coordinación Roberto Lozada Anaya Coordinación de arte y cultura en la revista y en sitio web Reyna Zapata Valdez
48.	Te invito a leer un libro 49.
10.	Orígenes y Proyección del Doctorado en Derecho Constitucional Dr. Julio H. Hernández Fonseca
Director editorial y diseño Tomás Barragán Abreu Corrección de estilo Alejandro López Jiménez Óscar Guzmán Chávez
10.	14.
Productores del canal cultural Ary Arturo Correa Medina Nancy Estrada Gaspar Rubén Morales Alfaro Roberto Pérez Hernández
Arte y cultura Ángeles: de la imaginación al lienzo María de la O Toussaint
Contenido Jurídico El menor como sujeto del Derecho de Identidad Mtra. Jetzabel Mireya Montejo Rivero
Derecho y Psicología La relación abogado/a cliente como experiencia de aprendizaje mutuo Dr. Alfredo Bautista
62.	Correspondencia 64.	Humor Jurídico
26.	Principio de Oportunidad y Principio de Legalidad Procesal Mtro. Reynaldo Sandoval Sánchez
Diseño web Roberto Lozada Anaya Programación web Rodrigo Rodríguez Romero Jefe de sistemas Salvador Vázquez Aceves
Programación de sistemas Fernando Reyes Montes Rony Alexander Galván Rodríguez
El Contenido de la Etapa de Investigación ante el Ministerio Público Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza
Nuestra portada: Clase Inaugural del Doctorado en Derecho Constitucional. Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco; Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca; Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo; Dr. Enrique González Barrera y Dr. Ricardo Romero Vázquez.
Distribución logística José Pérez Servín
Fotografía: Ing. Edgar González Salgado, Fotografías Universitarias, Yugoslavia 7, Bosques de Aragón. Tel. 5766•0543. e-mail: edgaresunam@hotmail.com ¿Qué es Tepantlato? En el Códice Florentino (cap. IX: “Hechiceros y trampistas") hay una referencia a la actividad del tepantlato; en náhuatl significa “el que habla o ruega por otros”. Proviene de “tepan”: intercesor o abogado, y “tlatoa”: hablar. Por lo tanto, la palabra tepantlato alude al abogado y, a su vez, a la actividad que desempeña. Hablar por otros no impide su palabra, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el guía que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del Derecho. D
Presidencia de la República Secretarías de Estado Gobernadores Constitucionales Jefatura de Gobierno del D.F. Cámaras de Diputados y Senadores Asamblea de Representantes Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Secretarios de Estudio y Cuenta de cada Ministro Poder Judicial Federal, Magistrados y Jueces Federales Tribunales del Fuero Común, Magistrados y Jueces Tribunales Supremos de los Estados Procuraduría General de la República Procuradores de cada Estado Procuraduría General de Justicia del D.F. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Delegados Políticos Organizaciones Sociales Delegados de la Procuraduría General de la República en cada Estado Titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de cada Estado Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal Universidades Públicas y Colegios de Extensión Universitaria Embajadas y Oficinas Consulares Bancos y Casas de Bolsa Notarías Públicas Despachos de Abogados Distribuidores Independientes de Literatura Jurídica
Compañías de Seguros y Fianzas Hoteles Compañías Radiodifusoras y Televisoras Restaurantes Suscriptores Universidades Públicas de Alemania, España, Italia, Argentina, Chile, Brasil y Colombia Aerolíneas Agentes del Ministerio Público Estaciones de Radio Autobuses Abogados postulantes Secretarios de Acuerdos Secretarios Proyectistas Actuarios Conciliadores
Publicación mensual, 04-2001-061210401600-102, expedido por la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Número de Certificado de Licitud de Título No. 7274, Número de Certificado de Licitud de Contenido No. 003744/97. Distribuido por: Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM FES Aragón y SEPOMEX con registro No. PP09-1636. Impreso por Gráficos y Lithográfica Comercial S.A. de C.V. Bolívar 165 Int. 110, Col. Obrera, Deleg. Cuauhtémoc C.P. México, DF, C.P. 06800 Tel. 5578-8830. El contenido de cada artículo es responsabilidad exclusiva de su autor. Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo del Título “TEPANTLATO”. Número de tiraje: 25,000 ejemplares.
a Universidad Tepantlato celebró la inauguración de su Doctorado en Derecho Constitucional el día 13 de enero del año en curso. Dicha ceremonia estuvo presidida por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, distinguido egresado de la
Maestría en Derecho de Amparo y del Doctorado en Ciencias Penales de esta honorable institución. Cabe decir que este Doctorado en Derecho Constitucional representa un hito en los posgrados en México, ya que en su elaboración participaron algunos de los más ilustres doctores y académicos en derecho del país. Además de que los catedráticos que impartirán los módulos son doctores especialistas en cada una de las materias que integran el programa. Aprovechamos para recordarles la realización de nuestra 12a Jornada
de Actualización Jurídica, la Nueva Ley de Amparo, que se transmitirá en vivo a toda la República Mexicana y que contará con la participación de los académicos de la Universidad Tepantlato. Como en cada Jornada que hemos organizado, los fondos recaudados serán destinados en su totalidad a becas de titulación para estudiantes con excelencia académica de la UNAM y de la Escuela Nacional Preparatoria 4,Vidal Castañeda y Nájera. La revista Tepantlato, en un afán de evolucionar y de difundir la cultura jurídica más allá de nuestras fronteras, entra en un proceso de internacionalización que consistirá en colaboraciones continuas de investigadores de reconocimiento internacional, de grandes juristas del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales del fuero común así como de distinguidos abogados postulantes. ademàs contaremos con traductores especialistas al inglés. Gracias al éxito de nuestra publicación, la Universidad Tepantlato creó en un programa de intercambio con Universidades Europeas para que reciban nuestra revista.Todo ello con la convicción de que, en un mundo globalizado, la comunicación y el diálogo con interlocutores y académicos internacionales del Derecho nos enriquece mutuamente.
iguel Blanco Múzquiz N
ace en Monclova, Coahuila, en 1816. Cursa la carrera de derecho en la ciudad de Méxi-
co para obtener el título de abogado, sin embargo, tiene especial vocación por las armas y en 1847, interrumpe sus estudios para luchar contra la invasión norteamericana. Este es el comienzo de su larga carrera militar. En 1856 se desempeña como constituyente por Coahuila y Nuevo León y en 1861 es gobernador del Distrito Federal.1
l 11 de junio de 1861 es declarado Benito Juárez presidente constitucional de la Repú-
blica por el Soberano Congreso de la Unión. El 2 de julio el propio Congreso expide el decreto por el cual declara nuevamente integrada a la Suprema Corte con Jesús González Ortega como
Magistrado interino de la Suprema Corte de Justicia (republicana de Juárez) en 1861. Magistrado de la Suprema Corte de 1877 a 1883. Presidente interino de la Suprema Corte de Justicia de 1880 a 1882.
presidente interino y Miguel Blanco como octavo magistrado interino.2
espués del triunfo del Plan de Tuxtepec, la Suprema Corte celebra su primera sesión
el 1º de junio de 1877, presidida por Ignacio Luis Vallarta, y con los siguientes ministros: Pedro Ogazón, Antonio Martínez de Castro, Protasio Tagle, Miguel Blanco, Ignacio Ramírez, José María Bautis-
ta, Ignacio M. Altamirano, y Ezequiel Montes. Los supernumerarios: Simón Guzmán y Trinidad García.3 Es presidente interino de la Suprema Corte de Justicia de 1880 a 1882.4 Blanco permanece en su cargo hasta el 30 de mayo de 1883.5 Blanco Múzquiz muere en la ciudad de México el 10 de abril de 1900.6
1	Alicia Bravo, “Perfil Biográfico de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando fue su presidente Ignacio I. Vallarta. (1877-1882)”. pp. 119-120; y: Enrique Cárdenas de la Peña, Mil personajes del siglo XIX. 1840-1870. p. 219. 2	Lucio Cabrera A., La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX. T. I, p. 246. 3	Lucio Cabrera A., La Suprema Corte de Justicia a principios del porfirismo. 1877-1882. p. 26; y: Homenaje… p. 5. 4	Lucio Cabrera A., 175 años de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1825-2000. p. 12. 5	Lucio Cabrera A., La Suprema Corte de Justicia durante el fortalecimiento del porfirismo. 1882-1888. p. 144. 6	Homenaje… p. 5; y: Enrique Cárdenas de la Peña, Op. Cit.
Presentaci贸n del Doctorado en
de la Universidad Tepantlato
Revista Tepantlato / Difusi贸n de la Cultura Jur铆dica
Dr. Enrique González Barrera Rector de la Universidad Tepantlato Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca Coordinador del Doctorado en Derecho Constitucional Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco Coordinador Administrativo del Doctorado
Comparado, de los Derechos Humanos, del Control de la Constitucionalidad y del Juicio de Amparo y de otras subespecialidades de la materia constitucional. El diseño de este programa académico y sus objetivos principales se pueden resumir en los siguientes términos:
en Derecho Constitucional A)	Aprendizaje de los conceptos fundaEstimados Alumnos de este doctorado:
mentales de la Teoría de la Constitución,
cuyo conocimiento, sobre la base de una engo el honor, como orgulloso
teoría científica, es indispensable para el
egresado de la maestría en De-
adecuado análisis y la correcta interpre-
recho de Amparo y del Docto-
tación de las normas constitucionales.
rado en Ciencias Penales de esta
B)	Conocimiento de los conceptos fun-
institución, de dirigirme a ustedes para pre-
damentales de la ciencia política rela-
sentar el Doctorado en Derecho Constitu-
cionados con la ciencia constitucional,
cional de la Universidad Tepantlato, programa
elementos que conforman en conjunto
de posgrado diseñado para la formación de
la base teórica indispensable para el en-
especialistas en esta materia al más alto nivel
tendimiento tanto de la organización del
académico, el cual se ha planeado conforme a
poder establecida en una constitución,
un método novedoso en nuestro país, consis-
como del ejercicio real del poder deriva-
tente en la combinación del estudio del De-
do de las normas constitucionales.
recho Constitucional y de la Ciencia Política.
C)	Conocimiento de las estructuras elec-
En efecto, este Doctorado que el día de
torales fundamentales de los sistemas
hoy inicia formalmente sus actividades, se sus-
constitucionales democráticos y de la
tenta esencialmente en dos pilares teóricos, a
saber: la Teoría de la Constitución y la Teoría
del origen del poder, por medio de los
Política, fundamentos indispensables para la
partidos políticos y del ejercicio del po-
especialización en Derecho Constitucional y
der, sobre la base de la democracia indi-
para la aplicación práctica de las normas cons-
recta o semidirecta.
titucionales, los cuales proveen al estudiante
D)	Revisión de diversos temas del Derecho
de esta área del Derecho de los elementos
constitucional mexicano, cuya enseñanza
cognoscitivos necesarios para el entendi-
no se sustenta en la Teoría Constitucional
miento de los Sistemas Políticos, de los Siste-
científica, sino en fundamentos teóricos
mas Electorales, del Derecho Constitucional
dogmáticos, lo que ocasiona, a veces, una
indebida comprensión de las normas cons-
I)	Revisión de los aspectos fundamentales
titucionales correlativas y una inadecuada
y de los problemas concretos de las más
interpretación y aplicación de los precep-
recientes modificaciones constitucionales
tos constitucionales correspondientes.
al Juicio de Amparo, de conformidad con
E)	Conocimiento del Derecho constitucio-
la teoría del control de la constitucionali-
nal de las entidades federativas del Esta-
dad y de la teoría del proceso.
do federal mexicano, sobre la base del
J)	Conocimiento de diversos sistemas ju-
estudio previamente realizado sobre el
risdiccionales de control de la constitu-
régimen federal, la naturaleza de las par-
cionalidad con el propósito de analizar
tes integrantes del territorio nacional y
sus estructuras y compararlas con las del
el ámbito competencial que les asigna la
sistema mexicano, evaluándolo y propo-
niendo las modificaciones que se conside-
F)	Análisis de la protección de los Derechos
ren procedentes.
Humanos a nivel nacional e internacio-
nal, del sistema universal de protección
Adicionalmente, como parte de la capa-
de los derechos humanos en sus diver-
citación del especialista en Derecho Constitu-
sas modalidades, de la participación del
cional, académico e investigador, los alumnos
sistema judicial mexicano en su defensa
cuentan con los apoyos metodológicos indis-
y de la función de la CNDH y la figura
pensables para su formación proporcionados
del Ombudsman, así como de los casos
en dos seminarios, uno sobre metodología e
en que el Derecho Internacional de los
investigación jurídica y otro sobre interpre-
Derechos Humanos se ha incorporado
tación y argumentación en materia constitu-
al Derecho interno.
cional, los cuales se imparten con la finalidad
G)	Conocimiento de la teoría del control
de que los estudiantes cuenten con las herra-
de la constitucionalidad, abarcando los
mientas técnicas necesarias para la aplicación
diversos aspectos conceptuales y estruc-
práctica de sus conocimientos.
turales que hacen posible analizar cual-
Como podrá advertirse, este programa
quier sistema de control de la constitu-
de postgrado, además de novedoso, es su-
cionalidad, evaluar su eficacia y plantear
mamente necesario porque trata de llenar un
su modificación de ser necesario.
hueco académico y profesional en nuestro
H)	Conocimiento de las constituciones de di-
país, consistente en el déficit de auténticos
versos países latinoamericanos y europeos,
especialistas en Derecho Constitucional, por
cuyo tipo de Estado corresponda al concep-
lo que felicito ampliamente a quienes han in-
to de Estado democrático social de Dere-
tervenido en su desarrollo y a quienes for-
cho, con el objeto de analizar sus estructu-
man parte de este Doctorado, augurándoles
ras de gobierno, comparándolas con las que
el mejor de los éxitos y expresándoles mis
corresponden a nuestro régimen político.
más amplios parabienes.
Orígenes y Proyección del Doctorado en
Derecho Constitucional de la Universidad Tepantlato 12
l doctor Julio Humberto Hernández Fonseca, Coordinador General del Doctorado en Derecho Constitucional, dio la bienvenida a los alumnos, con un mensaje en el que destacó, entre otros aspectos, los siguientes: Explicó que la génesis del programa del Doctorado en Derecho Constitucional fue el acuerdo del Comité Académico del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato; asimismo, destacó que el anteproyecto que los doctores Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ricardo Romero Vázquez elaboraron, en unión de profesores de Derecho Constitucional, fue enriquecido con la valiosa aportación de la doctora María Engracia Rodríguez Moreleón, lamentablemente fallecida en plenitud de su vida. Señaló también que, debido a sus actividades como de Magistrado de Circuito y Coordinador de la Maestría en Amparo, impartida por esta Universidad, a jueces y magistrados tanto federales como locales, el doctor Ricardo Romero Vázquez se separó de la comisión encargada de terminar el programa, lo que provocó que el Comité Académico le encargara la investigación para su culminación. También agregó que con el apoyo de los doctores Enrique González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato; Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del maestro José de Jesús Alcaraz Orozco, Coordinador Administrativo de este postgrado, así como de sus asesores, se reestructuró el primer programa, sobre la base de conocimientos científicos que aportan la Teoría de la Constitución y la Teoría Política, lo que permitirá a los alumnos la especialización en el conocimiento de los fenómenos constitucionales y el entendimiento de los sistemas políticos y electorales, del derecho constitucional comparado, de los medios de control de la constitucionalidad de
los actos del poder político, entre otros. Resaltó que para reforzar el conocimiento científico se incluyeron materias de metodología, argumentación e interpretación constitucional y muy relevante el estudio de los sistemas constitucionales de países europeos como: Alemania, Italia, Francia, España, Portugal y Polonia, sin soslayar los sudamericanos y el anglosajón, especialmente Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos de Norteamérica, ni las demás áreas del saber relacionadas con los fenómenos constitucionales, como la sociología, la economía, etc. Refirió el doctor Hernández Fonseca que después de muchas horas de trabajo y con los sabios consejos de su asesor, finalmente se logró que el programa del Doctorado en Derecho Constitucional tuviera un estándar de calidad semejante al de los programas de postgrado de las universidades europeas, lo que significa que en la Universidad Tepantlato se estudiará científicamente, no dogmáticamente, el Derecho Constitucional, como si los alumnos estuvieran en Europa, por la simple razón de que comprende, entre otras materias, la Teoría de la Constitución y la Teoría Política, ambas ciencias inescindibles para el estudio de los fenómenos constitucionales, por lo que, afirmó, el objetivo es formar verdaderos especialistas en Derecho Constitucional para beneficio del pueblo de México. Por último, el doctor Hernández Fonseca señaló que fue aprobado el programa del Doctorado por el Comité Académico de esta casa de estudios, por cuyo motivo indicó, con gran emoción, que era motivo de satisfacción para los que participaron en la elaboración de este ambicioso proyecto, así como para la comunidad estudiantil y, por ende, llenos de plácemes y felicidad por haber llegado a este momento tan esperado, producto de la labor de grupo, ya que la creatividad es la suma de todos los que intervenimos.
Inauguración del Doctorado en Derecho Constitucional por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la Universidad Tepantlato.
Alumnos del Doctorado durante la clase inaugural.
Término de la primera clase.
De Izq. a Der. Dr. Humberto Manuel Román Franco, Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Mtro. Silverio Rodríguez Carrillo, Magistrado de Circuito del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Tercera Región; Dr. Enrique González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato; Dr. Mauro Morales Sánchez, Juez Cuadragésimo Quinto de Paz en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco, Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Dr. Héctor González Estrada, Juez Noveno de Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. www.tepantlato.com.mx
Licenciada en Derecho por la Universidad de Camagüey, Cuba.
Máster Universitario en las Respuestas del Derecho al fenómeno de la Globalización por la Universidad de Granada (UGR, España).
Máster Universitario en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad de Camagüey (UC)
Profesora-Investigadora de Derecho Civil y Familiar en la Universidad de Camagüey, Cuba.
Investigadora en temas de Derecho Familiar, relativos a la
protección de la niñez y adolescencia; temática que resume
su línea de formación doctoral.
Tiene varias publicaciones en revistas y medios especializados de Cuba, México, Argentina, Brasil, España y República Dominicana.
celebrados en Cuba, México, Colombia y República Dominicana: I Congreso Internacional Globalización y Derecho, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, Octubre de 2011; VI Foro Internacional de Derecho de Familia. Universidad del Sinú, Montería, Córdoba, Colombia, Octubre de 2011; Primeras Jornadas Hispanoamericanas de Derecho Familiar en Puebla, México, Mayo de 2011; XVI Congreso Internacional en Derecho Familiar “La familia en el siglo XXI, Santo Domingo, Octubre de 2010; III Encuentro Internacional “Mujer, Género y Derecho”, La Habana, Junio de 2010; V Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La Habana, Mayo de 2009; III Encuentro Internacional sobre Protección jurídica a los Derechos del Menor, La Habana, Noviembre de 2009; IV Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La Habana, Mayo de 2006; II Encuentro Internacional “Mujer, Género y Derecho”, La Habana, Mayo de 2006, II Encuentro Internacional sobre Protección Jurídica a los Derechos del Menor”, La Habana, Noviembre de 2005; entre otros. Distinciones
Obtuvo Premio CITMA provincial y el reconocimiento: “Mejor profesora en Ciencia Técnica” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Camagüey en 2011.
Profesora-Investigadora de Derecho Civil y Familiar, Universidad de Camagüey, Cuba
El menor como Sujeto del Derecho a la Identidad Personal Mtra. Jetzabel Mireya montejo rivero
Minoría de edad.Visión contemporánea
n la temática relativa a la minoridad, un primer nudo cognitivo que se presenta es el referido a la definición de menor. A menudo,
suelen confundirse las expresiones de menor, niño, infante, usándose con sentidos equívocos. El término menor, o menor de edad, es una expresión de sentido jurídico y hace referencia a la condición de la persona, que por razón de edad, no puede ejercer plenamente su capacidad jurídica. En cambio, las expresiones niño o infante se refieren a las personas que se encuentran en la etapa comprendida entre el nacimiento y el comienzo de la adolescencia. Por lo que, la expresión menor de edad,
con mayor amplitud, comprende al niño (a), al
Minoría de edad, sujeto de derecho, identidad personal.
adolescente y aún al joven que no ha llegado a la mayoría de edad. De tal suerte, resulta es-
téril contraponer la noción de niño (a) a la de
El presente artículo expone sucintamente valoraciones teóricas en
menor, teniendo en cuenta que, para la Con-
torno al menor como sujeto del derecho de identidad. Desde una
vención Internacional sobre los Derechos del
visión contemporánea de la minoría de edad, fundamenta la con-
Niño “se entiende por niño todo ser humano
cepción que visualiza al menor sujeto de derecho. En este contex-
menor de 18 años de edad”.
to, valora la trascendencia jurídica de la Convención Internacional
El dato objetivo de la edad posibilita me-
sobre los Derechos del Niño como techo axiológico del derecho
dir la aptitud de la persona para ser titular de
objeto de estudio. Se aborda la definición, naturaleza jurídica, fases
derechos y obligaciones. Desde el Derecho
estática y dinámica que determinan el derecho de identidad y su
Romano1 puede apreciarse una graduación
impacto en los derechos del menor.
de la capacidad de obrar a los efectos de la realización de actos jurídicos eficaces.
MINORÍA DE EDAD. VISIÓN CONTEMPORÁNEA el menor como sujeto de derecho LA IDENTIDAD PERSONAL. SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DEL MENOR
Los ordenamientos jurídicos modernos han seguido diferentes criterios para determinar las edades que permitirían el ejercicio de los derechos,2 y en tal sentido, se generaliza la tendencia que ubica la plena capacidad de obrar en los 18 años cumplidos. La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño se muestra normativa,
satisfacer sus propias necesidades cotidianas (…)”7. Esta aseve-
aunque no inflexible a la hora de definir la ca-
ración, cobra mayor intensidad en lo que respecta al ejercicio
tegoría infancia. Por su parte, el Pacto Inter-
de los derechos de la personalidad, los que dada su naturaleza
nacional de Derechos Civiles y Políticos , se
-inherentes a la dignidad humana-, no admiten sustitución en la
limita a reconocer el derecho de protección
voluntad de su titular. Perspectiva que abre puertas a un sistema
que todo niño requiere por su condición de
de apoyo al ejercicio de los derechos del menor; afianzándose
menor, sin indicar cuándo un niño alcanza la
una nueva visión en torno a la situación jurídica del menor.
La tendencia moderna con respecto a la minoría de edad
En vista de ello, parece justificarse la razón por la cual, los Estados partes no logran
adopta matices diferentes en las postrimerías del siglo XX y primicias del XXI:
un consenso con respecto al concepto de
La posición del menor en cuanto a su capacidad de obrar
mayoría de edad. Obviamente, en algunos
ha rebasado la idea de asimilar su situación con la del incapaz,
casos, esto puede responder a criterios di-
especialmente en cuanto a la posibilidad de la consideración
ferentes a la edad (por ejemplo, la condición
de su voluntad en aquellos asuntos que le conciernen por in-
de casado o la adquisición de un “suficiente
cidir en su persona, a partir del carácter personalísimo e insus-
entendimiento”). En este sentido, algunos han
tituible de algunas decisiones en esta esfera8.
realizado declaraciones en relación con la ma-
De tal suerte, no pocos autores9 exponen el concepto de
yoría de edad. Cuba declaró “los 18 años de
capacidad progresiva del menor en el ejercicio de sus derechos.
edad no constituyen la mayoría de edad para
Dicha línea de pensamiento encuentra punto de partida en el
todos los actos civiles en virtud de la legisla-
concepto de evolución de las facultades, contenido en el ar-
ción nacional vigente.”
tículo 5 de la Convención, -y en estrecha vinculación con los
No obstante, en sede civil, la legislación
artículos 3, 12 y 14 pondera el reconocimiento de autonomía y
cubana actual, determina la mayoría de edad
participación al menor; sin que ello, signifique un detrimento del
a tono con el artículo 1 de la Convención y
rol de los padres en la educación y formación de los hijos, por
reconoce a menores de edad entre 10 y 18
cuanto, no sería postura consecuente, desdeñar el “papel fun-
años, capacidad limitada de ejercicio . Sin em-
damental de la familia en la aportación de las nociones básicas
bargo, no precisa el precepto cuáles actos ju-
de socialización para la vida de los niños, niñas y adolescentes.”10
rídicos podrá ejercer per se el menor que ha
En esta premisa, considero loable la definición de la mi-
cumplido los diez años de edad; suscitándose
noría de edad como “el proceso durante el cual, la psicología
diversas interpretaciones en la practica jurídica
del niño evoluciona hacia una constante autodeterminación de
cubana, pues no todos los sujetos tienen las
la personalidad”11. A juicio de Cillero Bruñol, se advierte a la
mismas necesidades, ni son satisfechas estas
infancia como “una época de desarrollo efectivo y progresivo
del mismo modo. En este caso, “debe inter-
de la autonomía personal, social y jurídica”.12 Una etapa por la
pretarse el enunciado general del artículo 30
que atraviesa el niño en el devenir de su vida, incrementando
en sentido positivo, esto es, entender que tie-
de forma paulatina sus aptitudes. Ergo, la autora del presente
nen capacidad suficiente para realizar todos los
asume una visión contemporánea de la minoría de edad.13 En
actos que de un modo u otro contribuyan a
esta línea, la identifica con el proceso de desarrollo de la au-
tonomía del menor, en el cual, toda medida limitativa lo será,
sonalidad y capacidad, se vislumbra la noción
solo de su ejercicio conforme a su edad y grado de madurez.
de sujeto de derecho. En opinión de Espinosa Espinosa “sujeto de derecho es un centro de imputación de derechos y deberes, ads-
El menor como sujeto de derecho
esde el punto de vista técnico, fundamentar la noción
cribible, siempre en última instancia a la vida
del menor como sujeto de derecho supone una valora-
humana.”20 Enunciación a partir de la cual, se
ción de su posición jurídica en relaciones jurídicas tuteladas por
colige una equiparación de los conceptos su-
el Derecho civil –rama que se ocupa de la persona en sí misma
jeto de derecho y persona.
considerada, de la protección de sus atributos y cualidades– , y 14
dentro de ella, el Derecho de persona resulta epicentro.
Otro sector21 distingue la noción sujeto de derecho del término de persona. Es esta
Desde el siglo pasado descifrar la noción jurídica de per-
última la posición adoptada por la doctrina
sona se presenta como un problema fundamental del Dere-
patria al articular los aludidos conceptos.22
cho.15 La doctrina se muestra en concebir a la persona con la
Ergo, puede afirmarse la delimitación de la ca-
aptitud que puede adoptar la forma de natural o individual, y
tegoría de sujeto de derecho a partir de la
persona jurídica o colectiva. En esta línea, numerosos autores
consideración de la persona inmersa en una
coinciden en su definición y consecuentemente, se le reco-
relación jurídica determinada.
noce aptitud para participar en relaciones jurídicas a través de la personalidad y la capacidad.
En virtud de la dignidad, el menor es sujeto de derecho pues justamente a partir de
La personalidad constituye un atributo inherente al ser
la dignidad se configura el binomio persona-
humano en su condición de persona, derecho inalienable por
valor.23 Esta ordenación presupone la posición
su simple condición de tal. No se trata de un derecho sub-
de bienes jurídicos resultantes de la propia
jetivo, sino de una condición previa de todos los derechos y
existencia humana, por lo que cabría pensar,
deberes, adquirida por regla general por el hecho de nacer,
la condición de sujeto desde la aptitud gené-
conforme a la normativa que marca el inicio de la personalidad
rica para su titularidad. Desde tal perspectiva,
en cada ordenamiento jurídico. Así lo expone el Código Civil
el Ordenamiento Jurídico ofrece a la persona
Cubano, cuando establece: “la personalidad se adquiere con el
menor de edad la posibilidad para ser titular
nacimiento y se extingue con la muerte, no obstante, concede
de derechos y obligaciones. Por tanto, resul-
derechos al concebido en todos los extremos que le resulten
ta perfectamente posible su actuación en el
favorables, a condición de que nazca vivo”.
marco de relaciones jurídicas concretas, inde-
Con respecto a la capacidad, vale dilucidar su doble ma19
nifestación en capacidad de derecho, de goce o de adquisición
pendientemente que por razón de la edad, el ejercicio de su capacidad se vea limitado.
y la capacidad de obrar, de hecho, de ejercicio o de acción. A la primera, hace referencia el artículo 28.1 del Código Civil Cubano, elemento que no puede faltar en la persona, pues constituye atributo inherente a ella. En cambio, la capacidad de obrar, refiere la aptitud del sujeto para realizar per se actos jurídicos eficaces. En estrecha vinculación a las categorías jurídicas de per-
La identidad personal. Su impacto en los derechos del menor
o pocas veces se ha planteado la condición humana desde su esencia
propia e irrepetible, cuestión que visualiza la
identidad como categoría histórica concreta
dez Sessarego, quien define “(…) la identidad personal como
que puede ser comprendida desde distintas
el conjunto de atributos y características que permiten indivi-
aristas o esferas del conocimiento .
dualizar a la persona en la Sociedad. Es todo aquello que hace
El hombre, a través del tiempo, ha busca-
que cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad se des-
do su identidad partiendo de lo filosófico has-
pliega en el tiempo. Es fluida y cambiante (…) en la identidad
ta llegar a lo jurídico. De allí, que el Derecho
de la persona se encuentra la específica verdad personal, que
no se encuentre al margen de este fenómeno
es la cognición de lo que realmente se es, así como también
de la realidad social, y por tanto, reconozca y
comprende una multiplicidad de elementos.”27
proteja su existencia.
De la definición abordada, se desprenden las fases que
El derecho de identidad encuentra sus
conforman la realidad unitaria de la identidad personal; una fase
primeras manifestaciones jurídicas en la sen-
estática, que abarca todos aquellos elementos que permiten la
tencia emitida por un juez romano, en la cual,
identificación objetiva del hombre en la sociedad, desde los signos
por primera vez se definía la existencia de
identificativos tradicionales como el nombre, la imagen, el estado
una situación jurídica subjetiva de poder no
civil, las huellas digitales, la ciudadanía, filiación hasta la información
considerada ni protegida por norma alguna
genética de cada individuo. Y otra dinámica, que alude al conjunto
en el ordenamiento jurídico positivo, hacien-
de factores espirituales que definen la personalidad de cada sujeto.
do referencia expresa a la identidad personal
Esta dimensión impacta notablemente a la noción del me-
como un nuevo interés del ser humano digno
nor como sujeto de derecho. Cabría preguntarse, ¿En virtud
de ser tutelado por el Derecho. No fue has-
de qué normativa jurídica, el derecho de identidad encuentra
ta 1985, fecha en que la Corte de Casación
respaldo constitucional en las legislaciones internas?
de Italia emite una sentencia contentiva de la
En el derecho positivo, internacional y nacional, se con-
más aproximada definición, sin llegar a confi-
sagran normas sobre el derecho a la identidad, en forma di-
gurarse un concepto acabado. Esta sentencia
recta o a través de la mención del derecho al nombre.28 Entre
deja sentado que la lesión a la identidad per-
ellas, se destacan: la Convención Americana sobre Derechos
sonal puede ser autónoma, no tiene por qué
Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica el 22 de
estar necesariamente acompañada de una
noviembre de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civi-
específica ofensa a otro particular aspecto de
les y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, y la Convención
la personalidad, como podría ser el caso del
Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviem-
honor o de la intimidad.
bre de 1989.
El derecho de identidad representa un
En este panorama normativo, algunas legislaciones moder-
derecho subjetivo autónomo e independien-
nas reconocen jerarquía constitucional a la Convención Inter-
te del conjunto de facultades que lo integran.
nacional sobre los Derechos del Niño; lo cual determina, por
Aunque históricamente se ha identificado con
un lado, la existencia de un nuevo marco constitucional que
el derecho al nombre, el primero no se cir-
obliga a adecuar las instituciones reguladas en el derecho inter-
cunscribe únicamente al mismo.
no a esos preceptos. Y por otro, “la preeminencia normativa
De los autores estudiosos de la proble-
del referido tratado, que es el techo axiológico que debe am-
mática, sobresale el jurista peruano Fernán-
parar las diversas manifestaciones del derecho de identidad.”30
Este derecho atina amparo en los artículos 7 y 8 de la
paterna y a relaciones familiares), actualmen-
Convenciòn; preceptiva jurídica contentiva de el derecho a la
te reguladas de manera dispersa en varias
nacionalidad, al nombre, a las relaciones familiares, a ser ins-
legislaciones; tales como, la Constitución de
cripto inmediatamente después de su nacimiento, a conocer
la República, el Código Civil, el Código de Fa-
a sus padres y a ser cuidado por ellos. Así como a respetar el
milia y la Ley del Registro del Estado Civil y su
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacio-
Reglamento. Dispersión legislativa que obe-
nalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad
dece a la época en que fueron promulgados
los referidos textos normativos, precedentes
Aunque la referida normativa solo describe tres aspectos
a la aprobación por las Naciones Unidas de
de la identidad (nacionalidad, nombre y relaciones familiares),
la Convención de 1989. No obstante a ello,
otros preceptos de la Convención: el Artículo 2 (no discrimi-
vale abordar su sistemática desde los distintos
nación) y el Artículo 30 (derecho a tener su propia cultura,
componentes que determinan el derecho de
religión e idioma) consideran como ilegales la mayoría de las
formas de modificación de la identidad del menor.
El derecho al nombre encuentra respaldo
En miras de lo abordado, se desprende la naturaleza jurí-
normativo en Cuba en el artículo 43 de la Ley
dica del derecho, objeto de estudio del presente. El derecho
No. 51. Ley del Registro del Estado Civil.33 Por
de identidad es un derecho personalísimo, inherente a la per-
su parte, el Código Civil cubano aunque no
sonalidad, fundado en la dignidad humana que resume el con-
dedica un capítulo específico relativo mismo,
junto de atributos y cualidades inherentes al ser humano. De
en el referido artículo 28.1 define la capacidad
ahí que el Ordenamiento Jurídico, atribuya a la persona aptitud
jurídica de toda persona en su condición de
para la protección y defensa de los derechos derivados de ta-
tal. En cuanto al derecho de adquirir y pre-
les. Es un derecho fundamental, de rango constitucional, en
servar la identidad y la ciudadanía: se enuncian
tanto comprende los derechos y libertades jurídicas institucio-
los artículos 28, 29 y 40 de la Constitución;
nalmente reconocidos y garantizados por el derecho positivo.
materializándose a través del procedimiento
La configuración jurídica del derecho de identidad, se
de inscripción de nacimiento.34
delimita a partir del conjunto de facultades del menor en su
El derecho a las relaciones familiares
condición de persona, relativas al nombre, filiación, y las rela-
y las responsabilidades de padres y madres
ciones de índole político, cultural, entre otras dimensiones de
con sus hijos, atina protección constitucio-
la personalidad; apreciándose con tal aseveración la evolución
nal35 en virtud del rol concedido a la familia
teórico – doctrinal y legislativa del derecho en estudio, que no
en la educación de sus hijos. Así, el Código
comprende únicamente el derecho al nombre, y amplía sus
de Familia (Artículos 82 al 88 y 96), el Có-
horizontes a una perspectiva integral de la persona humana.
digo de la Niñez y la Juventud y el Capítulo
En el ordenamiento jurídico cubano, el menor es suje-
IV de la Constitución de la República, refiere
to del derecho de identidad. Sin embargo, esta noción debe
las relaciones familiares y las responsabilida-
condensar las distintas facultades que determinan el derecho
des de los padres. En estrecha vinculación, el
subjetivo (derecho al nombre, a la nacionalidad, a ser inscripto
derecho del niño a no ser separado de sus
inmediatamente después de su nacimiento, a una doble figura
padres, excepto a reserva de revisión judicial,
se plasma –en el supuesto de divorcio entre
internacionales. Perspectiva que sitúa a la Convención Interna-
progenitores– a partir del otorgamiento de la
cional de los Derechos del Niño, techo axiológico del derecho
guarda y cuidado a cualquiera de los padres;
aunque vale señalar, la preferencia materna
El menor, en su condición de persona, es sujeto del dere-
conferida por legislación familiar cubana en la
cho de identidad. En esta noción resulta perfectamente posible
su participación en relaciones jurídicas concretas en las que se
Desde lo anterior, el Derecho Cubano
diriman conflictos relacionados con su nombre, nacionalidad, filia-
ha de pronunciarse con respecto al trata-
ción, relaciones familiares, y otras dimensiones de la personalidad.
miento sistémico del derecho de identidad, que logre una vinculación armónica de los
componentes integrantes de las fases estática
y dinámica de la identidad y su impacto en los
Aláes Corral, Benito, Minoría de edad y derechos fundamen-
tales, Tecnos, Madrid, 2003; Espinosa Espinosa, J., Derecho
Visualizar al menor sujeto del derecho
de las personas. Ed. Rodhas SAC., 5ta edición, Lima, 2006.
de identidad, significa reconocerle autonomía
Albaladejo, Manuel, Derecho civil. Introducción y parte general,
en el ejercicio de este derecho en el marco de situaciones jurídicas concretas emanadas de sus relaciones personales y familiares.
decimoquinta edición, Bosch, Barcelona, 2002. Cillero Bruñol, Miguel, Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios en Minoridad y Familia. Revista Interdisciplinaria sobre la Problemática de la Niñez- Adoles-
l reconocimiento de la identidad perso-
cencia y el grupo familiar nº 10, Daniel Hugo D’ Antonio (director), Delta Editora, Paraná, 1999.
nal existe desde siempre, sin embargo
Delgado Vergara, Teresa, Vulnerabilidad y dependencia en la
su protección jurídica es de data reciente,
madurez de la vida: apuntes para la protección de las per-
toda vez, que en la doctrina tradicional, el
sonas de la tercera edad en Cuba en Revista Ius No. 26,
derecho de identidad se circunscribía prácti-
Año IV, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJP),
camente al derecho al nombre en los marcos
septiembre-diciembre, 2010.
de los derechos de la personalidad. Los ade-
Díaz Alabart, Silvia (directora) et al., La protección jurídica de
lantos científicos y tecnológicos, importan a
las personas con discapacidad (Estudio de la Ley 41/2003,
este derecho un contenido diferente. Se trata
de Protección Patrimonial de las personas con discapaci-
de un derecho de la personalidad y un dere-
dad), Ibermutuamur, Madrid, 2004.
cho fundamental. La protección del derecho de identidad
Diez Picaso y Gullón, Sistema de Derecho Civil I, Tecnos, Volumen I, Octava edición, Madrid, 1992.
constituye uno de los principales principios
Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, “Una sombra ya pronto
del nuevo marco constitucional que obliga a
serás. La participación del niño en los procesos de familia
adecuar las instituciones familiares reguladas
en la Argentina” en Kielmanovich, Jorge y Benavides, Die-
en el derecho interno a la normativa jurídica
go, (compiladores), Derecho Procesal de Familia, Editorial
protectora de la familia en las convenciones
Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2008.
Fernández Bulté, Julio, Siete Milenios de Estado y de Derecho,
el marco de las relaciones paterno filiales:
Tomo I, editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2008.
encuentros y desencuentros entre res-
—Manual de Derecho Romano, Félix Varela, La Habana, 2004.
ponsabilidad parental y autonomía pro-
Fernández Sessarego, Derecho de las personas. Exposición de
gresiva” en VI Conferencia Internacional
motivos y comentarios al Libro Primero del Código Civil
de Derecho de Familia, La Habana, 2011.
Peruano. Librería Studium, Editores, Lima, 1986. —“Persona, personalidad, capacidad y sujeto de derecho. Un necesario deslinde conceptual en los umbrales de siglo XXI” en (versión digital), p. 2.
Linacero de la Fuente, María, Protección Jurídica del Menor, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 2001. Lloveras, Nora, y Faraoni, Fabián, La mayo-
—El derecho a la identidad personal, Astrea, Buenos Aires, 1992.
ría de edad argentina. Análisis de la Ley
Gil Domínguez, Andrés- famá María Victoria y Herrera, Ma-
26.579/2009, Nuevo enfoque jurídico,
risa, Derecho Constitucional de Familia, Buenos Aires,
Córdoba, Argentina, 2010, p. 83;
Ediar, 2006, pp. 520 y ss., Ley de Protección Integral de
Lloveras, Nora, Oviedo, María Natalia, Monjo,
Niñas, Niños y Adolescentes. Comentada, anotada, con-
Sebastián, Daños causados por el incum-
cordada, Buenos Aires, Ediar, 2007.
plimiento de la obligación alimentaria de
Hernández Valle, Rubén, La tutela de los derechos fundamentales, San José, Costa Rica, 1990. Herrera Marisa, Autonomía, capacidad y participación en el
los hijos menores de edad derivada de la responsabilidad parental, Abeledo Perrot No.9, Córdoba, septiembre del 2010.
ejercicio de derechos personalísimos de niños, niñas y
Lloveras, Nora, El Derecho de Familia y el
adolescentes a un lustro de la ley 26.061 en Los Desafíos
Derecho de Identidad en el MERCO-
del Derecho de Familia en el siglo XXI. Derechos Humanos.
SUR en Hacia una armonización del Dere-
Bioética. Relaciones Familiares. Problemáticas Infanto- Juve-
cho de familia en el MERCOSUR y países
niles. Homenaje a la Dra. Nelly Minyersky, Flah, Lily (di-
asociados. Cecilia P. Grosman (directo-
rectora)- Fodor, Sandra y Del Arbol, Mabel (coordinado-
ra), Marisa Herrera (coordinadora), Lexis
ras), Editorial Errepar, Buenos Aires, 2011.
Nexis, Argentina S.A, 2007.
Herrera, Marisa, “¿Algunos silenciados del Derecho de Familia?
Mesa Castillo, Olga, “Capacidad progresiva
Las parejas del mismo sexo y los adolescentes desde el
de las niñas, niños y adolescentes. Un
principio de autonomía y libertad”, en Taller pre- Congreso
reto para el Derecho”, en III Encuentro
de VI Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La
Internacional sobre Protección Jurídica a los
Habana, 5 al 8 de abril de 2011.
Derechos del Menor, La Habana, 2009.
Hualde Sánchez, J.J., “La personalidad jurídica”, en Manual de
Minyersky, Nelly, “Capacidad progresiva de
Derecho Civil, coordinado por Puig Ferriol, L., et al, Mar-
los niños en el marco de la Convención
cial Pons, Madrid, 1997.
sobre los derechos del niño” en Cecilia
Jordano Fraga, Francisco, La capacidad general del menor en
P. Grosman (directora), en Hacia una ar-
La tutela de los derechos del menor, edición preparada y di-
monización del Derecho de Familia en el
rigida por José Manuel, González Porras, Córdoba, 1984.
Mercosur y países asociados, Lexis Nexis,
Krasnow, Adriana N., “La protección de la debilidad jurídica en
Minyersky, Nelly y Herrera Marisa, “Autono-
penteriana” en Revista Ius No. 26, Año V, Instituto de Cien-
mía, capacidad y participación a la luz de
cias Jurídicas de Puebla (ICJP), septiembre-diciembre, 2010.
la ley 26.061” en Emilio García Méndez,
—“Acerca del ejercicio de la capacidad de las personas dis-
(compilador), Protección Integral de dere-
capacitadas. Una aproximación desde la realidad cubana”
chos de niños, niñas y adolescentes. Análi-
en Nuevos perfiles del Derecho de Familia, Pérez Gallardo,
sis de la ley 26.061, Editores del Puerto,
Leonardo B. y Kemelmejer de Carlucci, A. (compiladores),
Rubinzal - Culzoni, Buenos Aires, 2006.
Montejo Rivero, Jetzabel M., Persona, perso-
—“La capacidad jurídica y el ejercicio de la capacidad” en
nalidad, capacidad y derechos humanos
Revista de Tribunal Supremo Popular de la República de
de niños y niñas: Una mirada necesaria
Cuba Justicia y Derecho No. 16, año 9, junio de 2011.
y contemporánea, en Revista Da Ajuris
Villabella Armengol, Carlos M., “El iter de los derechos: de la
No. 123, Porto Alegre, Brasil, 2011.
universalidad a la particularización. Los derechos en situa-
—“Menor de edad y capacidad de ejercicio:
ción como clave constitucional para la protección de los
Reto del Derecho Familiar contemporá-
grupos vulnerables” en Revista Ius No. 26, junio-julio, 2010.
neo” (en edición).
Villagrasa Alcaide, Carlos, Reflexiones en torno a la aplica-
Parra Benítez, Jorge, Álvarez, Luz Elena, El
ción internacional de la Convención sobre los Derechos
Estado Civil y su Registro en Colombia,
del Niño desde el derecho de participación: las pautas
Comlibros, Medellín, 2008, p. 7.
marcadas en los Congresos Mundiales sobre Derechos
Rivero Hernández, Francisco, El interés del
de la Infancia y de la Adolescencia en Por los derechos de
menor, Dificultad para precisar que es “el
la infancia y de la adolescencia, Carlos Villagrasa Alcaide-
interés del menor”. Nuevos planteamien-
Isaac Ravetllat Ballesté (coordinadores), edit. Bosch S.A,
tos metodológicos, Editorial Dykinson
2000, Madrid, p. 220. Rodríguez Corría, Reinerio, El ejercicio de la
capacidad: una visión crítica de la legis-
Código Civil de la República de Cuba. Ley No. 59 de 16 de julio
lación civil en Jornada Internacional en
de 1987, en Gaceta Oficial Extraordinaria, No 9 de 1987.
conmemoración a los veinte años del
Código de Familia de la República de Cuba. Ley No. 1289 de
Código Civil Cubano, La Habana, 2007.
1975. Ministerio de Justicia. La Habana, 1999.
Valdés Díaz, Caridad del C., Fonseca, Maribel,
Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de
La capacidad progresiva del menor frente
1976, reformada en 1992 y en el 2002, Impresa en el
a la emigración internacional en VI Confe-
Combinado del Periódico Granma, La Habana, 2004.
rencia Internacional de Derecho de Familia,
Convención Internacional de los Derechos del Niño de 20 de
La Habana, 5 al 8 de abril de 2011. Valdés Díaz, Caridad del Carmen, “Capacidad, incapacidad y discapacidad en clave car-
noviembre de 1989. Ley del Registro del Estado Civil de la República de Cuba, Ley 51 de 1985.
referencias 1	Julio Fernández Bulté, Manual de Derecho Romano, Félix Varela, La Habana, 2004, p.46. El autor establece las distintas etapas hasta la mayoría de edad, reconocidas en el Derecho Romano: infancia, impubertad y pubertad, con su propia repercusión en la capacidad de obrar. 2	Caridad del Carmen Valdés Díaz, La capacidad jurídica y el ejercicio de la capacidad en Revista de Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba Justicia y Derecho No. 16, año 9, junio de 2011, pp.12-43. 3	A los efectos de la Convención, la mayoría de edad se alcanza al cumplir el niño los 18 años “salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. No obstante, no debe interpretarse la preceptiva jurídica como cláusula de excepción general, por lo que los sistemas jurídicos deberán utilizar esa edad límite como una norma y una referencia para el establecimiento de cualquier otra edad particular para propósitos o actividades específicas. En Observación General sobre la protección del niño en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos destaca que las “edades de protección “no deben ser “excesivamente bajas” y que, en ningún caso, un Estado Parte puede eximirse, en virtud del Pacto, de sus obligaciones con los niños menores de 18 años, aunque a los efectos de la legislación nacional hayan alcanzado la mayoría de edad. 4	Vid. Art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5	La legislación cubana no logra uniformidad en cuanto al establecimiento de edades para la realización de ciertos actos, por ello existen edades diferentes para laborar (17 años), para el voto pasivo (16 años), para el voto activo (18 años), para el servicio militar (16 años), para la imputabilidad penal (16 años), entre otros. 6	El artículo 30 del Código Civil Cubano reconoce posibilidades de actuación a los menores entre 10 y 18 años de edad; no obstante, ofrece una fórmula genérica al estipular: “tienen restringida su capacidad para realizar actos jurídicos, salvo para satisfacer sus necesidades normales de la vida diaria: a.) los menores de edad que han cumplidos diez años de nacidos, los que pueden disponer del estipendio que les han sido asignado y, cuando alcancen la edad laboral, de la retribución por su trabajo”. Vid. Código Civil de la República de Cuba, Ley Nº. 59/1987 de 16 de julio, Divulgación del MINJUS, La Habana, 1988, p.8. 7	Caridad del Carmen Valdés Díaz, ult. ob. cit., pp. 12- 43. 8	Caridad del Carmen Valdés Díaz, Maribel Fonseca, La capacidad progresiva del menor frente a la emigración internacional en VI Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La Habana, 5 al 8 de abril de 2011. 9	El concepto de capacidad progresiva constituye manifestación de la capacidad restringida, cuya génesis podemos encontrarla en el Derecho Romano. No obstante, en la actualidad adquiere una nueva dimensión bajo la impronta del concepto de capacidad natural de la persona y de los principios de autonomía progresiva y evolución de las facultades. En doctrina Argentina, Vid. Nelly Minyersky, “Capacidad progresiva de los niños en el marco de la Convención sobre los derechos del niño” en Cecilia P. Grosman (directora), en Hacia una armonización del Derecho de Familia en el Mercosur y países asociados, Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina, 2007, p. 254; Nelly Minyersky, y Marisa Herrera, “Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26.061” en Emilio García Méndez, (compilador), Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la ley 26.061, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2006; Marisa Herrera, Autonomía, capacidad y participación en el ejercicio de derechos personalísimos de niños, niñas y adolescentes a un lustro de la ley 26.061 en Los Desafíos del Derecho de Familia en el siglo XXI. Derechos Humanos. Bioética. Relaciones Familiares. Problemáticas Infanto- Juveniles. Homenaje a la Dra. Nelly Minyersky, Flah, Lily (directora)- Sandra Fodor, y Del Arbol, Mabel (coordinadoras), Editorial Errepar, Buenos Aires, 2011, pp. 693-720; Herrera, Marisa, “¿Algunos silenciados del Derecho de Familia? Las parejas del mismo sexo y los adolescentes desde el principio de autonomía y libertad”, en Taller pre- Congreso de VI Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La Habana, 5 al 8 de abril de 2011; Adriana N. Krasnow, “La protección de la debilidad jurídica en el marco Marisa de las relaciones paterno filiales: encuentros y desencuentros entre responsabilidad parental y autonomía progresiva” en VI Conferencia Internacional de Derecho de Familia, La Habana, 2011, p.7; Gil Domínguez, Andrés- María Victoria famá y Marisa Herrera,, Derecho Constitucional de Familia, Buenos Aires, Ediar, 2006, pp. 520 y ss., Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Comentada, anotada, concordada, Buenos Aires, Ediar, 2007, pp. 281-325; María Victoria famá y Marisa Herrera “Una sombra ya pronto serás. La participación del niño en los procesos de familia en la Argentina” en Kielmanovich, Jorge y Benavides, Diego, (compiladores), Derecho Procesal de Familia, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2008; Nora Lloveras, y fabian Faraoni, La mayoría de edad argentina. Análisis
de la Ley 26.579/2009, Nuevo enfoque jurídico, Córdoba, Argentina, 2010, p. 83; Nora Lloveras, María Natalia Oviedo, Sebastián Monjo, Daños causados por el incumplimiento de la obligación alimentaria de los hijos menores de edad derivada de la responsabilidad parental, Abeledo Perrot No.9, Córdoba, septiembre del 2010, pp. 969-982. En doctrina española, Vid. Francisco Jordano Fraga, La capacidad general del menor en La tutela de los derechos del menor, edición preparada y dirigida por José Manuel, González Porras, Córdoba, 1984, pp. 243-277; Maria Linacero de la Fuente, Protección Jurídica del Menor, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 2001; Manuel Albaladejo, Derecho civil. Introducción y parte general, decimoquinta edición, Bosch, Barcelona, 2002, pp. 230-231; Benito Aláes Corral, Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003; María del Carmen Gete Alonso, María del Carmen, La edad en Manual de Derecho Civil I. Introducción y Derecho de la Persona, Luis Puig Ferriol, (coordinador), Editorial Jurídicas y Sociales, S.A, Madrid, 1997, pp.155-200; Francisco Rivero Hernández, El interés del menor, Dificultad para precisar que es “el interés del menor”. Nuevos planteamientos metodológicos, Editorial Dykinson 2000, Madrid, p. 220. En doctrina cubana, pueden citarse, Olga Mesa Castillo, “Capacidad progresiva de las niñas, niños y adolescentes. Un reto para el Derecho”, en III Encuentro Internacional sobre Protección Jurídica a los Derechos del Menor, La Habana, 2009; Reinerio Rodríguez Corría, El ejercicio de la capacidad: una visión crítica de la legislación civil en Jornada Internacional en conmemoración a los veinte años del Código Civil Cubano, La Habana, 2007, p 4; Teresa Delgado Vergara, Vulnerabilidad y dependencia en la madurez de la vida: apuntes para la protección de las personas de la tercera edad en Cuba en Revista Ius No. Año IV, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJP), septiembre-diciembre, 2010, pp. 140-155; Caridad del Carmen Valdés Díaz, Maribel Fonseca, ob. cit., p. 3. Carlos Villagrasa Alcaide, Reflexiones en torno a la aplicación internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño desde el derecho de participación: las pautas marcadas en los Congresos Mundiales sobre Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en Carlos Villagrasa Alcaide- Isaac Ravetllat Ballesté (coordinadores), Por los derechos de la infancia y de la adolescencia, edit. Bosch S.A, Barcelona, 2009, pp.55-77. Benito Aláes Corral, Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003, p.60. Miguel Cillero Bruñol, Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios en Minoridad y Familia. Revista Interdisciplinaria sobre la Problemática de la Niñez- Adolescencia y el grupo familiar nº 10, Daniel Hugo D’ Antonio (director), Delta Editora, Paraná, 1999, p. 24. Jetzabel M. Montejo Rivero, Persona, personalidad, capacidad y derechos humanos de niños y niñas: Una mirada necesaria y contemporánea, en Revista Da Ajuris, No. 123 Porto Alegre, Brasil, 2011. Caridad del Carmen Valdés Díaz, “Acerca del ejercicio de la capacidad de las personas discapacitadas. Una aproximación desde la realidad cubana” en Pérez Gallardo, Leonardo B. y Kemelmejer de Carlucci, A. (compiladores), Nuevos perfiles del Derecho de Familia Rubinzal - Culzoni, Buenos Aires, pp. 345-372. Así lo reconocía León Barandiarán, en 1962, al decir que “la calificación del ente humano sub species juris, es tema fundamental de la ciencia jurídica”. Afirmaba a este propósito que “es su tema central”. En este sentido, arguye la necesidad de recapacitar en él, e ir considerando y reconsiderando los complejos asuntos que se ofrecen dentro de la unidad del tema. Cfr., Carlos Fernández Sessarego, “Persona, personalidad, capacidad y sujeto de derecho. Un necesario deslinde conceptual en los umbrales de siglo XXI” en (versión digital), p. 2. Existe cierto consenso doctrinal en la definición de persona. En la doctrina española, por ejemplo, Diez Picazo y Gullón, consideran persona “todo ser humano es persona, es decir, naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre”. A juicio de Albaladejo,
jurídicamente es persona todo ser a quien el Derecho acepta como miembro de la comunidad de la comunidad”. De forma similar, Valdecasas señala “ser a quien el Derecho reconoce la capacidad de ser sujeto de derechos y deberes”. Moreno Quesada, utiliza el término “para designar a quienes, según el Derecho, tienen aptitud para ser titulares de relaciones jurídicas”. En tal pensamiento, Hualde Sánchez expone “ser persona, es tener aptitud para ser sujeto de derechos o sujeto activo o pasivo de una relación jurídica, y añade ser persona es tener capacidad jurídica, o lo que es lo mismo tener personalidad”. Vid. Hualde Sánchez, J.J., “La personalidad jurídica”, en Manual de Derecho Civil, coordinado por Puig Ferriol, L., et al, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 109. No obstante, los Códigos Civiles matizan esta idea, afiliándose a distintas teorías que explican el surgimiento de la personalidad: teoría del nacimiento, de la concepción, ecléctica, de la viabilidad y la psicológica. Todo parece indicar que el legislador cubano se ha afiliado a la teoría ecléctica del surgimiento de la personalidad. Vid. artículos 24 y 25 del Código Civil Cubano. En este sentido, el Código Civil Cubano protege jurídicamente al concebido haciendo que queden en situación de pendencia los derechos o relaciones que le resulten favorables, hasta tanto éste llegue o no a ser persona con el nacimiento, otorgándose de esta forma eficacia posterior y retroactiva al nacimiento. Con respecto a la definición de la capacidad existen dos grandes grupos doctrinales. Para el primero hay dos capacidades perfectamente diferenciadas, la jurídica o la de derecho, que permite adquirir derechos y la de hecho o de obrar, que permite ejercitar aquellos por sí mismo; para otros, la capacidad es una sola, y como tal, posibilita disfrutar y ejercitar los derechos. Vid. Espinosa Espinosa, J., Derecho de las personas. Ed. Rodhas SAC., 5ta edición, Lima, 2006. En la actualidad, a diferencia del pasado inmediato, no se suelen confundir, por lo general, las nociones de “sujeto de derecho” y de “persona”. La tendencia actual apunta hacia la consideración no solo de la persona natural y jurídica como sujeto de derechos, –como tradicionalmente se advertía– sino además se incluyen “organización de personas no inscrita” y el “concebido”. Vid. Carlos Fernández Sessarego, Ibídem, p. 4. Agrega el autor peruano, la sistematización de la categoría jurídica del “sujeto de derecho” es, sin lugar a dudas, la contribución más importante que hace el codificador peruano a la legislación contemporánea. Vid. Carlos Fernández Sessarego, Derecho de las personas. Exposición de motivos y comentarios al Libro Primero del Código Civil Peruano. Librería Studium, Editores, Lima, 1986, p. 26. Al decir de Bulté “persona o sujeto de derecho es todo ser natural o ficticio a quien el ordenamiento jurídico otorga capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.” Vid. Fernandez Bulté, ult. ob. cit, p. 378. Toda persona por el mero hecho de serlo, posee capacidad jurídica, en tal sentido, se entiende la misma, como un atributo o cualidad esencial reflejo de la dignidad de la persona. Vid. Diez Picaso y Gullón, Sistema de Derecho Civil, I, Tecnos, Volumen I, Octava edición, Madrid, 1992, p. 226. Aunque a los efectos de este trabajo, interesa su análisis desde el punto de vista jurídico, vale añadir algunas notas para su comprensión desde la dimensión filosófica que manifiesta una relación existente entre dos sujetos. Así, Ubieta Gómez la explicita como proceso de construcción simbólica de diferenciación-identificación que se realiza en un marco de referencia: territorio, sexo, edad, clase. Se trata de un proceso abierto y por tanto nunca definitivo ni acabado. Vid. Ubieta Gómez, Enrique: Ensayos de Identidad, 1993. p 11. Si bien en esta sentencia se esboza la primera definición conocida del derecho de identidad personal, existen algunos antecedentes jurisprudenciales en los que ya se venía delineando, aunque imprecisamente. A saber, una sentencia del 7 de diciembre de 1960 de la Corte Suprema de Italia que se refería a la falsa representación de los caracteres de la personalidad, al derecho a la verdad sobre las propias opiniones pero circunscribiéndolo al limitado ámbito de la intimidad. Otra sentencia, la pronunciada por el Corte de Apelaciones de Milán el 22 de mayo de 1964, hacía referencia al hecho de que la representación de la personalidad del individuo no puede ser falseada. Más adelante en el tiempo, el 13 de julio de 1971 la mencionada Corte Suprema ya distinguía en el individuo un derecho a ser reconocido en su peculiar realidad. Para profundizar en este particular Vid. Carlos Fernández Sessarego, Ob. cit., p. 54, 55 y 56. Vid. Carlos Fernández Sessarego, El derecho a la identidad personal, Astrea, Buenos Aires, 1992; Nora Lloveras, El Derecho de Familia y el Derecho de Identidad en el MERCOSUR en Hacia una armonización del derecho de familia en el MERCOSUR y países asociados. Cecilia P. Grosman (directora), Marisa Herrera (coordinadora), Lexis Nexis,
Argentina S.A, 2007, pp. 211-250; Nora Lloveras, y fabian Faraoni, La mayoría de edad argentina. Análisis de la Ley 26.579/2009, Nuevo enfoque jurídico, Córdoba, Argentina, 2010; Adriana N. Krasnow, “La protección de la debilidad jurídica en el marco de las relaciones paterno filiales: encuentros y desencuentros entre responsabilidad parental y autonomía progresiva”, ob. cit., p. 3; Marisa Herrera, “El derecho a la identidad en la adopción”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2008; Jorge Parra Benítez, y Luz Elena Álvarez, El Estado Civil y su Registro en Colombia, Comlibros, Medellín, 2008; Caridad del Carmen Valdés Díaz, Maribel Fonseca, ob. cit., p.5. Carlos Fernández Sessarego, ob. cit., p.12. Jorge Parra Benítez y Luz Elena Álvarez, ob. cit., p. 38. En Argentina, los derechos de los niños y adolescentes gozan de una jerarquía normativa primordial, de un resguardo jerarquizado, de acciones de protección superadoras, y las distintas soluciones que se adopten, en cuanto al derecho de identidad, deben observar el contenido, valores, principios y mandatos de la CDN. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional de Argentina. Vid. Nora Lloveras, El Derecho de Familia y el Derecho de Identidad en el MERCOSUR, ob. cit., pp. 211-250. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional de Argentina. Nora Lloveras, Ibidem, pp. 211-250. Jorge Parra Benítez, y Luz Elena Álvarez, ob. cit., p. 7. Vid. Rubén Hernández Valle, La tutela de los derechos fundamentales, San José, Costa Rica, 1990, p. 13. Cit post. Carlos M. Villabella Armengol, “El iter de los derechos: de la universalidad a la particularización. Los derechos en situación como clave constitucional para la protección de los grupos vulnerables” en Revista Ius No. 26, junio-julio, 2010. El derecho de identidad puede considerarse un derecho fundamental de acuerdo a la definición de tales como el ámbito de la realidad en el que el individuo puede hacer valer jurisdiccionalmente una prohibición de poder público y/o un permiso de hacer en los términos que establece un precepto constitucional. Señala el autor la noción de derechos fundamentales como elucubración de la doctrina constitucional de la segunda postguerra que tuvo su primera expresión en la constitución alemana de 1948, aunque es con posterioridad que la teoría y la práctica jurisprudencial de los Tribunales Constitucionales terminan de redondear sus presupuestos. El artículo 43 de la Ley No. 51. Ley del Registro del Estado Civil expresa que “los padres y personas interesadas escogerán libremente el nombre del menor, pero en todo caso deberá estar en correspondencia con el desarrollo educacional y cultural del pueblo y sus tradiciones, teniendo en cuenta el principio de igualdad de los hijos ante el acto de inscripción. El cambio, modificación o suspensión de nombres y apellidos se podrá hacer excepcionalmente una vez y, hasta dos veces, en el caso que el interesado sea mayor de edad, si la modificación anterior se hubiera efectuado estando bajo el régimen de la patria potestad.” Mediante la inscripción de nacimiento se concreta este derecho, se viabilizan los trámites en beneficio del recién nacido (a) y se garantiza la Inscripción de nacimiento del menor antes del egreso de la Institución de Salud en que nace. La Ley No. 51 establece los trámites relativos a la inscripción de nacimiento. Vid. Artículo 35 de la Constitución de la República de Cuba, que subraya: “El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.” Vid. Artículos 88 y 89 del Código de Familia cubano, cuya preceptiva jurídica resulta perfectible si se tiene en cuenta, un adecuado enfoque de género.
Nacional Autónoma de México. Máster en Derecho Penal auspiciado por la Universidad de Girona, España en colaboración con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias
Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato. Doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en diversos Diplomados en Derecho Penal y Derecho
Miembro fundador del Despacho Jurídico Sandoval y Molina A.C., en donde se ha sido distinguido como abogado postulante en el ámbito penal. Subdelegado de Averiguaciones Previas en las Delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco y la entonces Miguel Hidalgo-Cuajimalpa de la propia
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en ésta última
fungió como Fiscal de Homicidios y asuntos relevantes. Fiscal Desconcentrado en las Delegaciones de Iztacalco,
Cuauhtémoc y Coyoacán de la propia PGJDF. Servidor Público en la Procuraduría General de la República, en donde ocupó los cargos de Subdelegado de Procedimientos Penales Federales en los Reclusorios Norte, Sur y en la Zona Centro área de Detenidos de la Delegación en el Distrito Federal de esa Institución de Procuración de Justicia Federal. Actualmente se desempeña como Fiscal Desconcentrado de Investigación en la Delegación Gustavo A. Madero de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Fiscal Desconcentrado de Investigación en la Delegación Gustavo A. Madero de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Reynaldo Sandoval Sánchez
Principio de Oportunidad y Principio de Legalidad Procesal Mtro. Reynaldo SANDOVAL SÁNCHEZ
Principio de Oportunidad y Principio de Legalidad Procesal 30
1.	INTRODUCCIÓN 2.	PRINCIPIO DE LEGALIDAD; SU CONCEPTUALIZACIÓN 3.	PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD; SU CONCEPTO 4.
DIFERENTES CLASES Y CRITERIOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
LA LEGISLACIÓN PROCESAL MEXICANA
l cambio de sistema de enjuiciamiento penal, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ha provocado el estudio, análisis y comprensión de figuras jurídicas distantes al decadente sistema de justicia penal inquisitivo mixto. Efectivamente, el arribo del Sistema Acusatorio adversarial, de corte garantista y democrático, obliga a la revisión de figuras jurídicoprocesales que como el denominado Principio de Oportunidad constituyen un basamento a la efectividad en la aplicación del Ius puniendi. El Estado, como titular de esta facultad de sancionar a las personas que trastocan bienes jurídicos y atentan en contra de la paz y tranquilidad de la comunidad, requiere por necesidad, contar con reglas claras que le permitan eficientar principios rectores del nuevo Sistema de aplicación de la justicia penal, tales como, la Presunción de Inocencia, el Debido Proceso y otros, así como la preservación de derechos fundamentales de las personas, tanto en su carácter de víctimas como de imputados de hechos considerados por la Ley como delitos.
Tales reglas, por supuesto, se erigen como excepción al deber impuesto al Representante del Estado para indagar, perseguir y sancionar todo hecho considerado como criminal. Precisamente, esa obligación del ente público de ofrecer a su sociedad la seguridad de investigar los hechos catalogados como delictivos, ha de considerarse la regla o principio general a seguirse a favor de los gobernados, sin embargo, en franca congruencia a los principios de intervención mínima del Derecho punitivo y de última ratio esperado del sistema de justicia penal, el principio de legalidad procesal, cede espacios a la ponderación de los comportamientos delictivos a una serie de opciones de conductas que si bien deben considerarse ilícitas, también su alcance y condiciones no implican una grave afectación al bien común y más bien revelan un conflicto entre partes cuya solución es viable y distante del interés colectivo. Este cambio de paradigma en el modelo de enjuiciamiento penal, que a decir del autor Oscar Peña Gonzáles “implica ver al delito como un conflicto de intereses”, propone también solucionar al mismo, mediante uno de los mecanismos alternativos para la solución del conflicto penal, a saber, la aplicación del Principio de Oportunidad, es decir, “prescindir de la persecución penal, en presencia de la noticia de un hecho punible o inclusive, de la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, condicional o incondicionalmente”.1 Así, ahora es dable afirmar con Benavente Chorres, Hesbert2 que: “…la tendencia actual en el derecho Comparado es el de reconocer, a través de la tesis del conflicto, que
en el proceso penal –como en todo proceso judicial- se discuten pretensiones, dado que, el delito –como todo fenómeno jurídicoconlleva que cada uno de los involucrados presenten intereses o aspiraciones, los cuales llevan al proceso penal esperando que el órgano jurisdiccional emita una respuesta.” Precisamente esta tendencia a que se alude en el párrafo precedente, implica, necesariamente la transformación no solo jurídica del sistema de aplicación del ius puniendi, sino además, la transformación de la cultura inquisitiva basada eminentemente en una mentalidad formalista y burocrática, conservadora y muy poco creativa, obstáculo a la capacidad creadora del hombre en la solución de sus conflictos.3
1	Maier, Julio B.J. citado por Peña Gonzàles, Oscar, en “Técnicas de Litigación Oral”, Flores Editor y Distribuidor, México, 2010. 2	Benavente Chorres, Hesbert. Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral. 1a. edición. Flores Editor y Distribuidor, México, 2010.
2. Principio de legalidad, su conceptualización
l autor Argentino Guariglia4 afirma sobre este tenor que “ El hecho de que la persecución penal pertenezca exclusivamente al estado por imperio del interés público en la realización del derecho penal, ha derivado en que la promoción de la acción penal constituya un imperativo para el encargado de esta tarea (el Ministerio Púbico). “Este deber del Ministerio Público de promover la acción penal ante la comisión de un delito y que implica, a su vez, la prohibición de suspenderla una vez iniciada, es conocido como Principio de legalidad, el cual excluye toda discrecionalidad por parte de los órganos encargados de la persecución penal; estos órganos, deben, entonces, cumplir a rajatabla con el deber impuesto en procura 3	Duce J. Mauricio y Riego R. Cristian. Proceso Penal. 1a. edición. Edit. Jurídica de las Américas. México, 2009. 4	Guariglia, Fabricio O., en “Facultades discrecionales del Ministerio Público e Investigación Preparatoria: el Principio de Oportunidad”, en El Ministerio Público en el Proceso penal, 1ª. Edición, Compilación de Dr. Julio B. J. Maier y otros, Buenos Aires, Argentina, 1993.
de una decisión judicial que solucione el caso planteado. “En la práctica, el principio de legalidad se enfrenta a un obstáculo aparentemente insalvable: la imposibilidad fáctica de investigar y perseguir todos los casos que ingresan en el sistema. Este obstáculo obliga a la implementación de mecanismos de selección que permiten el funcionamiento del sistema, al menos en forma aparente”. Con la afirmación transcrita, queda de manifiesto que el principio de legalidad lleva al extremo, el deber del Estado de actuar, es decir, de promover la acción penal (acción pública), de modo tal, incluso, que le es prohibido al Representante encargado de indagar el hecho considerado como delictivo, suspender la promoción de tal acción, en aras de procurar la decisión judicial a favor de las víctimas del comportamiento delictivo, sin embargo, tal postura en la vida práctica mexicana, se llega con este mandato a excesos que en nada se beneficia a la parte ofendida por aquel. Esta circunstancia, ha conducido a realidades inesperadas que agobian al sistema de procuración y administración de justicia que a pesar de un esfuerzo sistémico e institucional de buscar acorde a la Ley penal, el ejercicio del ius puniendi, su aplicación en el sistema inquisitivo mixto actual solo ha fomentado inercias en el ámbito de la ejecución de sanciones que en nada abona a las víctimas y menos aún auxilian al bien común. Empero, la prohibición de suspender la acción penal a cargo de la Institución ministerial, subsiste de modo atávico que pone en duda su eficiencia, la cual ahora mediante la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es decir el Acusatorio de corte adversarial y garantista, deberá superar, mediante la implementación de la permisión de mecanismos alternos a la solución de conflictos, entre
los cuales se ubica, el denominado principio de oportunidad. El maestro Ciro Betancourt Garcia, afirma que “El principio de legalidad plasmado en nuestra Constitución en su artículo 14º y 16º en material penal se refiere a que el Estado debe de perseguir y sancionar un hecho punible, aplicando una ley previamente establecida, siendo en la primera fase la encomendada al Ministerio Público, y en la segunda, a los órganos jurisdiccionales”5 y el advenimiento del principio de oportunidad constituye una excepción al principio de legalidad anotado en tales dispositivos Constitucionales.
3. Principio de Oportunidad, su concepto
l nuevo Sistema Procesal penal en su etapa de investigación, reconoce como uno de sus principios rectores, el de la obligatoriedad de la persecución penal o Principio de legalidad procesal como regla general. Esta regla general identificada con el principio de legalidad procesal o de obligatoriedad de ejercicio de la acción penal ha de ser entendida como la obligación de los órganos estatales de persecución penal (principalmente el Ministerio Público y la policía) de llevar adelante la investigación de todos los hechos que revistan caracteres de delito hasta las últimas consecuencias, sin poder suspender, revocar o terminar anticipadamente la persecución penal.6 En contraposición a esta afirmación elevada a regla general, se encuentra el Principio de Oportunidad o discrecionalidad, la cual puede ser entendida como la facultad que disponen 5	Betancourt García, Ciro. “El Principio de Oportunidad en el Sistema penal Acusatorio”, en Revista Tepantlato, núm. 23, Junio-Julio 2011, 3a. época, México.pp.35-40. 6	Duce J. Mauricio y Riego R., Cristian, op. cit. p. 179 y ss.
los órganos encargados de promover la persecución penal para no iniciar, suspender o poner término anticipado a la misma.7 Tal y como ya se mencionó, el principio de legalidad se enfrenta a un obstáculo aparentemente insalvable: la imposibilidad fáctica de investigar y perseguir todos los casos que ingresan en el sistema. Este obstáculo obliga a la implementación de mecanismos de selección que permiten el funcionamiento del sistema, al menos en forma aparente. Cuando dichos mecanismos revisten carácter formal y operan en virtud de facultades expresa o tácitamente otorgadas al órgano encargado de la persecuón penal, entonces nos hallamos frente al principio de oportunidad. “La tarea de formalización de estos mecanismos supone –en la apreciación de Zipfun doble cometido: ‘canalizar jurídicamente la selección y excluir una selección irregular y deformante’.”8 El principio de oportunidad permite, entonces, racionalizar la selectividad intrínseca del sistema penal, dejando fuera de éste, aquellos hechos en donde aparezca como innecesaria la aplicación del poder punitivo del Estado; con ello, contribuye significativamente a la eficiencia real del sistema, al posibilitar mediante la exclusión de los hechos de menor entidad, el adecuado tratamiento de aquellos casos que indudablemente requieren la efectiva intervención de la justicia penal. Queda claro pues, que la adopción del principio de oportunidad constituye el úni-
co medio idóneo para permitir no sólo un adecuado funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal en términos de eficiencia, sino también para evitar que la selectividad inherente a él derive en una aplicación irracional y desigual de la ley penal. Así, se afirma con Horvitz Lennon que “…en determinados casos debe renunciarse a la persecución penal y a la imposición de la pena cuando no existan razones preventivas, ya sean generales o especiales.”9 Una idea genérica de este principio de oportunidad, desde luego permite oscilar entre las ideas que apuntan en el sentido de incluirle al mismo la facultad del ministerio público para no iniciar o hacer cesar la persecución penal de un delito, ya sea incondicionalmente o sujeto a ciertas prestaciones, hasta la negociación sobre los cargos y la pena solicitada a cambio de la aceptación de los hechos o la culpabilidad del acusado. No obstante lo anterior, cabe mencionar que un concepto más restringido anotado por la autora citada en último lugar, es el de considerar al principio de oportunidad como aquel que abarca las modalidades de renuncia tout court a la persecución penal (principio de oportunidad stricto sensu) y las denominadas salidas alternativas del proceso penal, esto es, soluciones al conflicto que importan, en general, una menor afección en los derechos del sujeto que las que importarían la aplicación de la reacción punitiva prevista en la ley penal y que implican la satisfacción de otros intereses que los meramente punitivos. Por su parte, el autor Jorge E. Vazquez Rossi afirma que dentro de nuestra tradición jurídica, la doctrina ha sido unánime en señalar que, tal cual se encuentra normativamente configurado, el ejercicio de la acción
7	Orielson Leon Parada, Victor, afirma que “…en todos los sistemas acusatorios modernos se tiene implantado e implementado el Principio de la Oportunidad, elemento éste que permite a las autoridades disponer las mejores políticas en materia criminal a efecto de controlar las tendencias punitivas que se desarrollen en un momento.” (El ABC del Nuevo Sistema Acusatorio Penal. El Juicio Oral. Ecoe Ediciones, Bogotá, Colombia, 2008). 8	Guariglia, Fabricio O., op. cit
9	Horvitz, María Inés, López, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Principios, Sujetos Procesales, Medidas Cautelares, Etapa de Investigación, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002.
pública presenta las características de publicidad y/u oficialidad, de obligatoriedad e irretractabilidad, lo que significa que el órgano estatal específico predispuesto institucionalmente para la persecución penal debe actuar, sin necesidad de estímulo extraño, toda vez que llega a su conocimiento un hecho con apariencia de delito, llevando adelante y/o impulsando los procedimientos.10 Podemos encontrar el caso típico de discrecionalidad amplia en el sistema norteamericano, en la cual el fiscal, elegido popularmente y con plena independencia de los otros poderes, por completo diferenciado del órgano de juzgamiento, selecciona tanto los casos como el contenido de la acusación y la estrategia de su demanda. En este particular sistema anglosajón la figura del fiscal de distrito aparece como preponderante en la aplicación de los diferentes códigos penales, ya que se encuentra investido de la facultad de llevar adelante o desechar los cargos, convirtiéndose en el protagonista fundamental del proceso acusatorio. En otros ordenamientos, como en el alemán, aparece la discrecionalidad persecutoria limitada, es decir, como excepción a la regla de la obligatoriedad persecutoria. Aquí, ante la apariencia delictiva, el fiscal debe necesariamente intervenir, salvo disposiciones legales al respecto que, en general, contemplan supuestos relativos a la poca entidad del hecho.
4. Diferentes clases y criterios del Principio de Oportunidad
omo ya se introdujo, podemos hablar de dos modelos de discrecionalidad u oportunidad en el Derecho comparado11, a saber:
10	Vázquez Rossi, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Conceptos Generales, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina. 11	Duce J. Mauricio y Riego R. Cristian.
En el derecho comparado occidental contemporáneo, por una parte se atiende a la discrecionalidad absoluta, ésta se caracteriza por entregarles a los organismos encargados de promover la persecución penal la facultad plena para decidir llevar adelante o no la misma. A diferencia de lo anterior, tenemos el modelo en que la discrecionalidad se encuentra reglada o también conocido como principio de oportunidad restringida, en el cual la facultad de selección de casos que habrán de determinarse en los cuales se llevará adelante la persecución penal, constituye per se una excepción al principio de legalidad. En este último caso, cabe distinguir que los criterios prevalentes a fin de aplicar o no la persecución penal, podrían condensarse bajo los supuestos siguientes: Criterio aplicado por atender tema de Descriminalización. Aquí, se intenta, por medio del uso de la oportunidad, despenalizar conductas delictivas en casos en que otras formas de reacción son capaces de producir mejores resultados que el sistema penal o donde la intervención de éste resulta innecesaria. Aplicación de criterios por eficiencia. Con motivo de este criterio se le entregan facultades a los fiscales, en los distintos modelos comparados, para no llevar adelante persecuciones penales con el objeto de descongestionar al sistema y permitir que se focalice en aras en donde su actuación resulta indispensable. Aplicación de criterios que priorizan intereses. La idea central que permea con este criterio, sería en todo caso, el poner término a la persecución penal en situaciones en las que el sistema ha encontrado una solución más óptima para el caso, la que consiste en un nivel mayor de satisfacción de los intereses, ya sea de la víctima o de la sociedad.
n la República mexicana, acorde al sistema constitucional implementado a propósito de la Gran Reforma del año 2008, las entidades federativas en las cuales el nuevo sistema de enjuiciamiento penal se encuentra ya en funcionamiento, han optado por el modelo de oportunidad restringida, como se advierte de su simple análisis al articulado de los Códigos procesales en los estados de Chihuahua, Estado de México, Morelos, entre otros. Así y tan solo por citar dos textos procesales observamos en la ley procesal de Chihuahua en los dispositivos del 83 al 86 se describe claramente los criterios en los cuales se sustenta la excepción al principio de legalidad para prescindir total o parcialmente de la persecución penal, especificando cuando:
siderablemente más leves que aquellos cuya
5. La legislación procesal mexicana
persecución facilita o cuya continuación evita; III.
El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psicológico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena;
IV.	La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos, o la que se le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en otro fuero.
Se trate de un hecho socialmente insignificante o de mínima o exigua culpabilidad del imputado, salvo que afecte gravemente un interés
El agente del Ministerio Público deberá aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las pautas descritas en cada caso individual, según los criterios generales que al efecto se hayan dispuesto por la Fiscalía General del Estado. En los casos en que se verifique un daño, este deberá ser previamente reparado en forma razonable.
público o lo haya cometido un servidor público en el ejercicio de su cargo o con motivo de él. No podrá aplicarse el principio de oportunidad en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales o de violencia familiar, por afectar gravemente el interés público. 11.	Se trate de la actividad de organizaciones
La legislación procesal penal del Estado de México, por su parte establece en su dispositivo 110 la regla general de aplicabilidad del principio de legalidad y el sustento de los criterios de Oportunidad que ha de seguir la representación Social:
criminales, de delitos que afecten seriamente bienes jurídicos fundamentales o de investigación compleja, y el imputado colabore eficazmente con la misma, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la
El ministerio público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente. No obstante lo anterior, el ministerio público podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal, que se limite a alguno o varios hechos delictuosos o a alguna de las personas que participaron en el mismo, cuando:
participación de otros imputados que tengan funciones de dirección o administración dentro de las organizaciones criminales, y siempre que los hechos que motivan la acción
Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo de la contribución del partícipe por su mínima
penal de la cual se prescinda, resulten con-
culpabilidad, no afecte el interés público, salvo que haya sido cometido por un servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones; II.	Cuando el imputado haya realizado una conducta cuando estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho delictuoso o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave; III.	Cuando el imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico, grave o irreparable que le incapacite para el ejercicio de sus ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño de carácter moral de difícil superación; IV.	Cuando la pena que corresponda por el delito de cuya persecución se prescinda, carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero; V.	Cuando el inculpado sea entregado en extradición por la misma conducta o por diversa, en el caso de que la sanción impuesta por el requirente reste trascendencia a la que se le pudiese imponer; VI.	Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenazas graves a la seguridad exterior del Estado; VII.	Cuando exista colaboración del inculpado para evitar la consumación de delitos graves o lograr la desarticulación de organizaciones criminales; VIII.	Cuando el inculpado haya sufrido, por su conducta culposa, daño grave que haga desproporcionada o inhumana la aplicación de la sanción; IX.	Cuando el delito no siendo grave, afecte
un bien jurídico individual y se haya reparado el daño causado, determinándose objetivamente la ausencia de interés público en la persecución; X.	Cuando el reproche de culpabilidad hacia la conducta sea de tan secundaria consideración que haga a la sanción penal una respuesta desproporcionada; XI.	Cuando la persecución penal de un delito que comprende problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa, adecuada a los intereses de las víctimas y la sociedad; XII.	Cuando se emplee cualquier mecanismo alternativo para la solución del conflicto, previsto en el presente ordenamiento; XIII.	Cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de 70 años y no exista mayor daño al interés social. El Ministerio Público deberá aplicar los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando cada caso en lo individual, según los criterios generales que al efecto se hayan dispuesto por la Procuraduría General de Justicia del Estado. En los casos en que se verifique daño, éste deberá: a)	Haber sido reparado; b)	Que sobre el mismo se han acordado en los términos de su reparación; c)	Que se ha otorgado garantía suficiente para repararlo; o d) Que se ha realizado su pago conforme a dictamen pericial. Así, de la lectura de estos contenidos legales hemos de señalar que el principio de
oportunidad restringida permea en el legislador nacional, cuya tendencia se alinea claramente al ímpetu que prevalece en la reforma Constitucional de 2008, en ese afán garantista y democrático, pero que pretende conjuntar también reglas claras en la persecución penal con criterios de oportunidad para abandonar prácticas añejas de autoritarismo cuando la representación Social ejercía el denominado monopolio del ejercicio de la acción penal.
bservar al delito como un conflicto de intereses, en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en este país, implica por necesidad la búsqueda de alternativas a lograr la efectividad de los principios de intervención mínima y última ratio del Derecho Penal en tanto los intereses afectados, solo incluyan aspectos que no trastoquen al bien colectivo y mucho menos a la paz y orden sociales. Facilitar que el Representante del Estado encargado de la acción penal pública, implemente políticas públicas en el ejercicio del ius puniendi bajo reglas claras y controles rígidos, redundará desde luego en la despresurización de un sistema penal anquilosado, corrupto y que por supuesto no procura Justicia al gobernado, constituye desde luego un nuevo paradigma para las Instituciones estatales pero sobre todo para las víctimas y para los imputados involucrados en el drama penal. La búsqueda de criterios de oportunidad que logren la solución de conflictos ocupando en última instancia el ius puniendi, siempre será un loable esfuerzo a favor de la justicia en México.
Benavente Chorres, Hesbert. Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral. 1a. edición. Flores Editor y Distribuidor, México, 2010. Betancourt García, Ciro. “El Principio de Oportunidad en el Sistema penal Acusatorio”, en Revista Tepantlato, núm. 23, Junio-Julio 2011, 3a. época, México. Duce J. Mauricio y Riego R. Cristian. Proceso Penal. 1a. edición. Edit. Jurídica de las Américas. México, 2009. Guariglia, Fabricio O., en “Facultades discrecionales del Ministerio Público e Investigación Preparatoria: el Principio de Oportunidad”, en El Ministerio Público en el Proceso penal, 1ª. Edición, Compilación de Dr. Julio B. J. Maier y otros, Buenos Aires,Argentina, 1993. Horvitz, María Inés y López, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Principios, Sujetos Procesales, Medidas Cautelares, Etapa de Investigación, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002. Orielson Leon Parada, Victor. El ABC del Nuevo Sistema Acusatorio Penal. El Juicio Oral. Ecoe Ediciones, Bogotá, Colombia, 2008. Peña Gonzales, Oscar. Técnicas de Litigación Oral, Flores Editor y Distribuidor, México, 2010. Vazquez Rossi, Jorge E. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Conceptos Generales, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires,Argentina.
Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza Juez Cuadragésimo Quinto de Paz en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciclo de actualización jurídica en materia penal “Günter Jakobs” impartido por Günter Jakobs.
Jornada Internacional de Derecho Penal: problemas capitales
del moderno derecho penal a principios del siglo XXI,
Expositores: Claus Roxin, Günter Jakobs, Eb. Struensee,
B. Shünemann, E. Gimbernat.
Coloquio Internacional en problemas actuales de la justicia penal en México en el Instituto de Formación Profesional.
Curso de capacitación para instructores en el Instituto de Formación Profesional (2000, 2008).
Es catedrático en la Universidad Tepantlato.
Jefe de Oficina en la Subdirección de lo contencioso, Departamento penal ISSSTE.
Jefe de Sección en la Subdirección de lo contencioso, Departamento penal ISSSTE.
Oficial Secretario del Ministerio Público Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Agente “C” del Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Agente Supervisor del Ministerio Público por oposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Actualmente se encuentra Comisionado en el Instituto
de Formación Profesional de la Procuraduría General
Reconocimiento oficial por desempeño sobresaliente en averiguaciones previas, procesos penales y asuntos del mayor significado social y profesional PGJDF
Es autor del libro intitulado “Nociones elementales de Derecho Penal Mexicano (Teoría del delito)” editado por Ediciones INCIJA.
El Contenido de la Etapa de Investigación ante el
ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN
II.	GENERALIDADES DEL PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL IV.	GENERALIDADES DEL CÓDIGO PROCESAL V.
VI.	REFLEXIONES FUENTES DE CONSULTA
Dr. José Guadalupe ÁLVAREZ ALMANZA I. COMENTARIOS INICIALES
Al momento estoy convencido de que la única manera de lograr seguridad, es cumplir con la ley, los ciudadanos y la autoridad
stamos a la fecha inmersos dentro de un complejo cambio jurídico en las instituciones procesales en este país, muchos saben
que se están realizando cambios importantes
Ministerio Público 40
en la materia adjetiva penal, pocos son los que conocen sus alcances, y casi nadie conoce de manera precisa y concreta la verdad “absoluta” sobre el tema, lo inquietante es que aún en los lugares donde ya se está operando, algunos de los directamente involucrados no se atreven a decir cómo son y deben ser las solemnidades y formalidades correctas. En este tenor, también es para reflexionar el hecho de que consideramos, existe un caos o confusión respecto a la transmisión de conocimientos sobre este tópico, estamos corriendo el riesgo, que docentes, académicos, o, incluso algunos operadores, con la mejor
de las voluntades, consideren que lo que están
instituciones, en aquellos asuntos complejos,
enseñando es lo correcto o adecuado sobre
complicados, de impacto social.
el tema, y sin embargo, lo que se está ocasio-
Ante ello, consideramos que no se pue-
nado, es que de acuerdo al instructor, de su
de correr, sino se sabe caminar, por ello, sería
formación, del Estado, de su interpretación, y
menester regresar de ese viaje a los juicios
de la normatividad, estén tocando varios pun-
orales e iniciar en la fase de investigación, lo
tos de vista, criterios, interpretaciones o ver-
que debe implicar, un estudio pormenorizado
tientes. En ocasiones, ante los cuestionamien-
sobre tal etapa, y solo si una persona fue cer-
tos que se formulan, no son pocos, los que
tificada, preparada, capacitada o actualizada
tengo la idea, quizás equivocada, que en vez
en esta fase, poder avanzar.
de explicar, argumentar y convencer, imponen
Por ello, es que cuando tenemos el gusto
y establecen lo que según ellos es y debe ser.
de tocar el tema denominado “El contenido de
Una cuestión que también es digna de
la etapa de investigación ante el Ministerio Pú-
no soslayar, es que, salvo error de apreciación,
blico”, desde luego, que no podemos más que
la mayoría, estamos inmersos en la prepara-
aplaudir el hecho de que se retome, lo lamenta-
ción, capacitación y estudio del “juicio oral”,
ble, y puedo estar equivocado, es que tal tema,
al grado que existen ya maestrías sobre este
pareciere no ser atractivo, no llamar la atención.
tópico, en fin, pareciere que no existe curso,
En fin, empecemos con algunas ideas,
taller, plática, conferencia, donde todo gire
que esperemos, nos muevan a la inquietud, al
sobre este tema, sin embargo, sin restarle la
análisis y poder de esta manera “ir colocando
importancia y trascendencia que tiene, no
deja de ser parte del proceso acusatorio adversarial que incluye la fase de investigación y la fase intermedia. Pocos, muy pocos han reparado en que para que este nuevo modelo de justicia penal funcione y no colapse, se requiere dar una
II. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN
n tema que esta agotadísimo, es el hecho de rememorar la fecha de publica-
prioridad trascendente a los medios alternos
ción de las reformas que dieron un vuelco a la
de solución de conflictos, que decir, es im-
manera tradicional de procurar y administrar
portante analizar con toda su profundad el
justicia en este país, sin embargo, no lo damos
principio de oportunidad con todas sus hipó-
por sentado y precisamos la fecha: 18 de ju-
tesis, además de la suspensión del proceso a
nio de 2008
prueba, en fin, una serie de mecanismos, que
No debemos olvidar que fueron modifi-
nos pueden ayudar a descongestionar la pro-
caciones importantes a 10 artículos, pero que
blemática de la carga tan importante de asun-
al 26 de noviembre de 2011, se han sucedido
tos que a la fecha se presentan y pueda de
19 reformas constitucionales más, que ha in-
esta manera, concentrarse el esfuerzo de las
cluido un sinfín de artículos reformados.
Dentro de las citadas reformas del 18 de
porque de suyo, en la ley de leyes, no se
junio de 2008, aparentemente se hicieron cam-
contemplaba dicha cuestión, entonces no se
bios innecesarios los cuales han generado una
puede proscribir lo que no existía.
confusión importante, uno de ellos, es prácti-
Sin embargo el artículo 165 en fu frac-
camente terminar con una tradición jurídica,
ción II del Código Procesal de Chihuahua, es-
ello se logró eliminando la expresión cuerpo
tablece dentro del tema de la flagrancia, para
del delito (o en diverso momento, elementos
precisar qué se entiende por inmediatamente,
del tipo penal), así como proscribir la figura de
la probable responsabilidad, nuestra opinión es que fue un exceso, que perfectamente po-
“Inmediatamente se entiende como el
dían estar de manera armónica dichas figuras
lapso de tiempo comprendido entre el
jurídicas con el proceso acusatorio adversarial.
momento de la ejecución del delito y
Al estilo mexicano, estamos consensando cri-
la detención, el que podrá realizarse en
terios, y uno de ellos es que la expresión en el
minutos, horas o incluso días, según las
artículo 16 de la Carta Magna que preceptúa,
circunstancias del caso, siempre y cuando
que “obren datos que establezcan que se ha
no se hayan suspendido las actividades
cometido ese hecho”, es lo mismo que cuer-
de investigación policial tendentes a la
po del delito, pero lo que se desprende es que
localización y detención del probable in-
si es lo mismo, entonces para qué se cambió.
terviniente.”
Lo que nosotros sostenemos es que mientras en el Código penal exista una parte general,
Es decir, habla de días para la flagrancia y
que no deja de ser otra cosa que la teoría del
no dice cuántos días, pueden ser 300, 400, etc.,
delito legislada, seguiremos hablando de con-
siempre y cuando se cumplan las condiciones
cepciones dogmáticas del delito.
que en el artículo se señalan. Es posible pen-
Sin ser profundos en el comentario, es de
sar que mejor hubieren dejado en legislaciones
considerar el hecho de que, se insiste en la fi-
secundarias, (donde estaba implementado) el
gura de presunción de inocencia que es intro-
considerar la flagrancia equiparada, porque tal
ducida a través de las multicitadas reformas,
como se está legislando, se pueden estar vio-
sin embargo, toda regla tiene sus excepciones,
lentando aspectos teleológicos constitucionales.
y mientras que en la Constitución antes de
Prácticamente todos los delitos resultan ser
dichas reformas no existía en el articulo 16 la
graves en la misma normatividad, porque los re-
figura del arraigo, a la fecha fue introducido.
quisitos son muy frágiles, como el hecho de que
Qué decir de las figuras de flagrancia
el término medio aritmético sea de tres años.
y caso urgente, donde se anunció con es-
Los delitos graves en Chihuahua, resultan
tridente emoción que se eliminaba la figura
ser los que tengan como término medio arit-
de la flagrancia equiparada, sin embargo, no
mético tres años, y además, de acuerdo a lo
era una cuestión constitucional, sino legal,
preceptuado por el artículo 166 de su código
adjetivo, se actualicen los siguientes supuestos:
en espera de ser mostradas, más aún, pu-
diendo ser claros, se complican las interpreI.
Exista sospecha fundada de que el imputa-
taciones con redacciones complejas, para el
do ha participado en alguno de los delitos
caso, citamos lo establecido en el artículo 20
calificados como graves en este artículo,
apartado B fracción VIII donde se utiliza la ex-
II.	Exista riesgo fundado de que el imputado
presión abogado y no licenciado en derecho,
pueda sustraerse a la acción de la justicia
a la fecha nos preguntamos, ¿por qué somos
III.	Por razón de la hora, lugar o cualquier
tan complicados?, ¿por qué no se asentó en la
otra circunstancia no pueda el Ministe-
Constitución licenciado en derecho?, de ha-
rio Público ocurrir ante autoridad judicial
ber existido una correcta redacción, existiría
para solicitar la orden de aprehensión.
congruencia entre lo que están legislando los Estados y la Constitución, porque es de dere-
No debemos olvidar que la Constitución
cho explorado que no es lo mismo licenciado
establece la existencia de jueces de control y
en derecho que abogado, ello con las reper-
deben ser de legalidad y no de garantías, por-
cusiones jurídicas que se pudiesen presentar.
que en este país, otros son los que cumplen esa función, por eso, sostenemos que los Estados que en sus códigos le denominan jueces de garantías tienen que reformarlos para adaptarlos a nuestra realidad y no a la de otros países. Decíamos lo preocupante de que el principio de Presunción de inocencia, se vea frac-
III. GENERALIDADES DEL PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL
entro del contexto de proceso acusatorio adversarial, hemos de sostener,
que la expresión acusatorio no lo considera-
turado cuando, en las multicitadas reformas
mos una característica novedosa en nuestro
constitucionales se introduce una figura de-
sistema, ello, porque tal expresión se des-
nominada prisión oficiosa por parte del juez,
prende de que exista un órgano acusador, y
es decir, ahora la autoridad judicial en ciertas
en caso de nuestro país, desde principios del
conductas tipificadas como delitos, como po-
siglo pasado, es decir, desde el año 1900, al
dría ser la delincuencia organizada, homicidio
menos, con la existencia de la Ley Orgánica
doloso, violación, secuestro, delitos cometidos
del Ministerio Público Federal, podemos afir-
con medios violentos como armas y explosi-
mar que ya contábamos con una institución
vos, así como delitos graves que determine la
encargada de acusar ante los tribuales, sin
ley en contra de la seguridad de la nación, el li-
embargo, no se soslaya el comentar que en
bre desarrollo de la personalidad y de la salud,
Chile, la figura del Ministerio Público como
puede, sin existir petición ministerial, ordenar,
tal, no tiene más de 20 años de fungir como
acordar y decretar una prisión preventiva.
tal, por lo que no debemos traer un “paquete
Como nos podemos dar cuenta, las bon-
jurídico completo”.
dades de las reformas constitucionales están
IV. GENERALIDADES DEL CóDIGO PROCESAL
colegiado y que en dicho colegio se cumplan con los procesos de capacitación y además
emos comentado que somos muy da-
se introyecten cursos relacionados con la
dos, o al menos tenemos esa idea, que
lealtad y la buena fe, de lo contrario, presu-
en ocasiones, creemos que nada teníamos
mo que este modelo de justicia habrá nacido
del proceso “acusatorio”, adversarial y que
con serias y graves deficiencias y a los años se
todo es nuevo, consideramos que no es así,
afirmará que no funciona, cuando lo que no
en ocasiones nos enfrascamos con temas que
funciona en un modelo u otro es el operador
su discusión no es de ahora, es de siempre
y en tribunales, nos referimos por ejemplo a la moderna expresión “medios de prueba lícitos”, o licitud de la prueba, los que de una u otra forma hemos participado como operadores del sistema procesal penal, sabemos que no están autorizados, ni lo ha estado,
uchas opiniones se han vertido de esta etapa, pero es posible que al
igual que la fase intermedia sea de las más
el hacer uso como prueba, como medio de
ignoradas, pareciere que a los abogados nos
prueba, como objeto de prueba las pruebas
gusta más lo espectacular, lo llamativo y que
que hayan sido obtenidas por medios ilícitos.
lo atractivo es todo el “ritual” o solemnidad
Lo anterior también nos da la pauta para
que implica los juicios orales, sin embargo,
comentar lo mismo respecto a la “cadena
el precio al futuro de ignorar en exceso esta
de custodia”, a la fecha existe la cadena de
fase, puede ser delicado, porque tan impor-
custodia, que ahora se estén trabajando pro-
tante en su momento procedimental es una
tocolos, mecanismos o formatos, puede ser
interesante, pero es la forma y no el fondo.
V. ETAPA DE INVESTIGACIÓN
El primer aspecto que deseo tocar es el
Un tema que no debemos, ni podemos
hecho que existe una tendencia a considerar
soslayar, es que todos los códigos práctica-
una nueva función de la policía de investiga-
mente se están pronunciando en que las par-
ción en este modelo de justicia, abarca aspec-
tes deben litigar con lealtad y buena fe, en
tos incluso de recibir denuncias o querellas y
este momento no queremos entrar al análisis
realizar funciones directas de investigación sin
que se entiende por lealtad y buena fe, en
necesidad de requerir previamente un oficio
algunos ordenamientos jurídicos ya se están
del Ministerio Público; este punto es de los más
pronunciado al respecto, sin embargo, lo que
controvertidos, ¿quién no recuerda esa discu-
queremos manifestar es que se debe entrar a
sión donde se establecía que el policía no esta-
procesos rigurosos de certificación del servi-
ba facultado para ingresar a un inmueble salvo
dor público que se incorporara a este proce-
que sea autorizado por un juez previa orden
so “acusatorio” adversarial y por lo que hace
de cateo?, y sin embargo, pareciere que desde
al órgano de la defensa particular, el que esté
la Constitución y las leyes secundarias le están
dando facultades muy amplias. Anteriormen-
pesar de la redacción y el principio de con-
te la Constitución Política de los Estados Unidos
tradicción y el nuevo papel del órgano de la
Mexicanos en su artículo 21 preceptuaba que
defensa, consideramos que por el momento
la investigación de los delitos correspondía al
es letra muerta, porque en el discurso se afir-
Ministerio Público, el cual se auxiliará de una
ma que tendrá las mismas posibilidades de
policía y ahora en la nueva redacción establece
aportar pruebas, sin embargo, en la práctica
que la investigación de los delitos corresponde
existen peritajes muy elevados económica-
al Ministerio Público y a las policías, lo que le
mente, que pudiesen ser hasta para una de
da un vuelco a una “tradición jurídica”, algunos
las partes inaccesibles.
opinan que la nueva redacción al establecer
Por cierto, por lo que hace a los peri-
que las policías actuarÀn bajo la conducción y
tos, no debe existir confusión, parece obvio
mando del Ministerio Público en el ejercicio de
lo que vamos a asentar, pero no por obvio lo
la investigación, lo que hace es volver a circuns-
dejaremos de mencionar; el nuevo modelo de
cribir al policía como auxiliar del Ministerio Pú-
justicia no implica que la ciencia cambie, que
blico, sin embargo, si esto en términos estrictos
la metodología sea modificada, es decir, por lo
fuere así, no hubiere existido razón de ser el
que hace al proceso “acusatorio” adversarial
lo que se modifica la forma en que los peritos
Volvamos al tema de que no se plasmÒ
presentarán el resultado de su trabajo.
en la constitución de que el Policía ingresará
Sabemos que existen Estados que llevan
a un inmueble salvo autorización judicial y con
la delantera en este campo del nuevo modelo
una orden de cateo. Al respecto, hemos de
de justicia, incluso sus leyes procesales llevan
establecer que les dio un temor los cuestio-
más de 4 años reformándose y actualizándo-
namientos de la sociedad, sin embargo, dio lo
le, existen otros que tiene proyectos ya muy
mismo que lo establecieran en la Constitución
avanzados y sostenemos, que es posible pen-
o no, porque desde antes y ahora, el Policía en
sar que otros, no le dan la importancia que
un delito flagrante, puede ingresar, pongamos
pudiere tener. Hacemos votos porque exista
un ejemplo para poder clarificar la idea, si a un
una alineación y compromiso de todos, y no
policía le solicitan su apoyo en virtud de que
suceda que todo esto lo que está generando
un señor está siendo robado en su domicilio o
este señor está golpeando a su esposa, no se puede quedar en la ventana viendo en razón de que no tiene autorización para ingresar y mejor avisa para que se tramite un cateo, el resultado puede ser catastrófico o mortal. Por ello, decimos que ya estaba esta facultad.
n ocasiones, dentro la reflexión jurídica, consideramos que todo cambia para
seguir igual, o quizás en términos de garan-
Por lo que hace al Ministerio Público y
tías peor, me explicaré: en la Constitución se
la defensa, en esta parte de investigación y a
plasman unas cuestiones y se legisla, supues-
tamente sin desviarse de su aspecto teleoló-
res públicos que se exceden en sus funciones,
gico y resulta que en algunos Estados, quizás
a los que torturan, a los que privan de la vida
ajustando su normatividad a la inseguridad, se
a personas que se manifiestan, pero sin restar-
presentan flagrancias por días, delitos graves
le ningún ápice a este punto, sin justificar esas
por termino aritmético de 3 años, detencio-
conductas que tanto dañan y han dañado al
nes en caso urgente por sospecha, y la pro-
Estado, a la autoridad, a la sociedad; también es
pia Constitución al plasmar el arraigo cuando
importante investigar, si estas personas come-
no existía y qué decir de plasmar la prisión
tieron una conducta que sea relevante para el
preventiva oficiosa, cuando antes lo era solo a
derecho penal, es decir, así como se debe en-
solicitud del Ministerio Público, pero, en fin, no
derezar una acusación a los malos servidores
trato de imponer nada, tampoco de demeri-
públicos que no alcanzaron a vislumbrar que
tar el esfuerzo que se hace por erradicar ese
nada, absolutamente nada justifica excesos en
flagelo llamado inseguridad, reconocemos que
su labor y que tienen un marco jurídico que
criticar es fácil, pero proponer es lo complica-
cumplir, también los particulares deben ajustar
do, por ello, hago votos para que en los luga-
sus actos a lo que marca la Constitución y el
res donde existe una tendencia a crear leyes
marco legal, de esta forma estaremos entran-
que pudiesen ser debidamente interpretadas
do al primer mundo dentro del Estado de De-
como limitadoras de las garantías y derechos
recho, también estaríamos logrando que no
fundamentales, sean modificadas para encau-
haya actos de impunidad de un lado y de otro,
zarlas a un mundo jurídico de justicia.
de otra manera corremos el riesgo que existan
Para finalizar solo invito a la reflexión, es
particulares que mal interpreten acontecimien-
posible que lo aquí apuntado no tengamos la
tos que han ocurrido y lleguen a exceso, a fin
verdad, ya no estamos en tiempo y momen-
de cuentas la autoridad no intervendrá porque
tos de imponer, sin embargo, al momento
se mete en problemas, no se olvide que el
si bien es cierto puedo no tener la verdad,
problema no es que intervenga la autoridad si
sí tengo la convicción de que “difícilmente
no la forma tan improvisada en que lo hace.
como mexicanos, dejaremos de ser lo que somos, porque siempre lo hemos sido y no
veo porque dejar de ser”, por eso, en el discurso sigamos diciendo que somos un país,
1.	Código de Procedimientos Penales para el
que respeta los derechos fundamentales, los
Estado de Chihuahua. Última reforma 7 de
derechos humanos, las garantías, la Consti-
mayo de 2011. H. Congreso del Estado.
tución, la legalidad, pero que en la práctica es posible que no sea así.
2.	Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. Guía de consulta ¿en qué consis-
No perdamos de vista, desde luego, que
te la reforma? Texto constitucional com-
debemos reprobar, debemos investigar, debe-
parado, antes y después de la reforma.
mos castigar en términos de ley a los servido-
Gobierno Federal. Julio de 2008.
Universidad Te p a n t l a t o
s u p c m i a p C Te su a ita
n Te i
a s r u C en a r u t a i c n o e c i L s la o r ech t o r s ce o e o n n o D con C ueva la n
nta Pregu uestras por n
S A C BE
a l e d a sal
é s o J a í r e s l a o l G conce s a V
ur : ma S mes Infor 3, Col. Ro , 4 c Tepic uauhtémo onterrey 264•0254 M C y . 7, 5 Del dellín 5264•765 e M e entr 64•4286, 2 Tel. 5
i n s c r í b ete
OR N T T EE
JU U L R TÍ
DU I RC
María María de de la la O OToussaint Toussaint
esde tiempos remotos vemos figuras con alas, que pueden aparecer
como genios o espíritus guardianes, los cuales evolucionaron hasta convertirse en las figuras tan conocidas de la angelología, ángel, cuyo término en la teología sistemática Cristiana se usa para referirse al estudio de la doctrina bíblica de los ángeles. La palabra ángel corresponde a la latina ángelus y ésta a la griega angelos que se puede traducir como “mensajero” o “intermediario”; por lo tanto, se trata de un espíritu o un ser etéreo, entre Dios y los hombres, divididos en Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Virtudes, Poderes, Potestades, Principados y Arcángeles, los ángeles han tenido papeles preponderantes en diferentes religiones e influido en el mundo del arte. Se dice que las primeras imágenes de ángeles alados aparecieron en Caldea, en la ciudad de Ur: la imagen de un ángel descendiendo a la tierra y vertiendo agua de la vida en la copa de un rey. Los ángeles han tenido papeles preponderantes en diferentes religiones y han impactado en el mundo del arte.
Mirándote sentir.
A través de los años (y sobre todo a partir del Renacimiento) los artistas hemos tenido que suplir la falta de información con un poco de imaginación, plasmando a los ángeles según la creatividad de cada uno. La mayoría de las veces han sido representados como
jóvenes con vestiduras blancas y resplandecientes, con rasgos femeninos. Los representamos siempre humanos -aunque sean figuras aladas-, como personas que
nos cuidan y protegen.
Plasmamos en los lienzos ángeles melancólicos, pensativos, cansados, pero siempre dispuestos a seguir su lucha; por ello están presentes las alas, que
Ángel sin voz.
significan que se puede seguir
adelante, que los traspiés que damos nos fortalecen. Las alas son nuestra herramienta para seguir, sólo hay que buscarlas en
El ángel de la corneta
cada uno y saber utilizarlas. “Mis ángeles modernos son parte de un dialogo imaginario que sostengo para mí y quiero compartir con todos. Mis elementos son humanos, sensibles, con algunos destellos de sensualidad que producen diversos sentimientos, y en nuestra penumbra nos acercan a la divinidad”.
Ángel de los recuerdos.
Instructivo para la Elaboración y Presentación de Trabajos Bibliográficos Académicos en Materia Jurídica José Mariano Orozco Tenorio
Los Derechos Humanos y sus Garantías en la Constitución Mexicana
in la pretensión de ser un manual exhaustivo, este libro es una herramienta de consulta rápida, sencilla y precisa para profesores, alumnos y cualquiera que esté interesado en elaborar trabajos académicos sobre temas jurídicos. Esta obra es producto de la experiencia que su autor ha logrado a través de muchos años de impartir cursos y seminarios al respecto; asimismo, recopila los temas más recurrentes y da solución a las preguntas más frecuentes sobre metodología. En las páginas de este instructivo, el interesado encontrará diversos formatos de portadas e índices; formas de citación y de presentación de la bibliografía; lo que debe de contener la introducción y las conclusiones; además de locuciones latinas y abreviaturas bibliográficas, así como referencias a otras obras y páginas electrónicas. Finalmente, el libro está enriquecido por un listado de la legislación federal y local vigente que sirve de auxilio para las investigaciones de los interesados en temas jurídicos.
l Diario Oficial de la Federación del viernes 10 de junio de 2001, publicó la que el autor de este texto considera la más importante y ambiciosa reforma realizada, desde la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, el 5 de febrero de 1917. Como resultado, se fortalece considerablemente la parte dogmática de la Ley Fundamental al incorporar, por un lado, los Derechos Humanos contemplados en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano y, por otro, modificar el contenido de otros derechos para ponerlos en consonancia con este nuevo estándar. Se trata de un nuevo paradigma constitucional con profundas implicaciones en el quehacer público, al poner en el centro de todo su actuar a los Derechos Humanos. En este trabajo se realiza el análisis de ese Decreto; se expone asimismo que esta reforma amplía derechos, extiende obligaciones de las autoridades, y se advierte que el hilo conductor de esta transformación es dar una respuesta congruente del Estado Mexicano.
a Revista de la Facultad de Derecho de México, en su número 256 que comprende de julio a diciembre de 2011, reúne trabajos de las más destacadas figuras del ámbito jurídico nacional. Temas como la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, política electoral, estudios de género, seguridad pública, entre muchos otros, son analizados a profundidad y rigor académico que siempre ha caracterizado a los investigadores de nuestra máxima casa de estudios. También en este número se publican los discursos del Dr. José Narro, rector de la UNAM, del Dr. Jorge Carpizo y del Dr. Ruperto Patiño Manffer, Director de la Facultad de Derecho, con motivo de la inauguración del nuevo edificio de posgrado de la Facultad de Derecho. Finalmente la revista cierra con un análisis de Jurisprudencia Constitucional con motivo de la designación de los Consejeros Electorales.
La relación abogado/a cliente como experiencia de aprendizaje mutuo Introducción
Dr. Alfredo bautista
de cierta manera, como válvula de escape a la
a práctica profesional cotidiana de la
tensión grupal-social que provocan el discur-
abogacía encuentra sus primeros obstá-
so y determinadas prácticas catalogadas, tan-
culos cuando se enfrenta con el siempre crea-
to en ámbitos nacionales y extranjeros, como
tivo, inventivo y productivo imaginario colec-
pertenecientes exclusivamente al campo de
tivo mexicano y sus respectivas expresiones
la imaginación exagerada, de la mezcla entre
lingüísticas populares, expresadas a través
sueño o pesadilla y realidad, o en su defecto,
de dichos, parodias, mitos, cuentos, chistes,
a la realidad distorsionada, manipulada, etc.,
anécdotas, concernientes a experiencias po­
en una palabra, es como si se tratara de un
co o medianamente fortuitas en la relación
mundo surrealista (ver imagen1).
cliente-abogado/a. De acuerdo con sociólo-
Poco honor ofrecen, sin embargo, di-
gos y expertos en el tema, dichas expresiones
chas acepciones y comentarios a una activi-
-incluso fomentadas dentro del mismo cam-
dad que bien pudiera considerarse como una
po de la abogacía- como en otras tantas si-
de las más sublimes y excelsas dentro de las
tuaciones de nuestra vida comunitaria sirven,
disciplinas de las humanidades, es decir, la Ju-
valecientes. (Como una cuestión anecdótica recuerdo que mi maestro de Derecho en la Escuela Nacional Preparatoria nos comentó que la Constitución Mexicana era de las mejores del mundo.) ¿Qué sucede entonces que, de acuerdo a lo expresado al inicio de nuestra discusión, pareciera que dichos convenios, textos, vamos, la misma Constitución Mexicana estuviese muchas veces fuera del alcance del entendimiento de las personas para quienes fue realizada? ¿Nos encontramos con un problema de comunicación ambigua entre lo que la jurisprudencia plantea y lo que regularmente entiende el lego o el público medianamente versado en asuntos jurídicos? Quizá sea esto un problema generalizado de las ciencias jurídicas, ya que lo mismo ocurre también en otros niveles y en otros marcos jurídicos, por ejemplo, leo en el periódico australiano The Age en su edición del 6 de Febrero del 2012, que no son pocas las ocasiones en que los jurados que disciernen acerca de un juicio están lejos de haber entendido de manera clara las indicaciones dadas por los jueces, con las consecuencias que ello acarrea. Pedagogía y Derecho
Son varias las hipótesis que podemos proponer al respecto, sin embargo, para (Imagen 1) Musas Inquietantes Giorgio de Chirico (1916)
nuestro interés en este texto, planteo que la risprudencia o “Las Ciencias del Derecho”
comunicación abogado-cliente requiere pasar
(“Die Rechtswissenschaften”), de las que sur-
por un filtro cultural que incluya en primera
gen reflexiones, tratados y textos cuya pri-
instancia el manejo de términos lingüísticos
mera y elemental función es la de otorgar un
accesibles al entendimiento de acuerdo a la
sentido de coherencia, unidad y orden social
procedencia, origen y características cultu-
adaptándolo a las condiciones y circunstancias
rales de cada persona, aunado a un manejo
históricas nacionales e internacionales pre-
profesional que impliquen claridad, orden, sis-
tematización y especialmente transparencia
Como en todo proceso de aprendizaje,
por parte del/la abogado/a, condiciones con
éste conlleva el desarrollo y el crecimiento
las cuales llevaríamos una aprendizaje mutuo
emocional, y para que muestre su efectividad
en la relación. El tema para reflexionar en esta
y tenga una trascendencia, tiene que abarcar
entrega, está relacionado con las diferencias,
de igual manera lo cognitivo y lo emocional.
mezclas y fundamentos entre una y otra con-
En principio, el aprendizaje menciona-
cepción de la práctica de la abogacía, pero
do tanto para el/la abogado/a como para las
principalmente discutimos la manera como
personas que requieren de sus servicios es-
el encuentro abogado/a–clientela puede re-
taría focalizado en resaltar las características
sultar en una relación de aprendizaje, como
y las formas del diálogo que hay que llevar a
cabo acerca de las negociaciones y acuerdos
Si bien la relación profesional entre un
relacionados con el planteamiento del caso o
abogado/a y su clientela seguramente está
proyecto a realizar. Hablamos de una retórica
destinada a seguir los muchas veces difíci-
particular en la que el/la ponente a través de
les y poco transitables laberintos y canales
sus disertaciones transmita a su cliente en el
administrativos o burocráticos adscritos en
despacho, o al estudiante en el aula, no única-
múltiples ocasiones a la llamada “dimensión
mente el contenido de los tratados jurídicos,
kafkiana” , pensamos que la relación humana
de las leyes y los procesos administrativos, sino
entre el/la profesionista y su cliente es básica
que una tarea de aprendizaje conmina a que
y fundamental para el desarrollo y resultado
el/la abogado/a se encuentre atento/a a que
mismo de la situación, la que vista desde una
dichas explicaciones encuentren un público
perspectiva educativa conlleva el potencial de
receptor, es decir, que pueda llevarse a cabo
aprendizaje mutuo si nos basamos, por un
un ejercicio real del habla y la escucha, como
lado, en las particularidades de cada caso, la
lo hemos señalado en textos anteriores. Sa-
individualidad de cada persona, y por el otro,
bemos que fuera del ámbito de la abogacía
en la expresión del deseo del/a abogado/a de
las personas regularmente disponen de pocos
otorgar un servicio a la comunidad, tal y como
conocimientos relacionados con los procesos
reza el juramento universitario realizado pú-
jurídicos a desarrollarse, con las fases que lo
blicamente al momento de concluir la carre-
componen, el tiempo necesario y sobre todo
ra; lo que implicaría una “promesa” a cum-
las expectativas de participación que se re-
plir, así como un reto continuo que afrontar
quieren para promover el aprendizaje a partir
durante el transcurso del ejercicio profesional
de la experiencia relacional y activa por parte
llevando así a cabo su función social.
de los protagonistas, independientemente del
tipo de proceso que se trate. 1
Expresión utilizada que hace reconocimiento a las obras del escritor austro-húngaro Franz Kafka, autor de obras como Die Verwandling (La Metamorfosis), Das Schloss (El Castillo), y Der Prozess (El Proceso), entre otras.
No son pocas las veces que nos encontramos con procesos que conllevan demasiado desgaste físico/emocional y hasta un
gran dolor psicológico tanto para las perso-
cio con la esperanza de una solución, muchas
nas involucradas como para el/la mismo/a
veces con la demanda pronta e inmediata de
abogado/a porque hablan de fracturas, pér-
intervención, en completa analogía con el/
didas y/o transformaciones que implican
la paciente que solicita al médico un palia-
movimientos afectivos fuertes y en donde la
tivo y/o curación mágica para sus dolencias.
parte de los sentimientos se encuentra invo-
Como en todas las ciencias, también en las
lucrada de manera intensa, llegando incluso
Ciencias de la Jurisprudencia nos enfrentamos
a provocar reacciones emocionales en el/la
con un problema de traducción de términos
abogado/a como también lo hemos señalado
a un lenguaje entendible para los legos, lo cual
con anterioridad. Además del área afectiva di-
resulta incluso necesario cuando se realizan
chas reacciones son capaces de comprome-
proyectos interdisciplinarios, de tipo intercul-
ter el área física y funcional de las personas,
tural como parte de las nuevas epistemolo-
como en los casos conocidos como “burn-
gías para la investigación.
out”, entre otros como las ansiedades y las
Derecho y Psicología en la práctica
La realidad es que en ambas situaciones
Recordamos en este punto a una de
–tanto en la médica como en la jurídica y en
nuestras abogadas entrevistadas en el Canal
otras que involucren relaciones humanas- nos
Cultural Tepantlato, quien trabajando en el
enfrentamos con procesos que requieren
Centro de Readaptación Social para Mujeres,
cierta disciplina y capacidad para lograr una
relataba como frecuentemente las reclusas le
determinada congruencia a nivel cognitivo y
solicitaban un apoyo que iba más allá del que
emocional. No se trata únicamente de echar
estaba en sus manos otorgar y fuera de los
mano del instrumental técnico o administra-
objetivos con los cuales estaba laborando; en-
tivo, es decir, de llenar formularios, de acudir
tonces, para que su misión alcanzara la meta
a los juzgados, de firmar actas o documentos,
requerida, primeramente tenía ella que llevar
que como menciono, compone la parte pro-
a cabo de una manera coloquial, pero de for-
piamente técnica de cualquier proceso. El/la
ma consistente y repetida, las explicaciones
abogado/a es considerado como un “coach”
de los límites dentro de los cuales se en-
en el tejemaneje administrativo y jurídico, por-
contraba su trabajo con las reclusas. En este
que es quien conduce a sus clientes por los
sentido la participación del abogado/a estaría
caminos haciéndoles ver las características de
encaminada a promover casi de una mane-
los eventos, a la vez, promueve lentamente el
ra pedagógica, incluso con el apoyo de ma-
aprendizaje en sus diálogos, preguntas, con-
teriales didácticos y tecnológicos apropiados
versaciones, actividades que, llevadas a cabo
como la internet y las enciclopedias virtuales,
de manera sistemática, promueven la confian-
la coherencia de las expresiones y el apego
za de la clientela. En un sentido opuesto te-
estricto a la realidad social y cultural de las
nemos, por ejemplo, que la popular consigna
personas, quienes acuden a solicitar un servi-
inicial y de primer contacto entre un profesio-
nal y su cliente de “tráigame sus papeles y el
vía la banca electrónica utilizando el sistema
dinero para empezar a estudiar su caso”, tan
pal. No pretendemos con dichas afirmaciones
usual en repetidas ocasiones y casos, resulta
demeritar el uso coloquial de tales consignas,
completamente insuficiente para promover
sino que deseamos destacar cómo crear un
en la clientela una enseñanza acerca de las
sentido de confianza en las personas que
fases y la secuencia, pero especialmente para
solicitan los servicios profesionales de una/a
explicar los criterios dentro de un proceso
abogado/a a partir de las posibilidades cul-
de carácter jurídico, por lo que bajo dichos
turales que se nos ofrecen. La recuperación
parámetros la relación toma netamente un
de la confianza perdida es uno de los retos
matiz comercial, por así llamarlo, aunque in-
que enfrenta la actual profesionalización en
dependientemente del nombre, observamos
las “Ciencias del Derecho”. Cuando prevale-
una forma defensiva de actuar hablando en
ce la desconfianza, obviamente la creatividad
términos psicológicos, lo cual indica que el
queda inhibida y la toma de decisiones se ve
abogado evita entrar en una fase de ansiedad
reducida, quedando entonces sólo el apego
ante cada encuentro con un cliente, y como
irrestricto e irrefutable a la norma quedando
mecanismo defensivo, como una reacción de
restringida cualquier posibilidad de cambio y
protección, antepone el condicionante admi-
menos aún, de aprendizaje o desarrollo inte-
nistrativo y económico en la relación. La con-
lectual. En palabras del psicoanalista Winnicot
siga: “tráigame sus papeles” indicaría como
si de manera indirecta dijese: “me es difícil
podríamos decir que la confianza permite la
escuchar su problemática y me es más difícil
manifestación del verdadero yo, el cual posee
aún entender sus emociones…y eso me cau-
el potencial creativo mientras que la ausencia
sa ansiedad y posible angustia”; para lo cual,
de confianza y la oscuridad de las decisiones
surge la defensa psicológica mencionada, es
estimulan las defensas y la aparición de un fal-
decir, el manejo coloquial, el lenguaje técnico,
so “yo” el cual lleva a crear comportamientos
la comercialización de la relación.
caracterizados por la obediencia y la diligencia
Tampoco dejamos de reconocer el as-
pero sin favorecer el espíritu de aventura, es de-
pecto intercultural de dicha consigna colo-
cir, el espíritu creativo.
quial correspondiente a cierto tipo de tra-
Aunado a lo anterior, la propuesta de ca-
dición y costumbre de relacionarse en una
talogar a la práctica profesional también como
colectividad. En tiempos de la modernidad y
una disciplina pedagógica llevaría la consigna
ante el gran asalto de las TI pueden parecer-
de causar el menor sufrimiento posible de las/
nos dichas palabras como provenientes de un
los protagonistas o involucrados/as al tener
mundo rural, debido a que actualmente los
que transitar por los caminos obtusos señala-
archivos se escriben en computadora, si acaso
dos, sufrimiento en ocasiones exacerbado por
se escanean, y envían por la red, mientras que
las características inherentes al caso, al litigio
los pagos se llevan a cabo con transferencias
o aun a la lucha abierta, como sería el ejem-
plo de muchos divorcios con o sin hijos/as, los
casos propios de la criminalística, las diatribas
Las condiciones y los elementos para
en las negociaciones laborales, o las prácticas
considerar a la práctica del Derecho como una
que ponen en entredicho la correcta observa-
actividad pedagógica se encuentran presen-
ción de los Derechos Humanos, etc. Sabemos
tes desde que da inicio la relación abogado/a
que en tales situaciones la parte emocional y
cliente/a. Dependerá del curso que tomen las
psicológica se encuentra vulnerable y en algu-
investigaciones en esta materia el que puedan
nos casos bastante afectada. La práctica de la
consolidarse como un modelo para la praxis.
abogacía no implica que la parte emocional de
Actualmente están en uso las llamadas incu-
la clientela deba ser también atendida por el/
badoras experimentales también en el área
la abogado/a, sin embargo, nuestra sugerencia
del Derecho. A partir de estos mecanismo
para considerar el ejercicio profesional den-
didácticos se reafirman los conocimientos ad-
tro de un marco de enseñanza y aprendizaje
quiridos previos a la práctica profesional, sin
implicaría una empatía y un manejo benéfico
embargo, también proporcionan material de
para ambas partes a partir de la relación de
primera mano para el reconocimiento de las
confianza que puedan establecer, como he-
características y el manejo de los casos que
mos indicado anteriormente. Una de las ma-
se le plantean al abogado/a en su futura prác-
neras para protegerse y asegurarse de que
tica cotidiana, específicamente cuando va a
la parte psicológica se encuentra atendida es
ofrecer sus servicios en un despacho o bu-
cuando el/la abogado/a solicita el dictamen
fete. Lo cierto es que hemos realizado una
un/a profesional clínico certificado, como es
llamada de atención y al mismo tiempo una
práctica obligatoria en otros países, lo cual
propuesta para el ejercicio de una actividad
no significa que el/la profesional del Derecho
más humanizada del Derecho acorde con los
quede liberado/a de sus propias emociones
cambios sociales y culturales de nuestros gru-
relacionadas con el caso, sin embargo, es un
pos sociales. Como en todo aprendizaje sur-
punto de apoyo para poder diferenciar entre
gen resistencias al cambio, las cuales hay que
las propias emociones y las de su cliente. Por
considerar como parte de un proceso, quizá
su parte el/la profesionista que permanece li-
por eso mismo podemos empezar enseñan-
gado a una Asociación, a la Barra de Abogados
do a las generaciones más jóvenes que toda-
o a una institución educativa tendrá mayores
vía están en posibilidades de ser más flexibles
oportunidades de poder ventilar la parte emo-
en cuanto a la utilización de sus recursos para
cional de sus casos, a través de la revisión con
propuestas más creativas en beneficio mutuo,
colegas, estudiantes y colaboradores.
el propio y el de su futura clientela.
1er semestre Introducción al estudio del Derecho Sociología Derecho romano I Técnicas de investigación Teoría económica Prevención del delito 2o semestre Historia del pensamiento económico Derecho romano II Teoría general del estado Derecho civil I Metodología jurídica
3er semestre •	Derecho penal I •	Derecho civil II •	Historia del derecho mexicano •	Derecho constitucional •	Deontología jurídica •	Teoría política •	•	•	•	•	•
4o semestre Derecho penal II Derecho mercantil I Derecho civil III Teoría general del proceso Garantías individuales y sociales Derechos humanos
5o semestre Derecho mercantil II Derecho civil IV Derecho procesal penal Derecho procesal civil Derecho administrativo I Derecho de justicia de menores
6o semestre Derecho mercantil III Práctica forense del derecho penal
Práctica forense del derecho privado Derecho notarial y registral Derecho administrativo II Derecho canónico
7o semestre Derecho agrario Derecho del trabajo I Práctica forense de derecho administrativo Derecho ambiental Régimen jurídico derecho del comercio exterior Legislación sanitaria
8o semestre •	Derecho de amparo •	Derecho internacional público •	Derecho del trabajo II •	Derecho fiscal •	Derecho de la seguridad social •	Derecho del deporte •	•	•	•	•	•	•
9o semestre Práctica forense de derecho de amparo Derecho procesal constitucional Derecho internacional privado Filosofía del derecho Práctica forense del derecho del trabajo Práctica forense del derecho fiscal Medicina forense
10o semestre Derecho de autor y propiedad industrial Derecho electoral Derecho municipal Criminología Derecho penitenciario Proyecto de investigación
Lic. Modesta Francisca Reyes Silva
Profesora de la Secretaría de Educación Pública en la DGENAM del Distrito Federal está por concluir la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato. Lic. Diana López García
Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Lic. Mayela Cortéz López
Abogada Postulante, realizando la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Doctorando Esli Josué Domínguez De la O
Abogado Postulante, realizando el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato. Lic. Nadia Ángeles Velazquillo Sánchez
Abogada Postulante, realizando la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato. Lic. Raúl Alcantar Estrada
Abogado Postulante, realizando la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato. Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes
Abogada Postulante, Maestría en Ciencias Penales con especialidad en Criminología (INACIPE). Lic. Julio César Medina Rodríguez
Abogado Postulante, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dr. Mauro Morales Sánchez
Juez Cuadragésimo Quinto de Paz en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado de la Maestría en Ciencias Penales, Maestría en Derecho de Amparo y el Doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato. Mtro. Arcenio Alfredo López Caballero
Abogado Postulante, Egresado de la Maestría en Derecho de Amparo y de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Tepantlato. Lic. Karla Vicencio González
Lic. Jorge Manuel Orona Negrete
Supervisor de la Dirección de Justicia Cívica, realizando la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Abogado Litigante, por concluir la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Lic. Omar Escartín Garrido
Mtra. María Magdalena Salcido Mancha
Responsable de la Secretaría de Previsión Social del Sindicato de Telefonistas, egresada de la Maestría en Derecho Familiar de la Universidad Tepantlato. Lic. Hugo Morales De la Rosa
Administrativo del Juzgado cincuenta y tres en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Abogado Postulante, realizando la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Mtro. Carlos Virgilio Nava
Abogado Postulante, egresado de la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato. Dr. José Refugio Vite Palma
Abogado Litigante, Doctor en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. Miguel Rivas García
Analista Administrativo de la Secretaría de Educación Pública, realizando la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. Alicia Concepción Rivas García
Abogada Postulante, egresada de la UNAM Mtro. Isaac Ortiz Nepomuceno
Doctorando María Verónica De la Rosa Galicia
Abogada Postulante, por concluir el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Secretario Proyectista de Juzgado de Paz adscrito al Juzgado Cuadragésimo Tercero de Paz Civil del D.F. Mtro. Juan Manuel Alcantar Mendoza
Abogado Postulante, Egresado de la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.
Secretario del Juzgado Octavo Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, Maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.
Secretario Proyectista adscrito a la Novena sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado de la Maestría en Derecho Civil y realizando la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Raymundo Pavel Alvarado Palma
Lic. Alfredo Yañez Pérez
Mtra. Patricia Gómez Ríos
Abogada Postulante, egresada de la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Fernando Montiel Ortiz
Subdirector de Análisis Jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Mtro. Pascual Virgilio Hernández
Mtro. Amado Manzo Benitez
Lic. Marco Antonio Pérez Vargas
Secretario Proyectista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado de la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.
Secretario del Juzgado 6º Amparo Penal del D.F., realizando la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Abogado Postulante, egresado de la Maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato.
Pasante de Derecho Juzgado 41 Familiar, realizando la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.
Investigador de la Universidad Tepantlato
Lic. Salvador Bazán Valdez
Actuario del Juzgado Cincuenta y tres en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por concluir la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. Marco Antonio Negrete Galicia
Abogado Postulante, por concluir la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato. Lic. María Guadalupe Martínez Chávez
Abogada Postulante, está por concluir la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Apolonio Fuentes Ambriz
Mtra. Anahí Jeanette Valle Muñoz
Abogado Postulante, por concluir la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Egresada de la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.
Mtro. Santiago Silva Meza
Mtro. Sergio Cárdenas Caballero
Abogado Postulante Lic. Juan Manuel Gutiérrez Guereca
Distinguido Abogado Postulante, egresado de la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Abogado Postulante, realizando la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Ariadne Ruiz Salgado
Abogada postulante Lic. Héctor Antonio Ruíz Ángel
Asesor en la Comisión de Aduanas en la Cámara de Diputados, está por concluir la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Mtro. Mauro Morales De la Rosa
Líder Coordinador de Proyectos “B” en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. María Rocío Aceff Galguera
Oficial Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia, realizando la Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Ricardo Brígido Moreno
Abogado Postulante Lic. Félix Edmundo Reynoso Vázquez
Abogada Postulante, realizando la Maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.
Jefe de área de Recursos Administrativos, Consultor y Verificador de los contratos de obra pública de la DGCOH. Especialista en Derecho Fiscal.
Lic. Gustavo Adolfo Avilés Mejía
Doctorando Raúl García Domínguez
Abogado Postulante con especialidad en Derecho Penal.
Secretario del Juzgado Treinta y Nueve en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por concluir el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. María Eugenia Peñaloza Macías
Mtro. Germán Felipe Campos Mier
Juez Décimo Cuarto del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, egresado de la Maestría en Derecho de Familiar de la Universidad Tepantlato.
Mtra. Elvia Patricia Ramos Soto
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sesenta y Cuatro Civil del Tribunal superior de Justicia del Distrito Federal, egresada de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Tepantlato.
Programación Tepantlato TV Marzo 2012 Semana del 5 al 9 de Marzo Hora 09:00 hrs.
Documental Muhammad Ali
Documental El primer conquistador del Everest
Serie de Cortos
Documental Batalla en las Fronteras
Documental Metal Británico
Documental Efectos de la marihuana
Documental Economía mundial
Tlamaki TV
Documental Animales feroces
Arte y Cultura Tv UNAM
Maestros detrás de las ideas El Ático
Película Chanel y Coco Stravinsky
Documental Los secretos del agua
Documental Esparta código de honor
Documental Adolfo Hitler
Película Mr. Nobody
Documental Paul McCartney Really is dead
Documental El reto de la Antártica
Documental Pesadilla en las Cruces
Semana del 26 al 30 de Marzo 09:00 hrs. 10:00 hrs.
Tv UNAM Maestros detrás de las ideas
Concierto The Beatles The first US visit
Concierto Tribute a The Doors
Documental Las siete maravillas del mundo
Documental Ayrton Senna
Documental Esperando a Superman
Semana del 5 al 9 de Marzo Hora
Serie de Cortos Difusión de Cortometrajes
Arte y Cultura (Retransmisión)
Opinión-es (Retransmisión)
Documental Cómo se hacen las cosas
Cine internacional Ana Karenina
El Ático (Retransmisión)
Documental Voces de la Democracia
Documental Machu Picchu
Entre Argumentos
Documental Facing Ali
Cine internacional Mr. Nobody
Documental Palenque
Documental El primer trasplante de cabeza
Documental Diego Rivera y Frida Kahlo
Documental Los dragones la leyenda hecha realidad
Documental Super engórdame
Documental Tappet
Cine internacional La bella Alahambra
Documental Caza de brujas
Documental En la sombra de la luna
Documental La marcha de los dinosaurios
Película Ana Karenina
Documental Facing Alí
Cine internacional Documental Todos los caminos llevan a casa Océanos
Documental Maravillas de México
Documental Discutamos México
Tepantlato Tv Noticias / Tv UNAM
Guadalajara, Jalisco a 5 de enero de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Con el gusto de siempre le envío un afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para agradecerle de forma personal el detalle de hacerme llegar la Revista Tepantlato, misma que desde luego resulta de gran interés para el suscrito. Asimismo le agradezco la disposición y la información. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración y respeto. Atentamente Magistrado Celso Rodríguez González Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco San Andrés Cholula, Puebla, a 18 de enero de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Acuso a usted recibo y le agradezco me haya enviado el ejemplar número 29 de la Revista Tepantlato. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta consideración. Atentamente Magistrado Eugenio Gustavo Nuñez Rivera Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de enero de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Por medio de la presente, acuso recibo del ejemplar de la Revista Tepantlato, número 29, correspondiente al mes de enero del presente año, que tuvo a bien enviar al suscrito, lo cual agradezco profundamente. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente Lic.Víctor Manuel Flores Jiménez Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito
Acapulco de Juárez, Guerrero, a 23 de enero de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Por este conducto, agradezco su gentileza de enviarme de modo consecutivo la publicación mensual TEPANTLATO cuyo contenido es de gran interés. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente Jacinto Figueroa Salmorán Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito México, D.F., a 16 de enero de 2012 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Sirvan esta líneas para agradecerle el haberme hecho llegar un ejemplar de la RevistaTepantlato “Difusión de la Cultura Jurídica” correspondiente al mes de enero. Le envío un cordial saludo. Atentamente María del Carmen Alanís Figueroa Magistrada del Trinunal Electoral del Poder Judicial de la Federación México, Distrito Federal, a 6 de diciembre de 2011 Dr. Enrique González Barrera Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C. Por medio del presente, acuso recibo de la Revista Tepantlato, número 29, enero de 2012. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mis consideraciones. Atentamente Dr. José Faustino Arango Escámez Juez Décimoprimero de Distrito en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
Los abogados jamás deberían hacerle una pregunta a una abuela, si no se encuentran preparados para la respuesta. Durante un juicio en un pequeño pueblo, el abogado acusador llamó al estrado a su primera testigo, una mujer de avanzada edad. El abogado se acerca y le pregunta: “Sra. Sánchez: ¿sabe usted quién soy yo?” Ella, con la calma que dan los años, le respondió: “Si señor, le conozco, Sr. López. Le conozco desde que era un niño, y francamente le digo que usted resultó ser una gran decepción para sus padres. Siempre miente, cree saber de todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa, y lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos, cuando en realidad no es usted nadie. Sí señor, le conozco muy bien….”
Un padre de familia ya en la hora de su muerte, llama a sus hijos y les pide su último deseo, estos llegan y él le dice al primero que es Doctor, hijo quiero como último deseo que me prometas que antes de mi entierro tú depositarás cien dólares en mi ataúd, el hijo responde: “Te lo prometo padre”, pasa el segundo hijo que era Arquitecto y le hace prometer lo mismo y él se lo promete, por último llega el tercer hijo que era Abogado y le hace prometer lo mismo y él se lo promete. El día del entierro pasa el hijo que es Doctor frente al ataúd y deposita los cien dólares, luego pasa el Arquitecto y hace lo mismo, por último llega el Abogado y toma los doscientos dólares y le deposita un cheque por trescientos dólares en el ataúd.
Un pesado silencio invadió la sala… El abogado se quedó perplejo, sin saber exactamente qué hacer. Entonces, apuntando hacia la sala, le preguntó a la Sra. Sánchez: “¿Conoce al abogado de la defensa?” Nuevamente, y con la misma calma, ella le respondió: “Claro que sí. Yo también conozco al Sr. García desde que era un niño. Se parece mucho a usted, pero aparte también es un zángano, marrullero y corrupto. Desde chiquillo fue flojo, y ahora, cuando se toma unos tragos, le sale lo maricón. Para su desgracia tiene problemas con la bebida. No puede tener una relación normal con nadie y, junto con usted, son los peores abogados de la región. Sin mencionar que él engaña a su esposa con tres mujeres diferentes, una de ellas la esposa suya, ¿recuerda? Sí señor, yo conozco al Sr. García. Su mamá tampoco está orgullosa de él” El abogado de la defensa casi cae muerto. Entonces, el juez llama a los dos abogados para que se acerquen al estrado, y les dice: “Si alguno de ustedes, par de h.de p..., le pregunta a esta vieja si me conoce a mí, ¡les mando a la silla eléctrica!”
$250 a alumnos con credencial vigente $500 a egresados y público en general
El Colegio Nacional de Asociaciones de Exalumnos de la UNAM, A.C. y el Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM invitan a la
La nueva Ley de Amparo con el tema:
Se transmitirá en vivo a toda la República Mexicana y contaremos con la participación de los maestros de la Universidad Tepantlato
Informes: Av. Baja California 157, Col. Roma Sur. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06760 Multilínea: 55 64 83 73