Source: http://grupoonce.com/2014/01/11/boletin-informativo-diciembre-2013/
Timestamp: 2018-11-13 17:17:07
Document Index: 67560166

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 216', 'artículo 181', 'artículo 1', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 170', 'artículo 104', 'artículo 784', 'artículo 804', 'artículo 784', 'artículo 804', 'ARTÍCULO 294', 'artículo 32', 'artículo 294', 'ARTÍCULO 182', 'artículo 182', 'artículo 62', 'artículo 182', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 88', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 239', 'artículo 46']

BOLETÍN INFORMATIVO: DICIEMBRE 2013 – Grupo ONCE
Sábado, 11 enero 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- SE EXPIDE DECRETO QUE PREVÉ BENEFICIOS FISCALES Y MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. El pasado 26 de Diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, a través del cual el Ejecutivo Federal otorga diversos estímulos fiscales y retoma diversos de los beneficios que ya habían sido otorgados en el diverso “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Marzo de 2012; dado que, con motivo de la reforma hacendaria para el ejercicio 2014, algunas de las medidas y beneficios que habían sido concedidas en dicho decreto, quedaron incorporados a los textos de las leyes reformadas, mientras que otras dejaron de ser aplicables por haberse modificado las situaciones que les dieron origen.
Entre los principales beneficios que recoge este nuevo decreto, se destacan los siguientes:
Se otorga un estímulo fiscal a las personas morales, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio.
Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, la parte del precio efectivamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del artículo 18, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, que aún tengan cantidades pendientes de acumular respecto de las enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de diciembre de 2013, en lugar de aplicar lo establecido en la fracción XI del Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, podrán estar a lo siguiente:
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes; consistente en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.
Para efectos del impuesto sobre la renta, las personas morales, que realicen proyectos de infraestructura productiva de largo plazo mediante contratos de obra pública financiada, celebrados hasta el 31 de diciembre de 2004, podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio las estimaciones por el avance de obra aun cuando no estén autorizadas para su cobro, pudiendo deducir el costo de lo vendido que corresponda a dichos ingresos.
Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas, consistente en deducir, para efectos del impuesto sobre la renta, una parte de los gastos de educación básica y media superior, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con determinados requisitos. Las cantidades que se podrán deducir son las siguientes:
Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los artículos 106, último párrafo y 116, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por no proporcionar la constancia de retención a que se refieren dichos preceptos, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido.
Los contribuyentes del impuesto al valor agregado y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por no presentar la información a que se refiere el artículo 32, fracción VII, de dicha Ley en las declaraciones del impuesto sobre la renta, siempre que cumplan en tiempo y forma con la obligación de presentar mensualmente la información a que se refiere el artículo 32, fracción VIII, de la citada Ley.
Para efectos del impuesto al valor agregado, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes siguientes:
Para conocer a detalle todos los estímulos y facilidades que prevé el citado decreto, el cual entrará en vigor el día 1º de enero de 2014, así como los requisitos y condiciones para su aplicación, le invitamos a consultar el documento completo en el sitio web del Diario Oficial de la Federación, pudiendo ingresar directamente a través de la siguiente liga: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328028&fecha=26/12/2013
SEGUNDO.- PERSONAS FÍSICAS CON INGRESOS ANUALES DE HASTA 500 MIL PESOS TENDRÁN TRES MESES MÁS PARA MIGRAR A FACTURA ELECTRÓNICA. El Servicio de Administración Tributaria incorporó en el proyecto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, la facilidad de la graduación en la migración a factura electrónica para aquellas personas físicas obligadas a expedir comprobantes fiscales cuyos ingresos no hayan rebasado los 500 mil pesos en el ejercicio 2012.
Así, las personas físicas que se encuentran en el segmento señalado, podrán continuar hasta el 31 de marzo de 2014 en el esquema de facturación que están manejando -comprobantes CFD o CBB-, siempre y cuando a partir del 1 de abril migren al esquema de facturación electrónica CFDI. En caso de incumplimiento, perderán el derecho de aplicar la facilidad, considerándose como obligados para sus efectos a partir del 1º de enero.
La medida busca facilitar a los contribuyentes que hasta hoy ya vienen cumpliendo con la obligación de expedir comprobantes fiscales, que ya están inmersos en la formalidad y que a partir de enero estarán en la posibilidad de evaluar si utilizan el sistema de registro fiscal que pondrá en marcha el Servicio de Administración Tributaria o facturan a través de los esquemas que ofrecen los auxiliares de facturación.
Esta medida hace más accesible la migración a la factura electrónica, ya que se suma al sistema de registro de ingresos y gastos gratuito (sistema de registro fiscal, a través del cual las personas físicas también podrán hacer sus facturas electrónicas) que pondrá en marcha el Servicio de Administración Tributaria en 2014, el cual podrá emitir facturas utilizando solamente la contraseña y RFC.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que no habrá prórroga en la entrada en vigor de la factura electrónica a partir del 1 de enero de 2014, y que esta gradualidad está condicionada sólo a personas físicas obligadas a facturar y con ingresos anuales de hasta 500 mil pesos.
TERCERO.- ANÁLISIS SISTÉMICO 14/2013 PRODECON. Emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una recomendación a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que, tratándose de la exportación de servicios, para la aplicación de la tasa del 0% prevista en el artículo 29, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no exijan mayores requisitos que aquél consistente en que los servicios sean aprovechados en el extranjero; y así mismo, reconozcan la aplicación de dicha tasa aún cuando los servicios exportados no hubiesen sido pagados en numerario, sino a través de alguna de las diversas formas de extinción de las obligaciones, tales como la compensación, novación, etc.
A través del Análisis Sistémico 14/2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente examina la constante problemática a la que se enfrentan algunos contribuyentes exportadores de servicios, ya que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria no están reconociendo la aplicación de la tasa del 0% del IVA, en aquéllos casos en que la contraprestación por dichos servicios se realiza mediante las diversas formas de extinción de las obligaciones distintas al pago, tales como compensación, confusión, novación, etc.; concluyendo que tal situación evidentemente constituye una violación a los derechos de los contribuyentes, toda vez que las disposiciones fiscales aplicables no imponen restricción alguna en ese sentido.
En efecto, en el citado análisis se destaca que el artículo 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que para efectos de dicho impuesto se considerarán como efectivamente cobradas las contraprestaciones, entre otros supuestos, “[…] cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. […]”; razón por la cual, conforme al propio texto de la ley del impuesto que se analiza, se advierte que deben reconocerse la totalidad de las formas de extinción de las obligaciones para tener por efectuada la contraprestación respectiva.
Sobre esa base, concluye el Ombudsman del contribuyente, que no debe ser obstáculo para la aplicación de la tasa del 0% a la exportación de servicios, el hecho de que éstos no hubieren sido pagados en numerario, sino a través de una diversa forma de extinción de las obligaciones; siendo por tal motivo ilegal e inadmisible que las autoridades fiscales rechacen la aplicación de dicha tasa por la forma en que se dio la contraprestación de los servicios exportados.
Bajo ese contexto, en el Análisis Sistémico No. 9/2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se pronunció de la siguiente manera:
…En este orden de ideas, se desprende que tanto la LIVA, su reglamento, así como la RMF, para efectos de la aplicación de la tasa del 0% de dicho impuesto —tratándose de la exportación de servicios a que se refiere la fracción IV del citado artículo 29 — no establecen mayores requisitos, sino únicamente el que los servicios sean aprovechados en el extranjero —situación que puede acontecer incluso si éstos son prestados en territorio nacional—, de tal forma, que el RLIVA específica de manera enunciativa, más no limitativa, que el medio de pago precisado en los párrafos precedentes podrá ser una referencia —entre otros supuestos— para determinar el aprovechamiento en el extranjero; por lo cual, la referida modalidad de pago es ampliada a un supuesto adicional mediante la RMF, situación que no implica que dichos medios de pago sean los únicos válidos para acreditar el aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en territorio nacional, ello, máxime que el propio texto reglamentario establece de manera expresa “[…] entre otros supuestos […]”, esto es, que para efectos de determinar el aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en territorio nacional, será válido cualquier medio de extinción de las obligaciones y no únicamente el medio de pago previsto en el segundo párrafo del artículo 58 del RLIVA.
Lo anterior, en una interpretación sistemática resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 1-B de la LIVA, al establecer que para efectos de dicho impuesto se considerarán como efectivamente cobradas las contraprestaciones, entre otros supuestos, “[…] cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. […]”.
Por lo anterior, en opinión de este Ombudsman fiscal, el hecho de que las autoridades fiscales exijan a los contribuyentes mayores requisitos que los que establece la ley de la materia, para efectos de la procedencia de la causación del IVA a la tasa del 0%, tratándose de la exportación de servicios prestados por residentes en territorio nacional a que hace referencia el artículo 29, fracción IV de la LIVA, así como el que no se reconozca a la totalidad de formas de “extinción de las obligaciones” previstas en la legislación común —como medio de pago— para efectos de la determinación aprovechamiento en el extranjero de dichos servicios, implica una afectación a los derechos de los contribuyentes en materia de seguridad y certidumbre jurídica.
En ese orden de ideas, este organismo defensor de los derechos del contribuyente estima que en un estado de derecho pleno, las autoridades fiscales no deben realizar un interpretación y aplicación restrictiva del artículo 58 del RLIVA, en la que únicamente se considere procedente la aplicación de la tasa del 0% de dicho impuesto en los casos en que los contribuyentes acrediten que: i) los servicios son contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, ii) siempre que se paguen mediante cheque nominativo o transferencia de fondos a la cuenta del prestador del servicio en instituciones de crédito o casas de bolsa y, iii) el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero; sino que la autoridad fiscal debe ponderar el aprovechamiento en el extranjero atendiendo al uso, explotación, aplicación, beneficio o disfrute de los mismos, considerando a la totalidad de formas de extinción de las obligaciones.
Lo anterior, en virtud de que el artículo 58 del RLIVA reconoce de manera expresa la existencia de “otros supuestos” en cuanto a la forma de pago —extinción de las obligaciones conforme a la legislación común— que pueden crear convicción de que los servicios exportados son aprovechados en el extranjero y, en consecuencia, les resulta aplicable la tasa del 0% del IVA.
Por lo tanto, la autoridad tributaria debe reconocer a la totalidad de modalidades de pago —formas de extinción de las obligaciones— para efectos de acreditar el aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción IV de la LIVA
Atendiendo al nuevo paradigma de protección de derechos fundamentales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera que para efectos de la aplicación de la tasa del 0% del IVA, tratándose de la exportación de servicios a que se refiere el artículo 29, fracción IV de la LIVA, el Servicio de Administración Tributaria no debe realizar una aplicación restrictiva del numeral58 del RLIVA, exigiendo a los pagadores de impuestos mayores requisitos que “el aprovechamiento en el extranjero de dichos servicios”, es decir, la autoridad fiscal no debe imponer mayores restricciones que el aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados ,para lo cual, de igual forma, por cuanto hace a la modalidad de pago debe reconocer a la totalidad de formas de extinción de las obligaciones y no sólo a aquéllas que de manera enunciativa, más no limitativa, establece el artículo 58 del RLIVA y la regla I.5.6.1. de la RMF.
Asimismo, se sugiere a dicha autoridad fiscal que a efecto de brindar seguridad y certeza jurídica a los pagadores de impuestos, establezca y difunda tanto a los contribuyentes como a las unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado, los criterios para la determinación del aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en el país en términos del artículo 29, fracción IV de la LIVA, así como la obligación de reconocer a la totalidad de las formas de extinción de las obligaciones como medio de pago para efectos de la determinación del referido aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en el país y no así, únicamente reconocer la forma de pago que para tales efectos de manera enunciativa, más no limitativa, establece el artículo 58 del RLIVA y la regla I.5.6.1. de la RMF.”
CUARTO.- DECRETO ESTÍMULOS FISCALES IMMEX. El día 30 de Diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación”, expedido por el Ejecutivo Federal, mismo que entrará en vigor el día 1º de Enero de 2014.
Los estímulos que el citado decreto otorga a los contribuyentes que formen parte de un programa autorizado para el fomento industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (Programa IMMEX), son los siguientes:
Los contribuyentes podrán aplicar un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional, de conformidad con lo siguiente:
Para efectos de la mecánica para la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio, podrán aplicar una deducción adicional equivalente al monto que resulte de dividir entre dos los pagos por concepto de servicios personales subordinados realizados a sus trabajadores involucrados en la operación de maquila y que, a su vez, sean exentos para dichos trabajadores y restarle el tres por ciento de dichos pagos exentos.
Para los efectos de la fracción anterior, deberán llevar registros contables detallados que permitan distinguir las operaciones de maquila de otras actividades y los conceptos de remuneración exentos correspondientes a los servicios personales subordinados de sus trabajadores involucrados en la operación de maquila, así como informar al Servicio de Administración Tributaria en el mes de marzo de cada ejercicio el estímulo fiscal aplicado y su determinación.
Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2009 cumplieron con sus obligaciones en materia del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 216 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que, cuando menos, el treinta por ciento de la maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila a que se refiere el primer párrafo de la fracción IV del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, sea propiedad del residente en el extranjero con el que se tenga celebrado el contrato de maquila y que no haya sido propiedad de la empresa residente en México que realiza la operación de maquila o de alguna parte relacionada de ésta.
Tratándose de la enajenación de bienes de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México a los contribuyentes que cuenten con un programa IMMEX, o un régimen similar en los términos de la Ley Aduanera; el impuesto que se cause y se retenga en los términos de la fracción III del artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrá ser acreditado por el adquirente de los bienes contra el entero de la retención por dicha operación en la declaración de pago mensual que corresponda, sin que sea aplicable lo establecido en la fracción IV del artículo 5o. de la citada Ley.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que los bienes que se enajenen formen parte de una cadena de suministro de productos destinados a la exportación y se documenten a través de constancias de transferencias de mercancías o de pedimentos de operaciones virtuales de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto, deberán llevar un control de inventarios y los registros contables que permitan distinguir de forma desglosada la adquisición de bienes que se retornan, de los que se destinen al mercado nacional.
Registro: 2004913
Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 1
Tesis: 1a./J. 91/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 452/2011. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de julio de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece.
Registro: 2004950
Tesis: 2a./J. 150/2013 (10a.)
Pag: 630
PAGO DE LO INDEBIDO O SALDO A FAVOR. LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN CONSTITUYE UNA GESTIÓN DE COBRO QUE NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLO, SI EL CONTRIBUYENTE DESISTE DE SU SOLICITUD O LA AUTORIDAD LO TIENE POR DESISTIDO ANTE SU OMISIÓN ABSOLUTA DE ATENDER UN REQUERIMIENTO. Conforme a los artículos 22, párrafos primero y antepenúltimo, y 146 del Código Fiscal de la Federación, la solicitud de devolución de un pago de lo indebido o de un saldo a favor constituye una gestión de cobro que interrumpe el plazo de 5 años para que prescriba la obligación de la autoridad fiscal de devolver esos conceptos. Ahora bien, tanto el desistimiento presunto o tácito contenido en los párrafos quinto y sexto del citado numeral 22 -que sólo puede darse cuando el contribuyente omite en absoluto aclarar su solicitud de devolución, o bien, atender un requerimiento de información o documentación-, como el expreso previsto en el antepenúltimo párrafo del propio numeral, tienen como resultado que la autoridad fiscal deje de resolver sobre las solicitudes de devolución presentadas por los particulares, a fin de obtener la devolución de un pago de lo indebido o de un saldo a favor, por lo que no sólo cuando el desistimiento es expreso, sino también cuando es presunto o tácito, se produce la consecuencia de que se considere a la solicitud de devolución como una gestión de cobro que no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la obligación de la autoridad fiscal de devolver el numerario correspondiente, en la medida en que en los dos supuestos existe una manifestación, positiva o negativa, de no continuar con el trámite de la devolución, independientemente de la vía en que se llegue a esa convicción. Lo anterior, en el entendido de que el desistimiento tácito o presunto se da únicamente cuando el contribuyente omite en absoluto o ignora los requerimientos que la autoridad fiscal le haya formulado a fin de aclarar, verificar o perfeccionar la solicitud respectiva, pues sólo así se entiende que ha expresado su intención de abandonar la solicitud consciente de las consecuencias que ello acarrea.
Contradicción de tesis 324/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 150/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de octubre de dos mil trece.
Registro: 2005153
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2013 13:20 h
Tesis: 2a. CVIII/2013 (10a.)
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA QUE LO RIGE NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. El citado precepto, al prever las diversas hipótesis, actos administrativos y resoluciones de carácter fiscal y administrativo consideradas como definitivas para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo del conocimiento de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no transgrede el derecho de acceso a la jurisdicción contenido en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que no prevea que el indicado juicio sea procedente en las controversias relacionadas con el contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares. Ello es así, porque tal prerrogativa no puede interpretarse en el sentido de que el juicio contencioso administrativo necesariamente procede en cualquier caso o de manera irrestricta, pues el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que sujeta la procedencia del juicio a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal; por lo que el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida en que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, siempre que satisfaga los requisitos constitucionales y legales.
Amparo directo en revisión 1842/2012. Lechera la Dichosa, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo directo en revisión 2452/2012. Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo directo en revisión 3628/2012. Embotelladora Aga del Centro, S.A. de C.V. 16 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo directo en revisión 3635/2012. Productos Laminados de Monterrey, S.A. de C.V. 23 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 1204/2013. Grupo Empresarial Atención, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.
Registro: 2004840
Tesis: VI.3o.A. J/7 (10a.)
Pag: 736
AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “SENTENCIA FAVORABLE AL QUEJOSO”, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. De la interpretación literal del referido precepto se colige que: el amparo directo solamente procederá contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas; su trámite y resolución están condicionados a que la autoridad interponga el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto por el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se admita éste; el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda debe resolver primero lo relativo al mencionado recurso de revisión y, sólo en el caso de que sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ahora bien, dicho precepto legal no señala las características que debe revestir una sentencia para que sea considerada favorable al quejoso. Por tanto, ante tal falta de precisión legislativa, el referido numeral debe interpretarse conforme a los artículos 17 de la Constitución Federal y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, de manera restrictiva, para tornar la expresión “sentencia favorable al quejoso”, compatible con el derecho humano de acceso a la justicia, por lo que debe entenderse que esa frase, en un primer plano, se refiere a aquellas sentencias donde el tribunal de lo contencioso administrativo declare la nulidad lisa y llana por vicios de fondo, en tanto que anula absolutamente el acto impugnado e impide a la autoridad demandada emitir uno nuevo en perjuicio del particular y, en uno segundo, a las sentencias donde el actor en el juicio contencioso administrativo obtuvo todo lo que pidió, es decir, consiguió la totalidad de sus pretensiones, con independencia de la nulidad que se decrete.
Reclamación 11/2013. Refaccionaria Apizaco, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretarios: Manuel Saturnino Ordóñez, Héctor Alejandro Treviño de la Garza y Alejandro Ramos García.
Reclamación 27/2013. Refaccionaria Apizaco, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Raúl Andrade Osorio.
Reclamación 25/2013. Luciola Flores Flores. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez.
Reclamación 26/2013. Benito Melesio Arroyo Macín. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.
Amparo directo 404/2013. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza.
Registro: 2004852
Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2
Tesis: I.13o.T.66 L (10a.)
Pag: 1287
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR EL MONTO DEL SALARIO CON EL QUE SE REALIZARON LAS RETENCIONES AL TRABAJADOR Y SE CUBRIERON AQUÉLLAS EN SU CUENTA INDIVIDUAL. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, no establece que es carga del patrón demostrar el pago de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; sin embargo, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 167 y 168 de la Ley del Seguro Social y 1o., 18, 18 bis, 75 y 77 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se colige que el patrón tiene la obligación de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero patronales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las que se recibirán y depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual del trabajador. Por tanto, aunque el patrón directamente no tiene relación con las Administradoras de Fondos para el Retiro, está obligado a cubrir las aportaciones que serán transferidas a la cuenta individual del trabajador, por lo que debe contar con la documentación que demuestre haber cumplido con esas obligaciones fiscales, que se traducen en beneficios económicos que forman parte del patrimonio de los trabajadores y, en consecuencia, conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta la referida fecha, le corresponde demostrar el monto del salario con el que se realizaron las retenciones a los trabajadores y se cubrieron las aportaciones destinadas a la institución de crédito autorizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la cuenta individual abierta a nombre del empleado.
Amparo directo 364/2013. Prestadora de Servicios para Restaurantes Bares y Eventos Especiales, S.A. de C.V. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva.
Registro: 2004853
Tesis: I.13o.T.65 L (10a.)
Pag: 1288
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR EL SALARIO CON QUE SE REALIZARON LOS DESCUENTOS Y SE PAGARON AQUÉLLAS. Ninguna de las fracciones del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, establece que es carga del patrón demostrar el pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 8o., 10, 20 y 132, fracción XVII, de la Ley Federal del Trabajo; y, 15, 38, 39 y 180 de la Ley del Seguro Social, es su obligación cumplir, registrar, inscribir, determinar y cubrir las aportaciones para el seguro social; que conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, de la citada vigencia, tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio la documentación que acredite el cumplimiento de esas obligaciones fiscales, que repercuten en los derechos o beneficios de seguridad social de sus trabajadores; por tanto, corresponde al patrón demostrar el salario con el que se hicieron los descuentos y pagaron las aportaciones de seguridad social.
Registro: 2004863
Tesis: I.1o.A.27 A (10a.)
Pag: 1294
CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL PATRÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Conforme al artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil dos, la revisión anual de la siniestralidad de las empresas constituye una obligación que recae en los patrones, para determinar si permanecen en esa prima, o bien, si la disminuyen o aumentan, para lo cual deberán atender a los casos de riesgos de trabajo determinados durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año de que se trate, y una vez obtenido el valor del grado de siniestralidad, le sumarán la prima mínima de riesgo. Consecuentemente, el dictamen de calificación como riesgo de trabajo del padecimiento de un empleado es una resolución definitiva impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, dado que el patrón se encuentra obligado a tomarla en cuenta, al revisar anualmente su siniestralidad para fijar la prima que le corresponde, en virtud de que aquélla se obtiene, justamente, con base en los casos de riesgos de trabajo presentados en el año previo; por ende, se trata de un acto que agravia al patrón porque, desde el momento en que se emite, incorpora en su esfera jurídica la obligación de considerar la enfermedad o accidente de trabajo para efectos de determinar su siniestralidad.
Registro: 2004897
Tesis: I.1o.A.23 A (10a.)
Pag: 1312
DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, O PARA MODIFICAR SUS CONDICIONES. EL ARTÍCULO 182, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LOS ESTABLECE, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. Para la determinación de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el trámite de la obtención de la autorización para usar las redes de agua y drenaje, o modificar las condiciones de uso tratándose de nuevos fraccionamientos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios, el legislador incluyó en el artículo 182, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal, como factores que inciden en su cuantía, el uso o destino del bien raíz y el diámetro de las tomas de agua, esto es, las cuotas aumentan progresivamente en la medida en que el diámetro de la toma de agua sea mayor y en el supuesto de que el inmueble se destine o no a casa habitación; sin embargo, ambos elementos son ajenos al tipo de servicio prestado y no influyen en la variación de su costo, pues el servicio se traduce en un análisis documental por la autoridad competente; por ello, independientemente de que la solicitud se refiera a un inmueble habitacional o a uno comercial, o a un bien raíz cuyo diámetro de toma de agua oscile entre trece o trescientos dos milímetros, el esfuerzo que realiza la administración pública del Distrito Federal al analizar la factibilidad de la autorización es igual, lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que prescribe que lo único que debe considerar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para determinar la viabilidad de dicha autorización es la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación, lo que conlleva un mero análisis documental ajeno a los elementos que sirven para calcular el monto de la contribución; en consecuencia, el referido artículo 182, fracción I, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que no existe justificación para la tarifa progresiva establecida en él, si se toma en cuenta que el monto de las cuotas no guarda relación directa con el costo del servicio que la administración pública del Distrito Federal efectivamente provee, recibiendo los gobernados un trato diferenciado por un mismo servicio.
Amparo en revisión 335/2011. Administradora de servicios y recursos Leo, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Michelle Lowenberg López.
Amparo en revisión 419/2011. Inmobiliaria Karine, S.A. de C.V. 16 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: María Guadalupe Pérez Sánchez.
Amparo en revisión 166/2013. Inmobiliaria Punta Extremadura de México, S.A. de C.V. y coags. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.
Amparo en revisión 246/2013. Desarrolladora Santa Margarita Insurgentes, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.
Registro: 2004923
Tesis: VI.1o.A.58 A (10a.)
Pag: 1328
INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL PREVER EN EL SUPUESTO DE INCOMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN LUGAR DE DECLINAR LA COMPETENCIA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DEBE SER DESAPLICADA DICHA PORCIÓN NORMATIVA. De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate -interpretación pro persona-. Consecuentemente, los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el juicio de amparo directo, están facultados para realizar un esfuerzo hermenéutico, en sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercer el control de constitucionalidad y el de convencionalidad ex officio, cuando adviertan que la norma aplicada para determinar la improcedencia del juicio de origen es contraria a la Constitución General de la República y a los principios derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la procedencia del juicio de nulidad se establece en vinculación con la competencia de los actos respecto de los cuales deba conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, la improcedencia del juicio se prevé cuando el acto que se impugna no es materia de la competencia de dicho tribunal. Y si bien existen materias que no son de su competencia, como cuando se demuestra que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es de naturaleza laboral y no administrativa; sin embargo, ello no implica que sea válido sobreseer en el juicio de nulidad en detrimento del gobernado, quien por el tiempo transcurrido difícilmente podría acceder a un medio de defensa efectivo ante la autoridad jurisdiccional que resulte competente, con lo que se imposibilitaría la adecuada defensa del particular ante actos que estime lesivos de sus derechos fundamentales, en violación a lo dispuesto por los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así, porque al decretarse el sobreseimiento en el juicio de origen por haber sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, equivaldría a que el particular no hubiera ejercido acción alguna en contra de la resolución que estime lesiva de sus derechos fundamentales, lo que implicaría que si el quejoso intentara una nueva acción ante la autoridad que resulte la competente, cabría una muy alta posibilidad de que esta última la declarara extemporánea por haber sido ejercida fuera del término que al efecto prevea la ley correspondiente, no obstante que el interesado hubiera interpuesto, desde su criterio -a la postre evidenciado incorrecto o erróneo-, un medio de defensa en tiempo y forma, debido a que ello habría sido hecho ante una autoridad que no era la competente para conocer del juicio planteado; pero que, sin lugar a dudas, su intención era ejercer su derecho fundamental de acceso a la justicia, a través de un medio de defensa efectivo salvaguardado por los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De modo tal que en lugar de decretar el sobreseimiento y, con ello, la pérdida de una acción intentada en tiempo, se debe desaplicar la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al resultar inconvencional, a fin de que lo procedente sea que en aras del respeto a ese derecho fundamental de acceso a la justicia, la Sala responsable decline su competencia al órgano jurisdiccional competente, el cual no podrá desconocer la oportunidad en la interposición de la demanda, aun cuando la mande aclarar en términos de la ley aplicable para ajustarla a los requisitos que deba reunir en la instancia que legalmente sea la procedente.
Registro: 2004949
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.)
Pag: 1373
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.
Registro: 2004973
Tesis: II.3o.A.87 A (10a.)
Pag: 1432
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBE EXIGIRSE AL ACTOR QUE EXHIBA LAS APORTADAS ANTE LA AUTORIDAD FISCAL DEMANDADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE). Si bien es cierto que los Magistrados instructores no están obligados a recabar pruebas no ofrecidas por las partes, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 29/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035, de rubro: “MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.”, también lo es que deben ejercer su potestad para mejor proveer cuando sea necesario clarificar situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en las pruebas, así como en el caso de que sea necesaria la exhibición de las indispensables para la correcta resolución del asunto, como son las ofrecidas por el actor ante las autoridades tributarias en el procedimiento en sede administrativa, por lo cual es ilegal justificar la falta de este tipo de pruebas en el juicio contencioso administrativo federal, en el hecho de que aquél no las aportó, pues esa exigencia importaría una violación al artículo 2o., fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, donde se garantiza que en las controversias y juicios de orden jurídico-contributivo, el particular no estará obligado a aportar nuevamente la documentación y demás pruebas que hubiese proporcionado a la autoridad fiscal. Por tanto, si en autos consta que el actor aportó esas probanzas ante la demandada, no debe exigírsele que las exhiba o imponerle cargas y consecuencias procesales preclusivas por esos motivos.
Amparo directo 773/2010. Adán Martínez Mayorga. 1 de marzo de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
VII-J-1aS-85
COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO E IDÓNEO PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO.- Se ha definido, que el objetivo primordial de la determinación de cosa juzgada refleja es evitar que se emitan sentencias distintas en asuntos estrechamente vinculados en lo substancial o dependientes de la misma causa. Así, no resulta indispensable la concurrencia de los requisitos necesarios para configurar la cosa juzgada y con ello declarar la nulidad del acto impugnado; sino solo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; es decir, que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto. Consecuentemente, el actualizarse la cosa juzgada refleja, constituye un hecho notorio e idóneo para acreditar la ilegalidad de la resolución controvertida, en términos de los artículos 51 fracción IV y 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-36/2013)
VII-P-1aS-575
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6654/08-17-10-6/79/12-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 61
VII-P-1aS-680
Juicio de Lesividad Núm. 12/10-24-01-03-03-OL/13/8-S1-05-50.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de junio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 687
VII-P-1aS-681
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3747/09-07-02-5/525/11-S1-05-
04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de junio de 2013)
VII-P-1aS-735
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7748/12-07-03-8/1044/13-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de agosto de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de agosto de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 27. Octubre 2013. p. 303
VII-P-1aS-736
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19101/12-17-10-10/925/13-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 5 de septiembre de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil trece.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
VII-J-1aS-86
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-37/2013)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1064/11-07-02-4/1440/12-S1-
04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de marzo de 2013,
por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures
Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
VII-P-1aS-618
Cumplimiento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 32521/08-17-07-5/89/11-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 235
VII-P-1aS-682
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 688
VII-P-1aS-683
VII-P-1aS-737
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 27. Octubre 2013. p. 305
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil trece.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe,
Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
VII-P-1aS-760
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. CASO EN EL QUE SE IMPUG­NE MEDIANTE JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Si en el juicio contencioso administrativo se declara la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, con fundamento en el artículo 52 fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Ad­ministrativo, la misma debe cumplimentarse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que el fallo de mérito quede firme. En ese sentido, si el particular favorecido con la sentencia en la que se haya declarado una nulidad para efectos, opta por interponer un nuevo juicio contencioso ad­ministrativo en contra del acto que dé cumplimiento a aquella, en lugar de hacer valer la queja prevista en el numeral 58 del ordenamiento en cita, la autoridad responsable deberá esperar a que quede firme el fallo que decida este último juicio, pues hasta ese momento podrá determinar, según sea el caso, si debe o no emitir una nueva resolución, a fin de cumplimentar la sen­tencia primigenia o dictada en el primer juicio interpuesto por el particular.
Queja relativa al Juicio de Comercio Exterior Núm. 4326/07-07-01-2/886/ 09-S1-02-01-QC.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de octubre de 2013)
VII-P-1aS-768
VIOLACIÓN SUBSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO. SE ACTUA­LIZA CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR TIENE POR EX­HIBIDO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, SIN QUE OBREN EN EL MISMO LAS DOCUMENTALES PRIVADAS OFRECIDAS POR EL ACTOR.- De conformidad con el artículo 2, fracción X, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 14, tercer y cuarto párrafos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso administrativo el actor puede ofrecer como prueba el expediente administrativo en el que se haya dictado la resolución im­pugnada, mismo que deberá contener toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a su emisión, sin incluir las documentales privadas del actor, salvo que éste las señale como ofrecidas. Si en el caso concreto el Magistrado Instructor tiene por cumplimentado el requerimiento en relación con la exhibición del expediente administrativo, aun cuando no se encontraban integradas las documentales privadas señaladas por la actora, incurre en una violación substancial del procedimiento, misma que impide que esta Juzgadora emita la sentencia definitiva correspondiente, por lo que ante tal violación, debe ordenarse la regularización del procedimiento a fin de que se formule el requerimiento respecto de tales documentales privadas.
VII-P-1aS-218
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22195/10-17-11-5/37/12-S1-03- 02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Ha­llivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 167
VII-P-1aS-420
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 298/11-17-08-4/1126/12-S1-03- 04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de octubre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Ha­llivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de octubre de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 114
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4146/12-17-08-3/1303/13-S1-03- 04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán.
VII-P-1aS-771
MERCANCÍA IMPORTADA DECOMISADA POR LA AUTORIDAD ADUANERA.- DEBE ORDENARSE SU DEVOLUCIÓN AL HABER­SE DECLARADO LA NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL.- Si la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo determinó un crédito fiscal a cargo de la actora, derivado de la verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte y, ade­más, la autoridad determinó que la mercancía importada pasara a propiedad del Fisco Federal, si en juicio se demuestra la ilegalidad de la determinación efectuada en dicha resolución impugnada, entonces, con fundamento en el artículo 239, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, debe declarar­se la nulidad lisa y llana de la resolución materia del juicio, condenándose asimismo a la autoridad demandada a devolver a la actora la mercancía importada; lo anterior, toda vez que la pretensión de la demandante no se satisface únicamente con la anulación del crédito fiscal determinado a su cargo, sino también, con la devolución de las mercancías que importó y que fueron indebidamente decomisadas por la autoridad.
V-P-1aS-241
Juicio No. 19363/03-17-11-3/190/04-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad­ministrativa, en sesión de 13 de julio de 2004, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de julio de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 47. Noviembre 2004. p. 325
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 590/13-08-01-5/1402/13-S1-02- 03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-2aS-393
RESOLUCIONES ILEGALES POR APLICAR PRECEPTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES MEDIANTE JURISPRU­DENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO.- Son ilegales por sustentar su determinación en preceptos declarados inconstitucionales por el Poder Judicial de la Federación, mediante jurisprudencia que debe ser exactamente aplicable al caso de que se trate. En consecuencia, dichos actos o resoluciones impugnados en materia fiscal se encuentran indebidamente fundados y motivados violando los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V-P-2aS-596
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 841/06-06-02-5/601/06-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 71
VII-P-2aS-3
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19124/10-17-11-6/466/11-S2-10- 03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2011, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2011)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 3. Octubre 2011. p. 903
II-P-2aS-188
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23331/08-17-08-5/1560/10-S2-08- 04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 196
Cumplimiento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4295/08-17-09-7/199/10-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de julio de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Ma­gistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 11 de julio de 2013)
VII-P-2aS-395
SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES PARA LA PRÁCTICA DE LA VISITA DOMICILIARIA.- NO SE ACTUA­LIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE VISITADO CONTESTA DE MANERA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS QUE LE FORMULA LA AUTORI­DAD VISITADORA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, AUN SIN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERI­DA.– El artículo 46-A, párrafos primero y cuarto y fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, dispone que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, plazo que se suspenderá, entre otros casos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses; y que en el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año. Ahora bien, como se advierte del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, la voluntad del legislador fue que la suspensión terminaba cuando el contribuyente atendiera el requerimiento o simplemente lo contestara, aun sin proporcionar la información solicitada. De ello se sigue que cuando el contribuyente visitado contesta, dentro de los plazos que le fueron señalados por la autoridad, los requerimientos de información y documentación formulados durante la visita domiciliaria, no se actualiza el supuesto de suspensión de que se trata, aun sin proporcionar la información o documentación que le fue requerida, tal y como ocurrió en el caso que se resuelve, en el que el contribuyente visitado contestó los tres requerimientos que le fueron formulados por la autoridad durante la visita domiciliaria, proporcionando en parte la documentación e información requerida, y aduciendo diversas razones para no proporcionar la documen­tación e información restante, por considerar que no se encontraba obligada a presentarla por provenir de terceros cuyos datos de identificación obraban en poder de la autoridad y que no correspondía a su contabilidad.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1655/11-08-01-5/1032/12-S2- 06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 26. Septiembre 2013. p. 87
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5789/12-06-02-9/887/13-S2-07- 04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2013)
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE DICIEMBRE 2013