Source: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001919a.shtml
Timestamp: 2020-05-24 23:20:11
Document Index: 26750393

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 52', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 121', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 16', 'artículo 15', 'Artículo 17']

N.º 83, martes 5 de mayo de 2020
1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y realizar la convocatoria de la concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, tras el impacto económico y social del Covid–19, tengan problemas para atender al pago parcial o total del alquiler.
2.– Las ayudas también se dirigen a que las personas arrendatarias puedan devolver a las entidades bancarias las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
3.– Las ayudas tienen carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que el pago de la renta del alquiler o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
4.– Adicionalmente, la presente Orden también tiene por objeto establecer las bases reguladoras y realizar la convocatoria de la concesión de ayudas destinadas a dotar de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, o por cuenta de estas personas, a las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas. En este caso no se exige que su situación sea consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
Artículo 2.– Características de los Programas.
1.– El Programa principal consiste en la concesión de ayudas al alquiler o a la devolución de las ayudas transitorias de financiación, mediante procedimiento abierto no competitivo o de reconocimiento sucesivo, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y que, tras el impacto económico y social del Covid-19, tengan problemas para atender al pago parcial o total del alquiler o para la devolución de los préstamos otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020. La vivienda habitual ha de ser una vivienda libre.
2.– El Programa complementario consiste en la concesión de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, o por cuenta de estas personas, a las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, para facilitar una solución habitacional a aquellas personas, aunque su situación no sea consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa principal las personas físicas, a título individual o agrupadas en una unidad convivencial, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 6.
2.– Constituye una unidad convivencial, a los efectos de la presente Orden, dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela.
3.– Asimismo, podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa complementario las personas especialmente vulnerables y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas.
Artículo 5.– Vulnerabilidad económica.
1.– A efectos de esta Orden se entiende por situación de vulnerabilidad económica para las personas trabajadoras por cuenta ajena, aquella en la que alguna de las personas inquilinas se encuentren en situación de desempleo o bien hayan visto modificado su contrato laboral y pasan a reducir su jornada, bien por cambio de contrato a tiempo parcial, o para cuidado de familiares, por conciliación y cuidado de menores y/o personas mayores.
2.– Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o empresarias, se entiende por situación de vulnerabilidad económica aquella en la que sufran una pérdida en sus ingresos o una caída en sus ventas, igual o superior al 40% como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria.
3.– Para las ayudas destinadas a la devolución de los préstamos otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, la vulnerabilidad económica se presupone en este momento, dado que fue objeto de valoración en el momento de la concesión de los préstamos.
4.– No obstante, en todos los casos, para considerar que se da la situación de vulnerabilidad económica se exige además que el importe de la renta que debe ser abonada más los gastos de comunidad y los suministros básicos, sea superior al 30% de los ingresos actualmente disponibles de la persona o unidad convivencial arrendataria, calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.
5.– Los gastos de comunidad y los suministros básicos se valoran, a efectos de los cálculos exigidos en esta Orden, en 79 euros mensuales por cada persona integrante de la unidad convivencial o, alternativamente, en 187,4 euros mensuales por vivienda, siendo el criterio aplicable el que resulte más beneficioso para la persona o unidad convivencial.
1.– Son requisitos exigibles para los distintos programas los siguientes:
a) Ser persona mayor de edad o emancipada.
c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho de uso y disfrute sobre algún bien inmueble, a excepción, en su caso, del inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia, salvo que se acredite la no disponibilidad de la misma por causas de separación o divorcio, o la imposibilidad de habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada.
d) El patrimonio máximo (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades) de la unidad de convivencia no puede ser superior a 50.000 euros.
e) Las personas solicitantes a título individual en su caso, o la unidad convivencial en su conjunto, deberán acreditar unos ingresos brutos anuales inferiores a 39.000 euros, ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.
f) Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.– Adicionalmente, son requisitos exigibles para los beneficiarios del programa principal los siguientes:
a) Ser titular de un contrato de arrendamiento formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a título individual o como coarrendataria, de una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco que constituya su domicilio habitual y permanente.
b) No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora.
c) El contrato de arrendamiento debe estar vigente y haber sido formalizado con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
d) La renta mensual no podrá exceder de 1,5 veces la renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda arrendada, según los datos aportados por la Estadística del Mercado de alquiler (EMA) del primer semestre de 2019. En el caso de familias numerosas, la renta mensual no podrá exceder de 1,75 veces dicha renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda arrendada.
3.– Son también requisitos exigibles para los beneficiarios del programa principal en su modalidad de ayudas para el pago de alquileres los siguientes:
a) Cuando se trate de personas trabajadoras por cuenta ajena, el inicio de la situación de desempleo o subempleo debe haberse producido con posterioridad al día 31 de enero de 2020, y debe tener causa general en la crisis provocada por la emergencia sanitaria.
b) Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, la pérdida en sus ingresos o la caída en sus ventas, se calculará tomando como referencia los ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
4.– Para los beneficiarios del programa principal en su modalidad de ayudas para la devolución de los préstamos, es también requisito exigible tener formalizado un préstamo con alguna de las entidades bancarias que concedan las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
5.– Para el programa complementario de personas especialmente vulnerables son también requisitos exigibles los recogidos en el apartado 2 de este artículo, excepto que se trate de personas sin hogar. Es también requisito exigible la acreditación de la condición de colectivo especialmente vulnerable, tal y como lo establece el artículo 12.5.
Artículo 7.– Incompatibilidades.
1.– El disfrute de una vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en cesión de uso.
3.– La percepción de la prestación complementaria de vivienda (PCV), la prestación económica de vivienda (PEV), las ayudas municipales o de cualesquiera otras Administraciones o entidades Públicas que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler.
4.– La percepción de las ayudas de emergencia social (AES) relacionadas con los gastos de alquiler citados en el apartado 2.a del artículo 44 de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social.
5.– La percepción de ayudas al alquiler del Programa Gaztelagun, regulado por la Orden 18 de diciembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
6.– La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico del Covid-19.
7.– La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a los previsto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
8.– La reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del Covid-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses, en los términos contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.
9.– Aquellas otras ayudas que para la misma finalidad pudiera conceder cualquier otra Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada, a excepción de los préstamos otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020.
Artículo 8.– Cuantía.
1.– La cuantía mensual de la ayuda al alquiler será la legalmente establecida para las prestaciones económica de vivienda y complementaria de vivienda, de 250 euros. En caso de coarriendo, esta cantidad se ajustará en función del porcentaje de renta que abone la persona coarrendataria que resulte beneficiaria de la ayuda.
Artículo 9.– Gestión.
1.– Se designa Entidad Colaboradora en la gestión de las ayudas al alquiler reguladas en esta Orden a la sociedad pública Alokabide, S.A., de conformidad con la previsto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.
2.– Corresponderá a Alokabide, S.A. las siguientes actuaciones:
a) Información, orientación y asesoramiento individualizado para que las personas interesadas puedan cumplimentar correctamente las solicitudes y adjuntar la documentación pertinente.
b) Recepción de las solicitudes y comprobación del cumplimiento de los requisitos.
c) Propuesta al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda de resolución de las solicitudes, así como cualquier modificación de la misma.
d) Abono de las ayudas.
e) Comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias.
Artículo 11.– Solicitud y plazo de presentación.
1.– El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 30 de septiembre de 2020.
2.– Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de forma telemática conforme al modelo oficial disponible en la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/ayuda–alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es), o a través de los canales que la sociedad pública Alokabide, S.A. mantiene en www.alokabide.euskadi.eus.
3.– En la solicitud de ayudas del programa principal se deberán declarar de forma expresa los ingresos actuales de la persona o unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible.
4.– En la solicitud de ayudas del programa principal destinado al pago del alquiler, las personas trabajadoras por cuenta ajena deberán indicar en su solicitud la empresa en la que trabajan o trabajaban, el sector de actividad económica que corresponde a dicha empresa y el día en el que se ha iniciado la situación de desempleo o subempleo.
5.– En la solicitud de ayudas del programa principal destinado al pago del alquiler, las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias deberán indicar en su solicitud el sector de actividad económica en el cual desempeñan o desempeñaban su actividad.
6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañen, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.
Artículo 12.– Documentación que ha de acompañar a la solicitud.
1.– Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, la solicitud deberá ir acompañada en todos los casos de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio o de derechos de uso y disfrute de bien inmueble salvo en su caso el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles a que se refiere el artículo 7.
b) Declaración responsable de no disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros.
c) Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada, salvo para el colectivo de personas sin hogar incluidas en el programa complementario de personas especialmente vulnerables.
– A la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adjuntará, en su caso, certificado de las prestaciones no contributivas.
e) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ello, no obstante, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente, por el órgano gestor o la entidad colaboradora, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización del pago.
f) Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que abona cada una.
g) Documento cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendataria. Podrá sustituirse por el documento cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendadora o de la entidad de crédito en los casos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14.
2.– Además, en las solicitudes para las ayudas al alquiler del programa principal, se deberá adjuntar:
a) Si la fianza correspondiente al contrato de arrendamiento no estuviese depositada en la Delegación Territorial de Vivienda, copia de dicho contrato, en el que deberá constar: la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada y la renta inicial.
b) Documentación acreditativa de los ingresos actualmente disponibles, mediante la aportación de justificante de abono de prestaciones por desempleo, nóminas o documento equivalente para los trabajadores por cuenta ajena, y mediante la aportación de información contable de los registros de ingresos y gastos, de las autoliquidaciones y/o presentaciones de declaraciones informativas a efectos tributarios, para las personas trabajadoras autónomas o empresarias.
c) Declaración responsable de no existir vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora.
d) Declaración responsable emitida por la persona arrendadora de no haber condonado total o parcialmente la renta de la vivienda o haber aplazado de manera temporal y extraordinaria del pago de la misma.
3.– Además, en las solicitudes para las ayudas al alquiler del programa principal destinadas al pago de alquiler se deberá adjuntar, cuando resulte procedente, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 6.3.
4.– Para las solicitudes de ayudas destinadas a la devolución de los préstamos otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, se deberá adjuntar copia del documento que acredite el préstamo concedido.
5.– Para las solicitudes de ayudas destinadas al programa complementario de personas especialmente vulnerables la documentación que deberán aportar, además, para acreditar el cumplimiento de los requisitos, es la siguiente:
a) Las víctimas de la violencia de género, la sentencia, orden de alejamiento o informe de los servicios sociales de base o especializados dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género.
b) Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual de manera inminente o que ya se ha producido, el documento judicial que determine el lanzamiento.
c) Las personas sin hogar, una declaración responsable de empadronamiento social o ficticio.
d) Otras personas especialmente vulnerables, en su caso, declaración responsable de empadronamiento, el Libro de Familia, el certificado de cualquier tipo de discapacidad emitido por la autoridad pública competente o certificado de situación de desempleo.
6.– Las personas interesadas tienen derecho a no aportar los documentos a que se refieren el apartado 1, letras a), b), c), d) y e) siempre que no se opongan a que el Departamento competente en materia de vivienda o Alokabide, S.A. consulten o recaben de otras Administraciones Públicas los que se encuentren disponibles electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
1.– Alokabide, S.A. verificará la correcta cumplimentación de las solicitudes, así como la aportación de la documentación precisa para la tramitación de la solicitud de la ayuda.
2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquéllos, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.
3.– Alokabide, S.A. contrastará de oficio con el Departamento de Trabajo y Justicia o con la autoridad laboral competente que la situación de desempleo o subempleo de las personas trabajadoras por cuenta ajena cumple con los requisitos especificados.
4.– Cuando se trate de personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, Alokabide, S.A. contrastará que la persona solicitante está efectivamente dada de alta en el sector de actividad indicado en la solicitud y que éste se encuentra incluido en el listado de actividades cuya apertura al público queda suspendida de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
5.– Si no fuera posible la verificación de alguno de los datos anteriores o cuando la persona solicitante se oponga a que Alokabide, S.A. los recabe de las Administraciones Públicas competentes, los órganos gestores cursaran las oportunas solicitudes de documentación.
6.– Alokabide, S.A. comprobará, asimismo, si se cumplen los restantes requisitos para la obtención de la ayuda y remitirá propuesta de resolución al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda, a quien corresponderá resolver.
7.– La resolución habrá de ser notificada en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la solicitud, siendo el silencio administrativo estimatorio. No obstante, en el supuesto de que se hubiera abierto un plazo para la subsanación de defectos, el plazo aludido quedará suspendido durante el lapso que media entre la recepción de la notificación remitida a la persona solicitante y la presentación de la totalidad de la documentación solicitada.
8.– Contra la resolución podrá interponerse por las personas interesadas recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.– Las resoluciones estimatorias se comunicarán a los ayuntamientos en que se hallen empadronadas las personas beneficiarias, para que se puedan adoptar las medidas pertinentes en caso de que estas estén percibiendo ayudas incompatibles a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.
10.– Las resoluciones estimatorias se comunicarán asimismo al Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, o al órgano que éste designe, para la comprobación efectiva de que cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, la cuantía de la ayuda concedida se haya destinado obligatoriamente a la amortización de dicho préstamo.
11.– La concesión las ayudas no será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, se publicará en el portal de la transparencia del Gobierno Vasco y en la página web de Alokabide, S.A. el número y el importe global de las ayudas concedidas y extinguidas en el período correspondiente, disgregado por Territorio Histórico y por sexo de la persona beneficiaria.
1.– La ayuda se abonará en dos pagos.
a) El primero de ellos se efectuará tras dictarse la resolución estimatoria y ascenderá al 50% del importe total.
b) El segundo se efectuará tres meses después, salvo que la persona beneficiaria comunique que ha salido de la situación de vulnerabilidad, y ascenderá al 50% restante.
2.– El abono se realizará en la cuenta bancaria que figure en el documento de alta de tercero de la persona arrendataria.
3.– Podrá acordarse que el pago se realice directamente a la persona arrendadora en el supuesto de que la persona arrendataria no hubiera satisfecho el pago del alquiler, de que así se instrumente la solicitud y se facilite el documento de alta de tercero con la cuenta bancaria de la persona arrendadora.
4.– Podrá acordarse que el pago se realice directamente a la entidad de crédito acreedora en el supuesto de la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación en forma de préstamo reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, si la persona arrendataria así lo instrumenta en la solicitud y se facilita el documento de alta de tercero con la cuenta bancaria de la entidad de crédito, previa validación liberatoria por parte de esta.
1.– Destinar el importe íntegro de las ayudas al pago de la renta de la vivienda alquilada o a la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación en forma de préstamo reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020.
2.– Presentar en Alokabide, S.A., antes del 31 de diciembre de 2020, los justificantes de pago de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación.
3.– Presentar en Alokabide, S.A., antes del 31 de diciembre de 2021, los justificantes de pago de las rentas de alquiler y Memoria del proyecto social y resultados obtenidos por las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, que hayan desarrollado soluciones habitacionales con cargo a este programa.
Artículo 16.– Extinción.
a) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos que dieron lugar a la obtención de la ayuda.
b) La renuncia de la persona beneficiaria.
c) La falsedad acreditada en los datos aportados o en las declaraciones responsables incluidas en la solicitud.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 15.
Artículo 17.– Procedimiento de extinción y reintegro de las ayudas indebidamente recibidas.
«3.– En ambos casos, para considerar que se da la situación de vulnerabilidad económica se exige además que el importe de la renta que debe ser abonada más los gastos de comunidad y de los suministros básicos, sea superior al 30% de los ingresos actualmente disponibles de la persona o unidad convivencial arrendataria, calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.
Los gastos de comunidad y los suministros básicos se valoran, a efectos de los cálculos exigidos en esta Orden, en 79 euros mensuales por cada persona integrante de la unidad convivencial o, alternativamente, en 187,40 euros mensuales por vivienda, siendo el criterio aplicable el que resulte más beneficioso para la persona o unidad convivencial.».
PRECIO MÁXIMO DEL ALQUILER MENSUAL
PROMEDIO DE LA EMA MULTIPLICADO X 1,5
– Reglamento General de Protección de Datos,