Source: http://www.filosofiadelderechocolombia.net/2013/04/reviviscencia-de-normas-derogadas-por.html
Timestamp: 2019-12-14 19:50:46
Document Index: 78116807

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Reviviscencia de Normas Derogadas - Por Juan Carlos Ospina
De jorgefabraz - abril 28, 2013
Por Juan Carlos Ospina:
¿La declaratoria de inconstitucionalidad o inexequibilidad de una norma genera la reviviscencia “ipso jure” de las disposiciones por ésta derogadas?
Al respecto de la posibilidad de reviviscencia de una norma derogada el artículo 14 de la Ley 153 de 1887 señala que:
"Una ley derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva."
Igualmente, el Código Civil determina con relación a la derogación expresa o tácita de una ley lo siguiente:
“Articulo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
“Articulo 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.”
Ahora bien, teniendo en cuenta los múltiples efectos jurídicos que generan las decisiones de inconstitucionalidad o exequibilidad de disposiciones normativas por la Corte constitucional, ésta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades acerca del efectos ex nunc de sus decisiones, la posibilidad y condiciones de reincorporación o reviviscencia de las normas derogadas o subrogadas por la disposición inconstitucional, y sobre la oportunidad para declarar la reviviscencia.
Para efectos de la búsqueda del balance constitucional o sombra decisional en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se seguirá la metodología de línea jurisprudencial[1], así:
- Sentencias Seleccionadas: (Anexo 1)
C-608 de 1992: Decisión sobre disposición derogatoria
C-145 de 1994: Norma Jurídica- Derogatoria / Inexequibilidad
C-055 de 1996: Congreso - Expedición de normativa laboral
C-562 de 1996: Pronunciamiento sobre norma derogada – Norma derogatoria declarada inconstitucional
C-700 de 1999: Sentencia de inexequibilidad - No revive disposiciones anteriores
C-010 de 2000: Sentencia de inexequibilidad y norma derogada
C-1548 de 2000: Sentencia de inexequibilidad y norma derogada-Efectos
C-501 de 2001: Control de constitucionalidad de norma derogada- Reincorporación por inexequibilidad de la derogatoria.
C-672 de 2002: Inhibición de la corte constitucional- Disposición acusada derogada tácitamente y declarada de forma diferida inexequible formalmente
C-432 de 2004: Sentencia de inconstitucionalidad de norma derogatoria-reincorporación automática de normas anteriores
C-464 de 2004: Control de constitucionalidad de norma derogada- Procedencia por declaración de inexequibilidad del decreto derogatorio
C-421 de 2006: Reviviscencia de norma derogada- Norma que establecía organismo competente para administrar carrera notarial y concursos, reincorporación al ordenamiento jurídico de norma derogada
T-043 de 2007: Declaratoria de inexequibilidad de norma derogatoria-reincorporación al ordenamiento de norma derogada
C-699 de 2007: Control de constitucionalidad de clausula derogatoria- Casos en que por inconstitucionalidad de cláusula derogatoria procede restablecimiento de norma derogada
T-1102 de 2008: Sentencia de inconstitucionalidad de norma derogatoria-reincorporación automática de normas anteriores
C-1155 de 2008:
C-801 de 2008: Exequibilidad de norma que deroga norma derogatoria- No implica el reingreso al ordenamiento jurídico de la norma derogada
C-1155 de 2008: Sentencia de inconstitucionalidad de norma derogatoria-reincorporación automática de normas anteriores
C-402 de 2010: Reviviscencia de norma derogada: Diferentes alternativas, no se produce de manera automática por declaratoria de inexequibilidad de norma derogatoria, oportunidad para su declaratoria, protección de bienes y valores constitucionales, sujeta a condiciones de procedencia. Reglas sobre la reincorporación o reviviscencia de normas derogadas
C-251 de 2011: Reviviscencia de normas derogadas: Condiciones de procedencia, oportunidad para su determinación
- Sentencias Fundadoras de Línea:
Si bien antes de la existencia de la Corte Constitucional, esta misma corporación ha señalado que ha existido una tradición jurídica nacional, con amplia doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en relación con la posibilidad de reviviscencia de la norma derogada por la ley declarada inexequible, la discusión propiamente profundizada por la Corte Constitucional se generó en las sentencias C-145 de 1994 y C-055 de 1996.
C-145 de 1994:
1. Con la declaratoria de inexequibilidad se restauran ipso jure las normas que habían sido derogadas por la ley inconstitucional, siempre y cuando no sean contrarias a la constitución.
2. Sería ineficaz el control de constitucionalidad de una ley si su inexequibilidad no restaurará "ipso jure" la vigencia de las normas derogadas por dicha ley, lo cual vulneraría la constitución (Artículo 4).
C-055 de 1996:
1. La declaración de inconstitucionalidad de una norma derogatoria implica la automática reincorporación al ordenamiento jurídico de la norma derogada, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Constitución.
2. La decisión de inexequibilidad es diferente a la derogación de una disposición normativa, y por eso sus efectos tienen diverso alcance.
3. La declaración de inexequibilidad no solo puede tener efectos ex nunc sino que puede tener efectos ex tunc, dependiendo de la ponderación en el caso concreto de la supremacía de la constitución y la seguridad jurídica.
- Sentencia Hito o Consolidadora de Línea:
El mayor esfuerzo de reconstrucción conceptual de la línea jurisprudencial realizada por la Corte Constitucional, luego del examen de los fallos relacionados con la reviviscencia de las disposiciones derogadas por la noma inconstitucional, fue realizado en la sentencia C-402 de 2010[2] en la cual no solamente se realizó el recuento histórico doctrinal sino jurisprudencial, previo y posterior a la expedición de la Constitución Política de 1991, sino que se consolidó la línea jurisprudencial y se generó al interior de la Corte una discusión que concluyó en el salvamento de voto de dos magistrados – Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto.
1. La discusión sobre la reviviscencia de normas derogadas por leyes declaradas inconstitucionales ha estado latente en la tradición jurídica nacional.
2. En una primera etapa, la Corte Constitucional optó por la conclusión de la reviviscencia ispo jure de las normas derogadas por la disposición declarada inconstitucional (tal y como había sido reconocido por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia), sin embargo, luego discutió el alcance de la expresión “ipso jure” –reincorporación inmediata- y decidió abandonar dicha tesis, y disponer la existencia de condiciones para la reviviscencia, así: “(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto, esto es, las consecuencias que se derivarían de la reincorporación frente a los principios y valores constitucionales; y (ii) la garantía de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite a la obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.”
3. Respecto de la oportunidad para declarar la reviviscencia de la norma derogada la Corte Constitucional ha señalado que no existe un término o etapa específica para ello - a lo largo de su jurisprudencia ha optado por varias alternativas-, sin embargo, ha optado por hacerlo directamente en la sentencia que declara la inexequibilidad de la norma o posteriormente frente a una acción pública de constitucionalidad.
4. La Corte Constitucional ha optado por señalar directamente en la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma si existe o no una reviviscencia de las disposiciones derogadas por ésta, luego de evaluar su procedencia así: “i) si el vacío normativo es de tal entidad que el orden constitucional se pueda ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre los principios de justicia y seguridad jurídica.”
- La sentencia dominante:
En la última jurisprudencia publicada al respecto de la reviviscencia de las normas derogadas (C-251 de 2011), según consulta en la relatoría de la página web de la Corte Constitucional[3], en relación con el caso de los decretos con fuerza de ley expedidos a la luz de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública por medio del Decreto 4580 de 2010, que derogaron disposiciones vigentes y luego declarados inconstitucionales por la Corte, se puede encontrar no solo una reiteración de la línea jurisprudencial sino una limitación a su alcance. En dicha sentencia se indica:
“La jurisprudencia reciente de esta Corporación, sentencia C-402 de 2010, después de un análisis de las distintas posturas que ha adoptado la Corte Constitucional en relación con si la declaración de inexequibilidad revive la norma derogada por el precepto excluido del ordenamiento jurídico, llegó a la conclusión que no siempre implica “la reviviscencia de normas derogadas”, pues para ello es necesario establecer: i) si el vacío normativo es de tal entidad que el orden constitucional se pueda ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre los principios de justicia y seguridad jurídica.
En el caso de la referencia, es claro que la declaración de inexequibilidad del Decreto 020 de 2011, la cual se hizo sin ningún condicionamiento en el fallo C-216 de 2011, ha de generar la inexequibilidad por consecuencia del Decreto 142 de 2011. Por tanto, se hace necesario establecer si la norma sobre transferencia de recursos debe ser revivida.”
- El “balance constitucional o sombra decisional”
Según el grafico que se puede encontrar a continuación la Corte Constitucional se ha distanciado de la tesis que indicaba que la norma derogada se reincorporadaba “ipso jure” al ordenamiento jurídico si la norma derogatoria era declarada inconstitucional, y ha decidido que la reviviscencia debe ser analizada por la Corte de acuerdo a la valoración del vacío normativo con la consecuente afectación constitucional que genera y la ponderación entre los principios de justicia y seguridad jurídica. Por lo tanto, en un caso similar (el que hoy en día tiene la SNS) ese debería ser el camino a seguir por el Tribunal Constitucional.
¿La declaratoria de inconstitucionalidad o inexequibilidad de una norma genera la reviviscencia “ipso jure” de las disposiciones por esta derogadas?
Reviviscencia Automática
Reviviscencia No automática – Condiciones
C-608 de 1992
C-145 de 1994
C-055 de 1996
C-562 de 1996
C-010 de 2000
C-700 de 1999
C-1548 de 2000
C-501 de 2001
C-672 de 2002
C-432 de 2004
C-464 de 2004
C-421 de 2006
T-043 de 2007
C-699 de 2007
T-1102 de 2008
C-1155 de 2008
C-801 de 2008
C-402 de 2010
C-251 de 2011
- Sentencias no importantes:
Las restantes sentencias objeto del examen, se consideran no importantes por reiterar o aplicar el lineamiento de la corte constitucional en el momento determinado, estas son: C-608 de 1992, C-562 de 1996, C-700 de 1999, C-010 de 2000, C-1548 de 2000, C-501 de 2001, C-672 de 2002, C-432 de 2004, C-464 de 2004, C-421 de 2006, T-043 de 2007, C-699 de 2007, T-1102 de 2008, C-1155 de 2008, C-801 de 2008, C-1155 de 2008
C-608 de 1992:
(…) las facultades extraordinarias contenidas en el artículo 25 de la ley 49 de 1990, disposición que sirvió de fundamento al Gobierno para expedirlo, ya habían sido utilizadas o ejercidas por el Presidente de la República desde el 4 de julio de 1991, fecha en la que profirió el decreto número 1744.
No sobra agregar que la presente decisión no crea o desencadena ningún vacío normativo ni coloca a sus destinatarios ante un abismo preceptivo, pues, como es natural y apenas obvio, reviven las normas que el presente decreto trató de reemplazar y que regulan la materia.(Negrilla fuera del texto original)
Esta determinación de la Corte de indicar las normas que deben aplicarse como consecuencia de la presente sentencia, se fundamenta en la facultad que tiene de fijar los alcances de sus fallos y en una justa y prudente actitud.
Los anteriores razonamientos jurídicos dilucidan cualquier duda que pudiera surgir de la presunta aplicación del artículo 14 de la Ley 153 de 1887, por cuanto esa norma regula efectos de derogatoria de leyes y no de inexequibilidades. Si en verdad, hay similitudes entre estas figuras, en cuanto al efecto erga omnes y respecto a que en principio la vigencia es profuturo, salvo casos especiales[4], por el contrario, la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación.
Si la inexequibilidad de la ley no restaura "ipso jure" la vigencia de las normas que la ley inconstitucional considera como derogadas, habría que concluir que el mecanismo de control se tornaría ineficaz y esta equivocada conclusión vulneraría la supremacía de la Constitución y la guarda de la misma (artículos 4º y 241 C.P.). Por consiguiente, cualquier tesis que atente contra los efectos naturales del control constitucional debe ser rechazada.
QUINTO: Declarar EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 84 de 1993, precisando que los efectos de esta sentencia rigen hacia el futuro y no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, y que, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento constitucional, se restauran ipso jure las normas que habían sido derogadas por los apartes de la Ley 84 de 1993 declarados inconstitucionales en esta sentencia. (Negrilla fuera del texto original)
De otro lado el ciudadano identifica de manera tácita los efectos de la derogación de una norma derogatoria con aquellos de una declaración de inconstitucionalidad de esa misma disposición. Así, es cierto que la derogación de una norma derogatoria no revive automáticamente los contenidos normativos que habían sido expulsados del ordenamiento. Supongamos, por ejemplo, que una ley A ha derogado una ley B; es indudable que la derogación de esa ley A no revive automáticamente la ley B, por lo cual es necesario dictar y promulgar de nuevo esa ley B si se quiere que ésta pertenezca otra vez al orden jurídico. En ese orden de ideas, y como bien señala Kelsen, una norma puramente derogatoria, como la ley A, no puede, en sentido estricto y a nivel lógico, a su vez ser derogada, pues esa segunda derogación "carecería de consecuencias" ya que la norma inicialmente derogada, esto es la ley B, "no entraría por eso nuevamente en vigencia"[5]. Por ello es perfectamente válida, en relación con la derogación de normas derogatorias, la regla enunciada por el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, según la cual "una ley derogada no revivirá (...) por haber sido abolida le ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva.
En cambio, los efectos de una declaración de inconstitucionalidad pueden ser diversos, ya que la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta. Así, esta Corporación, en armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano[6], ha señalado, en determinados fallos, que la decisión de inexequibilidad es diversa de una derogación, y por ello puede implicar el restablecimiento ipso iure de las disposiciones derogadas por la norma declarada inconstitucional[7].
Esta diferencia de efectos entre la declaración de inexequibilidad y la derogación de una norma legal no es caprichosa sino que responde a la distinta naturaleza jurídica de ambos fenómenos. Así, la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del Legislador, pues ese órgano político decide expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación de la materia quede sometida a los principios generales del ordenamiento. Es pues un acto de voluntad política pues el Legislador evalúa, conforme a criterios de conveniencia, cuando es oportuno derogar una determinada disposición. Por ello es razonable que, en general, la derogación sólo tenga efectos hacia el futuro, pues la norma derogada era perfectamente válida hasta ese momento, y por elementales razones de seguridad jurídica las leyes no pueden ser retroactivas. Y, de otro lado, es natural que se señale que solamente por un nuevo acto de voluntad política puede revivir la norma inicialmente derogada, ya que el Legislador tiene la plena facultad de proferir nuevas disposiciones.
En cambio, la inexequibilidad surge de un conflicto normativo entre la Constitución y la ley, que es resuelto jurídicamente por el órgano a quien compete preservar la supremacía de la Carta. El juez constitucional no decide entonces conforme a su voluntad política sino que se limita a constatar esa incompatibilidad, y a expulsar del ordenamiento la disposición legal, por ser ésta de menor jerarquía. Por ello la declaración de inexequibilidad no es sólo hacia el futuro sino que puede tener ciertos efectos hacia el pasado, ya que la validez de la norma estaba en entredicho por su oposición a la Constitución. Los efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremacía de la Constitución -que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es retroactivos- y el respeto a la seguridad jurídica -que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc, esto es únicamente hacia el futuro-. Y, de otro lado, como la norma derogatoria no era válida, por estar en contradicción con la Carta, entonces es perfectamente lógico expulsarla del ordenamiento, por ministerio de la inexequibilidad, de forma tal que puedan revivir las disposiciones derogadas.
En síntesis, y tal y como esta Corporación ya lo había señalado, "la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación.[8]"”
C-562 de 1996:
La disposición declarada inexequible subrogaba el artículo 105 de la Ley 115 de 1994, también parcialmente acusado, por lo cual, conforme a criterios desarrollados en anteriores decisiones, se entiende que esa norma revive con el fin de evitar un vacío legal en la materia. En efecto, esta Corte ha indicado "que la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta"[9]. Ello ocurre precisamente en este caso, pues es natural que la inexequibilidad del artículo 129 del Decreto Ley 2150 de 1995 por exceso de facultades del Ejecutivo restaure ipso iure la vigencia del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, con el fin de preservar la regulación expedida por el Congreso en ejercicio de sus competencias constitucionales. Esto significa entonces que la Corte debe pronunciarse sobre el artículo 105 de la Ley 115 de 1994 parcialmente acusado, tal y como fue originariamente expedido por el Congreso, y no como fue subrogado por el artículo 129 del Decreto Ley 2150 de 1995, por cuanto esta última norma será declarada inexequible en este sentencia.
Autorizada como está la Corte para precisar los efectos de sus sentencias, debe expresar respecto de la presente que ella no revive las normas que antecedieron a las encontradas inexequibles. Aceptarlo así implicaría admitir que, contra lo expuesto en este Fallo, siguieron rigiendo en la materia objeto de regulación por ley marco unas disposiciones dictadas por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias -lo cual está prohibido por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución- o, peor todavía, decretos autónomos preconstitucionales, que hoy ya no pueden fijar las reglas aplicables al asunto del que se trata. Tales decretos habían sido retirados del ordenamiento jurídico por Decreto 1730 de 1991, expedido el 4 de junio de ese año, antes de que principiara la vigencia de la actual Constitución Política.
C-010 de 2000:
A pesar de lo anterior –es decir, la inferencia lógica que la disposición acusada había sido derogada por el artículo 3 de la Ley 51 de 1975-, la Corte considera que procede un pronunciamiento de fondo sobre el literal acusado, por las siguientes dos razones; de un lado, algunos podrían argumentar, con cierta razón, que una cosa es ser periodista y otra ser director de un radioperiódico, por lo cual, las normas que regulan los requisitos de idoneidad en uno u otro caso no tienen por qué ser iguales. Por ende, conforme a ese razonamiento, la Ley 51 de 1975 no derogó nunca el ordinal acusado, que ha sido la disposición que ha regulado siempre los requisitos de idoneidad para ser director de esos programas.
De otro lado, incluso si admitiéramos que la Ley 51 de 1975 había derogado el literal acusado, lo cierto es que esa ley fue retirada del ordenamiento por la sentencia de esta Corte C-087 de 1998, MP Carlos Gaviria Díaz, que consideró que la exigencia de tarjeta profesional para poder ser periodista violaba la libertad de expresión. Por ende, algunos podrían considerar que la decisión de inexequibilidad de la Ley 51 de 1975 revivió las normas precedentes, que habían sido derogadas por esa ley, y cuyo contenido no fuera incompatible con la doctrina fijada por la sentencia C-087 de 1998. En efecto, “la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta” (Sentencia C-055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 7). Ahora bien, continuaría el argumento, como esa sentencia se refirió a los periodistas en general, pero no al tema de los directores de programas radiales periodísticos en particular, entonces habría que concluir que el literal f) del artículo 7º de la Ley 74 de 1966 recobró vigencia, como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 51 de 1975.
Conforme a lo anterior, para la Corte no es totalmente claro que el literal acusado se encuentre derogado. Esta disposición puede seguir produciendo efectos, por lo cual procede un examen de fondo sobre su contenido.”
Como vemos, el artículo parcialmente impugnado había sido subrogado por normas posteriores, pero esas disposiciones que lo habían modificado fueron declaradas inexequibles por esta Corte Constitucional. Ahora bien, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia[10] y en armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano[11], ha indicado que en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los contenidos normativos derogados. Así, la sentencia C-055 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, indicó “que la decisión de inexequibilidad es diversa de una derogación, y por ello puede implicar el restablecimiento ipso iure de las disposiciones derogadas por la norma declarada inconstitucional”, ya que, “como la norma derogatoria no era válida, por estar en contradicción con la Carta, entonces es perfectamente lógico expulsarla del ordenamiento, por ministerio de la inexequibilidad, de forma tal que puedan revivir las disposiciones derogadas.”
Conforme a lo anterior, al haber sido declaradas inexequibles las normas que habían subrogado el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, este artículo ha recobrado su plena vigencia, por lo cual se encuentra produciendo efectos. Procede entonces un pronunciamiento de fondo sobre los cargos del actor.
C-501 de 2001: Control de constitucionalidad de norma derogada-reincorporación por inexequibilidad de la derogatoria.
Varias décadas de historia legislativa y Constitucional le dan hilación a la tesis de que hay normas que reviven cuando se declara inexequible la ley que trató de reemplazarlas.
A) La providencia precitada de la Corte Constitucional tiene como antecedente inmediato la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que al definir la acusación contra el artículo 146 del Decreto 294 de 1973, reconoció que las normas derogadas por el acto Legislativo Nº 1 de 1979 reviven al ser inexequible éste. Dijo entonces la Corte:
"Al ser declarada inexequible la modificación introducida en el parágrafo del artículo 208 de la Constitución por el acto Legislativo número 1 de 1979, y revivir el antiguo parágrafo de dicha disposición, adoptada como artículo 67 del Acto Legislativo número 1 de 1968, recuperó también su vigencia el artículo 146 acusado y por tanto, la Corte puede ejercer su jurisdicción constitucional sobre la norma demandada."
"Declarado inexequible en sus artículos vigentes el Decreto 700 de 1954, el cual, por medio de su artículo 113 derogó los Decretos 2266 de 1952, con excepción de su artículo 1º, 3134 de 1952, artículo 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto 2187 de 1953 y el artículo 7º del Decreto 2602 de 1951 desea el Ministerio de Hacienda saber si tales disposiciones derogadas por el Decreto 700 han vuelto a tener vigencia por causa de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 700.
"Aplicando los conceptos y conclusiones precedentes al caso consultado por el señor Ministro de Hacienda, el Consejo de Estado considera que la derogatoria que hizo el Decreto-Ley número 700 de 1954 de preceptos pertenecientes a otros estatutos, debe tenerse por no hecha desde la fecha de ejecutoria del fallo de la Corte que declaró la inexequibilidad de tal decreto, y que, en consecuencia, tales normas deben aplicarse mientras no hubiesen sido derogadas por otros decretos-leyes no declarados inexequibles, o hasta cuando se cumpla la previsión contenida en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1958."
"Una vez pronunciada la sentencia de inconstitucionalidad, la ley respectiva es privada de efectos de manera general, ni más ni menos que si hubiere sido abrogada por una ley posterior, y, por el contrario, recuperan su vigencia las disposiciones legislativas anteriores a la ley de inconstitucionalidad" .
C- Como antecedente legislativo están los artículos 123 del Decreto Ley 1675 de 1964, 155 del decreto 294 de 1973 y el artículo 83 de la Ley 38 de 1989. Dice este último:
"Si la Corte Suprema de Justicia declarare inexequible la ley que aprueba el presupuesto general de la nación en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente Estatuto.
"La misma norma se aplicará en caso de suspensión provisional de una o varias apropiaciones de la ley o del decreto."
Es entonces la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuación de una doctrina nacional, elaborada desde 1958 por el Consejo de Estado, reiterada en 1961. Esta tradición fue recogida en normas legales, (artículos 123 del Decreto Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y 83 de la Ley 38 de 1989) y adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia. Es pues un pensamiento Jurídico coherente con la teoría constitucional colombiana[12].
C-672 de 2002: INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Disposición acusada derogada tácitamente y declarada de forma diferida inexequible formalmente
Como es sabido, mediante Sentencia C-737 de 2001 esta Corporación declaró la inexequibilidad por vicios de trámite de la Ley 619 de 2000. No obstante, los efectos de la anterior decisión fueron diferidos por la misma Corte hasta el día 20 de junio del año en curso, a fin de que el Congreso expidiera la nueva ley que subrogara la 619 de 2000. De esta manera, si en la mencionada fecha el Congreso no hubiera expedido esa una nueva ley, la antigua Ley 141 de 1994 recobraría íntegramente su vigencia.
Finalmente, la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003 y del numeral 3° del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, no implica crear un vacío legal que dejará a los miembros de la fuerza pública sin los presupuestos legales indispensables para garantizar las prestaciones sociales que amparen sus contingencias de tipo pensional.
Sobre la materia es pertinente recordar que la Corte ha considerado que “la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta”[13].
C-464 de 2004: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia por declaración de inexequibilidad del decreto derogatorio
Así pues, de conformidad con la norma transcrita debían entenderse derogadas todas las normas que fueran contrarias a las prescripciones del Decreto 2070 de 2003 y como éste no incluía como causal de pérdida de derechos pensionales de las viudas o viudos de oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional el que ellas o ellos contrajeran nuevas nupcias, necesario era concluir que las disposiciones legales que contenían esta causal, como son todas las que se demandan en el presente proceso, se encontraban tácitamente derogadas.
No obstante, el Decreto 2070 de 2003 fue declarado inexequible mediante la reciente Sentencia C- 432 de 2004[14]. Esta circunstancia hace que cobren vigencia las normas anteriores relativas a la causal de pérdida de la pensión por muerte de oficiales o suboficiales de las fuerzas Armadas debida al hecho de que el cónyuge sobreviviente pensionado contraiga nueva nupcias, lo cual impone a la Corte llevar a cabo un pronunciamiento de fondo.
C-421 de 2006: Reviviscencia de norma derogada: Norma que establecía organismo competente para administrar carrera notarial y concursos, reincorporación al ordenamiento jurídico de norma derogada
Ahora bien, la Corte ha señalado que es claramente procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste, de darse determinados presupuestos, en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados[15].
Al respecto, la Corte ha señalado que ello es posible siempre que la disposición cuya vigencia se restablece no sea contraria a la Constitución[16] y que ello se requiera para asegurar la supremacía del Texto Fundamental[17].
Al respecto la Corte en la sentencia C-501 de 2001 hizo énfasis en que dicha orientación -reiterada en múltiples ocasiones[18]-, se encuentra en plena armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano en este sentido.
“Ante esa situación, se debe recordar la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a que la declaratoria de inexequibilidad de una norma implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del Texto Fundamental. (…)
Es entonces la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuación de una doctrina nacional, elaborada desde 1958 por el Consejo de Estado, reiterada en 1961. Esta tradición fue recogida en normas legales, (artículos 123 del Decreto Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y 83 de la Ley 38 de 1989) y adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia. Es pues un pensamiento Jurídico coherente con la teoría constitucional colombiana[19].”[20]
Así las cosas, resulta claro que el examen  que  efectúa la Corte en el presente caso del  aparte acusado del  artículo 11 de la ley 588 de 2000 mediante el cual se derogó el artículo 164  del Decreto-Ley- 960 de 1970  encuentra claro sustento superior, así como  que en caso de una eventual decisión de inexequibilidad  la consecuencia necesaria sería  que la disposición  por él derogada -de no ser contraria al ordenamiento constitucional y de resultar ello necesario para asegurar la supremacía de la Constitución-  se reincorpore al ordenamiento jurídico y recobre plena vigencia.
Como  consecuencia de dicha declaratoria  de inexequibilidad,  en armonía con  reiterada jurisprudencia de esta Corporación  ya invocada en esta sentencia[21], el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 recobra su vigencia  en los términos en que se encontraba  al momento de la expedición de la Ley 588 de 2000,  es decir tal como él regía luego de la sentencia C-741 de 1998 que declaró su exequibilidad parcial[22].
Cabe señalar al respecto  que  si bien la posibilidad de que una disposición que había sido derogada readquiera vigencia como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la derogatoria no es automática y supone que la disposición que “revive”  no sea contraria al ordenamiento superior y  además que ello sea necesario para asegurar la supremacía de la Constitución, es claro para la Corte que en el presente caso esos presupuestos se encuentran  reunidos.
Así, en consideración a lo planteado por la Corte en el sentido que la declaratoria de inexequibilidad de una norma derogatoria conlleva la reincorporación al ordenamiento de la norma derogada[23], el modelo legal del artículo 39 de la Ley 100/93 pervivió desde el 12 de noviembre de 2003 hasta el 29 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigencia la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1º modificó el artículo 39 citado.
La decisión partió de advertir que los fallos de inconstitucionalidad, contrario a como sucede en las decisiones de la jurisdicción común, “tienen efectos erga omnes y no inter partes, es decir, que sus efectos son obligatorios en forma general y oponibles a todas las personas sin excepción alguna. Así mismo, cuando no se ha modulado el efecto del fallo, una sentencia de constitucionalidad produce efectos a partir del día siguiente a aquél en que se tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad.” A reglón seguido, la sentencia recordó que en la medida en que el artículo 11 de la Ley 797/03 era una norma derogatoria, su inexequibilidad implicaba la reincorporación al ordenamiento jurídico de la norma derogada, esto es, el artículo 39 de la Ley 100/93.
C-699 de 2007: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE CLAUSULA DEROGATORIA-Casos en que por inconstitucionalidad de cláusula derogatoria procede restablecimiento de norma derogada
Al pronunciarse en relación con la pertinencia del control de constitucionalidad sobre disposiciones derogatorias, la Corte ha señalado que un factor determinante a tener en cuenta es que “… la declaración de inexequibilidad de una cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste, de darse determinados presupuestos, en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados[24].” [25]
Es claro que la consecuencia necesaria de la declaratoria de inexequibilidad de una disposición de derogatoria expresa no puede ser otra que el restablecimiento de la vigencia de las normas derogadas, puesto que de lo contrario el fallo sería inocuo. De manera general[26] la Corte ha señalado que ese restablecimiento procede cuando las disposiciones de cuya vigencia se trata no sean contrarias a la Constitución[27] y cuando ello se requiera para asegurar la supremacía del Texto Fundamental[28].
Sin embargo, cuando, como en la hipótesis planteada, la omisión resulta de la derogatoria del régimen que daba respuesta al imperativo constitucional con respecto al cual se predica la situación omisiva, es posible ejercer el control de constitucionalidad, porque, de encontrarse que ello es procedente, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma derogatoria tendría la virtud de corregir la omisión detectada, en la medida en que, como se ha señalado por la jurisprudencia, el efecto de la decisión de la Corte sería el restablecimiento de la vigencia de las normas derogadas.
Dispuso la Corte Constitucional que “la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003 (…), no implica crear un vacío legal que dejará a los miembros de la fuerza pública sin los presupuestos legales indispensables para garantizar las prestaciones sociales que amparen sus contingencias de tipo pensional.
Sobre la materia es pertinente recordar que la Corte ha considerado que ´la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta´[29].
Por consiguiente, es procedente reconocer la reincorporación automática de las normas anteriores que consagraban el régimen de asignación de retiro y de otras prestaciones a favor de los miembros de la fuerza pública, y que había sido derogado por el Decreto 2070 de 2003, en la medida en que su vigencia permite salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y trabajo de los citados funcionarios, como emanación de la supremacía de la parte orgánica del Texto Fundamental.”
11.- Lo anterior significa que en lo relacionado con la configuración del requisito correspondiente a cuántos años de servicio activo se requieren al momento del retiro, para acceder a las mesadas pensionales de la denominada asignación de retiro, la Corte Constitucional expresamente consideró que se debía reincorporar al ordenamiento jurídico la norma derogada (art. 144 D.1212/90) que exigía sólo 15 años de servicio activo.
(…) debido a que se declarará la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto Ley 1295 de 1994, la Corte deja establecido que de acuerdo con su línea jurisprudencial, quedan vigentes las normas jurídicas anteriores a la expedición de la disposición declarada inexequible en la presente providencia.
C-801 de 2008: EXEQUIBILIDAD DE NORMA QUE DEROGA NORMA DEROGATORIA-No implica el reingreso al ordenamiento jurídico de la norma derogada
Por eso, en el caso presente es preciso advertir que el hecho de que se haya declarado la constitucionalidad de la norma del art. 160 de la Ley 1151 de 2007, que derogó el inciso 3° del artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, no significa que haya reingresado al sistema jurídico colombiano la norma que, a su vez, había sido derogada por el inciso 3° del artículo 78 de la Ley 1111 de 2006. Lo anterior significa que la expresión “salvo el correspondiente a los productores oficiales, que podrán descontar del componente del IVA de este impuesto, el IVA pagado en la producción de los bienes gravados”, contenida en el inciso 4° del artículo 54 de la Ley 788 de 2002, no ha reingresado al ordenamiento en virtud de la disposición juzgada en la presente sentencia.
La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por preceptos declarados inconstitucionales es una constante que hace parte de la tradición jurídica nacional. Para ello, desde el periodo preconstitucional se tuvo en cuenta que las sentencias de inexequiblidad tenían efectos particulares, no asimilables a los de la anulación o a los de derogatoria. Antes bien, las sentencias de inexequibilidad, a pesar de tener efectos generales a futuro, incidían en la vigencia de las normas derogadas, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y específica. En ese sentido, para la doctrina más tradicional, asumida íntegramente por la Corte en sus primeros fallos, la inexequibilidad de la expresión derogatoria implica la reincorporación de la normatividad derogada, predicable desde el momento en que se adopta dicha sentencia de inconstitucionalidad, dejándose con ello a salvaguarda las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma cuestionada. Esta solución, como se observa, es plenamente compatible con el efecto ordinario ex nunc de las sentencias judiciales, pues la reincorporación de la norma derogada no es incompatible con el reconocimiento de plenos efectos de la disposición declarada inexequible, desde su promulgación y hasta la sentencia de inconstitucionalidad.
En este orden de ideas, la posibilidad de considerar reincorporadas al ordenamiento las normas derogadas dependerá de la demostración acerca del cumplimiento de las condiciones para que la Corte así pueda concluirlo.
Sobre este particular debe resaltarse que si se adoptara la tesis según la cual para el presente caso no es procedente la reincorporación y, por ende, se está ante un vacío normativo sobre la materia, se llegaría a conclusiones incompatibles con el Estado constitucional.
Por ende, a juicio de la Sala están suficientemente cumplidas las condiciones previstas por la jurisprudencia constitucional para la reincorporación de normas derogadas por preceptos declarados inexequibles.
La jurisprudencia reciente de esta Corporación, sentencia C-402 de 2010[30], después de un análisis de las distintas posturas que ha adoptado la Corte Constitucional en relación con si la declaración de inexequibilidad revive la norma derogada por el precepto excluido del ordenamiento jurídico, llegó a la conclusión que no siempre implica “la reviviscencia de normas derogadas”, pues para ello es necesario establecer: i) si el vacío normativo es de tal entidad que el orden constitucional se pueda ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre los principios de justicia y seguridad jurídica.
En el caso de la referencia, es claro que la declaración de inexequibilidad del Decreto 020 de 2011, la cual se hizo sin ningún condicionamiento en el fallo C-216 de 2011, ha de generar la inexequibilidad por consecuencia del Decreto 142 de 2011[31]. Por tanto, se hace necesario establecer si la norma sobre transferencia de recursos debe ser revivida. Veamos:
El artículo 6 original del decreto en estudio, regulaba la transferencia de recursos del Fondo Adaptación a entes públicos y privados señalando las condiciones para dicha operación.
La transferencia de recursos por parte del Fondo Adaptación, es una de las finalidades de esta entidad, según se lee en el artículo, transferencia que ante la declaración de inexequibilidad del Decreto 142 de 2011 queda sin sustento ni requisitos, cuestión que para la Corte genera un vacío que atenta contra el principio de legalidad, toda vez que la transferencia de recursos públicos de un órgano a otro debe contar con una autorización expresa, es decir, un título legítimo, en los términos del Decreto 111 de 1996, que de no existir, impedirá la operatividad misma del ente que crea el decreto en revisión, porque siendo de la esencia de la nueva entidad pública la transferencia de recursos para lograr entre otras “la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña” dicha función debe tener unos requisitos que, de no existir, pueden afectar los objetivos del fondo, el cual fue creado, entre otras, para contrarrestar los efectos de la mencionada ola invernal.
[1] “Para López Medina, el graficar la línea jurisprudencial favorece al intérprete puesto que: Permite identificar los patrones de cambio decisional a lo largo de la jurisprudencia, ya sea por sucesivas reorientaciones, o por modificaciones drásticas de la posición de la Corte. Evidencia las dinámicas de decisión colegiada al interior de la Corte, en tanto pueden presentarse graves disensos entre los magistrados, que todavía no han sido arbitrados. Representa la “fortaleza” de la línea en razón a la reiteración de los pronunciamientos sobre la misma subregla de derecho. Para López Medina, la “regla de reiteración”, entendida como la obligación que tiene una Corte de cierre de reiterar una determinada doctrina hasta el punto de su estabilización antes de exigirle a los demás jueces que sea considerada como precedente vinculante, no ha operado en el caso colombiano.” Extraído el 02 de abril de 2013 de: http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/grupo_investigacion/lineas_jurisprudenciales.htm
[2] Es importante anotar que si bien la sentencia C-421 de 2006 es una muestra relevante de la consolidación de la línea jurisprudencial, incluso con afirmaciones acerca de que la doctrina nacional y la tradición incorporada en normativas legales sobre la reviviscencia de la norma derogada, es un pensamiento jurídico cogerente con la teoría constitucional colombiana, es aún más fuerte y profunda la valoración histórica y jurisprudencial neoconstitucionalista.
[3] Consulta realizada el 02 de abril de 2013.
[4]Artículo 29 de C.P. y sentencia Nº C-113 de 15 de marzo de 1993 de la Corte Constitucional.
[5]Hans Kelsen. Ulrich Klug. Op-cit, p 71.
[6]Ver, por ejemplo, la sentencia del 22 de mayo de 1974 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Carlos Galindo Pinilla.
[7]Ver, entre otras, sentencia C-608/92 y C-145/94.
[8]Sentencia C-145/94. MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamento Jurídico No 5.
[9]Sentencia C-055/96. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 7.
[10] Ver, entre otras, las sentencias C-608/92, C-145/94 y C-055/96
[11]Ver, por ejemplo, la sentencia del 22 de mayo de 1974 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Carlos Galindo Pinilla.
[12] Sentencia C-045 de 1994. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[13] T-024Ade 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] En ese sentido ver, entre otras las sentencias C-357/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-432/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Jaime Araujo Rentería.
[16] La Corte ha precisado que no “revive ipso iure la normatividad anterior cuando ésta es claramente contraria, en términos de tipo de ley que debe desarrollar la materia, a los preceptos constitucionales. En Sentencia C-700/99 la Corte, en ocasión del establecimiento del efecto de sus sentencias, señaló que la inexequibilidad de las normas demandadas que sería declarada en el fallo no revivía las disposiciones anteriores. Consideró la Corte que “Aceptarlo así implicaría admitir que, contra lo expuesto en este Fallo, siguieron rigiendo en la materia objeto de regulación por ley marco unas disposiciones dictadas por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias-lo cual está prohibido por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución-o, peor todavía, decretos autónomos preconstitucionales, que hoy ya no pueden fijar las reglas aplicables al asunto del que se trata. Tales decretos habían sido retirados del ordenamiento jurídico por Decreto 1730 de 1991, expedido el 4 de junio de ese año, antes de que principiara la vigencia de la actual Constitución Política.” Auto 126/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17]. Ver entre muchas otras la sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araujo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil.
[18] Ver entre otras las sentencias C-618/01 M.P. Jaime Araujo Rentería A.V. Jaime Araujo Rentería, C-950/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-1190/01 M.P. Jaime Araujo Rentería A.V. Jaime Araujo Rentería, C-226/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-427/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araujo Rentería, C-357/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araujo Rentería, C-840/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-432/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araujo Rentería, C-464/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araujo Rentería, C-706/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño.
[19] Sentencia C-045 de 1994. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[20] Sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araujo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Ver entre otras las sentencias C-145/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-055 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-478/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-501/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araujo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil, C-618/01 M.P. Jaime Araujo Rentería A.V. Jaime Araujo Rentería, C-950/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-1190/01 M.P. Jaime Araujo Rentería A.V. Jaime Araujo Rentería, C-226/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, C-427/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araujo Rentería, C-357/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araujo Rentería, C-840/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-432/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araujo Rentería, C-464/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araujo Rentería, C-706/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Humberto Sierra Porto A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño.
[22] “Artículo 164. La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración Judicial integrado, entonces, por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos Notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los Notarios del país, en la forma que determine el Reglamento. Para el primer período la designación se hará por los demás miembros del Consejo.
El artículo fue declarado EXEQUIBLE, excepto en las expresiones tachadas que fueron declaradas INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-741 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[23] Sobre este tópico pueden consultarse las sentencias C-501/01, C-427/02 y C-357/03.
[24] En ese sentido ver, entre otras las sentencias C-357/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-432/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Jaime Araujo Rentería.
[25] Sentencia C-421 de 2006. Sobre los efectos de la inexequibilidad de disposiciones derogatorias, ver las sentencias C- 608 de 1992, C-145 de 1994, C-501 de 2001y C-427 de 2002.
[26] En los casos de derogatoria tácita o de derogatoria orgánica, la declaratoria de inexequibilidad de la norma de la que proviene la derogatoria no necesariamente conduce al reestablecimiento de la legislación preexistente y ese efecto queda librado a la decisión de la Corte al fijar el efecto de su fallo.
[27] La Corte ha precisado que no “revive ipso iure la normatividad anterior cuando ésta es claramente contraria, en términos de tipo de ley que debe desarrollar la materia, a los preceptos constitucionales. En Sentencia C-700/99 la Corte, en ocasión del establecimiento del efecto de sus sentencias, señaló que la inexequibilidad de las normas demandadas que sería declarada en el fallo no revivía las disposiciones anteriores. Consideró la Corte que “Aceptarlo así implicaría admitir que, contra lo expuesto en este Fallo, siguieron rigiendo en la materia objeto de regulación por ley marco unas disposiciones dictadas por el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias-lo cual está prohibido por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución-o, peor todavía, decretos autónomos preconstitucionales, que hoy ya no pueden fijar las reglas aplicables al asunto del que se trata. Tales decretos habían sido retirados del ordenamiento jurídico por Decreto 1730 de 1991, expedido el 4 de junio de ese año, antes de que principiara la vigencia de la actual Constitución Política.” Auto 126/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[28]. Ver entre muchas otras la sentencia C-501 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araujo Rentería S.P.V. Rodrigo Escobar Gil.
[29] [Cita del aparte transcrito] T-024Ade 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31] En sentencia C-264 de 2011, se declaró la inexequibilidad del Decreto 142 de 2011.
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