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Timestamp: 2018-04-19 10:44:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 43']

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DE LA ESTRADA. - PDF
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Raquel Navarrete Ponce
1 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO EXP. RA 14/2008. PROCURADORA DE LA ESTRADA. Pleno Sres.: D. José Antonio Varela González, Presidente D. Alfonso Vez Pazos, Vocal En Santiago de Compostela, 12 de noviembre de El Pleno del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, con la composición indicada más arriba y siendo Relator D. José Antonio Varela González, presidente del Tribunal, dictó la siguiente resolución en el Expediente RA 14/2008. Procuradora de La Estrada (Expediente 14/2008, del Servicio Gallego de Defensa de la Competencia) tras examinar la propuesta de no incoación del citado Servicio. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Con fecha 10 de julio de 2008, tuvo entrada en el Servicio Gallego de Defensa de la Competencia (SGDC, en adelante), procedente del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia (TGDC, en adelante), la denuncia presentada por D. C. I. M., en relación con posibles prácticas monopolistas de los procuradores de los Tribunales. 2.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, con fecha 31 de julio de 2008, el SGDC solicitó al interesado información adicional que permitiese considerar su escrito como denuncia. En concreto, le solicitó que presentara la siguiente información: 1. Nombre o razón social y domicilio de los denunciados. Es decir, deberá indicar qué personas o entidades concretas son objeto de la denuncia. 2. Hechos (concretos) de los que se deriva la existencia de una infracción y pruebas, de ser el caso, de estos.
2 3. Justificación de sus intereses legítimos para ser considerado interesado, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas e del Procedimiento Administrativo Común. 3.- Con fecha 21 de agosto el SGDC recibió la respuesta del denunciante, en la que identificaba como denunciada a doña M. M.-B. G., procuradora, aportando su dirección. Los motivos de la denuncia, tal y como se recogen en el Informe-propuesta elaborado por el SGDC, eran los siguientes: En las prefacturas proporcionadas por la procuradora se citan artículos e importes, pero no se especifica el trabajo realizado, ni que tablas de honorarios utiliza la procuradora ni como hace el cálculo de las cantidades. No haber recibido facturas por las cantidades de dinero entregadas por el denunciante. Imposición obligatoria y preceptiva de un profesional (se entiende que se está refiriendo a los procuradores que deben intervenir imperativamente en los procedimientos judiciales) e improcedencia del cuadro de aranceles, honorarios o tarifas. Improcedencia de las tasas de los procuradores, ya que, a su entender, vulnera los principios constitucionales de igualdad, tutela judicial efectiva e legalidad. 4.- Del expediente se desprende que lo que se denuncia es la conducta individual de una procuradora en relación al cobro de unos honorarios, así como la imposición legal, que da lugar a una práctica monopolista. 5. Tras examinar la documentación, el 9 de octubre de 2008 el SGDC procedió a realizar el trámite correspondiente a la determinación de la competencia para la resolución del caso, según lo previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero de Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. El SGDC considera que la conducta denunciada no afecta a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Galicia. 6.- Con fecha 23 de octubre de 2008, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC), reconoce la competencia de los órganos gallegos, aunque señala:
3 Sin embargo, en lo que se refiere a la posible impugnación de la normativa reguladora de la actividad de los procuradores, se trataría de un tema de ámbito nacional para el que esa CCAA no sería competente, tratándose un tema además que ya está siendo objeto de análisis por la Dirección de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de la Competencia a instancia del Consejo de la misma por Resolución de 28 de junio de 2008 (Expediente S/0022/07 procurador Madrid) [...] 7.- En su propuesta, el SGDC considera que la conducta individual de la procuradora denunciada no puede incurrir en la prohibición del artículo 1.1 LDC, ya que este artículo prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado. En este sentido, el SGDC señala textualmente: El desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional da Competencia, de la Administración General del Estado, manifestaron que La convergencia de comportamientos plurales es condición indispensable para que una determinada conducta pueda incurrir en la prohibición del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que el mismo veta las conductas colusorias, es decir, las consistentes en un acuerdo de voluntades entre dos o más agentes económicos con el propósito, el efecto o la aptitud de afectar negativamente a la libre competencia, lo que no sucede cuando los hechos son fruto exclusivo de la voluntad y de la conducta unilaterales de la parte a la que se atribuyen. En este sentido, el tribunal ha mantenido reiteradamente el principio básico de que las disposiciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia son aplicables exclusivamente a los acuerdos bilaterales o plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su manifestación formal, sean adoptados por un solo sujeto (resoluciones dictadas en los expedientes r 374, r 397 y r 538, entre muchas otras y, en el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de septiembre de 2003) [Resolución expediente 596/05, Fabricación máquina herramienta, y Resolución expediente S/0022/07, Procurador Madrid]. 8.- Respecto a la práctica monopolística a la que se refiere el denunciante, el Servicio considera que: puede considerarse una práctica plural si bien, como se ha indicado en el punto 6, este aspecto tiene dimensión española y ya está siendo analizado por la
4 Dirección de Promoción de la citada Comisión Nacional de la Competencia a instancia de su Consejo. 9.- En coherencia con lo anteriormente argumentado, el SGDC remite al TGDC, con fecha 24 de octubre de 2008 (entrada en el TGDC el 28 de octubre de 2008), en aplicación del artículo 49.3 de la Ley 15/2007, su propuesta de no incoar expediente sancionador, con el correspondiente archivo de la denuncia Este Tribunal deliberó y se pronuncio sobre el asunto en su reunión del 11 de noviembre de FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC en adelante), establece en el artículo 49.3 que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 e 3 LDC, y el archivo de actuaciones, cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. En virtud de la Disposición Adicional Octava de la misma Ley 15/2007, esta facultad está atribuida también a los órganos de resolución de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, en el caso de Galicia, este Tribunal. SEGUNDO.- El SGDC propone la no incoación del expediente argumentando que la conducta considerada constituye un comportamiento unilateral de la denunciada, que se encuentra fuera del campo de aplicación del artículo 1.1 LDC., pues que se denuncia es una discrepancia en el coste de los servicios prestados por la procuradora en el marco de la relación profesional/cliente, que tiene sus propios mecanismos de solución, aunque sean cuestionados por el denunciante. El TGDC está de acuerdo con la apreciación del Servicio, ya que en la conducta considerada no se identifican indicios de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela. Por otra banda, tampoco se aprecian indicios de prácticas que vulneren el artículo 2 y el artículo 3 LDC. Consecuentemente, en el caso hipotético de que tal
5 conducta infringiera alguna norma, no corresponde su evaluación a este Tribunal. TERCERO.- Respecto de la denuncia relativa al marco normativo, el artículo 4.1. LDC señala que: Sin prejuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones de este capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley. En este punto, en el escrito se denuncia, por un lado, la Imposición obligatoria y preceptiva de un profesional (se entiende que se está refiriendo a los procuradores que deben intervenir imperativamente en los procedimientos judiciales) y por otra, la improcedencia del cuadro de aranceles, honorarios o tarifas. En lo relativo al primer aspecto, la imposición obligatoria y preceptiva de un procurador se encuentra recogida en el artículo 43.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el que se establece que: corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, excepto cuando la ley autorice otra cosa. Y, en el segundo, relativo la existencia de un cuadro de aranceles, el artículo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señala que: se regularan con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos. La aprobación de la cuantía del arancel de los procuradores de los Tribunales se estableció en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. Consecuentemente, el artículo 43.1 da Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el artículo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fundamentan la dispensa legal para las actuaciones denunciadas.
6 Lo anterior se debe entender sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo la Comisión Nacional de la Competencia, y del alcance de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (conocida como Directiva de servicios ) 1. Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Tribunal RESUELVE PRIMERO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente sancionador por las conductas denunciadas por D. C. I. M., contra la procuradora Dª M. M.-B. G., con dirección en el Ayuntamiento de La Estrada, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, con el correspondiente archivo de actuaciones, por no apreciarse indicios de conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. SEGUNDO.- Admitir la propuesta del SGDC de no incoar expediente sancionador por la práctica monopolista denunciada por D. C. I. M., por existir amparo legal para la misma. Comuníquese esta Resolución al SGDC y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de esta Resolución. 1 DOUE L 376, do , p. 36.
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