Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/43950
Timestamp: 2020-02-20 16:09:47
Document Index: 273106638

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 74', 'Artículo 108', 'Artículo 113', 'Artículo 128', 'artículo 217', 'artículo 27', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 41', 'Artículo 35', 'Artículo 39']

Gaceta: LXII/2PPO-26/43950
Propone reformas constitucionales para establecer como un derecho del ciudadano el de exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han podido dar cumplimiento a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso.
Reafirma este derecho al introducir en la Constitución que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a este el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo, con independencia de aquellos que deben cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas.
Para reafirmar la disposición anterior, se establece que los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular correspondientes a cada proceso electoral, esto por un término de 12 años, para efectos de que sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos, sin perjuicio de que contiendan de forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianza que establezca la ley.
La renovación, y en su caso la destrucción de los datos contenidos en las bases antes mencionadas, se harán siempre atendiendo al plazo señalado en el párrafo anterior, sin que pueda eliminarse la información o datos que no hayan cumplido los 12 años de antigüedad.
EL que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:
Todo candidato a un puesto de elección popular tiene el deber de exponer y dar a conocer a los votantes sus propuestas de campaña, sus promesas, planes y acciones de trabajo en caso de que la victoria en las urnas esté de su lado.
Es en base a un amplio y profundo trabajo de convencimiento que el político atrae las simpatías y los sufragios hacia su proyecto de trabajo o de gobierno. No hay otra forma; no existen las campañas silenciosas, las campañas sin promesas o sin planes de acción en caso de que el aspirante a ocupar un cargo haga realidad su sueño.
Los partidos políticos, con excepción de los llamados candidatos independientes, deben contar con plataformas políticas, declaración de principios y estatutos donde queden plasmados los fines y objetivos de cada instituto político, así como su plan de trabajo y acciones en relación a la política del país o de la entidad federativa en el caso de aquellos con carácter estatal únicamente.
Sumado a lo anterior, existe el principio de rendición de cuentas del servidor público y de las entidades gubernamentales, quienes deben dar la cara a sus representados y explicar lo que han hecho, la forma en que ha sido manejado el presupuesto, o bien, las acciones de gobierno que se han emprendido para cumplir con las agendas y los compromisos adquiridos.
La rendición de cuentas se ha convertido en el elemento principal de los llamados gobiernos democráticos que buscan establecer frenos al abuso de poder y la corrupción, y garantizar que los gobernantes actúen con apego a la ley, honestidad, transparencia y eficiencia en su quehacer.
Rendición de cuentas en el ámbito político significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”. Desde luego, diversos tratadistas le confieren acepciones un poco diferentes al concepto; es el caso, que cualquiera que sea la concepción que se elija, siempre llevará implícitos los siguientes elementos:
A)	Es un deber de todo servidor público el rendir cuentas, entendiendo como servidor público a todo aquel que posee dicho carácter de acuerdo a nuestra Constitución General, a las locales y a las leyes que de ambas emanan.
B)	Bajo reglas claras, ya sea leyes o reglamentos, el servidor debe explicar a la ciudadanía de forma clara, honesta y transparente lo que ha sido su quehacer en determinado periodo de tiempo, incluyendo la forma en que ha ejercido las atribuciones que la ley le confiere.
C)	El servidor público debe explicar también los fracasos, errores o impedimentos que ha tenido para cumplir con sus funciones, sean estos de tipo presupuestal, legislativo, político, social, legal, administrativo, moral, etc.
D)	Rendir cuentas e informar van de la mano, un informe de un servidor público no puede ser “hecho a la medida”, informar sólo lo positivo y ocultar lo negativo; maquillar cifras, alterar los hechos, mentir, echar culpas a inocentes o simplemente tergiversar la verdad para justificar el incumplimiento de una responsabilidad. Por otra parte; rendir cuentas es explicarle a la gente lo que se ha hecho con el presupuesto asignado, con los proyectos o encomiendas que le fueron encargadas o delegadas al servidor; y qué acciones ha realizado de conformidad a los planes de trabajo que, de acuerdo a la normatividad o los acuerdos suscritos le fueron asignados para ser cumplidos en un determinado plazo de tiempo.
Esto es, la rendición de cuentas lleva implícito siempre, y en todo caso y momento, el deber de decir la verdad, sea cual sea esta.
Nuestra Constitución General, aunque de forma no propiamente directa, impone o contempla el deber de rendir cuentas en las siguientes disposiciones:
Artículo 6o… …
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibiry difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión…
A.	Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I.	Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. II.	Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos… III.	Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. IV.	La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes…
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición…
I.	Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: …
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas…
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones….
Artículo 113.Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas…
Artículo 128.Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen…
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79…
…El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo…
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar…
En la especie, y de forma genérica, se considera que se rinden cuentas a través de las leyes e instrumentos relacionados con el acceso a la información, la transparencia, la fiscalización de los recursos públicos y, en un tercer caso, el deber de rendir informes públicos que tienen determinados funcionarios, dependencias, organismos (autónomos, descentralizados y centralizados) y poderes de acuerdo a la ley vigente (informes de gobierno, informes de actividades, informes legislativos, etc.)Y es verdad. Pero;los especialistas consideran que la rendición de cuentas presenta características y elementos diferenciadores según sea el ámbito, el deber constitucional plasmado, y el tipo de sistema que cada país ha decidido adoptar en la materia.
En nuestro sistema constitucional y jurídico, la rendición de cuentas se da bajo los instrumentos y marcos legales siguientes:
DELEGACIÓN (DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS)
I.	En materia de fiscalización del ejercicio del presupuesto público y de la legislación que le es inherente, la facultad es concedida a una entidad pública (Auditoría o Contaduría, por citar los nombres más comunes que se dan a estos organismos) que a su vez depende del Poder Legislativo (federal o local).
II.	De manera alterna, el Poder Ejecutivo también posee la capacidad de fiscalizar a las dependencias y organismos bajo su mandato y jerarquía, por conducto de los llamados órganos de control (contralorías). Aunque en este caso, la fiscalización no es lo que podemos definir como “especializada”, sino de un carácter y alcances más variados (ejercicio de los recursos, observación de la normatividad, contratación de personal, funciones de los servidores públicos, cumplimiento de las leyes de responsabilidades, observancia de las disposiciones en materia de contrataciones y adquisiciones del sector público, etc.)
DELEGACIÓN Y FISCALIZACIÓN PERSONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
I.	La ley impone al sujeto obligado el deber de publicar determinada información en su sitio WEB (información pública mínima.
II.	La ley establece que el sujeto obligado debe informar o dar a conocer al ciudadano todo tipo de información en su poder, a excepción de la que posea carácter reservado, confidencial o de datos personales en términos de la propia legislación.
III.	Un organismo público autónomo se encarga de vigilar que los sujetos obligados cumplan con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.
IV.	El mismo organismo antes mencionado posee la atribución de asesorar, orientar, apoyar y en su caso defender y representar los derechos de los ciudadanos en el rubro de transparencia y acceso a la información.
V.	Determinadas entidades poseen la atribución legal de requerir información a otras; ejemplo: El Poder Legislativo (federal o local) a otros poderes, organismos y dependencias públicas. O bien, a un servidor público determinado. Información que, una vez obtenida, es de carácter público salvo ciertas excepciones determinadas por la ley o en su caso, por autoridades administrativas o judiciales mediante acuerdos, laudos o sentencias.
En nuestra legislación y en el lenguaje político de uso diario, el concepto “rendición de cuentas” se utiliza de modo generalizado y bajo criterios y conceptos variados, todos ligados entre sí, pero distintos a la hora de “filtrarse” y analizarse por separado. A saber:
Responsabilidad Política: Se traduce como el deber que tienen los gobernantes de rendir cuentas de sus actos, pero en los hechos, no siempre el gobernante está obligado legalmente, aunque lo esté por aspectos morales o éticos. En otros casos, puede existir responsabilidad, pero sin sanciones, sin un régimen sancionador.
Todo servidor público tiene siempre “responsabilidad política”, pues ello implica actuar apegado a derecho, y ser congruente y legal en su trabajo, actos y decisiones. Sin embargo, estos deberes pueden quedar sólo en eso, un deber que no se cumple ante nadie, pues no se coloca al servidor ante otra persona o instancia que le exija una rendición de cuentas, y en su caso, le aplique sanciones.
Responsividad (el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua no reconoce esta palabra, pero es de uso común en varios países; traducción del término inglés responsiveness, y que algunos también traducen como “sensibilidad política”): Es la conducta del gobierno o gobernante que trata de reaccionar siempre a favor de las críticas y preferencias de la gente, de los gobernados. Es un compromiso unilateral del gobernante para ofrecer acciones a favor de la gente con prontitud y eficiencia (un gobernante que por voluntad e iniciativa propia trata de congraciarse con su pueblo).
Control y Fiscalización: Son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no siempre implican el deber del gobernante o entidad para informar o rendir cuentas de forma periódica y con amplios contenidos relacionados con su quehacer.
Transparencia: Es el mecanismo legal e institucional por medio del cual las entidades y los gobernantes (sujetos obligados) cumplen con revelar la información que posee carácter público de acuerdo a la ley, y en su caso, a los criterios judiciales o administrativos aplicables.
Acceso a la información: Es el mecanismo por medio del cual los ciudadanos ejercen el derecho de solicitar información o documentos determinados a la administración pública.
Sin embargo, los instrumentos relacionados directa o indirectamente a la rendición de cuentas que ya hemos expuesto en la presente, y que forman parte de nuestro marco jurídico-legislativo poseen un gran faltante, uno que hiere de modo profundo el tejido social, que lastima al elector, a la ciudadano y al ciudadano que creyó en una promesa de gobierno, en un “paquete” de promesas, planes y acciones que le abrieron las esperanza de una vida mejor.
LA INEVITABLE VINCULACIÓN ELECTOR-PROMESAS DE UN CANDIDATO A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR
I.	Los partidos, coaliciones, candidatos comunes o candidatos independientes, deben convencer al ciudadano de ser la mejor opción para ocupar determinado cargo público (regidor, síndico, alcalde, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o presidente de la República).
II.	El elector, por conducto de los medios de comunicación y de la publicidad electrónica, digital e impresa, escucha las diferentes ofertas políticas, tanto partidarias como de los candidatos en pugna.
III.	Lo actos públicos de convencimiento son otro medio por medio del cual se busca el favor del sufragio.
IV.	El ciudadano sopesa en su mente las distintas ofertas políticas, las confronta con la realidad que vive, con sus propias necesidades, con las de su familia, colonia y ciudad, y al final, toma una decisión acerca de por quién votará el día de la jornada electoral.
Esto genera una responsabilidad totalmente vinculante entre el elector y el gobernante electo, puesto que el segundo accedió al poder público gracias a que su propuesta de campaña convenció al número suficiente de ciudadanos para obtener la victoria; y por ende, queda obligado con estos a cumplir sus promesas.
Indudable es también la influencia y poder de convencimiento del partido o coalición de partidos que avaló al ganador; puesto que los institutos políticos, como se ha demostrado, gozan de simpatías y del llamado “voto duro” en cada proceso electoral, votos que se suman a los que obtiene el candidato por méritos propios.Existe pues, la responsabilidad de cumplir las promesas de campaña, tanto del candidato ganador, como del instituto o alianza de partidos que lo promovieron y apoyaron.
EL RELEVANTE “CASO COAHUILA” Y LOS CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE PROMESAS DE CAMPAÑA
En el Documento de la UNAM titulado “REFLEXIONES DESDE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL.VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CAMPAÑA POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. UN MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO”. De la autoría dela Ministra de la Suprema corte de Justicia de la Nación, OlgaSánchez Cordero de García Villegas. De febrero de 2011; podemos leer los siguientes extractos, que resultan sumamente relevantes para la justificación de la presente:
Inicio de la cita textual:“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una serie de acciones de inconstitucionalidad en las cuales analizó, entre otros temas, la facultad atribuida por la Constitución del Estado de Coahuila al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad para verificar y dar seguimiento a los compromisos de campaña realizados por los candidatos a un puesto de elección popular; atribución a la postre considerada por una mayoría del Tribunal Pleno, como contraria del orden constitucional, no obstante, la minoría estimó resultaba razonable la integración de esa medida en el sistema electoral como un mecanismo que fomenta la participación ciudadana; en ese sentido, esa minoría adujo que dar un seguimiento a los compromisos de campaña, estrecharía la identificación de la ciudadanía con sus representantes, tornándose en el fortalecimiento del Estado de Derecho, como se pretende demostrar en este trabajo.”
Como resultado de una intensa e interesante discusión sobre el tema, una mayoría calificada de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional, arribó a la conclusión de que los preceptos impugnados resultaban inconstitucionales. La decisión mayoritaria sesustentó en las consideraciones a continuación sintetizadas:
Con las porciones normativas impugnadas se violaban los principios constitucionales rectores de certeza y objetividad, por no aclarar el momento en el cual se llevaría a cabo la verificación o en qué consiste, esto es, si se realiza al momento de las campañas o después de las mismas, si consiste en una revisión o una confronta entre los compromisos de campaña y las posteriores acciones de gobierno tendientes a su cumplimiento.
No establece si son objeto de verificación los compromisos de campaña de todoslos partidos políticos contendientes o sólo de los ganadores en la elección correspondiente.
La norma general impugnada, en la porción relativa, contraviene la objetividadelectoral, pues la falta de certeza de la formulación normativa bajo análisis puede generar conflictos que alteren el desarrollo del proceso electoral.
Del artículo 217, párrafo segundo, del Código Electoral local:
a)	No existe coincidencia sobre el sujeto al cual se dirige la “verificación”, pues la Constitución Local se refiere a los compromisos de campaña de los partidos políticos, y la norma secundaria a los de los candidatos;
b)	La verificación y su objeto, generan incertidumbre al imponer a los gobernantes se incluya en su plan de trabajo los compromisos de campaña, así como la entrega anual de una copia de su informe de labores, pues esto indicaría la constatación por parte del Instituto estatal local de los compromisos de campaña con el informe anual de labores para determinar el cumplimiento de aquéllos; y
c)	No se establece hasta dónde llega dicha facultad de verificación.
La regulación de la facultad de verificación por la norma legal bajo examen puede dar lugar a situaciones conflictivas.
Se declara la invalidez del artículo 27, fracción III, párrafo 9, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porción normativa señala: “...la verificación de los compromisos de campaña de los partidos políticos...”; y enconsecuencia la de los artículos 105, fracción VII, 157, 158 y 217, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ahora bien, tal como lo manifesté en la sesión pública donde se abordó el estudio ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la “Facultad de la autoridad electoral local administrativa para verificar los compromisos de campaña de los partidos políticos”, mi opinión sobre la interpretación que se debió dar al contenido de los artículos impugnados es diferente a la votada por la mayoría del Pleno, en mi concepto los artículos impugnados no debieron ser declarados inconstitucionales.
En ese sentido, la facultad de verificación de los compromisos de campaña conferida en el numeral 21 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Instituto Electoral de esa Entidad, en modo alguno trastoca postulados fundamentales; por el contrario, considero en ejercicio de la facultad de autorregulación conferida por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal al Estado de Coahuila, la norma es acorde con el sistema democrático, pues tiende a garantizar el respeto integral del voto ciudadano; además de ser una norma que fomenta la capacitación y la educación cívica en la emisión de los sufragios.
Lo anterior, aunado a la previa existencia de dos precedentes en los cuales el Tribunal Pleno había enfatizado que la fracción IV, del artículo 116, confiere expresamente a laslegislaturas de los Estados el establecer y desarrollar en su legislación a la autoridad administrativa electoral su correspondiente integración, sus atribuciones y su funcionamiento, atendiendo a las características particulares imperantes en la entidad, claro está, sin sobrepasar los postulados de la propia Constitución Federal; incluso, en tales precedentes se había señalado dicha facultad de autoconfiguración de los Estados en materia del establecimiento de la autoridad administrativa electoral es amplísima, las entidades federativas bien pueden establecer y conferir a sus correspondientes institutos electorales las atribuciones estimadas pertinentes, siempre y cuando sean razonables con su función y naturaleza.
En ese sentido conviene señalar: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el análisis de las leyes electorales es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puntos de partida de los criterios de validez que orientan el examen de ese tipo de normas, pues para verificar el apego de las leyes secundarias a la Norma Fundamental, además de atender a lo que ésta textualmente establece, también deben observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico armónico, el cual guardará uniformidad y consistencia en relación con los fines que persigue el sistema electoral mexicano. Por tanto, es irrelevante que algunas disposiciones que contienen esos principios rectores y valores democráticos no sean exactamente aplicables al caso concreto por referirse a supuestos jurídicos diversos, ya que la concisión de dichas normas impide reiterar literalmente dichos conceptos fundamentales a cada momento, de manera que corresponde al Máximo Tribunal del país extraerlos de los preceptos constitucionales para elevarlos a categorías instrumentales o finales de interpretación, de modo tal que la propia Constitución sea la causa eficiente de toda resolución, no únicamente por su semántica, sino también conforme a sus propósitos”
Este estudio, encuentra su razón en la postura coincidente tanto del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, como de quien escribe estas líneas, a partir de la argumentaciónsostenida en el debate llevado en la resolución de las referidas acciones de inconstitucionalidad, por considerar los artículos impugnados, de la parte aquí referida, debían ser declarados constitucionales.
Con la finalidad de explicitar los motivos por los cuales la minoría se apartó del criterio que sostuvo la declaración de invalidez de la normativa electoral del Estado de Coahuila, en los apartados subsecuentes se hará referencia a diversos conceptos que en mi opinión, debieron tenerse en cuenta para la emisión de la sentencia relativa, conceptos en algún momento relacionados con el contenido de las normas invalidadas para hacer patentes los motivos del disenso minoritario.
FIDELIDAD EN LA REPRESENTACIÓN
“La democracia es la lucha de los sujetos en su cultura y en su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas”
Si en un Estado democrático se determina el otorgamiento de facultades a los organismos ciudadanos constitucionalmente reconocidos transgrede los principios rectores de certeza y objetividad, se debe considerar una ruta que nos conduzca a determinar si efectivamente se están vulnerando tales principios, en mi opinión, ese recorrido se puede emprender si respondemos la siguiente interrogante: ¿Qué postulado fundamental puede violar una disposición tendiente a salvaguardar el respeto integral de la voluntad ciudadana?En ese esfuerzo se deben considerar elementos que al integrarse formen una postura, los cuales ayuden a responder dicho planteamiento; así, resulta conveniente analizar diversas fuentes del conocimiento jurídico, como son las normativas, jurisprudenciales, doctrinales e históricas, así, la democracia como régimen político involucra de manera concreta las formas de cómo acceder al poder, esto es, a través de elecciones libres, legítimas y periódicas, así como la protección de su ejercicio, con absoluto respeto a los derechos fundamentales.
No debemos olvidar, el artículo 3º de la Constitución Federal, establece la democracia debe entenderse no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y en ese mejoramiento interviene directamente la identificación y respeto guardado por los gobernados frente a los actos de gobierno.
Un aspecto imprescindible en la estructura del sistema democrático son los procesos electorales, dentro de este sistema también se encuentra el claro y serio ejercicio del poder mandatado, para lo cual, los partidos políticos dinamizan el funcionamiento del sistema, en ese sentido, lo determinado a través de un sistema electoral es la cuestión relacionada con la representación política, es decir, el sistema electoral determina las posibilidades de éxito de los partidos políticos en su competencia por el poder.
Por lo anterior, el sistema electoral tiene por objeto determinar las reglas mediante las cuales los electores expresan sus preferencias políticas, traducidas en votos, y pueden convertirse en curules parlamentarias o en cargos de gobierno; en ese sentido, la herramienta imprescindible de todo sistema electoral denominado democrático es el voto o sufragio, definido por la Real Academia de la Lengua Española como la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, llevado a términos políticos, es la expresión de la voluntad libre y secreta del ciudadano a efecto de elegir una persona o personas como sus representantes.
Si tal representación no se cumple conforme a las expectativas de los electores, se corre el riesgo de llegar a la visión que advirtieron Karl y Scmitter, quienes abandonaron la visión “schumpeteriana”de la democracia, y señalaron ésta se basaba en una “falacia del electoralismo”, esto es “la creencia de que sólo por el hecho de llevar a cabo elecciones, la acción política se encaminará a justas pacíficas entre elites y entregará la legitimidad pública a los ganadores”
Entonces, para lograr esa identificación social legitimadora de los comicios electorales,deben considerarse elementos vitales para el sistema democrático, entre éstos se encuentran tres, los cuales desde la perspectiva de la tipología constitucional escrita, tienen su génesis en la Constitución Norteamericana de 1788 y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; punto de partida de la democracia actual: la efectividad del sufragio, los compromisos de campaña y la representación.
a)	Efectividad del sufragio
“El fin de toda constitución política es, o debería ser, primeramente, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”. ……
En ese sentido y a modo de referencia sobre la jerarquía que ha llegado a obtener el alcance del sufragio en otros Estados, en la Constitución Política de Colombia en 1986, se estableció: “el sufragio se ejerce como función constitucional. El que sufraga o elige, no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al funcionario electo”, por lo cual, haciendo una valoración en contrario sucede esta disposición constitucional, se advierte el alcance del sufragio puede llegar a tener alcances no limitantes al acto de votar en la jornada electoral, se puede anotar de esta comparación, la naturaleza misma del sufragio puede extender sus efectos hasta los actos del ganador en la contienda electoral y de alguna manera, la suma de voluntades, más no la coacción pública, puede configurarse en un mandato, por supuesto con carácter muy general, sobre las acciones desplegadas en sus actos de representación y en sus actos de gobierno.
Lo anterior considerando en nuestra norma fundamental, los artículos 41, fracción I, 116, fracción IV, inciso a) y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f ), señalan respectivamente que en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, de los gobernadores, los miembros de las legislaturas locales y los integrantes de los ayuntamientos; así como del Jefe de Gobierno, los Diputados a la Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, respectivamente, se deben sujetar a elecciones realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
Siendo coincidente también, la propia Constitución Política Federal en sus artículos 115, fracción I, párrafo tercero, y 122, apartado C, base segunda, fracción I, párrafo tercero, refieren la existencia de un mandato “constitucional”, y aunque es para efectos de suspender o revocar el mandato en el caso de los miembros del ayuntamiento, o la remoción del mandato en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; la forma en que todos los representantes referidos en el párrafo anterior llegan a ostentar su cargo, no es distinta a la emanada de la realización y resultado de elecciones realizadas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
Por lo anterior se advierte, si bien no se pueden imponer obligaciones al candidato electo cuando ya está en el ejercicio del cargo para el cual fue votado, sí existe un mandato con particularidades muy específicas, -las cuales serían materia de otro estudio-, respecto del cual se extiende un vínculo entre el sufragio efectivo y los actos del representante popular.
En ese sentido, aún cuando el funcionario electo no asume ninguna obligación respecto del elector, y solo bajo circunstancias especiales se puede revocar el mandato conferido, siguiendo a Hernández Becerra, sería conveniente establecer principios que aseguren por parte del elegido, la lealtad debida a su afiliación partidista, a los programas de partido y a sus promesas electorales.
Asimismo, en un Estado democrático los titulares del poder político son designados mediante elecciones libres, en las cuales sin discriminación y previos los requisitos establecidos, pueden participar todos los ciudadanos, mediante la instrumentación de un derecho fundamental, es el voto universal, libre, igual y secreto, quienes se constituyan en gobernantes se deben sujetar a periodos determinados, con la finalidad posibilitar jurídicamente la alternancia en el ejercicio del poder. En ese sentido, debe subsistir un reconocimiento de los derechos político-electorales del ciudadano, pero éste por sí mismo no basta para poder ejercer y alcanzar efectividad, por ello es imprescindible pasar del lenguaje de los derechos, para llegar hasta su pleno ejercicio, por ello se debe promover la participación de los ciudadanos a través de la efectividad del sufragio
Siguiendo lo anterior, los derechos político-electorales, no deben agotarse únicamente en el proceso electoral, éstos además de su carácter de derecho fundamental, repercuten en el interés público derivado de su propia materia, por eso no son derechos aislados, se integran para fortalecer la estructura del sistema jurídico-político, mediante la legitimación de sus resultados, por ello el sistema democrático se fortalece cíclicamente a través de la publicación de la convocatoria que fija las bases para los comicios electorales, el desarrollo interno de selección de candidatos por parte de los partidos políticos, la postulación de las candidaturas, el periodo de campaña, la jornada electoral, los resultados de la votación, la entrega de las constancias de mayoría, la justicia electoral y la cultura cívica, labor compartida para los actores políticos, los organismos reguladores y las bases ciudadanas.
En ese ejercicio cíclico, como se proponía en el caso comentado, si el candidato vencedor de la contienda electoral informa anualmente los resultados de su mandato al organismo ciudadano a cargo de la organización del proceso electoral, y dicho órgano ciudadano en una manera imparcial difunde tanto los compromisos de campaña registrados conforme a las plataformas políticas del partido político que lo postuló, como las actividades realizadas anualmente; esto contribuye a formar una cultura cívica y una conciencia del sistema democrático, el cual como he referido, no se agota en el proceso electoral.
Lo anterior además, sería una fuente de información fidedigna sobre el desempeño dequien ostenta cargos de elección popular, aportando elementos objetivos para el potencial elector, quien ejerza en su fuero interno un juicio conforme a la valoración que considere ameritan los resultados del desempeño de quien obtuvo la mayoría de los sufragios; de esa forma, se establecería un mecanismo ciudadano para exigir mediante la coacción moral a quien ha resultado ganador, guardar fidelidad tanto a los compromisos de campaña asumidos conforme a su plataforma política, como a sus electores, y aún cuando por circunstancias del ejercicio del puesto de elección popular pudiera separarse de su partido, los compromisos asumidos hacia el electorado, no de manera formal, pero sí por la fuerza moral, deben ser observados.De considerarse lo anterior, el respeto al voto ciudadano se debe ver en dos dimensiones, por una parte el sufragio emitido será aceptado y reconocido a través de la declaración de validez plena al hacer la declaración oficial de los sufragios emitidos conforme a las disposiciones normativas de la materia y ésta corresponde a los órganos a cargo del proceso electoral, así como a los órganos jurisdiccionales de la materia; y en un segundo plano, se da en el ejercicio del cargo de elección popular, a través de la fidelidad guardada por el candidato ganador a la voluntad ciudadana, la cual lo favoreció en la jornada electoral,esto no de manera limitativa, pues el compromiso adquirido no solo comprende a los electores que lo favorecieron, sino que aún quienes con su voto apoyaron una propuesta política distinta, con el ejercicio del sufragio legitiman el sistema democrático, el proceso electoral y de modo específico el triunfo de quien obtuvo la mayoría de los votos, por lo cual al protestar el cargo público, lo hace ya no solo por sus simpatizantes, quienes lo han llevado al triunfo electoral, sino por el total de los habitantes integrantes del espacio territorial sobre el cual éste ejercerá su función o representación.
A través del voto los ciudadanos participan en la decisión de la orientación política general mediante la designación de sus representantes, con lo cual se cumplen dos funciones esenciales, las cuales han hecho que el sufragio haya ganado un lugar preeminente en la vida política del Estado democrático, la primera es la función electoral, ésta sirve para designar a los representantes, y la segunda consiste en una función normativa a través de éstos, para iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso activar al organismo jurisdiccional guardián de la constitución.
Así, las funciones electoral y normativa se resumen en una sola, la expresión de la opinión pública, en cuyos juicios suelen ir mezclados nombres de personas, doctrinas encarnadas y resoluciones preferidas.
En ese sentido, la funcióndel sufragio encarna tres efectos principales, producir representación, producir gobierno y ofrecer legitimación.
Por todo lo anterior, la instrumentación de una norma desplegada “únicamente” para verificar —en un plano informativo para el ciudadano— que el candidato favorecido con el mayor número de votos en la jornada electoral y en consecuencia resulte electo a un cargo de representación ciudadana, trabaje por llevar a cabo y cumplir con la ciudadanía las promesas y/o propuestas realizadas en campaña, las cuales fueron fundamentales para su asunción al cargo público detentado, se abona tanto a una cultura integral del respeto al voto ciudadano, como de instrumento de capacitación a la ciudadanía en la emisión de su voto en futuros procesos electorales, lo cual indudablemente llena de vitalidad el sistema democrático al reconocer la efectividad del sufragio y por ende, no resulta contrario del orden constitucional.
Llegando aquí considero conveniente formular el siguiente cuestionamiento ¿Qué dirección tomará el sufragio?
Si consideramos la efectividad del sufragio ya no es solo el reconocimiento del derecho a votar y ser votado con la finalidad de elegir representantes, en un estado democrático,éste, ha tenido una evolución en la cual el sufragio se constituye en gestor de la función pública, aunque de manera no formal, orientando los actos de gobierno, pues en la dinámica de un sistema democrático maduro, quienes fueron elegidos democráticamente, mantienen fidelidad a la voluntad expresada en los comicios electorales, definida a partir de las plataformas políticas y los compromisos de campaña, formando la conciencia de los actores electivos.
Abundando en lo anterior, Rafael Dendia, quien fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay por más de catorce años ha dicho: “el sufragio es a la vez función pública, es derecho y es deber; tres aristas de una misma institución jurídico-política, pilar del sistema democrático de gobierno. Es también el modo como se realiza la igualdad republicana, en dignidad y en derechos. El ciudadano tiene derecho al sufragio activo y el pasivo; además el sufragio exige no solo que todos puedan votar sino que todos los votos tengan el mismo valor, igualdad. Desde otra óptica, mediante el sufragio se produce la participación ciudadana amplia para la formación de la política estatal. La participación de efecto decisivo o consultivo otorgará la legitimación a los gobernantes, tanto en su designación como en su desempeño”.
En ese sentido y atendiendo a la naturaleza expansiva de los derechos fundamentales “e l ciudadano aspira a más democracia, no solo la democracia política formal sino la real que permea la sociedad”.
La garantía que posibilita el ejercicio del sufragio sería fortalecida en la medida en la cual se tuviera la certeza de que las opciones políticas, miren con seriedad la realidad social para fijar sus compromisos de campaña y una vez triunfadoras, los actores políticos guarden fidelidad a dichos compromisos.
Al respecto, el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en aquella serie de debates para resolver la constitucionalidad de la facultad dada al órgano vigilante del proceso electoral en el Estado de Coahuila, pudiera con posterioridad a la elección dar seguimiento a los compromisos de campaña cuando el candidato triunfador de los comicios electorales comenzara a desempeñar el cargo para el cual fue elegido, refirió una analogía que si bien resultó ser simpática, dejó una reflexión seria.
La analogía es la siguiente: “Se cuenta que en una latitud geográfica muy distinta de nuestro país, el candidato al primer cargo de autoridad civil –cargo popular-, se encontraba en un pueblo que él no conocía; y haciendo sus promesas de campaña prometió que iba a construir un puente en esta población; y alguien de la multitud le dijo: ¡pero si aquí no hay ríos, señor!; también les haremos un río”.
La reflexión de dicha historia provoca dos interrogantes, la primera: ¿Qué sentido tiene la promesa de campaña?, y por otra parte: ¿Qué sentido tiene ganar votos sin adquirir compromisos?
En efecto, una campaña política así carecería de seriedad, tomando en cuenta ésta es el conjunto de actos realizados por un aspirante a un cargo de elección popular, a través de la cual da a conocer al electorado su plan de trabajo, sus propuestas y sus compromisos, los cuales buscará llevar a cabo en el ejercicio del cargo, de resultar favorecido con la mayoría de los sufragios.
En ese sentido, considerar la verificación del cumplimiento o no de los compromisos de campaña, representa un intento serio de que la promesa de campaña signifique asumir compromisos realizables dentro del ámbito de competencia al cargo aspirado, para cuando se ejerza el poder en caso de ganar las elecciones.
Al implementarse un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de campaña, haría madurar el sistema democrático al estimular el interés de los electores por conocer el perfil político de los candidatos a través de sus compromisos de campaña, pues no se debe olvidar, independientemente de las plataformas políticas y los principios de los partidos políticos, la existencia de un padrón de compromisos tendría suma relevancia, aún cuando para ser candidato a alguno de los cargos de elección popular referidos en párrafos anteriores es necesario ser propuesto por algún partido político, y a la persona la respalden los postulados de aquel, el carácter dinámico de la sociedad, hace que el mecanismo de verificación propuesto se ajuste adecuadamente al sistema democrático, toda vez que los candidatos electos, ostentan una representación popular, pero ésta, únicamente se otorga por un tiempo determinado; así, la actualización general de las necesidades económicas, políticas y sociales, podría ser mejor identificada tanto para quienes aspiran al cargo de elección popular, como para los electores, lo cual apoyaría a un desarrollo sostenido en cada uno de ésos ámbitos.
Por ello, sigo compartiendo la opinión expuesta en el debate del Tribunal Pleno, en el sentido de que dicho mecanismo es de gran avance para la auténtica democracia nacional y puede ser el detonante de compromisos auténticos registrados, permitiendo conocer su cumplimiento o incumplimiento; es decir, podría significar una herramienta eficaz para seguir avanzando hacia una consolidación democrática, fundada en la expectativa que la ciudadanía asocia a este régimen político.
Por otra parte y atendiendo a la finalidad que persigue la incorporación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los compromisos de campaña, como instrumento para superar los diferentes retos de la democracia, se debe atender que éste fomentaría la llamada “socialización política”, la cual se refiere al tema de cómo, qué y cuándo aprende la población acerca de la política; esto se da como un proceso de aprendizaje e interiorización de valores, símbolos y actitudes frente a la política, de larga duración y mucho menos directo, formal y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. Se trata de un proceso eminentemente cultural en la medida en la cual intenta insertar al individuo en su sociedad al hacerlo partícipe del código de valores y actitudes en ella dominantes…” Fin de la cita textual.
Sin más explicaciones, pues atendiendo a lo vastamente expuesto resultarían redundantes o innecesarias. Queda claro que:
I.	No es “descabellado” o propiamente inconstitucional que un servidor público de elección popular deba cumplir sus promesas de campaña, o por lo menos explicar a los votantes los motivos por los que no ha podido cumplir.
II.	Es un derecho de los ciudadanos como depositarios de la Soberanía Nacional y del gobierno emanada de esta, exigir explicaciones e informes de sus actividades a los servidores públicos y a las entidades de gobierno.
III.	No podremos avanzar en materia democrática y de combate a la corrupción, mientras los servidores públicos puedan distanciarse y “olvidar” sus promesas de campaña y sus plataformas de gobierno o legislativas una vez que entran en funciones.
IV.	Privar al ciudadano de los derechos antes mencionados, es ir en contra de tratados internacionales y de nuestra propia Ley Suprema, en especial de los artículos 1º ; 39 y 41.
ARTÍCULO ÚNICO.-Se modifican los contenidos de la fracción I del artículo 35, del artículo 39; y se adicionan los párrafos tercero y cuartoa la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 35…
I.	Votar en las elecciones populares,y exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de campaña, y en su caso, que expliquen los motivos por los que no han podido dar cumplimiento a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso.
II.	…….
Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a este el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo, con independencia de aquellos que deben cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas.
Los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular correspondientes a cada proceso electoral, esto por un término de 12 años, para efectos de que sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos, sin perjuicio de que contiendan de forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianza que establezca la ley.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser adecuada a lo dispuesto en la presente reforma.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil trece.