Source: http://journalrural.com/articulos2/
Timestamp: 2019-09-21 02:48:42
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Artículos2 - Journal Rural
septiembre 14, 2019 Artículos, Destacados169, consulta, consulta indígena, consulta previa e informada, oit, pueblos indígenasOswaldo Villalobos
Mucho se dice del Convenio 169 de la OIT y de la consulta a Pueblos Indígenas, pero pareciera qué hay pocas personas que realmente conozcan este instrumento. A continuación un resumen de los artículos más relevantes, antecedido de un poco de contexto.
La Organización Internacional del Trabajo es el organismo especializado de las Naciones Unidas relativo al trabajo y las relaciones laborales, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con 187 Estados miembro. Fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente.
Antecedentes del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169
Es un tratado internacional firmado el 7 junio 1989, «es el único tratado multilateral abierto a ratificaciones que trata de manera específica y comprehensiva los derechos de los pueblos indígenas y tribales» (página oficial de la OIT).
Lo antecede el Convenio num. 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957. Que aunque fue el primer tratado internacional que abordó los derechos de los pueblos indígenas, estaba orientado hacia la asimilación de éstos al resto de la sociedad.
Por tanto, el convenio 169 representa actualmente el principal instrumento internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Ha sido ratificado por 22 Estados, 15 de ellos latinoamericanos y del caribe -cubre una población aproximada de más de 50 millones de personas indígenas-.
La decisión de ratificar el Convenio núm. 169, como cualquier otro convenio internacional del trabajo, es una decisión soberana y voluntaria de los Estados.
México fue el primer país en ratificar el convenio (lo hizo el 05 de septiembre de 1990).
Adquiere carácter obligatorio para los países ratificantes.
El convenio 169 se considera el precedente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, adoptada en 2017. La cual, aun cuando es más reciente y recoge de mejor manera las aspiraciones de los Pueblos indígenas, al ser una declaración, no tiene la fuerza vinculante de un tratado.
El convenio consta de 44 artículos divididos en 10 partes:
Parte 2. Tierras
Parte 3. Contratación y Condiciones de Empleo
Parte 4. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales
Parte 5. Seguridad Social y Salud
Parte 6. Educación y Medios de Comunicación
Parte 7. Contacto y Cooperación a través de las Fronteras
Parte 8. Administración
Parte 9. Disposiciones Generales
Parte 10. Disposiciones Finales
Establece que el convenio se enmarca en los términos de las numerosas declaraciones, pactos e instrumentos internacionales en materia de derechos y prevención de la discriminación.
Reconoce la necesidad de eliminar la orientación hacia la asimilación de los Pueblos Indígenas subyacente en instrumentos anteriores. En tal sentido reconoce la aspiración de los mismos de asumir el control de sus instituciones, modos de vida y desarrollo, así como fortalecer su cultura identidad, lengua y religión, dentro de los propios Estados donde viven.
Recuerda que en muchos sitios los pueblos indígenas continúan siendo discriminados, no gozan de sus derechos fundamentales frente a otros sectores de la sociedad y sus culturas y que sus modos de vida han sido erosionados. Por otra parte se hace hincapié en la contribución que los Pueblos indígenas han hecho a la humanidad en términos sociales, culturales y ecológicos.
El artículo 1ero establece quiénes son los sujetos que ampara el convenio, siendo estos los Pueblos Indígenas y Tribales con conciencia de su identidad. El artículo 2ndo asienta que es responsabilidad de los gobiernos proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas en igualdad de condiciones frente a otros sectores de la sociedad, ésto respetando su identidad y trabajando hacia la eliminación de las diferencias socioeconómicas, de forma compatible con sus modos de vida.
Que los pueblos indígenas deban gozar de sus Derechos Humanos y Libertades Fundamentales sin obstáculos ni discriminación en un contexto ausente de coerción y uso de la fuerza, es el tema del artículo 3ero.
En el artículo 4to se establece que se deben adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente, constituyentes de la cultura y modos de vida de los Pueblos Indígenas.
El artículo 5to estipula que deberán reconocerse, respetarse y protegerse los valores e instituciones así como las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los Pueblos indígenas, así como adoptarse medidas encaminadas a allanar las dificultades que enfrentan estos pueblos.
Los artículo 6to y 7mo son los más relevantes en relación al tema de consulta.
En el 6to se indica que los gobiernos tienen la obligación de consultar, mediante procedimientos apropiados y a través de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Así mismo, deberán establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente, al menos en la misma medida que otros sectores de la población. También deberán establecerse los medios para propiciar el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en su caso proporcionar recursos para tal fin. Recalca que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias y el propio contexto de cada país y pueblo indígena. Finalmente, señala que la finalidad del proceso de consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de parte de los Pueblos Indígenas acerca de las medidas propuestas por el Estado.
En el 7mo se establece el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir sus prioridades relativas a su proceso de desarrollo, en la medida que afecte sus vidas, creencias, instituciones, y bienestar espiritual; así como las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. De igual forma se reconoce su aspiración y derecho a controlar su desarrollo económico, social y cultural; en tal sentido deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo susceptibles de afectarles. Por otra parte se establece que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo y proyectos especiales de las regiones donde habitan. Finalmente señala que los gobiernos deberán velar porque se efectúen estudios para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medioambiente que puedan tener las acciones que el propio Estado o particulares emprendan; así como que se debe proteger y preservar el medio ambiente de los territorios donde los Pueblos Indígenas habitan.
En el articulo 8vo se estipula que se deberán tomar en consideración las costumbres o derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas; éstos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. En el 9no se señala que se deberán respetar los métodos con los que los Pueblos Indígenas reprenden los delitos cometidos por los suyos. En el mismo sentido, en el 10mo se indica que las sanciones penales del Estado deberán tomar en cuenta las características económicas, sociales y culturales de la poblacion indigena. El articulo 11 prohibe la aplicación de servicios personales obligatorios; mientra que el 12 refiere la necesidad de garantizar la protección contra la violación de sus derechos, así como la garantía que puedan iniciar procedimientos legales y que éstos sean culturalmente apropiados.
Que los gobiernos deban respetar la importancia especial que para los Pueblos Indígenas tiene su relación con los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, en particular los aspectos colectivos de esa relación, es el foco del artículo 13.
En el artículo 14 se menciona que se deberá reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que los Pueblos Indígenas tradicionalmente ocupan. Así como salvaguardar su derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
La protección especial a los derechos de los Pueblos Indígenas en relación a los recursos naturales de sus tierras es el objeto del artículo 15, también se estipula la necesidad de hacer coparticipes a éstos pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos naturales. Por otra parte, en caso de pretender la explotación de minerales, productos del subsuelo u otros recursos existentes, los gobiernos deberán consultar a los Pueblos Indígenas y determinar a priori si sus intereses serán perjudicados y en que medida; adicionalmente, los Pueblos Indígenas deberán participar en los beneficios y recibir indemnizaciones por las actividades arriba mencionadas.
En el artículo 16 se establece que los Pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Sin embargo, las reubicaciones o traslados excepcionales solo deberán efectuarse con su consentimiento dado libremente y en pleno conocimiento de causa. Y deberán recibir tierra de al menos la misma calidad y estatus jurídico, sin embargo pueden elegir una indemnización monetaria o en especie si así lo deciden; así mismo deberán recibir una compensación por daños o pérdidas causadas en el desplazamiento. Cuando sea posible deberán tener derecho a regresar a sus tierras.
Se debe respetar la forma en que los Pueblos Indígenas transmiten su tierra; consultar cuando de les requiera transmitirla de otra forma; y evitar que personas extrañas se aprovechen del desconocimiento de las leyes o usos y costumbres de los Pueblos Indígenas para sacar provecho en el tema de tierras. Todo lo anterior es abordado en el artículo 17.
En el artículo 18 se indica que se deberán establecer sanciones contra intrusiones o usos no autorizados a las tierras de los Pueblos Indígenas, así como medidas para evitarlo.
Finalmente, en relación al tema de tierras, el artículo 19 señala que las autoridades agrarias deberán garantizar condiciones equivalentes a los Pueblos Indígenas para asignarles tierras adicionales cuando las que tengan no sean suficientes, y propiciar procesos de desarrollo en las ya existentes.
En el artículo 20 se destaca la necesidad de contar con protección eficaz en la contratación y condiciones de empleo de población indígena, así como evitar la discriminación en el acceso al empleo, en remuneración equitativa, en las prestaciones y en el derecho de asociación. Todo lo anterior debe garantizar que gocen de la misma protección laboral y acceso a la información que otros sectores de la sociedad, que no estén sujetos a condiciones laborales detrimentales para su salud ni formas de contratación coercitivas, y gocen de igualdad de oportunidades y de trato.
Que los indígenas tengan medios de formación equivalentes a otros sectores es la idea principal del artículo 21. Mientras que el artículo 22 indica que es necesario promover la participación voluntaria en programas de formación profesional; éstos deberán atender sus necesidades especiales y deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos indígenas. El artículo 23 señala que las artesanías, las industrias rurales, las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia, deberán reconocerse como factores en el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico, por lo tanto deberán fortalecerse y fomentarse mediante asistencia técnica y financiera apropiada.
Que la seguridad social sea aplicada sin discriminación es el punto principal del artículo 24. El artículo 25 estipula que los servicios de salud deben ser adecuados, de preferencia estar disponibles a nivel comunitario, así como planearse y administrarse en cooperación con los Pueblos Indígenas y tomar en cuenta sus condiciones. De igual manera deberán formarse y emplearse a personal local y deberá haber coordinación con otras medidas sociales, económicas y culturales.
Que las personas indígenas tengan la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles en pie de igualdad es el punto principal del artículo 26. Mientras que el 27 establece que los programas de educación deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con los Pueblos Indígenas y responder a sus condiciones y necesidades particulares; así mismo se deberán formar a personas indígenas para participar en la formulación y ejecución de programas de educación; por último se debe reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación. Por otra parte el artículo 28 estipula que se deberá enseñar a leer y a escribir en su propia lengua, pero a la vez propiciar que dominen la lengua nacional oficial; pero ante todo los gobiernos deberán velar por la preservación de las lenguas indígenas. El 29 menciona que la educación de niños indígenas debe orientarse a la participación plena y en igualdad en la vida comunitaria y nacional; mientras que el 30 establece que los gobiernos deberán dar a conocer a los pueblos indígenas sus derechos y obligaciones de forma culturalmente apropiada. Por último, el artículo 31 estipula que se deberá educar a toda la sociedad para eliminar los prejuicios hacia los Pueblos Indígenas.
Parte 7. Contacto y Cooperación a través de las Fronteras.
El artículo 32 establece que se deberá facilitar los contactos y cooperación entre Pueblos Indígenas a través de las fronteras.
El artículo 33 estipula que se deberán establecer instituciones, programas y mecanismos en cada país con los medios o recursos necesarios para atender a los Pueblos Indígenas.
El artículo 34 establece que debe existir flexibilidad en la aplicación del convenio en cada país de acuerdo a las condiciones imperantes, mientras el 35 indica que el convenio no menoscaba derechos y ventajas de los Pueblos indígenas incluidos en otros instrumentos.
Los últimos 9 artículos giran alrededor de consideraciones burocráticas sobre ratificaciones, entrada en vigor del convenio, salida del mismo, etc.
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agosto 24, 2018 Caja de herramientas, Destacadoscostear proyectos, desarrollo rural, presupuestar proyectos, presupuesto, proyecto de desarrolloadmin
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