Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25856
Timestamp: 2020-05-25 01:54:23
Document Index: 67609715

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 67', 'artículo 149', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 149', 'artículo 4']

Los actos impugnados, al tener como objeto celebrar la sesión de investidura del presidente de la Generalitat en ausencia del candidato, no respetan una de las formalidades esenciales para garantizar el correcto desarrollo de este procedimiento —la comparecencia personal y presencial del candidato ante la Cámara— y por este motivo vulneran el artículo 23 CE, el artículo 67 EAC y el artículo 149 RPC [FJ 7].
El juicio de constitucionalidad no puede confundirse con un juicio de intenciones políticas, sino que tiene por finalidad el contraste abstracto y objetivo de las normas legales impugnadas con aquéllas que sirven de parámetro de su constitucionalidad (SSTC 239/1992 y 103/2017) [FJ 3].
La doctrina establecida en las SSTC 239/1992 y 103/2017, aunque el Tribunal la ha establecido en relación con el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, resulta igualmente aplicable al control de constitucionalidad de las disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones, pues solo las normas que integran el bloque de la constitucionalidad pueden ser tomadas en consideración al efectuar el juicio de constitucionalidad. Por ello, los fines políticos que el presidente del Parlamento de Cataluña pudiera pretender al dictar las resoluciones impugnadas son irrelevantes a efectos de analizar su conformidad al ordenamiento constitucional. Las intenciones políticas no pueden ser juzgadas por este Tribunal [FJ 3].
Los reglamentos de las cámaras pueden considerarse un parámetro de constitucionalidad (STC 132/2013). La jurisprudencia constitucional les ha atribuido este carácter en aquellos supuestos en los que pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Constitución y las leyes y, por ello, en tales casos, son condición de la validez constitucional de estas últimas [FJ 5].
Los reglamentos de las cámaras pueden considerarse un parámetro de constitucionalidad cuando, en desarrollo directo de un precepto constitucional o estatutario, regulen un procedimiento parlamentario, aunque este procedimiento, como ocurre en este caso, no tenga carácter legislativo. Lo relevante a estos efectos es que la decisión acordada por la cámara traiga causa directa e inmediata de la propia Constitución o del estatuto de autonomía. Por ello, los artículos 149 y 150 RPC, al desarrollar el procedimiento de elección del presidente de la Generalitat previsto en el artículo 67.2 EAC, constituyen un parámetro de control de la constitucionalidad de esta actuación parlamentaria [FJ 5].
La elección del presidente de la Generalitat ha de serlo mediante una investidura análoga a la establecida por la Constitución para la presidencia del Gobierno de la Nación. Es, por tanto, una exigencia constitucional que el candidato a presidente de la Generalitat comparezca ante la Cámara para defender su programa de gobierno y solicitar su confianza. Por esta razón, aunque el artículo 67 del EAC no establezca expresamente este trámite, implícitamente, al referirse a la “investidura” (art. 67.3), lo está reconociendo, pues este término ha de aludir necesariamente a una investidura programática; única que tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Por ello, tanto el artículo 149 RPC como el artículo 4 de la Ley 13/2008, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, prevén este tipo de investidura [FJ 4].
Aunque los medios telemáticos empleados permitieran reproducir íntegramente lo que está sucediendo en los dos lugares en los que estuviera teniendo lugar la sesión de investidura, estos instrumentos no podrían garantizar que la sesión parlamentaria se estuviera desarrollando del mismo modo que si el candidato hubiera comparecido personalmente ante la Cámara. Una comparecencia telemática no equivale a una comparecencia presencial [FJ 4].
El derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo público (art. 23.2 CE) y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE) pueden resultar vulnerados si no se respetan las normas ordenadoras de los procedimientos parlamentarios y tales normas inciden en aspectos que forman parte del núcleo de la función representativa (SSTC 38/1999, 27/2000, 57/2011, 114/2017 y 27/2018) [FJ 6].