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Timestamp: 2019-04-23 02:03:18
Document Index: 158972499

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 250', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 24', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 251', 'artículo 441', 'artículo 251', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 16']

DS. Senado, Pleno, núm. 72, de 06/06/2018
celebrada el miércoles, 6 de junio de 2018
Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 625/000001 enfermedad de transmisión sexual; legislación delegada; modificación de la ley; política de los consumidores; protección del consumidor
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 624/000009 arrendamiento inmobiliario; desahucio; necesidad de vivienda; procedimiento civil; vivienda social Justicia
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 22 de mayo de 2018, en relación con varios señores Senadores. 503/000009 incompatibilidad; parlamentario
PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. 625/000001
El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a esta proposición de ley dentro del plazo que al efecto se señaló.
En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Bernal Lumbreras, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Borao Aguirre, por el Grupo Parlamentario Socialista; el señor Canals Lizano y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el señor Huelva Betanzos, del Grupo Parlamentario Socialista, que ha ejercido su derecho, siendo su voto favorable.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 624/000009 Justicia
El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor interviene el señor Bagué Roura.
En turno de portavoces interviene el señor Crisol Lafront, por el Grupo Parlamentario Mixto, que es advertido por el señor presidente de que están en el debate de totalidad, ya que procede a la defensa de su enmienda.
El señor Crisol Lafront defiende la enmienda 5, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por la señora Roldán Suárez y los señores Marcos Arias, Crisol Lafront, y Alegre Buxeda.
La señora Garrido Gutiérrez defiende las enmiendas 6 a 9, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bagué Roura y el señor Arias Navia.
En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Garrido Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lima Cid, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Arias Navia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechazan todas las enmiendas.
Se aprueba en un solo acto la proposición de ley.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN RELACIÓN CON VARIOS SEÑORES SENADORES. 503/000009
La señora López Gabarro, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara, con el voto favorable del señor Huelva Betanzos, que ha sido autorizado a votar telemáticamente.
Se levanta la sesión a las diez horas y cincuenta y cinco minutos.
El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.1.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a esta proposición de ley dentro del plazo que al efecto se señaló.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿hay alguna intervención? (Denegaciones).
Intervendré muy brevemente, tan solo para decir que estamos a favor de esta proposición de ley. Hemos de felicitarnos todos porque haya llegado por unanimidad. La lucha contra la estigmatización para las personas que sufren el sida es una lucha que abordamos desde todas las administraciones. Ya en el Parlament de Cataluña hubo un acuerdo unánime en 2014 para luchar contra el sida y contra la estigmatización que provoca. Se trata de luchar por la defensa de los derechos sexuales, reproductivos y contra la estigmatización del sida. Y, como dice la propia proposición, abierta a otras enfermedades. Y que esto tenga efectos en las relaciones jurídicas de las personas afectadas por estas enfermedades, es un acto de justicia social que celebramos en el Partit Demòcrata.
Buenos días, señorías. Intervengo de forma muy breve para fijar la posición de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. Erradicar cualquier tipo de discriminación debe ser siempre tarea obligada de todas las administraciones públicas. Con la proposición de ley que se pone en conocimiento en esta Cámara hoy, tras haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados, refrendada por una amplia mayoría, se erradica, de una vez por todas y tras varios años de intentos, una clara situación de discriminación. En la proposición que se nos ha presentado se declaran nulas, a partir de ahora, todas aquellas cláusulas de determinadas pólizas de seguros y otros contratos que excluyan a personas con VIH, como así sucede actualmente. Desde hace algún tiempo, organizaciones como la Coordinadora Estatal VIH-SIDA (Cesida) o la Universidad de Alcalá ya habían dado la voz de alarma, habían denunciado esta situación que viene, a todas luces, a ahondar aún más en la estigmatización social y en la discriminación de estas personas, con las consiguientes secuelas que ello acarrea para el desarrollo de estas personas y la normalización de su situación. Además, nos parece muy interesante que esta modificación de la Ley de consumidores y usuarios recoja, a través de una disposición, todas aquellas enfermedades en las que se aplican los mismos preceptos excluyentes.
Por todo ello, creo que queda perfectamente justificada la suma de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria a esas voces que han reivindicado este tema durante tanto tiempo. Y, por justicia social, a tantos años que llevan estas personas y colectivos sin ser escuchados, manifestamos nuestro apoyo a esta medida.
Egun on guztioi. Creo que si nos hacen una encuesta ahora por la calle y nos preguntan si hoy y aquí, en pleno siglo XXI, hay casos de discriminación por enfermedad, nos parecería difícil de creer y, probablemente, al encuestador le diríamos que no, por supuesto, porque la legislación nos ampara. La misma Constitución dicta que nadie será discriminado en razón de nacimiento, raza, origen o religión, pero tampoco sufrirá ningún tipo de discriminación por otra condición o circunstancia personal o social. Pero la verdad es que, si nos paramos a pensar y lo pensamos dos veces, todos conocemos casos de discriminación, en general, y en esta Cámara muchos de ellos se denuncian. Si pensamos en una determinada enfermedad como el sida, seguro que nos vienen a la cabeza casos de exclusión y de estigma social.
Reconocemos que tenemos una legislación bastante garantista, pero tiene lagunas. Hay colectivos sociales que han apuntado, por ejemplo, por eso creo que ahora estamos aquí, que la Ley de defensa de los consumidores, que es la que pretendemos modificar, no ampara a personas que padezcan sida, que sean seropositivas, que sean portadoras del VIH porque, en la actualidad, la legislación permite la obligatoriedad de tener que declarar esta circunstancia en algunas ocasiones. Esto va en contra de un montón de derechos y, también, de la igualdad, pero en este momento puede suceder. Podemos poner un ejemplo: si vamos a contratar un seguro, tenemos que declarar si somos seropositivos o no, si padecemos sida o no y, probablemente, ante esta circunstancia no nos permitan firmar un seguro de vida. Eso no está bien y tiene consecuencias porque, por ejemplo, vete sin un seguro de vida a una entidad bancaria a pedir un crédito hipotecario, seguramente te quedas sin casa.
Todos tenemos derechos y todos tenemos los mismos derechos de igualdad de oportunidades, de trabajo, a la intimidad, que en este caso se ve cercenada, al acceso a servicios, pero en el caso concreto de las personas que padecen sida, estos derechos, que teóricamente nos asisten a todos, no están garantizados y los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos y, también, la igualdad efectiva.
Hoy vamos a aprobar una modificación de la Ley de consumidores y usuarios, una modificación muy sencilla en la forma pero muy importante en el fondo porque propone la nulidad de las cláusulas excluyentes o discriminatorias en contratos, prestaciones y servicios para quienes padezcan sida u otras condiciones de salud. Porque no vamos a negar la libertad para establecer pactos o contratos que viene recogida en el derecho privado, pero esa libertad nunca puede utilizarse para discriminar a ninguna persona por tener una enfermedad. Ya lo ha dicho mi compañero de Coalición Canaria, en un principio la preocupación, y es por lo que viene esta modificación de la ley aquí, es por los enfermos de sida, pero lo bueno es que se ha ampliado esta modificación y no afecta a un colectivo concreto sino que es de aplicación a otras enfermedades que pueden tener iguales efectos.
La verdad es que la modificación es sencilla pero ha costado bastante que llegara hasta aquí. Si hacemos un poquito de historia, sabemos que esta iniciativa fue propuesta por el Parlamento navarro, llegó a las Cortes Generales en el año 2011 y no se tramitó porque la legislatura llegó a su fin, pero hubo un nuevo intento en el año 2014 que fue fallido porque no contó con el apoyo del Grupo Popular. Esta es la tercera vez que se intenta y parece que por fin a la tercera sí va a ser la vencida. En todo este recorrido, hay que dar las gracias primero a los colectivos sociales que denunciaron la injusticia y que permitieron que los legislativos se pusiesen manos a la obra, y hay que agradecer también al Parlamento navarro, que no ha cejado en su empeño, el que la sigue la consigue, que por tercera vez haya traído primero al Congreso y luego a esta Cámara esta modificación que hoy aprobaremos.
Al final, aunque la historia ha sido así y hayan pasado ya siete años, no vamos a olvidar eso, lo importante es el resultado, lo importante es que se ha llegado a un consenso tal que en el Congreso, y entiendo que también en el Senado, esta modificación de ley se va a aprobar por unanimidad, va a contar con el apoyo de absolutamente todos los grupos. Pero me gustaría incidir en que con la aprobación de esta modificación no está todo hecho, es solo un paso más en la no discriminación y en la no exclusión de determinados colectivos. Es una cuestión de justicia porque la enfermedad, cualquier enfermedad, además de todo lo que supone, no puede conllevar una pérdida de derechos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azamar.
La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia, senadors.
La proposición de ley que hoy se presenta aquí es un paso más para terminar con la estigmatización y la discriminación que sufren en este caso las personas portadoras de VIH, digo un paso más porque queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer para erradicar la estigmatización y la discriminación no solo de las personas portadoras de VIH, sino de todas las personas ya sea por motivos de salud, de religión, de orientación sexual, de ideología o de origen que sufren estigmatización y discriminación. Muchas de las ideas que fomentan estas son creencias falsas o equivocadas y, aun teniendo en cuenta los avances de la ciencia médica y el conocimiento que se tiene actualmente de la enfermedad del VIH, ponen de manifiesto la gran cantidad de trabajo que nos queda todavía por hacer.
Son muchas las administraciones que han realizado esfuerzos para garantizar los derechos de las personas portadoras de VIH. Cataluña y sus instituciones han estado siempre a favor de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y contra el estigma relacionado con el sida como eje de garantía social de los derechos y el desarrollo de las personas. En marzo de 2014 el Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad el Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, un acuerdo impulsado de forma coordinada con el tejido asociativo de Cataluña en el ámbito del VIH y, en concreto, con el Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, que aglutina hasta veinticuatro entidades en todo el territorio. Por lo tanto, es evidente que hay una verdadera voluntad en algunas administraciones por trabajar en el tema, y continúan los esfuerzos para adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad social.
Estos esfuerzos tendrían que ser mucho más incisivos, la propuesta que hoy se plantea es uno de ellos. Es necesario incidir en aquellos ámbitos en donde todavía persiste la discriminación contra las personas portadoras de VIH y, tal y como propone este texto, en todos aquellos aspectos que pongan trabas en la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo en lo que respecta a las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios en el ámbito privado. Son acciones que suponen todas ellas un avance, pero no olvidemos que tienen como principal obstáculo la estigmatización y discriminación social, un factor que dificulta poder tratar con normalidad este tema. Las personas que son estigmatizadas son diferenciadas, infravaloradas y aisladas. Este hecho limita sus posibilidades de vida en términos de trabajo, vivienda, relaciones interpersonales e incluso de acceso a la salud. Causa tanto dolor la enfermedad como el rechazo social, así que nos queda mucho trabajo por hacer todavía y todos tenemos deberes por hacer porque para erradicar la estigmatización y la discriminación de cualquier colectivo es necesario que seamos los primeros en luchar contra ellos. Por eso, nuestro grupo va a apoyar esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.
El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, señor presidente. Bon día, egun on.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea apoya a todas las personas portadoras de VIH y a las que tienen la enfermedad. Cuenten con nosotros para prestarles todo el apoyo que necesiten. También queremos reconocer la labor realizada por todas las organizaciones sociales que trabajan con personas con VIH ya que muchas veces llevan a cabo este trabajo con precariedad por la falta de financiación de los poderes públicos. Señorías, estamos hablando de un colectivo de entre 130 y 160 000 personas en el país. Además, un 20 % de este colectivo de personas infectadas con el VIH desconoce que es portadora del virus.
Como ha comentado la señora Ahedo, esta proposición de ley, desgraciadamente, tiene un recorrido histórico en las Cámaras Alta y Baja. La primera vez que se tramitó en el Parlamento de Navarra fue en el año 2011, pero, al final, no pudo tramitarse y quedó archivada debido al término de la legislatura. En el año 2014, sorprendentemente, el Partido Popular votó en contra. En el Parlamento de Navarra se abstuvo ante una proposición como esta, y ahora nos encontramos aquí ante el tercer intento de sacar adelante esta proposición de ley. El caso que nos atañe en esta modificación legal es corregir una situación legal que genera discriminación y una vulneración del derecho a la igualdad de las personas portadoras del VIH. Hemos de ser conscientes de que con el actual marco legal las empresas aseguradoras ponen sus intereses de mercado por encima de derechos fundamentales. Estamos hablando de derechos tan importantes como los recogidos en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española, en los que se habla de situaciones de discriminación y de los mecanismos para corregirlas.
Es en este momento cuando desde las Cámaras Alta y Baja tenemos que hacer valer el poder de la política ante el poder de los lobbies y de las grandes empresas a las que solamente les interesa su beneficio económico, y un principio como es el de la justicia social no puede estar supeditado a los intereses económicos de las empresas. Es el propio Estado de derecho el que tiene que ser capaz de dar la garantía jurídica a las personas para que no sean discriminadas y, sobre todo, debe ser el Estado el que garantice que no haya ningún motivo de discriminación. A su vez, es importante también tener en cuenta que es necesaria la acción de sensibilización y educación que realizan los colectivos y las ONG que trabajan con las personas seropositivas para que esta discriminación que sufren se vaya reduciendo hasta su desaparición.
Señorías, en esta situación nos estamos encontrando con un conflicto de intereses en el que, por un lado, está la igualdad de oportunidades de la mayoría social y trabajadora de este país y, por el otro, los intereses del mercado, que son muchas veces más fuertes que la propia Administración. En varias ocasiones hemos tenido aquí el debate con el Partido Popular sobre modelos económicos. Ustedes apoyan el modelo de economía neoliberal del que dicen que es el propio mercado el que autorregula la reducción de la desigualdad y que si mejora la macroeconomía la microeconomía también mejora colateralmente.
Señorías, esas teorías neoliberales no son ciertas ni tampoco son científicas y queremos decirles que lo único que les interesa a los mercados es su modelo económico y obtener un beneficio al final del ejercicio. Esa es la realidad en la que se encuentran las personas seropositivas en este país, que tienen que luchar contra los intereses de mercado de las grandes empresas. La mayoría de las profesiones en este modelo capitalista neoliberal han subordinado su función social a los intereses del beneficio económico, y en este caso lo vemos muy claro: se subordina la seguridad sanitaria de las personas ante los beneficios económicos de las aseguradoras y de la banca. Una contradicción más de la economía neoliberal. Esta contradicción y falta de ética es flagrante, sobre todo, señorías, cuando nos encontramos con personas portadoras de VIH que denuncian que han sido receptoras de programas de obra social de una entidad bancaria que ha financiado un programa de atención social y, a su vez, esa misma entidad bancaria les ha negado una hipoteca porque cuando pasaron un examen médico les valoraron como no aptos para poder acceder a la hipoteca. Esas son las contradicciones de la economía neoliberal y esas son las contradicciones con las que nos encontramos.
Señorías, ante situaciones como estas nos deberíamos preguntar: ¿quién es realmente el que está enfermo, la persona portadora de un retrovirus o un sistema económico neoliberal que discrimina a las personas en función de la situación de salud en la que se encuentran para acceder a derechos fundamentales?
Muchas gracias, señorías, (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bernal.
La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Vemos hoy una proposición de ley que modifica el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, contenido en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que hace ya siete años presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral de Navarra.
Como ya se ha dicho, llegó a las Cortes Generales y como a la tercera va la vencida hemos conseguido sacarlo adelante por unanimidad, algo muy importante en beneficio de todos los consumidores y, sobre todo, de las personas discriminadas y que sufren esa estigmatización como son estos colectivos. A pesar de haber pasado siete años esta proposición sigue siendo tan necesaria como entonces porque, como ya hemos visto —y los que me han precedido han puesto de manifiesto—, estas personas siguen padeciendo ese tipo de situaciones.
Esta proposición de ley persigue erradicar del orden jurídico aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y/o promuevan la discriminación por ser portador de VIH-sida u otra condición de salud para determinados negocios jurídicos, para prestaciones o para servicios. Se trata de una proposición de ley que afecta a millones de personas porque no solamente son las personas portadoras de VIH las afectadas sino que, como ha dicho el portavoz de Podemos, hay ahora en torno a 150 000 personas seropositivas en España, 400 000 positivas en hepatitis C, más de 5 millones de personas diabéticas y otros tantos intolerantes a la glucosa que siguen padeciendo este tipo de discriminación y de limitación de los instrumentos financieros: el acceso a un seguro de vida e incluso, por supuesto, les cierran el paso a servicios hipotecarios u otro tipo de servicios personales.
Señorías, hace treinta y siete años que se diagnosticó el primer caso de sida en España. Ha habido muchísimos avances y esta enfermedad, que entonces era letal, ha pasado a ser una infección crónica. De hecho, en 1990, la esperanza de vida para las personas seropositivas era de cuarenta años y hoy ha aumentado cinco años. Y conviene recordar que las personas fumadoras tienen hasta trece años menos de esperanza de vida que una persona que no fuma y, sin embargo, no son discriminadas de esta manera. Por lo tanto, debemos seguir trabajando y avanzando en la legislación para impedir que esas barreras imposibiliten desarrollar esos derechos, esa libertad y ese acceso a la vida política, cultural y social de las personas.
El problema radica en que es una enfermedad infectocontagiosa. Como tal, de forma genérica, debe ser declarada y cierra el acceso a todos esos tipos de seguros y situaciones que hemos comentado. Incluso es una barrera para el acceso a un balneario, a una piscina o a un piso tutelado. Sabemos que, actualmente, las entidades financieras y aseguradoras privadas pueden imponer condiciones en contratos de adhesión, y este es el problema: ellos las ponen. No existe ninguna norma internacional que les obligue a asegurar lo que ellos quieren asegurar. Los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española, así como la Ley de consumidores y usuarios tratan de proteger, pero no lo consiguen. Y existen incluso barreras para acceder al empleo público —en su momento debatimos una moción a favor de la no discriminación de los diabéticos en el acceso al empleo público—. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han dicho que las personas portadoras de VIH pueden ocupar cualquier oficio sin riesgo de infectar a terceras personas.
Señorías, todavía existe una falta de información importante en todo lo relativo a esta infección de VIH, lo que hace que perduren mitos y miedos en torno a ese problema. Así que, sin pausa, debemos acometer ese trámite parlamentario para hacer real la eliminación de esos obstáculos a los que se enfrentan las personas que, por motivos de salud, sufren esa estigmatización social y la discriminación.
Estoy segura de que todos los grupos vamos a apoyarla. Es un momento importante para todos aquellos consumidores y usuarios afectados. En el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado en la oposición y seguiremos haciéndolo como grupo de apoyo al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Borao.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Canals.
Señorías, esta proposición de ley tiene su origen, como ya ha comentado ampliamente algún interviniente, en una iniciativa aprobada en el Parlamento navarro. Pretende modificar el texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y los usuarios. Su objetivo es sencillo. No es ni discrepar sobre el sistema económico ni discutir sobre el neoliberalismo ni la macro o la microeconomía. Es mucho más útil y práctico. Lo que pretende es erradicar del ordenamiento jurídico aquellas prácticas que limitan la igualdad de oportunidades. Este es el objetivo de esta proposición de ley en la que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo.
En este caso se pretende evitar la discriminación que las personas padecen por sufrir la enfermedad denominada sida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o por ser portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Ya saben ustedes que ser portador no implica necesariamente padecer la enfermedad. Esto es lo que pretende esta proposición de ley.
En la actualidad, nuestra legislación —ustedes lo saben muy bien y también se ha comentado ampliamente por otros portavoces— obliga a declarar esta circunstancia en determinados negocios jurídicos, prestaciones y servicios, y el ejemplo más claro, y también se ha comentado, es en la firma de los contratos de seguros. Esta circunstancia puede ser usada para discriminar a las personas y, además, puede potenciar la estigmatización de esta enfermedad que ya de por sí padecen estos enfermos. Por lo tanto, es conveniente, útil, práctica y necesaria una ley que establezca la nulidad de las cláusulas que discriminan a estas personas.
Señorías, esta proposición de ley llega —y también se ha comentado y lo he dicho yo previamente— a esta Cámara con un amplio consenso; ya lo tuvo en el Congreso de los Diputados y, por lo que hemos escuchado, existe en torno a ella un amplio acuerdo entre todos los grupos de esta Cámara. Se trata de una ley corta, consta simplemente de un artículo con dos apartados. En el primero se establece la nulidad de estas cláusulas que hemos comentado y en el segundo, señala el plazo de un año para que el nuevo Gobierno —tarea que esperemos que cumplan— presente un proyecto de ley donde se plantee qué otras enfermedades pueden ser incluidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Canals.
Senadora Riolobos, tiene la palabra.
Creo que hoy es un día muy importante para el Senado pues, con la unanimidad de esta Cámara, vamos a poder decir a todos los enfermos de VIH-sida que, a partir de mañana, van a estar mejor protegidos todos sus derechos. Es muy importante también dejar claro que, a partir de mañana, empieza a contar el reloj para que, dentro de un año, el nuevo Gobierno traiga a esta Cámara una modificación de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios para que otros enfermos, no solo los de VIH-sida, sino también los enfermos de hepatitis, los que tienen intolerancia a la glucosa o cualquier otra enfermedad que tenga las mismas características de discriminación, puedan ver reconocidos y garantizados sus derechos en mejores condiciones que las que tienen en este momento.
Es verdad que esta ley ha tenido un amplísimo recorrido —desde 2011—, pero también es verdad que se modificó la Ley básica de defensa de los consumidores y usuarios en 2007, y nadie se acordó de incluirla; es verdad que hicimos una reforma posterior en 2014, y ningún grupo político se acordó de incluirla; y es verdad que ahora todos estamos de acuerdo en que hay que hacer este cambio, y así lo han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Es absolutamente inaceptable que, a día de hoy, haya enfermos que cuando quieran hacer un contrato de vida, un contrato de seguro o un contrato de seguro de asistencia, contratar una hipoteca o un producto financiero tengan limitaciones. Esta es una barrera absolutamente intolerable, y es increíble porque tanto el artículo 14 de la Constitución española, como los artículos 82 y 86 del texto refundido de la Ley básica de defensa de los consumidores y usuarios consideran que estas cláusulas son abusivas. Y se siguen aplicando.
Por lo tanto, como nunca es tarde si la dicha es buena, creo que es importante saber que mañana los 150 000 enfermos de VIH-sida tienen protección y que, dentro de un año, muchos más la van a tener también.
Yo no quiero dejar esta tribuna sin decir algo que me parece importante, como es manifestar el sentir general de muchos españoles hoy: nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño al presidente Mariano Rajoy. (Aplausos). Un presidente y un hombre dotado de grandeza, dotado de sentido de Estado, inteligente, honorable, generoso y cercano; un ejemplo para muchos políticos y, de luego, para mí, unos de los grandes presidentes de España y de la Unión Europea; un político y una persona irrepetible; un gran servidor público, que ha mejorado la vida de millones de españoles y que tendrá una gran hoja de honor en la historia de España. Gracias, presidente. Gracias, Rajoy. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.
Señorías, sometemos a votación la Proposición de Ley de modificación de defensa de los consumidores y usuarios.
Tengo que decirles que ha habido utilización de la autorización de votación telemática por parte del senador Amaro Huelva Betanzos, del Grupo Parlamentario Socialista, que ha votado afirmativamente; voto que sumaremos a los que resulten de la votación que vamos a celebrar a continuación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Aplausos).
El señor presidente da lectura a los puntos 4.2. y 4.2.1.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Altava.
Voy a dar paso a la presentación del dictamen de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas.
La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 4 de mayo de 2018, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 17 de mayo, fue ampliado hasta el día 23 de mayo de 2018. A esta proposición de ley se presentaron 9 enmiendas.
El día 8 de mayo, la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Mario Arias Navia, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Celia Cánovas Essard, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; doña María José Fernández Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Fuensanta Lima Cid, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular; y don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto.
La ponencia se reunió el día 31 de mayo para emitir su informe, en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 31 de mayo y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.
Han presentado votos particulares a este dictamen el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley.
¿Turno a favor? ( Pausa). ¿No hay turno a favor? (Pausa). ¿Sí hay turno a favor? (Pausa). De totalidad, no de enmiendas; de todo el proyecto de ley.
Estamos ante una proposición de ley que el Partit Demòcrata presentó en su día en el Congreso y de cuyo contenido vamos a analizar algunos de sus principales aspectos.
Esta iniciativa pretende amparar a los pequeños propietarios, a la clase media y a las administraciones, cuyo parque de viviendas puede ser invadido a veces por okupas, y también a organizaciones no gubernamentales, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Actualmente se produce una dilación de una media de dos años desde que se ocupa una vivienda hasta que se produce el desalojo del ocupante. Como estamos ante un abuso, consideramos que es muy importante, y es el objetivo que se busca, que podamos proteger al desamparado en este caso, al débil. Desde este punto de vista, para que se proteja, planteamos marcar un máximo de dos meses para la tramitación y se produzca la restitución al titular de su vivienda.
Como insistimos en ponencia y en comisión, de esta proposición de ley se excluye a los fondos buitre y se excluye también a la banca. Por lo tanto, estamos ante la situación de intentar amparar al pequeño propietario —persona física siempre—, o bien a las administraciones u ONG que tienen parque de vivienda pública con finalidad social.
La pregunta que nos hacemos es si una persona particular, que durante sus treinta y cinco años de vida laboral ha estado ahorrando para comprar una vivienda, que puede destinar, por ejemplo, al alquiler, sufre una ocupación ilegal en su propiedad, ¿debe esperar dos años a que se restituya su titularidad, su propiedad, o lo amparamos e intentamos que en un máximo de dos meses pueda volver a disfrutar de lo que es suyo? Consideramos que es una cuestión de justicia, que es una cuestión evidente, y, por tanto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante una situación así.
Quiero señalar también algún otro aspecto importante de esta proposición de ley. Por ejemplo, se regula que los servicios sociales del ayuntamiento reciban aviso en el supuesto de que se haya producido una ocupación ilegal y que, fruto de esta proposición de ley, se restituya la titularidad. El que esté ocupando la vivienda de forma irregular va a quedar en manos de los servicios sociales del ayuntamiento para que estudie, en su caso, si cabe emprender algún tipo de medida.
Nosotros como Partit Demòcrata estamos muy convencidos de esta iniciativa. Consideramos que es importante, pensamos que no es de recibo que, fruto del colapso judicial, quede la gente en situación de desamparo, y entendemos muy necesario poder articular algún tipo de solución. Insisto, quedan excluidos fondos buitre, queda excluida la banca, y el destinatario de la protección son el pequeño empresario —persona física—, las administraciones locales, cuyo objetivo es tener parque social de viviendas, y las ONG. En el caso de las administraciones locales o autonómicas, si un ayuntamiento, el que sea, tiene unos pisos sociales y son ocupados de forma irregular, entendemos que es de justicia que pueda restituirse al ayuntamiento la situación inicial por cuanto es el ayuntamiento o la administración los que deben regular en qué supuestos y a qué personas corresponde un piso con destino social.
No podemos permitir que sea la ley del más fuerte o que el okupa de una vivienda social, por el mero hecho de serlo, se crea que tiene derecho a ocuparla. Consideramos que si las administraciones públicas, en su afán de buscar soluciones a la vivienda social, regulan con unos requisitos una serie de características para que puedan disfrutar de ella las personas que lo necesitan y lo requieren, no es de recibo que la misma administración quede en situación de indefensión porque se tarden dos años en restituir la situación anterior.
En este sentido también quiero recordar que en el Parlament de Catalunya se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Socialista y cuyo contenido era muy similar a la proposición de ley que hemos presentado como Partit Demòcrata. Consideramos que la vivienda es otra cuestión, aquí estamos hablando estrictamente de ocupación ilegal de vivienda, y entendemos que hay que proteger el derecho a la propiedad. Al mismo tiempo introducimos salvaguardas para que, antes de producirse cualquier desalojo, los servicios sociales sean avisados siempre para que puedan analizar el caso concreto.
Por tanto, defendemos esta proposición de ley y en el turno de portavoces terminaremos de hacerlo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.
Señorías, Ciudadanos ha presentado una enmienda al apartado dos del artículo único de modificación del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Nuestra enmienda va en el sentido de que se recupere la plena posesión de una vivienda por parte del dueño o usufructuario, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.
La propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 33. Es cierto que está delimitado por la función social de la propiedad...
El señor PRESIDENTE: Senador Crisol, perdóneme un momento.
He avisado de que estamos en el debate de totalidad. El debate de las enmiendas se producirá después del debate de totalidad.
El senador Bagué ha bajado a defender todo el proyecto de ley. Cuando acabe este turno, entraremos en el debate de las enmiendas.
Muchas gracias, senador Crisol.
Insisto, seguimos en el debate de totalidad del proyecto de ley; después, habrá un debate de enmiendas, se defenderán las enmiendas, y luego habrá un turno de portavoces.
Seguimos en el debate de totalidad.
¿Por qué hay turno de portavoces en el debate de totalidad? Porque el senador Bagué ha utilizado su turno a favor del proyecto de ley, lo cual da lugar a que pueda haber un turno de portavoces para que todos los grupos muestren su opinión en cuanto a lo que ha opinado el senador Bagué.
No ha habido turno en contra, pero es necesario que haya un turno de portavoces, si se quiere. Cuando acabe este turno de portavoces, pasaremos al debate de las enmiendas. ¿Comprendido?
Bien. ¿Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria? (Denegaciones). No hay intervenciones.
¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No hay intervenciones.
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). No hay intervenciones.
¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Denegaciones). No hay intervenciones.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones). Tampoco hay intervenciones.
¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado? (Denegaciones). Tampoco hay intervenciones.
Perfecto. Pues ahora vamos a pasar al debate del articulado, es decir, de las enmiendas y votos particulares.
Enmienda número 5, inicialmente presentada por la senadora Roldán y los senadores Marcos Arias, Crisol y Alegre, del Grupo Mixto.
Ahora sí, senador Crisol: tiene la palabra.
Me he podido ahorrar la subida. (Risas).
Nuestra enmienda pretende que se recupere la plena posesión de una vivienda por parte del dueño o usufructuario, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.
La propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 33. Es cierto que está delimitado por la función social de la propiedad, pero también dice este artículo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por una causa justificada, de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Señorías, los vecinos de esas viviendas, estos ciudadanos que trabajan duro para pagar una hipoteca y sus impuestos, cuando vean perturbada su pacífica convivencia, por ejemplo, por narcopisos o por viviendas en las que se produce trata de seres humanos, no solo no nos estarían agradecidos sino que no nos lo perdonarían nunca.
Espero que nuestra aportación pueda contar con el voto favorable de los grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado las enmiendas números 6 a 9.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Garrido.
Empecemos por lo importante. Resulta bastante desolador que la primera propuesta legislativa que se trae a esta Cámara y en esta legislatura sobre vivienda, después además de haber sufrido una crisis económica e inmobiliaria brutal, se haga para poner el foco en aquellas personas y en aquellas familias más vulnerables, familias que han sufrido las consecuencias de la crisis, que en su mayoría han visto insatisfecho su derecho a una vivienda digna por la inacción o por la dejadez del Gobierno y de la mayoría que le sustenta, y ahora otra vez esos mismos grupos parlamentarios, partidos políticos, gobernantes les vuelven a fallar.
Les diré concretamente en relación con el texto de la proposición de ley que llama la atención que exista una total incoherencia entre lo que se plantea en el preámbulo de la ley y en el articulado. En el preámbulo se reconoce por un lado la situación de vulnerabilidad económica y exclusión residencial de miles de familias que sufren una realidad muy cruda, que es la de los desahucios, y, por otro, se recoge la existencia de lo que llaman la ocupación ilegal premeditada, donde las mafias organizadas se aprovechan de las personas más vulnerables. Si luego pasamos al articulado, no encontramos nada de esto, no se responde a ninguna de estas situaciones, ni se ataja la delincuencia de las mafias, ni tampoco se tiene en cuenta para nada la situación de las familias desahuciadas, la situación de falta de recursos y la posibilidad de que se queden en la calle.
Lo que esta norma plantea es un proceso sumarísimo, donde se salta algunos de los principios y derechos constitucionales más importantes, entre ellos el artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela judicial efectiva. Mi grupo entiende perfectamente la situación del propietario que ve ocupada su vivienda, pero, para respetar el derecho de propiedad, no tenemos que vulnerar otros derechos, como el derecho a una vivienda digna. Debemos recuperar, y estamos de acuerdo con recuperar esa vivienda, pero no de cualquier manera, no a costa de vulnerar otros derechos constitucionales de igual rango y de igual importancia. Lo que se pretende con nuestras enmiendas es paliar este despropósito. Tratan de articular el respeto al derecho a la propiedad y a los propietarios y el respeto y la protección que brinda el artículo 47, derecho a una vivienda digna; el respeto a la dignidad de las personas, recogido también en el artículo 10 de la Constitución; el artículo 39 de la Constitución, que recoge la protección de la familia; el derecho a la vida y la integridad física, que recoge el artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación integrada de todos estos derechos para poder hacer una norma que encaje en nuestro sistema constitucional.
Por consiguiente, las enmiendas que hemos presentado lo que hacen es establecer unas mínimas garantías judiciales para cumplir con el artículo 24 de la Constitución y, por otro lado, tener en cuenta la situación de las personas que están ocupando una vivienda —que en su mayoría lo han hecho por necesidad— y garantizarles, no establecer un protocolo que sirve para muy poco, el derecho y el acceso a una vivienda digna. Si no lo hacemos así, estaremos incumpliendo la Constitución y muchos de los tratados internacionales que ha firmado el Estado español. Si rechazamos las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario, estaremos fuera de la legalidad. Así lo han reconocido los tribunales internacionales y también lo están haciendo muchos jueces y muchos tribunales de la judicatura ordinaria.
Senador Arias, ¿quiere usted intervenir también en este turno? (Asentimiento). Pues a ver cómo se reparten los siete minutos.
El señor BAGUÉ ROURA: Voy a ser rápido, señor presidente.
El Partit Demòcrata va a votar en contra de la enmienda número 5, de Ciudadanos, del Grupo Mixto. En cuanto a las enmiendas números 6 a 9, del Grupo Parlamentario Podemos, votaremos en contra de las enmiendas 7 a 9 y nos abstendremos en la 6. A nuestro entender, estamos mezclando conceptos.
La senadora exponía que en la parte propositiva no hacemos referencia a las redes mafiosas. Es que nosotros creemos que lo estamos resolviendo con la propuesta que hacemos de limitarlo a dos meses. Porque, ¿de qué se valen las redes mafiosas? De que como la justicia es lenta y se tarda dos años en poder restituir al titular, sea un pequeño propietario o sea una administración, lo ocupan y cobran en negro un alquiler al pobre desamparado que no sabe dónde meterse. Por lo tanto, nosotros proponemos la limitación de dos meses precisamente porque creemos que de esta forma estamos luchando contra aquello en lo que se fundamenta la red mafiosa para obtener ingresos mediante el abuso hacia unas personas que están en situación de vulnerabilidad.
Nosotros lo entendemos así y, restituyendo lo que comentábamos, ha de avisarse siempre a los servicios sociales y son estos los que tienen que decidir a quién le corresponde, porque, si no, se aplicaría la ley del más fuerte: yo me meto en este piso o en esta vivienda social y ya estoy allí. Pues bien, dado que existe una puntuación y unos parámetros que la Administración debe analizar, creemos que tenemos que proteger el parque público de vivienda social que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
En este turno de enmiendas anuncio que mi grupo va a votar en contra, como es obvio. Y voy a empezar por la del Grupo Mixto, que rechazamos, porque es una enmienda que no mejora el texto que se presenta, por lo que votaremos en contra.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, tengo que decir que ya se incluye en la proposición de ley el consentimiento de los interesados y la necesidad de que sean los servicios sociales los que aprecien los supuestos de vulnerabilidad. Por consiguiente, votaremos en contra de la primera enmienda. Y rechazaremos también la segunda, porque esta iniciativa se plantea con el objetivo de agilizar la recuperación de la vivienda, tanto por parte de personas físicas como también por otras personas jurídicas que se han delimitado teniendo en cuenta el bien social que se persigue.
La tercera enmienda nos parece innecesaria. Esta iniciativa pretende la recuperación de la posesión inmediata de aquellas viviendas que se han ocupado sin el consentimiento de sus propietarios, así como evitar el lanzamiento, siempre y cuando el ocupante acredite el derecho a poseerla. Además, son los servicios sociales los que deben gestionar y garantizar que aquellas personas que se queden en situación de vulnerabilidad tengan acceso a una vivienda digna.
Finalmente, también rechazaremos la última, porque lo que pretenden no impide que sea necesaria una atención ágil por parte de los servicios sociales competentes. Mi grupo defiende que lo que hoy debatimos, como muy bien decía el portavoz que ha intervenido anteriormente, es la defensa del derecho de propiedad, el derecho de la gente a ser propietaria y a disfrutar de su vivienda. En el siguiente turno de portavoces me centraré en este aspecto.
Hay desahucios y desahucios. Y hay ocupaciones y ocupaciones. Distingamos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad, en situaciones de vulnerabilidad, personas y familias que han sido desahuciadas y que están en la calle, desahucios motivados por ejecuciones hipotecarias. Y distingamos también las ocupaciones realizadas por el movimiento okupa, que en absoluto supone que los que están llevando a cabo la ocupación estén en esa situación.
Es indiscutible que hay un problema de mafias organizadas que utilizan la ocupación con una finalidad puramente lucrativa para aprovecharse de las familias vulnerables. Por eso es tan necesaria esta regulación, señorías. Ciudadanos es partidario de dotar a los propietarios de sus derechos legítimos de instrumentos legales que permitan combatir la ocupación ilegal. Pero también somos partidarios, y hemos presentado iniciativas parlamentarias, de que las personas y familias vulnerables puedan cancelar su deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda. Los senadores de Ciudadanos votaremos a favor de la proposición de ley.
Señorías, debatimos hoy una proposición de ley que supone una reforma de la Ley de enjuiciamiento civil para proteger la propiedad privada. Con este cambio, impulsado por el PDeCAT, se aceleran los plazos para echar a los okupas ilegales. Hasta ahora, el desahucio podía alargarse incluso hasta dos años y con la aprobación de este proyecto de ley se podrá culminar en dos meses. Es importante destacar que la ley deja fuera a las entidades financieras, a las promotoras y a los fondos buitre. La proposición de ley establece la modificación del artículo 251 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en el que se añade un apartado 2 bis para regular la posibilidad de la interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de una vía que podrán usar el propietario, persona física, las ONG y la Administración pública. La pretensión de la reforma es evitar las ocupaciones ilegales, premeditadas y con fines lucrativos. El objeto es acabar con las mafias que afectan a los pisos de pequeños propietarios, de ONG o de administraciones públicas. Además, la proposición de ley incorpora una modificación del artículo 441 de la Ley de enjuiciamiento civil, donde se añade un apartado 2 bis, en el que se especifican las medidas que adoptará la autoridad judicial para hacer efectivo el desahucio de las personas que ocupan ilegalmente las viviendas recogidas en el artículo 251. Nos preocupan los plazos porque ahora sí van a ser breves, pero no sabemos hasta qué punto los juzgados cumplirán dichos plazos en el caso de que quien está ocupando la vivienda ilegal se resista y tenga que acabar saliendo de la vivienda mediante una comisión judicial. En cualquier caso, hay que dejar muy claro que el debate no es entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. El legislador, evidentemente, tiene que hacer efectivos ambos derechos y ocuparse de las personas en riesgo de exclusión social, pero aquí nos referimos, única y exclusivamente, a la propiedad. Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la proposición de ley tal y como ha salido del Congreso y rechazaremos las enmiendas, tanto de Ciudadanos como de Podemos.
¿Alguna intervención más del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).
Compartimos turno con el grupo canario. Estamos muy orgullosos de haber presentado esta proposición de ley que, por otra parte, viene del Congreso de los Diputados, lo digo porque no ha sido una iniciativa de esta Cámara. En cualquier caso, nos sentimos muy orgullosos de presentar esta proposición de ley porque está tocando una problemática real que sufrimos, sobre todo, en grandes ciudades, que es donde se dispara más este problema. Estamos hablando de vivienda y he visto declaraciones del nuevo ministro de Fomento diciendo que iba a priorizar la vivienda, pues seguro que podemos coincidir en los aspectos que puedan formularse en cuanto a reformas para impulsar la vivienda. En todo caso, hoy estamos hablando de otra cosa, que es de la ocupación ilegal. La pregunta es muy fácil, ya lo dije en comisión: si una persona que ha estado ahorrando durante treinta y cinco años compra una vivienda, la tiene alquilada y con ello complementa su exigua pensión, ¿tiene derecho a percibir ese pequeño complemento o, como se le ocupa la vivienda, está dos años sin poder percibirlo?
Nosotros estamos muy orgullosos de esta proposición de ley porque creemos que es necesario regular esta cuestión. Esto es un problema, la persona concreta tiene todo el derecho a defender su propiedad, no está especulando porque es un pequeño propietario, por tanto —volvemos a decirlo—, quedan excluidos los fondos buitre y la banca, y también y al mismo tiempo, si Cruz Roja o un sindicato impulsa una cooperativa de vivienda social y son ocupadas estas viviendas, ¿va a tener que esperar dos años a restituir la titularidad? Entendemos que por pura lógica tenemos que aprobar esta proposición de ley y también hacemos votos porque si el nuevo ministro de Fomento quiere impulsar cuestiones relacionadas con la vivienda seguro que vamos a coincidir, pero ahora estamos hablando de otra cosa, de la ocupación ilegal y de las redes mafiosas que se valen de estas situaciones de vulnerabilidad para los que tienen que pagar en negro a una red mafiosa y para el pequeño propietario que puede encontrarse indefenso y desamparado ante esta situación.
Nos encontramos ante una proposición de ley que a priori nos ha generado varios interrogantes: en primer lugar, si es una modificación que permitirá hacer posible el derecho a una vivienda de aquellas personas que por su situación socioeconómica no pueden acceder a ella; en segundo lugar, si es una medida con la que se protegerá a aquellos pequeños propietarios que de la noche a la mañana no pueden disfrutar de su vivienda porque se encuentran en una situación de ocupación ilegal; y sobre si atajamos con esta medida el problema de las mafias que se aprovechan del sufrimiento de muchas personas y que llegan a lucrarse cobrándoles incluso por una vivienda que no les pertenece.
Señorías, si hablamos de ocupación ilegal, debemos hacerlo desde su óptica más amplia, introduciendo en nuestro análisis todas las posibles situaciones que se puedan ver afectadas por esta norma. Es cierto que existe un malestar generalizado en la sociedad que afecta a los propietarios de viviendas vacías, que ven de forma impotente cómo la posesión de su propiedad es usurpada y deben iniciar en muchas ocasiones procedimientos judiciales para su recuperación que les generan importantes costes, aparte de los desperfectos que se producen en su vivienda durante este tiempo. Por ello, creemos que el derecho penal debe dar respuesta para disuadir estas acciones ilegales y, si se cometen, la respuesta ante este ilícito penal no debe ser baladí. En el código vigente es un delito leve y esta consideración está beneficiando sin duda a las mafias, a la usurpación de la propiedad privada y a estos grupos organizados que se benefician de esta situación. Por tanto, esta modificación puede dar respuesta a esa desprotección y desamparo en el que se puede encontrar el propietario y al agilizarse el trámite judicial se podrá aminorar también esta delincuencia organizada. Con todo esto queremos dejar claro que no defendemos la penalización de la ocupación ilegal que algunas familias por necesidad están llevando a cabo, tal y como defienden todas las plataformas antidesahucios. Consideramos que se debe atender a las familias vulnerables que se vean en esta situación y que el Estado debe generar fórmulas para lograr que la gran cantidad de viviendas en manos de los bancos y sus filiales, derivado de la crisis económica, aflore al mercado en régimen de compraventa y arrendamiento a precios asequibles. Además, creemos que se deben tomar medidas económicas para que las comunidades autónomas...
El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Finalizo, señor presidente.
... recuperen la capacidad de inversión perdida en los últimos años para la promoción de viviendas sociales.
Esta modificación de la Ley de enjuiciamiento civil en lo que compete a la posesión de viviendas protege a esos pequeños propietarios, a las ONG y a las entidades públicas y, por otro lado, nos parece positivo que esta reforma comprometa a los poderes públicos a garantizar la protección del derecho a una vivienda de las personas en riesgo de exclusión social.
Por todo ello, y finalizo, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria apoyará la medida que se plantea en este debate.
El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señorías.
Ayer debatimos una moción con motivo de la sentencia de La Manada en la que se pedía a la justicia una mayor cercanía a la sociedad; hoy se trata de lo mismo. Todos los que estamos aquí intentamos estar cerca del ciudadano y la ciudadana. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que la sociedad entienda a la justicia, no al Poder Judicial, sino las sentencias que este dicta. Me imagino que a muchos de ustedes les habrán parado en la calle y les habrán puesto ejemplos de gente que no puede entrar en su vivienda, que se ha quedado fuera de su vivienda, porque hay miles de casos. Si estamos verdaderamente cerca de la ciudadanía y entendemos este problema, no sé por qué no se puede aprobar por unanimidad esta proposición de ley que lo único que pretende es revertir la propiedad a los legítimos propietarios del bien. Es incomprensible.
Senadora Garrido, no solamente tenemos que dar con una norma integradora, sino también con una actuación integrada. ¿Entre quién? Entre las diferentes instituciones y administraciones. También habrá que hablar del ámbito competencial. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿quién tiene la competencia exclusiva? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en que cada institución tenga su obligación, su deber y su derecho.
Estamos hablando de tres colectivos: personas físicas, administraciones públicas y personas sin ánimo de lucro, que es a quienes les compete el objeto de esta proposición de ley. Por cierto, tengo que felicitar al PDeCAT por esta iniciativa, que espero que salga adelante. En cuanto a las personas físicas, estaremos todos de acuerdo en que no vamos a poner bajo su responsabilidad el desarrollo de los desequilibrios sociales que pueda haber en la sociedad. Respecto a las administraciones públicas, tendremos que proteger sus bienes porque son las verdaderas garantes del reparto de la igualdad o del derecho a la vivienda, al igual que las personas sin ánimo de lucro. En ese sentido, no creo que tengamos mayor problema. Además, tenemos que añadir lo que recoge esta proposición de ley, que es la disposición adicional, en mi opinión, más importante y a la cual nadie ha hecho la menor mención, estamos hablando del respeto al ámbito competencial, subrayando la responsabilidad que tienen las otras administraciones. Le voy a poner el ejemplo de una de las que mejor conozco: la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Parlamento vasco aprobó la Ley 3/2015, donde se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda. En su artículo 1 dice: En desarrollo y cumplimiento del mandato previsto en el artículo 47 de la Constitución, así como en el ejercicio de las competencias plenas y exclusivas reconocidas en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía, la presente ley tiene por objeto la regulación del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta es una actuación integrada, pero, para que se pueda desarrollar, esta proposición de ley es muy importante. ¿Qué hacemos si la Administración, por ejemplo, no puede cumplir con aquellos bienes que tiene ocupados? ¿Eso es verdaderamente derecho? ¿Eso es verdaderamente justo para las 1101 personas que puede haber en lista de espera porque haya habido dos colectivos o dos familias que verdaderamente las están ocupando sin respetar el derecho que les garantiza la propia Administración?
Le voy a decir más, este mismo viernes, en el Parlamento vasco, un amplio acuerdo entre ustedes y nosotros...
El señor BILDARRATZ SORRON: Voy a terminar con el punto que recoge la propuesta que hizo Elkarrekin Podemos, que fue aceptada por todos los partidos políticos en el Parlamento vasco, que dice: El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco en orden a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda de la población residente en Euskadi estableciendo y mejorando programas públicos de alquiler de vivienda, con especial énfasis en las personas jóvenes, etcétera. Es decir, diferentes administraciones, diferentes competencias y, entre todos, de manera integrada, tendremos que abordar el problema; pero, en este caso, estamos abordando la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil...
El señor BILDARRATZ SORRON: La ley de enjuiciamiento civil, más el desarrollo competencial que nos arrogan tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía, da el resultado de que entre todos podremos hacer más.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el senador Estradé.
El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, señorías, mi partido siempre ha defendido el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Pero la defensa de este derecho se puede entender de muchas maneras, y nosotros la entendemos, por una parte, en el sentido de que el propietario de una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente tiene todo el derecho a echar a los ocupantes y a tener el amparo de la ley y de la Administración; y, por otra, que todo el mundo tiene derecho a acceder a una vivienda digna, o en propiedad o mediante un alquiler justo. Esa segunda acepción en este momento no está garantizada y explica por qué no votamos esta reforma en el Congreso en comisión y por qué no la vamos a votar hoy aquí.
Somos el partido que en el año 1931 decía: La caseta i l’hortet. Alguna izquierda dogmática se reía de ese lema porque decía que era pequeñoburgués, cuando resulta que era el sueño de muchos trabajadores, aunque hoy tendríamos que ver si desde el punto de vista medioambiental es sostenible. Pero esa es otra cuestión.
La reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, que pretende acelerar los trámites para echar a los que han ocupado una vivienda ilegalmente, presentada por el Partido Demócrata de Cataluña, nos parece en general una buena ley. Está bien concebida, responde a una demanda social, responde a un problema, y diferencia perfectamente entre las personas que se han ganado esta vivienda porque la han adquirido con sus ahorros, con su esfuerzo, con su trabajo, de aquellos fondos de inversión, aquellos fondos buitre, que especulan con las viviendas. Y también protege el derecho de los ayuntamientos o de las fundaciones que quieren ofrecer vivienda social a toda la población.
Por lo tanto, el problema no es que la ley no esté bien concebida y que tenga aspectos muy razonables; el problema, a nuestro entender, es de oportunidad y de legitimidad. ¿Por qué es un problema de oportunidad y de legitimidad? Porque si solamente incidimos en la cuestión de los desahucios de aquellas viviendas que han sido ocupadas ilegalmente pero no presentamos un plan valiente, decidido y bien dotado para ofrecer vivienda social, vivienda de protección oficial a todo el mundo, si no intervenimos en la regulación de los alquileres, estamos mandando un mensaje equívoco a la sociedad y le estamos diciendo que el principal problema son las ocupaciones ilegales. Y eso no es verdad. Las ocupaciones ilegales son un problema, pero el principal problema que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades —en nuestro caso, en Barcelona y en su entorno metropolitano—, es que en este momento se está expulsando masivamente a los jóvenes y a las clases populares y trabajadoras de los centros urbanos. Se está produciendo un auténtico proceso de segregación social. Se los está echando porque no pueden adquirir viviendas, porque están a unos precios desorbitados. Vuelve a haber una burbuja especulativa. Y no pueden acceder a alquileres razonables, porque con los alquileres también se está especulando. Y ahí hay que intervenir. Ese es el gran problema. Y el otro también constituye un problema. Por lo tanto, nosotros proponemos que, al mismo tiempo que actuamos con severidad contra aquellas ocupaciones ilegales, actuemos también con convencimiento y proporcionando los recursos necesarios para atajar esa segregación social que se está produciendo de forma masiva, sobre todo en los grandes centros urbanos.
En resumen, la ley nos parece bien, pero tenemos que acompañarla de otras medidas. Y en el momento en que nos conjuremos todas las fuerzas progresistas y, si pudiera ser, todas las fuerzas políticas —aunque eso lo veo imposible, porque algunos protegen esa especulación— para actuar de forma conjunta en todos los frentes, entonces nos encontrarán a su lado y daremos nuestro apoyo decidido a esta ley que, repito, tiene aspectos muy razonables.
Quiero hacer alguna matización sobre cosas que he intentado explicar en mi primera intervención, pero que parece que no han quedado demasiado claras. Mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas con la intención de mejorar y, como decía, de respetar algunos contenidos constitucionales que, si no, serían violados por esa norma. Dicho de otra manera, respecto a los casos que se han expuesto aquí de pequeños propietarios que se van de vacaciones y al volver se encuentran ocupada su vivienda, la solución para la recuperación de esa vivienda también entra y queda amparada por nuestras enmiendas. Nosotros en ningún momento hemos intentado poner encima de la mesa que sea ilegitimo que un pequeño propietario quiera recuperar su vivienda. Eso por un lado, que quede muy claro.
Por otro lado, yo todo el rato trato de relacionar el derecho a la vivienda con la situación de ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque si realmente lo que queremos con esta norma es acabar con la causa de esa ocupación ilegal, tenemos que ir al origen del problema. Y el problema está en que el Estado español no tiene y no ha realizado una verdadera política de vivienda. Tenemos un parque de vivienda social ínfimo; tenemos un parque de vivienda de poco más del 1 % y tenemos unos alquileres abusivos que no pueden pagar los trabajadores y trabajadoras de nuestro Estado. Con lo cual, la necesidad de vivienda y la crisis hacen que las familias se vean abocadas a ocupar una vivienda. No se ocupa una vivienda por diversión ni por antojo. Se ocupa por necesidad. Y mi pregunta, que no ha sido resuelta ni mencionada, es: ¿qué hacemos con los ocupantes? Es decir, ¿qué hacemos con esas familias que han ocupado una vivienda por necesidad y a las que esta norma deja en la calle con sus hijos y sus hijas, menores en muchos casos? Hasta ahora, nadie ha puesto encima de la mesa la solución a ese problema. Pues bien, la solución a esa cuestión, que no es ni más ni menos que respetar los derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución, estaba en la aprobación de nuestras enmiendas. Nuestra propuesta lo que hacía era garantizar una alternativa habitacional, tal como exigen los tratados internacionales, tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal como lo ha hecho el ararteko y el defensor del pueblo, tal como lo están haciendo muchas sentencias de diferentes tribunales en la justicia ordinaria.
Ese era nuestro objetivo. Lo que no se puede hacer es poner encima de la mesa solo la recuperación de esa vivienda, sin respetar el resto de los derechos. No podemos hacer saltar por los aires el artículo 24 de la Constitución. Tenemos que establecer unas mínimas garantías. Lo dicen las recomendaciones del Parlamento Europeo y los principios de derecho internacional sobre procedimiento judicial: las notificaciones, los plazos, la posibilidad de recurso no son cuestiones nimias, no son cuestiones que podamos pasar por alto.
Y vuelvo a repetir: lo que hacen nuestras enmiendas es intentar paliar esa situación.
No nos gusta mucho esta norma, no nos gusta nada, pero si hubieran aceptado nuestras enmiendas, por lo menos estaríamos dentro de la legalidad, por lo menos cumpliríamos con los artículos 24 y 47 de la Constitución.
Es verdad, como decía el senador del PNV, que deben ser todas las administraciones públicas —municipales, autonómicas y el Estado— las que deben colaborar para establecer y garantizar esa alternativa. ¡Por supuesto, pero debe garantizarse esa alternativa! Porque vuelvo a repetir: ¿qué hacemos con los ocupantes, con familias que han sufrido la crisis, que han sido abandonadas? ¿Qué hacemos, las dejamos en la calle o nos quedamos tan anchos aprobando una especie de protocolo que no establece ninguna garantía? Ya harán los servicios sociales... ¡No, no! No se puede desalojar a una familia, con menores y en riesgo de exclusión social, dejándolos en la calle y diciendo que, bueno, en su caso ya verán lo que hacen los servicios sociales. Eso es vulnerar derechos humanos, tratados constitucionales y realmente actuar de una manera bastante cruel, diría yo.
Por lo tanto, los grupos parlamentarios, los partidos políticos que hoy van a dar el sí a esta norma se sitúan fuera de la legalidad y se sitúan fuera de la Constitución, y van a tener que ser los jueces —muchos de esos jueces que admiramos— los que van a tener que reparar lo que hoy ustedes van a aprobar.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Acabo.
Y es más, mi grupo parlamentario estudiará muy detenidamente la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad para colaborar así en parar este desatino. No podemos volver a dejar en la calle a las familias vulnerables otra vez.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Lima.
Señoría, antes de empezar la intervención, quiero recordar que no se los olvide nunca a los que estamos aquí, representando a nuestros ciudadanos, que cada vez que hablamos de vivienda hablamos de las más de un millón de personas que están faltas de poder tener una vivienda digna, que es lo que marca nuestra Constitución y tienen como derecho fundamental.
Hoy debatimos en este Pleno la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil con relación con la ocupación ilegal de inmuebles, que pretende articular los procedimientos adecuados para la recuperación de la posesión de una vivienda por parte de las personas propietarias con respecto a quien o quienes la ocuparon sin título alguno; medida que abarca, en este caso, a las administraciones públicas, a las instituciones con competencia en materia de vivienda, organizaciones no gubernamentales y a las personas físicas. En resumen: proteger la propiedad privada de las ocupaciones ilegales y evitar que se haga negocio con la vivienda, sobre todo en los casos de mafias que se dedican a localizar viviendas vacías y, conocedores de la poca agilidad de los trámites en materia de desahucio, las ofrecen a personas en situación de vulnerabilidad social a cambio de cobrarles unas mensualidades muy cuantiosas y en la actualidad este trámite puede conllevar hasta cerca de dos años. Se propone agilizar el trámite para su recuperación, que pasa por notificar al ocupante para que justifique su situación como propietario o arrendatario.
La parte que entendemos los y las socialistas como determinante es la comunicación a los servicios sociales comunitarios para que puedan intervenir en las diferentes partes del proceso, de cara a que ninguna persona pueda ser privada de su derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente en aquellos casos de exclusión social o en riesgo de estarlo, aunque esa vulnerabilidad, por otros motivos, no haya sido acreditada en su momento. Pero tampoco que ninguna persona pueda verse desprovista de su propiedad por el simple hecho de que se comercie con lo que es suyo legítimamente.
En el Partido Socialista entendemos que esta modificación de ley se queda corta con respecto a la complejidad de este asunto. Por ello, hemos presentado propuesta en el sentido de considerar vivienda aquellas que provienen de la puesta en marcha de políticas sociales o la comunicación a los servicios sociales comunitarios de la situación en la que se puedan encontrar aquellas personas que han ocupado el inmueble, simplemente por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o exclusión social, es decir, que no tenga otro mecanismo posible para poder acceder a una vivienda, porque su circunstancia económica o social no se lo permita.
Entendemos también importantísima la puesta en marcha de unos protocolos claros y concisos que enmarquen la cooperación y colaboración entre administraciones públicas para dar una respuesta rápida a situaciones urgentes por vulnerarse su acceso a este derecho fundamental. Se necesitan medidas específicas, dotadas de presupuesto y compromisos políticos directos de quien está al frente, pero, además, se necesita de una planificación integral en materia de vivienda, con protocolos de actuación claros con respecto a la magnitud del problema de vivienda en nuestro país; de las medidas que a nivel público se deben poner en marcha para asegurar el acceso a la vivienda para todas las personas, con especial hincapié sobre las que sufren una situación social y económica más complicada; concretar las consignaciones presupuestarias para ejecutar dichas medidas desde todos los niveles institucionales, estatal, regional, provincial y local, además del consiguiente seguimiento sobre el cumplimiento de la hoja de ruta que seamos capaces de pactar. Es urgente y necesario clarificar políticas en materia de vivienda desde las administraciones e instituciones con competencia en esta materia.
En definitiva, entendemos que es insuficiente lo propuesto en esta modificación, ya que no trata integralmente la situación con respecto a quienes son propietarios y propietarias y contra quienes aprovechan la usurpación de propiedades ajenas para su beneficio particular y mediante el uso ilegal de las mismas, pero siendo primordial que se den oportunidades para quienes, sin haber acreditado su situación de vulnerabilidad, utilizan este método para poder tener un techo donde cobijarse.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Arias.
Yo espero que el Gobierno este que están formando en España no sea malo para los españoles, pero con el precedente de los socios que tienen, que son los enemigos de España, todo puede pasar. Yo espero que no arrasen con todo lo construido en estos años.
Señores de Ciudadanos, ustedes tienen un gran éxito político, sin duda, son los responsables o son los cooperadores necesarios para que aquellos que dejaron España quebrada hoy hayan vuelto al poder.
Señora Garrido, usted dice que vulneramos la Constitución, pero usted está diciendo en una de sus enmiendas que aquellos que tengan tres viviendas pueden ser privados de alguna de ellas para darla a otras personas. ¿Usted considera que eso es violar la Constitución? ¿Lo considera o no? Pero bueno, tenga usted cuidado, porque su líder con seis inmuebles puede estar en esa situación. (Aplausos).
Estoy de acuerdo con el señor Estradé en que hay que garantizar la vivienda digna, pero se le llena la boca y ustedes en Cataluña están gobernando, ¿verdad? Ustedes también son responsables.
Señorías, en esta proposición tenemos dos objetivos: por una parte, la protección del derecho de propiedad de los ciudadanos y, por otra, garantizar también la vivienda digna. Ambos, como todos sabemos, son derechos constitucionales. Lo que no estamos haciendo con esta proposición es defender a los okupas frente a los propietarios, y me refiero a aquellos grupos criminales que se lucran de estas ocupaciones, aprovechándose de los legítimos propietarios y de personas en situación de vulnerabilidad, o grupos antisistema que no respetan ni el derecho a la propiedad ni los bienes públicos ni privados.
Nosotros defendemos el derecho de personas y familias que con su esfuerzo y sacrificio han podido adquirir un patrimonio y tienen derecho a su uso y disfrute, pequeños propietarios y administraciones. Pero ya sabemos lo que hacen ustedes donde gobiernan, juntos o separados; por tanto, no podemos aceptar que ustedes estén confundiendo este debate. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este proyecto no es una ley de vivienda y que con esta modificación lo que se pretende es la recuperación de la propiedad y garantizar a los ocupantes siempre que haya vulnerabilidad y esté constatada por los servicios sociales. Y además, porque en lo que se refiere al derecho de vivienda no son ustedes indicados para dar lecciones, porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo: donde ustedes gobiernan, como en Madrid, solo han cumplido con un 20 % de sus compromisos de vivienda pública y hay más de 1400 viviendas ocupadas que estén desahuciando desde la Empresa Municipal de Vivienda, o en Barcelona, donde la ocupación ilegal ha aumentado por encima del 60 %. ¿Dónde han quedado esas ciudades libres de desahucios, señores, dónde han quedado? Es una vergüenza.
Por cierto, ¿saben los señores de Ciudadanos que en Andalucía, donde gobiernan, se produjeron el 20 % de todos los desahucios de España? Sin embargo, para nosotros, para el Partido Popular, la protección del derecho de propiedad es importante, pero también lo es garantizar el derecho a la vivienda, y así lo hemos demostrado. Lo demostramos pese a la situación de quiebra en la que nos dejaron, con 5 millones de parados, y también con 1,5 millones de mujeres que mandaron al paro. Ustedes deberían pedir perdón todavía, tenían que haber aprovechado la oportunidad para pedir perdón a los españoles. (Rumores).
Ustedes estuvieron en contra de medidas como las que se tomaron en 2012, medidas urgentes para la protección de los deudores hipotecarios, medidas para reforzar la protección suspendiendo los lanzamientos y que además derivó en la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y el alquiler. Todas estas medidas, como siempre, y como hoy han dicho, contaron con el voto contrario de los socialistas, incluso el convenio para la constitución del Fondo social de viviendas de alquiler. Estas políticas beneficiaron a miles de familias en España. Y este mismo año el Gobierno del Partido Popular aprobó el Plan de vivienda 2018-2020, incorporando un programa específico de ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. Yo espero que mantengan este compromiso, aunque conociendo su manera de actuar, todo puede pasar. En definitiva, por sus hechos los conoceréis, y ahí están los nuestros.
Por cierto, la portavoz de Podemos perdió la oportunidad de explicar a la Cámara cuál es su política de vivienda: ¿la privilegiada del senador de la Comunidad de Madrid, la del chalé de estos dos señores o esta de la calle Princesa? (Muestra una foto.— Aplausos). Ustedes dicen una cosa, pero no hacen lo que tienen que hacer. ¿Este es el Madrid de Podemos y del Partido Socialista? ¿Esa es su política de vivienda? Para colmo, pretenden que los españoles les paguemos la seguridad a estos dos señores. (Rumores). Están ustedes muy equivocados. En definitiva, con esta iniciativa se pretende la lucha contra la ocupación ilegal, la defensa del derecho de propiedad de los españoles y la protección de las familias en situación de vulnerabilidad.
El señor ARIAS NAVIA: Nosotros seguimos trabajando en esa línea. (Rumores). Votaremos a favor, veremos a ver lo que hacen ustedes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a la proposición de ley, comenzando por la enmienda número 5, de los senadores Marcos, Crisol y Alegre y la senadora Roldán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 252; a favor, 2; en contra, 250.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 83; en contra, 168; abstenciones, 5.
Votamos a continuación las enmiendas números 7, 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 256; votos emitidos, 255; a favor, 22; en contra, 230; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.
Señorías, votamos a continuación en un solo acto la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 159; en contra, 97.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas.
El señor presidente da lectura a los puntos 5. 5.1. y 5.1.1.
El señor PRESIDENTE: Con fecha 22 de mayo de 2018, la Comisión de Incompatibilidades emitió dictamen sobre la situación de varios señores senadores y ha considerado por unanimidad que de la documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce incompatibilidad para los citados senadores.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora López Gabarro.
La señora LÓPEZ GABARRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cumple presentar el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su reunión del pasado 22 de mayo de 2018, Dictamen que fue publicado en el Boletín Oficial de la Cámara número 237, de 24 de mayo de 2018.
La comisión aprobó este dictamen favorable por unanimidad y de conformidad con la propuesta que le formuló la ponencia permanente en ella constituida. Siguiendo la práctica de la comisión, la ponencia elevó su propuesta de dictamen favorable tras un atento examen de la declaración formulada por los señores senadores, de los que recabó las informaciones y la documentación complementaria que resultaron necesarias.
El dictamen comprende a los señores senadores que fueron designados por la asamblea legislativa del Parlamento de Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas. Toda vez que se trata de un dictamen favorable para la totalidad de los senadores incluidos, se formula en lista y sin motivación individual, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento.
Quiero mostrar el reconocimiento a la labor realizada por los miembros de la ponencia permanente, que en su día designó la comisión: senadoras Lucio Gómez, García Díaz, Cortès Gès, Cánovas Essard, Ahedo Ceza y Abad Giralt, y el senador Lemus Rubiales.
Bajo la vigencia del régimen de publicidad de las actividades de los señores senadores, todo cuanto declaramos, así como la documentación que presentamos, será objeto de publicación en la sede electrónica de la Cámara para poder ser objeto de escrutinio por nuestros conciudadanos.
Concluyo solicitando en nombre de la comisión el voto favorable de sus señorías para este dictamen favorable sobre la situación de los señores senadores citados desde el punto de vista de la normativa en materia de incompatibilidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Gabarro.
¿Puede someterse a aprobación por asentimiento? (Asentimiento).
Les comunico que ha habido uso de la votación telemática del senador Huelva Betanzos, del Grupo Parlamentario Socialista, que también se une a este asentimiento.
Señorías, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades.
Eran las diez horas y cincuenta y cinco minutos.