Source: https://es.scribd.com/doc/93430098/Precedente-Vinculante-Del-Tc-y-La-Procedencia-111
Timestamp: 2017-01-18 18:52:35
Document Index: 3765348

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarsePrecedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704.PRECEDENTE VINCULANTE DEL TC Y LA PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN LA LEY N° 28704
Recientemente el Tribunal Constitucional en Sesión de Pleno Jurisdiccional se ha pronunciado en el caso signado con el Expediente N° 0012-2010-PI/TC1, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra el artículo 2° y el primer párrafo de la Ley N° 28704 2, la cual establece que el indulto, la conmutación de la pena, el derecho de gracia y los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional, no son aplicables a las personas que hayan sido condenadas por la comisión del delito de violación sexual de menores de edad. Estableciendo ciertas reglas para la concesión de dichos beneficios. En el presente caso se discute si la Ley N° 28704 “Ley que modifica artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual y excluye a los sentenciados de los derechos de gracia, indulto y conmutación de la pena” vulnera el principio – derecho a la igualdad, la cual se encuentra reconocido en el artículo 2° inciso 2, de la Constitución Política, pues, en tanto todos son iguales ante la ley, a toda persona se le debe aplicarse el artículo 139° inciso 22 de la Norma Fundamental, el cual establece el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Alcances de los efectos de la Ley N° 28704 a) Improcedencia del indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia presidencial. Respecto a la Ley N° 28704, debemos mencionar que su artículo 2° establece que “No procede el indulto, ni la conmutación de la pena ni el derecho de gracia a los sent enciados por los delitos previstos en los artículo 173° y 173°-A. (…)”. Este artículo también es materia del proceso de inconstitucionalidad, pero que por estar fuera de los alcances del presente trabajo, puesto que nos importa centrarnos en la constitucionalidad de la Ley 28704 respecto de los beneficios penitenciarios, ya que es una de las instituciones que se encuentran reguladas en el Código de Ejecución Penal, siendo así solo mencionaremos que el máximo intérprete de la Constitución en el Fundamento 52 de la Sentencia Plenaria concluye que “Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera constitucional el artículo 2° de la Ley N° 28704, en el extremo que establece la improcedencia del indulto y la conmutación de la pena, para los casos de delitos de violación sexual de menores de edad”. Por cuanto considera que es el artículo 4° de la Constitución y la protección de los valores fundamentales que en el subyacen y que son afectados por la violación sexual de menores de edad, los que autorizan al legislador a prohibir el indulto y la conmuta ción de la penas para esta clase de delitos. Con ese mismo criterio menciona que es constitucionalmente posible prohibir el indulto y la conmutación de la pena para los casos de delito de violación sexual de menores de edad, y bajo el mismo esquema de proporcionalidad, encuentra aún mayor motivo para considerar constitucionalmente posible que el legislador prohíba el ejercicio de la gracia presidencial en esos supuestos.
Se trata del Expediente N° 0012-2010-PI/TC LIMA, Proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por más de 5,000 ciudadanos, de fecha 11 de noviembre de 2011. 2 Ley N° 28704 Ley. “Ley que Modifica Artículos del Código Penal relativos a los Delitos contra la Libertad Sexual y excluye a los Sentenciados de los Derechos de Gracia, Indulto y Conmutación de la Pena”. Publicada el 14 de marzo de 2006
sea complementado con los proyectos de ley que proponen la eliminación de los beneficios penitenciarios. toda vez que los aludidos sentenciados al no ser sujetos de los referidos beneficios tendrán que cumplir indefectiblemente la totalidad de los años de la pena impuesta.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE90 525712D0006F15E/$FILE/SLO-2005-2. Indulto y Conmutación de la Pena. Tomo I Diario de Debates pag. suprima los beneficios penitenciarios para los sentenciados por delito de violación sexual. semi-libertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados previstos en los artículos 173° y 173-A (…)”. sin posibilidad de liberación antes de cumplir a cabalidad la pena . que para que esta ley se cumpla a cabalidad necesitamos que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la complemente con los proyectos de ley relativos a la eliminación de los beneficios penitenciarios para estos sentenciados.
La Ley que Modifica Artículos del Código Penal relativos a los Delitos contra la Libertad Sexual y excluye a los Sentenciados de los Derechos de Gracia.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad. Con ello sí estaríamos dando una pena efectiva acorde con la gradualidad de la pena que le estamos imponiendo en este proyecto de ley. La anulación de los beneficios fue introducida en el mismo debate del Pleno del Congreso 3 incluyéndose un artículo 3° a propuesta de la Congresista Yanarico Huanca con el siguiente argumento: Señor Presidente.gob. Génesis de la Ley N° 28704 Es necesario tomar en cuenta que luego de revisar el libro de Debates de la Ley 28704. http://www2. debemos decir que en el Dictamen del Proyecto de Ley correspondiente no se encontraba contemplada la eliminación de los beneficios penitenciarios para los autores de los delitos de los artículos 173 y 173-A del Código Penal.
Ve r sobre la Segunda Legislatura Ordinaria del 2005. ni algo que esté escondido dentro de nosotros.congreso. Entonces. porque no tenemos vendados los ojos. lo que hace pensar que el legislador ha pretendido con esta Ley el endurecimiento de las leyes penales. Creo que para nadie es novedad. Como puede observarse en la regulación de éste artículo lo que se pretende es excluir a los sentenciados por los delitos de violación sexual de menores y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave. 141.pdf
.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. referido a la modificación de artículos relativos a los delitos contra la libertad sexual. solicito a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que este proyecto de ley que se va a aprobar hoy. solicito que el señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que para que este proyecto sea efectivo. preceptúa en su artículo 3° que “Los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación.
b) Inaplicación de los Beneficios Penitenciarios a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173° y 173°-A. de los beneficios penitenciarios.
Pero el mensaje que nos dan es de un sistema penitenciario en crisis y fracasado. esencialmente. se observa que los órganos jurisdiccionales advirtieron que el recurrente no cumplía los requisitos para acceder al beneficio de semilibertad. No hubo mayor debate para referirse al sustento constitucional de la anulación de los beneficios penitenciarios. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. porque no podría resocializar a estos condenados.por considerar que el recurrente ha sido condenado por el delito de violación sexual de menor de catorce años. puesto que no era indispensable para la resolución del caso. condición que no garantizaba el cumplimiento de la pena. El Legislativo pretende enfrentar esa lucha contra los violadores únicamente haciendo que no salgan de las cárceles o aumentando las penas. Es por la falta de motivación jurídica sobre esta ley en el Pleno del Congreso y por la posibilidad que dejó abierta el Tribunal Constitucional de aplicar el control difuso de la Ley 28704.
La Protección del Menor y el Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente. posibilidad que se observó en la caso signado con el expediente N° 01811-2011PHC/TC Callao. y la Primera Sala Penal del Callao que confirma la apelada . razón por la que le correspondía a los emplazados pronunciarse sobre dicho extremo en atención a que era objeto de cuestionamiento. en la fase de ejecución de las sentencias y no en la fase de creación de las penas. debieron pronunciarse sobre la aplicación del control difuso y ver si la Ley 28704 era compatible con el plexo constitucional. que tanto el Juez del Octavo Juzgado Penal del Callao que declara infundada la demanda. Augusto Medina Otazu “Los retos de la Política Criminal en el Perú y la Eliminación de los Beneficios Penitenciarios”.”5 (el subrayado es nuestro). 6 5 Fundamento 9 del Exp. la inaplicación de la ley no tenía relevancia alguna. por lo que le resulta aplicación el artículo 3 de la Ley 28704. La confrontación surgida en el Pleno Jurisdicción surge entre otros sobre la restricción de los beneficios penitenciarios a los sentenciados por violación sexual a los menores de edad y la regulación
Artículo jurídico. De este modo. 01811-2011-PHC/TC CALLAO. tal beneficio no le habría sido concedido. Parece no concordar con el espíritu del artículo 139 inciso 22 de la Constitución: El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. siendo esta medida tan popular parece que entendieron que no era necesaria una fundamentación jurídica4. caso Víctor Manuel Campos Santisteban de fecha 16 de agosto de 2011. en cuyo Fundamento 9 señaló que “De lo expuesto se aprecia que el recurrente solicitó tanto en su escrito de solicitud del referido beneficio como en su recurso de apelación la aplicación del control difuso. en el caso concreto.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. que prohíbe el otorgamiento de beneficios penitenciarios para los condenados por tal delito -. pág. Por ende y ante este contexto era evidente que aun inaplicando la norma legal que proscribía los beneficios penitenciarios para los sentenciados por el delito de violación sexual de menor edad.
Una mirada rápida del debate parlamentario nos expresa que la anulación de los beneficios penitenciarios se constituye en una pena adicional para sancionar con mayor drasticidad estos delitos. No obstante lo expresado en autos. Por ello Montoya Vivanco considera que “los efectos del mandato de resocialización se producen. Se colige de esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre acción de Habeas Corpus. puesto que los informes psicológicos emitidos concluyeron que el actor “tiene dificultades en el control de sus impulsos internos”.
la búsqueda de desmotivar la comisión del delito de violación sexual de menores de edad tiene un peso axiológico intenso que justifica el trato diferenciado. proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N. de fecha 3 de agosto de 1990. un incapaz absoluto (artículo 43º del Código Civil) y al menor entre 16 y 18 años. lo que genera una menor capacidad de juicio y de resistencia física. Si solo dejamos que este problema sea resuelto en los espacios judiciales entonces estamos actuando sobre los efectos del problema y no estamos adoptando políticas preventivas para recomponer nuestra sociedad y la familia. en abstracto. y reiterada en la Convención Sobre los Derechos del Niño. es básicamente esta consideración vinculada a la vulnerabilidad del niño y del adolescente. salvo en circunstancias extraordinarias. Ello en razón de las siguientes consideraciones: a) El menor de edad se encuentra en comparación al mayor de edad.º 1386 (XVI). toda vez que el artículo 4º de la Constitución. un incapaz relativo (artículo 44º del Código Civil). resulta tremendamente impopular porque está considerado entre delitos más horrendos que nos toca vivir permanentemente y merece todo el rechazo del ordenamiento jurídico y a su vez debe establecerse altos mecanismos de protección para la victimas que son niños o niñas que más bien requiere un espacio formativo y de seguridad de toda la población. Analizar sobre los beneficios penitenciarios para violadores de menores de edad. b) generar la confianza de la población en el sistema penal al apreciar que las penas se cumplen en su totalidad en el caso de este delito. así como c) generar un primer efecto reeducador en el delincuente que incurra en éste. aprobada mediante Resolución Legislativa N. Resulta más grave aun cuando se constata que lo(a)s niño(a)s están más expuestos en su núcleo familiar lo que nos muestra la crisis por la que atraviesa la familia y que debiera ser considerado este aspecto dentro de la política criminal para sanar esta desestructuración y no sólo aplicar mecanismos sancionatorios como única medida. la que lleva al Código Civil a considerar al menor de 16 años. el legislador pretende que los bienes constitucionales que procuran ser optimizados por vía de dicha intervención en la igualdad. Indulto y Conmutación de la Pena. incluso la debida protección legal. por su falta de madurez física y mental. Los tres bienes que buscan satisfacerse gozan de un valor importante en el sistema constitucional. necesita protección y cuidado especiales. en una situación de inferior desarrollo psicosomático.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. eliminando el acceso a determinados institutos que reducirían el quantum de ejecución de la pena impuesta. el niño y el adolescente no se encuentran. tanto antes como después del nacimiento”. son: a) desmotivar la comisión del delito de violación sexual de menores.º 25278. Mediante la Ley que Modifica Artículos del Código Penal relativos a los Delitos contra la Libertad Sexual y excluye a los Sentenciados de los Derechos de Gracia. En este precepto reside la constitucionalización del denominado “interés superior del niño”. Asimismo. y que entró en vigencia para el Estado peruano el 4 de octubre del mismo año.
b) Desde una perspectiva normativa. En ella se señala que “el niño. impone a la comunidad y al Estado la obligación de proteger “especialmente al niño”. que no es sino la exigencia de asumir prima facie y en abstracto la superioridad axiológica de los derechos e intereses de los niños y adolescentes. puesto que el interés superior del niño y adolescente y el respeto de sus derechos debe considerarse en cualquier medida adoptada por el estado y en la acción de la sociedad. en una situación jurídica comparable con la de un adulto. Esta fue una consideración fundamental en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño. En particular.
legislativa por el Congreso para prevenir futuros casos de violación contra los menores. allí donde el caso impone al razonamiento jurídico la
. del 20 de noviembre de 1959.
bajo el umbral de los criterios pro homine y favor debilis. debe ser apreciada también como un ideal regulativo. una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. De ello se desprende que tales funcionarios estatales deben estar dotados de una especial sensibilidad a la hora de resolver los problemas en que pudieran encontrarse envueltos [los menores de edad]. asimismo. se ha expresado con atino “que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”. se traduce en el deber de. El presente está protegido por la Constitución. sea en sus
. pero ella. en tanto compendio normativo de valores. bien de asuntos que pudieran caracterizarse como procesales.
valoración de una causa en la que ellos se encuentran comprometidos. las autoridades administrativas o los órganos legislativos. exige hoy un particular rigor en el cuidado constitucional de los niños y adolescentes. En ese mismo sentido debemos agregar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ratificado por el Perú el 4 de septiembre de 1990 en su artículo 3. sino. los tribunales. como un postulado normativo que confía en que el futuro siempre debe ser apreciado como una oportunidad para que la realidad social se asemeje cada vez más al ideal que la Constitución normativamente postula y exige. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. no en razón de un menor compromiso social con sus postulados valorativos.  Es importante también generar obligaciones positivas de protección por los estados para “(…) todas las medidas positivas que aseguren protección a los niños contra malos tratos. interpretar el Derecho de forma tal que resulten optimizados tales derechos e intereses. de fecha 17/2002 del 29 de agosto del 2002 este mandato es un:  “(…) principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano. Esa vocación y esperanza puesta en un mañana más constitucionalizado de lo que está el presente. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. entre otras cosas. y es. 59). en la Opinión Consultiva OC. es decir. Asunto que. 56)  Asimismo es un “(…) punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento. el artículo 3.” (fund. como consecuencia de ser cada vez más eficaz sin necesidad de ser aplicada coactivamente. observa el futuro como una oportunidad para ser menos requerida. entre otras cosas. establece que “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. en su vocación de ser “vivida” cada más por la comunidad que gobierna. en las características propias de los niños. bien se trate de aspectos que pudieran calificarse de sustantivos. y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. en caso de dudas hermenéuticas.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. la razón por la que en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño. por el contrario. c) El deber de especial protección del menor de edad encuentra sustento.” (funda. que este Tribunal aprecia en la Norma Fundamental. en el hecho de que la Constitución. Este es el fundamento trascendental que subyace a la especial protección del menor de edad exigida por el artículo 4º de la Constitución. cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.1 expresa que todas las instituciones privadas y públicas atiendan a una política donde se considere el Interés Superior del Niño. En relación con ello.
que permita asegurar su aptitud para ser reincorporado a la comunidad. familia etc. de la Constitución?. previsto en el artículo 139º.º 28704.” (fund. Una interpretación conjunta del artículo 139º. permite sostener que la resocialización de un penado exige un proceso. la referida disposición constitucional obliga a asegurar un régimen penitenciario orientado a la resocialización del penado. la creación de un régimen orientado al cumplimiento de una finalidad.) y este diseño mostrará que el bien jurídico tiene enorme importancia y por ello la sanción resulta una medida igualmente drástica. cuando establece lo siguiente: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.3 del Pacto. semi-libertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por los delitos [de violación sexual de menores de edad]”. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 87)  “Adoptar providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. inciso 22. social y cultural. establece que “los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. sino que además es representativa de que su puesta en libertad no constituye una amenaza para la sociedad. y principalmente al legislador. entendida ésta como la situación en virtud de la cual el ser humano. En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 10. Esto requiere la adopción de medidas. su rehabilitación y readaptación social.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 139º. En efecto. salud.
relaciones con las autoridades públicas. tal como lo dispone la Cuarta Disposición Final de la Constitución. sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales. al haber
. sin especificar cuáles son las acciones concretas que deben ejecutarse para su consecución. entre otras. de carácter económico. (…)
En la Sentencia den comentario el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este mensaje del ordenamiento jurídico internacional. El inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política preceptúa que “son principios y derechos de la función jurisdiccional: El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. inciso 22. Es básico éste aspecto por cuanto tiene que haber coherencia normativa entre la eliminación de los beneficios penitenciarios y la protección y valorización de los bienes jurídicos. de la Constitución. La Ley N° 28704 y su colisión con los Beneficios Penitenciarios. orientado a un objeto o fin. de la Constitución y el artículo 10. a saber. Nos hacemos la siguiente interrogante: ¿Este precepto legal – ley 28704 .atentará contra el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. no solo ha internalizado y comprendido el daño social generado por la conducta que determinó su condena. El primer párrafo del artículo 3º de la Ley N. es claramente una norma de fin. En otras palabras el estado y la sociedad tiene que tener un comportamiento súper valorado a favor de los niños (as) en todos los aspectos (educación. inciso 22. puesto que impone a los poderes públicos. puesto que el comportamiento drástico del artículo 3 de la Ley 28704 es una respuesta al alto estándar de protección a favor de los niños.
El Máximo intérprete de la Constitución. 0033-2007-PI/TC. a su criterio. establece que “los beneficios penitenciarios son los siguientes: 1. 2700-2006-PHC/TC. ello no significa que por vía de este precepto se ha “constitucionalizado” un concreto tratamiento penitenciario para la totalidad de delitos cometidos. como la semilibertad y la liberación condicional. 3.Semi-libertad.Visita íntima. corresponde al Parlamento.Permiso de salida. ya que comporta un mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y. como medio para lograr la rehabilitación del penado. no existe un derecho fundamental a un concreto tipo de beneficios penitenciarios. 2. cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno” (SSTC 0842-2003-PHC/TC. Es verdad que el artículo 42º del Código de Ejecución Penal.. de la Constitución. Y es que como bien se ha señalado. ha precisado que “no por su condición de principio carece de eficacia. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha sostenido de manera reiterada que “en estricto los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. de incentivos que debieran resultar prima facie eficaces para lograr la rehabilitación del penado. inciso 22 de la Constitución.Otros beneficios”. es la de una política penitenciaria reeducativa... Tal razonamiento negaría el ámbito de libre configuración legal que. pero sí puede escoger los medios que. Los beneficios penitenciarios son las medidas que el legislador o la autoridad administrativa adopta en procura de alcanzar el fin constitucionalmente exigido. Es decir. fundamento 19. “las normas de fin (ya se trate de principios) dejan siempre cierta discrecionalidad a los destinatarios”. respetando el objetivo previsto en el artículo 139º.. 6. 5. ya sea al momento de regular las condiciones cómo se ejecutarán las penas o al momento de establecer el quantum de ellas” (STC 0010-2002-PI/TC.Liberación condicional. con relación al artículo 139º. resulten más convenientes para realizarlo. no puede dar lugar a un vicio de inconstitucionalidad. a su vez. al legislador. respectivamente). pues. sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal. su concreta previsión no viene impuesta por norma constitucional alguna. aunque bajo distintos motivos. 48º y 53º. como representante de la Nación (artículo 93º de la Constitución) en materia de Política Penitenciaria. de la Constitución. inciso 22. Acaso la única medida que viene impuesta por el artículo 139º. inciden sobre el tiempo de ejecución efectiva de la pena privativa de libertad (artículos 44º. singularmente. Sin embargo.. fundamento 46). ni siquiera a aquellos que son representativos de la posibilidad de la concesión antelada de libertad. 4. Se trata. Mientras su configuración normativa esté orientada a la readaptación social del penado.
. no es posible exigir al legislador la previsión de un concreto tipo de beneficios.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. fundamento 3.Redención de la pena por el trabajo y la educación.. acepta diversos modos de concretización. lo que. inciso 22. Ello significa que el legislador no puede constitucionalmente eludir el cumplimiento del fin. ¿cuáles son las medidas concretas que deben realizar el legislador y los poderes públicos en general para alcanzar dicho fin? Sobre ello la Constitución guarda silencio. Sin embargo. No obstante ello.
asumido el deber de no afectar la autonomía moral de otros seres humanos ni otros bienes necesarios para la convivencia pacífica. De ahí que la exclusión de algunos de ellos en función de la gravedad de ciertos delitos.} Tanto la redención de la pena por trabajo y educación. fundamento 208).
Resulta claro que. que incluso esta lista sigue siendo abierta a las nuevas medidas resocializadoras que pueda adoptar la autoridad administrativa por vía reglamentaria. No se puede olvidar.Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas. capaz de ser complementada por el propio legislador.. tanto en el comportamiento personal como en la actividad organizada en el Establecimiento Penitenciario.Otras que determine el Reglamento”. consecuentemente. pero no de lo constitucionalmente obligatorio. fundamento 19). Distinto sería el asunto si. e incluso por las autoridades administrativas competentes. los condenados por la comisión del delito de violación sexual de menores se hubiesen encontrado sin ningún tipo de tratamiento penitenciario orientado a su resocialización. En otras palabras. que la resolución que la concede o deniega debe atenerse escrupulosamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución. Estas recompensas son: 1. sino que el inciso 6) de tal disposición permite advertir que se trata de una lista abierta.. 2. resulte compatible con la Constitución”. para los casos de personas condenadas por la comisión del delito de violación sexual de menores. Cuando el legislador. 3.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. inexistente o manifiestamente arbitraria dicha que sea fundamentación. prevé también otras clases de beneficios. Empero. de la Constitución. ese no es el caso pues. en aras de cumplir con la finalidad exigida por el artículo 139º.Autorización para trabajar en horas extraordinarias. Finalmente debemos mencionar que el Tribunal Constitucional resuelve el proceso de inconstitucional signada con el Expediente N° 0012-2010-PI/TC declarándola INFUNDADA. e incluso quizá de lo técnicamente recomendable.. como la semi-libertad y la liberación condicional. Asimismo el artículo 59º del aludido Código. como consecuencia de la supresión de los referidos beneficios. puede desaparecer de la misma forma en que se reguló. la resolución que deniega el beneficio penitenciario (…) constituye una violación (…) del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales” (STC 15932003-PHC/TC. Se aprecia. “[e]llo no quiere decir que la denegación de tales solicitudes de libertad puedan o deban ser resueltas de manera caprichosa o arbitraria por los jueces competentes. inciso 22. pues. su denegación arbitraria no genere un problema de relevancia constitucional.
Los beneficios orientados a la obtención de una libertad antelada ingresan dentro del marco de lo constitucionalmente posible. sino una que nació del ejercicio de sus competencias desenvueltas en el ámbito de lo que la Constitución le permite.. Una vez que el legislador ha previsto beneficios penitenciarios que permiten la obtención de la libertad antes del cumplimiento de la totalidad de la pena. son estimulados mediante recompensas que otorga el Consejo Técnico Penitenciario y que son anotadas en su expediente personal. no ha suprimido una concreta clase de tratamiento penitenciario que constitucionalmente le venga impuesta. a través del artículo 3º de la Ley N. el Tribunal Constitucional considera que el artículo 3º de la Ley Nº 28704. ha suprimido los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y educación. que deberá resolverse de manera especialmente fundamentada. precisándose los argumentos fácticos y jurídicos en los cuales se sustenta. no solo resulta que el artículo 42º del Código de Ejecución Penal prevé otros tipos de beneficios penitenciarios. Desde luego.º 28704. 4. es decir. Dicho precepto dispone lo siguiente: “Los actos que evidencian en el interno espíritu de solidaridad y sentido de responsabilidad. lo que aparece en el mundo del Derecho dentro de dicho ámbito. que no impliquen funciones autoritativas.Desempeñar labores auxiliares de la Administración Penitenciaria. según lo resuelto en el Fundamento 78 al señalar que “Consiguientemente. sobre el particular.
y la no resocialización del penado queda acreditada por el hecho de que éste ha reincidido en el hecho típico que dio lugar a la primigenia sentencia condenatoria o ha incurrido en un nuevo delito de igual o mayor gravedad. se entenderá por motivación aparente aquella que no incluye un desarrollo argumentativo orientado a justificar –sobre la base de los informes técnicos. Para tales efectos.
Reglas vinculantes inconstitucionalidad. las leyes que reducen o eliminan los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y educación. y.
a) En el caso de un delito para el que se encontraba legalmente prohibido. en aplicación del artículo 154º.º 29277. semilibertad o liberación condicional. previsto en el artículo 44º de la Constitución. tras la respectiva valoración. los jueces incurren en la referida falta. es meramente aparente. como la semi-libertad y la liberación
4.º 29277 –que establece que es falta muy grave por parte de los jueces “[n]o motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”–.
. pero también del propio criterio desplegado por el juzgador–. tenga la convicción de que el referido penado se encuentra rehabilitado. 3. por no ser de aplicación a personas condenadas a pena privativa de libertad a través de una sentencia firme si aún no se ha cumplido la totalidad del quantum de la pena impuesta. previo procedimiento disciplinario y acreditada la violación al referido deber funcional constitucional y legal. la concesión de la libertad al penado en aplicación de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y educación. y del artículo 55º de la Ley N. c) Tras la sola constatación del cumplimiento de los requisitos formales previstos en la ley. En caso de duda. arribadas por el Tribunal Constitucional en el presente proceso de
De conformidad con los fundamentos 80 a 83 supra. de la Constitución. se advierte que el beneficio ha sido concedido:
2. exige concluir que en los casos descritos en el punto resolutivo precedente.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. consecuentemente. De conformidad con el fundamento 85 supra. En estos casos no opera el principio favor libertatis. una interpretación del artículo 48º. se encuentra condicionada a que el juez penal. en estos casos. en ejercicio de la competencia prevista en el mismo precepto constitucional y en el artículo 63º de la Ley N. en observancia del artículo 44º de la Constitución. b) A pesar de que no se cumplían los requisitos formales previstos en la ley. la convicción de que el penado no representa una amenaza para la seguridad de la población.º 29277. lo cual se determinará en función de las penas imponibles por tales hechos. cuando del análisis de una resolución judicial que concede la libertad en aplicación de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y educación. inciso 13. De conformidad con los fundamentos 87 a 94. d) A pesar de que la motivación que permitió concluir la resocialización. de manera objetiva y suficiente. el juez está constitucionalmente prohibido de conceder la libertad. y el referido órgano constitucional. semilibertad y liberación condicional. De conformidad con el fundamento 86 supra. sin analizar el grado de resocialización del penado. tiene el deber constitucional de. proceder a su respectiva destitución. no constituye una amenaza para la seguridad de la población. 1. la Corte Suprema tiene el deber de solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución del juez. inciso 3. los jueces penales violan objetivamente el deber constitucional de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Por consiguiente. conforme al artículo 44º de la Constitución –que establece que es deber de los jueces y de todo poder público “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”–. de la Ley N.
sociología. Requerimos también replantear los objetivos de las instituciones de tutela. pues se había generado una incertidumbre si dicho dispositivo legal era compatible con el Texto Constitucional.
. Tomo II Gaceta Jurídica. Tomo II. El reto no es solo levantar la voz contra estos delitos sino establecer de una buena vez una política criminal de aquí a 20 o 30 años y que sea un diagnostico serio desde la antropología. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Gaceta Jurídica. son inmediatamente aplicables a los casos en los que tales beneficios aún no hayan sido solicitados. No puede ser que esta respuesta solo sea desde la inflación de penas y la elevación de las mismas. Augusto Medina Otazu “Los retos de la Política Criminal en el Perú y la Eliminación de los Beneficios Penitenciarios”. Ello puede trastocar el sentido fundamental del artículo 139 inciso 22 de la Constitución. la cual es la reeducación. Gaceta Jurídica. Comentando el artículo 139 inciso 22 de la Constitución. esto es violación sexual de menores Se pretende utilizar como mecanismo de gravocidad la eliminación de los beneficios penitenciarios para determinados delitos. La Constitución comentada. En consecuencia anular los beneficios penitenciarios tal vez resultan siendo un drama mayor: La medicina puede ser peor que la propia enfermedad. Las cárceles se han convertido en centros de delito más que en centros de reeducación y resocialización. Primera Edición Diciembre2005. Artículo jurídico. ello en virtud de la peligrosidad y reincidencia que representan ciertos delitos en perjuicio de las personas más débiles de la sociedad. Diciembre del 2005. Con estas reglas el Tribunal Constitucional esclarece situaciones en las cuales se había generado una confusión respecto a la no procedencia de los beneficios penitenciarios para los delitos contemplados en la Ley N° 28704. Porque en algún momento estos delincuentes volverán a la sociedad y tal vez retornen mucho más perfeccionados. Requerimos recomponer los bienes jurídicos y brindar la mayor de las atenciones en todos los niveles a favor de los niño (a)s y su entorno familiar. CONCLUSIONES:  El Legislador Penitenciario en uso de sus facultades y dentro de lo constitucionalmente permitido está facultado para restringir beneficios penitenciarios u otorgar otros nuevos. La violación contra menores es un delito que merece todo nuestro rechazo. etc. Pero estos hechos deben de permitirnos hacer un diagnóstico sobre sus reales causas y de cómo enfrentarlos.
BIBLIOGRAFÍA  Iván Montoya Vivanco. como por ejemplo en el expediente N° 01811-2011-PHC/TC Callao.Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. sicología. de nuestra sociedad para atender las verdaderas causas de los focos de violencia. La Constitución Comentada.
Precedente Vinculante del TC y la procedencia de los Beneficios Penitenciarios en la Ley N° 28704. de fecha 11 de noviembre de 2011. Expediente N° 01811-2011-PHC/TC CALLAO. Publicada con fecha 14 de marzo de 2006 Segunda Legislatura Ordinaria del 2005. Caso Víctor Manuel Campos Santisteban de fecha 16 de agosto de 2011
.000 ciudadanos. Expediente N° 0012-2010-PI/TC LIMA. Indulto y Conmutación de la Pena”. Proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por más de 5. “Ley que Modifica Artículos del Código Penal relativos a los Delitos contra la Libertad Sexual y excluye a los Sentenciados de los Derechos de Gracia.
LEYES Y OTROS DOCUMENTOS  Ley N° 28704. Tomo I Diario de Debates.
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