Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/193155-1013-251116-2016-16-1114.HTML
Timestamp: 2019-06-24 18:48:23
Document Index: 173429531

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 214']

Exp. N° 16-1114
El 18 de noviembre de 2016, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual remitió un ejemplar de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, a fin que esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma, debido al desacato en que se encuentra ese órgano legislativo frente a las decisiones del Poder Judicial.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante oficio sin número del 18 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, remitió a esta Sala el texto de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, que a su vez le fuera enviada por dicha Asamblea el 17 de noviembre de 2016, a tenor de lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, indicó que “(…) remit[ía] un ejemplar de la supuesta Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, enviada por la Asamblea Nacional, con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie acerca de la constitucionalidad del citado documento, debido a que ese Órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (…)”.
La presente solicitud de pronunciamiento planteada por el Presidente de la República, está referida a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, la cual es del tenor siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Esta Ley es presentada por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados y diputadas, Principales: Presidenta Diputada Indígena Gladys Margarita Guaipo, Vicepresidente Dip. Ezequiel Eligio Pérez Roa, Dip. Indígena Virgilio Ferrer, Dip. Aloha Núñez, Dip. José Antonio España, Dip. Amado Heredia; Suplentes: Dip. Yoliber Guacaran, Dip. Eduardo José Marín, Dip. Ricardo Fernández, Dip. Larissa González, Dip. Keyrinet Fernández, Dip. Pedro Santaella; Secretaria Abg. Dalia Torres, con la participación del personal técnico y administrativo de la Comisión.
El proceso legislativo en materia de Educación Indígena se origina en el año 2001, cuando la Comisión Permanente inicia el desarrollo y formulación del Proyecto de "Ley de Educación Intercultural Bilingüe" denominado posteriormente Proyecto de "Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Usos de Sus Idiomas" encargándose su redacción a un grupo de asesores expertos en el área. Este proyecto de Ley es sometido a un amplio proceso de consulta Nacional durante los años 2002 al 2004, mediante la realización de un gran número de talleres y reuniones en los que participaron los pueblos y comunidades indígenas, sus organizaciones representativas, así como los órganos, entes y demás instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia educativa del país.
En el año 2005 la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas decidió suspender la discusión de este Proyecto de Ley, en virtud del proceso de discusión de la Ley Orgánica de Educación; en este sentido, se solicitó a la Comisión Mixta encargada de su redacción, incorporar en el cuerpo de esta Ley Orgánica un conjunto de normas relativas a la Educación propia de los pueblos indígenas así como las referidas al régimen de educación intercultural bilingüe, atendiendo a las expectativas y exigencias recogidas en el proceso de consulta del Proyecto de Ley de Educación de los pueblos Indígenas y Usos de sus Idiomas.
La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional en el año 2011 retoma la discusión del Proyecto de "Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Usos de sus Idiomas" modificando su denominación como "Ley de Educación de los Pueblos Indígenas” esto, para dar cumplimiento al mandato legal de legislar en esta materia, partiendo del principio de la pluriculturalidad y el respeto a las culturas de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho Proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas en fecha 31 de mayo de 2012, remitiéndolo a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su Primera Discusión, la cual tuvo lugar en fecha 16 de julio de 2013, resultando aprobada por unanimidad. En la misma fecha fue remitida a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, instancia que diseñó el cronograma de actividades de la segunda fase de consulta del referido Proyecto de Ley, a los fines de la elaboración del informe para la Segunda Discusión, el cual fue remitido a la Secretaría de la Asamblea Nacional en fecha 06 de Agosto de 2014. Cabe señalar que desde esa fecha hasta el vencimiento del período legislativo 2010-2015, no se incluyó en la agenda de la Asamblea Nacional la discusión del referido informe, por lo cual no se efectuó la Segunda Discusión del citado Proyecto de Ley.
Para el período Legislativo (2016-2020), la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas asume como prioridad en su agenda parlamentaria, la labor de legislar en la materia educativa indígena, para ello ha observado la diversidad de propuestas presentadas con anterioridad y que han servido como punto de referencia en la elaboración del Proyecto de Ley, el cual se presenta ante la Asamblea Nacional a fin de dar inicio al proceso de formación y discusión de Proyectos de Ley, cumpliendo así con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Los pueblos indígenas en Venezuela se han mantenido en la constante y permanente exigencia del reconocimiento de sus derechos originados colectivos e individuales, indispensables para preservar su existencia y culturas como pueblos originarios, siendo esta voluntad de perseverancia lo que ha permitido conservar su cosmovisión, espiritualidad, tradiciones, usos, practicas, costumbres e idiomas originarios.
Como parte de esta lucha histórica, nuestros pueblos originarios han exigido el reconocimiento de su educación propia y la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, como mecanismo de fortalecimiento y transmisión de sus culturas. En el año de 1979 la política educativa indígena en nuestro país tuvo un significativo avance con la implantación del Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, previsto en el Decreto № 283, cuya competencia recayó en el Ministerio de Educación, a través de la Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indígenas (OMAFI); la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI), pasando luego a la Dirección General de Educación Indígena y más recientemente la Dirección de Educación Intercultural (DEI).
Como parte del desarrollo legislativo del texto constitucional, la Asamblea Nacional ha dictado un conjunto de leyes específicamente dirigidas a los pueblos indígenas, entre las cuales destaca la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la cual se constituye como Ley marco para el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, garantizándoles el derecho de mantener y preservar su educación propia como medio de transmisión: de sus culturas, tradiciones y en general, las prácticas tradicionales y ancestrales indígenas, así como el derecho a una educación de carácter intercultural y bilingüe que garantice el uso paritario de los idiomas indígenas y el castellano.
Esta Ley en su estructura está conformada por cuatro (4) capítulos, veintisiete (27) artículos, cuatro (4) disposiciones transitorias y finales, referidos a:
Capítulo I, Disposiciones generales, abarca del Artículo 1 hasta el Artículo 11; este Capítulo establece el objeto de la Ley, reconociendo como punto de partida el valor primordial de la educación en el proceso fundamental para alcanzar los fines de la Nación.
Capítulo II, De las actividades docentes, abarca del Artículo 12 al Artículo 20, en el presente capítulo se reconoce la diversidad cultural y realidades específicas de cada pueblo indígena en el desarrollo de la interculturalidad en el Sistema Educativo Nacional, por lo cual se prevé una multiplicidad de culturas y realidades que cada día viven los pueblos indígenas, por lo que esta Ley establece la definición de un calendario escolar flexible, que incluya las prácticas ancestrales tradicionales, situación geográfica, estacional, climática y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, quienes participaran en su elaboración. Se establece además el derecho de cada pueblo indígena de disponer de de disponer de tiempo, espacio, docentes y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje satisfactorio de su propio idioma, cuyo uso se realizará de forma equilibrada con el idioma castellano.
Capítulo III, De los docentes interculturales, abarca del Artículo 21 al Artículo 27, este Capítulo consagra el rol preponderante del docente indígena en el aula de clase para lograr la materialización de una verdadera interculturalidad, la cual en muchas ocasiones se ha visto limitada a una asignatura o a la mera traducción de textos educativos.
Es importante señalar que los indígenas reconocidos por sus comunidades como sabios, conocedores de su cultura, idioma y cosmovisión, podrán ejercer como docentes de la modalidad de Educación Intercultural-Bilingüe, a los fines de impartir las asignaturas relacionadas con la herencia cultural, conocimientos ancestrales y tradicionales del pueblo indígena de pertenencia.
Capítulo VI, Disposiciones transitorias y finales, abarca cuatro (4) artículos, que contienen normas de temporalidad parcial, vigencia y derogatoria, con relación a la temporalidad otorga un lapso de 3 años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que los órganos competentes en materia educativa, cultural e indígena, en coordinación con los demás órganos del Estado, cumplan con la sistematización de los conocimientos tradicionales indígenas. De igual modo, se establece un lapso de 3 años para que las instituciones, centros, planteles y servicios educativos públicos o privados, ubicados en hábitat y tierras indígenas, incorporen la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, de conformidad a la presente Ley.
LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PARA LOS PUEBLOS
Artículo 2. Se garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a mantener y desarrollar su educación propia, basada en sus sistemas de socialización, constituidos en procesos de enseñanza-aprendizaje, transmisión, difusión, arraigo y profundización de los elementos que conforman la cultura de cada pueblo y comunidad. El ejercicio de este derecho se rige según las normas, usos, costumbres y tradiciones de cada pueblo y comunidad indígena.
Artículo 23. Los estudios impartidos bajo la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe son equivalentes al resto de las modalidades para los efectos de la obtención de certificados, títulos y prosecución de estudios entré las modalidades del Sistema Educativo Nacional, de conformidad con las normas reglamentarias que rigen la materia.
Ejercicio de la docencia en la Educación
1. Pertenecer al pueblo indígena de los educandos o tener amplia competencia y conocimientos sobre la cultura, tradiciones, usos y costumbres del pueblo o comunidad donde ejercerá sus funciones.
2. Ser hablantes del idioma originario y preferentemente dominar su escritura.
3. Tener título universitario en docencia o carrera afín, o experiencia comprobable en docencia con formación académica.
4. En caso de comunidades indígenas apartadas o de difícil acceso, los educadores fijaran su residencia en la comunidad donde ejerzan sus funciones.
Artículo 27. La selección de los docentes indígenas adscritos a la modalidad
de Educación Intercultural Bilingüe, debe contar con la postulación o
aprobación otorgada en asamblea comunitaria efectuada por la comunidad
indígena interesada, conforme a sus usos, practicas y costumbres. Las
organizaciones indígenas podrán postular a docentes indígenas o no indígenas
para su ingreso en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, siempre
que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley.
Única. Se derogan todas las disposiciones legales y sublegales que contradigan la presente Ley.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
En el presente caso se somete a consideración de la Sala el control previo de constitucionalidad de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional, cuyas disposiciones no sólo son de carácter general y afectarían a la colectividad de ser promulgadas, sino que además su sanción se produce en el marco de una situación de derecho particular, la cual ya ha sido advertida en sentencias vinculantes de esta Sala con relación a la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se relaciona directamente con el resguardo del orden público constitucional (cfr. sentencias Nros. 808/2016 y 814/2016) que obligan a esta Sala con fundamento en la función tuitiva del Texto Fundamental que le ha sido encomendada a proceder a su evaluación y control, en los siguientes términos:
En este orden de ideas, esta Sala observa que la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena fue sancionada por la Asamblea Nacional mediante sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016, luego de la incorporación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, actuando como Diputados del órgano legislativo nacional, con ocasión a la juramentación de los mismos realizada por la Directiva de dicho órgano legislativo el 28 de julio de 2016, lo cual constituye un hecho comunicacional, es decir, goza de notoriedad al ser transmitido de manera uniforme por los distintos medios de comunicación, tal como se denota del propio portal web de la Asamblea Nacional, desde cuya oportunidad dichos ciudadanos participaron en los debates, deliberaciones y votaciones que fueron efectuadas en el pleno del aludido órgano parlamentario, tal cual lo ha señalado esta Sala en ejercicio de su labor jurisdiccional (vid. sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016).
En efecto, en la referida sentencia 269 del 21 de abril de 2016 esta Sala determinó lo siguiente:
“(…)No basta entonces la simple iniciativa, sino que debe tener una exposición de motivos y el acompañamiento del estudio del impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, tal y como lo ordena el propio Reglamento Interior y de Debates de dicho órgano, inclusive con la sanción de devolución a sus proponentes de ley y suspensión del procedimiento de formación si no se cumplen con estos pasos previos.
De ahí que la viabilidad exigida en todo Proyecto de Ley tiene que ver no sólo con el impacto e incidencia económica y presupuestaria que tendría para el Estado venezolano sino con la concertación obligatoria que entre ambos Poderes, Legislativo y Ejecutivo debe existir”. (Subrayado de la Sala).
De lo anterior se desprende que la consulta sobre la viabilidad económica de una ley debe realizarse obligatoriamente con el Ejecutivo Nacional, previo a la sanción del texto legal, lo cual, no se desprende de la exposición de motivos, pues nada se señala al respecto, aun cuando en la normativa sancionada se está diseñando un sistema integral de educación para los pueblos indígenas, que conforme al artículo 9 de la Ley faculta a los órganos competentes en materia de Educación y Pueblos Indígenas, a crear, codificar, registrar y garantizar el funcionamiento de instituciones, servicios y centros educativos indígenas, dejando la creación de centros o instituciones educativas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas a un posterior proceso de “consulta previa establecido en la Ley que rige la materia”, de tal manera que se observa la previsión de unas erogaciones por parte del Estado Venezolano, tanto en la creación de las instituciones y centros educativos, incluyendo todo lo relacionado con su infraestructura, adquisición de mobiliario y demás enseres y consumibles, respecto a los cuales se deben tomar las previsiones presupuestarias para su cumplimiento.
Asimismo, el artículo 24 establece el acceso a la tecnología y aplicaciones de informática a los pueblos y comunidades indígenas, sin que se indique el impacto que tal implementación supondrá, y por último, dispone que los docentes indígenas tienen derecho a ser incluidos en el Sistema de Seguridad Social Integral y a percibir una remuneración o salario acorde con las condiciones geográficas especiales de las comunidades indígenas y las necesidades de transporte, salud, alimentación y vivienda, sin perjuicio de los derechos y beneficios laborales previstos en otras leyes, sin que tampoco se haya consultado el costo económico que ello comporta.
Por tanto en la Exposición de Motivos debió indicarse la realización de la consulta obligatoria, ya que no puede eximirse el órgano legislativo de cumplir con su deber de realizar la consulta, aun cuando considere que la ley que va a sancionar carece de impacto económico.
“…el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de varios criterios jurisprudenciales y postulados fundamentales que rigen el proceso de formación de la ley sub examine, como lo son los principios tutela integral de los derechos humanos, autonomía de los poderes públicos, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, supremacia constitucional y legalidad presupuestaria, determinados por la insuficiente previsión del impacto económico, junto a la correspondiente previsión y acuerdo presupuestarío, lo que determina la responsabilidad cardinal de la Asamblea Nacional en la necesaria viabilización de esta ley cuya constitucionalidad aquí se sostiene…”.
Luego de un análisis detenido de la Exposición de Motivos de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, sancionada por la Asamblea Nacional, advierte esta Sala que se evidencia la inobservancia del procedimiento de formación de la Ley, en virtud de lo preceptuado en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala, en particular en lo referente a la obligatoriedad del estudio de impacto económico para determinar la viabilidad de la legislación, lo cual resulta absolutamente necesario para su sanción e ingreso en el ordenamiento jurídico nacional, según lo previsto en los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, relacionados con la obligatoriedad por parte de la Asamblea Nacional, tal como lo reconoció esta Sala mediante la sentencia N.° 269 del 21 de abril de 2016, ratificado en sentencia N° 343 del 6 de mayo de 2016, según la cual la Asamblea Nacional debe consultar con el Ejecutivo nacional -por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar la viabilidad económica de la Ley, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.
Por último, esta Sala exhorta a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año; en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional, ante la manifestación de voluntad de los referidos ciudadanos de desincorporarse del cargo, de la que ha tenido conocimiento esta Sala. (Vid sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016).
1.- Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- La NULIDAD del acto legislativo sancionatorio de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, realizado por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016,
3.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional mediante el cual se sancionó la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena”
4.- EXHORTA a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del presente año; en respeto a los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Exp Nº: 16-1114