Source: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=3231
Timestamp: 2018-08-19 10:23:42
Document Index: 57272601

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 94', 'Artículo 94', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 94', 'artículo 15', 'artículo 96']

Impuesto sobre el Patrimonio "fotovoltaico"
La Dirección General de Tributos, por consulta vinculante otorga a productor fotovoltaico el derecho a la exención en el impuesto patrimonial respecto de sus participaciones en la sociedad cabecera del grupo.
La consultante es una persona física que, a una sociedad A íntegramente participada por ella, va a realizar aportación no dineraria de las participaciones sociales que representan el 100 por 100 de la Sdad B, el 50 por 100 de Sdad C y Sdad D y el 25 por 100 de la Sdad E, sociedad esta última de la que la Sdad A tiene otro 25 por 100 del capital social.
La actividades económicas de las entidades involucradas son:
Sdad A, producción, transporte, distribución y comercialización de energía fotovoltaica producida a través de la energía solar y al asesoramiento y estudio relacionados con la instalación eléctrica y térmica en general.
Sdad B, producción, transporte, distribución y comercialización de energía fotovoltaica producida a través de la energía solar.
Sdad C, producción, transporte, distribución y comercialización de energía fotovoltaica producida a través de la energía solar y al asesoramiento y estudio relacionados con la instalación eléctrica y térmica en general.
Sdad D, consultoría y asesoramiento en los ámbitos de la ingeniería industrial y arquitectura.
Sdad E, asesoramiento y estudio relacionados con la instalación eléctrica y térmica en general.
De acuerdo con el escrito de consulta, con la operación se tiene como objetivo racionalizar la estructura a nivel organizativo, de las distintas sociedades en que participa, mejorando de esta forma la gestión de los recursos y de las sociedades filiales, centralizando la planificación y la toma de decisiones en la sociedad cabecera, pudiendo iniciar nuevos proyectos de forma independiente, facilitando la percepción externa del grupo y mejorando la capacidad comercial, inversora, de administración y negociación con terceros.
Si por el hecho de constituir una sociedad holding, como consecuencia de la aportación no dineraria, el consultante puede gozar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, establecida en el artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio.
Si, a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, la operación no dineraria descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VIII, del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El artículo 4.Ocho. Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establece la exención en los términos siguientes:
En el caso planteado en el escrito de consulta, una vez finalizado el proceso de reorganización empresarial que se pretende, el consultante tendría el 100% del capital de la sociedad "holding". De conformidad con la información que se facilita en el escrito, concurrirían en aquel los requisitos de las letras b) y c) y en la entidad los exigidos por la letra a) al no computarse como valores los que la "holding" tiene en las sociedades participadas de segundo y tercer nivel.
De acuerdo con lo anterior, el socio único y consultante tendría derecho a la exención en el impuesto patrimonial respecto de sus participaciones en la sociedad cabecera del grupo.
A la vista de lo expuesto en el escrito de consulta, la operación por la cual la persona física consultante aporta el 100% del capital de B a la entidad A, estaría comprendida entre las aludidas en el artículo 83.5 del TRLIS, en la medida en que la entidad A adquirirá una participación en B que permitirá obtener la mayoría de los derechos de votos de la misma, y en la medida en que concurran las circunstancias del artículo 87 del TRLIS citadas, por lo que se podría aplicar a dicha operación el régimen especial previsto en el capítulo VIII del título VII del TRLIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa.
Por otra parte, el apartado 1 del artículo 94 del TRLIS dispone:
"Artículo 94. Aportaciones no dinerarias.
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del sujeto pasivo de este impuesto o del contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos:
1.º Que la entidad de cuyo capital social sean representativos sea residente en territorio español y que a dicha entidad no le sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.º Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y no cumpla los demás requisitos establecidos en el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 116 de esta Ley.
d) Que, en el caso de aportación de elementos patrimoniales distintos de los mencionados en el párrafo c) por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dichos elementos estén afectos a actividades económicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio."
En el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se exige que las mismas representen al menos el 5% de los fondos propios de una entidad residente en territorio español a la que no resulten de aplicación el régimen de agrupaciones de interés económico ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.Ocho. Dos de la Ley 19/1991 o, teniendo este objeto, en el plazo de al menos 90 días del ejercicio social no se cumpla que más del 50% del capital social pertenezca, directa o indirectamente, a 10 o menos socios o a un grupo familiar en los términos establecidos en el cuarto párrafo del artículo 116.1 del TRLIS, así como que hayan sido poseídos por el aportante ininterrumpidamente durante el año anterior a la fecha de la aportación.
Por otra parte, la aplicación del régimen especial exige que, una vez realizada la aportación, cada una de las personas físicas aportantes participe en los fondos propios de la entidad que la recibe en, al menos, un 5%, siempre que esta última sea residente en territorio español o realice en el mismo actividades por medio de un establecimiento permanente.
En este caso concreto, se pretende aportar el 50% del capital de C y el 25% del capital de D, teniendo A previamente un 25% de esta última. En la medida en que las participaciones aportadas se hayan poseído al menos durante el año anterior a la realización de la aportación, y se cumplan el resto de requisitos citados del artículo 94.1, las operaciones descritas podrían acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VIII del título VII del TRLIS, cumplimiento que se refiere a cuestiones de hecho que deberán probarse por el sujeto pasivo en los términos establecidos en los artículos 105 y 106 de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea aplicable dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 15 del TRLIS.
En el escrito de consulta se indica que la operación proyectada con se tiene como objetivo racionalizar la estructura a nivel organizativo, de las distintas sociedades en que participa, mejorando de esta forma la gestión de los recursos y de las sociedades filiales, centralizando la planificación y la toma de decisiones en la sociedad cabecera, pudiendo iniciar nuevos proyectos de forma independiente, facilitando la percepción externa del grupo y mejorando la capacidad comercial, inversora, de administración y negociación con terceros. Estos motivos se pueden considerar económicamente válidos a los efectos del artículo 96.2 del TRLIS.