Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47430&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2019-09-22 10:37:54
Document Index: 178591672

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 33', 'Artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 48']

Consulta NO VINCULANTE n° 553
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Fecha salida: 04/12/2001
- Artículo 6.2.4º Ley 20/1991 Artículo 7.2.6º Ley 20/1991 Artículo 16.2.3º Ley 20/1991Artículo 17.1.2º Ley 20/1991Artículo 17.2.1º Ley 20/1991 Artículo 19.1.2º Ley 20/1991 Artículo 33.3 Ley 20/1991 Artículo 48.1 Ley 20/1991;
Texto consulta: El consultante realiza, desde mayo del pasado año, una ejecución de obra en Santa Cruz de Tenerife para un sujeto pasivo del IGIC establecido en Canarias que está procediendo a la edificación de un edificio comercial. No se encuentran dados de alta como sujetos pasivos en el IGIC por tratarse de una ejecución de obra por período no superior a un año.
No obstante, dicho contrato de ejecución de obra se ha ampliado, sobrepasando el año de permanencia en las Islas Canarias.
El instante manifiesta que las facturas emitidas a su cliente, establecido en las Islas Canarias, se encuentran exentas de IGIC, pero las que paga se encuentran gravadas, por lo que consulta el procedimiento a seguir con el IGIC devengado hasta la fecha, distinguiendo entre solicitar su devolución por no establecido en las Islas Canarias o bien deducirlo considerando que, de manera retroactiva, tiene establecimiento permanente, presentando desde mayo del año 2000 las declaraciones liquidaciones correspondientes.
Respuesta: Una obra de construcción sobre un bien inmueble radicado en las Islas Canarias, efectuada por una empresa de la construcción no establecida en Canarias, y con una duración prevista no superior a doce meses no supone su consideración como establecimiento permanente a efectos del IGIC. En las facturas que documenten las certificaciones de obra correspondientes no deberá hacer constar cuota alguna de IGIC, siendo su cliente establecido en las Islas Canarias, que tendrá la consideración de sujeto pasivo en virtud del artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, quien deberá emitir un documento equivalente a la factura en los términos previstos en el artículo 8 bis del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, en el que se liquide la cuota correspondiente de IGIC. No obstante, desde el momento en que, ya sea el prestatario o el destinatario de la operación, tengan constancia de que la duración inicialmente prevista va a superar el plazo temporal de doce meses, o, en todo caso, cuando la duración real de la obra supere el citado plazo, la mencionada obra pasará a tener la consideración de establecimiento permanente y no será de aplicación la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19, número 1, apartado 2º de la Ley 20/1991 y su normativa de desarrollo. En el supuesto de que la entidad hubiera efectuado pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible desde el inicio de las obras, deberá emitir facturas rectificativas en las que se repercutan las cuotas de IGIC devengadas con la correlativa obligación del destinatario de efectuar los oportunos ajustes.
Por último, el consultante, establecido en las Islas Canarias por superar o prever superar el plazo de doce meses de la obra, no podrá ejercer el derecho a la devolución de las cuotas soportadas o satisfechas por empresarios o profesionales no establecidos previsto en el artículo 48, número 1, de la Ley 20/1991, si bien si podrá ejercer su derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas en sus declaraciones-liquidaciones periódicas, con los requisitos y condicionantes establecidos con carácter general para el ejercicio de dicho derecho en la Ley 20/1991 y su normativa de desarrollo. En concreto, dicho derecho podrá ejercerse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las sucesivas, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años contados a partir del momento del nacimiento del mencionado derecho.