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Timestamp: 2018-02-19 04:34:05
Document Index: 385380234

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 152', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98']

Gaceta Oficial N de fecha 12 de marzo de 2002 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA - PDF
Gaceta Oficial N de fecha 12 de marzo de 2002 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA
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María Gutiérrez Ortega
1 Gaceta Oficial N de fecha 12 de marzo de 2002 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, DECRETO CON FUERZA DE LEY SOBRE EL ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA TITULO I Disposiciones Fundamentales Artículo 1. El presente Decreto Ley establece el Estatuto General que rige a los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional. Igualmente rige el sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. Además, regula el sistema de administración de personal, el cual comprende la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario, normas para el retiro y el régimen jurisdiccional. Las materias señaladas en este artículo son de orden público y, en consecuencia, no pueden ser objeto de contratación colectiva. Artículo 2. El presente Decreto Ley tiene por objeto: 1. Crear el marco regulador que conforme un sistema de incentivos definidos para el funcionario público, con reglas claras de actuación para que su gestión, fundamentada en los principios de honestidad, participación, solidaridad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, se oriente a garantizar que la Administración Pública Nacional esté al servicio de los ciudadanos. 2. Promover la identificación del funcionario público como servidor público en función de la acción del Estado para llevar a cabo sus fines esenciales. 3. Crear un régimen que oriente de manera intachable la conducta de los aspirantes o miembros de la función pública, de acuerdo con los códigos de ética administrativa, con el más alto sentido de dedicación y respeto a los principios y normas previstos en el ordenamiento jurídico. 4. Crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen y permanezcan en la Administración Pública Nacional tengan acceso a los más altos niveles de capacitación y experiencia técnica y profesional. 5. Establecer las normas que garanticen el ingreso y el ascenso en la función pública de modo que aquéllas se cumplan con el más estricto respeto a la igualdad,
2 apoyándose en la selección de los más aptos mediante la competencia pública basada en conocimientos, méritos y experiencia. Artículo 3. Las disposiciones de este Decreto Ley son aplicables a las relaciones de prestación de servicios entre los funcionarios públicos y la Administración Pública Nacional. Artículo 4. Funcionario público es toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeña en el ejercicio de una función pública. TITULO II Dirección y Gestión de la Función Pública CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 5. El Presidente de la República ejerce la dirección de la función pública. A tal fin le corresponde: 1. Dictar políticas generales de recursos humanos para la Administración Pública Nacional. 2. Dictar las políticas de remuneración para los funcionarios públicos. 3. Establecer en Consejo de Ministros los criterios técnicos y financieros, de obligatorio cumplimiento, que atenderán quienes representen a la Administración Pública Nacional en las convenciones colectivas. Artículo 6. La gestión de la función pública corresponde a: 1. El Vicepresidente Ejecutivo. 2. Los Ministros. 3. Las máximas autoridades directivas y administrativas de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. En los órganos o entes de la Administración Pública Nacional dirigidos por cuerpos colegiados, la competencia de gestión de la función pública corresponde a su Presidente, salvo cuando la ley que regule el funcionamiento del respectivo órgano o ente le otorgue esta competencia al cuerpo colegiado que lo dirige o administra. Artículo 7. Los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de este Decreto Ley por los funcionarios mencionados en el artículo anterior agotan la vía administrativa. En consecuencia, sólo podrá ser ejercido, contra ellos, el recurso contencioso administrativo en materia de función pública dentro del término previsto en el artículo 152 de este Decreto Ley, a partir de su notificación al interesado, o de su publicación, si fuere el caso, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 8. La ejecución de la gestión de la función pública corresponde a las oficinas de recursos humanos de cada órgano y ente de la Administración Pública
3 Nacional, las cuales harán cumplir las directrices, normas y decisiones del órgano de dirección, del órgano rector y de los órganos de gestión, así como los planes de personal aprobados de conformidad con este Decreto Ley y sus reglamentos. CAPITULO II Organos de Dirección y de Gestión de la Función Pública Nacional Artículo 9. El órgano rector, responsable de la planificación y desarrollo de la función pública nacional, es el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Artículo 10. Corresponde al Ministerio de Planificación y Desarrollo asesorar y asistir al Presidente de la República en el ejercicio de las competencias que le acuerde este Decreto Ley, así como evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas en materia de función pública nacional mediante la aprobación de los planes de personal que ejecuten los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. En particular, dicho Ministerio tendrá las atribuciones siguientes: 1. Organizar el sistema de la función pública y supervisar su aplicación y desarrollo. A tal fin, dictará normas y procedimientos relativos al reclutamiento, selección, ingreso, clasificación, valoración, remuneración de cargos, evaluación del desempeño, desarrollo, capacitación, ascensos, traslados, transferencias, licencias, permisos, viáticos, registros de personal, régimen disciplinario y egresos, así como cualesquiera otros planes, normas y procedimientos inherentes al sistema. 2. Cumplir y hacer cumplir las normas previstas en el presente Decreto Ley y sus reglamentos. 3. Aprobar los planes de personal de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional sujetos a este Decreto Ley, así como sus modificaciones, una vez verificada con el Ministerio de Finanzas la correspondiente disponibilidad presupuestaria para su aplicación. 4. Realizar auditorias, estudios, análisis e investigaciones para evaluar la ejecución de los respectivos planes. 5. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Funcionarios Públicos conforme a los reglamentos de este Decreto Ley. 6. Solicitar de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional la información que se requiera para el cabal desempeño de sus funciones. 7. Prestar asesoría técnica a los órganos y entes que lo soliciten. 8. Evacuar las consultas que le formulen los órganos y entes en relación con la administración de personal. 9. Dirigir las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo de la Administración Pública Nacional. 10. Llevar el registro de organización sindical de funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional. 11. Aprobar los informes técnicos de las clases de cargos y los sistemas de rango propuestos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.
4 12. Presentar para la consideración y aprobación del Presidente de la República, una vez verificada la correspondiente disponibilidad presupuestaria con el Ministerio de Finanzas, los informes técnicos sobre las escalas de sueldos que se aplicarán en los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. 13. Aprobar las bases y los baremos de los concursos para el ingreso y ascenso de los funcionarios públicos, los cuales deben incluir los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo. 14. Aprobar los informes técnicos de las reducciones de personal que planteen los órganos y entes por reajustes presupuestarios, cambios en la organización administrativa y modificación de la estructura de cargos. 15. Solicitar al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Ministro de Finanzas, los correctivos y ajustes presupuestarios en aquellos órganos y entes de la Administración Pública Nacional que incumplan las metas de los planes de personal en lo relativo a la materia presupuestaria. 16. Dictar las políticas que en materia de desarrollo gerencial deberá desarrollar la Escuela Nacional de Gerencia Pública. 17. Las demás que establezca este Decreto Ley y sus reglamentos. CAPITULO III Registro Nacional de Funcionarios Públicos Artículo 11. El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Funcionarios Públicos al servicio de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo que señalen los reglamentos de este Decreto Ley. Al Registro Nacional de Funcionarios Públicos quedarán integrados los demás registros de personal que puedan preverse en leyes especiales. CAPITULO IV Oficinas de Recursos Humanos Artículo 12. Son atribuciones de las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional: 1. Ejecutar las decisiones que dicten los funcionarios encargados de la gestión de la función pública. 2. Elaborar el plan de personal de conformidad con este Decreto Ley, sus reglamentos y las normas y directrices que emanen del Ministerio de Planificación y Desarrollo, así como dirigir, coordinar, evaluar y controlar su ejecución. 3. Remitir al Ministerio de Planificación y Desarrollo, en la oportunidad que se establezca en los reglamentos de este Decreto Ley, los informes relacionados con la ejecución del Plan de Personal y cualquier otra información que le fuere solicitada. 4. Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en materia de administración de personal señale el presente Decreto Ley y sus reglamentos.
5 5. Dirigir y coordinar los programas de desarrollo y capacitación del personal, de conformidad con las políticas que establezca el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 6. Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal. 7. Organizar y realizar los concursos que se requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios de carrera según las bases y baremos aprobados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 8. Proponer ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo los movimientos de personal a que hubiere lugar. 9. Instruir los expedientes en caso de hechos que dieren lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este Decreto Ley. 10. Actuar como enlace entre el órgano o ente respectivo y el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 11. Las demás que se establezcan en el presente Decreto Ley y su Reglamento. Artículo 13. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia de los titulares de las oficinas de recursos humanos en adoptar las medidas que les hubiere prescrito el Ministerio de Planificación y Desarrollo, será causal de retiro de la Administración Pública Nacional. CAPITULO V Planes de Personal Artículo 14. Los planes de personal son los instrumentos que integran los programas y actividades que desarrollarán los órganos y entes para la óptima utilización del recurso humano, tomando en consideración los objetivos institucionales, la disponibilidad presupuestaria y las directrices que emanen de los órganos de gestión de la función pública. Artículo 15. Los planes de personal deben contener los objetivos y metas para cada ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, creación, cambios de clasificación, supresión de cargos, ingresos, ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos, evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones y las demás materias, previsiones y las medidas que establezcan los reglamentos de este Decreto Ley. Los planes de personal estarán orientados al cumplimiento de los programas y metas institucionales. Artículo 16. Corresponde a los órganos de gestión, a través de la oficina de recursos humanos, la presentación de los planes de personal ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo en la oportunidad que éste señale, de conformidad con la normativa presupuestaria, así como acatar las modificaciones que le sean prescritas por este último órgano. Artículo 17. El Ministerio de Planificación y Desarrollo aprobará los planes de personal, los cuales serán integrados al Proyecto de Ley de Presupuesto que presente el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional.
6 En caso de que dichos planes requieran algún tipo de modificación en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente, los órganos o entes de la Administración Pública Nacional deberán someter dichas modificaciones, debidamente motivadas, a la consideración y aprobación conjunta del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Finanzas. TITULO III Funcionarios CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 18. Toda persona puede optar a un cargo en la Administración Pública Nacional, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y las leyes. Artículo 19. Para ejercer un cargo de los regulados por este Decreto Ley, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Ser venezolano. 2. Ser mayor de dieciocho años de edad. 3. Tener título de educación media diversificada. 4. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. 5. No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de éste requisito la jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles. 6. Reunir los requisitos correspondientes al cargo. 7. Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en este Decreto Ley y su Reglamento, si fuere el caso. 8. Presentar declaración jurada de bienes. 9. Los demás requisitos que establezcan las leyes. Artículo 20. Los funcionarios públicos, antes de tomar posesión de sus cargos deberán prestar juramento de cumplir la Constitución, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. El juramento se prestará de conformidad con lo establecido por el Reglamento de este Decreto Ley. Artículo 21. Los funcionarios de la Administración Pública Nacional son de carrera o de libre nombramiento y remoción. Son funcionarios de carrera quienes habiendo ganado el concurso público y, en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente.
7 Son funcionarios de libre nombramiento y remoción aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en este Decreto Ley y su Reglamento. Los funcionarios de libre nombramiento y remoción pueden ocupar cargos de alto nivel o de confianza. Los cargos de alto nivel son los siguientes: 1. El Vicepresidente Ejecutivo. 2. Los Ministros. 3. Los Jefes de las Oficinas Nacionales o sus equivalentes. 4. Los Comisionados Presidenciales. 5. Los Viceministros. 6. Los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios. 7. Los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos. 8. Los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de similar jerarquía de los institutos autónomos. 9. Los registradores y notarios. 10. Las máximas autoridades de los entes u órganos que se crearen. Los cargos de confianza son aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional, de los Viceministros, de los Directores Generales y de los Directores o sus equivalentes. También se consideran cargos de confianza todos los que se presten en los organismos de seguridad del Estado y aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de fiscalización e inspección, en especial, de rentas y aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en sus respectivas leyes. CAPITULO II Derechos Artículo 22. Todo funcionario público tiene derecho, al incorporarse al cargo, a ser informado por su superior inmediato acerca de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben. Artículo 23. Los funcionarios públicos tienen derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al cargo que desempeñen, de conformidad con lo establecido en este Decreto Ley y sus reglamentos.
8 Artículo 24. Los funcionarios sujetos al presente Decreto Ley tienen derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios; de dieciocho días hábiles durante el segundo; de veintiún días hábiles durante el tercero, y de veinticinco días hábiles, a partir del décimo sexto año de servicio. Asimismo de una bonificación anual que no podrá ser menor de 15 días de sueldo. Artículo 25. Los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional tienen derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de quince días de sueldo, sin perjuicio de que pueda aumentarse. Artículo 26. Los funcionarios tienen derecho a los permisos y licencias que se establezcan en los reglamentos de este Decreto Ley, los cuales pueden ser con goce de sueldo o sin él, y de carácter obligatorio o potestativo. Artículo 27. Los funcionarios públicos tienen derecho a obtener el beneficio de la jubilación por límite de edad y años de servicios, de conformidad con la ley. Artículo 28. Después del tercer mes ininterrumpido de servicios, el funcionario tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco días de sueldo por cada mes. Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis meses, la Administración Pública Nacional pagará al funcionario adicionalmente dos días de sueldo, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta días de sueldo. La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del funcionario, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva en un fideicomiso individual, en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se mantendrá en el presupuesto de gastos de la respectiva entidad oficial. Lo depositado o liquidado mensualmente se pagará al término de la prestación de servicio y devengará intereses según las siguientes opciones: 1. Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigüedad, según sea el caso y en ausencia de éstos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera. 2. A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis principales bancos comerciales y universales del país; si el funcionario hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el órgano o ente no cumpliera con lo solicitado. 3. A la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y universales del país, si fuere con cargo al presupuesto de gastos del respectivo órgano o ente. El órgano o ente donde preste sus servicios el funcionario deberá informarle anualmente, en forma detallada, el monto que le acreditó por concepto de prestación de antigüedad.
9 La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso, entregará anualmente al funcionario los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al funcionario el monto del capital y los intereses. Los intereses están exentos del Impuesto sobre la Renta, serán acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el funcionario, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos. Artículo 29. Cuando se produzca el retiro del funcionario de la Administración Pública Nacional, por cualquiera de las causas previstas en la presente Ley, tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a: 1. Quince días de sueldo cuando la antigüedad excediere de tres meses y no fuere mayor de seis meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente. 2. Cuarenta y cinco días de sueldo si la antigüedad excediere de seis meses y no fuere mayor de un año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente. 3. Sesenta días de sueldo, después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado, por lo menos, seis meses de servicio, durante el año en el cual cese la prestación del servicio. Artículo 30. Los funcionarios tendrán derecho al anticipo hasta de un setenta y cinco por ciento de lo acreditado o depositado, por concepto de prestación de antigüedad, para satisfacer obligaciones derivadas de: 1. La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia. 2. La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre la vivienda de su propiedad. 3. Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital. 4. Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el numeral anterior. Artículo 31. En caso de fallecimiento del funcionario público, los beneficiarios que tienen derecho a recibir la prestación de antigüedad que le hubiere correspondido, en los términos y condiciones previstos en este Decreto Ley y sus reglamentos, son: 1. Los hijos menores de dieciocho años, o mayores cuando padezcan de defectos físicos permanentes que los incapaciten para ganarse la vida. 2. La viuda o el viudo que no hubiere solicitado u obtenido la separación de cuerpos, o la concubina o el concubino que hubiere vivido en concubinato con el difunto hasta su fallecimiento. 3. Los ascendientes que hubieren estado a cargo del difunto para la época de la muerte.
10 4. Los nietos menores de dieciocho años cuando sean huérfanos, y cuando sin serlo, el padre o la madre de ellos no tengan derecho a la indemnización y sean incapaces de subvenir a la subsistencia de aquellos. Los beneficiarios determinados en este artículo no se considerarán sucesores para los efectos fiscales respecto a las sucesiones hereditarias. Ninguna de las personas antes indicadas tiene derecho preferente. En caso de que la indemnización sea pedida simultánea o sucesivamente por dos o más de dichas personas, la misma se distribuirá entre todas por partes iguales y por cabezas, quedando el órgano o ente de la Administración Pública Nacional exento de toda responsabilidad mediante el pago de la indemnización a los parientes del difunto que la hubieren reclamado dentro de los tres meses siguientes a la muerte de aquél o aquélla. Lo dispuesto en este artículo no impide a los funcionarios o a sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común. Artículo 32. La prestación de antigüedad como derecho adquirido, será calculada con base en el sueldo inicial devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo las compensaciones por servicio eficiente y antigüedad y las demás asignaciones que puedan evaluarse en efectivo y correspondan a la prestación del servicio del funcionario independientemente de su denominación. A los efectos de el presente Decreto Ley, el bono vacacional y la bonificación de fin de año serán considerados asignaciones vinculadas a la prestación de servicio. Artículo 33. La funcionaria en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante seis semanas antes del parto y doce semanas después del parto. Cuando la funcionaria no haga uso de todo el descanso prenatal por autorización médica o porque el parto sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier otra circunstancia, el tiempo no utilizado se acumulará al período de descanso postnatal. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se prolongará hasta la fecha del parto y la duración del descanso postnatal no podrá ser reducida. Artículo 34. La funcionaria de libre nombramiento y remoción que se encuentre en estado de gravidez podrá ser retirada en cualquier momento del servicio, previo el pago de una indemnización equivalente a seis meses de sueldo. Artículo 35. Si la funcionaria tiene vencido el lapso de vacaciones y decide hacer uso del mismo inmediatamente después del permiso postnatal, le debe ser concedido este derecho. CAPITULO III Derechos Exclusivos de los Funcionarios de Carrera
11 Artículo 36. Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera gozan de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las causales contempladas en el presente Decreto Ley. Los funcionarios de carrera que sean retirados por una causal distinta a la destitución tendrán derecho a una bonificación equivalente a un mes de sueldo y egresarán inmediatamente del servicio. Artículo 37. Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera tienen derecho al ascenso en los términos previstos en este Decreto Ley y sus reglamentos. Artículo 38. Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera tienen el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de sus conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de conformidad con el presente Decreto Ley. CAPITULO IV Deberes de los Funcionarios Públicos Artículo 39. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios públicos están obligados a: 1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos. 3. Cumplir con el horario de trabajo establecido. 4. Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en que éstos tengan algún interés legítimo. 5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones con sus superiores, subordinados y con el público toda la consideración y cortesía debidas. 6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo previsto en el numeral 4 de este artículo. 7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública Nacional confiados a su guarda, uso o administración. 8. Cumplir las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinados a mejorar su desempeño. 9. Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles para la conservación del patrimonio nacional, el mejoramiento de los servicios, y cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo del órgano o ente. 10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:
12 a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en un asunto. b. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en un asunto. c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate, o como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto; o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. d. Cuando tuvieren relación de subordinación con funcionarios directamente interesados en el asunto. 11. En general, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban ejecutar. Artículo 40. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los funcionarios públicos: 1. Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que establezcan las leyes. 2. Realizar propaganda, coacción política u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones. 3. Intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales. 4. Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización de la Asamblea Nacional. 5. Realizar cualquier acción o incurrir en omisiones que contribuyan a interrumpir, obstaculizar o impedir la prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las potestades públicas. Artículo 41. Toda persona que conozca alguna causal por la cual deba inhibirse un funcionario público podrá recusarlo ante su superior jerárquico, quien decidirá si procede o no la recusación planteada dentro de los cinco días hábiles siguientes. En caso de proceder la recusación, el superior jerárquico pasará el asunto a otro funcionario o funcionaria competente y en caso contrario, declarará improcedente la solicitud. La recusación también podrá interponerse en el expediente administrativo respectivo. En este caso, el funcionario o funcionaria instructor deberá hacer del conocimiento de su superior jerárquico la recusación solicitada para que éste la decida. CAPITULO V
13 Incompatibilidades Artículo 42. Los funcionarios públicos no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado. El ejercicio de un cargo público es incompatible con el desempeño de otro cargo, profesión o actividad que menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. Pantin & Asociados La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al titular. Artículo 43. El ejercicio de los cargos académicos, accidentales, asistenciales y docentes, declarados por la ley compatibles con el ejercicio de un destino público remunerado, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes inherentes a éste. TITULO IV Personal Contratado Artículo 44. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado, o en aquellos que por causa justificada se haga indispensable la contratación. Artículo 45. El régimen aplicable al personal contratado es aquél previsto en el respectivo contrato. Subsidiariamente se aplicará la legislación laboral. Artículo 46. Se prohíbe la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en el presente Decreto Ley. Artículo 47. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la función pública. TITULO V Sistema de Administración de Personal CAPITULO I Selección, Ingreso y Ascenso Artículo 48. El proceso de selección de personal tiene como objeto garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pública Nacional con base en las aptitudes, actitudes y competencias mediante la realización de concursos públicos que permitan la participación, en igualdad de condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminaciones de ninguna índole. Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios de carrera cuando no se hubiesen realizado los respectivos concursos de ingreso, de conformidad con este Decreto Ley.
14 Artículo 49. Corresponde a las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional la realización de los concursos públicos para el ingreso de los funcionarios. Artículo 50. Las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional llevarán los registros de elegibles a los cuales se les dará la mayor publicidad, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de el presente Decreto Ley. Artículo 51. La persona seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba. Su desempeño será evaluado dentro de un lapso que no exceda los seis meses. Superado el período de prueba se procederá al ingreso como funcionario de carrera al cargo para el cual concursó. De no superar el periodo de prueba el nombramiento será revocado. Artículo 52. Una vez adquirida la condición jurídica de funcionario de carrera, ésta no se extingue sino en el único caso en que el funcionario sea destituido. Artículo 53. La Administración Pública podrá realizar concursos para seleccionar a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Los resultados de los concursos para estos cargos no tienen carácter vinculante. Artículo 54. El ascenso se hará con base en un sistema de méritos que contemple la trayectoria, conocimientos y demás aspectos relevantes. Los reglamentos de el presente Decreto Ley establecerán las normas relativas a los ascensos. CAPITULO II Clasificación de Cargos Artículo 55. A los efectos de el presente Decreto Ley, el cargo es la unidad básica que expresa la división del trabajo en cada unidad organizativa. Comprende las atribuciones, actividades, funciones, responsabilidades y obligaciones específicas, con una interrelación tal que puedan ser cumplidas por una persona en una jornada normal de trabajo. Artículo 56. Los cargos sustancialmente similares en cuanto al objeto de la prestación de servicio a nivel de complejidad, dificultad, deberes y responsabilidades y cuyo ejercicio exija los mismos requisitos mínimos generales, se agrupan en clases bajo una misma denominación y grado común en las escalas generales de sueldos. Artículo 57. Las clases de cargos sustancialmente similares en cuanto al objeto de la prestación de servicio, pero diferentes en niveles de complejidad de los deberes y responsabilidades, se agrupan en series en orden ascendente. Artículo 58. El sistema de clasificación de cargos comprende el agrupamiento de éstos en clases definidas. Cada clase deberá ser descrita mediante una especificación oficial que incluirá lo siguiente: 1. Denominación, código y grado en la escala general de sueldos. 2. Descripción a título enunciativo de las atribuciones y deberes generales inherentes a la clase de cargo, la cual no eximirá del cumplimiento de las tareas específicas que a cada cargo atribuya la ley o autoridad competente.
15 3. Indicación de los requisitos mínimos generales para el desempeño de la clase de cargo, la cual no eximirá del cumplimiento de otros señalados por la ley o autoridad competente. 4. Cualesquiera otros que determinen los reglamentos respectivos. Artículo 59. Las denominaciones de clases de cargos, así como su ordenación, y la indicación de aquellos que sean de carrera, serán aprobadas por el Presidente de la República mediante Decreto. Las denominaciones aprobadas serán de uso obligatorio en la Ley de Presupuesto y en los demás actos y documentos oficiales, sin perjuicio del uso de la terminología empleada para designar, en la respectiva jerarquía, los cargos de jefatura o de carácter supervisorio. Artículo 60. Los órganos o entes de la Administración Pública Nacional podrán proponer al Ministerio de Planificación y Desarrollo los cambios o modificaciones que estimen conveniente introducir en el sistema de clasificación de cargos. Artículo 61. La especificación oficial de las clases de cargos se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con la denominación de Manual Descriptivo de Clases de Cargos. Igualmente se registrarán y publicarán sus modificaciones. Artículo 62. Los cargos de alto nivel y de confianza quedarán expresamente indicados en los respectivos reglamentos orgánicos de los órganos o entes de la Administración Pública Nacional. Los perfiles que se requieran para ocupar los cargos de alto nivel se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Ley. CAPITULO III Remuneraciones Artículo 63. El sistema de remuneraciones comprende los sueldos, compensaciones, viáticos, asignaciones y cualesquiera otras prestaciones pecuniarias o de otra índole que reciban los funcionarios públicos por sus servicios. En dicho sistema se establecerán escalas generales de sueldos, divididas en grados, con montos mínimos, intermedios y máximos. Cada cargo deberá ser asignado al grado correspondiente, según el sistema de clasificación, y remunerado con una de las tarifas previstas en la escala. Artículo 64. Los sistemas de remuneraciones que deberá aprobar mediante decreto el Presidente de la República, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Desarrollo, establecerán las normas para la fijación, administración y pago de sueldos iniciales; aumentos por servicios eficientes y antigüedad dentro de la escala; viáticos y otros beneficios y asignaciones que por razones de servicio deban otorgarse a los funcionarios. El sistema comprenderá también normas relativas al pago de acuerdo con horarios de trabajo, días feriados, vacaciones, licencias con o sin goce de sueldo y trabajo a tiempo parcial. Artículo 65. Las escalas del sistema de remuneraciones podrán ser rebajadas provisionalmente, previa autorización de la Asamblea Nacional, cuando hayan circunstancias especiales de carácter económico o financiero así lo exijan, pero deben ser restituidas tan pronto cesen tales circunstancias.
16 Artículo 66. Las escalas de sueldos de los funcionarios de alto nivel serán aprobadas en la misma oportunidad en que se aprueben las escalas generales, tomando en consideración el nivel jerárquico de los mismos. CAPITULO IV Evaluación del Desempeño Artículo 67. La evaluación de los funcionarios públicos en los órganos y entes de la Administración Pública Nacional comprende el conjunto de normas y procedimientos tendentes a evaluar su desempeño. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deben presentar al Ministerio de Planificación y Desarrollo, los resultados de sus evaluaciones, como soporte de los movimientos de personal que pretendan realizar en el próximo año fiscal y su incidencia en la nómina del personal activo, conjuntamente con el plan de personal, determinando los objetivos que se estiman cumplir durante el referido ejercicio fiscal. Artículo 68. La evaluación puede ser ordinaria o extraordinaria. La evaluación ordinaria debe ser realizada dos veces por año sobre la base de los registros continuos de actuación que debe llevar cada supervisor. La evaluación extraordinaria tendrá lugar cuando el órgano de gestión así lo considere necesario. En el proceso de evaluación, sea ordinario o extraordinario, el funcionario deberá conocer los objetivos del desempeño a evaluar, los cuales serán acordes con las funciones inherentes al cargo. Artículo 69. El Ministerio de Planificación y Desarrollo establecerá los instrumentos de evaluación en el servicio, los cuales deberán satisfacer los requisitos de objetividad, imparcialidad e integridad de la evaluación. Artículo 70. La evaluación de los funcionarios públicos es obligatoria y su incumplimiento por parte del supervisor a quien corresponda será sancionada conforme a las previsiones de este Decreto Ley. Artículo 71. Con base en los resultados de la evaluación, la oficina de recursos humanos propondrá los planes de capacitación y desarrollo del funcionario, incentivos, licencias y permanencia del funcionario en el servicio, de conformidad con el presente Decreto Ley y sus reglamentos. Artículo 72. Los resultados de la evaluación deben ser notificados al evaluado, quien podrá solicitar por escrito la reconsideración de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. CAPITULO V Capacitación y Desarrollo del Personal Artículo 73. El desarrollo del personal se logra mediante su formación y capacitación y comprende el mejoramiento técnico, profesional y moral de los funcionarios públicos; su preparación para el desempeño de funciones más
17 complejas, incorporar nuevas tecnologías y corregir deficiencias detectadas en la evaluación; habilitarlo para que asuma nuevas responsabilidades, se adapte a los cambios culturales y de las organizaciones, y progresar en la carrera como funcionario público. Artículo 74. El Ministerio de Planificación y Desarrollo diseñará, impulsará, evaluará y efectuará el seguimiento de las políticas de formación, capacitación y desarrollo del personal al servicio de la Administración Pública Nacional, y será responsable de la coordinación, vigilancia y control de los programas de los distintos órganos y entes con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas políticas. Artículo 75. Los programas de formación, capacitación y desarrollo pueden ser ejecutados directamente por los órganos o entes de la Administración Pública Nacional, o podrá recurrirse a la contratación de profesionales o instituciones acreditadas. El Ministerio de Planificación y Desarrollo velará por la calidad de los programas y propondrá los correctivos o mejoras que sean necesarios. CAPITULO VI Escuela Nacional de Gerencia Pública Artículo 76. La Escuela Nacional de Gerencia Pública será creada con el carácter de fundación del Estado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en este Decreto Ley. La Fundación tendrá su sede en la ciudad de Caracas y podrá establecer dependencias en otras ciudades de la República. Artículo 77. La Escuela tendrá como misión contribuir activamente a la profesionalización de la gestión pública superior del estado venezolano, y al desarrollo de las capacidades gerenciales de los niveles directivos y medios del mismo. Para ello, debe identificar necesidades de capacitación; diseñar programas para satisfacerlas al más alto nivel técnico; investigar las mejores prácticas nacionales para incorporarlas a la enseñanza, produciendo casos, juegos de simulación y otros materiales de enseñanza, y aprovechar desarrollos y experiencias internacionales que pudieran ser útiles para el país. Los gerentes públicos en todos sus niveles deberán propiciar el trabajo en equipo, la participación democrática de los funcionarios y la profesionalización de la función pública. Artículo 78. Corresponderán a la Escuela Nacional de Gerencia Pública las siguientes atribuciones, de conformidad con las políticas de desarrollo gerencial que establezca el Ministerio de Planificación y Desarrollo: 1. Planificar, ejecutar, coordinar, promover políticas y programas de formación y capacitación del personal gerencial de nivel alto y medio, de los órganos y entes que integran la Administración Pública. 2. Promover y realizar programas de investigación acordes con el desarrollo de las capacidades gerenciales del sector público.
18 3. Realizar actividades de cooperación técnica en el campo de la gerencia pública para beneficio de los órganos y entes que integran la Administración Pública Nacional y con las administraciones estatales y municipales que las soliciten. 4. Producir y apoyar la producción de casos, juegos de simulación, programas para educación a distancia, documentos técnicos, y otros materiales de enseñanza que puedan ser útiles para el continuo perfeccionamiento de los programas de formación de gerentes públicos. 5. Contribuir a la formación de recursos docentes especializados en gerencia pública. 6. Evaluar y validar los programas y las actividades de formación y capacitación de gerentes públicos que realicen instituciones nacionales no universitarias que tengan financiamiento total o parcial provenientes de transferencias fiscales. La evaluación efectuada será determinante para la autorización de transferencias para el próximo ejercicio fiscal. 7. Promover la creación de una red nacional de centros docentes y de investigación públicos y privados, dirigida a apoyar el desarrollo de las capacidades gerenciales del Estado venezolano. 8. Promover la eficacia, la eficiencia, la probidad, la transparencia, el compromiso de servicio, la acción sistemática a favor del desarrollo económico y social, y la equidad, en el ejercicio de la gerencia pública. 9. Promover y apoyar la profesionalización gerencial del sector público que sirva de base a los desarrollos que se produzcan en este campo. 10. Fortalecer las capacidades de planificación y gestión del estado, orientada a una administración eficiente y eficaz. 11. Apoyar los procesos de planificación, formulación y seguimiento de las políticas públicas a través de las actividades de capacitación, asistencia técnica, investigación e información, dirigidos a los organismos responsables de la política. 12. Propiciar el desarrollo de una cultura en los organismos públicos centrada en valores y actitudes para desarrollar una gestión transparente, orientada a resultados y de servicio al ciudadano. 13. Las demás que establezcan las leyes. Artículo 79. Los programas formativos desarrollados en la Escuela Nacional de Gerencia Pública constituirán parte de las carreras públicas de los funcionarios altos y medios de la Administración Pública Nacional, en conformidad con los reglamentos de el presente Decreto Ley. Artículo 80. La Escuela Nacional de Gerencia Pública tendrá la facultad de emitir certificaciones y diplomas que acrediten el cumplimiento de sus programas, los cuales se tomarán en cuenta para las respectivas carreras en la Administración Pública Nacional. Artículo 81. La Escuela Nacional de Gerencia Pública podrá tomar en consideración las certificaciones y diplomas que emitan las instituciones públicas y privadas,
19 nacionales y extranjeras, a los fines del desarrollo supervisorio y gerencial de los funcionarios públicos. Artículo 82. La Escuela Nacional de Gerencia Pública propiciará la creación de premios nacionales de gerencia pública, de conformidad con los reglamentos del presente Decreto Ley. CAPITULO VII Jornada de Servicio Artículo 83. El Ministerio de Planificación y Desarrollo mediante Resolución, establecerá el calendario de los días hábiles de la Administración Pública Nacional. Artículo 84. La jornada de servicio diurna de los funcionarios públicos no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. La jornada de servicio nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco horas semanales. Artículo 85. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por circunstancias que así lo exijan y que serán señaladas en la Resolución respectiva, podrá modificar los horarios en la Administración Pública Nacional. Artículo 86. Cuando los funcionarios públicos, previa solicitud de la autoridad correspondiente, presten servicios fuera de los horarios establecidos en los órganos o entes de la Administración Pública Nacional, ésta por intermedio de sus órganos de gestión, podrá establecer incentivos como compensación por las horas extras trabajadas. CAPITULO VIII Situaciones Administrativas de los Funcionarios Artículo 87. Se considera en servicio activo al funcionario que ejerza el cargo o se encuentre en comisión de servicio, traslado, suspensión con goce de sueldo, permiso o licencia. Artículo 88. La comisión de servicio es la situación administrativa de carácter temporal por la cual se encomienda a un funcionario el ejercicio de un cargo diferente, de igual o superior nivel del cual es titular, para el cual reúna los requisitos exigidos. La comisión de servicio podrá ser realizada en el mismo órgano o ente donde presta servicio o en otro de la Administración Pública Nacional. Si el cargo que se ejerce en comisión de servicio tuviere mayor remuneración, el funcionario tendrá derecho al cobro de la diferencia, así como a los viáticos y remuneraciones que fueren procedentes. Artículo 89. Las comisiones de servicio son de obligatoria aceptación y deben ser ordenadas por el lapso estrictamente necesario, el cual no podrá exceder de tres años, a partir del acto de notificación de la misma. Artículo 90. Por razones de servicios, los funcionarios de carrera podrán ser trasladados dentro de la misma localidad de un cargo a otro de la misma clase,
20 siempre que no se disminuya su sueldo básico y los complementos que le puedan corresponder. Cuando se trate de traslado de una localidad a otra, éste deberá realizarse de mutuo acuerdo con las excepciones que por necesidades de servicio determinen los reglamentos. Artículo 91. Los funcionarios de carrera podrán ser transferidos cuando tenga lugar la descentralización de las actividades a cargo del órgano o ente donde presten sus servicios. En tales casos deberá levantarse un Acta de Transferencia. Artículo 92. El pasivo laboral causado hasta la fecha de la transferencia será pagado al órgano receptor para que éste, a su vez, lo cancele al funcionario como parte de las cantidades que puedan corresponderle en el momento de su retiro. El organismo receptor, queda obligado a administrar el monto transferido y cancelará la cantidad total de los pasivos laborales acumulados hasta el momento en que finalice la relación de prestación de servicio del funcionario en la Administración Pública. Artículo 93. El Acta de Transferencia de Personal debe contener, en detalle, los datos del personal transferido. La elaboración de la misma corresponde al órgano que realiza la transferencia. En ningún caso se podrá transferir personal sin el levantamiento del Acta correspondiente. Artículo 94. El Acta de Transferencia de Personal deberá estar suscrita por las máximas autoridades de los organismos involucrados y es requisito indispensable para la obtención de los recursos financieros transferidos. Los reglamentos de el presente Decreto Ley establecerán los demás requisitos que deba contener el Acta de Transferencia de Personal. La fecha de transferencia del personal que determine el Acta correspondiente no podrá quedar supeditada a condiciones resolutorias o suspensivas que comprometan el patrimonio de la República. Tampoco podrán establecer condiciones que comprometan el funcionamiento del servicio. Artículo 95. El funcionario que cumpla con los requisitos para el disfrute de la jubilación o de una pensión por invalidez no podrá ser transferido. Artículo 96. El funcionario de carrera que sea nombrado para ocupar un cargo de alto nivel tiene el derecho a su reincorporación en un cargo de carrera del mismo nivel al que tenía en el momento de separarse del mismo, si hubieren cargos vacantes. Artículo 97. Los funcionarios públicos tendrán derecho a los permisos y licencias previstos en el presente Decreto Ley y sus Reglamentos. CAPITULO IX Retiro y Reingreso Artículo 98. El retiro de la Administración Pública Nacional procederá en los siguientes casos: 1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada.
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13 de octubre de 2005 Gaceta Oficial Nº 38.292 Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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