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Timestamp: 2019-08-23 02:32:11
Document Index: 237455031

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 81', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 117', 'artículo 5']

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SENTENCIA 45/96 DE 25 DE MARZO.
A. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN.
A.1. Disposición comunitaria invocada.
Recurso de amparo 2.024/1993, contra sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Galicia confirmando la del Juzgado de lo Social nº4 de Vigo sobre pensión de invalidez. Supuesta vulneración de derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: inaplicación de norma comunitaria relativa a práctica de la prueba.
Se invoca el incumplimiento del Reglamento CEE 1.408/71 (Seguridad social de los trabajadores migrantes). El demandante presentó en España una serie de documentos en lengua alemana que aportaban las pruebas de su invalidez para trabajar y por lo tanto exigía la correspondiente pensión de invalidez aquí en España por sus veinte años de trabajo. Se le asigna una pensión de menor cuantía a la debida y el demandante reclama; se declara una falta de prueba debido a que el documento estaba en alemán. La parte demandada se apoya en la L.E.C alegando la no necesidad de traducción de los documentos y, por lo tanto, su desestimación.
Por su lado, el Reglamento CEE 1.408/71 dispone en su artículo 84.4 que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no podrán rechazar las peticiones ni otros documentos que les sean dirigidos, por el hecho de que estén redactados en el idioma oficial de otro Estado miembro. Estableciendo que si fuese necesario se recurriría a lo dispuesto en el artículo 81.b) que afirma la competencia de la Comisión Administrativa sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes para disponer que se lleve a cabo la traducción de cualquier documento relacionado con la aplicación del Reglamento.
A.2. Principios que deben regir la actuación del Juez nacional como Juez comunitario.
El Juez nacional, en su papel de Juez comunitario, debe asumir una serie de obligaciones para garantizar la primacía y la aplicabilidad del Derecho comunitario. Estas son:
Garantizar el respeto de la primacía y el efecto directo del Derecho
comunitario de cuyo juego combinado se deriva la obligación del Juez nacional de no aplicar una norma interna contraria a una disposición de efecto directo. Así lo establece el T.I.J. en algunas Sentencias como:
STC. Luck (4 de abril, 1968)
STC. Lorenz (11 de diciembre, 1973)
STC. Simmenthal (19 de marzo, 1978)
Conviene destacar la doctrina sentada por la Sentencia Simmenthal que invita al Juez nacional a dejar inaplicada por su propia autoridad cualquier disposición o práctica legal, administrativa o judicial, anterior o posterior, incompatible con el Derecho comunitario sin que tenga que pedir su eliminación previa por vía legislativa o de otro modo, es decir, en virtud de esta sentencia, el Juez no debe esperar a la derogación de la norma nacional ni plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
El Juez nacional está obligado a asegurar la uniformidad del Derecho
comunitario, planteando, en su caso, la cuestión prejudicial. Así los Tribunales Constitucionales alemán y austriaco han admitido que el Tribunal de Luxemburgo es el Juez predeterminado por la ley por lo que una negación irrazonable o arbitraria al planteamiento de la cuestión prejudicial constituye una vulneración de la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE).
3. Observar el principio de cooperación legal, que implica el artículo 10 TCE del cual se derivan para el Juez nacional las siguientes obligaciones:
Eliminación o supresión de los obstáculos existentes a la plena eficacia del Derecho comunitario, ya sean disposiciones de carácter procedimental o de otra naturaleza.
Garantizar el efecto útil de las normas comunitarias; es decir, apreciar el acto normativo en relación con el objeto o fundamento pretendido por la disposición para así conseguir la máxima eficacia posible.
Interpretar la norma nacional de forma acorde con el Derecho comunitario; es decir, el principio de interpretación conforme, que se deriva de las siguientes Sentencias:
STC. Von Colson y Kamann (10 de abril, 1984)
STC. Harleasing (13 de noviembre, 1990)
STC. Wagner Miret (16 de diciembre, 1993)
B. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL T.C. FRENTE AL DERECHO COMUNITARIO?.
El Tribunal Constitucional se basa en sus Sentencias 180/1993, 211/1988 y 178/1988 para afirmar que la determinación de cuál sea la norma aplicable al caso concreto es una cuestión de legalidad que no corresponde resolver a este Tribunal (STC 211/1988) en cuanto a la selección de las normas aplicables y su interpretación corresponde, en principio, a los Jueces y Tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional que, con carácter exclusivo, les atribuye el artículo 117.3 CE (STC 178/1988).
Es decir, que el Tribunal Constitucional da la razón a lo hecho por el Tribunal de lo social ya que es competencia suya; se declara por tanto incompetente en la materia y desestima el recurso.
C. ¿EN QUÉ SE BASA EL VOTO PARTICULAR DISCREPANTE?.
El voto particular discrepante que formula el Magistrado don Julio D. González Campos a la Sentencia de desestimación recaída en el recurso de amparo núm. 2.024/93, se basa en que en coherencia con el principio de primacía del Derecho comunitario y la directa integración del ordenamiento comunitario en el orden jurídico de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales de éstos deben asumir la condición de Juez ordinario del primero. Esta obligatoriedad de aplicación del Derecho comunitario al Ordenamiento jurídico español, viene reflejada claramente en el artículo 5 TCE .
La discrepancia se extiende a cita de la STC 28/1991 donde se alude la eventual infracción de normas comunitarias por normas estatales posteriores agregando que ello no convierte el litigio constitucional “lo que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria” cosa que es un tanto contradictoria ya que el Derecho comunitario prevalece sobre el interno cualquiera que sea su rango (STC de 15 de julio de 1964, asunto 6/64, Costa c/ ENEL).
D. VALORACIÓN PERSONAL.
Personalmente creo que el Tribunal Constitucional debería darle más relevancia a este tipo de cuestiones ya que, por ser un órgano jurisdiccional de un Estado parte de la UE, como es España, está obligado a pronunciarse sobre este tipo de cuestiones en cuanto a la primacía del Derecho comunitario sobre el Ordenamiento jurídico interno porque sino estaría faltando a una de las obligaciones básicas de cualquier Estado que se incorpora a la Comunidad; éstos deben hacer lo posible para adecuar su derecho al comunitario, inaplicando, si es necesario, una norma estatal a un caso concreto si contadice al Derecho comunitario.
Práctica nº 4.
Asignatura: “Aplicación del Derecho comunitario
al Ordenamiento jurídico español”.
Elsa Nayra Martín Gómez.
Grupo: 2.06.
Art. 117.3 TCE: El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
Art. 5 TCE: Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particular apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad.
Derecho del Trabajo y Seguridad SocialIncumplimiento del Reglamento CEE (Comunidad Económica Europea) 1408/71 (Seguridad social de los trabajadores migrantes) Sentencia