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Timestamp: 2020-07-16 00:33:53
Document Index: 64204195

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 34', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | José Gaete Cabezas con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
José Gaete Cabezas con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: C850-10
Consejo para la Transparencia, 29/03/2011
Se interpuso amparo contra el Servicio Agrícola y Ganadero, ante la denegación de acceso a información relativa a concurso público para proveer el cargo que se señala, al cual el reclamante postuló sin resultar seleccionado, en específico, a las conclusiones a que se arribó con respecto a cada uno de los test psicológicos que le fueron aplicados, como asimismo la conclusión final acerca de su persona. El Consejo rechazó el amparo por estimar que respecto a la información solicitada se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, porque con la entrega de los informes psicolaborales se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del SAG en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la ley le ha encomendado. Por otro lado, representó a la autoridad el hecho de haber ejercido con infracción legal la facultad de prórroga del plazo para la respuesta, toda vez que comunicó al solicitante tal prórroga cuando se encontraba vencido el plazo para responder a la solicitud de información y no la fundamentó debidamente. (Con voto disidente).
Consejo para la Transparencia, 17/09/2009, A186-09
Consejo para la Transparencia, 10/12/2010, C306-10
Consejo para la Transparencia, 25/08/2009, A110-09
DECISIÓN AMPARO ROL C850-10
Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero – SAG
Requirente: José Gaete Cabezas
Ingreso Consejo: 24.11.2010
En sesión ordinaria N° 233 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto al reclamo por infracción a las normas de transparencia activa Rol C850-10.
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de septiembre del año 2010 don José Gaete Cabezas solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante también SAG) los siguientes antecedentes, relacionados con el concurso público convocado por dicho organismo para proveer el cargo de Jefe del Subdepartamento de Informática, al cual señaló haber postulado sin resultar seleccionado, a saber:
a) Todos los tests psicológicos que se le aplicaron en la entrevista que le fue realizada por la profesional que individualiza.
b) Todas las respuestas que entregó, tanto las escritas, las dibujadas o aquéllas contestadas eligiendo opciones, con respecto a los tests que le fueron aplicados con ocasión de su evaluación psicológica.
c) Conclusión de cada unos de los tests que le fueron aplicados y conclusión final acerca de su persona.
2) PRÓRROGA DEL PLAZO DE RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 11.738, de 29 de octubre de 2010, el Director Nacional del SAG comunicó al reclamante la prórroga por diez días del plazo para atender al requerimiento de información, fundado en la existencia de circunstancias que le imposibilitaban contar con los elementos necesarios para responder oportunamente.
3) RESPUESTA: El 9 de noviembre de 2010 mediante Ord. N° 12.037, el Director Nacional del SAG respondió a la antedicha solicitud indicando al solicitante los test psicológicos que le fueron aplicados y acompañando copia de las respuestas entregadas por éste en relación a los mismos. Con respecto a la solicitud referida a las conclusiones de cada uno de los tests y conclusión final, señala que no es posible entregar dicha información, debido a que los resultados respectivos confluyen en un informe final, indicando, además, que la entrega de este informe afecta el debido cumplimiento de las funciones del SAG de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.
4) AMPARO: Don José Gaete Cabezas, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 24 de noviembre de 2010, en contra del SAG, fundamentándolo en que dicho órgano le denegó la información que solicitó relativa a las conclusiones de cada uno de los test psicológicos que le fueron aplicados y la conclusión final acerca de su persona.
5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo trasladándolo mediante el Oficio N° 2.587, de 1° de diciembre de 2010, al Director Nacional del SAG, quien mediante el Ord. N° 13.874, de 21 de diciembre de 2010, procedió a evacuar sus descargos señalando que:
a) Las evaluaciones practicadas al reclamante corresponden a un examen realizado en un contexto específico y determinado, sobre la base de los requisitos definidos en un perfil específico para el cargo, por lo que resulta complejo medir estas evaluaciones en términos objetivos dado que ello supone la emisión de opiniones por parte de los evaluadores, de manera que propender a divulgar dicha información generaría cuestionamientos difíciles de dirimir, pudiendo provocar serios entorpecimientos en los procesos de selección y, conjuntamente con ello, se podrían moderar los juicios y observaciones respecto de un candidato.
b) En un proceso de selección se evalúan rigurosamente competencias para un cargo específico, pudiendo descubrirse aspectos de la personalidad desconocidos por el mismo participante, por lo tanto, al entregar dichas evaluaciones se podrían generar incluso problemas de autoestima al evaluado.
c) Finalmente, y a modo de conclusión, de entregarse la información requerida, el SAG se vería expuesto a una serie de cuestionamientos que atentaría contra su debido funcionamiento, ya que probablemente las respuestas no serían completamente satisfactorias para los requirentes.
d) Por lo anterior, no puede acceder a entregar la información solicitada, por configurarse a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al efecto, cita lo razonado por este Consejo en la decisión de las reposiciones A29-09 y A35-09.
6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 215, de 14 de enero de 2011, acordó, para una adecuada resolución del presente caso, y en aplicación del artículo 34 de la Ley de Transparencia, requerir al Director Nacional del SAG que informara a este Consejo lo siguiente:
a) El sistema de reclutamiento y selección de personal utilizado por el SAG en relación con aquellos cargos que no son provistos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. En particular, se requirió que informara a este Consejo si dichos procesos de selección contemplan la participación de empresas consultoras externas y el grado de intervención que a ellas corresponde en las diversas etapas de los mismos, o señalara si, por el contrario, sólo participa personal del SAG (planta, contrata u honorarios) en dichos procesos.
b) Si la psicóloga que habría elaborado el informe sicológico del reclamante en el marco del concurso a que se refiere la solicitud de información, es funcionaria o se encuentra contratada a honorarios por el SAG, o forma parte de una empresa consultora externa que intervino en tal proceso. En este último caso se solicitó, además, remitiera los datos de contacto de la empresa respectiva.
c) La medida en que, a su juicio, la entrega del informe sicológico solicitado a que se refirió la solicitud afectaría el debido cumplimiento de las funciones del SAG, atendidas las circunstancias de hecho específicas que eventualmente permitirían arribar a dicha conclusión.
Mediante el Ordinario N°2.294, de 23 de febrero de 2010, ingresado a la Oficina de Partes de este Consejo en esa misma fecha, el Director Nacional del SAG respondió a la antedicha solicitud señalando, en resumen, lo siguiente:
a) En cuanto al sistema de reclutamiento y selección del SAG, manifiesta que:
i) El reclutamiento y selección de personal del SAG se realiza de acuerdo a la política de reclutamiento y selección implementada por el Departamento de las Personas, en cuya virtud se utilizan todos los medios que estén disponibles en el mercado (fuentes de reclutamiento), en orden a atraer la mayor cantidad de potenciales candidatos, según los perfiles definidos para los cargos a ocupar. Agrega que se utilizan fuentes internas, externas o mixtas, tales como otras organizaciones públicas o privadas, universidades, avisos en medios de comunicación, contactos y los medios de difusión que la ley establezca, como el Diario Oficial o las páginas que la norma disponga.
ii) Los principales objetivos del sistema de reclutamiento son asegurar un adecuado proceso de difusión interno y externo que permita obtener potenciales candidatos idóneos para los cargos vacantes del servicio y facilitar el cumplimiento de las normas y directrices emanadas del servicio y desde sus distintas contrapartes.
iii) Las personas que ingresan al servicio para desempeñar empleos a contrata o sobre la base de honorarios a suma alzada lo hacen a través de un proceso público, el cual no se aplica a la contratación de personas que se requieran para atender emergencias fitosanitarias y zoosanitarias o para desarrollar estudios, asesorías o consultorías técnicas. La selección del personal se realiza de acuerdo a la calidad jurídica requerida, considerando al menos las etapas de evaluación curricular, entrevista de conocimientos y experiencia, entrevista y/o examen psicolaboral y entrevista técnica final. En específico, se refiere a cada una de dichas etapas aplicables a los procesos de selección para cargos a contrata y a honorarios .
iv) La etapa de evaluación psicológica se desarrolla de acuerdo al número de preseleccionados en la etapa de análisis curricular, indicando que en los casos de un alto número de postulantes se aplican entrevista grupales para el desarrollo de actividades y resolución de situaciones atingentes, como forma de medir las competencias y aptitudes necesarias para el cargo, agregando que las personas que superan dicha etapa avanzan a la etapa de evaluación psicológica y entrevista individual por competencias. Cuando el número de preseleccionados es abordable, estos pasan directamente a la evaluación psicológica, que comprende la aplicación de una batería de test psicológicos. En esta etapa se aplica el factor N° 2, “competencias para el cargo”, que comprende los subfactores “recomendable”, “recomendable con observaciones” y “no recomendable”. Finalizadas las evaluaciones, se emite un informe psicolaboral por cada preseleccionado, el cual contiene sus datos básicos, una breve descripción de los términos de formación, experiencia y motivación por el cargo. Asimismo se describen exhaustivamente los resultados de las competencias definidas en el nivel alcanzado de acuerdo a los requerimientos establecidos según el perfil de selección, debiendo concluirse, además, si el preseleccionado es recomendable, recomendable con observaciones o no recomendable para el cargo.
b) En cuanto a la profesional que elaboró el informe psicológico objeto de la solicitud, informa que se desempeñó como funcionaria contratada a honorarios en el Departamento de las Personas el SAG hasta el 30 de noviembre del año 2010.
c) En cuanto a la medida en que la divulgación de la información requerida afectaría el debido cumplimiento de las funciones del SAG, argumenta:
i) Que las evaluaciones practicadas al reclamante corresponden a un examen realizado dentro de un contexto específico y determinado, sobre la base de los requisitos definidos en un perfil para el cargo a proveer. En consecuencia, resulta complejo medir estas evaluaciones en términos objetivos ya que las evaluaciones suponen la emisión de opiniones por parte de los evaluadores, que son funcionarios del SAG dedicados a la selección de personas. En este contexto, indica que con la entrega de la información, dichos profesionales se verían expuestos a un escrutinio descontextualizado, que provocaría serios entorpecimientos y cuestionamientos en el proceso de selección, atentando contra el debido funcionamiento del SAG.
ii) Por lo anteriormente expuesto, y considerando que quienes llegan a esta instancia en cuanto al cuestionamiento de su desaprobación, pueden contar con alguna patología, o falta de autocrítica, los profesionales a cargo de los procesos, se enfrentan a la reacción a veces desmesurada de los postulantes que no consideran que deben ser excluidos del proceso, aunque se les realice una retroalimentación, se les explique y contenga, pues existe la posibilidad de que no lo acepten, atendidas sus condiciones psíquicas o características de personalidad, lo que de acuerdo a la experiencia, se traduce en conductas de amedrentamiento, insultos y amenazas que interfieren a su vez en el normal funcionamiento y desempeño de quienes han evaluado, llegando incluso a verse expuestos y vulnerables frente a las conductas de estas personas. Indica que es preciso añadir a lo anterior, que no todas las personas están capacitadas para recibir la información requerida, menos aún, si no se da en un encuadre y "setting" definido como, por ejemplo, una terapia sicológica, donde se pueda recibir el apoyo y la contención necesarios.
1) Que, en primer término, cabe hacer presente que a propósito del ejercicio de la facultad de prorroga del plazo para responder la solicitud de información, el SAG no ha actuado acorde a los principios de facilitación y de oportunidad que rigen el derecho fundamental de acceso a la información pública, consagrados en el artículo 11, literales h) y f) de la Ley de Transparencia, y en los artículos 15 y 17 de su Reglamento, toda vez que dicho órgano comunicó al solicitante tal prórroga cuando se encontraba vencido el plazo para responder a la solicitud de información, en circunstancias que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante el ejercicio de la facultad de prórroga antes del vencimiento de dicho término. A mayor abundamiento, no fundamentó debidamente la prórroga, siendo que dicha norma así lo exige, pues se limitó a señalar que concurrieron circunstancias que le impedían contar con los elementos necesarios para responder oportunamente. Por esto, se deberá representar al Director Nacional del SAG el actuar de su representada en este caso, requiriéndole que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas que le permitan ajustarse estrictamente a los principios señalados, teniendo en cuenta, además, que de acuerdo a lo resuelto anteriormente por este Consejo– por ejemplo en las decisiones recaídas en los amparos roles C306-10 y C347-10– el ejercicio de la facultad de prórroga del plazo para atender a un requerimiento de información sólo puede tener lugar de forma excepcional.
2) Que, la solicitud de información de la especie se refirió a los antecedentes relacionados con el concurso público que fue convocado por el SAG para proveer, en calidad de contrata, el cargo de Jefe del Subdepartamento de Informática, grado 5° E.U.S., perteneciente al Estamento Profesional del Departamento de Administración y Finanzas de dicho servicio, al cual el reclamante postuló sin resultar seleccionado. debiendo señalarse que dicho certamen concursal fue llevado a cabo por el SAG a través del Departamento de las Personas, interviniendo únicamente profesionales del servicio, sin contemplar la asesoría de entidades o empresas consultoras externas vinculadas a la selección de personal.
3) Que, de los tres puntos que comprendió la solicitud de acceso, el reclamante sólo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información con respecto al tercero, esto es, aquél referido a las conclusiones a que se arribó por parte de los profesionales del SAG con respecto a cada uno de los test psicológicos que fueron aplicados al reclamante durante el proceso de selección en comento, como asimismo la conclusión final acerca de su persona.
4) Que, según se desprende de la respuesta y los descargos del SAG, como asimismo de lo informado por dicho órgano al responder la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, la información a que se refiere el considerando que antecede se encuentra plasmada en un informe de naturaleza psicolaboral confeccionado con respecto al reclamante al finalizar la tercera etapa del certamen concursal, denominada precisamente “evaluación psicolaboral”, durante la cual le fueron aplicados los test psicológicos a que se refiere su solicitud.
5) Que, en general, los antecedentes de los concursos públicos constituyen fundamentos de resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, y sirven de sustento o complemento directo y esencial a dichas resoluciones, además de ser información que obra en poder de dichos órganos, razón por la cual, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, revisten, en principio, el carácter de información pública, salvo que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, por lo que, a continuación, debe determinarse si en la especie se configura alguna de dichas causales.
6) Que el SAG ha denegado dicha información en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, para cuyo efecto ha argumentado que las evaluaciones psicológicas practicadas a los postulantes en el marco de los procesos concursos llevados a cabo por el servicio, corresponden a un examen realizado en un contexto específico y determinado, sobre la base de los requisitos definidos en el perfil de un cargo en particular, por lo que resulta complejo medir estas evaluaciones en términos objetivos, dado que mediante dichos instrumentos los evaluadores emiten opiniones con respecto a los candidatos bajo los parámetros del concurso. En consecuencia, ha señalado el SAG, que la divulgación de la información solicitada podría dar lugar a una serie de cuestionamientos con respecto a dichas evaluaciones cuyas respuestas probablemente no serían satisfactorias para los interesados, dada la complejidad para establecer un parámetro objetivo en relación a las opiniones vertidas por los evaluadores en el contexto del análisis de las habilidades de los candidatos que postulan a un determinado cargo que exige competencias precisas, todo lo cual generaría serios entorpecimientos a los procesos de selección de personal que lleva a cabo el SAG, lo que finalmente redundaría en la afectación del debido cumplimiento de sus funciones.
7) Que la jurisprudencia de este Consejo sobre informes sicolaborales se ha producido básicamente en relación a concursos sometidos al Sistema de Alta Dirección Pública, transitando por tres etapas:
a) En la decisión A29-09, de 11.08.2009, unánime, se acordó entregar el informe únicamente a la persona evaluada, salvo que se tratase del informe del candidato seleccionado, pues éste se declaró público dado que la persona ejercería relevantes funciones públicas. Los informes de los otros candidatos no seleccionados incluidos en la terna o quina podían ser públicos si, tras aplicarse el art. 20 de la Ley, el titular consentía expresamente en su entrega o no se oponía oportunamente a ella (con lo que se admitía el derecho a participar de un concurso en forma reservada). La entrega de informes de terceros debía ser previa supresión de los datos sensibles que pudiesen contener;
b) A partir de la decisión de las reposiciones interpuestas en los amparos A29-09 y A35-09, de 30.12.2009, recogida en otras posteriores como la decisión del amparo A90-09, de 23.02.2010 (en todos los casos por mayoría), el Consejo declaró que estos informes eran reservados por afectar su entrega el debido funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (21 N° 1 Ley de Transparencia). Sin embargo, dio acceso a los puntajes asignados en dichos informes (tanto por la consultora como por el Consejo de Alta Dirección o Comité de Selección, según el caso), cuando: i) los requiriese la propia persona evaluada, ii) se tratase de los puntajes del ganador (que se declaran públicos) y iii) fuesen puntajes de terceros incluidos en la terna o quina que, tras la aplicación del art. 20, consintieran en ello o no se opusieran oportunamente; y
c) A partir de la decisión C53-10, de 27.07.2010 (por mayoría), se rectificó declarando la publicidad del informe del ganador (erga omnes), dando en este caso prevalencia al interés público.
8) Que, tratándose de concursos no sujetos a dicho sistema de alta dirección, la evolución ha sido análoga según puede observarse en las decisiones Roles A110-09, de 25.08.2009, y A186-09, de 17.09.2009, que citan la decisión A29-09 original. Sin embargo, al producirse el cambio de criterio en la reposición de esta última se actuó del mismo modo en estos casos, como puede verse en las decisiones de los amparos roles C91-10 y Rol C190-10, ambas de 10.08.2010.
9) Que, conforme se ha dicho, la reserva de la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión de un informe sicolaboral, tanto respecto de la persona a la que se refiere como para terceros, fue declarada al resolver las reposiciones de las decisiones de los amparos A29-09 y A35-09, ambos contra la Dirección Nacional del Servicio Civil, por entenderse que en los concursos públicos realizados en el marco del sistema de Alta Dirección Pública la evaluación de estos antecedentes “…corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal…, cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar”, constituyendo un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable. Así, se estimó que de divulgarse las opiniones incluidas en estos informes se producirían cuestionamientos difíciles de dirimir dado que, en muchos casos, los interesados no quedarían satisfechos con su contenido, lo que podría mermar su claridad, asertividad y precisión de tales informes en procesos de selección futuros, atributos que son esenciales para un adecuado sistema de reclutamiento. Esto los transformaría en herramientas poco útiles, todo lo cual atentaría contra el funcionamiento de los sistemas de reclutamiento, lo que también es aplicable a este caso. En efecto, se entregarse estos informes se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del SAG en cuanto a la selección de su personal y, por extensión, en la ejecución de las otras tareas que la Ley ha encomendado, pues se generaría un riesgo cierto, probable y específico de producir tal afectación, configurando así la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por otro lado, aplicando un test de daño, el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación, como se ha señalado a través de las decisiones de los amparos A186-09, A348-09, RA29-09, C561-09, C614-09, C91-10 y C190-10. Esto sólo cedería, como se dijo en el considerando anterior, tratándose de los candidatos ganadores, que no es este caso.
10) Que, sin perjuicio de lo anterior, será desechada la alegación vertida por el SAG al responder la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, en cuanto a que la divulgación de la información requerida afectaría a su profesionales en el desempeño de las labores, dada la vulnerabilidad que podría generar, como también la referida a que la entrega de la información solicitada podría perjudicar al propio reclamante al revelar aspectos desconocidos de su personalidad que podrían afectar su dignidad, por cuanto se trata de información de titularidad del propio reclamante, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2, literal ñ) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, por lo que dicho supuesto no podría tener lugar.
11) Que, en definitiva, el presente amparo será rechazado por acuerdo de la mayoría de los Consejeros de esta Corporación por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.
I. Rechazar el amparo al derecho de acceso a la información de don José Gaete Cabezas en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en base a las consideraciones expuestas precedentemente.
II. Representar al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que el órgano que representa ha ejercido la facultad de prórroga del plazo para responder a la solitud de información sin cumplir con los requisitos establecidos en el art. 14 de la Ley de Transparencia, lo que se aparta de los principios de facilitación y oportunidad, que rigen el derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, literales f) y h) de la Ley de Transparencia, y artículos 15 y 17 de su Regmento
III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don José Gaete Cabezas, y al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia.
Decisión acordada con el voto disidente del Presidente de este Consejo don Raúl Urrutia Ávila quien disiente de lo razonado en el considerando 7° de este acuerdo y, por lo tanto, estuvo por acoger el presente amparo en virtud de lo siguiente:
1) Que, en la especie no se advierte de manera clara que la divulgación de la información requerida afecte el debido cumplimiento de las funciones del SAG en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, puesto que aún asumiendo la existencia de ciertos cuestionamientos que pudieran surgir con respecto a los juicios emitidos por los profesionales evaluadores del servicio en el marco de un proceso de selección, no parece que tales cuestionamientos fuesen de una naturaleza o entidad tal que generasen, como consecuencia necesaria, entorpecimientos en el sistema de reclutamiento que pudiesen afectar negativa y sustantivamente el debido cumplimiento de sus funciones, sea en cuanto a la selección de su personal o a la ejecución de las tareas que la Ley ha encomendado al SAG. En otras palabras, no se divisa nítidamente la existencia de un vínculo causal entre la divulgación de la información requerida con respecto al reclamante y la afectación del debido cumplimiento de las funciones del SAG, dadas las características de su sistema de reclutamiento. Lo anterior se vería reforzado porque en este caso no se emplearon consultoras privadas de las que ofrecen servicios de selección de personal, de manera que no se asiste al riesgo de que éstas se retraigan de participar en los concursos del sector público y afecten, de ese modo, el funcionamiento del sistema. Por el contrario, el SAG siempre podrá acudir a personas naturales contratadas a honorarios para la prestación de estos servicios.
2) Tampoco podría sostenerse que se afecten derechos del profesional que realizó el informe, toda vez que lo hizo una persona natural contratada a honorarios por el Servicio que debía saber que tales informes estaban sujetos al principio de transparencia. En este punto podría retomarse lo resuelto en la decisión del amparo Rol A186-09, de 17.09.2009 (considerando séptimo), siguiendo la línea inicial del caso A29-09: “Los evaluadores, en definitiva, no se podrían ni se deberían ver afectados en su labor porque el requirente/postulante solicita su informe sicológico relativo a un proceso de selección para un cargo público determinado, independiente del uso que se le dé a éste, pues no sólo está dentro de los derechos que le otorga la ley al titular de los datos contenidos en dicho informe sicológico, sino que además, porque existe la confidencialidad durante el proceso de selección que protegen al evaluador para que realice en forma libre su labor. Pero una vez concluido el proceso de selección, habiendo ya opinado o evaluado el profesional, no se puede apreciar cómo la entrega de un informe sicológico al requirente postulante afectare la objetividad, imparcialidad del evaluador o éste se viera expuesto a presiones indebidas”. En abono de esta tesis puede invocarse también lo resuelto a propósito de los informes sicológicos elaborados por funcionarios de Gendarmería respecto de personas privadas de libertad al solicitar beneficios carcelarios o indultos, donde frente a una posible afectación de los derechos de los funcionarios se resuelve (Rol C426-10, de 13.10.2010, considerando séptimo): “Que las decisiones que adoptan los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones como tal, están, por esto mismo, sometidas a un mayor escrutinio público y control social, particularmente cuando dichas decisiones son adoptadas de manera discrecional, tal como ocurre en la especie, razón por la cual debe ser posible acceder a sus fundamentos por los ciudadanos y, particularmente, por la persona sobre la cual produce efectos dicha decisión de la autoridad. Por esto, salvo que se acredite la concurrencia de una causal de reserva o secreto, en principio, los fundamentos de las decisiones adoptadas por autoridades públicas son públicos”. Lo mismo se afirmó en la decisión del amparo Rol C323-10, de 30.07.2010, si bien en este caso por mayoría.
3) Que, además, el titular de los datos contenidos en el informe es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, el postulante requirente, conforme al art. 2°, literal ñ), de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, tal como se ha indicado en el considerando 9° de la decisión.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero Sr. Juan Plablo Olmedo no asistió a la sesión por encontrarse ausente.