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Timestamp: 2019-12-06 16:10:49
Document Index: 180227157

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 91', 'artículo 93', 'artículo 92', 'artículo 95', 'artículo 34', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 28', 'Artículo 91', 'Artículo 96', 'artículo 1', 'Artículo 21', 'Artículo 102', 'artículo 8', 'Artículo 102', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 197', 'artículo 102']

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ÍNDICE. I.
**CENTRO FEDERAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. **Órganos Desconcentrados I. INTRODUCCIÓN.
Viernes 25 de noviembre de 2016 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)
MANUAL de Organización General de la Procuraduría General de la República.
IV. ATRIBUCIONES.
V. MISIÓN.
VI. VISIÓN.
VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.
VIII. ORGANIGRAMA.
IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
Garantizar el respeto y protección efectiva de los Derechos Humanos
Eficientar la procuración de justicia y combatir la impunidad existente
Cumplir con el mandato constitucional de operar en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Implementar normativa e institucionalmente la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y
Fortalecer la dimensión social del Ministerio Público de la Federación.
El Manual de Organización General se compone de los siguientes apartados: Antecedentes Históricos, es una reseña de las transformaciones organizacionales más significativas que ha tenido la Procuraduría desde su creación hasta nuestros días; Marco Jurídico, es el compendio de las disposiciones normativas que dan sustento al actuar institucional; Atribuciones, plasma lo conferido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Misión, constituye la razón de ser de la Institución; Visión, refleja hacia donde se quiere llegar como Institución; Organigrama, indica de manera gráfica las líneas de coordinación y dependencia entre las Unidades Responsables; y, Descripción de Áreas, donde se especifican los objetivos y funciones de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados resaltando con mayor énfasis lo relacionado con los nuevos conceptos del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Es de apreciarse que dichos conceptos tienen una alta relevancia en las estructuras orgánicas de las Unidades Responsables al constituirse en cimientos sólidos para que orienten los procedimientos para la operación del Modelo de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en todas las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República que son las células básicas de la organización institucional, para que a través de ellas los ciudadanos, y de manera especial, los grupos en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a la justicia.
El Manual estará a disposición de las y los servidores públicos pertenecientes a esta Procuraduría, como consulta y guía de trabajo así como para la ciudadanía que desee conocer la organización y funcionamiento institucional en términos de lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las disposiciones aplicables en la materia.
Finalmente, cabe señalar que la Procuraduría General de la República, en el contexto de la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio contribuye con las adecuaciones estructurales y funcionales realizadas a la consecución de los objetivos establecidos por parte del Poder ejecutivo Federal en materia de seguridad pública y seguridad nacional, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 5 y 18 fracción XXI de su Reglamento, los cuales se encuentran correlacionados con el 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se expide el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, el cual deberá ser revisado y actualizado de manera periódica con el firme propósito de garantizar que el actuar de las servidoras y los servidores públicos se apegue a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Es importante tener presente que la lengua castellana cuenta con vastos recursos (semánticos, morfológicos y sintácticos) para referir a mujeres y hombres con igualdad. Nombrar el mundo en masculino y en femenino no sólo es posible sino también deseable e ineludible si deseamos contribuir a una mayor equidad entre mujeres y hombres. Nombrar las profesiones, cargos u oficios en femenino cuando son practicadas por una mujer es parte del derecho al reconocimiento que como ciudadanas se merecen. De igual forma, en los casos, que son los menos, en los que aún no existe el correspondiente nombre de la actividad en femenino reconocido por la RAE, es posible proponer la forma adecuada para visibilizar al sector femenino”.1 En tal sentido, cuando no se manifieste de manera explícita la existencia de ambos géneros, se agradecerá a la lectura e interpretación, la representación siempre de todos/as, hombres y mujeres.
El Ministerio Público es una Institución de gran tradición en nuestro sistema jurídico que tiene sus orígenes más remotos en esa época. El derecho era consuetudinario, y basaba su organización en una unidad política gobernada por el Tlatoani, quien además presidía el Tribunal Supremo. Entre sus facultades judiciales se comprendían también las de acusar y perseguir a los delincuentes, mismas que delegaba a los jueces que sentenciaban y a los alguaciles que obedecían sus mandatos.
La penetración española hizo que las costumbres del sistema jurídico mexicano dejaran de tener vigencia, y en su lugar se instauró la legislación del derecho castellano, entre las que destaca: Las Siete Partidas, la Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla, la Recopilación de las Leyes de Indias, la Novísima Recopilación de las Leyes de España, y en sí todos los ordenamientos emanados de la Corona Española. En materia de procuración de justicia, la persecución del delito se encomendó a diversos funcionarios: al Virrey, los Gobernadores, las Capitanías Generales, los Corregidores, Alcaldes Mayores, Promotores Fiscales, Fiscales, etcétera.
Noviembre 29.- En la Real Audiencia y Cancillería de México, que emulaba a la Real Audiencia de Santo Domingo, se creó la Real Sala del Crimen, integrada por cuatro alcaldes de Casa y Corte, o Alcaldes del Crimen (según reforma de sus ordenanzas en 1568), y la Fiscalía del Crimen (1597).
Octubre 9.- Por cédula real, se dio intervención a “los indios” para que desempeñaran puestos de jueces, regidores, alguaciles, escribanos, alcaldes y ministros de justicia, de acuerdo a los usos y costumbres prevalecientes. Los alcaldes eran los encargados de aprehender a los delincuentes, y los caciques de ejercer la jurisdicción criminal. Para la persecución del delito se implantaron el Tribunal del Santo Oficio en el que el Promotor Fiscal era quien denunciaba y perseguía a los herejes, y quien llevaba la voz acusatoria en el juicio; la Audiencia que era un Tribunal encargado de solucionar los problemas policíacos y los asuntos relacionados con la administración de justicia, y se integró con el Virrey, oidores, alcaldes del crimen y dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal; y el Tribunal de la Acordada que perseguía fundamentalmente a los salteadores de caminos.
Durante los 300 años que duró la época de la colonia la Real Audiencia funcionó como cuerpo consultivo de gobierno. En materia de procuración de justicia el virrey era aconsejado por el Fiscal del Crimen quien fungía como acusador a nombre del Monarca. Sus funciones consistían en la observancia de las leyes relacionadas con los delitos y sus penas, asumiendo el carácter de acusadores públicos que garantizaran la imposición de sentencias para los infractores.
De España heredamos la figura de Promotor o Procurador Fiscal o, simplemente llamado, el Fiscal, con base en las disposiciones que rigieron durante la época colonial. Sus funciones principales fueron: defender intereses tributarios de la Corona; perseguir los delitos y ser acusadores en el proceso penal; y asesorar a los tribunales con el fin de vigilar la correcta aplicación y administración de la justicia.
Mayo 18.- Al promulgarse la Constitución Política de la Monarquía Española (Constitución de Cádiz), decretó en cuanto a la administración de justicia, la creación de jueces letrados de partido con jurisdicción civil y criminal, y el Reglamento de las Audiencias para cada una de las Provincias de la Monarquía Española, compuestas por un Regente, doce ministros y dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal.
Octubre 4.- Se promulga la primera Constitución del México Independiente, se crea la división de poderes. La Suprema Corte se establece con once ministros y un fiscal, equiparando su dignidad a la de los ministros y otorgándoles el carácter de inamovibles, y en los Tribunales de Circuito la existencia de un promotor fiscal.
Diciembre 30.- Dentro de las Leyes Constitucionales, se estableció la existencia de un fiscal inamovible.
Junio 15.- Dentro de las Bases Orgánicas de ese año, también se estableció la existencia de un fiscal perpetuo.
A partir de la Independencia y durante todo el siglo XIX, se consideró por la legislación mexicana, como parte del Poder Judicial Federal.
Abril 22.- Con la expedición de las “Bases para la Administración de la República”, surgió la figura del Procurador General de la Nación, al señalar en su artículo 9: “Para que los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en los negocios contenciosos que se versen sobre ello, ya estén pendientes o se susciten en adelante, promover cuando convenga a la Hacienda Pública y que se proceda en todos los ramos con los conocimientos necesarios en puntos de derecho, se nombrará un Procurador General de la Nación, con sueldo de cuatro mil pesos, honores, condecoración de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, en la cual y en todos los Tribunales Superiores será recibido como parte de la Nación y en los inferiores, cuando lo disponga así el respectivo Ministerio, y además despachará todos los informes en derechos que se le pidan por el Gobierno, será amovible a voluntad de éste y recibirá instrucciones para sus procedimientos, de los respectivos Ministerios”.
Septiembre 16.- La organización del Ministerio Público es instruida como dependiente del Poder Ejecutivo en el documento conocido como Ley Lares. Siempre que hubiera duda u oscuridad sobre el sentido de la ley, siempre debería ser oído el Fiscal. El Procurador General de la Nación representaba los intereses del Gobierno. Se explicitaba claramente: “Es el encargado de defender o cuidar los intereses nacionales en los siguientes casos: en los negocios que se sigan ante la autoridad judicial, en los contenciosos administrativos, en los asuntos de expropiación, así como en todos los que tenga interés la Hacienda Pública o se afecte su jurisdicción especial, y en todos los demás que prescriban las leyes.”
Noviembre 23.- Juan Álvarez realizó una ley en la que se amplificaba la intervención de los procuradores o promotores fiscales a la Justicia Federal.
Mayo 15.- Siendo presidente Ignacio Comonfort, al año siguiente, se promulgó el Decreto del que se conoce con el nombre de Estatuto Orgánico Provisional de la República. En este mismo se establece lo siguiente: “Todas las causas criminales deben ser públicas, precisamente desde que se inicie el plenario, con excepción de los casos en que la publicidad sea contraria a la moral; a partir del plenario, todo inculpado tiene derecho a que se le den a conocer las pruebas que existen en su contra, permitiéndosele carearse con los testigos cuyos dichos le perjudiquen, debiendo ser oído en defensa propia.” En el Congreso Constituyente de ese año, se trataron las funciones que debería tener el Ministerio Público, sentando bases en el artículo 27 de dicho proyecto, el cual a la letra dice: “A todo procedimiento del orden criminal debe preceder querella o acusación de la parte ofendida, o instancia del Ministerio Público que sostenga los derechos de la sociedad.”
Junio 16.- La presencia del Fiscal y la del Procurador General en el Poder Judicial fueron incorporadas en la Constitución surgida en este Congreso. En el texto constitucional definitivo, en su título III relativo a la división de poderes, en la sección III dedicada al Poder Judicial, se nombra que la Suprema Corte de Justicia estaría compuesta por once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General, lo cual viene integrado en el artículo 91. De nueva cuenta se equipara jerárquicamente a los ministros, al Fiscal y ahora también, al Procurador General, estableciendo como requisitos para poder ser electo en cualquiera de estos cargos los siguientes: tener la instrucción en la ciencia del Derecho a juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco años y ser ciudadano mexicano de nacimiento en ejercicio de sus derechos, esto es según el artículo 93. La duración de estos cargos será limitada a seis años, según el artículo 92. Se permitía la renuncia sólo por causas graves, calificada como tal por el Congreso ante quien debía presentarse o, en los recesos de éste, ante la diputación que estuviera permanente, esto según el artículo 95.
Junio 29.- Durante el período presidencial del Licenciado Don Benito Juárez, se dicta el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalaba las funciones tanto del Ministerio Público, como del Procurador General; y consistían las del primero en: “ser oído de todos los negocios que interesan a la Hacienda Pública o de responsabilidad de sus empleados o agentes, y en los que por los mismos motivos se interesen los fondos de los establecimientos públicos”. En este mismo ordenamiento se declara que el fiscal de la Corte debía ser oído en todos los asuntos en materia penal o de responsabilidad; en conflictos de jurisdicción y competencia de los tribunales y en consulta sobre dudas de la ley, siempre que él lo pidiera y la Corte considerara esto conveniente.
Diciembre 19.- Fue promulgada la Ley para la Organización del Ministerio Público. Tenía 57 artículos en los cuales se concluye que el Ministerio Público está subordinado en todo al Ministerio de Justicia.
Las ocupaciones del Ministerio Público pertenecían tanto al ámbito criminal como en materia civil.
En el artículo 34 se mencionaba que los funcionarios del Ministerio Público podían ejercer la acción pública, cuando el delito se hubiera cometido dentro el Distrito Jurisdiccional del Juez o Tribunal al que estaban adscritos, o cuando el delincuente habitara o se encontrara en ese mismo Distrito.
Se asentaba también en el artículo 41 que el Ministerio Público, aun cuando interviniera como parte principal, no procedía como acusador necesario, y podía pedir en nombre de la justicia el castigo del culpable, lo mismo que la absolución del acusado cuando el hecho por el que se le acusaba no constituía un delito; asimismo, podía apelar tanto las sentencias condenatorias como las absolutorias. En el artículo 43 se disponía que el Ministerio Público no podía ejercitar su acción en los casos en que las leyes reservaran expresamente la acusación a las partes ofendidas, mientras éstas no hicieran uso del derecho de acusar. Tampoco podía ejercitarla en los delitos privados que sólo ofendían a los particulares, mientras esos no se querellaban ante los tribunales. En el capítulo quinto de la citada Ley, se establecieron la competencia y las funciones del Ministerio Público en los tribunales de policía o correccionales. Tenía facultades para abocarse al conocimiento de infracciones a los reglamentos de policía, y a determinados delitos. Podía solicitar la imposición de multas, tanto a las partes como a los testigos, y tenía también la facultad de hacer ejecutar las sentencias. De igual manera, se reglamentó una extinción de la acción penal en los casos de amnistía o indulto, muerte del reo o prescripción del delito.
Junio 15.- En la Ley de Jurados Criminales, se estableció en sus artículos 4 al 8, tres promotorías fiscales para los juzgados de lo criminal, con la obligación de promover todo lo concerniente a la investigación de la verdad, así como facultades para intervenir en los procesos desde el auto de formal prisión. Los promotores fiscales a que se refiere la Ley mencionada debían ser letrados, de experiencia reconocida y con un mínimo de cinco años de ejercer la profesión. Tenían preferencia por aquellos que tuvieran facilidad para argumentar. Entre las obligaciones de los promotores fiscales se encontraba la de promover todo lo conducente a la averiguación de la verdad en los procesos criminales, interviniendo a partir del auto de formal prisión. Constituían la parte acusadora en toda causa criminal, y el denunciante o la parte ofendida por el delito podían valerse de ellos. Pero si los interesados estaban en desacuerdo con el promotor Fiscal podían promover por su parte cualquier prueba, y el juez, bajo su responsabilidad, podía admitirla o rechazarla.
Septiembre 15.- En el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su artículo 28 mencionaba al Ministerio Público como una magistratura instituida para pedir y auxiliar en nombre de la sociedad la pronta administración de la justicia, así como para defender sus intereses ante los tribunales.
La policía judicial por su parte, tenía como objetivo principal la investigación de los delitos, la reunión de pruebas y el descubrimiento de sus autores, cómplices y encubridores. En el nuevo código se adoptaba la teoría francesa al establecerse que, en los delitos perseguibles de oficio, el Ministerio Público requeriría sin pérdida de tiempo la intervención del juez competente del ramo penal, para que iniciara el procedimiento. Cuando el juez estuviese y el inculpado se fugara y se destruyesen o desaparecieren los vestigios del delito, estaba facultado para mandar aprehender al responsable, y hacer lo necesario para asegurar los instrumentos, huellas o efectos del delito, dando parte sin pérdida de tiempo al Juez competente. El Ministerio Público desempeñaba las funciones de acción y requerimiento, como en la doctrina francesa. Además intervenía como miembro de la Policía Judicial durante la investigación de los delitos. Al Ministerio Público le competía perseguir y acusar ante los tribunales a quienes se señalaba como responsables de los delitos y vigilar la ejecución puntual de la sentencia. La Ley establecía que el jefe de la Policía Judicial, que era el Juez de Instrucción, debía intervenir desde el inicio del procedimiento. El Ministerio Público, los inspectores de cuartel, los comisarios e inspectores de policía, los jueces auxiliares o de campo, los comandantes de fuerzas de seguridad rural, y los prefectos y subprefectos políticos, podían desempeñar funciones investigadoras solamente en el caso de emergencia, estando ausente el Juez de lo Criminal. Estas funciones las podían desempeñar levantando de inmediato las actas de descripción e inventario. Tenían instrucciones de transmitirlas sin demora alguna al Juez quien podía ordenar, si así lo consideraba conveniente, que el contenido de las actas se repitiese en su presencia. También los jueces de paz eran miembros de la Policía Judicial y estaban encargados de practicar las primeras diligencias, mientras se presentaba el Juez de lo Criminal, quien debía continuarlas.
Septiembre 15.- En el Código de Procedimientos Penales, se menciona al Ministerio Público, que actúa con el carácter de parte acusadora, pero sin disfrutar del monopolio del ejercicio de la acción penal, ya que también en el juicio intervenían la persona ofendida y sus causahabientes, considerados como parte civil.
Mayo 22.- Con las reformas a los artículos 91 y 96 de la Constitución de 1857, se separa al Ministerio Público y al Procurador General de la República de la Suprema Corte de Justicia, para hacerlo depender del Poder Ejecutivo. Se emplea por primera vez la expresión “Ministerio Público” en el texto constitucional: “Artículo 91.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de quince Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o en Salas, de la manera en que establezca la ley.” “Artículo 96.- La ley establecerá y organizará los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Ministerio Público Federal.” Esta reforma jurídica culminó con la creación de la Procuraduría General de la República, en la que los funcionarios del Ministerio Público Federal y el Procurador que los presidía, serían nombrados por el Ejecutivo.
Diciembre 16.- Se promulga la primera Ley de Organización del Ministerio Público Federal que delineaba sus funciones y los principios que debería ejercitar esta Institución. Su artículo 1° disponía: “El Ministerio Público Federal es una Institución encargada de auxiliar a la administración de justicia en el orden federal, de probar la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y de defender los intereses de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito”.
Época del México Contemporáneo
Febrero 5.- Se promulga la Constitución de 1917, vigente en nuestros días, y consagra la autonomía del Ministerio Público Federal, y estará presidido por un Procurador General de la República. Establece en sus artículos 21 y 102 lo siguiente:
“Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. […]”
“Artículo 102. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mismas calidades requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte. Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare. El Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los Ministros, Diplomáticos y Cónsules Generales, y en aquellos que se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los Poderes de un mismo Estado. En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes. El Procurador General de la República será el consejero jurídico del Gobierno; tanto él como sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsable de toda falta u omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones.”
Agosto 01.- Como antecedentes de la legislación reglamentaria de los citados artículos, se promulgó la Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentación de sus funciones y en su artículo 8 establecía: “…el Ministerio Público Federal estará compuesto de un Procurador General de la República, un Agente Sustituto Primero adscrito, un Agente Sustituto Segundo adscrito, siete Agentes Auxiliares y de los Agentes adscritos a cada Tribunal de Circuito y a cada Juzgado de Distrito.”
Agosto 31.- Se publica la Ley Reglamentaria del Artículo 102 Constitucional, que en su artículo 4° describía la organización del Ministerio Público Federal: “…Un Procurador, dos Subprocuradores Generales Primero y Segundo, un Jefe y Subjefe del Departamento de Nacionalización de Bienes, un Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, dieciocho Agentes del Ministerio Público Federal Auxiliares del Procurador, un Jefe del Departamento Consultivo, un Visitador de Agencias, sesenta Agentes para las adscripciones a los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Departamentos de la Procuraduría.”
El Ministerio Público Federal se conformaba por un Procurador General de la República, un Subprocurador Primero, un Subprocurador Segundo, un Director General y un Subdirector de Averiguaciones Previas Penales, un Jefe y un Subjefe del Departamento de Control de Procesos y Consulta en el Ejercicio de la Acción Penal, un Director y Subdirector Jurídico y Consultivo, cuatro Jefes de los Grupos Civil, Penal, Administrativo y del Trabajo, un Visitador General, un Jefe y un Subjefe del Departamento de Nacionalización de Bienes, un Jefe y un Subjefe de la Policía Judicial Federal, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a diversas áreas, un Jefe de la Oficina de Registro de Manifestación de Bienes, un Jefe de la Oficina de Control de Correspondencia y Archivo y un Director General de Administración.
Diciembre 27.- Se expidió la Ley de la Procuraduría General de la República. Detallaba las actividades del Procurador General, del Ministerio Público, y de las unidades administrativas. La Institución se integraba con un Procurador, dos subprocuradurías, una oficialía mayor, una visitaduría general, una dirección general de averiguaciones previas, una dirección general de control de procesos y consulta en el ejercicio de la acción penal, una policía judicial federal, una dirección general jurídica y consultiva, una dirección general de administración, una comisión interna de administración, un instituto técnico, una oficina de registro de manifestaciones de bienes, así como unidades administrativas de prensa; control de estupefacientes; estudios sociales; servicios periciales; documentación; planeación; control; técnicos y de servicios.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo primero dicta que: “la Procuraduría es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal, en la que se integran la Institución del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares directos para el despacho de los asuntos que a aquélla y a su titular, en su caso, atribuyen los artículo 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales aplicables”.
Dicho ordenamiento organiza a la Procuraduría en lo general, e instituye un cambio sustancial de técnica normativa, ya que recoge y ordena las atribuciones de las Unidades que integran la Institución y permite a su Reglamento distribuirlas orgánicamente, imprimiendo así actualidad y dinamismo en su despacho.
En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, el Procurador expidió el Acuerdo 7/84 relativo a la desconcentración de funciones administrativas creando las Delegaciones de Circuito y once Agencias del Ministerio Público fuera de la zona metropolitana del D.F.
Marzo 08.- Se promulga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La organización de la Procuraduría se estructuró a partir del Procurador General y además contó con dos subprocuradurías, una oficialía mayor, una visitaduría general, una contraloría interna y trece unidades con rango de dirección general.
Agosto.- El Gobierno Federal adoptó medidas para la reducción del gasto público, razón que aceleró la reestructuración y racionalización administrativa de la Procuraduría General de la República. De esta manera, la estructura de la Procuraduría se contrajo a una sola Subprocuraduría, una Supervisión General de Servicios Técnicos y Criminalísticos y cuatro Unidades con nivel de Dirección General: Jurídica y Consultiva; Procedimientos Penales; Contraloría Interna; y Administración. Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la procuración e impartición de justicia, el 27 de diciembre de ese mismo año se modificó la Ley Orgánica de la Institución dando lugar a una reestructuración orgánica y funcional.
Julio 03.- Se publicaron las disposiciones reglamentarias que complementan las modificaciones a la Ley.
Diciembre 22.- El Ejecutivo Federal promovió reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta iniciativa dio origen a diversas modificaciones del ordenamiento citado. Con estas reformas se actualizaba la base normativa, lo que permitía la consolidación del Sistema Nacional de Justicia, en el que la Procuraduría cumple una función central dentro del ámbito federal. Asimismo, las normas incorporadas acentuaron la participación social, favorecieron la coordinación entre la Federación y los Estados frente a las formas de delincuencia que adquirían nuevas y preocupantes modalidades como el narcotráfico.
Para regular los cambios planteados a partir de 1985, particularmente los derivados de las reformas a la Ley Orgánica de 1987, se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, destacando, la creación de la Consultoría Jurídica, el reforzamiento de la Contraloría Interna, la eliminación de la Dirección Técnica Jurídica además de la actualización de la organización y atribuciones de las restantes, siendo de gran relevancia la creación de un área en la Procuraduría, dedicada exclusivamente al combate del narcotráfico, buscando con ello fortalecer la seguridad de las/ los mexicanas/os.
Febrero 04.- Dentro de un proceso de constante transformación institucional y en congruencia con los propósitos de mejoramiento de la administración de justicia que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, la Procuraduría dio inicio a una nueva etapa de modernización, congruente con los objetivos y estrategias de mediano plazo que se plasmaron en el Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 1990-1994.
Como resultado de este proceso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta nueva reglamentación tuvo como finalidad refrendar la correspondencia operativa que existe entre el Ministerio Público Federal y la Policía Judicial Federal, así como la dependencia funcional de ésta respecto del primero; y reagrupó al Ministerio Público Federal en una división del trabajo que atendía básicamente a sus funciones procesales, lo que marcó su actuación para asegurar un mejor servicio a la sociedad, y garantizar el respeto a la constitucionalidad y legalidad. Se reforzaron los sistemas de control, de legalidad, de gestión y de administración, para hacer más transparente la conducta de las servidoras y los servidores públicos de la Institución.
Para establecer una estructura orgánica acorde con sus necesidades y compromisos, la Procuraduría General de la República realizó dos adecuaciones a su organización. La primera dio lugar a la fusión del Instituto Nacional de Ciencias Penales con el de la Policía Judicial Federal, para crear al Instituto de Capacitación, a fin de fortalecer la formación profesional de agentes adscritos al Ministerio Público Federal, la Policía Judicial Federal y peritos.
Se creó la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos, a fin de dar un seguimiento minucioso de las recomendaciones que formulara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la actuación ministerial de la Institución.
Para fortalecer el proceso de desconcentración administrativa y unificar criterios en la aplicación de la política de procuración e impartición de justicia, se fusionaron las Subprocuradurías Regionales Norte y Sur dando lugar a la Subprocuraduría de Delegaciones y Visitaduría.
Junio 17.- Se realizó la segunda reestructuración orgánica, con el objeto de intensificar la lucha contra el narcotráfico de estupefacientes y psicotrópicos en el territorio, al crearse el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, por Decreto Presidencial. Dicho Instituto se integró con el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), la Coordinación General para la Atención de los Delitos contra la Salud, las Direcciones Generales de Intercepción y Erradicación de Cultivos Ilícitos, así como parte de la de Servicios Aéreos y de la Policía Judicial Federal.
Octubre 08.- Se expide un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, e incorporó áreas de nueva creación tales como: la subprocuraduría especial y la fiscalía especial para la atención de delitos electorales, ambas obedecían a necesidades apremiantes, la primera para esclarecer el homicidio del C. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República, y la segunda para proporcionar confianza a la ciudadanía en los procesos electorales.
Julio 25.- Se llevan a cabo los cambios de nomenclatura y de adscripción de Unidades donde la anterior Subprocuraduría de Delegaciones y Visitaduría cambia su denominación a Subprocuraduría General, la Visitaduría pasa a ser Visitaduría General y se le incorporan: La Dirección General de la Policía Judicial Federal; que dependía de la desaparecida Coordinación General para la Atención de Delitos Contra la Salud; las Coordinaciones Regionales (Norte, Centro y Sur), las dos primeras corresponden al cambio de denominación de la Unidad de Coordinación de Programas, Información y Relaciones y la Unidad de Coordinación, Enlace y Seguimiento respectivamente, la última Coordinación (Zona Sur ) fue de nueva creación.
La Dirección General de Amparo cambia de adscripción para depender de la Subprocuraduría de Control de Procesos, ya que se encontraba en la Subprocuraduría Jurídica, la Subprocuraduría Jurídica transfiere la Dirección General de Protección de Derechos Humanos a la Contraloría Interna, por último, se adicionan a la Contraloría Interna, la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Agosto 27.- Como resultado de un proceso de reestructuración integral de esta Institución, se expidió el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se precisaron los cambios de cinco a seis subprocuradurías; se integraron direcciones generales en las subprocuradurías de coordinación general y desarrollo, jurídica y asuntos internacionales, así como en las subprocuradurías de procedimientos penales a, b y c que aglutinaron a 6 direcciones generales y 32 delegaciones estatales, se dio con ello mayor fluidez a los asuntos de cada una de las subprocuradurías. Asimismo, se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en sustitución del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), también se adicionaron las Unidades Especializadas en Delincuencia Organizada, y contra el Lavado de Dinero.
También se efectuó la readscripción de las Direcciones Generales de Protección a los Derechos Humanos y la de Informática y Telecomunicaciones. La primera formaba parte de la Contraloría Interna, que a su vez pasó a depender de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y la segunda se reubicó en la Oficina del C. Subprocurador de Coordinación General y Desarrollo.
Mayo 14.- Como resultado de la expedición de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, la hasta entonces Dirección General de Administración de Bienes Asegurados, adscrita a la Oficialía Mayor, cambió de denominación por Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales; y se incorporaron también el marco de atribuciones para las Direcciones Generales Adjuntas de la Oficina Central Nacional Interpol-México y del Centro de Control de Confianza, creadas en 1998 y 1999 respectivamente, con subordinación directa al C. Procurador.
Julio.- Se modificó la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales por la creación de 34 plazas asimiladas al Servicio Exterior y adscritas a las seis Agregadurías.
Se suprimieron la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal y las Direcciones Generales Adjuntas Regionales de la Policía Judicial Federal adscritas a las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” y “C” respectivamente; se reubicó y reniveló la Dirección General Adjunta de la Oficina Central Nacional Interpol México para quedar como Dirección General.
Noviembre.- Estas modificaciones motivaron la creación de la Agencia Federal de Investigación, conformada por las Direcciones Generales de: Planeación Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue Regional Policial; Operaciones Especiales y Oficina Central Nacional Interpol México y tres Direcciones Generales Adjuntas, que se encargaron de proporcionar los servicios técnicos jurídicos y administrativos que requiere para su eficiente operación. Por ello se publicó el Decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica Institucional; se crea la Agencia Federal de Investigación para planear, dirigir, desarrollar y evaluar las acciones policiales, que apoyen al Ministerio Público Federal, y se autoriza la estructura derivada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que quedó integrada por cinco Direcciones Generales: Jurídica, de Averiguaciones Previas, de Control de Procesos y Amparo, de Coordinación, Desarrollo e Innovación Gubernamental y de Información y Política Criminal; todas ellas, en Materia de Delitos Electorales.
Marzo 15.- Se obtuvo el registro de las Delegaciones Estatales en las Entidades Federativas, por lo que a partir de esa fecha, quedan formalmente integradas a la estructura básica de la Procuraduría.
Diciembre 27.- Se publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en la que además de organizar a la Institución, en su artículo 11 estableció las bases generales del sistema de especialización y desconcentración territorial y funcional, que apoyarán el desarrollo de las funciones, tanto del Procurador como del Ministerio Público de la Federación. Asimismo en su artículo 20 refiere al Policía Judicial Federal como Policía Federal Investigador, con esto se pretendió cambiar la imagen que la sociedad tenía sobre estos servidores públicos.
Junio 25.- Se expidió el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría se integra entonces por cinco subprocuradurías, dos fiscalías especializadas, una oficialía mayor, una visitaduría general, una agencia federal de investigación, tres coordinaciones, once unidades, cuarenta y una direcciones generales, treinta y cinco órganos desconcentrados y seis agregadurías.
Se fortaleció la función internacional al crear dentro del tramo de control de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, asimismo las Direcciones Generales de Extradiciones y Asistencia Jurídica, y la de Cooperación Internacional.
La Dirección General de lo Contencioso y Consultivo cambió su denominación por Dirección General de Asuntos Jurídicos.
En la Oficialía Mayor se creó el órgano desconcentrado denominado Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, teniendo como principal función la de evaluar médica, psicológica, poligráfica y socioeconómicamente a integrantes del Servicio de Carrera, así como al personal de confianza de la Institución.
La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones se reubicó dentro de la Oficialía Mayor y cambió su denominación por Dirección General de Telemática.
Para combatir el crimen organizado, que alcanza niveles alarmantes en número y formas de delitos, se orientó la función hacia la especialización; se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con seis Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos.
Por otro lado, se creó la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, que incorpora cuatro Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; los cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; y finalmente contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
Se reforzó la Agencia Federal de Investigación al incorporarse la Unidad de Operaciones, que contará con las Direcciones Generales de: Erradicación y la de Intercepción, mismas que tienen por objeto, combatir frontal y eficazmente, no sólo el narcotráfico a gran escala, sino también el narcomenudeo, que adquiere preocupantes índices de crecimiento, actividad delictiva que incluye la participación de menores de edad. Asimismo, la Dirección General de la Oficina Central Nacional Interpol-México cambió su denominación por Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.
Para la atención integral y regional de los procesos penales federales, se creó la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; se crearon dos Direcciones Generales, la de Control de Averiguaciones Previas y la de Control de Procesos Penales Federales. La Dirección General de Amparo adscrita a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, se reubicó en esta Subprocuraduría. Asimismo, para reforzar la coordinación entre el ámbito central y el desconcentrado, se creó la Coordinación General de Delegaciones.
Finalmente, para apoyar a las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, en lo que respecta a innovación, mejoramiento, planeación, coordinación institucional; servicios; así como a la capacitación y formación profesional del personal perteneciente al Servicio de Carrera, se creó la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
Inician los trabajos para el diseño e implantación del Sistema de Análisis de Puestos, que tiene como objetivo, describir y perfilar todos los puestos que integran la Procuraduría a excepción de aquellos considerados en el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (contemplados para una segunda etapa), a fin de fortalecer el desarrollo del personal, generando estructuras y puestos competitivos con remuneraciones equilibradas, congruentes y equitativas.
Este proceso de descripción y perfil de puestos formó parte de las etapas de reestructuración iniciadas por el C. Procurador General de la República, quien señaló que “la única forma de generar un cambio es empezar por casa”. Fue así como inició este proceso de innovación, transformación y evolución organizacional que ha tenido las siguientes etapas:
1. Regularización de la plantilla autorizada contra la funcional;
2. Reestructuración organizacional;
3. Descripción, perfilamiento y valuación de los puestos;
4. Cambio de estructura organizacional, acorde al Sistema de Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia, y
5. Construcción de un nuevo sistema de tabulador de sueldos y prestaciones.
Agosto 20.- Con la publicación en el DOF del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se comienzan a realizar los movimientos a la estructura orgánica básica y a los marcos funcionales de: oficialía mayor, de las direcciones generales de asuntos jurídicos, de prevención del delito y servicios a la comunidad, jurídica en materia de delitos electorales, de política criminal, coordinación y desarrollo en materia de delitos electorales, de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales, de recursos humanos, de recursos materiales y servicios generales, de planeación e innovación institucional, unidad de operaciones y el centro nacional de planeación, análisis e información para el combate a la delincuencia.
Se derogó lo concerniente a la Dirección General de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales y la Dirección General de Erradicación.
Se creó la Dirección General de Seguridad Institucional, además se cambió la denominación de la Dirección General de Telemática por Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
El 31 de enero se publicó en el DOF el Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Mayo 29.-Se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma el párrafo cuarto del artículo 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nueva Ley Orgánica otorga más facultades al Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa, en el proceso penal y en la atención a víctimas. Establece su intervención para ejercitar la extinción de dominio; investigar los delitos federales en materias concurrentes; ordenar la detención, retención y registro inmediato; solicitar al juez la prisión preventiva de los indiciados; ofrecer y entregar recompensas con cargo al Erario Federal, e impedir, por los medios que tuviere a su alcance, se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica, tratos crueles o degradantes.
Se instituyeron las coordinaciones generales, con base en la especialización, la coordinación regional y la desconcentración, según criterios de incidencia delictiva, geografía, asentamientos humanos, nivel poblacional y fenómenos criminógenos. Igualmente, se fortalecieron los procedimientos y mecanismos para la selección, ingreso, permanencia, capacitación y profesionalización del personal.
Septiembre 17.- Mediante Acuerdo número A/304/09 emitido por el C. Procurador, se establece la organización y funcionamiento de las agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace de la Procuraduría General de la República en el exterior, las cuales dependen directamente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
El 05 de julio se publicó en el DOF el Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Julio 01.- Se amplió y mejoró la infraestructura pericial mediante la dotación de tecnología avanzada y la puesta en marcha del nuevo Laboratorio Central de Servicios Periciales, que cuenta con instalaciones y equipamiento recientes, para el trabajo en 26 especialidades de investigación criminalística, a fin de atender con mayor efectividad las solicitudes de investigación que permitan contar con elementos probatorios y reconstruir la verdad histórica. Con ese laboratorio, los servicios periciales federales están a la vanguardia tecnológica, posicionándose entre los mejores del mundo.
La Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, fue creada mediante Acuerdo A/068/12 publicado el 17 de abril de 2012 en el DOF.
Julio 23.- Se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, quedando integrada por cinco subprocuradurías, una oficialía mayor, una visitaduría general, una fiscalía especializada, una policía federal ministerial, once unidades especializadas, cuatro coordinaciones, cuarenta y cinco direcciones generales, cuarenta y dos órganos desconcentrados que incluyen a las treinta y dos delegaciones estatales y las seis agregadurías legales, regionales y oficinas de enlace.
Cambiaron de denominación la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad por Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Dentro del tramo de control de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, cambiaron de denominación la Dirección General de Normatividad por Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad, la Dirección General de Extradición y Asistencia Jurídica por Dirección General de Procedimientos Internacionales, así como las Agregadurías por Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace.
En la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo cambiaron de denominación la Coordinación General de Delegaciones por Coordinación de Supervisión y Control Regional y la Dirección General de Amparo por Dirección General de Control de Juicios de Amparo.
Cambiaron de denominación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros por Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos por Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y se crearon las direcciones generales de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada, de Cuerpo Técnico de Control, de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada.
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final y la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Federales.
Dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad cambió de denominación la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección por Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección; la Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos por Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos. Desapareció la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y permaneció sin cambio la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Por lo que hace a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cambió de denominación la Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales por Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales.
En la Oficialía Mayor cambiaron de denominación la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto por Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de Recursos Humanos por Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y se reubicaron en su tramo de control la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y el Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Dentro de la Visitaduría General cambiaron de denominación la Dirección General de Visitaduría por Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, la Dirección General de Inspección Interna por Dirección General de Asuntos Internos; desapareció la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, y se creó la Dirección General de Procedimientos de Remoción.
Desapareció la Agencia Federal de Investigación, y se creó la Policía Federal Ministerial con seis Direcciones Generales: De Apoyo Técnico y Logístico, de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, del Centro de Comunicaciones, de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol y de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas. Asimismo, desaparecieron la Unidad de Operaciones y la Dirección General de Intercepción.
En la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional cambiaron de denominación la Dirección General de Planeación e Innovación Institucional por Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos; la Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal por Dirección General del Servicio de Carrera, la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional por Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional y el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal por Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial.
Se fortaleció la anterior Dirección General de Servicios Periciales, pasando a ser la Coordinación General de Servicios Periciales con cuatro Direcciones Generales: de Especialidades Periciales Documentales, de Especialidades Médico Forenses, de Ingenierías Forenses y de Laboratorios Criminalísticos.
Se creó el Centro Federal de Protección a Personas como órgano desconcentrado, el cual depende directamente de la Oficina del/de la C. Procurador/a.
El 17 de julio se publicó en el DOF el Acuerdo A/078/13 del Procurador General de la República, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
El 25 de septiembre se publicó en el DOF el Acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización.
El 10 de febrero se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, mediante el cual se reforma el artículo 102 apartado A de la Constitución estableciendo que “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios…”, ordenamiento que entrará en vigor conforme a lo establecido en el régimen transitorio del mismo.
El 5 de marzo se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que regula el sistema procesal penal acusatorio.
Atendiendo a la reforma constitucional en materia político electoral, el 12 de marzo de 2014 se publicó en el DOF el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, ordenamiento que entrará en vigor en la fecha en que la Cámara de Senadores realice el nombramiento del titular de la Fiscalía, en los términos previstos en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014.
Durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada el 28, 29 y 30 de mayo de 2014 en Mérida, Yucatán, se aprobó el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia; y se incorporó como parte del Plan Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El 24 de septiembre se publicó en el DOF la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 24 de noviembre de 2014, en los estados de Durango y Puebla.
El 12 de diciembre se publicó en el DOF la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 16 de marzo de 2015 en los estados de Yucatán y Zacatecas.
El 29 de diciembre se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
El 12 de febrero se publicaron en el DOF el Acuerdo A/182/14 por el que se reforman diversas disposiciones del Acuerdo A/068/12, por el que se crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República; así como el Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.
El 23 de febrero se publicaron en el DOF el Acuerdo A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación para solicitar la pena en el procedimiento abreviado; así como el Acuerdo A/018/15 por el que se delega en los servidores públicos que se indican, diversas facultades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El 02 de abril, se publicó en el DOF el Acuerdo A/025/15 por el que se crea la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.
El 27 de abril, se publicó en el DOF el Acuerdo A/023/15 por el que se crea la Unidad de la Jefatura de la Oficina de la Procuradora General de la República.
El 29 de abril se publica en el DOF la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 01 de agosto de 2015 en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
El 12 de mayo, se firmaron las Bases de Colaboración para la Elaboración de Prácticas Interinstitucionales por la Procuradora General de la República; el Secretario de Gobernación y el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 15 de mayo se publicó en el DOF el Acuerdo A/032/15 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Acuerdo A/068/12, por el que se crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, reformado mediante el diverso A/182/14.
El 18 de mayo dio inicio el Programa de Capacitación en los Estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, donde a partir del 1° de agosto entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El 01 de junio se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo A/068/12, por el que se crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, reformado mediante los diversos A/182/14 y A/032/15.
El 09 de octubre se publicó en el DOF el Acuerdo A/094/15 por el que se crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El 27 de octubre se publicó en el DOF el Acuerdo No. A/101/15 por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
El 18 de diciembre se publicó en el DOF el Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización
La conversión hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa un desafío para la Procuraduría General de la República, pues tiene varias implicaciones entre las cuales se destacan tanto los cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.
La fecha límite para que la Procuraduría General de la República y todas las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal Acusatorio funcionaran acorde a la reforma Constitucional en materia penal fue el 18 de junio del 2016.
La implementación significó modificar patrones de conducta y prácticas institucionales, fijar las normas y procedimientos que regulen la operación del nuevo sistema, readecuar espacios físicos y dotar del equipo necesario para apoyar las labores de las/os agentes del Ministerio Público de la Federación, la Policía Federal Ministerial, las/os peritas/os y el personal auxiliar sustantivo.
La Procuraduría General de la República tiene un papel clave en esta transformación, pues en su calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulsa una procuración de justicia cada vez más eficaz y eficiente, con pleno respeto a los derechos humanos, así como una debida transparencia y rendición de cuentas.
En tal virtud, el proceso penal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene importantes implicaciones para el ejercicio de las facultades de las autoridades ministeriales de la Federación, lo que a su vez, genera diversos requerimientos para todas la áreas de la Procuraduría General de la República; por lo que en el transcurso del año 2015, se creó un sistema informático; se organizó la creación y desarrollo de las metodologías y protocolos de interoperabilidad que permitirán la interconexión entre las instituciones operadoras del procedimiento penal para un adecuado intercambio de información. Se trabajó en la mejora continua de los procesos de intercambio de información a través de medios electrónicos con el Poder Judicial de la Federación en las Delegaciones; asimismo, se realizaron pruebas con el esquema de intercambio de información electrónica con el Poder Judicial de la Federación, previo a la implementación del Modelo de Gestión en las Delegaciones Estatales de Yucatán y Zacatecas.
El 15 de enero mediante el Acuerdo A/001/16, publicado en el DOF, se crea el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Procuraduría General de la República.
El 11 de febrero se publicó en el DOF el Oficio Circular C/001/16, signado por la C. Procuradora General de la República, por el que se instruye a los titulares de las subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y especializadas; Delegaciones estatales u Órganos equivalentes, y demás titulares de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias a efecto de que en sus manuales de organización y de procedimientos específicos, se tome como estructura la contemplada en el Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que será expedido por la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República; de igual modo, se les instruye entre otras cosas para que:
En coordinación y con la asesoría de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, se adecúe el Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a sus necesidades de operatividad y especialidad;
En caso de que los titulares no hayan tomado en consideración la estructura o los procedimientos establecidos en el Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, deberán justificarlo y argumentarlo jurídicamente ante la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República;
La Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, deberá analizar que los manuales de organización y los procedimientos específicos de cada una de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, se apeguen a lo dispuesto en la normatividad aplicable al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y, en su caso, emitir la opinión favorable previa a su expedición.
Dicho Oficio Circular entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF; y la fecha de cumplimiento a las instrucciones contenidas fue a más tardar el 18 de junio de 2016.
En su artículo Tercero Transitorio, el citado Oficio Circular C/001/16, señala que el Modelo de Gestión para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio podrá ser actualizado según se requiera para eficientar la actuación del Ministerio Público de la Federación, por lo que las actualizaciones que se realicen deberán ser difundidas a través del sitio de internet de la Procuraduría General de la República.
El 11 de mayo, en concordancia con el nuevo marco legal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos, por medio del Acuerdo publicado en el DOF con el número A/ 072 /16, se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia.
Sirva este recorrido histórico de las transformaciones, modificaciones, adecuaciones estructurales y funcionales de la PGR, para recalcar que esta Institución se actualiza constantemente acorde al contexto sociopolítico del país.