Source: https://ro.scribd.com/document/104395636/Adolescentes-Dr-plascencia
Timestamp: 2020-07-15 03:08:44
Document Index: 15055551

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 4', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'e contrario', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'e contrario', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 49', 'artículo 40', 'Artículo 57', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 124', 'artículo 18', 'artículo 18']

Adolescentes Dr.plascencia | Delito | Derecho penal
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El Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México se realiza con la ayuda financiera de la Comisión Europea. El contenido de la publicación es responsabilidad del autor y de ningún modo refleja la posición de la Comisión Europea ni de la Procuraduría General de la República.
LA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MÉXICO
La política criminal en materia de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal en México.- México Procuraduría General de la República: Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México. Programa de Cooperación Unión Europea-México. 2006.
ISBN: 968-818-194-3
1. Menores infractores en México-ensayo
2. Marco Legal-México
3. Derechos humanos de los niños. I. Programa de Cooperación Unión Europea-México
Asistencia Técnica Local Universidad de Estudios de Posgrado en Derechos (EPED)
Supervisión de la edición: Andrés Roberto Zárate López, Subdirector de Información y Visibilidad
Coordinación general: Ina Zoon, Jefa de Asistencia Técnica Internacional
Primera edición, Agosto de 2006.
©2006 Programa de Cooperación Unión Europea-México Instituto Nacional de Ciencias Penales
ISBN: 968-818-194-3 Impreso en México / Printed in Mexico
DIRECTORIO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Lic. Francisco Daniel Cabeza de Vaca Hernández Procurador General de la República
Dr. Javier Laynez Potisek Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales
Lic. Gilberto Higuera Bernal Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
Lic. José Luis Santiago Vasconcelos Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Lic. Carlos Aguilar Suárez Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales
Dr. Mario l. Álvarez Ledesma Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Lic. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza Oficial Mayor
Lic. Ángel Buendía Buendía Visitador General
Ing. Genaro García Luna Titular de la Agencia Federal de Investigación
Lic. Miguel Francisco González Cánudas Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
José Luis López Atienzo Director General de Comunicación Social
DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
Daniel F. Cabeza de Vaca Procurador General de la República y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
Javier Laynez Potisek Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR y Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
Álvaro Vizcaíno Zamora Secretario General Académico
Rafael Ruiz Mena Secretario General de Profesionalización y Extensión
DIRECTORIO DE LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Mendel Goldstein Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en México
Peter Versteeg Consejero de Cooperación de la Delegación de la Comisión Europea en México
Arturo Rodríguez Tonelli Coordinador de Cooperación en Derechos Humanos y Administración de Justicia
DIRECTORIO DEL PROGRAMA DE COOPERACION UNION EUROPEA-MEXICO
Miguel Ángel González Félix Director
Ina Zoon Jefa de Asistencia Técnica Internacional
Roberto Rodríguez Botello Administrador Nacional
Lida Patricia Rodriguez Ballesteros Administradora Europea
Para Diego, Ana Paula y Juliana
Presentación Miguel Sarre Iguíniz
V. Aclaraciones y reconocimientos
Primera Parte. Problemática Capítulo 1. La protección internacional de niñas, niños y adolescentes Capítulo 2. Los adolescentes frente al sistema penal en México Capítulo 3. El problema de la edad penal
Segunda Parte. Evidencias Capítulo 4. Límites del modelo ecléctico de la Ley de Menores Infractores de
Capítulo 5. La reforma de 1991 en acción. Aproximación empírica a su funcionamiento
Tercera Parte. ¿Perspectivas? Capítulo 6. El tutelarismo incardinado: drama en tres actos
No cabe duda de que el país no sólo vive tiempos difíciles —con la resonancia de Dickens— sino también de que, al tenor del mucho más viejo refrán chino, en nuestra generación se cumple el anhelo de vivir tiempos interesantes.
Hace nada menos que cuarenta años, el 12 de octubre de 1964, el diputado Felipe Gómez Mont afirmó en la tribuna de la Cámara de Diputados: “Las instituciones de
menores, señores, son instituciones penales; que no vengan con cosas, que no vengan
a decirnos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los jueces de
menores sustituyan a sus padres en sus funciones; [este tipo de soluciones] son las puertas falsas por donde se sale cuando se trata de sostener a una institución que carece de base constitucional. Porque es una institución penal”.
En el sustancioso análisis del régimen actual para adolescentes que hace Luis González Placencia se aprecia cómo sigue presente lo que ese legislador advertía mucho antes de
la Convención sobre los Derechos del Niño: el temor a llamar a las cosas por su nombre.
Este temor, como muchos otros, es infundado, pues la amenaza no es el Derecho Penal, que es un instrumento civilizador, sino la supervivencia del sistema de enjuiciamiento penal inquisitorio que se aplica a los adultos en México y que, con razón, no se quiere replicar con los jóvenes.
No obstante ese temor, se ha avanzado significativamente. La influencia del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y de agencias de organismos intergubernamentales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); el avance democrático del país y la intervención decisiva de nuevos legisladores han
permitido que en los últimos cinco años se haya logrado lo que no se había hecho desde
el Congreso Constituyente de 1916-17.
El telón está por caer, o habrá caído, cuando el lector tenga en sus manos esta importante obra de González Placencia. Entonces, el proceso legislativo habrá concluido con un renovado artículo 18 de nuestra Carta Magna; contaremos por primera vez en nuestra historia con el sustento constitucional que crea los órganos, los procedimientos y los contenidos normativos de una verdadera justicia penal para adolescentes.
Lo anterior hace que al rigor académico de este texto, auspiciado por la PGR, la Unión Europea y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se sume una cualidad no menos importante: su oportunidad. Este estudio pasará de los anaqueles a los escritorios de los legisladores federales y locales, de los nuevos jueces en la materia y de todos los actores y sujetos (ya no objetos) de la justicia penal para adolescentes. ¡Enhorabuena!
Miguel Sarre Julio de 2006
En México, a lo largo del siglo XX, desde la instauración del primer Tribunal para Menores, la historia del control de la delincuencia cometida por niños y jóvenes ha estado signada por una tendencia que, convergente con los postulados del positivismo criminológico, dibujó un ámbito de atención especial que paulatinamente alejó a la justicia juvenil del Derecho Penal. Con un carácter claramente moralista, el correccionalismo de menores de la primera mitad del siglo alcanzó su punto álgido en 1974, cuando, de modo convergente con la reforma penitenciaria de 1969, la justicia de menores adoptó y desarrolló, por medio de la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, un ámbito de atención estatal que sustrajo del todo a las personas menores de dieciocho años del ámbito de la justicia penal de adultos. En términos generales, esa sustracción tuvo los siguientes efectos:
1) mediante la figura del menor en estado de peligro, desdibujó la línea divisoria entre niños y jóvenes delincuentes y quienes necesitaban de asistencia social; 2) creó y fomentó un lenguaje y una práctica específicas destinadas a mostrar la debilidad e incompletitud de los menores y, por tanto, su incapacidad de culpa y de pena; 3) en ese sentido, instauró un procedimiento de tutela destinado a proteger al menor en estado de peligro por la vía de medidas de seguridad finalizadas a su adaptación social; 4) dada la lógica del sistema, otorgó un rol central —prácticamente único— a los dictámenes de las ciencias del comportamiento y centró la intervención institucional en la personalidad del niño, en el diagnóstico y pronóstico de su situación, y no en la conducta que motivara su internamiento.
Como es claro, la extracción del niño del sistema penal —justificada en el discurso tutelar por la necesaria aflictividad de este último, por la naturaleza violenta de la cárcel, pero, fundamentalmente, por considerar que los menores no tienen capacidad para comprender la naturaleza del delito ni para asimilar el contenido pedagógico y resocializante de la pena—, significó la cancelación, para el niño, de las garantías constitucionales que son base de legitimación de la intervención penal. En otras
palabras, al amparo de un discurso paternalista sostenido en la debilidad de los menores, se canceló, para éstos últimos, la posibilidad que el sistema penal otorga a quien es imputado por haber cometido un delito de garantizar su defensa y de protegerlo de las posibilidades de abuso que el propio sistema comporta.
No obstante el aparente acierto de las viejas legislaciones tutelares, extraer a los y las jóvenes del ámbito de un Derecho Penal, es considerado como una respuesta sumamente agresiva para quien está aún en una fase de su formación como adulto (Solís Quiroga, 1980, entre otros). La aprobación que en 1989 hiciera la ONU de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, planteó la necesidad de argumentar cómo y por qué la exclusión del sector infanto juvenil del Derecho Penal supuso también extraerlos del régimen constitucional de garantías procesales y penales del que gozan los adultos y, por tanto, de la posibilidad de protegerse de una serie de abusos que, revestidos del proteccionismo tutelar propio de la doctrina de la situación irregular del menor infractor, se cometían en su contra agravando sustancialmente la intensidad de la intervención del Estado frente a ellos.
En el centro de tales argumentaciones gravitó la idea de que, no obstante ser objeto de consecuencias del todo semejantes a las del Derecho Penal de adultos (la privación de la libertad, por ejemplo), motivadas por conductas consideradas —como los delitos— contrarias al orden social, los niños, niñas o adolescentes que las cometían no gozaban, como los adultos, de la protección que dan los principios de seguridad jurídica, de legalidad, de proporcionalidad, de jurisdiccionalidad y de derecho a la defensa. De hecho, la ausencia de criterios claros que motivaran las detenciones —la noción de estado de peligro, por ejemplo—, así como una respuesta estatal basada en el análisis de la personalidad del joven infractor, revelaban el modelo de tutela no sólo como decididamente lesivo de los derechos procesales de niños, niñas y adolescentes — protegidos por los artículos 37 y 40 de la Convención, por los instrumentos internacionales aprobados por la ONU para este sector de la población 1 , así como por la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reglamentaria del párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— sino incluso como un modelo mucho más autoritario y represivo que el Derecho Penal de adultos. En suma, el contexto de discusión planteado por la Convención de 1989 se caracterizó por la necesidad de llevar también al campo penal la certeza de que los niños, las niñas y los adolescentes deben ser considerados como sujetos plenos de
1 Los instrumentos son: a) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (conocidas como «Reglas de Beijing»), b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (conocidas como «Directrices de Riad»), y c) las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad.
Derecho (García Méndez, 1991) y que ello supone asumirlos como seres humanos completos, en todo caso, con necesidades específicas dada su condición frente a los adultos.
En México, el Senado de la República ratificó, en 1990, la adhesión del país a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, lo que obligó a adecuar el marco de intervención legal nacional en torno a niños, niñas y adolescentes a lo requerido por dicho instrumento internacional y, en general, por todos aquellos instrumentos que contienen y desarrollan la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (Pinto, 2000).
Como efecto de dicha adhesión, se activó en el país un importante debate en torno al tema de la justicia juvenil que tuvo características particulares. El contexto de la discusión académica estaba entonces señalado por dos posturas antagónicas perfectamente identificables con lo que García Méndez (1995) denomina paternalismo ingenuo y retribucionsimo hipócrita. 2 Dada la filiación del nuevo proyecto de Ley a la Convención, la discusión sobre su pertinencia y alcances no fue nada fácil en un entorno del todo impregnado por la ideología tutelar (Azzolini, 1996; Moro, 1996); de hecho, el debate generado por la reforma tuvo importantes consecuencias.
La primera de estas consecuencias se aprecia en la permanencia del régimen tutelar en más de la mitad de los estados del país. La segunda cristalizó en una reforma que en 1991 creó la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal —aún vigente a nivel federal
y en el resto de los estados de la República— que introdujo importantes reformas al
sistema. Entre estas reformas destacan la cancelación formal del estado de peligro, la incorporación al proceso de un defensor, de un acusador —denominado Comisionado—
y de una especie de juez —denominado Consejero— y la limitación del internamiento a
un periodo entre seis meses y cinco años —indeterminado en el caso del modelo tutelar.
A pesar de sus avances, la nueva ley resultó, sin embargo, una aproximación inicial a un
modelo de garantías acabado, pues sus características centrales quedaron ancladas en una visión peligrosista del castigo, eufemísticamente presentada como tratamiento para un individuo que, dado su nivel de desarrollo respecto del adulto, sigue siendo
2 De acuerdo con este autor, por paternalismo ingenuo debe entenderse una actitud según la cual los niños y adolescentes no son capaces de querer y entender, por lo que no es posible que sean responsables de sus actos, incluso si estos suponen la comisión de un delito; por su parte, el retribucionismo hipócrita equivale a la actitud contraria, según la cual, no debe haber distinción en la respuesta penal que se da a los adultos y la que debe darse a los jóvenes pues éstos últimos son tan responsables de los actos que cometen, como los primeros.
considerado menor, incapaz de querer y entender las consecuencias de sus actos (González y Sánchez, 1995). 3 En términos de política criminal, ello ha supuesto, al menos hasta muy recientemente, el impulso desde la federación de un modelo de justicia de menores a medio camino entre el tutelarismo y el Derecho Penal que, no obstante sus evidentes limitaciones formales, ha venido presentándose como garantista. 4
La crítica dirigida a este modelo debida a las desviaciones que supone respecto de un efectivo garantismo penal (Bullen, 1997; Moro, 1996; Azaola, 1996; Azaola, 2002; entre otros), ha evidenciado la posibilidad de que, dado el acendrado tutelarismo que impregna la doctrina en materia de jóvenes infractores en México, la puesta en práctica de la Ley de 1991 admita de hecho un papel determinante para las consideraciones de tipo peligrosista en las diferentes etapas del procedimiento, por encima, incluso, de los límites formalmente impuestos por las instituciones de carácter procesal que fueron introducidas. Es decir, si en el caso de los adultos esta visión peligrosista del castigo supone una importante cantidad de violaciones legales a los derechos del inculpado y del recluso (González, 2000), con mayor razón así ocurre en un derecho destinado a adolescentes, dado el elevado nivel de incertidumbre jurídica que la ley supone para este sector de la sociedad.
Gracias a esta crítica, una tercera consecuencia ha consistido en la prolongación del debate, ahora no sólo respecto al tutelarismo, sino sobre la posición ecléctica imputada a la Ley de 1991. Y es que, en efecto, a la luz de la Doctrina de Protección Integral de la Infancia de las Naciones Unidas, y del desarrollo que ésta ha tenido en la creación de un sistema penal garantista para adolescentes, la legislación vigente muestra serias deficiencias. Es precisamente en el contexto de esta tercera consecuencia donde se inscribió el interés por realizar la investigación de la que aquí se da cuenta.
Con la finalidad de hacer una valoración de la política criminal que en la materia se ha desarrollado en México, a partir de la citada reforma de 1991, el presente trabajo confronta tanto la Legislación Federal Vigente en este rubro como la práctica institucional que de este ordenamiento legal se sigue. Se intenta demostrar que el cambio operado como resultado de la reforma de 1991 no solo no ha resuelto el contexto de violación
3 En las formulaciones más recientes se habla de «incapacidad para la comprensión de lo injusto y de actuar conforme a esa comprensión» (Cfr. Bustos, J. y H. Hormazabal, 1999: 339). 4 Cabe comentar, sin embargo, que en la dirección de la doctrina de la protección integral del niño y de la niña de la ONU, en México se aprobó, en el año 2000, la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política Mexicana. Sobre el proceso y significado de esta ley en el contexto nacional, véase Laura Salinas (1999) y (2002).
legal y estructural de los derechos de la infancia del viejo tutelarismo, sino que ha potenciado los efectos de este último, en un marco de aparente respeto por los derechos de la infancia y la adolescencia.
Por tanto, la hipótesis que guió la investigación es que la reforma creó nuevos espacios de violación estructural de los derechos de los adolescentes sometidos al sistema de menores infractores, pues constituyó un contexto propicio para la inercia del modelo tutelar y su trascendencia por medio del así denominado modelo garantista.
La investigación se desarrolló en dos líneas básicas: por una parte, se realizó una indagación de tipo doctrinal con miras a establecer los problemas de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores frente a un efectivo modelo de garantías convergente con la Doctrina de la Protección Integral de la infancia impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. El marco teórico que guió esta parte de la investigación lo constituye el garantismo, en los términos en los que ha sido expuesto para el campo penal por Ferrajoli (1989). 5 Por la otra parte, se llevó a cabo una exploración de campo en cuatro centros de tratamiento de menores infractores para evaluar el modo en el que, en los hechos, ha sido implementada la reforma. 6
Para la redacción del texto y por respeto a la condición de sujetos de derechos de todos los seres humanos que no son adultos, se ha utilizado una nomenclatura que evita en lo posible categorías y conceptos que sugieran discriminación negativa o sean, en sí mismos, peyorativos. Asimismo, por razones de redacción, con la finalidad de evitar el uso repetitivo de un concepto, se han utilizado otros que sin ser sinónimos, expresan el sentido del concepto que es sustituido.
Se ha preferido, por tanto, utilizar los conceptos niña y niño para referirse a las personas que aún no han cumplido los 12 años de edad, y el concepto adolescente para quien ha cumplido los 12 pero aún no cumple los 18. Se ha abandonado del todo el uso de conceptos como menor o menor de edad. Más que lingüística, la razón fundamental de esta decisión es política: la razón lingüística hace referencia a la necesidad de utilizar
5 Aunque no se refiere de modo directo al ámbito de la Teoría General del Derecho, el marco teórico referido es convergente también con las implicaciones del garantismo en ese campo, en los términos en los que lo desarrolla Peña Freire (1997). 6 Los detalles metodológicos de esta exploración se exponen en el capítulo cinco.
sustantivos en lugar de adjetivos para referirse a las personas, pues mientras los sustantivos nombran, los adjetivos califican. Aunque sustantivos y adjetivos discriminan, la diferencia que se establece entre sustantivos es categórica y no supone grados, de modo que, desde el punto de vista lingüístico, niño no es más ni menos que niña y adolescente no es más ni menos que adulto.
Los adjetivos, en cambio, proponen diferencias de grado, y es que toda calificación implica un juicio que tiene como finalidad discernir una cualidad y no sólo la sustancia. Gracias a los adjetivos podemos decir que alguien es más gordo o más flaco, más inteligente o más tonto, más grande o más pequeño, en suma, mayor que (o de) o menor que (o de). Naturalmente, las calificaciones asumen valores, los valores dan cuenta de preferencias y las preferencias, aplicadas a las personas, suponen efectos positivos para quienes son preferidos y negativos para quienes no lo son. Además, la raíz etimológica del concepto adolescente –adolescere– es absolutamente apropiada en tanto que se refiere a la condición de estar creciendo, propia de esa etapa de la vida. 7 Y es aquí donde la razón de utilizar los conceptos anteriormente señalados se revela como fundamentalmente política. Es claro que la idea de minoría —y la de minoría de edad, por ende— da cuenta de un estatus de minusvalía frente al mayor — o al de mayor de edad— y que es justo en razón de ese estatus que se han justificado las intervenciones de carácter proteccionista que objetualizaron a niños y adolescentes. Llamarlos menores, por tanto, es una forma de discriminarlos negativamente.
El concepto menor se transcribe, sin embargo, cuando se cita textualmente un instrumento normativo que en su título, exposición de motivos, preámbulo o articulado lo utiliza; se le ha escrito también entre corchetes para hacer alusión al modo en el que la ley o la doctrina concibe a niñas, niños y adolescentes. Por razones de redacción, para evitar la proximidad de conceptos en un mismo párrafo, se ha utilizado también personas que no han cumplido los dieciocho años, y sólo cuando, por estas mismas razones, ha
7 “La palabra adolescencia proviene de la raíz indoeuropea al- (nutrir, crecer), de la cual se derivó la voz latina alere (nutrir, alimentar), que a su vez dio lugar a alescere (crecer, aumentar). A partir de alescere, unida al prefijo ad-, se formó el verbo adolescere (crecer, desarrollarse); y, por último, del participio presente de este verbo, adolescens, -entis (el que está creciendo), se formaron en el siglo XIII las palabras francesas adolescent y adolescence, que muy pronto llegarían al español como adolescente y adolescencia, respectivamente. Unos dos siglos más tarde se incorporaron al inglés adolescence,al portugués adolescência y al italiano adolescenza. La palabra adulto también se deriva del verbo adolescere, más precisamente de su participio pasivo adultus (el que ha crecido), y fue incorporada a nuestra lengua a finales del siglo XV”. Cfr. Socca, Ricardo (2005). Las palabras, 2ª. Ed. Río de Janeiro: Asociação Cultural Antonio Lebrija.
sido necesario, se ha recurrido a calificativos como menor de dieciocho años, antecedido por el sustantivo persona, o bien joven(es), o juvenil(es).
Lo mismo sucede con el concepto infractor que ha sido utilizado para expresar una posición ideológica que justifica la extracción de niñas, niños y adolescentes del sistema penal. Dado que la tesis de este libro, en consonancia con la Doctrina Internacional de Protección de los Derechos del Niño, es la de argumentar a favor de un sistema de justicia penal para adolescentes, se ha preferido el uso del concepto infractor de las leyes penales. Aunque es posible también hablar de adolescentes delincuentes, dado que es clara la aceptación de la responsabilidad de los adolescentes en la comisión de delitos, se ha utilizado limitadamente dado el potencial estigmatizante que tiene el calificativo delincuente. Infractor es, sin embargo, todo aquél que infringe una norma, sea esta social, cultural, administrativa, reglamentaria, legal o constitucional.
De este modo, en el texto se utiliza infractor de la ley penal para hacer la diferencia con quienes, adolescentes o adultos, son infractores de disposiciones no tipificadas en los códigos penales, y delincuentes, siempre en plural, o delincuencia, así, en general, cuando el sentido de la frase plantea una consideración sociológica del comportamiento delictivo, como fenómeno.
Dicho lo anterior, en este texto debe entenderse por:
a) niña o niño, a toda persona que no ha cumplido aún los 12 años de edad;
b) adolescente, a quien habiendo cumplido los 12, no cumple aún los 18;
c) adulto, a toda persona que ha cumplido ya los 18 años de edad.
d) adolescente infractor de la ley penal, a quien teniendo una edad comprendida entre
los 12 y los 18 años incumplidos, infringe una norma tipificada como delito en la ley penal; y,
e) delincuencia juvenil, jóvenes delincuentes o delincuencia asociada a adolescentes,
al fenómeno delictivo atribuido o relacionado con los adolescentes.
Es de fundamental justicia reconocer el apoyo de quienes contribuyeron a la realización de este proyecto. UNICEF, por medio de Amaya Renobales, en principio, y de Dilcya García Espinosa de los Monteros, posteriormente, quien fue un pilar fundamental para la obtención de datos y en el financiamiento de los estudios empíricos que ahora conforman los capítulos cuatro y cinco de esta investigación. Agradezco también a Miguel Sarre, a quien le debo mis primeras incursiones en este complejo tema y quien
amablemente ha aceptado escribir unas palabras de presentación para este texto. También agradezco a Jesús Cruz Cruz, quien colaboró de modo muy importante en la redacción de lo que ahora constituyen los capítulos primero y segundo del libro.
Desde luego, y como siempre, agradezco a Lau de todos mi días, no solo por su apoyo y comprensión —y por ser, junto a Diego y las bebis, la principal motivación para hacer lo que hago— sino por su ayuda altamente profesional en la realización del estudio de campo, en especial en la visita a los centros de menores de Tlaxcala y Xalapa.
Finalmente, cabe hacer algunas aclaraciones en torno a los textos que conforman este reporte. Como en toda investigación, la necesidad de informar a la comunidad científica y jurídica de sus avances supone la preparación de pequeños informes que suelen ser expuestos en conferencias, congresos y otras reuniones de divulgación, para ser publicados posteriormente en revistas especializadas, memorias y otros textos colectivos. La información contenida en los capítulos que conforman este libro ha corrido esa suerte y, dada la coyuntura de cada momento, se ha hecho pública mediante conferencias, artículos y foros de discusión en los que fue presentada en diversos formatos. Para los fines de la redacción de este reporte final, la totalidad de los textos que había sido de algún modo divulgados, han sufrido cambios sustanciales; adicionalmente, se han incluido otros que hasta ahora son inéditos.
Luis González Placencia Verano de 2006
Capítulo 1 La protección internacional de niñas, niños y adolescentes
Por lo menos desde mediados del siglo xx, las niñas, los niños y los adolescentes han constituido una prioridad en las agendas de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De ello dan cuenta las reuniones internacionales cuyos resultados paulatinamente han venido configurando reglas y principios que tienen como fin garantizar la custodia de los derechos humanos de quienes no han cumplido aún la mayoría de edad.
Desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hasta la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en la Resolución 1386 de la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, la necesidad de atender de manera especial al sector infantil se ha visto acompañada por el reconocimiento de la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que los problemas sociales influyen y, en muchos, casos determinan la protección y defensa plena de sus derechos.
Las condiciones de pobreza, las guerras, las drogas, los desastres naturales, el tráfico de órganos, el debilitamiento de las oportunidades laborales, recreativas y educativas, todos ellos problemas comunes a nuestras sociedades, afectan de manera particular a las personas menores de edad, quienes, a diferencia de los adultos, tienen que llevar encima, además, el estigma de ser inacabados, menores que les ha conferido la modernidad (Tenorio, 1991).
Frente a ello, el reconocimiento de una necesaria protección se ha dado en el seno de la ONU como una actitud que busca incidir en el mejoramiento, hasta donde sea posible, de las condiciones en las que se desarrolla la infancia/adolescencia, sin importar su raza, credo o condición social, estableciendo, a la vez, una línea de respeto que permita reconocer la validez de la tradición y de las costumbres de los pueblos, pero enfatizando la importancia de un límite ético universal infranqueable, señalado en el irrestricto apego de sus Derechos Humanos.
Los principios rectores que, en este sentido, hacen hincapié en la ineludible condición de niñas, niños y adolescentes como sujetos capaces del disfrute de todos los derechos que les han sido reconocidos, establecen las garantías formales de identidad, de seguridad
social, de protección paterna, de educación, así como los deberes del adulto frente al abandono, la crueldad, la explotación y la discriminación, en 11 enunciados contenidos en la Declaración de 1959. Constituyen, así, la premisa sobre la cual se ha construido el marco para la atención de los múltiples problemas que los niños enfrentan.
Sobre este punto habría que enfatizar que, en efecto, para la Organización de las Naciones Unidas, el problema de la infancia y la adolescencia es de carácter global, y su respuesta, por tanto, requiere también de soluciones que no pueden ser parciales, sino de atención integral al prisma de situaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas— en el que tal problema se manifiesta.
I. El «menor infractor»
En efecto, dentro del espectro de los problemas atinentes al papel que desempeña el niño dentro de la sociedad, el de infantes y adolescentes que cometen delitos ha sido uno de los más atendidos, particularmente porque es ése uno de los escenarios en los que la desprotección y la violación de los derechos básicos de este sector de la población se hacen más evidentes.
Al respecto, diversos han sido los pronunciamientos que la ONU ha vertido, principalmente en lo que se refiere a las garantías del debido proceso, así como a la protección de los jóvenes menores de edad que se encuentran privados de la libertad. Cabe decir, en este punto, que es tal vez en el ámbito de los llamados menores infractores en donde más notorio ha sido el proceso de reconocimiento del adolescente como sujeto de derechos, proceso que grosso modo ha sido parte de una historia reciente, que como afirma, entre otros, García (1991), no ha sido otra que la del tránsito de la concepción del menor como objeto de prácticas compasivo/represivas —todavía presente en una buena cantidad de países en el mundo y, desde luego, en México— hacia una idea de la infancia como sujeto pleno de derechos, más apegada a la tradición jurídica occidental, y que se ha venido fraguando desde 1924, en forma paulatina pero franca, en los diferentes instrumentos que la ONU ha promulgado en defensa de este importante grupo poblacional.
Como se sabe, ello ha obedecido a un avance gradual, aunque ciertamente no exento de obstáculos y problemas, en el que el reconocimiento de estos derechos se ha dado un poco al margen y un poco a propósito de las discusiones que en torno a la condición jurídica de niñas, niños y adolescentes sostienen los expertos en, prácticamente, todo el mundo.
En ese sentido, la intención ha sido la de, en la medida en la que es posible evitar invadir la ideología prevaleciente en el ámbito oficial de los Estados, fijar los criterios mínimos de respeto y dignidad de quienes, no habiendo alcanzado la mayoría de edad penal, han sido acusados de realizar conductas que transgreden las leyes penales.
Sobre el particular destacan cuatro instrumentos internacionales, tres de los cuales se refieren específicamente a los jóvenes en conflicto con leyes penales, cuya observancia es moralmente obligada, aun a pesar de la ausencia de ratificación, por el alto contenido de justicia que representan y porque, en sentido lato, si bien no están investidas de imperio, descansan en la auctoritas de la que goza la legislación internacional emitida por la ONU. 1 Tales instrumentos son los siguientes:
a) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General en 1989 (en adelante, la Convención), cuya adhesión ratificó el Senado mexicano en 1990;
b) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, adoptadas por la Asamblea General en 1985 y mejor conocidas como Reglas de Beijing (en adelante, Reglas de Beijing);
c) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil, emanadas del Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, conocidas como Directrices de Riad (en adelante, las Directrices); y,
d) las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, también resultado del Octavo Congreso de la ONU para la Prevención del
Delito y el Tratamiento del Delincuente (en adelante, las Reglas).
Por separado, cada uno de estos instrumentos norman aspectos específicos. El primero de ellos tiene un carácter general y se ocupa de los lineamientos básicos del respeto a la condición humana de niños y adolescentes en todas sus esferas. Los tres siguientes tratan de manera específica de quienes han cometido conductas ilícitas, cubriendo tres momentos fundamentales: la prevención de la delincuencia infanto/juvenil (Directrices), las garantías procesales en materia de jóvenes (Reglas de Beijing) y las garantías que
1 Si bien estos cuatro son instrumentos que rigen en lo específico situaciones que se presentan respecto de adolescentes que infringen la ley penal, cabe aclarar que, en atención al principio de transversalidad de los derechos humanos, aplican también el resto de las normas que, ya sea con carácter declarativo o convencional, protegen el amplio espectro de los derechos humanos. Ello implica que son también aplicables, en su caso, los instrumentos destinados a la protección de mujeres, personas con discapacidad, pacientes, enfermos, indígenas y todos los demás que resulten compatibles con la condición de infancia y adolescencia en conflicto con la ley penal. Sobre este punto, cfr. Tamés (2005) y, con una perspectiva amplia, UNICEF (s.f.).
deben observarse durante la ejecución de las medidas que tienen como fin la privación de la libertad del adolescente que ha infringido la ley (Reglas).
Por otra parte, los cuatro instrumentos admiten, en conjunto, otra lectura: aquella que permite trazar un marco rector en el que es posible ubicar a los jóvenes infractores de la Ley Penal dentro un contexto amplio, de manera que se garantice un equilibrio entre la respuesta punitiva y la protección de sus derechos sociales. De hecho, esta lectura admite que el ámbito estrecho del control penal del adolescente en conflicto con la ley es apenas un fragmento de la atención que necesita el problema, peculiarmente en los países en los que las condiciones sociales se revelan de manera particularmente adversa para los adolescentes en general y no necesariamente solo para los que infringen las leyes.
II. La protección jurídica de niños, niñas y adolescentes en los instrumentos de la ONU
Tal como se ha afirmado, los cuatro instrumentos mencionados reflejan una gradual juridización de la concepción que prevalece sobre los jóvenes infractores de la Ley Penal, en dirección a su reconocimiento como sujetos plenos de derechos (García, 1991). En ese sentido, los instrumentos muestran una incorporación paulatina del pensamiento reciente que busca tratar al adolescente como sujeto capaz de participar en la internalización, respeto y difusión de los contenidos que dichos instrumentos establecen.
En términos generales, la propuesta de la ONU frente a la delincuencia asociada con adolescentes se basa en un régimen formalmente idéntico al de los adultos, respetuoso de los principios generales del derecho liberal y fundado sobre las bases de la prevención especial con miras a la reinserción social, aunque cualitativamente diferente, porque, aunque implica prácticamente un sistema de justicia paralelo al de los adultos, busca ser, ciertamente, aún más garantista.
Por ello, los principios fundamentales del derecho, así corno las normas internacionales en materia de Derechos Humanos son presupuestos indispensables para salvaguardar la certeza jurídica de los procedimientos que deben seguirse en favor de un trato digno a quien, no habiendo alcanzado la mayoría de edad, es sometido a proceso y/o a prisión, ajeno a fórmulas eufemísticas o a debates innecesarios sobre el tema. En este sentido, son dos los aspectos que señalan la diferencia entre el trato a los jóvenes y el trato a los adultos:
a) por una parte, el reconocimiento explícito de la condición de vulnerabilidad 2 de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, no solo frente al sistema penal, sino a todo el sistema social; y,
b) el reconocimiento de la responsabilidad del adolescente frente al Derecho Penal,
como responsabilidad limitada, justamente entendida con referencia a esa idea de vulnerabilidad de los Derechos de la Infancia.
En ambos casos, la propuesta que se observa en los instrumentos internacionales de protección a los jóvenes menores de edad que han cometido delitos es, en lo general, la de proveer un régimen jurídico especial para ellos, formalmente respetuoso de los derechos y de las responsabilidades que tienen, pero proporcional a la condición de vulnerabilidad de sus derechos, de manera tal que lo que se pretende es procurar un trato digno, por lo menos como el que la propia ONU exige para los adultos.
III. Para una definición legal de «adolescente» y de «adolescente infractor» 3
Es de particular importancia la definición que los instrumentos proponen para quienes van a ser considerados como personas menores de edad y, por ende, sujetos de régimen penal distinto al de los adultos. En este sentido, tanto la Convención como las Reglas coinciden en fijar el límite máximo de edad en los 18 años; no obstante, las Reglas de Beijing introducen un criterio más flexible al afirmar que menor de edad es toda persona que habiendo cometido una conducta punible en el caso de los mayores, es sancionado de manera diferente (regla 2.2.a.).
En todo caso, está claro que la definición a considerar nunca debe serlo en perjuicio del adolescente y que se puede apelar a aquella que mejor convenga a la realización de sus derechos. La pretensión de estas disposiciones es, por supuesto, uniformar el criterio de la mayoría de edad en los 18 años en aquellas legislaciones que consideren una edad
2 El concepto de vulnerabilidad debe ser utilizado con el cuidado suficiente para no calificar con él a los adolescentes, sino, en todo caso, la situación que guarda el respeto de sus derechos. Se entiende que los derechos de los adolescentes son más vulnerables por que es más fácil que sean conculcados, dado el contexto social de limitaciones que materialmente obstaculizan la satisfacción plena de sus necesidades (en el sentido de Bustos, s.f.). Entiendo que ese es también el sentido con el que Ferrajoli (2002) utiliza el concepto “débil” cuando califica así a ciertos “sujetos” –entre los que coloca también a niñas, niños y adolescentes (1999)– para dar cuenta de la situación de desventaja que, por razones claramente políticas –de corte cultural, social, científico y moral– guarda la condición de sujetos frente al derecho en general. 3 Por razones atribuibles al desarrollo diacrónico de la Doctrina de Protección de los Derechos de la Infancia, los instrumentos aludidos, redactados durante el periodo inicial de conformación de la propia doctrina, utilizan el concepto menor. En la medida de lo posible se ha preferido usar, como se ha dicho en la introducción, el término adolescente, y solo en aquéllos casos en los que el contexto de los instrumentos así lo exige, se transcribe literalmente la palabra menor.
inferior a ésta, y respetar dieciocho.
a las que consideren
límite máximo más allá de los
La necesidad de establecer una definición legal de lo que debe entenderse por adolescente queda manifiesta por la importancia que reviste el trato diferenciado con respecto al adulto, particularmente en lo que se refiere al ámbito de la respuesta penal, pero también lo es, sin duda, para fijar los límites de la protección social, así como el acceso a los derechos y deberes que la ley fija para sus ciudadanos.
En consonancia, la definición de adolescente infractor de la ley penal debe ser congruente con la definición legal de adolescente, pero además debe cumplir con los requisitos de respeto a la garantía de legalidad consagrada para el caso de los adultos, lo cual implica que la definición debe evitar cualquier referencia a la condición biológica, psicológica o social del niño o adolescente y centrarse por completo en el acto que se proscribe.
Evidentemente, ello suprime los llamados estados de peligro que, desde una óptica eminentemente tutelar, subsumen en un solo sistema de control, los problemas de carácter penal en el ámbito más amplio de una visión asistencialista, pero mediante una respuesta que, sin importar cómo se le denomine, ha tenido un carácter evidentemente punitivo. 4 En este sentido, desde las Reglas de Beijing, el abandono del lenguaje eufemístico pretende encarar la realidad de manera más franca y objetiva: por una parte, hace explícita, como condición necesaria, la comisión de conductas prohibidas en las leyes penales e introduce la noción de culpabilidad; por la otra, el uso del vocablo menor infractor de la ley penal señala un distanciamiento de la ideología proteccionista y la asunción de una actitud que concibe como tal a quienes, siendo menores de la edad límite, cometen conductas tipificadas en los ordenamientos penales.
4 Las Reglas de Beijing prevén una ampliación de su ámbito de aplicación al considerar como sujetos de las mismas a los menores que son procesados en razón de los llamados delitos en razón de su condición, lo cual representa una alusión clara al estado de peligro. No obstante, el espíritu de las reglas es, reconociendo que existen sistemas legales que aún conservan la ideología proteccionista, no circunscribir la aplicabilidad y la validez de este instrumento solo a quienes comenten delitos. De cualquier forma, sobre el particular, el punto 54 de las Directrices de Riad es enfático al disponer que no se sancione ninguna conducta que no sea considerada como un delito para el caso de los adultos.
Más allá de cualquier polémica, hay en esta actitud un reconocimiento de la responsabilidad que el adolescente debe asumir frente al orden social, siempre, como se ha afirmado, en consideración plena a la vulnerabilidad de sus derechos, pero, a la vez, también con el reconocimiento, como mínimo, de todas las garantías que son aplicables al régimen de adultos. 5
Como puede observarse, la concepción en torno al adolescente infractor de la ley penal se encuentra en estrecha relación con el principio de legalidad. El estricto apego a este principio es una de las condiciones de posibilidad para todo sistema jurídico democrático:
no puede haber conducta transgresora si no existe una ley qué transgredir, y no puede reaccionarse ante el quebrantamiento de una ley si ésta no ha sido previamente establecida. Para el caso de los adolescentes, este principio se encuentra ampliamente reconocido, tanto en la Convención como en las Reglas de Beijing y en las Directrices.
En la Convención, el señalamiento indica la necesidad de la prohibición de toda conducta ante la cual se pretende reaccionar con el sistema de justicia penal o su equivalente en el caso de los adolescentes: “Artículo 40.2 a): Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos y omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron”.
Tanto en las Reglas de Beijing como en las Directrices, se va aun más allá al insistir en la necesidad de crear leyes especiales para los adolescentes, en las que los tipos punibles sean, al máximo, los que lo son también para los adultos.
La regla 2.3 de Beijing dicta que en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específi-camente a los jóvenes delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de adolescentes.
5 Las Reglas de Beijing presentan en este punto una contradicción que es menester aclarar. La regla 2.2.c., al definir a los menores delincuentes, señala que será considerado como tal “todo niño o joven al que se le ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito”. Si, en el caso de los adultos, la imputación de la comisión de un delito no es un criterio suficiente para afirmar la condición de delincuente, mucho menos puede serlo en el de los adolescentes. En este punto, las Reglas de Beijing acusan todavía algún resabio de proteccionismo que, no obstante, a la luz de los principios de legalidad y de interés superior del niño, debe ser interpretado siempre de forma tal que beneficie por completo a la protección de los derechos del adolescente.
Por su parte, la redacción de la directriz 56 es clara y congruente con la innecesaria exposición de los jóvenes a los efectos de la criminalización primaria y secundaria, así como con el reconocimiento de un pleno derecho de acto: “A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización e incriminación de los jóvenes, deberá promulgarse una legislación por la cual se garantice que todo acto que no se considera un delito, ni es sancionado cuando lo comete un adulto, tampoco deberá considerarse un delito ni ser objeto de sanción cuando es cometido por un joven.”
En este mismo sentido, las Reglas hacen una legítima extensión del principio de legalidad como principio rector del orden dentro de los establecimientos de reclusión de adolescentes. La regla 68 señala:
“Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa competente deberán establecer normas relativas a los siguientes puntos, teniendo plenamente en cuenta las características, necesidades y derechos fundamentales del menor:
a) la conducta que constituye una infracción a la disciplina,
b) el carácter y duración de las sanciones que se pueden aplicar,
c) la autoridad competente para imponer esas sanciones, y
d) la autoridad competente en grado de apelación”.
Más adelante, la regla 70 dice que solo se impondrá una sanción disciplinaria a una persona menor de edad de estricta conformidad con lo dispuesto en las leyes o reglamentos en vigor, y que no deberá sancionarse a ningún adolescente a menos de que haya sido informado debidamente de la infracción que se le imputa de forma que pueda comprenderlo cabalmente, y de que se le haya dado la oportunidad de presentar su defensa, incluido el derecho de apelar a una autoridad imparcial competente. Deberá levantarse un acta completa de todas las actuaciones disciplinarias.
De particular importancia es la observación de la legalidad, y no solo —como hemos visto— en lo que se refiere a la delimitación del ámbito de lo punible, sino además dentro de las instituciones de internamiento de niños y adolescentes. La garantía de legalidad previene de cualquier sanción por conductas que no estén expresamente prohibidas en la ley, así como de la respuesta discrecional frente a la indisciplina dentro de la institución, con lo cual se evita el recurso al llamado “estado de peligro” como legitimante de la intervención estatal frente a infantes o adolescentes; de igual forma, se establece un límite formal entre el ámbito penal y el de protección de derechos sociales que permite no confundir la respuesta que los diversos órganos del Estado deben dar, de acuerdo con la manifestación que asume el problema: protección de libertades
negativas, cuando se ha infringido la ley; y, protección de derechos sociales, cuando se requiere apoyo y atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes independientemente de que hayan o no, cometido conductas ilícitas. 6
V. Principio de proporcionalidad de la respuesta penal
De particular importancia, en el caso de los adolescentes infractores de la ley penal, es observar el principio de proporcionalidad. En términos generales, el principio de proporcionalidad garantiza que la magnitud de la respuesta penal sea la justa; en efecto,
la que debe aplicarse de acuerdo con la importancia del delito que se comete. El apego a
este principio implica un distanciamiento con respecto a la indeterminación de las medidas tutelares que prácticamente dejan al adolescente al arbitrio de las autoridades que tienen como función evaluar la medida.
Como en los adultos, el principio de proporcionalidad está íntimamente ligado al de legalidad, pues requiere que para cada conducta prescrita haya una sanción previamente fijada como límite al arbitrio judicial. Dentro de los instrumentos que en materia de adolescentes han emanado de la ONU, el principio de proporcionalidad se encuentra preceptuado en la Convención, en el artículo 40.4 que dice: “Se dispondrán
diversas medidas (
para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada
para su bienestar y que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la
Aún más específicamente, el principio de proporcionalidad está previsto en las Reglas de Beijing, en el apartado correspondiente a los objetivos de la justicia de menores. Al respecto, la regla 5.1 dice: “El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores infractores será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”.
La regla antes citada promueve un elemento importante a considerar. El espíritu de la
regla reconoce dos tipos de proporcionalidad: una de carácter abstracto, referida al delito
y que debe estar planteada en el tipo penal que se sanciona; la otra, reconocida como
6 La división entre estos ámbitos es más bien teórica, casi puede decirse pedagógica en tanto que es claro que la protección de los tradicionalmente denominados derechos sociales no excluye situaciones en las que es necesario poner límites para la protección de libertades –como ocurre en situaciones en las que, por ejemplo, la satisfacción del derecho social a la salud o la seguridad supone establecer límites claros a la autoridad sanitaria o policial, según sea el caso. Del mismo modo, la protección de libertades negativas, por medio del sistema penal o del sistema de justicia para adolescentes infractores de la ley penal, supone la garantía de derechos relacionados con las prestaciones sociales positivas que el Estado está obligado a otorgar como en los casos de la educación, la salud o el trabajo. Sobre este punto, cfr. Ferrajoli (op.cit., 2002).
proporcionalidad concreta, que toma en cuenta como criterios para la individualización factores contextuales de la comisión del delito, tales como la condición social del adolescente, su situación familiar, el daño causado por el delito, y otros factores externos. 7 La proporcionalidad concreta se reconoce especialmente con referencia a la condición de desprotección del adolescente respecto de sus derechos, de manera que, a mayor nivel de desprotección, menor debe ser la magnitud de la respuesta penal (Baratta, 1990).
Finalmente, el principio de proporcionalidad está reconocido también para efectos de las sanciones disciplinarias que se impongan dentro de las instituciones para adolescentes privados de la libertad. La disposición 68.b. de las Reglas, determina la obligatoriedad de que las leyes y reglamentos internos de los centros de reclusión para adolescentes contemplen “el carácter y la duración de las sanciones que se pueden aplicar”. 8
Dentro de las garantías jurídicas que los documentos de Naciones Unidas conceden al menor infractor, cobran especial relevancia las de carácter procesal. Las garantías procesales tienen como finalidad la protección de los adolescentes que están siendo sometidos a proceso por habérseles imputado la comisión de un delito. Como en el caso de los adultos, las garantías procesales funcionan como límite a las potestades punitivas del Estado y como criterio de legitimidad del juicio.
Los principios procesales se encuentran profusamente señalados, tanto en la Convención como en las Reglas de Beijing. En el caso de la primera, el artículo 40 establece:
40.2.b.i) Que se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (presunción de inocencia). 40.2.b.ii) Que será informado sin demora y directamente, o cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él, y que dispondrá de asistencia jurídica y otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa (derecho de notificación, derecho de audiencia y derecho a la defensa). 40.2.b.iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad y órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico y otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a
7 Esta precisión está contenida en el comentario a la regla 5.1. Cfr. la resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene las Reglas de Beijing y sus respectivos comentarios. 8 Loc. cit., supra.
sus padres o representantes legales (principio de legalidad, derecho de audiencia, derecho a la jurisdiccionalidad y derecho a la defensa). 40.2.b.iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad (principio de no autoincriminación, principio de contradicción). 40.2.b.v) Si se considerare que ha infringido en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad y órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley (principio de legalidad, principio de jurisdiccionalidad, autonomía del órgano jurisdiccional). 40.2.b.vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado (reconocimiento de las autonomías culturales). 40.2.b.vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento (derecho a la intimidad).
En consonancia con la Convención, las Reglas de Beijing consagran estas garantías en el punto 7.1. En lo general, se contienen nuevamente todas las que marca la Convención, pero en las Reglas de Beijing se añade además, el derecho de apelación:
En todas las etapas del proceso, se respetarán garantías procesales básicas, tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos, y el derecho de apelación ante una autoridad superior.
Según puede observarse, la enunciación de estas garantías es exhaustiva. Es de destacarse que además de las garantías básicas, se consideran otras que revisten una particular importancia, como es el caso del reconocimiento a las autonomías culturales, por lo menos en lo referente a la lengua o el derecho a la intimidad, que implica un límite a las molestias innecesarias para el adolescente.
VII. Principios en materia de ejecución
Para la Organización de las Naciones Unidas es tan fundamental trazar límites en materia de ejecución de las sanciones, como lo es trazarlos en materia de las garantías, que ya han sido expuestas. Tal como se afirma en los considerandos de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad, la necesidad de hacer explícitas las garantías del adolescente durante los periodos de privación de libertad, obedece principalmente al reconocimiento que la ONU hace de las alarmantes condiciones y circunstancias de la privación de libertad de jóvenes menores de edad, de su exposición a los malos tratos, de la victimización y la violación de sus
derechos y de la ausencia de discriminación entre menores y mayores de edad en las instituciones de reclusión. 9
En lo general, la posición de Naciones Unidas sobre la privación de la libertad de adolescentes se basa en el principio de subsidiariedad, que implica hacer de la privación de libertad el último recurso en todos los sentidos posibles, de modo que se trate de una medida de excepción que, cuando no obstante lo anterior se aplique, considere una duración mínima para los periodos de reclusión (García Méndez, op.cit).
Para garantizar lo antes dicho, un conjunto de principios en este sentido estaba ya previsto en la Convención. En su artículo 37, ese instrumento afirma:
Artículo 37. Los Estados Partes velarán porque:
a) Ningún menor sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles inhumanos o
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.
b) Ningún niño sea privado de su libertad en forma ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la Ley, y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda.
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de la libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia jurídica, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal y otra autoridad competente, independiente e imparcial, y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Sin embargo, como se ha mencionado, la comprobación que ha hecho la comunidad internacional en torno a las circunstancias en las que niñas, niños y adolescentes son privados de la libertad, ha impulsado la definición de nuevas reglas que, junto a las que en ese sentido operan para los adultos, procuran un trato especial para quienes aún no lo son. Por supuesto, las Reglas reafirman los principios contenidos en el artículo 37 de la Convención —por ejemplo el principio de la subsidiariedad (regla 1), el principio de mandamiento escrito legalmente expedido por la autoridad judicial competente (regla 20), la separación entre adolescentes y adultos (regla 29)—, pero lo que le da un
9 Cfr. el proyecto de resolución sobre las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
carácter relevante a este instrumento es la regulación de todo aquello que tiene que ver con los fines, el trato y la vida cotidiana del adolescente en reclusión.
Respecto a los fines de la reclusión, las Reglas introducen un concepto novedoso que sustituye al fuertemente criticado fin resocializador. Se trata del concepto de reintegración a la comunidad (reglas 8.38, 79 y 80) que evita cualquier referencia a modelos terapéuticos y que está en consonancia con la evolución del pensamiento penitenciario, al reconocer que la reclusión del adolescente es una forma de extraerlo de su comunidad y que, por lo tanto, el tiempo que pase en la institución debe aprovecharse para ofrecerle oportunidades para su nuevo ingreso a la vida en libertad, minimizando incluso el efecto segregante del encierro por medio de un contacto permanente con el exterior (regla 59).
En este sentido, las Reglas señalan la obligación de la institución de proveer los medios para brindar al adolescente la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios, aunque afirman también que no se le obligará a hacerlo y que, en ningún caso, se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación (regla 18.b), con lo cual se reafirma el carácter de servicio que tiene el trabajo técnico en la fase de ejecución. Por otra parte, las reglas de la 38 a la 46 regulan los términos en los que tales servicios deben darse, tanto en materia de educación, formación profesional y trabajo, como en lo que toca a recreación, religión y atención médica.
De igual forma, las Reglas exigen que al interior de la institución sean respetados todos los principios que se hallan vigentes en el exterior, tales como el principio de legalidad y el de proporcionalidad (reglas 24, 68 y 70), así como el derecho a la información clara sobre el caso y otros tópicos relativos al mismo (regla 24). Ello cobra particular importancia, sobre todo en lo relativo a las normas institucionales, las cuales deben ser debidamente publicadas en un lenguaje claro y, en su caso, traducidas mediante un intérprete a quienes no hablen el idioma oficial (regla 24).
En consecuencia, las sanciones por indisciplina deben apegarse también a estos principios. Las Reglas exigen, en ese sentido, la explicitación de las conductas reprochables, de las sanciones que les corresponden, de la duración e intensidad de las mismas, el derecho de apelación (regla 68), así como la prohibición de utilizar violencia innecesaria, coerción o fuerza física (reglas 63 y 64).
Las Reglas también regulan aspectos generales tales como la obligatoriedad de proporcionar un espacio digno para la reclusión de los adolescentes e, incluso, las
cuestiones relativas a la capacitación y remuneración adecuada del personal de seguridad y custodia.
Como puede observarse, la cobertura que los instrumentos internacionales hacen de los derechos del adolescente infractor de la ley penal es amplia y eminentemente garantista. La intención, como se ha dicho, es la de proveer un régimen justo, que salvaguarde los derechos que le corresponden y reconozca la responsabilidad del adolescente frente a los actos que comete. Ciertamente, el papel de tales instrumentos es el de funcionar como modelo que oriente los diversos ordenamientos, siempre bajo el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos, muy especialmente cuando lo que está en juego es la seguridad y el derecho de una niña, un niño o un adolescente.
Capítulo 2. Los adolescentes frente al sistema penal en México
La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, publicada el 24 de diciembre de 1991, representa, con respecto a la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores de 1974, un paso importante, en lo que toca a la posición del adolescente frente al sistema de justicia penal. En general, la nueva ley avanza en el reconocimiento de la inseguridad jurídica y de la situación de indefensión en la que el derecho tutelar colocó a los adolescentes; propone, asimismo, el establecimiento de un régimen procesal, así como de figuras especiales, equiparables a las existentes en los regímenes de adultos, para juridizar un procedimiento que hasta entonces se había establecido bajo una lógica eminentemente terapéutica y paternalista.
Sin embargo, es necesario reconocer que, a pesar de ese avance, la nueva ley de menores infractores presenta problemas que dan lugar a una visión ecléctica que, nuevamente, se traduce en indefensión para el adolescente infractor de las leyes penales, no obstante que el sistema lo reconoce como posible autor de hechos delictivos, lo “juzga” sin embargo en un régimen sui generis que excede el marco constitucional de garantías.
I. Consideraciones político―criminales
Como se ha dicho, la promulgación de esta nueva Ley es una consecuencia concreta de la suscripción ad referendum que en 1990 hiciera el gobierno mexicano a la Convención sobre Derechos del Niño de 1989. Se trata de la respuesta con la que el Estado mexicano refrenda sus compromisos de reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y, en un sentido amplio, de la inclusión en el ámbito de las leyes supremas del país, de un régimen especial para el establecimiento de garantías a favor de niñas, niños y adolescentes.
En un cierto sentido, de acuerdo con la Convención —y con las Reglas de Beijing 10 ―, la Ley se inscribe en un proceso seguido recientemente en Occidente, que señala un reforzamiento de la concepción de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos (García Méndez, op.cit.).
10 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
No obstante, tal como ha sido redactada, la Ley muestra importantes vinculaciones con una ideología tutelar y paternalista que impide el goce pleno de derechos a los adolescentes infractores de la Ley Penal.
De hecho, ello se evidencia en la concepción que se tiene sobre las personas que, no habiendo alcanzado la mayoría de edad, cometen delitos y en la repercusión que genera dicha Ley en los contextos de creación, interpretación y aplicación de la misma. Históricamente, la visión predominante ha sido la que busca excluir a niños y adolescentes del Derecho Penal, básicamente bajo el reconocimiento de su condición especial y de la desmesura que la violencia inherente a los regímenes penitenciarios implica para un sujeto en formación. 11 Esto ha propiciado que la política criminal instaurada se guíe por los supuestos de una actitud proteccionista que encuentra justificación en la defensa de la sociedad ―en la perspectiva de la prevención general— y en un supuesto proceso de adaptación social para el adolescente, en la óptica de la prevención especial.
En el ámbito político criminal, ello plantea situaciones que deben ser discutidas y que, por tal razón, se exponen enseguida.
II. Concepción del adolescente
Aunque la Ley de 1991 reconoce como menor infractor a todo individuo mayor de 11 años y menor de 18 que realiza actos u omisiones tipificados en las leyes penales, 12 la consideración del adolescente como penalmente irresponsable sigue orientando, de manera determinante, el quehacer de la justicia juvenil, mucho más hacia una labor de tipo terapéutico que a un régimen jurídico de garantías. Ciertamente, en el contexto de la justicia de adolescentes, el problema de determinar hasta qué punto alguien que no ha alcanzado la mayoría de edad es responsable o no de sus actos, ha sido uno de los más complejos. La discusión sobre la edad en la que se han adquirido plenamente las capacidades cognoscitivas es, por lo demás, un debate cuya entidad raya en el logocentrismo. 13 De ahí que sea importante construir criterios que permitan establecer reglas específicas en este sentido.
11 De hecho, esa ideología tutelar ha estado presente desde la constitución del Tribunal para Menores en 1923. Considérese que, en el mundo, el derecho de menores se remonta a fines del siglo XIX, y en nuestro país, a principios del XX.
12 Cfr. artículo 6º.
13 Ver capítulo 3, infra.
Partiendo de las definiciones que se dan en las Reglas de Beijin, 14 es posible avanzar en la construcción de una concepción del adolescente infractor de leyes penales menos eufemística y más apegada al principio de la responsabilidad. Por lo general, esa concepción se atiene más al reconocimiento de la vulnerabilidad de los derechos de los adolescentes frente al sistema social que a la de inimputabilidad frente al penal (regla 2). 15
Como se ha dicho en el capítulo anterior, el reconocimiento de la vulnerabilidad de sus derechos justifica, sin duda, la inclusión de los adolescentes en un régimen especial, sin soslayar la cuestión referida a la responsabilidad. En todo caso, de lo que se trata es de establecer un régimen jurídico―formal atenuado pero congruente con los principios rectores del derecho de acto y, por tanto, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La tesis que se esgrime considera a la responsabilidad del adolescente como responsabilidad limitada en razón de la vulnerabilidad de sus derechos (Pitch, 2003). De este modo, la responsabilidad solo se exige cuando se trata de conductas seriamente lesivas para el adolescente mismo, su familia o la comunidad, dejando fuera hipótesis en las que, por ejemplo, el propio adolescente es instrumentalizado, o bien casos en los que podría ser sujeto de regímenes con carácter excepcional o de emergencia, como acontece con la legislación especial para combatir la delincuencia organizada.
La idea de fondo es dar un contenido efectivo a la definición que plantea la Ley mexicana de 1991, haciéndola plenamente coincidente con las reglas citadas y enfatizando una óptica que, más que proteccionista, sea formativa de una conciencia de respeto por los derechos de los demás y, por lo tanto, de la responsabilidad que se adquiere frente al marco jurídico penal.
En términos generales, se trata de adoptar una concepción que, más que ampliar el control institucional sobre los adolescentes, lo restrinja al máximo, en estricto apego al principio de subsidiariedad, puesto que, paradójicamente, extraer la discusión del ámbito de la imputabilidad y colocarlo en el de la responsabilidad, pone al adolescente en una situación de menor exposición frente al sistema de justicia, reduce el ámbito de acción institucional con fines punitivos y limita las potestades del órgano competente frente al propio adolescente. Esto implica, ciertamente, construir un régimen especial, que no por ello deje de estar cifrado en clave penal ―porque aplica el derecho, el proceso y la
14 En los términos de lo planteado por Juan Bustos (op.cit). 15 Cfr., punto 2 de los Considerandos.
dogmática penales y, desde luego, porque tiene consecuencias penales―, mucho más
parecido al de los adultos en términos de las garantías que les son aplicables, pero proporcionalmente diseñado para los adolescentes. De cualquier manera, tal como está,
la realidad que enfrenta el adolescente infractor de las leyes penales hoy en día no solo
no descarta las desventajas sustanciales del régimen de adultos (el castigo y el en- cierro), sino que implica las propias desventajas derivadas de la ausencia de un régimen garantista.
III. Fines de la medida aplicable
Otro asunto relevante tiene que ver con la finalidad de la medida aplicable, es decir, con
la orientación correctiva que lleva implícita la Ley de 1991. 16 La idea de adaptación social
resulta, aparentemente, un avance frente a las críticas que la ley de 1974 recibió por
plantear la readaptación del adolescente, en el sentido de que un sujeto en formación no puede ser readaptado si antes no se ha adaptado al medio social. Sin embargo, como en
el caso de los adultos, el problema que se plantea va aún más allá, pues tiene que ver
con toda esa lógica punitivo―premial (Rivera, 1994) que lleva implícito el tratamiento, y con las suposiciones de que el adolescente que comete delitos es un sujeto no adaptado y de que la sociedad es un conjunto homogéneo respetuoso de la ley.
No es este el lugar para discutir esta polémica, pero sí lo es para apelar a un concepto cuya repercusión en el individuo resulta menos lesiva. Se trata de la idea de “reintegración a la comunidad”, que, como se ha dicho, fue adoptada por las Reglas de Riad, 17 y que en el fondo implica nada más que brindar los elementos necesarios para reducir los efectos que el internamiento provoca en el adolescente, así como la adversidad de enfrentar la libertad después de haber pasado por una institución segregativa, con las consecuencias, por demás deseables, que ello puede tener en la eliminación del estigma y en la recepción que la comunidad hace del adolescente.
A pesar de las críticas que pueden hacerse a este concepto, lo cierto es que evita la
noción de adaptación, cuyo referente, contrario sensu, se encuentra fuertemente vinculado con las de anormalidad, antisocialidad, desviación social y peligrosidad, y asume una finalidad menos presuntuosa, que parte del hecho real de que el internamiento implica extraer al adolescente de su contexto y, por lo tanto, forzarlo a vivir en condiciones ajenas a su vida normal en libertad, por lo que reconoce el derecho del
16 Cfr. la Ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1991, en especial los artículos 6.96, 97 y 103. 17 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad (Ibid).
adolescente a ser simplemente reintegrado, sin que ello signifique que ha sido curado, resocializado o adaptado. Por otra parte, elimina, al menos en parte, el referente funcionalista amplio y difuso que tiene consigo la idea de sociedad —dentro del concepto adaptación social— y lo sustituye por uno más concreto, de contenido antropológico que es el de comunidad, que reconoce la pertenencia del adolescente a un contexto particular determinado por costumbres, símbolos, lenguajes, afinidades culturales y otras que le son comunes.
De igual forma, permite la construcción de una justificación para las medidas aplicables a adolescentes, mediante la idea de la retribución orientada hacia la reinserción del adolescente a la comunidad, que otorga el carácter de pena a la medida, pero sin desco- nocer el derecho del adolescente a que le sean ofrecidos los elementos mínimos necesarios para su regreso al contexto social al que pertenece, en condiciones en las que sus derechos sean menos vulnerables (educación, asistencia médica, asistencia psicológica, etcétera), por medio de los cuales se promueve, al mismo tiempo, la introyección del sentido de responsabilidad frente a la sociedad (reglas 13, 79 y 80) .
IV. Legalidad y proporcionalidad
Sin lugar a dudas, uno de los ámbitos en los que la ley actual presenta más problemas es en el que se refiere a los principios de legalidad y de proporcionalidad. Por una parte, no determina ni la especie ni la duración de las medidas a aplicar en caso de comprobarse la autoría del adolescente en un hecho prohibido por la ley penal. Aun cuando las conductas reprochables se encuentran perfectamente claras en el Código Penal, la magnitud de la respuesta coactiva es por completo indeterminada. Las razones de ello obedecen a que, en tanto lo que se impone no son penas, sino medidas de seguridad, éstas se aplican, no en función del hecho que se comete, sino de acuerdo con las características bio―psico―sociales de su autor.
Esta situación permite, al menos hipotéticamente, que el autor de un hecho grave, a quien el Comité Técnico Interdisciplinario considera más adaptado, pueda salir en menos tiempo que aquel que, habiendo cometido un hecho menor, es considerado como más necesitado de tratamiento. Tal posición ha sido justificada por el hecho de que al adolescente se le considera irresponsable de sus actos, razón por la cual no puede ser sujeto de una pena. Sin embargo, en un plano más claro, hay que reconocer que la medida de seguridad, por su carácter coactivo, es igualmente experimentada como castigo, con el agravante de que se basa en una actitud punitivo/premial que la incrementa o suspende al arbitrio de un juicio técnico que por ser jurídicamente incierto, deviene al menos cuestionable.
Por otro lado, el problema de la proporcionalidad se expresa en la indeterminación de la medida de tratamiento. Dado que la duración de la medida se encuentra en función de la evaluación bio―psico―social, ésta puede durar, dentro de los términos fijados por la ley, tanto como el Comité Técnico Interdisciplinario lo considere. El argumento esgrimido radica, nuevamente, en la necesidad de proteger al adolescente mediante el tratamiento.
Sobre este punto es necesario avanzar en la dirección de una actitud más garantista, que permita establecer criterios a priori de proporcionalidad abstracta y a posteriori de proporcionalidad concreta. En el primer caso, se trata de determinar claramente el tipo y la duración de la medida en cada caso previsto, de acuerdo con la gravedad del hecho cometido, fijando un mínimo y un máximo posible que, en todo caso, tendría que tener en cuenta que la percepción del tiempo no es la misma en un adolescente que en un adulto, y, por tanto, considerar límites máximos razonables, especialmente cuando se trata de privación de la libertad, y con más razón si se piensa que el periodo vital que se sustrae a un adolescente representa, por su edad, un momento de toral importancia en el desarrollo social de los seres humanos. En el segundo caso, hay que asumir que, al momento de la individualización de la medida, tanto su duración como su intensidad debe considerarse como inversamente proporcional a la condición de vulnerabilidad de los derechos del adolescente, es decir, como se ha dicho anteriormente, a mayor vulnerabilidad de sus derechos, medidas más atenuadas, y viceversa, siempre dentro del rango previsto por la proporcionalidad abstracta.
Un criterio más que es indispensable considerar es el que se refiere a la utilización innecesaria de la privación de libertad en el caso de adolescentes. 18 En términos generales, ello implica ponderar adecuadamente en qué momento debe recurrirse al internamiento y en cuál no, trátese de detención preventiva o de medidas que impliquen la privación de libertad.
En el primer caso, debe preverse que la detención preventiva se ciña estrictamente a los casos estrictamente necesarios, de modo que se trate de una medida excepcional. Para el segundo caso, la privación de la libertad debe ser considerada como el último recurso posible, una vez que otras posibilidades han demostrado ser insuficientes.
18 Cfr., el considerando I, las reglas 1 y 2 de Riad y la regla 13.1 de Beijing.
VI. Consideraciones Jurídicas
A la luz de las consideraciones político―criminales comentadas, la ley de 1991 plantea problemas serios, particularmente porque su condición sui generis hace que, en ocasiones, el procedimiento resulte incompatible, incluso con la Constitución. En ese sentido, puede identificarse otro grupo de problemas de entidad propiamente jurídica y particularmente jurídico―procesal.
VII. Injerencia de autoridades distintas a las de adolescentes
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solo existen cinco supuestos para la detención de una persona, a saber:
a) mediante orden de aprehensión o reaprehensión girada por autoridad judicial;
b) detención en caso urgente mediante orden escrita, fundada y motivada del Ministerio Público para el caso de los llamados delitos graves;
c) flagrancia, cuasiflagrancia o flagrancia de la prueba;
d) como medida de apremio por desacato; y,
e) detención por autoridades administrativas por faltas que tienen previsto el arresto y siempre que haya flagrancia (Sarre, 1994).
No obstante, en este punto, la Ley de menores infractores presenta algunos problemas. En primer término, dado que las autoridades del sistema de menores infractores no están facultadas para efectuar detenciones, el procedimiento instrumentado implica involucrar al Ministerio Público, a un Juez y a la Policía Judicial para la presentación de un adolescente. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley: “Cuando el adolescente no haya sido presentado ante el consejero unitario, éste solicitará a las autoridades administrativas competentes su localización comparecencia o presentación, en los términos de la presente ley”.
Las autoridades administrativas competentes a las que se refiere el artículo son los agentes del Ministerio Público, quienes, a excepción de los casos de urgencia, tienen a su vez que solicitar la orden respectiva al Juez. Éste la turna de nuevo al Ministerio Público, quien instruye a la Policía Judicial para los efectos correspondientes. La policía presenta al adolescente ante el Ministerio Público y, solo entonces, es puesto a disposición del Comisionado de Menores. 19
19 Cfr., artículos 49 y 78 de la Ley para el Tratamiento
Como puede verse, ello implica, por lo menos, dos problemas importantes: por un lado, el que autoridades que forman parte de un sistema para adultos —y que por tanto no están facultadas para conocer de adolescentes— tengan una injerencia en estos casos; por el otro, todo lo que en términos materiales implica que la policía y el Ministerio Público tengan que ver con el adolescente, en cuanto a tiempo, trato y otras consecuen- cias que, no siendo justificables en los casos de adultos, tampoco lo son en los de adolescentes. Por lo demás, ello se opone al artículo 40.3 de la Convención sobre Derechos del Niño, que requiere “el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”. 20
VIII. Valor probatorio de la indagatoria del Ministerio Público
En consonancia con lo anterior, resulta igualmente cuestionable el carácter de prueba plena que la Ley otorga a las investigaciones que el Ministerio Público realiza sobre el hecho que se le imputa al adolescente, 21 puesto que, nuevamente, se ven mezclados los ámbitos de acción de las autoridades de adultos y de adolescentes. En los hechos, además, se da un problema de aplicación administrativa de la Ley, porque ésta, al no prever la existencia de un cuerpo pericial destinado a la fase indagatoria que pueda auxiliar a los comisionados, limita seriamente a estos últimos y los obliga a recurrir a los servicios de las procuradurías. Se trata, en términos llanos, de una cesión inconstitucional de atribuciones que la Ley hace al Ministerio Público para investigar un asunto para el cual no está facultado, y de una condición que altera el principio de igualdad de armas entre la acusación y la defensa.
También en lo referente al procedimiento se dan irregularidades importantes. Cabe decir que es tal vez en este punto en el que la Ley de 1991 deja del lado una buena cantidad de situaciones que eventualmente pueden constituirse en violaciones a las garantías del adolescente. 22
Por una parte, durante la fase de instrucción, la Ley establece dos procedimientos paralelos: uno de tipo jurisdiccional cuyo objetivo es determinar la autoría del adolescente, y otro, de corte clínico terapéutico, que tiene como finalidad definir sus
20 Cfr., el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2ª. ed., UNICEF―CNDH, México, 1992, p. 40.
21 Artículo 57 de la Ley para el Tratamiento…, op.cit. 22 Ibid., artículos 36 y ss.
características bio―psico―sociales. Tal como está redactada, la Ley dispone que la comprobación de la autoría es la condición sine quan non para determinar la sujeción a los órganos del Consejo, pero nada más; de modo que, una vez establecida, queda relativizada, pues al no existir una medida determinada para cada acto que se comete, esta última se fija sobre la base de los dictámenes del otro proceso, el que realizan los técnicos sobre la persona del adolescente.
Ello asemeja el procedimiento a uno de tipo inquisitorial, pues la indagación técnica se realiza de manera oficiosa, sin el consentimiento del adolescente o de un tutor, no acep- ta el principio acusatorio ni el de contradicción, ni la garantía de jurisdiccionalidad, ni la de la prueba en contrario, ni todas las que se derivan del principio nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et sine defensione (Ferrajoli, 1989).
Por otra parte, dado que la medida se asigna en función de la valoración técnica, el procedimiento jurisdiccional pierde sentido y, por tanto, es posible concluir que el verdadero procedimiento se realiza como un juicio sobre la persona del autor y no sobre el hecho que se comete, con todas las consecuencias que a nivel procesal ello tiene; es decir, que si lo que pesa para determinar la medida es el dictamen biopsicosocial, y frente a éste no hay posibilidad de defensa, entonces el adolescente queda expuesto a la violación total de las garantías procesales.
Igualmente, hay que decir que, como consecuencia de lo anterior, queda relativizada la terceridad del Consejero, puesto que la presencia de un Comité Técnico Interdisciplinario que valora los estudios y propone las medidas, lo deja materialmente en un papel de ratificador de las propuestas del Comité.
Finalmente, en este rubro es necesario enunciar dos problemas de los que la Ley de 1991 adolece: no hay criterios para determinar la extinción de responsabilidad en, por lo menos, los casos de inmputabilidad debida a trastornos mentales, legítima defensa y estado de necesidad, y la ausencia de normas que garanticen el derecho a intérpretes para el caso de adolescentes que no hablen español.
El primer caso implica la necesidad de extender el ámbito de la protección jurídica sobre aquellos adolescentes que, no obstante que se comprobara la autoría del hecho, pudieran acreditar que tal conducta excedió su voluntad; el segundo, la necesidad del reconocimiento de la condición pluricultural del país y de los derechos de las minorías étnicas.
X. Problemas de la ejecución de la medida
El problema principal en lo referente a las medidas es su naturaleza evidentemente tutelar. La consecuencia inmediata radica en que, al no tratarse de penas preestablecidas, las medidas aplicables tienen un carácter indeterminado. Aun cuando se ponen límites para el tratamiento interno y externo, la duración posible dentro de estos rangos depende del dictamen técnico que sobre las condiciones bio-psico-sociales del adolescente se elabore, con lo cual queda prácticamente en las manos del órgano ejecutor la posibilidad de la terminación de la medida. 23
Esta situación deja abierta la posibilidad de que surjan valoraciones altamente subjetivas que pueden influir positivamente (dejarlo salir antes a pesar de la gravedad de su conducta), o negativamente (retrasar la salida cuando ya no es necesaria la privación de la libertad), frente al adolescente.
Por otro lado, la Ley establece que, una vez cumplida la mayoría de edad, si se considera que el joven no ha logrado su adaptación social, el tratamiento no se suspende. 24 Ello implica someter bajo criterios extrajurídicos a una persona legalmente considerada como adulto al régimen de menores infractores, lo cual no puede ser jurídicamente justificado. El caso límite, sin embargo, se plantea en aquellos jóvenes que al momento de cometer la infracción tienen una edad muy aproximada a la establecida para ser considerado adulto. De ahí la necesidad de fijar reglas específicas que establezcan los criterios a seguir en estos casos.
XI. Consideraciones finales en torno a la Ley de 1991
Los comentarios hasta aquí vertidos señalan una serie de problemas cuya discusión, reflexión y análisis son importantes, porque dan cuenta de las ambigüedades que, derivadas de una concepción ecléctica ―a medio camino entre el tutelarismo y el garantismo― caracterizan a la ley que aún está vigente en la materia. En el actual contexto de reforma al artículo 18 constitucional, ello constituye un claro ejemplo de lo que no deben hacer las leyes que sean sancionadas a partir de la misma. Por el contrario, de lo que se trata es de establecer normas abstractas, objetivas e impersonales que permitan enfrentar la justicia de adolescentes sin caer en eufemismos o en un falso proteccionismo. La idea, en todo caso, es avanzar en la construcción de un consenso en torno a la necesidad de tener ordenamientos jurídicos garantistas, lo que
23 Ibid., artículo 24. 24 Ibid., artículo 124.
significa, sin duda, anteponer el Estado Constitucional de Derecho sobre cualquier otra necesidad.
En el caso de los adolescentes, ello cobra una especial relevancia, puesto que de nin- guna manera es concebible que estando en hipótesis semejantes —como es el caso de la comisión de un delito— gocen de menos derechos que los que les son reconocidos a los adultos. Contrariamente a lo que podría pensarse, la visión garantista no es esencialmente punitiva; intenta plantear un horizonte racional, formal y general que siente las bases para el reconocimiento de la igualdad, de la equidad y de lo razonable, como premisas para una custodia formal de los derechos humanos y como principio de acción real para la defensa de los mismos.
Capítulo 3. El problema de la edad penal
En los capítulos anteriores ha sido revisado el marco internacional de la justicia juvenil, así como el contraste que en el nivel formal presenta la legislación federal mexicana que aún está vigente. A la luz de los límites, es posible, de hecho, trazar las reformas que aproximarían la justicia juvenil del país a los estándares internacionales.
Sin embargo, el problema comporta más que la certidumbre de los confines ético―jurídicos que son violentados. Existen dos razones para ello: de un lado, el hecho insoslayable de que con frecuencia inusitada la práctica deviene en ley; y, justo al revés de lo que se espera de la relación entre deber y ser, lo óntico se torna deóntico, de modo tal que incluso el criterio pragmático de la eficiencia se impone al de los derechos.
Esta primera razón ha supuesto que la necesidad del modelo tutelar descanse en su pretendida utilidad como mecanismo de intervención eficaz, frente a la estorbosa condición de los derechos de los adolescentes que limitan al saber de las ciencias naturales y sociales.
La segunda razón radica en que, en el contexto de temor al delito en el que vivimos desde hace ya casi una década, la política criminal ha adquirido un importante papel como capital político en las plataformas electorales de candidatos y partidos.
Sin duda, el aumento en los niveles de inseguridad en las principales ciudades del país da cuenta de una creciente preocupación de los ciudadanos por la vulnerabilidad que sienten frente al delito. Esta preocupación se muestra también en la percepción que, en general, se tiene acerca de la delincuencia asociada con adolescentes. Aunque no existen estudios que ofrezcan cifras confiables sobre la magnitud y el tipo de participación de los adolescentes en actos delictivos, no se puede negar que, recurrentemente, desde el Congreso hasta el Ejecutivo, pasando por los medios de comunicación masiva, el debate público vuelve la mirada hacia los jóvenes acusados de cometer delitos con la finalidad de abrir la discusión sobre la pertinencia del sistema que actualmente rige a quienes, no siendo aún adultos, tienen conflictos con las Leyes Penales.
Aunque este planteamiento es en línea de principio válido y atendible, en la mayoría de las ocasiones el debate se ha centrado en la necesidad de reducir la edad para que personas cada vez más jóvenes sean sujetos del régimen penal de adultos. Y es que, en el fondo, la discusión aparece polarizada por dos actitudes igualmente radicales y entre sí contradictorias, planteadas en términos de disyuntiva: la de quienes piensan que el joven debe ser tratado como menor, inimputable, objeto de tutela y, por tanto, no responsable de los actos que comete; o bien, la de quienes apoyan la idea de que el adolescente, al menos desde los 16 años, debe ser tratado como adulto, imputable y enteramente sujeto de responsabilidad penal.
Como hemos visto, en los últimos 30 años este debate se ha enmarcado en dos importantes momentos legales. De un lado, la instauración del régimen que sustrajo a los jóvenes menores de 18 años del sistema penal para hacerlos objeto de un sistema de tutela que rige aún en más de la mitad de los Estados de la República; del otro lado, la reforma federal de 1991 que impactó a los Estados restantes y que, bajo la presión de la ratificación que el Senado mexicano hizo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, supuso el reconocimiento del carácter antigarantista del tutelarismo y la necesidad, por tanto, de incorporar a los jóvenes que tienen conflictos con las Leyes Penales a un régimen de garantías.
Las dificultades que estos modelos presentan en términos de su validación interna han sido ya discutidas en los capítulos previos, pero la existencia de esta “dualidad” ha derivado en lo que, considero, constituye uno de los grandes mitos de los sistemas de menores infractores y, en ese sentido, uno de los mayores obstáculos para la democratización de la justicia de adolescentes que infringen las Leyes Penales. De acuerdo con ese mito, bajar la edad penal es necesario como solución al problema de la delincuencia asociada con adolescentes. Huelga decir que esta actitud no solamente no resuelve el problema de la participación de jóvenes en actos delictivos, sino que, al enturbiar la discusión, redunda en el incremento de la violencia estructural contra este sector de la infancia.
I. Argumentos y contra―argumentos
La distinción que opera hoy en día entre un sistema penal de adultos y uno no penal para adolescentes —sin importar el modelo que rija en este último caso— ha provocado que el tema de la edad penal se haya convertido en una especie de “válvula de escape” que hace de la posibilidad de reducirla, una extensión de la amenaza del Derecho Penal. Como la discusión no problematiza las consecuencias que se siguen de la naturaleza no penal del modelo de justicia de menores infractores, sino en todo caso su extensión, en
el fondo se conserva la concepción como menor de quien se encuentra por debajo del límite de edad penal, cualquiera que ésta sea y, por ende, del adolescente como “objeto” de una actitud paternalista que, pretendidamente, le protege del alcance del Derecho Penal. Así, bajar la edad penal supone, simplemente, incrementar notoriamente para quienes quedan por encima de dicho límite, la intensidad de la respuesta que el Estado da a quien viola las Leyes Penales.
En realidad, aun cuando la mayor parte de las veces la discusión sobre el límite de la edad penal se explica con base en razones que parecen válidas, tales argumentos, en el fondo, constituyen falacias que confunden la justificación con la explicación haciendo derivar, de situaciones de hecho, consecuencias de derecho que, en consecuencia, las invalidan. Sin ánimo de exhaustividad, identifico las siguientes: una de orientación “psicologista”, otra más que llamaré “sociologista”, una tercera que bien puede denominarse “utilitarista” y, finalmente, una cuarta de orientación “dogmático penal”.
En cada caso, el problema radica en la confusión entre los argumentos jurídicos que son necesarios para justificar el límite de la edad penal, con argumentos provenientes de la psicología, de la sociología, de la criminología y de la dogmática penal que se utilizan para explicarla. A continuación desarrollo estas falacias y mis contra―argumentos.
II. La falacia psicologista
Argumento: El límite de la edad penal debe basarse en la evidencia psicológica de que, quien es mayor de edad, posee la capacidad para comprender el significado del hecho y de conducirse conforme a la norma.
Contra―argumento: Aun cuando la psicología genética muestra etapas de desarrollo cognitivo en las personas, desde que nacen hasta que llegan a la madurez psicológica, la determinación de los grupos de edad que se corresponden con cada etapa de madurez cognitiva, tanto como las características de cada una de estas etapas, responde a niveles muy amplios de generalización que funcionan, en la práctica, como grandes parámetros para la interpretación de los comportamientos individuales; pero es claro que el límite a estas interpretaciones está puesto por la existencia insoslayable de diferencias individuales.
Lo anterior, significa que, no obstante haya evidencia de que los adolescentes mayores de 14 años son en su mayoría capaces de realizar abstracciones, y por tanto, de comprender el sentido de la motivación normativa, en lo individual, cada joven arriba a esta etapa a distinta edad. De lo anterior se sigue que no hay certeza acerca del
momento en el que se alcanza esta capacidad, y, de ello, que no es posible hacer descansar un criterio que tiene consecuencias jurídicas de la mayor gravedad, en un argumento extrajurídico que además es incierto.
Si el argumento psicologista fuera válido, la respuesta lógica tendería al relativismo y por tanto a la casuística, como en efecto ha sido propuesto en diversas ocasiones. Un modelo casuístico supondría que la valoración de la capacidad de la persona para “ser motivado por la norma” tendría que realizarse por medio del dictamen de un psicólogo, un psiquiatra o bien algún otro profesional capacitado para ello.
Sin embargo, dado que del resultado del dictamen depende que la persona a la que se relaciona con la comisión de un injusto sea juzgada por el sistema penal de adultos, o bien canalizada al régimen actual para menores de edad, quien fuese dictaminado como capaz tendría el derecho a rebatir ese dictamen con otro solicitado por su defensa que, puede esperarse, será contrario al primero.
La controversia tendría que resolverla un tercero en discordia del que dependería al final el destino de la persona en cuestión. El problema que aquí se presenta es que la condición para ser sujeto del sistema penal o del sistema de menores quedaría fundada en un análisis que: 1) es incierto, pues tal como ocurre con cualquier valoración que admite refutación, los dictámenes dependen de una cantidad de variables en las que se involucran desde el método con el que son producidos los resultados, hasta la perspectiva teórica o epistemológica de la que parte quien hace la evaluación, es claro que de haber certidumbre en el dictamen no se requeriría de una segunda o tercera valoración; 2) es realizado en torno a una condición subjetiva de la que la persona, en el fondo, no se puede defender, pues de la relatividad de los resultados de un dictamen se sigue también la incapacidad para determinar un requisito que inobjetablemente demuestre que se es capaz o no; y, 3) es extrajurídico, lo que tiene por consecuencia que de una decisión que no es jurídica se siga una consecuencia jurídica, muy especialmente cuando dicho resultado implica la posible privación de la libertad. Por su naturaleza científicamente incierta, los modelos casuísticos redundan en una afectación grave de la seguridad jurídica, así como de la igualdad ante la ley, ambos presupuestos fundamentales de un Derecho Penal de garantías.
III. La falacia sociologista
Argumento: El contexto socio―cultural contemporáneo hace madurar más pronto a los jóvenes, lo que explica su participación, cada vez más frecuente y grave, en la comisión de delitos; en consecuencia, la edad penal tiene que bajar.
Contra―argumento: Esta perspectiva reconoce la influencia de dos variables de orientación más bien sociológica que jurídica —la frecuencia y la gravedad con la que se presentan los delitos en los que están involucrados adolescentes— en el contexto socio―cultural contemporáneo. El razonamiento supone que, dadas estas coordenadas culturales, los jóvenes menores de 18 años se saben exentos de responsabilidad penal o, al menos, saben que la consecuencia que para ellos se sigue si cometen un delito es notoriamente menos grave que la que el sistema penal prevé para los adultos.
Este argumento liga la frecuencia y la intensidad de la delincuencia asociada a jóvenes con una implícita sospecha de madurez en quien, sabiéndose a salvo del sistema penal, decide cometer un delito, lo que revela como injustificado que se les considere inimputables. El contexto de este punto de vista afirma que la cultura y los parámetros sociales contemporáneos han hecho madurar más pronto a los jóvenes, de modo que es ingenuo pensar que un joven a los 17 años no sabe lo que hace.
Sin embargo, al igual que ocurre con la falacia psicologista, este argumento hace depender, de una consideración extrajurídica, una consecuencia jurídica que, hay que insistir, puede suponer la privación de la libertad en condiciones de gran adversidad, aun para un adolescente “globalizado”. Cabe afirmar que no está en duda el hecho insoslayable de que los parámetros culturales actuales han producido cambios que afectan la maduración de las personas en general. La influencia de los medios y el avance tecnológico han sido fundamentales en la producción de estos cambios; la invalidez del argumento no radica, por tanto, en sus premisas, sino en la consecuencia que se hace derivar de ellas.
Si hemos dicho que la determinación de la madurez psicológica presenta problemas por incierta, con mayor razón lo es la determinación de un concepto de madurez que se hace derivar del contexto social. Contrario sensu, si se aceptara este argumento habría que considerar como aceptable también el del psicologismo, y con ello el del casuismo, lo que haría muy compleja —y desde luego más incierta— la decisión de imputabilidad, pues habría que tomar en cuenta, además del dictamen psicológico, otro más que diera cuenta de ese contexto social.
IV. La falacia «utilitarista»
Argumento: La delincuencia organizada recluta adolescentes para que cometan delitos porque están fuera del alcance del Derecho Penal; en consecuencia, con fines de política criminal, es necesario reducir la edad penal para evitar que esta situación ocurra.
Contra―argumento: Quienes sostienen esta idea piensan que la delincuencia organizada saca un provecho de la consideración de inimputabilidad que hace la ley de los adolescentes, especialmente de quienes están entre los 16 y los 18 años. Desde esta perspectiva, las bandas organizadas para delinquir saben que los adolescentes, a esa edad, pueden cometer delitos y los reclutan porque el “costo” que tiene la posible detención de un miembro adolescente es menor que la de un miembro adulto, no solo en términos de la intensidad de la sanción, sino de su duración, evidentemente más corta. Sin embargo, el mismo argumento en el que descansa esta falacia ofrece razones para pensar que, frente a un nuevo límite de edad, las bandas de delincuencia organizada buscarán miembros más jóvenes, lo que implicaría que el límite de la edad penal tuviese que volver a bajarse.
Como lo demuestran las experiencias de la guerra, hacer participar a niños en actos violentos depende no de su capacidad de comprensión del acto que realizan, sino de su capacidad física para soportar, por ejemplo, el peso de un arma, o bien para accionarla. Análogamente, hay razones para pensar que si este argumento es válido, la delincuencia organizada reaccionará a cada ola de disminución de la edad penal, buscando miembros cada vez más jóvenes; consecuentemente, habría que reconocer que no quedarían argumentos para evitar que la edad penal bajara hasta incluir en el régimen penal de adultos a niños de muy corta edad.
V. La falacia del dogmatismo penal
Argumento: La dogmática penal requiere, para poder derivar válidamente consecuencias penales a quien cometió un injusto, que el sujeto activo del mismo tenga capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento. Los menores, no poseen tal capacidad, por tanto, deben considerarse inimputables.
Contra―argumentos: La recepción que hizo el Derecho Penal de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, de la psiquatría y, después, de la psicología y de la criminología, produjo un efecto paradójico. La confusión entre razones “científicas” y criterios de política criminal pudo invalidar, en un momento dado, toda posibilidad de exigencia de un comportamiento ilícito a quienes, vistos desde la óptica de las ciencias del comportamiento y, en especial, de la criminología, delinquen por una fatal tendencia natural a hacerlo. Esta confusión produjo efectos en la definición de los conceptos de imputabilidad y responsabilidad centrales en la dogmática jurídico penal, pues de no ser capaces los destinatarios de la norma penal de responder por sus propios actos, el Derecho Penal quedaba destinado a disolverse en el interior de una criminología de corte clínico.
Siguiendo a Foucault (1990), la solución a esta paradoja se remonta al momento mismo en el que se prefigura una suerte de pacto entre los saberes médicos y el aparato judicial, que crea una clara interpenetración de jurisdicciones de control. En el centro de este proceso, la noción de individuo peligroso permitió extender, por una parte, el control médico al campo del Derecho Penal mediante la creación de una doctrina que, no obstante plantear el origen del delito en una reformulación cientícifista de la mala in se, reconocía algún grado de comprensión acerca de la ilicitud de su acción, de modo que un comportamiento acorde con las normas penales les es exigible. La penetración del control médico es clara en la configuración de la totalidad de las prácticas entre el diagnóstico de la peligrosidad y el tratamiento resocializador.
Por su parte, en el otro sentido, el Derecho Penal penetró el campo del control médico en la medida en la que planteó la necesidad de incrementar la intensidad del control sobre ciertos individuos que, en el otro extremo del continum de la peligrosidad, quedaban fuera de las posibilidades del sistema penal por presentar datos claros de ausencia de capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.
De este lado del pacto, la penetración del control penal es clara en la creación doctrinaria de las “medidas de seguridad” entre las consecuencias posibles para el autor de un injusto penal. Si bien no se trata de penas, en sentido estricto, tales medidas están destinadas a asegurar que quien es sujeto de las mismas no quede libre, pues no obstante ser inimputable, constituye un peligro para la sociedad.
Así, con las ciencias médicas en la cárcel y con el Derecho Penal en el hospital psiquiátrico y otras instituciones asistenciales, la paradoja del peligrosismo fue resuelta de modo tal que, incluso, el discurso que justificó este proceso se erigió como humanista, “por el bien” de quien recibe tratamiento penal o una medida de seguridad. Con ello quedó completado el escenario de control frente al individuo peligroso.
El concepto de inimputabilidad quedó así impregnado de un contenido que, desde las ciencias médicas, fundó la condición de sujetabilidad de una persona al campo penal, en capacidades radicadas en la persona misma, en su desarrollo cognitivo y volitivo. Como se comprende, la división de ambos campos de acción —el penal y de las medidas de seguridad— se afirmó en la división entre imputables e inimputables, en suma, entre capaces e incapaces. En pleno siglo XX, las mismas razones por las que se extrajo del campo penal a los enfermos mentales fueron esgrimidas para extraer también a los entonces concebidos como menores. Unos y otros han sido considerados, por razones debidas al desarrollo —ya sea inacabado o bien afectado— de sus capacidades cognitivas y volitivas, inimputables y, en consecuencia, irresponsables frente al Derecho
Penal; pero igualmente, unos y otros, en caso de cometer delitos, han sido clientes privilegiados del sistema de medidas de seguridad previsto especialmente para ellos.
Como se ve, en el fondo se trata de una edición legalista de los argumentos del
psicologismo, pues la definición de la edad penal depende de una variable psicológica y
no jurídica. Vale agregar a los contra argumentos ya esgrimidos frente al psicologismo,
que en este caso la justificación de la exclusión opera como protección y la medida de seguridad, como se ha dicho, como una intervención en beneficio del destinatario de la misma: si la pena es la consecuencia más lesiva posible para quien comete un delito, es necesario proteger a quien es incapaz de comprender, ni la pena, ni el delito. A este razonamiento hay que oponer otra paradoja: esa incapacidad juega en sentido contrario para los inimputables, quienes, dada su condición, quedan sujetos por su bien, a un sistema paralelo, privados de la libertad, la mayor parte de las veces de modo indeterminado, y sin las posibilidades de defensa que si ofrece el sistema penal. El tema de la edad penal depende, por tanto, del porcentaje de la población que se desea proteger y el límite viene impuesto en función de ello: a mayor proteccionismo más elevado el límite, a menor proteccionismo, más joven se es considerado imputable.
La atención privilegiada sobre el tema de la edad penal y la continua tentación a
reducirla, no solo no resuelve los problemas relacionados con la participación de adolescentes en actos delictivos, sino que es funcional al sostenimiento de la distinción entre un modelo de atención de corte predominantemente asistencial —como el vigente hoy día, en sus acepciones tutelar y, entre comillas, garantista— frente a un modelo penal en la justicia de adultos. La discusión sobre la edad penal deja del lado el problema de fondo en la justicia de adolescentes y exacerba el convencimiento en torno
a una aparente benevolencia de los modelos asistenciales y de una aparente represividad de los modelos penales.
A la indeterminación fáctica del momento en el que se es capaz de culpabilidad, hay que
anteponer la determinación jurídica de un límite que debe abandonar fundamentos extrajurídicos para asumirse, como ha sido esgrimido, por ejemplo, por Juan Bustos (s.f.), como una decisión de política criminal, que tiene que reconocer como criterio de validez el marco de los derechos de la infancia y adolescencia. En este sentido, y para
ser congruentes con la visión garantista que anima la justicia de jóvenes en conflicto con
la ley penal, planteó dos criterios fundamentales:
a) parafraseando la tesis garantista que, referida a los costos del sistema penal, supone que siempre será mejor un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel, así también vale decir que siempre será mejor un adolescente maduro en el sistema de justicia juvenil que uno inmaduro en el sistema penal de adultos; en consecuencia,
b) la discusión debe girar en sentido contrario, no en torno a la reducción de la edad penal sino sobre las posibilidades de ampliar el marco de protección de los derechos de los jóvenes que cometen delitos.
Esta última cuestión justifica la necesidad de examinar la pertinencia del actual modelo de adolescentes infractores de la ley penal y de avanzar en la construcción de un modelo de garantismo radical que, en todo caso, haga que la diferencia entre el sistema penal de adultos y el aplicable a los adolescentes, difieran porque este último tiene más garantías que el primero y no al revés, como acontece ahora.
Capítulo 4. Límites del modelo ecléctico de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de 1991 *
Como ha sido planteado en la primera parte de este trabajo, la intervención de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos es un problema que se agrava por el hecho de que, estando los jóvenes excluidos del Derecho Penal, los actos que cometen, no obstante su importancia, quedan aparentemente impunes.
Aun cuando, como se ha dicho, no existen cifras confiables sobre la percepción de la ciudadanía respecto de la delincuencia de los jóvenes, la frecuencia con la que se discute la posibilidad de ampliación de la edad penal, da cuenta del estado de esta preocupación.
En el capítulo tercero se ha hecho un análisis acerca de las falacias que con más frecuencia se presentan como argumentos para sostener un límite entre la edad penal y la inimputabilidad; de hecho, cabe comentar que la reforma al artículo 18 constitucional que entró en vigor en marzo de 2006, que, entre otras cuestiones relevantes, pone el rango de la edad penal entre los 12 y los 18 años de edad, resuelve formalmente en el país el problema de la indeterminación que en este sentido se daba. Sin embargo, vale la pena aclarar que, en la mayoría de los casos, los llamados a la disminución de la mayoría de edad con fines penales no provienen de la doctrina, sino de legisladores y gobernantes, lo cual hace de esta posibilidad una amenaza latente. 1
* El financiamiento para la realización de los estudios que dieron origen a este capítulo y el siguiente lo otorgó al autor el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 1 Sin duda, es un logro la reforma constitucional al artículo 18 en lo que se refiere a la justicia de adolescentes, y, de hecho, en acatamiento de la misma, los estados que bajaron sus límites de edad en el pasado a 16 y 17 años deben subirlos de nuevo a los 18. Sin embargo, el tema, como se expone en este capítulo y en el siguiente, rebasa esa discusión. La paradoja es que, si la problemática de fondo que hoy se expresa en la existencia de dos regimenes diferenciados, uno para adolescentes y otro para adultos, no es ampliamente discutida hacia un sistema penal de garantías para adolescentes, la posibilidad de extensión del sistema penal de adultos seguirá constituyendo una fuerte tentación para los partidarios de regímenes duros y seguirá siendo una amenaza para la vigencia de los derechos de la infancia en México. Lo anterior es particularmente posible si se considera que en los últimos años, la escena de discusión en torno al delito ha quedado inmersa en el seno de modelos diseñados en función de la seguridad pública, más que de la seguridad jurídica. La posibilidad de crear leyes excepcionales —como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada— o bien de modificar la Constitución Federal, incluso en casos en los que se afectan garantías constitucionales, ha sido ya verificada en el país, y mientras el contexto de riesgo referido al delito subsista, lo predecible es que estas medidas excepcionales sigan teniendo cabida en México.
Un sondeo en las notas de prensa que sobre los niños y adolescentes en conflicto con leyes penales aparecieron entre junio de 2001 y julio de 2002 aporta evidencia en este sentido. Del porcentaje total de notas periodísticas que sobre el tema aparecieron en los principales diarios (53 notas) 2 , el 66 por ciento se refieren al debate en torno a la posibilidad de reducir el límite superior de edad penal de los 18 a los 16 años (35 notas).
Aun cuando entre los argumentos que se manejan en el debate está el del aumento de la participación de los jóvenes en la comisión de delitos, así como el del incremento de la violencia en estos actos, es notorio que en el mismo periodo en el que la prensa se ocupó de este asunto se registraron sólo algunas de estas notas, que representan el 16 por ciento, que reportan delitos cometidos por jóvenes. Por la naturaleza de estas notas, así como por las fechas en las que aparecen y sus encabezados, no es posible afirmar que haya sido la constatación del incremento en la delincuencia de jóvenes la que haya servido de disparador del debate, sino al revés, es notorio que se trata de casos que sirven a la prensa para ilustrar la pertinencia de la discusión (González, 2004).
Como se ha dicho, este debate no es nuevo; el problema de la edad penal surge como un tema de discusión pública de modo recurrente de cuando en cuando. Pero los términos en los que se plantea esta disyuntiva son, como se ha visto en el capítulo tercero, equívocos. El trazo de una línea conceptual entre el delincuente adulto imputable y responsable y el menor infractor inimputable e irresponsable ha dependido de la determinación de una edad límite según la cual se define el tipo de respuesta que el Estado debe instrumentar frente a quien comete un delito. Si la persona es legalmente adulta y se le comprueba la comisión de un delito, se convierte en delincuente y en consecuencia en sujeto del Derecho Penal; si no es penalmente mayor de edad, aun cuando cometa un delito, su condición lo convierte en infractor y, consecuentemente, en objeto de un Derecho especial. Esta es la condición que “saca” al adolescente, por así decirlo, del Derecho Penal.
Mirada con detenimiento, tanto en el imaginario social, como en la perspectiva de los actores políticos relacionados con el problema de la inseguridad, la cuestión relativa al límite de la edad penal ha sido tematizada, por esta razón, como la posibilidad de evadir la respuesta penal y de refugiarse en un Derecho especial que exculpa al responsable de un delito generando impunidad. De ahí que, desde la perspectiva de quienes plantean la necesidad de hacer más severa la política criminal, una medida en ese sentido radica en la posibilidad de mover el límite de la edad hacia abajo, ampliando con ello el espectro de las personas que serían sujetos de reproche penal. Esta medida supone, en
2 De este total, 9 notas las constituyeron reportajes, editoriales y referencias a conferencias.
esa óptica, un endurecimiento de la respuesta del Estado frente a los jóvenes, tanto en términos de amenaza, como de vivencia del castigo.
Planteada así, la discusión supone, simplemente, la ampliación de cualquiera de los modelos de respuesta a las personas que cometen delitos en el sector de edad que se encuentra entre los 16 y los 18 años: subir el límite implica extender el alcance de un Derecho especial no punitivo a los jóvenes menores de 18 años; bajarlo significa extender el alcance del Derecho Penal hasta quienes hayan cumplido los 16. No obstante, quedan fuera de la discusión otras cuestiones que, en términos de la necesidad de plantear una política eficiente en materia de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, deben ser también discutidas, entre ellas, vale la pena destacar al menos las siguientes:
la pertinencia de mantener una jurisdicción penal para los adultos y una asistencial para adolescentes; la relación de dependencia que existe entre el sistema de menores infractores y el sistema penal de adultos; y, los límites de la ley vigente frente al marco constitucional de garantías.
El objetivo del presente capítulo es explorar, mediante la discusión en torno a estos temas, el modo en el que se ha implementado la política criminal dirigida a adolescentes en México desde la reforma de 1991. La idea es ofrecer evidencia a favor de la necesidad de construir en el país una reforma radical hacia un efectivo sistema de justicia penal para adolescentes.
La argumentación que aquí se ensaya es, por tanto, la siguiente. Se intenta demostrar:
1) que el actual modelo denominado garantista no lo es, sino sólo en ciertos aspectos puramente formales, y que esa paradójica ausencia de garantismo está en función del mantenimiento de dos ámbitos diferenciados entre adultos y menores y, en consecuencia, de la tentación permanente de hacer de la edad penal el centro de la discusión en la materia; 2) que la eficacia actual del sistema de menores infractores en la captación de adolescentes que cometen delitos no es significativamente diferente de la que presenta el sistema penal de adultos, con lo que se pretende dejar en claro que, al menos en términos de su capacidad de institucionalización, los dos ámbitos son muy similares; y, 3) que el actual sistema, a pesar de ser denominado garantista, presenta límites claros frente al marco constitucional de garantías, límites que, de subsanarse, aproximarían la justicia juvenil a un modelo penal especial, en el que el calificativo especial supone que por la naturaleza esencialmente vulnerable de los derechos de la
infancia, lo que se necesita son más y no menos garantías que en la jurisdicción penal de adultos.
I. Identidad del modelo “garantista” de la ley de 1991 frente al modelo tutelar de 1974
Como es evidente, la discusión sobre el límite de la edad penal ha significado la simplificación del debate en torno a la necesidad de establecer una política pública capaz de enfrentar el problema que para sí mismos, la sociedad y el Estado representan los niños y adolescentes que entran en conflicto con leyes penales. Si bien es cierto que la reflexión sobre el tema ha supuesto, en los últimos 15 años, un proceso de reforma que se aprecia en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores del 24 de diciembre de 1991, así como en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 30 de mayo de 2000, el problema de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal no ha superado el ámbito estrecho de la disyuntiva que aquí ha sido presentada. Ello puede apreciarse si se tiene en cuenta, como se ha dicho, la ausencia de un debate de fondo sobre la validez de estos modelos frente al marco Constitucional de Garantías.
En la medida en la que la discusión no trascienda hacia este último punto, la atención de la delincuencia juvenil tendrá que seguir anclada en las limitadas posibilidades de argumentación que ofrecen dos modelos que con facilidad son tematizados, o bien como compasivo o como represivo según corresponda juzgarlos (García Méndez, op.cit.).
Sin embargo, no puede negarse que el proceso de la reforma y el desarrollo del debate teórico dado desde entonces a la fecha entre los especialistas, muestra el surgimiento de actitudes que han reforzado la argumentación sobre los límites que frente a una posición de efectivo garantismo presenta la Ley de 1991. Precisamente, frente a esos límites, es que la pretensión de garantismo de dicha ley se revela, más bien, apenas como una propuesta ecléctica.
Como se aprecia en el cuadro 1, las ventajas que supuso el modelo ecléctico frente al tutelar se desdibujan cuando se compara a ambos con un modelo radical de garantías. Sobre las características de éste último modelo se insistirá más adelante; por ahora basta con demostrar que la distinción entre el tutelarismo y el eclecticismo de la Ley Federal de 1991 es apenas de grado y que, no obstante el avance que ésta última representa respecto de la primera, se conserva, como telón de fondo en ambos modelos, la necesidad de un derecho especial de carácter tutelar para atender los problemas de
delincuencia cometidos por niños y adolescentes, lo que, en consecuencia, supone la certeza sobre:
la irresponsabilidad plena de niños y adolescentes; el carácter no penal y, por ende, no determinado de las medidas que deben imponerse a los adolescentes que infringen las leyes penales; el valor predominante de una concepción asistencial sobre una concepción de apego irrestricto al marco constitucional de garantías penales y procesales; el valor referencial de la defensa en un modelo predominantemente asistencial; y, el valor predominante del juicio de “peligrosidad” sobre el juicio de culpabilidad.
Es claro que la reforma de 1991 no problematizó la naturaleza del modelo asistencial de 1974, de modo que, en el fondo, conserva la concepción de quien se encuentra por debajo del límite de edad penal como menor y como objeto de una actitud que lo protege del Derecho Penal. Sus características le aproximan mucho más al modelo tutelar que al garantista, lo que deja claro el resultado, por así decir, gatopardista de la ley vigente.
Lo anterior refuerza la hipótesis de que la atención privilegiada sobre el tema de la edad penal y la continua tentación a reducirla está en función del sostenimiento de un modelo de atención de la delincuencia juvenil que —tutelar o ecléctico— sigue siendo fundamentalmente asistencial. A su vez, cerrando el círculo vicioso, el aparente convencimiento en torno a una aparente benevolencia de los modelos asistenciales frente a una también aparente represividad de los modelos penales, aviva la discusión sobre el límite de edad, manteniéndola en efecto, como un regulador de la intensidad del castigo de probado valor como capital político en las circunstancias adecuadas.
Cuadro 1. Modelos de respuesta estatal frente a la delincuencia de adolescentes en México
Modelo Tutelar (inspirado en la reforma de
Modelo Ecléctico (inspirado en la reforma de
Predominantemente asistencial con elementos formalmente garantistas
Sistema de responsabilidad penal sujeto al régimen constitucional de garantías
Inimputable e irresponsable
Inimputable pero sujeto de responsabilidad penal limitada
No hay delito sino una línea que va del estado de peligro a las faltas administrativas
No hay delito sino faltas administrativas que en los adultos constituyen delitos
Se remite a los delitos tipificados en el Código Penal
Basta con acreditar estado de peligro
Comisión de faltas que en los adultos constituyen delitos
Violación al Código Penal
No se aplican penas sino medidas de seguridad
Se aplican sanciones penales con base en el principio de subsidiariedad
Determinada con base en límites máximos no proporcionales a la falta cometida
Determinada con base en los principios de proporcionalidad abstracta y concreta
No hay derecho a la defensa
Derecho a la defensa destinado a la verificación de la comisión de la falta imputada (modelo procesal inquisitorial)
Derecho a la defensa con respeto a los principios de no autoincriminación, de contradicción y de refutación de pruebas (modelo procesal acusatorio)
Evaluación de la personalidad y del estado de peligro
Sujeción a un procedimiento formal para establecer la comisión de la falta
Mecanismo para validar la imposición de la sanción
Resolución del comité técnico sobre la peligrosidad o estado de peligro del adolescente
Resolución de un Consejero sobre la base de la evaluación de personalidad del comité técnico
Sentencia de un Juez obtenida por medio de un juicio con base en los principios de terceridad, prueba y fidelidad a la verdad procesal
Papel que juega el límite de la edad penal
Constituye un criterio para decidir la sujeción al sistema tutelar o al sistema penal
Constituye un criterio para decidir la sujeción al sistema de menores o al sistema penal
Constituye una garantía de respeto a los derechos de los adolescentes reconocidos por la Constitución y por los diversos instrumentos internacionales de protección de esos derechos
Relación con el sistema penal
Identidad y conexividad con límites fundados en el principio de responsabilidad limitada y en la intensidad diferenciada de las penas
II. La política criminal de adolescentes en la capital de la República y en el ámbito federal
Como se ha insistido, el argumento a favor de la disminución de la edad penal suele echar mano de una percepción más o menos generalizada acerca de la laxitud del modelo de menores infractores respecto del sistema penal de adultos, sin tener en cuenta a qué sector de la población realmente se dirigiría esta reforma. Plantear esta medida, en abstracto, puede resultar profundamente inconveniente por
desproporcionada; no debe perderse de vista que en términos reales, una medida como esa significa que adolescentes vayan a compurgar penas a instituciones de adultos.
Una ponderación de la afectación que tendría la disminución de la edad penal puede hacerse tomando como ejemplo el caso del Distrito Federal. Las razones para utilizar este ejemplo tienen que ver con que la capital de la República es en donde se concentra el mayor número de adolescentes sujetos a medidas, y con que, al ser el Consejo de Menores del Distrito Federal un órgano federal, allí se registran también los datos relacionados con delitos de ese fuero. Con esa finalidad, se analiza enseguida la información que en los últimos 11 años ha reportado el Consejo de Menores del Distrito Federal.
Los datos crudos, referidos a la población de adolescentes sujetos a medidas según sexo, edad y tipo de delito, se transformaron en tasas por cada 10 mil habitantes; en todos los casos se utilizó como parámetro demográfico la cantidad de población registrada a la mitad del año para cada grupo etario en el Distrito Federal, de modo diferenciado entre los 11 y los 17 años y de modo indiferenciado de los 18 en adelante. 3 Desde luego, cabe hacer una consideración general previa: las cifras que aquí se presentan no reflejan la fenomenología de la delincuencia asociada con adolescentes; por ahora, los datos que permitirían valorarla son incognoscibles, dada la ausencia de encuestas de victimización que detecten este fenómeno. Por lo demás, el interés que aquí se persigue es el de conocer cuántos adolescentes han sido sujetos a medidas, cuáles son sus características de género y edad y por qué delitos están en esa situación.
Lo que esta descripción ofrece es, como se verá, una ponderación del sector en el que se está enfocando la política criminal de adolescentes con la finalidad de evaluar las consecuencias de una disminución de la edad penal en el escenario actual de convivencia de un modelo punitivo para adultos y otro asistencial para menores. Los resultados se muestran a continuación.
III. La política criminal contra adolescentes infractores de leyes penales en relación con la de adultos. Tasas de sanción en el Distrito Federal
La gráfica 1 muestra la tasa total de adolescentes que se encuentran sujetos a alguna medida de seguridad en el Consejo de Menores del Distrito Federal. La información de la gráfica es anual y, como puede observarse, la población sujeta a medida se ha
3 Todos los datos relacionados con la población fueron obtenidos en la página del Consejo Nacional de Población, ubicada en www.conapo.gob.mx.
tasas x 10,000 hab.
incrementado, más allá del promedio, a partir del año 2000. La tasa de sujeción a medidas pasó de 14 jóvenes por cada 10 mil habitantes entre los 11 y los 7 años en 1994 a un poco más del doble en 2004, donde alcanzó la cifra de 30 sobre 10 mil. Cabe hacer notar que esta última cifra es menor que el máximo histórico de la serie, registrado en 2003, cuando la tasa de adolescentes sujetos a medida fue 33.
Aun cuando el incremento en la última década fue de un poco más del 100 por ciento, si se considera la presencia de valores extremos en ambos lados de la gráfica, resulta mejor tomar como referencia el promedio, que es de 24 adolescentes por cada 10 mil personas de su edad; así, la desviación respecto del promedio en los últimos cuatro años ha sido de 6 puntos, lo que representa un incremento del 20 por ciento.
Gráfica 1. Adolescentes sujetos a medida en el Consejo de Menores del D.F.
Con la finalidad de tener un parámetro que permita valorar mejor qué significa este incremento, es posible considerar como referente la población de adultos que fue sentenciada por haber cometido un delito en el Distrito Federal. La idea es obtener una proporción que indique si ha ocurrido o no un incremento significativo en el número de adolescentes sujetos a medida respecto del número de adultos sentenciados a una pena. 4
4 Los datos de sentenciados por delitos cometidos en el Distrito Federal fueron obtenidos del texto Estadísticas Judiciales en Materia Penal. Cuaderno 12. México: INEGI, 2004. En esa publicación están disponibles las series entre 1998 y 2003, razón por la cual la comparación inicia en ese año. Los datos correspondientes a 2004 se obtuvieron en la página web de INEGI, en la liga correspondiente a sentenciados por entidad federativa del 2004. Cfr: www.inegi,gob.mx
La gráfica 2 muestra la comparación entre el número absoluto de adolescentes y de adultos sancionados y, como se puede apreciar, la distancia es notable. Si se divide el número de adultos sentenciados entre el de adolescentes sujetos a medida, se obtiene la proporción entre ambos: como se ve en la gráfica 3, dicha proporción es de 1 a 6 en promedio en los últimos siete años y sólo en 2003 la proporción de adolescentes aumentó de 1 a 5. Esta información nos permite saber que a pesar de las variaciones en la tasa de adolescentes sujetos a medida, la política de aplicación de medidas en relación con la imposición de penas a adultos se ha mantenido constante.
Gr á f ic a 2 . Compar a t iv o de
sa nc iones e nt r e adol esc ent es y adul t os
( va lor es a bsolut os)
Gráfica 3. Proporción entre adolescentes y adultos sancionados
Hasta este punto, la información nos deja ver que la aplicación de medidas a adolescentes se ha incrementado más del 100 por ciento en la última década, que, respecto al promedio de la serie, ese incremento es del 20 por ciento en los últimos cuatro años, y que, sin embargo, en relación con los adultos sentenciados, la proporción no ha variado en siete años.
Si, por otro lado, con la finalidad de saber qué significan estos datos en relación con los grupos de edad a los que están referidos, se comparan las tasas de sanción/aplicación de medidas entre adolescentes y adultos, se obtiene la gráfica 4.
Gráfica 4. Comparativo de sanciones/medidas a adultos y adolescentes (tasas x 10, 000 hab.)
tasa x 10,000 hab.
Como puede observarse, la tasa de ambos registros es muy próxima y de hecho, desde el 2000, la distancia no es mayor de tres puntos porcentuales; más aún, en 2003, la tasa de adolescentes superó a la de adultos en 2 por ciento.
Con base en los datos aportados por las gráficas 1 a 4 podemos arribar a una primera conclusión importante: la política criminal dirigida a adolescentes no ha sido sustancialmente diferente a la dirigida a los adultos, o por lo menos han dado resultados muy similares.
De ahí que pueda afirmarse que no se persigue mucho más a los adultos que a los adolescentes y, por lo menos a juzgar por los datos oficiales, que la probabilidad de ser institucionalizado cuando formalmente se ha cometido un delito es muy similar, sin importar si se es adulto o adolescente.
Las cifras oficiales, por tanto, desmienten la idea de que, al menos en términos de la frecuencia con la que se aplica una sanción, el ámbito destinado a los menores infractores sea más benévolo que la jurisdicción penal de adultos.
IV. Selectividad del control institucional: género y edad en la aplicación de medidas a adolescentes en el Distrito Federal
La frecuencia con la que se sanciona a hombres y mujeres, así como la edad a la que se les aplica la sanción, constituyen indicadores de la selectividad del sistema de “justicia de menores”. Cabe afirmar que no se trata de una valoración cualitativa sino, más bien, de una ponderación cuantitativa que permite conocer la frecuencia con la que el sistema sanciona a personas de sexo masculino respecto de las de sexo femenino y a qué edades lo hace. Las gráficas 5 y 6 presentan la tasa de adolescentes sancionados según esta variable; la primera, indica los valores para los varones y, la segunda, para las mujeres.
Lo primero que llama la atención es la similitud de la gráfica 5 con la gráfica 1, lo que demuestra que la cantidad total de sujeciones a medidas está determinada fundamentalmente por las aplicadas a los hombres. Enseguida, destaca que la tasa de sujeción a medidas aplicadas a hombres ha venido en aumento desde 1994, y en el 2004 se colocó 9 puntos arriba del promedio, que para toda la serie se ubica en 43 por 10 mil. Como se ve, también en esta gráfica es notorio que el máximo histórico está en el registro de 2003, cuando la tasa que se analiza alcanzó una magnitud de 60, es decir, 17 puntos porcentuales por encima de la media.
Gráfica 5. Ingresos al Consejo de Menores
(varones tasa x 10,000 hab.)
Por su parte, la tasa de sujeción a medidas aplicadas a mujeres prácticamente no ha registrado incrementos; en la mayoría de los casos se ha mantenido igual o menor que el promedio. El único registro sobresaliente es el de 1997 cuando la tasa se elevó a seis por cada 10 mil adolescentes mujeres sancionadas. Como se ve en la gráfica, se trata de una tasa realmente baja que ha permanecido sin cambios significativos.
Gráfica 6. Ingresos al Consejo de Menores (mujeres, tasa x 10,000 hab.)
Esta aseveración se hace más clara si se comparan las tasas de sujeción a medida entre hombres y mujeres. La gráfica 7 muestra la distancia entre unos y otras; de acuerdo con los datos, en promedio, la proporción en los últimos 11 años ha sido de 1:9, lo que significa que, por cada adolescente mujer, el Consejo de Menores ha sancionado a 9 varones. Nuevamente, como se observa en la gráfica 8, entre 2002 y 2004 la proporción aumenta a favor de los hombres pues es, en los primeros dos años, de 1:12, y, en el último, de 1:11.
Gráfica 7. Comparativo hombres y mujeres
(tasas x 10,000 hab.)
Gráfica 8. Proporción entre hombres y mujeres
En lo que se refiere a la edad, la gráfica 9 muestra la composición del total de adolescentes sancionados en relación con esta variable. Como puede observarse, la aplicación de medidas recae mayoritariamente en los jóvenes de entre 15 y 17 años. Si se trasladan estos datos a una gráfica de barras de 100 por ciento se puede verificar que, en efecto, tanto los adolescentes de 11 a 13 años, así como los de 18, no suponen grupos significativos, pues representan porcentajes menores al cinco por ciento. De los 14 en adelante, estos porcentajes se incrementan y, como se ve en el propio gráfico, la mayoría la constituye siempre el grupo de quienes tienen 17 años (ver gráfica 10).
Gráfica 9. Ingresos totales por edad
Grafica 10. Proporción de sujeción a medidas según edad
La selectividad del sistema se dirige, por tanto, de modo prioritario a varones, en
especial a quienes tienen entre 14 y 17 años.
V. Delitos por los que se sancionó a los adolescentes sujetos a medida en el Consejo de Menores del Distrito Federal
La frecuencia de registro en los comportamientos que han dado lugar a las medidas aplicadas a los adolescentes permite observar otro ángulo de la selectividad del sistema, es decir, posibilita conocer cuáles han sido los comportamientos que con mayor asiduidad son captados. Sobre este punto, la gráfica 11 no deja duda respecto de que la mayoría de los delitos captados se refieren a robos simples, robos con violencia y tentativa de robo. En términos generales, ello concuerda también con los delitos que capta de modo predominante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Aunque no se trata de cifras comparables, pues una se refiere a jóvenes ya sancionados y la otra a presuntos delincuentes, la relación es relevante si se tiene en cuenta que es el Ministerio Público la institución que capta a los presuntos responsables de la comisión de delitos en la capital del país. Una vez que el agente del Ministerio Público verifica que se
trata de una persona menor de edad, lo remite al Consejo de Menores, pero esto suele ocurrir una vez que han sido actuadas ya una serie de diligencias que, aportadas también al Consejo, constituyen, en los términos de la ley vigente, prueba plena ante el Consejero, lo que significa, en términos prácticos, que cada remisión terminará en la aplicación de una medida.
Sin que la relación pueda probarse indubitablemente, es razonable suponer que el tipo de delitos que llegan a conocimiento del Consejo de Menores sea muy similar al captado por el Ministerio Público del Distrito Federal, por lo menos en lo que se refiere a los delitos del fuero común.
Gráfica 11. Tasas de institucionalización según delito
Sólo para ilustrar este argumento, la gráfica 12 muestra cómo la mayoría de las denuncias recibidas por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal son, en efecto, robos seguidos por lesiones y con registros muy bajos, homicidio y violación. La similitud con la gráfica 11 es notoria, donde, en ese mismo orden, se presentan como mayoritarios los robos, seguidos de las lesiones y con registros muy bajos, el homicidio y la violación.
Gráfica 12. Denuncias registradas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Para tener una idea más próxima de la fenomenología de la imposición de medidas, en relación con los delitos por los que son sancionados los adolescentes, es posible dividir los registros en cuatro grupos: delitos patrimoniales (gráfica 13), delitos violentos (gráfica 15), delitos sexuales (gráfica 16) y delitos que pueden estar relacionados con delincuencia organizada (gráfica 17).
En lo que se refiere a los delitos patrimoniales, la gráfica muestra el predominio del robo calificado sobre el robo simple y la tentativa. La proporción entre el robo calificado y el robo simple se duplicó entre 1994 (1:3) y el 2001 (1:6) y luego casi se quintuplicó para el 2004 (1:14), en relación con la de 10 años antes (ver gráfica 14).
Gráfica 13. Delitos patrimoniales
tasa x 10000 hab.
Gráfica 14. Proporción entre robo calificado y robo simple