Source: https://rafaelhpagan.com/2015/03/25/privatizacion-del-agua-utilidad-publica-y-generacion-de-energia-electrica/
Timestamp: 2017-12-11 22:44:32
Document Index: 42143493

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 67', 'Artículo 10', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 8', 'Artículo 70', 'Artículo 74', 'Artículo 233', 'Artículo 9', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181']

Privatización del Agua, utilidad pública y generación de energía eléctrica – Rafael Humberto Pagán Santini
Privatización del Agua, utilidad pública y generación de energía eléctrica
Publicado el 25 marzo, 2015 de Rafael-Humberto Pagán-Santini
Por: Susana Edith Rappo Miguez
El tema de la privatización del agua se encuentra en el debate nacional, da ahí que, aun teniendo mayoría en la cámara de Diputados el PRI-PAN y PVEM no se arriesgan a aprobar el proyecto de ley por la vía rápida, más en los tiempos electorales que vivimos. Sin embargo, el uso y la posesión de este recurso natural es algo que se venía transformando desde finales de la década de 1970. En México, el despertar mundial de los problemas medioambientales vino acompañado del agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y en el desarrollo estabilizador, de fuerte injerencia estatal. En relación al agua, el consenso creciente sobre la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, el presunto desperdicio en la agricultura y en las ciudades facilitó cambios drásticos en la manera en que el Estado mexicano pretendió concebir y manejar esta parte del medio natural (Aboites-Aguilar, 2009). Las “Cumbre de la Tierra” tanto la de Estocolmo como la de Río de Janeiro sirvieron para justificar estos cambios en aras del costo-beneficio en el uso del recurso natural y, recientemente como garantía del respeto al derecho humano del agua.
Existen varios indicadores que señalan el abandono al modelo de uso de agua que se venía desarrollando desde la década de 1970, el cual el investigador Luis Aboites-Aguilar lo denomina “el agua de la nación”, para ser sustituido por el modelo del agua “mercantil-ambientalista” (Aboites-Aguilar, 2009). Entre ellos se encuentran la desaparición de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en el 1976, la creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 1989, la expedición de la nueva ley de aguas nacionales en 1992, pero sobretodo, señala Aboites-Aguilar, la decisión federal de cobrar por el uso del agua en 1985, cosa que no se hacía desde 1929.
Como ejemplo de los cambios en la política del agua sustentados jurídicamente, el investigador Aboites-Aguilar retoma parte del informe de la CNA en 1993:
“Las reformas fiscales de 1993 dejaron sentados principios fundamentales. Por un lado, quedó establecido que el agua tiene un valor económico y que todos los usuarios del recurso, por el simple hecho de serlo, debe contribuir a su disponibilidad física. Por otro lado, se asoció el valor económico del agua a su disponibilidad física; así quedó establecido un sistema de precios del agua, en función de los balances hidráulicos en las distintas cuencas del país” (Agua, 1993).
El Proyecto de Ley General de Aguas presentado por las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos (Legislatura, 2015) es sólo la profundización que da continuidad al modelo económico neoliberal iniciado en la década de 1980, que mantiene y sustenta el concepto del valor económico del agua. En el Artículo 10, fracción LXV se establece que: “Valor Económico del Agua -Es la aportación económica y ambiental que genera el uso del recurso hídrico en las actividades humanas y productivas; considerando su disponibilidad en cantidad y calidad, su costo de oportunidad, y el costo que representa su extracción, tratamiento y distribución”. Sin embargo, es interesante resaltar que hasta el momento los legisladores neoliberales no se han atrevido a reformar la Constitución haciendo del agua un objeto más a la venta. Al día de hoy, de acuerdo al artículo constitucional 27, el agua es de la Nación.
El precio del Planeta
En lo referente al valor económico del agua y al cobro de tarifas e impuestos el Proyecto de Ley General de Aguas presentado es bastante claro al respecto. Los artículos de Ley concernientes al tema señalan que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales o estatales, así como de la infraestructura hidráulica sean sostenibles y autosuficientes económicamente. Además del Título Décimo, denominado “Financiamiento del Sector de los Recursos Hídricos”, el cual establece los criterios para la fijación de tarifas que aseguren la sostenibilidad del servicio, a través de todo el Proyecto Ley queda debidamente establecido el pago por el uso del agua. Por ejemplo, el Artículo 67 dice: A fin de instrumentar las bases, establecidas en la presente Ley, los estados y el Distrito Federal podrán homologar y unificar la prestación de los servicios públicos previstos en este Capítulo. Dicha unificación considerará la naturaleza prestacional de los servicios públicos, su autosuficiencia y sostenibilidad. ( a pie de página se incluyen otros artículos del proyecto de Ley que reafirman dicha posición)[1].
Lo anterior nos sirve para ilustrar que el objetivo del Proyecto de ley no es el de poder cobrar por los servicios del agua dado que su valor económico ya había sido establecido desde el 1985. En cambio, este Proyecto de Ley si sirve para generalizar en el país el otorgamiento de concesiones a particulares para la distribución y cobro de tarifas por el servicio de agua entubada, aunque la llamen agua potable. El objetivo lo debemos buscar en la sección que habla de la utilidad[2]y del interés público[3], sobretodo porque al hablar de utilidad pública se está hablando de expropiación. Situación algo contradictoria, ya que el agua es de la Nación. ¿Cuáles son las intenciones de los legisladores al incluir artículos de Ley que abren el camino hacia la expropiación?
Si leemos cuidadosamente el Proyecto de Ley notaremos que en ningún lugar de este documento se menciona que se otorgará el “título de propiedad” del agua a alguien en particular. En todo momento se reconoce que las aguas son propiedad de la Nación, como está debidamente establecido en los artículos 4 y 5 de este mismo Proyecto. Lo que el legislador deja entrever en este Proyecto de Ley es que lo que se va a expropiar es la “TIERRA” dónde se encuentra el agua. La tierra se repartió hace décadas y se encuentra en posesión de particulares o de ejidatarios, y estos poseen, en su mayoría, títulos de concesión para uso del agua. Al legislador no le interesa que el Estado inicie juicios de cancelación de concesiones para implementar lo que se señala como interés público en el Proyecto de Ley, simplemente expropiará las tierras donde se encuentre el agua y se la dará a particulares para que sean ellos los que desarrollen la utilidad y el interés público, establecido en el Proyecto de Ley. Así de simple.
Extrayendo de las resoluciones de La Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos decir que en cuanto al concepto de utilidad pública, ésta ha sustentado el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social.
Figura de la expropiación de las TIERRAS
Así, la Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública comprende no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra pública; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional[4]. Por tanto, la Suprema Corte avala el otorgamiento a particulares de los proyectos públicos.
Siguen las justificaciones de la privatización
Por si existe alguna duda sobre la inclusión privada en la administración del uso del agua nacional el Artículo 10, fracción XXXVI señala que, el Prestador de Servicios es: “Ente público o privado que tiene a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en términos de la normatividad aplicable;”. Además, en el CAPÍTULO II, Participación Social y Privada, los artículos siguientes señalan:
Artículo 80. En el ámbito de su competencia las autoridades deben fomentar, la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé este Capítulo, en los términos que disponga la ley.
Los títulos de concesión y los contratos de asociación público-privada y demás instrumentos de carácter municipal, local, estatal y en su caso federal que concierten la participación privada y social en la prestación de los servicios públicos.
Artículo 81. La participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé este Capítulo podrá incidir en sus diversos elementos, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. En todo caso el prestador de esos servicios será responsable de su actividad en los términos que disponga la ley.
Planta hidroeléctrica, puede verse lo fundamental que es el agua para su funcionamiento
Sin embargo, para obtener ganancias en alguna de estas funciones no se requiere ser dueño de la tierra. La tierra se requiere cuando se vincula la reforma energética con la ley de agua. Por ejemplo, Artículo 8, fracción XV. “El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos”. Una de las necesidades urgentes del modelo de desarrollo económico que impera en el país es la de generar electricidad, ya sea por termoeléctricas o hidroeléctricas. La generación de energía alterna a la de fósiles, como la del petróleo, es una demanda urgente a nivel mundial. En el Capítulo IV del Proyecto de Ley, en Uso en Generación de Energía Eléctrica, también se incluye la explotación, uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales para la generación de energía eléctrica. Esta es una de las razones del por qué se encuentra en la lista de la utilidad pública la generación de electricidad[5].
Planta termoeléctrica, La central térmica utiliza vapor de agua para mover las turbinas
De acuerdo a la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM), la geotermia es el calor almacenado y generado en el interior de la tierra, cuya fuentes últimas son el decaimiento radiactivo de minerales de las rocas de la corteza y el calor remanente de la formación del planeta. El potencial técnico global para usos eléctricos se ha estimado entre 174 y 421 exajoules (EJ) anuales entre los 0 y los 5 km de profundidad, mientras que el potencial técnico para usos directos del calor se estima entre 10 y 312 EJ anuales. Como medida comparativa, el consumo mundial de energía primaria en 2010 fue de 532 EJ. Además, la AGM señala que los yacimientos geotérmicos comercialmente utilizados hasta la fecha para generar energía eléctrica son los de tipo hidrotermal y ubicación continental. Un yacimiento geotérmico hidrotermal se compone de una fuente de calor, un acuífero y la llamada capa sello. La fuente de calor es generalmente una cámara magmática en proceso de enfriamiento. El acuífero es cualquier formación litológica con la permeabilidad suficiente para alojar agua meteórica percolada desde la superficie. Hay varios campos geotérmicos identificados en México, cuatro de las cuales se encuentran actualmente bajo explotación con una capacidad total instalada de 1017.4 MW netos, lo que representa casi el 2% de la capacidad eléctrica total del país operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el denominado servicio público de energía eléctrica: Cerro Prieto, B.C., con 720 MW, Los Azufres, Mich., con 194 MW, Los Humeros, Pue., con 93.4 MW, Las Tres Vírgenes, B.C.S., con 10 MW y Cerritos Colorados, Jal., sin plantas en operación pero con varios pozos perforados y un potencial evaluado por la CFE en 75 MW,http://www.geotermia.org.mx/geotermia/?page_id=688.
Modelo esquemático de un sistema geotérmico de tipo hidrotermal, Asociación Geotérmica Mexicana
El Proyecto de Ley General de Aguas tiene como una de sus prioridades la generación de energía y para eso requiere expropiar las tierras donde se encuentre el agua que será utilizada en las termoeléctricas, hidroeléctricas o en las geotérmicas hidrotermales. Aquí no se está hablando de los 50-100 litros diarios para consumo doméstico que se le otorgarán al usuario, a fin de cumplir con el requisito de Ley de los derechos humanos. Se trata del consumo de millones de litros de agua diarios que nunca se volverán a ver y donde la riqueza generada por la desposesión de este recurso natural no servirá para mejorar la calidad ni la cantidad de vida de millones de mexicanos que viven a nivel de pobreza.
Aboites-Aguilar, L. (2009). Estado pequeño pero (muy) ambientalista. En L. Aboites-Aguilar, La decadencia del agua en la nación (págs. 85-98). México: Colegio de México.
Agua, C. N. (1993). Informe 1989-1993. México: CNA.
[1]Artículo 70. El órgano, entidad o dependencia gubernamental de cada entidad federativa que debe regular, vigilar y supervisar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tendrá las atribuciones siguientes:
VIII. Proponer la composición de los sistemas para el cobro de contribuciones, aprovechamientos, cuotas y tarifas a fin de consolidar la viabilidad, autosuficiencia y sostenibilidad de los prestadores de esos servicios;
Artículo 74. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales tienen una naturaleza prestacional que deriva de la contraprestación, cuota o tarifa que se paga de manera periódica para su recepción por parte del usuario.
Para el fortalecimiento del sector hídrico la liquidación, determinación, cobro y facturación de la contraprestación, cuota o tarifa cumplirá con los principios de transparencia, oportunidad y eficacia.
Artículo 233. El financiamiento del sector de los recursos hídricos tiene por objeto captar, gestionar y asignar de manera eficiente, sostenible, equitativa, proporcional, integral y coordinada los recursos económicos y financieros indispensables para que la Federación, entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia, garanticen el derecho humano al agua y cumplan los fines de esta Ley, a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios relacionados.
[2]LEY GENERAL DE AGUAS, Disposiciones Generales
I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de cuencas y acuíferos, como prioridad y asunto de seguridad nacional;
II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas, acuíferos y bienes públicos inherentes;
III. La infiltración natural y la artificial o la disposición de aguas al suelo o subsuelo, la recarga artificial de acuíferos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas;
IV. El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros;
V. La medición de la cantidad y calidad de las aguas nacionales y del ciclo hidrológico en todas sus fases;
VI. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las cuencas y acuíferos, incluidas las limitaciones y el control de la extracción y uso de las aguas nacionales mediante vedas, reglamentos específicos y reservas;
VII. El cambio en el uso del agua para destinarlo al doméstico y al público urbano, a fin de garantizar el derecho humano al agua;
VIII. El restablecimiento y conservación de los ecosistemas vinculados con el agua;
IX. La eficiencia y modernización de los servicios de agua potable para contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social, a fin de alcanzar la gestión eficiente e integrada de los recursos hídricos;
X. La construcción, conservación, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, ampliación, administración y operación de la infraestructura hidráulica, especialmente la necesaria para alcanzar la cobertura universal en servicios de agua potable y de saneamiento;
XI. La prevención, control y mitigación de la contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo, además de la construcción y operación de obras para esos propósitos, incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales;
XII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, su recirculación y reúso;
XIII. El establecimiento de distritos y unidades de riego; distritos y unidades de temporal tecnificado, así como la adquisición de las tierras y demás bienes inmuebles necesarios para integrar las zonas de riego o drenaje;
XIV. La prevención y atención de los efectos de fenómenos hidrometeorológicos que ponen en riesgo a personas, áreas productivas o instalaciones;
XV. El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos;
XVI. La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación,mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren, y
XVII. Las que determine la Ley de Expropiación.
[3]Artículo 9. Se declara de interés público:
I. Las cuencas y los acuíferos, como las unidades territoriales básicas para la gestión integrada de los recursos hídricos;
II. La gestión de los recursos hídricos por cuenca o acuífero, con la participación de los tres órdenes de gobierno, concesionarios, usuarios y ciudadanía;
III. El conocimiento del ciclo hidrológico en todas sus fases para la gestión integrada de los recursos hídricos;
IV. La realización periódica de inventarios de usos y concesionarios, cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y equipamiento diverso;
V. La atención prioritaria de la problemática hídrica en acuíferos, cuencas y regiones hidrológicas con escasez del recurso;
VI. La prevención, conciliación, mediación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia del agua y su gestión;
VII. El control de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo;
VIII. La sustentabilidad ambiental y la valoración social y económica de las aguas nacionales en las políticas, programas y acciones en materia de gestión de los recursos hídricos;
IX. La eficiencia y modernización de las áreas bajo riego, particularmente en distritos y unidades de riego, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos;
X. La desalinización como fuente alternativa para garantizar el derecho humano al agua y otros usos productivos;
XI. La organización de los concesionarios, usuarios, asociaciones civiles y organismos públicos y privados prestadores de servicios públicos de agua potable, así como su vinculación con los tres órdenes de gobierno;
XII. La prevención de la sobreexplotación de cuencas y acuíferos;
XIII. La sustentabilidad hídrica en cuencas y acuíferos, y
XIV. La atención preventiva al cambio global y mitigación de sus impactos, especialmente las sequías e inundaciones.
[4]1012237. 945. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte – SCJN Vigésima Quinta Sección – Otros derechos fundamentales, Pág. 2228. http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012237.pdf
[5]. TÍTULO SÉPTIMO, USOS DE LAS AGUAS NACIONALES, CAPÍTULO IV, Uso en Generación de Energía Eléctrica
Artículo 178. El título de concesión de agua que otorgue la Comisión, con base en la evaluación del impacto ambiental y la programación hídrica, establecerá el volumen destinado a la generación de energía eléctrica y enfriamiento de plantas.
Artículo 179. El Ejecutivo Federal determinará si las obras hidráulicas correspondientes al sistema hidroeléctrico deben realizarse por la Comisión o por la Comisión Federal de Electricidad.
La Comisión podrá usar o concesionar la infraestructura a su cargo para generar la energía eléctrica que requiera y también podrá disponer del excedente, en los términos de la ley aplicable conforme a la materia.
Artículo 180. Las personas físicas o morales requieren concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales con el objeto de generar energía eléctrica, en términos de la ley de la materia.
Artículo 181. Los interesados en realizar trabajos de exploración para generación de energía eléctrica mediante geotermia, deben solicitar a la Comisión permiso de obra para los pozos exploratorios.
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, requiere de concesión, y de autorización en materia de impacto ambiental.
En adición a los requisitos para el otorgamiento de concesiones, el interesado debe presentar a la Comisión los estudios del yacimiento geotérmico hidrotermal que determinen su localización, extensión, características y conexión o independencia con los acuíferos adyacentes o sobreyacentes.
Los estudios y exploraciones realizados por los interesados deben determinar la ubicación del yacimiento geotérmico hidrotermal con respecto a los acuíferos, la probable posición y configuración del límite inferior de éstos, las características de las formaciones geológicas comprendidas entre el yacimiento y los acuíferos, entre otros aspectos.
Si los estudios demuestran que el yacimiento geotérmico hidrotermal y los acuíferos sobreyacentes no tienen conexión hidráulica directa, para el otorgamiento de la concesión, la Comisión no considerará la disponibilidad de agua de los acuíferos ni la normatividad relativa a las vedas, reglamentos específicos y reservas, respectivas.
La Comisión otorgará la concesión sobre el volumen de agua solicitado por el interesado y establecerá un programa de monitoreo a fin de identificar afectaciones negativas a la calidad y cantidad del agua subterránea, a las captaciones de la misma o a la infraestructura existente derivadas de la explotación del yacimiento deberá cumplir con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos aplicables.
Se requerirá permiso de descarga y autorización en materia de impacto ambiental cuando el agua de retorno se vierta a cuerpos receptores que sean aguas nacionales y demás bienes nacionales o cuando se trate de la disposición al subsuelo de los recortes de perforación. La reincorporación del agua de retorno al yacimiento requiere permiso de obra para el pozo de inyección.
Las concesiones que regula este artículo, podrán ser objeto de modificación en caso de alteración de los puntos de extracción o inyección, redistribución de volúmenes y relocalización, reposición y cierre de pozos, para lo cual el concesionario debe presentar la solicitud que cumpla los requisitos que establece el Reglamento.
Publicado en PolíticaEtiquetado adaptación, Asociación Geotérmica Mexicana, Cumbre de la Tierra, generar electricidad, geotérmicos hidrotermales, Geotermía hidrotermal, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, PRI-PAN y PVEM, Proyecto de Ley General de Aguas, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Uso en Generación de Energía Eléctrica, Valor Económico del Agua, ya sea por termoeléctricas o hidroeléctricas
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2 comentarios en “Privatización del Agua, utilidad pública y generación de energía eléctrica”
Jose Vasquez	 26 marzo, 20157:23 pm	 Responder
Te falta agregar que para el fracking se requieren millones de litros de agua potable mismos que al estar el agua en manos de privados será más fácil disponer del líquido que se supone es de la nación. Además de sé contaminaran los mantos acuiferos.
Pagán-Santini Rafael-Humberto	 26 marzo, 20158:10 pm	 Responder
El tema del fracking lo vamos a tocar a parte, ya que no tan sólo es un robo a la Nación sino la destrucción de miles de hectáreas de terreno