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Timestamp: 2020-01-22 10:42:34
Document Index: 208966936

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 506, de 19/02/2014
cve: DSCD-10-CO-506
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 506
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 19
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Número de expediente 127/000003) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión convocada para el día de hoy. Antes de empezar a tratar los asuntos incluidos en el orden del día quiero hacerles una consideración y es que no va a tener lugar la celebración de la comparecencia que estaba prevista para el día de hoy por la imposibilidad de asistencia del director de la Agencia de Protección de Datos; la celebraremos en otra sesión, probablemente el día 12 de marzo, fecha en la que tendremos nueva sesión de la Comisión para esta comparecencia y para algunos otros asuntos que puedan incluirse en el orden del día.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000003).
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, el primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿Queda ratificada? (Asentimiento). Queda ratificada la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la citada reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Voy a conceder un turno a favor del dictamen, otro turno en contra del mismo y posteriormente los distintos grupos fijarán posiciones al respecto. El Partido Socialista me ha indicado que intervendrán dos personas.
Tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, con la venia.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender el informe realizado por la ponencia sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Como saben, la intención de las Cortes de Castilla-La Mancha, elegidas democráticamente y que adoptaron su acuerdo por mayoría de votos -esto parece una redundancia, pero vivimos tiempos en los que parece necesario recordar lo obvio-, es la pretensión de reducir el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha de los 47 a 59 actuales a una horquilla de entre 25 y 35 diputados. El Parlamento de Castilla-La Mancha ha fundamentado la propuesta que remite a esta Cámara en una razón de austeridad, para empezar. Son muchos los esfuerzos que se están pidiendo a los ciudadanos de nuestra región derivados de la crisis económica en la que el anterior partido gobernante dejó sumida a la región y, puesto que son tantos los sacrificios que se piden, es el poder político el primero que tiene que dar ejemplo apretándose también el cinturón. En ese sentido, se han tomado medidas institucionales muy serias, como la supresión de instituciones que están duplicadas con el Estado. Se ha suprimido el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla-La Mancha, se ha suprimido el Consejo Económico y Social de la región, se ha suprimido el Defensor del Pueblo, se ha suprimido la Sindicatura de Cuentas, y ahora es el turno de que el Poder Legislativo, después de que el Gobierno también hiciese un enorme esfuerzo de austeridad suprimiendo direcciones generales, suprimiendo delegados provinciales, se aplique esta política de austeridad y reduzca el número de diputados. Esta reducción del número de diputados es plenamente legal y constitucional, en contra de lo que se manifestó por algunos miembros de la ponencia. No existe punto alguno de la Constitución, no existe artículo alguno en la Constitución que diga cuántos diputados ha de tener un Parlamento regional. Ninguno. Por tanto, la elección puede ser de tener entre 25 y 35, como aquí se propone, de tener entre 47 y 59, como hay en este momento, o de tener los más de 100 que tiene Andalucía, Madrid o Cataluña. Por tanto, no existe mandato alguno. Es el legislador el que tiene perfecta posibilidad de decidir cuál es el número de diputados; el legislador orgánico y, en este caso, también el legislador autonómico.
Esta es la propuesta que nosotros traemos. Cumple con todos los requisitos de legalidad, se cumplen los requisitos de proporcionalidad o se permite esa proporcionalidad y, en todo caso, se han introducido en el debate cuestiones que son absolutamente ajenas a este que hoy nos ocupa. En la ponencia,
señorías, se habló de la dedicación exclusiva o no de los diputados, de la percepción o no de un sueldo por parte de los diputados y del modo de distribuir esos diputados entre las distintas provincias. No es algo que nos afecte aquí. Lo que las Cortes de Castilla-La Mancha nos han pedido es que les aprobemos una reforma de su Estatuto de Autonomía fijando un número mínimo y un número máximo de diputados, y será el legislador autonómico el que, en uso de las competencias legislativas que le incumben, podrá tomar decisiones sobre todos estos asuntos que acabo de enunciar. Será ese legislador autonómico quien haga una distribución proporcional de los diputados que permita también la adecuada representación de todas las zonas del territorio y será la Ley Electoral la que establezca otros requisitos, y será, en su caso, el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha el que disponga el régimen de dedicación exclusiva o no de los diputados. Pero nosotros en modo alguno podemos interferir en las competencias que son propias de la comunidad autónoma, nosotros no podemos tratar a Castilla-La Mancha como una especie de región intervenida a la que se le sustraen competencias que le son propias, conforme a su Estatuto y conforme a la Constitución, y venir a decidir nosotros lo que es solo competencia suya.
Pido respeto a Castilla-La Mancha (El señor Alonso Núñez: ¡Pero si ya lo tenéis!), respeto que, por supuesto, se va a garantizar en esta Comisión y también en el Pleno, pero respeto también por parte de los grupos parlamentarios, sobre todo de todos aquellos grupos parlamentarios que se llenan la boca en otras ocasiones por defender el derecho a decidir de algunos, solo que, por cierto, no es una capacidad decisoria de ellos, y sin embargo niegan el derecho a decidir a aquellos que sí lo tienen respecto de los asuntos que sí son de su competencia. ¿Es que Castilla-La Mancha es de peor condición que otras? Y, sobre todo, a los señores castellano-manchegos que aquí se sientan, ¿es que tienen tan poco respeto por su tierra que están dispuestos a que otros tomen las decisiones que a nosotros nos incumben? Señorías, espero que se respete a mi región, que se respete a mi tierra, que se le permita tomar las decisiones en lo que a su ámbito de competencia se refiere, y espero, por supuesto, que ningún castellano-manchego presente, deliberante, votante o no, pero al menos presente, consienta que se falte el respeto a mi tierra. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Te habrás quedado a gusto!).
El señor PRESIDENTE: A continuación, voy a dar la palabra a los distintos grupos enmendantes. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: He oído con estupor mal contenido las palabras del portavoz de la ponencia. Pedir "un respeto a mi tierra" es una constante del Partido Popular, y lo sé porque pasa igual en mi tierra, en el País Valenciano, y eso es confundir la comunidad autónoma con sus propios intereses. Esto es lo que subyace, ni más ni menos, detrás de esta reforma del Estatuto.
No hay ninguna justificación seria, de hecho no la ha dado ni ahora ni antes, más allá de intentar perpetuar al Partido Popular en el Gobierno. No hay razones económicas, porque ha hablado el portavoz de que se suprimen organismos, en cambio, han aumentado los cargos de confianza de la propia presidenta, lo que demuestra, en definitiva, la hipocresía de los elementos económicos que dice que subyacen en esta reforma del Estatuto; además, cuando hace apenas un año el propio Partido Popular aumentó el número de diputados. Por tanto, se ve que no responde a un interés serio, sino simplemente al que he señalado en primer lugar: perpetuarse en el poder.
Entendemos que esta reforma es un auténtico escándalo y que no es que se respete la tierra, es que realmente se está atracando la voluntad popular de los castellano-manchegos. Hablo en nombre de pequeños partidos, del Partido Castellano y del Partido de Equo de Castilla-La Mancha y, por tanto, en su nombre hago esta defensa de mi enmienda, una enmienda que, en definitiva, lo único que pretendía era mejorar la calidad democrática de este Estatuto y asegurar la representación de otras fuerzas que, por culpa de leyes electorales absolutamente modificadas y toqueadas, leyes electorales hechas a medida, impiden la representación de fuerzas que con una ley electoral mucho más democrática sí que tendrían acceso a la Cámara.
En definitiva, nuestra enmienda pretende que la circunscripción electoral sea la comunidad autónoma. Si estamos hablando del Estatuto de Castilla-La Mancha, estaría bien que la circunscripción electoral fuera la de la comunidad autónoma. Una persona representaría un voto, y no estaríamos con el baile de los diputados por provincia que ya hemos visto que muchas veces no son representativos porque hay provincias que están sobrerrepresentadas y otras poco representadas. Por tanto, entendemos que si la circunscripción electoral fuera la comunidad autónoma mejoraría la calidad democrática de este Estatuto. Queremos que se mantenga la horquilla de diputados entre 47 y 59 porque esto supondría más
representación, más pluralidad y que opciones a las cuales con esta reforma les va a ser casi imposible saltar esta barrera electoral puedan tener representación.
Por último, que no se establezca ninguna barrera electoral, simplemente que haya una presentación sin barreras porque de esta manera se está impidiendo a una parte significativa del electorado de Castilla-La Mancha que tenga representación. Insisto, no hay ninguna razón seria que justifique esta reforma y, por tanto, desde Compromís-Equo, en nombre del Partido Castellano y de Equo Castilla-La Mancha, mantenemos nuestras enmiendas y decimos que esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, a nuestro modo de ver, es un atraco a la voluntad popular.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Hemos hablado varias veces en ponencia, en Comisión y en Pleno de esta reforma del Estatuto y he de decir que veo que no ha servido para gran cosa y que lamentablemente esta reforma que se nos trae no deja de ser otra más de las desdichadas reformas estatutarias. En su momento se abrió la serie y esta es otra más, y en general se han caracterizado o bien por un abuso ideológico o bien por una cuestión de abuso de poder. Creo que en esta ocasión responde más bien al segundo caso, pero también con elementos de la primera. Voy a explicarlo brevemente. Existen preceptos constitucionales y este Estatuto trata de preceptos constitucionales, porque, aunque la ponencia lo niegue, todos, menos el Partido Popular, entendemos que tiene que ver directamente con la representación electoral y, por tanto, con la conversión de los votos en representación y con el pluralismo político. Como digo, esta propuesta de reforma entra directamente en el campo de determinados preceptos constitucionales que no puede cambiar una mayoría ocasional en un parlamento autonómico. Esta es la cuestión. Y como eso lo sabemos todos, que una mayoría ocasional -ocasional o permanente, no importa- en un parlamento autonómico no puede cambiar la Constitución, ustedes echan balones fuera hablando de cuestiones sentimentales, como el respeto a la tierra y cosas de estas, que desde luego están totalmente fuera de la cuestión. No solo están fuera de la cuestión, sino que no dejan de ser una burla a la cuestión que nos reúne aquí, porque este es el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional. Esta mañana también hemos tenido ocasión de discutirlo, y muchas otras veces, y esa soberanía no está compartimentada ni repartida por parlamentos autonómicos, como sostienen, por otra parte en su derecho, los partidos nacionalistas. Pero resulta que el Partido Popular -y no es la primera vez que trae este argumento aquí- ahora comparte eso sin habérselo explicado a nadie. Ahora resulta que sí, que los parlamentos autonómicos son, por lo visto, soberanos y pueden cambiar la Constitución vía reforma estatutaria, como ocurre en este caso. (Una señora diputada: ¿Pero quién ha dicho eso?) ¿A qué me refiero en concreto, qué tipo de preceptos constitucionales se cambian mediante esta reforma del Estatuto? Uno fundamental, el de la igualdad en el sufragio activo y pasivo. Es decir, desde el momento en que se hace una reforma estatutaria centrada en el número de diputados que hay, en su reparto provincial y, aunque no se cite en la reforma del Estatuto, como consecuencia inmediata, en la reforma de la Ley Electoral que emanará de ahí, de lo que estamos hablando es de una reforma dirigida exclusivamente a las cuestiones no de ahorro, que no tienen nada que ver, porque además sería absurdo -aprovecho para decirlo- que un estatuto de autonomía se reformara por el ahorro. Esto ya es el colmo de lo que tendríamos que escuchar. Un estatuto de autonomía es una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad y solo se puede reformar por cuestiones constitucionales, pero si se quiere hacer, como es el caso, hay que tener la valentía de decirlo y no tratar de ocultarlo bajo un lenguaje de campanarios sobre los derechos de la tierra y cosas completamente inaceptables en cualquier discusión en una democracia parlamentaria. Aquí de lo que se habla es de reducir el número de diputados, de cambiar la composición por provincias de ese número de diputados y de otras cosas parecidas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se está vulnerando el derecho de igualdad al sufragio activo y pasivo. ¿Por qué? Porque se alzan barreras de acceso a partidos que no lleguen a un umbral, un umbral muy difícil de superar para formaciones políticas minoritarias o nuevas. Eso no es algo a reprochar, como hizo el otro día el ponente, que reprochó a los partidos políticos que quisiéramos obtener representación. ¡Dios mío! ¡Aquí se juega!, como dijo en Casablanca el capitán Renault en el casino donde se llevaba su mordida. ¡Pues claro que los partidos políticos existimos y nacemos para dar representación a los ciudadanos! Qué se creían ustedes, ¿que somos ONG para opinar? Pues no. Es lo que ustedes hacen justamente esta tarde al tratar de blindarse a través de una reforma electoral que les asegure el bipartidismo y ocasionalmente, durante un largo periodo, su mayoría. Esto no es aceptable. No lo es cuando además
están implicadas otras reformas de fondo, aunque no vengan aquí expresadas, que ya se han hecho en Castilla-La Mancha, que convierten, como hemos dicho muchas veces, el Parlamento en una reunión de caballeros jubilados y señoras jubiladas que tienen tiempo para echar la tarde discutiendo cosillas. Esto tiene un fondo grave porque significa el desprecio del concepto de autonomía. Es decir, que por una parte criticamos a algunos partidos nacionalistas porque entienden la autonomía como algo distinto -no es autonomía, sino directamente secesión del Estado común y de la ciudadanía común- y por otra ustedes vienen aquí con algo distinto, pero que es peor: convertir las instituciones autonómicas en meras instituciones decorativas vaciadas de competencias, un poco al estilo de lo que ocurrió con la reforma de los ayuntamientos en la Ley de Régimen Local.
Nosotros -lo hemos dicho varias veces- vamos a insistir en esta cuestión. Se trata de una cuestión de principios, algo importante, un ataque al pluralismo político y, por tanto, no tiene un pase. No se puede aceptar y, como no se puede aceptar, si ustedes se empeñan -y lo van a conseguir- en que se apruebe por una mayoría ocasional, como ya les dije en la ponencia, no tengan la menor duda de que otra mayoría más adelante lo volverá a cambiar de una manera más respetuosa con los principios constitucionales. Es más, ustedes mismos están convencidos de que este Estatuto tiene una difícil constitucionalidad, ya que si no no habrían hecho la extraña pirueta que han organizado con la aprobación del proyecto de ley de recurso previo de inconstitucionalidad para que el recurso previo de inconstitucionalidad se aplique a las reformas de los estatutos pero no a esta, casualmente, que queda fuera del procedimiento. Si fuera algo tan constitucional y tan indubitable, nadie entendería que ustedes pusieran ningún problema a que esta reforma del Estatuto fuera previamente examinada por el Tribunal Constitucional.
Hemos presentado tres enmiendas -me imagino el destino que van a tener- que están en consonancia con las de otros grupos de la oposición. La primera tiene que ver con la conversión de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en un distrito electoral único, pues eso permitiría algo que dicen ustedes que está en su espíritu. Nosotros les ofrecemos una solución constructiva y es que haya un mínimo de 35 diputados y un máximo de 47. ¿Por qué? No es un número arbitrario ni caprichoso; es porque de esa manera y con un distrito único por lo menos se podría mantener una proporcionalidad adecuada para las preferencias electorales que ya en muchas elecciones viene expresando la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Ese y no otro debería ser el motivo de la reforma del Estatuto como tal. La segunda enmienda tiene que ver con la aceptación del principio de listas desbloqueadas para mejorar la calidad del sistema electoral y que los ciudadanos puedan señalar sus preferencias en las listas presentadas por los partidos. Y la tercera y última enmienda tiene que ver con que el Estatuto asegure algo que ahora ha sido derogado y es que los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha puedan desempeñar sus cargos con dedicación exclusiva o parcial y sean retribuidos por ello. Les hemos dicho otras veces que cuidado con el argumento, que es puramente antisistema -en este caso de un antisistema libertario, pero no libertario anarquista, sino libertario del mercado forever-, que considera que es mejor un sistema de dietas opacas fiscalmente. No lo es y no se puede aceptar en un país con los problemas de corrupción que tenemos. Esto es un retroceso, es algo serio, no es ninguna broma. No se puede pretender que los diputados sean personas con dedicación parcial y por lo tanto sin régimen de incompatibilidades y que además reciban dietas libérrimas, que el propio órgano, en su caso, decide.
Vamos también a apoyar la mayoría o quizá todas las enmiendas que han presentado los demás grupos de la oposición porque, aunque no coinciden exactamente con las nuestras o bien las del Grupo Socialista son de supresión, consideramos que realmente tiene que quedar claro ante la opinión pública que lo que se está proponiendo aquí es un grave atentado contra el principio de pluralismo político y de igualdad constitucional de sufragio activo y pasivo, que desde luego no puede cambiar una mayoría de un partido político en un parlamento autonómico. ¡Hasta ahí podríamos llegar!
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Tenía una duda razonable. Cuando se inició el proceso, pensé que no se iban a atrever a tirar para adelante con este tema, no ya por si es constitucional o no lo es, que también, sino por una cuestión de sentido común, porque no sé si el sentido común le dice a la gente que en Castilla-La Mancha era necesario reducir prácticamente a la mitad el número de escaños en las Cortes regionales. Alguien decía que si era la presidenta María Dolores de Cospedal la que estaba detrás, teniendo en cuenta que es la secretaria general del Partido Popular, era muy difícil que esto no tirase para adelante. A partir de ahí, no sé si en el resto de comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular van a decidir también reducir a la mitad el número de escaños y asimismo se va a plantear reducir a la mitad el número
de escaños en el Parlamento y en el Senado, en definitiva, en todas las instituciones, por eso del ahorro y de la austeridad, porque también hará falta en el conjunto de comunidades que tengamos políticas de ahorro. Al final, parece que se han empecinado en seguir hacia delante y estamos aquí en este momento. Quieren reducir a la mínima expresión la representatividad democrática en Castilla-La Mancha. Ese es un objetivo central. Hay que afirmar -lo sabemos nosotros y todo el mundo- que Castilla-La Mancha ya venía con un déficit democrático de mucho tiempo atrás. Algunos teníamos el pelo negro todavía -ahora ya lo tenemos blanco- cuando reivindicábamos una reforma democrática en Castilla-La Mancha para que todos los votos tuvieran el mismo valor electoral, porque, por ejemplo, en las últimas elecciones la fuerza política que yo he representado y represento en Castilla-La Mancha ha tenido 44.000 votos y cada escaño del PSOE o del PP ha salido elegido con unos 22.000 aproximadamente. En fin, lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo es por qué no ponemos una media de escaños en Castilla-La Mancha que sea más o menos similar a la media de las comunidades autónomas que son de nuestro nivel. No estamos pidiendo ninguna utopía, ninguna cosa del otro mundo, sino algo que tiene sentido común. Pero, en fin, el pelo se nos ha puesto blanco y eso no ha funcionado. Ahora bien, no creía que pudiéramos ir marcha atrás, y ahora nos encontramos con que todavía vamos marcha atrás. Siempre puede venir alguien que empeore aún más una situación. Es la moraleja que hemos aprendido.
No es un problema económico. ¿De cuánto dinero se trata? ¿Son 2 millones o 1,5 millones de euros lo que se ahorra el erario público de Castilla-La Mancha por quitar veinte escaños de las Cortes? ¿Ese es el problema económico de Castilla-La Mancha, 1,5 millones al año? Ese no es el problema económico, sobre todo cuando se ha incrementado la partida de cargos de libre designación de una manera notable, muy por encima de lo que supone el recorte que se va a hacer del número de escaños en las Cortes. Por tanto, vemos que hay una voluntad de reducir democracia, de impedir y limitar el pluralismo, de evitar el control democrático al Gobierno, de mantener el bipartidismo y de mantener sobre todo el poder. Esa es la opinión y la impresión que tenemos, visto lo visto.
Es cierto que los cambios electorales en Castilla-La Mancha nunca tuvieron suerte. Con José Bono de presidente de la Junta se hizo una modificación electoral y se quitó el procedimiento de asignación de escaños en 1998 de manera inusual -eso no había pasado en ninguna comunidad autónoma-, y todo para intentar mantener dos partidos dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha. Ahí está la historia y la hemeroteca, se puede comprobar perfectamente. Aquello nos llevó a un recurso al Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la medida, y finalmente, entremedias, el Gobierno la modificó y el Tribunal Constitucional no entró en el fondo de la cuestión, porque llegamos al absurdo de que una provincia que tenía menos habitantes elegía un diputado más que otra provincia que tenía más habitantes, como era el caso de Guadalajara o el de Cuenca. Después viene el siguiente cambio electoral, el de María Dolores De Cospedal. Primero hay un cambio a 53 escaños, ya en tiempo de crisis, 2012, cuando ya sabíamos el déficit de Castilla-La Mancha, ya sabíamos la deuda. Se produce este cambio a 53 y de la noche a la mañana, sin estar en el programa electoral del Partido Popular, resulta que nos encontramos con que nos vamos de pronto a 25 o 35; la solución de todos los males de la región. Yo creo que entonces surge un lema, lo dije en el Pleno cuando se admitió definitivamente la propuesta. Cuando se habló de 49 o 53 el lema fue: Más diputados, más democracia. Pues ahora el lema debe ser lógicamente el contrario: Menos diputados, menos democracia. Este no fue el lema de Izquierda Unida, era el lema del Partido Popular, con el que se presentó la propuesta en ese momento. Desde nuestro punto de vista -y me ahorraré la parte de las razones del currículum que trae la presidenta de Castilla-La Mancha para hablar de austeridad en la región-, como dije al principio, Castilla-La Mancha ya tenía déficit democrático y ahora lo van a reducir al ridículo democrático, esa es mi opinión. Lo digo respetuosamente, porque a mí también me gusta mucho la palabra respeto y respetar las decisiones que tiene que tomar cada uno de los ciudadanos en cada territorio. Pero antes de este cambio, en este momento concreto, Asturias tiene 45 escaños y un millón de habitantes siendo uniprovincial, Murcia tiene 45 escaños y 1,4 millones de habitantes, Cantabria tiene 39 escaños -más que los que va a tener Castilla-La Mancha- con 593.000 habitantes, y La Rioja tiene 33, probablemente el techo ya prácticamente está en los 35, con 323.000 habitantes. Por tanto, democrática y representativamente Castilla-La Mancha se queda en el ridículo democrático desde el punto de vista representativo del conjunto del Estado. De verdad, lo digo con toda la sinceridad, independientemente de que gobernaran unos u otros, yo no hubiera pensado jamás que a nadie se le podía pasar por la cabeza reducir todavía más los escaños en las Cortes regionales.
Yo no sé si, sobre la base del respeto, la siguiente propuesta va a ser disolver las Cortes de Castilla-La Mancha, disolver la autonomía, darle las competencias al Gobierno de España para que nombre un
gobernador civil en cada provincia y un delegado del Gobierno y, a partir de ahí, sobre la base del respeto, esta sea una decisión respetuosa. Yo no sé si alguien lo tiene en este momento en la cabeza porque, visto lo visto, ya podemos pensar cualquier cosa.
Nosotros entendemos que se atenta contra las normas constitucionales y del propio Estatuto: se atenta contra el artículo 1.1 de la Constitución española porque se limita el pluralismo político; se atenta contra el artículo 23 de la Constitución española, que impide acceder en condiciones de igualdad a funcionarios y cargos públicos en concreto. Entendemos que esta reforma afecta al artículo 4 del Estatuto de Autonomía porque no se facilita la participación de todos los ciudadanos en igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha. También el artículo 10 del propio Estatuto de Autonomía, en el que se dice que deben ser elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, etcétera. Finalmente se dice que serán elegidos de acuerdo con un sistema de representación proporcional, y aquí la proporcionalidad evidentemente se reduce mucho más. Por tanto, llega sin consenso político ni social, incumple las recomendaciones del Consejo de Estado, encierra un discurso peligroso antipolítica y antipolíticos y se aprovecha este momento. Este país no está para hacer discursos de la antipolítica y de los antipolíticos, porque tenemos una situación grave y extraordinaria en el conjunto del Estado, con una parte muy importante de la ciudadanía que se siente desafectada.
Concluyo diciendo que nosotros lamentamos esta propuesta, lamentamos que la posición de María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha, y quienes han apoyado la iniciativa prevalezca sobre el sentido común. Me atrevo a afirmar que probablemente será una temeridad del sentido común de muchos hombres y mujeres del Partido Popular para que esto finalmente prospere. Por tanto, no apoyamos el texto que se trae de la ponencia, planteamos que se cree una mesa para hacer una reforma electoral en Castilla-La Mancha con participación social, sindical y del conjunto de grupos políticos. Finalmente apostamos por la circunscripción única, apostamos por mantener el número de escaños y apostamos por un referéndum; ya que se va a modificar el Estatuto de Autonomía, hágase un referéndum con respeto y seamos las castellano-manchegas y los castellano-manchegos los que decidamos que vamos a cambiar nuestra pequeña Carta Magna, es decir, nuestro Estatuto de Autonomía, porque tiene muchísima importancia y todos deberíamos tener la ocasión y la oportunidad de opinar y votar en ese sentido. Concluyo diciendo que lamento la iniciativa, lamento que el Partido Popular haya ido a sostenella y no enmendalla. Por tanto, nosotros mantenemos nuestra posición. Desde luego, no es buen día, no es buena decisión para la democracia en nuestra región.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista me ha pedido un doble turno de intervención. Ruego al representante del Grupo de Convergència i Unió que, si no tiene inconveniente, utilice su turno ahora para asentar su posición y luego dejaré al Grupo Parlamentario Socialista que haga las dos intervenciones que nos ha pedido.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, a través de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y de las tramitaciones de las distintas reformas de tercera generación desde el año 2004 hasta el presente año, es decir, en los últimos diez años, es evidente que se han manifestado distintos grados de ambición en el autogobierno por parte de distintas comunidades autónomas, y nosotros no podemos hacer más que respetar las distintas vocaciones y grados de autogobierno que expresan las distintas asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas cuando trasladan a las Cortes Generales y a esta Comisión Constitucional sus propuestas de reforma, sus horizontes de autogobierno. Con lo cual, en una parte de esta reforma el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, como lo fue en la tramitación de la anterior reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, es un observador que simplemente toma nota de algo que a algunos de ustedes les preocupa, pero es evidente que el sistema autonómico español es asimétrico, porque son asimétricas las competencias y la vocación de autogobierno en las distintas comunidades autónomas.
Pero, señorías, esta reforma tiene una dimensión muy clara, la reforma electoral, y nosotros nos acercamos a esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no como un grupo parlamentario de vocación territorial y de base territorial catalana, sino como unos demócratas que nos preocupamos de la calidad democrática de la reforma electoral que se nos plantea. También tomamos nota de que legítimamente el Partido Popular presenta con orgullo una disminución muy importante del sistema institucional de Castilla-La Mancha, a mi entender una capitidisminución del sistema institucional de Castilla-La Mancha, que no sé si será patrón y referente para otras reformas de otras comunidades autónomas. Nosotros respetamos los distintos grados de ambición en el autogobierno de cada territorio.
Pero, señorías, hay dos leyes básicas para poder valorar la calidad del sistema democrático; una es la Ley Electoral y otra es la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Nosotros observamos con preocupación cómo durante esta legislatura la mayoría de Grupo Popular a través de dos reales decretos, el Gobierno del Partido Popular, ha disminuido hasta un 30% la financiación pública de los partidos políticos. Nosotros somos partidarios de la financiación pública de los partidos políticos. Nosotros respetamos esta propuesta que desde un punto de vista de legitimidad formal, como muy bien apuntaba el diputado Agustín Conde, ha cumplido con todos los trámites. Nosotros respetamos esta formalidad, pero tenemos que trasladarle también algunas consideraciones.
Señorías, habría sido bueno que en una comunidad autónoma gobernada a partir de un sistema bipartidista PSOE-PP, más en una legislatura con un representante de Izquierda Unida, que esta reforma hubiera llegado a las Cortes Generales con un consenso grande entre aquellos que gobiernan, aquellos que gobernaron y aquellos que potencialmente pueden gobernar en el futuro. Aquellos que hemos observado esta reforma hemos aprendido bastante durante la tramitación parlamentaria sobre una historia de entre 30 y 32 años de trayectoria autonómica en la cual, si me permiten la expresión ligeramente informal, se han producido ajustes de cuentas en cuestiones tan elementales como el sueldo de los diputados o la reforma electoral impulsadas por unos o por otros. Consideramos que ahora sería un buen momento para que se presentara esta reforma con un consenso de los dos partidos que potencialmente en el presente y en el futuro pueden gobernar en Castilla-La Mancha, con un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sin necesidad de mirar por el retrovisor constantemente sobre los reproches, sobre las reformas electorales y sobre las dotaciones económicas de los parlamentarios que se han podido vivir en el pasado.
Cierto es que un estatuto de autonomía llegó a las Cortes Generales sin el consenso de un partido político y esta reforma electoral fue la del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Es cierto y lo quiero decir yo, antes que me lo recuerde algún otro. Pero les quiero decir que la reforma electoral del Estatuto de Autonomía de Catalunya salió del Parlamento de Catalunya con el apoyo del 89,9% de los diputados. Esto quiere decir que en la composición del Parlamento de Cataluña del año 2005 el Partido Popular, primer grupo de la oposición en las Cortes españolas en aquel momento en el Congreso de los Diputados, representaba en el mismo el 10%, y bien es cierto que en estos momentos estamos hablando de una comunidad autónoma donde quien gobierna lo hace con la mayoría absoluta más uno de los diputados.
Señorías, como les decía, esta es una reforma importante porque es una reforma de sistema electoral que es una de las expresiones de la característica de la calidad democrática de un sistema democrático y en este caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es el debate sobre la forma en que los votos se expresan en escaños, en que los representados tienen unos representantes que encarnen el mayor pluralismo, la mayor voluntad, el mayor espectro de los habitantes de una población. Hemos vivido con la actual mayoría en Castilla-La Mancha un incremento de escaños. Quien les habla ha sido ponente de una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con un incremento de escaños, pero ahora vivimos una propuesta absolutamente respetable con un decrecimiento muy importante de los escaños que en la práctica -la aplicación práctica de la Ley Electoral es muy importante- significa que para acceder al Parlamento autonómico, manteniendo la circunscripción de la provincia se representa en función de la participación, con lo cual esta es una cifra que siempre tiene un margen de apreciación entre un 13% y un 15% de los votos en la provincia para poder acceder. Este umbral aproximado de entre un 13% y un 15%, señorías, significa una baja calidad en la capacidad de representar el pluralismo político. A nosotros nos preocupó, lo expresamos en su momento, el umbral del 5% que se exige en el Estatuto de Autonomía de Valencia para acceder a las Cortes Valencianas, a nosotros nos preocupa este umbral práctico de entre el 13% y el 15%.
Señorías, no me gustaría equivocarme exactamente en el número de habitantes; creo que Castilla-La Mancha tiene 2,1 millones de habitantes. Les hablo no como catalán ni como grupo parlamentario que tiene motivación territorial, sino como demócrata que desde hace unos cuantos años es ponente en las reformas electorales. Nosotros apoyaremos aquellas enmiendas que consideran que el mejor sistema electoral para representar 2,1 millones de habitantes sería la circunscripción electoral única, como por otra parte ya se contemplaba en el año 1982 en la primera redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ustedes saben que Israel es un país de 8 millones de habitantes, que tiene un sistema electoral proporcional puro con circunscripción electoral única. Seguramente nosotros vemos con simpatía que se propusiera que sí, después el número podría ser perfectamente entre 25 y 35 diputados para representar una comunidad de 2,1 millones de habitantes en un Parlamento con un sistema proporcional puro.
Para terminar quisiera hacer una consideración final: nosotros vamos a votar solo en contra de una enmienda. No hemos presentado ninguna enmienda, pero tenemos sintonía con alguna de las enmiendas planteadas. Vamos a votar en contra de la enmienda número 3 del Grupo de Unión Progreso y Democracia que plantea un sistema de listas cerradas, no bloqueadas. No nos gusta este sistema. Puestos a hablar de sistema electoral nos gusta el sistema electoral alemán que es un sistema mixto de circunscripciones mayoritarias y de listas de partido para la otra mitad del Parlamento. Nos parece que las listas cerradas, no bloqueadas muchas veces, puestos a hablar de la Ley Electoral, provocan un gran cainismo dentro de los partidos políticos. Pero esto, señor portavoz de UPyD, ya sería un debate para un seminario, más que para afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Vamos a apoyar el resto de las enmiendas. Nosotros nos abstuvimos en la toma en considera. Los dos partidos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha son los que básicamente tienen que intentar dialogar, aún están formalmente a tiempo en esta Comisión, en el Pleno y en el Senado para conseguir un consenso más amplio. Respetamos la vocación de autogobierno de otros, constatamos una simetría creciente en el sistema autonómico español y nos preocupa la calidad democrática de la reforma electoral que estamos tramitando esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, en primer lugar, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición en este trámite referido, entrecomillas, a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, pero déjenme que les diga, señores del Partido Popular, que ustedes saben mejor que yo que esto no es una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ni de ningún estatuto. Esto es una vergüenza política. ¿Qué es si no, señores del Partido Popular, modificar unilateralmente un estatuto que forma parte del bloque de constitucionalidad con el intento de dar un pucherazo electoral? Esto es lo que no tiene nombre; es una vergüenza, por calificarlo de una manera prudente.
Ustedes, señores del Partido Popular, los diputados de Castilla-La Mancha y también los de otras comunidades autónomas, van a dar su voto favorable de nuevo a una manipulación política, por tanto, se les debería caer -lo digo con respeto- la cara de vergüenza. Estoy seguro de que no están de acuerdo con esto y, por eso, hoy que van a votar de nuevo a favor de esta reforma de un artículo del Estatuto, estoy seguro que lo hacen sinceramente por miedo a contrariar o por miedo a las represalias que pudiera tomar contra ustedes quien lo propone, la secretaria general de su partido, la señora De Cospedal. (Rumores). La señora De Cospedal que preside una comunidad autónoma que en este momento está hundida políticamente, con críticas internas y externas, que recibe en Castilla-La Mancha diariamente el desprecio de los ciudadanos a quienes tiene que gobernar, que solo puede y de hecho solo sale de su casa rodeada de guardias civiles y que sabe que no podrá ganar las próximas elecciones si no hace unas normas electorales a su medida, que es lo que intenta su iniciativa. Es, por tanto, el miedo a perder -no es el ahorro- lo único que justifica esta tropelía, este atentado democrático, señores del Partido Popular. Pero deben saber que ustedes, los que lo voten, se están haciendo corresponsables de los abusos que en esta materia comete la señora De Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.
Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha es insólito. En menos de tres años que lleva gobernando la señora De Cospedal van ustedes, señores del Partido Popular, con sus votos exclusivamente a modificar el Estatuto de autonomía y dos veces la Ley Electoral en la misma legislatura. Esto es insólito, no tiene precedentes. Ustedes no están planteando -cómo van a decir que es una reforma del Estatuto- una mejora de la autonomía ni un mejor funcionamiento de las instituciones regionales ni una mejor definición de los títulos competenciales ni una mejor financiación ni un cambio en el régimen de derechos u obligaciones. Esas son las reformas de los Estatutos. Lo que ustedes nos proponen es un cambio que asegure el mantenimiento de la presencia de la presidenta De Cospedal en el poder en los próximos cuatro años, cuando acabe la legislatura. Eso es lo que ustedes están planteando, porque, si no, cómo puede explicar -espero que lo haga el señor portavoz del Partido Popular, que hablará en el último turno-, señor Conde, que hace tan solo ocho meses -no ocho años ni ochocientos- el Partido Popular en Castilla-La Mancha aprobara, también unilateralmente, un cambio de la Ley Electoral, elevando en cuatro el número de diputados -lo ha dicho alguno de los portavoces-. Pero, escuchen, porque les voy a leer algo, señores del Partido Popular, especialmente a los que no son de Castilla-La Mancha. El portavoz de Cospedal en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando presentó esa reforma hace ocho meses, ampliando el número de diputados, decía -leo literalmente-: creo que es importante y sano democráticamente el hecho de aumentar diputados y -decía a continuación- su presupuesto, el de las Cortes de Castilla-La Mancha, se verá reducido de
manera significativa. Aumentando diputados, disminuía en presupuesto, decía el portavoz de Cospedal. Además -escuchen, señores demócratas del Partido Popular, de lo que no tengo dudas-, decía el portavoz: el hecho de que aumentar diputados, además de no suponer más gasto, implica la posibilidad, ciertamente democrática y saludable, de que otras formaciones políticas tengan más posibilidades de tener representación política.
Señores del Partido Popular, hace ocho meses aumentar diputados era sano, ahorraba gasto, era democrático, permitía la entrada de otras fuerzas políticas en el Parlamento, y ahora que nos plantean reducir a la mitad el Parlamento, utilizando sus argumentos, ¿qué es? ¿Insano, malsano, venenoso, dañino, malo, perjudicial, malintencionado? Cualquier adjetivo que utilice estará en coherencia con los argumentos utilizados por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Parlamento para justificar hace ocho meses un incremento de diputados que también se hacía unilateralmente para adaptar la Ley Electoral a las cuentas que en ese momento hacía la señora De Cospedal para intentar blindar también su poder en la comunidad autónoma. Les repito: ¿No les da vergüenza traer al Parlamento nacional una iniciativa como esta? Les repito otra vez: ¿No les da vergüenza? Porque les debería dar. Es la primera vez, señores del Partido Popular, en más de treinta años de democracia, que una propuesta de reforma del Estatuto venga al Parlamento nacional con el apoyo de un solo partido. Es la primera vez en toda la historia. Esto es única y exclusivamente porque ustedes están utilizando a su antojo y a su conveniencia las mayorías parlamentarias, sin ningún respeto institucional.
Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, decía que en España hay 1.268 parlamentarios regionales, y esto es verdad. Podríamos entender desde el Grupo Socialista, también desde otras fuerzas políticas, que el Partido Popular, que tiene ahora la mayoría en las instituciones, hubiera planteado a los partidos políticos una reducción de esa cifra. Pero ustedes no traen aquí ese planteamiento de reducción del número de parlamentarios en España, no. Traen aquí una iniciativa que trata de blindar el poder de Cospedal en Castilla-La Mancha, porque es Castilla-La Mancha precisamente la comunidad autónoma que tiene el Parlamento de menor dimensión de toda España. Si ustedes dan un vistazo -lo han hecho algunos portavoces-, y recorren los parlamentos autonómicos, sabrán que el de Castilla-La Mancha es el más pequeño en este momento de toda España en comparación con cualquier dato que ustedes pudieran hacer. Si su coherencia política, como pertenecientes al Partido Popular, les llevara a hacer lo mismo en el resto de España, tendrían que traer modificaciones del Estatuto de Murcia para dejarlo en siete u ocho diputados, o en ocho o nueve el de Cantabria, y así sucesivamente. Estoy seguro -no tengan dudas- de que no las van a traer porque no lo va a permitir el Partido Popular que gobierna en esas comunidades autónomas.
Ustedes reducen democracia -se les ha dicho-, capacidad de representación, anulan la capacidad de control del Gobierno con esta y con otras iniciativas que han ido tomando en esta legislatura. Para ustedes las asambleas legislativas -ya lo decía alguno-, las Cortes, cortitas; los escaños, para ricos y funcionarios y, eso sí, el Gobierno, sin control, sin sindicatura de cuentas, sin consejo consultivo, etcétera, porque ustedes con este planteamiento de ir eliminando organismos están dejando que el Gobierno haga lo que le dé la gana, que parece ser que es lo que pretenden.
Hemos presentado una sola enmienda; lógicamente es una enmienda de supresión. No se puede entrar en su juego, señores del Partido Popular. Les reiteramos, les repetimos: deberían retirar esta reforma del estatuto y negociar qué es lo que han hecho, lo que se ha hecho en España para las reformas de los Estatutos en toda la historia. Ustedes están rompiendo la historia de este país. Nunca, les vuelvo a repetir, una reforma del Estatuto ha venido a este Parlamento propuesta por un solo partido político. Ustedes están traspasando todas las líneas rojas, están rompiendo con la historia, todos los consensos, todos los precedentes, y están jugando una mala pasada a la democracia española, con efectos en Castilla-La Mancha y con posibles efectos en otras comunidades autónomas. Deberían dejar de mentir. Su propuesta no puede ahorrar gasto. Pero ¿cómo va a ahorrar gasto si no se puede ahorrar sobre lo que ya es cero? De Cospedal ya les ha quitado el sueldo a los diputados. Si no tienen sueldo, ¿cómo se va a ahorrar?, ¿cómo se va a ahorrar si los diputados ya no tienen sueldo para que no se les haga, a la presidenta y al Gobierno, oposición?
En definitiva, aunque se lo han explicado algunos portavoces, hay que explicar por qué hace esto De Cospedal. Pues lo hace sencillamente para tratar de evitar la entrada de otras fuerzas políticas en el Parlamento. Castilla-La Mancha tiene más de 2 millones de habitantes. Ustedes plantean una horquilla de diputados de 25 a 35, es decir, las provincias podrían tener 5 o 7 diputados. No sabemos la distribución que hará en su momento de forma dedocrática la señora De Cospedal, pero la realidad es que con esa
distribución de escaños en ninguna provincia de Castilla-La Mancha se podría entrar en el Parlamento obteniendo menos del 15%. ¿Y esto qué significa, señores del Partido Popular? Esto significa que ustedes -esto es una vergüenza- van a dejar sin representación política a unos 250.000 ciudadanos que democrática y libremente habrán ido a votar en esas elecciones y que no van a tener representación. Es casi una provincia lo que ustedes van a dejar fuera. Es como si ustedes hicieran una ley aquí con su mayoría, porque la tienen, y dijesen: como los agricultores, los autónomos o los enseñantes no nos van a votar, prohíbo que vayan a votar. Porque, en definitiva, ustedes están limitando la capacidad de representación de una grandísima parte del electorado de nuestra región.
Además, señores del Partido Popular, si ustedes quisieran ser coherentes con este planteamiento y llevaran su propuesta a todos los parlamentos, ¿se han parado a pensar que no tendrían representación en el País Vasco o Cataluña? ¡El Partido Popular, que gobierna en España, no tendría representación en el Parlamento de Cataluña ni en el del País Vasco! ¿Ustedes creen que esto es serio? Si ustedes fueran coherentes con este planteamiento, el Partido Popular sería extraparlamentario en Cataluña o en el País Vasco. Sean serios, señores. Explíquenle a la ciudadanía lo que están haciendo con Castilla-La Mancha.
Usted que pide respeto, señor Conde, yo le digo: explíquele a los castellano manchegos por qué hacen con Castilla-La Mancha este experimento, esta tropelía que no se atreverían a hacer en ningún otro punto de España. Es un ataque al sistema constitucional Español. -Ya voy terminando, señor presidente, me quedan dos líneas-. Esta propuesta es inconstitucional, lo saben ustedes. Por eso esta iniciativa en el Parlamento de Castilla-La Mancha la ha llevado Cospedal. Es ella, la señora Cospedal, la que alardea de la iniciativa, pero no se atrevió a aprobarla en Consejo de Gobierno. Se hizo por iniciativa legislativa. La hizo el grupo parlamentario. ¿Por qué, porque le daba vergüenza? No. Para evitar el informe del Consejo Consultivo. Ha venido sin ni un solo informe jurídico que avale la constitucionalidad de esta propuesta. Además -con esto termino, señores del Partido Popular-, ustedes que ayer coincidiendo en este caso con el Partido Socialista, vamos a recuperar conjuntamente el recurso previo de inconstitucionalidad, ya es proyecto de ley desde ayer. ¿Les pueden decir a los castellano-manchegos por qué lo que va a ser exigible a todas la reformas de estatutos de autonomía de España -esta coincide en la tramitación y va a haber días de diferencia desde la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha hasta la aprobación de la modificación del Constitucional-, se van a aplicar a todos menos al de Castilla-La Mancha? Esto tiene tufo, señores del Partido Popular. Esto huele mal. Ustedes no lo hacen porque saben que es inconstitucional. Si lo lleváramos al Constitucional como recurso previo, no podrían aplicar esta ley. En definitiva, un atropello, una iniciativa que, termino como iniciaba, es una vergüenza. Avergüenza a cualquier demócrata. Les ruego que piensen de aquí a la tramitación definitiva si conviene a la democracia española la aprobación y terminación de este trámite de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jáuregui. Le ruego que, visto el tiempo consumido por su compañero, procure ajustarse un poco al mismo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Es un turno espero que breve, pero merece la pena que discutamos siendo como es un estatuto de autonomía el que estamos tratando en esta Comisión Constitucional. Enlazo con las últimas palabras de mi compañero que ha hecho una brillantísima intervención, a mi juicio, para decir que mi experiencia en esta Comisión ha sido la de reformar los estatutos. Yo he tenido la suerte y el honor de participar en esta casa, entre los años 2005 y 2010, en la reforma de 8 estatutos de autonomía de varias comunidades autónomas conocidas por todos ustedes. En todas ellas ha habido siempre tres circunstancias que me apresuro a señalar han caracterizado a todas las reformas estatutarias. La primera es que procedían de un amplio consenso parlamentario. Es decir, la Cámara autonómica de esa comunidad autónoma había llegado a la conclusión de que había que hacer una reforma y habían alcanzado un gran acuerdo interno en la comunidad autónoma. Todos los casos que podremos comentar estaban avalados por esa legitimidad consensuada de origen. Segunda circunstancia. Todas las reformas respondían a una demanda de mejora del autogobierno. Buscaban determinadas correcciones que el paso del tiempo, la experiencia y el funcionamiento institucional habían venido acreditando como exigibles de reformas en sus textos, vamos a llamarlos así como lo ha llamado antes el señor Lara, la pequeña carta magna autonómica. En tercer lugar, casi siempre también, aunque no plenamente, las propuestas venían sometidas a la Constitución. No hace falta que haga algunas bromas respecto al grado de cumplimiento del marco constitucional de unas y de otras. Con todas ellas hemos discutido. Recuerdo haber negociado con los negociadores de la comunidad andaluza la reforma del Estatuto de Andalucía mirando siempre en
gran parte al que se había aprobado recientemente, al de Cataluña. Pero el trabajo fue ese: encajar, someter a los parámetros de la Constitución la reforma que la comunidad autónoma nos planteaba.
Pues bien, señorías, esta reforma estatutaria que estamos viendo hoy, porque me apresuro a recordarles que hablamos de una reforma estatutaria, no de una ley electoral -como es bien evidente la ley vendrá después-, es para facilitar una reforma electoral posterior porque solo tiene como objetivo la reducción de la horquilla del número de escaños de esa comunidad autónoma. Repito, esta reforma estatutaria no cumple ninguno de los tres requisitos que tiene que cumplir un proyecto de reforma estatutaria; no está consensuada. Tienen mayoría absoluta, sí, ¿pero y el otro gran partido de la Cámara? Por supuesto, no solo él, puesto que aquí se ha visto y mucho más claramente se vio en el debate de toma en consideración del proyecto de ley en el Pleno que todos los grupos de esta Cámara han mostrado un rechazo absoluto. Ya no es que el PSOE de Castilla-La Mancha se opusiera, que ciertamente en mi opinión invalida la condición previa del consenso necesario para una reforma estatutaria, sino que toda la Cámara, de manera sonora, de manera unánime expresó su rechazo a esta propuesta, algo que debe hacerles pensar. Por cierto, recuerdo que algún estatuto que vino con algún acuerdo no pleno de su cámara autonómica, fue devuelto. Por ejemplo, el de Canarias que llegó aquí, lo empezamos a negociar, pero como no alcanzó un acuerdo suficiente, la Cámara autonómica canaria se lo acabó llevando por voluntad propia porque no había consenso en esta Cámara pero tampoco lo había habido previamente en la cámara autonómica canaria.
Segundo. No respeta la identidad castellano-manchega, no favorece el autogobierno. Honradamente, señor Conde, más que hacer apelaciones grandilocuentes a que nadie ofenda a su tierra, por favor, hónrenla ustedes mismos primero dándole el autogobierno y la identidad colectiva que demanda Castilla-La Mancha. Cuando se reduce y se jibariza el sistema parlamentario autonómico, cuando la Cámara de representación popular, la soberanía auténtica de la identidad colectiva castellano-manchega construida a lo largo de treinta y tantos años por sus Gobiernos autonómicos se expresa en esa Cámara, no puede ser jibarizada, reducida, devaluada, minorizada hasta el extremo de que no pueda cumplir sus funciones mínimamente democráticas. Aquí está el tercer problema: es antidemocrática en la medida en la que las funciones de una cámara no pueden ser ejercidas con una representación menor que la de muchas diputaciones españolas, o menor que más de 10 ciudades españolas que tienen una representación parlamentaria en sus consejos municipales mayor que la que va a tener Castilla-La Mancha. Es impropio que se pretenda defender el autogobierno, la autonomía, la identidad y reivindicar Castilla-La Mancha con esta jibarización de su institución parlamentaria máxima. Es completamente contradictorio y es, sobre todo, señoras y señores y -voy terminando-, contrario a la Constitución, porque creemos sinceramente que, como ya se ha dicho, varios artículos de la Constitución están vulnerados con esta reforma. En mi opinión, el 6, el 14 y el 23. Sinceramente, esos tres artículos que se refieren, como todo el mundo sabe, al derecho a la participación política, al derecho a que cada ciudadano pueda ser elegido para el ejercicio de la función política y al derecho del pluralismo y de la representación de los partidos políticos, están seriamente vulnerados. Se ha explicado ya, y no me voy a extender con ejemplos absolutamente evidentes que tienen una fuerza numérica que no permite discusión ninguna lo que se ha dicho por mis compañeros. El hecho de que haya una barrera electoral real del 15%, para entrar en el Parlamento, para que los votos se conviertan en escaños, es sencillamente vulneración flagrante de nuestra Constitución, del principio del pluralismo político. En mi opinión lo es. Esto me lleva, señoras y señores, a dos consecuencias. Primera. ¿Qué pasará... (Un señor diputado: ¡Caray con la brevedad!)
Si les molesta que hable... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, que guarden silencio. (Un señor diputado: No les gusta).
El señor JÁUREGUI ATONDO: Parece que molesta, pero hay que saber aceptar los argumentos del contrario. (Rumores).
La primera consecuencia, en mi opinión, señor presidente, es que podemos tener un choque de legitimidad política importante. Acabamos de sufrir en España un problema que se ha calificado así, como un choque de legitimidades, cuando nuestro marco jurídico político estableció que un recurso a un estatuto de autonomía tenía que tramitarse ante el Tribunal Constitucional y por el medio tuvimos un referéndum. Hemos sufrido ese problema políticamente, ustedes lo saben; lo tenemos sobre la mesa y, de hecho, ayer tomamos una decisión para corregir ese problema. Mi pregunta es si no tendremos un problema semejante si, tal y como ya les anuncio, el Partido Socialista presenta un recurso contra esta reforma estatutaria ante el Tribunal Constitucional y tras celebrarse las elecciones de Castilla La-Mancha el año que viene, 2015,
con arreglo a una ley electoral derivada de este Estatuto que quizás fuera declarado inconstitucional uno o dos años después, ¿tendremos o no un choque de legitimidad política y democrática? Lo tendremos, ¡lo tendremos!, y será grave, y yo les pido que lo evitemos. Está en su mano; podemos evitarlo de la manera más, iba a decir, ingenua por mi parte, y que ustedes reconsideren esta reforma estatutaria o bien que la sometan a una disposición final que podemos añadir a este Estatuto, que no entre en vigor hasta que no se apruebe la reforma del recurso previo en el Tribunal Constitucional. -Solución número 1-. Pero si esto no se produce tendremos un problema, y ustedes son los únicos responsables de que se produzca, ustedes, el partido del Gobierno, en una España que no está precisamente necesitada de estos gestos, de estos conflictos absolutamente innecesarios si no fuera por un partidismo y un sectarismo absolutamente impresentable.
Segundo, y termino. No es razonable, no es coherente, que el partido del Gobierno en la España de hoy, en la España que reclama acuerdos para todo, señor Conde, para combatir la corrupción, para regenerar la democracia, para reconstruir el país, que el partido del Gobierno, el que tiene la máxima responsabilidad del ejemplo y de tender la mano nos pegue esta puñalada. No se puede después pedir que se consensúe todo y, ¡atención!, pasado mañana, el día, 26, vendrá su presidente y nuestro presidente del Gobierno a las Cortes y pedirá muchos consensos. Mi partido, mi portavoz y yo les recordaremos esto que están haciendo ustedes hoy. No es posible franquear una línea tan importante de lo que llamaríamos el bloque de consensos básicos, no es posible plantear que queremos acordar con todos, tiendo mi mano, arreglemos esto, la política fiscal, la corrupción...y, al mismo tiempo, hacer un acto de sectarismo tan brutal. Están ustedes atacando a una de las líneas básicas del bloque de consenso, que son las reglas del juego, las reglas electorales, sí señor, son las reglas del juego. Es por esto por lo que me uno a mi compañero y a todos mis compañeros de Castilla-La Mancha para decirles que estas dos consecuencias plantean problemas políticos de largo recorrido que tendrían que hacerles pensar en una decisión que nunca debieron haber tomado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señorías, trataré de contestar con el mayor orden posible a las objeciones y a las enmiendas, presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que naturalmente han sido todos, tanto intervenciones como enmiendas, de muy diversa naturaleza. Hemos tenido intervenciones de todos los tipos, las que nos regañaban, como la del señor Alonso, que decía que los diputados del Partido Popular actuamos como actuamos por miedo a nuestra secretaria general -lo que cual me llevaría a pensar que él sobreactúa de la manera en que lo hace por intentar hacerle la pelota a su secretario general, que se sienta a su derecha. Pero no se preocupe que estoy convencido de que le garantizará su escaño pues su actuación de hoy ha sido lo suficientemente meritoria como para ello-, o el enfado del señor Martínez Gorriarán, que es un enfado, comprendo que genético (Risas), teniendo en cuenta que UPyD en el fondo nació de un enfado. La señora Díez se enfadó cuando no la eligieron secretaria general del PSOE y montó un partido para enfadarse con todo el mundo, empezando por sus propios militantes, de los cuales ha perdido la mitad. (El señor Martínez Gorriarán: ¡Qué pobre diablo!) En el primer congreso que celebraron se enfadaron y echaron a la candidata contraria, y ahora se enfada también con nosotros, y nos insulta. El señor Martínez Gorriarán nos ha dicho de todo: que si hacemos un abuso del poder, que esto es una burla...En fin, el señor Martínez Gorriarán es de los que da lecciones a todo el mundo, él está en posesión de la verdad y todo lo que no sea adecuarse a los planteamientos de UPyD es desviarse de la ortodoxia. (Rumores). Da igual cualquier cosa que se proponga que como no vaya en el sentido de lo que propone UPyD estamos todos equivocados. Esto me recuerda a aquella historia del individuo que iba conduciendo por una autopista y oye por la radio: en el kilómetro tal de tal autopista hay un conductor suicida, y el individuo decía cómo que uno, si vienen todos en dirección contraria. (Risas). Por lo visto, esa es la historia de UPyD, que vamos todos en dirección contraria porque simplemente no nos hemos sometido a lo que son los planteamientos políticos de UPyD (Varios señores diputados. ¡Muy bien! Aplausos).
Se preguntaba el señor Lara de forma retórica si acaso no quisiera alguno disolver la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y nombrar un gobernador civil. Me va a permitir que le conteste y le diga que lo tiene usted sentado a su izquierda porque UPyD pretende disolver las autonomías los lunes, miércoles y viernes y, eso sí, incrementar los números de diputados los martes, jueves y sábados en función de lo que le vaya a convenir. (Varios señores diputados. ¡Muy bien! Aplausos). Señorías, a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se le han puesto varias objeciones. La primera,
por parte del señor Alonso, que decía que esto era una vergüenza, que pretendíamos hacer una ley que nos blindase en el disfrute del poder. Señorías, les animo a que lean con atención la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía, que es extraordinariamente simple y únicamente propone fijar el número de diputados entre 25 y 35. Nada más. No distribuye los diputados en unas provincias de conveniencia, no hace nada más que fijar ese número de diputados. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que utilice los términos vergüenza, pucherazo y otro tipo de expresiones similares un diputado del Grupo Parlamentario Socialista de Castilla-La Mancha, que además ha ostentado importantísimas responsabilidades en el Gobierno de Castilla-La Mancha y que es muy consciente de cuál es nuestra historia reciente.
Señorías, en nuestra historia reciente se cuenta el hecho de que el presidente Barreda, hoy diputado en esta Cámara, se preparó una ley electoral de conveniencia, convirtiendo en un número par de diputados cuatro de las cinco provincias de la región y dejando como impar solo una, la de Ciudad Real, la suya propia (Rumores), la provincia en la que en las anteriores elecciones el Partido Socialista había ganado al Partido Popular por 24 puntos porcentuales con el secreto ánimo de que por mucho que subiese la marea electoral a favor del Partido Popular y cayera en el descrédito el Partido Socialista, cosa que se veía venir de lejos, siempre quedaría un pequeño escollo que emergiese de esa inundación y que le permitiera, ganando por un voto en Ciudad Real, ganar en Castilla-La Mancha. Y estuvo a punto de salirles bien, señorías. El Partido Popular ganó en las últimas elecciones en Castilla-La Mancha por una diferencia de más de 50.000 votos al Partido Socialista y perdimos en Ciudad Real. De no haber sido porque se rompió ese empate en la de Guadalajara por un escaso margen de 2.000 votos, hoy estaría gobernando en Castilla-La Mancha el Partido Socialista habiendo perdido por 50.000 votos (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad y qué cara!) ¿Dónde está entonces ese respeto a la voluntad popular? Pero el escándalo no queda ahí, señorías, no queda ahí. La jugada tenía coda, este verso tenía coda porque, al tiempo que se hacía en esa ley electoral, tramposa y abusiva, una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incluía entre su articulado que la ley electoral en Castilla-La Mancha solo podría modificarse por una mayoría de dos tercios (Varios señores diputados: ¡Qué cara y qué vergüenza!). De ahí que ese escándalo y esa vergüenza de ley, la blindaban con la mayoría de dos tercios. Eso lo sabe usted, señor Alonso, cuénteselo a sus compañeros de partido y antes de rasgarse las vestiduras y desmelenarse en esta Comisión conviene que recuerden estas cosas. (Un señor diputado: ¡Qué cara tienen! Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Conde. Por favor, ruego silencio.
El señor CONDE BAJÉN: Señor Jáuregui, usted que habla del consenso, de la necesidad de pacto, ¿sabe lo que le paso a esa propuesta de Estatuto de autonomía? Se retiró de este Congreso de los Diputados. ¿Y sabe por qué? Porque este Congreso osó pretender tocar el texto de ese Estatuto de autonomía. Aprobamos una enmienda y como fue así, en ese espíritu democrático, pactista y consensual del PSOE de Castilla-La Mancha, o se aprueba lo que yo digo o se va el Estatuto de vuelta. Ese es el sentido democrático y de pacto del Partido Socialista. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien).
Señorías, son varias las tachas que se nos han puesto y el sentido de las enmiendas. La primera, se nos dice en varias de las enmiendas que es necesario tener una circunscripción única, porque así se va a garantizar la constitucionalidad del Estatuto, puesto que garantiza mejor la proporcionalidad. Pues, señorías, en nuestra opinión es exactamente al revés. Es imposible en nuestra opinión, si queremos ser respetuosos con los preceptos de la Constitución, establecer una circunscripción única en la región, y ello por la sencilla razón de que, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, son aplicables a las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 las prescripciones que la Constitución tiene establecidas para las autonomías que accedieron por la vía del artículo 151. En concreto, el artículo 152.1 de la Constitución establece de modo taxativo y terminante cuáles son las condiciones que ha de tener la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma, y dice que esas asambleas legislativas han de contar con tres requisitos: uno, que se elija por sufragio universal; dos, que sea elegida por una representación proporcional, y tres, que asegure la representación de las diversas zonas del territorio. Esto está en la Constitución, señor Martínez Gorriarán; usted, que cuando ve la Constitución se deslumbra (Un señor diputado: El carácter.-El señor Martínez Gorriarán: En este caso, seguro.-Risas). Nosotros la respetamos, pero ustedes, por lo visto, en fin, tienen reacciones.... Pero en esto no, en esto la Constitución, hombre, es una cosilla menor, no le conviene a UPyD porque a nosotros nos viene bien lo de la circunscripción única, pues hombre, en esto lo de la Constitución hay que tomarlo a beneficio
de inventario (El señor Martínez Gorriarán: Ahí, ahí), que es como ustedes hacen en general la política (Risas.-Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien). Pues la Constitución, señor Martínez Gorriarán, es para todo, esto incluido. El artículo 152.1 de la Constitución es también Constitución española y el respeto que usted pide por la Constitución empiece por aplicárselo exactamente por este artículo.
Más reproches. Con este número de diputados, entre 25 y 35 diputados, en Castilla-La Mancha tendríamos una proporción diputado/habitante bajísima, porque con tan baja proporcionalidad se rompe el principio democrático. En Andalucía, cada diputado del Parlamento autonómico representa a 77.431 habitantes (El señor Jáuregui Atondo: Son 6 millones). En Castilla-La Mancha, con esta nueva ley cada diputado representará a 60.000 habitantes; en Andalucía, 77.000 y en Castilla-La Mancha, 60.000. Pero, claro, en Castilla-La Mancha no es democrático que un diputado represente a 60.000 ciudadanos, en Andalucía sí es democrático que un diputado represente a 77.000. ¿Me quieren explicar, señor Jáuregui y señor Alonso, por qué esa diferencia? (El señor Jáuregui Atondo: Luego te lo explico). ¿Es que nosotros somos de peor condición? ¿Por qué en Andalucía sí y en Castilla-La Mancha no? (El señor Villarrubia Mediavilla: Muy fácil). Mire, en Cataluña un diputado representa casi los mismos: 55.849, en Castilla-La Mancha un diputado, 60.000; en Cataluña, uno, 55.000, se cumple la proporcionalidad esencialmente, ¿dónde está el problema? ¿Por qué nosotros somos de diferente condición?
Pero voy a más: si el elemento distintivo del sistema democrático es la proporción habitantes/representantes, votantes, electores y diputados, sepan, señorías, que Castilla-La Mancha está representada aquí por 21 diputados, lo cual hace que haya un diputado por cada 101.000 habitantes. ¿Es que este Congreso no es democrático ni estamos adecuadamente representados los ciudadanos de Castilla-La Mancha aquí? ¿Por qué lo que vale para aquí no vale para las Cortes de Castilla-La Mancha? Señor Jáuregui, la calidad democrática de una región, como usted dice, la profundización en su autogobierno no tiene nada que ver con el número de los diputados que conformen su Asamblea legislativa, en nada (El señor Guerra González: Sí, mucho, mucho). El autogobierno, la autonomía se ejerce en función de las competencias que pueden ser decididas por la representación política del territorio. La calidad de la autonomía y del autogobierno está en función de lo que se puede decidir, pero no en función del número de personas que toman esa decisión (El señor Guerra González: También). Yo no comprendo, porque no lo he visto en ningún punto de la literatura científica constitucional, cómo hace usted semejante paralelismo, y usted es persona que sabe, señor Jáuregui, que le tengo un enorme respeto intelectual y le tengo por una persona seria, pero no existe en ningún sitio escrito ni argumentado por qué el número de personas que toman las decisiones implica una mayor calidad en las decisiones mismas que son adoptadas, y eso es lo que nosotros estamos negando, porque nosotros tenemos una visión política, evidentemente, y nuestra visión política es que tenemos que hacer las mismas cosas con menos personas (Una señora diputada: Muy bien), porque son los tiempos que tocan, y esa, respétese, es la posición política que tiene el Partido Popular.
Se nos dice también que con esta reforma del Estatuto de Autonomía estamos rompiendo el principio de participación política. En concreto el señor Jáuregui nos dice que este Estatuto es inconstitucional porque vulnera varios preceptos de nuestra Carta Magna, los artículos 6, 14 y 23 en los cuales entraré a continuación. Permítanme antes de eso una pequeña consideración. Señorías, todo lo que al Partido Socialista no le gusta termina por ser tachado de inconstitucional, y cuando el Partido Socialista está en minoría, en esta o en cualquier otra Cámara, toda decisión que toma la mayoría es ilegítima y contraria a principios y valores superiores del ordenamiento, porque va en contra del planteamiento del Partido Socialista. ¿Cómo se demuestra esto? Señorías, en lo que va de legislatura, que son dos años, el Partido Socialista ha interpuesto ya 13 recursos de inconstitucionalidad, en dos años. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!-Rumores). En los ocho años anteriores, en los Gobiernos del Partido Socialista bajo la Presidencia del señor Rodríguez Zapatero, el Partido Popular también acudió al Tribunal Constitucional. En ocho años, 17 recursos de inconstitucionalidad y el PSOE en dos años, 13, casi lo mismo. ¿No creen ustedes, y me permitirán la expresión, que esto se lo deberían hacer mirar? ¿Cómo es posible, señor Jáuregui, que cada vez que ustedes se quedan en minoría en una decisión adoptada en esta Cámara sea todo sistemáticamente inconstitucional?
Me va a permitir más, ¿cuáles son los juicios de inconstitucionalidad preventiva que hace el Grupo Socialista? Habrá que verlo, porque evidentemente aquí estamos haciendo una previsión, nosotros decimos que es constitucional y ustedes que es inconstitucional. ¿Quién tiene mayor acierto? A la hora de juzgar los estatutos de autonomía, les recomendaría a ustedes que fuesen un poquito más humildes,
porque hubo un debate sobre la constitucionalidad o no de un Estatuto -hoy se ha sacado varias veces-, que era el de Cataluña. Resulta que ahora el problema del choque de las legitimidades está porque el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad. No, el problema estuvo en que ustedes hicieron un Estatuto de Autonomía que era inconstitucional, ese es el problema. (Varios señores diputados: Ahí, ahí.-Aplausos). Ese es el problema, no que nosotros interpusiéramos el recurso. En fin, la cuestión no fue pequeña, porque tengo que recordarles que el Tribunal Constitucional anuló totalmente cinco artículos, anuló parcialmente diez, tuvo que someter a interpretación conforme a ocho y, al mismo tiempo, con el recurso del Defensor del Pueblo, tuvo que dar interpretación conforme a trece artículos y a tres disposiciones adicionales. En fin, no era pequeña la cuestión, pero estos mismos señores que hoy nos dicen que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es inconstitucional, son los que defendían la plena constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (Aplausos). Puestos a hacer pronósticos, la verdad es que no han estado ustedes muy finos y no tienen por qué estarlo ahora.
Señorías, cuando el señor Jáuregui se refiere al artículo 6 de la Constitución, que es el que se refiere a los partidos políticos y dice que son los que expresan el pluralismo político, he de entender que en realidad se está refiriendo al artículo 1.1 de la Constitución, que es el que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Señorías, ese principio del pluralismo político nada tiene que ver con lo que aquí estamos hablando y tiene una trascendencia en otros ámbitos completamente distintos. El artículo 6, que es el que habla de cómo son los partidos políticos y que son expresión del pluralismo, no tiene nada que ver ni con el número de diputados que conforman una Cámara y ni siquiera tienen nada que ver con la legislación electoral. Pero es que el artículo 23, el referido al derecho a la participación política, ha sido suficientemente interpretado por el Tribunal Constitucional en multitud de ocasiones. En concreto, permítame, señor Jáuregui, que le cite la sentencia del Tribunal Constitucional 163/2011, de 2 de noviembre, que dice: Se pone de manifiesto que es un derecho, el del artículo 23, que confiere al legislador un amplio margen para configurar el sistema electoral. El derecho fundamental del artículo 23 de participación política es efectivamente un derecho fundamental, pero como tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una doctrina absolutamente pacífica, es un derecho de configuración legal, y la esfera esencial del derecho viene delimitada precisamente por la decisión que el legislador hace en uso de las competencias que la propia Constitución le confiere. Por tanto, establecer una legislación electoral, la que sea -en este caso, ni siquiera legislación electoral, sino el número de miembros que compone una Cámara-, no es en absoluto atentatorio contra el derecho del artículo 23 ni se vulnera el artículo 14, porque este número de diputados y la legislación electoral que en su momento pueda hacerse se aplica por igual a todos y cada uno de los partidos políticos concurrentes a las elecciones, porque no hay discriminación ninguna, todos concurren en igualdad de posición de partida. Y ni siquiera se vulnera, señor Jáuregui, el principio de proporcionalidad.
También el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de examinar en qué consiste este principio de proporcionalidad electoral. En concreto, me permitirá que le cite la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de noviembre de 1998, en cuyo fundamento de derecho séptimo se dice literalmente lo siguiente, y cito: Interesa recordar la jurisprudencia constante de este Tribunal Constitucional, según la cual la exigencia de proporcionalidad ha de verse como un imperativo de tendencia que orienta, pero no prefigura la libertad de configuración del legislador democrático en este ámbito. Y sigue diciendo: La Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establece una barrera local del 20% de los votos emitidos en la circunscripción, declaró el Tribunal Constitucional que no merecía en modo alguno la calificación de exorbitante o contrario al sistema electoral de representación electoral, sino muy claramente la de plenamente razonable y adecuada. Señorías, el Tribunal Constitucional ha dicho que una barrera electoral del 20% es -repito- plenamente razonable y adecuada, y aquí, aparte de que no se establece limitación electoral ninguna, porque lo que estamos debatiendo es el número de miembros que componen una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma, insisto, aunque aquí no se habla de barreras electorales, por mucho que ustedes pretendan decir que de facto el número de diputados implica una barrera electoral -han dicho ustedes- de entre el 12 y el 15%, choca frontalmente con esto que les acabo de leer. El Tribunal Constitucional ha dicho que el 20% es plenamente legal y justificado en Canarias; digo yo que en Castilla-La Mancha no seremos de peor condición. (Risas).
Dice también el Tribunal Constitucional al respecto en otra sentencia, la de 3 de marzo de 2011, que la adecuada representación proporcional solo podrá serlo imperfectamente en el margen de una discrecionalidad que la haga flexible, siendo más bien una orientación o criterio tendencial, porque siempre
mediante su puesta en práctica quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema electoral, pudiendo asumir este en consecuencia diversas variantes, sin que pueda excluirse que el legislador a la hora de configurar la variante concreta a seguir, en uso de su libertad de configuración normativa, introduzca correcciones o modulaciones al principio de proporcionalidad. Por cierto, ¿saben a qué se refiere esta sentencia del 3 de marzo de 2011? Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular contra su Ley Electoral, y el Tribunal Constitucional dijo que el legislador podía hacer lo que hacía. Y digo yo que no seremos de peor condición cuando los que gobernamos somos los del Partido Popular y el Tribunal Constitucional mantendrá su doctrina. (Risas y aplausos).
Termino, señor presidente. Por lo que se refiere a cuál es ese margen de discrecionalidad que tiene el legislador, también el Tribunal Constitucional se pronunció en esta misma sentencia, en el fundamento de derecho duodécimo, diciendo lo siguiente: De acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por este tribunal de forma que no se impongan restricciones indebidas al Poder Legislativo y se respeten sus opciones políticas. En este sentido, el cuidado que este tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de su control ha de extremarse cuando se trata de aplicar preceptos tan generales e indeterminados, puesto que el pluralismo político y la libertad de configuración del legislador también son bienes constitucionales que debemos proteger.
Señorías, cuando se dice que algo es inconstitucional, conviene que se argumente. No vale que se pregone, no me basta -por lo menos a mí- que simplemente se afirme, ha de argumentarse y sostenerse en derecho, y este portavoz modestamente cree haber cumplido con su obligación de decir por qué esta reforma es constitucional mientras que el Partido Socialista no se ha tomado en absoluto la molestia de decir por qué en su opinión este Estatuto es inconstitucional. Señorías, yo creo que no lo han hecho porque no hay argumentos, porque es una reforma plenamente constitucional. No le gustará al PSOE ni a otros grupos parlamentarios, pero es plenamente constitucional, adoptada democráticamente por el principio de la mayoría, siguiendo los procedimientos y la legislación vigente. Eso es lo que hoy se aprueba en esta Comisión, esa es la voluntad de las Cortes de Castilla-La Mancha y esa es también la voluntad del Partido Popular, mayoritario en esta Cámara. (Aplausos.-El señor Jáuregui Atondo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Le quiero preguntar, señor presidente, si nos va a dar la oportunidad de hacer una pequeña réplica. He sido aludido tantas veces que yo creo que es imprescindible, y el señor Martínez Gorriarán dice que más que yo. No sé si los demás grupos quieren hacer uso de ella o no, pero yo querría utilizar cinco minutitos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha habido una contraargumentación, igual que entiendo que estamos en presencia de la reforma de un Estatuto; por tanto, le doy la palabra por cinco minutos.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Simplemente quería puntualizar, por el respeto que me merece la argumentación del señor Conde, algunas de las precisiones que él me ha pedido.
En primer lugar, cuando hacemos la comparación entre el número de escaños en función del número de habitantes hacemos una comparación tramposa, señor Conde. Que en Andalucía haya 109 diputados para 7 millones de habitantes es una proporción que busca una lógica. No cabe decir ahora que el Parlamento de Castilla-La Mancha va a tener una proporción semejante, porque lo que yo estoy censurando es que el Parlamento de Castilla-La Mancha es un Parlamento sin un número, una densidad suficiente como para ejercer las tareas que un Poder Legislativo debe tener. Le hago simplemente dos preguntas: si la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha tiene 5 personas, ¿quiénes van a debatir, 20? ¿Qué queda para el debate? ¿Cuántas personas, cuántos diputados y diputadas van a integrar las comisiones parlamentarias? Porque a cada grupo político no le da la oportunidad de poder ir, es a una mecánica representativa a la que yo me estoy refiriendo; no basta con que usted me diga que no importa porque va a haber un diputado por cada 66.000. No, es que lo que yo estoy diciendo es que ese es un Parlamento de juguete que ofende a la identidad autonómica de Castilla-La Mancha; a eso me he referido, y eso usted no lo ha podido contestar.
En segundo lugar, en mi opinión, concurren argumentos de inconstitucionalidad muy evidentes. Dice que no es el 6 el que se refiere al pluralismo político; claro, pero es que aunque el pluralismo está citado
en el 1, el 6 dice que los partidos concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental para la participación política, y ciertamente muchos partidos políticos no podrán hacerlo. Se va a vulnerar el artículo 14 porque muchas personas que aparecen como diputados y que reivindican el derecho a ser elegidos, no van a poder serlo, porque no van a poder pasar barreras electorales que, en mi opinión -y reitero lo que le he dicho anteriormente-, vulneran el principio de la igualdad y del pluralismo político. Nuestros muchos candidatos van a sufrir una discriminación precisamente en función de esa barrera electoral. Analizaremos esa sentencia que usted dice, pero en mi opinión va a ser objeto fundamental de debate en la sentencia que dará lugar al recurso que vamos a plantear en esta demanda. Dice usted que aquí no basta con pregonar, no basta con reclamar, hay que razonar. Señor Conde, yo le voy a enviar personalmente el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE va a presentar contra este Estatuto, y no va a haber ni uno ni dos, va a haber más de veinte argumentos jurídicos fundados reclamando del tribunal que anule esta vulneración de principios constitucionales con el razonamiento correspondiente. Se lo enviaré cundo corresponda, ahora no es el momento de discutir cuál va a ser nuestro recurso.
Por último, en cuanto a que recurrimos mucho al Tribunal Constitucional, perdone, quiero decirle que nosotros estamos recurriendo al Tribunal Constitucional porque en gran parte en esta legislatura se están produciendo dos cosas muy graves: por un lado, un abuso reiterado del decreto-ley, un abuso reiterado del mecanismo del decreto-ley, que elimina las facultades legislativas principales de esta Cámara y, en segundo lugar, un recorte de derechos fundamentales reiterado, que es lo que nos obliga a ir al tribunal. El PSOE no recurre las leyes porque no le gusten, recurre las leyes porque vulneran derechos fundamentales (Rumores), esta es la clave, y porque recortan libertades, o derechos laborales fundamentales, o servicios públicos fundamentales. Señor presidente, esas son las razones que quería exponer al señor Conde y a todos ustedes. (El señor Alonso Núñez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, yo entiendo que no ha sido usted mencionado ni siquiera en la intervención; la réplica la ha dado el señor Jáuregui.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Siguiendo la terminología del presidente de la casa, alusiones ha habido unas cuantas. (Rumores.-Protestas.-Denegaciones).
El señor PRESIDENTE: Tiene usted tres minutos.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente, se lo agradezco de verdad.
Mire, señor Conde, nos gustaría que nos contestara alguna cosa a los castellano-manchegos, y es por qué ustedes no le dan a Castilla-La Mancha lo que pretenden asegurar como derecho al resto de comunidades autónomas. Les hemos pedido que sometan al recurso previo de inconstitucionalidad este estatuto, siguiendo su argumentación política. Señores del Partido Popular, les leo la exposición de motivos de su proposición de ley. Dice el Partido Popular que para librarlos -a los estatutos, a las reformas- de las sospechas de inconstitucionalidad -creo que aceptarán conmigo que sospechas hay, ¿no?- (Varios señores diputados: No). No, ninguna, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está mintiendo. Ustedes están en poder de la verdad y los demás mentimos; para librarlos de las sospechas de inconstitucionalidad y a fortiori de la acusación explícita de incurrir en ella -dice su proposición- podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad. Esta es la base de la fundamentación de una proposición de ley que votamos el Partido Socialista y el Partido Popular ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y ustedes dicen: para todo el mundo menos para Castilla-La Mancha. ¿Qué respeto les merece a ustedes Castilla-La Mancha? Esto deberían contestarlo.
En segundo lugar, señor Conde, de temas jurídicos por supuesto no le voy a dar ninguna lección, yo soy veterinario; pero de matemáticas haga usted bien las cuentas, porque cuando usted da ese número hace mal las cuentas. La propuesta que ustedes plantean, la horquilla que ustedes plantean situaría la representación entre 60.000 y 85.000 ciudadanos. Y yo les pregunto a ustedes -no sé si hay algún diputado, por ejemplo, de La Rioja o de Cantabria aquí-, tan coherentes que son, ¿por qué no han empezado por La Rioja que están a razón de un diputado por nueve mil, o en Cantabria que están a un diputado por catorce mil? ¿Por qué empiezan por Castilla-La Mancha? Porque tienen miedo; porque a la presidenta le tiemblan las piernas de perder en Castilla-La Mancha. (Protestas.-Rumores). Esa es la realidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Gorriarán me había pedido también la palabra.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Voy a ser breve, porque en realidad no hay muchas cosas sobre la que pueda hablar, porque don Agustín Conde lamentablemente, en vez de refutar lo que mi grupo ha expuesto, ha preferido insultarnos, hacer chascarrillos sobre Rosa Díez que no estaba aquí presente, lo cual es muy caballeroso por su parte; decir bobadas sobre Unión Progreso y Democracia y no entrar en el fondo de la cuestión. Y lo que es peor, y esto sí me parece grave, atribuir a mi grupo posiciones políticas que no tenemos, como decir que nosotros proponemos todos los días o casi todos la supresión de las comunidades autónomas, cuando es rigurosamente falso, porque él debería saber -porque le va en el sueldo- que nosotros proponemos un modelo de Estado federal que a él le puede interesar, gustar o no, pero no puede atribuirnos cosas diferentes a las que nosotros, como partido, sostenemos. Eso es intoxicar, es desinformar, es engañar y es difamar. Si eso le parece muy bien, pues qué quiere usted que le diga. Yo, según le voy oyendo hablar, me recuerda usted al No-do; en fin, cosas de tiempos pretéritos en blanco y negro, donde no se oyen más que disparates contra los disidentes.
Además dicen ustedes cosas extraordinarias. ¡Claro que hay un principio de la democracia en que las mayorías toman las decisiones! Pero ese principio está completado por otro igual de importante que dice: Las mayorías toman decisiones y deciden, pero no suprimen a las minorías ni su derecho a la iniciativa y a la actividad política y a la igualdad. Y es tan sagrado como la anterior, porque si no la democracia se convertiría en una cosa que ustedes mencionan sin saber lo que es, como los chiquillos, demagogia. Eso es la demagogia, donde la mayoría arrasa y se carga a las minorías. En fin, dejen ustedes de atribuirnos posiciones que no tenemos. Si se empeñan en hacerlo allá ustedes. El otro día el señor Margallo, el ministro de Exteriores, en esta misma sala me dijo a mí y yo le dije a él que sosteníamos exactamente lo mismo sobre lo que estaba ocurriendo con el referéndum de secesión en Cataluña. Si usted ahora dice que nosotros estamos también contra lo que dice el señor Margallo, y que basta con que lo sostenga UPyD para estar en contra, hagan ustedes ese tipo de gansadas. Desde luego no va a beneficiar a nadie, no va a beneficiar a la democracia. Para acabar, posiciones como las suyas están convirtiendo a su partido en el único partido antisistema que hay en España. (Rumores).
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, empiezo por el final. Señor Martínez Gorriarán, me dice que no he entrado al fondo de la cuestión. Pues mire, puede ser que a la altura intelectual que usted pretende brillar este portavoz no haya podido subirse. Yo creo que modestamente he analizado todos y cada uno de los asuntos que han sido puestos a debate en esta mesa; y creo haberlo hecho con un análisis incluso de la constitucionalidad o no de los preceptos. Lamento no brillar a su altura -no debo estar a la altura-, pero permítame que le diga respecto a eso que dice de que nosotros difamamos, insultamos y despretigiamos, que no, señor Martínez Gorriarán, que nosotros disentimos de usted. Permítanos que podamos pensar de otra manera, que podamos llevarle la contraria. Comprendo que esto puede resultar ofensivo para quien cree que está en posesión absoluta de la verdad, pero es una cosa que sucede en los parlamentos: unos piensan de una manera y otros de otra. Nosotros no estamos de acuerdo con usted, no se lo tome como un insulto, no tengan la fina la piel, no hagan del enfado la razón de ser de su existencia política, porque yo pensaba que estábamos en otras cuestiones.
Señor Martínez Gorriarán, ¿sabe cuál es el problema? Que para tener escaños en un sistema democrático conviene tener votos. Suele ser conveniente, para tener escaños, tener votos (El señor Martínez Gorriarán: ¿Nos han tocado en una tómbola?), y el problema de UPyD es que no tiene votos suficientes para tener escaño, entonces necesita que haya el número suficiente de escaños para ver si con los votos que tienen encuentran silla. (El señor Martínez Gorriarán: Señor presidente, por favor, esto es una gansada. Está negando que a mí me hayan elegido los electores. Esto es el colmo del desparpajo y del descaro).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martínez Gorriarán, usted ha tenido su oportunidad; deje a la otra parte que intervenga. Usted se ha explicado en libertad, como le ha parecido bien. (El señor Martínez Gorriarán: Señor presidente, no permita difamar. Está difamando.-Rumores). Tiene la palabra el señor Conde y le ruego silencio.
El señor CONDE BAJÉN: Señor Martínez Gorriarán, no sabe de verdad cómo le agradezco esto, porque es la demostración a mi argumento. Ustedes se enfadan cuando se les lleva la contraria. Ustedes
en Castilla-La Mancha tuvieron 20.554 votos, es decir, el 1,78% de los votos en la comunidad autónoma; el 1,78, 20.000 votos. Es cierto que tuvieron unos cuantos más que el Partido Antitaurino, pero por ahí andaban. (El señor Martínez Gorriarán: ¿Y qué?.-Un señor diputado: ¡Qué falta de respeto!- Rumores). ¿Cuántos diputados quiere usted que pongamos en Castilla-La Mancha para que ustedes con 20.000 votos tengan escaño? Pues no, señor Martínez Gorriarán, concurran a las elecciones, que lo van a poder hacer, en igualdad de condiciones que los demás. Tendrán la posibilidad de someterse a una elección y en su caso ser elegidos (El señor Martínez Gorriarán: Esto es fascista), porque, señor Jáuregui, no existe un derecho a ser elegido en el sistema constitucional español, existe el derecho a tratar de ser elegido, que es muy distinto. (Risas). No se rían. Comprendo que quizá haya determinado tipo de sutilezas jurídicas que a algunos no les resultan tan fácilmente entendibles, pero no existe el derecho a ser elegido, sino el derecho a concurrir a una elección y a mantenerse, en el caso de ser elegido, sin perturbaciones en el ejercicio del cargo, que es el contenido del artículo 23 de la Constitución. Ese es el derecho constitucional, y ese derecho existe y permanece cualquiera que sea el número de diputados que componen la Cámara autonómica de Castilla-La Mancha: el derecho a concurrir a las elecciones y el derecho a poder ser elegido si se tiene el número suficiente de votos que ello lo permita. Y respecto a lo que ustedes dicen sobre que el límite y barrera se puede situar en torno al 12% y que eso lo hace inconstitucional, les acabo de leer una sentencia del Tribunal Constitucional que dice exactamente lo contrario. Señorías, ante hechos no valen razones; no es la opinión que les da este portavoz, es la opinión que emite el Tribunal Constitucional.
Por último, para contestar a otra de las cuestiones que se decían, les diré que la composición de las Comisiones nada tiene que ver con el trabajo de las Comisiones mismas. Sincera y honestamente, ¿qué más nos daría que en esta Comisión hubiera el doble de diputados o la mitad de los que estamos? (Rumores.- El señor Baldoví Roda: Yo no habría estado). El debate hubiera sido exactamente el mismo. (Rumores.-El señor Jáuregui Atondo hace gestos negativos). Dice usted que vamos a tener un Parlamento de juguete. No, los parlamentos son o no son de juguete en función de lo que se hace en los parlamentos, no por el número de personas que hacen lo que hacen los parlamentos. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Bien!). Por otra parte, el señor Alonso nos decía que este estatuto tiene sospechas de inconstitucionalidad. Pues, mire usted, para nosotros ninguna, y creemos modestamente haber contribuido en el debate argumentando por qué esas sospechas no existen. Nos dice -eso sí- que por qué no sometemos este debate a recurso previo de inconstitucionalidad. Señoría, nosotros no tenemos ningún problema con la proposición de ley que acabamos de hacer; en absoluto. Ha habido una proposición de ley para establecer el recurso previo de inconstitucionalidad frente a los estatutos de autonomía. Les recomiendo, eso sí, dos cosas. La primera, que lean el artículo -magnífico, como todo lo que escribe- que publicó nuestro compañero Ignacio Astarloa en ABC el pasado jueves, donde les recuerda a ustedes un par de cositas. La primera cosita que les recuerda es que, cuando se estaba tramitando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se estaba tramitando también en estas Cortes una proposición de ley orgánica para establecer el recurso previo de inconstitucionalidad, y entonces se les dijo: ya que se está tramitando esta proposición de ley, sería muy bueno que aplicásemos este recurso previo de inconstitucionalidad al Estatuto de Cataluña. ¿Qué votó el Partido Socialista entonces? Votó en contra. ¿Y por qué lo que no vale para Cataluña tiene que valer para Castilla-La Mancha? Pregunte hacia su derecha sobre todo para que le den la explicación.
Segunda cuestión. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que las leyes se apliquen, pero que se hagan como la Constitución dice, y las leyes entran en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ustedes han presentado una proposición de ley en una determinada fecha y se va a tramitar, no me cabe la menor duda, conforme a lo previsto en el Reglamento y por su orden. El problema es que esta proposición de ley tuvo entrada en esta Cámara mucho antes. Señor Jáuregui, ¿sabe en el fondo lo que pasa? Ustedes no saben hacer bien la oposición, permítame que se lo diga. (Un señor diputado: Ni ustedes el Gobierno.-El señor Alonso Núñez: ¡Vaya!). Sí, sí. (Rumores). Tengan en cuenta la siguiente cuestión: esta proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se ha tenido que tramitar previamente en Castilla-La Mancha, luego ustedes, cuando se tramitaba en Castilla-La Mancha, deberían haber sabido que esto iba a terminar llegando aquí, y por lo tanto ustedes podrían haber planteado aquí una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para establecer el recurso previo de inconstitucionalidad, de tal manera que cuando llegase el Estatuto de Castilla-La Mancha ya estuviese en tramitación la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero ustedes trabajan poco; no usted, señor Jáuregui. (Risas). Comprendo que hay tantos líos en el
Partido Socialista que no les da tiempo para hacer la oposición en el Congreso (Rumores.-Aplausos). ¿Y sabe lo que sucede? Que las leyes y las iniciativas se tramitan por su orden. Y esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica que regula el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha tenido entrada en la Cámara con mucha antelación sobre la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes han hecho, y va a resultar que cuando se apruebe el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha todavía no estará en vigor la ley que restablece el recurso previo de inconstitucionalidad. ¿Qué quieren ustedes, que apliquemos la ley con carácter retroactivo? Me parece un absurdo que desde luego el Partido Popular no va a asumir, por la razón que les he dicho. Y permítanme que les recuerde que carece por completo de legitimidad el partido que pide hoy lo que ustedes están pidiendo, y que hizo en relación con el estatuto de autonomía lo que ustedes hicieron, con el resultado que les he dicho, que el Constitucional declaró inconstitucional una parte sustancial de los preceptos de ese estatuto, y ustedes no hicieron posible que esa sentencia se pronunciase antes de su entrada en vigor. (Aplausos.-El señor Jáuregui Atondo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: No, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: No pido réplica. Déjeme que me explique.
El señor PRESIDENTE: Dígame.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, quería explicar simplemente una cosa. No quiero replicar porque sé que no hay turno: me encantaría, pero no puedo hacerlo. Sin embargo quiero exponer la petición de que se tome en consideración una enmienda transaccional in voce que quiero presentar, y que voy a trasladar a todos los grupos, precisamente a propósito del último debate que ha planteado el señor Conde, y me gustaría pasarla a todos los grupos porque es una enmienda transaccional que pretende incorporarse a la enmienda número 5, presentada anteriormente, y que busca una disposición final por medio de la cual, para evitar que no haya una aplicación retroactiva, como plantea el señor Conde, y para evitar que al mismo tiempo haya un choque de legitimidades como el que he explicado antes, la aplicación de esta reforma estatutaria entre en vigor precisamente una vez que se haya aprobado. (Rumores.-Denegaciones). Sí, estoy planteando una enmienda que es rigurosamente perfecta desde el punto de vista jurídico. Ustedes pueden decir que no; es su derecho, pero el mío es defender una enmienda. Está claro. (Un señor diputado: ¡Ya está bien!). Es mi derecho: defender una enmienda transaccional que he repartido a los grupos, y que pretende que la entrada en vigor de este estatuto se atrase a la aprobación de una ley que ayer el PP y el Partido Socialista incorporamos a la tramitación parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Entiendo entonces que esta enmienda transaccional a la enmienda número 5 del Grupo de La Izquierda Plural es una enmienda que no sustituye, sino que se añade a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Pregunto al señor Lara: ¿tiene algún inconveniente al respecto?
El señor LARA MOYA: Nosotros no estamos de acuerdo con la enmienda, aunque sí que se enganche en nuestra propuesta. Quiero dejar claro que no estamos de acuerdo con la enmienda y la vamos a votar en contra, pero sí cedemos el turno de nuestra enmienda para que se pueda enganchar a ella, ya que lo necesita. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Presidente, quiero precisar que no es imprescindible; agradezco al señor Lara su generosidad, pero recuerdo que las normas internas de la Cámara no exigen que el grupo proponente de una enmienda dé su aprobación a la presentación de una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, yo no le he pedido su conformidad, simplemente le he preguntado qué opinión le merecía. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra).
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, le pido votación separada de la enmienda número 3, como ya he anunciado en mi intervención inicial.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda del Grupo Mixto, del señor Baldoví Roda.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia números 2 y 4. ¿Puedo someterlas conjuntamente a votación?
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Sí.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 2 y 4 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Someto a votación la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de la que había pedido la votación separada el señor Xuclà.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 13.
Someto ahora a votación la enmienda número 5 de La Izquierda Plural, en su texto original.
Votamos la segunda parte de esta enmienda, en los términos que ha señalado el señor Jáuregui.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 3.
Enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos ahora a votación el texto del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16; abstenciones, 2.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.