Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-198-de-marzo-14-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bf287d8fcda601fae0430a01015101fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 05:45:14
Document Index: 238482864

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 50', 'artículo 50', 'artículo 366', 'artículo 241', 'artículo 50', 'artículo 366', 'artículo 2', 'artículo 366', 'artículo 95', 'artículo 338', 'artículo 95', 'artículo 150', 'artículo 366', 'artículo 367', 'artículo 366', 'artículo 50', 'artículo 366', 'artículo 50', 'artículo 366', 'artículo 50', 'Artículo 367']

﻿ Sentencia C-198 de marzo 14 de 2012
SENTENCIA C-198 DE 14 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:INGRESOS POR CONCEPTO DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y DEMÁS PRODUCTOS MINEROS COMO EXCEPCIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y DEMÁS PRODUCTOS MINEROS APAREJAN SITUACIONES ÚNICAS, DIFERENTES DE AQUELLAS CONCERNIENTES A LA EXPORTACIÓN DE OTROS BIENES, POR RAZÓN DE LA DINÁMICA DE LA ECONOMÍA, CIRCUNSTANCIA EVIDENCIADA A PARTIR DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN FISCAL QUE DEBEN IMPLEMENTAR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL Y RECAUDO DE LOS IMPUESTOS, CONFORME A LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. NO SE TRATA POR TANTO, DE LA EXCLUSIÓN DE UN BENEFICIO EN ESE SECTOR ESPECIAL DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y EN RELACIÓN, CON LOS SUJETOS Y BIENES GENERALES OBJETO DE EXPORTACIÓN EXENTOS DE LA MEDIDA, DADO QUE EN ESE GRUPO RECAE POR IGUAL LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE LA RENTA, ORIGINADA DE LOS INGRESOS CAUSADOS POR LA CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 1430 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS, RECAUDO DEL TRIBUTO, RETENCIÓN EN LA FUENTE
Sentencia C-198 de marzo 14 de 2012
Ref.: Expediente D-8667
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 50 de la Ley 1430 de 2010, “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, que adiciona el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario).
Diario Oficial 47937 de 29 de diciembre de 2010
‘Lo previsto en este parágrafo no aplica a los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, para lo cual el exportador actuará como autorretenedor. En este caso, el Gobierno Nacional establecerá la tarifa de retención en la fuente, la cual no podrá ser superior al diez 10% del respectivo pago o abono en cuenta’”.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la carta política, la Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda, pues se trata de la acusación de un precepto de la Ley 1430 de 2010.
2.1. El actor solicita a la Corte se declare inexequible el artículo 50 de la Ley 1430 de 2010, por considerar que vulnera los derechos a la igualdad, libre competencia económica, y los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario.
Censura la inaplicación de la excepción de retención en la fuente prevista para ingresos provenientes del exterior constitutivos de renta por exportación de bienes, consagrada en el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989, adicionado por la norma demandada, la cual contempla el establecimiento por el Gobierno Nacional de una tarifa de retención no superior al 10% del respectivo pago o abono en cuenta, para ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, este tribunal ha dispuesto que para acometer una decisión de fondo, además de indicarse en la demanda las normas que son acusadas como inconstitucionales y la preceptiva superior presuntamente violada, resulta imprescindible plantear al menos un cargo concreto de inexequibilidad.
A este respecto, la jurisprudencia ha sido constante(2) en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida en que debe precisarse la manera como la norma acusada vulnera cuál precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, mas no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio, que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
¿La retención en la fuente para ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, establecida como excepción de aquellos ingresos exentos provenientes del exterior constitutivos de renta por exportación de bienes, que consagra el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989, vulnera los derechos de igualdad, libre competencia económica y los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad?
La función de Estado, referida al ejercicio de poderes en un determinado territorio y sobre todos sus habitantes, se identifica con el concepto de soberanía(3), que en este sentido conlleva la facultad de disponer y aplicar normas en ese territorio, enmarcada en lo prescrito desde preceptos como los artículos 4º y 95 superiores, que determinan el respeto a la Constitución Política y a las leyes de la República(4).
De igual manera ha reseñado esta corporación que forman parte integral de este principio, “las reglas de ‘territorialidad subjetiva’ según la cual el Estado puede establecer y aplicar normas sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado y de ‘territorialidad objetiva’ en virtud de la cual cada Estado puede aplicar sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero culminaron o tienen efectos sustanciales y directos dentro de él”(5).
Ha dispuesto esta corporación(6) que una de las formas para hacer efectivos los fines del Estado social de derecho consiste en el cumplimiento por parte de los asociados de ciertos deberes, materializados en comportamientos y conductas para beneficio de la comunidad, uno de ellos estipulado en el artículo 95-9 superior: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
Para mayor ilustración, recuérdese lo expuesto por la Corte Constitucional acerca de la razón de ser de la tributación: “Para poder desarrollar sus actividades, cumplir sus fines y realizar los valores que encarna el ordenamiento constitucional, las autoridades públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no solo ciertas necesidades pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas sino que, además, muchos de los derechos fundamentales que en apariencia implican un deber estatal de simple abstención —los llamados derechos humanos de primera generación o derechos civiles y políticos— en la práctica requieren también intervenciones constantes del Estado. En efecto, el goce de estos derechos por las personas requiere, por ejemplo, una eficaz administración de justicia y una diligente labor de la fuerza pública, a fin de que se garantice una convivencia pacífica entre los colombianos”(7).
El deber de tributar “tiene como fundamento el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas públicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado social de derecho”(8).
La Constitución ha depositado la facultad impositiva en cuerpos colegiados de elección popular, particularmente el Congreso de la República, encargado de ejercer esa atribución mediante el establecimiento de la política tributaria que estime más adecuada, para alcanzar los fines del Estado (C.N., art. 338).
Sobre ello ha indicado esta Corte(9):
5.6. Atendiendo al contenido de los citados mandatos, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que, en materia tributaria, la facultad de configuración legislativa, principalmente encomendada al Congreso, ‘es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en tomo a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal’(10).
5.7. No obstante, la misma jurisprudencia ha aclarado que, en todo caso, la atribución para fijar el régimen legal del tributo, si bien es amplia y discrecional, no es absoluta, pues la misma encuentra límites precisos en la propia Constitución Política. Ha precisado la Corte(11) que los límites impuestos al poder decisorio del Congreso en materia impositiva, se concretan en los siguientes aspectos: (i) inicialmente, frente al deber individual de contribuir a la financiación de los gastos públicos, pues el mismo tiene que ser desarrollado conforme a los criterios de justicia y equidad (C.N. art. 95-9); (ii) también con respecto a la construcción del sistema tributario como tal, toda vez que este debe estar fundando, por una parte, en los principios de legalidad, certeza e irretroactividad (C.N., art. 338), y por la otra, en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (C.N., art. 363); finalmente, (iii) las regulaciones tributarias deben respetar los derechos fundamentales, y, en ese contexto, adoptarse con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad.
5.9. Frente a la facultad para establecer beneficios tributarios, este tribunal ha destacado que la misma se entiende incluida dentro del poder impositivo y, por tanto, aun cuando es amplia, también está sometida a los límites constitucionales que controlan el ejercicio de dicho poder. Por ello, ‘el otorgamiento de beneficios tributarios, no obstante el amplio margen de configuración normativa de que goza el legislador sobre la materia, no queda librado simplemente a su opción política, sino que debe atender a una valoración específica de la justicia tributaria y demás principios que sustentan la política fiscal’(12).
5.10. Así las cosas, en los términos de lo expuesto en este apartado, es posible concluir: (i) que dentro del propósito de financiar el gasto público, el Estado se encuentra habilitado constitucionalmente para imponer tributos a los administrados; (ii) que la competencia para ejercer la función impositiva se encuentra en cabeza de los órganos políticos de representación popular, y en particular en el Congreso de la República; (iii) que en desarrollo de la aludida atribución, el legislador queda habilitado no solo para crear el tributo sino también para modificarlo o derogarlo, y para determinar el establecimiento de cierto tipo de beneficios sobre el mismo; y (iv) que la facultad impositiva, aun cuando es amplia, encuentra límites, razón por la cual las regulaciones tributarias deben respetar los derechos fundamentales y ajustarse a los principios constitucionales que gobiernan la política fiscal del Estado”.
Así, aparte del conjunto de derechos y libertades que la carta confiere a las personas que ocupan el territorio nacional, estas por causa y razón del Estado social de derecho(13), tienen el deber y la responsabilidad de contribuir al financiamiento de las arcas oficiales y al gasto público, mediante la tributación que dispongan las autoridades competentes, siempre dentro de los fines y limites que establece la Constitución, conforme a los principios generales de participación, solidaridad y orden justo (C.N., arts. 1º y 2º).
El ámbito espacial dentro del cual tienen vigencia las disposiciones tributarias, es labor que corresponde definir al legislador, a efecto de delimitar su cobertura personal y material: “Se trata, pues de la expresión de la potestad de configuración legislativa en la especificación del principio de territorialidad de la ley, que en nada contraría la Constitución”(14).
La Corte, repasando reiterada y decantada jurisprudencia sobre este tema, manifestó recientemente(15):
6.1.2. En virtud del principio de certeza, la norma que establece el tributo debe fijar con claridad y de manera inequívoca los distintos elementos que lo integran, esto es, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los tributos; exigencia que solo admite como excepción, la posibilidad de que la ley permita a las autoridades administrativas fijar la tarifa de las tasas y contribuciones, siempre y cuando en los mismos actos se haya previsto el sistema y el método para establecer los costos y los beneficios de los que depende la tarifa(16). En torno a este principio, ha explicado la Corte que el mismo se desconoce cuando la ley, al llevar a cabo la descripción del tributo, incorpora elementos particularmente vagos u oscuros, que hacen imposible determinar su verdadero alcance.
6.1.3. Por su parte, con el principio de irretroactividad, se busca que la ley que impone un tributo no pueda aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su entrada en vigencia. A este respecto, el inciso tercero del artículo 338 de la Carta es claro en señalar, que las leyes que regulen tributos, en las que la base gravable sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, ‘no puede aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo’.
6.1.4. En cuanto al principio de equidad, este comporta un claro desarrollo del derecho fundamental de igualdad en materia tributaria, razón por la cual persigue proscribir toda formulación legal que consagren tratamientos tributarios diferentes que no tengan justificación, ‘tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual’(17). En este sentido, ha dicho la Corte que ‘[e]l tributo deber ser aplicado a todos aquellos sujetos que tengan capacidad contributiva y que se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho, lo cual garantiza el mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas’(18). Tal planteamiento, a su vez, ha sido recogido en el denominado principio de generalidad, ‘cuyo enunciado implica que el universo de los sujetos pasivos del tributo debe comprender a todas las personas que tengan capacidad contributiva (criterio subjetivo) y desarrollen la actividad o conjunto de actividades gravadas (criterio objetivo)’(19).
Conforme con ello, a través del principio de equidad, se busca que ‘quienes se encuentran en situaciones similares, con capacidad económica similar, soporten una carga tributaria igual (C.N., art. 363)(20)’. Según lo ha explicado esta corporación, la equidad se proyecta no solo desde un punto de vista horizontal, es decir, que a igual capacidad de pago, igual sea la contribución, sino también desde una perspectiva vertical, en la medida en que el mayor peso en cuanto a la obligación de contribuir debe recaer sobre aquellos sujetos que cuentan con más capacidad económica(21).
6.1.5. Frente al principio de progresividad, cabe anotar que este viene a constituirse en una manifestación de la equidad vertical, en el sentido que con él se persigue que el sistema tributario sea justo, lo cual se materializa en la exigencia al legislador para que tenga en cuenta, al momento de reglamentar el tributo, la capacidad contributiva de las personas, de forma tal, que quienes tienen mayor capacidad deben asumir obligaciones mayores y la cuantía del tributo será proporcional a esa mayor capacidad(22). En ese sentido, lo ha dicho esta corporación, el citado principio hace referencia ‘al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de que disponen, y permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados’(23).
6.1.6. Y con respecto al principio de eficiencia, ha considerado este tribunal que su objetivo es lograr que el tributo se recaude con el menor costo posible para el Estado y para el contribuyente. En ese contexto, el citado principio resulta ser ‘un recurso técnico del sistema tributario dirigido a lograr el mayor recaudo de tributos con un menor costo de operación; pero de otro lado, se valora como principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal (gastos para llevar a cabo el pago del tributo)’”(24).
Advierte esta corporación que el legislador, dentro de los principios anotados, goza de una racional facultad de configuración, que le permite fijar con regulada discrecionalidad los elementos del gravamen, “atendiendo una política tributaria que él mismo ha señalado, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal”(25).
Séptima. La retención en la fuente como mecanismo anticipado de recaudación tributaria
El legislador creó la retención en la fuente, cuyo objeto es “conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause”(26), con el propósito de facilitar la gestión tributaria en cabeza de la administración de impuestos, esto es, para acelerar y asegurar el pago del respectivo tributo.
La retención en la fuente como “método de ejecutar algunas cosas”, cuenta con un procedimiento propio, previsto en las normas respectivas, que definen quién debe retener, los conceptos a retener, el monto susceptible de retener, los sujetos pasibles de retención y sus obligaciones, entre otros conceptos, siendo claro que “no puede pretenderse que a la retención en la fuente se aplique el procedimiento establecido para la determinación del impuesto”(27).
Esta corporación(28) también ha explicado que la retención en la fuente, como modalidad de recaudo gradual de un impuesto, no es figura tributaria contraria a la Constitución, por cuanto:
En el campo de los impuestos, la Constitución se ha limitado, como debe ser, a fijar unos principios generales. Así, el numeral 9º del inciso tercero del artículo 95, establece como un deber de la persona y del ciudadano, el de ‘contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad’. Y el numeral 12 del artículo 150 asigna al Congreso la función de ‘Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley’.
Pero la Constitución no entra en el detalle de cómo se recaudan los impuestos decretados por el Congreso, porque ello sería contrario a la técnica jurídica”.
Además, la Corte Constitucional ha precisado(29):
El principal objetivo de la retención en la fuente es el recaudo simultáneo del impuesto en el momento de obtener los ingresos, lo cual ofrece múltiples ventajas pues i) simplifica el trabajo de la administración tributaria, ya que se la libera de la tarea de recaudo al trasladarla a los particulares; ii) mejora el flujo de dineros para la tesorería pública, pues permite escalonar la percepción de los ingresos acelerando su recaudación; iii) opera como instrumento de control a la evasión fiscal(30), por cuanto facilita la identificación de contribuyentes que podrían permanecer ocultos o que son difíciles de ubicar directamente, como es el caso de los residentes en el exterior o quienes ejercen actividades económicas en forma temporal y iv) fortalece la efectividad automática del impuesto como instrumento anti-inflacionario asegurándole al Estado su participación en el producto creciente de la economía(31).
No sobra advertir que esta corporación ha avalado la constitucionalidad de la retención en la fuente como uno de los mecanismos más usuales de cobro anticipado. Así ha indicado que no es un impuesto sino un procedimiento para el recaudo tributario, de modo que no puede pretenderse que a ella se aplique el procedimiento establecido para la determinación del impuesto. Además su establecimiento no desconoce el debido proceso(32). Igualmente la Corte ha expresado que este instrumento tributario es trasunto del principio constitucional de eficiencia tributaria”(33).
La retención en la fuente es, pues, una herramienta concebida por el legislador para el recaudo adelantado de obligaciones tributarias consolidadas al término del respectivo período gravable, “un modo de extinguir la obligación tributaria, y para el contribuyente, la forma de cumplimiento anticipado de tal obligación”(34), adecuada a los principios constitucionales que informan el sistema tributario colombiano.
Entendida por la Corte como “imposición de origen” conforme a la potestad de configuración del legislador (C.N., arts. 150-12 y 338), “permite al Estado recibir los impuestos a que tiene derecho en el mismo momento en que el contribuyente obtiene el ingreso susceptible de ser gravado, y como tal, sujeto a retención. Fortalece la efectividad automática del impuesto como instrumento anti-inflacionario y asegura al Estado su participación en el producto creciente de la economía”(35).
La primera inquietud que nace, expuesta por el accionante y algunos intervinientes alrededor de dicha diferenciación, se dirige hacia las razones que tuvo el legislador para imponer la medida tributaria, destacando el demandante la ausencia de justificación en los debates en el Congreso de la República, así como los límites de este en cuanto a la liberad de configuración normativa; y los intervinientes, mayoritariamente, su ejercicio constitucional en virtud de las facultades otorgadas por la carta, conforme a los fines que orientan la economía en un Estado social de derecho.
Con todo, observa la Corte que la censura sobre el tratamiento legislativo, obedece a que la inclusión de la retención en la fuente para ingresos por exportaciones de hidrocarburos y demás ingresos mineros, en el Proyecto de Ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado, se hizo “con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo sobre el impuesto de la renta y sus complementarios”, justificación creída insuficiente por falta de razonabilidad y proporcionalidad frente a los demás sujetos del sector exportador.
Aun cuando no aparecen razones complementarias a la expuesta, en informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, se anota que la formulación de medidas según la finalidad del proyecto, “pertenecen a un ámbito fiscal el cual debe ser discutido desde una óptica en materia impositiva tendiente a materializar una serie de herramientas tendientes a mejorar el control y recaudo tributario, así como la competitividad en materia industrial”(36), circunstancia que expresa una justificación técnica que posteriormente aparejó la adición del precepto al proyecto original y la consiguiente implementación del mecanismo tributario.
De otro lado, se advierte que el proyecto formó parte de un paquete de medidas tributarias, ventiladas separadamente pero ligadas al propósito único de mejorar el recaudo, figurando entre ellas el Proyecto de Ley 057 de 2010 Cámara, 187 de 2010 Senado, el cual en su exposición de motivos, reseñó las perspectivas de recuperación de la economía, la situación del país que ha hecho atractiva la inversión en el sector minero-energético, el crecimiento de la producción y las mejores condiciones de mercado del sector petrolero y minero(37).
Tal proyecto, por manifiesta conexidad, fue citado a su vez en el proyecto 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado, “por medio del cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, dentro del conjunto global de medidas tributarias, que a su turno se sustentó en los principios que consagran los artículos 95, 334, 338 y 366 de la Constitución.
8.2. Cuestiona el demandante la existencia de un tratamiento diferencial y discriminatorio, en referencia a los ingresos provenientes de exportación de bienes, por la inaplicación de la excepción prevista en el parágrafo 1º del artículo 366-1 del estatuto tributario, a los originados en la exportación de hidrocarburos y demás productos mineros.
Ese desarrollo normativo deviene de la potestad de configuración del legislador, emanada de los artículos 150-12 y 338 de la Carta, sistema constitucional que permite en materia tributaria, como inherente a la función, crear, modificar, reformar, interpretar y derogar la normatividad respectiva, sin que sea admisible afirmar la existencia de estatutos pétreos o sustraídos a ese poder conferido por el constituyente(38). Así, en el caso bajo estudio puede decirse sin vacilación que el Congreso nada hizo por fuera del cumplimiento de su facultad, modificando el régimen tributario correspondiente.
Tal es lo que ocurre con la retención en la fuente, dirigida al recaudo simultáneo y eficiente del impuesto a partir de la percepción de ingresos. El estatuto tributario en su artículo 367, estipula que “la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause”, mecanismo de cuya definición se desprenden unas relaciones jurídicas integradas, de un lado, entre los sujetos de la obligación a retener (el Estado como sujeto activo y el retenedor como sujeto pasivo) y, de otro, entre los sujetos de la retención (el retenido o sujeto pasivo y el retenedor como sujeto activo)(39).
Al respecto, esta Corte ha indicado (no está en negrilla en el texto original)(40):
“La potestad de configuración normativa que en materia tributaria tiene el legislador no es absoluta sino que encuentra límites en los principios constitucionales, dentro de los que se destacan los de igualdad y equidad tributaria, de manera que la creación, modificación o supresión de tributos, así como las exenciones tributarias, debe atender al respeto de los principios señalados y, en general, de los derechos constitucionales fundamentales”.
Para constatar si una norma transgrede el principio de igualdad, se estructuró el “test de igualdad”(41), enfocado a advertir al juez constitucional, mediante un criterio de comparación, si las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares, debiendo analizarse también “la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines”(42).
Volviendo a la preceptiva objeto de estudio, aun cuando la disposición acusada consagra el mecanismo de la retención en la fuente para ingresos por exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, como excepción al conjunto de ingresos por exportación de bienes en general, que consagra el parágrafo 1º del artículo 366-1 del estatuto tributario, surge disimilitud desde los primeros elementos específicos, ligados a la naturaleza, propiedad, producción y comercialización de los recursos que originan los ingresos en cuestión, frente a los demás por bienes exportados.
En efecto, aquellos provienen de haberes que, por lo general, son propiedad del Estado, como los naturales no renovables (C.N., art. 332), sujetos a un régimen tributario y de regalías propio, en cuya medida las connotaciones que los acompañan no siempre, ni normalmente, se avienen a aquellas que presentan bienes de exportación de propiedad privada, circunstancia diversa que no se traduce en mengua o quebrantamiento de la libre competencia económica, dada la cobertura prevista en la legislación especial, fundada precisamente en la libertad de configuración, que no inhibe que otros bienes de distinta naturaleza reciban por esa misma razón un tratamiento dispar.
Esta diferencia amerita una estructuración grupal única en materia tributaria, emanada de la gestión fiscal estatal adelantada últimamente, con los proyectos de ley referidos en el punto 8.1 de estas consideraciones, la cual, a su vez, gira en torno a las perspectivas y condiciones de la economía nacional e internacional, situación que justifica y permite al legislador ejercer la potestad de configuración normativa otorgada por el constituyente, con apoyo en los artículos 95, 150-12, 334, 338 y 366 de la Carta Política. Por lo tanto, al no revelarse situaciones similares, como lo prevé la doctrina constitucional reseñada, resulta inane el juicio de igualdad esbozado por el accionante.
Con la demanda que resuelve la Corte contra el artículo 50 de la Ley 1430 de 2010, el ciudadano accionante objetó el establecimiento de la retención en la fuente para ingresos por exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, al ordenar la inaplicación sobre tales recursos de la excepción consagrada en el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989 para ingresos provenientes de exportación de bienes en general, violándose así, según el censor, los derechos a la igualdad y a la libre competencia económica, al igual que los principios reguladores del sistema tributario.
La Corte Constitucional debe declarar, en consecuencia, la exequibilidad del artículo 50 de la Ley 1430 de 2010, “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, que adiciona el parágrafo 1º del artículo 366-1 del Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario), por encontrarse ajustado a lo dispuesto en los artículos 13, 95, 363 y 333 de la Carta Política.
1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 50 de la Ley 1430 de 2010, “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, por los cargos de esta demanda.
(2) Cfr. C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 8 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(3) C-1189 de septiembre 13 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-621 de junio 13 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(4) C-527 de julio 3 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) C-1189/2000 citada.
(6) C-913 de diciembre 6 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Ver también C-505 de julio 14 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(7) C-445/95 (oct. 4), M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(8) C-261 de abril 6 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(9) C-913/2011 citada.
(10) “C-222/95. Cfr. C-341/98, C-250/2003, C-1003/2004, C-664/2009 y C-748/2009”.
(11) “Cfr. C-222/95, C-340/95, C-643/2002, C-1003/2004 y C-664/2009”.
(12) “C-748/2009”.
(13) C-505/99, precitada.
(14) C-485/2000 (mayo 4), M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-992/2001 (sep. 19), M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(15) C-913/2011, precitada.
(16) “Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-226 de 2004, C-989 de 2004, C-1003 de 2004 y C-114 de 2006”.
(17) “Sentencia C-643 de 2002”.
(18) “Sentencia C-804 de 2001”.
(19) “Sentencia ibídem, recogiendo a su vez los planteamientos expuestos por la Corte en la Sentencia C-183 de 1998”.
(20) “Sentencia C-1003 de 2004”.
(21) “Sobre el tema, se pueden consultar, entre otras, la sentencias C-419 de 1995, C-804 de 2001, C-1003 de 2004, C-664 de 2009 y C-368 de 2011”.
(22) “Con respecto a los principios de equidad y progresividad tributaria, la Corte, en las sentencias C-776 de 2003 y C-989 de 2004, precisó que: ‘si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad —en la medida en que ambos se refieren a la distribución de las cargas que impone el sistema tributario y los beneficios que este genera— una diferencia importante entre ellos consiste en que el principio de equidad es un criterio más amplio e indeterminado de ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados o beneficiarios a la luz de ciertos valores constitucionales, mientras que el principio de progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo de personas en comparación con los demás’”.
(23) “Sentencia C-989 de 2004. Sobre el principio de progresividad también se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-419 de 1995, C-261 de 2002 y C-776 de 2003”.
(24) “Sentencia C-1003 de 2004. Sobre el mismo principio se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-419 de 1995 y C-261 de 2002”.
(25) “C-341/98 (jun. 8), M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver además, C-222/95 (mayo 18), M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-250/2003 (mar. 25), M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(26) Artículo 367 del Decreto 624 de 1989 (estatuto tributario).
(27) C-222/95 (mayo 18), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(28) C-421/95 (sep. 21), M.P. Jorge Arango Mejía.
(29) C-913/2003 (oct. 9), M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(30) “Sentencia C-015 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
(31) “Sentencia C-397 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara”.
(32) “Sentencia C-421 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía”.
(33) “Sentencia C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
(34) C-397/94 (sep. 8), M.P. Hernando Herrera Vergara.
(36) Gaceta del Congreso 932 de noviembre 19 de 2010. Folio 36 del expediente.
(37) Gaceta del Congreso 779 de octubre 15 de 2010. Folios 20 y 30, ib.
(38) C-225 de mayo 4 de 2005, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-529 de noviembre 24 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(39) C-485 de mayo 4 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(41) C-748/2009 (oct. 20), M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver también C-055/2010 (feb. 3), M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-153/2003 (feb. 25), M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-1036/2003 (nov. 5) y C-913/2003 (oct. 9), M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-428/2002 (mayo 29), M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-093/2001(ene. 31), M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-327/99 (mayo 12), M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-337/97 (jul. 17), M.P. Carlos Gaviria Díaz, entre otras.
(42) C-748/2009, precitada.