Source: http://abriendodatos.cr/blog/2020/02/24/sobre-el-decreto-41996-y-la-unidad-presidencial-de-analisis-de-datos
Timestamp: 2020-06-03 09:00:24
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Sobre el Decreto 41996 y la Unidad Presidencial de Análisis de Datos | Abriendo Datos CR
Sobre el Decreto 41996 y la Unidad Presidencial de Análisis de Datos
24 Febrero 2020 | Abriendo Datos CR
1. Los datos son un insumo fundamental para la toma de decisiones.
En Abriendo Datos Costa Rica impulsamos el uso de datos para la toma de decisiones. Una Administración Pública moderna requiere datos para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y en la creación e implementación de políticas públicas. Avanzar en las mejoras requeridas para que haya datos públicos confiables y disponibles, es una recomendación que ha recibido el país de diversos organismos internacionales que respaldamos.
2. Ya existen mecanismos para la apertura y el uso seguro de los datos.
La Presidencia de la República, como órgano político, cuenta con el apoyo de entes públicos destinados a la generación y análisis de datos destinados a sustentar la creación de política pública, como lo son el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, entre otros. .
3. Como parte de esos mecanismos, existe una Comisión Nacional de Datos Abiertos.
Los datos abiertos de gobierno, herramienta indispensable para disponer de datos para la toma de decisiones no solo desde las instituciones como entes aislados de la ciudadanía, sino en co-creación con los sectores sociales, son datos generados o resguardados por instituciones públicas, que se ponen a disposición de cualquier persona, mediante publicación en línea, respetando los principios y normativa de protección de datos personales y procurando el manejo seguro de las bases disponibilizadas.
El decreto 40199 que establece un marco regulatorio para la apertura de datos públicos, vigente desde abril del 2017, contiene las pautas para que todas las instituciones puedan publicar, en forma de datos abiertos, la información de su quehacer, con el objetivo de “facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin lícito” (Artículo 1), dentro de un proceso que asegure que “la recolección, publicación y uso de datos de gobierno deberá respetar la normativa y los principios generales en materia de derechos humanos expresados en tratados internacionales y la Constitución Política” (Artículo 4).
Para la implementación del decreto 40199, se establecen dos órganos: la Comisión Nacional de Datos Abiertos, de carácter consultivo, con representación de los sectores público, académico, privado y de sociedad civil; y la Secretaría Técnica de la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos, como una unidad ejecutora
4.- La implementación del proceso de apertura de datos no ha avanzado por falta de recursos, aunque sí se han destinado para la creación de la UPAD.
Casi tres años después de la emisión del decreto 40199, la Secretaría Técnica no ha sido creada y, como consta en el acta No. 01-2019 de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, el Ministerio de Comunicación señaló que definitivamente no se crearía por las restricciones presupuestarias que impiden la creación de puestos en “un marco fiscal complejo”. Resulta incomprensible entonces, que el decreto 41996 sí pudiera formalizar una nueva dependencia que viene operando “desde hace algún tiempo”, en palabras de la Ministra Nancy Marín, con tres personas trabajando dedicadas y a la que se le había asegurado contar “con las plazas técnicas, administrativas y profesionales necesarias para su eficaz y eficiente funcionamiento.” (Artículo 8).
El decreto 41996 hace un uso equivocado de conceptos en materia de apertura y uso de datos que es importante aclarar con vista en la normativa nacional, así como de los principios y buenas prácticas internacionales en materia de datos públicos.
1.- Apropiación del concepto de acceso a la información (Considerando 1 y artículos 6 y 7). El acceso a la información de interés público es un derecho constitucional (artículos 27 y 30) de la ciudadanía para acceder a la información pública, no de la Administración Pública para acceder a información de la ciudadanía ni para facilitar ese mismo acceso entre instituciones.
2.- Las garantías y protecciones de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley 8968) no pueden ser simplemente ignoradas.
La ley 8968 ciertamente permite un marco más amplio en el uso de datos personales para fines como (Artículo 8 inciso d): “estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas”, (inciso e) “la adecuada prestación de servicios públicos“ o (inciso f), para la “eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales”, pero no permite ignorar esos principios completamente sino limitarlos “de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa”. Esa consideración no se ve en el decreto, por lo que la autorización de los titulares de los datos personales debería ser necesaria. Es importante, además, hacer notar que la Ley 8968 no contempla concepto de datos confidenciales, mencionado en el decreto en cuestión.
3.- La UPAD tiene un deber de confidencialidad pero no un deber de asegurar la anonimización de los datos compartidos (Artículos 6 y 7).
No hay seguridad de que no exista riesgo de que las personas sean identificadas. Se hace más bien un énfasis en el decreto en acceder a “información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”, sin asegurar la debida anonimización de los datos. No se garantiza un “derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes." (Artículo 1, ley 8968).
4.- Sus objetivos son muy reducidos, pues se busca proveer de datos solamente a la Presidencia de la República sin formar una cultura amplia y transparente de uso de datos para la creación de valor público en el marco constitucional.
El decreto 41996 se orienta a la toma de decisiones estratégicas de la Presidencia, dejando de lado normativa ya existente que busca “Fortalecer la cultura de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación” y “Fomentar la generación de valor social y económico mediante el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, procesos de colaboración y espacios de innovación a partir del uso de los datos públicos abiertos.” (Artículo 2, decreto 40199, Establece la apertura de los datos públicos vigente desde abril 2017)
5.- La Comisión Nacional de Datos Abiertos ha sido relegada de este proceso.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Datos Abiertos nunca fue consultada, ni enterada en forma oficial de la existencia de esta unidad, aun teniendo como función: “Asesorar, evaluar y hacer recomendaciones sobre el avance progresivo de los planes nacionales de acción para la implementación de la política nacional de apertura de datos públicos y demás instrumentos que lleven a la disponibilidad y uso de los datos públicos abiertos” (Artículo 8)
Se ha anunciado que el decreto 41996 será derogado, pero el proceso de toma de decisiones de forma transparente con base en datos públicos abiertos y en el marco del respeto del marco constitucional vigente debe seguir y fortalecerse con decisión y transparencia desde los mecanismo ya existentes, que han sido relegados y limitados en esta administración.
La Comisión Nacional de Datos Abiertos debe poder ejercer su rol asesor y el proceso de apertura y uso de datos debe continuar, pero desde las instancias existentes, dentro del marco constitucional, con los recursos necesarios, para que los datos estén a disposición de todas las personas y sectores sociales y no utilizados en forma exclusiva por órganos de nivel político-estratégico.
Finalmente, deseamos puntualizar que consideramos lamentable el daño que este intento de decreto, que demuestra menosprecio por los procesos en marcha en el país en materia de datos y gobierno abiertos, pueda constituir una barrera en el trabajo que muchas personas venimos haciendo con seriedad y compromiso y que ha implicado vencer resistencias y temores por la seguridad y privacidad de los datos. Esperamos que se recapacite y podamos encauzar esfuerzos, dentro de un marco de respeto y colaboración. Para contribuir ese proceso, como ha sido desde hace cinco años, estamos a la orden.