Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-213-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:07:53
Document Index: 176292964

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 2189', 'artículo 101', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 70', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 66', 'artículo 83', 'artículo 140', 'artículo 90', 'artículo 86', 'artículo 86']

T-213-08
Acción de tutela interpuesta por BBVA Colombia S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con citación oficiosa del Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, MANUEL JOSÉ CEPEDA y JAIME CORDOBA TRIVIÑO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
que pone fin al trámite de revisión de las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de 17 de agosto de 2007 y a la decisión dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de octubre 2 del mismo año.
Afirma el Banco actor por conducto de su apoderado, que en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue (Bolivar) cursa un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que adelanta Adalgiza Comas García y otros contra el Banco Ganadero, hoy BBVA Colombia.
“…manifiesto al Despacho que para la diligencia de conciliación otorgo poder especial, amplio y suficiente, al doctor Carlos Steer Luna, abogado que coadyuva el presente escrito, para que me asista en la audiencia de conciliación de que trata el art. 101 del C. de P.C, modifique la solicitud de pruebas reclamadas con la contestación de la demanda y solicite las que considere convenientes. Señor Juez ruego se conceda personería”
“Se hizo presente el Representante Legal de la entidad demandada Dr. Ruben Darío Degiovanni Mejía y su apoderado Dr. Carlos Steer Luna, a quien se tendrá en adelante como apoderado especial de la parte demandada (sic) según poder a él conferido”.
Dicho mandatario judicial, ejerció el poder y representó al Banco durante toda la primera instancia, sin que existiese limitación alguna por parte del Juzgado o reparo de la contraparte. Entre los actos procesales adelantados por el apoderado, doctor Steer Luna se encuentran:
A pesar de lo anterior, el 12 de febrero de 2007, sorpresivamente, el apoderado de la parte demandante presentó memorial solicitando que se declarara ejecutoriada la sentencia de 26 de enero de 2007, porque el litigante doctor Carlos Steer Luna, no tenía poder para interponer el recurso de apelación en nombre de la entidad aquí accionante.
Así, el Juzgado de Magangue, por auto de 28 de febrero de 2007, decidió no conceder la alzada, olvidando que durante toda la primera instancia el Juez y las partes lo habían tenido como apoderado del Banco.
Contra esa providencia presentó la entidad financiera demandada recurso de reposición y aportó memorial del representante del Banco en el que manifestó que para todos los efectos legales “expresamente ratifica todos y cada uno de los actos procesales ejercidos en su nombre por el doctor Carlos Steer Luna en el asunto de la referencia, incluido el escrito con base en el cual, oportunamente el citado apoderado, siguiendo instrucciones del Banco, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia”
El Tribunal, mediante auto de 29 de junio de 2007, declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, por considerar que “operó la preclusión de términos para el Banco demandado”.
Asegura que la Corporación accionada incurrió en una vía de hecho al proferir la citada providencia, porque privó ilegalmente al banco de su derecho de impugnar la sentencia condenatoria “con fundamento en razones contradictorias, irrazonables, desproporcionadas y extemporáneas, para establecer la carencia del derecho de postulación del apoderado judicial de la parte demandada para interponer el correspondiente recurso de apelación”.
3. La respuesta de la autoridad judicial accionada.
Por auto de 8 de agosto de 2008 se admitió el recurso de amparo, disponiéndose la notificación de los Magistrados accionados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena.
En escrito visible a folios 288 -295 del c.p, se pronunció la doctora Betty Fortich Pérez, Magistrada de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena y quien además fungió como Ponente en la providencia acusada con esta acción de tutela.
4. La intervención de los terceros vinculados.
De los sujetos a quienes oficiosamente el Magistrado Sustanciador convocó al trámite de la acción de tutela, se hizo presente el doctor Arnedys Payares Pérez, Juez Segundo Civil del Circuito de Magangue, quien cumplió con el requerimiento de la Corte Suprema en el auto que avocó el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Hizo el titular de esa agencia judicial, un recuento de las actuaciones que presuntamente realizó el doctor Carlos Steer Luna como apoderado del Banco que aquí funge como actor. Explica para el efecto, que a la luz del poder a él otorgado se advierte que su aparición fue válida en la audiencia, en la solicitud de pruebas y también en la objeción que hizo al dictamen pericial, como que en el poder se le facultó para modificar las pruebas solicitadas en la contestación de la demanda y pedir las que considerara convenientes. Con todo y es lo destacable, afirma el sujeto citado al proceso que su desfase por fuera de los límites del poder, se empieza a ver, cuando invocando la representación del Banco, interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que cierra el debate probatorio y ordena correr traslado para alegar.
Trátese entonces, continúa, de un error invencible para el despacho, como que, resulta extraño y poco usual que un abogado se apropie de facultades que no tiene para intervenir en un proceso.
Concluye el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangue, que es evidente que ni él, al dictar los autos de 28 de febrero y 23 de marzo de 2007 en la primera instancia; ni el Tribunal al hacer lo propio mediante auto de 29 de junio del mismo año han incurrido en vía de hecho judicial, considerando que tales proveídos corresponden al recto entendimiento de la ley procesal y de los términos en que fue conferido el poder al doctor Steer Luna.
Se tuvieron como tales los nueve cuadernos del expediente contentivo del Proceso Ordinario seguido por Adalgiza Gómez García y otros contra el Banco Ganadero, hoy BBVA..
Mediante providencia de 17 de agosto de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo deprecado y como colofón de ello, ordenó al Tribunal accionado que deje sin valor y efecto su providencia de 29 de junio de 2007, para que en su lugar proceda a proferir nueva decisión de conformidad con lo señalado en las motivaciones de su sentencia.
Por ello, no puede decirse que la convalidación a posteriori realizada en este caso por el Banco demandado quebranta el principio de preclusión de los actos procesales ya que, el recurso fue oportunamente interpuesto por el apoderado doctor Steer Luna.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió sobre la impugnación interpuesta a través de sentencia de octubre 2 de 2007. En dicho proveído, revocó la decisión de la Sala Civil de la misma Corporación que despachó favorablemente las súplicas de la acción de amparo en la primera instancia y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela impetrada.
Arranca la Sala Laboral, para abordar el estudio del caso concreto, en cuanto a la validez de la actuación del apoderado judicial de la parte actora en el trámite del proceso civil declarativo iniciado en su contra, señalando que aquél contaba con un poder que restringía su actuación a una porción específica de la gestión procesal global. Indica para el efecto que, según el artículo 66 instrumental civil, resulta imposible que se actué en un proceso judicial, de manera simultánea por más de un apoderado. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 69 de la misma obra.
A su turno, el numeral 1º del artículo 2189 del Código Civil puntualiza como causal de terminación del contrato de mandato “…1. Por el desempeño del negocio para el que fue constituido …”
Así las cosas, señaló la Corte que: “está claro para esta Sala de decisión que el poder otorgado al abogado Dr. Carlos Steer Luna por parte de la entidad bancaria interesada no conllevó la terminación o revocación del poder otorgado al Dr. Nestor Orlando Prieto Ballen como apoderado general del proceso declarativo al que había sido convocado como demandado. Lo anterior se evidencia, en la manifestación clara de la voluntad del actor cuando limita las funciones del nuevo apoderado al surtimiento de algunas gestiones específicas y su representación en una diligencia judicial determinada, a saber, la audiencia de conciliación judicial del artículo 101 del C.P.C.”
En ese orden, destaca la sentencia de segundo grado que no puede pretender el ahora demandante accionado, que una vez cumplidos los ritos del proceso y vencida la oportunidad legal para ser recurrida la providencia que le fue adversa por parte de su apoderado judicial, se desconozca la realidad normativa bajo el argumento de que no hay que aplicar “el procesalismo a ultranza” y se reconozca una supuesta ratificación del contrato de mandato del doctor Steer Luna, precluídas como estaban las ocasiones procesales para el efecto.
Habida cuenta de ello, concluyó la Sala de Casación Laboral indicando que lo que se censura, esto es, las decisiones judiciales, consulta los dictados del derecho y particularmente las normas sustantivas y de procedimiento que gobierna la materia, sobre todo cuando se advierte que dichas providencias, vale decir, las que motivaron el reparo, fueron adversas a la parte actora por falta de curia.
De la lectura del expediente que ahora ocupa la atención de la Corte, se encuentra como problema jurídico a resolver, el de si la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena incurrió o no en una vía de hecho judicial con la decisión de 29 de junio de 2007, en la que declaró bien negado el recurso de apelación contra la sentencia dictada en la primera instancia por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue, teniendo en cuenta que dicho recurso fue presentado por un apoderado judicial sin las expresas facultades del mandante para realizar el señalado acto procesal.
Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado en este caso, la Sala analizará: (i) la doctrina constitucional establecida por esta Corporación sobre la vía de hecho judicial; (ii) la regla general de improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial; (iii) la aplicación de la regla nemo auditur propiam turpitudiem allegans frente a la administración de justicia; (iv) la fuerza de las leyes procesales y su condición de normas de orden público; (v) Por último, se referirá la Corte al estudio del caso concreto.
(…))”[11].(Negrillas fuera de texto).
Adicionalmente a los cuatro tipos de defectos judiciales presentados como los errores que pueden hacer que una actuación judicial se configure como una vía de hecho, y con ocasión de ellos deba ser revisada en sede de tutela, esta misma Corte, en sentencia SU-014 de 2001, planteó un posible quinto tipo de defecto en una actuación judicial y que podría definirse como una vía de hecho por consecuencia. En dicha providencia se señaló lo siguiente: “De presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras de garantizar los fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda acudir a la tutela”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).[12]
5. Regla general de improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
La Carta de 1991, hizo expresa mención en su canon 86 de una herramienta de estirpe constitucional para proteger los llamados derechos de “primera generación”: la acción de tutela, disponiendo que aquella procedería siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es entonces la acción de tutela, un instrumento judicial extraordinario que tiene a su servicio el ciudadano corriente para defenderse de una amenaza o de una violación actual de sus garantías fundamentales y que, por sobre todo, se encuentre desprovisto de otras herramientas judiciales que le permita el reclamo de aquellas.
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de esta acción pública estableció en su numeral 1º como una de las causales de improcedencia de la acción de tutela la siguiente: “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, entendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
En este sentido, esta Corporación en Sentencia T-613 de 2003 expresó: “De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica mediante un proceso judicial.”[13]
6. La aplicación de la regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans frente a la administración de justicia.
La Corte Constitucional ha mantenido una orientación jurisprudencial, respecto de la figura que se analiza en diversas providencias[14], lo cual se justifica en la prohibición general de abusar del derecho propio como forma de acceder a ventajas indebidas o incluso INMERECIDAS dentro del ordenamiento jurídico.[15]Además, guarda coherencia con el principio de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, lo cual conduce a que eventualmente una acción de tutela resulte improcedente cuando los hechos desfavorables los ha generado el mismo interesado, como cuando por ejemplo no es advertida la curia o diligencia exigible en un proceso judicial.
7. La fuerza de las leyes procesales y su condición de normas de orden público.
Tradicionalmente, la normas jurídicas según su relación con la voluntad de los particulares han sido clasificadas en taxativas y dispositivas. Son taxativas, aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Llámese dispositivas, por el contrario, las que pueden dejar de aplicarse, por decisión expresa de los sujetos en una situación jurídica concreta. Así, respecto de las primeras, no resulta lícito derogarlas ni absoluta, ni relativamente en vista del fin determinado que las partes se propongan alcanzar, porque la obtención de este fin se encuentra cabalmente disciplinado por la norma misma[16].
En efecto, dispone el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil: “Observancia de las normas procesales. Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de ley.
Así mismo, en la Sentencia C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte se refirió al tema de la constitucionalización del derecho procesal así:
“ (…) 3. En ese contexto, el derecho fundamental al debido proceso viene a compendiar todo ese cúmulo de garantías sustanciales y procesales que regulan la actividad jurisdiccional y administrativa orientada a la solución de controversias; garantías enarboladas desde el Estado liberal, consolidadas tras una ardua tensión entre el poder y la libertad, potenciadas por el constitucionalismo y que hoy se orientan a la racionalización del poder estatal en el trámite de los asuntos que se someten a decisión de las autoridades. Por ello, el debido proceso involucra la previa determinación de las reglas de juego que se han de seguir en las actuaciones procesales, garantiza la igualdad ante la ley de quienes se someten a la justicia o a la administración, asegura su imparcialidad y las sustrae de la arbitrariedad.
Ahora bien, es claro que las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella. (..)”
7.1 Se demanda en este caso, el amparo de los derechos fundamentales del BBVA al debido proceso y sus correlativos de defensa, doble instancia y acceso a la administración de justicia, así como el principio de la confianza legítima, para que, en consecuencia, se deje sin valor la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil que estimó BIEN NEGADO el recurso de apelación interpuesto por el BBVA contra la sentencia dictada en el proceso materia de censura, y en su lugar, se conceda la alzada.
Recordemos que dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual iniciado contra el BBVA, el Representante Legal del Banco mencionado, señor Rubén Darío Degiovanni Mejía, otorgó poder al doctor Néstor Orlando Prietto Ballén a fin de que este lo representara en el proceso y lo llevara hasta su terminación, esto es, con todas las facultades dispuestas en el artículo 70 del C.P.C.
Con todo, se le otorgó mandato judicial especial, también al doctor Carlos Steer Luna (cuaderno 2 folios 4,5) a fin de que adelantara unas especificas actuaciones en el proceso consistentes en: (i) ejercer la representación de la entidad en la audiencia prevista en el artículo 101 del C.P.C. y (ii) modificar la solicitud de pruebas reclamadas con la contestación de la demanda. No obstante lo indicado, este segundo apoderado continuó ejerciendo las funciones de mandatario judicial durante la instancia, al punto que presentó recurso de apelación contra la sentencia que finiquitó la primera instancia y que resultó adversa a los intereses del Banco.
El Juzgado de primer grado no concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del BBVA y, luego de recurrir esa decisión por la ruta procesal de la queja, la Sala Civil del Tribunal de Cartagena estimó bien negado el recurso.
Frente a la acción de tutela por esta razón deprecada, se despacharon favorablemente las súplicas de la demanda en la primera instancia ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y en segundo grado, la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación revocó ese proveído para declarar improcedente el amparo deprecado.
Con respecto a las sentencias materia de revisión, advierte esta Sala de Decisión lo siguiente:
En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso. El desconocimiento de dicho postulado, aplicado a la situación que ocupa la atención de la Sala brota entonces como evidente.
Obsérvese que en este caso, se allegó memorial al Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue el 24 de mayo de 2005 suscrito por el Gerente del BBVA y el nuevo apoderado, solicitando un aplazamiento de la audiencia contemplada en el artículo 101 ibidem, de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigo. Expresamente indica el mentado escrito:
“Rubén Darío Degiovanni Mejía, obrando en calidad de Gerente de la Sucursal Magangue y en consecuencia en representación del BBVA COLOMBIA, tal como se acredita en la certificación expedida por la Cámara de Comercio que obra en el proceso, estando en la oportunidad procesal pertinente manifiesto a su despacho:
Que atado a lo anterior, manifiesto al Despacho que para la diligencia de conciliación, otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor Carlos Steer Luna, abogado que coadyuva el presente escrito, para que me asista en la audiencia de conciliación de que trata el artículo 101 del C.P.C., modifique la solicitud de pruebas reclamadas con la contestación de la demanda y solicite las que considere convenientes. Señor Juez, ruego se conceda personería”. (Negrilla fuera de texto).
Lo anterior, por cuanto, pese a la especificidad del mandato otorgado al indicado profesional del derecho, este perpetuó su calidad de apoderado durante todo el curso de la instancia, llegando, se repite, a interponer recurso de apelación contra la sentencia que resultó negativa en relación con los intereses del Banco. Y, aunque ello fue tolerado por el Juzgado, indebidamente, no por eso dicha cadena de errores podría remediarse con un error adicional como el que se pretende por la ruta procesal del recurso de amparo, para de paso ignorar las reglas que informan el mandato judicial, regulado por disposiciones especiales y peor aún, la normativa que en la materia procesal gobierna la materia. De lo primero, porque el artículo 66 del C.P.C. nítidamente dispone que, en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona, salvo “… para recursos, diligencias o audiencias que se determinen…”, caso en el cual podrá designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso.
Comoquiera que ello no ocurrió así, forzosamente la sentencia de primera instancia adquirió plena firmeza, pues como lo establece el canon 331 de la misma obra instrumental citada “las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o HAN VENCIDO LOS TÉRMINOS SIN HABERSE INTERPUESTO LOS RECURSOS QUE FUEREN PROCEDENTES…” (Mayúscula fuera de texto).
7.3 Por otro lado y en eso quiere insistir la Sala, respecto de la súplica que en esta sede se estudia y teniendo en consideración la desidia imputable al Banco y a sus apoderados dentro del proceso ordinario adelantado en su contra en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue, hay que decir que no es precisamente un modelo de una adecuada gestión judicial. Y no lo es porque, además de que concurrieron dos apoderados en una única representación, uno de ellos, actuó en un proceso sin la habilitación expresa para el efecto, de suerte que no puede ahora el BBVA aprovecharse de su propia culpa para alegar la oportunidad y pertinencia de un recurso de apelación que para la ley procesal es como si nunca se hubiere presentado.
7.4 Por tanto, es claro que no se configura la vía de hecho que pretende imputarle la parte actora en este proceso a la decisión judicial acusada proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena y mucho menos, que ésta o incluso la labor del juzgado que tramitó el proceso en la primera instancia desconozca el principio de la confianza legítima. De lo primero, en la medida en que todas las actuaciones que sucedieron a la providencia cuestionada se sustentan sobre los parámetros mínimos de razonabilidad y consultan las reglas del procedimiento que regulan lo relativo a la preclusión de términos y al derecho de postulación así como las normas sustantivas que disciplinan el contrato de mandato.
7.5 Por último, con relación al tema de la confianza legítima presuntamente ignorada por las actuaciones que motivaron la demanda de amparo, parece olvidar la parte actora que dicha regla, se funda precisamente en el principio general de la buena fe, elevado como muy pocas Constituciones del mundo a norma constitucional en el artículo 83 superior[17]. Así, de antiguo, una de las reglas más importantes que ha regido las relaciones jurídicas es la de que “nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro”, lo que encuentra su fundamento en la concepción de la sociedad romana, según la cual, es costumbre observar y legítimo esperar en las relaciones entre hombres probos, el que se honre la confianza en el cumplimiento de las expectativas recíprocas.
Habida cuenta de lo dicho, en lo relativo a la esencia del plurimencionado principio, frente a la existencia de un poder, otorgado para unas diligencias específicas al interior del juicio de responsabilidad civil extracontractual seguido por Adalgiza Comas García y otros contra el Banco BBVA y en el que se reconoció personería jurídica para actuar EN LOS TÉRMINOS DEL PODER CONFERIDO, no podrían considerarse NUNCA como generadores de una expectativa para actuar al interior de todo el proceso, los actos adelantados IRREGULAR e ILEGÍTIMAMENTE por el litigante doctor Steer Luna, actos que, en consecuencia, deben reputarse como ineficaces toda vez que desbordó el mandato celebrado.
Ahora bien, en relación con lo señalado por la sentencia de la primera instancia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según la cual se produjo la nulidad prevista en el artículo 140.7 del C.P.C., pero que se logró su saneamiento con base en la ratificación que hiciere la entidad bancaria, esta Sala considera que no puede hablarse de saneamiento de una causal de nulidad que no se configuró en los términos del numeral 7º de la norma procesal aludida.
Y es evidente, que lo que en este caso ocurrió no se adecúa a lo normado en el dispositivo legal aludido, por cuanto en el trámite censurado por esta vía constitucional, el Banco BBVA Colombia S.A. siempre tuvo la legítima representación en el juicio, pues habiendo cesado las facultades para las que se le otorgó mandato al doctor Steer Luna, inmediatamente recobraba el primer apoderado que designó esa entidad bancaria, todas las facultades legales y convencionales para ejercer la representación judicial correspondiente (Art. 69 C.P.C.). Sin embargo, brilló por su ausencia el cumplimiento de la gestión encomendada en la medida en que ese primer apoderado omitió cumplir con las funciones derivadas del poder.
Por ello, ha de decirse como insistentemente lo ha indicado esta Corte, y como se quiere recalcar también en esta oportunidad, que la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. De otra forma, la integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica mediante un proceso judicial.[18]
7.5 Quiere finalizar esta Sala señalando que, en todo caso, si se siente la parte actora lesionada en sus derechos con ocasión de lo decidido en la actuación judicial que motivó la iniciación de la acción de tutela, de todos modos, nada obsta para que utilice las herramientas legales pertinentes por Responsabilidad Extracontractual del Estado por error en la administración de justicia, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política y la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
7.6 Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de octubre 2 de 2007 que revocó la decisión de la Sala de Casación Civil de la misma Corporación que, a su vez concedió la acción de tutela, pero por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia, pues como ya lo ha dicho reiteradamente esta Corporación, no se comparte el argumento según el cual el mecanismo previsto en el artículo 86 constitucional no es procedente para cuestionar decisiones provenientes de la jurisdicción.
PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de octubre 2 de 2007, en el trámite Acción de tutela interpuesta por BBVA Colombia S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con vinculación oficiosa del Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangue, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cuando un juez tolera que un abogado actúe de buena fe en el proceso en diversas etapas y para presentar diversos escritos, se puede generar una situación de confianza legítima. La Corte ya ha protegido la confianza legítima como parte del derecho fundamental al debido proceso. En esta sentencia no se analiza cuidadosamente el punto. Se acude al viejo aforismo según el cual nadie puede invocar en su favor su propia culpa, (i) sin reparar en que fue el juez el que toleró las actuaciones del apoderado y (ii) sin concederle a los derechos fundamentales el peso que debían tener para que la Sala Primera resolviera la tutela a la luz de la Constitución, no de una interpretación excesivamente formalista de la ley procesal. Cabe subrayar que lo que esta en juego no es nada menos que el derecho a apelar una sentencia desfavorable. Por lo demás, no se sigue la jurisprudencia sostenida de la Corte sobre los requisitos que deben reunirse para que la confianza sea legítima, ya que se afirma que uno de tales requisitos es obrar “sobre la base de la legalidad”. Primero, en la sentencia no se muestra que los apoderados o el banco hayan obrado de mala fe sobre la base de la ilegalidad. Segundo, de aplicarse esta tesis, los vendedores ambulantes cuya confianza legítima ha sido en ciertos casos protegida por la Corte nunca podrían haber sido amparados, ni podrían volver a serlo, dado que por definición quién ocupa el espacio público para vender esta actuando fuera de las normas urbanísticas. Finalmente, en la sentencia no se valoran hechos importantes que hacen muy inciertas las premisas en que la misma sentencia se funda. Por ejemplo, el banco convalidó la actuación de buena fe. Algo minimizado en la sentencia.
1. Estimo que en este fallo la Sala Primera fue menos protectora, que la Corte Suprema de Justicia, de los derechos fundamentales invocados, lo cual es extraño. En efecto, la Sala de Casación Civil concedió la tutela en primera instancia. Luego, la Sala de Casación Laboral la negó en segunda instancia, pero sin analizar el fondo del asunto. Tan sólo reiteró la tesis de la absoluta improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2. Considero que cuando un juez tolera que un abogado actúe de buena fe en el proceso en diversas etapas y para presentar diversos escritos, se puede generar una situación de confianza legítima. La Corte ya ha protegido la confianza legítima como parte del derecho fundamental al debido proceso. En esta sentencia no se analiza cuidadosamente el punto. Se acude al viejo aforismo según el cual nadie puede invocar en su favor su propia culpa, (i) sin reparar en que fue el juez el que toleró las actuaciones del apoderado y (ii) sin concederle a los derechos fundamentales el peso que debían tener para que la Sala Primera resolviera la tutela a la luz de la Constitución, no de una interpretación excesivamente formalista de la ley procesal. Cabe subrayar que lo que esta en juego no es nada menos que el derecho a apelar una sentencia desfavorable.
3. Por lo demás, no se sigue la jurisprudencia sostenida de la Corte sobre los requisitos que deben reunirse para que la confianza sea legítima, ya que se afirma que uno de tales requisitos es obrar “sobre la base de la legalidad”. Primero, en la sentencia no se muestra que los apoderados o el banco hayan obrado de mala fe sobre la base de la ilegalidad. Segundo, de aplicarse esta tesis, los vendedores ambulantes cuya confianza legítima ha sido en ciertos casos protegida por la Corte nunca podrían haber sido amparados, ni podrían volver a serlo, dado que por definición quién ocupa el espacio público para vender esta actuando fuera de las normas urbanísticas.
4. Finalmente, en la sentencia no se valoran hechos importantes que hacen muy inciertas las premisas en que la misma sentencia se funda. Por ejemplo, el banco convalidó la actuación de buena fe. Algo minimizado en la sentencia.
[12] Ver también sentencias T-472 de 2005 yT-053 de 2005 entre otras.
[13] En este mismo sentido consultar las sentencias T-613 de 2003, T-083 de 1998, T-068 de 2001 y T-112 de 2003. En la Sentencia T-613 de 2003. En este fallo INVIAS alegaba la existencia de una vía de hecho en un proceso ordinario reivindicatorio de mayor cuantía por considerar que el Juzgado Único Civil del Circuito del Banco, Magdalena, había incurrido en una vía de hecho al no declarar la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, toda vez que el caso, según lo señalado en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, debía ser conocido por la jurisdicción contencioso administrativa. La Corte decidió confirmar la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, declarando improcedente el amparo, toda vez que existiendo la posibilidad de apelar la sentencia cuestionada no se utilizó tal recurso dentro del proceso. En la Sentencia T-083 de 1998, la Corte denegó una tutela en la cual el accionante pretendía alegar un defecto sustancial dentro de un proceso laboral sin haber utilizado el recurso de apelación como mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses. En el mismo sentido, en la sentencia T-068 de 2001, la Corte negó la tutela a un ex funcionario de la Policía Nacional el cual dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo mediante el cual se le desvinculaba, no interpuso el recurso de squeja frente a la negativa del recurso de apelación. Así mismo, en la Sentencia T-112 de 2003, Corte conoció de una tutela en la cual el accionante consideraba que se habían desconocido los parámetros de reliquidación de créditos de vivienda establecidos por la Corte Constitucional. La Corte encontró improcedente la tutela, entre otras razones, por la negligencia del accionante en la utilización de los mecanismos existentes dentro del proceso ejecutivo que se adelantaba contra él para cuestionar la liquidación del crédito cobrado.
[14] Sentencias T-460 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis y T-394 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[15]Por ejemplo, Sentencias SU-624 de 1999, C-670 de 2004 y T-345 de 2005.
[16] Ver GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Trigesimoséptima edición. 1.990 Pag. 94
[17]Art. 83 C.N. “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
[18] Sentencia Corte Constitucional T-613 de 2003, entre otras.