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Timestamp: 2018-07-21 07:55:22
Document Index: 364688212

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 1', 'artículo 47']

El artículo 102º,inciso 1 de la Constitución señala que :
Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC Nº 00002-2006-PI/TC que “ Las normas interpretativas son aquellas que declaran o fijan el sentido de una norma dictada con anterioridad y se reconocen porque, al promulgarlas el Legislador, generalmente utiliza palabras como “interprétese”, “aclárese” o “precísese”. El objetivo de una norma interpretativa es eliminar la ambigüedad que produce una determinada norma en el ordenamiento jurídico. Así, ambas normas –la interpretada (Ley Nº 27160) y la interpretativa (Ley Nº 28162) – están referidas a la misma regulación; por consiguiente, la norma interpretativa debe regir desde la entrada en vigencia de la norma interpretada”[1].
Asimismo, este Tribunal Constitucional en la sentencia citada recogió lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia respecto a los tres requisitos que deben satisfacer las normas interpretativas[2]:
Respecto al primer requisito, la Ley N.º 28162 (ley interpretativa) fue publicada el sábado 10 de enero de 2004 en el diario oficial El Peruano, de modo que cumple con el primer requisito, esto es señalar de manera clara cuál es la norma que será interpretada, siendo el contenido de la norma interpretativa el siguiente:
En referencia al segundo requisito, la norma interpretativa efectúa una aclaración respecto al sentido de la norma interpretada (Ley N.º 27160) al precisar que la exclusión de área a la que se refiere el artículo 1º de la Ley N.º 27160 es una expropiación, de acuerdo a lo normado por la Ley N.º 27117 y demás normas legales conexas.
La ratio legis de la norma referida fue buscar un sentido lógico y coherente en la frase que contiene el artículo 1º de la Ley N.º 27160. Fijó el sentido de la norma anterior y señaló que la expresión exclusión debía entenderse como una expropiación delos terrenos adjudicados en un primer momento a AMPACA. Sin embargo por una mala técnica legislativa no usó el verbo expropiar, sino la expresión exclusión. En efecto, resulta que la ratio legis de la norma interpretada fue el de expropiar las áreas contenidas en el artículo 1º de la Ley Nº 27160, dejando así establecido y aclarado el sentido de la norma.
En cuanto al tercer requisito (norma interpretativa), el Congreso de la República ha agregado un contenido de carácter declarativo, mas no innovativo, toda vez que la Ley N.º 28162, que establece la expropiación y consecuentemente el pago del justiprecio, se justifica conforme a ley ( Ley 27160).
Por tanto la norma bajo análisis cumple los requisitos para ser una norma interpretativa, toda vez que si hubiera omitido el pago del justiprecio, establecido en el artículo 2º de la Ley N.º 28162, a la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa (AMPACA), habría atentando contra el artículo 70º de la Constitución.
El derecho de propiedad se encuentra regulado en los artículos 2º, inciso 16 y 70º de la Constitución:
Como cualquier otro derecho fundamental, el derecho de propiedad no es absoluto, toda vez que se encuentra limitado por disposiciones constitucionales expresas o tácitas. Sin embargo, la privación de la propiedad consecuencia de la potestad expropiatoria del Estado tiene que cumplir con ciertos requisitos. En tal sentido, la expropiación estará condicionada al pago previo en efectivo. Por tanto, “nadie puede ser privado de su propiedad”; pero, excepcionalmente, se podrá sacrificar a su titular de la propiedad cuando media causa de seguridad nacional o necesidad publica.
Por otro lado, la Ley General de Expropiaciones establece en su artículo 2:
Dado que la expropiación compromete seriamente la titularidad de la propiedad, la Constitución ha establecido lo siguiente:
La norma cuestionada cumple con el primer requisito, toda vez que respeta el principio de reserva de ley absoluta. Por tanto, la expropiación de terrenos de AMPACA a favor de SEDAPAR fue autorizada por una ley formal, la misma que fue expedida por el Congreso de la República.
Con relación al segundo requisito, es oportuno precisar que mediante Ley N.º 12398 de fecha 26 de octubre de 1955, se adjudicó a AMPACA el Campo de Aviación, la Irrigación Zamácola, las Pampas de Camarones, Estrella, Palca y el río Yura hasta las faldas del volcán Chachani todo lo que comprende un área de 5,352 hectáreas, para su irrigación. En agosto de 1999 se emitió la Ley Nº 27160, ley que modifica la Ley Nº 12398 excluyendo áreas de tierras a AMPACA para ser adjudicada a favor de SEDAPAR S.A. para la construcción de lagunas de oxidación. La norma establece lo siguiente:
De ello se desprende que en la ciudad de Arequipa existen problemas de salud pública, debido a que las aguas servidas de la ciudad se descargan en el río Chili, sin ningún tratamiento. Por tanto, existe de manera fehaciente una acreditada necesidad públicade construir lagunas de oxidación para evitar la contaminación del medio ambiente, lo que supone garantizar así, el derecho a la salud de la población. En consecuencia, el segundo requisito exigido por el artículo 70º de la Constitución, la necesidad pública, se cumple.
Con respecto a la indemnización – justiprecio, el artículo 2º de la Ley cuestionada establece:
En efecto, queda más que probado el cumplimiento del tercer requisito y la importancia que tiene la expropiación del terreno patentizada en la construcción de lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas servidas de Arequipa. No sólo porque se garantiza el derecho a la salud de la población arequipeña, sino también reprotege el derecho a la vida reconocido por la Constitución.
Por tanto, este Tribunal Constitucional considera que la Ley cuestionada (Ley N.º 28162) y la Ley interpretada (Ley N.º 27160) respetan todas las garantías mínimas contempladas en el artículo 70º de la Constitución.
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