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Timestamp: 2015-04-27 09:04:47
Document Index: 393554028

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 68', 'artículo 197', 'artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 196', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 193', 'Artículo 193', 'artículo 199', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 197', 'artículo 314', 'artículo 197', 'artículo 314', 'artículo\n10', 'artículo 84', 'artículo 440', 'artículo 197', 'artículo 196', 'artículo 49', 'Artículo\n49', 'Artículo 197', 'Artículo 201', 'Artículo 200', 'artículo 197', 'artículo 196', 'artículo 49', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 197', 'artículo 197', 'Artículo 199', 'artículo 197', 'artículo 197', 'Artículo 197', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 114', 'artículo\n19', 'Artículo 19', 'artículo 18', 'artículo\n19', 'artículo 19', 'artículo 86', 'artículo 90', 'Artículo 90', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 87', 'artículo 26', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 197', 'artículo 119', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 197', 'artículo 231', 'artículo 271', 'artículo 335', 'artículo 392', 'artículo 614', 'artículo 18', 'artículo 201', 'artículo 18', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 197', 'Artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo\n252', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 118', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 266', 'artículo 336', 'artículo 119', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 231', 'artículo 197', 'artículo 271', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 335', 'artículo 199', 'artículo 392', 'artículo\n197', 'artículo 614', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 18', 'ARTÍCULO\n197', 'artículo 22', 'artículo 266', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 454', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 102', 'artículo 62', 'artículo 187', 'artículo 29', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 453', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 383', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 197', 'artículo 252', 'artículo 118', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 335', 'artículo 199', 'artículo 197', 'ARTÍCULO 197', 'artículo 196']

Derecho Procesal Civil en Línea: Jurisprudencia
TIENES ALGUNA DUDA INGRESA AL FORO DANDO CLICK Y DEJA TU PREGUNTA jueves, 4 de noviembre de 2010
En este sitio encontrará una serie de decisiones de diverso contenido, emanadas del TSJ y otros órganos de justicia
Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse sobre la acción de
nulidad interpuesta contra las normas contenidas en los artículos 197 del
Código de Procedimiento Civil publicado en la Gaceta Oficial N° 3.694
Extraordinario de fecha 22 de enero de 1986, y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 3.995 Extraordinario de
fecha 13 de agosto de 1987, para ello observa lo siguiente:
DE LA SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 197
Los actores interpusieron la presente acción de nulidad por razones de
inconstitucionalidad contra el dispositivo normativo contenido en el referido
artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que viola el
derecho a la defensa, consagrado en el artículo 68 de la Constitución de 1961.
Al respecto, la representante del Ministerio Público fue conteste con los
actores al opinar que el señalado artículo lesionaba el derecho a la defensa,
puntualizando al respecto, que a pesar de ser la celeridad procesal, la
finalidad primordial del Código de Procedimiento Civil, no podía dejarse de
lado el funcionamiento del sistema jurídico procesal hacia el cual se dirigen
sus efectos, siendo además que se desprende de la Exposición de Motivos de
dicho Código, que el cuestionado dispositivo se redactó para ampliar, en la
medida de lo posible, el lapso de pruebas y en atención a la decisión de fecha
25 de octubre de 1989 de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, de
eliminar las vacaciones judiciales.
Los accionantes señalaron, que el
citado artículo 197 diferencia el cómputo de los lapsos procesales según se
trate del lapso probatorio o de los demás lapsos, ya que en éstos resolvió
computarlos por días calendarios consecutivos, y los primeros por días
calendarios consecutivos con excepción de los sábados, domingos, Jueves y
Viernes Santos, los declarados días de fiestas por la Ley de Fiestas
Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, así como aquellos en
los cuales el tribunal dispusiera no despachar, violando con ello el derecho a
la defensa, consagrado en el artículo 68 de la Constitución de 1961,
considerando los accionantes, que las mismas razones que tuvo el legislador
para contemplar que los lapsos de pruebas debían ser computados por días en que
el Tribunal resolviera no despachar, justifican, el supuesto de los restantes
lapsos procesales a efecto de ser computados de igual forma.
Expusieron los accionantes,
determinados casos en los cuales se evidencia que la aplicación de dicha
distinción (entre lapsos de pruebas y otros lapsos) conculca -a su entender-
los derechos de los justiciables, concretamente el derecho a la defensa. Así
indicaron por ejemplo, que según lo establecido en el artículo 1.114 del Código
de Comercio, el término para apelar de las sentencias interlocutorias es de
tres días, y que si la sentencia interlocutoria era pronunciada un viernes, el
indicado plazo para apelar de acuerdo a normativa del artículo 197 vencería el
día lunes, quedando reducido el lapso de tres días a un día, y en la mayoría de las oportunidades a pocas
horas, a lo cual se une, en su opinión, un sinnúmero de circunstancias fácticas
que aceleraría el lapso para que la sentencia quedase firme, atentando de esa
manera contra el referido derecho a la defensa.
Señalaron también, que con lo
dispuesto en artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, se trastoca el
principio de legalidad de los lapsos procesales previstos en el artículo 196 eiusdem, y conforme al cual “[l]os términos o lapsos para el cumplimiento de
los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez
solamente podrá fijarlos cuando la ley autorice para ello”. A juicio de los
actores, en la mayoría de los casos, los lapsos a ser computados por días
continuos, nunca contendrán el número de días preceptuados en cada supuesto,
habida cuenta de que con los sábados, domingos, feriados y los días en los
cuales el Tribunal dispusiera no despachar, se abrevian los lapsos legalmente
preceptuados, circunstancia que también consideraron violatoria del derecho a
Ahora bien, el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su
encabezamiento y en su numeral 1, lo siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso
se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
1.La defensa y la asistencia jurídica
son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del
proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y
de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada
en esta Constitución y la ley (...)” (Subrayado de la Sala).
La referida norma constitucional,
recoge a lo largo de su articulado, la
concepción que respecto al contenido y alcance del derecho al debido proceso ha
precisado la doctrina más calificada, y según la cual el derecho al debido
proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre
las cuales se mencionan las del ser oído, la presunción de inocencia, el acceso
a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un
proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en
derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e
independiente, la de un proceso sin dilaciones indebidas y por supuesto, la de
ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos. Ya la
jurisprudencia y la doctrina habían entendido, que el derecho al debido proceso
debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la
causa, sea ésta judicial o administrativa, pues dicha afirmación parte del
principio de igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental
representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes en el
proceso de que se trate, a objeto de realizar -en igualdad de condiciones y
dentro de los lapsos legalmente establecidos- todas aquellas actuaciones
tendientes a la defensa de sus derechos e intereses.
De este modo debe entenderse el
derecho al debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa, que
invocan los accionantes como vulnerado en caso de autos, pues como se indicó,
ambos derechos forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la
justicia y la obtención de tutela judicial efectiva, es decir, en el menor
Así, la doctrina ha señalado que
el derecho al debido proceso -y dentro de éste el derecho a la defensa-, tiene
un carácter operativo e instrumental que nos permite poner en práctica los
denominados derechos de goce (p. Ej. Derecho a la vida, a la libertad, al
trabajo), es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros
derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva, por ello, su
ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma
oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que
la violación del debido proceso podrá manifestarse: 1) cuando se prive o coarte
alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que
a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) cuando
esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por
resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en
plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les
afecte. Bajo esta óptica la violación al debido proceso y la consecuente
indefensión operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su
existencia será imputable al Juez que con su conducta impida a alguna de las
partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su
alcance para la defensa de sus derechos.
Por otro lado, pudiera resultar
igualmente afectado el derecho al debido proceso y con ello el derecho a la
defensa, con la indebida actividad del Estado que sea violatoria de las
libertades ciudadanas, y que pudiera manifestarse, por ejemplo, en un
instrumento normativo (Ley, Decreto-Ley, Ordenanza, Reglamento, etcétera ), con
el cual se llegue a privar al ciudadano de la mínima posibilidad de invocar la
protección judicial de sus derechos e intereses, mediante la instauración de un
adecuado proceso, atentando así contra los principios fundamentales de
libertad y justicia, que yacen en la
base de todas las instituciones civiles y políticas de un Estado de Derecho.
Es preciso entender entonces, que el proceso como un
conjunto sucesivo de actos procesales tendientes a la declaratoria final del
juez para dilucidar una controversia, amerita de un ámbito espacial y de un
ámbito temporal para su funcionamiento, a fin de asegurar la participación de
los sujetos procesales, a objeto de preservar la certeza jurídica, la igualdad
de tratamiento y la lealtad del contradictorio. Así, las leyes procesales
distinguen el tiempo útil para la realización de los actos procesales en
general, del tiempo hábil para ello, distinción expresada en el Código de
Procedimiento Civil, en su artículo 193 que señala:
“ Artículo 193,. Ningún acto
procesal puede practicarse en día feriado, ni antes de la seis de la mañana ni
después de las seis de la tarde, a menos que por causa urgente se habiliten el
día feriado o la noche.
Será causa urgente para los efectos de
este artículo el riesgo manifiesto de que quede ilusoria una providencia o
medida o de que se frustre cualquiera diligencia importante para acreditar
algún derecho o para la prosecución del juicio”.
De lo expuesto se evidencia, que
no todas las horas del tiempo útil son hábiles para la realización de los actos
procesales, debiéndose computar dichos lapsos (entiéndase término o lapso stricto sensu), conforme a una unidad de
medida, previamente establecida por la norma adjetiva, y que dentro del marco
legal se encuentra diferenciada en atención a las distintas unidades de tiempo
que se emplee. Por tanto, los lapsos establecidos por años o meses se computan
desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y
concluye el día de la fecha igual al acto del año o mes que corresponda para
completar el lapso ( artículo 199 del Código de Procedimiento Civil). Asimismo
se evidencia, que los lapsos procesales por días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, se computan por
días calendarios consecutivos, a excepción del lapso de pruebas.
Ahora bien, el proceso tiene como
fin último, la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere autoridad
de cosa juzgada, sin el cual el proceso por sí mismo carecería de sentido, ya
que satisface al mismo tiempo el interés individual comprometido por el litigio
y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la actividad jurisdiccional; por lo cual, siendo su
fin último la tutela de los derechos, jamás se podría permitir el sacrificio de
la tutela jurisdiccional ante el proceso, bien porque la práctica desnaturalice
los principios que lo constituyen o porque sea la propia ley procesal la que,
por su imperfección, impida tal función tutelar, pues de ser así, el proceso
fallaría en su cometido, toda vez que, las formalidades procesales han de
entenderse siempre para servir a la justicia, garantizando el acierto de la
decisión judicial, y jamás como obstáculos encaminados a dificultar el
Es necesario por tanto, que la
rigidez del formalismo procesal no arrolle la esencia del derecho, y ello se
logra con la aplicación del principio de Supremacía Constitucional, es decir,
que la tutela del proceso se debe realizar bajo el imperio de los principios
constitucionales, para garantizar que él a su vez pueda tutelar los intereses
jurídicos de los particulares. Por tal motivo, la Constitución consagra la
existencia de un debido proceso como garantía de la persona humana, de modo
que, los preceptos que instituyen al proceso se crean en atención a los
lineamientos constitucionales, a objeto de hacer efectivo el control
constitucional de las leyes. Así las cosas, si una ley procesal instituye una
forma del proceso que prive al individuo de una razonable oportunidad para
hacer valer su derecho, tal instrumento normativo se encontraría viciado de
inconstitucionalidad, ya que, con el mero otorgamiento de la oportunidad de la
defensa no se cumple a cabalidad con el precepto constitucional analizado,
puesto que amerita ser interpretada y aplicada en concatenación con el
principio de la preclusión procesal, que obliga a que la oportunidad sea
contemplada de forma racional, pues siendo el proceso una sucesión de actos
procesales el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollen
mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impide el regreso a
etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados.
De allí que, cuando se le otorga
una oportunidad a las partes de un proceso para realizar cualquier acto
procesal, no basta -se insiste- con el otorgamiento de tal oportunidad, sino
que debe haber un plazo racional para ejercer a cabalidad la defensa, por tal
motivo, el cómputo debe ser preciso, efectivo y cónsono con el fin para el cual
ha sido creado, esto es, garantizar el debido proceso. Al respecto cabe citar
al jurista venezolano Mario Pesci Feltri, quien señala que “[a]l conocerse previamente cómo y cuándo deben
manifestarse las voluntades que se objetivan en los diferentes actos
procesales, las partes saben que comportándose de la manera requerida por la
ley, obtendrán formalmente el resultado perseguido, que no es más, que la
prestación de la actividad jurisdiccional en las diferentes etapas que
conforman todo el proceso” (Teoría General del Proceso, Editorial Jurídica
Venezolana; Tomo I, página 103).
Lo anterior, tiene su asidero en
la garantía constitucional del debido proceso, que consagra entre sus diversas
manifestaciones el derecho a ser oído, por ello en el numeral 3 del referido
artículo 49 de la Constitución vigente se dispone lo siguiente:
(omissis) 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier
clase de proceso; con las debidas
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un Tribunal
competente, independiente e
imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no
pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete...” (Resaltado de la Sala).
evidencia del texto de la norma parcialmente transcrita, que para garantizar el
derecho a ser oído, no basta con la sola posibilidad de actuar ante el tribunal
competente, sino que tal actuación debe ser ejercida con las debidas garantías
(otorgadas por la Constitución y las leyes), dentro de un plazo razonable
determinado legalmente, establecido con anterioridad a la fecha de su actuación
y, ante un tribunal competente, independiente e imparcial.
De manera que, a juicio de esta
Sala, cuando el Constituyente indica “dentro del plazo razonable determinado legalmente”, debe entenderse
entonces, que el plazo razonable es aquel que el legislador, en su momento,
consideró necesario para la ejecución del acto, el cual no puede ser disminuido
por el método ejercido para su cómputo, pues dejaría entonces de ser razonable
y en consecuencia se haría inconstitucional, de modo que, la disposición
prevista en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, resulta en
franca contradicción con el derecho al debido proceso, el cual como se ha dicho
comporta a su vez, el derecho a la defensa. Así, por ejemplo, para la interposición del anuncio de casación, está
estipulado un lapso de diez (10) días, según lo preceptuado en el artículo 314 eiusdem, pero de conformidad con lo
previsto en el artículo 197, dicho lapso virtualmente nunca es el de los diez
(10) días fijados por el artículo 314, sino siempre un lapso menor, donde habrá
al menos, y en el mejor de los casos, un sábado y un domingo, o cuando la abreviación
pudiera ser mayor por coincidir con cualquiera de los días Jueves y Viernes
Santos, o en días de Fiesta Nacional, o uno declarado no laborable por ley
distinta a la de Fiestas Nacionales, o alguno o algunos en que el Tribunal no
haya dispuesto oír ni despachar; o en forma acumulativa unos u otros días de
los señalados en los cuales ni el Tribunal, ni por ende, las partes pueden
actuar. En cuanto se refiere a lapsos y
términos cortos, como por ejemplo, el de los tres (3) días establecidos en el artículo
10; o el de los dos (2) días del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil;
o los términos de la formalización y del término de la contestación,
respectivamente, de la tacha incidental de documentos de cinco (5) días cada
uno, previstos en el artículo 440 eiusdem;
o aquellos establecidos para el Procedimiento Breve del Título XII, Parte
Primera, Libro Cuarto del Código, conlleva a que tales lapsos y términos
podrían quedar abreviados (por virtud de coincidir con alguno o algunos de los
días señalados en el artículo 197, como días no hábiles para el cómputo de
pruebas, por no haber tampoco en ellos despacho en el Tribunal), y en casos
extremos, a un solo día, a horas, a minutos, o bien desaparecer íntegramente el
lapso o término mismo, con un real y efectivo menoscabo del derecho a la
defensa de las partes en el proceso y en detrimento al decoro de la propia
función jurisdiccional, al igual que atenta contra el principio de legalidad de
los lapsos procesales, previstos en el artículo 196 del Código de Procedimiento
Al respecto, considera la Sala que cuando por
disposición legal se contempla un lapso determinado para la realización de un
acto procesal de los antes reseñados, es porque es ése y no otro, el plazo
razonable para realizar dicho acto, por lo cual no puede ser disminuido, ya que
ese es el lapso que el legislador consideró prudente para la realización del
acto dispuesto, toda vez que se parte del principio de la razonabilidad del
mismo, y en consecuencia, no debe disminuirse en detrimento del debido proceso,
ni relajarse de tal forma que atente
contra la celeridad.
En tal sentido, se debe observar que ya esta Sala Constitucional en
sentencia de fecha 1º de febrero de 2000 (caso: José Armando Mejías), había establecido de forma general, que
“(...) todo proceso jurisdiccional
contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que impone el debido proceso, el cual como lo señala
dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones
judiciales”. Criterio que fue
acogido nuevamente por sentencia de fecha 31 de mayo de 2000 (caso: Seguros Los Andes C.A), al establecer:
“En efecto, el Artículo
49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que la
garantía al debido proceso es aplicable a todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas; y, seguidamente,
enumera los principios fundamentales que debe contener cualquier iter procesal
de manera concurrente, y el amparo no escapa de ello. Sacrificar el derecho a
la defensa de los ciudadanos -mediante juicios
relámpago, por ejemplo- en aras de una mayor celeridad, sería subvertir el
orden lógico de los fundamentos que constituyen el Estado Democrático, de Derecho y de Justicia
que definen a nuestra República. Precisado lo anterior, considera esta
Sala necesario citar la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil
dictado en 1986, que con respecto al capítulo VII, referido al Título IV del
Código, donde se regulan los “Actos Procesales”, expresa lo siguiente:
“ Según la nueva regla adoptada,
todos los días calendarios, entran en el cómputo de los lapsos, con exclusión
solamente de aquellos en que el Tribunal no oiga ni despache ( Artículo 197) y
naturalmente, también los de vacaciones judiciales, durante los cuales queda en
suspenso el curso de la causa y de los lapsos ( Artículo 201). Sin embargo, se contempla la hipótesis de los lapsos
que debieran cumplirse en un día que resulte feriado, o en el cual el Tribunal
haya dispuesto no oír ni despachar, en cuyo caso se realizarán el día
siguiente, a la hora indicada ( Artículo 200)
Se ha querido con esta
modificación, lograr dos objetivos fundamentales, primero, la uniformidad y
certeza en el cómputo de los lapsos, estableciéndose éste por días calendarios;
y segundo, una mayor celeridad en el desarrollo de la causa (...)”.
Se evidencia así, que entre el contenido de la Exposición de Motivos antes
citada y lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil,
existe contradicción en cuanto a la exclusividad que en dicho artículo se
establece. En tal sentido estima la Sala, que, si la finalidad de tal método
era alcanzar la uniformidad y la certeza en el cómputo de los lapsos, no se
entiende la razón jurídica de la distinción entre lapsos de pruebas y los demás
lapsos procesales para aplicarle, según sea el caso, dos formas de cómputo
distintas, pues si bien es cierto que la promoción y evacuación de pruebas son
actos procesales de gran transcendencia en el proceso, no menos importantes son
los actos que les preceden y que le siguen, sobre todo al tratarse el proceso
de una secuencia lógica de actos. Además, tal como está redactada la norma, se
pierde la finalidad del método al desaparecer la razonabilidad del plazo otorgado
por el legislador para la ejecución del acto, porque se disminuye materialmente
el plazo previsto en la norma para efectuarlo, en atención a que los Tribunales
-salvo alguna excepción- no despachan los sábados, domingos, días feriados
establecidos por la ley de Fiestas Nacionales, ni tampoco cualquier otro día
que decida no despachar, debido a elementos exógenos al proceso y que inciden
en tal disminución, contrariando así -como bien lo apuntan los accionantes- el
principio de legalidad de los lapsos procesales, establecido en el artículo 196
del Código de Procedimiento Civil, pero primordialmente la garantía
constitucional del debido proceso, y por tanto el derecho a la defensa,
consagrados en el artículo 49 numerales 1 y 3 de la Constitución de 1999.
Así pues, cuando el artículo 197
del Código de Procedimiento Civil establece que, “[l]os términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios
consecutivos excepto los lapsos de pruebas, en los
cuales no se computarán los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes
santo, los declarado días de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables
por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no
despachar” (Resaltado de la Sala), se enfrenta a los
postulados que respecto al debido proceso y al derecho a la defensa se
establecen en la vigente Constitución, al convertir lo que debió ser una regla
del cómputo, en la excepción, ya que al computarse los demás lapsos procesales
por días calendarios continuos, sin atender a las causas que llevó al mismo
legislador a establecer tales excepciones en el cómputo de los lapsos
probatorios, se viola el contenido normativo del artículo 49 de la Constitución
de 1999, por disminuir, para el resto de los actos procesales, el lapso que el
legislador consideró -en su momento- razonable para que las partes cumplieran a
cabalidad con los actos procesales que las diferentes normativas adjetivas
prevén. De allí, que esta Sala considere
que la contradicción advertida conduce a situaciones de Summum Jus-Summa Injuria, tanto en lo que atañe al ejercicio de la
función jurisdiccional propiamente dicha, como respecto de los derechos de las
partes en el proceso. Así lo ha
reconocido, expresamente la Sala con respecto a la tramitación de la
institución de la apelación en el amparo constitucional, al establecer mediante
sentencia de fecha 31 de mayo de 2000, que:
relación con los lapsos para interponer el recurso de apelación en amparo, esta
Sala Constitucional considera que admitir que el lapso de apelación previsto en
el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales debe computarse por días continuos, incluyendo sábados,
domingos y feriados, sería atentatorio contra el derecho a la defensa,
principio cardinal del sistema procesal, pues el ejercicio del recurso de
apelación se vería limitado de hecho, incluso cercenado, bien por la llegada
del fin de semana, o alguna fiesta patria.
Derecho y Justicia, como es el que preconiza el artículo 2 de la vigente
Constitución, la literalidad de la leyes no puede interpretarse hacia lo irreal
o lo absurdo. Lo cierto es que en el país no existe un sistema de justicia que
funcione diariamente veinticuatro (24) horas, con jueces constitucionales de
guardia en las noches y días feriados, y ante la ausencia de tal sistema, los
jueces –incluyendo los constitucionales- en aras a su derecho al descanso y a
la recreación, no laboran ni los sábados, ni los domingos, ni los días que
contempla el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, manteniéndose los
tribunales cerrados al público. Distinta es la situación los días en que el
tribunal se encuentra funcionando, así no despache, el cual es un día hábil a
los efectos del amparo”.
concluye esta Sala, que el debido proceso exige, tal como quedara expuesto, un
plazo razonable para todos los actos sin excepción, y por ello, visto que tal
como está redactada la norma contenida en el artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil, ésta resulta inconstitucional por ser contraria al debido
proceso y al derecho a la defensa debe esta Sala DECLARAR SU NULIDAD PARCIAL en
lo que respecta a la frase: “ (...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se
computarán...”. Así,
ante la prohibición absoluta de actuación del Tribunal fuera de días y horas de
despachos, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil, debe
entenderse, que por regla general los términos y lapsos a los cuales se refiere
dicho artículo, tienen que computarse efectivamente por días consecutivos, en
los cuales el Tribunal acuerde dar despacho, no siendo computables a esos fines
aquellos en los cuales el Juez decida no despachar, ni los sábados, ni los
domingos, ni el Jueves y Viernes Santos, ni los días declarados de fiesta o no
laborables por ley, criterio que debe ser aplicado en concatenación con lo
dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Civil, que
establecen: “Artículo 199.- Los términos o lapsos de años o meses se
computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al
lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que
corresponda para completar el número del lapso.
que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el
mes, se entenderá vencido el último de ese mes.
200.- En los casos de los dos artículos anteriores, cuando el vencimiento del
lapso ocurra en uno de los días exceptuados del cómputo por el artículo 197, el
acto correspondiente se realizará en el día laborable siguiente”.
En virtud de lo expuesto, esta Sala declara parcialmente nula la norma
contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, y a tal efecto,
ordena que se tenga la redacción de la misma de la siguiente manera:
“Artículo 197.Los
términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos
excepto los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes Santo, los declarados
días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables
por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar.”
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 1987
Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse acerca de la acción de
nulidad que por razones de inconstitucionalidad interpusieran los
accionantes contra el dispositivo
contenido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en
Gaceta Oficial N° 3.995 Extraordinario, de fecha 13 de agosto de 1987, cuyo
contenido es del siguiente tenor:
“Artículo 18. Los jueces gozarán
de vacaciones anuales en la fecha más próxima a aquellas en que hayan cumplido
el año de servicio, de conformidad con lo que establezca el Consejo de la
Judicatura, caso en el cual devengarán además de su sueldo normal, un bono vacacional
equivalente a un mes de sueldo. En todo caso, las vacaciones de los jueces no
suspenderán el curso de las causas ni los lapsos procesales”.
Es de observar que la referida
ley se encontraba vigente para la fecha en que la presente acción fue
interpuesta -16 de septiembre de 1988-, siendo reformada posteriormente el 11
de septiembre de 1998, y publicada en la Gaceta Oficial N° 5.262
Extraordinario, de la misma fecha, tal como se evidencia de lo dispuesto en el
artículo 114 de dicha ley, que preceptúa: “[q]ueda así reformada la Ley Orgánica del
Poder Judicial de fecha 28 de julio de 1987”. Sin embargo, aún cuando la ley que contiene la norma impugnada se encuentra
reformada, no obstante, la disposición normativa, señalada por los accionantes
como inconstitucional, aún subsiste en el nuevo texto normativo, en su artículo
19, en los términos siguientes:
“Artículo 19. Los jueces gozarán
Judicatura, caso en el cual devengarán además de su sueldo normal, un bono
vacacional equivalente a un mes de sueldo.
Los convocados para llenar las
faltas de los jueces se consideran jueces temporales, y tendrán derecho
apercibir una remuneración equivalente al sueldo asignado a su titular.
En los casos en que las normas procesales
curso de las causas ni los lapsos procesales”.
De allí que, estando la norma
impugnada originalmente reeditada en el texto de la reforma, estima la Sala,
que de existir presunta violación constitucional, tal como se la imputan los
accionantes a la normativa contenida en el artículo 18 de la Ley de 1987, está
existirá igualmente respecto al dispositivo normativo previsto en el artículo
19 de la Ley de 1998, y por tal razón, al estar aquélla reformada, pasa esta
Sala a examinar los alegatos de inconstitucionalidad formulado por los actores
con relación al dispositivo normativo contenido en el artículo 19 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 1998, y al efecto observa:
Los accionantes alegan que la
referida norma establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial viola el
derecho constitucional relativo al disfrute de las vacaciones anuales
consagrado en el primer aparte del artículo 86 de la Constitución de 1961,
derecho que, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, quedó
consagrado en el artículo 90 de la siguiente forma:
Artículo 90. La jornada de
trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro
semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo
nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales.
Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a
laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la
jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se
dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en
beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al
descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las
jornadas efectivamente laboradas.” ( Resaltado de la Sala) Así las cosas, observa esta Sala
que los argumentos planteados por los accionantes para afirmar la
inconstitucionalidad el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1987, cuyo contenido se prevé ahora en el artículo 19 la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
centran en dos aspectos: por una parte, en el derecho que tienen los abogados
litigantes de disfrutar de vacaciones anuales, y por otra, en la existencia de
la denominada “Justicia Vacacional”.
al primer argumento, expresaron los accionantes que según lo establecido en el
primer aparte del artículo 11 de la Ley de Abogados, la prestación de servicios
por parte de un abogado para con un cliente podría considerarse como un
contrato de trabajo, y que en virtud de ello, todo abogado litigante tiene
derecho a tomarse un descanso anual como cualquier trabajador, por ello, con el
actual régimen que establece la reforma del artículo 18 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se impide que los abogados litigantes puedan disfrutar de las
vacaciones escolares con sus hijos, por lo que, la única posibilidad que un
abogado en ejercicio pudiera disfrutar de sus vacaciones escolares, sería
imponiéndole al cliente otro abogado
para que lo patrocine, imposición que a criterio de los accionantes resulta
inconstitucional, porque también se le estaría violando a este otro abogado el
derecho a disfrutar de las vacaciones anuales. De modo que, en su criterio,
convendría que las vacaciones judiciales fueran los meses de agosto y
septiembre de cada año, en virtud de que coinciden con las vacaciones
escolares, de manera que, todos los abogados en ejercicio y también los jueces
y funcionarios judiciales elaboren planes para salir de vacaciones judiciales
Sobre tal aspecto, la Fiscal del Ministerio Público designada para actuar
ante este Alto Tribunal, expresó que desde un sentido amplio podría considerarse el libre ejercicio de la
profesión de abogado como una especial modalidad de contrato de trabajo entre
abogado-cliente (al carecer de elemento subordinación), pero ello, no resulta
obstáculo para considerar que el abogado en ejercicio libre de la profesión es
un trabajador que, por razones de justicia social también merece el descanso
diario, semanal y anual que acuerda la legislación laboral, y que dado el
carácter especial de la prestación hecha hacia su cliente, resulta imposible
determinar sus períodos de descanso, correspondiendo entonces al profesional
del derecho, decidir el tiempo de su propio descanso y el período de sus
vacaciones en coordinación con el período de funcionamiento de los tribunales,
ya que éstos constituyen el lugar donde habitualmente realiza sus actividades
profesionales; por ello, consideró que resultaría absurdo excluir del derecho
al descanso, a aquellas personas que desempeñen labores en forma autónoma, como
es el caso de los abogados en libre ejercicio en la profesión.
Con relación a la llamada “justicia vacacional”, expresaron los
accionantes que en la exposición de motivos de la Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se
indica que los titulares del derecho a vacaciones previsto en el referido
artículo 19 ( antes 18) son los jueces y no son los tribunales, en virtud de
ser la Administración de Justicia un servicio público ininterrumpido, por lo
que mal podrían los tribunales vacar, evitando con ello la denominada “justicia vacacional”. Sobre tal aspecto
alegaron, que el concepto que atribuye a la administración de justicia la
cualidad de servicio público ininterrumpido, fue inspirado en la Ley Italiana número 814 del 14 de julio de 1965
-en donde la experiencia de la no interrupción de los lapsos procesales durante
el período de vacaciones fracasó-, agravándose con este régimen la denominada “justicia vacacional“, ya que se ha
extendido de un mes a todo el año en contraste con el sistema anterior en donde
la “justicia vacacional” se limitaba
a sorpresas en lo atinente a medidas cautelares, y al ofrecimiento y
constitución de fianza, puesto que los jueces no podían sentenciar, por lo que
el régimen que dispuso el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1987, agrava tal hecho debido a una serie de circunstancias, ya
señaladas en el texto de esta sentencia.
Al respecto, considera esta
Sala, que necesariamente se debe
distinguir lo que constituye el objeto tutelado de la norma señalada por los
accionantes como inconstitucional, y el objeto tutelado por la norma
constitucional presuntamente infringida a fin de determinar la solución de lo
controvertido. Para tal efecto, se debe distinguir lo que es la vacación del
juez y demás funcionarios de la administración de justicia, las llamadas
“vacaciones de los tribunales” y lo que sería el derecho a las vacaciones que
corresponde a los abogados como tales.
Así, la figura jurídica de “las
vacaciones” como parte integrante del derecho al trabajo preceptuado en el
artículo 87 de la Constitución de 1999, se refiere a las relaciones laborales
de los sujetos, y no cabe la menor duda de que ese derecho comprende a los
Jueces y demás funcionarios de la administración de justicia, sin embargo, la
pretensión de los accionantes de que se declare nula la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
a fin de que se suspenda el lapso de las causas mientras el juez titular esté
de vacaciones, se traduce a todas luces en la denominada “vacación de los Tribunales”, hecho que no resulta cónsono con la
figura jurídica de la “vacación”, pues en el caso de los órganos
jurisdiccionales, tal interrupción no obedece a las mismas justificaciones
señaladas para los trabajadores dependientes. La consecuencia de la denominada
“vacación del Tribunal” obedece a un origen histórico ligado a Europa,
donde en determinadas épocas del año se hacía necesaria la interrupción de las
labores de los órganos de administración de justicia por factores culturales y
climáticos, entre otros, donde se aprovechaba para el descanso de los jueces,
figura que en su momento sirvió de inspiración en la normativa adjetiva al
legislador patrio, pero que trajo consigo un elemento distorsionador a nuestro
sistema judicial por obedecer a una realidad social completamente distinta.
De allí que, cuando el legislador
concibió a la administración de justicia como un servicio público, lo hizo
basándose en la realidad social flanqueada por una marcada y progresiva
injusticia, donde la Constitución reconoció el derecho que posee todo ciudadano
de acudir a la jurisdicción y obtener una justicia oportuna, por lo que mal
podría concebirse que los tribunales vacaran, cuando lo preceptuado en la
normativa constitucional implica el reconocimiento de la libertad de acceso de
todos a los jueces y tribunales para obtener la tutela de ellos sin dilaciones
indebidas -artículo 26 de la Constitución de 1999- motivo por el cual, si bien,
la llamada “justicia vacacional” con
el sistema erigido por la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aún no se
ha logrado erradicar, esta pretendida acentuación no se puede utilizar como
argumento para su nulidad, so pretexto de una limitación en el tiempo de su
manifestación, cuando en realidad el objetivo de su erradicación se logrará con
una mayor preparación del Juez, con su mejor remuneración y con una verdadera
Por tal motivo, no debe
confundirse el derecho al trabajo -y el beneficio de las vacaciones anuales que
éste implica- con el supuesto normativo analizado supra, pues ambas normas parten de hechos jurídicos distintos,
aunque resulte evidente que los abogados como trabajadores tienen derecho a las
vacaciones, pero ello es materia que
corresponde ser regulada por leyes laborales, las cuales no son objeto de este
examen, siendo además que, con la norma impugnada en ningún caso se están
limitando derechos, ni violando la normativa que regula las vacaciones
judiciales, pues no cabe duda que la representación en juicio no es la única
actividad que pueden realizar los abogados. En este punto, cabe referirse a dos
argumentos que han expuesto los accionantes y han sido recogidos igualmente por
la representación del Ministerio Público. El primero, se refiere al hecho de
que la actividad jurisdiccional constituye la ocupación principal de los
abogados, y el segundo que las llamadas “vacaciones
judiciales” coinciden en la época en que los escolares salen de vacaciones,
oportunidad que aprovechan los profesionales del derecho para compartir con sus
Respecto al primero de los
aspectos señalados, considera esta Sala Constitucional que tal argumento carece
de solidez, por cuanto no hay una exigencia constitucional de que los
profesionales pertenecientes a un mismo gremio tomen vacaciones en la misma
época del año, por lo que en modo alguno se lesionaría su derecho al trabajo si
los tribunales no paralizan las actividades en la misma época. El argumento es
tan falaz, que ello implicaría, asimismo, que durante ese tiempo la
administración pública deba paralizar todos los procedimiento administrativos a
la espera de que los profesionales del derecho regresen de sus vacaciones
En cuanto al segundo de los puntos
señalados, estima la Sala que constituye un argumento absurdo y que no puede
ser considerado como fundamento de una acción de inconstitucionalidad, pues de
ser así, se constituiría una discriminación respecto a los profesionales de
otras carreras, cuyas vacaciones no necesariamente coinciden con las del
calendario escolar. Aunque en la práctica los abogados que se dedican
preponderantemente a asuntos litigiosos, aprovechan las “vacaciones judiciales” para tomar su descanso anual, tal situación
debe apreciarse como una consecuencia y no como la justificación del régimen
jurídico que examinamos.
Por lo anterior se declara SIN
LUGAR la acción de nulidad interpuesta
contra el dispositivo normativo contenido en el artículo 18 de la derogada Ley
Orgánica del Poder Judicial, cuya norma hoy se encuentra prevista en el
artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente. Y, de conformidad
con las normas previstas en los artículos 119 y 131 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, se deben fijar los efectos de esta decisión en el
tiempo. En tal sentido, acuerda esta Sala darle efectos ex nunc (desde ahora), en consecuencia, la aplicación de la norma
contenida -en los términos expuestos en
la sentencia- en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil deberá realizarse desde la publicación de la
presente decisión. Así se decide.
artículo 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publíquese el
presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
sin que dicha publicación condicione la eficacia del dispositivo del mismo. Así
anteceden este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional,
1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la
acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad por los
abogados JOSE PEDRO BARNOLA, JUAN VICENTE ARDILA Y
SIMÓN ARAQUE, contra la norma contenida en el artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil, en lo que
respecta a la expresión “ (...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se
computarán...” quedando en consecuencia la redacción de la citada norma de
por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar”.
2.- Se fijan los efectos de esta decisión con carácter ex nunc, a partir de
la publicación del fallo por la Secretaría de esta Sala, a tales fines, la
aplicación de la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento
Civil, deberá realizarse a partir de la publicación de la presente sentencia.
3.- IMPROCEDENTE, la acción de nulidad interpuesta por razones
de inconstitucionalidad contra la norma contenida en el artículo 18 de la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial,
publicada en la Gaceta Oficial N° 3.995 Extraordinario, de fecha 13 de agosto
de 1987, cuya norma hoy se encuentra prevista en el artículo 19 de Ley Orgánica
del Poder Judicial vigente, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.262 Extraordinario
de fecha 11 de septiembre de 1998.
Conforme a lo previsto en los
artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia,
publíquese el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, sin que su publicación condicione la eficacia del mismos, en cuyo
sumario se indicará con precisión lo siguiente:
“SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE JUSTICIA, EN SALA CONSTITUCIONAL QUE ANULA PARCIALMENTE LA NORMA CONTENIDA
EN EL ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº
34.522 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1990.”
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los ( 01
) del mes de FEBRERO del año 2001. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación. El Presidente,
M. DELGADO OCANDO
RONDÓN HAAZ
Exp.- 00-1435
Magistrado Ponente: Antonio
En fecha 8
de febrero de 2001, compareció por ante la secretaría de esta Sala
Constitucional el abogado Simón Araque, quien con el carácter
acreditado en autos, solicitó aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala
en fecha 1º de febrero de 2001 en la presente causa. La referida aclaratoria
fue solicitada por el prenombrado abogado en los términos siguientes:
“1º) ¿Cómo deberán computarse los lapsos largos o
mayores de veinte días, como por ejemplo, los lapsos para sentenciar y el de
prórroga contemplados en los artículos 515, 521 y 251 del Código de
Procedimiento Civil; los plazos para la formalización, contestación, réplica y
contrarréplica del recurso de casación; los lapsos para los actos
conciliatorios consagrados en los artículos 756 y 757 eiusdem; los lapsos para
la comparecencia a través de un edicto, previsto en el artículo 231; el lapso
para proponer la demanda, después que haya ocurrido la perención, previsto en
el artículo 271; los lapsos que tiene la Sala Civil para dictar su fallo y el
que tiene el Juez de Reenvío para dictar el suyo, prevenidos en los artículos
319 y 522, respectivamente; el plazo para intentar la invalidación, contemplado
en el artículo 335; los lapsos de suspensión de la causa principal, según los
artículos 374 y 386; el lapso de treinta días para la evacuación de las
pruebas, contemplado en el artículo 392; el lapso para que los árbitros dicten
sentencia, conforme al parágrafo cuarto del artículo 614, entre otros?
2º)¿Cómo deben computarse el término de la
3º) En lo que concierne al pronunciamiento sobre la
inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
promulgada el 13 de agosto de 1987, (G.O. 3995, Extraordinario.), que modificó
el mismo artículo de la Ley de 4 de Octubre de 1974 (G.O. 1692,
Extraordinario), conviene reiterar que dicha reforma eliminó las vacaciones
contempladas en la Ley de 1974, así:
‘Los Tribunales vacarán en los términos señalados
en los Códigos Procesales; y los
funcionarios judiciales gozarán de las vacaciones correspondientes al período
comprendido entre el quince de agosto y el quince de septiembre de cada año,
a menos que renuncien a ellas, caso en el cual devengarán, además de su sueldo
normal durante ese mes, la mitad de un sueldo’.
De modo que la inconstitucionalidad alegada
consignada en la norma reformada se fundó, específicamente, en que ella eliminó
las vacaciones al dispones los siguiente:
‘Los jueces gozarán de vacaciones en la fecha más
próxima a aquellas en que hayan cumplido un año de servicio,... En todo caso, las vacaciones de los jueces
no suspenderán el curso de las causas ni los lapsos procesales’.
No empeciente, ese vicio de inconstitucionalidad de
la norma reformada fue reparado por el propio legislador cuando sancionó el 18
de julio de 1990, la reforma del artículo 201 del Código de Procedimiento
Civil, que restituyó las vacaciones (G.O. Extraordinario 4209, de 20___ 1990),
que es la norma actualmente en vigencia.
En mérito de lo expuesto, solicito respetuosamente
que esa Sala me aclare si en lugar del pronunciamiento sobre la
constitucionalidad del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo
procedente era declarar que no había materia sobre que decidir por la
restitución legal de las vacaciones ocurrida con posterioridad a la
presentación de la demanda?”. (Resaltado del solicitante)
De la sentencia cuya
aclaratoria se solicita
cuya aclaratoria se solicita fue dictada con ocasión a la acción de nulidad que
por razones de inconstitucionalidad se interpusiera contra la norma prevista en
el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta
Oficial N° 3.694 Extraordinario de fecha 22 de enero de 1986, y contra la
disposición contenida en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
del Poder Judicial vigente, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.262
Extraordinario de fecha 11 de septiembre de 1998.
pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta, en los
siguientes términos: “1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la acción de nulidad interpuesta por
razones de inconstitucionalidad por los abogados JOSE PEDRO BARNOLA, JUAN VICENTE
ARDILA Y SIMÓN ARAQUE, contra la norma contenida en el artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil, en lo
que respecta a la expresión ‘(...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se
computarán...’ quedando en consecuencia la redacción de la citada norma de
‘Artículo 197.Los términos o lapsos procesales
se computarán por días calendarios consecutivos excepto los sábados, los domingos,
el Jueves y el Viernes santo, los declarados días de fiesta por la Ley de
Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos
en los cuales el Tribunal disponga no despachar’.
2.- Se fijan los efectos de
esta decisión con carácter ex nunc, a
partir de la publicación del fallo por la Secretaría de esta Sala, a tales
fines, la aplicación de la norma contenida en el artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil, deberá realizarse a partir de la publicación de la
IMPROCEDENTE, la acción de nulidad
interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra la norma contenida en
el artículo 18 de la derogada Ley Orgánica del Poder Judicial,
Extraordinario de fecha 11 de septiembre de 1998”.
con relación a la cual debe resolver la Sala Constitucional en esta oportunidad
versa sobre la solicitud de “aclaratoria” del fallo antes mencionado,
dictado por esta Sala en fecha 1º de febrero de 2001. Al respecto, el artículo
252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada
figura, cuyo contenido es del tenor siguiente:
252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria
sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de
parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los
errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto
en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después
de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las
solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”. Sobre el alcance
de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en
sentencia de fecha 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La
Salvación, R. L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de
aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el
juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo
la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de
errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de
manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...)”.
respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia
esta Sala indicó que: “(...) la
disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea
solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en
el día siguiente”.
es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe
entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y
que no amerite por tanto que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar
que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso
establecido para ello, los términos indicados en el artículo 252 del Código de
Procedimiento Civil deben entenderse que son el día de la notificación de la
sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.
En atención a lo anterior, observa esta Sala
que el abogado Simón Araque actuando con el carácter acreditado en autos,
solicitó la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el día 1º de
febrero del año 2000, en fecha 8 de febrero de 2001. Sin embargo, es de observarse, que la
sentencia fue dictada fuera del lapso para sentenciar establecido en el
artículo 118 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siendo
que el prenombrado abogado realizó la
solicitud de aclaratoria al día siguiente que tuvo conocimiento de la misma,
esta Sala declara procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia
dictada en esta causa. Así se decide. b) De la aclaratoria de la primera parte del
fallo “Inconstitucionalidad del artículo 197 del Código de Procedimiento
la Sala que la presente solicitud va dirigida al esclarecimiento de la forma en
que se deben computar los términos o lapsos procesales para la realización de
los actos que se mencionan en la misma; a saber, para la formalización,
contestación, réplica y contrarréplica del recurso de casación; para los actos
conciliatorios; para la comparecencia a través de edictos, para proponer la
demanda después que haya ocurrido la perención, los que tiene la Sala de
Casación Civil para dictar su fallo, así como el que tiene el Juez de Reenvío
para dictar el suyo; para intentar la invalidación; los de suspensión de la
causa principal, los lapsos de pruebas y el plazo que tiene los árbitros para
dictar sentencia. Todo
ello, a la luz de la norma establecida en el artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil, sobre el cual esta Sala Constitucional ejerció control
concentrado de su constitucionalidad declarándola parcialmente
Ahora bien, observa la Sala que el accionante al
proponer su solicitud en los términos antes descritos, sugiere una distinción
entre lapsos largos y cortos, cuando señala: “¿Cómo deberán suputarse los lapsos largos o mayores de veinte días,
como por ejemplo, (...)”.
En tal sentido, a los fines de proveer acerca de la
solicitud interpuesta, y con el objeto de determinar el alcance real del
dispositivo del fallo considera necesario esta Sala realizar de forma previa
ciertas consideraciones acerca de los efectos de la declaratoria de nulidad
parcial en el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes.
Así, observa esta Sala que según
lo dispuesto en el artículo 266, numeral 1, de la Constitución, es atribución
de este Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional; y,
conforme a lo establecido en el artículo 336 numeral 1, eiusdem, es competencia
exclusiva de esta Sala Constitucional “[d]eclarar la nulidad total o parcial de las
leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que
colidan con esta Constitución”. Expuestas así las cosas, la referida norma
asigna dos posibles consecuencias al ejercicio de dicho control por parte de
esta Sala; una, determinar la nulidad total de la norma impugnada y la otra, la
nulidad parcial de la misma, lo cual abre un abanico de posibilidades al
momento de ejercer dicho control.
Por tanto, cuando una norma es declarada enteramente
nula es porque el operador jurídico, es decir la Sala, luego de haber realizado
un análisis exhaustivo del contenido de la norma impugnada contrapuesto a los
principios constitucionales señalados como trasgredidos, ha concluido que el
valor normativo en ella contenido resulta inconstitucional, sin que medie
posibilidad alguna de que persista su existencia en el mundo jurídico, pues se
alteraría de forma insoslayable el orden instaurado, considerando que el
dispositivo normativo contenido en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, le otorga la facultad de fijar los efectos de dicha
declaratoria en el tiempo, es decir, hacia el pasado o pro futuro, lo cual en
definitiva constituye la exclusión total de dicha norma en el sistema normativo
Situación diferente se plantea en los casos de nulidad
parcial de una norma, donde la totalidad de la norma no resulta inconstitucional,
sino que son algunos de sus elementos los que violan dispositivos
constitucionales, supuesto en el cual, la Sala Constitucional excluye de la
estructura de la norma el elemento que resulte inconstitucional, siempre y
cuando el supuesto al cual va dirigida esa norma no desaparezca o se altere en
su totalidad de forma tal que constituya una norma sin objeto. Ahora bien,
en el último de los supuestos referidos, y que resulta ser el caso regulado por
el fallo cuya aclaratoria se solicita, se debe admitir que la relación jurídica
condicionada por la norma de una u otra manera, se ve afectada con el control
de constitucionalidad ejercido, ya que la norma impugnada, a través de la
declaratoria de nulidad parcial, se ha convertido en una norma nueva y diferente
de la norma inicial, lo cual implica aceptar, que al constituirse en una norma
distinta, el operador jurídico debe plasmar en su sentencia el alcance del
nuevo dispositivo normativo, pues, se parte de que dicha norma va integrada a
un texto normativo sistemático, donde los preceptos establecidos en cada
artículo, en reiteradas ocasiones guardan relación entre sí. De allí que, la determinación del alcance de
dicha norma se hace fundamental para establecer en qué afecta la misma la
relación jurídica que condiciona, así como el esquema aplicativo del texto
normativo que integra.
Así pues, al prosperar la nulidad parcial de la norma
impugnada nace una nueva norma y para aplicar tal norma, resulta necesario e
indispensable su interpretación, lo cual no es posible hacerlo sin desentrañar
previamente el significado de los signos en los que exteriormente se
manifiesta, obviamente, sin perder nunca
de vista el todo del cual forma parte, debiendo la Sala, en su condición de operador
jurídico, imprimirle a la norma los caracteres ideológicos que lo llevaron a
determinar su nulidad parcial en resguardo de los derechos constitucionales.
De manera que, debe esta Sala señalar de forma más
clara, cual es el alcance de la nueva norma contenida en el artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil dentro del sistema normativo que integra, lo cual
bajo ningún supuesto puede ser visto como una ingerencia o usurpación en las
atribuciones del órgano legislativo -Asamblea Nacional- que tiene por función
propia normar las materias que resultan de orden nacional.
postulados constitucionales en los que se fundamentó esta Sala para declarar la
inconstitucionalidad parcial de la norma in
comento, son los establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la
Carta Magna, en atención a la circunstancia fáctica que se verificaba con los
cómputos de los términos y lapsos establecidos para la realización de
determinadas actuaciones procesales de los justiciables, a consecuencia de la
disminución de los mismos en un número ciertamente menor a aquellos dispuestos
en la norma, como producto del no despachar continuo de los tribunales, lo cual
tendía a crear un estado de indefensión y a transgredir el debido proceso.
los postulados anteriores en los cuales se basó esta Sala para indicar que la
regla del cómputo establecida en el referido artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil “(...) viola el
contenido normativo del artículo 49 de la Constitución de 1999, por disminuir,
para el resto de los actos procesales, el lapso que el legislador consideró -en
su momento- razonable para que las partes cumplieran a cabalidad con los actos
procesales que las diferentes normas adjetivas prevén”, fueron establecidos
en atención a que la actividad jurisdiccional va dirigida a resolver una
controversia y siendo que las partes serán quienes en definitiva sufrirán los
efectos de la sentencia, debe garantizársele a cada una de ellas, la
posibilidad de adversar o contradecir oportunamente
lo sostenido por su contraparte, es decir, garantizarle su derecho a la
expuesto no quiere decir que esta Sala no haya tenido en cuenta el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 26 de
la Carta Magna, que dispone:
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso
los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mimos y a obtener con prontitud la decisión
El Estado garantizará una
justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas,
sin formalismos o reposiciones inútiles” (Resaltado de la Sala).
quiere decir, que esta Sala jamás ha pretendido con el dispositivo del fallo
sacrificar las formas sobre el fondo, sino mas bien pretende buscar el
contenido jurídico y la finalidad que el legislador le atribuyó a la norma
contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil,
señalándose mediante esta sentencia su
razón de ser, de forma tal que se adapte a la actividad procesal respetando el
derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 ,
numerales 1 y 3, de la Constitución.
De manera que, esta Sala al
dictar la decisión cuya aclaratoria se solicita partió de que el fin
institucional e inmediato del proceso es la justicia, la cual debe ser
alcanzada sin sacrificar el fondo por la forma, teniendo claro, la existencia
de dos actos fundamentales dentro del esquema procesal; a saber, la demanda y
la sentencia, siendo todos los actos intermedios el mecanismo por el cual se
preparara la providencia judicial.
Ahora bien, lo expuesto no quiere
decir y así lo entendió esta Sala cuando dictó el fallo, que todas las formas
son innecesarias, pues, la instrumentalidad de las formas si bien no tienen un
valor intrínseco propio -ya que existen solamente como un medio para alcanzar
la plena finalidad de cada acto-, su observancia permite medir concretamente la
realización en el tiempo y en el espacio de las actuaciones procesales.
cuando esta Sala anuló parcialmente la norma in comento lo hizo atendiendo al derecho a la defensa y al debido
proceso, pero -se insiste-, sin desconocer la existencia del derecho a la
celeridad procesal consagrado en el citado artículo 26 de la Constitución,
motivo por el cual, entendiendo al Código de Procedimiento Civil como un
conjunto sistemático de normas, donde los términos o lapsos pautados para
realizar las actuaciones procesales se crearon en principio para ser computados
por días calendarios continuos, la formalidad de que el término o lapso
procesal para la realización de un determinado acto sea computado atendiendo a
que el tribunal despache, debe ser entendido para aquellos casos en que
efectivamente se vea inmiscuido de forma directa el derecho a la defensa de las
que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si
el cómputo del término o lapso se realizará por días calendarios continuos sin
atender a las excepciones previstas en el artículo in comento, o, si por el contrario, deberán hacerse únicamente en
función de que el tribunal despache. En
virtud, de que esta Sala considera que el ejercicio
oportuno de los derechos adjetivos que les asiste a las partes en un
proceso -oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma
parte de la esfera esencial del derecho a la defensa y al debido proceso.
Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal
implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido
proceso, éste deba ser realizado exclusivamente cuando el tribunal despache, en
virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o al juez
para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a
la defensa, indudablemente que los términos o lapsos procesales para la
realización de tales actos se computarán en función de aquellos días en que el
tribunal acuerde despachar.
En consecuencia, estima esta Sala que la aplicación
del artículo 197, y como tal, el considerar para el cómputo de los términos o
lapsos los días en que efectivamente despache el tribunal, no puede obedecer a
que se esté ante un lapso o término “largo o corto”, sino en atención a que el
acto procesal de que se trate involucre o de alguna manera afecte el derecho a
la defensa de las partes; en contraposición a aquellos que con su transcurrir
no lo involucren.
por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda o los
términos o lapsos procesales establecidos para ejercer oposición a cualquier
providencia judicial, deben ser computados por días en que efectivamente el
tribunal despache, en virtud de que la naturaleza de tales actos se encuentran
vinculadas directamente con el derecho a la defensa y al debido proceso.
también se puede mencionar que los términos o lapsos procesales establecidos
para ejercer cualquier acto de impugnación ante el tribunal de instancia; tales
como, recurso de hecho, recurso de queja, recurso de regulación de competencia
o apelación, también deben ser computados por días en que efectivamente el
tribunal despache.
En ese mismo orden de ideas, y en atención a los
términos en que ha sido planteada la presente solicitud, esta Sala establece
que, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, los lapsos para
sentenciar así como el de prórroga contemplado en los artículos 515, 521 y 251
del Código de Procedimiento Civil, deben ser computados por días calendarios
consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.
lapso para la formalización, contestación, réplica y contrarréplica del recurso
de casación establecidos en los artículos 317 y 318 del mismo texto legal,
deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a las
excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.
lapsos para los actos conciliatorios consagrados en los artículos 756 y 757 eiusdem, así como el lapso para la
comparecencia a través de edictos previsto en el artículo 231 de dicho texto
legal, y los lapso de carteles, tales como, los previstos en los artículos 223,
550 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días
calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el
artículo 197 eiusdem.
lapso para proponer la demanda después que haya operado la perención previsto
en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, igualmente serán
computado por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones
establecidas en el artículo 197 eiusdem.
El lapso que tiene la Sala de
Casación Civil de este Alto Tribunal para sentenciar, así como el que tiene el
Juez de Reenvío, establecido en los artículos 319 y 522 del texto que rige la
materia serán computados por días calendarios consecutivos, sin atender a las
excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil.
lapso para intentar la invalidación contemplado en el artículo 335 del Código
de Procedimiento Civil, será computado conforme a la regla prevista en el
artículo 199 eiusdem, por tratarse de
un lapso cuya unidad de tiempo es mensual. Los
lapsos para la suspensión de la causa principal, según lo pautado en los
artículos 374 y 386 del Código de Procedimiento Civil, serán computados por
días calendarios continuos, sin atender a las excepciones establecidas en el
lapso de treinta días para la evacuación de las pruebas contemplado en el
artículo 392 íbidem, así como el
lapso para su promoción, admisión y oposición será computado por días en que
efectivamente el tribunal despache, en atención a lo dispuesto en el artículo
197 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse vinculada directamente
la naturaleza de dicho acto al derecho a la defensa y al debido proceso de cada
una de las partes. El lapso para que los árbitros
dicten sentencia según lo dispuesto en el artículo 614, parágrafo cuarto, del
Código de Procedimiento Civil, se computará por días calendarios consecutivos
sin atender a las excepciones previstas en el artículo 197 eiusdem.
último el término de la distancia debe ser computado por días calendarios
consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del
Código de Procedimiento Civil. Así se
c) De la solicitud de aclaratoria de la segunda
parte del fallo “Inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1987”.
atañe a la solicitud de aclaratoria sobre la improcedencia de la acción de
nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se observa, que en los
términos en que fue planteada, la misma evidencia la inconformidad del
solicitante con el dispositivo del fallo, lo cual, evidentemente no constituye
el objeto de la aclaratoria. De allí
que, esta Sala considera que al respecto no hay nada que aclarar y en
consecuencia declara improcedente la solicitud de aclaratoria contenida en el punto
3 del escrito presentado por el accionante. Así se decide.
por cuanto esta Sala observa, que existe un error de referencia en la parte in
fine del dispositivo del fallo, objeto de la presente aclaratoria, referido a
la fecha de publicación del Código de Procedimiento Civil, se procede mediante
la presente a subsanar el mencionado error, en los términos siguientes:
“Conforme a lo previsto en los artículos 119 y
120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, publíquese el presente
fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sin que su
publicación condicione la eficacia del mismos, en cuyo sumario se indicará con
precisión lo siguiente:
‘SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN
SALA CONSTITUCIONAL QUE ANULA PARCIALMENTE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO
197 DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº 4.209
EXTRAORDINARIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1990’”. Decisión
las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, declara parcialmente con lugar la solicitud
de aclaratoria respecto a la sentencia Nº 80 dictada por esta Sala en fecha 1º
de febrero de 2001 en la presente causa, efectuada por el abogado Simón
Araque. Téngase la
presente decisión como parte integrante de la sentencia antes identificada.
firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en
Sala Constitucional a los 09 días del mes de marzo del año 2001. Años: 190° de
la Independencia y 142° de la Federación.
Eduardo Cabrera Romero Magistrados,
ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA JOSÉ
M. DELGADO OCANDO PEDRO
00-1435 SALA CONSTITUCIONAL
Por auto del 19 de noviembre de 2010, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a propósito de la demanda de amparo constitucional que interpuso la ciudadana GRECIA CAROLINA RAMOS ROBINSON, titular de la cédula de identidad n.° 15.469.864, mediante la representación de la abogada Elba Herrera, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 93.273, contra el Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre, por cuanto incumplió la orden de reenganche y pago de salarios caídos que dictó, mediante providencia administrativa n.° 2009-000558 de 12 de noviembre de 2009, la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” sede Puerto Ordaz, acordó la remisión a esta Sala Constitucional de dicho expediente para que decidiera el conflicto negativo de competencia que se suscitó entre aquel Juzgado y el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz.
Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 9 de diciembre de 2010, y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
En sesión de 7 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional designó Magistrados principales y suplentes de este Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.569 de 8.12.2010). Luego, el 9 de diciembre de 2010, quedó reconstituida la Sala Constitucional según consta del Acta de instalación correspondiente (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.573 de 14.12.2010). La ponencia correspondió a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 30 de agosto de 2010, la ciudadana Grecia Ramos interpuso pretensión de tutela constitucional ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, el cual se declaró incompetente para su juzgamiento el 31 de agosto de 2010 y declinó la competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. El 19 de noviembre de 2010, ese último Juzgado también se declaró incompetente y planteó el conflicto negativo de competencia; en consecuencia, solicitó, de oficio y con fundamento en la doctrina de esta Sala Constitucional, la regulación de la competencia, para lo cual ordenó la remisión del expediente continente de la causa.
1.1 Que, el 25 de septiembre de 2009, acudió ante la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro”, sede Puerto Ordaz, para dar inicio al procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos contra el Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre, por cuanto fue despedida injustificadamente a pesar de que se encontraba amparada por inamovilidad laboral, según el Decreto presidencial n.° 6.603 de 2 de enero de 2009.
1.2 Que, el 12 de noviembre de 2009, la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” declaró con lugar la petición de la accionante y ordenó su reenganche inmediato y el pago de los salarios caídos. 1.3 Que, el 3 de marzo de 2010, se intentó la ejecución forzosa de la orden de reenganche y pago de salarios caídos, pero los vigilantes de la institución manifestaron que “POR ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN SE LE TIENEN (SIC) NEGADO EL ACCESO A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIOR (SIC) DEL TRABAJO”. 1.4 Que, el 19 de marzo de 2010, esa Inspectoría dio inicio al procedimiento sancionatorio, el cual el 28 de junio de 2010, finalizó con una providencia administrativa que declaró “infractor” al Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre por “incumplir con la Orden de Reenganche y Pago de Salarios Caídos emanada del Inspector de Trabajo Funcionario Público adscrito a ésta Inspectoría del Trabajo, dictada mediante Providencia Administrativa Nro. 2.009-00558”. 2. Denunció:
La lesión a su derecho al acceso a la justicia, al amparo, al debido proceso trabajo, al trabajo, al salario y a la estabilidad laboral que reconocen los artículos 26, 27, 49.8, 87, 89.2, 89.4, 91, 92, 93, 95, 131 y 257 del Texto Fundamental.
3. Pidió: (…) que se restituya la situación jurídica infringida y que, en atención a los dispuesto en el artículo 22 ejusdem este Juzgado ordene a quien ejerza la Representación del “Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre” la ejecución inmediata e incondicional del Acto Administrativo incumplido y se proceda de inmediato a lo conducente para cumplir con la orden de Reenganche y Pago de los Salarios Caídos ordenado mediante Providencia Administrativa N°2.009-00558 de fecha 12 de noviembre del año 2009 emanada de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro Sede Puerto Ordaz, Estado Bolívar. /(…)
Para la determinación de la competencia para el conocimiento del conflicto negativo de competencia que surgió entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, y el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, esta Sala observa:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266.7, preceptúa que es atribución del Tribunal Supremo de Justicia “decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico”.
En este sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31.4, dispone: Competencias comunes de las Salas
Por su parte, esta Sala Constitucional, cuando determinó la competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional a la luz de los principios y preceptos que acogió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (s. S.C. n.º 1, 20.01.00), estableció que le corresponde el ejercicio de la jurisdicción constitucional en sede del Tribunal Supremo de Justicia y que, en consecuencia, es ella la competente por la materia “... para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.
Los criterios para la resolución de conflictos de competencia que se susciten entre tribunales en materia de amparo constitucional están normados en el artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos Garantías Constitucionales, en los mismos términos que los regula el Código de Procedimiento Civil, así “los conflictos de competencia (…) serán decididos por el Superior respectivo (…)”. Por cuanto, en este caso, no existe superior común a los órganos jurisdiccionales entre los cuales se planteó el conflicto negativo de competencia en el contexto de una pretensión de amparo constitucional, de conformidad con las normas que fueron citadas supra, esta Sala resulta competente para la solución del conflicto en referencia y así se declara. IV
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, mediante auto del 31 de octubre de 2010, se declaró incompetente para el juzgamiento de la pretensión de amparo constitucional de autos y declinó la competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en los siguientes términos:
A los fines de determinar la competencia de este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, antes de examinar la admisibilidad de la solicitud de la acción de Amparo Constitucional, pasa a transcribir la disposición contenida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual preceptúa:/(…)
De la disposición normativa precedentemente citada se colige, que son competentes para conocer en Primera Instancia de la acción de amparo, los Tribunales en materia afín con la naturaleza del derecho violados o amenazados de violación, es decir debe existir por un lado el derecho cuya violación o amenaza de violación se denuncia y por el otro la materia del conocimiento del Tribunal, ya que la competencia corresponderá a aquellos Jueces que tengan atribuida la facultad ordinaria para conocer sobre la violación del derecho fundamental del cual se alega. En sintonía con lo anterior, la afinidad no se limita a constatar que los derechos y garantías constitucionales presuntamente violadas encuadran en la competencia material asignada al Tribunal de la causa, sino también la situación fáctica que se plantea en el amparo dentro de la competencia asignada al Juez. En el caso sub examine, trátase la pretensión en amparo, de ejecución del acto dictado por la administración, específicamente de la providencia administrativa decretada por la Inspectoría del Trabajo, Nº 2009-000558, de fecha 12 de noviembre de 2009, lo cual en atención al criterio que ha mantenido hasta hoy, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y que entre otras se invoca, Sentencia de reciente data, la Nº 1189, de fecha 05 de Marzo del 2010, bajo la Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON, cual entre otras cosas expone:/(…)
Este Tribunal concluye que no es competente para conocer y decidir la presente acción de amparo constitucional, al no tratarse de materia relacionada de las establecidas en las disposición contenida en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y estando referida la presente pretensión sobre el supuesto incumplimiento de una providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, debe necesariamente declararse incompetente, y declinar el conocimiento de la misma, a quien considera este Juzgador, es el competente; esto es, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a quien se ordena remitir la totalidad de las presentes actuaciones. Y así se decide.-
Por su parte, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante auto de 19 de noviembre de 2010, se pronunció, igualmente, incompetente, planteó el conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional, con base en lo siguiente:
Observa este Juzgado que a la presente demanda se le dio entrada el catorce (14) de septiembre de 2010, es decir, ingresó bajo la vigencia plena de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, en cuyo artículo 25.3 dispone que los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
La eliminación de la competencia de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo del conocimiento de las acciones de nulidad contra decisiones dictadas por la Administración del Trabajo con ocasión de los procedimientos laborales derivados de inamovilidad laboral, fue expresamente advertida en la Exposición de Motivos de la Ley, la cual señaló:
“También como novedad, se extrae del conocimiento de la jurisdicción administrativa, lo referente a las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”.
En conclusión siendo la competencia por la materia de carácter expresa y en razón que las Salas del Tribunal Supremo de Justicia con anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atribuían competencia a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo para el conocimiento tanto de las acciones de nulidad contra decisiones dictadas por las Inspectorías del Trabajo derivadas de inamovilidad laboral y por la materia afín a esta competencia de las acciones de amparo incoadas para su ejecución, en razón de no existir una norma expresa que la excluyera, no obstante, al haberse promulgada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, exceptuando expresamente de la competencia de los Juzgados Contencioso Administrativo el conocimiento de las mismas, debe este Juzgado determinar si el procedimiento laboral seguido por la Inspectoría del Trabajo en el caso subjudice se trata de un procedimiento de inamovilidad laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
En este sentido cursa copia certificada de la solicitud presentada el veinticinco (25) de septiembre de 2009, por la ciudadana GRECIA CAROLINA RAMOS ROBINSON ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, alegando que desde el tres (03) de junio de 2009, comenzó a trabajar en el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, que fue despedida a pesar de encontrarse amparada de la inamovilidad laboral establecida en el Decreto Presidencial Nº 6.603 de fecha 02 de enero de 2009, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.090.
Sustanciado el procedimiento de conformidad con las normas que regulan el procedimiento de inamovilidad laboral, previstas en el artículo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, en fecha doce (12) de noviembre de 2009, la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, dictó decisión Nº 2009-558, declarando lo siguiente:
“DE LA INAMOVILIDAD ESTABLECIDA EN EL DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 6.603.- Fue desconocida en el interrogatorio, no obstante, quedó demostrada con las documentales insertas a los folios 22 y 25 al 28, en consecuencia se señala que para la fecha del despido denunciado: a) la solicitante no ejercía cargo de dirección o de confianza; b) tenía más de tres (3) meses al servicio del patrono; c) no era una trabajadora temporera, eventual u ocasional; d) no era una funcionaria del sector público; y e) devengaba un salario básico mensual inferior a tres (3) salarios mínimos mensuales, lo cual hace que se encuentre amparada por la inamovilidad, al no estar dentro de los supuesto de excepción que el mismo Decreto Presidencial establece. Así se declara. /(…) En consecuencia al haber quedado reconocida la relación laboral, la inamovilidad que ampara a la trabajadora, y que se efectuó el despido sin que estuviese autorizado para ello mediante proceso de calificación de faltas, esta INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO”, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, declara: CON LUGAR la solicitud …, y ordena a la Sociedad Mercantil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, el inmediato Reenganche de la trabajadora RAMOS GRECIA, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. 15.469.864, y Pago de Salarios Caídos debidos desde la fecha del despido (15/09/2009) hasta la definitiva reincorporación a su puesto de trabajo, y a cuyo monto deberá sumársele todo aquello que le corresponda por estipulaciones legales o contractuales. Así expresamente se Decide”. Consecuencia de lo citado, al tratarse de una decisión dictada por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad laboral, de cuyo conocimiento se encuentra exceptuado de conocer este Juzgado en virtud del precepto legal, y al no tener competencia por la materia afín al amparo, resulta necesario declararse incompetente para el conocimiento de la demanda de amparo incoada por la ciudadana GRECIA CAROLINA RAMOS ROBINSON contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE por su presunta negativa de acatar la Providencia Nº 2009-558, dictada el doce (12) de noviembre de 2009 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos de la referida trabajadora, en virtud de la exclusión de competencia establecida en el artículo 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se establece./(…)
En vista del conflicto negativo de competencia surgido, se observa que la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 774, dictada el 21 de julio de 2010, decidió que en aplicación de los artículos 266.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 5.51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (actual artículo 31.4) y 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le corresponde conocer de los conflictos negativos de competencia en materia de amparo constitucional, en los que se ha ejercido la demanda correspondiente en forma autónoma y no existe un Tribunal Superior común a aquellos que hubiesen declarado su incompetencia, (…)/(…)
Aplicando las referidas disposiciones jurídicas y el precedente jurisprudencial citado al caso de autos, este Juzgado Superior solicita de oficio la regulación de la competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ante la inexistencia de un Tribunal Superior común al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, órgano jurisdiccional que declino la competencia en este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, que a su vez se ha declarado incompetente por las razones precedentemente expuestas. Así se decide.
Corresponde a esta Sala la composición del conflicto negativo de competencia que surgió entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz y el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y, por tanto, la determinación del juzgado competente para el juzgamiento de la demanda de protección constitucional que incoó la ciudadana Grecia Ramos contra el Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre, a que se hizo referencia supra. Esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 1318/2001, de 2 de agosto (caso: Nicolás José Alcalá Ruiz), estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, que eran los tribunales competentes en la materia contencioso-administrativa los competentes para la decisión de los juicios de nulidad contra los actos administrativos que emanen de las Inspectorías del Trabajo, así como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de las referidas providencias que han quedado firmes en sede administrativa y, además, para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional que se incoaran contra ellas. Sin embargo, recientemente, en sentencia n.° 955, de 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Sala cambió la doctrina anterior en relación con la competencia para el juzgamiento de las demandas, de cualquier naturaleza, que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, con base en las siguientes consideraciones:
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Preceptúa el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto a ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa. Sobre la base de la norma del Código Adjetivo que se citó, esta Sala, en oportunidades anteriores, ha determinado el tribunal competente en casos concretos en atención al que lo fuera de conformidad con la ley -o con la interpretación auténtica que de ésta hubiere hecho esta juzgadora- para el momento de la interposición de la demanda.
En efecto, como se explicó en el fallo n.° 955, de 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros, que se citó supra, debe atenderse al contenido de la relación más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural para la decisión de este tipo de pretensiones es el laboral, que es el especializado en proteger la persona de los trabajadores y, en particular, “la parte humana y social de la relación”. En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por éste con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que le es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia; ventaja que se acentúa en materia de amparo constitucional, caracterizada como está por la urgencia, que exige la mayor celeridad posible, celeridad que el juez más especializado está en mayor capacidad de ofrecer (Vid. s.S.C. n.° 108 de 25.02.11).
PRIMERO: que es COMPETENTE para la resolución del conflicto de competencia que planteó el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. SEGUNDO: que la competencia para el juzgamiento de la demanda de amparo constitucional que interpuso la ciudadana GRECIA CAROLINA RAMOS ROBINSON contra el Instituto Universitario Politécnico Antonio José de Sucre corresponde al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz.
EXP. Nº 2009-0314
Mediante oficio Nº 2009-461 del 1° de abril de 2009 el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo de la solicitud que por calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoara el ciudadano ELIGIO RAFAEL DUARTE OCHOA, titular de la cédula de identidad N° 13.689.781, contra la sociedad mercantil TOTAL FRENOS ORIENTE, S.A., no identificada en autos.
La remisión se efectuó a los fines de que esta Máxima Instancia se pronuncie acerca de la consulta planteada, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que el aludido Tribunal declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso de autos.
El 22 de abril de 2009 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz para resolver la consulta.
En fecha 19 de marzo de 2009 el ciudadano Eligio Rafael Duarte Ochoa, introdujo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral del Estado Anzoátegui, una solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, con ocasión de su despido efectuado el día 12 de marzo de 2009.
Señala el actor, que comenzó a prestar sus servicios en la sociedad mercantil Total Frenos Oriente, S.A., el 16 de enero de 2008, ocupando para la fecha en que prescindieron de sus servicios el cargo de “…AYUDANTE DE ALMACEN (sic)…” y devengando un salario mensual de Setecientos Noventa y Nueve Bolívares con Veintidós Céntimos (Bs. 799,22).
Expone, que fue despedido sin haber incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Alega, que para la fecha de su despido se encontraba amparado por “… el Decreto N° 6.603 de fecha 29/12/2008 referido a la Inamovilidad Laboral para los trabajadores”.
Mediante decisión del 24 de marzo de 2009 el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al cual correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública en virtud de encontrarse el actor amparado por la inamovilidad laboral contenida en el “…Decreto Presidencial número 6.603, publicado Gaceta Oficial número 39.090, de fecha 02-01-2009…”.
Asimismo, ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta sometida a su conocimiento y, en tal sentido, observa:
En el caso de autos, el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano Eligio Rafael Duarte Ochoa, bajo el argumento de encontrarse amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en el Decreto Presidencial N° 6.603 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 de fecha 2 de enero de 2009.
Ahora bien, el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, entre otras facultades, la que tiene el trabajador despedido de acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, si considera que el despido del cual fue objeto no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique; y en caso de constatar que ese despido se produjo sin motivo legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos.
Asimismo, el ordinal 2° del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer y decidir las solicitudes de calificación de despido o reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral.
Sin embargo, en la Ley Orgánica del Trabajo se desarrollan situaciones en las cuales en atención a la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado ciertos trabajadores, la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre estos trabajadores figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. A estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando ésta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.
En atención a lo expuesto, aprecia la Sala que para la fecha en la cual fue despedido el ciudadano Eligio Rafael Duarte Ochoa, esto es, el 12 de marzo de 2009, se encuentra vigente el Decreto Presidencial N° 6.603 del 29 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 de fecha 2 de enero de 2009.
Los artículos 1°, 2° y 4° del referido Decreto disponen lo siguiente:
“Artículo 1º. Se prorroga desde el primero (1°) de enero del año dos mil nueve (2009) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil nueve (2009), ambas fechas inclusive, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, contenida en el Decreto N° 5.752 de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil siete (2007), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.839 de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil siete (2007).
Artículo 4°. Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente decreto un salario básico mensual superior a tres (03) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige”. (Destacado del texto y subrayado de la Sala).
De las normas transcritas se evidencia la prohibición de despedir a un trabajador amparado por la inamovilidad establecida en el referido Decreto Presidencial, durante el período comprendido en la primera de las citadas disposiciones, a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, mediante Decreto Presidencial Nº 6.052 de fecha 29 de abril de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.921 del día 30 del mismo mes y año, el Ejecutivo Nacional fijó como salario mínimo mensual obligatorio para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, la cantidad mensual de Setecientos Noventa y Nueve Bolívares con Veintitrés Céntimos (Bs. 799,23).
En este sentido, de conformidad con el artículo 4° supra transcrito, los trabajadores y las trabajadoras que devenguen un salario básico mensual inferior a Dos Mil Trescientos Noventa y Siete Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 2.397,69), se encuentran amparados por la inamovilidad laboral establecida en el Decreto Presidencial N° 6.603 del 29 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 de fecha 2 de enero de 2009.
Así, se observa que en el caso de autos el accionante manifestó en su solicitud de calificación de despido que: 1) se desempeñaba como ayudante de almacén, por lo que aparentemente no tenía un cargo de dirección o confianza; 2) comenzó a prestar sus servicios en fecha 16 de enero de 2008, siendo despedido el 12 de marzo de 2009, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad; y, 3) para el momento de efectuarse el despido, el ciudadano Eligio Rafael Duarte Ochoa devengaba un salario básico mensual de Setecientos Noventa y Nueve Bolívares con Veintidós Céntimos (Bs. 799,22), monto este inferior al dispuesto en el mencionado Decreto; razón por la cual, el prenombrado ciudadano se encuentra presuntamente amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en los supuestos del artículo 4° del citado Decreto Presidencial.
En orden a lo anterior, esta Sala declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el caso de autos; en consecuencia, se confirma la decisión de fecha 24 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Así se declara.
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano ELIGIO RAFAEL DUARTE OCHOA, contra la sociedad mercantil TOTAL FRENOS ORIENTE, S.A.
En consecuencia, se CONFIRMA la decisión consultada de fecha 24 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
En veintiún (21) de mayo del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00669.
Extranto de sentencia Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas; de fecha veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil seis. En fecha 12 de Junio de 2.006, el referido Juzgado dicta auto mediante el cual, se pronuncia de la siguiente manera: “…este Tribunal de la revisión exhaustiva hecha a las actas procesales que conforman el presente expediente, observa que efectivamente la beneficiaria de la presente solicitud ya cumplió su mayoría de edad. En consecuencia, actuando conforme a las previsiones de los Artículos 747 y 750 del Código de Procedimiento Civil vigente, SE DECLARA INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA y DECLINA LA COMPETENCIA, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, para conocer en lo sucesivo en la presente causa, por este el Juez natural; ya que como se dijo antes la beneficiaria de la presente causa cumplió la mayoría de edad, y por lo tanto no es de la competencia de éste Juzgado para conocer en materia de Pensión de Alimentos de esta categoría…”. III DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Juzgado, previo a plantear el conflicto de competencia y remitir las actuaciones procesales al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de ésta Circunscripción Judicial, realiza las siguientes consideraciones: El artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece: “La obligación alimentaria se extingue: a) Por la muerte del obligado o del niño o del adolescente beneficiario de la misma; b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial”. Por su parte, el artículo 384, ejusdem, establece: “Con excepción de la conciliación, todo lo relativo a la obligación alimentaria debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose para ello el procedimiento previsto en el Capitulo VI de este título”. De conformidad con el contenido de las normas señaladas, y siguiendo el procedimiento pautado en el Capítulo VI a que hace referencia el artículo 384, ya mencionado, se evidencia que los Juzgados competentes en materia de Obligación Alimentaria serán en principio, los Juzgados de Municipio de cada una de las Circunscripciones Judiciales que conforman el Poder Judicial en nuestro país. En éste sentido Ortiz-Ortiz, R. (2004), afirma que: “la competencia por la materia la determina la naturaleza del asunto objetivo o material sobre el cual verse el interés de las partes en el proceso” (Teoría General del Proceso, 2 da. ed., Caracas: Frónesis, p 184) En tal sentido, la competencia por la materia se refiere a la naturaleza de la relación jurídica objeto de controversia, y solo en consideración de ella se distribuye el conocimiento de las causas entre los diversos jueces. De allí, que el objeto del proceso, lo determina el interés sustancial que se invoca en el mismo y que se pretende sea tutelado por el Juez natural y en materia de obligación alimentaria, lo determina su propia naturaleza. En el presente caso, el Juez del Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de ésta Circunscripción Judicial, se declara incompetente en razón de la materia y declina su competencia en éste Juzgado de Primera Instancia, por haber cumplido la ciudadana Crusmar Rebeca Marcano Molina, parte beneficiaria en el expediente de obligación alimentaria, su mayoría de edad, por lo que aduce no ser competente para seguir conociendo de la causa. En éste orden de ideas, y siendo que la ciudadana Glenis Iraida Molina Tarazona, manifiesta que su hija se encuentra en la actualidad cursando estudios universitarios, por lo que solicita del demandado, continuar con la consignación de la cantidad establecida por concepto de obligación alimentaria, así como el aumento de la misma a la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,oo), y visto que junto con su solicitud anexa recaudos para comprobar lo manifestado en la solicitud, considera quien aquí decide, que de conformidad con lo establecido en el literal “b” del artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el Juzgado competente para continuar conociendo de la presente causa, es el Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de ésta Circunscripción Judicial, por lo que se hace obligante para ésta juzgadora, remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de ésta Circunscripción Judicial, a los fines de que decida que Tribunal es competente para seguir conociendo de la causa, por cuanto se hace evidente que se ha planteado en el presente caso un conflicto negativo de competencia. Y así se decide. …omissis… Se declara incompetente para conocer de la presente causa de Obligación Alimentaria y plantea el conflicto de competencia por ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de ésta Circunscripción Judicial, por ser el Juzgado Superior común a ambos, a los fines que éste decida, que Tribunal es el competente para continuar conociendo del presente caso. …omissis… Se ordena remitir la presente causa, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de ésta Circunscripción Judicial. Líbrese oficio.” Como ya se dijo se trata de un conflicto negativo de competencia, el cual implica la ocurrencia de dos decisiones de tribunales distintos, los cuales se desprenden del conocimiento del asunto planteado, por considerar que no encaja en el marco de competencia atribuido al tribunal Ahora bien, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: Artículo 3 del Código de Procedimiento Civil: “La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación rehecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”. La doctrina patria y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional han establecido pacíficamente que el señalado artículo consagra en nuestro proceso civil el conocido principio de la perpetuatio jurisdictionis, según el cual en principio los cambios surgidos en las situaciones de hecho luego de la presentación de la demanda no modifican la competencia, salvo que la ley disponga otra cosa. Del principio antes señalado se deriva que una vez iniciada la causa, la competencia del juez queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias fácticas que la habían determinado. En el caso bajo estudio se observa que el juicio de obligación alimentaría fue iniciado por la ciudadana: Glenis Iraida Molina Tarazona en representación de su hija Crusmar Rebeca Marcano Molina, por ante el Juzgado Primero de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Táchira ahora Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del estado Táchira, posteriormente en el año 2001, este último Tribunal declinó la competencia en razón del territorio al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del estado Barinas y luego el Juzgado de Protección de esta Circunscripción Judicial declinó la competencia al Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, y ha sido este último Tribunal quien ha venido conociendo la presente causa desde octubre del año 2001. Evidentemente en el caso bajo estudio, aplicando los supuestos de la citada disposición, vale decir, del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, poco importa, que la adolescente hija de las partes haya alcanzado la mayoridad, pues la competencia se mantiene inmodificable de acuerdo al principio comentado, en razón de la situación o circunstancia de hecho existente para el momento del inicio del juicio. La materia quedó establecida en el momento en que la parte actora accionó, y ningún efecto puede surtir el hecho que la adolescente haya alcanzado la mayoridad, porque tal y como se explicó, la competencia estaba ya determinada; en consecuencia el procedimiento debe continuar su curso normal en el Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. ASI SE DECIDE. Con base en la motivación anteriormente señalada, esta Juzgadora considera que el tribunal competente para continuar con el procedimiento de obligación alimentaria bajo estudio, es el Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, conforme el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Con fundamento en los motivos antes expresados, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara competente para seguir conociendo de la presenta causa el Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Con sede en Santa Bárbara de Barinas. Se ordena remitir el expediente al Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas con sede en la población de Santa Bárbara de Barinas, a los fines de que ante ese mismo órgano continúe su curso el procedimiento de Obligación Alimentaria. Se ordena oficiar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los fines de hacer de su conocimiento la decisión dictada. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas; en Barinas, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil seis. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. CÓMPUTO DE LOS LAPSOS PROCESALES
La Sala se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta, en los siguientes términos: “1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad por los abogados JOSE PEDRO BARNOLA, JUAN VICENTE ARDILA Y SIMÓN ARAQUE, contra la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la expresión ‘(...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán...’ quedando en consecuencia la redacción de la citada norma de la siguiente manera:
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”. Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en sentencia de fecha 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...)”. En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia esta Sala indicó que: “(...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.
En atención a lo anterior, observa esta Sala que el abogado Simón Araque actuando con el carácter acreditado en autos, solicitó la aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el día 1º de febrero del año 2000, en fecha 8 de febrero de 2001. Sin embargo, es de observarse, que la sentencia fue dictada fuera del lapso para sentenciar establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siendo que el prenombrado abogado realizó la solicitud de aclaratoria al día siguiente que tuvo conocimiento de la misma, esta Sala declara procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada en esta causa. Así se decide. b) De la aclaratoria de la primera parte del fallo “Inconstitucionalidad del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil”.
Entiende la Sala que la presente solicitud va dirigida al esclarecimiento de la forma en que se deben computar los términos o lapsos procesales para la realización de los actos que se mencionan en la misma; a saber, para la formalización, contestación, réplica y contrarréplica del recurso de casación; para los actos conciliatorios; para la comparecencia a través de edictos, para proponer la demanda después que haya ocurrido la perención, los que tiene la Sala de Casación Civil para dictar su fallo, así como el que tiene el Juez de Reenvío para dictar el suyo; para intentar la invalidación; los de suspensión de la causa principal, los lapsos de pruebas y el plazo que tiene los árbitros para dictar sentencia. Todo ello, a la luz de la norma establecida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, sobre el cual esta Sala Constitucional ejerció control concentrado de su constitucionalidad declarándola parcialmente inconstitucional.
Situación diferente se plantea en los casos de nulidad parcial de una norma, donde la totalidad de la norma no resulta inconstitucional, sino que son algunos de sus elementos los que violan dispositivos constitucionales, supuesto en el cual, la Sala Constitucional excluye de la estructura de la norma el elemento que resulte inconstitucional, siempre y cuando el supuesto al cual va dirigida esa norma no desaparezca o se altere en su totalidad de forma tal que constituya una norma sin objeto. Ahora bien, en el último de los supuestos referidos, y que resulta ser el caso regulado por el fallo cuya aclaratoria se solicita, se debe admitir que la relación jurídica condicionada por la norma de una u otra manera, se ve afectada con el control de constitucionalidad ejercido, ya que la norma impugnada, a través de la declaratoria de nulidad parcial, se ha convertido en una norma nueva y diferente de la norma inicial, lo cual implica aceptar, que al constituirse en una norma distinta, el operador jurídico debe plasmar en su sentencia el alcance del nuevo dispositivo normativo, pues, se parte de que dicha norma va integrada a un texto normativo sistemático, donde los preceptos establecidos en cada artículo, en reiteradas ocasiones guardan relación entre sí. De allí que, la determinación del alcance de dicha norma se hace fundamental para establecer en qué afecta la misma la relación jurídica que condiciona, así como el esquema aplicativo del texto normativo que integra.
El lapso para intentar la invalidación contemplado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, será computado conforme a la regla prevista en el artículo 199 eiusdem, por tratarse de un lapso cuya unidad de tiempo es mensual. Los lapsos para la suspensión de la causa principal, según lo pautado en los artículos 374 y 386 del Código de Procedimiento Civil, serán computados por días calendarios continuos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.
‘SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN SALA CONSTITUCIONAL QUE ANULA PARCIALMENTE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº 4.209 EXTRAORDINARIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1990’”. Decisión
Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara parcialmente con lugar la solicitud de aclaratoria respecto a la sentencia Nº 80 dictada por esta Sala en fecha 1º de febrero de 2001 en la presente causa, efectuada por el abogado Simón Araque. Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes identificada.
Exp. N°: 00-1435 Extracto de la Sentencia Nº 367 de Sala de Casación Civil, Expediente Nº 99-1039 de fecha 15/11/2000 Materia :Derecho Procesal Civil
Extracto de la Sentencia Sentencia Nº 319 de Sala Constitucional, Expediente Nº 00-1435 de fecha 09/03/2001 Materia :Derecho Procesal Civil
Materia :Derecho Procesal Civil Tema: Lapsos procesales Asunto
Lapsos procesales. Cumplimiento. En efecto, dentro de un proceso como el nuestro, informado por el principio de preclusión, donde flamean altivamente los postulados del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, cualquier acto que se lleve a cabo fuera del ámbito temporal de validez establecido en la ley, debe, necesariamente, ser rechazado.Indudablemente, los actos procesales nada tienen que ver con las loterías donde se gana o se pierde por aproximación y, por ello tan extemporáneo resulta el acto realizado antes del nacimiento del lapso respectivo como el que se lleva a cabo después de agotado ese lapso y, dentro de cada supuesto, tan intempestivo es el acto cumplido con un mes de anticipación como el verificado cinco minutos antes del nacimiento del lapso respectivo y es igual de inoportuno el acto materializado cinco minutos después de vencida la oportunidad de ley como el ejecutado con un mes de posterioridad a éllo.De allí que, si en este caso en particular el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso de casación expiró el 29 de febrero de 2000 a las 3:00 p.m., debe considerarse extemporáneo por tardío el escrito complementario de la actora consignado el 29 de febrero de 2000 a las 3:05 p.m. con la consecuencia de que se le considere inexistente a los fines de la decisión que ha de dictarse, desde luego que un escrito no presentado oportunamente equivale a un escrito que no existe y un escrito que no existe no puede producir efectos válidos. Así se declara".
Extraordinario el trabajo Fernando. Muchas veces la voluntad y el apremio para servir es inmenso, pero las circunstancias nos impiden trminar con fuerza estas funciones cervantinas. Sin embargo, pienso que con el aporte de otros podemos hacerlo. felicitaciones.
10 de abril de 2015, 5:24