Source: http://megaconsulting2000.com/sociedad_limitada/12adicionales.htm
Timestamp: 2018-07-19 20:43:38
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Primera. Modificaciones del Código de Comercio.
Segunda. Modificaciones del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Tercera. Prohibición de emitir obligaciones.
Cuarta. Tributación de la transmisión de participaciones sociales.
Quinta. Sociedades unipersonales.
Sexta. Modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Séptima. Sociedades Laborales.
Primera. Modificaciones del Código de Comercio
«1. En la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento, la sede de éste y de las sucursales, si las tuvie-re, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las operaciones, los po-deres generales que otorgue, el consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los artículos 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales, así como las sentencias firmes en materia de nulidad, de separación y de divor-cio; y los demás extremos que establezcan las leyes o el Reglamento.
2. En la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16 se inscribirán el acto constitutivo y sus modificaciones, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión o escisión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de adminis-tradores, liquidadores y auditores, los poderes generales, la emisión de obli-gaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones cuando la enti-dad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la ley, y cualesquiera otras circunstancias que determinen las leyes o el Reglamento.» 2. Se incorpora al artículo 34 un apartado 5, con la siguiente redacción:
«5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en pesetas.» 3. Se adiciona un apartado 2 al artículo 41 con la siguiente redacción, pasando a ser apartado 1 el anterior contenido del artículo 41:
«2. Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando a la fecha de cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción de lo establecido en su Sección Novena.» 4. El apartado 6 del artículo 42 queda redactado como sigue:
Segunda. Modificaciones del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
«Artículo 14. Número de fundadores.
En el caso de fundación simultánea o por convenio, serán fundadores las personas que otorguen la escritura social y suscriban todas las acciones.» 2. La letra d) del apartado 1 del artículo 34 queda redactada en la forma siguiente:
«d) Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos, o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal.» 3. El apartado 2 del artículo 74 queda redactado de la forma siguiente:
«2. Las acciones suscritas infringiendo la prohibición del apartado anterior serán propiedad de la sociedad suscriptora. No obstante, cuando se trate de suscripción de acciones propias la obligación de desembolsar recaerá so-lidariamente sobre los socios fundadores o los promotores y, en caso de au-mento del capital social, sobre los administradores. Si se tratare de suscrip-ción de acciones de la sociedad dominante, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los administradores de la sociedad adquirente y los administradores de la sociedad dominante.» 4. El párrafo segundo del número 1.º del artículo 75 queda redactado co-mo sigue:
«Cuando la adquisición tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, la autorización deberá proceder también de la Junta General de esta sociedad.» 5. El número 2.º del artículo 75 queda redactado de la forma siguiente:
«2.º Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no exceda del diez por ciento del capital so-cial.» 6. El número 3.º del artículo 75 queda redactado de la forma siguiente:
«3.º Que la adquisición permita a la sociedad adquirente y, en su caso, a la sociedad dominante dotar la reserva prescrita por la norma 3.ª del artículo 79, sin disminuir el capital ni las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
Cuando la adquisición tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, será necesario además que ésta hubiera podido dotar dicha reserva.» 7. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 76 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Las acciones adquiridas en contravención del artículo 74 o de cualquiera de los tres primeros números del artículo 75 deberán ser enajenadas en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la primera adquisi-ción.» 8. El apartado 1 del artículo 78 queda redactado como sigue:
«1. Las acciones regularmente adquiridas deberán ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a contar de su adquisición, salvo que sean amortizadas por reducción del capital o que, sumadas a las que ya posean la so-ciedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus fi-liales, no excedan del diez por ciento del capital social.» 9. La norma 3.ª del artículo 79 queda redactada de la forma siguiente:
«3.ª Se establecerá en el pasivo del balance de la sociedad adquirente una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias o de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.» 10. El artículo 87 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 87. Sociedad dominante.
2. En particular, se presumirá que una sociedad puede ejercer una influencia dominante sobre otra cuando se encuentre con relación a ésta en al-guno de los supuestos previstos en el número 1 del artículo 42 del Código de Comercio o, cuando menos, la mitad más uno de los consejeros de la domi-nada sean consejeros o altos directivos de la dominante o de otra dominada por ésta.
A efectos de lo previsto en el presente artículo, a los derechos de la dominante se añadirán los que posea a través de otras entidades dominadas o a través de otras personas que actúen por cuenta de la sociedad dominante o de otras dominadas o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra per-sona.
3. Las disposiciones de esta sección referidas a operaciones que tienen por objeto acciones de la sociedad dominante serán de aplicación aun cuando la sociedad que las realice no sea de nacionalidad española.» 11. El artículo 89 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 89. Régimen sancionador.
3. Se reputarán como responsables de la infracción a los administradores de la sociedad infractora y, en su caso, a los de la sociedad dominante que hayan inducido a cometer la infracción. Se considerarán como administradores no sólo a los miembros del consejo de administración, sino también a los directivos o personas con poder de representación de la sociedad infractora.
La responsabilidad se exigirá conforme a los criterios previstos en los artículos 127 y 133 de la presente Ley.
4. Las infracciones y las sanciones contenidas en el presente artículo prescribirán a los tres años, computándose de acuerdo con lo dispuesto en el a r t í c u -lo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. La competencia para la iniciación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores resultantes de lo dispuesto en la presente sección se atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de que el expediente sancionador recayera sobre los administradores de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora, o sobre los administradores de una entidad integrada en un grupo consolidable de entidades financieras sujeto a la supervisión del Banco de España o de la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a las mencionadas entidades supervisoras la apertura del expediente, las cuales deberán tam-bién informar con carácter previo a la resolución.» 12. Se adiciona al apartado 1 del artículo 119 el siguiente párrafo:
«Contra las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales procederá, en todo caso, el recurso de casación.» 13. El artículo 181 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 181. Balance abreviado.
2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular balance abreviado si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apar-tado anterior.
3. El balance abreviado comprenderá únicamente las partidas del esquema establecido en el artículo 175, con mención separada del importe de los créditos y las deudas cuya duración residual sea superior a un año, en las formas establecidas en dicho artículo, pero globalmente para cada una de esas partidas.» 14. El artículo 190 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 190. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abre-viada si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circuns-tancias expresadas en el apartado anterior.
3. Para formar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se agruparán las partidas A1, A2 y B2, por un lado, y B1, B3 y B4, por otro, para incluirlas en una sola partida denominada, según el caso, "Consumos de Explotación" o "Ingresos de Explotación".» 15. El párrafo primero de la indicación segunda del artículo 200 queda redactado como sigue:
«Segunda. La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad sea socio colectivo o en las que posea, directa o indirectamente, como mínimo el tres por ciento del capital para aquellas socieda-des que tengan valores admitidos a cotización en mercado secundario oficial y el veinte por ciento para el resto, con indicación de la fracción de capital que posea, así como el importe del capital y de las reservas y del resultado del último ejercicio de aquéllas.» 16. El artículo 201 queda redactado como sigue:
«Artículo 201. Memoria abreviada.
Las sociedades que pueden formular balance abreviado podrán omitir en la memoria las indicaciones cuarta a undécima a que se refiere el artículo anterior.
No obstante, la memoria deberá expresar de forma global los datos a que se refiere la indicación sexta de dicho artículo.» 17. Se introduce un apartado 3 en el artículo 202 con la siguiente redacción:
«3. Las sociedades que formulen balance abreviado no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. En ese caso, si la sociedad hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memo-ria, como mínimo, las menciones exigidas por la norma 4.ª del artículo 79.» 18. El apartado 1 del artículo 204 que redactado de la forma siguiente:
«1. Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidas por la Junta General anualmente una vez haya finalizado en período inicial.» 19. El apartado 2 del artículo 212 queda redactado de la forma siguiente:
«2. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
En la convocatoria se hará mención de este derecho.» 20. El artículo 221 queda redactado como sigue:
«Artículo 221. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento por el órgano de la administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere esta sección dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, geren-tes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de po-deres, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidado-res y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa.
El incumplimiento de la obligación de que trata el párrafo anterior también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de doscientas mil a diez millones de pesetas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento es-tablecido reglamentariamente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régi-men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común.
2. La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración Tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la so-ciedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente.
4. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años.» 21. Se añade al artículo 222 un segundo párrafo con la siguiente redacción:
«Las cuentas anuales, incluidas las consolidadas, además de publicarse en pesetas, podrán publicarse en ecus. En la memoria se expresará el tipo de conversión, que será el del día del cierre del balance.» 22. El artículo 226 queda redactado como sigue:
«Artículo 226. Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.
En los casos de transformación de sociedades anónimas en sociedades de responsabilidad limitada, los accionistas que no hayan votado en favor del acuerdo no quedarán sometidos a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo IV de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada durante un plazo de tres meses contados desde la publicación de la transformación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil.» 23. Se introduce un nuevo capítulo que, con el número XI y bajo el título «De la sociedad anónima unipersonal», estará integrado por el siguiente artí-culo:
«Artículo 311. Sociedad anónima unipersonal.
Será de aplicación a la sociedad anónima unipersonal lo dispuesto en el capítulo XI de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.» 24. Se suprimen los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria cuarta, y se añade un apartado 4 a la disposición transitoria tercera de dicho Real Decreto Legislativo, que tendrá la redacción siguiente:
«4. A partir del 31 de diciembre de 1995, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de sociedad anónima hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de sus estatutos a lo dispuesto en esta Ley, si estuvieran en contradicción con sus preceptos. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de administradores, geren-tes, directores generales y liquidadores, y a la revocación o renuncia de po-deres, así como a la transformación de la sociedad o a su disolución y nom-bramiento de liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.» 25. El apartado 1 de la disposición transitoria sexta queda redactado co-mo sigue:
«1. A partir de la fecha máxima establecida para la adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de sociedad anónima que no hubiera procedido a dicha ade-cuación.
Tercera. Prohibición de emitir obligaciones
Cuarta. Tributación de la transmisión de participaciones sociales
Quinta. Sociedades unipersonales
El apartado 2 del artículo 126, los apartados 2 y 3 del artículo 128 y el artículo 129 de la presente Ley, no serán de aplicación a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo capital sea propiedad del Estado, Co-munidades Autónomas o Corporaciones Locales, o de organismos o entida-des de ellos dependientes.
Sexta. Modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas
«4. Los auditores serán contratados por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicia el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados anualmente una vez haya finalizado el período inicial.
Séptima. Sociedades Laborales
Dado que las diversas materias objeto de las Disposiciones Adicionales de la nueva Ley han sido objeto de tratamiento detallado en los comentarios a los diferentes artículos de ésta que tienen relación con ellas, nos limitaremos a realizar aquí su transcripción, dentro de una previa estructuración, acompañándola de un breve comentario que ponga de relieve las innovacio-nes introducidas, así como su conexión con otras disposiciones, a la vez que se remite al lector a los concretos artículos de la Ley en que sus respectivos contenidos tienen un tratamiento más extenso.
Pues bien, a efectos sistemáticos, vamos a estructurar las Disposiciones Adicionales por su contenido, agrupándolas en diez grandes bloques:
A) EMISIÓN DE OBLIGACIONES U OTROS VALORES NEGOCIABLES
Se ocupan de esta materia la Disposición Adicional Primera, en su número 1, así como la Disposición Adicional Tercera y la Disposición Transitoria Séptima. Por su parte, el artículo 9 de la Ley se ocupa igualmente de esta materia para prohibir que la sociedad de responsabilidad limitada pueda «acordar ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables». Hay que remitir pues al lector a los comentarios a este precepto, lugar en el que se realiza un tratamiento más extenso del contenido de las Disposi-ciones reseñadas.
a) Disposición Adicional Primera.-Modificaciones del Código de Comercio.
«1. Los apartados 1 y 2 del artículo 22 quedan redactados como sigue:
"1. En la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre comercial y, en su caso, el ró-tulo de su establecimiento, la sede de éste y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las operaciones, los poderes generales que otorgue, el consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los artículos 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales, así co-mo las sentencias firmes en materia de nulidad, de separación y de divorcio; y los demás extremos que establezcan las leyes o el Reglamento.
2. En la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16 se inscribirán el acto constitutivo y sus modificaciones, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión o esci-sión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de administradores, liquida-dores y auditores, los poderes generales, la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones cuando la entidad inscrita pu-diera emitirlos de conformidad con la ley, y cualesquiera otras circunstancias que determinen las leyes o el Reglamento".» b) Disposición Adicional Tercera.-Prohibición de emitir obligaciones.
«A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las personas físicas y las sociedades civiles, colectivas y comanditarias simples, no podrán emitir ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.» En el apartado 1 del artículo 22 C. de c. ha quedado suprimida, dentro de la enumeración de actos inscribibles en la hoja abierta al empresario indivi-dual, la referencia que se hacía a «la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones».
Ello está en consonancia con el contenido de la Disposición Adicional Tercera, ya que esta disposición suprime la posibilidad de que las personas físicas puedan emitir o garantizar tales emisiones.
Ahora bien, por lo que se refiere a las emisiones realizadas con anterioridad por empresarios individuales con arreglo a la legislación entonces vigen-te, la Disposición Transitoria Séptima, en su párrafo final, declara que éstas serán válidas, siempre que «su formulación en escritura pública haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de la presente Ley». En consecuencia, los empresarios individuales que tuviesen en marcha alguna de estas operaciones de emisión deberán tenerla formalizada en escritura pública antes del día 1 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley, según su Disposición Final Segunda.
Por otra parte, en el apartado 2 del referido artículo 22, se ha adicionado una frase especificando que la inscribibilidad, en la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16, de la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisio-nes, sólo podrá tener lugar «cuando la entidad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la ley».
Ello está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley, que prohíbe la emisión de obligaciones u otros valores negociables a las sociedades de responsabilidad limitada y con la Disposición Adicional Tercera que, respecto a las sociedades civiles, así como a las colectivas y comanditarias simples, les niega igualmente la posibilidad de realizar tal emisión.
Ahora bien, en cuanto a las emisiones de tales valores y obligaciones que se hubieran acordado, por cualquiera de las sociedades a las que ahora se prohíbe realizar tales emisiones (de responsabilidad limitada, colectivas y comanditarias simples), con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, la cita-da Disposición Transitoria Séptima las declara válidas y regidas por la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, «siempre que la fecha de adopción del corres-pondiente acuerdo conste en documento público o se acredite por cualquiera de las formas previstas en el artículo 1.227 del Código Civil». Quizás el me-dio más utilizado para ello haya sido la legitimación notarial de firmas de es-tos acuerdos sociales, obtenida antes del día 1 de junio de 1995, fecha en que, como ha quedado dicho, entra en vigor la Ley por prescripción expresa de su Disposición Final Segunda, aunque también se habrá empleado la pre-sentación, en la correspondiente Oficina Liquidadora y como acto no sujeto al impuesto de operaciones societarias ni actos jurídicos documentados, del certificado de la correspondiente reunión de Junta General en que se hubiere acordado la emisión.
B) REACTIVACIÓN
Disposición Adicional Primera.-Modificaciones del Código de Comercio.
Nueva redacción del apartado 2 del artículo 22 del Código de Comercio.
Se añade expresamente, en el apartado 2 del art.ículo22 del C. de c., la reactivación de la sociedad como uno más de los actos inscribibles en la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16.
Ello está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley que admite la reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada disuelta siempre que no haya comenzado el reparto del patrimonio entre los socios y con el artículo 93-3, que permite, en el mismo caso, la participación de la sociedad de responsabilidad disuelta en una fusión o escisión. Hay que enten-der que esta posibilidad de reactivación queda expresamente admitida con esta nueva redacción del párrafo 2 del artículo 22 del C., para el resto de so-ciedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artícu-lo 16. Es precisamente en el estudio del primero de los artículos citados don-de tiene lugar el estudio pormenorizado de esta disposición adicional en lo que respecta a la materia referida.
Trata la Ley, en las Disposiciones Adicionales que reunimos en este apartado, de realizar, en el régimen de las cuentas anuales de determinadas for-mas de sociedad y en el de las cuentas consolidadas, las modificaciones exi-gidas por las Directivas del Consejo 90/604/CEE y 90/605/CEE, de 8 de noviembre de 1990, que a su vez modificaban algunos extremos de las Di-rectivas 78/660 y 83/349. Hay que tener en cuenta que el artículo 53 de la Cuarta Directiva -la 78/660- imponía la revisión de las cuantías establecidas para autorizar la formulación de balance abreviado, y dado que esa revisión no se llevó a cabo en su momento, la Directiva 90/604/CEE, que la realiza, exige además, en su artículo 10, que los Estados miembros adecuen su le-gislación, antes del 1-1-93, para que las medidas entren en vigor en el ejerci-cio social que dé comienzo en el 1 de enero de 1995 o en el transcurso de di-cho año.
Explicita la Exposición de Motivos la vía adoptada para introducir estas modificaciones, que resulta ser la siguiente:
1.º) Se efectúa una modificación, en lo pertinente, de determinados artí-culos del capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas relativo a las cuentas anuales de estas sociedades. Tal modificación se lleva a cabo en la Dis-posición Adicional Segunda, en sus números 13 a 21, aprovechando esta reforma parcial de la disciplina contable de la sociedad anónima, para -como expresa la Exposición de Motivos- «clarificar algunos preceptos de la misma que han suscitado ciertas dudas o han planteado algunas dificultades en su interpretación o aplicación». Naturalmente, cuando esta modificación aclara-tiva afecta a una materia regulada también en otra Ley, se efectúa también la modificación del articulado correspondiente a ella. Tal sucede, por ejem-plo, en la modificación efectuada en materia de plazo de nombramiento de los auditores de cuentas (Disposición Adicional Segunda núm. 18) que con-lleva la necesidad de que por otra Disposición Adicional, la Sexta, se ponga en concordancia con esa modificación el artículo correspondiente de la Ley de Auditoría de Cuentas de 12 de julio de 1988.
2.º) Se realiza una remisión global, a este capítulo VII de la Ley de anónimas, en la nueva Ley de sociedades de responsabilidad limitada, si bien, co-mo especifica su artículo 84 «en todo lo no previsto en esta Ley». Señala la Exposición de Motivos que se trata con ello de matizar la remisión general efectuada, «por las concretas excepciones que se consideran acordes con las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada». Por tanto, en virtud de esta técnica legislativa, las modificaciones introducidas por las Directivas de referencia quedan directamente incorporadas a la disciplina contable de la sociedad anónima, pero, mediante la remisión global efectua-da en la Ley de limitadas, quedan también incorporadas a este tipo de socie-dades.
3.º) Se efectúa una modificación de determinados artículos del Código de Comercio para extender este régimen de cuentas a determinadas sociedades colectivas y comanditarias simples (Disposición Adicional Primera núm. 3).
Teniendo pues en cuenta la remisión efectuada por el artículo 152 C. de c., relativo a las sociedades comanditarias por acciones, a las normas de las sociedades anónimas, podemos concluir que los artículos relativos al régimen de cuentas en las sociedades anónimas serán aplicables a estas sociedades, a las de responsabilidad limitada, a las comanditarias por acciones y, final-mente, a las comanditarias simples y las colectivas cuyos socios sean todos ellos sociedades capitalistas con limitación de responsabilidad.
4.º) Se declaran aplicables casi todas las modificaciones relativas al régimen de cuentas (sólo se exceptúan las contenidas en los números 19 y 20 de la Disposición Adicional Segunda, así como el 3 y 4 de la Disposición Adi-cional Primera) a los ejercicios sociales comenzados a partir de 1 enero 1995 (Disposición Final Segunda).
Dado que la materia relativa al régimen de cuentas de las sociedades de responsabilidad limitada ha sido estudiada en el capítulo correspondiente de esta obra, no nos queda más que remitir al lector a ese estudio detallado, sin perjuicio de recoger aquí el texto de las correspondientes Disposiciones, con algún breve comentario de situación.
«2. Se incorpora al artículo 34 un apartado 5, con la siguiente redacción:
"5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en pesetas." 3. Se adiciona un apartado 2 al artículo 41 con la siguiente redacción, pasando a ser apartado 1 el anterior contenido del artículo 41:
"2. Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando a las fechas del cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades es-pañolas o extranjeras, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción de lo establecido en su sección 9.ª" 4. El apartado 6 del artículo 42 queda redactado como sigue:
"6. Las cuentas consolidadas habrán de someterse a la aprobación de la Junta General ordinaria de la sociedad dominante simultáneamente con las cuentas anuales de esta sociedad. Los accionistas de las sociedades pertenecientes al grupo podrán obtener de la sociedad dominante los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del mismo, se efectuarán de conformi-dad con lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anóni-mas".» La primera de las modificaciones contempladas en este apartado, que por otra parte parece obvia, resulta explicada en el apartado V de la exposi-ción de Motivos al decir que «pretende evitar las dudas que podría plantear la introducción en el artícu-lo 222 de la Ley de Sociedades Anónimas de una autorización de las cuentas en ecus, al amparo de lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Directiva 90/604, dejando claro que, con independencia de esta posible publicación, la formula-ción de las cuentas será siempre en pesetas». La introducción a que se refie-re la Exposición de Motivos se efectúa en la nueva LSRL por el número 21 de su Disposición Adicional Segunda y, a tenor de ella, la citada Exposición de Motivos distingue entre publicación de las cuentas, que en las SA, además de hacerse en pesetas, podrá hacerse en ecus, expresándose en tal caso en la memoria el tipo de conversión al día del cierre del balance, y for-mulación de las cuentas, que siempre habrá de realizarse en pesetas.
La segunda de las modificaciones adiciona un segundo apartado al artí-culo 41 C. de c. para salir al paso de un problema planteado en la Comunidad Europea, consistente en la numerosa creación de sociedades personalistas cuyos únicos socios son sociedades capitalistas con limitación de responsabilidad, logrando por ese procedimiento quedar fuera de la normativa en materia de publicidad de los estados contables y del régimen de consolidación de cuen-tas.
Saliendo al paso de ese artificio, la Directiva 90/605 declara aplicable tal normativa a aquellas sociedades, realizando una serie de distinciones según el tipo de las sociedadessocios, su domicilio social y su nacionalidad. Pues bien, la Exposición de Motivos LSRL (V-2) explica, en ese sentido, la modifi-cación que nos ocupa: «Por su parte, el nuevo apartado del artículo 41 incor-pora la exigencia contenida en el artículo 1.1 de la Directiva 90/605, recu-rriendo para ello a una fórmula algo más amplia y simple que evita las dificultades de descripción concreta de las sociedades a las que la Directiva extiende el régimen de las cuentas de la sociedad anónima, sin que la am-pliación de esa exigencia a algunos supuestos no comprendidos en la Directi-va tenga especial relevancia por tratarse de casos que carecen de trascen-dencia en la práctica española».
Finalmente, la tercera de las modificaciones del C. de c. consistente en dar una nueva redacción al apartado 6 de su artículo 42, tiene por objeto, en palabras de la citada Exposición de Motivos (V-2), «la armonización del régimen de las cuentas consolidadas con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que no impone el sometimiento del informe de gestión a la apro-bación de la Junta General». Siguiendo esa línea la nueva redacción del artí-culo 42-6 suprime el informe de gestión -tanto el del grupo como el de la so-ciedad dominante- de entre los documentos que han de ser aprobados por la Junta General de ésta y, en cambio, introduce el informe de gestión del grupo como uno más de los documentos que los accionistas de las sociedades per-tenecientes al grupo pueden obtener de la sociedad dominante.
La primera de estas tres modificaciones, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda, se aplicará incluso a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso al entrar en vigor la Ley, pues la Disposición Final referida prescribe que «se aplicarán a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el día 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año.» b) Disposición Adicional Segunda.-Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre:
«13. El artículo 181 queda redactado de la forma siguiente:
3. El balance abreviado comprenderá únicamente las partidas del esquema establecido en el artículo 175, con mención separada del importe de los créditos y las deudas cuya duración residual sea superior a un año, en las formas establecidas en dicho artículo, pero globalmente para cada una de esas partidas".» Se realizan en la nueva redacción de este artículo, aparte de correccio-nes de redacción, las siguientes modificaciones:
1.ª) Una elevación de las cuantías mínimas, tanto de las partidas del activo como del importe neto de la cifra anual de negocios, a partir de las cuales no se puede formular balance abreviado. La primera queda fijada en 300 mi-llones (antes era de 230 millones) y la segunda en 600 millones (antes era de 480 millones). Queda inalterada la cifra relativa al número de trabajadores, que sigue siendo de cincuenta.
2.ª) Se deja establecido, para evitar dudas interpretativas, que la posibilidad de formular balance abreviado no se pierde por dejar de reunir la socie-dad dos de los requisitos durante un ejercicio social, sino que se requiere que esa falta tenga lugar durante dos ejercicios sociales consecutivos, criterio és-te que ya recogía el artículo 12 de la Directiva 77/660/CEE. No requiere el nuevo texto legal que los dos requisitos que dejen de reunirse durante los dos años consecutivos hayan de ser los mismos, por lo que podrá variar cualquiera de los dos que hubieran faltado el primer año.
3.ª) Finalmente pasa a recogerse en el texto legal, con mayor amplitud incluso, la norma interpretativa contenida en la Disposición Adicional 9.ª de la Ley de 29 de junio de 1990 sobre medidas urgentes en materia presupuesta-ria, financiera y tributaria, no exigiéndose el transcurso de los dos años con-secutivos en los casos de constitución, transformación y fusión, permitiéndo-se por tanto que las sociedades que se encuentren en alguno de esos tres supuestos puedan formular balance abreviado si al cierre del primer ejercicio, contado a partir de los mismos, reúnen dos de los requisitos exigidos.
Claramente se aprecia en el artículo que nos ocupa que la posibilidad de formular balance abreviado es solamente eso, una mera posibilidad, a la que las sociedades que se encuentren dentro de los parámetros que se establecen pueden o no acogerse. El comienzo del propio artículo no deja lugar a dudas al respecto: «Podrán formular balance abreviado...» Pues bien, esa posibilidad, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda, tiene ya vigencia para los ejercicios sociales comenzados a partir del día 1 de enero de 1995.
Téngase en cuenta, para terminar este breve comentario, que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 201, 202 -en la nueva redacción que aho-ra se le da- y 203 LSA, las sociedades que pueden formular balance abre-viado pueden también formular memoria abreviada y no tienen obligación de elaborar el informe de gestión ni de auditar sus cuentas, con lo cual se acer-ca la Ley a los criterios seguidos en la CEE de aligerar las obligaciones con-tables de las pequeñas empresas, disminuyendo consiguientemente la infor-mación que éstas han de suministrar al exterior por la publicación que supone el depósito en el Registro Mercantil de los documentos a que se re-fiere el artículo 218 LSA.
«14. El artículo 190 queda redactado de la forma siguiente:
3. Para formar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se agruparán las partidas A1, A2 y B2, por un lado, y B1, B3 y B4, por otro, para incluirlas en una sola partida denominada, según el caso, «Consumos de explotación» o «Ingresos de Explotación".» Las tres modificaciones realizadas en materia de balance abreviado, por vir-tud de la nueva redacción que la Disposición Adicional que estudiamos da al artículo 181 LSA, se vuelven a repetir en la nueva redacción dada a este artícu-lo 190, que se ocupa de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas. La úni-ca diferencia radica en las cifras que se fijan como tope para que sólo las socie-dades que se encuentren por debajo de ellas puedan formular dicha cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Aquí, el tope en materia de cifra total de las partidas del activo pasa de novecientos veinte a mil doscientos millones de pe-setas y el correspondiente al importe neto de su cifra anual de negocios pasa de mil novecientos veinte a dos mil cuatrocientos millones de pesetas. Estas ci-fras cuadruplican las establecidas como tope en materia de balance abreviado, por lo que habrá de convenirse que se pretende encuadrar en esta diferencia a las llamadas medianas empresas que consiguientemente podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, pero no balance abreviado. Ténga-se en cuenta, finalmente, la remisión que a la regulación efectuada por este artículo 190 LSA realiza el artículo 43-1º C. de c., con referencia a la obligato-riedad o no de consolidación para las sociedades que allí se indican y la posibi-lidad de que las sociedades puedan acogerse a esta modalidad de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, en las nuevas condiciones que se regulan, ya en los ejercicios sociales comenzados a partir del día 1 de enero de 1955 (Dis-posición Final Segunda).
«15. El párrafo primero de la indicación segunda del artículo 200 queda redactado como sigue:
"Segunda. La denominación, domicilio y forma jurídica de las sociedades en las que la sociedad sea socio colectivo o en las que posea, directa o indir e c t a m e n t e , como mínimo el tres por ciento del capital para aquellas sociedades que ten-gan valores admitidos a cotización en mercado secundario oficial y el veinte por ciento para el resto, con indicación de la fracción de capital que posea, así como el importe del capital y de las reservas y del resultado del último ejercicio de aquéllas".» Aparte de sustituir la referencia que en la redacción anterior se hacía a «las sociedades que coticen en Bolsa» por la más adecuada al Derecho ac-tual de «sociedades que tengan valores admitidos a cotización en un mercado secundario oficial», la re-forma de este párrafo va en la dirección antes indicada al comentar la reforma efectuada al artículo 41 C. de c., de tratar de evitar que, por medio de un artifi-cio como es la creación de sociedades personalistas (colectivas o comandita-rias simples), cuyos únicos socios son sociedades capitalistas con limitación de responsabilidad, pueda eludirse la aplicación de las normas sobre depósito y publicidad de las cuentas anuales.
En ese sentido indicado, la reforma de este párrafo incluye dos adiciones.
La primera es la exigencia en el contenido de la memoria de la sociedad «participante» de la especificación relativa a la forma jurídica de las sociedades participadas. La segunda es la ampliación del supuesto de hecho de so-ciedad participante, a los efectos establecidos en el artículo, que pasa a ser no sólo la que reúne la porción de capital que en el propio artículo se indica respecto a las participadas, sino también la que es socio colectivo de la parti-cipada (colectiva o comanditaria simple), sea cualquiera la cuantía o porcen-taje de su participación. Esta modificación se aplicará ya a los ejercicios so-ciales comenzados a partir de 1 de enero de 1955 (Disposición Final Segunda).
«16. El artículo 201 queda redactado como sigue:
No obstante, la memoria deberá expresar de forma global los datos a que se refiere la indicación sexta de dicho artículo".» Con la nueva redacción del precepto se suma la indicación decimotercera del artículo 200 LSA, a las que, por imperativo del artículo que comentamos, debe contener necesariamente la memoria abreviada, indicación que, en la redacción anterior del precepto, resultaba excluida. Tal indicación hace refe-rencia al «importe de los anticipos y créditos concedidos a los miembros de los órganos de administración, con indicación del tipo de interés, sus carac-terísticas esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía», informacio-nes éstas que se darán «de forma global por cada categoría». Habida cuenta que el citado artículo 200 LSA establece como preceptivas catorce indicacio-nes para la memoria, quedan, después de la reforma, como indicaciones que conforman el contenido necesario de la memoria abreviada: la primera, se-gunda, tercera, duodécima, decimotercera y decimocuarta. Resulta incom-prensible por ello la expresión de la Exposición de Motivos V-3 al decir que una de las modificaciones consiste «en la supresión en el artículo 201 de la exigencia de que en la memoria abreviada consten las indicaciones a que se refiere la regla decimocuarta del artículo 200 de la Ley», cuando resulta que, como hemos visto, esa indicación decimocuarta, que era exigencia obligada en la redacción anterior del precepto, sigue siéndolo en la nueva.
En cuanto al criterio de seguir considerando obligatoria la inclusión en la memoria abreviada de la indicación duodécima, la Exposición de Motivos V-3 señala que no ha considerado oportuno hacer uso de la autorización concedida en el artículo 4 de la Directiva 90/604, que autoriza a los Estados miembros a permitir que no se faciliten los datos relativos a la retribución de los adminis-tradores, cuando los mismos permitan identificar la situación de un miembro determinado del órgano de administración. La nueva configuración de la me-moria abreviada será ya de aplicación para los ejercicios sociales que comien-cen a partir del día 1 de enero de 1955 (Disposición Final Segunda).
«17. Se introduce un apartado 3 en el artículo 202 con la siguiente redacción:
"3. Las sociedades que formulen balance abreviado no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. En ese caso, si la sociedad hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memo-ria, como mínimo, las menciones exigidas en la norma 4.ª del artículo 79".» Supone este añadido un paso más en el camino emprendido por la nueva Ley de aligerar las obligaciones formales y de publicidad para la pequeña empresa, como antes se ha expuesto al comentar la nueva redacción del artículo 181, y ello al amparo de la autorización concedida a los Estados miembros por el artículo 6 de la Directi-va 90/605, para eximir a las sociedades que puedan formular balance abre-viado de la obligación de elaborar el informe de gestión.
Naturalmente, esta dispensa de la obligación de elaborar el informe de gestión a las pequeñas empresas (las que pueden formular balance abreviado), podría llevar consigo la elusión de la publicidad específica que las socie-dades adquirentes de sus propias acciones o de las de su sociedad dominan-te están obligadas a realizar, precisamente en el informe de gestión, por imperativo del artículo 79-4.ª LSA. Para evitarlo, el párrafo añadido que ahora comentamos obliga a las sociedades que se encuentren en tal situación a re-alizar la publicidad de los datos que se especifican en esa regla 4.ª del artícu-lo 79 LSA, en vez de, como señala el precepto, en el informe de gestión, que ahora no están obligadas a realizar por su condición de pequeñas empresas, en la memoria de la sociedad, que será normalmente una memoria abrevia-da.
Por tanto, la memoria abreviada de las sociedades que hayan adquirido sus propias acciones o las de su sociedad dominante, además de las indicaciones preceptivas que exige, como hemos visto, el artículo 201 LSA, deberá contener una indicación más con el contenido que determina la regla 4.ª del artículo 79 LSA y que hace referencia a determinadas circunstancias concer-nientes a la adquisición de las acciones de que se trata (los motivos de tales adquisiciones y enajenaciones, el número, valor nominal y fracción de capital que representan, la contraprestación, en su caso, y, finalmente, el número, valor nominal y fracción de capital que representan la totalidad de las accio-nes adquiridas y conservadas en cartera por la propia sociedad o por perso-na interpuesta).
«18. El apartado 1 del artículo 204 queda redactado de la forma siguiente:
"1. Las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas serán nombradas por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo determinado inicial que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidas por la Junta General anualmente una vez haya finalizado el período inicial".» Supone esta nueva redacción la introducción de tres modificaciones al texto anterior, aparte de una pequeña y discutible corrección gramatical con-sistente en sustituir la frase «ejercicio por auditar» por la de «ejercicio a audi-tar».
Estas tres modificaciones son las siguientes:
1.ª) Establecer que el período de tiempo mínimo (tres años) y máximo (nueve años) por el que pueden nombrarse a los auditores se establece sólo con referencia al primer período para el que sean nombrados (se habla ahora de un periodo de tiempo determinado inicial).
2.ª) Suprimir la prohibición de reelección de los mismos auditores, una vez concluido el período de su primer nombramiento, hasta que hayan transcurrido tres ejercicios desde ese momento.
3.ª) Autorizar, por tanto, la reelección de los auditores, después de transcurrido el primer período para el que fueron nombrados, pero sólo por periodos anuales.
Estas tres modificaciones, por virtud de la Disposición Adicional Sexta, que más abajo se transcribe, se trasladan también al apartado 4 del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de cuentas, si bien en este apartado se hace constar que el régimen de plazos y limitaciones establecidas se refiere sólo a las auditorías obligatorias y no a las voluntarias y, por virtud de la Disposición Final Segunda, se declaran ya aplicables para los ejercicios sociales que comiencen a partir del día 1 de enero de 1995.
«19. El apartado 2 del artículo 212 queda redactado de la forma siguiente:
En la convocatoria se hará mención de este derecho".» La nueva redacción del apartado introduce solamente una modificación en la redacción anterior, que consiste en adicionar el informe de gestión a los documentos que el accionista puede obtener gratuitamente de la sociedad en el período que media entre la convocatoria de la Junta General y su celebración.
Naturalmente, sólo en los casos en que este informe de gestión es obligatorio y no en los supuestos en los que la sociedad esté eximida de la obli-gación de elaborarlo por, como hemos visto antes, tener la posibilidad de formular balance abreviado. En este sentido, la nueva redacción, al introducir dentro de los documentos referidos el informe de gestión, se cuida de esta-blecer que «en su caso».
Se distinguen pues en el precepto, dentro de los documentos que el accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmedia-ta y en el tiempo antes indicado, entre documentos que, con arreglo a lo dis-puesto en su apartado 1, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (los englobados bajo la expresión genérica de cuentas anuales y relaciona-dos en el artículo 172-1 LSA, así como la propuesta de aplicación del resulta-do del 213-1) y documentos que no exigen esa aprobación (el informe de gestión y el de los auditores). Como hemos visto antes en el comentario a la nueva redacción del apartado 6 del artículo 42 C. de c., relativo a las cuentas consolidadas, se ha tratado de poner en consonancia este apartado con la no exigencia, en el artículo que comentamos, de que el informe de gestión sea aprobado por la Junta General. Pero, en ambos preceptos, el legislador ha estimado que esa no exigencia de aprobación no puede limitar en modo algu-no el derecho de información del accionista, esencial para configurar el senti-do de su voto, y, por ello, opta por incluir el informe de gestión entre los docu-mentos a que el accionista puede tener fácil acceso antes de la celebración de la Junta. La Disposición Final Segunda declara vigente este derecho específico de información y la obligación consiguiente de expresarlo en la con-vocatoria de la Junta a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el día 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año.
«20. El artículo 221 queda redactado como sigue:
1. El incumplimiento por el órgano de la administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere esta sección dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa.
El incumplimiento de la obligación de que trata el párrafo anterior también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de doscientas mil a diez millones de pesetas por el Instituto de Contabilidad y Audi-toría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-ministrativo Común.
2. La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración Tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la so-ciedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efec-to se solicitará del Registro Mercantil correspondiente.
4. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años".» Supone la nueva redacción de este artículo una modificación sustancial del anterior régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depositar anualmente en el Registro Mercantil los documentos señalados en el artículo 218 LSA y 330 RRM. Aparte de ello, la introducción de la frase «den-tro del plazo establecido» no ha terminado de aclarar las dudas planteadas respecto al plazo de presentación (¿treinta días desde la fecha de la aprobación o hasta el final del mes siguiente al de la aprobación?) aunque la inter-pretación más correcta con la literalidad del precepto parece ser la primera (se habla de mes siguiente a la aprobación y no mes siguiente al de la apro-bación).
Cabe por supuesto la presentación dentro de plazo de la documentación incompleta o falta de algún requisito y la subsanación posterior dentro del plazo de dos meses establecido en el artículo 43 RRM.
Pasemos pues a examinar brevemente esa modificación sustancial antedicha del régimen sancionador para el supuesto de incumplimiento por el ór-gano de administración (antes se refería el precepto a los administradores) de esta obligación de depósito. Tal modificación sustancial se desarrolla en los tres planos siguientes:
1.º) El de la configuración de la propia sanción.
En este plano se han producido dos modificaciones de importancia. La primera radica en que, mientras en la redacción anterior la sanción consistía solamente en una multa, en la nueva redacción del precepto aparecen dos sanciones: una de nuevo cuño que consiste en el cierre del Registro Mercantil y otra, la multa, que estaba ya en el anterior Derecho.
Esa nueva sanción, que consiste en el cierre del Registro para la sociedad, persistirá mientras dure el incumplimiento, si bien el cierre no se produ-ce respecto a los documentos que en el mismo precepto se enumeran. Claro es que parece lógico entender que los administradores responderán del daño que causen a la sociedad y a los accionistas por tal cierre siempre que éste se considere que ha sido causado por no haber actuado aquéllos (no haber realizado el depósito) con la diligencia debida en el desempeño de su cargo (art. 133-1 LSA). Véase el estudio comparativo efectuado entre este cierre re-gistral y el provocado por la falta de adaptación de la sociedad a la normativa legal, en la parte de esta obra dedicada al examen de la Disposición Transito-ria Cuarta de la nueva Ley.
La segunda de las modificaciones afecta al supuesto de hecho originador de la sanción consistente en multa. Así, mientras en la redacción anterior del precepto ese supuesto de hecho se conformaba con la unión de dos elementos, el incumplimiento de la obligación de depositar y el transcurso de un año sin realizar ese depósito, dando lugar a la imposición de una multa «por cada año de retraso en el cumplimiento de la obligación de depósito», en la redac-ción actual el supuesto de hecho viene configurado exclusivamente por el in-cumplimiento de esa obligación de depositar. La consecuencia más inmedia-ta es que si, en el Derecho anterior, el depósito de los documentos en el Registro, después del mes pero dentro del año, suponía una infracción que no llevaba aparejada sanción, en el Derecho actual la sanción se origina des-de el instante siguiente al transcurso del mes en que se puede cumplir la obli-gación de depositar y no se ve acrecentada cada año que dure el incumpli-miento de la misma.
Digamos finalmente, con referencia a la multa, que tanto la redacción ant e r i o r como la actual expresan que se impondrá a la sociedad. Cuestión distinta es que ésta o los accionistas puedan repetir contra los administradores por la vía antes expuesta del art. 133-1 LSA).
2.º) El plano de la cuantía de la sanción.
Hace referencia exclusivamente a la sanción que ya existía en el Derecho anterior, es decir, a la multa, que si en su tope mínimo ha permanecido igual (doscientas mil pesetas) en su tope máximo se ha quintuplicado, pues ha pasado de dos millones a diez. Se ha suprimido la conexión de la multa con el tiempo de retraso, pues mientras que, en la anterior redacción, se producía la imposición de una multa «por cada año de retraso en el incumplimiento de la multa una multa». Se han añadido además unos criterios para la gradación de la multa, dentro de esos topes, y que no son otros que la dimensión, en ci-fras económicas, de la sociedad (importe total de las partidas del activo y ci-fra de ventas del último ejercicio) y si estos datos no son facilitados, la cifra del capital social. Y finalmente se regula una circunstancia atenuante que, como tal, producirá una reducción en la cuantía de la multa: el depósito vo-luntario de los documentos por parte del órgano de administración antes de que se inicie el procedimiento sancionador. En tal caso la sanción se im-pondrá en su grado mínimo y reducida al cincuenta por ciento.
3.ª) El plano del procedimiento sancionador.
Estamos aquí en presencia de otra novedad de la Ley. De una parte, el órgano actuante pasa a ser el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en vez del Ministerio de Economía y Hacienda y, de otra, el procedimiento será la instrucción de un expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente dentro del marco de la Ley de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mien-tras que antes se hablaba de un expediente con audiencia de los interesados y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Este procedimiento no es otro que el establecido en el Reglamento del procedimiento para el ejerci-cio de la potestad sancionadora de la Administración aprobado por RD 1398/1993, de 4 de agosto. Nada significa la desaparición de la referencia al trámite de audiencia de los interesados en la redacción actual del precepto, puesto que este trámite viene exigido y regulado en el artículo 19 del Regla-mento antes citado.
«21. Se añade al artículo 222 un segundo párrafo con la siguiente redacción:
"Las cuentas anuales, incluidas las consolidadas, además de publicarse en pesetas, podrán publicarse en ecus. En la memoria se expresará el tipo de conversión, que será el del día del cierre del balance".» Más arriba nos hemos referido al contenido de este párrafo al comentar la modificación realizada por la Disposición Adicional Primera número 2, consistente en la incorporación al artículo 34 del Código de Comercio de un aparta-do 5.
c) Disposición Adicional Sexta. Modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas.
«El apartado 4 del artículo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, queda redactado de la forma siguiente:
No obstante, cuando las auditorías de cuentas no fueran obligatorias, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el párrafo anterior".» También más arriba nos hemos ocupado de esta Disposición Adicional, precisamente en el comentario efectuado al número 18 de la Disposición Adicional Segunda, que da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 204.
D) SOCIEDAD UNIPERSONAL
a) Disposición Adicional Segunda. Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
«1. El artículo 14 queda redactado en la forma siguiente:
En el caso de fundación simultánea por convenio, serán fundadores las personas que otorguen la escritura social y suscriban todas las acciones.
d) Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos, o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal." 22. Se introduce un nuevo capítulo que, con el número XI y bajo el título «De la sociedad anónima unipersonal», estará integrado por el siguiente artí-culo:
Será de aplicación a la sociedad anónima unipersonal lo dispuesto en el capítulo XI de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada".» b) Disposición Adicional Quinta. Sociedades unipersonales.
«El apartado 2 del artículo 126, los apartados 2 y 3 del artículo 128 y el artículo 129 de la presente Ley, no serán de aplicación a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo capital sea propiedad del Esta-do, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, o de organismos o entidades de ellos dependientes.» La materia regulada en las Disposiciones Adicionales comprendidas en este apartado ha sido objeto de estudio en el comentario del Capítulo XI de la nueva Ley.
En definitiva, estas Disposiciones Adicionales no hacen más que aplicar para las sociedades anónimas el esquema de sociedad unipersonal regulado en la Ley para las limitadas. Esta aplicación se lleva a cabo mediante tres reformas del Texto Refundido al que nosotros venimos denominando LSA:
1.ª) Una primera reforma consiste en hacer desaparecer del artículo 14-1 LSA la exigencia de que sean tres, como mínimo, los fundadores en la fundación simultánea e igualmente suprimir como causa de nulidad la exigencia contenida en el artículo 34-1-d) de que en el acto constitutivo haya concurrido la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores en caso de plurali-dad de éstos, sustituyéndola por la exigencia de que en el acto constitutivo haya concurrido la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en caso de pluralidad de éstos, «o del socio fundador cuando se trate de socie-dad unipersonal». Hay que tener en cuenta que, en el Derecho anterior a la nueva LSRL sólo podía darse un supuesto de sociedad unipersonal y era la anónima constituida por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corpo-raciones Locales, admitida por vía de excepción en el apartado 2 del citado artículo 14 LSA. Pues bien, una vez admitida la sociedad unipersonal, tanto en su configuración de anónima como de limitada, deja de tener sentido el carácter excepcional de esta posibilidad y en consecuencia se suprime ese apartado 2 del artículo 14 antes referido.
2.ª) Una segunda reforma se efectúa por vía de remisión. Se aplica aquí el criterio inverso al empleado en materia de cuentas. Mientras que respecto a éstas se opta por reformar lo necesario en la LSA y efectuar una remisión en globo a estas normas para las sociedades de responsabilidad limitada, aquí se opta por regular la sociedad unipersonal en la Ley de limitadas y realizar una remisión global a esta regulación en la Ley de Anónimas. Tal remi-sión se efectúa por medio de la adición de un nuevo y último artículo (el 311) a la LSA que, bajo el epígrafe «Sociedad anónima unipersonal», se limita a efectuar la remisión citada.
3.ª) Una tercera reforma tiene lugar por medio de la Disposición Adicional Quinta. Una vez que se ha dejado sentado que la regulación de la sociedad unipersonal es la misma para las limitadas que para las anónimas y que esta regulación es la contenida en los artículos 125 a 129 de la nueva LSRL, y una vez que se ha suprimido el carácter excepcional de la sociedad unipersonal constituida por el Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, la mencionada Disposición Adicional Quinta procede a otorgar a esa determinada sociedad unipersonal un carácter especial, declarando no aplicables a la misma el apartado 2 del artículo 126 (no le será exigible, por tanto, la publica-ción de su carácter unipersonal en su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas y en los anuncios que haya de publicar, pero sí deberá constar tal carácter en el Registro Mercantil), los apartados 2 y 3 del artículo 128 y el artículo 129 (se sitúa al socio público único en una situación de privi-legio frente al supuesto normal de socio privado, ya que se le permite oponer frente a la masa, en caso de insolvencia, determinados contratos y se le exo-nera de determinadas responsabilidades).
La regulación de la sociedad unipersonal concluye con dos disposiciones de derecho transitorio, una relativa a cuestiones fiscales y otra relativa a publicidad y responsabilidad. Aunque el estudio de ambas se realiza más ade-lante en el capítulo dedicado a las Disposiciones Transitorias, haremos aquí una brevísima referencia.
En lo que se refiere a la primera de las materias enunciadas, la Disposición Transitoria Quinta se ocupa de conceder determinadas exenciones fisca-les, por aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, a las aportaciones a sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, siempre que estas aportaciones lo sean de unidades económicas autónomas y se realicen por empresarios individuales En cuanto a la segunda de las materias, la Disposición Transitoria Octava se ocupa de las sociedades anónimas y limitadas que, a la entrada en vigor de la Ley, tengan el carácter de sociedad unipersonal, lógicamente por haber devenido con posterioridad a su constitución a la situación de socio único.
Pues bien, estas sociedades vienen obligadas, por la Disposición Transitoria que comentamos, a presentar en el Registro Mercantil, antes del 1.º de enero de 1996, una declaración suscrita por persona con facultad certificante y firma legitimada en la que se indicará la identidad del socio único y, en caso de incumplimiento de esta obligación, el socio único responderá en los términos del artículo 129 LSRL. Parece lógico entender que esta obligación no será aplicable a las sociedades anónimas constituidas de forma unipersonal por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales antes de la entrada en vigor de la Ley y ello, en primer lugar, porque su carácter de so-ciedad de socio único y la identificación de quién sea éste ya constará en el Registro Mercantil desde su constitución y en segundo lugar porque la san-ción por el incumplimiento de la obligación impuesta por esta Disposición Transitoria es la responsabilidad del socio único en los términos del artículo 129 LSRL, responsabilidad ésta de la que, como antes hemos visto, se ex-cepciona precisamente el supuesto en que ese socio único sea el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales (Disposición Adicional Quinta).
El apartado VI de la Exposición de Motivos de la nueva Ley explicita el propósito y objetivos del legislador en la reforma de la legislación de sociedades anónimas abordada por los números que a continuación vamos a trans-cribir de la Disposición Adicional Segunda, números que, a efectos puramen-te sistemáticos, hemos englobado bajo el epígrafe que antecede.
En efecto, expresa el legislador en el apartado citado de la Exposición de Motivos que el recurso a la técnica de las Disposiciones Adicionales se ha considerado procedente para la incorporación a nuestro ordenamiento socie-tario de la disciplina sobre autocartera indirecta contenida en la Directiva 92/101/CEE. En este sentido, teniendo en cuenta que en la reforma de la dis-ciplina de la sociedad anónima llevada a cabo en 1989 ya se había optado por extender integralmente a la suscripción, adquisición y posesión de accio-nes de la sociedad dominante el régimen relativo a la suscripción, adquisición y posesión de acciones propias, el cumplimiento del mandato comunitario re-quería tan sólo concretas modificaciones de las disposiciones contenidas en la sección cuarta del capítulo IV del Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas.
Esas concretas modificaciones se realizan en una triple dirección: 1.ª) La introducción de un nuevo concepto de sociedad dominante. 2.ª) La subsanación de las deficiencias padecidas en la legislación de anónimas como con-secuencia de la posición adoptada de recoger la disciplina de la autocartera indirecta (la adquisición de acciones de la sociedad dominante) mediante una regulación en cada artículo, juntamente con la directa (adquisición de las ac-ciones propias) y no mediante una cláusula general de extensión a aquélla de la normativa de ésta. 3.ª) El perfeccionamiento en la redacción de deter-minados preceptos.
Todas estas modificaciones han sido tratadas con detalle en el estudio realizado de los artículos 39 a 42 de la Ley, al estudiar la adquisición de sus propias participaciones por parte de la sociedad de responsabilidad limitada.
Por tanto, siguiendo la técnica que venimos empleando en la exposición, que no estudio, de las disposiciones adicionales, pasamos ahora a transcribir los números de la adicional segunda que se ocupan de esta materia de autocartera de las sociedades anónimas, acompañándolos de un breve comentario de situación.
Disposición Adicional Segunda.-Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
«3. El apartado 2 del artículo 74 queda redactado de la forma siguiente:
"2. Las acciones suscritas infringiendo la prohibición del apartado anterior serán propiedad de la sociedad suscriptora. No obstante, cuando se trate de suscripción de acciones propias, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los socios fundadores o los promotores y, en caso de au-mento del capital social, sobre los administradores. Si se tratare de suscrip-ción de acciones de la sociedad dominante, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los administradores de la sociedad adquirente y los administradores de la sociedad dominante".» Realiza el legislador aquí una de esas correcciones de deficiencias relati-vas a la regulación conjunta de los supuestos de autocartera directa e indirec-ta que, entre otros, realiza este artículo 74. Se ocupa este artículo de la auto-cartera por adquisición originaria de acciones, es decir, de la adquisición de estas acciones en el momento de su emisión. Pues bien, mientras que en el primer apartado, que sigue vigente, de este artículo, se prohíbe a la sociedad tanto la suscripción de acciones propias como de las emitidas por su sociedad dominante, en su segundo apartado, en el que pasa a establecerse la conse-cuencia de la infracción de tal prohibición, que no es la nulidad de la suscrip-ción efectuada, sino la imposición de una responsabilidad especial (aparte de la obligación establecida en el artículo 76 de desprenderse de ellas en el pla-zo de un año o, en su defecto, proceder a su amortización), no se hacía ningún distingo entre esos dos supuestos, es decir no se distinguía entre que se tratase de acciones propias o se tratase de acciones de su sociedad domi-nante, sino que para ambos casos se establecía -aparte de declarar que las acciones serían propiedad de la sociedad suscriptora- una responsabilidad, en cuanto a su liberación o desembolso, de los promotores (en la fundación sucesiva) o fundadores (en la simultánea), si la autocartera se hubiese origi-nado en la constitución de la sociedad, o de los administradores si la misma hubiese tenido lugar con ocasión de un aumento de capital. Ahora sin embar-go, la nueva redacción del apartado referido pasa, de un lado, a distinguir am-bos supuestos, atribuyendo en cada uno de ellos la responsabilidad a perso-nas distintas, y de otro, a introducir el carácter solidario de esta responsabilidad cuando corresponde a varias personas. Para el caso de ad-quisición por la sociedad de sus propias acciones, la obligación de realizar el desembolso de las mismas (en la redacción anterior se hablaba de liberarlas) se sigue atribuyendo a las mismas personas que antes: promotores o (antes se decía y) fundadores, en la constitución, y administradores en el aumento de capital, si bien, ahora, en uno y otro caso con carácter solidario entre los afectados. En cambio, para el supuesto de adquisición por la sociedad de las acciones de su sociedad dominante, la responsabilidad por el desembolso de éstas pasa a ser establecida, de forma solidaria, entre los administradores de la sociedad adquirente y los de la dominante.
No se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 74 y, en consecuencia, la responsabilidad impuesta a las personas antedichas se mantiene para el caso de que la suscripción se realice por persona interpuesta, si bien quedarán exentos de responsabilidad los fundadores promotores o administradores que, en el supuesto que se trate, demuestren no haber incurrido en culpa.
«4. El párrafo segundo del número 1.º del artículo 75 queda redactado como sigue:
"Cuando la adquisición tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, la autorización deberá proceder también de la Junta General de esta sociedad".» «5. El número 2.º del artículo 75 queda redactado de la forma siguiente:
"2.º Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no exceda del diez por ciento del capital social".» «6. El número 3.º del artículo 75 queda redactado de la forma siguiente:
"3.º Que la adquisición permita a la sociedad adquirente y, en su caso, a la sociedad dominante dotar la reserva prescrita por la norma 3.ª del artículo, sin disminuir el capital ni la reserva legal o estatutariamente indisponibles.
Cuando la adquisición tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, será necesario además que ésta hubiera podido dotar dicha reser-va".» La modificación de estos tres apartados del artículo 75 LSA, que se ocu-pa, para admitirla dentro de ciertos límites y condicionamientos, de la adquisi-ción derivativa por la sociedad de sus propias acciones o de las de la socie-dad dominante, obedece a la misma razón que antes hemos expuesto al referirnos a la modificación del artícu-lo 74, que trata de la adquisición originaria. También en la adquisición deriva-tiva se contempla el doble supuesto de adquisición de las acciones propias y de adquisición de las de la sociedad dominante, sin que esa distinción se re-fleje luego diferenciadamente en los condicionamientos que afectan a uno y otro supuesto. A esa omisión trata de subvenir la reforma en los tres números de la Disposición Adicional Segunda antes transcritos.
La primera de las modificaciones aclara la redacción de un párrafo que daba origen a confusión. En efecto, el número 1.º del artículo 75 exige como primer requisito para admitir la autocartera derivativa que la adquisición de las acciones haya sido autorizada por la Junta General mediante acuerdo que debe recoger una serie de condiciones de esa adquisición (modalidades de la misma, número máximo de acciones a adquirir, precio mínimo y máximo de la adquisición y duración de la autorización, que en ningun caso podrá exceder de dieciocho meses). Pues bien, cuando en el segundo párrafo de este número 1.º se hacía una referencia explícita al supuesto de adquisición de acciones de la sociedad dominante se decía que «la autorización deberá proceder de la Junta General de esta sociedad», con lo que parecía que sólo se exigía autorización de la Junta General de la sociedad dominante, pero no de la adquirente. La reforma de este párrafo deja sentado que se exige auto-rización de las dos Juntas Generales y ello con la simple adición de la pala-bra «también». Señalemos finalmente que la reforma no ha introducido nin-guna de las excepciones al requisito de la autorización previa que admite el artículo 19 de la Directiva 77/91, de 13 diciembre 1976: Que la adquisición de las acciones propias fuere necesaria para evitar un daño grave e inminente a la sociedad o que las acciones adquiridas tengan como destino su distribu-ción entre el personal de la sociedad adquirente o de una sociedad ligada a ella. Realmente tampoco parece muy grave esta falta de introducción. En el primer caso, porque dado que la sanción de la omisión de esa autorización previa no es la nulidad de la adquisición, sino la responsabilidad de los admi-nistradores, la demostración por éstos de que la adquisición obedeció al im-perativo de evitar un daño a la sociedad, unida a una hipotética ratificación posterior de la Junta, haría prácticamente inviable esa exigencia de respon-sabilidad en el procedimiento sancionador establecido en el ar-tículo 89 LSA. La segunda porque si se efectúa esa distribución posterior dentro del año se habrá cumplido la consecuencia de la infracción prevista en el número 1 del artículo 76 y, dado el carácter y finalidad social de la adquisi-ción consumados mediante la distribución a los empleados de las acciones adquiridas, no parece muy probable que el Ministerio de Economía y Hacien-da acordase la imposición a los administradores de la multa establecida en el artículo 89 LSA.
La segunda de las modificaciones tiene también como misión clarificar otro de los requisitos del artículo 75 para admitir la autocartera derivativa. En la redacción anterior se exigía que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean «la sociedad y sus sociedades filia-les», no exceda del diez por ciento del capital social. La reforma traslada a la exigencia el supuesto de hecho de adquisición de acciones de la sociedad dominante para hacerla más compleja y detallada y así la suma de las accio-nes adquiridas se hará a las que ya posea «la sociedad adquirente y sus so-ciedades filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales». Claro es que dentro de las acciones que han de sumarse a las adquiridas se encon-trarán las que la sociedad posea ya y se encuadren dentro de los supuestos de libre adquisición permitidos en el artículo 77 LSA, aunque quizá con exclu-sión del primero de ellos y ello poque si, en este caso, las acciones se adqui-rieron para amortizarlas mediante un acuerdo de reducción de capital y por tanto su destino es desaparecer, no resulta razonable que hayan de tenerse en cuenta para computar ese tope máximo del diez por ciento de capital que puede tener la sociedad como autocartera, aunque, mirándolo desde otro punto de vista, lo cierto es que, en tanto no se amorticen y desaparezcan, se estarán produciendo las consecuencias que la Ley quiere evitar con ese tope. Es dudoso, dada la redacción del precepto, que en el cómputo haya que incluir también aquellas acciones respecto a las cuales la sociedad os-tente un derecho de prenda o de usufructo con facultad de ejercer determina-dos derechos políticos como el de voto. Aunque ciertamente a estos dere-chos habría que aplicarles el régimen de suspensión establecido en el artículo 79, apartado 1.º y el de cómputo para las mayorías establecido en el apartado 2.º, no parece que pudieran computarse para el cálculo de la reser-va establecida en el número 3.º, ya que esa reserva es una cifra del pasivo que se compensa con la cifra del activo equivalente al valor de las acciones, lo que parece estar requiriendo que esas acciones pertenezcan a la sociedad en propiedad, y además se trata ciertamente de una situación transitoria que no puede estar gravitando de manera decisoria sobre situaciones definitivas.
La tercera de las modificaciones, que afecta al apartado 3.º del mismo artículo 75, obedece a la misma razón de las otras dos. Mientras que en la redacción anterior del apartado sólo se hablaba de «la sociedad» cuando se exigía que la adquisición le permitiese dotar la reserva prescrita por la norma 3.ª del artículo 79 sin disminuir el capital o las reservas legal o estatutariamente disponibles, la actual reforma del apartado distingue el supuesto de autocartera derivativa de acciones propias del de acciones de la sociedad do-minante, para establecer que, en el primero, la posibilidad de dotar la referida reserva en las condiciones indicadas se refiere sólo a la sociedad adquirente, mientras que en el segundo hace referencia a la sociedad adquirente y a la dominante. A las dos sociedades se extiende pues la previsión legal de evitar que pueda existir perjuicio alguno para los acreedores y para los accionistas, decretando por ello que la adquisición de las acciones sólo puede tener lugar cuando se puede dotar en el pasivo la reserva compensatoria del importe en el activo de las acciones adquiridas, con medios libres, es decir, ni con cargo a capital mediante su reducción ni con cargo a reservas que tengan legal o estatutariamente el carácter de indisponibles.
No ha sufrido reforma alguna el apartado 4.º del artículo cuya reforma comentamos, que exige como cuarto requisito para la autocartera el que las accio-nes adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas, requisito éste que es el único cuya ausencia conlleva la nulidad del negocio de adquisición por imperati-vo del apartado 2 del artículo 76.
«7. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 76 queda redactado de la forma siguiente:
"1. Las acciones adquiridas en contravención del artículo 74 o de cualquiera de los tres primeros números del artículo 75 deberán ser enajenadas en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la primera adquisi-ción".» La reforma de este párrafo del apartado 1 del artículo 76 LSA supone una aplicación extensiva del contenido del mismo, en su redacción anterior, a un supuesto no previsto explícitamente por él, recogiendo así una preocupación de los intérpretes. Se ocupaba en efecto este apartado 1 del artículo 76 de las consecuencias de la infracción en las adquisiciones efectuadas en contra-vención de cualquiera de los tres requisitos enunciados «en el artículo ante-rior», para establecer que esas consecuencias serían la necesaria enajena-ción de esas acciones en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la primera adquisición y, en su defecto, la amortización de las mismas con reducción de capital, concediéndose a los accionistas acción para solicitar la adopción judicial de estas medidas si no lo fueren por los administradores. La remisión que en este párrafo se efectuaba al artículo anterior indicaba que sólo contemplaba, como supuesto de hecho de la infracción, al que aplicar las sanciones referidas, el de ausencia de cualquiera de los tres primeros re-quisitos de la autocartera derivativa. Pues bien, la nueva redacción de este párrafo aplica también estas sanciones al supuesto de autocartera originaria en contravención con lo dispuesto en el artículo 74 que como vimos, la prohí-be.
En consecuencia, el supuesto de autocartera originaria no sólo llevará aparejada la responsabilidad de socios promotores y fundadores y de los administradores que determina este artículo 74, sino también la obligación de enajenación o amortización que establece el artículo 75.
«8. El apartado 1 del artículo 78 queda redactado como sigue:
"1. Las acciones regularmente adquiridas deberán ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a contar de su adquisición, salvo que sean amortizadas por reducción de capital o que, sumadas a las que ya posean la so-ciedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus fi-liales, no excedan del diez por ciento del capital social".» Tienen lugar en la nueva redacción de este párrafo dos modificaciones de la redacción anterior. Esta redacción se concretaba a un objeto (las acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior), imponía una obli-gación a la sociedad (la de enajenarlas en un plazo máximo de tres años a contar de su adquisición) y dos excepciones a esta obligación de enajenación (que las acciones fueran amortizadas por reducción de capital o que suma-das a las que ya posea la sociedad y sus sociedades filiales no excedan del diez por ciento del capital social. Pues bien, las dos modificaciones que efectúa la Disposición Adicional que comentamos hacen referencia al objeto y a una de las dos excepciones.
Con relación al objeto, mientras que la redacción anterior lo concretaba a las acciones de autocartera derivativa adquiridas en los supuestos declarados libres por la Ley (los del artículo 77), la redacción actual lo extiende a las acciones «regularmente adquiridas», concepto en el que estarán comprendi-das no sólo las acciones de autocartera derivativa (las de la originaria nunca podrán ser consideradas regularmente adquiridas al estar prohibida esta ad-quisición, en todos los casos, por el artículo 74), sino también las adquiridas derivadamente con estricta observancia de los requisitos exigidos en el artículo 75.
En cuanto a la modificación que afecta a una de las excepciones vuelve a tener la finalidad de especificar con detalle el supuesto de autocartera indirecta.
Hace referencia esta modificación a la excepción de la obligación de enajenar las acciones en el plazo de tres años cuando tales acciones «sumadas a las que ya posean la sociedad y sus filiales» no excedan del diez por ciento del capital social, según rezaba la redacción anterior. En cambio, en la nueva redacción, concretando la finalidad referida, se concreta la excepción al supuesto de que sumadas las acciones adquiridas «a las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales», no excedan del diez por ciento del capital social. Como se trata de una modificación literalmente idéntica a la efectuada en el apartado 2.º del artículo 75, nos remitimos a lo dicho allí.
«9. La norma 3.ª del artículo 79 queda redactada de la forma siguiente:
"3.ª Se establecerá en el pasivo de la sociedad adquirente una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias o de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas".» La modificación producida en este apartado consiste en la inclusión de la palabra adquirente al referirse a la sociedad obligada a constituir la reserva que en el mismo se regula y trata con ello de eliminar las dudas que suscitaba la redacción anterior, que más parecía referirse a la sociedad dominante.
«10. El artículo 87 queda redactado de la forma siguiente:
1. A los efectos de esta sección se considerará sociedad dominante a la sociedad que, directa o indirectamente, disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por cualquiera otros medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre su actuación.
3. Las disposiciones de esta sección referidas a operaciones que tienen por objeto acciones de la sociedad dominante serán de aplicación aun cuando la sociedad que las realice no sea de nacionalidad española".» Cuando la Exposición de Motivos (VI) se refiere a esta modificación lo ha-ce calificándola como la más relevante de las efectuadas en esta materia de autocartera y señala que ha sido necesario realizar una nueva redacción de la totalidad del artículo para acomodar plenamente el concepto de sociedad dominante a lo dispues-to en la Directiva 92/101/CEE. En cuanto al nuevo concepto, indica igualmen-te la Exposición de Motivos que respeta, por una parte, las previsiones obli-gatorias de la letra a) del apartado 1 del artículo 24 bis que la Directiva citada ha adicionado a la Directiva 77/91/CEE y, por otra, aquellas otras previsiones facultativas que en este momento se ha considerado conveniente incorporar a nuestro sistema.
En la redacción anterior se entendía por sociedad dominante, a los efectos de esta sección en la que se regula el régimen de autocartera, la que en relación con la sociedad adquirente se encontraba en alguno de los casos del apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio. Este concepto, en la ac-tual redacción, ha pasado a tener solamente el carácter de un supuesto de presunción de sociedad dominante, juntamente con otro ahora establecido:
que, cuando menos, la mitad más uno de los consejeros de la sociedad dominada sean consejeros o altos directivos de la dominante o de otra domina-da por ésta.
El nuevo concepto de sociedad dominante regulado en la nueva redacción del artículo viene determinado por una de estas dos notas: disponer, di-recta o indirectamente, de la mayoría de los derechos de voto de otra socie-dad o bien estar en condición de poder ejercer, por cualesquiera otros medios, una influencia dominante sobre su actuación.
En cuanto a la primera de las notas, la nueva redacción del artículo hace referencia a la disposición por parte de una sociedad de la mayoría de los derechos de voto de otra y es indudable que tales derechos los puede tener no sólo por ser propietaria de las acciones de ésta, sino también por ostentar los derechos de usufructo o prenda sobre las mismas cuando los estatutos de esa sociedad así lo dispongan. Por otra parte, el propio artículo establece que esos derechos de voto serán no sólo los que directamente posea la so-ciedad dominante sobre la dominada, sino que a ellos se sumarán los que posea a través de otras «entidades» dominadas o a través de otrass perso-nas que actúen por cuenta de la sociedad dominante o de otras dominadas o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.
En cuanto a la segunda de las notas, consistente en una situación definida genéricamente (poder ejercer «una influencia dominante» sobre la actua-ción de otra sociedad), el propio artículo se encarga de concretarla por la vía de las dos presunciones a que antes nos hemos referido, si bien hay que te-ner en cuenta que en la que presunción que tiene por base cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 42-1 C. de c. se regulan dos [la a) y la c)] en las que se vuelve a hacer referencia a la mayoría de los derechos de voto.
Independientemente de estas presunciones hay que señalar que esa influencia dominante habrá de producirse con independencia de la vía participativa, de la que se ocupa la otra nota, y así podrá tener lugar por vía contractual (como recoge la VII directiva) o por vía de concesión de determinadas licen-cias de las que dependa la actividad de la dominada o por medio de exclusi-vas, contractuales o de hecho, que conviertan a una sociedad en principal cliente o proveedor de otra.
Finalmente, el apartado 3 del artículo, en su nueva redacción, extiende el supuesto de hecho de autocartera al caso de que la sociedad adquirente de las acciones de la dominante no sea de nacionalidad española.
«11. El artículo 89 queda redactado de la forma siguiente:
Para la graduación de la multa se atenderá a la entidad de la infracción, a s í como a los perjuicios ocasionados a la sociedad, a los accionistas de la misma y a los terceros.
5. La competencia para la iniciación, instrucción y resolución de los espedientes sancionadores resultantes de lo dispuesto en la presente sección se atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de que el expediente sancionador recayera sobre los administradores de una enti-dad de crédito o de una entidad aseguradora, o sobre los administradores de una entidad integrada en un grupo consolidable de entidades financieras su-jeto a la supervisión del Banco de España o de la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a las men-cionadas entidades supervisoras la apertura del expediente, las cuales de-berán también informar con carácter previo a la resolución".» Reseñaremos brevemente las modificaciones contenidas en la nueva re-dacción del precepto transcrito siguiendo sus apartados, no sin antes hacer constar lo que parece un error y es que la Disposición Final Segunda incluye este número 11 de la Disposicion Adicional Segunda como uno de los que «se aplicarán a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el día 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año», siendo así que este número 11 no modifica ningún precepto relativo a las cuentas anuales, sino que establece un procedimiento sancionador que nada tiene que ver con esas cuentas, sino con las infracciones cometidas en materia de autocartera.
Su apartado 1 actual se ocupa de concretar el supuesto de hecho que ha de considerarse como infracción, que si en la redacción anterior era exclusivamente la vulneración de las prohibiciones contenidas en la sección regula-dora de la autocartera, en la redacción nueva pasa a ser también el incumpli-miento de las prohibiciones. Se am-plían así los supuestos a los que se aplicarán las sanciones establecidas en el precepto, que por tanto no serán ya solamente los de vulneración de prohibiciones, como las contenidas en el artículo 74, o las adquisiciones efectuadas sin cumplir los requisitos del artí-culo 75, no siendo de las comprendidas en el 77, o las prohibiciones conteni-das en los artículos 80 y 81, sino también el incumplimiento de obligaciones como la de enajenar las acciones en los plazos establecidos en los artículos 76 y 78 (considerada en la redacción anterior como «infracción independien-te»), o la de convocar la Junta General para reducir capital y amortizar accio-nes (arts. 76 y 78) o la de constituir la reserva del artículo 79-3, etc.
El apartado 2 regula la sanción que sigue consistiendo, como en la redacción anterior, en una multa cuya cuantía tiene como tope máximo el importe del valor de las acciones adquiridas, si bien en la nueva redacción se introdu-cen dos novedades. La primera es la referencia que se hace respecto a ese importe de las acciones adquiridas a las que lo hayan sido en adquisición ori-ginaria (suscritas), a las que lo hayan sido en adquisición derivativa por la propia sociedad o por un tercero con asistencia financiera de la misma, a las que no hayan sido adquiridas pero hayan sido aceptadas en garantía y, final-mente, a las adquiridas que debiendo ser enajenadas o amortizadas no lo hayan sido. La segunda de las novedades consiste en el establecimiento de dos criterios para la gradación de la multa: uno, la entidad de la infracción, y otro, los perjuicios ocasionados a la sociedad, a los accionistas de la misma y a los terceros.
Se ocupa el apartado 3 de establecer quiénes son los sujetos pasivos de la sanción. En tanto que en la redacción anterior del artículo se recogía una sola especie de sujetos pasivos, los administradores de la sociedad, en la redacción actual se extiende el ámbito a los «directivos o personas con poder de representación de la sociedad infractora», extensión ésta que, por incidir en un campo tan variable en su contenido y circunstancias como el de la re-presentación voluntaria, no nos cabe duda de que habrá de ser, en su caso, sumamente matizada y sopesada por el órgano sancionador. Dentro del cam-po de los administradores incluye el nuevo precepto no sólo a los de la socie-dad adquirente infractora, sino también a los que, siendo administradores de la sociedad dominante cuyas participaciones han sido objeto de adquisición por la dominada, hayan sido inductores de la operación. En cuanto a mode-los de conducta que hacen incurrir en la sanción a los diferentes sujetos pasi-vos, el precepto se remite a los señalados en el artículo 127 (diligencia de un ordenado empresario y un representante leal) y en el artículo 133 (actos con-trarios a la ley, a los estatutos o realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar su cargo, siempre que hubieren intervenido en el acto en cues-tión, o caso contrario lo hubieran conocido y no se hubieren opuesto). A quie-nes omite este precepto como sujetos pasivos de la sanción es a los promo-tores y fundadores que consientan la suscripción de las propias acciones de la sociedad en el acto constitutivo en contra de la prohibición establecida en el artículo 74.
El apartado 4 establece la prescriptibilidad de las infracciones y de las sanciones contenidas en el artículo, señalando para ello el plazo de tres años (el mismo que figuraba en la redacción anterior), y remitiendo, en cuanto al cómputo de ese plazo, a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este artículo 132 distingue entre el cómputo del plazo para las infracciones y el cómputo del plazo para las sanciones.
Respecto a las primeras, el plazo comenzará a contarse desde el día en que la infración se hubiere cometido. Teniendo en cuenta que, como vimos al comentar el apartado 1 del artículo, tienen el carácter de infracciones tanto el incumplimiento de obligaciones como la vulneración de prohibiciones, habrá que convenir en que, respecto a estas últimas, el día en que se comete la infracción es aquel en que tiene lugar el acto realizado en contra de la prohibi-ción, mientras que para las primeras el día de la infracción será aquel en que termina el plazo marcado por la Ley para el cumplimiento de la obligación de que se trate. Establece igualmente este artículo 132 en su apartado 2 que el plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado du-rante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
En cuanto al cómputo de plazo de prescrición de las sanciones, el citado a r t í c u -lo 132 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su apartado 3 que comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la re-solución por la que se impone la sanción, interrumpiéndose la prescripción por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de eje-cución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Por último, el apartado 5 del artículo 89 LSA en su nueva redacción, atribuye la competencia para la iniciación, instrucción y resolución del expedien-te sancionador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la redac-ción anterior del precepto esta competencia se atribuía genéricamentte al Ministerio de Economía y Hacienda, si bien es cierto que la Disposición Adi-cional Segunda del RD 2119/93, de 3 de diciembre, atribuía ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para incoar e instruir los procedimientos sancionadores por incumplimiento de lo previsto en la sec-ción 4.ª, «de los negocios sobre las propias acciones», del capítulo IV del Texto Refundido de la LSA.
No señala actualmente el artículo que comentamos los cauces del procedimiento sancionador, cosa que sí hacía la redacción anterior al remitirse a las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante, habrá que entender que este procedimiento es el Regulado por el RD 2119/93, de 3 de diciembre, que regula las especialidades del procedimiento para el ejerci-cio de las potestades sancionadoras atribuidas por una serie de leyes especí-ficamente enumeradas en el apartado 1 de su artícu-lo 1, ya que entre esas leyes enumeradas se encuentra específicamente cita-da «el ar-tículo 89 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas». Hay que tener en cuenta que unos meses antes de la publicación del RD citado había visto la luz el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-testad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto), por lo que el nuevo RD se apresura, en su Exposición de Motivos, a declararlo aplicable en cuanto sea compatible con las especialidades que ahora se regulan, haciendo cons-tar que «la regulación contenida en este Real Decreto es una regulación de singularidades y especificidades en relación con un régimen general». A te-nor de lo expuesto habrá que convenir que el procedimiento sancionador re-gulado en este artículo 89 se regirá en primer lugar por las disposiciones de carácter especial contenidas en el RD 2119/1993, de 3 de diciembre, y en se-gundo lugar por las disposiciones de carácter general contenidas en el Re-glamento aprobado por RD 1398/1993, de 4 de agosto, y los artículos 68 a 101 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992. En cam-bio, el procedimiento sancionador para las infracciones del régimen de auto-cartera en las sociedades de responsabilidad limitada será, por expresa remi-sión del artículo 42 de la nueva Ley, «el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora», es decir, el Reglamento general aprobado por RD 1398/1993 de 4 de agosto.
Digamos finalmente que, aunque el órgano instructor y sancionador en el expediente regulado en el artículo 89 LSA, nuevamente redactado por la Disposición Adicional que comentamos, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores con plena competencia, el apartado 5 de este artículo atribuye al Banco de España y a la Dirección General de Seguros el papel de informantes, con carácter previo a la resolución, cuando el expediente sancionador re-cae sobre los administradores de una entidad de crédito o una entidad ase-guradora o una entidad integrada en un grupo consolidable de entidades financieras.
F) IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES
Disposición Adicional Segunda.-Modificaciónes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
«12. Se adiciona al apartado 1 del artículo 119 el siguiente párrafo:
"Contra las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales procederá, en todo caso, el recurso de casación".» El apartado 1 del artículo 119 LSA se ocupa de las acciones de impugnación de los acuerdos sociales, estableciendo que éstas «se tramitarán con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio de me-nor cuantía», A este respecto el artículo 1.687 LEC establece cuáles de las sentencias definitivas de las Audiencias Provinciales en los juicios de menor cuantía serán susceptibles de recurso de casación. Con arreglo a esta regu-lación, las que recaigan en la materia que nos ocupa sólo serán susceptibles de tal recurso si teniendo una cuantía determinada ésta excede de seis millo-nes de pesetas o si, en el caso de no tener una cuantía estimable o aun te-niéndola ésta no haya podido determinarse, las sentencias de apelación y de primera instancia no son conformes de toda conformidad. Pues bien, para evitar precisamente que algunas de las sentencias dictadas por las Audien-cias Provinciales en esta materia de impugnación de acuerdos sociales pue-dan quedarse fuera de la posibilidad del recurso de casación, la Disposición Adicional que comentamos introduce un segundo párrafo al apartado 1 del artículo, antes expuesto, en el que dispone que ese recurso de casación pro-cederá «en todo caso» en la materia que nos ocupa, quedando desde ahora encuadrada la posibilidad de casación en el número 4.º del citado artículo 1.687 («las resoluciones para las que expresamente se admita»).
G) TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Disposición Adicional Segunda.-Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
«22. El artículo 226 queda redactado como sigue:
En los casos de transformación de sociedades anónimas en sociedades de responsabilidad limitada, los accionistas que no hayan votado a favor del acuerdo no quedarán sometidos a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo IV de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada durante un plazo de tres meses contados desde la publicación de la transformación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".» La nueva redacción que esta Disposición Adicional da al artículo 226 LSA contiene dos modificaciones del texto anterior.
La primera supone una modificación obligada por el cambio producido en la nueva Ley respecto a la ubicación de las disposiciones relativas a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las participaciones. Mientras que la re-misión que contenía la redacción anterior del precepto se efectuaba al capítu-lo V de la Ley del 89, la nueva redacción se remite al capítulo IV de la actual Ley, que es donde ha quedado ubicada la materia en cuestión.
La segunda de las modificaciones comporta algo más que una mera reforma técnica. En efecto, en la redacción anterior se establecía que el plazo de tres meses, durante el cual el accionista que no hubiese votado a favor del acuerdo de transformación no quedaba sujeto a las limitaciones a la libre transmisibilidad en cuanto a sus participaciones, se contaría desde la publi-cación en el BORME del acuerdo de transformación. Pues bien, en la redac-ción actual del precepto ese plazo empieza a contarse desde la publicación en el BORME no del acuerdo de transformación sino de la transformación misma, es decir, que se trata de la publicación en el BORME de la inscripción de la transformación. Entendemos que esta modificación viene a resolver las dudas que se planteaban cuando se procedía a vender las participaciones antes de la inscripción de la transformación. ¿Eran realmente participacio-nes? ¿Habían comenzado a regir las limitaciones a la libre transmisibilidad en una sociedad cuya inscripción con el carácter de limitada no se había aún producido? Con la nueva redacción ya no hay problemas: el plazo de excep-tuación se cuenta una vez ya inscrita la sociedad con el carácter de limitada, porque es después de ese momento (una vez que se publica en el BORME la inscripción) cuando cobra realmente sentido la excepción.
H) CIERRE DEL REGISTRO MERCANTIL EN MATERIA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
«24. Se suprimen los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria cuarta, y se añade un apartado 4 a la disposición transitoria tercera de dicho Real Decreto Legislativo, que tendrá la redacción siguiente:
"4. A partir del 31 de diciembre de 1995, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de sociedad anónima hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de sus estatutos a lo dispuesto en la presente Ley, si estuviera en contradicción con sus preceptos. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la transformación de la sociedad o a su disolución y nombramiento de liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judi-cial o administrativa".» Contiene la Disposición Adicional que ahora nos ocupa una doble modifi-cación:
La primera comporta la supresión de dos apartados (el 3 y el 4) de la Disposición Transitoria Cuarta de la LSA y la segunda consiste en la adición de un nuevo apartado, el número 4, a la Disposición Transitoria Tercera.
La primera de las modificaciones lleva consigo a su vez dos supresiones.
Por la primera de ellas se suprime una obligación impuesta a los Registradores Mercantiles que realmente ya se había extinguido: la obligación, una vez transcurrido el plazo legal de adaptación (hasta 30 de junio de 1992), de re-mitir al Ministerio de Justicia relación de las sociedades que o no se hubiesen adaptado debiendo hacerlo o habiendo realizado la adaptación ésta hubiese resultado incompleta. Por la segunda resulta suprimida una sanción, previa instrucción de expediente por el Minis-terio de Justicia con arreglo a las normas de la Ley de Procedimiento Admi-nistrativo, cuya legalidad constitucional había llegado a discutirse: la sanción de cinco millones de pesetas por no haber realizado la adaptación o de qui-nientas mil pesetas por no haber presentado el acuerdo de reelección o cese de los administradores que vinieran ejerciendo el cargo por período superior a cinco años. Como ha puesto de manifiesto SELVA SÁNCHEZ, no parecía ade-cuada una sanción económica de carácter administrativo por el incumplimien-to de obligaciones de derecho privado, teniendo en cuenta además que, por una parte, la falta de adaptación al 30 de junio de 1992 ya llevaba aparejada una sanción para los administradores y liquidadores de la sociedad, consis-tente en la imposición a éstos de una responsabilidad personal por las deu-das sociales, con carácter solidario entre sí y con la sociedad (Disposición Transitoria Tercera número 3) y, por otra, la falta de adecuación de las socie-dades al capital mínimo legalmente establecido, también aparecía sanciona-da aparte -cuando no estuviese realizada antes del 31 de diciembre de 1995- con el establecimiento de una responsabilidad personal y solidaria no sólo de los administradores y liquidadores, sino también de gerentes y directores generales, por las deudas contraídas o las que se contrajesen en nom-bre de la sociedad y ello sin perjuicio de la disolucíón de pleno derecho a que drásticamente se condenaba a estas sociedades (Disposición Transitoria Sexta número 2).
La segunda de las modificaciones clarifica la situación en que van a quedar las sociedades anónimas no adaptadas a la normativa legal a partir del 31 de diciembre de 1995. Para ellas se producirá el cierre del Registro con la excepción de los títulos relativos a la propia adaptación y los que documen-ten el cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y li-quidadores, la revocación o renuncia de poderes, la transformación o disolu-ción de la sociedad y el nombramiento de liquidadores, así como los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
«25. El apartado 1 de la Disposición Transitoria Sexta queda redactado como sigue:
"1. A partir de la fecha máxima establecida para la adecuación de la cifra del capital social al mínimo legal, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de sociedad anónima que no hubiera procedido a dicha ade-cuación.
Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la transforma-ción de la sociedad o a su disolución y nombramiento de liquidadores, y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa".» La reforma mediante nueva redacción del apartado 1 de esta Disposición Transitoria Sexta va en la misma dirección antes apuntada: clarificar la situa-ción de las sociedades anónimas que no hayan adecuado su capital al míni-mo legalmente establecido, entre el período que va desde el 30 de junio de 1992, fecha tope para esa adecua-ción, hasta el 31 de diciembre de 1995, fecha a partir de la cual el apartado 2 de esta Disposición Transitoria Sexta -no derogado para las anónimas como ha hecho para las limitadas la Disposición Derogatoria Segunda de la nueva Ley- decreta su disolución de pleno derecho y la cancelación inmediata y de oficio de sus asientos en el Registro. Pues bien, a tenor del apartado 1 de es-ta Disposición Transitoria Sexta que ahora se redacta de nuevo, esta situa-ción no será otra que la de cierre del Registro para todos los documentos de la sociedad en cuestión, si bien se exceptúan de ese cierre una serie de documentos como son la propia adaptación y los relati-vos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y li-quidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la transforma-ción de la sociedad o a su disolución y nombramiento de liquidadores, y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa. Claro es que este cierre del Registro establecido en el nuevo apartado 1 de la Disposición Transi-toria Sexta, sólo va a tener una escasa duración, ya que la reforma comienza a regir a partir del día 1 de junio de 1995 (Disposición Final Primera) y el 1 de enero de 1996 comenzará a producirse ya la disolución de pleno derecho y la cancelación de los asientos de las sociedades no adaptadas a esa última fe-cha, ordenados por el apartado 2, no reformado ni derogado de esa misma Disposición Transitoria.
Digamos finalmente que toda esta materia de derecho transitorio y cierre registral de las sociedades anónimas es objeto de estudio comparativo al ser puesto en relación con el derecho transitorio aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada y ello en la parte de esta obra dedicada específicamente al examen de las Disposiciones Transitorias de la nueva Ley.
I) TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Disposición Adicional Cuarta.-Tributación de la transmisión de participaciones sociales.
«El régimen de tributación de la transmisión de las participaciones sociales será el establecido para la transmisión de valores en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.» Recoge esta Disposición Adicional la posición adoptada por la Dirección General de Tributos en contestación a consulta dada el 15 de junio de 1989, en el sentido de aplicar el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores a la transmisión onerosa por actos inter vivos de las participaciones sociales, aplicándole la exención en él recogida con las excepciones que en el mismo artículo se prevén. La cuestión se había suscitado ante la expresión literal del referido artículo 108, que circunscribía la exención a la «transmisión de valo-res», por lo que podía entenderse que las participaciones, al no poder «incor-porarse a títulos negociables ni denominarse acciones» (art. 1 de la Ley de 17 julio 1953, reproducido literalmente en la de 25 julio 1989), no podían conside-rarse incluidas en la exención al no poder encuadrarse dentro del género «va-lores».
La duda podría ser aún mayor con la nueva Ley, ya que su artículo 5-2 recoge expresamente que las participaciones sociales «no tendrán el carácter de valores». De aquí que el legislador, mediante esta disposición adicional, haya optado por cerrar el paso a un nuevo cuestionamiento de la exención.
Aunque este tema ha sido tratado en el comentario a los artículos 29 a 34 de la Ley, transcribimos aquí, a continuación, el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores al que la Disposición Adicional se remite.
«Artículo 108. La transmisión de valores admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial estará exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y del Valor Añadido.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior y tributarán por el concepto de «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
1. Las transmisiones de valores que representen partes del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones u otras entidades cuyo activo esté constituido al menos en su 50 por 100 por inmuebles situados en te-rritorio nacional, siempre que, como resultado de dicha transmisión, el adqui-rente obtenga la titularidad total de este patrimonio o, al menos, una posición tal que le permita ejercer control sobre tales entidades.
Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social «superior» al 50 por 100.
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, no se tendrán en cuenta aquellos, salvo los terrenos y solares, que for-men parte del activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades empresariales de construcción o pro-moción inmobiliaria.
2. Las transmisiones de acciones o participaciones sociales, recibidas por la aportación de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o la ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la transmisión no hubiera transcurrido un plazo de un año.
En los casos anteriores se aplicará el tipo correspondiente a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles sobre el valor de los referidos bienes, calculado de acuerdo a las reglas contenidas en la normativa vigente del Im-puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
J) SOCIEDADES LABORALES
Disposición Adicional Séptima.-Sociedades Laborales.
«En el plazo de tres meses a contar desde la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la presente Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Sociedades Laborales, en el que se actualice el régimen jurídico de la sociedad anónima laboral y se regule la sociedad de responsabilidad limitada laboral.» Después de las diferentes posiciones mantenidas en cuanto a la conve-niencia o no de recoger, en un capítulo de la nueva Ley, la regulación de las sociedades laborales de responsabilidad limitada, el legislador ha optado por la postura negativa, si bien ha dejado establecida, como mandato imperativo para el Gobierno, la obligación por parte de éste de remitir a las Cortes, en un plazo de tres meses, un proyecto de ley que recoja no sólo la regulación de las sociedades laborales de responsabilidad limitada, sino que también se ocupe de poner al día el régimen jurídico de la sociedad anónima laboral.