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Timestamp: 2020-06-04 16:45:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Lección 3. Los derechos humanos en el sistema acusatorio
Objetivo 3.A. Los derechos humanos
Definición operativa de los derechos humanos
Objetivo 3.B. Los derechos humanos en el marco constitucional
Los derechos humanos de origen nacional e internacional
El corpus juris del DIDH
La recepción de los criterios interamericanos
Ejercicio. Relación DIDH y derecho de origen nacional
El mapa de las obligaciones generales
Ejercicio. Las obligaciones generales
Objetivo 3.D. Los principios de los derechos humanos
Principios de interdependencia e indivisibilidad
Objetivo 3.E. Los deberes de investigar, sancionar y reparar
3. Los derechos humanos en el sistema acusatorio
Caballero Ochoa, José Luis (2013). La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. México, Porrúa.
Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel (2013). Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos. México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Al finalizar la lección las personas participantes serán capaces de explicar la relación del derecho internacional de los derechos con los derechos de origen nacional, así como la dinámica del funcionamiento de los derechos humanos, a partir de sus obligaciones y principios, así como de los deberes que conlleva la violación de esos derechos.
Al finalizar este bloque de instrucción las personas participantes conocerán el origen de los derechos humanos, los elementos para su funcionamiento básico y su relación con el sistema acusatorio.
Es necesario que las personas participantes identifiquen la importancia de los derechos humanos para el buen funcionamiento del sistema acusatorio, así como de su relación con la perspectiva de género.
En qué consisten y el origen de los derechos humanos contemporáneos.
La relación entre los derechos humanos de origen nacional y los de origen internacional en el marco constitucional y sus reglas de interpretación.
El alcance de las obligaciones generales en materia de derechos humanos.
Los principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Los deberes de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos
Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente en qué consisten y el origen de los derechos humanos contemporáneos.
Origen transnacional
Si bien los orígenes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) pueden rastrearse con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, fueron las atrocidades cometidas durante este periodo las que hicieron patente la necesidad de reflexionar sobre la protección de las personas. Ello se vio reflejado en la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, dando pie al desarrollo del DIDH como un pilar para lograr la convivencia pacífica entre las naciones.7
El DIDH fue resultado de ese proyecto para crear un orden público internacional, que se tradujo en la creación de normas, mecanismos de control y procedimientos para promover y proteger los derechos humanos. Al menos la intención era clara: la protección de los derechos no podía dejarse únicamente a los Estados, sino que la comunidad internacional debía intervenir para asegurarlos. No sólo los Estados habían demostrado que no podían protegerlos adecuadamente, sino que las violaciones a derechos humanos de un país tienen el potencial de minar su eficacia en otros lugares.
La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948 resolvió, por lo menos parcialmente, la cuestión relativa a la identificación de los derechos humanos; sin embargo, el avance hacia el reconocimiento de los derechos de igualdad de sectores sociales históricamente desfavorecidos tuvo un avance gradual y pausado, a pesar del reconocimiento del derecho a la no discriminación. Este proceso de producción inicial de documentos internacionales no estuvo ajeno a las disputas políticas de los bloques capitalista y socialista. De hecho, la redacción de la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)8 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)9, estuvo definida por las diferencias de opinión respecto a qué derechos debían prevalecer, si los civiles y políticos o los económicos, sociales y culturales.
Siguiendo el impulso dado a los derechos humanos con la creación de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH)10 en 1948 y estableció en 1959 una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un órgano de protección creado por la propia Carta de la OEA. Por su parte, el Consejo de Europa aprobó la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convención Europea) en 1950. Hasta 1981, la Organización de la Unidad Africana11 adoptó la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul).
Este desarrollo dio pie a la creación de sistemas de derechos humanos, es decir “estructuras de principios, normas y órganos de implementación y toma de decisiones establecidos por los propios estados para regular su comportamiento en el área de los derechos humanos”.12 Al día de hoy contamos con tres sistemas regionales –europeo, interamericano y africano- y el universal de derechos humanos, cada uno compuesto por un conjunto normativo, órganos y procedimientos diversos que conforman lo que hoy en día llamamos el DIDH.
Aunque antes de 1948 ya algunas constituciones contenían derechos, como es el caso de la Constitución Mexicana de 1917, lo cierto es que hoy en día los derechos humanos se entienden en su contexto internacional, es a partir del entendimiento de su funcionamiento en ese nivel que los derechos reconocidos a nivel interno adquieren su mayor potencial. De ahí que los derechos humanos se constituyan hoy como derechos transnacionales.
Asimismo, es por esa razón que este curso parte de situar a los derechos humanos en su origen internacional y no únicamente en su relación con el derecho nacional.
Nota a la persona instructora: debe hacerse énfasis en la importancia de considerar a los derechos humanos en su origen internacional para que posteriormente puedan relacionarse con los derechos de origen nacional. Asimismo, deberá enunciar la importancia de definir, en términos operativos, a los derechos humanos.
Desde lo jurídico los derechos humanos son derechos subjetivos. Para Luigi Ferrajoli un derecho subjetivo es “toda expectativa jurídica positiva (de prestación) o negativa (de no lesión)”.13 Se trata de expectativas formadas en todas las personas respecto de la conducta de los Estados, las empresas, los poderes fácticos y cualquier ente o persona con poder sobre otro, en relación con ciertos bienes primarios. En este sentido, hay muchos derechos subjetivos, pero no todos califican como derechos humanos, los derechos fundamentales son “aquellos derechos universales y, por ello, indispensables e inalienables, que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos capaces de obrar”.14
Por tanto, no se trata de cualquier tipo de pretensiones, sino de las constitutivas de los bienes primarios socialmente reconocidos como elementos básicos de la dignidad humana. Son el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.15
Entonces, son derechos humanos aquellas exigencias éticas justificadas especialmente importantes, por lo que deben ser protegidas por medio del aparato jurídico.16
De acuerdo con lo anterior, resaltan cinco elementos básicos en los derechos humanos:
Los derechos humanos constituyen exigencias justificadas. En tanto exigencias o expectativas, los derechos humanos no se encuentran en estado de naturaleza, sino que deben ser realizados.
Los derechos humanos constituyen los elementos básicos que permiten la dignidad humana (realizar el plan de vida). De ahí que se trate de un conjunto amplio de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales) que puede ser modificado en el tiempo, pues las condiciones sociales, económicas y políticas son cambiantes y por tanto los requerimientos de la dignidad humana.
Los derechos humanos están ligados a la idea de poder. Por tanto, suponen una relación de supra subordinación, pero no solo con respecto al Estado, sino con cualquier otro ente, incluso particular, que pueda decidir sobre esas expectativas.
El objetivo de los derechos humanos es controlar ese poder en dos sentidos, tanto para que se realice una acción (expectativas positivas), u omisión (expectativas negativas de no lesión).
Los derechos humanos deben ser protegidos por el aparato jurídico. En la medida que los derechos humanos deben realizarse (i), implican una exigencia jurídica (y también política), por tanto, su realización debe poder ser demandada judicialmente. No obstante, conviene advertir que la existencia del mecanismo jurídico de exigibilidad no es lo que hace que algo sea un derecho humano (ii).
Nota a la persona instructora: dependiendo el auditorio conviene explicar la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. Asimismo, la persona instructora debe estar al tanto de que esta definición se nutre de las visiones de los derechos como derechos morales (Ferrajoli, Alexy, Dworkin) y como derechos históricos (Hunt, Rorty). Se separa, por tanto, de las visiones ius naturalistas y ius positivistas. Lo anterior en la medida que el constitucionalismo contemporáneo y la Constitución mexicana siguen las corrientes señaladas.
Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente la relación entre los derechos humanos de origen nacional y los de origen internacional en el marco constitucional y sus reglas de interpretación.
La Constitución mexicana establece una relación fuerte con el DIDH y una dinámica de operación que busca lograr su mayor eficacia. El mecanismo que establece el artículo primero constitucional debe impactar el funcionamiento de todo el marco jurídico, desde las normas superiores hasta las decisiones individualizadas. De ahí que todas las autoridades del país están sometidas a este engranaje de derechos humanos. El derecho penal y el sistema acusatorio, en lo particular, no son ajenos al cumplimiento de estos parámetros.
En lo que sigue se analizarán los primeros tres párrafos del artículo primero constitucional, mientras que en la siguiente lección se estudiará el último párrafo.
La Constitución establece dos cláusulas para regular la relación entre los derechos humanos de origen nacional y aquellos de origen internacional. A la primera se le llama cláusula abierta y la segunda interpretación conforme. El primer párrafo del artículo 1º constitucional establece la cláusula abierta en este sentido:
Los derechos humanos que protege el orden jurídico mexicano tienen dos fuentes, por un lado, son aquellos que están establecidos directamente en el texto constitucional y, por otro, todos aquellos que se encuentren en alguno de los tratados internacionales firmados por México. Ello implica que:
Los derechos humanos pueden encontrarse en distintos instrumentos jurídicos y no únicamente en la Constitución.
Los derechos humanos de origen internacional pueden encontrarse en distintos tipos de tratados y no solo en aquellos específicos sobre derechos humanos. Esto es, lo que protege la Constitución son los derechos humanos sin importar el tipo de tratado en el que se encuentren. En este sentido, puede ser un tratado de derecho de los refugiados, de derecho penal internacional o, incluso, uno comercial.
Se trata de una cláusula abierta porque la Constitución es dinámica, pueden incorporarse nuevos derechos a partir del desarrollo del DIDH y de los tratados que sean ratificados por México. La Constitución permanece abierta para actualizarse e incorporar mayores protecciones, cada avance en el DIDH también hace parte del texto fundamental y debe ser atendido por las autoridades
Lo anterior implica que la Constitución va más allá de su texto específico y se integra con derechos que provienen de distintas fuentes. La Constitución mexicana es el texto de los 136 artículos y todos aquellos derechos humanos que se encuentren en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Esto es a lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad. Así, la Constitución ya no es solo el texto como tal, sino que incorpora a los derechos humanos cuyo origen esté en un tratado internacional y obliga a las autoridades a entender y aplicar todo derecho a la luz de los avances que esos derechos tengan en el DIDH.
La segunda cláusula que define y regula la relación con el DIDH está dada por el siguiente párrafo constitucional y se refiere a la interpretación conforme y el principio pro persona:
La interpretación conforme de los derechos humanos debe ser realizado por todas las autoridades del país –incluye a todos los servidores públicos, ya sean judiciales, legislativas, administrativas o de organismos autónomos). De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Sentencia del Expediente Varios 912/2010), la interpretación conforme tiene dos acepciones:
A. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.17
La primera forma de mirar a la interpretación conforme implica una interpretación armónica, donde lo que se busca es que todos los derechos se entiendan de una misma forma, de tal suerte que se conjunte lo nacional con lo internacional. Ello supone incorporar la interpretación de los derechos y no solo los derechos. La interpretación conforme en sentido amplio requiere armonizar el contenido de las normas constitucionales e internacionales, a fin de dotar de contenido a los derechos humanos. Ello se debe llevar a cabo por medio de un “sistema de reenvíos”, por el que debe realizarse una interpretación sistémica de disposiciones que pueden estar en diversas fuentes jurídicas,18 por ello la preferencia está en la argumentación sustantiva de los derechos y no en la relación formal entre las disposiciones jurídicas.
La segunda de las acepciones se circunscribe a aquellos casos donde existen diferentes interpretaciones respecto de una disposición, incluso algunas que pueden ser contradictorias. En este caso, la interpretación conforme, en tanto interpretación relacional, implica que los operadores jurídicos deben ceñirse a aquella interpretación que realice de mejor manera los derechos humanos contenidos en la Constitución y/o en tratados internacionales. La interpretación conforme en sentido estricto parte de que las disposiciones son constitucionales, pero que existen interpretaciones diversas y dentro de ellas debe preferirse la que mejor proteja o realice los derechos. Este aspecto de la interpretación conforme es una preferencia interpretativa, mientras que la primera es un ejercicio de armonización interpretativa, ya sea que existan o no múltiples interpretaciones.
Bajo este esquema la SCJN también identifica el escenario en el cual no sea posible lograr la compatibilidad interpretativa de una disposición para “salvar” su constitucionalidad. En estos casos, los jueces deben actuar de la siguiente forma:
Esto último es a lo que se ha llamado control de convencionalidad y debe ser realizado por todos los jueces del país. Este aspecto se analizará a mayor profundidad en el Curso Especializado para Juzgadores/as.
En última instancia, la interpretación conforme permite la llegada de las disposiciones e interpretaciones del DIDH al derecho nacional, mediante su integración, ya sea que exista duda sobre la constitucionalidad de una norma y por tanto se prefiera avanzar en una interpretación que le permita subsistir en el sistema jurídico (sentido estricto), o bien que el sentido de los derechos se construya a partir del diálogo con las distintas interpretaciones formuladas en el ámbito nacional e internacional de los derechos (sentido amplio).
En este punto es posible establecer que el parámetro de regularidad constitucional, es decir, el marco que sirve de referencia para considerar si una norma, práctica, política o decisión estatal es constitucional, está constituido por (i) los derechos humanos explícitamente contenidos en la Constitución y la interpretación dada por el Poder Judicial de la Federación mediante las tesis jurisprudenciales, (ii) los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte (cláusula abierta), y (iii) las interpretaciones que sobre esos derechos existan en el DIDH (interpretación conforme).
Una de las consecuencias más importantes de la existencia de este parámetro es que la identificación de las fuentes normativas ya no pasa por la jerarquía normativa, esto es, por el artículo 133 constitucional, sino por la identificación de la norma y su interpretación que más proteja a la persona, de ahí la importancia del principio de interpretación pro persona. Así, la selección de una norma de derechos humanos como la aplicable al caso tiene poco o nada que ver con su nivel jerárquico (norma posterior, norma especial) y todo que ver con su contenido y alcance.
Por otra parte, ese segundo párrafo del artículo 1º constitucional también contiene una cláusula de interpretación pro persona. Se trata de una herramienta utilizada en casos donde existan contradicciones normativas o interpretativas. Este principio conlleva una elección normativa o interpretativa para:
Seleccionar la disposición que proteja de mejor manera o que favorezca a la persona.
Seleccionar la interpretación que sea más protectora de la persona.
Seleccionar la disposición que restrinja lo menos posible los derechos de la persona.
Se trata de una herramienta hermenéutica para decidir entre posibles antinomias o contradicciones normativas. A diferencia de la interpretación conforme que busca seleccionar la mejor interpretación posible, sin necesidad de que exista una contradicción, el principio pro persona busca identificar qué norma o interpretación aplicar cuando hay contradicción. El principio pro persona tiene una meta más sencilla: dada una contradicción, identificar la norma aplicable a un caso concreto.
Conviene señalar que el principio pro persona no implica poner a competir a dos partes en el juicio, por ejemplo, víctima contra imputado. Es una operación de selección entre normas o interpretaciones contradictorias. Por tanto, no busca sobreponer los derechos de una persona sobre los de otra, en la aplicación de las leyes, los operadores jurídicos –y cualquier autoridad pública- deben elegir la norma más favorable o su interpretación más favorable.
Finalmente, conviene resaltar que el principio pro persona también entra en funcionamiento cuando se está ante normas que restringen derechos. En este caso, el principio implica seleccionar la norma o su interpretación que menores restricciones implique para el derecho.
Los parámetros de la relación y remisión entre el DIDH y el marco jurídico nacional expuestos anteriormente, implican un conocimiento de los derechos humanos de origen internacional. En última instancia, es con esos derechos con los que la Constitución mexicana establece una integración y busca la armonización normativa. Los distintos sistemas de protección basan su actuación en un conjunto de tratados internacionales, algunos provenientes de las Naciones Unidas y otros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, los tratados no son la única fuente del DIDH, de conformidad con el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia las fuentes del DIP son las siguientes: las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y las doctrinas de personas publicistas de mayor competencia, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Conviene desarrollar a qué se refieren los tratados internacionales y las decisiones que las interpretan
6.1. Los tratados internacionales
Un grupo de tratados proviene del Sistema Universal (Naciones Unidas) y otro del Sistema Interamericano (OEA). En cuanto al primero, los tratados fundamentales están conformados por la Declaración Universal de 1948, el PIDCP,19 el PIDESC,20 así como sus protocolos, que en conjunto forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, al considerarse que son los documentos de mayor importancia dentro del Sistema Universal, pues engloban los derechos generales de todo ser humano.
Adicionalmente, dicho Sistema cuenta con un número importante de instrumentos sobre derechos, temas o sectores específicos:
21 dic 1965
Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx).
Como se puede observar, varios de los tratados cuentan con Protocolos facultativos, estos constituyen también tratados internacionales que están relacionados con el principal y donde se desarrollan facultades adicionales a los órganos de protección, como la recepción y sustanciación de peticiones individuales o visitas a los países. Cada tratado cuenta con un órgano encargado de su supervisión y que emite las interpretaciones autorizadas sobre los derechos contenidos en cada tratado.
Por su parte, el tratado general más importante dentro del Sistema Interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece los derechos generales de todo ser humano, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Asimismo, el SIDH ha adoptado un número importante de tratados sobre temas específicos:
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp).
El cumplimiento de los tratados es supervisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y algunos tratados permiten elevar casos individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por ciertas materias. Las interpretaciones autorizadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los tratados del Sistema Interamericano son aquellas emitidas por la CorteIDH
Conviene reiterar que los derechos contenidos en estos tratados tienen fuerza vinculante por sí mismos y son exigibles de manera directa a nivel interno en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, siempre y cuando el país haya firmado y ratificado el tratado.
Las Declaraciones Universal y Americana, pilares fundamentales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, respectivamente, tienen una naturaleza jurídica particular. A pesar de que estas declaraciones no cuentan con fuerza legalmente vinculante por sí mismas, en tanto no son aprobadas y ratificadas por los Estados.21 sino que únicamente son expresiones de los órganos de la ONU y la OEA, actualmente son internacionalmente consideradas obligatorias.
La Declaración Universal es valorada como vinculante para los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Incluso puede considerarse que los derechos ahí consagrados se han convertido en costumbre internacional y, en este sentido, obligatorios para los Estados.22 En diversas resoluciones, la Corte Internacional de Justicia ha considerado a los derechos consagrados en la DUDH como reglas oponibles erga omnes, es decir, obligaciones que todos los Estados deben cumplir.23 Esto es así porque quienes representan a los Estados han manifestado públicamente la obligatoriedad de la Declaración, lo mismo que los órganos de protección y otros sujetos. Además, los Estados asumen que se trata de derechos de obligatorio cumplimiento, al menos en el discurso.
Por su parte, la Declaración Americana es reconocida como vinculante para todos los Estados Miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece que le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.24 Estos derechos son aquellos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana, de conformidad con el Estatuto de la Comisión Interamericana en su artículo primero.25 Así, antes de la entrada en vigor de la Convención, la CIDH comenzó a funcionar con base en la Declaración pues se entendía que esos eran los derechos que la Carta de la OEA mandataba proteger. De tal forma que, la Declaración adquirió un estatus jurídico no sólo por la práctica sino por el señalamiento de la propia Carta respecto a la necesidad de definir los derechos. De hecho, países como Estados Unidos de América y Canadá son supervisados por la CIDH a pesar de no ser miembros de la Convención Americana con base en la Declaración Americana y no haber aceptado la jurisdicción contenciosa de la CorteIDH.
6.2. Las decisiones de los órganos internacionales
En la práctica de los derechos humanos, tanto las decisiones judiciales como los demás documentos emitidos por los distintos órganos de protección se han convertido en referentes interpretativos y de aplicación indispensables para entender al propio tratado.
Es a partir de los tratados que los distintos órganos de protección supervisan el cumplimiento de los Estados respecto de las obligaciones asumidas. Es decir, la obligación primaria de los Estados respecto de los derechos humanos se plasma en un tratado internacional, un acuerdo de voluntades entre distintas naciones, pero la constatación de su cumplimiento queda a cargo de ciertos órganos de protección que, al realizar su actividad supervisora, emiten distintos documentos donde desarrolla el contenido de los derechos y las obligaciones estatales.
Por ello es que la idea de corpus juris se refiere más a un cuerpo normativo en construcción que abarca las diversas fuentes del Derecho Internacional Público, pero, donde las distintas resoluciones, aún con un grado diferenciado de fuerza vinculante constituyen criterios indispensables para la interpretación y cumplimiento de los tratados internacionales. Los órganos de protección identifican el contenido y alcance de todos los derechos a efecto de que cada Estado conozca lo que se espera de ellos, pues al fin y al cabo los órganos de supervisión revisarán su conducta teniendo como referencia a todo el cuerpo jurídico de derechos humanos y no solo a los tratados internacionales en lo aislado e interpretados de acuerdo a las ocurrencias de cada nación.
Los órganos de supervisión incluyen aquellos creados directamente por los tratados internacionales, mencionados anteriormente, pero también otros órganos como los llamados mecanismos extra convencionales o procedimientos especiales. Se trata de las Relatorías Especiales y Grupos de trabajo que se encargan de analizar temas específicos de derechos humanos o la situación general de los derechos humanos en determinados países en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Aunque estos procedimientos fueron creados por la ya extinta Comisión de Derechos Humanos, su supervisión quedó a cargo del ahora Consejo de Derechos Humanos.
Estos procedimientos también son una fuente muy relevante para el DIDH, pues en la medida que no están supeditados a algún tratado en específico sino a mandatos particulares por derecho o por país, pueden adentrarse en la dinámica de los derechos con mayor facilidad. Así, los mandatos temáticos tienden a hacer observaciones más de políticas públicas y de implementación de los derechos, sin dejar de lado el análisis teórico y conceptual de los derechos. Los reportes que periódicamente entregan relatores/relatoras y grupos de trabajo constituyen, por tanto, referentes obligados para una adecuada interpretación de los derechos y para adentrarse en las distintas dimensiones de las obligaciones generales.
Se está ante un grupo diverso de fuentes que deben articularse entre sí. Por ejemplo, el artículo 12 del PIDESC establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Además, señala algunas medidas que han de adoptarse para lograr ese objetivo, tales como la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la higiene en el trabajo, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas y la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica. Sin embargo, ello no permite identificar las distintas acciones que los Estados deben realizar para hacer efectivo ese derecho a la salud. De ahí que el Comité DESC, encargado de la supervisión del Pacto, haya elaborado la Observación General 14 sobre este derecho, a fin de especificar con mayor atención las obligaciones que se desprenden del mismo. De igual forma, existe otro órgano paralelo, el Relator para el Derecho a la Salud, que dedica esfuerzos para precisar las obligaciones estatales, así como el contenido y alcance del derecho. Para entender qué contiene el derecho a la salud no basta con revisar el artículo 12 del PIDESC sino que hay distintos documentos que nos ayudan a identificar su contenido.
Entre los documentos que se encuentran en esta categoría están: las sentencias de la CorteIDH; las recomendaciones, informes por país, informes temáticos e informes anuales de la CIDH; las observaciones generales, observaciones finales, informes y recomendaciones de los Comités de los Tratados de Naciones Unidas; los informes por país y temáticos y las recomendaciones de las relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas, y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos como producto del Examen Periódico Universal. Tienen también un estatus similar las declaraciones, principios, reglas y demás documentos internacionales producidos al interior de los Sistemas de Protección pero que no llegan a ser tratados ni son producidos por un órgano específico de protección.
Nota a la persona instructora: atendiendo al tiempo y el público objetivo, es recomendable presentar un esquema de la articulación de los distintos mecanismos de protección y los distintos tipos de fuentes del corpus juris del DIDH.
Finalmente, resta analizar la forma en que se incorporan esas decisiones internacionales y, particularmente, los criterios emitidos por la CorteIDH en la interpretación de los derechos.
En la contradicción de tesis 293/2011, el Pleno de la SCJN argumentó que la fuerza vinculante de las decisiones interamericanas debe extenderse a todas las sentencias en las que el “Estado mexicano no haya sido parte”:
Por un lado, debe considerarse que la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta idea puede clarificarse si se parte de la diferencia que puede trazarse desde el punto de vista conceptual entre lo que es una “disposición” y una “norma”. De acuerdo con esta distinción, la disposición alude al texto de un determinado ordenamiento […], mientras que la norma hace referencia al significado que se le atribuye a ese texto. En este caso, la “disposición” sería el texto de la Convención Americana, mientras que las “normas” serían los distintos significados que la Corte Interamericana atribuye al texto convencional a través de su jurisprudencia, incluyendo aquéllos dictados en los casos en los que el Estado mexicano no haya sido parte.
[E]n consecuencia, los criterios que emite la Corte Interamericana en sus resoluciones, como intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país.
Con esta determinación todos los criterios interamericanos, más allá de si son o no emitidos en contra del Estado mexicano, son obligatorios para los órganos judiciales del país. En términos sintéticos, la propia Contradicción de Tesis 293/2011 explica las reglas para el uso de los criterios interamericanos:
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.
Ejercicio a consideración de la persona instructora.
Objetivo 3.C. Las obligaciones generales de los derechos humanos
Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente el alcance de las obligaciones generales en materia de derechos humanos.
El párrafo tercero del artículo 1º constitucional establece tres dimensiones: las obligaciones generales en materia de derechos, los principios de los derechos humanos y los deberes relacionados con las violaciones a los derechos humanos:
De acuerdo con ello, en este objetivo se estudiarán las obligaciones generales y en los dos sucesivos los principios y los deberes. En su conjunto, este párrafo establece la lógica del funcionamiento de los derechos humanos. Mientras que los primeros dos párrafos del texto constitucional se refieren a la relación entre el DIDH y el derecho nacional, el tercer párrafo señala la dinámica de su funcionamiento.
Los derechos humanos adquieren significado a la luz de las obligaciones generales. Estas obligaciones son marcos que permiten identificar la conducta estatal esperada a partir de los hechos que presenta el problema de derechos humanos y de la identificación de las distintas dimensiones de la conducta esperada. Cada derecho humano se comporta de distinta manera al relacionarlo con las obligaciones generales. Así, la conducta estatal exigida para el respeto al derecho a la libertad de expresión, será distinta a la exigida para proteger el derecho a la libertad de expresión, para garantizarlo o para promoverlo.
Aunque tradicionalmente se han entendido las obligaciones a partir de la simple dicotomía entre un hacer y un no hacer, las obligaciones en materia de derechos humanos constituyen un continuo de actos tanto positivos como negativos. De tal forma que todos los derechos implican tanto acción como no interferencia por parte de los agentes estatales e, incluso, de los particulares. Así, estas obligaciones proporcionan un mapa o guía para determinar qué conducta estatal era la esperada y, por tanto, precisar la violación a derechos humanos a fin de determinar el camino a seguir para su debida reparación.
Objetivo respecto del derecho
Conducta requerida para salvaguardar el derecho
Negativa, el Estado se debe abstener
Positiva, el Estado la viola cuando actúa
Negativa < Positiva
Inmediato > Progresivo
Realizar y mejorar
Positiva (acción)
Negativa, el Estado la viola cuando no actúa
Inmediato – Progresivo
Fuente: Serrano, Sandra y Daniel Vázquez (2013), Los derechos en acción. Obligaciones y Principios de Derechos Humanos, Flacso, México.
Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no interferir con, o poner en peligro los derechos humanos. Esto es, las autoridades deben abstenerse de violar derechos. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho, su cumplimiento es inmediatamente exigible, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, estatal o municipal), independientemente de sus funciones (ejecutivas, legislativas o judiciales), debe violentar los derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus acciones. Por ejemplo, un acto de tortura, una ejecución ilegal, la discriminación de una persona con discapacidad, la censura previa o la negativa a brindar atención médica de urgencia son violatorias de derechos a la luz de la obligación de respetar.
La obligación de respetar se relaciona con las restricciones a los derechos humanos. Si se restringe el goce o ejercicio de un derecho más allá de lo permitido, la obligación que se viola es la de respetar. Así, una restricción a derechos debe estar establecida por ley, tener un objetivo o fin legítimo (la protección de otro derecho), ser conducente para conseguir ese fin, proporcional (restringir el derecho en la medida estrictamente necesaria para obtener el objetivo), y ser la única alternativa o la más viable. Cuando estos requisitos no se cumplen, el derecho humano se viola a la luz de la obligación de respetar.
Se trata de una obligación dirigida a los agentes estatales, en el marco de sus respectivas funciones, para prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares. Esta obligación incluye la creación del marco institucional y jurídico para cumplir ese fin. Se trata de una obligación positiva del Estado para desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de los particulares. Por ejemplo, la creación de leyes penales que sancionen la violación del derecho.
En un primer nivel, la protección conlleva tanto una conducta de vigilancia hacia los particulares, como el establecimiento del aparato que permita llevar a cabo tal vigilancia y reaccionar ante los riesgos para prevenir violaciones. Por ejemplo, le corresponde a los agentes estatales vigilar que las escuelas privadas cumplan todos los requisitos que exige el derecho a la educación. Lo mismo sucede con los hospitales privados respecto del derecho a la salud o con los medios de comunicación respecto de la libertad de expresión.
En un segundo nivel, implica el accionar del Estado cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo real e inminente de ver violados sus derechos por un particular. Esto no es más que la frontera de la obligación de proteger, donde los mecanismos preventivos de primer orden han fallado y las personas se encuentran en un riesgo. Dado que se trata de obligaciones del Estado por acciones de particulares, la obligación estatal surge hasta el momento en que el riesgo es real e inminente y es conocido por o debiera serlo por los agentes estatales.
En un tercer momento, esta obligación de proteger también implica que el Estado no debe de desarrollar o poner en marcha políticas que pongan en un riesgo los derechos de las personas. Por ejemplo, al desplegar políticas de seguridad, debe asegurarse de que con ellas no genere un mayor riesgo para las personas a manos de otros agentes estatales y/o de particulares.
La obligación de garantizar tiene por objeto realizar el derecho y asegurar para todos la habilidad de disfrutarlos. En este sentido, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de garantizar implica “el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Caso Velásquez Rodríguez).
La obligación de garantizar conlleva tres conductas para hacer efectivos los derechos humanos:
Adoptar medidas. Se refiere a la creación y adecuación de la infraestructura legal y la maquinaria institucional de la que depende la realización de los derechos. Cada derecho humano va a requerir de un desarrollo legislativo pero también de que instituciones estatales se hagan cargo de ellos, o al menos de alguna parte de ellos.
Provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. El Estado debe proveer a las personas con los recursos materiales necesarios para que logren disfrutar de sus derechos. El objetivo es asegurar el acceso al derecho a aquellas personas que de otra forma no podrían obtenerlo. En este sentido, este deber no implica la provisión de todos los bienes y servicios para toda la población, sino solo para aquellos que no puedan obtenerlos por sí mismos, dado un contexto determinado. Por su propia naturaleza constituye una obligación de inmediato cumplimiento, independientemente del derecho de que se trate.
Investigar, sancionar y reparar. Estos deberes se estudian más adelante en este curso, basta ahora señalar que el ejercicio de los derechos implica la restitución de los derechos frente a una violación. Para ello se hace necesario realizar una investigación y sancionar la conducta violatoria. El combate a la impunidad se constituye así en un factor fundamental para la realización de los derechos, ya que incide en frenar la continuación de los actos violatorios y restituye el goce del derecho mediante la reparación.
Obligación de promover
Esta obligación tiene dos objetivos, por una parte, que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa y, por otra, avanzar en la satisfacción del derecho, esto es, ampliar su base de realización. No se trata de un mero deber promocional, sino que debe tenderse al desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos desde y para los derechos. Ello requiere de una perspectiva que considere a las personas como titulares de derechos y no como meras beneficiarias de programas sociales. En este sentido, las obligaciones son conceptualizadas como conductas estatales y no como bienes transferibles.
De manera individual complete el cuadro siguiente. El objetivo es que la persona participante identifique uno de los sentidos de cada derecho a la luz de las obligaciones generales.
Las personas participantes contarán con 15 minutos para realizar la actividad. Después de lo cual, la persona instructora deberá completar el cuadro con la participación de las y los asistentes al curso.
Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente los principios de los derechos humanos.
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 1º constitucional, los derechos humanos tienen cuatro principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se trata de principios que sirven para organizar el corpus juris de los derechos humanos, pero también implican una aproximación interpretativa, de tal forma que designan cómo establecer su contenido y alcance, relacionarlos y hacerlos evolucionar. De ahí que estos principios constituyan un pilar fundamental, junto con las obligaciones generales, de la dinámica de los derechos en acción.
La universalidad de los derechos humanos se construye en relación directa con la idea de la igualdad. Así, Ferrajoli, “universalismo de los derechos fundamentales e igualdad jurídica son exactamente la misma cosa”, en tanto la igualdad jurídica no es más que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, “independientemente por el hecho, y al contrario, precisamente por el hecho de que sus titulares son diferentes entre ellos”.26
Más que pensar a la universalidad en su debate teórico o filosófico, la universalidad es a pensarla como una herramienta que ayuda a hacer viable y aterrizar el principio de igualdad. La lógica es la siguiente: los derechos humanos son universales porque son predicables a todos los seres humanos y por ello mismo los derechos humanos no pueden ser definidos exactamente igual para todos y en toda circunstancia. Para ser universales, los derechos necesitan ser interpretados a la luz de las circunstancias de cada quien.
Lo anterior, no significa ni que existan especies de guettos de derechos para unos y no para otros, ni que debamos hacer concesiones a favor de algunas personas. Por el contrario, requiere entender a los derechos y el derecho desde un paradigma donde los derechos y el derecho son dinámicos, es decir, no hay un parámetro fijo a partir del cual pueda mirarse a todas las personas, sino uno donde todos son igualmente diferentes e igualmente valorados en términos jurídicos. Se está frente a lo que Ferrajoli llama “igual valoración jurídica de las diferencias”. En este modelo no se trata de ser indiferente o tolerante a las diferencias, sino de garantizar la libre afirmación y desarrollo. El aspecto central de la universalidad es que permite pensar a la igualdad –y por ende a la universalidad- desde el contexto de opresión cotidiana de la gente, permite sumar al análisis jurídico las relaciones sociales como factores de desigualdad y, en especial, tener presente que el análisis de estas relaciones es relevante para poder generar no sólo formulaciones normativas, sino también garantías de efectividad.
Pensar a los derechos desde la universalidad lleva a asegurar la efectividad de los derechos humanos. El principio del efecto útil solo se realiza cuando se caracteriza a los derechos de tal manera que respondan a las distintas circunstancias y condiciones que enfrentamos los seres humanos.
Entonces, más que ahondar en lo que hace iguales a los seres humanos, la práctica del principio de universalidad se interesa por lo que los hace diferentes. Lo anterior, pone de relieve dos aspectos para comprender la universalidad y llevarla al funcionamiento del DIDH y de la perspectiva de género:
La centralidad del sujeto de derechos en su contexto, y
La reinterpretación de los derechos a partir de las necesidades locales y particulares.
Ambos aspectos serán estudiados a fondo en el curso especializado, pues constituyen los elementos fundantes para investigar y juzgar con perspectiva de género.
La interdependencia lleva a identificar las relaciones condicionantes entre los derechos, por ejemplo, el respeto a la libertad personal se hace necesario para asegurar el derecho a un juicio justo. Es decir, existen relaciones entre los derechos que permiten la existencia y efectividad de unos y otros. Por tanto, la interdependencia supone la existencia de cadenas lógicas entre los derechos, no abstractas, sino concretas, atienden a las condiciones de cada caso particular. Asimismo, debe considerarse que así como el fortalecimiento de un derecho lleva al de otros, la violación de un derecho, también desencadena otras violaciones.
La indivisibilidad también manifiesta esta unidad de los derechos humanos, pero para eliminar cualquier tipo de jerarquía entre ellos, de tal forma que todos son igualmente relevantes. En términos prácticos, esta indivisibilidad reviste especial importancia, pues permite identificar las causas que originan las violaciones a derechos humanos. En muchas ocasiones, el origen de actos de represión que conllevan atentados a la integridad personal, libertad de expresión, libertad personal o un debido proceso, tienen su causa en la violación de derechos sociales. Por ejemplo, cuando una población que no recibe agua potable se manifiesta y es reprimida, o cuando un colectivo de trabajadores toma las calles para exigir mejores condiciones laborales y también son reprimidos.
Esta vinculación entre los derechos, obliga a mirar cada contexto para verificar la forma en que operan los derechos en la realidad más que en las meras consideraciones conceptuales. Sin un análisis a fondo de los contextos, las causas quedan invisibles y sin protección.
La progresividad involucra tanto gradualidad como progreso. La primera se refiere a que la efectividad de los derechos no se logrará de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. El progreso evidencia que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes. Los derechos humanos codificados en tratados no son más que un mínimo, su progresión se halla en manos de los Estados.27
Acompañado de este principio está la prohibición de regresión, esto es, una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado, salvo en ciertas circunstancias (por ejemplo, un grave desastre natural).
Al término de la sesión las personas participantes podrán explicar correctamente los deberes de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
La última parte del párrafo tercero del artículo 1º constitucional se refiere a las obligaciones de verdad, justicia y reparación ante violaciones a los derechos humanos.
Ante una violación a los derechos humanos, surge el deber de realizar una investigación amplia para determinar quiénes son los responsables y establecer cómo y por qué sucedieron los hechos. Ello implica, en primer lugar, una investigación judicial, pero también una investigación por otros medios, como las comisiones de la verdad. Sin embargo, el deber estará satisfecho hasta que se investigue la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales, e incluso la de las personas beneficiarias con las violaciones a los derechos humanos.28
Este deber comporta, a su vez, el de debida diligencia, esto es, que los actos para conocer la verdad no sean infructuosos y condenados al fracaso, sino que se debe actuar con la mayor eficacia para obtener los propósitos esperados. Si bien se trata de una obligación de medio y no de resultado, se espera que el Estado disponga de todas sus posibilidades para llegar al conocimiento jurídico e histórico de los hechos, es decir, sus investigaciones están obligadas a ser efectivas. Esta debida diligencia es especialmente importante para los funcionarios de procuración y administración de justicia.
Relacionado con el deber de investigar, no basta con saber qué sucedió, sino que debe sancionarse a los responsables de las violaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana”. De esta forma, la investigación de las violaciones a los derechos humanos debe conducir a la sanción de los responsables. Donde esto no ocurre, no hay justicia.29
La jurisprudencia interamericana no se limita a la sanción de los responsables inmediatos o materiales de las violaciones, sino que se establece como estándar la identificación y sanción de los responsables intelectuales, y aun de los beneficiarios de las violaciones cuando su comisión fue instigada por éstos.30 Asimismo, la CorteIDH ha señalado que los Estados deben remover todos los obstáculos de facto, y de jure, que mantuvieran la impunidad, por lo que está obligado a:
b) determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes hubieran diseñado, planificado o asumido el control, determinación o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de inteligencia, evitando omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. (Caso Cepeda Vargas vs. Colombia).
La dinámica de los derechos humanos exige que las violaciones sean reparadas, es decir, que el derecho le sea restituido a la víctima en la mayor medida posible. Tradicionalmente ha sido esta perspectiva de restitución la que ha permeado a la mayoría de los recursos judiciales nacionales, sin embargo, a nivel internacional las reparaciones han tenido una productiva evolución que trata no solo de restituir sino también de indemnizar por los daños materiales y morales, satisfacer en términos más subjetivos a las víctimas y asegurar la no repetición de las violaciones. En los últimos años, también se ha avanzado hacia una concepción de reparaciones transformativas que buscan transformar las causas subyacentes a la violación.
Ha sido la CorteIDH la que ha desarrollado el sistema de reparaciones más amplio e importante desde el DIDH, que ya comienza a trasladarse a los sistemas nacionales. La Corte ha utilizado distintas medidas para lograr una reparación integral a las víctimas, esto es, la mayor restitución posible en los planos económicos, morales, simbólicos y de no repetición. Lo anterior en el entendido que una violación a derechos humanos afecta la vida completa de las personas y que no basta con una indemnización, sino que hay una serie de factores que también deben ser atendidos para lograr restituir la vida de la persona a antes de ocurrida la violación en la mayor medida posible.
Entre las medidas de reparación más importantes están: indemnización (por daño emergente, lucro cesante y daño moral), rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y deber de actuar en el ámbito interno. Solo cuando actúan en conjunto es que puede hablarse de una reparación integral. Como se verá más adelante en el curso, a estas medidas se agregan las reparaciones transformativas, particularmente relevantes en el uso de la perspectiva de género.