Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20010349
Timestamp: 2019-05-25 01:06:59
Document Index: 104370830

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 267', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 150', 'ARTÍCULO 267', 'ARTÍCULO 287', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 93', 'artículo 267', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 267', 'artículo 286', 'artículo 267', 'artículo 287', 'artículo 150', 'artículo 287', 'artículo 267', 'artículo 287', 'Artículo 287', 'Artículo 267', 'artículo 334', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 267', 'artículo 14', 'artículo 324', 'artículo 126', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 29', 'Artículo 202']

C-127 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020010349CC-SENTENCIAC127201102/03/2011CC-SENTENCIA_C_127__2011_02/03/2011200103492011Sentencia C-127/11 ESTABLECIMIENTO DE FACULTADES DE QUIEN NO ES IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL -No se incurrió en una omisión legislativa relativa DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Competencia de la Corte Constitucional OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Concepto /OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA -Concepto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Requisitos/ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Elementos esenciales que deben concurrir para su procedencia LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES- Jurisprudencia constitucional POTESTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA-Corresponde al legislador establecer las formas propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES -Límites DERECHO DE DEFENSA EN ACTUACION PENAL-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO DE DEFENSA-Importancia en el contexto de las garantías procesales/DERECHO DE DEFENSA-Adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal/DERECHO DE DEFENSA EN EL AMBITO PENAL-Reconocimiento en el escenario internacional DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL- Modalidades /DERECHO A LA DEFENSA TECNICA- Conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de igualdad de armas /PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso / DERECHO A LA DEFENSA-Ambito de aplicación en el proceso penal comprende toda actuación incluida la etapa preprocesal De conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública. En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de "igualdad de armas", la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso, y su garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales. Para la Corte, el principio de igualdad de armas "constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección". Si bien el derecho a la defensa, y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez constitucional del proceso penal, el tema de si el derecho de defensa en materia procesal penal tiene un espectro amplio o restringido no ha sido un asunto pacífico, a pesar de que el artículo 29 de la Constitución claramente extiende el derecho al debido proceso "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", y en materia penal reconoce el derecho de los sindicados a una defensa técnica "durante la investigación y el juzgamiento". Efectivamente, el asunto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, tanto en el modelo mixto de tendencia inquisitiva inicialmente adoptado por la Constitución del 91 y desarrollado básicamente por el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, como en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por el Legislador a través de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En los dos escenarios la posición de la Corte ha sido "unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación". DERECHO A LA DEFENSA EN LA ACTUACION PENAL- Se extiende a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final La interpretación que se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema de hasta donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal, tanto en el sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia acusatorio, es la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene conocimiento que cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando finaliza el proceso. En este sentido es claro que el derecho a la defensa se extiende sin discusión ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final. PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA -Aspectos más relevantes de su estructura y desarrollo/ PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA -Etapas/ JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS -Funciones constitucionales PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Garantías adicionales para el respeto de los derechos fundamentales Además de las garantías previstas en el artículo 267 de la ley 904 de 2004, la jurisprudencia ha constatado la existencia de dos adicionales, a partir de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002 y de una interpretación sistemática de la Ley 906 de 2004, esenciales para el respeto de los derechos fundamentales, la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia. La primera, consiste en que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado o indiciado por la actividad de la Fiscalía (registros, allanamientos, incautaciones, interceptación de comunicaciones, entre otras) debe ser decidida en sede jurisdiccional, y en tal virtud, corresponde al juez de control de garantías el examen de las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales para verificar que se adecuan a la ley y son proporcionales. La segunda, tiene que ver con la determinación de que el material de convicción o evidencia, que tanto la Fiscalía como la defensa recaudan en el proceso de investigación, deberá ser descubierto ante el juez de conocimiento, en el transcurso del juicio oral, público, donde la controversia y la contradicción tienen lugar, y en consecuencia, la garantía del derecho de defensa es plena, sin perjuicio (i) de que si alguna de las partes encuentra material probatorio y evidencia física muy significativos que deban ser descubiertos, así lo soliciten al juez para que éste decida si es excepcionalmente admisible o debe excluirse, oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y a la integridad del juicio; y (ii) de la práctica de prueba anticipada en casos de extrema necesidad y urgencia para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, caso en el cual de todas maneras deberá efectuarse una audiencia para garantizar el contradictorio, de conformidad con los artículos 274 y 284 del Código de Procedimiento Penal. DERECHO DE DEFENSA -Su ejercicio no tiene límite temporal PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO -Fase de indagación/ INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO PENAL- Finalidad/ TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL- Límite máximo para la formulación de la imputación por parte del fiscal LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA ESTABLECER FORMAS Y TERMINOS PROCESALES- Jurisprudencia constitucional /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA ESTABLECER FORMAS Y TERMINOS PROCESALES- Límites En relación con la libertad de configuración del legislador para establecer formas y términos procesales, la jurisprudencia de esta Corte, de conformidad con el artículo 150, numerales 1 y 2, de la Carta, ha sostenido que el legislador tiene una competencia amplia para regular los diversos procesos judiciales y para establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales. Así pues, "es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos, características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos sustanciales, no puede contradecir los postulados de aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos". La libertad de configuración normativa del legislador, aunque amplia, tiene ciertos límites, que según la jurisprudencia constitucional, se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales. "Es decir, si bien el Congreso o el Presidente de la República, debidamente autorizado por aquél mediante la concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad para consagrar, dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas, ritualidades y términos procesales, éstos deben ser razonables y estar dirigidos a garantizar el derecho sustancial". PLAZO DE INVESTIGACION EN PROCESO PENAL -Criterios para determinar razonabilidad FALTA DE PREVISION DE UN TERMINO ESPECIFICO PARA QUE LA FISCALIA FORMULE LA IMPUTACION, DISTINTO AL DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL -No desconoce los derechos de defensa, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana Referencia: expediente D-8228 Actor: María Gabriela Rincón Martínez
María Gabriela Rincón MartínezCONSTITUCIONALIDADMaría Victoria Calle CorreaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".D8228Identificadores20020010350true22105Versión original20010350Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de igualdad de armas/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso/DERECHO A LA DEFENSA-Ambitode aplicación en el proceso penal comprende toda actuación incluida la etapa preprocesal
De conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública. En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de "igualdad de armas", la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso, y su garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales. Para la Corte, el principio de igualdad de armas "constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección". Si bien el derecho a la defensa, y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez constitucional del proceso penal, el tema de si el derecho de defensa en materia procesal penal tiene un espectro amplio o restringido no ha sido un asunto pacífico, a pesar de que el artículo 29 de la Constitución claramente extiende el derecho al debido proceso "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", y en materia penal reconoce el derecho de los sindicados a una defensa técnica "durante la investigación y el juzgamiento". Efectivamente, el asunto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, tanto en el modelo mixto de tendencia inquisitiva inicialmente adoptado por la Constitución del 91 y desarrollado básicamente por el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, como en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por el Legislador a través de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En los dos escenarios la posición de la Corte ha sido "unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación".
DERECHO A LA DEFENSA EN LA ACTUACION PENAL-Seextiende a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final
PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO-Fase de indagación/INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO PENAL-Finalidad/TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-Límitemáximo para la formulación de la imputación por parte del fiscal
En relación con la libertad de configuración del legislador para establecer formas y términos procesales, la jurisprudencia de esta Corte, de conformidad con el artículo 150, numerales 1 y 2, de la Carta, ha sostenido que el legislador tiene una competencia amplia para regular los diversos procesos judiciales y para establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales. Así pues, "es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos, características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos sustanciales, no puede contradecir los postuladosde aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos". La libertad de configuración normativa del legislador, aunque amplia, tiene ciertos límites, que según la jurisprudencia constitucional, se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales. "Es decir, si bien el Congreso o el Presidente de la República, debidamente autorizado por aquél mediante la concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad para consagrar, dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas, ritualidades y términos procesales, éstos deben ser razonables y estar dirigidos a garantizar el derecho sustancial".
FALTA DE PREVISION DE UN TERMINO ESPECIFICO PARA QUE LA FISCALIA FORMULE LA IMPUTACION, DISTINTO AL DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-Nodesconoce los derechos de defensa, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana María Gabriela Rincón Martínez demandó los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
"ARTÍCULO 267. FACULTADES DE QUIEN NO ES IMPUTADO. Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquél o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales.
"ARTÍCULO 287. SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda".[2]
La demandante considera que los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", vulneran los artículos 1 (dignidad humana), 29 (derecho de defensa) y 229 (derecho de acceso a la administración de justicia) de la Constitución Política, así como los artículos 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales se derivan los derechos esenciales a ser oído y a ser notificado de los cargos, que por mandato del artículo 93 de la Carta hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Se acusan los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". La accionante considera que el legislador al expedir el artículo 267 demandado incurrió en una supuesta omisión legislativa relativa, violatoria del derecho de defensa de acceso a la justicia y la dignidad humana, al atribuir exclusivamente al Fiscal la competencia para solicitar la audiencia preliminar de formulación de imputación, sin prever una oportunidad para que el indiciado pueda solicitar tal audiencia, en procura de la garantía de sus derechos a ser oído desde la iniciación de la investigación.
Señala la demandante que es de su especial interés que "la garante de nuestra Constitución ponga término a perturbaciones, acosos y/o molestias a la tranquilidad -y hasta la libertad personal- de los honestos coasociados indiciados, impidiendo así los maltratos y el atropellamiento a la dignidad humana que hace la Fiscalía a personas investigadas, cuando no exista motivo legal para ello, pues de contera, es también costumbre que esa autoridad coactiva incurra en excesiva morosidad de efectuar la imputación o de decidir el archivo de las diligencias, dado que no existe término específico para ello (…)."
EL señor Fiscal General de la Nación (E) considera que la demanda contra los artículos 267 y 287 de la Ley 906 de 2004 es inepta, porque incumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en la medida en que "no cuestiona el contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado; encima, no se observa cual es la oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política". (…).
Para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal la demanda no cumple las exigencias jurisprudenciales propias de un cargo por omisión legislativa relativa, puesto que en el nuevo escrito, la censora reconduce su discurso respecto a una omisión que violenta el derecho a conocer los cargos antes de la imputación, "pero no esgrime de ningún modo, las normas que se encuentran discutidas o negadas; o sobre las que: (i) … se predique necesariamente el cargo; (ii) … excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) … la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) … la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) … la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al legislador."
En el caso de las omisiones legislativas absolutas en la medida en que no existe un texto legal sobre el cual ejercer control de constitucionalidad, la Corte es incompetente para pronunciarse,[5] situación que no se predica de las omisiones legislativas relativas en las que el control abstracto de constitucionalidad si resulta procedente. La Corte ha considerado que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa "cuando ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad".[6]
"(...) para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador".[11]
El hecho de que la acción de inconstitucionalidad pueda ser ejercida por quien ostente la condición de ciudadano colombiano, ha llevado a la Corte a determinar que está regida por el principio pro actione, que obliga a no proceder con excesivo rigor al examinar el cumplimiento de los requisitos de la demanda, prefiriendo una decisión de fondo antes que un fallo inhibitorio, pues éste último podría restringir el derecho de participación ciudadana y frustrar el acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte, "dando lugar a una suerte de denegación de justicia constitucional".[19]En materia penal, esta Corporación ha aceptado que en las acciones públicas de inconstitucionalidad los ciudadanos no se expresen en el lenguaje técnico y específico que exige una disciplina tan desarrollada, y con fundamento en que la acción de inconstitucionalidad es una acción pública, ha dado aplicación al principio pro actionepara estudiar de fondo el asunto.[20]
En efecto, la actora en primer lugar identifica las normas sobre las cuales se predica la omisión legislativa relativa: los artículos 267[21] y 287[22] de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", referentes, el primero, a las facultades que tiene quien no es imputado cuando sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra; y el segundo, a la competencia atribuida al fiscal, por una parte, para realizar la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente la autoría o participación del imputado en el delito que se investiga, y por otra parte, para solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda, de las cuales se desprende que el indiciado no tiene la facultad de solicitar su propia audiencia de imputación en la etapa de la investigación preliminar, quedando exclusivamente en manos de la Fiscalía la decisión sobre el momento en que formula la imputación.
No obstante lo anterior, también ha sido enfática la jurisprudencia constitucional en señalar que esa libertad de configuración normativa del legislador en el diseño de los procedimientos y etapas judiciales no es absoluta, puesto que se encuentra limitada por los derechos sustanciales y la defensa de las garantías esenciales de las personas. De hecho, como lo ha advertido esta Corporación, el proceso judicial no tiene una finalidad en sí mismo, pues su objeto es la realización y eficacia de los derechos sustanciales que subyacen al mismo. Por ello, el control de constitucionalidad de este tipo de normas debe hacer eficaz, de un lado, el amplio margen de libertad de configuración normativa que tiene el legislador y, de otro, el respeto por el núcleo esencial de los derechos y garantías de las personas, en tanto que el juez constitucional no está "llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación".[32]
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, con aplicación extensiva "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", está integrado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, por "el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia".[33]
Una de las principales garantías del debido proceso, ha sostenido la Corte, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, "de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga".[34]
Esta Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca "impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado." Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que "constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico".[35]
En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de "igualdad de armas", la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso,[41] y su garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales.[42] Para la Corte, el principio de igualdad de armas "constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección". [43]
Si bien el derecho a la defensa, y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez constitucional del proceso penal, el tema de si el derecho de defensa en materia procesal penal tiene un espectro amplio o restringido no ha sido un asunto pacífico, a pesar de que el artículo 29 de la Constitución claramente extiende el derecho al debido proceso "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", y en materia penal reconoce el derecho de los sindicados a una defensa técnica "durante la investigación y el juzgamiento".
En los dos escenarios la posición de la Corte ha sido "unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación".[45]
Concretamente, en la sentencia C-025 de 2009,[46] la Corte presentó un recuento pormenorizado de la evolución jurisprudencial sobre este tópico, del cual se concluye que "la interpretación que se ajusta a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, en torno al tema de hasta donde se extiende el derecho a la defensa en una actuación penal, tanto en el sistema mixto inquisitivo como en el actual modelo de tendencia acusatorio, es la de que el citado derecho surge desde que la persona tiene conocimiento que cursa una investigación en su contra y solo culmina cuando finaliza el proceso. En este sentido es claro que el derecho a la defensa se extiende sin discusión ninguna a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final".[47]
Esta providencia reiteró la línea fijada previamente en la sentencia C-799 de 2005,[48] al estudiar una demanda de inconstitucionalidad dirigida, entre otras normas, contra el artículo 8, inciso 1, de la Ley 906 de 2004,[49] por violación del derecho de defensa, puesto que el demandante consideraba que la disposición en cuestión sólo permitía su ejercicio a partir del momento en que se efectuase la imputación. En esta oportunidad, la Sala encontró que la expresión "… una vez adquirida …" de la norma demandada, admitía dos interpretaciones posibles: una excluyente, según la cual, el derecho de defensa se podía ejercer sólo desde el momento en el cual se adquiere la condición de imputado y no antes; y otra incluyente, según la cual, el derecho de defensa se podía ejercer antes de adquirirse tal condición, en tanto, dicha expresión, significa o manifiesta la adquisición de una de las diferentes condiciones en las cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal, sin excluir a las restantes. Ante estas dos interpretaciones posibles, la Corte concluyó que una interpretación sistemática de la Ley 906 de 2004 establece la posibilidad de activar el derecho de defensa y varios de los derechos que lo componen, en cabeza de una persona, antes de que esta adquiera la condición de imputado,[50] y en esa medida, la interpretación incluyente era la que resultaba ajustada a la Constitución. En los siguientes términos se pronunció la Corte:
"(…) la interpretación incluyente, es decir, aquella que permite entender que la adquisición de la condición de imputado es una de las diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal, pero en momento alguno excluye aquellas anteriores a la condición de imputado lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la referida condición; es una interpretación ajustada a la Carta Política y por ende es Constitucional.
Por tal motivo, esta Corporación condicionará la exequibilidad de la expresión acusada sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación."
A esta fase preliminar, se refiere el artículo 267 demandado, el cual se ubica en el Título I denominado "La indagación y la investigación", concretamente, dentro del Capítulo VI correspondiente a las "Facultades de la Defensa en la Investigación". La norma prevé las facultades que tiene quien todavía no es imputado durante la respectiva investigación preliminar, en contraposición al artículo siguiente, el 268, que aborda las facultades de quien ya ha sido imputado durante una etapa también denominada de investigación, pero que corresponde a la etapa procesal propiamente dicha.
Cumplida la etapa preliminar, denominada indagación, la Fiscalía debe proceder a formular ante el juez de garantías la imputación. Según el artículo 286 del CPP, la formulación de imputación es "el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías."
La Sala procederá, en consecuencia, a declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 267 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
El artículo 287 que se encuentra en el Título III denominado "Formulación de la imputación", dentro del Capítulo Único, titulado "Disposiciones generales", contempla las situaciones que determinan la formulación de la imputación, y al respecto señala que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Además, la norma prevé, la posibilidad de que el fiscal solicite al juez de control de garantías, previo cumplimiento de los requisitos de ley, la imposición de medida de aseguramiento contra el imputado y las medidas cautelares sobre sus bienes.
En la sentencia C-425 de 2008,[59] esta Corporación al referirse a la diligencias de imputación, legalización de la captura e imposición de medidas de aseguramiento en ausencia física del imputado, precisó que contienen momentos procesales diferentes, generan un impacto distinto sobre los derechos del capturado y de la sociedad y pueden condicionar de varias maneras el desarrollo del proceso penal. De manera que, "si se tiene en cuenta la situación procesal de cada una se evidencia que, mientras la diligencia de legalización de la captura tiene un carácter perentorio porque existe límite temporal constitucional y legal para el efecto (36 horas), la formulación de la imputación tiene como límite máximo el término de prescripción de la acción penal y la solicitud de medida de aseguramiento no se impone en un momento determinado, puesto que sólo se podrá solicitar y decretar si se cumplen con los requisitos y condiciones que la ley señala para la restricción preventiva de la libertad (artículos 308 a 314 de la Ley 906 de 2004)".
"En la medida en que los hechos fácticos constitutivos del delito no siempre son fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden hacer confusa la identificación de su ilicitud, el fin de la "indagación" a cargo de la Fiscalía, y de las autoridades de policía judicial,[60] es definir los contornos jurídicos de la conducta delictiva que va a ser objeto de investigación y juicio, mediante la realización de actividades y diligencias previas, técnicas y científicas. De manera general, las diligencias y actividades practicadas durante la "indagación" tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal".[61]
En relación con la libertad de configuración del legislador para establecer formas y términos procesales, la jurisprudencia de esta Corte, de conformidad con el artículo 150, numerales 1 y 2, de la Carta, ha sostenido que el legislador tiene una competencia amplia para regular los diversos procesos judiciales y para establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales.[62]Así pues, "es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos, características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos sustanciales, no puede contradecir los postuladosde aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos".[63]
La libertad de configuración normativa del legislador, aunque amplia, tiene ciertos límites, que según la jurisprudencia constitucional, se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales."Es decir, si bien el Congreso o el Presidente de la República, debidamente autorizado por aquél mediante la concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad para consagrar, dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas, ritualidades y términos procesales, éstos deben ser razonables y estar dirigidos a garantizar el derecho sustancial".[64]
Procederá entonces la Sala a declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Primero.- Declarar exequible, por el cargo analizado en esta sentencia, el artículo 267 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Segundo.- Declarar exequible, por el cargo analizado en esta sentencia, el artículo 287 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Exequible Artículo 287 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible Artículo 267 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]Reformada por las leyes 1395 de 2010,"Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; 1312 de 2009, "Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad"; 1273 de 2009, "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones"; 1257 de 2008, "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"; 1142 de 2007, "Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; y 1121 de 2006, "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones".
[12] El Texto del artículo 334 de la Ley 600 de 2000, es el siguiente: "ARTICULO 334. DERECHO A SOLICITAR SU PROPIA INDAGATORIA. Quien tenga noticia de la existencia de una actuación en la cual obren imputaciones penales en su contra, tiene derecho a solicitar que se le reciba indagatoria." La Ley 906 de 2004 rige para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005.
[13] El texto del numeral 4 del artículo 7, es el siguiente: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. // (…) 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. // (…)."
[14] El Texto del numeral 2 del artículo 8, es el siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. // (…) // 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".
[15] El Texto del literal b), numeral 2, del artículo 8, es el siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. // (…) // 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: // (…) b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; (…)."
[16] El texto del artículo XXVI, es el siguiente: "Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. // Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas."
[17] El texto del artículo 10, es el siguiente: "Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."
[18] El texto del numeral 1 del artículo 14, es el siguiente: "Artículo 14. // 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. // (…)."
[21] En la sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte decidió no pronunciarse de fondo sobre la expresión "quien sea informado" del artículo 267 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.
[23]Ver sentencias C-1040 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. S.P.V. Humberto Antonio Sierra Porto); C-908 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Jaime Araújo Rentería; SV. Nilson Pinilla Pinilla); C-509 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SPV. Y AV. Jaime Araújo Rentería; AV. Nilson Pinilla Pinilla); C-763 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); y C-012 de 2010 (MP. Juna Carlos Henao Pérez. SV. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[27] La sentencia C-180 de 2006 (MP. Jaime Araújo Rentería) declaró la exequibilidad de la eliminación del recurso extraordinario de súplica en los procesos contencioso administrativos, por cuanto la Constitución confiere al legislador "libertad de configuración amplia en materia de procedimientos judiciales".
[37] El artículo 14, Numeral 3°, Literal d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra que: "[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo."
[38] El Artículo. 8º, Numeral 2°, Literales d) y e) de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé que: "(...)[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley."
[46] (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería). En dicha sentencia, la Corte se pronunció sobre una demanda formulada contra los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 del Código de Procedimiento Penal, por desconocer el derecho a la defensa técnica y, por esa vía, de los derechos a la igualdad y al debido proceso, al no permitir al indiciado y a su defensor participar en la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias allí previstas, cuando éstas se practican durante la etapa de indagación preliminar, es decir, antes de que se formule la imputación y se de inicio a la etapa de investigación formal. La Corporación encontró, que respecto del procedimiento aplicable a la audiencia de revisión de legalidad posterior de las diligencias previstas en los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 del C.P.P., caben dos interpretaciones posibles. "una excluyente, la cual llevaría a entender que en dicha audiencia no se permite la participación del implicado y su defensor cuando la misma se practica durante la etapa de indagación. Y otra incluyente, en sentido opuesto a la anterior, es decir, que sí es posible la participación del implicado y su defensor en la audiencia de revisión de legalidad posterior cuando ésta tiene lugar en la etapa de la indagación." Finalmente, la Corte concluyó, que tratándose de las normas impugnadas, "solamente se entiende garantizado el derecho de defensa en la medida en que éstas sean interpretadas en el sentido de que se permita la participación del indagado y su apoderado durante el trámite de la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias, independientemente al hecho de que ésta se realice antes o después de formulada la imputación, esto es, en la etapa de indagación o en la etapa de la investigación formal."
[47] En esta providencia, la Corte se refirió dentro del sistema mixto de tendencia inquisitiva a las siguientes sentencias: C-150 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz. AV. Vladimiro Naranjo Mesa), en la que al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7, 161 y 322 del Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de Procedimiento Penal, hizo manifiesta la invulnerabilidad del derecho de defensa en la etapa de la investigación preliminar; C-412 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, que autorizaba la duración indefinida de la investigación previa, precisó que la ilimitada utilización de los medios de que dispone el Estado en la etapa previa (práctica de todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y control por parte del fiscal del momento de cierre de esta etapa), exalta en grado sumo la función investigativa y punitiva del Estado, puede desvirtuar su conexidad funcional con el cometido institucional de la misma y terminar atrayendo hacía sí la definición y tratamiento de aspectos conflictuales ínsitos en la persecución e investigación del delito que son más propios del proceso; C-475 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que al decidir sobre la inconstitucionalidad de los artículos 319 a 324 del Decreto 2700 de 1991, reafirmó que el derecho de defensa se extiende a la indagación o investigación preliminar; y C-033 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), en la que al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 126 de la Ley 600 de 2000, declaró la exequibilidad de la norma, pero condicionándola "en el entendido en que, aún antes de la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales" (reiterada por la sentencia C-096 de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Dentro del sistema procesal penal con tendencia acusatoria, mencionó la sentencia C-799 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto), en la que al adelantar el estudio de constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2004, concluyó que la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación, en las etapas pre y procesal, sin que resulte relevante para el ordenamiento constitucional la denominación jurídica que se le asigne al individuo al interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo importante y trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el ejercicio del derecho a la defensa sin limitaciones ni dilaciones injustificadas. En este mismo sentido, citó las sentencias C-1154 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Humberto Antonio Sierra Porto), C-1194 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería) y C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla), en las que la Corte reiteró la regla jurisprudencial que sostiene que el derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de la persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso, es decir, que el derecho de defensa se extiende a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a todos los demás actos procesales hasta la decisión final.
[49] Cuyo texto dice: "Artículo 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (…)."
[51] En este sentido, la Corte ha precisado que "(…) A diferencia del sistema de tendencia inquisitiva, en el que la Fiscalía cumplía al mismo tiempo la función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal la labor del ente de investigación se desarrolla con especial énfasis en la función acusatoria, enfocándose en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. En ese sentido, los actos de la Fiscalía no son jurisdiccionales sino de investigación, con excepción de aquellos que impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas, los cuales deben ser en todo caso controlados por el juez de garantías, quien los autoriza y convalida en el marco de las garantías constitucionales, "guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales". Sentencia C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería). Ver también, las Sentencias C-873 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Jaime Araújo Rentería; SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Álvaro Tafur Galvis); C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra); y C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[55]Ibídem.
[56] Ver sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra). Previamente, en la sentencia C-1092 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis. AV. Rodrigo Escobar Gil; SV. y APV. Jaime Araujo Rentería), la Corte había advertido la importancia del juez de control de garantías en la estructura del proceso penal: "(…) como quiera que a su cargo está examinar si las facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecuan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ejercicio de esta competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez están determinados como a continuación se explica. // Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. // Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado. Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que ésta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de juzgamiento."
[60] Ley 906 de 2004. "Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes organismos: // 1. La Procuraduría General de la Nación. // 2. La Contraloría General de la República. // 3. Las autoridades de tránsito. // 4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. // 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. // 6. Los alcaldes. // 7. Los inspectores de policía. // Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades correspondientes."