Source: http://www.alca-ftaa.org/spcomm/soc/Contributions/Quito/cscv34_s.asp
Timestamp: 2018-07-18 08:37:16
Document Index: 135210616

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 15', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 9']

ALCA - FTAA - ZLEA - Aportes de la Sociedad Civil - FTAA.soc/civ/34
Nombre (s) Christopher Sinckler and Shantal Munro-Knight
Organización (es) Centro de Desarrollo de Políticas Caribeñas (CDPC)
El modelo económico global más dominante y difundido actualmente es la tendencia dirigida hacia la liberalización del comercio y otros intercambios económicos entre naciones. Más comercio es mejor que menos comercio es la premisa que controla firmemente el pensamiento económico e industrial moderno, al extremo que la práctica del libre comercio se ha convertido en la norma en la mayoría de los países. El período de post guerra se erige como la era de mayor crecimiento y expansión en las relaciones comerciales entre países. La característica sobresaliente de la era es el aumento del comercio mundial en 12 veces. En forma simultánea se origina el advenimiento de mayores niveles de inversiones extranjeras directas (IED) como resultado de la intensa búsqueda de nuevos mercados para los productos y servicios de las corporaciones transnacionales y multilaterales.
La percepción de estas ganancias ha llevado a los defensores del modelo de libre comercio a proponer la eliminación de todas las barreras comerciales y de inversión existentes, incluyendo la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, de controles sobre la inversión, y además sugieren el movimiento libre de capitales alrededor del mundo. El argumento en favor de esto señala que únicamente a través del aumento del comercio y las inversiones podrán las naciones crear el tipo de crecimiento económico que les permitirá sobreponerse al subdesarrollo y la pobreza. Aunque se ha pretendido que esta es la intención del comercio libre global, la evidencia ha probado lo contrario, particularmente en las economías pequeñas y vulnerables.
A pesar del crecimiento del comercio regional durante las últimas dos décadas, se ha fracasado en la distribución de las ganancias a niveles sociales bajos, y el crecimiento económico estable y a largo plazo no ha ocurrido. En realidad, a pesar de la expansión económica obvia que ha ocurrido en los países, América ha sido testigo de un aumento marcado de la pobreza y su consecuente ampliación del abismo entre ricos y pobres.
El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para el año 2000 establece que al margen de la expansión de exportaciones mundiales de productos y servicios entre 1990 y 1998, las exportaciones globales de los países menos desarrollados disminuyeron de 0.5% en 1990 a 0.4% en 1998. A más de esto, mientras que las IED han sobrepasado los $600 mil millones en 1998, la concentración de estos flujos es tal que los países menos desarrollados se han beneficiado con menos de $3 mil millones, o un magro 0.4% del total.
El Informe Económico para Latinoamérica y el Caribe (LAC) de 1999 del Banco Mundial afirma que mientras el IED se expandió a niveles sin precedentes (US$89 mil millones) en 1999, y el crecimiento económico permaneció a una tasa promedio anual de 3.5%, el estado lastimoso del pobre empeoró. El informe señala que:
“A pesar del crecimiento, sin embargo, persisten hondas desigualdades en la mayoría de las naciones de LAC, donde el 35 por ciento de la población de 502 millones de personas -aproximadamente 177 millones- viven en la pobreza. El número de pobres es comparable a la población total de Brasil, o el total de todas las poblaciones del resto de los países de Sudamérica combinadas. Aunque el crecimiento es crucial para la reducción de este nivel de pobreza, el crecimiento por sí solo no resuelve la situación. Parte del problema es la desigualdad en la distribución de la riqueza, donde sucede que el 20 por ciento más pobre de la población percibe únicamente un 4.5 por ciento del ingreso total. Es probable que la distribución del ingreso sea más desigual en LAC que en cualquier otra región en desarrollo del Mundo.”
Este informe también indica que el desempleo masivo, la infraestructura física y social pobre, la corrupción, la violencia y el crimen son los mayores obstáculos que separan a los pobres de la buena calidad de vida. A esto se puede añadir un deterioro en el acceso a una educación cualitativa, a la salud y a las salvaguardias sociales que mitiguen la alteración del orden económico. La creciente marginalización de los grupos vulnerables de la sociedad y la degradación ambiental generalizada son también características sobresalientes del “nuevo atrincheramiento de la pobreza” en Latinoamérica y el Caribe.
El asunto clave, entonces, no es si la región de las Américas debe procurar una mayor integración económica mediante sistemas de libre comercio y regímenes liberales de inversión, sino cómo y si, los protagonistas de este proceso pueden diseñar un sistema que busque:
Reducir la pobreza y la desigualdad en los ingresos mediante la creación de trabajos de mayor calidad y salario para los pobres;
Aumentar el desempeño educacional de alta calidad, y mejorar los índices de salud;
Eliminar la exclusión social, y la discriminación por razón de género u origen étnico;
Aumentar la participación de grupos marginados del proceso político y de la toma de decisiones; y
Prevenir el crimen y la violencia en todas nuestras sociedades;
No se trata de cuántos productos y servicios más podemos vender el uno al otro, ni de cuanta inversión directa generemos entre nosotros. Se trata de cómo podemos asegurar que los beneficios derivados de todas estas ganancias sean compartidos entre los pobres y utilizados para mejorar su nivel de vida.
Es por estas razones que el Centro de Desarrollo de Políticas Caribeñas (CDPC) considera que el ALCA debe ser re-formulado y que sus prioridades se acerquen a los otros objetivos de la Primera Cumbre de las Américas. En este contexto hemos resumido lo que consideramos debe ser la guía general del ALCA.
LAS CINCO PRIORIDADES DOMINANTES DEL CRG
1. Reducción de la Pobreza
El objetivo de los planificadores debe ser el establecimiento de metas para la reducción de la pobreza y para el desarrollo social, y, además de reducir la pobreza y la exclusión social, reducir el abismo entre ricos y pobres en las Américas. El logro de estas metas requiere el establecimiento de mecanismos apropiados, no sólo para medir el desempeño de los países, sino también para garantizar en forma radical que los beneficios derivados del libre comercio sean compartidos equitativamente entre todos.
El CDPC opina que el fracaso en dar prioridad a la reducción de la pobreza, en vez de aumentar el comercio y el flujo de inversiones como producto final de la integración económica regional hemisférica, resultará en la mayor marginalización de las regiones pobres. Todas las metas económicas y financieras fijadas, cada producto vendido o servicio suministrado, cada recurso utilizado en un ALCA, debe efectuarse con el único propósito de reducir la pobreza, reforzar la democracia, y dar poder a los pobres.
2. Pacto para el Desarrollo Social y Económico de las Americas:
El CDPC aborrece los actuales esfuerzos de los planificadores de política hemisférica para separar totalmente las cuestiones del desarrollo social de aquellas relativas a las propuestas del Área de Libre Comercio de las Américas. A la vez que entendemos la necesidad de concentrar los procesos comerciales en el ALCA, tenemos la firme convicción de que el desarrollo social debe beneficiarse de una unión cercana con las cuestiones económicas en el contexto general del movimiento de integración económica
El CRG impulsa este argumento y señala que los planificadores de política hemisférica deben reducir el abismo que ellos crearon entre las cuestiones económicas y el desarrollo social discutido en la Primera Cumbre de las Américas. Además, como gesto para retomar el espíritu original del proceso de la Cumbre, se debe tomar la decisión de trascender los límites de la propuesta del ALCA, y crear el Pacto para el Desarrollo Social y Económico de las Américas (PDSEA). Este pacto debe consistir un área genuina de libre comercio, emanada de las discusiones actuales sobre comercio e inversiones, y unido con una plataforma de desarrollo social, lo cual se negociaría simultáneamente entre los planificadores de la política de desarrollo social y la sociedad civil en el proceso de la Cumbre de las Américas. Los dos acuerdos deberían unirse para producir el PDSEA, el cual abarca todas las áreas, desde comercio e inversiones hasta a la reducción de la pobreza.
El CDPC recomienda que el texto completo del ALCA incluya una cláusula social amplia y similar a aquellas propuestas en las convenciones de la OIT relativas a los trabajadores en acuerdos de libre comercio (ALC). La CRG apoya específicamente la incorporación en el ALCA de una ”Cláusula sobre Derechos de los Trabajadores” recomendada por la OIT, mediante la cual todos los empleadores y gobiernos establecen mecanismos para proteger los derechos básicos de los trabajadores y sanciona toda violación de los mismos. Las disposiciones específicas aludidas forman parte de los derechos fundamentales promulgados en las Convenciones de la OIT desde 1918 a 1998. Estas incluyen:
Convenciones 29 y 105 sobre la abolición del trabajo forzado.
Convenciones 87 y 98 sobre los derechos a la libertad de asociación, a la negociación colectiva, y a la participación y acción de los sindicatos de trabajadores (incluyendo el derecho a huelga) sin interferencias del empleador o del gobierno.
Convenciones 100 y 111 sobre paridad de salarios por igual trabajo y la prevención de la discriminación en el ámbito del trabajo; y
Convención 138 sobre la prevención del trabajo infantil y el establecimiento de normas de edad mínima para el trabajo.
El CDPC tiene la firme opinión de que a todos los signatarios del ALCA se les debe exigir la ratificación de estas Convenciones si no lo han hecho, y su cumplimiento activo por aquellos que lo han hecho. Más aún, la participación en el ALCA debe ser condicionada a la aceptación y aplicación de estas Convenciones. El CDPC también considera que, dados los antecedentes de incumplimiento de los gobiernos del hemisferio en honrar y salvaguardar el espíritu y letra de esta y similares Convenciones, así como los numerosos ejemplos de conductas inescrupulosas de los inversionistas en el tratamiento de los trabajadores, se deben introducir sanciones apropiadas para castigar las violaciones de la Cláusula sobre los Derechos de los Trabajadores propuesta.
Adicionalmente, se debe establecer separadamente una Junta para la Protección de Normas Laborales con responsabilidades de investigación y adjudicación para examinar e informar a la unidad apropiada dentro de la estructura gerencial del ALCA. Esta unidad debe ser integrada por representantes de los sectores clave del proceso del ALCA, incluyendo el sector privado, gobierno, laboral y el sector ONG en el hemisferio.
Finalmente, que los planificadores de política hemisférica, como parte de sus esfuerzos por compensar la desestabilización de varias economías más pequeñas y por ende de millones de trabajadores, y de mutuo acuerdo, establezcan un Fondo de Integración Regional (FIR) que suministre el financiamiento para la transición ordenada hacia un sistema de mercado totalmente liberalizado, y con un énfasis particular en el entrenamiento y re-entrenamiento de los trabajadores para incorporarse a una fuerza laboral de mayor competitividad,.
En lo relativo al impacto del ALCA sobre asuntos de las mujeres, la CDPC considera necesaria la creación de un Comité Consultor separado sobre el mejoramiento de los intereses de las mujeres en el ALCA. Este comité debe tener la misión específica de trabajar con las organizaciones de mujeres de todo el hemisferio para determinar el impacto real y potencial de las liberalizaciones del comercio sobre las mujeres y las mejores formas de evitar estos problemas en una nueva ALC.
Como prioridad, este comité debe desarrollar y aportar recomendaciones a los Grupos de Trabajo relativas a las formas de crear garantías de acceso igualitario a trabajos de calidad, entrenamiento, micro créditos, tierras, así como la protección contra explotaciones, discriminación y marginalización de las principales actividades económicas. Finalmente, la CDPC mantiene firme su posición de que el ALCA debe, como prioridad, ejecutar inmediatamente las disposiciones de la Plataforma de Beijing y asegurar su aplicación efectiva mediante el apoyo financiero y técnico a los países.
En relación al medio ambiente, la CDPC considera que el ALCA debe, como prioridad, establecer disposiciones básicas claras y permanentes que establezcan normas para las corporaciones transnacionales y gobiernos por igual. Estas normas básicas deben cumplir con los principios internacionales acordados y contenidos en el Programa de Acción de Río y en la Agenda 21 del Plan de Acción de Bridgetown del SIDS (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo). El ALCA debe también establecer una Agencia Hemisférica para la Protección del Medio Ambiente que supervise la ejecución y vigencia de las normas ambientalistas básicas acordadas por los negociadores del ALCA.
Las ONG’s caribeñas concuerdan en que la cuestión de las inversiones es de importancia crucial para las economías más pequeñas, tales como las de la región de la CARICOM, incluyendo a Haití y la República Dominicana. Estos países utilizan una variedad de medidas, que incluyen los requisitos de desempeño, para dirigir los beneficios de la inversión extranjera hacia el logro de sus objetivos de desarrollo nacional. Sin embargo, los países de la CARICOM han experimentado recientemente una disminución real en los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED) debido a que el proceso de liberalización ha aumentado la competencia y creado nuevos mercados para los inversionistas.
En este contexto, el Centro para el Desarrollo de la Política Caribeña (CDPC) opina que el enfoque actual de las negociaciones del ALCA sobre Inversiones perjudicará severamente la capacidad de los estados más pequeños de la región de beneficiarse sustancialmente de la inversión extranjera. Aunque se encuentren todavía entre corchetes, las propuestas dentro del borrador sugieren que las negociaciones brindarán a las firmas extranjeras y a las corporaciones transnacionales el máximo margen de beneficios a costa de los gobiernos regionales y sus sociedades. Las propuestas actuales sin duda aumentarán la cantidad de inversionistas en la región, sin embargo el cuestionamiento real es ‘¿Se aumentará el beneficio cualitativo en las economías más pequeñas?’ En términos de desarrollo, la inversión de buena calidad transfiere las habilidades y la tecnología, y crea eslabones dinámicos con las firmas locales.
En este sentido surgen cuestionamientos críticos al objetivo general del ALCA. Si bajo el supuesto de que el aumento de la liberalización traerá el crecimiento económico, que a su vez promoverá el desarrollo social, ¿cómo puede entonces el ALCA proponer medidas que inhibirán la capacidad de las economías más pequeñas de utilizar mecanismos tales como las inversiones para apoyar sus objetivos nacionales? ¿Cuál será el beneficio de las inversiones para estos países bajo las condiciones propuestas?
La organización internacional caritativa Oxfam, en su publicación Reglas Manipuladas y Doble Moral (Rigged Rules & Double Standards) (2002), expresa que los beneficios de la IED han sido “ampliamente exagerados”. La Oxfam calcula que por cada $1.00 transferido como IED a una nación en desarrollo, alrededor de $0.30 escapan bajo la forma de ganancias repatriadas. Además, la Oxfam también indica que el costo de importaciones de bienes y servicios asociados con las IED han tenido efectos desestabilizadores sobre la economía del país. “Se calcula que en México las importaciones de los inversionistas extranjeros durante el período encaminado hacia la crisis financiera de finales de 1995 aumentaron el déficit de las cuentas corrientes en la balanza de pagos en una cantidad equivalente a más del 2 por ciento del PIB. Igualmente, el aumento rápido de la relación importaciones-PIB en Tailandia, de 25 a 49 por ciento entre 1990 y 1997, se debió en gran medida al incremento de la dependencia en importaciones asociadas a las IED. Los proyectos de inversión extranjera importaron más del 90% de su maquinaria, y más de la mitad de su materia prima.” La Oxfam resaltó esto en un informe de la UNTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (1997), que indica que en ambos casos los altos costos de importaciones y repatriaciones de ganancias asociadas con las IED han tenido un efectivo negativo general en la balanza de pagos. “Tanto en México como en Tailandia las presiones sobre la balanza de pagos, generadas por el gran volumen de importaciones de las IED, agravaron las presiones que culminaron en el colapso financiero.’
Es en este contexto que las ONG’s caribeñas critican firmemente las propuestas del borrador que prohíben los requisitos de desempeño para la inversión extranjera. Algunas de estas propuestas sobrepasan las negociaciones de la OMC sobre TRIMS (Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio - MIC) relativas a los derechos de los inversionistas. Esta prohibición reduce radicalmente la capacidad de los estados pequeños para dirigir los beneficios de la inversión extranjera, y las propuestas del borrador carecen de excepciones que sugieran que se ha considerado el impacto sobre las economías más pequeñas. Al negársele la posibilidad de aplicar requisitos de desempeño, las economías más pequeñas serán expuestas al tipo de inestabilidad financiera indicada arriba. La CDPC reclama la inclusión de exoneraciones en el Artículo 7 para las economías más pequeñas. Esta exoneración permitirá a las economías más pequeñas la aplicación de restricciones relativas al requisito de desempeño de inversiones extranjeras por un período de hasta siete años a partir de la vigencia del Acuerdo.
A juicio de la CDPC son igualmente criticables las propuestas que restringen el control gubernamental de los flujos de capital, Artículo 9 sobre Transferencias. Esto claramente usurpa la autoridad de bancos centrales nacionales y amenaza la independencia económica y estabilidad misma de un país, si éste no puede controlar el flujo de capitales. La propuesta de permitir límites temporales para transferencias en casos de dificultades “excepcionales” o “graves” o “severas”, en la balanza de pagos será de muy poca ayuda para las economías más pequeñas. ¿No sería más prudente el control previo del flujo de capitales para prevenir problemas excepcionales o graves o severos en la balanza de pagos?
Adicionalmente, las propuestas del Artículo 15 conceden libertad a las empresas para demandar a los gobiernos para obtener compensaciones. A pesar de que el Artículo establece tres opciones disponibles a las partes, si no se produce un acuerdo, la experiencia del TLCAN sugiere que la mayoría de los inversionistas optan por el arbitraje internacional, y pasan por alto los procesos legislativos nacionales. Pareciera que el ALCA se propone incorporar las partes más inconvenientes del TLCAN en el Acuerdo sobre Inversiones. Acogiéndose al Capítulo 11 del TLCAN, las corporaciones demandaron a gobiernos elegidos democráticamente debido a regulaciones que ellas consideraron afectaban sus ganancias, incluyendo disposiciones para la protección de la seguridad pública y el medio ambiente. En este sentido, la CDPC reclama la adopción del texto entre corchetes del Artículo 11(1), que reconoce el derecho de las economías más pequeñas a retrasar sus pagos para cumplir objetivos de desarrollo nacional (inversionistas de una parte quienes sufren pérdidas debido a que su inversión o ganancia en el territorio de otra Parte …………………… La compensación concedida será reinvertida en el país anfitrión. Las economías más pequeñas podrán retrasar el pago de compensaciones por razones de balanza de pagos y podrán establecer prioridades de pago para cumplir con los objetivos de desarrollo nacional).
Las ONG’s caribeñas también protestan por las prácticas laborales de corporaciones transnacionales que establecen zonas de libre comercio en la región. Se ha identificado una tendencia creciente a la disminución de salarios y la contratación mayoritaria de mujeres en trabajos no-calificados con salarios bajos en estas zonas. Adicionalmente, estas transnacionales no promueven la actividad entusiasta de los sindicatos; lo que despoja a los trabajadores de protección contra los excesos. Según Oxfam, las mujeres trabajadoras en El Salvador ganan menos de $5 al día, o $0.60 por hora - menos de un tercio del costo de subsistencia para una familia de cuatro miembros. El borrador actual del ALCA concede numerosos derechos a los inversionistas mientras que no incluye ningún compromiso obligatorio para ellos en el ámbito de los derechos de los trabajadores y de la protección del medio ambiente.
En relación a este tema, la CDPC recomienda lo siguiente:
Las negociaciones sobre inversiones deben tener un enfoque basado en una lista positiva de menor a mayor.
El acuerdo debe permitir que las economías pequeñas y vulnerables apliquen requisitos de desempeño a las firmas extranjeras durante al menos siete años desde la vigencia del Acuerdo, con la posibilidad de solicitar una extensión según criterios acordados.
La adopción de convenciones de la OIT, a saber
29 y 105 sobre la abolición de trabajos forzados
Convenciones 87 y 98 sobre los derechos a la libertad de asociación, a la negociación colectiva, y a la acción y participación de sindicatos de trabajadores
Convenciones 100 y 11 sobre paridad de salarios por igual trabajo y la prevención de la discriminación en el ámbito del trabajo.
El CDPC reclama la adopción del texto entre corchetes del Artículo 11(1), que permitiría a las economías más pequeñas el retraso de pagos para cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, (los inversionistas de una parte que sufren pérdidas debido a que sus inversiones o ganancias en el territorio de otra Parte ……….. Dicha compensación según se conceda será reinvertida en el país anfitrión. Las economías más pequeñas pueden retrasar el pago de compensación por razón de balanza de pagos, y pueden establecer prioridades de pagos para cumplir con sus objetivos nacionales de desarrollo}.
Artículo 9 sobre Transferencias debe preservar el derecho de los Bancos Centrales a controlar transferencias para proteger la estabilidad económica de las economías de las Américas
El ALCA debe establecer un mecanismo para la vigilancia estricta y evaluación de los beneficios económicos y sociales derivados de las IED que se originen directamente del Acuerdo Hemisférico, con vistas a efectuar medidas correctivas necesarias.