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Timestamp: 2018-10-19 21:32:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 90', 'artículo 91', 'artículo 149']

Guía De Formación Online : Oposiciones Policía Nacional. Clases De Normas Jurídicas: Las Leyes.
Oposiciones Policía Nacional. Clases De Normas Jurídicas: Las Leyes.
Continuamos con el primer tema del temario policía nacional gratis para las próximas oposiciones. Vamos a analizar la potestad legislativa del estado, los reglamentos y la jerarquía normativa, basándonos en la Constitución Española del 78.
El artículo 75 regula la competencia legislativa (¿quién puede hacer leyes?):
1) Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones
2) Las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno puede, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3) Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la Reforma Constitucional, las Cuestiones Internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
La Elaboración de las Leyes (Constitución Española)
Vienen reguladas en el artículo 81 de la Constitución Española que establece:
1) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el Régimen Electoral General y las demás previstas en la Constitución.
En el artículo 82 de la CE se regulan los Decretos-Legislativos que nacen de una “delegación legislativa” de las Cortes Generales al Gobierno, o sea, que el poder legislativo delega en el poder ejecutivo la creación de leyes (recuerda que por la división de poderes, las Cortes Generales son las que tienen la potestad legislativa, o sea, poder para crear leyes). El artículo 82 establece:
1) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
O sea, que el Gobierno, excepcionalmente, puede dictar leyes con el permiso de las Cortes.
2) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales.
Las Cortes hacen una Ley de Bases para que el Gobierno dicte un texto con artículos. Son como las instrucciones que debe seguir el Gobierno, igual que con la Ley Ordinaria. En esta ley las Cortes dicen qué textos legales refundir y cómo para que el Gobierno haga una misma ley a partir de muchas leyes dispersas.
3) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
Es muy importante entender que esta delegación debe ser “expresa”, o sea, que la conceden las Cortes al Gobierno por escrito, para “materia concreta”, o sea, que el Gobierno no puede extralimitarse en sus funciones y la Constitución también exige una “fijación del plazo”, o sea, que el Gobierno debe dictar una ley dentro de un plazo concreto.
Finalmente, el artículo 85 CE establece que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Vienen recogidos en el artículo 86 de la Constitución Española que establece:
1) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos- Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho Electoral General.
En este caso el Gobierno dicta una ley sin pedir permiso a las Cortes, debido a una necesidad urgente y extraordinaria. Se trata del Decreto-Ley y este decreto no puede afectar a cuestiones esenciales como las Instituciones Básicas, el Título I de la Constitución, el régimen de las CCAA o el Derecho Electoral.
2) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Cuando sale el Decreto Ley, las Cortes tienen que decidir si lo convalidan o lo derogan. Tiene un plazo de 30 días desde que se promulgó el Decreto para decidir esto, siguiendo un procedimiento especial y sumario (=rápido, abreviado).
3) Durante el plazo de los 30 días las Cortes pueden tramitar los Decretos Leyes como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (la aprobación de los proyectos de ley tiene preferencia a la aprobación de leyes ordinarias).
LA INICIATIVA LEGISLATIVA: ¿Quién puede pedir a las Cortes que se apruebe una ley?
El artículo 87 establece que:
1) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Esta iniciativa legislativa debe seguir lo que establecen la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (Las Cámaras o Cortes Generales son el Congreso y el Senado).
2) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno que adopte un Proyecto de Ley. También pueden enviar una proposición de ley a la Mesa del Congreso. Para hacer este envío pueden mandar a un máximo de 3 delegados (miembros de esa asamblea de las Comunidades Autónomas). Estos tres miembros son los encargados de defender la proposición de ley. Ten en cuenta que los proyectos de Ley corresponden al Gobierno y las proposiciones de ley al Congreso.
3) Iniciativa Popular: el pueblo también puede solicitar que se cree una ley (recogida de firmas). Esto viene regulado en una Ley Orgánica que establece las formas de ejercicio y requisitos para que se pueda realizar una iniciativa popular. Mediante la iniciativa popular se puede presentar una proposición de ley al Congreso. Para eso, se exigen al menos 500.000 firmas acreditadas. No se puede ejercer la iniciativa popular en materias propias de Ley Orgánica (mira arriba), materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Según el artículo 88 de la Constitución, los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Según el artículo 89 de la Constitución, la tramitación de las proposiciones de ley debe regularse por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
Deja claro que los proyectos de ley tienen prioridad sobre las proposiciones de ley.
Las proposiciones de ley que, según el artículo 87, tome en consideración el Senado, se envían al Congreso para tramitarse como proposición de ley (sin la misma prisa que en el caso del proyecto de ley por un trámite ordinario).
Viene recogido en el artículo 90 de la Constitución que establece que:
1) Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este.
2) El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al texto. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no puede ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3) El plazo de dos meses que tiene el Senado para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a un plazo de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
El Rey debe sancionar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado
O sea, el Rey sanciona, promulga y ordena la publicación de las Leyes, según establece el artículo 91 de la Constitución.
Potestad Legislativa de las Comunidades Autónomas
La potestad legislativa de las CCAA la ejercen sus respectivas Asambleas Legislativas (parlamentos autonómicos). La sanción y promulgación de las Leyes aprobadas le corresponde al Presidente de cada una de ellas, en nombre del Rey. En artículo 149.3 de la CE dice que en caso de conflicto entre normas estatales y de las CCAA, prevalecen las normas estatales (en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas.
¿Quién controla la potestad legislativa?
El tribunal constitucional es el encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normativas con fuerza de ley. El tribunal constitucional está encargado de la defensa jurídica de la Constitución, para asegurar su supremacía frente a las leyes. Esta función la lleva a cabo mediante el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad.