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Timestamp: 2018-06-20 14:44:17
Document Index: 250811692

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 398']

Intereses de Demora en Honorarios de Abogados en España - Alexander Racini Associates | Madrid España | Despacho de Abogados Internacional
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Intereses de Demora en Honorarios de Abogados en España
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Los abogados en España podrán cobrar intereses de demora a sus clientes que no hayan cumplido con la obligación del pago de honorarios a tiempo
El Tribunal Supremo ha determinado que la ley de morosidad se aplica a las deudas entre una empresa y su abogado
Según Sentencia proferida por el Tribunal Supremo en fecha 17 de octubre, (Vide Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 562/2017 de 17 Oct. 2017, Rec. 848/2015) esta aprueba que los bufetes de abogados exijan intereses de demora en los caso de impago de los honorarios pactados previamente con sus clientes. La excepción excluye pagos en los que intervenga un consumidor.
Esta sala ha visto el recurso de casación, interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 759/2013 (LA LEY 9353/2015) por la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Madrid , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1038/2011, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto ante la citada Audiencia por el procurador don Alejandro Utrilla Palombi en nombre y representación de Castillo de Aldovea S.L., compareciendo en esta alzada dicho procurador en calidad de recurrente y la procuradora doña Sylvia Scott-Glendonwyn Álvarez en nombre y representación de Gómez-Acebo & Pombo Abogados SLP, en calidad de recurrido.
PRIMERO.- La procuradora doña Sylvia Scott-Glendonwyn Álvarez, en nombre y representación de Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P., asistidos del letrado don Óscar Quiroga Sardi, interpuso demanda de juicio ordinario, contra Castillo de Aldovea S.L, y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que:
«Se condene a la entidad demandada a abonar a mi representada la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (66.247,60 €), más los intereses de demora, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada».
SEGUNDO.- El procurador don Alejandro Utrilla Palombi, en nombre y representación de Castillo de Aldovea S.L, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que:
«Se desestime la demanda de contrario, condenando expresamente en costas a la parte actora por su temeridad y mala fe».
TERCERO.- Previos los trámites procesales correspondientes y la práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, dictó sentencia con fecha 11 de junio de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:
«ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por la procuradora doña Sylvia Scott-Glendonwyn Álvarez, en nombre y representación de GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS S.L.U., frente a CASTILLO DE ALDOVEA S.A., y, en consecuencia, CONDENO a la demandada a abonar a la actora la suma de 66.247,60 euros, más los intereses de demora establecidos en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución; con imposición a dicha parte demandada de las costas del proceso».
CUARTO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la mercantil Castillo de Aldovea S.L., la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 21.ª, dictó sentencia con fecha 15 de enero 2015 , cuya parte dispositiva es como sigue:
«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el procurador don Alejandro Utrilla Palombi en representación de CASTILLO DE ALDOVEA S.L. frente a la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado Juez de Primera Instancia número 34 de Madrid en el procedimiento ordinario 1.038/2.011, en fecha 11 de junio de 2.013 que debemos confirmar íntegramente con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la recurrente».
QUINTO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación procesal de la mercantil Castillo de Aldovea S.L con apoyo en un único motivo: Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 (LA LEY 58/2000) y 2.3.º LEC , por violación, por inaplicación o indebida aplicación, de lo dispuesto en los arts. 1 (LA LEY 1704/2004) , 2 (LA LEY 1704/2004) , 3 (LA LEY 1704/2004) , 4 (LA LEY 1704/2004) , 5 (LA LEY 1704/2004) , 6 (LA LEY 1704/2004) y 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004) .
SEXTO.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 22 de febrero de 2017 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte recurrida para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días. Evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Sylvia Scott-Glendonwyn Álvarez, en nombre y representación de Gómez Acebo & Pombo Abogados S.L.P., presentó escrito de impugnación al mismo.
SÉPTIMO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de junio del 2017, en que tuvo lugar.
1 . El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004), por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con relación a la prestación de los servicios jurídicos que realiza un despacho profesional, como sociedad mercantil, y respecto de los intereses de demora derivados del impago de sus honorarios.
2. En síntesis, la entidad demandante, y aquí recurrida, Gómez-Acebo Pombo Abogados S.L.P. (en adelante, Gómez-Acebo) presentó una demanda contra la entidad Castillo de Aldovea S.L, aquí recurrente, por la que solicitaba que fuera condenada a abonarle los servicios jurídicos prestados en el periodo de 1 de septiembre de 2008 hasta el 23 de octubre de 2009, cuya cuantificación ascendía a 66.247,60 €, más los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004).
2. De los hechos acreditados en la instancia, deben destacarse los siguientes.
3. La sentencia de primera instancia estimó en su integridad la demanda.
4. La demandada interpuso recurso de apelación en el que, en lo que aquí interesa, alegó la inaplicación de la Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004) por tratarse de un consumidor y porque la prestación de servicios jurídicos debía calificarse de actividad profesional y no de operación comercial entre empresas.
5. La sentencia de la Audiencia desestimó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia. En síntesis, consideró que la demandada no tenía la condición de consumidor, pues los servicios jurídicos fueron encargados en el ámbito propio de la actividad de la empresa, cuyo administrador único, el Sr. Remigio , según el poder aportado, era «empresario de la construcción» y se pretendía demoler un edificio, propiedad de la demandada, sobre cuyo solar se proyectaba una edificación, sin que se hubiese acreditado que la demandada fuese el destinatario final de la citada edificación. Por lo demás, consideró que se estaba ante el pago debido como contraprestación de una operación comercial que daba lugar a la prestación de servicios realizados entre empresas y, por tanto, la aplicación de la Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004). (artículos 1 y 3 ).
SEGUNDO.- Contrato de prestación de servicios jurídicos. Aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004), de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Intereses de demora por el impago de los honorarios. Doctrina jurisprudencial aplicable.
1. La recurrente, al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC (LA LEY 58/2000) , interpone recurso de casación de articula en un único motivo.
2. En dicho motivo, bien por la vía del interés casacional de la norma con vigencia inferior a cinco años, con relación a la modificación operada de la Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004), por la Ley 15/2010, de 5 de julio (LA LEY 14178/2010), o bien por la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias, con cita de la SAP de Madrid, sección 11.ª, de 21 de octubre de 2012 y de la SAP de Cádiz, sección 5.ª, de 2 de diciembre de 2010 , (LA LEY 305197/2010)denuncia la indebida aplicación de los artículos 1 (LA LEY 1704/2004) , 2 (LA LEY 1704/2004) , 3 (LA LEY 1704/2004) , 4 (LA LEY 1704/2004) , 5 (LA LEY 1704/2004) y 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004) . Argumenta que las relaciones profesionales entre un cliente, aunque tenga la condición de sociedad mercantil, y un despacho profesional de abogados de asesoría jurídica no pueden considerarse como operaciones comerciales a los efectos de la aplicación de la citada Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004).
La interpretación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004), en los planos que aquí interesan, objeto de la norma (artículo 1 ) y ámbito de aplicación ( artículo 3), conforme, a su vez, con las Directivas de las que trae causa (Directiva 2000/35/CE , de 29 de junio (LA LEY 7609/2000), y su posterior refundición en la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero (LA LEY 2608/2011)), conduce a considerar que la prestación de servicios jurídicos que realiza un despacho profesional, bien bajo forma societaria, supuesto del presente caso, o bien como ejercicio profesional de un abogado, queda sujeta a la aplicación de la citada Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004) y, por tanto, a los intereses de demora en ella previstos.
Desde la perspectiva del objeto de la norma ( artículo 1), y conforme la finalidad de la Directiva 2000/35/CE , de 29 de junio (LA LEY 7609/2000), considerando 7.º, no cabe duda que la promulgación de la Ley responde, entre otras razones, al problema que plantea la morosidad en el pago de las deudas dinerarias bien con relación a la entrega de bienes, o bien con relación a una «prestación de servicios». Concepto que comprende, en principio, la prestación de servicios jurídicos.
En esta línea, la Directiva, tanto la de 2000/35/ CE, como la de 2011/7/UE, cuando aborda el concepto de «operaciones comerciales» (artículo 2, núm. 1 y artículo 2 núms. 1 y 3, respectivamente), lo refiere a las actividades «realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación». Dicha definición queda, a su vez, completada o integrada por la definición que ambas Directivas realizan del concepto de empresa en los siguientes términos: «cualquier organización que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona». Todo ello conforme con las menciones específicas que se realizan en el preámbulo de la Directiva respecto del «hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva» (considerando núm. 14 de la Directiva de 2000 y 10 de la Directiva de 2011). Por lo que la amplitud con la que se definen dichos conceptos permite entender que la prestación de servicios que realiza un despacho profesional queda bajo la cobertura de dicha Directiva y, por tanto, sujeta a la aplicación de la Ley 3/2004 (LA LEY 1704/2004) y a los intereses de demora previstos en ella.
Por último, y conforme a lo anteriormente señalado, tanto la Directiva (considerando núm. 13 de la de 2000 y núm. 8 de la de 2011), como la norma nacional (artículo 3. 2), cuando delimitan subjetivamente el ámbito de aplicación de la norma, mediante una exclusión expresa, no contemplan las deudas e intereses derivadas de la prestación de servicios jurídicos realizados por un despacho profesional, y, por tanto, con independencia de su condición de persona física o jurídica. Por lo que a los intereses aquí reclamados le resulta aplicable la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre (LA LEY 1704/2004).
1. La desestimación del recurso de casación comporta que las costas causadas por el mismo se impongan a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 LEC (LA LEY 58/2000) .
2. Asimismo, procede ordenar la pérdida del depósito constituido para la interposición de dicho recurso, de conformidad con lo establecido en la disposición 15.ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).
1. Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Castillo de Aldovea S.L contra la sentencia dictada, con fecha 15 de enero de 2015, por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 11.ª, en el rollo de apelación núm. 759/2013 (LA LEY 9353/2015) . 2. Imponer las costas del recurso de casación a la parte recurrente. 3. Ordenar la pérdida del depósito constituido para la interposición de dicho recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
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