Source: https://www.slideshare.net/Incsanne/proyecto-de-ley-405
Timestamp: 2017-03-26 06:21:14
Document Index: 213388789

Matched Legal Cases: ['artículo 169', 'artÍCulo 40', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 52', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 40', 'Artículo 14', 'artículo 52', 'Artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 16', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo14', 'artículo 99', 'Artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 99', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 14', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 26', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 40', 'artÍCulo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 39', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57']

Proyecto de Ley 405
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QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LAPROFESIÓN DE ABOGADO EN LAREPÚBLICA DE PANAMA.
Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2011ANTEPROYECTO DE LEY: 106PROYECTO DE LEY: 405LEY:GACETA OFICIAL:TÍTULO: QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMA.FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2011.PROPONENTE: Hd. HERNÁN DELGADOCOMISIÓN: Gobierno, justicia y asuntos constitucionales. Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá 2.
ANTEPROYECTO DE LEY N106COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES "- o"~ ~",~__"._ Panamá, 18 de octubre de 2011 Honorable Diputado Héctor E. Aparicio Díaz Presidente de la Asamblea Nacional Señor Presidente: En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 169d~rRegliunerit~Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley "Que regula el ejercicio de la Profesión de Abogados en la República de Panamá", el cual merece la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El artÍCulo 40 de la Constitución Política reconoce a toda persona la libertad de ejercer cualquier profesión sujeta a los reglamentos que establece la ley, en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, salud pública, sindicacióny cotizaciones obligatorias. El ejercicio de la profesión de abogado en el territorio nacional está regulado por la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993. Desde la adopción de esta Ley hasta elpresente, muchas cosas han cambiado en el ejercicio de la abogacía, como profesión liberal. El entorno jurídico en que se ejerce esta profesión es dinámico. Está en permanentecambio. La actual regulación de la profesión resulta insuficiente, pues no está acorde con lapráctica del Derecho y requiere la pronta revisión y actualización de las reglas quegobiernan el ej ercicio de la abogacía como profesión liberal. Tanto los profesionales del Derecho, como todos los operadores judiciales y, engeneral, la sociedad panameña, reconoce que el ejercicio de la profesión encara difícilesretos para adecuarse a las transformaciones que demandan las nuevas tecnologías comoherramienta al servicio de los tribunales y de la práctica profesional, así como también parareaccIOnar a los cambios vertiginosos en los modeles económicos de integración regional yglobal. Lo anterior es especialmente crítico, si se tiene presente que la profesión delabogado se enfrenta a la renovación permanente de las instituciones jurídicas tradicionales,a la incursión de nuevas figuras legales, a la creación de nuevos entes públicos concompetencias jurisdiccionales y administrativos, a la reformulación de los postuladosdoctrinales y a la producción cotidiana de pronunciamientos judiciales y administrativos;todas las cuales exigen la preparación y actualización constante del abogado. Reconocemos los valiosos intentos que ha hecho el foro por la adecuación de la Ley9 de 1984 y valoramos el aporte de los anteproyectos de ley que se han preparado con estefin, algunos de los cuales, incluso, han sido objeto de muchos debate en este Órgano delEstado. Lamentablemente, hasta el momento no se ha conseguido el objetivo de reformar laley de la abogacía o de adoptar una nueva. Es por esto que he decidido presentar este Anteproyecto de Ley que regula laprofesión de abogado en la República de Panamá con el fin de abrir el debate en la 3.
Asamblea Nacional, cuna de la legislación nacional y escenario natural de las discusionesde temas de transcendencia para el país. Se trata de una propuesta de ley que es fruto de horas de trabajo de colegasabogados. Muchos han contribuido a consolidar, en un texto completo, técnicamenteestructurado, la propuesta para una nueva regulación de la profesión de abogado que recogeel pensamiento jurídico de esos profesionales y que refleja la visión que tienen de unprofesional del Derecho comprometido con la defensa de la ley y la ética profesional. En este Anteproyecto de Ley se introducen algunas novedades en la regulación de laprofesión de abogados, entre las cuales, me permito reseñar las siguientes:l. Se obliga a cada socio de una sociedad civil de abogados a responder personal e ilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de la profesión, aún cuando sean ejercidos en nombre de la sociedad a la que pertenecen.2. Se excluye de responsabilidad, a los demás socios, por las deudas, obligaciones o pasivos resultantes de las actividades personales, de negligencia profesional o de conducta indebida de otros socios, empleados o agentes de dicha sociedad.3. Nuevos requisitos para el pacto de la sociedad civil: a. La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, al de una sociedad civil existente. b. El nombre e idoneidad de los socios de la misma. c. El domicilio legal de la sociedad. d. La duración de la misma. e. La organización o estructuras de la misma. f. Las normas de funcionamiento de la sociedad.4. Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil, así como la formación o existencia de sociedades entre abogados y profesionales de otras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de la abogacía.5. Se limita la actuación de la abogacía: solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos y activos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de la actuación, para lo cua! el abogado deberá mostrar el camet vigente respectivo.6. Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, listados de los abogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía inscritas en cada uno de ellos.7. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, o copia legalizada y copia auténtica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado haya intervenido, prestará mérito ejecutivo contra el cliente.8. Cuando un abogado se le revoque el poder o sustituida su actuación, el nuevo apoderado legal deberá comunicarlo por escrito a! abogado, de no hacerlo, podrá ser denunciado ante el Tribunal de Honor de la Abogacía para su sanción. 2 4.
9. Se reitera que el mero ejercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno.10. Se instruye para que solo se otorgue certificados de idoneidad: a. Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión. b. Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial. c. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados. d. Para mantener la validez de dicha idoneidad, se deberá realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial. e. La Corte Suprema de Justicia deberá suspender la idoneidad de todo abogado que no hubiese efectuado su inscripción en el colegio de abogados.11. Los diplomas de Licenciatura en Derecho o su equivalente, expedidos por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán comprobar mediante un examen administrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, de la misma manera que el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado.12. La Junta Examinadora de la Abogacía estará confonnada por 3 abogados nombrados por 2 años.13. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado, será efectuado al menos 3 veces al año.14. El examen de suficiencia profesional constará de por lo menos 5.000 preguntas, de dominio público de las cuales un examen utilizará 100.15. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes 15 días calendarios siguientes a la administración del examen respectivo.16. Se detennina que es deber y obligación del abogado: a. Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del colegio de abogados de distrito. b. Adoptar medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.17. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en la prevención del delito de Blanqueo de Capitales.18. Los abogados en ejercicio deberán matricularse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial.19. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales.20. Mantener formación profesional pennanente de confonnidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial.21. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional. 3 5.
22. Define la figura del agente residente al establecer que la [unción del abogado como agente residente estará limitada a una función de contacto entre la sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agente residente, y las autoridades nacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agente residente de una sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en la República de Panamá, podrán ser considerados parte de la administración o control de dicha sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni serán perseguidos o requeridos por tal participación.23. Establece las siguientes prohibiciones: a. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado. b. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos. c. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados. d. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.24. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.25. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial de cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República de Panamá, diferente de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al abogado habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan habitualmente a los colegiados del colegio de abogados de distrito judicial donde vaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.26. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio de abogados, siempre y cuando exista un número mínimo de doscientos cincuenta (250) abogados cuyo principal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo Distrito Judicial.27. Establece las siguientes sanciones: a. La amonestación privada, que consiste en la reprensión personal y por escrito que se hace al infractor de una norma. b. La amonestación pública, que consiste en la reprensión pública que se hace al infractor por la falta cometida. c. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años. d. La suspensión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición 4 6.
para el ejercicio de la abogacía por un término no mayor de cinco (5) años.28. El servidor público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta (30) días de suspensión del cargo por la primera vez y con multa de quinientos (B/.500.00) a cinco mil (B/.5,000.00) Balboas, y, en caso de reincidencia, con la destitución. Honorables Diputados y Diputadas, presento el Anteproyecto de ~,que regula laprofesión de abogados en el territorio nacional, el convencimiento d 4ue merecerá de suparte la atención que exige el ejercicio de una de las profesiones e mayor impacto para edesarrollo de un país. Es por esto que solicito el r su aprobación.HDQ/agg 5 7.
ANTEPROYECTO DE LEY N106COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 1 ANTEPROYECTO DE LEY No. De 18 de octubre de 2011 Que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogado en la República de Panamá LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: (, .2,~~{/~:J Título 1 Disposiciones Generales Capítulo 1 2-.. Z:r ..... ........................... ~ De la abogacía Artículo 1. La abogacía es una profesión liberal e independiente que presta un servicio a la sociedad. Para ser abogado se requiere haber obtenido la licenciatura en derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales. Artículo 2. Es abogado en ejercicio, todo aquel Licenciado en Derecho con idoneidad vigente expedida por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, inscrito y que mantiene su membresía en uno de los colegios de abogados establecidos conforme a la presente Ley, y que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio de la profesión por Ley. Artículo 3. La abogacía se ejerce por medio de poder legalmente conferido,. como gestor oficioso o asesorando a la parte interesada, y comprende sin limitarse, las siguientes actividades: 1. La representación ante cualquier jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro. 2. La atención de consultas y dictámenes sobre disposiciones legales en cuanto a su alcance y contenido u otros asuntos de carácter jurídico, por escrito o verbalmente. 3. La redacción de memoriales, minutas, alegatos, contratos, testamentos u otros escritos. 4. La elaboración de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de todo tipo de personas jurídicas; incluyendo sin limitación, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado, fideicomisos, asociaciones y sociedades civiles en general. 5. La gestión de negocios administrativos de cualquier naturaleza. 6. La realización de gestiones, y presentación de recursos y reclamaciones ante el Registro Público, el Registro Civil, entidades administrativas regulatorias, o cualquier institución pública, o entidad registral o regulatoria que exista o que se constituya en el futuro. 7. La asistencia personal y directa y su comparecencia en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios. 8. La calidad de agente residente en los casos en los que las leyes así lo dispongan. 8.
29. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requiera, de conformidad con la Ley, ser abogado.Artículo 4. La abogacía puede ejercerse individual o colectivamente. Cuando la abogacíase ejerza colectivamente, solo se hará por medio de sociedades civiles conformadas porabogados idóneos y de acuerdo a los requisitos que exija esta Ley.Artículo 5. Las sociedades para el eJerC1ClO de la abogacía serán sociedades civilesintegradas en consideración a la capacidad. profesional de sus socios. Cada socioresponderá personal e ilimitadamente por sus actos individuales en ejercicio de laprofesión, aún cuando sean ejercidos en nombre de la sociedad a la que pertenecen. Lossocios no serán responsables por las deudas, obligaciones o pasivos resultantes de lasactividades personales, de negligencia profesional o de conducta indebida de los otrossocios, empleados o agentes de dicha sociedad.Artículo 6. Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberán establecer en supacto constitutivo como mínimo:l. La razón social que la identifique, que no podrá ser igualo similar, en grado de confusión a la de una sociedad civil existente.2. El nombre e idoneidad de los socios de la misma.3. El domicilio legal de la sociedad.4. La duración de la misma.5. La organización o estructuras de la misma.6. Las normas de funcionamiento de la sociedad.Parágrafo Transitorio: Las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía existentes ala entrada en vigencia de la presente Ley, cuyos pactos constitutivos no cumplan con losrequisitos antes establecidos, dispondrán de un término de un (1) año para adecuar suspactos constitutivos a los requisitos establecidos mediante este artículo.Artículo 7. En la formación de las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía y enla denominación de estas sociedades queda prohibida la utilización del nombre depersonas que no estén autorizadas para el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá,o el uso de nombres falsos, engañosos o supuestos. La continuación del uso del nombre de un difunto o de un ex socio es permitida,siempre que se cuente con la autorización pertinente de quienes legalmente tengan lafacultad para otorgarla, o que haya sido concedida en vida por el socio difunto. Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas uotras de carácter mercantil, así como la formación o existencia de sociedades entreabogados y profesionales de otras ramas que carezcan de idoneidad para el ejercicio de laabogacía, que ofrezcan los servicios reservados por ley a los profesionales del derecho.Artículo 8. En todas las oficinas administrativas del Estado, los tribunales de justicia y 9.
3las agencias de instrucción del Ministerio Público, se llevará un registro de los abogadosidóneos y de las sociedades civiles de abogados debidamente constituidas según la Ley. En esas dependencias solo se admitirán las actuaciones de los abogados inscritos yactivos en los colegios de abogados de distrito judicial, independientemente del lugar de laactuación, para lo cual el abogado deberá mostrar el carnet vigente respectivo, así como seadmitirán las actuaciones de las sociedades civiles de abogados que se encuentren inscritasy activas en un colegio de abogados de distrito judicial conforme el artículo 52 de estaLey, en cuyo caso dichas actuaciones deberán ser realizadas por intermedio de losabogados miembros de las mismas, que se encuentren inscritos y activos en un colegio deabogados de distrito judicial. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia harápublicar la resolución por la cual se ordene expedir cualquier certificado de idoneidad enla Gaceta Oficial. El interesado podrá hacer registrar el certificado correspondiente antecualquier oficina pública. Los colegios de abogados de distrito judicial suministrarán, porsu parte, los listados de los abogados idóneos y activos, y de las sociedades civiles para elejercicio de la abogacía inscritas en cada uno de ellos a la Sala Cuarta de NegociosGenerales de la Corte Suprema de Justicia, quien la deberá mantener a disposición detodas las entidades del Estado.Artículo 9. Cuando en una misma persona concurran la profesión de abogado y otracondición profesional, ésta deberá mantener los registros, archivos, y documentos de lapráctica de la abogacía separados de su otra actividad profesional, a fin de preservar lareserva profesional impuesta a los abogados, siempre y cuando no esté obligado por lasdisposiciones o cánones profesionales de la otra profesión a revelar dicha información alpúblico. En este último caso, y por el evidente conflicto de intereses, deberá escoger,preferiblemente antes de que surja el conflicto respecto a un cliente, en qué condiciónbrindará los servicios profesionales a dicho cliente. En caso contrario, el colegio deabogados del distrito judicial respectivo, quedará facultado para denunciar el hecho ante laautoridad competente.Artículo 10. El abogado deberá establecer previamente con su cliente las condicionesespecíficas del servicio y los honorarios profesionales pactados y la forma de pago de losmismos. En el contrato podrá pactarse sobre las costas del proceso en los casos en queéstas procedan y tal disposición será de obligatorio cumplimiento. En los casos que no se haya pactado por escrito dichos honorarios, la fonna decalcular los mismos se efectuará mediante la aplicación de lo establecido por la Tarifa deReferencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogadoshomologada por la Corte Suprema de Justicia. 10.
4Artícu,lo 11. Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado,queda entendido que ambos se sujetan a la Tarifa de Referencia de HonorariosProfesionales vigente. Una copia de la tarifa que regula dichos honorarios, debidamente autenticada, ocopia legalizada de la parte aplicable de la misma y copia auténtica de la parte pertinentede la actuación o del dictamen pericial y/o concepto legal en que el abogado hayaintervenido, prestará mérito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichoshonorarios.Artículo 12. En cualquiera actuación profesional, en donde un abogado o sociedad civilpara el ejercicio de la abogacía le sea revocado el poder o sustituida su actuación, el nuevoapoderado legal deberá comunicarlo por escrito al abogado o firma de abogados que habíaestado actuando hasta ese momento. Éste entregará la documentación en su poder yfacilitará la información necesaria al abogado sustituyente para continuar el asunto onegocio encomendado. De no cumplir el abogado sustituido con la entrega de ladocumentación, podrá ser denunciado ante el Tribunal de Honor de la Abogacía para susanción, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan interponer en su contra por elafectado con la renuencia. El abogado o firma de abogados sustituido tendrá derecho a reclamar loshonorarios que le corresponden por su intervención profesional efectivamente realizadahasta el momento en que le fue notificada la revocación o sustitución y el abogadosustituyente tendrá el deber de apoyarlo frente al cliente en su gestión de cobro. El abogado a quien se le ha revocado el poder legalmente conferido dentro de unproceso administrativo o judicial, podrá solicitar que la parte representada no seaescuchada dentro de dicho proceso, hasta tanto se le cancelen los honorarios adeudados,una vez tasados por el juez respectivo.Artículo 13. El mero ejercicio de la profesión de abogado no causará impuesto alguno,en concordancia con el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá. Capítulo 11 Requisitos para la idoneidad Sección la. Requisitos y expedición del Certificado de IdoneidadArtículo 14. La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia solo otorgará en lo sucesivocertificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan lossiguientes requisitos:l. Tener la nacionalidad panameña.2. Ser mayor. de edad y no 1l1curnr en alguna de las causas de incapacidad establecidas por Ley.3. No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la administración 11.
5 pública, contra el patrimonio, contra la fe pública o contra la administración de justicia, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud de otorgamiento de la idoneidad.4. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho de conformidad con las exigencias académicas y legales vigentes.5. Haber aprobado el examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión.6. Haber completado y presentado la solicitud de inscripción en un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley en la República de Panamá.7. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca o imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judicial establecidos conforme la presente Ley.Parágrafo Transitorio 1. El requisito del numeral 5 del presente artículo será exigido aquienes no hayan obtenido el título de Licenciatura en Derecho, y el diplomacorrespondiente no haya sido expedido dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses,contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.Parágrafo Transitorio 2. Se reconoce la validez de todas las idoneidades expedidas y envigencia a la fecha de promulgación de esta Ley. No obstante lo anterior, todos losabogados idóneos a la entrada en vigencia de la Ley, deberán, para mantener la validez dedicha idoneidad, realizar la inscripción en el colegio de abogados de distrito judicial quetrata el artículo 52 de esta Ley, para lo cual dispondrán de un periodo de un (1) año pararealizar la misma. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá suspender la idoneidad de todo abogado que, transcurrido dicho periodo, nohubiese efectuado su inscripción en el colegio de abogados respectivo, y hubiesepresentado a la Sala Cuarta un certificado de inscripción del colegio respectivo.Artículo 15. Para la expedición del Certificado de Idoneidad para el ejercicio de laprofesión de abogado, el solicitante deberá presentar ante la Sala Cuarta de la CorteSuprema de Justicia, una solicitud mediante un abogado idóneo para el ejercicio de laprofesión, a la cual adjuntará:l. Copia de su cédula de identidad personal.2. Original del Certificado de Nacimiento o de Naturalización expedido por la Dirección General del Registro Civil.3. Copia simple del título de Licenciatura en Derecho o su equivalente que trata el numeral 4 del artículo 14 anterior.4. Copia simple del formulario de inscripción al examen de suficiencia profesional para el ejercicio de la profesión de abogados.5. Certificación original expedida por un colegio de abogados de distrito judicial, cuya expedición haya sido realizada dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de la solicitud, en la cual evidencia la presentación completa de su solicitud de inscripción a dicho colegio, y el cumplimiento del curso de inducción a la 12.
6 abogacía y responsabilidad profesional que establece el numeral 7 del artículo 14 anterior. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáverificar que el solicitante haya aprobado el examen de suficiencia profesional para elejercicio de la profesión de abogado, de acuerdo con los resultados oficiales que hayaremitido la Junta Examinadora de la Abogacía o los resultantes del proceso de revisión quese haya realizado conforme la presente Ley.Artículo 16. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá evaluar y decidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientesa la presentación de la misma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos,deberá expedir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondienteCertificado de Idoneidad, el cual será entregado al solicitante, previo cumplimiento de lajuramentación que establece el artículo 17 de esta Ley.Artículo 17. Todo abogado, en el mismo acto en que recibe su Certificado de Idoneidad,prestará juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, a la Ley y la defensa delestado de derecho, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas dela profesión de abogado, ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia en la formaque la propia Sala establezca. La Sala podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente porescrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dej arconstancia en el expediente de la idoneidad del abogado de la prestación de dichojuramento o promesa. Sección 2 3 • Reconocimiento de títulos de Licenciatura en Derecho o equivalentesArtículo 18. Los títulos de Licenciatura en Derecho que trata el numeral 4 del artículo14 de la presente Ley:l. En caso de haber sido expedidos por una universidad o institución educativa en la República de Panamá, deberán contar con el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá.2. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o su equivalente, por una universidad o institución educativa en el extranjero, deberán ser revalidados por la Universidad de Panamá, de acuerdo con las formalidades y requisitos que sean establecidos en la Ley o su reglamento, salvo cuando apliquen Convenios Internacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional. En caso de haber sido expedidos los títulos de Licenciatura en Derecho o suequivalente, por una universidad o institución educativa en el extranjero, además delrequisito antes mencionado, el interesado deberá comprobar mediante un examen 13.
7administrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, de la misma manera que elexamen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado,que domina el idioma castellano, la terminología jurídica y nociones de historia, geografíay cívica de Panamá. El cumplimiento de este requisito, podrá ser acreditado mediante lapresentación del diploma original autenticado de estudios de educación secundaria delinteresado, expedido por una institución educativa de enseñanza secundaria establecida enla República de Panamá. Sección 3. Examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogadoArtículo 19. El examen de suficiencia profesional para el acceso al eJerCICIO de laprofesión de abogado que trata el numeral 5 del artículo 14 de la presente Ley, seráadministrado por la Junta Examinadora de la Abogacía, la cual estará conformada por tres(3) abogados en ejercicio, nombrados por un periodo de dos (2) años, como sigue:1. Un (1) miembro designado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la COlie Suprema de Justicia, quien presidirá la misma.2. Un (1) miembro designado por el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá.3. Un (1) miembro designado por los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades cuyas carreras de Licenciatura en Derecho hayan recibido y mantengan el reconocimiento legal que trata el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá. Cada uno de los miembros deberá tener un suplente designado de la misma formaque el principal, y quienes sustituirán al principal en todas sus ausencias. Todos losmiembros de la Junta Examinadora de la Abogacía ejercerán sus cargos ad-honorem.Artículo 20. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciadeberá proveer a la Junta Examinadora de la Abogacía los medios y recursos necesariospara el ejercicio de sus funciones. La Junta Examinadora de la Abogacía podrá obtenermedios adicionales para el ejercicio de sus funciones, y para ello podrá realizar losconvenios de cooperación que considere convenientes.Artículo 21. El examen de suficiencia profesional para el acceso al eJerCICIO de laprofesión de abogado, será efectuado al menos tres (3) veces al año, medianteconvocatoria pública que indique la fecha, hora y lugar, expedida por la JuntaExaminadora de la Abogacía con al menos un (1) mes de antelación a la fecha del examencorrespondiente, que deberá ser publicada por tres (3) días consecutivos en un diario decirculación nacional. Dicho examen deberá comprender el conocimiento básico de ordenamientopositivo panameño e incluirá necesariamente las siguientes materias: Derecho 14.
8Constitucional, Derecho Civil y de Familia, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, DerechoLaboral, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Administrativo, y OrganizaciónAdministrativa y Judicial. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá establecer con la participación decatedráticos de reconocido prestigio en las distintas materias que incluirá el examen desuficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión, un cuestionario que seráde será de dominio público y que constará de por lo menos cinco mil (5.000) preguntas, delas cuales se escogerán al azar mediante la aplicación de algoritmos o medios, queaseguren la elección totalmente aleatoria de las preguntas de las que consistirá el examen. El examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión,deberá contener un número de preguntas que será igual para todos los que participen delmismo, y no podrá contener menos de cien (lOO) preguntas. La Junta Examinadora de la Abogacía desarrollará mediante reglamento lasdisposiciones establecidas en estos artículos para el establecimiento, organización yadministración del examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de laprofesión de abogado. En todo caso, para considerar aprobado el examen, el participante en el mismodeberá obtener una calificación mínima de setenta sobre cien (70/100). En caso que elparticipante no obtenga la calificación mínima de aprobación, deberá realizar nuevamentela totalidad del examen. No existirá un límite a la cantidad total de exámenes que unparticipante pueda realizar, ni a la cantidad de exámenes que podrá realizar en un periodode un (1) año.Parágrafo Transitorio: La Junta Examinadora de la Abogacía deberá efectuar el primerexamen de suficiencia profesional para el acceso a la profesión al cumplirse un término deveinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de la entrada en vigencia de lapresente Ley.Artículo 22. Para poder realizar el examen de suficiencia profesional para el acceso alejercicio de la profesión de abogado y para la validez de sus resultados, será necesario quelos participantes en el mismo cumplan los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3Y 4 del artículo 14 de la presente Ley, y para ello deberán inscribirse ante la JuntaExaminadora de la Abogacía, presentando evidencia del cumplimiento de los requisitosestablecidos, por lo menos cinco (5) días hábiles antes de 1<, presentación del examencorrespondiente, con las formalidades que la Junta Examinadora de la Abogacía establezcamediante reglamento.Artículo 23. La Junta Examinadora de la Abogacía deberá calificar los exámenes desuficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado queadministre, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la administración delexamen respectivo, y deberá enviar los resultados oficiales de dichos exámenes a la SalaCuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, quien los hará publicar yfijar por lo menos una (1) vez, por tres (3) días en un mural establecido en la Secretaría de 15.
9la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.Artículo 24. Cualquier persona que haya presentado el examen de suficienciaprofesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado podrá, dentro de los diez(lO) días hábiles siguientes a la finalización de la publicación que trata el artículo 23anterior, solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justiciauna revisión de los resultados de su propio examen, y ésta deberá nombrar a uno de susmiembros para efectuar tal revisión, en conjunto con la Junta Examinadora de la Abogacía,dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la solicitud, de la forma en que sedisponga en el reglamento que establezca la Junta Examinadora de la Abogacía. El resultado de la revisión realizado por el magistrado designado por la Sala Cuartade Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, será el resultado oficial y portanto deberá ser publicado de la misma forma que los resultados oficiales han sidopublicados según lo establecido en el artículo 23 anterior. Contra las decisiones delmagistrado designado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema deJusticia que trata este artículo no cabe recurso alguno. Capítulo 111 Deberes y Obligaciones del abogado Sección la. Deberes y ObligacionesArtículo 25. Es deber fundamental de todo abogado colaborar con las autoridades en laconservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, en la realización de unarecta y cumplida administración de justicia, defender en justicia los derechos de lasociedad y de los particulares, y asesorar, patrocinar y asistir a las personas en laordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.Artículo 26. Son también deberes y obligaciones generales del abogado:l. En el desempeño de sus funciones, actuar libre y diligentemente, de conformidad con el interés legítimo de su cliente, baj o el estricto marco del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.2. Tomar parte en discusiones o materias concernientes al derecho y a la administración de justicia.3. En la selección y promoción de los funcionarios y Jueces, denunciar por los conductos idóneos, las prácticas según las cuales las consideraciones políticas, de amistad, u otras de nociva influencia, pesen más que el sistema de méritos consagrado en la Carrera Judicial.4. Basar las relaciones entre abogados en los principios de: fraternidad, solidaridad, lealtad y respeto recíproco. El abogado evitará competencia desleal, así como actuaciones que lesionen estos principios. 16.
105. N o hacer referencia o comentario alguno en relación con su cliente, cuando dicha referencia o comentario pueda causarle desprestigio o lesión directa o indirecta al cliente.6. Ser leales en la promoción de sus actividades profesionales.7. Mantener despacho profesional abierto, propio, aj eno o de empresa, en el territorio del colegio de abogados de distrito judicial en cuyo ámbito esté incorporado y ejerza habitualmente su profesión.8. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.9. Los abogados deberán adoptar todas las medidas razonables para obtener referencias adecuadas de sus clientes y de las personas por cuenta de quienes éstos actúan, cuando fuere el caso, así como información a fin de conocer la naturaleza general de sus actividades profesionales o empresariales.Artículo 27. Los abogados deberán auxiliar a las autoridades competentes en laprevención del delito de Blanqueo de Capitales, en consecuencia tomarán las medidasrazonables que sean necesarias para evitar que las gestiones legales realizadas en elasesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienesimnuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; laapertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; laorganización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o lagestión de fideicomisos, fundaciones, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúenen nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria,sean utilizadas para propósitos contrarios a su espíritu. Para tal fin, los abogados:1. Examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño; y podrán,2. Facilitar a las autoridades competentes, por iniciativa propia, información sobre cualquier hecho u operación respecto al que exista prueba o certeza de que está relacionado con el delito de blanqueo de capitales como es definido en Código Penal panameño. La realización de las actividades de verificación y comunicación establecidas enlos numerales 1 y 2 anteriores, que realice un abogado de buena fe, no constituiráviolación de las restricciones sobre revelación de información impuestas por víacontractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará para losabogados que las realicen ningún tipo de responsabilidad, ni serán consideradas unaviolación del deber de confidencialidad respecto a sus clientes. No obstante 10 anterior, los abogados no podrán realizar las anteriores actividadesde verificación o comunicación, con respecto a la información que reciban de uno de susclientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente, odesempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procedimientos 17.
11administrativos o judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre laincoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido uobtenido dicha información antes, durante o después de tales procedimientos. Sección 2". Deberes relacionados con los Colegios de Abogados de Distrito Judicial y los demás colegiadosArtículo 28. Son deberes y obligaciones de los colegiados:1. Los abogados en eJerclClO deberán matricularse obligatoriamente, y mantener su inscripción vigente, en el colegio de abogados del distrito judicial en que ejercen su profesión habitualmente, y someterse a sus Estatutos.2. Tener un domicilio profesional registrado ante el colegio de abogados de distrito judicial en que ejerzan habitualmente su profesión, y ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en el cual atienda sus asuntos profesionales.3. Notificar al colegio de abogados de distrito judicial en que ejerza habitualmente su profesión y a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, de cualquier cambio de domicilio profesional. De no hacerlo, se tendrá para todos los efectos legales de notificación el domicilio que aparece registrado en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte.4. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas colegiales todas las impuestas por el colegio de abogados de distrito judicial respectivo, o el Consejo General de la Abogacía.5. Mantener formación profesional permanente de conformidad con las disposiciones que dicte el colegio de abogados de distrito judicial al que se encuentre incorporado.6. Denunciar ante el colegio de abogados de distrito judicial al cual se encuentren incorporados y autoridades competentes, todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal de la profesión.7. Abstenerse de cometer actos profesionales desleales y conductas ilegales o moralmente censurables.8. Someterse al control disciplinario del Tribunal de Honor de la Abogacía, de conformidad con esta Ley, Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, el Estatuto del colegio de abogados de distrito judicial en que se encuentren incorporados, y el Reglamento del Tribunal de Honor de la Abogacía.9. Abstenerse de dar publicidad por cualquier medio y modo a los casos que gestione.10. Colaborar al menos una vez cada cinco (5) años en la redacción, administración o calificación del examen de suficiencia profesional para el acceso al ejercicio de la profesión de abogado. 18.
1211. En el evento de que sean designados, todos los abogados se encuentran obligados a participar en la Junta Examinadora de la Abogacía en representación del Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá.12. Colaborar con el servicio de orientación legal gratuito de los colegios de abogados de distrito judicial y brindar asesoría a los sectores más pobres de la población. Las horas que los abogados dediquen a la asistencia legal gratuita y que sean certificadas por el Instituto de Defensoría de Oficio serán consideradas como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Para efectos de la declaración de rentas, estas sumas serán consignadas en la línea correspondiente a "otros incentivos" .13. Denunciar al colegio de abogados de distrito judicial cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones.14. No intentar la implicación del abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.15. Mantener, como materia reservada, las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos enjuicio sin su previo consentimiento.16. No transcribir literalmente las opiniones emitidas por otro abogado o firma de abogados al absolver consultas salvo autorización al efecto, que le haga cualquier cliente. En estos casos se garantiza la propiedad intelectual del abogado redactor del documento. Tampoco se podrán utilizar los textos idénticos de minutas, contratos, escritos o formularios en general, pertenecientes a otros abogados o firmas de abogados, sin su consentimiento, excepto que sean de dominio público. Sección 3". Deberes relacionados a los TribunalesArtículo 29. El abogado deberá mantener para con los funcionarios judiciales, delMinisterio Público y administrativos, una actitud respetuosa y de sincera colaboración; ydeberá exigir de aquellos igual actitud. Siempre que haya motivo de queja fundada contraun funcionario de la administración de justicia, es derecho y deber del abogado presentarsu reclamación ante el Consejo Judicial o ante la autoridad competente; y el abogado quelas formule recibirá protección por parte del colegio de abogados de distrito judicial a finde evitar que se tomen represalias en su contra por parte del funcionario o tribunal acusadoo de otros tribunales o despachos públicosArtículo 30. Son obligaciones del abogado para con los órganos jurisdiccionales laprobidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, yel respeto en cuanto a la forma de su intervención. 19.
13 Sección 4". Deberes relacionados a las partesArtículo 31. Todos los abogados deberán desarrollar las relaciones con susrepresentados o clientes conforme a los siguientes deberes y obligaciones:1. Efectuar las diligencias necesarias para el conocimiento de sus clientes, su caso y sus necesidades para poder proporcionales un buen servicio profesional.2. No anteponer sus intereses particulares sobre las necesidades de sus clientes.3. Adoptar y garantizar todas las medidas razonables para proteger la confidencialidad de los documentos dados en custodia.4. Preocuparse por cobrar honorarios justos y apropiados y evitar la fijación de los honorarios que puedan rebajar el nivel profesional. En todo momento deberá tomar en cuenta la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales aprobada por el Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia.5. La información relacionada a los asuntos de sus clientes no deberá ser proporcionada a las autoridades o a terceros sin mediar previo y expreso consentimiento por escrito de su cliente o salvo en el supuesto de que sea necesario para su propia defensa, y en los casos que dispone el artículo 27 de esta Ley.6. Mantener en todo momento el honor, la independencia, y la dignidad de su profesión en su calidad de agente fundamental de la administración de justicia. En el ejercicio profesional quedan sometidos a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.7. Asesorarlos con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes.8. Darle asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses.9. Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, cuando corresponda.10. Guardar el secreto profesional aún después de la terminación de sus servicios al cliente, salvo cuando ello sea necesario para defenderse a sí mismo o mediando autorización escrita del cliente, y en los casos dispuestos en el artículo 27 de esta Ley. Este deber se extiende a los empleados y/o socios o asociados del abogado que por tal circunstancia puedan tener acceso a la información privilegiada que forma parte del secreto profesional. El derecho y la obligación del secreto profesional comprenden la información proporcionada por cliente y todos los hechos y documentos de que se hayan tenido noticia por razón de las modalidades de su actuación profesional. Esta 20.
14 obligación se extiende a los otros abogados, pasantes y demás empleados cuando se trate de una firma forense. Comprende también la comunicación por cualquier medio electrónico, digital o por cualquier otra modalidad.11. Cualquiera otra obligación que la ley y los estatutos del colegio de abogado distrito judicial pertinente establezcan.Artículo 32. Son obligaciones del abogado para con la parte contraria el tratoconsiderado y cortés, así como la abstención u omisión de cualquier acto que determineuna lesión injusta para la misma. Sección sa. Abogado como agente residenteArtículo 33. Todo abogado, ya sea individual o colectivamente, podrá prestar serviciocomo agente residente de aquellas sociedades, fundaciones, fideicomisos, o cualesquieraotras entidades análogas o similares, que por Ley mantengan dicho requerimiento. La función del abogado como agente residente estará limitada a una función decontacto entre la sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad de la cual es el agenteresidente, y las autoridades nacionales, y en ningún caso, por el solo hecho de ser agenteresidente de una sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad legalmente establecida en laRepública de Panamá, el abogado o firma de abogados podrán ser considerados parte de laadministración o control de dicha sociedad, fundación, fideicomiso, o entidad, ni seránperseguidos o requeridos por tal participación, salvo respecto de las obligacionesespecíficamente establecidas en el numeral 9 del artículo 26 de la presente Ley.Artículo 34. Todos los abogados realizarán sus mejores esfuerzos para colaborar con loscambios de agente residente que instruya un cliente, o éste a través de otro abogado idóneoo firma de abogados de la plaza. Los cambios de agente residente deberán ser tramitadosde manera diligente. El agente residente saliente, bajo instrucción expresa del cliente, haráentrega al nuevo agente residente de todos los recibos de pago de tasa hasta la fecha de latransferencia, y copia de los documentos societarios que mantenga en sus archivos. E! agente residente saliente podrá rehusarse a entregar la documentación y realizarla transferencia de la administración de la sociedad, sólo si dicha negativa está sustentadaen la existencia de obligaciones de la sociedad cuya transferencia se solicita. Al agente residente saliente no podrá exigir el pago de derechos de salida o pagosrelacionados con la transferencia de la sociedad al nuevo agente, salvo que: (i) esténrelacionados con servicios realmente prestados antes de solicitar la transferencia, o (ii) quede haber surgido con posterioridad a la solicitud de transferencia, hayan sido aceptados porel cliente. 21.
15 Capítulo IV Prohibiciones e Incompatibilidades Sección la. ProhibicionesArtículo 35. Queda expresamente prohibido:1. Ejercer la profesión de abogado sin contar con la idpneidad vigente para el ejercicio profesional de la abogacía, o cuando se encuentre en un periodo de suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado.2. Ejercer la profesión de abogado de manera distinta a la permitida legalmente, cuando exista alguna causal de incompatibilidad conforme lo dispuesto en la presente Ley o en cualquier otra disposición legal aplicable.3. Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, o a quienes por cualquier causa no puedan ejercer como abogados y que, ejerzan actividades propias de la profesión de abogado.4. Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos.5. Ejercer la profesión de abogado en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público.6. Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de idoneidad para el ejercicio profesional de la abogacía en la República de Panamá.7. Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional.8. Cobrar honorarios inferiores a los señalados como mínimos en la Tarifa de Referencia de Honorarios Profesionales del Consejo de Colegios de Abogados y homologada por la Corte Suprema de Justicia, u ofrecer cobrar por debajo de esa tarifa para obtener clientes o en detrimento de otro abogado.9. Adquirir intereses personales en un pleito o asunto bajo su atención.10. Formar sociedades o compartir locales con personas que no posean idoneidad de abogados en los siguientes casos: a. Cuando alguna de las actividades de la sociedad sea la práctica de la abogacía; b. Cuando la persona o personas con las que se asocia, tenga o tengan el derecho de dirigir, supervisar o controlar la práctica de la profesión de la abogacía que se ejerce a través de la sociedad así conformada y de dirigir, supervisar, controlar o influir en el juicio u opinión legal del abogado; c. Cuando ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional, o se mantengan vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía. Asimismo, se prohíbe a cualquier persona que, habiendo recomendado, empleado o pagado a un abogado para prestar servicios profesionales a un 22.
16 tercero, pueda controlar, influir o regular el criterio u opinión legal que el abogado emita al prestar dichos servicios, o explote los beneficios del ejercicio de la abogacía.11. La percepción de honorarios por "pacto de cuota litis". Se entiende por cuota litis en sentido estricto el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación de un asunto o negocio, en virtud del cual el cliente se compromete apagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto o negocio, independientemente que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por dicho asunto o negocio. Esta prohibición no incluye los supuestos en que el abogado cobre sus honorarios mediante la fijación de un honorario base de acuerdo a la cuantía o valor en litigio y adicionalmente un honorario contingente o sobre el resultado de su gestión.12. Poner en antecedentes o difundir a los medios de comunicación social, o emitir cualquier tipo de comunicación que suponga: a. Revelar directa o indirectamente cualquier aspecto relacionado con los procesos en los que interviene o intervendrá, así como hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. b. Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. c. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. d. Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado. e. Utilizar los emblemas o símbolos gremiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.13. Permitir que se le contrate para ofrecer servicios legales a través de personas jurídicas controladas, administradas o dirigidas directa o indirectamente por otras personas naturales o jurídicas no idóneas para el ejercicio de la abogacía en Panamá.14. Realizar la actividad de auditoría de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres (3) años precedentes. La participación de los abogados en los supuestos establecidos en los numerales 12y 13 anteriores se considerará como falta grave a la ética profesional y en consecuencia, yasea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, el Fiscal el Tribunal de Honor de laAbogacía estará facultado para iniciar la investigación que corresponda.Artículo 36. Los abogados que presten servicios como funcionarios regulares o comoasesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios,o que actúen en dichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan 23.
17que expedir autorizaciones, opiniones, permisos, certificaciones o decidir actuaciones oasuntos de cualquier naturaleza, no podrán litigar directa ni indirectamente en la esferaadministrativa que se relacione con sus funciones o con el ministerio, entidad odependencia oficial a la cual presten sus servicios o por la cual fueron contratados, exceptoen causa propia, y los defensores de ausentes o de oficio, en las actuaciones que debanadelantar en ejercicio de sus funciones. Esta prohibición se extiende a la sociedad de abogados de la cual sea SOClO,asociado o abogado contratado, el abogado que se encuentra en el supuesto antes descrito,excepto cuando el abogado se encuentre de licencia sin derecho a recibir remuneración,participación o beneficio de la sociedad y tal circunstancia haya sido hecha deconocimiento público a través de un diario de circulación nacional. El abogado que contravenga esta disposición será sancionado de conformidad conlo establecido en la presente Ley.Artículo 37. En ningún caso podrá el abogado actuar en relación con asuntos de quehubiere conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubiere intervenido enejercicio de funciones oficiales; tampoco podrá hacerlo ante la dependencia administrativaen la cual haya trabajado, dentro de los dos (2) años siguientes a la dejación de su cargo.Artículo 38. Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del MinisterioPúblico aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio dela abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un profesional del derecho idóneo,salvo las excepciones previstas en la Constitución y en la ley. Se prohíbe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar instrumentos basados endocumentos que no estén refrendados por abogados, salvo que se trate de actos de carácterpersonalísimos o si el compareciente sea abogado idóneo. El refrendo de documentos debeentenderse e interpretarse como la certificación del abogado que el documento cumple conlos requisitos legales mínimos para su expedición, y de ninguna manera podrá interpretarsecomo una certificación de la veracidad o legalidad de los hechos o afirmacionescontenidos en el mismo, ni de la identidad de los suscriptores del documento. Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en esteartículo, así como las actuaciones a través de sociedades de carácter mercantil o cualquieractuación que constituya ej ercicio ilegal de la abogacía, sin perjuicio de las accionespenales y de las sanciones por violación a la ética profesional, adolecerán de nulidadrelativa, la cual puede ser declarada de oficio o a petición de parte interesada. Sección 2". IncompatibilidadesArtículo 39. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad quepueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le soninherentes. 24.
18 Asimismo, el abogado que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad deberáabstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de laabogacía, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios delcorrecto ejercicio contenidos en esta Ley.Artículo 40. No pueden ejercer la abogacía, aunque cuenten con idoneidad para elejercicio de la profesión de abogado:l. Los servidores públicos con mando o jurisdicción, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo, y excepto en causa propIa.2. Los Diputados a la Asamblea Nacional, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.3. Los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la ley.4. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de una decisión judicial, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias, penitenciarias y carcelarias vigentes.Artículo 41. El abogado a qUIen afecte alguna de las causas de incompatibilidadestablecidas en el artículo 40 anterior deberá comunicarlo sin excusa al colegio deabogados de distrito judicial en que se encuentre inscrito y cesar imnediatamente en lasituación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lomanifiesta por escrito en el plazo de treinta (30) días calendario, con lo queautomáticamente será suspendida su membresía en el mismo. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así comosu ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artÍCulo 40 anterior,directamente o por persona interpuesta, se considerará como falta grave a la éticaprofesional y en consecuencia, ya sea de oficio o a petición de cualquier ciudadano, elFiscal del Tribunal de Honor de la Abogacía, podrá iniciar la investigación quecorresponda. Capítulo V Garantías y Derechos del Abogado Sección 1. GarantíasArtículo 42. Se reconoce que la independencia de la profesión de abogado constituyeuna garantía esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y de lostratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por laRepública de Panamá; y que es imprescindible para la vigencia de un EstadoConstitucional de Derecho y para que la comunidad obtenga servicios legales efectivos,adecuados y teniendo como base primordial el logro de la justicia. 25.
19 Los Órganos del Estado promoverán programas para informar al público acerca desus derechos y obligaciones en virtud de la ley y la importante función que desempeñanlos abogados en la protección de sus libertades fundamentales.Artículo 43. Son garantías para el ejercicio de la profesión de abogado, sin perjuicio deotras inherentes a su función, las siguientes:l. Poder desempeñar todas sus funciones profesionales sm intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas.2. Poder viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto en la República de Panamá como en el extranjero.3. N o sufrir ni ser expuesto a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que haya adoptado o cualquier actuación que haya realizado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a la profesión de abogado.4. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz.5. Las autoridades competentes reconocerán y respetarán la confidencialidad de las comunicaciones en todas sus formas y las consultas entre los abogados y sus clientes en el marco de su relación profesional, así como la inviolabilidad del despacho, archivos y documentos, conforme se establece en la presente Ley.6. Las autoridades competentes garantizarán la independencia del abogado en el trato con personas privadas de libertad, de manera que se asegure acceso sin limitación alguna al detenido, así como una asistencia libre, justa y confidencial. Ningún Tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado, se negará a reconocer el derecho de un abogado en ejercicio a presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que haya sido inhabilitado de conformidad con las leyes vigentes.7. Recibir de las autoridades protección adecuada, cuando su seguridad sea amenazada a raíz del ej ercicio de sus funciones.8. Poder participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos, así como unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades o de su carácter de miembro de una organización, salvo que dicha participación le impida el correcto ejercicio de la abogacía.9. En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera de los motivos de 26.
20 detención de cualquier persona y el nombre del juez o funcionario a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro (24) horas del día.10. No ser perseguido por ningún funcionario de ningún Órgano del Estado en razón de las posiciones políticas, ideológicas, religiosas o de cualquier índole, ni podrá dicho funcionario tomar represalias contra un abogado en razón de sus críticas al Sistema de Administración de Justicia. Lo anterior no deberá entenderse como una eximente de responsabilidad civil, penal o profesional que podría existir por las expresiones realizadas por el abogado. Es obligación del colegio de abogados de distrito judicial respectivo, proteger al abogado que sea perseguido en alguna de estas formas de discriminación.Artículo 44. Deben establecerse por parte de los órganos del Estado, losprocedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo yen condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentranen el territorio nacional y estén sometidas a su jurisdicción. En tal sentido, los colegios de abogados de distrito judicial deberán colaborar conlos programas que a tal efecto diseñe y ejecute el Estado con la debida provisión defondos, y desarrollará sus propios programas de asistencia. Sección r. Ámbito territorial del ejercicio de la profesiónArtícnlo 45. Todo abogado incorporado a cualquier colegio de abogados de distritojudicial establecido en la República de Panamá bajo las disposiciones de esta Ley, quemantenga vigente su idoneidad profesional para el ejercicio de la profesión, podrá prestarsus servicios profesionales libremente en todo el territorio de la República de Panamá, y enlos demás países con arreglo a la normativa vigente de los mismos. Para actuar profesionalmente de forma permanente en el ámbito territorial decualquier otro colegio de abogados de distrito judicial establecido en la República dePanamá, diferente de aquel al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al abogadohabilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas quese exijan habitualmente a los colegiados del colegio de abogados de distrito judicial dondevaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que nose encuentren cubiertos por la cuota colegial. No obstante, el abogado que vaya a ejercer de forma permanente en un territoriodiferente al de su colegiación, deberá comunicarlo por escrito al colegio de abogados dedistrito judicial en cuyo ámbito haya de intervenir directamente, y deberá presentar ante laautoridad o funcionario ante el cual intervendrá, prueba de que es idóneo para el ej ercicio 27.
21profesional de la abogacía, y su inscripción en otro colegio de abogados de distrito judicialse encuentra vigente al momento de la comunicación. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro colegio de abogados de distrito judicial, el abogado estará sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho colegio de abogados de distrito judicial protegerá su libertad e independencia en la defensa, y el Tribunal de Honor de la Abogacía será el organismo competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar. Sección 3". Derechos Artículo 46. Se establecen Derechos esenciales de los abogados conforme a los siguientes pnnClplOS: 1. El abogado no puede ni debe ser identificado con el cliente o la causa de éste, independientemente de lo popular o impopular que ésta sea. 2. El abogado no deberá ni estará obligado, a soportar consecuencias civiles, administrativas, económicas o de cualquier naturaleza, por razón de la legítima defensa de los intereses de su representado. Tampoco podrá ser peliurbado o afectado directa o indirectamente en su ejercicio profesional por ella. 3. Ninguna autoridad judicial o administrativa o de policía podrá desconocer el derecho de un abogado idóneo a comparecer y peticionar ante ella en representación de su cliente. 4. El abogado tiene derecho a objetar por causa justificada la participación de uno o más funcionarios en un proceso administrativo o judicial particular, o su conducta en las etapas procedimentales correspondientes, ante las instancias pertinentes. 5. Asistir a las asambleas de los colegios de abogados de distrito judicial en que se encuentre inscrito, y votar en ellas o en otras elecciones cuando sea del caso, trabajando por el fortalecimiento del gremio dentro de los colegios y asociacIOnes a la cual pertenezca.6. El abogado gozará de todas las facilidades y derechos que sean necesarios para ejercer y cumplir su responsabilidad profesional de manera efectiva, incluyendo: a. Derecho a la inviolabilidad y protección del despacho y confidencialidad de la relación con sus clientes, de sus archivos, documentos y programas computacionales o de cualesquier otro medio técnico. También tendrá protección contra las interferencias o intercepciones en las comunicaciones de cualquier clase que sostenga el abogado con sus clientes. Las comunicacIOnes con abogados extranjeros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado. Por tanto será nula cualquier prueba o indicio obtenido en violación de la garantía y derechos consignados en este artículo. b. Derecho a un trato digno por todas las autoridades nacionales. 28.
22 c. Derecho de aceptar o declinar la representación o la conducción de un asunto, así como de renunciar a la misma en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca la indefensión del cliente.7. El abogado tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y al reintegro de los gastos que se hayan causado. El pago deberá hacerse contra presentación de factura o como esté estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales.8. El abogado tiene derecho a pedir al cliente, previo al inicio de un caso o asunto o durante su tramitación, un abono a cuenta de honorarios y gastos. El abogado, por su parte, tiene que rendir cuentas de los fondos aportados por el cliente, así como de la cantidad percibida por cuenta de éste.9. Además de cumplir con la obligación de la colegiación profesional, los abogados podrán asociarse entre sí gremialmente o formar o organizaciones locales, nacionales e internacionales de abogados, y participar en la gestión corporativa de todos los colegios u organizaciones en los que participe y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos de los mismos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias respectivas.Artículo 47. El Estado, los colegios de abogados de distrito judicial y las Institucionesde enseñanza superior velarán porque los estudiantes de Derecho tengan la debidaformación y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas de losabogados, los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por elordenamiento jurídico nacional e internacional. Capítulo VI Ejercicio del Derecho Internacional y del Derecho ExtranjeroArtículo 48. Los abogados extranjeros podrán ejercer en la República de Panamáexclusivamente como consultores legales en materia de Derecho Internacional. Tambiénpodrán desempeñarse como asesores legales en las leyes del país en el cual se encuentranacreditados como abogados en ejercicio. Este asesoramiento no incluye representaciónante autoridad alguna de la República de Panamá.Artículo 49. Los abogados extranjeros que deseen ejercer la profesión en la Repúblicade Panamá bajo las condiciones expresadas en el artículo 48 anterior, deberán solicitar a laSala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia su inscripción en elRegistro de Abogados Extranjeros, y acreditar con su solicitud las siguientescircunstancias:1. Haber obtenido el título de Licenciatura en Derecho o su equivalente por una universidad o institución educativa, reconocido por las autoridades correspondientes del país donde se encuentra situada tal universidad o institución. 29.
232. Estar autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado, de conformidad con las leyes del país donde ejerce tal profesión.3. Estar inscrito en y ser miembro activo de un colegio de abogados de distrito judicial establecido bajo la presente Ley.4. Establecer su domicilio profesional en la República de Panamá. Todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las condicionesestablecidas deberán ser debidamente autenticados por el cónsul panameño en elrespectivo país o en su defecto, estar apostillados. La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia deberáevaluar y decidir sobre la solicitud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lapresentación de la misma, y en caso de cumplimiento de los requisitos establecidos, deberáexpedir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el correspondiente Certificado deEjercicio para Extranjeros, y realizar la inscripción respectiva en el Registro de AbogadosExtranjeros que llevará para tal fin. Título 11 Organismos GremialesArtículo SO. Son organIsmos gremiales rectores del ejercicio de la abogacía en laRepública de Panamá, en sus ámbitos respectivos, los colegios de abogados de distritojudicial, el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, y el Tribunal deHonor de la Abogacía. Todos los organismos gremiales se someterán en su actuación yfuncionamiento a los principios democráticos y al régimen de control presupuestarioanual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y estatutarias. Capítulo 1 Colegios de Abogados Sección ¡a. Disposiciones GeneralesArtículo 51. En cada Distrito Judicial de la República de Panamá habrá un colegio deabogados, siempre y cuando exista un número mínimo de doscientos cincuenta (250)abogados cuyo principal domicilio profesional esté ubicado dentro del respectivo DistritoJudicial.Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo que se establezca en este Capítulo respecto a suconformación y funcionamiento, se reconoce la existencia y personería jurídica delColegio Nacional de Abogados de Panamá, como el colegio de abogados establecido en elPrimer Distrito Judicial de Panamá, sin que en dicho distrito judicial pueda establecerseotro colegio de abogados. El Colegio Nacional de Abogados de Panamá gozará, a partir de la promulgaciónde la presente Ley, de todos los derechos que en la misma se establezcan para los colegiosde abogados de distrito judicial, y dado que en la actualidad goza de personería jurídica y 30.
24reconocimiento legal, no deberá realizar los trámites que se establecen en la presente Leypara la obtención de la personería jurídica. Así mismo se reconoce dentro del ColegioNacional de Abogados y sujeto a sus Estatutos, la existencia de los capítulos o sedesregionales creadas dentro del Primer Distrito Judicial de Panamá. No obstante lo anterior,gozará de un periodo de dos (2) años, para conformar sus estatutos internos y sus normasde funcionamiento a las disposiciones establecidas mediante esta Ley para los colegios deabogados de distrito judicialParágrafo 2. En los demás distritos judiciales en donde no exista un colegio de abogadosde distrito judicial, los abogados residentes en dicho Distrito Judicial, siempre y cuando sunúmero sea mayor de doscientos cincuenta (250), deberán solicitar la personería jurídicaante el Ministerio de Gobierno para la conformación del respectivo colegio. Una vezobtenida la personería jurídica, el colegio respectivo deberá acreditar sus representantesante el Consejo de Colegios de Abogados de la República de Panamá, establecidomediante la presente Ley.Artículo 52. Los abogados se afiliarán preferiblemente en el colegio de abogados deldistrito judicial en donde tengan su principal domicilio profesional. Aquellos abogadosque por no llegar al mínimo de matriculados no puedan constituir un colegio de abogadosde distrito judicial, se afiliarán a cualquier otro colegio de abogados de distrito judicial,con iguales derechos y obligaciones que los del distrito judicial en donde ejercen. Ningún abogado podrá ser miembro activo de o incorporarse a más de un (1)colegio de abogados de distrito judicial. En caso de que un abogado mantenga membresíaen más de un (l) colegio de abogados, solamente tendrá validez legal aquella membresíaque haya sido solicitada más recientemente, y por tanto será nula cualquier otra membresíaque mantenga dicho abogado. Además de los requisitos establecidos por otras Leyes para la inscripción de lassociedades civiles, las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía deberáninscribirse en el colegio de abogados de distrito judicial en donde tengan su principaldomicilio profesional. Dicha inscripción deberá mantenerse vigente en todo momento, yen caso de no mantener su vigencia, la sociedad civil no podrá ejercer la abogacía. Endichos colegios las sociedades civiles para el ejercicio de la abogacía tendrán derecho avoz, pero no derecho a voto, y deberán cumplir con las normas y reglas, en especial lasrelativas a cuotas, que en determinados casos sean fijadas por el colegio de abogados dedistrito judicial en el cual se inscriban. En adición el requisito de colegiación universal dispuesto en esta Ley, y encumplimiento de las disposiciones del artículo 39 de la Constitución Política, todoabogado o sociedad civil para el ejercicio de la abogacía tendrá libertad de asociarse acualquier organismo o asociación de carácter profesional o gremial que exista y seareconocida baj o las leyes de la República de Panamá.Artículo 53. Los colegios de abogados de distrito judicial tienen como finalidad ladefensa de los derechos y prerrogativas de sus miembros, son competentes para exigir el 31.
25cumplimiento del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado y poner enconocimiento para su sanción por el Tribunal de Honor de la Abogacía las violaciones delmismo, crear organismos protectores y de asistencia, administrar las obligaciones deeducación continua de sus miembros, auspiciando cursos, seminarios, conferencias para lainvestigación científica o el análisis de problemas jurídicos, y crear escuelas para notarios,registradores civiles y de la propiedad.Artículo 54. Para ser miembro de un colegio de abogados de distrito judicial se requiere:l. Haber obtenido la licenciatura en derecho o título equivalente de conformidad con las exigencias académicas y legales correspondientes.2. Mantener vigente su Certificado de Idoneidad para el ej ercicio de la profesión de abogado o estar inscrito en el Registro de Abogados que trata el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley.3. Aprobar el curso de inducción a la abogacía y responsabilidad profesional que establezca e imparta alguno de los colegios de abogados de distrito judicial establecidos conforme la presente Ley, salvo los casos previstos en el Capítulo VI del Título 1 de esta Ley.4. Mantenerse al día en el pago de las cuotas de membresía del colegio, perdiendo la condición de miembro y los derechos que le asisten como tal, en caso de retrasos en el pago de dichas cuotas. Sección 2a. Organización de los colegios de abogado de distrito judicialArtículo 55. Cada colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer mediante unEstatuto, sus órganos propios de gobierno y sus reglas de funcionamiento, siendoobligatorio que dichos Estatutos cumplan con los siguientes preceptos:l. El organismo superior de decisiones de todo colegio de abogados de distrito judicial será la Asamblea General, que estará compuesta por todos los miembros activos del respectivo colegio. Dicha Asamblea deberá reunirse al menos una (1) vez cada año, para el conocimiento de los asuntos que sean sometidos a su consideración. Todos los abogados inscritos en un colegio tendrán la misma cantidad de derechos de votos, que nunca serán inferiores a uno (1), en todos los órganos de decisión en los cuales tengan el derecho de voto. Solamente podrán establecerse limitaciones de voto de aquellos abogados que no se encuentren al día en el pago de sus cuotas de membresía, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 54 anterior. No serán válidas las disposiciones que no están contenidas en esta Ley, que limiten dichos derechos o que otorguen mayores derechos de voto a uno o varios abogados.2. La administración de todos los asuntos del colegio estará a cargo de una Junta Directiva, que será establecida por periodos máximos de dos (2) años, y que deberá 32.
26 estar compuesta por un mínimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros. La misma deberá tener, por lo menos, un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, y un (1) Tesorero.3. Deberá establecer las medidas y organismos para la aplicación y cumplimiento obligatorio del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado por parte de todos sus miembros y de todos los abogados en ejercicio que, aún si ser miembros de dicho colegio, realicen habitualmente gestiones dentro del Distrito Judicial en el cual está situado dicho colegio.4. Deberá establecer las medidas y organismos para la administración de los programas de educación continuada que deban cumplir los miembros de dicho colegio de abogados, como requisito indispensable para mantener activa la membresía en dicho colegio. Así mismo, deberá establecer el mínimo de horas de educación continua que tengan que cumplir los miembros, siendo el mínimo permisible de cuarenta (40) horas anuales.5. Deberá establecer la cuota o cuotas de membresía aplicables para todos los miembros del respectivo colegio, la obligatoriedad de su pago, así como las facultades de cobro que tenga el respectivo colegio, respecto de dichas cuotas. Así mismo, deberá establecer el monto mínimo de las cuotas de membresía que deberá establecer cualquiera de los colegios de abogados de distrito judicial, siendo el mínimo permisible de Sesenta Balboas (B/.60.00) anuales.6. La obligatoriedad del establecimiento y administración de programas de asistencia u orientación legal gratuita, ya sean propios o en conjunto con instituciones públicas, así como las reglas para su funcionamiento.7. La obligatoriedad del establecimiento de un domicilio permanente del colegio respectivo.Artículo 56. Todo colegio de abogados de distrito judicial deberá establecer cOllÚsionespermanentes y provisionales por medio de las cuales se procurará alcanzar sus fines. Todaslas comisiones permanentes y provisionales actuarán por instrucciones de la JuntaDirectiva de cada colegio y tendrán un coordinador responsable de su funcionamiento, elcual será nombrado por la Junta Directiva. En todo caso, todo colegio de abogados dedistrito judicial deberá establecer, a través de su Junta Directiva, las comisionespermanentes necesarias para tratar, entre otros, los siguientes temas:1. Régimenjurídico del ejercicio de la abogacía y tarifa de honorarios profesionales.2. Servicios de orientación o asistencia legal.3. Relaciones con colegios de abogados e instituciones de formación y educación legal.4. Derecho procesal, administración de justicia y derechos humanos.5. Derecho constitucional y electoral.Artículo 57. Para ser miembro de Junta Directiva de cualquier colegio de abogados dedistrito judicial se requiere ser abogado idóneo y en ej ercicio de sus funciones, y estar Recommended
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