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Timestamp: 2018-09-20 14:06:23
Document Index: 221822511

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 89', 'Artículo 107', 'Artículo 115', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 1', 'Artículo 31', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'in fine', 'artículo 25']

2. LEGISLACION AMBIENTAL
Fecha de promulgación: 07/09/90
Fecha de publicación: 08/09/90
CAPITULO I : Política Ambiental
CAPITULO II : De la Planificación Ambiental
CAPITULO III : De la Protección del Ambiente
CAPITULO IV : De las Medidas de Seguridad
CAPITULO V : De la Evaluación, Vigilancia y Control
CAPITULO VI : De la Ciencia y Tecnología
CAPITULO VII : De la Acción Educativa, Los Medios de Comunicación y la Participación Ciudadana
CAPITULO VIII : Del Patrimonio Natural
CAPITULO IX : De la Diversidad Genética y los Ecosistemas
CAPITULO X : De las Areas Naturales Protegidas
CAPITULO XI : Del Patrimonio Natural Cultural
CAPITULO XII : De los Recursos Mineros
CAPITULO XIII : De los Recursos Energéticos
CAPITULO XIV : De la Población y el Ambiente
CAPITULO XV : De la Prevención de los Desastres Naturales
CAPITULO XVI : De la Infraestructura Económica y de Servicios
CAPITULO XVII : De la Salubridad Pública
CAPITULO XVIII : De la Limpieza Pública
CAPITULO XIX : Del Agua y Alcantarillado
CAPITULO XX : De las Sanciones Administrativas
CAPITULO XXI : De los Delitos y las Penas
CAPITULO XXII : Del Sistema Nacional del Ambiente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 613 (*)
(*) Haga click aquí para ver detalles del Decreto Legislativo
Que, la Ley Nº 25238 creó la Comisión Revisora del Proyecto de Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y facultó al Poder Ejecutivo para que, mediante Decreto Legislativo, promulgue dicho Código;
Que, la mencionada Comisión Revisora ha presentado para su promulgación, el Proyecto de Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales;
De conformidad con los artículos 188º y 211º inc.10, de la Constitución Política del Perú;
Con cargo de dar cuenta al Congreso,
Artículo 1º.- Promúlgase el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley N° 25328, según el texto adjunto, que constan de 145 artículos y 3 disposiciones transitorias.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de setiembre de 1990.
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.
Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos.
Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales.
Se puede interponer acciones, aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante. El interés moral autoriza la acción aún cuando no se refiera directamente al agente o a su familia.(*)
El territorio de la República comprende a su patrimonio ambiental.
V.- DEROGADO (*)
Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales. De igual modo, a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas o de la integridad del ambiente y los recursos naturales.
Todos están obligados a proporcionar a las autoridades las informaciones que éstas requieran en el ejercicio de sus atribuciones para el control y vigilancia del medio ambiente.
El ejercicio del derecho de propiedad, conforme al interés social, comprende el deber del titular de actuar en armonía con el medio ambiente.
Es deber del Estado formar conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, promoviendo la transmisión de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y destrezas y la formación de valores, en torno de los procesos ecológicos esenciales, los sistemas vitales de la diversidad biológica y del uso sostenido de los recursos.
La educación ambiental es parte integrante de los programas educativos en todos los niveles.
Ninguna consideración o circunstancia pueden legitimar o excusar acciones que pudieran implicar el exterminio de especies o sub especies vegetales o animales.
Las normas relativas a la protección y conservación del medio ambiente y sus recursos son de orden público.
El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y la utilización sostenida de las especies, de los ecosistemas y de los recursos naturales renovables en general, es de carácter obligatorio.
La utilización de los recursos naturales no renovables debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de depuración o recuperación del ambiente y de regeneración de dichos recursos.
La política ambiental tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida. Su diseño, formulación y aplicación están sujetos a los siguientes lineamientos:
1. La conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. El Estado promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo socio-económico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales.
2. La orientación de la educación ambiental, a fin de alcanzar el desarrollo sostenido del país, entendido como el uso de la biósfera por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
3. El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales de modo compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo en armonía con el interés social y de acuerdo con los principios establecidos en este Código.
4. El control y la prevención de la contaminación ambiental, la conservación de los ecosistemas, el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de las especies, como elementos fundamentales para garantizar y elevar la calidad de vida de la población.
5. Observar fundamentalmente el principio de la prevención, entendiéndose que la protección ambiental no se limita a la restauración de daños existentes ni a la defensa contra peligros inminentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales.
6. Efectuar las acciones de control de la contaminación ambiental, debiendo ser realizadas, principalmente, en las fuentes emisoras.
Los costos de la prevención, vigilancia recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio.
7. La rehabilitación de las zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de actividades humanas para ser destinadas al bienestar de las poblaciones afectadas.
8. Tomar en cuenta que el ambiente no sólo constituye un sector de la realidad nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. En tal sentido, las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos globalmente y al más alto nivel como cuestiones y problemas de política general, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
9. Velar porque las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce soberanía y jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional. Asimismo, la actividad del Estado debe estar dirigida a velar para que las actividades que se lleven a cabo en zonas donde no ejerce soberanía ni jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico del país.
El régimen tributario garantizará una efectiva conservación de los recursos naturales, su recuperación y la promoción del desarrollo sustentable.
Los preceptos de carácter general y los principios de política ambiental contenidos en este Código y en las normas que se dicten con posterioridad a su promulgación, serán obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de desarrollo que los gobiernos nacional, regionales y locales formulen, de acuerdo con la Constitución.
La planificación ambiental tiene por objeto crear las condiciones para el restablecimiento y mantenimiento del equilibrio entre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para el desarrollo nacional con el fin de alcanzar una calidad de vida compatible con la dignidad humana.
La planificación ambiental comprende el ordenamiento del territorio, de los asentamientos humanos y de los recursos para permitir una utilización adecuada del medio ambiente a fin de promover el desarrollo económico sostenido.
En los mecanismos de planificación participan la sociedad, los gobiernos nacional, regionales y locales.
Para el ordenamiento ambiental, la autoridad competente considerará fundamentalmente los siguientes criterios:
1. La naturaleza y características de cada ecosistema.
2. La aptitud de cada zona en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes.
3. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.
5. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.
6. La capacidad asimilativa del área.
7. Los hábitos y costumbres de cada región.
Artículo 8º.- DEROGADO (*).
Los estudios de impacto ambiental contendrán una descripción de la actividad propuesta, y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deberán indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad.
La autoridad competente señalará los demás requisitos que deban contener los EIA.
Los estudios de impacto ambiental se encuentran a disposición del público en general. Los interesados podrán solicitar se mantenga en reserva determinada información cuya publicidad pueda afectar sus derechos de propiedad industrial o comerciales de carácter reservado o seguridad personal.
La autorización de la obra o actividad indicará las condiciones de cumplimiento obligatorio para la ejecución del proyecto.
A juicio de la autoridad competente, podrá exigirse la elaboración de un estudio de impacto ambiental para cualquier actividad en curso que esté provocando impactos negativos en el medio ambiente, a efectos de requerir la adopción de las medidas correctivas pertinentes.
Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las precauciones para la depuración.
La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y muestreo para velar por el cumplimiento de esta disposición.
Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma.
Está prohibido internar al territorio nacional residuos o desechos, cualquiera sea su origen o estado material. (*)
Artículo 17º.- DEROGADO. (*)
Artículo 18º.- DEROGADO. (*)
Las medidas de seguridad que sean dictadas podrán ser materia de impugnación, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. La interposición del recurso impugnatorio, no suspenderá la ejecución de la medida de seguridad dispuesta por la autoridad competente.
La evaluación técnica del ambiente, y de los recursos naturales corresponde a la autoridad competente. Esta debe preparar un informe anual que recoja la evaluación técnica, la misma que constará de un diagnóstico de la calidad del ambiente y la evaluación de las medidas que fueron tomadas a fin de cumplir con los principios de política ambiental y los preceptos contenidos en este código. Dicho informe será remitido en la primera semana del segundo semestre del año al Presidente de la República, al Congreso y obligatoriamente publicado en el diario oficial.
El Estado valoriza en términos económicos, sociales y ecológicos el patrimonio natural de la nación e informa de los incrementos y detrimentos que lo afecten. El Presidente de la República debe incluir obligatoriamente dentro de su mensaje anual a la nación, dicha información.
La autoridad ambiental está investida de la facultad de inspeccionar los locales, establecimientos, o cualquier otro tipo de área, donde se lleva a cabo actividades que generen riesgo ambiental, así como exigir la información que le permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
La autoridad ambiental podrá solicitar la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas y sanciones que disponga.
El control tiene por objeto hacer una evaluación y proyección de las actividades que generen riesgos de daño ambiental. El Estado proveerá a la autoridad ambiental los recursos necesarios para realizar control en aquellas actividades que presentan un potencial de riesgo contra el medio ambiente.
La vigilancia y control de las actividades que generen riesgo contra el ambiente serán financiadas con los recursos que provea el Estado para tal fin y con los que recaude por aplicación de sanciones la autoridad competente al amparo de esta ley, a las personas naturales sometidos a dicha vigilancia y control.
Las investigaciones científicas están orientadas en forma prioritaria a la realización y actualización de los inventarios de recursos naturales y a la identificación de indicadores de calidad ambiental, así como a establecer criterios para el manejo eficiente de esos recursos.
Corresponde a los poderes del Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional, promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita cuantificar, prevenir, controlar y revertir el deterioro ambiental, aportando alternativas de solución a los problemas vinculados a la protección del medio ambiente con tecnologías adecuadas.
Igualmente, el Estado debe promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos a fin de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales.
Los organismos competentes de ciencia y tecnología, están obligados a dar preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales y técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías apropiadas que permitan un adecuado control y conservación del ambiente.
Las empresas públicas o privadas y en general toda persona que por el desarrollo de su actividad cause o pueda causar deterioro al medio ambiente, están obligadas a incorporar adelantos científicos y tecnológicos para reducir y eliminar el efecto contaminante o desestabilizador del mismo. La autoridad competente establecerá los plazos y procedimientos que se requieran para tal fin.
El Estado, a través de las entidades públicas competentes, brinda apoyo técnico a las comunidades campesinas y nativas en cuanto a la utilización, recuperación y conservación de los recursos naturales, para una mejor satisfacción de sus necesidades. Asimismo impulsa el uso de las tecnologías tradicionales ecológicamente adecuadas.
DE LA ACCIÓN EDUCATIVA, LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
El Estado, a través del Ministerio de Educación, debe incluir en los planes y programas educativos, asignaturas y contenidos orientados a la conservación y uso racional del medio ambiente y de los recursos naturales.
A través de los organismos competentes otorgará becas y créditos educativos teniendo en cuenta que es prioritaria la capacitación de profesionales y técnicos en el área de conservación del medio ambiente.
La enseñanza sistemática del presente Código, de sus principios, objetivos, lineamientos y contenidos, es obligatoria en los centros de educación civiles y militares en todos sus niveles. Es deber del Estado lograr la difusión gratuita a nivel nacional de este Código.
Las facultades de Derecho de las universidades del país implementarán cursos regulares de Derecho Ambiental.
Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de los principios contenidos en este Código, fomentarán y apoyarán las acciones tendientes a la defensa y preservación de la calidad ambiental y del adecuado uso de los recursos naturales.
Los medios de comunicación social del Estado y los privados, incluirán obligatoriamente, dentro de los espacios culturales que están obligados a difundir por ley, programas de difusión de los conocimientos sobre la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales.
La comunidad participa directa o indirectamente en la definición de la política ambiental y en la ejecución y aplicación de los instrumentos de dicha política.
Cualquier persona podrá poner en conocimiento de la autoridad competente, los hechos que hicieran procedente la adopción de las medidas necesarias para la protección del ambiente.
El patrimonio natural de la Nación está constituido por la diversidad ecológica, biológica y genética que alberga su territorio. Los ecosistemas, los procesos naturales, las especies de flora y fauna, las variedades de las especies domésticas nativas, los paisajes y las interrelaciones entre estos elementos, son las manifestaciones principales del patrimonio natural.
Es obligación perentoria del Estado y de las personas naturales y jurídicas velar por la conservación, defensa, recuperación, aprovechamiento sostenido y difusión del patrimonio natural de la nación .
El Estado impulsa su investigación, evaluación, planificación, manejo, difusión y control.
DE LA DIVERSIDAD GENETICA Y LOS ECOSISTEMAS
La población de todas las especies se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia. Asimismo, se salvaguardarán los ambientes necesarios para ese fin.
El Estado vela por la conservación de dichas especies y el mantenimiento de su diversidad.
El Estado concede protección especial a las especies de carácter singular y a los ejemplares representativos de los diferentes tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de las especies domésticas nativas.
Aquellas especies cuya supervivencia se encuentre amenazada, en peligro o en vías de extinción, serán objeto de rigurosos mecanismos de control y protección que garanticen su conservación.
La introducción de especies exóticas que puedan alterar la diversidad de especies de un ecosistema, debe ser previamente autorizada por la autoridad competente.
Aún en tales casos, los daños previsibles que tal acción ocasione será de responsabilidad de dicha autoridad.
No será autorizada la introducción de aquellas especies exóticas cuyo efecto pernicioso se encuentre debidamente comprobado.
La introducción al país de especies animales o vegetales, sólo podrá efectuarse previa autorización de la autoridad competente.
Para conceder la autorización, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Las reacciones de las nuevas especies en el medio en el que van a ser implantadas;
b) Las reacciones del medio receptor y de las especies nativas respecto de las que se pretende introducir;
c) El riesgo de razas o biotipos potencialmente peligrosos.
Las especies de fauna silvestre cuya naturaleza lo permita, podrán ser reproducidas en zoocriaderos o áreas de manejo. El Reglamento establecerá las condiciones mínimas de carácter técnico, científico y biológico de observancia obligatoria para el establecimiento y conducción de zoocriaderos de especies amenazadas en peligro o en vías de extinción, aún cuando no hubieran sido declaradas en veda. En tales casos, los zoocriaderos estarán sujetos a la supervisión del Estado cuando sean particulares o personas jurídicas los encargados de su administración. (*)
Los zoocriaderos con fines comerciales, científicos y de difusión cultural de especies amenazadas, podrán ser establecidos y administrados por particulares, siempre que cumplan con las disposiciones de crianza y comercialización que establezca la autoridad competente para cada especies. El incumplimiento de esta disposición o de las normas reglamentarias que sean establecidas para su correcta aplicación dará lugar a la cancelación del permiso y el decomiso de los especímenes. (*)
La autoridad competente dicta las medidas necesarias para evitar la introducción o diseminación de enfermedades animales o vegetales.
El Estado establecerá sistemas de prevención y control epidemiológicos y fomentará el uso de sistemas de control biológico.
Para la importación de cualquier espécimen de flora o fauna deberá contarse con las certificaciones oficiales de haber cumplido con las normas del país de origen sobre sanidad vegetal o animal y de protección de las especies.
Los recursos genéticos de las especies que habitan en el territorio nacional son conservadas y aprovechadas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El Estado prohíbe la exportación de recursos genéticos en los casos que lo crea conveniente.
Es obligación del Estado promover el desarrollo y utilización en el lugar de origen de los recursos genéticos como medio para conservar su existencia en beneficio de la Nación.
El Estado fomenta y apoya la investigación de los recursos genéticos para determinar su potencial y posibilidades de uso sostenido.
La conservación de los recursos genéticos en el lugar deberá desarrollarse mediante la organización de bancos genéticos, herbarios, jardines botánicos, zoológicos y otros medios adecuados.
Son, especialmente responsables de esta conservación las universidades, museos, entidades científicas y los organismos técnico-normativos vinculados con esta tarea.
Es obligación del Estado proteger y conservar los ecosistemas que comprende su territorio, entendiéndose éstos, como las interrelaciones de los organismos vivos entre sí y con su ambiente físico. El aprovechamiento sostenido de los ecosistemas debe garantizar la permanencia de estos procesos naturales.
Es obligación del Estado proteger muestras representativas de los diversos tipos de ecosistemas naturales existente en el territorio nacional a través de un sistema de áreas protegidas.
Son áreas naturales protegidas las extensiones del territorio nacional que el Estado destina a fines de investigación, protección o manejo controlado de sus ecosistemas, recursos y demás riquezas naturales.
Las áreas naturales protegidas son de dominio público y constituyen muestras representativas del patrimonio natural de la Nación. Se establecen con carácter definitivo.
La comunidad tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de estas áreas y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines.
En la Carta Nacional y en todos los mapas del país que divulguen con fines científicos, técnicos, educativos, turísticos, comerciales o de cualquier otra índole, deben figurar las áreas naturales protegidas por el Estado.
El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento de las áreas naturales protegidas, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado evaluará, en cada caso, la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos. (*)
El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia; promueve la participación de dichas
comunidades para los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas donde se encuentran.
Son objetivos generales de las áreas naturales protegidas los siguientes:
g) Proteger y conservar muestras representativas de cada una de las especies de flora y fauna nativas y de su diversidad genética.
j) Proteger, conservar y restaurar los escenarios naturales donde se encuentren muestras del patrimonio cultural de la Nación o se desarrollen acontecimientos gloriosos de la historia nacional.
Artículo 56º.- DEROGADO. (*)
Artículo 57º.- DEROGADO. (*)
Artículo 58º.- DEROGADO. (*)
DEL PATRIMONIO NATURAL CULTURAL
Los gobiernos regionales y locales conjuntamente con el Instituto Nacional de Cultura y sus entidades regionales, son responsables de la protección, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural cultural.
El Estado autoriza su utilización en armonía con el carácter de intangible.
Las áreas que contengan dichos recursos no son materia de denuncios agrícola, minero, forestal, urbano o de otra índole.
Las áreas donde se ubicasen andenes, canales, acueductos o cualquier otra obra de carácter arqueológico o histórico serán excluidos de cualquier concesión.
Las personas naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de beneficio y explotación requieren de la aprobación de los proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de su actividad, por la autoridad competente.
Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresas de pautas y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales de acuerdo a las normas que establezca la autoridad competente. Las nuevas solictudes de concesión de beneficio incluirán un estudio de impacto ambiental.
Para solicitar licencia de la autoridad competente el proyecto de construcción de las áreas o depósitos de desechos minero-metalúrgicos deberá incluir los siguientes aspectos, para evitar la contaminación de las aguas en particular y del medio ambiente en general:
a) Que, las condiciones técnicas garanticen la estabilidad del sistema.
b) Que, se especifique técnicamente la operación del sistema.
c) Que, se precisen las medidas técnicas de abandono del depósito.
Los desechos que fuesen arrojados al mar deberán encontrarse en condiciones técnicamente aceptables para no alterar la salud humana y las cualidades del ecosistema.
Para estos efectos, los estándares serán establecidos por la autoridad competente.
El estudio de impacto ambiental en labores de explotación, estará destinado al control de los afluentes sólidos y líquidos. (*)
En el diseño y construcción de las áreas o depósitos de relaves u otros desechos mineros, serán necesariamente consideradas las medidas apropiadas cuando tales instalaciones se las deje de utilizar, a fin de prevenir mayores daños al ambiente y permitir, dentro de lo posible, la recuperación de los recursos afectados.
Las personas dedicadas a actividades minero-metalúrgicas están obligadas a incluir en sus instalaciones equipos de control de contaminantes adecuadamente mantenidos, así como llevar un registro del funcionamiento de los mismos y de su grado de eficiencia.
La exploración y explotación de recursos minerales deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:
a) Las aguas utilizadas en el procedimiento y descarga de minerales deben ser, en lo posible, reutilizadas total o parcialmente, cuando ello sea técnica y económicamente factible
b) En las explotaciones a cielo abierto, deberá adoptarse medidas que garanticen la estabilización del terreno.
c) Toda explotación minera con uso de explosivos en las proximidades de centros poblados deberá mantener, dentro de los niveles establecidos por la autoridad competente, el impacto del ruido, del polvo y de las vibraciones.
Los residuos radioactivos evacuados de las instalaciones minero-metalúrgicas, no deberán superar los límites tolerables establecidos por los estándares internacionales que determine la autoridad competente. Los responsables de las instalaciones efectuarán periódicamente mediciones de descargas e informarán a la autoridad competente de cualquier otra alteración detectada, sin perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias para prevenir o evitar daños al ambiente, a la salud humana o la propiedad.
Las instalaciones donde se concentre, refine y enriquezcan minerales, dispondrán de normas de seguridad, tratamiento de desechos y sistemas de control de las descargas al ambiente.
La autoridad competente efectuará periódicamente muestreos de los suelos, aguas y aires a fin de evaluar los efectos de la contaminación provocada por la actividad minero-metalúrgica y su evolución por períodos establecidos, a fin de adoptar las medidas preventivas o correctivas que correspondan.
Artículo 70º.- DEROGADO. (*)
Artículo 71º.- DEROGADO. (*)
Artículo 72º.- DEROGADO. (*)
Los aprovechamientos energéticos, su infraestructura, así como el transporte, transformación, distribución, almacenamiento y utilización final de la energía, deben ser realizados sin ocasionar contaminación del suelo, agua o aire.
Debe emplearse las mejores tecnologías para impedir que los daños ambientales sean irreparables.
En el costo de construcción y operación de los aprovechamientos hidroenergéticos será considerado el costo de prevención y manejo de la cuenca colectora que lo abastece, en especial el establecimiento y manejo de bosques de protección y de programas de reforestación, según sea el caso.
Todo aprovechamiento de energía de la biomasa forestal debe ser aprobado por la autoridad competente en asuntos forestales y conducido con su participación, siendo obligatoria la reposición del recurso explotado.
Los trabajos de exploración y extracción petrolífera, así como aquellos de recuperación secundaria de yacimientos de hidrocarburos o gases naturales, deben ser cumplidas las condiciones y requisitos establecidos por la autoridad competente, con la finalidad de que los procesos de producción y transporte así como las aguas y otras sustancias utilizadas no originen riesgos o perjuicios ambientales.
Durante la extracción y manipuleo de los fluidos de un yacimiento petrolífero se debe adoptar, bajo responsabilidad, el uso de técnicas y de los medios necesarios para evitar la pérdida o daño de recursos naturales. En todos los casos, las empresas deben contar con el equipo adecuado para detectar y evaluar los agentes ambientales nocivos que puedan presentarse.
DE LA POBLACION Y EL AMBIENTE
El Estado promueve y fomenta la adecuada distribución de las poblaciones en el territorio nacional de acuerdo con la capacidad de soporte de los ecosistemas que lo conforman.
Es deber del Estado incentivar y difundir los programas nacionales que orienten y ordenen racionalizar el crecimiento demográfico de la población.
Son elementos constitutivos de los asentamientos humanos, el suelo donde se emplazan, las aguas que les sirven, la atmósfera que los cobija, el paisaje que los rodea, los recursos naturales que sustentan su economía y la infraestructura económica y social que dan forma a la organización y acondicionamiento del espacio.
Los planes o actividades que impliquen modificaciones en cualesquiera de los elementos constitutivos de los asentamientos humanos deben contar con la aprobación del gobierno local.
Es de responsabilidad de los gobiernos locales controlar la adecuada utilización de los elementos que conforman los asentamientos humanos, de acuerdo con la legislación vigente.
Los asentamientos humanos se localizarán preferentemente:
a) En zonas próximas a fuentes de agua, siempre que no estén destinadas a actividades agrícolas.
b) En suelos cuya estabilidad y resistencia garanticen la seguridad de las estructuras y edificaciones en general y cuya topografía favorezca un buen drenaje de aguas, evacuación de desagües y una fácil organización física del asentamiento.
c) En lugares protegidos no susceptibles de desastres naturales, tales como: huaycos, deslizamiento de tierras, fallas geológicas activas, desbordes de lagos, lagunas, glaciares y ríos, o cualquier otra causa que constituya peligro para la vida y las actividades humanas.
d) En áreas que se encuentren suficientemente alejadas de zonas de peligro de ambiente contaminado, tales como: lechos de ríos o avenidas y zonas de deyección; zonas expuestas a las variaciones marítimas; terrenos inundables, pantanosos y de rellenos; basurales, zonas de eliminación de desechos que produzcan emanaciones u otros peligros para la salud.
No se permitirá en las zonas ocupadas por asentamientos humanos y en sus correspondientes áreas de influencia inmediata, la localización de industrias y otras actividades que produzcan o puedan originar efectos contaminantes en el suelo, subsuelo, aire o agua, o signifiquen algún grado de peligrosidad para la población.
El acondicionamiento de todo asentamiento humano debe contar con el nivel básico de habitabilidad que apruebe el gobierno local de acuerdo con las normas establecidas por los organismos competentes.
En la planificación y control del crecimiento de los asentamientos humanos se considerará en forma especial el imperio de las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas, conservación de áreas declaradas como patrimonio cultural, mantenimiento o adaptación al paisaje circundante y conservación de áreas protegidas.
Las licencias de habilitación de asentamientos humanos que no se ajusten a los planes de ordenamiento urbano y zonificación, debidamente aprobados, son nulas de pleno derecho.
La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser autorizado por el gobierno local correspondiente.
Artículo 89º.- DEROGADO. (*)
El uso de un área pública, para otros fines, obliga al ocupante a restituirla a su condición original y a indemnizar al Estado por un monto equivalente al usufructo comercial del bien, calculado de oficio a precio de mercado a la fecha de la restitución, por el tiempo que haya durado la ocupación.
DE LA PREVENCION DE LOS DESASTRES NATURALES
Todas las entidades nacionales, públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, están obligadas a participar en la prevención y solución de los problemas producidos por los desastres naturales.
Es responsabilidad del Estado a través del Sistema Nacional de Defensa Civil, coordinar con los sectores público y privado, la formulación, ejecución y actualización de los planes respectivos para afrontar desastres naturales o inducidos, que puedan producirse en cualquier área del país, así como la ejecución de acciones orientadas a la atención y rehabilitación de las áreas afectadas.
Los medios de comunicación social del Estado y privados, programarán espacios gratuitos para la difusión de los mecanismos que orienten a la población en acciones de defensa civil.
El sector educación incluirá dentro de los planes y programas educativos, contenidos teóricos y prácticos de defensa civil, en coordinación con el organismo competente encargado de la prevención de desastres del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Todo centro de trabajo y estudios debe permitir, facilitar y desarrollar los programas de capacitación y prácticas de evacuación que establezca el Sistema Nacional de Defensa Civil.
DE LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y DE SERVICIOS
La habilitación y rehabilitación de la infraestructura económica y de servicios se planifica y se ejecuta observando los planes de ordenamiento y zonificación que sean aprobados previo estudio de la capacidad asimilativa del área.
Sólo se permitirá la ubicación de cualquier tipo de infraestructura en zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, en los casos que se garanticen las máximas medidas de protección para dichas áreas a fin de preservar sus condiciones naturales de los ámbitos geográficos declarados como áreas naturales protegidos. La ubicación de cualquier tipo de infraestructura en un área adyacente, sólo será permitida en los casos en que se garantice las máximas condiciones de protección para dichas áreas.
La autorización se otorgará previa opinión favorable de la autoridad competente.
Para los casos a que se refiere el artículo precedente, la ubicación de la infraestructura, no obstaculizará en ningún sentido la accesibilidad a las áreas naturales protegidas.
En la planificación urbana se tendrá en cuenta las tendencias de expansión de las ciudades, la localización de aeropuertos y demás fuentes productoras de ruidos y emanaciones difícilmente controlables o nocivos a la salud humana y el respeto irrestricto a las sementeras o áreas de cultivo agrícola.
DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
El Ministerio de Salud es la autoridad competente para dictar las normas generales, en lo referente a salubridad pública y para evaluar y controlar su cumplimiento.
Compete a los gobiernos regionales y locales dictar las normas específicas en su jurisdicción y velar por su correcta aplicación.
DE LA LIMPIEZA PUBLICA
El mantenimiento de la limpieza pública es obligación de todos los habitantes de las ciudades y de todo asentamiento humano. A nadie le es permitido arrojar a la vía pública desperdicios, desechos domésticos, industriales o residuos.
Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la limpieza pública en las ciudades y en todo tipo de asentamiento humano, considerando necesariamente las etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos domésticos, así como la educación de sus habitantes.
La prestación del servicio de limpieza pública en cualquiera de sus etapas, ya sea a través de los gobiernos locales o empresas privadas, debe sujetarse a las normas sanitarias y exigencias técnicas que establezca la autoridad competente. Tratándose de empresas privadas se requerirá de la autorización respectiva.
Los gobiernos locales adoptarán las medidas necesarias a fin de difundir en la comunidad los mecanismos apropiados para la clasificación y ubicación de los desechos domésticos en el propio lugar de origen, según su naturaleza.
La disposición final de los desechos domésticos, se realizará únicamente en aquellos lugares previamente determinados por el gobierno local correspondiente y de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes.
El Estado fomenta y estimula el reciclaje de desechos domésticos para su industrialización y reutilización, mediante los procedimientos sanitarios que apruebe la autoridad competente.
Artículo 107º.- DEROGADO. (*)
El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en las que quede prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles.
Para iniciar la construcción ensanche o alteración de asentamientos humanos, se requerirá de planes de desagüe, cañerías, alcantarillado y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente aprobados.
Las industrias grandes, medianas, pequeñas o artesanales, sólo podrán descargar sus afluentes en el sistema de alcantarillado público, previa aprobación de la autoridad competente.
El Estado fomenta el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre y cuando éstas recuperen los niveles cualitativos que exige la autoridad competente y no se afecte la salubridad pública.
Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deben ser previamente aprobadas.
La violación de las normas que contiene este Código y las disposiciones que emanen de él constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas por la autoridad competente, con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo.
Los infractores de las normas ambientales a que se refiere el artículo que antecede son sujetos pasibles de una o más de las siguientes sanciones administrativas:
a. Multa no menor de media unidad impositiva tributaria ni mayor de 600 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago. En caso de internamientos de residuos tóxicos o peligrosos, la multa no será inferior al monto total de lo internado.
Lo dispuesto en el presente literal sólo será aplicable para las actividades que no se encuentren incluidas en dispositivos legales que establezcan multas mayores por infracciones a las normas ambientales.(*)
b. Prohibición o restricción de la actividad causante de la infracción.
c. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción.
d. Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión de la infracción.
e. Imposición de obligaciones compensatorias relacionadas con el desarrollo ambiental de la zona, teniendo en cuenta los planes nacionales, regionales y locales sobre la materia, a fin de dar cumplimiento a las normas de control ambiental que señale la autoridad competente.
f. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión o cualquier otra autorización según sea el caso.
Artículo 115º.- DEROGADO. (*)
Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la
gravedad de la misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera el caso.
La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de los mismos hechos.
Para efectos de la aplicación de las normas de este capítulo, hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales que suscriban los estudios de impacto ambiental en los proyectos y obras que causaron el daño.
DE LOS DELITOS Y LAS PENAS (*)
(*) Haga click aquí para ver detalles del capítulo
Artículo 119º.- DEROGADO. (*)
Artículo 120º.- DEROGADO. (*)
Artículo 121º.- DEROGADO. (*)
Artículo 122º.- DEROGADO. (*)
Artículo 123º.- DEROGADO. (*)
Artículo 124º.- DEROGADO. (*)
Artículo 125º.- DEROGADO. (*)
Artículo 126º.- DEROGADO. (*)
Artículo 127º.- DEROGADO. (*)
Artículo 128º.- DEROGADO. (*)
Artículo 129º.- DEROGADO. (*)
Artículo 130º.- DEROGADO. (*)
Artículo 131º.- DEROGADO. (*)
Declárase de interés social y nacional la preservación, conservación y uso sostenido de las tierras agrícolas de los valles circundantes de Lima Metropolitana y de las ciudades de más de doscientos mil habitantes del pafs, que han sido calificadas como intangibles en cumplimiento del D.S. 009-86-AG, que tiene fuerza de ley.
Las Municipalidades están obligadas a respetar en sus planes de desarrollo, de acondicionamiento territorial y urbanos a las áreas agrícolas especiales, cuya intangibilidad deben cautelar.
La modificación del uso de las áreas agrícolas deberá ser declarada por ley nacional o regional para cada predio.
La instalación de los servicios de agua, luz, alcantarillado y otros en las zonas agrícolas especiales no implicarán cambio en su calificación ni estarán sujetos a los requisitos señalados por la legislación de la materia sobre terrenos urbanos.
Se presumirá de pleno derecho, que se encuentran en estado de abandono las tierras en las áreas agrícolas, los predios o parte de éstos en los casos siguientes:
a) Cuando sean transferidos a cualquier título a favor de personas jurídicas cuyo objeto social y actividad principal no sea la actividad agropecuaria. Dichas transferencias son nulas de pleno derecho.
b) Cuando de dichos predios se extraiga tierra para fabricar ladrillos, adobes u otros productos no agrícolas.
c) Cuando se inicie obras de habilitación urbana, a través de hechos tales como el señalamiento de lotes, viviendas provisionales, anuncios, zanjas, depósito de materiales de construcción, u otros que impliquen obras de urbanización.
d) Cuando el uso del suelo se destine a fines distintos a la actividad agrícola. En tal caso, revertirá la parte que no se encuentre dedicada al cultivo.
e) Cuando las partes excedan el área permitida para las actividades complementarias.
El plazo para que no se produzca el abandono a que se refiere el primer acápite del artículo 8 del Decreto Ley 17716 es de 6 meses consecutivos en las áreas agrícolas.
Cuando la Municipalidad constatara de oficio o a pedido de cualquier persona, el inicio de habilitaciones urbanas para viviendas o actividades no agrícolas en las áreas agrícolas, ordenará mediante Resolución Municipal, la suspensión inmediata de las acciones, solicitará el embargo preventivo sobre los bienes que se encuentren en el terreno así como las demoliciones que resulten necesarias para preservar las áreas agrícolas intangibles. El Alcalde podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Las solicitudes de autorización de urbanización de terrenos eriazos deberán ser resueltas dentro de los 30 días de presentadas, bajo responsabilidad del funcionario municipal correspondiente, siempre que la misma esté de acuerdo con el plan urbano y a las normas de habilitación vigentes.
Modifícase los artículos 21º; 22º; 79º inciso 7) y 216° de la Ley General de Minería, Decreto Legislativo Nº 109 en el sentido que no podrá otorgarse derechos mineros de ninguna clase en las áreas agrícolas. Los derechos mineros concedidos incursos en las causales de abandono y caducidad serán declarados como tales, de oficio o a instancia de parte, por el simple mérito de la inspección ocular, careciendo de valor convalidatorio todo trabajo que se realice o haya realizado después de haberse constatado, invocado la causal. Asimismo, la autoridad competente declarará la nulidad
del auto de amparo en todos los casos en que encontrándose los denuncios en áreas agrícolas intangibles según el D.L. Nº. 21419, no se haya procedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de dicho Decreto Ley.(*)
Las acciones interpuestas en defensa del medio ambiente o cuya materia principal tiene dicho propósito, son ejercidas ante el juez del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio el demandado. (*)
En los casos a que se refiere el artículo que antecede la excepción de incompetencia se resuelve con la sentencia. La contienda de competencia no puede ser planteada cuando se señala expresamente en la demanda que la acción interpuesta se ejerce en defensa del ambiente y los recursos naturales o cuya materia principal tiene tal propósito.
Agréguese al artículo 31° de la ley 23506, modificado por el artículo 1° de la ley 25011, los siguientes párrafos:
"Artículo 31º.- (...) "Si la solicitud está referida a actos que generan o pueden provocar daños al ambiente, sus ecosistemas, o sus componentes esenciales, la resolución que ordene la suspensión de los mismos sólo será apelable en efecto devolutivo.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el juez podrá disponer la suspensión de los actos que se estén produciendo como consecuencia de la omisión de otros de cumplimiento obligatorio, aún cuando la demanda sólo se refiera a este último supuesto".(*)
Agréguese al artículo 26° de la Ley 23506 el siguiente párrafo:
"Artículo 26º°.- (...) "Cuando la acción se interponga por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental, podrá ser ejercida por cualquier persona, aún cuando la violación o amenaza no lo afecte directamente. Igual atribución tienen las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro cuyo objeto es la defensa del medio ambiente".
En las acciones de abuso del derecho que sean interpuestas al amparo del artículo II del Título Preliminar del Código Civil y se refieran a la tutela de derechos de naturaleza ambiental, las medidas preventivas dictadas para evitar o suprimir el abuso sólo podrán ser apelables en efecto devolutivo.
Los Convenios de Conversión de Deuda Pública Externa en Donación regulados por el Decreto Supremo 80-90-EF al que se reconoce fuerza de ley, destinados a proyectos de desarrollo agrario, conservación del medio ambiente y recursos naturales, educación ambiental e investigación y ciencia y tecnología relacionadas al medio ambiente, podrán ser celebrados por la entidad donante, la entidad beneficiaria, nacional y el Estado, cuando los títulos de deuda pública materia de la operación sean adquiridos por la entidad donante en el mercado secundario.
A partir de la vigencia de este Código sus disposiciones serán aplicadas inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Derógase el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 495
Derógase el Decreto Ley N° 21110 y la Ley N° 24994.
Las personas naturales o jurídicas que resultaren comprendidas en los alcances de este Código, deben adecuarse a sus exigencias en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del día de su publicación.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, expedida mediante Decreto Ley No. 21147 del 13 de mayo de 1975, será actualizada en concordancia con el presente Código en el plazo máximo de 60 días calendarios.
El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones especiales de este Código en un plazo máximo de 60 días a partir del día de su publicación.