Source: https://vicvivero.net/Derechos-de-Cuidado-Urbano-I-ciudad
Timestamp: 2020-07-12 22:32:06
Document Index: 92794224

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 10', 'artículo 33', 'Artículo 47', 'artículo 10']

Derechos de Cuidado Urbano I, ciudad.
¿Quién hace cuidad? O mejor dicho… ¿Quién tiene “derecho” a hacer ciudad?
Repasemos –una vez más- el esquema o modos de relación que se dan en la producción de lo urbano. En dicho esquema se imbrica una relación entre numerosos procesos en los cuales, en cada uno de ellos suele estar implicando un determinado agente específico –división del trabajo-. De esta manera encontramos cómo el suelo urbano está conformado por una suerte de “trencadis” basado en la propiedad del mismo. Estas múltiples parcelas y terrenos que conforman la ciudad –y lo que es susceptible de serlo aún no siéndolo todavía- fragmentan la continuidad del territorio en base a unos límites intangibles que sólo podemos observar mediante herramientas específicas –catastro-.
Ver Derechos de cuidados urbanos II. Campo ︎
[1]Ostrom, E. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. 2ª Edición. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2015. “Las reglas institucionales son declaraciones prescriptivas que prohíben, requieren o permiten algunas acciones o resultados. Uno de estos tres operadores deónticos –prohibir, requerir, permitir- debe estar contenido en una declaración, a fin de que llegue a ser considerado como una regla.” p245 [2] Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “En sentido estricto, el derecho de propiedad es el derecho subjetivo patrimonial que tiene por objeto una cosa corporal (v.gr., finca) o incorporal (inventos industriales, marcas, creaciones individuales, créditos, etc.) y que se caracteriza por ser el derecho más amplio de los posibles que eventualmente concurren sobre la cosa, y que se conoce con el nombre de dominio.” P 298 [3] Idídem. “Con ello no se quiere decir que la protección del derecho de propiedad sea “condicionada”. El ordenamiento no protege el derecho de propiedad bajo la condición de que en el uso de la cosa realice o satisfaga su propietario una función social […] La propiedad privada es un modo de satisfacción del egoísmo, que merece protección constitucional desde el momento en que se entiende que esta búsqueda es un modo de conseguir la eficiencia y la justicia […] a través del mercado (art. 38 CE), y un recurso a través del cual las personas pueden desarrollar su personalidad sin sumisión a valores, patrones u “objetivos” colectivamente impuestos (art. 10 CE). En este orden de cosas, la función social de la propiedad es una técnica entre otras para resolver controversias privadas en situación de incertidumbre de reglas aplicables, igual que pueda serlo la buena fe.” P 302 [4] Aguilera Vaqués M. Propiedad y medio ambiente (límites constitucionales a la regulación de la propiedad privada. especial consideración a los aspectos medioambientales). In: Carrasco Durán M, Pérez Royo FJ, Urías Martínez J, Terol Becerra MJ, eds. Derecho constitucional para el siglo XXI : Actas del VIII congreso iberoamericano de derecho constitucional. Editorial Aranzadi ed. España: ; 2006. “La regulación del derecho de propiedad no es neutral, su aplicación afectará a la redistribución de la riqueza. Lo que debe uno preguntarse es: ¿ese desarrollo va a realizarse a costa de los propietarios o pagando todos a través de los instrumentos fiscales? La delimitación del derecho de propiedad supone optar por un sistema de desarrollo concreto en el que los que pagan son los propietarios y será constitucional mientras el contenido esencial del derecho de propiedad no quede del todo eliminado y se tengan en cuenta asimismo otros criterios constitucionales. El artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada, pero no la define. Ahora bien, que no exista una definición constitucional de propiedad no implica que no haya unas referencias constitucionales que guíen la delimitación de su contenido. La Constitución reconoce un marco conceptual del derecho de propiedad previo a la Constitución.” P4 [5] Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “El CC dice que el propietario (de una finca) puede cerrarla y cercarla (art. 388). Pero ello no es más que la concreción de la facultad de exclusión, que corresponde a todo derecho de propiedad en sentido amplio” P 299 [6] Fernández Rodríguez T. Manual de derecho urbanístico. 23ª ed. Pamplona: Thomson Reuters; 2014:254. “El propietario de suelo obtiene por el solo hecho de serlo, sin añadir actividad ni soportar riesgo alguno, un beneficio importantísimo consistente en el aumento del valor que su suelo experimenta al incorporarse a la ciudad a consecuencia de las decisiones que sobre el futuro de ésta adopta la comunidad que la habita. Ese aumento de valor, no ganado realmente por el propietario del suelo, que nada ha hecho por obtenerlo, y que, en rigor, se debe única y exclusivamente a la comunidad, debe volver a ésta en estricta justicia.” P 30 [7] Ibídem. “La potestad de planeamiento es, por su propia esencia, una potestad ampliamente discrecional. No puede ser de otro modo, evidentemente, ya que se trata de una potestad conformadora, que pretende configurar el espacio territorial al que se refiere y encauzar su desarrollo futuro según un cierto modelo que el legislador, desde la perspectiva abstracta y general que le es propia, no está, lógicamente, en condiciones de formular.” p 103-104 [8] Aguilera Vaqués M. Propiedad y medio ambiente (límites constitucionales a la regulación de la propiedad privada. especial consideración a los aspectos medioambientales). In: Carrasco Durán M, Pérez Royo FJ, Urías Martínez J, Terol Becerra MJ, eds. Derecho constitucional para el siglo XXI : Actas del VIII congreso iberoamericano de derecho constitucional. Editorial Aranzadi ed. España: ; 2006. “Así, y a grandes rasgos, respecto el derecho de propiedad pueden suceder tres cosas: una, que el propietario se vea totalmente excluido de su bien, y en ese caso la doctrina y la jurisprudencia entienden, en la gran mayoría de los casos, que estamos ante una expropiación; la segunda es que se regule la propiedad de tal manera que el propietario sufra una serie de limitaciones graves pero sin que se vea excluido del todo del contenido económico de su propiedad, entonces, de acuerdo con la jurisprudencia española, casi nunca estamos ante una expropiación, sino ante una delimitación –“definición”– del derecho de propiedad; o, la tercera cosa que puede suceder es que, el propietario siga siendo el titular de su bien pero que –como dice el profesor Fried (2001)— las limitaciones que se impongan a su disfrute sean tan graves que no quede ya ninguna alternativa económica útil para el disfrute del bien. En este tercer supuesto estaríamos probablemente también ante una expropiación.” P 2-3 [9] Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “En el ámbito del Derecho público, la función social de la propiedad es un expediente que permite al legislador delimitar normativamente el contenido del dominio sobre cada clase de bienes. Es el titulo “competencial” que legitima al legislador para incidir en la propiedad privada y es, al mismo tiempo, el reconocimiento constitucional de que el legislador es una instancia competente para diseñar el régimen y los objetivos de la obtención y distribución de la riqueza entre los ciudadanos”. P 301 [10] Aguilera Vaqués M. Propiedad y medio ambiente (límites constitucionales a la regulación de la propiedad privada. especial consideración a los aspectos medioambientales). In: Carrasco Durán M, Pérez Royo FJ, Urías Martínez J, Terol Becerra MJ, eds. Derecho constitucional para el siglo XXI : Actas del VIII congreso iberoamericano de derecho constitucional. Editorial Aranzadi ed. España: ; 2006. “Asimismo, el derecho de propiedad en España es un derecho subjetivo fundamental, sujeto, sin embargo, al requisito de atender a su función social. La función social y el interés general son instrumentos habilitadores de los poderes públicos para introducir políticas de desarrollo y medioambientales y delimitar el derecho constitucional de la propiedad privada. […]Es importante definir la función social ya que ello permite conocer hasta que punto puede regular el legislador la propiedad sin que ésta delimitación sea excesiva. Si se concibe un concepto amplio de función social entonces podrán imponerse límites importantes a la propiedad sin que sea necesario acudir a la figura de la expropiación. En cambio, si se optase –cosa que no se ha hecho—por un concepto exiguo de función social, entonces, muchas de las leyes hoy vigentes en relación a la propiedad se hubiesen considerado inconstitucionales por excesivas y por desproporcionadas.” P 6 [11] Fernández Rodríguez T. Manual de derecho urbanístico. 23ª ed. Pamplona: Thomson Reuters; 2014:254. “En esta línea se situó luego la LS 6/1998, de 13 de Abril, que consideró urbanizable todo el suelo que no estuviera ya transformado (urbano) o que por alguna razón especial debiera ser apartado de todo proceso de transformación futura (no urbanizable).” P 41 [12] Ibídem. “Los tres, en cambio, se diferencian por el mayor o menor protagonismo de los propietarios en este proceso. El protagonismo privado es nulo en el sistema de expropiación, ya que al expropiar los terrenos es la propia Administración la que asume su titularidad, los urbaniza de acuerdo con el Plan y los devuelve […] En el sistema de compensación ocurre exactamente lo contrario. Son los propietarios agrupados los que realizan por sí mismos y a su costa todas las operaciones inherentes a la ejecución del planeamiento […] El de cooperación, en fin, es un sistema intermedio entre los dos citados […]” P 148-149 [13] Fernández Rodríguez T. Manual de derecho urbanístico. 23ª ed. Pamplona: Thomson Reuters; 2014:254.. “A estos tres sistemas básicos, que la legislación autonómica incorporó con variaciones de detalle de las que aquí puede prescindirse, la Ley valenciana de 15 de noviembre de 1994 vino a añadir uno nuevo: la ejecución del plan por un agente urbanizador, que no tiene que ser necesariamente propietario de terrenos, al que la Administración adjudica un programa de actuación determinado por ella adoptado, bien de oficio, bien a través de un procedimiento de proyectos en competencia.” P 150 [14] Lefebvre H. El derecho a la ciudad. 4ª Edición ed. Barcelona: Ediciones Península; 1978. “El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad.” P 159 [15] Aguilera Vaqués M. Propiedad y medio ambiente (límites constitucionales a la regulación de la propiedad privada. especial consideración a los aspectos medioambientales). In: Carrasco Durán M, Pérez Royo FJ, Urías Martínez J, Terol Becerra MJ, eds. Derecho constitucional para el siglo XXI : Actas del VIII congreso iberoamericano de derecho constitucional. Editorial Aranzadi ed. España: ; 2006. “A grandes rasgos entendemos que forman parte de la función social del derecho de propiedad urbana el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada –este derecho además juega un papel determinante–, el derecho al medio ambiente, el derecho de propiedad de los otros particulares –arrendatarios y personas que quieran acceder a una vivienda digna– y el respeto a otros derechos de propiedad […]”. P 7 [16] Santo Padre Francisco. Carta Encíclica LAUDATO SI´ 2015. “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.” P12 [17] Lefebvre H. Espacio y política. el derecho a la ciudad II. Barcelona: Ediciones Península. Serie Universitaria; 1976. “El derecho a la ciudad significa, por tanto, la constitución o la reconstitución de una unidad espacio-temporal, de una unión en vez de una fragmentación. No elimina en absoluto las confrontaciones y las luchas. ¡Muy al contrario! P 19 [18] Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “Junto a esa defensa de la privacidad, también garantiza y reconoce la CE en su artículo 33 el “derecho de propiedad privada”[…] Ahora bien, lo que se destaca en este precepto, frente a lo que ocurre en sede del artículo 10 CE, no es la defensa de un ámbito de decisión lícita sin más. La tutela del artículo 33 CE no lo es tanto de una libertad de acción positiva cuanto de un derecho de exclusión. Lo que la CE tutela aquí es que el particular titular de una posición jurídica reconocida por el ordenamiento dispone de pretensión lícita de excluir a los demás en el uso o provecho de estos bienes.” P 278 [19] Cortes Generales. Constitución española. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229. Diciembre 1978. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. [20] I Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “Naturalmente, cuando la CE garantiza y protege los títulos de apropiación sobre bienes, legitimando los derechos de exclusión frente a terceros, reconoce consecuentemente que esta apropiación individual es deseada por las personas para la consecución de determinados objetivos, y que la existencia de un derecho de exclusión está puesta al servicio de fines individuales y no altruistas. […] Cuando se pone un bien a disposición exclusiva de un sujeto, se reconoce la legitimidad de la satisfacción del egoísmo propio, y se acepta que esta búsqueda de la satisfacción del egoísmo es un valor aceptado y promovido por el orden constitucional.” P 279 [21] I Carrasco Perera Á. Derecho civil. Quinta Edición ed. Madrid: Tecnos; 2016:420. “Derecho subjetivo es un concepto elaborado por contraposición. Mientras que el Derecho objetivo es una noción que equivale a la de normas jurídicas en general, el derecho subjetivo es un poder que el ordenamiento concede a un individuo, titular en cada caso de los bienes jurídicos, para proceder sobre estos bienes en orden a la satisfacción de sus propios intereses, excluyendo a los demás.” P 280 [22] Ibídem. “Reconoce el artículo 10 CE que el “libre desarrollo de la personalidad” es fundamento del orden político y la paz social. El reconocimiento constitucional supone que nuestro sistema jurídico acepta la existencia de un ámbito de libertad individual y genérica –distinta de las libertades específicas que reconocen los preceptos siguientes de la CE-, en virtud de la cual cada particular determina libremente sus fines y elige –dentro del orden jurídico- los medios para lograrlo. Libre determinación de fines, que incorpora el reconocimiento del autogobierno de la persona y la titularidad de unas facultades de decisión sobre sí mismo y sobre los objetos del mundo exterior, en orden a realizar el modelo de realización personal y social que a cada cual le apetezca. Es natural, entonces, que al no poder imponerse desde fuera a nadie ningún fin, ningún ideal, ningún modelo que no haya sido elegido libremente por él mismo, sea necesario reconocer la existencia de unos derechos de decisión individual que ordenen los medios personales y materiales que han de ponerse al servicio de aquel desarrollo de la personalidad. “ P 278 [23] Aguilera Vaqués M. Propiedad y medio ambiente (límites constitucionales a la regulación de la propiedad privada. especial consideración a los aspectos medioambientales). In: Carrasco Durán M, Pérez Royo FJ, Urías Martínez J, Terol Becerra MJ, eds. Derecho constitucional para el siglo XXI : Actas del VIII congreso iberoamericano de derecho constitucional. Editorial Aranzadi ed. España: ; 2006. “La garantía patrimonial constitucional es un derecho fundamental, que va dirigido a asegurar a su titular un área de libertad personal en la esfera patrimonial para habilitarlo con el fin de que pueda asumir responsabilidad para el desarrollo libre y la organización de su propia vida dentro del contexto legal y social. Ello deriva del hecho de que el derecho de propiedad debe estar ligado a la idea de dignidad humana. La interpretación integradora de la Constitución precisa conjugar sincrónicamente los preceptos constitucionales que vinculan el derecho de propiedad con el pleno desarrollo de la personalidad, con las normas que establecen un modelo económico de profundas expectativas sociales.” P10 [24] Ibidem. “La propiedad es sobre todo una garantía para proteger, en primer término la libertad personal y no una garantía para proteger la propiedad en si” p11