Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-01108-4942-2016-de-abril-19-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_6dfa4ceaca6342649efb5078f93cdc22&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 17:02:00
Document Index: 1990872

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 615', 'artículo 150', 'artículo 615', 'artículo 150', 'artículo 615', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 150', 'artículo 615', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 615', 'artículo 627']

﻿ AUTO 2016-01108/4942-2016 DE ABRIL 19 DE 2018
AUTO 2016-01108 DE 19 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN Y CELERIDAD DE LOS PROCESOS. LA DILACIÓN EN EL TRÁMITE JUDICIAL NO PUEDE SER ÓBICE PARA DESCONOCER EL DERECHO DE LOS ADMINISTRADOS NI PUEDE SER UTILIZADO COMO UNA EXCUSA PARA OCULTAR LA REALIDAD DEL CONTEXTO JUDICIAL. ES DECIR, QUE LA OCURRENCIA DE ESTAS CIRCUNTANCIAS NO AUTORIZA A CONSIDERAR PER SE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINO ES JUSTIFICADO SIN PRUEBA ALGUNA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO LABORAL, PRINCIPIO DE CELERIDAD, MORA JUDICIAL, PROCESO JUDICIAL
Auto 2016-01108/4942-2016 de abril 19 de 2018
Rad.: 11001-03-25-000-2016-01108-00 (4942-2016)
Actor: Deofanor Ortiz Córdoba
Demandado: Departamento de Chocó
Auto interlocutorio 005-2018
La Sección Segunda del Consejo de Estado decide la solicitud de cambio de radicación presentada por el apoderado del señor Deofanor Ortiz Córdoba, en aplicación del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso.
El señor Deofanor Ortiz Córdoba, instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Chocó —secretaria de educación departamental—, en la que pretendió la nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente del cargo de docente que ostentaba al servicio de esa entidad y que como consecuencia de ello se condenara reconocerle y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir mientras estuvo desvinculado ilegalmente.
Después de agotarse el proceso ordinario, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó al gobernador del departamento de Chocó a reintegrar al accionante al mismo cargo que ocupaba antes de ser retirado o a otro de similar condición y categoría, y pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de la desvinculación del actor, hasta cuando fuere efectivamente reintegrado.
Pese a lo anterior, la administración no dio cumplimiento a la sentencia dentro de los dieciocho (18) meses que la ley otorga para tales efectos, por lo tanto el señor Deofanor Ortiz Córdoba instauró proceso ejecutivo el 21 de agosto de 2014, el cual correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó, radicado bajo el número 27001-33-33-003-2014-00599-00.
Según la bitácora aportada por el apoderado del solicitante(1) y el resumen de actuaciones surtidas, elaborado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, el despacho asumió conocimiento del proceso el 25 de febrero de 2015 y libró mandamiento de pago el 17 de marzo siguiente; mediante auto calendado del 24 de agosto de 2015 se aprobó la solicitud de embargo y retención de las medidas solicitadas por la parte ejecutante y finalmente, el 1º de septiembre de 2015 profirió providencia en la cual ordenó seguir adelante con la ejecución.
Posteriormente se remitió el proceso al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó el cual avocó conocimiento el 4 de mayo de 2016. Una vez allí la parte ejecutante requirió el embargo y retención de los recursos de destinación específica que por concepto de educación transfiera el Ministerio de Educación Nacional a la entidad demandada. En ese despacho se inició el trámite para la liquidación del crédito ante la contadora del Tribunal Administrativo de Chocó, actuación que no concluyó al ser devuelto el proceso por falta de la fecha de ejecutoria de la sentencia. Por último, a través de auto del 20 de enero de 2017 el juez manifestó impedimento, el cual se declaró fundado el 9 de febrero siguiente por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Este último despacho continúo el trámite del proceso bajo el radicado 27001-33-33-002-2017-00052-00, y el 28 de abril de 2017 envió nuevamente el expediente a la contadora del Tribunal para llevar a cabo la liquidación del crédito. De esta liquidación se corrió traslado el 18 de septiembre de 2017 y finalmente fue objetada por la parte demandante el 21 de septiembre de la misma anualidad.
Solicitud de cambio de radicación(2)
El recurrente basó su petición en la falta de imparcialidad y celeridad en el trámite del proceso de ejecución por parte del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, por cuanto desde el mes de abril de 2016 avocó conocimiento, sin que a la fecha de su solicitud haya aprobado la liquidación del crédito. Además, indicó que no se había dado respuesta a las múltiples peticiones para el impulso del trámite procesal y el ejercicio de los poderes con el fin de hacer cumplir la sentencia.
Concepto por parte del consejo seccional de la judicatura de Chocó(3)
Teniendo en cuenta que el cambio de radicación del proceso se sustenta en la falta de celeridad en su trámite, conforme a lo ordenado en el inciso 3º del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, se solicitó concepto al Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó respecto de la gestión adelantada por el juzgado en el proceso ejecutivo objeto de la petición.
El concepto fue desfavorable a las pretensiones de cambio de radicación(4). El Consejo Seccional refirió que en el asunto no se cumplen los requisitos establecidos en la norma para alterar la competencia del juzgado de conocimiento.
Con base en el trámite procesal verificado(5), concluyó que no ha habido inactividad, falta de trámite o de gestión por parte de los jueces que han tenido a su cargo el asunto, puesto que la demora en el desarrollo del proceso tiene su génesis en la alta carga laboral que aqueja a los juzgados administrativos del circuito de Quibdó(6).
Así mismo, señaló que a pesar de que se han tomado medidas de descongestión por parte del Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2012, los juzgados administrativos de Quibdó continúan con un alto volumen de trabajo, sin ser la excepción los despachos que han tenido a su cargo este trámite. Estos, de hecho son los más congestionados del circuito, por lo que el año anterior se dispuso suspenderles el reparto temporalmente, en aras de equilibrar la carga laboral.
Para finalizar, indicó que en el caso sublite no se constató que exista algún tipo de alteración del orden público que afecte el trámite del proceso, ni circunstancias especiales que vulneren la imparcialidad del juez que conoce el asunto.
Conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, el Consejo de Estado conocerá de las peticiones de cambio de radicación. Esta última norma regula lo siguiente:
“ART. 615.—Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura […]”(7).
La competencia para decidir la petición radica en esta sección de acuerdo con lo previsto en ordinal 4º del artículo 13A del Acuerdo 58 de 1999(8) o reglamento del Consejo de Estado.
De acuerdo con esto, previo a analizar el caso concreto, la Sala determinará i) el alcance conceptual de la figura del cambio de radicación, ii) la legitimación para presentar la solicitud y iii) una breve exposición de las causales para que proceda la petición con énfasis en la falta de imparcialidad y celeridad en el trámite del asunto. Posteriormente analizará iv) la petición formulada.
Pese a que el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso regula el cambio de radicación, no hace una definición de la figura procesal, por lo que esta Corporación ha hecho la siguiente aproximación conceptual: “[…] cambiar de radicación no es otra cosa que alterar el juez que había resultado competente conforme a las reglas generales de competencia […]”(9).
Igualmente, ha manifestado que el carácter excepcional del cambio de radicación yace en la posible afectación a los derechos de las partes, entre ellos el hecho de que la competencia del juez prima facie es inmodificable en virtud del principio perpetuatio jurisdictionis. Esto va ligado directamente con el derecho a un debido proceso que implica reglas cognoscibles, claras y controvertibles en instancia(10).
Por esta razón, es claro que el uso de esta figura opera ante circunstancias de carácter especial y la decisión de aplicarla deberá tener en cuenta la importancia de los intereses que se quieren proteger, la idoneidad para alcanzar la finalidad propuesta y si resulta proporcionada a los hechos que la fundamentan(11).
2. Legitimación para presentar la solicitud.
El Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la legitimación para presentar la solicitud de cambio de radicación y ha concluido que pese a que la norma procesal no establece quién tiene la facultad de solicitarlo, aparte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “cualquiera de los sujetos procesales, o quien actúe en su nombre o en su lugar”(12) podrá hacerlo, en tanto que no sería razonable que esta facultad fuese exclusiva de la mencionada agencia.
3. Causales de procedencia de la solicitud de cambio de radicación.
Conforme a lo establecido en el artículo trascrito, la solicitud de cambio de radicación de un proceso implica que las causas invocadas por el interesado deban ser de tal magnitud que estructuren per se una excepción a las condiciones de normalidad del orden público, que afecten la labor imparcial y la eficaz administración de justicia, que vulneren o pongan en riesgo las garantías procesales y la integridad de quienes en él intervienen, o que supongan una grave e injustificada falta de celeridad en el trámite del asunto.
Como lo ha manifestado esta colegiatura, la aplicación esta figura “[…] no obra de manera automática e indiscriminada, con la simple formulación de argumentos subjetivos esgrimidos por el interesado, sino que requiere de un escenario de tal envergadura […]”(13) que efectivamente afecte el decurso normal del proceso.
Ahora bien, como el solicitante fundamentó la petición de cambio de radicación en la falta de imparcialidad y celeridad en el trámite del asunto por parte Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, procederá esta Sala a determinar el alcance de estas causales.
a) Afectación de la imparcialidad e independencia en la administración de justicia.
Frente a la imparcialidad, esta Corporación advirtió que podía verse afectada cuando circunstancias externas que desequilibren el funcionamiento del aparato jurisdiccional del Estado, puedan influir en las decisiones judiciales perjudicando la neutralidad indispensable para el normal funcionamiento de la administración de justicia(14).
En relación con la independencia judicial, en la misma providencia citada de la Sección Tercera indicó esta Corporación que podía verse alterada ante la injerencia de cualquier poder público o privado, del orden nacional o local, en la toma de decisiones, ello teniendo en cuenta que la judicatura goza de total autonomía. Para estos efectos quien invoque estas dos circunstancias en la solicitud de cambio de radicación, “[…] deberá suministrar u ofrecer un mínimo de elementos que permitan […] deducir la injerencia, o manipulación que pueda ejercerse sobre la administración de justicia, en cuanto se refiere a la posible afectación de su independencia e imparcialidad […]”(15).
De hecho, el Consejo de Estado ha hecho especial énfasis en el estudio de las causales de cambio de radicación relativas a la alteración del orden público y los riesgos que implica en materia de imparcialidad e independencia judicial y en las garantías procesales entre ellas la integridad de los intervinientes(16).
b) Deficiencias en la gestión y celeridad de los procesos.
Puede decirse que la celeridad implica la rapidez y diligencia con la que se tramita un proceso con el fin de obtener una resolución pronta del conflicto, lo que supone que el juez y las partes son determinantes a la hora de agotar en tiempos razonables cada una de las etapas procesales. La celeridad es también la expresión de un debido proceso ágil y razonable, siendo el elemento temporal el más destacable dentro de la actividad dinamizadora que emprenden los actores, pues los términos se establecen como de imperativo cumplimiento. En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que:
“[…] es indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador. Por ello, esta Corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido proceso, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos””(17).
El marco de acción de los operadores judiciales en virtud del principio de celeridad está fijado por las leyes. Desde esta noción, la garantía de celeridad se prevé a partir de la libertad de configuración normativa del legislador, el cual ha hecho un esfuerzo por eliminar cláusulas, pasos e instancias inútiles que lo contravienen(18).
En relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha acudido al desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos para establecer las circunstancias que puntualizan la razonabilidad del plazo para resolver un asunto, y concluyó que en últimas este se determina según: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis global del procedimiento”(19).
Ahora bien, frente a la regulación normativa de la celeridad en la administración de justicia, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula lo siguiente:
“ART. 8º—Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter […]” (destacado fuera de texto).
Este principio también se deriva de algunas disposiciones constitucionales. Por ejemplo, el artículo 29 de la Carta Política preceptúa un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, de tal manera que se plantea la observancia obligatoria de los términos judiciales como un factor esencial para garantizar la materialización de la seguridad jurídica y la igualdad(20). Por su parte, el artículo 228 de la Constitución establece el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos, lo que implica que los jueces “[…] deben resolver de manera imparcial, efectiva y diligente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento, en los precisos términos y oportunidades que señala el ordenamiento”(21).
De otro lado, el artículo 229 de la Carta Política establece la garantía de acceder a la administración de justicia(22), según la cual no basta con la mera facultad del particular de acudir físicamente ante la Rama Judicial, sino que además “[…] comprende la posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial, en el entendido de que la autoridad competente resuelva oportunamente el asunto que le ha sido planteado”(23).
Igualmente, la Ley 270 de 1996 señala una serie de principios que rigen la administración de justicia, entre ellos la celeridad —artículo 4º modificado por el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009—, entendida como la prontitud en la resolución de los litigios judiciales y la estricta sujeción a los términos por parte de los funcionarios judiciales.
Aun así, como lo ha dicho la Corte Constitucional(24), el juez no puede limitarse a dictar una decisión en los términos procesales sin observar el deber de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial, por ello las providencias que profiera “[…] deben contener una resolución clara, cierta, motivada y jurídica de los asuntos que generaron su expedición, teniendo claro, que la finalidad de toda la actuación es la de maximizar el valor justicia contenido en el Preámbulo de la Constitución”(25). Ello significa que el principio de celeridad se convierte en una máxima deseable en la actuación judicial, que debe realizarse en la mayor medida de lo posible sin que ello cercene la materialización de la justicia(26).
También es claro que dentro de los obstáculos que impiden a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia se encuentra la congestión judicial, que conlleva a la mora en la toma de decisiones situación que prima facie implicaría un desconocimiento al derecho de un debido proceso sin dilaciones. Ante ello, la Corte Constitucional ha concluido que “[…] la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez […]”(27) tomar la decisión oportunamente. En otras palabras, la mora judicial(28) se halla justificada cuando el juez que actúe diligentemente y en cumplimiento de sus deberes, no pueda resolver de fondo en los términos de ley, ante la presencia de situaciones imprevisibles y de tal magnitud que se lo impidan.
Dentro de esas situaciones ineludibles y ajenas a la voluntad del juez que le impiden actuar céleremente, se encuentra el alto volumen de trabajo el cual tiene entre otras causas: mecanismos procesales inadecuados o revestidos de excesivo formalismo; gestión inapropiada de agentes externos; la falta de consideración por parte del ejecutivo en la toma de decisiones al no tener en cuenta la jurisprudencia en asuntos similares; la constante expedición de leyes, decretos y actos administrativos que producen inestabilidad en el ordenamiento jurídico; un aumento de conflictividad por la falta de claridad de la norma y el déficit presupuestal para el fortalecimiento institucional del poder judicial(29).
Ahora bien, pesar de que la dilación en el trámite judicial no sea imputable a la conducta ineficiente del funcionario, sino a una significativa carga laboral, ha dicho la Corte que este hecho no puede ser óbice para desconocer el derecho de los administrados de reaccionar ante estas situaciones, ni mucho menos puede ser utilizado como una excusa para ocultar la realidad del contexto judicial. Es decir, que la ocurrencia de estas circunstancias no autoriza a considerar per se que el incumplimiento de los términos es justificado “[…] sin prueba alguna de que se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitarla”(30). De acuerdo con la anterior, determinó el Tribunal Constitucional que el incumplimiento de un término procesal se entiende justificado cuando:
[…] (i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial y (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley […](31).
Contrario sensu, la mora es injustificada cuando “[…] el funcionario judicial no ha sido diligente y su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones […]”(32), no exista “[…] un motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar […]”(33).
Visto lo anterior, es claro que se deberá evaluar el asunto en particular para determinar si la mora en la administración de justicia tiene un motivo verdaderamente válido y objetivo que impide cumplir el término legal que se tiene para realizar la actuación en un plazo razonable.
Atendiendo al concepto allegado por parte del Consejo Sección de la Judicatura del Chocó y los argumentos que a continuación se expresan, la Sala Plena constata que no hay lugar a acceder a la solicitud de cambio de radicación presentada por el apoderado de la parte actora.
En efecto, de la información que yace en el citado concepto se puede concluir que la falta de celeridad en el trámite del proceso de referencia se encuentra plenamente justificada, ya que existe una situación que supera la voluntad del juez de conocimiento, como lo es la congestión no solo del despacho donde se tramitaba el asunto, sino de todos los juzgados que hacen parte del circuito administrativo de Quibdó. En especial, esta congestión se presenta en los juzgados que han conocido el asunto, los cuales tienen la carga laboral más alta del circuito.
Como se señaló en la definición del alcance del principio de celeridad, la dilación procesal no se puede justificar de manera simple con la existencia de un alto volumen de trabajo, sino que se requiere demostrar que se hayan intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitar la congestión causante de la falta de impulso en el proceso.
En ese sentido, en el asunto sub lite el propio Consejo Superior de la Judicatura ha tomado medidas tendientes a reducir la carga laboral de los juzgados más congestionados del circuito administrativo de Quibdó. Fue así como mediante acuerdo de 29 de junio de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó dispuso suspender el reparto a los juzgados primero, segundo y tercero, y entregar todos los nuevos procesos al juzgado cuarto, que según datos del SIERJU tiene un volumen de trabajo inferior a los demás. Esta medida demuestra que efectivamente se ha pretendido imprimir celeridad a los procesos que se tramitan en los despachos más congestionados de la ciudad, entre ellos el que actualmente conoce del proceso ejecutivo en cuestión.
De otra parte, el trámite que hasta el momento se le ha dado al asunto no indica una situación caprichosa, grave e injustificada por parte del juez que lo tiene a su cargo, lo que impide que prospere la causal de cambio de radicación invocada.
Así mismo, es necesario aclarar que cuando se presentó la solicitud —noviembre de 2016— se pretendía alterar la competencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó por su falta de gestión y celeridad en el trámite del proceso. No obstante, para enero de 2017 el juez de conocimiento manifestó estar impedido, situación que se encontró fundada el 9 de febrero de la misma anualidad, por lo que el proceso actualmente está a cargo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, cuyo titular ya puso a disposición de las partes la liquidación de crédito realizada el 18 de agosto de 2017.
De otro lado, si bien la parte solicitante requirió al juez en cuestión el embargo y retención de los recursos de destinación específica que por concepto de educación transfiriera el Ministerio de Educación Nacional a la entidad demandada, poco tiempo después el funcionario judicial manifestó impedimento para seguir adelantando el trámite del proceso, como quedó expuesto en los antecedentes de la providencia, lo que permite concluir que no hubo una actitud negligente en su actuar pues perdió la competencia para conocer del asunto.
Para finalizar, el apoderado solicitante relacionó una presunta falta de imparcialidad en el desarrollo del proceso, no obstante solo hizo la afirmación sin sustento probatorio alguno, pues en la solicitud de cambio de radicación no demostró cómo y en qué medida se afecta la objetividad del funcionario judicial que tramita el expediente. Ello es suficiente para considerar infundada la causal, criterio compartido en el concepto desfavorable allegado por el Consejo Seccional de la Judicatura.
Conclusión. Los anteriores argumentos son suficientes para concluir que no procede la solicitud de cambio de radicación elevada por el representante del señor Deofanor Ortiz Córdoba, pues no se ajusta a los precisos lineamientos del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso.
1. NEGAR la solicitud de cambio de radicación del proceso ejecutivo 27001-33-33-002-2017-00052-00 tramitado por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, donde es demandante el señor Deofanor Ortiz Córdoba.
2. Ejecutoriada esta decisión, archívese la presente actuación.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Sección en sesión celebrada en la fecha.
Magistrados: William Hernández Gómez.—Sandra Lisset Ibarra Vélez.—César Palomino Cortés.—Carmelo Perdomo Cuéter.—Rafael Francisco Suarez Vargas.—Gabriel Valbuena Hernández (ausente).
(1) Folios 1 al 3, cuaderno principal.
(2) Folios 1 al 12, cuaderno principal.
(3) Folios 22 al 25, cuaderno principal.
(4) Oficio CSJCHOP17-932, de fecha 29 de noviembre de 2017, folio 27.
(5) Hizo mención al trámite surtido al interior del proceso desde el 4 de mayo de 2016 hasta el 9 de febrero de 2017, lapso en que el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó estuvo a cargo del asunto y desde el momento en que el Juzgado Segundo Administrativo declaró fundado el impedimento manifestado por el juez del antedicho despacho hasta el 21 de septiembre de la misma anualidad, fecha en que el representante de la parte actora presentó objeciones a la liquidación de crédito realizada el 18 de agosto de 2017.
(6) Esta congestión asciende a 3.000 procesos distribuidos en cuatro juzgados, de los cuales 906 se tramitan en el juzgado primero y 853 en el juzgado segundo, —datos que fueron extraídos del sistema de información de estadísticas - SIERJU— el 30 de septiembre de 2017.
(7) Esta disposición “[…] se encuentra entre los artículos del Código General del Proceso que por mandato del artículo 627 ejusdem, entraron en vigencia el pasado 12 de julio de 2012” como lo ha dicho el Consejo de Estado, Sección Tercera en auto del 6 de diciembre de 2012, rad.: 11001-03-26-000-2012-00078-00 (45679), Actor: José Alvar Torres y otros, Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional.
(8) Adicionado por el acuerdo 148 de 2014, el cual regula lo siguiente:
ART. 13A.—Otros asuntos asignados a las Secciones según su especialidad. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá competencia para:
(10) Sobre este principio esta Corporación en auto de fecha 6 de diciembre de 2012 ya citado, rad.: 11001-03-26-000-2012-00078-00 (45679), acudió a la doctrina para realizar una definición del mismo e indicó lo siguiente: “La perpetuatio jurisdictionis es un principio derivado del concepto del debido proceso, con arraigo en las garantías ciudadanas, de un juicio justo y con reglas cognoscibles, claras y controvertibles en instancia, esto es, con asidero constitucional en las libertades y derechos ciudadanos —derechos fundamentales—, según el cual, una vez determinada la jurisdicción y la competencia, tras la interposición de la demanda, esta no se puede modificar por razones de hecho o de derecho sobrevivientes a ese primer momento procesal”. NARANJO FLOREZ, Carlos. “El principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis y el debido proceso en Colombia”. En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Información obtenida el 26 de noviembre de 2012 en http://www.icdp.org.co/revista/articulos/35/Carlos%20Naranjo%20Florez.pdf.
(13) Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 12 de marzo de 2014, rad.: 11001-03-25-000-2013-00964-00(2141-13), Actor: Alberto Bocanegra Díaz, Demandado: Universidad de Pamplona.
(16) Entre otras providencias del Consejo de Estado: Auto de fecha 6 de diciembre de 2012, ya citado, rad.: 11001-03-26-000-2012-00078-00 (45679), y auto de 12 de marzo de 2014, ya citado, rad.: 1001-03-25-000-2013-00964-00(2141-13).
(17) Corte Constitucional. Sentencia T-006/92.
(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2014, rad. 50001231500020000012301, Actor: Héctor Darío Alzate Arcila y otros, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y otros.
(19) Corte Constitucional, Sentencia T-527 de 2009.
(20) Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 27 de enero de 2016, rad.: 25000-23-26-000-1999-02189-01(34581), Actor: Ignacio Piñeros Pérez y otros, Demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros.
(22) Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “el derecho de acceso a la administración de justicia no sólo es entendido en términos de presupuesto para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, sino que abarca, a su vez, tres elementos: (i) el acceso efectivo al sistema judicial, del que toda persona es titular ya sea por sí mismo o por intermedio de otro; (ii) el transcurso de un proceso que envuelva todas las garantías judiciales incluida la decisión en un plazo razonable; y (iii) la ejecución material del fallo. Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 2011”.
(23) Corte Constitucional, Sentencia C-985 de 2005, y Sentencia T-292 de 1999.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-100 de 2001.
(25) Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2005.
(26) “[…] la sideral duración de los procesos ha hecho reaparecer la antigua preocupación de J. Bentham, cuando escribía que una justicia demorada es una justicia negada: justice delayed is justice denied; o como solía decir Devis Echandía: Una justicia lenta, es una injusticia grave […]” Londoño, Mabel. La congestión y la mora judicial: el juez, ¿su único responsable? Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 38, Nº 109 / pp. 385-419, Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2008, ISSN 0120-3886.
(27) Corte Constitucional, Sentencia T-190 de 1995.
(28) La Corte Constitucional ha señalado que la mora judicial se entiende “[…] como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”. Corte Constitucional, Sentencia T-945A de 2008.
(29) Visión Colombia, II Centenario, Departamento Nacional de Planeación. Garantizar una justicia eficiente, pp. 302-303.
(30) Corte Constitucional, Sentencia T-494 de 2014.
(31) Corte Constitucional, sentencias T-1226 de 2001 y T-1227 de 2001.
(32) Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2015.
(33) Corte Constitucional, sentencias T-1249 de 2004 y T-297 de 2006.