Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2020/
Timestamp: 2020-07-02 19:23:43
Document Index: 320797875

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 17']

Pedro de Miguel Asensio: 2020
Entre los sectores del llamado Derecho de las Nuevas Tecnologías que más interés han suscitado en el actual contexto de adaptación generalizada al teletrabajo se encuentra un tema “clásico”, como es el de la eficacia de las firmas electrónicas. Por ello, puede resultar de interés hacer una breve referencia a la sentencia pronunciada hoy por el Tribunal de Justicia en el asunto C-309/19-P, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Comisión, EU:C:2020:401, en la medida en que aborda la limitada eficacia jurídica de la impresión en papel de un documento electrónico que contiene una firma electrónica cualificada.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en jueves, mayo 28, 2020
Competencia desleal, derecho de desistimiento e información sobre teléfonos en la contratación en línea
Por segunda vez en meses, en su sentencia de hoy en el asunto EIS, C-266/19, EU:C:2020:384, el Tribunal de Justicia interpreta el alcance de las normas relativas a la obligación por parte de los empresarios de informar acerca de su número de teléfono a los consumidores en el marco de la comercialización de bienes por Internet. A diferencia de su sentencia del pasado mes de julio en el asunto C-649/17, Amazon EU, EU:C:2019:576 –reseñada aquí-, la nueva sentencia va referida a la interpretación de las normas de la Directiva 2011/83, sobre los derechos de los consumidores, relativas a la información que debe facilitarse en relación con el ejercicio del derecho de desistimiento. La experiencia demuestra que ese es uno de los aspectos de la normativa sobre contratación a distancia en los que el cumplimiento en la práctica de sus obligaciones presenta mayores carencias. El litigio principal ante los tribunales alemanes en el marco del cual se plantea la cuestión prejudicial no tiene su origen en este caso en una acción ejercitada por una asociación de consumidores sino en un pleito entre dos empresas competidoras en la venta de artículos eróticos a través de Internet. La disputa entre ambas tiene por objeto la eventual consideración de la deficiente información de una de ellas a los consumidores como un acto de competencia desleal derivado de la infracción de normas. La sentencia aclara cómo debe interpretarse la exigencia del anexo I de la Directiva 2011/83 relativa a que entre la información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento que el empresario debe insertar en el modelo de documento para el consumidor ha de figurar: “su nombre, su dirección geográfica y, si dispone de ellos, su número de teléfono, su número de fax y su dirección de correo electrónico”. Como es conocido, esta disposición de la Directiva, que establece una armonización completa en la materia, se encuentra en España incorporada en el Anexo I del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en relación con su artículo 97.1.i) y 97.4.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en jueves, mayo 14, 2020
Etiquetas: Comercio electrónico, Consumo, Contratación internacional, Derecho de la competencia, Sociedad de la información, Unión Europea
Recientemente ha sido publicado el libro Conflict of Laws and the Internet, a cuyo índice detallado puede accederse aquí. Información adicional sobre el libro se encuentra disponible aquí.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en lunes, mayo 04, 2020
En su sentencia de hoy en el asunto Primera Air Scandinavia, C-215/18, EU: EU:C:2020:235, el Tribunal de Justicia se pronuncia nuevamente sobre la interpretación de los fueros especiales de competencia en materia contractual (art. 7.1) y de contratos de consumo (arts. 17 a 19) del Reglamento 1215/2012 o RBIbis. Con respecto al primero, en el contexto del transporte internacional de viajeros –en concreto, de demandas de indemnización por retraso interpuestas en virtud del Reglamento n.º 261/2004-, la sentencia viene a confirmar que un transportista aéreo que no ha celebrado un contrato de transporte con un pasajero pero ha operado un vuelo previsto en un contrato celebrado entre el pasajero y un tercero es susceptible de ser demandado por el pasajero en los tribunales competentes en virtud del artículo 7.1. Como novedad –vid. en relación con su jurisprudencia previa el ATJ de 13 de febrero de 2020, flightright, C‑606/19, EU:C:2020:101 y STJ de 7 de marzo de 2018, flightright, reseñada aquí- el Tribunal establece que eso es así también cuando el contrato celebrado por el pasajero con el tercero es un contrato de viaje combinado, de modo que incluye además prestaciones de alojamiento distintas al vuelo. Este resultado se corresponde con el criterio ya consolidado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que el fuero del artículo 7.1 no se subordina a la celebración de un contrato entre las partes sino que basta con la existencia de un compromiso libremente asumido por una parte frente a la otra.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en jueves, marzo 26, 2020
Etiquetas: Competencia judicial, Consumo, Contratación internacional, Unión Europea
Aplazamiento del Congreso de la European Association of Private International Law
Al igual que el resto de congresos internacionales previstos para las próximas semanas, el primer Congreso organizado por la la European Association of Private International Law en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), inicialmente previsto para el próximo mes de mayo, ha sido aplazado. Toda la información relevante en relación con el aplazamiento se encuentra disponible aquí.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en miércoles, marzo 18, 2020
Tarjetas de descuentos: prestación de servicios y protección de consumidores
La sentencia de hoy del Tribunal de Justicia en el asunto Verbraucherzentrale Berlin, C-583/18, EU:C:2020:199, resulta de interés en relación con el tratamiento de la comercialización de tarjetas de descuento que permiten a sus titulares obtener la prestación de un servicio a un precio reducido. Por una parte, se pronuncia el Tribunal en relación con la caracterización de esos contratos, en los que quien proporciona la tarjeta de descuento no se obliga directamente a prestar un servicio, como contratos de prestación de servicios, en particular a los efectos de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. Por otra parte, en el contexto de la demanda en el litigio principal, en el que lo determinante es si los adquirentes en línea de la tarjeta de descuento se benefician del derecho de desistimiento previsto, salvo excepciones, para los contratos a distancia en la Directiva 2011/83/UE resultaba también relevante establecer si la excepción relativa a los “contratos de servicios de transporte de pasajeros” se aplica también en aquellas situaciones en las que el consumidor contrata tan solo el derecho a obtener un descuento en contratos de servicios de transporte futuros, a lo que va referida la segunda cuestión perjudicial planteada en este asunto.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en jueves, marzo 12, 2020
“Brexit update”: perspectivas en el ámbito de la cooperación judicial civil
La publicación la semana pasada de las directrices de la UE para la negociación de la relación futura con el RU, así como de la posición del Gobierno del RU con respecto a esa negociación, permite apreciar en qué medida la misma puede llegar a implicar (o no) avances en el ámbito de la cooperación judicial civil con respecto a la situación resultante de la mera terminación del periodo transitorio sin ningún tipo de acuerdo en la materia. En síntesis, de los documentos iniciales sobre la negociación parece desprenderse que lo previsible a día de hoy es que las eventuales negociaciones sobre esta materia se centren en si la UE está o no dispuesta a aceptar la adhesión del RU al Convenio de Lugano, así como en las posibles implicaciones de la sustitución parcial de algunos de los Reglamentos actualmente aplicables –especialmente en el ámbito del Derecho de familia, en particular los Reglamentos 2201/2003 en materia matrimonial y de responsabilidad parental y el Reglamento 4/2009 sobre obligaciones alimenticias- por convenios existentes en el ámbito de la Conferencia de la Haya de DIPr. En caso de que no se produzca la adhesión (sin objeciones por parte de la UE) del RU al Convenio de Lugano, también tendrán especial relevancia en las relaciones UE-RU otros convenios de La Haya, en concreto el de 2005 sobre acuerdo de elección de foro e, incluso, tal vez en un futuro el Convenio de 2019 sobre ejecución de sentencias.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en viernes, marzo 06, 2020
Etiquetas: Competencia judicial, Derecho de familia, Propiedad industrial, Reconocimiento decisiones, Unión Europea
Como elemento de interés de las Directrices 5/2019 del Comité Europeo sobre Protección de Datos (EDPB) acerca de la aplicación del derecho al olvido por motores de búsqueda (primera parte), destaca la circunstancia de que proporcionan las pautas para determinar en qué medida el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) refuerza ese derecho. Ciertamente, pese a tratarse de un derecho existente ya en el marco de la Directiva 95/46/CE –como estableció el Tribunal de Justicia en su conocida sentencia Google Spain-, las Directrices 5/2019 responden al criterio de que en el marco del RGPD se incrementa la protección de los afectados frente al tratamiento de datos personales por los motores de búsqueda, habida cuenta de que el contenido de sus artículos 17 –“Derecho de supresión («el derecho al olvido»)” y 21 –“ Derecho de oposición”- justifican un análisis parcialmente diferenciado respecto a la situación anterior. El documento se limita a analizar el derecho a la supresión de enlaces en los resultados de motores de búsqueda e insiste como esencial en el criterio de que el tratamiento realizado por el buscador –con respecto a búsquedas con base en el nombre del interesado- tiene típicamente una repercusión muy superior sobre los derechos del interesado a la que tiene el tratamiento llevado a cabo por el responsable de la página web a la que dirige el enlace generado por el buscador. Esta circunstancia condiciona la interpretación de los dos elementos en los que se centran las Directrices: los motivos en los que puede fundarse la supresión (art. 17.1 RGPD) y las excepciones que prevalecen sobre el derecho del interesado a la supresión (art. 17.3 RGPD).
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en lunes, enero 27, 2020
Entre los cinco documentos con Directrices acerca de la interpretación de normas del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) adoptados en 2019 por el Comité Europeo de Protección de Datos (más conocido por sus siglas en inglés EDPB), dos tienen una especial relevancia en relación con las actividades en línea. Por una parte, las Directrices 2/2019 sobre el tratamiento de datos personales en virtud del artículo 6(1)(b) RGPD en el marco de la prestación de servicios en línea a interesados. Como es conocido, el artículo 6(1)(b) RGPD establece la licitud del tratamiento de datos personales en la medida en que “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”. En consecuencia, la concreción del alcance de este fundamento de la licitud del tratamiento de datos personales resulta de especial importancia en relación con las actividades de contratación en línea. Por otra parte, el documento de Directrices más reciente, adoptado por el EDPB en diciembre, es el que contiene las Directrices 5/2019 sobre criterios relativos a la aplicación del derecho al olvido por motores de búsqueda (primera parte), que se centra en la interpretación del artículo 17 RGPD, relativo al derecho de supresión en aquellas situaciones en las que el llamado derecho al olvido se ejercita frente a motores de búsqueda. Por la relevancia de ambas materias resulta de interés hacer referencia a a estos documentos, disponibles en el sitio del Comité, de momento sólo en inglés y el segundo de ellos todavía en su versión para consulta pública, abierta hasta el 5 de febrero de 2020. Lo haré en dos entradas, dedicando esta primera al tratamiento de datos fundado en la ejecución de un contrato o la aplicación de medidas precontractuales.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en viernes, enero 17, 2020
Etiquetas: Contratación internacional, Derecho aplicable, Protección de datos, Unión Europea
La editorial Aranzadi ha publicado en su colección Grandes Tratados el libro de Briseida Sofía Jiménez Gómez, Garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional, ISBN 978-84-1308-026-0. La autora tuvo la gentileza de ofrecerme la oportunidad de escribir el prólogo de la obra, que, en tanto que indicativo del contenido e interés del libro, reproduzco a continuación.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en viernes, enero 10, 2020
Novena edición de Derecho internacional privado: Textos y materiales
Acaba de aparecer la novena edición de la obra Derecho internacional privado: Textos y Materiales, Thomson-Reuters Civitas, 2020. En el ámbito legislativo, además de la actualización de los instrumentos normativos, destaca como novedad la inclusión del Reglamento (UE) 2019/1111 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial. En el plano jurisprudencial, cabe reseñar la incorporación de algunas importantes resoluciones del TJUE, como sus sentencias de 25 de octubre de 2017, Polbud, C-106/16; 16 de enero de 2019, Liberato, C-386/17; 5 de septiembre de 2019, C-468/18, R; y 24 de septiembre de 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement), C-507/17. Asimismo, cabe reseñar la inclusión de un extracto del Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019 en materia de filiación, junto con algún ejemplo de la práctica reciente de la RGDN en materia de DIPr, como su Resolución de 24 de mayo de 2019, así como de la jurisprudencia en materia de arbitraje comercial internacional, como el Auto TSJ Murcia de 12 de abril de 2019.
Publicado por Pedro Alberto de Miguel Asensio en jueves, enero 09, 2020