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Timestamp: 2019-10-22 09:53:12
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Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 9', 'artículo 260', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 230']

﻿ SENTENCIA 18970 DE ENERO 23 DE 2003
SENTENCIA 18970 DE 23 DE ENERO DE 2003
CONTENIDO:LA JURISPRUDENCIA NO OBLIGA A LOS JUECES. NO EXISTE LA REGLA DE ESCOGER EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO, CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:375 DE MARZO DE 2003, PG.416
Sentencia 18970 de enero 23 de 2003
LA JURISPRUDENCIA NO OBLIGA A LOS JUECES
NO EXISTE LA REGLA DE ESCOGER EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder
Radicación Nº 18970
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor Gabriel Restrepo Rueda, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 15 de febrero de 2002, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra las sociedades Occidental de Colombia INC y Petrosantander (Colombia) INC.
La demanda inicial fue promovida para que, una vez cumplidos los trámites de un proceso ordinario laboral de doble instancia, las compañías demandadas fueran condenadas solidariamente a reliquidar el valor inicial de la pensión de jubilación del actor, aplicando para ello el valor del IPC que afectó el peso colombiano entre la fecha de la terminación del contrato de trabajo y el día en que empezó a disfrutar de dicha prestación y que consecuentemente se condene a su reajuste desde el año de 1990.
Exponen los hechos que sustentan las pretensiones antedichas que Occidental de Colombia INC. reconoció al demandante la pensión de jubilación y se la pagó hasta el 31 de marzo de 1991; que éste nació el 17 de enero de 1934 y que su último salario promedio fue de $ 157.543.75.
Igualmente informan que el contrato de trabajo del actor terminó el 31 de julio de 1985 y que recibió su primera mesada pensional el 17 de enero de 1989. Además refieren que entre la fecha de finalización de su vínculo laboral y aquella en la cual comenzó a percibir la pensión de jubilación el peso colombiano perdió notoriamente su poder adquisitivo en perjuicio del monto pensional del señor Gabriel Restrepo Rueda. Resaltan al respecto que para julio de 1985 el salario mínimo legal era de $ 13.557.60 y para enero de 1989 ascendía a $ 32.559.
La compañía Petrosantander (Colombia) INC. se opuso a lo solicitado argumentando en síntesis que pretender una reliquidación en el año de 1998 con referencia al contexto normativo y hermenéutico existente en 1989, cuando se pagó la primera mesada al actor, constituye una violación flagrante al principio de la irretroactividad de los estatutos normativos, así como de los correspondientes desarrollos doctrinales y de interpretación, máxime cuando el reconocimiento de la obligación pensional se fundó en cálculos actuariales legalmente aprobados.
Por su parte, la empresa Occidental de Colombia INC. indicó que en cumplimiento de los parámetros legales del Código Sustantivo del Trabajo, existentes al 17 de enero de 1989, estableció y canceló al actor el monto de la pensión con base en unas reservas actuariales legalmente aprobadas. Y que por esta razón no sería de recibo y más bien constituiría una violación al principio de la irretroactividad de la ley laboral, pretender aplicar disposiciones actuales a situaciones claramente definidas, en este caso desde hace más de 9 años.
En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 2 de noviembre de 2001, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a las empresas demandadas de las pretensiones del actor. Decisión que fue confirmada íntegramente en segunda instancia.
El tribunal para resolver la controversia planteada en torno a la indexación de la primera mesada de jubilación reclamada por el actor, se fundó en una sentencia de esta Sala para concluir su improcedencia, advirtiendo que la situación fáctica es similar al caso resuelto en la sentencia a que alude. Anotó sucintamente al respecto que la aspiración del demandante está orientada a que se aplique, para efectos de establecer el salario base de liquidación de la pensión, la remuneración indexada que tenía a su retiro, es decir, el promedio de lo que devengaba al 31 de julio de 1985 actualizado al 17 de enero de 1989 cuando le fue reconocida la pensión.
Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, a fin de que la Corte en sede de instancia revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, se condene a las demandadas en la forma solicitada en la demanda inicial. Con este propósito la acusación presentó dos cargos fundados en la causal primera de casación laboral.
Orientado por la vía directa sostiene que en la sentencia recurrida se incurrió en la infracción directa de los artículos 9º del Código Sustantivo del Trabajo; 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887, violación que señala originó la aplicación indebida de los artículos 1215, 1530, 1536, 1547 a 1549 del Código Civil; en conexión con los artículos 4º, 13, 230 de la Constitución Política; 1º y 2º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 19, 147 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
La acusación inicia la demostración del cargo precisando que no se discute ningún aspecto fáctico, puesto que su inconformidad es meramente jurídica y orientada a determinar si el demandante tiene o no derecho al reajuste de la denominada primera mesada pensional.
A continuación cita textualmente un aparte de la sentencia recurrida para anotar que resultan claras las palabras del tribunal, de las cuales advierte se desprende que esa corporación admite la existencia de varias doctrinas sobre el punto materia de discusión y ante esa circunstancia acoge una de ellas por corresponder a la posición actual de la Corte Suprema de Justicia.
Estima la censura que la controversia jurídica a que alude la sentencia impugnada resulta de igual manera evidente en los términos de la jurisprudencia transcrita por el tribunal, pues allí puede leerse
“Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en fallos de mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional cuando el derecho se concede en la oportunidad indicada en la ley”.
Comenta al respecto que
“De lo anterior surge el interrogante nítidamente jurídico: ¿En el derecho del trabajo qué debe hacer el juzgador ante “el tema de discusión de suma controversia” —para tomar la expresión textual del juzgador—, y cuando, en consecuencia, existen diferentes criterios jurisprudenciales originándose la más extrema expresión de duda, en cuanto ha sido originada por el máximo juez de la jurisdicción ordinaria? La respuesta fluye de la misma Corte Suprema de Justicia: “La que deberá resolverse de manera que produzca los efectos más favorables al trabajador será aquella duda respecto del entendimiento o inteligencia de la norma jurídica que resulte de las diferentes interpretaciones que el juzgador encuentre lógicamente posibles y razonablemente aplicables al caso”. (CSJ, agosto 19/94, Rad. 6734). Se infiere de lo dicho que el juzgador tenía ante sí dos interpretaciones jurisprudenciales surgidas de la Corte Suprema, por consiguiente, esa sola circunstancia de orden jurídico lo debía de haber conducido a escoger aquella que fuere más favorable a los intereses del trabajador demandante. Al no hacerlo, con fundamento en el mandato consagrado en el artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y en el principio que surge nítido del artículo 53 de la Constitución Política, es decir la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, incurre en la infracción directa de aquellas normas en relación con las otras disposiciones que se citaron al precisar esta acusación”.
Considera la impugnación que de haber aplicado el tribunal los mandatos que surgen del artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política en relación con las otras disposiciones ya individualizadas, no habría incurrido en la infracción directa anotada y se habría visto obligado a acceder a las pretensiones del demandante, como ya lo había hecho en otras oportunidades. En sustento de esta afirmación se remite a una sentencia de agosto 5 de 1996.
Expresa en oposición simultánea a los dos cargos que integran la demanda de casación que no mereció ningún reparo que al actor le fuera reconocida la pensión de jubilación con fundamento en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, fuente formal que sostiene estaba vigente en la época en que fue otorgada la prestación referida, la cual subraya no establecía ajuste o indexación alguna respecto de la primera mesada pensional.
Precisa igualmente que al consagrar el artículo 53 de la Constitución Política el principio de favorabilidad establece expresamente que éste tiene lugar cuando se presentan dudas en la aplicación de las fuentes formales del derecho y que en este caso para el reconocimiento de la pensión se tomaron en cuenta las normas del Código Sustantivo del Trabajo que no establecían disposición alguna respecto de un ajuste o indexación de la base salarial para liquidar la pensión, de manera que al no existir duda al respecto carece de sustento fáctico y jurídico pretender acudir a situaciones más favorables, respecto de la interpretación de una norma, cuando ésta no propicia tal posibilidad.
Sostiene igualmente que el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política no se vulnera cuando las diferencias de tratamiento tienen una justificación razonable.
Así mismo argumenta que si bien las decisiones reiteradas de la Corte constituyen doctrina probable, no pueden ser evaluadas, para aplicación del principio de favorabilidad, como fuentes formales de derecho, puesto que sus pronunciamientos están encaminados a la defensa de la ley sustancial en relación con la aplicación al caso concreto y que, el análisis de cada caso, configuran una entidad autónoma, de modo que las decisiones anteriores revisten pleno mérito de ilustración para la unificación de la jurisprudencia.
Dirigido por la vía directa acusa la infracción directa de los artículos 13 de la Constitución Política y 9º del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 4º y 5º de la Ley 153 de 1887. Quebrantamiento legal que estima condujo a la aplicación indebida de los artículos 1530, 1536, 1575, 1215, 1547 a 1549 del Código Civil en relación con los artículos 4º, 53, 230 de la Constitución Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 1º y 2º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1998; 19, 147 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo.
La censura sostiene después de referirse a un aparte de la decisión acusada que es evidente la ignorancia del sentenciador al no percatarse de la existencia de los artículos 13 de la Constitución Política y 9º del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 4º y 5º de la Ley 153 de 1887; desconocimiento que indica le impidió ser consciente que en el orden jurídico colombiano toda persona tiene derecho a la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, con mayor razón cuando se trata de un conflicto jurídico laboral, ya que en esta disciplina, el trabajador no sólo está amparado por aquel principio de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política, sino también por el artículo 9º del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto incorpora en su propia normatividad los principios constitucionales al consagrar que el trabajador goza de la especial protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes.
Sostiene que de llegar a existir duda razonable originada por la propia jurisprudencia del más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria debe escogerse aquella interpretación más favorable al trabajador, principio que resalta adquiere respaldo reforzado en la jurisprudencia, puesto que los artículos 4º y 5º de la Ley 153 de 1887 remiten en caso de duda al operador jurídico a las reglas de la jurisprudencia y la doctrina. Además porque el artículo 53 de la Constitución Política consagra el principio de la duda a favor del trabajador en cuanto a las fuentes formales de derecho.
Resulta procedente en este caso el estudio simultáneo de los dos cargos que integran la demanda de casación toda vez que ambos están orientados por la vía directa, se citan las mismas disposiciones legales y los planteamientos expuestos en cada uno de ellos guardan estrecha conexidad, pues en el fondo aluden a que en este asunto el juzgador de segundo grado ha debido acoger el criterio jurisprudencial más favorable al trabajador.
Para despachar los cargos basta señalar que en nuestro sistema legal la jurisprudencia no obliga a los jueces, postulado que encuentra respaldo normativo en el artículo 230 de la Constitución Nacional, que claramente determina que los funcionarios judiciales, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son simples criterios auxiliares de la actividad judicial. En ese contexto, la jurisprudencia es una fuente subordinada a la ley, que tiene básicamente las funciones de unificar aquella, desde luego en lo nacional, en torno a las posiciones existentes respecto a los vacíos que presente eventualmente la ley respecto de determinados temas; señalar el sentido o alcance que se estime más lógico respecto de las normas legales que ofrecen dificultad en su interpretación y en caso de conflicto o duda de disposiciones vigentes indicar el precepto que debe aplicarse al punto de derecho debatido.
No existiendo duda entonces referente a que la jurisprudencia no obliga a los jueces, dado que ellos en sus decisiones, se repite, sólo están sometidos al imperio de la ley, es inadmisible la tesis de la censura relativa a que en este caso el juzgador de segundo grado debía acoger entre los dos criterios jurisprudenciales existentes, en torno a la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional, el que más favoreciera al trabajador, pues se reitera, no existe imperativo semejante en nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente no es adecuado referirse a criterios jurisprudenciales existentes, en tanto rigurosamente en el ámbito judicial solamente existe una, desde luego que los salvamentos de voto o posiciones minoritarias no constituyen jurisprudencia, como tampoco las doctrinas anteriores rectificadas o corregidas, esto por cuanto la Corte puede modificar su posición en un determinado aspecto en tanto obviamente tampoco está atada por los criterios que haya adoptado en el pasado si encuentra que jurídicamente no eran los más acertados.
Usualmente los jueces en las controversias jurídicas que acusan incertidumbre optan por acoger como razonamientos orientadores las decisiones jurisprudenciales que sobre la materia objeto de debate han trazado las corporaciones que cumplen la función especial, entre otras, de unificar la jurisprudencia nacional tratándose del ordenamiento legal. Actitud sensata y revestida de toda lógica dado que la jurisprudencia es el resultado de la ponderación detenida y profunda de las diversas tesis expuestas sobre los puntos de derecho discutidos por los litigantes, analizados por doctrinantes y estudiados por los jueces en las instancias; de tal suerte que las decisiones doctrinales referidas están soportadas en la experiencia, el conocimiento de los diversos planteamientos esgrimidos en el desarrollo de los debates judiciales y aún en la actividad académica, de manera que sus juicios, así debe entenderse, son los que aclaran o definen con acierto las imprecisiones de la ley o suplen debidamente los vacíos que ésta revela.
Lo anterior no significa que los jueces estén coaccionados a acoger como suya la doctrina de las altas cortes, pues a más que constitucionalmente están liberados de esa imposición, lo razonable es que si encuentran nuevos argumentos o elementos de juicio que los lleve al convencimiento de que la solución a la discusión jurídica propuesta es contraria a la solución ofrecida por la doctrina jurisprudencial se orienten en sus decisiones por la regla lógica que estimen adecuada.
En lo atinente a la afirmación que hace la censura en el segundo cargo relativa a que se desconoció el derecho a la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, es de advertir que ello no tuvo ocurrencia en este caso ya que, por el contrario, el juzgador de segundo grado fundó su decisión en un criterio doctrinal de esta Sala, afianzado obviamente en la función unificadora de la jurisprudencia nacional, que precisamente tiene como norte evitar sentencias disímiles en relación con un mismo punto de derecho.
Finalmente, es oportuno anotar que la Sala tiene decidido que en aquellos eventos en que la providencia recurrida se funda en una posición jurisprudencial el concepto de aplicación por el cual se debe dirigir la acusación es el de interpretación errónea, que implica, por consiguiente, que necesariamente deba controvertirse la tesis expuesta por la Corte acogida en la sentencia impugnada, pues de lo contrario las consideraciones que integran esa jurisprudencia que se omiten atacar continuarán prestando apoyo suficiente al fallo recurrido, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.
En conclusión, no demostró la censura que el tribunal incurrió en los errores jurídicos denunciados, por tanto los cargos no prosperan. Las costas en el recurso son de cargo de la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 15 de febrero de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el juicio seguido por Gabriel Restrepo Rueda contra la compañía Occidental de Colombia INC. y Petrosantander (Colombia) INC.
Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.