Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-139-01-de-junio-18-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ecca5fca2a044e0430a010151a044&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-27 07:59:03
Document Index: 88032651

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 173', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 121', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 173', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 218', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 173', 'artículo 172', 'artículo 11', 'artículo 173', 'artículo 11', 'artículo 366', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 67']

SENTENCIA 2004-139-01 DE 18 DE JUNIO DE 2009
Sentencia 2004-139-01 de junio 18 de 2009
Rad.: 11001 0325000 2004 00139 01 y 11001 0325000 2004 00175 01 (acumulados)
Procede la Sala a decidir en única instancia las demandas de nulidad de la referencia, interpuestas ambas por el ciudadano Giovanni Salgado Rubiano, identificado con la cédula de ciudadanía 79.779.195 de Bogotá, contra el literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social, las cuales fueron acumuladas mediante auto del 18 de diciembre de 2006.
Acude el actor ante esta corporación en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989 para que, en proceso de única instancia, la Sala acceda a la siguiente
Que se declare la nulidad parcial del literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social, “por la cual se subrogan las resoluciones 05061 de 1997 y 02312 de 1998 y se dictan otras disposiciones para la autorización y recobro ante el Fosyga de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social autorizados por el comité técnico científico”, publicada en el Diario Oficial 45.347 de octubre 21 de 2003.
2. Hechos en que se fundan las demandas.
En las dos demandas acumuladas se menciona que el Ministerio de la Protección Social, invocando las atribuciones que le fueron expresamente conferidas por el artículo 173 de la Ley 100 de 1993, expidió la resolución demandada, en cuyo artículo 11, literal b) se regula el procedimiento de recobro ante el Fosyga del valor de los medicamentos que a pesar de no estar incluidos por el POS, son suministrados por las EPS, previa autorización de los comités técnicos científicos respectivos.
La parte actora señala como violados los artículos 13, 48 y 121 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 172 y 218 de la Ley 100 de 1993; el artículo 6º del Decreto 1283 de 1996; y los artículos 2º y 8º del Acuerdo 228 de 2002 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social.
Al explicar el concepto de la violación de las normas que se acaban de enunciar, el demandante concreta sus objeciones en los siguientes términos:
3.1. Primer cargo:
Según se expresa en la demanda, el Ministro de la Protección Social desbordó el límite de sus competencias funcionales al adoptar la determinación contenida en el artículo 11 literal b) de la Resolución 2948 de 2003, mediante la cual se limita en un 50% el valor a reconocer por concepto del suministro de los medicamentos allí mencionados.
En efecto, al desarrollar el actor sus argumentos, señala que el Ministerio de la Protección Social no es competente para autorizar la formulación de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de 2002, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, ni para determinar el valor a reconocer por los mismos, pues dicha competencia se encuentra directamente asignada al precitado consejo, por ser ese organismo el encargado de definir el plan obligatorio de salud, de determinar cuáles son los medicamentos esenciales y genéricos que de él forman parte y de fungir como consejo administrador del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), lo cual implica la responsabilidad de señalar los criterios que han de seguirse en la utilización, manejo y distribución de sus recursos, tal cual lo disponen los artículos 172 y 218 de la Ley 100 de 1993. Por todo lo anterior, concluye que el ministerio del ramo incurrió en una violación del artículo 121 de la Carta.
4.2.(sic) Segundo cargo:
El opinión del actor, el literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta, pues establece un tratamiento discriminatorio entre el valor que el Fosyga debe reconocer y pagar por el suministro de medicamentos que, sin estar previstos en el plan obligatorio de salud y sin tener homólogos en el mismo, son autorizados por el comité técnico científico, y aquellos que, sin estar tampoco relacionados en la lista de medicamentos contenida en el Acuerdo 228 de 2002, adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, son autorizados mediando una acción de tutela. Al exponer su criterio el actor expresa que mientras en el primero de los casos el valor a reconocer se limita en el 50% del valor de la cantidad del medicamento suministrado, en el segundo se puede llegar a reconocer hasta el 100%. A juicio suyo la precitada distinción es injustificada, pues en ambos casos se trata de medicamentos que además de no estar incluidos en el plan obligatorio de salud; no tienen señalado un medicamento homólogo que los remplace y su cubrimiento con cargo al POS no se encuentra previsto, no solamente por no estar incluidos en el listado ya aludido sino por tratarse de medicamentos cuyo valor no es tenido en cuenta al momento de determinar el valor de las unidades de pago por capitación, UPC, a las cuales tienen derecho las EPS por cada afiliado o beneficiario por la prestación de sus servicios o el suministro de medicamentos.
4.3. Tercer cargo:
El actor considera que el literal b) del artículo 11 de la resolución demandada es contrario a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que según lo dispuesto en el artículo 48 constitucional, están llamados a orientar la prestación de los servicios de seguridad social, pues al limitar el valor de los recobros en el porcentaje ya señalado, se está propiciando un desequilibrio financiero en los contratos celebrados entre el Estado y las entidades que forman parte del sistema. Por lo mismo, no tiene ningún asidero legal que el Estado consagre ese límite del 50% del valor de los recobros, exonerándose del pago del 50% restante, pues en últimas, las empresas e instituciones del sector solamente están obligadas a lo que se establece en el POS. Así las cosas, cuando se ordena el suministro de medicamentos no previstos en el mismo, el Estado es quien debe asumir el 100% de su valor, por tratarse precisamente de obligaciones que van más allá de lo que jurídicamente corresponde.
La apoderada de la Nación-Ministerio de la Protección Social, se opone a la prosperidad de la acción, por considerar que en este caso no se configura ninguno de los vicios señalados por la parte actora.
Estructura su oposición señalando que el acto acusado fue expedido por el ministro del ramo en ejercicio de las atribuciones conferidas por los numerales 2º y 3º del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en donde se faculta de manera expresa al ejecutivo para dictar, por una parte, normas científicas relacionadas con la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo y, por otra parte, las disposiciones administrativas de obligatorio acatamiento para las Entidades e Instituciones encargadas de la prestación de los servicios de salud. Por otra parte, pone de presente que el Ministerio de la Protección Social en ningún momento está facultando a los comités técnicos científicos para autorizar la formulación de medicamentos no incluidos en el POS, pues lo cierto es que tal decisión ya fue adoptada por el propio Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, al disponer en el artículo 8º del Acuerdo 228 de 2002 (1) , que las EPS pueden formular medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, siempre que cuenten con la autorización previa del comité técnico científico.
Con respecto a la afirmación de que la norma demandada está adoptando unas reglas de pago que no fueron establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se precisa por parte del Ministerio de la Protección Social que de conformidad con las previsiones del artículo 8º del Acuerdo 228 de 2002 y del artículo 218 de la Ley 100 de 1993, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) tiene las características de un fondo cuenta, sin personería jurídica, adscrito a esa cartera ministerial, que es precisamente la llamada a ejercer su dirección y control integral, hecho que involucra la posibilidad de establecer las condiciones de pago de que trata la norma demandada. Al amparo de lo dispuesto en el Decreto 1283 de 2002, el ministro del ramo o su delegado, es el responsable de la ordenación del gasto y de afectar las apropiaciones presupuestales del fondo, lo cual lleva implícita la facultad de señalar las condiciones mínimas que deben cumplirse para poder efectuar los desembolsos correspondientes, sin que ello comporte necesariamente la definición de los criterios de utilización y distribución de los recursos, tarea que de manera general y abstracta debe cumplir el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como organismo rector del sistema.
Se añade en la contestación de la demanda que la norma acusada se fundamenta en el principio de prevalencia del interés general, toda vez que lo allí preceptuado pretende garantizar, en forma proporcional y razonable, el derecho a la seguridad social y el equilibrio financiero del sistema. Para la realización de tales propósitos es necesario que las autoridades encargadas de su dirección garanticen la prestación y la progresividad del servicio, así como también el manejo racional y óptimo de los recursos.
Se refuta igualmente en ese escrito el cargo relacionado con la violación al principio de igualdad, pues según la apoderada del ministerio, el artículo 11 literal b) de la Resolución 2948 de 2003 no establece distinciones o discriminaciones de ninguna especie, si se tiene en cuenta que en las dos situaciones planteadas se reconoce el 50% del valor de la cantidad del medicamento suministrado por fuera del POS.
Desmiente igualmente la afirmación según la cual, el acto impugnado viola el artículo 48 de la Carta, diciendo que no es válido predicar la afectación del equilibrio financiero de las entidades del sector, pues el pago de los medicamentos mencionados en esta providencia es asumido proporcionalmente en un 50% por la entidad que los autoriza y el otro 50% lo asume solidariamente el Fosyga.
Por último, señala que el acto demandado estuvo vigente del 21 de octubre de 2004 al 11 de noviembre del mismo año, fecha en la cual el artículo 25 de la Resolución 3797 de 2004, derogó las resoluciones 2948 y 2949 de 2003 y 087 de 2004 así como también las demás disposiciones que le sean contrarias.
En esta etapa procesal, el actor reiteró los mismos argumentos planteados en las demandas que fueron objeto de acumulación, subrayando que las normas que considera violadas fueron infringidas por el Ministerio de la Protección Social al adoptar “un criterio de distribución de los recursos” sin tener competencia para ello, ya que dicha atribución se encuentra asignada al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Por otra parte, insiste en señalar que los medicamentos no incluidos en el POS y cuyo suministro es ordenado por los comités técnico científicos o en virtud de un fallo de tutela, no se encuentran financiados en la unidad de pago por capitación, UPC, y por ende su pago debe ser asumido en su totalidad por el Estado. La limitación consagrada en el precepto demandado desconoce que la facultad de imponer límites al recobro del valor de los medicamentos suministrados por las EPS es de competencia del legislador.
Finalmente, alega el actor que de la facultad que tiene el ministerio del ramo para establecer el trámite para los recobros de las EPS ante el Fosyga y para dictar normas científicas y administrativas de obligatorio cumplimiento, no se deriva la competencia para desconocer o limitar a las EPS el derecho al recobro.
El procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, considera que se deben denegar las pretensiones de la demanda, aduciendo que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el Ministerio de la Protección Social sí era competente para expedir el acto acusado. Como complemento de lo anterior y luego de transcribir el texto del artículo 172 de la Ley 100 de 1993, concluye diciendo que ninguno de sus numerales establece que la competencia para proferir normas que regulen el procedimiento de recobro o el valor que debe pagarse por los medicamentos no incluidos en el POS y que no tengan homólogo, se encuentre asignada al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
No observándose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
Se demanda en este proceso la nulidad de lo dispuesto en el literal b) del artículo 11º de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social, “por la cual se subrogan las resoluciones 05061 de 1997 y 02312 de 1998 y se dictan otras disposiciones para la autorización y recobro ante el Fosyga de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizados por el comité técnico científico”, cuyo texto es del siguiente tenor:
RESOLUCIÓN 2948 DE 2003
Por la cual se subrogan las resoluciones 05061 de 1997 y 02312 de 1998 y se dictan otras disposiciones para la autorización y el recobro ante el Fosyga de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizados por el comité técnico científico.
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente de las que le confiere el artículo 173 de la Ley 100 de 1993,
ART. 11.—Monto a reconocer y pagar por recobro de medicamentos. El monto a reconocer y pagar por recobro de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan, se determinará sobre el precio de compra al proveedor soportado en la factura de venta de este, de la siguiente forma:
b) Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo: El valor a reconocer y pagar por concepto de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo en dicho acuerdo, será el 50% del valor de la cantidad del medicamento autorizado por el comité técnico científico según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto.
No se reconocerán variaciones posteriores del precio del medicamento, ni ajustes por inflación o cambio de anualidad. (La parte demandada es aquella que aparece resaltada).
Antes de abordar el análisis de los cargos formulados en la demanda, esta corporación considera oportuno destacar que el literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social, fue derogado por la Resolución 3797 de 2004, “Por la cual se reglamentan los comités técnicos científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS, y de fallos de tutela”, tal como lo señala la apoderada de ese ministerio.
En sintonía con las disposiciones precitadas, el artículo 366 de la Carta preceptúa que “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”. Al mismo tiempo dispone que uno de los objetivos fundamentales de su actividad es “... la solución de las necesidades insatisfechas de salud...”, lo cual explica que tanto en los planes como en presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación.
En el régimen subsidiado, por su parte, el valor de la cotización se cubre total o parcialmente con recursos de carácter fiscal o con fondos destinados a la solidaridad (L. 100/93, arts. 211 y 214) (2) , lo cual se explica por la necesidad de financiar o subvencionar la atención en salud de personas pobres y vulnerables, incluyendo a los miembros de su respectivo grupo familiar, siempre y cuando no tengan capacidad de cotizar o esta sea limitada (L. 100/93, arts. 257, 212 y 213).
La forma y las condiciones de operación de este régimen son determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En todo caso, por disposición de la Ley 100 de 1993, la administración del régimen subsidiado corresponde a las direcciones distritales, municipales y departamentales de salud, las cuales se encuentran autorizadas para celebrar contratos de esa índole con las EPS que afilien a los beneficiarios del subsidio, a las que corresponde asumir el manejo de los recursos, la afiliación de los beneficiarios, la prestación directa o indirecta de los servicios de salud y el suministro de los medicamentos que forman parte del plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, POS-S. Con cargo a dichos recursos se reconoce a las ARS, por cada uno de sus afiliados, la denominada “unidad de pago por capitación subsidiada UPS-S”. Como retribución por sus servicios, las ARS tienen derecho a percibir una proporción de la UPC-S vigente por concepto de la organización y gestión del POS-S.
Expuesto como queda el esquema general que antecede, resulta oportuno mencionar ahora, que aunque en el régimen contributivo los medicamentos a suministrar aparecen taxativamente relacionados en el manual de medicamentos adoptado mediante Acuerdo 228 del 3 de mayo de 2002 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, ello no obsta para que de manera excepcional se disponga por vía de tutela o mediante autorización emitida por los comités técnico científicos de las EPS, el suministro de otros medicamentos distintos de los previstos en ese listado, cuando ello se estime necesario para garantizar el derecho a la vida y a la salud de los afiliados o beneficiarios del sistema.
Al hacer referencia al tema, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-412 del 22 de mayo de 2003, con ponencia del honorable magistrado Álvaro Tafur Galvis, expresó:
“[...] el régimen contributivo concede a sus afiliados los beneficios previstos en el plan obligatorio de salud (D. 806/98, art. 28,), a cargo de las entidades promotoras de salud, administradoras del mismo plan. Por tanto, no es obligación suya el suministro de medicamentos no contemplados en el POS.
No obstante lo anterior, en ciertos eventos cuando se encuentra demostrada la necesidad del tratamiento médico prescrito, la amenaza de los derechos fundamentales a la vida e integridad física del paciente enfermo, y la incapacidad económica para sufragar el costo del procedimiento médico; la Corte ha sostenido que las administradoras del plan obligatorio de salud (ver sentencias T-329/98, T-108/99, T-926/99, T-975/99, T-409/00, T-1027/00, T-1028/00, T-1123/00, T-1166/00, T-1484/00, entre otras), deben inaplicar las exclusiones a que se hace referencia, con el fin de no vulnerar ningún derecho fundamental” (Cfr. C.Const., Sent. T-047/2003, M.P. Alfredo Beltrán).
Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual se halle afiliado el demandante” (Cfr. C.Const., Sent. T-068/92. M.P. Jaime Córdoba Triviño).
“Acuerdo 228, artículo 8º. Para garantizar el derecho a la vida y a la salud a las personas, podrán formularse medicamentos no incluidos en el manual de que trata el presente acuerdo, previa aprobación del comité técnico científico.
Si el precio de compra de estos medicamentos no incluidos en el manual, teniendo en cuenta el valor total del tratamiento, es menor o igual al precio de compra de los medicamentos, que lo remplazan o su similar, serán suministrados con cargo a las entidades obligadas a compensar o ARS. Si el precio de compra excede o es superior, la diferencia será cubierta con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía”.
“ART. 173.—De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones del Ministerio de Salud además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, especialmente en la Ley 10 de 1990, el Decreto-Ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes:
Si se inspeccionan con detenimiento los numerales y parágrafos de la disposición transcrita, se puede advertir sin mayor dificultad que en ellos se encierra una típica medida de administración de los recursos del Fosyga, cuyo manejo está reservado al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Al fin y al cabo no puede perderse de vista que el Fosyga es una cuenta que si bien se encuentra adscrita al Ministerio de la Protección Social, es administrada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, quien “[...] determinará los criterios de utilización y distribución de sus recursos” (L. 100/93, art. 218 y D. 1283/96, art. 6º).
Resolución 2948 de 2003 “por la cual se subrogan las resoluciones 05061 de 1997 y 02312 de 1998 y se dictan otras disposiciones para la autorización y recobro ante el Fosyga de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizados por el comité técnico científico”. Resolución 2949 de 2003 “Por la cual se establece el procedimiento de recobro ante el Fosyga por concepto de prestaciones ordenadas por fallos de tutela y se determinan los documentos que se deben anexar como soporte a las solicitudes de pago”.
a) Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud con homólogo: El valor a reconocer por concepto de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS, con homólogo en dicho acuerdo, será el resultante de restar el valor de la cantidad del medicamento autorizado por el comité técnico científico, según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto, el valor de la cantidad del medicamento homólogo listado en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que en su defecto se suministraría, según el valor certificado en el listado de precios del proveedor o listado avalado por el Ministerio de la Protección Social;
2.1. Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Cuando se trate del recobro de medicamentos no listados en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y demás disposiciones que lo modifiquen adicionen o sustituyan y que en virtud de un fallo de tutela deban ser suministrados, el valor a reconocer y pagar se determinará sobre el precio de compra al proveedor soportado en la factura de venta de este, de la siguiente forma:
a) Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud con homólogo: El valor a reconocer y pagar por concepto de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud con homólogo en dicho acuerdo, será el resultante de restar al valor de la cantidad del medicamento, según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto, el valor de la cantidad del medicamento homólogo listado que en su defecto se suministraría, según el valor certificado en el listado de precios del proveedor o el listado avalado por el Ministerio de la Protección Social;
b) Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo: El valor a reconocer y pagar por concepto de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo en el mismo, será el 50% del valor de la cantidad del medicamento según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto. Al valor resultante de los literales a) y b) del presente numeral, se le descontará el valor de la cuota moderadora que aplique al afiliado, y este total será el valor a pagar por el Fosyga. No se reconocerán variaciones posteriores del precio del medicamento, ni ajustes por inflación o cambio de anualidad. Excepcionalmente a lo dispuesto en el presente numeral, se reconocerá y pagará el total del valor facturado por el proveedor para medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ordenados a suministrar por fallos de tutela, siempre y cuando la EPS o EOC demuestre mediante acta fechada con anterioridad a la fecha del fallo que su comité técnico científico tramitó en debida forma la solicitud del medicamento, pero que por pertinencia demostrada o por no cumplir con los criterios de autorización fue negado, para lo cual se deberá anexar el acta como soporte del recobro.
Como bien se puede apreciar, en ambos preceptos se dispone que el valor a reconocer y pagar por concepto de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo en el mismo, será, como lo afirma la apoderada de la Nación - Ministerio de la Protección Social, el 50% del valor de la cantidad del medicamento autorizado por el comité técnico científico, según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto.
No obstante lo anterior, la Resolución 2949 dispone que excepcionalmente “se reconocerá y pagará el total del valor facturado” por el proveedor para medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, siempre y cuando la empresa promotora de salud (EPS) o empresa obligada a Compensar (EOC) demuestre mediante acta fechada con anterioridad a la fecha del fallo de tutela que su comité técnico científico tramitó en debida forma la solicitud del medicamento, pero que por pertinencia demostrada o por no cumplir con los criterios de autorización fue negado, para lo cual se deberá anexar el acta como soporte del recobro.
A diferencia de lo que piensa el Ministerio Público, la Sala considera que la norma demandada sí está propiciando un desequilibrio económico, al obligar a las entidades que forman parte del sistema de seguridad social en salud, a asumir el 50% del costo de los medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de 2002, proferido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, pues de conformidad con lo dicho en el acápite anterior, el valor de los mismos no es tenido en cuenta al momento de determinar el monto de las unidades de pago por capitación, UPC, a las cuales tienen derecho las EPS por cada afiliado o beneficiario.
Resulta entonces pertinente retomar las conclusiones de la sentencia dictada por la Sala el 4 de septiembre de 2008 (exp. 11001-03-24-000-2003-00327-01, C.P. Camilo Arciniégas Andrade) al decretar la nulidad parcial del artículo 3º de la Resolución 02312 de 1998, del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, en donde en términos parecidos se regulaba la misma materia, y en donde se dijo lo siguiente:
Para la Sala, el acto acusado introduce un desequilibrio en el sistema, trátese de EPS o de ARS en cuanto consiente la compensación apenas parcial del precio de un medicamento no incluido en el POS; y además, encierra una típica medida de administración de los recursos del Fosyga, cuyo manejo está reservado al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
1. DECLÁRASE LA NULIDAD del literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003, proferida por el Ministerio de la Protección Social, “por la cual se subrogan las resoluciones 05061 de 1997 y 02312 de 1998 y se dictan otras disposiciones para la autorización y recobro ante el Fosyga de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizados por el comité técnico científico”, en los apartes que se subrayan a continuación, con fundamento en las consideraciones consignadas en esta providencia:
“b) Medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo: El valor a reconocer y pagar por concepto de medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sin homólogo en dicho acuerdo, será el 50% del valor de la cantidad del medicamento autorizado por el comité técnico científico según la factura de venta del proveedor o el listado de precios avalado por el Ministerio de la Protección Social para tal efecto.
2. RECONÓCESE a la doctora Derly Fabiola Moreno Castañeda, identificada con la cédula de ciudadanía 46.453.038 de Duitama y portadora de la tarjeta profesional 144.602 del Corte Suprema de la Justicia, como apoderada de la Nación - Ministerio de la Protección Social, en los términos del poder obrante a folio 418 del expediente.
(1) ART. 8º—Para garantizar el derecho a la vida y a la salud a las personas, podrán formularse medicamentos no incluidos en el manual de que trata el presente acuerdo, previa aprobación del comité técnico científico.
Los 10 puntos restantes deberán invertirse de conformidad con el numeral 2º del artículo 21 de la Ley 60 de 1993, exceptuando el pago de subsidios. Adicionalmente, durante el periodo 1994-1997 10 puntos de la transferencia de libre asignación de que trata el parágrafo del artículo 22 de dicha ley deberán destinarse a dotación, mantenimiento y construcción de infraestructura de prestación de servicios;
ART. 217.—De las participación de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar destinarán el 5% de los recaudos del subsidio familiar que administran, para financiar el régimen de subsidios en salud, salvo aquellas cajas que obtengan un cuociente superior al 100% del recaudo del subsidio familiar del respectivo año, las cuales tendrán que destinar un 10%. La aplicación de este cuociente, para todos sus efectos, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 49 de 1990 y a partir del 15 de febrero de cada año.