Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7564
Timestamp: 2019-10-18 21:51:08
Document Index: 20988828

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 223', 'ARTÍCULO 223', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 209', 'artículo 223']

Sentencia: C-711-2012
Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012
"ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007."
¿Podía el Presidente de la República, en desarrollo de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, sin violar el principio de la publicidad de los contratos?
La aplicación del principio de publicidad permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración. «(...) El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo.[1] (...)»
[1] Sentencia C-957/99.
« (...) 6.2.4. De conformidad con lo antes expuesto, encuentra la Corte, que en cumplimiento del principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica (sic), la sustitución de medios físicos por electrónicos, para la publicación y difusión de la información relativa a los procesos de contratación, se ajusta a la Carta Política, en tanto se cumplan las condiciones que permitan: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos. Así, el Legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, puede estipular diversos medios a través de los cuales dichas condiciones se cumplan, sean estos escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, sistemas estos últimos que han sido avalados en pronunciamientos de esta Corporación[1] como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad.
6.3.2. Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Unico(sic) de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía.
Considera esta Corporación que la norma acusada, al suprimir la publicación de los contratos en medio físico en el Diario Unico (sic) de Contratación - Diario Oficial y ordenar que se continúe con la publicación electrónica de los mismos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, no vulnera el principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica(sic), contenido en el artículo 209 constitucional, en tanto dicho postulado no prescribe una forma única para su cumplimiento y los medios electrónicos dispuestos para cumplir esta finalidad han sido considerados aptos por esta Corporación en diversos pronunciamientos. (...)»
[1] Ver entre otras, las Sentencias C- 259/08, C-957/99, C-384/03, T-945/09.
El Presidente de la República podía, en virtud de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación sin violar el principio de la publicidad de los contratos, porque:
La sustitución de medios físicos por electrónicos debe cumplir con las siguientes requisitos para que se cumpla el principio de publicidad: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos. En este entendido, el legislador puede estipular diversos medios, ya sean escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad.
La publicación en el SECOP permite la presentación de la totalidad del contenido del contrato estatal, el público en general puede tener acceso a esa información y facilita la participación de la ciudadanía.
De esta manera, no se vulnera el principio de publicidad ya que los medios electrónicos dispuestos para cumplir con dicha finalidad se han considerado aptos por la Corte Constitucional.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, por los cargos examinados en la presente providencia.
Sentencias C- 259 de 2008, C-957 de 1999, C-384/03, T-945 de 2009.
Sentencia C-957 de 1999, C-646 de 2000.
Artículos 1º, 2º, 13, 29, 150.1, 150.7, 150.10, 150.25, 209 y 210, inc. 2º de la Constitución Política.
La publicidad. «(...) [E]s una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público.»
«...el principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las relaciones jurídicas[1]; facilita el control ciudadano de las decisiones de las autoridades; permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de manera esencial al adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La materialización de este principio compete primordialmente al legislador, - salvo en los casos en que la Carta consagra exigencias puntuales respecto de la publicidad de ciertos actos-, por lo que es al Congreso a quien corresponde en principio establecer o diseñar los mecanismos que considere pertinentes para lograr la adecuada publicación de las decisiones de las autoridades. La jurisprudencia constitucional ha reconocido en este sentido, que la publicidad “admite diversas formas de realización, que le corresponde definir y establecer al legislador.(...)»
[1] Sentencia C-646/00.
Ficha: Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública..