Source: https://html.rincondelvago.com/derecho-internacional-privado-espanol_1.html
Timestamp: 2017-12-12 14:25:27
Document Index: 270762016

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 23', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 107', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 1901', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3']

Existe en los convenios que no son técnicamente institucionales. Las normas institucionales no son numerosas los tratados europeos no consideraban una vía para la unificación económica, circunstancia que cambia con el tratado de ÁMSTERDAM que modifica permitiendo que se recojan en reglamentos normas de derecho internacional privado hasta este tratado estaba el de Bruselas de 1968 y el de Roma de 1986.
EL TRATADO DE BRUSELAS DE 1968.
es el tratado comunitario por excelencia, multilateral, cerrado, sólo pueden formar parte de él los países de la Unión económica. Por otra parte forman parte el ACERVO comunitario. Como todo derecho derivado los estados de la Unión económica debe aceptar todo el derecho y tiene la nota de la PREJUDICIALIDAD del tratado de justicia de la comunidad Europea. La PREJUDICIALIDAD significa que el tribunal de justicia es el supremo intérprete.después del tratado de AMSTERDAM hay varios reglamentos en materia de competencias y norma de derecho comunitario institucional.
Otro problema del derecho privado internacional institucional es la aplicabilidad y primacía.
Bonifacio sociedad anónima con domicilio en Almería concertaba normalmente desde allí sus contratos de transporte a Berlín con Rapin empresa de transporte domiciliada en Alemania con la que mantenía este tipo de relaciones comerciales desde 1989, hace ahora ocho años.
Durante los dos últimos meses las mercancías habían dejado de llegar a Alemania por lo que Bonifacio S.A presenta una demanda ante el juzgado número 3 de Almería.
La entidad actora presenta con la demanda entre otros documentos una carta de porte internacional que es calificada como contrato de transporte firmada por ambas partes en la que constan las condiciones del transporte apareciendo mencionado en la carta de porte que la ley italiana es la que mejor podría solucionar sus controversias debido al alto grado de desarrollo que éste tiene.
Son competentes los tribunales españoles para conocer del supuesto?.
A realizar el esquema vemos que Bonifacio S.A tiene su residencia habitual en España y celebra un contrato con rapin que tiene la sede en Alemania.
Existe un incumplimiento por parte de rápin en el transporte que debe efectuar desde España hasta Alemania. Incumplimiento porque las mercancías no llegan a Alemania y Bonifacio demanda a rapiña en España.
Lo primero que hay que efectuar para solucionar un caso es proceder a la jerarquía normativa.
1ª reglamento de Bruselas.
2º convenio de Bruselas.
3º convenio de Lugano.
4º LOPJ
En primer lugar hay que examinar la fecha de entrada en vigor de las normativas aplicables y la fecha de los hechos que se explican en el caso práctico. En este caso reglamento queda descartado por su fecha ya que el reglamento entra en vigor en marzo de el 2002.
En segundo lugar para ver si se aplica el convenio de Bruselas hay que comprobar.
Los foros exclusivos.
La sumisión; tácita en primer lugar y expresa en segundo lugar.
El domicilio del demandado que concurre con los foros de ataque.
En este caso no hay foros exclusivos.
No hay que confundir la competencia del tribunal con la ley aplicable, la ley italiana de la que se habla en el caso es una trampa.
El domicilio del demandado en función del artículo 2 del convenio el único lugar es el domicilio.
Atención a los foros de ataque que se encuentran en el artículo 5 del convenio de Bruselas.
C.B con residencia habitual en Francia contrato con empresa española de transportes azcar S.A el día 11 de julio de 1997 el transporte de una mesa de madera de alto precio desde La Coruña hasta la ciudad francesa de Lyon. La mesa debía ser entregada en Lyon el día 13 de julio del mismo año. El transporte se realizaba portes debidos y se pactó un precio por el mismo de 30.000 pesetas. En La Coruña se despidió una carta de porte firmada por ambas partes en las que se recogían los extremos mencionados del contrato.
En la fecha pactada se recibió por c. B la citada mesa con serios desperfectos. La destinataria reclamó a AZCAR S.A para que se le indemnizara por los daños y perjuicios sufridos a lo que AZCAR S.A respondió que no tenía ninguna responsabilidad puesto que la supuesta avería de la mercancía se había debido al descuido de uno de los transportistas. C.B decide iniciar acciones judiciales tendentes al resarcimiento de los daños por ella sufridos.
Son competentes los tribunales españoles para conocer de la reclamación?.
A realizar el planteamiento del caso vemos que la empresa C.. B tiene residencia habitual en Francia y contrata con AZCAR S.A un transporte con fecha de 11 de julio de 1997 entre una empresa con sede en Francia y una empresa con sede en España si no se matiza la sede y la empresa es española debe entenderse que la se de latín en España. La demanda se realiza porque la mercancía no se realiza de forma correcta.
Por cuestiones de fecha de entrada en vigor se descarta reglamento de Bruselas.
Para ver la aplicación del convenio tenemos que ver en primer lugar.
La sumisión, tácita en primer lugar expresa en segundo lugar en función de lo dispuesto en el artículo 2 del convenio de Bruselas.
El domicilio del demandado que concurre con los foros de ataque en función de lo dispuesto en el artículo 5 del convenio de Bruselas.
Caso número 1 .
Adolfo Pérez nacional español con domicilio en Casablanca contrato en 1992 con la empresa CHUTE adquisición de un contingente de material plástico. En el contrato se incluía una cláusula de sumisión a los tribunales holandeses. La mercancía debía ser entregada en España. ante el impago por parte de Adolfo Pérez la empresa holandesa interpuso demanda ante los tribunales holandeses. Notificada la demanda y citado en tiempo don Adolfo Pérez no compareció dictando ser sentencia condenatoria en rebeldía por los tribunales holandeses. Poco después la empresa holandesa solicita la ejecución de dicha sentencia en España, oponiéndose la parte española con base en los siguientes motivos 1. Ausencia de firmeza de la decisión holandesa.2. Indefensión de la parte española al haberse dictado la sentencia en rebeldía y haberse notificado la sentencia en idioma holandés.
CUESTIÓN. Si las partes hubiesen sometido expresamente en el contrato los tribunales españoles en el lugar de la jurisdicción holandesa en que normas podría fundamentar el tribunal español su competencia judicial internacional.
Pasamos a realizar el esquema en donde debemos matizar que Adolfo Pérez de nacionalidad española realiza un contrato de compraventa en Marruecos a con la empresa chute contrato de compraventa en el que se compara una mercancía que debe ser entregada en España.
Se presenta la demandante los tribunales holandéses.
Posteriormente pasamos a realizar la jerarquía normativa Los convenios.
Convenio de Lugano que no se puede aplicar.
Por fechas se descarta reglamento de Bruselas.
también es necesario realizar la pirámide de los foros exclusivos y ver si en primer lugar hay sumisión tácita; que no la hay. Y sumisión expresa y posteriormente los foros de ataque. Hay sumisión expresa según el artículo 17 del convenio de Bruselas porque una de las empresas está domiciliada en Holanda y España pertenece a este convenio de Bruselas.
La sociedad seguridad informática SA con sede social en Aluche se dedica a la custodia de datos informáticos. Dicha sociedad ha contratado al trabajador suizo H.Ivenel para el desarrollo comercial de la sociedad en Alemania país al que debe desplazarse diariamente el señor Ivenel desde su domicilio en Estrasburgo Francia. En el contrato se pacta la competencia de los tribunales españoles para conocer de todo litigio derivado de este.
En diciembre de 1996 se descubre que el trabajador ha introducido un virus en el sistema informático de la sociedad cobrando por ello 500 millones de pesetas de una empresa de la competencia, que ha depositado en un banco en Suiza. El virus ha causado daños irreparables a los documentos custodiados por seguridad informática SA por lo que ésta demandar trabajador ante los tribunales españoles con base en la responsabilidad contractual derivada del deber de buena fe del artículo 5,1. D del estatuto de Los trabajadores . el demandado no comparece siguiendo los consejos de su abogado.
Determinar conforme al régimen aplicable la competencia o incompetencia de los tribunales españoles.
La sociedad de seguridad informática con domicilio en España celebra un contrato de trabajo con el señor Ivenel con domicilio en Francia y el lugar del trabajo se desarrolla en Alemania y el litigio se somete a los tribunales españoles. Hay un incumplimiento.
Por fechas hay que excluir el reglamento de Bruselas I ya que el problema se suscita en diciembre de 1996 y al reglamento de Bruselas I entra en vigor el 16 de enero de 2001. se trata de un contrato de trabajo y hay que considerar el ámbito material del convenio de Bruselas recogido en el artículo 1 de dicho convenio y esta materia laboral por no estar excluido del artículo número 1 del del entra dentro del ámbito material del convenio de Bruselas..
No hay foros exclusivos y la sumisión expresa se excluye pues al tratarse de un contrato de trabajo el artículo 17 del convenio de Bruselas tiene una excepción a regular que los acuerdos retributivos de competencia sólo surtirá efectos si son posteriores al nacimiento del litigio y o si el trabajador los invoca ante otros tribunales distintos del tribunal del domicilio del demandado. En este caso el domicilio del demandado es España. Por no existir un plano de igualdad entre una empresa-y 1 trabajador no existe sumisión y en función del artículo 5,1 del convenio de Bruselas que regula las competencias especiales el tribunal competente en contrato de trabajo será aquel en el que el trabajador desempeña habitualmente su trabajo.
Por lo que se puede concluir que los tribunales españoles son incompetentes en este caso y el tribunal francés o el alemán es el competente.
Rafael cumplido Esteban nacional español residente en Mijas demandó por medio de sus representantes legales ante el juzgado de su localidad a Reinart Scholeeder nacional suizo residente en Deauville Francia solicitando del juez que fuese declarada la paternidad del demandado a y de hacerse así se estableciese la oportuna pensión alimenticia. notificada la demanda comparece Reinart Schoecder para cuestionar la competencia del tribunal español y en caso de ser denegada la declinatoria excepcional por litispendencia internacional dada la existencia de una sentencia firme francesa que declaraba la no paternidad intentada en su día por don Rafael cumplido Esteban ante los tribunales franceses. Simultáneamente R.schoeder presenta ante el tribunal supremo la solicitud de reconocimiento de la sentencia francésa.
Se pide: determinará el régimen y con arreglo a él los pronunciamientos del juez sobre su competencia y la litispendencia.
en primer lugar el necesario hacer la pirámide nuevo.
Reglamento de Bruselas I.
Convenio de Bruselas I.
Rafael cumplir Esteban residente en España tiene una demanda con R. SCHOEDER residente en Francia y Rafael demanda ante los tribunales españoles a Rafael es el demandante y SCHOEDER el demandado.
Se demanda por paternidad y los tribunales españoles están fuera del ámbito material de los convenios, se simplifica el caso porque se aplica la ley orgánica del poder judicial y. En relación a los foros exclusivos con la ley orgánica del poder judicial se borran porque coinciden con los convenios y para la competencia no existe. Las partes están domiciliadas en Francia y en España actualmente excepciónar la competencia no implica que no te sometas no hay sumisión expresa porque no es un contrato y tacita tampoco porque se ha decepcionado. Por razón de la materia no hay jerarquía y. en la ley orgánica del poder judicial en su artículo 22. 3 en materia de filiación y relaciones paterno filiales cuando dijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda situación que le ocurre a Rafael cumplidos Esteban y en consecuencia los tribunales españoles son competentes.
La litispendencia internacional no se aprecia y si hay sentencia firme el juez español deberá suspender.
Cuestión de alimentos es necesario comenzar desde el principio haciendo un nuevo esquema pues son dos casos en 1 y es el único caso contemplado en el ámbito material del convenio de Bruselas su artículo 5.2. No hay materias exclusivas y se excepciona la competencia
La sociedad belga Salazar con sede en España contrata en Madrid la compraventa de 20 toneladas de naranjas con frío SA con sede en Noruega por el precio de 6.000€. Hay una cláusula de sumisión a los tribunales suecos, Salazar interpone demanda ante los tribunales españoles y frío SA no se personó por estrategia del abogado ¿Son los tribunales españoles competente?.
Se procede a la jerarquía legal.
Reglamento de Bruselas..
No hay competencia exclusiva porque es un contrato de compraventa de naranjas y hay una sumisión ante los tribunales suecos que es miembro del reglamento por lo que hay que ir a reglamento al tema de la sumisión en el artículo 23. La sumisión hace que los tribunales suecos son exclusivamente competentes y la verificación de oficio es cuando no se persona. Artículos 2526 del reglamento. El tribunal español no es competente por el reglamento.
La relación a la parte del reconocimiento es como si fuera otro caso diferente. Una sentencia dictada noruegas y que se reconoce en España. El juez español debe pintar su pirámide de reconocimiento. Se aplica el convenio de Lugano. Artículo 25 y siguientes
En los casos de familia es importante la nacionalidad.
Asunción Gómez armero española domiciliada en Madrid contrajo matrimonio con Franco Pita nacional francés el 21 de junio de 1967 celebrándose el matrimonio en forma canónica en Madrid lugar donde estableció su residencia el matrimonio. En el año 2001 el señor pita abandonaba su mujer y los hijos y se traslada a vivir a París por lo que Asunción decidió interponer una demanda de separación ante los tribunales de Madrid solicitando determinados efectos patrimoniales, la custodia de sus dos hijos, una pensión alimenticia para ambos y una pensión compensatoria para ella. El señor pita se opone a la demanda e interpone una excepción de litispendencia alegando que el había iniciado un procedimiento semejante en su país.
1 ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer el supuesto litigioso?. Valorar la excepción de litispendencia.
2 es válido el matrimonio celebrado en Madrid en forma canónica teniendo en cuenta que el señor pita es francés y que en Francia el matrimonio canónico no produce efectos?.
3. En caso de que conociera los tribunales españoles, ¿Qué ley se aplicaría a la separación?. Determinar concretamente asimismo la ley aplicable a los diversos efectos solicitados por la señora Gómez armero.
Con relación a la primera pregunta de si son competentes los tribunales españoles hay que mirar el ámbito material, el ámbito temporal y el ámbito espacial.
En cuanto al ámbito material en el reglamento de Bruselas II en su artículo 1 se dice que el reglamento se aplicará a los procedimientos civiles relativos al divorcio a la separación judicial y a la nulidad del matrimonio de los cónyuges. Y a los procedimientos civiles relativos a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes de los cónyuges con ocasión de las acciones en materia matrimonial.
En cuanto al ámbito temporal en el reglamento de Bruselas II se encuentra en vigor desde el 1 de marzo de 2001 por lo que en el caso se nos dice sin matizar más que en el año 2001 el señor pita abandonaba su mujer y sus dos hijos y se traslada a vivir a París.
Para ver si en el ámbito espacial al reglamento de Bruselas II es competente es necesario mirar los distintos foros que se encuentran relacionados en el artículo número 2. Serán competentes para resolver sobre las cuestiones relativas al divorcio, a la separación judicial o la nulidad del matrimonio de los cónyuges los órganos jurisdiccionales del estado miembro en cuyo territorio se encuentre.
La última residencia habitual de los cónyuges cuando uno de ellos todavía residen allí.
En caso de demanda conjunta la residencia habitual de uno de los cónyuges.
La residencia habitual del demandante si ha residido allí desde al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda.
La residencia habitual del demandante si ha residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y o bien es nacional del estado miembro cuestión.
Al analizar los distintos foros relacionados en el artículo 2 del reglamento de Bruselas II nos encontramos con que la última residencia habitual es válido porque todavía uno de los cónyuges reside allí.
en cuanto a la valoración de la excepción de litispendencia hay que ver si el tribunal francés es competente para conocer el supuesto. El demandante se va a vivir a París en el año 2001 no tiene ningún tipo de residencia de las necesarias legalmente ni residencia habitual de los cónyuges ni la del demandado. El tribunal francés no es competente y aunque lo fuese hay que acudir al artículo 11 del reglamento de Bruselas II.
El artículo 11 del reglamento de Bruselas II nos refiere la litispendencia en las actuaciones dependientes. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos el órgano jurisdiccional ante el que se formulare la segunda demanda suspender a de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera. Cuando se presentaron demandas de divorcio separación judicial o nulidad sin el mismo objeto ni la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros del órgano jurisdiccional ante el que se hubiese presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.
Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que ir se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél. En tal caso el demandante se hubiere formulado la correspondiente demanda ante el órgano jurisdiccional al que se hubiera acudido en segundo lugar podrá presentar la ante el órgano jurisdiccional al que se hubiera acudido en primer lugar.
En este supuesto hay dos demandas con las mismas partes con el mismo objeto y con la misma causa. El juez español debe suspender para ver qué es lo que hace el otro juez independientemente de que el juez francés sea competente o no.
Es necesario analizar si los jueces son competentes según el artículo 2 del reglamento de Bruselas II y el ámbito temporal y ámbito espacial etc.. Estos foros se encuentran en la misma línea pero solamente se pueden aplicar los foros recogidos en el artículo 2 del reglamento de Bruselas II. De lo contrario no se podría aplicar el reglamento de Bruselas II.
Es competente el tribunal español y con relación a la excepción de litispendencia el juez español debe actuar con relación a lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento de Bruselas II y según proceda el juez francés si se declara competente el tribunal español tendrá que inhibirse.
Con relación a la segunda pregunta se puede considerar válido el matrimonio celebrado en Madrid en forma canónica independientemente de la nacionalidad del señor pita y de que el matrimonio canónico no produzca efectos en Francia en función de lo dispuesto en el artículo 49 del código civil. En este artículo que se encuentra recogido en el título IV se nos dice que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España ante el juez alcalde o funcionario señalado por el código y en la forma religiosa legalmente prevista.
Para conocer La ley aplicable a la separación según lo que se pregunta en la pregunta tercera es necesario acudir al artículo 107 del código civil. La separación y divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda. A falta de nacionalidad común la ley de la residencia habitual y si los esposos tuvieran residencia habitual en diferentes estados por la ley española siempre que los tribunales españoles resulten competentes.
En este supuesto no solamente hay que fijarse en la ley aplicable a la separación sino que también se pregunta la ley aplicable a los diversos efectos solicitados por la señora Gómez armero. En cuanto a la pensión que tienen que recibir los hijos hay que acudir al convenio de la Haya de 1973 y a la pensión compensatoria de la mujer es necesario seguir la misma ley de la separación.
Rafael Montoya Romero de nacionalidad española contrajo matrimonio civil en Milán con Laura de nacionalidad italiana sin concurrir prueba de la acatolicidad del contrayente español. El matrimonio no fue inscrito en el registro civil español ni en el registro consular. En 1961 el señor Montoya abandonó a su cónyuge y se trasladó a Panamá y en este país ante el cónsul de España contrajo matrimonio 1987 con la señorita Sánchez de nacionalidad panameña y de dieciséis años de edad que conforme a su ley personal quedaba emancipada por razón del matrimonio. Tres meses después el matrimonio se traslada a España y al poco el tiempo el señor Montoya solicita la nulidad de su segundo matrimonio los representantes de la segunda mujer se oponen al tiempo que solicitan que en el caso de declararse la nulidad el tribunal se pronuncia a favor de la asistencia del matrimonio putativo y de la consiguiente conservación de la mayoría de edad y plena capacidad de la defendida.
1. Determinar si los tribunales civiles españoles son competentes para conocer sobre la acción de nulidad.
2. Que argumentos podrían es tenerse por el demandante para justificar la nulidad del segundo matrimonio y que argumentos caben en contra.
En cuanto a la primera pregunta en un principio parecería que habría que aplicar el reglamento de Bruselas II pero no se aplica en cuanto al ámbito temporal. Pero no se aplica por que en cuanto al ámbito temporal El reglamento de Bruselas II entró en vigor en el año 2001. Por tanto hay que acudir al artículo 22,3 de la ley orgánica del poder judicial y en este artículo se nos dice que en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges nulidad matrimonial y separación y divorcio cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda; no es necesario seguir analizando otros foros en la medida de que este primero es suficiente; hay una residencia habitual.
Con La relación a la segunda pregunta hay que matizar que el primer matrimonio se celebró sin certificado de a catolicidad, para considerar la validez de este primer matrimonio se eliminan los requisitos preconstitucionales dando validez con los requisitos constitucionales a los que se les conceden efectos retroactivos..
Ojo en los casos prácticos a la competencia por fechas. Es importante el reglamento de Bruselas II en su artículo 2º y también es importante reglamento de Bruselas II en su artículo 11.
El señor til de nacionalidad británica trasladó a su hijo Kevin de trece años de edad desde Manchester a Salobreña el 2 de abril de 2001. El desplazamiento se produjo en el momento en el que ante los tribunales de la ciudad de Manchester se desarrollaba el procedimiento de divorcio de los señores til y se produjo sin autorización del juez británico y sin la voluntad de la madre a quien el referido tribunal confió con carácter cautelar la guarda del menor mediante mandamiento de 2 de marzo de 2001. Ante estas circunstancias la señora TIL propietaria de una considerable fortuna ha solicitado ante la autoridad inglesa que se promueva una demanda de restitución del menor ante las autoridades españolas demanda que por mediación de la secretaría general técnica del ministerio de justicia se presenta ante el juzgado de primera instancia de Salobreña el 5 de diciembre de 2002. Frente a la pretensión de restitución el letrado del padre alega los siguientes motivos de oposición.
Que la concesión definitiva de los derechos de custodia se encuentra todavía pendiente en el marco del procedimiento de divorcio aún no concluido y que no cabe reconocer una decisión extranjera carente de firmeza.
Que el interés del menor será más eficazmente protegido de permanecer el mismo en España puesto que su madre ocupa una posición de suma relevancia en la política municipal de Manchester y la prensa local viene realizando una campaña anti corrupción en la que se ha visto envuelta.
Que ha transcurrido más de un año desde la llegada del menor a Salobreña y éste se encuentra plenamente integrado en su nuevo lugar de residencia donde su padre regenta un restaurante dirigido fundamentalmente al turismo británico y donde ha comenzado de estudios secundarios (en apoyo de este extremo se aporte informe favorable sobre la integración social del menor emitido por la consejería de bienestar social de la Junta de Andalucía.
Que la propia voluntad del menor es permanecer en España junto a su padre.
Que los documentos aportados por la autoridad británica carecen de trámite de legalización.
Justificar la competencia judicial internacional del juzgado de primera instancia de Salobreña para conocer sobre el fondo del asunto.
Determinar que motivos de oposición a demanda de restitución podría en su caso prosperar ante el tribunal español.
Para el supuesto de que el litigio hubiera sido resuelto por un tribunal francés determinar si la decisión que el mismo dictase sería reconocida en España.
Se trata de una restitución de un menor y no se trata del fondo de la sentencia por lo que es aplicable el convenio de la Haya de 1980 sobre los efectos civiles de la sustracción internacional de menores. La competencia se determina por este convenio en el artículo 6 en este artículo se regula que cada uno de los Estados contratantes designará una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el convenio...; Por lo que hay que remitirse a la ley de enjuiciamiento civil antigua en los artículos 1901 y siguientes. En el artículo 1901 de la ley enjuiciamiento civil antigua se regula que en los supuestos que siendo aplicable un convenio internacional se pretenda la restitución de un menor que hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita se procederá de acuerdo con lo previsto en esta sección. Tanto España como Gran Bretaña son partes del convenio de la Haya de 1980 sobre los efectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Con relación a la segunda pregunta en la que se pide determinar que motivos de oposición a la demanda de restitución podrían en su caso prosperar ante el tribunal español hay que acudir igualmente al convenio de la Haya de 1980 del que estamos tratando. Y considerando la fecha, cuestión importante, la demanda se inicia el 5 de diciembre de 2002 un año y medio después no prospera la demanda hay que acudir al artículo 13 del convenio de la Haya de 1980 en el que se regula que la autoridad del estado requerido no está obligado a ordenar la restitución del menor se la persona que se hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en el que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado.
Existe un grave riesgo de que la restitución del menor los ponga un peligro físico o psíquico otra manera un mal menor en una situación intolerable.
La autoridad también puede negar la restitución del menor se comprueba que el propio menor se opone a su restitución cuando el menor haya alcanzado una edad y 1° de madurez en el que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones..
Con relación a la pregunta tercera en el la que se plantea la posibilidad de que el litigio hubiese sido resuelto por un tribunal francés determinar si la decisión que el mismo dictase sería reconocida en España, hay que olvidarse del resto del caso y centrarnos en lo que la pregunta nos pide exclusivamente.
El reglamento de Bruselas II no se aplica en materia de restitución de menores. A este respecto hay que acudir al convenio de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980 sobre reconocimiento de ejecuciones y custodias en su artículo 7 se dice que las resoluciones relativas a la custodia dictadas en un estado contratante se reconocerán y cuando sean ejecutorias es en el estado de origen se ejecutarán en cualquier otro estado contratante. Asimismo en el artículo 19 se regula que el presente convenio no constituirá impedimento para invocar otro instrumento internacional que vincule al estado de origen con el estado requerido no ha derivado de un convenio internacional para obtener el reconocimiento o la ejecución de una resolución.
El representante del ministerio fiscal en Las Palmas promovió el 4 de febrero de 2001 una demanda de declaración de deuda alimenticia en virtud del poder conferido por la ciudadana de nacionalidad sueca ERIKA residente en una ciudad de Suecia. La demanda se dirige contra José ciudadano español empleado de hostelería y con residencia habitual en las Palmas a que la ciudadana sueca considera padre del hijo y que nació el 28 de abril de 1994 en Gran Canaria llamado Cristian y con residencia en Tánger Marruecos. La demanda tiene como pretensión el abono de una pensión alimenticia por una cuantía equivalente a 400€ mensuales con efectos retroactivos desde la fecha del nacimiento del menor y hasta su mayoría de edad. A favor de esta pretensión se aporta prueba consistente en un documento redactado en sueco en el que supuestamente el demandado efectuó un reconocimiento de paternidad y de la obligación de hacer frente a la deuda alimenticia. A las alegaciones anteriores se opone el demandado aduciendo los siguientes argumentos.
Que desconocía el idioma sueco y que no es consciente de haber firmado ningún documento en el que se asumiera una obligación de pago de alimentos.
Que el plazo para interponer la acción de alimentos ha prescrito.
Que sus recursos derivados de un contrato de prácticas para el fomento del empleo son insuficientes para atender a la pretensión formulada.
Que el derecho de Marruecos país de residencia habitual del menor no contempla derechos alimenticios para los hijos extramatrimoniales.
Son competentes los tribunales españoles para conocer sobre el fondo del asunto.
Cuál es la ley aplicable a la reclamación formulada.
Conforme a que ley debería determinarse la cuantía de la pensión alimenticia y.
Que mecanismos de reacción existan frente una eventual aplicación de un derecho extranjero de alimentos que efectúa una discriminación en virtud de la existencia de diversos tipos de filiación.
Para el supuesto que el menor tuviera su residencia habitual en Francia y la controversia hubiese sido resuelta por un tribunal francés cuál sería el régimen de reconocimiento en España de la sentencia que el mismo dictase.
Por materia entran todo el sistema Bruselas Lugano salvo el reglamento Bruselas II porque no va acompañada un divorcio y funciona el sistema Bruselas Lugano.
Al buscar la normativa aplicable al caso es necesario encontrar una norma que cubre el ámbito material, el ámbito espacial y el ámbito territorial y.
Tampoco se aplica al reglamento de Bruselas I por no tener en este caso un ámbito temporal, el reglamento de Bruselas I no se aplica porque entra en vigor después.
Hay que considerar que en el caso existe sumisión tácita ojo con la sumisión tácita porque hay que ponerla siempre que exista porque el demandado se personó, la madre es y se aplica la ley sueca cuando se pregunta cuáles la ley aplicable a la reclamación formulada.
Con relación a la tercera pregunta en la que se los pregunta que conforme a que ley deberá determinarse la cuantía de la pensión alimenticia y hay que acudir al artículo Con relación a la tercera pregunta en la que se pregunta conforme a que ley debería determinarse la cuantía de la pensión alimenticia hay que acudir al artículo 10 del convenio de la Haya de 1973 que dice que cuando la resolución recayera sobre varios fundamentos de la demanda de alimentos y cuando reconocimiento la ejecución no pudiera acordarse para la totalidad, la autoridad del estado requerido aplicara el convenio a la parte de la resolución que pudiera reconocerse o declararse ejecutoria????????????.
Con relación a la pregunta número cuatro en la que se nos pregunta qué mecanismos de reacción existen frente una eventual aplicación de un derecho extranjero de alimentos que se efectúa una discriminación en virtud de la existencia de diversos tipos de filiación hay que acudir al artículo 5 del convenio de Bruselas que en su punto 2 dice que en materia alimentos las competencias especiales se producirán ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o si se trata de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta salvo que tal competencia se fundamentarse exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes. Asimismo en el artículo 4. Se nos dice que toda persona sea cual fuere su nacionalidad domiciliada en el territorio de un estado contratante podrá invocar contra dicho demandado del mismo modo que los nacionales de este estado a las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y en particular las previstas en el párrafo segundo del artículo 3º.
con relación a la pregunta número cinco en el cual el menor tuviera su residencia habitual en Francia y la controversia hubiera sido resuelta por un tribunal francés hay que decir que el régimen de reconocimiento en España sería el reconocimiento automático del sistema Bruselas Lugano porque se dan los tres ámbitos es decir el ámbito material y espacial y territorial