Source: https://psicolog.org/informe-no-7912.html
Timestamp: 2020-01-21 06:20:24
Document Index: 65613013

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Informe No. 79/12
D. Duplicación de procedimiento y cosa juzgada internacional
PETICIÓN 342-07
IVETE JORDANI DEMENECK Y OTROS
El 18 de marzo de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Fabiano Demeneck (“el peticionario”) en la que responsabiliza a la República Federativa de Brasil (“el Estado” o “Brasil”) por la muerte de su madre, Ivete Jordani Demeneck1 (“la supuesta víctima” o “señora Demeneck”), la cual tuvo lugar en el hogar de ancianos “Casa de Repouso Curitiba Park S/C”, en el municipio de Colombo, estado de Paraná, el 18 de julio de 2004. El peticionario asevera que la muerte de la supuesta víctima se debió a la negligencia y tratamiento médico inadecuado realizado en la mencionada clínica privada y que el Estado no llevó a cabo una investigación efectiva para enjuiciar y sancionar a los responsables. En consecuencia, el peticionario alega que Brasil violó los artículos 4, 5, 8.1, 11, y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”).
El Estado sostiene que la petición es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos, como lo requiere el artículo 46.1.a de la Convención Americana. Al respecto, el Estado asevera que hay varios recursos internos que indican que las autoridades del Estado han investigado en forma efectiva y diligente los hechos denunciados en esta petición. Por ejemplo, Brasil observa que cuatro días después de recibir una notitia criminis sobre la muerte de la supuesta víctima, el 12 de noviembre de 2004, se inició una indagación policial (IPL n. 2005.404-0), el 12 de noviembre de 2004, y que esta investigación penal continúa pendiente. Asimismo, el Estado menciona que una investigación civil (Procedimento Administrativo P.A. n. 67/99) llevó a que el Ministerio Público iniciara una acción civil colectiva (Ação Civil Pública ACP n. 1200/2001). Además, el Estado menciona que hay procedimientos administrativos pendientes ante el Fiscal para la Defensa de Adultos Mayores (Promotoría de Defesa do Idoso, una división del Ministerio Público) – n. 029/07 – y el Consejo Permanente de Derechos Humanos (CODEP – Conselho Permanente de Direitos Humanos, un órgano administrativo que funciona bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía) – n. 8.314.291-0. Por lo tanto, el Estado alega que la petición fue presentada en forma prematura y no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
Sin prejuzgar los méritos del asunto y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la CIDH resuelve declarar esta petición admisible con respecto a las posibles violaciones de los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mencionado instrumento. Por otro lado, la Comisión Interamericana declara la petición inadmisible por falta de competencia ratione personae con respecto a los reclamos generales a favor de personas que no fueron identificadas o identificables. Asimismo, la CIDH declara que esta petición es inadmisible con respecto a los reclamos formulados conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 11 de la Convención Americana, puesto que los peticionarios no exponen hechos que tienden a caracterizar una violación de esas disposiciones. Finalmente, la Comisión Interamericana resuelve informar a las partes su decisión y publicarla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
La CIDH recibió la petición el 18 de marzo de 2007. Asimismo, recibió información adicional del peticionario en las fechas siguientes: 25 de marzo de 2007; 5 de mayo de 2007; 25 de mayo de 2007, y 9 de enero de 2008. El 27 de junio de 2008, la CIDH remitió al Estado las partes pertinentes de esas comunicaciones. El Estado respondió por medio de notas recibidas el 4 y 29 de diciembre de 2008. La CIDH transmitió debidamente al peticionario la respuesta de Brasil.
El peticionario presentó información adicional en las fechas siguientes: 25 de agosto de 2008; 9 de marzo de 2009; 1 de julio de 2009; 11 de octubre de 2009; 24 de diciembre de 2009; 25 de junio de 2010; 8 de julio de 2010; 5 de agosto de 2010; 30 de noviembre de 2010, y 12 de diciembre de 2010. Estas comunicaciones fueron debidamente transmitidas al Estado. El Estado presentó información adicional en las fechas siguientes: 22 de abril de 2009; 11 de agosto de 2009; 28 de abril de 2010, y 14 de enero de 2011. Estas comunicaciones fueron transmitidas al peticionario.
Posición del peticionario
El peticionario indica que su queja tiene por objeto informar sobre los “acontecimientos ocurridos a numerosas personas adultas mayores, incluida su madre,” y se refiere a “miles de casos.”2 Estos casos consisten en muertes por negligencia, infecciones debido a necrosis, desapariciones y una serie de violaciones contra personas mentalmente discapacitadas y adultos mayores. El peticionario indica que estos “casos recurrentes” demuestran que el Estado ha abandonado sus obligaciones que emanan de la sentencia del Caso de Ximenes Lopes c. Brasil relativo a los deberes del Estado con respecto a la atención médica.
El peticionario asevera que su madre tenía 66 años de edad3 y sufría de un “avanzado trastorno neurológico,” de manera que tuvo que ser internada en el hogar de ancianos privado “Casa de Repouso Curitiba Park S/C”, en el municipio de Colombo, estado de Paraná, en febrero de 2004. De acuerdo al peticionario, el 18 de julio de 2004, la señora Demeneck falleció debido a la negligencia antes mencionada en este hogar de ancianos. El peticionario alega que la señora Demeneck falleció en “circunstancias súbitas y extrañas,” lo cual indica que hubo una negligencia obvia en su atención diaria y asistencia de emergencia. Además señala otras circunstancias extrañas, tales como: un certificado de fallecimiento firmado por Márcia Terezinha Naeser, una psicóloga que estaba a cargo del hogar de ancianos en el momento del fallecimiento de la señora Demeneck, y el hecho de que individuos no identificados se presentaron en el hogar de ancianos e intentaron llevarse el cuerpo antes de que se realizara una adecuada autopsia. De acuerdo al peticionario, la causa de muerte fue determinada eventualmente como embolismo pulmonar, lo cual él caracteriza como algo extraño porque la familia había suministrado supuestamente equipo de oxígeno al hogar de ancianos porque la señora Demeneck necesitaba hacer inhalaciones diarias de oxígeno debido a problemas pulmonares.
El peticionario explica que en el momento del fallecimiento de la señora Demeneck, el hogar de ancianos “Curitiba Park S/C” operaba en el Hotel “Curitiba Park”, en el municipio de Colombo, estado de Paraná. Los propietarios de este hotel son miembros de su familia, Antonio Fabiano Demeneck (esposo de la señora Demeneck) y Tiago Demeneck (hijo de la señora Demeneck). El peticionario observa que éstos eran socios de Vicente de Paula Muniz, el supuesto propietario del hogar de ancianos, quien había propuesto este negocio compartido debido a que el hotel tenía muchas habitaciones desocupadas. De acuerdo al peticionario, el señor Muniz estaba encargado de operar la sección del hotel destinada al hogar de ancianos, así como de su adaptación para esos fines. El peticionario agrega que, como el hogar funcionaba en una propiedad de la familia y la señora Demeneck requería una atención especial, la familia decidió ubicarla en ese lugar, supuestamente sin estar al tanto del hecho de que el señor Muniz no era realmente un médico y había tenido anteriormente establecimientos similares que habían sido clausurados debido a su funcionamiento irregular e inadecuada atención de las personas mayores de edad y discapacitadas, incluido el hogar de ancianos “Curitiba Ltda.” (Casa de Repouso Curitiba Ltda.), en Curitiba, capital del estado de Paraná.
El peticionario indica que debido a la “muerte súbita y extraña” de la señora Demeneck, él presentó una solicitud para que se iniciara una investigación policial ante el Ministerio Público de Colombo, el 8 de noviembre de 2004. De acuerdo al peticionario, se inició una investigación policial (Inquérito Policial n. 2005.404-0) para investigar la muerte de la señora Demeneck, pero fue archivada el 21 de febrero de 2006. El peticionario alega que nunca fue notificado de esta decisión de archivar la investigación policial. El peticionario agrega que esta investigación luego fue reabierta después que se presentó esta petición ante la Comisión Interamericana, aunque supuestamente continúa pendiente hasta la fecha de la última comunicación del peticionario4.
Asimismo, el peticionario menciona varios procedimientos más relacionados con este caso. En primer lugar, el peticionario indica que denunció a la psicóloga encargada del hogar de ancianos en el momento del fallecimiento de la señora Demeneck, ante el Consejo Regional de Psicología (Conselho Regional de Psicologia) – Procedimiento n. 009-20045. Además, el peticionario indica que elevó comunicaciones al Consejo Permanente de Derechos Humanos (Conselho Permanente de Direitos Humanos) – CODEP, el cual es un órgano administrativo bajo la jurisdicción de la Coordinadora de Derechos de la Ciudadanía (Coordenadoria dos Direitos da Cidadania) – CODIC, la cual a su vez depende de la Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía (Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná) – SEJU – Procedimiento Administrativo n. 8.314.291-0. De acuerdo al peticionario, durante el curso de este procedimiento, se inició otro procedimiento administrativo, por parte del Fiscal para la Defensa de Adultos Mayores (Promotoria de Defesa do Idoso, una división del Ministerio Público) – n. 029/07.
El peticionario alega que algún tiempo después, descubrió que el Ministerio Público había iniciado una acción civil colectiva (Ação Civil Pública ACP n. 1200/2001), antes del fallecimiento de la señora Demeneck, debido a irregularidades observadas en el funcionamiento del hogar de ancianos “Curitiba Ltda.,” en Curitiba, el cual supuestamente era el establecimiento predecesor del hogar de ancianos “Curitiba Park S/C,” en Colombo. De acuerdo al peticionario, ambos establecimientos pertenecían y/o eran administrados por Vicente de Paula Muniz. El peticionario argumenta que, una vez que el establecimiento anterior fue clausurado en Curitiba, mediante una orden judicial expedida en el marco de esta acción civil colectiva, el señor Muniz trasladó su establecimiento al municipio de Colombo, a fin de evadir la justicia. El peticionario concluye que el señor Muniz tiene varios hogares de ancianos y/o “clínicas” por todo el estado de Paraná, los cuales en su totalidad presentan los mismos problemas e irregularidades que han victimizado a su madre y su familia. No obstante, concluye el peticionario, el señor Muniz permanece impune a pesar de todos sus crímenes.
En consecuencia, el peticionario alega que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4, 5, 8.1, 11, y 25.1 de la Convención Americana.
El Estado alega que la petición es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos, como lo requiere el artículo 46.1.a de la Convención Americana. De acuerdo al Estado, contrario a las alegaciones del peticionario, las autoridades del Estado están investigando en forma efectiva y diligente los hechos denunciados en esta petición. Al respecto, Brasil asevera que hay varios recursos internos pendientes, y por lo tanto esta petición fue presentada en forma prematura y no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
Como una cuestión preliminar, el Estado señala que los argumentos del peticionario no son claros, lo cual dificulta presentar una respuesta precisa. El Estado asevera que la petición apunta a “numerosos casos en los que la vida e integridad personal de adultos mayores y personas con discapacidades son puestos en riesgo”, sin hacer referencias específicas a supuestas violaciones de la Convención Americana.
Con respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos, Brasil indica en primer lugar que el 12 de noviembre de 2004, cuatro días después de que el peticionario presentara una notitia criminis, se inició una investigación policial (n. 2005.404-0). El Estado observa que esta investigación policial fue archivada el 22 de febrero de 2006, pero que fue reabierta en abril de 2007 y que está cumpliendo su debido trámite (el Estado se refiere a esta investigación policial con un número de referencia diferente: n. 2005.702-3). Específicamente, el Estado alega que “después de finalizar algunas medidas de investigación pendientes, las cuales fueron solicitadas por el Ministerio Público del estado de Paraná, la investigación policial debería estar concluida”6.
En segundo lugar, el Estado informa que, antes del fallecimiento de la señora Demeneck, el Ministerio Público del estado de Paraná inició una investigación sobre el hogar de ancianos en cuestión (P.A. n. 67/99) en 1999, lo cual condujo a presentar una acción civil colectiva (Ação Civil Pública n. 1200/2001), en 2001. Con respecto a este recurso, el Estado asevera que la acción fue exitosa y que la eventual decisión judicial determinó que dos hogares de ancianos que pertenecían a Vicente de Paula Muniz deberían ser clausurados.
Además, el Estado menciona que hay procedimientos administrativos pendientes ante el Fiscal para la Defensa de Adultos Mayores (Promotoria de Defesa do Idoso, una división del Ministerio Público) – n. 029/07 – y el Consejo Permanente de Derechos Humanos (CODEP – Conselho Permanente de Direitos Humanos, un órgano administrativo bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía) – n. 8.314.291-0.
En conclusión, el Estado alega que la petición fue presentada en forma prematura puesto que los recursos internos están en marcha y no han sido agotados. Por lo tanto, Brasil asevera que la petición es inadmisible, de conformidad con los requisitos contenidos en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
El peticionario tiene competencia para presentar peticiones ante la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 44 de la Convención Americana. Entre las supuestas víctimas se incluyen la señora Demeneck y sus familiares más cercanos, así como “aquellos afectados por numerosos casos en los que la vida y la integridad personal de las personas adultas mayores y personas discapacitadas son puestas en riesgo.” Con respecto a la señora Demeneck y sus familiares más cercanos (conjuntamente, en adelante “las supuestas víctimas”), incluidos Fabiano Demeneck (hijo), Deborah Demeneck (hija), María Inês Demeneck Pellizzari (hija) y Jonas Antonio Demeneck (hijo)7; son personas con respecto a las cuales el Estado brasileño ha acordado respetar y asegurar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto, la CIDH tiene competencia ratione personae con relación a las alegaciones relacionadas con ellos.
Por otro lado, con respecto al reclamo general sobre “todas las personas adultas mayores y mentalmente discapacitadas cuya vida e integridad personal es puesta en riesgo,” la CIDH determina que no tiene competencia ratione personae para examinar el caso presente de conformidad con la jurisprudencia del sistema interamericano estableciendo las normas de interpretación del artículo 44 de la Convención Americana.8 Por cierto, como lo ha hecho varias veces en el pasado, la Comisión Interamericana “debe declarar inadmisible la presente denuncia pues se trata de una representación en abstracto, o similar a una actio popularis”9.
La CIDH observa que Brasil ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992. Las potenciales violaciones descritas en esta petición tuvieron lugar supuestamente en la jurisdicción de Brasil, un Estado Parte de la Convención Americana, por lo tanto, la CIDH tiene competencia ratione loci. Finalmente, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione materiae y ratione temporis, porque la petición describe violaciones potenciales de los derechos protegidos por la Convención Americana, las cuales ocurrieron después que el tratado internacional ya estuviera vigente para Brasil.
De conformidad con el artículo 46.1 de la Convención Americana, para que una petición sea admitida por la CIDH, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. El segundo párrafo del artículo 46 indica que estas disposiciones no se aplicarán cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o cuando haya habido un retardo injustificado en la decisión final sobre los mencionados recursos.
Para los fines de admisibilidad, la primera medida pertinente es aclarar cuáles son los recursos que deben ser agotados con relación al caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que deben agotarse sólo los recursos adecuados para abordar las violaciones supuestamente cometidas10. Tanto el peticionario como el Estado han observado que se inició una investigación policial por la muerte de la señora Demeneck en el hogar de ancianos privado “Curitiba Park S/C” (párrafos 9 y 15, supra). La Comisión Interamericana observa que en casos como este, en el que está involucrado un supuesto delito enjuiciable de oficio en Brasil11 --es decir la muerte de una persona-- el recurso adecuado y efectivo es generalmente conducir una investigación penal y juicio ante el sistema de justicia ordinario12.
No se controvierte que, en el contexto de las investigaciones penales pertinentes, hasta la fecha no hay una determinación de responsabilidad penal relacionada con la muerte de la señora Demeneck. No obstante, al respecto la Comisión Interamericana debe aclarar que las partes se han referido a dos investigaciones policiales (n. 2005.404-0 y n. 2005.702-3)13. Después de realizar un examen detallado de los documentos registrados, la CIDH observa que el 8 de noviembre de 2004, casi cuatro meses después de la muerte de la señora Demeneck, tres de sus hijos, Deborah Demeneck, Fabiano Demeneck y María Inês Demeneck Pellizzari, presentaron una “solicitud para abrir la investigación policial debido a la muerte confusa y súbita de la señora Ivete Jordani Demeneck” ante el Ministerio Público de Colombo, estado de Paraná14. En la misma fecha, dos de los hijos de la señora Demeneck, Deborah Demeneck y Fabiano Demeneck, presentaron una “solicitud para abrir una investigación policial debido a [la existencia de] un hogar de ancianos falso, el cual no cuenta con la estructura adecuada y viola la dignidad de la persona humana y las normas relacionadas con el adulto mayor” ante el Ministerio Público de Colombo, estado de Paraná15. Ambas partes han sostenido que el 12 de noviembre de 2004, se inició una investigación policial para investigar la muerte de la señora Demeneck (párrafos 9 y 15 supra).
Habiendo examinado cuidadosamente los documentos registrados, la Comisión Interamericana observa que fueron iniciadas dos investigaciones policiales en el Distrito Policial de Alto Maracanã – Colombo, y que ambas tuvieron por objeto investigar los hechos relacionados con la “víctima Ivete Jordani Demeneche”. Además, ambas investigaciones fueron archivadas por medio de decisiones adoptadas el 22 de febrero de 2006, y que luego fueron reabiertas. Finalmente, la CIDH observa que la investigación policial n. 2005.404-0 fue anexada a la investigación n. 2005.702 para su trámite conjunto bajo el último número16. De acuerdo a las circunstancias de esta petición, la Comisión Interamericana considera que este período (ochos años desde la muerte de la señora Demeneck y el inicio de las investigaciones penales) excede lo que podría considerarse razonable para que una investigación policial se lleve a cabo de manera que un proceso judicial pueda, si fuere pertinente, eventualmente iniciarse17. Por lo tanto, en este caso, el requisito de agotamiento previo de los recursos internos no puede ser interpretado de manera que podría causar un retardo prolongado o injustificado de acceso al sistema interamericano18, de manera que la CIDH resuelve que ha habido un retardo injustificado en dictar una sentencia final y que es aplicable en este caso la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
Habiendo decidido que en este caso es aplicable la excepción dispuesta por el artículo 46.2.c de la Convención Americana, la CIDH no cree que es necesario referirse en detalle a los otros recursos internos mencionados por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH observa que con respecto a los procedimientos administrativos pendientes ante el Fiscal para la Defensa de Adultos Mayores – n. 029/07 – y el Consejo Permanente de Derechos Humanos (CODEP) – n. 8.314.291-0, la CIDH no encuentra elementos que indiquen que este tipo de recursos puedan ser adecuados para reparar las supuestas violaciones de derechos humanos descritas en ese caso; en consecuencia, el peticionario no tenía la obligación de agotarlos19. Además, con respecto a la acción civil colectiva Nro. 1200/2001, la CIDH observa que el objetivo de esta acción civil fue clausurar el hogar de ancianos privado “Curitiba Ltd.,” en Curitiba, debido a irregularidades en su funcionamiento. Además, este procedimiento civil fue originado en una investigación (P.A. n. 67/99) que comenzó en 1999, y la acción civil colectiva fue presentada ante el Ministerio Público del estado de Paraná, el 14 de septiembre de 2001; es decir, años antes del fallecimiento de la señora Demeneck en otro hogar de ancianos ubicado en otro municipio (Hogar de ancianos “Curitiba Park S/C,” en Colombo)20. En la etapa de méritos, la CIDH puede considerar las alegaciones y hechos relacionados con esta ação civil pública solo en la medida en que se relacionan a los hechos y supuestas víctimas consideradas admisibles en este informe.
Finalmente, se debe aclarar que el artículo 46.2, basado en su naturaleza y contenido, es una disposición autónoma vis-á-vis las disposiciones sustantivas de la Convención Americana. Por lo tanto, la determinación de si es aplicable en este caso la excepción relativa al agotamiento de los recursos internos debe adoptarse en forma independiente y previa al análisis de los méritos del caso, en la medida en que depende de una norma de evaluación diferente. En la etapa de los méritos, la CIDH examinará si este retardo injustificado de las investigaciones internas constituye o no una violación de ciertos derechos protegidos por la Convención Americana, específicamente los artículos 8 y 25.
El Artículo 46.1.b de la Convención Americana dispone que una petición debe ser presentada dentro del período de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Por otro lado, el artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH dispone que:
Habiendo decidido supra que es aplicable una excepción de la norma que requiere el agotamiento de recursos internos, ahora la Comisión Interamericana debe determinar si la petición fue presentada dentro de un plazo razonablemente aceptable. La petición fue presentada el 18 de marzo de 2007, es decir, menos de tres años después del fallecimiento de la señora Demeneck. Tomando en cuenta las circunstancias específicas de esta petición, en particular las quejas de negación de justicia relacionadas con la investigación policial y el proceso judicial, la Comisión Interamericana concluye que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. En consecuencia, se ha cumplido con las disposiciones contenidas en el artículo 32.2.f del Reglamento de la CIDH.
No surge del presente expediente que los reclamos de esta petición se encuentran pendientes de arreglo en algún procedimiento internacional, o que sea sustancialmente lo mismo que haya estado contenido en otra petición anteriormente examinada por la Comisión Interamericana o por otra organización internacional. Por lo tanto, se ha cumplido con los requisitos contenidos en los Artículos 46.1.c y 47.d de la Convención Americana.
Para los fines de admisibilidad, corresponde a la Comisión Interamericana determinar si los hechos descritos en la petición tienden a establecer una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana, conforme a los requisitos contenidos en el Artículo 47.b, o si la petición, conforme al artículo 47.c, debe ser rechazada por ser “manifiestamente infundada” o por resultar “evidente su total improcedencia”. En esta etapa procesal corresponde a la CIDH hacer una evaluación prima facie, no con el objeto de establecer presuntas violaciones a la Convención Americana, sino para examinar si la petición denuncia hechos que potencialmente podrían configurar violaciones a derechos garantizados en la Convención Americana. Este examen no implica prejuzgamiento ni anticipo de la opinión sobre el fondo del asunto.
En forma preliminar, la CIDH toma nota de que no se disputa que la muerte de la señora Demeneck tuvo lugar en una institución privada, instalada en un hotel cuyos propietarios y administradores eran miembros de su familia (supra párr. 8). A la luz de lo anterior, como se ha hecho en otros casos de supuestas violaciones que presuntamente tuvieron lugar en instalaciones privadas de atención de la salud, la CIDH concluye que “el asunto que se debe decidir es si el peticionario tuvo acceso al debido proceso y a los recursos judiciales apropiados para aclarar los hechos del caso y en procurar justicia ante el sistema judicial [brasileño], de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”21.
En consecuencia, la Comisión Interamericana no considerará las supuestas violaciones del derecho a la vida dispuestas en el artículo 4 de la Convención Americana, ni las alegaciones con respecto a la violación del derecho a la integridad personal bajo el artículo 5 del mismo instrumento con respecto a la señora Demeneck, porque el peticionario no presentó una base suficiente que requiere del examen de la responsabilidad del Estado. Asimismo, la CIDH considera que el peticionario no ha justificado en forma suficiente sus alegaciones con respecto a la potencial violación del artículo 11 de la Convención Americana. Por lo tanto, estas alegaciones son consideradas inadmisibles de conformidad con el artículo 47.b de la Convención.
Por otro lado, la CIDH considera que las alegaciones del peticionario con respecto a la negación de justicia podría tender a establecer violaciones de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, junto con el artículo 1.1 del mismo instrumento22. Asimismo, la CIDH admite esta petición con respecto a la posible violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la señora Demeneck, debido al supuesto sufrimiento surgido por las presuntas acciones, omisiones y respuesta en general recibida por parte de las autoridades del Estado con respecto a las medidas y procedimientos adoptados para hacer justicia y reparación judicial.
La Comisión Interamericana concluye que es parcialmente competente para examinar los méritos de este caso, en lo que se relaciona a los hechos denunciados con respecto a la señora Demeneck y sus familiares cercanos, y decide que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con base en las consideraciones siguientes de hecho y derecho y sin prejuzgar los méritos del caso,
Declarar esta petición admisible con respecto a los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana;
Declarar esta petición inadmisible con respecto a los artículos 4 y 11 de la Convención Americana, así como debido a la falta de competencia ratione personae con relación a las alegaciones detalladas supra;
Informar a las partes sobre esta decisión;
Continuar con el análisis de los méritos del caso;
Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 8 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Belle Antoine, Miembros de la Comisión.
1 En sus comunicaciones, el peticionario se refiere por sus apellidos, en forma indistinta a su madre y a otros miembros de su familia, incluidos su padre y hermanos, como “Demeneck,” “Demenech” o “Demeneche,” sin aclarar la razón por la cual deletrea sus apellidos en forma diferente. Habiendo examinado todos los documentos y en particular habiendo tomado nota de los documentos de los procesos internos, la CIDH utilizará el apellido “Demeneck”, deletreado de esta manera, para referirse a la supuesta víctima y a demás miembros de su familia.
2 El peticionario indica en el documento original en portugués que: “vem por meio desta, para que sejam tomadas as providências cabíveis, relatar acontecimentos ocorridos envolvendo diversos idosos, entre eles a sua mãe;” “a denúncia é direcionada a uma miríade de casos.”
3 De acuerdo al peticionario, la señora Demeneck nació el 15 de agosto de 1937.
4 La CIDH observa que el peticionario también menciona otra investigación policial (Nro. 2005-702-3), la cual también fue supuestamente archivada, el 17 de mayo de 2006, pero no ofrece más detalles respecto al propósito de esta investigación.
5 De acuerdo al peticionario, esto condujo a la revocación de la licencia para ejercer la profesión de psicología de Márcia Terezinha Naeser, el 8 de diciembre de 2006. Sin embargo, agrega que el Consejo Federal de Psicología revocó esta decisión mediante una apelación.
6 El Estado asevera, en su respuesta original en portugués que: “espera-se que, após a finalização de diligências pendentes, solicitadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o inquérito deva ser concluído.”
7 La CIDH observa que los documentos registrados indican que la señora Demeneck estaba casada con Antonio Fabiano Demeneck y tenía otro hijo, Tiago Demeneck. Sin embargo, no resulta claro en base a estos documentos y tampoco es obvio en base a las alegaciones del peticionario si estos dos familiares también son considerados supuestas víctimas por el peticionario, o por el contrario están de alguna forma implicados en la muerte de la señora Demeneck. Al respecto, la CIDH observa, por ejemplo, que el peticionario indica que Antonio Fabiano Demeneck y Tiago Demeneck eran los propietarios del hotel “Curitiba Park,” donde funcionaba el hogar de ancianos “Curitiba Park S/C”, y eran socios de Vicente de Paula Muniz. Además, la CIDH toma nota de que la queja presentada por Fabiano, Deborah y María Inêz ante el Ministerio Público indica que Antonio y Tiago supuestamente falsificaron un certificado de defunción de la señora Demeneck (Véase, al respecto, Solicitud para abrir una investigación policial debido a la “muerte confusa y súbita” de Ivete Jordani Demeneck, págs. 17 – 22 del Procedimiento Disciplinario Nº 009/2004 ante el Consejo Regional de Psicología – Anexo a la comunicación del peticionario de fecha 25 de mayo de 2007).
8 Véase, inter alia, CIDH. Informe Nro. 88/03, Petición 11.533, Inadmisibilidad, Parque Natural Metropolitano (Panamá), 22 de octubre de 2003, párrs. 28, 32 y 34; Informe Nro. 51/02, Petición 12.404, Admisibilidad, Janet Espinoza Feria y otros. (Perú), 10 de octubre de 10, 2002, párrs. 34 y 35; Informe Nro. 28/98, Petición 11.625, Admisibilidad, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 6 de marzo de 1998, párrs. 11, 12, 30 y 31; e Informe Nro. 48/96, Inadmisibilidad, (Costa Rica), 16 de octubre de 1996, párrs. 28 y 31. Véase también, Corte I/A Derechos Humanos – Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94, 9 de diciembre 1994, Serie A No. 14, párrs. 45 y 49; y Caso de Genie-Lacayo c. Nicaragua. Objeciones preliminares. Sentencia del 27 de enero de 1995. Serie C Nro. 21, párrs. 50 y 51.
9 CIDH. Informe Nro. 88/03, Petición 11.533, Inadmisibilidad, Parque Natural Metropolitano (Panamá), 22 de octubre de 2003, párr. 34.
10 I/A Corte D.H., Caso de Velásquez Rodríguez c. Honduras. Méritos. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Nro. 4, párr. 63.
11 Al respecto, la CIDH observa que el “homicidio” es tipificado en el código penal brasileño en su artículo 121, el cual incluye “homicidio por negligencia”, es decir, sin intención (homicídio culposo), bajo el inciso § 3. Asimismo, de acuerdo al artículo 100 del código penal brasileño, al menos lo especifique la ley, los delitos mencionados en ese código penal son enjuiciables de oficio.
12 Al respecto, la CIDH señala también que en casos similares de muertes supuestamente causadas por negligencia médica, en forma repetida se ha tomado en consideración este tipo de recursos cuando se analiza la admisibilidad de las peticiones. Véase, inter alia, Informe Nro. 85/08, Petición 162-061, Admisibilidad, Melba del Carmen Suárez Peralta (Ecuador), 30 de octubre de 2008, párr. 39; Informe Nro. 70/08, Petición 12.242, Admisibilidad, Clínica Pediátrica de la Región de los Lagos (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr 38; e Informe Nro. 69/02, Petición 419-01, Admisibilidad, Laura Albán Cornejo (Ecuador), 23 de octubre de 2002, párrs. 31 y 32. En su Informe sobre Admisibilidad del Caso de Ximenes Lopes, la CIDH no especificó qué recurso debería tomarse en cuenta porque el Estado no alegó la falta de agotamiento de los recursos internos y tácitamente renunció al derecho de invocar la objeción de falta de agotamiento de los recursos internos. De todas formas, la CIDH se refirió también a la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación judicial a fin de determinar la responsabilidad de la muerte de la supuesta víctima, (Véase CIDH. Informe Nro. 38/02, Petición 12.237, Admisibilidad, Damião Ximenes Lopes, Brasil, 9 de octubre de 2002, párrs. 23 y 17, respectivamente). La Corte Interamericana, en su sentencia sobre los méritos, también tomó en cuenta este tipo de recurso (Véase Corte I/A D.H., Caso de Ximenes-Lopes c. Brasil. Méritos, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2006. Serie C Nro. 149, párr. 194, entre otros).
13 La CIDH observa que durante la etapa de admisibilidad ninguna de las partes presentó copias de esas investigaciones policiales, de manera que no ha sido posible determinar su propósito con precisión.
14 Véase, Solicitud para abrir la investigación policial debido a la muerte confusa y súbita de la señora Ivete Jordani Demeneck, págs. 17 – 22 del Procedimiento Disciplinario Nº 009/2004 ante el Consejo Regional de Psicología – Anexo a la comunicación del peticionario del 25 de mayo de 2007.
15 Véase, Solicitud para abrir una investigación policial debido a [la existencia de] un hogar de ancianos falso, el cual no cuenta con la estructura adecuada y viola la dignidad de la persona humana y las normas relacionadas con el adulto mayor, págs. 11 – 16 del Procedimiento Disciplinario Nº 009/2004 ante el Consejo Regional de Psicología – Anexo a la comunicación del peticionario del 25 de mayo de 2007.
16 Véase Certificado emitido por la sección penal del Tribunal de Colombo, fechado el 13 de octubre de 2008 y firmado por el oficial judicial Edemir Bozeski – Anexo a la comunicación del peticionario recibida el 9 de marzo de 2009.
17 Véanse, mutatis mutandi, CIDH. Informe Nro. 70/12. Petición 1330-07, Admisibilidad, Pedro Augusto da Silva, Inácio José da Silva y otros (Brasil), 17 de julio de 2012, párr. 17; Informe No. 11/12, Petición 6-07, Admisibilidad, Jurandir Ferreira de Lima y otros (Brasil), 20 de marzo de 2012, párr. 20. Véase también CIDH. Informe Nro. 9/00, Caso 11.598, Admisibilidad y Méritos, Alonso Eugênio da Silva (Brasil), 24 de febrero de 2000, párr. 25; e Informe Nro. 10/00, Caso 11.599, Admisibilidad y Méritos, Marcos Aurélio de Oliveira (Brasil), 24 de febrero de 2000, párr. 23.
18 Véase Corte I/A D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Objeciones preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C Nro. 1, párr. 93.
19 Véase, mutatis mutandi, CIDH. Informe No. 36/05, Petición 12.170, Inadmisibilidad, Fernando A. Colmenares Castillo (México), 9 de marzo de 2005, párrs. 36 y 37; e Informe Nro. 73/99, Petición 11.701, Cooperativa “Ojo de Agua” (México), 4 de mayo de 1999, párr. 16.
20 Véase Petición del Ministerio Público del estado de Paraná, págs. 2-23 de copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001 – Anexo a la comunicación del peticionario del 25 de mayo de 2007. La CIDH toma nota, sin embargo, que se verificó que el 12 de diciembre de 2003, este hogar de ancianos ya no estaba en funcionamiento (págs. 836-838 de las copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001). Luego, durante este proceso, el 22 de marzo de 2004, el Ministerio Público indicó que funcionarios del Departamento de Sanidad habían visitado otro hogar de ancianos ubicado en el Hotel “Curitiba Park,” en Colombo, el 16 de marzo de 2004. Durante esta visita observaron que el propietario de esta instalación era el señor Vicente de Paula Muniz, quien había abierto supuestamente otro hogar de ancianos en Colombo “para continuar los servicios ofrecidos en el hogar de ancianos anterior,” bajo condiciones igualmente irregulares (págs. 893-899 de las copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001). De acuerdo a los documentos registrados, de aquí en adelante, el Hogar de Ancianos “Curitiba Park S/C” se convirtió en parte del objetivo de esta acción civil colectiva, sobre la cual eventualmente se adoptó la decisión, el 27 de junio de 2005, de clausurarlo (págs. 949-956 de las copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001). No obstante, luego, el 17 de mayo de 2006, se verificó que este hogar de ancianos ya no estaba abierto, (pág. 989 de copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001), de manera que la ação civil pública n. 1200/2001 fue archivada, mediante una decisión judicial emitida por la Jueza Luciane R.C. Ludovico, el 9 de octubre de 2006 (pág. 998 de copias de la Ação Civil Pública n. 1200/2001).
21 CIDH. Informe No. 69/02, Petición 419-01, Admisibilidad, Laura Albán Cornejo (Ecuador), 23 de octubre de 2002, párr. 32. Véase también CIDH. Informe No. 85/08, Petición 162-061, Admisibilidad, Melba del Carmen Suárez Peralta (Ecuador), 30 de octubre de 2008, párrs. 1 y 47.
22 Véase CIDH. Informe Nro. 85/08, Petición 162-061, Admisibilidad, Melba del Carmen Suárez Peralta (Ecuador), 30 de octubre de 2008, párr. 47/ e Informe Nro. 69/02, Petición 419-01, Admisibilidad, Laura Albán Cornejo (Ecuador), 23 de octubre de 2002, párr. 43. En términos similares, véase la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Albán Cornejo y otros c. Ecuador (Corte I/A D.H., Caso de Albán Cornejo y otros c. Ecuador. Méritos, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2007. Serie C Nro. 171, párrs. 38 y 42).
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