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Timestamp: 2019-12-11 18:58:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 27', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 35', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66']

BOE.es - Documento BOE-A-1998-20651
Documento BOE-A-1998-20651
Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 206, de 28 de agosto de 1998, páginas 29434 a 29448 (15 págs.)
BOE-A-1998-20651
https://www.boe.es/eli/es-md/l/1998/07/09/11
El artículo 51 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, y que promoverán la información y la educación de los consumidores, fomentarán sus organizaciones y oirán a estos en las cuestiones que puedan afectarles, en los términos que la Ley establezca.
La Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía, inicialmente asume la función ejecutiva en materia de defensa de los consumidores en el marco de la legislación estatal.
Se ha aprovechado la elaboración de la presente Ley para colmar aquellas lagunas que la Ley estatal contiene, especialmente en el campo de la actuación administrativa; igualmente una norma de rango legal resulta el instrumento jurídico adecuado para plasmar determinadas previsiones como son la obligación de colaboración de los ciudadanos con los órganos de inspección y control, la adecuación de la potestad sancionadora a la materia de protección de los consumidores y la coordinación de competencias entre los distintos órganos de las Administraciones Públicas a fin de garantizar un nivel de protección homogéneo en el ámbito regional, todo ello influido por las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presente Ley pretende conseguir un elevado grado de protección de los consumidores, entendidos estos en la estricta concepción que se va imponiendo en España y en la legislación europea, y ello mediante fórmulas de participación y colaboración con todos los agentes sociales y principalmente con las organizaciones de consumidores.
2. A los efectos del apartado anterior solo será considerado proveedor la Administración Pública cuando preste un servicio o suministre un producto o bien en régimen de derecho privado.
Artículo 3. Derechos básicos de los consumidores.
a) La protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral, incluyendo por tanto los riesgos que amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida.
f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 4. Colectivos de especial protección.
Artículo 5. Requisitos de los productos y servicios.
Artículo 6. Actuaciones administrativas.
Artículo 8. Comité técnico de la seguridad en el consumo.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, y dependiente del órgano competente en materia de protección al consumidor, se constituirá un comité de expertos en materia de seguridad que estará integrado por representantes de la Administración autonómica, representantes de las asociaciones de consumidores, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales que sean miembros del Consejo de Consumo, expertos en materia de seguridad y expertos en técnicas de ensayo y análisis. El comité tendrá como función prioritaria emitir informes sobre productos comercializados como seguros y que presenten riesgos, así como valorar las medidas que se deban adoptar ante la comercialización de productos, bienes y servicios inseguros.
Artículo 9. Apoyo técnico.
Artículo 10. Sistemas de información.
1. Los poderes públicos de la Comunidad de Madrid velarán y adoptarán las medidas que sean de su competencia para que los contenidos contractuales se adecuen a la legislación vigente y para que las condiciones generales de los contratos no contengan cláusulas que sitúen a los consumidores en una posición de desequilibrio.
Artículo 12. Derechos reconocidos.
Artículo 13. Información de productos, bienes y servicios.
Artículo 14. Información en materia de precios.
2. Los consumidores tienen derecho a conocer, previamente a la contratación de un servicio, el precio del mismo. Las ofertas concretas de servicios realizadas a través de soportes publicitarios y/o informativos deben incorporar el precio de los mismos.
3. En el supuesto de que se informe a los consumidores de la posibilidad de adquirir productos, bienes y servicios con aplazamiento de pago, con independencia de que se ajusten, en lo que a la información se refiere, a las normas que resulten de aplicación, en el momento de formalizar la oferta se les informará por escrito, como mínimo, de:
Artículo 15. Actuaciones administrativas en materia de información.
Artículo 16. Oficinas de información a los consumidores.
e) En general, la atención, defensa y protección de los consumidores de acuerdo con lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
2. Los productos, bienes y servicios que sean objeto de una publicidad con indicación del precio deberán indicar el precio total que los consumidores deben satisfacer para su adquisición.
Artículo 19. Ámbito de actuación.
Artículo 20. Actuaciones de la Administración.
2. En materia de educación y formación a los consumidores, la Comunidad de Madrid, en los mismos términos que expresa el apartado anterior, desarrollará las siguientes actuaciones:
Artículo 21. Colaboración.
Artículo 22. Representación, consulta y participación.
Artículo 23. Asociaciones de consumidores.
b) Tener su domicilio en la Comunidad de Madrid y que su ámbito de actuación no exceda del territorio de esta.
Artículo 25. Derechos reconocidos.
Las asociaciones de consumidores, con independencia de los derechos reconocidos en el marco de la legislación general, tendrán derecho a:
Artículo 26. Pérdida de derechos.
Artículo 27. Colaboración con la Administración.
Artículo 28. Consejo de Consumo.
Artículo 30. Mediación.
Artículo 31. Arbitraje.
3. La Comunidad de Madrid y las corporaciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, propiciarán que las empresas y, especialmente, las empresas públicas o privadas que gestionen servicios públicos o reciban recursos de aquellas, establezcan en sus contratos la adopción del sistema arbitral de consumo para resolver los conflictos y las reclamaciones de los consumidores surgidos en su actividad.
Artículo 32. Información sobre reclamaciones.
Artículo 33. La Inspección de Consumo de la Comunidad de Madrid.
Artículo 34. Ámbito de actuación.
Artículo 35. El personal inspector.
3. El personal inspector, cuando actúe en el ejercicio de sus funciones, deberá ir debidamente acreditado y se comportará, en todo momento, con la debida corrección, prudencia y discreción. Su actividad será siempre respetuosa con los administrados, proporcionada y ponderada, perturbando solo en lo estrictamente necesario la actividad profesional de los inspeccionados. En todo caso, estará obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas.
Artículo 36. Facultades del personal inspector.
Artículo 37. Formalización de las actuaciones inspectoras.
f) Las diligencias practicadas, si las hubiere, tales como: Controles de documentos, retiradas de muestras, mediciones, pruebas practicadas, verificaciones, arqueos, medidas provisionales si son necesarias, así como las requisitorias de documentación o comparecencia, indicando plazos o fechas para su realización. Para la realización de estas diligencias, los órganos de control podrán solicitar la asistencia de técnicos especialistas, que actuarán conjuntamente con el personal inspector.
3. La negativa a la firma por parte del compareciente no invalidará el acta. Si esta se produce, se le comunicará de que puede estampar su firma a los únicos efectos de recepción del documento, lo cual se hará constar.
5. El compareciente obtendrá de los inspectores copia de los documentos que se redacten durante la actuación inspectora, excepto cuando estos tengan carácter meramente estadístico o informativo.
Artículo 39. Obligaciones de los inspeccionados.
Artículo 40. Otros mecanismos de control.
1. El órgano competente de la Comunidad, en materia de protección al consumidor, promoverá en el ámbito de sus competencias la aprobación de códigos, buenas prácticas, excepto en materia alimentaria, que se desarrollarán, de acuerdo con la normativa vigente, en aquellos sectores que por sus características permitan el establecimiento de estos instrumentos de control. Estos códigos incorporarán sistemas que faciliten el autocontrol de los empresarios.
3. En situaciones de urgencia, o si en el transcurso de las actuaciones de inspección y control se observasen indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad o graves perjuicios para los intereses económicos de los consumidores, los inspectores podrán adoptar las medidas provisionales previstas en la presente Ley, debiendo ser ratificadas por el órgano competente en el plazo de diez días hábiles, computados desde el día siguiente en que se hayan adoptado.
Artículo 42. Marco de actuación.
3. La resolución que se adopte no impedirá, en su caso, la iniciación simultánea de un expediente sancionador, si concurriesen infracciones en materia de protección al consumidor.
5. A fin de garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deberá justificar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Si se considera necesario, estas se practicarán en presencia del personal de inspección y control.
Artículo 45. Multa coercitiva.
Si la Administración comprobase el incumplimiento de lo ordenado, podrá reiterar las citadas multas por periodos que no pueden ser inferiores al señalado en el primer requerimiento.
Artículo 47. Protección de la salud y seguridad de los consumidores.
Artículo 48. Alteración, adulteración o fraude de bienes y productos.
Artículo 49. Prestación de servicios defectuosa o incorrecta.
3. La defectuosa prestación de servicios durante el periodo de garantía.
Artículo 50. Normalización técnica, comercial y de prestación de servicios.
Artículo 51. Información y vigilancia.
1. La resistencia, negativa u obstrucción a facilitar las labores de inspección, a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes, en el curso de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa o el incumplimiento de los requerimientos de subsanación de irregularidades previstas en el artículo 35.
4. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio donde se cometió la infracción, por el plazo máximo de cinco años.
Artículo 55. Principio de proporcionalidad.
Artículo 58. Responsabilidad de las infracciones.
5. En los productos envasados en cuyo etiquetado el comerciante introduzca su marca comercial, este responderá de su calidad, composición, cantidad y seguridad.
7. Si en la comisión de una infracción concurriesen varias personas, estas responderán solidariamente.
Artículo 59. Derechos del presunto responsable.
1. Las personas físicas o jurídicas que resulten presuntamente responsables de los hechos que sean constitutivos de infracción administrativa tendrán la consideración de interesados en los procedimientos sancionadores que se instruyan, en materia de consumo, por la Comunidad de Madrid.
Artículo 60. Efecto de las sanciones muy graves.
1. Con independencia de las sanciones impuestas, el Consejero competente en la materia podrá proponer al Consejo de Gobierno, para las infracciones muy graves, la supresión, cancelación o suspensión total de toda clase de ayudas, créditos o subvenciones, reconocidos o solicitados en cualquiera de los órganos de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid.
2. Las empresas sancionadas por la comisión de infracciones muy graves podrán ser inhabilitadas para contratar con la Administración durante un periodo máximo de cinco años, a partir de la fecha en que sea firme y definitiva la sanción impuesta.
Artículo 61. Pago de las sanciones.
Artículo 62. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Artículo 63. Competencias de las entidades locales.
1. Corresponde a las entidades locales velar por la protección y defensa de los consumidores, en el ámbito de su territorio y respecto a su población, con el alcance y contenido que les atribuye la presente Ley y el resto de normas jurídicas que le sean de aplicación, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad, de la gestión administrativa a los ciudadanos y, en concreto:
Artículo 64. Concurrencia de actuaciones.
Artículo 65. Marco de actuación de cooperación.
1. Los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, promoverán un elevado nivel de protección a los consumidores.
2. Corresponde a los distintos órganos de la Administración autonómica, con competencias sectoriales en materia de protección de los consumidores, la ejecución de la presente Ley y normas que la desarrollan, y la realización de sus actuaciones con sujeción a los principios que la inspiran.
Artículo 66. Cooperación municipal.
3. La Administración de la Comunidad de Madrid concertará con las entidades locales fórmulas de participación activa de estas en programas conjuntos de protección de los consumidores, y entre ellos las actuaciones en campañas de control de productos y servicios, y la atención de las demandas de información, formación y cooperación en materia de consumo.
En lo no previsto en la presente Ley se aplicará supletoriamente la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores, y cuantas disposiciones se hayan dictado en desarrollo de la misma.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 167, de 16 de julio de 1998; corrección de errores «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 178, de 29 de julio de 1998)
Fecha de entrada en vigor: 17/07/1998
Publicada en el BOCM núm. 167, de 16 de julio de 1998.
SE MODIFICA el art. 51, por Ley 4/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-1956).
SE DEROGA el art. 8, SE MODIFICA los arts. 13, 30, 49, 50, 58, 61 y SE AÑADE la disposición adicional 3, por Ley 6/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-3254).
SE DEJA SIN EFECTO el art. 9, por Ley 8/2009, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-4181).
los arts. 2 y 57.2 a 4, por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-4377).
el art. 50, por la Ley 18/2000, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-5584).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 142, de 15 de junio de 1999 (Ref. BOE-A-1999-13198).
Real Decreto 44/1996, de 19 de enero , (Ref. BOE-A-1996-4026).
Ley 26/1984, de 19 de junio , (Ref. BOE-A-1984-16737).