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Timestamp: 2019-10-18 05:54:26
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 114', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'artículo 116', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 87', 'artículo 31', 'artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'artículo 31', 'artículo 29', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 10', 'artículo 42', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 49', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 155', 'artículo 104', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 56']

Publicado en BOE de 16 de Enero de 1979
Vigencia desde 27 de Enero de 1979.
CAPÍTULO PRIMERO. La vivienda de protección oficial
Artículo 5 Normas de diseño y calidad
Artículo 6 Módulo
Artículo 7 Promotores
Artículo 8 Programación
SECCIÓN 1. Régimen legal
Artículo 9 Titularidad de la propiedad y del uso
Artículo 10 Régimen de uso y acceso
Artículo 11 Precio de venta
Artículo 12 Renta
Artículo 13 Contrato
Artículo 14 Entrega y ocupación
Artículo 15 Elevación a escritura pública
Artículo 16 Calificación provisional
Artículo 17 Solicitud de calificación definitiva
Artículo 18 Concesión de la calificación definitiva
Artículo 19 Denegación de la calificación definitiva
Artículo 20 Modificación de la calificación definitiva
Artículo 21 Entidades financieras
Artículo 22 Cédulas hipotecarias
Artículo 23 Financiación cualificada
Artículo 24 Préstamo base al promotor y al adquirente
Artículo 25 Préstamo base directo al adquirente
Artículo 26 Tratamiento cualificado del préstamo base
Artículo 27 Computabilidad del préstamo base
Artículo 28 Prioridades en la concesión del préstamo base
Artículo 29 Derechos sobre préstamos base
SECCIÓN 4. Ayuda económica personal para el uso y acceso a viviendas de protección oficial
Artículo 33 Recursos financieros
Artículo 34 Ayuda para el acceso a la propiedad
Artículo 35 Préstamo complementario
Artículo 36 Préstamo sin interés
Artículo 37 Ayuda para el arrendamiento
SECCIÓN 1. Promoción
Artículo 39 Planificación y programación
Artículo 40 Función promotora del Instituto Nacional de la Vivienda
Artículo 41 Promoción directa
Artículo 42 Adquisición de viviendas
Artículo 43 Promoción mediante convenio
Artículo 44 Concursos
Artículo 45 Alojamientos provisionales
Artículo 46 Expropiación
Artículo 47 Descalificación
Artículo 48 Condiciones de financiación
SECCIÓN 2. Régimen legal
Artículo 50 Régimen de uso y acceso
Artículo 51 Precio de venta
Artículo 52 Condiciones de pago
Artículo 53 Renta
Artículo 55 Administración de las viviendas de protección oficial de promoción pública
Artículo 58 Ejecución forzosa
Artículo 59 Ejecución subsidiaria de obras inacabadas
Disposición 12
El nuevo concepto de Vivienda de Protección Oficial se desarrolla mediante el presente Real Decreto, en el que, para tales viviendas, se delimita el ámbito de su aplicación, así como se precisan su destino, superficie, diseño y calidad. Se define asimismo el modulo económico que servirá a los efectos de la fijación de los precios de renta y venta máximos de una única categoría de Viviendas de Protección Oficial. La disposición distingue claramente dentro del régimen de protección oficial la promoción publica de la privada, delimitando un tratamiento diferenciado en concordancia con la finalidad que a cada una de ellas le es propia.
El sistema de financiación que la presente disposición regula contempla simultáneamente la existencia de prestamos a promotores y adquirentes; posibilita a estos últimos, en determinados casos, el disfrute de una ayuda económica personal, y favorece especialmente a las promociones privadas de viviendas sin animo de lucro.
La promoción publica de Viviendas de Protección Oficial se presenta con clara intención de descentralización al dar entrada en ella a los Entes Públicos Territoriales, a quienes se pueden atribuir determinadas competencias en esa materia. El Instituto Nacional de la Vivienda, como Órgano especializado del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para la promoción pública de viviendas, ensancha sus posibilidades de gestión a través de la adquisición directa de viviendas y la suscripción de convenios con entidades de carácter publico, cumpliendo en todo caso el fin de atender prioritariamente a la eliminación del chabolismo y de la infravivienda, y posibilitando el acceso -en compra o alquiler- a las familias con menores niveles de renta.
Por ultimo, las disposiciones transitorias abren con amplitud la vía de integración en el nuevo sistema de Viviendas de Protección Oficial para las situaciones derivadas de los sistemas anteriores durante un cierto periodo de tiempo, y sin merma del derecho adquirido.
Se entenderá por vivienda de protección oficial la que, destinada a domicilio habitual y permanente, tenga una superficie útil máxima de noventa metros cuadrados, cumpla los requisitos establecidos en el presente Real Decreto y en las disposiciones que lo desarrollen, y sea calificada como tal por el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otros Entes públicos territoriales a los que se atribuya esta competencia.
Cuando un mismo promotor construya más de cien viviendas podrá agrupar la indicada superficie, destinada a locales de negocio, en edificio independiente, siempre que esté situado en terrenos contiguos a los ocupados por aquéllas, forme con los edificios de viviendas un conjunto urbano y se incluya en el mismo proyecto.
Téngase en cuenta que de conformidad con la Disposición Final 2.ª del R.D. 355/1980, 25 enero, por el que se dictan normas sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos («B.O.E.» 28 febrero), queda derogada la letra A) del artículo 2 del presente Real Decreto en cuanto se oponga a lo dispuesto en el artículo 2 de la citada disposición.
Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas que sean de aplicación, por voluntad del promotor, se incluyan en el proyecto garajes que tengan la consideración de anejos inseparables de las viviendas del inmueble, la superficie útil de los mismos, dentro de los límites máximos establecidos en la correspondiente ordenanza, se computará, a efectos de determinar los precios de venta o renta de las viviendas, mas no se tendrá en cuenta ni para la concesión de ayudas económicas personales ni para determinar la superficie máxima a que se refiere el artículo 1, de este Real Decreto. En el caso de que los garajes no estén vinculados a las viviendas, se considerarán a todos los efectos como locales comerciales.
D) A los terrenos y obras de urbanización necesarios para llevar a cabo la construcción, de acuerdo con las normas, planes parciales y ordenanzas que sean aplicables. El valor de los terrenos acogidos al ámbito de la protección, sumado al total importe del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil, en el momento de la calificación definitiva, por la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.
A tal efecto se entenderá por domicilio permanente el que constituya la residencia del titular, bien sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal carácter por el hecho de que éste, su cónyuge o los parientes, de uno u otro, hasta el tercer grado, que convivan con el titular, ejerzan en la vivienda una profesión o pequeña industria doméstica, aunque sea objeto de tributación.
La suspensión de la obligación de ocupar la vivienda que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1027/1970, de 21 de marzo, asiste al emigrante, se extenderá por todo el tiempo que el mismo permanezca en el extranjero por razón de trabajo.
Téngase en cuenta que conforme establece la Disposición Adicional del D [EXTREMADURA] 195/1999, 14 diciembre, por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción («D.O.E.» 23 diciembre), a partir de la entrada en vigor del mencionado Decreto, no será aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura lo dispuesto en el presente artículo. Téngase en cuenta que el D [EXTREMADURA] 195/1999, 14 diciembre, ha sido derogado por letra I de la disposición derogatoria única de D [EXTREMADURA] 113/2009, 21 mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad («D.O.E.» 28 mayo) el 28 de julio de 2009.
Téngase en cuenta que de acuerdo con el número 2 de la disposición derogatoria única del D [CASTILLA-LA MANCHA] 65/2007, 22 mayo, por el que se establecen aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 30 mayo), a partir de su entrada en vigor, no serán de aplicación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha las normas de diseño y calidad previstas en el presente Real Decreto.
Kt = Coeficiente de revisión para obtener el nuevo módulo (M) aplicable, vigente en el período t.
Ht = Media aritmética de los últimos índices de coste de mano de obra, correspondientes a las provincias pertenecientes a áreas geográficas homogéneas, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» antes de la fecha de comienzo del período t.
Ho = Media aritmética de los índices de coste de mano de obra, publicados en el «Boletín Oficial del Estado», correspondientes a las provincias pertenecientes a areas geográficas homogéneas, y anteriores a los que se utilizan para calcular Ht, de forma tal que, entre ambos, se extienda un período de tiempo igual al que ha estado vigente el módulo (M) que se revisa.
Mt = Media aritmética de los últimos índices de energía, cemento, productos siderúrgicos, cerámica y madera, publicados en el «Boletín Oficial del Estado», antes de comenzar el período t.
Mo = Media aritmética de los índices de energía, cemento, productos siderúrgicos, cerámica y madera, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y anteriores a los que se utilizan para calcular Mt de forma tal que, entre ambos, se extienda un período de tiempo igual al que ha estado vigente el módulo (M) que se revisa.
Artículo 6 redactado por el R.D. 1958/1980, 20 junio, por el que se establecen los precios de venta de las Viviendas de Protección Oficial («B.O.E.» 2 octubre).
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, elaborará los planes generales y los programas anuales de viviendas de protección oficial atendiendo a las necesidades y consideraciones socioeconómicas de las diversas áreas geográficas.
Cuando la celebración del contrato de compraventa tenga lugar con anterioridad a la concesión de la calificación definitiva, el precio de venta del metro cuadrado de superficie útil será igual o inferior a uno coma dos veces el módulo (M) aplicable, vigente en el momento de dicha celebración. Dicho precio podrá revisarse como máximo en la misma proporción en la que se revise el módulo (M) aplicado desde el momento de la celebración del contrato de compraventa hasta el momento de la concesión de la calificación definitiva. Asimismo, las cantidades que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 114 del Decreto 2114/1968 del 24 de julio hayan sido entregadas a cuenta por el adquirente de la vivienda, se revalorizarán en la misma proporción en que se revisare el precio de venta, desde el momento de la entrega de cada cantidad hasta el momento de la concesión de la calificación definitiva.
Si de la revisión de precios resultare un precio superior de la vivienda superior de un veinticinco por ciento al inicialmente pactado, el adquirente podrá instar la resolución del contrato. Las cantidades entregadas a cuenta por el adquirente le serán reintegradas revalorizadas en la misma proporción en que se hubiere revisado el módulo (M), aplicable, vigente desde el momento de la entrega de cada cantidad hasta el momento de la resolución del contrato de compraventa.
Del sexto al decimoquinto años, ambos inclusive, el precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, en segunda o posteriores transmisiones, será igual o inferior al ochenta por ciento de uno coma dos por el módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la celebración del correspondiente contrato de compraventa o arrendamiento.
Del decimosexto, al trigésimo año, ambos inclusive, el precio de venta de una vivienda de protección oficial, por metro cuadrado de superficie útil, en segunda o posteriores transmisiones, será igual o inferior al setenta por ciento de uno coma dos por el módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la celebración del correspondiente contrato de compraventa o arrendamiento.
El precio de venta, por metro cuadrado de superficie útil, de las edificaciones anejas a la vivienda a que se refiere el artículo 2.º, será en cada situación, como máximo, el sesenta por ciento del precio de venta, por metro cuadrado de superficie útil, de la vivienda a la que se encuentren asociadas inseparablemente.
Artículo 11 redactado por el R.D. 1958/1980, 20 junio, sobre precios de venta de Viviendas de Protección Oficial («B.O.E.» 2 octubre).
Las rentas de las viviendas de protección oficial así establecidas podrán ser revisadas bienalmente con arreglo a las modificaciones que en ese período experimente el índice del subgrupo tres punto uno, «Viviendas en alquiler», publicado por el Instituto Nacional de la Vivienda.
Los contratos de compraventa y de arrendamiento de viviendas de protección oficial habrán de visarse por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, a petición del vendedor o arrendador.
Los promotores de viviendas de protección oficial, siempre que medie contrato, vendrán obligados a entregar las viviendas a sus adquirentes o arrendatarios, poniendo a su disposición las llaves de las mismas, en el plazo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva. Dicho plazo podrá prorrogarse excepcionalmente por la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y a instancia del promotor siempre que medie justa causa.
De la entrega de llaves deberá dejarse constancia por las partes en un documento del que el vendedor o el arrendador dará traslado a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de quince días a partir de la entrega de llaves.
Los adquirentes o los arrendatarios de las viviendas de protección oficial deberán proceder a su ocupación en el plazo de tres meses, contados desde la entrega de llaves, o un mes cuando se trate de viviendas de promoción pública, salvo que medie justa causa.
Los promotores estarán obligados a elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses a contar desde la concesión de la califificación definitiva, los contratos de compraventa celebrados con anterioridad a la concesión de dicha calificación.
Los promotores de viviendas de protección oficial deberán presentar en la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo solicitud de calificación provisional, que tendrá consideración de trámite inicial, y a la que deberá adjuntar el proyecto básico de edificación definido en el Decreto 2512/1977, de 17 de junio, y el compromiso de cumplir con las exigencias establecidas para las viviendas de protección oficial. Igualmente deberá acompañar los siguientes documentos:
c) Certificación del Registro de la Propiedad de la titularidad del dominio de los terrenos y de la libertad de cargas o gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto. En el caso de que los solicitantes no sean los propietarios de los terrenos acompañarán además la promesa de venta otorgada a su favor o el título que les faculte para construir sobre los mismos.
d) Compromiso de cesión de los terrenos que sean necesarios para la construcción de las edificaciones complementarias que fueran exigibles por el planeamiento urbanístico, si lo hubiere, y, en su caso, por la Ley del Suelo, y habida cuenta del número de viviendas proyectadas o construidas por el promotor, salvo que acredite documentalmente estar exento de dicha obligación.
Los promotores de viviendas de protección oficial dispondrán de un plazo de treinta meses a partir de la obtención de la calificación provisional, a que se refiere el artículo anterior, para presentar la solicitud de calificación definitiva. Cuando se trate de promociones a ejecutar por fases, la primera de ellas gozará del plazo arriba mencionado, mientras que las demás fases dispondrán de un plazo de 24 meses, desde la iniciación de cada una de ellas, para presentar la solicitud de calificación definitiva correspondiente.
Los promotores de viviendas de protección oficial vendrán obligados a poner en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el comienzo y el final de las obras, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se produzcan los mismos, mediante certificación extendida al efecto por el Arquitecto Director de las obras. Cuando se trate de promociones a ejecutar por fases se comunicará el comienzo y el final de las obras, en el mismo plazo, en cada una de ellas.
La solicitud de calificación definitiva de viviendas de protección oficial deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
f) Los contratos de compraventa, en su caso, suscritos y visados por la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en los que expresamente se fije el precio de venta que en virtud del compromiso contraído corresponde a cada vivienda.
g) Relación de los adquirentes que hayan entregado cantidades a cuenta, junto con los justificantes de las cantidades entregadas y fechas de las entregas realizadas hasta la solicitud de la calificación definitiva, así como la autorización preceptiva para su percepción de acuerdo con lo establecido en el art. 114 del D. 2114/1968, de 24 de julio.
Advertidas deficiencias constructivas o cualquier otra causa, subsanable, que impidiera el otorgamiento de la calificación definitiva solicitada, la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo comunicará al promotor el plazo y condiciones necesarias para proceder a la subsanación y concesión de dicha calificación definitiva. En caso de llegar a ser subsanados los defectos, para la fijación del precio de venta a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 del presente Real Decreto, se considerará la fecha de la comunicación al promotor de las deficiencias observadas, y no la de la concesión de la calificación definitiva.
En la cédula de calificación definitiva constará el precio de venta de la vivienda, de acuerdo con lo establecido en el art. 11 del presente Real Decreto, vigente en el momento de la concesión de la calificación definitiva.
b) Solicitar de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta, y comprometerse, en su caso, a la terminación de las obras o a la subsanación de las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva, dentro del plazo y con el presupuesto que a tal efecto les sea fijado por la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Del precio final de venta de la vivienda a abonar al promotor, determinado de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, se deducirán las cantidades invertidas por los adquirentes en las obras necesarias para la obtención de la calificación definitiva.
Queda a salvo la realización de obras de modificación, mejora o reforma de las viviendas a que la calificación definitiva se refiera, en las condiciones establecidas en el art. 118 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, en cuyo supuesto la modificación se llevará a cabo por resolución de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y previa la pertinente inspección de sus Servicios competentes.
El Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito a la Construcción, los Bancos inscritos en el Registro de Bancos y Banqueros, las Cajas de Ahorros Confederadas, la Caja Postal de Ahorros y las Cooperativas de Crédito podrán actuar como Entidades financieras en orden a la promoción y acceso a las viviendas de protección oficial.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, establecerá a su vez el programa anual de promoción de viviendas de protección oficial adecuado al programa de financiación aprobado por el Gobierno.
A efectos de la financiación de las viviendas de protección oficial se autoriza al Banco Hipotecario de España y al Banco de Crédito de la Construcción para emitir cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios, con los límites que para cada emisión sean fijados por el Gobierno, dentro de los límites señalados en los respectivos programas anuales de actuación, inversiones y financiación, a los que hace referencia el artículo 87 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. Téngase en cuenta que la Ley 11/1977, de 4 de enero, ha sido derogada por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («B.O.E.» 27 noviembre).
No serán de aplicación a dichas cédulas lo dispuesto en el núm. 10 del art. 21 del Código de Comercio, ni en el capítulo VII de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. Téngase en cuenta que la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1991 ha sido derogada por R.D. Leg. 1564/1989, 22 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas («B.O.E.» 27 diciembre). Téngase en cuenta que la Ley de 17 de julio de 1951, ha sido derogada por el número 1 de disposición derogatoria unica de R.D. Leg 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas («B.O.E.» 27 diciembre).
El préstamo base al promotor, por metro cuadrado de superficie útil, podrá ser de hasta el 70% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la calificación definitiva.
Los promotores que promuevan viviendas para su cesión en compraventa sólo podrán percibir cantidades efectivas del total del préstamo concedido, en cuantía de hasta el 40% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la concesión del préstamo, en tanto no exista adquirente con contrato de compraventa visado por la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. A partir de la celebración del contrato de compraventa el promotor podrá percibir cantidades, por metro cuadrado de superficie útil, de hasta el 70% del módulo (M) aplicable vigente en el momento de la concesión del préstamo. El disfrute del préstamo base en cuantía, por metro cuadrado de superficie útil, del 70% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la calificación definitiva, tendrá lugar cuando se produzca la elevación a escritura pública del contrato y consiguientemente la subrogación del adquirente, en el préstamo del promotor en su cuantía máxima.
Cuando se trate de promotores sin ánimo de lucro que construyan, por sí o colectivamente, viviendas para sentar en ellas su residencia familiar, o bien cuando las viviendas, para cuya promoción, ya sea con o sin ánimo de lucro, se solicita el préstamo base, se destinen al arrendamiento, el promotor no podrá retirar cantidades, por metro cuadrado de superficie útil, superiores al 70% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la concesión del préstamo, en tanto no se practique la inscripción de la escritura declarativa de obra nueva en el Registro de la Propiedad.
En el caso de viviendas destinadas a arrendamiento, y siempre que el promotor sea un Patronato de Casas Militares afecto al Ministerio de Defensa, o se trate de los Patronatos de la Fuerza de Seguridad del Estado, el préstamo base podrá serlo en cuantía del 85% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la concesión de la calificación definitiva.
Los adquirentes podrán obtener directamente préstamos base para la adquisición de viviendas de protección oficial en cuantía, de hasta el 70% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la concesión de la calificación definitiva, cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:
c) Que se haya celebrado contrato de compraventa entre el adquirente y el promotor de la vivienda para cuyo acceso se solicita el préstamo.
a) Tipo de interés fijado por el Ministerio de Economía o, a su propuesta por el Consejo de Ministros, para el caso de los concedidos por las Entidades oficiales de crédito.
d) Plazo de amortización no inferior a doce años, más un período de carencia que por el Ministerio de Economía se determinará, en su caso, en las disposiciones de desarrollo del presente Real Decreto.
e) Seguro de amortización del préstamo para el caso de fallecimiento del titular del mismo, a concertar éste con el Instituto Nacional de Previsión , o con otra Entidad aseguradora legalmente capacitada.
Asimismo tendrán la consideración de préstamos de regulación especial los otorgados por las Cajas de Ahorros Confederadas y la Caja Postal de Ahorros con igual finalidad y dentro de los mismos límites.
1.º A los promotores de viviendas de protección oficial, sin ánimo de lucro cuando el coste de la vivienda y consiguientemente su precio de venta por metro cuadrado de superficie útil sea igual o inferior al módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la concesión de la calificación definitiva; y siempre que, como mínimo, el 75% de las viviendas de la promoción para las que se solicita el préstamo vayan destinadas a titulares de ayuda económica personal.
2.º A los promotores de viviendas de protección oficial, con o sin ánimo de lucro, cuyo precio de venta o cuyo coste, respectivamente, del metro cuadrado de superficie útil cumpla lo establecido en el párrafo anterior.
3.º A los demás promotores de viviendas de protección oficial en los que no concurran las circunstancias de los apartados 1.º y 2.º.
A estos efectos, en el momento de la solicitud del préstamo base se dejará constancia del compromiso del promotor, mediante declaración jurada de aquello a que se compromete, de acuerdo con lo establecido en este artículo, para obtener una determinada prioridad en la obtención del préstamo base en las Entidades oficiales de crédito.
Ayuda económica personal para el uso y acceso a viviendas de protección oficial
Como complemento de la financiación cualificada a que se refiere la sección tercera del capítulo II del presente Real Decreto, se establece la ayuda económica personal para el uso y acceso a las viviendas de protección oficial en favor de las familias que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 31, con los límites que se establecen en el artículo 33, del presente Real Decreto, y que consistirá en un sistema de préstamos y subvenciones otorgados por el Estado y las Entidades oficiales de crédito, destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas para la adquisición o el arrendamiento.
En caso de acceso a la propiedad de una vivienda de protección oficial, solamente se podrá ser beneficiario de la ayuda económica personal por una única vez. Excepcionalmente, por resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en cada caso, podrá concederse una segunda ayuda económica personal siempre que la situación determinante de la necesidad de una nueva ayuda lo justifique.
1. Para obtener la ayuda económica personal, destinada al acceso a la propiedad o al arrendamiento de una vivienda de protección oficial, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
B) Que el beneficiario carezca de vivienda u ocupe una que no reúna, en el momento de la solicitud, condiciones de habitabilidad, o cuando reuniéndolas, sea notoriamente inadecuada para sus necesidades.
2. La falsedad en la declaración de cualquiera de los requisitos implicará la devolución de las ayudas económicas personales percibidas, sin perjuicio de las sanciones que por tal motivo puedan derivarse.
Artículo 31 redactado por el artículo único del R.D. 1707/1981, 3 agosto, por el que se modifica la ayuda económica personal para la adquisición y arrendamiento de viviendas de protección oficial («B.O.E.» 8 agosto).
Las solicitudes de concesión de ayuda económica personal se dirigirán a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por medio del promotor o del adquirente en el caso de acceso a la propiedad; y por medio del propietario o del arrendatario, cuando se trate de ayuda económica personal para el arrendamiento.
El procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas económicas personales, se regulará por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
1. Un préstamo con interés, complementario del préstamo base.
2. Un préstamo sin interés, aplicable al pago parcial de las anualidades de los préstamos base y complementario.
Artículo 34 redactado por el artículo único del R.D. 1707/1981, 3 agosto, por el que se modifica la ayuda económica personal para la adquisición y arrendamiento de viviendas de protección oficial («B.O.E.» 8 agosto).
1. La cuantía del préstamo complementario, para el acceso a la propiedad de una vivienda de protección oficial será un porcentaje del precio de venta o, en su caso, del coste de adquisición o del valor de adjudicación, a que se refiere el artículo 31, epígrafe uno, apartado C).
El préstamo complementario se podrá obtener sobre un determinado número de metros cuadrados de superficie útil de la vivienda adquirida, en relación con la composición familiar, con el máximo de la superficie útil total de la vivienda.
2. El préstamo complementario podrá otorgarse por las Entidades Oficiales de Crédito cuando el préstamo base se haya concedido previamente por ellas o cuando haya sido adquiridos sus derechos de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la presente disposición.
Artículo 35 redactado por el artículo único del R.D. 1707/1981, 3 agosto, por el que se modifica la ayuda económica personal para la adquisición y arrendamiento de viviendas de protección oficial («B.O.E.» 8 agosto).
Artículo 36 redactado por el artículo único del R.D. 1707/1981, 3 agosto, por el que se modifica la ayuda económica personal para la adquisición y arrendamiento de viviendas de protección oficial («B.O.E.» 8 agosto).
1. La cuantía de la ayuda económica personal, por metro cuadrado de superficie útil, para subsidiar el arrendamiento de viviendas de protección oficial consistirá en un porcentaje de su renta, aplicable hasta el número de metros cuadrados de superficie útil en relación con la composición familiar, según lo previsto en el artículo 35 del presente Real Decreto.
2. Las condiciones para la concesión de las ayudas contempladas en el párrafo anterior serán establecidas en las disposiciones de desarrollo del presente Real Decreto.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, los planes y programas anuales de las viviendas de promoción pública del Estado, atendiendo a las necesidades derivadas de las peticiones de los Entes públicos territoriales.
a) A operaciones de eliminación de chabolismo y de infravivienda.
b) A construcción de viviendas derivadas de operaciones de remodelación inmobiliaria de grupos de viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, la Administración del Patrimonio Social Urbano y otros Entes públicos.
Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Instituto Nacional de la Vivienda es el Organismo especializado que llevará a cabo la promoción de las viviendas del Estado por sí o mediante convenio.
El Instituto Nacional de la Vivienda podrá adquirir viviendas edificadas por terceros, en fase de proyecto, de construcción o terminadas, siempre que cumplan las condiciones de superficie, diseño y calidad exigidas para las viviendas de protección oficial, y cuyo precio de venta al Instituto Nacional de la Vivienda, por metro cuadrado de superficie útil, sea igual o inferior al 90% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la terminación de las obras o en el momento de adquisición, si ésta tiene lugar con posterioridad a su terminación.
El Instituto Nacional de la Vivienda podrá suscribir convenios para la promoción pública de viviendas de protección oficial con los Entes públicos territoriales, directamente o por medio de Patronatos o Sociedades constituidas al efecto, con Empresas mixtas con participación mayoritaria de Entes públicos y con otras Entidades de carácter público.
Las promociones incluidas en los planes y programas, a que se refiere el artículo 39, llevarán implícita la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa.
La financiación que el Instituto Nacional de la Vivienda aporte en los convenios en los que no sea titular de la promoción tendrá la consideración de préstamo. Su cuantía y tipo de interés serán fijados en el convenio de promoción, debiendo reintegrarse al Instituto Nacional de la Vivienda en un número de anualidades no superior a 25, que se determine el propio convenio.
El importe de esta financiación se entregará por el Instituto Nacional de la Viviendaa en los plazos, forma y cuantía que se señalen en el convenio. Su devolución comenzará a partir de la fecha que se fije en el convenio.
Solamente podrán acceder a las viviendas de promoción pública aquellas familias cuyos ingresos anuales sean inferiores al 25% del precio de venta de la vivienda.
Cuando se trate de viviendas de promoción pública promovidas mediante convenio con los Patronatos de Casas Militares afectos al Ministerio de Defensa, así como con los Patronatos de la Fuerzas de Seguridad del Estado, las condiciones para ser beneficiario de una de dichas viviendas se establecerán en el convenio, en consideración a su función logística y conforme a las normas orgánicas de los mencionados Patronatos.
El precio de venta en primera transmisión, por metro cuadrado de superficie útil de una vivienda de promoción pública, será para cada área geográfica homogénea igual al 90% del módulo (M) aplicable, vigente en la fecha de celebración del contrato de compraventa.
Para la fijación del precio de venta de dichas viviendas se tendrá en cuenta el tipo de licitación, la baja de subasta y los reformados aprobados a efectos de determinar el costo real de las mismas.
En los supuestos de que las viviendas de promoción pública hubieran sido adquiridas por el Instituto Nacional de la Vivienda, el precio de venta será el de adquisición, al que se añadirán los gastos de escrituración y declaración de obra nueva y división horizontal si los hubiera, no pudiendo superar el precio de venta el 90% del módulo (M) aplicable a que hace referencia el artículo 42.
Del sexto al decimoquinto año a partir de la calificación definitiva, ambos inclusive, el precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, en segunda o posteriores transmisiones, si es un Ente Público el que transmite la propiedad de la vivienda, estará comprendido entre el 70 y el 80 por 100 de la cantidad que resulte de multiplicar el módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la celebración del correspondiente contrato de compraventa o arrendamiento, por el 0,9. Si el sujeto que transmite la propiedad es una persona privada, el precio será igual o inferior al 80 por 100 de dicho precio de venta.
Del decimosexto al trigésimo año a partir de la calificación definitiva, ambos inclusive, el precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, en segunda o posteriores transmisiones, si es un Ente Público el que transmite la propiedad de la vivienda, estará comprendido entre el 60 y el 70 por 100, igual que en el párrafo anterior. Si el sujeto que transmite la propiedad es una persona privada, el precio será igual o inferior al 70 por 100 de dicho precio de venta.
Artículo 51 redactado por R.D. 2342/1983, 28 julio, por el que se modifica el precio de venta de las viviendas de protección oficial de promoción pública («B.O.E.» 9 septiembre).
El promotor podrá exigir una aportación inicial a cuenta del precio en el momento que se determine en las correspondientes normas de adjudicación, o aplazar la totalidad del precio. Primer párrafo del artículo 52 redactado por el R.D. 2559/1985, 27 diciembre, por el que se modifican las condiciones de pago de las viviendas de protección oficial de promoción pública («B.O.E.» 9 enero 1986).
La parte del precio aplazada tendrá la consideración de préstamo con interés, con un plazo máximo de amortización de 25 anualidades, cuyas cuotas serán crecientes.
En garantía de la obligación de pago de la parte del precio aplazado, se constituirá hipoteca sobre la finca vendida y se establecerá como condición resolutoria del contrato la falta de pago de alguna de las cantidades en el vencimiento convenido. El Instituto Nacional de la Vivienda podrá hacer uso, para hacer efectivas las cantidades no abonadas por los compradores o arrendatarios de sus viviendas del procedimiento de apremio regulado por el Estatuto de Recaudación y sus disposiciones reglamentarias.
Las rentas de viviendas de promoción pública serán revisadas bienalmente en el 50% de la modificación que en ese período experimente el índice del subgrupo 3.1, «Viviendas en alquiler», publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
En materia de subrogaciones se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, debiendo concurrir además en los subrogatorios los requisitos establecidos en el artículo 49 de este Real Decreto.
Las viviendas de promoción pública sólo podrán transmitirse, «intervivos», en segunda o sucesivas transmisiones por los propietarios cuando hayan transcurrido cinco años desde la fecha del contrato de compraventa, y siempre que previamente se haya hecho efectiva la totalidad de las cantidades aplazadas.
Los Entes públicos promotores podrán ejercitar en estos casos los derechos de tanteo y retracto con arreglo a los artículos 1507 y siguientes del Código Civil, a cuyos efectos se hará constar expresamente el ejercicio de dichos derechos en los contratos de compraventa que suscriban con los beneficiarios.
El adquirente, en cualquier caso, sólo podrá acceder a la vivienda cuando sus ingresos familiares anuales sean inferiores al 25% del precio de venta en el momento de la celebración del contrato.
Igualmente el patrimonio público de viviendas podrá administrarse a través de Órganos específicos, a cuyos efectos el Ente público titular de las viviendas podrá:
1.º La inexistencia en las obras del reglamentario libro de órdenes y visitas.
2.º No mantener asegurada la vivienda de riesgo de incendio, en tanto permanezca acogida al régimen legal de viviendas de protección oficial.
3.º No poner en conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aquellas actuaciones a que los promotores o usuarios vengan obligados de acuerdo con las normas reguladoras de las viviendas de protección oficial.
4.º La no inclusión en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección oficial de las cláusulas establecidas al efecto por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
1.º El incumplimiento de los requerimientos que le hubiesen sido formulados al infractor en resolución dictada en expediente sancionador.
2.º La inadecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y la obra efectivamente realizada.
3.º El incumplimiento por parte del promotor de la obligación de elevar los contratos de compraventa a escritura pública en el plazo establecido en el artículo 15 del presente Real Decreto.
4.º El incumplimiento por parte del adquirente o usuario de la obligación de ocupar las viviendas en los plazos establecidos en el artículo 14 de este Real Decreto.
5.º Falsear la declaración jurada a que vienen obligados los promotores de viviendas de protección oficial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 28 de la presente disposición.
6.º Falsear las condiciones personales o familiares en las declaraciones exigidas para el acceso o uso de una vivienda de protección oficial de promoción pública.
7.º Falsear los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda económica personal en la declaración de solicitud.
Cuando la infracción cometida consista en el incumplimiento de los plazos previstos en los artículos 13 y 14 del presente Real Decreto, o en falsear la declaración jurada a que vienen obligados los promotores de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 28 de la presente disposición, podrán calificarse dichas conductas como muy graves siempre que medie reincidencia, negligencia o mala fe en el infractor.
1.º No obtener la calificación definitiva de las viviendas por no ajustarse el proyecto de ejecución final a las condiciones de superficie, diseño y calidad establecidas al efecto.
2.º Utilizar la financiación proveniente de las ayudas económicas personales para fines distintos de los establecidos en el capítulo II de la presente disposición.
3.º Desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente configurado en el artículo 3.º de la presente disposición, o dedicar la vivienda a usos no autorizados, cualquiera que sea el título de su ocupación.
Las infracciones al régimen legal de viviendas de protección oficial serán sancionadas:
a) Con multas de 5.000 a 50.000 ptas., las leves.
b) Con multas de 50.000 a 250.000 ptas., las graves.
c) Con multas de 250.000 a 1.000.000 de ptas., las muy graves.
Cuando la infracción cometida consista en la percepción de precio superior al legalmente autorizado, podrá reducirse la cuantía de la sanción a imponer, sin que en ningún caso sea inferior al quíntuplo de la diferencia entre el precio percibido y el precio legal, cuando se trate de arrendamiento, o el duplo de dicha diferencia en caso de compraventa.
En todo caso la graduación de la cuantía de la sanción a imponer tendrá especialmente en cuenta el daño producido y el enriquecimiento injusto obtenido, pudiendo imponerse además a los autores de infracciones graves o muy graves las sanciones complementarias a que hace referencia el artículo 155 del vigente Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
La ejecución de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores podrá realizarse mediante la aplicación de las medidas de ejecución forzosa establecidas en el artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo autorizándose en cualquier caso a la Administración Pública a imponer multas coercitivas encaminadas a conseguir el cumplimiento de las resoluciones recaídas en expediente sancionador, además de utilizar la ejecución subsidiaria siempre que así lo permita la naturaleza de la obligación impuesta.
La cuantía de cada multa coercitiva a imponer podrá alcanzar el 50% del importe de la multa impuesta en el expediente sancionador de referencia, salvo cuando se trate de resoluciones que impongan a los infractores la obligación de realizar obras, en cuyo caso la cuantía podrá alcanzar hasta el 20% del importe estimado de las obras que el infractor esté obligado a ejecutar. La competencia para su imposición corresponderá a los Delegados provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando su cuantía no sea superior a 100.000 ptas.; al Director general de Arquitectura y Vivienda, hasta el límite de 500.000 ptas.; al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, las que no excedan de 5.000.000 de ptas., y, a propuesta de éste, al Consejo de Ministros, las de cuantía superior.
Cuando se trate de la ejecución de obras de nueva planta, la no realización de las mismas dentro del plazo previsto podrá dar lugar a la ejecución subsidiaria de las obras pendientes por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través del Instituto Nacional de Estadística y a costa del promotor, siempre que el interés social así lo requiera.
Durante el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, podrán iniciarse expedientes de viviendas de protección oficial acogiéndose a la legislación anterior.
Los Patronatos de Casas, creados por Ley como Organismos autónomos de la Administración del Estado, que tengan aprobados por el Gobierno programas de ejecución de viviendas para arrendamiento de personal de los distintos Departamentos ministeriales (con independencia de que puedan acogerse a los preceptos y beneficios de este Real Decreto para promocionar viviendas de alquiler con función logística o social), continuarán acogidos a la legislación anterior hasta la terminación de los mencionados programas y en todo caso se regirán conforme a sus reglamentos y normas orgánicas en los regímenes especiales que regulan el uso de las viviendas que, por ser propiedad de los mismos, forman parte del Patrimonio del Estado.
La superficie de las viviendas de protección oficial que, de acuerdo con lo previsto en la segunda y tercera de estas disposiciones, opten por acogerse al presente Real Decreto no podrán exceder de 90 metros cuadrados de superficie útil, computándose a tales efectos 1,25 metros cuadrados de superficie construida como un metro cuadrado de superficie útil. Cuando se trate de viviendas sociales del Real Decreto-Ley 12/1976, de 30 de julio (citado), podrán alcanzar una superficie útil de hasta 96 metros cuadrados, medidos éstos conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2278/1976, de 16 de septiembre.
En tanto no se aprueben las normas técnicas de diseño y calidad previstas en el artículo 5 del presente Real Decreto, regirán respecto a la calidad, las establecidas en las Ordenes ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y 17 de mayo de 1977, y respecto al diseño, las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial aprobadas por Orden de 20 de mayo de 1969.
Las viviendas calificadas definitivamente con arreglo a cualquiera de los regímenes anteriores al establecido en el Real Decreto-Ley sobre política de viviendas de protección oficial, se someterán al régimen de uso, conservación, aprovechamiento, y al sancionador establecido en este Real Decreto, sin otra excepción que el plazo de duración de dichos regímenes, que será el establecido en las respectivas calificaciones.
Las Sociedades actualmente inscritas en el Registro Especial de Entidades Inmobiliarias podrán continuar como tales, sin necesidad de modificar sus Estatutos que quedarán únicamente sin efecto en aquello que se oponga a las disposiciones del Real Decreto-Ley sobre política de viviendas de protección oficial y del presente Real Decreto que lo desarrolla.
Los precios de venta y las rentas de las viviendas de protección oficial, promovidas al amparo de los regímenes anteriores, que no se acojan al régimen que el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial, introduce y el presente Real Decreto desarrolla, seguirán rigiéndose por las Ordenes de precios y módulos que para tales efectos publique el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Se reputarán infracciones al régimen legal de viviendas de protección oficial las enumeradas en los artículos 153 y 154 del vigente Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, con las modificaciones contenidas en el artículo 56 del presente Real Decreto.
El precio de venta o renta y demás condiciones de cesión establecidas para las viviendas de promoción pública en el presente Real Decreto, serán de aplicación a las viviendas, del Instituto Nacional de Estadística, en construcción o terminadas que queden vacantes, cualquiera que fuera el régimen de protección al amparo del cual se hubiesen promovido y siempre que sobre las mismas no se haya establecido contrato de cesión alguno.