Source: https://www.scribd.com/doc/55438098/A-bovino-Ppio-de-Congruencia
Timestamp: 2017-07-22 23:24:20
Document Index: 216729954

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'Artículo 373', 'artículo 132', 'Artículo 333', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 132', 'artículo 9', 'artículo 132', 'Artículo 341', 'Artículo 448', 'Artículo 364', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 342']

A.bovino-Ppio de CongruenciaUploaded by Selene SalvoRelated InterestsCapital PunishmentCriminal LawRapeProcedural LawEvidence (Law)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPrincipio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica.Doctrina de la Corte Interamericana*
Abogado, pasad a los hechos; la Corte sabe de derecho***.
I. INTRODUCCIÓN Con el cambio de Reglamentos de la Comisión1 y de la Corte2 Interamericanas de Derechos Humanos —en adelante, la Comisión Interamericana, la Comisión, o la CIDH; la Corte Interamericana, la Corte IDH, o la Corte—, en los últimos años el tribunal del sistema regional ha resuelto muchos más casos contenciosos de los que resolvía mientras estuvo vigente su Reglamento anterior3. Durante la vigencia del anterior Reglamento de la Corte, en cada caso, por lo general, se dictaban tres sentencias, derivadas cada una de ellas de su propia audiencia: la sentencia sobre excepciones preliminares, la
Artículo publicado en “Revista de Derecho Procesal Penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006. ** Abogado, Universidad de Buenos Aires. Master in Laws, Columbia University School of Law (New York). Abogado Consultor del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad de Buenos Aires. *** Citado por SENTÍS MELENDO en el trabajo de LEDESMA, Ángela, ¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?, en AA.VV, Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 358. 1 El nuevo Reglamento de la Comisión entró en vigor el 1º de mayo de 2001. 2 El nuevo Reglamento de la Corte entró en vigor el 1º de junio de 2001. 3 Un análisis de los nuevos Reglamentos en CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL), Los Nuevos Reglamentos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gaceta Número 13, Washington, D.C., en http://www.cejil.org/gacetas.cfm. Sobre la intervención de las víctimas en el procedimiento contencioso ante la Corte, cf. BOVINO, Alberto, The Victim before the Interamerican Court of Human Rights, en “Interights’ Bulletin”, Ed. The International Centre for the Legal Protection of Human Rights, Londres, vol. 14, Nº 1, 2002. Puede verse en http://www.interights.org/page.php?dir=Publication&page=bulletin1.php.
sentencia sobre el fondo, y la sentencia sobre reparaciones. En ocasiones, se dictaba una cuarta sentencia, sobre la interpretación de la sentencia de reparaciones o de la sentencia sobre el fondo. Esto sucedió, por ejemplo, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. El 26 de julio de 1987 se dictó sentencia sobre las excepciones preliminares; el 29 de julio de 1988 se dictó sentencia sobre el fondo; el 21 de julio de 1989 se dictó sentencia sobe indemn¡zaciones; y el 17 de agosto de 1990 se dictó sentencia de interpretación de la decisión sobre las indemnizaciones. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, la práctica de la Corte ha variado y, por lo general, en una sola audiencia se discuten las excepciones preliminares, el fondo de la demanda y la solicitud de reparaciones, y son resueltas en una única sentencia. En la historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los primeros 36 casos contenciosos que no concluyeron por excepciones preliminares, sólo uno de ellos fue resuelto en una sola sentencia, el resto exigió entre dos y cuatro decisiones de la Corte. Luego del cambio de Reglamento, la gran mayoría han sido resueltos en una sentencia única. De hecho, en el caso que comentaremos ni siquiera se realizó una sola audiencia, pues la Corte obligó a las partes a presentar toda la prueba, las observaciones a las solicitudes y elementos de prueba de la contraparte, y los alegatos finales, por escrito4. Ante esta decisión, los
representantes de la víctima5 plantearon que por lo menos se realizara una audiencia de alegatos. A pesar de ello, se respondió:
[…] según lo señalado en el artículo 40 del Reglamento, el Presidente ‘fijará las audiencias que fueren necesarias’, lo cual expresa una facultad discrecional del Presidente para convocar a las partes a audiencias públicas en casos cuyos objeto y circunstancias indiquen que el ejercicio de dicha facultad resulta pertinente y necesario. Lo anterior se desprende a su vez de la lectura de varias disposiciones del Reglamento que prevén la posibilidad de convocar a audiencias sobre excepciones preliminares, medidas provisionales, recepción de prueba o procedimiento de opinión consultiv. Además, la facultad a que se hace referencia es consistente con la regulación de dicha práctica en otros tribunales internacionales de la misma naturaleza. El ejercicio de dicha facultad resulta aún más pertinente ante la necesidad de atender adecuadamente los casos sujetos a la consideración de la Corte, cuyo número ha crecido considerablemente y se incrementa de manera constante. En el supuesto de que la Corte o su Presidente decidan no convocar a audiencia pública, esto no debe ser interpretado como una inobservancia o disminución del derecho de defensa y contradicción de las partes, las cuales mantienen la oportunidad de presentar sus argumentos en sus alegatos finales escritos. En este sentido, el hecho de que se autorice este tipo de práctica va en mérito del conjunto de casos pendientes ante el Tribunal, en atención a que la Corte no se encuentra permanentemente reunida. […]”6.
Una de las reformas más relevantes en el procedimiento contencioso ante la Corte introducidas por el nuevo Reglamento consiste en que, una vez presentada la Demanda de la Comisión, la víctima o sus representantes, son notificados para que decidan si intervendrán con su propia representación, para interponer su demanda, ofrecer prueba y formular solicitudes como la Comisión (art. 23, Reglamento de la Corte Interamericana). 6 Corte IDH, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 23. Es dudoso que la Corte esté facultada por el Reglamento a no realizar por lo menos una audiencia, pero esa cuestión debería ser objeto de un comentario autónomo.
los arts. sobre el derecho del imputado a ser oído por un tribunal competente.cr/. sobre el plazo razonable del proceso. entre otros. por ejemplo. sobre el plazo razonable del encarcelamiento preventivo. entre otras cuestiones8. EL CASO “FERMÍN RAMÍREZ”
Así. En la sección “Derechos Humanos” de la página www. sobre las salvaguardas procesales de toda persona detenida. inhumanos o degradantes. 10. independiente e imparcial. especialmente en los últimos años. sobre las condiciones de detención. procesal penal y de ejecución de la pena. por ejemplo.pensamientopenal.corteidh. la Convención Americana. 6. sobre el principio de inocencia. sobre la afectación de la integridad física y psíquica por las consecuencias de acciones de operadores de la justicia penal. sobre la prohibición de tratos crueles. 7.
. 4. 22 y 25. sobre detenciones ilegales y arbitrarias.ar se ha comenzado a publicar extractos de los fallos más recientes de la Corte referidos a derechos y garantías del derecho penal. ha habido un amplio desarrollo jurisprudencial en los fallos de la Corte Interamericana referido a garantías del derecho penal.Dado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en adelante. sobre la publicidad del juicio penal. sobre la inconveniencia de utilizar el derecho penal para reprimir actos de expresión. Se pueden consultar los fallos de la Corte Interamericana íntegros en su página en la red: http://www. sobre el principio de legalidad sustantivo.or. sobre la incomunicación del detenido. o la CADH— tiene un amplio catálogo de derechos y garantías que protegen a las personas sometidas a persecución o sanción penal7. CADH. sobre el control judicial de legalidad de toda detención. 5. sobre diversos aspectos del derecho de defensa. la Corte se ha pronunciado sobre la pena de muerte. sobre el derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria. 8. II.com. Así. 9. la Convención. sobre la prohibición de múltiple persecución penal.
En esa audiencia. con motivo o a consecuencia de la violación. por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiere sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate. 175. en el Caso Fermín Ramírez vs. sin especificar de cuál se trataba (párr. A continuación. 1. En este comentario sólo nos ocuparemos de los temas del título. el tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de aplicar una calificación jurídica distinta. analizó la violación de diversos derechos garantizados en la Convención. Si. 54.
.II.6). el fiscal solicitó que se elevara el caso a juicio y acusó por el delito de violación calificada —violación seguida de muerte culposa— (párr. Sentencia de 20 de junio de 2005. 54. 54. el Ministerio Público podrá ampliar la acusación. (Violación calificada). Código Penal. se impondrá prisión de 30 a 50 años. Durante el debate.. además. o
Art. Guatemala. Los hechos probados La Corte Interamericana. luego de que fuera detenido y encarcelado Fermín RAMÍREZ. Según el CPP Guatemala.9). b) El debate se llevó a cabo los días 5 y 6 de marzo de 1988. resultare la muerte de la ofendida. luego de escuchar a cinco peritos. En diciembre de 1997 el tribunal de la investigación dictó auto de apertura a juicio conforme a la acusación de violación calificada formulada por el fiscal (párr. el debate debe suspenderse en caso de ampliación de la acusación durante el juicio:
“Artículo 373. esto es. al cambio de calificación jurídica por parte del tribunal de juicio por aplicación del principio iura novit curia. sintetizamos los hechos que probados: a) En agosto de 1997.Ampliación de la acusación.4)9. el tratamiento que la Corte dio al principio de correlación entre acusación y sentencia y.
Llamativamente. el fiscal acusó por asesinato cometido con “ensañamiento” y con “impulso brutal”. en el CPP Guatemala. Cuando este derecho sea ejercido. sin señalar cuál podría ser esa calificación. En este último supuesto. quedarán comprendidos en la imputación”. el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. ni informó a las partes sobre su derecho a solicitar la suspensión de la audiencia (párr. En su alegato de cierre.14). más allá de advertir sobre la posible modificación de la calificación jurídica. quienes podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior” (destacado agregado). el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente. 54. el artículo siguiente dispone:
“Art.integrare la continuación delictiva. 54.13).Advertencia de oficio y suspensión del debate. con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación. El Presidente del Tribunal advertirá a las partes sobre la modificación posible de la calificación jurídica. y solicitó la pena de muerte (párr. en el juicio contra RAMÍREZ.. El artículo 132 del Código Penal establece:
“Art. En tal caso. el tribunal. 132. 374. 6) Con impulso de perversidad brutal..(Asesinato). el derecho que se le reconoce al imputado y su defensor frente a la ampliación de la base fáctica de la acusación.
c) Sin embargo. según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. también se le reconoce cuando el tribunal advierte la posibilidad de cambiar la calificación jurídica. Comete asesinato quien matare a una persona: … 5) Con ensañamiento. no tomó nueva declaración al imputado. …
salvo cuando favorezca al acusado. ENSAÑAMIENTO. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito. la manera de realizarlo y los móviles determinantes. no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa”. el art. 388 del CPP establece:
“Art. citado previamente. se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión.18). si por las circunstancias del hecho y de la ocasión. QUE AL VIOLARLA LE DESGARRO SUS ORGANOS GENITALES Y RECTO. el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio. Además de las agravantes contenidas en el artículo veintisiete del Código Penal. * [Comentario agregado] Veinte Quetzales son aproximadamente tres dólares estadounidenses.
. tales como ALEVOSIA. Por lo anterior se viene a determinar la peligrosidad social del procesado […]” (párr.Sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o. ya que la menor [de edad] Grindi Jasmín Franco Torres fue asesinada con ENSAÑAMIENTO Y PERVERSIDAD BRUTAL. 388. PREMEDITACION CONOCIDA. ACTUANDO DE ESTA FORMA EN CONTRA DE SU CALIDAD DE MENOR DE EDAD Y DE NIÑA. CON IMPULSO DE PERVERSIDAD BRUTAL Y EL OCULTAMIENTO DEL MISMO*. sin embargo.
d) Con base en los hechos probados durante el juicio y el art. En la sentencia. EL MENOSPRECIO A LA VICTIMA Y EL ARTIFICIO PARA COMETER EL DELITO AL HABERLE OFRECIDO VEINTE QUETZALES* PARA QUE LE HICIERA UN MANDADO.Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. como son: [el] ABUSO DE SUPERIORIDAD. o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público”. OCULTANDO POSTERIORMENTE SU CADAVER. en su sentencia del 6 de marzo de 1998:
“… dicho asesinato se cometió con la mayoría de los elementos propios de este delito. se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. [el] DESPOBLADO.
Por su parte. a la pena de muerte.
[Comentario agregado] Nótese que el tribunal agregó más circunstancias de hecho que ni siquiera fueron invocadas por la fiscalía.. tales como la alevosía y la premeditación conocida. en la ampliación de la acusación. en su caso. 54. el tribunal condenó por asesinato a Fermín RAMÍREZ.
la Sala de apelaciones. y ante seis tribunales distintos. en veinte oportunidades diferentes.com/Pages/documentos36. revisiones. especialmente el informe médico legal referente a la necropsia practicada al cadáver de la menor [de edad] GRINDI YASMIN FRANCO TORRES en el cual se establece que la causa de la muerte de dicha menor se debió a asfixia por estrangulamiento. apelaciones. Sin embargo. Luis.. Fermín RAMÍREZ era competencia del Juzgado Segundo de Ejecución Penal.
. 54. 200 y siguientes. especialmente párrs. 54. 415 y ss. 11 La defensa planteó reposiciones. acudiendo a afirmaciones dogmáticas y razonamientos circulares. convirtiéndose en una NECROFILIA” (párr. independiente e imparcial en la República de Guatemala”. MORENO OCAMPO.“I) […] el procesado FERMIN RAMÍREZ SIN OTRO APELLIDO Y/O FERMÍN RAMÍREZ ORDÓÑEZ es autor responsable del delito de ASESINATO Y NO DE VIOLACIÓN CALIFICADA. Caso Myrna Mack Chang vs.. también. 54. en http://www. A la fecha de la sentencia de la Corte IDH aún estaba pendiente de resolución el segundo recurso de gracia interpuesto. CPP Guatemala). Médico Forense Departamental en la propia audiencia del debate y no como consecuencia de la violación de la menor [de edad] y pudo haber ocurrido que después de fallecida la víctima [el señor Fermín Ramírez] tuvo acceso carnal con el cadáver.53). Sentencia de 25 de noviembre de 2003. rechazó infundadamente el planteo defensista11.
oportunidades. aclaratorias. la ejecución de la pena de muerte del Sr.53). informe que fue ratificado por el Doctor DOUGLAS ERICK DE LEON BARRERA. ya que la prueba producida en el debate. A la misma fecha. etc. Dictamen sobre “El derecho a un recurso judicial efectivo ante un tribunal competente.casogutierrez. Guatemala. y se hallaba suspendida por las medidas provisionales ordenadas por la Corte en este caso (párrs. la primera de ellas fue a través de un recurso de apelación especial10 ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones. El recurso planteaba las violaciones más groseras ocurridas durante el procedimiento.19 a 54. se puede ver. como inicialmente formalizó la acusación el Ministerio Público. y BOVINO.htm. pasando en seis oportunidades por la Cámara Penal de la Corte Suprema y en otras seis por el Tribunal Constitucional (párrs. Para tratar de comprender esta promiscuidad recursiva en el régimen procesal guatemalteco. inconstitucionalidades. Alberto. Ver.18).51 a 54. Corte IDH.
Este recurso es prácticamente idéntico a un recurso de casación amplio (ver arts.
y tampoco amplió la acusación durante el debate (art.II. cuando ya había precluido su oportunidad para solicitar ese cambio —párr. introdujo otra circunstancia nueva que resultó determinante en su decisión. para decidir la aplicación de la pena de muerte. d) El tribunal. 55.e—. la Corte menciona los alegatos de la Comisión. El Ministerio Público.g—. 55. b) El ministerio público solicitó la pena de muerte por asesinato en sus alegatos finales. dio por acreditados dos hechos ajenos al objeto procesal. CPP) —párrs.f—. e) El tribunal.. se continúa con el análisis de la posible violación de los distintos derechos garantizados en la Convención. 55. como lo permite el art. c) El tribunal no advirtió sobre qué posible calificación jurídica podría modificar la imputación de violación agravada —párr. para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal. y los alegatos del Estado. la
“Artículo 333. la causa de la muerte por asfixia. esto es. 333 del CPP Guatemala12. 55. los alegatos de los representantes de la víctima —si los hay—.
.h—. y que el acceso carnal había tenido lugar después de la muerte de la víctima —párr. La Comisión señaló las siguientes circunstancias: a) El ministerio público no formuló acusaciones alternativas. Los alegatos de los demandantes a) La Comisión Terminado el Capítulo de la Sentencia que describe los hechos probados. para aplicar la calificación de asesinato. 373. podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta”. para luego dar sus conclusiones.d y 55. 2. Dentro de este esquema.Acusación alternativa.
La importancia de los alegatos de la Comisión es que en ellos se formulan afirmaciones sobre el alcance de los distintos estándares de protección de los derechos humanos desde un punto de vista
. Estas circunstancias. impidieron a la defensa técnica contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su tarea. El tribunal. para evitar la sorpresa y la indefensión de RAMÍREZ. omitió decir cuál era la calificación jurídica que podría imponerse en vez de la de violación.2.c —párrs. y formularle correctamente la intimación de los hechos por los cuales fue finalmente condenado. no fue sometido a una valoración científica mediante la actividad probatoria. por su parte. es decir que no fue probada y sólo fue presumida —párr.j y 55. 55. 8. en violación al art. f) El fallo condenatorio se fundó en hechos no comprendidos en la acusación y en la peligrosidad que no fue demostrada. precisa y circunstanciada del hecho punible… y su calificación jurídica” (párrs. desconociendo el tribunal el principio de congruencia e impidiendo el ejercicio del derecho de defensa del imputado. para incluir los nuevos hechos y el cambio de calificación.k). a su vez. y se fundó en los mismos hechos utilizados para agravar el delito. 55. en violación al art. También omitió recibir nueva declaración al imputado e informarle que tenía derecho a una suspensión de la audiencia. Esta circunstancia.m y 55.peligrosidad de RAMÍREZ. g) El fiscal.n—. Dado que la peligrosidad es un elemento subjetivo que implica la futura reiteración de conductas delictivas. 8. “que incluye como requisito sustantivo de la acusación la relación clara.2.h—. 332 bis del CPP.b de la Convención. además. debería haber ampliado formalmente la acusación. no fue probada. 55. Tal fallo se dictó sin haber cumplido los requisitos del art.
la peligrosidad criminal debe ser probada — párr. 56. e) El cambio de calificación jurídica tuvo lugar en el alegato final y la sentencia. 56. razón por la cual —a menos que la Corte rechace lo solicitado— da pie a que tales afirmaciones puedan ser oponibles a la Comisión en el trámite de una petición ante dicho órgano. la decisión judicial no puede fundarse en el convencimiento privado del juez o en juicios que no han podido ser contradichos por la defensa.h—. 56.i—.g—. 56. f) La peligrosidad social no puede ser invocada en un Estado democrático de derecho. pues se prevé una audiencia previa al juicio para discutir los hechos y el derecho objeto de la imputación —párr. c) Señalaron la irregularidad del tribunal de limitarse a advertir que podría cambiar la calificación jurídica —párr. “sin que se hubiese informado previamente al señor Fermín Ramírez” —párr. los representantes de la víctima presentaron los siguientes alegatos: a) La base del derecho de defensa presupone estar correctamente informado sobre la imputación. 56.a y 56.c—. g) Además de que el fiscal no amplió la acusación respecto de la peligrosidad.d—. d) En el derecho guatemalteco la intimación reviste suma importancia. b) Los representantes de la víctima En segundo término. El derecho a ser oído carece de sentido si la sentencia se pronuncia sobre hechos ajenos al debate —párrs.institucional. y en el caso no hay ningún dato objetivo incorporado
1. ya que se dio por comprobada la peligrosidad sin que existiera prueba sobre ella —párr. la posibilidad de que el juez penal califique hecho delictivo en forma distinta de la planteada en la acusación. todo ello en relación con derecho de defensa del imputado.j y 56. la Corte Interamericana señaló que debía determinar. la determinación de la pena en la segunda etapa. LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA III. 64)14.o—. 56. h) El conocimiento previo y detallado de la imputación. la calificación jurídica y la posibilidad de aplicación de la pena de muerte hubiera permitido que la defensa solicitara la división del debate13 y ofreciera prueba de descargo —párrs. Los argumentos Para analizar las violaciones a los artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial). 56. o la la al o el
b) la necesidad de contemplar en la acusación penal las circunstancias que demuestren la peligrosidad del agente y la pertinencia.k—. III. en primer término. Por otra parte.m y 56. en su caso. i) Se violó el principio de inocencia. abarque hechos no contemplados en ésta. sino procedimiento legal para la tutela judicial de los derechos. 25 —de acuerdo con su propia jurisprudencia— no significa “medio de impugnación”. aquí la Corte comete un error. a luz de las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de Convención. CADH). lo siguiente:
“a) el carácter y contenido del llamado ‘principio de coherencia correlación entre acusación y sentencia’ en materia procesal penal.
El art. 353 del CPP Guatemala permite solicitar a las partes. y…” (párr. de que la descripción legal del delito o la determinación de sus consecuencias incorporen referencias a la peligrosidad del agente. 14 No analizaremos aquí el tema omitido en la cita (art. pues el término “recurso” del art. Lo que debería haber analizado la Corte es el
. la cesura del debate. que influyan en la fijación judicial de la pena. 56. desde el ángulo de la legalidad penal.legalmente que indique de algún modo la peligrosidad del imputado — párrs. cuando se trata de un delito grave. 25. En la primera etapa se determina la responsabilidad del imputado y. en particular.n—.
la Corte IDH contestó: “220. puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos…”. la Corte Interamericana debía analizar y evaluar la tramitación del procedimiento penal contra Fermín RAMÍREZ. los hechos que se le imputan. recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador. 8.2. Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. En primer lugar. la Corte comienza por definir el principio de congruencia en términos no tradicionales:
“La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación. destacado agregado). 67.Luego de aclarar que para cumplir con su función de determinar si había habido una violación de las obligaciones impuestas por la Convención. Sentencia de 19 de noviembre de 1999— la defensa del Estado había sostenido que los órganos del sistema interamericano carecían de competencia para evaluar las decisiones de los tribunales guatemaltecos —párrs. a través de una descripción clara. De lo expuesto se colige que Guatemala no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con los actos u omisiones de sus autoridades judiciales. destacó que ella no funciona “como una instancia de apelación o revisión de sentencias dictadas en procesos internos” (párr. detallada y precisa. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer. A esta impugnación. 15 En un caso anterior —Corte IDH. cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación.
ejercicio del “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” garantizado en el art. El llamado ‘principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia’ implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación” (párr. El esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales. que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. ya que tal actitud resultaría contraria a lo dispuesto por el artículo 1. sin que ello atente contra el derecho de defensa.1 en conexión con los artículos 25 y 8 de la Convención. 222. Caso Villagrán Morales y otros (Caso “Niños de la Calle”). 62)15. 205 207—.
.h de la Convención. que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados… 221.
Si esto fuera así. En este contexto. ambas derivadas del derecho de defensa (párr.Así. Pues mientras el CPP Guatemala contiene una regla legal que obliga al tribunal a advertir sobre la posible calificación jurídica. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. 68). la ley o la presente Convención. CADH). 8. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (art.2. salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” (art. 8. las siguientes disposiciones:
“Nadie puede ser privado de su libertad física. como sí lo hacen. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. la sentencia no se debe apartar de los hechos descriptos en la acusación. Ello pues. La Corte está
analizando si se han violado las exigencias del art. y b) se viola el derecho de defensa si.
. Estas afirmaciones resultan un tanto imprecisas.b y 8. en cambio.2. 7.2. el cambio de calificación jurídica sería una violación a la Convención en el caso de una sentencia dictada en Guatemala. 25. el CPP Nación carece de ella.2. y no lo sería en el caso de una sentencia dictada por nuestra justicia nacional.c de la Convención.b y 8. el segundo principio sólo representaría una violación al derecho de defensa establecido en la Convención por el cambio de calificación jurídica realizado sin respetar las reglas del derecho interno.2. el art. se modifica la calificación sin observar las garantías procesales previstas en la ley para realizar tal modificación. la Corte establece dos principios: a) para no violar el derecho de defensa. sin alterar los hechos objeto de imputación. a diferencia de otras reglas de la Convención. CADH).c no remiten al derecho interno.
14.3. del artículo 6 [de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida notificación de la acusación al imputado. Sentencia de 12 de febrero de 1985. párr. 28. sentencia de 19 de diciembre de 1989. mutatis mutandis. Artico vs Italia. 8. 15. Italia. de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación. inciso a). No. Serie A. Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal. y Colozza vs. Serie A. es decir. Serie A.1 de la Convención (ver. Como veremos a continuación. sino también de la calificación legal dada a esos actos. 35. No. 89. a la luz del derecho más general referente a un juicio justo. France:
“[…] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo. A nuestro juicio. El artículo 6. el caso Pelissier and Sassi vs. Goddi vs Italia. párr. la Corte Interamericana reconoce expresamente que la intimación de la calificación legal también es una exigencia derivada del derecho de defensa. pp. 30-31. la violación del derecho de defensa tal como está garantizado en el art. La Corte considera que. citando un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 56. 32. párr. 79). desde que el momento de la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra (ver Kamasinki vs Austria. tal como correctamente sostuvo la Comisión. 26).c no puede depender de reglas procesales específicas del derecho interno como el art.b y 8. párr. no hay remisión alguna a las normas del derecho interno —como sí sucede con las reglas citadas en último término—. No. 374 del CPP Guatemala. párr. en cuestiones penales.2. 76. p. Sentencia de 9 de abril de 1984. 3637. Serie A. No.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación. 37. las siguientes sentencias: Deweer vs Bélgica. pp.En el caso de las dos reglas citadas de la Convención.2. 11. por lo tanto. p. Sentencia de 27 de febrero de 1980. En el párrafo 69 de su sentencia. Serie A. en particular. […] El alcance del precepto anterior debe ser determinado. p. la Corte IDH reafirma la necesidad de integrar la calificación jurídica para respetar el derecho de defensa. No. 168. la única interpretación posible de esta proposición se refiere al derecho de defensa en sentido amplio. el precepto concerniente a
. Sentencia de 13 de Mayo de 1980. garantizado por el artículo 6. Dicha información debe ser detallada.
También lo hace en los párrafos 72 a 74. Luego de establecer que la sentencia consideró de manera expresa hechos no contenidos en la acusación. 73 concluye:
“… Estas omisiones [incluyendo la de advertir sobre el cambio de calificación jurídica] privaron a la defensa de certeza acerca de los hechos imputados (artículo 8. 70). de manera clara. a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto. pero lo condiciona a una interpretación armónica con el principio de congruencia y el derecho de defensa (párr. el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de cambiar la calificación jurídica del delito. en modo alguno. la Corte Interamericana relaciona la violación al derecho de defensa de la Convención con la falta de advertencia sobre el posible cambio de calificación jurídica.una información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y. representaron un obstáculo para preparar adecuadamente la defensa.2. consecuentemente.
Sin embargo. pero no especificó a qué delito pudiera dirigirse el cambio.b) de la Convención) y.c) de la Convención”. en los términos del artículo 8. la Corte agregó:
“… Durante el primer día de debate. la Corte vuelve a citar el caso europeo. lo cual no es irrelevante. 74). constituye un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos”.2. donde luego de mencionar diversas omisiones sobre la obligación de ampliar la acusación por los nuevos hechos. la Corte no descarta la aplicación del principio iura novit curia. en donde se concluye que la modificación sorpresiva de la calificación jurídica viola
. sobre la obligación de advertir cuál sería la calificación jurídica que podría aplicarse. en consecuencia.
Nuevamente. y sobre la obligación de recibirle nueva declaración al imputado y suspender el debate para que prepare su defensa. para el ejercicio de la defensa y la decisión judicial sobre la sanción aplicable” (párr. en el párr.
En verdad. citado. la Corte de Apelaciones de Aix-en-Provence debió haber provisto a los peticionarios de la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa respecto de dicha cuestión de manera práctica y efectiva y. ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena. De ahí que. alternativamente. Ello. la audiencia no fue aplazada para recibir ulterior argumentación o. del expediente del caso ante la Corte surge que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto de la nueva calificación. 4. los peticionarios no fueron requeridos para presentar observaciones escritas mientras la Corte de Apelaciones deliberaba. El asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo. “53. ya que fue sólo a través de la sentencia de la Corte de Apelaciones que conocieron del cambio de calificación de los hechos.tanto el derecho a ser informado de la imputación como el derecho de contar con los medios y el tiempo necesarios para preparar la defensa:
“[…] al hacer uso del derecho que incuestionablemente tenía para recalificar hechos sobre los cuales tenía jurisdicción propiamente. 78). pues se sustenta en el hecho de que el art. La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la
. Las exigencias mencionadas
Caso Pelissier and Sassi vs. en los países que no han abolido la pena de muerte. párr. en particular. de acuerdo con lo afirmado por la Corte. la conclusión de la Corte no parece surgir del texto de la Convención. no. dictada con anterioridad a la comisión del delito (supra.2 exige que la pena de muerte sea impuesta por tribunal competente y haya estado prevista con anterioridad al hecho por ley17. no significa que tales exigencias no se apliquen a todos los casos penales. la Corte no encuentra algún elemento capaz de explicar los motivos por los cuales. para ese momento fue demasiado tarde”16. 9). de manera oportuna. según el cual ‘toda persona tiene derecho a que se respete su vida’ y por un principio procesal según el cual ‘nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. Por el contrario. En el presente caso. por ejemplo. France. sino sólo que es más estricto su cumplimiento para ese tipo de casos. Ciertamente.
Acto seguido. la Corte establece que en una sociedad democrática se hace especialmente exigible el respeto al conjunto de garantías que informan el debido proceso cuando se trata de la aplicación de la pena de muerte (párr.
y concluye en que la República de Guatemala ha violado el art. hoy por hoy. Bosch. Seguir contando con la posibilidad de pronosticar comportamientos individuales carece de base teórica y procedimental. se ha señalado: “Así pues. aplicable a todos los delitos. es grave que la acusación no se hubiese referido a las circunstancias que demostrarían la peligrosidad del señor Fermín Ramírez. Opinión Consultiva OC-3/83. a partir de una relación de las mismas circunstancias que utilizó como causales de agravación del delito. dada la actual deslegitimación de las disciplinas que continúan sosteniendo la posibilidad de predecir el comportamiento humano. La Corte estima que esta cuestión debe ser analizada a
imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido” (Corte IDH. Su agravio consistía en el hecho de que no sólo agregaba circunstancias fácticas no contenidas en la acusación. III. 8. 18 No se comprende esta creencia por parte de la Comisión. sino que tales circunstancias no habían sido demostradas. Ed..2. sino concluyó. La Comisión alegó que el Estado incurrió en una violación del derecho de defensa cuando el Tribunal de Sentencia.b y 8.. Afirma. Sin embargo. 2. 79). que el señor Fermín Ramírez revelaba una mayor peligrosidad. La peligrosidad En cuanto a la peligrosidad.VV.
.no agregan nada a lo ya dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Convención. en particular el derecho de defensa. El pronóstico: la necesidad de un autoconvencimiento. no expresó fundamento alguno sobre la peligrosidad del agente. Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales. la Comisión —en los alegatos sintetizados anteriormente— la consideró una variable legítima para determinar la pena18.c de la Convención Americana (párr. en el fallo de 6 de marzo de 1998. la Corte dijo:
“81. también. 1994. p. 8 de septiembre de 1983).2. presupuesto de la aplicación de la pena de muerte por asesinato en el Código Penal guatemalteco. en AA. Josep M. En este sentido. seguir. Barcelona. y supone permanecer anclados en unas pretensiones que ya perdieron su soporte epistemológico” (GARCÍA-BORÉS. que en el caso interno se desconocieron las garantías del debido proceso. 208). contando con la noción de predictibilidad denota la pervivencia de concepciones sustancialistas y deterministas del ser humano. Desde el punto de vista procesal.
En los párrs.
. Los representantes de la víctima. por el Derecho Penal de autor. que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía” (párr.b y 8. 84 y ss. propio del sistema penal de una sociedad democrática. por su indeterminación normativa. 87 a 98)”. la Corte analiza el concepto de peligrosidad en relación con el principio de legalidad sustantivo —art. Ni la Comisión ni el Estado alegaron sobre esta cuestión.2.c de la Convención.propósito de la compatibilidad del artículo 132 del Código Penal con el artículo 9 de la Convención (infra párrs. En efecto. los siguientes argumentos:
“b) las valoraciones subjetivas. tales como la peligrosidad o las características personales del autor. por imperativo del principio de legalidad.. para fundar consecuencias jurídicas en contra del reo. genera un amplio margen para la discrecionalidad punitiva contrario a las exigencias de la Convención. por el contrario. CADH—. entre otros. 85). sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho. que se violó el art. es decir.2.
La Corte. 94). … f) la inseguridad jurídica que genera la peligrosidad. deben quedar excluidas. constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido. por lo tanto. invocaron. agregó que “[e]sa invocación tiene mayor alcance y gravedad. 8. luego de reconocer que las circunstancias de hecho para establecer la peligrosidad no integraron la acusación y. 9. es altamente discriminatoria y refleja un derecho penal de autor que no se compadece con la dignidad inherente al ser humano” (párr. Además. c) el artículo 132 del Código Penal es una manifestación del derecho penal de autor basado en la idea de prevenir delitos futuros mediante la aplicación de la pena de muerte a delincuentes supuestamente peligrosos.
En fin de cuentas. por ende.. en la aplicación del art. Sobra ponderar las implicaciones. de nuestro Código Penal. IV. que son evidentes. por ej. volvamos al principio de congruencia y al cambio de calificación jurídica.A
continuación. en el mejor de los casos. 1. Pero no es éste el tema que analizamos. DEFENSA Y CAMBIO DE CALIFICACIÓN JURÍDICA IV.
“95. de este retorno al pasado. la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones. El derecho procesal penal interno a) Las opiniones de la doctrina El principio iura novit curia forma parte de la tradición jurídica continental europea que los países latinoamericanos hemos heredado del proceso de colonización. El pronóstico será efectuado. a partir del diagnóstico ofrecido por una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado. Con esta base se despliega la función penal del Estado. 2. absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. 41. contrario a la Convención” (destacado agregado).
Esta parte de la decisión de la Corte en el caso “Fermín Ramírez” requeriría ser analizada con mayor profundidad. se sancionaría al individuo —con pena de muerte inclusive— no con apoyo en lo que ha hecho. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. es decir. y se mantiene aun en aquellos países que
Así. 96. inc. sino en lo que es.
. agrega a la imputación por los hechos realizados. es incompatible con el principio de legalidad criminal y. En consecuencia. debido a las consecuencias que podría acarrear para el derecho penal —en sentido amplio— de los Estados parte de la Convención19. la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán.
CREUS. CPP Chile. Buenos Aires.
. p. CPP Costa Rica.han
contradictorios en los últimos años20. Alfredo. no en sentido cronológico ni por su contenido. Jorge E. MAIER señala. Carlos. Julio B. al afirmar que la facultad de dar al hecho una calificación jurídica distinta no representa una violación del derecho de defensa23. I. 2ª ed. pues.. Jorge A. CPP Venezuela. 456). Los acompaña. En el mismo sentido se pronuncia VÉLEZ MARICONDE. 359. CLARIÁ OLMEDO es partidario de la posición más tradicional. mostrándose como una indispensalidad de coincidencia o conveniencia entre el supuesto de hecho imputado y el contenido fáctico de la decisión’. ya que señala que “‘la regla de congruencia o de relación. La Plata. art. CPP Nación (Argentina). Lerner. p. Ed. Derecho procesal penal. I. párr. en el XI Congreso Nacional de Derecho Procesal. con su significado estricto dentro del proceso penal sólo hace referencia a lo fáctico.. Derecho procesal penal. Del Puerto. Ed. quien sostiene que “el principio de congruencia refiere a los ‘hechos’ no a su calificación jurídica”24. p. t. t. II. 117. p.
Así. p. Ed. art. 1996.. 341. muchos años más tarde. Derecho procesal penal. Cordoba. I. reflejan la estructura del Código francés de 1808. párr. 21 Así. J. 1981. 365. t. II.. 363 (citado por VÁZQUEZ ROSSI. Derecho procesal penal. art. II. 24 CREUS. párr. Buenos Aires. Ed. que él “represent[ó] el primer paso importante de la reforma procesal penal en la República Argentina. Astrea. entre otros. 23 Cf. de los cuales el CPP Córdoba (1939) fue el representante más conspicuo21. 364. art. Santa Fe. 2004. II. similar a la que se llevó a cabo casi un siglo antes en Europa continental…” (MAIER. párr. 228. ampliamente superadores de los llamados entre nosotros “códigos modernos”. art. II. 1996. ya que en el aspecto jurídico rige en plenitud del principio iura curia novit”22. 22 CLARIÁ OLMEDO. CPP El Salvador. párr. Principio de congruencia en el proceso penal. 401. Estos códigos sólo pueden ser llamados “modernos” porque nacen con la Modernidad. t. básicamente. VÉLEZ MARICONDE. Rubinzal-Culzoni. En este sentido. 1986. al hacer referencia al CPP Córdoba (1939). II. 415).
p. VÁZQUEZ ROSSI. concretada en la acusación. 401 del CPP Nación. propone. se debe advertir al imputado sobre el posible cambio de calificación jurídica27. 163. 26 VÁZQUEZ ROSSI. Así. por su parte. ps. Derecho procesal penal. 868. Sin embargo. señala que el principio iura novit curia le da cierta libertad al tribunal para aplicar la ley sustantiva. 5ª ed. Ad-Hoc.. t. MAIER. y en ese supuesto. Introducción al derecho procesal penal. Alberto. pues luego de reconocer la sola limitación a los hechos y la amplia vigencia del iura novit curia. MAIER. esto es. I.. Francisco. Código Procesal Penal de la Nación.
D’ÁLBORA.. 28 BINDER. p. aclara que “[l]o importante en este aspecto es la correlación entre la imputación.D’ÁLBORA. fundando su posición en el principio acusatorio y no en el derecho de defensa26. 456. aunque sobre este punto debe señalarse que la decisión jurisdiccional no puede exceder o modificar los planteos de la acusación”. 1999. admite que una calificación jurídica sorpresiva puede provocar indefensión. 2002. que sólo limita la decisión del tribunal de juicio a los hechos contenidos en la imputación25. 2ª ed. t. p. al desarrollar el principio de “correlación entre la imputación y el fallo”. establece como regla que éste se limita a la correcta descripción del hecho.
. II. no queda muy claro en dónde se ubica. y la decisión final. BINDER mantiene una posición similar en cuanto a la inclusión de la calificación jurídica como requisito de la imputación. LexisNexis. Derecho procesal penal. pero esta discreción se halla limitada por el derecho de defensa: “… se debe entender como una violación del derecho de defensa el hecho de que la calificación jurídica que hace el tribunal de los mismos hechos resulta sorpresiva y no fue tenida en cuenta en ningún momento del desarrollo del juicio o los debates particulares”28. Buenos Aires. Ed. Buenos Aires. 568 y siguientes. 27 Cf. Ed. en su comentario al art. cit. parece adherir a la tesis clásica. cit.
243 [Nota en el texto citado] “El acusado tiene el derecho de ser informado no solamente de la causa de la acusación.c. Más allá de trabajos aislados de la doctrina procesal penal local que hacen referencia a los estándares internacionales. PIDCP). es decir. CADH) para la preparación de la defensa. LEDESMA. gracias a la protección internacional.a. en CAFFERATA NORES. con explicación de las causas de la acusación. ¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?. p. quien en este trabajo sostuvo que como exigencia del derecho de defensa debía advertirse al imputado y darle la oportunidad de ser oído para evitar la vulneración al derecho de defensa. Las leyes procesales exigen que sea realizada por la autoridad judicial que debe recibir la declaración del imputado.b. En este punto. 8. de modo que quede excluida cualquier sorpresa. de los hechos materiales mantenidos contra él que constituyen la base de su inculpación. aspecto no desarrollado especialmente entre nosotros”30. de la calificación jurídica de estos hechos materiales” (Comisión EDH. entonces. Prólogo. Este libro nos enseña cuáles son los estándares internacionales que ahora los tribunales locales tendrían que aplicar.. Proceso penal y derechos humanos. El acto por el que se le informa de ella se suele denominar intimación. Informe del 5/V/83). Martín. lo que convierte sin duda a CAFFERATA NORES en uno de los mejores conocedores de los estándares internacionales vigentes” (ABREGÚ. José I. debo destacar uno de los grandes méritos del trabajo que estoy prologando: su vastísima información y comprensión sobre las decisiones. de modo previo a ella. tanto durante la investigación preparatoria como en el juicio oral y público.a.2.
. es decir.3. incluso más recientes. 8..3. Ésta debe ser previa a cualquier declaración que se le pueda recibir. Del Puerto/CELS. y si no entiende el idioma se le proveerá de un intérprete. debe conocerla en todos sus elementos relevantes. Buenos Aires..
Cf. CADH. ps.CAFFERATA NORES —acompañado hasta cierto momento por LEDESMA29— es quien adhiere a la tesis más amplia en cuanto al concepto de “imputación”:
“Para que el imputado pueda defenderse de la imputación. y 14. o sea. del PIDCP) y detallada. VI). los hechos que le dan base y las pruebas existentes (y su contenido)[nota omitida] y su naturaleza. 112 y s. Colozza y Rubinar. de los organismos supranacionales de derechos humanos en materia de derecho procesal penal.1. su encuadramiento legal243 (art.a.2. 30 CAFFERATA NORES. comprensible (sencillamente expuesta. 14. p. cit. Ed. es decir. Y ¿cuán previa debe ser la intimación respecto de la declaración?: entre ambas deberá también transcurrir el ‘tiempo’ adecuado (art. 373. art. sino también de la naturaleza de la acusación. establecen los arts. Proceso penal y derechos humanos. CADH. 8. esta obra de CAFFERATA NORES es la primera que analiza globalmente la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho procesal penal interno: “La obra de CAFFERATA NORES recorre todas esas decisiones de organismos supranacionales que ‘rebotarán’ en el derecho argentino a través de su aplicación por los tribunales locales. 2000. cit.
En consecuencia. El hecho se toma en consideración. p. Con todo. en consecuencia.
. El o los hechos ‘objeto del proceso no pueden ser considerados aisladamente. cit.. 32 LEDESMA. ps. Así. la declaración de la consecuencia jurídica derivada de un hecho acontecido determinado.. ha sido regulada expresamente en los códigos procesales penales latinoamericanos más recientes. 362. ¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?. p. más los hechos impeditivos y extintivos que pueda haber alegado la defensa. 56. cit. en tanto puede serle aplicado Derecho penal material. en tanto exista una unión entre ambos’”31. en ese sentido. es decir. el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de
LEDESMA. el objeto del proceso es. así como las consecuencias jurídicas atribuidas a tales hechos por las partes. y que el objeto del proceso sin considerar tanto los aspectos fácticos y normativos contenidos en la pretensión acusatoria como los del poder de refutación del imputado32.LEDESMA explica claramente el indivisible tratamiento de los hechos y del derecho en los siguientes términos:
“El objeto litigioso se integra con las proposiciones iniciales del fiscal. b) Regulación normativa Además de ir abriéndose paso en la doctrina más moderna. no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Principios generales del proceso. hechos constitutivos y conducentes. con cita de GOLDSCHMIDT. ¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?.
La autora citada continúa señalando que el requerimiento de elevación a juicio es el primer acto en el cual se concreta la identidad objetiva y subjetiva de la pretensión penal.Sentencia y acusación. dado que detrás aparece la declaración de un Derecho penal estatal. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. el CPP Chile:
“Artículo 341.. por ejemplo. la necesidad de incluir en la intimación de la imputación la calificación jurídica del hecho atribuido. 363 y 365.
su ampliación o en el auto de apertura a juicio. que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia. el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio. Congruencia. en su caso. En la sentencia. siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. la regla impide al tribunal la modificación de la calificación jurídica propuesta por la acusación.
En idéntico sentido. en cambio. 359. o aplicar penas más graves o distintas a las solicitadas. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación. una vez clausurada la audiencia.
En este caso. ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”. sino también cuando ello sucede en la deliberación. El nuevo CPP Colombia regula el principio de otra manera:
“Artículo 448.La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación. El imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación.causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella. cuando se pretenda aplicar una más grave a la solicitada”. en la ampliación de la acusación. la regla comprenderá también a los preceptos que se refieren sólo a la pena.. a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella”. deberán reabrirla. En el caso del CPP El Salvador. si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica. salvo cuando favorezcan al imputado. el CPP Venezuela:
. no se limita de tal modo al tribunal:
Lo interesante de esta regulación consiste en el hecho de que la advertencia y la posibilidad de alegar sobre la posible modificación de la calificación jurídica se garantiza no sólo cuando tal posibilidad surge durante el debate.
siempre que no exceda su propia competencia. lo limitan por las exigencias derivadas del principio de congruencia y del derecho de defensa (párr. Del mismo modo se halla regulada esta limitación al principio iura novit curia en la Ordenanza Procesal Penal alemana. en su caso. Según ROXIN. este deber parece tener dos fundamentos. Pero. en la ampliación de la acusación. En primer término. En segundo lugar. el acusado debe quedar a salvo de sorpresas en relación a las cuales no pudo preparar su defensa. En la sentencia condenatoria. el interés en lograr un esclarecimiento exhaustivo de lo ocurrido. frente a la facultad del tribunal de calificar el hecho según su propio criterio. o en el auto de apertura a juicio. en la medida en que no exceda los límites fácticos del objeto procesal.“Artículo 364. el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación. si previamente no fue advertido por el juez presidente sobre la modificación posible de la calificación jurídica”. Congruencia entre sentencia y acusación. o aplicar penas más graves o medidas de seguridad.
Como se puede advertir. que en su § 265 establece el deber de advertencia del tribunal frente a una posible modificación de la calificación jurídica —independientemente de si se trata de una figura más grave o menos grave—. comprendida su ampliación. el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio. los ejemplos citados —con excepción del CPP Colombia— concuerdan con la doctrina de la Corte Interamericana ya que. al mismo tiempo que consagran el principio iura novit curia. 134). La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura a juicio o. se le debe conceder la
luego de producida la prueba en el debate. 34 PORTUONDO Y DE CASTRO. ROXIN. cit. Curso de derecho procesal criminal. que consagró en América Latina el modelo inquisitivo reformado mucho tiempo antes que en la Prov. el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado… le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de………………. marcadamente inquisitivo.posibilidad de pronunciarse respecto a la imputación que ha sido modificada33. que ya debería abandonar el estandarte autoimpuesto de “cuna de la oralidad”34. y que dos siglos más tardes aún no sea aceptada de manera generalizada en nuestro medio. 733:
“Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error. 35 PORTUONDO Y DE CASTRO. En ese ordenamiento. 1942. 367. I. el tribunal podía hacer uso de las facultades que le concedía el art. Claus.o si existe la circunstancia……………del Código de Defensa Social’”35. de Córdoba. además. Curiosamente. 28. José. Derecho procesal penal. p. se suspendía la audiencia para el día siguiente. t. Ed. Universidad de La Habana.
. Ed. Curso de derecho procesal criminal. Del Puerto. Resulta curioso que el derecho español. p. las partes podían modificar las conclusiones de los escritos de calificación. t. 264. haya previsto una institución como ésta ya en el siglo XIX. podrá el Presidente utilizar la siguiente fórmula:
‘Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa. 2000.
Si alguna de las partes no se hallaba en condiciones de discutir la propuesta del Presidente. Buenos Aires. el acusador podía retirar su acusación y. IV. II. La Habana. p. en el derecho cubano en 1889 entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal adoptada en España en 1882. El derecho internacional
constituyen un límite para el tribunal al momento de dictar sentencia condenatoria. el principio limita la discreción del tribunal al aplicar el principio iura novit curia al requisito de la previa advertencia de la posible calificación jurídica a atribuirse a los hechos contenidos en la imputación. sea el porque debate la calificación de la estuviera contenida jurídica previamente en la imputación.b—. durante respecto calificación
. sea porque se advirtió a la defensa y al imputado alternativa. 8. por ende. en un juicio penal.c de la Convención. por un lado. la aplicación del principio iura novit curia sólo resulta legítima en la medida en que se respete el principio de congruencia entre imputación y sentencia. y b) derecho a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa —art. Sin embargo. que el tribunal de sentencia no se exceda de los hechos contenidos en la acusación —o en su posible ampliación durante el debate— en caso de dictar sentencia condenatoria. 8. y las exigencias derivadas del derecho de defensa establecidas en el art. resulta conforme a las disposiciones de la Convención la aplicación del principio iura novit curia por parte del tribunal que dicta sentencia condenatoria. 8. podemos concluir en que tanto para la opinión de la Comisión Interamericana. El principio de congruencia exige. En ambos supuestos.b y 8. Por otro lado. límite que deriva de dos exigencias del derecho de defensa: a) derecho a que se le comunique previa y detalladamente el contenido de la imputación —art.2.c—.2.De acuerdo con el análisis precedente.2.2. la calificación o calificaciones jurídicas integran la imputación y. como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
los tribunales deben aplicar los estándares de la Corte en la materia. en el fallo “Giroldi”. en nuestro ámbito. 381 del CPP Nación. Por otra parte.
. antes de la reforma constitucional de 1994. las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. los Estados partes se comprometen a adoptar. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por un lado. era “operativo” y. hasta tanto el legislador no incorpore reglas que instrumenten el alcance del derecho que surge de la doctrina establecida por la Corte Interamericana —regulando mecanismos como los del derecho comparado ya citados—. En este aspecto. 37 CSJN. en el caso “Ekmekdjian c/Sofovich”37 estableció que el derecho de réplica. es que se conceda al imputado y a su defensa técnica el tiempo necesario para preparar su defensa. por lo tanto. t.En consecuencia. si es indispensable. conforme al art. exigible. en “La Ley”. no basta con la advertencia que debe formular el tribunal en el curso del debate. De acuerdo con la doctrina sentada por la Corte que hemos analizado. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención. 2 de la Convención36. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. según la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Ekmekdjian c/Sofovich”. la Corte Suprema. se debe aplicar analógicamente el art. lo que sí se requiere. estableció:
“Artículo 2. como derecho protegido por la Convención. Si bien en este supuesto —a diferencia de la ampliación fáctica de la acusación— podría no resultar necesario que el tribunal reciba obligatoriamente nueva declaración al imputado. en el supuesto de que la posibilidad de aplicar una calificación jurídica distinta a la contenida en la acusación surja durante el juicio. 1992-C.
. involucran a todos los órganos del Estado.. y COURTIS. p. también es cierto que frente a un incumplimiento total o parcial de una obligación internacional de cualquier órgano del Estado.1 y 2. Del Puerto/CELS. V. CONSIDERACIONES FINALES V. Ed. 1997. Martín. 1. tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.
Si bien las obligaciones de respeto. Buenos Aires. H.. garantía.. Christian (comps.. 11 (destacado agregado). Juan E. 1. “Giroldi. tanto porque en el derecho interno el Poder Judicial es el garante final de los derechos de las personas. cons. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. en ABREGÚ. Algunas razones En primer término. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la 38 Convención Americana” . Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.. “es a la justicia a quien corresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce del derecho. 7/4/95. esto es.“Que la ya recordada ‘jerarquía costitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. MÉNDEZ. y adecuación del derecho interno a las exigencias de la Convención derivadas de sus arts. ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’. consideramos que la nueva doctrina desarrollada por la Corte Interamericana sobre principio de congruencia.). 18 de la Constitución Nacional —en este
CSJN. calificación jurídica y derecho de defensa constituye una exigencia del derecho de defensa garantizado en el art. 532. como porque es al estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de las normas internacionales al derecho interno”39.
la relevancia de las relaciones existentes entre los distintos hechos entre sí. 8. pues tales hechos. no sucede lo mismo en algunos supuestos de los homicidios calificados del art. 80. en otro libro homenaje—.1. Ello pues en un juicio oral no basta. en el homicidio simple. en el art. desprendidos de la calificación jurídica que se pretende aplicar. sólo es un hecho de corroboración ajeno al hecho punible imputado. CP—.a—. Así. para oponer la mejor defensa técnica posible.2 de la Convención Americana y en el art. pueden no resultar suficientes para desarrollar una defensa efectiva. Debemos tene en cuenta que el valor relativo de los elementos que integran cada uno de los hechos. la valoración del cuadro probatorio como un todo —tareas todas necesarias para diseñar y llevar a cabo la estrategia probatoria y la argumentación sobre la valoración de los hechos y la aplicación del derecho— son circunstancias que dependen del prisma jurídico a través del cual analizamos el caso. en el trabajo citado en nota al pie nº 29 —punto IV. el móvil o la ultraintención. LEDESMA reformuló su posición al respecto — curiosamente.. gr. La posición de Ángela LEDESMA Algunos meses más tarde de haberse pronunciado sobre el tema en el mismo sentido que CAFFERATA NORES. determinada circunstancia fáctica puede resultar casi intrascendente cuando se trata de cierta calificación jurídica. y determinante en el supuesto de una calificación jurídica distinta —v. Por este motivo. 14. el enfoque que proporciona la posible calificación jurídica del hecho es un dato fundamental para el ejercicio de una defensa realmente efectiva. además. II.sentido parecen pronunciarse MAIER y BINDER— y. con conocer los hechos.3 del Pacto Internacional. V.
la “acusación” termina de formularse en el alegato final antes de la clausura de la audiencia. por vía de su apreciación jurídica. cuestión no tratada por la Corte Suprema. Desde este enfoque. En su opinión. LexisNexis. arribar a esta conclusión. Es decr que su posición en cuanto al tema deriva de consideraciones referidas al ejercicio de la acción al principio del procedimiento. De ser consecuente con sus puntos de partida —si bien no lo notamos hasta que justificó su cambio de opinión—.
. necesariamente. la acusación. y al carácter progresivo de cómo se forma la pretensión del acusador. Y en cuanto al tema que nos ocupa. en primer término. a pesar de que sus fundamentos dependen de cómo define a la “acusación”. Gustavo (comps. Estudios en Homenaje al Dr. ps. Sin embargo —sigue LEDESMA— ni siquiera por la ampliación de la acusación durante el juicio. Ángela. Para LEDESMA. 2005. que la facultad del fiscal de ampliar la acusación por hechos nuevos.). D’Álbora. En la medida en que tal calificación provenga de la solicitud del acusador. no nos debe llamar demasiado la atención. sostiene. Francisco J. rompa esta identidad fáctica y normativa sustancial. Buenos Aires.En realidad. debía. y que recien culmina con lo que el fiscal solicita en su alegato final. y ello ni aun cuando se informe debidamente a las
LEDESMA. y BRUZZONE. señala. Objeto del proceso penal: momento en que se define. en BERTOLINO. esto es. “el iura novit curia posibilita que el tribunal. Ed. Pedro. la acusación —“pretensión”— es algo que va variando a través del proceso. 340 y siguiente. en primer lugar. que coincide con la posición de la Corte respecto de la doctrina sentada en “Tarifeño”. trae el problema de que ello permitirá una calificación jurídica distinta. no habría problema alguno40. a lo largo del proceso.
349. 346. En síntesis. conforme al principio acusatorio. LEDESMA. últ.. 342 y siguientes. en nuestro derecho federal —me limito al CPP Nación—. Algunos problemas a) Aplicación del principio por los tribunales nacionales Ahora bien. dado que presupone que la recalificación jurídica es un acto persecutorio que. corresponde exclusivamente al ministerio público. párr. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1) La designación del tribunal competente para el juicio. una acusación jurisdiccional”41..
LEDESMA. se estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto pocesal. 43 “Artículo 342. cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez sólo la admite parcialmente. V. que deben formar parte de ella. 42 Cf. este acto acusatorio no puede provenir del tribunal debido a que pone en peligro su imparcialidad42. y no hay control alguno cuando no existe oposición de la defensa (art. no hay un control por parte del tribunal de instrucción sobre la calificación jurídica invocada por los acusadores público y privado (art. sostiene LEDESMA. en tal caso. indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas. 4) Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación” (destacado agregado). la cita entrecomillada corresponde a una cita textual de ASENCIO MELLADO.. ps. cit. 2) Las modificaciones con que admite la acusación. 344 y s. Objeto del proceso penal: momento en que se define. no puede admitir que la decisión de modificar la calificación provenga de un órgano jurisdiccional. CPP Nación).partes ofreciéndoles ampliamente el debate y la nueva prueba ya que. esta decisión podría llegar a plantear diversos problemas. De ser así.
. ps. y a diferencia del procedimiento guatemalteco43. En primer lugar. CPP Nación). III. Objeto del proceso penal: momento en que se define. 3) La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio.Auto de apertura. cit...
especialmente el voto de RIGGI. a pesar de su deber jurídico y funcional de hacerlo. lo hacen de mala fe. Además. la CSJN dejó de lado que al momento de su decisión que —con el pretexto de cumplir con los estándares internacionales— la Comisión ya había publicado un nuevo Informe — también argentino—: CIDH. es revisada y eventualmente.996. CSJN. en la causa nº 5. CNCP. Informe Nº 12/96. recibirle nueva declaración y suspender el debate. Frente a este panorama. Argentina. para perjudicar la situación procesal del imputado —ver. etc. se exijan más requisitos formales para modificar la calificación jurídica. entre ellos— son reacios a aplicar estándares internacionales. cometió el error de vincular la duración del encarcelamiento con la gravedad del hecho. resulta necesario difundir estas nuevas exigencias que. Y en algunos casos en que los aplican. han sido impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos. la CSJN estableció que la doctrina de la Comisión también debía ser criterio y guía de interpretación de las clásulas convencionales por los tribunales locales.037 [Argentina]). por ej. En el camino. además y
En el caso “Bramajo”. Más allá de ello. Caso 11..45—. informarle de sus derechos. “Chabán.
. la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. tratado por la Comisión Interamericana. de casación” —con la honrosa disidencia de Ángela LEDESMA—. no pocos tribunales de la justicia federal —la Cámara Nacional de Casación Penal. Caso “Bramajo”44. recalificada. Omar Emir s/rec. CHABÁN. Y. En el caso. frente a tantos controles judiciales. revocó la excarcelación que había concedido la Sala V de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de Apelaciones de la Capital Federal a Omar E. El 13/4/89 la Comisión resolvió que un plazo de detención de casi cinco años era un plazo razonable que no significaba “una violación de la Convención”. el deber del tribunal de debate guatemalteco de advertir a los imputados sobre un posible cambio de calificación. Caso “Chabán”.En el derecho guatemalteco tiene sentido la mayor estabilidad de la calificación jurídica porque ésta. Sala III. la Comisión aceptó prácticamente todos los argumentos del Estado denunciado. Por otra parte. 45 El 24 de noviembre de 2005. como bien explica CAFFERATA NORES. también justifica que.245. antes de presentarse formalmente la imputación. 1º de marzo de 1996 (conocido como el caso “Jiménez”). al solo efecto de acudir al Informe del caso “Firmenich” (Caso nº 10.
y pueden darse supuestos en los cuales aun habiendo cumplido los requisitos establecidos por la Corte IDH. dado el contenido de los elementos de hecho y de derecho que integran el objeto de la controversia presentada al tribunal. las dificultades no se limitan. pero es lo que hemos escuchado sobre el tema. y. no sabemos si esta versión es mitológica o se ajusta a la realidad. a la calificación jurídica supuestamente aplicable. En un procedimiento penal de mediana complejidad.
. en este caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hubiera dictado el fallo “Giroldi” de no ser por la intervención decidida de una defensora oficial que no aceptó los “argumentos” dogmáticos de siempre para que se nos denieguen ilegítimamente derechos fundamentales46. pues el objeto procesal abarca todas las
litgantes
cumplimiento efectivo de estos estándares de manera sistemática. el problema no es tan lineal. Debemos admitir que en la percepción del problema que plantearemos nos hallamos en completa soledad. En realidad. del derecho de defensa. se discuten circunstancias de hecho y de derecho que resultan absolutamente ajenas a la imputación. Sin embargo. estrictamente. en la práctica judicial. consideramos que el problema es más complejo. resulta evidente que ha significado un avance en el respeto efectivo de los derechos humanos fundamentales. se afecte de todos modos el derecho de defensa. b) Algunas cuestiones adicionales Volviendo a la doctrina de la Corte Interamericana en el Caso Fermín Ramírez.especialmente. ni a los hechos que necesariamente forman parte de los requisitos de la figura legal invocada como aplicable.
el abogado necesita un buen contradictor. Una de las discusiones entre la defensa y la fiscalía fue si se trataba de una detención policial sin orden judicial fundada en el art. actuando como defensores planteamos la nulidad de la detención y. que terminó con el secuestro de siete gramos de cocaína que tenía encima nuestro defendido47. en consecuencia. Para proporcionar la mejor defensa técnica posible. por ej. tanto la defensa como la fiscalía acordamos de cuál de los supuestos se trataba. pero que pueden influir sobre su suerte. Tomemos como ejemplo el caso en se discute alguna circunstancia de hecho ajena a la imputación —un elemento extraño al tipo penal—. A nuestro juicio. a menos que caiga en alguna de las agravantes previstas en el art.950. poseerá menor cantidad de información al momento de decidir una circunstancia determinada. Otra serie de ejemplos podrían ser aquellas circunstancias que pueden influir sobre la validez de la incorporación y valoración de un elemento de prueba.circunstancia de hecho y de derecho que están en disputa entre las partes. 80. 3. cuestión no resuelta previamente. refuerza su caso. Si el tribunal no tiene la oportunidad de evaluar los puntos de vista opuestos de las partes. CP.
. En un caso real. 284. y tal circunstancia determinó que
Ignoramos por qué razones la nulidad no había sido planteada con anterioridad pues tomamos el caso poco tiempo antes de la audiencia oral. de la posterior requisa del imputado. o de la detención prevista en la ley 23. que no necesariamente deben referirse a la imputación en sí misma.. en estos casos también se podría violar el derecho de defensa. es ajeno a la imputación. del CPP Nación. pero que sirve para corroborar la hipótesis acusatoria. En cierto momento. inc. pero si el acusador logra demostrarlo. El móvil de un homicidio doloso simple.
consiste en que el tribunal. y de que el tribunal tomó su decisión sin que pudiéramos ejercer nuestro derecho a ser oídos sobre por qué esa regla jurídica no era aplicable al caso. que —si bien no integraba la imputación—. o por qué los hechos no satisfacían sus requisitos. aun en el sistema de precedentes —stare decisis—. al pronunciar su decisión. escuche la opinión de ambas partes sobre los hechos y sobre el derecho. el tribunal emitió su decisión sin haber permitido a la defensa alegar sobre ese punto concreto. fue determinante del contenido de la sentencia. que si bien no integraba la imputación. En este sentido. el tribunal consideró válida la requisa porque estableció que no se trataba del supuesto en que las contrapartes habíamos acordado. resultó determinante de la condena. se habían cumplido los requisitos de dicho supuesto. seguimos absolutamente convencidos de que se tomó una decisión sobre una regla jurídica aplicable al caso. El sentido que tienen los alegatos finales en el juicio.ambas partes nos concentráramos en la discusión acerca de si. Terminado el juicio. precisamente. y podríamos imaginar varios ejemplos más. de los efectos que las distintas posiciones teóricas le reconocen a un error de prohibición indirecto sobre la inexistencia de los elementos objetivos de una causa de justificación. sino del otro. en el caso concreto. Hasta el día de hoy. sin haber escuchado nuestra opinión respecto de por qué resultaba inaplicable. Es por este problema que un obiter dictum carece de validez. el tribunal aplicó una regla jurídica formal que resultó determinante de la decisión.
. antes de tomar su decisión. En el caso. Lo mismo podría pasar con la posible aplicación de una excusa absolutoria.
Pero éste es. Para concluir. la situación de indefensión puede resultar prácticamente idéntica a la del cambio sorpresivo de calificación jurídica. es que en la medida en que las reglas jurídicas que el tribunal aplica a los distintos aspectos del caso no hayan sido debatidas y no se haya permitido a la defensa alegar sobre tales cuestiones. debemos destacar que la decisión de la Corte Interamericana en el Caso Fermín Ramírez ha sido un valioso aporte al fortalecimiento del derecho de defensa. al establecer un estándar que los tribunales deben aplicar en nuestro derecho interno y respecto del cual las partes deben reclamar su efectivo cumplimiento. un problema distinto. claramente.
. a nuestro juicio.Lo relevante.
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