Source: https://www.slideshare.net/Madolza/reglas-claras-31604404
Timestamp: 2017-10-22 14:19:25
Document Index: 281303390

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 222', 'artículo 222', 'Artículo 222', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 5', 'artículo 222', 'artículo 399']

Cohecho y Peculado en el Ecuador by Adrián Racines 7299 views
Dolores Zamudio Cervantes
, Working at FMVZ UNAM
1. 1 Reglas Claras, Negocios Transparentes: Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
2. 2 Secretaría de la Función Pública Eduardo Romero Ramos Secretario de la Función Pública Aliza Chelminsky Titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia OCDE: Gabriela Ramos Directora del Centro de la OCDE en México DISEÑO GRÁFICO: OCTAVIO LÓPEZ VARGAS
3. 3 Índice La corrupción y los negocios 5 ¿Qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)? 7 La OCDE y el combate a la corrupción 8 ¿Por qué una Convención Internacional? 9 ¿Qué implica la Convención de la OCDE? 11 México y la Convención 14 Medidas preventivas para las empresas 15 Anexo 1 Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales 22 Anexo 2 Recomendación del Consejo sobre la posibilidad de deducir el cohecho de servidores públicos extranjeros 33 Anexo 3 Cómo presentar una denuncia 35 Anexo 4 Sitios de interés 37
5. 5 LA CORRUPCIÓN Y LOS NEGOCIOS La corrupción, entre otros impactos, distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sustentable de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales, e incrementa los costos de operación de las empresas. Tan sólo en Estados Unidos, de 1994 al 2001 se registraron cerca de 400 denuncias de corrupción en contratos internacionales con valor de 200 mil millones de dólares1. Por otro lado, un estudio del Banco Mundial sobre economías en transición de Europa del Este y Asia Central, señaló que los niveles de inversión en países con altos índices de corrupción, en promedio eran 6% menores que en países con niveles de corrupción media2. Según un estudio reciente del Tecnológico de Monterrey3 , el sector privado en México estima que las empresas gastan, en promedio, 8.5% de sus ingresos en pagos extraoficiales para influir en la definición de las reglas del juego y 5.1% en corrupción burocrática-administrativa. Asimismo, PricewaterhouseCoopers, a través de su Índice de Opacidad, estima que el costo de corrupción para las empresas que operan en China equivale a un impuesto adicional del 46%. Por su grado de opacidad, el costo para China de pedir prestado aumenta en un 13.16%4. Departamento de Estado de Estados Unidos, “Fighting Global Corruption: Business Risk Management”. Washington, D.C., mayo de 2001, p. 3. 2 Banco Mundial “Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate”, Washington D.C., 2000 3 Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (EGDE) realizada por el Centro de Estudios Estratégicos, 2002. 4 Índice de Opacidad 2001 PricewaterhouseCoopers. 1
6. 6 Sin duda, la globalización es fuente de oportunidades pero también de retos. Con el crecimiento de las actividades económicas transfronterizas, también se han incrementado los efectos nocivos colaterales relacionados con prácticas corruptas y criminales en el escenario económico internacional. Para los empresarios que tienen actividades globales, contar con un marco de acción justo y predecible para realizar sus negocios es esencial. Alrededor del mundo, cada vez más empresas y gobiernos reconocen que la corrupción eleva los costos y riesgos en todo tipo de transacciones. La quiebra de importantes empresas transnacionales, las multas millonarias y la más reciente crisis corporativa por la que atraviesan los mercados, han hecho necesario que ambos sectores trabajen coordinadamente para elevar la transparencia en las economías globales, fortalecer las políticas y prácticas del gobierno corporativo y reforzar las reglas del juego. Durante mucho tiempo, el fenómeno de la corrupción se consideró como un fenómeno nacional. Los esfuerzos multilaterales para combatir la corrupción iniciaron mucho tiempo después. La globalización provocó que muchos de estos problemas que eran considerados meramente locales, se convirtieran en problemas con soluciones globales. Es así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo de Europa y el Banco Mundial, entre otros, enfocaron sus esfuerzos a combatir el fenómeno de la corrupción. Otra de las principales contribuciones internacionales para transparentar las reglas globales y combatir la corrupción, fue la firma de la Convención contra el Cohecho de los
7. 7 Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Así, el 21 de noviembre de 1997, los países miembros de la OCDE y seis países no miembros (Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, la República Eslovaca y Eslovenia), adoptaron la Convención. ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos surge después de la Segunda Guerra Mundial para administrar los fondos del Plan Marshall. En 1960, se convierte en un instrumento multilateral que promueve el máximo crecimiento económico entre sus integrantes y la mayor apertura al comercio y a la inversión internacional. La OCDE provee a sus países miembros de un foro en el cual se identifican las mejores prácticas en materia de políticas públicas y en donde el intercambio de información y de experiencias sirve de base para construir mejores decisiones en el ámbito del quehacer público nacional e internacional. La OCDE es una organización, principalmente de carácter económico, que agrupa a treinta países, en un foro único para discutir, desarrollar y perfeccionar su política económica y social. Sus miembros comparten cierto grado de homogeneidad respecto a principios de política económica, de democracia plural y de respeto a los derechos humanos. Es una organización económicamente poderosa, debido a que sus miembros producen dos terceras partes de la totalidad de bienes y servicios que se consumen Los Países Miembro que conforman la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unidos y Estados Unidos. Cabe señalar que en 2001, la República Eslovaca se convirtió en Miembro Permanente de la OCDE. 5
8. 8 en el mundo. Sin embargo, no es una organización exclusiva. Este organismo, opera como coordinador de las políticas nacionales e internacionales de los países miembro y no miembro, con el fin de enfrentar de la mejor manera posible los retos de un mundo cada vez más globalizado. Los intercambios de ideas en este foro tienen el objetivo de crear acuerdos que actúen de una manera formal, por ejemplo, acuerdos obligatorios por ley para eliminar la corrupción o elaborar códigos que permitan el libre flujo tanto de servicios como de bienes. Asimismo, la OCDE ha creado distintos instrumentos que, lejos de tener el carácter de ley, funcionan como recomendaciones, como por ejemplo, los “Lineamientos para las Empresas Multinacionales”. LA OCDE Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN La OCDE, al igual que otras instituciones de la comunidad internacional, ha dedicado grandes recursos para combatir la corrupción debido a sus graves consecuencias en el desarrollo de las personas y las economías. La corrupción no respeta fronteras, no distingue entre niveles económicos y afecta a todas las formas de gobierno. El papel de esta institución es fundamental en el largo plazo, ya que ningún país será capaz de asumir los costos, políticos, económicos y sociales, que se deriven de la corrupción. Existen dos grandes vías de acción por las cuáles los organismos internacionales pueden encauzar sus esfuerzos contra la corrupción. Por una parte, pueden incentivar el combate a la corrupción desde la demanda. Es decir, concentrándose en poner obstáculos a las exigencias de los servidores públicos para recibir
9. 9 un beneficio o pago extra a cambio de favorecer a alguien o de realizar un servicio. Ejemplos de los instrumentos internacionales que se han adoptado para este fin son, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y las Recomendaciones para Mejorar la Conducta Ética en el Servicio Público de la OCDE. Por otro lado, los organismos internacionales pueden concentrar sus esfuerzos en áreas relacionadas con la oferta. Es decir, pueden concentrar sus esfuerzos en frenar aquél que está dispuesto a hacer pagos irregulares, con el fin de recibir mejor atención de los funcionarios o bien de, hacer más atractivas las oportunidades de negocios. Este es el caso de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, así como la Recomendación en contra de la Deducibilidad de Sobornos y las Recomendaciones sobre el Combate al Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. ¿POR QUÉ UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL? Cuando una empresa estadounidense recibió una sanción importante por incurrir en pagos ilegales para la obtención de contratos internacionales, se marcó un precedente importante en la forma de hacer negocios en los Estados Unidos. El mensaje era claro: las reglas del juego habían cambiado y las instituciones de procuración de justicia de ese país no permitirían más actividades irregulares en los negocios. Así, a partir de 1977 en Estados Unidos, tras la publicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), toda aquella empresa o persona estadounidense
10. 10 que realice ofrecimientos, promesas o emita algún pago a servidores públicos, partidos políticos o candidatos extranjeros, con el fin de beneficiarse económicamente de esta acción, está sujeto a fuertes sanciones económicas y hasta a encarcelamiento. Esta fue la primera iniciativa en la que un gobierno involucró directamente a las empresas en el combate a la corrupción. Un paralelo se puede establecer en el ámbito económico internacional con la firma de la Convención de la OCDE. En 1997, se firmó este instrumento jurídico internacional, declarando ilegal el pago de sobornos para la obtención de negocios internacionales. Adicionalmente, ese mismo año, la OCDE adoptó una recomendación sobre el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales, que complementa la Convención sobre temas como las compras gubernamentales y el papel de los requisitos contables, de las auditorías externas y de los controles internos de las empresas. Un año antes, en 1996, la OCDE había adoptado otra recomendación en donde se establecía la prohibición de deducir fiscalmente los pagos de soborno efectuados por las empresas. Aunque parezca increíble, esto era una posibilidad real en Canadá hasta 1991, en algunas economías europeas y en Japón. Lo trascendental de estos instrumentos es que la detección y sanción de los pagos ilegales se hace independientemente de que el servidor público que reciba el soborno sea acusado o no. Adicionalmente, con la firma de la Convención, se pretende nivelar el campo de juego económico internacional al evitar que empresas que incurran en prácticas comerciales indebidas y que no sean penalizadas en sus países de origen, cuenten con una ventaja indebida al momento de buscar negocios internacionales. Esto tiene también un impacto benéfico en la participación de las pequeñas y medianas empresas en un entorno globalizado, ya que no tendrán por qué ser
11. 11 marginadas de los contratos internacionales si éstos son asignados transparentemente y no como resultado de dádivas corruptas. En México, por ejemplo, varias empresas han expresado su inquietud por que algunos de los grandes concursos internacionales son asignados de manera poco transparente a empresas transnacionales muy poderosas. Con la Convención de la OCDE, estas empresas estarán en posibilidad de recibir el apoyo de sus autoridades y la de los países miembro de la OCDE, para detectar si hubo algún mal manejo en dichas asignaciones y perseguir el delito. Por otra parte, las empresas que se escuden bajo la posición de “relativismo cultural” para incurrir en este tipo de prácticas bajo el supuesto de que “así se hacen las cosas en este país”, tendrán que pensarlo dos veces. La posibilidad de ser penalizadas es ahora una realidad y eleva significativamente los costos de incurrir en prácticas de soborno. Sin duda, en un contexto de total apertura a la globalización, la adopción de este tipo de estándares contribuye a fortalecer la gobernabilidad mundial y a establecer reglas claras en las transacciones económicas internacionales. ¿QUÉ IMPLICA LA CONVENCIÓN DE LA OCDE? La Convención tiene un objetivo muy claro: penalizar a las empresas y a las personas que, en sus transacciones comerciales, prometan o den gratificaciones a oficiales extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus negocios. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembro en asuntos de apoyo y extradición. Ésta incluye mecanismos preventivos tales como
12. 12 lineamientos contables y de auditoría para las empresas 6 . Así, la Convención estipula obligaciones para los países firmantes en cuatro rubros: · · · · penal contable y financiero asistencia legal mutua lavado de dinero En el primer rubro, la Convención establece la obligación de definir como delito y castigar el acto de soborno para obtener negocios internacionales. Cabe señalar que este instrumento también sanciona la complicidad. En este sentido, si una empresa matriz autoriza el pago de soborno a una subsidiaria en el exterior, se aplicarán las leyes penales en contra de la empresa matriz y cualquiera de sus funcionarios que resulten responsables (sin importar en qué país se encuentren). En el ámbito contable, establece una serie de recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. A través del Artículo 8 del instrumento, se exige a los países miembro tomar las medidas necesarias para establecer sanciones de carácter civil, administrativo y penal por concepto de omisiones, alteración, fraude y/o falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de cohechar a servidores públicos extranjeros u ocultar dicho cohecho. La Convención también señala que detectar un pago de soborno ilegal relacionado con transacciones comerciales internacionales es suficiente para provocar la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero. Hasta antes de la Convención, los pagos extraoficiales a funcionarios extranjeros en bancos del exte- 6 Sacerdoti, Giorgio. “To bribe or not to Bribe?” en No Longer Business as Usual: Fighting Bribery and Corruption. OCDE, Francia, 2000, pp. 34-35.
13. 13 rior no eran considerados como lavado de dinero, y estaban protegidos por el derecho bancario. Ahora, con la Convención, se busca dificultar que los delincuentes disfruten de sus ganancias indebidas en otros países, ya que los pagos de soborno están sujetos a ser confiscados7. Finalmente, dado que frecuentemente se utilizan canales financieros internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, la Convención obliga a los países signatarios a proveer apoyo legal oportuno y a compartir información relevante de manera oportuna, además de que establece provisiones relativas a la extradición. Para determinar el nivel de cumplimiento de los países firmantes, se estableció un mecanismo de seguimiento y monitoreo, basado en la presión entre pares. Este mecanismo analiza qué tanto han avanzado dichos países en la implementación de la legislación interna necesaria para castigar este delito, y qué tanto su infraestructura jurídica permitiría llevar adelante un juicio por soborno basado en la Convención de la OCDE. Así, y con el fin de garantizar que en el futuro, no existirán problemas en la aplicación de la Convención, se establecieron dos fases de evaluación. La primera consiste en determinar si los sistemas legales nacionales son compatibles con los lineamientos de la Convención y, en caso de no serlo, emitir las recomendaciones necesarias para reformar dichas leyes. Casi todos los países han pasado ya por esta fase y se preparan para una segunda evaluación8. La segunda fase, tiene la finalidad de evaluar e identificar los problemas potenciales para asegurar el cumplimiento de la convención. Durante dicha evaluación, se verificará que existan Sacerdoti, Giorgio. “To bribe or not to Bribe?” en No Longer Business as Usual: Fighting Bribery and Corruption. OCDE, Francia, 2000, pp. 38-40. 7 Hasta la fecha, 32 países han pasado satisfactoriamente la primera fase. Cabe señalara que México fue evaluado por España y los Países Bajos del 28 de enero al 3 de febrero del 2000. Nuestro país examinó a España, en conjunto con la delegación japonesa, del 22 al 24 de marzo de 2000 y a Italia, junto con el Reino Unido, del 18 al 20 de abril de 2001. 8
14. 14 las estructuras necesarias para hacer cumplir las leyes y reglas de la Convención. Además, se verificará su difusión, conocimiento y cumplimiento por parte de los sectores privado y público. Para que este instrumento realmente logre los objetivos que se ha propuesto se requiere del apoyo decidido no sólo de los gobiernos de los países firmantes, sino también de las empresas que se sientan afectadas por esta práctica y de los ciudadanos que no toleran la corrupción. MÉXICO Y LA CONVENCIÓN México ha vivido grandes cambios en los últimos 10 años. Su economía prácticamente está ligada a cualquier región del mundo. El país se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa y se ha consolidado como un país democrático. Sin embargo, queda mucho por hacer. Uno de los retos más importantes de la actual administración es el combate a la corrupción. Es por ello que el Gobierno de México se ha comprometido con la sociedad a promover una cultura de transparencia y a transformar la administración pública en una de las más profesionales y transparentes del mundo. En este sentido, el Senado de la República ratificó en mayo de 1999 la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Al firmar esta Convención, México busca, entre otras cosas, nivelar las condiciones de competencia entre empresas nacionales y extranjeras con el establecimiento de reglas claras para la operación del mercado internacional de bienes y servicios. A partir de la ratificación, México ha seguido cada uno de los
15. 15 pasos para cumplir con las disposiciones que dicha Convención establece. La Convención señala en su Preámbulo que todos los países comparten una responsabilidad para combatir, de manera eficaz y coordinada, de acuerdo con los principios básicos legales y jurisdiccionales de cada país, el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, ya que este fenómeno provoca serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales. Se señala que cada Parte tomará las medidas necesarias para tipificar como delito el ofrecimiento intencional de un pago indebido u otra ventaja. Esto con el fin de que un funcionario público extranjero, actúe o deje de actuar, en cumplimiento de sus deberes oficiales y obtenga así, negocios u otras ventajas indebidas, en la realización de los negocios internacionales, además de la tentativa, complicidad, incitación, ayuda e instigación relacionados con este ofrecimiento. Se acuerda que las sanciones criminales sean eficaces, proporcionales y disuasivas, además de comparables a las aplicadas a los nacionales. Los beneficios derivados del cohecho podrán ser objeto de decomiso y las operaciones con recursos de procedencia ilícita constituirán un delito conexo, independientemente del lugar donde se hayan realizado. Cada Parte, además, tomará las medidas necesarias para evitar y perseguir los ilícitos en materia contable que pretendan ocultar el cohecho a un funcionario público extranjero. Respetando estos acuerdos, el gobierno mexicano analizó las leyes mexicanas para determinar si era necesario reformarlas o diseñar otras. Las autoridades consideraron que las leyes
16. 16 vigentes eran suficientes para cumplir con las obligaciones previstas en la Convención. No obstante, el tipo de cohecho previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal, sólo contemplaba el cohecho de servidores públicos nacionales, sin mencionar a los extranjeros. Por esta razón, en noviembre de 1998, el Ejecutivo Federal propuso adicionar al Código, el artículo 222 bis. “Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación
17. 17 estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales. Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral una multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado, o el beneficio obtenido, por la persona moral. De esta forma, tanto las personas físicas como morales quedan sujetas a las disposiciones que establece la Convención y que se ven reflejadas en las leyes mexicanas. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS EMPRESAS Tanto la Convención como las adiciones al Código Penal Federal buscan preservar la libre concurrencia y la competencia equitativa en el comercio internacional. Es decir, no importa de qué tamaño o nacionalidad sea la empresa con la cual una tercera esté compitiendo, estas disposiciones aseguran que ambas estarán en igualdad de circunstancias para competir en cualquier tipo de licitación o contrato gubernamental. En los casos de que una empresa sea responsable del cohecho de algún servidor público extranjero, la OCDE recomienda imponer, las siguientes sanciones: la exclusión del derecho a gozar de beneficios o ayuda públicos; la descalificación temporal o permanente para participar en compras gubernamentales o para
18. 18 desempeñar otras actividades comerciales; la puesta bajo supervisión judicial y, la orden judicial de liquidación. En este sentido, si algún representante de una empresa ofrece, promete, o efectúa un pago indebido u otra ventaja, a un funcionario público extranjero, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales, la empresa corre el peligro de quedar al margen de cualquier compra gubernamental o, de hecho, de ser liquidada por una orden judicial. Sin embargo, vale la pena señalar que existen diversos mecanismos de prevención para no caer en este tipo de violaciones. La mayoría de las empresas que han estado involucradas con algún tipo de violación a la Convención o a su antecesora, la FCPA, han pasado por un arduo proceso de reestructuración y de formación ética de su personal. Entre las medidas preventivas que las empresas pueden adoptar se encuentran las siguientes: Revisar los factores de riesgo.9 El contexto en el que se realizan los negocios internacionales es uno de los más dinámicos que existen. Estos cambios obligan a las empresas a evaluar y revisar constantemente las áreas que, por su naturaleza, son más vulnerables al tipo de delitos que tipifica la Convención. Muchos de estos casos surgen de las actividades que realiza el personal del área de ventas, los vendedores locales y los asociados en proyectos conjuntos. Las empresas deben considerar si sus políticas y procedimientos son adecuados para enfrentar estos riesgos. Dar a conocer la Convención al personal corporativo. Familiarizar a los empleados con la 9 Extraído de: Morley, T. Matt. “Combating Bribery” en el National Law Journal, marzo 27 de 2000.
19. 19 Convención, puede no ser suficiente para que a aquellos a los que se les presente un caso en el que la Convención aplique, reconozca la gravedad de la situación y busque la asesoría necesaria. La capacitación periódico del personal, así como la que requieren los individuos que recién se incorporan a la compañía, puede reducir la probabilidad de que ocurra una violación a la Convención. Esta capacitación, no debe dejar al margen a aquellos empleados que laboran en el extranjero, ya que tienen la necesidad de saber, que la ley referente al combate a la corrupción en muchos países ha sido modificada. Los empleados en el extranjero deben estar conscientes que los encargados de la impartición de justicia de otros países pueden, en ciertos casos, ejercer jurisdicción cuando existan casos de corrupción. Programas de integridad. No todas las empresas son iguales, por ende, los programas de integridad deberán ser “hechos a la medida” de cada empresa. Los programas de integridad deben contar con el apoyo y compromiso total de la cabeza de la empresa (presidente, consejo directivo, etc.). Las empresas deben establecer y adherirse a su código de conducta. El código de conducta debe contener, por escrito, las guías éticas y legales que los empleados de la empresa deben acatar. Asimismo, las empresas deben establecer una estructura de cumplimiento que supervise y asegure que todos los empleados acatan el código de conducta. Para asegurar el éxito de estos programas, la empresa debe cerciorarse que sus empleados reciban una capacitación legal y ética constante y adecuada. Auditoria legal al realizar asociaciones estratégicas (joint-ventures), adquisiciones y fusiones. Debido al gran número de países que se han
20. 20 incorporado a la Convención, las leyes aplicables en casos de asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones pueden haber sufrido modificaciones. El llevar a cabo una auditoria legal puede evitar un daño potencial a la reputación de la empresa, así como sacar a la luz conductas cuestionables de empresas con las que se tiene interés de hacer negocios. Cabe señalar que en el caso de asociaciones estratégicas, cuando uno de los socios viola alguna de las disposiciones anticorrupción del orden legal del país en donde opera, a pesar de que el otro socio no haya participado, las autoridades del país en donde opera la matriz o de país en donde opera la subsidiaria podrán iniciar investigaciones de la matriz y/o de la asociación. Controles contables internos. La auditoría y monitoreo de los sistemas de control interno son esenciales para detectar oportunamente conductas irregulares o imprecisas. Las empresas deben contar con políticas contables claras y precisas que prohiban la doble contabilidad o la identificación inadecuada de transacciones. Asimismo, las empresas deberán monitorear que sus estados de cuenta no tengan entradas contables ambiguas o engañosas que puedan significar pagos ilegales hechas a nombre de la empresa. Disciplina. Las empresas deberán asegurarse que sus empleados entiendan que el violar las políticas y procedimientos de la empresa resultará en acciones disciplinarias que van de sanciones minoritarias a severas, incluyendo la terminación de su empleo. Mecanismos de cumplimiento. Aún las políticas diseñadas con el mayor cuidado, pueden no ser efectivas en la prevención de violaciones, si no se cuenta con los procedimientos adecuados para supervisar y asegurar su cumplimiento. Esto puede requerir
21. 21 algún tipo de auditoría periódica, que, con la ayuda de certificaciones anuales llevadas a cabo por personal experto en la materia, garantice que se cumpla con las políticas. Es muy importante que los indicios de posibles violaciones sean investigados y resueltos, a través de acciones correctivas y disciplinarias. Debido a que la implementación de la Convención depende directamente de una ejecución creíble, los empleados corporativos deben saber que los directivos de la empresa insistirán permanentemente en el cumplimiento de las políticas anticorrupción que se hayan establecido.
22. 22 Anexo 1 CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES (Adoptada por la Conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997) Preámbulo Las partes, Considerando que el cohecho es un fenómeno ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el comercio y la inversión, que hace surgir serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales; Considerando que todos los países comparten una responsabilidad para combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales; Tomando en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 23 de mayo de 1997, C(97)123/FINAL, la cual, entre otros aspectos, exigió tomar medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales; en particular, para la pronta penalización de tal cohecho de manera eficaz y coordinada y de conformidad con los elementos comunes acordados que se señalan en tal Recomendación y con los principios básicos le-
23. 23 gales y jurisdiccionales de cada país; Aceptando con agrado otros desarrollos recientes que adelantan más el entendimiento internacional y la cooperación en el combate al cohecho de servidores públicos, incluyendo las acciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea; Aceptando con agrado los esfuerzos de compañías, organizaciones de negocios, sindicatos así como de organizaciones no – gubernamentales para combatir el cohecho; Reconociendo el papel de los gobiernos para prevenir la exigencia de sobornos a individuos y empresas en transacciones comerciales internacionales; Reconociendo que para alcanzar progreso en este campo son requeridos no sólo los esfuerzos a nivel nacional sino también la cooperación multilateral, el monitoreo y el seguimiento; Reconociendo que alcanzar una equivalencia en las medidas a ser tomadas por las Partes es objeto y propósito esencial de la Convención, lo cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia; Han acordado lo siguiente: Artículo 1. El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 1.Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que es un delito punible bajo su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que
24. 24 ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales. 2. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que la complicidad, incluyendo la incitación, la ayuda e instigación, o la autorización de un acto de cohecho a un servidor público extranjero, constituya un delito. La tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público extranjero constituirán un delito en el mismo grado que lo sean la tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público de esa Parte. 3. Los delitos definidos en los párrafos 1 y 2 anteriores serán referidos en adelante como “cohecho de un servidor público extranjero”. 4. Para los fines de esta Convención, a.“servidor público extranjero” significa toda persona que detente una posición legislativa, administrativa o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida; cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para una agencia pública o empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional; b.“país extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno, de nacional a local; c.“actuar o abstenerse de actuar en la ejecución de las funciones oficiales” incluye cualquier uso de la posición del servidor público, quede o no comprendida en el ejercicio de las atribuciones conferidas a tal funcionario. Artículo 2. Responsabilidad de las Personas Morales Cada Parte tomará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios legales, para
25. 25 establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho a un servidor público extranjero. Artículo 3. Sanciones 1. El cohecho a un servidor público extranjero será sancionado mediante sanciones de carácter penal eficaces, proporcionadas y disuasivas. El rango de las sanciones será comparable a aquéllas que se apliquen al cohecho de servidores públicos de esa parte e incluirán en el caso de personas físicas, la privación de libertad suficiente para permitir la asistencia legal mutua efectiva y la extradición. 2. Si, dentro del sistema jurídico de una de las Partes, la responsabilidad penal no es aplicable a las personas morales, ésta Parte deberá asegurar que éstas queden sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas de carácter no penal, incluyendo sanciones pecuniarias, en casos de cohecho a servidores públicos extranjeros. 3. Casa Parte tomará las medidas necesarias para que el instrumento y el producto del cohecho de un servidor público extranjero o activos de un valor equivalente al de ese producto puedan ser objeto de embargo y decomiso o sean aplicables sanciones monetarias de efectos comparables. 4. Cada Parte procurará imponer sanciones civiles o administrativas complementarias a una persona sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor público extranjero. Artículo 4. Jurisdicción 1.Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer jurisdicción sobre él cohecho de un servidor público extranjero cuando el delito sea cometido en todo o en parte en su territorio.
26. 26 2.Cada Parte que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales por delitos cometidos en el extranjero tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto al cohecho de servidores públicos extranjeros, de acuerdo con los mismos principios. 3.Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un presunto acto delictuoso comprendido en esta Convención, las Partes involucradas deberán, a petición de una de ellas, consultar entre sí para determinar cual será la jurisdicción más apropiada para perseguir el delito. 4.Cada Parte revisará si el fundamento actual para su jurisdicción es eficaz para la lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros y, si no lo es, tomará medidas apropiadas. Artículo 5. Aplicación La investigación y persecución del cohecho a un servidor público extranjero estarán sujetas a las reglas y principios de cada Parte. No estarán influidas por consideraciones de interés económico nacional, por el efecto potencial sobre sus relaciones con otro Estado ni por la identidad de las personas físicas o morales involucradas. Artículo 6. Prescripción Cualquier regla de prescripción aplicable al delito de cohecho de un servidor público extranjero permitirá un periodo adecuado de tiempo para la investigación y persecución de este delito. Artículo 7. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Cada Parte que haga del cohecho de sus
27. 27 servidores públicos un delito conexo para la aplicación de su legislación concerniente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita hará lo mismo respecto del cohecho de servidores públicos extranjeros, sin tener en cuenta el lugar donde haya sido cometido el cohecho. Artículo 8. Contabilidad 1. Para combatir de manera eficaz el cohecho de los servidores públicos extranjeros, cada Parte tomará las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, para el mantenimiento de libros y registros contables, la publicación de estados financieros, las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir el establecimiento de cuentas no registradas y el mantenimiento de doble contabilidad o de transacciones inadecuadamente identificadas, el registro de gastos no existentes, el registro de cargos con identificación incorrecta de su objeto, así como el uso de documentos falsos por parte de las compañías sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de cohechar a servidores públicos extranjeros u ocultar dicho cohecho. 2. Cada Parte proveerá sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones o falsificaciones con respecto a los libros, registros, cuentas y estados financieros de tales compañías. Artículo 9. Asistencia Legal Mutua 1. Cada Parte deberá, en la medida que lo permitan sus leyes y los instrumentos y tratados aplicables, brindar asistencia legal pronta y eficaz a otra Parte para el propósito de realizar investigaciones y procedimientos penales iniciados por una Parte respecto de delitos dentro
28. 28 del ámbito de esta Convención y para procedimientos no penales dentro del ámbito de esta Convención iniciados por una Parte contra una persona moral. La Parte requerida informará a la Parte requirente, sin demora, sobre cualquier información adicional o documentos que se necesiten para apoyar la petición de asistencia y, cuando sea requerida, sobre el estado y desarrollo de la petición de asistencia. 2. Cuando una Parte haga depender la asistencia legal mutua de la existencia de doble criminalidad, ésta se considerará cumplida si el delito para el cual se solicita tal asistencia queda comprendido por esta Convención. 3. Una Parte no podrá rehusarse a otorgar asistencia legal mutua en materias penales dentro del ámbito de esta Convención con base en el argumento del secreto bancario. Artículo 10. Extradición 1. El cohecho a un servidor público extranjero será considerado delito que dará lugar a la extradición bajo las leyes de las Partes y los Tratados de extradición que existan entre ellas. 2. Si una Parte que condiciona la extradición a la existencia de un Tratado de extradición recibe una petición de extradición de otra Parte con la que no tenga Tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como la base legal para extradición con respecto al delito de cohecho de un servidor público extranjero. 3. Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar, bien sea extraditar a sus nacionales o perseguir a sus nacionales por el delito de cohecho a un servidor público extranjero. Una Parte que se niegue a extraditar a una persona por cohecho de un servidor público extranjero solamente porque esa persona sea su nacional, deberá someter el caso a sus
29. 29 autoridades competentes para perseguir el delito. 4. La extradición por cohecho a un servidor público extranjero queda sujeta a las condiciones establecidas en la legislación nacional, los tratados aplicables y los convenios entre cada Parte. Cuando una Parte condicione la extradición a la existencia de doble criminalidad, esa condición se considerará cumplida si el delito por el cual dicha extradición es requerida queda comprendido en el artículo 1 de esta Convención. Artículo 11. Autoridades Responsables Para los fines del Artículo 4, párrafo 3, respecto de consultas, Artículo 9, respecto de asistencia legal mutua y Artículo 10, respecto de extradición, cada Parte notificará al Secretario General de la OCDE sobre la autoridad o autoridades responsables para formular o recibir peticiones, mismas que servirán como canal de comunicación respecto de estas materias para esa Parte, sin perjuicio de otros arreglos entre las Partes. Artículo 12. Monitoreo y Seguimiento Las Partes cooperarán para aplicar un programa de seguimiento sistemático que monitorée y promueva la plena aplicación de la presente Convención. Salvo decisión en contrario tomada por consenso de las Partes, esta acción será realizada dentro del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales y de acuerdo con sus términos de referencia o dentro del marco o términos de referencia de cualquier sucesor en sus funciones, y las Partes asumirán los costos del programa de acuerdo con las reglas aplicables a ese organismo.
30. 30 Artículo 13. Firma y Adhesión 1. Hasta la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta a la firma de los Miembros de la OCDE y los no Miembros que hayan sido invitados a ser participantes integrales en su Grupo de Trabajo sobre Corrupción en Transacciones Comerciales Internacionales. 2. Después de su entrada en vigor, esta Convención quedará abierta a la adhesión de todo no signatario que sea Miembro de la OCDE o haya llegado a ser participante integral en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que lo suceda en sus funciones. Para cada uno de los no signatarios, la Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión. Artículo 14. Ratificación y Depósito 1. Esta Convención estará sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por parte de los signatarios, de conformidad con sus leyes respectivas. 2. Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán depositados ante el Secretario General de la OCDE, quien servirá como depositario de esta Convención. Artículo 15. Entrada en Vigor 1. Esta Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha en la que cinco de los países que tengan las diez más grandes porciones como exportadores, tal como lo señala el documento anexo, y que representen entre ellos cuando menos el sesenta por ciento de las
31. 31 exportaciones totales combinadas de esos diez países, hayan depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada Estado que deposite su instrumento después de tal entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el día sesenta después del depósito de ese instrumento. 2. Si para el 31 de diciembre de 1998 la Convención no ha entrado en vigor en términos del párrafo 1, cualquier Estado que haya depositado su instrumento de ratificación podrá declarar al depositario por escrito su voluntad de aceptar la entrada en vigor de esta Convención, en términos de este párrafo 2. La Convención entrará en vigor para cada Estado en el día sesenta después de la fecha en que tal declaración haya sido depositada cuando menos por dos Estados. Para cada Estado que deposite su declaración después de tal entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el día sesenta después de la fecha de depósito. Artículo 16. Reformas Cualquier Parte podrá proponer reformas a esta Convención. La reforma propuesta será sometida al Depositario, quien la transmitirá a las otras Partes para examinarla sesenta días antes de convocar una reunión de las Partes para considerar la reforma propuesta. La reforma adoptada por consenso de las Partes o por otros medios que las Partes determinen por consenso entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación por todas las Partes o en tales otras circunstancias que puedan ser especificadas por las Partes al momento de adoptar la reforma. Artículo 17. Retiro Una Parte podrá retirarse de esa Convención
32. 32 mediante notificación por escrito al Depositario. Este retiro producirá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación. Con posterioridad al retiro, la cooperación continuará entre las Partes y el Estado que se retire, respecto de todas las demandas de ayuda o de asistencia legal mutua y de extradición, presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del retiro, que permanezcan pendientes.
33. 33 Anexo 2 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DEDUCIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS (Adoptada por el Consejo el 11 de abril de 1996) EL CONSEJO, Con base en el Artículo 5 b) de la Convención sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 14 de diciembre de 1960; Con base en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el cohecho en las transacciones comerciales internacionales [C(94)75/FINAL]; Considerando que el cohecho es un fenómeno extenso en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el intercambio y la inversión, que presenta serias inquietudes morales y políticas y distorsiona las condiciones competitivas internacionales; Considerando que la Recomendación del Consejo sobre el cohecho exhorta a los países Miembros a tomar medidas concretas y significativas para combatir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo la revisión de medidas fiscales que pudieran, directa o indirectamente, favorecer el cohecho; Al respecto de la propuesta del Comité de Asuntos Fiscales y el Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales: I. RECOMIENDA que aquellos países
34. 34 Miembros que no impidan la deducción del cohecho de servidores públicos extranjeros reconsideren dicho tratamiento con la intención de prohibir dicha deducción. Dicha medida puede facilitarse con la tendencia a tratar el cohecho de servidores públicos extranjeros como ilegal. II. INSTRUYE al Comité de Asuntos Fiscales, en cooperación con el Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, a supervisar la puesta en marcha de esta Recomendación, a fomentar la Recomendación en el contexto de los contactos con países no Miembros y a informar al Consejo según corresponda.
35. 35 Anexo 3 COMO PRESENTAR UNA DENUNCIA Ejemplo Práctico10 Una contrato público de gran envergadura fue adjudicado a una compañía alemana en un país latinoamericano con reputación de tener altos índices de corrupción en su sector público. La prensa internacional publica que existen sospechas de cohecho como un elemento decisivo en la adjudicación del contrato. Una de las empresas que compitió por el contrato, una empresa estadounidense decide hacer una denuncia. La empresa tiene tres opciones: 1) presentar la denuncia en Estados Unidos, 2) presentar la queja ante las autoridades del país latinoamericano, o bien, 3) la empresa estadounidense se podría poner en contacto con el procurador de justicia alemán. Las autoridades judiciales en Estados Unidos podrían también comenzar a investigar y buscar el apoyo mutuo de la autoridad alemana o latinoamericana. Asimismo, en caso de que hubiera sospecha de lavado de dinero del soborno, se podría establecer contacto con el país miembro de donde sea el banco en cuestión. 10 Sacerdoti, Giorgio. “To bribe or not to Bribe?” en No Longer Business as Usual: Fighting Bribery and Corruption. OCDE, Francia, 2000, pp. 56-57.
36. 36 Empresa sospecha que un competidor violó el artículo 222 bis del Código Penal Federal (ley que instrumenta la Convención en el marco legal mexicano) El denunciante puede acudir al sistema judicial de los siguientes países signatarios de la Convención: - del país de la empresa que cometió el delito - del país en donde el delito fue cometido - del país al que pertenece el denunciante En caso de que el denunciante, decida hacer la denuncia en México, éste podrá presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República Se sigue el procedimiento penal del país en donde se denuncie el delito. En el caso de México, se lleva cabo la averiguación previa ante el Ministerio Público de la Federación. Si la averiguación previa es con detenido, el indicado no puede ser retenido por más de 48 hrs. En caso de que la averiguación previa se inicie sin detenido, el plazo para integrarla es conforme las reglas de prescripción del delito. Es decir, de conformidad con los casos en que la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación, exceda quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el D.F. en el momento de cometerse el delito. El término para la prescripción del delito de cohecho en transacciones comerciales internacionales es de ocho años. El Ministerio Público puede resolver la reserva, el no ejercicio de la acción penal o la consignación o ejercicio de la acción penal. Esta última resolución, en el supuesto de que acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indicado. En términos del artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, por delito de cohecho a servidores públicos extranjeros, el inculpado tiene derecho a solicitar su libertad provisional durante la averiguación previa o el proceso si garantizar el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La etapa de instrucción abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiaridades del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste. La instrucción es el momento procesal indicado para que las partes aporten al proceso todas las pruebas que estimen conducentes, para dar contestación a las interrogantes que surgen del conflicto de intereses que busca solución en la sentencia. La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible, en el caso del delito de cohecho a servidores públicos extranjeros se deberá terminar dentro de un plazo de diez meses, a partir de la apertura del procedimiento ordinario. Primera Instancia: En esta etapa, el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva. Esta etapa se integra de los actos procésales siguientes: conclusiones, audiencia de vista y sentencia. Esta última deberá dictarse dentro de diez días a partir del siguiente a la terminación de la audiencia de vista. Segunda Instancia: Los medios de impugnación son actos procésales de las partes, orientados a obtener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo procedimiento acerca de una resolución judicial que no se estime ajustada a derecho, en el fondo o en la forma, o que considere errónea en cuanto a la fijación de los hechos. Los Tribunales Unitarios de Circuito son las autoridades de la segunda instancia. Cabe señalar que el objeto de los recursos es revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En materia federal existen los recursos siguientes: la revocación, la apelación, denegada apelación y queja.
37. 37 Anexo 4 SITIOS DE INTERÉS Alianza Cívica. Organización No Gubernamental que busca contribuir a la transición de la democracia. También busca transparentar el origen y ejercicio de los recursos públicos. www.laneta.apc.org/alianza/ Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Deseosos de que la profesión de la abogacía se ejerciese en el interés superior del Derecho y de la Justicia y de auxiliar los servicios administrativos del orden judicial, para que logren los fines de utilidad pública que les están encomendados se fundó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. www.bma.org.mx El Banco Mundial. Reconociendo que la corrupción es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de los países, el Banco Mundial apoya a los países decididos a combatir la corrupción. www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ Bolsa Mexicana de Valores. En este sitio se puede consultar el Código de Mejores Prácticas (Código) donde se establecen recomendaciones para un mejor gobierno corporativo de las sociedades mexicanas. www.bmv.com.mx Cámara Internacional de Comercio (ICC). En la página del ICC se puede consultar lineamientos para que las empresas prevengan extorsiones y sobornos en transacciones comerciales. www.iccwbo.org Centro Internacional de Prevención del Crimen de Nacionales Unidas. Programa global anticorrupción de Naciones Unidas. http://www.uncjin.org/CICP/cicp.html Compranet. Programa que busca transparentar las adquisiciones gubernamentales a los ciudadanos. www.compranet.gob.mx Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. www.cjf.gob.mx
38. 38 Ethics Resource Center. La misión del Centro de Recursos de Ética es apoyar a los individuos y a las instituciones a adoptar practices éticas. www.ethics.org Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El IMCP es una federación de colegios de profesionistas que agrupa a sesenta colegios y a más de veinte mil contadores públicos de todo el país. www.imcp.org.mx Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La Comisión tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. www.cnbv.gob.mx Consejo de Europa (COE). Convención Anticorrupción del Consejo de Europa. www.coe.fr COSO. www.coso.org El Comité de Organizaciones de la Comisión Treadway es una organización privada que engloba a las cinco principales asociaciones financieras profesionales dedicadas a mejorar la calidad de los reportes financieros a través de prácticas de negocios éticas, controles internos efectivos y gobierno corporativo. Las cinco asociaciones son: la Asociación Contable Estadounidense, (www.AAA-edu.org), el Instituto Estado-unidense de Certificación de Contadores Públicos (www.aicpa.org), el Instituto de Ejecutivos Financieros, (www.fei.org), el Instituto de Auditores Internos,(www.theiia.org) y el Instituto de Contadores Administrativos (www.imanet.org) Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (FATF). Este grupo de trabajo se dedica a desarrollar y promover políticas a nivel nacional e internacional dirigidas a combatir el lavado de dinero. www.oecd.org/fatf Organización de Estados Americanos. Convención Interamericana de Combate a la Corrupción. www.oas.org Organización Internacional de Policía Criminalista (INTERPOL). Es la organización mundial de policías cuya misión es prevenir, detectar y suprimir el crimen. http://www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/Default.asp
39. 39 La Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoria (INTOSAI). Las entidades fiscalizadoras superiores hacen una contribución vital al buen gobierno al promover el principio de la responsabilidad eficaz y hacer evidente la gestión deficiente y el uso inapropiado de los fondos públicos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) La página contiene información de la Convención Anticorrupción y las evaluaciones de los países signatarios. Además de que cuenta con una página sobre prácticas anticorrupción. www.oecd.org/daf/nocorruption http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-31-nodirectorate-no-no--31,00.html Organización de las Naciones Unidas (ONU) Contiene información sobre la negociación de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y del Centro Internacional para la Prevención del Delito. www.uncjin.org/cicp/cicp.html Procuraduría General de la República (PGR). Dependencia encargada de la procuración de justicia. www.pgr.gob.mx Proyecto Anticorrupción y Rendición de Cuentas de las Américas. El propósito de este proyecto regional es formar conciencia en los ciudadanos sobre los efectos perversos de la corrupción y fomentar la transparencia gubernamental y la respondabilidad en América Latina y el Caribe. www.respondanet.com Secretaría de la Función Pública Es la Secretaría encargada de abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de las instituciones y los servidores públicos de la Administración Pública Federal. www.funcionpublica.gob.mx Secretaría de Economía. Esta dependencia promueve la competitividad y el crecimiento económico de las empresas. www.economia.gob.mx Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí podrá consultar disposiciones Legales aplicables a los intermediarios financieros: grupos financieros, bancos, entidades financieras del exterior, organizaciones y actividades auxiliares del crédito y sistema de ahorro para el retiro. www.shcp.gob.mx Secretaría de Relaciones Exteriores. La inserción de México en el mundo y la manera en que el gobierno interactúa con el sistema internacional están regidas por una visión de largo plazo. La SRE guía la política exterior del actual gobierno y las actividades de la Cancillería durante los próximos cinco años. www.sre.gob.mx
40. 40 Sistema de Trámites Electrónicos Gubernamentales (Tramitanet). Portal en Internet diseñado por Secodam, en coordinación con todas las dependencias y entidades de la APF, que permitirá a los ciudadanos consultar requisitos, realizar y gestionar diversos trámites oficiales vía electrónica, así como solicitar distintos servicios públicos. www.tramitanet.gob.mx Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. ONG dedicada a combatir la corrupción. Página del Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional, con información de México y el mundo en el combate a la corrupción. www.transparency.org www.transparenciamexicana.org.mx