Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-865-de-octubre-25-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d6bb8881471e00dce0430a01015100dc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 10:05:33
Document Index: 100116887

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 88', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 14', 'artículo 86', 'artículo 123', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7']

﻿ Sentencia T-865 de octubre 25 de 2012
SENTENCIA T-865 DE 25 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:EL TRABAJO CARCELARIO DEBE SER REMUNERADO POR EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SIN LUGAR A EXCUSAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO. UNA VEZ LOS INTERNOS REALIZAN UNA ACTIVIDAD LABORAL Y OCUPAN CON ELLA SU TIEMPO SIRVIENDO A LOS DEMÁS, NO PUEDE EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ESCUDARSE EN NORMAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS NO RAZONABLES E INCURRIR DE ESTE MODO EN PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS O ARBITRARIAS. EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR EL TRABAJO CARCELARIO NO DEPENDE DE QUE LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA POR EL RECLUSO SEA DE AQUELLAS QUE EL INPEC CONSIDERA SUSCEPTIBLES DE RECONOCIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN LAS NORMAS QUE ASIGNAN LOS RUBROS DESTINADOS A ESOS PAGOS. POR EL CONTRARIO, SIEMPRE QUE EL RECLUSO PRESTE SU FUERZA DE TRABAJO DEBERÁ GARANTIZÁRSELE LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO AL TRABAJO POR MEDIO DE UNA REMUNERACIÓN POR LA LABOR DESEMPEÑADA, CUYA ÚNICA DIFERENCIACIÓN CONSISTE EN QUE EL PAGO SE HARÁ EN ATENCIÓN A CRITERIOS DE EQUIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, INTERNO, TRABAJO DEL INTERNO
REVISTA TUTELA N°:160 DE ABRIL DE 2013, PG.605
Sentencia T-865 de octubre 25 de 2012
Ref.: Expediente T- 3.522.177
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Manizales y en segunda instancia por la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo lugar.
El señor Jorge Álvaro Posada Zapata interpuso acción de tutela contra el director del Establecimiento Carcelario de Manizales (en adelante EPMSC de Manizales), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al trabajo. El actor sustenta sus pretensiones en los siguientes
1.1. Manifiesta el accionante que ingresó al EPMSC de Manizales el día doce (12) de abril de 2011, por traslado del EPMSC de Ibagué. Por medio de orden de trabajo Nº 507888 del veintinueve (29) de abril de 2011, emanada de la dirección del establecimiento, fue autorizado para trabajar en la biblioteca del patio 5ª a partir del primero (1º) de mayo de 2011.
1.3. Señala que en razón de lo anterior, fue trasladado para el EPMSC de Pereira, encontrándose en la actualidad cumpliendo el sustituto penal en la calle 78 Nº 32ª – 40, barrio El Libertador, de la ciudad de Pereira, Risaralda.
1.4. El día veintiocho (28) de octubre de 2011, el señor Jorge Álvaro Posada Zapata presentó derecho de petición por medio del cual solicitó al director del EPMSC de Manizales el reconocimiento de las bonificaciones a que asegura tener derecho por el trabajo desempeñado como bibliotecario del patio 5ª de dicho establecimiento. No obstante, transcurrido el término legal previsto para la respuesta al derecho de petición, el accionante no recibió respuesta alguna por parte del EPMSC de Manizales.
1.5. Frente a la negativa, el señor Jorge Álvaro Posada Zapata interpuso acción de tutela contra el director del EPMSC de Manizales, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al trabajo, los cuales considera vulnerados a partir del silencio del establecimiento carcelario.
La tutela interpuesta por el accionante persigue que se ordene al director del EPMSC de Manizales el pago de las bonificaciones por el trabajo desarrollado como bibliotecario del patio 5ª del establecimiento, en el periodo comprendido entre el primero (1) de mayo de 2011 y el ocho (8) de agosto de la misma anualidad.
Mediante escrito presentado por el director del establecimiento penitenciario y carcelario(1), Jorge Eliecer Arias Ortegón, durante el trámite de la primera instancia de la acción de la referencia, la entidad accionada manifestó que el pago de servicios y bonificaciones de los internos que laboran en actividades de administración dentro de los penales es regida por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante Inpec). Por lo tanto, es el Inpec quien genera la resolución que asigna los rubros destinados a estos pagos para cada establecimiento carcelario del país, lo cual se realiza de conformidad con lo establecido en la Circular 032 de 2006 de la referida entidad, en la cual “se establece 65 cupos para el establecimiento carcelario de Manizales y las siguientes actividades a pagar:
• Labores de recuperadores
• Labores de vigías de agua
• Labores de reparación locativas
• Labores de anunciadores
• Labores de peluquería
• Labores de lavandería
• Labores internos instructores”.
En este sentido, entre el primero (1) de mayo de 2011 y el ocho (8) de octubre del mismo año, época durante la cual el accionante se desempeñó como bibliotecario del patio 5ª del EPMSC de Manizales, se encontraba vigente la Circular 032 de 2006, de acuerdo con la cual no se autoriza la actividad —bibliotecario— para el pago de la bonificación, razón por la cual la misma no se le canceló al accionante.
En lo concerniente al derecho de petición, el a quo consideró que se superó el término señalado por la normativa para resolver de fondo el asunto requerido en el derecho de petición. Además, la justificación del accionado según la cual con la copia de la respuesta al requerimiento del trámite de primera instancia se le contestó el pedimento al accionante, confirma la violación del derecho de petición del accionante, por cuanto implica la reafirmación de la conducta omisiva.
Mediante sentencia del veintinueve (29) de febrero de 2012, la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó parcialmente la decisión de primera instancia. En este sentido, confirmó lo referido a la tutela del derecho de petición, pero revocó lo ateniente[sic] al derecho al trabajo, por cuanto, según consideraciones del a quem[sic] “si bien es cierto que las actividades desempeñadas en establecimientos penitenciarios tienen un fin resocializador, no todas deben ser remuneradas, lo que de contera traduce que, en el caso en comento, no existe contravención en la actuación desplegada por la parte accionada, por cuanto, no se acreditó que la labor de bibliotecario esté enlistada en las labores a retribuir y clasificadas como de obligatoria remuneración”.
1. Petición presentada por Jorge Álvaro Posada Zapata, el veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011), al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales. (fl. 6, cdno. 1).
2. Respuesta expedida por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales al requerimiento del juez de primera instancia, remitido como respuesta a la petición del demandante, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011). (fl. 21, cdno. 1).
3. Orden de trabajo Nº 507888, emitida por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales, por medio de la cual se autoriza al accionante para que se desempeñe como bibliotecario del patio 5º desde el primero (1º) de mayo de 2011. (fl. 9, cdno. 1).
4. Resolución 2392 de 2006, Por medio de la cual se reglamentan las actividades válidas para redención de pena en los establecimientos de reclusión del sistema nacional penitenciario y carcelario y se deroga la Resolución 7447 de 2005 (fls. 10-22, cdno. 3).
5. Circular 032 del cuatro (4) de julio de dos mil seis (2006), en la cual, “(...) con el fin de racionalizar los cupos en el área de servicios por administración directa[,] se establecen los cupos máximos por establecimiento de reclusión y actividades ocupacionales que tienen reconocimiento económico por el rubro de bonificación por trabajo y servicio de internos, como parte del tratamiento penitenciario (...). (fls. 23-31, cdno. 3).
6. Certificados de cómputo por trabajo y/o estudio Nº 15088313 y Nº 11403781 expedidos por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales. (fls. 37 y 39, cdno. 3).
7. Oficio Nº 601-EPMSCMAN-RS-690, expedido por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales, por medio del cual se realiza una relación de los días laborados y el monto de las bonificaciones por dicho concepto. (fl. 6, cdno. 3).
Corresponde a esta Sala proferir la sentencia de revisión de la tutela impetrada por el señor Jorge Álvaro Posada Zapata contra del director del Establecimiento Carcelario de Manizales, en donde el accionante solicita el reconocimiento y pago de las bonificaciones por el tiempo desempeñado como bibliotecario del patio 5º de dicho establecimiento.
3. Los derechos de los reclusos en la jurisprudencia constitucional.
En su jurisprudencia, esta corporación ha destacado que “la condición de persona privada de la libertad como consecuencia de una sanción penal, sin importar el delito cometido, no acarrea la pérdida de la dignidad humana, aun cuando determinados bienes jurídicos le sean suspendidos y otros limitados. Esto se relaciona directamente con la proporcionalidad de la pena, que a la vez se encuentra delimitada por los fines resocializadores del castigo”(2).
En múltiples ocasiones(3) la Corte Constitucional ha indicado que, si bien es cierto que los internos se encuentran en una situación especial de subordinación o sujeción(4) frente al Estado por motivo del crimen cometido y, como consecuencia de lo anterior, algunos de sus derechos se ven suspendidos y otros pueden verse restringidos(5), también es cierto que varios de sus derechos permanecen intactos durante todo el tiempo que dure la pena privativa de la libertad.
Por consiguiente, bajo el entendido que la pena privativa de la libertad implica “una drástica limitación de los derechos fundamentales”(6), es preciso entender que esa limitación, cuando sea posible, debe proceder dentro de los términos estrictamente necesarios para lograr el fin propuesto, de manera tal que cualquier limitación adicional ha de ser tenida como “un exceso y, por lo tanto, como una violación de [los derechos del recluso]. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”(7).
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el recluso se ve privado de su libertad y de una serie de derechos y posibilidades que transforman por entero su modo de vida y su entorno, es preciso decir lo siguiente: solo resultan fundadas desde el punto de vista constitucional aquellas restricciones de estos derechos de los reclusos —entre ellos su derecho al trabajo— que persigan una finalidad legítima y sean, además, necesarias para obtener el fin propuesto. Se excluyen, por tanto, las limitaciones injustificadas, innecesarias, desproporcionadas, no razonables y arbitrarias. Lo anterior, por cuanto “el propósito fundamental no puede ser el de vengar con la pena la acción cometida por el recluso”(8).
4. El trabajo carcelario y sus fines de resocialización.
El derecho al trabajo en el ordenamiento constitucional colombiano.
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política(9) el trabajo tiene una triple dimensión: es un valor fundante del Estado social de derecho; es un derecho constitucional fundamental y; es una obligación social.
El artículo 25 de la Constitución señala que el trabajo “goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado” y añade que “[t]oda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. A partir de lo anterior, le corresponde al Estado “desplegar una serie de actuaciones positivas —políticas de empleo— para generar suficientes oportunidades de trabajo”(10), pues deben los gobiernos orientar todos sus esfuerzos a garantizar el derecho al trabajo en condiciones de dignidad y de justicia.
“(i) brindar igualdad de oportunidades a todos los trabajadores; (ii) ofrecer a los trabajadores una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; (iii) garantizar estabilidad en el empleo; (iv) defender la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; (v) asegurar que se puedan ejercer en debida forma las facultades para transigir y conciliar sobre derechos ciertos y discutibles; (vi) procurar por la efectividad del principio de acuerdo con el cual en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho se aplicarán aquellas que más favorezcan al trabajador; (vii) asegurar la vigencia de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales; proporcionar garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; (viii) suministrar protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; (ix) dotar el Estado a los trabajadores de la debida garantía de pago oportuno y reajuste periódico de pensiones legales; (x) recordar que los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna; (xi) no perder de vista que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Como se ve, la Constitución exige el cumplimiento de unos principios mínimos en la configuración de la legislación acerca del derecho fundamental al trabajo y establece una serie de obligaciones en cabeza del Estado que este último no puede eludir sin desconocer el texto constitucional”(11).
Lo dispuesto en la Constitución y en la legislación colombiana armoniza con las exigencias que se derivan de los pactos sobre derechos humanos aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el gobierno, exigencias estas, que —de conformidad con lo previsto en el artículo 93 superior—, deben servir de canon para la interpretación de los derechos y deberes establecidos en la Constitución Nacional.
Son relevantes, principalmente, los siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales(12) (arts. 6º, 7º y 8º); el Protocolo de San Salvador (arts. 6º y 7º); los convenios de la Organización Internacional del Trabajo(13). Todos estos documentos internacionales refuerzan, en suma, la protección conferida en el ámbito interno al derecho a trabajo. Estas garantías y contenidos se extenderán también a los reclusos en la medida de lo posible y razonable.
La política penitenciaria y carcelaria del Estado esta encaminada al cumplimiento de una serie de propósitos dentro de los cuales la resocialización ocupa un puesto de especial relevancia, en concordancia con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(14), que en su artículo 10.3 establece: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”. Lo anterior, por cuanto el trabajo debe contribuir a potenciar las cualidades de los internos y prepararlos para su vida en libertad.
El Título VII de la Ley 65 de 1993 regula, específicamente, lo referente al trabajo carcelario y determina en el artículo 79 que “el trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización”.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 65 de 1993, la dirección general del Inpec establecerá los trabajos que deberán organizarse en cada centro de reclusión “los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena”. Los planes y programas de los trabajos por realizarse serán fijados también por el Inpec quien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80, debe procurar los medios necesarios para crear en los centros de reclusión fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios, o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal.
Por su parte, el artículo 81 ordena que en cada centro de reclusión exista una junta bajo la responsabilidad del subdirector o del funcionario que designe el director, cuya tarea consistirá en evaluar y certificar el trabajo. Prescribe, igualmente, que “[e]l director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores, que se establezcan al respecto”. Por su parte, la disposición contenida en el artículo 82 fija que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad “concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad”.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo”.
De otra parte, el artículo 86 de la Ley 65 de 1993 establece que el trabajo se remunerará de manera equitativa y se realizará en un ambiente adecuado bajo observancia de las normas de seguridad industrial. Fija, además, que “[l]os condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización”. Respecto de la protección laboral y social, el citado artículo dispone que “la protección laboral y social de los reclusos se precisará en el reglamento general e interno de cada centro de reclusión”. Ese mismo artículo prescribe que en el evento de sufrir un accidente de trabajo, los reclusos gozarán del derecho a las indemnizaciones establecidas por la ley, y añade que los
“detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, solo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad”.
El artículo 88 contiene lo referente al llamado estímulo al ahorro y, en este orden de ideas, establece que el director de cada centro de reclusión y especialmente el asistente social “procurarán estimular al interno para que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias necesidades en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad”. Lo anterior guarda directa relación con obligaciones pecuniarias que debe cumplir el condenado, entre las que se encuentran la reparación a la víctima y el pago total de la multa, es claro que “el cumplimiento de dicha obligación se dificulta si los reclusos no reciben remuneración por las actividades que desempeñen”(15).
Según el artículo 100, el trabajo, el estudio o las labores de enseñanza que se tienen como fundamento para la redención de pena no se llevarán a cabo durante los días domingos y festivos. “En casos especiales, debidamente autorizados por el director del establecimiento con la debida justificación, las horas trabajadas, estudiadas o enseñadas, durante tales días, se computarán como ordinarias. Los domingos y días festivos en que no haya habido actividad de estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la redención de la pena”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre el trabajo carcelario. En la Sentencia T-009 de 1993 precisó que “[l]as garantías laborales consagradas en la Constitución protegen también al preso, quien no pierde su carácter de sujeto activo de derechos y deberes por el hecho de encontrarse privado de la libertad. Si las normas laborales son aplicables a los reclusos con las limitaciones del régimen carcelario, con mayor razón deben serlo las disposiciones constitucionales”.
“En este sentido, del perfeccionamiento de la ‘relación de especial sujeción’ entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y ante cuya inadvertencia este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho”.
El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al trabajo forzoso, en su artículo 1º contempla la obligación para todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo de suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Define el trabajo forzoso como “... todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Sin embargo, según el numeral 2º del artículo 2º del mencionado convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio que debe ser abolido, no comprende “... cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de la autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado”.
Ahora bien, conforme señaló la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo penitenciario debe entenderse como trabajo forzoso si la fuerza de trabajo de los reclusos es cedida a particulares, salvo que medie voluntad de la persona privada de la libertad para realizarlo y se cumplan determinadas condiciones laborales. En este sentido la organización indicó que “... el trabajo penitenciario efectuado por cuenta de empresas privadas podría ser compatible con esas disposiciones del convenio en los casos en que los reclusos trabajan en condiciones comparables a una relación de trabajo libre...”. Esto requiere, necesariamente, el consentimiento voluntario del recluso, así como los elementos esenciales en toda relación laboral, entre otras, “... la aplicación de la legislación laboral, el pago de salario normal y la cobertura de seguridad social”.
Por su parte, nada se dice sobre la cuantía de la bonificación que debe recibir la población reclusa por el trabajo prestado, salvo en el caso de que brinden su fuerza de trabajo al servicio de particulares. Lo anterior, también es predicable de las normas nacionales que regulan este asunto, pues si bien contemplan la remuneración, solo indican que aquella habrá de ser equitativa.
“si las bonificaciones fueran demasiado altas, podrían causar dificultades presupuestales para que el Estado generara oportunidades de trabajo, máxime si se tiene en cuenta el estado de hacinamiento de la población reclusa en Colombia. Sin embargo, la remuneración tampoco puede conllevar a una precaria ‘salarización’ que acarree la explotación institucionalizada del recluso, pues esto sería contrario a la dignidad humana. Por lo mismo, bastaría entonces —conforme con las normas nacionales e internacionales mencionadas—, que se fijen criterios de equidad para determinar el monto de las mencionadas bonificaciones, que en todo caso, dado que el tratamiento penitenciario es un sistema progresivo, deben aumentar paulatinamente según la persona se vaya resocializando. Lo anterior, teniendo en cuenta además que en otras disposiciones del mismo código, se consagra también el estímulo al ahorro, el resarcimiento a la víctima y la ayuda económica a la familia, previsiones que en su conjunto reclamarían la percepción de ingresos mínimamente suficientes por parte del individuo privado de la libertad”(16).
“Por una parte, se encuentra la administración indirecta, modalidad que se presenta cuando un particular contrata con el Estado para que este facilite los recursos físicos, pero manteniendo bajo su cargo el control del proceso productivo y debiendo vincular mano de obra reclusa. Esta modalidad, como ya se dijo, conlleva que las condiciones laborales que rigen la situación concreta se asemejen al trabajo libre. Por ello, la remuneración pecuniaria que reciben los reclusos no puede ser inferior al salario mínimo y no depende directamente del presupuesto del Estado, sino que debe ser pactada en el mismo contrato con el particular.
La segunda, denominada administración directa, se presenta cuando es el establecimiento penitenciario el que pone a disposición de los internos los recursos necesarios para adelantar las labores y controla directamente el desarrollo del proceso productivo. En este caso, las bonificaciones sí dependen del presupuesto asignado para tal fin, y las mismas no tienen que ser equivalentes a un salario mínimo. Como quiera que ninguna de las normas analizadas determinan cómo habrá de fijarse el monto de las bonificaciones, es preciso enfatizar que solo existen dos condiciones establecidas por las disposiciones analizadas. La primera —consagrada en el artículo 86 del Código Penitenciario y Carcelario— contempla que habrá de ser equitativa, y la segunda —establecida en el artículo 14 del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo— establece que al menos una parte deberá ser pecuniaria. Así las cosas, un componente de toda remuneración del trabajo penitenciario es el económico, a lo que se suma la redención de la pena como consecuencia del tratamiento terapéutico”(17).
En el presente asunto el señor Jorge Álvaro Posada Zapata considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición y al trabajo, a partir del silencio guardado por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales a su solicitud, y la posterior negativa al reconocimiento y pago de las bonificaciones por el tiempo desempeñado como bibliotecario del patio 5º de dicho establecimiento.
Ahora bien, antes de examinar el fondo de la cuestión, esto es la presunta vulneración de los derechos de petición y al trabajo del señor Jorge Álvaro Posada Zapata, es preciso resolver la cuestión relacionada con la procedencia de la acción de tutela impetrada. En este sentido, la Sala constata que la condición de especial sujeción en la que se encuentra el accionante por estar privado de la libertad, obliga a que el juez constitucional intervenga para evitar que sus derechos fundamentales se vean conculcados. Esta situación conduce a concluir que la acción de tutela es el mecanismo efectivo e idóneo, por ser esta mucho más eficiente que el resto de acciones existentes en el ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, para el asunto de la referencia se cumplen las condiciones establecidas en la Sentencia T-1326 de 2005, relativas a la relevancia constitucional del caso, a la existencia de una posible transgresión a los derechos fundamentales, la situación de indefensión del gestor del amparo y la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial que pueda resolver la situación en un tiempo sumario y razonable. A partir de lo anterior, se concluye que la acción de tutela es procedente en el asunto objeto de estudio.
En lo referente al derecho al trabajo, de la exposición fáctica y probatoria contenida en acápites precedentes de esta decisión, se evidencia que el señor Jorge Álvaro Posada Zapata laboró como bibliotecario del patio 5º entre el primero (1º) de mayo de 2011 y el ocho (8) de agosto de la misma anualidad (fl. 9, cdno. 1). Dicha información fue corroborada por el director del establecimiento carcelario, por medio de oficio en el que da respuesta al derecho de petición del accionante en cumplimiento de la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia. En el mencionado documento se hace una relación detallada de los días laborados y monto diario de las bonificaciones, a partir de lo cual, atendiendo a los criterios de equidad, se reconoce a favor del señor Jorge Álvaro Posada Zapata un total de ciento veintiocho mil cuatrocientos pesos ($ 128.400) por concepto de la labor desempeñada entre mayo y agosto de 2011 como bibliotecario en el establecimiento carcelario (fl. 38, cdno. 3).
No obstante, en virtud del fallo de segunda instancia, la entidad accionada quedó absuelta del reconocimiento y pago de las bonificaciones solicitadas por el señor Jorge Álvaro Posada Zapata. Lo anterior, por cuanto en consideraciones del ad quem no todas las actividades desempeñadas en establecimientos penitenciarias deben ser remuneradas y, en el asunto bajo estudio, no se acreditó que la labor de bibliotecario se encontrase incluida entre las labores a retribuir conforme señala la Circular 032 de 2006 (fl. 23, cdno. 3).
“... el argumento dado por la dependencia de tratamiento y desarrollo, según el cual no cancelaba la bonificación, correspondiente porque ‘... la actividad de distribuidor de alimentos no [está] contemplada dentro de la Circular 032 de 2006...’ (fl. 9, cdno. 1,), no es de recibo para esta Sala. Lo anterior, por cuanto la circular es jerárquicamente inferior al Código Penitenciario y Carcelario, que en su artículo 86 dispone que ‘... El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera equitativa...’. Al no existir distinción alguna en esta disposición, la misma no puede ser efectuada en una norma de inferior jerarquía. Y es que la Constitución es clara en señalar que la ley es jerárquicamente superior a cualquier reglamento o circular. En efecto, el inciso segundo del artículo 123, mediante una enumeración donde se observa la jerarquía normativa, indica que ‘[los] servidores públicos (...) ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley el reglamento (...)’. Así las cosas, la única diferenciación que permite el mencionado artículo del Código Penitenciario y Carcelario es un pago equitativo, que toma relevancia al momento de distinguir entre el trabajo bajo la modalidad de administración indirecta y directa...”.
Por último, en lo referente al derecho de petición, vale la pena precisar que con base en el acervo probatorio allegado a la corporación, se evidencia que en el trámite de la tutela, a partir de la remisión de la copia de la respuesta al requerimiento realizado por el juez de primera instancia, se entiende hubo respuesta de fondo sobre la solicitud elevada. Si bien dicha respuesta fue extemporánea e impersonal, absolvió de fondo lo requerido, por lo tanto, cualquier orden relativa a la remisión de respuesta directa y personal al accionante resulta inocua, en tanto la posición del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales frente a la solicitud del accionante es evidente. Sin embargo, una cosa es que actualmente exista una posición cierta y concreta frente a la pretensión del accionante y otra distinta que dicha decisión haya sido notificada al accionante en debida forma. Por consiguiente, esta Sala advierte al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Manizales evitar incurrir en próximas ocasiones en esta clase de conductas en detriminento[sic] de los derechos de los reclusos que elevan peticiones respetuosas, las cuales deberán ser resueltas de forma directa y personal, dentro del término legal establecido para ello.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al trabajo del señor Jorge Álvaro Posada Zapata y, en consecuencia, se ordenará a la Dirección del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Manizales que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, se cumplan los trámites pertinentes para efectuar el reconocimiento de las bonificaciones que corresponden al accionante con motivo de la actividad desempeñada por él como bibliotecario entre el primero (1º) de mayo de dos mil once (2011) y el ocho (8) de agosto de la misma anualidad, los cuales, en todo caso, deberán reconocer horas laboradas por el gestor del amparo con un valor mínimo igual al recibido por los demás reclusos de ese establecimiento que hayan desempeñado actividades bajo la modalidad de administración directa.
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales del veintinueve (29) de febrero de 2012 y en su lugar AMPARAR el derecho fundamental al trabajo de Jorge Álvaro Posada Zapata contra el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Manizales.
2. ORDENAR a la Dirección de la Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Manizales, que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, se cumplan los trámites pertinentes para efectuar el reconocimiento de las bonificaciones que corresponden al señor Jorge Álvaro Posada Zapata con motivo de la actividad desempeñada por él como bibliotecario entre el primero (1º) de mayo de dos mil once (2011) y el ocho (8) de agosto de la misma anualidad, los cuales, en todo caso, deberán reconocer horas laboradas por el gestor del amparo con un valor mínimo igual al recibido por los demás reclusos de ese establecimiento que hayan desempeñado actividades bajo la modalidad de administración directa.
Magistrados: Alexei Julio Estrada—Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa—.
(1) (fl. 21, cdno. 1).
(2) Sentencia T-429 de 2010.
(3) Ver entre otras, Sentencia T- 222 de 1993, T- 065 de 1995, T-705 de 1996, T-1190 de 2003, T-1326 de 2005 y T- 429 de 2010.
(4) La Sentencia T-065 de 1995 estableció que la subordinación se entiende como el deber de los reclusos de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Sobre la sujeción a un régimen jurídico especial se pronunció también la Sentencia T-705 de 1996.
(5) Las sentencias T- 222 de 1993, T- 065 de 1995 y T- 705 de 1996 se pronuncian al respecto de las tres modalidades de acuerdo con las cuales opera la restricción de los derechos fundamentales de los internos.
(6) Sentencia T-596 de 1992.
(8) Sentencia T-1326 de 2005
(9) Preámbulo y artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Carta Fundamental
(10) Sentencia T-1326 de 2005
(12) En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales se lee lo siguiente:
“Los Estados partes en el presente pacto, considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que, con arreglo a la declaración universal de derechos humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto”.
(13) En el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales se reconoce, entre otras cosas, que no es posible realizar el ideal del ser humano libre, “liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Los Estados deben ser conscientes de esta obligación y facilitar los medios para que los humanos, sin distinción, puedan acercarse cada día más a ese ideal. Justamente en esa dirección, el derecho al trabajo juega un importante papel. El artículo 6º del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales contiene el reconocimiento que hacen los Estados miembros respecto del derecho a trabajar. El artículo define la actividad de trabajar como aquella que proporciona la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Exige que los Estados adopten las medidas adecuadas para garantizar este derecho. No está de menos recordar aquí algunas de las medidas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º numeral 2º, habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes para lograr la plena efectividad de este derecho: (i) “orientación y formación técnico profesional”; (ii) “preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante” y (iii) “la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”. En el artículo 7º se establecen, a su turno, una serie de exigencias que los Estados deberán tener presentes para garantizar el goce del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.//En la lectura del preámbulo del Protocolo de San Salvador se destaca, entre otras, el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre en tanto derechos que no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.
(14) Adoptado por el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 74 de 1968.
(15) Sentencia T- 429 de 2010.
(16) Sentencia T-429 de 2010.
(17) Sentencia T-429 de 2010.