Source: https://www.todolex.cl/2015/03/personas-naturales.html
Timestamp: 2019-10-21 17:20:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 74', 'artículo 43', 'artículo 82', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 95', 'artículo 1447', 'artículo 1447', 'artículo 997', 'artículo 3', 'artículo 304', 'artículo 357', 'artículo 315', 'artículo 315', 'artículo 316', 'artículo 315', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 318', 'artículo 319', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 2', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 314', 'artículo 306', 'artículo 308', 'artículo 307', 'artículo 309', 'artículo 310', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 309', 'artículo 187', 'artículo 62', 'artículo 203', 'artículo 248', 'artículo 64', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 161', 'artículo 34', 'artículo 19']

Personas Naturales | TodoLex
TodoLex lunes, marzo 09, 2015 Etiquetas: Derecho Civil Personas
Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Así lo dispone el artículo 55 del Código Civil.
A. Inicio y fin de la existencia de la persona natural.
1. Concepto de persona natural.
En conformidad al artículo 55 del Código Civil, son personas físicas o naturales "todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición" (art. 55).
"Individuo de la especie humana" es todo hijo de mujer, rechazando con ello la doctrina romana y del derecho español antiguo que no atribuía personalidad a los deformes (monstruos) porque se pensaba que eran hijos de mujeres con animales, cosa que biológicamente es un absurdo.
Con la expresión "estirpe" se hace referencia a la raíz y tronco de una familia o linaje (por linaje se entiende la ascendencia o descendencia de cualquier familia).
Finalmente, el término "condición" se refiere tanto a la calidad del nacimiento, cuanto a la posición que los hombres ocupan en la sociedad por razón de abolengos, riquezas, clase, cargos, etc.
2. Inicio de la existencia de la persona natural.
2.1. Condiciones o requisitos de la personalidad natural (Existencia Legal).
El art. 74 del Código Civil dispone: "La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás".
Por ende, la personalidad natural se inicia con el nacimiento, y para que el nacimiento constituya un principio de existencia legal se requieren tres condiciones:
La separación del niño respecto de su madre, sea que el desprendimiento del feto del claustro materno se obtenga natural o artificialmente por medios quirúrgicos, pues la ley al respecto no distingue.
La separación debe ser completa. Esto significa, en opinión de algunos, que ningún vínculo haya entre la madre y el hijo, ni siquiera el del cordón umbilical. Pero en el parecer de otros, para que haya separación completa, basta que la criatura salga toda del seno materno, sin que importe que el cordón umbilical esté cortado o no.
La criatura debe sobrevivir a la separación un momento siquiera. Hay casos dudosos sobre si la criatura vivió o no; para resolverlos se recurre a ciertas pericias médicas que, generalmente, tienden a establecer si la criatura, respiró o no, pues la respiración es un signo vital por excelencia.
Como es claro, y por lo demás lo señala de forma expresa el art. 74 antes citado, el mismo se refiere a la existencia legal y no a la existencia natural, a la que nos referiremos más adelante.
2.2. Doctrinas de la vitalidad y de la viabilidad.
Nuestro Código no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento, para conceder la personalidad. La duración de la vida le es indiferente, en cuanto al reconocimiento de la personalidad se refiere. Con ello, se recepciona la llamada doctrina de la vitalidad.
Otras legislaciones, en cambio, acogen la doctrina de la viabilidad, que exige a la criatura aptitud para continuar viviendo por un determinado lapso. En tal sentido, el art. 30 del CC español establece: "Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno". Se critica esta doctrina, por cuanto es enteramente arbitrario e injustificado designar cierto plazo. La tendencia moderna se inclina por la doctrina de la vitalidad.
La determinación de si la criatura vivió o no siquiera un instante es de gran importancia, sobre todo en materia de donaciones y herencias. Ejemplo: la donación que se hace al primer niño que nazca en Año Nuevo en la ciudad.
2.3. Existencia Natural.
No obstante que la existencia legal sólo comienza con el nacimiento, existe una realidad, cual es la de la criatura ya concebida, realidad que no ha podido ser ignorada por el Derecho.
La existencia natural comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento, momento que marca el comienzo de la existencia legal (art. 74).
La ley —y en especial la Constitución Política— toma en cuenta la existencia natural con el propósito de proteger la vida y los derechos del que está por nacer. En este sentido, en sentencia de fecha 18 de abril de 2008 el Tribunal Constitucional —mediante la cual se resolvió el denominado "caso de la píldora del día después"— que "la protección constitucional de las personas se inicia desde el momento mismo de la concepción" (considerando cuadragésimo noveno) ya que "si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre -como ha sido afirmado en estos autos-, es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto sujeto de derecho. La singularidad que posee el embrión, desde la concepción, permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde ese mismo momento, a la protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona" (considerando quincuagésimo).
a) Protección de la vida del que está por nacer.
En conformidad al art. 19 N° 1 de la Constitución, la ley protege la vida del nasciturus, o sea, del que está por nacer.
Por su parte, el artículo 75 del Código Civil dispone que el juez está en la obligación de adoptar, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las medidas que parezcan necesarias para proteger la existencia del no nacido, cuando se crea que peligra. En ese entendido, deberá postergarse todo castigo que la ley imponga a la madre, que pudiere poner en peligro la vida o la salud de la criatura que lleva en su vientre.
En razón de lo anterior, el ordenamiento jurídico prohíbe y sanciona toda maniobra destinada a impedir que nazca la criatura concebida. El Código Penal fija las penas del delito de aborto (arts. 342 a 345). Asimismo, el denominado aborto terapéutico tampoco está permitido (Código Sanitario, art. 119, texto establecido por la ley N° 18.826, de 15 de septiembre de 1989). En relación a este último, en los últimos años se han presentado tanto por diputados como senadores diversos proyectos de leu destinados a reincorporar el aborto terapéutico a nuestro ordenamiento jurídico.
En este punto, resulta interesante considerar el criterio sentado por el Tribunal Constitucional en el ya mencionado fallo del año 2008. En él, se hizo referencia al principio "pro homine" o "favor libertatis" (conforme al cual siempre debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana) en el siguiente sentido: "la existencia de una norma reglamentaria que contiene disposiciones que pueden llevar a afectar la protección del derecho a la vida de la persona que está por nacer y que la Constitución buscó cautelar especialmente, la vulnera porque la sola duda razonable, reflejada en las posiciones encontradas de los expertos del mundo de la ciencia, de que la aplicación de esas normas reglamentarias pueda llegar a afectar el derecho a la vida del nasciturus, obliga al juez constitucional a aplicar el principio "favor persona" o "pro homine" en forma consecuente con el deber impuesto al Estado por la Carta Fundamental de estar al "servicio de la persona humana" y de limitar el ejercicio de la soberanía en función del respeto irrestricto del derecho más esencial derivado de la propia naturaleza humana de la que el nasciturus participa en plenitud" (considerando sexagésimo noveno).
Por otra parte, el artículo 2, inciso 3, de la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, dispone que la madre podrá solicitar alimentos para el hijo que está por nacer.
b) Protección de los derechos del que está por nacer.
El art. 77 dispone que "Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2°, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido.
Por ende, para determinar la suerte final de estos derechos, se debe distinguir:
Si se verifica el nacimiento: entra el recién nacido en el goce de los derechos, como si hubiere existido al tiempo en que se defirieron (en que fueron concedidos). En el mismo sentido, el art. 962°. A su vez, los arts. 485 y siguientes establecen normas relativas a los derechos eventuales del que está por nacer, cuando se nombra un curador, a falta de padre o madre.
Se discute en la doctrina acerca de la naturaleza jurídica de los derechos concedidos a la criatura que está por nacer. ALESSANDRI y CLARO SOLAR estiman que se trata de derechos sujetos a condición suspensiva. La condición consistirá en que la criatura nazca con vida. Galecio habla de derechos eventuales, mientras que SOMARRIVA se refiere a un derecho especial. Finalmente, hay quienes sostienen que se trata de la vinculación de un bien a un titular futuro, sin que quepa considerar a la criatura como sujeto de derechos subjetivos, encontrándose éstos, mientras la criatura no nace, sin pertenecer o sin estar vinculados a nadie (LYON).
2.4. Época de la concepción.
Determinar la época de la concepción es de trascendental importancia, atendido que es necesario estar concebido para que los derechos eventuales del que está por nacer permanezcan en suspenso hasta el nacimiento.
Atendido que la concepción no es un hecho ostensible que pueda probarse de una manera categórica, la ley ha preferido establecer una presunción de derecho que determina, a partir de un hecho conocido, como lo es el nacimiento, la época de la concepción.
El art. 76 establece que "De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente: se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento" (art. 76).
El plazo se cuenta hacia atrás, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento (o sea, desde las 0 horas del día respectivo). Normalmente, el nacimiento se produce entre los 270 y 285 días posteriores a la concepción, y por ello la ley pone como plazo máximo 300 días. También presume la ley el tiempo mínimo de gestación en 180 días. Se ha criticado sin embargo la presunción citada, porque la experiencia médica demuestra que hay casos de gestación de más de 300 y de menos de 180 días.
3. Fin de la existencia de la personalidad natural.
Tal como el nacimiento determina el comienzo de la existencia legal de una persona, la muerte implica el fin de la existencia de la misma, la cual puede ser natural o presunta.
El fin de la persona natural, su muerte, produce importantes consecuencias jurídicas: transmisión de los bienes del fallecido a sus herederos; disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges; extinción de los derechos intransmisibles, como el de pedir alimentos, los derechos de usufructo, uso o habitación; término de ciertos contratos por la muerte de uno de los contratantes (sociedad, mandato, comodato); extinción de la oferta de celebrar contrato por la muerte del proponente; extinción de algunas acciones civiles, como la de nulidad de matrimonio, acción de divorcio; etc.
3.2. Muerte Natural o Real.
El art. 78 del Código Civil dispone: "La persona termina en la muerte natural".
La muerte es la terminación de las funciones vitales del individuo. En este sentido, un fallo del Tribunal Constitucional de fecha 13 de agosto de 1995 resolvió lo siguiente: "Que examinados los informes científicos antes señalados y los indicados en lo expositivo se llega a la conclusión de que la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas constituye la muerte real, definitiva, unívoca e inequívoca del ser humano."
Hoy día se habla también de "muerte clínica". Se entiende por tal un estado en que se conservan algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual.
El concepto de muerte clínica o cerebral ha sido aceptado por la Ley N° 18.173, de 15 de noviembre de 1982, que autoriza el transplante de órganos de cadáveres con fines terapéuticos. En tal caso, el certificado de defunción se otorgará "cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará mediante la certeza diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos evidencias electroencefalográficas".
Prueba de la muerte real.
Dado que la muerte es un hecho jurídico de la naturaleza de gran trascendencia jurídica, la ley ha tomado diversas medidas tendientes a acreditar, en todo momento, la efectividad de la muerte. Tales normas se encuentran en el Código sanitario, en el Reglamento del Registro Civil y en el Código Civil. Entre estas medidas, certificación del médico que asistió al difunto, inscripción del deceso en el Libro de Defunciones del Registro Civil, prohibición de sepultar el cadáver sin previa autorización del oficial del Registro Civil de la comuna en que haya ocurrido la defunción, etc.
Los Comurientes.
El determinar con precisión el momento en que una persona muere, puede tener gran importancia jurídica sobre todo en materia sucesoria.
Al respecto nuestro Código Civil, siguiendo la pauta del Derecho Romano, establece que "si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todo caso como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras" (art. 79).
La presunción de los comurientes es legal y puede, por lo tanto, destruirse probando por cualquiera de los medios que admite la ley, que cierta persona falleció antes o después que la otra u otras.
3.3. Muerte Presunta.
Además de la muerte natural, y atendido que en ciertos casos no es posible comprobar la verdadera muerte, pues no se puede encontrar el cadáver, la ley establece una presunción legal del fallecimiento que se declara judicialmente y que facilita u otorga a los interesados un medio para probar la muerte de una persona que ha desparecido. El Código la trata bajo el título "De la presunción de muerte por desaparecimiento", en los arts. 80 al 94.
se define a la muerte presunta como aquella que se declara judicialmente respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no, habiendo transcurrido un plazo más o menos extenso desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, concurriendo las demás formalidades legales.
El objeto de la muerte presunta es resguardar diversos intereses.
La ley considera:
El interés de la persona que ha desaparecido;
El interés de los terceros, principalmente de aquellos que tengan derechos eventuales en la sucesión del desaparecido; y
El interés general de la sociedad de que no haya bienes y derechos abandonados, lo que atenta contra el principio de la libre circulación de la riqueza.
El principal objeto de la declaración de muerte presunta es definir la suerte de los bienes que constituían el patrimonio dejado por el desaparecido o de aquellos bienes que pudieran corresponderle en las sucesiones abiertas durante su ausencia.
a) Se trata de una presunción.
Es una presunción en virtud de la cual, de un hecho conocido, a saber, la ausencia prolongada y sin noticias, se concluye uno desconocido, esto es, el fallecimiento.
La presunción es de carácter simplemente legal, por cuanto admite prueba en contrario, sea por el reaparecimiento del individuo (art. 93) o bien por la prueba tangible de que el fallecimiento sucedió en otra fecha distinta.
Cabe eso si recordar que la presunción, para existir, requiere de una sentencia judicial que la declare.
b) Se debe ignorar el paradero.
Es indispensable para el desenvolvimiento de esta institución que se ignore absolutamente el paradero del desaparecido y que se compruebe que se ha hecho lo posible para averiguarlo (art. 81 N° 1).
c) Debe transcurrir un plazo.
El plazo puede ser más o menos extenso desde la fecha de las últimas noticias, y variará dependiendo del caso:
c.1. Casos Ordinarios
Esta primera hipótesis denominada por la doctrina "supuesto ordinario" está contemplada en los números 1 y del art. 81, que preceptúan: "1° La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han transcurrido a lo menos cinco años'", "Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces cinco años y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido".
En esta hipótesis el plazo es de cinco años, contados desde la fecha de las últimas noticias que se tienen de la persona (N° 1) o de la fecha de le herida sufrida en la guerra o del peligro que acaeció (N° 7).
c.2. Caso Extraordinario Genérico.
Esta segunda hipótesis está contemplada en el N° 9 del art. 81, que dispone: "Después de seis meses de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones [...] El juez fijará, como día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes".
En esta hipótesis el plazo es de seis meses, contado desde el día en que ocurrió el sismo o catástrofe. Tal plazo fue establecido en virtud de las modificaciones dispuestas por la Ley N° 20.577 de 8 de febrero de 2012, pues previo a ello el plazo era de un año.
c.3. Caso Extraordinario Específico.
Esta tercera hipótesis está contemplada en el N° 8 del art. 81, que dispone: "Se reputará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los tres meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día presuntivo de la muerte en conformidad al número que precede, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos. si se encontrare la nave o aeronave náufraga o perdida, o sus restos, se aplicarán las mismas normas del inciso anterior, siempre que no pudieren ubicarse los cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes, o identificarse los restos de los que fueren hallados. si durante la navegación o aeronavegación cayere al mar o a tierra un tripulante o viajero y desapareciere sin encontrarse sus restos, el juez procederá en la forma señalada en los incisos anteriores; pero deberá haber constancia en autos de que en el sumario instruido por las autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas".
En este caso, el plazo es de tres meses contados desde el día de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia de la nave o aeronave. Tal plazo fue establecido en virtud de las modificaciones dispuestas por la Ley N° 20.577 de 8 de febrero de 2012, pues previo a ello el plazo era de seis meses.
d) Deben cumplirse las formalidades legales.
Para que el juez pueda dictar la sentencia que declara presuntivamente muerta a una persona, es menester que se cumplan previamente las siguientes formalidades procesales:
d.1. Rendición de pruebas (art. 81 N° 1).
En primer término es menester que los interesados justifiquen el paradero del desaparecido y que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, para lo cual cabe la información sumaria de testigos.
d.2. Citación del desaparecido (art. 81 N° 2).
Entre las pruebas destinadas a justificar el desaparecimiento es de rigor la citación del ausente que debe repetirse hasta por tres veces en el periódico oficial, corriendo más de dos meses entre cada dos citaciones.
Sin embargo, en el llamado "caso extraordinario específico" (pérdida o naufragio de una nave o aeronave) no es necesario el cumplimiento de este requisito.
Por su parte, en el "caso extraordinario genérico" (sismo o catástrofe) la citación del desaparecido se efectúa de diversa manera. Al efecto, el inciso segundo del N° 9 del art. 81 dispone: "En este caso, la citación de los desaparecidos se hará mediante un aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en las fechas indicadas, y por dos veces en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere, corriendo no menos de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos".
d.3. Intervención del Defensor de Ausentes (art. 81 N° 4).
Para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores debe ser oído el Defensor de Ausentes. A petición de éste o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, puede exigir el juez además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan.
d.4. Inserción de Sentencias en el Diario Oficial (art. 81 N° 5).
Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se insertarán en el periódico oficial.
d.5. Transcurso de un plazo mínimo desde la citación (art. 81 N° 3).
La declaración puede ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses al menos desde la última citación.
Este requisito no rige en el caso extraordinario específico.
d.6. Inscripción de la Sentencia en el Registro Civil (art. 5 N° 5 de la Ley sobre Registro Civil).
Finalmente, toda sentencia en que se declare presuntivamente muerto a alguien, es menester que se inscriba en el libro de Defunciones que lleve el Registro Civil.
De este día pueden depender los derechos de diversas personas, por ejemplo, los herederos. La ley, para evitar arbitrariedades, ha señalado distintas reglas, según el caso concreto de que se trata.
Caso ordinario común del art. 81 N° 1. Se ha de fijar como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias (art. 81 N° 6°).
Caso ordinario común del art. 81 N° 7 (herida grave u otro peligro semejante). Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro o, no siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso.
Caso extraordinario específico (pérdida de nave o aeronave). El juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la pérdida de la nave o aeronave, y no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que se pudo ocurrir el suceso. Igual cosa sucederá cuando durante una navegación o aeronavegación cayera al mar o tierra un tripulante o viajero sin encontrarse sus restos (art. 81 N° 8).
Caso extraordinario genérico (sismo o catástrofe). Cuando el desaparecimiento ha coincidido con un sismo, catástrofe o fenómeno natural, será la fecha de tal evento la que el juez fijará como día presuntivo de la muerte (art. 81 N° 9).
Juez competente. El del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile.
Legitimación activa. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses al menos desde la última citación. El interés debe ser patrimonial y estar subordinado a la muerte del desaparecido. Los primeros interesados son los herederos, y le siguen los nudos propietarios, fideicomisarios, legatarios, y en general todos aquellos que tuvieren derechos subordinados a la muerte del causante.
Quien se puede oponer. En general puede oponerse todo aquel que tenga interés en ello y especialmente el defensor de ausentes. La oposición de terceros puede referirse a que el peticionario carece de interés para solicitar la declaración; a que el desaparecido se encuentra vivo; o a que las últimas noticias se produjeron en otra fecha.
En la muerte presunta se distinguen en general tres períodos: el de mera ausencia; el de posesión provisoria de los bienes del desaparecido; el de posesión definitiva de dichos bienes. Cabe hacer presente que el período de posesión provisoria no está siempre presente.
a) Período de mera ausencia.
a.1. Extensión.
El período de mera ausencia, al término del cual se declara la muerte presunta, comienza con la fecha de las últimas noticias del desaparecido y dura hasta el día en que se decreta la posesión provisoria o definitiva de sus bienes, que por regla general es de 5 años, y excepcionalmente puede ser de 1 año (en caso de sismo o catástrofe) o 6 meses (en caso de pérdida de una nave o aeronave).
a.2. Finalidad esencial.
En este primer período, predominando las posibilidades de vida y de regreso del desaparecido, las medidas adoptadas tienden exclusivamente a preservar sus derechos y su patrimonio, garantizándole su integridad. Entre los derechos de los presuntos herederos y el interés del ausente, prevalece el último.
a.3. Personas que administran los bienes del desaparecido.
Según el art. 83, durante el período de mera ausencia deben cuidar los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. Si el ausente no hubiere dejado representante legal o mandatario general, o el mandato hubiere terminado, procede el nombramiento de curador de bienes, de acuerdo a los arts. 473 a 491.
a.4. Término del período de mera ausencia.
Este período expira: (i) Por el decreto de posesión provisoria; (ii) Por el decreto de posesión definitiva, cuando el anterior no tiene cabida; (iii) Cuando el ausente reaparece; y (iv) Cuando existe certeza acerca de la fecha de la muerte real del desaparecido.
En los dos últimos casos, no sólo termina el período de mera ausencia, sino todo el proceso de la muerte presunta, pues se desvirtúa la presunción en que se basaba. si el ausente reaparece, recobra la administración de sus bienes; y si se logra probar la fecha exacta de la muerte real, corresponde aplicar las reglas de ésta y no las reglas de la muerte presunta.
b) Período de posesión provisoria.
b.1. Extensión.
b.2. Finalidad esencial.
En este período, no prevaleciendo la posibilidad del regreso del ausente y contrapesándose ésta con la probabilidad de la muerte, la ley busca conciliar los derechos del desaparecido con los de aquellos a quienes pasarían los bienes del ausente, si hubiera realmente fallecido.
b.3. Fecha en que se dicta el decreto de posesión provisoria.
Transcurridos 5 años desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido, el juez concederá la posesión provisoria de sus bienes (art. 81 N° 6).
b.4. Quienes pueden solicitar el decreto de posesión provisoria.
Sólo pueden hacerlo los herederos presuntivos del desaparecido, entendiéndose por tales los testamentarios o legítimos (legitimarios) que lo eran a la fecha de la muerte presunta (artículos 84 y 85).
Herederos testamentarios son los instituidos en el testamento otorgado por el desaparecido; herederos legítimos o abintestato, los establecidos por la ley.
Si no se presentan herederos, el juez, a instancia de cualquier interesado o de oficio, declarará yacente la herencia y le nombrará curador (art. 1240).
La ley sólo concede la posesión provisoria de los bienes a los herederos, no a los legatarios. Estos, al igual que los nudos propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el desaparecido y, en general, todos aquellos que tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido, no podrán hacerlos valer sino después de decretada la posesión definitiva (art. 91).
b.5. Patrimonio cuya posesión provisoria se confiere a los herederos presuntivos.
Comprenderá la totalidad de los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la muerte presunta (art. 85, 2°). En cuanto a la naturaleza del derecho de los herederos presuntivos, algunos estiman que estaríamos ante un caso de usufructo legal. Con todo, otros han señalado que los poseedores provisorios no tendrían un usufructo, sino la propiedad sujeta a condición resolutoria (que consistiría en que el desaparecido reaparezca o se establezca su muerte efectiva).
b.6. Efectos del decreto de posesión provisoria:
Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, si los hubiere con el desaparecido (arts. 84, 1764 N° 2 y 1792-27 N° 2). El régimen patrimonial del matrimonio debe entenderse disuelto el día fijado por el juez como presuntivo de muerte.
Se procede a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno (art. 84, 1°).
Opera la emancipación legal de los hijos que se hallaban bajo patria potestad del padre o de la madre desaparecidos, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad al otro de los padres. Si fuere éste el desaparecido y ejercía la patria potestad, se produce la emancipación de los hijos (art. 270 número 2).
Se da la posesión provisoria de los bienes del desaparecido a los herederos presuntivos; no habiéndolos, se procede a declarar yacente la herencia.
Marca el inicio del cómputo del plazo de 180 días o de un año, para que los herederos y demás personas actualmente interesadas, provoquen el juicio de impugnación de paternidad de un hijo atribuido al desaparecido (artículos 212 y 213).
b.7. Obligaciones de los poseedores provisorios.
Recaen sobre los herederos presuntivos ciertas obligaciones encaminadas a garantizar los intereses del desaparecido. Son tales:
Formar inventario solemne o revisar o rectificar con igual solemnidad el que exista (art. 86). Inventario solemne es aquél que se hace, previo decreto judicial, por el funcionario competente y con los requisitos que las leyes expresan (art. 858 del CPC).
Constituir caución de conservación y restitución de los bienes del desaparecido (art. 89). El art. 46 define lo que se entiende por caución. Sólo otorgando la garantía, los poseedores provisorios se harán dueños de los frutos que produzcan los bienes del desaparecido (cabe indicar que los intereses a los que alude el art. 89 junto con los frutos, no son sino frutos civiles).
b.8. Venta o hipoteca de los bienes del desaparecido por los poseedores provisorios (art. 88).
Debemos distinguir según se trate de bienes muebles e inmuebles.
Bienes muebles: pueden ser vendidos siempre que: (i) El juez lo creyere conveniente; (ii) Sea oído el defensor de ausentes; y (iii) La venta se efectúe en pública subasta.
Bienes inmuebles: pueden venderse o hipotecarse, pero en este caso el legislador toma mayores precauciones, exigiendo: (i) Que la venta o hipoteca obedezcan a causa necesaria o utilidad evidente. Hay causa necesaria, por ejemplo, en el caso de una parcela que no produjese ni siquiera lo necesario para solventar los gastos de administración y el pago de las contribuciones; existiría utilidad evidente, por ejemplo, si se vendiese un inmueble paga pagar una deuda del desaparecido, por cuyo motivo los acreedores hubieren obtenido el embargo de dicho inmueble Como se observa, la ley sólo permite la venta. Por ende, los herederos presuntivos no podrán, por ejemplo, donar los bienes del ausente; (ii) Que la causa necesaria o la utilidad evidente sean calificadas o declaradas por el juez, con conocimiento de causa. Es decir, que debe resolver atendiendo a las pruebas que se le han hecho valer; (iii) Que sea oído el defensor de ausentes; (iv) Que la venta se efectúe en pública subasta.
Si se omite cualquiera de los requisitos indicados al venderse y enajenarse un bien mueble o inmueble del desaparecido, tal venta y enajenación (o hipoteca, en su caso) adolecerá de nulidad relativa. En efecto, estando establecida en favor del ausente, para el caso de reaparecer sólo él puede alegarla. La acción de nulidad prescribirá en 4 años, contados desde el reaparecimiento del desaparecido.
b.9. Término del período de posesión provisoria (art. 90).
Puede terminar:
Si se tuvieran noticias que motivaren la distribución de los bienes del desaparecido, según las reglas generales (esto alude a la muerte real del desaparecido, debiendo aplicarse por ende las normas de la sucesión por causa de muerte).
Obvio es que en estos dos últimos casos no sólo termina el período de posesión provisoria, sino todo el proceso de la muerte presunta.
b.10. Casos en los cuales no habrá período de posesión provisoria.
El período de la posesión provisoria de los bienes del desaparecido no existirá en los siguientes casos:
Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sucedió otro peligro semejante (art. 81 N° 7).
En caso de pérdida de una nave o aeronave (art. 81 N° 8).
En caso de sismo o catástrofe (art. 81 N° 9).
Si cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se pruebe que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido (art. 82 primera parte).
En estas situaciones se concede de inmediato la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.
c) Período de posesión definitiva.
c.1. Inicio.
Se inicia con el decreto del juez que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Dicho decreto se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda al último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Si el decreto no se inscribe, será inoponible a terceros (art. 52 N° 4 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces).
c. 2. Finalidad esencial.
c. 3. Casos en que tiene lugar.
La regla general es que este período tiene lugar transcurridos 10 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de esos 10 años, la edad del desaparecido, si viviese (art. 82, segunda parte). En este caso, antecederán al decreto de posesión definitiva el período de mera ausencia (5 años a lo menos) y el de posesión provisoria (otros 5 años).
Cuando cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 o más desde que nació el desaparecido (art. 82, primera parte). En este caso, no hay período de posesión provisoria.
Inmediatamente después de transcurridos 5 años desde la fecha de la batalla o peligro en que se encontró la persona desaparecida sin haberse sabido más de su existencia (art. 81 N° 7). En este caso, tampoco hay período de posesión provisoria.
Después de 3 meses contados desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieren de la nave o aeronave reputada perdida y en la cual se encontraba la persona desaparecida (art. 81 N° 8). También se pasa directamente al período de posesión definitiva. Tal plazo fue establecido en virtud de las modificaciones dispuestas por la Ley N° 20.577 de 8 de febrero de 2012, pues previo a ello el plazo era de seis meses.
Después de seis meses de ocurrido un sismo o catástrofe (art. 81 N° 9). También se omite el período de posesión provisoria.
c. 4 Personas que pueden pedir el decreto de posesión definitiva.
Los poseedores provisorios y todos los indicados en el art. 91, es decir, en general, los que tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido.
c.5. Efectos del decreto de posesión definitiva.
(1) De conformidad con el art. 42 número 2 de la Ley de Matrimonio Civil, se disuelve también el matrimonio a consecuencia de la declaración de muerte presunta.
No basta sin embargo con la sola declaración de muerte presunta para que opere la disolución del matrimonio; se requiere, además, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Matrimonio Civil:
Que hayan transcurrido cinco años desde las últimas noticias y setenta años desde el nacimiento del desaparecido (en relación con el artículo 82 del Código Civil, que establece que en este caso, se concederá directamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido);
Que hayan transcurrido cinco años desde que una persona recibió una herida grave en la guerra, o le sobrevino otro peligro semejante, y no se ha sabido más de ella (en relación al artículo 81 número 7 del Código Civil, caso en el cual también se concederá de inmediato la posesión definitiva de los bienes del desaparecido);
Que hayan transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte, cualquiera que fuese la edad del desaparecido si viviere (ahora, la disposición concuerda con la del artículo 82 del Código Civil, que dispone que también se concederá la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, una vez transcurridos diez años desde la fecha de las últimas noticias);
Que haya transcurrido un año, desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de la pérdida de una nave o aeronave que no apareciere dentro de tres meses (artículo 81 número 8 del Código Civil);
Que haya transcurrido un año, desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de un sismo o catástrofe (artículo 81 número 9 del Código Civil).
Del tenor de los artículos 42 y 43 de la Ley de Matrimonio Civil, se deduce que la disolución del matrimonio opera ipso iure, cuando, declarada la muerte presunta, transcurren los plazos de uno, cinco y diez años, sin que sea necesario que se dicte el decreto de posesión definitiva o que se dicte otra resolución judicial que declare la disolución del matrimonio. El servicio de Registro Civil e Identificación, por ende, a solicitud del interesado, deberá practicar la pertinente subinscripción, dejando constancia que terminó el matrimonio, si al presentar la solicitud, se prueba que han transcurrido los plazos legales.
(2) Ejercicio de los derechos subordinados a la muerte del desaparecido (art. 91).
(3) Apertura de la sucesión del desaparecido, conforme a las reglas generales, si no antecedió posesión provisoria (art. 90, 3°).
(4) Cancelación o alzamiento de las cauciones y cesación de las restricciones para vender e hipotecar (art. 90, incisos 1 y 2).
(5) Partición de bienes, de conformidad a las reglas generales.
(6) Finalmente, se producirán todos los demás efectos de la posesión provisoria, en el caso en que ésta no hubiera operado.
Rescisión del decreto de posesión definitiva.
Atendido que la declaración de muerte por desaparecimiento es en muchos aspecto una presunción legal que por tanto admite prueba en contrario, la ley admite precisamente que se pruebe que no son efectivos los hechos presumidos, con lo cual se dejan sin efecto todas las resoluciones judiciales que se dictaron al efecto, y especialmente el decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido.
Cierta parte de la doctrina señala que el Código erradamente emplea el término "rescisión", es decir, a la nulidad relativa, lo que supondría un vicio de tal naturaleza que permitiría la anulación del decreto; pero no hay tal nulidad, sino causales de revocación del decreto.
si bien es efectivo que con esta rescisión no hay nulidad absoluta, como en muchos otros casos el Código no emplea tal palabra como sinónimo de la referida sanción, sino que para significar que en tal caso se produce una ineficacia.
b) Causales.
La ley permite pedir la rescisión del decreto de posesión definitiva en tres casos:
Si se tuvieren noticias exactas de la muerte real del desaparecido; y
Si el presunto muerto reaparece.
c) Personas a favor de las cuales puede rescindirse el decreto (art. 93):
Los legitimarios habidos durante el desaparecimiento (el art. 1182 señala quienes son legitimarios del causante; el art. 93 se refiere obviamente a los descendientes);
d) Plazo para pedir la rescisión del decreto (art. 94).
(1) El desaparecido puede pedirla en cualquier tiempo;
(2) Los demás interesados no pueden pedirla sino dentro de los respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte (se refiere la ley a la prescripción de la acción de petición de herencia -arts. 2512, 704 y 1269-, lo que equivale a decir que adquirido el derecho real de herencia por prescripción, podrá enervarse la acción de "rescisión" del decreto de posesión definitiva).
e) Efectos de la rescisión.
sólo aprovechan a las personas que obtuvieron la dictación del decreto de revocación.
se recobran los bienes del desaparecido, en el estado en que se encuentren, y todos los actos de disposición (incluyendo las hipotecas y demás derechos reales) realizados en el tiempo intermedio, valen (art. 94, regla cuarta).
Dado que los poseedores definitivos gozan de los bienes como dueños, no responden ni de la culpa lata. Por ello, pueden devolver los bienes sensiblemente deteriorados, sin responsabilidad, a menos que se les pruebe dolo (art. 94, regla quinta). Así, los poseedores definitivos no están obligados a devolver el precio que hubieren percibido por la venta de los bienes del desaparecido.
Para toda restitución, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe, a menos de prueba en contrario (art. 94, regla quinta). A consecuencia de esta presunción legal, los herederos no responden de los deterioros de los bienes y tienen derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles conforme lo disponen los arts. 904 y siguientes, sobre las Prestaciones Mutuas (las mejoras son necesarias cuando deben hacerse para la conservación de la cosa; son útiles aquellas que aumentan el valor comercial de la cosa).
La última regla del art. 94 establece que el haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe. En cuanto a los frutos producidos por los bienes del desaparecido, los poseedores definitivos, lo mismo que los provisorios, no están obligados a restituirlos, salvo que estén de mala fe.
La sentencia que rescinde la declaración de muerte presunta, debe subinscribirse, al margen de la partida correspondiente.
Inscripciones en el Registro Civil y en el Conservador de Bienes Raíces relacionadas con la muerte presunta.
Las sentencias ejecutoriadas que declaran la muerte presunta deben inscribirse en el libro de defunciones del Registro Civil, en la comuna correspondiente al tribunal que hizo la declaración (ley N° 4.808, art. 5°, N° 5°). Si la sentencia no se inscribe, no puede hacerse valer en juicio (ley N° 4.808, art. 8°).
El decreto que confiere la posesión definitiva de los bienes del desaparecido debe inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces (Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, art. 52, N° 4). La inscripción se hace en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la comuna del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, o sea, la comuna en que se decretó la muerte presunta. si el decreto no se inscribe, es inoponible frente a terceros.
Por último, cabe tener en cuenta que a raíz de ciertos sucesos extraordinarios se han dictado en nuestro país leyes especiales destinadas a acortar los plazos que el Código Civil establece respecto de los trámites relativos a la muerte presunta.
Es el caso de la Ley N° 20.436, publicada en el Diario Oficial de 23 de abril de 2010, la que fue dictada a fin de modificar los plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010. En lo que interesa, esta ley dispuso que transcurridos noventa días desde el 27 de febrero de 2010, cualquiera que tenga interés podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos con ocasión de la catástrofe ocurrida en esa fecha, que se encontraban en las Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y del Biobío, debiendo el juez fijar dicha fecha como día presuntivo de la muerte.
3.4. Comprobación judicial de la muerte.
La ya mencionada Ley N° 20.577 de 8 de febrero de 2012, incorporó al Código Civil nuevos artículos 95 a 97, relativos a la comprobación judicial de la muerte, regulación que busca alivianar la prueba de la muerte.
Al efecto, se dispone que toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver (art. 95).
Un extracto de la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido deberá publicarse en el Diario oficial dentro del plazo de sesenta días, contado desde que ésta estuviere firme y ejecutoriada. Dicho extracto deberá contener, al menos, los antecedentes indispensables para su identificación y la fecha de muerte que el juez haya fijado (art. 96).
La resolución a que se refiere el artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en las normas sobre la rescisión del decreto de posesión definitiva.
B. Atributos de la Personalidad.
B.1 Generalidades.
La teoría clásica llama atributos de la personalidad a ciertos elementos necesariamente vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos. Los atributos de la personalidad son calidades que corresponden a todo ser humano sólo en virtud de ser tal.
Los atributos de la personalidad, al mismo tiempo, una serie de ventajas o prerrogativas y un conjunto de deberes y obligaciones. Se trata de derechos extrapatrimoniales, sin un significado económico directo.
Estos atributos, que se refieren tanto a las personas naturales como a las jurídicas (con algunas salvedades), son principalmente:
Capacidad de goce,
Estado civil (del cual carecen las personas jurídicas),
B.2 Capacidad de goce.
1. La capacidad de goce.
Se adquiere desde el nacimiento y de ella están dotados todos los seres humanos, sin excepción. No ocurría lo mismo en la antigüedad en que había hombres que no eran personas, que no eran sujetos de derecho sino objetos de los mismos, como una cosa: los esclavos.
De este modo, el concepto de personalidad se confunde con el concepto de capacidad de goce. ser persona, en realidad, es tener capacidad de goce; todo individuo susceptible de ser sujeto de derecho, es persona. Por eso, no existen seres humanos desprovistos en absoluto de la capacidad de goce. Privar a un ser humano de la capacidad para adquirir todo derecho, sería dejar de considerarlo persona.
Dentro de nuestra legislación, sólo hay incapacidades de goce especiales, esto es, referentes a uno o más derechos determinados, pero jamás una incapacidad de goce absoluta.
En cambio, es posible que ciertos individuos estén totalmente desprovistos de capacidad de ejercicio, lo que no infringe los principios anteriores, pues ésta capacidad no constituye un atributo de la personalidad.
2. Incapacidades de goce especiales o particulares.
La ley contempla algunas incapacidades de goce, respecto de determinados derechos, denominadas incapacidades particulares, consistentes en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar o celebrar algunos actos o contratos (por ejemplo, arts. 402, 412, 961-965-1065, 1796 a 1800).
Como se dijo, nunca estas incapacidades podrán ser absolutas o generales. Son incapacidades de goce, porque impiden adquirir derechos. Alude a ellas, genéricamente, el último inciso del artículo 1447.
3. La capacidad de ejercicio.
Debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio, llamada también capacidad de obrar. Consiste en la idoneidad del sujeto para ejercitar por sí solo, con su propia voluntad, los derechos subjetivos y contraer obligaciones.
En relación a la capacidad de ejercicio debemos distinguir entre capaces e incapaces. No hay persona que no tenga capacidad de goce, pero las hay que no tienen capacidad de ejercicio.
El artículo 1447 del Código señala los casos de incapacidad y establece dos tipos de ella: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa.
Los incapaces absolutos no pueden actuar nunca personalmente en la vida jurídica; pueden actuar sólo representados. Los incapaces relativos, además de actuar representados, pueden actuar también personalmente si son debidamente autorizados.
El art. 1447 establece que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
son relativamente incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.
B.3 Nacionalidad.
El Estado tiene diversos deberes para con sus nacionales, entre ellos otorgar el amparo legal (comprendiendo el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, etc.), garantizar el desarrollo de la personalidad (asegurando al menos la educación básica y fomentando la educación media, técnica y superior y la cultura en general), conferir derechos políticos, garantizar la igual repartición de los impuestos, prestar amparo diplomático a los chilenos en el extranjero, etc.
Los particulares, por su parte, tienen deberes correlativos, entre ellos fundamentalmente el respeto a la institucionalidad y legalidad vigentes, cumplir con el servicio militar, pagar los impuestos, defender al país en caso de guerra, etc. (art. 22 de la Constitución Política).
2. Igualdad de los chilenos y extranjeros ante el derecho civil.
El art. 55 señala que las personas se dividen en chilenos y extranjeros. El art. 56 dispone que son chilenos los que la Constitución declara tales. Los demás son extranjeros.
El art. 57 consagra el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. De igual forma, el artículo 997 ratifica que no hay diferencias entre chilenos y extranjeros, en lo concerniente a las sucesiones intestadas abiertas en nuestro país.
Estas disposiciones están directamente relacionadas con los arts. 14 y 16, que consagran el principio de la territorialidad. Como contrapartida al sometimiento a la ley chilena, que imponen a los extranjeros los arts. 14 y 16, se les otorgan las franquicias de los arts. 57 y 997.
sin embargo, existen algunas excepciones a la regla de la igualdad, fundadas más bien en el domicilio que en la nacionalidad, vale decir, que afectan al extranjero transeúnte.
a) Dentro del mar territorial (definido en el art. 593), sólo pueden realizar faenas de pesca los chilenos y los extranjeros domiciliados: art. 611, en relación a la Ley número 4.601 y a la Ley número 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura. El art. 17 de la última, establece que para solicitar autorización de pesca, el solicitante, de ser persona natural, deberá ser chileno o extranjero que disponga de permanencia definitiva; si el solicitante fuere una persona jurídica, deberá estar legalmente constituida en Chile. originalmente, esta prohibición pretendía evitar el contrabando.
b) Los que carecen de domicilio en Chile, no pueden desempeñarse como albaceas (arts. 1272, 497 número 6 y 1270).
c) No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile, los extranjeros no domiciliados en el país: art. 1012 N° 10.
d) Caso de extraterritorialidad establecido en el art. 15 N° 2: la norma sólo se refiere al cónyuge y parientes chilenos.
e) Caso del art. 998: sólo se refiere a los chilenos.
f) Prohibición de adquirir el dominio de bienes raíces ubicados en ciertas provincias o regiones limítrofes, para aquellos extranjeros en cuyos países rija prohibición análoga para los chilenos.
g) Las personas naturales o jurídicas extranjeras, no pueden celebrar contratos de arrendamiento sobre predios rústicos, cuando éstos se ubican en zonas fronterizas (artículo 3° del Decreto Ley número 993, que regula el arrendamiento de predios rústicos).
h) No pueden ser testigos, para los efectos de una inscripción en los libros del Registro Civil, los extranjeros que no tienen domicilio en Chile: art. 16 de la Ley de Registro Civil.
3. Adquisición y pérdida de la nacionalidad.
3.1. Quienes son chilenos:
El art. 10 de la Constitución establece que son chilenos:
Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;
Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y
3.2. Pérdida de la nacionalidad chilena
El art. 11 de la Constitución Política señala que se pierde la nacionalidad en los siguientes casos:
Por nacionalización en país extranjero.
Por prestar servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o a sus aliados (en este caso, la nacionalidad se perderá dictando un Decreto Supremo).
Los que pierdan la nacionalidad chilena, sólo podrán ser rehabilitados por ley.
El art. 12 de la Constitución establece un recurso ante la Corte Suprema, que debe interponerse en el plazo de 30 días. La Corte Suprema conoce del recurso como jurado (es decir, en conciencia) y en pleno.
4. Nacionalidad y ciudadanía.
No debe confundirse la nacionalidad y la ciudadanía. Esta última, consagrada en los arts. 13 y 14 de la Constitución, se refiere al derecho a elegir y a ser elegido.
B.4 El Nombre.
Se entiende por tal las palabras que sirven para distinguir legalmente a una persona de las demás. Es la designación que sirve para individualizar a las personas, gráfica y verbalmente, tanto en la sociedad como en su familia de origen.
El nombre de las personas está constituido por dos elementos: (i) el pronombre, nombre propio o de pila, que individualiza a una persona dentro del grupo familiar; y (ii) el o los apellidos, o nombre patronímico o de familia, que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.
El nombre propio, individual o de pila lo determina la persona que requiere la inscripción del nacido en el Registro Civil, que por lo general es el padre o madre de éste. El apellido, llamado también nombre patronímico o de familia, ha de ser el del padre seguido del de la madre (Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, art. 31 N° 3°; Reglamento Orgánico del Servicio del Registro Civil e Identificación, D.F.L. N° 2.128, de 1930, arts. 123 y 126).
Esta no es una costumbre universal; en otras partes, especialmente en Europa y en los países sajones, el patronímico está compuesto exclusivamente por el apellido del padre. El apellido de soltera de la madre sólo se usa, a veces, para una mayor singularización, como un segundo nombre entre éste y el patronímico. De esto resulta que el apellido paterno es siempre el último del nombre total, y que la costumbre nuestra de usar ambos apellidos produce la confusión de hacer creer que el apellido materno es el paterno.
Lo anterior tiene atingencia con los efectos del matrimonio en relación con el patronímico de la mujer. En otros países la mujer al casarse pierde su patronímico y pasa a tener el apellido del marido. En Chile la mujer al casarse conserva su patronímico y suele agregar el apellido del marido, precedido de la preposición "de", es una simple costumbre desprovista de valor legal.
Pueden darse a una persona, todos los nombres propios que se quiera, y su elección, en Chile, es enteramente libre; no hay necesidad de atribuirle un nombre de santo o nombre ya en uso; es posible designar a la criatura con un nombre inventado o con cualquier otro.
sin embargo, esta libertad tiene límites. No puede imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. si el oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo señalado, se opone a la inscripción de un nombre y el que lo solicita insiste en ello, el oficial debe enviar de inmediato los antecedentes al Juez de Letras, quien resuelve en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. (Ley del Registro Civil, art. 31, incisos 2° y 3°).
2. Características del nombre civil.
a) No es comerciable.
b) No es susceptible de una cesión entre vivos ni transmisible por causa de muerte.
c) Es inembargable.
d) Es imprescriptible: no se pierde por no usarlo ni se gana por su uso.
e) Es irrenunciable.
f) Es, por regla general, permanente.
g) Es uno e indivisible: de ahí que las sentencias que se dictan en materia de nombre, produzcan efectos absolutos y no relativos.
El nombre no tiene un carácter inmutable. Definitivo en principio, puede modificarse sin embargo en el curso de la existencia de una persona. El cambio puede producirse por vía principal o consecuencial.
El cambio por vía principal o directa está constituido por el procedimiento que tiende única y exclusivamente a obtener la mutación del nombre.
El cambio por vía consecuencial o indirecta es el que se produce como consecuencia del cambio de una determinada situación jurídica. Por ejemplo, el hijo de filiación no matrimonial reconocido sólo por la madre y que después adquiere la filiación matrimonial por el matrimonio posterior de sus padres, pasando a llevar el apellido paterno y el materno, en lugar sólo del último.
3.1. El cambio de nombre por vía principal o directa.
Está reglamentado en la Ley N° 17.344, la que dispone que cualquiera persona puede solicitar, por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos o ambos a la vez, en los siguientes casos:
Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente;
Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos, diferentes de los propios; y
En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que hubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales. En este caso, se trata de que no se haga manifiesta una filiación no matrimonial o indeterminada.
3.2. Otras modificaciones.
La ley contempla otras situaciones que también habilitan para introducir cambios en el nombre civil:
Supresión de nombres propios cuando se cuenta con más de uno: en los casos en que una persona haya sido conocida durante más de 5 años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que se suprima en la inscripción de nacimiento, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, el o los nombres que no hubiere usado.
Traducción o cambio de nombres o apellidos que no sean de origen español: el interesado puede solicitar autorización para traducirlos al idioma castellano. Podrá solicitar, además, autorización para cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.
Peticiones entabladas por los menores de edad: si carecen de representante legal o si teniéndolo éste estuviere impedido por cualquier causa o se negare a autorizar al menor el cambio o supresión de los nombres o apellidos, el juez resolverá, con audiencia del menor (oyéndolo), a petición de cualquier consanguíneo de éste o del Defensor de Menores y aún de oficio.
Será juez competente para conocer de las gestiones a que se refiere la Ley N° 17.344, el del domicilio del peticionario. La solicitud deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial de los días 1 o 15 de cada mes o del día siguiente hábil si dicho Diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto, contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretenda usar en reemplazo de los propios.
Dentro del término de 30 días, contados desde la fecha de la publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la solicitud, acompañando los antecedentes para ello. El juez procederá sin forma de juicio, apreciando la prueba en conciencia.
si no hubiere oposición, el tribunal procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria de testigos. En todo caso, siempre debe oírse a la Dirección General del Registro Civil e Identificación.
No se autorizará el cambio de nombre o de apellido o la supresión de uno o más nombres propios, si del respectivo extracto de filiación que como parte de su informe remitirá la citada Dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de 10 años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.
La sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de nombres propios, ordenará extender la nueva inscripción.
Una vez modificada la partida de nacimiento, el beneficiado sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellido. El uso malicioso de los primitivos nombres o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante y no alterará la filiación; pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello.
si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir también, en el mismo acto en que solicite el cambio de su apellido, la modificación pertinente de su partida de matrimonio y de las partidas de nacimiento de sus hijos.
4. Nombre y derecho al nombre.
El nombre no es lo mismo que el derecho al nombre, pues éste último es un derecho de la personalidad que intenta proteger el interés de la persona individual en una característica que hace posible distinguir sus relaciones sociales de las de los demás.
Doctrinariamente se sostiene que el derecho al nombre confiere a su titular la facultad de usar el nombre que le corresponde y vedar su uso indebido.
En este sentido, el art. 1 de la Ley 17.344 establece que "Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento".
El titular del derecho al nombre que se ve obstaculizado en su uso, no necesita probar que tal obstáculo le causa daño para obtener que éste le sea removido.
De la misma manera, nuestra legislación autoriza al titular del nombre para vedar a los demás el uso indebido del mismo. El uso es legítimo, cuando el nombre se adquiere por medios lícitos, ya por vía principal (cambio de nombre) ya por vía consecuencial. Así lo comprueba el art. 214 del Código penal, que establece que incurre en un delito aquel que usurpa el nombre de otro. A la pena se debe sumar indemnización de perjuicios, si como consecuencia de la usurpación se ocasiona daño a la fama o intereses de la persona cuyo nombre se usurpó.
El derecho al nombre está protegido, y un uso fraudulento del mismo acarrea la imposición de penas y eventualmente responsabilidad civil.
Diversos preceptos del Código Penal (además del art. 214) se preocupan de la materia:
- Art. 193: comete delito el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.
- Art. 197: se refiere a toda persona que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades antes indicadas.
- Art. 468: se refiere al que defraudare a otro usando de nombre fingido.
5. El sobrenombre.
El sobrenombre o apodo carece de todo valor jurídico, no forma parte de la designación legal de la persona. Para identificar a ciertos delincuentes, más conocidos por sus sobrenombres en el mundo del hampa, puede tener importancia sin embargo, y por ello, el art. 321 del Código de Procedimiento Penal disponía que en la primera declaración se le preguntará al inculpado, entre otras cosas, su apodo, si lo tuviere.
6. El seudónimo.
El seudónimo es un nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada. Corrientemente el seudónimo es usado en las labores literarias.
Muchas veces el renombre de la persona en la actividad en que utiliza el seudónimo hace que éste desplace al verdadero nombre y que llegue a ser conocida exclusivamente por él (Pablo Neruda, p. ej.).
Aunque a diferencia del nombre el seudónimo no es impuesto sino voluntario, sirve también para un proceso de identificación de la persona.
El Código Civil no reglamenta ni se refiere al seudónimo. Distinto es el caso con la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Dicha ley en la letra e) de su art. 5° denomina obra seudónima "aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica..."; por su parte el art. 8° dice que "se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad"; y el N° 5 del art. 14 da al autor el derecho de exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima.
B.5 Estado Civil.
El artículo 304 define el estado civil como "la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles".
Esta definición es criticada por su vaguedad. En efecto, decir que es una calidad que habilita a un individuo para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones, podría ser también una definición de capacidad o de nacionalidad. Por otra parte, no hace ninguna referencia a las características clásicas del estado civil.
CLARO SOLAR lo define diciendo que es "la posición o calidad permanente del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a ciertas obligaciones" y para SOMARRIVA "es el lugar permanente de una persona dentro de la sociedad, que depende principalmente de sus relaciones de familia y que la habilitan para ejercitar ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles".
(i) Es un atributo de las personas naturales. Por ello no puede faltar. Las personas jurídicas no tienen estado civil.
(ii) Es uno e indivisible, lo que significa que no se puede tener simultáneamente más de un estado civil derivado de una misma fuente. No se puede ser a la vez soltero y casado, etc.
(iii) Es incomerciable. La jurisprudencia reiteradamente ha dicho que "el estado civil mismo es incomerciable; pero no lo son los derechos puramente pecuniarios que de él emanan: de éstos pueden disponer libremente las partes aún en el caso de que el estado civil al cual los intereses patrimoniales están subordinados sea materia de controversia" (T. 9, sec. 1° 493; T. 23, sec. 1° pág. 669).
(iv) Es irrenunciable. Con todo, es posible renunciar a ciertos efectos patrimoniales del estado civil.
(v) No se puede transigir sobre él (art. 2450). Con todo, es posible transigir ciertos efectos patrimoniales del estado civil.
(vi) Es imprescriptible (art. 2498).
(vii) Los juicios sobre estado civil no pueden someterse a árbitros (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con el artículo 357 N° 4 del mismo Código).
(viii) Es permanente. Ello quiere decir que no se pierde mientras no se adquiera otro que lo sustituya.
3. Efectos del estado civil.
Los efectos que produce el estado civil, son los derechos y obligaciones que de él derivan. Estos efectos son de orden público, los señala la ley, sin que juegue en esta materia el principio de la autonomía de la voluntad. Así, por ejemplo, del estado civil de casado, derivan una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges (fidelidad, ayuda mutua, socorro, etc.); lo mismo del estado civil de padre (autoridad paterna, patria potestad, alimentos, derechos hereditarios, etc.).
4. Fuentes del estado civil.
Las fuentes del estado civil, son:
a) La ley, por ejemplo, el estado civil de hijo lo tiene aquel cuya filiación se haya determinado en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I del Código Civil (art. 33).
b) La voluntad de las partes. Así ocurre con el estado civil de casados.
c) La ocurrencia de un hecho, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges hace adquirir al otro el estado civil de viudo; y
d) La sentencia judicial, como ocurre por ejemplo, con la sentencia que declara a una persona hijo de otra.
5. Sentencias en materia de estado civil.
La regla general es que las sentencias judiciales sólo produzcan efectos entre las partes que han litigado (art. 3a, inc. 2°). Esta regla sufre una importante excepción en el caso de sentencias que declaran verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, pues el artículo 315 tienen efecto erga monees, al señalar que "el fallo judicial pronunciado en conformidad con lo dispuesto en el Título VIII que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea".
Esta excepción tiene el alcance que la misma norma señala: rige exclusivamente para los juicios de reclamación e impugnación de paternidad o maternidad. Así aparece del artículo 315 que hace referencia al Título VIII, que se refiere a las acciones de filiación.
El artículo 316 indica los requisitos que deben cumplirse para que los fallos a que se refiere el artículo 315, produzcan estos efectos absolutos. Dice la norma que es necesario:
(i) Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.
Respecto al primer requisito, es necesario hacer presente que en conformidad al art. 320 siempre el verdadero padre, madre o hijo tienen derecho a alegar la filiación, y no se les puede oponer prescripción ni fallo alguno.
(ii) Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor.
Respecto a la segunda exigencia -legítimo contradictor- el artículo 317 señala que "en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el hijo contra la madre o la madre contra el hijo” (inc. 1°). "Son también legítimos contradictores los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla" (inc. 2°).
Este inciso segundo del artículo 317 debe concordarse con los artículos 206, 207, 213 y 216 que establecen los casos en que los herederos del padre o madre pueden entablar las acciones de reclamación o de impugnación de paternidad o maternidad o ser demandados en su calidad de herederos del padre o madre, respecto de esas mismas acciones.
En relación con este punto, el artículo 318 establece que "El fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de los herederos aprovecha o perjudica a los coherederos que citados no comparecieren".
(iii) Que no haya habido colusión en el juicio.
Respecto al requisito de que no haya habido colusión, el artículo 319 indica que "la prueba de colusión en el juicio no es admisible sino dentro de los cinco años subsiguientes a la sentencia". La "colusión" es un fraude en virtud del cual se acuerda iniciar un juicio.
6. Prueba del estado civil.
La prueba del estado civil, está sometida a reglas especiales que el Código establece en el Título XVII del Libro I, artículos 304 y siguientes, que deben aplicarse con preferencia a las contenidas en el Título XXI del Libro IV "De la Prueba de las Obligaciones”.
Existen a) medios de prueba principales, constituidos por las partidas (art. 305); y b) a falta de partidas, se admite una prueba supletoria, distinguiéndose entre la prueba del matrimonio (art. 309 inc. 1°) y la prueba de la filiación (art. 309 inc. 2°).
6.1. Medios de prueba principales. Las partidas del Registro Civil.
El artículo 305, en su inciso 1° señala que "el estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo, y de padre, madre o hijo se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, de nacimiento o bautismo" (inc. 1°).
Esta disposición emplea las formas verbales "acreditará" y "probará". Con ello quiere significar que las partidas cumplen una doble función: servir de prueba de la filiación en juicio; y servir de medio de acreditar una filiación determinada ante cualquier requerimiento del quehacer jurídico.
El inciso 2° del artículo 305 dice "El estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determine la filiación".
El inciso 1° regula la prueba de la filiación matrimonial, y el inciso 2° la de la filiación no matrimonial.
b. El Servicio del Registro Civil e Identificación.
En relación con la prueba de las partidas del registro civil, se hace necesario explicar que en Chile existe un servicio público denominado "Registro Civil e Identificación" que, como su nombre lo indica, tiene por función principal, llevar un registro de los principales hechos constitutivos del estado civil de una persona. Tal servicio fue creado por una ley de 17 de julio de 1884 que comenzó a regir el 1° de enero de 1885. Con anterioridad, esta materia estaba entregada a las Parroquias. La Ley de Registro Civil fue reemplazada por la N° 4.808 de 10 de febrero de 1930 que, con algunas modificaciones, es la que rige hoy día.
De acuerdo al artículo 2° de la Ley 4.808, "El Registro Civil se llevará por duplicado y se dividirá en tres libros, que se denominarán: 1° De los nacimientos; 2° De los matrimonios; y 3° De las defunciones".
Si existe un servicio público creado para llevar el registro del estado civil, resulta absolutamente lógico, que los hechos asentados en tales registros constituyan el medio idóneo de prueba del estado civil. Sin embargo, la ley no se puede desentender de que pudieren no haberse realizado las inscripciones o simplemente haberse extraviado los registros. Por ello tuvo que permitir la existencia de otros medios supletorios.
Las "Partidas" son las inscripciones practicadas en los registros.
De manera que si se quiere probar el estado civil de casado, por ejemplo, se deberá acompañar una copia de la inscripción del matrimonio. Sin embargo, la ley permite que se pueda probar con certificados que expidan los Oficiales del Registro Civil y que ellos tienen la obligación de otorgar (art. 84 N° 3a de la Ley 4.808). Estos certificados y las copias de las inscripciones o subinscripciones que otorgan los Oficiales del Registro Civil, tienen el carácter de instrumentos públicos y surtirán los efectos de las partidas de que hablan los artículos 305, 306, 307, 308 del Código Civil (art. 24 de la Ley 4.808).
c. Estado civil que puede probarse con las partidas.
De acuerdo con el artículo 305, se podrá probar con las partidas el estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo y de padre, madre o hijo. Se prueba el estado civil de casado, con el certificado o copia de la inscripción de matrimonio; se prueba el estado civil de viudo, con el certificado de matrimonio y el certificado de defunción del cónyuge difunto; se prueba el estado civil de separado judicialmente o de divorciado con el certificado de matrimonio (pues las sentencias que declaran la separación judicial o el divorcio deben subinscribirse, artículos 32 y 59 de la Ley 19.947, respectivamente), se prueba el estado civil de hijo matrimonial por las respectivas partidas (o certificados) de nacimiento y, en el caso del hijo no matrimonial, por la partida (o certificado) de nacimiento donde conste la subinscripción del reconocimiento o del fallo que determine la filiación.
Con la combinación de distintas partidas, se pueden probar otros parentescos. Así por ejemplo, la condición de hermano se probará con la partida (o certificado) de matrimonio de los padres y las partidas (o certificados) de nacimiento de los hijos.
d. Las partidas sirven también para probar la edad y la muerte de una persona.
Así lo establece el artículo 305 inciso final. En cuanto a la prueba de la edad de una persona, a falta de partida de nacimiento, la establece el tribunal oyendo el dictamen de facultativos o de otras personas idóneas. Así lo dice el artículo 314, norma que señala además que a falta de partidas, se le debe atribuir una edad media entre la mayor y la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo.
Esta normativa se aplica cuando sea necesario calificar la edad de un individuo para la ejecución de actos o ejercicio de cargos que requieran cierta edad, y no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la época del nacimiento.
e. Impugnación de las partidas.
Las partidas del Registro Civil, como instrumentos públicos que son, constituyen plena prueba sobre los hechos de que dan constancia. Para destruir su valor probatorio es menester impugnarlas. Y ellas se impugnan: a) por falta de autenticidad; b) por nulidad; c) por falsedad en las declaraciones; y d) por falta de identidad.
(i) Impugnación por falta de autenticidad
De acuerdo al artículo 306, las partidas se presumen auténticas, cuando están en la forma debida. Ello significa, entonces -contrario sensu-, que pueden impugnarse si no son auténticas, si se han falsificado.
(ii) Impugnación por nulidad
No está expresamente contemplada en la ley esta forma de impugnación, pero ella es lógica, desde que se trata de instrumentos públicos que deben cumplir ciertos requisitos cuya omisión acarrea su nulidad. Así por ejemplo, si practicó la inscripción un funcionario incompetente.
(iii) Impugnación por falsedad en las declaraciones
Trata de esta impugnación el artículo 308: "Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes" (inc. 1°) "Podrán, pues impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata" (inc. 2°).
Es lógico que la partida no puede hacer fe de lo que las partes declaren, por tratarse de un hecho que al Oficial Civil no le consta. Pero, por otra parte, se presume que las partes dicen la verdad. Por eso, sus declaraciones se presumen verídicas, sin perjuicio de que esta presunción pueda destruirse probando que no era cierto lo que en ellas se dijo. Incumbe el onus probandi al que alega la falsedad, porque él invoca una situación anormal (que las partes mintieron).
Esta causal de impugnación es la que se empleaba en los juicios de nulidad de matrimonio por incompetencia del Oficial del Registro Civil.
(iv) Impugnación por falta de identidad
Esta forma de impugnación está contemplada en el artículo 307: "Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere y la persona a quien se pretenda aplicar".
6.2. Medios de prueba supletorios.
Respecto a los medios de prueba supletorios, es necesario hacer una distinción entre: a) prueba del estado civil de casado; y b) prueba de la filiación.
a. Prueba supletoria del matrimonio.
La regula el artículo 309 inc. 1°. La falta de la partida de matrimonio podrá suplirse a) por otros documentos auténticos, b) por declaraciones de testigos que hayan presenciado la celebración del matrimonio y, c) en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión del estado civil".
(i) Prueba del estado civil de casado por la posesión notoria.
Se entiende por poseer un estado civil, su goce público, sin protesta ni reclamo de nadie. Tres elementos constituyen la posesión notoria de un estado civil: el nombre, el trato y la fama.
Sólo se pueden probar por este medio el estado civil de casado (art. 309 inc. 1°).
La posesión notoria del estado de matrimonio -dice el artículo 310- consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales (nombre y trato); y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vencindario de su domicilio en general (fama).
- Requisitos de la posesión notoria para que sirva de prueba de estado civil de casado
De acuerdo a los artículos, 310 al 313, los requisitos son los siguientes:
1. La posesión tiene que ser pública, no clandestina (art. 310);
2. Debe ser contínua (art. 312);
3. Debe haber durado 10 años continuos a lo menos (art. 312);
4. Debe haberse probado en la forma indicada en el artículo 313.
- Prueba de la posesión notoria
El artículo 313 establece que "la posesión notoria del estado de matrimonio se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse".
b. Prueba supletoria de la filiación.
El artículo 309 en su inciso 2° trata de la prueba supletoria de la filiación. Dice este inciso: "La filiación, a falta de partida o subinscripción, sólo podrá acreditarse o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de éstos, el estado de padre, madre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Titulo VIII".
De manera que a falta de partida o subinscripción, la filiación -matrimonial o no matrimonial- sólo podrá probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado, v. gr. puede probar el estado civil de hijo con los documentos que señale el artículo 187 (acta extendida ante cualquier oficial del registro civil, escritura pública o testamento en que se haya verificado el reconocimiento). A falta de estos instrumentos auténticos el estado civil de padre, madre o hijo sólo podrá probarse en el correspondiente juicio de filiación, en la forma y con los medios previstos en el Título VIII del Libro Primero del Código Civil (art. 309 inc. 2°, parte final).
B.6 Domicilio
Así como la nacionalidad determina el Estado al que un individuo pertenece y el estado civil la familia a la cual una persona se encuentra ligada, el domicilio precisa el lugar en que el individuo se considera siempre presente, aunque momentáneamente no lo esté, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
En el lenguaje vulgar, se llama domicilio la morada o habitación de una persona. Jurídicamente, el domicilio tiene un sentido diferente. Se define, en términos generales, como el asiento legal de una persona. Se trata en consecuencia de un concepto jurídico, no de un concepto de hecho.
El Código Civil lo define en los siguientes términos: "el domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella" (art. 59, inc. 1°). Por ende, el domicilio está compuesto por dos elementos: uno objetivo, la residencia, y otro subjetivo, el ánimo de permanecer en ella.
2. Niveles de vinculación jurídica de una persona con un lugar.
La doctrina distingue tres niveles, respecto a la permanencia de una persona en un lugar: habitación o morada; residencia; y domicilio.
2.1. La habitación o morada es el lugar en que accidentalmente está una persona, en el cual pernocta o tiene alojamiento. Es la relación más tenue o débil entre una persona y un lugar determinado (por ejemplo, los pasajeros de un hotel). Prácticamente no tiene trascendencia para el derecho, salvo en cuanto las leyes obligan a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, domiciliados o transeúntes (art. 14).
2.2. La residencia es el lugar en que habitualmente se encuentra una persona. Se refiere a la sede estable de una persona, aunque no sea perpetua ni continua. No es transitoria u ocasional, como la morada o habitación. La residencia tiene importantes efectos jurídicos:
a) Hace las veces de domicilio civil, respecto de las personas que no lo tuvieren en otra parte: art. 68.
b) La residencia y el domicilio es la misma para los obispos, curas y otros eclesiásticos (art. 66).
2.3. Finalmente, el domicilio es un concepto jurídico y no de hecho como los dos anteriores. Es una abstracción legal, que considera a una persona presente en el lugar en que tiene el asiento principal de sus negocios o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, aunque en el hecho así no ocurra permanentemente (art. 62). Así, en el domicilio existe la intención de la persona de tener el lugar de su residencia como asiento de su vida social y jurídica.
La residencia y el domicilio pueden ser uno mismo. Así por ejemplo, si un abogado que vive y ejerce en Santiago pero que durante el mes de febrero se traslada a Villarrica, tiene durante 11 meses su domicilio y residencia en Santiago y durante febrero su residencia en Villarrica, conservando su domicilio en Santiago. Y si al trasladarse a Villarrica pernocta en Temuco, habrá tenido su morada o habitación en esa ciudad.
Por ser lo más corriente que residencia y domicilio coincidan, el artículo 62 del Código Civil dispone: "El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad".
3. Presunciones de domicilio.
Como se indicó, dos son los elementos del domicilio: uno material, físico: la residencia; el otro, subjetivo, psicológico, mental: el ánimo de permanecer en la residencia.
El primer elemento del domicilio, la residencia, por ser de orden físico o material, es fácil de ser conocido. Nada cuesta percatarse del lugar en que está radicada la persona; pero no sucede lo mismo con el segundo elemento, el ánimo de permanecer, de continuar radicado en dicho lugar, que depende de la voluntad del sujeto
Este ánimo no puede ser conocido sino por manifestaciones externas que lo revelen o supongan. Es de dos clases: real y presunto.
Ánimo real es el que tiene una existencia cierta y efectiva, y lo hay cuando la persona tiene la intención verdadera y positiva de permanecer en el lugar constitutivo de su domicilio, sea que lo hubiere expresado o no de una manera inequívoca.
Ánimo presunto es el que se establece por presunciones, deducidas de hechos o circunstancias señalados por la ley. Estas presunciones son negativas o positivas. Por las primeras se concluye que no hay ánimo de permanecer en un lugar dado; lo contrario sucede con las presunciones positivas, o sea, que hay ánimo de permanecer en un lugar y, por ende, tener éste como domicilio.
Todas las presunciones anteriores son simplemente legales y no de derecho, y en consecuencia, pueden destruirse probando lo contrario de lo que suponen.
3.1. Presunciones negativas.
A estas presunciones se refiere el Código Civil cuando dice: "No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un lugar, por el sólo hecho de habitar el individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si se tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante" (art. 63).
También alude a las presunciones negativas el Código cuando declara: "El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios" (art. 65).
3.2. Presunciones positivas.
El Código Civil considera presunciones positivas al manifestar que "se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas" (art. 64).
4. Clases de domicilio.
4.1. Domicilio político y civil (art. 59, inc. 2°).
a) El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero. La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho Internacional (art. 60), porque se trata de determinar el domicilio de una persona entre dos naciones distintas, a la inversa del domicilio civil, que se refiere a partes determinadas de un mismo Estado.
Con relación al domicilio político, según lo tengan o no, las personas (sean chilenas o extranjeras) se dividen en domiciliadas y transeúntes (art. 58).
Esta distinción tiene importancia para determinar los derechos y obligaciones que puedan afectar a unos y otros.
b) El domicilio civil, que se llama también vecindad, es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Como la base de la división territorial de Chile es la comuna, con ésta se relaciona la idea de domicilio civil.
El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad (art. 62).
4.2. Domicilio general y domicilio especial.
a) Domicilio general es el normal de una persona para todas sus relaciones jurídicas.
b) El domicilio especial se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas. Así el art. 2350 establece un domicilio especial para la fianza. Para los efectos procesales todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos en que funcione el tribunal respectivo (art. 49 del Código de Procedimiento Civil). Pero generalmente el domicilio especial tiene carácter convencional.
Así el establecido en un contrato se aplica a los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar.
4.3. Domicilio legal, convencional y real.
a) El domicilio legal es impuesto por la ley a determinadas personas. Esto puede provenir de su situación de dependencia respecto de otras, o bien, del cargo que desempeñan.
Sólo existen los domicilios legales manifiestamente establecidos por la ley y no cabe extenderlos por analogía a otras situaciones, siendo por ende de interpretación restrictiva. La determinación del domicilio legal de una persona es una cuestión de derecho, no de hecho.
- Casos de domicilio legal, derivados de una relación de dependencia:
(1) Los menores: debemos distinguir entre hijos de filiación determinada e indeterminada, y en el primer caso, se puede tratar de una filiación matrimonial o no matrimonial, y en ésta, de reconocimiento voluntario y forzado. Conforme al artículo 203, cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de la patria potestad. Dispone por su parte el art. 72 del CC. que el que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno o materno. La disposición se refiere a los hijos de filiación determinada, salvo, según se indicó, si el reconocimiento fue forzado. A los padres está confiada la gestión de los intereses del menor, y por esta razón, el domicilio sólo subsistirá mientras el hijo se mantenga bajo patria potestad.
En cuanto a los hijos de filiación indeterminada, o de filiación determinada con oposición del padre o madre, seguirán el domicilio del tutor o curador que se les nombre (artículo 248 del Código Civil).
(2) Los interdictos: las personas a quienes se priva legalmente de la administración de sus bienes, siguen el domicilio de sus curadores. Pueden declararse en interdicción los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente y los pródigos.
(3) Los criados y dependientes (art. 73): tendrán el domicilio de sus empleadores o patrones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) Que trabajen habitualmente en la casa de su empleador o patrón, y no en forma intermitente; (iii) Que residan en la misma casa del empleador o patrón; (ii) que no tengan un domicilio derivado de la patria potestad o de la guarda, porque las disposiciones relativas a estos domicilios se aplican con preferencia. En consecuencia, el hijo no emancipado tiene el domicilio de su padre o madre, aunque resida en la casa de la persona a quien sirve o para quien trabaja.
- Casos de domicilio legal, derivados del cargo que se desempeña:
(1) El del art. 66, respecto de los eclesiásticos (hoy injustificado, atendida la separación de la Iglesia y el Estado).
(2) El del art. 311 del COT.: los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios. sin embargo, las cortes de apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar transitoriamente a los jueces de su jurisdicción para que residan en un lugar distinto del asiento del tribunal. Cabe señalar que no es este propiamente un caso de domicilio legal, porque la ley sólo impone la residencia, y si bien se les aplicaría a los jueces la presunción del artículo 64, se podría destruir la presunción.
b) El domicilio convencional está establecido por el Código Civil en el art. 69 que dice: "Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato".
Este domicilio especial, que puede ser ficticio o llegar a serlo, es, sin embargo, unilateralmente inmutable mientras dure la convención; ello porque ha pasado a formar parte del contenido y, por lo tanto, de la ley del contrato (arts. 1545 y 1546).
El domicilio convencional es limitado tanto en la materia como en el tiempo. Es limitado en la materia porque sólo se aplica a los efectos a que diere lugar el contrato; esto mismo hace que deba interpretarse y aplicarse restrictivamente. Es limitado en cuanto al tiempo, porque sólo durará mientras tenga efecto el contrato.
c) El domicilio real, llamado también de hecho o voluntario, es la norma general y el que resulta de la definición del art. 59.
Es real, porque en él se encuentra efectivamente el asiento jurídico de una persona; se denomina también "de hecho", para distinguirlo del domicilio legal o de derecho.
Para que se origine un nuevo domicilio real, es necesario: (i) La residencia de una persona en un lugar distinto del anterior; (ii) La intención de permanecer o establecerse en el lugar de la nueva residencia.
Para determinar si hay o no cambio de domicilio, habrá que atender, en primer lugar, a las presunciones positivas y negativas antes señaladas. Cabe precisar en todo caso que no siempre un cambio de domicilio produce efectos jurídicos: por ejemplo, art. 1589; en un litigio, el nuevo domicilio de una de las partes no surtirá efectos, si no es informado en los autos (art. 49 del CPC).
5. Pluraridad de domicilios.
Nuestro ordenamiento jurídico, en contra de la teoría según la cual una persona no puede tener sino un domicilio, se pronuncia por la pluralidad del mismo. El Código Civil preceptúa que "cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo" (art. 67).
Corrobora la anterior disposición el Código Orgánico de Tribunales al decir que "Si el demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos" (art. 140).
6. Importancia del domicilio.
El domicilio tiene gran trascendencia en el campo del Derecho.
La sucesión en los bienes de una persona se abre en su último domicilio (art. 955, inc. 1°).
El juez competente para declarar la presunción de muerte es el del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (art. 81).
Los artículos 1587 a 1589 del Código Civil señalan el lugar donde debe efectuarse el pago. si no hay un lugar establecido convencionalmente las obligaciones de especie o cuerpo cierto se pagarán en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación, y las obligaciones de género deben pagarse en el domicilio del deudor. Por lo tanto, el domicilio sirve aquí para saber dónde debe ejercer su derecho el acreedor y dónde debe el deudor cumplir sus obligaciones.
En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, respectivamente (C. Orgánico de Tribunales, art. 134).
En materia de juicios, es necesario consignar el domicilio en los escritos de demanda y de contestación a ésta (C. de Procedimiento Civil, art. 254, N°s. 2° y 3°, 309 N° 2°); en la lista de testigos que presenten las partes, debe indicarse el domicilio de ellos (C. de Procedimiento Civil, art. 320, inc. 2°).
B.7 Patrimonio.
En un sentido vulgar, se le define como un conjunto de bienes.
Josserand dice que es "el conjunto de valores pecuniarios, positivos o negativos, pertenecientes a una misma persona, figurando unos en el activo y otros en el pasivo".
Planiol expresa que el patrimonio "es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero".
Podría decirse, en términos más contemporáneos, que es la aptitud para llegar a ser el centro de relaciones jurídicas pecuniarias.
En el patrimonio sólo entran los derechos que pueden apreciarse económicamente; los que no admiten semejante estimación quedan fuera, y por eso se llaman extrapatrimoniales. Tienen este carácter, por ejemplo, los derechos políticos, los derechos de la personalidad (derecho a la vida, al honor), los derechos de familia.
El patrimonio es algo distinto de los bienes que lo integran o componen en un momento dado de su existencia. En efecto, abarca no sólo los bienes presentes de su titular, sino también los futuros, es decir, los que adquiera después. Así lo revela nítidamente la norma según la cual el acreedor puede perseguir la ejecución de su derecho sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los que la ley declara inembargables (art. 2465). De esta manera -explican los autores- el patrimonio es un continente, una bolsa que puede estar vacía, o incluso tener un contenido negativo, como sucede cuando existen más deudas que bienes. Lo que interesa es el continente, no el contenido.
2. Utilidad del concepto patrimonio.
El patrimonio, en razón de las funciones que desempeña, sirve para explicar varios mecanismos y figuras jurídicas, entre ellos, principalmente, la sucesión hereditaria y la garantía general de los acreedores.
El patrimonio permite comprender cabalmente cómo a la muerte de una persona todo el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles pasa unitariamente a los herederos en el estado en que se encuentre.
Adicionalmente, el concepto de patrimonio explica el llamado derecho de prenda general o garantía genérica de los acreedores, según la cual todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, pueden servir para que sobre ellos persiga el acreedor la ejecución de su crédito no satisfecho (art. 2465).
Para explicar las características y naturaleza jurídica del patrimonio, se han formulado dos doctrinas: la clásica o subjetiva y la moderna u objetiva.
3.1. Doctrina clásica o subjetiva.
Esta doctrina fue formulada en el seno del derecho francés, en especial por Aubry y Rau. según esta doctrina, el patrimonio tiene las siguientes características:
(i) Responde a una noción esencialmente pecuniaria: comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero. Los bienes y derechos configuran su activo y las obligaciones o deudas, su pasivo. El patrimonio sólo se justifica para adscribir ciertos bienes al pago de ciertas obligaciones. Según esta doctrina, quedan fuera del patrimonio los derechos que no son susceptibles de ser avaluados en dinero, que carecen de un carácter pecuniario y que se denominan por ende "extramatrimoniales" (derechos de familia, derechos de la personalidad, los derechos públicos), pues estos derechos no están afectos al cumplimiento de las obligaciones del titular; lo que no obsta a que éstos derechos puedan devenir en patrimoniales, en caso de ser infringidos por un tercero en perjuicio del titular, originando eventualmente acción de indemnización de perjuicios.
(ii) Es una universalidad jurídica: el patrimonio constituye un todo, de naturaleza jurídica independiente de los elementos que lo componen. El continente (el patrimonio) es diferente al contenido (los bienes, derechos y obligaciones). Las modificaciones que se produzcan en el patrimonio (ingreso y salida de bienes, asunción o extinción de obligaciones) no alteran su carácter de universalidad jurídica. Así, si una persona deja de tener bienes, el patrimonio subsiste. Esto explica que el recién nacido que usualmente carece en absoluto de bienes, sea titular de un patrimonio. El patrimonio universalidad jurídica, es una noción abstracta, intelectual, metafísica.
Los acreedores, por su parte, tienen un derecho de prenda general sobre el patrimonio del deudor; vale decir, tienen el derecho de dirigirse sobre todos los bienes del deudor, presentes o futuros, salvo los inembargables, en el evento que éste no cumpliere la obligación oportunamente (art. 2465). Los bienes futuros también responderán por las deudas contraídas antes de su ingreso al patrimonio, pues tales bienes reemplazan o subrogan a los bienes que han salido del patrimonio.
Al fallecer una persona, sus herederos adquieren su patrimonio por el modo de adquirir llamado sucesión por causa de muerte. se transmite el patrimonio en cuanto universalidad, independientemente de los elementos que lo componen.
(iii) El patrimonio es un atributo de la personalidad: es una emanación de la personalidad, no se concibe una persona sin patrimonio. De esta característica se desprenden las siguientes consecuencias:
Sólo las personas pueden tener patrimonio (lo que no acontece en la doctrina objetiva del patrimonio).
Toda persona no tiene sino un patrimonio. El patrimonio es indivisible, no puede ser fraccionado en dos o más partes, cada una con activos y pasivos propios e independientes entre sí. Y no puede dividirse, porque la personalidad de un individuo no puede ser dividida en partes o fracciones.
El patrimonio es inseparable de la persona: mientras viva, no podrá enajenarlo como un todo, pues la enajenación del patrimonio importaría la enajenación de una parte de la personalidad, lo que no puede aceptarse; lo anterior, sin perjuicio de que una persona enajene la totalidad de sus bienes individualmente considerados (art. 1811). Pero en este caso, no hay enajenación del patrimonio, sino de bienes determinados.
La noción clásica o subjetiva de patrimonio ha sido objeto de críticas. Se dice que estando fundado en una concepción puramente teórica -el vínculo que existiría entre la personalidad y el patrimonio- la noción clásica de patrimonio aparece como demasiado estrecha y como un obstáculo muy serio para el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. Por de pronto, cabe señalar que la existencia de masas de bienes, dotadas de vida propia, independientes del patrimonio general o personal, denominados patrimonios separados o especiales, no pueden ser explicadas por la teoría clásica. Por otra parte, se agrega que con frecuencia sería deseable que un comerciante pudiera afectar a su empresa sólo una determinada masa de bienes, a fin de preservar, para la seguridad de su familia, una parte de su capital contra los riesgos de la quiebra.
3.2. Doctrina objetiva, moderna o materialista.
Esta doctrina desvincula a la personalidad del patrimonio. Considera al patrimonio como una entidad independiente de la persona, formado por un conjunto de bienes que presentan un valor económico y que están afectados a un destino o finalidad común.
La doctrina objetiva está sustentada por autores alemanes (Brinz, Bekker).
se critica a la doctrina objetiva, señalando que todo bien, derecho u obligación, debe tener un titular, y ese titular no puede ser otro que la persona. Las cosas, carecen de voluntad propia.
Conforme a la doctrina objetiva, el patrimonio tiene las siguientes características:
Se concibe el patrimonio desvinculado de una persona, como un patrimonio de afectación, sin un titular.
Una persona puede tener varios patrimonios, según afecte bienes diversos al cumplimiento de finalidades distintas (por ejemplo, un patrimonio familiar, otro profesional y otro comercial; el patrimonio reservado de la mujer; el patrimonio profesional o industrial del menor). Se trata de los llamados "patrimonios fraccionados", es decir aquellos que tienen como destino un fin especial, en contraposición al patrimonio general del hombre que se encuentra al servicio de los fines más genéricos de su titular. Distinguimos así entre el patrimonio general de una persona, que persigue un fin principal, y sus patrimonios fraccionados, que persiguen fines secundarios. En los patrimonios fraccionados, opera una limitación de la responsabilidad. Cada fracción está sometida a un régimen jurídico diferente y las gestiones realizadas en cada uno de ellos sólo obligan o comprometen los bienes de aquella parte o fracción, sin que sea lícito comprometer los bienes de la otra.
El patrimonio tiene una realidad material: los bienes, derechos u obligaciones, tienen una realidad material o fáctica. Para la doctrina moderna, el patrimonio no es una abstracción, sino algo tangible, corpóreo.
Los Patrimonios de Afectación constituyen una derivación o consecuencia de la doctrina moderna. Progresivamente, han tenido recepción en nuestra legislación. Así, por ejemplo, tratándose de los "Fondos de Inversión", regulados por la Ley número 18.815. En el marco de la misma, de define el Fondo de Inversión como "un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los aportantes".
Otra reciente manifestación de los patrimonios de afectación, en su variante de "patrimonios fraccionados", es la empresa individual de responsabilidad limitada, recientemente creada por la Ley número 19.857, publicada en el Diario Oficial del 11 de febrero de 2003. Conforme a esta ley, se autoriza a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, consideradas como personas jurídicas con patrimonio propio distinto al del titular, siempre comerciales y sometidas al Código de Comercio cualquiera que sea su objeto; podrán realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas (artículo 2°). La empresa individual de responsabilidad limitada responderá exclusivamente por las obligaciones contraídas dentro de su giro, con todos sus bienes. El titular de la empresa responderá con su patrimonio del pago efectivo del aporte que se hubiere comprometido a realizar en conformidad a la escritura de constitución y sus modificaciones.
C. Derechos de la personalidad.
C.1 Parte General.
Los derechos primordiales o de la personalidad son aquellos que tienen por fin defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se dice que son aquellos derechos que toda persona, en la calidad de sujeto jurídico, lleva inseparablemente desde su origen y que no tienen otro presupuesto que la existencia de la persona.
2. Objeto de los derechos de la personalidad.
Al respecto existen varias doctrinas:
La primera y más antigua sostiene que el objeto de estos derechos es la persona misma, puesto que la integridad física, la libertad, el honor, etc., no son más que elementos constitutivos de la persona humana.
Esta posición se ha criticado por autores que consideran que, constituyendo la vida, la integridad física, el honor, etc., elementos esenciales de la persona humana, representan o son el sujeto mismo de toda prerrogativa y, lógicamente, no pueden ser al mismo tiempo objeto de ella.
Una segunda posición sostiene que, si bien el objeto de estos derechos no es la persona misma como unidad, lo son sus diversos aspectos, esto es,, los bienes jurídicos como la vida y la libertad que representan atributos físicos y morales del hombre, todos los cuales, si bien pueden considerarse como que lo son, elementos que integran una misma unidad que materialmente resulta indisoluble, nada impide que intelectivamente puedan separarse de ella y ser aprehendidos en cada uno de estos derechos personalísimos, de modo independiente, como el punto de referencia de la prerrogativa jurídica del titular; esto es, como ese algo concreto, necesario, sobre el cual pueda él ejercerla.
Una tercera postura afirma que el objeto de estos derechos no debe ser buscado en la persona o partes de ella, sino que en los demás conciudadanos que deban respetar la personalidad del individuo.
Finalmente, hay posiciones que niegan la existencia de derechos o poderes sobre la propia persona, prefiriendo conceptualizarlos como derechos sobre los atributos o manifestaciones de la personalidad o sobre los modos de ser físicos o morales del hombre.
3. Naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad.
Respecto de su naturaleza, y aún aceptando la facultad o poder jurídico sobre la propia persona, se discute si estos poderes son o pueden ser considerados como derechos subjetivos.
a) Una minoría sostiene que estos derechos no son verdaderos derechos subjetivos, pues la personalidad no puede ser objeto de derechos, porque ella, al contrario, es sujeto de todo derecho; esto no varía porque se diferencia la personalidad de sus diversos elementos (vida, integridad, honor, etc.) pues se trata siempre, en definitiva, de la protección de la personalidad misma, única e indivisible.
En otras palabras, los llamados derechos de la personalidad no pueden configurarse como verdaderos derechos subjetivos, porque todo derecho subjetivo entraña como elementos distintos el sujeto y el objeto del mismo y en los derechos de la personalidad aparecen confundidos, como un solo ente.
Por ello, estos derechos serían bienes personales tutelados por el derecho objetivo, sin que de esa protección pueda inferirse el establecimiento de verdaderos derechos objetivos.
b) Sin embargo, la mayoría de los juristas considera que nos encontramos en presencia de verdaderos derechos subjetivos, aunque, como hemos visto discrepan sobre cual es el objeto de los mismos. Al respecto, se manifiesta que el objeto de los derechos de la personalidad es un ente distinto de la persona, aunque tiene carácter personal: la vida, el honor, la integridad física.
4. Caracteres de los derechos de la personalidad.
De acuerdo con la escuela de Derecho Natural, los derechos de la personalidad derivan de la propia naturaleza humana y son preexistentes a su reconocimiento por el Estado. seguramente ése es su fundamento natural, pero su efectividad emana del reconocimiento de éste.
Como caracteres de los derechos de la personalidad se mencionan los siguientes.
Son originarios o innatos, pues se adquieren con el nacimiento y no hay, en el fondo, un medio propiamente legal de adquisición de los mismos.
Son generales, porque todas las personas, por el simple hecho de serlo, se constituyen en sus titulares.
Son absolutos o de exclusión, porque su respeto puede imponerse a todos los demás sujetos.
Son extrapatrimoniales, es decir, en sí mismos no son valuables en dinero. Por ejemplo, nadie puede decir que el derecho a la vida admite una estimación pecuniaria. Cuestión distinta es que el daño surgido como consecuencia de la violación de un derecho de la personalidad sea indemnizable en dinero. Pero en este caso no se valúa ese derecho sino el daño que provoca la infracción. Cuando un automovilista culpablemente da muerte a un peatón y es condenado a indemnizar a los hijos del difunto, no se valora la vida de éste, sino el perjuicio que la privación de ella trae para sus hijos. Tal perjuicio puede ser material y moral.
Los derechos de la personalidad son indisponibles. Esto quiere decir que no pueden renunciarse, cederse, transmitirse ni transigirse. La indisponibilidad no es sino una consecuencia del carácter esencial y necesario de los derechos en referencia.
Son imprescriptibles, o sea, no se pierden por el no uso, y duran toda la vida del titular.
5. Protección constitucional de los derechos de la personalidad.
Muchas Constituciones Políticas dan cabida en sus textos a varios derechos de la personalidad. De esta manera se pueden hacer valer contra los poderes públicos del Estado que pretendan avasallarlos, y no sólo contra los particulares que pretendan desconocerlos a otros particulares. La Constitución chilena de 1980 asegura el derecho a la vida, a la integridad física de la persona; el derecho al respeto de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia; el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, y el derecho de propiedad intelectual, artística e industrial (art. 19).
Los derechos recién mencionados y otros que taxativamente señala la Constitución pueden defenderse, entre otros medios, por el llamado recurso de protección (art. 20). Jurídicamente, no se trata de un recurso, sino de "una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios de las autoridades o los particulares".
Esta acción se tramita a través de un procedimiento breve para restablecer prontamente el imperio del derecho afectado, sin perjuicio de que se discuta ante la justicia ordinaria, en forma lata, la cuestión surgida. Es competente para conocer de la acción la Corte de Apelaciones respectiva (Constitución, art. 20).032-a)
6. Los derechos de la personalidad con relación a las personas jurídicas.
Las personas jurídicas, como una corporación o una fundación, al igual que las personas físicas, también tienen derechos de la personalidad, pero -claro está- sólo los compatibles con su naturaleza incorpórea, como el derecho al nombre, al honor, pero no a la inviolabilidad física, que es inconcebible respecto de seres que no se tocan.
7. Indemnización del daño moral por vulneración de los derechos de la personalidad.
De forma prácticamente unánime, los autores afirman que la violación de los derechos de la personalidad otorga al damnificado la facultad de demandar el cese del hecho perturbatorio y las sanciones penales que puedan corresponder al autor de éste.
Adicionalmente, y para quienes sostienen que los derechos de la personalidad son derechos subjetivos, afirman que la lesión de un derecho de la personalidad dará siempre a la obligación de indemnizar el daño producido a la víctima en una parte esencial de su propia personalidad, daño que por regla general será de carácter moral o extrapatrimonial, sin perjuicio de que eventualmente también se haya producido un daño material o patrimonial.
Aunque algunos derechos de la personalidad no estén específicamente amparados por la ley positiva, si su violación importa un daño para la persona, ésta puede demandar indemnización de perjuicios, porque, de acuerdo con nuestro Código Civil, por regla general todo daño que pueda imputarse a dolo o culpa de otra persona, debe ser reparado por ésta (artículos 2314 y 2329). La indemnización ha de pagarse, por lo general, en dinero, salvo que expresamente la ley no admita esta forma de indemnización.
En lo que toca al concepto del daño moral, recientemente la Corte suprema ha señalado que "la jurisprudencia reiterada de esta corte de casación expresa que el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, por lo tanto, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva." (Sentencia de fecha 7 de agosto de 2007, recurso de casación en el fondo Rol N° 2821-2007, considerando 14°).
Sobre la materia, se ha discutido si en el juicio correspondiente es o no necesario probar el daño moral. Para algunos, tienen aplicación las reglas generales, que imponen al demandante acreditar todos los presupuestos de la responsabilidad, entre ellos el daño, sin importar si es de carácter moral o patrimonial. En cambio, otros sostienen que la existencia del dolor por la violación de estos derechos de la personalidad se presume de derecho.
Asimismo se ha debatido acerca de los criterios para determinar el monto indemnizatorio. Al respecto, buena parte de nuestra jurisprudencia ha sostenido que los jueces están facultados para apreciar discrecionalmente el daño moral sufrido por la víctima.
En cambio, ciertos autores afirman que ello es errado, pues no puede haber discrecionalidad en la materia, sino que necesariamente se debe atender a ciertos parámetros, entre los que destacan el valor que el Estado le asigna en forma directa o indirecta, las circunstancias personales de la víctima, la entidad e importancia del derecho lesionado, la naturaleza e intensidad de la acción que vulnera el derecho (culpa o dolo), etc.
C.2 Parte Especial.
1. Derecho a la vida y a la protección de la propia integridad física.
Este derecho se actúa a través de las normas penales que castigan el homicidio y las lesiones personales, la ayuda e instigación al suicidio. Además, la legítima defensa es una causa de justificación de los males que el agredido pueda causar al agresor.
La Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer (art. 19, N° 1°). Y esto hoy lo hace sin restricciones. En efecto, el Código sanitario decía que "sólo con fines terapéuticos podrá interrumpirse el embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos” (art. 119). Pero la Ley N° 18.826, de 15 de septiembre de 1989, ordenó reemplazar el citado texto por el siguiente: "'No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto". Los autores de esta ley estimaron que, dados los avances de la ciencia, en nuestros días, para salvar la vida de la madre (fin a que tendía el llamado aborto terapéutico), no es necesario recurrir a esa intervención.
El que sufre un atentado contra su integridad física o psíquica, tiene el derecho de demandar el cese de ese hecho, la sanción penal que merezca y la indemnización del daño material y moral experimentado (Constitución, art. 20; C. Civil, arts. 2314 y 2329).
1.2. Actos de disposición sobre el propio cuerpo.
La ley autoriza a las personas que, en vida, donen órganos, tejidos o partes de su cuerpo para el injerto o trasplante en otras personas. La enajenación debe ser, pues, totalmente a título gratuito, con fines terapéuticos y realizada con una serie de requisitos exigidos en vista de la trascendencia del acto. Todos esos requisitos se encuentran minuciosamente establecidos en la Ley N° 19.451, sobre Trasplante y Donación de Órganos, publicada en el Diario Oficial de 10 de abril de 1996. Declara esta ley que las extracciones y trasplantes de órganos sólo podrán realizarse en hospitales y clínicas que acrediten cumplir con las condiciones y requisitos prescritos por las normas vigentes.
Toda persona plenamente capaz puede disponer de su cuerpo o de partes de él, con el objeto de que sea utilizado para trasplantes de órganos con fines terapéuticos. Para los efectos indicados, el donante ha de manifestar su voluntad mediante una declaración firmada ante notario. Asimismo, al momento de obtener o renovar la cédula nacional de identidad, toda persona con plena capacidad legal debe ser consultada por el funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de si dona sus órganos para ser utilizados con fines de trasplante una vez muerta, haciéndole presente que es una decisión voluntaria y, por lo tanto, es libre de contestar afirmativa o negativamente. Igualmente, al momento de obtener o renovar la licencia de conducir vehículos motorizados, los requirentes deben ser consultados por el médico del gabinete psicotécnico de la municipalidad, en el sentido si donan sus órganos con fines de trasplante después de su muerte, haciéndoles presente que es una decisión voluntaria, y, por lo tanto, son libres de contestar afirmativa o negativamente.
Además, la voluntad de donar puede expresarse al tiempo de internarse en un establecimiento hospitalario, cumpliéndose las formalidades señaladas en la ley y en el reglamento de la misma (Ley N° 19.451, arts. 8° y 9°).
La revocación del consentimiento para el trasplante puede expresarse en cualquiera de las formas establecidas, con las formalidades que indique el reglamento (misma ley, art. 9°, inciso final).
se puede efectuar trasplante de órgano de personas en estado de muerte que, en vida, no hayan expresado su autorización para ello en los términos señalados por la ley, así como de las personas menores de edad o legalmente incapaces, siempre que ello sea autorizado por su cónyuge o, en subsidio, por su representante legal. A falta de ambos, la autorización debe otorgarse por los parientes que la ley en referencia señala (art. 10).
Cuando una persona hubiere muerto a consecuencia de un delito o por atropellamiento de vehículo en la vía pública o cuando su muerte hubiere dado lugar a un proceso penal, es necesaria la autorización del Director del Servicio Médico Legal o del médico en quien éste haya delegado esta atribución, para destinar el cadáver a las finalidades de trasplante de órganos, además del cumplimiento de los otros requisitos (ley citada, art. 12, inciso 1°).
Las disminuciones transitorias de la propia integridad física pueden llevarse a cabo sin restricciones e incluso a título lucrativo. Así, hay ventas de sangre para transfusiones.
Se subentiende que no caben disposiciones del propio cuerpo cuando contrarían las leyes, el orden público o las buenas costumbres. De ahí que no se podría exigir a una mujer el cumplimiento de un contrato que la obliga a desempeñarse como meretriz.
Las partes ya separadas del cuerpo, desde el momento mismo de la separación, pasan a ser bienes autónomos y nada obsta a su libre disposición. Así, un diente extraído puede venderse. No son pocos los casos en que la "muela del juicio” de una artista célebre se remata con fines benéficos. La venta de cabelleras femeninas es masiva en algunos pueblos.
1.3. Disposición del propio cadáver.
Toda persona legalmente capaz tiene derecho a disponer de su cadáver o de partes de él con el objeto de que sea utilizado en investigaciones científicas, para la docencia universitaria, para la elaboración de productos terapéuticos o en la realización de injertos. También -como vimos- puede utilizado para trasplante de órganos con fines terapéuticos. El donante debe manifestar su voluntad por escrito, pudiendo ser revocada en la misma forma, todo ello de acuerdo con las solemnidades que señala el reglamento (C. Sanitario, art. 146).
2. Derecho al honor.
En la integridad moral de los individuos tiene capital importancia el derecho al honor que en el campo penal, es protegido con la sanción de los delitos de calumnia e injuria (C. Penal, arts. 412 y 416). La calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que puede actualmente perseguirse de oficio. Injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.
Generalmente, todos los delitos penales, además de la sanción de este carácter que se impone al autor, dan lugar a una indemnización pecuniaria a favor de la víctima, no sólo por los daños materiales sufridos por ella, sino también por los daños puramente morales (aflicciones, penas, mortificaciones).
sin embargo, por excepción, dispone el Código Civil que "las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero” (art. 2331). De manera que si las imputaciones injuriosas no traen un menoscabo patrimonial, no podría reclamarse una indemnización en dinero, aunque la víctima haya sufrido grandes pesares a causa de dichos ataques a su honor o su crédito.
Con todo, la mencionada disposición fue declarada inaplicable por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10 de junio de 2008, en la que resolvió que "el efecto natural de la aplicación del precepto legal impugnado en estos autos - artículo 2.331 del Código Civil- es, precisamente, privar a los atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general del artículo 2.329 del Código Civil, las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único"; lo cual era inconstitucional, entre otros motivos, porque el art. 19 N° 26 de la Constitución prohíbe que una ley (como el Código Civil) pueda limitar un derecho constitucional, como el establecido en el art. 19 N° 4 de la Carta Fundamental (derecho a la honra).
La Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, de 4 de junio de 2001, (sucesora de la Ley N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad), establece penas corporales severas para los delitos de calumnia e injuria cometidos por cualquier medio de comunicación social (artículo 29), y además declara que en tal caso habrá derecho a la indemnización del daño emergente, lucro cesante y daño moral (art. 40 inc. 2°).
3. Derecho a la intimidad.
Es un principio que nadie puede interferir en la vida íntima de una persona, como tampoco divulgarla, a menos que ella lo consienta o la ley lo autorice. La Constitución asegura el respeto a la vida privada y pública de las personas (art. 19, N° 4°).
El problema surge cuando se trata de conciliar la libertad de imprenta y de difusión de noticias por los medios de comunicación social (diarios, revistas, televisión, radios, etc.), con el derecho de cada uno a que terceros no se entrometan en la propia vida privada. La solución exige determinar el límite entre el legítimo ejercicio del derecho de crónica y de crítica, por una parte, y la indebida invasión de la esfera ajena, por otra. Para esto ha de tenerse en cuenta el interés y la concreta voluntad del particular y el interés de la colectividad de conocer y valuar o ponderar hechos y personas que adquieren importancia pública. La aplicación práctica de esta pauta es elástica e importa una cuestión de tacto que los tribunales, en caso de conflicto, han de resolver considerando las circunstancias de la especie.
La ley, por cuestiones judiciales o de policía, autoriza a funcionarios competentes para intervenir en la vida privada de las personas en la medida que sea necesario para los fines que se persiguen.
El Código Penal castiga expresamente al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igualmente se castiga al que difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos instrumentos, imágenes y hechos antes referidos. La pena es mayor en caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado. Todo lo dicho no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas (artículo 161-A, agregado por la Ley N° 19.423, de 20 de noviembre de 1995).
4. Inviolabilidad de las comunicaciones y papeles privados.
La Constitución garantiza la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (art. 19, N° 5°). La garantía se extiende, pues, a toda forma de comunicación privada; en consecuencia, abarca la epistolar, la telegráfica, la telefónica, etc.
El Código Penal castiga al que abriere o registrare la correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad. La pena es mayor si el intruso divulga o se aprovecha de los secretos que aquéllos contienen (art. 146, inciso 1°).
La anterior disposición punitiva no es aplicable entre cónyuges, ni a los padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su dependencia. Tampoco es aplicable a aquellas personas a quienes por leyes o reglamentos especiales se les autoriza instruirse de la correspondencia ajena (C. Penal, art. 146, incisos 2° y 3°).
Basta que el individuo abra la correspondencia o registre los papeles ajenos para que cometa el delito de que se habla; no es necesario que se imponga o aproveche del contenido, caso este último en que la pena es mayor.
La doctrina universal y el Derecho comparado revelan que hay dos tendencias respecto al derecho que tiene una persona sobre su imagen. De acuerdo con una de ellas, el derecho existe plenamente; según la otra, ese derecho no existe y la persona de cuya imagen se han aprovechado otros sólo puede reclamar si se la perjudica en su prestigio moral.
En Chile, la imagen no está regulada, aunque hay disposiciones aisladas que se refieren a fotografías y retratos.
Algunos han deducido del artículo 34 de la Ley N° 17.336, de 2 de octubre de 1970, sobre propiedad intelectual, que la legislación chilena no reconoce un verdadero derecho a la imagen. Ese artículo prescribe que "corresponde al fotógrafo el derecho exclusivo de exponer, publicar y vender sus fotografías, a excepción de las realizadas en virtud de un contrato, caso en el cual dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra..."
La verdad es que la disposición transcrita habla del derecho del fotógrafo para exponer y comercial "sus" fotografías, pero de ahí no podemos inferir que está autorizado para fotografiar a quien se le ocurra y menos que la persona fotografiada no tiene derecho a su propia imagen.
Consagra el derecho a la imagen la Ley sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, Ley N° 19.039, de 25 de enero de 1991; dispone ella que "no puede registrarse como marca comercial el retrato de una persona cualquiera, salvo el caso de consentimiento expreso dado por ella, o por sus herederos si hubiere fallecido..." (art. 20, letra c).
Un caso jurisprudencial se refirió a la publicación por los diarios de fotografías de personas. La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 1° de agosto de 1989, declaró que no puede tacharse de ilegal ni arbitraria la publicación por un diario de la fotografía de una mujer con un traje llamado "tanga" mientras jugaba en la playa de un balneario porque las empresas periodísticas, conforme a la legislación, adquieren el derecho a publicar en sus diarios las fotografías realizadas por el personal que tiene sujeto a contrato de trabajo (Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, art. 24, letra e) del N° 1, en relación con el art. 34, inc. 1°, de la misma ley).
Vodanovic cree que la sola razón de que los diarios adquieren el derecho de publicar las obras del personal que le presta sus servicios, no justifica la legalidad de las fotografías tomadas a terceros en determinadas circunstancias; dicha legalidad, con relación a las personas fotografiadas, depende precisamente de tales circunstancias y de la forma e intencionalidad de la publicación. No hay duda de que si se quiere resaltar la concurrencia de numerosas personas a una playa, la fotografía que muestre al grupo, no merecerá reparos; pero si del grupo se aísla con singular relieve a una persona y se destacan sus ropas minúsculas, el asunto puede ser menoscabador para esa persona. Y no ha de olvidarse que lo que en el ambiente de playa tiene una ponderación, adquiere otra distinta en el llamativo cuadro de un periódico.
La misma sentencia citada afirma que los hechos que se realizan en lugares públicos y abiertos no pueden calificarse como parte de la vida privada de las personas. En consecuencia, si una dama concurre a un balneario marino con un traje de baño llamado "tanga" y algún diario le toma una fotografía y la destaca en sus páginas, ella no puede entablar un recurso de protección fundado en la norma de la Constitución que asegura a todas las personas el respeto y protección de su vida privada y pública y de su honra y la de su familia (artículo 19, número 4°). El solo hecho de concurrir a uno de esos lugares demuestra que la propia persona que lo hace estima no moverse en la esfera de su vida privada y la fotografía cuestionada no cabe mirarla como atentatoria a su honra, a la buena opinión y respetabilidad que pueda merecer a conocidos.
En la especie, el abogado defensor de la dama opinó en forma diferente. Sostuvo que había violación de la vida privada de ella porque una cosa es concurrir a la playa con uno de los trajes adecuados a la ocasión y otra cosa muy distinta es reproducir esa imagen con toda publicidad en un diario, sobre todo si éste se caracteriza por insertar algunas líneas más o menos picarescas. Cada cuestión ha de juzgarse y resolverse atendiendo a su "contexto".
6. La inviolabilidad del hogar.
Asociada por contraste a la libertad de locomoción, de trasladarse de un lugar a otro -dice el civilista francés Jean CARBONNIER-, existe una libertad de encerrarse en lo suyo (chez - soi). La fortaleza del individuo es su casa, su hogar, término que debe comprender, según el autor citado, no sólo la residencia estable de una persona sino también su morada transitoria. La Constitución asegura una inviolabilidad del hogar, el cual sólo puede allanarse en los casos y formas determinados por la ley (art. 19, N° 5°). Esto quiere decir, en términos simples, que nadie puede entrar en la casa en que reside o mora una persona contra la voluntad de ésta, ni efectuar ahí una medida judicial o una pesquisa, salvo los casos previstos por la ley.