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Timestamp: 2019-01-21 16:24:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 207', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 121', 'artículo 123', 'artículo 29', 'artículo 31']

﻿ Sentencia 35487 de diciembre 12 de 2012
SENTENCIA 35487 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:PREVALENCIA DEL PRINCIPIO ‘NO REFORMATIO IN PEJUS’ SOBRE EL DE LEGALIDAD. SE REITERA QUE SI HAY UN ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS PRINCIPIOS DE LA LEGALIDAD DE LA PENA Y NO REFORMATIO IN PEJUS, DEBE PREVALECER ESTE ÚLTIMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, PENA
Sentencia 35487 de diciembre 12 de 2012
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de Luz Mila Badillo Jaraba, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Valledupar, confirmatoria de la emitida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa misma ciudad, que condenó a la procesada a la pena principal de 65 meses de prisión y multa en el equivalente a 60 smlm, como responsable de los delitos de estafa y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y heterogéneo.
El episodio fáctico es sintetizado con acierto en la sentencia impugnada, así:
“La señora Luz Mila Badillo estuvo vinculada a la Cooperativa de empleados del Incora-Corfeinco desde el 2001, inicialmente como asociada y posteriormente como administradora seccional en la sede del Cesar. En virtud de su cargo autorizaba créditos en favor de los asociados sin que sobrepasaran la suma ahorrada por el solicitante más 10 salarios mínimos legales.
Empero, aprovechando tal discrecionalidad durante los años 2005 y 2006 falsificó la firma de algunos asociados, unas solicitudes de crédito y los títulos valores para desembolsar una elevada suma de dinero —la que al parecer asciende a 380 millones de pesos— y apoderarse de ella, burlando los controles internos de la entidad”.
La denuncia por estos hechos fue originalmente impetrada por José de los Santos Mejía Muza el 22 de junio de 2006, pero a la misma actuación se sumaron más de cincuenta noticias criminales análogas, respaldo en las cuales y en copiosa prueba documental allegada se dispuso resolución de apertura instructiva el 19 de julio de 2006 y la vinculación mediante indagatoria de Luz Mila Badillo Jaraba (fl. 314, cdno.2).
Previo cierre instructivo, la Fiscalía Décima Seccional de Valledupar calificó el mérito de las pruebas, acusando a la imputada por los delitos de “estafa agravada y falsedad en documento privado, en concursos homogéneos y sucesivos y heterogéneos”, mediante resolución calendada el 5 de diciembre de 2007 (fl. 514, cdno.2).
Tramitada la fase del juicio, el 29 de octubre de 2008, el Juzgado Penal de Descongestión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, condenó a la procesada a la pena principal de 26 meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento privado.
Al desatar el tribunal la apelación incoada por la defensa contra esta decisión, observó que no obstante afirmarse estar demostrada la materialidad de las conductas imputadas y la responsabilidad de la procesada, la jueza a quo “no tuvo en cuenta la circunstancia de agravación deducida para la estafa ni la modalidad concursal—como—, tampoco impuso pena de prisión por el concurso” de falsedades en documento privado en concurso también atribuidas, motivo por el cual en preservación del debido proceso declaró la nulidad de la sentencia.
Subsanada la actuación, se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos glosados inicialmente.
Un cargo contiene la demanda formulada por el defensor de Luz Mila Badillo Jaraba, en orden a que se case el fallo con respaldo en la causal tercera, con miras a que se deje sin efecto lo actuado a partir del auto fechado el 2 de diciembre de 2009.
Para el actor, el simple hecho de que la jueza de primera instancia hubiera desconocido los parámetros de la dosimetría punitiva no es razón suficiente para declarar nula una sentencia, conforme tras advertir esta situación procedió el tribunal en la referida decisión y cuyo correctivo, entiende, correspondía a los demás sujetos intervinientes.
Advierte el demandante que el auto que anuló la sentencia de primer grado no se motivó en una expresa causal de nulidad y tampoco fue debidamente notificado, lo que habría propiciado recurrirlo en reposición.
Ahora que si bien el tribunal observó que no procedía a reformar la decisión impugnada, por lo cual prefirió su anulación, es lo cierto que en la práctica técnicamente esto fue lo que sucedió, pues se dispuso que el a quo corrigiera la sentencia, conforme aconteció.
Solicita se case el fallo, declare la nulidad del auto calendado el 2 de diciembre de 2009 y se pronuncie sobre la apelación preservando el principio constitucional de la prohibición a la reformatio in pejus.
Para la Procuradora Tercera Delegada en lo Penal, corresponde este caso a uno de aquellos en que se suele discutir la prevalencia del principio “reformatio in pejus” frente al de legalidad de la pena.
Aun cuando recuerda las posturas existentes sobre el particular, entiende que en el caso concreto emerge incontrovertible que la nulidad dispuesta se fundamentó en el hecho de no haber considerado la primera instancia que el delito de estafa atribuido a la incriminada era agravado, así como ninguna mención hizo al conjunto de comportamientos en las modalidades referidas en la acusación, todo lo cual impelía a que el tribunal procediera a su corrección, advertido en ese hecho por la doctrina de la Corte un típico caso de falta de motivación con desmedro del debido proceso, lo que encuentra plenamente justificador de la decisión adoptada que, contrario a las pretensiones del libelo, no vulneró el principio de no reforma en perjuicio, todo cual impone para la Procuradora, que no se case el fallo impugnado.
1. El único reproche postulado contra la sentencia impugnada, se ha estructurado en los supuestos propios de la causal tercera del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, bajo el entendido que la actuación cumplida a partir del auto calendado el 2 de diciembre de 2009, por medio del cual el tribunal declaró la nulidad del fallo de primer grado emitido el 29 de octubre de 2008, está viciada de nulidad, toda vez que la recomposición de lo actuado a partir de esta determinación con el proferimiento de una nueva sentencia por el a quo significó para el imputado, que había impugnado dicha decisión como único apelante, una sanción punitiva mayormente drástica a la que originalmente le fuera impuesta.
2. Adujo, al propósito de los supuestos procesales así fijados, vulneración del “principio constitucional de la no reformatio in pejus, así como las garantías del debido proceso y derecho de la debida defensa”, en propuesta que en su básico enunciado encuentra el Ministerio Público propia de la disyuntiva temática que involucra la contención pretendidamente existente entre los principios de legalidad y el de la prohibición superior de no reformar peyorativamente o en contra del único apelante.
3. Preciso es recordar en orden a la respuesta que merece el ataque casacional así enunciado, que la doctrina de la Corte sobre esta materia a través de varios lustros ha podido decantar en su conceptualización acorde con la preceptiva constitucional 31, esto es por tener fuente en una normativa superior, que la conocida prohibición a la reforma en perjuicio del único impugnante, se ha caracterizado por su contenido esencial y sustancial como una garantía del procesado en rango de derecho fundamental, estableciéndose a partir de dicha fisonomía especial que no resulta admisible para el ad quem desmejorar agravando la pena impuesta al incriminado o una cualquiera de las consecuencias derivadas de la declaración de su responsabilidad, cuando quiera que acude ante la segunda instancia en calidad de único apelante.
4. Sobre el particular, la postura actual de la jurisprudencia después de algunas fluctuaciones propias del proceso hermenéutico cumplido, mayoritariamente entiende que aún frente a hipótesis de confrontación entre los principios de legalidad de la pena y no reformatio in pejus, debe prevalecer el último, en una intelección que privilegia los derechos de quien es sujeto del poder punitivo, frente al debido proceso o juicio de legalidad que corresponde preservar al Estado jurisdiccional, siendo precisamente dentro de dicho marco que deben deslindarse los supuestos en los cuales surge incontrovertible la confrontación teórica señalada de aquellos en que no es viable la misma.
5. A propósito, para la Sala la decisión del tribunal de anular la primigenia sentencia de primera instancia precisamente está dentro de los supuestos en los cuales una pretendida corrección oficiosa del debido proceso, cuando quiera que se ha obtenido conocimiento del asunto en segundo grado por mérito de la apelación invocada por la defensa como único apelante, que comporta la corrección de la sentencia a quo con un incremento punitivo en desmedro del incriminado, implica una clara vulneración a la prohibición constitucional de reforma en perjuicio.
No se trata, desde luego, de una postura novedosa en el criterio de la doctrina sobre la materia fijada en la sindéresis propia del instituto del art. 31 de la Carta Política, como que pertenece a la intelección hermenéutica original de la Corte Constitucional desde las primeras decisiones que involucraron precisar el contenido y alcance de la prohibición de reforma en perjuicio (T-474/92, C-055/93, T-099/94 y SU-327/95, entre muchas otras).
6. De este modo, se sentó como premisa general que la Corte hoy reitera bajo los supuestos de este caso, que cuando el objeto del recurso que propicia la doble instancia está signado por el propósito de mejorar la situación procesal del imputado como único apelante, carece el superior del más mínimo poder corrector del debido proceso o adecuación de la actuación, al margen de que aduzca advertir flagrantes quebrantos o pretexte defectos en el cálculo dosimétrico de la pena.
La modificación oficiosa de la sentencia, aún bajo el referido supuesto de enmienda de la actuación, en todos los casos en que involucre directa o indirectamente una alteración peyorativa de la sanción (esto es una más drástica punición o la invalidación de lo actuado con mediato idéntico efecto), está prohibida por el art. 31 superior, pues dicha restricción constitucional no admite excepción alguna.
7. Aun cuando la decisión del tribunal de invalidar el fallo fechado el 29 de octubre de 2008, es entendible en la orientación que tuvo de preservar el debido proceso, toda vez que asumió que se había omitido en el fallo como decisión definidora pronunciarse sobre todos los extremos del juicio, es lo cierto que la condena de 26 meses de prisión impuesta por los delitos de “Estafa y falsedad en documento privado” pese a que no reflejaba en modo alguno la integridad concursal de estos delitos y por ende tampoco la sanción a que consiguientemente se hacía acreedora la incriminada, le estaba vedado anular con el cometido de depurar lo actuado, puesto que ello implicó el proferimiento de una nueva sentencia que fijó como pena 65 meses de prisión por los anunciados hechos punibles.
8. Siendo ello así, emerge válido el argumento del actor que reclama vulnerada la prohibición constitucional en los términos acá expuestos, lo que implica casar el fallo impugnado ante esta sede, en relación con la sanción punitiva impuesta y ratificada por el Tribunal de 65 meses de prisión, al tomarse en cuenta delitos que no imputó el a quo en el fallo original, pues respecto de la responsabilidad de la incriminada no existe reparo alguno, recobrando así plena vigencia la sanción de 26 meses de prisión inferida por el Juzgado Penal de Descongestión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar el 29 de octubre de 2008.
2. Declarar que cobra vigencia el fallo y la sanción de 26 meses de prisión impuesta a Luz Mila Badillo Jaraba por los delitos de estafa y falsedad, inferidos por el Juzgado Penal de Descongestión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar el 29 de octubre de 2008.
Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez —
José Luis Barceló Camacho—Fernando A. Castro caballero —María del Rosario González Muñoz —Gustavo E. Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero —Julio Enrique Socha Salamanca —Javier de Jesús Zapata Ortiz.
A continuación expreso las razones que me llevaron a salvar parcialmente voto en el presente caso. Mi respetuosa discrepancia con la sentencia adoptada por la Sala en este proceso se concreta al aspecto donde se hace prevalecer el principio de la no reformatio in pejus sobre el principio de legalidad para dejar sin efectos la providencia en la cual el Tribunal declaró la nulidad del fallo proferido el 29 de octubre de 2008 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Valledupar por vulnerar, precisamente, el principio de legalidad.
No comparto la postura según la cual el principio de legalidad debe ceder a la reformatio in pejus, pues en mi concepto, aquel principio es uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho, sin el cual no es posible asegurar la realización de fines esenciales del Estado, tales como la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, conforme lo establece el artículo 2º de la Constitución Política, de tal forma que el principio de legalidad está llamado no sólo a lograr los principales fines del Estado de derecho sino a evitar el caos y la arbitrariedad.
En el mismo sentido, se encuentra el artículo 6º de la Constitución Política que, al referirse a la responsabilidad de los servidores públicos aporta mayores datos sobre el principio de legalidad, pues señala expresamente que: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Dicha disposición establece la vinculación positiva de los servidores públicos a la Constitución y la ley, en tanto se determina que en el Estado colombiano rige un sistema de responsabilidad que impide a sus funcionarios actuar si no es con fundamento en dichos mandatos.
Por su parte, el artículo 121 de la Carta reitera el contenido del principio de legalidad, al señalar que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, y el artículo 123 estipula que existe un sistema de legalidad que vincula a todos los servidores públicos y a todas las autoridades no sólo a la Constitución y la ley, sino que la extiende al reglamento, ello para poner de presente que las autoridades administrativas de todo orden deben respetar la jerarquía normativa y acatar, además de la Constitución y la ley, los actos administrativos producidos por autoridades administrativas ubicadas en el nivel superior”(1).
“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.
En materia punitiva, el principio de legalidad está consagrado en el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución política. Conforme a esa disposición, “(N)adie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio”.
Estatuir que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, implica que para condenar a una persona se requiere que su conducta esté previamente definida como delito; de la misma manera, que sólo puede imponérsele la pena previamente establecida en la ley.
Base del modelo contractualista fue, entonces, la imposición de límites al ejercicio del poder del Estado. Su control opera a través de las leyes que, en el campo punitivo, presupone definir en éstas qué acciones son constitutivas de delitos y cuál la sanción a imponer por su realización.
“ART. 7º—Nadie puede ser acusado, detenido ni encarcelado fuera de los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por ellas prescritas. Serán castigados quienes soliciten, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias. Todo ciudadano convocado o requerido en virtud de la ley debe obedecer al instante; de no hacerlo, sería culpable de resistir a la ley.
“ART. 8º— La ley no debe establecer más penas que las necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente”.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos” (el subrayado es nuestro).
De tal manera que corresponde a las autoridades públicas no sólo cumplir las leyes sino velar porque no se desconozcan. Esa función, como servidores públicos que son, recae también en los jueces de la República. Por ello, cuando algún funcionario judicial, cualquiera que sea su jerarquía, advierta la vulneración del principio de legalidad, su deber es corregir dicho dislate. No puede, en modo alguno, erigirse en obstáculo del cumplimiento de esa obligación constitucional la prohibición de la reformatio in pejus consagrada en el inciso segundo del artículo 31 superior.
La veda de la reforma en peor no constituye un derecho absoluto(9), de modo que si entra en tensión con el principio de legalidad es necesario ponderarlos para determinar cuál de los dos tiene prevalencia. “La ponderación es… la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas, y, por tanto, cuál de ellos determina la solución para el caso”(10).
Soy del criterio de que en esa ponderación es indispensable considerar la mayor jerarquía que tiene el principio de legalidad, en razón a su carácter estructural y fundante del Estado de derecho, según quedó visto atrás. Esa mayor jerarquía determina que cuando entra en colisión con la no reforma peyorativa, deba siempre preferirse aquél.
En suma, a nuestro juicio, la Constitución Política presupone, para la aplicación del principio de la no reformatio in pejus, que la pena sea legal. Por ello, es deber de los jueces restablecer el ordenamiento jurídico cuando quiera que la sanción no respete los parámetros establecidos en él, función que, en el caso concreto, facultaba al tribunal para, incluso, restaurar la legalidad en la primera oportunidad en que tuvo bajo su conocimiento este asunto, sin ser necesaria para ese efecto la nulidad que entonces decretó.
(2) BECCARÍA, Cesare. De los delitos y de las penas. Estudio preliminar de Nódier Agudelo Betancur. Universidad Externado de Colombia, pags. XVII y 18. Beccaría rechazó firmemente la idea de que la pena tuviera fines expiatorios.
(6) BECCARÍA, Cesare. Ob. cit. Pág. XVII.
(11) “…la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que éstos sean orientados a su restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos”. Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002.