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Timestamp: 2019-08-24 07:29:26
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BOE.es - Documento BOE-A-2010-13242
Documento BOE-A-2010-13242
Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
«BOE» núm. 201, de 19 de agosto de 2010, páginas 72821 a 72858 (38 págs.)
BOE-A-2010-13242
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2010/07/21/7
De este modo, la primera delimitación legal de la tipología de entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico no tuvo lugar sino hasta la aprobación de la Ley 1/1986, de 6 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, si bien la configuración contenida en dicha ley se limitaba a su encuadramiento dentro de un determinado régimen económico-financiero, a semejanza de la Ley general presupuestaria de 4 de enero de 1977, antes citada. Posteriormente, la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, procedió definitivamente a establecer una regulación de carácter general de los diversos entes instrumentales de la comunidad autónoma. Esta regulación, a diferencia de la entonces vigente Ley de entidades estatales autónomas, se extendía, incluso, a las sociedades civiles y mercantiles participadas por la comunidad autónoma.
En efecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, había obviado los aspectos organizativos, de manera que con la aprobación de la LOFAGE y la posterior Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, puede decirse que, en el ámbito estatal, el Gobierno, la organización de la Administración del Estado y el régimen jurídico de ésta se encuentran regulados en tres normas diferentes. En un sentido similar, aunque no idéntico, la evolución normativa de la comunidad autónoma de las Illes Balears ha dado lugar a la aprobación, en primer lugar, de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, y, luego, de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears –con la consiguiente derogación plena de la antigua Ley 5/1984, de 24 de octubre, antes citada–. A su vez, la Ley 3/2003, de 26 de marzo, se ocupa tanto de los aspectos organizativos de la Administración de la comunidad autónoma –que en el ámbito estatal, sin embargo, se encuentran regulados en la LOFAGE–, como de los aspectos propios de su régimen jurídico –en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre–, sin entrar, por tanto, y a diferencia de la LOFAGE, en la organización y el régimen jurídico de las entidades instrumentales de la comunidad autónoma, esto es, en el ámbito propio de la vigente Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Pues bien, el largo tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, y la envergadura y complejidad alcanzada por la comunidad autónoma de las Illes Balears en el momento actual de evolución del estado autonómico, aconsejan modernizar y actualizar la organización y el régimen jurídico de la administración instrumental autonómica, y prever en una misma ley no ya sólo las personificaciones de derecho público integrantes de la administración pública instrumental en sentido estricto –con un alcance similar a la LOFAGE e incorporando, incluso, a los consorcios autonómicos–, sino también las personificaciones de derecho privado, las cuales sirven igualmente al cumplimiento de finalidades públicas propias de la Administración de la comunidad autónoma, si bien en el ámbito estrictamente prestacional, esto es, a los efectos de un adecuado desarrollo económico y social, como acertadamente indica la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
De este modo, el ámbito de la norma incluye tres grandes grupos de personificaciones jurídicas, que con independencia de su sometimiento al régimen jurídico público o privado quedan encuadrados dentro del concepto genérico de sector público instrumental. El primero de los grupos recoge los organismos públicos, en cuya definición genérica se integran los entes en los que tradicionalmente se ha centrado el proceso de la descentralización funcional de la actuación administrativa, esto es, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, y que podríamos encuadrar dentro de la administración institucional típica, como concepto diferenciado de la administración territorial matriz. En este punto, cabe destacar la ausencia de la figura de las agencias –introducida en la LOFAGE por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos–, al considerarse adecuado y suficiente, en el ámbito de la comunidad autónoma, el marco jurídico que ofrecen las otras dos figuras típicas que se han indicado.
En este último sentido, no debe confundirse el hecho de que, actualmente, algunas entidades utilicen el nombre de «agencia» en su denominación con la aplicación a estos entes de un régimen jurídico y propio de las agencias, al margen de esta ley, de manera que, con carácter general, estas entidades constituyen auténticos organismos públicos que, por tanto, deben aplicar el régimen jurídico de los organismos autónomos o de las entidades públicas empresariales, según los casos, sin perjuicio de las particularidades que, en su caso, establecen las leyes de creación de cada ente, por lo cual, en definitiva, es voluntad de esta ley que no exista ningún otro tipo general de organismo público al margen de las dos categorías que en ella se prevén.
El segundo grupo, relativo a las personificaciones jurídico-privadas, vendría integrado por las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público de la comunidad autónoma, por razón de ostentar ésta, directa o indirectamente, la mayoría del capital social o de la dotación, respectivamente. En este sentido la ley obvia, por un lado, la eventual existencia de otras figuras jurídico-privadas, como pueden ser las sociedades civiles –a las que sí se refería la Ley 3/1989, de 29 de marzo–, las sociedades laborales, las sociedades cooperativas, las sociedades de garantía recíproca o, incluso, las asociaciones reguladas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, al considerar que se trata de figuras en las que, por su naturaleza y configuración legal, la administración pública normalmente no ha de integrarse o, cuando menos, no ha de ostentar una posición dominante, lo que las aleja en todo caso de la relación de instrumentalidad propia del objeto de la presente ley. Por otra parte, cabe destacar en este punto que la presente ley, a diferencia de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, incorpora las fundaciones del sector público de la comunidad autónoma, con una regulación similar a la contenida en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, para las fundaciones del sector público estatal. Asimismo, la regulación de las sociedades mercantiles públicas se inspira, en muchos aspectos, en las normas contenidas, respecto de la Administración del Estado, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas.
Por último, un tercer grupo recoge, también por primera vez, la regulación relativa a los consorcios que, de acuerdo con los criterios de vinculación establecidos en el artículo 85.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de someter su régimen jurídico al ordenamiento público autonómico, considerando en este sentido su personificación jurídico-pública. La regulación de dichos consorcios se efectúa, en cualquier caso, de manera separada de los organismos públicos típicos, atendidas la peculiar naturaleza –asociativa– y configuración –esencialmente estatutaria– de este tipo de entes.
El título preliminar, relativo a las disposiciones generales aplicables a todos los entes instrumentales del sector público autonómico, se estructura, a su vez, en seis capítulos, referidos, respectivamente, al objeto, el ámbito de aplicación y la clasificación de los entes instrumentales –distinguiendo entre el sector público administrativo, el empresarial y el fundacional, de un modo equivalente, aunque no idéntico, al establecido en la Ley general presupuestaria respecto de la Administración del Estado–; a los requerimientos previos a la creación de todos los entes instrumentales; a su régimen económico-financiero, en todas sus vertientes –presupuestaria, de tesorería y endeudamiento, contable y de control interno–; a los órganos de dirección y recursos humanos; al régimen en materia de contratación y patrimonio, y al régimen de asesoramiento jurídico y de defensa en juicio.
En este cuerpo de disposiciones generales cabe destacar diversas medidas tendentes a racionalizar la utilización del abanico de entes instrumentales y a limitar el gasto público, como son, en primer lugar, la necesidad de elaborar, en todo caso y previamente a la creación del ente, un plan de actuación inicial y un estudio económico-financiero –de una forma similar–, aunque reforzada, a la prevista en la LOFAGE para la creación de organismos públicos. Asimismo, la ley limita de una forma sustancial el recurso al crédito para la cobertura de los desfases transitorios de tesorería de estos entes, estableciendo, en todo caso, un límite absoluto. Finalmente, y sin perjuicio del régimen general de control financiero previsto en la legislación de finanzas, se potencian algunos de estos mecanismos (comités de auditoría financiera, planes de actuaciones en el ámbito del control de eficacia y eficiencia, etc.), y se establecen nuevas medidas de control, cuando proceda (auditorías internas, controles permanentes y otras medidas extraordinarias o adicionales de control).
Mención especial merece, asimismo, la regulación relativa a los órganos de dirección y a los recursos humanos, que trata de simplificar, racionalizar y homogeneizar dichos órganos de dirección y el régimen jurídico de las personas titulares de los cargos directivos correspondientes, incluido su régimen retributivo. Por otra parte, la norma regula expresamente el régimen del personal al servicio de tales entes instrumentales, diferenciando entre el personal directivo profesional y el resto de personal, funcionario y/o laboral según proceda.
El título I se adentra ya en la regulación de los organismos públicos y se estructura en tres capítulos, referidos, el primero de ellos, a las disposiciones comunes aplicables a dichos organismos, ocupándose el segundo y el tercero del régimen propio de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, respectivamente. A su vez, dentro de las disposiciones comunes, la sección 1.ª se encarga de fijar las normas y los criterios generales de régimen jurídico aplicables a ambos tipos de entes –de un modo sustancialmente idéntico al establecido en la LOFAGE para la Administración del Estado–, incluido el régimen de impugnaciones y reclamaciones previas a la vía civil o laboral e, incluso, el régimen de revisión de oficio y de declaración de lesividad de sus actos. Por su parte, la sección 2.ª se ocupa del régimen aplicable a la creación, modificación, refundición, extinción y liquidación de estos entes de una forma detallada y sistemática. A partir de aquí, los capítulos II y III se limitan a definir y concretar las especificidades de régimen jurídico de ambos tipos de entes en materia de personal, régimen económico-financiero y actos administrativos, todo ello, como ya se ha dicho, a la luz de los criterios doctrinalmente admitidos tras la publicación de la LOFAGE y con la intención de crear un sistema homogéneo de organismos públicos dentro del sector público autonómico.
El título II se dedica a los organismos de naturaleza privada de titularidad pública –esto es, y de acuerdo con lo indicado anteriormente, las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público–, y se estructura de una forma equivalente a la indicada anteriormente respecto del título II. Así, el capítulo I establece el régimen jurídico aplicable, con carácter general y en atención a su naturaleza jurídico-privada, a estos dos tipos de entes –como puede ser el régimen del personal laboral y el régimen económico-financiero–, recordando, asimismo, que en ningún caso estos entes pueden ejercitar potestades públicas reservadas a las administraciones públicas, es decir, a entidades de derecho público. Por su parte, los capítulos II y III delimitan los criterios determinantes de su integración en el sector público autonómico y regulan las particularidades de régimen jurídico de cada uno de ellos en lo que respecta, fundamentalmente, a su creación, modificación y extinción.
En cualquier caso, la regulación contenida en esta ley respecto de unas y otras no pretende alterar el régimen jurídico privado de las mismas que se deduzca de la normativa legal aplicable en cada caso, a saber, la normativa mercantil en un caso y la normativa de fundaciones privadas en el otro. El objetivo perseguido por esta ley con relación a las sociedades y fundaciones públicas, pues, no es otro que el de delimitar conceptualmente aquellas sociedades y fundaciones que, constituidas al amparo del derecho privado, deben ser calificadas como públicas en atención a los criterios de participación o posición dominante en las mismas y que, por ello, las ha de situar en el ámbito de los entes instrumentales de la Administración de la comunidad autónoma. Así, una vez definidas las sociedades y fundaciones que han de ser calificadas como públicas, y en consecuencia integradas en el sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la regulación relativa a su creación, modificación o extinción se circunscribe a los aspectos relativos a la manifestación interna de la voluntad de la organización que pretende crearlas y tutelarlas –en el marco de la doctrina de los denominados actos separables–, todo ello con independencia, pues, de las normas que en este ámbito resulten de aplicación a tenor del ordenamiento privado aplicable. Esto último ha de entenderse sin perjuicio, claro está, de la sujeción de estos entes a determinados principios propios del derecho público –contenidos básicamente en el título preliminar de la ley–, cuyo cumplimiento obligado viene nuevamente exigido por la relación de instrumentalidad que motiva su existencia.
El título III, por fin, acoge la regulación de los denominados consorcios de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Al igual que ocurre con las sociedades y fundaciones públicas, no se pretende regular la figura del consorcio como instrumento administrativo con personalidad jurídica propia –en este caso de derecho público–, sino que se pretende delimitar conceptualmente aquellos consorcios –constituidos o que se prevea constituir al amparo de la legislación vigente al respecto– que, de acuerdo con los criterios de vinculación establecidos en el artículo 85.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, deben considerarse integrados en el sector público de la comunidad autónoma y, con ello, sujetos al ordenamiento autonómico.
En este punto, cabe destacar que la ley, atendidos por un lado la naturaleza jurídico-pública de los consorcios y, por otro, el ámbito de actuación material atribuido normalmente a los consorcios dependientes de la comunidad autónoma –de carácter marcadamente administrativo y no estrictamente empresarial–, opta por acercar estos entes al régimen jurídico propio de los organismos públicos y, en particular, de los organismos autónomos, con excepción en todo caso del régimen de control interno de la Intervención General de la comunidad autónoma, manteniendo en este ámbito el control financiero –posterior– propio del sector público empresarial y fundacional.
Objeto, ámbito de aplicación y clasificación de los entes que integran el sector público instrumental
Esta ley regula el régimen general de organización y de funcionamiento del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y naturaleza de los entes.
1. Integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears los entes que se relacionan a continuación, siempre y cuando se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la Administración de la comunidad autónoma en los términos previstos en la presente ley:
Las entidades que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears están sometidas a los principios de legalidad, servicio al interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia.
Artículo 4. Clasificación del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears se clasifica en:
Requerimientos previos a la creación de los entes instrumentales
Artículo 5. Requerimientos previos a la creación de los entes.
1. La creación y constitución de cualquiera de los entes a que se refiere el anterior artículo 2 debe ir precedida de la elaboración de un plan de actuación inicial que ha de incluir, al menos, los siguientes aspectos:
2. Además, junto con el plan de actuación inicial, ha de incluirse un estudio económico-financiero que ha de justificar la suficiencia de la dotación prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y de los futuros compromisos para garantizar la continuidad durante un período, al menos y con carácter general, de cinco años, y que ha de hacer referencia expresa a las fuentes de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 6. Régimen jurídico-financiero aplicable
1. Las entidades que integran el sector público instrumental administrativo, a las que se refiere el artículo 4.a) de la presente ley, devienen sujetas al régimen general establecido en la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma de las Illes Balears y al resto de normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
Sección 2.ª Presupuestos
Artículo 7. Aprobación del primer presupuesto.
1. Todos los entes que forman parte del sector público instrumental de la comunidad autónoma han de aprobar su primer presupuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de esta ley.
Artículo 8. Modificación de las dotaciones de los entes del sector público empresarial y fundacional.
1. La ampliación de las dotaciones en los presupuestos de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional que, de acuerdo con la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma, tengan carácter limitativo, debe tramitarse de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, y requiere la existencia de recursos adecuados y suficientes para su financiación; del mismo modo, debe justificarse la modificación del estudio económico-financiero previsto en el artículo 5.2 de esta ley.
Artículo 9. Compromisos de gastos plurianuales de los entes del sector público empresarial y fundacional.
1. Las entidades del sector público instrumental empresarial y fundacional pueden formalizar compromisos de gasto que hayan de afectar a dotaciones de ejercicios futuros, pero es necesario el informe favorable de la consejería competente en materia de presupuestos a partir del momento en que el volumen acumulado de compromisos de gasto plurianual sobrepase el 15% de la cuantía total del estado de gastos o de dotaciones del ejercicio corriente de cada entidad. Reglamentariamente se determinarán la tramitación, los requisitos y las condiciones que han de cumplirse para poder llevar a cabo estos compromisos plurianuales.
Artículo 10. Recursos económicos.
Los entes instrumentales pueden disponer de los siguientes recursos económicos:
Sección 3.ª Tesorería y endeudamiento
Artículo 11. Gestión de la tesorería.
1. La coordinación y el control de la gestión de la tesorería de los entes que integran el sector público instrumental deben ser llevados a cabo de manera centralizada la dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente.
Artículo 12. Normas en materia de endeudamiento y financiación de desfases de tesorería.
1. La coordinación y el control del endeudamiento de los entes que integran el sector público instrumental deben llevarlos a cabo de manera centralizada la dirección general competente en materia de tesorería o el órgano que, en su caso, se establezca reglamentariamente.
Sección 4.ª Contabilidad y suministro de información
Artículo 13. Contabilidad y cuentas anuales.
1. Los entes incluidos en el sector público instrumental administrativo han de aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la comunidad autónoma o su correspondiente adaptación.
Artículo 14. Obligación de suministro de información.
1. Los entes públicos instrumentales deben remitir a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a través de la consejería de adscripción, la documentación y los estados contables necesarios para suministrar la información adecuada y suficiente que permita conocer su situación económico-financiera y patrimonial, así como sus datos principales de gestión y de actividad.
Sección 5.ª Régimen de control interno
Artículo 15. Control permanente.
1. Los entes que conforman el sector público instrumental quedan sometidos al control de la Intervención General de la comunidad autónoma, que ha de ejercer las funciones de centro de control interno de acuerdo con lo establecido en la presente ley, en la normativa económico-financiera de la comunidad autónoma y en el resto de normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación. Asimismo, la dirección general competente en materia de presupuesto puede solicitar a los entes del sector público instrumental información que sea relevante para verificar el cumplimento de las disposiciones en materia presupuestaria.
En todo caso, debe constituirse el comité de auditoría en los entes instrumentales cuyo presupuesto de gastos o estado de dotaciones sobrepase los 30 millones de euros.
Artículo 16. Comité de auditoría.
1. Cuando el tipo de actividad de un ente, su volumen de operaciones o cualquier otro motivo justificado así lo aconseje, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, junto con la persona titular de la consejería de adscripción del ente, y a propuesta de la Intervención General, pueden acordar que se constituya un comité de auditoría en el ente. Este acuerdo ha de comunicase al ente afectado para que el órgano al que corresponda la superior dirección y organización del mismo se dé por enterado y nombre el miembro representante del ente a que se refiere el siguiente apartado.
Artículo 17. Control de eficacia y eficiencia.
1. Los entes públicos instrumentales están sometidos al control de eficacia y eficiencia, que debe ejercer la consejería de adscripción, sin perjuicio del que corresponda a la Intervención General o a otros órganos de la comunidad autónoma. Este control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la utilización adecuada de los recursos asignados, así como el control del cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, haya asumido el ente en virtud de convenios, contratos-programa u otros negocios jurídicos.
Artículo 18. Auditoría interna, informe anual de actividad y declaración de garantía de la gestión.
1. Cuando el tipo de actividad de un ente, su volumen de operaciones o cualquier otro motivo justificado así lo aconseje, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos puede proponer al presidente u órgano unipersonal equivalente la creación de una función de auditoría interna. El auditor interno será responsable de verificar el buen funcionamiento de los sistemas y de los procedimientos de ejecución del presupuesto del ente. Asimismo, el auditor interno debe aconsejar a la gerencia del ente en materia de gestión de riesgos, particularmente sobre la eficacia y adecuación de los sistemas de gestión internos.
Artículo 19. Medidas adicionales de control.
Cuando las entidades del sector público instrumental autonómico incumplan los deberes de suministro de información o el plazo para formular o aprobar las cuentas anuales, tengan informes de auditoría con advertencias reiteradas durante dos o más ejercicios, incumplan la norma de ajuste del déficit de capital circulante a que se refiere el artículo 12 de esta ley o no reintegren los fondos autonómicos no utilizados en los plazos fijados, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, que ha de informar previamente a la persona titular de la consejería de adscripción del ente, puede acordar el establecimiento de una o varias de las siguientes medidas de control:
b) El establecimiento de mecanismos específicos de auditoría y control financiero permanente del ente, en el marco de lo que establecen los artículos 15.3, 16 y 18 anteriores.
c) El establecimiento de mecanismos de control financiero permanente del ente.
Órganos de dirección y recursos humanos
Artículo 20. Órganos de dirección.
1. Los órganos superiores de dirección de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears son necesariamente:
3. El consejo de administración, el patronato, la junta de gobierno o el órgano equivalente debe tener un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, entre los cuales ha de haber, al menos, un representante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos y uno de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma. En todo caso, la mayoría de miembros de este órgano han de ser designados, directa o indirectamente, por órganos de la comunidad autónoma o por entes del sector público autonómico.
Los acuerdos por los que se establezcan indemnizaciones por razón de la asistencia a estos órganos colegiados han de ser autorizados previamente por la Administración de la comunidad autónoma, mediante una resolución conjunta de la persona titular de la consejería de adscripción y de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 21. Nombramiento, retribuciones y régimen jurídico de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante acuerdo, el nombramiento y el cese de las personas titulares de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección de los organismos autónomos. El nombramiento y el cese deben realizarse a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción del ente, oído previamente el órgano colegiado superior de dirección del ente.
Artículo 22. Régimen del personal directivo profesional.
1. Las funciones de dirección técnica, programación, coordinación, impulso y evaluación de las actuaciones propias de los entes del sector público instrumental pueden ser ejercidas por personal directivo profesional. El número de puestos de trabajo y las funciones correspondientes han de establecerse por acuerdo del órgano colegiado superior del ente o, en el caso de entidades de derecho público sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de función pública de la comunidad autónoma, por medio de los correspondientes instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo.
4. El personal directivo profesional está sujeto a evaluación de acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia, de responsabilidad por su gestión y de control de los resultados en relación con los objetivos que les sean fijados. Asimismo, le es aplicable a este personal el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Artículo 23. Régimen del personal.
1. El personal al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears puede ser personal funcionario o personal laboral. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas corresponde exclusivamente al personal funcionario. En los entes del sector público instrumental no se permite el nombramiento de personal eventual.
Régimen de contratación y patrimonial
El régimen de contratación del sector público instrumental es el que se prevé en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 25. Régimen de patrimonio.
1. El régimen patrimonial del sector público instrumental es, para las entidades con personificación pública, el que se prevé en la legislación sobre patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 26. Asesoramiento jurídico.
1. El asesoramiento jurídico de los entes instrumentales corresponde, en primer término, al personal propio que tenga atribuida esta función en la relación de puestos de trabajo.
Artículo 27. Representación y defensa en juicio.
1. La representación y la defensa en juicio de los organismos autónomos corresponden a los abogados de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma, excepto que la ley de creación del ente disponga la existencia de un servicio jurídico propio con dichas funciones.
Sección 1.ª Concepto y régimen jurídico
Artículo 29. Personalidad jurídica y potestades.
Artículo 30. Clasificación y adscripción de los organismos públicos.
Artículo 31. Aplicación de los principios generales de la administración pública.
Artículo 32. Impugnaciones y reclamaciones previas a la vía civil o laboral.
Artículo 33. Revisión de oficio y declaración de lesividad.
Sección 2.ª Creación, modificación y extinción
Artículo 34. Creación.
Artículo 35. Estatutos.
Artículo 36. Modificación y refundición.
3. En todo caso, las modificaciones o refundiciones que afecten sustancialmente a aspectos propios del plan de actuación inicial o del estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 5 de esta ley, requieren la elaboración de un nuevo plan de actuación y de un nuevo estudio económico-financiero.
Artículo 37. Extinción y liquidación.
1.º Por el transcurso del tiempo de existencia fijado en la ley de creación.
2.º Porque sus fines y objetivos han sido asumidos en su totalidad por los servicios de la Administración de la comunidad autónoma.
3.º Porque sus fines y objetivos han sido cumplidos en su totalidad, de forma que no se justifica la pervivencia del organismo público.
Artículo 38. Concepto y régimen general.
Artículo 39. Régimen de personal.
Artículo 40. Régimen presupuestario y de control.
Artículo 41. Actos y resoluciones.
Artículo 42. Concepto y régimen general.
Artículo 43. Ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 44. Régimen de personal.
Artículo 45. Régimen presupuestario y de control.
Artículo 46. Actos y resoluciones.
Organismos de naturaleza privada de titularidad pública
Artículo 47. Concepto y clasificación.
Son organismos de naturaleza privada de titularidad pública las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público.
Artículo 48. Personalidad jurídica y potestades.
Los órganos de naturaleza privada de titularidad pública tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer potestades administrativas.
Artículo 49. Régimen del personal.
1. El personal al servicio de los organismos de naturaleza privada de titularidad pública es personal laboral.
2. El personal laboral al servicio de estos organismos se rige, además de por las disposiciones contenidas en el Estatuto básico del empleado público que le sean de aplicación y por el resto de normas laborales y convencionales aplicables al personal de esta naturaleza, por los preceptos de la presente ley y por las normas que la desarrollen, así como por las normas de empleo público de la comunidad autónoma de las Illes Balears que, en el marco de lo establecido en la disposición adicional primera del Estatuto básico del empleado público, lo dispongan expresamente.
Artículo 50. Régimen presupuestario y de control.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control de los organismos de naturaleza privada de titularidad pública es el previsto en la presente ley y en la legislación de finanzas de la comunidad autónoma, sin perjuicio del cumplimiento del resto de normas que, en materia contable, financiera o de control, sean aplicables a estos entes, de conformidad con la legislación general de derecho privado sobre sociedades y fundaciones.
Artículo 51. Concepto y régimen general.
1. Son sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears las sociedades mercantiles con participación mayoritaria en el capital social, directa o indirecta, de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de los entes que integran el sector público instrumental regulados en la presente ley.
2. Las sociedades mercantiles públicas se rigen por el ordenamiento jurídico privado, excepto en los aspectos a que se refiere esta ley y demás normativa de derecho público que les sea de aplicación.
Artículo 52. Creación, modificación y extinción.
1. La creación de sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las eventuales modificaciones de la escritura pública de constitución, así como los actos de adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, directa o indirecta, de la comunidad autónoma y la extinción de la entidad, requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno.
2. El acuerdo se adoptará a propuesta de la consejería interesada y con un informe preceptivo de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
3. En todo caso, las modificaciones de la escritura de constitución que afecten sustancialmente a aspectos propios del plan de actuación inicial o del estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 5 de esta ley, requieren la elaboración de un nuevo plan de actuación y de un nuevo estudio económico-financiero.
El mismo régimen debe aplicarse a las modificaciones de los estatutos a que se refiere el artículo 53.3 siguiente.
Artículo 53. Estatutos.
1. Los estatutos de las sociedades mercantiles públicas han de elevarse al Consejo de Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por el que se autoriza su creación.
2. Junto con la propuesta de acuerdo y los estatutos, el Consejo de Gobierno ha de aprobar el plan de actuación inicial, el estudio económico-financiero y el resto de documentos a que se refiere el artículo 5 de esta ley.
3. Las propuestas de acuerdo de aumento y reducción de capital y las demás que impliquen modificación de los estatutos de las sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de ser elevadas, en todo caso y con carácter previo a su aprobación por el órgano societario que corresponda, al Consejo de Gobierno para su autorización previa, junto con, en su caso, el plan de actuación y el estudio económico-financiero a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52.3 anterior. Este acuerdo se adoptará a propuesta de la consejería interesada, con el informe preceptivo de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
4. Los estatutos de las sociedades mercantiles públicas y sus modificaciones han de publicarse en el ««Boletín Oficial de las Illes Balears» .
Artículo 54. La junta general.
1. La junta general de las sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears en que la administración tenga una participación del cien por cien de su capital social ha de estar constituida por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears.
2. En las sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears en que la administración tenga una participación inferior al cien por cien de su capital social, corresponde al Consejo de Gobierno designar, entre sus miembros, los representantes de este capital en la junta general.
Fundaciones del sector público
Artículo 55. Concepto y régimen general.
1. Son fundaciones del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears las fundaciones constituidas con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o sus entes instrumentales, y también aquellas otras cuyo patrimonio fundacional, con carácter permanente, está integrado en más de un 50% por bienes o derechos cedidos por entidades del sector público autonómico.
2. Las fundaciones del sector público se rigen por el ordenamiento jurídico privado, excepto en los aspectos a que se refiere esta ley y demás normativa de derecho público que les sea de aplicación.
3. Ejerce el protectorado de las fundaciones del sector público la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears mediante las consejerías de adscripción correspondientes, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente.
Artículo 56. Creación, modificación y extinción.
1. La creación, la modificación de la escritura de constitución y la extinción de fundaciones del sector público requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. También requieren acuerdo las cesiones o aportaciones de bienes y derechos a una fundación previamente constituida cuando, como consecuencia de éstas, se dé la circunstancia referida en el artículo 55.1 de la presente ley, así como los actos o negocios que determinen la pérdida del carácter de fundación del sector público autonómico.
2. El acuerdo ha de adoptarse a propuesta de la consejería interesada, con los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de hacienda y presupuestos y en materia de fundaciones, y también, en el caso de extinción del ente, de la consejería competente en materia de función pública.
El mismo régimen debe aplicarse a las modificaciones de los estatutos a que se refiere el artículo 57.3 siguiente.
Artículo 57. Estatutos.
1. Los estatutos de las fundaciones del sector público han de elevarse al Consejo de Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por el cual se dispone su creación.
2. Junto con la propuesta de acuerdo y los estatutos, el Consejo de Gobierno ha de aprobar el plan de actuación inicial de la fundación, el estudio económico-financiero y el resto de documentos a que se refiere el artículo 5 de esta ley.
3. Las modificaciones de los estatutos de las fundaciones del sector público han de elevarse, en todo caso y con carácter previo a su aprobación por el órgano de la entidad que corresponda, al Consejo de Gobierno para que proceda a su autorización previa, junto con, en su caso, el plan de actuación y el estudio económico-financiero a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56.3 anterior.
4. Los estatutos de las fundaciones del sector público y sus modificaciones han de publicarse en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
Artículo 58. Concepto y régimen general.
1. Son consorcios de la comunidad autónoma de las Illes Balears aquellos que están financiados mayoritariamente, directa o indirectamente, por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o por sus entes públicos instrumentales, y también los consorcios en los que los miembros de los órganos de dirección son designados en más de un 50% por la Administración de la comunidad autónoma o por sus entes públicos instrumentales. En todo caso, la creación o la adhesión a un consorcio requiere que se formalice su convenio de colaboración correspondiente con los otros entes consorciados, donde se fijará el régimen de financiación y el número de representantes de cada ente en los órganos de dirección.
2. Los consorcios son entidades de derecho público que pueden ejercer las potestades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
Los consorcios han de regirse, con carácter general y sin perjuicio de las particularidades que se establezcan en sus estatutos, por el derecho administrativo. De acuerdo con ello, son de aplicación a los consorcios, además de las normas establecidas en el presente título y en el resto de legislación aplicable específicamente a los consorcios, las disposiciones relativas a los organismos públicos contenidas en el título I de la presente ley y, en particular, las correspondientes a los organismos autónomos, en la medida que sean compatibles con la peculiar naturaleza de estos entes.
3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley los consorcios constituidos por la comunidad autónoma de las Illes Balears con otras administraciones públicas en los que no concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior.
4. Los órganos de dirección de los consorcios han de estar integrados por representantes de todas las entidades consorciadas en la proporción que se determine en los estatutos respectivos.
Artículo 59. Creación, modificación, extinción y fusión.
1. La creación, la modificación y la extinción de los consorcios requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. El acuerdo se adoptará a propuesta de la consejería afectada, con el informe preceptivo de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, y también, en el caso de extinción del ente, de la consejería competente en materia de función pública, y ha de autorizar a la persona titular de la consejería sectorial a la cual se adscriba el ente para que subscriba el correspondiente convenio de colaboración.
2. En todo caso, el acuerdo del Consejo de Gobierno que decida la participación de la comunidad autónoma en un consorcio ha de determinar, expresamente, si procede, su sujeción al ordenamiento autonómico, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 58.1 anterior.
3. La fusión de consorcios requiere, además del acuerdo de los órganos de dirección correspondientes de cada uno de los consorcios afectados, el acuerdo previo del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las consejerías de adscripción y de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
4. En todo caso, las modificaciones o fusiones que afecten sustancialmente a aspectos propios del plan de actuación inicial o del estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 5 de esta ley, requieren la elaboración de un nuevo plan de actuación y de un nuevo estudio económico-financiero.
Artículo 60. Estatutos.
1. Los estatutos de los consorcios han de elevarse al Consejo de Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la creación o adhesión y el borrador del convenio de colaboración correspondiente. En el caso de adhesión también ha de adjuntarse el convenio de colaboración en virtud del cual se creó el consorcio.
2. Junto con la propuesta de acuerdo y los estatutos, el Consejo de Gobierno ha de aprobar el plan de actuación inicial del consorcio, el informe económico-financiero y el resto de documentos a que se refiere el artículo 5 de esta ley.
3. Las modificaciones de los estatutos de los consorcios han de elevarse, en todo caso y con carácter previo a su aprobación por el órgano de la entidad que corresponda, al Consejo de Gobierno para que proceda a su autorización previa.
4. Los estatutos del consorcio y sus modificaciones han de publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
5. Los estatutos de los consorcios han de regular, como mínimo, los siguientes aspectos:
a)	La denominación del consorcio.
b) La finalidad para la cual se constituye.
c)	La relación de miembros y los criterios de representación.
d) Las condiciones de separación y de adhesión de los miembros consorciados.
e) El domicilio del consorcio.
f)	La configuración de los órganos colegiados y unipersonales de dirección, con las siguientes indicaciones: la composición y los criterios para la designación de los miembros y de los cargos; las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control y cualquier otra que se les atribuya; y la indicación de los actos y las resoluciones que agotan la vía administrativa.
g) Las funciones y competencias del consorcio con la indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercer, y la distribución de las competencias entre los órganos de dirección.
h) El patrimonio que, en su caso, se les asigne para el cumplimiento de sus finalidades y los recursos económicos mediante los cuales se han de financiar.
i) Las especialidades del régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
j) Las especialidades del régimen presupuestario, de contabilidad, control y tesorería.
Artículo 61. Régimen de personal.
1. El personal al servicio de los consorcios puede ser:
b) Personal funcionario de las administraciones consorciadas que le sea adscrito.
2. El personal laboral propio de los consorcios se rige, además de por las disposiciones contenidas en el Estatuto básico del empleado público que le sean de aplicación y por el resto de normas laborales y convencionales aplicables al personal de esta naturaleza, por los preceptos de la presente ley y por las normas que la desarrollen, así como por las normas de empleo público de la comunidad autónoma de las Illes Balears que lo dispongan expresamente.
3. El personal funcionario al servicio de los consorcios se rige por la normativa de función pública aplicable y, en particular, por la legislación de función pública de la comunidad autónoma.
En todo caso, las funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades administrativas deben ejercerse por el personal funcionario al servicio del consorcio.
Artículo 62. Régimen presupuestario y de control.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control de los consorcios es el previsto en la presente ley y en la legislación de finanzas de la comunidad autónoma, sin perjuicio de las particularidades que se puedan establecer en los estatutos del ente.
Disposición adicional primera. Aplicación de la presente ley a otros entes.
1. Cualquier entidad que, a pesar de no formar parte del ámbito de aplicación de la presente ley, deba incluirse en el sector de administraciones públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears por aplicación de las reglas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales a que se refiere el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de estabilidad presupuestaria, y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente ley.
2. Asimismo, las entidades participadas íntegra o mayoritariamente por diferentes administraciones públicas y no integradas en el sector público de ninguna administración territorial matriz, en las que la comunidad autónoma de las Illes Balears tenga la mayor participación, deben remitir a la Intervención General de la comunidad autónoma de las Illes Balears sus cuentas anuales de la manera que prevé el artículo 13 de la presente ley.
3. En todo caso, las cuentas anuales de las entidades a que se refieren los apartados anteriores no han de integrarse en la cuenta general de la comunidad autónoma, sin perjuicio que, si procede, las citadas cuentas deban remitirse directamente por estos mismos entes a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.d) de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.
Disposición adicional segunda. Referencias contenidas en las normas vigentes a la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y a entes instrumentales de la comunidad autónoma.
1. Las referencias contenidas en la normativa vigente a la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de entenderse referidas a esta ley.
2. Las referencias contenidas en la normativa vigente a las entidades autónomas, a las entidades de derecho público que han de ajustar la actividad al ordenamiento jurídico privado, a las sociedades civiles o mercantiles con participación mayoritaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a las fundaciones del sector público autonómico y a los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico, deben entenderse realizadas, respectivamente, a los organismos autónomos, a las entidades públicas empresariales, a las sociedades mercantiles públicas, a las fundaciones del sector público y a los consorcios regulados en la presente ley.
3. Las referencias contenidas en la normativa vigente y, en particular, en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a la administración instrumental de la comunidad autónoma, han de entenderse realizadas, con carácter general, a los organismos públicos y a los consorcios regulados en la presente ley, como entidades de derecho público instrumentales que pueden ejercer potestades administrativas en los términos que prevé el artículo 1.2 de la Ley 3/2003.
Disposición adicional tercera. Entes de gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
1. Los entes constituidos al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, han de regirse por su normativa específica, y se les han de aplicar, con carácter supletorio, los preceptos de esta ley correspondientes a su naturaleza.
2. Las fundaciones públicas sanitarias a las que se refiere el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que se constituyan en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de regirse por su normativa específica, y se les han de aplicar, con carácter supletorio, los preceptos de esta ley correspondientes a las entidades públicas empresariales.
Disposición adicional cuarta. Régimen jurídico de determinados entes.
1. La Agencia Tributaria de las Illes Balears ha de regirse por su legislación específica y, supletoriamente, por las disposiciones de la presente ley aplicables a los organismos autónomos.
Asimismo, el Consejo Económico y Social de las Illes Balears y el Consejo Audiovisual de las Illes Balears han de regirse por su legislación específica y, supletoriamente, por las disposiciones de la presente ley aplicables a los organismos autónomos, siempre que la aplicación supletoria de las citadas disposiciones no afecte a la independencia funcional de dichos entes.
2. El Servicio de Salud de las Illes Balears ha de regirse por las disposiciones aplicables a los organismos autónomos, sin perjuicio de las especialidades contenidas en su legislación específica.
Disposición adicional quinta. Establecimiento de parámetros específicos.
1. Reglamentariamente ha de establecerse un cuadro que agrupe los entes que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma en bloques homogéneos por razón de su presupuesto, cifra de negocios o cualquier otro indicador relevante y, para cada uno de estos bloques, han de fijarse los siguientes parámetros:
a) El número máximo de miembros del consejo de administración o del órgano colegiado de dirección equivalente.
b) El número máximo y las retribuciones máximas de los gerentes y órganos unipersonales de dirección.
c) El número máximo y las retribuciones máximas del personal directivo profesional.
d) Las dietas de los miembros del consejo de administración.
2. Excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, se pueden superar los parámetros a que se refieren las letras b) y c) del apartado anterior, respetando en todo caso los límites que se establecen en esta ley.
Disposición adicional sexta. Consolidación de las cuentas anuales.
Los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma que formen parte entre sí de un grupo de empresas, además de rendir cuentas individualmente, deben consolidar, a través de la entidad matriz, las cuentas del grupo.
Disposición adicional séptima. Servicio específico de la Intervención General.
1. El ejercicio del control permanente puede requerir la existencia de un servicio específico y especializado de la Intervención General asignado a los entes del sector público instrumental, sin perjuicio de las actuaciones concretas que de forma puntual puedan realizar los servicios generales de la misma Intervención General.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno la creación de este servicio en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.
Disposición adicional octava. Integración de los sistemas de gestión económico-financiera.
1. A propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, el Consejo de Gobierno acordará que los sistemas de información contable de los entes que integran el sector público autonómico estén integrados en el sistema de información económico-financiera general de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. En todo caso, la gestión económico-financiera de estos entes ha de llevarse a cabo de manera que se garantice la interconexión informática con los sistemas corporativos de la Administración de la comunidad autónoma.
3. En los términos que se establecen por reglamento, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal básica en relación con el perfil del contratante, los órganos de contratación de los entes del sector público instrumental han de publicar en el citado perfil la siguiente información:
a) La fecha, el concepto, el importe y la persona adjudicataria en los contratos de cuantía superior a 30.000 euros.
b) Todas las prórrogas y modificaciones superiores al 10% del importe de adjudicación de los contratos publicados en el perfil.
c) El concepto, la persona adjudicataria, la fecha de inicio y el importe en los contratos de emergencia.
Disposición adicional novena. Gestión de nóminas y mesas de negociación.
1. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 23.4 de la presente ley, corresponde a la consejería competente en materia de función pública el asesoramiento y la coordinación general en la elaboración de las nóminas del personal al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma.
2. Asimismo, a las reuniones de los órganos de negociación de las condiciones del personal de estos entes deben ser convocados expresamente un representante de la consejería competente en materia de función pública y otro de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. A estos efectos, la presidencia del ente o el órgano unipersonal equivalente ha de comunicar a ambas consejerías, con la suficiente antelación, la celebración de las reuniones de estos órganos, con inclusión del orden del día que se prevea.
Disposición adicional décima. Régimen de personal en supuestos de translación de competencias o funciones.
1. En el supuesto de que las funciones atribuidas a una entidad pública empresarial, a un organismo de naturaleza privada de titularidad pública o a un consorcio sean asumidas directamente por la Administración de la comunidad autónoma o por un organismo autónomo, al personal laboral propio de la entidad afectada se le aplicará lo dispuesto en la norma o el instrumento jurídico de extinción, que en ningún caso puede implicar la asunción de la condición de personal fijo de la Administración de la comunidad autónoma sin la superación de un proceso de consolidación, de manera que se garantice el cumplimiento de los principios rectores en el acceso al empleo público establecidos en el artículo 55 del Estatuto básico del empleado público y en la legislación de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Cuando funciones desarrolladas por la Administración de la comunidad autónoma o un organismo autónomo se atribuyan a otro ente público instrumental, los puestos de trabajo que las tienen asignadas y el personal funcionario o laboral que los ocupa han de adscribirse al ente correspondiente en los términos previstos en los estatutos o la norma de creación del ente y, en su caso, en la norma o el instrumento jurídico de asunción de las competencias.
El personal funcionario que pase a prestar servicios en estos entes instrumentales mantiene la condición de personal funcionario de la administración de origen y queda en la situación administrativa que corresponda.
El personal laboral queda en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad y mantiene los derechos que le correspondan, incluido el derecho a participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo o de promoción interna que convoque la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en igualdad de condiciones con el resto de personal de su categoría profesional.
3. Cuando la traslación de competencias o funciones tenga lugar entre entidades públicas empresariales, consorcios y/o organismos de naturaleza privada, han de aplicarse las reglas que, en relación con la extinción de los entes afectados, establezcan las normas o los acuerdos del Consejo de Gobierno a que se refieren los artículos 37.2, 52, 56 y 59 de la presente ley, según los casos.
4. En todo caso, previamente a la aprobación de la norma o del instrumento jurídico que corresponda en cada caso, debe solicitarse un informe preceptivo y vinculante a la consejería competente en materia de función pública.
Disposición adicional undécima. Responsabilidades en materia de gestión de personal.
La condición de personal laboral fijo al servicio de los entes públicos instrumentales únicamente puede alcanzarse mediante la participación en los procesos selectivos correspondientes y en ningún caso por la conversión de contratos laborales de duración determinada. La conversión de contratos laborales de duración determinada en contrataciones indefinidas puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad a la gerencia o al órgano de dirección del ente, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueden incurrir otros órganos por razón de su participación en la toma de decisiones.
Disposición adicional duodécima. Departamento específico de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma.
1. El ejercicio permanente de las funciones de asesoramiento jurídico y de defensa en juicio de los entes instrumentales puede requerir la existencia de un departamento específico y especializado de la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma asignado a los entes del sector público instrumental.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción de la Abogacía de la comunidad autónoma, modificar la estructura de la Dirección de la Abogacía en este sentido.
Disposición adicional decimotercera. Personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears y personal docente no laboral.
Las referencias al personal funcionario contenidas en la presente ley ha de entenderse que comprenden, también, al personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears y al personal docente no laboral al servicio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Disposición adicional decimocuarta. Régimen específico de los órganos colegiados superiores de dirección de determinados entes.
Las normas relativas a los órganos colegiados superiores de dirección que contiene el artículo 20.3 de la presente ley no han de aplicarse a las entidades del sector público instrumental que, de acuerdo con las leyes sectoriales aplicables, dispongan de una regulación específica.
Disposición transitoria primera. Reducción y simplificación del sector público.
En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo, ha de crear una comisión que se encargue de analizar el conjunto de entes integrantes del sector público autonómico y proponer la supresión, refundición o modificación de aquellos entes en que así lo aconsejen razones de simplificación, economía, eficacia y eficiencia en la gestión.
En particular, el análisis de esta comisión debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos:
a) Los entes que se consideren necesarios para ejecutar los servicios correspondientes.
b) Las dotaciones de personal adecuadas y su calificación.
c) Las medidas de control aplicables.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los entes que integran el sector público instrumental a las previsiones de la presente ley.
1. Sin perjuicio de las competencias de control que esta ley atribuye a las consejerías a las cuales esté adscrito el ente, que son de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los entes del sector público instrumental existentes han de regirse por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta ley, hasta que se adapten a las previsiones que contiene.
2. La adaptación de los entes que a la entrada en vigor de la presente ley integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears ha de realizarse por decreto del Consejo de Gobierno en el caso de organismos públicos, o ha de autorizarse por acuerdo del Consejo de Gobierno en el resto de casos, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción y con el informe favorable de las consejerías competentes en materia de relaciones institucionales y de hacienda y presupuestos.
3. Este proceso de adaptación debe de haberse hecho efectivo en un plazo máximo de un año, a contar a partir de la entrada en vigor de esta ley.
4. Mientras no se aprueben el decreto y el acuerdo citados, la equivalencia que, con carácter general, hay entre los entes creados de acuerdo con las disposiciones vigentes y los entes que configura esta ley es la siguiente:
a) Entidades autónomas del artículo 1.a) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo: organismos autónomos del artículo 2.1.a) de esta ley.
b) Empresas públicas del artículo 1.b).1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo: entidades públicas empresariales del artículo 2.1.b) de esta ley.
c) Empresas públicas del artículo 1.b).2 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo: sociedades mercantiles públicas del artículo 2.1.c) de esta ley.
d) Fundaciones del sector público autonómico a que se refiere el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio: fundaciones del sector público del artículo 2.1.d) de esta ley.
e) Consorcios sometidos al ordenamiento autonómico a que se refiere el artículo 1.4 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears en relación con el artículo 85.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears: consorcios del artículo 2.1.e) de esta ley.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de determinado personal eventual de entidades del sector público instrumental.
El personal que, a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, constituya personal eventual al servicio de entidades del sector público instrumental permanecerá en el puesto de trabajo para el cual haya sido nombrado y ejercerá las funciones correspondientes hasta que, de acuerdo con la normativa aplicable al personal eventual, tenga lugar su cese efectivo.
Disposición transitoria cuarta. Control financiero permanente y comité de auditoría de determinadas entidades.
El régimen de control financiero permanente y del comité de auditoría a que se refieren el segundo párrafo del artículo 15.3 y del artículo 16.1 de esta ley, respectivamente, debe aplicarse a los ejercicios presupuestarios que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley.
1. Se derogan expresamente las siguientes normas:
a) La Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de esta ley.
b) La disposición adicional tercera de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de patrimonio.
c) El artículo 10 de la Ley 5/1996, de 18 de diciembre, de diversas medidas tributarias y administrativas.
d) Los artículos 14 y 15 de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
e) El apartado 3 del artículo 54, el apartado 3 del artículo 55, los artículos 74 y 86 y la disposición transitoria única de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Asimismo, se derogan todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Registro de entidades del sector público instrumental.
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley ha de crearse y regularse, por reglamento, un registro de entidades del sector público instrumental, como instrumento de publicidad de los principales datos y actuaciones de estas entidades.
Disposición final segunda. Proyecto de ley de finanzas de la comunidad autónoma.
Antes de día 31 de diciembre de 2012, el Gobierno de las Illes Balears presentará al Parlamento de las Illes Balears un proyecto de ley de finanzas de la comunidad autónoma que sustituya el texto refundido de la vigente ley aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.
Disposición final tercera. Modificaciones del texto refundido de la Ley de finanzas de la Comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.
1. El apartado 3 del artículo 1 queda modificado de la siguiente manera:
«3. A los efectos de la presente ley, integran el sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
a)	Los órganos de la comunidad autónoma de las Illes Balears regulados en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio del régimen particular que establecen las normas que regulen su funcionamiento y autonomía presupuestaria.
b)	La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
c)	Los organismos autónomos vinculados a la Administración de la comunidad autónoma o dependientes de ella.
d)	El Servicio de Salud de las Illes Balears, el cual ha de sujetarse al régimen aplicable a los organismos autónomos a que se refiere la letra c) anterior, sin perjuicio de las especialidades contenidas en la presente ley y en el resto de las normas aplicables a esta entidad.
e)	La Agencia Tributaria de las Illes Balears, que se rige por lo establecido en la normativa específica reguladora de esta entidad y, supletoriamente, por el régimen aplicable a los organismos autónomos a que se refiere la letra c) anterior.
f)	Las entidades públicas empresariales vinculadas a la Administración de la comunidad autónoma o dependientes de ella.
g) Las sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
h)	Las fundaciones del sector público.
i)	Los consorcios.»
2. El apartado 4 del artículo 1 queda modificado de la siguiente manera:
«4. Los consorcios de la comunidad autónoma de las Illes Balears han de aplicar las normas establecidas en la presente ley para los organismos autónomos en todo lo que sea compatible con la naturaleza jurídica de estos entes y su normativa específica.»
3. Los apartados 3 y 4 del artículo 33 quedan modificados de la siguiente manera:
«3. Integran los presupuestos generales de la comunidad autónoma:
a) Los presupuestos del Parlamento de las Illes Balears y de los órganos estatutarios regulados en el Estatuto de Autonomía, así como el presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma y de sus organismos autónomos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
b) El presupuesto del Servicio de Salud de las Illes Balears.
c) El presupuesto de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
d) Los presupuestos de las entidades públicas empresariales.
e) Los presupuestos de las sociedades mercantiles públicas.
f) Los presupuestos de las fundaciones del sector público.
g) Los presupuestos de los consorcios.
4. Los presupuestos de los organismos autónomos se integran en el presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma en secciones separadas para cada entidad. No obstante, la ley de creación de cada organismo autónomo puede establecer que el organismo disponga de presupuesto propio, el cual no se integrará en el de la Administración de la comunidad autónoma.»
4. El apartado 2 del artículo 34 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Los presupuestos de cada una de las entidades a que se refiere el artículo 33.3 de esta ley, que integran los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de aprobarse sin déficit inicial entre sus estados de gastos o de dotaciones, por una parte, y sus estados de ingresos o de recursos, por otra.»
5. Se modifica el capítulo IV del título II que pasa a tener la siguiente redacción:
Presupuestos de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles públicas y de las fundaciones del sector público
Artículo 64. Estructura y contenido de los presupuestos de las entidades públicas empresariales y de las sociedades mercantiles públicas.
1. Las actividades de las entidades públicas empresariales y de las sociedades mercantiles públicas han de quedar reflejadas en un presupuesto de explotación y de capital, cuya estructura se determinará por la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. Este presupuesto, como mínimo, ha de tener el siguiente contenido:
a) Un estado de recursos, con las correspondientes estimaciones de ingresos del ejercicio.
b) Un estado de dotaciones, con la evaluación de las necesidades de gasto para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio.
2. El importe de las dotaciones destinadas a remuneraciones del personal al servicio de estos entes tiene carácter limitativo. Asimismo, el importe total de las dotaciones que correspondan a gastos corrientes, por un lado, y el importe total de las dotaciones correspondientes a gastos de capital, por otro, también tiene carácter limitativo.
De acuerdo con ello y dentro del límite de los importes totales de las dotaciones para gastos corrientes, por un lado, y de las dotaciones para gastos de capital, por otro, el importe de cada una de las dotaciones tiene carácter estimativo, excepto con respecto a los gastos de personal.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción de la entidad, puede ampliar o reducir el límite máximo de las dotaciones para gastos de personal y de las dotaciones totales para gastos corrientes y de capital.
Artículo 65. Anteproyecto de presupuesto de explotación y capital.
Las entidades y sociedades a que se refiere el artículo anterior elaborarán anualmente el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital, al cual ha de adjuntarse la documentación complementaria siguiente, de acuerdo con las previsiones plurianuales que se establezcan:
a) Una memoria explicativa del contenido y de los objetivos que han de conseguirse durante el ejercicio, entre los cuales deben figurar las rentas que esperen generar por razón de su actividad y los indicadores de eficacia, así como el resto de aspectos que se establezcan mediante la orden a que se refiere el artículo 66.1.
b) Un avance del estado de ejecución del ejercicio corriente.
Artículo 66. Procedimiento de elaboración y ámbito temporal.
1. Los anteproyectos de presupuestos de explotación y de capital y la documentación complementaria a que se refiere el artículo anterior deben remitirse a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a través de la consejería de adscripción de la entidad correspondiente, antes de la fecha que se determine mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
2. Estos anteproyectos se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de esta ley.
3. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes que resulten necesarios cuando las operaciones a realizar por la entidad o la sociedad estén vinculadas a un proceso productivo de distinto ámbito temporal.
Artículo 67. Fundaciones del sector público.
Las disposiciones contenidas en los artículos 64 a 66 de esta ley se aplicarán a las fundaciones del sector público en todo lo que no se opongan a su normativa específica.»
6. El artículo 68 queda sin contenido.
7. El artículo 86 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 86. Entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma.
1. Las disposiciones contenidas en los artículos 79 a 85 de la presente ley son de aplicación a los organismos autónomos, excepto que la ley de creación del organismo prevea la aplicación, únicamente, del control financiero.
2. La intervención previa del resto de entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma, con inclusión de los consorcios, se sustituirá, en todo caso, por el control financiero regulado en el capítulo III de este título, sin perjuicio de los mecanismos específicos de control permanente de la gestión de estos entes que, en su caso, se establezcan en la legislación reguladora del sector público instrumental de la comunidad autónoma.»
8. El apartado 5 del artículo 87 queda modificado de la siguiente manera:
«5. Corresponde al titular de cada consejería llevar a cabo el seguimiento de las deficiencias detectadas en los controles financieros de la consejería y de los entes instrumentales adscritos, así como de las medidas que deban adoptarse para solucionarlas.»
9. El apartado 1 del artículo 92 queda modificado de la siguiente manera:
«1. La cuenta general de la comunidad autónoma comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y ha de formarse con los siguientes estados contables:
a) Cuenta de la Administración de la comunidad autónoma.
b) Cuentas anuales del Servicio de Salud de las Illes Balears, de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y, en su caso, de cada uno de los organismos autónomos con presupuesto propio en los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
c) Cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.
d) Cuentas anuales de las sociedades mercantiles públicas.
e) Cuentas anuales de las fundaciones del sector público.
f) Cuentas anuales de los consorcios.»
10. El apartado 2 del artículo 92 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Asimismo debe incorporarse a la cuenta general de la comunidad autónoma cualquier otro estado que se determine por vía reglamentaria y, en todo caso, los informes de auditoría de las cuentas anuales de cada entidad, como también los estados que reflejen el movimiento y la situación de los avales concedidos por la comunidad autónoma.»
11. El apartado 4 del artículo 92 queda sin contenido.
12. El artículo 94 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 94. Cuentas anuales del resto de entes instrumentales del sector público de la comunidad autónoma.
1. Las cuentas a que se refieren las letras b) a f) del artículo 92.1 anterior las formará la Intervención General de acuerdo con las cuentas de cada una de las entidades que deban presentarse al Parlamento de las Illes Balears, a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y al Tribunal de Cuentas.
2. La falta de remisión de las citadas cuentas no será obstáculo para que la Intervención General pueda formar la cuenta general de la comunidad autónoma con las cuentas que haya recibido.»
13. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 100, con la siguiente redacción:
«3. Asimismo, en el mes de septiembre de cada año el Gobierno de las Illes Balears debe remitir al Parlamento de las Illes Balears un avance de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de situación a 30 de junio del año en curso de todas las entidades del sector público autonómico a que se refiere el capítulo IV del título II cuyo presupuesto de gastos o estado de dotaciones supere los 30 millones de euros.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
Se modifica la letra g) del artículo 8.3 de la Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«g) Aceptar las delegaciones de competencias de otras administraciones públicas y sus entidades dependientes a favor de la Agencia Tributaria, y autorizar las delegaciones de competencias y las encomiendas de funciones de la Agencia a otras administraciones o entidades públicas.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
Se modifica la letra b) del artículo 70.3 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«b) Contra los actos del director general o del órgano de dirección del Servicio de Salud de las Illes Balears puede interponerse recurso de alzada ante el Consejo General, excepto los actos dictados en materia de contratos del sector público, de responsabilidad patrimonial y de personal estatutario, los cuales agotan la vía administrativa.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se modifica la letra l) del artículo 99.1 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«l) Cuando sean nombrados o contratados como personal directivo profesional de la Administración de la comunidad autónoma o de cualesquiera de las entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma.»
2. Se añade una nueva letra, la letra m), al artículo 99.1 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«m) En los otros supuestos que determine la normativa básica estatal o una ley.»
Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
Palma, 21 de julio de 2010.–El Presidente, Francesc Antich Oliver.–El Consejero de Presidencia, Albert Moragues Gomila.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 112, de 29 de julio de 2010)
Fecha de disposición: 21/07/2010
Fecha de entrada en vigor: 30/07/2010
Publicada en el BOIB núm. 112, de 29 de julio de 2010.
SE AÑADE las disposiciones adicionales 16 y 17, por Ley 1/2019, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2019-2862).
los arts. 9 y 20.5, por Ley 14/2018, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-996).
los arts. 9, 21 y disposición adicional 9, por Ley 13/2017, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-929).
los arts. 25.1, 55.1 y 56.1, por Ley 18/2016, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-558).
los arts. 20.5, 21.1, 25.1, 58.1, 61 y SE AÑADE la disposición transitoria quinta, por Ley 12/2015, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-824).
con efectos desde el 1 de enero de 2016, los arts. 58.1 y 61, por Ley 4/2014, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-6017).
los arts. 58, 60.3, disposición adicional 9 y SE AÑADE la disposición adicional 15, por Ley 13/2014, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-1059).
los arts. 12, 13, 20, 21 y 22, por Ley 15/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-631).
los arts. 15, 20, 21, 22, 23 y 57, por Decreto-ley 5/2012, de 1 de junio (Ref. BOIB-i-2012-90028).
los arts. 21.3 y 22.5, por Decreto-ley 3/2012, de 9 de marzo (Ref. BOIB-i-2012-90026).
los arts. 15, 16, 19, 48, 52, 54, 55, 56 y la disposición adicional 14, por Ley 9/2011, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-2272).
por Decreto-ley 1/2011, de 29 de julio (Ref. BOIB-i-2011-90080).
arts. 54.3, 55.3, 74, 86 y la disposición transitoria única de la Ley 3/2003, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2003-8438).
arts. 14 y 15 de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-9158).
art. 10 de la Ley 5/1996, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-3986).
Disposición adicional 3 de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-6338).
art. 8.3.g) de la Ley 3/2008, de 14 de abril (Ref. BOE-A-2008-8768).
art. 99.1 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-2007-8713).
arts. 1, 33, 34.4, 86, 87, 92, 94, 100.3, el capítulo IV del título II y DEJA SIN EFECTO el art. 68, de la Ley de Finanzas, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio (Ref. BOE-A-2005-16585).
art. 70.3.b) de la Ley 5/2003, de 4 de abril (Ref. BOE-A-2003-9336).
DE CONFORMIDAD con arts. 48.2 y 79 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2007-4233).