Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/434
Timestamp: 2020-07-04 21:34:49
Document Index: 193678857

Matched Legal Cases: ['Artículo 644', 'Artículo 733', 'Artículo 749', 'Artículo 962', 'Artículo 965', 'Artículo 969', 'Artículo 973', 'Artículo 975', 'Artículo 977', 'Artículo 978', 'Artículo 586', 'Artículo 600']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 54/1985
SENTENCIA 54/1985, de 18 de abril
ECLI:ES:TC:1985:54
En el recurso de amparo núm. 349/1984, promovido por don Antonio Villarino Gómez, representado por el Procurador don Antonio Rueda Bautista y dirigido por el Letrado don Emilio Sanz Prieto, contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela de 12 de abril de 1984, dimanante del juicio de faltas 1.163/1979 del Juzgado de distrito núm. 1 de dicha ciudad, por infracción de los arts. 24.1 y 2 de la Constitución, habiendo comparecido en el proceso el Ministerio Fiscal y siendo Ponente el Magistrado de la Sala don Angel Escudero del Corral, quien expresa el parecer de la misma.
a) Que en el Juzgado de Distrito núm. 1 de Santiago de Compostela se siguió el juicio de faltas núm. 1.163/1979 contra el actor del amparo, en que recayó Sentencia de 11 de enero de 1984 declarando como hechos probados los de que el 29 de julio de 1979, conduciendo José María Menéndez Gutiérrez un vehículo de su propiedad, por la carretera La Coruña-Túy, colisionó con otro vehículo, conducido por el propietario Antonio Villarino Gómez, que se incorporaba a la carretera desde la explanada de un taller, sufriendo el primer carruaje daños que ascendían a 22.016 pesetas, siendo causa de la colisión que el citado conductor Antonio Villarino no cedió oportunamente el paso al vehículo que circulaba por la vía preferente, a la cual pretendía incorporarse.
d) Entablado recurso de apelación contra dicha Sentencia por el actor del amparo, don Antonio Villarino, se tramitó ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, produciéndose en esta segunda instancia la infracción del art. 24.1 y 2 de la Constitución Española (C.E.).
e) Como consta en el resultando segundo de la Sentencia del Juzgado de Instrucción, el Fiscal y el apelado solicitaron la confirmación de la Sentencia de instancia y postuló su revocación el condenado señor Villarino.
g) Sin embargo, el Juzgado de Instrucción, en el considerando primero, estimó haberse producido lesiones a Gregoria Lucas Aparicio en el accidente automovilístico indicado, que tardaron diez días en curarse, por lo que, al estar erróneamente calificados los hechos, revisaba la Sentencia apelada, al entender que constituían la falta del art. 586.3 del Código Penal, por la que condenó al denunciado y autor del accidente, señor Villarino. En el fallo, que revocó la Sentencia apelada, estimó como autor de dicha falta de imprudencia leve al recurrente, señor Villarino, y le condenó a las penas de 10.000 pesetas de multa o doce días de arresto carcelario, reprensión privada, privación de dos meses del permiso de conducir vehículos de motor y al pago de las costas de ambas instancias, debiendo indemnizar a Gregoria Lucas por su incapacidad en 12.000 pesetas a cargo de la «Compañía Adriática, Sociedad Anónima», por razón del Seguro Obligatorio, y por daños materiales a la «Compañía Cemcobi» en 51.628 pesetas, con aplicación del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Esta concepción del juicio de faltas como dominado por el sistema inquisitivo varió esencialmente, desde la puesta en marcha de la Ley de Bases para la regulación de la Justicia Municipal de 19 de julio de 1944 y su posterior legislación complementaria, especialmente, el Decreto de 24 de enero de 1947, el Decreto de 21 de noviembre de 1952 y la Ley de 8 de abril de 1967, pues se entregó el conocimiento de la mayor parte de las faltas y de sus procedimientos -salvo las faltas contra el orden público y contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, que son competencia de los Jueces de Paz- a los Jueces Comarcales y Municipales, posteriormente denominados Jueces de Distrito, y que en virtud del mandato del art. 122.1 de la C.E. forman ya parte de la Carrera Judicial como Cuerpo unitario -Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre-, al igual que sucede con los Fiscales de Distrito integrados en la Carrera Fiscal -art. 32 y siguientes del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre-, y como todos ellos son Cuerpos técnicos, desapareció una de las razones que apoyaba la aplicabilidad del principio inquisitivo de los juicios de faltas, al ser de la competencia de dichos Jueces y Fiscales de Distrito, y de los Jueces de Instrucción, el conocimiento de las dos instancias, por lo que las atribuciones otorgadas por la jurisprudencia al Juez de instancia, actuando sin acusación previa o fuera de ella y las garantías reforzadas y libérrimas de supervisión del Juez de apelación, ya no tienen razón de ser, al resultar innecesarias las facultades extremas propias del sistema inquisitivo, en el que los Jueces mantienen una posición activa sustituyendo a las partes, que puede afectar a su posición desapasionada, serena e imparcial, al confundirse los planos propios de la acusación y la decisión, lo que se evita con el sistema acusatorio en el que se desdoblan ambas funciones, otorgándose la acusación, a través del ejercicio de la oportuna pretensión al Ministerio Fiscal o a las partes acusadoras, actuando juntas o separadamente, y al Juez la decisión definitiva de la controversia y oposición. No teniendo tampoco consistencia el otro soporte en que se basaba la antigua jurisprudencia, para mantener el principio inquisitivo con dichas consecuencias, argumentando que si el Juez podía iniciar el juicio de faltas convocando a su celebración, sin acusación previa, también podía tenerla para decidir el proceso sin dicha acusación o por fuera de ella rebasándola, porque con esta alegación se confunde el principio de mera oficialidad o de impulso procesal, aplicado para llamar a las partes a la celebración rápida del juicio oral, por no existir fase instructora previa ni intermedia en el sencillo juicio de faltas, con el principio inquisitivo, en el que la persecución supone un derecho incondicionado del Juez sin necesidad de acusación alguna, cuando no debe ni puede efectuarse esta interpretación extensiva y perjudicial, toda vez que en el juicio oral de faltas, el Ministerio Fiscal necesariamente ha de intervenir -salvo en los supuestos de faltas privadas-, según deriva de lo dispuesto esencialmente en el art. 124 de la C.E., que le encomienda promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, actuando de oficio, y también resulta de lo establecido en los arts. 969, 977 y 978 de la L.E.Cr. y de las normas 1, 7, 14 y 15 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, pues debe ejercitar la función que tiene asignada en los arts. 100, 101 y 105 de la misma ordenanza procesal general, que no es otra que la de actuar la acción penal, si procede, en defensa de los intereses públicos, otorgando efectividad al principio acusatorio, en el que la facultad de juzgar depende de que el Fiscal, o el acusador privado, promuevan la acción de la Justicia, por lo que si su posición es la de solicitar el castigo de la falta el Juez debe atenderla o rechazarla, y en caso de discrepancia por ausencia de acusación, utilizar el trámite dispuesto en el art. 644 de la L.E.Cr., o si estima corresponde calificación distinta de la falta, por proceder la efectividad de otra con superior sanción, aplicar por analogía el art. 733 de la misma Ley, planteando la «tesis», que incide y limita el sistema acusatorio o de rogación en evitación de incongruencias, por calificaciones defectuosas de las infracciones veniales por las partes acusadoras, y que permite excepcionalmente al Juez una actuación más flexible y por encima de la acusación, pero sin que ello suponga, en definitiva, la derogación del esencial principio acusatorio, sino excepcionalmente su mera corrección en pro de la mejor realización de la Justicia con todas las garantías de defensa contradictoria.
1. Estimar el recurso de amparo promovido por el Procurador don Antonio Rueda Bautista, en nombre y representación de don Antonio Villarino Gómez, declarando que la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santiago de Compostela de 12 de abril de 1984, dimanante del juicio de faltas 1.163/1979 del Juzgado de Distrito núm. 1 de dicha ciudad, ha infringido los derechos del mismo, a una tutela judicial efectiva, el de defensa, el de conocimiento de la acusación y el relativo a un proceso con todas las garantías.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 349-1984
Fecha de resolución 18/04/1985
Revisión "ex officio" por el Juez "ad quem" de Sentencia condenatoria del Juez de Distrito en juicio de faltas, con infracción del principio acusatorio y de la prohibición de la "reformatio in peius"
El derecho a la tutela judicial efectiva determina la exigencia de separar por regla general, y salvo circunstancias muy excepcionales, la función de juzgar de la de acusar, para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del Juez, evitando que actúe como parte en el proceso contradictorio frente al acusado, cuando debe ser un órgano imparcial que ha de situarse por encima de las partes acusadoras e imputadas, para decidir justamente la controversia determinada por sus pretensiones en relación con la culpabilidad o inocencia, sin que, por lo tanto, pueda anular o sustituir las funciones oficiales pertenecientes al Fiscal o a las partes ofendidas o interesadas en ejercer la acusación por delitos o faltas, y sin perjuicio de realizar, en su caso, el derecho que le otorga el art. 733 de la L.E.Cr., para la fase de la primera instancia únicamente.
El art. 24.2 de la C.E. exige información de la acusación a los acusados, para que el proceso ofrezca las garantías debidas, y todo ello con la evidente finalidad de que puedan ejercitar el inviolable derecho de defensa efectuando alegaciones y proponiendo pruebas en toda su extensión, para lograr alcanzar un equilibrio entre acusador y acusado en el proceso penal que evite la prohibida indefensión.
El Tribunal de alzada no puede agravar o empeorar la condición de los derechos del recurrente, apoyándose en una pretensión de signo contrario y beneficiosa, que se transforma en peyorativa al resolver «extrapetitum», imponiendo superiores sanciones o mayor número de penas, o ampliando el contenido de las indemnizaciones, lo que sólo podría aceptarse si concurrieran otras partes apelantes que con sus peticiones permitieran efectuar una decisión de superior contenido contra el condenado apelante, pues aunque la apelación se considere como un «novum iudicium», la revisión que supone debe encuadrarse dentro de las pretensiones ejercitadas en ambas instancias, no admitiendo las apreciaciones distintas que las superen, con agravio indudable de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Artículos 299 a 749, f. 4
Artículo 644, f. 5
Artículo 733, ff. 5, 6
Artículo 749, f. 4
Artículo 962, f. 6
Artículos 962 a 982, f. 3
Artículo 965, f. 6
Artículo 969, ff. 4 a 6
Artículo 973, f. 4
Artículo 975, f. 7
Artículo 977, f. 5
Artículo 978, f. 5
Artículos 1 a 18, f. 3
Norma 1, f. 5
Norma 14, f. 5
Norma 15, f. 5
Norma 7, f. 5
Artículo 586.2, ff. 2, 8
Artículo 600, ff. 2, 8
Garantías procesalesGarantías procesales, ff. 2, 3, 7
Reformatio in peiusReformatio in peius, ff. 7, 8
Recurso de alzadaRecurso de alzada, ff. 7, 8
Juicio de faltasJuicio de faltas, ff. 2, 3, 6, 7
Modificación de la calificación jurídica de los hechosModificación de la calificación jurídica de los hechos, f. 8
Principios configuradores del juicio de faltasPrincipios configuradores del juicio de faltas, f. 3