Source: https://es.scribd.com/document/127393402/Derecho-de-Peticion
Timestamp: 2017-11-21 19:54:30
Document Index: 403849795

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 116', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 62', 'artículo 60', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 69', 'artículo 64', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 18', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 34', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 73', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 45', 'artículo 8', 'artículo 8']

Cargado por Javier Garcia Tinoco
Manual de derecho de Petición Teórico-Practico
El derecho de petición La petición debe ser formulada por escrito En idioma español En forma clara En duplicado para acuse de recibo Con la cita de hechos Entrega de documentos Dirigida a un órgano o servidor públicos Firmada por el peticionario Señalando domicilio para notificaciones Aportar datos personales No expresar amenazas u ofensas En cualquier momento Solicitud de reserva La petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa Excepciones al requisito de escritura Por mandato legal En situaciones de emergencia Por existencia de formularios El interés jurídico en la petición Buena fe y derecho de petición La buena fe de las instituciones La conducta de buena fe La ciudadanía y el derecho de petición La petición hecha por correo electrónico La página web de la presidencia de la República
EL DERECHO DE PETICIÓN El contenido del derecho de petición en el sistema jurídico mexicano sólo puede desarrollarse a partir del análisis que se haga de la labor interpretativa de los tribunales federales, quienes se encargan de analizar y aplicar el dispositivo constitucional en el que se consagra este derecho. Tal reflexión queda mayormente justificada por la ausencia de estudios doctrinales que aborden la institución y pretendan cambiar los matices con que la interpretación judicial dota al derecho en estudio. No debe olvidarse que el mismo Poder Judicial de la Federación se ha atribuido, en forma exclusiva, la facultad de interpretar el texto constitucional, y decidir en última instancia sobre sus contenidos. Se trata de parcelas jurídicas que en el país empiezan a ser analizadas y cuestionadas, pero que aquí no analizaremos.170 Pasemos así a la revisión de los ejemplos de interpretación judicial federal mexicana respecto del derecho de petición. El Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito se ha inclinado por considerar al derecho de petición, incluido el de respuesta, dentro de la esfera de los derechos de seguridad jurídica al resolver:
PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional protege en principio la garantía de seguridad legal de los ciudadanos relativa a que sus peticiones serán resueltas, pero ello incluye también la protección del derecho de los particulares a ser informados del estado que guardan sus instancias cuando éstas deban sujetarse a un trámite prolongado, pues el precepto constitucional que se analiza, expresamente establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.171
Nótese de la redacción que el tribunal se refiere al derecho de estar o ser informado en relación con el trámite de la instancia presentada por el peticionario. Esta interpretación, que tangencialmente se ocupa de otra garantía o derecho poco desarrollado, sirve para presumir, de inicio, la importancia del de petición como medio de ejercicio, y si se quiere de defensa, de otros derechos reconocidos constitucionalmente. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito ha considerado que los derechos consagrados constitucionalmente, como es el caso del de petición, deben interpretarse de manera que resulten eficaces y no se queden en el ámbito de lo teórico. Tal concepción tiene por finalidad el dotar de eficacia a la Constitución y “a la esencia de nuestro sistema democrático”. En tal orden de ideas:
...el artículo 8o. constitucional debe ser interpretado y acatado en forma eficaz y generosa, que permita al peticionario tener una respuesta cabal y clara en breve término, satisfactoria si no en cuanto a su resultado, al menos en cuanto a proporcionar al gobernado la información exacta y precisa que desea, cuando esto está al alcance real del funcionario, sin interpretaciones rigurosas que menoscaben el contenido del derecho de petición y sin reenvíos que no sean absoluta y estrictamente
170 Un trabajo que considero paradigmático de tal situación es: Cárdenas Gracia, Jaime, “Remover los dogmas”, Cuestiones constitucionales, México, núm. 6, enero-junio de 2002, pp. 17-48. 171 Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, SJF7, t. 205-216, sexta parte, p. 358.
indispensables.172
Este tribunal federal reitera la vinculación entre los derechos de petición e información, y objetiviza el tipo de información: exacta y precisa. Aunque no es motivo de estudio, debe advertirse la estrecha relación que conserva el ejercicio del derecho de petición con el de información. Baste la remisión al texto del Código Contencioso Administrativo colombiano; ahí, llega incluso a confundirse el derecho de petición con el de acceso a la información que guarda el Estado, es decir, el derecho principal de información a cargo del Estado no se entiende sin el presupuesto del de petición. En el ámbito jurisdiccional, el derecho de petición también ha encontrado cabida. El Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito ha considerado que la principal finalidad que en tal supuesto tiene el derecho de petición es la de evitar que los gobernados se hagan justicia por propia mano; el fin último del derecho de petición ante los órganos judiciales tiende a desplazar la venganza privada, y así se expresa:
PETICIÓN, DERECHO DE, EN MATERIA JUDICIAL. El derecho de petición en materia judicial debe entenderse como la facultad del gobernado para acudir al órgano jurisdiccional con el fin de evitar la vindicta privada, y la autoridad que conoce del asunto, cumple con su correlativa obligación de resolver sobre la controversia planteada, independientemente del sentido en que el asunto se dirima, puesto que el artículo 8o. constitucional exige simplemente que exista una resolución.173
Ahora bien, para gozar de la protección que otorgan los tribunales federales, la petición debe ceñirse a ciertos requisitos con algunos presupuestos básicos. Tales requisitos si bien no corresponden con una idea lógica e indispensable del derecho de petición, encuentran justificación en clave del artículo 8o. constitucional. Al respecto debe señalarse que estos presupuestos no deben entenderse como requisitos distintos de los señalados en el texto constitucional, sino simplemente como contenido de éstos. Y esto se refuerza por la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, al señalar que el artículo 8o. constitucional no subordina la contestación ni algún otro aspecto de la garantía de petición, a que los solicitantes hayan o no cumplido con determinados requisitos reglamentarios.174 No debe soslayarse la mención esbozada supra sobre la pertinencia en el sistema jurídico español de la distinción entre acción y derecho de petición. Sin embargo, en este caso, como podrá advertirse más adelante, si bien no hay mayor exigencia constitucional, un principio básico de eficacia obligará al órgano de la administración o al servidor público a contestar al peticionario en exigencia de documentos, datos o cualquier otro material que sirva a los efectos de resolver sobre su petición. Esta forma de actuar no entraña violación del precepto constitucional, siempre que en forma reglamentada esté establecido tal procedimiento. Hecha tal aclaración pasamos al análisis de los requisitos y presupuestos del derecho de petición.175
172 Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, SJF7, t. 127-132, sexta parte, p. 118. Amparo en revisión 507/79, Julio Alberto Velázquez Ávila, 29 de agosto de 1979, unanimidad de votos, ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 173 Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, SJF8, t. X-julio, p. 394. 174 Segunda Sala, SJF6, t. XIX tercera parte, p. 63. 175 Debemos dejar constancia que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala en su artículo 15, que cuando se inicie un procedimiento a petición de parte “la administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. // Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. // El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los
I. La petición debe ser formulada por escrito La primera exigencia constitucional es que el órgano o funcionario estatal conozca de la petición por escrito. ¿Qué debe entenderse en este caso de la redacción por escrito? Conforme al uso de la lengua española se entiende escrito como la carta, documento o cualquier papel manuscrito, mecanografiado o impreso; también se refiere a una obra o composición científica o literaria. Es frecuente que se entienda lo escrito como aquello que se comunica por medio de la escritura, y así cuando se dice tomar una cosa por escrito significa anotar en un papel o libro de memoria lo que se ha visto u oído, para que no se olvide.176 En el caso de la redacción constitucional es fácil establecer que cuando se dice que la petición deberá formularse por escrito está haciendo referencia a que deberá constar fehacientemente en cualquier tipo de papel con las características mencionadas. La razón es simple: la forma escrita permite precisar los términos, alcances y extremos de la petición formulada, así como dar a los involucrados un principio de certeza y por tanto de seguridad jurídica. El que la exigencia constitucional aluda a la posibilidad de que se presente en forma escrita conlleva ciertos presupuestos o al menos la presunción de ciertos elementos que a continuación analizaremos
1. En idioma español De frente a las disposiciones contenidas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada el 13 de marzo de 2003, debe matizarse que el presupuesto que nos ocupa tiene que ver precisamente con el reconocimiento que se hace del español como lengua nacional, mientras que las lenguas indígenas quedan sometidas a un procedimiento de reconocimiento, en virtud del cual adquirirán el carácter de lenguas nacionales que permitirá la aplicación de los preceptos relativos a la validez “para cualquier asunto o trámite público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública”, conforme al contenido del artículo 7o. de tal ley. Si bien no existe disposición constitucional que establezca el español como lengua oficial en nuestro país, resulta evidente que en toda petición se debe utilizar tal idioma, dado su uso inveterado. Nos decantamos en tal sentido por considerar que el español sí es la lengua oficial del Estado mexicano, pues, si bien se advierte la carencia de un texto constitucional que así lo disponga, tiene totalmente estructurados los rasgos exigibles en el supuesto de oficialidad de una lengua.177 Otro criterio que permite la afirmación que hacemos sobre la hegemonía lingüística del idioma español es el de la población hablante del mismo. Conforme a la estadística nacional del total de habitantes, sólo el 5.632% de los mexicanos no habla el español,178 aunque también debe atenderse que hay aproximadamente un 6.6% que no sabe
ordenamientos respectivos”. 176 Voz escrito, ta, Enciclopedia Multimedia Micronet. 177 La oficialidad de una lengua, siguiendo a Iñaki Agirreazkuenaga, implica tres notas características: a) poder “ser empleada sin trabas, con plenitud de efectos jurídicos, en todo tipo de relaciones tanto públicas como privadas”; b) la obligación por parte del poder público “para incorporar a sus planes educativos la enseñanza de la lengua, de tal suerte que se asegure su conocimiento una vez que se haya superado la educación obligatoria”; y c) “que no cabe alegar la ignorancia de la lengua oficial en que la administración se manifiesta, siempre y cuando ésta, de conformidad con el deber constitucional que le corresponde, garantice eficazmente la enseñanza en los centros escolares”. Agirreazkuenaga, Iñaki, “Reflexiones jurídicas sobre la oficialidad y el deber de conocimiento de las lenguas”, Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Madrid, Civitas, 1991, t. II, pp. 682-684. 178 De acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda 1995 y de los datos preliminares del Censo de Población 2000 (www.inegi.gob.mx), el total de hablantes de lengua indígena es de 5,483,555 de un total de 97,361,711. Destacan de las lenguas
leer ni escribir,179 el resto, es decir unos 92 millones de mexicanos, se presume hablan y leen el español. Además, del total de personas mayores de 18 años, el 90% sabe leer y escribir. Para los supuestos en que una petición se presente en un idioma distinto al español u otra lengua nacional (en los supuestos establecidos), esta circunstancia será suficiente para negar el derecho a la respuesta consagrado constitucionalmente. Sin embargo, en tales casos la autoridad o funcionario a quien se dirija el escrito, en el que debe presumirse la formulación de una petición, deberá dictar un acuerdo en el que, sin ocuparse de la petición, señale al peticionario la necesidad de presentar nuevamente el escrito en idioma español o en su defecto que lo acompañe de una traducción autorizada. Y aun en el supuesto de que se trate de una lengua nacional distinta del español, considero que esta solución no contravendría el contenido constitucional que reconoce la pluriculturalidad del Estado mexicano, toda vez que si bien los censos lingüísticos arrojan la existencia de más de una cincuentena de lenguas, también es fácil advertir que la gran mayoría de hablantes de tales lenguas pueden expresarse en idioma español.180 Sin embargo, la nueva legislación en materia de derechos lingüísticos reconoce, dentro de la diversidad existente, el derecho de todo mexicano para comunicarse en la lengua de la que sea hablante, “sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras” (artículo 9o.), y se encarga de limitar el alcance de tal disposición mediante la atribución de responsabilidades a los órganos estatales encargados de la procuración y administración de justicia, “incluyendo las agrarias y laborales”, para que se encarguen de proveer la asistencia gratuita de intérpretes y defensores que conozcan la lengua indígena y su cultura. De forma que la presentación de la petición puede darse en idioma indígena, pero el conocimiento de la misma por parte del servidor público encargado de resolver será en idioma español, luego que sea traducida. Esta interpretación debe considerarse correcta si se atiende que en nuestro país la mayoría de los ordenamientos procesales siguen al Código Federal de Procedimientos Civiles cuando establece: las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. No debe llamar a confusión el empleo de la voz castellano, que debe ser leída en este caso como español y que seguramente fue utilizada por el legislador para
sados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan, pero el mismo dispositivo apunta que deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. La parte final del citado artículo explica el sentido finalista de estas disposiciones: deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. Por cuanto hace al contenido del artículo 30, se exige que los gobiernos adopten medidas con el fin de dar a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente convenio, y en
indígenas, por número de hablantes: náhuatl (1,325,440); maya (776,824); zapoteco (415,247); mixteco (389,957); otomí (283,260); tzeltal (283,260); tzotzil (263,611); totonaca (214,192); mazateco (180,130); chol (141,747); huasteco (127,500); mazahua (120,727); chinateco (116,906); purépecha (107,950); mixe (101,489). El resto, más de 40 lenguas, tiene menos de 100 mil hablantes. Ahora bien, cabe destacar que la información señala que del total de hablantes (5,483,555) la inmensa mayoría habla español (4,649,103); con lo cual la población que no entiende, lee y escribe el español se reduce. 179 Información manejada por Claudia Herrera Beltrán en La Jornada, 29 de abril de 2001. 180 Algunos sectores se han inclinado por considerar que el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, garantiza a los miembros de los grupos indígenas nacionales el uso de su idioma en las comunicaciones con las autoridades estatales. Lo que puede traducirse en la pretensión de que el derecho de petición pueda ejercerse por escrito en un idioma distinto al español. Quienes se decantan por tal interpretación aluden al citado convenio. Consideramos que tal interpretación no es correcta, pues el convenio en sus artículos 28 y 30 no se ocupa de tales especificidades: el 28 establece que siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos intere-
valenciano. porque el castellano es de los castellanos y yo no lo soy. 181 La Constitución española de 1978 menciona como lenguas españolas tanto al castellano como a los idiomas presentes en las distintas comunidades autónomas. etcétera. el escritor argentino le cortó secamente con esta frase: „si le parece vamos a decir de lengua española. Lenguas y dialectos de España. El idioma oficial en todo el territorio español es el castellano. al extender el derecho a nacionales y extranjeros.tal objetivo se prevé la utilización.. los ciudadanos alemanes harían sus peticiones en idioma alemán. Sin embargo. Contra quienes aduzcan que debe preferirse la lengua del peticionario. bable. evitar una iteración. quizá por lo obvio que puede resultar que un escrito dirigido a una autoridad o funcionario deba ir en idioma español. Gregorio. Lo cierto es que ambos términos se usan como sinónimos y es frecuente encontrarlos simultaneados en el mismo párrafo de cualquier periódico. Madrid. Barcelona. 4a. en los supuestos que así lo exijan. No en balde se reconocen en el mundo más de seis mil idiomas o lenguas distintas. en realidad. los rusos. “El nombre de castellano tiene. culturas. El texto del anterior artículo 4o. sino que se reconoce el derecho a ser asistido de intérpretes y defensores que conozcan su lengua. 2002. 1987. debe señalarse que un estricto criterio lingüístico lleva a distinguir el español y el castellano. Lengua española y lenguas de España. para evitar errores de concepto. Sin embargo. vasco o euskera.. de las que sólo en México existen 62. cuando el entrevistador se dirigió a él considerándolo „uno de los máximos cultivadores de la novela en lengua castellana‟. al señalar que “la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas. y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.. p. como lo indican las siguientes citas: “Yo me siento ciudadano de la lengua española y no ciudadano mexicano —decía Octavio Paz. Lo novedoso podría ser su extensión. Una disposición que resultaba innecesaria. 125. dada la exigencia constitucional de una tutela judicial que evite la indefensión de los sometidos a la jurisdicción estatal cualquiera que sea su lengua. no puede significar que las peticiones se hagan en el idioma del peticionario: pues de ser así se haría imposible el conocimiento cabal de la petición. inglés. p. por tanto. la ley mencionada no establece el derecho de que los juicios se desarrollen en la lengua de la que se es hablante. a los más variados ámbitos de la jurisdicción estatal. recursos y formas específicas de organización social.. dado que ambos términos designan comúnmente a la lengua española. Salvador. Máxime que el contenido de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas no ha surtido totalmente sus efectos.. aranés. Ariel. 92. Arco Libros. El desarrollo constitucional del artículo 1o. 24. se llamará en general español a la lengua y castellano a su primera etapa de formación y expansión o a la actual variedad de Castilla”. sería preferible usar español —equivalente afrancés. el escrito en el cual el órgano o servidor público den a conocer el acuerdo recaído deberá ser redactado también en idioma español (y en el caso de las lenguas nacionales traducido cuando fuere necesario). en ruso y así ad infinitum. Pilar. en junio de 1980. se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”. con una treintena de variantes que eleva el número hasta casi un centenar. con los límites consignados en el 8o. una explicación lógica por su origen. en TVE. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte. usos. ibidem. debe mencionarse que el estatuto constitucional amplía el derecho de petición a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos.181 En todo caso. García Mouton. pero aquí. “Y recuerdo una entrevista de hace siete u ocho años a Julio Cortázar. Imaginemos simplemente que si se permitiera que las peticiones se presentaran en cualquier idioma. constitucional recogía en parte tal planteamiento. si se habla desde un punto de vista lingüístico. es evidente que podemos encontrar ciertos indicios en algunas tesis que hurgan entre las exigencias implícitas en el derecho de petición y que serán revisadas a continuación. por eso me molesta mucho que se hable de lengua castellana. La jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto.. costumbres. en una entrevista que le hacían en la revista El Viejo Topo—. y comparte oficialidad con los idiomas autonómicos que así se mencionan en los Estatutos de Autonomía. pero. gallego. a saber: catalán. de traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. . yo soy mexicano y como mexicano hablo español y no castellano”. el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito consideró. ed. que es como yo prefiero llamarla‟”. p. aunque se trate de una que carezca del reconocimiento como lengua nacional.. para el caso de las lenguas nacionales. En relación con este tópico. Cabe señalar que en consonancia con este presupuesto del escrito de petición. italiano— y reservar castellano para la variedad de Castilla.
estas son excepciones que. tesis: XX. 509. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA.T. 492. de no entenderse así. como hemos advertido líneas atrás. por tanto. puede preverse que existan instituciones que por el tipo de relaciones y destinatarios del servicio público proporcionado tengan necesariamente que aceptar peticiones hechas en idiomas distintos del español.A.188 y con algunas agencias especializadas del Ministerio Público en atención a víctimas de delitos.185 Estas interpretaciones solamente son indicios que muestran la importancia que puede tener el reconocimiento de que los escritos de petición sean redactados en idioma español. Seguramente la práctica de determinados órganos o servidores públicos será distinta de este supuesto genérico. 185 Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. presentados como medios de prueba. Véase: SJF7.25 K. 468. evitando se amparen bajo un nombre comercial que parezca indicar que son del lugar donde se habla ese idioma. VII. pues de otra forma carecían de valor probatorio.. p. p. p. t. XIII. SJF8. debe estarse a las consecuencias de esa omisión. SJFG9. si el recurrente fue omiso en realizar la traducción en comento. cuarta parte. existe impedimento para su desahogo”. como sentencia el aforismo. Así. y se pretenda sostener que da el correspondiente servicio al amparo del crédito que gozan los establecimientos similares en el extranjero. febrero de 1994. creado por la referida ley en materia de derechos lingüísticos). agosto de 1995. vols. ocasionando con ello confusión en el público consumidor. que era necesaria la presentación de una traducción al castellano. En todo caso. cuando se trata de turistas extranjeros o indígenas. febrero de 1996. p.184 Y finalmente. SJFG9. llama la atención que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito haya considerado constitucional la prohibición a los establecimientos mexicanos del uso de una denominación en idioma extranjero. 468.11 L. a la vez de desatenderse del crédito de que han de revestirse los establecimientos nacionales. p.186 igual ocurre con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. se pondría al margen el crédito comercial de lo mexicano. las oficinas de dependencias de atención al turismo. 97-102. entidades federativas y municipio) garantizar el ejercicio del derecho a la lengua ante la administración pública mediante la determinación de las dependencias administrativas que deberán adoptar e instrumentar medidas para la atención y resolución de los asuntos que se les planteen en lenguas 182 Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. 89. febrero de 1998. en razón de que dicha traducción es una carga procesal que corresponde al interesado en el ofrecimiento y desahogo de la documental que obra en idioma extranjero. siendo que. tesis de rubro: DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. tesis: III. t. De acuerdo con el texto del numeral séptimo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito se pronunció en sentido semejante al resolver: Es inexacto que sea obligación del órgano jurisdiccional efectuar las traducciones de los documentos que en idioma extranjero vengan a juicio. según datos de la Unesco hay en el mundo . confirman la regla general.atendiendo a la existencia de documentos redactados en un idioma distinto del español (y podríamos agregar a futuro: distinto de las lenguas nacionales). III. 183 Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. que reciben solicitudes de información en idiomas distintos al espa. corresponde al Estado (federación. t.23 A. II.ñol. 405. se omite acompañar la traducción. 184 Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Un ejemplo serían las delegaciones del Instituto Nacional Indigenista.183 En ambos casos se trata de una carga que corresponde al interesado. t. 186 Aunque es evidente que tales servicios quedan reducidos a tres o cuatro idiomas. tesis: II. el desechamiento de esa prueba es correcto porque al no cumplir el oferente con aquel requisito. y que si trasladáramos al ámbito del derecho de petición sería el peticionario quien debiera encargarse de presentar la traducción al español de la petición redactada en un idioma distinto al referido.182 Igual consideración hizo el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito que sostuvo que “si al proponerse una prueba documental redactada en idioma extranjero. SJFG9.. dado el carácter específico de los servicios que presta (al igual que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
VIII. En el caso de los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas. no debe entenderse como indicio de menosprecio o desinterés sobre el uso. así como expedir las leyes. en la edición 2000 de Ethnologue: Languages of the world.809 lenguas. pues me suscribo partidario de tales actividades necesarias para preservar el legado cultural mexicano. Por supuesto la afirmación hecha sobre el presupuesto de redacción en idioma español. por correo certificado o ante las representaciones de la Secretaría de Turismo en el extranjero. de la Ley General de Educación (2001) . En la Iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas (2002) se reconoce en el numeral séptimo: “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante. en el artículo 4o. religiosas y cualesquiera otras”. rescate y promoción de las lenguas indígenas. económicas.nacionales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. alternarán en condiciones de igualdad con el español en todos los actos públicos y niveles de gobierno que se efectúen en los poderes ejecutivo. dado que al exigirse la traducción opera un principio de seguridad a favor del peticio- alrededor de seis mil lenguas. favoreciendo su transmisión en forma oral en el caso de las lenguas indias”. 189 Los textos involucrados son las fracciones IV y VIII del apartado A del nuevo texto del artículo 2o. Así. . legislativo y judicial”. 188 El artículo 40 de la Ley de Turismo señala las formas en que pueden presentarse las denuncias y quejas ante la citada dependencia: en la oficina más cercana. en consecuencia. se menciona: “Las lenguas indígenas son también oficiales dentro y fuera de sus territorios. y deroga la fracción IV del artículo 7o. a la autonomía para: IV. Conforme al espíritu tanto de la reforma constitucional de 2001 en materia indígena como de la nueva ley sobre derechos lingüísticos. puede inferirse que sea así. tal situación deberá quedar supeditada a los criterios explorados: la traducción al español será necesa. culturales. aunque. se advertía un consenso en la utilización de las lenguas indígenas en el ámbito administrativo.187 Aunado a ello. sin restricciones en forma pública y privada. 187 Debe advertirse que ya en las diversas iniciativas presentadas para regular la diversidad lingüística en México. se señala: “El Estado garantizará el acceso pleno de los hablantes de cualquier lengua nacional a los servicios públicos y a los que se presten por concesión estatal. en todas sus actividades sociales. conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.189 sin que tal posición se entienda vulneratoria del derecho de acceso a la justicia o de derecho a una correcta administración pública. en el artículo 7o. constitucional: “A. y en el artículo 7o. se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. en su propia lengua. reglamentos y documentos públicos en las diferentes lenguas indígenas de tal forma que se asegure la comunicación entre el Estado y los ciudadanos que no hablan el español”. Sin embargo. Se trata únicamente de definir un sistema que permita otorgar certeza en las relaciones que se dan entre gobernado y autoridades. se prevé: “Toda instancia pública o privada debe adoptar las lenguas indígenas como oficiales para cualquier asunto o trámite. Habrá que esperar a que la ley vigente en materia de derechos lingüísticos se haga efectiva. Aun cuando no se especifica que pueda presentarse en un idioma distinto al español. Estamos convencidos de que a futuro. En la Propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2001). no para todos. se describen 6. es muy probable que aumente la atención hacia el uso de los idiomas indígenas en las dependencias administrativas. en todos los juicios y procedimientos en que sean parte. nario. los ejemplos de desarrollo administrativo visibles en sociedades plurilingües permiten albergar esperanzas para los idiomas más hablados en nuestro país. en el sentido de que no se le dejará en estado de indefensión por desconocimiento de lo pedido. Esta disposición incluye. sin limitarse a la obligación de proporcionar todo tipo de información oficial y de interés público en la totalidad de las lenguas nacionales de sus destinatarios. desafortunadamente. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. se adoptarán e instrumentarán medidas de tal carácter en todas sus instancias. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y. políticas. en la Iniciativa que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos. Preservar y enriquecer sus lenguas. atendiendo a los principios de certeza que deben involucrar tales procedimientos.ria. el desarrollo de las lenguas y la complejidad de las relaciones jurídicas hará necesarios nuevos mecanismos de comunicación administrativa. individual o colectivamente. Para garantizar ese derecho. y sobre todo por el principio de cortesía que priva en la mayoría de representaciones diplomáticas.
en modo alguno el texto constitucional condiciona la actividad estatal a que la respuesta sea favorable. debe recibir y acordar. La respuesta que se dé a la petición dependerá en buena medida de la formulación. en cambio se ha resuelto por la Primera Sala que ésta debe ser hecha en forma clara. ni negarse a acordarla. pues no se infringe el derecho. 191 Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. sin que tal proceder se considere vulneratorio del derecho de petición. esté bien o mal formulada. 1006. esté bien o mal formulada. XXXI. utilizado dentro de un artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor lo siguiente: En el precepto del ordenamiento legal anotado en el rubro. Será pues el peticionario quien deberá ponderar tal circunstancia al momento de redactar su escrito petitorio. tercera parte. no está del todo alejada de la realidad judicial. Obviamente. le falta algún requisito legal. ese escrito.a toda petición hecha por escrito. t. también por escrito. rehusarse a recibirla la autoridad. SJF6. marzo de 2000. debe recaer un acuerdo. En estricto sentido únicamente sienta la base para que en los supuestos en que le asista el derecho. no puede. al señalar que es de explorado derecho que para la procedencia de una promoción.. basta que sea clara y se haga cita de los fundamentos fácticos.191 A pesar de que no se trata de una interpretación totalmente asentada. de la Constitución Federal de la República impone a las autoridades la obligación de dictar (respuesta) a toda petición hecha por escrito. p.7o. puesto que el ejercicio de este derecho permite al gobernado elevar ante el órgano estatal o servidor público una petición que pretende ver satisfecha.. SJFG9. en el sentido de considerar que el escrito de petición se redacte en español y claramente. desde luego. 1291. cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito consideró en una tesis sobre interpretación del término clara. 102. 61. por esa causa. En forma clara Si bien no hay referencia jurisprudencial a la utilización del español como idioma para formular la petición.189 El pleno de la corte también se había referido en términos similares: . XI. aunque sea negado lo que se pida. Este presupuesto encuentra una limitación en la claridad con que se haga expresa la petición. aun cuando literalmente no se preceptúa que tales leyendas deban estar en idioma español.1. en breve término. aun cuando con las nuevas disposiciones en materia lingüística pueda apreciarse un cambio de sentido en la labor hermenéutica. Si a una petición hecha por escrito. 189 188 . al peticionario. Así. XII. ya que de no ser así. de la autoridad a quien se haya dirigido. la cual tiene obligación de hacerlo conocer. XV. SJF5. Finalmente.190 Resulta evidente entonces que la petición no tiene por qué ser clara.A. t.. Si bien asiste al peticionario el derecho de obtener una respuesta a tal petición. t. el ciudadano o peticionario vea satisfecha la petición. se establece que: “Las leyendas que restrinjan o limiten el uso del bien o el servicio.88 A. p. al menos puede presumirse que la interpretación que hacemos. antes se da cabal cumplimiento. no podrá ser verdaderamente entendible para el común de los consumidores. tesis: I. SJF5. p. Ahora bien. t. pero ello supondrá la posibilidad de que la autoridad o el servidor público dicten un acuerdo que exija la aclaración de la petición o en su caso que señale específicamente la petición que se hace. deberán hacerse patentes en forma clara. Primera Sala. 190 Pleno. A mayor abundamiento señalaremos que la Segunda Sala ha hecho patente tal verdad perogrullesca al señalar que el artículo 8o. Segunda Sala.. resultaría incongruente con el objeto del derecho de petición el que las mismas no fueran formuladas en forma clara. p. al momento no se ha presentado una tesis en desacuerdo.188 Además. pues para no violar el derecho de petición. veraz y sin ambigüedades”. ello va implícito dentro del término “clara”.
En duplicado para acuse de recibo La Constitución en nada se ocupa de este punto. la anotación o acuse de recibo. t. 1291.192 Tratándose de formularios realizados ex profeso por las dependencias públicas. Así. 3. es de explorado derecho que para la procedencia de una promoción. y a los órganos públicos evitaría el gasto de innumerables horas-personal para su atención. al no hacerlo. en los casos en que se permita y en el supuesto de que el peticionario declare no saber o no poder escribir y pida una constancia de haber formulado su petición.193 Debe tenerse en cuenta que la autoridad o servidor público no puede exigir que el peticionario exponga los 192 193 Segunda Sala. 2244. Por último. se considera igualmente necesario que el peticionario reciba un acuse formal de recibido o en su defecto una copia sellada del documento donde conste la petición o documentos que se entregan. no implicará costo alguno para el peticionario. por tanto. constitucional. asentar la fecha y hora de presentación o recepción. Este proceder ayudaría mucho en la actividad administrativa. antes bien. Sobre el particular conviene referirnos a algunas disposiciones presentes en otras legislaciones. XXXI. Ningún precepto legal impone al peticionario la obligación de citar la ley en que se apoya. SJF5. así como el número y clase de documentos que le acompañan anexos. DERECHO DE PETICIÓN. t. . p. debe considerarse que el servidor público que recibe el escrito de petición tiene la obligación de. Ante el supuesto de que se exija a los tribunales federales la declaración de que se ha violado el derecho de respuesta. el funcionario o servidor público deberá extenderla en forma sucinta. no son requisitos consignados en el texto constitucional. o en su caso la probable expedición de la constancia.2. al igual que los fundamentos legales en que se base la petición. la mejor forma de constatar que un escrito de petición fue presentado a un órgano o servidor público será la presentación del acuse correspondiente. LVII. es evidente que se trata de un requisito indispensable para garantizar una probable imputación al órgano o servidor público de vulneración al derecho constitucional. Si no aparece que la petición de una persona ha llegado a manos de la autoridad. puede deducirse que aquel elemento representa para la autoridad o servidor público un factor importante al momento de determinar el contenido de la respuesta que merezca la petición. que seguramente nos redituarán algunas precisiones enriquecedoras. Primera Sala. sin embargo. VIOLACIÓN DEL. corresponderá al quejoso acreditar que efectivamente se elevó la petición: es la concreción del principio procesal quien afirma está obligado a probar. tal razón debe asentarse en la anotación de recibido. que en la práctica suele ser el sello o firma de recibido sobre una copia del documento entregado. no viola el artículo 8o. En primer lugar. cabe la posibilidad de que en aquellos casos en que se presente una petición sin los documentos pertinentes. En segundo lugar. SJF5. ésta no está en posibilidad de contestarla y. No existe impedimento o prohibición legal que invalide esta interpretación. en la copia que se acompañe. p. para los efectos correspondientes. basta que sea clara y que se citen los hechos concretos. y en el caso de que éste insista en entregar su escrito. Con la cita de hechos Si bien la narración de hechos concretos. el servidor público que la recibe (si conoce el trámite que corresponde) puede y debe hacer la advertencia al peticionario. pues evitaría a los peticionarios una y tantas vueltas que suelen implicar los trámites. Si se tratara de una petición verbal. CONSTITUCIONAL. La Segunda Sala dictó una tesis que parece hacer evidente la necesidad de tal acuse: ARTÍCULO 8O.
dictar un acuerdo y hacerlo del conocimiento del que pide.195 El pleno de la corte desde temprano. siendo necesario. 195 Segunda Sala. no conocen en cambio los supuestos fácticos en que pretenden fundar la solicitud. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. por esa causa. la cual tiene obligación de hacerlo conocer. debe recaer un acuerdo. ya que no puede aceptarse como legal esa actitud en vista de que hacerlo equivaldría. en breve término. Aquí. Tesis relacionada con la jurisprudencia número 207/85. aunque sea negado lo que se pida. Igual sucederá con todos los elementos probatorios distintos de los documentos. 39. La garantía que otorga el artículo 8o. la Segunda Sala manifestó: 194 Segunda Sala. constitucional.. Si a una petición hecha por escrito le falta algún requisito legal. ya que si tales elementos son legalmente necesarios. su acuerdo puede ser emitido previniendo al solicitante su aportación y determinándole cuáles son las pruebas que debe producir. SJF5 t. p. XV. DERECHO DE. tercera parte. a aceptar que el término de observación del derecho de petición. SJF6. t. La Segunda Sala ha iterado tal juicio en algunas tesis: PETICIÓN. desde luego. constitucional la autoridad que pretenda justificar la falta de contestación a un escrito de inconformidad. sexta parte. CUANDO PARA RESOLVER SE NECESITEN PRUEBAS. al peticionario. 102. no puede.hechos en que considera que está sustentada la viabilidad de ver satisfecha su petición. a efecto de que una vez conocida por la autoridad o servidor públicos se dé el trámite correspondiente. materia común. CXXVII tercera parte. también por escrito. es independiente de que la autoridad cuente o no con determinados elementos probatorios. en 1924. 347. si bien los órganos administrativos conocen la legislación aplicable a cada una de las peticiones que se le formulan. rehusarse a recibirla la autoridad. . no fuera breve. pues en todo caso el órgano o servidor a quien se ha dirigido la petición cumple con la exigencia constitucional al recibir la petición. p. ni negarse a acordarla. por lo que resulta conveniente su inclusión en el escrito de petición. contra lo que exige dicho artículo 8o. p. t. Se trata de la versión administrativa del principio general que señala: iura novit curia. de rubro PETICIÓN. DEBE REQUERIRSE AL PETICIONARIO PARA QUE LAS APORTE. DERECHO DE. 196 Pleno... SJF6.No se apega a las exigencias del artículo 8o. Entrega de documentos Igual comentario que el anterior merece este apartado. pues para no violar el derecho de petición. 4. debe recibir y acordar. p. el peticionario no acompañe los documentos pertinentes. CXXVII. Es evidente que en ocasiones la petición deberá acompañarse de pruebas. o aplazando el acuerdo para cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley. se había inclinado por tal consideración.196 Sobre las consecuencias de que no se aporten los elementos necesarios para formar la convicción en el órgano o servidor público sobre la procedencia de la petición. Así se estableció que: Las garantías que otorga el artículo 8o. 39. la autoridad acordará la petición en el sentido de prevenir al solicitante la aportación de los mismos. constitucional protegiendo el derecho de petición. 194 La misma instancia judicial ha señalado la imposibilidad de que el órgano o servidor público puedan retardar la contestación aduciendo falta de tales documentos o elementos probatorios: . publicada en el ASJF 1917-1985. argumentando que tal falta de contestación obedece a que se quiso que el interesado contara con el mayor tiempo posible para que aportara las pruebas del caso. En aquellos casos en que. ese escrito. de la autoridad a quien se haya dirigido. no consisten en que se tramiten las peticiones sin las formalidades establecidas por la ley sino en que a toda petición hecha por escrito. Será el peticionario quien deberá valorar la inclusión de tales datos. esté bien o mal formulada.
En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo. tercera parte. Aunque es cierto que el derecho de petición no releva a los particulares del cumplimiento de las exigencias que la legislación establezca en cada caso. debe cumplir con los requisitos que establezca el ordenamiento secundario a efecto de no obtener una respuesta del órgano o servidor público en la que se expliciten los requisitos necesarios para la procedencia de su petición. El artículo 8o. sin embargo sí advierten la consecuencia de tal omisión. por escrito y por una sola vez. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo. sea que el solicitante satisfaga o no los requisitos reglamentarios. SJF6. al establecer: PETICIÓN. Apéndice de 1995. también es verdad que. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable. 87. pero no para abstenerse de emitir acuerdo acerca de la solicitud. de no requerirse resolución alguna. transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención. En el supuesto de que el quejoso no haya cumplido las condiciones reglamentarias correspondientes. sexta época. Segunda Sala. p. la Segunda Sala señaló: PETICIÓN. dentro de breve plazo.. t. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata. III. 199 No ha merecido mucha atención en la doctrina nacional el establecimiento de límites a esta acción previsora de los órganos públicos.197 Tal criterio lo había sustentado la misma Segunda Sala un año antes. parte SCJN. se desechará el trámite. Segunda Sala.198 Puede advertirse fácilmente de los múltiples criterios que así lo confirman. dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados. el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala: Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables. la falta de los repetidos requisitos a lo sumo conduzca a que el acuerdo relativo pueda ser indicando al peticionario cuáles son los que le falte de llenar y que su omisión ha sido la causa de que no se decida en cuanto al fondo su respectiva solicitud. así. en marzo de 1959. quien pretenda ver satisfecho un derecho. . la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. que no hay obligación constitucional de aportar tales elementos probatorios. el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato 197 198 199 Segunda Sala. SJF6. ante la cuestión ¿de cuánto tiempo dispone el peticionario para cubrir los requisitos exigidos por la autoridad? No encontramos una única respuesta. Por ejemplo. tercera parte. no obstante que las mismas se le hayan exigido por la autoridad. también dentro de breve término. 69. y comunicarlo. las autoridades están obligadas a contestar las peticiones que se les formulen. respecto de la petición. esto será motivo para pronunciar una resolución denegatoria. exigido mediante el ejercicio del de petición. XXXVIII. DERECHO DE. la mayoría de las tesis sostienen que no existe ninguna obligación de cumplir con los requisitos reglamentarios. Por otra parte. 87. t. En cambio. Las autoridades cumplen con el mandato del citado artículo constitucional haciendo conocer al peticionario aquellos requisitos que deben llenar para obtener resolución favorable a sus intereses. Sin embargo. no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. p. el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. EN CASO DE REQUISITOS REGLAMENTARIOS. para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado. en todo caso debe la autoridad dictar acuerdo. Así. p.. al solicitante. DERECHO DE.. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. t. constitucional no establece en manera alguna. la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o. sí la encontramos tratándose de procedimientos administrativos. tesis 129. que sólo en los casos en que se llenen los requisitos reglamentarios. XXI.
pero no abarca a todos los trabajadores al servicio del Estado. 5. XIII. siendo que con mayor frecuencia se observa cómo instituciones de carácter privado vulneran los derechos individuales. y en los que se ven involucradas instituciones de carácter privado. ni aún en los supuestos en que se vulneren derechos humanos. aunque éste sea también un empleado público”. encontramos que se considera que hay desistimiento de la petición si pasados dos meses no se han aportado los requisitos. atribuidas por las disposiciones legales o reglamentarias. es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado. etcétera. En el caso mexicano. 200 .200 Sin inclinamos por un análisis de los conceptos utilizados por el texto constitucional debemos recordar que mediante reforma constitucional se consignó el concepto servidor público para sustituir el de funcionario público. en la medida en que están consolidados los mecanismos de defensa contra el actuar estatal pero Al comentar el artículo 8o. Se trata de un reto para los sistemas jurídicos contemporáneos. pp. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. puede hacerlo. constitucional. documentos o informaciones señaladas por el órgano que conoce de la petición. el citado autor señala a guisa de ejemplo: “el presidente municipal o el funcionario encargado del servicio de limpia pública están obligados a responder por escrito las peticiones que se les dirijan en relación con dicho servicio. hemos preferido utilizar las voces órgano o servidor público exactamente con el mismo fin. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. 42/2001. a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado. O yendo más allá.201 Debe recordarse que el esquema garantista aparece en un modelo donde el Estado es el infractor y. Dirigida a un órgano o servidor públicos De tan evidente puede parecer superfluo. obligado como tal. t. 201 Pleno. por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Aunque la Constitución ha utilizado los términos funcionarios y empleados públicos. SJF9. México a través de sus Constituciones. pero no el conductor del vehículo de limpia que se encuentra prestando directamente el servicio en la calle. tesis: P. pero no tendrá garantizada la respuesta. por tanto. abril de 2001. Sin embargo.siguiente a aquel en el que el interesado conteste. salud pública. sean federales. es un tema que merecerá mayor atención en la medida en que los grupos civiles empiecen a tener mayor presencia y participación en labores y asuntos que conciernen a todos. Andrade Sánchez considera que por funcionarios y empleados públicos se entiende “las autoridades de los tres poderes que tienen facultades de decisión. 126. Derechos del pueblo mexicano. estatales o municipales”. sin embargo vale la pena llamar la atención sobre este elemento en el ejercicio del derecho de petición. p. Si nos remitimos al dispositivo 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano./J. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del gobierno del Estado. y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. 906 y 907. sólo exigibles las vulneraciones estatales. utilización de recursos públicos. por ejemplo: medio ambiente. Son pocos los sistemas jurídicos que se han ocupado de tal aspecto. es evidente que aún no se ha dado el paso para que el legislador permita a los ciudadanos elevar una petición cuando se trata de entidades de carácter privado. La Segunda Sala ha señalado recientemente: PETICIÓN.
del Código Civil aplicable en materia federal). o por ninguna otra razón semejante. porque en ningún caso viene a quedar privado de su carácter de funcionario sujeto a la obligación constitucional y. sino a la distinción entre dos supuestos: a) la negativa a acordar. por considerar la autoridad que se trata de una actuación inscrita en el marco del derecho privado. SERVIDOR PÚBLICO EN FUNCIONES. En primer lugar. un funcionario no podrá dejar de dar cumplimiento al derecho de petición alegando que dicha petición se refiere a una actuación suya que realizó como representante de una agencia de gobierno que actuaba como persona moral sujeta al derecho civil. Y en no pocas ocasiones se aducen tales extremos para negarse a proporcionar una respuesta al peticionario. aún así sigue conservando su carácter de agencia del gobierno. la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. SIEMPRE SERÁ AUTORIDAD CUANDO SE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8O. de nuestra carta magna. ACTUACIÓN DE UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO. un funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición garantizado mediante su inclusión en la Constitución Federal. tal omisión se traduce en una afectación a la esfera jurídica del gobernado. sin embargo. CONSTITUCIONAL. y b) la negativa a responder al peticionario por considerarse incompetente para resolver sobre la petición que se le dirige. público o privado. Para determinar si alguna autoridad actúa o no como tal. La jurisprudencia ha sido amplia en tal sentido. pues será la naturaleza jurídica de cada uno de esos actos la que determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad. constitucional los funcionarios respetarán el ejercicio de derecho de petición. en segundo caso y a mayor abundamiento. DERECHO DE. como también es cierto que de hecho no hay la misma facilidad en demandar y obtener de una agencia gubernamental que de un particular. Ahora bien. Por lo demás. Conforme al artículo 8o. como se dijo. A. en cuanto al fondo de la cuestión. Y es de notarse que cuando una agencia gubernamental está sujeta a una relación de derecho privado. embargos. está obligado como representante del gobierno a actuar con la mejor buena fe. la discusión no sólo debe darse en cuanto a si es o no órgano o servidor público a quienes se dirige la petición. fracciones I y II. pues el . En consecuencia. etc. deberá analizarse cada caso concreto. Sujetos de derecho privado Es plausible encontrar en el sistema jurídico la actuación de los entes públicos como personas de derecho público y como personas de derecho privado. en cuanto a lo que se conteste a la petición. cuanto porque la garantía constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil. en su momento el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito se pronunció sobre el tema en los siguientes conceptos: PETICIÓN. y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. a la ley y a la buena fe. aunque las autoridades de una secretaría de Estado pueden actuar como autoridades con imperio. cuando la autoridad designada como responsable es un servidor perteneciente a un organismo público descentralizado y el acto reclamado consiste en la omisión de contestar una petición formulada en términos del artículo 8o. Luego. Ahora bien.quedan por definir los de defensa contra particulares. mercantil o de cualquier otra naturaleza. En consecuencia. o como representantes de una persona moral sujeta al derecho civil. tanto porque cualquier petición que como funcionario se le dirija está dirigida al funcionario y no a la persona física. es claro que un funcionario no queda exento de respetar el derecho constitucional de petición por el hecho de pretender que la petición está vinculada con una actuación suya relacionada con un contrato de derecho civil. en ciertas relaciones (artículo 25. 205 Por su parte. porque cuando un funcionario actúa. lo cierto es que el funcionario en ningún caso pierde del todo su carácter de tal. en cualquier orden. sin pronunciarse sobre la petición presentada. el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito siguiendo esta línea de juicio se ha pronunciado en los siguientes términos: DERECHO DE PETICIÓN. como se ve por las cuestiones relativas a absolución de posiciones. esto queda sujeto a la congruencia. sin prejuzgar sobre si su posición sea correcta o no.
debe pronunciar el acuerdo relativo a las solicitudes que ante ellas se presenten. SJF6. vol. t. no existe razón de la negativa cuando se aduce la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano o servidor. toda autoridad. siempre. fija los que corresponden a un órgano o servidor público distintos. constitucional simplemente obliga a dar respuesta a toda petición que se haga reuniendo los requisitos que tal norma expresa. DERECHO DE. p. DERECHO DE. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. es decir a su carácter público.citado precepto obliga a cualquier servidor público a responder las peticiones que le sean formuladas por escrito y de manera pacífica y respetuosa. 63. La falta de competencia de una autoridad para resolver la solicitud de un particular. XII. tratándose de actuaciones de una persona pública con naturaleza de derecho privado. el órgano o servidor público no están obligados a respetar el derecho de respuesta que existe para las peticiones que se le eleven. Es decir. El artículo 8o. t. aun la que se estima incompetente. En clave del derecho de petición. 55. Es expresa cuando la norma orgánica delimita los asuntos que son de su conocimiento y. Tesis relacionada con Jurisprudencia 207/85. SJF5. p. DERECHO DE. que se ha decantado por considerar que aun el órgano que carezca de competencia está obligado a dar respuesta en los términos constitucionales: PETICIÓN. B. la omisión de cualquier servidor público de respetar el derecho de petición se traducirá. la incompetencia no puede ser alegada para evitar dar contestación a la petición elevada.35 33 34 35 Segunda Sala. Es tácita cuando la norma prevé que el órgano o servidor público conocerán exclusivamente. Véase también SJF6. 404. Así lo ha entendido la jurisprudencia. y hacerlo conocer al solicitante. tercera parte. únicamente o solamente de determinados asuntos. en un acto de autoridad. por tanto. en correspondencia. CV tercera parte.206 Esta última interpretación invalida el argumento de que. pues el hecho de la incompetencia no excluye la obligación a tal respuesta. aun cuando sea para darle a conocer su incapacidad legal para proveer en la materia de la petición. SJF6. constitucional. En los términos del artículo 8o. t. Segunda Sala. pues lo relevante es el carácter de servidor público.33 La misma Segunda Sala dictó dos tesis en tal sentido: PETICIÓN. 58. es la función desempeñada. tercera parte. sino que debe atenderse a la esencia misma del órgano o servidor. CXIV. . Segunda Sala. Autoridad sin competencia para resolver la petición Se entiende que un órgano o servidor público carecen de competencia para resolver sobre un determinado asunto cuando éste ha quedado excluido de su conocimiento en forma expresa o tácita. no la exime de la obligación de contestar la instancia. p. con independencia de que se trate de un organismo descentralizado. XL. p. sin que se mencione el que deba presentarse ante una autoridad con competencia o sin ella. 34 PETICIÓN.
debe leerse en atención a la redacción que en fecha reciente se ha propuesto para ciertas instituciones jurídicas. la remitirá a la que considere competente y comunicará haberlo hecho al peticionario”. el Tercer Tribunal Cole giado en materia administrativa del Primer Circuito ha considerado que en los supuestos en que la autoridad a quien se ha dirigido la petición tenga unidades o departamentos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia.36 En este último sentido. 36 .Esta llamada de atención a los supuestos en que el órgano o servidor público carecen de incompetencia. el artículo 7. este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron las mismas: En el caso español.2 de la Ley que regula el Derecho de Petición (1960) señalaba: “Si la autoridad ante la que se deduzca una petición se estimare incompetente para resolverla. En las nuevas previsiones procedimentales se ha llegado a plantear la posibilidad de que se presente la petición ante una autoridad cualquiera (nótese el uso del concepto autoridad) y que ésta tenga la obligación de enviarla a la que es competente para conocer el asunto. y tratándose de una misma dependencia con diversas unidades o departamentos administrativos.
en general. Esta actuación en términos de la tesis revisada es contraria al mandato constitucional. en la que se informa la remisión de la petición a una autoridad subordinada. La principal consecuencia de la firma del escrito de petición es que determina quién es el peticionario. deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. estampado al pie de un escrito para atestiguar que es el autor o que aprueba su contenido. en tanto que son departamentos administrativos subordinados.3o. t.211 Es práctica común que en peticiones elevadas al presidente de la República. al 211 Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.A. aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. el artículo 8o. si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia.DERECHO DE PETICIÓN. se entiende que sea así dado el cúmulo de actividades y asuntos que les corresponde virtud al cargo que desempeñan. SJF8. o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien. este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron. tesis: I. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida. ¿Una paradoja teleológica conciliable? 6. Así pues. Además. Firmada por el peticionario Otro presupuesto del escrito de petición es la firma por parte del peticionario. a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que. se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la firma escrita. Así lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. a los secretarios de Estado. se da por los secretarios particulares o privados de tales servidores públicos. En la jurisprudencia nacional se ha señalado que la firma es el signo gráfico con el que. No es necesaria la dualidad nombre rúbrica. pues será éste quien ostente la titularidad del derecho de respuesta consagrado en el segundo párrafo del texto constitucional. XV-I. En consecuencia. 169. El hecho de que materialmente le resulte imposible al secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. necesariamente. no podemos negar que satisface la finalidad misma que tiene tal derecho. a los gobernadores. presidentes de legislaturas o presidentes municipales.591 A. no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas. para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario. . y sin embargo. bastará la rúbrica cuando en el cuerpo del escrito de petición quede plenamente identificado como peticionario. febrero. la respuesta al peticionario. por supuesto. competentes para desahogar o despachar esas peticiones. p. generalmente acompañado de una rúbrica. Aquí se entiende por firma el nombre de una persona. en forma personal. bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud. pues basta el primero a condición de que sea escrito por el peticionario y en sus comunicaciones personales no acostumbre utilizar una rúbrica.
que en principio y 37 Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. La tesis que se ocupa de tales consideraciones es la siguiente: PETICIÓN. o simplemente el propio autor del escrito podría agregar algo ambivalente. pues ésta no expresa su voluntad de que efectivamente está interesada en lo que se le solicita a la autoridad. LA LITERALIDAD O INTERPRETACIÓN QUE SE HAGA DEL ESCRITO QUE LA CONTIENE. La firma presupone la aceptación por parte del peticionario de los términos en que ha sido dirigida la comunicación. ya que toda manifestación de voluntad de hecha constar por escrito (sic). entendiéndose por tales aquellos cuyos nombres y firmas aparecen en el escrito correspondiente.18 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO resolver: DERECHO DE PETICIÓN. p. y que cuando ésta se negara a acordar esa petición o inclusive iniciara algún procedimiento para imponer alguna sanción que conforme a la ley debiera imponerse. y en caso de que le conviniera simplemente desconocer el agregado. se agregue un texto del que se haga desprender que esa misma petición se hace a diversa autoridad de la precisada antes de las firmas. en principio y salvo prueba en contrario. De otra manera cualquier persona pudiera imputar al autor de un escrito alguna otra manifestación que le pudiera perjudicar. Un ejemplo de esto pudiera ser que después de la firma de un escrito de petición. sólo están obligadas a contestar en los términos de dicho numeral. como ya se dijo. constitucional. es claro que no hay instancia de la parte por la que se aboga. en atención que sólo con la firma estampada en forma personal y de su puño y letra o con su huella digital en caso de no saber firmar o puesta a su ruego por persona diversa de la interesada puede apreciarse la voluntad de una persona que eleva una solicitud de que la misma le sea contestada. pues. y ambos puntos o uno de ellos tuviera que ser juzgado por la autoridad judicial. hasta antes y no después de donde aparezca la firma correspondiente. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SÓLO ESTÁN OBLIGADAS A CONTESTAR LAS SOLICITUDES A LAS PERSONAS QUE LAS SIGNAN Y NO A QUIENES APARECEN EN EL CONTEXTO DE DICHA SOLICITUD. APAREZCA LA FIRMA DEBE TOMARSE HASTA ANTES DE DONDE . se obtiene que las autoridades ante las cuales se elevan peticiones. . 135. segunda parte-1. El Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito ha explicitado también la importancia que tiene la expresión de la firma en el cuerpo del escrito de petición. la voluntad de su autor. sino sólo la del peticionario. de manera que la literalidad o la interpretación que se haga de esta manifestación de voluntad deberá tomarse. si bien puede originar un derecho. De ahí. a los peticionarios o solicitantes. pero también se entiende que efectivamente asume las cargas jurídicas que pueden derivarse de tal actividad. No basta que después de las firmas que signan un escrito de petición. de la carta magna. en realidad. la obligación de la autoridad ante la cual se eleva. también puede generar alguna obligación o responsabilidad. De la interpretación del artículo 8o. no bastando con que aparezca únicamente el nombre de una persona. y desde luego también salvo prueba en contrario. porque ésta es el signo inequívoco de que lo ahí expresado es. DERECHO DE. se agregara algo que implicara una violencia o una falta de respeto para la autoridad a quien se dirige. VI. para hacer fehaciente la manifestación de voluntad del peticionario. y por ende. a pesar de que por ella se pida que se le tome en cuenta para determinados hechos. de respetar la garantía individual contenida en el artículo 8o.37 La firma es un elemento indispensable para que el documento o escrito que contenga la petición se perfeccione jurídicamente. SJF8. indudablemente que el particular podría argumentar que lo violento o lo irrespetuoso no formó parte de la expresión de su voluntad. t. por los términos en que se redactó el agregado. pues no existiendo su firma.
p. t. 39 . a nadie obliga. Esto es importante porque en los supuestos en que se pretenda ejercitar el derecho en materia política. un escrito de petición. sólo debe atenderse en cuanto al texto que precede la firma respectiva. p. sin contar con las calidades exigidas constitucionalmente. julio de 1994.41 En relación con el tema de la firma y de las consecuencias jurídicas que se derivan del cumplimiento de tal formalidad encontramos una tesis que recalca su importancia: RECURSOS ADMINISTRATIVOS. tratándose de un procedimiento administrativo de impugnación. 40 Noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 494. mayo de 1992. si no contiene la firma. t. se incurrirá en las infracciones o delitos que tipifique el ordenamiento federal. FIRMA AL MARGEN. XIII. SJF8. t. sino únicamente firmas al margen de las hojas que lo componen. 4608. SJF8. y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor. sin 38 Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. DEBE REQUERIRSE SU RECONOCIMIENTO SI EXISTE LA DUDA SOBRE LA VOLUNTAD O LA IDENTIDAD DEL FIRMANTE. si no presenta firma. 292. en la comisión del acto considerado infractor o delictivo. no debe desecharse de plano la instancia si no existe un precepto legal que así lo autorice. y la rúbrica será elemento objetivo que determine la adscripción de culpa. la conducta de las autoridades debe estar regida no sólo por la ley escrita sino también por los principios generales del derecho. 1969-1987. XIV. particularmente los relativos a la buena fe según el cual debe presumirse que en las relaciones entre la administración y los particulares prevalece una disposición de ánimo que les lleva a proceder leal y sinceramente. 444. como manifestación de voluntad. p.salvo prueba en contrario. p. las peticiones hechas en materia política suponen que el peticionario admite tener el carácter de ciudadano mexicano. huella digital o sello de la persona física o moral a cuya orden se hizo. mayo de 1994. t. y no existiendo autor o responsable del contenido del mismo. t. es la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen”. p. toda vez que aquellos signos son los que plasman la manifestación de la voluntad de su autor en comprometerse con su contenido”. sería un contrasentido admitirlo. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha considerado que “cualquier escrito de la naturaleza que sea.39 Por su parte el Noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito consideró que “un documento carece de valor aunque su autor reconozca haberlo confeccionado. Tribunales Colegiados de Circuito. pues no se puede saber realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza ese escrito. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Los tribunales federales han expresado múltiples interpretaciones en relación con el valor y consecuencias que se derivan de la firma de los documentos y promociones. Véase también SJF7. SJF8.40 El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el mismo tenor resolvió que “las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor. SJF8. XIV. 38 Además. puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor. 41 Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Cuando el escrito por el cual se interpone un recurso administrativo no presenta la firma al calce del promovente. pues aunque la suscripción es la forma usual de presentación de los documentos dirigidos a una autoridad e inclusive de los propios del tráfico privado. IX. 593. y en esta forma responsabilizarse él mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente”. XI-enero.
58. No debe olvidarse que el ejercicio de este derecho tiene un correlato con el deber de la autoridad de acordar sobre la misma y notificar al peticionario. en 1979. constitucional. apercibido de que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. “por ser asunto de su competencia”. en el domicilio que señalaron. tercera parte. 87 (segunda tesis). enero a junio de 1989. éstos no son encontrados (la tesis utilizó la frase por no ser conocidos éstos). si fue devuelto por no ser conocidos éstos. la garantía que involucra el derecho de Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. para los supuestos en que los firmantes fueran más de cinco. t. 172 (primera tesis). La tesis en cita señaló: PETICIÓN. DERECHO DE.42 No está de más hacer la remisión al texto histórico de la Constitución venezolana que señalaba. constitucional. De tal consideración podemos deducir que el peticionario debe señalar un domicilio para recibir notificaciones en forma precisa. Es evidente que la notificación. t. Véase también vol. En 1958. pues los errores en los datos repercutirán en la falta de notificación y no podrá alegarse vulneración del derecho constitucional.20 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO malicia y sin dolo. p. p.43 Por su parte el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. de manera que la rectitud y honradez sean sus normas de conducta y a la ausencia de formulismos o requisitos sacramentales en las peticiones de los particulares. p. p. reiteró la necesidad de que el escrito contuviera la dirección en la cual se podían recibir notificaciones: PETICIÓN. VIII. Señalando domicilio para notificaciones El domicilio es otro elemento importante que debe manifestarse en el escrito de petición. tercera parte. La observancia de ambos principios (a falta de texto que regule expresamente esta situación) obliga a la autoridad a requerir mediante notificación personal a quien aparezca como promovente. tercera parte. para ser realizada requiere de los datos que hagan posible la localización física de quien debe ser enterado del acuerdo recaído. Una solución que no se encuentra en nuestro ordenamiento. y no hay tal violación. SJF6. II. DERECHO DE . pues de esta manera la autoridad estará en condiciones de proveer lo procedente con arreglo a derecho. 7. que quienes respondían por la autenticidad de las firmas de los demás eran los primeros cinco firmantes. 43 Segunda Sala. SJF8. III segunda parte-2. como veremos más adelante al analizar el derecho de respuesta. Conforme a lo dispuesto por el artículo 8o. El hecho de que una dependencia no resuelva una solicitud y comunique a los peticionarios que la remitió a otra para que resuelva lo conducente. aunque todos respondían por la verdad de los hechos. porque es obvio que el proveído a que alude este precepto debe ser dictado por la autoridad competente relativa. vol. aunque el oficio en que se hizo la comunicación no se haya entregado a los peticionarios. VI. la Segunda Sala determinó que no existe violación por parte de la autoridad cuando al notificarse la respuesta en el domicilio señalado por los peticionarios. 646. 42 . no implica violación del artículo 8o. a fin de que comparezca a reconocer el contenido y firma del escrito.
Bazdresch. la perfección de estos medios de comunicación administrativa y su utilización en determinados supuestos deberá atender entre otros principios al de certidumbre y oportunidad. la ley de la materia prevé.44 Ahora bien. en breve término. en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. sexta parte. .petición. Los peticionarios que en la actualidad incluyen un teléfono en el que se les puede localizar o agregan una dirección de correo electrónico. 124. op. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio. fracción I. lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar. Sin embargo. en su primera comparecencia. en su artículo 30. 44 45 Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude. y 2) que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su resolución. en su escrito relativo. fracción II. El artículo 116. Debe señalarse sin embargo. SJF7.45 Adelantamos que con la utilización de nuevas tecnologías se abre una puerta para que los órganos y servidores públicos puedan realizar la notificación vía telefónica o electrónica. por ejemplo. están admitiendo la posibilidad de que la notificación sea realizada por tales medios. dado que se entiende que las peticiones entrañan (o pueden hacerlo) un aspecto privado que merece ser reservado.. al peticionario. nota 136. la autoridad se encuentra impedida para cumplir su obligación de hacer saber lo acordado. tratándose del juicio de amparo en los casos en que no se había señalado por parte del quejoso un domicilio para efectuar las notificaciones. que en los casos que así lo permitan. p. de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito. algunos autores consideran que se entenderá prefiere acudir personalmente a la oficina de la autoridad respectiva a informarse del resultado de su petición. sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico. consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones. 121-126. puede seguirse el criterio que la Segunda Sala de la Corte Suprema adoptó en mayo de 2002. Sin embargo. 154. esto dependerá siempre del caso concreto. una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso. t. cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. pues de otra manera. Para esto último. se integra por dos fases: 1) que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde en derecho como corresponda. p. y más adelante nos ocuparemos de la petición hecha por vía electrónica. en lo que respecta a su domicilio. uno de carácter particular. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como. de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado. La solución adoptada por el órgano colegiado indica: DEMANDA DE AMPARO. 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo. NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. cit. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR. no es el señalamiento de su domicilio particular. Luis. es necesario que el peticionario. Al revisar el derecho de respuesta revisaremos los problemas que suscitan estas nuevas tecnologías y las probables soluciones a la luz de algunas prácticas administrativas. en los supuestos en que el peticionario no satisfaga tal requisito. señale el domicilio donde se le envíe la comunicación relativa.
En términos prácticos es suficiente con acompañar al escrito de petición una copia fotostática de la credencial de elector o en su defecto. Sin embargo. Debe asentarse. El texto constitucional limita el ejercicio del derecho de petición en materia política. XV. copia fotostática de la página de identificación del pasaporte o de la cartilla del Servicio Militar Nacional. reservándolo a los ciudadanos mexicanos. es subsanable para la marcha del procedimiento. conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. fuera de tal supuesto es simplemente un derecho más que corresponde por igual a todos los habitantes del país.46 8. y si no se ha presentado algún supuesto litigioso en relación con la petición en materia política. No debe olvidarse que en los casos en que el peticionario se encuentre suspenso en sus derechos políticos. En todo caso. y esta es una suposición personal. para que lo haga constar en el padrón correspondiente. Afortunadamente a últimas fechas la participación política está aumentando. En tal tesitura. hay obligación de la autoridad ejecutora de notificar tal circunstancia al órgano encargado de las cuestiones relativas a los registros electorales. esta regla general admite como excepción los casos en que la petición sea formulada en materia política. Los tribunales federales han sido omisos en tales pronunciamientos. . en virtud de una decisión judicial. tesis: 2a. Aportar datos personales En términos generales se entiende que no será necesario que el peticionario aporte más datos que los que lo identifican administrativamente: nombre y domicilio para recibir notificaciones. la edad y en su defecto la ciudadanía que posee. esto quizá puede 46 Segunda Sala. principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo. No hemos encontrado jurisprudencia que se refiera a estos supuestos. medida que es acertada. 152. junio de 2002./J. obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que. que la petición adquiere el estatus de derecho cívico o político cuando es ejercido en tal materia.22 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO éstas se harán mediante lista. por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del ordenamiento fundamental. quizá debido a la especificidad del tema y en parte. el acuerdo podrá dictarse imponiendo algún requisito reglamentario. tales documentos no servirán sino de indicio al órgano o servidor público a quienes se ha dirigido la petición sobre la viabilidad jurídica que asiste al peticionario en el ejercicio del derecho. p. por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste. para evitar alguna confusión injustificada. 47/2002. como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla. Sin embargo. pues aun si falta. pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el peticionario que se encuentre en este supuesto deberá expresar además del nombre. t. incluidos los sujetos a un régimen penitenciario o restrictivo de la libertad personal. en ambos supuestos. SJFG9. orientados a satisfacerla. a la escasa participación (¿o será incipiente cultura política?) que en épocas pasadas encontramos en la sociedad mexicana. pero limitándose a la prueba de que el peticionario queda comprendido en la exigencia constitucional.
que es capitán? Pedro Crespo (PC): Sí. ¡voto a Dios! Y aunque fuera el general. concesión o atención. DL: A quien tocara ni aun al soldado menor sólo un pelo de la ropa. por vida del cielo. pero con mi fama no. en tocando a mi opinión. el peticionario al describir hechos concretos utilice expresiones de tal tipo. sin embargo..explicarse en los afortunados cuerpos normativos que regulan tal sector. voto a Dios. Ningún servidor público podrá negarse a recibir una petición aduciendo que hace falta cumplir con algún requisito reglamentario. dando respuesta a la solicitud. pero el honor es patrimonio del alma. que también le ahorcara yo. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar. pero siempre lo hará en forma de relato y nunca serán dirigidas a la autoridad a la que se presenta la petición. debe evitarse la utilización de amenazas u ofensas en el texto de la petición. Debe tenerse presente que en algunas instituciones quedan servidores públicos de guardia que garantizan la recepción a cualquier hora. PC: A quien se atreviera a un átomo de mi honor.. en El alcalde de Zalamea (jornada I. Como podrá advertirse infra hay supuestos vinculados con el derecho de petición ejercido en materia de participación política. 9. como a aquéllos que la Constitución obliga a respetarlo. en los cuales se ha manifestado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. toda vez que la mayor parte de las peticiones giran en torno a la satisfacción de necesidades de información. tanto el que pide como el que contesta la solicitud. En cualquier momento El ejercicio del derecho de petición puede realizarse en cualquier momento. Esta afirmación merece un matiz: la petición se entregará dentro de los horarios que correspondan a la oficina o servicio de recepción. por vida también del cielo. 47 . 10. a sufrir. y en reciprocidad en el de respuesta. le matara.47 Ello no implica que en ocasiones. por ser quien sois. y el alma sólo es de Dios . yo le ahorcara. Debe considerarse. por ejemplo cuando se formule una queja por maltrato. escena XVIII). de los atentados al honor infligidos por las autoridades en este célebre diálogo: Don Lope (DL): ¿Sabéis. No requiere que exista una actuación previa de algún órgano o servidor público. Este elemento es fundamental en tanto representa la cristalización de la buena fe que en principio anima tanto a las partes que ejercitan el derecho de petición. No expresar amenazas u ofensas En apego a la idea de que ambas partes merecen respeto. que el servidor podrá indicar al peticionario que si cumple con tal o cual requisito la petición se estimará procedente. DL: ¿Sabéis que estáis obligado. tratándose de petición de información a partidos políticos. pero no podrá negarse a recibirlo del Calderón de la Barca se ocupaba ya. estas cargas? PC: Con mi hacienda. mismas que no están supeditadas en forma alguna a la actuación estatal.
24 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO peticionario. debe entenderse que la voz se formule no alude necesariamente a la redacción de la petición. manifestar. y en tal orden de ideas la limitación constitucional se orienta a la expresión de la petición. Sin embargo es evidente que lo que debe leerse es que la petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa. a efecto de que se mantenga casi en secreto. en especial por cuanto hace a los datos personales del peticionario. tal actitud es susceptible de ser enjuiciada a tenor del artículo 8o. Debe interpretarse el verbo formular que utiliza el texto constitucional en sentido extensivo. LA PETICIÓN DEBERÁ SER FORMULADA DE MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA Los términos en que aparece redactado el texto constitucional parecieran indicar que la expresión: se formule por escrito. En clave constitucional. Debemos agregar que en algunos ordenamientos. y sobre todo administrativa. como el colombiano. Esta cuestión va de la mano de otra que resulta interesante: ¿existe un secreto profesional. siendo la única distinción la que se hace entre petición a título individual y con carácter colectivo. sin embargo también es preciso señalar que en nuestro sistema jurídico no se distingue entre las peticiones con un contenido de interés particular y las que persiguen un interés general. . Solicitud de reserva Queda por dilucidar si al dirigir una petición a un funcionario o servidor público puede solicitarse la reserva de la misma. y de tal labor hermenéutica puede advertirse que formular equivale a expresar. hay que reconocer que en el sistema jurídico mexicano no se encuentra tan desarrollado el tema de la protección de datos personales. constitucional.48 12. II. la manifestación de que se hace una petición. Tal distinción es fundamental al exigir cierta reserva por parte del órgano o servidor involucrados. 48 En la práctica es común que esto suceda. a petición de parte? Creemos que puede darse tal circunstancia. Sin embargo. como ocurre en otras latitudes. de manera pacífica y respetuosa alude al estilo que debe emplearse para redactar la petición. el negarse a recibir la petición entraña una causa justificada para que el servidor sea removido o se le incoe un procedimiento administrativo sancionador. Aunque. en el marco de la administración pública. Pocas veces puede plantearse el litigio ante los tribunales federales por una sencilla razón: no puede demostrarse fehacientemente que hubo tal negativa. La actitud del servidor que niega tal recepción es violatoria del derecho de petición. en estricto sentido.
sólo que ahora se alude a los supuestos en que el ejercicio del derecho de petición es colectivo. Resulta claro entonces que el texto constitucional condiciona el ejercicio del derecho de petición a que la presentación del escrito no altere la tranquilidad y no ofenda a alguien. Las acepciones reconocidas para la voz respeto son dos: a) sentimiento o actitud deferente o sumisa con que se trata algo o a alguien. que está en paz. a una autoridad. En ambos casos los condicionamientos son similares. en este caso el órgano o servidor públicos. la manera pacífica queda plasmada en la condición de no hacer uso de violencias o amenazas para intimidar a la autoridad. y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto.50 Bazdresch. Allá se alude a la formulación individual de una petición. Luis. constitucional que en lo conducente señala que: No se considerará ilegal. tal y como puede inferirse de las acepciones adoptadas para el adjetivo pacífico: a) que ama la paz. etcétera. en el contenido del artículo 9o. expresado en marchas. a una elemental regla de convivencia social.. la dignidad. u obligarla a resolver en el sentido que se desea. nota 136. plantones 50 49 .una petición se formula de manera pacífica cuando no altera el estatus o las circunstancias de tranquilidad presentes antes de que se haga la solicitud. p. y merece en tal sentido el respeto de aquellos a quienes sirve. Aunque no encontramos ningún indicio en la jurisprudencia que se ocupe de adelantar una posición acerca de este elemento. y c) que no tiene o que no halla oposición. Cabe traer a colación el texto del Reglamento de la Asamblea Nacional francesa. Nosotros consideramos que esto no es así. mérito. y nos inclinamos por una interpretación en la cual la voz pacífica en materia de petición debe entenderse como la necesidad de que la presentación no altere la paz o tranquilidad existente. Luis Bazdresch al ocuparse de los conceptos pacífica y respetuosa señala que tales requisitos atienden en el primer caso. Es decir. b) tranquilo. 123. si no se profieren injurias contra ésta. hay una reiteración de la manera pacífica y respetuosa. Tal interpretación debe sustentarse también. citado líneas atrás que señala que no podrá ser recibida por el presidente ni entregada a la mesa petición alguna traída o transmitida por una manifestación de personas reunida en la vía pública. la manera respetuosa queda implícita en la idea de que no deben proferirse injurias contra el órgano o servidor público a quien se pretenda hacer la petición. y en el segundo. decoro de una persona o cosa y a abstenerse de ofenderlos. al tiempo que permite constatar que cumpla con los otros dos requisitos. aquí a la formulación colectiva. en razón de su autoridad. y reafirmarse.49 Nosotros consideramos que es respetuosa aquella petición que observa respeto hacia el otro. a la dignidad propia de la autoridad. Tal respeto en el caso que nos ocupa está referido a evitar que en la formulación se ofenda el servicio público que goza de la presunción de buena fe. edad. op. cit. Así. algunos sectores de la doctrina se han inclinado por considerar que la exigencia de que la petición sea por escrito tiende a dar certeza a los términos de la misma. En nuestro país es común que el derecho de manifestación. representada por el funcionario o servidor público. y b) sentimiento que lleva a reconocer los derechos. ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
El martes 12 de diciembre de 1916. 53 Ya en los debates que mereció el proyecto de Constitución encontramos una referencia a la posibilidad de que la petición fuere oral. cit.. En la mayor parte de estos supuestos la recepción de solicitudes orales amplía la actuación pública en beneficio de los gobernados. Por mandato legal si bien el texto constitucional establece que el ejercicio del derecho de petición debe ser presentado por escrito. op. EXCEPCIONES AL REQUISITO DE ESCRITURA Es evidente que la realidad exige que algunas peticiones no sean escritas. nota 8. en situaciones de urgencia y por existencia de formularios. y ello no debe entenderse como la posibilidad de que el órgano o servidor público a los que se dirige la solicitud se niegue a atenderla. soit au Roi.. bajo la condición de hacer del conocimiento de la autoridad municipal de la fecha y lugar de la asamblea y que no serían más de 20 ciudadanos los que presentarían las peticiones. la reglamentación del derecho de petición y el de reunión o asociación se dan simultáneamente. Marcel. junto con el derecho de petición. Richard. op. por razones de celeridad administrativa o por economía procesal. pacíficamente y sin armas. a la Administración del Departamento de París. cit. 20. encontramos que el legislador ha encontrado que tal principio puede tener excepciones cuando existen circunstancias especiales. en assemblées particulières por rédiger des adresses et petitions. el Decreto de 14 de diciembre de 1789 sobre la Constitución de los municipios (artículo 62) y la Ley de 21 de mayo-27 de junio de 1790 (artículo 60) señalaron que los ciudadanos tenían el derecho de reunirse.51 Colom Pastor señala que no es casualidad que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Son tres supuestos en que podemos encontrar las excepciones: por mandato legal. Bartomeu. reconozca el derecho a la libertad de prensa y el derecho de reunión. sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées.26 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO No creemos necesario extendernos más en este tópico. paisiblemente et sans armes. soit au Corps Législatif. al cuerpo legislativo o al rey. tengan como consecuencia que la autoridad reciba las peticiones de quienes realizan la manifestación (y que se supone motiva la misma). 52 Colom Pastor. et de ne pouvoir députer que 20 citoyens actifs pour aporter et présenter les adresses et petitions". . 1. se ha permitido que las peticiones sean realizadas en forma oral. en asamblea para dirigir peticiones a los cuerpos municipales. sólo traer a colación una idea que explique el porqué en el derecho de reunión se hace énfasis especial en el supuesto de la petición colectiva: en el inicio del liberalismo francés. Este autor enumera otros ejemplos histórico legislativos para hacer visible la relación que ha tenido el derecho de petición con el de reunión y de prensa. nota 69. Así. el diputado Pastrana Jaimes hizo la siguiente advertencia: “Yo quisiera saber qué razón hubo para decirse que toda petición debía ser hecha por escrito. 51 "Les citoyens actifs ont le droit de se reunir.52 III. durante la discusión del artículo 8o.. soit au Corps Municipal. soit à l’Administration du département de Paris. Así. p. hacia 1790.53 En nuestro país algunas de las instituciones que están obligadas por norma legal a aceptar peticiones y demás expresiones de tal tipo.
Es la 54 .. y ésta levantar un acta sobre un asunto.formuladas oralmente son aquellas orientadas a la protección del consumidor o a la defensa de los derechos humanos. La petición por escrito no quiere decir que el ciudadano deba hacer precisamente por escrito su petición ante la autoridad. no tendrán el derecho de petición”. y entonces la simple petición verbal o la comunicación telefónica debe ser atendida. asistencia sanitaria. rescate. teniendo la obligación de contestar en los términos que crea prudente. puede buscar quien firme por él. Estas instituciones reciben peticiones verbales con el objeto de facilitar el trámite de los asuntos. México a través de sus Constituciones. Más adelante lanzaría dos cuestiones: “¿Las peticiones verbales no serán atendidas? ¿Los pobres no tendrán justicia nunca?” El diputado Recio puntualizó en su intervención: “. a quien deberá contestarse en breve término”. Así es que no es preciso que lleve solicitud escrita. luego se descubre. Incluso. en tales casos. Debe recordarse que por desgracia es frecuente oír de accidentes en los que pierden la vida o se lesionan servidores públicos. Los fenómenos que originan la necesidad del servicio público son de tal naturaleza que haría irracional exigir que la petición se presente por escrito. Se impone aquí la obligación de que los que no tengan cincuenta centavos para papel. Son casos paradigmáticos la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. las Comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. el órgano o servidor público están obligados a actuar. 2. socorristas y voluntarios. En situaciones de emergencia Se ha mencionado que por un principio de certeza y seguridad jurídica es que el texto constitucional consagra la exigencia de que las peticiones sean formuladas por escrito. creada en 1985. en ciertas ocasiones el gobernado enfrenta circunstancias de emergencia que impiden que la petición se formule por escrito. Este principio es el que asiste la prestación de diversos servicios públicos: policía. como pudiera ser el Plan DN-III. a cargo principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. pero debemos tomar en cuenta que las autoridades no van a estar conservando apuntes en la memoria. Debe comparecer ante la autoridad y la autoridad debe tomar en consideración el motivo de la petición de aquel ciudadano. Se exige que tales servicios atiendan cualquier petición. 913 y 914. En ellos por supuesto porque en la República hay muchos que no saben escribir”. El mismo diputado constituyente más adelante retomó este debate al señalar: “Al pedir la palabra para atacar este artículo he tenido en cuenta a la clase pobre. Cabe destacar en tal sentido que una vez instaurado tal procedimiento debe entenderse que el órgano o servidor público están obligados a actuar con motivo de la petición y que su omisión o la atención indebida es supuesto para incurrir en responsabilidad. Sin embargo. al dirigirse a prestar ayuda en presuntos accidentes cuyo aviso. Si no sabe firmar. pp.54 Y aquí no entramos a la consideración de los casos que se han suscitado en nuestro país. quedan incluidos los programas de emergencia establecidos por las entidades públicas. bomberos. Véase Los derechos del pueblo mexicano. incluso aquéllas anónimas o que incluyan palabras altisonantes o insultos. al mostrarse en esta honorable asamblea. ha pretendido ser una broma inocente. puede presentarse ante ella. los que no tengan un peso. decidido defensor de la clase pobre. y la Procuraduría Federal del Consumidor..es verdaderamente laudable el celo puesto por el señor Pastrana. cuando la situación impide que el afectado solicite el servicio.
ante la inminencia del riesgo o afectación. podemos anotar las contenidas en el Código Fiscal de la Federación. En este cuerpo normativo encontramos que en el título segundo. cerca de la ciudad de México. a la integridad corporal. Son prolijos los ejemplos. y en algunos casos permite hacer más efectivo el derecho de petición y de respuesta. la presencia del riesgo. caso en el que imprimirá su huella digital. no puede hacerse ningún reproche a quien profiere tales palabras. que sin estar contemplada en una norma legal ni estar justificada por alguna circunstancia de urgencia. pusieron de manifiesto la obligación de las autoridades de actuar. Adelantamos que este ordenamiento sólo es aplicable a los asuntos de carácter fiscal. aunque no necesariamente la justifiquen. pudieron ser afectados). y únicamente vale la pena mencionar que la jurisprudencia se ha decantado por considerar tal circunstancia como no violatoria del texto constitucional. quedando en estos casos únicamente la labor de relleno de los datos solicitados en el formulario. Nosotros consideramos que se trata de una excepción.28 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO Es preciso señalar que en algunas circunstancias. en especial. dedicado a los derechos y obligaciones de los contribuyentes. En fechas recientes. Aquí debe ponderarse que en tanto la situación de peligro (la emergencia propiamente dicha) no sea controlada. no puede negarse que tal práctica permite agilizar la labor de los entes estatales. y así debe entenderse la obligación del ente público de actuar diligentemente. b) las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. aun ante una falsa alarma. es una causa evidente para soslayar el principio constitucional de que la petición se formule por escrito. Por supuesto. los eventos geológicos que culminaron con la erupción del volcán Popocatépetl. las circunstancias. Será la autoridad administrativa encargada de sancionar tales faltas o infracciones quien ponderará los hechos y. Esta circunstancia. es probable que quienes ven amenazados sus más preciados bienes dirijan palabras altisonantes e incluso insultos a los servidores públicos. a la propiedad personal. . a la salud pública. pues existen servidores públicos que se encargan de orientar a los peticionarios y de verificar que se cumpla con los requisitos necesarios para que la respuesta pueda ser dada en plazos razonables. puesto que estas últimas pueden explicar tal actuación de los particulares. el artículo 18 establece los requisitos inherentes a las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales: a) estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello. Por existencia de formularios En ocasiones el ejercicio del derecho de petición queda sujeto a la exigencia de presentar la petición en una forma elaborada ex profeso por el órgano o servidor público. en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso buena fe que caracteriza a las instituciones de servicio público y que por desgracia son objeto en ocasiones de la incultura de unos cuantos. En estos supuestos prima el derecho a la vida. Respecto de las disposiciones relativas al uso de formularios. a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar. permite que se soslaye (aunque sólo parcialmente) la condición de que sea el peticionario quien redacte en sus propios términos la solicitud. sin necesidad de la petición individual o colectiva de los grupos afectados (o que. 3. incluso.
en los términos de un tratado internacional de que México sea parte. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación. El artículo 34-A establece: “Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones. se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables”. debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código”. con lo siguiente: 1) señalar los números telefónicos. en su caso. 4) en su caso. 2) el nombre. 2) señalar los nombres. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo. y la clave que le correspondió en dicho registro. direcciones y el Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero. 56 55 . el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos: 1) constar por escrito. el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. de su resolución favorable se derivan derechos para el particular.mx. // Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo. 3) señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. así como acompañar http://info4. deberán cumplir. en los términos del artículo 64-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido. // La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior. // La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones objeto de la resolución. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso. para el efecto de fijar la competencia de la autoridad. necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. // La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones. 3) describir las actividades a las que se dedica el interesado. la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes. en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 ya mencionado líneas atrás.ésta requiera. 4) indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.55 Cuando no existan formas aprobadas. podrán surtir sus efectos en el ejercicio en que se soliciten.unam. datos y documentación. Se prevé en el mismo numeral que cuando no se cumplan tales requisitos. Quedan excluidos de este procedimiento: las declaraciones. siempre que el contribuyente presente la información. en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello. del contribuyente y el de los autorizados legalmente para recibir las notificaciones. la promoción se tendrá por no presentada. solicitudes de inscripción o avisos al Registro Federal de Contribuyentes. En el numeral 18-A se señala que las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos de los artículos 3456 y 36-bis del mismo ordenamiento. en operaciones con partes relacionadas. El texto del artículo 34 es el siguiente: “Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. de todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. para las que no haya forma oficial. en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes a aquel en que se soliciten. si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada. 5) señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción.juridicas.
haciendo las diligencias conducentes para su logro. y promotor(a): que promueve algo. el sentido de la resolución. los dispositivos mencionados establecen algunos de los requisitos que deben contener. En forma similar al artículo 18 se advierte en el texto legal que cuando no se cumplan tales requisitos se requerirá al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el o los requisitos omitidos. 2001. en su caso. siendo reconocidas únicamente promovedor(a): que promueve. procurando su logro. 6) describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. En caso de que el promovente no subsanare la omisión en dicho plazo. DE LA CONS- Diccionario de la lengua española. La Segunda Sala de la Suprema Corte consideró. la promoción se tendrá por no presentada.57 Podemos pues considerar que tratándose de peticiones. Madrid. Cabe advertir que no se recoge la voz promovente. que tiene una connotación más amplia que petición. que éstos no contravenían el texto constitucional: FORMAS OFICIALES EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ed.30 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO los documentos e información que sustenten tales hechos o circunstancias. 57 . p. EL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS AUTORIZA NO VIOLA LA GARANTÍA DE PETICIÓN CONSAGRADA EN EL ARTICULO 8O. 1251. y 8) indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales. en el caso de los formularios hacendarios. 22a. pero también significa tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. Real Academia Española. señalando los periodos y las contribuciones objeto de la revisión. se entiende que promover es iniciar o impulsar una cosa o un proceso. Así. Aquí debe atenderse que en el texto legal comentado utiliza el vocablo promoción.. 7) indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido planteados ante una autoridad fiscal distinta a la que recibió la promoción o ante autoridades administrativas o judiciales y.
misma que no se juzga apriorística.31 TITUCIÓN. 233 Pleno. petición de copias de registros públicos. FORMALIDADES Y REQUISITOS”. el acuerdo dictado debe ajustarse al principio de legalidad constitucional./J. tesis P. lo que implica una fundamentación o motivación que no se satisface en tales supuestos. 14. mayo de 1992. puesto que con ello no se obstaculiza el derecho del gobernado ni tampoco impide que la autoridad respectiva cumpla con la obligación correlativa de comunicar al interesado en breve término. ni tampoco en el sentido de que no esté obligado a utilizar los formatos que ex profeso se elaboren. En tales supuestos debe entenderse que prima la celeridad en la actuación administrativa y allí encontramos la razón de que en muchas ocasiones se rechacen las peticiones por considerarse que faltan requisitos para que sea procedente. GSJF8. el acuerdo que corresponda a la petición del gobernado y hacérselo saber en un término breve. el acuerdo que recaiga sobre su petición. de rubro: “PETICIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO EN LA PETICIÓN 58 Vale preguntarnos ¿es suficiente respuesta que se devuelva el formulario con una anotación que diga documentación incompleta. y los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación correlativa de dictar. t. sino que requiere la adopción de un acuerdo que se haga del conocimiento del peticionario. visible en la página 2140 de la segunda parte. p. el derecho a no utilizar determinados formatos para la formulación de sus solicitudes. en breve término. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988. EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO De conformidad con el artículo 8o. con una equis cruzando el formulario? Como veremos. solicitud de permiso para constituir una sociedad. o en el colmo. que el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación disponga que las peticiones se formulen en formatos elaborados por la Secretaría de Hacienda en modo alguno contraría la garantía de petición constitucional. El artículo 8o. como en el caso del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación que exige que las promociones se presenten en las formas que elabore y apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 53. Consecuentemente. por escrito.58 puesto que la obligación que impone el precepto constitucional al servidor público consiste en la recepción de la petición. DERECHO DE. el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación no viola la garantía constitucional de petición al establecer la obligación de que los contribuyentes formulen sus peticiones en las formas impresas que elabora y aprueba la mencionada secretaría. 19/92. 233 Aunque los casos se pueden multiplicar: petición de pasaporte. sin que el texto de ese precepto constitucional establezca adicionalmente en su beneficio. etcétera. . de la Constitución impone al gobernado la obligación de formular por escrito su petición. faltan requisitos. Por tanto. IV. constitucional los particulares gozan del derecho de formular peticiones por escrito ante todo tipo de autoridades. Así se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 1318.mente. La garantía constitucional de mérito no puede interpretarse en el sentido de que el peticionario pueda dejar de cumplir las formalidades y requisitos que establezcan las leyes. volumen V. Ello no obsta para que se trate en todo caso de una vulneración al derecho constitucional de petición.
. A tal respecto vale la pena revisar la interpretación que se desprende de las siguientes tesis: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. VI. VIII. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. julio a diciembre de 1990. el interés jurídico está determinado por el reconocimiento legal de un derecho. 581. Nota: esta tesis también aparece publicada en la GSJF. la noción de perjuicio. que la Ley de Amparo toma en cuenta. en su favor. p. privado o público. segunda parte-2. una situación calificada. t. faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. materia común. no puede sin embargo decirse lo mismo respecto de los medios impugnativos dispuestos en el ámbito administrativo en favor de quienes pretendan atacar los actos de la administración pública que estimen irregulares. p. hasta comprender en él a las personas colocadas en una situación calificada y diferenciable del resto de los habitantes de una comunidad. p. Por lo tanto.32 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO Los tribunales federales han definido el interés jurídico. los tribunales han interpretado reiteradamente los artículos 4o. en el sentido de exigir que el promovente del juicio sea titular de un derecho subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad. 3o. tesis 852. para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. de entre los sujetos aptos para intentar la impugnación en sede administrativa. por tanto. El concepto de interés jurídico abarca los intereses que derivan de un derecho o de una situación de hecho con efectos jurídicos que por la ley o por alguna causa legítima corresponden a quien se presenta como afectado por un acto de autoridad. Es decir. tan restringido que se agote en el derecho subjetivo o que excluya. tratándose del juicio de amparo. aunque éstas no sean titulares de derechos subjetivos 21 Asimismo se ha señalado que los conceptos interés legítimo e interés jurídico tienen en el derecho la misma connotación. bien por ser violatorios de las normas de derecho objetivo de cuya puntual observancia deriva. 60 Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. que el acto reclamado le perjudique materialmente. para la procedencia del juicio de garantías. en México. 556. 852. Las leyes administrativas no suelen consagrar un concepto limitado o estrecho de “interés jurídico”. diciembre de 1991. a partir de la noción de titularidad de un derecho subjetivo afectado por un acto de la autoridad. siempre que el perjuicio sea actual y directo.60 INTERÉS JURÍDICO. para considerar que una persona tiene tal interés. título o derecho protegido por la ley. núm.59 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. tesis: VI. VI. y 73 fracción V de la ley de la materia. pues es menester que la existencia de ese interés no sea meramente subjetivo. t. segunda parte. como en otros países influidos por los principios del contencioso administrativo francés. bien por ser atentatorios de sus derechos como gobernados. El Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito señaló: 59 Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Aun cuando es exacto afirmar que tratándose del juicio de garantías. J/26. se ha producido una evolución hacia un concepto más amplio del interés jurídicamente protegido. ni menos la sola aseveración del quejoso en el sentido de que su interés está perjudicado. sino que esté relacionado con alguna causa. t. SU NOCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. SU CONCEPTO. a quienes carezcan de un derecho perfecto. de la Ley de Amparo. SJF8. p. que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad. 117. SJF8. y en el ASJF 1917-1995. no es suficiente. De acuerdo con el artículo 4o. 581. diciembre de 1991.
t. SJF8. 46 de la Ley de Adquisiciones. y es en ese contexto que este tribunal no encuentra diferencia. en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que. sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal. Por último. 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante). Se admite que no son las definiciones gramaticales la única base con la que cuenta el juez para decir el derecho.EL DERECHO DE PETICIÓN 33 Los conceptos jurídico y legítimo tienen gramaticalmente el mismo contenido. acciones o recursos. Segunda Parte-1. actual y directo. desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular. bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas. los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas). SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. La segunda categoría. y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. confirmado o comprobado por alguna ley” y de jurídico dice que es “lo que está o se hace según forma de juicio o de derecho”. Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). por legítimo se tiene “a lo que es conforme a las leyes” y jurídico tiene un significado de lo que se hace “con apego a lo dispuesto por la ley”. Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas.61 61 Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. fracción V. en tanto que la ley vigente hace referencia a un “interés legítimo” lo que nos lleva a afirmar que basta que se consideren afectados quienes acuden al juicio para que éste sea procedente. cabe precisar que los artículos 33 y 71. bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas. diferenciable. ya no se ocupa del derecho subjetivo. para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo.238 El Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito delineó los elementos que conforman el interés jurídico al distinguirlo del interés legítimo o de grupo y el interés simple: INTERÉS JURÍDICO. debe examinarse el concepto de “interesado” frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo. aludían a la necesaria existencia de un interés jurídico para acudir al juicio ante dicho tribunal y que el juicio sería improcedente contra actos que no afectaran el “interés jurídico” del actor. 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular). como cualquier miembro de la sociedad. de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ya derogada. se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo. lo que está introducido. enero a junio de . diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias. las palabras que forman parte de una disposición legal deben interpretarse y aplicarse acordes al contexto de esa norma jurídica. Escriche señala que legítimo es “lo que es conforme a las leyes. el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo. llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada. no exclusivo. el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley. por ejemplo. según la Enciclopedia del idioma de Martín Alonso. aparte de la semántica entre una palabra y otra. V. poco estudiada.
la misma Segunda Sala había considerado que “la circunstancia de que el quejoso tenga o no derecho a lo que pide. 62 Aunado a lo anterior debe considerarse que el texto constitucional no garantiza que el ejercicio de este derecho imponga a la autoridad la satisfacción plena de la solicitud. dado que el texto constitucional no señalaba más requisitos que la forma escrita y la formulación pacífica y respetuosa. de manera pacífica y respetuosa. p. 264. SJF6. p. de la Constitución. 62 Segunda Sala. constitucional esté supeditado a que el peticionario compruebe el interés jurídico que le asiste en relación con el objeto de su petición. t. así 1990. que no señala más condiciones que las de que la petición se formule por escrito. 25. no había razón para argüir la necesidad de comprobar el interés jurídico: Es inexacto el argumento de que el derecho de petición que consagra el artículo 8o. tratándose del derecho de petición. LXXVII tercera parte. ya que la garantía que entraña el mencionado precepto sólo está condicionada a que se ejercite por escrito y de manera pacífica y respetuosa.34 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO La Segunda Sala consideró que. . no exime a las autoridades de cumplir con lo establecido en el artículo 8o. Previamente.
en el sentido de que el interés jurídico. CXV. el principio de la buena fe es exigible en los actos jurídicos. desde la visión de la Constitución como carta fundamental de la República y por ende fuente originaria de todo el sistema jurídico. lo cual es materia de la decisión correspondiente. 1983. máxime cuando la cuestión planteada se limita a la falta de acuerdo y respuesta y no a una resolución denegatoria de la solicitud. pero en manera alguna lo subordina a la procedencia o fun. octava parte. Como suscribe González Pérez. El citado precepto legal. 64 En términos generales podemos afirmar que el interés jurídico no es un requisito exigible para la admisión de una petición. consecuentemente. como derecho público subjetivo.63 La misma Segunda Sala. pero al menos con cierta lógica. SJF5. no limita ese derecho sino en cuanto a la forma de su ejercicio. y. V. Jesús.EL DERECHO DE PETICIÓN 35 como la de que sean ciudadanos de la República quienes ejerciten ese derecho en materia política”. Madrid. pp. el cual dispone que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. la circunscribe a los ciudadanos. p. es cuestión que no podría tratarse en el juicio constitucional. sino a través de la resolución que sobre esa cuestión dictara la autoridad responsable. la facultad de las personas para elevar solicitudes a las autoridades. SJF5. porque de otra manera. Civitas. dimana del propio texto constitucional. 353. . p. Nosotros queremos enfatizar la afirmación de la Segunda Sala en la tesis arriba citada. por ello resulta necesario detenernos en el alcance que tiene en el ámbito del ejercicio del derecho de petición. Nota: esta tesis integra la jurisprudencia 208.65 Es evidente que la buena fe. Segunda Sala. determinó que el mandato constitucional no queda subordinado a la procedencia o fundamentación de la petición. en 1953. del Código Civil español. consecuente con el régimen representativo y democrático adoptado en el país. impone al peticionario el desarrollo de una Segunda Sala. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE.damentación de la solicitud. del ASJF 1917-1985. Este autor remite al artículo 7o. y que debe entenderse que el interés jurídico dimana de la misma disposición constitucional: PETICIÓN. BUENA FE Y DERECHO DE PETICIÓN Se alude al principio de buena fe en diversos apartados de este trabajo. y en materia política. CXX. estatuir la obligación de las autoridades de acordar por escrito las solicitudes que se les dirijan y de hacer conocer el acuerdo al peticionario. p. t. o sea. 116. 767. de la propia disposición constitucional dimana el interés jurídico del solicitante para reclamar la falta de acuerdo y respuesta a su petición. Y el condicionamiento a la existencia de tal elemento vulnera el ejercicio del derecho de petición consagrado constitucionalmente. 20 y 63 64 21. Al reconocer el artículo 8o. que debe ser por escrito. si acaso fuere exigible. Una solución ingeniosa. y por lo mismo. En cuanto al cumplimiento de requisitos que la ley señala para obtener una autorización. en tanto principio general de derecho. t. pacífica y respetuosa. el juzgador se sustituiría indebidamente a aquélla. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. 65 González Pérez. ha consagrado como garantía individual. constitucional el derecho de petición. en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones.
en su calidad de órgano del poder público que se presume que obra de buena fe. publicidad y buena fe. p. la Segunda Sala había recordado los alcances de esta buena fe al señalar en julio de 1958: PETICIÓN. La buena fe de las instituciones Como advierte González Pérez. . legalidad. constitucional. En cita a Guasp apunta: “todos los campos del derecho estatal son clima propicio como cualquier otro. recta y honesta respecto de las personas con las que se está en relación. 24. Y es más. 27 y 28. El autor en cita distingue los extremos involucrados cuando afirma: mientras los límites en el ejercicio del derecho cuya infracción determina el abuso del derecho son límites derivados de la conciencia social de una época (son límites objetivos a las facultades que integran el contenido del derecho impuesto por las costumbres y apreciaciones de la época). Es el criterio de reciprocidad el que aparece como nota diferenciadora de la buena fe. Así. en realidad. y el argumento en el sentido de que no está obligada la autoridad responsable a justificar que ha hecho saber en breve término al peticionario el acuerdo recaído a su solicitud. y a continuación confirma: “en efecto. En todo caso. en su numeral 13. ya que la autoridad es digna de crédito por la potestad federal. y en breves palabras acota que “mientras el que abusa del derecho simplemente lo violenta. y en especial los que establecen ciertos lineamientos para definir alcances de la misma. 37. Ibidem. pp. hay una referencia implícita a límites impuestos por criterios morales y sociales dominantes. los límites derivados del principio general de buena fe son límites que provienen de la que debe ser conducta normal. señala que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía. la presencia de los valores de lealtad. porque no dice qué disposición legal 66 67 Ibidem. la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.36 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO conducta normal. el principio general de la buena fe no sólo tiene aplicación en el derecho administrativo. Sin embargo. debemos señalar los criterios sostenidos por los tribunales federales mexicanos. el que defrauda el derecho lo que hace. sino que es necesario hacérselo saber en breve término al peticionario. DERECHO DE. Normal en cuanto no debe incurrir en alguna irregularidad que implique una actitud que atente contra el tráfico jurídico: sea en forma de fraude a la ley o sea como abuso del derecho.66 1. sino que es en este ámbito donde adquiere mayor relevancia. dictando el acuerdo correspondiente a la petición. carece de sustentación legal. honestidad y moralidad que su aplicación comporta es especialmente necesaria en el mundo de las relaciones de la administración con sus administrados”. celeridad. eficacia. ella se da en el seno de los dos principales elementos que conjuga la relación jurídica estatal: la autoridad y el súbdito”. En relación con la buena fe de las instituciones del sistema jurídico.67 En México. No se cumple con la garantía que consagra el artículo 8o. tal apreciación no es suficiente para explicitar el concepto de buena fe y las definiciones que puede entrañar en el ámbito jurídico. es estafarlo”. al desarrollo de esta verdadera patología de lo jurídico.
EL DERECHO DE PETICIÓN 37 concede fe plena a las simples aseveraciones de las autoridades. La conducta de buena fe Es precisamente este principio de buena fe el que debe obrar en la relación que resulte del ejercicio del derecho de petición. t. Amparo directo 232/92. 19.2/95. tercera parte. Apareciendo del artículo 21 reglamentario que el único documento que debe anexarse a la solicitud de licencia de funcionamiento es el croquis con el cual se comprueba que el establecimiento en cuestión se encuentra dentro de la distancia que el propio precepto señala. a fin de que llenen los requisitos indispensables y no dictar órdenes terminantes que hagan imposible el cumplimiento de los reglamentos gubernativos.70 En una amplia serie de tesis. Segunda Sala. p. la Primera Sala señaló el carácter del Ministerio Público “como institución de buena fe”. Véase GSJF. SJF6. XIII. SJF5. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. junio de 1996. cabe concluir que los requisitos que señalan los incisos a) a k). 86-2. p. tesis: P. en 1956. contradicción de tesis 12/93. p. t. p. 65. julio de 1994. tesis VI. número 86-2. t. t.3 K. 666. SJFG9. 315. del mencionado dispositivo legal. septiembre de 1996. p. febrero de 1995. 632.69 Criterio que reiteraba en sus términos el dictado en noviembre de 1955: PAN. 2244. p.20 P.72 En tal tesitura.71 y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito agregó que goza de fe pública. en virtud de que no hay que olvidar que las funciones gubernamentales son de buena fe y de servicio al público. el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito reiteró tal condición de institución de buena fe con facultades constitucionales para practicar las averiguaciones previas necesarias al esclarecimiento de los hechos posiblemente delictuosos. t.73 En otros criterios jurisprudenciales los órganos jurisdiccionales federales han considerado al amparo como “una institución de buena fe”. tesis por contradicción P.1o. .68 Anteriormente.3o. SJF5. 74 Pleno. No me resisto a transcribir la idea que plantea González Pérez a este respecto: La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigir más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto 68 69 Segunda Sala. p. p. IV. CXXVI. SJFG9. 283./J 2/95. pueden ser cubiertos con posterioridad. SJF8. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FÁBRICAS DE. 9. XCII. 70 Segunda Sala. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. III. tesis: XIX. t. por lo que las autoridades deben dar facilidades a los solicitantes de una licencia para instalar una industria. el mismo órgano jurisdiccional había señalado: “no hay que olvidar que las funciones del gobierno son de buena fe y de servicio público”. XIV. octubre de 1992.74 2. CXXVII./J. 855. p. 71 Primera Sala. t. y cuya función será la de eliminar la desconfianza que pueda darse entre el peticionario y el órgano o servidor al que se dirige. p. 591. t. GSJF8. t. improcedencia 269/96. SJF8. SJF5. 72 Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 73 Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. X.
SJF7. Ni antes de que lo exijan los intereses públicos. pues recalca la fecha en que se le notificó la radicación del amparo. 199-204. no cabía esperar. Como ha dicho Sanz Moreno. pues tal conducta denota que la recurrente sólo interpuso el recurso. Los tribunales mexicanos han señalado las conductas que se consideran atentan contra el principio de buena fe. mas omite el lapso que se le señaló para justificar haber impulsado el procedimiento. sino que tampoco va a utilizar a la administración para obtener en su beneficio resoluciones contrarias a la buena fe de otro ciudadano. y a las propias necesidades públicas. sea un ejemplar mimeografiado o fotocopiado. como en el presente caso lo hace la recurrente. Confianza. 107. 177.75 En el ámbito de las actuaciones judiciales. para los efectos de la determinación de la mala fe. Los tribunales federales han suscrito criterios en que se da cuenta de ello. p. ni cuando ya no era concebible el ejercicio de la potestad administrativa. Tercera Sala. al tenor de lo que se asienta en el diccionario de Escriche en que se precisa que hay mala fe cuando se falta a la sinceridad y reina la malicia (sic). p. lo que constituye mala fe. de tal forma que al promoverse este recurso la disconforme obró con falta de sinceridad. la circunstancia de que el escrito mediante el cual se interponga el recurso. razonablemente. La aplicación del principio de la buena fe. Y en que los actos van a ser respetados en tanto no exijan su anulación los intereses públicos. en el que sólo aparezca en forma original el nombre y la firma de la recurrente. En interpretación del concepto de buena fe contenido en el artículo 3o. por otra parte. cuarta parte. la Segunda Sala ha señalado que debe considerarse.38 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO persiga. Así en materia de rectificación del nombre en el acta de nacimiento ha señalado que 75 76 Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito. y en tal ocurso sólo se citen los preceptos legales relativos a la competencia de la Tercera Sala para conocer de amparos en contra de sentencias definitivas. legítima confianza de que no se le va a imponer una prestación cuando sólo superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. SJF7. comportará la confianza de la administración en que el administrado que con ella se relaciona va a adoptar un comportamiento leal en la fase de constitución de las relaciones. con la finalidad de entorpecer o dilatar el juicio. en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la propia administración y frente a otros administrados.76 Son diversos los supuestos en que se evidencia la necesidad de revisar la intención del peticionario. sexta parte. que se declaró infundado. bis de la Ley de Amparo. en atención a sus circunstancias personales y sociales. en el momento ni en la forma más inadecuados. 187-192. t. t. el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito considera que es claro que no obra con tal buena fe quien oculta hechos o datos evidentes. en que en el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre administración y administrado no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones. Confianza en fin. no sólo no va a ser desleal con el comportamiento honesto de la administración. la buena fe de la administración frente al ciudadano consiste en la confianza de que éste. . que es muy anterior a aquella fecha. Y en que no le va a ser exigido en el lugar. Ni en un lugar en que.
si contraría o no la moral o. t. 316. LXVI. en fin. 77 Pueden encontrarse casos en la jurisprudencia nacional en los que el exceso de buena fe. esta parte casi activa que puede tomar cada ciudadano en los asuntos generales del gobierno. que la Tercera Sala había señalado que “la buena fe en el obrar. no examinó las mercancías que amparaba la misma. En nuestro país. se trata de un mero capricho del solicitante.79 VI. Como hemos mencionado. Así. y dada la expresa universalidad de los derechos humanos consagrada por el artículo 1o. SJF7. a los ciudadanos. 187-192. Al practicarse un segundo reconocimiento aduanero se descubren ciertas inexactitudes que son suficiente indicio para sancionársele administrativamente en cuanto responsable del ilícito de contrabando. El derecho de petición. excluye siempre el dolo. si puede causar perjuicio a tercero. el caso de un vista aduanal. relacionándolas unas con otras y apreciándolas en su justo y merecido valor. SJF5. p. Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. p. 99.. 89. esta especie de iniciativa del ciudadano en orden a la ley y a las instituciones. t. ¿puede pertenecer a otros que a los miembros del cuerpo social? Chapelier. le comprometió en sanciones administrativas. verificando asimismo si su intención es de buena o mala fe. examinando minuciosamente las pruebas rendidas.78 Y aquí vale recordar. t. en cambio. . que al presentársele una solicitud para que practicara reconocimiento aduanal. la negligencia o la impericia”. LA CIUDADANÍA Y EL DERECHO DE PETICIÓN El derecho de petición es el que tiene el ciudadano activo de expresar sus opiniones al Legislativo. en algunos sistemas jurídicos el derecho de petición corresponde. 27. sesión del 9 de mayo de 1791 en la Asamblea Constituyente. Esta concepción ha encontrado cabida en casi todos los ordenamientos constitucionales contemporáneos.. sexta parte. al rey o a los administradores públicos sobre asuntos de administración o de organización . La raíz de tal fenómeno la encontramos en la idea de que con el avance de los derechos humanos. sexta parte.EL DERECHO DE PETICIÓN 39 el juzgador debe fundar cuidadosamente su resolución. hoy día importa más la persona humana que el ciudadano. SJF7. constitucional. en una interpretación más restrictiva y aplicada al ámbito civil. el derecho de petición se entiende reconocido a todos los habitantes de la República. por parte del servidor público. Witker ha señalado que el hecho de que una persona sea considerada extranjero responde a su adscripción a un territorio y a un Estado como 77 78 79 Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. con el propósito de verificar si efectivamente la solicitud de rectificación responde a esa necesidad o. al menos formalmente. y no tan sólo a los ciudadanos mexicanos. pero no excluye la imprudencia. al no encontrar “discrepancia entre la documentación que le fue exhibida y el reconocimiento de embarque anexado a la solicitud y que por lo mismo actuó de buena fe”. p. Tercera Sala.
entre las que destacan: votar en las elecciones populares. poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley.es. a contar desde la fecha del auto de formal prisión. un contenido político. el 35 reafirma tal 80 81 Witker.micronet. y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. UNAM. es decir como sujeto titular de derechos y obligaciones. y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Si en el 8o. En la lectura atenta del artículo 35. Tratándose del de petición se encuentra una excepción: el supuesto del ejercicio del derecho de petición en las materias políticas.80 Por supuesto. y que son en todo caso derechos políticos. durante la extinción de una pena corporal. p. desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Respecto al concepto de ciudadanía. Enciclopedia Multimedia Micronet. entre los que destacan: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. 3. lo que supone también estar sujeto a ciertas obligaciones y acceder a un régimen de protección específico por parte de la comunidad política que otorga este estatus. teniendo la calidad de mexicanos. Voz ciudadanía. En el 36 se describen las obligaciones del ciudadano. Jorge. se sobrepone a las consideraciones de nacionalidad. por estar prófugo de la justicia. las limitaciones que se consideran justificadas son aquellas relacionadas con el ejercicio de derechos que corresponden con la calidad de ciudadano. pareciera que el ejercicio del derecho de petición queda reservado al ciudadano mexicano. Esto último se lleva a cabo a través de las responsabilidades que se le atribuyen al ciudadano y entre los que destacan la afirmación de lealtad hacia el Estado o comunidad política que otorga este estatus. una situación muy común. la movilidad de personas en territorios de diversos Estados es. creemos que lo que debe entenderse es que únicamente se reafirma en forma general el derecho de petición en materia política. en la actualidad.40 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO „nacional‟. y el 38 señala los supuestos en que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. dado que una lectura reflexiva del contenido de las prerrogativas nos arrojará como resultado que todas tienen una índole cívica. http:// www. Derechos de los extranjeros. . en el contexto de la globalización y tomando en cuenta la paulatina eliminación de fronteras fomentada por los procesos de integración económica. La característica fundamental de la ciudadanía es que intenta combinar la libertad del sujeto en el devenir de su vida privada con la contribución individual a un fin público que es el de la cohesión de la comunidad. 2000. y la concepción del ser humano como tal. Las prerrogativas de tal condición se expresan en el artículo 35. ésta se entiende como el conjunto de derechos y garantías que se ofrece a los miembros de una determinada comunidad. Sin embargo. el artículo 34 señala que son ciudadanos los varones y mujeres que. sin embargo. en cuyo supuesto por mandato constitucional se restringe su ejercicio.81 En nuestro ordenamiento constitucional. Cámara de Diputados. edición clásica 2001. se autoriza solamente a los ciudadanos mexicanos. se limita el ejercicio de petición y se reconoce sólo a los ciudadanos mexicanos. México. el pago de impuestos y el servicio militar. reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país.
así como el acceso a instancias internas o externas. 38.83 Señalamos antes lo discutible de que sean precisamente ciudadanos. UNAM. 41 y 42 establece mecanismos de participación de estos sectores de la población. Este mismo principio ha quedado plasmado en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte. 2000. Consideramos que en forma extensiva el recluso puede enviar peticiones a los representantes legislativos con alguna petición que esté referida a una nueva legislación penitenciaria. como todo aquello que tenga relación con los procesos de elección de autoridades. En términos limitativos así lo señalan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.84 o las organizaciones de menores que sin ser todavía ciudadanos exijan de las representaciones legislativas la adopción de determinadas normas que les protejan o beneficien. dado que se encuentren en suspenso sus derechos cívicos. No es difícil encontrar supuestos en los cuales quienes acuden a informarse o incluso a impulsar (esto es distinto a iniciar) un proceso de formación de normas pueden ser habitantes que no ostenten la calidad de ciudadanos. De igual forma para desempeñar empleos o cargos públicos”. 85 Y para muestra basta revisar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas. 83 Witker. 20 de agosto de 1931) se establecía que los extranjeros no debían inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentre.. nota 258. 39 40. les “faculta para participar en la toma de decisiones relativas al gobierno de su país (cuestiones políticas). Jorge. op. esto es discutible. 84 Hemos revisado que en ningún momento los reclusos pierden el derecho a dirigir peticiones. adoptadas en Ginebra en 1955 y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988. Mercedes. Niños y Adolescentes que en sus artículos 30. los que puedan participar en los procesos de formación de leyes. Los asuntos que los afecten y el contenido de las . sociedad o cualquier otro. si lo hacían. 10. Witker ha señalado que los derechos políticos. En el segundo grupo se ubican los derechos de comunicación con el exterior. trátese de familia. Se ha señalado que la protección dispensada a los internos en virtud de su situación de encierro se traduce en derechos internos preventivos e internos ejecutivos. 32. p. o como representantes de elección popular. crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven. niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión.EL DERECHO DE PETICIÓN 41 limitación y establece como prerrogativa de los ciudadanos mexicanos el ejercicio del derecho de petición en toda clase de negocios. Cámara de Diputados. formación y funcionamiento de partidos políticos y organizaciones que pretendan influir en la toma de decisiones por parte del poder público. Debemos recordar que el texto constitucional es tajante al señalar en su numeral 33 que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. análisis. en la Convención sobre condiciones de los extranjeros (DOF. Peláez Ferrusca. en nuestra opinión. escuela. ya sea en la elección de representantes. Niñas. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: A. sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros. cit. como sería el caso de los sentenciados y recluidos en algún régimen penitenciario. sin embargo. Destacan las siguientes disposiciones: Artículo 39. 26. México. p. es decir aquellos reservados a quienes cumplen con la calidad de ciudadanos. en los términos fijados por la Constitución federal. lo cívico. Artículo 41. Derechos de los internos del sistema penitenciario mexicano. Se ha considerado dentro de lo que puede entenderse como materia política lo relativo a los procesos de formación de leyes y la adopción de medidas ejecutivas que correspondan a las facultades discrecionales del presidente de la República.82 La limitación opera claramente en materia política y la doctrina se ha inclinado por considerar lo político. quedaban sujetos a las sanciones previstas legalmente.85 82 Por ejemplo.
42 EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO resoluciones que les conciernen. B. . Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad.
misma que ha sostenido que en los supuestos en que el derecho de petición en materia política sea ejercitado por menores de edad o por ciudadanos extranjeros. el derecho de respuesta siempre se garantiza por la 86 Comentario al artículo 8o. 905909. a efecto de mejor proveer a la satisfacción o cumplimiento de la petición hecha. por notoriamente improcedente. DERECHO DE. ciertamente se limita el derecho de petición en materia política. la intromisión a los asuntos políticos del país por parte de los extranjeros podría dar lugar a la aplicación de sanciones legales o la expulsión basada en el artículo 33 de la propia Constitución. la idea expresada por Andrade Sánchez es un poco desacertada: el órgano público debe responder siempre. pero ello no implica la prohibición de ejercitar el derecho de petición ante las autoridades de índole política.86 Consideramos entonces que la limitación constitucional debe entenderse como una disposición disuasoria que justifica en todo caso que el acuerdo que recaiga a la petición tenga por objeto la comprobación de la calidad específica de ciudadano al peticionario. El artículo 8o. t. es la de que en materia política sean solamente los ciudadanos de la República Mexicana quienes podrán ejercer el derecho de petición. respetarán el ejercicio del derecho de petición. tal hipótesis no queda excluida en el precepto constitucional. la demanda de amparo por estimar que la no respuesta reclamada encierra derechos políticos y respecto de los cuales. la autoridad judicial no debe intervenir. constitucional. pero la limitación se refiere principalmente al contenido de la respuesta y no al ejercicio mismo del derecho de petición. México a través de sus Constituciones. Derechos del pueblo mexicano. Esto resulta importante si revisamos la doctrina.EL DERECHO DE PETICIÓN 43 Pero en todo caso. no hay posibilidad legal de que la obligación desaparezca. pp. El texto constitucional al establecer la limitación en materia política únicamente expresa el ánimo del constituyente. p. Así lo considera el siguiente criterio jurisprudencial: PETICIÓN. y pese a que puede considerarse que encierren aspectos políticos así como las posibles respuestas. por ese solo hecho. Así. Por tanto. SJF7. siempre que éste se formule por escrito. la limitación constitucional no debe entenderse tajantemente. aun en aquellos asuntos de índole cívica. en una violación a la ley. en el sentido de no permitir el ejercicio del derecho de petición. es incorrecto que el a quo haya desechado. 264 Es interesante encontrar que lo que se establece en este criterio es la certeza de que. ni el de soslayar el derecho de respuesta que asiste al peticionario. por la satisfacción de las peticiones que provengan de ciudadanos mexicanos. constitucional ha señalado: Si un extranjero o un menor de edad formularan una petición a la que no tienen derecho por carecer de ciudadanía. tal y como lo deduce el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el criterio anterior. pero la autoridad no está obligada a responder. si a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo se les atribuye no haber dado respuesta a las solicitudes planteadas. constitucional establece en su primer párrafo: “Los funcionarios y empleados públicos. 359. Así. Andrade Sánchez al comentar el artículo 8o. Eventualmente. 264 Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Conforme al precepto en comento. el peticionario tendrá siempre derecho a obtener una respuesta al ejercer el derecho de petición. la única excepción que se consigna. TAMBIÉN EN MATERIA POLÍTICA PROCEDE. por ende. de manera pacífica y respetuosa. . Es decir. pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”. 205-216. sexta parte. no existe un derecho de respuesta. aun tratándose de cuestiones que encierran cuestiones políticas. no incurren.
LXXIX. III. ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SJFG9. p. ni menos notificado el acuerdo. cuando. hasta en tales casos. t. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Sin embargo. por estimarlo improcedente. y que mucho más clara aparece la procedencia del juicio de garantías. t. no es más que el reconocimiento al derecho del ciudadano de que se le haga saber el acuerdo recaído a su solicitud de procuración de justicia. del artículo 73. como es no contestar a una solicitud para que hiciera una declaración relacionada directa y exclusivamente con la realización de derechos de la misma índole. como en el caso. porque no se trata de violación de garantías individuales. si fue promovido contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. NO DA LUGAR AL AMPARO. lo anterior. incurre en violación a lo preceptuado en el artículo 8o. sino de la del derecho de petición.88 Consideramos que se trata de un uso desafortunado del término ciudadano. SJF5. de la Constitución Federal. que no se queja de violaciones de derechos políticos. tal afirmación debe verse matizada por la interpretación en contrario que da la Segunda Sala en el siguiente criterio: ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES. en materia de elecciones. lo emitió en mayo de 1996 el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito: MINISTERIO PÚBLICO. hay que señalar que el único criterio en que se ha dado el señalamiento de que el derecho de petición está relacionado con el carácter de ciudadano del peticionario. . LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE NULIDAD DE. tesis: XVIII. en ejercicio de funciones políticas. pues aunque dicho quejoso manifiesta en su demanda. 87 Finalmente.4 P. no cabe duda de que ejercitó un derecho esencialmente político. se necesita que se trate de una resolución o declaración del Colegio Electoral. salvo el relativo a la materia cívica. y tiene aplicación la jurisprudencia de la corte que dice que la violación de derechos políticos no da lugar al amparo. no corresponde únicamente a los 87 88 Segunda Sala. y en su escrito de revisión. sino simple y sencillamente contra el hecho de no haber acordado el ocurso del quejoso. Además como hemos mencionado debe atenderse a que la universalización que hace el artículo 1o. porque hay que considerar que al haber solicitado el quejoso aquella nulidad de elecciones. sin que esto signifique injerencia alguna al monopolio de la acción penal. Es correcta la decisión del Juez de Distrito respectivo que tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. constitucional.2o. de allí se infiere que el amparo es procedente contra una resolución o declaración de un Colegio Electoral que no sea en materia de elecciones. en funciones de Colegio Electoral. p. pues si la protección federal se pide contra actos de un Colegio Electoral. Si el representante de la sociedad omite notificar al ofendido su determinación de no ejercitar la acción penal. dado que se trata de la única referencia que se encuentra en la jurisprudencia nacional.Constitución. es notoria e indudable la improcedencia de la demanda de garantías. y la omisión en dar respuesta a esa solicitud no es más que un acto derivado del ejercicio de ese derecho. 6739. por no haber contestado el memorial del quejoso. de la ley orgánica relativa. 656. por un distrito. constitucional es suficiente criterio para considerar que el ejercicio del derecho de petición. solicitando se declararan nulas las elecciones para diputado al Congreso Federal. sostiene que para que el amparo sea procedente. mayo de 1996. garantizado por el artículo 8o. según la fracción VII. no se promueve contra resolución o declaración del Colegio Electoral.
por una parte. p. hable de que en estos casos sólo puedan hacer uso del derecho los ciudadanos. consulados y otras representaciones EL DERECHO DEembargo. De acuerdo con este último. ya que el interés en materia política sólo puede existir en los titulares de derechos políticos. Sostener que una demanda de amparo debe desecharse porque fue presentada cuando se encontraba el quejoso en territorio extranjero. se ha expresado: “. a quienes se encuentran fuera de ésta. cit. Juventino V. Este último señalamiento se entiende para los supuestos en los que los peticionarios dirigen una solicitud a funcionarios mexicanos desde el exterior o radicados en el extranjero. pues la correcta interpretación de la ley fundamental debe descansar en un criterio jurídico. Pero la observación no es justa.. 90 89 .ciudadanos mexicanos sino a todos los habitantes de la República. como pudiera ser el personal de embajadas. t.se critica el que el artículo 8o. podemos aventurar. pero en ningún momento se expide al peticionario constancia de recibo de la misma. de manera tal que los actos emanados del mismo producen efectos jurídicos en la persona o en su patrimonio y ella los estima atentatorios de las garantías individuales. tal excepción no se entiende en los supuestos en los que se trata de ejercer bajo la forma de una petición. Tal postura la podemos derivar de la decisión del Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito que en noviembre de 1971 señaló: GARANTÍAS INDIVIDUALES. constitucional. PROCEDENCIA DEL AMPARO.. tampoco puede iniciar el juicio constitucional por vulneración o acudir en el recurso administrativo que proceda. debe atenderse que en 45 mexicanas. e incluso. 35.. Así constituye aberrante contradicción pretender. en vez de utilizar el término de „nacionales‟. Y en nuestra opinión. es interpretar el mencionado precepto constitucional con un criterio físico-geográfico. que carecen de los derechos que examinamos correspondientes únicamente a los ciudadanos”. Las interpretaciones hasta aquí revisadas pueden concretarse en la afirmación de que en el sistema jurídico Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. que consagrando la dignidad del individuo trata de protegerla. p. tiene derecho a combatirlos mediante la vía consagrada por la misma Constitución. Esta práctica es muy común en los supuestos en que se solicita una visa o permiso para entrar en territorio nacional. cuando una persona por cualquier razón cae dentro de la esfera jurídica del Estado mexicano. a todos los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. con el resultado de que si el peticionario no tiene constancia de que se le ha negado la aceptación de una solicitud de visado. sexta parte. y conforme al texto constitucional. op. no gozan de un derecho de respuesta. Por supuesto. mismo que se encuentra reservado. en beneficio de los particulares. Sin PETICIÓN tales supuestos la vulneración del derecho de petición queda sujeta a algunos principios constitucionales: a) Los extranjeros que dirijan solicitudes a los miembros de representaciones mexicanas. lo cual es equivocado. Sobre la crítica entre la utilización del vocablo ciudadano y no el de mexicano o nacional.. y es bien sabido que éstos corresponden al ciudadano y no al nacional.89 b) Los mexicanos90 en cualquier caso gozarán tanto del derecho de petición como del de respuesta ante los funcionarios o servidores públicos adscritos a representaciones mexicanas en el exterior. habiendo nacionales —como son el menor de edad y el que tiene suspendidos sus derechos políticos—. El principio es simple: se reciben solicitudes. De conformidad con el artículo 1o. SJF7. 37. La postura contraria se opone al espíritu mismo de la carta magna. el derecho a la administración de justicia.. que es contrapuesto al de „extranjeros‟. nota 20. una tarea de autocontrol. esta expresión debe comprender tanto a quienes son ciudadanos y además a quienes posean la calidad de mexicanos sin ser ciudadanos. en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución. GOCE DE LAS. Castro. que los actos del Estado mexicano engendran consecuencias jurídicas en relación con un individuo y por la otra impedir que éste los impugne con los medios que el mismo Estado ha establecido con vista a cumplir. contra la arbitrariedad estatal. aunque físicamente su persona no se encuentre dentro del territorio nacional. mediante el juicio de amparo. 106. POR TODOS LOS QUE CAEN BAJO LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO MEXICANO AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN TERRITORIO EXTRANJERO. conforme al artículo 1o.
273 Sin 273 La utilización del correo electrónico en la actividad jurisdiccional ha sido probada por la reciente admisión de un amparo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sin embargo. que se reserva a los ciudadanos mexicanos. En este supuesto. seguimos a García Cuadrado cuando afirma que las legislaciones que reconocen el derecho de petición únicamente a los nacionales es porque lo consideran como forma de participación política del ciudadano. y es definido como un sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet.juridicas.. debe atenderse que la multiplicidad de ofertas de servicios gratuitos en Internet permiten que cualquiera pueda obtener una cuenta de correo electrónico utilizando el nombre o datos que más le interesen. solicitado por el retraso excesivo de la Sala Político-Administrativa del García Cuadrado. plantea serias interrogantes en relación con el correcto funcionamiento de las instituciones en estudio. nota 9. cit.93 Ciertamente la función pública goza de un principio de buena fe. cuyas unidades informativas son las páginas web. VII. Para una visita a las páginas de las dependencias e instituciones mexicanas se recomienda el uso del portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. la bondad de tales principios queda entredicha cuando nos percatamos de que en ocasiones los peticionarios actúan en perjuicio evidente de tales presupuestos. Seguramente en un futuro próximo las comunicaciones electrónicas otorgarán un estado de certidumbre total. LA PETICIÓN HECHA POR CORREO ELECTRÓNICO Puede advertirse que en la actualidad muchos órganos estatales presentan información sobre sus actividades en páginas web92 y a la vez exhiben las direcciones electrónicas a las que los usuarios pueden hacer llegar comentarios. Antonio. En todo caso. Es conocida como red de redes. documentos interconectados creados por un usuario de Internet y accesibles a todos los demás. 148. Por cuanto hace al derecho de petición será preciso determinar cuándo efectivamente debe considerarse que quien presenta una petición es realmente quien dice ser. La Internet (International Net) se define como la red informática de computadoras que se conectan entre sí en un ámbito mundial para participar de información (servicios de noticias. sin mayor restricción que aquéllas que pudieran derivarse del uso de ciertos elementos tipográficos o la previa utilización del nombre con que pretende abrirse la nueva cuenta. aclaraciones o peticiones. op. y otro tanto supone la actuación de los gobernados. 92 91 . p.mexicano el ejercicio de un derecho de petición se extiende universalmente a todos los individuos. transferencia de ficheros. uno de los más completos y actualizados del país: http://www. como modalidad del derecho a la participación. y que revisaremos en el siguiente apartado dedicado al derecho de respuesta. Caso distinto será el supuesto de notificación por esta vía electrónica del acuerdo recaído a la petición.91 Aunque habríamos de matizar la utilización de los conceptos nacionales y ciudadanos. correo electrónico. La voz web es abreviatura de world wide web. con la excepción de la materia política.unam. que plantean figuras cercanas pero jurídicamente diferenciadas. derivado del uso cada vez más generalizado de la firma electrónica y del uso de elementos personales en las comunicaciones. Este fenómeno.mx 93 Para muestra basta acudir a cualquier página de las que ofertan cuentas de correo electrónico gratuitas y abrir una con los más variados datos. etcétera). en nuestro país aún deben perfeccionarse algunos tópicos. reciente en la praxis política y administrativa. Mientras en otras latitudes los órganos o servidores públicos tienen una probada práctica en la presentación de peticiones en vía electrónica. quizá porque se da por sobreentendido el derecho a no ser perseguido por las peticiones realizadas a los poderes públicos como una simple concreción de la libertad de opinión. Fue creado en Suiza por investigadores del CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) al investigar un sistema de hipertexto e hipermedia.
// José Leonardo Requena // Exp. en tal caso. está incluido el Internet como medio posible de interposición de la petición de amparo constitucional. limitándola a casos de urgencia y a su ratificación. 37.máximo órgano jurisdiccional del país en decidir sobre unos expedientes. y así se decide. En los Estados . administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. Es decir que el acuerdo puede ser válidamente dado a conocer sin que represente mayor perjuicio para la función pública. pueden contar con foros de discusión para escuchar las opiniones de la población. aranceles y otros tributos. por constituir no sólo un hecho notorio la existencia del Internet como medio novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación. por la supuesta violación de su derecho de petición. También procede su ejercicio en forma verbal y. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.com/2001/04/29/29607AA. ¿Cómo garantizar seguridad jurídica a los involucrados? Los tribunales pronto empezarán a conocer de litigios que tengan tales características y habrán de inclinarse por alguna solución. sino que. materiales audiovisuales y las nuevas tecnologías como Internet‟”. aunque posteriormente la desechó por „no haber sido ratificada dentro de los tres días siguientes a la fecha de interposición de la solicitud electrónica. crear listas de suscripción con temas de interés que transmitan con mayor facilidad los avances de las instituciones del Estado. además.ve/Decisiones/scon/Abril/523-090401-002317%20. deberá ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. por la omisión de pronunciamiento respecto a dos expedientes que cursan ante la Sala Político Administrativa y Sala Plena de este alto tribunal. núm. cualquier medio 47 puede servir de prueba. pues la respuesta puede evidenciar la necesidad de que el peticionario se identifique a satisfacción o en su defecto acuda personalmente para concretar el contenido de la petición. ejerció acción de amparo constitucional por la omisión de pronunciamiento respecto a dos expedientes que cursan ante este alto tribunal. actuando en su propio nombre. // magistrado // El secretario.shtml La sentencia 523. No puede alegarse esta incertidumbre en cuanto a la identidad del peticionario.gov.148 del 28 de febrero de 2001. y más interesante todavía. a los 09 días del mes de marzo del año dos mil uno. // Decisión // En razón de lo antes expuesto. y esto incluye a los faxes. La nota informativa. y la solución que se pretende dar a las comunicaciones electrónicas choca con tales supuestos. „Con este sistema. Debe recordarse que en algunos supuestos el ejercicio del derecho de petición o la respuesta del órgano o servidor público determinan temporalmente el ejercicio de acciones de índole jurisdiccional. el TSJ aceptó la solicitud.765 y el segundo.621. llevado ante la Sala Plena bajo el número 843. // Ahora bien. el ciudadano Oswaldo Álvarez. aquí. // El presidente-ponente. en donde se le da inclusive valor probatorio a dichas transmisiones. Archívese el expediente. la precitada solicitud debe declararse inadmisible. dentro del medio telegráfico a que hace alusión dicho articulado. el juez deberá recogerla en un acta” (subrayado añadido). en el que se aplica una definición de documento (sustento en el que se entregan las pruebas en los juicios) PETICIÓN EL DERECHO DE que es bastante amplia. firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. visto que no consta en autos que la acción de amparo a que se ha hecho referencia y que fuere interpuesta por vía de Internet haya sido ratificada en la forma prevista en la norma supra transcrita. conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales‟. así como solicitar información de las instituciones. 1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. ni tempestivamente ni fuera del lapso prescrito al efecto. Ello es así con el fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionante. dictada por la Sala Constitucional señala: “Mediante correo electrónico dirigido en fecha 9 de julio de 2000 a la página web de Internet de este Tribunal Supremo de Justicia. // Ahora bien. dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico venezolano por el reciente Decreto Ley núm. “esta situación pudo ser posible por la modificación del Código de Procedimiento Civil.htm 274 Internet brinda oportunidades únicas para acercar los órganos y servidores públicos a los ciudadanos. Eso sin contar el desarrollo de los derechos políticos: sufragio o derecho de iniciativa legislativa.eluniversal. señala: “Para sorpresa de muchos. 00-2317. // Publíquese y regístrese. // Dada.tsj. declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Oswaldo Álvarez. las fotos. como en muchos ámbitos jurídicos se hace camino al andar214 Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. reza el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: // "La acción de amparo es gratuita por excelencia. Tomado de http://www. y no tan sólo a ellos sino a todos los que accedan a las páginas web. se dio cuenta en sala del presente expediente y se designó ponente al magistrado Iván Rincón Urdaneta. quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En opinión de juristas consultados. En ellas las entidades públicas pueden transmitir información sobre sus actividades. titular de la cédula de identidad número 4. siendo el primero de ellos llevado ante la Sala Político Administrativa bajo el número 13. // Jesús Eduardo Cabrera Romero // José Manuel Delgado Ocando // magistrado // Antonio García García // magistrado // Pedro Rondón Haaz. personal o mediante apoderado. la posibilidad de que en la actualidad se haga una petición por este medio no debe entenderse como obstáculo al respeto que le merece al órgano o servidor público en términos del precepto constitucional. De ser así. del 9 de abril de 2001. // Único // Esta sala por interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admite que.454. // Iván Rincón Urdaneta // El vicepresidente. del 29 de abril de 2001. Años: 190° de la Independencia y 142° de la Federación. según reza la sentencia”. esta Sala embargo. // El 3 de agosto de 2000. Consulta en la página http:// noticias. dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. permitirían realizar operaciones como pagos de tasas.
así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por éstas u otras leyes. el vicepresidente Al Gore anunció la puesta en marcha de dos proyectos: uno denominado directiva EGovernment que pretende acercar toda la información gubernamental a los ciudadanos a través de Internet. Nótese que se trata de mensajes. Esto redundará en una mayor certidumbre para quien acceda a tales trámites. características físico-psíquicas. los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos. informáticos o telemáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento”.presi. La ventana concluye con el siguiente mensaje: Una vez cumplidos los anteriores requisitos. y que conlleva un reconocimiento al derecho de acceder a la red.Unidos de América. dado que. la recepción por el interesado. VIII. bién conocida como Comisión INTERNET. quien deberá difundir públicamente sus características. P.mx) nos permite observar cómo el Ejecutivo federal se ha adaptado a las nuevas épocas al incorporar un servicio de correo electrónico a través del cual se pueden enviar mensajes. condición. o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios.dencia. // Una vez leído lo anterior. informáticas y telemáticas que vayan a utilizarse por las administraciones públicas para el ejercicio de sus potestades. aprobada en diciembre de 1999 por la Comisión de Redes Informáticas del Senado Español. El mismo ordenamiento establece que los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce. Aunque dedicado al ámbito español. eliminando los obstáculos que impidan el acceso de todos los ciudadanos a tal red y facilitando la participación de todos los españoles”.gob. Asimismo se prevé que tanto los programas como demás aplicaciones electrónicas. El primer artículo de esta declaración señala: "Todas las personas tienen el derecho fundamental de acceder libremente a la red. tam- En España. El segundo impone obligación al Estado: “Corresponde a los poderes públicos establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en la red sean una realidad. el escrito podrá ser dirigido a: Presidencia de la República // Residencia Oficial de los Pinos // Puerta 1// Col. presione aquí si desea hacer uso del correo electrónico de la presidencia de la República. Puede verse así que el derecho empieza a solventar algunos de los problemas que puede plantear el uso de nuevas tecnologías en las relaciones entre el gobernado o administrado y los órganos estatales. habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente. edad o lugar de residencia”. la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala en su artículo 45. integridad y conservación y. . El segundo es la directiva E. En una última precisión se señala que los documentos emitidos cualquiera que sea su soporte. se aclara que “el utilizar el servicio de correo electrónico de la presidencia es independiente al ejercicio del derecho de petición” y se indica a continuación el texto del artículo 8o. desde el inicio. sin discriminación de sexo. por medios electrónicos. 11850. LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Una visita a la página web de la presidencia de la República (www. San Miguel Chapultepec // Delegación Miguel Hidalgo // C. es un buen ejemplo de los esfuerzos que se hacen ya en la materia. gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad.Society que busca mejorar la vida y educación de los ciudadanos mediante el uso de la red. en su caso. de la Constitucional federal. informáticos o telemáticos por las administraciones públicas.2: “Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las administraciones públicas. quedando excluido el ejercicio del derecho de petición. Tampoco debe soslayarse la denominada Declaración de Derechos de Internet.
8) Jubilado(a). 32) Vivienda. 10) Constitución. 25) Migrantes. trabajo. 2) Ambiente. 6) Indígena. 24) Mexicanos en el extranjero. 7) Ciencia y tecnología. 16) Tercera edad. 23) Legislación. Se señala que en tales oficinas se ofrece asesoría y se puede entregar por escrito una petición. constitucional. ganadería o pesca. asociación. 12) Propietario(a) de pequeño negocio. 5) Defensa del consumidor. • Afiliación o carácter en que se escribe a la presidencia (a escoger entre: 1) Analista político(a). 7) otro. “podrás comentarnos tu solicitud por este medio y enviarla por fax”.000 caracteres. 27) Seguro social (IMSS). 3) opinar en contra de una posición. 3) Ciudadano(a) extranjero^).menor de 18 años.La página en la que se redacta el mensaje contempla los siguientes campos: • Nombre de quien envía el mensaje. su página web ofrece información sobre la forma en que se puede hacer llegar una petición ciudadana a la presidencia de la República: a) Personalmente: acudiendo a las oficinas de la Coordinación de Atención Ciudadana. 13) Defensa nacional. 20) Impuestos. 18) Energía. 10) Persona de la tercera edad. 31) Tratados internacionales. 6) Asuntos sociales. y 8) hacer una propuesta). • Propósito o razón para escribir el mensaje (destacan entre las opciones a escoger: 1) felicitaciones o agradecimientos. y podrá efectuarse la petición de manera verbal y entregarla por escrito al representante de esta coordinación. • Dirección postal (sólo en caso de desear una respuesta escrita por tal medio). 6) extender una invitación. ¿cuál es el nombre completo de la organización y cuál es su relación con ésta (ejemplo: miembro. • Dirección de correo electrónico (a efecto de recibir una confirmación electrónica de la recepción del mensaje por parte de la presidencia de la República). 30) Transporte. unión. 4) ofrecer un comentario neutral. 35) Corrupción. 15) Economía. 13) Servidor(a) público(a)). 3) Asuntos indígenas. 19) Gobierno. Sin embargo. • Texto del mensaje en menos de 10. 2) Ciudadano(a). 3) Ciudadano(a) mexicano(a) en el extranjero. EL DERECHO DE PETICIÓN 49 • Organización a la que pertenece (se indica: “Si es usted miembro de una organización. 26) Mujer. d) En una manifestación pública: en tal supuesto se señala que deberá acudir a ella un representante de la Coordinación de Atención Ciudadana. 9) Militar. 17) Educación. 34) Denuncia de servidores públicos. 11) Profesional. ciudadano)?”). 14) e-México. 5) Estudiante de preparatoria o universidad. c) Por correo tradicional: en cuyo caso deberá dirigirse al titular del Poder Ejecutivo o a la Coordinación de Atención Ciudadana. • Asunto principal del mensaje. 11) Créditos. grupo o país. 29) Salud. 36) Plan Nacional de Desarrollo). 21) Justicia y crimen. 9) Comunicaciones. 12) Cultura. 22) Juventud. 33) Otro. 28) Personas con discapacidad. 7) Joven . sino simplemente como comunicaciones que no merecen la protección del dispositivo constitucional. aviso o sugerencia. 4) Asuntos internacionales. 4) Empleado. recalcamos que en estricto sentido no se consideran los mensajes recibidos por este medio como peticiones a tenor del contenido del artículo 8o. 5) preguntar acerca de una política administrativa. b) Por comunicación telefónica: con la Coordinación de Atención Ciudadana. 8) Comercio. 2) opinar a favor de una posición. afiliado. . En el caso de esta dependencia federal. • Tema general del mensaje (las opciones a escoger son: 1) Agricultura.
d) Documentos legibles. se expresa que “el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo. f) Firma o huella digital que avale el contenido. Asunto: Deberás exponer tu petición (demanda. con tantas desigualdades económicas que tienen una triste traducción . anexar documentación y/o firmas de apoyo.e) Por audiencia: ante la Coordinación de Atención Ciudadana. hasta la intercesión para detener la construcción de una autopista o un aeropuerto en terrenos ejidales. Legislativo y Judicial atención a cualquier asunto de su competencia y le garantiza al ciudadano una respuesta por escrito a la brevedad”. atiende tu petición a través de la Coordinación de Atención Ciudadana. número. Puedes incluir número telefónico y/o dirección de correo electrónico. “el derecho de petición permite solicitar a los funcionarios públicos. Para obtener una audiencia es preciso solicitarla con anterioridad por alguna de las vías ya citadas. Es evidente que debiera indicarse que la inclusión de estos últimos datos tiene un carácter potestativo. o donde puedas recibir correspondencia. En una sociedad como la mexicana. ¿Qué se hace con la petición después de recibida? En la página web se advierte: Una vez que la petición ciudadana está en nuestras manos. respetuosa. Después de esto. que van desde la solicitud de construcción de una cancha deportiva. Después de capturarla la guardamos en nuestro archivo y a ti te enviamos un comunicado indicándote que la hemos recibido y. entidad federativa y código postal. la analizamos para determinar si cumple con los requisitos anteriormente señalados. opinión. ya que la redacción actual los hace aparecer como obligatorios. e) El asunto o motivo de la petición. c) A quién está dirigida la petición: al presidente de la República. denuncia. municipio o delegación. colonia o localidad. pacífica y lo más breve posible. Debe agregarse que en la citada página web se indican los requisitos exigidos para atender una petición hecha al presidente de la República a través de la Coordinación de Atención Ciudadana: Para que tu petición sea atendida. y en su caso. si es el caso. No podremos atender aquellas peticiones que no incluyan: a) El nombre completo del demandante. Si tu petición está completa. felicitación. Su justificación en todo caso queda reducida a la elaboración de estadísticas concretas sobre el ejercicio del derecho de petición. Domicilio: Indicar calle. Si es necesario. Tu nombre y domicilio son necesarios para enviarte una respuesta. de los poderes Ejecutivo. el seguimiento de tu petición. la capturamos en un Sistema de Control y Gestión que nos facilita su búsqueda y seguimiento. Hemos incluido esta última referencia al derecho de petición por la evidente importancia que ha tenido y tiene en la actualidad la figura del presidente de la República al solicitar gracias y favores. te señalamos qué dependencia se hará cargo de tu asunto. procurando hacerlo de forma clara. hasta que se nos indique que el trámite ha concluido. La coordinación está interesada en saber quiénes son las personas que solicitan el servicio así que incluye tu edad y ocupación. deberás proporcionar los siguientes datos: Nombre completo: Nombre(s). Vale agregar que para la presidencia de la República. apellido materno. lo que de suyo contraviene el texto constitucional. entre otros). quien te da respuesta y te informa de las gestiones que se realizan sobre tu solicitud”. queja. periódicamente contactamos a la dependencia involucrada para informarnos del estado que guarda tu solicitud. apellido paterno. b) El domicilio para recibir contestación. Asimismo.
. la figura presidencial siempre ha guardado un papel protector y ha sido la última opción en no pocos litigios. V segunda parte-1. Lo mismo se acude en solicitud de becas que en búsqueda del reconocimiento de la autoría de un lienzo. enero a junio de 1990. De ahí la decisión de referirnos a las EL DERECHO DE PETICIÓN 51 peticiones que se le dirigen. o en la petición de apoyos para trasladar cuerpos o pedir mayor seguridad.en el acceso a la justicia o en la participación en los proyectos de desarrollo de determinados grupos sociales. t. 237 Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. p. SJF8. 252.
140020tdrtgd05
Brief Dossier 021112
El papel de las otras lenguas.pdf
Informe Acción2-SVE 2010
El Mas Completo Ingles 15261 Completo.unlocked
ACTITUDES Y USOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL EN LAS MUJERES INMIGRANTES EN JAPÓN
Acuna-Moure Hablantes Opinan Sobre Su Lengua
1 Curso de Ingles
More From Javier Garcia Tinoco
Acceso Espana
teoriadelanulidaddelactoadministrativo
Spi-Iss-03-07 Congreso Acceso a La Informacion
Pa Desapariciones Forzadas Michoacan (1)