Source: https://www.scribd.com/document/36953342/Sentencia-C-2
Timestamp: 2018-11-14 03:48:23
Document Index: 257585896

Matched Legal Cases: ['artículo 273', 'Artículo 24', 'artículo 242', 'Artículo 29', 'artículo 242', 'Artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 241', 'artículo 209', 'artículo 188', 'artículo 3', 'artículo 150', 'artículo 22', 'artículo 273', 'artículo 29', 'artículo 273', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 28']

Sentencia C(2)
Uploaded by William Hernandez
1er.FuentesFormalesdelDerechoInterve
4 Matriz Riesgos Bodega Oct 16-14
Lectura 17.Contrato de Management. Rizzone
ds 181 28 jun 2009
Apuntes de Doctrina Maritima
1989 CSJN Portillo 5-2
Plan de Accion Tutorial Dora Jaramillo Grupo 24
3. Normatividad Validez de Documento Electro 769 Nico Erick CA 769 Rdenas
Sentencia C-400/99 PROCESO DE LICITACION-Constitucionalidad contratación pública método de selección contratistas en
Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundante del Estado colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental; así las cosas, desde este punto de vista, tal normatividad, contenida parcialmente en las normas demandadas, no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es su natural y obvio desarrollo. De otra parte, la Corte encuentra también que la escogencia del contratista mediante licitación o concurso es un sistema que implícitamente es aceptado por nuestra Carta Política. En efecto, el artículo 273 superior a su tenor literal expresa que "a solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública", norma constitucional que necesariamente debe ser interpretada en el sentido de que el constituyente le confirió categoría de validez jurídica a la institución de la licitación. CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Selección de oferentes En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa, el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está plenamente justificado por cuanto: a) la situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es la misma, toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros, dados sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente persigue un fin, cual es la consecución del interés general, y este principio es constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato diferente es racional, dado que resulta adecuado para la obtención del fin perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del interés general. El actor aboga por un trato que no tenga en cuenta la diferenciación básica y objetiva existente entre los sujetos, ni las finalidades de rango constitucional perseguidas, desconociendo con ello que el principio de igualdad, cuando debe ser aplicado en relación con individuos que no se encuentran en la misma situación, se presenta bajo su aspecto de igualdad proporcional, e impone la adecuación del comportamiento del operador jurídico a la diferenciación de individualidades. Dar el mismo trato jurídico en la asignación de las responsabilidades colectivas a sujetos distintamente capacitados, y con méritos dispares, implica un desconocimiento de ese aspecto de la igualdad que se llama proporcionalidad. Referencia: Expediente D-2268 Acción pública de inconstitucionalidad contra los la Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993). Actor: Juan Carlos Morales Trujillo. Magistrado Sustanciador: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA artículos 24, 25, 28 y 29 del Estatuto de
Santafé de Bogotá, D.C. dos (2) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
procede la Corte a resolver sobre la demanda presentada." "El Congreso de Colombia "DECRETA: "Artículo 24: DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. simultáneamente. salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: "Articulo 25: DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA.El ciudadano Juan Carlos Morales Trujillo. se dio traslado al señor procurador general de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. II. se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte Constitucional para efectos de la intervención ciudadana y. . DEL DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA. se tendrá en consideración los fines y principios de que trata esta ley. en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 242 de la Constitución Política. 28 y 29 del Estatuto de la Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993). Admitida la demanda. En virtud de este principio: 1° La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Para éste propósito se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones". En la interpretación de las normas sobre contratos estatales. "Artículo 29. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991. La selección de contratistas será objetiva". "Artículo 28: DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS Se transcriben a continuación los artículos demandados. con la advertencia de que se subraya lo demandado. demandó la inexequibilidad de los artículos 24. por Auto del 11 de diciembre de 1998 se ordenaron las comunicaciones de rigor. los mandos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos". 25. relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en las cláusulas y estipulaciones de los contratos. En virtud de este principio: 1° En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas.
a pesar de tener capacidad de acuerdo con la calificación del registro de proponentes. las normas demandadas. 26°. pues "establece que existen algunos (pocos) que pueden ser elegidos o escogidos como aptos. el demandante concluye que con los criterios de escogencia contenidos en las normas demandadas. pues la Constitución establece. circunstancia que conduce a un desconocimiento del ser humano. Así mismo. 29°. plazo. 25°. 18°. resulta ser el más ventajoso para la entidad. por no tener la experiencia. conducen a la escogencia de un contratista y no de una oferta. tales como cumplimiento. ni los equipos necesarios requeridos por dicho pliego. " III. ." En su sentir. el más bajo precio o el plazo ofrecido. para el actor. se desconoce la presunción general de inocencia. ni la organización. detallada y concreta de los mismos. en condiciones de igualdad. justos. y permiten que en muchos casos un oferente que sea profesional del ramo de que trata la licitación o concurso.Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. que las normas acusadas infringen los artículos constitucionales anteriormente nombrados y funda sus pretensiones en los argumentos que se exponen a continuación: Desde su punto de vista. especialmente el artículo 29. la oferta de un proponente legalmente apto. experiencia. no tienen en cuenta sus capacidades y aptitudes. sólo alguno de ellos. que todos somos aptos hasta que judicialmente no se nos demuestre lo contrario. 16°. no será objeto de evaluación. equipos. no pueda calificar como proponente apto para el contrato. 2. y otros (la gran mayoría) que están fuera de esos criterios. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos. Normas constitucionales que se consideran infringidas. El demandante considera que las normas acusadas vulneran los artículos 1°. si se trata de contratación directa. a su parecer. la evaluación no es objetiva sino subjetiva. teniendo en cuenta los factores de escogencia. Sin embargo. en general.. contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato. Afirma el actor. LA DEMANDA 1. "se establece entonces de antemano (entiéndase se prejuzga). 2°. culpables del aberrante delito de no tener la experiencia. con criterios objetivos. Más aun cuando en el registro de proponentes media una calificación y clasificación anterior. dejándose de lado el principio de igualdad. ni la organización que precisan los pliegos. los factores previstos en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 para evaluar las ofertas de los particulares interesados en celebrar contratos con las entidades estatales. cualquier clase de motivación subjetiva. llevada a cabo por el propio proponente bajo la gravedad de juramento. organización. deberían ir encaminados a calificar. Fundamentos de la demanda. 5°. las normas acusadas al emplear la terminología "escogencia objetiva del contratista. sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En consecuencia. claros y completos. la capacidad financiera." desconocen al ser humano como tal. que existen individuos incapaces. "Ofrecimiento más favorable es aquel que. y 209° de la Constitución Política. precio y la ponderación precisa. Así las cosas. sin tener en consideración factores de afecto o de interés y. 13°. violación flagrante del debido proceso"..
en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho intervino el ciudadano Filipo Ernesto Burgos Guzmán. quien defendió la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas considerando que no se presenta la violación al derecho a la igualdad que plantea el demandante. INTERVENCIONES. sostiene. Por esto. Intervención del Ministerio del Interior La ciudadana Ana Belén Fonseca Oyuela. en su calidad de apoderada del Ministerio del Interior. que aquella aptitud actual y real para efectuar una tarea en cada caso concreto. imparcialidad y publicidad. que es la que refleja la inscripción. defiende la constitucionalidad de las normas acusadas por considerar que la función administrativa debe llevarse a cabo desarrollando los principios de igualdad. Agrega que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se encarga de garantizar la imparcialidad y la escogencia objetiva del contratista en cualquier tipo de contratación. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. comparándose las distintas ofertas en igualdad de condiciones. celeridad. se les debe brindar la misma oportunidad a aquellos que no ostenten las características subjetivas que arroja la clasificación. . la licitación permite que todo el que quiera participar lo haga. economía. ya que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. dándose así un trato indigno al ser humano. Dentro de la oportunidad legal prevista. Prueba de ello es que está prohibido incluir condiciones imposibles o que una sola persona pueda cumplir. por lo que dichas actuaciones deben ser públicas y ajenas a consideraciones caprichosas o subjetivas teniendo como prioridad el interés público 4. la igualdad de oportunidades. el derecho a la igualdad ante la ley y. Dicha incompatibilidad no existe por cuanto "es bien diferente una potencial aptitud para hacer determinada actividad. 2. o desechar ofertas por requisitos formales. En la oportunidad correspondiente el señor procurador general de la Nación rindió el concepto de su competencia. para lo cual la ley dispone que la adjudicación de la licitación tenga lugar en audiencia pública. solicitando a esta Corporación que declare la constitucionalidad de las normas demandadas. "garantiza en primer lugar la imparcialidad y por consiguiente la escogencia objetiva de los contratistas. sobre todo. moralidad. implica una violación de las garantías constitucionales relativas al derecho al trabajo. Intervención del demandante Juan Carlos Morales Trujillo. Concepto del Procurador General de la Nación. Por otra parte.. El demandante. envió un nuevo escrito en el cual sostiene que la escogencia de un proponente para adjudicarle un contrato público teniendo en cuenta únicamente aspectos como la solvencia económica y la experiencia. En su opinión el error de la demanda consiste en considerar que la calificación y clasificación de los posibles contratistas que se lleva a cabo por ellos mismos en el registro de proponentes. 3." Agrega que los interesados pueden ejercer el derecho de contradicción al acto de escogencia." V.IV. 1. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público La ciudadana Ana Luisa Fernanda Tovar Pulecio en su calidad de apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procedió a defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas dentro del presente proceso. dentro del término de intervención ciudadana. es incompatible con el proceso de selección que se lleva a cabo posteriormente. eficacia..
1." VI. lo hacen respetar.Sostiene el procurador. responsabilidad e igualdad. por lo tanto. Lo que se debate Como se dijo en el acápite de Antecedentes. la Corte Constitucional es competente para conocer las acusaciones planteadas contra las normas parcialmente demandadas. su experiencia. tienen un fundamento constitucional.". celeridad. el cual se impone por motivos de interés público. eficacia. se permite un sistema de selección que no resulta objetivo sino subjetivo y que. 3. 2. y si desconocen o no el principio de igualdad ante la ley. Añade también que "las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.. y consideran que las normas que motivan su reproche. está en la obligación de analizar las circunstancias externas. es contrario a la dignidad humana. Consideraciones de la Corte. lo único que debiera calificarse es la oferta." . como criterios que deben presidir el proceso de selección del contratista en igualdad de oportunidades. Fundamentos constitucionales del proceso de licitación o concurso público como método de selección de contratistas en la contratación pública. en el proceso de licitación o concurso público. tales como la capacidad económica del oferente. pues al hacer esta última calificación es donde se incurre en subjetivismos contrarios a la igualdad de oportunidades ante la ley que consagra la Constitución y a la presunción de inocencia que igualmente es de rango superior. lejos de desconocer el principio de igualdad. pues de antemano establece que sólo unos pocos. La filosofía del registro único de proponentes es crear los criterios objetivos y claros de calificación de los posibles contratistas. al paso que los demás no tienen realmente esta posibilidad. la experiencia. mas no el oferente. de ahí que la Ley 80 de 1993 defina al contratista como un colaborador del Estado. el equipo de que dispone. organización. imparcialidad y publicidad. capacidad económica y cumplimiento del oferente. la demanda aduce que las normas impugnadas son contrarias a la Constitución. "En razón de este interés general es que la administración. destacan que dichas normas persiguen garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable. rechazan el punto de vista del demandante. que la celebración de los contratos estatales tiene por propósito dar cumplimiento a los fines del Estado.. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política. además de evaluar la propuesta en forma objetiva. de modo que luego. 3. Así mismo. Corresponde entonces a la Corte establecer. en especial al principio de igualdad que ella consagra. teniendo en cuenta. como la vista fiscal. moralidad. por lo cual en su celebración y ejecución debe estar presente el principio de prevalencia del interés general. por cuanto al determinar que en la contratación estatal la escogencia del contratista se debe llevar a cabo por el procedimiento de licitación o concurso público.1 El artículo 209 de la Constitución Política señala que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. por ellas ser parte de una ley de la República. La competencia y el objeto de control. organización y estado financiero. economía. los aptos. Prevalencia del interés general.. si el procedimiento de licitación o concurso público y los criterios de escogencia del contratista indicados en las normas demandadas. pueden ser objeto de escogencia. economía. pues expresamente incorporan los principios de transparencia. Todos los intervinientes. entre otros factores..
Puede decirse que el contrato estatal es. le atribuye la función de "expedir el estatuto general de contratación de la administración pública.2 Esta circunstancia de estar adscrita a la consecución del interés común. Por ello. Tenemos entonces que la función pública está al servicio del interés general. indica con claridad lo siguiente: "Los particulares. el hecho de la celebración del acto jurídico por parte del Estado implica la presencia del interés público. A dicha posibilidad se refieren expresamente el numeral 23 del artículo 188 superior que faculta al presidente de la República para ello. o contratos celebrados en razón a las calidades mismas de la persona con la que se contrata. no existe razón para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y postulados. o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. y que puede llevarse a cabo mediante el mecanismo de la contratación estatal. ahora parcialmente demandada." Justamente. 3. La autorización de cláusulas exorbitantes. acudan a la celebración de contratos. es claro también que la Carta autoriza expresamente a las autoridades para que en el cumplimiento de la función pública. La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese principio. que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general. Sin embargo. como tal. dentro de la exposición de motivos que el Gobierno Nacional presentó al Congreso. y en especial la administración nacional. tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que." Las consideraciones relativas al interés general que apareja la actividad contractual del Estado. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares. confiando la ejecución de los objetivos contractuales en manos de personas que no reúnan las garantías y condiciones suficientes. colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que. ausentes en las formas contractuales privadas. . impone también que en la contratación administrativa no sea indiferente la persona del contratista que celebra un convenio o acuerdo con la Administración. en tanto que en otras ocasiones la relación es apenas indirecta. un contrato de aquellos que la doctrina califica como contratos intuito personae. la Administración no puede exponer la cabal obtención de aquel interés general. A veces la relación con el interés público es inmediata. Es por ello que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993. La ley dota a la Administración de herramientas o mecanismos especiales. es forzoso concluir que dicha contratación también está al servicio de ese interés general. dentro del marco de la cláusula general de competencia que le corresponde al Congreso Nacional. y el inciso final del artículo 150 ídem que. afecta de tal manera este instituto jurídico. En consecuencia. del cual forman parte las disposiciones impugnadas en esta causa. como la de caducidad o las de terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la Administración. se le impone un celo especial en la selección de aquella persona que mejores condiciones y garantías presenta. leemos el siguiente párrafo: "Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas. Es más. En efecto. que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. prescribe que la contratación administrativa persigue "el cumplimiento de los fines estatales.De otra parte." Y el inciso segundo de esta misma norma. sino que implica la preeminencia de la posición estatal. son un claro ejemplo de esta situación. permearon el proceso legislativo que culminó con la expedición de la referida Ley. El interés público implícito en la contratación estatal. la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines. En efecto. implica obligaciones. por su parte. además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado. sin lugar a dudas. en ejercicio de esta atribución dicho órgano legislativo expidió la ley 80 de 1993.
3. De este modo se garantiza que la entidad que va a contratar seleccione a los proponentes que cumplan los requisitos mínimos y objetivos necesarios para participar en la licitación. el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes. así las cosas. Así mismo. técnica y financiera del contratista. y que entre ellos evalúe las propuestas. que garantiza nuestra Constitución.4 De otra parte. y no sólo las demandadas. presupone que debe "escogerse" al contratista. por el contrario. no sólo se ajusta a la Constitución. Para la Corte es claro que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados. sino que es su natural y obvio desarrollo. la Corte encuentra también que la escogencia del contratista mediante licitación o concurso es un sistema que implícitamente es aceptado por nuestra Carta Política. es necesario considerar el argumento del demandante. el artículo 22 de la Ley 80 indica en el registro único de proponentes que lleva la Cámara de Comercio. todo ello con el fin de escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las mejores garantías al interés general que debe tutelar la administración. de acuerdo con los criterios de selección prefijados. dentro del contexto de la licitación o del concurso público. Así pues. Respeto del principio de igualdad. que implican una violación al principio de igualdad de oportunidades y al derecho al trabajo. el artículo 273 superior a su tenor literal expresa que "a solicitud de cualquiera de los proponentes. y que para ello es factible el procedimiento licitatorio. se hagan constar los hechos que permiten deducir la idoneidad moral. valor fundadante del Estado colombiano al tenor del primer artículo de nuestra Carta Fundamental.3 Diversas normas de la Ley 80. cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento. En ese orden de ideas. no es otra que la de asegurar la prevalencia del interés general. Dicha calificación resulta de la comparación de las propuestas entre sí y con las condiciones prefijadas en los términos de referencia y en los correspondientes pliegos de condiciones. 4. Por varias razones no comparte la Corte las anteriores apreciaciones en las cuales se funda el reproche que motiva esta acción: . norma constitucional que necesariamente debe ser interpretada en el sentido de que el constituyente le confirió categoría de validez jurídica a la institución de la licitación. ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública". 3. Determinado como está que las normas demandadas de manera general persiguen desarrollar el objetivo constitucional de hacer prevalecer el interés general. tal normatividad. En una etapa posterior. contenida parcialmente en las normas demandadas. las normas relativas al registro único de proponentes buscan lograr que en él consten todos los aspectos y datos necesarios para que la Administración pueda conocer a los posibles contratantes. y que la propia Carta implícitamente avala el procedimiento licitatorio de selección de contratistas. en la misma norma constitucional precitada se defiere expresamente a la ley el señalamiento de la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas en los casos en que se aplique mecanismo de audiencia pública para la adjudicación de la licitación. estructuran un mecanismo jurídico apropiado para que la persona que va a contratar con el Estado reúna las condiciones y garantías que aseguran la obtención de las finalidades superiores que se vienen comentando: así. sino que. nuestra a Carta no presume que todos los oferentes inscritos en el registro que lleva actualmente la Cámara de Comercio tienen el mismo derecho a celebrar el contrato. según el cual las normas demandadas permiten una escogencia del contratista de acuerdo con "criterios subjetivos". así como toda información adicional relativa a su experiencia. la entidad que va a contratar debe proceder a calificar las propuestas formuladas por las personas inscritas en el registro que han respondido a su invitación a concursar. En efecto. desde este punto de vista.
permitiendo. En efecto. el artículo 29. público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones. para lo cual se deben establecer etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. deberá ser motivada. precio y la . el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política. y que en los procesos contractuales los interesados tengan oportunidad de conocer y controvertir los informes. y se definan reglas objetivas. cerrando el paso a cualquier consideración discriminatoria que puedan llevar a cabo las autoridades. cabe también resaltar que como otra garantía adicional. a la letra dice lo siguiente. enumerados en los artículos 24. el Estatuto de Contratación Administrativa está estructurado con base en ciertos principios generales cuales son el de transparencia. se prescribe un mecanismo que consiste en que con base en la información suministrada por las mismas personas que solicitan la inscripción. calificaciones y clasificaciones que contenga. es especialmente exigente para garantizar un procedimiento objetivo y transparente. 26 y 27 de la Ley. entre otros requerimientos exige que en los pliegos de condiciones o términos de referencia se indiquen los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. En este momento. Prohibe. justas. además. garantiza la imparcialidad y por consiguiente la escogencia objetiva de contratistas. como del cabal cumplimiento de los fines estatales que deben perseguir las autoridades. plazo. que están concebidos como una garantía tanto del derecho a la igualdad de los oferentes. en general. de conformidad con lo prescrito por el artículo 22 de la Ley bajo examen. el artículo 24 del Estatuto. sin tener en consideración factores de afecto o de interés y. y favorecer la discriminación. teniendo en cuenta los factores de escogencia. Implica que dicha escogencia se efectúe siempre a través de licitación o concurso. equipos. las cámaras de comercio clasifican a los proponentes de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios que ofrecen. Como una corroboración y garantía expresa y contundente de la obligación que se impone a las autoridades. norma parcialmente demandada en esta causa. ahora bajo examen. con el propósito de mantener la igualdad de oportunidades. En lo que tiene que ver con la etapa de elaboración del registro de proponentes. 25. aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. experiencia. que el demandante impugna por conducir al desconocimiento del principio de igualdad. el de economía y el de responsabilidad. Ofrecimiento más favorable es aquel que. El registro de proponentes es. además. la inclusión de condiciones y exigencias de imposible cumplimiento. derivada de la actividad contractual. la norma dispone que toda actuación de las autoridades. La selección de contratistas será objetiva. claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole. DEL DEBER DE SELECCION OBJETIVA. y finalmente. la ley indica el gobierno nacional debe adoptar un formulario único y determinar los documentos estrictamente indispensables que las cámaras de comercio podrán exigir para realizar la inscripción. organización. que la Corte encuentra oportuno volver a transcribir: ARTICULO 29.1 La Corte aprecia que la manera como la Ley 80 regula la forma de presentación y evaluación de las propuestas de los oferentes. tales como cumplimiento. salvo las excepciones previstas en la misma norma. en el caso de licitación. En virtud del mencionado principio de transparencia. derivada del principio de transparencia. Las actuaciones de las autoridades deben ser públicas y los expedientes que las contengan igualmente deben estar abiertos al público. cualquier clase de motivación subjetiva. el artículo 24. conceptos y decisiones que se rindan o adopten. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.4. Por lo que se refiere al principio de transparencia.
de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican. (resalta la Corte) 4. sus actos deben llevar siempre como única impronta la del interés público. el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes. que dicha finalidad sea razonable. contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato. sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos. impone partir del criterio de la buena fe de sus actuaciones e implica. sólo alguno de ellos. clasificarse de negligente.sean coherentes entre sí o. en su sentir. que esa racionalidad sea proporcionada." En el caso de la selección de los oferentes para la contratación administrativa. Y por otro lado ve también que las circunstancias anotadas. y ello por cuanto de conformidad con lo reiteradamente afirmado por la jurisprudencia constitucional. datos subjetivos del oferente. (Resaltado de la Corte) El texto transcrito pone de manifiesto el interés del legislador en que el proceso de selección del contratista sea ajeno a cualquier consideración subjetiva o discriminatoria. por todo lo anteriormente expuesto. por el hecho de que estas circunstancias son. aspecto éste que el estatuto anterior no contemplaba de manera explícita. como pueden ser la experiencia. expuso los siguientes conceptos. para resaltar cómo la actividad contractual de la administración debe ser en un todo ajena a consideraciones caprichosas o subjetivas y que. el más bajo precio o el plazo ofrecido. la Corte encuentra que la selección que no tuviera en cuenta tales circunstancias. resulta ser el más ventajoso para la entidad. que el supuesto de hecho . lo que es lo mismo. la simplificación de trámites. partiendo de la base de que sólo se pueden escoger ofertas. esta Corte en muchas oportunidades ha hecho ver que un trato desigual está muchas veces constitucionalmente legitimado. sin mirar las condiciones que permiten garantizar la seriedad de las mismas. por ello. en el ámbito de un estricto régimen de responsabilidad correlativo. y podría. Sin embargo. precisamente. admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales. Intención que resulta también explícita cuando se leen los antecedentes legislativos de la Ley 80. si se trata de contratación directa. En la exposición de motivos con la cual el Gobierno presentó el proyecto que después devino en la mencionada Ley.2 En últimas las acusaciones del demandante cuestionan en si mismo el proceso de escogencia de contratistas. así por ejemplo en la Sentencia C-530 de 199. no la hacen subjetiva o discriminatoria. está . la igualdad no consiste necesariamente en dar un trato idéntico a todos los individuos.esto es. no será objeto de evaluación. los artículos 24 y 29 del proyecto consagran expresamente ese deber de aplicar tal criterio de escogencia del contratista. cuando llevan a la selección. requisitos y procedimientos. En efecto. incluso. según el cual tanto los servidores públicos como los particulares que contratan con la administración deben obrar bajo el claro e inequívoco entendimiento de que una de las finalidades esenciales de la contratación estatal la constituye. En ese sentido. la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga. vale decir. la organización. Dicho principio encuentra un complemento de significativa importancia consistente en el deber de escoger al contratista mediante la selección objetiva. el cabal cumplimiento de los cometidos estatales. se expuso lo siguiente: "el principio contemplado en el artículo 3° del proyecto.ponderación precisa. los equipos etc. que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad. guarden una racionalidad interna. no resultaría suficientemente garantista del interés general. detallada y concreta de los mismos. la diferencia de situación. por lo tanto. que una vez más se reiteran: "El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho.
plazo. 28 y 29 de la Ley 80 de 1993: a. La expresión "En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas". dados sus antecedentes profesionales. Cópiese. esto es la garantía de la prevalencia del interés general. precio y la ponderación precisa y detallada y concreta de los mismos. e impone la adecuación del comportamiento del operador jurídico a la diferenciación de individualidades. toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros. la Sala Plena de la Corte Constitucional. Dar el mismo trato jurídico en la asignación de las responsabilidades colectivas a sujetos distintamente capacitados. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. b) El trato diferente persigue un fin. oído el concepto del señor procurador general de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el decreto 2067 de 1991. contenida en el inciso 3° del artículo 29. contenida en el numeral 1° del artículo 25. publíquese. y con méritos dispares. lo cual hace razonable el trato diferente. organización. equipos. cuando debe ser aplicado en relación con individuos que no se encuentran en la misma situación. contenida en el numeral 1° del artículo 24. experiencia. tales como cumplimiento. RESUELVE Declarar EXEQUIBLES las siguientes expresiones contenidas en los artículos 24. El actor aboga por un trato que no tenga en cuenta la diferenciación básica y objetiva existente entre los sujetos. y d. La expresión "los factores de escogencia. contenida en el artículo 28. comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. cual es la consecución del interés general. c. ni las finalidades de rango constitucional perseguidas. se circunscribe a los cargos que fueron analizados en la presente oportunidad. La expresión "relativas a los procedimientos de selección y escogencia de contratistas". dado que resulta adecuado para la obtención del fin perseguido. Finalmente la Corte aclara que la declaratoria de exequibilidad que proferirá respecto de las normas acusadas.plenamente justificado por cuanto: a) la situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es la misma. implica un desconocimiento de ese aspecto de la igualdad que se llama proporcionalidad. La expresión "la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público". b. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Presidente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado . desconociendo con ello que el principio de igualdad. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. En mérito de lo expuesto. y c) el trato diferente es racional. se presenta bajo su aspecto de igualdad proporcional. contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia". y este principio es constitucionalmente válido. 25. notifíquese.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Magistrada (e) ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORÓN DÍAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado PABLO E. LEAL RUIZ Secretario General (e) .
Documents Similar To Sentencia C(2)