Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-578-de-junio-8-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f499f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 15:14:23
Document Index: 145864329

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 333', 'artículo 58', 'artículo 8', 'artículo 365', 'artículo 158', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 158', 'artículo 22', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 1', 'artículo 365', 'artículo 150', 'artículo 370', 'artículo 334', 'artículo 22', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 22', 'artículo 58', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22']

﻿ SENTENCIA C-578 DE JUNIO 8 DE 2004
SENTENCIA C-578 DE 08 DE JUNIO DE 2004
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LA LIBERTAD ECONÓMICA Y LA INICIATIVA PRIVADA PUEDEN SER LIMITADAS O RESTRINGIDAS POR MANDATO DE LA LEY, EN ESPECIAL CUANDO LA OFERTA ES LIMITADA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 689 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, OFERTA, DERECHO A LA LIBERTAD ECONÓMICA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, PROVEEDOR DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Sentencia C-578 de junio 8 de 2004
Sentencia C-578 de 2004
Ref.: Expediente D-5060
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley 689 de 2001 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.
Actor: José Alberto Gaitán Martínez
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, tomado del Diario Oficial Nº 44.537 de 31 de agosto de 2001 dice:
“ART. 22.—Utilización del GLP como carburante. Autorízase a las empresas distribuidoras la utilización de GLP para consumo interno operativo, como carburante de los vehículos destinados exclusivamente al reparto de gas”.
2.1. Los cargos que expone el demandante contra el artículo 22 de la Ley 689 de 2001, se pueden concretar así: a) se trata de una restricción a la libertad económica, garantizada por la Constitución en el artículo 333, sin que exista justificación técnica ni económica. En cambio sí se permite la libertad económica para otros combustibles, entre ellos el gas natural, constituyéndose a su favor una posición dominante; b) se viola el artículo 58 de la Carta, porque restringe una actividad que debe ser fuente de ingresos para una industria organizada, que se dedica a la venta de GLP, sin que se puedan alegar razones jurídicas, ni de seguridad, ya que se trata de un hidrocarburo como cualquier otro. Además, el legislador no tuvo un estudio técnico serio para tomar esta medida; c) se viola el principio de igualdad, dado que esta prohibición no se da en el caso del gas natural; y, d) se viola el principio de la unidad de materia, puesto que en una ley de servicios públicos domiciliarios, se regula un asunto concerniente a la libertad de empresa y a la libre competencia.
2.2. Intervino el ciudadano Delgado Suárez para referirse a las características del GLP y señaló que los riesgos en su uso son los que corren en general los demás hidrocarburos. La interviniente del Ministerio de Minas y Energía se opuso a esta acción. Explicó que esta limitación del GLP para ser usado como combustible carburante vehicular no es nueva en la Ley 689 de 2001, sino que existe expresamente desde 1984, en el Decreto 3065 de 1984, artículo 8. Aduce que la prohibición no obedece sólo a razones de seguridad sino que se trata de un problema de insuficiente disponibilidad del país para abastecer el uso consumo domiciliario en el sector rural y en los estratos más bajos de la población. Ecopetrol intervino en este proceso para exponer las razones técnicas y científicas que apoyan la decisión del legislador sobre la restricción del GLP como combustible automotor. Estas razones están transcritas en su integridad en los antecedentes de esta providencia.
2.3. El señor procurador solicitó a la Corte que se declare la exequibilidad de la norma acusada, porque la distribución del GLP como combustible doméstico es un servicio público, y dentro de esta concepción, el establecimiento de monopolios estatales y de restricciones a la libertad económica, deberán estar justificadas en el interés general. Se remite, además, a las razones expuestas por Ecopetrol, con el fin de ubicar la norma como desarrollo del artículo 365 de la Carta, en relación con el papel del Estado en materia de servicios públicos. En cuanto al cargo de violación del principio de unidad de materia, solicita a la Corte estarse a la Sentencia C-087 de 2001, que declaró que no había violación a este principio.
2.4. Planteado así el presente asunto, se examinarán los cargos.
3. Cosa juzgada en relación con el cargo sobre la supuesta violación del principio de unidad de materia.
Tal como lo puso de presente el señor procurador, la Corte Constitucional examinó la inclusión de los artículos relacionados con el GLP en el capítulo I “Normas especiales referentes al gas licuado de petróleo, GLP”, de la Ley 689 de 2001, que modificó parcialmente la Ley 142 de 1994, de servicios públicos domiciliarios. La inclusión de este capítulo había sido objetada por el Presidente de la República cuando le fue enviado el proyecto de ley aprobado por el Congreso para respectiva sanción presidencial. Adujo que se vulneraba la unidad de materia prevista en el artículo 158 de la Carta.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-087 de 2001 declaró infundadas las objeciones, por considerar que la actividad de distribución, comercialización y transporte de GLP para consumo doméstico, guarda conexidad con la ley de servicios públicos.
En cuanto al artículo que en el proyecto de ley 234/00 Senado y acumulados 038/98, 065/98 y 081/98 Cámara, correspondía al 23, pero que en la Ley 689 de 2001 quedó como artículo 22, hay que señalar lo siguiente:
ART. 23.—Utilización del GLP como carburante. Autorízase a las empresas distribuidores (sic) la utilización de GLP para consumo interno operativo, como carburante de los vehículos destinados exclusivamente al reparto de gas. [El Ministerio de Minas y Energía, podrá autorizar el uso de GLP como carburante en otra clase de vehículos en el territorio nacional, de acuerdo con la disponibilidad del producto, ampliada con base en las importaciones. En cualquier caso se requerirá la aprobación del Ministerio de Minas y Energía a las normas técnicas y de seguridad establecidas.]
La Sentencia C-087 de 2001 declaró exequible la primera parte e inexequible la parte entre paréntesis y en cursiva. Dijo la Corte:
8. Con fundamento en las anteriores consideraciones, aprecia la Corte que el proyecto de ley que ahora se somete a su revisión pretende modificar la Ley 142 de 1994. Dicha ley se aplica, entre otros, al servicio público domiciliario de distribución de gas combustible, el cual es definido en su artículo 14 numeral 28, como el “conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación del consumidor final, incluyendo su conexión y medición”. De igual manera, la ley mencionada regula “las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria”. Así, en principio, la actividad de distribución, comercialización y transporte del GLP sería objeto de regulación por parte de esta ley, sólo cuando dicha actividad tenga por objeto el suministro de dicho gas para el consumo doméstico, o como lo dice la norma transcrita, cuando el destino final del producto sea “la instalación del consumidor final”.
En este orden de ideas, cuando los artículos 22 a 25 del proyecto objetado regulan: i) la responsabilidad de las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización del GLP (art. 22); ii ) la utilización del mismo para el uso automotriz en vehículos “destinados exclusivamente al reparto de gas” (art. 23); iii) el cobro de un rubro correspondiente a “margen de seguridad” dentro del precio de venta de este combustible, con destino al mantenimiento y reposición de los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la comercialización del GLP”; y, iv) la creación de un comité de seguridad relacionado con este tipo de gas, no exceden la materia de regulación propia de la Ley 142 de 1994 que pretenden reformar.
En efecto, todas estas disposiciones se refieren a la distribución y a las actividades complementarias a ésta, de un combustible que sí puede tener uso doméstico (1) en los términos de la Ley 142 de 1994. Así las cosas, la Corte aprecia que sí está presente un vínculo de conexidad temática con la materia propia del resto del proyecto y de la ley que éste modifica.
9. Respecto de la expresión contenida en el primer inciso del artículo 23, que indica que “(e)l Ministerio de Minas y Energía, podrá autorizar el uso de GLP como carburante en otra clase de vehículos en el territorio nacional, de acuerdo con la disponibilidad del producto, ampliada con base en las importaciones. En cualquier caso se requerirá la aprobación del Ministerio de Minas y Energía a las normas técnicas y de seguridad establecidas.”, la Corte estima que en cuanto ella se refiere en forma exclusiva a la utilización del GLP para consumo de vehículos automotores y no para consumo doméstico en los términos de la Ley 142 de 1994, acusa falta de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica con la materia del proyecto de Ley en que se inserta, por lo cual en este punto, se acogerán las objeciones gubernamentales formuladas por violación del artículo 158 superior“ (Sent. C-087/2001, M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger).
En consecuencia, el artículo 22 de la Ley 689 de 2001, quedó como fue publicado en el Diario Oficial Nº 44.537 de 31 de agosto de 2001, así:
“ART 22.—Utilización del GLP como carburante. Autorízase a las empresas distribuidoras la utilización de GLP para consumo interno operativo, como carburante de los vehículos destinados exclusivamente al reparto de gas”.
Por consiguiente, respecto del cargo de unidad de materia, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-087 de 2001.
3. La libertad económica y la iniciativa privada pueden ser limitadas o restringidas por mandato de la ley en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios, en especial, cuando la oferta es limitada.
3.1. Para lo que interesa a esta demanda, los usos del gas líquido de petróleo, GLP, se dividirán en sólo dos categorías: (1) el uso para el consumo doméstico y (2) el uso como combustible automotor. Ambos son servicios públicos, pero solo el primero es domiciliario.
Sobre el primer uso: consumo doméstico, que es el que distribuye y comercializa en cilindros de gas o tanques estacionarios, no está en discusión que las actividades relacionadas con la distribución del GLP corresponden a un servicio público domiciliario, y por ende, son objeto de la regulación estatal. En cambio, sobre el uso del GLP como combustible automotor y la restricción fijada para este fin en la norma acusada, habrá de estudiarse si la misma obedeció al mero capricho del legislador, desprovisto de justificación y razonabilidad, como lo afirma el demandante, y, por consiguiente, viola las normas constitucionales por él mencionadas, o si existen razones que justifiquen esta limitación, porque no se trata de un servicio público domiciliario.
Para iniciar este análisis, debe necesariamente partirse de lo expresado por quienes intervinieron en esta demanda, y que el propio actor no lo desconoce (punto 10 del escrito de corrección de demanda), la oferta de GLP en el país, actualmente, es limitada.
En efecto, según Ecopetrol “La demanda actual de GLP por el sector domiciliario asciende a un promedio de 19.000 barriles por día, y, de acuerdo con la capacidad de refinación —con las fuentes explotadas hoy en día— la oferta de GLP puede ascender a un tope máximo de 24.000 barriles día” (fl. 280). Lo que significa que no es suficiente para que se utilice con fines diferentes al domiciliario. Con el fin de demostrar este punto, pone el siguiente ejemplo: “un vehículo de transporte público con combustión a GLP puede llegar a quemar a diario el equivalente a dos cilindros de 40 libras, lo que es suficiente para que una familia promedio cocine durante dos meses” (fl. 281).
Por su parte, en razón de la oferta limitada de GLP, el Ministerio de Minas y Energía señala que debe proveer este combustible para el consumo del sector rural y de los estratos más bajos de la población, donde por razones económicas o técnicas, no es viable llevar el gas natural. (fl. 258), lo que no se lograría, lógicamente, si tuviera que soportar el abastecimiento tanto para el servicio público doméstico como para el servicio público como combustible vehicular.
Siendo así las cosas, se pregunta la Corte si es posible, como lo pretende el actor, que se examine la restricción contenida en el artículo acusado, encaminada a que no se utilice el GLP para usos distintos al consumo domiciliario, salvo en los vehículos destinados al transporte del gas, a la luz de la libertad económica y a la iniciativa privada garantizadas en el artículo 333 de la Constitución.
Por una parte, el propio artículo 333 de la Carta, pone de presente que las garantías a la libertad económica y la iniciativa privada son libres pero pueden ser limitados a través de la ley, cuando así lo exija el bien común, el interés social, el ambiente, entre otras razones. Es decir, la libre empresa y la iniciativa privada no son garantías absolutas en la Constitución.
De otra parte, este cargo —violación del artículo 333 de la Constitución— no se puede examinar en forma independiente del contenido de los artículos 334 de la Carta, inciso segundo, en cuanto establece que el Estado “intervendrá para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”, ni mucho menos, sin señalar que la Constitución ubicó los servicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado y fijó como deber del Estado “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (arts. 365 a 370 de la Carta), lo que armoniza con la definición de que Colombia es un Estado social de derecho, contenida en el artículo 1º de la Constitución.
Este tema ha sido puesto a consideración de la Corte en numerosas oportunidades, por lo que ahora debe reiterarse la jurisprudencia ampliamente desarrollada. En la Sentencia C-616 de 2001, se analizaron los conceptos de libertad de empresa, la libertad de competencia, la regulación de la libre competencia, el abuso de la posición dominante, el intervencionismo de Estado. De acuerdo con lo allí explicado, la Corte llegó a la conclusión de que la intervención estatal en la economía cuando se trata de actividades o servicios públicos considerados como estratégicos “puede ser muy intensa al punto de eliminar la iniciativa privada” Dijo esta sentencia:
“La intervención estatal en la economía tiene distinta modulación según el sector económico sobre el cual recaiga, pues mientras en determinadas actividades o servicios públicos considerados estratégicos puede ser muy intensa al punto de eliminar la iniciativa privada (C.P., art. 365), en otros sectores tiene un menor grado en forma tal que se faculta a los particulares para desarrollar determinadas actividades económicas con un permiso, autorización o licencia por parte del Estado, e incluso, en algunos casos no se requiere ningún permiso o autorización previa para el ejercicio de una determinada actividad, industria u oficio, pues allí opera como regla general la libre iniciativa sin permisos previos (C.P., art. 333)” (Sent. C-616/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
En la Sentencia C-150 de 2003, la Corte estudió el tema relativo a la función estatal de regulación del mercado en un Estado social y democrático de derecho, en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Analizó la Corte que es tan importante que la prestación de los servicios públicos llegue a toda la población, que se trata de un denominado objetivo constitucional, que el Constituyente ha previsto, incluso, la posibilidad de establecer, por razones de soberanía o de interés social, un monopolio estatal en materia de servicios públicos previa la plena indemnización a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (C.P., art. 365, inc. 2º). Dijo esta sentencia:
“En el ámbito de los servicios públicos, el diseño constitucional es diferente, puesto que el legislador determinó el régimen de su prestación, adoptó un mandato de intervención y confió a unos órganos específicos, denominados comisiones de regulación, la responsabilidad de hacer cumplir el régimen legal. Por ello, la Corte recordará las características de la reserva de ley en materia de intervención estatal en la economía, en especial cuando ésta comprende la regulación de servicios públicos, puesto que, como se dijo, en estas materias, el legislador no está limitado a fijar un marco general sino que debe adoptar las decisiones necesarias para definir el régimen de la regulación.
4.2.5. Como se anotó, el artículo 365 de la Carta dispone que “[l]os servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. Y el artículo 150, numeral 23, establece que al Congreso corresponde “expedir las leyes que regirán la prestación de los servicios públicos”.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 370 de la Constitución, “[c]orresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten” (…).
En este contexto, la Carta indica que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (C.P., art. 365, inc. primero), lo cual comprende el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (C.P., art. 366, inc. primero). No podía ser de otra forma dado que, por una parte, la realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran medida de la adecuada prestación de los servicios públicos —p.ej. de agua, salud, saneamiento básico, energía, transporte, etc.— y que, por otra, el constituyente ha optado por una forma estatal, el Estado social de derecho, destinada a corregir la deuda social existente en el país con los sectores sociales más desfavorecidos mediante un sistema político que busca la progresiva inclusión de todos en los beneficios del progreso.
Pieza central del marco constitucional de la regulación de los servicios públicos es el artículo 334 de la Constitución, inciso primero, que atribuye al Estado la dirección general de la economía, para lo cual habrá de “intervenir, por mandato de la ley, [...] en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. Se trata aquí de una norma objetiva que impone un mandato constitucional a las autoridades públicas, incluido el legislador, de intervenir para alcanzar los fines sociales del Estado allí enunciados. Como norma objetiva dirigida al Estado, la intervención en la economía no constituye una mera posibilidad de actuación, sino un mandato constitucional cuyo cumplimiento puede ser judicialmente controlado. Este mandato constitucional se refuerza aun más en materia de servicios públicos con el deber de asegurar su prestación eficiente, no a algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (C.P., art. 365), el deber de dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (C.P., art. 366), el deber de garantizar la universalidad en la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios (C.P., arts. 365 y 367), y los criterios de costos, solidaridad y redistribución del ingreso que deben caracterizar el régimen tarifario de los servicios públicos (C.P., art. 367). Adicionalmente, la Constitución autoriza a la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas para conceder subsidios a las personas de menores ingresos de forma que éstas puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubren sus necesidades básicas (C.P., art. 368).
Si bien los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado, por comunidades organizadas, o por particulares, lo cierto es que el Estado mantiene las funciones de regulación, control y vigilancia sobre los servicios, de forma que se asegure el cumplimiento de las finalidades sociales del Estado social de derecho (C.P., art. 365). Esto porque es objetivo fundamental de la actividad estatal la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población (C.P., art. 366). Tan importante es el mencionado objetivo constitucional que el constituyente ha previsto incluso la posibilidad de establecer, por razones de soberanía o de interés social, por iniciativa del gobierno y mediante ley, un monopolio estatal en materia de servicios públicos previa la plena indemnización a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (C.P., art. 365, inc. 2º).
Así pues, la Corte ha puesto de presente que corresponde al legislador establecer el régimen de los servicios públicos de acuerdo con el marco axiológico descrito. En efecto, “[e]n uso de la facultad que la Carta Política le confirió al Congreso de la República para reglamentar la prestación de los servicios públicos domiciliarios se expidió la Ley 142 del 11 de julio de 1994, que con base en lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 superiores, desarrolló los fines sociales de la intervención del Estado en la prestación de estos servicios para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico; prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan; prestación eficiente; libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante; obtención de economías de escala comprobables; mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación; establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad” (2) ” (Sent. C-150/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Salta entonces a la vista que la prohibición contenida en el artículo 22 acusado no viola el artículo 333 de la Carta, en cuanto a que establece una limitación a la libertad de empresa y la iniciativa privada, pues, como lo indican las sentencias citadas, la intervención estatal tratándose de servicios públicos puede ser tan intensa, que puede eliminar la iniciativa privada y establecer un monopolio estatal para estos servicios, por lo que tampoco prosperan los reparos que hace el actor sobre la constitución de un monopolio en la prestación del servicio,
En consecuencia, por las razones expuestas por Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía, sobre la oferta limitada de GLP en el país, resulta justificado y razonable que el legislador restrinja el uso del GLP al doméstico, pues, se repite, permitir el uso como combustible vehicular implicaría poner en riesgo el suministro del GLP a ciertos sectores de la población, posiblemente los más desprotegidos (el sector rural y los estratos más bajos de la población), donde por circunstancias económicas o técnicas, no es posible llevar el gas natural.
No prospera, entonces, el cargo de violación del artículo 333 de la Constitución.
3.2. En cuanto a la presunta violación del artículo 13 de la Carta, porque, en opinión del actor, se le da un trato privilegiado al gas natural en frente al GLP, en el que se incentiva el primero y se restringe el segundo, la Corte encuentra que esta violación al derecho a la igualdad es inexistente. En efecto, éste se predica de las personas y tiene como propósito que se otorgue trato igual a las personas que se encuentren en situaciones iguales y, desigual a quienes se hallan en situaciones diferentes. Además, la norma constitucional mencionada ordena al Estado promover condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva, y autoriza con ese propósito, la adopción de medidas específicas para que grupos discriminados o marginados puedan alcanzarla. De la misma manera, desde la Constitución se ordena la protección de quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Como se ve, ninguna de estas previsiones y mandatos contenidos en el artículo 13 de la Carta se infringe por el artículo 22 de la Ley 689 de 2001 objeto de la acusación de inconstitucionalidad. El asunto a que ella se refiere es diferente. Así, conforme al expediente queda claro que, según el concepto técnico de Ecopetrol, que obra a folios 282 y 283, el gas natural y el GLP tienen características físico químicas disímiles, a tal punto que las del GLP lo hacen “ideal para el consumo domiciliario y poco recomendable para otros usos como el industrial o el automotor”, al paso que el gas natural produce menos contaminación ambiental. De esta manera, es evidente que en nada se afecta el artículo 13 de la Constitución Política por la norma cuya inconstitucionalidad se pretende.
Adicionalmente, señala la Corte que la información suministrada por Ecopetrol sobre el particular y a la cual se acaba de hacer alusión sirve de apoyo de carácter técnico a la decisión del legislador al expedir el artículo 22 de la Ley 689 de 2001 dentro del ámbito propio de su competencia, conforme a la Constitución.
En consecuencia, no prospera el cargo de violación del artículo 13 de la Constitución.
3.3. Sobre la supuesta violación del artículo 58 de la Carta, ya que se restringe una actividad que puede ser fuente de ingresos para la industria del GLP organizada, el cargo no puede prosperar, pues el actor no explicó por qué la norma acusada está desconociendo la propiedad privada o los derechos adquiridos, sino que señaló que en una época determinada, en el país se consideró oportuno estimular el uso de GLP como combustible vehicular, y después, el legislador introdujo la prohibición acusada. Al respecto, también como lo explicó Ecopetrol, las expectativas de mayor oferta del GLP que se habían creado con la extracción de hidrocarburos del campo Cusiana cambiaron, lo que implicó, a su vez, un cambio en la política de este estimulo, con el fin de no desabastecer la demanda del gas domiciliario. Señaló Ecopetrol:
“Uno de los puntos expuestos por el demandante sirve para ilustrar mejor, este aspecto. Efectivamente, en el año de 1997, Ecopetrol S.A. diseñó un programa para uso vehicular del GLP, debido a que las iniciales proyecciones los diferentes hidrocarburos que podían ser extraídos del campo Cusiana —no de Opón como se expone en el hecho número 11 de la demanda— hacían prever inicialmente unos estimativos de refinación que dejaban como producción promedio 30.000 barriles de GLP por día cuando en ese tiempo la demanda domiciliaria era del orden de 18.000 barriles por día. Como es claro, había que buscar un mercado para este excedente, sin embargo, una vez se fueron concretando los estudios, se estimó que el gas base para la refinación del GLP que existía en el campo de Cusiana, debía tener un fin único y necesario, la reinyección del mismo para poder así extraer petróleo.
De lo expuesto es evidente que tanto la oferta histórica como la actual de GLP no ha sido suficiente para que se abran nuevos mercados, hoy en día para que el sector automotor pudiera tener un suministro adecuado y confiable tendría que afectarse el abastecimiento al sector domiciliario; a simple manera de ejemplo, un vehículo de transporte público con combustión a GLP puede llegar a quemar a diario el equivalente a dos cilindros de 40 libras, lo que es suficiente para que una familia promedio cocine durante dos meses” (fls. 280 y 281).
En consecuencia, el cambio legislativo en relación con la finalidad que se debe dar al GLP y la restricción que introdujo el artículo 22 acusado, no viola el artículo 58 de la Carta, pues está justificado.
3.4. Finalmente, sobre la supuesta violación del principio de unidad de materia, se estará a lo decidido en la Sentencia C-087 de 2001.
3.5. Solo resta señalar que si las condiciones de oferta del GLP en el país cambian y no se pone en peligro el abastecimiento de este gas para quienes lo requieren para uso doméstico, el camino adecuado para lograr lo que pide el actor en esta demanda —que se suprima la restricción— es acudir al legislador, para que, de acuerdo con las nuevas circunstancias y apoyado en los estudios técnicos, levante o no la prohibición contenida en el artículo 22 de la Ley 689 de 2001.
En conclusión: el artículo 22 de la Ley 689 de 2001 se declarará exequible, por no violar los artículos 333, 58 y 13 de la Constitución. Sobre la violación del principio de unidad de materia, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-087 de 2001.
1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-087 de 2001, en relación con el cargo de unidad de materia.
2. Declarar exequible el artículo 22 de la 689 de 2001 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.
(1) Sobre la utilización para el uso doméstico del gas licuado de petróleo (GLP), el despacho de la magistrada sustanciadora se fundamenta en información suministrada por la Subdirección de Información de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía.
(2) Sentencia C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, precitada.