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Timestamp: 2018-09-24 16:01:10
Document Index: 238186823

Matched Legal Cases: ['artículo 245', 'artículo 266', 'artículo 341', 'in fine', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 5', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100']

SUSTITUCIÓN DE RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE Y CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA CONCURSAL
CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO LEGAL PARA IDENTIFICACIÓN DE RECIÉN NACIDOS
HOMENAJE A MARINA MERCANTE NACIONAL EN SU 194° ANIVERSARIO
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN DE FARMACIAS Y MEDICAMENTOS
Sesión 29ª, en miércoles 20 de junio de 2012
(De 16:19 a 19:53)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE;
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE, Y XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick Piñera, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes. Asimismo, se encontraba presente la Superintendenta subrogante de Quiebras, señora Alejandra Anguita Avaria.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en relación con el proyecto que veremos luego, solicito autorización del Senado para que ingrese a la Sala la Superintendenta de Quiebras, subrogante, doña Alejandra Anguita.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Consulto a la Senadora señora Lily Pérez si se trata de la no titular.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Sí, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ¿Y qué pasó con la propietaria del cargo?
El señor ROSSI.- Está fuera del país.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Se halla en el extranjero.
Boletín N° 8324-03
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8324-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 21ª, en 23 de mayo de 2012.
Economía: sesión 27ª, en 19 de junio de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales de la iniciativa son:
-Establecer un nuevo régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o liquidar los activos de una persona deudora, y
-Crear la Superintendencia Concursal, institución autónoma, de duración indefinida, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que será la continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.
La Comisión discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Novoa, Tuma y Andrés Zaldívar.
Cabe consignar que los artículos 3°, 19, 55, 69, 99, 103, 115, 142, 147, 197, 199 letra a), inciso primero del artículo 245, inciso sexto del artículo 266, 272, 282, 291, 295, 296, 303, 336, 337 N° 6, inciso segundo del artículo 341 y 349 N° 1 del proyecto, son normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
Es preciso recordar que, en sesión de fecha 23 de mayo, la Sala acordó que el proyecto sea conocido en su segundo informe por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del informe.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solicito el acuerdo de la Sala para ampliar hasta el lunes 25 de junio, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que regula el contrato de seguro.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la sesión especial de hoy en la mañana se dio cuenta de la iniciativa, en tercer trámite constitucional, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en dicha práctica en las faenas de pesca.
Solicito autorización para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pueda constituirse y sesionar en paralelo con la Sala, en la medida en que ello sea compatible con las votaciones que se realicen en el transcurso de la tarde.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el Comité Partido Por la Democracia solicita a la Mesa poner en tabla el proyecto de ley relacionado con la reforma al sistema binominal, cuyo debate quedó inconcluso.
Fue presentado el año 2006 y se debatió en la Comisión de Constitución la cuestión de su admisibilidad. El Tribunal Constitucional, con posterioridad a la interrupción de la discusión, calificó de procedente la insistencia hecha por el Presidente Lagos.
La iniciativa fue rechazada en la Cámara por no cumplir el quórum requerido -faltaron dos votos- y se insistió en el Senado. Acá, la Comisión de Constitución estimó que no procedía la insistencia en el caso de las reformas a la Carta y por eso se hizo la consulta al Tribunal Constitucional, el que manifestó su pertinencia.
El proyecto se halla en discusión todavía, y pido que se ponga en tabla en algún momento próximo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tratándose de un tema en que la Mesa no dispone de información exacta, solicitaré a la Secretaría que me ilustre al respecto y en la próxima sesión entregaré la correspondiente explicación al Comité del PPD y a la Sala.
Ofrezco la palabra sobre el proyecto.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, hoy el Senado inicia el debate de una iniciativa legal que se envió a la Comisión de Economía, la cual la analizó en general. Por acuerdo de la Sala, la discusión en particular va a ser acometida en Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Economía, unidas.
Durante dos sesiones, la Comisión debatió la materia. Asistieron el Ministro señor Pablo Longueira y la Superintendenta de Quiebras, quien hizo una presentación al respecto. Y quiero destacar la participación que ella ha tenido.
El asunto amerita un análisis profundo, pero también una extremada urgencia.
En los últimos años, hemos conocido el caso de numerosas pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas sin acogerse ni siquiera a quiebra y de otras que sí lo han hecho. No obstante, son muy pocas las que han logrado recuperar los recursos.
Con lo anterior, se pierden empleos, inversión y la oportunidad de que algunas industrias con posibilidades de resurgir puedan hacerlo.
Quiero reconocer el mérito del Ejecutivo de enviar el presente proyecto sobre una cuestión que se ha estado debatiendo desde hace muchos años entre el Ministerio de Economía y el Parlamento en distintas iniciativas legales. Pero no habíamos recibido una norma integral que diera cuenta de renovar nuestra legislación referida a todo lo que tiene que ver con la empresa en falencia.
Desde ese punto de vista, las experiencias que hemos tenido han sido muy negativas, ya que, según las exposiciones de la señora Superintendenta y del señor Ministro de Economía, los resultados de la participación en los mecanismos que hoy establece la normativa para salvar o liquidar, en el ámbito de que se trata, han resultado desastrosos.
Hay liquidaciones de bienes que se realizan después de cinco años, lapso tras el cual se hallan absolutamente desvalorizados.
En definitiva, no ayudamos a los emprendimientos: aquel que invierte y le va mal no se vuelve a levantar -aparte de perder todos sus recursos, incluso los familiares-, pues el sistema no da cuenta de un apoyo legislativo encaminado a quien emprende.
Hoy se ha presentado un proyecto de ley con una mirada diferente, con un rol distinto del Estado, para que tales empresas sigan vigentes y para orientar y apoyar su permanencia por la actividad económica y las fuentes laborales que proveen.
Se establecen incentivos a fin de lograr que hagan un gran esfuerzo por mantenerse y para que los acreedores participen con una visión ya no de liquidarlas, sino que con la intención de ayudarlas.
Se disponen los alicientes correctos en orden a que los acreedores se hallen interesados en continuar proveyendo los servicios o los productos que permitan que la empresa no siga con falencias o con falta de liquidez.
A mi juicio, la iniciativa contiene nuevas figuras legales que hacen que el Estado asuma un rol de ayuda hacia el pequeño y mediano empresario. Estimo que permitirá que muchas pymes que pasan por malos momentos puedan resurgir. De no ser así, que se puedan vender como unidad económica. Y si no se consiguen liquidar bajo dicho concepto, que enajenen sus bienes a los efectos de recuperar valores porcentualmente significativos respecto a lo que hoy arriesgan no solo sus acreedores, sino también los trabajadores, porque estos últimos son los que más pierden cuando se cierra una empresa.
Por otra parte, se establecen límites de tiempo a los procedimientos. En la actualidad, el proceso no demora menos de dos a tres años; y algunas empresas han liquidado después de cinco.
Asimismo, se promueve la especialización de los tribunales -algo muy importante- para los efectos de que tengan experticia en resolver lo relacionado con los incentivos que se dispondrán. Y se señala que desempeñarán el rol de declarar los pasos que define la ley.
Asimismo, se instauran procedimientos efectivos de reorganización.
Se protege a los acreedores garantizados. Y hay algo muy novedoso: ningún acreedor está dispuesto a seguir ayudando a un deudor que se halle en procedimiento de quiebra. En ese caso, proveemos un incentivo para que continúe proveyendo a la empresa, mediante una preferencia en la liquidación de los bienes si eventualmente hubiese que vender. Eso permitiría que continúe funcionando. Y no como ocurre hoy, donde, el mismo día en que se da la señal de que se acogerá a la quiebra, se le termina el abastecimiento y se le cortan, incluso, los servicios básicos.
Aquí se garantiza que estos van a estar funcionando, que los proveedores podrán seguir prestándoles servicios. Y tendrán como incentivo la garantía de acceder a créditos preferentes.
Además, se mantiene la preferencia respecto de los trabajadores. En su oportunidad, discutiremos si esta debiera ser más contundente, en qué lugar se ubica el Fisco, ¿antes o después? Este tema tendría que ser materia de debate en la Comisión.
También se mejora la transparencia en cuanto a cómo se realiza la distribución y la liquidación de los bienes.
En suma, creo que nos encontramos ante un proyecto que posee mucho mérito.
En tal sentido, saludo y felicito a la señora Josefina Montenegro, Superintendenta de Quiebras. Y agradezco también la participación en la Comisión del señor Ministro de Economía; del síndico de quiebras y profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile don Patricio Jamarne; del síndico de quiebras y Asesor Económico de Insolvencias, don Enrique Ortiz; del asesor del Ministerio de Economía y ex Superintendente de Quiebras don Cristian Palacios; de la síndico de quiebras señora María Loreto Ried; del síndico de quiebras don José Manuel Edwards, y del árbitro de la Lista de Abogados que pueden ser nombrados árbitros, profesor de Derecho Comercial don Nelson Contador. Todos los invitados nos dieron su visión unánime a favor del proyecto.
Por tal razón, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la iniciativa.
Sin duda, durante el debate en particular en las Comisiones unidas será posible plantear nuestras aprensiones acerca de determinados artículos. Creo que podemos enriquecer el proyecto.
En todo caso, en mi opinión, esta es una de las iniciativas más sustantivas que la Comisión de Economía y el Congreso pueden aprobar en la dirección de permitir la creación de empleo, de defender la competitividad y la existencia de la pequeña y la mediana empresa.
Por ello, así como la Comisión de Economía aprobó el proyecto por unanimidad, solicito a la Sala que lo haga en los mismos términos y cuanto antes, a fin de que se abra un plazo para formular indicaciones que nos permita perfeccionarlo y colocar de mejor manera los incentivos.
El señor KUSCHEL.- "Si le parece", señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Varios señores Senadores han solicitado intervenir, y también el señor Ministro.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- La Senadora señora Rincón había pedido la palabra.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que durante mi desempeño como Senadora he hecho uso de gastos para la Corporación en materia de viajes al extranjero en una sola oportunidad.
He pasado a la Comisión de Régimen Interior una invitación que me hicieron desde Panamá para participar en un encuentro de líderes estudiantiles de Latinoamérica. Implicaba para el Senado un costo por concepto de pasaje y gastos mínimos de estadía, porque me pagaban el alojamiento, y la Comisión ha dicho que no.
Solamente dejo constancia de aquello.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera la Senadora señora Rincón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la prontitud que esta Corporación le ha dado a la votación en general de un proyecto que, tal como mencionó el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Tuma, es muy necesario, muy importante para seguir desarrollando el emprendimiento en Chile.
Si hay una normativa que se ha quedado atrás en su modernización, es precisamente la Ley de Quiebras.
Si queremos alcanzar el desarrollo, debemos impulsar un cambio en la cultura de emprendimiento en Chile. Pero no solo tenemos que avanzar en facilitar el inicio de la etapa del emprendimiento. Esto lo estamos haciendo a través de otras iniciativas, como la relativa a la disminución de trámites, a la constitución de sociedades en un registro electrónico, que ya despachó el Senado y que permitirá constituir sociedades en Chile en un solo día y a cero peso. También hemos de hacernos cargo de que el emprendimiento, el asumir un desafío empresarial, implica poder fracasar. Según las estadísticas internacionales, de diez emprendedores exitosos, ocho fracasaron en sus primeros intentos. Por lo tanto, es de la naturaleza del emprendimiento el fracasar.
En Chile contamos con normas que de alguna forma hacen que cuando el emprendedor fracasa no solo enterremos ese emprendimiento, sino habitualmente también al emprendedor. Y en tales circunstancias, los emprendedores, como lo saben los señores Senadores y aquellos que hemos sido parlamentarios, enfrentan en nuestro país una situación muy compleja, porque caen en DICOM, tienen que andar arrancándose, escondiendo sus bienes. Finalmente, aquellos que fracasan son condenados por la sociedad. En consecuencia, debemos hacer un cambio no solo cultural, sino también en toda la normativa existente para los casos de insolvencia o liquidación de empresas.
El título del proyecto creo que resume muy bien los cambios que estamos introduciendo en la ley, que obviamente analizaremos durante la discusión en particular.
Nos encontramos ante una modernización muy profunda. Se ha desarrollado desde hace ya más de un año en el Ministerio de Economía, en la Superintendencia de Quiebras, un equipo multidisciplinario que ha permitido recoger las mejores prácticas de aquellos países que han avanzado. En el continente, Colombia es uno de los que ha dado uno de los saltos más importantes en esta materia. De hecho, en el mes de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se celebró un seminario donde participaron expertos colombianos junto a profesores de esa Facultad y a equipos de la Superintendencia, para ir elaborando la iniciativa que nos ocupa, que -insisto- es fruto de un trabajo muy intenso durante muchos meses, y que ahora se somete a aprobación en el Parlamento.
Obviamente, creemos que es muy importante en la discusión en particular recoger todos los perfeccionamientos que nos permitan sacar -¡ojalá!- la mejor ley para reorganizar compañías en Chile y para liquidar aquellas cuya reorganización finalmente no sea posible.
Señalo lo anterior porque hay dos objetivos que es muy importante lograr con el proyecto.
En primer término, cambiar lo que existe hoy. En la actualidad, tal como se explicaba en la Comisión de Economía, las empresas que caen en estos casos llegan prácticamente en una situación de liquidación, no hay nada que hacer. Porque no contamos con una ley que genere los incentivos adecuados en el caso de una empresa que se encuentra en insolvencia, que muchas veces tiene problemas de liquidez, pero es viable. Al final, toda nuestra institucionalidad y legislación apunta a hacernos cargo cuando ya la situación es inviable.
La iniciativa cambia el énfasis, modifica los plazos, establece un sistema que busca salvar la compañía, reorganizar ese emprendimiento que de alguna forma está viviendo un momento de iliquidez o de insolvencia, y buscar todos los caminos en forma rápida, expedita, fácil, para tratar de salvar esa situación y evitar, obviamente, las consecuencias que se generan cuando una empresa quiebra, que son el desempleo y el afectar los activos de la compañía.
Y el segundo objetivo es el siguiente. Si después de los plazos pertinentes y de la aplicación de los sistemas establecidos para reorganizar las compañías, esto no se logra, que se liquiden lo más rápido. ¿Para qué? Para que exista la mayor recuperación de activos.
Debo decir que los dos indicadores que de alguna forma miden la calidad de las leyes que tienen los países en materia de insolvencia, de quiebra, nos demuestran lo mal que está Chile.
En el indicador del Banco Mundial, del Doing Business, que mide diez parámetros de un país para crear un buen clima para el emprendimiento, en la resolución de la insolvencia, Chile se encuentra en el lugar 110 de 183 países. Es el peor indicador de todos aquellos que se miden. Esto refleja lo anacrónica que es la ley actualmente vigente. Reitero: estamos en el lugar 110. Y para que tengamos otro parámetro de comparación, el promedio de los países de la OCDE es 27.
Otro factor a considerar -es un objetivo que se debe buscar a través de esta modernización - es la tasa de recuperación del crédito. Los países que integran la OCDE tienen una tasa promedio de 68,2 por ciento, y nosotros, de 25,5 por ciento.
Esa es una finalidad muy importante. Estamos al debe y tenemos que revertir esta situación. Por eso, el proyecto se hace cargo de las compañías que, después de cumplidos ciertos plazos y de aplicados procedimientos de reorganización y de incentivo a su viabilidad, pasan a la etapa de liquidación, disponiendo que ella se lleve a cabo dentro de un tiempo razonable, para poder obtener la mayor recuperación de créditos.
Eso reviste mucha trascendencia, porque si no se cuenta con una buena legislación, se termina encareciendo el crédito. Y como en Chile no existe una buena ley para liquidar empresas no viables, o para tratar de reorganizarlas, finalmente aquel se encarece.
El tercer indicador que quiero ilustrar en esta discusión general de la iniciativa se refiere a que los países de la OCDE resuelven las situaciones de insolvencia de las compañías en un promedio de 1,7 años, y nosotros, en más de 4,5.
Tales indicadores nos demuestran que debemos hacer cambios muy significativos.
Quiero aprovechar esta ocasión, señora Presidenta, para agradecer la decisión del Senado de tramitar con rapidez este proyecto. Su debate en general se realizó en la Comisión de Economía, tal como se acordó en su oportunidad, resultando aprobada la idea de legislar, y hoy se somete a la consideración de la Sala. Después, también por decisión de la Sala, la iniciativa será analizada en su segundo informe por las Comisiones unidas de Constitución y de Economía, para agilizar su discusión y no tener que repetirla en dos organismos técnicos.
Debo agregar a lo dicho por el Presidente de la Comisión de Economía que la actual legislación, de alguna forma, afecta a la economía desde varios puntos de vista.
En primer lugar, desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento.
Sin embargo, en este proyecto se recoge, por primera vez, algo muy importante: la reorganización o la renegociación de las personas naturales. Por eso la iniciativa se denomina "Ley de reorganización y liquidación de empresas y personas", porque también vamos a contar con un mecanismo para tales deudores.
En Chile no tenemos ningún sistema que les permita a las personas naturales reprogramar sus compromisos cuando se ven afectadas por un problema de insolvencia o de dificultad para darles cumplimiento. Ahora llenamos ese vacío de nuestra legislación con un mecanismo que ha sido incorporado en las reglamentaciones más avanzadas del mundo. Y, por eso, en esta modernización de la Ley de Quiebras no solo abordamos la situación de las compañías, de las empresas y del emprendimiento, sino también la de las personas naturales.
La actual normativa permite una baja tasa de recuperación de créditos, y una ley moderna debe buscar la mayor tasa posible; además, es lenta y, en el fondo, presenta muchas dificultades. Y en un país abierto al mundo como Chile, donde queremos contribuir a desarrollar una cultura del emprendimiento, consideramos fundamental contar con una legislación moderna, eficaz, que disponga plazos que se cumplan, para ponernos en el nivel de las naciones más desarrolladas en esta materia.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Terminó su tiempo, señor Ministro.
Le concederemos un minuto adicional.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Gracias, señora Presidenta.
Asimismo, en esta iniciativa creamos incentivos tributarios para la suscripción de convenios. En fin, se trata de una modificación muy completa, que será parte de la discusión que sostendremos en las Comisiones unidas.
Por último, de acuerdo con la nueva mirada que incorporamos en este proyecto y considerando que la legislación actual se preocupa más de la liquidación de compañías que de su reorganización, también se propone traspasar la dependencia de la Superintendencia de Quiebras -que se denominará "Superintendencia Concursal"- al Ministerio de Economía, porque deseamos que la nueva normativa permita y favorezca el emprendimiento, el reemprendimiento, la reorganización de las compañías, con un énfasis completamente distinto del que tiene la ley que nos rige.
En la discusión particular, por cierto, recogeremos todos los puntos de vista que permitan perfeccionar la iniciativa en debate, que estimamos muy importante para el desarrollo económico de Chile.
Por otro lado, quiero señalarles a los señores Senadores a quienes les interese conocer con más detalle las modificaciones introducidas, que son muy profundas y complejas, que los equipos de la Superintendencia Concursal, o de Quiebras, en su actual denominación -hoy día me acompaña Alejandra Anguita, la Superintendenta subrogante, porque la titular se encuentra fuera del país en un seminario-, están a su disposición, así como a la de los centros de estudios que deseen interiorizarse de todos los cambios que estamos haciendo. Ello nos permitirá recoger todos los perfeccionamientos que Sus Señorías quieran incorporar en este cuerpo legal.
La señora RINCÓN (Presidente accidental).- Solicito que se vaya a buscar al señor Vicepresidente del Senado, para que continúe dirigiendo la sesión.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, coincido en que este proyecto es de extraordinaria importancia para la economía de nuestro país; para las empresas que caen en situación de insolvencia, para sus trabajadores, y, en general, para todos los emprendedores, particularmente para los que, con gran entusiasmo y, también, con gran sacrificio, crean una empresa, les va mal, caen en situación de insolvencia y quiebran, quienes normalmente son estigmatizados por la sociedad y no pueden recuperarse.
Lo que hace esta iniciativa, en pocas palabras, es, primero, facilitar la reorganización de los pasivos de las empresas insolventes. De este modo, si una empresa tiene deudas apremiantes, podrá obtener de los acreedores mayores plazos y mejores condiciones para renegociarlas y, así, salvarse de la quiebra con todo su giro. Ello le permitirá continuar desarrollando sus actividades productivas o de servicios, mantener los empleos, solventar su deuda, cumplir sus compromisos y seguir actuando con toda normalidad.
Ese es el primer objetivo de esta nueva ley en proyecto: lograr la reorganización de los pasivos de manera armónica con los acreedores y evitar la quiebra de las empresas.
Si ello no es posible, también permite, en segundo lugar, una pronta liquidación de la compañía que entra, finalmente, en cesación de pagos y en situación de quiebra. Porque, en la medida que aquella se efectúe rápidamente, lo que se recupere por concepto de la venta de activos será bastante mayor que lo conseguido hoy en día. Y, por supuesto, cuanto más recuperen los acreedores, mucho menor será el daño patrimonial.
En tercer término, esta iniciativa se hace cargo -tal como decía el Ministro de Economía-, por primera vez en nuestra legislación, de la quiebra de las personas, y evita todas las penurias que deben atravesar quienes, fruto de distintas circunstancias de la vida, se ven afectados por un endeudamiento muy grande, que no les permite salir adelante.
De tal forma, esta normativa también va a posibilitar la reorganización de los pasivos de las personas, para ayudarlas a salir de su situación de insolvencia, evitando -como muchas veces ocurre- que caigan en DICOM, o que sufran todos los apremios de una cobranza judicial.
Entregaré algunas cifras, señor Presidente, que muestran la importancia de este proyecto.
En materia de duración de los procedimientos concursales, nuestro país ostenta un triste récord.
En efecto, mientras en Japón, Canadá y Dinamarca demoran de 6 a 9 meses; en Colombia, 1,3 años; en Uruguay, 2,1 años; en Bolivia, 1,8 años, en Chile el promedio de resolución de las quiebras es de 4,5 años. ¡El tiempo promedio!
En cuanto a porcentajes de recuperación de créditos, Japón registra 92,7 por ciento; Colombia, 82,8 por ciento; Chile, 25,5 por ciento.
Claramente, esta última cifra constituye también un triste récord para nuestro país, el que mediante la ley en proyecto se busca resolver.
En relación con los costos que involucra el procedimiento de una quiebra, en Japón, Colombia, Uruguay, Bolivia, Canadá y Dinamarca, ellos, en promedio, varían de 1 a 7,7 por ciento de los montos involucrados. En Chile alcanzan al 15 por ciento de estos.
Por lo tanto, cabe concluir que en nuestro país una quiebra implica enfrentar no solo a los acreedores, sino también una situación de desesperación que finalmente termina matando todos los deseos de emprendimiento, todo entusiasmo por comenzar alguno. Y, además, muchas veces redunda en que buenos emprendedores, pero que se equivocaron en ese afán, no vuelvan a perseverar, privándose la nación de gente capacitada, con experiencia y que está en condiciones de iniciar nuevos emprendimientos y crear otras fuentes de trabajo.
Señor Presidente, el promedio nacional de quiebras anuales es de 150, cifra pequeña si se considera que, por otra parte, alrededor de 2 mil empresas registran protestos relevantes y que podrían ser sujetos de la reorganización de sus pasivos.
Lo anterior da cuenta de que la actual legislación -dictada en 1981, a raíz de la crisis por endeudamiento que vivió todo el mundo y que nos golpeó tan fuertemente- no es expedita, no facilita las cosas y, en definitiva, los acreedores terminan perdiendo mucho dinero.
Como digo, la ley, en vez de facilitar las cosas, las hace mucho más difíciles.
El proyecto en debate busca remediar todo eso.
De otro lado, los integrantes de la Comisión de Economía quedamos gratamente impresionados por la calidad de las normas que se proponen.
Vemos realmente modernización.
Vemos realmente un espíritu de oportunidad para salvar las empresas, y cuando ya no es posible salvarlas, un esfuerzo por obtener la mayor recuperación posible de las acreencias.
En fin, vemos aquí una legislación tremendamente positiva, que beneficiará al país.
Por eso, señor Presidente, los Senadores de estas bancas vamos a aprobar, con mucho entusiasmo, la idea de legislar. Y, por supuesto, felicitamos al Gobierno, en la persona del Ministro de Economía, don Pablo Longueira, por su iniciativa.
¡Legislaciones como esta potencian el desarrollo económico y social, y terminan cuidando los empleos!
¡Legislaciones como esta le hacen muy bien al país!
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente?
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Con todo gusto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este proyecto, que es muy importante y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, contiene disposiciones cuya aprobación requiere quórum orgánico constitucional.
Por lo tanto, solicito que se abra la votación y que se toquen los timbres a fin de que los colegas acudan a la Sala a emitir su pronunciamiento.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Debo informar que algunos Senadores se encuentran reunidos con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios en otra dependencia de la Corporación -yo venía de allá-, donde permanecerán por algunos minutos más.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En votación general el proyecto.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar me referiré al proyecto en debate. Y al final de mi intervención haré uso de mi derecho a formular algunas observaciones con relación a Su Señoría.
Yo valoro enormemente esta iniciativa, porque pone al día al país en una materia que deberíamos haber abordado mucho antes.
La legislación que se propone sustituir se originó a comienzos de la década de 1980, cuando Chile se vio afectado por una gran crisis y hubo que adecuar todo el sistema de tratamiento de quiebras a la realidad que se vivía en esos momentos. Y esa legislación se elaboró, fundamentalmente, sobre la base, más que de tratar de reorganizar un negocio que estuviera en quiebra, de cómo liquidar en las mejores condiciones los negocios o empresas que habían entrado en tal situación.
Hace tiempo que se estaba pidiendo una modificación de la normativa. Me parece muy bien y creo que, como expresamos en la Comisión, se nos envió un proyecto bastante completo y orgánico, que procedimos a aprobar en general, pero al que seguramente habrá que efectuarle algunas correcciones durante su discusión en particular.
Ya hemos conocido planteamientos, incluso a través de los medios de comunicación, de algunos profesores de Derecho Comercial, sobre ciertos cambios que se precisan. Sería bueno estar atentos a ellos, para que la ley que se despache sea la mejor posible y tenga una larga duración.
Aquí se han formulado diversos comentarios acerca del texto que se propone.
Coincido con el mensaje del Ejecutivo en orden a que cuando una persona o empresa cae en quiebra, debe evitarse, ante todo, que la quiebra llegue a su fin y se liquide el negocio o la actividad en que se centraba.
Entonces, lo primero que corresponde hacer es reorganizar el emprendimiento, o sea, tratar de salvarlo y no liquidarlo. Y, por supuesto, si no se puede lograr ese objetivo, hay una segunda fase -la ley así lo contempla-: liquidar el negocio o la empresa en la mejor forma posible, porque detrás de ello está el interés no solo del deudor, de quien provoca la quiebra, sino sobre todo de los acreedores, de las personas que tienen comprometidos sus activos, y especialmente de los trabajadores. Y la manera de conseguirlo es mediante un procedimiento que posibilite que la liquidación se realice en los términos más convenientes.
Creo que la ley en proyecto va en ese camino.
Ante ese cuadro, cabe hacer una precisión.
Se insiste mucho en que quien quiebra no debe quedar como en una lista negra o en DICOM. Yo estoy de acuerdo. Pero también hay que mantener cierto equilibrio. No puede ser que a la persona que quiebra le demos una suerte de premio o de condecoración. ¡No! Al contrario. Es efectivo que a aquel que quiebra o tiene un negocio que fracasa se le tiene que dar la oportunidad de iniciar otra actividad o emprendimiento. Pero a quien lo haga de mala fe o no cumpla con las obligaciones como corresponde, se le debe sancionar.
El proyecto también tiende a buscar ese equilibrio.
Con respecto al texto en general -el articulado lo analizaremos durante la discusión en particular-, quiero hacerme cargo de ciertas cosas expresadas aquí por el Ministro y algunos Senadores.
Hay un tema sobre el cual es necesario llamar la atención: el de la duración de los procedimientos de quiebra en Chile.
Como se ha señalado, cuando alguien entra en quiebra, el respectivo procedimiento demora, en el mejor de los casos, 4 a 5 años y, a veces, mucho más. Incluso, en Bolivia los procedimientos demoran 1,8 años; mientras que en países más avanzados, mejor estructurados y organizados -como Japón y Canadá-, tardan entre 6 y 9 meses.
Esto es importante, porque constituye una manera de hacer más eficiente el procedimiento, ya sea para reorganizar el negocio o para liquidarlo.
El segundo punto dice relación con el nivel o porcentaje de recuperación del crédito cuando se produce una quiebra. Un procedimiento de quiebra es exitoso no cuando se liquida y se cierra el negocio, porque desconocemos cuáles son los efectos que ello le puede originar a los acreedores.
En ese sentido, en el informe se da a conocer una estadística bien interesante. En Japón y Colombia la recuperación de los activos fluctúa entre 82 y 90 por ciento; en Chile, solo un 25 por ciento. O sea, en nuestro país existe la convicción de que cuando alguien entra en quiebra todo está perdido y es muy difícil recuperar el negocio. A eso es preciso agregar que el costo de la liquidación o la reorganización es muy alta: el 15 por ciento del valor de los activos se destina a financiar el procedimiento de la quiebra, mientras que en otras naciones dicho porcentaje oscila entre 1 y 7 por ciento.
Por lo tanto, todos esos elementos han llevado al convencimiento de que es necesario aprobar una nueva legislación que evite toda esa pérdida de tiempo.
En efecto, se requiere, primero, que los procesos sean más eficientes y más rápidos; segundo, que la recuperación de los créditos sea mayor que el 25 por ciento actual, y tercero, que el costo de la liquidación o de la reorganización del negocio no sobrepase el 7 por ciento, que es el porcentaje más alto que se destina para tal efecto en otros países.
Ahora bien, en esta materia debemos tener presente el motivo por el cual no se produce el proceso de quiebra: por la demora, el costo y la falta de recuperación.
Según las cifras entregadas en el mensaje, Chile tiene un promedio de 150 quiebras anuales declaradas -ojalá fuese cero-. Pero lo grave es que hay más de 2 mil empresas que se hallan en proceso susceptible de declararse en quiebra y no lo hacen. Quedan absolutamente insolventes, sin solución, ni para los acreedores ni para nadie, y el propio empresario o emprendedor permanece en una situación no resuelta. Es decir, existen 2 mil empresas con problemas de insolvencia y solo se declararon 150 quiebras.
Asimismo, se señala que, entre 2006 y 2011, los convenios o proposiciones preventivas de quiebra fueron 47, en contraposición a 855 quiebras declaradas en el mismo periodo. O sea, tampoco es eficiente el sistema.
Por consiguiente, todo ello hace necesario que legislemos sobre esta materia.
Voy a aprobar el proyecto, y espero que podamos avanzar en su tramitación en general hasta despachar una buena legislación, que dure mucho tiempo.
Señor Presidente, le dije al comienzo que iba a formular una observación que tiene que ver con su persona.
Sabemos que usted declaró en su página web que ayer tuvo un "martes negro". Yo creo que fue un "martes negro" para el Senado, no para usted.
Y le quiero llamar la atención respecto a los juicios que emitió sobre mi votación en un proyecto de ley. Realmente considero inaceptable que usted, aprovechándose de ese medio, haga juicios críticos sobre mi persona, los cuales no corresponden a la realidad.
No defiendo a los poderosos ni tengo actuaciones negras o ambiguas. Ayer me pronuncié en conciencia -que es lo que que debía hacer- en cuanto a una norma que había sido declarada inconstitucional, por unanimidad, en la Comisión.
¡Y yo a usted le niego el derecho de ser mi censor!
Tengo muchos años, en los que creo que me he ganado un prestigio como persona, y usted no tiene derecho, por esa vía, de tratar de desprestigiarme.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la verdad es que la Sala está conociendo hoy día una intención. No estamos debatiendo la particularidad del proyecto. Tanto es así que nos entregan un texto comparado sinóptico.
El señor Ministro y otros colegas nos han comentado que se persigue generar las condiciones más adecuadas a la época en que vivimos a fin de poder intervenir a tiempo para, idealmente, reorganizar a empresas que están con problemas de liquidez o que pudiesen presentar dificultades de diferente naturaleza; procurar reorganizar el emprendimiento; buscar caminos tendientes a evitar que se pierdan los activos y, con tal objeto, acortar los plazos.
Deseo plantear al señor Ministro -espero que no se retire de la Sala para poder hacerlo-...
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Voy a la Mesa para saber cuántos Senadores han votado.
El señor LETELIER.- ... que esa parte del proyecto me parece muy bien.
Sin embargo, debo dejar constancia de las paradojas que vivimos y que se reflejan en una empresa llamada "Embotelladora Llacolén".
Su comportamiento con motivo del terremoto en la Octava Región fue considerado heroico, porque entregó a los damnificados más agua que la que procuró ESSBIO. Sin embargo, fue saqueada y destruida en esos días tan oscuros después del sismo. La aseguradora se demoró muchísimo en pagarle los daños, pese a tener contratado el seguro con el banco que, a su vez, era su acreedor.
Entonces, lo paradójico de la vida es que una empresa que se destacó por su desempeño en la Región del Biobío, en la zona de Concepción, Coronel, Lota y alrededores, durante meses ha estado intervenida por la Superintendencia de Quiebras. De modo que se está a punto de destruir una empresa que, si no fuese por los fenómenos de la naturaleza, se encontraría sana, distribuyendo sus productos en el mercado. ¡Es una paradoja!
Hago referencia a lo anterior, señor Presidente, porque comparto las ideas matrices que nos han planteado sobre cómo ayudar a reorganizar empresas. Pero, al mismo tiempo, pido que mientras saquemos adelante la iniciativa en debate, la Superintendencia de Quiebras sea proactiva en evitar que predominen los incentivos perversos de los liquidadores que se instalan en empresas donde no queda muy en claro cuáles son sus estímulos. Cabe advertir que, hoy en día, tenemos una situación peculiar.
He querido mencionar lo anterior en presencia del señor Ministro, porque entiendo el espíritu de la iniciativa y lo comparto.
Por otra parte, tengo un comentario que formular.
En el Senado existe un proyecto de ley que aborda la insolvencia calificada de las personas. Y me hubiese encantado ver en el mensaje un reconocimiento a la autoría de otra iniciativa sobre el particular originada en el Congreso. Porque, como ex Senador, el señor Secretario de Estado sabe lo poco grato que resulta cuando el Ejecutivo desconoce los esfuerzos realizados respecto de otros debates habidos en el Parlamento.
El proyecto en discusión establece un procedimiento concursal de renegociación y un procedimiento concursal de liquidación de la persona deudora. En cambio, la iniciativa que hemos presentado algunos Senadores apunta en otra dirección: a la quiebra individual, de la persona no comerciante.
Lo propuesto por el proyecto que nos ocupa en cuanto al ámbito de las personas puede entenderse referido a la persona comerciante o a la quiebra financiera familiar. Si fuese así, no estoy de acuerdo con el procedimiento que aquí se sugiere. Prefiero una modificación al Código de Procedimiento Civil para la declaración de la insolvencia calificada a través de un procedimiento mucho más expedito, donde sean sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales no comerciantes domiciliadas en el territorio nacional; donde se contemplen causales claras de insolvencia calificada, tales como pérdida del empleo, incapacidad temporal o permanente sobreviniente, enfermedad grave o crónica, fallecimiento del cónyuge o asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales; y donde sea factible, tal como ocurre en otros países, que una persona se declare en quiebra.
Ese procedimiento -insisto- debiera someterse al Código Civil y no ser materia propia del Ministerio de Economía, pues el objetivo no es lograr el reemprendimiento de las personas -ya que no todas son emprendedoras-, sino garantizar que el riesgo que corre quien inicia un negocio sea compartido por los acreedores.
Porque a veces los acreedores sobreendeudan a las personas. Entonces, es preciso buscar un mecanismo para establecer otro equilibrio. Para el caso de deudores que se encuentran en situación de insolvencia, la que debe ser calificada por un juez, debe establecerse un procedimiento para que una sentencia acoja la excepción de insolvencia calificada y se exima al deudor del pago de ciertas deudas.
O sea, es una mirada distinta. No se trata de que el Ministerio de Economía o la Superintendencia intervengan en la situación de un grupo familiar.
Hoy en día las deudas habitacionales han llevado de hecho a la quiebra de familias. Hoy en día, la irresponsabilidad del sector del retail, el que ha sobreendeudado a las personas y nunca ha querido consolidar la información sobre deudas de ellas, ha llevado a la quiebra a muchas familias, al punto de que tienen que sacar a sus hijos de los estudios, perder sus casas y dejar de satisfacer sus necesidades más básicas.
Para reordenar el emprendimiento necesitamos, junto con la legislación en proyecto, establecer una ley de quiebra personal, familiar; una ley de insolvencia calificada que logre generar un procedimiento para que los tribunales de justicia puedan calificar que una persona es insolvente y, por tanto, no se halla necesariamente obligada, si carece de flujos de ingresos suficientes, a pagar determinadas deudas.
Eso genera en la economía un fenómeno muy importante: provoca más bien un desincentivo para que quienes prestan plata sobreendeuden a las personas; estimula el término de ciertas facilidades que se otorgan para acceder al crédito; establece un criterio para que, por ejemplo, las cajas de compensación no sigan cometiendo el delito ético o moral de endeudar a los pensionados y jubilados en diez años con créditos de 300 a 400 mil pesos. Es decir, da lugar a una lógica distinta.
El referido proyecto de ley se presentó mucho antes que el del Ejecutivo. Está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lo he conversado, entre otros, con el Senador Espina, la Senadora Alvear, el Senador Patricio Walker. Y tengo la duda de si debe o no debe ser incorporado en la iniciativa que nos ocupa esta tarde. Porque esta establece un procedimiento más engorroso, y a mi juicio más costoso, para la quiebra de las personas.
Voy a votar a favor de la propuesta del Ejecutivo, pero prefiero delimitar su alcance.
En seguida, me parece oportuno plantear la importancia de contar con una ley que permita declarar la insolvencia calificada de las personas naturales que no son emprendedores ni tienen interés en serlo; que no se relacione con la reorganización de un emprendimiento sino con la viabilidad financiera de una familia.
Por cierto, como decía el Senador Zaldívar, ello va a tener efectos en la capacidad de acceso al crédito por parte de quienes se declaren en quiebra o insolventes.
La legislación de Estados Unidos en esta materia es muy sabia. Y probablemente nos evitaría otros costos muy grandes para el país: los costos sociales asociados a este tipo de dramas.
Yo solo pongo el ejemplo de Andha Chile como uno de los fenómenos de personas con insolvencia familiar. Pero existen muchos otros.
Pienso que, a la larga, seguir la vía señalada significaría un ahorro al evitarse que algunas familias llegaran a situaciones tan dramáticas que terminaran transformándolas en cargas indirectas del Estado o de sus familiares producto de un sistema crediticio que, sin correr riesgo, sobreendeuda a las personas naturales.
Señor Presidente, según expresé, voy a votar a favor de la iniciativa del Ejecutivo. Entiendo que sus alcances sobre la liquidación de la persona deudora dan cuenta de una idea distinta de la contenida en el proyecto que ingresó al Parlamento antes. Y yo haría un llamado a que, si se va a avanzar en la quiebra de las personas naturales, se haga más bien a través de una modificación del Código Civil, y a que se reconozca en esta materia la autoría de un grupo de Senadores que la hemos estado planteando desde hace ya bastante tiempo.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, a decir verdad, no estamos discutiendo una intención sino un proyecto que modifica el Libro IV del Código de Comercio.
En mi concepto, el Gobierno, al asumir la necesidad de reformar todas las normas de nuestro proceso de quiebra, está siendo coherente con lo que ha planteado públicamente y con lo que es su accionar en pos del emprendimiento, en el ánimo de crear incentivos para que las personas emprendan, para que se vayan generando negocios, compañías, y para que las pequeñas y medianas empresas multipliquen su presencia en la vida económica nacional, de manera que podamos tener una auténtica economía de mercado.
Y digo que un proyecto de esta naturaleza es absolutamente coherente con aquella filosofía porque no se completa el cuadro si se generan incentivos para ayudar al emprendimiento pero no hay preocupación por su eventual fracaso, por la posibilidad de que tenga dificultades y llegue a situaciones de insolvencia.
Ahora, es claro que las conductas punibles -actuaciones dolosas, en fin- son materia del Código Penal.
Aquí estamos hablando de emprendimientos que, por razones vinculadas con su naturaleza, pueden fracasar. Y hoy día se trata de mejorar la legislación vigente, que es tan compleja -a mi juicio, en demasía; y nos consta a quienes fuimos estudiantes de Derecho Comercial-, y de cambiarla por una mucho más simple.
Por lo tanto, quiero destacar primero la coherencia del Gobierno para enfrentar el problema relacionado con la eventual insolvencia de una empresa, de una compañía o de una persona dedicada al comercio para permitir que vuelvan a emprender, a ejercer actos de comercio y a ser útiles para la sociedad.
La normativa vigente en esta materia -y lo han expresado, en diversos momentos, los Senadores que intervinieron antes- lleva a un final absolutamente distinto.
Nuestra Ley de Quiebras busca liquidar a la empresa para permitir el pago de los créditos. Pero los datos que conocemos sobre recuperación de aquellos nos indican que esa legislación dista mucho de ser eficiente.
La referida Ley es anacrónica; incentiva la liquidación de las empresas y no su reorganización; genera incertidumbre en el empleo; asimismo, contiene un procedimiento caro, ineficiente, poco efectivo y no ajustado para nada al dinamismo de la economía. Por tanto, quien quiebra en Chile es estigmatizado, queda financieramente fuera de toda opción de emprender otro negocio, y la mayor parte de los acreedores, particularmente los más débiles, no ven posibilidad de que les paguen sus créditos.
"Desincentiva el emprendimiento y el reemprendimiento", nos expresó el Ministro de Economía.
Dicho Secretario de Estado nos entregó también información clara sobre la baja tasa de recuperación de los créditos por los acreedores, aspecto que fue planteado por varios señores Senadores.
Por eso, debemos cambiar el procedimiento, agilizarlo, a fin de que las empresas y las personas dedicadas al comercio y que se encuentran aquejadas por problemas financieros cuenten con incentivos que les haga factible recurrir oportunamente a la institucionalidad y de este modo salvar su actividad comercial, su emprendimiento.
Hoy día, por el contrario, se espera hasta el final, cuando lo único que queda es la liquidación.
En ese aspecto juega un rol fundamental la especialización de los tribunales, en la idea de que examinen detenidamente la actividad comercial de la compañía o de las personas dedicadas a determinado negocio que se hallen aquejadas por dificultades económicas y, en un procedimiento expedito, ágil, precisen los activos, los acreedores, pero no solo para que estos reciban sus acreencias, sino también para que aquellas se reorganicen.
En esa línea, los tribunales desempeñan un papel esencial. Porque los procedimientos encaminados a la reorganización son un elemento posterior a la actuación de los tribunales de justicia. Y estos, en el ámbito de que se trata, deben ser especializados, para darles viabilidad a dichos procedimientos.
Asimismo, tal cual lo dice el proyecto, debemos mejorar la transparencia.
Muchas veces, como se trata de un procedimiento caro, ineficiente, lento, largo en el tiempo, al final nadie tiene información adecuada, precisa. Entonces, se va generando una especie de leyenda negra en torno a la empresa o a la persona que quebró.
Por ello, me parece muy relevante que, en un elemento central de esta iniciativa de ley, cual es su ámbito de aplicación, se distinga entre la empresa deudora y la persona que, dedicada a actividades comerciales, adquiere la condición de deudora.
Esa diferencia en la aplicación de la ley en proyecto nos posibilitará mejorar sustancialmente la situación cuando tengamos que, a través de jueces especializados, mirar atentamente los procesos concursales, los procesos de quiebra, que llevarán a la determinación del pasivo y podrán conducir a un arbitraje concursal, a acciones revocatorias.
E insisto: hay que trasladar todas las conductas punibles al Código Penal.
Hoy día, por lo tanto, al aprobar la idea de legislar estamos dando un paso adelante muy significativo en materia de emprendimiento.
Al emprendimiento no solo se le ayuda generando las condiciones para que las personas y las empresas acometan negocios o creando incentivos dirigidos a la concreción de ellos, sino también procurando que la institucionalidad acompañe a los emprendedores para que, en los momentos complejos y difíciles, sean capaces de desprenderse de un proyecto fallido, de reorganizarse y de remprender, para ser útiles a la sociedad.
Si no hacemos eso, estaremos implementando una política pública trunca en materia de emprendimiento.
En consecuencia, señor Presidente, junto con votar favorablemente, vuelvo a expresar mi reconocimiento al Gobierno, al Ministro de Economía, porque con esta iniciativa estamos dando un paso adelante en un aspecto que al menos estas bancadas consideramos fundamental: el emprendimiento.
Además, el apoyo casi unánime de la Sala demuestra que avanzamos no solo en una intención sino también en un proyecto de ley concreto, moderno, ágil, de gran calidad técnica, como aquí se ha expresado.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que en el Programa del Presidente Piñera se compromete con el objeto de fortalecer el emprendimiento en nuestro país y, simultáneamente, defender los derechos de los consumidores.
Por eso, felicito muy sinceramente al Primer Mandatario, y en particular a su Ministro de Economía, pues se trata de leyes que resulta difícil sacar adelante, y el Gobierno avanza en los dos frentes fundamentales en el área del desarrollo económico de una nación.
Uno de ellos es el fortalecimiento del emprendimiento; o sea, permitir que pequeñas y medianas empresas tengan todas las condiciones, oportunidades y medios necesarios para desarrollarse, ser más productivas, laborar junto con sus trabajadores, generar empleo y de esa manera mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Este no es el primer proyecto que el Ejecutivo presenta en la materia. Hace poco despachamos una iniciativa legal de enorme importancia: la que reduce prácticamente a un día la constitución de pequeñas y medianas empresas, lo cual constituye un avance gigantesco; en el hecho, significa que la tramitación sea gratuita cada vez que un pequeño empresario inicie una actividad comercial cuyo costo promedio sea superior a 250 mil o 300 mil pesos.
Pero el Gobierno no solo avanza en la línea del emprendimiento, sino también, al mismo tiempo, en la protección a los consumidores. Porque si queremos una sociedad basada en el emprendimiento, simultáneamente tenemos que, como contrapeso, cuidar el respeto a los derechos de los consumidores.
Y ahí están el proyecto que creó el SERNAC Financiero y todos los cambios impulsados -entre ellos, el acortamiento de los juicios y demandas colectivas que se interponen mediante el SERNAC-, que buscan precisamente, por un lado, desarrollar el emprendimiento, y por otro, proteger adecuadamente a los consumidores contra el abuso de que pueden ser víctimas en determinado momento.
Prueba de que el Gobierno del Presidente Piñera lo ha hecho bien es que en Chile se han creado 709 mil puestos de trabajo.
Si uno analiza lo que ocurre en el resto del mundo, ve que un alto porcentaje de las economías europeas, a las que siempre mirábamos hacia arriba como ejemplos de desarrollo, se hallan en una crisis profunda, y muchas de ellas, en la bancarrota. Y no solo no crean empleos, sino que además pierden diariamente cientos de miles de puestos de trabajo. España, por ejemplo, tiene una desocupación superior al 25 por ciento; y en el caso de los jóvenes la cifra se eleva a 50 por ciento.
Por lo tanto, en esta materia el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo lo correcto: fortalecer el emprendimiento y, simultáneamente, proteger a los consumidores.
Ahora bien, a mi entender, el proyecto en debate es uno de los más trascendentes e importantes que se han impulsado en el último tiempo, porque mete mano en un aspecto en el cual nuestra legislación está muy anticuada: qué ocurre cuando a una persona a la que se le permite emprender; se le señala que salga a competir, que arriesgue, que busque nuevos negocios, que contrate a compatriotas y genere más empleos, que se abra a mercados primero en su ciudad, después en el país y luego en el extranjero, le va mal.
Existen tres maneras de que a los emprendedores les vaya mal.
En la mayoría de los casos se trata de personas honestas que fracasaron en su actividad comercial porque el mundo es cambiante, porque las economías presentan cada vez mayores incertidumbres, porque el planeta está muy globalizado.
Lo que hace este proyecto, en el fondo, es permitir que el emprendedor a quien le va mal cuente con instrumentos legales para reorganizar su actividad comercial; hacer todo lo posible por salir adelante y salvar la situación de quiebra o de insolvencia, y llevar a cabo, por lo tanto, un nuevo emprendimiento.
En las economías avanzadas, esta clase de personas quiebran seis o siete veces en su vida, hasta lograr el éxito, y nadie considera que pasan a ser criminales por un resultado negativo en un negocio. Por el contrario, en la mayoría de los casos se trata de alguien que se aboca de buena fe a un emprendimiento, y los cambios y variables económicos determinan que fracase finalmente.
Eso no significa que la legislación tenga que prescindir de las situaciones en que la quiebra es producto de la negligencia. Y ni hablar de aquellas en que es fraudulenta, es decir, cuando se hace fracasar de manera dolosa un negocio y se le saca el dinero en perjuicio abierto de los acreedores.
Ahora bien, como estamos discutiendo en general el proyecto, no pretendo entrar en sus detalles. Pero, en la práctica, lo que hace, por una parte, es cautelar en forma adecuada los derechos y dineros de los acreedores, de quienes han invertido su plata en un negocio que ha quebrado y que son aquellos a quienes la legislación debe proteger más, porque no tienen arte ni parte en el desenlace. Y, por la otra, le da la oportunidad de reorganizar su actividad comercial, simultáneamente, a quien registra un emprendimiento fracasado y no ha actuado con negligencia inexcusable ni en forma fraudulenta.
Y si finalmente no es posible sacar adelante el emprendimiento, entonces no queda más remedio que liquidar los bienes. Pero aquí es fundamental el cambio que introduce la normativa que nos ocupa, pues permite realizarlos con mucha más rapidez, lo que significará obtener más recursos, y resguarda con transparencia la parte de los acreedores, en particular cuando les asisten preferencias para el pago. Ello dice relación, muy especialmente, con los trabajadores, a cuyos créditos les corresponden las mayores, porque ahí están en juego sus jubilaciones y sus remuneraciones, a menudo impagas durante meses cuando una empresa se encuentra en insolvencia y cae en estado de quiebra.
En consecuencia, creo que se trata de un muy buen proyecto de ley, que aborda realmente una de las materias en las que Chile se encuentra atrasado y que va a contribuir a que quien quiera emprender comprenda que asume un riesgo, pero que si fracasa no se le dejará abandonado ni va a quedar en la más absoluta indefensión.
Deseo consignar además, señor Presidente, que la iniciativa fue anunciada por el Gobierno al comienzo de su gestión. Y, por lo tanto, si otras se pueden haber presentado con posterioridad, lo cierto es que aquel se comprometió, desde el primer día -y así se contempla en su Programa-, a modificar la Ley de Quiebras para modernizarla en el sentido que he expuesto.
Por lo anterior, los Senadores de Renovación Nacional aprobaremos el proyecto, porque creemos que implica un importante avance para el emprendimiento, para la protección de los acreedores y para poder construir un país en donde iniciar una actividad cuente con el apoyo necesario para salir adelante con el propio esfuerzo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, me refiero a la iniciativa que apunta a ordenar de otro modo el derecho concursal. Lamentablemente, el encabezamiento es perfectamente grotesco. No sé quién lo redactó. Debió ser alguien muy ignorante del idioma, porque se hace referencia a "una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas". Reorganizar una empresa es posible, pero hacerlo con una persona resulta dificilísimo, sin perjuicio de que liquidar a esta última se castiga en el Código Penal. Ello, en lugar de usar la expresión "derecho concursal", tanto más simple, que existe, más o menos, desde el siglo V antes de la era cristiana.
Aparte de ese comentario, que formulo con ánimo constructivo, deseo detenerme en dos o tres cosas al pasar, ya que creo que vale la pena destacarlas.
Desde luego, considero que lo central del sistema, a pesar de la contramanifestación del propio señor Ministro de Economía -quiero exaltar la labor de su Cartera y me lo impide-, es que se abrevian los plazos para la liquidación de activos. A mi juicio, ese el objetivo central.
He participado en muchas quiebras -ninguna propia, por suerte, no obstante las probabilidades de que ello ocurra si sigo en el cargo-, y si algo mata la justicia, el Derecho y la posible recuperación de bienes es precisamente la demora en estos procesos, que implican una evaporación de valor completamente dantesca. Aquí se ponen plazos muchos más cortos, y pienso que ese va a ser el principal resultado de la ley en proyecto.
A mi juicio, la quiebra voluntaria de personas naturales, aunque sea referida a una cierta categoría de contribuyentes, va a incluir a individuos económicamente activos. Y eso es una ventaja.
Por otra parte, merece subrayarse la mejora relativa de los acreedores garantizados. Se les dará mayor valor precisamente a las garantías reales. Y cuando se mejora su derecho, en el fondo se están valorizando los activos de los potenciales deudores -es decir, estos se enriquecen-, lo que dinamiza la economía. Se agregan recursos, entonces, a los empresarios, quienes son, al fin y al cabo, los generadores de empleo.
No estoy en condiciones de extenderme sobre las modificaciones que deberán hacerse forzosamente en el Código Penal, puesto que aquí también se alude a la situación de la quiebra culposa y de la intencional, deliberadamente fraudulenta. Solo cumplo con solicitar que cuando se entre en esa etapa se consulte a especialistas, ya que la configuración de esos tipos penales es muy compleja. Ello tiene que ver con transacciones, con la forma en que se realizan, y no solo con plazos, y esa es un área particularmente delicada.
Termino señalando que, en mi opinión, este es un trabajo serio, dirigido por alguien que conoce el derecho concursal y que, dejando fuera el encabezamiento dado al proyecto, el esquema que hemos recibido presenta mucha continuidad y lógica interna. Por lo tanto, anuncio que votaré que sí.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, no quiero repetir todo lo dicho acá, pero me parece evidente que la legislación de quiebras se ha vuelto anacrónica: toma mucho tiempo terminar uno de estos procesos; se estimula la liquidación de empresas y no su reorganización; el procedimiento es caro, y es muy baja la tasa de recuperación de créditos para los acreedores.
Todo eso determina que la quiebra sea, en definitiva, un drama que va mucho más allá del fracaso propio de un emprendimiento. Como se ha dicho, muchos de ellos fallan, y lo que más le interesa a la sociedad, en su conjunto, es que puedan ser o rescatados o liquidados en el menor tiempo posible, con el costo más bajo para los acreedores y para el deudor, a fin de que este pueda recuperarse.
Juzgo importante separar del procedimiento concursal la parte penal. El proyecto lleva al Código respectivo todas las violaciones de norma que revisten el carácter de acción criminal. Y estimo que eso es relevante, porque resulta evidente que numerosos emprendimientos fracasan más allá de la voluntad del deudor, pero también que existen personas que actúan de mala fe, que defraudan, acciones que tienen que ser castigadas. Lo lógico, lo razonable, es que tales conductas queden tipificadas en dicho ordenamiento.
Antes de terminar quiero referirme a una materia señalada en la discusión y que se relaciona con la quiebra de las personas naturales.
La ley en proyecto pretende cubrir todos los aspectos. En las definiciones de la parte inicial se establece que empresa deudora es "Toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, personas naturales contribuyentes de Primera Categoría y personas naturales contribuyentes del artículo 42 número 2 del Decreto Ley Nº 824". Vale decir, en dicho concepto se trata de englobar a cuantos realizan una actividad de tipo productivo empresarial y se les aplica todo un procedimiento. Pero además se considera al resto de los intervinientes y se contempla la definición de persona deudora, que es "Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora". Al respecto, se considera un sistema que permite repactar deudas o, sencillamente, un procedimiento concursal para pagar lo que se puede, luego de lo cual es posible rehacer la vida de tipo comercial.
Por lo tanto, sin conocer la otra iniciativa presentada en esa línea, entiendo que la que ahora nos ocupa abarca ambas situaciones. Y eso es muy importante, porque existen millones de personas naturales deudoras, ya sea por un crédito hipotecario o por un crédito de consumo, y el hecho de no poder sanear su situación patrimonial las tiene, de alguna forma, en la lista negra del DICOM. Ello, sin que sea posible pensar en un futuro más tranquilo, en una liquidación de bienes y pago de deudas en la medida en que se pueda, y en dar vuelta la hoja para seguir trabajando, como empleado o profesional, sin cargar con el estigma de lo que no se fue capaz de cancelar. Sobre esa base, estimo que el esfuerzo que se expresa en el articulado es encomiable.
Por cierto, un texto de tal magnitud debe ser analizado en particular. Desde ese punto de vista, en la Comisión de Economía nos pareció razonable, dado que tiene que ser visto también por la Comisión de Constitución -vamos a tratarlo en conjunto-, que durante esa etapa realicemos audiencias para escuchar a síndicos, acreedores y sectores con frecuencia afligidos por la situación, como comerciantes, empresarios, y se lleve a cabo un debate amplio, aunque entiendo que el Ejecutivo se preocupó de ello antes de preparar la normativa. Lo lógico es que fijemos un plazo suficiente para presentar indicaciones, con el objeto de efectuar las reuniones del caso.
A mi juicio, el proyecto, en general, merece el apoyo de todo el Senado y anuncio mi voto favorable.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que con la Ley de Quiebras nos hemos quedado atrás: es un ordenamiento anacrónico. Se incentiva la liquidación de empresas y no su reorganización, y se genera, por supuesto, incertidumbre en el empleo. El sistema es caro, ineficiente y poco efectivo, y el procedimiento de convenio no se ajusta al dinamismo de la economía.
Además, hay dos datos muy relevantes. En Chile, la tasa de recuperación de los activos es de 25 por ciento, frente al 68,2 por ciento en los países integrantes de la OCDE. Acá demora 4,5 años un proceso de quiebra, en circunstancias de que en ese otro ámbito, en el peor de los casos, toma 1,7.
Por lo tanto, es oportuno modernizar la legislación para la reorganización efectiva de empresas realmente viables y ayudar a quienes tienen posibilidades de subsistir a superar las dificultades transitorias en que se encuentran, con la colaboración de sus acreedores y siempre con el propósito de salvar la empresa. Se trata de agilizar, al mismo tiempo, la liquidación de aquellas que no sean viables, para que el empresario pueda reiniciar sus actividades y desarrollar nuevas iniciativas.
Es importante considerar las preferencias de los créditos garantizados y los créditos privilegiados. En la actualidad, cuando se produce una quiebra, sus verdaderos dueños son los acreedores. Por eso se celebra una junta, y ellos, que son parte directa, son los más interesados en poder obtener la mayor cantidad de recursos para recuperar el máximo de sus acreencias. Aquí, por supuesto, deben tenerse en cuenta indemnizaciones, remuneraciones, imposiciones, impuestos y, naturalmente, créditos con garantías hipotecarias, que son prioritarios.
Tal cual lo expresa el informe, el proyecto, una vez que se apruebe en general y se fije un plazo para indicaciones, será conocido por las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas, así como también por la de Hacienda.
La materia reviste trascendencia y es preciso escuchar a los potenciales sectores involucrados. Conviene conocer la posición de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Nadie sabe quién puede quebrar. Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, puede caer mañana en estado de insolvencia.
La iniciativa anduvo muy rápido en la Comisión de Economía, de lo cual me alegro, pero no por eso vamos a dejar de recibir en audiencias especiales a todos los sectores con interés en el asunto. Sé que algunos prestigiosos abogados expresaron su parecer, pero conforman una parte al margen. Los partícipes directos son los empresarios, de modo que espero que en las próximas instancias puedan manifestar su punto de vista los potenciales sujetos de una quiebra, en la medida en que todos podemos ser susceptibles de insolvencia.
Insisto en que estimo positivo modernizar la legislación, por lo que votaré a favor de la idea de legislar, y espero hacer algunos aportes a través de indicaciones cuando se verifique la discusión particular.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tuvimos la oportunidad de conversar, con bastante antelación, con la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, producto de situaciones que nos permitieron comprobar que se requería una importante modificación de todo lo relacionado con la Superintendencia y, en particular, con la actuación de los síndicos.
Está claro que, de las 150 quiebras anuales que se registran en Chile, no todas tienen que terminar así, y que en algunos casos es posible una reorganización, lo que depende, fundamentalmente, de flexibilidades que la ley no contempla.
Si se establece el proceso de reorganización a través del nombramiento de un veedor, y el de quiebra, a través de un liquidador, estaremos dando un paso sustantivo para entender que quebrar no es caer en el precipicio más profundo ni en la estigmatización, sino un tropiezo en el camino de un desarrollo productivo, empresarial, de emprendimiento. Si se actuó de buena fe y de verdad se quiso emprender un negocio y no hacer un montaje o crear una asociación ilícita, ello debiera generar experiencia y lecciones.
El informe da cuenta de que solo se presentaron 47 proposiciones preventivas desde el 2006 hasta el 2011, en contraposición a 855 quiebras.
En Chile hay pavor, temor, terror a la quiebra. Esta termina estigmatizando a los emprendedores y también a los empresarios.
Por lo tanto, el proyecto nos permite iniciar una reformulación profunda -histórica, diría yo- sobre un tema acerca del cual pocas veces se quiere discutir.
Muchas de las empresas con problemas están en manos de los síndicos.
He consultado el ARTÍCULO 37, relativo a cómo se nominarán los liquidadores. Los va a designar la Superintendencia. En ese punto, hay que hacer una evaluación especial y revisar el actual régimen de nombramiento de los síndicos, que presenta complejidades.
Del mismo modo, cuando el veedor propenda a la reorganización, tiene que haber, como señala la propuesta legislativa, condiciones que permitan garantizar la continuidad de la empresa, cuando ello proceda.
Actualmente, como ya señaló el Senador Letelier, hay una compañía en dificultades en mi Región: la Embotelladora Llacolén. Y todo indica que el único que quiere la quiebra es el síndico. No la desean ni los acreedores ni los trabajadores ni los propietarios, pues la empresa está en condiciones especialísimas de vigencia total.
De repente, hay síndicos que lo único que buscan es hacer que una firma quiebre, porque ganan un porcentaje. Yo espero que en el curso del debate de esta iniciativa se termine con los incentivos perversos relacionados con los honorarios. Y, en efecto, el recibir mejores ingresos al establecer la quiebra y hacer la repartición porcentual de los bienes rematados constituye un incentivo perverso.
Eso es lo que ocurre hoy.
Por cierto, los síndicos presentan dificultades. Algunos concentran la totalidad de las causas, al igual como sucede con los martilleros públicos.
Corregir lo relativo al nombramiento de los síndicos, hoy denominados "liquidadores", e incorporar la figura del veedor para reorganizar las empresas, son enmiendas que traerán alivio.
Tales cambios permitirán ver como situaciones lejanas aquellas en las cuales los que pagan los costos de una quiebra no son solo los empresarios, sino también los trabajadores.
Recuerdo el caso de Bellavista Oveja Tomé. Ahí la solicitud de quiebra era por un monto de dinero no superior a los 8 millones de dólares. En aquella oportunidad se ofreció como aval el crédito personal del dueño de la empresa. Sin embargo, hubo presión por liquidar. Y se echó a la calle a 700 trabajadores. Esa quiebra le costó al Estado de Chile -a todos los chilenos- 8 millones de dólares, en circunstancias de que, si se hubiera salvado la compañía, se habría asegurado continuidad de empleo y de producción para una textil maravillosa, que exportaba telas de altísima calidad a más de 80 países.
Con ese ejemplo, uno no lograba comprender cómo funcionaba el sistema, que, en definitiva, no dejaba salida. ¡Era un callejón sin salida! En concreto, había endeudamiento. Y, frente a la falta de liquidez y a las demandas por deudas impagas, no había otra posibilidad que la quiebra.
En mi opinión, al igual que el movimiento, que se demuestra solo andando, durante el proceso que vamos a vivir en el debate en particular deberemos tener a la vista las situaciones que queremos corregir. Eso se hará en las Comisiones, invitando a empresarios exitosos y a otros no tan exitosos, a fin de que nos cuenten su historia. Porque la ley debe reflejar claramente lo que requieren los emprendedores y el desarrollo productivo y no necesariamente lo que desean los abogados o los parlamentarios.
La experiencia está presente en aquellos que se han caído y se han vuelto a levantar, en aquellos que se han caído y han quedado destruidos. A algunos la quiebra les ha destruido la empresa, la vida, la familia.
En consecuencia, señor Presidente, el debate en torno a esta materia -porque muchos quebraron sin tener una oportunidad como la que beneficiará, una vez dictada la ley, a cientos y miles de pequeños, medianos y grandes empresarios- será un llamado de justicia.
Cabe preguntar -no he leído totalmente el texto propuesto- cómo se hará la limpieza de los papeles, ya que el problema de las mipymes y de las pymes es el historial, es la mochila que cargan después de haber quebrado. Sin embargo, el punto no está en limpiarlas, sino en cómo les damos una nueva oportunidad. Y esta es una política que escapa a la Superintendencia de Quiebras y que más bien dice relación, en ese sentido, con el Ministerio de Economía, la CORFO y otros organismos estatales, para lograr que esta normativa funcione, rescatando las lecciones que ha dejado la ley vigente.
Señor Presidente, creo que esta iniciativa va a tener buena acogida.
Su articulado se halla estructurado de manera extraordinariamente pedagógica. Quiero señalarle a la Superintendenta de Quiebras subrogante que la presentación de cada artículo, encabezado con su idea principal, su idea fuerza, facilita mucho el trabajo legislativo. Ello -repito- resulta pedagógico, considerando la complejidad del tema, y traerá mejores condiciones a los emprendimientos empresariales.
Espero que en las Comisiones se escuche a los pequeños y medianos empresarios que quebraron. Habrá que invitar a Roberto Fantuzzi, a los representantes de la CONAPYME, a Iván Vuskovic, quienes tienen experiencia en este ámbito.
Así, esta oportunidad histórica para revisar la legislación sobre la materia se transformará de verdad en un instrumento destinado al fomento y no a liquidar o matar los emprendimientos, como ha sucedido con la actual Ley de Quiebras, que ha causado tanto infortunio a familias completas, no solo a los empresarios -lo reitero-, sino también a miles y miles de trabajadores que han pagado las consecuencias de errores que no son de su responsabilidad.
Asimismo, espero que durante el debate de la iniciativa escuchemos a los trabajadores que han vivido procesos de quiebra. Y ojalá, en el proceso de liquidación, se respeten, se cautelen y se defiendan siempre los intereses previsionales, las remuneraciones, las liquidaciones y los finiquitos que les corresponden.
También confío en que, en el proceso de reorganización de una empresa, llevada a cabo por el veedor, exista la posibilidad de que participen sus propios trabajadores.
En muchas ocasiones, cuando ha habido dificultades serias en una empresa, se ha llegado a acuerdos con el personal, que consiente en que se le baje el sueldo y en renegociar en su propio desmedro. Las preguntas, que dirijo al señor Ministro de Economía, son: ¿Vamos a generar instrumentos para que los trabajadores puedan, en caso de reorganización, asumir parte importante del control de la empresa, con cargo, por ejemplo, a sus indemnizaciones, a fin de permitir la continuidad de giro y evitar la quiebra? ¿Tendrán protección tales acciones? ¿Habrá capacitación y asesoría para ellos?
Hemos conocido buenas y malas experiencias en esta materia.
La iniciativa de ley que nos ocupa busca reformar una legislación vetusta, que establece un procedimiento de quiebra que genera muchas dudas, muchas zonas oscuras. Y, en lo específico, no cumple un elemento básico. Es un instrumento liquidador.
Yo espero que la nueva normativa constituya una herramienta para salvar a los que se pueda salvar; para ordenar a los que se pueda ordenar, y para liquidar, de manera justa, a los que haya que liquidar, siempre y cuando no exista otra opción.
Voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente, porque creo que este es un proyecto necesario y urgente.
¡Nueva Constitución ahora!
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se propone como plazo para formular indicaciones el 24 de julio, a las 12.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿De qué año?
El señor ESCALONA (Presidente).- Del 2012.
¡Importante precisión, señor Senador...!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entiendo la importancia de despachar cuanto antes el proyecto, pero el plazo para presentar indicaciones debiera ser después de la semana regional de julio.
Ello nos daría tiempo para trabajar en el proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Exactamente, señor Senador.
Es lo que tratamos de hacer con nuestra proposición.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Espero que así se cumpla.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para ser más fieles todavía con ese planteamiento, el plazo debiese ser el 30 de julio, porque la semana regional de ese mes es la que comienza el lunes 23.
El señor LARRAÍN.- ¿El 30?
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa simplemente ha transmitido la propuesta que se le ha hecho llegar, pero no habría ninguna dificultad en modificarla.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, nos hemos puesto de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Economía -porque este proyecto lo vamos a analizar en particular en Comisiones unidas de Constitución y Economía- sobre la conveniencia de que la fecha sea la propuesta, porque queremos empezar a trabajar en las indicaciones el lunes 30 de julio. Por lo tanto, necesitamos que estas sean presentadas con anticipación para realizar los estudios y elaborar el boletín comparado correspondiente.
Estamos hablando de un poco más de un mes, ya que hoy es 20 de junio y el plazo vencería el 24 de julio.
Me parece un tiempo más que suficiente.
Por tal motivo, pedimos que se mantenga la fecha que hemos propuesto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Es lo que la Mesa había sugerido.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo entiendo que se deba hacer el comparado, pero la Secretaría puede elaborarlo en un par de días.
Lo único que estoy pidiendo es un plazo un poco mayor, porque la semana regional es tiempo muerto. Unos días más sí nos pueden ser útiles para hacer estudios y formular indicaciones.
Por lo tanto, sugiero el 26 de julio, porque este plazo nos daría al menos cuatro días más para cada Senador. No se podrá hacer nada si fijamos plazo entre el 23 y el 25 de julio, ya que esa semana no se podrán reunir las Comisiones por ser regional.
¡Qué cuesta dar dos o tres días más!
El señor ESPINA.- Hasta el jueves 26, entonces.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por último, hasta el jueves en la noche. Y así el viernes, el sábado y el lunes siguientes ya estaríamos trabajando.
El señor LARRAÍN.- Estoy de acuerdo con que el plazo sea hasta ese jueves.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Felicito por este diálogo a los Senadores Larraín y Zaldívar...!
Entonces, se ha sugerido el jueves 23.
El señor LARRAÍN.- ¡Jueves 26!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene razón, Su Señoría: jueves 26 de julio.
Propongo que sea hasta mediodía, a fin de que las Comisiones unidas puedan trabajar la tarde de ese día y el viernes.
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el jueves 26 de julio, a las 12.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Superintendenta de Quiebras subrogante.
La señora ANGUITA (Superintendenta de Quiebras subrogante).- Señor Presidente, agradezco a todos los Senadores por apoyar y dar su aprobación a la idea de legislar respecto de este proyecto.
Les aseguro que se tratará de una ley concursal ágil, moderna, eficiente y transparente, que estará en línea con las mejores prácticas internacionales, pero, al mismo tiempo, acorde con nuestra realidad económica, jurídica y social. La nueva normativa se hace cargo de todos los deudores en dificultades -personas naturales y jurídicas-, creando procedimientos adecuados para cada uno de ellos, aunque siempre en equilibrio con los acreedores y sus garantías.
Por lo tanto, estamos convencidos de que todos van a quedar contentos con la propuesta.
Por eso, los invitamos a que, si desean efectuar un comentario, propuesta o alcance, o solicitar la explicación que sea, se acerquen y nosotros los contactaremos para realizar una presentación y coordinar cualquier indicación.
El señor LETELIER.- ¡Eso se hace antes de los proyectos!
¡Este es el Ejecutivo que tenemos!
¡Es increíble su capacidad de escuchar...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Desea intervenir, Senador Tuma?
El señor TUMA.- Quiero proponer fecha para la presentación de indicaciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- La acabamos de acordar, Su Señoría. Lamento que no nos haya escuchado.
Boletín N° 8322-11
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Uriarte, Chahuán, Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, sobre identificación del recién nacido, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8322-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Uriarte, Chahuán, Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 20ª, en 23 de mayo de 2012.
Salud: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la moción es la creación de un procedimiento legal para identificar a los recién nacidos y evitar situaciones de confusión o sustracción de menores.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chahuán, Girardi, Rossi y Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, en Chile se producen al año 250 mil partos. O sea, tiene lugar, exitosamente, esa cantidad de nacimientos en hospitales públicos, clínicas privadas, maternidades y otros establecimientos de salud. Independientemente de su naturaleza, estos partos se verifican en condiciones óptimas -hay que decirlo- desde el punto de vista sanitario, pero bastante vulnerables desde el punto de vista jurídico.
Lo anterior ocurre porque la identificación del recién nacido descansa en un brazalete -es el que tengo acá-, que se le pone a la guagua en la muñeca, que puede ser perfectamente cortado con una tijera o forzado y que, en todo caso -y esto es lo importante-, no posee ningún resguardo ni mención legal en nuestra legislación.
Es decir, el procedimiento que viene a continuación de la separación entre la criatura y la madre es muy frágil desde la óptica legal. Ya indiqué que desde el punto de vista sanitario está muy bien cubierto por la praxis médica. Pero el Código Sanitario no ofrece ningún resguardo legal que dé garantías a la madre de que la criatura que se le entrega sea efectivamente la suya. Y ello, porque en cualquier maternidad de un hospital grande perfectamente puede haber entre 20 y 40 recién nacidos; en cualquier sala de neonatología es muy común encontrar muchos bebés, que son identificados con un brazalete en donde se hallan consignados la fecha de nacimiento y el nombre de la madre. Pero ya manifestamos que dicho dispositivo es fácil de vulnerar.
Con motivo de hechos que han conmovido a la opinión pública, hemos reflotado una moción que había presentado en la Cámara Baja en 2006, apoyada por distintos Diputados, y que además fue reformulada, entre otros parlamentarios, por las Diputadas Andrea Molina y Mónica Zalaquett, en una nueva versión del mismo proyecto.
La iniciativa original que yo presenté se había archivado. Pero ahora la hemos vuelto a plantear con el concurso de los Senadores Mariano Ruiz-Esquide, Francisco Chahuán, Fulvio Rossi y Guido Girardi.
Lo que en ella se propone es darle certeza al procedimiento de identificación del recién nacido, otorgando resguardo legal tanto al brazalete como a un procedimiento que hoy día se empieza a aplicar cada vez más en las clínicas privadas: la toma de la huella plantar del recién nacido. Esa acción, sumada a la de la huella dígito pulgar, viene a darle mucho más certeza al proceso de identificación de la criatura que ha nacido.
Pero este proyecto también avanza en otras materias.
Se preocupa de lo que ocurre en aquellos establecimientos de salud que carecen de las facilidades para darle protección a este procedimiento y, al mismo tiempo, preceptúa que al momento de inscribir un recién nacido en un establecimiento hospitalario se debe entregar el carné de identidad una vez que esta última haya sido acreditada con la huella dígito pulgar o la huella plantar.
En síntesis, señor Presidente, eso es lo que hace esta moción: regula los procedimientos, sin entrar en ninguna materia sustantiva de la Ley sobre Registro Civil ni de ninguna otra normativa que requiera una discusión más profunda, y viene a resolver un problema público y notorio que podría darse con mucho mayor frecuencia pero que, gracias al auxilio y a la buena acción de los propios médicos y del personal de la salud que asiste los partos, no se produce con tanta asiduidad.
Esa es, señor Presidente, la razón que nos ha impulsado a reflotar este proyecto -ya presentado, como manifesté, en distintas oportunidades en la Cámara de Diputados-, que cuenta con el acuerdo transversal de la academia y todos los médicos, y para el cual ha comprometido su apoyo incluso el Ministro de Salud, quien entendió que resuelve un problema práctico muy importante a la hora de identificar a una persona recién nacida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor WALKER (don Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado a la Mesa abrir la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, algunas personas consideran que el proyecto en debate no es especialmente meritorio para alcanzar el rango de ley. Así lo han manifestado.
Pero, si uno mira lo que está pasando, verá que es bastante dramático: el número de guaguas que se cambian, se confunden o se pierden es una cifra que no tendría por qué producirse. Y hay muchas razones por las cuales ocurre tal circunstancia.
Primero, porque una cantidad importante de mujeres padece una psicopatía relacionada con la carencia de embarazos; otras necesitan mejorar ese aspecto de su personalidad, sin tener una patología involucrada.
Esos hechos producen un efecto atrozmente doloroso en los padres. Lo peor son las tremendas discusiones en los tribunales.
Por eso, quien habla y los Senadores democratacristianos vamos a votar a favor de la iniciativa. Creo que merece ser ley, para que la solución del problema relatado no quede solo al arbitrio de las medidas administrativas del Ministerio de Salud, el cual cambia de cabeza cada cierto tiempo.
Voto afirmativamente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar al colega Uriarte y a los Diputados que, en su momento, presentaron este proyecto. Porque si bien algunos -como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra- podrán discutir la naturaleza legal de esta acción, lo cierto es que quiero dar un testimonio desde el punto de vista parlamentario regional.
La falta de esta disposición quizás fue uno de los elementos centrales por los cuales se produjo una situación muy dramática en el hospital de Talca hace cuatro o cinco años. A la ocurrencia de los hechos ayudaron la falta de un elemento identificatorio, que a este momento no existe, y muy desafortunadas circunstancias, hasta donde se pudo comprobar, exentas de mala fe, por cuanto estas cuestiones se generan, en particular en una sociedad en que hay una cantidad importante de nacimientos, cerca de 250 mil. Algunos se verifican en clínicas; otros, en hospitales regionales, en los que nacen diez, quince, veinte o treinta niños al día, en un período determinado y con cambios de turno propios de la actividad hospitalaria, cuestiones todas que contribuyen a que tales desencuentros sean muy dramáticos.
Hace días, leí en un reportaje del diario El Centro los efectos que genera la pérdida de guaguas por una mala identificación. Aunque después se recupere al bebé, ello crea problemas psicológicos tanto en las familias que recibieron niños cambiados, que posteriormente deben -entre comillas- devolver, como en el personal involucrado en la situación. Además, hay un costo emocional en los casos relacionados con el extravío del bebé.
Hablo de lo ocurrido en el hospital de Talca, donde, en su momento, se transparentó lo ocurrido, lo que originó políticas internas de hecho, que tendían a superar tal tipo de situaciones. Pero poco puede asegurarse de no mediar una norma más exigente en la materia, a fin de que no se vuelvan a repetir.
Entonces, como muchos velan por la transparencia -y con razón-, también debemos preocuparnos de la seguridad, que es prima de ese concepto.
En ese escenario, una medida como la que plantea el proyecto del colega Uriarte y otros Senadores -insisto en que fue presentado en la Cámara de Diputados, con un consenso importante- apunta, de forma simple y no compleja, según lo ha dicho el Ministro de Salud, a dar tranquilidad a todos quienes hemos sido padres y, obviamente, a los que lo serán en el futuro.
Puede que la iniciativa no ocupe las planas más importantes de los diarios o no aparezca en los diversos medios de comunicación; pero lo cierto es que su finalidad se halla vinculada con situaciones reales que uno ha visto. A mí me tocó conocer a los involucrados en el caso que señalé.
De manera que, a mi juicio, el proyecto apunta en el sentido correcto en cuanto a lo que deben ser normas legales: mandatos precisos, que den justamente seguridad a la ciudadanía.
Por eso, le damos la importancia que merece.
El señor SABAG.- Señor Presidente, los autores de este proyecto, encabezados por el Senador señor Uriarte, en realidad corresponden a la totalidad de los miembros de la Comisión de Salud del Senado. El pleno de ella lo estimó pertinente.
En mi concepto, la iniciativa se justifica dado los muchos casos ocurridos en el país y que han provocado el dolor de los padres afectados.
Por eso, la moción propuesta surge a raíz de lo que ha conocido la opinión pública en relación con la sustracción de un bebé recién nacido en un hospital público y con casos anteriores de guaguas intercambiadas. Básicamente se propone dar rango legal a normas de procedimiento que en la actualidad solo han sido materia de instructivos por parte del Ministerio de Salud.
Si hubiese habido una buena norma reglamentaria o instrucciones del Ministerio del ramo para los distintos hospitales, a lo mejor no habrían ocurrido esas lamentables circunstancias. Pero como no las hay, debe darse ahora ese sustento legal. Para ello se plantea la obligación del personal de clínicas y hospitales de fijar en las muñecas de los neonatos un brazalete de identificación y de tomar un registro de la huella de la planta del pie y del pulgar derecho del niño, y otorgar respaldo legal al certificado de parto.
Adicionalmente, con el fin de resolver la situación de los partos que ocurran en otros lugares distintos a hospitales o clínicas, se fija la obligación de los padres o de la persona que haya atendido el parto de concurrir a un establecimiento de salud para que se tomen las huellas del recién nacido.
Por último, la iniciativa dispone que, al momento de la inscripción del recién nacido ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, se le entregue inmediatamente su cédula de identidad.
Voy a votar favorablemente, porque creo que este proyecto va a ser muy útil y brindará certeza jurídica a tantas madres que dan a luz en el país.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, sin duda, el debate que se ha producido en la Sala con respecto a si lo que se propone mediante esta iniciativa debiera ser materia de ley, puede compartirse o no.
Pero lo que sí aparece con la presentación de este proyecto es un problema que debe ser solucionado. Porque, a mi juicio, la confusión o sustracción de menores es algo que no puede volver a repetirse en Chile. De allí la necesidad de crear procedimientos legales para identificar a los recién nacidos
El proyecto justamente persigue eso: establecer un marco legal para cumplir con la obligación de identificación, así como determinar responsabilidades de quienes no la cumplan.
Impone al profesional que atiende el parto el deber de tomar la huella plantar y digito pulgar derecha del niño; dar también respaldo legal al certificado de parto y solucionar el caso de los nacimientos que puedan ocurrir en lugares distintos a hospitales o clínicas. Si bien estos decrecen cada día, todavía es posible en los campos encontrar madres que dan a luz sin asistencia profesional.
También se aconseja que madre e hijo entren en contacto cuanto antes, inclusive en la sala de partos, dejando al recién nacido sobre el abdomen de aquella. Esta medida tiende no solo a facilitar que los padres puedan reconocer a sus hijos, porque todos los bebés nos parecen iguales, sino también a potenciar el vínculo afectivo entre ambos.
Los casos conocidos por la ciudadanía en los últimos años -a los que hacía mención el Honorable señor Coloma, ocurridos en el hospital de Talca y en otros lados- francamente no pueden repetirse. Ellos confirman la necesidad de establecer un procedimiento y atribuir responsabilidades a quienes no cumplan.
Por eso, la presente iniciativa, a mi juicio, es importante, porque crea un marco legal para el cumplimiento de la identificación de los menores recién nacidos, de modo de poder ir disminuyendo las posibilidades de errores y confusiones.
Por otra parte, quiero llamar la atención del Senado sobre un proyecto de ley que presenté hace muchos años en relación con una cuestión similar, aunque no la misma: que los hijos nacidos en un lugar distinto al domicilio de la madre puedan ser inscritos en el de ella, de manera de evitar lo que acontece hoy en día en localidades donde únicamente se anotan defunciones y no nacimientos. Hasta cuando no se tabule el Censo en desarrollo, habrá comunidades que figurarán con baja población, solo con fallecimientos, pero sus pobladores se sienten orgullosos y quisieran que sus hijos sean considerados oriundos de allí.
Ojalá que el Gobierno ponga urgencia a dicha iniciativa.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero felicitar al Senador señor Uriarte, porque la persistencia tiene sus frutos. Recuerdo que él conversó hace años este asunto en el Ministerio de Justicia, y hubo avances en dicha oportunidad. No tengo noción de por qué se detuvieron.
Algunos pueden sostener que corresponde a una materia que puede o no convertirse en ley, pero lo más importante es que se trata de cuestiones precisas y claras. A la gente, a una mamá o a un papá, le resulta muy difícil de comprender que se produzcan hechos graves como sustracción o pérdida de niños.
En mi opinión, el mérito del proyecto consiste en enfocarse en una situación concreta que, como lo señaló el Senador señor Novoa, hace poco despertó preocupación pública.
Tiempo atrás se aprobó una norma en un proyecto de ley relacionada con la posibilidad de que aquellos niños de comunas en que no hay hospital puedan ser inscritos como del lugar donde nacieron, sean mejilloninos, tocopillanos o de otros lugares pequeños del país que no disponen de esa factibilidad.
El proyecto no tiene mayor trascendencia, pero es importante desde el punto de vista de la ciudadanía.
Por eso, simplemente quería felicitar a los autores de la iniciativa y ojalá que avance con la mayor prontitud.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor) y se fija como plazo para presentar indicaciones el viernes 6 de julio, a las 12.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER.- Solicito a la Mesa que agregue mi voto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de pronunciamiento favorable del Honorable señor Letelier.
Algunos señores Senadores han sugerido que, dada la presencia en las tribunas de numerosas personas vinculadas con la Marina Mercante, tomemos el acuerdo, que debe ser unánime, de adelantar el homenaje a dicha institución y luego continuar con el resto de la tabla, lógicamente dentro del horario del Orden del Día.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores:
Por acuerdo de los Comités, en mi calidad de Presidente del Senado voy a intervenir en representación de la Corporación.
Inicio estas palabras dirigiéndome desde esta tribuna a todas las personas e instituciones que conforman nuestra Marina Mercante y sus industrias relacionadas, ya sea que se hallen en otro territorio, en nuestro mar o en los océanos del mundo.
Mi saludo es para empresas navieras, agencias, diques, astilleros, maestranzas, casas clasificadoras, autoridad marítima, pesca artesanal e industrial, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, escuelas y organismos técnicos de capacitación, asociaciones gremiales y sindicatos, centros de investigación, de acuicultura, de actividades fluviales y lacustres, minería submarina, empresas de turismo marítimo, organizaciones ambientalistas; también para quienes practican deportes y se recrean con el mar, y asimismo para aquellos que se inspiran en él para legislar o crear obras de arte, porque todos ellos son factores de producción y desarrollo socioeconómico y agentes del incremento y cultura marítimos de nuestra nación.
El 26 de junio de 1818 se otorgó patente de comercio a la nave "Gertrudis de la Fortuna", de propiedad del empresario naviero chileno don Francisco Ramírez. Fue la primera patente otorgada por la naciente República y su fecha fue fundamento para que el 27 de mayo de 1991, a través del decreto supremo N° 106 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se instituyera el Día de la Marina Mercante de Chile, el que a partir de entonces ha venido conmemorándose año tras año con diversas actividades en cada uno de los principales puertos del país y a bordo de las naves mercantes.
En el 2012 se están conmemorando 194 años de existencia del transporte marítimo, que es la principal vía de nuestro comercio de exportación e importación, ya que más del 90 por ciento de las cargas masivas se transportan por mar.
En un país como el nuestro, con 5 mil 582 kilómetros de costa, más de 10 mil islas, un territorio oceánico que triplica al continental y una posición alejada de los núcleos de desarrollo, de industrias y de intercambio de bienes, el transporte marítimo adquiere un protagonismo principal, sobre todo en una época en que el océano Pacífico es el más importante teatro de comunicaciones transnacionales de nuestra era.
El transporte por mar en nuestras costas comenzó mucho antes de la génesis de nuestra República, cuando había intercambio de bienes con el Virreinato del Perú.
Por otra parte, debemos celebrar que en el país nunca ha existido crisis vocacional marítima, lo que se demuestra en las aulas de las universidades y en las escuelas formadoras de oficiales y tripulantes de marina mercante. En otras palabras, cientos y tal vez miles de jóvenes y de hogares chilenos cifran en el mar sus esperanzas de tener una vida digna y contribuir en la construcción de un mundo cada vez más justo y mejor para todos.
Un desafío trascendente de nuestro tiempo es incrementar la cultura y la conciencia marítimas de nuestra nación, proceso que está indisolublemente ligado con la educación pública y con las actividades comerciales y recreativas que se desarrollan en el mar, en el marco del respeto que se merece el ecosistema marino.
Dado este prisma, es fácil descubrir que al país le falta mucho aún para alcanzar los niveles deseados; sin embargo, a la vez debemos reconocer que estamos en vías de ellos.
¿Qué nos falta? Principalmente reestructurar la administración superior del Estado, lo que resulta más que evidente si nos encontramos que en la actualidad las actividades marítimas y acuícolas son manejadas por más de diez Carteras de Estado y varios servicios públicos escasamente coordinados. Un ejemplo palpable: el Ministerio de Economía, dentro de su agenda de impulso competitivo, viene promoviendo desde hace más de un año la medida 18° de apertura del cabotaje, la cual, hasta ahora, no cuenta con la aprobación de las otras instituciones representativas del ámbito o del quehacer marítimos. Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones trabaja en una mesa tripartita, con armadores y trabajadores, un proyecto global que estudia la posibilidad de potenciar nuestra Marina Mercante, creando, entre otros objetivos, un segundo registro chileno que incentiva la matrícula de naves bajo nuestra bandera y la recuperación de buques de armadores nacionales que por diversas razones navegan con bandera de conveniencia. Indudablemente, las intenciones son buenas. El problema reside en su descoordinación.
Así, el viejo espíritu de crear un Ministerio del Mar, impulsado actualmente por el Movimiento Marítimo de Chile y por el Consejo Nacional de Trabajadores de la Marina Mercante, no parece estar lejos de adquirir cuerpo y cobrar vida en un futuro no lejano, por el bien del fomento y el desarrollo de nuestras actividades acuícolas y marítimas, protagonistas de primera línea de los procesos productivos del país.
Por otra parte, en una nación que requiere incrementar fuentes laborales de calidad para sus habitantes, y en el marco de la globalización de todas las actividades humanas, el Estado no debiera ignorar la vasta y permanente oportunidad que representa la insuficiencia de oficiales de marina mercante a nivel mundial.
Constituye un deber asegurarnos un suministro continuo de personas con habilidades y experiencia marinera no solo para tripular nuestros barcos, sino también para cubrir una amplia gama de puestos de trabajo en tierra, en los sectores relacionados con la industria marítima.
Para llevar a cabo determinadas tareas operativas de defensa, solo se tendrían que utilizar buques y marinos chilenos. A este respecto, representa una debilidad que gran parte de las naves propias de armadores nacionales estén registradas con banderas de otras nacionalidades o con banderas de conveniencia. Tomará mucho tiempo revertir estas tendencias, y, a menos que se inviertan, las operaciones en defensa de nuestros intereses vitales se pueden poner en serio riesgo.
La creciente escasez internacional de gente de mar calificada, puesta de manifiesto en los estudios realizados por universidades europeas, crea grandes oportunidades para marinos chilenos bien entrenados y experimentados en el mar y en tierra, tanto en casa como en el extranjero. La aplicación efectiva del Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar colocará una valla mayor en estas habilidades a la oferta mundial de los marinos extranjeros de baja calidad y con certificados obtenidos de manera ilícita, cuestión que hará que estos marinos de escasa probidad profesional se reduzcan progresivamente.
En consecuencia, como ya señalé, debemos asegurarnos un suministro continuo de personas con habilidades y experiencia marinera no solo para tripular nuestros barcos, sino también para cubrir una amplia gama de puestos de trabajo en tierra, en los diversos ámbitos de la industria marítima.
En este centésimo nonagésimo cuarto aniversario, nuestro homenaje es para quienes a través de dos siglos, o más, navegaron durante sus vidas, crearon tradiciones y forjaron prestigio para nuestra marina mercante. Nuestro homenaje y reconocimiento se extiende también a quienes en este instante la conforman y a quienes se integrarán a ella en el futuro, por el bien de Chile y de todos los chilenos.
El señor SABAG.- Señor Presidente, hablo en nombre de las Senadoras y los Senadores de la Democracia Cristiana y, naturalmente, en el mío.
El desarrollo de nuestra marina mercante ha estado ligado de manera indisoluble al desarrollo mismo del país. Desde nuestro nacimiento como nación, cuando se logró finalmente la autonomía comercial de España, y a partir del 21 de febrero de 1811, cuando la primera Junta de Gobierno abrió los puertos de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia al libre comercio con todas las naciones, Chile ha dependido del transporte marítimo para el intercambio de mercancías.
Quizás en otros países, más cercanos a los demás mercados y en condiciones geográficas menos severas, la marina podría haber tenido menor importancia. Pero en el caso de Chile, con la cordillera de los Andes, con el desierto por el norte, resultaba inevitable que tuviéramos tan alto interés por desarrollar una marina mercante siempre a la par de los tiempos, actualizada, dinámica y pujante.
Hoy en día, la marina mercante nacional constituye un sector de altísimo crecimiento, con una cantidad de carga de mercancías, personas y turismo que reflejan con total exactitud la vocación marítima del país.
De acuerdo con las cifras disponibles, hasta el mes de diciembre de 2010 las embarcaciones chilenas o con bandera nacional casi llegaban a las 200, con cerca de dos mil marinos, entre oficiales y tripulantes, a cargo de un centenar de empresas.
Se suele hablar de que a Chile le falta un mayor compromiso con su mar, una presencia más activa. Pero lo que no se puede sostener es que no hacemos un pleno aprovechamiento de las rutas marítimas comerciales gracias a los hombres y las mujeres que componen nuestra marina mercante.
Para ello, disponemos como país de numerosas generaciones que se han comprometido, a su vez, en formar a los nuevos marineros.
El primer establecimiento creado para la formación de los oficiales pilotos de la marina mercante fue iniciativa de Bernardo O´Higgins, quien fundó la primera escuela en 1818.
Tras muchos cambios, finalmente desde 1948 la formación de los oficiales de la marina mercante se impartió en la Escuela Naval "Arturo Prat", aunque ello terminó en 2001, cuando la labor formativa fue asumida por la Universidad Andrés Bello, con la carrera de Ingeniería en Marina Mercante, con dos menciones: Puente y Máquinas; en tanto que en la Universidad Austral se ofrece, con dos menciones, la carrera de Ingeniería Naval.
Lo anterior se refiere a la formación de los oficiales de la marina mercante. Porque paralelamente esta actividad registra antecedentes desde antes de la vida independiente nacional, cuando la Capitanía General de Chile mantenía comunicación con el Virreinato del Perú a través del mar.
Tras decretar la libertad de comercio, en 1813, la Junta de Gobierno designó Teniente de Navío de la Marina de Chile al capitán de la marina mercante Juan José Tortel, de nacionalidad francesa, quien asumió de hecho los aspectos organizativos de esta nueva institución.
Luego, el 26 de junio de 1818, Bernardo O'Higgins otorgó la primera patente de navegación a la nave de comercio "Gertrudis de la Fortuna", de propiedad del armador Francisco Ramírez, fecha que fue instituida por decreto supremo N° 106, de agosto de 1992, del Ministerio de Transportes, como el Día de la Marina Mercante de Chile.
En julio de 1836, durante el mandato de Joaquín Prieto, y con Diego Portales como su Ministro de Marina, se dictó la primera Ley de Navegación, con la que se otorgó al Comandante General de Marina la administración del registro de buques nacionales y se estableció la exigencia de que los capitanes y las dotaciones fueran chilenos.
El 30 de agosto de 1848, durante la presidencia de Manuel Bulnes, y siendo Pedro Nolasco Vidal su Ministro de Guerra y Marina, se promulgó la ley que fijaba el Territorio Marítimo de la República, con 11 gobernaciones marítimas, dependientes del Comandante General de Marina. De esta manera, se daba inicio formal a la Dirección y Mando del Territorio Marítimo, la actual Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), estructurada hoy con su Director General, los Gobernadores Marítimos y los Capitanes de Puerto.
En 1861 había 267 naves chilenas, que totalizaban 60 mil 847 toneladas. En la actualidad hay muchas menos naves -unas doscientas-, pero la capacidad de transporte es diez veces mayor. Y la responsabilidad de coordinar esta intensa actividad recae en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Por el cargo de Director General de la DIRECTEMAR han pasado 52 oficiales desde 1898, dentro de los cuales la imaginación nacional ha retenido, por diversas razones, los nombres de los contraalmirantes Arturo Fernández Vial, Luis Gómez Carreño y Hernán Cubillos Leiva; del capitán de navío Alejandro Navarrete Torres, y de los vicealmirantes Jorge Arancibia Clavel, Rodolfo Codina Díaz y Edmundo González Robles.
El marino mercante es un profesional altamente capacitado, con un interés permanente por su actualización, y tiene legítimas razones para sentir orgullo por su vocación profesional.
El camino al cargo de Capitán de Alta Mar de la Marina Mercante es largo y exigente. La carrera se inicia con la obtención del título de Piloto Tercero y, luego de cumplir con los requisitos de embarco, experiencia y con los correspondientes exámenes, continúa con el ascenso a Piloto Segundo y a Piloto Primero, respectivamente. Todos estos pasos representan un mínimo de 12 años de embarco efectivo para poder postular al título de Capitán de Alta Mar, que habilita para desempeñarse al mando de cualquier buque mercante tanto en Chile como en el extranjero, sin limitaciones de porte, tipo y bandera.
El oficial de Marina Mercante chileno goza de gran prestigio y reconocimiento internacional, por lo que es habitual encontrarlo cumpliendo funciones en naves con otras banderas, además de la nacional.
En la actualidad, y a pesar de que se trata de una actividad más que centenaria en el país, la carrera de marino mercante está teniendo un nuevo auge, volviendo a ser atractiva para los jóvenes por las rentas esperadas casi desde los primeros años de trabajo, no obstante tratarse de una profesión de altas exigencias y sacrificios, con períodos de embarque de cuatro meses, sin mayores descansos.
De acuerdo a las estimaciones de los académicos de las universidades en las que se imparte la carrera, el país registra un déficit de 10 mil profesionales, por lo que es previsible que en los próximos años veamos que la marina mercante vuelve a tener un período de esplendor. Ello renueva nuestra confianza en que el comercio internacional por la vía marítima seguirá siendo uno de los principales pilares del progreso nacional.
Sin duda, la actividad enfrenta importantes desafíos, como la creciente complejidad del comercio internacional, que implica que los cursos de actualización sean, a su vez, más exigentes.
En ese sentido, existe cierto grado de preocupación respecto a la calidad de la formación que se entrega en las universidades privadas que dictan la carrera y a la creciente prescindencia de la Armada en la supervigilancia de las nuevas generaciones de marinos.
Por último -y este es un asunto que nos compromete como país-, se ha experimentado un creciente aumento de la piratería. Afortunadamente, este flagelo no ha llegado a nuestro litoral, pero sí afecta a las rutas que deben seguir nuestras exportaciones en las costas africanas, en el mar de China y en el océano Índico, donde ya se han presentado casos de marinos chilenos dentro de la tripulación secuestrada en naves con otras banderas.
La piratería actual opera a base del cobro de rescate por la carga y los tripulantes secuestrados, y por realizarse en alta mar, fuera de la jurisdicción de cualquier país, se requiere un esfuerzo mundial para su erradicación. Ha habido resoluciones explícitas de la ONU, así como esfuerzos unilaterales de Estados Unidos, pero no cabe duda de que Chile no puede quedar ajeno a ello.
Saludo y felicito a todos los actores de esta actividad que nos acompañan en este merecido homenaje.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor Chahuán, en representación de los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, solicita insertar en la Versión Oficial el texto que tenía preparado para leer en homenaje a la Marina Mercante, pues no alcanzó a pedir la palabra.
Si le parece a la Sala, se incorporará en la Versión Oficial la intervención de Su Señoría.
--El discurso del Senador señor Chahuán cuya inserción se acordó es del tenor siguiente:
"Señor Presidente, Honorable Sala:
"En mi calidad de Senador representante de la Sexta Circunscripción, en cuyo territorio se encuentran los dos puertos más grandes del país, y en nombre de los Comités de Senadores de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, quisiera adherir al homenaje que el Presidente de nuestra Corporación ha rendido a la Marina Mercante Nacional, dada la importancia que reviste para el desarrollo económico de la nación.
"En este contexto, se hace necesario recordar que el 26 de Junio de 1818, el Director Supremo de la Nación, Libertador General Don Bernardo O´Higgins Riquelme, otorgó la primera patente de comercio marítimo al armador chileno Don Francisco Ramírez, para que operara el buque "Gertrudis de la Fortuna", que fue la primera nave al servicio de la Marina Mercante de Chile.
"Así, por primera vez, una nave mercante enarbola el pabellón de la República, para recorrer los mares portando el espíritu de la nueva nación, la pujanza de su gente y las riquezas de su territorio. Por dicha razón, desde entonces, la presencia de un buque mercante chileno en cualquier punto del mundo, constituye su más poderoso vínculo con las demás naciones.
"Las actividades navieras son las que dan vida a los pueblos marítimos, y son también el fundamento y la fuerza impulsora de su desarrollo.
"La Armada de Chile, como celosa guardiana y protectora de los intereses marítimos de la Nación, de los que la Marina Mercante Nacional es el más importante, impulsó el reconocimiento y la instauración del 26 de Junio de cada año como el Día de la Marina Mercante Nacional, el que conmemora en forma perenne la fecha de inicio de una actividad que engrandece a la Patria día a día, en todas las latitudes, y de todos aquellos compatriotas que viven ligados a la majestuosa inmensidad del mar, refundiéndolos en un mismo molde de aspiraciones e ideales.
"Oficiales y tripulantes son el nervio motor de un buque. Ni la más avanzada tecnología podrá salvar a la nave cuyos tripulantes no participen de su espíritu inmanente, aquel que anima a todos sus iguales, en todos los mares y bajo todas las banderas. De allí que, pese a tratarse de una empresa creada por el afán de comercio, la empresa naviera, como toda empresa de hombres, requiere también de una mística.
"La conmemoración anual de esta efeméride contribuye a destacar ante el país la labor tesonera de quienes se desempeñan a bordo de las naves mercantes nacionales, concitando el reconocimiento ciudadano hacia una actividad que otorga un mayor impulso al desarrollo, al posibilitar un permanente intercambio de bienes y mercancías entre nuestro país y los demás del mundo.
"Acertadamente, se ha sostenido que, para Chile, el transporte marítimo reviste características de supervivencia, por cuanto más del 95% de su comercio internacional se realiza por esta vía, siendo además un país terminal y no de tránsito, respecto de las rutas navieras mundiales.
"La Marina Mercante de Chile tiene, asimismo, un papel protagónico en la proposición de Océano política y Mar Presencial que hiciera al país y a la comunidad internacional el entonces Comandante en Jefe de la Armada y recordado entonces Senador Jorge Martínez Busch, pues nuestras naves mercantes están destinadas a señalar dominio sobre las extensas superficies oceánicas que se extienden más allá de nuestra Zona Económica Exclusiva, y que encierran el vértice insular de Isla de Pascua y la proyección de su meridiano hasta el Polo Sur.
"Cada buque mercante de nuestra bandera es un trozo de Chile que se desprende del costado generoso de la Patria, para llevar a los confines del mundo su cultura y su condición de raza. El fomento y la expansión de la Marina Mercante Nacional harán posible que continúe cumpliéndose a cabalidad la acertada metáfora que en su obra ´Tierra de Océano´ señalara Benjamín Subercaseaux, al referirse a esa ´otra marina, aquella que contribuye en larga caravana de gruesos glóbulos mercantes a mantener el torrente sanguíneo de la circulación de un pueblo´.
"Pero la Marina Mercante también necesita para sus operaciones de puertos desarrollados y activos, con un marco regulatorio eficaz, que permita a esta importante actividad económica operar con la mayor eficiencia.
"Por ello, durante toda mi trayectoria parlamentaria he abogado para que exista un Estatuto de ciudades-puerto, que es lo que nuestro país necesita con urgencia y espero que el Gobierno, mi Gobierno, cristalice este ansiado anhelo de nuestra Marina Mercante, a la mayor brevedad.
"Finalmente quisiera señalar que cada buque mercante de nuestra bandera es un trozo de Chile que se desprende del costado generoso de la Patria, para llevar a los confines del mundo su cultura y su condición de raza.
"Hago llegar a todos los chilenos, que en las más diversas actividades se encuentran ligados a la Marina Mercante de Chile, mis más afectuosos saludos y los insto a continuar por la senda de contribución al engrandecimiento de nuestro país en el ámbito marítimo.
"He dicho, señor Presidente".
El señor ESCALONA (Presidente).- Habiendo terminado este homenaje, agradecemos la presencia de las personas y de los amigos de la Marina Mercante que nos han acompañado en las tribunas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proseguimos con el Orden del Día.
Boletín N° 6523-11
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en mociones de los Senadores señores Girardi y Ruiz-Esquide y del ex Senador señor Ominami; de los Senadores señora Alvear y señor Ruiz-Esquide; del Senador señor Muñoz Aburto y de la Senadora señora Alvear, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias, con segundo informe de la Comisión de Salud, informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre los proyectos (6523-11, 6037-11 y 6331-11, 6858-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley (mociones de los Senadores señores Girardi y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami; de los Senadores señora Alvear y señor Ruiz-Esquide; del Senador señor Muñoz Aburto, y de la Senadora señora Alvear):
En primer trámite, se da cuenta de ellos en las siguientes sesiones:
1) Sesión 19ª, en 19 de mayo de 2009 (6523-11).
2) Sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008 (6037-11).
3) Sesión 82ª, en 6 de enero de 2009 (6331-11).
4) Sesión 4ª, en 23 de marzo de 2010 (6858-11).
Salud: sesión 40ª, en 4 de agosto de 2010.
Salud (segundo): sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Hacienda: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Trabajo y Previsión Social (complementario): sesión 29ª, en 20 de junio de 2012.
Sesiones 41ª, en 10 de agosto de 2010 (se aprueba en general); 24ª, en 12 de junio de 2012 (queda pendiente su discusión particular); 26ª, en 13 de junio de 2012 (queda para segunda discusión); 27ª, en 19 de junio de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que se encuentra pendiente la votación de la supresión propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del artículo 5º aprobado por la Comisión de Salud, que incorpora al Código Penal los artículos 319 y 319 bis, nuevos. Asimismo, se halla pendiente la votación separada de cada uno de los incisos del artículo 100, contenido en el numeral 1) del artículo 1º, cuyo texto se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su pronunciamiento. Sobre este punto, se abrió plazo a fin de presentar indicaciones ante dicho órgano técnico, hasta las 13 de hoy.
Por consiguiente, sugeriría a Sus Señorías proseguir con el artículo 5º, que originalmente correspondía al artículo 2º del proyecto, respecto al cual, como se explicó, la Comisión de Salud acordó la incorporación de los artículos 319 y 319 bis al Código Penal, cuya eliminación propone la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la discusión particular del proyecto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero solicitar que el señor Secretario nos indique la página del comparado o del informe complementario recientemente distribuido a la que nos debemos remitir.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Disculpen, Sus Señorías. Deben dirigirse a la página 57 del comparado. En su primera columna figuran las normas que se propone insertar en el Código Penal, y en la tercera, la eliminación de estas sugerida por la Comisión de Constitución.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que la Comisión de Trabajo ha hecho un gran esfuerzo, pero su resultado me parece muy poco claro.
El artículo transitorio se refiere a que no puede haber una disminución de los porcentajes. Pero ¿cómo se calcula esta? Es bastante difícil hacerlo.
Y su último inciso señala "Este ajuste no podrá significar una disminución de los porcentajes totales de las comisiones u otros emolumentos variables que conforman la remuneración del trabajador, dentro del período que media entre marzo y diciembre del año inmediatamente anterior.".
¿Por qué para comparar porcentajes se toma un determinado período del año? Uno podría pensar que ello serviría para considerar un volumen o un monto, pero no un porcentaje.
Esta disposición debería haberse redactado mejor, sin perjuicio de tener presente también que la ley obliga a repactar las cláusulas de un contrato de trabajo, que normalmente son acuerdos voluntarios entre las partes.
A mi juicio, dicha norma habrá de ser mejorada de manera sustancial en la Cámara de Diputados. Y anuncio que votaré en contra de ella, porque no soluciona bien el problema.
No tengo interés en dilatar la tramitación del proyecto, que se encuentra en primer trámite. De manera que en la otra rama legislativa se podrán efectuar las correcciones pertinentes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, efectivamente, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social conocí la indicación que dio origen al artículo transitorio, pero no concurrí con mi firma, porque, en la misma línea de lo señalado por el Senador Novoa, pienso que la situación queda en una indefinición absoluta e incluso hasta peor.
Lo que se pretende con ese precepto es dar alguna garantía a los trabajadores. Sin embargo, no se puede obligar, por ejemplo, a elaborar nuevos contratos de trabajo -es algo bastante complejo-, ni a que el empleador ajuste tales contratos a una renta determinada o a un ingreso proporcional a lo percibido en los meses de que se trata.
Ya quisiéramos eso para los trabajadores. Pero, sinceramente, la situación, como explicábamos ayer, es muy compleja. Y decíamos -por lo menos en la intervención que yo hice ayer- que no fuera a ser cosa que por querer contribuir a arreglar el problema termináramos no pudiendo hacerlo.
La voluntad de la Comisión de Trabajo ha sido máxima. Me consta. Y doy fe de lo que ha hecho la Senadora Rincón en su calidad de Presidenta; el Senador Muñoz Aburto y todos quienes la integramos. Pero yo sigo sin encontrar una vía de solución para el punto. Además, sé que esto se consensuó con los trabajadores.
Ellos saben que nosotros queremos ayudarlos, contribuir a resolver el asunto; que no sufran un detrimento en sus ingresos; que no tengan un perjuicio económico. Sin embargo, con esta disposición tampoco se soluciona el problema como desearíamos. Y no se encontró una redacción más adecuada -esto, como respuesta a lo manifestado por el Senador Novoa-, pero es preciso buscarla y encontrarla. Y si ello se hiciera en la Cámara de Diputados, me parecería bien.
Yo me voy a abstener en la votación, porque considero que, en verdad, esta norma podría causar un daño mayor. Y aquí nadie desea que eso les ocurra a los trabajadores.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo llamar la atención hacia el hecho de que, por alguna razón, nos hemos equivocado y estamos analizando el artículo transitorio, propuesto en el informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en circunstancias de que, en realidad, lo que se puso en discusión y votación es el artículo 2° del texto aprobado en general por el Senado, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone eliminar.
Ese precepto figura en las páginas 57, 58 y parte de la 59 del boletín comparado, y entiendo que esa es la materia sobre la cual nos vamos a pronunciar en lo inmediato. Y seguramente después tendremos que hacerlo respecto de la modificación propuesta por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene razón en su planteamiento, Su Señoría.
Debemos pronunciarnos sobre la primera parte de los temas pendientes, y luego sobre la materia que abordó la Comisión de Trabajo.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, los artículos en los cuales se plantea agregar ciertas tipificaciones de conductas en el Código Penal, fueron sometidos al conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuyos miembros, luego de oír a profesores de Derecho Penal, estimaron que ellas no constituían materias que debían estar incorporadas en dicho Código, sino que eran sanciones de orden administrativo y que deberían permanecer en tal ámbito, no debiendo tipificarse como delitos en ese cuerpo normativo.
Por eso se propuso la eliminación de esos preceptos, donde se contemplan dos delitos específicos que, en nuestra opinión, no corresponde tipificar como tales.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
En votación la propuesta de la Comisión de Constitución para eliminar el artículo 2°, que pasó a ser 5°.
El señor LARRAÍN.- ¿Cómo se vota?
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Secretario, sería bueno clarificar cómo se va a votar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debe votarse como sigue.
Los señores Senadores que estén de acuerdo con la eliminación de los dos preceptos que se incorporan al Código Penal mediante el artículo 2° del texto original, aprobado por la Comisión de Salud, votarán que sí; y los que no la aprueben, que no; vale decir, en contra de lo propuesto por la Comisión de Constitución.
La señora RINCÓN.- ¿Cómo?
El señor LARRAÍN.- Para suprimirlos hay que votar a favor de la proposición de la Comisión de Constitución.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los artículos que se agregan al Código Penal aparecen en la primera columna de las páginas 57 a 59 del boletín comparado; y su eliminación, en la tercera columna de la página 57.
El señor ESCALONA (Presidente).- Observo que en la Sala hay diferentes interpretaciones sobre lo que se ha explicado.
Señor Secretario, por favor, reitere cómo debe efectuarse la manifestación de voto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La situación es la siguiente.
En la primera columna de la página 57 comienza el texto del artículo 2° del proyecto primitivo, que pasó a ser 5° en el articulado aprobado por la Comisión de Salud, sin modificaciones; o sea incorpora en el Código Penal dos artículos nuevos: 319 y 319 bis.
La Comisión de Constitución conoció de la materia en cuestión, por mandato de la Sala, y propuso eliminar el artículo 2° -ahora, 5°- del proyecto, que consigna las dos normas que se propone insertar en el Código Penal.
Por consiguiente, si les pareciera a Sus Señorías, la votación podría ser así: quienes estén de acuerdo con la eliminación propuesta por la Comisión de Constitución votarán "sí"; y quienes no estén de acuerdo con ella, "no".
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag, para fundamentar su voto.
El señor SABAG.- Señor Presidente, aunque parezca muy reiterativo, debo expresar que en muchos proyectos se han planteado enmiendas al Código Penal: en la Comisión de Transportes, para introducir algunas modificaciones; ahora, en la Comisión de Salud, agregando nuevos artículos.
Yo respeto mucho a todos mis colegas y las diversas especialidades que tienen. ¡Pero en el Senado existe la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ver, fundamentalmente, el Código Penal...!
En la votación que efectuamos ayer -fuimos criticados por el Senador Navarro- yo fundamenté mi voto y apoyé lo propuesto por la Comisión de Constitución, donde están los especialistas y por eso el proyecto se mandó allá.
En esa instancia entregaron su argumentación expertos constitucionalistas. Y yo, por supuesto, doy fe de ello; siempre la he dado. Y por eso ahora, al eliminar los artículos que la Comisión de Salud aprobó incorporar al Código Penal, la razón que dan -ellos son los técnicos- es que la materia ya está contemplada en el Código Sanitario. ¿Por qué se plantea incluir en aquel tales preceptos, estableciendo así una duplicidad?
Por lo tanto, yo me guío por lo resuelto en la Comisión de Constitución en cuanto a la supresión de esos artículos y voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide, para fundamentar su voto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a votar en contra del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por las siguientes razones.
Primero, si bien pudiera haber una argumentación de la naturaleza que se ha mencionado, la verdad es que considero esencial para el proyecto mantener los artículos 319 y 319 bis, nuevos.
Segundo, hemos dicho hasta el cansancio que las opiniones de la Comisión de Constitución no son mandatarias para la Sala, ni reglamentariamente ni en conciencia. Así lo tengo entendido. Y, en tal virtud, yo tomo esa resolución como una más.
Tercero, quienes estuvimos trabajando en esta materia no hemos sido remisos en cuanto a conocer los distintos puntos de vista de otros constitucionalistas externos a ese órgano especializado. Por lo tanto, es perfectamente posible que uno discrepe de ellos.
Cuarto, con todo el aprecio que me merecen mis colegas, debo decir que me asisten dudas hasta de los Evangelios y de las interpretaciones formuladas por la Santa Curia. Me permitirán, entonces, que también tenga dudas razonables sobre la opinión de la Comisión de Constitución.
El señor ESCALONA (Presidente).- El siguiente inscrito en la lista es el Senador señor Tuma, quien no está en la Sala.
--Se aprueba la supresión de los artículos 319 y 319 bis, nuevos, que se propone incorporar al Código Penal (19 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán y Gómez.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las otras materias pendientes son las siguientes:
El artículo 100, respecto del cual se pidió votaciones separadas de cada uno de sus incisos.
Ahora bien, en la discusión del día de ayer, se estimó necesario que la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitiera un informe complementario en relación con algunos de esos incisos. A raíz de lo cual, dicho órgano especializado propone ahora un artículo transitorio, nuevo.
Habrá que decidir si se votan primero, separadamente, los incisos del artículo 100 y después el transitorio, o al revés.
En todo caso, el artículo transitorio, nuevo, es del siguiente tenor:
"Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren pactado el pago de incentivos económicos en los términos del artículo 100 del Código Sanitario, deberán, dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, ajustar sus contratos de trabajo a la normativa vigente, sean estos individuales o producto de negociaciones colectivas.
"Dicho ajuste consistirá en que los porcentajes totales de los incentivos económicos señalados en el inciso anterior, deberán pagarse con cargo a otros emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de remuneraciones.
"Este ajuste no podrá significar una disminución de los porcentajes totales de las comisiones u otros emolumentos variables que conforman la remuneración del trabajador, dentro del período que media entre marzo y diciembre del año inmediatamente anterior.".
Esta proposición fue aprobada por unanimidad en la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, nos pronunciaremos, en primer lugar, sobre la norma propuesta por la Comisión de Trabajo.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solicito que alguien que participó en la redacción del artículo transitorio pudiera explicar algunos conceptos que están incorporados en él.
Dicha norma establece un procedimiento que debería aplicarse en los próximos meses, en el sentido de que "Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieren pactado el pago de incentivos económicos", deberán ajustar sus contratos de trabajo a la normativa vigente. Esto lo considero razonablemente claro.
Sin embargo, lo que viene a continuación me parece más oscuro, por cuanto dice: "Dicho ajuste consistirá en que los porcentajes totales de los incentivos económicos señalados en el inciso anterior, deberán pagarse con cargo a otros emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de remuneraciones.". Esto no está claro; es perfectamente confuso.
Asimismo, el inciso final es claro, y establece que: "Este ajuste no podrá significar una disminución de los porcentajes totales de las comisiones u otros emolumentos variables que conforman la remuneración del trabajador, dentro del período que media entre marzo y diciembre del año inmediatamente anterior.". Este último inciso le da sentido al primero.
No obstante, estimo que el inciso segundo, al definir cómo y dónde se deben pagar los incentivos, resulta bastante extraño. Desconozco si hay alguna explicación que lo justifique. Me gustaría que me lo aclararan antes de pronunciarme; si no, pediré votación separada de ese inciso.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ayer tuvimos una larguísima y muy fructífera discusión, la que, al final, no condujo a nada, porque se pidió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social un informe complementario.
Con el debido respeto, acerca de esta materia le he consultado a un señor Senador que fue Presidente de la República, quien es un hombre importante y que tiene un criterio perfecto, de lo contrario, no habría llegado a ocupar ese cargo. Y también consulté a un funcionario de la Redacción -no lo voy a nombrar, obviamente, para no incomodarlo-. Asimismo, he leído esta proposición 7 veces.
Y, a la luz de mis escasas capacidades, he llegado a la conclusión de que no existen -salvo la diferencia mencionada por el Senador Larraín, que es para "pior", como dice el huaso- grandes diferencias entre uno y otro texto.
A mi juicio, lo que propusimos tiempo atrás, suscrito por varios Senadores, y este texto, son literalmente lo mismo. No hay ningún cambio de fondo. ¡Nada!
Entonces, nos hemos dado el lujo de enviar el proyecto a la Comisión de Trabajo y debatirlo ayer, para que se le haga un cambio absolutamente cosmético, con la diferencia de que lo propuesto ahora es, en mi concepto, peor que lo que teníamos antes.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra, y no voy a usar ninguna frase odiosa para argumentar mi postura.
La buena intención que se tuvo para recurrir a dicho órgano especializado -lo que demandó tiempo a sus integrantes, y se lo agradecemos-, no ayuda más que lo que teníamos.
Entonces, insisto en que -y no es por majadería, ni tampoco por una molestia debido a que ayer perdimos la votación; eso no tiene nada que ver- de repente nos encasillamos en una discusión absurda. Y por todo lo que debatimos ayer, me habría gustado recibir un texto distinto. Si no, podríamos haber votado el otro en la sesión anterior, ya que son prácticamente lo mismo.
Por lo tanto, en esas condiciones, considero una pesadez lo que estamos haciendo.
En todo caso, para ser consecuente con lo que digo, voy a votar que no, porque no me parece que lo propuesto sirva a los trabajadores, que es a quienes se pretende proteger.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el esfuerzo que hemos hecho entre ayer y hoy tiene que ver con la forma como eliminamos un vicio en que incurren las farmacias, las que obligan a sus trabajadores a recomendar medicamentos, más que por razones médicas, por motivaciones económicas de interés de los propios laboratorios. Eso lo prohibimos. Y se aprobó así.
Sin embargo, debemos reconocer que estamos afectando los ingresos de los trabajadores de manera significativa al establecer tal prohibición, pues los empleadores van a recortar sus remuneraciones precisamente en la cantidad recibida por concepto de incentivo.
Yo he mirado con harta atención la norma transitoria propuesta por la Comisión de Trabajo, y concluyo que su redacción es mala. Pero el Senado tiene que dar la señal de que desea que los trabajadores conserven sus niveles remuneracionales, y al mismo tiempo, de que debe corregirse el vicio en que están incurriendo los laboratorios al usar el procedimiento tantas veces señalado, que es condenable y ha sido criticado. Y estamos resolviendo el problema. Pero hagámoslo de buena manera.
Ahora, a pesar de que creo que el texto sugerido por la referida Comisión no resuelve bien el punto, voy a votar a favor, porque en la Cámara Baja tendremos tiempo de corregir, ajustar y perfeccionar la idea que aprobamos mayoritariamente los Senadores en términos de decir: "Vamos a corregir este vicio, pero sin afectar los ingresos de los trabajadores".
Por tanto, señor Presidente, voy a respaldar el artículo transitorio propuesto, en el espíritu de que cualquier error de interpretación a que pueda llevar su redacción, que es mala, se pueda corregir durante el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación el artículo transitorio, nuevo, propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¡el colega Ruiz-Esquide me acaba de proponer que mandemos la indicación a la Comisión de Constitución para que arregle la redacción...!
El señor ESPINA.- De acuerdo.
El señor PIZARRO.- No "agarre papa", señor Senador. No se preocupe.
Señor Presidente, creo que lo importante es que, según se ha dicho acá, al aprobar la disposición que se nos sugiere vamos a dar una señal como Senado en el sentido de lo que expresa su último inciso: "Este ajuste no podrá significar una disminución de los porcentajes totales de las comisiones u otros emolumentos variables que conforman la remuneración del trabajador,...".
Esa es la señal que importa: que a los trabajadores no se les rebajen sus ingresos producto de una decisión que todos queremos tomar en cuanto a que se terminen los incentivos perversos.
Ayer, producto del debate, se planteó la posibilidad de enviar el artículo 100 a la Comisión de Trabajo para que pudiéramos conocer de la materia. Ese día no podríamos haberlo hecho. Y por suerte el Senado facilitó el procedimiento.
¿Cuánto tiempo se perdió? Poco: la mañana de hoy. Ahora estamos terminando de despachar este proyecto, pero con una señal clara y precisa a los empleadores para que respeten los ingresos promedio de los trabajadores entre los meses de marzo y diciembre del año inmediatamente anterior.
Es un acto de justicia. ¿Que se puede perfeccionar, Senador Tuma? Seguramente sí. Pero en la Cámara de Diputados habrá un segundo trámite constitucional, y allí se tendrá que llegar a la redacción adecuada.
Así que me parece importantísimo aprobar esta modificación, porque lo que más interesa es generarle tranquilidad a la gente que trabaja en las farmacias, que harto se empeña y que merece remuneraciones más altas, no más bajas.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en cuanto al sector del retail, años atrás definimos, a raíz de una iniciativa de ley, que se debía asegurar un procedimiento para evitar que a los trabajadores les rebajaran el ingreso total promedio que habían percibido en los seis meses anteriores. Esto fue producto de que fijamos que ningún sueldo base podía ser menor que el sueldo mínimo. Y se estableció un plazo de seis meses para ajustar la parte del ingreso cubierta por el ingreso variable. De hecho, se redujo este último como ponderación en los ingresos totales. Y hubo un proceso de ajuste que permitió que eso ocurriera.
El sentido de lo que aquí se discute es igual. Fruto de una norma que se considera saludable -evitar que haya incentivos perversos para la venta de ciertos productos y que esos incentivos estén vinculados por sobre todo a las remuneraciones-, queremos que los sueldos no dependan de qué productos venden los trabajadores, sino de la venta en general, quizá; o sea, de ningún modo a la "canela" relacionada con un producto específico.
Reconocemos que una parte del sueldo de los trabajadores de farmacias es fija, y la otra, variable. Y lo único que queremos es asegurar que exista un período de ajuste, que dependerá de los contratos individuales o de la negociación colectiva, para que al final de él no reciban una remuneración menor que el promedio de ingresos que tenían antes de la ley en proyecto.
Ahora bien, yo creo que la indicación presentada originalmente era mucho más clara. Confío, pues, en que la Cámara de Diputados pueda reponer la lógica y el texto propuesto en el comienzo.
Me parece que la norma transitoria que se nos sugiere ahora, en la que los trabajadores han querido contribuir, adolece de errores. Es una cuestión de experiencia, de técnica legislativa.
En mi opinión, nadie aquí es partidario de que les bajen las remuneraciones a los trabajadores de las farmacias, más aún cuando en todo el país estamos discutiendo sobre cómo aumentar el sueldo mínimo, el sueldo ético; acerca de cómo disminuir las tremendas diferencias y desigualdades existentes en materia de ingresos.
Lo que queremos es que esos trabajadores, o por lo menos sus remuneraciones, no sean el factor de ajuste de la industria.
Desde que comenzó la tramitación de esta iniciativa -y eso es lo que ha motivado este debate-, algunos empleadores han actuado unilateralmente contra sus trabajadores, en perjuicio de estos. Porque no existe una norma legal que proteja sus remuneraciones.
Deseamos poner un freno a malas prácticas de malos empleadores que están dañando a los trabajadores de las farmacias.
Sabemos que en nuestro país hay grandes cadenas farmacéuticas. Son tres o cuatro las que controlan el mayor porcentaje del mercado. Los trabajadores se hallan vinculados al mismo grupo económico. Y vemos cómo están presentes en todo el territorio nacional.
Queremos que en esa industria -exitosa, pujante, de buenos resultados-, a raíz del término de una mala práctica, la de la "canela", lo cual va a variar la relación entre empleadores y empleados, el factor de ajuste no sean los trabajadores sino la negociación entre Farmacias Ahumada o Salcobrand, por ejemplo, y los laboratorios.
Ese es el espíritu, señor Presidente.
Yo, si pudiese, pediría que repusiéramos la indicación original, que a mi juicio era más clara. Pero entiendo que ya es tarde para eso.
Por ello, voy a votar a favor de la norma transitoria que nos propuso la Comisión de Trabajo, esperando que se reponga un texto más simple, que no entre a discutir sobre la ponderación de la variabilidad de los porcentajes, que son por comisiones variables o fijas, y que garantice que el resultado final no dañe los ingresos de los trabajadores.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, nosotros, como Comisión de Trabajo, hicimos el esfuerzo de concordar un artículo transitorio que tuviera por finalidad mantener el nivel de las remuneraciones percibidas hasta este momento por los trabajadores farmacéuticos.
Por eso, no me agrada que se diga que se ha perdido el tiempo (dos días) y que una indicación es mejor que otra. Todas las indicaciones que se presentaron fueron subsumidas y tienen el mismo propósito: proteger (reitero) las remuneraciones de los dependientes de farmacias, que se hallan compuestas por un sueldo base muy reducido y por comisiones, porcentajes y premios.
De no mediar los abusos que los empleadores cometen contra sus empleados, nosotros no tendríamos por qué estar incorporando artículos transitorios para proteger a los trabajadores farmacéuticos.
Si hubiera calidad en el empleo y en las remuneraciones, no estaríamos haciendo esto.
Lo fundamental de la norma transitoria propuesta -no sé si con mi explicación voy a absolver la consulta del Senador Hernán Larraín- se contiene en su inciso segundo, que establece: "Dicho ajuste" -el encaminado a proteger las remuneraciones- "consistirá en que los porcentajes totales de los incentivos económicos señalados en el inciso anterior, deberán pagarse con cargo a otros emolumentos variables". Ello se refiere a que los montos totales recibidos por el trabajador siempre fueron remuneración variable y corresponden a un porcentaje de todas las ventas que efectuaron durante el período que se fija en el inciso tercero: de marzo a diciembre del año inmediatamente anterior.
A eso se apunta con la disposición transitoria sugerida.
Tal vez falta mayor claridad en la redacción. Lo lamento. Pero ese es el propósito que se persigue con la modificación introducida por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, votaré a favor de la norma transitoria que se nos propuso. Y quiero fundamentar mi decisión.
En primer lugar, las farmacias establecieron una comisión irregular. Y prueba de esto es que la estamos derogando.
Esa comisión consiste en que a los trabajadores se les ofrece ganar más dinero si logran vender remedios de determinado laboratorio, sin importar si el fármaco es el mejor o el peor y aun cuando a ellos no les corresponde calificar si un medicamento es bueno o malo.
Ese incentivo es superperverso y constituye una pésima práctica. Por algo lo estamos eliminando. Y no veo que ningún señor Senador se oponga a ello.
Me coloco en el papel de un trabajador farmacéutico al que le dicen: "Usted tiene un incentivo si vende el remedio de tal laboratorio". Veo bien difícil que el dependiente responda: "No. Yo quiero ganar menos plata y, por tanto, no lo haré".
Cuando eliminamos ese incentivo, los únicos que pierden son los trabajadores, quienes a mi juicio no tienen responsabilidad en esa práctica. Y, aunque la tuvieran, no se les podría pedir que dijeran: "Señor empleador, si bien no me gusta señalarle a una persona que compre un remedio de determinado laboratorio, no voy a dejar de ganar más". Eso no es real. Y no corresponde hacerle a un trabajador una petición de tal índole.
Entonces, más allá de que esté redactada de manera imperfecta, la norma transitoria que se nos propone apunta a que la comisión que se le pagaba a un dependiente de farmacia se traspase como porcentaje a una de las comisiones variables que recibe por otro concepto.
¿Se le está asegurando al trabajador la misma remuneración? No, porque si no vende nada probablemente su comisión será inferior; de lo contrario, no sería comisión.
Si alguien pretende que va a ganar siempre la misma cantidad de plata por la comisión, significa que el estímulo dejó de tener ese carácter y se convirtió en sueldo fijo.
La disposición que se nos sugiere no está perfectamente redactada; es posible mejorarla. Sin embargo, la idea es decirle al trabajador: "Usted percibía una comisión que le daba equis plata," -más o menos, dependiendo del mes- "pero hoy día se la eliminamos porque se declaró irregular, ilícita o prohibida. Y para que no pierda el estímulo que se le otorgaba por vender un remedio de determinado laboratorio, le vamos a trasladar el porcentaje respectivo a una comisión nueva, distinta, que signifique un incentivo correcto y sano".
Entonces, conceptualmente, la norma propuesta está bien.
Ahora, comparto lo que manifestó un Senador en cuanto a que su redacción no es muy pulcra. Pero también sé que en un plazo de 24 horas no se puede pedir demasiado.
Ahora, entre paréntesis, yo no voto por señales -los parlamentarios no debemos proceder así-, sino por artículos.
Ayer se votaba contra la Constitución para dar una señal. Alguien puede decir que, como señal, a quien cometa un delito lo matemos o no le hagamos un juicio.
Yo no confío en las señales. Los parlamentarios debemos votar por artículos.
En este caso no se trata de dar una señal, señor Presidente.
Conceptualmente, me parece estupendo el establecimiento del legítimo derecho a ganar más plata, una comisión, por un trabajo bien hecho. Y como en la situación que nos ocupa los dependientes de las farmacias salen perjudicados porque se les elimina una comisión que el legislador y muchos otros consideran indebida, es razonable que el porcentaje que ella representa se traslade a otra comisión, de manera que dichos trabajadores tengan la oportunidad de mantener su remuneración, de conservar el mismo sueldo que estaban percibiendo.
Por lo tanto, conceptualmente, la norma transitoria que se nos propuso es correcta. No obstante, creo que debe ser corregida durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la explicación dada por el Senador Espina es lo que se halla detrás de esta discusión.
Aún más: a las tres y media de esta tarde escuchamos a Mauricio Acevedo Sandoval, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR), quien nos acompaña en estos momentos en las tribunas, y pudimos darnos cuenta de que el problema es más dramático todavía.
En efecto, si el trabajador no vendía el producto consignado en su contrato de trabajo o en la negociación colectiva, alguien que se encontraba tras bambalinas, detrás del mostrador, provisto de una guía, le decía: "Usted no cumplió las metas. Así que estamos mal. Y lo vamos a trasladar de sucursal".
¡Esa es la realidad que enfrentan los dependientes de farmacias en nuestro país!
Ahora bien, si todos los que nos hallamos en esta Sala coincidimos en que no es admisible privilegiar a través de contratos casi atados la venta de tal o cual producto, motivo por el que estamos legislando hoy, no parece razonable que mediante la ley en proyecto perjudiquemos a determinados trabajadores de nuestro país.
Por eso, consideramos sensato reconocer la existencia de un incentivo económico en la remuneración variable para premiar el buen desempeño en la venta, pero no que ello quede atado a cierto producto y, además -como ocurre hoy-, reflejado en los contratos laborales individuales o en las negociaciones colectivas de los trabajadores.
Entonces, si al problema derivado del artículo 100 que se propone para el Código Sanitario no le damos una salida transitoria como la planteada mediante la norma que sugiere la Comisión de Trabajo (obviamente, es perfectible), estaremos dejando en la indefensión a los trabajadores.
Hay ya un grupo que está contratando en condiciones distintas a sus nuevos dependientes, producto de la normativa legal que va a salir del Parlamento.
Existen desde el punto de vista de las remuneraciones derechos adquiridos de los trabajadores de farmacias. Debemos tratar de resguardarlos asociándolos -tal como indicó el Senador Espina- al cumplimiento de metas y a otro tipo de incentivos. Pero la pregunta era cómo hacerlo.
Porque es preciso consignar, señor Presidente, que los cálculos se han hecho sobre la base de una matriz en que cada producto tiene asignado un porcentaje. Por ejemplo, la venta de Hipoglós ha representado un tres por ciento de los mil 900 pesos que cuesta el producto, y la del paracetamol asociado a la marca de cierto laboratorio, una proporción diferente. Así, al final del mes, una serie de porcentajes vinculados a artículos distintos se han expresado en la remuneración de los trabajadores.
Con la norma del artículo 100, que nos parece completamente pertinente, eso se termina. Y la pregunta es qué pasa con los ingresos pactados en los contratos o en una negociación colectiva.
Nos parece que el artículo transitorio, que subsume las indicaciones formuladas -en total, fueron cuatro las que se hicieron en el breve plazo que tuvimos para la discusión-, refleja y se hace cargo de la inquietud del sector laboral, así como también de la del Senado, que detonó el debate de ayer y que se manifiesta en la unanimidad registrada en la Comisión.
Por eso, señor Presidente, voto que sí, teniendo presente que el texto puede ser mejorado, obviamente, en el segundo trámite constitucional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, anuncio que me pronunciaré a favor, por cierto, ya que aquí se ha puesto en primer lugar la protección de los ingresos de los trabajadores. No cabría otra posibilidad.
Le he preguntado a la Senadora señora Rincón por qué estamos contemplando en el artículo 100 del Código Sanitario elementos de remuneraciones. Todo indica que, cuando a la Dirección del Trabajo le pedimos fiscalizar, lo hacemos sobre la base de que se trata de trabajadores. Y eso dice relación con el Código del Trabajo, no con el Código Sanitario.
Quisiera un capítulo especial para el personal de farmacia, de tal manera que sus derechos se encontraran debidamente resguardados.
Me habría gustado mucho escuchar la opinión de la señora Ministra del Trabajo, porque, para que la ley en proyecto proteja efectivamente al sector laboral, será preciso fiscalizar su cumplimiento. Y eso implicará inspectores y un plan de fiscalización especial por parte del Ministerio, para evitar abusos.
Espero que los dueños de grandes cadenas farmacéuticas no intenten pagar las multas aplicadas por la colusión generando ahorro, al aprovechar la situación, con los ingresos de los trabajadores. Ojalá que no ocurra nada en tal sentido.
Me habría gustado conocer la opinión de las farmacias. No sé si sus representantes acudieron a la Comisión en algún minuto, porque los que tendrán que cumplir el artículo transitorio no es el personal, sino los empleadores, las cadenas. Imagino que ello también se extiende a los pocos y pequeños establecimientos independientes que aún sobreviven. Sería bueno consultar para que nos respondieran si van a cumplir o no la obligación que les estamos imponiendo.
No hay razón para disminuir las remuneraciones, porque las ventas no van a variar. Es decir, ello sucederá en el caso de algunos productos, pero no con relación a los ingresos totales. Debería venderse igual volumen y a igual precio.
Se registrará una repartición diversa, es decir, respecto de otros elementos de incentivo, que espero que no sean tan perversos como los que queremos eliminar. Cabe considerar, entonces, el ingreso permanente, el ingreso base. Porque si se variará a otros incentivos, me gustaría saber cuáles son y si se traducirán o no en un menoscabo para el trabajador. Si se quiere mantener una remuneración variable por algún concepto, deseo que eso no vaya en desmedro de los ingresos ni de la calidad de la labor.
Ley más fiscalización. Espero que al implementarse el futuro cuerpo legal medie un plan de fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo.
El país y los usuarios no van a aceptar que las farmacias paguen sus multas a costa de los trabajadores. Y ojalá eso quede muy claro.
El inciso final del artículo transitorio dispone que "Este ajuste no podrá significar una disminución de los porcentajes totales de las comisiones u otros emolumentos variables que conforman la remuneración del trabajador, dentro del período que media entre marzo y diciembre del año inmediatamente anterior.".
Quisiera que esa decisión reflejase una media. Y entiendo que así será, porque conversé el asunto con Mauricio Acevedo. Ello se fija en un punto justo y se incorpora diciembre, mes bueno para todo el comercio. Por lo tanto, hay una medida de equilibrio razonable en torno a cómo se van a calcular las variaciones de las remuneraciones, que no deberían ser inferiores.
Ojalá que, si la iniciativa se acoge y no se introducen mayores modificaciones en la Cámara de Diputados, podamos abrigar la certeza de que se va a cumplir lo que estamos votando. ¡No hay mayor incertidumbre para el legislador!
Me gustaría plantearles a la señora Ministra del Trabajo, al Gobierno, que la normativa que estamos aprobando es para que se ponga en práctica y que quienes la infrinjan deben recibir las sanciones correspondientes. Para ello, todos sabemos que es preciso fiscalizar, a fin de proteger a los trabajadores, quienes son siempre la parte más delgada del hilo y los que reúnen menos condiciones para poder defenderse a la hora de hacer valer sus derechos.
Voto a favor, señor Presidente, esperando que el articulado proteja de verdad al sector laboral.
El señor ESCALONA (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría.
El señor LETELIER.- El Senador señor Carlos Larraín, distinguido ciudadano de la Patria, no está respetando el Reglamento al infringir el código de vestuario en la Sala.
El señor PROKURICA.- ¡Navarro con corbata y Carlos Larraín sin corbata...!
El señor GÓMEZ.- ¡Pero estoy seguro de que tiene puestas las polainas...!
El señor ESCALONA (Presidente).- No sé si se ha tomado nota de que el prestigio de la Corporación no se encuentra muy alto...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Por qué no manda la discusión a Comisión, señor Presidente...?
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me parece que el debate que hemos sostenido sobre la materia que se envió ayer a Comisión no significa una pérdida de tiempo. Creo que precisamente va a reforzar la idea que todos hemos querido establecer con la indicación que viene ahora como norma transitoria.
Es preciso dejar en claro que la modificación del inciso quinto del artículo 100 no afectará los ingresos de los trabajadores de farmacia. Se determina que se procederá de acuerdo con la fórmula que se establece en el inciso segundo del artículo transitorio propuesto. O sea, los incentivos económicos que se impiden por esa primera norma se van a imputar a otros emolumentos variables.
Por lo demás, en el inciso tercero de la disposición transitoria se reitera que no podrá registrarse una disminución de remuneraciones. Y se determina un mecanismo, que contempla incluso un período de tiempo, conforme al cual deben hacerse los cálculos.
En consecuencia, me parece que lo importante es dejar eso establecido. En el caso de las dudas, la historia de la ley consignará que ha mediado la unanimidad de la Sala del Senado. Y todos han argumentado que la disposición transitoria apunta a la coincidencia con el contenido del artículo 100. Si hubiéramos aprobado nada más que este último, ahí sí que podrían desaparecer los incentivos, en tanto que la primera permite reemplazar lo que prohibimos por otros equivalentes y del mismo monto.
Ahora, si es necesario perfeccionar el texto, podrá hacerlo la Cámara de Diputados. Lo importante es que quede establecido -repito- en la historia de la ley, con toda precisión y claridad, que lo legislado por el Senado en el artículo transitorio, respecto de la supresión, en el inciso quinto del artículo 100, del incentivo llamado "canela", no puede significar una disminución de las remuneraciones de los trabajadores de farmacia, sino que tendrá que fijarse un mecanismo para que ese efecto no se cause.
Para mí, eso ha determinado que el debate haya sido útil para dejar una constancia aún más exacta de cuál ha sido la voluntad del Senado al legislar sobre la materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, pienso que tenemos la obligación de hacer lo mejor posible nuestra labor.
En primer lugar, no dudo de la intención de ninguno de los señores Senadores que han hecho referencia a cuál es el propósito que los inspira en el asunto. Tengo que anotar, sí, una diferencia, porque, con el mismo entusiasmo y en relación con el mismo artículo, algunos exponen que el punto dice relación con una disminución de porcentajes totales, y otros, con una disminución de ingresos. Y son dos cosas distintas.
Voy a votar en contra, porque si la norma llega aprobada por unanimidad a la Cámara de Diputados, a lo mejor nadie la corregirá. No es lo mismo hacer una igualación de porcentajes que hacer una de ingresos. Es importante que ello se clarifique. Ese es el sentido de mi pronunciamiento.
Sé que la disposición será aprobada, pero pido que en la otra rama del Congreso se efectúe la enmienda pertinente, porque, cuando las redacciones son confusas, hay gente que se aprovecha de ellas y las interpreta a su manera.
Soy consciente que aquí se hizo un gran esfuerzo. Eso está bien. No se ha perdido el tiempo. La discusión ha sido muy útil. Pero resulta claro que la Cámara tendrá que introducir una precisión para evitar problemas futuros. Lo que cabe hacer ahora es despachar el proyecto para que pase a esa Corporación lo antes posible.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, agradezco las explicaciones que se han dado con relación a la consulta que formulé, pues vienen a confirmar que la norma obedece a una muy buena intención, pero exhibe una muy mala redacción.
Espero que el texto sea corregido en la Cámara de Diputados, como acaba de plantearlo el Senador señor Novoa, porque podría prestarse para una comprensión que iría en desmedro de los intereses de los trabajadores que se busca cautelar. Creo que la interpretación ha quedado clara, particularmente ante las opiniones expresadas por distintos colegas, más que por los términos del artículo transitorio propuesto.
Por eso, es importante -en este minuto no se halla presente ninguna autoridad de Gobierno- tomar las providencias necesarias para verificar un perfeccionamiento. Y si es necesario llevar el asunto a Comisión Mixta, que se haga.
Ahora, de todas maneras, quiero hacer presente que se registrarán consecuencias económicas. Y, por eso, interesa una buena redacción. Advierto perfectamente lo que se halla de por medio. Aquí se ha pagado una comisión por la venta de ciertos remedios de determinados laboratorios, financiada por estos, en realidad, no por las farmacias. Ante la prohibición de esa mala práctica -estamos completamente de acuerdo en que lo es-, los laboratorios ya no van a enterar tales recursos. Sin embargo, les estamos diciendo a las farmacias: "Ustedes cancelen igual el promedio del porcentaje de las comisiones por la venta de remedios de determinados laboratorios, pero tienen que hacerlo con sus ingresos, porque estos últimos ya no les van a aportar más".
En el fondo, no estamos subiendo las remuneraciones del personal, sino que tratamos de que sean mantenidas. Les estamos subiendo el costo a las farmacias por haber incurrido en una práctica inconveniente.
Por tanto, en aras de que se cumpla el objetivo que se persigue, insisto en la necesidad de corregir la disposición.
Voy a votar a favor, con la expresa prevención de que comparto el propósito de que los trabajadores no resulten perjudicados por una mala práctica a la que fueron inducidos. Porque no nació de su creatividad la incorporación de una comisión por la venta de ciertos productos de determinados laboratorios, sino que ello obedeció al acuerdo de las farmacias con estos últimos.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, tal como lo manifesté en una intervención anterior, la única finalidad de todos los presentes es evitar, a como dé lugar, un detrimento para los trabajadores de las cadenas de farmacias.
Al haber expuesto que la indicación tenía que ser mejorada, me alegro de la coincidencia que ha mediado en tal sentido.
Había partido manifestando que, como no deseo un efecto negativo, incluso podía abstenerme. Sin embargo, voy a votar a favor,...
... porque me parece que es lo que tenemos que hacer para que la disposición sea perfeccionada en la Cámara de Diputados.
Pero ¿sabe, señor Presidente? Hoy, tal como en oportunidades anteriores, deseo destacar la precarización del empleo. Porque existe un aspecto disfrazado, oculto: los trabajadores se ven, muchas veces, ¡obligados! a aceptar situaciones que probablemente no comparten, pero no tienen ninguna otra posibilidad de mejorar sus remuneraciones. Obviamente, el factor familiar, el laboral, están primero, aun cuando en su interior sepan que aquello a lo cual se encuentran obligados -repito- raya en algo que la gran mayoría no comparte en lo más mínimo.
En forma paralela, se trata de darles tranquilidad a los usuarios. A ellos se los puede mirar hoy de frente. Creo que la misma gente que trabaja en las farmacias ha estado muy complicada cada vez que tenía que inducir una determinada venta. Ello para nadie es grato, pero ha sido preciso defender también la situación económica, los ingresos, el entorno familiar. Hoy día, los clientes, los pacientes que compren remedios, tendrán al menos la certeza absoluta de que la mala o perversa práctica que nos ocupa ya no se verificará.
Al mismo tiempo, queremos que los trabajadores, que desarrollan una importante labor en las cadenas de farmacias, no se vean constreñidos a realizar la acción a la que fueron inducidos y puedan recibir, en definitiva, una remuneración como Dios manda.
Insisto, no obstante, en que existe un elemento escondido, disfrazado: para que sea posible alcanzar un determinado ingreso, es preciso llegar a incentivos perversos como el que nos ocupa, en circunstancias de que en el tipo de negocio o actividad de las cadenas de farmacias, fundamentalmente, bastante lucrativo, debieran pagarse montos mucho más dignos.
--Se aprueba el artículo transitorio, nuevo, propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social (22 votos a favor, 2 en contra, una abstención y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Novoa y Ruiz-Esquide.
Se abstuvo la señora Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que se pidió votar separadamente cada uno de los seis incisos del artículo 100.
El señor ESCALONA (Presidente).- Esos seis pronunciamientos quedarán pendientes hasta la próxima sesión.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de que se dé curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de requerir información sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS EN COMUNA DE OSORNO Y EN REGIÓN DE LOS RÍOS, y al señor Director General de Aeronáutica, para que informe sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS EN OSORNO Y EN VALDIVIA.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, al señor Ministro de Educación y al señor Presidente de la Comisión de Zonas Extremas, a fin de solicitar ESTUDIO DE SITUACIÓN DE PERSONAL DE JARDINES INFANTILES MUNICIPALES.
--Se levantó a las 19:53.