Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-437-de-octubre-1-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_f5b579e889600288e0430a0101510288&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 11:55:02
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RESOLUCIÓN 437 DE 01 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN 17 DE 2000, EN LO CONCERNIENTE A LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS ATINENTES A RESTITUCIÓN DE TIERRAS , Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LOS DESMOVILIZADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO-LEY 262 DE 2000, DECRETO 2246 DE 2011 Y LEY 1448 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL JURISDICCIONAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
“Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 17 de 2000 delegando, distribuyendo y asignando competencias y funciones a la procuraduría delegada para la restitución de tierras y a la procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 277 de la Constitución Política, y las previstas en los numerales 6º, 7º, 8º, 38 y en el parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y
Que el Procurador General de la Nación puede ejercer por sí mismo las funciones señaladas en el artículo 277 de la Constitución Política, o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad de conformidad con el inciso 1º del parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000;
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, es facultad del Procurador General de la Nación, expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley;
Que el parágrafo 2º del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” dispuso que la Procuraduría General de la Nación deberá asignar un número suficiente e idóneo de personal para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, principalmente para atender e intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y tribunales superiores de distrito judicial;
Que mediante el Decreto 2246 de 2011, “por el cual se modifica la estructura de la Procuraduría General de la Nación” se adicionaron los numerales 17 y 18 del artículo 24 y los numerales 9º, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 y 11. 4º del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000; así mismo, se incorporó el inciso 2º al artículo 29 del último decreto en mención;
Que con fundamento en lo anterior se hace necesario distribuir y asignar las funciones y competencias establecidas en la Resolución 17 de 2000 y demás disposiciones que la modifiquen y adicionen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2246 de 2011;
ART. 1º—Modificar el artículo 1º de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 1º—Las competencias y funciones previstas en los artículos 23 al 36 del Decreto-Ley 262 de 2000, se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes procuradurías delegadas:
— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.
— Procuraduría delegada para la moralidad pública.
— Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa.
— Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa.
— Procuraduría primera delegada para la contratación estatal.
— Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal.
— Procuraduría delegada para la economía y la hacienda pública.
— Procuraduría delegada para la policía nacional.
— Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares.
— Procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos.
— Procuraduría delegada para la vigilancia judicial y la policía judicial.
— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.
— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado.
— Procuraduría delegada para la conciliación administrativa.
— Procuraduría segunda delegada para la casación penal.
— Procuraduría tercera delegada para la casación penal.
— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal.
— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal.
— Procuraduría tercera delegada para la investigación y juzgamiento penal.
— Procuraduría cuarta delegada para la investigación y juzgamiento penal.
— Procuraduría delegada para la restitución de tierras.
— Procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados”.
ART. 2º—Modificar el artículo 2º de la Resolución 17 de 2000, cual quedará así:
“ART. 2º—Delegación de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Deléganse las competencias preventivas y de control de gestión establecidas en los artículos 24 y 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:
ART. 3º—Modificar el artículo 3º de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 3º—Delegación de funciones preventivas y de control de gestión en las procuradurías delegadas que ejercen funciones de intervención ante las autoridades judiciales. La función preventiva y de control de gestión establecida en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000 la ejercen, en el ámbito de competencia previsto en esta resolución para cada una de estas dependencias, las siguientes procuradurías delegadas:
— Procuraduría delegada para la restitución de tierras”.
ART. 4º—Adicionar el artículo 9A a la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 9A.—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial de restitución de tierras. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de restitución de tierras establecidas en el artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:
ART. 5º—Modificar el artículo 16 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 16.—Delegación de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. Delégase la función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:
ART. 6º—Modificar el artículo 18 de la Resolución 17 del 2000, el cual quedará así:
“ART. 18.—Distribución de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Las funciones y competencias preventivas y de control de gestión se distribuyen internamente así:
La procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, y las que le correspondan en su calidad de instancia coordinadora de la función preventiva integral.
La procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 3º, 5º, 6º y 7º del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores, adolescentes, incapaces y la institución familiar.
La procuraduría delegada para asuntos civiles, ejerce las funciones y competencias preventivas relacionadas con los asuntos civiles establecidos en los numerales 1º, 5º, 6º, 8º y 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.
La procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 5º, 7º y 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter laboral.
La procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, relacionadas con los asuntos ambientales y agrarios.
La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 9º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se vean involucrados los derechos de las minorías étnicas y cuando se trate de la defensa de los derechos humanos de cualquier ciudadano.
La procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 6º, 9º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trata de asuntos relacionados con la descentralización y las entidades territoriales.
La procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 7º y 14 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con la intervención en los procesos penales.
La procuraduría delegada para la restitución de tierras ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 15, 17 y 16 del artículo 24 y el numeral 11.4 del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con restitución de tierras.
La procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 17 y 18 del artículo 24 y el numeral 11.4 del artículo 29, cuando se trate de asuntos relacionados con los derechos de las víctimas del conflicto armado”.
ART. 7º—Adicionar el artículo 24A a la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 24A.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial de restitución de tierras. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de restitución de tierras establecidas en el artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 se distribuyen entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de especialidad.
La procuraduría delegada para la restitución de tierras ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de restitución de tierras”.
ART. 8º—Modificar el artículo 29 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 29.—Distribución de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. La función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto-Ley 262 de 2000 se distribuye dependiendo de la especialidad de los procuradores judiciales que coordinan, en las siguientes procuradurías delegadas:
ART. 9º—Modificar el artículo 30 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 30.—Denominación y delegación de funciones en las procuradurías judiciales. Las competencias y funciones previstas en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 29 y los artículos 37 al 48 del Decreto-Ley 262 de 2000 se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes procuradurías judiciales:
— Procuradurías judiciales penales I y II.
— Procuradurías judiciales laborales I y II.
— Procuradurías judiciales de familia I y II.
— Procuradurías judiciales civiles I y II.
— Procuradurías judiciales agrarias I y II.
— Procuradurías judiciales administrativas I y II.
— Procuradurías judiciales de restitución de tierras I y II.
— Procuradurías judiciales de apoyo a las víctimas del conflicto armado I y II”.
ART. 10.—Modificar el artículo 31 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 31.—Criterios para la distribución de las competencias y funciones entre las distintas procuradurías judiciales. Las funciones establecidas en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 29 y los artículos 37 al 48 del Decreto-Ley 262 de 2000 se ejercen por las diferentes procuradurías judiciales penales I y II, procuradurías judiciales laborales I y II, procuradurías judiciales de familia I y II, procuradurías judiciales civiles I y II, procuradurías judiciales agrarias I y II, procuradurías judiciales administrativas I y II, procuradurías judiciales de restitución de tierras I y II, y procuradurías judiciales de apoyo a las víctimas del conflicto armado I y II atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas”.
ART. 11.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica las disposiciones que le sean contrarias.