Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3077-2003-01-06-2006-53081
Timestamp: 2018-10-21 00:20:16
Document Index: 412852319

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 110', 'artículo 99', 'artículo 60', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 60', 'artículo 44', 'artículo 105', 'artículo 29', 'artículo 97', 'artículo 110', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 97', 'artículo 110', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 98']

Resolución de TEAC, 00/3077/2003, 01-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3077/2003 de 01 de Junio de 2006
Fecha: 01 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/3077/2003
En la Villa de Madrid, a 1 de junio de 2006 en la reclamación económico-administrativa interpuesta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por las entidades X, S.L. y Y, S.L. con NIF ... y ..., respectivamente, y en su nombre y representación por D. A y D. B, respectivamente, como sucesoras de X, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la liquidación practicada por la Delegación de Inspección de ... de fecha 3 de julio de 2003, por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1998, y cuantía 378.674,45 €.
PRIMERO: Con fecha 11 de abril de 2003, los servicios de la Dependencia de Inspección de ..., incoaron a la hoy reclamante acta de disconformidad (A02) número ..., por el concepto y ejercicio antes citado, acompañado del preceptivo informe ampliatorio. En ellos se hacía constar que:
1. En el curso de las actuaciones de carácter parcial desarrolladas no se ha procedido al examen de la contabilidad del sujeto pasivo, examinándose otra documentación, alguna de ella de carácter contable, como el Balance de escisión.
2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el 25 de junio de 2002. Las actuaciones fueron iniciadas mediante comunicaciones notificadas a X, S.L. en fecha 25 de junio de 2002, y a Y, S.L. en fecha 27 de junio de 2002.
En las comunicaciones de inicio se indica que las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial, limitándose a la comprobación de la correcta aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores previsto en el Capítulo VIII de la Ley 43/1995. Puesto que el sujeto pasivo fue objeto de escisión total con extinción de su responsabilidad jurídica, la comunicación se dirige a las sociedades beneficiarias, en su calidad de sucesoras en los derechos y obligaciones de la escindida.
A los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 13 días, por retraso en la aportación de la documentación por el contribuyente.
3. De las actuaciones practicadas resulta que:
1- Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo X, S.L. (NIF ...) no había presentado declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 1998. La fecha de la retroacción contable de la escisión fue el 1 de enero de 1998, presentando declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades las beneficiarias.
La regularización propuesta en el acta se ha de practicar respecto a la sociedad escindida.
2- El 28 de abril de 1998, la Junta General de la sociedad X, S.L. (...) acordó proceder a la escisión total.
En escrito de fecha 18 de junio de 1998 dirigido a la Delegación de la AEAT de ... se comunicó la opción de las sociedades implicadas por el régimen especial previsto en el Capítulo VIII, Título VIII de la Ley 43/1995.
La sociedad X, S.L. se escindió totalmente con división de su patrimonio en dos partes, cada una traspasada en bloque a las sociedades de nueva constitución: X, S.L. y Y, S.L. A los dos socios de la sociedad escindida, D. A y D. B se les adjudican las siguientes participaciones en las sociedades beneficiarias:
A D. A se le canjean sus 3.086 participaciones de la escindida por 3.086 participaciones de la beneficiaria X, S.L.
A D. B se le canjean sus 1.094 participaciones de la escindida por 1.094 participaciones de la beneficiaria Y, S.L.
Todo ello sobre la base del Balance de X, S.L. de 31 de diciembre de 1997.
3- Según los datos obtenidos, X, S.L. (beneficiaria) tiene los mismos trabajadores que la escindida, y la misma actividad declarada. En cuanto a Y, S.L., no constan perceptores de rendimientos del trabajo. Los clientes de X, S.L. (escindida) hasta 1997, pasan a serlo de X, S.L. (beneficiaria) desde 1998. En cuanto a Y, S.L., en las declaraciones resumen anual de IVA presentadas en 1998 a 2001, se consigna que la actividad desarrollada es la "Gestión de propias participaciones en otras compañías" o "gestión de participaciones superiores al 5%". En dichas declaraciones, no consta IVA devengado alguno y sólo se recogen cantidades de IVA deducible.
Se detalla en el acta el reparto del patrimonio neto de la escindida entre las dos beneficiarias, señalando que, teniendo en cuenta el valor de las acciones, no se cumple la regla de proporcionalidad en las asignaciones a los socios.
Se considera que los motivos de la operación no son idóneos por referirse a los socios y no a la sociedad que realizó la escisión. La falta de motivo económico válido de la operación, de acuerdo con el artículo 110.2 de la Ley 43/1995, es determinante de la inaplicación del régimen fiscal especial. Examinada la división patrimonial efectuada, se concluye que el propósito de la operación es la separación de los socios, poniendo fin a la participación conjunta en la sociedad que se escinde. La consecución de este fin a través de la escisión permitió evitar los costes fiscales inherentes a las operaciones que permitirían dicha separación, en particular el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a las plusvalías tácitas de los elementos patrimoniales de la sociedad escindida.
Se aplica, en consecuencia, el régimen general, determinando unas plusvalías totales de 145.858.070 ptas. (876.624,66 €)
4. El obligado tributario ha presentado varios escritos a lo largo de las actuaciones, que se consideran alegaciones. Dichas alegaciones se contestan en el acta.
5. Se hace constar que no procede la apertura de expediente sancionador.
La deuda a ingresar asciende a 378.674,45 €, de los que 304.249,92 € corresponden a la cuota y 74.424,53 € a los intereses de demora.
SEGUNDO: Presentado escrito de alegaciones por las interesadas, el Inspector Regional Adjunto practicó, en fecha 3 de julio de 2003, liquidación definitiva, confirmando la regularización propuesta en el acta. Este acuerdo fue notificado a las obligadas tributarias el 7 de julio de 2003.
TERCERO: Disconforme con el mismo, las entidades reclamantes, como sucesoras de X, S.L., interpusieron el 18 de julio de 2003 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, las interesadas alegaron lo siguiente:
1. Caducidad de las actuaciones inspectoras, por haber transcurrido más de doce meses desde el inicio de las mismas hasta la notificación del acuerdo de liquidación, y no haberse producido dilaciones imputables al contribuyente.
2. Transformación de la voluntad del legislador en un acto de verdadera expoliación. Alega que las actas representan el 49,47% del valor total de X, S.L. y ello sin que el sujeto pasivo haya defraudado a Hacienda. Que se basa en tres argumentos que va a rebatir en sus alegaciones.
3. Cumplimiento de la regla de atribución a los socios de manera proporcional de los valores representativos del capital social de las sociedades beneficiarias de la escisión. Alega que, utilizando el método de la Inspección, la diferencia es de un 5%, que no es una cifra significativa. Y que, en caso de corregir los valores contables, se debió hacer no sólo con las acciones, sino también con los demás bienes, entre ellos los del inmovilizado material.
4. En cuanto al motivo económico, que la ley vigente en 1998 no exigía justificación del mismo para acogerse al régimen especial, sino únicamente que la escisión no se realizara con fines de fraude o evasión fiscal. Que la modificación que lo exige no puede tener carácter retroactivo.
5. Que aun así, en este caso se dan cumplidamente los motivos económicos
6. Carácter no fraudulento de la escisión. Alega que la disolución de la sociedad, la transmisión de acciones entre socio y sociedad, y la separación de un socio, tienen distintas consecuencias que la escisión.
7. La no apertura de expediente sancionador, por no observarse en la conducta del sujeto pasivo ánimo de defraudar, deja al descubierto la falsedad del argumento de la Inspección, que se basa precisamente en la existencia de una conducta fraudulenta.
8. Violación del artículo 99.2 de la Ley, que establece que cuando no sea aplicable el régimen especial se tomarán como valores fiscales los convenidos por las partes, con el límite del valor de mercado
9. Que la razón del acta incoada es el sistema de objetivos establecido por la Resolución de 1 de abril de 1993 de la Presidencia de la AEAT.
10. Posible existencia de delito de prevaricación, del que en principio serían responsables tanto el actuario como el Inspector Regional Adjunto que dictó el acuerdo de liquidación.
PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por personas con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1. Caducidad de las actuaciones inspectoras. 2. Si procede la aplicación del régimen especial a la escisión.
SEGUNDO: La primera de las cuestiones se refiere a la caducidad de las actuaciones inspectoras. Las reclamantes alegan que las actuaciones se iniciaron mediante notificación efectuada el 25 de junio de 2002 y, cuando el 7 de julio de 2003 se notificó el acuerdo de liquidación, habían transcurrido más de doce meses, por lo que había caducado el procedimiento inspector. Se basan en que no se han producido dilaciones imputables al contribuyente, ya que no puede imputársele dilación por aportar la copia de la escritura de compraventa de acciones de "..." a "..." el 10 de octubre de 2002 en lugar del 27 de septiembre. Que en diligencia de 27 de septiembre de 2002 se le advirtió que de no aportar la documentación el 10 de octubre se podría considerar una dilación imputable al contribuyente.
Que, por otra parte, el actuario aplazó las actuaciones en cinco ocasiones, provocando un retraso total de 105 días, mientras que la representante del sujeto pasivo "madre de ... hijos de corta edad, dando a la Inspección Tributaria todo un ejemplo de seriedad, ni en una sola ocasión pidió el cambio de fecha o la hora de la visita".
Añade que, además, desde la fecha en que fue incoada el acta, 11 de abril de 2003, hasta que se dictó el acuerdo de liquidación, el 3 de julio siguiente, se excedió el plazo del artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT), por lo que también debe reputarse invalidado el procedimiento inspector.
TERCERO: En primer lugar, hay que determinar la existencia o no de una dilación imputable al contribuyente.
En este sentido, examinadas las diligencias se comprueba que el 13 de septiembre se extendieron dos diligencias, una con cada sociedad beneficiaria, en la que se solicitaba una serie de información. Entre ella, en relación con X, S.L. (beneficiaria), "la aportación de los libros registro de socios de las sociedades de nombre X, S.L. (de la escindida y de la beneficiaria)". Se solicita también información de los conceptos por los que se generaron ingresos consignados en las declaraciones modelo 347 con determinadas sociedades.
En relación con Y, S.L., se solicita "la aportación del libro registro de socios de la sociedades X, S.L. (escindida) y de Y, S.L.". También se solicita una serie de información relativa a las acciones que forman el inmovilizado financiero de la escindida.
En las diligencias extendidas el 27 de septiembre de 2002 con ambas sociedades, constan los siguientes hechos:
En relación con X, S.L. (beneficiaria), "por lo que se refiere a la solicitud en diligencia anterior de los libros registro de socios de las sociedades X, S.L. (tanto de la escindida como de la beneficiaria de la escisión), la compareciente no los aporta en esta comparecencia, reiterándose la solicitud de aportación de los mismos.(..)
Por lo que se refiere a la solicitud de información de los conceptos por los cuales se consignaron como ingresos en las declaraciones modelo 347, operaciones con determinadas entidades identificadas en la diligencia anterior, la compareciente manifiesta que dichos ingresos corresponden a prestaciones de servicios, sin poder identificar en este momento la naturaleza y carácter de las mismas, solicitándosele que en próxima comparecencia aporte una información más detallada describiendo los servicios prestados a dichas personas y entidades.
Se advierte que el retraso en la aportación de la documentación solicitada podría constituir dilación imputable al contribuyente a efectos del cómputo del plazo para el desarrollo de las actuaciones de acuerdo con el art. 29 de la Ley 1/98".
En relación con Y, S.L., en la información aportada relativa a ..., se hace constar que "la compareciente manifiesta desconocer en este momento las condiciones de incorporación al patrimonio de X, S.L. de tales títulos, reiterando la solicitud formulada en la diligencia anterior relativa a la forma de incorporación, precio e identificación en su caso del transmitente a quien se hubieran adquirido los títulos".
Es decir, en ambos casos la compareciente no aportó toda la documentación solicitada en la comparecencia anterior. De acuerdo con el artículo 31 bis.2 del RGIT: "A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".
Por lo tanto, y de acuerdo con este artículo, el tiempo transcurrido desde que se debió aportar toda la documentación solicitada en la diligencia de 13 de septiembre, es decir, desde el 27 de septiembre, hasta que se aporta íntegramente, el 10 de octubre, se considera dilación imputable al contribuyente. Y ello se advirtió a las entidades el 27 de septiembre, tal y como establece el artículo transcrito. La advertencia no supone que la dilación empiece a contar desde la siguiente visita, ya que no se trata de una especie de "amenaza" para que el contribuyente aporte la documentación. Se debe computar la dilación tal y como establece el reglamento, y se debe advertir desde el momento en que no se ha aportado una documentación solicitada.
En cuanto al hecho de que el actuario aplazara las actuaciones en cinco ocasiones, no tiene ninguna incidencia en el procedimiento, puesto que estos días no han sido descontados del plazo para finalizar las actuaciones. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que la representante de las entidades, sean cuales sean sus circunstancias personales, nunca aplazara una visita, más allá del hecho de que, en consecuencia, no se le han imputado más dilaciones.
Por último, hay que señalar que, de acuerdo con el artículo 31 del RGIT, "las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento." Por ello, el plazo debe computarse hasta el día 3 de julio de 2003, fecha en que se dictó el acuerdo de liquidación, y no hasta el día de la notificación.
CUARTO: Las entidades alegan que se ha producido la caducidad del procedimiento por infracción del plazo de un mes para dictar liquidación.
Como este Tribunal ha declarado en numerosísimas ocasiones, el plazo del artículo 60.4 del RGIT no es un plazo del que derive ni afecte a derecho alguno del contribuyente su cumplimiento estricto, ni cuyo incumplimiento produzca indefensión (llegado el caso, más bien podría afectar al derecho de la Administración). No rige aquí el artículo 44 de la Ley 30/1992, como resulta de su Disposición Adicional 5ª (redactada por Ley 4/1999): "En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria".
Pues bien, sobre este particular y en el momento de los hechos, regía el artículo 105 de la vieja LGT, cuyo párrafo 2 establecía: "La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja". En absoluto se preveía, por tanto, el efecto de caducidad del procedimiento pretendido por la reclamante.
Precepto de la anterior LGT que, como señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de enero de 2005 (recurso de casación en interés de Ley nº 19/2003) que casa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 4 de noviembre de 2002, la doctrina de la Sala, "cuya reiteración permite considerarla como jurisprudencia", es que "la consecuencia del incumplimiento del plazo establecido en el art. 60.4 RGIT no es la caducidad ni la nulidad o ineficacia del acto administrativo del Inspector-Jefe que sea extemporáneo". Y que el precepto del art. 105.2 LGT/1963, "ha servido de constante referencia a la jurisprudencia de esta Sala para entender que el plazo de un mes señalado en el art. 60.4 RGIT no tenía el carácter de determinante o condicionante del derecho, no era un plazo de caducidad, resolutorio ni preclusivo, ya que el retraso no impedía la consiguiente actuación administrativa; y, consecuentemente, su infracción no producía la nulidad de la liquidación".
Y si bien el Alto Tribunal hace constar que resuelve un recurso referido a la situación normativa anterior a la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del Contribuyente, es lo cierto que ni en el artículo 29 de ésta ni en ningún otro de la misma se establece el efecto de caducidad que se pretende, como tampoco se ha modificado el art. 60.4 RGIT a pesar de los retoques que ha sufrido tras la vigencia de la Ley 1/98, ni se ha expresado el efecto de caducidad que la reclamante postula.
QUINTO: Entrando ya en el fondo del asunto, se discute la aplicación del régimen especial del capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995.
La Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, dedica el Capítulo VIII del Título VIII a la regulación del Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Esta norma derogó la Ley 29/1991 que incorporó al ordenamiento jurídico español las normas comunitarias que sobre esta materia se contenían en la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990 del Consejo.
La regulación de este Régimen comienza con la definición en el artículo 97 de la Ley 43/1995 de las operaciones que pueden originar su aplicación, así el apartado 2 de este precepto afirma "Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual:
El artículo 110.2 de la Ley 43/1995, ha sido interpretado, respecto de la redacción contenida en el artículo 11 de la Directiva 90/434, según Sentencia de 17 de julio de 1997 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el sentido de que, "para comprobar si la operación contemplada tiene como objetivo principal, o como uno de sus principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal, las autoridades nacionales competentes deben proceder, en cada caso, a un examen global de dicha operación. Tal examen debe ser susceptible de control jurisdiccional. Conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, los Estados miembros pueden establecer que el hecho de que la operación contemplada no se haya efectuado por motivos válidos constituye una presunción de fraude o de evasión fiscal. A ellos les corresponde determinar los procedimientos internos necesarios para tal fin, respetando el principio de proporcionalidad (...) c) El concepto de motivo económico válido con arreglo al artículo 11 de la Directiva 90/434 debe interpretarse en el sentido de que es más amplio que la búsqueda de una ventaja puramente fiscal, como la compensación horizontal de pérdidas". La Ley 14/2000, modificó para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2001, la redacción del artículo 110.2, plasmando en el mismo la mención a la existencia de motivos económicos válidos como un elemento que determina la aplicación del Régimen especial. Ahora bien, ello no impide, dada la escueta redacción inicial del artículo 110.2, acudir como criterio de interpretación al texto contenido en la sentencia mencionada. Por esta razón, no puede admitirse la pretensión de las reclamantes sobre que este artículo resulte inaplicable.
SEXTO: La Inspección basa su regularización en dos circunstancias: que no se cumple la definición del artículo 97.2.a), al no existir proporcionalidad en la asignación de participaciones, y que no se cumple el requisito de motivo económico válido.
En cuanto al primer motivo, es un requisito de la escisión, tanto a efectos mercantiles como fiscales, el que se guarde la debida proporción en la atribución a los socios de las acciones de las sociedades adquirentes, en relación con la participación que tenían en la escindida. Este respeto a la proporcionalidad es un requisito inexcusable para la aplicación del régimen fiscal especial. Esta proporción se manifiesta en la ecuación de canje, y lo lógico, como afirmó la Inspección, es que se establezca en función del valor patrimonial real de la entidad. En caso contrario, ocurrirá lo que en este supuesto que, si bien tomando los valores contables se respeta la proporcionalidad, el valor real de lo que reciben los socios difiere de lo que tenían en la escindida. Las reclamantes alegan que es válido el reparto basado en el valor contable de los elementos, pero no parece que tenga sentido, a juicio de este Tribunal, hablar de que se respeta la proporcionalidad cuando un socio recibe más, proporcionalmente, de lo que tenía, y otro menos.
También alegan que, puestos a valorar por su valor real, habría que haber valorado también los elementos del inmovilizado material. Esta alegación en principio no carece de sentido, pero si se observa en que consiste el inmovilizado material, se comprueba que se trata de elementos que difícilmente se habrán revalorizado, con la excepción, en su caso, de las instalaciones. El resto (mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, y elementos de transporte) en principio habrían, más bien, perdido valor. En cualquier caso, la reclamante no alega que con la valoración del inmovilizado material se mantuviese la proporcionalidad, sino únicamente que no se ha tenido en cuenta su posible incidencia en el reparto. Hay que destacar que la falta de proporcionalidad no fue el único motivo de exclusión del régimen especial, también se excluyó por no cumplir el motivo económico válido.
En cuanto a este segundo motivo, este Tribunal comparte la opinión de la Inspección. Se trata de una sociedad con dos socios que se escinde creando dos nuevas, de tal forma que una de ellas continúa con la actividad y la otra se queda únicamente con un inmovilizado financiero. La reclamante alega que lo que se pretende es que los socios puedan acometer por separado las estrategias que más convengan según sus criterios particulares, y que ni la disolución de la sociedad, ni la transmisión de acciones, ni la separación de un socio les permitiesen obtener los fines buscados, por que implican cesar en el ejercicio de las actividades. Sin embargo, a la vista de los datos obrantes en expediente, se concluye que lo que se pretende es la separación de los socios, y no puede entenderse que el que se queda tan solo con inmovilizado financiero esté continuando una actividad, puesto que no se le adjudica ningún otro activo, y tampoco personal. Consecuentemente, no se puede considerar que se cumpla el requisito del motivo económico válido.
Y ello, con independencia de que la Inspección haya considerado que no concurren los elementos para iniciar expediente sancionador, ya que el artículo 110.2 equipara la falta de un motivo económico válido con que la única finalidad de la escisión sea obtener un beneficio fiscal, pero para sancionar se exige que concurran circunstancias que permitan apreciar elemento subjetivo de la culpabilidad.
SÉPTIMO: Una vez determinada la correcta exclusión del régimen fiscal especial, con independencia de la no apertura del expediente sancionador, la siguiente alegación de las reclamantes se centra en que la forma de determinar la Base Imponible por la Inspección viola lo dispuesto en el artículo 99.2 de la LIS que, a su juicio, determina que cuando no sea aplicable el régimen especial se tomarán como valores fiscales los convenidos entre las partes, con el límite del valor de mercado, por lo que tampoco habría revalorizaciones.
Pues bien, dicho artículo reza lo siguiente: "2. En aquellos casos en que no sea de aplicación el régimen previsto en el artículo anterior se tomará el valor convenido entre las partes con el límite del valor normal de mercado".
Este artículo se encuentra dentro del Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, y se aplica dentro de dicho régimen especial. Puesto que la operación de escisión ha quedado excluida de este régimen especial, ninguno de los artículos de este capítulo son ya de aplicación. Cuando el apartado 2 del artículo 99 habla de que no le sea de aplicación el régimen del artículo anterior, no se refiere a que no sea de aplicación el régimen especial, como parecen entender las reclamantes, sino a que, aplicándosele el régimen fiscal especial, no le sea de aplicación lo previsto en el artículo 98.
Por esta razón se desestima también esta pretensión.
OCTAVO: Las reclamantes también alegan que la razón de esta regularización hay que buscarla en el sistema de objetivos establecido por la Resolución de 1 de abril de 1993 de la Presidencia de la AEAT.
En relación con esta afirmación, lo primero que hay que señalar es que según se ha expuesto, la regularización es correcta, por lo que en ningún caso se puede admitir la pretensión de que el sistema de objetivos haya influido en la regularización. Una vez aclarado esto, hay que añadir que la existencia de un complemento de productividad que retribuye la eficacia en el trabajo es una posibilidad regulada en la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, que establece el carácter de retribución complementaria del citado complemento, destinado a retribuir "el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su trabajo", por lo que en ningún caso su aplicación puede llevar a concluir, como hacen las reclamantes, que es la causa de una liquidación que de otra manera no se habría realizado.
NOVENO: Por último, se menciona la posible existencia de un delito de prevaricación del que serían responsables el Inspector Actuario y el Inspector Regional Adjunto autor del acuerdo, por haber aplicado una ley retroactivamente y dictado una resolución administrativa injusta.
Sin perjuicio de que no sea competencia de este Tribunal la determinación de la existencia de un delito, cabe señalar que, tal como se ha expuesto, la resolución dictada es ajustada a Derecho.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa interpuesta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por las entidades X, S.L. y Y, S.L. con NIF ...y ..., respectivamente, y en su nombre y representación por D. A y D. B, respectivamente, como sucesoras de X, S.L., contra la liquidación practicada por la Delegación de Inspección de ... de fecha 3 de julio de 2003, por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1998, ACUERDA: Desestimar la reclamación y confirmar el acuerdo impugnado.
Sentencia Supranacional Nº C-285/07, TJUE, 06-11-2008
Orden: Supranacional Fecha: 06/11/2008 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-285/07
Orden: Administrativo Fecha: 19/01/2012 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Fernandez De Benito, Maria Jesus Emilia Num. Sentencia: 64/2012 Num. Recurso: 859/2008
Sentencia Administrativo Nº 1496/2016, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 3176/2014, 22-06-2016
Orden: Administrativo Fecha: 22/06/2016 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Sentencia: 1496/2016 Num. Recurso: 3176/2014
Orden: Contable Fecha última revisión: 20/05/2016
Resolución de TEAC, 00/211/2007, 14-05-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 14/05/2008 Núm. Resolución: 00/211/2007