Source: http://www.slideshare.net/nenadelvis/patentes-27742150
Timestamp: 2016-07-25 16:18:06
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Generalidades de la Patente de Invenciòn, definicion, y sus tipos, su protecccion, forma de obtencion, los derechos que protege, los convenios en materia de Propiedad Intelectual referentes a las Patentes de Invencion.
DEL DERECHO DE PATENTE
La patente es, junto con el modelo de utilidad, la
modalidad de propiedad industrial o, si se prefiere,
de propiedad intelectual a través de la que se organiza la protección jurídica de las invenciones. En
este sentido, la patente es un concepto extraordinariamente rico en significados que se presenta, al
mismo tiempo, como el derecho exclusivo (derecho
subjetivo de naturaleza patrimonial) atribuido
sobre una invención mediante la superación de un
procedimiento administrativo más o menos complejo según los casos, como certificado o título otorgado precisamente por la resolución administrativa
que pone fin exitosamente a ese procedimiento o
como sistema de protección jurídica de las invenciones, esto es, como conjunto de aspectos institucionales, formales y sustantivos mediante los que se
establece la protección jurídica de las invenciones.
La exposición que sigue abordará algunos aspectos
básicos del derecho de patente como derecho subjetivo de naturaleza patrimonial en que, desde un
punto de vista sustantivo, se concretan los efectos
* Catedrático de Derecho mercantil, Universidad Pompeu Fabra,
Profesor del Instituto de Empresa. Socio de Uría Ménéndez.
de la protección jurídica de las patentes. Y ello fundamentalmente en atención a la normativa española interna, establecida en la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes (en adelante, la «Ley de Patentes»), sin perjuicio de las oportunas referencias al
Convenio sobre la Patente Europea. Al respecto no
puede pasarse por alto que los efectos y régimen
aplicable a las patentes europeas y, más en particular,
los derechos conferidos por las patentes europeas a
sus titulares son los establecidos para las patentes
nacionales en los Estados miembro para los que se
conceden (arts. 2.2 y 64 CPE), salvo en los aspectos
específicamente regulados en el propio Convenio
sobre la Patente Europea (como son la duración de
la patente europea y el alcance de la protección:
arts. 63 y 69 CPE). Como tampoco puede dejar de
advertirse que los preceptos de la Ley de Patentes
relativos a estos aspectos han acogido en lo esencial
el contenido de las normas del Convenio sobre la
Patente Europea sobre el particular.
En particular, a continuación se tratará únicamente
del contenido sustantivo del derecho de patente,
con atención a sus límites y excepciones, y del
alcance o ámbito objetivo de este derecho, que son
materias en las que, en los últimos tiempos, se han
introducido ciertos cambios de relieve por medio
de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se
modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la
Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, por medio
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios y, de forma indirecta, también por medio de la
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían
los medios de tutela de los derechos de propiedad
intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, y en las que, por otra parte,
se han producido algunos desarrollos jurisprudenciales dignos de atención.
2 · EL DERECHO DE PATENTE
El derecho de patente se configura, por lo general y
así se ha hecho en los artículos 50 y 51 de la Ley de
Patentes española, como un derecho de exclusión y,
en particular, como un derecho a prohibir a los terceros, que carezcan del consentimiento del titular
de la patente al respecto, la realización de los actos
de explotación de la invención patentada enumerados legalmente.
A diferencia de lo que sucede con otros derechos de
propiedad industrial, el derecho de patente queda
configurado, a mi juicio de forma plenamente acertada desde un punto de vista técnico-jurídico, con
un carácter exclusivamente negativo, esto es, como
puro ius prohibendi que únicamente permite a su
titular prohibir a terceros los actos de explotación
no consentidos y que carece de un componente
positivo, esto es, de la atribución de una facultad de
efectuar los correspondientes actos de explotación
de la invención patentada. Y ello, también en los
casos en que, como con carácter general sucede con
las patentes europeas para España y como puede
suceder con las patentes españolas, se concedan
con examen previo de los requisitos positivos de
patentabilidad. De tal forma, y del modo en que se
establece en el artículo 56 de la Ley de Patentes, la
titularidad de una patente posterior no constituye
defensa válida ante la infracción de una patente
anterior, al contrario de lo que en materia de marcas
han concluido nuestros tribunales precisamente
sobre la base del derecho positivo de uso de la marca inscrita que se confiere a su titular (art. 34.1 LM)
con la consecuencia de que las distintas pretensiones que configuran la acción por violación sólo pueden prosperar tras la previa declaración de nulidad
de la marca posterior. Por otra parte, y también a
diferencia de lo que sucede con otras modalidades
de propiedad industrial y propiedad intelectual, el
derecho de patente no se proyecta sobre cualesquiera actos de explotación o, de forma general,
sobre cualquier aprovechamiento económico de la
invención patentada (cfr. art. 34.1 LM o art. 17 LPI),
sino sólo sobre aquellos actos que se han incluido
en el catálogo legal, que a estos efectos constituyen
un catálogo cerrado (cfr. SAP Barcelona 2-XII2003).
Desde un punto de vista técnico, el derecho de
patente es, como se ha dicho, un derecho subjetivo
de naturaleza registral y patrimonial. En este sentido, el derecho de patente, como expresión sustantiva de los efectos en que se concreta la protección
jurídica de la patente, nace con la concesión administrativa de la patente (cfr. art. 49 LP y 64.1 CPE)
que, por exigencias obvias relacionadas tanto con la
propia finalidad y fundamento del sistema de
patentes como con la exigencia de fijar el objeto
mismo de la protección, causa la oportuna inscripción en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (cfr. art. 79.1 LP y art.
49.1 RLP), a la cual se encuentran unidas a su vez la
formalización e incluso, en algunos ámbitos, la eficacia frente a terceros de ciertos actos relativos a la
vigencia o a la titularidad de derechos sobre la
patente (cfr art. 79.2 y 3 LP LP y art. 56 RLP).
Como derecho de naturaleza patrimonial, el derecho de patente en susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, como la cesión (transmisión a título
definitivo), la licencia (autorización de uso sin
transmisión de titularidad), el usufructo y los de
garantía (hipoteca mobiliaria), cuyas más destacadas singularidades proceden justamente de su naturaleza registral (cfr. art. 74 y ss. LP).
3 · EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE
Como se ha indicado, la patente únicamente confiere
a su titular un ius prohibendi que, a su vez, sólo le
faculta para impedir a los terceros que lleven a cabo
precisamente los actos de explotación enumerados
legalmente, y no otros. Dicha enumeración de actos
de explotación comprendidos en el ámbito sustantivo
del derecho de patente (de la facultad de exclusión o
derecho de prohibición en que consiste) se ha construido sistemática y sustantivamente a partir de lo
establecido en los artículos 29 y 30 del (aprobado
pero no ratificado) Convenio sobre la Patente Comunitaria. Más en particular, se funda en una clasificación que distingue entre actos de explotación directa
de la invención patentada (a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Patentes, que además incluye
algunas reglas más propias de la determinación del
alcance o ámbito objetivo de la protección específicas
de las invenciones biotecnológicas) y actos de explotación indirecta de la invención patentada (a los que
se refiere el artículo 51 de la Ley de Patentes).
En relación con ambos grupos de caso, resultan
particularmente útiles para determinar qué actividades o a partir de qué momento una determinada
actividad constituye uno de los actos de explotación
sobre los que se proyecta el ius prohibendi del titular
de una patente y, por tanto, se produce su infracción, los principios que rigen la estructuración del
catálogo legal de actos de explotación. Dichos principios son los que se conocen como principio de
conexión económica de los actos de explotación,
principio de independencia jurídica de los actos de
explotación y principio de realización del acto de
explotación con el inicio de su ejecución.
Según el principio de conexión económica de los
actos de explotación, los actos de explotación y
objeto de la facultad de exclusión cierran el ciclo
del aprovechamiento práctico de la invención
patentada y, en particular, constituyen la continuación y acaban por completar el aprovechamiento
de la invención iniciado con la fabricación del producto patentado o utilización del procedimiento
Por su parte, de conformidad con el principio de
independencia jurídica de los actos de explotación:
no obstante lo anterior, la ejecución de cada uno de
los actos de explotación enumerados legalmente
constituye por sí mismo una infracción del derecho
de patente, sin necesidad de que vaya seguido efectivamente de la realización de los que en un ciclo
económico son posteriores.
En fin, a tenor del principio de realización del acto
de explotación con el inicio de su ejecución, el inicio de actuaciones propias del acto de explotación
en cada caso considerado es suficiente para estimar
invadida la esfera de exclusiva del titular de la
patente, sin necesidad de esperar a la finalización o
al completamiento del acto considerado. Los actos
preparatorios de los que constituyen propiamente
explotación se han considerado en ocasiones suficientes para la estimación de el titular de la patente
merece ser tutelados mediante medidas cautelares
(AJM Madrid 5-V-2005), si bien en otras oportunidades se ha considerado, probablemente por causa
del tenor del artículo 62 de la Ley de Patentes, que
no constituían actos de infracción aunque fueran
serios e inequívocos (AAAP Barcelona 30-IX-2002,
Barcelona 4-I-2006). Esta última doctrina, en mi
modo de ver, debe revisarse a la luz de la posibilidad de ejercitar con éxito la acción de cesación
(prohibición de la realización de la actividad
infractora) cuando sólo se hayan realizado actos
preparatorios, por ser ello una exigencia de la
Directiva sobre ampliación de los medios de tutela
de los derechos de propiedad industrial, plasmada
en el nuevo tenor del artículo 134 1.ª de la Ley de
Patentes, que permite la solicitud de esta clase de
tutela judicial (en forma de prohibición cautelar)
también en los casos en los que sólo existen indicios racionales para suponer la inminencia de la
comisión de un acto de infracción (como sin duda
son los actos preparatorios de la infracción) y ello,
además, en un contexto en el que, como resulta de
los mandatos de homogeneidad e instrumentalidad
vigentes con carácter general en materia de medidas cautelares y de lo previsto en el propio artículo
139 de la Ley de Patentes, la posibilidad de obtener
una tutela cautelar y, en particular, una cesación
provisional frente a un acto preparatorio presupone la posibilidad de obtener esa misma tutela por
medio de una decisión sobre el fondo.
3.1 · Actos de explotación directa de la invención
patentada comprendidos en el ámbito sustantivo
En particular, la determinación legal de los actos de
explotación directa de la invención patentada reservados en exclusiva al titular de la patente se ha organizado, desde un punto de vista sistemático, sobre
la diferenciación entre patente de producto y patente de procedimiento y en relación con este segundo
grupo de patentes sobre la diferenciación entre
explotación del procedimiento en sí mismo considerado y explotación de los productos obtenidos
con la ejecución del procedimiento patentado. A
partir de ello, la norma ha ajustado los actos de
explotación relevantes a la naturaleza del objeto
sobre el que se proyecta la patente y ha añadido
ciertas particularidades propias de una especial
categoría de patentes, como son las patentes relativas a invenciones biotecnológicas.
Aunque no se trata de una categoría que haya
encontrado definición legal (si bien ciertamente tienen reconocimiento legal en los artículos 4, 50,
52.2 o 61 de la Ley de Patentes), las patentes de
producto son aquellas que tienen por objeto invenciones que consisten (o, por mejor decir, reglas técnicas que se concretan) en objetos corpóreos móviles o inmóviles que se encuentran definidos por
determinadas características (propiedades, rasgos,
etc.) externas o internas (configuración, composición, estructura, constitución), como son, en particular, los aparatos o dispositivos, las sustancias y las
conexiones y circuitos. En primer término, los aparatos o dispositivos son medios de trabajo para la
ejecución de procedimientos de fabricación o trabajo, que pueden definirse por su constitución,
estructura o composición, pero también por la forma en que se emplean (cómo manejar un aparato
no es parte del procedimiento de fabricación o tra-
bajo al que se aplica, sino un medio para la caracterización del producto). La de sustancia es la designación propia del objeto de las patentes de producto en el ámbito de la química, que se caracterizan
especialmente por su composición o por su estructura interna. En fin, las conexiones y circuitos son a
estos efectos objetos corpóreos que resultan de la
conjunción funcional, espacial y temporal de una
pluralidad de elementos que interactúan entre sí o
trabajan unos con otros.
Por su parte, las invenciones de procedimiento consisten en un cierto modo de proceder de carácter
técnico que puede comprender una pluralidad de
actuaciones relativas a un determinado material, a
energías, a otros procedimientos o incluso a seres
vivos, invenciones, o si se prefiere, y del modo en
que ha indicado el Tribunal Supremo, consisten en
una sucesión de operaciones encaminadas a obtener un resultado industrial (SSTS 20-II-1980,
28-VI-2005) o en un modelo de conducta o comportamiento que indica un modo de hacer, de conseguir un resultado, mediante las manipulaciones
necesarias para producirlo (STS 30-VII-1988). A
esta categoría pertenecen, en particular, los procedimientos de fabricación, los procedimientos de
trabajo y los procedimientos de uso. Los procedimientos de fabricación consisten en una operación
o sucesión de operaciones de cualquier naturaleza
(física, química, mecánica, biológica) sobre materia
de cualquier naturaleza (sólida, líquida, gaseosa,
energía, onda, materia biológica, etc.) encaminada a
su transformación o modificación (tanto de su configuración externa como de su estructura, constitución o composición) o a la obtención de una nueva
materia. Los procedimientos de trabajo, por su parte, son una operación o sucesión de operaciones de
cualquier naturaleza (física, química, mecánica,
biológica) sobre materia de cualquier naturaleza
(sólida, líquida, gaseosa, energía, onda, materia
viva, etc.) de la que no resulta su transformación o
modificación, ni la obtención de una nueva materia,
sino su desplazamiento, medición, inmersión, congelación, limpieza, ordenación, recuento, análisis,
etc. Finalmente, los procedimientos de uso consisten en la indicación o indicaciones relativas a la forma en que debe emplearse cierto producto o cierto
procedimiento, que pueden ser nuevos pero también pueden ser anteriormente conocidos, para
obtener un determinado resultado, que puede ser
tanto la fabricación de un producto como la ejecución de un trabajo o, en particular, la utilización de
una determinada sustancia o compuesto para ejecutar un método quirúrgico, terapéutico o de diagno-
sis aplicado al cuerpo humano o animal (incluso
en el supuesto de que la sustancia o el compuesto en
cuestión se hubiera utilizado con anterioridad
en este ámbito con una finalidad distinta: segunda o
subsiguiente indicación terapéutica, que podrá ser
protegida mediante patente si esa aplicación es nueva y goza de actividad inventiva).
En particular, los actos de explotación reservados
en exclusiva al titular de una patente de producto
son la fabricación, ofrecimiento, introducción en
comercio y utilización del producto objeto de la
patente (incluidos, en el caso de que el producto
patentado consista en materia biológica o en información genética o contenga información genética,
los productos que contengan materia biológica
obtenida a partir de la materia biológica patentada
por reproducción o multiplicación y las materias a
las que se incorporen los productos con información genética patentada y en la que se contenga y
ejerza su influencia esa información genética), así
como la importación de dichos productos o su
posesión para tales fines.
En relación con las patentes de procedimiento, el
ius prohibendi de su titular se proyecta, en primer
término, sobre la utilización y ofrecimiento de utilización del procedimiento objeto de la patente y, en
segundo término, sobre el ofrecimiento, introducción en comercio y utilización de los productos
directamente obtenidos mediante el procedimiento
objeto de la patente (incluidos, en el caso de que el
procedimiento patentado permita producir materia
biológica, los productos que contengan materia biológica obtenida a partir de la materia biológica
patentada por reproducción o multiplicación), así
como sobre la importación o posesión de dichos
productos para tales fines. A estos efectos, producto
directamente obtenido mediante el procedimiento
patentado es el que resulta de forma inmediata de
la propia ejecución del procedimiento patentado
—esto es, que se crea mediante la utilización del
procedimiento protegido, así como el producto
obtenido de este modo que haya sido sometido a
ulteriores manipulaciones o a modificaciones si sus
características resultan esencialmente determinadas
por el procedimiento patentado. Esta protección de
las patentes de procedimiento queda reforzada por
aquellas disposiciones que, como el artículo 61.2 de
la Ley de Patentes español, prevén la inversión de la
carga de la prueba o presunción de utilización de
procedimiento si el producto obtenido mediante el
procedimiento protegido es una sustancia nueva y
el producto supuestamente infractor tiene las mismas características que el producto directamente
obtenido mediante el procedimiento patentado, o
por aquellas otras disposiciones que, como el artículo 5quater del Convenio de la Unión de París,
prevén la ampliación del alcance de la protección a
la importación de productos (que el artículo 60.2
de la Ley de Patentes ha incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico en términos más amplios y
que, literalmente, abarcan también los productos
para cuya obtención se haya ejecutado el procedimiento patentado aunque no resulten propiamente
de dicho procedimiento de una forma directa).
A estos efectos, la fabricación del producto patentado comprende la totalidad de las actuaciones dirigidas a la creación u obtención del producto (aparato,
sustancia o circuito) en que consiste la invención
patentada. Y ello, cualquiera que fuere el método o
procedimiento que se emplee al efecto, cualquiera
que sea el destino de los productos fabricados (y, en
particular, tanto si han de ser comercializados o utilizados en territorio nacional, como si lo han de ser
en el extranjero, e incluso en los casos en los que la
utilización del producto pudiera quedar amparada
por una excepción si ésta no beneficia al propio
fabricante) y, desde otra perspectiva y del modo en
que antes se indicó, desde el inicio mismo de las
actuaciones que de forma evidente son precisas a
para dicha creación u obtención (sin perjuicio de la
tutela anticipada a través de la acción de cesación en
forma de prohibición de realización de la fabricación ante la realización de actos preparatorios que
permiten concluir la inminencia de la propia fabricación). En efecto, la fabricación comprende toda
clase de actuaciones ejecutadas con la indicada finalidad, desde las iniciales a las de propia terminación
o finalización del proceso de producción, incluida
la realización de las partes del producto (siempre
que no se trate de piezas que pueden ser utilizadas
con finalidades distintas de la fabricación del producto patentado y, en especial, de piezas que exijan
una específica adaptación o configuración para su
incorporación al producto patentado, de modo que
su utilidad esencial consista en la integración en el
producto patentado). Asimismo, la fabricación del
producto patentado comprende su reconstrucción,
puesto que equivale a una nueva fabricación, así
como su reparación en los casos en los que esta
actuación exceda del solo mantenimiento del producto y comporte una nueva ejecución de la invención protegida.
Por su parte, la utilización del procedimiento objeto de la patente consiste en la ejecución, puesta en
práctica o desarrollo de todos los pasos u operaciones o al menos de los pasos u operaciones esencia-
les en que consiste el procedimiento patentado, así
como en el uso de los medios necesarios para la
ejecución del procedimiento con la finalidad de
obtener el resultado perseguido conforme a la
patente, debiéndose atender en cada caso a la naturaleza del procedimiento (procedimiento de fabricación, de trabajo o de utilización de un producto
o procedimiento). La utilización del procedimiento
patentado sólo constituye un acto infractor en la
medida en que quien lo realiza conozca o las circunstancias del caso debieran haberle hecho saber
que el uso del procedimiento en cuestión sólo puede realizarse lícitamente con el consentimiento del
titular de la patente. Ésta es exigencia estructural
de carácter subjetivo que, si bien coincide con lo
previsto en el artículo 25 del Convenio de la Patente Comunitaria, no encuentra el respaldo del artículo 28.1 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los
con el Comercio (que, en ausencia del consentimiento del titular de la patente, impone la atribución del ius prohibendi contra la utilización del procedimiento patentado sin establecer ninguna clase
de referencia al conocimiento de que dicha conducta está prohibida) y contrasta con la responsabilidad objetiva por daños y perjuicios que se establece para esta clase de infracción en el artículo 64
de la Ley de Patentes, así como con la estructura
que tiene este ilícito en todos los demás actos de
explotación de la invención patentada.
El ofrecimiento del producto objeto de la patente,
del procedimiento objeto de la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto
de la patente comprende cualquier actividad por
medio de la cual (individualizada o masivamente)
se propone a un tercero o se incita a un tercero a
solicitar (exposición en un escaparate o en una
feria, inclusión en un catálogo o en una lista de precios, mención en la publicidad, acciones de promoción de ventas o de relaciones públicas, visitas de
fuerzas de ventas, etc.) la introducción en comercio
y, por lo tanto, la transmisión del aprovechamiento
efectivo del objeto en cada caso protegido mediante
la patente. Y ello, cualquiera que sea la naturaleza
del negocio jurídico a través del que se propondría
formalizar esa transmisión (a través de una compraventa, de un arrendamiento, de una licencia, de una
donación, de un comodato, etc., según se trate de
un producto o de un procedimiento), y sin que, por
otra parte, sea preciso que se lleve a efecto la transmisión propuesta (introducción en comercio), que
en su caso los productos existan efectivamente al
tiempo de realizarse el ofrecimiento, o que los pro-
ductos o el procedimiento ofrecido se encuentren al
tiempo del ofrecimiento o se prevea su transmitan
en territorio nacional. Sin perjuicio de la reciente
modificación del artículo 52.1 b) de la Ley de Patentes, no se ha considerado que el ofrecimiento de
muestras de productos protegidos efectuado en el
marco de un procedimiento administrativo tendente a obtener una autorización de comercialización
constituya un ofrecimiento infractor en la medida
en que no está encaminado a la puesta en comercio
de la muestra ofrecida (AAAP Barcelona 27-VII2005, Barcelona 4-I-2006, si bien implícitamente se
acoge la tesis contraria, por referencia de la nueva
solicitud, en AJM Madrid 5-V-2005).
La introducción en comercio del producto objeto de
la patente o del producto obtenido a través del procedimiento objeto de la patente comprende cualquier actividad a través de la cual se pone a un tercero en condiciones de aprovechar efectivamente el
producto o el procedimiento protegido, de modo
que esté en condiciones de utilizarlo o aprovecharlo económicamente en la forma en que corresponda
a su naturaleza, sea a través de una compraventa o a
través de cualquier otro negocio jurídico (arrendamiento, licencia, donación, comodato, etc.). Entre
los actos de introducción en comercio, y del modo
en que a pesar del silencio de la norma (especialmente llamativo ante el tenor de las que abordan
esta cuestión, por ejemplo, en materia de marcas o
de diseños industriales: art. 34.3 f) LM y art. 45
LPJDI) resulta del principio, antes recordado, de
inicio de los actos en territorio nacional para que se
produzca el correspondiente acto de explotación a
los efectos de infracción, se cuenta igualmente la
exportación de los productos protegidos (esto es, su
envío desde territorio nacional al extranjero). Como
en el caso anterior y sin perjuicio de la referida
reforma del artículo 52.1 b) de la Ley de Patentes, la
puesta a disposición de muestras de productos protegidos realizada en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización no ha sido tenida por introducción en
comercio constitutiva de infracción puesto que no
tenía por objeto la comercialización de la muestra
ofrecida (AAAP Barcelona 27-VII-2005, Barcelona 4I-2006, sin que por olvidar, en sentido contrario,
AJM Madrid 5-V-2005).
La utilización del producto objeto de la patente o
del producto obtenido a través del procedimiento
objeto de la patente consiste en su uso con arreglo a
su naturaleza y finalidad, incluida la aportación de
muestras a un procedimiento para la obtención de
una autorización de comercialización (AAAP Barce-
lona 13-XII-2003 Barcelona 13-XII-2004 y, en obiter
dictum, AAP Barcelona 4-I-2006). En el caso de que
el producto patentado sea parte de un producto
complejo, el uso de sólo alguno o algunos de sus
componentes constituye, en todo caos, utilización
del producto protegido si los componentes de que
se trate determinan la utilidad técnica del producto
complejo (esto es, si incorporan la ejecución de la
esencia de la regla técnica en que consiste).
La importación del producto objeto de la patente o
objeto de la patente consiste en la introducción del
producto patentado en territorio nacional, cualquiera que sea el lugar en el que, desde un punto de
vista jurídico, pueda haberse producido la transmisión de propiedad o del riesgo sobre la cosa, siempre que ello tenga lugar con el fin de proceder a la
fabricación (por ejemplo, importación de piezas de
un producto complejo patentado que ha de ser
ensamblado en territorio nacional), ofrecimiento,
introducción en comercio o utilización del producto protegido en territorio nacional (salvo que estas
actuaciones queden amparadas por una de las limitaciones o excepciones al contenido del derecho de
patente). El tránsito por territorio nacional es
importación en la medida en que su destino final
sea de un modo u otro decidido mediante un acto
(en particular, mediante un acto de ofrecimiento o
puesta en comercio) acaecido en territorio nacional
(en realidad, reexportación); de otro modo, la operación de transporte no se encuentra sujeta al ius
prohibendi del titular de la patente.
La posesión del producto objeto de la patente o del
producto obtenido a través del procedimiento objeto
de la patente consiste en la tenencia material del producto protegido en virtud de cualquier título, siempre que tenga lugar con el fin de proceder a su fabricación (como sucede, por ejemplo en el caso de las
piezas ya mencionado en relación con la importación), ofrecimiento, introducción en comercio incluida su exportación (SAP Barcelona 2-XII-2003) o utilización en el territorio nacional. La posesión en el
contexto del tránsito en territorio nacional, sólo ha de
constituir una posesión comprendida en el ámbito
del derecho de patente en las mismas circunstancias
en que lo está la importación (vide supra).
3.2 · Actos de explotación indirecta
de la invención patentada comprendidos
en el ámbito sustantivo del derecho de patente
Asimismo, al titular de la patente se ha reconocido
la facultad de oponerse y prohibir ciertos actos de
explotación indirecta de la invención patentada y,
en particular, el ofrecimiento de entregar y la entrega, a personas no autorizadas para explotar la
patente, de determinados medios para la puesta en
práctica de la invención patentada y, más en particular, de los llamados medios para la puesta en
práctica de la invención patentada relativos a un
elemento esencial de la misma.
Como se ve, el ius prihibendi no se proyecta en este
caso sobre el propio producto patentado o sobre el
procedimiento patentado o el producto directamente obtenido por medio de su aplicación, sino sobre
medios distintos de ellos, que se caracterizan por
estar específicamente destinados a la realización de
la invención patentada (noción que es más amplia
que la de productos, en la medida en que se extiende también a cosas intangibles, como pudiera ser la
energía, pero no comprende la prestación de servicios) y, en especial, por tener conexión con un elemento esencial de la patente, esto es, con uno cualquiera de los elementos a través de los que se define
la invención en la parte caracterizadora de una de
sus reivindicaciones (sin cuya ejecución, por tanto,
no existe infracción de la patente de que se trate) y,
en consecuencia, ser necesarios para su puesta en
práctica (SAP Vizcaya 23-VI-2005), esto es, ser
necesarios para la ejecución de la correspondiente
regla técnica (y, realizada sin el consentimiento de
su titular, para su infracción), salvo que se trate de
productos corrientes o habitualmente disponibles
en el mercado (excepto, en este último caso, que se
incite al destinatario de los medios a utilizarlos precisamente para la ejecución de la invención patentada). Así las cosas, los medios específicos pueden
referirse tanto a invenciones de producto como a
invenciones de procedimiento (pueden ser medios
específicos, por ejemplo, los componentes, los productos intermedios, la maquinaria, los equipos,
En cuanto conductas que encarnan la utilización
indirecta de la patente, el ofrecimiento de entrega y
la entrega de medios específicos coinciden con las
prácticas constitutivas de ofrecimiento e introducción en comercio de productos protegidos, a las que
me referí anteriormente. Por tanto, no son actos de
explotación indirecta de la patente ni la fabricación
de los referidos medios específicos, ni su importación (en particular, no alcanza a la entrega acaecida
en territorio extranjero a quien luego introduce en
territorio español para su utilización en él: SAP Barcelona 15-II-2005) y posesión para su ulterior ofrecimiento y entrega y ello, sin perjuicio de que todos
estos actos, en cuanto preparatorios de un subsi-
guiente ofrecimiento de entrega o entrega en territorio español tengan la entidad suficiente (como
actos preparatorios que constituyen indicios de una
inminente infracción) para ejercitar con éxito una
La ilicitud de estas prácticas se proclama bien en
atención únicamente a su objeto (como sucede en el
caso del ofrecimiento y entrega de medios específicos que no se hallan habitualmente en el comercio),
o bien a la finalidad de esta actuación (como sucede
en el caso del ofrecimiento y entrega de medios
específicos que son productos corrientes), y en todo
caso en atención a la falta de autorización de la persona a la que se realiza el ofrecimiento o la entrega
de los medios para explotar la patente en cuestión.
A estos efectos, la persona autorizada para la utilización de la invención no es sólo aquella que es
titular de una licencia (voluntaria u obligatoria),
sino también aquella cuya actuación se beneficia de
alguna de las limitaciones o excepciones al derecho
de patente (como, por ejemplo, quien explota la
patente con fines de investigación o para preparar
una fórmula magistral o quien lo hace al amparo de
un derecho de utilización anterior).
4 · LAS LIMITACIONES DEL DERECHO
En atención a diversos intereses, las legislaciones de
patentes establecen de común ciertas restricciones
al contenido del derecho de patente, esto es, disponen que ciertos actos que se autorizan legalmente
no obstante quedar prima facie comprendidos en el
catálogo legal de actos de explotación reservados en
exclusiva al titular de la patente. En el caso español,
los artículos 52 a 54 de la Ley de Patentes establecen limitaciones y excepciones de esta clase.
En particular, las excepciones al derecho de
patentes benefician a los actos realizados en un
ámbito privado y sin fines comerciales; al uso
experimental referido al objeto de la invención
patentada; a la preparación de medicamentos
efectuada en una farmacia o por el médico en ejecución de una receta extendida para una sola preparación (fórmulas magistrales, y no preparados
galénicos); a la circulación en medios de locomoción terrestre, aeronaves y buques, al amparo de
convenios internacionales; el agotamiento del
derecho de patente; los privilegios del agricultor y
del ganadero en relación con las patentes relativas
a materia biológica, y el derecho de uso anterior o
4.1 · La excepción relativa al uso experimental
En primer término, la excepción de uso experimental, justificada como está por la necesidad de evitar
que el sistema de patentes se convierta —en contra
de sus propios postulados en un mecanismo que
detenga el avance técnico y, en particular, el uso de
las reglas técnicas patentadas para el desarrollo de
innovaciones y mejoras sólo ampara la experimentación (rectius: los actos de explotación llevados a
cabo con ocasión de la experimentación) realizada
precisamente con los productos o procedimientos
protegidos mediante la patente y justamente con el
fin de conocer, someter a prueba o desarrollar la
propia invención patentada. De ahí que, en rigor,
esta limitación no pueda amparar los actos de
explotación efectuados para comprobar aspectos
propios de los productos u procedimientos patentados en cuanto tales, ni los efectuados con finalidad
de determinar los resultados de la utilización de los
productos o procedimiento patentados.
Y de ahí también lo sistemáticamente desafortunado de la modificación que ha sufrido el artículo
52.1 b) de la Ley de Patentes, que formalmente configura como supuesto de uso experimental la realización de las actividades a las que se refiere la llamada «cláusula o excepción bolar». En particular,
por virtud de esta excepción el derecho de patente
no se extiende a los actos efectuados con ocasión de
la realización de estudios y ensayos encaminados a
la preparación de la documentación que debe
adjuntarse a la solicitud de autorización de comercialización de medicamentos genéricos, tanto si se
han realizado en España como fuera de España, con
expresa indicación de que esta excepción alcanza a
la preparación, obtención y utilización del principio
activo hecha con esta finalidad (lo que comprende
tanto su fabricación, como su utilización para la elaboración del correspondiente medicamento y el
ofrecimiento y aportación de muestras al procedimiento de autorización).
4.2 · La excepción relativa a las fórmulas
Por su parte, y también de especial interés desde la
perspectiva de la protección jurídica de las invenciones químicas y farmacéuticas, la excepción prevista en relación con la preparación de medicamentos por el artículo 52.1 c) de la Ley de Patentes debe
entenderse referida sólo a las llamadas fórmulas
magistrales (cfr. art. 8 i) de la Ley 29/2006), y no
fórmulas oficinales, que a diferencia de las fórmulas
magistrales no se preparan en cumplimiento de una
prescripción médica individual (cfr. art. 8 j) de la
Ley 29/2006), y si bien ampara todos los actos de
explotación a los que se refieren los artículos 50 y
51 de la Ley de Patentes, beneficia en cambio única
y exclusivamente al farmacéutico que prepara el
medicamento en los términos previstos legalmente,
pero no a su proveedor (esto es, no ampara al fabricante o al importador del principio activo protegido
por la patente que el farmacéutico utiliza para la
preparación del medicamento).
4.3 · El agotamiento del derecho de patente
Como se ha expuesto, la patente otorga a su titular
la facultad de prohibir a los terceros que no cuenten
con su consentimiento, entre otros actos, el ofrecimiento, la introducción en comercio y la utilización
de los productos protegidos (de los productos
patentados o de los obtenidos directamente por
medio del procedimiento patentado). Y ello, sin restricción alguna por razón de su origen empresarial,
de modo que en principio también alcanza a los
productos que proceden del propio titular de la
patente. Todos los sistemas de patentes han reaccionado ante las consecuencias indeseables para el tráfico económico y complejidad jurídica que depara
esta construcción del contenido atribuido al ius prohibendi que confiere la patente. Y lo han hecho a través de distintas doctrinas, como son las de la licencia implícita, la de la conexión de los actos de
explotación y la de la primera venta o agotamiento
del derecho de patente. Ésta última es la solución
que ha acabado por imponerse en el ámbito europeo y por ser acogida en España, ahora a través del
artículo 52.2 de la Ley de Patentes.
El agotamiento del derecho de patente constituye un
límite estructural a este derecho de exclusiva. Por su
virtud, el titular de una patente no podrá impedir la
ulterior comercialización (ofrecimiento y puesta en
comercio así como importación y posesión con estos
fines) ni la utilización (que en principio son actos de
explotación que le están reservados en exclusiva) a
quienes hayan adquirido productos protegidos por
la patente (sean productos patentados o productos
directamente obtenidos mediante la utilización del
procedimiento patentado) comercializados por él o
por un tercero que cuente con su consentimiento en
territorio nacional o, en el caso de los países miembros de la Unión Europea, en el mercado común y
en el Espacio Económico Europeo.
Así las cosas, el primer presupuesto del agotamiento es la previa puesta en comercio del producto protegido y, por ello, la previa transmisión de las facul-
tades necesarias para su aprovechamiento práctico
por cualquier clase de título jurídico (con la consecuencia de que no existe puesta en comercio a estos
efectos por medio de la entrega que tiene lugar en el
marco de contratos de depósito, transporte, etc.).
Con todo, la puesta en comercio del producto protegido realizada en el marco de un contrato por el
que sólo se autoriza su utilización (por ejemplo,
arrendamiento o licencia de uso) sólo puede determinar el agotamiento del derecho de patente en
relación con la ulterior utilización del producto en
cuestión por la contraparte o, si se ha autorizado o
de los términos del contrato se deduce la correspondiente autorización, por un tercero que lo utilice para la contraparte, pero no la facultad de impedir su comercialización.
En segundo término, la puesta en comercio del producto protegido sólo desencadena el agotamiento
en la medida en que sea realizada por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, como son las demás compañías del grupo
del titular de la patente (cfr. STJCE 31-X-1974,
asunto 15/74) y sus licenciatarios. Ahora bien, la
puesta en comercio por estos últimos sólo es relevante a estos efectos en la medida en que se ajuste a
los límites que, sin perjuicio de las exigencias derivadas de la legislación de defensa de la competencia, se hayan impuesto válidamente al amparo del
propio derecho de patente licenciado. En consecuencia, una mera licencia de fabricación para el
suministro del propio licenciante o de un tercero en
particular no es título que confiera el consentimiento necesario para que la puesta en comercio realizada a favor de otra persona produzca el agotamiento,
como la licencia de fabricación y comercialización
no confiere la autorización exigida a estos efectos en
el caso de que el licenciatario haya excedido las
limitaciones de campo técnico de aplicación, de
cantidades de producción o de lugar de comercialización válidamente impuestas, en la medida en con
ello el licenciatario no sólo infringe el contrato de
licencia sino también el propio derecho de patente
(art. 75.2 LP).
Desde una perspectiva territorial, y como queda
apuntado, la puesta en comercio hecha por el titular de la patente o con su consentimiento ha de
tener lugar bien en territorio español o bien en el
territorio de cualquier país de la Unión Europea
(SSTJCE 31-X-1974, asunto 15/74, 14-VII-1981,
asunto 187/80, o 9-VII-1985, asunto 19/84) o del
Espacio Económico Europeo. La limitación del agotamiento al ámbito nacional se justifica por el principio de territorialidad que preside la protección del
derecho de patente (art. 4bis.1 CUP y SAP Barcelona 15-II-2005) en conexión con los objetivos de
política legislativa a que obedece la implantación y
configuración del sistema de patentes y, en particular, su orientación a la promoción del desarrollo
económico y tecnológico nacional (cfr Exposición
de Motivos de la Ley de Patentes). El reconocimiento del agotamiento en el ámbito comunitario
europeo y del espacio económico europeo se funda
en consideraciones y objetivos propios de la política de integración transnacional de mercados y, en
particular, en las exigencias propias del principio
de libre circulación de mercancías, servicios y capitales propio de los mercados interiores y, de otro
lado, en las exigencias propias de la implantación
de condiciones de competencia homogéneas en
Finalmente, el agotamiento se proyecta únicamente
sobre los actos de explotación que, en un orden
lógico, siguen a la puesta en comercio efectuada por
el titular de la patente o por un tercero autorizado,
como son, en particular, el ofrecimiento, introducción en comercio, utilización, posesión con los fines
anteriores y, en su caso, importación con tales fines
de los productos puestos en comercio por el titular
o, dentro de los límites de su consentimiento derivados del propio derecho de patente, por los terceros que cuentan con su autorización. El agotamiento no afecta, en consecuencias, ni a la facultad de
prohibir la fabricación del producto objeto de la
patente, ni a la de prohibir la utilización y el ofrecimiento de utilización del procedimiento objeto de
la patente, ni a la de prohibir la entrega y ofrecimiento de entrega de medios relativos a un elemento esencial de la invención patentada que son necesarios para su puesta en práctica (SAP Vizcaya
23-VI-2005). Con todo, en los casos en los que el
producto puesto en comercio tenga como única
aplicación la puesta en ejecución de un procedimiento protegido por patente ha de entenderse que,
a falta de restricción, la puesta en comercio comporta el otorgamiento de una licencia implícita y, en
los casos en los que pueda tener diversas aplicaciones y una de ellas sea la ejecución del procedimiento patentado, será necesaria la concesión de una
licencia para utilizar el procedimiento, que bien
puede desprenderse de los términos del contrato de
venta o de arrendamiento de la maquinaria o de los
tratos previos entre las partes.
Siempre desde la perspectiva del alcance del agotamiento, esta regla ha conocido una específica adaptación para las patentes relativas a materia biológica
(art. 52.3 LP). En particular, los derechos que con-
fiere esta clase de patentes no se extienden a la
materia biológica que se haya obtenido por medio
de multiplicación o de reproducción de la materia
protegida por la patente tras su puesta en comercio
en territorio nacional o en el de un Estado de la
Unión Europea por su titular o con su consentimiento. Y ello, sólo en la medida en que la reproducción o multiplicación sea precisamente el resultado necesario de la utilización de la materia
biológica protegida así puesta en comercio y sólo
respecto de utilizaciones que no entrañen la realización de nuevas reproducciones o multiplicaciones.
4.4 · Los privilegios de agricultores y ganaderos
El derecho que confieren las patentes sobre invenciones relativas materia biológica se halla sujeto a
otras limitaciones estructurales específicas (art. 53
LP), que se conocen como privilegios del agricultor
y del ganadero y encuentran su paralelo en el llamado privilegio del agricultor que tradicionalmente se
ha consagrado en el ámbito de la protección de las
En particular, al agricultor se reconoce el derecho a
utilizar el producto de su cosecha para ulterior
reproducción o multiplicación en su propia explotación cuando dicho producto de la cosecha haya
sido obtenido a partir de material de reproducción
vegetal comercializado por el titular de la patente o
por un tercero con su consentimiento. Por su virtud, los agricultores podrán utilizar con este fin
cualquier cantidad de material protegido que sea
producto de la cosecha siempre que ello sea requerido por las necesidades de la propia explotación y,
además, podrán realizar, por sí mismo o por medio
de terceros, las operaciones de tratamiento del
material protegido que sean necesarias para su
plantación. La excepción tiene carácter absoluto, en
estos términos, para los pequeños agricultores, que
no deberán satisfacer ninguna clase de compensación al titular de la patente. En cambio, los demás
agricultores estarán obligados a pagar al titular una
remuneración justa, que en todo caso deberá ser
apreciablemente menor que la cantidad que se
cobre por la producción bajo licencia de material
Por su parte, a agricultores y ganaderos se reconoce
el derecho a utilizar, con la finalidad de continuar
su actividad agrícola o ganadera, el ganado protegido procedente de animales de cría o de material de
reproducción animal puesto en comercio por el
titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.
4.5 · El derecho de explotación anterior
Por su parte, el derecho de explotación anterior permite a quien desarrolló o adquirió de forma independiente y de buena fe la misma invención patentada y, además, dio comienzo a su explotación o
realizó preparativos serios para ello antes de la fecha
de prioridad de la patente continuar con la utilización ya iniciada o preparada, así como transmitir
esta facultad junto con su empresa.
En particular, esta limitación del derecho de patente
no ampara a quien sólo desarrolló o adquirió la
invención de buena fe (esto es, de forma legítima,
extremo que se debe presumir: SAP Asturias 30-VI2003), sino a quien, además de ese desarrollo o
adquisición legítima, inició la explotación o realizó
preparativos que revelan la intención y son adecuados para proceder a la explotación de forma inminente (como el encargo de la fabricación del producto objeto de la patente: SAP Asturias 30-VI-2003), y
lo hizo precisamente en territorio español. A estos
efectos, la explotación de la patente consiste en la realización de cualquiera de los actos de explotación de
la invención y debe haber sido realizada con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la
5 · EL ALCANCE O ÁMBITO MATERIAL
La determinación del alcance de la patente o, si se
prefiere, del ámbito material sobre el que se proyectan los efectos de la patente es cuestión capital en el
derecho de patentes, tanto desde la perspectiva del
acceso de las invenciones al sistema de patente
como, por lo que ahora interesa, desde la perspectiva de la oposición a las actuaciones infractoras de
los terceros. Y ello, más allá de consideraciones
estructurales y sistemáticas relativas a la configuración del derecho de patente, toda vez que en pocas
ocasiones existe una identidad entre el producto o
procedimiento que es objeto de una patente y el
producto o procedimiento para el que un tercero
solicita su protección mediante patente o, desde el
ángulo considerado en esta oportunidad, que un
tercero explota sin la autorización del titular de la
patente. No puede extrañar, por lo tanto, no sólo
que este aspecto haya merecido la atención expresa
del legislador (art. 60.1 de la Ley de Patentes y artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea) e
incluso un desarrollo específico en el ámbito del sistema europeo de patentes (Protocolo Interpretativo
del artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea), sino que en la práctica haya suscitado impor-
tantes controversias y haya sido objeto de distintos
pronunciamientos judiciales.
En particular, la determinación del ámbito objetivo
o alcance de la protección ofrecida por las patentes,
esto es, la determinación del producto o procedimiento que ha sido hecho accesible al público en su
momento mediante la publicación de la solicitud de
patente y que, por tanto, integra el estado de la técnica a los efectos de establecer la novedad y altura
inventiva de la invención objeto de una solicitud de
patente posterior, así como el establecimiento de si
un determinado producto o procedimiento es objeto o no del ius prohibendi que la patente confiere a su
titular y, por tanto, en relación con el cual la realización de los actos reservados sin su consentimiento
constituye infracción del derecho de patente debe
realizarse, en nuestro ordenamiento, según lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley de Patentes. Este
precepto reproduce en lo esencial el artículo 69 del
Convenio sobre la Patente Europea y su interpretación ha sido realizada por los tribunales españoles a
la luz de las indicaciones contenidas en el Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea (al que sin duda debe
concederse un papel especialmente relevante en la
interpretación y aplicación del artículo 60.1 de la
Ley de Patentes, no sólo por razón de la evidente
identidad entre las normas española y europea en
esta materia, sino especialmente por razón de la
obligación asumida por los Estados miembros de la
Comunidad Europea de ajustar su derecho interno
en materia de patentes a los estándares del Convenio de la Patente Europea a través de la Correspondiente Declaración realizada en la Conferencia de
Luxemburgo sobre la patente Comunitaria).
Según esta regla, el alcance de la protección conferida por el derecho de patente —esto es, el objeto
sobre el que recae la facultad de exclusión que
concede se determina por el contenido de las reivindicaciones de la patente, interpretadas de conformidad con su descripción y, en su caso, con sus
Así las cosas, la extensión de la tutela que proporciona una patente no se desprende, única y exclusivamente, de lo expresamente mencionado en las
reivindicaciones. Su tenor, en efecto, es, en realidad, la redacción que, al tiempo de la solicitud y
concesión de la patente, el solicitante consideró más
adecuada para enunciar la regla técnica protegida,
pero no constituye su expresión única y acabada,
esto es, configurada precisamente para comprender
todas las formulaciones de la regla técnica que es
objeto de la patente y todas sus ejecuciones posibles, por lo que no puede, en última instancia, servir para constreñir el alcance de la protección de la
invención patentada. De ahí que la literalidad de las
reivindicaciones no sea el único medio para concretar el alcance de la protección de la patente. Antes
bien, el alcance de la protección resulta en todos los
casos del significado de las reivindicaciones obtenido en el marco de un proceso interpretativo, que no
sólo ha de atender a su redacción sino también a la
demás información técnica que procura la propia
patente y, en particular, a la que se contiene en su
descripción y en sus dibujos y que, en consecuencia, se ha de efectuar en clave objetiva (SAP Barcelona 2-V-2005), esto es, el alcance de la protección
resulta de lo que se hizo contar en la propia patente, y no de la intención o propósito de su redactor.
Por lo tanto, la finalidad de la interpretación no sólo
consiste en la superación de las posibles imprecisiones de las reivindicaciones y la clarificación de los
conceptos empleados en las reivindicaciones, sino
también en general en la precisión del significado
de las reivindicaciones y, por ello, de la propia
invención y se convierte, por ello, en paso previo
necesario tanto para evaluar novedad y actividad
inventiva de patentes y solicitudes de patentes posteriores, como la existencia de una infracción de la
patente anterior (cfr. SAP Barcelona 2-V-2005).
Ahora bien, y como se ha apuntado, la descripción
y los dibujos de la patente sólo son un medio para
la interpretación de las reivindicaciones y, por ello,
para la precisión de su significado. En consecuencia, la descripción y los dibujos no pueden utilizarse para ampliar el objeto de la patente, esto es, en el
trance de la determinación del producto o procedimiento protegido por la patente no pueden tomarse
las reivindicaciones como simples directrices que
han de llenarse con la información que contienen
descripción y dibujos. Del mismo modo, tampoco
ni pueden ser empleadas a fin de que extender la
patente a aquello de lo que se deja constancia en la
descripción o dibujos pero no queda cubierto por el
tenor de las reivindicaciones; dicho en otros términos, las características de la invención que sólo se
expresan en la descripción y dibujos, y no en las reivindicaciones, no pueden integrar el ámbito de protección de la patente.
Sin embargo, el papel asignado a la descripción y a
los dibujos en la determinación del alcance de la
patente tampoco se ha de quedar reducido a la sola
superación de las posibles ambigüedades que puedan apreciarse en las reivindicaciones. En este sentido, y del modo en que enseña el Protocolo sobre la
interpretación del artículo 69 del Convenio de la
Patente Europea, la interpretación ha de orientarse,
valiéndose para ello de la descripción y de los dibujos, a fijar un ámbito de protección comprendido
entre las posiciones extremas indicadas, que asegure
al titular de la patente una tutela adecuada (teniendo
en cuenta especialmente la importancia de la invención: el enriquecimiento objetivo del estado de la técnica debido a la revelación de la invención, pero no la
intensidad del esfuerzo del inventor) y a la generalidad una seguridad jurídica suficiente (esto es, la posibilidad de determinar con fiabilidad el ámbito de la
patente a partir de sus reivindicaciones).
Por otra parte, el alcance o ámbito objetivo de la
patente y de la protección que confiere no sólo se
extiende a los productos o procedimientos que se
corresponden literalmente con aquellos en que se
concreta la regla técnica tal y como resulta de este
proceso de interpretación (cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye lo que se conoce
como infracción literal), sino también a los productos y procedimientos que no presentan diferencias
fundamentales, sustanciales, esenciales o relevantes
(STS 22-IV-2005, y SSAP Vizcaya 23-VI-2005, Cantabria 28-II-2006, Madrid 11-V-2006) en relación
con los elementos o características que los definen
como invención protegida según resultan del proceso de interpretación. Entre estos últimos se cuentan los productos y procedimientos que incorporan
variaciones en la ejecución de la invención accesorias o insignificantes (y cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye también una
infracción literal), así como los productos y procedimientos que incorporan variaciones técnicamente equivalentes a los elementos o características de
la regla técnica protegida (y cuya fabricación, utilización, importación, etc. constituye lo que se conoce como infracción por equivalentes).
Las variaciones accesorias o insignificantes son las
que no impiden que la regla técnica protegida se
ejecute precisamente tal cual enseña la propia
patente. En este sentido, la infracción de una patente se produce tanto si el producto o procedimiento
al que se refieren los actos de explotación comprendidos en el ius prohibendi del titular de la patente tiene las mismas características que definen la invención en sus reivindicaciones (según el significado
que se les atribuya en el proceso de interpretación),
como si sólo tiene una parte de esas características
cuando, para un experto en la materia, puede deducirse de la propia patente que el resultado perseguido se consigue igualmente en todo o en lo esencial
renunciando a algunos de los rasgos que integran la
invención (siempre que para el experto en la materia resulte conocido que puede prescindir de ellos o
puede añadirlos sin poner en peligro la solución del
problema afrontado precisamente según la enseñanza técnica de la patente, como sucede en el caso
de que dejara de incorporarse una característica que
la propia patente calificara como opcional: AJM
Madrid 77-XI-20). Y se produce igualmente en los
casos en que a las características que definen la
invención protegida se añaden otras, tanto si esas
características añadidas son accidentales, superfluas
o irrelevantes (STS 22-IV-2005), como si por sí mismas constituyen mejoras o innovaciones de la
invención patentada, incluso si sustituyen a las previstas en alguna reivindicación dependiente (SAP
Valencia 3-V-2005) o si son objeto ellas mismas de
una patente o modelo de utilidad (arts. 55 y 56 LP).
Por su parte, las variaciones técnicamente equivalentes o simplemente equivalentes técnicos son formas de ejecución de la invención patentada que no
son mencionadas expresamente en la patente ni se
deducen de ella por vía de interpretación, pero que
son alternativas conocidas a las que se han empleado en la definición de la invención (STS (Sala 3.ª)
10-VI-1968, y más recientemente SSAP Barcelona
10-II-2000 y 18-IX-2000). Más en particular, son
equivalentes aquellas formas de ejecución que
ponen en práctica la invención mediante la aplicación de elementos distintos, pero de efectos idénticos a los referidos en las reivindicaciones que el
experto en la materia, ya en la fecha de solicitud o
de prioridad de la patente y a partir del estado de la
técnica, reconoce como forma posible de ejecución
en el propio concepto inventivo o principio fundamental de la invención amparado por la patente
(SSAP Barcelona 28-I-2004, SAP Navarra 13-II2004). O si se prefiere, aquellas formas de ejecución
que ciertamente difieren de las indicadas en la
patente pero que, en aquella fecha y con el conocimiento del estado de la técnica, resultan de ella de
forma obvia para el experto (a contrario SSAP Barcelona 2-V-2005 y Madrid 11-V-2006), a las que llega por ello sin necesidad de efectuar una actividad
inventiva (a contrario SAP Vizcaya 23-VI-2005). En
la práctica, lo anterior se ha predicado de aquellas
ejecuciones que sustituyen los elementos o, en su
caso, a los pasos del método patentado que se indican en la patente por otros que cumplen sustancialmente la misma función, la cumplen además de la
misma forma y conducen en lo esencial a la obtención del mismo resultado, e incluso por otros que
cumplen en esencia la misma función y alcanzan el
mismo resultado, aunque difieran el modo en que
operan (SAP Barcelona 18-IX-2000). Y se ha negado
en cambio, en los casos en los que la reivindicación
únicamente incluye el empleo de un medio en particular y no la de cualquiera de los de su curso
cuando no existe prueba del conocimiento anterior
de su equivalencia en los términos indicados (SAP
Navarra 13-II-2004).
6 · LAS PATENTES DEPENDIENTES
Aunque en ciertos casos puede guardar similitud
con la situación a la que corresponde la existencia
de reivindicaciones dependientes en una patente,
distinta de la situación anterior es la relación de
dependencia que unas patentes pueden tener respecto de otra u otras anteriores. En particular, son
patentes dependientes aquellas que tienen por
objeto una invención cuya puesta en práctica exija
la utilización de la invención que es objeto de una
patente anterior y, en especial, la ejecución de las
características esenciales de la invención protegida
por la patente más antigua, de modo que aquélla
no puede ser utilizada sin explotar esta ultima.
Esta situación se produce típicamente en supuestos
en los que la invención que es objeto de la patente
posterior consiste en una mejora o perfeccionamiento de la misma invención que protege la patente anterior o en un desarrollo relacionado con esa
invención y que por sí tienen el grado de novedad e
implican la actividad inventiva precisas para ser
objeto de una patente, pero que, por el tiempo en el
que se obtuvieron, no pudieron ser incorporadas a
la primera de las patentes. No en todos los casos se
trata, sin embargo, de supuestos paralelos a aquellos a los que corresponden las reivindicaciones
dependientes. Así será normalmente si la invención
objeto de la segunda o ulterior patente consiste en
una mejora o perfeccionamiento de la misma categoría de invención que la protegida mediante la
patente anterior, como sucede por ejemplo con la
mejora de uno o varios pasos de un procedimiento
previamente patentado o con la mejora de una o
varias piezas de una máquina previamente patentada. No así, en cambio, cuando se trate de un desarrollo simplemente relacionado con la invención
anterior, como sucede por ejemplo con la invención
que consiste en un procedimiento para la fabricación de una sustancia que a su vez es objeto de una
patente de producto anterior, o la que consiste en la
utilización de un producto que es objeto de una
patente más antigua, o la que consiste en un aparato o dispositivo que se emplea para poner en práctica un procedimiento anteriormente patentado.
En estas circunstancias, como es obvio, la ejecución
de la invención posterior comporta, en el caso de
que su titular sea persona distinta, la infracción de
los derechos que concede la patente más antigua.
Ello no obstante, la existencia de esta relación de
dependencia entre una invención y otra no es obstáculo para la protección de la invención posterior
en el tiempo mediante una patente. Sin embargo, la
obtención de la patente dependiente (posterior) no
legitima a utilizarla sin el consentimiento del titular
de la patente anterior, ni a la inversa puede el titular de la patente anterior utilizar la invención objeto de la patente posterior sin el consentimiento de
7 · LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
EN RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN
DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO
Los efectos de las patentes de procedimiento han
merecido una especial atención en la Ley de Patentes española. En particular, el contenido del derecho de patente, como se ha expuesto, se extiende
no sólo a la utilización y ofrecimiento del procedimiento objeto de la patente, sino también al ofrecimiento, introducción en comercio y la utilización
de los productos directamente obtenidos mediante
el procedimiento objeto de la patente así como a la
posesión e importación de estos productos con
cualquiera de los fines indicados [art. 50 b) y c) LP].
A ello se añade la presunción establecida en el artículo 61.2 de la Ley de Patentes (que se corresponde
con la prevista en el artículo 34 del Acuerdo sobre
relacionados con el Comercio, aunque la disposición española tiene su origen inmediato en la ejecución de los compromisos asumidos por España en
el marco de la adhesión a las Comunidades Europeas y, en particular, en el Protocolo sobre las Patentes
Españolas, que impuso la obligación de incorporar
a la legislación española una norma sobre inversión
de la carga de la prueba que se correspondiera con
al artículo 75 del Convenio de la Patente Comunitaria, que ahora es el artículo 35 del Acuerdo sobre
la Patente Comunitaria de 1989), de la que en la
práctica resulta una inversión de la carga de la prueba a favor del titular de ciertas patentes de procedimiento (GSAP Navarra 13-II-2004, Madrid 21-II2006). En este sentido, se presume que, salvo
prueba en contrario, si una patente tiene por objeto
un procedimiento para la fabricación de productos
o sustancias nuevos, todo producto o sustancia de
las mismas características ha sido obtenido por el
procedimiento patentado.
La finalidad de esta presunción consiste en el
refuerzo de la protección jurídica de las patentes de
procedimiento y, en particular, en la superación de
uno de los obstáculos de mayor relevancia con los
que se enfrentan los titulares de esta clase de patentes para hacer valer sus derechos, como es la dificultad de demostrar que un tercero realiza o ha realizado una utilización ilícita del procedimiento
patentado a partir del único elemento al que razonablemente se puede tener acceso, esto es, a partir
del producto final. En este sentido, el artículo 61.2
de la Ley de Patentes se halla en consonancia con
los principios que presiden en nuestro ordenamiento la atribución de la carga de la prueba y el
juego de las presunciones y, en particular, con el
criterio de la «facilidad en el acceso a las pruebas»
del que resulta la imposición de la carga de la prueba a la parte que esté en mejores condiciones para
La aplicación de la presunción del artículo 61.2 de
la Ley de Patentes requiere de la concurrencia de
ciertos presupuestos, unos de carácter procesal o
formal, otros de carácter sustantivo o material y,
finalmente, otros de carácter subjetivo. Los primeros sientan, en particular, el marco procesal en las
que rige esta presunción. Los segundos, por su parte, encarnan los hechos o indicios sobre los que se
funda la presunción y cuya certeza constituye condición necesaria para su aplicación al caso. Los últimos delimitan los sujetos que pueden invocarla y
los sujetos frente a los que se puede hacer valer.
Esta presunción tiene una vigencia general y, desde
la perspectiva ahora considerada, es aplicable en
todos aquellos casos en los que se ejerciten los derechos reconocidos al titular de una patente de procedimiento, cualquiera que sea el escenario procesal
en el que se deduzca una pretensión fundada en su
infracción. De ahí que el artículo 61.2 de la Ley de
Patentes no sólo sea de aplicación en los procedimientos civiles por infracción de patente, sino también en los procedimientos penales relacionados
con la comisión de un delito contra la propiedad
industrial en el que se enjuicie la violación de una
patente de procedimiento. De ahí también que, en
el marco de los procedimientos civiles, sea asimismo aplicable no sólo en el juicio principal, sino
también en la decisión acerca de la concesión de
diligencias de comprobación de hechos (AJPI
Madrid 6-II-2003) y en la pieza de medidas cautelares (AAAP Barcelona 13-II-1998 y 7-IV-1999, y AJPI
Pamplona 22-I-2003), sin perjuicio de que, obviamente, para entender destruida la presunción en
este último caso no sea exigible una prueba conclu-
yente de la utilización de un procedimiento distinto
del patentado sino una prueba que revele la verosimilitud de que la resolución final estime suficientemente acreditada la utilización de un procedimiento distinto del que es objeto de la patente (AAAP
Madrid 1-III-2004, Madrid 15-VI-2004). Y de ahí,
en fin, que la presunción sea válida para cualquier
pretensión que se ejercite con la demanda, esto es,
tanto para la pretensión de cesación como para las
de remoción, indemnización u otras.
El primero de los presupuestos sustantivos para la
aplicación de esta presunción consiste en que la
patente tenga por objeto una invención de procedimiento para obtener un producto nuevo o para
dotar a un producto de una constitución o configuración externa nueva. A pesar de que la norma sólo
se refiere a productos, no es dudoso que lo en ella
dispuesto también es de aplicación a los procedimientos para la obtención de sustancias nuevas y,
en general, de cualquier resultado físico o tangible.
La única exigencia que, desde esta perspectiva, debe
satisfacer el producto de que en cada caso se trate
es, como resulta obvio, su condición de producto
objeto de patente y su condición de producto nuevo. A estos efectos, la noción de novedad coincide
con la establecida en los artículos 6 y 7 de la Ley de
Patentes. Por lo tanto, un producto o sustancia se
considerará nuevo en la medida en que no se
encuentre comprendido en el estado de la técnica,
determinados ambos extremos («estado de la técnica» y «comprendido») en la forma prevista con
carácter general y, en consecuencia, en la fecha de
solicitud o, en su caso, de prioridad de la patente
(SSAP Barcelona 6-II-1998, 13-II-1998, 20-X-1999,
18-IX-2000), por lo que la ulterior publicación de
procedimientos alternativos para la obtención del
mismo producto no priva del beneficio de la presunción.
Por otra parte, el producto al que se refiere el acto
de explotación hecho por un tercero sin autorización del titular de la patente debe tener las mismas
características que el directamente obtenido
mediante el procedimiento patentado. A estos efectos, las características relevantes son aquellas que
determinan la novedad del producto, las que lo
diferencian de los anteriormente integrados en el
estado de la técnica. Por otro lado, no son características distintas las que difieren en extremos que,
según el estado de la técnica al tiempo de la solicitud de la patente, sean técnicamente equivalentes (y
por ello se hallen comprendidas en el ámbito de
protección de la patente) a aquellas a través de las
que se define el producto obtenido mediante el procedimiento patentado (vide supra, ni las que sólo
resulten de una particular forma de ejecución del
procedimiento protegido por la patente.
Esta presunción es oponible por el titular de la
patente o por el licenciatario que ejercite la acción
por violación basada en la patente de procedimiento a cualquier persona contra la que se ejercite,
incluidos los distribuidores e importadores del producto en cuestión (STS 28-IV-2005, y SSAP Barcelona 21-X-1998, Barcelona 1-III-1999, Barcelona 20X-1999, Cantabria 28-II-2006).
La presencia de estos presupuestos obliga al juez a
inferir la consecuencia establecida en la ley y, por
tanto, a concluir que el procedimiento empleado
por el demandado es el protegido mediante la
patente. Ahora bien, la presunción del artículo 61.2
de la Ley de Patentes es una presunción iuris tantum,
es decir, admite prueba en contrario (cfr. SAP Navarra 13-II-2004). En particular, la destrucción de la
presunción puede llevarse a cabo mediante dos
vías, cuales son la contraprueba y la prueba de lo
contrario. En el primer caso, la estrategia procesal
consiste en probar la inexistencia de los elementos
de la afirmación base de la presunción. Si la parte
que alega la presunción no prueba la realidad del
presupuesto fáctico en el que ésta se apoya (novedad
del producto o sustancia e identidad de característi-
cas), no se puede inferir la afirmación presumida y,
en consecuencia, corresponde al demandante probar que el procedimiento empleado para la fabricación del producto en cuestión es precisamente el
comprendido en el ámbito objetivo de la patente de
procedimiento de que se trate (SSAP Barcelona 10IV-2000, Madrid 3-XI-2004, Barcelona 2-V-2005).
Por otra parte, la prueba de lo contrario consiste en
demostrar que, aun existiendo los presupuestos fácticos de la presunción, no se ha producido la consecuencia legalmente prevista y, para ello, debe probar
cuál es el procedimiento efectivamente utilizado
(cfr. SSAP Barcelona 2-V-2005, Cantabria 28-II2006 Madrid 21-II-2006) y, además, que dicho procedimiento no queda comprendido en el alcance de
la protección que otorga la patente de procedimiento determinado según el artículo 60.1 de la Ley de
Patentes y, por lo tanto, no sólo que el procedimiento empleado es distinto del patentado, sino
también que no es técnicamente equivalente (cfr.
SAP Madrid 21-II-2006). En consecuencia, la mera
demostración de que existen otros procedimientos
conocidos para la fabricación del producto de que
se trate e incluso de que el demandado es titular o
licenciatario de una patente que tiene por objeto
uno de estos procedimientos alternativos o que distribuye los productos fabricado por él no es suficiente para destruir la presunción del artículo 60.2
de la Ley de Patentes (SAP Cantabria 28-II-2006).
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