Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl1135-2018-57873-de-abril-18-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_b33d58595e324da5b19d0afecbde6572&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 12:37:58
Document Index: 406605151

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 30', 'artículo 69', 'artículo 5', 'artículo 306', 'Artículo 14', 'artículo 66', 'artículo 51', 'artículo 26', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL1135-2018/57873 DE ABRIL 18 DE 2018
SENTENCIA SL1135-2018 DE 18 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS. LAS RECLAMACIONES DE PAGOS DE ACREENCIAS LEGALES Y EXTRALEGALES DERIVADAS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO SUSCRITAS POR UN SINDICATO Y LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACIÓN REQUIEREN, POR PARTE DEL RECURRENTE, QUE SE DEMUESTRE LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL. SINO ESTÁ DEMOSTRADA ESTA CONDICIÓN, LAS PRETENSIONES EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN NO PUEDE PROSPERAR, PUES NO OSTENTA EL DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIOS DEL TRABAJADOR OFICIAL, TRABAJADOR OFICIAL, CONVENCIÓN COLECTIVA, APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, BENEFICIARIO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, BENEFICIOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJADOR OFICIAL
Sentencia SL1135-2018 de abril 18 de 2018
SL1135-2018
Radicación 57873
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Miguel Abdon Martínez Garzón contra la sentencia proferida por la “Sala Fija Laboral de Descongestión” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2012, en el proceso ordinario laboral que el recurrente le adelanta a la Nación Ministerio de la Protección Social, Departamento de Cundinamarca y Beneficencia de Cundinamarca, al cual se vinculó como litis consorte necesario a la Fundación San Juan de Dios en liquidación.
Acéptese la renuncia al poder presentado por el apoderado de La Nación Ministerio de Salud y Protección Social, doctor Juan Camilo Escallón Rodríguez al mandato conferido, conforme al memorial que obra a folio 153 del cuaderno de la Corte. Lo anterior, en tanto se dio cumplimiento a lo consagrado en el inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso, en el sentido de aportar “copia de la comunicación enviada a su poderdante (…)”.
Se reconoce personería al abogado Santiago Guzmán Gómez, como apoderado judicial de la Fundación San Juan de Dios en liquidación, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 111 del cuaderno de la Corte.
El señor Miguel Abdon Martínez Garzón, llamó a juicio a las citadas entidades a fin de que, en síntesis, se declare que entre éste y la Fundación San Juan de Dios existió un contrato de trabajo a término indefinido, en el que desempeñó el cargo de “Médico Especialista 4 H.D.M.”; vínculo que inició el 12 de junio de 1995 y estaba vigente para la fecha de presentación de la demanda y no ha tenido suspensión o interrupción “salvo de cinco meses de licencia no remunerada”; igualmente, solicita se declare que en el referido contrato debía percibir una remuneración mensual que asciende a la suma de “$907.081,40”, mas “$90.708” por concepto de prima de antigüedad, para un total equivalente a “$997.789,54”.
Al mismo tiempo, pretende se declare, que era beneficiario de los acuerdos convencionales suscritos por la empleadora y el sindicato denominado “Sintrahosclisas”. Solicita también sea declarada, entre la Fundación demandada y la Beneficencia de Cundinamarca la sustitución patronal, habida cuenta que el Consejo de Estado anuló los decretos de creación de la primera.
Como consecuencia de tales declaraciones, pretendió que las demandadas fueran condenadas a pagarle solidariamente, los salarios no cubiertos en su totalidad desde el 15 de noviembre de 1999 hasta el mes de julio de 2006, incluidos los factores convencionales, entre otros, las primas de navidad, vacaciones, antigüedad y semestral. Igualmente, a la cancelación de los intereses a la cesantía; al reajuste salarial con los incrementos salariales equivalentes al monto del IPC correspondiente a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y “la sanción por retardo en la cancelación de los intereses a las cesantías”, adicionalmente, solicitó la indemnización moratoria, los aportes al régimen de seguridad social y a las prestaciones o derechos que resulten probados “ultra y extra petita”, más las costas.
En el mismo sentido, pretendió que se condene a las demandadas al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 30 de la convención colectiva de trabajo suscrita en 1982, entre la Fundación empleadora y “Sintrahosclisas” a partir del 8 de mayo de 2006.
Como fundamento de sus pretensiones, aseguró que prestó sus servicios a la Fundación San Juan de Dios desde el 12 de junio de 1995 en el cargo de “Médico Especialista 4 H.D.M.”; resaltó que con anterioridad a la vigencia del citado contrato, laboró en varias oportunidades para el Hospital San Juan de Dios y acreditó un total de “1834” días, incluidos seis meses de internado y cuatro años de residencia en Urología; periodo que adujo, debía ser tenido en cuenta para efectos de la pensión de jubilación. Señaló que era beneficiario de las convenciones colectivas firmadas entre la Fundación y “Sintrahosclisas”, por tanto, le asistía derecho al reconocimiento de las prestaciones extralegales denominadas primas de antigüedad, de navidad, de riesgos y de vacaciones, auxilios de cesantías y de transporte, entre otras.
Relató que durante la vigencia de la relación laboral no le cancelaron los conceptos referentes a primas de servicio, navidad y vacaciones, el auxilio legal de cesantía y sus respectivos intereses; dijo además, que a pesar de haber asistido cumplidamente a prestar sus servicios, la demandada a partir del 15 de noviembre de 1999, no le cubrió sus salarios en forma completa y tampoco, efectuó los aportes correspondientes a salud y pensión.
De igual forma expresó, que el Consejo de Estado mediante fallos del 8 de marzo y 24 de mayo de 2005, declaró la nulidad de los decretos que crearon la Fundación San Juan de Dios, y que de tales decisiones, se infiere que “la Nación, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, respondan solidariamente por las obligaciones adquiridas por la Fundación San Juan de Dios”.
El Departamento de Cundinamarca, al contestar la demanda, se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor Martínez Garzón y en resumen, aseguró que éstas no tienen fundamento jurídico, en razón a que el actor no ha tenido ninguna relación laboral con el citado ente Departamental, toda vez que como él mismo lo manifestó, laboró fue para la Fundación San Juan de Dios en liquidación, desde el 12 de junio de 1995. Precisó que no es cierto que el ente territorial se haya convertido en el responsable de los pasivos prestacionales, salariales, pensionales, entre otros, a partir de la declaratoria de nulidad de los decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998 dictados por el Gobierno Nacional; aseveró que la sentencia del Consejo de Estado dictada el 8 de marzo de 2005, en momento alguno dispuso que el departamento fuera llamado a responder en forma solidaria como lo afirma el demandante. En su defensa, propuso como excepción previa, la de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; como medios exceptivos de fondo formuló los de falta de legitimación en la causa para ser demandada, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, “inexistencia de relación causal entre el Departamento de Cundinamarca y el demandante” e “inexistencia de subrogación de obligaciones contraídas por la Fundación San Juan de Dios”.
A su turno, La Nación Ministerio de la Protección Social, dijo que no eran ciertos o simplemente no le constaban los hechos que soportan las pretensiones. Hizo énfasis en que la Fundación San Juan de Dios no depende administrativamente de ése ente ministerial, por tanto, no cuenta con la facultad para incidir en los procesos de selección y contratación de personal que hace la Fundación convocada a juicio. En ese orden, asegura que en el sub lite se presenta un conflicto jurídico de un trabajador que presuntamente laboró para la Fundación San Juan de Dios en liquidación, por tanto, es esa entidad, la llamada a responder por las pretensiones incoadas, y en ningún caso, ese ente ministerial. En esa medida, se opuso a las pretensiones y en su defensa propuso como excepciones de fondo, las de prescripción, falta de legitimación por pasiva e inexistencia de la obligación.
Finalmente, la Beneficencia de Cundinamarca aseguró que no procede ninguna de las pretensiones incoadas, toda vez, que entre ésa entidad y el accionante, no existió vínculo laboral alguno del cual pueda derivarse responsabilidad de carácter laboral o prestacional. Adicionalmente, mencionó que los efectos de la sentencia proferida el 8 de marzo de 2005 por el Consejo de Estado, en ningún caso, traen como consecuencia que la Beneficencia de Cundinamarca deba responder por las obligaciones nacidas en cabeza de la mencionada Fundación San Juan de Dios en liquidación. En su defensa, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido.
El Juez Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante auto del 26 de marzo de 2007 (fls. 147 a 151) declaró no probada la excepción previa denominada no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios respecto de La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Más adelante, en decisión calendada el 20 de abril de 2007 (fls. 188 a 190) ordenó integrar como litis consorte, a la Fundación San Juan de Dios en liquidación.
Al contestar el libelo petitorio la Fundación San Juan de Dios en liquidación, se opuso a todas y cada una de las pretensiones. En primer lugar, manifestó que el actor no estuvo vinculado mediante un contrato de trabajo a término indefinido, pues adujo que las licencias no remuneradas que le fueron concedidas desde el 29 de agosto del 2000 y 23 de febrero de 2001, “generaron la suspensión del contrato”, por lo tanto, no le asiste derecho al reconocimiento de ninguna contraprestación de conformidad con el artículo 69 del Decreto 1950 de 1973, el cual puntualmente consagra que “el tiempo de licencia ordinaria y de su prorroga no es computable para ningún efecto como tiempo de servicios”. Por otro lado, sostuvo que el Consejo de Estado en sentencia del 8 de marzo de 2005, calificó al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, como establecimientos públicos, es decir que al tenor del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, por regla general todos sus servidores son empleados públicos; de tal manera, precisó que dados los efectos “ex tunc” de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, los decretos que crearon la Fundación, son nulos, desde la fecha en que se expidieron, por tanto, todos los actos subsiguientes son inexistentes.
Finalmente, la citada fundación señaló que no es posible declarar que entre ésta y el demandante, existió un contrato de trabajo, pues tal declaración es improcedente teniendo en cuenta su calidad de empleado público. En su defensa, propuso como excepciones previas las de falta de jurisdicción y competencia, falta de competencia por no agotamiento de la vía gubernativa y prescripción. Como medios de excepción de fondo, formuló las que denominó, falta de causa, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la genérica.
El juez de conocimiento, en audiencia celebrada el 4 de septiembre de 2007 (fls. 409 a 415), declaró no probadas las excepciones previas formuladas por la Fundación San Juan de Dios en liquidación, decisión que fue recurrida por el apoderado de la citada entidad y finalmente fue confirmada el 27 de noviembre de 2009, por el superior jerárquico (fls. 822 a 828, cuad. Ppal.).
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 5 de abril de 2010, resolvió:
Primero. ABSOLVER a la Nación – Ministerió de la Protección Social, al Departamento de Cundinamarca, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Fundación San Juan de Dios En Liquidación, de todas y cada una de las pretensiones invocadas por el señor Miguel Abdon Martínez Garzón.
Segundo. Condenar en costas a la parte demandante.
Por apelación del apoderado del actor, conoció la “Sala Fija Laboral de Descongestión” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, con sentencia del 30 de abril de 2012, confirmó íntegramente el fallo de primer grado, sin imponer costas en la alzada.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal señaló que el problema jurídico a resolver en la alzada, se circunscribía en determinar si efectivamente, entre el demandante y la Fundación San Juan de Dios en liquidación, existió un contrato de trabajo en los términos y condiciones alegados en la demanda; y si en consecuencia, le asiste a las entidades convocadas al litigio, la obligación de reconocer y pagar las acreencias laborales reclamadas. Al mismo tiempo, precisó que se debe establecer en el sub examine, si las prestaciones pretendidas por el demandante, se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción, tal y como lo excepcionaron las demandadas.
En ese orden, comenzó por precisar que el accionante no acreditó que el vínculo laboral que lo ligó a la Fundación San Juan de Dios en liquidación, persistiera con posterioridad al 29 de octubre de 2001, data en que según lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-484 de 2008, la citada fundación fue intervenida administrativamente; por el contrario, cuando éste absolvió su interrogatorio de parte, en audiencia celebrada el 25 de enero de 2008 (fl. 489), el actor manifestó con exactitud que “era cierto que desde el 21 de septiembre de 2001, dejó de ejercer sus funciones con ocasión del cierre de puertas del Hospital San Juan de Dios”.
En otras palabras, el ad quem aseveró que como el demandante no demostró una prestación de servicios con posterioridad al 29 de octubre de 2001, data en que la Corte Constitucional “extendió los efectos de terminación de los contratos de trabajo efectuados en el Hospital San Juan de Dios”, no le asiste la obligación a su empleador de reconocer los salarios y prestaciones deprecadas con posterioridad a esa data, tal y como se pretendió en la demanda inicial.
Bajo esa precisión, y con la claridad que la relación laboral entre el señor Martínez Garzón y la Fundación San Juan de Dios, se ejecutó desde el 12 de junio de 1995 hasta el 29 de octubre de 2001, el juez de segundo grado encontró que las acreencias laborales reclamadas estaban afectadas por el fenómeno de la prescripción, pues adujo que como quedó probado en el proceso, la reclamación administrativa fue agotada hasta los días 23 y 25 de agosto de 2006 y la presente acción judicial impetrada posteriormente el 27 de septiembre de 2006; por tanto, al tenor de los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, el accionante superó el término consagrado en tales disposiciones para acceder a lo aquí pretendido. En ese orden, y de conformidad con la facultad consagrada en el artículo 306 del CPC, para el caso de estudio, el tribunal declaró probada la excepción de prescripción propuesta por las convocadas al litigio.
1. Que se sirva casar totalmente la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Fija de Descongestión Laboral, el día 30 de abril de 2012, dentro del proceso ordinario de Miguel Abdon Martínez Garzón contra las demandadas Fundación San Juan de Dios y Otros, dentro del radicado 06-2006-0893-03 en donde actuó como magistrado ponente, el Doctor Luis Agustin Vega Carvajal, dejando sin ninguna validez ni efectos dicha providencia.
2. Que como resultado de casarse totalmente la sentencia del ad quem, se disponga por la Honorable Corte, actuando como tribunal de instancia, revocar el fallo proferido por el juzgador de primer grado, esto es, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario que se surtió entre las partes, fallo de fecha 5 de abril de 2010.
3.1. Declarar la existencia del contrato de trabajo celebrado entre la Fundación San Juan de Dios y Miguel Abdon Martínez Garzón.
3.2. Declarar que con anterioridad a la iniciación del contrato de trabajo, el demandante laboró para la Fundación San Juan de Dios, en forma interrumpido como Médico Interno y Médico Residente por 1.834 días.
3.3. Que se declare que el referido contrato de trabajo a término indefinido se celebró entre las partes bajo las normas del derecho sustantivo laboral privado.
3.4. Declarar que la vigencia del referido contrato inició el 11 de octubre de 1984 y que persiste en la actualidad.
3.5. Que se declare que el objeto del contrato es para el desempeño del cargo de Médico Especialista en el Hospital San Juan de Dios.
3.6. Que se declare que la asignación mensual en el año 1999 fue de $997.789,54.
3.7. Que se declare que el demandante Miguel Abdon Martínez Garzón tiene derecho a las prestaciones sociales y convencionales pactadas entre la Fundación San Juan de Dios y su Sindicato de Trabajadores, esto es a una remuneración del trabajo nocturno con un recargo del 100% sobre el salario ordinario por trabajo en dominicales y festivos, a una prima de antigüedad, una prima de antigüedad u ordenanza; una prima de navidad de un mes de salario, una prima de vacaciones equivalente al 100% de su salario mensual.
3.8. Que como consecuencia de la declaración pedida en los apartes 3.1. a 3.7, se condene a las entidades demandadas Fundación San Juan de Dios en Liquidacion, La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, departamento de Cundinamarca Beneficencia de Cundinamarca y Bogotá D.C. (sic), al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias convencionales, deducidas aquellas cantidades de dinero que con posterioridad a la presentación de la demanda hubiese percibido mi poderdante:
a) Los salarios completos de noviembre de 1999 al 29 de octubre de 2001.
b) Los incrementos salariales equivalentes anualmente al 18.5% por los años 2000 y 2001.
c) Las primas de navidad de los años 1999, 2000 y 2001.
d) Las primas semestrales de los años 2000 y 2001.
e) Las primas de vacaciones de los años 1999, 2000 y 2001.
f) Por la vía de la condena extra petita, el pago de las cesantías definitivas causadas durante la vigencia del contrato del trabajo.
g) Los intereses a la cesantía acumulados desde el 31 de diciembre de 1999 a la fecha en que se produzca el pago;
h) La indemnización moratoria por el no pago de los factores salariales, de los salarios completos, de las primas de navidad, de vacaciones y de servicio, así como de las cesantías definitivas.
i) La sanción por el retardo en la cancelación de los intereses a la cesantía;
j) Los aportes al régimen de seguridad social en pensiones causados desde el 12 de junio de 1995 al 29 de octubre de 2001.
Con tal propósito formula un cargo, oportunamente replicado por todas las convocadas al proceso, el cual procede la Sala a estudiar a continuación.
Artículo 14 numeral 3º (en cuanto permite acompañar con el escrito de demanda pruebas documentales que se tengan) Art. 25 numeral 9° (en cuanto autoriza la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba); Art. 40 (en cuanto consagra el principio de libertad para los actos del proceso), Art. 51 (en cuanto admite como medios de prueba todos los establecidos en la ley), Art. 61 (en cuanto le otorga al Juez la facultad de formar libremente su convencimiento sobre los hechos aducidos en el proceso), igualmente con relación a las siguientes disposiciones del C.P.C., aplicables a este cargo, en razón a lo dispuesto por el Art. 145 del C.P.T. y S.S., para los eventos de analogía: Art. 174 (en cuanto consagra la obligatoriedad de que toda decisión judicial se funde en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso), Art. 175 (en cuanto establece los medios de prueba), Art. 177 (que impone a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que invocan(, Art. 187 (en cuanto ordena apreciar las pruebas en conjunto), Art. 251 (que enumera los documentos), Art. 252 (que define el documento auténtico), Art. 253 (que determina la forma de aportar los documentos), Art. 254 (que determina el valor probatorio de las copias), Art. 258 (que determina la indivisibilidad y alcance probatorio de los documentos), Art. 262 (que establece qué documentos se consideran públicos), Art. 264 (que establece el alcance probatorio de los documentos públicos), Art. 268 (que trata de aporte de documentos privados), Art. 277 (que determina la estimación por el juez de documentos emanados de terceros).
(…) Artículos (sic) 3° (en cuanto regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular), 5° (en cuanto define el trabajo), 14 (en cuanto establece el carácter de orden público y la irrenunciabilidad de los derecho laborales, Art. 16 (que trata de los efectos inmediatos y generales, no retroactivos y que no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores de las normas sobre el trabajo por ser de orden público), Art. 22 (en cuanto consagra la definición del contrato de trabajo), Art. 23 (el que contiene los elementos esenciales del contrato de trabajo), Art. 29 (en cuanto consagra la capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo), Art. 37 (en cuanto consagra la forma escrita del contrato de trabajo), Art. 39 (que expresa las formalidades del contrato escrito de trabajo), Art. 151 del C.P.T. y S.S., (en cuanto consagra el término de prescripción de las acciones que emanan de las leyes sociales), Art. 488 del C.S.T. (en cuanto consagra la prescripción de las acciones correspondientes a los derechos regulados en el C.S.T), Art. 489 C.S.T. (En cuanto establece la manera de interrumpir la prescripción). Las siguientes disposiciones del Código Civil Art. 1495 (en cuanto preceptúa que la prescripción puede ser renunciada tácita o expresamente), Art. 2512 (que define la prescripción), Art. 2513 (que prohíbe declarar la (sic) de oficio ) Art. 2514 (que establece la renuncia expresa o tácita a la prescripción) Art. 2515 (que establece la capacidad para renunciar la prescripción), Art, 2517 (en cuanto permite aplicar las reglas de la prescripción a favor y en contra de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios).
Del difuso discurso que emplea el recurrente, la Sala puede extraer que se endilga al tribunal, que incurrió el siguiente error de hecho:
[…] no dar por demostrado, estándolo, que el fenómeno extintivo de las obligaciones a cargo de las demandadas fue renunciado tácitamente por éstas al reconocer y efectuar pagos de acreencias ya prescritas, y/o que además tales cargas económicas surgieron con la Sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008, proferida por la Corte Constitucional, condujo a que la sentencia de segundo grado absolviera a la parte pasiva del pago de los salarios completos desde el mes de noviembre de 1999 al 29 de octubre de 2001; los incrementos salariales equivalentes al 18.5% anual por los años 2000 y 2001; las primas de Navidad de los años 1999, 2000 y 2001; las primas semestrales de los años 2000 y 2001; las primas de vacaciones de los años 1999, 2000 y 2001; las cesantías definitivas; los intereses a la cesantía causados a 31 de diciembre de 1999 y hasta cuando el pago se produzca; la condena y pago de la indemnización moratoria por el no pago de los salarios incrementados en 18.5%, incluidos sus factores, los salarios completos, las primas semestrales, las primas de vacaciones, las primas de navidad y cesantías definitivas; la indemnización por la no cancelación oportuna de los intereses a la cesantía; los aportes a pensiones; la indexación de todas las acreencias laborales que la causen.
a) La reclamación escrita a las entidades demandadas de los folios 19 a 22 del cuaderno principal, radicadas debidamente con fecha del 16 de agosto de 2006, en donde se solicita el pago de las prestaciones económicas perseguidas en la demanda, con fecha muy posterior al 29 de octubre de 2001.
b) La Resolución 1433 de 2007, junto con el anexo, obrante a folios 800 a 803 del cuaderno principal, expedida por la demandada Fundacion San Juan de Dios, por la cual se ordena el pago de salarios de noviembre de 1999 a noviembre de 2000, pagos dispuestos con fecha 16 de mayo de 2007, cuando de tenerse como terminado el contrato de trabajo el 29 de octubre de 2001, estaría reconociendo salarios ya prescritos.
c) La Resolución 0540 del 5 de diciembre de 2008, junto con los anexos, obrante a folios 804 a 812 del cuaderno principal, expedida por la Fundación San Juan de Dios, por la cual se ordena el pago de acreencias laborales a mi mandante, cuando de tenerse como terminado el contrato de trabajo el 29 de octubre de 2001, estaría reconociendo salarios ya prescritos.
d) La Resolución 001 del 5 de enero de 2009, junto con los anexos, obrante a folios 813 a 820 del cuaderno principal, expedida por la demandada Fundacion San Juan de Dios, por la cual se ordena el pago de acreencias laborales a mi mandante, pagos dispuestos con fecha 5 de enero de 2009, cuando de tenerse como terminado el contrato de trabajo el 29 de octubre de 2001, estaría reconociendo salarios ya prescritos.
e) El comunicado de prensa que contiene la Sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008, obrante a folios 759 a 767 del cuaderno principal, dictado por la Corte Constitucional, en cuya parte resolutiva de dicha sentencia, numeral segundo, expresó: "DECLARAR la violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de los trabajadores vinculados con la Fundación San Juan de Dios - Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil-. Por tal razón el derecho al salario y a las prestaciones sociales debe ser protegido y salvaguardado.
En la demostración del cargo, luego de transcribir parcialmente la decisión impugnada, la censura expone que el Tribunal erró al considerar que las acciones reclamadas fueron afectadas por el fenómeno de la prescripción. Asegura que ese dislate ocurrió cuando estableció equivocadamente el extremo final del vínculo laboral, el cual dijo, fue el 29 de octubre de 2001, y a su vez, cuando desconoció que las demandadas renunciaron tácitamente al fenómeno prescriptivo respecto de las obligaciones derivadas de la Sentencia CC SU 484 de 2008, tal como lo demuestran las documentales denunciadas en el cargo.
Sostiene que los medios de prueba no apreciados por el tribunal, demuestran que el vínculo laboral entre las partes no feneció en el año 2001, sino inclusive, permaneció vigente hasta la fecha de presentación de la demanda inicial. A su vez, asegura que esas documentales, demuestran que las convocadas al proceso están llamadas a responder por las acreencias causadas para quienes laboraron para la Fundación San Juan de Dios a partir de la ejecutoria del fallo que estableció las obligaciones, esto es, la Sentencia CC- SU 484 del 15 de mayo de 2008. De tal manera señala que es posible colegir, que el fenómeno prescriptivo acerca de las acreencias derivadas del vínculo que lo ligó a la Fundación, solo se extinguirá hasta el 15 de mayo de 2011.
Al mismo tiempo, sostiene que a través de las resoluciones 1433 de 2007, 0540 del 5 de diciembre de 2008 y 001 del 5 de enero de 2009, las demandadas renunciaron tácitamente a la prescripción, pues mediante estos actos administrativos, expedidos en los años 2007, 2008 y 2009, se ordenó el pago de salarios a su favor, lo que configuraría que las obligaciones derivadas de la relación laboral, que aquí reclama “revivieron”.
Bajo esas consideraciones, solicita se case la sentencia impugnada, pues asegura que los medios de prueba denunciados en el cargo, demuestran que el Tribunal incurrió en el error de hecho denunciado.
VI. Las réplicas
El Departamento de Cundinamarca se opone a la prosperidad del cargo, pues asegura que la pretensión de declarar que entre las partes existió una relación laboral de naturaleza privada, es un aspecto completamente ajeno a ese ente Departamental, pues el demandante nunca estuvo vinculado a esa entidad. En todo caso, si en gracia de discusión se discutiera el asunto, expone que el señor Miguel Abdon Martínez Garzón no puede ser beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo en el sub examine, ya que ésas disposiciones colectivas únicamente son aplicables a trabajadores oficiales, calidad que él censor no ostenta.
A su turno, la Nación Ministerio de la Protección Social menciona que en concordancia con el pronunciamiento dictado por el Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001-324-000-2001-00145-01, se precisó que “el carácter de la relación laboral de trabajo entre el estado o una entidad pública y sus servidores no lo determina la naturaleza del acto jurídico por medio del cual se hizo la vinculación, sino la naturaleza de la respectiva entidad”, por tanto, al ser el Hospital San Juan de Dios un ente perteneciente a la Beneficencia de Cundinamarca, sus empleados tienen el carácter de empleados públicos del orden departamental, al servicio de un establecimiento público; calidad que no puede ser desvirtuada por la simple existencia de un contrato de trabajo. Agrega que como en el plenario nunca se desvirtuó la calidad de empleado público que ostentó el accionante, el ataque no puede prosperar, en virtud a que aquellos servidores que se vinculan legalmente, difieren de la vinculación de los trabajadores oficiales, en los que sí media un contrato de trabajo.
La Beneficencia de Cundinamarca se opone a la prosperidad del cargo, pues también manifiesta que en ningun momento, las entidades demandadas han renunciado a la prescripción, toda vez que asegura que en la Sentencia CC SU 484 de 2008 no se ampararon prestaciones sociales extralegales, que configuraran el yerro denunciado. Al margen de lo anterior, sostiene que como dentro del plenario el accionante nunca probó ostentar la calidad de trabajador oficial, vinculado a la Fundación mediante un contrato de trabajo, no puede acceder al reconocimiento de prestaciones de origen convencional y en tal caso, el ataque tampoco puede prosperar.
Finalmente, la Fundación San Juan de Dios advierte que el cargo contiene deficiencias de orden técnico que comprometen su prosperidad, sin embargo, si en todo caso se estudiara el fondo del ataque, expone que el casacionista pretende inducir en error a la Corte, pues las acreencias que asegura le fueron canceladas, corresponden a las de carácter legal, dada la naturaleza jurídica de empleado publicó que lo cobijó, pero en ningún caso, atañen a las pretensiones como las aquí reclamadas, las cuales tienen origen en la convención colectiva de trabajo. Señala que esa documental, relativa al pago de prestaciones legales que en decir del recurrente, desconoció el juez de segundo grado, se expidió en sujeción a un fallo de tutela y no, porque voluntaria o tácitamente las demandadas hayan renunciado a la prescripción, pues en la Sentencia CC- SU 484 de 2008, se ampararon los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, sin que fueran objeto de tutela prestaciones extralegales como las aquí reclamadas. Bajo esas consideraciones, solicita se desestime el cargo.
En primer lugar, se debe advertir que la presente demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, pues contiene algunos defectos de orden técnico, ajenos a los requisitos exigidos para la formulación del recurso extraordinario, sin embargo, al analizar su contenido y su contexto, es posible concluir que el censor denuncia que elfallador de alzada incurrió en un yerro fáctico al declarar probada la excepción de prescripción, respecto de las obligaciones reclamadas en el libelo petitorio; arguye que ese dislate ocurrió al no dar por demostrado estándolo, que el fenómeno extintivo de las obligaciones a cargo de las demandadas fue renunciado tácitamente por éstas, al efectuar pagos de acreencias ya prescritas, tal como en su decir, lo prueban las resoluciones 1433 de 2007, 0540 del 5 de diciembre de 2008 y 001 del 5 de enero de 2009, todas expedidas por la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, que se afirma no fueron valoradas por la alzada; así mismo sostiene que el vínculo laboral se extendió más allá del 29 de octubre de 2001, debiéndose tomar como extremo final el 15 de mayo de 2008, fecha del comunicado de prensa de la Sentencia CC SU 484 de 2008, lo que hace que el término prescriptivo deba contabilizarse desde esa data.
Para desatar el cargo, es pertinente traer a colación los fundamentos de la decisión del tribunal respecto de la declaración de la prescripción, a fin de determinar si en efecto no fueron apreciadas las pruebas enlistadas en el cargo, y si la eventual ocurrencia del error de hecho es suficiente para quebrar la sentencia impugnada.
En síntesis, las consideraciones del fallador de segundo grado, consistieron:
(...) en primer término, si bien es cierto, que el demandante acreditó, con el contrato de trabajo visto a folios 37 a 40 del expediente, que empezó a laborar al servicio de la entidad demandada desde el 12 de junio de 1995, no es menos cierto que el demandante no acreditó la fecha de finalización de dicho contrato, diferente y posterior a la determinada por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU-484 de 2008, esto es, 29 de octubre de 2001, como quiera que el actor laboraba en el Hospital San Juan de Dios; obsérvese como el mismo demandante al responder la pregunta No 6 del interrogatorio de parte, absuelto en audiencia celebrada el 25 de enero de 2008, folio 489 del expediente, fue enfático en manifestar que era cierto que desde el 21 de septiembre der 2001 dejó de ejercer sus funciones con ocasión del cierre de puertas del Hospital San Juan de Dios; en ese orden de ideas, se tiene que el demandante no acreditó la prestación efectiva del servicio con posterioridad al 21 de septiembre de 2001, siendo esta una obligación a cargo del trabajador, cuyo cumplimiento permite que surja paralelamente la obligación, en cabeza del empleador, de reconocer y pagar salarios y prestaciones sociales, obligación que no aparece satisfecha por parte del trabajador.
Luego, mal puede pretender el pago de los derechos deprecados, con posterioridad al 21 de septiembre de 2001, máxime cuando la misma Corte Constitucional extendió los efectos de terminación de los contratos de trabajo ejecutados en el Hospital San Juan de Dios, a partir del 29 de octubre de 2001 […] luego, al no acreditar la parte actora, la prestación efectiva del servicio con posterioridad al 29 de octubre de 2001, no le asiste la obligación al empleador de reconocer los salarios y prestaciones sociales deprecadas en la demanda, tal como quedó demostrado dentro del proceso.
Ahora bien, en relación con los derechos causados desde el 12 de junio de 1995 al 29 de octubre de 2001; determinado como quedó que el contrato que vinculó al demandante con la Fundación San Juan de Dios, finiquitó el 29 de octubre de 2001, fecha última en la que se publicó en el Diario Oficial la Resolución 1933 de 2001, por medio de la cual se intervino administrativamente a la Fundación San Juan de Dios, fácil resulta concluir que para la fecha en que se impetró la presente acción, 27 de septiembre de 2006, las acreencias laborales reclamadas y causadas con anterioridad al 29 de octubre de 2001, ya se encontraban prescritas, de conformidad con lo establecidos en los Arts. 151 del C.P.T.S.S., y 488 del C.S.T., tal como lo peticiona el extremo pasivo, nótese como la Reclamación Administrativa se agotó el 23 y 25 de agosto de 2006, como se infiere del escrito visto a folios 19 a 22 del expediente, fecha para la cual ya había precluido el termino de los 3 años a que aluden las citadas normas; razón por la cual, habrá de declarar esta Sala probado el medio exceptivo propuesto por las accionadas, con base en la facultad consagrada en el Art. 306 del C.P.C. conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia impugnada.
Vista la motivación de la sentencia impugnada, es claro para esta Sala, que la decisión absolutoria del tribunal se fundamentó en que la relación laboral entre el señor Martínez Garzón y la Fundación San Juan de Dios finalizó el 29 de octubre de 2001, en virtud de la extensión de los efectos de terminación de los contratos de trabajo ejecutados en el Hospital San Juan de Dios., por parte de la Corte Constitucional en su Sentencia SU 484 de 2008 y a su vez, porque a través del interrogatorio de parte absuelto el 25 de enero de 2008, el accionante manifestó “que era cierto que desde el 21 de septiembre de 2001, dejó de ejercer sus funciones con ocasión del cierre de puertas del Hospital San Juan de Dios”; por tanto, el ad quem consideró que era el término establecido por el alto Tribunal Constitucional, el extremo final de la relación laboral.
En segundo lugar, el fallador de segundo grado concluyó que como el contrato de trabajo entre las partes, se celebró desde el 12 de junio de 1995 hasta el 29 de octubre de 2001, las acreencias laborales derivadas de éste ya habían sido afectadas por el fenómeno de la prescripción, toda vez que la reclamación administrativa fue presentada en forma extemporánea el 23 y 25 de agosto de 2006, cuando ya se había extinguido el trienio legal de conformidad con los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.
Bajo esa órbita, la Sala procede a estudiar a continuación los medios de convicción denunciados como no
apreciados por la censura, ello de cara a la prescripción de la acción que declaró el tribunal.
Resolución 1433 de 2007, expedida por la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, a través de la cual se ordenó el pago de salarios al accionante. De esa documental, se transcriben los siguientes apartes:
“Por la cual se reconocen de manera oficiosa unas acreencias y se ordena el pago de unos sueldos”
Que mediante Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005, debidamente ejecutoriada el 14 de junio de 2005 se declaró la nulidad de los decretos nacionales 290 de febrero 15 de 1979 “por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la Fundación San Juan de Dios” y 371 de 23 de febrero de 1998 “por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los Estatutos de la Fundación San Juan de Dios” expedidos por el Gobierno Nacional de la época.
Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos mencionados y en lo que refiere a los efectos de la misma, el Consejo de Estado en su decisión expresó “(…) la declaratoria de nulidad de los actos acusados traen como consecuencia jurídica el decaimiento o pérdida de la fuerza de ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento de personería, a la luz de lo consagrado en el artículo 66, numeral 2º del CCA. En la medida en que han desaparecido sus fundamentos de hecho o derecho, circunstancia esta que no requiere de pronunciamiento judicial, sino que opera de pleno derecho por expreso mandato legal (…)”.
Que en virtud de lo previsto en el aludido fallo, en donde se estableció la naturaleza jurídica de los centros hospitalarios Instituto Materno Infantil y Hospital San Juan de Dios, y atendiendo a su carácter de establecimiento público, se debe proferir el pago de las acreencias a los servidores públicosde dichos entes.
Art. Primero: ORDENAR a la Fiduciaria La Previsora, realizar el pago de sueldos correspondiente a acreencias laborales parciales del señor (a) Martinez Garzon Miguel Abdon, identificado (a) con cédula de ciudadanía 3.093.395, por la suma de $8.265.658, discriminados así:
En este valor no se incluye el sueldo básico del mes de agosto del año 2000, por cuanto fue cancelado directamente por el Hospital San Juan de Dios, según certificación expedida por la Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
Art. Segundo: ORDENAR a la Fiduciaria La Previsora, una vez en firme el presente acto administrativo, se proceda al pago de las acreencias antes referidas, previos los tramites de que trata el contrato de Empréstito y el Convenio de Desempeño, para lo cual deberá ser cancelado el TOTAL A PAGAR mediante abono en cuenta que para tal fin ha informado previamente la Liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios, de acuerdo con la autorización escrita del interesado.
Art. tercero: PRECISAR que los descuentos correspondientes a seguridad social a efectuar como consecuencia del reconocimiento de salarios a favor del beneficiario, se enviarán debidamente detallados en listado adjunto (impreso y en medio magnético) a la Fiduciaria La Previsora S.A., para su pago correspondiente.
Art. Cuarto: INFORMAR que contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 51 del CCA.
Art. Quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil siete (2007).
Observa la Sala que de la anterior resolución, se puede colegir con certeza que la Liquidadora de la citada Fundación San Juan de Dios reconoció a favor del señor Miguel Abdon Martínez Garzón, el pago de los salarios correspondientes al periodo laborado entre “noviembre de 1999 y noviembre de 2000” en su calidad de empleado público del Hospital San Juan de Dios.
Así las cosas, esta prueba denunciada como no apreciada, se encuentra distante de lo pretendido por la censura en su reproche, pues en ningún pasaje de ese acto administrativo se evidencia una manifestación que configure una renuncia tácita a la prescripción de una acreencia laboral derivada de un contrato de trabajo, pues como se observa, al otorgarle al accionante como servidor de un establecimiento público, la condición de empleado público, no es dable equiparar esos sueldos con los salarios y prestaciones ahora reclamadas como trabajador.
Es pertinente destacar, que ese acto administrativo se produjo en sujeción a la decisión proferida por el Consejo de Estado en el año 2005, a través de la cual se declaró la nulidad de los decretos de creación de la citada Fundación San Juan de Dios, y en su lugar se estableció que era una entidad pública, adscrita a la Beneficencia de Cundinamarca; por tanto, mal puede pretender el censor deducir que a través de la citada resolución, la Fundación demandada haya renunciado tácitamente a la prescripción, pues es claro para la Sala, que el reconocimiento allí otorgado, se produjo en virtud de la decisión judicial aludida y no, porque se pretenda con ello “revivir” acreencias laborales legales o extralegales derivadas de un presunto contrato de trabajo.
Igualmente ocurre, con las demás resoluciones denunciadas en el cargo, esto es, la 0540 del 5 de diciembre de 2008 y 001 del 5 de enero de 2009, pues si bien es cierto a través de ellas se ordena el pago de salarios a ex funcionarios del Hospital San Juan de Dios, también lo es, que ello obedece al cumplimiento del fallo del Consejo de Estado; por ende, insiste la Sala, que el contenido de esos actos administrativos, en ningún caso podrá entenderse como una renuncia tácita a la prescripción, en los términos sugeridos por el recurrente.
Finalmente, respecto de la prueba restante denunciada en el cargo como inapreciada, esto es, el escrito obrante a folios 19 a 22 del cuaderno principal, a través del cual se presentó la reclamación administrativa ante la Fundación demandada; se debe precisar que como quedó visto, este elemento de prueba si fue valorado por la colegiatura, y en todo caso, tampoco acredita la ocurrencia del yerro fáctico denunciado, en la medida que mientras no se habilite el término de la prescripción por la renuncia tácita que se ha hecho mención, sigue soportando la decisión del tribunal, pues de acuerdo con la fecha de presentación de esa reclamación (23 y 25 de agosto de 2006), ya habían transcurrido los tres años para demandar los pretendidos derechos contabilizados desde la fecha de finalización del vínculo, que ocurrió el 29 de octubre de 2001.
Por último, la fecha de terminación del vínculo que alude el tribunal, se mantiene incólume, por cuanto no solo se soporta en la Sentencia CC SU 484 de 2008, sino en la confesión del actor contenida en el interrogatorio de parte absuelto, que no fue denunciado por la censura.
Expuestas las anteriores consideraciones, esta Sala concluye que ninguna de las pruebas denunciadas como no apreciadas, demuestran que el tribunal incurrió en el yerro fáctico reprochado, por tanto, la sentencia recurrida deberá mantenerse incólume.
Ahora bien, si en un hipotético caso se encontrara probado un yerro del fallador de segundo grado, el cual amerite quebrar la sentencia impugnada, la Sala advierte que tampoco podría prosperar el ataque, tal como a continuación se pasa a explicar.
Como quedó visto, la Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios en la citada resolución rememoró que el reconocimiento ordenado a favor del señor Martínez Garzón se produjo en virtud de la sentencia dictada por el Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la nulidad de los Decretos de creación de la Fundación San Juan de Dios y se estableció que ésa era una entidad de carácter público. Por tanto, a través de ese acto administrativo, se efectuó el “pago de las acreencias a los servidores públicos” que laboraron para los entes adscritos a la Fundación San Juan de Dios. Lo que permite colegir que el reconocimiento allí otorgado para el accionante, lo fue en calidad de “empleado público”.
En este puntual aspecto, la Sala debe advertir, que al no estar demostrada la condición de trabajador oficial o particular del señor Martínez Garzón, lo pretendido en el recurso extraordinario no puede prosperar, ya que al accionante no le asiste derecho al reconocimiento y pago de las acreencias legales y extralegales que aquí implora, pues así lo ha establecido la línea jurisprudencial de la Corte.
Cabe destacar, que esta Sala ya ha tenido oportunidad de abordar el estudio de procesos seguidos contra la misma Fundación, en los que se persiguen similares pretensiones; reiterando lo que ha adoctrinado la Corte desde la sentencia CSJ SL 17428-2016, la cual ha sido invocada por ésta Sala en decisiones CSJ SL15389-2017, CSJ SL15389-2017, CSJ SL14513-2017, CSJ SL13743-2017, CSJ SL8907-2017 y recientemente CSJ SL677-2018 y CSJ SL803-2018, oportunidades en las que se ha definido la situación jurídica de los servidores de la Fundación San Juan de Dios, respecto a las reclamaciones derivadas de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por el sindicato Sintrahosclisas y la Fundación empleadora, a las cuales no se tiene derecho, mientras no se demuestre la calidad de trabajador oficial. Al respecto, se ha puntualizado:
(...) lo que buscan los casacionistas es el reconocimiento de “los derechos adquiridos” frente a la Fundación accionada, durante la vigencia de los decretos 290 de 1979 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, sin embargo, no les asiste razón en su reparo. Se afirma ello ya que no se podría predicar la existencia de un contrato laboral a término indefinido con cada uno de los recurrentes, pues no probaron la prestación de sus servicios en calidad de trabajadores oficiales, ataque que por contraer reparos fácticos ha debido dirigirse por la vía indirecta, por lo que no tendrían ningún tipo de prerrogativa convencional que reclamar.
Ahora, desde el plano jurídico, la Sala debe aclarar que sólo se pueden estructurar “derechos adquiridos” cuando han ingresado al patrimonio y tal como ya lo ha precisado esta corporación en providencias anteriores. La decisión del Consejo de Estado dictada el 8 de marzo de 2005 que declaró la nulidad de los referidos decretos, tiene efectos ex tunc, es decir, “desde siempre”, no ex nunc “desde ahora”, como lo quiere hacer ver de manera equivocada la censura, por lo que es imposible hablar en el caso particular de los actores “de derechos adquiridos” convencionales, en razón a que siempre ostentaron la calidad de empleados públicos.
Por tanto, el impacto de la nulidad decretada por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa tiene efectos desde la fecha de expedición de los decretos anulados, por tanto, como el actor se vinculó el 11 de octubre de 1984, se concluye que ostentó la calidad de empleado público y no de trabajador oficial.
Finalmente, en cuanto a la incidencia de la Sentencia CC SU-484 de 2008, en relación con la calidad de empleado público que ostentó el demandante, es pertinente volver a lo dicho por la Sala en Sentencia CSJ SL17428-2016, cuando al efecto consideró:
(…) Ahora, en cuanto a que los derechos de los trabajadores que pudieran haber tenido sus relaciones laborales como privadas, regidas por contratos de trabajo, deben prevalecer por sobre todo, para lo cual, la recurrente cita la Sentencia SU-484 de 2008, para la Sala es claro que al anularse los Actos de creación de la entidad, los efectos de esa declaratoria no hacen retrotraer sus efectos, es decir, estos son hacía el futuro, tal como se pregona del efecto general de las leyes. Lo que sucede es que esa sentencia, al igual que el auto 286 de junio 23 de 2016, emanado de la Corte Constitucional, como resultado del seguimiento que se hace a la misma, deja a salvo los derechos adquiridos por los trabajadores de la fundación, pero en ningún momento indica, como lo quiere hacer ver la recurrente, que los empleados de la fundación sean trabajadores oficiales o del sector privado. Deja a salvo los derechos de todos, incluidos los empleados públicos.
“En relación con las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la Sentencia SU-484 de 2008, ADVERTIR que sólo se podrán reconocer derechos por relaciones laborales o prestación de servicios, teniendo en cuenta que, en todo caso, dichas relaciones sólo pudieron tener como vigencia máxima las fechas indicadas en los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de unificación.
4.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de 1945- ó por la ley y el reglamento.
Lo anterior indica que en ningún momento la Corte Constitucional, en la sentencia que se acaba memorar, dispuso que los empleados de la Fundación San Juan de Dios fueran trabajadores oficiales o del sector privado, como lo quiere hacer ver la censura (resalta la Sala).
En ese orden, la Sala ha establecido que los únicos beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por la Fundación San Juan de Dios, son los trabajadores oficiales, calidad que en el sub examine no se acreditó, máxime que es un hecho indiscutido que el actor desempeñó el cargo de “Médico Especialista 4 H.D.M.”, por ende, no ejercía labores relacionadas con el mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, al tenor del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.
Lo dicho en precedencia, es suficiente para rechazar la acusación.
Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente demandante y en favor de las replicantes. En su liquidación que deberá realizar el juez de primer grado tal como lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000) a título de agencias en derecho, valor que se distribuirá en partes iguales entre las opositoras Departamento de Cundinamarca, Fundación San Juan de Dios en liquidación, Beneficencia de Cundinamarca y La Nación Ministerio de la Protección Social.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la sentencia proferida por la “Sala Fija Laboral de Descongestión” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2012, en el proceso ordinario laboral que Miguel Abdon Martínez Garzón le adelanta a La Nación Ministerio de la Protección Social, Departamento de Cundinamarca y Beneficencia de Cundinamarca, al cual se vinculó como litis consorte necesario a la Fundación San Juan de Dios en Liquidación.