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Timestamp: 2017-05-24 05:02:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 103', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 18']

Ley 9/1989, de 17 de noviembre, de Valoración del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vigente hasta el 20 de Septiembre de 2006).
Publicado en BOPV núm. 230 de 05 de Diciembre de 1989 y BOE núm. 60 de 10 de Marzo de 2012
Vigencia desde 06 de Diciembre de 1989. Esta revisión vigente desde 06 de Diciembre de 1989 hasta 20 de Septiembre de 2006
SECCION SEGUNDA. Valoración de plantaciones, obras, edificaciones o instalaciones
SECCION TERCERA. Valoración de derechos reales y de los derechos del arrendatario derivados de un contrato de arrendamiento
SECCION SEGUNDA. Aprovechamientos evaluables
SECCION TERCERA. Estimación del valor urbanístico
CAPITULO IV. La valoración de derechos plenamente patrimonializados
Sentencia TC Pleno 14/2007 de Ene. (cuestión de inconstitucionalidad 1787/2001, en relación con la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 Nov., de Valoración del Suelo) Ocultar / Mostrar comentarios Inciso de la letra d) del artículo 19 declarado inconstitucional por Sentencia (Pleno) 14/2007, de 18 de enero («B.O.E.» 15 febrero).
Sentencia 14/2007 del TC, Sala Pleno, 18 Ene. (Rec. 1787/2001)
Ocultar / Mostrar comentarios Inciso de la letra d) del artículo 19 declarado inconstitucional por Sentencia (Pleno) 14/2007, de 18 de enero («B.O.E.» 15 febrero).
Ley [PAÍS VASCO] 9/1989, 17 noviembre, derogada por la letra a) de la Disposición Derogatoria de la Ley [PAÍS VASCO] 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 20 julio) el 20 de septiembre de 2006.
Exposición de Motivos La promulgación de la Constitución Española, impulsando un nuevo modelo de Estado basado en la organización autonómica, así como consagrando la función social de la propiedad, ha venido a incidir de forma decisiva en el marco legal del urbanismo.
El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 1346/1976, así como su, desarrollo reglamentario, ha sido, en líneas generales, un instrumento eficaz de ordenación urbanística. Sin embargo, las peculiaridades que guiaron su redacción han venido provocando serias discrecionalidades que es preciso corregir.
La regulación de las valoraciones de los terrenos a efectos de la ejecución de planes urbanísticos es un elemento clave. La Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana procedió en su momento a determinar los criterios básicos de valoración. La determinación de los conceptos de valor inicial y urbanístico, cerrando el camino a la aplicación de otros tipos de valor, como los expectantes, representó una aportación esencial en el proceso de objetivacion y racionalización de la valoración urbanística. Ello no obstante, algunos aspectos esenciales en la perspectiva de la gestión no fueron objeto de una regulación detallada ni en la propia Ley del Suelo ni en su Reglamento de Gestión lo que ha provocado continuos conflictos interpretativos entre los distintos agentes involucrados en el proceso urbano, así como en la propia jurisprudencia.
Debe entenderse que no se trata de modificar los criterios básicos de tasación de la citada ley, sino de desarrollarlos y concretarlos de forma que se potencie, tanto la eficacia de la gestión de los entes públicos en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, como la seguridad jurídica de los particulares. Con la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana se posibilitó la ordenación íntegra de todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. No obstante se han producido supuestos de valoración de expectativas urbanísticas en suelos que por definición o decisión del Planeamiento no pueden ser objeto de urbanización.
Por ello urge reafirmar plenamente la orientación del artículo 103 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, sometiendo a las reglas de esta Ley de Valoración del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda clase de terrenos clasificados, o no, urbanísticamente.
Se reafirma de forma nítida el carácter antagónico entre el valor inicial, resultante del aprovechamiento real o potencial del suelo rustico, y el, obtenible en base a presuntas expectativas urbanisticas. El valor inicial, en cuanto cuantificación del contenido mínimo, inderogable del derecho de propiedad, ha de determinarse con independencia del derecho de urbanizar y edificar otorgado por el Planeamiento, debiendo despojarse, por tanto, de toda rentabilidad, valor expectante o coste de oportunidad de tipo urbano.
El derecho a la urbanizacion no es algo inherente a las facultades esenciales de la propiedad privada, sino algo otorgado, y como tal potencialmente aplicable, urbanizable a los efectos de su valoración por aplicación del valor inicial. La presente ley no hace sino confirmar lo y a implícito en la Ley sobre Regimen de Suelo y Ordenacion Urbana, llevando a sus últimas consecuencias el sentido profundo de dicha clase de suelo, su identidad con el no urbanizable. Los criterios de valoración de suelo no programado, en tanto no se programe efectivamente, serán entonces congruentes con su régimen jurídico, eliminándose la grave contradicción que permanecía en la Ley del Suelo.
Asimismo, se llena el enorme vacío que existía en el Reglamento de Gestión, por la identificación absoluta del valor urbanístico con el catastral de Contribución urbana, lo que impedía conocer con exactitud cómo determinar el primero en el supuesto de que no se produjesen las condiciones de adecuación de los segundos al Planeamiento, o tuviesen éstos un desfase acentuado con la realidad debido al paso del tiempo. En este caso, la presente ley, no hace sino ser necesariamente escrupulosa con el concepto básico co inspirador de la valoración urbanística: su fundamento fiscal. En coherencia con dicho principio, si no son aplicables los valores catastrales, habrá que recurrir a los criterios de tasación contenidos en la normativa fiscal vigente sobre valoraciones catastrales en cada uno de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma.
Se trata de unificar las reglas de valoracion de la Administración Autonomica, puesto que es fácilmente comprensible, desde una perspectiva de equidad, que un ciudadano debe contribuir fiscalmente a la colectividad en función del valor que esta misma colectividad le otorgaria en caso de ser necesaria una valoración del suelo a efectos indemnizatorios o compensatorios. Y a la inversa, que el valor del suelo en todo caso respetará el valor que a la propiedad se reconoce a efectos tributarios, para evitar que valoraciones superiores a las fiscales determinen supuestos de fraude a la sociedad.
Las valoraciones de terrenos, clasificados o no urbanísticamente se efectuarán con arreglo a los criterios contenidos en la presente ley.
Los terrenos se valorarán teniendo en cuenta únicamente los valores inicial y urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo IV de la presente ley.
Las valoraciones tendrán como límite mínimo el valor inicial, que prevalecerá sobre el urbanístico cuando fuese este inferior.
1.- Las valoraciones tendrán vigencia durante diez años y se revisarán cada año utilizando como base el índice general ponderado de precios al por mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
2.- No obstante, cuando circunstancias reales y ajenas a especulaciones originen notorias variaciones en el mercado de terrenos o en la situación económica general, las valoraciones podrán revisarse utilizando además otros factores conforme a la legislación urbanística, bien de oficio, bien a petición de cualquier propietario afectado.
SECCION SEGUNDAValoración de plantaciones, obras, edificaciones o instalaciones
1- Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que existan en el suelo, se valorarán con independencia del mismo y no modificarán el valor urbanístico o inicial de éste, salvo que, por su carácter de mejoras permanentes, hayan sido tenidas en cuenta en la determinación de aquél.
2.- El valor de las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que existan en el suelo se determinará con arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa, e incrementarán con su cuantía el valor del inmueble, siempre y cuando tales elementos no hayan constituido infracción urbanística o la misma haya sido legalizada.
SECCION TERCERAValoración de derechos reales y de los derechos del arrendatario derivados de un contrato de arrendamiento
1.- La valoración de los derechos reales sobre inmuebles a los efectos de su constitución, modificación o extinción se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos, subsidiariamente según las normas del Derecho Administrativo o Civil que regule la institución y, en su defecto, por las establecidas para los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, sobre el Valor Añadido y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.- Al expropiar una finca gravada con cargas, la Corporación u Organismo que la efectúe justipreciará cada uno de los derechos que concurran con el de dominio de forma que su conjunto sea equivalente al del inmueble libre de cargas, para distribuir lo entre los titulares de cada uno de ellos. En caso de desacuerdo de los titulares, se valorará el inmueble en su conjunto y se consignará su importe en poder del Juzgado para que este fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
A los efectos de esta ley, la valoración de los derechos a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
CAPITULO IIVALOR INICIAL
El valor inicial de un predio o unidad de cultivo, a efectos de esta ley, se determinará:
a) Por capitalización de rendimiento rústico neto.
b) Por su valor medio en venta, a efectos de su explotación agraria.
1.- Para la estimación del rendimiento rústico neto tan sólo se podrán tomar en consideración aprovechamientos directamente relacionados con la explotación agraria de los predios. En el aprovechamiento agrario se estimarán comprendidos el agrícola, el forestal, el ganadero, el cinegético y cualquiera otro semejante.
2.- En ningún caso, a los efectos de la estimación del valor inicial, se considerarán integrantes del aprovechamiento agrario, expectativás, usos o edificabilidades, valores o rendimientos, vinculados directa o indirectamente con una posible utilización urbana del suelo.
1.- La valoración por capitalización del rendimiento rústico neto será la más alta de las siguientes:
b) Capitalización del rendimiento neto relativo a la potencial explotación agraria de que fuere susceptible con los medios normales, mecánicos, técnicos o de capital.
2.- El rendimiento neto será el que se obtenga de deducir del valor del producto bruto medio real o potencial de los cinco años anteriores, las cantidades correspondientes a gastos directos o indirectos de explotación más el beneficio del empresario agrícola o cultivador de la tierra.
3.- Los rendimientos netos obtenidos en virtud del apartado anterior se capitalizarán al tipo del interés legal del dinero, al objeto de obtener el valor en renta de la propiedad rústica.
4.- En el supuesto recogido en el epigrafe b) del apartado primero de este artículo, al valor en renta resultante de la capitalización deberán descontarse los costes de infraestructuras, puesta en cultivo o adaptación, que fueran precisos con objeto de materializar la explotación potencial prevista.
1.- Cuando el valor inicial a que se llegue por aplicación de los criterios anteriores sea inferior al que constara en valoraciones administrativas de carácter fiscal, prevalecerá la más alta de las que concurran sobre el terreno.
2.- A estos efectos tendrán la consideración de valoraciones administrativas de carácter fiscal, únicamente las siguientes:
3.- Estas valoraciones serán de aplicación para la estimación del valor inicial del suelo tan sólo si concurre en su determinación lo dispuesto en el artículo 12.
CAPITULO IIIValor urbanístico
1.- El valor urbanistico se determinará en función del aprovechamiento que corresponda a los terrenos según su clasificación y calificación urbanística.
2.- La cuantificación económica del valor urbanístico relativo a dicho aprovechamiento se realizará de acuerdo a las reglas que se pormenorizan en la Sección Tercera de este Capítulo.
SECCION SEGUNDAAprovechamientos evaluables
1.- El valor urbanistico sólo podrá referirse a los aprovechamientos otorgados por el planeamiento vigente.
2.- En ningún caso, fuera de lo dispuesto en el Capítulo IV de esta ley, podrá autorizarse la consideración de aprovechamientos superiores o inferiores, anteriores o posteriores, a los referidos en el apartado anterior.
b) En el suelo urbano no incluido en polígono o unidad de actuacion urbanística, el correspondiente a su calificación urbanística.
c) En el suelo urbanizable programado por Plan General o Programa de Actuacion Urbanística, o apto para urbanizar por Norma Subsidiaria el 90% del aprovechamiento medio del sector, una vez deducido, en su caso, el exceso sobre el aprovechamiento medio del suelo urbanizable.
a) En el suelo urbano sujeto a actuaciones aisladas: el acordado en el planeamiento urbanístico, o subsidiariamente el 0,2 metros cuadrados de superficie construida o de techo de uso residencial por cada metro cuadrado de suelo.Inciso de la letra d) del artículo 19 declarado inconstitucional por Sentencia (Pleno) 14/2007, de 18 de enero («B.O.E.» 15 febrero).
--> Sentencia TC Pleno 14/2007 de Ene. (cuestión de inconstitucionalidad 1787/2001, en relación con la Ley del Parlamento Vasco 9/1989, de 17 Nov., de Valoración del Suelo) -->Sentencia 14/2007 del TC, Sala Pleno, 18 Ene. (Rec. 1787/2001) b) En el suelo urbano incluido en polígonos o unidades de actuación urbanística, delimitados por el planeamiento o definidos con posterioridad al mismo, el aprovechamiento medio del polígono o unidad de actuación.
SECCION TERCERAEstimación del valor urbanístico
1.- El valor urbanístico de un terreno en relación a su aprovechamiento base determinado según lo dispuesto en el artículo 18, se fijará tomando como referencia el valor catastral establecido a efectos fiscales.
2.- Será condición necesaria para la aplicación del valor catastral:
1.- En todo caso, al valor obtenido según los artículos anteriores se le deducirá el valor económico de los deberes insatisfechos, si el propietario no hubiera materializado total o parcialmente las cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos, así como los costes de la urbanizacion, y no hubiera sido ello tenido en cuenta en la estimación del aprovechamiento o del valor fiscal.
2.- A tal efecto, si se tratase de solares o de terrenos no plenamente urbanizados, ubicados en suelo urbano, y no hubieran cumplido sus propietarios las obligaciones de cesión obligatorias y gratuitas de terrenos y costos de urbanizacion se le descontará el valor urbanístico del aprovechamiento de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, así como, en su caso, los gastos de urbanización.
CAPITULO IVLa valoración de derechos plenamente patrimonializados
En caso de existir derechos plenamente patrimonializados sobre los inmuebles por haber sido edificados con anterioridad a modificaciones o revisiones del planeamiento que originaran disminuciones en las condiciones de aprovechamiento permitidas, la valoración del suelo será la que corresponda al valor inicial o urbanístico del aprovechamiento realmente materialízado del predio según el planeamiento entonces vigente, con arreglo a los criterios de esta ley, sin perjuicio del incremento que suponga la valoración de las plantaciones, obras edificaciones o instalaciones a tenor de los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa.
Los criterios de valoracion establecidos por la presente ley serán unicamente aplicables a los procedimientos expropiatorios que se inicien a partir de su entrada en vigor.
No serán de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco aquellos preceptos contenidos en la vigente Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, que contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.
Se autoriza al Gobierno para que de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, dicte disposiciones que estime convenientes en desarrollo de la misma.