Source: https://tc.vlex.es/vid/13-26-1991-182616
Timestamp: 2020-04-07 01:17:03
Document Index: 257147511

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 88', 'artículo 17', 'artículo 156', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 149', 'artículo 120', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 921', 'artículo 17']

STC 81/2003, 30 de Abril de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 182616
STC 81/2003, 30 de Abril de 2003
Número de Recurso: 2718/1996
Cuestiones de inconstitucionalidad 2718/96 y 4450/96 (acumuladas). Planteadas por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en relación con diversos artículos de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, y del texto refundido aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, de la hacienda pública de la Generalidad. Vulneración del derecho a la igualdad y competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas: término inicial del devengo y cuantía de los intereses de demora de las deudas de la hacienda pública valenciana. Nulidad e interpretación de preceptos autonómicos. Voto particular concurrente.
Sentencia citada en: 71 sentencias, 4 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional en la Sentencia 110/1996, de 24 de junio, dimanante del recurso de amparo núm. 2269/91, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 17.3 de la Ley de la Comunidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, en cuanto al inciso "el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día", por posible vulneración del art. 14 de la Constitución.
Mediante providencia de 9 de julio de 1996 la Sección Cuarta acordó dar trámite a la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a las Cortes y al Gobierno de la Generalidad Valenciana, también por conducto de sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de la cuestión (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 175, de 20 de julio).
Por escrito fechado el día 17 de julio de 1996 (y registrado en este Tribunal el día 19 siguiente), el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General. Con fecha también del 19 de julio se registraba en este Tribunal la comunicación del Presidente del Senado de fecha de 16 de julio, en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalmente, con fecha del 8 de agosto siguiente, el Presidente de la Generalidad Valenciana acusaba recibo de la entrada de la providencia de este Tribunal fechada el día 9 de julio.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el 24 de julio de 1996, en el que suplicaba que se aplicase, respecto del artículo cuestionado, la doctrina recogida en la STC 69/1996, de 15 de abril, a los efectos de garantizar el principio de igualdad entre la hacienda pública acreedora y los posibles acreedores de ésta, al haberse declarado en esa Sentencia la constitucionalidad del art. 45 de la Ley general presupuestaria, aunque siempre que fuese interpretado de tal modo que no impusiese que el devengo de los intereses debidos para la hacienda pública se produjese desde la firmeza de la Sentencia que condenaba a ésta, al ser una interpretación contraria al principio de igualdad ante la Ley, por inaplicación del régimen previsto, con carácter general, en el art. 921.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, y con carácter especial para la hacienda pública, en el art. 36.2 de la Ley general presupuestaria. En este sentido se manifestó -continúa el Abogado del Estado- el fundamento jurídico 3 de la STC de 24 de junio de 1996 que, con base en la doctrina sentada en la STC 69/1996, entendió que "la resolución desde la cual han de correr los intereses ... no es otra que la dictada en la primera instancia", y sólo esta conclusión, "respeta escrupulosamente el principio de igualdad" del art. 14 CE, pues no se justifica en estos supuestos un tratamiento privilegiado para la Administración, por lo que en el presente caso, al igual que ocurrió con el analizado por la Sentencia citada, no puede existir tampoco otra solución.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito con fecha de registro del 29 de agosto de 1996, en el que se interesaba se dictase Sentencia declarando la inconstitucionalidad del artículo impugnado, por ser contrario al principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE. En efecto, a su juicio, el planteamiento de la cuestión es sustancialmente idéntico al resuelto por este Tribunal en la STC 69/1996, por lo que, tratándose de un elemento temporal, cual es la delimitación del momento a partir del cuál deben de pagarse los intereses y cumplir por lo tanto la función compensatoria, como señala la Sentencia citada, "desaparecen cualesquiera de las `especialidades¿ a las cuales alude para respetarlas la Ley de enjuiciamiento civil (art. 921)", por lo que no hay, pues, "una razón constitucionalmente relevante para justificar un distinto trato en el devengo del interés de demora, según la posición que ocupe la hacienda pública y sólo por ella". Desde esta perspectiva, razona el Fiscal, la conclusión a la que se llegue no puede ser otra que la inconstitucionalidad del precepto que se analiza.
El día 5 de diciembre de 1996 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 26 de marzo de 1996, por el que se acordaba elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 17.3 de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, y con el art. 17.3 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por presunta vulneración de los artículos 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156 de la Constitución española, al fijar la obligación para la hacienda pública Valenciana del abono de intereses de demora "desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial" y al "tipo básico del Banco de España".
Admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad mediante providencia de la Sección Cuarta de 24 de abril de 1997 y registrada con el núm. 4450/96, se dio traslado de las actuaciones recibidas, a efectos de personación y alegaciones en el proceso constitucional, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Parlamento y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, por conducto también de sus respectivos Presidentes, al Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo común de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad para general conocimiento (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1997).
Por escrito fechado el día 6 de mayo de 1992 (y registrado en este Tribunal el día 12 de mayo siguiente), el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General. Y con fecha, asimismo, del 6 de mayo (y fecha de registro en este Tribunal del 13 del mismo mes), se recibió comunicación del Presidente del Senado, en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
Mediante escrito con fecha de 6 de mayo de 1992 (y fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal del 13 siguiente), la representación procesal del Consejo de Gobierno de la Generalidad Valenciana compareció personándose en el proceso, formulando alegaciones en las que defendía la constitucionalidad de la norma impugnada, aunque de forma subsidiaria y para el caso de declararse la inconstitucionalidad de dicho precepto, suplicaba se tuviese también por inconstitucional el contenido del art. 14.2 de la propia Ley. Y lo hace partiendo del dato de que el art. 17.3 no es una norma de carácter procesal (dado que la Comunidad Autónoma no tiene competencias de carácter procesal a tenor de lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE), sino dictada en el ejercicio de la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas, lo que viene a reiterarse en los arts. 48 y ss. del Estatuto de Autonomía. Así, la cuestión en todo caso vendrá planteada por considerar si al regular la Comunidad Valenciana el interés de demora a un tipo distinto del que se recoge en el art. 36 de la Ley general presupuestaria, ha invadido las competencias estatales que justificarían que en esta materia, que es de índole económica y no procesal, el único titular de la competencia es el Estado. Por otra parte, y respecto de la fecha del devengo de los intereses, dada la discrepancia entre el art. 17.3 impugnado y el art. 45 de la Ley general presupuestaria, la declaración de inconstitucionalidad del art. 17.3 de la Ley de hacienda pública valenciana debería acarrear, en consecuencia, también, por conexión, la inconstitucionalidad del art. 14.2 de la Ley valenciana que se opone a lo establecido en el art. 36.2 de la Ley estatal.
El Presidente de las Cortes Valencianas evacuó el trámite conferido mediante escrito con fecha de 15 de mayo de 1997 (registrado en este Tribunal el día 16 del mismo mes), defendiendo igualmente la constitucionalidad de la norma cuestionada. No obstante, y aunque resalta la existencia de un posible óbice procesal de cara a la admisión de la cuestión, al haberse planteado en el trámite de ejecución de Sentencia y no en el momento procesal oportuno, sin embargo, acepta que el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada ha flexibilizado esta exigencia. Igualmente, entiende, de un lado, que la cuestión resulta irrelevante para dictar Sentencia, como así se demostró, y de otro lado, que "la ejecución de la misma ha sido siempre posible, de acuerdo con lo establecido tanto en la Ley general presupuestaria como en el art. 921.2 de la Ley de enjuiciamiento civil que resultan aplicables a este caso concreto". Y ello porque, a su juicio, "la estricta aplicación del principio de jerarquía permite al Tribunal resolver el dilema en que lo situaría una eventual contradicción entre la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la Generalitat Valenciana y lo establecido tanto en la Ley general presupuestaria como en la Ley de enjuiciamiento civil", dado que "para la aplicación de la Sentencia resulta suficiente una interpretación coherente para que el acreedor tenga derecho al cobro de intereses, desde el día que es notificada la Sentencia dictada en primera instancia, de acuerdo con lo establecido, tanto en la Ley de enjuiciamiento civil como en la Ley general presupuestaria".
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, evacuó el trámite conferido por escrito fechado y registrado el día 14 de mayo de 1994, suplicando la estimación de la cuestión, y en consecuencia, la declaración de la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal cuestionado tanto por vulneración del art. 14 CE, con base en la doctrina sentada en las SSTC 69/1996, de 18 de abril, 110/1996, de 24 de junio, 113/1996, de 25 de junio, y 23/1997, de 11 de febrero, como por vulneración del art. 149.1.6 CE, en cuanto reserva al Estado competencia exclusiva sobre legislación procesal, y del art. 149.1.18 CE, al haber optado el legislador autonómico por el tipo de interés básico mientras que la Ley general presupuestaria lo hizo por el interés legal.
El Fiscal General del Estado respondió al trámite conferido por escrito de 20 de mayo de 1997 (registrado el día 22 de mayo siguiente), suplicando se dictase Sentencia declarando la incompatibilidad del artículo 17.3 anteriormente citado con los arts. 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156.2 de la Constitución. Y a su juicio, es contrario al art. 14 CE, porque se plantea un supuesto sustancialmente idéntico al resuelto en la STC 69/1996 y "la conclusión a la que se llega no puede ser otra que la inconstitucionalidad del precepto que se analiza". Y también lo es al art. 149.1.6 y 149.1.14 CE porque la fijación del tipo de interés en el básico del Banco de España, no sólo contradice el art. 921 LEC sino también el art. 36.2 de la Ley general presupuestaria. Y esta situación no se salva por el hecho de que la legislación autonómica reiterase los términos de la legislación estatal en la materia antes de la modificación que sobre el tipo de interés de demora operó el Estado (cambiándolo del básico del Banco de España al legal del dinero), porque "el ius superveniens (por todas, STC 137/1986) del Estado viene a convertir en inconstitucionales los preceptos autonómicos que inicialmente no lo eran". Así "modificada la normativa estatal, subsisten las autonómicas, no sólo con quiebra tanto del principio de coordinación de las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas (artículo 156.1 de la Constitución), sino también con una invasión sobrevenida de las competencias que el artículo 149 otorga en exclusiva al Estado (en este caso, la legislación procesal y la relativa a la Hacienda general: apartados 6 y 14 del párrafo 1 del artículo 149 de la Norma Suprema)". Y así concluye en la inconstitucionalidad de la norma, "sin que quepa la posibilidad -prevista en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- de acomodar por vía interpretativa el alcance de la derogación de la actual Ley General Presupuestaria a la normativa autonómica valenciana, pues su ámbito de aplicación es claramente distinto".
Por providencia de 28 de mayo de 1997, la Sección Cuarta acuerda incorporar a los autos los escritos de alegaciones formulados por el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, y las representaciones procesales de las Cortes y del Gobierno de la Generalidad Valenciana, y oír a los tres citados en el último lugar para que, en el plazo común de diez días, expusiesen lo que considerasen oportuno acerca de la acumulación de esta cuestión con la núm. 2718/96, que planteó la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional sobre el mismo precepto en ésta cuestionado. Y sobre este particular, el Presidente de las Cortes Valencianas presentó sus alegaciones por escrito con fecha de registro de 12 de junio de 1997, suplicando la declaración de improcedencia de la acumulación, puesto que la cuestión de inconstitucionalidad que lleva el núm. 2718/96, se planteó únicamente contra el art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, por su posible vulneración del art. 14 CE, mientras que la presente cuestión de inconstitucionalidad se refiere tanto al art. 17.3 de la Ley citada, como al art. 17.3 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad Valenciana aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1996, por presunta vulneración de los arts. 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156 CE, por lo que no existe la necesaria identidad entre las circunstancias fácticas que en cada caso han motivado el planteamiento de las distintas cuestiones de inconstitucionalidad, entre las partes que en ambos procesos intervienen, entre las normas de rango legal cuya constitucionalidad es sometida a enjuiciamiento y entre los preceptos de la Carta Magna cuya vulneración ha sido invocada en cada caso para justificar el planteamiento de aquéllas, amén de la diferencia temporal existente entre las normas legales que son objeto de enjuiciamiento en uno y otro caso. Estas diferencias impiden afirmar que concurre la conexión del objeto que exige el art. 83 LOTC para poder proceder a la acumulación de procesos.
Mediante Auto de 14 de diciembre de 1999 (núm. 310/1999), y dado que el art. 17.3 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad Valenciana (aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991) reproduce en términos idénticos el contenido del art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, se acordó la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4450/96 a la registrada con el núm. 2718/96.
Por providencia de 29 de abril de 2003, se señaló para deliberación y votación de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad el día 30 del mismo mes y año.
Tanto la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional como la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, han planteado sendas cuestiones de inconstitucionalidad en relación, la primera, al art. 17.3 de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Generalidad (DOGV núm. 171, de 19 de junio), por posible vulneración del art. 14 de la Constitución, y la segunda, tanto con referencia al art. 17.3 de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1984, de 13 de junio, como con relación al art. 17.3 del texto refundido de la Ley de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 (DOGV núm. 1588, de 17 de julio), por posible vulneración de los arts. 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156.1 de la Constitución.
Antes de entrar a analizar el objeto del presente proceso constitucional es preciso dar respuesta a las dos objeciones de procedibilidad alegadas en la cuestión núm. 4450/96 por el Presidente de las Cortes Valencianas. Conforme a la primera, la cuestión se habría planteado en un momento procesal inoportuno, por cuanto se hizo en el trámite de ejecución de Sentencia y, en consecuencia, cuando ya había sido dictada la Sentencia, siendo así que, conforme al art. 35.2 LOTC "el órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia". Basta para resolver este óbice, sin embargo, con acudir a la doctrina sentada por vez primera -y luego reiterada en numerosas ocasiones- en la STC 76/1982, de 14 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 aclarábamos que "no existe razón alguna para que los autos, en cuanto resoluciones motivadas sobre cuestiones incidentales en el sentido más amplio de la expresión, no puedan dar lugar a una cuestión previa de inconstitucionalidad en orden a la norma aplicable y de cuya validez dependen. La utilización del vocablo `Sentencia¿ en el art. 35.2 LOTC, o la de `fallo¿ en el art. 35.1 también de la LOTC y en el art. 163 CE, no debe llevarnos a entender que sólo tienen acceso a la cuestión de inconstitucionalidad aquellos preceptos que se hacen valer para fundamentar la Sentencia entendida en su acepción formal. Cuando la cuestión de inconstitucionalidad surge respecto a una Ley de cuya validez depende la decisión, podrá plantearse independientemente de que ésta adopte la forma de Sentencia o se trate de una decisión bajo forma de Auto; pues la razón es la misma en uno y otro supuesto, por cuanto, siendo la Ley cuestionada posterior a la Constitución, se da una prejudicialidad que sólo puede resolver este Tribunal. Cabe concluir que el vocablo `fallo¿ en el art. 163 CE significa el pronunciamiento decisivo o imperativo de una resolución judicial, se trate de materia de fondo o de materia procesal" (en el mismo sentido, también, SSTC 54/1983, de 21 de junio, FJ 2; 55/1990, de 28 de marzo, FJ 1; 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 2; y 76/1992, de 14 de mayo, FJ 2). En el presente caso, y como ocurrió en la Sentencia citada, el planteamiento de la cuestión es, en este aspecto, correcto, ya que, dependiendo -en la interpretación del Tribunal Superior de Justicia- la decisión de incidente ejecutorio de la validez del art. 17.3 de la Ley autonómica, concurren los presupuestos para el acceso ante instancia constitucional a través del cauce de la cuestión de inconstitucionalidad.
Una vez despejadas las dudas sobre la admisibilidad de la cuestión núm. 4450/96 es necesario aún realizar una precisión en orden a delimitar el objeto del presente proceso constitucional, pues si bien en una de las cuestiones -la núm. 2718/96- sólo se plantean dudas de constitucionalidad respecto del art. 17.3 de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1984, en la otra -la núm. 4450/96- se cuestiona, además, el art. 17.3 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 que aprueba el texto refundido de la Ley anterior. No obstante, entiende el Presidente de las Cortes Valencianas -y lo hace, además, en el seno de la segunda cuestión- que el objeto debe limitarse al art. 17.3 de la primera norma legal, por cuanto esta era la única norma vigente al momento de dictarse la Sentencia (el día 1 de octubre de 1990), siendo el texto refundido de fecha posterior y, por tanto, de su validez no depende el fallo que ha de dictarse en el incidente de ejecución de Sentencia.
Entrando ya en el fondo del asunto, conforme al art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de regulación de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, "el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente dicho día". Dicho mandato legal fue posteriormente incorporado, en términos exactos, al también art. 17.3 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprobaba el texto refundido de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana. Son dos, por consiguiente, las proposiciones que expresa el precepto autonómico que deben ser aquí objeto de análisis: una, atinente a la determinación del dies a quo del devengo de los intereses, que tiene lugar "desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial"; otra, relativa al cálculo de tales intereses, que, según lo preceptuado, toma como referencia "el tipo básico del Banco de España" a fin de obtener el monto total de los mismos.
En lo que a la primera de las cuestiones suscitadas se refiere -el dies a quo del devengo de los intereses-, el precepto objeto de análisis es susceptible de una doble interpretación, pues al fijarse como momento desde el cual nace el derecho para el acreedor de la hacienda pública de exigir los intereses de demora el del día "en que adquiera firmeza la resolución judicial", cabe entender bien que la declaración de firmeza de la resolución judicial que condena a su pago supone el momento no sólo de su exigencia sino también el de su devengo, o bien que esa declaración de firmeza implica sólo el presupuesto que habilita a su reclamación pero habiéndose producido su devengo en la fecha de la primera resolución judicial. Pues bien, conforme a nuestra doctrina (en concreto en las SSTC 69/1996, de 18 de abril, y 110/1996, de 24 de junio), sólo ésta -y no aquélla- interpretación sería compatible con la Constitución, por los motivos que vamos a exponer.
En lo que a la segunda cuestión planteada respecta -la cuantía de los intereses de demora- las cuestiones de inconstitucionalidad deben ser, sin embargo, estimadas, conforme a la doctrina de este Tribunal. En efecto, la aludida discordancia entre la normativa estatal y la autonómica en cuanto a la determinación del quantum de los intereses, esto es, entre el artículo 36.2 LGP (que, en consonancia con el 45 LGP, fija el tipo de interés de demora en "el interés legal del dinero") y el art. 17.3 de las normas autonómicas (que lo fijan en el "tipo básico del Banco de España"), contraviene la Constitución como se desprende claramente de la STC 14/1986, de 31 de enero, que pronunciándose sobre el art. 49 de la Ley 12/1983, de 22 de junio, de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (que, en su núm. 2 disponía que el interés de demora de las cantidades que se adeudaran a la Comunidad Autónoma sería "el resultante de añadir cuatro puntos al tipo básico del Banco de España", a diferencia de los arts. 58.2.b LGT y 36.2 LGP, que fijaban el interés de demora en el "tipo básico del Banco de España"), concluyó en su fundamento jurídico 11 que, conforme al art. 156.1 CE "[l]a determinación cuantitativa del interés de demora de estos créditos ha de merecer un tratamiento unitario en todo el territorio nacional", porque "al consistir en un simple incremento de la deuda tributaria, motivado por el impago del crédito principal, bien se considere de cariz sancionatorio para el deudor, o de resarcimiento para el ente titular del crédito, no se advierte motivo o razón alguna para que tal determinación cuantitativa oscile según cual sea la entidad acreedora, sino que, por el contrario, debe garantizarse a los administrados un tratamiento común, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, sobre la competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas".
Una última cuestión debe resolverse antes de pronunciar el fallo al que conduce esta Sentencia, pues la representación procesal del Consejo de Gobierno de la Generalidad Valenciana solicitaba en su escrito de alegaciones, de forma subsidiaria y para el supuesto de que este Tribunal entendiese inconstitucional el artículo cuestionado, que se tuviese también por inconstitucional el contenido del art. 14.2 de la Ley valenciana 4/1984 (que fija el tipo de interés aplicable a las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Generalidad Valenciana en el "básico del Banco de España vigente el día de vencimiento de la deuda").
Que el inciso primero del art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Comunidad Valenciana y del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana ("el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial"), sólo es constitucional si se interpreta en los términos expresados en el último párrafo del fundamento jurídico 5 de esta Sentencia.
Declarar la inconstitucionalidad del inciso segundo del art. 17.3 de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de la hacienda pública de la Comunidad Valenciana y del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana, en lo relativo al "tipo básico del Banco de España vigente dicho día".
Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez ¿Zapata Pérez a la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 2718/96 y 4450/96.
En uso de la facultad establecida en el apartado 2 del art. 90 LOTC, y con el máximo respeto a la decisión mayoritaria, creo obligado manifestar mi discrepancia con la fundamentación jurídica que conduce al fallo, formulando el presente Voto particular, que refleja uno de los criterios que defendí en el acto de deliberación de las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas.
Mi discrepancia con la Sentencia aprobada por la mayoría y a la que obedece la formulación de este Voto particular responde al siguiente motivo. Tal como se recoge en el fundamento de Derecho sexto de la Sentencia mayoritaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al proponer cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal, lo hizo sobre la base de dos vulneraciones del precepto legal cuya constitucionalidad cuestiona, refiriéndose en primer lugar a la supuesta violación que se habría cometido del art. 149.1.6 CE, al entender que el ámbito del art. 17.3 de Ley de la hacienda pública de la Generalidad Valenciana es esencialmente procesal, y ello por cuanto dicho precepto parte de la previa existencia de una resolución judicial, de donde el órgano proponente deduce "se refiere única y exclusivamente a intereses procesales". La Sentencia de la que respetuosamente se disiente no se pronuncia sobre esta cuestión esencial. A lo anterior se une, como se manifiesta en la Sentencia aprobada por la mayoría en el antecedente de hecho décimo primero, que una de las partes de este proceso constitucional, a través de su representante, el Abogado del Estado hizo del argumento o motivo en que se funda la cuestión planteada antes aludido, uno de los ejes de su alegato en torno a la vulneración que entiende se ha ocasionado por el precepto legal en cuestión. En efecto, el Abogado del Estado, con base en la jurisprudencia que en dicho antecedente se recoge, afirma que el precepto legal cuestionado vulnera el art. 149.1.6 CE en cuanto reserva a la competencia exclusiva del Estado la legislación procesal. Por su parte, el antecedente de hecho décimo segundo de la Sentencia mayoritaria presenta las alegaciones del Fiscal General del Estado, en las que éste alega la incompatibilidad del precepto legal cuestionado, entre otros preceptos, con el artículo 149.1.6, entendiendo el Fiscal por lo que aquí interesa, que dicho precepto ha ocasionado una invasión sobrevenida de las competencias que el art. 149.1 CE otorga en exclusiva al Estado.
-El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir constitucionalizada en el artículo 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos (entre muchas, SSTC 20/1982, FJ 1; 14/1984, FJ 2; 177/1985, FJ 4; 23/1987, FJ 3; 159/1989, FJ 6; 63/1990l, FJ 2; 69/1992, FJ 2; 55/1993, FJ 5; 169/1994, FJ 2; 146/1995, FJ 2; 2/1997, FJ 3; 235/1998, FJ 2; y 214/1999, FJ 5; y 214/2000, FJ 4), Si ello es así parece conveniente, y más atendidas las circunstancias que concurren en este caso como ahora se verá, extender dicha doctrina a la necesaria respuesta que considero ha de darse a las dudas planteadas de forma razonada por un órgano judicial al proponer una cuestión de inconstitucionalidad, y que se deben ver satisfechas aún cuando como en el caso presente, se haya efectuado una interpretación conforme la Constitución de la norma cuestionada en base a otras dudas o razones, no debiéndose olvidar que la cuestión de inconstitucionalidad actúa como antecedente lógico del proceso en el que se plantea. En consecuencia es adecuado analizar y resolver la duda antes expuesta que se nos planteó por la Sala a quo. Lo contrario deja imprejuzgada o sin respuesta una duda originada no solo en el órgano proponente sino en dos de los sujetos que han participado en este proceso, pudiéndonos preguntar en línea con lo antes manifestado, hasta qué punto en este caso, su ausencia de contestación, no podría estimarse constitutiva de incongruencia por defecto (siempre que se parta de entender como necesaria dar respuesta a aquellas dudas siendo relevantes para la determinación del fallo hubieran sido correcta y razonablemente expuestas por el órgano proponente).
La condición esencial de la duda ausente de respuesta en la Sentencia mayoritaria, no surge solamente de su relevancia considerada objetivamente, sino también desde un punto de vista procesal. En efecto, en el Auto de 31 de Julio de 1995 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por el que se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal en cumplimiento del trámite previsto en el art. 35.2 LOTC, en su fundamento de Derecho segundo, se hace alusión al artículo 149.1.6 CE (único precepto constitucional que se cita en todo el Auto), señalando en la citada resolución el órgano proponente "Nos hallamos, pues, ante una normativa de carácter procesal, y de conformidad con el diseño de distribución de competencias que deriva del artículo 149.1.6 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho de las Comunidades Autónomas". Posteriormente, en el Auto de planteamiento de la cuestión, de fecha 20 de marzo de 1996, el órgano proponente destina el fundamento de derecho segundo exclusivamente a exponer las razones que le llevan a considerar vulnerado el art. 149.1.6 CE por el precepto legal cuestionado, destinando los fundamentos tercero y cuarto a poner de manifiesto las vulneraciones que fueron examinadas por la Sentencia mayoritaria. La falta de respuesta de la mayoría no puede, por ello, ser silenciada.
Con dicha finalidad, he de comenzar analizando la extensión de la competencia legislativa estatal que se afirma vulnerada, y eso obliga en primer lugar con carácter general a recordar que, cuando de lo que se trata es de indagar el significado con que el vocablo "legislación" se utiliza en el art. 149.1 de la Constitución, como concepto referencial para reservar al Estado toda la legislación o sólo la legislación básica, este Tribunal ha declarado que el que prevalece es el concepto material, y no el formal constreñido a las Leyes, en la acepción de normas que emanan de quienes ostentan el poder legislativo, o de quienes por excepción o por delegación, pueden producir normas con valor de Ley (STC 39/1982), debiendo por tanto dejarse ya sentado que el concepto legislación es un concepto que debe ser entendido en sentido material (STC 35/1989).
Entrando a examinar el precepto legal cuestionado, el art. 17.3 del texto refundido de la Ley de la hacienda pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, desde la perspectiva constitucional cuya vulneración se nos ha propuesto, este se nos muestra con una doble naturaleza: de un lado determina el modo o manera de calcular un determinado concepto, a saber, los intereses denominados tradicionalmente procesales, recogidos en el artículo 921 de la antigua Ley de enjuiciamiento civil y 576 de la actual, y entre los cuales se incluyen especialidades a favor de la hacienda pública, habiendo sido ya tratado y resuelto por la sentencia aprobada por la mayoría todo lo relacionado con dicha cuestión, y de otro el momento inicial en que el legislador fija temporalmente su nacimiento, es decir el momento a partir del cual surge ese concepto indemnizatorio denominado intereses procesales, y que entendemos hemos de analizar aquí y ahora, cabiendo ya afirmar que para analizar si goza de naturaleza procesal tal como se nos ha planteado, se ha de partir de su propio tenor literal, del que parece no puede dudarse que su contenido decisorio se haya destinado, en parte, a delimitar o si se prefiere definir el momento en que se deben considerar nacidos los intereses generados respecto de cantidades declaradas judicialmente en virtud de la oportuna resolución, y así recordemos dice el mismo "El acreedor tendrá derecho al cobro de intereses, desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial".
Las reflexiones anteriores me conducen a sentar que el precepto legal cuestionado se halla dotado de una naturaleza procesal. En definitiva, dicho precepto viene no solo a precisar una regla del proceso sino que el mismo es una regla del proceso, lo que supone concluir que a través de dicho precepto la Comunidad Autónoma ha innovado el ordenamiento procesal, al menos formalmente, y ello sin hallarse amparado por ninguna de las dos necesarias especialidades a las que al principio hacíamos referencia: En efecto, no parece que pueda considerarse que la fijación del día en que se inician los intereses procesales previstos en nuestra ley rituaria, pueda verse amparado ni por el derecho sustantivo de la Comunidades Autónomas ni tampoco por su organización propia sino que inciden sobre un aspecto esencial del proceso, cual es la configuración de los intereses procesales que se puedan generar en todo proceso ante un órgano judicial, resultando en mi opinión indiscutible que la fijación del día inicial a partir del cual se inicia el cómputo de intereses procesales, afecta de lleno a su funcionalidad (lo que se advierte de modo claro), así como a su finalidad (compensadora o reparadora a la que antes nos referíamos, y vaciándola de la finalidad sancionadora de la que llegaron a ser dotados por la STC 206/1993), que por otro lado solo son de encontrar, como ya he reiterado, en el seno de un proceso.
-La exposición de la postura expuesta me lleva a entender producida la vulneración del art. 149.1.6 CE. El artículo 17.3, cuestionado por la Sala a quo, invadió las competencias legislativas reservadas al Estado, que lo son en su totalidad, no se olvide, en materia de legislación procesal, en cuanto que dicho precepto constitucional otorga al Estado el monopolio en la elaboración de las normas por las que se gobierna lo procesal, y que del modo como se ha expuesto, comprenden o si se prefiere abarcan los denominados intereses procesales, siendo la determinación de su devengo, uno de sus ejes, sin que pueda dudarse que coadyuvan a perfilar su función compensatoria (STC 69/1996, FJ 5), entendiendo frente a lo dispuesto por este Tribunal en esta última Sentencia que no desvirtúa lo anterior el que sea factible, es decir no deja de haberse producido la invasión competencial que se denuncia vulnerada, aún cuando resultara su encaje con las normas procésales que dictadas por el Estado configuran los intereses procesales. Y ello por cuanto lo esencial es que a éste en virtud del art. 149.1.6 CE le corresponde dictar el conjunto de leyes que gobiernan una determinada materia, a saber, aquéllas que configuran las reglas del proceso, concepto este que solo puede ser entendido en un sentido amplio sino quiere vaciarse de virtualidad, como se ha puede colegir de la doctrina de este Tribunal, que así ha venido considerando que tiene una clara dimensión procesal la exigencia de colegiación de Abogados y Procuradores (STC 56/1990), el establecimiento de un sistema general de arbitraje (STC 15/1989), la introducción de nuevos supuestos de legitimación a favor de órganos autonómicos en la defensa de derechos e intereses de terceros (STC 83/1986), o finalmente la determinación de la legitimación como toda regla del proceso que no esté justificada por las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas (STC 83/1986).
SAP Málaga 264/2007, 7 de Mayo de 2007
STSJ Galicia 4763/2009, 6 de Noviembre de 2009