Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221009.htm
Timestamp: 2019-03-26 04:51:47
Document Index: 73748209

Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'artículo 1453', 'artículo 236', 'artículo 227', 'artículo 254', 'artículo 252', 'artículo 42', 'artículo 236']

201202-Sala Civil-1-009
Auto Supremo: 9/2012
Expediente: CH-1-12-S
Partes: Florencio Tufiño Puma c/ Rosa Caro Delgadillo Vda. de Vargas
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 447 a 454 vuelta, interpuesto por Rosa Caro Delgadillo Vda. de Vargas, contra el Auto de Vista Nº SCII-406/2011, pronunciado el 25 de noviembre de 2011 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre reivindicación seguido por Florencio Tufiño Puma, contra la recurrente; la respuesta de fojas 459 a 462 vuelta; la concesión de fojas 463; los antecedentes del proceso; y:
Que, la Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, en suplencia legal del Juez Quinto, el 19 de mayo de 2011 pronunció la sentencia Nº 06/2011, cursante de fojas 328 a 330 vuelta, por la cual declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, sin costas. Como consecuencia de ello otorgó el plazo de tres días a la demandada para que cese en la posesión del lote de propiedad del actor ubicado en el ex fundo Tucsupaya, signado como B-1, de 349 Mts2. de superficie, con código catastral Nº 29-116-9 y registrado en Derechos Reales bajo el folio Nº 1011990014870 Asiento A-1. Igualmente ordenó que en el término de tres días de ejecutoriada la sentencia la demandada proceda a la demolición de muros, bajo prevención en caso de incumplimiento de que sea el propio actor quien lo haga a costa de la demandada.
Por autos cursantes a fojas 334 y 337, la juez a quo aclaró la sentencia, habiendo precisado, en lo sustancial, que de la valoración de la prueba en su conjunto se estableció que el actor tiene su antecedente dominial debidamente individualizado mediante plano aprobado por la H.A.M., en cambio el antecedente dominial de la demandada de inicio no estaba debidamente individualizado, ya que la aprobación del plano resultó posterior al del actor y a la compra realizada, conclusión a la que arribó y que no resultaría incongruente sino más bien una ponderación de quien tiene mejor su derecho propietario definido que es lo que habría establecido en sentencia.
Contra esa resolución de primera instancia la parte demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito el 25 de noviembre de 2011, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca emitió el Auto de Vista Nº 406, cursante de fojas 423 a 427 vuelta, por el cual confirmó la sentencia y el auto definitivo de 13 de abril de 2010 de fojas 275 a 276 por el cual el juez a quo denegó la concesión del recurso de apelación en el efecto diferido.
Que, la parte recurrente a través del recurso de casación en el fondo acusó que en la apreciación de la prueba documental, inspección judicial y testifical de cargo se incurrió en error de hecho y de derecho. Al respecto señaló que el Tribunal de alzada reconoció que la prueba documental de cargo cursante de fojas 241 a 262 y 285 a 311, fue admitida luego de haberse clausurado el periodo probatorio, sin embargo, contradictoriamente reconoció valor a los documentos cursantes a fojas 243 a 262, por considerar que son de fecha posterior a la demanda, lo que no sería evidente, pues, el actor habría tenido conocimiento de todos esos documentos a momento de interponer la demanda porque adjuntó fotocopias simples, razón por la que no podía proponerla como documentos de reciente obtención, consiguientemente el Tribunal de Alzada habría transgredido y violado lo previsto por los artículos 330 y 372 del Código de Procedimiento Civil, el derecho a la igualdad de las partes y a la seguridad jurídica previstos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado. En ese mismo sentido señaló que de manera sorpresiva y desleal el actor presentó, bajo el paraguas de prueba de reciente obtención, la documental cursante de fojas 285 a 311 que no fue producida dentro el período probatorio, prueba que fue admitida y valorada por el juez de la causa.
Respecto a la prueba testifical de cargo, cuyas actas cursan de fojas 221 a 223, acusó que los Tribunales de instancia realizaron una apreciación incompleta, sesgada y parcializada de la declaración de los testigos quienes señalaron que saben que el actor posee un lote de terreno en el rollo, no así en Tucsupaya, como concluyeron los de instancia, quienes infirieron que el derecho propietario del actor se encontraría acreditado por la prueba documental y testifical de cargo, sin considerar que los testigos declararon cosa distinta, motivo por el cual acusó la violación de los artículos 46, 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado.
Acusó que el auto de vista violó los principios de pertinencia y congruencia previstos por el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, la tutela judicial y el debido proceso previstos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, este último en su elemento a la debida fundamentación. Al respecto señaló que su defensa frente a la pretensión del actor se fundó en que el lote de terreno que pretende reivindicar se encontraría en otro lugar. Empero señaló que se encuentra probado mediante el informe pericial de fojas 381 a 393 que el lote de terreno de propiedad de la demandada y del actor se encuentra sobrepuestos, en ese sentido manifestó que nunca se discutió que ella fuera simple poseedora, pues, su persona al igual que el actor habrían demostrado su derecho propietario inscrito y registrado en Derechos Reales, con planos aprobados, cambio de nombre aprobado por la Alcaldía Municipal de Sucre. Enfatizó que, al igual que el actor, acreditó su derecho propietario y posesión sobre el lote de terreno objeto de la litis, que los Tribunales de instancia hicieron prevalecer el derecho de quien aprueba primero en la Alcaldía el loteamiento, desconociendo que lo que estaba en discusión era la identidad, superficie exacta y ubicación geográfica del lote de terreno, en virtud a que el derecho de propiedad pasó a un segundo plano por haber acreditado ambas partes ese extremo, quedando pendiente únicamente la determinación de la ubicación exacta del mismo. Por esos motivos señaló que el tribunal de alzada no adecuó su decisión a derecho pese a conocer que también ella acreditó su derecho propietario y posesión actual sobre el predio en discusión y haber acreditado que el lote de terreno del actor se encuentra sobrepuesto al lote de su propiedad, según constaría en el informe de fojas 381 a 393.
Acusó la violación de los artículos 1453-1 y 1538-I-II del Código Civil, en ese sentido volvió a señalar que si bien es evidente que el actor pudo haber demostrado su derecho propietario respecto al inmueble en litigio, no es menos evidente que también ella lo hizo, demostrando no ser una simple poseedora del lote cuya reivindicación se demanda, sino legítima propietaria del mismo, razón por la cual correspondería una confrontación de esos derechos propietarios, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de Alzada.
A través del recurso de casación en la forma acusó que el auto de vista omitió pronunciarse sobre los puntos I.4 y I.5 de su apelación, referidos a la defectuosa valoración de la prueba documental, inspección judicial, confesión espontánea, confesión provocada, y respecto a la falta de fundamentación de la sentencia, respectivamente.
Por las razones expuestas solicitó que el Tribunal Supremo Case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de reivindicación y probada la excepción de falta de acción, sea con costas.
De la revisión de obrados se establece las siguientes conclusiones:
1.- Florencio Tufiño Puma, por memorial de fojas 47 a 50, interpuso contra Rosa Delgadillo de Vargas demanda de reivindicación del lote de terreno marcado con el Nº B-1 de 349 Mts.² ubicado en la zona de Tucsupaya alta de la ciudad de Sucre, Registrado en Derechos Reales a fojas 610, Nº 610 en libro dos de propiedades de la capital, de 22 de octubre de 1992.
2.- Por memorial de fojas 126 a 131, la demandada Rosa Caro Delgadillo Vda. de Vargas contestó la demanda fundamentando en lo sustancial que el lote del terreno cuya reivindicación se demanda no se encontraría en el mismo lugar que el lote de propiedad de la demandada; que respecto al lote que ella posee tiene pleno derecho de propiedad y que el propio actor admitió que su lote se sobrepondría al lote de la demandada, cuestionando por ello la reivindicación pretendida. Igualmente opuso excepción perentoria de falta de acción y derecho, argumentando ser propietaria del lote que posee, cuyo antecedente dominial fuera anterior al del actor.
3.-Por auto de fojas 140, se estableció la relación procesal y se fijó lo puntos de hecho a probar entre los que se consignó para el actor la demostración de superposición en su lote por parte del demandado.
4.- A fojas 328 a 330 Vlta. de obrados cursa la sentencia Nº 06/2011 por la cual el juez de la causa declaró probada la demanda de reivindicación e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho.
5.- Por auto de fojas 337, el juez a quo aclaró la sentencia, habiendo precisado, en lo sustancial, que de la valoración de la prueba en su conjunto se estableció que el actor tiene su antecedente dominial debidamente individualizado mediante plano aprobado por la H.A.M. en cambio el antecedente dominial de la demandada de inicio no estaba debidamente individualizado, ya que la aprobación del plano resultó posterior al del actor y a la compra realizada, conclusión a la que arribó y que no resultaría incongruente sino más bien una ponderación de quien tiene mejor su derecho propietario definido que es lo que habría establecido en sentencia.
6.- En apelación deducida contra la sentencia por la parte demandada, se produjo prueba que estableció la existencia de sobreposición de los predios de propiedad del actor y de la demandada.
7.- El Tribunal de alzada emitió el auto de vista cursante de fojas 423 a 427 vlta., por el cual, en lo principal, confirmó la sentencia apelada, fundamentando, entre otras razones, que en el presente proceso no se discutió acerca del mejor derecho de propiedad de la demandada, sino solo respecto del derecho propietario del actor y la ubicación de su propiedad.
Expuestos los antecedentes del proceso, corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad.
Doctrinalmente se dice que la acción de reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario. Así, Puig Brutau, citado por Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que la reivindicación "es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión".
Ahora bien cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no puede ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quien corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.
Para el caso de autos lo que nos interesa es el segundo supuesto, es decir aquel en el que tanto el actor reivindicante como el poseedor demandado presentan cada uno títulos de propiedad, en cuyo caso la resolución del litigio pasa necesariamente por determinar a quien le corresponde el mejor derecho a poseer, lo que conlleva necesariamente el juicio declarativo de mejor derecho de propiedad, siguiendo para ello los criterios establecidos en la ley.
Por las razones expuestas se concluye que el Tribunal de alzada al haber establecido que en el caso de autos - en el que tanto el actor como la demandada presentaron títulos de propiedad sobre el inmueble en litigio-, " no se habría discutido respecto el presunto mejor derecho propietario de la demandada, sino solo respecto del derecho propietario del actor...", obró indebidamente y con ello omitió pronunciarse no solo respecto a los agravios formulados en apelación por la parte demandada, sino también soslayó que fue la propia juez a quo quien a través del auto de fojas 337, de aclaración de la sentencia, precisó que: "de la valoración de la prueba en su conjunto se estableció que el actor tiene su antecedente dominial debidamente individualizado mediante plano aprobado por la H.A.M. en cambio el antecedente dominial de la demandada de inicio no estaba debidamente individualizado, ya que la aprobación del plano resultó posterior al del actor y a la compra realizada, conclusión a la que arribó y que no resultaría incongruente sino más bien una ponderación de quien tiene mejor su derecho propietario definido que es lo que habría establecido en sentencia". En otras palabras la juez de primera instancia aclaró que para la resolución de la causa tomó en cuenta la ponderación de quien tiene mejor derecho propietario, aspecto que no podía ser de otra forma, si tomamos en cuenta que el principal fundamento de la excepción perentoria de falta de acción y derecho que opuso la demandada se refiere precisamente al hecho de ser propietaria del lote que posee, cuyo antecedente dominial fuera anterior al del actor.
Consiguientemente, se establece que el Tribunal de alzada al haber soslayadopronunciarse respecto a la determinación del mejor derecho a poseer que conllevanecesariamente la declaración del mejor derecho de propiedad, desconoció los antecedentes del proceso e ignoró la naturaleza de la controversia planteada, Por ello la resolución de vista no honra el principio de congruencia y exhaustividad que prevée el artículo 236 con relación al artículo 227, ambos del Código de Procedimiento Civil, de donde resulta intrapetita la resolución pronunciada por el Tribunal ad quem, por lo que corresponde anular el referido auto de vista, por clara infracción a lo que dispone el artículo 254-4) del citado adjetivo de la materia.
Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-3) y 275 del citado Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los artículos 252, 271 - 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 423, y dispone que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin necesidad de turno, pronuncie nuevo auto de vista que observe lo dispuesto por el artículo 236 del Adjetivo de la materia y tome en cuenta la naturaleza del litigio.
No siendo excusable el error, se impone responsabilidad para los Vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, que se gradúa en un día de su haber mensual, que será descontados por habilitación a favor del Tesoro Judicial.