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Timestamp: 2020-04-05 15:46:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 29']

Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Diciembre de 1995. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Serie C No. 22 - Jurisprudencia - VLEX 428297338
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Diciembre de 1995. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Serie C No. 22
Fecha de Resolución: 8 de Diciembre de 1995
Caso Caballero Delgado y S. Vs. Colombia
Sentencia de 8 de diciembre de 1995
En el caso C.D. y S.,
H.F.-Zamudio, Presidente
A.M.R., Secretaria adjunta
de acuerdo con el artículo 45.1 del Reglamento (en adelante “el Reglamento”) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso.
El 24 de diciembre de 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante esta Corte un caso contra la República de Colombia (en adelante “el Gobierno” o “Colombia”) que se originó el 4 de abril de 1989 por medio de una “solicitud de acción urgente” enviada en esa fecha a la Comisión y en una denuncia (Nº 10.319) contra Colombia recibida en la Secretaría de la Comisión el 5 de abril de 1989. La Comisión Interamericana designó como su delegado ante la Corte a L.V.L.; como asistentes a E.M.R. y M.V.C.. Además nombró como asesores legales a los señores G.G.G., M.C. delR., J.G.L., J.E.M. y J.M.V..
La Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte de Colombia, de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención que establece la obligación de respetar y garantizar esos derechos, en perjuicio de los señores I.C.D. y M. delC.S.. Además consideró que se violó el artículo 2 de la Convención, “en base al principio pacta sunt servanda” por no haberse adoptado disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos tales derechos y el artículo 51.2 en relación con el 29.b) de la misma, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión. Solicitó a la Corte que requiera al Gobierno “inic[iar] las investigaciones necesarias hasta identificar y sancionar a los culpables... inform[ar] a los familiares de las víctimas sobre su paradero... [que declare que] debe reparar e indemnizar a los familiares de las víctimas por los hechos cometidos por sus agentes... [y que lo condene] a pagar las costas de este proceso”.
Según la Comisión el 7 de febrero de 1989, en el lugar conocido como la vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, Departamento de El Cesar, Colombia, I.C.D. y M. delC.S. fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. La detención se habría producido por la activa participación del señor I.C.D. como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Con anterioridad y por el delito de porte ilegal de armas había estado detenido en la Cárcel Modelo de B. y se le concedió la libertad en 1986; sin embargo desde esa fecha era permanentemente hostigado y amenazado. M. delC.S., “de quien la Comisión posee muy poca información, [también] pertenecía al Movimiento 19 de Abril (M-19)” y colaboraba con I.C.D. promoviendo la participación del pueblo para la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización” que se realizaría el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta era una actividad organizada por el “Comité Regional de Diálogo”, cuyo objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones”.
Según la demanda el 7 de febrero de 1989, E.G.V., una campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturadas las víctimas, fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Ella pudo observar a I.C.D. con un uniforme militar camuflado y a una mujer que iba con ellos. J.P., habitante de esa región que les sirvió de guía, fue retenido por el Ejército, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla militar que lo retuvo supo de la captura de I.C.D. y M. delC.S. y, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a sus familiares.
Agrega la demanda que la familia de I.C.D. y varios organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de los detenidos en instalaciones militares, donde se negó que I.C.D. y M. delC.S. hubieran sido aprehendidos. Se entablaron acciones judiciales y administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los responsables directos pero no se obtuvieron resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los perjuicios causados.
El 4 de abril de 1989 la Comisión, motu proprio y antes de recibir comunicación formal de los peticionarios, sobre la base de una solicitud de acción urgente enviada por “fuente confiable”, transmitió al Gobierno la denuncia y solicitó medidas excepcionales para proteger la vida e integridad personal de las víctimas. El 5 de abril del mismo año, la Comisión recibió la denuncia formal de los peticionarios a la que dio curso bajo el Nº 10.319. El trámite ante la Comisión concluyó el 25 de septiembre de 1992 con la aprobación del informe “definitivo” Nº 31/92 que ratificó el informe Nº 31/91 y resolvió remitir el caso a la Corte, lo que hizo el 24 de diciembre de 1992, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana.
La Corte es competente para conocer del presente caso. Colombia es Estado parte en la Convención desde el 31 de julio de 1973 y el 21 de junio de 1985 aceptó como obligatoria la competencia contenciosa de la Corte.
La demanda ante la Corte fue notificada al Gobierno por la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) el 15 de enero de 1993, previo examen hecho por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”).
El 28 de enero de 1993 el Gobierno comunicó la designación de los abogados J.B.C. como agente y W.A.M. como agente alterno.
Mediante resolución del 5 de febrero de 1993 y a solicitud del Gobierno, el P. resolvió otorgarle una prórroga de 45 días al plazo establecido en el artículo 29.1 del Reglamento para contestar la demanda sobre este caso. Igualmente el 16 de febrero de 1993, le concedió una prórroga de 15 días para la presentación del escrito sobre excepciones preliminares.
El Gobierno interpuso excepciones preliminares el 2 de marzo de 1993 y la Comisión las respondió el 6 de abril del mismo año. La contestación de la demanda fue presentada el 2 de junio de 1993.
El 12 de julio de 1993 fue elegido P. elJ.R.N.N.. Como el nuevo P. es colombiano, mediante resolución del 13 de julio de 1993 cedió la presidencia para este caso a la J.S.P.S., V.. Con posterioridad, por resolución del Presidente del 22 de junio de 1994 y debido a la renuncia que hizo la Vicepresidente a su condición de Juez de la Corte, se cedió la Presidencia para el conocimiento de este caso al J.H.F.-Zamudio.
El 15 de julio de 1993, se celebró una audiencia pública con el fin de oír las observaciones de las partes sobre las excepciones preliminares presentadas por el Gobierno y el 21 de enero de 1994 la Corte dictó una sentencia en la que por unanimidad resolvió:
Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Colombia.
Continuar con el conocimiento del presente caso.
Mediante resolución de la Presidencia del 18 de agosto de 1993, se solicitó al Gobierno, a petición de la Comisión, la presentación de ocho expedientes tramitados en diferentes instancias internas en Colombia y de otra documentación relacionada con este caso. El Gobierno presentó dicha documentación mediante comunicaciones del 15 y 19 de noviembre de 1993 y del 7 de febrero de 1994.
Por nota del 24 de marzo de 1994 el Gobierno informó a la Corte sobre la seguridad prestada por el Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante “DAS”) de Colombia, a la señora M.N.P.R., compañera del señor I.C.D..
Mediante nota del 22 de abril de 1994, el Gobierno presentó la lista de los testigos que deberían ser convocados por la Corte para comparecer a las audiencias públicas sobre el fondo. Luego, por nota del 26 de octubre de 1994, modificó parcialmente dicha lista. La Comisión Interamericana, mediante notas del 27 de abril, 17 y 28 de noviembre de 1994, presentó la lista de sus testigos y solicitó que la declaración de la señora R.D.V. se tomara en territorio colombiano debido a su mal estado de salud. El Presidente, por resolución del 18 de julio de 1994 y previa anuencia del Gobierno nombró como experto, en representación de la Corte, al profesor B.G.M., quien dirigió el interrogatorio de la señora V. el 15 de octubre de 1994 realizado por representantes del Gobierno y de la Comisión.
El 18 de julio de 1994 el P. convocó a las partes a una audiencia pública a celebrarse a partir del 28 de noviembre del mismo año con el objeto de recibir las declaraciones de los testigos propuestos por las partes y escuchar los alegatos sobre el fondo del asunto. Dicha resolución fue modificada parcialmente por la del Presidente del 15 de noviembre de 1994 para reemplazar a dos de los testigos propuestos por el Gobierno y convocar a los nuevos sugeridos por el mismo.
Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1994 la Corte celebró audiencias públicas sobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones de las partes.
Decisión del Panel Administrativo nº DNAME2009-00001 de Tribunal Arbitral de la OMPI, 18 de Junio de 2009 (caso BHP Billiton Innovation Pty Ltd. v. Peter Gregory)