Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4816-de-junio-24-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416c0af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 19:28:33
Document Index: 153062862

Matched Legal Cases: ['artículo 521', 'artículo 1741', 'artículo 1521', 'artículo 1741', 'artículo 1521', 'artículo 2488', 'artículo 1521', 'artículo 1857']

﻿ SENTENCIA 4816 DE JUNIO 24 DE 1997
SENTENCIA 4816 DE 24 DE JUNIO DE 1997
CONTENIDO:EMBARGO: EFECTOS Y PERFECCIONAMIENTO
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRO DE EMBARGO, DILIGENCIA DE EMBARGO, LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, SOLICITUD DE EMBARGO, DECRETO DE EMBARGO, TRÁMITE DEL EMBARGO, OPOSICIÓN AL EMBARGO, EFECTOS DEL EMBARGO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:308 DE AGOSTO DE 1997, PÁG.1042
Sentencia 4816 de junio 24 de 1997
EFECTOS Y PERFECCIONAMIENTO
EXTRACTOS: «1. De los efectos que son propios del embargo, entendidos ellos como las situaciones que se derivan inmediata y directamente de su realización con arreglo a la ley, bien puede decirse que se refieren a la administración y a la disposición de las cosas que comprende una medida de tal naturaleza, lo segundo en cuanto que una vez trabado el embargo y siempre dentro del ámbito de su estricta justificación procesal, la disposición de aquellas cosas deja de ser una facultad del dueño contra quien la actuación se sigue (G. J., t. LII, pág. 817) para asumirla, en forma temporal mientras subsista la necesidad de protección que por esta vía el ordenamiento les otorga a los acreedores, la autoridad judicial que adoptó la correspondiente providencia cautelar. Esto es lo que indica el numeral 3º del artículo 521 del Código Civil a cuyo tenor adolece de ilicitud el objeto de determinado acto o contrato que importe una virtual “enajenación”, cuando el consentimiento de los agentes que lo celebran recaiga sobre bienes que se reputan fuera del comercio debido a un decreto judicial vigente de embargo que los afecta, ilicitud que desaparece, y con ella la nulidad absoluta que vicia el negocio según los términos del artículo 1741 del Código Civil, si el mismo se verificó con permiso del juez embargante, si medió consentimiento expreso del acreedor que obtuvo dicha medida o, en fin, si la mutación de titularidad ocurrida es consecuencia de un remate judicial o de una sentencia dictada en un litigio cuyo contenido excluya la intervención voluntaria del dueño en la transferencia (G. J. ts. LXV, pág. 70, LVIII, pág. 181, LXII, pág. 62, CXVII, pág. 320, y Cas. Civ. de 7 de nov. de 1975, entre otras).
En este orden de ideas, para comprender a cabalidad el genuino significado del numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil y evitar así incurrir en inaceptables pretensiones invalidativas que cual sucede con la formulada de manera principal por el actor en esta causa, dicen fundarse en el precepto que acaba de citarse, forzoso es no perder de vista la razón de ser de la prohibición allí consagrada y de la nulidad que por mandato del artículo 1741 de la misma codificación sanciona su no observancia, e igualmente la función concreta a que la primera va enderezada, temas estos que por muchos años han ocupado la atención de la jurisprudencia en una ardua tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J, t. CLII, págs. 530 y siguientes) y cuyo desarrollo no resulta pertinente reseñar ahora. Frente a la especie litigiosa en estudio y las particularidades que la individualizan de acuerdo con la perspectiva que de la misma ofrecen, tanto la sentencia impugnada como el recurso de casación interpuesto, basta tan sólo con advertir que en realidad de verdad, al referirse a cosas embargadas, el numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil se limita a consagrar, más que una rotunda prohibición “...muestra del empeño legislativo en reprimir concretas y mayúsculas infracciones del ius cogens y orientada a la salvaguardia de aspectos fundamentales del oren social y ético vigentes...” (G.J. T. CXXIV, pág. 138), una restricción de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al interés de la persona que obtuvo en su favor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de disposición sobre aquellas cosas sometidas a traba judicial, luego por simple lógica ha de entenderse que de una consecuencia de esta índole, puesta de manifiesto en la sustracción transitoria de la posibilidad de enajenación válida que el embargo implica, no puede ser destinataria persona diferente ese titular contra quien tendrá que adelantarse entonces el correspondiente proceso en el cual dicha medida desempeñe la misión cautelar que le atribuye la ley.
De suerte que si la norma en referencia persigue el amparo del derecho que tiene todo acreedor a ser pagado de su crédito con el producto de la realización forzosa de los bienes embargados, mediante el ejercicio de la acción general que sobre el patrimonio del deudor le concede el artículo 2488 del Código Civil, y si a brindar esa seguridad confluye sin lugar a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto con que la legislación civil sanciona las transferencias privadas que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin licencia del juez o sin la autorización del acreedor, tiene por necesidad que concluirse que la restricción de cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta radical declaración de invalidez, no puede producir los efectos que le son peculiares en presencia de una orden de embargo no ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos que no forman parte del patrimonio del deudor y por ello, debido precisamente a esta circunstancia, la enajenación realizada por el sujeto legitimado, no obstante la existencia de la traba en cuestión, no admite tacha de ilicitud pues carece por completo de virtualidad nociva para los derechos del acreedor.
Frente a la nulidad absoluta de la enajenación recaída en un bien embargado, la jurisprudencia ha defendido tesis contrarias que tocan con las diversas etapas del proceso que dicha enajenación requiere, etapas como se sabe referidas al título y el modo, para tratar de explicar cuál es el acto jurídico afectado por la nulidad establecida en el artículo 1521 del Código Civil, esto es, qué debe entenderse por enajenación, sí la sola expedición del acto notarial con el cual se entiende perfeccionada la venta, a la luz del artículo 1857 del Código Civil, o también el registro de la respectiva escritura pública que permite la mutación del dominio, aspecto de trascendental importancia por cuanto frente a una u otra posición, se declara la nulidad del contrato, entendido éste como el título respectivo o, por el contrario, se invalida tan sólo el registro correspondiente (Cas. Civil. 13 mayo 1968, 7 mayo 1969, 7 noviembre 1975, 14 diciembre 1976, entre otras(*).
(*) Véase J. y D., Nº 49, pág. 1 y Nº 64, pág. 263 (N. del D.).
No hay lugar, sin embargo, a profundizar en el tan controvertido tema por cuanto, por fuera de las falencias técnicas de que adolece el cargo tercero, la realidad probatoria indica que para cuando se celebró el contrato, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, el bien inmueble objeto de la compraventa no se encontraba embargado, y que para cuando se registró el título, el bien ya se encontraba libre de la traba, lo que deja por fuera, entonces, cualquier posibilidad tendiente a discutir la legalidad de las conclusiones del Tribunal en relación con este particular.
Y en cuanto a los argumentos del recurrente relacionados con la efectividad del embargo ordenado por el juez, es preciso anotar que a la luz de lo establecido en los artículos 23 y 30 del Decreto 1250 de 1970, el proceso de registro se integra por actos independientes entre si, a saber, la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haberse ejecutado ésta, y que sólo cuando se han hecho las anotaciones en el libro radicador indicando el folio y la fecha en que fue registrado el instrumento, “se considera realizado para todos los efectos legales el registro de instrumentos”. Por tanto, la inscripción de un embargo no se perfecciona frente a todos, partes y terceros, con la sola expedición de la respectiva orden judicial, ni se entiende consumado desde la fecha en que se recibe la orden en la oficina de registro respectivo, —como lo pretende hacer creer el censor—, sino que dicho acto se tiene por surtido desde el momento en que se anota el folio y la forma del registro en el respectivo libro radicador.
(Sentencia de casación, junio 24 de 1997. Expediente 4816. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).