Source: https://es.scribd.com/doc/107107226/Ley-de-Supervision-Regulacion-Del-Sistema-Financiero
Timestamp: 2016-09-30 10:01:52
Document Index: 408026319

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336 E49L	El	Salvador [Leyes,	etc.] Ley	de	Supervisión	y	Regulación	del	Sistema Financiero	/	ed.	Superintendencia	del	Sistema Financiero	.—	1ª	ed.	—	San	Salvador	:	SSF, 2011
72	p.	;	24	cm..-	(Colección	Leyes	del	Sistema Financiero,	No.	18) ISBN:	978	–	99923	–	53	–	33	–	2	1.	2.	I.	II.	SUPERINTENDENCIA	DEL	SISTEMA	FINANCIERO	– LEGISLACIÓN	–	EL	SALVADOR FINANZAS	–	EL	SALVADOR	-	LEGISLACIÓN Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	ed. Título.
Colección	de	Leyes	del	Sistema	Financiero	No.	18 ISBN	:	978	–	99923	–	53	–	33	–	2 1ª	ed.	2011
Impreso	en	El	Salvador,	C.	A. Por	:	Asociación	Institución	Salesiana Imprenta	y	Offset	Ricaldone Final	Av.	Hno.	Julio	Gaitán Santa	Tecla.	Telefax:	2229-0308
Esta	edición	consta	de	3,000	ejemplares Marzo	2011
Nota	de	Edición El	texto	de	la	presente	ley	es	conforme	a	lo	publicado	en	los	respectivos	Diarios	Oficiales.
TÍTULO UNO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN FINANCIERA TÍTULO II TÍTULO III TÍTULO IV TÍTULO V TÍTULO VI DE LA SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN TÉCNICA DISPOSICIONES ESPECIALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEROGATORIAS Y VIGENCIA 9 60 63 65 69 7
TÍTULO UNO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN FINANCIERA CAPÍTULO ÚNICO ASPECTOS FUNDAMENTALES Composición	del	Sistema	Objeto	del	Sistema	TÍTULO II DE LA SUPERVISIÓN CAPÍTULO I SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO De	la	Superintendencia	Facultades	de	la	Superintendencia	Supervisados	Conformación	de	la	Superintendencia	CAPÍTULO II Del Consejo Directivo Conformación	Remoción	Incompatibilidades	Causales	de	inhabilidad	Declaratoria	de	inhabilidad	Facultades	De	las	sesiones	Excusas	7 Sustitución	de	funcionarios	Responsabilidad	de	daños	Comunicación	de	las	resoluciones	Coordinación	con	el	Banco	Central	CAPÍTULO IV DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Supervisión	Requerimiento	de	información	Confidencialidad	de	la	información	Colaboración	con	homólogos	extranjeros	y	de	otras	instituciones	del	Estado	Obligaciones	de	los	supervisados	Comité	de	Auditoría	Declaración	y	deber	de	informar	Falta	de	colaboración	CAPÍTULO V MEDIDAS PREVENTIVAS Medidas	Preventivas	15 CAPÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES Aspectos	a	considerar	para	la	imposición	de	sanciones	CAPÍTULO VII PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS Etapas	del	procedimiento	Inicio	del	procedimiento	Investigación	previa	Del	emplazamiento	y	de	las	notificaciones	Del	procedimiento	De	la	resolución	final	Reconsideración	Rectificación	28 28 28 29 29
29 29 30 30	31 34 34 34 35
15 16 18 18 20 20 22 22
CAPÍTULO III 23 DEL SUPERINTENDENTE Y DE LOS SUPERINTENDENTES ADJUNTOS Coordinación	interna	de	la	Superintendencia	Delegación	de	competencia.	Delegación	de	actuaciones	y	de	firma	26 27 27
Comité	de	Apelaciones	De	la	apelación	Trámite	Prescripción	Derechos	y	deberes	del	supuesto	infractor	Causales	de	nulidad	CAPÍTULO VIII DE LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LIQUIDACIÓN Vigilancia	en	la	liquidación	CAPÍTULO IX DEL REGISTRO
45 46 46 47 48 48 49
TÍTULO III CAPÍTULO ÚNICO DE LA REGULACIÓN TÉCNICA TÍTULO IV CAPTULO UÚNICO DISPOSICIONES ESPECIALES Continuidad	y	traslado	de	potestades	Vigencia	de	reglamentos	y	otras	disposiciones	Comisión	de	Riesgo	Registros	Situaciones	no	previstas	Exclusión	expresa	TÍTULO V CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES TRANSITORIAS
63 64 64 65 65 65 65 65
Requisitos	para	inscripción	de	Peritos	54 Requisitos	para	inscripción	de	intermediarios	54	de	seguros,	de	agentes	corredores	de	bolsa	y	otros	participantes	sujetos	a	dichos	requisitos CAPÍTULO X GENERALIDADES Aseguramiento	de	la	calidad	de	la	supervisión	Auditoría	Del	presupuesto	de	la	Superintendencia	y	del	Comité	de	Apelaciones.	Informe	de	ejecución	presupuestaria	Memoria	de	labores	Boletín	estadístico	Divulgación	de	información	al	público	Coordinación	interinstitucional	para	atención	a	usuarios	Reglamento	Interno	de	Trabajo	Desarrollo	del	personal	De	los	funcionarios	y	empleados	Incompatibilidades	del	personal	Asistencia	legal	Prohibiciones	Obligación	de	informar	o	requerir	autorización	Afiliación	55
55 55 55	55 57 57 57 57 58	58 58 58 58 59 59 60 60
Traslado	de	derechos	y	de	obligaciones	65 Del	Comité	de	Apelaciones	66 Plazo	transitorio	de	prescripción	66 De	las	políticas	internas	de	los	integrantes	66	del	sistema	financiero	66 Presupuesto	transitorio	de	la	Superintendencia	66 Asistencia	legal	transitoria	68 Liquidaciones	en	proceso	68 Vigencia	de	procedimientos	y	recursos	68 TÍTULO VI DEROGATORIAS Y VIGENCIA CAPÍTULO ÚNICO Casas	de	Cambio	Nombramiento	de	Auditores	Externos	69 69
DECRETO No. 592 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO:
I.	Que	el	marco	jurídico	bajo	el	cual	se	regula	el	funcionamiento	de	las	instituciones	supervisoras	del	sistema	financiero	actualmente	se	encuentra	establecido	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	628	del	22	de	noviembre	de	1990,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	278,	Tomo	309,	del	10	de	diciembre	de	1990;	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Valores,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	806,	del	11	de	septiembre	de	1996,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	186,	Tomo	333,	del	4	de	octubre	de	1996;	y	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	926,	de	fecha	19	de	diciembre	de	1996,	publicada	en	el	Diario	Oficial	No.	243,	Tomo	333,	del	23	de	diciembre	de	1996; II.	Que	el	artículo	101	de	la	Constitución	determina	que	el	Estado	deberá	promover	el	desarrollo	económico	del	país	y	que	para	lograrlo,	es	condición	necesaria	la	estabilidad	macroeconómica	y	la	adecuada	promoción	y	canalización	del	ahorro	interno	e	inversión	a	través	del	sistema	financiero,	tal	como	lo	demuestran	la	experiencia	nacional	e	internacional; III.	Que	el	funcionamiento	transparente,	eficiente	y	ordenado	de	los	mercados	financieros	permite	una	adecuada	asignación	de	los	recursos	canalizados	a	través	del	sistema	financiero	y	requiere	de	las	instituciones	y	entidades	que	lo	integran,	el	cumplimiento	de	regulaciones	prudenciales	y	de	buenas	prácticas	de	gestión	de	riesgo	y	gobierno	corporativo,	el	adecuado	manejo	de	potenciales	conflictos	de	interés,	la	divulgación	de	información	relevante	y	la	existencia	de	controles	para	evitar	el	uso	indebido	de	información	privilegiada; IV.	Que	la	coyuntura	que	atraviesan	los	mercados	financieros	internacionales	y	el	impacto	respectivo	en	el	sector	real	de	las	economías	a	nivel	mundial	han	reafirmado	la	necesidad	de	contar	con	sistemas	efectivos	de	supervisión	y	regulación	financiera; V.	Que	el	sistema	financiero	local	y	los	sistemas	financieros	regionales,	al	igual	que	el	resto	del	mundo,	atienden	la	demanda	de	financiamiento	mediante	la	prestación	conjunta	de	una	amplia	gama	de	servicios	en	sus	distintas	modalidades	de	intermediación	de	fondos	del	público,	a	través	de	entidades	que	prestan	tales	servicios	en	varias	plazas	o	conformando	conglomerados	financieros	integrados	por	distintos	tipos	de	entidades,	haciendo	necesario	contar	con	un	nuevo	marco	institucional	de	supervisión	y	regulación	que	guarde	armonía	con	esa	realidad,	que	propicie	el	cumplimiento	de	los	más	altos	estándares	en	materia	de	servicios	financieros	y	facilite	el	ejercicio	de	una	efectiva	supervisión	consolidada	que	permita	una	adecuada	gestión	de	los	riesgos	a	los	que	el	sistema	financiero	está	expuesto; VI.	Que	para	la	consecución	del	bienestar	social	es	de	interés	del	Estado	velar	por	un	sistema	financiero	sólido	y	estable	y	por	los	recursos	patrimoniales	de	depositantes,	asegurados,	inversionistas,	pensionados	6
y	cotizantes,	siendo	necesario	para	ello	que	la	autoridad	administrativa	a	cargo	de	la	supervisión	financiera	cuente	con	los	instrumentos	y	mecanismos	que	le	permitan	detectar	circunstancias	y	evaluar	factores	de	índole	micro	y	macroeconómico,	que	puedan	afectar	la	viabilidad	de	los	intermediarios	financieros;	así	como	dictar	oportunamente	las	medidas	correctivas	necesarias	que	minimicen	los	costos	sociales	asociados	a	dificultades	financieras,	prevaleciendo	en	estos	casos	el	interés	social;	y VII.	Que	para	todo	lo	anterior,	resulta	necesario	fortalecer	la	organización	del	Estado	adecuando	sus	instituciones	a	la	realidad	económica	con	relación	a	la	supervisión	y	regulación	del	sistema	financiero,	integrando	en	una	sola	institución	toda	la	supervisión,	aprovechando	así	la	experiencia	técnica	y	de	gestión	recogida	en	los	distintos	organismos	de	supervisión	que	se	han	encargado	de	tal	actividad	en	cada	uno	de	los	distintos	segmentos	del	sistema	financiero,	y	coordinarla	con	la	experiencia	de	naturaleza	macroeconómica	y	financiera	del	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador	en	la	estabilidad	y	desarrollo	del	sistema	financiero.
en	uso	de	sus	facultades	constitucionales	y	a	iniciativa	del	Presidente	de	la	República,	por	medio	del	Ministro	de	Economía.
TÍTULO UNO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO ÚNICO ASPECTOS FUNDAMENTALES Composición del Sistema
Art.	1.-	El	Sistema	de	Supervisión	y	Regulación	Financiera	está	constituido	por	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	en	adelante	denominada	“Superintendencia”,	y	por	el	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador,	en	adelante	denominado	“Banco	Central”.	La	supervisión	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	demás	supervisados	de	conformidad	a	esta	Ley	es	responsabilidad	de	la	Superintendencia;	la	aprobación	del	Marco	Normativo	Macro	Prudencial	necesario	para	la	adecuada	aplicación	de	ésta	y	las	demás	leyes	que	regulan	a	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
los	integrantes	del	sistema	financiero	y	demás	supervisados,	le	corresponde	al	Banco	Central.	La	ejecución	y	aplicación	de	la	presente	Ley	se	realizará	por	la	Superintendencia	y	el	Banco	Central	dentro	de	sus	respectivos	ámbitos	de	competencia. Créase	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	como	una	Institución	de	derecho	público,	integrada	al	Banco	Central,	con	personalidad	jurídica	y	patrimonio	propio,	de	duración	indefinida,	con	autonomía	administrativa	y	presupuestaria	para	el	ejercicio	de	las	atribuciones	y	deberes	que	estipula	la	presente	Ley	y	otras	leyes	vigentes,	con	domicilio	principal	en	la	ciudad	de	San	Salvador,	pudiendo	establecer	oficinas	en	otras	ciudades	del	país,	teniendo	competencia	en	todo	el	territorio	de	la	República. El	patrimonio	de	la	Superintendencia	estará	constituido	por: a)	Los	bienes	muebles	e	inmuebles	que,	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	esta	Ley,	hubiesen	sido	propiedad	de	las	Superintendencias	del	Sistema	Financiero,	de	Valores	y	de	Pensiones	cuyas	respectivas	leyes	orgánicas	se	derogan	en	razón	de	la	presente	Ley; b)	Los	bienes	muebles	o	inmuebles	que	adquiera	o	le	sean	otorgados	a	cualquier	título	para	el	desarrollo	de	sus	funciones; c)	Los	ingresos	que	adquiera	o	le	sean	otorgados	a	cualquier	título	por	personas,	entidades,	instituciones	u	organismos	nacionales	o	extranjeros; d)	Otros	ingresos	o	bienes	que	legalmente	pueda	obtener. El	Banco	Central,	por	su	parte,	se	seguirá	rigiendo	por	su	Ley	Orgánica,	por	las	disposiciones	de	la	presente	Ley	y	por	lo	dispuesto	en	otras	leyes	que	le	sean	aplicables.
Art.	2.-	El	Sistema	de	Supervisión	y	Regulación	Financiera	tiene	por	objeto	preservar	la	estabilidad	del	sistema	financiero	y	velar	por	la	eficiencia	y	transparencia	del	mismo,	así	como	velar	por	la	seguridad	y	solidez	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	de	acuerdo	a	lo	que	establece	esta	Ley,	otras	leyes	aplicables,	los	reglamentos	y	las	normas	técnicas	que	al	efecto	se	dicten,	todo	en	concordancia	con	las	mejores	prácticas	internacionales	sobre	la	materia. El	buen	funcionamiento	del	Sistema	de	Supervisión	y	Regulación	Financiera	requiere	por	parte	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	demás	supervisados,	el	cumplimiento	de	las	regulaciones	vigentes	y	la	adopción	de	los	más	altos	estándares	de	conducta	en	el	desarrollo	de	sus	negocios,	actos	y	operaciones,	de	conformidad	a	lo	establecido	en	esta	Ley,	en	las	demás	leyes	aplicables,	en	los	reglamentos	y	en	las	normas	técnicas	que	se	dicten	para	tal	efecto.
TÍTULO II DE LA SUPERVISIÓN
CAPÍTULO I SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO De la Superintendencia
Art.	3.-	La	Superintendencia	es	responsable	de	supervisar	la	actividad	individual	y	consolidada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	demás	personas,	operaciones	o	entidades	que	mandan	las	leyes.	Para	el	ejercicio	de	tales	atribuciones	contará	con	independencia	operativa,	procesos	transparentes	y	recursos	adecuados	para	el	desempeño	de	sus	funciones. Al	efecto	compete	a	la	Superintendencia: a)	Cumplir	y	hacer	cumplir,	en	el	ámbito	de	su	competencia,	las	leyes,	reglamentos,	normas	técnicas	y	demás	disposiciones	aplicables	a	los	supervisados.	Asimismo,	emitir	y	hacer	cumplir	las	instrucciones	necesarias	para	la	aplicación	de	las	leyes	y	normas	que	rigen	a	los	mismos; b)	Autorizar	la	constitución,	funcionamiento,	inicio	de	operaciones,	suspensión	de	operaciones,	modificación,	revocatoria	de	autorización,	cierre	y	otros	actos	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	de	conformidad	a	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	o	normativas	técnicas	establecidas	al	respecto.	En	el	caso	del	cierre,	coordinará	las	acciones	que	establezcan	las	leyes	con	otras	instituciones	involucradas; c)	Monitorear	preventivamente	los	riesgos	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	la	forma	en	que	éstos	los	gestionan,	velando	por	el	prudente	mantenimiento	de	su	solvencia	y	liquidez; d)	Propiciar	el	funcionamiento	eficiente,	transparente	y	ordenado	del	sistema	financiero; e)	Vigilar	que	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	supervisados	realicen,	según	corresponda,	sus	negocios,	actos	y	operaciones	de	acuerdo	a	las	mejores	prácticas	financieras,	para	evitar	el	uso	indebido	de	información	privilegiada	y	la	manipulación	del	mercado; f)	Cooperar	con	las	instituciones	responsables	de	la	protección	de	los	derechos	del	consumidor	y	de	la	competencia,	así	como	con	las	instituciones	encargadas	de	garantizar	los	depósitos	del	público	y	la	prevención	de	delitos	financieros,	de	conformidad	a	lo	que	prescriban	las	leyes; g)	Acordar	la	intervención	de	algún	integrante	del	sistema	financiero	en	cuyas	leyes	aplicables	estuviere	contemplada	tal	medida,	salvo	en	el	caso	de	las	entidades	del	mercado	de	valores	para	las	cuales	la	intervención	se	regula	en	el	artículo	75	de	esta	Ley;
h)	Autorizar	las	inscripciones,	los	asientos	registrales,	las	modificaciones	y	cancelaciones	a	los	mismos,	de	las	personas,	instituciones	y	operaciones	que	estuvieren	sujetos	a	dicho	requisito,	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	materia; i)	Requerir	que	las	entidades	e	instituciones	supervisadas	sean	gestionadas	y	controladas	de	acuerdo	a	las	mejores	prácticas	internacionales	referidas	a	la	gestión	de	riesgos	y	de	buen	gobierno	corporativo,	según	las	normas	técnicas	que	se	emitan; j)	Requerir	la	colaboración	de	otras	Instituciones	del	Estado	para	la	realización	de	sus	atribuciones;	asimismo,	atender	dentro	de	su	capacidad	técnica	y	atribuciones	legales,	las	peticiones	que	estas	últimas	le	realicen	en	el	marco	de	sus	respectivas	competencias,	a	efecto	de	apoyar	el	desarrollo	de	sus	correspondientes	labores;	y k)	Ejercer	las	demás	funciones	que	le	corresponden	de	acuerdo	a	las	leyes. La	Superintendencia	podrá	aplicar	y	exigir	el	cumplimiento	de	medidas	preventivas	y	correctivas.	Asimismo,	cuando	hubiere	lugar,	impondrá	las	sanciones	que	legalmente	correspondan	a	los	supervisados	que	resultaren	responsables	en	los	actos,	hechos	u	omisiones	que	dieren	lugar	a	las	mismas. Para	efectos	de	esta	Ley,	el	término	“supervisar”	incluye:	vigilar,	fiscalizar,	evaluar,	inspeccionar	y	controlar;	en	tanto	que	dentro	del	término	“operaciones”,	se	entenderán	comprendidos	todos	aquellos	patrimonios	adscritos	a	un	fin	determinado,	como	es	el	caso	de	los	Fondos	de	Titularización,	Fondos	de	Pensiones	y	otros	que	señalen	las	leyes.
Art.	4.-	La	Superintendencia	tendrá	las	facultades	siguientes: a)	Emitir	las	resoluciones	pertinentes	para	los	supervisados,	dentro	de	las	facultades	que	le	confieren	las	leyes; b)	Definir	las	políticas	y	criterios	bajo	los	cuales	se	efectuará	la	supervisión; c)	Efectuar	la	supervisión	individual	y	consolidada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	así	como	la	supervisión	de	los	demás	sujetos	regulados	por	esta	Ley; d)	Autorizar	la	promoción	pública,	constitución,	funcionamiento	e	inicio	de	operaciones,	modificación	de	los	pactos	sociales	y	de	los	estatutos	en	su	caso	y	fusión	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	las	leyes	especiales	de	la	materia; e)	Autorizar	a	las	instituciones	o	entidades	constituidas	con	arreglo	a	leyes	extranjeras	que	se	propongan	operar	como	bancos	o	sociedades	de	seguros,	para	establecer	sucursales	y,	tratándose	de	bancos,	para	establecer	oficinas	o	para	servir	como	centros	de	información	de	sus	clientes,	o	bien	colocar	fondos	en	el	país	en	créditos	o	inversiones,	sin	realizar	operaciones	pasivas	y	autorizar	el	cierre	de	las	mismas; 10
f)	Conocer	las	políticas	internas	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	en	materia	de	gestión	de	riesgos,	códigos	de	conducta	y	otro	tipo	de	requisitos	que	les	son	exigidos,	en	particular,	los	referidos	en	los	literales	c)	y	d)	del	artículo	35	de	esta	Ley,	pudiendo	solicitar	explicaciones	y	ampliaciones	cuando	lo	considere	pertinente,	en	atención	a	las	mejores	prácticas	internacionales; g)	Requerir	a	los	supervisados,	mediante	resolución	fundada	y	razonada,	la	aplicación	de	medidas	preventivas	y	correctivas,	consideradas	en	esta	Ley	o	en	las	leyes	específicas	que	les	rigen,	o	una	combinación	de	estas	medidas,	según	el	caso	de	que	se	trate; h)	Autorizar	la	suspensión	de	operaciones,	revocatoria	de	autorización	para	operar	y	el	cierre	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	cuando	legalmente	corresponda.	En	este	último	caso,	coordinará	las	acciones	que	establecen	las	leyes	con	otras	instituciones	involucradas; i)	Imponer	las	sanciones	correspondientes	de	conformidad	a	las	leyes; j)	Informar	a	la	Fiscalía	General	de	la	República	de	cualquier	hecho	que	presuntamente	sea	constitutivo	de	delito,	sobre	el	cual	tenga	conocimiento	en	el	ejercicio	de	sus	funciones; k)	Vigilar	la	liquidación	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	de	conformidad	a	lo	que	las	leyes	específicas	determinen; l)	Supervisar	las	operaciones	bancarias	del	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador	realizadas	en	el	sistema	financiero,	así	como	también,	la	administración	de	las	reservas	de	liquidez	y	sus	propias	reservas;	además	auditará	los	procesos	de	administración	y	custodia	de	especies	monetarias	que	realiza	el	Banco	Central;	y,	certificará	los	Estados	Financieros	cuando	se	estime	que	razonablemente	representen	la	situación	financiera	del	Banco	Central; m)	Ordenar	la	suspensión	de	operaciones	a	personas	naturales	o	jurídicas	que	sin	la	autorización	correspondiente,	realicen	actividades	propias	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	o	que	requieran	una	autorización	específica	para	ser	efectuadas; n)	Cooperar,	coordinar	e	intercambiar	información	con	otros	organismos	de	supervisión	que	cumplan	funciones	de	similar	naturaleza	en	otras	jurisdicciones,	con	el	objeto	de	facilitar	el	cumplimiento	de	las	funciones	encomendadas	de	acuerdo	a	las	leyes	y	reglamentos	aplicables,	pudiendo	al	efecto	celebrar	convenios	de	cooperación	e	intercambio	de	información	con	dichos	organismos; o)	Publicar	información	sobre	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	de	los	diferentes	mercados	financieros;	p)	Ejercer	todas	las	demás	actividades	de	supervisión	y	otras	facultades	que	le	corresponden	a	la	Superintendencia,	de	conformidad	a	las	leyes	específicas	aplicables	a	los	supervisados,	en	lo	que	no	contradigan	a	la	presente	Ley;	y
q)	Establecer	las	tarifas	de	los	registros	que	lleve	la	Superintendencia. Art.	5.-	Con	respecto	al	Mercado	de	Valores,	adicionalmente	a	lo	indicado	en	los	artículos	anteriores,	le	compete	a	la	Superintendencia: a)	Autorizar,	suspender	o	cancelar	la	oferta	pública	de	valores	y	el	funcionamiento	de	personas	u	operaciones	que	se	realicen	en	el	mercado	bursátil,	de	conformidad	a	lo	establecido	en	las	disposiciones	aplicables; b)	Autorizar,	modificar,	suspender	o	cancelar	el	asiento	en	el	Registro	Público	Bursátil	de	valores	de	oferta	pública,	emisores,	casas	de	corredores	de	bolsa,	agentes	corredores	de	bolsa,	bolsas	de	valores,	auditores	externos,	sociedades	clasificadoras	de	riesgo,	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	titularizadoras,	agentes	especializados	en	valuación	de	valores,	administradores	de	las	entidades	sujetas	a	registro	y	otros	que	señalen	las	leyes. c)	Ordenar	la	suspensión	de	cotizaciones	de	valores	cuando	en	el	mercado	existan	condiciones	desordenadas	o	se	efectúen	operaciones	no	conformes	a	sanos	usos	o	prácticas; d)	Ordenar	la	suspensión	de	la	propaganda	o	la	información	publicitaria	de	las	personas	jurídicas	que	realicen	oferta	pública	de	valores	y	de	las	personas	que	realicen	intermediación	de	éstos,	cuando	contengan	características	diferentes	a	la	emisión	de	valores	asentada	por	la	Superintendencia,	o	cuando	se	compruebe	que,	de	acuerdo	con	la	ley,	la	propaganda	o	información	publicitaria	es	engañosa	o	que	contiene	datos	que	no	son	verídicos,	sin	perjuicio	de	aplicar	las	sanciones	correspondientes; e)	Supervisar	las	ofertas	públicas	de	adquisición	de	valores	inscritos	en	el	Registro	Público	Bursátil	y	requerir	a	los	oferentes	la	revelación	de	información	que	considere	necesaria	para	que	se	practiquen	con	la	debida	información	y	transparencia,	a	efecto	de	velar	por	los	intereses	del	público	inversionista;	y f)	Promover	una	autorregulación	efectiva	en	el	mercado	de	valores	dentro	del	marco	legal	vigente. Art.	6.-	Con	respecto	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	al	Sistema	de	Pensiones	Público	y	otros	sistemas	previsionales,	adicionalmente	a	lo	indicado	en	los	artículos	anteriores,	le	compete	a	la	Superintendencia: a)	Supervisar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	aplicables	y	el	funcionamiento	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	del	Sistema	de	Pensiones	Público,	particularmente	del	Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social,	en	adelante	denominado	“ISSS”,	del	Instituto	Nacional	de	Pensiones	de	los	Empleados	Públicos,	en	adelante	referido	como	“INPEP”,	de	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones;	asimismo	supervisará	al	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada,	en	adelante	denominado	“IPSFA”	y	el	régimen	de	riesgos	profesionales	del	ISSS	; b)	Supervisar	las	inversiones	efectuadas	con	los	recursos	de	los	fondos	de	pensiones	y	la	estructura	de	la	cartera	de	inversiones; 12
c)	Acceder	en	tiempo	real	a	la	información	de	las	Instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	referente	a	las	operaciones	efectuadas	con	recursos	del	fondo	de	pensiones; d)	Designar	y	remover	a	los	miembros	de	la	Comisión	Calificadora	de	Invalidez,	regulada	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; e)	Supervisar	la	constitución,	mantenimiento,	operación	y	aplicación	de	las	garantías	de	rentabilidad	mínima,	reserva	de	fluctuación	de	rentabilidad,	aporte	especial	de	garantía,	capital	social	y	patrimonio	establecido	en	la	ley	correspondiente	para	las	Instituciones	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones; f)	Establecer,	de	conformidad	con	la	ley,	las	cláusulas	de	los	contratos	de	afiliación	y	de	traspaso	entre	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones	y	sus	afiliados	y	determinar	los	requisitos	mínimos	de	los	contratos	de	seguros	relacionados	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	así	como	los	mecanismos	de	licitación	para	contratarlos,	supervisando	su	operación	y	cumplimiento; g)	Efectuar	estudios	técnicos	que	favorezcan	el	desarrollo	y	el	fortalecimiento	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; h)	Supervisar	el	proceso	de	otorgamiento	de	las	prestaciones	establecidas	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	en	las	leyes	del	ISSS,	del	INPEP,	del	IPSFA	y	en	sus	reglamentos; i)	Supervisar	los	procesos	de	estimación	y	gestión	de	los	títulos	previsionales; j)	Supervisar	los	procesos	de	gestión	de	recursos	financieros	por	parte	de	las	instituciones	correspondientes	del	Sistema	de	Pensiones	Público,	definido	así	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	ante	la	institución	o	entidad	legalmente	responsable; k)	Supervisar	la	adquisición	y	enajenación	de	aquellos	bienes	muebles	e	inmuebles	del	ISSS	y	del	INPEP,	en	lo	relativo	al	Sistema	de	Pensiones	Público	así	como	los	del	IPSFA	;	y l)	Coordinar	y	supervisar	los	mecanismos	de	tratamiento	a	la	cartera	de	préstamos	personales	e	hipotecarios	del	INPEP,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones.
Art.	7.-	Están	sujetos	a	las	disposiciones	de	esta	Ley	y	por	lo	tanto	a	la	supervisión	de	la	Superintendencia: a)	El	Banco	Central	de	Reserva	en	lo	relativo	a	lo	establecido	en	el	literal	l)	del	artículo	4	de	esta	Ley; b)	Los	bancos	constituidos	en	El	Salvador,	sus	oficinas	en	el	extranjero	y	sus	subsidiarias;	las	sucursales	y	oficinas	de	bancos	extranjeros	establecidos	en	el	país;	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
c)	Las	sociedades	que	de	conformidad	con	la	ley,	integran	los	conglomerados	financieros,	o	que	la	Superintendencia	declare	como	tales,	lo	que	incluye	tanto	a	sus	sociedades	controladoras	como	a	sus	sociedades	miembros; d)	Las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones; e)	Las	sociedades	de	seguros,	sus	sucursales	en	el	extranjero	y	las	sucursales	de	sociedades	de	seguros	extranjeras	establecidas	en	el	país; f)	Las	bolsas	de	valores,	las	casas	de	corredores	de	bolsa,	las	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	las	clasificadoras	de	riesgo,	las	instituciones	que	presten	servicios	de	carácter	auxiliar	al	mercado	bursátil,	los	agentes	especializados	en	valuación	de	valores	y	los	almacenes	generales	de	depósito; g)	Los	bancos	cooperativos,	las	sociedades	de	ahorro	y	crédito	y	las	federaciones	reguladas	por	la	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	Sociedades	de	Ahorro	y	Crédito; h)	Las	sociedades	de	garantía	recíproca	y	sus	reafianzadoras	locales; i)	Las	sociedades	que	ofrecen	servicios	complementarios	a	los	servicios	financieros	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	en	particular	aquéllas	en	los	que	participen	como	inversionistas; j)	Las	sociedades	administradoras	u	operadoras	de	sistemas	de	pagos	y	de	liquidación	de	valores; k)	El	Fondo	Social	para	la	Vivienda	y	el	Fondo	Nacional	de	Vivienda	Popular; l)	El	INPEP	y	el	ISSS,	éste	último	en	lo	relativo	al	Sistema	de	Pensiones	Público,	al	Régimen	de	Riesgos	Profesionales	y	reservas	técnicas	de	salud; m)	El	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada; n)	El	Banco	de	Fomento	Agropecuario,	el	Banco	Hipotecario	de	El	Salvador,	S.A.,	y	el	Banco	Multisectorial	de	Inversiones; o)	La	Corporación	Salvadoreña	de	Inversiones; p)	Las	casas	de	cambio	de	moneda	extranjera; q)	Las	titularizadoras; r)	El	Instituto	de	Garantía	de	Depósitos	y	el	Fondo	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	Financiero	en	todo	lo	concerniente	a	sus	leyes	y	reglamentos; s)	Las	bolsas	de	productos	y	servicios;	y 14
t)	Las	demás	entidades,	instituciones	y	operaciones	que	señalen	las	leyes. Cuando	se	haga	referencia	al	sistema	financiero	o	a	los	integrantes	del	sistema	financiero	deberá	entenderse	que	son	los	mencionados	en	los	literales	anteriores. Además	están	sujetas	a	la	supervisión	de	la	Superintendencia	las	operaciones	realizadas	por	las	entidades	e	instituciones	antes	indicadas,	así	como	los	miembros	de	los	órganos	de	administración,	los	representantes	legales,	mandatarios,	funcionarios,	directores,	gerentes,	los	auditores	internos	y	demás	personal	de	los	integrantes	del	sistema	financiero.	También	serán	supervisados,	sean	éstos	personas	naturales	o	jurídicas,	los	auditores	externos,	las	sociedades	especializadas	en	la	prestación	de	servicios	de	información	de	créditos	que	operen	en	El	Salvador,	los	intermediarios	de	seguros,	los	agentes	corredores	de	bolsa,	los	agentes	de	bolsa,	los	puestos	de	bolsas,	y	los	licenciatarios	a	que	se	refiere	la	Ley	de	Bolsas	de	Productos	y	Servicios,	los	agentes	de	servicios	previsionales,	los	peritos,	los	actuarios,	los	interventores,	los	liquidadores	y	demás	profesionales	liberales,	específicamente	en	lo	relativo	al	desempeño	de	sus	funciones	y	prestación	de	servicios	en	los	integrantes	del	sistema	financiero. Asimismo,	están	sujetos	a	la	supervisión	de	la	Superintendencia	los	emisores	de	valores	de	oferta	pública,	con	especial	énfasis	en	lo	referente	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	que	les	imponen	las	leyes,	reglamentos	y	normas	técnicas	bursátiles. Cuando	en	el	texto	de	esta	Ley	se	haga	referencia	a	los	supervisados	o	supervisadas,	deberá	entenderse	que	son	los	mencionados	en	este	artículo.
Conformación de la Superintendencia
Art.	8.-	La	Superintendencia	para	el	ejercicio	de	su	competencia,	atribuciones	y	facultades	está	integrada	por	un	Consejo	Directivo,	por	el	Superintendente	del	Sistema	Financiero,	por	los	Superintendentes	Adjuntos	y	por	los	funcionarios	y	empleados	que	la	institución	requiera. En	el	texto	de	esta	Ley,	el	Consejo	Directivo	y	el	Superintendente	del	Sistema	Financiero,	se	denominarán	respectivamente,	“el	Consejo”	y	“el	Superintendente”.	Asimismo,	cuando	en	el	texto	de	esta	Ley	se	aluda	a	la	expresión	“funcionarios	de	la	Superintendencia”,	se	entenderá	que	se	refiere	a	las	personas	que	desempeñen	cargos	de	dirección	y	mando	dentro	de	las	diferentes	unidades	técnicas	y	administrativas	establecidas	dentro	de	la	estructura	organizativa	de	la	Superintendencia.
CAPÍTULO II Del Consejo Directivo Conformación
Art-9.-	El	Consejo	será	la	máxima	autoridad	de	la	Superintendencia	y	es	el	responsable	del	ejercicio	de	las	competencias,	atribuciones	y	facultades	que	esta	Ley	le	encomienda.	El	Consejo	estará	integrado	en	la	forma	siguiente:
a)	El	Superintendente	nombrado	de	conformidad	a	lo	establecido	en	la	presente	Ley,	quien	presidirá	el	Consejo; b)	Los	Superintendentes	Adjuntos	nombrados	de	conformidad	al	procedimiento	establecido	en	esta	Ley; c)	Un	Director	nombrado	por	el	Consejo	de	Ministros	de	terna	propuesta	por	el	Ministerio	de	Economía; d)	Un	Director	nombrado	por	el	Consejo	de	Ministros	de	terna	propuesta	por	el	Ministerio	de	Hacienda; e)	Un	Director	nombrado	por	el	Presidente	de	la	República	de	una	terna	propuesta	por	el	Colegio	de	Profesionales	de	Ciencias	Económicas;	y f)	Un	Director	nombrado	por	el	Presidente	de	la	República	de	una	terna	propuesta	por	el	Consejo	de	Vigilancia	de	la	Profesión	de	la	Contaduría	Pública	y	Auditoría. Los	miembros	del	Consejo	durarán	en	sus	funciones	cinco	años.	Los	y	las	funcionarias	podrán	ser	reelectos	una	vez	por	un	periodo	igual. Por	cada	uno	de	los	directores	a	que	se	refieren	los	literales	c,	d,	e	y	f	de	este	artículo,	habrá	un	director	suplente	quienes	podrán	asistir	a	las	sesiones	con	voz	pero	sin	voto.	Serán	nombrados	de	la	misma	manera	que	los	propietarios	a	quienes	remplazarán	como	miembros	del	Consejo	en	caso	de	ausencia. Las	ternas	a	las	que	se	refieren	los	literales	c,	d,	e	y	f	deberán	ser	propuestos	con	treinta	días	de	anticipación	a	la	finalización	del	periodo	del	Director	a	nombrarse.	Si	no	se	hubieren	propuesto	las	ternas	en	el	periodo	mencionado,	el	superintendente	procederá	a	proponerlas. En	caso	de	muerte,	renuncia,	ausencia	definitiva	o	impedimento	definitivo	de	cualquiera	de	los	miembros	del	Consejo	a	excepción	del	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos,	se	procederá	a	nombrar	al	sustituto,	para	terminar	el	periodo	de	su	antecesor,	de	acuerdo	al	procedimiento	establecido	en	este	artículo.
Art.	10.-	Los	miembros	del	Consejo	únicamente	podrán	ser	separados	de	su	cargo	por	decisión	adoptada	por	la	autoridad	que	los	nombró	y	con	expresión	de	causa.	Igual	procedimiento	se	observará	en	el	caso	de	remoción	del	Superintendente,	de	los	Superintendentes	Adjuntos	y	de	los	miembros	del	Comité	de	Apelaciones	del	Sistema	Financiero	regulado	en	esta	Ley.	Son	causales	de	remoción	las	siguientes: a)	Dejar	de	cumplir	los	requisitos	de	su	nombramiento;
b)	Incurrir	en	alguna	de	las	prohibiciones	establecidas	en	esta	Ley; c)	Incurrir	en	graves	y	manifiestos	incumplimientos	legales	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	o	no	actuar	de	forma	diligente	en	el	ejercicio	de	las	mismas; d)	Haber	sido	condenado	por	delito	doloso; e)	Haber	perdido	o	haber	sido	suspendido	en	sus	derechos	de	ciudadano; f)	Observar	conducta	inmoral	que	pueda	comprometer	la	seriedad	o	imparcialidad	del	ejercicio	de	su	cargo;	o g)	Ejercer	influencias	indebidas	prevaleciéndose	del	cargo. Cuando	por	cualquier	medio	la	autoridad	competente	tenga	conocimiento	de	una	causal	de	remoción,	comisionará	la	investigación	y	documentación	de	la	situación	en	un	plazo	no	mayor	de	diez	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	fecha	en	que	tuvo	conocimiento	de	dicha	causal.	Con	el	informativo,	oportunamente	emitirá	la	resolución	correspondiente,	desestimando	o	abriendo	el	procedimiento	de	remoción.	En	este	último	caso	se	le	notificará	la	resolución	al	funcionario	investigado,	quien,	en	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	notificación,	podrá	pronunciarse	al	respecto,	adjuntando	las	pruebas	que	estime	pertinentes.	La	resolución	deberá	emitirse	dentro	de	los	veinte	días	hábiles	a	contar	de	la	fecha	en	que	el	funcionario	investigado	se	hubiere	pronunciado,	o	si	no	se	pronunciare,	este	plazo	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	en	el	que	se	le	hubiere	notificado	la	resolución	correspondiente.	Asimismo,	la	autoridad	competente	en	cualquier	estado	del	procedimiento	podrá	de	forma	motivada	ordenar	la	suspensión	provisional	en	el	cargo	del	referido	funcionario,	medida	cautelar	que	podrá	ser	modificada	o	revocada	si	fuere	procedente. Igual	procedimiento	se	observará	en	los	casos	de	inhabilitación	en	lo	que	fuere	aplicable. Art.	11.-	Los	miembros	del	Consejo	deberán	ser	salvadoreños,	mayores	de	treinta	años	de	edad,	de	reconocida	honorabilidad,	probidad,	con	grado	universitario	y	notoria	competencia	en	las	materias	relacionadas	con	sus	facultades.	Además	deberán	poseer	por	lo	menos	cinco	años	de	experiencia	en	materias	económicas	y	financieras. Los	miembros	del	Consejo,	previo	a	asumir	su	cargo,	deberán	rendir	una	declaración	jurada	respecto	de	la	no	existencia	de	conflicto	de	interés	para	el	ejercicio	del	cargo,	obligándose	a	ejercerlo	con	independencia	respecto	a	la	persona	o	entidad	que	lo	propuso,	de	igual	manera	respecto	al	cumplimiento	de	los	requisitos	que	la	ley	establece	para	el	cumplimento	del	cargo	y	de	no	concurrir	en	su	persona	causal	alguna	de	inhabilidad	para	el	nombramiento	y	ejercicio	del	mismo. Los	miembros	del	Consejo	deberán	guardar	estricta	confidencialidad	sobre	los	asuntos	tratados	y	los	documentos	que	en	razón	de	su	calidad	de	miembro	del	Consejo	les	sean	entregados;	tampoco	deberán	utilizar	ni	aprovechar	tal	información	para	fines	personales,	a	favor	de	terceros	o	en	detrimento	de	las	funciones	y	decisiones	de	la	Superintendencia	o	del	Estado,	en	cuyo	caso	incurrirán	en	responsabilidad	por	los	daños	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
y	perjuicios	causados	sin	menoscabo	de	las	acciones	legales	o	administrativas	de	cualquier	naturaleza	que	correspondan. Los	miembros	del	Consejo,	al	asumir	y	al	finalizar	su	cargo,	deberá	cumplir	con	lo	que	establece	la	Ley	de	Enriquecimiento	Ilícito	de	Funcionarios	y	Empleados	Públicos.
Art.	12.-	Para	los	miembros	del	Consejo	será	incompatible	la	participación	en	la	administración	de	cualquiera	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	o	en	la	propiedad	directa	o	indirecta	del	capital	o	inversiones	de	cualquiera	de	las	personas	supervisadas	por	la	Superintendencia	así	como	la	participación	en	operaciones	supervisadas. Excepto	las	operaciones	que	realicen	como	usuarios,	los	miembros	del	Consejo	no	podrán	efectuar	ningún	tipo	de	negocio	con	los	integrantes	del	sistema	financiero	ni	con	otro	sujeto	u	operación	supervisado	por	la	Superintendencia,	situación	que	se	hará	extensiva	a	sus	cónyuges	e	hijos;	tampoco	podrán	contraer	obligaciones	con	ellos	actuando	en	calidad	de	representantes	legales	de	personas	jurídicas. Los	miembros	del	Consejo,	sus	respectivos	cónyuges,	hijos	menores	de	edad	o	hijos	dependientes	económicamente	deberán	informar	al	Consejo	sobre	las	deudas	y	obligaciones	que	contraigan	o	hayan	contraído	con	los	integrantes	del	sistema	financiero.	Igual	información	será	requerida	en	caso	de	prórroga,	refinanciamiento	o	cualquier	modificación	a	los	términos	del	contrato	que	documenta	la	obligación	original. El	cargo	de	Superintendente	y	Superintendente	Adjunto	será	incompatible	con	la	prestación	de	servicios	remunerados	con	fondos	públicos	o	por	entidades	en	que	el	Estado	tenga	participación,	excepto	las	labores	docentes	y	académicas.
Art.	13.-	Son	inhábiles	para	el	cargo	de	miembro	del	Consejo: a)	Los	que	fueren	legalmente	incapaces; b)	Los	funcionarios	que	menciona	el	artículo	236	de	la	Constitución; c)	El	cónyuge	o	los	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	del	Presidente	o	Vicepresidente	de	la	República	o	de	los	miembros	del	Consejo	de	Ministros; d)	El	cónyuge	o	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	del	Presidente,	Vicepresidente	del	Banco	Central	o	de	cualquier	otro	miembro	de	su	Consejo	Directivo;
e)	El	cónyuge	o	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	de	alguno	de	los	miembros	del	Consejo	y	los	socios	de	éstos	en	cualquier	tipo	de	sociedades; f)	Los	Directores,	funcionarios,	gerentes,	administradores,	empleados,	accionistas	o	asociados	de	las	entidades	o	instituciones	bajo	la	supervisión	de	la	Superintendencia,	así	como	el	cónyuge	o	parientes	de	aquéllos	dentro	del	segundo	grado	de	consanguinidad; g)	Los	deudores	del	sistema	financiero	por	créditos	a	los	que	se	les	haya	constituido	una	reserva	de	saneamiento	del	cincuenta	por	ciento	o	más	del	saldo.	Esta	inhabilidad	será	aplicable	también	a	aquéllos	que	sean	titulares	del	veinticinco	por	ciento	o	más	de	las	acciones	de	sociedades	que	se	encuentren	en	la	situación	antes	mencionada; h)	Los	que	se	encuentren	en	estado	de	quiebra,	suspensión	de	pagos	o	concurso	de	acreedores	o	quienes	hubieren	sido	calificados	judicialmente	como	responsables	de	una	quiebra	culposa	o	dolosa; i)	Los	que	hayan	sido	administradores	como	directores,	gerentes	o	funcionarios	de	un	integrante	del	sistema	financiero	en	el	que	se	demuestre	administrativamente	su	responsabilidad	para	que	dicho	integrante,	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	de	Privatización	de	los	Bancos	Comerciales	y	de	las	Asociaciones	de	Ahorro	y	Préstamo,	haya	incurrido	en	deficiencias	patrimoniales	del	veinte	por	ciento	o	más	del	mínimo	requerido	por	la	ley;	o	que	haya	recibido	aportes	del	Estado	o	del	Instituto	de	Garantía	de	Depósitos	para	su	saneamiento;	o	que	haya	sido	intervenido	por	el	organismo	competente,	reestructurado	o	se	le	haya	revocado	su	autorización	para	funcionar.	Cuando	se	trate	de	los	representantes	legales,	gerente	general,	director	ejecutivo	y	directores	con	cargos	ejecutivos	de	entidades	financieras,	se	presumirá	que	han	tenido	responsabilidad	de	cualquiera	de	las	circunstancias	antes	señaladas.	No	se	aplicará	la	presunción	anterior	a	aquellas	personas	que	hayan	cesado	en	sus	cargos	dos	años	antes	de	que	se	hubiere	presentado	tal	situación,	ni	a	quienes	participaron	en	el	saneamiento	de	entidades	o	instituciones	financieras,	de	conformidad	a	lo	prescrito	en	la	Ley	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	de	Bancos	Comerciales	y	Asociaciones	de	Ahorro	y	Préstamo,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	incurrieren	con	posterioridad	a	dicho	saneamiento; j)	Los	que	hayan	sido	condenados	en	sentencia	ejecutoriada	o	en	otras	resoluciones	de	similar	efecto,	en	el	país	o	en	el	extranjero,	por	haber	tenido	participación	en	actividades	relacionadas	con	el	secuestro,	crimen	organizado	y	delitos	tipificados	por	la	legislación	relativa	a	las	drogas,	así	como	con	el	terrorismo,	lavado	de	dinero	y	de	otros	activos; k)	Quienes	hayan	sido	condenados	en	sentencia	ejecutoriada	o	en	otras	resoluciones	de	similar	efecto,	en	el	país	o	en	el	extranjero,	por	haber	cometido	o	participado	dolosamente	en	la	comisión	de	cualquier	delito; l)	Quienes	hayan	sido	declarados	inhábiles	para	desempeñar	cargos	o	que	mediante	otra	denominación	de	similar	efecto	se	les	impidiera	desempeñar	cargos	en	el	sistema	financiero,	o	en	instituciones	supervisoras	y	reguladoras	en	el	país	o	en	el	extranjero;	o	que	hayan	sido	sancionados	administrativa	o	judicialmente	por	su	participación	en	infracción	grave	a	las	leyes	y	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
normas	de	carácter	financiero,	en	especial	la	captación	de	fondos	del	público	sin	autorización;	el	otorgamiento	o	recepción	de	préstamos	relacionados	en	exceso	del	límite	permitido	y	los	delitos	de	carácter	financiero,	ya	sea	que	las	declaraciones	de	inhabilidades	o	la	imposición	de	sanciones	hayan	sido	dictadas	en	el	país	o	en	el	extranjero; m)	Los	asesores,	los	apoderados	y	los	auditores	externos,	así	como	los	socios	o	accionistas	de	los	mismos,	de	cualquiera	de	las	entidades	o	instituciones	bajo	la	supervisión	de	la	Superintendencia;	y n)	Los	abogados	y	los	notarios	que	directa	o	indirectamente	estén	prestando	sus	servicios	profesionales	en	cualquiera	de	los	integrantes	del	sistema	financiero. Las	causales	contenidas	en	la	primera	parte	del	literal	g)	y	en	los	literales	h),	i),	j),	k)	y	l)	que	concurran	en	el	cónyuge	de	alguno	de	los	miembros	del	Consejo,	acarrearán	para	éste	su	inhabilidad.
Art.	14.-	Cuando	exista	o	sobrevenga	alguna	de	las	causales	de	inhabilidad	mencionadas	en	el	artículo	anterior,	caducará	la	gestión	de	cualquiera	de	los	miembros	del	Consejo	y	se	procederá	a	su	reemplazo	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	esta	Ley.	No	obstante,	los	actos	autorizados	con	anterioridad	a	que	la	inhabilidad	fuere	declarada	no	se	invalidarán	con	respecto	a	la	Superintendencia	ni	con	terceros. Corresponderá	a	la	autoridad	que	lo	nombró,	de	oficio	o	por	denuncia	de	cualquier	interesado,	en	forma	sumaria,	calificar	o	declarar	la	inhabilidad	de	cualquiera	de	los	miembros	del	Consejo.
Art.	15.	Son	facultades	del	Consejo: a)	Emitir	las	resoluciones	pertinentes	para	los	supervisados,	dentro	de	las	facultades	que	le	confieren	las	leyes; b)	Definir	las	políticas	y	criterios	bajo	las	cuales	se	efectuará	la	supervisión; c)	Autorizar	la	suspensión	de	operaciones,	revocatoria	de	autorización	y	cierre	de	los	integrantes	del	sistema	financiero.	En	el	caso	del	cierre,	coordinará	las	acciones	que	establezcan	las	leyes	con	otras	instituciones	involucradas; d)	Autorizar	la	promoción	pública,	constitución,	funcionamiento,	inicio	de	operaciones,	modificación	de	los	pactos	sociales	y	estatutos	en	su	caso,	fusión	y	otros	actos	de	similar	naturaleza	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	de	conformidad	a	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	o	normativas	técnicas	establecidas	al	respecto;
e)	Autorizar	a	las	instituciones	constituidas	con	arreglo	a	las	leyes	extranjeras	que	se	propongan	operar	como	bancos	o	sociedades	de	seguros,	para	establecer	sucursales	y,	tratándose	de	bancos,	para	establecer	oficinas	o	servir	como	centros	de	información	de	sus	clientes	o	bien	colocar	fondos	en	el	país	en	créditos	o	inversiones,	sin	realizar	operaciones	pasivas	y	autorizar	el	cierre	de	las	mismas; f)	Monitorear	preventivamente	los	riesgos	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	la	forma	en	que	éstos	los	gestionan,	velando	por	el	prudente	mantenimiento	de	su	solvencia	y	liquidez; g)	Requerir	de	los	supervisados	cuando	legalmente	corresponda,	la	presentación	y	el	cumplimiento	de	un	plan	de	regularización,	disponer	la	reestructuración,	solicitar	la	intervención	judicial,	disponer	sobre	la	suspensión	de	operaciones,	la	revocatoria	para	funcionar,	cierre	de	oficinas	y	la	liquidación	voluntaria	de	los	integrantes	del	sistema	financiero; h)	Acordar	la	intervención	de	algún	integrante	del	sistema	financiero	en	cuyas	leyes	aplicables	estuviere	contemplada	tal	medida,	salvo	en	el	caso	de	las	entidades	del	mercado	de	valores	para	las	cuales	la	intervención	se	regula	en	el	artículo	75	de	esta	Ley; i)	Requerir	a	los	supervisados,	mediante	resolución	fundada	y	razonada,	la	aplicación	de	medidas	preventivas	y	correctivas,	consideradas	en	esta	Ley	o	en	otras	de	similar	naturaleza	contenidas	en	las	leyes	específicas	que	les	rigen,	según	el	caso	de	que	se	trate,	excepto	aquellas	que	en	la	presente	Ley	se	atribuyen	al	Superintendente; j)	Designar	y	remover	a	los	miembros	de	la	Comisión	Calificadora	de	Invalidez,	regulada	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; k)	Establecer	las	tarifas	de	los	registros	que	lleve	la	Superintendencia; l)	Autorizar,	suspender	o	cancelar	la	oferta	pública	de	valores	y	el	funcionamiento	de	personas	u	operaciones	que	se	realicen	en	el	mercado	bursátil,	de	conformidad	a	lo	establecido	en	las	disposiciones	aplicables; m)	Autorizar,	modificar,	suspender	o	cancelar	los	asientos	registrales	en	los	registros	que	lleve	la	Superintendencia	de	las	personas,	instituciones	y	operaciones	que	estuvieren	Sujetos	a	dicho	requisito,	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	materia,	cuando	dichos	actos	no	sean	resultado	de	una	sanción;	n)	Ordenar	la	suspensión	de	operaciones	a	personas	naturales	o	jurídicas	que	sin	la	autorización	correspondiente,	realicen	actividades	propias	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	o	que	requieran	una	autorización	específica	para	ser	efectuadas; o)	Emitir	dentro	de	las	facultades	que	le	confiere	esta	Ley,	el	Reglamento	Interno,	el	Reglamento	de	Trabajo	y	demás	normas	necesarias	para	el	desarrollo	de	las	labores	de	la	Superintendencia;
p)	Definir	y	aprobar	la	estructura	organizativa	de	la	Superintendencia,	estableciendo	los	niveles	de	jerarquía,	responsabilidades,	atribuciones	y	funciones	que	permitan	un	desempeño	eficiente	para	el	logro	de	sus	objetivos; q)	Acordar	la	creación	o	supresión	de	unidades	asesoras,	técnicas,	operativas	y	administrativas,	así	como	de	oficinas; r)	Aprobar	el	proyecto	de	presupuesto	que	se	someterá	al	Consejo	de	Ministros	para	su	aprobación;	s)	De	forma	excepcional	y	con	la	previa	aprobación	de	la	autoridad	legal	que	corresponda,	declarar	como	confidencial	la	información	recabada	por	la	Superintendencia	respecto	de	los	integrantes	del	Sistema	Financiero	y	demás	supervisados	cuando	a	su	criterio	la	divulgación	o	publicación	de	la	misma	pueda	ocasionar	perjuicios	al	interés	público;	igual	facultad	tendrá	el	consejo	directivo	del	Banco	Central	de	Reserva;	t)	Crear	una	Unidad	contra	el	Lavado	de	Dinero	y	Activos;	y u)	Otras	facultades,	competencias	y	atribuciones	establecidas	en	ésta	o	en	otras	leyes	aplicables. Las	resoluciones	administrativas	relacionadas	con	las	facultades	establecidas	en	los	literales	c),	g),	h),	i)	y	n)	agotan	la	vía	administrativa.
Art.	16.-	Las	sesiones	del	Consejo	serán	convocadas	por	quien	lo	presida	y	se	efectuarán	al	menos	una	vez	al	mes.	El	Superintendente	podrá	proponer	la	realización	de	las	mismas	a	efecto	de	cumplir	con	su	mandato	establecido	en	la	presente	ley. Para	que	las	sesiones	del	Consejo	se	consideren	válidas	será	necesaria,	la	asistencia	de	la	mitad	más	uno	de	sus	miembros	con	derecho	a	voto,	incluyendo	al	Superintendente,	o	quien	ejerce	sus	funciones.	Las	resoluciones	deberán	ser	adoptadas	por	mayoría	simple.	En	caso	de	empate	el	Superintendente	tendrá	voto	de	calidad.	Los	miembros	suplentes	del	Consejo	podrán	asistir	a	las	sesiones	con	voz	pero	sin	voto.
Art.	17.-	Cuando	algún	miembro	del	Consejo	tuviere	interés	personal	en	cualquier	asunto	que	debe	discutirse	o	resolverse,	o	lo	tuvieren	su	cónyuge,	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad,	sus	socios	o	codirectores	en	cualquier	tipo	de	sociedad	o	empresa,	o	sus	mandatarios	o	abogados	estén	interviniendo	en	el	caso,	deberá	excusarse	de	conocer	de	un	determinado	asunto	con	expresión	motivada	de	causa,	debidamente	acreditada	y	por	escrito,	ante	el	Consejo.	22
La	excusa	deberá	hacerse	constar	en	el	acta	de	la	sesión	respectiva. Los	miembros	del	Consejo	que	tengan	conocimiento	de	algún	potencial	conflicto	de	interés	de	cualquiera	de	los	otros	miembros,	deberán	manifestarlo	a	fin	de	que	se	delibere	si	procede	o	no	el	retiro	del	miembro	de	la	sesión.	CAPÍTULO III DEL SUPERINTENDENTE Y DE LOS SUPERINTENDENTES ADJUNTOS
Art.	18.-	El	Superintendente	tendrá	a	su	cargo	la	ejecución	de	las	resoluciones	del	Consejo	y	la	dirección	superior	de	las	actividades	de	la	Superintendencia.	Será	nombrado	por	el	Presidente	de	la	República	para	un	período	de	cinco	años,	pudiendo	ser	reelecto	una	sola	vez.	El	Superintendente	ejercerá	su	cargo	a	tiempo	completo	y	no	podrá	desempeñar	ninguna	profesión	liberal	ni	prestar	servicios	profesionales,	con	excepción	de	las	labores	docentes	y	académicas. Corresponderá	al	Superintendente	o	a	quien	haga	sus	veces,	la	representación	legal,	judicial	y	extrajudicial	de	la	Superintendencia,	quién	a	su	vez	podrá	otorgar	los	poderes	administrativos	o	judiciales	que	sean	necesarios	para	el	normal	desarrollo	de	las	actividades	de	la	Superintendencia.	La	representación	legal,	judicial	y	laboral	de	la	Superintendencia	también	podrá	recaer	en	aquella	persona	que	nombre	el	Superintendente	o	quien	haga	sus	veces,	debiendo	conferirse	a	persona	con	facultades	para	ejercer	la	procuración	y	como	máximo	por	igual	período	al	de	la	autoridad	que	lo	nombre.	Esta	representación	no	tendrá	más	límites	que	los	consignados	en	el	acuerdo	respectivo.
Art.	19.-	Corresponde	al	Superintendente: a)	Dirigir	la	Superintendencia; b)	Ejecutar	los	acuerdos	y	resoluciones	del	Consejo; c)	Emitir	las	resoluciones	pertinentes	para	los	supervisados,	dentro	de	las	facultades	que	le	confieren	las	leyes; d)	Conocer	las	políticas	internas	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	en	materia	de	gestión	de	riesgos,	códigos	de	conducta	y	otro	tipo	de	requisitos	que	les	son	exigidos,	en	particular,	los	referidos	en	los	literales	c)	y	d)	del	artículo	35	de	esta	Ley,	pudiendo	solicitar	explicaciones	y	ampliaciones	cuando	lo	considere	pertinente,	en	atención	a	las	mejores	prácticas	internacionales; e)	Efectuar	la	supervisión	individual	y	consolidada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	así	como	la	supervisión	de	los	demás	sujetos	regulados	por	esta	Ley; f)	Comunicar	a	los	sujetos	supervisados	las	irregularidades	o	infracciones	que	notare	en	sus	operaciones;
g)	Imponer	las	sanciones	correspondientes	de	conformidad	a	las	leyes; h)	Informar	a	la	Fiscalía	General	de	la	República	de	cualquier	hecho	que	presuntamente	sea	constitutivo	de	delito,	sobre	el	cual	tenga	conocimiento	en	el	ejercicio	de	sus	funciones; i)	Vigilar	la	liquidación	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	de	conformidad	a	lo	que	las	leyes	específicas	determinen; j)	Ordenar	la	suspensión	de	cotizaciones	de	valores	cuando	en	el	mercado	existan	condiciones	desordenadas	o	se	efectúen	operaciones	no	conformes	a	sanos	usos	o	prácticas; k)	Ordenar	la	suspensión	de	la	propaganda	o	la	información	publicitaria	de	las	personas	jurídicas	que	realicen	oferta	pública	de	valores	y	de	las	personas	que	realicen	intermediación	de	éstos,	cuando	contengan	características	diferentes	a	la	emisión	de	valores	asentada	por	la	Superintendencia,	o	cuando	se	compruebe	que,	de	acuerdo	con	la	ley,	la	propaganda	o	información	publicitaria	es	engañosa	o	que	contiene	datos	que	no	son	verídicos,	sin	perjuicio	de	aplicar	las	sanciones	correspondientes; l)	Supervisar	las	ofertas	públicas	de	adquisición	de	valores	inscritos	en	el	Registro	Público	Bursátil	y	requerir	a	los	oferentes	la	revelación	de	información	que	considere	necesaria	para	que	se	practiquen	con	la	debida	información	y	transparencia,	a	efecto	de	velar	por	los	intereses	del	público	inversionista; m)	Supervisar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	aplicables	y	el	funcionamiento	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	del	Sistema	de	Pensiones	Público,	particularmente	del	Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social,	en	adelante	denominado	“ISSS”,	del	Instituto	Nacional	de	Pensiones	de	los	Empleados	Públicos,	en	adelante	referido	como	“INPEP”,	del	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada	y	de	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones;	asimismo	supervisará	el	régimen	de	riesgos	profesionales	del	ISSS; n)	Supervisar	las	inversiones	efectuadas	con	los	recursos	de	los	fondos	de	pensiones	y	la	estructura	de	la	cartera	de	inversiones; o)	Acceder	en	tiempo	real	a	la	información	de	las	Instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	referente	a	las	operaciones	efectuadas	con	recursos	del	fondo	de	pensiones; p)	Supervisar	la	constitución,	mantenimiento,	operación	y	aplicación	de	las	garantías	de	rentabilidad	mínima,	reserva	de	fluctuación	de	rentabilidad,	aporte	especial	de	garantía,	capital	social	y	patrimonio	establecido	en	la	ley	correspondiente	para	las	Instituciones	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones; q)	Establecer,	de	conformidad	con	la	ley,	las	cláusulas	de	los	contratos	de	afiliación	y	de	traspaso	entre	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones	y	sus	afiliados	y	determinar	los	24
requisitos	mínimos	de	los	contratos	de	seguros	relacionados	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	así	como	los	mecanismos	de	licitación	para	contratarlos,	supervisando	su	operación	y	cumplimiento; r)	Efectuar	estudios	técnicos	que	favorezcan	el	desarrollo	y	el	fortalecimiento	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; s)	Supervisar	los	procesos	de	gestión	de	recursos	financieros	por	parte	de	las	instituciones	correspondientes	del	Sistema	de	Pensiones	Público,	definido	así	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	ante	la	institución	o	entidad	legalmente	responsable; t)	Supervisar	la	adquisición	y	enajenación	de	aquellos	bienes	muebles	e	inmuebles	del	ISSS	y	del	INPEP,	en	lo	relativo	al	Sistema	de	Pensiones	Público	así	como	los	del	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada;	u)	Coordinar	y	supervisar	los	mecanismos	de	tratamiento	a	la	cartera	de	préstamos	personales	e	hipotecarios	del	INPEP,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones. v)	Presentar	al	Consejo	informes	sobre	los	resultados	de	la	supervisión	de	los	sujetos	supervisados. w)	Auditar	los	procesos	de	administración	y	custodia	de	especies	monetarias	que	realiza	el	Banco	Central	y	certificar	los	estados	financieros	del	referido	banco; x)	Cooperar,	coordinar	e	intercambiar	información	con	otros	organismos	de	supervisión	que	cumplan	funciones	de	similar	naturaleza	en	otras	jurisdicciones,	con	el	objeto	de	facilitar	las	actividades	de	supervisión	individual	y	consolidada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	pudiendo	al	efecto	celebrar	convenios	de	cooperación	e	intercambio	de	información	con	dichos	organismos; y)	Presentar	al	Consejo	el	proyecto	de	Presupuesto	Anual	y	Régimen	de	Salarios	de	la	Superintendencia	así	como	sus	modificaciones,	para	su	aprobación;	y z)	Ejercer	las	demás	funciones	de	vigilancia,	inspección	y	fiscalización	que	le	correspondan	de	acuerdo	con	las	leyes	y	demás	disposiciones	aplicables. Art.	20.-	Para	el	ejercicio	de	sus	funciones,	el	Superintendente	propondrá	al	Consejo	para	su	aprobación	la	estructura	organizativa	de	la	Superintendencia	estableciendo	los	niveles	de	jerarquía,	responsabilidades,	atribuciones	y	funciones	que	permitan	un	desempeño	eficiente	de	la	institución	en	la	supervisión	relativa	a	los	riesgos,	conducta	de	mercado,	gestión	institucional	de	los	supervisados	y	en	otras	áreas,	velando	en	todo	caso	porque	la	supervisión	sea	de	carácter	especializado	en	razón	de	la	naturaleza	de	las	operaciones	realizadas	por	los	diferentes	integrantes	del	sistema	financiero,	contando	para	dicho	efecto	con	el	apoyo	de	los	Superintendentes	Adjuntos	y	las	diferentes	áreas	técnicas,	administrativas	y	operativas	que	sean	necesarias,	pudiendo	nombrar	y	remover	al	personal	de	la	Superintendencia	que	sean	necesarios	o	convenientes	para	que	la	Superintendencia	cumpla	con	sus	responsabilidades	legales	y	para	la	ejecución	del	presupuesto,	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
incluyendo	contratos	de	prestación	de	servicios	con	personas	naturales	o	jurídicas	ajenas	a	la	Institución,	para	la	ejecución	de	labores	temporales	y	específicas	y	para	las	contrataciones	correspondientes	a	la	adquisición	de	bienes	y	servicios	y	todos	los	actos	previos	a	las	mismas. Art.	21.-	En	caso	de	ausencia	o	impedimento	temporal	del	Superintendente,	será	sustituido	por	uno	de	los	Superintendentes	Adjuntos	en	el	orden	de	precedencia	que	él	determine.	En	caso	de	renuncia,	remoción,	ausencia	o	impedimento	definitivo	del	Superintendente	deberá	nombrarse	a	otro	Superintendente,	para	finalizar	el	período	en	un	plazo	máximo	de	treinta	días	contados	a	partir	del	hecho	o	circunstancia,	de	conformidad	al	inciso	primero	del	artículo	18	de	esta	Ley;	mientras	no	se	realice	este	nombramiento	el	Consejo	decidirá	quién	ejercerá	las	funciones	del	superintendente. Art.	22.-	Los	Superintendentes	Adjuntos	serán	funcionarios	a	tiempo	completo,	deberán	cumplir	con	los	mismos	requisitos	que	el	Superintendente	y	se	les	aplicarán	las	mismas	inhabilidades,	incompatibilidades	y	prohibiciones	que	a	éste	le	aplican.	Se	nombrarán,	al	menos	cuatro	Superintendentes	Adjuntos,	cada	uno	responsable	de	la	dirección	de	la	unidad	especializada	que	se	designe	al	momento	de	su	nombramiento,	las	cuales	son:	bancos,	aseguradoras	y	otras	entidades	financieras;	Instituciones	Estatales	de	carácter	financiero;	de	Valores;	de	Pensiones.	Serán	nombrados	por	el	Presidente	de	la	República	de	ternas	propuestas	por	el	Consejo	de	Ministros	para	un	período	de	cinco	años,	pudiendo	ser	nombrados	nuevamente	por	un	único	período.	Deberán	nombrarse	por	lo	menos	cuatro	Superintendentes	Adjuntos,	de	conformidad	a	la	estructura	organizativa	que	el	Consejo	defina,	velando	porque	dicha	estructura	responda	a	la	necesidad	de	efectuar	una	supervisión	especializada	en	razón	de	la	naturaleza	de	las	operaciones	realizadas	por	los	diferentes	integrantes	del	sistema	financiero.	Los	Superintendentes	Adjuntos	ejercerán	las	atribuciones	y	facultades	Inherentes	a	su	propia	Especialización	y	las	que	el	Superintendente	les	delegue,	inclusive	la	facultad	sancionatoria. En	caso	de	ausencia	o	impedimento	temporal	de	un	Superintendente	Adjunto,	el	mismo	será	sustituido	por	el	funcionario	de	la	Superintendencia	designado	por	el	Superintendente,	siempre	y	cuando	dicho	periodo	no	excediere	de	treinta	días,	quien	deberá	reunir	los	requisitos	exigibles	al	Superintendente	Adjunto	y	sus	actos	tendrán	los	mismos	efectos	que	los	realizados	por	el	funcionario	sustituido,	incluso	en	la	participación	y	acuerdos	que	se	adopten	en	el	Consejo	a	que	se	refiere	el	artículo	9	de	esta	Ley.
Coordinación interna de la Superintendencia
Art.	23.-	Para	facilitar	la	coordinación	de	las	labores	de	supervisión,	el	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	deberán	compartir	entre	sí	la	información	de	la	cual	tengan	conocimiento,	principalmente	la	relacionada	con: a)	La	estrategia	diseñada	para	supervisar	a	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	sus	operaciones	de	acuerdo	a	su	perfil	de	riesgo; b)	Los	resultados	de	la	supervisión	individual	y	consolidada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	las	medidas	adoptadas	y	la	eficacia	de	las	mismas,	así	como	su	perfil	de	riesgo,	evolución,	naturaleza	y	causas	del	mismo;
c)	Los	incumplimientos	detectados	así	como	la	efectividad	de	las	medidas	adoptadas	ante	tales	incumplimientos; d)	Estudios	efectuados	sobre	las	tendencias,	transparencia,	eficiencia	y	funcionamiento	ordenado	de	los	mercados	financieros,	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	de	la	forma	en	que	éstos	gestionan	sus	riesgos,	identificando	el	impacto	en	la	confianza	de	depositantes,	inversionistas,	cotizantes,	pensionados	y	asegurados;	y e)	Análisis	de	vulnerabilidad	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	considerando	su	desempeño	histórico,	las	expectativas	de	desempeño	futuro	de	los	mismos,	la	formulación	de	planes	de	contingencia	en	caso	de	crisis	y	el	entorno	en	que	éstos	se	desenvuelven.
Art.	24.-	El	Superintendente	podrá	delegar	en	los	Superintendentes	Adjuntos	o	en	otros	funcionarios	de	la	Superintendencia	el	ejercicio	de	las	competencias,	atribuciones	y	facultades	que	la	ley	le	encomienda	a	éste	y	que	son	de	su	responsabilidad,	definiendo	directrices	para	su	actuación	y	la	forma	en	la	que	le	rendirán	informes.	No	obstante	lo	anterior,	la	facultad	a	que	se	refiere	el	literal	i)	del	artículo	4	únicamente	podrá	delegarse	en	los	Superintendentes	Adjuntos. Los	actos	administrativos	dictados	por	delegación	manifestarán	expresamente	esta	circunstancia	y	se	considerarán	dictados	por	el	delegante. El	delegado	será	responsable	por	el	modo	en	que	ejerza	la	facultad	delegada,	salvo	que	haya	actuado	por	instrucciones	escritas	y	precisas	del	delegante,	caso	en	el	cual	la	responsabilidad	por	la	actuación	irregular	recaerá	sobre	éste.	No	podrán	delegarse	las	facultades	que	han	sido	delegadas.	El	Superintendente	podrá	en	cualquier	momento	revocar	la	delegación	conferida
Delegación de actuaciones y de firma
Art.	25.-	El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	podrán	delegar	en	cualquier	miembro	del	personal	la	práctica	de	inspecciones,	revisiones,	procedimientos	de	fiscalización,	vigilancia,	control,	emplazamientos,	citaciones,	notificaciones,	auditorías,	celebración	de	audiencias	conciliatorias,	sustanciación	de	procedimientos,	firma	de	correspondencia,	transcripciones,	certificaciones	o	cualquiera	otra	diligencia	administrativa.	El	delegado	deberá	relacionar	la	delegación	con	la	que	actúa	en	el	acto	administrativo	respectivo.	Dicha	delegación	no	alterará	la	competencia	del	delegante.	Los	actos	administrativos	definitivos	no	podrán	ser	objeto	de	delegación	de	firma. El	Consejo	podrá	delegar	en	cualquier	miembro	del	personal	la	práctica	de	citaciones,	notificaciones,	auditorías,	firma	de	correspondencia	o	cualquiera	otra	diligencia	administrativa	relacionada	con	sus	funciones.
Art.	26.-	Los	funcionarios	de	la	Superintendencia	podrán	ser	sustituidos	por	quien	designe	el	Superintendente	cuando	éstos	suplan	a	los	Superintendentes	Adjuntos. Art.	27.-	Los	miembros	del	Consejo,	el	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	sólo	podrán	ser	juzgados	por	los	tribunales	comunes	por	los	delitos	oficiales	que	presuntamente	hubieren	cometido,	previa	declaratoria	de	que	hay	lugar	a	formación	de	causa	dada	por	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	No	obstante	lo	anterior,	los	antedichos	funcionarios	estarán	sujetos	a	los	procedimientos	ordinarios,	por	los	delitos	y	faltas	comunes	que	presuntamente	pudieran	haber	cometido. Igual	tratamiento	aplicará	a	los	miembros	del	Consejo	Directivo	del	Banco	Central. El	Superintendente	comparecerá	a	responder	interrogatorios	en	los	juicios	y	diligencias	judiciales	que	tengan	relación	con	las	actividades	propias	de	su	cargo
Art.	28.-	Cualquier	resolución,	acción	u	omisión	de	los	miembros	del	Consejo,	del	Superintendente	o	de	los	Superintendentes	Adjuntos	que	contravenga	las	disposiciones	constitucionales	los	hará	incurrir	en	responsabilidad	personal	por	los	daños	que	hubieren	causado	de	conformidad	al	artículo	245	de	la	Constitución.
Comunicación de las resoluciones
Art.	29.-	Para	su	validez,	las	resoluciones	del	Consejo,	del	Superintendente,	de	los	Superintendentes	Adjuntos	o	de	otros	funcionarios	de	la	Superintendencia	cuando	actúen	por	delegación	del	Superintendente,	que	deban	ser	cumplidas	por	los	supervisados,	se	harán	del	conocimiento	de	los	mismos	en	forma	directa,	por	fax	u	otro	medio	electrónico	que	garantice	su	autenticidad	y	recepción. Todas	las	resoluciones	adoptadas	deberán	ser	razonadas	y	fundamentadas.	Las	resoluciones	firmes	se	publicarán	de	forma	resumida	en	la	memoria	de	labores	de	la	Superintendencia,	de	acuerdo	a	los	criterios	de	materialidad	previamente	establecidos	por	el	Consejo.	Adicionalmente,	las	resoluciones	en	firme	que	impongan	sanciones	se	publicarán	íntegramente	en	el	sitio	de	internet	de	la	Superintendencia	con	una	periodicidad	mensual,	y	de	forma	resumida	en	un	periódico	de	circulación	nacional. Los	actos	administrativos	regulados	en	la	presente	Ley	gozaran	de	presunción	de	legitimidad,	ejecutividad	y	ejecutoriedad.	Sin	embargo,	las	multas	impuestas	deberán	ser	ejecutadas	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	52	de	esta	Ley.
Coordinación con el Banco Central
Art.	30.-	La	Superintendencia	y	el	Banco	Central	con	el	objeto	de	preservar	la	estabilidad	del	sistema	financiero	y	velar	por	la	eficiencia	y	transparencia	del	mismo,	actuando	dentro	de	la	competencia	legal	de	cada	institución,	deberán	establecer	los	mecanismos	que	les	permitan	actuar	coordinadamente,	de	forma	transparente	y	eficiente,	con	un	permanente	intercambio	de	información	para	lo	cual	esta	Ley	los	faculta.	Para	estos	efectos	deberán	suscribir	convenios	de	coordinación,	cooperación	e	intercambio	de	información	en	el	que	se	detallarán	los	alcances	de	la	mencionada	coordinación.
CAPÍTULO IV DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Supervisión
Art.	31.-	El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	determinarán	y	desarrollarán	los	principios	y	las	características	del	proceso	de	supervisión,	los	objetivos	y	las	fases	que	éste	comprenda	y	harán	del	conocimiento	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	los	criterios	y	políticas	que	adoptarán	para	implementar	la	supervisión	con	base	a	riesgos	y	para	verificar	el	cumplimiento	del	marco	legal,	considerando	las	mejores	prácticas	internacionales.	El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	valorarán	los	aportes	técnicos	que	sobre	el	particular	formulen	los	integrantes	del	sistema	financiero. Al	definir	las	políticas	y	criterios	bajo	los	cuales	efectuará	la	supervisión,	el	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	deberán	considerar	factores	de	índole	cuantitativo	y	cualitativo	para	valorar	la	idoneidad,	adecuación	y	eficacia	de	la	gestión	y	control	que	realizan	los	supervisados,	el	manejo	de	conflictos	de	interés,	la	divulgación	de	información	relevante	y	la	existencia	de	controles	para	evitar	el	uso	indebido	de	información	privilegiada	o	reservada.	Asimismo,	harán	un	seguimiento	permanente	de	los	mercados	financieros	para	identificar	prácticas	o	conductas	que	podrían	atentar	contra	su	eficiencia	y	transparencia,	aplicando	las	medidas	pertinentes. El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	se	reunirán	al	menos	cada	seis	meses	con	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	con	el	Banco	Central,	para	analizar	las	tendencias	del	sistema	financiero	y	comentar	los	principios	y	características	del	proceso	de	supervisión.
Art.	32.-	La	Superintendencia,	a	través	del	Superintendente,	los	Superintendentes	Adjuntos	o	las	personas	a	quienes	estos	deleguen,	podrá	requerir	a	los	supervisados	el	acceso	directo	a	todos	los	datos,	informes	o	documentos	sobre	sus	operaciones	por	los	medios	y	la	forma	que	ésta	defina.	Cuando	lo	estime	conveniente,	la	Superintendencia	podrá	requerir	el	acceso	directo	en	tiempo	real	a	sistemas	de	información	de	los	supervisados.	Asimismo,	sin	necesidad	de	previo	aviso,	podrá	practicar	auditorías,	inspecciones,	revisiones	y	cualquier	otra	diligencia	necesaria	para	el	cumplimiento	de	la	ley.	En	aquellos	casos	en	que	la	Superintendencia	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
encuentre	que	el	supervisado	ha	publicado	información	que	no	refleja	su	situación	financiera	real,	deberá	requerirle	la	publicación	de	información	debidamente	corregida,	sin	perjuicio	de	otras	acciones	legales	que	deban	iniciarse. La	Superintendencia,	a	través	del	Superintendente,	los	Superintendentes	Adjuntos	o	las	personas	a	quienes	estos	deleguen,	podrá	disponer	la	realización	de	inspecciones	especiales	a	un	supervisado	para	verificar	los	aspectos	de	la	conducción	del	negocio	o	del	conglomerado	al	que	pertenece,	con	el	propósito	de	establecer	el	cumplimiento	de	los	requerimientos	legales,	reglamentarios	y	normativos	aplicables. El	Superintendente,	los	Superintendentes	Adjuntos	o	las	personas	a	quienes	estos	deleguen,	comunicarán	a	los	supervisados	las	deficiencias,	excesos,	irregularidades	o	infracciones	que	notare	en	sus	operaciones,	exigiendo	su	normalización	de	conformidad	a	la	regulación	vigente,	sin	perjuicio	de	instruir	los	procesos	administrativos	correspondientes	y	de	la	aplicación	de	las	sanciones	a	que	hubiere	lugar. Para	los	efectos	de	esta	Ley,	los	integrantes	del	sistema	financiero	podrán	hacer	uso	de	microfilm,	de	discos	ópticos,	medios	magnéticos,	medios	electrónicos	o	de	cualquier	otro	medio	que	permita	archivar	documentos	e	información,	con	el	objeto	de	guardar	de	una	manera	eficiente	los	registros,	documentos	e	informes	que	correspondan,	inclusive	títulos	valores.	Las	copias	o	reproducciones	que	deriven	de	microfilm,	disco	óptico,	medios	magnéticos,	medios	electrónicos	o	de	cualquier	otro	medio,	tendrán	el	mismo	valor	probatorio	que	los	originales,	siempre	que	sean	certificadas	por	notario.
Art.	33.-	La	información	recabada	por	la	Superintendencia	será	confidencial	y	solo	podrá	ser	dada	a	conocer	al	Banco	Central,	al	Comité	de	Apelaciones	del	Sistema	Financiero	regulado	por	esta	Ley,	al	Instituto	de	Garantía	de	Depósitos,	a	la	Corte	de	Cuentas	de	la	República	en	la	fiscalización	de	fondos	públicos,	a	la	Fiscalía	General	de	la	República,	a	las	autoridades	judiciales	cuando	así	corresponda,	a	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	a	otras	instituciones,	cuando	de	forma	expresa	lo	autorice	la	ley. La	información	recabada	por	la	Superintendencia	podrá	compartirse	con	organismos	de	supervisión	extranjeros	que	ejerzan	similares	facultades	a	las	de	la	Superintendencia,	para	efecto	de	ser	utilizada	exclusivamente	por	dichos	organismos	en	el	ejercicio	de	sus	facultades,	siempre	que	la	Superintendencia	lo	considere	conveniente	o	que	dichos	organismos	demuestren	un	interés	legítimo	y	se	comprometan	a	guardar	la	reserva	y	confidencialidad	de	la	información	compartida,	siempre	y	cuando	existan	convenios	suscritos	de	intercambio	recíproco	de	información.	El	Superintendente	deberá	informar	mensualmente	al	Presidente	de	la	República	de	los	hechos	relevantes	ocurridos	en	ese	mes,	en	el	sistema	financiero.
Colaboración con homólogos extranjeros y de otras instituciones del Estado
Art.	34.-	La	Superintendencia	podrá	actuar	por	cuenta	de	organismos	de	supervisión	homólogos	extranjeros	cuando	éstos	soliciten	dichas	actuaciones	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	y	cuando	éstos	estén	sometidos	a	normas	de	cooperación	que,	como	mínimo,	sean	equiparables	a	las	establecidas	por	las	leyes	salvadoreñas,	30
pudiendo	suscribir	los	documentos	de	cooperación	necesarios	para	tal	efecto.	La	Superintendencia	requerirá	a	dichos	organismos	la	colaboración	necesaria	para	el	cumplimiento	de	sus	funciones. Facultase	a	la	Superintendencia	para	requerir	y	obtener	de	otras	dependencias	de	la	Administración	Pública	y	especialmente	del	Ministerio	de	Hacienda,	de	la	Superintendencia	de	Obligaciones	Mercantiles,	de	la	Superintendencia	de	Competencia,	de	la	Defensoría	del	Consumidor,	Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social,	del	ISSS,	del	INPEP,	del	Registro	Nacional	de	Personas	Naturales	y	del	Centro	Nacional	de	Registros,	la	información	y	los	datos	que	considere	necesarios	para	el	desempeño	de	sus	funciones.	Esta	información	será	de	carácter	confidencial.	Cuando	la	Superintendencia	requiera	cualquier	información,	la	certificación	de	la	misma	no	estará	sujeta	al	pago	de	ningún	derecho.	Las	instituciones	y	dependencias	mencionadas	deberán	proveer	a	la	Superintendencia,	con	la	prontitud	debida,	la	información	que	ésta	les	requiera	y	que	ellas	posean	en	virtud	del	ejercicio	de	sus	propias	atribuciones	y	funciones,	para	lo	cual	la	Superintendencia	deberá	convenir	o	establecer	mecanismos	de	acceso	directo	a	las	bases	de	datos	de	dichas	instituciones	y	dependencias
Obligaciones de los supervisados
Art.	35.-	Sin	perjuicio	de	otras	obligaciones	que	les	pudieran	corresponder,	los	directores,	gerentes	y	demás	funcionarios	que	ostenten	cargos	de	dirección	o	de	administración	en	los	integrantes	del	sistema	financiero	deberán	conducir	sus	negocios,	actos	y	operaciones	cumpliendo	con	los	más	altos	estándares	éticos	de	conducta	y	actuando	con	la	diligencia	debida	de	un	buen	comerciante	en	negocio	propio,	estando	obligados	a	cumplir	y	a	velar	porque	en	la	institución	que	dirigen	o	laboran	se	cumpla	con: a)	El	conocimiento	de	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	y	normativas	que	regulan	la	actividad	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	así	como	el	de	las	instrucciones	emitidas	por	la	Superintendencia	de	conformidad	a	sus	facultades	legales; b)	El	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales,	reglamentarias	y	normativas	que	regulan	la	actividad	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	así	como	el	de	las	instrucciones	emitidas	por	la	Superintendencia	de	conformidad	a	sus	facultades	legales; c)	La	adopción	y	actualización	de	políticas	sobre	estándares	éticos	de	conducta,	manejo	de	conflictos	de	interés,	uso	de	información	privilegiada,	prevención	de	conductas	que	puedan	implicar	la	manipulación	o	abuso	del	mercado,	así	como	el	cumplimiento	de	principios,	reglas	o	estándares	en	el	manejo	de	los	negocios	que	establezcan	para	alcanzar	los	objetivos	corporativos; d)	La	adopción	y	actualización	de	políticas	y	mecanismos	para	la	gestión	de	riesgos,	debiendo	entre	otras	acciones,	identificarlos,	evaluarlos,	mitigarlos	y	revelarlos	acordes	a	las	mejores	prácticas	internacionales.	En	dichas	políticas	se	deberán	incluir	las	medidas	que	se	adoptarán	para	prevenir	posibles	incumplimientos	a	requerimientos	regulatorios	y	las	que	adoptarán	en	el	evento	de	que	haya	incurrido	en	ellos,	debiendo	definir	en	ambas	situaciones	los	parámetros	que	orientarán	la	actuación	y	los	responsables	de	implementarlas;
e)	La	adecuada	implementación	de	medidas	para	corregir	incumplimientos	a	las	políticas	y	a	las	irregularidades	que	se	hubiesen	detectado,	así	como	de	los	requerimientos	que	en	el	ejercicio	de	sus	facultades	le	hubiese	formulado	la	Superintendencia; f)	La	adecuada	revelación	contable	de	la	realidad	económica	y	financiera	del	integrante	del	sistema	financiero,	el	cual	deberá	contar	con	los	respaldos	de	sus	auditorías	interna	y	externa; g)	El	eficiente	funcionamiento	de	los	sistemas	de	registro,	tratamiento,	almacenamiento,	transmisión,	producción,	seguridad	y	control	de	los	flujos	de	información; h)	La	adecuada	divulgación	de	información,	la	oportuna	disponibilidad	de	información	relevante	sobre	el	desempeño	de	las	actividades,	la	transparencia	de	las	operaciones	y	el	estado	económico	y	financiero	para	la	toma	de	decisiones	por	parte	de	sus	órganos	de	dirección; i)	La	calidad	y	suficiencia	de	los	informes	que	deban	presentarse	a	las	Juntas	Generales	de	Accionistas	u	órganos	superiores	de	administración; j)	La	capacitación	sistemática	y	especializada	de	sus	cuadros	gerenciales	y	demás	personal,	conforme	a	las	mejores	prácticas	internacionales; k)	La	adopción	e	implementación	de	estándares	de	gobierno	corporativo	en	la	gestión,	dirección	y	control	de	sus	operaciones;	l)	La	adopción	de	mecanismos,	en	todas	sus	oficinas,	para	asegurar	el	cumplimiento	de	la	libertad	notarial	en	los	casos	en	que	las	leyes	especiales	lo	determinen;	y m)	Informar	a	la	Superintendencia	todos	los	hechos	relevantes,	según	se	determine	en	la	normativa	técnica	que	al	efecto	se	emita. Las	políticas	y	mecanismos	a	las	que	hacen	referencia	los	literales	c),	d)	y	l)	del	presente	artículo,	así	como	las	modificaciones	a	las	mismas,	deberán	ser	hechas	del	conocimiento	de	la	Superintendencia	por	los	integrantes	del	sistema	financiero	en	un	plazo	no	mayor	a	diez	días	hábiles	después	de	aprobadas. Art.	36.-	Sin	perjuicio	de	otras	obligaciones	legales,	reglamentarias	y	normativas	que	les	correspondan,	el	auditor	externo	deberá	opinar,	ante	la	junta	general	de	accionistas	u	órgano	superior	de	administración	y	ante	la	junta	directiva	u	órgano	de	gobierno	del	integrante	del	sistema	financiero	de	que	se	trate,	sobre	la	integridad,	adecuación	y	eficacia	de	los	sistemas	de	control	interno. Los	directores,	administradores,	gerentes,	auditores	internos	y	externos,	otros	funcionarios	y	demás	personas	que	presten	servicios	a	cualquier	integrante	del	sistema	financiero,	deberán	reportar	a	la	Superintendencia	las	operaciones	que	ésta	les	haya	requerido,	en	particular	aquellas	que	se	realicen	o	se	hayan	realizado	entre	aquel	y	sus	accionistas	o	administradores	y	las	relacionadas	con	el	conglomerado	financiero	a	que	pertenezca	si	fuere	el	caso.	La	forma,	periodicidad	y	circunstancias	en	las	que	se	deberán	reportar	estas	operaciones	se	establecerán	en	las	normas	técnicas	que	para	tal	efecto	se	emitan.
Art.	37.-	Los	supervisados	deberán	facilitar,	a	requerimiento	de	la	Superintendencia,	por	los	medios	que	ésta	considere	convenientes,	sin	oponer	confidencialidad	o	reserva	alguna,	el	examen	de	sus	negocios,	actos,	operaciones,	bienes,	libros,	cuentas,	archivos,	documentos,	correspondencia,	bases	de	datos	y	sistemas	de	información,	en	todo	lo	pertinente	a	la	actividad	de	supervisión.	Asimismo,	sus	administradores	y	personal	deberán	proporcionar,	a	requerimiento	de	la	Superintendencia,	todos	los	antecedentes	y	explicaciones	que	sean	necesarias	para	esclarecer	cualquier	asunto	de	su	competencia,	estando	obligados	a	prestar	la	colaboración	que	ésta	les	solicite. Los	supervisados,	así	como	sus	accionistas	o	socios,	deberán	proporcionar	toda	la	información	necesaria	para	mantener	actualizados	los	registros	públicos	mencionados	en	las	leyes	que	los	rigen,	dentro	de	los	plazos	y	en	la	forma	que	se	establezca. Los	empleadores	de	los	afiliados	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	al	Sistema	de	Pensiones	Público	deberán	señalar	un	lugar	específico	en	la	ciudad	de	San	Salvador	para	oír	notificaciones,	o	en	su	caso,	comisionar	a	una	persona	residente	en	dicha	ciudad	para	oírlas	y	para	presentar	o	retirar	documentos	a	su	nombre. Art.	38.-	Los	directores,	administradores,	funcionarios	y	gerentes	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	que	contravengan	las	disposiciones	de	las	leyes,	reglamentos	o	normas	aplicables	o	que	por	actos	u	omisiones	causen	perjuicios	al	mencionado	integrante	o	a	terceros,	serán	sancionados	de	conformidad	a	lo	establecido	en	la	presente	Ley,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	que	les	corresponda	por	los	daños	y	perjuicios	ocasionados. Serán	sancionados	de	igual	forma	los	que	divulgaren	o	revelaren	cualquier	información	de	carácter	reservada	o	sujeta	a	secreto	sobre	los	negocios,	actos	y	operaciones	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	o	sobre	los	asuntos	comunicados	a	ellos,	o	se	aprovecharen	de	la	información	para	su	lucro	personal	o	de	terceros,	sin	perjuicio	de	las	sanciones	penales	que	pudieren	corresponderles. No	está	comprendida	en	el	inciso	anterior	la	información	que	requieran	las	autoridades	judiciales,	la	Fiscalía	General	de	la	República	y	las	demás	autoridades	en	el	ejercicio	de	sus	atribuciones	legales,	ni	la	información	que	corresponda	entregar	al	público	según	lo	dispongan	las	leyes.	Tampoco	la	que	deba	proporcionarse	a	la	Superintendencia	con	relación	al	servicio	de	información	de	crédito	bancario,	la	que	determine	la	presente	Ley	y	las	demás	aplicables;	así	como	la	información	que	sea	requerida	por	organismos	supervisores	del	extranjero	en	el	ejercicio	de	sus	facultades. La	información	que	requieran	las	oficinas	tributarias	será	proporcionada	por	los	supervisados	de	conformidad	a	lo	que	dispone	la	ley	especial	que	regula	esa	materia. Los	integrantes	del	sistema	financiero	del	sector	privado	responderán	solidariamente	por	los	daños	y	perjuicios	que	le	causen	a	terceros	las	acciones	u	omisiones	de	sus	directores,	administradores,	funcionarios	y	empleados	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.	Respecto	a	los	integrantes	del	sistema	financiero	del	sector	público	responderán	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	245	de	la	Constitución.
Art.	39.-	Cada	integrante	del	sistema	financiero	deberá	contar	con	un	Comité	de	Auditoría,	cuya	conformación	será	establecida	mediante	normas	técnicas	que	para	tal	efecto	deba	emitir	el	Banco	Central,	debiendo	formar	parte	del	referido	Comité	de	Auditoría	al	menos	dos	directores	externos,	en	su	caso.	El	Comité	de	Auditoría	tendrá	las	siguientes	obligaciones: a)	Velar	por	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	de	la	Junta	General	u	organismo	máximo,	de	la	Junta	Directiva	o	su	equivalente	y	de	las	disposiciones	de	la	Superintendencia	y	del	Banco	Central	y	de	otras	instituciones	públicas	cuando	corresponda; b)	Dar	seguimiento	a	las	observaciones	que	se	formulen	en	los	informes	del	auditor	interno,	del	auditor	externo,	de	la	Superintendencia	y	de	otras	instituciones	públicas,	para	corregirlas	o	para	contribuir	a	su	desvanecimiento,	lo	cual	deberá	ser	informado	oportunamente	a	la	Superintendencia; c)	Colaborar	en	el	diseño	y	aplicación	del	control	interno,	proponiendo	las	medidas	correctivas	pertinentes;	y d)	Otras	que	mediante	normas	técnicas	se	establezcan	con	el	objeto	de	fortalecer	el	gobierno	corporativo	de	los	mencionados	integrantes	y	el	control	interno,	de	acuerdo	a	mejores	prácticas	internacionales.
Declaración y deber de informar
Art.	40.-	El	Superintendente	podrá	citar	o	tomar	declaración	en	todo	momento	a	cualquier	persona	que	tenga	conocimiento	de	algún	hecho	que	se	requiera	aclarar	en	alguna	operación	de	los	supervisados. Cuando	por	segunda	vez	las	personas	citadas	se	abstuvieren	de	comparecer	sin	justa	causa,	se	informará	a	la	Fiscalía	General	de	la	República.	Cuando	se	presentaren	y	las	declaraciones	realizadas	fueren	presumiblemente	falsas,	el	Superintendente	informará	a	la	Fiscalía	General	de	la	República	para	que	la	misma	inicie	las	acciones	legales	que	correspondan. Los	directores,	administradores,	gerentes,	empleados,	auditores	externos,	otros	funcionarios	y	demás	personas	que	presten	servicios	en	cualquier	integrante	del	sistema	financiero,	deberán	informar	a	la	Superintendencia	de	todos	aquellos	acontecimientos	de	los	cuales	hayan	tenido	conocimiento	en	el	desempeño	de	sus	funciones	que	hagan	presumir	la	existencia	de	hechos	o	circunstancias	que	pudieran	considerarse	ilícitos,	o	que	pudieran	poner	en	riesgo	la	estabilidad	y	funcionamiento	del	integrante	del	sistema	financiero.
Art.	41.-	Si	se	impidiere,	entorpeciere	o	se	difiriere	a	la	Superintendencia	el	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	incluyendo	la	realización	de	las	inspecciones	in	situ,	revisión	y	retiro	de	documentos	materiales	y	electrónicos	34
o	de	cualquier	otra	diligencia	que	hubiese	dispuesto,	ésta	podrá	solicitar	el	auxilio	de	las	instituciones	encargadas	de	la	seguridad	pública,	pudiendo	hacerse	acompañar	en	todas	estas	diligencias	por	delegados	del	Ministerio	Público,	facultándose	expresamente	a	las	instituciones	mencionadas	para	la	realización	de	esta	actividad,	sin	perjuicio	de	la	deducción	de	la	responsabilidad	a	que	hubiere	lugar.
CAPÍTULO V MEDIDAS PREVENTIVAS Medidas Preventivas
Art.42.-	En	caso	que	un	integrante	del	sistema	financiero	muestre	dificultades	para	cumplir	las	relaciones	técnicas	que	le	son	exigibles,	o	exhiba	un	deficiente	manejo	de	los	riesgos	que	puedan	afectar	su	nivel	de	liquidez,	solvencia	o	la	integridad	de	los	mercados,	el	Consejo	basado	en	informes	técnicos	y	sin	perjuicio	de	aplicar	lo	establecido	en	las	leyes	específicas,	podrá	requerir	preventivamente	la	inmediata	implementación	de	las	medidas	que	se	hubieren	definido	por	el	integrante	del	sistema	financiero,	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	el	literal	d)	del	artículo	35	de	esta	Ley,	determinándole	un	plazo	para	cumplirlas. Asimismo,	cuando	un	integrante	del	sistema	financiero,	esté	realizando	una	práctica	que	probablemente	le	provocará	una	reducción	significativa	en	el	valor	de	sus	activos	o	de	sus	ingresos	o	un	debilitamiento	en	su	condición	económica	financiera,	el	Consejo	mediante	resolución	razonada	podrá	requerir	a	la	entidad	de	que	se	trate	el	inmediato	cese	de	tal	práctica	y	la	toma	de	acciones	para	prevenir	un	mayor	debilitamiento	y/o	mejorar	su	condición. Cuando	por	cualquier	medio	se	determine	que	los	libros	y	registros	de	una	entidad	supervisada	sean	incompletos	o	inexactos,	de	tal	forma	que	se	dificulte	conocer	a	través	del	proceso	normal	de	supervisión	su	verdadera	condición	financiera,	o	los	detalles	y/o	propósito	de	cualquier	transacción	que	pudiese	tener	un	efecto	significativo	en	la	condición	financiera	y	económica	de	tal	entidad,	el	Consejo	mediante	resolución	razonada	podrá	requerir	que	cese	cualquier	práctica	que	haya	dado	lugar	a	tales	inexactitudes	y	las	acciones	para	restaurar	los	libros	y	registros	a	un	estado	completo	y	exacto. Cuando	el	integrante	del	sistema	financiero	no	haya	previsto	las	medidas	a	tomar	para	la	situación	de	que	se	trate,	o	que	las	medidas	adoptadas	no	sean	efectivas	o	suficientes,	el	Consejo	mediante	resolución	razonada	podrá	requerir	a	la	entidad	respectiva,	las	siguientes	medidas: a)	La	restricción	en	el	otorgamiento	de	nuevos	créditos,	en	la	realización	de	inversiones,	en	el	otorgamiento	de	refinanciamientos	y	reestructuraciones;	en	la	adquisición	y	venta	de	activos	y	en	la	conducción	de	otras	operaciones; b)	La	enajenación	o	liquidación	de	activos,	la	reducción	de	activos	o	contingencias; c)	La	renegociación	de	sus	pasivos	o	su	reestructuración,	incluyendo	la	deuda	subordinada;
d)	La	reducción	de	gastos	de	operación; e)	La	absorción	de	pérdidas	con	cargo	a	las	cuentas	patrimoniales,	la	capitalización	de	reservas,	de	provisiones	o	de	utilidades	realmente	percibidas,	así	como	el	restablecimiento	o	aumento	e	integración	del	capital	del	referido	integrante; f)	El	aumento	de	capital	mientras	se	ponen	en	práctica	soluciones	permanentes	encaminadas	a	fortalecer	la	posición	de	la	institución; g)	La	realización	de	garantías,	avales,	fianzas	recibidas	y	prohibir	al	referido	integrante	la	sustitución	y	liberación	de	garantías,	avales	y	fianzas	recibidas; h)	La	suspensión	o	limitación	de	los	dividendos	a	ser	distribuidos;	e i)	Otras	que	estén	previstas	en	las	leyes	específicas	aplicables	a	los	referidos	integrantes,	para	las	situaciones	comprendidas	en	esta	disposición. A	su	vez,	el	Consejo	deberá	hacer	uso	de	las	medidas	antes	relacionadas	u	otras	que	estime	conveniente,	cuando	advierta	un	entorno	desfavorable	que	pudiera	llevar	a	un	deterioro	de	la	situación	económica	y	financiera	de	las	entidades	bajo	su	fiscalización. Las	medidas	tomadas	por	el	Consejo	de	conformidad	a	este	artículo,	entrarán	en	vigencia	el	día	de	la	notificación	a	la	entidad	respectiva.	Las	medidas	mencionadas	deberán	mantenerse	mientras	persista	la	situación	que	motivó	su	adopción	y	serán	comunicadas	al	Banco	Central. El	Consejo,	con	recursos	de	la	Superintendencia,	podrá	disponer	la	realización	de	auditorías,	consultas,	estudios	actuariales,	otros	estudios	o	contrataciones	específicas,	con	el	fin	de	clarificar	aspectos	o	para	presentar	o	ejecutar	las	medidas	que	se	consideren	necesarias	para	subsanar	las	situaciones	a	que	se	refiere	este	artículo. Las	resoluciones	dictadas	en	razón	de	este	artículo	agotan	la	vía	administrativa.
Art.	43.-	La	Superintendencia,	observando	el	procedimiento	sancionatorio	establecido	en	esta	Ley,	podrá	imponer	a	los	supervisados,	las	sanciones	siguientes:	amonestación	escrita,	multa,	inhabilitación,	suspensión,	cancelación	en	el	registro	respectivo	o	revocatoria	de	la	autorización	que	les	haya	otorgado. Cuando	la	conducta	que	ha	originado	el	incumplimiento	o	infracción	se	encuentre	tipificada	y	sancionada	en	otra	ley	de	carácter	financiero	aplicable	al	supuesto	infractor,	la	Superintendencia	impondrá	las	sanciones	36
establecidas	por	el	otro	cuerpo	legal	observando	el	procedimiento	sancionatorio	establecido	en	la	presente	Ley. Art.	44.-	Las	instituciones	y	personas	supervisadas	por	la	Superintendencia	estarán	sujetas	a	las	sanciones	previstas	en	el	artículo	anterior	que,	si	se	tratare	de	multas,	estas	podrán	ser	de	hasta	el	dos	por	ciento	del	patrimonio	en	el	caso	de	personas	jurídicas	o	hasta	de	quinientos	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	comercio	en	caso	de	personas	naturales,	cuando	incurran	en	infracciones	a	lo	siguiente: a)	Obligaciones	contenidas	en	esta	Ley	y	en	las	siguientes	que	les	sean	aplicables:	Ley	de	Bancos;	Ley	de	Sociedades	de	Seguros;	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones;	Ley	del	Mercado	de	Valores;	Ley	de	Anotaciones	Electrónicas	de	Valores	en	Cuenta;	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	Sociedades	de	Ahorro	y	Crédito;	Ley	de	Titularización	de	Activos;	Ley	de	Casas	de	Cambio	de	Moneda	Extranjera;	Ley	del	Sistema	de	Garantías	Recíprocas	para	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	Rural	y	Urbana;	Ley	del	Fondo	Social	para	la	Vivienda;	Ley	del	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada;	Ley	del	Banco	de	Fomento	Agropecuario;	Ley	del	Banco	Hipotecario	de	El	Salvador;	Ley	del	Fondo	Nacional	de	Vivienda	Popular;	Ley	del	Fondo	Solidario	para	la	Familia	Microempresaria;	Ley	Orgánica	del	Banco	Nacional	de	Fomento	Industrial	y	de	la	Corporación	Salvadoreña	de	Inversiones;	Ley	de	Creación	del	Banco	Multisectorial	de	Inversiones;	Ley	de	Instituciones	de	Crédito	y	Organizaciones	Auxiliares;	Ley	de	Privatización	de	los	Bancos	Comerciales	y	de	las	Asociaciones	de	Ahorro	y	Préstamo;	Régimen	de	Incorporación	del	Banco	Hipotecario	de	El	Salvador	a	la	Ley	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	de	Bancos	Comerciales	y	Asociaciones	de	Ahorro	y	Préstamo	y	Otras	Disposiciones	Especiales;	Ley	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	de	Bancos	Comerciales	y	Asociaciones	de	Ahorro	y	Préstamo;	Ley	Contra	el	Lavado	de	Dinero	y	de	Activos;	Ley	del	Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social	en	lo	relativo	al	Régimen	de	Invalidez,	Vejez	y	Sobrevivencia	y	al	Régimen	de	Riesgos	Profesionales;	Ley	del	Instituto	Nacional	de	Pensiones	de	los	Empleados	Públicos;	Ley	Orgánica	del	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador;	Código	de	Comercio;	o	a	otras	leyes	que	por	contener	obligaciones	de	carácter	financiero,	resulten	aplicables	a	los	sujetos	supervisados; b)	Disposiciones	contenidas	en	los	reglamentos,	normas	técnicas	e	instructivos	que	desarrollan	las	obligaciones	establecidas	en	las	leyes	antes	mencionadas; c)	Resoluciones	que	deban	cumplir	las	personas	supervisadas,	dictadas	por	el	Consejo	Directivo	del	Banco	Central	para	tal	efecto,	de	conformidad	a	esta	Ley,	a	su	Ley	Orgánica	y	a	las	demás	leyes	que	les	son	aplicables; d)	Instrucciones	para	hacer	cumplir	las	leyes,	reglamentos,	normas	técnicas	e	instructivos	que	rigen	a	los	supervisados; e)	Regulaciones	contenidas	en	los	pactos	sociales,	estatutos	y	normas	internas	que	los	supervisados	dicten	en	cumplimiento	de	la	ley;	y f)	Otras	normas	que	les	son	aplicables.
Los	recursos	percibidos	de	las	sanciones	aplicadas	deberán	ser	depositados	en	el	Fondo	General	de	la	Nación.	Art.	45.-	El	director,	funcionario,	administrador	o	gerente	del	integrante	del	sistema	financiero	que	no	permita,	obstaculice,	difiera	o	impida	que	se	realice	la	inspección	ordenada	por	la	Superintendencia,	o	no	proporcionare	la	información	a	que	estuviere	obligado	el	expresado	integrante	o	lo	haga	de	forma	extemporánea,	inexacta	o	parcial,	incurrirá	en	las	sanciones	previstas	en	esta	Ley	que,	si	se	tratare	de	multas,	éstas	serán	de	una	cuantía	hasta	de	mil	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	Comercio. Los	miembros	de	los	órganos	de	administración,	los	representantes	legales,	mandatarios,	funcionarios,	gerentes	y	demás	personal	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	los	auditores	externos,	los	agentes	corredores	de	bolsa,	los	intermediarios	de	seguros,	sean	estos	personas	naturales	o	jurídicas,	los	agentes	de	servicios	previsionales,	los	peritos,	los	actuarios,	los	interventores,	los	liquidadores	y	demás	profesionales	liberales	incurrirán	en	las	sanciones	previstas	en	esta	Ley	que,	si	se	tratare	de	multas,	éstas	serán	de	una	cuantía	de	hasta	de	mil	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	Comercio. Art.	46.-	Los	supervisados	que	incurran	en	las	siguientes	conductas:	elaboración	o	presentación	de	estados	financieros	alterados	o	falsos,	alteración	de	datos	o	antecedentes	en	los	balances,	libros,	estados,	cuentas,	correspondencia	u	otro	documento	cualquiera,	o	que	oculten	o	destruyan	estos	elementos,	dificultando,	desviando,	obstaculizando	o	eludiendo	la	supervisión	que	corresponde	ejercitar	a	la	Superintendencia	de	acuerdo	con	la	ley,	serán	sancionados	de	conformidad	a	lo	previsto	en	esta	Ley,	que	tratándose	de	multas,	éstas	podrán	ser	de	una	cuantía	de	hasta	el	cuatro	por	ciento	del	patrimonio	en	caso	de	personas	jurídicas	o	hasta	de	mil	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	Comercio	en	caso	de	personas	naturales.	Cuando	la	Superintendencia	estimare	que	un	acto	pudiere	ser	constitutivo	de	delito,	deberá	comunicarlo	a	la	autoridad	correspondiente. Igual	sanción	administrativa	se	impondrá	a	aquellos	que	se	aprovecharen	de	la	información	a	la	que	tuvieren	acceso	en	el	desarrollo	de	sus	funciones	y	la	utilizaren	para	su	beneficio	personal	o	de	terceros. Sin	perjuicio	de	lo	anterior	y	de	la	responsabilidad	penal	que	pudiere	deducirse	cuando	se	tratare	de	personas	naturales,	estas	quedarán	inhabilitadas,	al	menos	por	un	plazo	de	diez	años,	para	ocupar	cualquier	cargo	de	dirección,	administración	o	de	vigilancia	en	los	integrantes	del	sistema	financiero,	siempre	que	observando	el	debido	proceso	se	les	haya	determinado	su	responsabilidad. Art.	47.-	Los	directores,	funcionarios,	administradores	o	gerentes	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	que	negocien	directa	o	indirectamente	con	sus	respectivas	entidades	o	instituciones	en	contravención	a	las	leyes	o	normativas	vigentes,	incurrirán	en	cualquiera	de	las	sanciones	previstas	en	esta	ley,	que	si	se	tratare	de	multas,	éstas	podrán	ser	de	una	cuantía	cuyo	monto	máximo	será	equivalente	al	veinte	por	ciento	de	la	operación	de	que	se	trate,	sin	perjuicio	de	la	nulidad	del	acto. Art.	48.-	Los	directores,	funcionarios,	gerentes	o	administradores	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	serán	sancionados	de	conformidad	con	lo	previsto	en	esta	ley;	si	la	sanción	fuere	de	multa	ésta	podrá	ser	de	una	cuantía	hasta	de	quinientos	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	comercio,	cuando	en	cualquiera	de	los	integrantes	se	presente	alguna	de	las	situaciones	siguientes:
a)	Se	encontraren	partidas	en	la	contabilidad	sobre	las	cuales	no	se	presentaren	las	debidas	justificaciones	documentadas; b)	Los	estados	financieros	no	se	hubieren	elaborado	y	publicado	en	su	plazo	legal; c)	Habiéndose	publicado	los	estados	financieros	contengan	errores	u	omisiones; d)	Los	dividendos	que	se	repartan	o	los	aumentos	de	capital	por	capitalización	de	utilidades	no	tengan	origen	en	las	ganancias	reales	percibidas	de	los	ejercicios; e)	Se	apliquen	pérdidas	de	un	ejercicio	contra	las	utilidades	no	distribuibles; f)	Hayan	autorizado	créditos	en	violación	a	las	leyes	u	otras	disposiciones	que	regulan	a	los	integrantes	del	sistema	financiero;	o g)	Hubieren	hecho	declaraciones	falsas	sobre	la	propiedad	y	conformación	del	capital	del	integrante	respectivo. Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	Superintendencia	podrá	exigir	la	corrección	de	la	situación	respectiva	desde	el	momento	en	que	tenga	conocimiento	de	la	misma. Art.	49.-	Los	auditores	externos,	los	peritos,	los	agentes	de	servicios	previsionales,	los	agentes	corredores	de	bolsa	y	los	intermediarios	de	seguros	inscritos	en	los	registros	de	la	Superintendencia	deberán	ser	sancionados	por	el	incumplimiento	de	los	requisitos	de	inscripción	en	el	registro	correspondiente	y	de	las	obligaciones	profesionales	o	legales;	y	por	el	incumplimiento	de	las	disposiciones	contenidas	en	otros	cuerpos	normativos	que	deben	cumplir	en	su	calidad	de	auditor	externo,	perito,	agente	de	servicios	previsionales,	agente	corredor	de	bolsa	o	intermediario	de	seguros	con	las	sanciones	previstas	en	esta	ley;	si	la	sanción	fuere	de	multa	su	cuantía	será	de	hasta	quinientos	salarios	mínimos	urbanos	del	sector	comercio,	o	particularmente	con	suspensión	o	cancelación	en	el	registro	respectivo	que	lleva	la	Superintendencia. Los	referidos	auditores	externos	particularmente	serán	sancionados	cuando	pierdan	la	independencia	respecto	de	un	integrante	del	sistema	financiero	por	ser	titular	de	alguna	de	sus	acciones	directamente	o	a	través	de	otros;	o	cuando,	al	menos,	el	veinticinco	por	ciento	de	sus	ingresos	anuales	dependan	de	un	solo	cliente	o	cuando	se	comprometa	su	libertad	de	ejercicio	profesional,	en	el	contexto	de	las	mejores	prácticas	internacionales,	leyes,	reglamentos	y	normas	que	rigen	su	profesión. Las	sanciones	que	se	impongan	serán	dadas	a	conocer	al	Consejo	de	Vigilancia	de	la	Contaduría	Pública	y	Auditoría. Los	peritos	particularmente	serán	sancionados	cuando	observen	cualquiera	de	las	conductas	siguientes: a)	Realicen	valúos	en	los	integrantes	del	sistema	financiero	en	donde	ellos,	su	cónyuge	o	sus	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	sean	directores,	administradores,	gerentes,	funcionarios	o	empleados,	o	tengan	conflicto	de	interés.	Las	sociedades	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
que	realicen	peritajes	serán	sancionadas	cuando	el	Representante	Legal,	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	u	órgano	equivalente	y	el	Gerente	General	o	el	que	haga	sus	veces,	realicen	valúos	en	los	referidos	integrantes	en	donde	ellos,	su	cónyuge	o	sus	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	sean	directores,	administradores,	gerentes,	funcionarios	o	empleados,	o	tengan	conflicto	de	interés;	y b)	Haga	uso	indebido	del	número	de	inscripción,	o	permita	o	faculte	a	otra	persona	para	que	utilice	la	autorización	que	le	hubiere	otorgado	la	Superintendencia.
Aspectos a considerar para la imposición de sanciones
Art.	50.-	En	todo	caso,	para	la	imposición	de	una	sanción,	la	Superintendencia	deberá	tener	en	cuenta	los	siguientes	aspectos:	la	gravedad	del	daño	o	del	probable	peligro	a	quienes	podrían	resultar	afectados	por	la	infracción	cometida,	el	efecto	disuasivo	en	el	infractor	respecto	de	la	conducta	infractora,	la	duración	de	la	conducta	infractora	y	la	reincidencia	de	la	misma,	en	los	casos	en	que	ésta	no	haya	sido	considerada	expresamente	por	el	legislador	para	el	establecimiento	de	la	sanción	respectiva.	Además,	cuando	la	sanción	a	imponer	sea	una	multa,	deberá	tomar	en	consideración	la	capacidad	económica	del	infractor,	pudiendo	dicha	capacidad	ser	determinada	por	medio	de	la	última	declaración	de	renta	del	presunto	infractor	o	por	medio	de	cualquier	medio	probatorio,	según	lo	requiera	la	Superintendencia. Art.51.-	Las	sanciones	reguladas	en	este	capítulo	se	impondrán	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	penal	a	que	hubiere	lugar,	para	lo	cual	el	Superintendente	informará	a	la	Fiscalía	General	de	la	República	para	que	ejerza	las	funciones	que	la	Constitución	de	la	República	le	mandata. Art.	52.-	Los	infractores	que	hubieren	sido	sancionados	con	multa,	deberán	enterar	su	valor	en	la	Colecturía	central	u	oficinas	regionales	de	la	Dirección	General	de	Tesorería	del	Ministerio	de	Hacienda	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	a	la	notificación	respectiva,	para	lo	cual	el	Superintendente	extenderá	el	mandamiento	correspondiente. Cuando	el	obligado	al	pago	de	la	multa	no	enterare	su	valor	en	el	termino	señalado	en	el	inciso	anterior,	la	Fiscalía	General	de	la	República,	a	petición	del	Superintendente,	la	hará	efectiva	por	la	vía	ejecutiva.	La	certificación	de	la	resolución	que	extienda	el	Superintendente	tendrá	fuerza	ejecutiva. El	retraso	en	el	pago	de	toda	multa	que	imponga	la	Superintendencia	de	conformidad	a	la	ley,	devengará	el	interés	moratorio	establecido	legalmente	para	las	obligaciones	tributarias	en	mora. Art.	53.-	Cuando	se	impongan	las	sanciones	que	se	mencionan	en	esta	Ley,	el	auditor	externo,	en	su	informe	respectivo,	deberá	incluir	la	revelación	de	infracciones,	incumplimientos	o	actos	en	que	hayan	incurrido	los	directores,	funcionarios,	administradores,	gerentes,	auditores	o	liquidadores,	a	fin	de	que	estos	se	hagan	del	conocimiento	de	la	Junta	General	de	Accionistas	o	de	los	órganos	superiores	de	administración	del	integrante	del	sistema	financiero.
CAPÍTULO VII PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS Etapas del procedimiento
Art.	54.-	El	presente	procedimiento	administrativo	se	establece	para	determinar	si	se	ha	cometido	infracción	a	las	leyes,	reglamentos,	resoluciones,	normas,	órdenes,	instrucciones	o	demás	disposiciones	que	resulten	aplicables	a	los	integrantes	del	sistema	financiero	o	a	los	supervisados	de	conformidad	con	esta	Ley	y,	en	su	caso,	imponer	las	sanciones	respectivas. Las	fases	o	etapas	de	este	procedimiento	serán	las	siguientes:	resolución	de	inicio,	emplazamiento,	contestación,	término	de	prueba	y	resolución	final,	sin	perjuicio	que	antes	de	pronunciarse	la	resolución	final	correspondiente	y	por	cualquier	motivo	o	circunstancia	legal	pueda	darse	por	concluido. En	el	presente	procedimiento	deberán	respetarse	especialmente	los	derechos	de	audiencia,	de	defensa,	de	presunción	de	inocencia	y	los	principios	de	legalidad,	de	proporcionalidad	y	de	responsabilidad. Será	deducible	la	responsabilidad	administrativa	a	los	supervisados	cuando	incumplan	las	obligaciones	que	les	son	exigibles,	salvo	caso	fortuito	o	fuerza	mayor,	los	cuales	deberán	ser	alegados	y	comprobados	por	el	presunto	infractor. Art.	55.-	El	funcionario	competente	para	sancionar,	siguiendo	el	respectivo	procedimiento	administrativo	sancionador,	es	el	Superintendente.	Esta	potestad	puede	ser	delegada	de	conformidad	a	lo	establecido	en	el	artículo	24	de	la	presente	Ley	en	los	Superintendentes	Adjuntos.
Art.	56.-	El	procedimiento	sancionador	puede	iniciarse	de	oficio,	por	denuncia	o	a	petición	razonada	de	Instituciones	Públicas	o	de	otros	Órganos	del	Estado. Cualquier	director,	presidente,	presidente	ejecutivo,	director	ejecutivo,	gerente	o	administrador	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	que	tenga	conocimiento	de	una	infracción	atribuible	a	un	integrante	de	dicho	sistema,	deberá,	en	un	plazo	de	cinco	días	hábiles,	dar	aviso	por	escrito	al	Superintendente	o	a	su	delegado. Los	empleados,	funcionarios	o	demás	personas	que	a	cualquier	título	presten	servicios	a	la	Superintendencia	informarán	al	Superintendente	o	al	respectivo	delegado,	por	cualquier	medio	escrito	de	comunicación	interna,	la	relación	detallada	de	los	hechos	que	configuran	la	infracción	pudiendo	agregar	la	disposición	infringida,	cualquiera	sea	su	naturaleza,	la	identificación	del	supuesto	infractor	y,	si	existieran,	ofreciendo	presentar	las	pruebas	correspondientes	en	su	oportunidad.	Si	desde	un	inicio	aquel	contara	con	las	pruebas	instrumentales	o	de	otra	naturaleza	que	a	su	criterio	conduzcan	a	establecer	la	existencia	de	la	infracción,	deberá	agregarlas	a	dicho	informe	sin	perjuicio	de	poder	aportar	otras	posteriormente.
Art.	57.-	El	Superintendente	o	su	delegado	podrá	promover	una	investigación	previa,	en	caso	de	no	contar	con	suficientes	elementos	que	justifiquen	el	inicio	del	procedimiento	sancionatorio. Art.	58.-	Con	base	en	el	resultado	de	la	investigación	ordenada	o	del	informe	recibido	y	si	fuere	procedente,	el	Superintendente	o	su	delegado	dictará	resolución	razonada	ordenando	la	instrucción	del	procedimiento	correspondiente,	la	agregación	del	informe	y	el	emplazamiento	al	supuesto	infractor,	para	que,	dentro	del	término	de	diez	días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	del	emplazamiento,	pueda	hacer	uso	de	sus	derechos. Para	tal	efecto,	se	hará	del	conocimiento	del	supuesto	infractor	la	resolución	mencionada,	anexándole	una	copia	del	informe	que	la	motivó	y	se	pondrán	a	su	disposición	en	la	Superintendencia	los	anexos	y	las	pruebas	agregadas	al	proceso,	a	fin	de	que	puedan	ser	consultados	o	fotocopiados	dentro	de	la	Superintendencia	a	expensas	del	supuesto	infractor.
Del emplazamiento y de las notificaciones
Art.	59.-	El	emplazamiento	se	hará	al	supuesto	infractor	de	conformidad	a	lo	siguiente: a)	En	el	caso	de	una	persona	jurídica,	se	hará	por	medio	de	su	representante	legal	y	no	encontrándose	éste,	se	hará	por	medio	de	esquela	que,	junto	con	la	documentación	correspondiente,	se	dejará	en	poder	del	director	o	ejecutivo	de	mayor	jerarquía	administrativa	presente	en	la	respectiva	institución	o	entidad,	o	en	su	defecto,	de	cualquier	empleado	que	se	encuentre	en	sus	instalaciones; b)	En	el	caso	de	un	director,	funcionario,	gerente	o	administrador	de	un	integrante	del	sistema	financiero,	se	le	hará	personalmente	en	el	establecimiento	del	integrante	referido	y	no	encontrándosele,	el	emplazamiento	se	practicará	por	medio	de	esquela	que,	junto	con	la	documentación	correspondiente,	se	dejará	en	poder	de	cualquier	otro	empleado	del	respectivo	integrante;	y c)	En	el	caso	de	otras	personas	naturales	se	le	hará	personalmente	en	su	domicilio	y	si	no	se	le	encontrare,	el	emplazamiento	se	practicará	por	medio	de	esquela	que,	junto	con	la	documentación	correspondiente,	se	dejará	en	poder	de	su	cónyuge,	conviviente,	parientes	o	empleados. Del	emplazamiento	que	se	practique,	de	la	entrega	de	la	documentación	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior	y	de	todo	lo	que	acontezca	en	dicha	etapa	del	procedimiento	se	deberá	dejar	constancia	en	la	respectiva	acta	de	notificación. Para	los	efectos	del	emplazamiento	o	de	cualquier	otra	notificación	o	cita,	se	buscará	a	las	personas	de	la	forma	siguiente:	si	se	trata	de	una	persona	jurídica	o	de	uno	de	sus	directores,	funcionarios,	gerentes	o	administradores,	se	le	buscará	en	la	dirección	de	sus	oficinas	principales	registrada	en	la	Superintendencia,	si	la	tuviere.
En	el	caso	que	la	persona	jurídica	no	tenga	dirección	registrada	en	las	oficinas	de	la	Superintendencia,	la	comunicación	se	publicará	por	una	sola	vez	en	uno	de	los	diarios	de	mayor	circulación	nacional	la	cual	contendrá	la	resolución	a	comunicarse	o	un	extracto	de	ella.	Igual	procedimiento	aplicará	en	el	caso	de	la	persona	natural	que	no	tenga	domicilio	registrado	en	la	Superintendencia. En	las	referidas	publicaciones,	deberá	expresarse	que	las	siguientes	notificaciones	se	efectuarán	mediante	edicto	que	se	ubicará	en	un	tablero	colocado	en	un	lugar	visible	de	la	primera	planta	donde	se	encuentra	ubicada	la	Superintendencia,	siempre	que	no	compareciere	o	compareciendo	no	señalare	lugar	para	oír	notificaciones.	También	deberá	colocarse	el	mencionado	edicto	en	el	sitio	de	internet	de	la	Superintendencia.	En	ambos	casos,	los	edictos	se	mantendrán	en	los	referidos	sitios	hasta	que	la	resolución	definitiva	quede	firme. El	término	para	contestar	sobre	los	hechos	que	dieron	inicio	al	procedimiento	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	práctica	del	emplazamiento,	ya	sea	practicado	personalmente,	por	medio	de	acta	o	a	través	de	edicto. Las	notificaciones	a	los	presuntos	infractores	que	se	hubiesen	mostrado	parte	en	el	procedimiento,	se	harán	en	la	dirección	señalada	por	ellos	o	por	medio	del	número	de	fax	designado	por	ellos	para	esos	efectos.	Las	notificaciones	a	terceros	se	harán	observando	lo	regulado	en	este	artículo.
Art.	60.-	Si	el	supuesto	infractor	no	hiciere	uso	de	sus	derechos	por	no	comparecer	en	el	término	legal,	se	tendrán	por	contestados	negativamente	los	hechos	que	dieron	inicio	al	procedimiento. El	procedimiento	se	abrirá	a	pruebas	por	el	término	de	diez	días	hábiles,	dentro	del	cual	se	deberán	aportar	las	pruebas	que	fueren	pertinentes. Cuando	el	supuesto	infractor	compareciere	en	el	término	legal	y	confesare	la	infracción,	o	se	allanare,	se	omitirá	la	apertura	a	pruebas	y	se	pronunciará	la	resolución	que	corresponde,	dentro	del	término	de	treinta	días	hábiles	posteriores	al	día	de	la	comparecencia. Constituyen	pruebas	los	instrumentos	públicos,	los	auténticos,	los	instrumentos	privados,	las	declaraciones	de	testigos,	los	resultados	de	peritajes,	la	inspección	de	los	lugares	o	de	las	cosas,	la	confesión,	los	informes	de	auditoría	de	la	Superintendencia,	incluyendo	los	papeles	de	trabajo	respectivos	y	demás	anexos,	cualquier	otra	información	que	hubiere	sido	proporcionada	por	el	presunto	infractor	a	la	Superintendencia	u	obtenida	por	la	misma	en	el	transcurso	de	las	actividades	de	supervisión,	las	presunciones	legales	y	cualquier	otro	medio	probatorio	admisible	legalmente. Cuando	el	Superintendente	o	su	delegado,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	considerare	necesario	practicar	inspección,	compulsa	o	peritaje	o	se	trate	de	presentación	y	agregación	de	prueba	por	instrumentos,	ordenará	la	realización	inmediata	de	tales	diligencias	en	el	término	probatorio	del	procedimiento.	La	compulsa	sólo	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
procederá	respecto	de	expedientes	o	archivos	de	carácter	administrativo	y	en	esa	sede.	Los	peritos	serán	designados	por	el	Superintendente	o	su	delegado.	En	casos	excepcionales,	por	resoluciones	fundamentadas	y	con	citación	de	parte,	el	Superintendente	o	su	delegado	podrán	agregar	pruebas. La	parte	a	cuyo	favor	se	ha	establecido	un	término	podrá	renunciarlo	o	consentir	su	abreviación	mediante	manifestación	expresa. No	obstante,	en	el	caso	de	las	infracciones	establecidas	en	el	inciso	primero	del	artículo	45	y	literales	b)	y	g)	del	artículo	48	de	esta	Ley,	no	será	aplicable	el	procedimiento	antes	referido,	debiendo	dictarse	dentro	del	plazo	de	diez	días	hábiles,	el	acto	administrativo	definitivo,	previa	audiencia	del	presunto	infractor	por	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	improrrogables,	a	efecto	de	que	exprese	las	alegaciones	que	estime	necesarias	y	presente	las	pruebas	que	fueren	pertinentes	e	idóneas.
Art.	61.-	Una	vez	concluido	el	término	de	prueba,	si	hubiere	tenido	lugar,	y	recibidas	las	pruebas	que	se	presentaren	o	practicaren	en	su	caso,	el	Superintendente	o	su	delegado	dictará	resolución	final	dentro	del	término	de	treinta	días	hábiles	con	fundamento	en	las	normas	jurídicas	aplicables,	la	documentación	que	sirvió	de	base	al	inicio	del	procedimiento	y	en	las	pruebas	vertidas	durante	el	mismo. Si	la	resolución	final	establece	la	existencia	de	infracción,	además	de	la	sanción,	se	fijará	al	infractor	un	plazo	prudencial,	si	fuere	procedente,	en	el	que	deberá	subsanar	las	deficiencias	o	incumplimientos	que	dieron	origen	al	procedimiento,	en	el	caso	que	no	se	hubieren	subsanado. Art.62.-	Si	en	el	plazo	legal	no	se	interpusiera	el	correspondiente	recurso	contra	la	resolución	final,	esta	quedará	firme. Si	en	la	resolución	final	se	estableciera	la	obligación	del	pago	de	una	multa,	esta	deberá	pagarse	de	conformidad	a	lo	establecido	en	el	artículo	52	de	esta	Ley.
Art.63.-	De	las	resoluciones	del	Superintendente	que	no	impongan	sanciones,	se	podrá	interponer	ante	el	mismo	funcionario	y	dentro	del	término	de	cuatro	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	notificación,	recurso	de	reconsideración. El	recurso	de	reconsideración	tendrá	un	carácter	optativo	y	no	será	un	requisito	para	agotar	la	vía	administrativa. En	el	escrito	de	interposición	del	recurso	deberán	alegarse	los	puntos	de	inconformidad	del	recurrente,	con	el	fundamento	motivador	correspondiente. Recibida	la	solicitud,	el	Superintendente	o	su	delegado	resolverán	lo	que	fuere	procedente	en	el	plazo	de	treinta	días	hábiles. 44
Art.	64.-	De	las	resoluciones	definitivas	pronunciadas	por	el	Superintendente	o	su	delegado	que	impongan	sanciones,	se	podrá	interponer	ante	el	mismo	funcionario	que	la	dictó	y	dentro	del	término	de	cuatro	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	notificación,	recurso	de	rectificación. El	recurso	de	rectificación	tendrá	un	carácter	optativo	y	no	será	un	requisito	para	agotar	la	vía	administrativa. En	el	escrito	de	interposición	del	recurso	deberá	alegarse	los	puntos	de	inconformidad	del	recurrente,	con	el	fundamento	motivador	correspondiente,	so	pena	de	declarar	inadmisible	el	recurso	que	se	interponga.	Si	existiere	nulidad	de	procedimiento,	ésta	deberá	alegarse	en	el	mismo	escrito. Recibida	la	solicitud,	el	Superintendente	o	su	delegado	dictará	dentro	del	tercer	día	hábil	providencia	en	la	que	decidirá	sobre	la	admisibilidad	del	recurso	y,	admitido	este,	suspenderá	los	efectos	del	acto	impugnado	si	fuere	procedente.	Posteriormente,	en	el	plazo	de	treinta	días	hábiles	con	vista	de	los	autos	resolverá	el	recurso.
Art.	65.-	Créase	el	Comité	de	Apelaciones	del	Sistema	Financiero,	denominado	en	esta	Ley	“Comité	de	Apelaciones”,	que	será	la	autoridad	administrativa	competente	para	conocer	de	los	recursos	de	apelación	que	se	interpongan	de	las	resoluciones	finales	pronunciadas	por	el	Superintendente	o	su	delegado	que	impongan	sanciones. EI	Comité	de	Apelaciones	será	de	carácter	permanente,	con	autonomía	funcional	y	su	presupuesto	de	funcionamiento	será	cubierto	de	la	manera	prevista	en	el	artículo	85	de	la	presente	Ley. El	Comité	de	Apelaciones	estará	integrado	por	un	Presidente	y	cuatro	Vocales,	quienes	ejercerán	su	cargo	a	tiempo	completo,	serán	nombrados	por	el	Presidente	de	la	República	para	un	período	de	cuatro	años,	y	a	efectos	de	una	integración	escalonada	del	comité	durarán	en	sus	cargos	tres	años	los	vocales	nombrados,	al	entrar	en	vigencia	esta	Ley.	Los	miembros	podrán	ser	reelectos	solo	por	una	vez. El	Presidente	de	la	República	nombrará	a	la	persona	que	fungirá	como	Presidente	del	Comité	de	Apelaciones.	Cada	uno	de	los	Vocales	será	nombrado	de	ternas	que	para	dicho	efecto	sean	presentadas	al	Presidente	de	la	República	por	el	Banco	Central,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	el	Ministerio	de	Hacienda,	debiendo	nombrarse	un	miembro	de	cada	una	de	dichas	ternas. Los	miembros	del	Comité	de	Apelaciones	deberán	ser	salvadoreños,	de	reconocida	honorabilidad,	mayores	de	treinta	y	cinco	años	de	edad,	con	grado	universitario	y	contar	al	menos	con	diez	años	de	experiencia	en	materia	financiera,	siéndoles	aplicables	las	mismas	inhabilidades	e	incompatibilidades	reguladas	para	el	Superintendente	y,	en	consecuencia,	lo	dispuesto	en	los	artículos	10,	14,	17	y	27	de	la	presente	Ley.	Por	lo	menos	uno	de	los	miembros	del	Comité	de	Apelaciones	deberá	ser	abogado	de	la	República,	quien	además	deberá	contar	con	conocimientos	o	experiencia	en	procedimientos	y	recursos	en	el	ámbito	administrativo.
Las	resoluciones	adoptadas	por	el	Comité	de	Apelaciones	requerirán	al	menos	tres	votos	conformes	y	el	miembro	que	se	oponga	a	la	decisión	razonará	su	voto.	En	caso	de	ausencia	del	Presidente,	éste	será	sustituido	por	uno	de	los	Vocales	a	quién	él	mismo	haya	designado	para	tal	efecto. Uno	de	los	Vocales	actuará	como	Secretario	y	asistirá	a	las	sesiones,	con	voz	pero	sin	voto,	salvo	cuando	reemplace	a	cualquiera	de	los	demás	Vocales.	El	Secretario	del	Comité	de	Apelaciones	autorizará	las	resoluciones	adoptadas	por	éste,	recibirá	documentos,	velará	porque	se	realicen	todos	los	actos	de	comunicación	necesarios	y	tendrá	bajo	su	responsabilidad	los	expedientes	y	archivos. El	Banco	Central	y	la	Superintendencia,	a	solicitud	del	Comité	de	Apelaciones,	brindarán	los	recursos	y	el	apoyo	necesarios	para	el	cumplimiento	de	sus	funciones,	quedando	facultados	expresamente	por	esta	Ley	para	proporcionarlos.
Art.	66.-	De	la	resolución	final	o	de	la	rectificación	pronunciada	por	el	Superintendente	o	su	delegado	en	su	caso,	procederá	recurso	de	apelación	para	ante	el	Comité	de	Apelaciones. Este	recurso	se	interpondrá	por	escrito	debidamente	fundado,	ante	el	Superintendente	o	su	delegado,	dentro	del	término	de	diez	días	hábiles	posteriores	a	la	notificación	del	acto	impugnado	y	dicho	funcionario	tendrá	la	obligación	de	informar	de	la	interposición	del	recurso	al	Comité	de	Apelaciones,	remitiendo	el	expediente	a	más	tardar	dentro	del	siguiente	día	hábil. Cuando	el	recurrente	intente	producir	prueba	en	el	procedimiento	de	la	apelación,	la	ofrecerá	con	el	escrito	de	interposición,	señalando	de	forma	concreta	el	hecho	que	pretende	probar. La	interposición	del	recurso	ante	el	Superintendente	o	su	delegado,	no	suspende	la	ejecución	del	acto	impugnado	excepto	cuando	la	resolución	final	o	la	rectificación	impongan	una	sanción	pecuniaria.
Art.	67.-	El	Comité	de	Apelaciones	decidirá	dentro	de	los	siguientes	cinco	días	hábiles	al	de	la	recepción	del	expediente	sobre:	a)	La	admisión	del	recurso;	b)	La	suspensión	del	acto	impugnado	si	fuera	procedente;	y	c)	La	apertura	a	pruebas,	si	el	apelante	así	lo	solicita	o	si	se	estima	procedente,	por	un	término	de	ocho	días	hábiles.	Concluidas	las	actuaciones,	el	Comité	de	Apelaciones	tendrá	un	plazo	máximo	de	treinta	días	hábiles	para	resolver. El	Comité	de	Apelaciones	podrá	nombrar	delegados	para	efectuar	la	práctica	de	inspecciones,	revisiones,	procedimientos	de	fiscalización,	vigilancia,	control,	emplazamientos,	citaciones,	notificaciones,	auditorías,	firma	de	correspondencia,	celebración	de	audiencias	conciliatorias	y	sustanciación	de	procedimientos.	El	emplazamiento	y	las	notificaciones	se	realizarán	de	conformidad	a	lo	establecido	en	esta	Ley.
La	etapa	probatoria	será	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	esta	Ley	para	el	procedimiento	administrativo	sancionador. Cuando	el	Comité	de	Apelaciones,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	considerare	necesario	practicar	inspección,	compulsa	o	peritaje	o	se	trate	de	presentación	y	agregación	de	prueba	por	instrumentos,	ordenará	la	realización	inmediata	de	tales	diligencias	en	cualquier	estado	del	procedimiento	antes	del	acto	administrativo	definitivo.	La	compulsa	solo	procederá	respecto	de	expedientes	o	archivos	de	carácter	administrativo	y	en	esa	sede.	Los	peritos	serán	designados	por	el	Comité	de	Apelaciones. Antes	de	emitir	el	acto	administrativo	definitivo	que	resuelva	el	recurso,	el	Comité	de	Apelaciones	mandará	a	escuchar	al	Superintendente	para	que	éste,	si	lo	estima	procedente,	se	pronuncie	al	respecto. Art.	68.-	El	Comité	de	Apelaciones	pronunciará	el	acto	administrativo	definitivo	y	devolverá	el	informativo	al	Superintendente	o	su	delegado,	con	certificación	del	mismo,	previa	notificación	al	interesado.	Dicha	certificación	tendrá	fuerza	ejecutiva	en	su	caso	y	se	hará	efectiva	en	la	forma	establecida	en	el	artículo	52	de	esta	Ley. Los	actos	administrativos	definitivos	del	Comité	de	Apelaciones	se	circunscribirán	precisamente	a	los	puntos	apelados	y	a	aquéllos	que	debieron	haber	sido	decididos	y	no	lo	fueron	en	la	providencia	impugnada,	a	pesar	de	haber	sido	propuestos	y	ventilados	por	las	partes,	pudiendo	confirmar,	revocar,	reformar	o	anular	la	providencia	recurrida,	según	corresponda	en	derecho. De	los	actos	administrativos	definitivos	dictados	por	el	Comité	de	Apelaciones	no	se	admitirá	recurso	alguno,	quedando	agotada	la	vía	administrativa. La	Superintendencia	deberá	publicar	en	su	sitio	de	Internet	las	resoluciones	definitivas	dictadas	por	el	Superintendente	o	por	el	Comité	de	Apelaciones	que	impongan	sanciones,	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	al	de	haber	notificado	al	infractor	la	declaratoria	del	estado	de	firmeza	de	las	mismas.
Art.	69.-	El	plazo	de	prescripción	para	promover	el	procedimiento	sancionatorio	establecido	en	este	Capítulo	será	de	diez	años	contados	a	partir	de	la	fecha	en	la	que	se	haya	terminado	de	cometer	el	hecho	o	de	ocurrir	la	omisión,	sujeta	a	sanción. El	plazo	de	prescripción	mencionado	se	considerará	interrumpido: a)	Cuando	cualquier	director,	funcionario,	gerente	o	administrador	del	integrante	del	sistema	financiero	reconozca,	por	cualquier	medio,	la	comisión	del	hecho	o	de	la	omisión,	sujetos	a	sanción;	y b)	Por	cualquier	actuación	de	la	Superintendencia	que	tenga	por	finalidad	la	investigación	de	los	hechos	y	omisiones	antes	relacionados	o	su	ampliación,	siempre	que	preceda	comunicación	escrita	al	supuesto	infractor.
Derechos y deberes del supuesto infractor
Art.	70.-	El	supuesto	infractor	tendrá	derecho	a	nombrar	abogado	como	apoderado	desde	el	inicio	del	procedimiento	y	a	que	se	le	respete	el	proceso	Constitucionalmente	configurado	y	a	interponer	los	recursos	correspondientes.	El	supuesto	infractor	deberá	ejercer	sus	derechos	con	la	moderación	debida,	señalar	el	lugar	y	los	medios	para	oír	notificaciones	y	si	compareciere	por	medio	de	abogado,	éste	deberá	legitimar	su	personería. El	inicio	y	tramitación	de	los	informativos	se	mantendrán	confidenciales	respecto	de	terceros,	exceptuando	la	resolución	final	y	lo	establecido	en	el	artículo	59	de	esta	Ley.
Art.	71.-	Se	establecen	como	causales	de	nulidad	absoluta	en	el	presente	procedimiento	únicamente	las	siguientes: a)	Los	actos	dictados	por	autoridad	manifiestamente	incompetente; b)	La	falta	de	recepción	a	prueba	o	la	denegatoria	de	ella,	salvo	que	el	supuesto	allanare; c)	Los	actos	cuyo	contenido	sea	de	imposible	ejecución; d)	Los	actos	dictados	contra	ley	expresa	y	terminante;	y e)	La	falta	de	citación,	emplazamiento	o	notificación	a	que	se	refiere	este	procedimiento,	cuando	imposibilite	o	perjudique	el	derecho	de	defensa. La	nulidad	puede	ser	declarada	de	oficio	o	a	petición	de	parte	en	cualquier	estado	del	procedimiento.	La	declaratoria	de	nulidad	no	procede	aún	en	los	casos	previstos	en	la	Ley	si	el	acto	aunque	viciado	ha	logrado	el	fin	a	que	estaba	destinado,	salvo	que	ello	hubiere	generado	la	indefensión	al	supervisado.	Son	relativamente	nulos	los	actos	que	incurran	en	cualquier	vicio	que	no	constituya	nulidad	absoluta,	los	cuales	podrán	convalidarse	de	conformidad	a	lo	establecido	en	esta	Ley. Se	podrán	convalidar	los	actos	relativamente	nulos	subsanando	los	vicios	de	que	adolezcan.	El	acto	convalidado	producirá	efecto	desde	la	fecha	de	su	emisión. Art.	72.-	La	resolución	que	ponga	fin	al	procedimiento	sancionador	deberá	ser	especialmente	motivada,	conteniendo	una	relación	detallada	de	los	hechos,	la	valoración	de	las	pruebas	de	cargo	y	de	descargo	y	los	argumentos	jurídicos	en	que	se	fundamenta	la	decisión. En	la	acreditación	de	los	hechos	investigados	prevalecerá	la	libertad	probatoria,	permitiéndose	cualquier	medio	de	prueba	legítima,	idónea	y	pertinente. 48
infractor	se	Las	pruebas	serán	apreciadas	según	las	reglas	de	la	sana	crítica,	con	facultad	de	fijar	en	cada	caso	los	hechos	que	deben	tenerse	por	establecidos	mediante	el	examen	y	valoración	de	las	mismas,	cualquiera	que	sea	su	número	y	calidad.
CAPÍTULO VIII DE LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LIQUIDACIÓN
Art.	73.-	Cuando	en	la	ley	aplicable	a	un	integrante	del	sistema	financiero	estuviere	contemplada	la	intervención	administrativa,	el	Consejo	Directivo	podrá	decretar	la	intervención	de	dicho	integrante	en	los	siguientes	casos: a)	Cuando	el	referido	integrante	haya	incurrido	en	alguna	de	las	causales	contempladas	en	la	respectiva	ley; b)	En	el	caso	del	romano	III	del	artículo	187	del	Código	de	Comercio;	y c)	En	cualquier	otro	en	que	su	situación	jurídica	o	financiera	pusiere	en	grave	peligro	los	intereses	del	público. Art.	74.-	Al	decretar	la	intervención	se	determinarán	las	condiciones	de	la	misma,	el	nombramiento	de	uno	o	varios	interventores	y	si	procede	o	no	la	separación	provisional	de	sus	directores,	administradores,	gerentes	y	representantes	legales.	Cuando	la	separación	de	éstos	no	proceda,	se	nombrará	un	interventor	con	cargo	a	la	caja. Si	se	hubiere	acordado	la	separación	de	los	administradores	y	representantes	legales,	corresponderá	a	los	interventores	nombrados,	la	administración	general	del	integrante	del	sistema	financiero	intervenido	y	de	sus	bienes	con	facultades	suficientes	para	tomar	aquéllas	medidas	que	fueren	necesarias	para	restablecer	su	equilibrio	financiero	o	legalizar	su	situación	jurídica.	Asimismo,	se	designará	al	interventor	que	tendrá	la	representación	legal	del	integrante	intervenido.	La	intervención	podrá	ser	acordada	hasta	por	el	plazo	de	un	año,	no	obstante	podrá	ser	prorrogada	por	un	año	adicional. Normalizada	la	situación	y	previo	informe	de	los	interventores,	el	Consejo	podrá	dar	por	terminada	la	intervención	en	cualquier	momento.-	Si	en	el	plazo	máximo	de	los	dos	años	de	intervención	no	fuere	posible	lograr	la	recuperación	económica	o	el	arreglo	de	la	situación	jurídica,	o	si	aún	antes	de	transcurrir	dicho	plazo	los	informes	de	los	interventores	confirmaren	la	imposibilidad	de	recuperación	del	integrante	del	sistema	financiero	intervenido,	el	Consejo	podrá	requerir	al	Fiscal	General	de	la	República	que	solicite	su	disolución	y	liquidación. Art.	75.-	En	tanto	las	leyes	especiales	no	dispongan	un	tratamiento	diferente,	el	Consejo	podrá	acordar	la	intervención	de	las	casas	corredoras	de	bolsa,	las	bolsas	de	valores	y	las	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	para	lo	cual	designará	un	interventor	y	los	asistentes	que	fueren	necesarios	y	LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
les	determinará	sus	funciones	en	el	acuerdo	respectivo.	La	referida	intervención	tendrá	por	objetivo	proteger	los	intereses	del	público. La	intervención	podrá	ser	acordada	al	ocurrir	cualquiera	de	las	siguientes	circunstancias	con	respecto	a	las	entidades	enunciadas	en	el	inciso	anterior:	a)	Cuando	incurriere	en	alguna	de	las	situaciones	previstas	en	el	artículo	187	del	Código	de	Comercio; b)	Cuando	la	situación	jurídica	pusiere	en	grave	peligro	los	intereses	del	público;	y c)	Cuando	no	recupere	su	normalidad	en	los	plazos	que	se	le	señalen	por	la	Superintendencia,	o	si	ésta	o	sus	accionistas	no	cumplen	con	las	obligaciones	que	se	le	señalen. La	Junta	Directiva	de	la	entidad	de	que	se	trate	no	podrá	sesionar	sin	la	presencia	del	interventor,	considerándose	inválidas	las	sesiones	que	se	realicen	y	las	decisiones	que	se	adopten	sin	su	participación.	El	interventor	tendrá	derecho	de	veto	con	respecto	a	cualquier	tipo	de	medidas	que	adopte	la	Junta	Directiva	o	la	administración	de	la	entidad	cuando,	según	su	criterio,	puedan	deteriorar	la	situación	de	la	misma	o	afectar	los	intereses	del	público	o	de	los	inversionistas	o	no	coadyuven	a	su	normalización. En	todo	caso	quedará	a	salvo	la	responsabilidad	del	Interventor	y	de	sus	asistentes	por	aquellos	actos	o	decisiones	que,	correspondiendo	a	su	competencia,	no	fueron	sometidos	a	su	consideración. En	el	caso	en	que,	dentro	del	plazo	de	un	año	a	contar	de	la	fecha	en	que	se	acordó	la	intervención,	el	cual	podrá	ser	prorrogado	por	un	año	adicional,	la	entidad	intervenida	no	haya	solventado	las	situaciones	que	dieron	origen	a	su	intervención,	se	deberá	proceder	a	su	disolución	y	liquidación	de	conformidad	a	las	disposiciones	legales	pertinentes,	para	lo	cual,	el	Consejo	convocará	a	los	accionistas	de	la	entidad	a	Junta	General	para	informarles	sobre	los	resultados	de	las	medidas	adoptadas,	a	fin	de	que	reconozcan	y	resuelvan	voluntariamente	según	corresponda,	su	disolución	y	liquidación. Si	la	respectiva	Junta	General	de	Accionistas	no	reconociere	la	causal	de	disolución,	el	Consejo	pedirá	al	Fiscal	General	de	la	República	que	solicite	judicialmente	la	disolución	y	liquidación	forzosa	de	la	entidad	intervenida,	proponiendo	en	su	oportunidad	para	tales	efectos,	el	nombre	de	uno	o	más	liquidadores,	los	que	tendrán	las	mismas	funciones	establecidas	en	el	Código	de	Comercio.	Los	Órganos	auxiliares	de	la	administración	de	justicia	y	demás	autoridades	en	general,	están	en	el	deber	de	dar	el	apoyo	y	la	colaboración	necesaria	al	o	a	los	interventores	para	la	efectividad	de	su	cometido.
Vigilancia en la liquidación
Art.	76.-	Cuando	a	iniciativa	de	los	socios	o	acreedores	de	un	integrante	del	sistema	financiero	se	hubiere	iniciado	el	proceso	de	liquidación	del	mismo,	el	Consejo	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	las	leyes	aplicables	al	integrante	en	cuestión,	podrá	nombrar	un	delegado	para	que	supervise	el	proceso	de	liquidación,	debiendo	50
éste	dar	cuenta	periódicamente	del	desarrollo	de	la	misma	al	Consejo	y,	eventualmente	si	correspondiese,	éste	último	lo	informará	a	la	Fiscalía	General	de	la	República. En	la	situación	prevista	en	este	artículo,	el	mencionado	integrante	del	sistema	financiero	y	las	personas	que	le	presten	servicios,	deberán	brindar	al	mencionado	delegado,	toda	su	colaboración	y	proporcionar	toda	la	información	que	les	solicite	para	el	desempeño	de	su	función. Si	el	proceso	de	liquidación	voluntaria	no	concluyera	en	el	término	de	dos	años	regulado	en	el	Código	de	Comercio,	el	referido	integrante	del	sistema	financiero,	será	considerado	como	ejecutante	de	actos	ilícitos	y	le	será	aplicable	en	consecuencia	el	artículo	349	del	Código	de	Comercio	en	lo	pertinente. Art.	77.-	Los	organismos	encargados	de	la	seguridad	pública	y	demás	autoridades	en	general,	están	en	la	obligación	de	dar	apoyo	y	colaboración	necesarios	al	interventor	o	al	delegado	para	la	efectividad	de	su	cometido. La	actividad	de	los	interventores	o	delegados	nombrados	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	presente	capítulo	no	podrá	afectar,	en	modo	alguno,	el	presupuesto	de	la	Superintendencia,	salvo	que	circunstancias	especiales	lo	ameriten,	lo	cual	deberá	relacionarse	motivadamente	en	el	acuerdo	que	se	expida	al	efecto. La	Superintendencia	no	asumirá	las	obligaciones	de	la	entidad	intervenida,	cualquiera	que	sea	la	naturaleza	de	las	mismas.	Tampoco	lo	hará	cualquier	otra	institución	del	Estado.	Todos	los	gastos	incurridos	durante	la	intervención	serán	imputados	a	la	intervenida,	salvo	lo	dispuesto	en	el	inciso	anterior.
CAPÍTULO IX DEL REGISTRO
Art.	78.-	La	Superintendencia	organizará	y	mantendrá	actualizados	los	registros	que	las	leyes	le	encomiendan	y	los	relativos	a: a)	Los	integrantes	del	sistema	financiero	y	sus	accionistas,	los	cuales	deberán	proporcionar	la	información	necesaria	a	la	Superintendencia,	así	como	de	todo	cambio	que	afecte	la	referida	información	en	el	plazo	previsto	en	la	ley	respectiva	o,	en	su	defecto,	dentro	de	los	treinta	días	subsiguientes	al	hecho	que	lo	motive; b)	Los	accionistas	que	sean	titulares	de	más	del	diez	por	ciento	del	capital	accionario	de	los	emisores	registrados.	Para	estos	efectos,	los	emisores	deben	proporcionar	a	la	Superintendencia	la	información	pertinente	sobre	todo	cambio	en	la	propiedad	accionaria	en	el	plazo	previsto	en	la	ley	respectiva	o,	en	su	defecto,	dentro	de	los	treinta	días	subsiguientes	al	hecho	que	lo	motive; c)	Los	administradores	de	los	integrantes	del	Sistema	Financiero.	Para	efectos	de	esta	Ley,	se	considerarán	como	administradores	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	los	miembros	de	la	junta	directiva,	los	directores	o	presidentes	ejecutivos	y	los	gerentes	de	éstos	o	quienes	ejercieren	sus	funciones,	así	como	los	interventores	y	liquidadores	de	los	mismos;
d)	Los	peritos,	en	los	casos	que	la	ley	señale; e)	Los	intermediarios	de	seguros	autorizados	por	la	Superintendencia; f)	Los	agentes	corredores	de	bolsa	autorizados	por	la	Superintendencia; g)	Los	agentes	de	servicios	previsionales; h)	Auditores	externos,	en	los	casos	que	la	ley	señale; i)	Las	sociedades	y	personas	que	presten	servicios	relacionados	con	el	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	tales	como	recaudadoras	y	empresas	de	informática;	j)	Otros	registros	que	las	leyes	especiales	establezcan;	k)	Las	Bolsas,	los	licenciatarios,	los	agentes	y	puestos	de	bolsa	a	que	se	refiere	la	Ley	de	Bolsas	de	Productos	y	Servicios;	y l)	Las	sociedades	y	personas	que	presten	servicios	relacionados	con	información	e	historial	crediticio. El	Consejo	establecerá	las	tarifas	del	Registro	Público	Bursátil	tomando	en	consideración,	entre	otros,	los	costos	en	que	incurre	la	Superintendencia	y	la	infraestructura	necesaria	para	llevarlo.	En	todo	caso,	los	montos	a	pagar	no	deberán	superar	el	costo	que	implique	para	la	Superintendencia	la	prestación	del	servicio	de	registro	público. El	Consejo	podrá	reorganizar	los	registros	a	cargo	de	la	Superintendencia	para	propiciar	su	eficiencia. Todos	los	registros	antes	mencionados	serán	públicos. Art.	79.-	Para	los	efectos	del	artículo	anterior,	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones	deberán	proveer	la	información	siguiente: a)	Copia	certificada	por	notario	de	los	testimonios	de	las	escrituras	públicas	de	constitución	o	de	modificación	en	su	caso,	debidamente	inscritas	en	el	Registro	de	Comercio,	copia	certificada	notarialmente	de	los	estatutos	y	de	sus	modificaciones,	si	las	hubieren,	depositados	en	el	referido	Registro,	copia	certificada	por	notario	de	las	escrituras	de	fusión,	de	disolución	y	liquidación	de	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones	debidamente	inscritas	en	el	Registro	de	Comercio,	las	ejecutorias	de	las	sentencias	o	las	certificaciones	de	las	mismas	que	declaren	la	nulidad	u	ordenen	la	disolución	y	liquidación	o	fusión	de	éstas; b)	Estados	financieros	debidamente	auditados	de	cada	período	contable;	y c)	Documentos	en	que	consten	las	respectivas	políticas	de	inversión.
Los	accionistas	y	administradores	de	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones	deberán	proveer	la	siguiente	información:	certificación	de	la	nómina	de	accionistas	y	su	participación	social,	copia	certificada	notarialmente	de	las	credenciales	de	junta	directiva	debidamente	inscritas	y	la	nómina	de	los	administradores	y	copias	certificadas	notarialmente	de	los	testimonios	de	escrituras	públicas	de	poderes	administrativos,	judiciales	y	especiales. Las	sociedades	de	seguros	de	personas	que	ofrezcan	contratos	de	invalidez	y	sobrevivencia	y	de	renta	vitalicia,	conforme	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	deberán	proveer	la	información	siguiente:	listado	de	sus	administradores	y	accionistas,	formato	de	los	contratos	que	las	sociedades	de	seguros	celebren	con	la	institución	administradora	de	fondos	de	pensiones	y	con	el	afiliado	y	la	calificación	de	riesgo	de	la	sociedad,	según	lo	dispuesto	en	la	Ley	mencionada	anteriormente. Los	agentes	de	servicios	previsionales	deberán	proveer	la	siguiente	información:	nombres	de	los	agentes	y	sus	generales,	código	único	asignado	al	agente	y	copia	del	contrato	suscrito	entre	la	institución	administradora	de	fondos	de	pensiones	y	el	agente.	La	Superintendencia	podrá	incorporar	otra	información	al	Registro	con	base	en	la	autorización	que	otorgue	a	los	agentes	de	servicios	previsionales,	de	acuerdo	a	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	sus	reglamentos. Las	sociedades	que	presten	servicios	relacionados	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	deberán	proveer	la	información	siguiente:	listado	de	los	accionistas	que	sean	titulares	de	más	del	tres	por	ciento	del	capital	y	de	los	administradores,	los	estados	financieros	de	cada	ejercicio	y	especificar	el	tipo	de	servicios	que	presta	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones Art.	80.-	El	Consejo,	al	autorizar	el	inicio	de	operaciones	de	una	institución	administradora	de	fondos	de	pensiones,	efectuará	sin	más	trámite,	la	inscripción	respectiva.	De	igual	forma	procederá	cuando	autorice	una	modificación	del	pacto	social	o	de	los	estatutos,	la	disolución,	liquidación	o	fusión	de	las	instituciones	antes	dichas.	Asimismo,	al	revocar	la	autorización	para	operar	a	una	institución	administradora	de	fondos	de	pensiones	deberá	dejar	constancia	en	el	Registro. Respecto	a	los	accionistas	y	administradores	de	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	el	Consejo	ordenará	la	inscripción	correspondiente	con	la	información	pertinente	que	cada	una	de	éstas	presente	al	momento	de	solicitar	la	autorización	para	el	inicio	de	operaciones.	Estas	sociedades,	después	de	haber	efectuado	el	nombramiento	o	cambio	de	un	administrador,	deberán	comunicarlo	a	la	Superintendencia	dentro	del	plazo	de	tres	días	hábiles	de	efectuado	el	nombramiento	o	de	ocurrido	el	cambio. Con	el	objeto	de	mantener	actualizada	la	información	del	Registro,	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	las	sociedades	de	seguros,	los	agentes	de	servicios	previsionales	y	las	sociedades	que	presten	servicios	relacionados	con	el	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	deberán	remitir	a	la	Superintendencia	la	información	sobre	cualquier	cambio	en	lo	requerido	por	dicho	Registro,	dentro	del	plazo	de	ocho	días	después	de	haber	ocurrido	el	cambio,	salvo	lo	dispuesto	en	el	inciso	anterior.
Requisitos para inscripción de Peritos
Art.	81.-	Los	requisitos	que	deberán	cumplir	las	personas	naturales	para	ser	y	mantenerse	inscritas	en	el	Registro	de	Peritos	de	la	Superintendencia	son	los	siguientes: a)	Contar	con	la	formación	universitaria	o	técnica	especializada	para	el	tipo	de	bien	que	valuará,	rendir	prueba	de	conocimiento	sobre	materia	de	valuación	según	lo	determine	la	Superintendencia; b)	Cumplir	con	las	regulaciones	que	le	son	aplicables	en	el	ejercicio	de	sus	deberes	profesionales; c)	No	ser	deudor,	codeudor	o	fiador	en	los	integrantes	del	sistema	financiero	de	créditos	a	los	que	se	les	haya	constituido	el	cincuenta	por	ciento	o	más	de	reservas	de	saneamiento,	de	acuerdo	a	la	normativa	respectiva	y	no	encontrarse	en	estado	de	quiebra,	suspensión	de	pagos	o	concurso	de	acreedores; d)	No	haber	sido	condenado	por	cualquier	delito	doloso;	y e)	No	ser	director,	administrador,	gerente,	funcionario	o	empleado	de	algún	integrante	del	sistema	financiero.	Este	requisito	aplicará	respecto	del	cónyuge	o	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	de	los	peritos. En	el	caso	de	personas	jurídicas,	los	requisitos	anteriores	serán	aplicables	a	su	representante	legal,	a	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	u	órgano	equivalente	y	al	gerente	general,	o	el	que	haga	sus	veces.
Requisitos para inscripción de intermediarios de seguros, de agentes corredores de bolsa y otros participantes sujetos a dichos requisitos
Art.	82.-	Los	requisitos	que	deberán	cumplir	las	personas	naturales	para	ser	y	mantenerse	inscritas	en	el	Registro	de	Intermediarios	de	Seguros,	en	el	Registro	de	Agentes	Corredores	de	Bolsa	de	la	Superintendencia	y	en	los	registros	a	que	hacen	referencia	los	literales	k)	y	l)	del	artículo	78	de	esta	Ley,	son	los	siguientes: a)	Cumplir	con	los	requisitos	que	establece	la	normativa	aplicable	para	su	autorización	por	parte	de	la	Superintendencia; b)	Cumplir	con	las	regulaciones	que	le	son	aplicables	en	el	ejercicio	de	sus	deberes	profesionales;	y c)	No	haber	sido	condenado	por	cualquier	delito	doloso. En	el	caso	de	personas	jurídicas,	si	fuere	el	caso,	los	requisitos	anteriores	serán	aplicables	a	su	representante	legal,	a	los	miembros	de	la	junta	directiva	u	órgano	equivalente	y	al	gerente	general,	o	el	que	haga	sus	veces.	54
CAPÍTULO X GENERALIDADES Aseguramiento de la calidad de la supervisión
Art.	83.-	Para	efectos	de	asegurar	el	cumplimiento	de	los	procesos	de	supervisión,	el	Superintendente	propondrá	al	Consejo	para	su	aprobación,	la	creación	de	la	unidad	organizativa	que	controlará	el	cumplimiento	de	las	políticas	adoptadas	y	la	calidad	en	la	ejecución	de	los	procesos,	metodologías,	políticas	y	el	cumplimiento	de	los	manuales,	principalmente	aquéllos	relacionados	con	la	definición	del	perfil	de	riesgo	de	los	integrantes	del	sistema	financiero,	así	como	los	manuales	del	proceso	de	supervisión. Adicionalmente,	la	Superintendencia	podrá	contratar	expertos	independientes	nacionales	o	extranjeros	sobre	la	materia,	cuando	lo	estime	conveniente,	para	realizar	una	evaluación	sobre	la	calidad	en	la	ejecución	del	proceso	de	supervisión.	Los	informes	respectivos	deberán	presentarlos	al	Consejo.
Art.84.-	La	inspección	y	vigilancia	de	las	operaciones	y	de	la	contabilidad	de	la	Superintendencia	estará	a	cargo	de	un	auditor	interno,	nombrado	por	el	Consejo	y	el	examen	de	los	estados	financieros	de	la	Superintendencia	a	cargo	de	un	auditor	externo,	contratado	de	conformidad	a	lo	establecido	en	la	Ley	de	Adquisiciones	y	Contrataciones	de	la	Administración	Pública,	quienes	ejercerán	sus	funciones	de	acuerdo	a	las	Normas	de	Auditoría	generalmente	aceptadas. El	auditor	externo	rendirá	sus	informes	a	la	Superintendencia.	Durará	un	año	en	sus	funciones,	pudiendo	ser	contratado	para	nuevos	períodos	siempre	que	no	excedan	de	tres	períodos	sucesivos	y	se	cumplan	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	de	Adquisiciones	y	Contrataciones	de	la	Administración	Pública.	Dicho	auditor,	si	es	persona	natural,	no	deberá	ser	cónyuge	o	pariente	hasta	el	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	o	socio	del	Superintendente	o	de	los	Superintendentes	Adjuntos	y,	si	es	persona	jurídica,	la	relación	conyugal	y	los	grados	de	parentesco	antes	mencionados	se	considerarán	con	relación	a	sus	socios,	administradores,	gerentes	y	auditores,	respectivamente.	El	auditor	externo	de	la	Superintendencia	deberá	estar	registrado	previamente	en	el	Registro	que	para	tal	efecto	lleve	la	referida	institución.
Del presupuesto de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones.
Art.	85.-	La	Superintendencia	y	el	Comité	de	Apelaciones,	con	cuatro	meses	de	anticipación	al	inicio	del	ejercicio	respectivo,	elaborarán	sus	respectivos	proyectos	de	presupuesto	anual	y	régimen	de	salarios	de	acuerdo	a	sus	necesidades	y	objetivos.	El	Superintendente	y	el	Presidente	del	Comité	de	Apelaciones	deberán	presentarlos	al	Ministro	de	Hacienda	para	su	visto	bueno.	El	Presidente	de	la	República	someterá	los	respectivos	proyectos	de	presupuesto	para	su	correspondiente	consideración	y	aprobación	del	Consejo	de	Ministros.
Aprobados	los	presupuestos	de	la	Superintendencia	y	del	Comité	de	Apelaciones	se	harán	del	conocimiento	de	los	integrantes	del	sistema	financiero. Los	integrantes	del	sistema	financiero	contribuirán	a	cubrir	los	presupuestos	aprobados	en	relación	proporcional	a	los	servicios	recibidos,	pagando	mensualmente	al	Banco	Central,	el	cual	enviará	estos	fondos	a	la	cuenta	que	el	Ministerio	de	Hacienda	disponga.	El	Banco	Central	determinará	el	monto	del	pago	de	las	aportaciones	que	corresponderá	a	los	supervisados	de	conformidad	a	lo	siguiente: a)	Las	instituciones	estatales,	hasta	un	máximo	del	cero	punto	quince	por	ciento	anual	de	sus	activos	totales.	El	total	de	activos	no	incluye	avales,	fianzas	y	otros	rubros	contingentes; b)	Los	Bancos	hasta	un	máximo	del	cero	punto	quince	por	ciento	anual	de	sus	activos	totales.	El	total	de	activos	no	incluye	avales,	fianzas	y	otros	rubros	contingentes; c)	Las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	hasta	un	máximo	del	cuatro	por	ciento	de	los	ingresos	totales	anuales	que	perciban	en	concepto	de	comisiones	netas	del	pago	de	seguro	de	invalidez	y	sobrevivencia; d)	Las	sociedades	de	seguros,	hasta	un	máximo	del	cero	punto	ocho	por	ciento	anual	de	las	primas	netas	de	devoluciones	y	cancelaciones	anuales; e)	Las	bolsas	de	valores,	las	casas	de	corredores	de	bolsa,	las	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	las	clasificadoras	de	riesgo,	las	titularizadoras,	los	agentes	especializados	en	valuación	de	valores	y	los	almacenes	generales	de	depósito,	hasta	un	máximo	del	cero	punto	setenta	y	cinco	por	ciento	anual	de	los	ingresos	totales	anuales; f)	Los	bancos	cooperativos,	las	sociedades	de	ahorro	y	crédito,	las	federaciones	reguladas	por	la	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	Sociedades	de	Ahorro	y	Crédito	y	las	sociedades	de	garantía	recíproca	pagarán	hasta	un	cero	punto	cero	setenta	y	cinco	por	ciento	anual	de	una	manera	proporcional	a	sus	activos	totales.	El	total	de	activos	no	incluye	avales,	fianzas	ni	otros	rubros	contingentes; g)	Los	demás	integrantes	del	sistema	financiero,	a	excepción	de	las	instituciones	siguientes:	Fondo	Nacional	de	Vivienda	Popular	FONAVIPO,	IPSFA,	ISSS,	INPEP,	Fondo	Social	para	la	Vivienda	FSV,	Corporación	Salvadoreña	de	Inversiones	CORSAIN,	Instituto	de	Garantía	de	Depósitos	y	el	Fondo	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	Financiero;	pagarán	tomando	como	base	de	cálculo	la	mitad	de	la	tasa	pagada	por	los	bancos,	de	una	manera	proporcional	a	sus	activos	totales.	El	total	de	activos	no	incluye	avales,	fianzas	ni	otros	rubros	contingentes; h)	Otros	que	establezcan	las	leyes	en	los	porcentajes	que	las	mismas	determinen. EI	cálculo	de	la	participación	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	en	la	cobertura	del	presupuesto	de	la	Superintendencia	se	efectuará	con	base	en	los	estados	financieros	al	cierre	del	ejercicio	contable	anterior	y	el	Banco	Central	determinará	anualmente	los	porcentajes	a	aplicar	en	los	literales	anteriores,	para	lo	cual	esta	Ley	lo	faculta.
El	Banco	Central	cubrirá	hasta	un	máximo	del	diez	por	ciento	del	presupuesto	de	la	Superintendencia	en	efectivo,	en	especie	o	mediante	prestación	de	servicios,	para	lo	cual	esta	Ley	lo	faculta.	Asimismo,	el	Banco	Central	será	el	responsable	de	que	la	Superintendencia	reciba	oportunamente	los	fondos	para	cubrir	su	presupuesto. A	la	finalización	de	un	ejercicio	fiscal,	la	Superintendencia	y	el	Comité	de	Apelaciones	transferirán	los	saldos	no	utilizados	al	Ministerio	de	Hacienda,	que	servirá	para	financiar	presupuestos	de	ejercicios	posteriores,	debiendo	imputarse	esos	excedentes	a	prorrata	a	las	contribuciones	que	correspondan	en	el	ejercicio	siguiente. El	período	presupuestario	de	la	Superintendencia	y	del	Comité	de	Apelaciones	será	el	comprendido	entre	el	primero	de	enero	y	el	treinta	y	uno	de	diciembre	de	cada	año.	La	ejecución	del	presupuesto	de	la	Superintendencia	y	del	Comité	de	Apelaciones	estará	sujeta	a	la	fiscalización	de	la	Corte	de	Cuentas	de	la	República.
Art.	86.-	La	Superintendencia	y	el	Comité	de	Apelaciones	deberán	informar	al	Consejo	de	Ministros	sobre	la	ejecución	de	sus	respectivos	presupuestos	al	menos	con	una	periodicidad	trimestral. El	informe	de	ejecución	presupuestaria	deberá	hacerse	del	conocimiento	de	las	instituciones	y	entidades	que	financien	su	presupuesto.
Art.	87.-	El	Superintendente	aprobará	la	memoria	anual	de	labores	y	la	presentará	dentro	de	los	primeros	cuatro	meses	de	cada	año	al	Presidente	de	la	República,	quien	luego	de	aprobarla	la	remitirá	a	la	Asamblea	legislativa	y	el	Superintendente	procederá	a	ordenar	su	publicación	en	el	sitio	de	internet	de	la	Superintendencia.
Art.	88.-	La	Superintendencia	editará	un	boletín	estadístico	por	lo	menos	dos	veces	al	año,	que	contenga	información	detallada	de	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	de	las	operaciones	que	efectúen.
Divulgación de información al público
Art.	89.-	La	Superintendencia	deberá	informar	al	público	periódicamente,	por	los	medios	que	considere	conveniente,	los	fines	y	el	funcionamiento	de	los	mercados	financieros,	a	efectos	de	crear	cultura	financiera	y	previsional	en	los	usuarios.
Coordinación interinstitucional para atención a usuarios
Art.	90.-	La	Superintendencia	deberá	recibir	y	atender	las	consultas,	peticiones	o	reclamos	que	formulen	los	depositantes,	inversionistas,	usuarios	u	otros	legítimos	interesados	en	materias	de	su	competencia	y	en	lo	procedente	se	coordinará	con	la	Institución	responsable	legalmente	de	velar	por	los	derechos	del	consumidor	y	con	la	Institución	responsable	de	velar	por	el	cumplimiento	de	la	Ley	de	Competencia. También	recibirá	y	atenderá	las	consultas,	peticiones	o	reclamos	que	formulen	los	cotizantes	y	pensionados,	en	relación	con	las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	ISSS,	INPEP	y	sus	administradores,	así	como	con	otras	relacionadas	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	al	Sistema	de	Pensiones	Público	y	al	Régimen	de	Riesgos	Profesionales.
Art.	91.-	El	personal	de	la	Superintendencia	se	regirá	por	las	disposiciones	del	Reglamento	Interno	de	Trabajo	y	demás	instrumentos	administrativos	internos	que	apruebe	el	Superintendente	para	el	adecuado	desarrollo	de	las	funciones	de	la	Superintendencia,	previa	consulta	con	los	Superintendentes	Adjuntos. El	Reglamento	Interno	de	Trabajo	contemplará	el	régimen	laboral	a	implementarse	especialmente	lo	concerniente	al	sistema	de	remuneraciones,	ascensos,	capacitaciones	y	la	metodología	de	evaluación	de	desempeño	del	personal.
Art.	92.-	El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos,	aprobarán	el	plan	anual	de	capacitación	y	actualización	del	personal	de	la	Superintendencia,	con	base	en	las	tendencias	y	mejores	prácticas	de	supervisión	a	nivel	internacional.
Art.	93.-	No	podrán	ser	funcionarios	ni	empleados	de	la	Superintendencia	el	cónyuge,	los	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad	del	Superintendente	o	de	los	Superintendentes	Adjuntos	y	demás	miembros	del	Consejo.	Incompatibilidades del personal
Art.	94.-	Los	miembros	del	personal	de	la	Superintendencia	no	podrán	ser	directores,	asesores,	gerentes,	administradores,	ni	accionistas	o	empleados	de	los	integrantes	del	sistema	financiero;	tampoco	podrán	mantener	con	ellos	relaciones	profesionales,	comerciales	o	financieras,	excepto	aquéllas	que	se	deriven	de	su	situación	de	usuario	de	los	servicios	habitualmente	proporcionados	por	los	referidos	integrantes.
Asimismo,	hasta	después	de	transcurridos	tres	años	de	haber	dejado	de	prestar	servicios	en	la	Superintendencia,	podrán	realizar	gestiones	ante	la	misma	y	ante	el	Banco	Central,	en	forma	directa	o	indirecta,	a	favor	o	en	representación	de	los	integrantes	del	sistema	financiero.
Art.	95.-	Cuando	cualquiera	de	los	miembros	del	Consejo,	sean	demandados	por	el	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	la	Superintendencia	deberá	proveer	la	asistencia	legal	necesaria,	para	lo	cual	podrá	contratar	servicios	profesionales	externos. Asimismo,	la	Superintendencia	proveerá	asistencia	legal	a	los	miembros	de	su	personal	que	sean	demandados	por	cualquier	persona	o	institución,	por	actos	ejecutados	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones	u	obligaciones,	pudiendo	también	en	este	caso	contratar	servicios	profesionales	externos. Igual	asistencia	proveerá	el	Banco	Central	a	los	miembros	de	su	Consejo	Directivo	y	a	los	del	Comité	de	Apelaciones	por	actos	ejecutados	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones	y	obligaciones,	en	cuanto	a	sus	actuaciones	relacionadas	con	los	actos	administrativos	en	los	que	deban	formular	opinión	de	conformidad	a	las	leyes	aplicables. Si	en	la	sentencia	definitiva	respectiva	declarada	firme,	resultare	que	el	funcionario	o	empleado	actuó	en	exceso	a	sus	facultades	legales,	éste	deberá	reintegrar	a	la	Superintendencia	o	al	Banco	Central,	en	su	caso,	los	honorarios	por	servicios	profesionales	que	la	Superintendencia	haya	contratado	para	proveerle	la	asistencia	legal	respectiva. El	plazo	de	prescripción	para	promover	las	demandas	civiles,	mercantiles	y	penales	a	las	que	se	refiere	el	presente	artículo	y	que	sean	promovidas	en	contra	de	los	miembros	del	Consejo	Directivo	y	demás	personal	mencionado	en	este	artículo,	será	de	diez	años	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	haya	notificado	la	adopción	de	la	decisión	correspondiente,	salvo	que	en	los	decretos	legislativos	especiales	se	establezca	un	plazo	menor	al	respecto.
Art.	96.-	Queda	prohibido	a	todo	funcionario,	empleado,	delegado,	agente,	asesor,	auditor,	proveedor,	apoderado	o	persona	que	a	cualquier	título	preste	servicio	a	la	Superintendencia,	revelar	cualquier	detalle	de	los	informes	que	haya	emitido	o	dar	noticia	de	cualquier	hecho	reservado	del	que	haya	tomado	conocimiento	en	el	desempeño	de	su	cargo.	Los	que	infrinjan	esta	disposición	serán	destituidos	de	sus	cargos	o	se	terminará	su	relación	contractual	sin	responsabilidad	para	la	Superintendencia	según	corresponda,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	civil	y	penal	a	que	hubiere	lugar. Se	prohíbe	al	personal	de	la	Superintendencia	recibir	directa	o	indirectamente	dinero	y	otros	efectos	que,	en	concepto	de	premio,	obsequio,	dádiva	u	otra	forma	de	retribución,	proceda	de	los	supervisados	o	de	los	funcionarios	o	empleados	de	éstos,	o	prestarles	cualquier	clase	de	servicio	remunerado.
Asimismo,	los	empleados	y	funcionarios	de	la	Superintendencia	que	sean	notarios	no	podrán	ejercer	esta	función	cuando	se	trate	de	instrumentos	notariales	otorgados	por	los	supervisados	por	la	Superintendencia,	salvo	que	se	trate	de	instrumentos	en	los	que	la	Superintendencia	tuviere	algún	interés.
Obligación de informar o requerir autorización
Art.	97.-	Los	funcionarios	y	empleados	de	la	Superintendencia	deberán	informar	al	Superintendente	cuando	realicen	alguna	operación	relevante	con	un	integrante	del	sistema	financiero,	de	conformidad	a	lo	que	se	defina	en	el	Reglamento	Interno	de	Trabajo	de	la	Superintendencia,	en	el	mismo	se	establecerán	los	casos	que	requieren	autorización	previa.
Art.	98.-	El	personal	de	la	Superintendencia	será	miembro	del	Fondo	de	Protección	de	los	Funcionarios	y	Empleados	del	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador.	Asimismo,	estará	afiliado	al	ISSS	para	la	cobertura	del	Riesgo	de	Enfermedad,	Maternidad	y	Riesgos	Profesionales,	mientras	que,	para	la	cobertura	del	Riesgo	de	Invalidez,	Vejez	y	Muerte,	estará	afiliado	a	la	institución	previsional	que	corresponda,	de	acuerdo	a	las	disposiciones	contempladas	en	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones.
CAPÍTULO ÚNICO DE LA REGULACIÓN TÉCNICA
Art.	99.-	El	Banco	Central	en	virtud	de	esta	Ley,	es	la	institución	responsable	de	la	aprobación	del	marco	normativo	técnico	que	debe	dictarse	de	conformidad	a	esta	Ley	y	demás	leyes	que	regulan	a	los	supervisados.	En	el	cumplimiento	de	esta	responsabilidad,	el	Banco	Central	deberá	velar	por	que	el	marco	normativo	aplicable	al	sistema	financiero	se	revise	periódicamente	procurando	su	actualización	oportuna.	Para	estos	efectos	créase	en	el	Banco	Central	un	Comité	de	Normas,	el	cual	estará	integrado	por	el	Presidente	del	Banco	Central,	el	Vicepresidente	del	Banco	Central,	el	Superintendente	y	los	Directores	del	Consejo	Directivo	que	hayan	sido	propuestos	por	los	Ministros	a	los	que	se	refiere	el	artículo	10	de	la	Ley	Orgánica	del	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador. El	Comité	de	Normas	será	coordinado	y	presidido	por	el	Presidente	del	Banco	Central,	quien	designará	como	secretario	a	uno	de	los	miembros	del	referido	Comité.	En	caso	de	ausencia	temporal	o	definitiva	de	cualquiera	de	los	miembros	titulares	del	Comité	de	Normas,	serán	suplidos	por	quienes	legalmente	hagan	sus	veces. El	referido	Comité	de	Normas	se	reunirá	las	veces	que	sean	necesarias	para	el	cumplimiento	de	su	mandato	legal	y	como	mínimo	una	vez	cada	tres	meses;	las	sesiones	se	celebrarán	válidamente	con	la	asistencia	60
de	tres	de	sus	miembros	y	las	decisiones	se	tomarán	por	mayoría	de	los	presentes.	En	caso	de	empate,	el	Presidente	del	Banco	Central	tendrá	voto	de	calidad.	Los	asistentes	a	sus	sesiones	deberán	guardar	estricta	confidencialidad	sobre	los	asuntos	allí	tratados	y	los	documentos	que	en	razón	de	su	calidad	de	miembro	del	referido	Comité	les	sean	entregados;	tampoco	deberán	utilizar	ni	aprovechar	tal	información	para	fines	personales,	a	favor	de	terceros	o	en	detrimento	de	las	funciones	y	decisiones	del	Banco	Central,	de	la	Superintendencia	o	del	Estado,	en	cuyo	caso	incurrirán	en	responsabilidad	por	los	daños	causados,	sin	menoscabo	de	las	acciones	legales	o	administrativas	de	cualquier	naturaleza	que	sean	procedentes.	Corresponderá	al	mencionado	Comité	de	Normas	emitir	resoluciones	sobre	lo	siguiente: a)	La	aprobación	de	normas	técnicas,	de	instructivos	y	disposiciones	que	las	leyes	que	regulan	a	los	supervisados	establecen	que	deben	dictarse	para	facilitar	su	aplicación,	especialmente	los	relativos	a	requerimientos	de	solvencia,	liquidez,	provisiones,	reservas,	clasificación	de	activos	de	riesgo,	criterios	para	establecer	la	necesidad	de	consolidación,	prácticas	de	buen	gobierno	corporativo,	transparencia	de	la	información	y	sobre	cualquier	otro	aspecto	inherente	a	la	gestión	de	riesgos	por	parte	de	los	supervisados; b)	La	aprobación	de	normas	técnicas	para	que	los	integrantes	del	sistema	financiero	proporcionen	al	público	información	suficiente	y	oportuna	sobre	aspectos	jurídicos,	económicos	y	financieros	de	cada	uno,	de	conformidad	a	lo	establecido	en	las	leyes	que	los	regulan,	así	como	sobre	los	productos	y	servicios	que	ofrecen; c)	La	aprobación	de	normas	técnicas	para	la	elaboración,	aprobación,	presentación	y	divulgación	de	los	estados	financieros	e	información	suplementaria	de	los	integrantes	del	sistema	financiero;	para	la	determinación	de	las	obligaciones	contables	y	de	los	principios	conforme	a	los	cuales	deberán	llevar	su	contabilidad	y	el	establecimiento	de	criterios	para	la	valoración	de	activos,	pasivos	y	constitución	de	provisiones	y	reservas	por	riesgos,	todo	lo	anterior	de	conformidad	a	lo	establecido	en	esta	Ley	y	demás	leyes	aplicables,	con	la	finalidad	de	que	se	refleje	la	real	situación	de	liquidez	y	solvencia	de	los	referidos	integrantes; d)	La	aprobación	de	normas	técnicas	para	el	establecimiento	y	vigilancia	de	las	reservas	técnicas	y	matemáticas,	de	inversiones	y	reaseguros	de	las	sociedades	de	seguros; e)	El	establecimiento	de	criterios	técnicos	para	determinar	los	actos	y	operaciones	que	se	consideren	contrarios	a	los	usos	bursátiles	o	sanas	prácticas	del	mercado; f)	La	emisión	de	requerimientos	exigibles	a	los	auditores	internos	y	externos	así	como	a	los	Comités	de	Auditoría	de	los	integrantes	del	sistema	financiero.	Adicionalmente,	dictará	las	normas	que	sean	necesarias	para	coordinar	las	labores	de	supervisión	de	la	Superintendencia	con	las	labores	de	los	auditores	internos; g)	La	aprobación	de	normas	técnicas	en	las	que	se	definan	las	condiciones	mínimas	que	deben	reunir	físicamente	los	locales	y	sus	medidas	de	seguridad,	como	lo	relativo	a	la	conservación	y	archivo	de	documentación	de	los	integrantes	del	sistema	financiero;
h)	La	aprobación	de	normas	técnicas	en	las	que	se	definan	los	requisitos	mínimos	de	los	contratos	de	seguros	relacionados	al	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; i)	La	aprobación	previa	de	los	reglamentos	e	instructivos	que	emitan	las	bolsas	de	valores	para	regular	la	operatividad	de	las	negociaciones	del	mercado	y	de	los	mecanismos	que	se	implementen	para	la	realización	de	las	transacciones	e	instruir	los	cambios	que	consideren	necesarios,	en	un	plazo	no	mayor	a	quince	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	solicitud	de	aprobación	respectiva,	de	conformidad	a	las	disposiciones	aplicables	y	a	las	mejores	prácticas	internacionales; j)	La	aprobación	previa	a	su	entrada	en	vigencia	de	los	reglamentos	y	manuales	de	operación,	formatos	de	contratos	y	otros	documentos	correspondientes	a	las	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	velando	porque	los	sistemas	instituidos	por	dichas	sociedades	otorguen	las	garantías	de	seguridad	y	eficacia	requeridas	para	la	seguridad	y	estabilidad	del	mercado;	y k)	Otras	resoluciones	que	señalen	las	leyes. Asimismo	le	corresponderá	al	Banco	Central,	la	aprobación	de	las	demás	resoluciones	que,	en	el	ámbito	de	su	competencia,	resulten	necesarias	para	el	adecuado	funcionamiento	del	Sistema	de	Supervisión	y	Regulación	Financiera,	así	como	para	la	aplicación	de	la	presente	Ley	y	en	las	demás	leyes	aplicables	a	los	supervisados. Adicionalmente,	le	corresponderá	al	Banco	Central	por	medio	de	su	Presidente	proponer	al	Presidente	de	la	República	la	emisión,	modificación	y	derogación	de	los	Reglamentos	que	establecen	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	la	Ley	de	Sociedades	de	Seguros,	la	Ley	del	Mercado	de	Valores,	la	Ley	de	Bolsas	de	Productos	y	Servicios,	y	cualquier	otro	que	establezcan	las	leyes	que	regulan	a	los	integrantes	del	sistema	financiero.	Las	anteriores	funciones	las	realizará	el	Comité	de	Normas	de	conformidad	a	lo	regulado	en	esta	Ley,	para	lo	cual	ésta	lo	faculta. Art.	100.	Previo	a	la	aprobación	de	normas	técnicas,	éstas	se	pondrán	a	consulta	de	los	supervisados	a	fin	de	que,	si	lo	estiman	conveniente,	puedan	emitir	sus	observaciones	debidamente	razonadas	dentro	del	plazo	que	al	respecto	se	les	establezca.	La	consulta	podrá	efectuarse	por	medio	de	comités	consultivos	multidisciplinarios	conformados	según	la	materia	a	normar.	En	ningún	caso	las	referidas	observaciones	serán	vinculantes. Las	normas	técnicas	que	apruebe	el	Banco	Central	de	conformidad	a	esta	Ley,	deberán	estar	debidamente	razonadas,	establecerán	la	fecha	de	su	vigencia	y	serán	hechas	del	conocimiento	de	los	supervisados	al	menos	quince	días	antes	de	su	entrada	en	vigencia,	mediante	su	publicación	en	el	sitio	de	internet	del	Banco	Central,	lo	cual	deberá	ser	comunicado	directamente	a	los	supervisados	correspondientes	por	medios	impresos	o	electrónicos.	Adicionalmente,	el	Banco	Central	podrá	publicar	las	referidas	normas	en	el	Diario	Oficial	o	en	otros	medios	físicos	o	electrónicos	que	determine	el	Consejo	Directivo,	los	cuales	hará	del	conocimiento	público.	Las	normas	técnicas	serán	de	obligatorio	cumplimiento	a	partir	de	su	vigencia.	62
La	Superintendencia	deberá	mantener	actualizadas	en	su	sitio	de	internet	las	referidas	normas	durante	sus	correspondientes	períodos	de	vigencia.-	Excepcionalmente,	en	circunstancias	que	hagan	prever	la	ocurrencia	de	posibles	desequilibrios	del	sistema	financiero	o	por	razones	de	interés	social,	el	Comité	de	Normas	con	al	menos	dos	de	sus	miembros	podrá	emitir,	sin	más	trámite,	normas	técnicas	de	carácter	temporal	y	de	vigencia	inmediata,	sin	la	consulta	previa	a	la	que	se	refiere	este	artículo.	La	vigencia	de	estas	normas	no	podrá	exceder	de	ciento	ochenta	días. Las	normas	técnicas	que	corresponde	aprobar	al	Comité	de	Normas	serán	elaboradas	por	el	Banco	Central.	La	Superintendencia	deberá	proveer	al	Banco	Central	los	insumos	necesarios	o	realizar	propuestas	de	normas	que	considere	necesarias	para	el	funcionamiento	de	los	mercados.
CAPTULO ÚNICO DISPOSICIONES ESPECIALES Continuidad y traslado de potestades
Art.	101.-	La	Superintendencia	se	regirá	por	las	disposiciones	de	la	presente	Ley	y	por	lo	dispuesto	en	otras	leyes	que	le	sean	aplicables,	transfiriéndosele	por	Ministerio	de	Ley	todas	aquellas	facultades,	competencias,	potestades,	atribuciones	y	deberes	que	se	mencionan	en	las	leyes	y	que,	con	anterioridad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	Ley,	le	eran	atribuidas	a	la	Superintendencia	de	Valores,	a	la	Superintendencia	de	Pensiones	y	a	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	creada	por	Decreto	Legislativo	No.	628	del	22	de	noviembre	de	1990,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	278,	Tomo	309,	del	10	de	diciembre	de	1990. Cuando	en	las	diferentes	leyes	se	haga	alusión	a	las	Leyes	Orgánicas	de	las	Superintendencias	que	por	esta	Ley	se	derogan,	deberá	entenderse	que	se	refiere	a	la	presente	Ley. Del	mismo	modo,	quedan	transferidas	a	la	Superintendencia,	al	Comité	de	Apelaciones	y	al	Banco	Central,	en	la	forma	dispuesta	por	esta	Ley,	todas	aquellas	facultades,	competencias,	potestades,	atribuciones	y	deberes	que	se	establecen	en	las	leyes	y	que,	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	la	presente,	les	fueron	atribuidas	a	los	Superintendentes	o	a	los	Consejos	Directivos	de	las	Superintendencias	antes	mencionadas,	a	menos	que	tales	facultades	hayan	sido	otorgadas	a	otras	entidades,	instituciones	o	autoridades	de	conformidad	a	lo	establecido	en	esta	Ley. Quedan	transferidas	al	Banco	Central	las	facultades	de	aprobar,	modificar	y	derogar	normas	técnicas	que	deban	ser	cumplidas	por	los	integrantes	del	sistema	financiero	y	demás	supervisados	y	que	eran	atribuidas	a	las	Superintendencias	o	a	los	Consejos	Directivos	de	las	Superintendencias	cuyas	leyes	orgánicas	deroga	la	presente.
Art.	102.-	Para	efectos	de	imponer	sanciones,	cuando	en	las	diferentes	leyes	se	haga	referencia	al	procedimiento	establecido	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	a	los	procedimientos	establecidos	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Valores	y	en	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	que	por	esta	Ley	se	derogan,	deberá	entenderse	que	se	hace	referencia	al	procedimiento	establecido	en	el	capítulo	VII	del	Título	II	de	la	presente	Ley.
Vigencia de reglamentos y otras disposiciones
Art.	103.-	Los	reglamentos,	instructivos,	resoluciones,	normas,	acuerdos	y	otras	disposiciones	generales	y	particulares	aplicables	a	los	supervisados,	así	como	los	dictados	en	materia	administrativa	para	el	funcionamiento	interno	que	hayan	sido	emitidos	por	las	autoridades	competentes	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	creada	por	medio	del	Decreto	Legislativo	a	que	se	refiere	el	artículo	101	de	esta	Ley,	mantendrán	su	vigencia	en	todo	lo	que	no	se	oponga	a	la	presente,	mientras	no	sean	derogados	o	modificados	expresamente. Los	reglamentos,	instructivos,	resoluciones,	normas,	acuerdos	y	otras	disposiciones	generales	y	particulares	aplicables	a	los	supervisados,	que	hayan	sido	emitidos	conforme	a	la	ley	por	las	autoridades	competentes	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	y	de	la	Superintendencia	de	Valores,	cuyas	leyes	orgánicas	se	derogan	por	esta	Ley,	mantendrán	su	vigencia	en	todo	lo	que	no	se	oponga	a	la	presente,	mientras	no	sean	derogados	o	modificados	expresamente;	los	concernientes	a	su	funcionamiento	interno	y	en	materias	administrativa,	de	personal	y	presupuestaria,	quedan	derogados	a	partir	del	inicio	de	funciones	de	la	Superintendencia	creada	por	esta	Ley. Los	reglamentos	emitidos	por	la	Presidencia	de	la	República	para	la	aplicación	de	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	y	de	las	leyes	del	ISSS	y	del	INPEP	en	lo	que	corresponda,	y	los	aplicables	al	Mercado	de	Valores	y	demás	fiscalizadas	de	conformidad	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Valores	que	por	esta	Ley	se	deroga	o	cualquier	otro	reglamento	aplicable	a	los	supervisados,	mantendrán	su	vigencia	en	todo	lo	que	no	se	oponga	a	la	presente	Ley,	mientras	no	sean	derogados	o	modificados	expresamente. En	consecuencia,	el	incumplimiento	a	las	obligaciones	establecidas	en	los	ordenamientos	jurídicos	aludidos	anteriormente	será	sancionado	por	la	Superintendencia	creada	y	regulada	por	esta	Ley,	de	conformidad	al	procedimiento	establecido	en	la	misma. Art.	104.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley,	cuando	en	otras	leyes	se	mande	la	emisión	de	instructivos,	se	entenderá	que	se	trata	de	la	emisión	de	normas	a	que	se	refiere	el	artículo	99	de	esta	Ley,	según	su	naturaleza.
Art.	105.-	La	Comisión	de	Riesgo	a	que	se	refiere	el	artículo	89	de	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	estará	integrada,	a	partir	de	la	vigencia	de	esta	Ley,	por	el	Superintendente	quien	la	presidirá,	por	los	Superintendentes	Adjuntos,	por	el	Presidente	del	Banco	Central	y	por	el	Ministro	de	Hacienda	y	se	regirá	de	conformidad	a	las	disposiciones	de	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones	en	lo	que	no	contradiga	a	la	presente. 64
Art.	106.-	La	Superintendencia	creada	y	regulada	por	esta	Ley	llevará	los	registros	contemplados	en	el	artículo	78	de	la	presente	Ley.	En	consecuencia,	se	trasladan	a	la	Superintendencia	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente	Ley,	los	registros	que	anteriormente	llevaban	las	Superintendencias	cuyas	leyes	orgánicas	se	derogan	por	esta	Ley,	los	cuales	conservarán	todas	las	características	legales	y	finalidades	para	los	que	fueron	creados.	Los	asientos	o	inscripciones	que	se	hubiesen	realizado	en	los	mencionados	registros	mantendrán	su	validez	y	no	necesitarán	de	ratificación	posterior	ni	de	trámite	alguno.
Art.	107.-	En	lo	no	previsto	en	la	presente	Ley	se	aplicará	en	lo	pertinente	la	legislación	siguiente: a)	Las	leyes	financieras,	tales	como	la	Ley	de	Bancos,	la	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	Sociedades	de	Ahorro	y	Crédito,	la	Ley	del	Mercado	de	Valores,	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones; b)	El	Código	de	Comercio;	y c)	La	legislación	civil.
Exclusión expresa
Art.	108.-	Por	su	carácter	supletorio,	no	serán	aplicables	a	los	procedimientos	establecidos	en	la	presente	Ley	las	disposiciones	de	la	Ley	de	Procedimiento	para	la	Imposición	del	Arresto	o	Multa	Administrativos	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	457	del	1	de	marzo	de	1990,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	70,	Tomo	30,	del	21	de	marzo	de	1990.
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES TRANSITORIAS Traslado de derechos y de obligaciones
Art.	109.-	Se	transfieren	a	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	creada	por	esta	Ley,	todos	los	bienes,	derechos	y	ésta	contrae	todas	las	obligaciones	de	la	Superintendencia	de	Valores,	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	y	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	creada	por	Decreto	Legislativo	No.	628	del	22	de	noviembre	de	1990,	publicado	en	Diario	Oficial	No.	278,	Tomo	309,	del	10	de	diciembre	de	1990. LEY DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
El	personal	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	creada	por	Decreto	Legislativo	No.	628	del	22	de	noviembre	de	1990,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	278,	Tomo	309,	del	10	de	diciembre	de	1990,	que	laboraba	en	la	Intendencia	de	Valores	de	esa	Institución,	que	en	el	año	de	mil	novecientos	noventa	y	siete	se	trasladó	a	laborar	a	la	Superintendencia	de	Valores,	tendrá	derecho	a	una	gratificación	por	los	servicios	prestados	a	la	referida	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	en	concepto	de	reconocimiento	por	el	tiempo	que	laboraron	respectivamente	en	dicha	Institución	en	los	términos	que	dicte	el	Consejo,	facultándose	a	la	Superintendencia	creada	por	esta	Ley	para	que	efectúe	dicha	erogación. Art.	110.-	El	Superintendente	y	los	Superintendentes	Adjuntos	y	los	demás	miembros	del	Consejo	deberán	ser	nombrados	el	mismo	día	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	Ley.
Del Comité de Apelaciones
Art.	111.-	El	Comité	de	Apelaciones	iniciará	sus	funciones	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	a	la	vigencia	de	la	presente	Ley. Los	plazos	que	estén	en	curso	en	los	procedimientos	de	apelación	iniciados,	así	como	el	plazo	para	interponer	dicho	recurso,	quedarán	suspendidos	mientras	el	Comité	de	Apelaciones	no	haya	iniciado	sus	funciones.
Plazo transitorio de prescripción
Art.	112.-	Durante	el	primer	año	de	vigencia	de	la	presente	Ley	el	plazo	de	prescripción	para	promover	el	procedimiento	establecido	en	la	misma	será	de	cinco	años	contados	a	partir	de	la	fecha	en	la	que	se	haya	terminado	de	cometer	el	hecho	o	de	ocurrir	la	omisión	sujeta	a	sanción.
De las políticas internas de los integrantes del sistema financiero
Art.	113.-	Para	cumplir	las	disposiciones	contempladas	en	los	literales	c)	y	d)	del	artículo	35	de	la	presente	Ley,	los	integrantes	del	sistema	financiero	deberán	presentar	a	la	Superintendencia	un	plan	para	adoptar	las	políticas	y	mecanismos	a	que	se	refieren	dichas	disposiciones,	dentro	de	los	seis	meses	siguientes	a	la	vigencia	de	esta	Ley	y	comunicar	la	actualización	del	mismo	cuando	corresponda.	Anualmente	los	integrantes	del	Sistema	Financiero	deberán	presentar	una	evaluación	de	la	ejecución	del	mismo.	Una	vez	presentado	el	plan,	los	mencionados	integrantes	deberán	implementarlo	en	un	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	su	presentación,	comunicando	las	referidas	políticas	o	disposiciones	adoptadas	a	la	Superintendencia	dentro	de	los	doce	meses	siguientes	a	la	vigencia	de	esta	Ley.
Presupuesto transitorio de la Superintendencia
Art.	114.-	No	obstante	lo	dispuesto	en	el	artículo	85	de	esta	Ley,	el	Presupuesto	de	la	Superintendencia	para	concluir	el	ejercicio	de	funcionamiento	correspondiente	al	año	2011,	se	cubrirá	con	los	recursos	considerados	en	la	aprobación	de	los	tres	presupuestos	totales	anuales	para	el	referido	ejercicio	para	la	Superintendencia	66
del	Sistema	Financiero,	la	Superintendencia	de	Valores	y	la	Superintendencia	de	Pensiones	en	base	a	las	leyes	orgánicas	que	las	regían	y	a	los	recursos	ya	aprobados	en	el	Presupuesto	General	de	la	Nación	para	la	Superintendencia	de	Valores	y	la	Superintendencia	de	Pensiones.	A	la	vigencia	de	esta	Ley,	los	referidos	recursos	previstos	para	las	Superintendencias	de	Valores	y	de	Pensiones,	serán	transferidos	al	Banco	Central	por	el	Ministerio	de	Economía,	a	quien	la	presente	Ley	lo	autoriza	a	efectuarlo,	a	fin	que	el	referido	Banco	lo	remita	oportunamente	a	la	Superintendencia. La	Superintendencia	deberá	estimar	el	presupuesto	correspondiente	al	año	2012	dentro	de	los	treinta	días	siguientes	a	la	vigencia	de	la	presente	Ley,	será	aprobado	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	85	de	la	presente	Ley	y	será	cubierto	de	la	manera	siguiente: a)	El	Banco	Central	cubrirá	con	sus	recursos	hasta	un	máximo	del	treinta	y	cuatro	por	ciento; b)	El	Ministerio	de	Hacienda	cubrirá	con	sus	recursos	hasta	un	máximo	del	dieciséis	por	ciento; c)	Los	bancos,	incluyendo	el	Banco	Multisectorial	de	Inversiones,	el	Banco	Hipotecario	de	El	Salvador,	S.A.,	y	el	Banco	de	Fomento	Agropecuario,	hasta	un	máximo	del	treinta	y	cuatro	por	ciento; d)	Las	instituciones	administradoras	de	fondos	de	pensiones,	hasta	un	máximo	del	dieciséis	por	ciento; e)	Las	sociedades	de	seguros,	los	agentes	especializados	en	la	valuación	de	valores,	las	bolsas	de	valores,	las	casas	de	corredores	de	bolsa,	las	sociedades	especializadas	en	el	depósito	y	custodia	de	valores,	las	clasificadoras	de	riesgo,	las	titularizadoras	y	los	almacenes	generales	de	depósito	pagarán	hasta	un	máximo	del	dos	por	ciento;	y f)	Los	bancos	cooperativos,	las	sociedades	de	ahorro	y	crédito,	las	federaciones	reguladas	por	la	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	Sociedades	de	Ahorro	y	Crédito,	las	sociedades	de	garantía	recíproca	y	los	demás	integrantes	del	sistema	financiero,	con	excepción	del	Fondo	Nacional	de	Vivienda	Popular	FONAVIPO,	IPSFA,	ISSS,	INPEP,	Fondo	Social	para	la	Vivienda	FSV,	Corporación	Salvadoreña	de	Inversiones	CORSAIN,	Instituto	de	Garantía	de	Depósitos	y	el	Fondo	de	Saneamiento	y	Fortalecimiento	Financiero,	pagarán	hasta	un	máximo	del	dos	por	ciento. Una	vez	aprobado	el	presupuesto	para	el	ejercicio	2012	el	Banco	Central	comunicará	al	Ministerio	de	Hacienda	el	monto	correspondiente	al	literal	b)	de	este	artículo,	para	que	dicho	Ministerio	incorpore	lo	necesario	en	el	Presupuesto	General	del	Estado	para	el	año	2012	y	transfiera	al	Banco	Central	los	recursos	correspondientes	en	el	mes	de	enero	de	2012.	La	Superintendencia	regulada	por	esta	Ley	estará	en	todo	caso	exenta	del	cumplimiento	de	las	regulaciones	del	Subsistema	de	Contabilidad	Gubernamental. Art.	115.-	Los	agentes	corredores	de	bolsa	que	actualmente	estuvieren	prestando	sus	servicios	en	casas	de	corredores	de	bolsa	autorizadas	por	la	Superintendencia,	dentro	del	plazo	de	un	año	contado	a	partir	de	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	Ley,	deberán	inscribirse	en	el	registro	que	para	tal	efecto	llevará	la	Superintendencia	debiendo	para	dicho	efecto	cumplir	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	82	de	la	presente	Ley	y	en	la	normativa	técnica	que	al	efecto	sea	emitida	por	el	Banco	Central.
Lo	establecido	en	el	inciso	anterior	será	asimismo	aplicable	a	los	sujetos	a	que	se	refieren	los	literales	K)	y	l)	del	artículo	78	de	esta	Ley.	Asistencia legal transitoria
Art.	116.-	Para	los	procesos	judiciales	pendientes	y	para	los	que	se	inicien	durante	el	año	posterior	a	la	entrada	en	vigencia	de	esta	Ley,	la	asistencia	legal	a	que	se	refiere	el	artículo	95	será	también	aplicable	a	quienes	hayan	sido	Superintendentes	o	miembros	de	los	Consejos	Directivos	de	las	Superintendencias	existentes	antes	de	la	vigencia	de	esta	Ley	y	cuyas	leyes	orgánicas	se	derogan	por	ésta.	De	igual	forma,	tendrán	asistencia	legal	por	parte	del	Banco	Central	quienes	hayan	fungido	como	miembros	de	su	Consejo	Directivo.
Art.	117.-	Los	procesos	de	liquidación	iniciados	de	conformidad	a	las	leyes	que	por	la	presente	Ley	se	derogan,	continuarán	bajo	la	vigilancia	de	la	Superintendencia.
Vigencia de procedimientos y recursos
Art.	118.-	Los	procedimientos	y	recursos	administrativos	que	estuvieren	pendientes	a	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	Ley	se	continuarán	tramitando	de	conformidad	a	la	ley	con	que	fueron	iniciados	y	por	las	autoridades	reguladas	por	ésta	con	las	competencias	que	la	misma	les	atribuye,	de	la	forma	siguiente: a)	Los	procedimientos,	trámites,	diligencias	o	cualquier	otro	acto	procesal	que	estén	pendientes	de	resolución	final	ante	los	anteriores	titulares	de	las	Superintendencias	cuyas	leyes	orgánicas	se	derogan	por	la	presente	Ley	se	continuarán	tramitando	ante	el	Superintendente	o	el	Superintendente	Adjunto	que	delegue; b)	Los	recursos	de	rectificación	que	se	encuentren	en	trámite	ante	los	anteriores	titulares	de	las	Superintendencias	del	Sistema	Financiero	y	de	Pensiones,	se	continuarán	tramitando	ante	el	Superintendente	o	el	Superintendente	Adjunto	que	delegue; c)	Los	recursos	de	apelación	que	se	estén	tramitando	ante	los	anteriores	Consejos	Directivos	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	y	de	la	Superintendencia	de	Valores,	se	continuarán	tramitando	ante	el	Comité	de	Apelaciones,	regulado	en	el	artículo	65	de	esta	Ley; d)	Los	procedimientos	que	se	estén	tramitando	ante	funcionarios	subalternos,	delegados	o	similares	de	los	anteriores	titulares	de	las	Superintendencias	mencionadas	se	continuarán	tramitando	ante	los	funcionarios	que	el	Superintendente	delegue;	y e)	Los	reclamos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	113	de	la	Ley	del	Sistema	de	Ahorro	para	Pensiones,	continuarán	siendo	tramitados	por	la	Comisión	Calificadora	de	Invalidez,	creada	de	conformidad	a	dicha	Ley	y	de	acuerdo	al	procedimiento	establecido	en	el	referido	artículo. 68
Las	resoluciones	definitivas	de	los	Superintendentes	a	que	hacen	referencia	las	leyes	orgánicas	que	por	esta	Ley	se	derogan	y	de	las	cuales	no	haya	transcurrido	el	plazo	para	interponer	los	recursos	regulados	por	aquellas,	podrán	recurrirse	según	sea	el	caso	ante	el	Superintendente,	el	Superintendente	Adjunto	que	haya	sido	delegado	o	ante	el	Comité	de	Apelaciones	regulados	por	esta	Ley. Art.	119.-	La	derogatoria	del	Artículo	14,	las	modificaciones	a	los	artículos	4,	5,	13,	15,	17	y	29	y	la	incorporación	del	Artículo	5-A	de	la	Ley	de	Bolsas	de	Productos	y	Servicios,	que	en	la	presente	Ley	se	efectúan,	entrarán	en	vigencia	transcurrido	un	año,	contado	a	partir	de	la	vigencia	de	la	misma. Art.	120.-	Los	miembros	del	Consejo	Directivo	nombrados	al	entrar	en	vigencia	la	presente	Ley,	durarán	en	sus	funciones	hasta	el	treinta	y	uno	de	mayo	del	año	dos	mil	catorce.	TÍTULO VI
DEROGATORIAS Y VIGENCIA CAPÍTULO ÚNICO
Art.	121.-	Deróganse	las	siguientes	disposiciones: a)	La	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	628	del	22	de	noviembre	de	1990,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	278,	Tomo	309,	del	10	de	diciembre	de	1990	y	sus	reformas; b)	La	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Valores,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	806,	del	11	de	septiembre	de	1996,	publicado	en	el	Diario	Oficial	No.	186,	Tomo	333,	del	4	de	octubre	de	1996	y	sus	reformas;	c)	La	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	contenida	en	el	Decreto	Legislativo	No.	926,	de	fecha	19	de	diciembre	de	1996,	publicada	en	el	Diario	Oficial	No.	243,	Tomo	333,	del	23	de	diciembre	de	1996	y	sus	reformas. d)	El	artículo	238	de	la	Ley	de	Bancos; e)	El	artículo	58	de	la	Ley	de	Bancos	Cooperativos	y	sociedades	de	Ahorro	y	Crédito f)	El	artículo	97	de	la	Ley	del	Mercado	de	Valores g)	El	artículo	14	de	la	Ley	de	Bolsas	de	Productos	y	Servicios h)	El	inciso	segundo	del	artículo	3	de	la	Ley	de	Casas	de	Cambio	de	Moneda	Extranjera.
Art.	122.-	Las	facultades	conferidas	al	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador	en	la	Ley	de	Casas	de	Cambio	de	Moneda	Extranjera	se	trasladan,	por	Ministerio	de	Ley,	a	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero	regulada	por	esta	Ley,	excepto	la	relativa	a	la	emisión	del	Instructivo	para	la	aplicación	de	la	Ley	de	Casas	de	Cambio	de	Moneda	Extranjera	que	regula	las	operaciones	de	las	casas	de	cambio,	la	cual	continuará	siendo	competencia	del	referido	Banco. Los	expedientes	que	contienen	la	información	sobre	las	Casas	de	Cambio	que	actualmente	se	encuentran	operando,	así	como	las	respectivas	garantías,	deberán	ser	trasladados	por	el	citado	Banco	a	la	referida	Superintendencia,	dentro	de	los	tres	meses	siguientes	a	la	vigencia	de	la	presente	Ley.
Art.	123.-	La	facultad	de	nombrar	auditores	externos	conferida	al	Banco	Central	de	Reserva	de	El	Salvador	en	las	leyes	que	rigen	a	las	instituciones	siguientes:	Banco	Multisectorial	de	Inversiones,	Administración	Nacional	de	Acueductos	y	Alcantarillados,	Instituto	Salvadoreño	de	Transformación	Agraria,	Comisión	Ejecutiva	Portuaria	Autónoma	e	Instituto	de	Previsión	Social	de	la	Fuerza	Armada,	será	ejercida	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente	Ley,	por	la	máxima	autoridad	de	las	instituciones	antes	mencionadas. Art.	124.-	La	presente	Ley	por	su	carácter	especial	prevalecerá	sobre	cualquier	otra	que	se	le	oponga	o	contraríe;	para	modificarla	o	derogarla	deberá	hacerse	mención	expresa	a	ésta. En	caso	de	conflicto	en	la	aplicación	de	las	leyes,	prevalecerá	la	presente	Ley. Art.	125.-	Cuando	en	otros	ordenamientos	legales	se	haga	referencia	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	del	Sistema	Financiero,	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Valores	y	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Pensiones,	se	entenderá	que	la	Ley	aplicable	es	la	presente;	de	igual	manera,	cuando	en	otros	ordenamientos	legales	se	aluda	al	Superintendente	del	Sistema	Financiero,	al	Superintendente	de	Valores	y	al	Superintendente	de	Pensiones,	se	entenderá	que	la	autoridad	a	la	que	se	refieren	es	el	Superintendente	a	que	hace	relación	la	presente	Ley. Art.	126.-	El	presente	Decreto	entrará	en	vigencia	180	días	después	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO:	San	Salvador,	a	los	catorce	días	del	mes	de	enero	de	dos	mil	once.
CIRO	CRUZ	ZEPEDA	PEÑA PRESIDENTE OTHON	SIGFRIDO	REYES	MORALES	PRIMER	VICEPRESIDENTE	JOSÉ	FRANCISCO	MERINO	LÓPEZ TERCER	VICEPRESIDENTE	GUILLERMO	ANTONIO	GALLEGOS	NAVARRETE SEGUNDO	VICEPRESIDENTE ALBERTO	ARMANDO	ROMERO	RODRÍGUEZ	CUARTO	VICEPRESIDENTE
FRANCISCO	ROBERTO	LORENZANA	DURÁN QUINTO	VICEPRESIDENTE
LORENA	GUADALUPE	PEÑA	MENDOZA	PRIMERA	SECRETARIA	ELIZARDO	GONZÁLEZ	LOVO TERCER	SECRETARIO	CÉSAR	HUMBERTO	GARCÍA	AGUILERA SEGUNDO	SECRETARIO ROBERTO	JOSÉ	D’AUBUISSON	MUNGUÍA CUARTO	SECRETARIO IRMA	LOURDES	PALACIOS	VÁSQUEZ
QUINTA	SECRETARIA	SEXTA	SECRETARIA	MARIO	ALBERTO	TENORIO	GUERRERO	SÉPTIMO	SECRETARIO
CASA PRESIDENCIAL:	San	Salvador,	a	los	veintiséis	días	del	mes	de	enero	del	año	dos	mil	once. PUBLÍQUESE,
CARLOS	MAURICIO	FUNES	CARTAGENA, Presidente	de	República.
JUAN	RAMÓN	CARLOS	ENRIQUE	CÁCERES	CHÁVEZ, Ministro	de	Hacienda.
HÉCTOR	MIGUEL	ANTONIO	DADA	HIREZI, Ministro	de	Economía.
Ley de Supervision Regulacion Del Sistema FinancieroUploaded by Ricardo Fernandez Del Cid16 visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content