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Timestamp: 2020-08-04 23:26:07
Document Index: 261624516

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 4', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 80', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 80', 'artículo 20', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 83', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 78', 'artículo 94', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 96', 'artículo 106', 'artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 98', 'artículo 97', 'artículo 106', 'artículo 98', 'artículo 96', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 96', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 20', 'artículo 614', 'Artículo 133']

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Señale la opción correcta: A) Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 3 años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. C) La suspensión de la ejecución de la pena será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito penado. Son correctas las respuestas a) y c).
La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el órgano judicial que será de: A) 3 meses a 2 años para las penas leves. B) 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años. 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 3 años. Son correctas las respuestas a) y b).
El Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas prestaciones o medidas. Entre éstas se encuentra el pago de una multa, cuya extensión determinarán el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resulte de aplicar Una cuota de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 3/4 de su duración. Dos cuotas de multa por cada dos días de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración. Dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3 su duración. Una cuota de multa por cada dos días de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración.
El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado: Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 85, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 82. Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 84 del Código Penal, el Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas prestaciones o medidas, no siendo correcto que : El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a Ja que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración. La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar 1 día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de 1 /3 de su duración. Todas las respuestas son correctas.
La posibilidad de suspensión de ejecución de la pena si media petición de indulto está contemplada en el Código Penal en su artículo 4.2. 4.4.. 2.4. 3.2.
Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad: No superiores a dos años mediante resolución motivada. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a tres años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
Si el penado resultara condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se. fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, el Juez o Tribunal: Revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la ejecución de la pena. Podrá imponer al penado el cumplimiento de obligaciones o deberes de los señalados por el Código Penal. Podrá sustituir las obligaciones o deberes impuestos, en su caso. Revocará la suspensión de la ejecución de la pena, salvo en el caso de delitos imprudentes.
Realizar un programa de educación sexual puede ser: Una medida de seguridad no privativa de Libertad que el Tribunal Sentenciador aplica al autor de un delito. Una regla de conducta o medida impuesta por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a un liberado condicional. Una obligación añadida a la condición de no volver a delinquir, a cuyo cumplimiento supedita el sentenciador la suspensión de la pena de prisión. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
Será condición necesaria para dejar en suspensión la ejecución de la pena (adaptada a la legislación vigente): En todo caso, que se haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado, salvo que el Ministerio Fiscal acuerde la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado al menos en sus tres cuartas partes. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el Juez o Tribunal determine. El Juez o Tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.
En caso de que el penado esté aquejado de enfermedad muy grave con padecimientos incurables, los Jueces y Tribunales Sentenciadores: Deben otorgar la suspensión de la ejecución de le pena sin estar sujetos a requisito alguno. Acordarán la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que la dolencia se confirme por dictamen médico forense. Podrán otorgar la suspensión de la ejecución de la pena aunque ésta supere los dos años de condena. Deben otorgar la suspensión de la ejecución de la pena, salvo que en el momento de la comisión del delito el penado tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
Los Jueces y Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a 2 años, mediante resolución motivada siendo el plazo de suspensión: De 1 a 3 años. Las penas privativas inferiores a 2 años nunca pueden suspenderse. De 1 a 5 años. De 2 a 5 años.
En el supuesto que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimiento incurable, los jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de la pena impuesta: Sin sujeción a requisito alguno, aunque en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Sólo cuando se trate de pena privativa de libertad no superior a dos años, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Sólo cuando se trate de pena privativa de libertad no superior a dos años atendiendo a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedentitos penales contra éste. Cualquiera que sea su cuantía sin sujeción a requisito alguno, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
Según el artículo 83.4 del Código Penal relativo a la suspensión del cumplimiento de penas privativas de libertad, ¿Cuál de los siguientes deberes o prohibiciones no está sujeto al control de la Administración Penitenciaria? El cumplimiento de la regla de prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la media resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos. La participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares. La participación en programas de deshabituación a consumo de alcohol, drogas toxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos. La prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado cuando existen indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos.
El plazo de suspensión de una pena privativa de libertad no acordaba en sentencia se comienza a computar: Desde la fecha de la notificación al penado de la resolución que la acuerde. Desde la fecha de la resolución que la acuerde. Desde la fecha en que se dicta la sentencia en la que no se acuerda la suspensión. Si no se acuerda en sentencia se tiene que cumplir necesariamente la pena privativa de libertad.
El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, al cumplimiento de alguna de las siguientes prestaciones o medidas La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. El pago de una multa, cuya extensión determinará el juez o tribunal en atención a las circunstancias del proceso, especialmente indicada como medida en todos los casos en los que el delito se cometa sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aún sin convivencia. El sometimiento de Ias partes a un proceso de mediación, aunque no se alcance un acuerdo. El pago de una multa que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión.
Señale la respuesta correcta. En caso de incumplimiento no grave y reiterado de las prohibiciones, deberes o condiciones impuestas para la suspensión dela condena el Juez o Tribunal: Podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. No podrá imponer nuevas prohibiciones. No podrá modificar las condiciones impuestas. No podrá imponer nuevos deberes o condiciones.
La facultad de suspender la ejecución de las penas abarca: Solamente a las penas de prisión. A las penas privativas de libertad. A todas las penas previstas en el Código Penal, cualquiera que sea su naturaleza. A las penas de prisión y de. arresto de fin de semana.
Dentro de las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, se encuentra la de haber delinquido por primera vez, no teniéndose en cuenta a estos efectos las anteriores condenas Por delitos menos graves. Por delitos que tengan señalada pena no superior a dos años. Por delitos imprudentes. Por delitos contra la seguridad del tráfico.
Para que pueda concederse la suspensión. de la ejecución de la pena es condición necesaria que la pena o la suma de las impuestas, no sea superior a Un año de privación de libertad, sin incluir en tal cómputo el impago de la multa. Dos años de privación de libertad, sin incluir en tal cómputo el impago de la multa. Tres años de privación de libertad, sin Incluir en tal cómputo el impago de la multa. Cuatro años de privación de libertad, sin incluir en tal cómputo el impago de la multa.
¿Cuál es el plazo de suspensión previsto para las penas leves?: De uno a cinco años. De tres meses a dos años. De dos a cinco años. De tres meses a un año.
¿En qué momento deberán los Jueces o Tribunales pronunciarse sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena? En cualquier momento durante la tramitación de la ·causa, mediante resolución motivada. Una vez declarada la. firmeza de la sentencia y acreditados los requisitos establecidos. En el acto del juicio oral. En sentencia, siempre que ello resulte posible.
Cuando la suspensión de la ejecución de la pena hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de suspensión se computará Desde la fecha de la resolución (sentencia) que la acuerda. Desde la fecha en que la sentencia hubiera devenido firme. Desde la fecha en que tenga Jugar la audiencia a las partes. La suspensión de la ejecución de la pena no puede acordarse en sentencia.
Además de la condición esencial de no delinquir en el plazo fijado, el Juez o Tribuna podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de alguna de las prohibiciones o deberes previstos en el artículo 83 C.P Cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos. Cuando la pena suspendida fuere de prisión. Cuando el penado fuere reincidente. En todo caso.
¿En qué supuestos el juez o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª, 4ª y “6ª del artículo 83.1 del Código Penal? Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer. Cuando se trate de delitos ·contra la libertad e indemnidad sexuales. Cuando se trate de delitos que ofendan a "bienes eminentemente personalísimos. Cuando se trate de delitos contemplados en los artículos 368 a 372, ambos inclusive, del Código Penal.
¿Cuál de los siguientes requisitos no es imprescindible para la concesión de la suspensión de la ejecución de una pena a quien haya cometido el delito a causa de su drogodependencia?: Que el condenado haya delinquido por primera vez. Que haya cometida el hecha delictiva a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el nº 2 del art 20 del Código Penal. Certificación suficiente de que el penado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. Que la pena privativa de libertad no sea superior a cinco años.
En el supuesto de drogodependencia, la suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el periodo que se señale que será: De dos a cinco años. No inferior a tres años. De tres meses a un año. De tres a cinco años.
En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena, los Jueces o Tribunales deberán: Oír al ofendido por el delito y, en su caso, a quien lo represente. Obtener el parecer favorable del ofendido por el delito y, en su caso, de quien le represente. Obtener la solicitud expresa del ofendido por el delito y, en su caso, de quien le represente. Ninguna de las respuestas es correcta.
¿Cuál es la única circunstancia que impediría al Juez o Tribunal sentenciador otorgar la suspensión de la pena en el caso de que el penado estuviera aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables? Que no se hubieran satisfecho las responsabilidades civiles. Que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Que se trate de un reo habitual. Que la pena privativa de libertad impuesta fuera superior a cinco años.
Conforme se establece en el segundo párrafo del art. 80.1 del Código Penal, para adoptar resolución de suspender la ejecución de la pena, el juez o tribunal valorará una serie de criterios. Señale el que no corresponde Las circunstancias personales del penado. Las circunstancias del delito cometido. Los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que le fueren impuestas. Las circunstancias familiares y sociales de la víctima.
El art. 80.3 del Código Penal, establece que, excepcionalmente, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen A) Aunque no concurran las condiciones 1ª y 2" del apartado 2 del artículo 80 C. Penal. B) Siempre que no se trate de supuestos de reincidencia Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En los supuestos de suspensión de la ejecución de la pena, la imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 1ª, 2ª, 3ª o 4ª del apartado 1 del art. 83 C. Penal, será comunicada: Al Ministerio Fiscal, que velará por su cumplimiento. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que velará por su cumplimiento. A los servicias de gestión de penas y medidas alternativas, que velarán por su cumplimiento.
En los supuestos en los que el juez o tribunal condicione la suspensión de la ejecución de la pena al pago de una multa, la extensión de la misma se determinará en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar: Dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de un quinto de su duración. Dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un limite máximo de dos tercios de su duración. Una cuota de multa por cada día de prisión sobre un limite máximo de un quinto de su duración. Una cuota de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.
El art. 83.4 del Código Penal encomienda a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración Penitenciaria el control del cumplimiento: De todas las prohibiciones y deberes recogidos en el apartado 1 del artículo 83 del Código Penal. De los deberes a que se refieren las reglas 4ª, 5° y 6" del apartado 1 del artículo 83 del Código Penal. De los deberes a que se refieren las reglas 1°, 2ª,3ª y 4ª del apartado 1 del artículo 83.del Código Penal. De los deberes a que se refieren las reglas.6º, 7ª y 8ª del apartado 1 del artículo 83 del Código Penal.
En los supuestos de suspensión de la ejecución de la pena, si el condenado Incurre en un incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones y dicho incumplimiento no tuviera carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá prorrogar el plazo de suspensión sin que, en ningún caso, pueda exceder de Dos años. Los dos tercios de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. La mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Un año.
Para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida por drogodependencia (art. 80.6 CP), deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo De dos años. De tres años. No superior a dos años. No superior a tres años.
Cuando los servicios de gestión de penas y medidas alternativas reciban la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad así cómo los particulares necesarios, procederán al estudio y valoración de la situación del condenado y elaborarán: El plan de ejecución. El programa individualizado de tratamiento. El modelo individualizado de intervención. El plan individual de intervención y seguimiento.
De los siguientes aspectos, ¿cuál se tendrá en cuenta por el Juez o Tribunal, para fijar el plazo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad? Las circunstancias personales del penado. Su conducta posterior al hecho, en particular el esfuerzo para reparar el daño causado. Sus antecedentes. Todas las respuestas son correctas.
En caso de que un drogodependiente abandonase el tratamiento de deshabituación, ¿cómo afectaría a la suspensión de la ejecución de su pena? En ningún caso afectaría a la suspensión de la ejecución. El Juez o Tribunal Sentenciador le obligaría a finalizar el tratamiento. Tendría que cumplir la pena suspendida. Una vez concedida, ya no se puede revocar.
El plazo de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad leves, es: De 3 a 6 meses. De 1 a 5 años. De 2 a 4 años. De 3 meses a 1 año.
Cuando el sujeto incumpla de forma reiterada durante el plazo de suspensión de ejecución de la pena las prohibiciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes: Revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena. Podrá imponer al penado nuevas prohibiciones deberes o condiciones o modificar las ya impuestas. Podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Todas las anteriores respuestas son correctas.
En caso de revocación de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, los gastos que hubiera realizado el penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del artículo 84 del Código Penal: Serán restituidos. Se abonarán para el cumplimiento de la pena. No serán restituidos. Se aplicarán al pago de la multa.
Señale la afirmación incorrecta en relación con la suspensión de la ejecución de la pena que podrá acordarse aunque el condenado no haya delinquido por primera vez, siempre que no se trate de un reo habitual y la pena de prisión impuesta no exceda individualmente de dos años: Tendrá carácter excepcional y podrá acordarse cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. Se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado o al cumplimiento del acuerdo que hayan alcanzado las partes en virtud de mediación. Llevará aparejada siempre el pago de una multa y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Todas las anteriores respuestas son correctas.
Cuando el juez o tribunal condiciones la suspensión de la ejecución de una pena de prisión a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, la duración de esta prestación se determinará en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar: Un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. Dos días de trabajos por cada de día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. Un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de la mitad de su duración. Dos días de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de la mitad de su duración.
El artículo 86.4 del Código Penal prevé la posibilidad de que el juez o tribunal pueda revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el inmediato ingreso en prisión, sin haber oído previamente a las partes, cuando resulte imprescindible en atención a determinadas circunstancias. Señale la que no corresponde: Para asegurar la protección de la víctima. Para evitar el riesgo de huida del penado. Para asegurar el paradero de bienes decomisados. Para evitar el riesgo de reiteración delictiva.
¿Cuándo después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que el impida conocer el sentido de la pena ¿a quién corresponde suspender la ejecución de la pena impuesta garantizando que reciba la asistencia médica precisa? Al Juez de Vigilancia Penitenciaría. Al Juez o Tribunal Sentenciador. Al Ministerio Fiscal. Al Centro Directivo de la Administración Penitenciaria.
La suspensión de la ejecución de la pena, establecida en el artículo 80.1 del Código Penal, sólo podría proceder: Cuando las penas privativas de libertad impuestas no fuere superior a un año, mediante resolución motivada donde se valorara las circunstancias del delito cometido. Cuando las penas privativas de libertad impuestas no fuere superior a dos años y sea razonable esperar que su ejecución no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Cuando las penas privativas de libertad o de otra naturaleza que fueren impuestas al condenado no fueren superior a dos aftas y habrá de valorarse su esfuerzo para reparar el daño causado. Cuando las penas privativas de libertad que fueren impuestas al condenado no fueren superior a dos años, y cinco años si fueran de otra naturaleza.
Una de las condiciones para otorgar el beneficio ordinario de la suspensión de pena es: Que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años y que haya satisfecho las responsabilidades civiles. Que el condenado haya delinquido por primera vez, no teniéndose en cuenta las condenas anteriores por delitos imprudentes y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. Que el condenado haya delinquido por primera vez, no teniéndose en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieren serlo y el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles. Que el condenado haya delinquido por primera vez, y no tenga pendiente causa penal pendiente con la justicia y el Juez o Tribunal, en atención a la responsabilidad civil y al impacto social del delito, solicitara las garantías que considere convenientes.
Para el supuesto de que el penado sea condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión. procederá: Prorrogar el plazo de suspensión sin que pueda ser superior a cinco años. Sustituir las reglas o condiciones impuestas en la suspensión. La revocación de la suspensión. si el· incumplimiento fuera reiterado. En todo caso, la revocación de la suspensión, ordenando la ejecución de la pena.
A los que hubieran cometido el delito a causa de su grave dependencia del alcohol y demás sustancias previstas en la circunstancia 2º del artículo 20 del Código Penal, podrá acordarse la suspensión de la pena, sin sujeción a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal: Si las penas privativas· de libertad no fueran superior a dos años, y se certifique que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento. Si las penas privativas de libertad no fueran superior a cinco años, y se certifique que el condenado se encuentra deshabituado de su drogodependencia. Si las penas privativas de libertad no fueran superior a dos años, y se certifique que el condenado se encuentra deshabituado o en proceso de deshabituación. Si las penas privativas de libertad no fueran superior a cinco años, y se certifique suficientemente, por centro debidamente acreditado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento.
En estos casos de suspensión extraordinaria el plazo para la remisión de la pena será de: De dos a cinco años. De tres a cinco años. De cinco a diez años. Ninguna de las respuestas anteriores resulta correcta.
Josefina Vallejo ingresa en prisión condenada por un delito contra la Salud Pública. Unos meses después, se aprecia en ella una situación duradera de trastorno mental grave que le impide conocer el sentido de la pena, así que se acuerda la suspensión del cumplimiento de la pena. Un año después, tras administrársele un tratamiento adecuado, recobra plenamente la salud mental ¿Debe ingresar de nuevo en prisión para cumplir el resto de la pena?: Sí, en todo caso. Sí, aunque el juez podrá acordar o una reducción o la extinción de la condena por motivos de equidad en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente. Si, pero el juez podrá dar por extinguida la condena por motivos de equidad en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente, no siendo legal que proceda a reducirla.
El Capítulo III, del Título III, del libro I contiene: Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, sustitución de las penas privativas de libertad y libertad condicional. Suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sustitución de las penas privativas de libertad y libertad condicional. Suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sustitución de la pena de prisión y libertad condicional. Suspensión de la ejecución de la pena de prisión y sustitución de las penas privativas de libertad.
¿Cuál de los siguientes requisitos no está previsto con carácter general en el artículo 81 del CP para que pueda suspenderse la ejecución de las penas privativas de libertad? Que la pena impuesta, o la suma de las impuestas, en una misma sentencia, no sea superior a los dos años de privación de libertad. Que hayan sido satisfechas las responsabilidades civiles que se hubieren originado. Que el condenado haya delinquido por primera vez. Que el reo haya observado buena conducta y exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.
Pedro Martínez cometió un robo por el que fue condenado a dos años. y seis meses de prisión. ¿En cuál de los siguientes casos seria posible que se acordara la suspensión de la ejecución de la pena impuesta por el delito de robo? En ningún caso. Si el delito hubiera s ido cometido a causa de la dependencia del reo respecto de las sustancias señaladas en el número 2° del artículo 20 del CP, con independencia de si ha delinquido o no por primera vez y se certifique suficientemente que el reo! se encuentra deshabituado ·o sometido a tratamiento para tal fin al tiempo de decidirse sobre la suspensión. Si el reo hubiera cometido el delito estando bajo los efectos de las sustancias señaladas en el número 2° del artículo 20 del CP, siempre que no se trate de reos habituales y se certifique suficientemente que el reo se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin al tiempo de decidirse sobre la suspensión. Si el reo hubiera cometido el delito estando bajo los efectos de las sustancias señaladas en el número 2º del artículo 20 del CP, siempre ·que se certifique suficientemente que el reo se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin al tiempo de decidirse sobre la suspensión, con independencia de si se trata o no de reos habituales.
Lucía Martín cometió un robo por el que fue condenado a seis meses de prisión. Como concurrían los requisitos necesarios, el juez de lo penal acordó la suspensión de la ejecución de la pena por un período de tres años, imponiéndole asimismo la obligación de personarse ante el juzgado cada quince días. Los primeros meses, Lucía acude regularmente, pero después incumple su obligación de comparecer para informar de sus actividades. ¿Cuáles son las consecuencias de dicho incumplimiento?: El Juzgado podrá modificar la regla de conducta impuesta por otra distinta. El Juzgado podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. El Juzgado podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena si el incumplimiento fuera reiterado. Cualquiera de las anteriores.
Conforme el artículo 80.1 del CP, los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años mediante resolución motivada ¿Cuál es la duración del plazo de suspensión recogido en el artículo 81 del CP?: De 1 a 4 años para las penas privativas de libertad inferiores a 2 años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves. De 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves De 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 1 año, y de 3 meses a 1 año para las penas leves. De 2 a 5 años para las penas privativas de libertad inferiores a 2 años, y de 6 meses a 1 año para las penas leves.
Conforme a lo establecido en el art. 80.1 CP, para adoptar la resolución de dejar en suspenso la ejecución de una pena privativa de libertad, el juez o tribunal valorará determinadas circunstancias. Señale la que no corresponde: Las circunstancias del delito cometido. La existencia de otros procedimientos penales contra el sujeto. Los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que le fueren impuestas. Las circunstancias familiares y sociales del penado.
Señale cuál de las siguientes circunstancias no debe ser tenida en cuenta a la hora de fijar el plazo de suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad: Las circunstancias personales del penado. Las circunstancias familiares y sociales del penado. Los antecedentes del penado. Todas las anteriores circunstancias deben ser tenidas en cuenta para fijar el plazo de suspensión.
El vigente Código Penal, como forma sustitutiva de la ejecución de las penas privativas de libertad, opta por el sistema consistente en: La suspensión del ingreso en prisión. La suspensión de la ejecución de la pena ya impuesta. La suspensión del pronunciamiento de la sentencia. La suspensión del juicio oral.
En nuestro país la primera normativa que contempla el sistema de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad es: El Código Penal vigente. El Código Penal de 1.973. La Ley de 17 de Marzo de 1.908. La Ley de ejecución penitenciaria de la 11 República ( 1.935).
La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad se acordará: Siempre en la propia sentencia. Por procedimiento incidental después de declarar la firmeza de la sentencia. Mediante resolución motivada. Mediante resolución que resuelva el recurso por el cual se solicita la suspensión.
Conforme a lo establecido en el art. 80.1 del Código Penal, para dejar en suspenso la ejecución, la pena privativa de libertad o la suma de las impuestas no podrá ser superior a: Cinco años. Dos años. 18 meses. Un año.
Entre las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena está que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán: Las anteriores condenas por delitos Imprudentes. Los antecedentes penales que hayan sido cancelados. Los antecedentes penales que debieran ser cancelados conforme a lo dispuesto en el art. 136 del Código Penal. Todas las anteriores respuestas son correctas.
El plazo mínimo de suspensión para las penas leves será de: Doce meses. Seis meses. Tres meses. Dieciocho meses.
El plazo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad se fijará por los Jueces o Tribunales: Previa audiencia de las partes. Previo dictamen del Ministerio Fiscal. Previo informe favorable del Tribunal Sentenciador. Previa autorización del abogado del penado.
Es condición necesaria para poder dejar en suspenso la ejecución de la pena: Que el condenado haya delinquido por primera vez. Que el delito sea cometido de forma imprudente. Que el condenado no tenga los antecedentes penales cancelados. Todas las anteriores.
El otorgamiento de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad exige: El pago efectivo de las cantidades que constituyan el importe de la responsabilidad civil acordada. Satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieran originado, entendiéndose cumplido este requisito cuando el penado asuma el compromiso de satisfacerlas de acuerdo a su capacidad económica en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. Satisfacer las responsabilidades civiles, salvo que el Ministerio Fiscal se oponga. Satisfacer las responsabilidades civiles, salvo que el Tribunal acuerde su sustitución.
Entre las prohibiciones y deberes que, conforme al art. 83 del Código Penal, el Juez o Tribunal puede condicionar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no se encuentra la siguiente: Prohibición de ausentarse sin autorización del Juez o Tribunal del lugar donde resida. Facilitar información exacta y suficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso se hubiera acordado. Comparecer personalmente ante el Juzgado o Tribunal. Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de. un grupo determinado.
En los delitos perseguibles mediante querella del ofendido: El ofendido ha de autorizar la suspensión de la ejecución. El ofendido ha de otorgar perdón expreso previamente a suspender la ejecución de la pena. El Tribunal ha de oír al ofendido antes de acordar la suspensión de la ejecución. El Tribunal ha de escuchar previamente y con carácter vinculante al ofendido y al Ministerio Fiscal.
¿Qué decisión de las siguientes adoptará el juez o tribunal cuando el penado, al que se ha suspendido la ejecución de la pena, incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83 CP Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones. Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de .la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Revocar la suspensión y ordenar la ejecución de la pena. Podrá adoptar cualquiera de las anteriores decisiones.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por causa de toxicomanía: Se regula en el artículo 80.1 del Código Penal. Se regula en el artículo 80.3 del Código Penal. Se regula en el articulo 80.4 del Código Penal. Se regula en el artículo 80.5 del Código Penal.
Constituye un requisito para poder acordar la suspensión de la ejecución de la pena por drogodependencia Que se certifique que el condenado está deshabituado. Que se certifique que el condenado está deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. Que el condenado esté deshabituado o sometido a tratamiento y no sea reo habitual. Que el reo no sea habitual y se encuentre deshabituado.
Cuando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad se haya acordado en sentencia, el plazo de suspensión se computará: Desde la fecha de la sentencia. Desde la fecha en que la sentencia haya devenido firme. Desde la fecha en que se acredite la satisfacción de la responsabilidad civil que se hubiera originado. La suspensión de la ejecución no puede acordarse en sentencia sino en resolución motivada posterior.
En el caso de la regla 78 del artículo 83.1 CP (participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes), los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración Penitenciaria informarán al juez o tribunal de ejecución sobre su cumplimiento con una periodicidad, al menos: Mensual. Trimestral. Semestral. Anual.
El plazo de suspensión de la ejecución de la pena en los supuestos de drogodependencia es: Hasta cinco años. De cinco años. De dos a cinco años. De tres a cinco años.
Transcurrido el plazo de suspensión de la ejecución de la pena, en los supuestos de drogodependencia, es requisito para acordar la remisión: Acreditar que no se ha vuelto a delinquir. Acreditar la deshabituación a las sustancias tóxicas. Acreditar la deshabituación o la continuación del tratamiento. Acreditar la situación de reinserción social del delincuente.
Transcurrido el plazo de suspensión de la ejecución de la pena en los supuestos de drogodependencia, si no se hubiera completado el tratamiento rehabilitador: Se podrá adoptar una medida de seguridad de carácter distinto. Se acordará la remisión de la pena si existe compromiso de terminar dicho tratamiento. Se podrá prorrogar el plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años. Se acordará sin excepción el cumplimiento de la pena.
El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad al pago de una multa, cuya extensión determinará en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resulte de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de: Dos tercios de su duración. Un tercio de su duración. Tres quintos de su duración. La mitad de su duración.
En los supuestos de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando se trate de un delito cometido sobre la mujer por quien sea su cónyuge, el pago de una multa como prestación de aplicación facultativa por el juez o tribunal: No podrá acordarse en ningún caso. No será de aplicación facultativa sino obligatoria. Solamente podrá imponerse cuando consta acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal de convivencia o filiación o de la existencia de una descendencia común. Solamente podrá imponerse cuando las partes alcancen un acuerdo en virtud de mediación.
El plan individual de intervención y seguimiento de los deberes y obligaciones impuestas como condición de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, será aprobado por: Los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. El órgano jurisdiccional competente para la ejecución. El Ministerio Fiscal.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 del Código Penal, y siempre dentro de los limite máximo que establece, cada día de prisión se sustituirá por: Una Jornada de trabajo en beneficio de la comunidad. Dos jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Tres jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Cuatro jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 del Código Penal, y siempre dentro del límite máximo que establece, cada día de prisión se sustituirá por: Una cuota de multa. Dos cuotas de multa. Tres cuotas de multa. Cuatro cuotas de multa.
Teniendo presente el artículo 89 del Código penal señale la afirmación correcta en todos sus términos: Las penas de prisión de más del año impuestas a un ciudadano extranjero podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio español. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 3 años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena. Por regla general, la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
A la luz del artículo 89 del Código penal, las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a Tres cuartas partes de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. Dos tercios de su extensión, y el cumplimiento del resto de la perla en territorio español. La mitad de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. Dos tercios de su extensión, y la sustitución del testo por la expulsión del penado del territorio español.
En el marco del artículo 89 del Código penal si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el Juez o Tribunal, reduzca la duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera: Será devuelto por la Autoridad judicial. Será expulsado directamente por la Autoridad gubernativa. Empezará a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada, descontando el tiempo que llevaba expulsado. No podrá regresar a España en un plazo de 1 a 4 años.
Conforme el artículo 89 del Código penal, si un ciudadano extranjero fuera condenado a más de un año de prisión por tráfico ilegal de personas se le sustituirá la pena por su expulsión del territorio español. Aunque excepcionalmente él Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español: Sólo si accede al tercer grado penitenciario. Cuando cumpla las tres cuartas partes de la condena y acceda al tercer grado penitenciario. Las disposiciones recogidas en apartados anteriores del artículo 89 del Código Penal no son de aplicación a un extranjero condenado por tráfico ilegal de personas. Sólo si previamente se ha decretado expulsión administrativa.
El extranjero expulsado en el marco del artículo 89 del Código penal no podrá regresar a España en un plazo de: Cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión. Tres a cinco años, contados desde la fecha de comisión de los hechos. Cinco a diez años, contados desde la fecha de comisión de los hechos. Tres a cinco años, contados desde la fecha de su expulsión.
El art. 89.1 del Código Penal establece que serán sustituidas por su expulsión del territorio español las penas de prisión Impuestas a un ciudadano extranjero: Inferiores a un año. De más de un año y hasta cinco. De más de dos años y hasta tres. De más de un año y hasta tres.
El art. 89.1 del Código Penal establece que serán sustituidas por su expulsión del territorio español las penas de prisión Impuestas a un ciudadano extranjero. Pero excepcionalmente, el juez o tribunal podrá acordar que se ejecute una parte de la pena que no podrá ser superior A la mitad de su extensión. A la tercera parte de su extensión. A los dos tercios de su extensión A los tres quintos de extensión.
El extranjero cuya pena de prisión haya sido sustituida por la expulsión del territorio nacional no podrá regresar a España en un plazo, contado desde la fecha de su expulsión: De dos a cinco años. De tres a seis años. De cinco a diez años. De tres a cinco años.
Cuando a un ciudadano extranjero le sea impuesta una pena de prisión de más de cinco años o varias penas que excedan de esa duración, el juez o tribunal, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito: Acordará la ejecución de la totalidad de la pena. Acordará la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión. Acordará la ejecución en todo o en parte de la pena. Acordará la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a la mitad de su extensión.
Conforme a lo previsto en el art. 89.4 del Código Penal, la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea condenado en España a una pena de prisión solamente procederá: Cuando resulte proporcionada al delito cometido. Cuando carezca de arraigo en nuestro país. Cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública. Todas las anteriores respuestas son correctas.
Las penas privativas de libertad impuestas a un ciudadano extranjero, serán sustituidas: Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. El Juez o Tribunal acordará la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a un tercio de su extensión en territorio español. Por expulsión, si fuere inferior a tres años, salvo que excepcionalmente se aprecie que la naturaleza del delito justifica su cumplimiento en centro penitenciario en España. En todo caso y de forma imperativa por expulsión, si fuere inferior a seis años.
Si un extranjero al que se le ha sustituido la pena por expulsión es sorprendido en España antes de transcurrir el periodo establecido judicialmente: Sera devuelto a su país empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Sera devuelto a su país continuándose el plazo de prohibición de entrada. Cumplirá las penas que fueron sustituidas. Ninguna de las respuestas anteriores resulta correcta.
Según el artículo 89 CP las penas de prisión de más de cinco años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España: Podrán ser sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo excepción contenida en el citado artículo 89. Deberán ser cumplidas en Centros Penitenciarios españoles, sin excepción alguna. Podrán ser sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario. El Juez acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma.
En el supuesto de una pena de prisión de tres años impuesta a un ciudadano extranjero: Excepcionalmente, será sustituida por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a los dos tercios de su extensión, sustituyéndose el resto por la expulsión. Excepcionalmente, se sustituirá el resto de la pena cuando el penado acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En el supuesto de que a un ciudadano extranjero le hayan sido impuestas dos penas de tres años de prisión cada una: Serán sustituidas por su expulsión del territorio español. El juez o tribunal podrá acordar la ejecución en todo o en parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. Transcurridos dos años de cumplimiento efectivo de prisión, el juez o tribunal sustituirá por la expulsión el tiempo que reste de pena. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
No procederá la sustitución de la pena de prisión impuesta a un ciudadano extranjero por la expulsión del territorio español, cuando ésta resulte desproporcionada, a la vista: De su condición de ciudadano de la Unión Europea. De las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular, su arraigo en España. De la gravedad del delito cometido. De que el extranjero constituya una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en su país de origen.
Las penas de prisión de más de un año y hasta cinco, impuestas a un ciudadano extranjero: Podrán sustituirse por la expulsión del territorio español. Serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español. Serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español o, de no resultar posible, con la mayor urgencia una vez declarada la firmeza de la misma. Deberán cumplirse, entado caso, en un Centro Penitenciario en España.
Desde la fecha de expulsión, el extranjero no podrá regresar a España durante: El tiempo que hubiera durado la pena impuesta. Un plazo entre cinco y diez años. Seis años. Diez años, y en todo caso mientras no haya prescrito la pena.
Con carácter excepcional, los jueces o tribunales pueden sustituir las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando: Las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conduela y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. B) El delito se haya cometido a causa de la dependencia del sujeto a las sustancias señaladas en el número 2 del art. 20 del Código Penal. C) El sujeto se encuentre deshabituado o sometido a tratamiento rehabilitador. Las respuestas b) y c) son correctas.
Para que el Tribunal acuerde la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, además de que el penado se encuentre clasificado en tercer grado y exista un pronóstico favorable de reinserción social, será necesario que haya cumplido ¿qué tiempo de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo? 12 años. 15 años. 20 años. 25 años.
La suspensión de la ejecución de una pena de prisión permanente revisable tendrá una duración: De dos años. De dos a cinco años. De tres a cinco años. De cinco a diez años.
Conforme a las previsiones del artículo 94 del Código Penal y a los efectos de sustitución de la pena de prisión, tienen la consideración de reos habituales: Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo del Código Penal en un plazo no superior a cinco años y hayan sido condenados por ello. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo del Código Penal en un plazo no superior a tres años y hayan sido condenados por ello. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo título del Código Penal en un plazo no superior a cinco años y hayan sido condenados por ello. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo título del Código Penal en un plazo no superior a tres años y hayan sido condenados por ello.
Conforme a las previsiones del Art. 94 del Código Penal, tiene la consideración de reo habitual el que haya cometido tres o más delitos de los comprendidos: En un mismo título, en un plazo no superior a tres años, y haya sido condenado por ello. En un mismo capítulo, en un plazo no superior a tres años, y haya sido condenado por ello. En un mismo título, en un plazo no superior a cinco años, y haya sido condenado por ello. En un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y haya sido condenado por ello.
¿Cuál de los siguientes sujetos no podría ser considerado reo habitual a los efectos de sustitución de la pena privativa de libertad que se le impusiere?: Luis Ruiz, que cometió en un plazo de cinco años dos delitos leves contra el patrimonio, dos delitos de coacciones y dos delitos contra los intereses generales, siendo condenado por ellos. Miguel Bernárdez, que cometió en un plazo de tr.es años cuatro robos a mano armada y fue condenado por ellos. Álvaro Parra, que cometió en un plazo de cinco años un delito de amenazas y tres delitos de hurto, siendo condenado por todos ellos. María Bautista, que cometió en un plazo de tres años tres delitos de hurto y fue condenada por ellos.
La medida de seguridad de privación del derecho a la tenencia y porte de armas tiene una duración máxima de: 5 años. 10 años. 3 años. No tiene límite máximo, su cumplimiento es flexible y será el Juez o Tribunal sentenciador quien decrete el cese.
¿Qué órgano estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta o de la medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad?: El Juez o Tribunal sentenciador. Los facultativos o profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Los servicios de asistencia social competentes.
La duración de la medida de seguridad de internamiento impuesta a una persona exenta de responsabilidad criminal por intoxicación alcohólica es de: Hasta 10 años. No podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si hubiera sido declarado responsable el sujeto. No podrá exceder de la duración de la pena prevista por el Código Penal para el delito. No tiene límite máximo, su cumplimiento es flexible y será el Juez o Tribunal sentenciador quién decrete el cese.
La expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente como sustitutiva de la medida de seguridad que le sea aplicable llevará consigo el no poder regresar a España en un plazo de: 10 años, contados desde la fecha de su expulsión. 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida. 6 años, contados desde la fecha de su expulsión. 5 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida.
En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1º, 2° y 3" del artículo 20 del Código Penal, puede ocurrir que concurran en la aplicación de la sanción del hecho una pena y una medida de seguridad; en tales casos, el Juez o Tribunal: A) Podrá ordenar el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. B) Ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Es correcta la respuesta a), y además una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal suspenderá, si con la ejecución de la pena se pusiera en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 105 del Código Penal. Es correcta la respuesta b), y además una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusiera en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3 del Código Pena.
El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento A) Dará lugar al reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiere evadido o en otro que corresponda a su estado, sin perjuicio de deducir testimonio por el quebrantamiento de la medida. Dará lugar a la aplicación de la pena prevista para el supuesto. C) El Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución de la medida quebrantada por otra. Son correctas las respuestas a) y c). A estos efectos, no se considera quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido.
La figura de la libertad vigilada, introducida en el Código penal vigente por LO 5/2010, de 22 de junio, consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna/s medidas establecidas en el artículo 106.1 del citado Código. Señale de entre las siguientes, la que no está contemplada expresamente: La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca. La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico. La obligación de participar activamente en programas lúdicos, formativos, laborales, culturales, de educación sexual, recreativos u otros similares. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.
Respecto a la figura de la libertad vigilada señale, a la luz del Código penal vigente, la afirmación correcta en su integridad Su duración se mantiene con carácter general en un máximo de 10 años, aunque a veces su duración puede fijarse en 5 años. Debe ser impuesta en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a ésta (no anterior a la excarcelación). y se hará o no efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 CP. el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa el Código penal. En estos casos, al menos 2 meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia penitenciaria, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador. La novedad sustancial que incorpora esta figura es que resulta aplicable sólo a inimputables o semiinimputables (arts. 101 a 104 CP).
En materia de medidas de seguridad competencia de la Administración penitenciaria destaca la: Instrucción 9/2011, de 26 de noviembre. En ella se establece que el Consejo de Dirección acordará que todos los internos que inicien el cumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad en un centro penitenciario no psiquiátrico sean asignados a un mismo Equipo Técnico, con independencia del departamento en el que se encuentren destinados. Instrucción 19/2011, de 16 de noviembre. En ella se establece que el Equipo Técnico formulará el Programa Individual de Reinserción (PIR) que recogerá los diferentes extremos contenidos en el artículo 20 del Reglamento penitenciario. Instrucción 29/2011, de 6 de noviembre. En ella se establece que si el interno se encontrare en prisión preventiva, se dará cuenta del inicio del cumplimiento de la medida a la Autoridad judicial que hubiera decretado la prisión preventiva, a los efectos de su constancia y demás que procedan .Si el interno, en cambio, estuviera en el Centro penitenciario cumpliendo una pena privativa de libertad, se oficiará a la Autoridad sentenciadora comunicándole la recepción de la medida privativa de libertad, solicitando la paralización del cumplimiento para poder ejecutar la medida de seguridad. Instrucción 8/201 1, de 1 1 de noviembre. En ella se establece que la Junta de Tratamiento, a la vista de los informes elaborados por el Equipo Técnico y demás documentación disponible, establecerá el programa individualizado de reinserción (PIR) para la ejecución de la medida, del que .se dará cuenta al JVP sin perjuicio de su inmediato cumplimiento. Esta primera comunicación se llevará a cabo en el plazo máximo de 3 meses desde el ingreso del interno o la recepción del mandamiento de la medida.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 98 del Código penal, podemos afirmar que: A los efectos del artículo 97 del citado Código, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere la respuesta anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia q reiteración delictiva. Todas las respuestas son correctas.
Con relación a las medidas de seguridad, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de menor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. Las medidas de seguridad no pueden exceder el. límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley.
Durante la ejecución de una sentencia donde se imponga una medida de seguridad privativa de libertad, será competente para decretar el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de tal medida: El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de oficio. El JVP previa propuesta del centro penitenciario. El Juez o Tribunal previa propuesta del JVP. El Juez o Tribunal en cualquier momento de la ejecución, siempre que las circunstancias lo aconsejen y sin necesidad de procedimiento contradictorio previo.
Según las previsiones del arto 99 del Código Penal, en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad El Juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abortará para el de la pena. Se cumplirá la pena o penas por orden de gravedad y después la medida de seguridad. Se estará a lo que ordene el Juez o Tribunal, atendiendo a lo solicitado· por el penado. Se cumplirá primero la medida y después la pena, sumándose ambas.
Durante la ejecución de una medida de seguridad, el Juez o Tribunal Sentenciador adoptará, mediante un procedimiento contradictorio y previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria alguna de las siguientes decisiones: (señala la opción incorrecta) Sustituir una medida de seguridad· por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto. Sustituir una medida de seguridad por una pena privativa de libertad si el sujeto evolucionara desfavorablemente y pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación.
En relación al seguimiento o supervisión de la ejecución de las medidas de seguridad, señale la respuesta correcta: EI Juez de Vigilancia Penitenciarla podrá decretar su cese cuando desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto, dando cuenta al Juez o Tribunal sentenciador. EI Juez de Vigilancia Penitenciaria está obligado a elevar al Juez Sentenciador propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida, al menos anualmente. El Juez o Tribunal sentenciador recabara informe a los profesionales o facultativos que asistan al sometido a la medida, al menos anualmente. Transcurrido un año de ejecución, el Juez o Tribunal sentenciador deberá decretar el mantenimiento, sustitución o cese de la medida de seguridad, a propuesta del Ministerio Fiscal.
Las medidas de seguridad se fundamenta En la peligrosidad social del sujeto al que se impongan. En la posibilidad de que el sujeto al que se impongan incurra en la comisión de un hecho previsto como delito. En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, aunque no se exterjonce en la comisión de un hecho previsto como delito.
Indique la respuesta incorrecta. Según el artículo 106 del CP, la medida de libertad vigilada puede consistir en: La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. La prohibición de residir en determinados lugares. La obligación de residir en determinados lugares .
El fundamento para la imposición de una medida dé seguridad reside: En la culpabilidad del sujeto. En la peligrosidad criminal del sujeto. En la antijuridicidad de la conducta. En la punibilidad de la acción.
Señale la afirmación correcta: Nuestro Código Penal no contempla medidas de seguridad predelictuales. Las medidas de seguridad se pueden imponer a todo sujeto que haya cometido un hecho punible y sea peligroso. Las medidas de seguridad se regulan en el Título IV del Libro II del Código Penal. Todas las afirmaciones son correctas.
El Art. 96 del Código Penal clasifica las medidas de seguridad en: Predelictuales y postdelictuales. Privativas y no privativas de libertad. Privativas de libertad y restrictivas de derechos. Sustitutivas y complementarias de las penas privativas de libertad.
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará El cumplimiento precedente de la pena. El cumplimiento precedente de la medida de seguridad, que se abonará para el de la pena. El cumplimiento simultáneo de la pena y de la medida de seguridad. El cumplimiento precedente de la pena, que se abonará para el de la medida.
Durante la ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad, ¿quién deberá elevar al juez o Tribunal sentenciador una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida?: La Administración Penitenciaria. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Los servicios sociales penitenciarios. La Administración competente.
Durante la ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad se elevará al JoT una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida ¿Con qué periodicidad, como mínimo, deberá formularse? Semestralmente. Anualmente. Trimestralmente. Mensualmente.
La medida de internamiento en un Centro educativo se podrá aplicar: A los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 1° del Art. 20. A los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 2º del Art. 20. A los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 3º del Art. 20. A los que fueran declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 1°, 2° y 3G del Art.
El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento permitirá deducir testimonio por dicho quebrantamiento En todos los casos. En el caso de los sometidos a ella en virtud del Art. 104 del Código Penal En el caso de los sometidos a ella en virtud de los Arts. 101, 102 y 103 del Código Penal. En ningún caso.
El sometido a una medida de seguridad de internamiento no podrá abandonar el Establecimiento, durante el cumplimiento de la misma, sin autorización: Del Juez de Vigilancia. De los servicios sociales correspondientes. De la Administración competente. De Juez o Tribunal sentenciador.
En el caso de internamiento en un Centro educativo especial, la propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida deberá efectuarse Al menos anualmente. Al terminar cada curso o grado de enseñanza. Al menos semestralmente. Al terminar cada módulo.
La medida de seguridad consistente en la privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores podrá imponerse por un tiempo: De hasta tres años. De hasta cinco años. No inferior a cinco años. De hasta diez años.
La libertad vigilada consiste en el sometimiento del penado a control: Administrativo. Judicial. Policial. Político.
¿Se puede imponer una medida de seguridad no privativa de libertad cuando el hecho cometido por el sujeto inimputable o semi-imputable esté castigado con pena de prisión?: No, porque en ese caso no cabe aplicar ninguna medida de seguridad. Si. No, porque debe imponerse una medida de seguridad privativa de libertad. Sí, salvo que el sujeto tenga antecedentes penales no cancelados.
El quebrantamiento por un inimputable de una medida de seguridad de internamiento dará lugar A la comisión de un delito de quebrantamiento de condena del Art. 471 C.P. Al reingreso del sujeto en el mismo Centro del que se hubiera evadido o en otro que corresponda a su estado. A la suspensión de la ejecución de la medida por un plazo no superior al máximo señalado en la sentencia. Todas las respuestas son correctas.
¿A quién encomienda el Art. 105 C.P. la obligación de informar al Juez o Tribunal sentenciador sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad no privativas de libertad?: A los servicios correspondientes del Ministerio del Interior. A los servicios correspondientes de la Administración autonómica. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria o a los servicios de la Administración correspondiente. Ninguna respuesta es correcta.
En los casos en que, por disposición expresa del Código Penal, el Juez o Tribunal sentenciador imponga en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta ¿cuándo debe el Juez de Vigilancia Penitenciaria elevar la oportuna propuesta por el procedimiento previsto en. el artículo 98 C.P. al Juez o Tribunal para que éste concrete el contenido de la medida? · Antes de la extinción de la pena privativa de libertad. Una vez declarada firme la sentencia. Al menos un mes antes de la extinción de la pena privativa de libertad. Al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad.
La libertad vigilada postpenitenciaria: Se establece con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a ésta. B) Se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación. C) Se hará efectiva en función del pronóstico de peligrosidad del penado. Las respuestas b) y c) son correctas.
Cuando se trate de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar una propuesta de mantenimiento; cese, sustitución o suspensión de la misma: Al menos, anualmente. Cada dos años. Dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad. Al menos, cada seis meses.
El sometido a la medida de seguridad de custodia familiar quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, pero ¿qué órgano resolverá las incidencias de ejecución de la medida que se planteen? El Juez o Tribunal Sentenciador. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. La Administración Penitenciaria. Los servicios sociales de gestión de penas y medidas alternativas.
Cuando una medida de seguridad privativa de libertad se impone en exclusiva: No puede exceder de la duración que hubiera tenido la pena concreta, si el autor fuese culpable. No puede exceder de la duración de la pena en abstracto prevista para el delito de que se trate. No es posible imponer en exclusiva una medida de seguridad privativa de libertad. No puede exceder de 10 años.
¿Qué consecuencia tendrá para el penado al que se le ha suspendido la ejecución de una pena privativa de libertad, que se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración Penitenciaria? El juez o tribunal prorrogará el plazo de suspensión. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena. El juez o tribunal impondrá al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones. El juez o tribunal modificará las prohibiciones, deberes o condiciones impuestas al penado.
¿Cuál puede ser el contenido de la propuesta sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad, que está obligado a elevar el Juez de Vigilancia temporalmente? Mantenimiento, sustitución o suspensión. Mantenimiento o cese. Mantenimiento, cese, sustitución o suspensión. Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el art. 92.1 del Código Penal ¿quién acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los requisitos que dicho precepto establece? Instituciones Penitenciarias. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. El Tribunal.
¿De qué manera vinculan al Juez de Vigilancia los Informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad? Le vinculan obligatoriamente. Deberá valorar dichos informes. No le influyen para nada. Sólo debe valorar los informes psiquiátricos.
¿Qué tipo de medidas de seguridad se podrán acordar, cuando la pena que hubiere podido aplicarse por el delito cometido no fuere privativa de libertad? No se podrá acordar ninguna medida de seguridad. Tan sólo se le podrá acordar una medida de seguridad privativa de libertad. Sólo se podrá acordar alguna de las medidas previstas en el Art. 96.3 del Código Penal. Se le podrá imponer cualquiera de las medidas de seguridad recogidas en el Código Penal.
¿Qué clases de medidas de seguridad establece el Art. 96 del Código Penal? De internamiento y no-internamiento. Privativas de libertad y no privativas de libertad. Privativas de libertad y privativas de derechos. Privativas de derechos y de internamiento.
De las siguientes, ¿cuál no es una medida de seguridad no privativa de libertad? La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La inhabilitación profesional. El internamiento en centro educativo especial. Todas son no privativas de libertad.
¿Qué duración tendrán las medidas de seguridad privativas de libertad? No podrán exceder de 20 años. No podrán exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto. No podrán exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad que establece el Código Penal para ese delito. No podrán exceder de 10 años.
¿Qué tipo de medidas de seguridad son las que establece el vigente Código Penal? Las predelictivas y las post-delictivas. Sólo las predelictivas. Sólo las post-delictivas. Las post-delictivas y excepcionalmente algunas predelictivas.
¿Mediante qué tipo de procedimiento controlará el Juez o Tribunal sentenciador la ejecución de la sentencia en la que haya impuesto una medida de seguridad? Procedimiento sumarísimo. Procedimiento contradictorio. Procedimiento breve. Procedimiento individualizado.
Las medidas de seguridad competencia de la Administración Penitenciaria están reguladas por In Instrucción 19/2011, de 16 de noviembre. En ella se establece que: Conforme los artículos 72.1 LOGP y 100 RP, los internos que se encuentren cumpliendo medidas privativas de libertad serán objeto de clasificación. En el caso de que el interno se encontrara con anterioridad cumpliendo pena privativa de libertad, procederá dejar sin efecto su clasificación. Las normas contenidas aunque dirigidas subsidiariamente a los Establecimientos penitenciarios no psiquiátricos, serán directamente de aplicación para el cumplimiento de las medidas de internamiento en los establecimientos psiquiátricos penitenciarios, en todo lo que no se opongan a lo dispuesto en los artículos 183 al 191 del Reglamento penitenciario. Será inmediatamente puesta en conocimiento del Juez o Tribunal sentenciador y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el quebrantamiento de la medida, o la negativa o renuncia del interno a participar en el programa de intervención establecido para el cumplimiento de la medida, así como cualquier otra incidencia significativa. La Junta de Tratamiento, a la vista de los informes elaborados por el Equipo Técnico y demás documentación disponible, establecerá el programa individualizado de reinserción (PIR) para la ejecución de la medida, del que se dará cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria sin perjuicio de su inmediato cumplimiento. Esta primera comunicación se llevará a cabo en el plazo máximo de 2 meses desde el ingreso del interno o la recepción del mandamiento de la medida.
Conforme al artículo 96 del Código Penal, el internamiento en centro educativo especial supone: Medida de seguridad terapéutica. Medida de seguridad no privativa de libertad. Medida de seguridad privativa de libertad. Todas las respuestas anteriores resulta correcta.
Cuando concurriere penas y medidas de seguridad privativas de libertad: Se ordenará el cumplimiento de la pena impuesta sin perjuicio de la asistencia terapéutica debida, quedando la medida extinguida con el cumplimiento de la pena. Se ordenará el cumplimiento de la medida que se le abonará para el de la pena. Se ordenará el cumplimiento de la medida, y a continuación se cumplirá la pena en su totalidad. No puede existir dicha concurrencia, pues la medida sustituye en todo caso a la pena.
No es una medida de seguridad no privativa de libertad: La libertad vigilada. La inhabilitación profesional. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La obligación de residir en un determinado lugar.
¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad no se podría imponer conforme al Código penal?: A) Libertad vigilada por 3 años. B) Custodia familiar por 10 años. Privación del derecho a conducir ciclomotores por diez años. La A y la B no se podrán imponer conforme al C.P.
¿Cuál de las siguientes no es una medida de seguridad penal privativa de libertad de las previstas en el Código penal?: El internamiento en centro psiquiátrico. El internamiento en centro educativo especial El internamiento en centro hospitalario. El internamiento en centro de deshabituación.
¿Qué tipos de medidas de seguridad prevé el Código penal? Privativas de libertad, privativas de derechos y multa. Privativas de libertad y no privativas de libertad. Privativas de libertad, no privativas de libertad y multa. Privativas de derechos, otras medidas no privativas de libertad y multa.
¿Cuándo se deducirá testimonio por el quebrantamiento de una medida de seguridad?: Cuando la medida de seguridad se haya impuesto al responsable de una infracción criminal por estar incurso en uno de los casos de eximentes incompletas en relación con los apartados 1, 2 ó 3 del artículo 20 CP. Cuando la medida de seguridad se haya impuesto al responsable de una infracción criminal por estar incurso en uno de los casos de eximentes incompletas en relación con los apartados 1, 2, 3 ó 4 del artículo 20 CP. En ningún caso, pues las medidas de seguridad no se pueden imponer sino a quienes hubieran sido declarados exentos de responsabilidad penal, y si están exentos no puede deducirse testimonio para proceder penalmente contra ellos. Siempre que la medida de seguridad quebrantada sea privativa de libertad.
Si concurrieran penas y medidas de seguridad privativas de libertad, se aplicará en nuestro ordenamiento el denominado sistema vicarial. Consiste en que: Se acordará primero el cumplimiento de la pena y, posteriormente, el de la medida de seguridad en todo caso. Se acordará inicialmente el cumplimiento de la pena y, posteriormente, el de la medida de seguridad, salvo si el juez estima que el cumplimiento de la medida pusiera en peligro los efectos logrados con el cumplimiento previo de la pena. Se acordará el cumplimiento de la medida de seguridad e, inmediatamente después, el de la pena íntegra, salvo si el juez estima que el cumplimiento de ésta última pone en peligro los efectos logrados con el cumplimiento previo de la medida. Se acordará el cumplimiento de la medida de seguridad, que se abonará para el de la pena, y luego se cumplirá el tiempo restante de pena, salvo si el juez estima que el cumplimiento de ésta pone en peligro los efectos logrados con el cumplimiento previo de la medida, en cuyo caso: podrá, facultativamente, suspender el cumplimiento o aplicar alguna de las medidas de seguridad que prevé el artículo 96.3 CP.
¿Qué requisitos son necesarios según el artículo 95 CP para que pueda imponerse una medida de seguridad?: Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como infracción penal y que del hecho y sus circunstancias personales se pueda deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Que del comportamiento del sujeto y sus circunstancias personales se pueda deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele Ja probabilidad de comisión de delitos. Que el sujeto haya cometido más de una infracción penal y que del hecho y sus circunstancias penales se pueda deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito y que del hecho y sus circunstancias personales se pueda deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
Según el artículo 96 del Código Penal las medidas de seguridad se clasifican en: Privativas de libertad y privativas de derechos. Privativas de libertad y restrictivas de libertad. Restrictivas de libertad y restrictivas de derechos. Privativas de libertad y no privativas de libertad.
Durante la ejecución de la sentencia mediante la cual se impone una medida de seguridad, no se podrá: Decretar el cese de cualquier medida de seguridad. Sustituir una medida de seguridad por otra que se estime más adecuada. Declarar el tiempo concreto por el que se ha de mantener la medida. Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación.
El quebrantamiento de una medida de internamiento no puede producir: La deducción de testimonio por el quebrantamiento de la medida. El internamiento en un centro penitenciario. El reingreso en el centro de internamiento. El ingreso en otro centro de internamiento distinto.
Las medidas de internamiento se podrán aplicar a: Aquellos sujetos en quienes se aprecie la existencia de una eximente. Los declarados exentos conforme a los números 1 y 2 del artículo 20 del C.P. Los exentos de responsabilidad criminal y a los que se aplique eximente incompleta. Los exentos de responsabilidad criminal según los números 1, 2 y 3 del Art. 20 del C.P.
¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad no se podrá imponer por tiempo de hasta 10 años? La custodia familiar. La libertad vigilada. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Señale la afirmación incorrecta: En caso de quebrantamiento de medidas de internamiento o de otras medidas, el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. No se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico. Se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a continuar· un tratamiento médico inicialmente consentido. El Juez o Tribunal puede acordar la sustitución del tratamiento médico inicial por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.
Los delitos cuya pena máxima señalada por ley sea prisión de 15 o más años, prescriben a los: 20 años. 25 años. 15 años. 30 años.
Los delitos cuya pena máxima señalada por ley sea de inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años, prescriben a los: 10 años. 15 años. 20 años. 5 años.
Los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614 del Código penal: No prescriben nunca. A los 20 años. No prescribirán en ningún caso, así como tampoco prescribirán los delitos de terrorismo. Ninguna de las anteriores es correcta.
Las penas menos graves prescriben: A los 5 años. A los 10 años. A los 3 años. Al año.
Las penas de prisión de 15 o más años impuestas por sentencia firme prescriben a los: A) 25 años, siempre que no exceda de 20. 20 años. C) 25 años, siempre que exceda de 20. Son correctas las respuestas a) y c).
El término de prescripción de los delitos se computará desde el día en que se haya cometido la infracción punible; sin embargo, en los casos de delito continuado y delito permanente, tales términos se computarán, respectivamente A) Desde el día en que se realizó la última infracción y desde que se eliminó la situación ilícita. B) Desde el día en que se eliminó la situación ilícita y desde el día en que se realizó la última infracción. Es correcta la respuesta a) así como que en las infracciones que exijan habitualidad se computará desde que cesó la conducta. Es correcta la respuesta b), así como que en las infracciones que exijan habitualidad se computará desde que cesó la conducta.
En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual contra menores, el término de prescripción se computa desde El día en que se haya cometido la infracción punible. B) El día en que la víctima haya alcance la mayoría de edad. C) La fecha del fallecimiento si la víctima falleciera antes de alcanzar la mayoría de edad. Son correctas las respuestas b) y c).
¿Cuánto es el tiempo que tiene que transcurrir para que prescriba el delito de asesinato? 15 años. 20 años. 10 años. 5 años.
Los delitos prescriben: Al año, si se trata de delitos contra el honor. A los cinco años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión por más de tres años y que no exceda de los diez años. A los tres años, cuando se trate de delitos menos graves. A los quince años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea inferior a diez años, o la condena inferior a quince.
Cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10, los delitos prescriben A los cinco años. A los veinte años. A los diez años. A los quince años.
Según el Artículo 133.2 del vigente Código Penal la pena impuesta por delitos de terrorismo si éstos hubieran causado la muerte a una persona: No prescribe. Prescribe a los 20 años. Prescribe a los 25 años. Prescribe a los 15 años.
¿En qué plazo prescriben los delitos leves? Al año. A los seis meses. A los dos años. Al mes.
Cuando la pena señalada para el delito fuere compuesta, se estará para la aplicación de las reglas de la prescripción A la que exija menor tiempo para ello. Al transcurso de diez años. A la suma de los plazos exigidos para cada pena. A la que exija mayor tiempo para ello.
En el supuesto de un delito de detención ilegal, ¿desde qué momento se computa el plazo de Prescripción? Desde el día en que se realizó la última infracción. Desde el día en que se eliminó la situación ilícita. Desde el día en que se produjo la detención. Desde el día siguiente a aquél en que se cometió la infracción.
¿En qué plazo prescriben los delitos cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez? Al año. A los diez años. A los tres años. A los cinco años.
Los delitos de calumnia e injuria: No prescriben en ningún caso. Prescriben al año. Prescriben a los dos años. Prescriben a los tres años.
El tiempo de prescripción de las penas se computa: Desde la fecha de la sentencia firma. Desde la fecha de inicio de cumplimiento de la pena. Desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia. Ninguna de las respuestas es correcta.
¿Qué penas impuestas por sentencia firme prescriben a los veinte años?: · Las penas menos graves. Las penas de prisión de quince o más años. Las penas de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más de diez y menos de quince. Las penas de inhabilitación por más de seis y menos de diez años y las de prisión por más de cinco y menos de diez años.
Las penas impuestas por delito de genocidio y de lesa humanidad: Prescriben al año. Prescriben a los diez años. Prescriben a los veinte años. No prescriben nunca.
Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuese posterior al de una pena, el pazo de prescripción de la medida se computará Desde el día en que se haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida. Desde la extinción de la pena. Desde que la pena debió empezar a cumplirse. Ninguna de las respuestas es correcta.
Las medidas de seguridad no privativas de libertad prescriben Al año. A los dos años. A los cinco años. A los diez años.
No prescriben en ningún caso: Los delitos de terrorismo. Los delitos de terrorismo y los de colaboración con banda armada. Los delitos de terrorismo con muerte de una persona. Los delitos de terrorismo y los cometidos en el seno de organizaciones criminales.
En los supuestos de concurso de infracciones o Infracciones ·conexas, el plazo de prescripción será: El que corresponda al delito más leve. La suma de los plazos correspondientes a las diferentes infracciones. Determinado por el Juez o Tribunal en atención a las circunstancias concurrentes El que corresponda al delito más gravé.
La pena de prisión de quince años, prescribe desde que se dictó la sentencia firme, a los: Treinta y cinco años. Veinticinco años. Quince años. Ninguna de las respuestas es correcta.
¿Desde cuándo se inicia el cómputo de los plazos de prescripción de los delitos, en los casos de delito continuado y delito permanente? En ambos casos desde que se realizó la última infracción. En ambos casos desde que se eliminó la situación ilícita. Desde el día en que se realizó la última infracción y desde que se eliminó la situación ilícita, respectivamente. Desde que se eliminó la situación ilícita y desde el día en que se realizó la última infracción respectivamente.
¿Desde cuándo se computará el plazo de prescripción de una medida de seguridad, cuando el cumplimiento de la misma fuese posterior al de una pena? Desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida. Desde que haya quedado extinguida la pena. Desde que haya quedado extinguida la medida. Desde que se inició el cumplimiento de la pena.
¿Qué tipo de medidas de seguridad prescriben a los diez años? Todo tipo de medidas superiores a tres años. Las privativas de libertad superiores a tres años. Todo tipo de medidas iguales o superiores a los tres años. Las privativas de libertad, iguales o superiores a los tres años.
La presentación de querella o denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo del plazo de prescripción, desde la misma fecha de la presentación de la querella o denuncia, por un plazo máximo de: Seis meses. Tres meses. Dos meses. Un mes.
Señale la afirmación Incorrecta de las que se proponen: Los plazos de prescripción de las penas se computarán desde fa fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera comenzado a cumplirse. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el periodo de suspensión de la ejecución de la misma. El plazo de prescripción no se suspende durante el cumplimiento de otras penas que deban hacerlo de forma sucesiva por orden de su gravedad. Las penas impuestas por delitos de terrorismo no prescriben si éstos hubieran causado la muerte de una persona.
Los delitos castigados con pena de prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no excedan de diez, prescriben: A los tres años. A los cinco años. A los diez años. Ninguna de las respuestas anteriores resulta correcta.
¿Cuál sería el tiempo de prescripción de la pena de diez días de localización permanente?: Seis meses. Un año. Tres años. Ninguna de las respuestas anteriores resulta correcta.
¿Cuál es el plazo de prescripción de las medidas de seguridad privativas de libertad?: Diez años, desde el día en que haya quedado firme la resolución en que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse. Diez años, desde el día en que haya quedado firme la resolución en que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse, salvo si fueran medidas privativas de libertad, iguales o inferiores a tres años, en cuyo caso el plazo es de cinco años. Cinco años, salvo si fueran medidas privativas de libertad, iguales o inferiores a tres años, en cuyo caso el plazo será de tres años, siempre desde el día en que haya quedado firme la resolución en que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse. Cinco años, desde el día en que haya quedado firme la resolución en que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?: Las penas impuestas por delitos de genocidio no prescriben nunca. Cuando la pena máxima señalada al delito sea de prisión de quince o más años el delito prescribirá a los 20 años. Los delitos de calumnia e injuria prescriben al año. Las penas leves prescriben a los dos años.
¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?: El indulto nunca extingue la responsabilidad criminal sin el perdón del ofendido. Los plazos de prescripción de las delitos leves son los mismos que los de prescripción de las penas impuestas por las mismas, pero los plazos de prescripción de los delitos son diferentes de los plazos de prescripción de las penas impuestas por los mismos. El perdón del ofendido no extingue la responsabilidad penal si la víctima del delito fue un menor de edad o persona con discapacidad necesidad de especial protección. Plazo de prescripción de una pena de prisión de doce años es de veinte años.
Los delitos cuya pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de tres años y que no exceda de cinco, prescriben a los: Diez años. Cinco años. Tres años. Dos años.
Los delitos leves prescriben: A los dos años. Al año. A los dieciocho meses. A los seis meses.
Las penas menos graves prescriben: A los diez años. A los cinco años. A los tres años. A los quince años.
La cancelación de antecedentes delictivos se realiza: A) De oficio por el Ministerio de Justicia. B) A instancia de parte a través de solicitud del interesado. De oficio por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Son correctas las respuestas a) y b).
Para la cancelación de antecedentes delictivos será necesario que haya transcurrido un plazo determinado de tiempo sin delinquir de nuevo el culpable. En caso de cancelación de un delito cometido por imprudencia el plazo será de: 1 año. 2 años. 3 años. 5 años.
Los plazos para la cancelación de antecedentes delictivos se contarán desde el día siguiente a aquél en que quede extinguida la pena; si ello ocurriese mediante la remisión condicional: No se tendrá en cuenta plazo alguno, ordenando la cancelación de la inscripción hecha en la Sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes, no teniéndose en cuenta a ningún efecto dicho antecedente penal. B) El plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquél en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiese disfrutado de ese beneficio. El plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiese disfrutado de este beneficio. Es correcta la respuesta b ); además, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena, el día siguiente al otorgamiento de la suspensión.
¿Cuál es eI plazo que debe transcurrir, sin delinquir de nuevo el culpable; para la cancelación de las penas impuestas por delitos imprudentes? Seis meses. Dos años. Tres años. Cinco años.
Cuando un Juez o Tribunal solicite al Registro Central de Penados y Rebeldes una certificación de antecedentes penales de un sujeto: Solamente se librará si se refiere a una inscripción no cancelada. Solamente se librará si se refiere a una inscripción cancelada. Se librará se refiera o no a una inscripción cancelada, haciendo constar expresamente, si se da ésta última circunstancia. No se librará certificación alguna, ya que las inscripciones de antecedentes penales en las distintas Secciones del Registro no son públicas.
Las medidas de seguridad serán canceladas: Una vez cumplida o prescrita la medida de seguridad. Por el transcurso, sin delinquir de nuevo el culpable, de tres años. Por el transcurso, sin delinquir de nuevo el culpable, de cinco años. Las medidas de seguridad no precisan ser canceladas al no ser objeto de inscripción en el Registro.
Para que proceda la cancelación de antecedentes penales, los plazos exigidos se computan desde la extinción de la condena, pero cómo se establece la fecha de extinción en los delitos donde se hubiera acordado la remisión condicional de la pena privativa de libertad impuesta Desde el día en que se hubiere acordado la remisión definitiva de la pena impuesta y suspendida en su día. Retrotrayéndola al día siguiente a aquel que hubiere quedado cumplida la pena, si no se hubiera disfrutado del beneficio. Desde el día siguiente a la concesión de la suspensión de condena, si ésta fuera remitida de forma definitiva. Desde el día siguiente de la firmeza de la sentencia, sumando además el tiempo otorgado de suspensión.
Para rehabilitar penalmente a un condenado a pena de prisión de tres años, una vez satisfechas todas las responsabilidades, es necesario que hayan transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable: Dos años. Cinco años. Tres años. Seis años.