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Timestamp: 2019-06-16 23:39:02
Document Index: 310277732

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 7', 'artículo 258', 'artículo 258', 'artículo 7', 'artículo 258', 'artículo 2', 'artículo 258', 'artículo 260', 'artículo 269', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 258', 'artículo 19', 'artículo 258', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 47', 'artículo 258', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 2']

4. El artículo 30, apartado 1, de la Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Ley de 23 de noviembre de 2002 del Tribunal Supremo, Dz. U. n.º 240 de 2002, rúbrica 2052, en su versión modificada; en lo sucesivo, «Ley de 2002 del Tribunal Supremo») fijaba la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo en 70 años, salvo que el juez en cuestión presentase una declaración ante el Presidente Primero del Tribunal Supremo, a más tardar seis meses antes de alcanzar esa edad, manifestando su deseo de continuar en el ejercicio de sus funciones, junto con una certificación médica. En tal caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 5, de dicha Ley, el juez podía automáticamente seguir desempeñando sus funciones hasta los 72 años de edad.
36. Por lo que se refiere al artículo 47 de la Carta, Polonia y Hungría alegan que las medidas controvertidas no aplican Derecho de la Unión en el sentido de su artículo 51, apartado 1, y que tampoco se han conculcado derechos subjetivos de particulares. Polonia recalca que el artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 51, apartado 2, de la Carta se oponen a una interpretación de esta que permita a la Unión actuar ultra vires, como subraya el Protocolo n.º 30 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la República de Polonia y al Reino Unido, (10) lo que excluye que puedan ampliarse las competencias del Tribunal de Justicia.
50. Existen motivos de peso para considerar que el artículo 7 TUE y el artículo 258 TFUE son procedimientos independientes que pueden invocarse al mismo tiempo. En particular, sus respectivos tenores no se excluyen recíprocamente y, como se ha mencionado supra (véase el punto 48 de las presentes conclusiones), la referencia a «una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados» que figura en el artículo 258 TFUE abarca, en principio, todas las normas del Derecho de la Unión salvo las de la PESC. Respaldan esta conclusión las diferencias en la estructura y el objetivo de los procedimientos establecidos en el artículo 7 TUE y en el artículo 258 TFUE. El primero consagra esencialmente un procedimiento «político» dirigido a hacer frente a una «violación grave y persistente» de los valores proclamados en el artículo 2 TUE por parte de un Estado miembro, cuya aplicación requiere unas elevadas mayorías y puede dar lugar a la suspensión de los derechos derivados de la pertenencia del Estado miembro a la Unión, incluidos los derechos de participación. (25) El procedimiento establecido en el artículo 258 TFUE constituye una vía «legal» directa ante el Tribunal de Justicia dirigida a garantizar que los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, que tiene como objetivo que se declare que se ha producido un incumplimiento y que asimismo puede dar lugar a la imposición de sanciones pecuniarias con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 260 TFUE a fin de incitar al Estado miembro en cuestión a que ponga fin al comportamiento infractor. (26) Estas diferencias reflejan la naturaleza autónoma y, en efecto, complementaria de estos procedimientos y la conclusión de que pueden llevarse a cabo en paralelo. (27)Además, el hecho de que el artículo 269 TFUE, relativo a la impugnación de la legalidad de los actos adoptados por el Consejo Europeo o el Consejo en virtud del artículo 7 TUE, restrinja la competencia del Tribunal de Justicia al control de las «disposiciones de procedimiento» del artículo 7 TUE no puede menoscabar la potestad de este último para pronunciarse en virtud de su competencia con arreglo al artículo 258 TFUE. (28)
64. Por último, la interpretación del artículo 19 TFUE, apartado 1, que propongo se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al ámbito de aplicación del Protocolo n.º 30. (43) La ampliación de las competencias de la Comisión para iniciar procedimientos contra los Estados miembros con arreglo al artículo 258 TFUE por incumplimientos del TUE tuvo lugar, al igual que la adición del referido Protocolo, durante el proceso de revisión de los Tratados en Lisboa. Por lo tanto, permitir a la Comisión interponer recursos directos contra los Estados miembros por incumplimientos de las disposiciones del TUE, como su artículo 19, apartado 1, en modo alguno supone una ampliación las competencias de la Unión que vaya más allá de lo acordado en el «proceso de revisión de Lisboa». (44)
65. Como se ha indicado supra, la Comisión no ha esgrimido ningún argumento en su demanda en relación con el ámbito de aplicación del artículo 47 de la Carta y con el modo en que las medidas controvertidas aplican el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, (45) y ha aducido que el artículo 51, apartado 1, carece de relevancia para el presente procedimiento.
10 DO 2016, C 202, p. 312 (en lo sucesivo, «Protocolo n.º 30»).
20 Craig, P. y De Búrca, G.: «EU Law: Text, Cases and Materials», 6 ª ed., OUP, 2015, p. 431.
28 Schmidt, M. y Bogdanowicz, P.: «The Infringement Procedure in the Rule of Law Crisis: How to Make Effective Use of Article 258 TFEU», Common Market Law Review, vol. 55, 2018, pp. 1069 a 1073, en particular 1071.
30 Véanse las sentencias de 14 de junio de 2017, Online Games y otros (C‑685/15, EU:C:2017:452), apartados 54 y 55; de 13 de marzo de 2018, European Union Copper Task Force/Comisión (C‑384/16 P, EU:C:2018:176), apartados 116 y 117, e Industrias Químicas del Vallés/Comisión (C‑244/16 P, EU:C:2018:177), apartados 106 y 107.
31 Sentencia de 27 de febrero de 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 1, 18 y 27, y el fallo.
32 Sentencia de 27 de febrero de 2018, ASJP (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 29.
33 Véanse las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), explicación relativa al artículo 47, pp. 29 y 30.
34 Sentencia de 27 de febrero de 2018, ASJP (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 35, 41 y 42.
35 En efecto, la doctrina argumenta que la Comisión puede perseguir con arreglo al artículo 258 TFUE las violaciones de un Estado miembro a los valores proclamados en el artículo 2 TUE. Véanse Scheppele, K.L.: «Enforcing the Basic Principles of EU Law through Systemic Infringement Actions», en Closa y Kochenov, nota 25, p. 105, y Waelbroeck, M. y Oliver, P.: «La crise de l’état de droit dans l’Union européenne : que faire?», Cahiers de droit européen, 2017, p. 299.
36 Bonelli, M. y Claes, M.: «Judicial serendipity: how Portuguese judges came to the rescue of the Polish judiciary», European Constitutional Law Review, vol. 14, 2018, p. 622; Krajewski, M.: «Associação Sindical Dos Juízes Portugueses: The Court of Justice and Athena’s Dilemma», European Papers, vol. 3, 2018, p. 395; Pech, L. y Platon, S.: «Judicial independence under threat: The Court of Justice to the rescue in the ASJP case», Common Market Law Review, vol. 15, 2018, p. 1827.
37 Sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), en particular apartados 36, 55 y 56.
38 Sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), en particular apartados 48 a 55.
39 Barents, R.: «Remedies and Procedures before the EU Courts», Breese, H.E. (Ed.), Kluwer, 2016, pp. 112 y 113. Véanse también las conclusiones presentadas por el Abogado General Saugmandsgaard Øe en el asunto ASJP (C‑64/16, EU:C:2017:395), punto 41.
40 Sentencia de 27 de febrero de 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 32 y 37 a 41.
41 Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Polkomtel (C‑277/16, EU:C:2017:989).
42 Puede considerarse que el ámbito de aplicación material del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no comprende el control de toda medida nacional, por mínima que sea, relativa a la organización del Poder Judicial, sino que principalmente se refiere a la independencia objetiva y las medidas nacionales que tengan un impacto generalizado en el sistema global establecido por los Estados miembros para garantizar la tutela judicial efectiva y sus exigencias esenciales.
43 Sentencia de 21 de diciembre de 2011, N.S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartados 119 y 120. Véanse también las conclusiones presentadas por la Abogado General Trstenjak en el asunto N.S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:611), puntos 167 a 171, y por la Abogado General Kokott en el asunto Bonda (C‑489/10, EU:C:2011:845), puntos 21 a 23.
44 Łazowski, nota 22, pp. 580 y 581, y Prete, nota 26, pp. 74 y 75.
45 Véanse las sentencias de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373), apartado 49, y de 14 de junio de 2017, Online Games y otros (C‑685/15, EU:C:2017:452), apartado 55.
46 Véase la sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Polonia (C‑227/07, EU:C:2008:620), apartado 67.
47 Véase la sentencia de 29 de noviembre de 2001, Comisión/Italia (C‑202/99, EU:C:2001:646), apartado 21.
48 Sentencias de 27 de febrero de 2018, ASJP (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 45, y de 7 de febrero de 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106), apartado 66.
49 Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto De Coster (C‑17/00, EU:C:2001:366), punto 93.
50 TEDH, sentencia de 25 de septiembre de 2018, Denisov c. Ucrania, ECHR:2018:0925JUD007663911, § 61 y 63.
51 De manera análoga, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al significado del concepto de «independencia» resulta pertinente a efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1. Véase, por ejemplo, la sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587), apartados 49 a 53.
52 Cabe señalar que, pese a que tales directrices son calificadas de soft law o normas no vinculantes, encarnan un «consenso normativo» de reglas y principios compartidos por los Estados miembros (y otros países) que proporcionan una referencia útil para el Tribunal de Justicia. Véase Hoffmann-Riem, W.: «The Venice Commission of the Council of Europe — Standards and Impact», European Journal of International Law, vol. 25, 2014, pp. 579 a 597.
53 Véanse, por ejemplo, Consejo de Europa, Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, de 8-10 de julio de 1998, DAJ/DOC (98) 23, punto 3.4; Recomendación de 2010, nota 8, puntos 49 a 52; Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales), de 17 de noviembre de 2010, CCJE (2010)3 final, punto 4; International Bar Association, Minimum Standards of Judicial Independence, 1982, punto 20; Naciones Unidas, Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, 1985, puntos 12 y 18, y Unión Internacional de Magistrados, Estatuto Universal del Juez, revisado en 2017, artículo 2.2.
54 Como ha señalado la Comisión, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) del Consejo de Europa ha considerado que la jubilación anticipada de los jueces en activo socava en términos generales tanto la independencia del Tribunal Supremo de Polonia como la inamovilidad de sus miembros en su Dictamen n.º 904/2017, de 11 de diciembre de 2017, relativo al proyecto de ley de modificación de la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, al proyecto de ley de modificación de la Ley del Tribunal Supremo, a propuesta del Presidente de Polonia, y al proyecto de ley de organización judicial, CDL-AD(2017)031, punto 48. Véanse también, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en su misión a Polonia, de 5 de abril de 2018, A/HRC/38/38/Add.1, punto 55, y Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dictamen relativo a determinadas disposiciones del proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo de Polonia (a fecha de 26 de septiembre de 2017), de 13 de noviembre de 2017, JUD-POL/315/2017, punto 112.
55 Sentencias de 27 de febrero de 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 46 a 51, y de 7 de febrero de 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106), apartado 67.
56 Véase el estudio del Parlamento Europeo titulado «The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values», no traducido al español, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 2019, PE 608.856, p. 25.
57 Sentencia de 6 de noviembre de 2012 (C‑286/12, EU:C:2012:687), apartados 54 a 81.
58 Sentencia de 21 de julio de 2011 (C‑159/10 y C‑160/10, EU:C:2011:508), en particular el apartado 50.
59 Sentencia de 8 de abril de 2014 (C‑288/12, EU:C:2014:237), apartados 54, 59 y 60.
60 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), que ha sido sustituida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).
61 Sentencia de 6 de noviembre de 2012 (C‑286/12, EU:C:2012:687).
62 Sentencia de 8 de abril de 2014 (C‑288/12, EU:C:2014:237).
63 Sentencia de 27 de febrero de 2018, ASJP (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 40 y 41.
64 Sentencias de 27 de febrero de 2018, ASJP (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 44, y de 7 de febrero de 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106), apartado 66.
65 Véase la sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587), apartado 53.
66 También se ha considerado que las medidas controvertidas contravienen los criterios europeos e internacionales en materia de independencia judicial. Véanse, por ejemplo, Oficina del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), Report on judicial independence and impartiality in the Council of Europe Member States in 2017, de 7 de febrero de 2018, CCJE-BU(2017)11, punto 158, y Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial, nota 54, punto 56.
67 Kosař, D.: «Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe», German Law Journal, vol. 19, 2018, pp. 1567 a 1596.