Source: http://www.revistaadvocatus.com/blog/2011/derecho-civil/transferencia-de-bienes-inmuebles-que-presuntamente-integran-el-patrimonio-cultural-de-la-nacion
Timestamp: 2013-12-09 21:01:57
Document Index: 113503841

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 1382', 'Artículo 3']

TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES QUE PRESUNTAMENTE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN » Voz en Relieve
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES QUE PRESUNTAMENTE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
Natalia E. Vargas Soto. Abogada por la Universidad de Lima. Asociada de Estudio Echecopar.
Al evaluar la adquisición de un inmueble que se encuentre en un centro histórico o en la periferia del mismo, deberá verificarse si el inmueble tiene la calidad de ser patrimonio cultural de la Nación o si, por su especial ubicación o características, se presume que tiene tal calidad. Ello en razón de que por normas como la Resolución Suprema No. 2900-72-ED, del 28 de diciembre de 1972, publicada en El Peruano el 23 de enero de 1973, se designaron como zonas monumentales –por ende, parte del patrimonio cultural de la Nación- áreas determinadas por sus perímetros, pero que no individualizaban los bienes incluidos dentro de ellas, y que, por tanto, podían ser consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación.[1]
De esta manera, un particular puede ser propietario de un bien que se encuentre dentro de una zona monumental sin que ello conste en la partida registral del inmueble o sin que exista una declaración expresa de la autoridad competente de que dicho inmueble tiene tal calidad.
I. Qué bienes integran el Patrimonio Cultural de la Nación
Los bienes que son patrimonio cultural de nuestra Nación se rigen por la Ley No. 28296, del 21 de julio de 2004, “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” (en adelante, la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 011-2006-ED (en adelante, el Reglamento).
De acuerdo al artículo II de la Ley, tendrán la calidad de Patrimonio Cultural de la Nación“toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley” (resaltado agregado).
De esta manera, existen dos vías para que un bien sea considerado como Patrimonio Cultural de la Nación: i) que exista una declaración expresa que lo reconozca como tal; o, ii) que exista la presunción legal de serlo.
Dado que la declaración expresa no genera mayor controversia, pues en la mayoría de los casos la carga de integrar el Patrimonio Cultural de la Nación se inscribe en la partida registral del inmueble, nos centraremos en la figura de la presunción
II. La presunción de integrar el Patrimonio Cultural de la Nación
El artículo III de la Ley regula sobre qué bienes recae la presunción legal de pertenecer al Patrimonio Cultural de la Nación, así, allí establece que “se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte. La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte”. (Subrayado agregado).
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley establece qué bienes inmuebles forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Así, indica que: “Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.
La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso”.
De esta manera, por ejemplo, atendiendo a la ubicación de un inmueble dentro de una Zona Monumental o incluso dentro de un área delimitada sólo por el nombre de calles, se presume que dicho bien tiene la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, siendo que de acuerdo al artículo 11 del Reglamento será necesaria una declaración expresa que deje sin efecto tal presunción[2]. Asimismo, de acuerdo a la norma indicada, a efectos de levantar la presunción es necesario que exista un informe que sustente el porqué tal bien no reúne las condiciones para ser Patrimonio Cultural.
III. Limitaciones a la transferencia de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
El que se presuma que un inmueble es parte del Patrimonio Cultural de la Nación genera ciertas medidas limitativas[3] a sus propietarios, en razón a su especial naturaleza y al deber de protección y conservación que prevé la norma respecto de este tipo especial de bienes. Así, con relación a la transferencia onerosa de los mismos, la Ley establece la siguiente limitación:
- Transferencia del bien inmueble (artículo 9 de la Ley)[4]: Dentro del territorio nacional, el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación puede ser transferido bajo cualquier título, con observancia de los requisitos y límites siguientes:
i) La transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento previo de los organismos competentes, bajo sanción de nulidad.
ii) Queda prohibida la transferencia de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a la persona condenada durante el tiempo de la condena, por los delitos comprendidos en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal. Es nula la transferencia efectuada en contravención a esta disposición.
iii) El Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo sanción de nulidad.
iv) No podrán transferirse separadamente los bienes integrantes de una colección o conjunto de bienes que tengan vinculación entre sí, salvo autorización expresa de la entidad competente.
Por su parte, el Reglamento establece la manera en que se debe cumplir la obligación legal (derecho de preferencia) mencionada:
“Artículo 13.- Transferencia a título oneroso
El propietario sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la propiedad de un bien cultural deberá notificarlo al organismo competente, declarando el precio y las condiciones de la transferencia. Dicha declaración constituirá una oferta de venta irrevocable.
El organismo competente contará con un plazo de 30 días útiles, contados a partir de la fecha de presentación de la declaración referida en el párrafo precedente, para aceptar la oferta de venta. Vencido dicho plazo operará la caducidad de su derecho de preferencia, pudiendo el propietario transferir dichos bienes culturales”. (Subrayado agregado).
De las normas citadas, se desprende que todo aquel que decida vender un bien sobre el que pesa una presunción de ser Patrimonio Cultural, deberá:
i) Comunicar al la entidad competente[5] el precio y condiciones en las que operaría la transferencia. Dicha comunicación configurará una oferta irrevocable[6] de venta a favor de la entidad.
ii) La Entidad tendrá un plazo de 30 días útiles para aceptar la oferta.
iii) En caso de silencio por parte de la Entidad, se entenderá rechazada la oferta.
iv) Si la Entidad no acepta la oferta dentro del plazo indicado, o la rechaza expresamente, los copropietarios podrán transferirlo libremente.
En ese sentido, mientras un inmueble se encuentre bajo la presunción de ser Patrimonio Cultural de la Nación, y en tanto subsista tal situación jurídica, se debe respetar el derecho de preferencia del Estado[7], por lo que se le deberá remitir una oferta irrevocable de venta (en los mismos términos en que pretenda transferir), la cual tendrá una vigencia máxima de 30 días útiles.
Por lo indicado, y a fin de evitar futuras nulidades, se deberá ofertar al Estado la venta del inmueble, a fin de que dicha entidad determine si le interesa adquirirlo. En caso, su respuesta sea negativa, recién en ese momento, se podrá transferir el bien sin limitación alguna.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien la entidad competente podría rechazar la oferta, o la presunción podría ser levantada, el proyecto a realizarse en él deberá respetar las restricciones que se puedan imponer por las normas correspondientes, respecto de urbanismo o construcción, por su especial ubicación.
Pies de página ( returns to text)
Así, como ejemplo podemos citar el siguiente párrafo correspondiente a una zona monumental en Lima:
“Área comprendida dentro del perímetro formado por: el cauce del río Rímac entre el Puente del Ejército hasta la prolongación del Jr. Comandante Espinar, los límites exteriores del Cementerio Presbítero Maestro hacia el norte y el este, la Avenida del Cementerio, la Avenida Comandante Espinar, la Avenida Grau, el Paseo de la República, la Avenida 28 de Julio, la Avenida Guzmán Blanco, la Avenida Alfonso Ugarte y la Plaza Bolognesi”.
En el mismo sentido, respecto de una zona monumental en Arequipa, se indicó lo siguiente:
Zona Monumental de Arequipa el área comprendida dentro del perímetro formado por el cruce del río Chili entre el Jr. Salaverry y la Torrentera de San Lázaro; la Torrentera de San Lázaro, la prolongación del Jr. Peral, la prolongación del Jr. Ayacucho, el Jr. Muñoz Najar, la Av. Goyeneche, la Av. Jorge Chávez y el Jr. Salaverry.
“Artículo 11 del Reglamento.- De oficio, o a iniciativa de parte, podrá dejarse sin efecto la presunción legal de un bien cultural mediante declaración expresa del organismo competente, previo informe técnico sustentatorio”.
“Artículo 3 de la Ley.- Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad pública o privada, están sujetos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su efectiva y adecuada conservación y protección. El ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto a las limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan los organismos competentes, siempre y cuando no contravengan la Ley y el interés público. “Artículo 9 de la Ley.-
9.1 Dentro del territorio nacional, el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación puede ser transferido libremente bajo cualquier título, con observancia de los requisitos y limites que la presente Ley establece. 9.2 La transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento previo de los organismos competentes, bajo sanción de nulidad. 9.3 Queda prohibida la transferencia de un bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a la persona condenada durante el tiempo de la condena, por los delitos comprendidos en el Titulo VIII del Libro Segundo del Código Penal. Es nula la transferencia efectuada en contravención a esta disposición. 9.4 El Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo sanción de nulidad. 9.5 No podrán transferirse separadamente los bienes integrantes de una colección o conjunto de bienes que tengan vinculación entre sí, salvo autorización expresa de la entidad competente. Entendemos que la entidad competente sería la Dirección de Patrimonio Cultura del Ministerio de Cultura.
“Artículo 1382.- La oferta obliga al oferente, si lo contrario no resulta de los términos de ella, de la naturaleza de la operación o de las circunstancias del caso”.
“Artículo 3 del Reglamento.- Referencias
Para los efectos del presente reglamento se entiende por: (…)
4. Organismos competentes: Instituto Nacional de Cultura (INC), Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y Archivo General de la Nación (AGN), según corresponda”. Ahora bien, se debe tener en cuenta que dichos organismos formar parte del Ministerio de Cultura.
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