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Timestamp: 2018-03-24 21:41:05
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tema 9 [72996] | Derecho Constitucional I (UMA) | Unybook
yayTEMA 9: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.
INTRODUCCIÓN MODELOS DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL CONCEPTO: Entendemos por jurisdicción constitucional aquella que es competente para resolver las dudas sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas, en particular las leyes.
FINALIDAD: Se enmarca dentro de los denominados mecanismos de defensa de la Constitución, porque al resolver esas cuestiones acerca de si una determinada norma jurídica es compatible o no con la Constitución, la jurisdicción constitucional garantiza la normatividad y la supremacía constitucional. Se asegure de que no existan en el ordenamiento jurídico normas inconstitucionales. Funcionan a instancia de parte y el procedimiento consiste en analizar la compatibilidad de una norma jurídica concreta en relación con la Constitución, y en caso de ser inconstitucional, es expulsada del ordenamiento jurídico y deja de ser norma jurídica.
El otro mecanismo es el de reforma constitucional, que diseña un procedimiento especial para reformar la Constitución.
Podemos decir que de esta manera también se “defiende” la Constitución, en cuanto que no es suficiente con seguir el procedimiento legislativo ordinario y aprobar una ley contraria a la Constitución para entender que ésta ha sido modificada.
La existencia de una jurisdicción constitucional está íntimamente ligada a la propia normatividad constitucional. Esto quiere decir que las constituciones no han sido plenamente normativas (no han sido verdaderas normas jurídicas que vinculan a todos los destinatarios) hasta que no se ha implantado una jurisdicción constitucional que ha velado por dicha normatividad. Para que una norma sea de obligado cumplimiento no basta con decirlo, sino que hay que asegurar su obligatoriedad mediante la previsión de sanciones en caso de incumplimiento. En caso contrario, el carácter obligatorio o no de dicha conducta va a depender de la buena voluntad o no de la persona que la realiza.
La necesidad de jurisdicción constitucional se observó en Alemania tras el desastre de la II Guerra Mundial, ya que a pesar de existir texto constitucional, el propio Estado no respetó la Constitución de Weimar. A la hora de ser implantadas, se siguieron dos vías muy bien diferenciadas: por un lado el de EEUU y por otro el que se llevó a cabo en la Europa Continental.
Se distinguen así dos grandes modelos a.
  DIFUSA ÓRGANO COMPETENTE: todos los jueces y tribunales son competentes para conocer y resolver dudas sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas impugnadas.
CLASE DE IMPUGNACIÓN: se trata del modo o vía mediante el cual la norma es impugnada ante el órgano competente.
En este caso es más complicado, porque no existe ningún procedimiento para impugnar la norma que sospechamos que es inconstitucional.
Tenemos que esperar a que se dé una situación en la que la norma en cuestión sea de aplicación, y en el marco de un procedimiento judicial diferente, con un objeto determinado y que en principio no tiene nada que ver con si la norma es constitucional o no, y como una cuestión incidental dentro del mismo, se plantea que la norma aplicable es inconstitucional. Es el juez el que tiene que resolver en ese procedimiento, y después en el procedimiento inicial que estaba planteado. Podemos decir, por tanto, que se trata de una vía indirecta, ya que no puede impugnarse directamente la norma ante los jueces y tribunales.
Ej. El propietario de un piso no realiza unas reformas en el piso que tiene arrendado al inquilino. Éste decide, en consecuencia, no pagar la mensualidad. El propietario lo lleva a juicio por desahucio. La ley establece una diferencia procesal en función del tiempo de duración del contrato: si el contrato es inferior a un año, basta con un mes de impago para desahuciarlo. En cambio, si el contrato es superior a un año, tiene que esperar a los dos meses de impago para iniciar acciones legales. Por tanto, el procedimiento inicial consiste en resolver una disputa entre propietario e inquilino.
Hay que determinar si la conducta del inquilino está justificada o por el contrario está incumpliendo el contrato. Éste sería el momento de plantear como cuestión añadida que la norma que habría que aplicarse es inconstitucional, ya que va en contra de la igualdad, al hacer distinción entre los inquilinos con contratos de mayor o menor duración.
 EFECTOS DE LA SENTENCIA (I): sus efectos son “inter partes”. Cuando el juez o tribunal competente llega a la conclusión de que la norma que se le ha planteado es finalmente inconstitucional, la declaración afecta solo a las partes del proceso.
1 Para limitar esta eficacia, el juez no anula la norma ni la expulsa del ordenamiento. La norma es declarada inconstitucional, pero no supone su expulsión, sino que sigue formando parte del ordenamiento jurídico (solo que no hay que tenerla en cuenta en ese caso). Tan solo se trata de inaplicación, es decir, el juez no aplica esa norma en ese caso concreto. Tiene que resolver el asunto sin tener en cuenta esa norma.
Esto plantea serios problemas, ya que supone que existen normas inconstitucionales dentro del ordenamiento y además crea inseguridad jurídica, ya que otro juez en otra situación puede considerar que la norma sí es constitucional.
En esta inseguridad influyen varios factores: La norma sigue existiendo en el ordenamiento jurídico.
No hay un solo órgano competente, de manera que cada juez o tribunal resolverá de una forma distinta, y por tanto, el ciudadano no puede prever las consecuencias de su conducta, porque la sentencia dependerá del juzgado que examine su caso. No se cumple el principio de previsibilidad.
  La solución que se ha dado es la del precedente judicial o “Stare decisis”. Consiste en que una vez que el caso llegue al Tribunal Supremo por vía de recurso y éste dicte sentencia, el resto de tribunales quedan vinculados a esa decisión. Esto significa que el órgano superior ha sentado precedente. A partir de ese momento ya no hay problemas de inseguridad jurídica. De esta manera, la jurisdicción difusa se acerca a la jurisdicción concentrada, y en la práctica, los efectos “inter partis” acaban siendo muy parecidos a los efectos “erga omnes”.
EFECTOS TEMPORALES DE LA SENTENCIA (II): sus efectos son “ex tunc”, es decir, que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se retrotraen hasta el momento en que se aplicó la norma a esas personas por primera vez. Es como si la norma nunca hubiera existido para esas personas. Puede que eso hubiera ocurrido por primera vez en el mismo proceso judicial, o tal vez dos años antes, pero afecta también a esos efectos.
CONCENTRADA ÓRGANO COMPETENTE: en este caso la competencia se atribuye exclusivamente a un órgano ad hoc, creado específicamente para esa finalidad, que es el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Este órgano se crea en la propia Constitución, y recibe diferentes nombres en función del país del que se trate. En nuestro caso es el TC.
Otra característica es que éste órgano no forma parte del poder judicial, si no que es un órgano independiente. De hecho, nuestra Constitución le dedica un título diferente del que dedica al Poder Judicial.
 CLASE DE IMPUGNACIÓN: en este caso es una vía de acción o vía directa, es decir, que existe un procedimiento ante el Tribunal Constitucional mediante el cual impugnar directamente las normas inconstitucionales. El procedimiento que iniciamos tiene como finalidad directa, inmediata y única, que el Tribunal Constitucional decida si la norma es inconstitucional o no.
 EFECTOS DE LA SENTENCIA (I): Los efectos son “erga omnes”, es decir, que vinculan a todos. Esto significa que cuando el Tribunal Constitucional examina la norma y considera que es inconstitucional, esa declaración de inconstitucionalidad vincula a todos. Para conseguir esta eficacia, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y anula la norma, la expulsa del ordenamiento jurídico, de manera que ya no forma parte de él ni puede ser aplicado. A partir de ese momento es una norma inexistente.
La norma expulsada puede ser toda una ley o sólo una parte de la misma, como por ejemplo, un artículo.
    EFECTOS TEMPORALES DE LA SENTENCIA (II): los efectos son “ex nunc”, es decir, que comienzan desde el momento en que se dicta la sentencia y hacia el futuro, pero no se retrotraen. Puede que la norma entrara en vigor 5 años antes, durante los cuales ha producido efectos, pero estos siguen en pie.
Esto significa que la declaración de inconstitucionalidad no va a permitir revisar procesos judiciales sobre los que hubiera recaído ya sentencia judicial firme. Sólo hay una excepción, en el caso de que se trate de un proceso penal o contenciosoadministrativo, y que como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad hubiere una disminución o exención de la responsabilidad o incluso de la pena.
Al mismo tiempo, esto implica que los procesos que no hayan finalizado Con sentencia judicial firme porque las partes siguen recurriendo, el juez sí tiene que aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional.
2 Estos modelos no se dan en la práctica, sino que ambos se suelen asemejar. Es el modelo concentrado el que se ha acercado al difuso, adoptando algunos de sus elementos.
En cuanto a nuestro modelo, es uno de los predominantemente concentrados, pero que toma elementos de la jurisdicción difusa. Tal es así que algunos autores hablan de que se trata de un modelo mixto. Nuestro modelo tiene los siguientes requisitos de la jurisdicción concentrada:     Nuestra Constitución ha creado un Tribunal Constitucional con una finalidad específica: controlar la constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley.
Dichas normas sospechosas de inconstitucionalidad se impugnan directamente ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad.
La sentencia en la que se decide la inconstitucionalidad de la norma tiene efectos “erga omnes”, es decir, la norma es anulada y expulsada del ordenamiento jurídico.
Por último, sus efectos son “ex nunc”, es decir, desde el momento de la sentencia y hacia el futuro, sin afectar a los efectos que han tenido lugar hasta ese momento.
En cuanto a los elementos que lo acercan a la jurisdicción difusa encontramos:  La cuestión de inconstitucionalidad. Esto significa que los que son parte en el proceso judicial pueden alegar ante el juez que la norma que es de aplicación es inconstitucional. Por tanto, no podemos plantearlo únicamente mediante el recurso de inconstitucionalidad, sino que las personas a las que se les ha aplicado o se les va a aplicar la norma que es sospechosa de inconstitucionalidad pueden plantearlo en el seno de un proceso judicial.
Sin embargo, a partir de este momento vuelve a diferenciarse de la jurisdicción difusa, ya que el juez puede considerar que la norma es perfectamente constitucional y continuar con el proceso, pero también puede entender que es cierto que es inconstitucional, en cuyo caso ya no puede resolverlo por sí mismo, sino que tiene que recurrir al Tribunal Constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad, siempre y cuando se trate de una ley o norma con rango de ley (en la jurisdicción difusa eran competentes todos los jueces y tribunales). A partir de ahí, el Tribunal Constitucional ya sigue con las características del modelo concentrado. Por tanto, la sentencia va a afectar a todos, no solo a las partes del proceso, y los efectos son igualmente “ex nunc”. De este modo, concluimos que no se da plenamente ninguno de los dos modelos.
 La distinción que hace nuestro ordenamiento del órgano competente, en función del rango de la norma jurídica de la que se sospecha que es inconstitucional.
o Para las leyes y normas con rango de ley: el único órgano competente es el Tribunal Constitucional. Aquí nos encontramos todos los efectos de la jurisdicción concentrada.
o Para las normas infralegales (reglamentos, decretos, órganos ministeriales): los únicos órganos competentes son los jueces y tribunales. Aquí nos encontramos todos los efectos de la jurisdicción difusa.
NATURALEZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nos planteamos si la naturaleza del Tribunal Constitucional es jurídica o política. Este debate tuvo cierta importancia sobre todo en los primeros años del funcionamiento de este tribunal. Se partía de una distinción claramente ideológica:   Lo jurídico es lo positivo, lo que debería ser el Tribunal Constitucional.
Lo político es lo evitable, lo negativo, lo que haría que el Tribunal Constitucional se convirtiera en un órgano sospechoso.
A medida del tiempo, esta distinción ha perdido relevancia, y se ha optado por afirmar que el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico, jurisdiccional, que actúa conforme a los criterios jurisdiccionales, es decir, que nunca puede actuar de oficio, sino siempre a instancia de parte, al igual que el resto de los tribunales. Además, sigue un procedimiento jurisdiccional, en el que se dan entrada a las dos partes. Por último, resuelve a través de sentencias, es decir, de decisiones judiciales, bien cuando resuelve sobre el fondo o bien a través de autos y providencias.
Sus decisiones tienen claramente efectos políticos, que son más evidentes que en los otros órganos. Además, no solo es un órgano jurisdiccional, sino que además es un órgano constitucional, de la misma manera que el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, etc.
COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  REGULACIÓN: La composición la encontramos en la Constitución, artículos 159 y 160, y desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
 NÚMERO DE MIEMBROS: 12  NOMBRAMIENTO: son nombrados por el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. El Rey lo que hace es nombrarlos formalmente, es decir, formalizar la decisión del órgano competente. Como podemos comprobar, en esta decisión participan todos los órganos importantes. Corresponde elegir 4, 4, 2 y 2 miembros, respectivamente. Por lo tanto, las Cortes Generales reúnen el mayor peso, con la elección de 8 miembros, lo que demuestra la importancia del Parlamento en nuestro sistema.
En cuanto a la mayoría necesaria, es de 3/5 en el pleno de los 3 primeros órganos. En el caso del Gobierno, no se trata de una mayoría.
 REQUISITOS: Se requiere ser jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, y además, que pertenezcan a determinadas categorías: magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados.
 DURACIÓN DEL CARGO: 9 años. Es lo suficientemente alto como para desvincularlo totalmente del órgano que lo propuso, ya que la duración del mandato de los órganos proponentes es más corta. Para evitar esa desvinculación, cada 3 años se renueva parcialmente 1/3 del Tribunal Constitucional (se renuevan por bloques: el bloque del Congreso de los Diputados, el del senado, y otro bloque formado por los magistrados nombrados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial).
 PRESIDENCIA: Dentro de los 12 magistrados, la Constitución ha previsto el nombramiento de un Presidente y la LOTC ha previsto también la designación de un Vicepresidente, que lo sustituye en determinados casos.
   En cuanto al modo en el que se ha de elegir al Presidente, es propuesta por el propio Pleno del Tribunal Constitucional de entre sus miembros, no es nada ajeno.
Para ser elegido necesita mayoría absoluta en primera votación (7). Si no se obtiene se celebra una segunda votación en la que se exige mayoría simple. En el caso de que se presenten más de un candidato, no puede darse empate en la primera votación con mayoría absoluta, pero sí en la segunda votación con mayoría simple. Para resolverlo la Constitución ha previsto otra votación para desempatar. Si así tampoco se consigue, se elegirá en función de la mayor antigüedad del cargo.
El mandato dura 3 años, y se puede reelegir una sola vez. La última reforma de la LOTC establece que el mandato del Presidente coincide con la renovación parcial del Tribunal Constitucional. Por tanto, la reelección del Presidente tiene lugar tras dicha renovación de los miembros del tribunal. En el caso de que no se renueve a tiempo el Tribunal Constitucional, se entiende prórroga automática de la persona que estuviera desempeñando el cargo en ese momento.
ESTRUCTURA  PLENO. Formado por todos los magistrados del Tribunal Constitucional: 12. Para decidir la inconstitucionalidad de una ley tienen lugar muchos debates y después una votación. Se exige mayoría simple, por tanto, al tener un número par de miembros, puede haber empate (sin embargo, si se exigiera mayoría absoluta solo habría una mayoría posible: la mitad más 1). Para desempatar se habla del voto de calidad del Presidente del TC, de manera que tiene un valor doble. Por tanto, si 6 magistrados votan en una dirección y los otros 6 en otra, la decisión que predomina finalmente es la que había elegido el Presidente.
 SALAS: son dos, formados por 6 magistrados cada una y se encargan de la resolución de los recursos de amparo. La Sala Primera está presidida por el Presidente y la Sala Segunda por el Vicepresidente.
 SECCIONES: tanto el Pleno como las Salas pueden constituir Secciones. Son cuatro, están presididas por el Presidente respectivo y además integran otros dos magistrados. Las Secciones se ocupan de las decisiones sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de amparo.
COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES Y NORMAS CON RANGO DE LEY a. INTRODUCCIÓN La capacidad de contraste o comparación para saber si una norma se ajusta o no a la Constitución la puede llevar a cabo cualquier persona. Sin embargo, nosotros no estamos legitimados para declarar su inconstitucionalidad. El órgano competente varía en función del tipo de norma de que se trate.
En cualquier caso, independientemente del tipo de norma, el juez tiene que llevar a cabo una función interpretativa, para darle un significado a la norma y poder saber si es constitucional o no. Puede que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma varíe dentro de las distintas interpretaciones que se puedan hacer de la norma. Si existe alguna posibilidad de acogerse a alguna de las interpretaciones según la cual la norma sea constitucional, el juez tiene que adoptarla. Es lo que se denomina salvar la cuestión de constitucionalidad por vía interpretativa.
Podemos hablar del control de constitucionalidad: A. En sentido amplio: es competencia de todos los jueces y tribunales.
B. En sentido estricto: restringimos el control de constitucionalidad a declaración de inconstitucionalidad y resulta el siguiente esquema en función de dos criterios:  Rango de la norma o REGLAMENTOS: el órgano competente para controlar su constitucionalidad son los jueces y tribunales (jurisdicción ordinaria). La solución es la misma en todos los casos: los jueces y tribunales interpretan la norma, estudian si hay posibilidad de salvar la constitucionalidad por vía interpretativa y en caso contrario tiene lugar la inaplicación.
o LEYES Y NORMAS CON RANGO DE LEY: el órgano competente es el Tribunal Constitucional, pero hay que llevar a cabo una pequeña distinción, en función de si estas leyes o normas con rango de ley son:  Preconstitucionales: anteriores a la entrada en vigor de la Constitución (29/12/1978): la competencia está compartida entre ambos órganos: Tribunal Constitucional y jueces y tribunales. En este caso, la Constitución al entrar en vigor entra en contradicción con algunas de las normas preconstitucionales. Al ser una norma posterior en el tiempo y de rango superior, se cumplen todos los requisitos para darse la derogación de todas esas normas anteriores incompatibles con la Constitución. Ello queda establecido en la disposición derogatoria 3ª.
 Por tanto, los jueces y tribunales son competentes porque lo que hacen es aplicar esa cláusula derogatoria cuando observan que se da esa contradicción entre la norma que tienen que aplicar y la CE. Esa derogación conlleva una mera inaplicación, es decir, constatar esa incompatibilidad, pero en realidad la norma ya estaba derogada como efecto inmediato desde el momento en que la Constitución entró en vigor. De manera que no hace falta que diga expresamente que la norma queda derogada, sino que simplemente no la aplica al caso.
a) Esto se articula de manera que si el juez está completamente seguro de que la norma preconstitucional es inconstitucional, tiene que resolverlo él mismo (ej. una norma que establecía que los varones alcanzan la mayoría de edad a los 18 años y las mujeres a los 21. Una vez que la Constitución entra en vigor, la norma es totalmente inconstitucional puesto que va en contra de la igualdad). Por tanto, actuar por sí mismo significa que no aplica la norma por entenderla derogada (derogación e inaplicación). Al no quedar la norma expulsada, se crea inseguridad jurídica.
b) En cambio, si no está totalmente seguro porque existen dudas, eleva la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia, su sentencia tiene los mismos efectos que una ---: hay una declaración de inconstitucionalidad, a la que se añade una declaración expresa de nulidad de la norma y expulsión del ordenamiento jurídico. De esta manera se resuelve el problema de la inseguridad jurídica, puesto que la norma deja de formar parte del ordenamiento jurídico.
5  El Tribunal Constitucional entra en juego a través de dos vías: 1.
  Recurso de inconstitucionalidad: en el plazo de 3 meses desde el momento que empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, podrían plantearse ante él también las normas preconstitucionales.
Cuestión de inconstitucionalidad: es el mecanismo que se utiliza una vez pasado ese plazo de 3 meses. Es planteada por los jueces y tribunales.
Postconstitucional: posteriores a la entrada en vigor de la Constitución (29/12/1978): su control corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.
Del órgano competente Por tanto, el juez o tribunal que se plantea la constitucionalidad de una norma tiene que seguir los siguientes pasos: 1.
Plantearse el rango de la norma y la fecha de su entrada en vigor. Así, se puede tratar de: i. Reglamentos: interpretación + inaplicación ii. Leyes y normas con rango de ley: a. Postconstitucionales: interpretación (en caso de no salvarse por la vía interpretativa) + cuestión de inconstitucionalidad.
b. Preconstitucionales: interpretación (en caso de no salvarse por la vía interpretativa) + : - si está seguro  juez por sí mismo  inaplicación (fundamento: cláusula derogatoria) - si existen dudas  Tribunal Constitucional b. PARÁMETRO DE CONTROL. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD El control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional no se basa siempre en el canon formado por los preceptos constitucionales.
Por el contrario, dependiendo de los procesos, el Tribunal Constitucional tendrá que recurrir a otras normas. Así, los reglamentos parlamentarios en el control formal de las leyes, o las normas que integran el bloque de la constitucionalidad en el sentido del artículo 28.1 LOTC, en virtud del cual “Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieren dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas”.
c. NORMAS OBJETO DE CONTROL Son objeto de control de constitucionalidad en los recursos de inconstitucionalidad en primer lugar las leyes estatales. El artículo 27.2 de la LOTC siguiendo lo establecido en el artículo 161.1.a) de la Constitución delimita las normas objeto del control de constitucionalidad: leyes y disposiciones normativas con rango de ley, decretos-leyes y decretos-legislativos.
      Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.
6 d. INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL La declaración de inconstitucionalidad de una ley puede obedecer a razones de forma o de contenido. Así resulta la siguiente clasificación: o Inconstitucionalidad formal: cuando en el procedimiento de elaboración de la ley se incumplen los requisitos de forma.
La inconstitucionalidad desde este punto de vista formal se puede producir bien por la infracción del procedimiento legislativo o por una alteración del sistema de fuentes. La alteración del sistema de fuentes tiene lugar cuando:  Se produce un exceso respecto de la delegación legislativa.
 Cuando un Decreto-ley o un Decreto-legislativo invaden materias atribuidas exclusivamente a la ley formal.
 Cuando la ley ordinaria invade materias de Ley Orgánica.
 También puede ocurrir al contrario, es decir, que una materia que en principio es materia de ley ordinaria sea regulada por Ley Orgánica. Sin embargo, en este caso, el Tribunal Constitucional no la declara inconstitucional, sino que le cambia la tipología y dice que es ley ordinaria. Lo puede hacer porque cuenta con la mayoría necesaria.
En cuanto a la inconstitucionalidad formal, el Tribunal Constitucional se ha mostrado reacio a considerar inconstitucional una ley cuando no se han seguido las formalidades del proceso, a menos que éstas hayan producido indefensión.
Solo pueden ser declaradas inconstitucionales desde el punto de vista formal las leyes postconstitucionales. El resto de leyes y normas con rango de ley preconstitucionales solo pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional desde el punto de vista material.
o Inconstitucionalidad material: se refiere al contenido.
e. TIPOS DE SENTENCIAS. SENTENCIAS INTERPRETATIVAS Las sentencias del Tribunal Constitucional pueden ser de dos tipos: - Sentencia desestimatoria: cuando desestima o rechaza el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad. Por tanto, declara que la norma no es inconstitucional.
- Sentencia estimatoria: cuando el Tribunal Constitucional acoge el recurso o la cuestión. Declara que la norma sí es inconstitucional. En los casos en los que el motivo es formal, se impugna la totalidad de la ley (Ley ordinaria que invade una materia de Ley Orgánica y regula un derecho fundamental: la ley se declara nula y es expulsada del ordenamiento jurídico).
Cuando el Tribunal Constitucional actúa de esta manera, está echando por tierra la labor del legislador. Surgen aquí los conflictos del Estado de Derecho. ¿Cómo el Tribunal Constitucional, que no es elegido directamente por los ciudadanos, tiene el poder de rechazar la acción del legislador, que sí representa directamente a los ciudadanos? El planteamiento es que el legislador puede regularlo todo excepto aquello que vaya en contra de la Constitución. Son los límites del Estado de Derecho: limitación jurídica al órgano político del Estado. El Tribunal Constitucional actúa, por tanto, como un legislador negativo, es decir, decide aquello que por exceder los límites de la Constitución, no puede ser ley.
Como el Tribunal Constitucional conoce estas críticas, actúa con la idea de autocontención: deja la declaración de inconstitucionalidad como último recurso o posibilidad, cuando la constitucionalidad de la norma no se puede salvar de ninguna manera.
 Para intentar salvar la declaración de inconstitucionalidad, hay ocasiones en las que el Tribunal Constitucional dicta otro tipo de sentencias diferente, que son las sentencias interpretativas. Todas ellas son formalmente desestimatorias, es decir, declara que no son inconstitucionales, pero añade una condición: siempre y cuando se interprete en el sentido que señale el Tribunal Constitucional o no se interprete en el sentido que rechaza el Tribunal Constitucional. Por tanto, podemos denominarlas sentencias desestimatorias interpretativas. Como existen varias interpretaciones posibles de una misma norma, lo que hace el tribunal es acoger la opción según la cual la norma es constitucional.
7 La diferencia entre las sentencias interpretativas y la interpretación que puedan hacer todos los jueces y tribunales es que la primera tiene efectos “erga omnes”, y a partir de ese momento esa norma solo se podrá interpretar en ese sentido. En cambio, en el segundo caso, la interpretación solo afecta a las partes.
Estas sentencias también podemos verlas desde otro punto de vista, y denominarlas como estimatorias, ya que rechaza las demás interpretaciones posibles. Sin embargo, lo más común es que lo haga de la otra forma y establezca directamente la interpretación que hay que acoger.
El FUNDAMENTO de estas sentencias es precisamente para no tener que declarar inconstitucional la norma: es un principio de conservación de la norma para respetar al legislador democrático.
Lo que ocurre es que, paradójicamente, cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretativa se está inmiscuyendo mucho más en la obra del legislador que si dicta una sentencia estimatoria, ya que cuando se limita a declarar inconstitucional una ley, el legislador sigue teniendo abiertas el resto de interpretaciones posibles. Sin embargo, cuando dicta una sentencia interpretativa, ya sólo tiene cabida esa interpretación que hace el Tribunal Constitucional, de manera que a partir de ese momento la ley no es solo producto del legislador, sino que en ese aspecto se le adhiere la interpretación del tribunal.
Por tanto, la CRÍTICA es que se convierte así en legislador positivo, ya que está contribuyendo a conformar el sentido de la ley.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  NATURALEZA: el recurso de constitucionalidad está en el origen mismo de la justicia constitucional.
o Como recurso, su naturaleza jurídica es la propia de un recurso jurisdiccional, con las notas inherentes a todo proceso, es decir, se inicia con una demanda y concluye usualmente con una sentencia. Sin embargo, su dimensión política le confiere además una peculiar eficacia como medio de pacificación de las controversias entre la minoría política y la mayoría parlamentaria.
o Por otra parte, su naturaleza objetiva permite el control abstracto de las normas con rango de ley y su adecuación constitucional, depurando el ordenamiento jurídico de todas las leyes que contravengan la Constitución y restableciendo el orden constitucional.
 LEGITIMACIÓN: la legitimación puede ser: o Activa: sujetos que pueden ejercerlo. Ej. arrendador, en un contrato de arrendamiento.
o Pasiva: sujetos frente a quienes se utiliza. Ej. arrendatario.
Centrándonos en la legitimación activa, de acuerdo con el artículo 162.1 a) de la Constitución, el recurso de inconstitucionalidad se puede interponer por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
Tanto el Presidente del Gobierno como el Defensor del Pueblo ejercitan la acción por iniciativa propia, sin sujeción a requisito alguno ni trámite previo. El Defensor del Pueblo, en teoría, puede actuar sin restricción alguna. Sin embargo, en la práctica solo lo hace en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.
 PROCEDIMIENTO: el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad no tiene, en general, efectos suspensivos, por lo que la vigencia de la norma se mantiene hasta que no recaiga la decisión del Tribunal Constitucional. Por tanto, la norma sigue estando en vigor y produciendo efectos: puede seguir siendo aplicada por los tribunales e invocada ante ellos por los ciudadanos.
Sin embargo, hay una excepción, un supuesto en el que es posible la suspensión de la vigencia de la norma: es el de aquellos recursos que se plantean por el Gobierno contra las leyes u las normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas. A esto hace referencia el artículo 161.2 CE: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El procedimiento del recurso de inconstitucionalidad se inicia mediante demanda ante el Tribunal Constitucional, que deberá formularse en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado. Como hemos dicho, lo que hay que tener en cuenta es la fecha de su publicación, independientemente de su fecha de entrada en vigor.
8 El problema es que el plazo de 3 meses es bastante escaso, lo que no permite en algunos casos la negociación política que evitaría en ocasiones la contenciosidad del proceso.
Por ello, la reforma de la LOTC por la LO 1/2000, de 7 de enero, ha modificado el artículo 33 en el sentido de ampliar de 3 a 9 meses el plazo para la interposición de este recurso en los casos en que existan iniciativas para esta posibilidad de acuerdo. Para ello se exigen tres requisitos: 1.
Que se reúna una Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la respectiva Comunidad Autónoma.
Que se haya adoptado un acuerdo de negociación.
Que se ponga formalmente en conocimiento del Tribunal Constitucional en el plazo de 3 meses a partir de la publicación de la ley.
 FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO: aunque la forma usual será la sentencia, existen diferentes posibilidades de terminación de un recurso de inconstitucionalidad, que dependerán del Tribunal Constitucional, el cual ha dado diferentes soluciones a estos otros casos, como por ejemplo, al de pérdida sobrevenida del objeto.
g. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD En el artículo 163 CE se determina que “cuando un órgano jurisdiccional considera en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo(*), pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”.
(*) Analizando el artículo debemos aclarar que la norma tiene que ser aplicable al caso, y además, que sea determinante para su resolución, puesto que el fallo sería distinto según se aplique o no dicha norma, y para ello hay que aclarar antes si es o no inconstitucional.
 FINALIDAD: La Constitución ha recogido la figura de la cuestión de inconstitucionalidad de forma separada a los demás procesos constitucionales.
Con la cuestión de inconstitucionalidad se pretende una forma de colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, en la depuración de aquellas leyes que puedan ser contrarias a la Constitución y que el juez por sí mismo no puede dejar de aplicar, porque está sujeto a la ley. Sin embargo, también está sujeto a la Constitución, y en ese sentido, hay ocasiones en que la ley y la Constitución pueden entrar en contradicción, sin que el juez esté facultado para optar directamente por el texto constitucional obviando la aplicación de la ley.
Por tanto, es un mecanismo para resolver el doble sometimiento del juez a la ley y a la Constitución, que le impide elegir por sí mismo entre una u otra. Según lo dicho, el juez no puede por sí mismo dejar de aplicar una ley aunque la considere inconstitucional. Está sujeto al imperio de la ley. Sólo hay una excepción en que sí puede hacerlo: cuando se trata de leyes preconstitucionales, puesto que no se trata de una ley democrática.
En el resto de los casos, la cuestión de inconstitucionalidad entra en funcionamiento por parte del juez, poniendo en duda la constitucionalidad de la ley, pero sin dejar de aplicarla. Así el proceso judicial queda en suspenso, sometido a la resolución del Tribunal Constitucional.
Por ello, aunque la cuestión de inconstitucionalidad no es la única función de control de constitucionalidad que ejerce la jurisdicción ordinaria (puesto que también controla las normas infralegales y las leyes preconstitucionales), la cuestión es la que expresa un mayor grado de colaboración entre la justicia ordinaria y la constitucional, en cuanto que procede de un proceso ordinario que queda supeditado al resultado de la resolución del Tribunal Constitucional.
A la vez, admite la depuración permanente de todas aquellas leyes que sean contrarias a la Constitución, y además, sin sujeción a los plazos del recurso de inconstitucionalidad.
 REGULACIÓN: la regulación legal de la cuestión de inconstitucionalidad se lleva a cabo en los artículos 35 a 37 LOTC.
 LEGITIMACIÓN ACTIVA: la legitimación activa para la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad corresponde solamente a los órganos jurisdiccionales, aunque la LOTC ha establecido la posibilidad de que las partes en el proceso puedan instar al juez para que la promueva. Sin embargo, es el juez el que adopta libremente la decisión según su propio criterio a través de un auto que no es susceptible de recurso.
9 Precisamente porque es potestativo del juez, las partes no pueden fundamentar un recurso de amparo en la violación del artículo 24 de la Constitución, ante la negativa del órgano jurisdiccional a plantear la cuestión (STC 206/1990).
Por tanto, podemos concluir que las partes pueden solicitar al juez que interponga la cuestión de inconstitucionalidad, pero éste no está vinculado por esa petición. Al mismo tiempo, tampoco tiene que dejar de interponerla por el hecho de que las partes no se lo pidan.
Ahora, la reforma de la LO 6/2007, da una nueva redacción a los artículos 35.2 y 37, por la que las partes en un procedimiento ordinario sometido a cuestión de inconstitucionalidad, podrán personarse ante el Tribunal Constitucional.
 REQUISITOS: el artículo 35.1 LOTC exige tres requisitos para que se pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad: o Que se trate de una norma con rango de ley:  no puede hacerlo sobre normas infralegales ni sobre reglamentos. En éste último caso, el juez resuelve por sí mismo inaplicando la norma a ese caso concreto, resolviendo conforme a otras leyes.
 Tampoco está obligado el juez a promover la cuestión cuando la ley sea anterior a la Constitución, por resultar de aplicación la Disposición Derogatoria 3ª de la Constitución. En este supuesto, el juez también puede limitarse a inaplicar la ley por entenderla derogada por la Constitución (STC 5/1981).
 El juez tampoco debe promover la cuestión cuando por vía de interpretación pueda acomodar la norma al ordenamiento constitucional.
o Que sea determinante para el fallo.
o Que pueda ser contraria a la Constitución.
Además, el juez debe establecer una motivación clara de las causas de inconstitucionalidad y de la relevancia que tiene la ley cuestionada para la decisión del caso concreto, hasta el punto de que una de las causas de inadmisión de la cuestión es precisamente la falta de motivación, por parte del juez, del auto por el que se eleva la cuestión.
El auto es la resolución judicial en la que el juez plantea la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, explicando por qué la norma puede ser inconstitucional y la relevancia para el fallo.
 La cuestión de inconstitucionalidad implica un control concreto de constitucionalidad, porque siempre se aplica al hilo de un caso concreto, a unas personas concretas, en el seno de un litigio judicial. Sin embargo, una vez que llega al Tribunal Constitucional, éste trata de examinar la norma en sentido general, prescindiendo en lo posible del caso concreto, y por tanto, se sigue ya un control abstracto.
h. AUTOCUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  REGULACIÓN: artículo 55.2 LOTC: “En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala, o en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione los derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes”.
La autocuestión se tramita conforme al sistema regulado para la cuestión de inconstitucionalidad, pero difiere en su planteamiento: o CI  juez o tribunal  la plantea ante el TC (de un órgano a otro órgano).
o AUTOCUESTIÓN  Sala TC  Pleno (tiene lugar dentro del propio TC, no interviene ningún órgano externo).
* La Sala TC que está resolviendo un recurso de amparo llega a la conclusión de que la lesión del derecho fundamental tiene su origen en la ley (no solo es inconstitucional el acto, sino también la ley). Por tanto, la remite al Pleno, que examina la constitucionalidad de la ley y después la Sala resuelve el recurso. De lo contrario, si el problema está en la ley y ésta no es expulsada del ordenamiento, seguiría ocasionando la vulneración de algún derecho fundamental en otros muchos casos. Por tanto, en primer lugar hay que ocuparse de la ley, para después resolver el caso.
 Aunque no se dice nada de los efectos de la sentencia dictada en la cuestión interna, la remisión al artículo 35 y siguientes puede ser suficiente para entender que estamos ya ante una cuestión más de inconstitucionalidad con todos los efectos inherentes a este proceso.
10 B. RECURSO DE AMPARO  CONCEPTO DEL RECURSO DE AMPARO: el artículo 161.b) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional la jurisdicción para conocer el recurso de amparo, en los términos en que el artículo 53.2 reconoce que “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.
 NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE AMPARO: la naturaleza jurídica del recurso de amparo ha sido doctrinalmente discutida. La consideración predominante en la doctrina es que estamos ante un recurso autónomo e independiente, y a la vez, extraordinario y excepcional.
1) Es autónomo e independiente porque no sigue la cadena de recursos.
2) Es extraordinario por su carácter subsidiario, es decir, que no podemos plantearlo directamente ante el Tribunal Constitucional, sino que antes hay que intentarlo ante la jurisdicción ordinaria, y sólo cuando esta tutela es insuficiente (bien porque no hay mecanismos, o bien porque ya se han agotado todos) se puede plantear ante el TC. Por tanto, una condición indispensable es la de haber agotado antes todos los recursos disponibles.
3) Es excepcional en la medida en que no se suspende la firmeza de las sentencias contra las que se dirige el amparo. No tiene efectos suspensivos: Recurso de inconstitucionalidad Cuestión de inconstitucionalidad se plantean sobre una ley o norma con rango de ley Recurso de amparo  se plantea frente a un acto de un poder público que lesione un derecho fundamental. La sentencia que surge de ese proceso adquiere firmeza con independencia de que posteriormente se plantee o no el recurso de amparo. Por ello decimos que el recurso de amparo no tiene efectos suspensivos: no afecta a los efectos de esta sentencia (carácter extraordinario).
El recurso de amparo constitucional se entiende sin perjuicio de la tutela de los jueces ordinarios en materia de derechos fundamentales desarrollada inicialmente en la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, que se conoce como amparo ordinario, hoy ya regulado en las leyes procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales.
En este sentido, la subsidiariedad entraña la necesidad de agotamiento de todos los recursos disponibles por parte del ordenamiento jurídico, a fin de dar la posibilidad a la jurisdicción ordinaria de efectuar esa reparación.
 LEGITIMACIÓN: a.
LEGITIMACIÓN ACTIVA: según el artículo 162. b) de la Constitución, están legitimados “toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal”.
A este respecto se ha producido una evolución importante en la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la legitimación de las personas jurídicas para recurrir en amparo, que culmina en la Sentencia 139/1995, de 26 de septiembre, en la que el Tribunal Constitucional sienta algunos criterios. La Sentencia considera que, pese al artículo 162.b) de la Constitución, no existe un criterio claro acerca de la titularidad de derechos fundamentales en las personas jurídicas, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, que reconoce en su artículo 19.3 los derechos fundamentales a las personas jurídicas en la medida en que por su naturaleza sean aplicables a las mismas.
Pero si bien no existe un reconocimiento expreso, tampoco existe una prohibición expresa para que las personas jurídicas puedan ser objeto de protección de los derechos fundamentales.
LEGITIMACIÓN PASIVA: los artículos 41 y siguientes de la LOTC, por los que se regula el recurso de amparo, hablan en todo momento de una defensa de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos, ya sea frente a los actos, vías de hecho y otras situaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, o del Poder Judicial.
Sin embargo, no hace referencia a la vulneración de los derechos fundamentales por parte de particulares, y por tanto surge el problema de si es posible exigir el respeto de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas que se producen entre particulares al margen del Estado.
11 Esta posibilidad de extender a los particulares la eficacia de los derechos fundamentales, conocida en el Derecho alemán como Drittwirkung, ha seguido una evolución doctrinal importante, sin perjuicio de la utilización que el Tribunal Constitucional ha efectuado también de las posibilidades que le permite la LOTC.
Ciertamente, con la regulación actual del recurso de amparo, es difícil sostener esa posibilidad. Por tanto, lo que el Tribunal Constitucional ha hecho es acoger la teoría alemana, que consiste en que si una persona acude al juez porque uno de sus derechos fundamentales ha sido vulnerado por un particular, y el juez no dicta sentencia y lo repara, se entiende que también contribuye a esa lesión. Al ser el juez un poder público, el Tribunal Constitucional imputa la lesión a éste y ya puede admitir el recurso.
Se trata de una ficción, de un mero artificio interpretativo, que fuerza mucho la interpretación de la LOTC. Para que tenga cabida hay que invocar el artículo 24 CE, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, a pesar de que esta teoría soluciona el problema en la práctica, su debilidad se pone de manifiesto cuando analizamos los efectos que produce esa sentencia estimatoria del amparo por parte del Tribunal Constitucional, puesto que la condena no recae sobre el órgano jurisdiccional, sino contra la persona física o jurídica que violó el derecho.
 OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO: La LOTC diferencia actualmente tres supuestos en los que es posible recurrir en amparo: 1) Las violaciones de los derechos y libertades, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades, funcionarios o agentes.
En este caso el recurso es de naturaleza subsidiaria, por lo que es necesario agotar previamente las instancias judiciales antes de recurrir al Tribunal Constitucional en amparo. **** (Plazo establecido después de la reforma).
2) El recurso contra las decisiones o actos sin valor de ley*, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. (* Tiene que tratarse de decisiones o actos sin valor de ley, puesto que si es una ley o norma con rango de ley sólo cabe el recurso de inconstitucionalidad, pero no el recurso de amparo).
En este supuesto, el recurso puede tener tanto naturaleza directa como subsidiaria.
o o El recurso será subsidiario cuando las lesiones sean imputables a la Administración parlamentaria como tal a través de los actos relativos a la Administración personal del Parlamento. En esos supuestos, será necesario acudir antes a la jurisdicción contencioso-administrativa.
En los demás casos, el recurso será directo y deberá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo *** LOTC, dentro del plazo de 3 meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes las decisiones o actos sin valor de ley lesivos del derecho o la libertad.
3) Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial. El recurso es también aquí subsidiario. La LO 6/2007 amplía el plazo de 20 a 30 días.
 PROCEDIMIENTO: Los artículos 48 y siguientes de la LOTC regulan el procedimiento por el que se ha de tramitar el recurso de amparo.
En primer lugar, y a diferencia de los procesos de inconstitucionalidad, el conocimiento de los recursos de amparo viene atribuido por el artículo 11.1 LOTC a las Salas del Tribunal y después de la última reforma, a las Secciones.
Por tanto, por norma general, la competencia corresponde a las Salas, y de forma excepcional a las Secciones (artículo 52.2 y 52.3), siempre que se trate de recursos que se puedan resolver aplicando una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (se limita a aplicar una sentencia ya aplicada anteriormente).
Ahora se exige que, además de la relación de hechos y la fundamentación de los preceptos constitucionales infringidos, se justifique “la especial trascendencia constitucional del recurso”.
12 En cuanto a los efectos de las sentencias dictadas en recurso de amparo, el artículo 54 exige que tanto las Secciones como las Salas, limitarán su función a concretar la violación de los derechos fundamentales lesionados, “y se abstendrán de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales”.
C. CONFLICTOS ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES, CONFLICTOS DE COMPETENCIA (ENTRE EL ESTADO Y LAS CCAA O ENTRE ÉSTAS ENTRE SÍ) Y CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.
a) CONFLICTOS ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  LEGITIMACIÓN: El artículo 59 LOTC fija los órganos constitucionales legitimados activa y pasivamente para interponer los conflictos interorgánicos. Está legitimado el Gobierno con relación al Congreso de los Diputados, al Senado o al Consejo General del Poder Judicial, y cualquiera de estos órganos entre sí.
La LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha extendido a este órgano constitucional la legitimación para interponer el conflicto entre órganos constitucionales en su artículo 8, que dice que: “Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Constitucional”.
b) CONFLICTOS DE COMPETENCIA (ENTRE EL ESTADO Y LAS CCAA O ENTRE ÉSTAS ENTRE SÍ) El artículo 161.1.c) CE atribuye al Tribunal Constitucional la competencia para el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de los de éstas entre sí.
La LOTC, en desarrollo de este precepto constitucional, regula en los artículos 60 y siguientes los conflictos de competencia, distinguiendo entre conflictos positivos o negativos de competencia.
  Los conflictos positivos de competencia son aquellos que se suscitan entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuando ambos consideran que determinada disposición o resolución invade competencias que les corresponden.
Los conflictos negativos de competencia, por el contrario, se refieren a aquellas situaciones en las que el Estado o alguna Comunidad Autónoma no se consideran competentes para dictar resoluciones o disposiciones, que consideran competencia de otra Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado.
c) CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL  REGULACIÓN La LO 7/1999, de 21 de abril, regula el procedimiento de impugnación de normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
 OBJETO DEL CONFLICTO: Lo constituyen las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada (pregunta V o F en el examen).
D. EL CONTROL PREVENTIVO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
 CONCEPTO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 95.1 Constitución, la celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El artículo 95.2, contempla la posibilidad de que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueda requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 96.1 CE, los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
Esta rigidez de los tratados supone un serio inconveniente a efectos de realizar un control de los mismos por parte del Tribunal Constitucional, ya que el Estado no puede excepcionar el cumplimiento de los tratados por motivos de índole interna.
13 Una declaración de inconstitucionalidad que afectara a un Tratado Internacional plantearía, desde esa perspectiva, un problema de responsabilidad al Estado, pues éste carece de capacidad para modificar unilateralmente el tratado, que no podría cumplirse por ser inconstitucional.
De ahí que, junto al control represivo de los tratados, previsto con carácter general en la LOTC por la vía del recurso de inconstitucionalidad, la LOTC, dando cumplimiento a la previsión del artículo 95 CE, haya regulado, en su Título VI, artículo 78, el control preventivo de los Tratados Internacionales.
 INTERPRETACIÓN Y DECISIÓN DEL TC: Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no haya recibido aún el consentimiento del Estado. Si la duda de constitucionalidad se llega a confirmar, el tratado no podrá ser objeto de ratificación sin la previa revisión constitucional (artículo 95.1 de la Norma Fundamental). De este modo, la Constitución ve garantizada su primacía, a través del procedimiento previsto en el Título X.
 EFECTOS DE LA DECLARACIÓN: Respecto de los efectos de la Declaración, el propio artículo 78.2 LOTC establece que tendrá carácter vinculante. El Tribunal Constitucional ha afirmado, además, que su decisión no es una mera opinión fundada en Derecho, un dictamen de un órgano consultivo, sino una decisión vinculante de un órgano jurisdiccional.
Aunque la forma de dicha Declaración no pueda denominarse formalmente “Sentencia”, tiene los efectos propios de una sentencia, de acuerdo con la interpretación realizada por el propio Tribunal Constitucional en la Declaración de 1 de julio de 1992 (FJ 1: fundamento jurídico 1). Por tanto, es una decisión jurisdiccional con carácter vinculante y en cuanto tal, produce efectos erga omnes.