Source: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/c-631_1914.htm
Timestamp: 2020-07-10 19:12:11
Document Index: 145828298

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 34', 'artículo 81', 'artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 49', 'artículo 70', 'artículo 49', 'artículo 45', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 34', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 93', 'artículo 81', 'artículo 34', 'artículo 81', 'artículo 35']

Normograma Municipio de Medellin [C-631_1914]
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 81 del Código Civil.
Actor: Andrés Chacón Urrego.
El ciudadano Andrés Chacón Urrego, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 81 del Código Civil, cuyo texto –con lo demandado en subrayas- es el siguiente:
La norma acusada se opone a la prohibición de la pena de destierro, prevista en el artículo 34 de la Constitución. La pena de destierro es una "manifestación desueta" que desconoce principios constitucionales "como la dignidad humana, la libertad, el debido proceso, los mínimos y los máximos de las penas, la legalidad de las penas y las medidas de seguridad". En este contexto precisa que el destierro no puede confundirse con la extradición, dado que el primero es una pena y la segunda no lo es. La pena de destierro implica una sanción desproporcionada, que desconoce los principios que rigen la imposición de las penas, como son los de "retribución justa, prevención general, prevención especial, garantía del debido proceso y proporcionalidad". A su juicio, el que "este inciso continúe vigente dentro del orden jurídico colombiano hace que se esté 'legitimando' pasivamente dichas penas, a todas luces contrarias a la dignidad humana sobre la que se asientan todas las normas jurídicas".
3.1. Universidad Externado de Colombia: inexequibilidad. Precisa que el domicilio es un atributo de la personalidad, que se determina a partir de dos elementos: uno objetivo, que es la residencia en un lugar determinado del territorio nacional, y otro subjetivo, que es el ánimo real o presunto de permanecer en dicho lugar. En este contexto, el inciso demandado condiciona la inmutabilidad del domicilio a dos situaciones específicas, que resultaban de condenas penales: la permanencia en un paraje determinado del territorio nacional y el destierro, siempre y cuando el desterrado conserve su familia y el principal asiento de sus negocios en el territorio nacional. Dado que ambas situaciones "perdieron su vigencia por haber sido abolidas por el ordenamiento jurídico nacional, el inciso del artículo 81 del Código Civil consagra una norma vigente e inaplicable por sustracción de materia". Ante tal circunstancia, solicita que se declare la inexequibilidad de la norma demandada.
3.2. Intervención extemporánea del ciudadano Carlos Ernesto Quiñonez Gómez: inhibición. El término de fijación en lista venció el 11 de marzo de 2014 y el escrito de intervención del ciudadano se presentó el 21 de abril de 2014, siendo por tanto esta intervención extemporánea. Esta última fecha es incluso posterior a la de presentación del Concepto del Ministerio Público, que fue el 1 de abril de 2014.
4.2. Advierte que la pena de destierro está prohibida por el artículo 34 de la Constitución, por el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este contexto destaca que, al interpretar el referido artículo 34, en la Sentencia C-042 de 2004, este tribunal precisó que dicha prohibición "se refiere únicamente a la expulsión del país del cual es nacional [la persona], más no a la restricción de residencia en determinado lugar del mismo".
4.3. Agrega que, en la Sentencia T-523 de 1997, al estudiar una acción de tutela contra un cabildo indígena, este tribunal precisó que la prohibición del artículo 34 de la Carta es "un límite explícito al ejercicio de la potestad punitiva por parte de las autoridades de los pueblos indígenas", y que "la pena de destierro sólo se refiere a la expulsión del territorio del Estado y no a la exclusión de las comunidades indígenas que habitan un espacio de dicho territorio pero que no exhiben el carácter de Naciones".
1. La de muerte.
2. La de trabajos forzados.
3. La de presidio.
4. La de reclusión en una casa de trabajo.
5. La de vergüenza pública.
6. La de prisión.
Los artículos 54 y 55 de este código precisan que el condenado a la pena de expulsión del territorio "será conducido en calidad de preso hasta ponerlo fuera de él"[3] y que esta expulsión "nunca podrá pasar de quince años"[4]. El artículo 56 ibídem señala que el condenado a la pena de confinamiento en un distrito parroquial, cantón o provincia determinada "será enviado a la autoridad local respectiva, a la cual deberá noticiar su habitacion i modo de vivir, i no podrá salir del lugar señalado para el confinamiento"[5]. El artículo 57 ibíd. prevé que el condenado a la pena de destierro de un lugar o distrito determinado "será sacado de alli en calidad de preso, i en sus límites se le pondrá en libertad".
2. Reclusión.
Los artículos 45 y 46 de este código prevén que el condenado a la pena de expulsión del territorio "será conducido en calidad de preso hasta ponerlo fuera de él"[8] y que esta expulsión "nunca podrá pasar de diez años"[9]. Los artículos 47 y 48 ibídem disponen que "el confinamiento no podrá pasar de cinco años"[10] y que el condenado a la pena de confinamiento "será enviado a la autoridad local respectiva, a la cual deberá noticiar su habitacion i modo de vivir, i no podrá salir del lugar señalado para el confinamiento"[11]. El artículo 49 ibíd. establece que el condenado a la pena de destierro en un lugar o distrito determinado "será sacado de alli en calidad de preso, i en sus límites se le pondrá en libertad".
1. La de muerte;
2. La de presidio;
3. La de reclusión;
4. La de prisión;
5. La de arresto;
Los artículos 68, 69 y 72 de este código señalan que el condenado a la pena de destierro "será conducido fuera de la circunscripción territorial respectiva, y allí se dejará en libertad"[14]; que si se trata de un menor de diez y ocho años, la pena de destierro se cambiará "por confinamiento en el lugar que el Juez crea conveniente, y por igual tiempo"[15]; que si la pena de destierro es por un solo delito, ésta "no puede exceder de veinte años"[16]; y que, cuando por un solo delito se deba imponer más de veinte años de destierro, el tiempo que exceda a estos veinte años "se sufrirá en confinamiento, en un lugar distante quince miriámetros, por lo menos, del en que se cometió el delito"[17]. El artículo 70 ibídem señala que el condenado a la pena de confinamiento "será enviado a la autoridad local respectiva, a la cual deberá noticiar su habitación y modo de vivir, y no podrá salir del lugar señalado para el confinamiento".
El artículo 49 de este código precisa que "El confinamiento consiste en la obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado Municipio, distante por lo menos cien kilómetros de aquel en que fue cometido el delito o de aquel en que resida el ofendido o el condenado". El artículo 45 ibídem dispone su duración será "de tres meses a tres años".
3.1.2. Al no desarrollar en el concepto de la violación de la demanda, siquiera una argumentación mínima para mostrar o demostrar por qué la prohibición constitucional de la pena de destierro sería vulnerada por la pena de confinamiento. En vista de dicha circunstancia, este tribunal encuentra que, respecto de la expresión "confinado por decreto judicial a un paraje determinado", hay ineptitud sustancial de la demanda. Por lo tanto, se inhibirá de pronunciarse sobre la exequibilidad de la misma.
3.2. Vigencia de la expresión "o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional", contenida en el inciso segundo del artículo 81 del Código Civil.
3.2.1. Si bien, en cuanto atañe a la expresión "o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional", contenida en el inciso segundo del artículo 81 del Código Civil, la demanda tiene aptitud sustancial, antes de proceder al análisis de su constitucionalidad es menester determinar su vigencia, como se hace enseguida.
3.2.2. Es evidente que, a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, la pena de destierro está prohibida expresamente por el artículo 34 de la Constitución, y que ya estaba prohibida antes por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 22.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, normas que según lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad. A partir de estos referentes normativos, en la Sentencia C-042 de 2004, al fijar el alcance del concepto de destierro, este tribunal puso de presente que el destierro "se refiere únicamente a la expulsión del país del cual se es nacional, mas no a la restricción de residencia en determinado lugar del mismo"[21].
3.2.3. Según la pacífica y reiterada doctrina de este tribunal, el destierro es intolerable, incluso dentro del más amplio consenso intercultural, como también es intolerable la vulneración de derecho a la vida, la tortura o la esclavitud. Por ello, la prohibición de la pena de destierro es un límite constitucional explícito al ejercicio de la potestad punitiva del Estado[22] y es, también, un límite a la autonomía de las comunidades indígenas[23], en tanto y en cuanto ésta no es absoluta sino que se encuentra dentro de los límites que le impongan la Constitución y la ley. La prohibición de residir en determinado lugar del territorio nacional o de acudir a él, que puede darse tanto en el contexto de la potestad punitiva del Estado[24] como en el de la autonomía de las comunidades indígenas[25], no constituye destierro.
3.2.4. Como se puso de presente al analizar el inciso segundo del artículo 81 del Código Civil y su contexto, la expresión sub examine está contenida en el texto de la Ley 84 de 1873[26], sin haber sido modificada o derogada de manera expresa por otra ley. No obstante, pese a la aparente vigencia de la expresión en comento, se pudo constatar, luego de estudiar la historia legal de la pena de destierro en los cinco códigos penales que anteceden en el tiempo a la Constitución Política de 1991[27], que en la actualidad es inaplicable, por sustracción de materia, como lo puso de presente en su intervención la Universidad Externado de Colombia[28]. En efecto, la pena de destierro aparece por última vez en el Código Penal de 1890[29] y desaparece a partir del Código Penal de 1936[30]. Por lo tanto, desde esa época, al no existir la pena de destierro, no era posible establecer la idea de permanencia o fijar el domicilio civil a partir del supuesto de hecho de que el individuo se encuentre desterrado fuera del territorio nacional.
3.2.6. En vista de la anterior circunstancia, al haber una abierta, objetiva y evidente incompatibilidad entre la expresión demandada y la prohibición del artículo 34 de la Constitución, este tribunal encuentra que se configura el fenómeno de la derogatoria tácita y que, por lo mismo, dicha expresión no está vigente. A esta conclusión se debe agregar que, cómo se constató en el análisis histórico legal antecedente, la expresión demandada no está produciendo ningún efecto, incluso desde antes de la vigencia de la Constitución de 1991[32]. Así, pues, se está ante una carencia de objeto y, por lo tanto, este tribunal debe inhibirse de pronunciarse sobre la exequibilidad de la expresión "o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional", contenida en el inciso segundo del artículo 81 del Código Civil.
Primero.- Declararse INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda en relación con la expresión "confinado por decreto judicial a un paraje determinado".
Segundo.- Declararse INHIBIDA para decidir en relación con la expresión "o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional", en virtud de su derogatoria por la Constitución de 1991.
[1] Este texto puede consultarse en: http://www.bdigital.unal.edu.co/6835/60/libro1ro._de_las_personas_pte.1.pdf
[2] Esta ley puede consultarse en la Recopilación de Leyes de la Nueva Granada, cuya edición más reciente fue hecha por la Academia Colombiana de Jurisprudencia en el año 2012. El texto de la edición original se puede consultar en http://www.bdigital.unal.edu.co/5729/
Art. 55. La espulsion del territorio de la República nunca podrá pasar de quince años.
Art. 57. El que fuere condenado a destierro de un lugar o distrito determinado, será sacado de alli en calidad de preso, i en sus límites se le pondrá en libertad.
El texto original de la Ley 112 de 1873 se puede consultar en http://www.bdigital.unal.edu.co/5716/
Art. 46. La espulsion del territorio de la República nunca podrá pasar de diez años.
Art. 49. El que fuere condenado a destierro en un lugar o distrito determinado, será sacado de allí en calidad de preso, i en sus límites se le pondrá en libertad.
El texto original de la Ley 19 de 1890 se puede consultar en http://www.bdigital.unal.edu.co/5673/
Art. 69. La pena de destierro por un solo delito, no puede exceder de veinte años.
Art. 70. El sentenciado a confinamiento será enviado a la autoridad local respectiva, a la cual deberá noticiar su habitación y modo de vivir, y no podrá salir del lugar señalado para el confinamiento.
Este texto se toma de la primera edición editada, concordada y anotada por José Antonio Archila del Código Penal de 1936, publicada en Bogotá en 1938, por la Editorial Cromos.
[20] Esta situación se mantiene en la Ley 599 del 24 de julio de 2000, que es el actual Código Penal, y que tampoco prevé entre sus penas principales el destierro y el confinamiento, sino que se limita a enunciar, en su artículo 35, como penas "la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial".
Cfr. Sentencias C-013 de 1997, C-840 de 2000, C-034 de 2005, C-468 y C-853 de 2009.
Cfr. Sentencias SU-510 de 1998, T-030 de 2000, T-048 de 2002, T-1253 de 2008, C-882 de 2011, T-001 de 2012 y T-659 de 2013.
Cfr. Sentencias C-110 de 2000 y C-046 de 2001.
Cfr. Sentencias T-254 de 1994, T-523 de 1997 y T-1294 de 2005.
Supra II, 2.1.
Supra II, 2.2.
Supra I, 3.1.
Supra II, 2.2.3.
Supra II, 2.2.4.
Supra II, 3.2.4.