Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20141031/ley-balear-de-ordenacion-minera/
Timestamp: 2019-05-19 16:33:39
Document Index: 66593486

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 149', 'artículo 16', 'artículo 47', 'artículo 33', 'artículo 23', 'Artículo 9', 'artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 17', 'Artículo 74', 'artículo 22', 'artículo 12']

Ley balear de ordenación minera | Lexur Editorial
Ley balear de ordenación minera
Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Islas Baleares.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley:
Esta ley pretende dar respuesta a una necesidad evidente en las Islas Baleares, que es la regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear y, a la vez, la conciliación de un bien jurídico fundamental y digno de protección, como es el medio ambiente, con otro, no menos digno de protección, como es el desarrollo económico, la creación de riqueza y el empleo.
El sector de la minería, en las Islas Baleares mayoritariamente representado por la explotación de canteras, tiene una más que notable relevancia socio-económica, si bien, por su propia naturaleza, muchas veces deriva en una relación conflictiva con una normativa medioambiental en constante crecimiento y un desarrollo especializado.
Asimismo, el carácter preconstitucional de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, su largo periodo de vigencia y la muy escasa incidencia de modificaciones normativas, y la ingente cantidad de normas de tipo ambiental y territorial de ámbito europeo, estatal y autonómico que reflejan la preocupación de la sociedad actual por el mantenimiento de nuestro patrimonio natural y el fomento del desarrollo sostenible de las diferentes actividades económicas, exigen la aprobación de una ley autonómica que tenga en cuenta la necesidad de protección del medio ambiente sin impedir el desarrollo económico del sector industrial en las Islas Baleares.
El artículo 31.15 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, según la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, prevé que, en el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a la comunidad autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen minero y energético.
El artículo 30.8 del Estatuto de Autonomía establece que la comunidad autónoma de las Islas Baleares tiene la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución, sobre aguas minerales y termales. Este mismo artículo, en el apartado 46, establece, como competencia exclusiva de las Islas Baleares, la protección del medio ambiente, la ecología y los espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado.
En desarrollo de las competencias en materia de protección del medio ambiente, el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado diversas leyes, como la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares; la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, y la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de impacto ambiental o evaluaciones ambientales y estratégicas en las Islas Baleares, que, entre otras previsiones, imponen limitaciones y controles al desarrollo de la actividad minera.
Por ello, la presente ley prevé que los consejos insulares, si se trata de solicitudes de nuevas canteras ubicadas, según la definición del actual Plan director sectorial de canteras de les Islas Baleares, fuera de zonas de localización de recursos de interés minero, tienen que emitir un informe previo y vinculante.
No obstante, y teniendo en cuenta que la comunidad autónoma de las Islas Baleares es competente para definir el marco organizativo de intervención en el sector, tiene que establecer los órganos autonómicos que han de fijar las políticas públicas en esta materia, así como ejercer las funciones de planificación de la actividad extractiva, de fomento del sector, de otorgamiento de los títulos jurídicos que habilitan para el aprovechamiento de derechos mineros y de disciplina minera mediante los procedimientos administrativos necesarios para la ordenación de la minería, por lo que resultaba necesaria una ley que desarrollara la legislación básica minera atendiendo a las características y las necesidades del sector minero de las Islas Baleares sin menoscabo de la también necesaria protección del medio ambiente. Un exponente de la armonización de estas dos premisas es la precisión que se hace respecto a los términos de aplicación de las previsiones de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, y el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, que aprueba la revisión del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares. Con la presente ley se despejan posibles dudas en cuanto a la posibilidad de explotaciones mineras en zonas de especial relevancia ambiental: en primer lugar, el artículo 16 hace una remisión expresa a la aplicación directa de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, pero, para zanjar posibles interpretaciones amparadas en una cierta confusión de disposiciones, taxativamente recoge, el mismo precepto, que en estas zonas no se autorizará, en minería metálica, técnica minera a cielo abierto.
El título II, Competencias administrativas, regula la misión coordinadora del Gobierno de las Islas Baleares entre las diversas administraciones: estatal, autonómica, insulares y locales.
El Consejo de la Minería de las Islas Baleares se crea como órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la Administración de la comunidad autónoma en materia de minería, por lo que se le atribuyen, entre otras, funciones de asesoramiento y, en general, de promoción de líneas de acción de contribución al fomento y la mejora de la productividad y la competitividad del sector minero balear, y de difusión del conocimiento del sector entre la sociedad de las Islas Baleares. Además de estas funciones de carácter general, el Consejo juega un papel fundamental en el área de la restauración. En este sentido, la consejería competente en materia de minas asume las funciones que en su día perfiló el Plan director sectorial de canteras respecto al Consorcio para la restauración o reutilización de canteras inactivas, mediante propuestas o informes de los comités técnicos del Consejo de la Minería.
Igualmente el Consejo tiene que emitir informes en supuestos como una posible modificación del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares; la elaboración y la modificación, en su caso, de los respectivos planes directores insulares de ámbito minero, o si se trata de autorizaciones de las secciones C y D. En estos supuestos, dada su trascendencia, los informes serán vinculantes.
En este título, se crea el Registro Minero de las Islas Baleares, en el que, para garantizar el derecho de los ciudadanos a tener información sobre un sector tan esencial, han de inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Islas Baleares, así como sus modificaciones a lo largo de la vida de la explotación, incluyendo la pertinente representación gráfica tanto de la explotación propiamente dicha como, en su caso, del cumplimiento de las fases del plan de restauración.
Uno de los objetivos de la ley es establecer un procedimiento unitario e integrado para el otorgamiento de todos los derechos mineros en el territorio de las Islas Baleares, con independencia del tipo de recurso y de la actividad minera desarrollada. En todo caso, vistas las características especiales de la actividad minera balear, prácticamente centrada en la explotación de canteras, se hace una mención especial de las diferentes situaciones procedimentales relativas a estos tipos de explotación, así como a la normativa sectorial específica, como por ejemplo el vigente Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares.
Se establecen unas condiciones especiales para las solicitudes de derechos mineros de los recursos de las secciones C y D. Por razones de interés público se declara todo el territorio de las Islas Baleares no registrable, tal como ya se hacía en el artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. No obstante, se podrá declarar una zona registrable siempre que, además de cumplir los requisitos para la obtención de la autorización, se acredite la disponibilidad de los terrenos. Si bien la normativa estatal prevé en este tipo de autorizaciones la posibilidad de expropiaciones, como ya queda dicho, se trata de una ley preconstitucional y actualmente es necesario reconocer el derecho constitucional a la propiedad. Concretamente, el artículo 33.3 de la Constitución Española establece que: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
Por lo que se refiere a los municipios con explotaciones o proyectos mineros, se recoge explícitamente la voluntad del Gobierno de las Islas Baleares de favorecer actuaciones concretas y planes de actuación específicos mediante la suscripción de convenios con estos municipios y con participación del sector empresarial.
El objeto de esta ley es regular el desarrollo de las actividades mineras en el territorio de las Islas Baleares, así como la actividad administrativa de control y supervisión de estas actividades y de las tareas de restauración, en el marco de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma de las Islas Baleares por el Estatuto de Autonomía, en condiciones de sostenibilidad y seguridad, y promoviendo un aprovechamiento racional compatible con la protección del medio ambiente y el paisaje.
a) Exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales y otros recursos geológicos situados en las Islas Baleares.
b) Aprovechamiento de los recursos geotérmicos situados en las Islas Baleares.
20. Dada la peculiaridad geográfica de las Islas Baleares, la cuadrícula minera será el volumen de profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de cinco segundos sexagesimales, que deberá coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un número de segundos que necesariamente deberá ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.
Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
Como órgano superior de dirección y coordinación de la política de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, corresponderán al Consejo de Gobierno las siguientes funciones:
e) Declarar determinadas zonas del territorio de las Islas Baleares como zonas registrables según lo establecido en el artículo 23 de esta ley.
Consejo de la Minería de las Islas Baleares
Artículo 9. Consejo de la Minería de las Islas Baleares.
1. Se crea el Consejo de la Minería de las Islas Baleares como órgano colegiado, con funciones principalmente consultivas y de asesoramiento de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en relación con la minería, en el marco de la defensa ambiental y el desarrollo sostenible. En las cuestiones determinadas en el artículo 11.2, sus funciones serán decisorias.
2. A efectos administrativos, el Consejo de la Minería de las Islas Baleares está adscrito a la consejería competente en materia de minería.
3. El Consejo de la Minería de las Islas Baleares tendrá como finalidades estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería, e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyan con el objetivo de fomentar el desarrollo de una política minera insular sostenible.
1. El Consejo de la Minería de las Islas Baleares estará presidido por la persona titular de la consejería competente en materia de minería o la persona en quien delegue.
4. Asimismo, estará integrado por comités técnicos compuestos por personal cualificado perteneciente a las diferentes administraciones, tanto autonómicas como locales. Como mínimo, contarán con representantes del ámbito competencial de minas y medio ambiente del Gobierno de las Islas Baleares, de los diferentes consejos insulares y del área urbanística de los ayuntamientos afectados. Cuando el Consejo tenga que emitir informes vinculantes será preceptivo el informe previo del comité técnico.
1. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, corresponderán al Consejo de la Minería de las Islas Baleares las siguientes funciones:
a) Emitir informes sobre los anteproyectos de ley, los proyectos de reglamentos con incidencia en la minería y los planes sectoriales de actividades extractivas de las Islas Baleares.
b) Informar sobre los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares.
c) Asesorar sobre los planes y los programas con incidencia significativa en el sector minero de las Islas Baleares, a petición del presidente.
g) Proponer medidas para mejorar la política minera de las Islas Baleares, teniendo en cuenta el entorno próximo de la Unión Europea.
m) Ser informado anualmente con respecto a los expedientes administrativos relativos a autorizaciones, concesiones, ampliaciones, prórrogas, transmisiones y regularizaciones de explotaciones mineras de las Islas Baleares.
2. Los informes del Consejo de la Minería serán preceptivos y no vinculantes, excepto los que emita sobre planes sectoriales de actividades extractivas en las Islas Baleares y sobre proyectos mineros de las secciones C y D, que serán preceptivos y vinculantes.
Registro Minero de las Islas Baleares
Artículo 12. Registro Minero de las Islas Baleares.
1. Se crea el Registro Minero de las Islas Baleares, en el que han de inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Islas Baleares, así como sus modificaciones. La inscripción incluirá, con el desglose suficiente, el tipo de derecho minero, el titular, la extensión, la delimitación, los establecimientos de beneficio e instalaciones auxiliares, la maquinaria y cualquier otro elemento esencial para la actividad minera.
2. Los datos reflejados en el Registro Minero de las Islas Baleares serán una herramienta fundamental de información y de apoyo para la gestión interna y la definición de la política minera de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y serán, con carácter general, los únicos válidos sobre la extensión o delimitación de derechos mineros autorizados o concedidos durante el transcurso de la vida de la explotación.
3. El Registro Minero de las Islas Baleares será público y estará integrado en la información territorial actualizada que proporcionan los servicios cartográficos del Gobierno de las Islas Baleares.
4. Las inscripciones en el Registro Minero de las Islas Baleares, tanto de las modificaciones de los derechos mineros ya existentes a la entrada en vigor de esta ley, como de los que se autoricen con posterioridad, serán realizadas de oficio por la autoridad minera. Asimismo serán realizadas de oficio las inscripciones de los derechos mineros de los que se solicite la regularización prevista en la disposición transitoria primera de esta ley, una vez que haya resolución firme.
1. Los derechos mineros que se otorguen o se soliciten en las Islas Baleares han de ajustarse a lo dispuesto en este título.
2. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal básica, fundamentalmente la Ley 22/1973 y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería, y la normativa concordante, vistas las características especiales de la actividad minera balear, prácticamente centrada en la explotación de canteras, se aplican las previsiones del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares, aprobado por el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, y de la normativa sectorial vigente, mientras no se hayan aprobado los planes directores insulares de canteras.
4. Con las particularidades previstas en esta ley, se establece un procedimiento unitario e integrado para otorgar todos los derechos mineros en el territorio de las Islas Baleares, con independencia del tipo de recurso y de la actividad minera desarrollada.
1. Sin perjuicio de las funciones que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno de las Islas Baleares en el artículo 6, el órgano minero competente o la autoridad minera será la persona titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de minas de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, a quién corresponderá otorgar los derechos mineros, autorizar sus modificaciones, transmisiones y prórrogas, y, en su caso, declarar su caducidad.
3. En caso de aprovechamientos inmediatos directamente asociados a proyectos de obras públicas y que no impliquen beneficio de recursos en el territorio de las Islas Baleares, corresponderá autorizarlos al órgano competente para aprobar el correspondiente proyecto de construcción, cualquiera que sea el sistema de ejecución, mediante el cumplimiento de las prescripciones de esta ley y de la normativa de seguridad minera. Las autorizaciones deberán fijar la obligación de restaurar los terrenos afectados.
4. En los proyectos sujetos a trámite ambiental definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares, la dirección general competente en materia de minas emitirá un informe técnico sobre la idoneidad del proyecto que, junto con toda la documentación presentada, se enviará al Consejo de la Minería de las Islas Baleares, el cual podrá realizar las observaciones que considere pertinentes.
1. No se podrán autorizar nuevas canteras ni, en minería metálica, el uso de técnica a cielo abierto, en el ámbito de las áreas de especial protección de interés en la comunidad autónoma de las Islas Baleares delimitadas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico vigente.
4. La dirección general competente en materia de minas, visto el informe del órgano ambiental o, en su caso, una vez transcurrido el plazo legal para emitirlo, elaborará un informe técnico sobre la idoneidad del proyecto, que, junto con toda la documentación relativa a la evaluación del órgano ambiental, enviará al Consejo de la Minería de las Islas Baleares, el cual podrá realizar las observaciones que considere pertinentes.
1. Si se solicita la autorización o la concesión para explotar un recurso minero de las secciones A o C que sea una cantera, el promotor ha de presentar, junto con la documentación descrita en los artículos anteriores, un estudio, redactado por un técnico competente, sobre la viabilidad económica de la nueva cantera y un certificado emitido por un técnico competente sobre la situación de la cantera en relación con las áreas incluidas en las de localización de recursos de interés minero, según el Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares vigente en el momento de la solicitud.
2. La previsión del apartado anterior no ha de aplicarse en los supuestos que regula la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares, puesto que ya se habrá llevado a cabo el mencionado periodo de información pública.
2. El otorgamiento de los derechos mineros ha de inscribirse en el Registro Minero de las Islas Baleares, regulado en el artículo 12 de esta ley.
3. Si se trata de derechos mineros referidos a las secciones C y D, la resolución ha de publicarse en el Butlletí Oficial de les Islas Baleares.
3. La autorización de actividad municipal está gravada con una prestación compensatoria, tal y como estipula el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares.
4. Las determinaciones del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares o de cualquier otro plan sectorial que regule la actividad extractiva en las Islas Baleares, serán aplicables directamente y prevalecerán sobre las de planeamiento urbanístico de cualquier administración, que han de ser objeto de adaptación.
5. La persona titular de la explotación asumirá la obligación de actualizar la fianza cada tres años durante la vigencia de la concesión o la autorización de la explotación, de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumo en las Islas Baleares, en un periodo no superior a treinta días desde que se haya publicado.
a) Depósito en metálico o en deuda pública del Estado o de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, constituido en la Caja de Depósitos de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
De este informe, ha de remitirse una copia a la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, para su conocimiento y a fin de que, si lo considera oportuno, pueda emitir el informe correspondiente sobre el cumplimiento del plan de restauración mencionado. El técnico o la técnica de restauración tiene que ser competente según la legislación estatal y autonómica vigente de acuerdo con su titulación, y será nombrado específicamente y ratificado por el órgano minero competente.
2. Si el explotador y el titular de los terrenos no coinciden, en el momento en que se formalice el documento por el que se autoriza la cesión de los terrenos para llevar a cabo la actividad minera, ha de constar que el propietario tiene conocimiento de que, aunque la obligación de restaurar corresponda al titular del derecho minero, el cedente de los terrenos tendrá que asumir la obligación de consentir las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del plan de restauración vigente, tal como se prevé en el Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares.
2. En las canteras cuya autorización haya caducado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sin que conste justificada su restauración o reutilización, y en las incluidas en el anexo 5 –Catálogo de canteras inactivas– del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares, el Consejo de la Minería, a propuesta de alguno de sus miembros y siempre previo informe favorable de la dirección general competente en materia de minería, podrá elevar a la consejería competente en materia de minería la propuesta de instar a la persona propietaria del terreno a restaurarlo o reutilizarlo, lo cual en ningún caso implicará derecho a la explotación.
3. En todo caso, el Gobierno de las Islas Baleares ha de favorecer actuaciones concretas y planes de actuación específicos, de adaptación de las infraestructuras a sus necesidades, de mejora ambiental y seguridad y de diversificación del tejido productivo, en municipios con explotaciones mineras, de acuerdo con las previsiones de los planes sectoriales implicados.
El Gobierno de las Islas Baleares ha de impulsar la suscripción de convenios con estos municipios, con participación del sector empresarial, que han de regular las formas de asistencia y de cooperación técnica y financiera.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones ha de ajustarse al Decreto 14/1994, de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de procedimiento.
2. Las vinculaciones del procedimiento sancionador en materia minera con la orden jurisdiccional penal han de ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 14/1994, de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir para la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en el ejercicio de la potestad sancionadora.
Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, constituyen infracciones administrativas, en el ámbito de las Islas Baleares, las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones que establece la presente ley.
4. La comisión de una falta muy grave a cargo del director facultativo podrá llevar aparejada la inhabilitación para ejercer las funciones de director facultativo de actividades mineras por un periodo máximo de un año en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
En el supuesto de reincidencia por la comisión de infracciones muy graves, la sanción podrá consistir en la inhabilitación para ejercer estas funciones por un periodo de cinco años en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
5. La comisión de una infracción grave o muy grave podrá llevar asociada la imposibilidad de obtener ayudas o subvenciones de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en materia de industria durante los siguientes plazos:
Artículo 74. Información al Consejo de la Minería de las Islas Baleares.
La consejería competente en materia de minas ha de informar al Consejo de la Minería de las Islas Baleares de los procedimientos sancionadores respecto de los cuales se haya dictado una resolución administrativa definitiva que declare a la persona física o jurídica interesada responsable de cualquiera de las infracciones recogidas en este capítulo.
Además de lo previsto en la normativa estatal básica, en todos los aspectos que no regulen esta ley y las normas que la desarrollen, los procedimientos en materia minera se regirán por las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
1. Se establece el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta ley en el Butlletí Oficial de les Islas Baleares, para que los titulares de las explotaciones con expedientes en que haya discrepancias entre la autorización o la concesión minera y los derechos mineros incluidos en la explotación realmente ejecutada, presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad minera para actualizar superficies e instalaciones mineras.
6. Si los derechos mineros incluidos en la explotación que se pretende actualizar o regularizar afectan a lugares de relevancia ambiental de la Red Natura 2000; de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental; y de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, no se considerará en ningún caso apertura de nueva explotación minera, sino que se considerará un mero mantenimiento de la explotación existente, a efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1991. El procedimiento de regularización se ajustará a las siguientes previsiones mínimas:
b) Independientemente de la tramitación del documento descrito en el apartado a), ha de seguirse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares.
7. Todos los proyectos de actualización referidos a zonas de especial protección y a lugares de relevancia ambiental de las Islas Baleares tienen que prever las medidas compensatorias que sean necesarias en cumplimiento de las directivas europeas de conservación de hábitats.
15. Si la resolución es favorable se tiene que seguir lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de esta ley, y los datos actualizados de la explotación se tienen que incluir en el Registro Minero de las Islas Baleares, a efectos de garantizar su acceso a los ciudadanos.
1. En el caso de explotaciones mineras cuyo proyecto, en su totalidad o en una parte, no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, han de solicitar dicha declaración en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares. La solicitud se referirá a la parte que no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable.
2. En caso de que la declaración de impacto ambiental fuese desfavorable, o de que transcurriesen los plazos previstos para la tramitación que establece la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares, sin que se haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, el explotador tiene que retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones. La restauración del área afectada se realizará según las prescripciones de la autoridad minera.
Disposición transitoria cuarta. Registro Minero de las Islas Baleares.
El Registro Minero de las Islas Baleares creado en el artículo 12 de esta ley habrá de estar plenamente operativo en el plazo de seis meses desde que entre en vigor esta norma.
Los consejos insulares aprobarán sus correspondientes planes directores sectoriales de canteras en el plazo máximo de 24 meses desde la publicación de esta ley. En ellos se establecerán las zonas de recursos mineros que substituirán lo que se dispone en el anexo 8 del Plan director sectorial de canteras de las Islas Baleares, aprobado por el Decreto 65/1999, de 28 de mayo.
El contenido de los artículos 195 y 196 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares no será de aplicación mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario que ha de regular la tramitación y la metodología de evaluación de los estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transportes, así como la composición, la estructura y el funcionamiento del Comité evaluador.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les Islas Baleares.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 138, de 9 de octubre de 2014)