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Timestamp: 2018-03-17 23:47:30
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﻿ CONCEPTO 1661 DE JULIO 21 DE 2005
CONCEPTO 1661 DE 21 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:LAUDOS ARBITRALES. MÉRITO EJECUTIVO DE LA PRIMERA COPIA. COBRO JUDICIAL. SOLICITUD DE PAGO POR VÍA ADMINISTRATIVA. CESACIÓN DE CAUSACIÓN DE INTERESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LAUDO ARBITRAL, MÉRITO EJECUTIVO DEL LAUDO ARBITRAL, CAUSACIÓN DE INTERESES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:408 DE DICIEMBRE DE 2005, PÁG.1809
Concepto 1661 de julio 21 de 2005
Rad.: 1661
Ref.: laudos arbitrales. mérito ejecutivo de la primera copia. cobro judicial. Solicitud de pago por vía administrativa. cesación de causación de intereses.
Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil cinco.
El señor Ministro de Transporte, doctor Andrés Uriel Gallego Henao, formula a la Sala una consulta acerca de si se necesita la entrega de la primera copia del laudo arbitral, mediante el cual se ha condenado a una entidad estatal, o del acta de conciliación aprobada por el tribunal de arbitramento, como requisito indispensable para proceder al pago de la suma correspondiente y si se produce la cesación de intereses sobre esta, cuando no se presenta dicho documento, hasta que se allegue efectivamente.
En su consulta, el señor ministro manifiesta lo siguiente:
“El Instituto Nacional de Vías en el momento cuenta con varios laudos arbitrales con condenas en su contra, que requieren ser cancelados. Para iniciar el trámite interno dirigido al pago de dichas acreencias, es necesario que el beneficiado del laudo, acredite y cumpla con los requisitos y documentos exigidos en la ley.
Una vez sea recibida la solicitud con todos los anexos, se revisará por parte de la entidad la autenticidad y congruencia de los mismos, para posteriormente hacer el reconocimiento y pago de la condena, por medio de acto administrativo; en todo caso, dichos pagos se realizarán de acuerdo al orden de acreditación de los documentos y condicionados a la preexistencia de los recursos presupuestales requeridos para realizar tales desembolsos.
Frente a este aspecto, es necesario determinar la aplicabilidad o no del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto si se requiere por parte del beneficiario del laudo la presentación de la primera copia auténtica, para que la entidad estatal inicie el trámite correspondiente al pago”.
En el mismo sentido, expresa la inquietud de si se necesita para la reclamación de pago, la primera copia del acta de acuerdo conciliatorio, aprobada por el tribunal de arbitramento, cuando de manera excepcional, termina el proceso arbitral, por haber llegado las partes a un convenio sobre sus diferencias.
Luego de hacer diversos planteamientos acerca de la naturaleza del laudo arbitral, el mérito ejecutivo de la primera copia de la providencia, y los créditos judicialmente reconocidos y pagados por las entidades públicas, formula a la Sala los siguientes interrogantes:
“1. ¿Se debe dar aplicación al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil para los casos donde se profiere un laudo arbitral o donde hay conciliación aprobada por el tribunal de arbitramento?
2. Para exigirle el pago de manera correcta a una entidad que haga parte de un laudo arbitral o de conciliación aprobada por un tribunal de arbitramento, ¿es indispensable presentar “primera copia” para que se efectúe el pago o se puede presentar cualquier copia del laudo?
3. En caso de no presentarse primera copia y se exija el pago con copia auténtica o con otra copia diferente, ¿se podría considerar que hay cobro en indebida forma?
4. Para el caso de los laudos arbitrales o conciliaciones aprobadas por tribunal de arbitramento, ¿se aplica el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 en la que el laudo solo generaría intereses por seis meses y en adelante se perdería, en caso de no haberse presentado reclamación de pago con la primera copia?”.
1. La reciente Ley 962 de 2005, denominada “la ley anti-trámites”.
En el transcurso del estudio de la presente consulta, fue sancionada la Ley 962 del 8 de julio de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, más conocida como la nueva “ley anti-trámites”, la cual contempla varias disposiciones que tienen incidencia en el tema objeto de la presente consulta.
Inicialmente conviene decir que su ámbito de aplicación comprende toda la administración pública, dentro de la cual se encuentran por supuesto, los ministerios y establecimientos públicos. El artículo 2º de la ley, estatuye:
“ART. 2º—Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría, respectivamente.
Para efectos de esta ley, se entiende por ‘Administración pública’, la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998” (1) .
En la búsqueda de flexibilización de los trámites ante la administración pública, la nueva ley desarrolla diversos principios constitucionales, como son los establecidos en los artículos 83, 84 y 333 de la Carta y prohíbe a la administración crear requisitos no exigidos en la ley para la realización de cualquier trámite o procedimiento administrativo. Así lo establece el artículo 1º de la Ley 962, cuando en su parte inicial prescribe:
“ART. 1º—Objeto y principios rectores. La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la administración pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos y cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política (2) . En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados:
Como se observa, los requisitos para el ejercicio de un derecho, como lo es el de cobrar al Estado la suma tasada en una condena, por sentencia o laudo, o fijada a su cargo en una conciliación, deben estar determinados por norma de carácter legal, y en consecuencia, interesa examinar para la consulta, si la primera copia del laudo o del acuerdo conciliatorio se encuentra establecida por una norma de tal carácter, como requisito para que la administración proceda a pagar la suma correspondiente.
Para ello es necesario analizar en primer término, que el Estado o mejor, las entidades estatales en general; deben honrar sus compromisos y no pueden permanecer pasivas ante el hecho de una condena, sino que antes bien, deben tomar las medidas destinadas a pagar tales obligaciones.
2. La obligación del Estado de pagar las sentencias condenatorias.
El Estado como cualquier sujeto procesal que resulte condenado mediante una sentencia judicial, debe proceder a pagar el monto de la condena, adicionado con los conceptos que la misma establezca conforme a la ley.
Al respecto, el artículo 174 del Código Contencioso Administrativo dispone:
“ART. 174.—Obligatoriedad de la sentencia. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y la administración, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este código, y quedan sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige para las dictadas por los jueces comunes” (resalta la Sala).
Además, el mismo código establece que las sentencias ejecutoriadas sean comunicadas a las entidades estatales para su conocimiento y ejecución, de tal suerte que si son condenatorias, se efectúen los trámites legales y presupuestales en orden a darles cumplimiento. Dice así el artículo 173:
“ART. 173.—Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse proferido. Al Ministerio Público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme la sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento” (destaca la Sala).
En igual sentido, el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, establece la obligación para las entidades estatales de dar pronto cumplimiento a las sentencias condenatorias, ya que además de que el Estado debe satisfacer sus compromisos, necesita evitar que la suma adeudada se incremente con el transcurso del tiempo, por lo cual es de su interés pagar oportunamente. Dispone esta norma lo siguiente:
“ART. 176.—Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento” (resalta la Sala).
Para asegurar el pago correspondiente, el artículo 177, que se analizará más adelante, establece que se comunique la sentencia condenatoria a la Nación o a las entidades territoriales o descentralizadas, al respectivo agente del ministerio público, con el fin de que este vele porque las entidades condenadas incluyan en sus proyectos de presupuesto anual las partidas necesarias para pagar tales sentencias.
Ahora bien, para que el pago de la sentencia o su equivalente, el laudo arbitral, se realice efectivamente, el beneficiario debe presentar a la entidad estatal, la solicitud respectiva demostrando que la titularidad del crédito reconocido radica en cabeza de quien solicita el pago, con el fin de evitar errores en la identidad del beneficiario, de acuerdo con una interpretación armónica del citado artículo 177 y la Ley 962.
Sin embargo, antes de tal análisis, resulta oportuno hacer un breve comentario sobre la justicia arbitral y la equivalencia del laudo a la sentencia judicial.
3. La justicia arbitral.
En el Estado de derecho normalmente la administración de justicia recae en la rama judicial, la cual hace parte del poder público, conforme a la concepción de Montesquieu, plasmada en el artículo 113 de la Constitución Política.
No obstante, por excepción y en forma temporal, los particulares, con el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades legales, pueden administrar justicia, como lo autoriza la misma Constitución en el último inciso del artículo 116, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, el cual establece:
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley” (destaca la Sala).
Como se observa, la norma constitucional menciona la palabra “fallos”, con lo cual le asigna a los árbitros la función de administrar justicia, mediante la expedición de verdaderas sentencias, que en el procedimiento arbitral se denominan “laudos arbitrales”, los cuales constituyen una decisión de fondo sobre la controversia presentada entre las partes (3) .
Precisamente, el primer inciso del artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, “Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones”, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, define el arbitraje en los siguientes términos:
“El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: “ART. 1º—El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible (4) , defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral” (resalta la Sala).
El laudo arbitral es la sentencia (5) que dirime la controversia entre las partes, ya que el arbitraje o arbitramento constituye en realidad, un proceso, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional” (6) .
Ahora bien, la consulta plantea si para el cumplimiento del laudo arbitral, en el caso en que este imponga alguna condena a una entidad estatal, se requiere presentar la primera copia del mismo, considerando lo dispuesto para las sentencias por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
4. La primera copia del laudo o del acta de conciliación solo se requiere para la presentación de la demanda ejecutiva.
El artículo 115 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
“ART. 115.—Modificado por el artículo 1º numeral 63 del Decreto 2282 de 1989. Copias de actuaciones judiciales. De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
En caso de pérdida o destrucción de la mencionada copia, podrá la parte solicitar al juez la expedición de otra sustitutiva de aquélla, mediante escrito en el cual, bajo juramento que se considerará prestado con su presentación, manifieste el hecho y que la obligación no se ha extinguido o solo se extinguió en la parte que se indique. Además manifestará que si la copia perdida aparece, se obliga a no usarla y a entregarla al juez que la expidió, para que este la agregue al expediente con nota de su invalidación.
7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario” (destaca la Sala).
Como se observa, esta norma confiere a la primera copia auténtica de la sentencia, y por ende, la del laudo arbitral, una calidad especial denominada mérito ejecutivo, lo cual significa que es el único instrumento al que la ley le otorga la potencialidad suficiente para exigir el pago de la obligación, por la vía judicial. Es así como la primera copia se convierte en título ejecutivo y por tanto, requiere ser presentada con la demanda.
Ahora bien, si el proceso arbitral culminó por conciliación entre las partes y esta ha sido aprobada por el tribunal de arbitramento, se debe observar también que es la primera copia del acta de acuerdo conciliatorio, la que presta mérito ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 640 del 25 de enero de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”, que dispone lo siguiente:
“PAR. 1º—A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo” (resalta la Sala).
Esta norma vino a precisar lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, el cual, refiriéndose a la conciliación ordinaria, señala:
“ART. 66.—Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo” (destaca la Sala).
A manera de conclusión, obsérvese, que el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil como el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001, no prescriben, expresa o tácitamente, la obligación de presentar la primera copia cuando el cobro de la obligación se realiza por la vía administrativa (7) .
Estas normas, lo que señalan con claridad, es que tales documentos son los que prestan mérito ejecutivo y por lo tanto, son los indispensables para iniciar el proceso ejecutivo contra la entidad estatal, en caso de que ella no efectúe el pago correspondiente.
Habiendo definido que no se requiere la presentación de la primera copia para solicitar el pago a la entidad estatal, interesa precisar cómo se debe cobrar en debida forma a la administración y cuáles son los requisitos exigidos por la ley para ese trámite.
5. El beneficiario del crédito reconocido solo debe presentar a la entidad estatal, la solicitud de pago acompañando prueba de su calidad.
Como ya se vio, los requisitos exigidos por las autoridades públicas para el ejercicio de un derecho por parte de un particular, deben estar taxativamente fijados en normas de carácter legal.
Igualmente, las entidades estatales, con base en lo estatuido por los artículos 173, 174 y 176 del Código Contencioso Administrativo, deben proceder de oficio a tomar las medidas para dar cumplimiento a los laudos arbitrales en firme, que les sean desfavorables y conlleven el pago de sumas de dinero, y por extensión analógica, a las actas de conciliación debidamente aprobadas por tribunales de arbitramento, pero el particular beneficiario de tales providencias o actos procesales, debe también actuar y proceder a presentar la respectiva solicitud de pago a la entidad, en cumplimiento de claros mandatos legales, contenidos en el inciso sexto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 1º numeral 1º de la Ley 962 de 2005.
Dado que el inciso sexto del citado artículo 177 tiene incidencia directa en el punto de la causación de intereses, también materia de la consulta, conviene ver el texto completo del artículo. Dice así:
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses (8) después de su ejecutoria (9) .
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales (durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria) y moratorios (después de este término) (10) .
Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma (11) .
Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo” (resalta la Sala).
Como se aprecia, el inciso sexto establece la obligación para los beneficiarios del crédito, de acudir ante la entidad responsable para hacer efectiva la providencia. Esta obligación implica entonces, que el requisito legal, sea solamente presentar una solicitud de pago acompañando la documentación exigida para el efecto.
A juicio de la Sala, hoy en día, la administración no está autorizada para exigir requisitos adicionales a la solicitud de pago. Sin embargo, es claro, que quien solicita el pago, debe demostrar en forma fehaciente la calidad en que actúa. Es decir, su identificación plena como beneficiario o como apoderado con la facultad expresa para recibir. A este efecto y por tener carácter de ley son aplicables el artículo 9º en concordancia con el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, en los cuales se señala el contenido de las peticiones que se formulan a la administración.
De otra parte, se resalta que la tesis aquí expuesta para el caso de los cobros de laudos y conciliaciones por vía administrativa, guarda coherencia con el inciso segundo del artículo 10 del mismo Código Contencioso Administrativo, en el sentido de no exigir la primera copia ni copia alguna de las providencias condenatorias, porque la administración las conoce, las tiene en sus archivos y se ha pronunciado necesariamente sobre ellas en el acto administrativo o resolución que deba dictar al tenor del artículo 176, disponiendo las “medidas necesarias” para el cumplimiento de esas decisiones judiciales.
6. La cesación de causación de intereses por la no presentación ante la entidad estatal, de la solicitud en legal forma.
La consulta inquiere también, si la circunstancia de que no se presente con la reclamación la primera copia del laudo arbitral o del acta de conciliación aprobada por el tribunal de arbitramento, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del laudo o del auto aprobatorio, conlleva el cese de la causación de intereses, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso sexto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre el tema planteado, la Sala considera importante puntualizar las siguientes situaciones:
a) Si en la resolución a que hace referencia el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo se ordena el pago inmediato de la obligación y se notifica y cita al beneficiario para que se presente a recibir, no se causan intereses puesto que cualquier demora es imputable al acreedor.
b) Si la resolución no ordena el pago inmediato, comienzan a causarse intereses. Ahora bien, el inciso sexto del citado artículo 177 establece un plazo de seis meses contados desde la ejecutoria del laudo arbitral o del auto aprobatorio del acta de conciliación, para que la persona beneficiaria presente la solicitud de pago con la documentación en debida forma, lo cual produce una consecuencia importante: si no lo hace en ese plazo, cesa la causación de intereses de todo tipo sobre la suma adeudada, desde el vencimiento de dicho plazo hasta cuando presente la solicitud correctamente. Ya se explicaron las razones por las cuales no debe exigirse la primera ni otra copia de las providencias y las formalidades procedentes de acuerdo con los artículos 5º y 9º del Código Contencioso Administrativo.
1. La primera copia del laudo arbitral o del acta aprobatoria de conciliación se exigen solamente en el caso de adelantar el cobro judicial del crédito reconocido, por ser el único documento que presta mérito ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil o el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001.
2 y 3. Para pedir en debida forma, a una entidad pública el pago de una suma de dinero con base en un laudo arbitral en firme o una conciliación aprobada por un tribunal de arbitramento, la persona reclamante debe presentar solamente la solicitud de pago con las formalidades de los artículos 5º y 9º del Código Contencioso Administrativo y en especial demostrar su calidad de acreedor o apoderado con facultad para recibir.
4. Si el beneficiario no exige el pago a la entidad estatal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral o del auto aprobatorio del acta de conciliación, cesa la causación de intereses de todo tipo sobre la suma de dinero adeudada, hasta cuando la presente en legal forma, de conformidad con lo establecido por el inciso sexto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Magistrados: Gustavo E. Aponte Santos—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—Enrique J. Arboleda Perdomo—Flavio A. Rodríguez Arce.
(1) “ART. 39.—(primer inciso). Integración de la administración pública. La administración pública se integra por los organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”.
(2) Estas normas constitucionales disponen:
“ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
“ART. 84.—Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.
“ART. 333.—(primer inciso). La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley” (resalta la Sala).
(3) Sobre el particular puede revisarse el estudio efectuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 1609 del 9 de diciembre de 2004.
(4) La expresión “de carácter transigible” fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-098 del 31 de enero de 2001.
(5) “La sentencia en el proceso arbitral se denomina laudo, y debe adoptarse por la mayoría de los árbitros”. Ramiro Bejarano Guzmán. Procesos declarativos. Edit. Temis, Bogotá, 2ª edición, 2001. pág. 416.
“Tanto por su contenido formal como por el material, el laudo corresponde a una verdadera sentencia y, por esta razón, su alcance y efecto son idénticos. / El laudo es el fallo definitivo pronunciado por un tribunal de arbitramento, mediante el cual se define el conflicto sometido a consideración de los árbitros”. Jorge Hernán Gil Echeverry. Curso práctico de arbitraje. Ed. Librería del Profesional, Bogotá, 1993, pág. 137.
“El laudo constituye la sentencia que se dicta en este proceso y como tal debe cumplir con todos los requisitos generales inherentes a cualquier sentencia”. Rafael H. Gamboa Serrano. El proceso arbitral en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1992, pág. 200.
(6) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-226 de 1993, C-037 de 1996, C-431 de 1995.
(7) Cabe anotar que el inciso cuarto del artículo 3º de la Ley 962 de 2005, establece que uno de los derechos de las personas, en sus relaciones con la administración pública, es el de “abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión”.
(8) La expresión “dieciocho (18) meses” fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 del 2 de diciembre de 1993.
(9) Este inciso fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 76 del 2 de julio de 1984; declaración ratificada en sentencia 50 del 21 de mayo de 1987.
(10) Inciso declarado exequible, salvo las expresiones entre paréntesis, las que fueron declaradas inexequibles, por la Corte Constitucional, en sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999; declaración ratificada en sentencia C-965 del 21 de octubre de 2003.
(11) Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-428 del 29 de mayo de 2002; declaración ratificada en sentencia C-965 del 21 de octubre de 2003.