Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A039-05.htm
Timestamp: 2017-11-25 11:21:14
Document Index: 339180331

Matched Legal Cases: ['artículo 226', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 375']

A039-05
Auto 039/05
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIO DE PROCEDIMIENTO-Votación del informe de ponencia durante el sexto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes en segunda vuelta
NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Sustentación de violación al debido proceso
Solicitar la declaratoria de invalidez de un fallo de constitucionalidad plantea un juicio en el que se evidencia una grave violación del derecho fundamental al debido proceso que remite a los fundamentos mismos del fallo. De acuerdo con esto, si el fundamento de la Sentencia C-817-04 fue la existencia de cosa juzgada constitucional, una solicitud de nulidad de ese fallo debe partir de indicar los motivos por los cuales se asume que el reconocimiento de ese fenómeno jurídico genera una grave vulneración al debido proceso pero no es viable cuestionar la validez de ese pronunciamiento con base en los mismos argumentos con los que se invoca la declaratoria de nulidad del fallo constitutivo de la cosa juzgada que esa sentencia se limitó a reconocer.
Referencia: Solicitudes de nulidad y aclaración de la Sentencia C-817-04 proferida por la Sala Plena de la Corporación
Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil cinco (2005).
1. El ciudadano Domingo Banda Torregroza demandó la integridad del Acto Legislativo 02 de 2003 y, de manera separada, las adiciones que ese acto reformatorio introdujo a los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Carta Política. Para este último efecto, el demandante planteó que tales adiciones conforman una proposición jurídica completa que, de manera incompetente e irregular, deroga o sustituye parcialmente la Constitución Política de 1991.
El actor distinguió entre vicios de trámite, vicios de competencia, vicios de fondo y vicios funcionales. En cuanto a los vicios de trámite, el actor manifestó que el Acto Legislativo 03 de 2002 vulnera los artículos 28, 113, 150, 153, 158, 161, 213, 214 y 228 de la Constitución y el artículo 226 de la Ley 5ª de 1992. En cuanto a los vicios por exceso en los límites del poder de reforma, el actor planteó que el acto demandado vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 15, 24, 28, 113, 121 y 228 de la Carta, pues el Congreso incurrió en indebida función constituyente derogatoria de la Constitución Política. Como vicios de carácter sustancial, el actor planteó que el Acto Legislativo 2 de 2003 vulnera disposiciones de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, y los artículos 5, 93 y 214 de la Carta. Finalmente, como vicio funcional, el demandante afirmó que el inciso 6º del artículo 5º del Acto Legislativo demandado viola el derecho fundamental al debido proceso bajo la forma de la seguridad jurídica.
El demandante concluyó afirmando que el acto legislativo demandado no es una simple reforma sino una derogatoria de la Constitución Política de 1991, que es un reflejo de un proceso de restauración de instituciones jurídicas que corresponden a extintos modelos de Estado sólo formalmente democráticos y sustancialmente autoritarios, que se trata de una versión corregida, mejorada y aumentada en el antiguo artículo 28 de la Constitución Política de 1886 y que va a dar lugar a un terrorismo de Estado.
2. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-817-04, ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, por medio de la cual se declaró inexequible el Acto Legislativo 02 de 2003.
Como se indicó, por medio de la Sentencia C-816-04 la Corte declaró inexequible el Acto Legislativo 02 de 2003, “Por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo”. Las Sentencias C-817-04 y C-818-04, en las que se consideraban demandas interpuestas contra ese mismo acto, resolvieron estarse a lo resuelto en ese fallo.
El 6 de septiembre de 2004, el Ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega le solicitó a la Corte declarar la nulidad de las Sentencias C-816, C-817 y C-818 de 2004. De esa solicitud se compulsaron copias para que hagan parte de este proceso, en el que se profirió la Sentencia C-817 para efectos de que se adopte la decisión correspondiente.
El 16 de noviembre de 2004 la Corte resolvió “No declarar la nulidad de la Sentencia C-816 del 30 de agosto de 2004, proferida por la Sala Plena de esta Corporación” y “Rechazar la solicitud de aclaración de la Sentencia C-816 del 30 de agosto de 2004”.
Los fundamentos de la solicitud de nulidad fueron reseñados de la siguiente manera en el auto de 16 de noviembre de 2004, mediante el cual se negó la declaratoria de nulidad de la Sentencia C-816-04:
C. Solicitud de aclaración
Esta solicitud se reseñó de la siguiente manera en el auto de 16 de noviembre de 2004:
1. Las decisiones tomadas en las Sentencias C-816-04 y C-817-04 son diversas.
La Sentencia C-816-04, según se indicó en el auto de 14 de noviembre de 2004, tuvo como fundamento la existencia de “un vicio de procedimiento en el trámite del acto legislativo demandado, vicio consistente en la supresión de los efectos jurídicos y prácticos de la votación del informe de ponencia correspondiente al sexto debate, de la segunda vuelta, surtido en la Plenaria de la Cámara de Representantes; vicio este no convalidado e insubsanable, que afectaba un momento ineludible del proceso de aprobación de los actos reformatorios de la Carta e inescindiblemente ligado con el requisito de la mayoría absoluta exigido por el artículo 375 superior para la aprobación de actos legislativos”. En razón de tal vicio, en ese fallo se declaró la inexequibilidad del acto legislativo demandado.
La Sentencia C-817-04, en cambio, tuvo un fundamento diferente cual fue la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con el acto reformatorio de la Constitución que había sido acusado. De allí el porqué se haya decidido estarse a lo resuelto en la Sentencia C-816-04, pues esta determinación resultaba ineludible dado el efecto vinculante de la cosa juzgada constitucional.
2. Tratándose, entonces, de dos pronunciamientos diferentes, con fundamentos también diversos, la solicitud de nulidad que se haga de uno de ellos no puede invocarse, sin más, con base en los argumentos en que se apoya la solicitud de nulidad del otro. Y esto es comprensible ya que solicitar la declaratoria de invalidez de un fallo de constitucionalidad plantea un juicio en el que se evidencia una grave violación del derecho fundamental al debido proceso que remite a los fundamentos mismos del fallo.
De acuerdo con esto, si el fundamento de la Sentencia C-817-04 fue la existencia de cosa juzgada constitucional, una solicitud de nulidad de ese fallo debe partir de indicar los motivos por los cuales se asume que el reconocimiento de ese fenómeno jurídico genera una grave vulneración al debido proceso pero no es viable cuestionar la validez de ese pronunciamiento con base en los mismos argumentos con los que se invoca la declaratoria de nulidad del fallo constitutivo de la cosa juzgada que esa sentencia se limitó a reconocer.
3. Entonces, como en el caso presente en la solicitud de nulidad de la Sentencia C-817-04 no se indican los motivos por los cuales se estima que los fundamentos de ese fallo vulneran de manera grave el derecho fundamental al debido proceso, sino que se extienden a ella las razones con base en las cuales se considera que la Sentencia C-816-04 está afectada de nulidad, la solicitud será rechazada pues no se aportan elementos de juicio con base en los cuales esta Corporación pueda determinar si se incurrió o no en una circunstancia que afecte la validez del fallo.
4. El ciudadano Domingo de Jesús Banda Torregroza solicita la aclaración de la Sentencia C-817-04 por cuanto en ella no se consideró el cargo relacionado con el vicio de competencia del Congreso de la República como órgano de reforma. Tratándose de un presupuesto necesario para la consideración de los vicios de procedimiento, afirma, debió tenerse en cuenta y como no se lo hizo, ahora debe cumplirse esa tarea por medio de una aclaración.
5. En este caso se advierte la misma deficiencia planteada en el literal anterior. Es decir, se solicita la aclaración de un fallo de constitucionalidad pero no porque en él se haya incurrido en deficiencias susceptibles de superarse, sino porque en otro pronunciamiento diferente se incurrió en omisiones que deben corregirse.
Por ello, si bien de manera excepcional hay lugar a la aclaración de las sentencias en relación con aquellos “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella” (Auto 018 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), en el caso presente no puede realizarse aclaración alguna pues se desconoce qué conceptos o frases de la Sentencia C-817-04 ofrecen motivo de duda.
Siendo así las cosas, no hay ninguna razón para aclarar la sentencia en la forma solicitada por el ciudadano Domingo de Jesús Banda Torregroza, motivo por el cual la Corte rechazará por improcedente la solicitud de aclaración por él presentada.
Primero. Rechazar la solicitud de nulidad de la Sentencia C-817 del 30 de agosto de 2004, proferida por la Sala Plena de esta Corporación.
Segundo. Rechazar la solicitud de aclaración de la Sentencia C-817 del 30 de agosto de 2004.