Source: https://legislacion.vlex.es/vid/regulacion-fomento-actividad-industrial-69974456
Timestamp: 2020-05-31 22:56:46
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Ley de regulación y fomento de la Actividad Industrial de Aragón (Ley 12/2006, de 27 de diciembre) - Normativa de Aragón - Legislación - VLEX 69974456
Ley de regulación y fomento de la Actividad Industrial de Aragón (Ley 12/2006, de 27 de diciembre)
SECCIÓN 1ª. Medidas generales - arts. 5 a 8
SECCIÓN 2ª. Coordinación y participación - arts. 9 a 11
SECCIÓN 3ª. Tecnologías de la información y de las comunicaciones - arts. 12 a 15
CAPÍTULO III. Libertad de la actividad industrial - arts. 16 a 20
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 21 a 23
SECCIÓN 2ª. Registro Industrial de Aragón - arts. 24 a 31
CAPÍTULO V. Fomento industrial - arts. 32 a 38
CAPÍTULO VI. Calidad industrial - arts. 39 a 42
SECCIÓN 1ª. Disposiciones comunes - arts. 43 y 44
SECCIÓN 2ª. Titulares y responsables - arts. 45 y 46
SECCIÓN 3ª. Organismos de control - arts. 47 y 48
SECCIÓN 4ª. Profesionales habilitados y empresas instaladoras y mantenedoras - arts. 49 y 50
SECCIÓN 1ª. Inspección industrial - arts. 51 a 58
SECCIÓN 2ª. Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad - arts. 59 a 61
SECCIÓN 3ª. Infracciones y sanciones - arts. 62 a 75
PRIMERA. Consejo de Industria de Aragón
SEGUNDA. Regulación de actividades profesionales específicas
TERCERA. Elaboración de los planes de inspección industrial
UNICA. Disposiciones reglamentarias aplicables
Norma citada en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, 25 disposiciones normativas
En el capítulo I se aborda lo relativo al objeto y fines de la Ley, haciendo explícitos los objetivos perseguidos con su redacción (regular y fomentar la actividad industrial, en desarrollo de las competencias atribuidas en el Estatuto de Autonomía(, definiendo los conceptos técnicos sobre los que se apoya la regulación de la materia y reafirmando la vigencia del principio de legalidad en la actividad de la Administración de la comunidad autónoma. En particular se hace coincidir el ámbito de aplicación con la actividad industrial que radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma.
El capítulo II lleva por título «Actuación y modernización administrativa», abarcando diversas cuestiones que se regulan en tres secciones. Las medidas generales se refieren a los principios, con los que se quiere compatibilizar la flexibilidad y respeto por los legítimos intereses privados con el respeto a la legalidad, a la seguridad industrial y al interés público, bajo los principios de intervención mínima y eficacia, encomendando a la Administración de la comunidad autónoma una labor necesaria de homogeneización y simplificación de una normativa que ha llegado a ser difícilmente asequible incluso a los profesionales; en esta sección se hace explícita la posibilidad de usar de los recursos e instrumentos técnicos que la legislación específica pone a disposición de la Administración y, por último, se articulan los principios generales de la competencia administrativa en materia de industria. En la sección segunda se establecen los supuestos en los que el departamento competente en materia de industria (en adelante, departamento competente) deberá ser consultado por los demás órganos de la Administración de la comunidad autónoma y, en especial, se regula el Consejo de Industria de Aragón como órgano colegiado de tipo representativo, con funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento, cuya función será la de coordinar los distintos intereses que confluyen en materia de industria. En la sección tercera, que tiene como epígrafe el de «Tecnologías de la información y de las comunicaciones», se encomienda a la Administración de la comunidad autónoma, para el ámbito industrial, no solo promover la asunción e interiorización por la sociedad de los medios, retos y posibilidades de las nuevas tecnologías de la información, sino que se asumen obligaciones para la Administración de avanzar en la puesta a disposición de sus servicios de forma electrónica y telemática (se introduce el concepto de «servicio básico electrónico»(, de adaptar sus procedimientos y de regular los sistemas de intercambio telemático de información entre Administración y los agentes del sistema de la seguridad y calidad industrial, dándoles plena eficacia jurídica.
La presente Ley es de aplicación a todos los establecimientos, aparatos, equipos, productos o instalaciones industriales radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su uso, utilización o ubicación, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma.
La actividad industrial, a los efectos de esta Ley, queda constituida por:
La presente Ley será de aplicación a la actividad industrial definida en el párrafo anterior en todo lo no previsto por la correspondiente legislación específica.
A los efectos de esta Ley, se considera titular de la actividad industrial a la persona física o jurídica que figure como responsable ante la Administración de las obligaciones impuestas en la normativa vigente.
ARTÍCULO 4 Funciones públicas.
Las actuaciones públicas relativas a la actividad industrial se desarrollarán de conformidad con la realidad social, económica, tecnológica, sectorial y territorial, teniendo los siguientes contenidos generales:
Para la consecución de los fines de esta Ley, se realizará, en particular, una actividad de promoción, fomento y calidad, así como de prevención, inspección y limitación de riesgos.
CAPÍTULO II Actuación y modernización administrativa Artículos 5 a 15
SECCIÓN 1ª Medidas generales Artículos 5 a 8
La actuación administrativa en materia de industria estará regida por los principios de:
La Administración impulsará la homogeneización, estructuración y simplificación de la regulación aplicable y de los trámites administrativos que puedan ser requeridos en aras del desarrollo social, económico, industrial y tecnológico.
ARTÍCULO 6 Directrices.
Mediante las directrices previstas en la legislación de ordenación del territorio se podrá:
En la elaboración de las directrices participará en todo caso el departamento competente.
ARTÍCULO 7 Proyectos de interés general de Aragón.
SECCIÓN 2ª Coordinación y participación Artículos 9 a 11
ARTÍCULO 9 Informe.
El departamento competente será consultado preceptivamente en relación con aquellas acciones que puedan incidir significativamente en la estructura del tejido industrial aragonés y que tengan como soporte:
Cuando se den las circunstancias tecnológicas, económicas, organizativas o productivas que puedan incidir de manera significativa en la estructura del tejido industrial aragonés, la autoridad laboral de la Administración de la comunidad autónoma notificará la tramitación o sometimiento a informe de los expedientes de regulación de empleo o de modificación de las condiciones de trabajo al departamento competente para que este informe al respecto en el plazo de diez días.
ARTÍCULO 10 Naturaleza y composición del Consejo de Industria de Aragón.
El Consejo de Industria de Aragón es el órgano representativo, colegiado, consultivo y de participación en materia de industria.
El Consejo tendrá como fines estimular el consenso y la unidad de acción en materia de industria y la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyen en la misma.
En su composición estarán representadas las asociaciones empresariales y sindicales más representativas, los profesionales y agentes del sector industrial y del sistema de la seguridad industrial de Aragón y los departamentos con competencias conexas o relacionadas en la materia.
ARTÍCULO 11 Adscripción y composición del Consejo de Industria de Aragón.
El Consejo de Industria de Aragón se adscribe sin dependencia jerárquica al departamento competente y será presidido por su titular, a quien corresponderá el nombramiento de sus miembros, a propuesta de los órganos directivos de cada uno de los sectores representados o de las Administraciones implicadas. El Consejo podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente, pudiéndose crear comisiones especializadas.
Se atribuirán al Consejo funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento en relación con la política industrial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular sobre coordinación e inspección administrativa; participación de los agentes económicos y sociales; elaboración de disposiciones generales, planes y programas en la materia, y emisión de informes a petición del Gobierno de Aragón o del departamento competente en materia de industria.
Reglamentariamente se determinarán su composición, su organización, su régimen de funcionamiento y sus funciones.
Dentro del primer semestre de cada año, el Consejo remitirá a las Cortes de Aragón un informe sobre los resultados alcanzados el año anterior en relación con los objetivos propuestos.
SECCIÓN 3ª Tecnologías de la información y de las comunicaciones Artículos 12 a 15
ARTÍCULO 12 Impulso.
Se reconoce el derecho a realizar a distancia, mediante instrumentos telemáticos, todos los trámites administrativos que resulten precisos para el ejercicio de la actividad industrial.
La Administración favorecerá e impulsará la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, la tramitación de procedimientos administrativos y la formación y el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el departamento competente facilitará el inicio de los procedimientos administrativos en soporte digital mediante la disponibilidad electrónica de todos los modelos de formularios normalizados que se encuentren a su disposición en soporte papel en las dependencias de la Administración.
Salvo que, por la naturaleza de los procedimientos o de los interesados, reglamentariamente se establezca lo contrario, los interesados siempre podrán optar por utilizar los medios convencionales admitidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común o por servirse, en su totalidad o parcialmente, de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
ARTÍCULO 13 Servicio básico electrónico.
Cuando uno de los servicios encomendados al departamento competente pueda ser ofrecido por medio de sistemas electrónicos y telemáticos de forma segura y con garantías de eficacia y se considere básico por su relevancia para los fines propios del mismo o para el desarrollo económico y social de la sociedad aragonesa, podrá ser declarado «servicio básico electrónico» por el consejero competente en materia de industria.
Declarado un servicio como básico, la Administración impulsará su implantación como servicio electrónico e interactivo, disponible de manera totalmente electrónica.
ARTÍCULO 14 Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas.
El departamento competente podrá regular sistemas de intercambio de información por vía telemática con los agentes del sistema de la seguridad y la calidad industrial, estableciendo su objeto de aplicación, dentro de las líneas marcadas por la planificación general de la comunidad autónoma sobre protección y seguridad de datos y sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos.
Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que en el ámbito de aplicación de esta Ley, sean utilizadas por el departamento competente en el ejercicio de sus potestades serán previamente aprobadas por su titular y publicadas.
ARTÍCULO 15 Efectos.
CAPÍTULO III Libertad de la actividad industrial Artículos 16 a 20
ARTÍCULO 16 Principio de libertad.
Se declara y protege la libertad de establecimiento de la actividad industrial que comprende la instalación, la ampliación, el traslado y la puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones; la fabricación y la comercialización de aparatos, equipos y productos y la realización de procesos y operaciones, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones procedentes.
El Gobierno de Aragón establecerá mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e implantará procedimientos de solicitud o de resolución conjunta con el fin de agilizar y favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la actividad industrial.
ARTÍCULO 17 Comunicación previa y declaración responsable.
En los casos en que resulten de aplicación normas de seguridad industrial, previo al ejercicio de la actividad se presentará ante el Departamento competente en materia de industria una declaración responsable o una comunicación previa.
En ningún caso la presentación de la documentación exigida supondrá su aprobación por parte de la Administración de la comunidad autónoma ni su idoneidad técnica.
ARTÍCULO 18 Autorización.
Se exigirá autorización para la instalación, ampliación, traslado o cierre de actividades industriales cuando así se haya establecido por el Estado en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad industrial o resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
La Administración de la Comunidad Autónoma deberá prever procedimientos para el reconocimiento de la cualificación profesional de los profesionales habilitados en los casos en que así lo establezca una norma comunitaria europea o el correspondiente reglamento de seguridad industrial.
Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos competentes en materia de industria de certificaciones, homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan de resolver otros órganos.
Artículo 18, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
Artículo 18, modificado por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, el 19 de Marzo de 2012.
ARTÍCULO 19 Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
ARTÍCULO 20 Otras comunicaciones y autorizaciones.
Artículo 20, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
CAPÍTULO IV Información industrial Artículos 21 a 31
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 21 a 23
ARTÍCULO 21 Concepto y fines.
La información industrial comprende el conjunto de datos necesarios para el ejercicio de las funciones públicas, útiles para el sector en materia de actividad industrial y para el desarrollo de las estrategias y la política industrial de Aragón.
El departamento competente, mediante la adecuada publicidad de dicha información, facilitará el acceso a la misma de entidades, asociaciones, particulares, empresas, sindicatos, otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
ARTÍCULO 22 Fuentes.
El departamento competente es el órgano administrativo receptor y depositario de la información industrial, correspondiéndole generar, reunir, coordinar, analizar y elaborar, con fines de difusión, la información sobre todos los aspectos del desarrollo industrial en los ámbitos autonómico, comarcal y municipal, así como sectorial, pudiendo, a tal fin, crear los registros que sean oportunos y facilitar la explotación estadística de los mismos.
El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en materia de utilización de los registros administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, gestionará tanto la información derivada del Registro Industrial de Aragón como la información técnica y económica asociada a las tramitaciones relativas a las actividades industriales, los agentes del sistema de la seguridad industrial y las ayudas públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho departamento.
Artículo 22, apartado 2, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 23 Tratamiento.
El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos y, en su caso, en colaboración con agentes del sistema de la seguridad industrial, deberá dotarse de los medios electrónicos, informáticos y técnicos necesarios para garantizar el acceso a la información industrial, estableciendo los mecanismos que aseguren la integridad y la confidencialidad de la misma.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá mecanismos que faciliten el acceso de los consumidores, usuarios, sindicatos y empresarios a la información sobre los agentes del sistema de la seguridad industrial y sobre las actividades reguladas por reglamentos de seguridad industrial.
Al objeto de simplificar y homogeneizar tramitaciones y minimizar costes, se establecerán mecanismos de coordinación de la información industrial producida o archivada por los diferentes departamentos de la Administración de la comunidad autónoma o por cualquier otra Administración Pública u otro ente vinculados a la misma a quienes incumba la responsabilidad de conservar adecuadamente la citada información.
La Administración potenciará la colaboración entre empresas para la creación y mantenimiento de sistemas de información de base voluntaria y utilización compartida, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas.
Los órganos y las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la comunidad autónoma y de las Administraciones locales deberán respetar las exigencias establecidas en la legislación sobre propiedad industrial, protección de datos y demás disposiciones que aseguren la confidencialidad cuando transmitan, elaboren, reciban, gestionen, faciliten, difundan o, de cualquier otra manera, manejen la información industrial.
SECCIÓN 2ª Registro Industrial de Aragón Artículos 24 a 31
Sección 2ª. rúbrica modificada por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 24 Constitución.
Artículo 24, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 25 Fines.
Artículo 25, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 26 Ambito.
El Registro Industrial de Aragón ejerce sus funciones respecto a establecimientos, actividades, servicios, infraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la comunidad autónoma, con independencia del domicilio social de las empresas titulares de los mismos.
El ámbito material del Registro Industrial de Aragón incluye la información industrial relativa a los establecimientos y las actividades empresariales de carácter industrial, a los servicios relacionados con ellos y a la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, así como a las demás actividades industriales que se determinen reglamentariamente.
El Registro Industrial de Aragón contendrá:
El departamento competente realizará un continuo mantenimiento del Registro Industrial de Aragón con el fin de conservarlo siempre actualizado, utilizando para ello los mecanismos necesarios.
Artículo 28, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 29 Acceso.
Los datos básicos incluidos en el Registro Industrial de Aragón tienen carácter público, con excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y las que se declaren de interés para la defensa nacional.
No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Los datos relativos a enumeración de productos utilizados podrán sustraerse del conocimiento público cuando así lo solicite el interesado por razones justificadas en el secreto industrial o comercial.
Los datos complementarios del Registro Industrial de Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titular.
En todo caso, se observará la legislación aplicable sobre los datos de carácter personal y el secreto comercial e industrial.
Artículo 29, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 30 Colaboración.
El Registro Industrial de Aragón facilitará al Registro Industrial Integrado la información que proceda conforme a lo previsto en su normativa reguladora.
Todos los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los organismos dependientes o vinculados a ellos, así como los agentes del sistema de la seguridad industrial, remitirán al Registro Industrial de Aragón los datos relativos al ámbito material del mismo que obren en sus correspondientes registros, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente.
ARTÍCULO 31 Registros especiales.
Artículo 31, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
CAPÍTULO V Fomento industrial Artículos 32 a 38
ARTÍCULO 32 Actuaciones.
ARTÍCULO 33 Objetivos.
ARTÍCULO 34 Instrumentos.
Para la consecución de los objetivos en materia de promoción y fomento industrial, podrán establecerse planes y programas que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de fomento de contenido económico:
Sin perjuicio de las anteriores medidas, los planes y programas podrán contener otras que se constituirán como instrumentos de apoyo con funciones de información, sensibilización y promoción, como las siguientes:
Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación de los requisitos generales de las medidas de fomento y promoción de contenido económico, que determinarán los elementos esenciales para su puesta en práctica y, en su caso, las bases reguladoras a las que se atendrá la convocatoria de las medidas que se autoricen.
Corresponde al consejero competente en materia de industria la regulación y el desarrollo de los restantes instrumentos de apoyo.
Los planes, los programas y las medidas de promoción y fomento industrial respetarán las limitaciones derivadas de la normativa de defensa de la competencia.
La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. En todo caso, la legislación de subvenciones se aplicará con carácter supletorio a las restantes medidas de fomento.
Artículo 37, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 38 Obligaciones.
CAPÍTULO VI Calidad industrial Artículos 39 a 42
ARTÍCULO 39 Fines.
ARTÍCULO 40 Planes de mejora de la calidad.
La Administración de la comunidad autónoma establecerá planes de mejora de la calidad de los servicios prestados por esta a los ciudadanos y a las empresas en el ámbito de la actividad industrial, utilizando herramientas de gestión de la calidad y sistemas de información.
El Gobierno de Aragón asumirá el objetivo de adoptar e implantar un sistema de gestión de calidad en los servicios públicos vinculados a las actividades industriales.
ARTÍCULO 41 Obligatoriedad.
ARTÍCULO 42 Infraestructura.
La consecución de los fines en materia de calidad se instrumentará a través de los agentes descritos en la normativa reguladora de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
Reglamentariamente, se podrán determinar los requisitos para la autorización y las condiciones de organización y funcionamiento que deberán cumplir los agentes, públicos o privados, que constituyen la infraestructura para la calidad industrial en la comunidad autónoma, incluidos los organismos de normalización y de acreditación, las entidades de certificación, los laboratorios de ensayo y calibración y las entidades auditoras y de inspección, así como la ordenación de las funciones y requisitos de nuevos agentes.
En los casos en que exista una relación de causalidad directa entre la actividad profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, el Gobierno de Aragón impulsará y regulará la creación de instrumentos de control que permitan a los prestadores asegurar de forma voluntaria la calidad de sus servicios. Con tal fin, se promoverá la participación de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
Artículo 42, apartado 3, añadido por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
CAPÍTULO VII Seguridad industrial Artículos 43 a 50
SECCIÓN 1ª Disposiciones comunes Artículos 43 y 44
ARTÍCULO 43 Objeto.
La seguridad industrial, como sistema de disposiciones obligatorias, tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de los productos industriales.
Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, los incendios, las explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa aplicable sobre seguridad.
Reglamentariamente se dictarán las normas y se establecerán requisitos técnicos que garanticen el cumplimiento del objeto de la seguridad industrial. Previo informe del Consejo de Industria de Aragón, se podrán incrementar los requisitos técnicos establecidos en los reglamentos estatales de seguridad industrial, añadir requisitos adicionales para la puesta en servicio de la actividad industrial o crear ámbitos reglamentarios nuevos. El incremento de la exigencia técnica deberá fundarse en necesidades de seguridad industrial, y se podrá actuar, entre otras formas, a través de la fijación de niveles mínimos de servicio, de requerimientos de calidad de producto o de la mejora de la prestación a recibir por el usuario o consumidor final. Para establecer los citados requisitos adicionales, podrán utilizarse referencias a normas elaboradas por organismos de normalización.
La Administración de la comunidad autónoma impulsará el desarrollo de la seguridad industrial, promoviendo la realización de estudios, planes de formación y acciones de sensibilización, divulgación y formación en esta materia entre toda la ciudadanía de un modo general y con especial atención a los implicados en la industria.
ARTÍCULO 44 Sistema.
Forman parte del sistema de la seguridad industrial, además de las normas jurídicas y los requisitos técnicos, sus agentes, con las funciones que reglamentariamente estén establecidas.
Son agentes del sistema de la seguridad industrial: el departamento competente; los organismos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras; las entidades de formación en el ámbito de la seguridad industrial; los profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores de obra; los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales, y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, compuesta por organismos de normalización, entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de calibración industrial, verificadores medioambientales y empresas prestadoras de servicios a las que la regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya funciones de seguridad industrial.
Reglamentariamente, se podrá establecer el régimen jurídico de cualquier agente del sistema de la seguridad industrial como persona o entidad habilitada para la realización de actividades de ensayo, certificación, inspección, auditoría o cualquier otra contemplada en la normativa correspondiente.
Los agentes del sistema de la seguridad industrial están obligados a comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tenga conocimiento y esté relacionado con la ejecución, el uso y el funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. Asimismo, en los casos de grave riesgo de accidente o emergencia, están obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá proceder a su inmediata ratificación o revocación.
Artículo 44, apartado 2, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
SECCIÓN 2ª Titulares y responsables Artículos 45 y 46
ARTÍCULO 45 Régimen de actuación de los titulares.
Los titulares de la actividad industrial deberán cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente y, especialmente, las siguientes:
El deber de colaboración se aplicará tanto respecto al personal de la Administración competente como al del resto de los agentes del sistema de la seguridad industrial, cuando actúen en el ejercicio de sus atribuciones y cualquiera que fuera el solicitante de su actuación, siempre que esta sea conforme con la regulación aplicable.
El representante legal de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto pudiera afectar a las condiciones de trabajo, estará facultado para acceder la información y la documentación en materia de seguridad industrial en los términos establecidos en el artículo 36.2.b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
ARTÍCULO 46 Comunicación de modificaciones e incidencias.
SECCIÓN 3ª Organismos de control Artículos 47 y 48
ARTÍCULO 47 Naturaleza jurídica.
Los organismos de control, de acuerdo con los principios y fines establecidos en la legislación correspondiente, tendrán la consideración de entidades habilitadas para la actuación en la comunidad autónoma en materia de seguridad industrial. La Administración podrá actuar a través de ellos cuando, legal o reglamentariamente, así se establezca.
Los organismos de control podrán intervenir como entidades habilitadas para la tramitación de las comunicaciones, declaraciones responsables o autorizaciones exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad industrial cuando así se establezca en la normativa aplicable.
Reglamentariamente, se establecerán los supuestos en los que se exigirá que, en la documentación emitida por los distintos agentes del sistema de la seguridad industrial que deba acompañar a una comunicación, a una declaración responsable o a una solicitud de autorización, se incluya un informe adicional emitido por un organismo de control dictaminando la corrección jurídica y técnica del proyecto o de las obras o instalaciones ya realizadas con el alcance que en cada supuesto se determine. También podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su inclusión no esté exigida.
Artículo 47, apartados 2 y 3, modificados por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 48 Autorización y régimen de actuación.
El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los organismos de control para cada tipo de actividad que estos realicen en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a recursos técnicos y humanos, procedimientos de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial, así como las relaciones con los usuarios.
Corresponderá a la Administración de la comunidad autónoma la autorización de los organismos de control cuyas instalaciones se encuentren situadas en territorio aragonés o inicien en él su actividad.
Los organismos competentes supervisarán las actuaciones de los organismos de control en la comunidad autónoma, correspondiéndole a la Administración competente en materia de seguridad industrial revocar las autorizaciones que haya otorgado o suspender su actividad, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión de la actividad o revocación de la autorización, dará traslado de lo actuado al órgano o Administración autorizante, por si procediera la adopción de esa u otra medida. Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de la autorización.
Cuando de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración Pública a la correspondiente autorización como organismo de control, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá proceder a la revocación de la autorización, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado.
En caso de no ser competente para acordar la revocación, dará traslado de los hechos a la Administración Pública autorizante. En tal supuesto, la Administración de la comunidad autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la autorización en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
SECCIÓN 4ª Profesionales habilitados y empresas instaladoras y mantenedoras Artículos 49 y 50
ARTÍCULO 49 Régimen de actuación.
El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de actividad que éstos realicen en la Comunidad Autónoma, especialmente los que se refieren a recursos humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial.
La Administración competente en materia de seguridad industrial supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiéndole revocar las habilitaciones que haya otorgado, así como prohibir o suspender la actividad de cualquiera de estos agentes del sistema de la seguridad industrial en la Comunidad Autónoma, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando ésta no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión o revocación de la habilitación o prohibición de la actividad, dará traslado de lo actuado a la Administración competente por razón del domicilio o de la actividad principal, por si procediera la adopción de una u otra medida.
Cuando, de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca la ausencia de competencia técnica o de otros requisitos legalmente necesarios para el desempeño de la actividad, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá proceder a la revocación de la habilitación o a la prohibición del ejercicio de la actividad, previo el correspondiente procedimiento en el que se acrediten los hechos y se dé audiencia al interesado, en aquellos casos en que fuese competente para el otorgamiento de la habilitación, haya adquirido la competencia para su renovación, hubiese sido el receptor de la comunicación o declaración responsable o hubiese adquirido la competencia por traslado del domicilio o del ámbito principal de actividad del sujeto. Asimismo, reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de habilitaciones o la prohibición del ejercicio de la actividad.
En caso de no ser competente para acordar la revocación de la correspondiente habilitación o para prohibir el ejercicio de la actividad, dará traslado de los hechos a la Administración Pública competente. En tal supuesto, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la habilitación o de la actividad en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
Artículo 49, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 50 Transmisión a los usuarios.
De conformidad con lo establecido reglamentariamente, la empresa que realice una instalación o instale un aparato, equipo o producto, una vez verificada su correcta ejecución y realizadas las pruebas pertinentes, estará obligada, en el momento de su finalización o entrega, a informar de sus obligaciones y a entregar a su titular original o copia de la documentación técnica establecida, así como, en su caso, las correspondientes instrucciones de utilización y mantenimiento.
La obligación contenida en el párrafo anterior se extiende a las empresas suministradoras o comercializadoras y a las empresas mantenedoras respecto a las operaciones periódicas de mantenimiento, que se reflejarán en el correspondiente informe.
Cuando la empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización, tiene el deber de entregar al departamento competente, a petición del mismo, la documentación técnica y el certificado de adecuación de lo ya ejecutado tanto a dicha documentación como a la normativa de aplicación, sin hacer depender tal entrega de cuestiones ajenas a la propia normativa.
La entrega de documentación técnica o de la certificación antes mencionados en ningún caso supondrá una renuncia tácita a ninguno de los derechos que, conforme a la legislación civil o mercantil, le puedan corresponder.
En los casos en los que la anterior entrega no se haga efectiva, previo requerimiento a la empresa instaladora o mantenedora a cumplir con su obligación, el órgano competente podrá emitir una resolución motivada por la que comunicará a los interesados que la documentación técnica y el certificado de la parte ya ejecutada, en su caso, pueden quedar sustituidos por un informe técnico emitido por un organismo de control, a solicitud del interesado.
Reglamentariamente, se podrá establecer un régimen de obligaciones, responsabilidades, certificación, documentación y ejecución subsidiaria en los casos en que una empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización.
CAPÍTULO VIII Disciplina industrial Artículos 51 a 75
SECCIÓN 1ª Inspección industrial Artículos 51 a 58
ARTÍCULO 51 Objeto.
La inspección industrial es la actividad por la que el departamento competente, con medios propios o por medio de personas habilitadas o entidades habilitadas para ello, examina, controla y vigila la actividad industrial, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
En caso de constatarse un incumplimiento legal o defecto técnico y dependiendo de su naturaleza, se podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, incluidas aquellas de paralización en relación con el funcionamiento de una actividad o instalación industrial; ordenar el restablecimiento de la legalidad; iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador, así como exigir las responsabilidades que se hayan podido producir.
El procedimiento, el contenido y los efectos de la actuación inspectora se ordenarán reglamentariamente.
ARTÍCULO 52 Principios de la actuación inspectora.
ARTÍCULO 53 Personal inspector.
Las funciones de inspección industrial serán realizadas por el personal inspector, que podrá ser:
El personal del departamento competente habilitado para la realización de funciones inspectoras podrá estar presente en cualquier actuación de inspección o control industrial realizada por personas habilitadas o entidades habilitadas como agentes del sistema de la seguridad industrial.
El personal inspector deberá identificarse y, en todo momento, estará en condición de hacerlo a solicitud del titular del establecimiento o instalación o de su representante.
ARTÍCULO 54 Facultades del personal inspector.
Para el cumplimiento de su función, el personal que realice las actividades de inspección estará investido de las siguientes facultades:
ARTÍCULO 55 Inspecciones ordinarias.
ARTÍCULO 56 Inspecciones extraordinarias.
ARTÍCULO 57 Planes de inspección industrial.
El departamento competente elaborará planes de inspección industrial como instrumentos dirigidos a orientar la realización de las inspecciones ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la actividad industrial y la de los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, con objeto de comprobar la adecuación de su diseño, fabricación, puesta en funcionamiento, ejercicio de actividades y condiciones de servicio a los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable y de los planes y programas relativos a la promoción y fomento de la actividad industrial que les sean de aplicación.
Los planes de inspección industrial se estructurarán en programas específicos de inspección definidos por su alcance y contenido. En todo caso, se realizarán programas específicos de inspección de los agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para la realización de actuaciones inspectoras.
Los planes de inspección industrial se elaborarán con sujeción a los siguientes criterios:
La Administración deberá, como máximo cada dos años, aprobar un nuevo plan de inspección industrial o prorrogar el existente tras un procedimiento de revisión y actualización de su contenido.
Sin perjuicio de las funciones de inspección del personal técnico al servicio de la Administración Pública, la ejecución material de los programas podrá llevarse a cabo por personas habilitadas o personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización de las actividades de inspección o auditoría. Con esta finalidad podrá acudirse a la celebración de convenios de colaboración con los sectores afectados por el plan o programa específico de inspección, si así se previese en el correspondiente plan de inspección industrial.
Tras la ejecución de cada plan de inspección industrial, se elaborará un informe final que recoja las conclusiones generales extraídas de la ejecución de los planes, así como de las inspecciones que puedan haber sido realizadas al margen del plan y cuyo resultado se considere relevante. Los citados informes finales se remitirán periódicamente a la comisión competente en materia de industria de las Cortes de Aragón y al Consejo de Industria de Aragón.
Artículo 57, apartado 3, letra c), añadido por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 58 Actas de inspección.
Todas las actuaciones de inspección se documentarán por medio de la correspondiente acta, que reflejará las actuaciones de investigación y comprobación realizadas y sus resultados, además de los hechos o circunstancias que resulten relevantes.
Las actas de inspección elaboradas por los empleados públicos o por el personal de los organismos de control autorizados en materia de seguridad industrial con las debidas garantías tienen valor probatorio en los consiguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos consignados en ellas.
Cuando del resultado de la inspección se deduzca la posible existencia de infracciones que afecten a las competencias de otros departamentos, se remitirá a los órganos competentes copia del acta donde se reflejen las actuaciones.
SECCIÓN 2ª Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad Artículos 59 a 61
ARTÍCULO 59 Medidas provisionales por la Administración.
Cuando se aprecie la existencia de un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad podrá ordenar motivadamente la adopción de cuantas medidas provisionales resulten necesarias, sin necesidad de esperar al inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad.
Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los empleados públicos habilitados para la inspección en materia de industria detecten situaciones de riesgo grave e inminente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, podrán adoptar las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo, comunicándolo de forma inmediata al órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad.
Cuando se adopte alguna de las medidas señaladas en el apartado anterior, el órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad deberá ratificarla en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su adopción.
En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
Si la medida provisional es adoptada o confirmada en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad o en un momento posterior de la tramitación de los mismos, su vigencia se prolongará hasta el momento en que adquiera ejecutividad el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, salvo que se dicte resolución expresa acordando su levantamiento.
Artículo 59, antiguo apartado 6 reubicado, pasando a ser el apartado 5 del Artículo 66, por corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, publicada en BOA el 09 de Abril de 2007.
Artículo 59, apartado 2, letra g), modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
ARTÍCULO 60 Medidas provisionales por los organismos de control.
Los organismos de control pondrán en conocimiento del departamento competente en la materia objeto de la inspección los incumplimientos legales y defectos técnicos que detecten en el ejercicio de su función inspectora en un plazo máximo de diez días. No obstante, si tales incumplimientos o defectos técnicos fuesen susceptibles de generar un riesgo inminente o grave, la comunicación a las autoridades competentes se hará de forma inmediata.
Si los incumplimientos legales o defectos técnicos generasen un riesgo inminente y grave de accidente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, el organismo de control adoptará, bajo su responsabilidad y de forma inmediata, las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo. De las medidas adoptadas dará cuenta de forma inmediata al departamento competente.
En el caso anterior, la vigilancia del organismo de control se mantendrá hasta que el departamento competente se haga cargo de la situación, pudiendo prolongarse posteriormente por este. La Administración confirmará o levantará las medidas en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a su adopción.
En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse o un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
ARTÍCULO 61 Restablecimiento de la legalidad.
El sujeto responsable determinado con arreglo al apartado siguiente y, subsidiariamente, el titular de la actividad estarán obligados a adoptar las medidas de cumplimiento de la legalidad y, en su caso, a reparar los daños y perjuicios causados, a restaurar o reponer lo alterado a su estado anterior y a indemnizar en el caso de que no sea posible la reposición en sus propios términos, de acuerdo con lo que la Administración Pública establezca en la resolución sancionadora o en un acto administrativo específicamente dictado al efecto.
Se consideran sujetos responsables del procedimiento de restablecimiento de la legalidad los así enunciados en esta Ley para el procedimiento sancionador.
Ejecutadas las medidas señaladas en el apartado primero, el responsable y, subsidiariamente, el titular de la actividad lo comunicarán a la Administración para que, tras la pertinente verificación, realizada directamente por ella o por el agente del sistema de la seguridad industrial y con cargo al responsable, se extienda la correspondiente acta de restablecimiento de la legalidad.
Cuando el sujeto responsable no cumpla con la obligación de adoptar las medidas acordadas por la Administración Pública o lo haga de modo incompleto, podrán serle impuestas hasta un máximo de tres multas coercitivas. La cuantía de cada una de las anteriores multas no superará el veinte por ciento de la cuantía máxima de la sanción prevista. Todo ello, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración Pública a cargo del sujeto responsable.
Las multas coercitivas serán independientes de las que se hubieran impuesto o pudieran imponerse como sanción por la infracción administrativa y, asimismo, de la repercusión íntegra sobre el patrimonio del responsable de la eventual ejecución subsidiaria de la medida de restablecimiento de la legalidad.
Cuando la corrección de los defectos técnicos o incumplimientos legales observados en relación con una actividad industrial o con la de un sujeto que sea titular o actúe sobre la misma se haga con acuerdo de la Administración antes de finalizar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad o, terminado éste, dentro de los plazos acordados a tal efecto por la Administración de la comunidad autónoma, esta lo tendrá en cuenta para valorar la oportunidad de apertura del procedimiento sancionador o la magnitud de la sanción dentro del mismo tipo, siempre que se trate de conductas ocasionales y de escasa incidencia sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
El inicio del procedimiento sancionador será obligatorio en todo caso cuando haya sido preciso acudir a la ejecución forzosa de las medidas de restablecimiento de la legalidad.
SECCIÓN 3ª Infracciones y sanciones Artículos 62 a 75
Artículo 64, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
Artículo 65 letra b) corregida por corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, publicada en BOA el 28 de Marzo de 2007.
Artículo 65 letra b) corregida por corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, publicada en BOA el 09 de Abril de 2007.
Artículo 65, modificado por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente las circunstancias establecidas en el artículo siguiente.
Cuando, a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido específicamente en la operación.
Artículo 66, apartado 5 reubicado por por corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, publicada en BOA el 09 de Abril de 2007.
ARTÍCULO 67 Determinación de las sanciones.
ARTÍCULO 69 Sanciones accesorias.
En los supuestos de infracciones graves, además de la sanción pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por plazo no superior a un año, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad o de la instalación o la suspensión de la actividad del profesional habilitado, de la empresa instaladora o mantenedora, de la entidad de formación, o del organismo de control.
En los supuestos de infracciones muy graves, además de la correspondiente multa, podrán acordarse las siguientes sanciones por acuerdo del Gobierno de Aragón:
El órgano administrativo competente para la imposición de la sanción podrá acordar, además, en las infracciones graves o muy graves, la devolución de las subvenciones o ayudas de cualquier clase otorgadas por la Administración de la comunidad autónoma que guarden directa relación con el objeto de la infracción, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
En la aplicación de las sanciones accesorias se tendrá en cuenta el impacto sociolaboral de las mismas.
Artículo 69, apartados 1 y 2, modificados por el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el 5 de Mayo de 2010.
El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas, hasta un máximo de tres, para compeler a los responsables a cumplir las prescripciones previstas en la correspondiente reglamentación.
Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
ARTÍCULO 72 Sujetos responsables.
Cada uno de los sujetos reseñados responde por sus actos propios, considerándose como tales los de los directivos y empleados en el caso de las personas jurídicas. No obstante, cuando en la comisión de una infracción hayan concurrido varios sujetos, cada uno de ellos responderá individualmente de la comisión de la infracción.
ARTÍCULO 73 Plazo del procedimiento sancionador.
ARTÍCULO 74 Procedimiento sancionador simplificado.
ARTÍCULO 75 Organos competentes.
El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, elaborará el Decreto regulador del Consejo de Industria de Aragón, dando audiencia por plazo de un mes en el correspondiente procedimiento a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, así como a las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales y previo trámite de información pública.
Hasta tanto no sea efectivamente constituido el Consejo de Industria de Aragón, ejercerá sus funciones el consejero competente en materia de industria.
UNICA Disposiciones reglamentarias aplicables
Se habilita al consejero competente en materia de industria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
En especial, mediante Orden del consejero competente en materia de industria, se aprobarán todas aquellas disposiciones que sean consecuencia de los avances tecnológicos y la evolución del estado de la técnica y que obliguen a una adaptación de los requisitos y condiciones de carácter estrictamente técnico que deban reunir tanto las instalaciones como los aparatos, equipos y productos de carácter industrial, incluidos, en su caso, los procedimientos de prueba, inspección y control a que deban ser sometidos.
ORDEN 4/2006, de 10 de enero, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se regula la convocatoria para la adjudicación de 75 plazas en cursos de posgrado para el desarrollo de un programa de formación en dirección y administración de empresas, con el objetivo de apoyar la incorporación de las mujeres a puestos directivos (Programa Lidera ...