Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Noviembre/1176-231110-2010-10-0380.html
Timestamp: 2017-03-30 08:51:57
Document Index: 21995269

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 138', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 87', 'artículo 24', 'artículo\n138', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 209', 'artículo 49', 'artículo 87', 'artículo 24', 'artículo\n81', 'artículo 82', 'artículo\n83', 'artículo 84', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo\n21', 'artículo 21', 'artículo 146', 'Artículo\n146', 'artículo 146', 'artículo 78', 'artículo 21', 'artículo 209', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 298', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 144', 'artículo 298', 'artículo 293', 'artículo 298', 'artículo 89']

ciudadano RAMÓN JOSÉ PADRINOS MALPICA, venezolano, titular de la cédula
de identidad núm. 5.375.777 asistido por la abogada Raisath Padrinos Malpica,
inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el núm. 102.505,
interpuso ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, acción de amparo
constitucional con medida cautelar y, conjuntamente, solicitud de revisión
ciudadano Ramón José Padrinos Malpica confirió poder especial apud acta a la
abogada Raisaht Padrinos Malpica, “... para que defienda [sus] derechos e
NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). Vista la solicitud del
Recurso de Amparo y el recurso (sic) extraordinario de Revisión de la Sentencia de la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente
apoderada judicial del solicitante consignó escrito de reforma de petición de
la acción y al efecto solicita “…dejar sin efecto en este mismo acto la
petición de Amparo Constitucional…” y con el fin de interponer y solicitar
la revisión de la decisión dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo expone sus alegatos y consigna en copia
certificada el expediente íntegro de la causa.
que acompañan a la presente acción de amparo, pasa esta Sala a decidir sobre la
solicitud de revisión presentada por la apoderada judicial del ciudadano Ramón
José Padrinos Malpica, se desprenden como fundamentos, los siguientes:
ciudadano Ramón José Padrinos Malpica ingresó a laborar como Ingeniero I, cargo
28200 adscrito a la Unidad de Infraestructura de la Gerencia General Asociación Civil INCE Carabobo, el 11 de julio de 2003.
“…la Orden Administrativa 1958-03-61, de fecha 11-07-2003 (…) se
evidencia que por omisión del presidente del Instituto, este no firmó dicho
punto de cuenta, tal como lo establecía en el ordinal 3° (sic) del
artículo 17 del Reglamento de la Ley del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA (INCE) vigente para ese momento (…)” (Resaltado y mayúsculas
mediante comunicación del 14 de mayo de 2004, el Presidente del INSTITUTO
NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) le notificó que “…se le había
seleccionado para prestar servicios en la Gerencia Regional del INCE CARABOBO, a tal efecto se le aplicaría los beneficios
contenidos en la Convención Colectiva al cargo que venía desempeñando…”
(Resaltado y mayúsculas propias del texto trascrito).
20 de junio de 2006, “…fue sorprendido, por el Gerente Regional,
quien le llamo (sic) a su oficina para entregarle una notificación” (Resaltado
y mayúsculas propias del texto trascrito).
dicha notificación “[e]s Originada (sic) de un Acto Administrativo
Írrito, por cuanto fue dictado por una autoridad manifiestamente usurpada por
el comité ejecutivo (…) ya que esa FACULTAD la tiene otorgada es el Presidente
del INCE” (Resaltado y mayúsculas propias del texto trascrito).
Que “…el
acto administrativo en cuestión, violento (sic) el Ordenamiento Jurídico
vigente, este acto y su notificación transgreden lo contemplado en el
artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo el ordinal 4° (sic) del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” (Resaltado y mayúsculas propias del texto
Que “…se
evidencia del texto de la notificación y del acto administrativo que lo
origina, que el comité ejecutivo del INCE, se abrogó una competencia que no
la cualidad de FUNCIONARIO PÚBLICO, y en virtud de ello lesionó y violó los
derechos al querellante de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 87
de nuestra carta (sic) magna” (Resaltado y mayúsculas propias del texto
le violentó el debido proceso consagrado en el artículo 49, así como el
derecho al trabajo señalado (sic) en el artículo 87, de nuestra Carta Magna,
por cuanto en ningún momento se le notificó al querellante, del procedimiento
irrito (sic) instaurado, para dejar sin efecto su designación, más aún, no se
tomó en consideración la notificación que hiciera el presidente del
INCE en la cual este, ratificó la designación del exponente como
Funcionario Público, en virtud de la facultad que le otorga el
Reglamento de la Ley del INCE vigente” (Resaltado y mayúsculas propias del
Que “…la
autoridad que crea la lesión, es el Comité Ejecutivo del INCE (…)”
Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) “…de
conformidad con al (sic) Reglamento de la Ley del INCE, carece de facultad para remover a los funcionarios, por cuanto esta facultad es dada únicamente al
Presidente del INCE de conformidad a lo establecido en el ordinal 12° (sic),
del artículo 24 de la Sección Tercera del Reglamento del INCE (…)”(Resaltado
“…así mismo violenta el procedimiento contemplado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, creando una usurpación de autoridad, por
lo tanto sus actos son nulos de conformidad con lo señalado en el artículo
138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el ordinal 4° (sic) del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” (Resaltado propio del texto trascrito).
demandó, la Nulidad del Acto Administrativo: Orden Administrativa N°
2090-06-38, de fecha 14-06-2006, y punto de cuenta Nº 449-06-2006 en la misma
fecha así como la notificación de fecha 20 de junio de 2006, emanada del
del gerente, en consecuencia se solicitó se decretara la Nulidad del Acto en cuestión de conformidad con lo consagrado en los artículos 49, 87, 89
y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 9, 12 y 19, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” (Resaltado y mayúsculas propias del texto
“…solicitó que se procediera a restituirlo al cargo y a dejar sin efecto, el
acto administrativo en cuestión, y le fueran cancelados retroactivamente los
percibir desde la fecha de la notificación hasta la definitiva en virtud de que
el Comité Ejecutivo del INCE no tiene las facultades para remover, y mucho
(…)” (Resaltado propio del texto trascrito).
Que “…por
usurpada (…) se solicitó se declarara nulo los referidos actos”; y
al efecto, el ciudadano Ramón José Padrinos Malpica interpuso recurso
Cooperativa Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación
9 de octubre de 2007, “…el Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Centro Norte declaró con lugar la querella
funcionarial interpuesta”.
contra la referida decisión la apoderada del Instituto Nacional de Cooperativa
Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Sociales
(INCES) ejerció recurso de apelación, el cual fue declarado con lugar por Corte
Que “(…)
con la interposición de [esa] apelación (…) le revocan el fallo dictado a favor
de [su] representado (…) creándole un estado de indefensión y violentando así
el derecho a la defensa a [su] representado (…) evitando la apelación de la
sentencia y el anuncio del Recurso de Casación ya que el expediente fue
remitido inmediatamente después de esta decisión al Tribunal de la causa y
enviado a archivo judicial, sin dilación alguna, como en otros casos que cursan
por ante las mencionadas (sic) que transcurren años sin siquiera notificar a
solicitó a esta Sala Constitucional que “…revoque la decisión emanada de la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (sic) De fecha 20 de mayo del
2009 (…)” (Resaltado y mayúsculas propias del texto trascrito).
El 20 de mayo de 2009, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró: i) con lugar la apelación interpuesta
por la apoderada judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE), hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Educativa Socialista
Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 9 de octubre de 2007, ii) revocó el fallo apelado, y en consecuencia, declaró sin lugar el recurso contencioso
administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Ramón Antonio Padrinos
consideraciones: “PRIMERO:
Observa esta Corte que la parte apelante indicó en su escrito de fundamentación
a la apelación con relación al vicio de incompetencia declarado por el iudex a
quo que ‘(…) en lo que respecta la declaratoria de nulidad dictado por el
comité ejecutivo mediante orden administrativa 2090-06-60 de fecha 14-06-2006 y
punto de cuenta Nº 471-06-2006 de fecha 13-06-2006 es válido porque fue
suscrita por tres miembros del comité ejecutivo; se quiere señalar que éste
emitido por el mismo comité ejecutivo pero está viciado de nulidad absoluta
porque fue suscrito por un solo miembro del comité ejecutivo, es decir, el
comité ejecutivo del INCE es autoridad competente para dictar actos. Cabe
señalar que el funcionario querellante era de libre nombramiento y remoción
pues ejercía un cargo de confianza’. Por
su parte el iudex a quo indicó que el acto administrativo impugnado ‘(…) fue
dictado por el Comité Ejecutivo del mencionado Instituto y no por el
Presidente, como es lo correcto, se [evidenció] vicio de incompetencia
por extralimitación de atribuciones, por cuanto se trata de un órgano
encuentra en la misma dependencia que el órgano competente, el vicio que se ha
manifestado en la presente causa es la de extralimitación de atribuciones del órgano
que dictó el acto impugnado, de conformidad a lo establecido en la
jurisprudencia (….) viciando la orden administrativa Nro. 2090-06-60 del 14 de
junio de 2006 del vicio de incompetencia, y así se decide’. (Negrillas del
ello, así esta Corte pasa a pronunciarse en primer lugar sobre el vicio de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del Reglamento de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, publicado en la Gaceta Oficial Número 37.809, de fecha 3 noviembre de 2003, dicho Instituto está constituido
por un nivel jerárquico representado por el Consejo Nacional Administrativo y
un Comité Ejecutivo, a quienes corresponde la dirección y administración del
Escuelas Especiales como Centros de Formación y Capacitación. Ahora
bien, dentro de esta estructura organizacional resalta el hecho que el Comité
Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), está
vocales. En este sentido, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 6 de la Ley del Instituto de Cooperación Educativa, el Presidente, el Vice-Presidente y el Secretario
General del mencionado Comité Ejecutivo son de libre elección y remoción del
Presidente de la República, en tanto que los vocales, serán designados por el
el Vice-Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo actuarán con
tal carácter en el Consejo Nacional Administrativo del que forman parte. Verificado lo anterior, se aprecia que, por expresa remisión del artículo 4 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el Reglamento de dicha Ley
estableció de manera concreta la organización, las atribuciones y la
competencia de cada uno de los órganos que conforman la estructura
organizacional de dicho Instituto, por lo que el artículo 24 desarrolla de
dentro de las mismas que: ‘Corresponde
al Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), las
12. Nombrar, remover y destituir a los funcionarios y demás personal del
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)’. Del
artículo precedentemente transcrito, se colige que del ámbito de competencias
atribuidas expresamente al Presidente del Instituto Nacional de Cooperación
al nombramiento, remoción y destitución del personal adscrito a dicho
único aparte del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, conforme al cual, en los órganos o entes de las Administración Pública
dirigidos por cuerpos colegiados, la competencia de gestión de la función
pública corresponderá a su presidente, salvo en los casos en que la respectiva
ley u ordenanza que regule el funcionamiento del respectivo ente u órgano. Ahora
bien, del punto de cuenta Número 471-06-2006 de fecha 13 de junio de 2006, que
administrativa impugnada emana del mencionado Comité, sin embargo, se evidencia
en otras palabras, la competencia designa la medida de la potestad de actuación
del funcionario; en tal sentido, éste no puede hacer nada para lo cual no haya
infringe el orden de asignación y distribución competencial del órgano
por el ordinal 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
su actuación infringió el orden de asignación y distribución de las
competencias o poderes jurídicos de actuación de los órganos públicos
administrativos, consagrado en el ordenamiento jurídico. Ello por cuanto la
un acto para el cual está legalmente autorizada y ésta debe ser expresa, por lo
que sólo en los casos de incompetencia manifiesta, los actos administrativos
estarían viciados de nulidad absoluta. Tanto
la doctrina como la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, han distinguido básicamente
tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la
usurpación de funciones y la extralimitación de funciones. La
usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en
absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la
nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad
legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano
perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las
disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de los cuales se consagra,
por una parte, el principio de separación de poderes, según el cual cada rama
del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra parte,
que sólo la Ley define las atribuciones del Poder Público, y a estas normas
la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por
competencia expresa (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, sentencia Número 00594, 14 de mayo de 2008, caso: Natalio Domingo
Valery Vásquez). En
acto administrativo por el cual el ciudadano Ramón José Padrinos Malpica, fue
removido, y consecuentemente retirado, del cargo de Jefe de División de
Servicios y Mantenimiento, adscrita a la Gerencia Regional Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) del Estado Carabobo,
emanó del Consejo Ejecutivo de dicho Instituto. Ahora bien, debe subrayarse que –en atención a las disposiciones normativas
Cooperación Educativa (INCE), dentro de su conformación como cuerpo colegiado,
está integrado por el Presidente de dicho Instituto, así como por un
que, en caso de que la decisión de remoción, y consecuente retiro, de la
querellante hubiese sido firmada por el Presidente, habría significado que el
vicio de incompetencia se hubiere subsanado, y ha así lo ha sostenido
reiteradamente este Órgano Jurisdiccional mediante las sentencias Números
Cooperación Educativa (INCE) y caso: Fahisbelia Josefina Villamizar Singer contra
El Instituto Nacional De Cooperación Educativa (Ince) Hoy Instituto Nacional De
Cooperación Educativa Socialista (Inces) respectivamente). En
tal sentido, al haber constatado este Órgano Jurisdiccional que, en atención
con las disposiciones legales antes transcritas, contenidas en el artículo 24,
numeral 12 del Reglamento de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa, la competencia para ‘Nombrar, remover y destituir a los
funcionarios, y demás personal’ de dicho Ente descentralizado funcionalmente,
ello resulta que el acto contenido en la Orden Administrativa Número 2090-06-60 de fecha 14 de junio de 2006, emanada del Comité
Ejecutivo, al firmado por el Presidente del Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (INCE), y tal como se estableció ut supra el vicio de incompetencia
fue subsanado. Así se declara. Con
base en la declaración que antecede esta Corte declara con lugar el recurso de
apelación interpuesta, en consecuencia revoca el fallo apelado. Así se declara.
la declaración, este Órgano Jurisdiccional con fundamento en el artículo 209
del Código de Procedimiento Civil, pasa a conocer del fondo del presente
esta Corte que la recurrente alegó que ‘(…) se violentó el debido proceso
consagrado en el artículo 49, así como el derecho al trabajo señalado en el
artículo 87, de nuestra Carta Magna, por cuanto en ningún momento se le
notificó al querellante, del procedimiento instaurado, para dejar sin efecto su
designación, más aun, no se tomo en consideración la notificación que hiciera
el presidente del INCE, (…) en la cual este, [ratificó] la designación del exponente
como Funcionario Público, en virtud de la facultad que le otorga el Reglamento
de la Ley del INCE vigente (…)’. [Corchetes de esta Corte]. En
tal sentido, aprecia esta Corte que en el caso de autos se impugna la Resolución Número 209-06-60, de fecha 14 de junio de 2006, que en principio declara la nulidad
del acto administrativo Nº 1958-03-61 de fecha 11 de julio de 2003, mediante el
cual se acordó el ingreso del Ciudadano Ramón José Padrinos Malpica al cargo de
Ingeniero I, adscrito a la Gerencia General de la Asociación Civil INCE Carabobo, con vigencia a partir del 22 de julio de 2003, en virtud de
haber sido dictado por el Comité Ejecutivo del INCE, pero suscrito únicamente
por uno sólo de sus miembros, es decir, sólo por el Secretario General del
ello así, aprecia este Órgano Jurisdiccional que cursa al folio cinco (5) del
expediente judicial Orden Administrativa Número 1958-03-61 de fecha 11 de julio
de 2003, contentivo del nombramiento del ciudadano Ramón José Padrinos Malpica
en el cargo de Ingeniero I. Evidenciándose que tal nombramiento no fue suscrito
por el Presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), sino
por el Secretario General del mencionado Instituto, lo cual vicia–en principio-
de incompetencia la mencionada orden administrativa en razón de que la potestad
conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 24, del Reglamento de
la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa.
expediente judicial, Oficio Número 28200 de fecha 14 de mayo de 2004, suscrito
ciudadano Eliezer Otaiza Castillo a través del cual notifica al hoy recurrente
que ‘(…) a partir del 01-01-2004, dada la supresión y liquidación de las Asociaciones
(…) fue seleccionado para prestar servicios en la Gerencia Regional INCE Carabobo (…)’. (Negrillas del original) Vista
las actas procesales, considera oportuno esta Corte, precisar que a la Administración Pública le está atribuido, con fundamento en el interés general, la especial
encaminados a satisfacer aquél interés sin sujeción a ningún otro órgano. Así,
esta potestad de la Administración Pública le permite crear derechos en un caso concreto, producir actos jurídicos de efectos particulares, que se presumen válidos y
legítimos por el sólo hecho de la cualidad jurídica que le reconoce el
ordenamiento jurídico-administrativo, sin que para ello deba acudir ante los
órganos jurisdiccionales, de manera que su actuación por sí sola puede crear,
constituir o modificar situaciones jurídicas determinadas, en los casos en que
tales actividades se produzcan en defensa y protección de los derechos y bienes
que le competan, es decir, aquellos que abrigan el interés general, (Vid.
Sentencia Número 2007-01208, de fecha 03 de julio de 2007, Caso: María Isidora
Benítez Elizondo vs. Instituto Nacional del Menor (INAM), dictada por esta
bien, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dentro del denominado
Título IV ‘De la Revisión de los Actos Administrativos en Vía Administrativa’,
consagra cuatro disposiciones, en el Capítulo I’“De la Revisión de Oficio’, donde se le confiere a la Administración Pública el poder para convalidar los actos administrativos anulables (artículo
81), revocar los que no originen derechos subjetivos ni interés legítimos a
particulares (artículo 82), reconocer los vicios de nulidad absoluta (artículo
83) y rectificar aquéllos emitidos con errores materiales o de cálculo
(artículo 84). De
esta forma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a la Administración Pública le ha sido asignada la potestad que le permite ‘convalidar’ aquellos
actos administrativos anulables; potestad que según la autora C. Chinchilla,
‘(…) es una técnica en virtud de la cual el Ordenamiento Jurídico potencia la
conservación del acto, prevaleciendo el criterio de la eficacia sobre el de la
hipotética invalidez’, dentro de este contexto se ubica el autor Santamaría
Pastor, para quien la convalidación ‘(…) tiene como efecto que un acto
inicialmente inválido en válido, sino exigible o como dice Chinchilla en eficaz
(…)’. (Vid. Margarita Beladiez Rojo. Validez y Eficacia de los Actos
Administrativos. Editorial Marcial Pons. Madrid-España 1994. Pág. 192). Dentro
de este contexto señala la autora Margarita Beladiez Rojo, en la obra citada,
que ‘(…) toda subsanación puede tener dos efectos distintos sobre el acto
administrativo, viciado: bien determinar su convalidación, con lo cual salva el
acto de anulación y lo conserva en el orden jurídico; o bien determinar su
anulación, supuesto este en el que la corrección del defecto sólo se puede
conseguir eliminando el acto invalido del ordenamiento jurídico y dictando otro
son los elementos que caracterizan la subsanación como técnica de
convalidación; por un lado, al tratarse de una regularización, toda subsanación
es una corrección positiva; pero además (…) ha de cumplir un segundo requisito
poseía. Este tipo de subsanación elimina el vicio y convalida el acto. Su
acto es ya plenamente acorde con el ordenamiento jurídico, con lo cual se evita
la posibilidad de una anulación posterior’. Dentro
concluye que la administración recurrida mediante el acto administrativo
contenido en el Oficio Número 28200 de fecha 14 de mayo de 2004, a través del cual le indicó al recurrente que fue seleccionado para prestar servicios en la Gerencia Regional INCE Carabobo, suscrito por el entonces Presidente del instituto Nacional
de Cooperativa Educativa (INCE), ciudadano Eliécer (sic) Otaiza, convalido
(sic) el referido vicio incompetencia del cual adolecía el acto de
nombramiento, dejando subsistir íntegramente en el mundo jurídico la Orden Administrativa de fecha 11 de julio de 2003, mediante el cual se nombró al recurrente
en el cargo de Ingeniero I. Evidenciándose
Educativa (INCE) ratificó esa convalidación, cuando indica en la motiva del
acto administrativo hoy impugnado lo siguiente: ‘(…)
a los fines de no afectar los derechos subjetivos o intereses legítimos,
personales y directos originados a terceros en virtud de la actuación derivada
del pre identificado ciudadano, quien se ha desempeñado como Jefe de
División de Servicios y Mantenimientos de la Gerencia Regional INCE Carabobo, tras la supresión de las Asociaciones, comprometiendo la
responsabilidad de este Instituto actuando en tal carácter, en ejercicio de la
potestad de auto tutela de la Administración Pública, en aplicación de los dispuesto en el artículo 81de 8 (sic) la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se
convalidan los actos que ejecutó en el cumplimiento de las funciones de dicho
cargo. Así
prestación de servicios realizada por el ciudadano ut supra referido a favor de
mediante Orden Administrativa que se dicte al efecto, se limitarán a que el
mismo no ostenta la condición de funcionario público de carrera, ni es acreedor
de los derechos derivados de tal condición (…). En
razón de lo aquí acordado, habiendo quedado plenamente demostrado que el supra
mencionado ciudadano no es funcionario público y dado que la Gerencia Regional INCE Carabobo ha manifestado su interés en prescindir de sus servicios SE
ACUERDA SU REMOCIÓN e inmediato RETIRO de la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción
el despacho al cual está adscrito (…)’. (Negrillas del original). En
consecuencia, esta Corte –reitera- que la Administración recurrida convalidó el vicio de incompetencia del cual adolecía el acto de
nombramiento del ciudadano Ramón Antonio Padrinos Malpica en el cargo de
Ingeniero I, no sólo mediante el acto administrativo a través del cual
seleccionó al recurrente a prestar servicio en la Gerencia Regional INCE Carabobo, sino a través de la ratificación expresa que le hizo en el
cargo de Jefe de la División de Servicios y Mantenimiento, mediante el acto
administrativo contendido en la Orden Administrativa que hoy se impugna tal como se evidenció ut supra. Así se declara. La
declaración que antecede conlleva a esta Corte a concluir que el fin que
perseguía la Administración con el acto Administrativo con la Orden Administrativa Número 2090-06-60 de fecha 14-06-2006 –hoy impugnada-, notificado
debidamente al recurrente en fecha 20 de junio de ese mismo año; es la remoción
y retiro del recurrente del cargo de Jefe de División de Servicios y
Mantenimiento la Administración, por considerarlo un cargo de confianza y por
ende de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se declara. En
consecuencia siendo que al recurrente no le violó su derecho al debido proceso,
toda vez que no existió tal declaratoria de nulidad del acto administrativo
mediante el cual se le nombró en el cargo de Ingeniero I, esta Corte desestima
su argumento. Así se declara. TERCERO: Este Órgano Jurisdiccional con base en la declaración que
antecede y siendo que el recurrente alegó que con el acto administrativo
impugnado se le desconoció su condición de funcionario público, considera
oportuno esta Corte entrar a analizar tal condición así como la naturaleza del
respecto cabe destacar que, el carácter de funcionario público que ostente una
desempeño de carácter permanente y en segundo lugar, los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, cuya condición dentro de la función pública varia
respecto de los funcionarios de carrera, por estar desprovistos de la garantía
de la estabilidad. (Vid. Sentencia Número 00249 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de marzo de 2009,
caso: Marcos Lozada Moreno). En razón de lo cual se desecha el argumento
ello así, considera pertinente este Órgano Jurisdiccional realizar las
siguientes disquisiciones sobre la naturaleza del cargo Jefe de División de
ese sentido, esta Corte, después de una revisión de las actas que conforman el
División de Servicios y Mantenimiento del Instituto Nacional de Cooperación
de División a su cargo de acuerdo a los lineamientos establecidos; 2. Evalúa la
física de los Centros de Formación; 3. Elabora proyectos de ingeniería y
arquitectura que requiera la Gerencia Regional, así como evaluar y supervisar los estudios y proyectos de obra de ingeniería delegados a terceros; 4.
Evalúa los estudios de factibilidad proyectos, presupuestos, análisis de
para la construcción de obras en las dependencias adscritas a la Gerencia Regional, de acuerdo con la programación de obras; 5. Analiza las alternativas
presentadas por las empresas contratistas para la ejecución de obras de acuerdo
a los costos y a su capacidad técnica; 6. Supervisa la Ejecución de los contratos de construcción y ampliación de obras de la Gerencia Regional, conjuntamente con Asesoría Legal, Contraloría Interna y Finanzas; 7.
Ejecuta y coordina las inspecciones en los Centros de Formación y las obras que
ejecutan por convenios; 8. Formular el presupuesto de la División a su cargo, controla su ejecución, a fin de asegurar recurso financieros y
administrativo y obrero fijo adscrito a la respectiva división, a través de
que la función principal del cargo de Jefe de División de Servicios y
inspección superior en trabajos realizados por otros, debe destacarse que
tal función involucra un alto nivel de responsabilidad, por cuanto tal como lo
ha señaló este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia Número 2007-1959 de
fecha 7 de noviembre de 2007 caso: Vivian Hernández Domínguez contra Concejo
una muy delicada misión, pues las constataciones, inspecciones o verificaciones
intervención de la Administración sobre la situación individual de un
particular, para, por ejemplo imponerle una conducta a través de una orden
los hechos que allí se recojan y, por tanto, pueden constituirse en fundamento
de la decisión administrativa que corresponda. Dentro
sentencia ut supra mencionada, señaló que fue la especial trascendencia que
tiene el ejercicio de actividades de inspección en el funcionamiento de la Administración Pública, precisamente, lo que llevó al Legislador, a disponer, en el artículo
21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que aquellos cargos que tengan como función principal la ejecución de este tipo de actividades, deben ser considerados
per se como cargos de confianza. En razón de lo cual precisó que ‘(…) No existe
para la Corte la menor duda de que todo cargo que tenga como función principal
mencionada norma legal, lo cual, se insiste, encuentra justificación en la
delicada y trascendente función que implica el hacer constar los hechos
posibilidad de erigir sus declaraciones en un medio de prueba válido en el
procedimiento administrativo’. Así
autos pronunció lo siguiente: ‘(…)
se observa que dentro de las funciones asignadas al cargo de Jefe de División
de Servicios y Mantenimiento del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE), se encuentra la de “[Analizar] las alternativas presentadas por las
empresas contratistas para la ejecución de obras de acuerdo a los costos y a su
capacidad técnica”; así como “[Supervisar] la ejecución de los contratos de
construcción y ampliación de obras de la Gerencia Regional INCE Cojedes”. Siendo ello así, y circunscritos al caso de autos, aprecia
este Órgano Jurisdiccional que en el caso bajo análisis las funciones
por los funcionarios de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción,
en razón del especial nivel de discreción que debe observar el funcionario en
el desempeño de las mismas. Así se declara’ (Vid, Sentencia Número 2008-1661 de
consiguiente, consonó (sic) con la doctrina expuesta, concluye esta Alzada, que
el cargo de de Jefe de División de Servicios y Mantenimiento del Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE) Carabobo, ostentado por el recurrente
era un cargo de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, –tal como fue esgrimido por esta Corte en la
sentencia ut supra citada- en razón del alto grado de responsabilidad que
involucra el ejerció de tales funciones. Así se declara. CUARTO: Dentro de este contexto, siendo que el recurrente ingresó en el
del 22 de julio de ese mismo año- considera oportuno esta Corte traer a
colación el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expresamente dispone lo siguiente: ‘Artículo
146: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y las
obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los
cargos de carrera serán por concurso público, fundamentado en los
principios de honestidad, idoneidad y eficacia. El ascenso estará sometido a
métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión
o retiro será de acuerdo con su desempeño’. (Resaltado de esta Corte). En
la norma señalada ut supra, se establece un principio general y rector de las
relaciones de empleo público, conforme al cual, los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, salvo los de libre nombramiento y remoción, los
contratados, los obreros al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley y el ingreso a la Administración sólo será mediante concurso público. De
esta manera, se impone que para el ingreso en cualquier Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, es necesario que la titularidad del
cargo haya sido obtenida llenando los requisitos establecidos en la Carta Magna; es decir mediante concurso público y de oposición, al respecto es oportuno
señalar lo siguiente: ‘(…) el orden constitucional vigente a partir del año
1999, propugna como exigencia fundamental para el ingreso a la función pública
la presentación y aprobación por parte del aspirante del correspondiente
concurso público de oposición, de allí que con la entrada en vigor del nuevo
orden constitucional, se ratificó la exigencia que preveía la derogada Ley de
Carrera Administrativa de que el ingreso a la función pública se encuentra
condicionado al cumplimiento ineludible de tal formalidad’. Por
consiguiente, y bajo la línea interpretativa asumida por esta Corte en diversos
fallos con respecto a este tema (Vid. entre otras: sentencia Nº 2006-01429 del
18 de mayo de 2006, recaída en el caso: Luisa Agripina Vizcaíno de Salazar), no
encuentra cabida la aplicación de las antiguas tesis que admitían la
posibilidad de incorporación a la carrera administrativa mediante el ‘ingreso
simulado a la Administración Pública’, esto es, quedó erradicada cualquier posibilidad de admitir el ingreso a la función pública de los llamados ‘funcionarios
de hecho’ o del personal contratado, por expresa prohibición constitucional. Dentro
de este contexto, concluye este Órgano Jurisdiccional que tanto en la derogada
Ley de Carrera Administrativa, como en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Estatuto de la Función Pública, se establece que sólo a través de la presentación y aprobación de concursos
públicos de oposición pueden los aspirantes a ingresar a la carrera
administrativa obtener su nombramiento conforme a derecho, de allí que la vía
de la contratación no podrá constituir en ningún caso un medio apto para la
incorporación a la función pública. (…)’ (sic). Vid. sentencia de esta Corte
Número 2006-2098, de fecha 29 de junio de 2006, Caso: Jonathan Enrique Hurtado
que el recurrente en el ejercicio del cargo Ingeniero I, no adquirió la
condición de funcionario de carrera, toda vez que para ello no cumplió con
el debido concurso público, único medio por el cual, conforme a lo establecido
en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podía adquirir la condición de funcionario de carrera;
condición para la cual está reservada el derecho a las gestiones reubicatorias
establecidas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así de declara. En
contenido en la Orden Administrativa Número 2090-06-60 de fecha 14 de junio de
2006, mediante la cual se removió y retiro al ciudadano Ramón Antonio Padrinos
Malpica, del cargo de Jefe de la División de Servicios y Mantenimientos de la Gerencia Regional del INCE Carabobo, por ser un cargo de libre nombramiento y
remoción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo
lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se
DECISIÓN Por las razones procedentes, esta Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta
Rebecca Acosta actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto
Capacitación Y Educación Socialista (Inces), contra la sentencia dictada por el
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de octubre de 2007, mediante la cual declaró CON LUGAR el
Ramón Antonio Padrinos Malpica, contra el aludido Instituto; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta,
del fondo del asunto con base en lo previsto en el artículo 209 del Código de
administrativo funcionarial interpuesto”.
Como punto previo al mérito de
conocer de la presente solicitud de revisión y al respecto observa, que
conforme lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia de “(…) revisar las
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.
Constitucional en sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo)
determinó los límites y alcance de la potestad de revisar sentencias, que le
carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por
cualquier juzgado o tribunal del país.
leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia. 3. Las
sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas
de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u
obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo
de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera
evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error
grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma
constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional
Ahora bien, la novísima Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.991
por error material el 1 de octubre de 2010, en la G.O Nº 39.522), recogió
el anterior criterio jurisprudencial, al disponer en el artículo 25, numerales
principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o
por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictada por las otras Salas que se subsuman en los
supuestos que señala en numeral anterior, así como la violación de principios
jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la
República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados
válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos
Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se hayan ejercido el
control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas,
que sean dictadas por las demás Sala del Tribunal Supremo de Justicia y demás
tribunales de la República”. En el
caso de autos, se solicitó la revisión de una
que son susceptibles de revisión constitucional, razón la cual asume su
competencia para conocer de dicha solicitud. Así se declara. IV
revisión efectuada y, al respecto, estima conveniente aclarar, tal como lo ha
otorgada en la Constitución, y ratificada en la novísima Ley Orgánica del
uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales, o
cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando
se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional de éste Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia, sin que pueda
sólo procede en los casos de sentencias definitivamente firmes, ya sea por el
agotamiento de los medios legales de impugnación, o por el perecimiento de los
lapsos que la ley establece para la interposición de los mismos.
el caso de autos, se solicitó la revisión de la sentencia dictada el 20 de mayo
Contencioso Administrativo, que declaró: i) con lugar la apelación
ejercida por la apoderada judicial del Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (INCE), hoy Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Educativa Socialista (INCES), contra
Civil y Contencioso Administrativo; ii) revocó el fallo apelado que a su vez
declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial
interpuesto por el ciudadano Ramón Antonio Padrino Malpica contra el referido
parte, el peticionario denunció la violación del derecho a la defensa, el
que decide su remoción y retiro desconoció su “…cualidad de FUNCIONARIO
PÚBLICO”, además de obviar que “LA DESIGNACIÓN PARA EL CARGO DE INGENIERO I, CON ASIGNACIÓN AL cargo Nº 28200
adscrito a la unidad de infraestructura de la Gerencia General Asociación Civil INCE (sic) Carabobo, la asignación de número conjuntamente
LIBRE REMOCIÓN (…)”.
revisión efectuada al fallo impugnado, la Sala observa que al
momento de analizar la naturaleza del cargo desempeñado por el hoy solicitante,
dicho fallo señaló lo siguiente:
siguientes disquisiciones sobre la naturaleza del cargo de Jefe de División
ese sentido, esta Corte, después de una revisión de las actas que
al cargo de Jefe de División de Servicios y Mantenimiento del Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE), se encuentra las de: 1. Organiza y
planifica las actividades de División a su cargo de acuerdo a los lineamientos
establecidos; 2. Evalúa la funcionalidad de las edificaciones e instalaciones
que conforman la planta física de los Centros de Formación; 3. Elabora
proyectos de ingeniería y arquitectura que requiera la Gerencia Regional, así como evaluar y supervisar los estudios y proyectos de obra de
ingeniería delegados a terceros; 4. Evalúa los estudios de factibilidad
proyectos, presupuestos, análisis de precios unitarios, cuadros de aumentos y
disminuciones, entre otros requeridos para la construcción de obras en las
dependencias adscritas a la Gerencia Regional, de acuerdo con la programación de obras; 5. Analiza las alternativas presentadas por las empresas
contratistas para la ejecución de obras de acuerdo a los costos y a su
capacidad técnica; 6. Supervisa la Ejecución de los contratos de construcción y ampliación de obras de la Gerencia Regional, conjuntamente con Asesoría Legal,
Contraloría Interna y Finanzas; 7. Ejecuta y coordina las inspecciones en los
Centros de Formación y las obras que ejecutan por convenios; 8. Formular el
presupuesto de la División a su cargo, controla su ejecución, a fin de asegurar
división, a través de formatos emitidos por la Gerencia General de Recursos Humanos. Funciones estas que no fueron desconocidas por el
de la decisión administrativa que corresponda. Dentro de esta perspectiva, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo
en la sentencia ut supra mencionada, señaló que fue la especial trascendencia
que tiene el ejercicio de actividades de inspección en el funcionamiento de la Administración Pública, precisamente, lo que llevó al Legislador, a disponer, en el artículo
de erigir sus declaraciones en un medio de prueba válido en el procedimiento
administrativo’. (…)
Por consiguiente, consonó (sic) con la doctrina expuesta, concluye esta Alzada,
que el cargo de de Jefe de División de Servicios y Mantenimiento del Instituto
involucra el ejerció de tales funciones. Así se declara” (Resaltado de
bien, de la decisión parcialmente trascrita se desprende que el fallo
cuestionado se limitó a señalar, sin mayor análisis de fondo,
que las funciones inherentes al cargo de Jefe de División de Servicios y
Mantenimiento del Instituto Nacional de Cooperativa Educativa (INCE), hoy
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Educativa Socialista (INCES), son
de las consideradas de confianza y por tanto de libre nombramiento y remoción,
obviando la regla constitucional contenida en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia de esta Sala, conforme
a la cual en los órganos de la Administración Pública prevalecen los cargos de carrera y sólo excepcionalmente existen
cargos de libre remoción.
del artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en la decisión núm. 1412 del 10 de julio de
Parilli Wilheim), señaló que: “En el
caso de autos, se denuncia que el tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras viola una de esas garantías, en
artículo 146 de la Constitución. Para la parte demandante, no es posible que
una norma legal establezca que todos los empleados de determinado órgano u ente
público sean de libre nombramiento y remoción, toda vez que ello implica
necesariamente la infracción de la regla constitucional conforme a la cual los
‘cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera’, si bien puede haber, por excepción, cargos que no lo sean.
conclusión. Como se expondrá a continuación, la Sala efectivamente concuerda en que la Constitución no permite que todos los cargos administrativos sean de libre
nombramiento y remoción, pues el Texto Fundamental parte de la idea contraria:
que sean de carrera, pero es del criterio de que el artículo impugnado no
contiene la exclusión que la parte accionante denuncia, sino que se trata de
una errada interpretación por parte de FOGADE, que ha llevado a aplicar
encabezamiento del artículo 146 de la Constitución, lo siguiente: ‘Los
cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas,
los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley’.
carrera es entonces la regla y la condición de libre nombramiento y remoción es
la excepción, resulta obvia la inconstitucionalidad de cualquier norma que
pretenda invertir tal situación. De hecho, los tribunales de lo contencioso
innumerables anulaciones de actos administrativos de remoción en distintos
permite exclusiones a ese régimen general de carrera administrativa, siempre
que se haga por estatutos que tengan rango legal. De por sí, toda la regulación
estatutaria –en sus diversos aspectos: ingreso, deberes, derechos, permanencia,
artículo 144 de la Carta Magna, según el cual:
‘La ley establecerá el
Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso,
traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y proveerán su incorporación a la seguridad social.
públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos’.
bien, aun siendo materia de la reserva legal, la Sala estima que es constitucionalmente válido que el legislador faculte a autoridades
hace el artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones
Financieras. No es necesario, pues, que los estatutos especiales estén
principio, sólo la ley puede contener normas sobre los funcionarios públicos,
pero el legislador es libre de entregar a la Administración (Ejecutivo o entes descentralizados) la competencia para dictar el estatuto
especial, sin que puedan incluirse en esa delegación, por supuesto, aspectos
que escapen de la deslegalización, tales como los de contenido sancionatorio
(sobre la delegación del poder para dictar estatutos funcionariales especiales,
la Sala ha fijado criterio en reciente fallo: Nº
2530/2006; caso: ‘Colisión entre la Ley del Estatuto de la Función Pública y el Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas’).
comparte la Sala, entonces, la afirmación de los terceros intervinientes en
esta causa, según la cual el hecho de que la Ley del Estatuto de la Función Pública no mencione a FOGADE entre los órganos excluidos de su aplicación,
resulta necesariamente en su inclusión. Es aceptable que otra ley –en este
caso, la Ley Especial sobre Instituciones Financieras, que regula los órganos
de control sobre ese sector- sea la que contenga la exclusión del estatuto
funcionarios, permita que la Administración fije las reglas aplicables a las personas a su servicio.
Para la Sala, sin embargo -tal como lo apuntó el Ministerio Público-, el problema planteado por la parte
actora no está realmente en la disposición impugnada, toda vez que en ella no
se establece que todos los funcionarios de FOGADE serán de libre nombramiento y
remoción, sino que se remite a un estatuto especial que corresponde dictar a la Junta Directiva de ese Fondo, por delegación contenida en el artículo 293, número 5 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. A falta de tal estatuto, no es
posible precisar cuáles son los cargos verdaderamente calificables, en razón de
su naturaleza, como de libre nombramiento y remoción.
ahora lo que ha ocurrido es que FOGADE, a través de su Presidente, ha concedido
al tercer aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras un alcance distinto al que se desprende de su letra,
pretendiendo encontrar en él una exclusión general de la carrera administrativa
para todos los funcionarios de ese Fondo, cuando la determinación acerca de la
naturaleza de los diversos cargos en dicho Instituto Autónomo debe estar contenida
en el estatuto especial correspondiente, estatuto que, además, nunca podría
contener una negación absoluta de la carrera administrativa.
observa, en sentido similar a lo advertido por el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, no es el artículo impugnado el que viola la Constitución, sino la interpretación y aplicación que ha hecho FOGADE. De hecho, esta Sala
está en conocimiento de las numerosas demandas de nulidad intentadas contra
FOGADE, a causa de actos de remoción de funcionarios, y del criterio de los
desconoce la Sala que la Administración Pública venezolana incurre en el frecuente error de pretender limitar de manera excesiva la carrera administrativa, a través de la
ampliación indebida de la condición de libre nombramiento y remoción. En franco
atentado contra el espíritu constitucional, los órganos y entes
necesidad de que sus funcionarios no estén amparados por la estabilidad que
general, la especialidad de las tareas, pero sobre todo un supuesto carácter
confidencial de la información, llevan a una conclusión carente de fundamento:
removidos libremente de sus cargos. Se trata, sin embargo, de una afirmación
inconstitucional y, además, desproporcionada. En
efecto, esa idea no sólo vulnera el espíritu del Constituyente, negando la
carrera a un número elevado de personas, sino que parte de un falso supuesto,
cual es el hecho de que el acceso de información o la realización de ciertas
tareas debe conducir necesariamente a la negación de la carrera administrativa,
estar guiado por el principio básico según el cual prevalece la carrera y sólo
excepcionalmente existen cargos de libre remoción. En la clasificación
tradicional venezolana, la libre remoción se da en dos casos: cuando la persona
Ahora bien, tanto una como otra situación deben ser tratadas con sumo rigor,
con base siempre en una interpretación restrictiva, que impida, sobre todo, que
parcialmente trascrita, se advierte que la calificación de un cargo como de
confianza, no depende de la denominación del cargo en sí, sino de
la constatación que las funciones inherentes a dicho cargo se
En este sentido, destaca la Sala que el documento por excelencia para demostrar cuáles son las funciones desempeñadas por
el funcionario y si éstas encuadran en las señaladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública como de alto grado de confianza, es el Registro de
Información del Cargo (R.I.C), toda vez, que dicho documento especifica todas las
tareas que el funcionario realiza así como el orden de preponderancia en que
las efectúa.
contexto, se observa que la decisión impugnada se limitó a señalar que “de
funciones asignadas al cargo de Jefe de División de Servicios y Mantenimiento
del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), se encuentran…” sin
señalar a través de cuál documento -de los que cursan en autos- se constató lo
afirmado. La sola denominación del cargo, en el presente caso, no debería
servir para dar por demostrado cuáles eran las funciones que el solicitante en
revisión desempeñaba, por asemejarse a cualquier cargo de Jefe de División,
actividades se constataban efectivamente, todo ello en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, contenido en el
artículo 89 Constitucional. Efectivamente,
limitó a reseñar, en una suerte de “motivación acogida”, distintas
decisiones que establecen la calificación de los cargos de carrera y libre
nombramiento y remoción, para luego declarar que el cargo del querellante es de
tal carácter conforme se deriva, supuestamente, “…de las actas que conforman
el expediente…” pese a que no especificó cuáles eran esa actas o si tal
información proviene del Registro de Información de Cargos-. Con tal proceder,
la sentencia cuya revisión se solicita, dictada la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, incurrió en el vicio de incongruencia
omisiva, pues no resolvió, de manera exhaustiva y con los elementos probatorios
pretensión, afectando el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva
del ciudadano Ramón José Padrinos Malpica.
En tal sentido, esta Sala Constitucional en decisión núm.
429/2009 (Caso: “Mireya Cortel y otro”), estableció lo
el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones,
concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar
una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela
judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que
suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la
controversia (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de
decisión cuestionada obvió los criterios de interpretación de
las normas y principios constitucionales que asentó esta Sala Constitucional y
de revisión de la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, el 20 de mayo de 2009; la
razonamientos sostenidos en el presente fallo. Así se
Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: HA LUGAR la revisión solicitada
por el ciudadano RAMÓN JOSÉ PADRINOS MALPICA, asistido por la abogada
ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remitir
copia de la presente decisión a la Corte Primera Contencioso Administrativo a los fines que dicte nuevo pronunciamiento considerando
lo cual deberá requerir el expediente original a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. Publíquese, regístrese. Remítase copia de
la presente decisión a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de
a los 23 días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.