Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=660511
Timestamp: 2019-05-19 21:11:33
Document Index: 185072276

Matched Legal Cases: ['artículo 158', 'artículo 42', 'artículo 80', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 50', 'artículo 86', 'artículo 70', 'artículo 76', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 6']

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SER HUMANO, SU GENOMA, Y PROHIBICIÓN DE CLONACIÓN HUMANA
PETICIÓN DE OFICIO : Juan Hamilton Depassier
PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO UNIVERSITARIO. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
INDEFINICIÓN PERJUDICIAL PARA ACUICULTURA. OFICIOS
CONVENIO CONTRARIO A ORDEN CONSTITUCIONAL. OFICIO
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. OFICIOS
RECHAZO A ELIMINACIÓN DE CONTROL SANITARIO A COSMÉTICOS IMPORTADOS. OFICIOS
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR DE COMUNA DE LA REINA. OFICIOS
PROBLEMA DE TRANSPORTE EN LAGO GENERAL CARRERA. OFICIO
Sesión 13ª, en martes 1º de agosto de 2000
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE.
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe la clonación humana (1993-11) (queda pendiente su discusión general)
Ampliación de crédito universitario. Oficios (observaciones del señor Fernández)
Indefinición perjudicial para acuicultura. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Convenio contrario a orden institucional. Oficio (observaciones del señor Bombal)
Prevención del consumo de drogas. Oficios (observaciones del señor Bombal)
Rechazo a eliminación de control sanitario a cosméticos importados. Oficios (observaciones del señor Bombal)
Construcción de colector de aguas lluvias en sector de comuna de La Reina. Oficios (observaciones del señor Bombal)
Problema de transporte en lago General Carrera. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Concurrieron, además, la señora Ministra de Salud y las señoras Asesoras del Ministerio de Salud.
--Se abrió la sesión a las 16:19 en presencia de 20 señores Senadores.
Se da por aprobada el acta de la sesión 5ª, ordinaria, en su parte pública, en 20 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 5ª, ordinaria, en su parte secreta, y 6ª, ordinaria, en 20 y 21 de junio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Con el primero, formula observaciones al proyecto de ley que modifica el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, excluyendo a las zonas marítimas del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. (Boletín Nº 1.625-03)
--Pasa a las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas.
Con los dos restantes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir. (Boletín Nº 2.504-15), y
2) El que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior. (Boletín Nº 2.456-05).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla, Segunda Región. (Boletín Nº 2.463-03).
Quiero referirme a este punto.
Señor Senador, una vez terminada la Cuenta le daré la palabra.
También han llegado tres oficios del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero, comunica que ha admitido a tramitación el requerimiento formulado en contra del Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de dicho Tribunal.
Con los dos restantes, informa que tiene por contestado el requerimiento por parte de Su Excelencia el Presidente de la República , respecto del Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, comunicando que se ha acordado prorrogar, por otros diez días, el plazo de resolución del mencionado requerimiento.
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a las negociaciones pendientes de transporte aéreo con Argentina.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, referido a la pesca de la albacora.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la conveniencia de trasladar las Gobernaciones Provinciales y las dependencias de la Subsecretaría de Pesca.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, referido a la crisis que sufre la industria pesquera en la Octava Región.
Tres del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la práctica de importar productos extranjeros para luego exportarlos como productos chilenos.
Con los dos restantes, responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a los requerimientos de la pesca artesanal y a la crisis de la misma en la Undécima Región.
Tres de la señora Ministra de Educación:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la localidad de Alto Hospicio.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido al proyecto de ampliación de la escuela que indica.
Con el último, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las bandas escolares.
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, referido a la necesidad de aumentar el número de asistentes sociales en el Juzgado de Letras de Menores de El Loa.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a algunos hechos delictuales asociados al tráfico de drogas.
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a diversas obras públicas en la zona austral y a la labor del Cuerpo Militar del Trabajo.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la señalización caminera del país.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a las necesidades de infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento en la localidad de Alto Hospicio.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la importación de leche.
Del señor Ministro de Minería , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a las interpretaciones contradictorias del régimen jurídico de la minería por parte de algunos organismos del Estado.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, concerniente a la instalación de una antena de telefonía celular en el recinto del Cuerpo de Bomberos de Doñihue y Lo Miranda.
Del señor Contralor General de la República , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a la asignación de recursos al proyecto de autoconstrucción habitacional en la localidad de Alto Hospicio.
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, relativo a la pesca de la albacora.
Con el segundo, responde un oficio enviado también en nombre del Senador señor Martínez, referido a la conveniencia de realizar el trazado de la línea de base recta respecto de todas las bahías de la costa de Chile.
Del señor Director General de Deportes y Recreación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la posibilidad de entregar en comodato, a las juntas vecinales que indica, los recintos necesarios para la realización de diversas actividades deportivas.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación de los vertederos en la Undécima Región.
Del señor Presidente del Sistema Administrador de Empresas de la CORFO, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Parra, relativo a la privatización de ESSBIO.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a las interpretaciones contradictorias del régimen jurídico de la minería por parte de algunos organismos del Estado.
Del señor Director Nacional de Vialidad, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, relativo al estado de avance de las obras del camino Nacimiento-Curanilahue.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al aeropuerto de Balmaceda.
Del señor Intendente de la Región Metropolitana , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, relativo al Proyecto Tango.
Dos del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A.:
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido al tratamiento de aguas servidas en la localidad de Alto Hospicio.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la situación que afecta a la Junta Vecinal Nº 9, Nueva Victoria, en Iquique.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Primera Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a la situación planteada por los pobladores del conjunto habitacional Parinacota de Arica.
Del señor Jefe de Gabinete de la Intendencia de la Undécima Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la desaparición de la persona que señala.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, referido a eventual cierre de la comisaría y retenes que indica.
Del Senador señor Bitar, con la que reitera su solicitud de desarchivar el proyecto de reforma constitucional que contempla la consulta popular, con el carácter de vinculante, en aquellas decisiones políticas o económicas de especial trascendencia para el país. (Boletín Nº 1.669-07).
Del señor Presidente del Banco Central , con la que propone el miércoles 13 de septiembre del presente año como fecha para que el Consejo de dicha institución presente al Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, así como el informe para el año calendario siguiente, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
--Se accede a lo solicitado, y se acuerda citar a sesión especial para esa fecha, de 10:30 a 13:30.
Del señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el que remite información financiera acerca de los Fondos de Pensiones.
--Se toma conocimiento, y pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores y dos de la de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional:
1) El que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá para evitar la doble tributación por los ingresos que perciban las empresas aéreas de navegación de Chile y Panamá que operen en ambos países. (Boletín Nº 2.255-10), y
2) El que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá y su Anexo. (Boletín Nº 2.272-10).
Once de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Exención de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales entre la República de Chile y el Reino Hachemita de Jordania, suscrito en Amman, el 18 de junio de 1997. (Boletín Nº 2.527-10);
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Honduras, referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, suscrito en Santiago, el 1º de julio de 1999. (Boletín Nº 2.528-10);
3) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales o de Servicio, suscrito en Kiev, el 26 de marzo de 1997. (Boletín Nº 2.529-10);
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Lituania referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, suscrito en Santiago, el 19 de mayo de 1999. (Boletín Nº 2.530-10);
5) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Albania para la supresión de Visado en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, suscrito en Santiago, el 18 de diciembre de 1996. (Boletín Nº 2.531-10);
6) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para regular el ejercicio de las actividades remuneradas de los cónyuges de los funcionarios de dicho organismo internacional, suscrito en Santiago, el 12 de marzo de 1999. (Boletín Nº 2.493-10);
7) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Dinamarca que autoriza el Trabajo Remunerado de Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Consulares en ambos países. (Boletín Nº 2.538-10);
8) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, autorizando a los familiares dependientes de los empleados del Estado de origen destinados en misión oficial al Estado receptor como miembros de una Misión Diplomática o Representación Consular o como miembros de una Misión ante un organismo internacional, para desempeñar un trabajo remunerado en el Estado receptor. (Boletín Nº 2.539-10);
9) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Paraguay sobre el Ejercicio de Actividades Remuneradas por parte de Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico, suscrito en Santiago, el 24 de abril de 1997. (Boletín Nº 2.540-10);
10) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por el que se autoriza a los Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Consulares de ambos países, para desempeñar Actividades Remuneradas en el Estado receptor, beneficio que se extiende, igualmente, a los Familiares Dependientes de Nacionales Chilenos o Rumanos Acreditados ante organizaciones internacionales con sede en cualquiera de los dos países. (Boletín Nº 2.541-10), y
11) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia sobre Trabajo Remunerado de los Familiares Dependientes del Personal de las Misiones Diplomáticas y Consulares, suscrito en Wellington, Nueva Zelandia, el 14 de octubre de 1996. (Boletín Nº 2.542-10).
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los consejeros establecida en la citada norma. (Boletín Nº 2.038-05).
Del señor Jorge Hugo Muza Moreno, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 512-04).
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
Señor Presidente , quien calla a lo mejor se salva. Así que no intervendré, pues ya me he puesto de acuerdo con el señor Presidente de la Comisión de Economía .
Señor Presidente , la Cuenta contiene una comunicación del Senador señor Bitar con la que reitera su solicitud, ya rechazada en sesión anterior, de desarchivar un proyecto de reforma constitucional que contempla la consulta popular. Además, el Honorable señor Bitar es coautor de una de las reformas constitucionales que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento está analizando, en las cuales se propone -o, por lo menos, en una de ellas- esa misma materia. Entonces, ahí se tendrá la oportunidad de hacer valer las disposiciones que propicia el señor Senador en la iniciativa que ahora sugiere desarchivar.
Hago presente a Su Señoría que no puedo negar el derecho de un señor Senador a solicitar el desarchivo de una moción de la cual es autor. Normalmente, en estos casos se accede a lo solicitado.
Señor Presidente , en cuanto al primer punto de la Cuenta, relativo a las observaciones del Ejecutivo al proyecto que modifica la ley General de Pesca y Acuicultura, solicito que, además de remitirlo a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, pase también a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, dado sus evidentes connotaciones tocantes a parques nacionales, reservas y áreas exclusivas.
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Naciones, debo señalar que la modificación planteada en el veto del Ejecutivo es muy sencilla y no produce mayor efecto en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. Entre las razones que se señalan está la de que, de infringirse alguna disposición de la Convención de Washington, bastaría que la autoridad competente no diera la autorización correspondiente. Y para un pronto despacho de este proyecto, que ya pasó por todos los trámites legislativos en el Congreso, me permito sugerir que la observación del Ejecutivo sea vista por las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, de modo que el proyecto, originado en una moción que presenté, se convierta en ley dentro del período ordinario de sesiones.
¿El Senador señor Moreno retiraría su proposición?
No, señor Presidente ; pero no tengo inconveniente en acoger una parte de la propuesta del Honorable señor Horvath. Mi interés es que el veto sea visto también por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Si es en Comisiones unidas, me allano; de no ser ello posible, mantengo mi proposición.
Tendría que someterlo a votación.
El señor MARTÍNEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿Sobre el mismo tema?
Sí, señor Presidente . En mi calidad de titular de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y para facilitar la resolución del tema, estoy de acuerdo en que el asunto se trate en Comisiones unidas, si así lo dispone Su Señoría, conforme al Reglamento.
¿Habría acuerdo para que este veto sea tratado por las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas?
Señor Presidente , también deseo dejar constancia de algo relacionado con un asunto que figura en la Cuenta y que me llama la atención.
En su oportunidad, el Senador que habla solicitó, por medio de un oficio, que el Ministerio de Defensa Nacional procediera al trazado de la línea de base recta en bahías, golfos y puertos desde Chacao hasta la frontera con el Perú.
Se me ha contestado que, no obstante estar de acuerdo con la necesidad expuesta, "lamenta comunicar que debido a su alto costo, no es factible de realizar por ahora.".
Se trata exclusivamente de tomar la carta del Instituto Hidrográfico, dibujar una paralela, trazar las líneas por latitud y longitud, y publicarlas. Creo que en esto hay un error de información.
Si Su Señoría solicita que se envíe un nuevo oficio reiterando su petición, no tengo inconveniente en acceder a ello, dando los argumentos que señaló; pero no podría obligar al señor Subsecretario de Marina a disponer los recursos para efectuar esos trabajos.
Entonces, solicito que se reitere mi petición, pues creo que el señor Subsecretario de Marina está mal asesorado.
No hay ningún problema, y se enviará un nuevo oficio reiterando la petición de Su Señoría.
El señor LAGOS (Secretario).-
En sesión de hoy, los Comités acordaron lo siguiente:
Primero, ante la solicitud de la señora Ministra de Relaciones Exteriores de postergar para la próxima semana el tratamiento del asunto que figura con el Nº 3 en la tabla, en razón de encontrarse fuera del país ¿es el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre integración y complementación minera y sus Anexos I y II, su Protocolo complementario y el Acuerdo que corrige dicho Protocolo, informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Minería y Energía, unidas-, se decidió tratarlo en las sesiones ordinarias de los días martes 8 y miércoles 9 del presente mes, suprimiéndose la hora de Incidentes de la sesión del martes, sin perjuicio de citar a sesiones especiales para dicho efecto, si fuere necesario.
Segundo, los Comités acordaron prorrogar hasta mañana, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto que crea la Defensoría Penal Pública.
Se toma nota de los acuerdos dados a conocer.
La señora Ministra de Salud ha solicitado autorización para que ingresen a la Sala la doctora Marie-Charlotte Bouësseau y la asesora legal señora Danae Fings.
-Se accede.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Ruiz-Esquide, Hamilton, Páez y Zaldívar, don Andrés, y del ex Senador señor Díaz, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe la clonación humana, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1993-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Ruiz-Esquide, Díaz, Hamilton, Páez y Zaldívar, don Andrés).
En primer trámite, sesión 32ª, en 12 de marzo de 1997.
Salud, sesión 10ª, en 12 de julio de 2000.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La Comisión deja constancia en su informe de que el artículo 17 requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación, esto es, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Los objetivos principales de la iniciativa son: fijar un marco jurídico para la investigación científica y genética en seres humanos, sobre la terapia génica y el genoma humano; prohibir la clonación de seres humanos, y crear una Comisión Nacional de Bioética.
De los antecedentes y razones expuestos en el informe se concluye que la Comisión, por unanimidad, aprobó en general la iniciativa y propone a la Sala adoptar igual predicamento.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable señor Bombal.
Señor Presidente , con su venia, previamente hará uso de ella el Senador señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente, primero que todo, deseo agradecer al Honorable señor Bombal el permitir que el Senador que habla intervenga en primer lugar, considerando mi autoría de la iniciativa, junto con el señor Presidente del Senado, los Honorables señores Hamilton y Páez , y el ex Senador señor Nicolás Díaz.
Este proyecto lleva bastante tiempo en tramitación y contiene cuatro ideas centrales: legislar sobre la investigación en seres humanos; señalar claramente nuestro rechazo a la clonación humana; generar condiciones acerca de los resguardos respecto de la terapia génica e investigación genética en lo relacionado con el genoma humano, y, por último, proponer la creación de una Comisión Nacional de Bioética, dejando pendiente para ulterior debate lo referente a las sanciones cuando se transgreden las normas fijadas en el articulado.
Deseo poner de relieve que éste es un tema extraordinariamente serio, profundo, difícil y complicado, y de una apertura hacia el futuro que nosotros mismos no somos capaces de precisar. De repente, el debate se centra en si se debe o no permitir el trabajo en el genoma humano, si la libertad para investigar en este tipo de materias debe ser sin límites, o hasta dónde podemos poner condiciones para que, en definitiva, se controle y limite ese derecho.
La Comisión tuvo en cuenta varios criterios. Primero, que éste es un primer informe y que, de acuerdo con la reglamentación que nos rige, el proyecto debe volver a Comisión para segundo informe, donde se continuará requiriendo un cúmulo de información que obligadamente se recibirá, oportunidad en que los señores Senadores -lo digo con todo aprecio- podrán entregar el máximo de opiniones. Porque en este tema tan abierto nadie tiene la verdad absoluta, y lo que hoy se está generando mañana puede transformarse en algo que no condice con los adelantos científicos.
Un segundo criterio que tuvimos presente es que en el segundo informe vamos a precisar las sanciones, que no se encuentran contenidas en éste.
Y tercero, en mi condición de autor de la moción -junto con el señor Presidente y otros señores Senadores- recojo honestamente la disposición con que los integrantes de la Comisión, en especial su Presidente y el Senador señor Viera-Gallo , han entendido la necesidad de perfeccionar esta iniciativa.
Asimismo, quiero dejar de manifiesto la calidad del trabajo realizado por el Secretario de la Comisión.
En lo referente a las disposiciones mismas, yo diría que lo primero que busca el informe es mantener el pleno respaldo de la sociedad civil, del Estado y de las instituciones de Gobierno en materia de investigación científica en seres humanos, sin otras restricciones que no sean la seguridad física y psíquica de las personas y los principios de la denominada Bioética. Éstos son básicamente cuatro:
El concepto de autonomía, en cuanto a que la persona debe saber a qué será sometida y dar su consentimiento. El de la beneficencia, en orden a que sólo se puede hacer aquello que es bueno para los seres humanos. El concepto de no maleficencia, en el sentido de que en materia de ciencia y de investigación científica nadie debe considerarse libre para hacer cualquier cosa si ello puede resultar inconveniente para los seres humanos. Y el concepto de la justicia en la aplicación de la ciencia y de la investigación, de donde se deduce que cada una de las personas sometidas a aquélla debe participar de sus ventajas.
Otro punto central en materia de investigación es que ninguna persona puede ser discriminada sobre la base de su patrimonio genético u otra condición. Por lo tanto, como se consigna en las Disposiciones Generales del proyecto, "Sólo podrán realizarse estudios e indagaciones para determinar la identidad genética de una persona con su consentimiento, o por orden de tribunal competente en causa en que tal hecho sea relevante." O sea, por un lado se establece la necesidad de investigar, de avanzar y, por otro, los derechos de las personas sometidas a la investigación.
La gran angustia que siempre ha existido cuando se analiza un tema tan abierto como éste, sobre todo en lo concerniente al genoma humano, radica en saber si podemos avanzar sin límites en la investigación, o si debemos precavernos de exageraciones y mal uso.
Sin perjuicio de las diferencias producidas en la Comisión y de poder avanzar más en esta materia, el criterio central que siempre se ha seguido en la investigación científica es el aristotélico: el abuso no puede limitar el uso. Es decir, no podemos impedir la investigación científica por creer que ella será usada en forma indiscriminada y maleficente, no obstante colocarse los necesarios controles, admoniciones y resguardos.
Por otra parte, señor Presidente , el proyecto trata simultáneamente tres o cuatro materias. Aun cuando algunas personas han sostenido que pudieron haberse presentado en iniciativas separadas, quisimos mantener su unidad porque se relacionan en un punto. Es el criterio de que el genoma humano -que será el máximum de la investigación en el futuro- es patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, su composición genética no puede ser alterada sino en virtud de sus beneficios en materia de salud y bienestar de las personas. No pertenece a nadie, es de toda la comunidad y no puede ser utilizado sólo con fines lucrativos.
Así lo han demostrado hasta la fecha las actitudes al respecto del Presidente estadounidense Bill Clinton y del Primer Ministro británico Tony Blair. En efecto, como consecuencia de que el genoma humano surge de dos vertientes: una universal -producto del esfuerzo impulsado por el Departamento de Energía de Estados Unidos- y otra privada, se llega a la denominada conclusión final del trabajo en la materia, donde en definitiva se definen los criterios básicos ya señalados: el genoma es patrimonio de la humanidad; no puede ser modificado sino en virtud de las ventajas en cuanto a la salud o a las necesidades de mejoramiento de la raza humana. Lo precedente, sin que ello signifique que en un instante determinado se llegue a alterar la condición de la raza humana con el objeto de crear otro tipo de actitudes. Y, por último, debe pertenecer a todos y nadie puede hacer de esto algo lucrativo que sólo favorezca a algunos.
La iniciativa también se refiere a los derechos de las personas sujetas a investigación, los que se encuentran claramente especificados en distintos artículos.
Hay otros aspectos que abarca el proyecto. Uno de ellos -tan importante como los anteriores- es el relativo a la clonación, el que fue definido en forma clara desde un punto de vista recogido universalmente, considerando las opiniones de todas las personas que participaron durante el debate de la iniciativa en la Comisión. Allí se estipuló que la clonación de seres humanos se halla absolutamente prohibida, por ser contraria a las normas éticas. Es decir, el proyecto se pronuncia en contra de la clonación de seres humanos en virtud del derecho a la identidad y privacidad y, fundamentalmente, a la condición específica de cada ser humano.
Queda abierto un asunto, que será dilucidado en el futuro, acerca de las ventajas o desventajas que podría tener la clonación -para ser muy preciso- en los seres humanos, por ejemplo, en el sentido de que en cierto momento se podrían clonar determinadas células con el objeto de evitar en los trasplantes las dificultades que hoy se presentan.
Estamos conscientes de que las materias planteadas en el proyecto -así como las que surgirán en el futuro- son de extrema gravedad en términos de lo que con él se pueda realizar. Y al respecto deseo recabar del Senado la seguridad de que en el segundo informe podremos profundizar algunos asuntos que a nuestro juicio son bastante importantes, razón por la cual todavía no se encuentran incorporados en el presente informe, porque nos pareció que éste debía tener un carácter preliminar, si bien estimamos que contiene los criterios básicos sobre el tema.
Uno de aquéllos -ya lo indiqué- es el relativo a las sanciones que deben aplicarse; otro, se refiere...
Al problema de las clonaciones.
No. El problema no es que existan o no clonaciones, porque de hecho ya se han realizado, señor Senador.
Tenemos información suficiente, emanada de los informes de la UNESCO y de organizaciones de salud, en cuanto a que en el mundo ya existen seres clonados. Se sabe que en el este asiático hay a lo menos dos o tres casos, que en Europa se ha avanzado en esta materia, y es muy probable que también se hayan producido clonaciones.
El problema que se nos presenta es cómo limitar o corregir esa práctica, cómo se logra que la ciencia que se abre paso en el ámbito de que se trata no quede entregada a la locura humana, como ha ocurrido en muchas otras áreas del conocimiento. Hoy, el gran debate en las sociedades científicas y, sobre todo, entre las personas que trabajan en bioética dice relación a que en el campo que nos ocupa no suceda algo similar a lo acontecido con la energía atómica, respecto de la cual da la sensación de que, en lugar de todo el bien que se pudo obtener de ella, terminó generándose una de las peores dificultades que enfrenta la humanidad.
El cuarto punto resuelto se refiere a que de alguna manera se cuente con un respaldo ético. Y la fórmula propuesta consiste en la creación de una Comisión Nacional de Bioética, que exhibe dos características. La primera de ellas es su amplitud, pues se apunta a que incluya a personas dedicadas al tema, que, al mismo tiempo, no tengan sectarismo de ninguna forma.
Ese organismo se puede ceñir a distintos modos de constituirse. La legislación comparada es sumamente variada al respecto. Hemos buscado la que nos pareció más adecuada a la realidad chilena, sin sostener que sea la mejor. Estimamos que deben integrarlo un académico especializado en bioética designado por los Decanos de las Facultades de Medicina y otro designado por los Decanos de las Facultades de Derecho, un académico especializado en ética designado por las Facultades de Filosofía, el Presidente de la Comisión de Ética del Colegio Médico y tres representantes de las corporaciones científicas relacionadas directamente con la bioética, uno de los cuales, al menos -y es la novedad en el planteamiento expuesto-, debe ser mujer.
En seguida, la institucionalidad respectiva debe ser nacional, en la que se definirán los marcos generales, y con organizaciones regionales, donde deberán presentarse los trabajos sobre la cuestión en análisis, para los efectos de que se dé el pase respectivo, con consulta a la Comisión Nacional de Bioética. Lo anterior no significará, en razón de la decisión que se tome, discriminar acerca de qué se estudia en Chile, sino más bien que ello se enmarque en las nociones generales de bioética sugeridas, conforme al artículo 24. Esa norma dispone que la Comisión fijará los criterios necesarios para armonizar la libertad de investigación científica con el debido respeto a los derechos y libertades garantizados en la Constitución Política de la República.
Termino señalando una vez más que el asunto resulta muy amplio, que dice relación a uno de los temas más graves, relevantes y profundos que la ciencia y la investigación enfrentarán en el futuro. Hemos intentado hacer un esfuerzo para garantizar los principios que expresé al comienzo, adecuarlos a la realidad nacional y generar un espacio abierto de discusión.
El primer informe se halla en poder de mis Honorables colegas, con el objeto de que después, en el segundo, sean recogidas especialmente sus opiniones, al igual que las de algunas otras personas que todavía no las han entregado, a pesar de la gran cantidad de científicos, médicos, abogados y bioeticistas recibidos en la Comisión.
Reitero mi agradecimiento a ese organismo técnico por el ánimo con que estudió el proyecto.
Quedamos a la espera de las preguntas que se deseen formular.
Tiene la palabra la señora Ministra de Salud.
La señora BACHELET (Ministra de Salud).-
Señor Presidente, primero que todo, quiero manifestar un reconocimiento, dado que la moción en análisis, que lleva ya algunos años en discusión, ha demostrado la capacidad de captar una cuestión muy trascendente, de una manera avanzada. Hoy, luego de las informaciones sobre el proyecto del genoma humano, a todo el mundo le queda claro el punto. No cabe duda de que aquí, en su momento, se le dio la importancia debida, contando con nuestro posterior patrocinio.
También deseo consignar que estamos legislando en instantes en que se avanza en hallazgos científicos y no después. Y el nuestro es uno de los países que se hallan a la cabeza en ese sentido.
Para el Ministerio de Salud, la iniciativa en debate responde a necesidades de gran relevancia: por un lado, la regulación de la investigación en seres humanos, incluidos aspectos delicados como los que derivan de la que recae en el genoma; por el otro, a cómo operacionalizamos esto a través de una Comisión Nacional de Bioética y, asimismo, la prohibición de la clonación inducida en personas con fines reproductivos.
En relación con lo primero, el texto permite establecer, a nuestro juicio, un marco conforme a los derechos fundamentales del individuo, incluso en el caso del genoma. En ese sentido, además, es posible cumplir con compromisos internacionales firmados por Chile, en particular con la Declaración Universal de la UNESCO sobre Genoma Humano y Derechos Humanos, firmada en 1997.
La investigación debe encontrarse al servicio de la dignidad de las personas. De hecho, es vital para un país como el nuestro disponer de equipos de investigación que contribuyan activamente al progreso científico y, sobre todo, al de la Medicina, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida. La investigación científica, por lo tanto, no constituye un mal necesario, sino un bien, siempre que sea regulada sobre la base de dos principios fundamentales: el respeto de la dignidad de las personas, a las cuales asiste el derecho a recibir información y ejercer su autonomía, participando de los procesos de toma de decisión, por una parte; y, por la otra, que sea pertinente desde el punto de vista científico y, en especial, adecuada a las prioridades nacionales en salud.
El país requiere de una regulación ética en la investigación en seres humanos y de instancias que velen por el cumplimiento de los preceptos respectivos. Hoy día lo que tenemos son instancias llamadas Comités Institucionales de Ética, existentes en hospitales y universidades, públicos y privados, desde hace varios años y cuya función es garantizar los derechos de los enfermos. Para el Ministerio de Salud es urgente establecer un marco legal que permita regular esas actividades y fortalecer dichas instancias.
En 1994, una norma de esa Secretaría de Estado destacó la necesidad de crear tales entidades en los hospitales tipos 1 y 2 del sector público, pero el diagnóstico de situación realizado en 1999 reveló la urgencia de un reforzamiento de tales instancias.
La ley, por su parte, debe exigir que todos los proyectos de investigación en seres humanos sean evaluados por un comité de ética formado por personas competentes en la materia.
A su vez, los comités deben asegurarse de que el proceso de consentimiento libre e informado de los pacientes involucrados en protocolos de investigación se ajuste a las normas vigentes a nivel internacional. Hago notar que no parece conveniente involucrar en ello a los directores de hospital, dado que esas disposiciones recomiendan que los documentos de consentimiento se encuentren firmados por el investigador principal responsable de los estudios respectivos. Éstos, además, deben contar con seguros que cubran los gastos e indemnizaciones relacionados con eventuales efectos nefastos.
La preceptiva legal debe poner énfasis en la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de las actividades de vigilancia epidemiológica y de protección de la salud pública, que se desarrollan siempre bajo el secreto profesional.
La investigación sobre el genoma humano no debe tener otros fines que la salud y el progreso de los conocimientos en genética, antropología y evolución humana. Y se encuentra limitada, como cualquier otra, por el respeto a la dignidad del individuo y a sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución.
Nos parece que la creación de una Comisión Nacional de Bioética puede ser un aporte decisivo para promover los derechos de las personas.
Por supuesto, es complejo imaginar una sola comisión nacional evaluando todos los protocolos de investigación que se realicen cada año en el país. Sin embargo, la primera función de ella debe ser la formulación de normas de referencia para todas las instancias de la ética a lo largo de Chile. Asimismo, debe tener como objetivo establecer pautas sobre diferentes temas relevantes de la bioética y asesorar en ese campo al Presidente de la República y a otros órganos del Estado.
Para garantizar el pluralismo, la consideración de una variedad de disciplinas y la excelencia de esa comisión, sus miembros deberán contar con experiencia en bioética.
Por último, concordamos plenamente con la necesidad de prohibir la clonación inducida de seres humanos. La justificación de esta prohibición de clonación humana reproductiva se basa en lo siguiente: primero, atenta contra la libertad del sujeto, por la posibilidad de determinación de un individuo por una tercera persona (lo que lo distingue de una recombinación genética aleatoria, que es el proceso natural); y segundo, atenta contra la identidad del sujeto y abre la posibilidad de instrumentalización del ser humano, lo cual, a nuestro entender, sería también una amenaza para la dignidad de las personas.
Como se trata de un tema extraordinariamente delicado y muy de punta -por lo tanto, nos exige a todos combinar prudencia con audacia-, creo que tenemos la obligación de legislar al respecto.
Señor Presidente , deseo destacar que en el informe dado a conocer por uno de los autores del proyecto se consigna de manera bastante exacta cuál fue el sentido que tuvo la Comisión al proceder a su análisis, especialmente si se considera que su envergadura es extraordinariamente compleja. Con el texto propuesto no pretendemos, ni con mucho, agotar un tema de tal alcance. Y, por lo mismo, resulta muy auspicioso todo lo que los señores Senadores agreguen a la iniciativa y las consultas que ellos y sus asssores puedan formular, a fin de lograr un proyecto final que interprete plenamente lo dicho acá, en orden a proteger la dignidad de la persona humana.
También quiero destacar el trabajo realizado en su momento por el Honorable señor Silva como integrante de la Comisión, quien ha dejado de pertenecer a ella.
Señor Presidente , la iniciativa llega a la Sala sin que hasta el momento el Ejecutivo se haya pronunciado auspiciándola, como lo exige el cuerpo normativo vigente, atendido su origen, dado que contiene normas que requieren de su especial patrocinio. Sin embargo, de las palabras vertidas por la señora Ministra y de la presencia permanente de sus asesores en la Comisión se desprende el elevado interés que el Gobierno tiene en la materia.
El proyecto en debate, al igual que otro presentado por el ex Senador señor Eugenio Cantuarias , surge después de conocerse los avances científicos de clonación en mamíferos. Y ante el riesgo inminente de que tales experiencias pudieran materializarse en seres humanos, nació la justificada preocupación en el mundo entero por normar los procedimientos que la ciencia realice, a fin de impedir que con ello se clonara a personas.
El vertiginoso avance de la ciencia, desde aquel hallazgo hasta nuestros días, ha resultado sorprendente. En las últimas semanas se ha conocido el mapa preliminar del genoma humano (estudio que se inició a partir de 1990), lo que es considerado como uno de los logros más notables de la ciencia en el último tiempo y, quizás, el más revolucionario que nunca antes se haya conocido en la historia de la humanidad.
Es de tal envergadura esta singular revelación que, sin exageración alguna, se puede decir que estamos en presencia de una herramienta que puede ser determinante para el futuro de la humanidad, y ya no sólo de la ciencia.
Las nuevas técnicas de manipulación de células y de material genético han posibilitado un gran avance de la ciencia y, al mismo tiempo, ofrecen varias aplicaciones en el campo de la salud, de la agricultura y de la industria en general. En muchos casos, estas aplicaciones han conducido a escenarios imprevistos que nos obligan a definir nuevos conceptos o a especificar los ya existentes. Baste citar cómo, cuando aparecen las técnicas de reproducción humana asistida, conocidas como in vitro, se hizo necesario precisar cuáles eran los padres de la creatura nacida, en cuya gestación podían estar involucradas hasta seis personas. Tecnologías más frecuentes, como la manipulación de embriones humanos, con diversos fines, y la eventual clonación de seres humanos, resultan preocupantes porque atentan severamente contra la individualidad y la dignidad de toda persona humana.
La mismo ocurre con la posibilidad del transgenismo en humanos. Recordemos que hoy día hay quienes piensan que el transgenismo practicado en plantas y en animales puede conducir a daños ecológicos o a impactos medioambientales negativos. Imaginemos los alcances que podría llegar a tener ahora la posibilidad cierta, ya no de dañar el medio ambiente y la ecología, sino alterar completamente la descendencia de la humanidad al hacer transgenismo en seres humanos.
Señor Presidente , estos nuevos escenarios nos obligan a meditar sobre las implicancias bioéticas de todas estas prácticas, pero también a elaborar normativas y leyes que cautelen su recto empleo, lo cual, por lo demás, está ocurriendo en los países desarrollados. Resulta pertinente que lo hagamos en el nuestro, ya que estas técnicas cada vez son más fáciles de ser aplicadas y a costos muy reducidos.
El proyecto apunta en la dirección correcta de proteger la dignidad del ser humano ante las investigaciones científicas que puedan llevarse a cabo con personas. Además, es ambicioso, desde el momento en que pretende abarcar cuatro grandes áreas, como la investigación con humanos, las materias relativas a la manipulación de células y genes, el uso de la información genética y, también, la clonación, proponiendo finalmente la creación de una Comisión Nacional de Bioética.
Hay quienes, con justificados motivos, consideran que no parece conveniente -como lo dijo el señor Senador informante - mezclar dichos temas en una misma iniciativa legal, pues aunque están relacionados, son de muy distinto alcance. Por de pronto, tanto la investigación con humanos como la bioética trascienden a la manipulación de células y genes. Así, tenemos que la investigación con humanos puede hacerse en áreas como la epidemiología, la nutrición, la salud mental, la conducta de las personas, etcétera, mientras que la bioética abarca temas como la reproducción humana, la eutanasia, entre muchas otras materias que el proyecto no aborda, ni que tampoco han sido su objetivo.
Por otro lado, resulta equívoco considerar que la bioética es una disciplina nueva. En efecto, es posible afirmar que ella nace con el juramento hipocrático.
También, y a modo de comentario general -así lo manifestó el Senador señor Ruiz-Esquide -, hay quienes, respecto de la investigación con humanos, echan de menos en el proyecto que, por tratarse de una materia de ley, no se establezcan sanciones penales o administrativas para quienes transgredan sus normas.
Desde otro ángulo, señor Presidente , debo señalar que se comparten los criterios universalmente aceptados por la Declaración de Helsinki de 1964 y por las normas del Código de Nüremberg de 1947, que dan la posibilidad de que ellas sean establecidas por la comisiones de bioética de los organismos que otorgan recursos para la investigación, como acontece en Estados Unidos. En ese país, con el fin de establecer criterios de investigación que protejan a los pacientes, se creó en 1972 una oficina ad hoc, entidad que supervisa la investigación con humanos, la que es financiada con fondos federales y se lleva a cabo en universidades, hospitales o cualquier otra institución, incluidas aquellas que se encuentran fuera del país. Además, esa oficina exige que cada organismo tenga su propia institucionalidad bioética contralora. De este modo, cuando los proyectos de investigación son presentados a alguna agencia federal para su financiamiento, éstos ya han sido revisados por aquellos estamentos propios, hecho que se reporta a las autoridades superiores periódicamente. A su vez, en Estados Unidos existe una oficina estatal -la FDA-, que supervisa la investigación con humanos y es financiada por particulares (por ejemplo, las compañías farmacéuticas). Ella, al igual que las financiadas con recursos federales, debe sujetarse a las normas que sobre la materia ha dictado el Ministerio de Salud norteamericano.
Al referirnos a este tópico, nuestro comentario apunta a que si el Ejecutivo no considerara pertinente crear por ley una comisión de esta naturaleza, el que he descrito sumariamente constituye un modelo en el cual puede fijarse para establecer el tipo de organización que debería darse a una entidad contralora como la esbozada en el proyecto, la que, en todo caso, no tendría que ser monopolizada exclusivamente por el Estado, a nuestro juicio.
Por otra parte, señor Presidente , recogemos las observaciones que se han venido formulando al texto propuesto, en el sentido de que cuando se habla de proteger la vida, la integridad física y psíquica de las personas ante la investigación científica y sus aplicaciones, podría entenderse que se trata de toda la investigación destinada a producir aplicaciones en el campo de la Medicina, en circunstancias de que existen una serie de investigaciones y de aplicaciones que se realizan con humanos y que nada tienen que ver con la materia que aborda esta iniciativa legal.
Desde esa perspectiva, con mucha razón, algunos hombres de ciencia han precisado que, por ejemplo, todo el Capítulo II del proyecto de ley podría perfectamente trasladarse a otro cuerpo legal, pues, aunque se encuentra muy bien inspirado en su fondo, es posible que se convierta, en opinión de esos científicos, en una severa limitación para el desarrollo de la investigación científica con humanos, ya que versa sobre una materia que en general trasciende a la genómica, objeto específico de la presente normativa.
Sería conveniente precisar mejor el alcance de lo preceptuado en el Capítulo II -en todo caso, reitero, nos parece muy atinado en cuanto a resguardar la integridad de las personas- pues, dada la forma tan amplia en que se encuentra redactado, podría terminar limitando el desarrollo del avance científico realizado en humanos.
En la iniciativa se establece, empleando los términos de la Declaración Universal aprobada por la UNESCO sobre la materia, que el genoma humano "es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana". Quizás sería mejor definirlo como "el material genético que contiene la información de las características biológicas del género humano, razón por la cual se hace merecedor del reconocimiento de su identidad, dignidad y diversidad.". Creo que de este modo se determinaría con mayor exactitud cuál es la base de la unidad de la familia humana que contiene el genoma.
Otra disposición expresa: "Se prohíbe toda práctica eugenésica." -no podía ser de otra manera- "Sólo se podrá modificar características genéticas humanas que inciden en la herencia en los casos y en la forma previstos por la ley.".
Llamo la atención del Senado hacia un aspecto extremadamente delicado y sensible consignado en esa norma. Cuando se refiere a "modificar características genéticas que inciden en la herencia", debe entenderse que se trata de modificar el genoma de las células germinales o de los embriones.
En esa materia, el texto propuesto amerita una especificación muy detallada, especialmente en la parte final. porque involucra todo lo relativo a la transgénesis embrionaria, la cual, aunque se efectúe con fines terapéuticos, merecería un tratamiento muy pormenorizado y preciso, atendida su naturaleza y complejidad, sobre todo si se pretende alterar características genéticas que comprometan al ser humano en su estado embrionario.
Técnicamente, se afirma que en la actualidad no hay certeza de poder modificar células germinales con la seguridad de no dañar la integridad del genoma humano. Ante esa sola advertencia me parece que la materia debe ser analizada con mucha profundidad, porque al hablar de transgénesis embrionaria nos estamos refiriendo a la vida que se encuentra comprometida en el embrión humano.
Soy partidario de establecer derechamente, en forma expresa, que no se permitirá la modificación de las características genéticas de los embriones humanos; y, desde luego, de revisar la norma relativa a las terapias que pudieran realizarse con células germinales.
Por otra parte, quiero recoger una observación muy atinada que se me formuló en días pasados, en el sentido de que convendría explicitar los requisitos establecidos para llevar a cabo proyectos de investigación genética, los que según el artículo 11 de la iniciativa quedan limitados únicamente a los siguientes fines: diagnosticar enfermedades genéticas o hereditarias; conocer la secuencia del ADN del genoma humano, sus funciones y su patología, y producir medicamentos para el tratamiento de las enfermedades.
Se me ha hecho presente que el carácter eminentemente restrictivo de dicho precepto -lo analizaremos después, en la discusión particular- podría coartar nuevas posibilidades de investigación que surgieran en el futuro, al quedar automáticamente excluidas por esa norma. Tal vez lo más conveniente sea prohibir algunas prácticas, específicándolas.
Por de pronto, el artículo propuesto alude a "proyectos de investigación genética", sin precisar que éstos se realicen en seres humanos, lo que obviamente avala las justificadas aprensiones que me han manifestado algunas personas de la comunidad científica.
Otro precepto expresa: "Los exámenes genéticos y los análisis predictivos sólo podrán hacerse por motivos terapéuticos o de investigación científica,". Pienso que este aspecto debería analizarse con mayor profundidad y estudiar la conveniencia de contemplar, además, la posibilidad de que un individuo quiera practicarse un examen por propia iniciativa, si este acto no se halla reñido con la moral y obedece a su libre voluntad. En los términos planteados se podría afectar la libertad de las personas, por lo que estimo necesario examinar la norma con mayor detenimiento.
Más adelante se prohíbe la clonación humana. A mi juicio, debería agregarse "aunque sea con fines terapéuticos", pues hoy sí existe la posibilidad de clonar. Desde el momento en que aceptamos una eventual clonación de tejidos u órganos con fines terapéuticos, nos aproximamos a la obtención de células germinales a partir de un clon. Ello supone células producidas a partir de un embrión, las que luego serán diferenciadas hasta lograr determinado tejido.
Tal sería el caso -como señaló el Senador señor Ruiz-Esquide - de aquella persona que, para evitar el rechazo de un órgano trasplantado, decide obtener tejido de su propio cuerpo. Eso tendría que hacerlo necesariamente a partir de un embrión propio, el que a su vez debería ser destruido para conseguir las células requeridas. Estamos frente a un asunto de la más alta complejidad y sensibilidad. Por eso, aunque los términos en que se encuentra redactado el artículo son correctos, a la frase que prohíbe la clonación habría que añadir "aunque sea con fines terapéuticos".
Cuando se habla de clonar entendemos que se trata de clonar un individuo. En términos científicos no se hace referencia precisamente a clonar tejidos, sino a CULTIVAR (que no es lo mismo que clonar) tejidos. De hecho, al hacer un cultivo de sangre -que es un tejido- no se habla de CLONAR LA SANGRE. De ahí que resulte conveniente prohibir toda forma de clonación, aunque sea con fines terapéuticos.
Cuando se trata de experimentación con seres humanos, una justa valoración bioética de la misma debe considerar la protección de la autodeterminación de la persona objeto de la investigación, mediante el consentimiento informado que se le entregue, así como la protección de su vida, de su integridad física y de su dignidad y de la de su descendencia, ante los riesgos a que pudieren verse expuestas. El proyecto es muy claro en asegurar ese respeto.
De otro lado, tratándose de técnicas de reproducción humana asistida, donde han de resguardarse los derechos y los intereses del niño y el de sus padres, cobra especial vigor una rigurosa valoración ética para evitar dejarlos expuestos a prácticas humillantes que pongan en peligro su dignidad y la protección institucional del matrimonio y de la familia. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluido el derecho a la procreación, así como las libertades de investigación y científica, deben ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar esos procedimientos terapéuticos.
Cito lo anterior a propósito de los avances que en este campo ha logrado la medicina en los últimos años. A las técnicas de reproducción humana ahora se agregan nuevos adelantos científicos como la terapia génica, que se deriva del conocimiento progresivo del mapa o la cartografía -como se ha dado en llamar- del genoma humano, y que apunta a la solución de muchas enfermedades que aquejan a la humanidad.
La cada vez más sofisticada aplicación de esos hallazgos científicos debiera urgirnos a considerar que la vida humana es digna de protección desde el mismo instante de la unión de los gametos. En esa dirección, ciertas legislaciones han prohibido expresamente cualquier tratamiento dirigido a la modificación del genoma de embriones humanos, lo que estimo muy acertado.
A pesar de las justificadas reservas que pudieren plantearse, habrá que tener mucho cuidado para no caer en excesivas regulaciones legales o reglamentarias que terminen limitando el avance de la ciencia y el necesario desarrollo de la investigación y la experimentación científica.
Felizmente nuestro ordenamiento constitucional y legal contempla parámetros éticos muy sólidos que aseguran a la persona un estatuto jurídico que garantiza su dignidad como tal. A fin de reforzar ese criterio que preside nuestra legislación, los autores de la iniciativa tuvieron especial cuidado en resguardar todavía más, con normas muy explícitas, esos preceptos tan fundamentales que tienen que ver con la vida y el destino de la humanidad.
Por lo tanto, este debate parlamentario cuenta con un marco normativo muy propicio para su desarrollo. Desde luego, esperamos ver enriquecido lo propuesto en el proyecto con los aportes que los señores Senadores efectúen próximamente.
Señor Presidente, el siglo que comienza está marcado por un hito científico de gran importancia, como es la descripción del mapa genético humano, es decir, del conjunto de genes que caracterizan a la especie y que permiten identificar a cada individuo.
El impacto del conocimiento biogenético amenaza con eclipsar la otra gran revolución tecnológica en curso: el desarrollo de Internet y de todas las ciencias de la comunicación. Las acciones de las empresas farmacéuticas que están trabajando en este campo han subido vertiginosamente de valor en el mercado.
Hay dos maneras de aproximarse a estos acontecimientos. Una es la de aquellos que ven el horizonte cargado de enormes peligros -sin duda, los hay-; otra, la de quienes vemos en estos importantes avances grandes posibilidades para la medicina y la salud de la humanidad. Por eso es que tanto el Presidente Bill Clinton como el Primer Ministro inglés Anthony Blair han admitido la existencia de ambas expectativas: enormes posibilidades, y también enormes peligros.
El conocimiento de la identidad genética de una persona, incluso desde antes de su nacimiento, fortalecerá el carácter predictivo de la medicina.
Se puede sostener que el conocimiento del genoma viene a dar un soporte biológico a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Efectivamente, somos muy semejantes los unos a los otros: de los 3.120 millones de datos del genoma, el 99,8 por ciento es idéntico en todas las personas. Caen por tierra, así, las teorías racistas que tanto prejuicio y crueldad han provocado en la historia, incluso reciente.
Un libro aparecido hace poco, "Los Nazis en Chile", de un historiador chileno, dedica varios capítulos a la colaboración estrecha entre la comunidad médica chilena de la época y la comunidad médica alemana bajo el régimen de Hitler y los distintos experimentos eugenésicos que se hicieron incluso en niños chilenos, en especial de raza mapuche. Toda esa cantidad de palabras, informes y "ciencia" es completamente desechada ahora debido a los adelantos en el genoma humano, porque los seres humanos somos, en esencia, iguales. No hay una raza superior ni una raza más dotada que otra, sino que todos los seres humanos somos -repito- básicamente iguales.
Este avance científico notable plantea los dilemas morales y los problemas jurídicos a que ya se refirieron los Senadores señores Ruiz-Esquide y Bombal , los que el proyecto trata de solucionar siguiendo ciertos criterios universales y éticos y, al mismo tiempo, la experiencia de la legislación comparada.
Existe un enorme debate sobre estas materias, pero hay ciertos puntos firmes que es importante señalar. En primer lugar, tal como lo ha indicado la UNESCO, la clonación humana constituye un atentado contra la dignidad de la persona, pues todos tenemos el derecho inalienable a nuestra propia identidad genética. Aquí surge la primera discusión, a la cual hacía referencia el Senador señor Bombal , en cuanto a la posibilidad de clonación de tejidos con el objeto de mejorar las perspectivas terapéuticas. Para ello, el artículo 15 del proyecto distingue entre clonación de seres humanos, prohibida; y clonación de tejidos y órganos, permitida con fines exclusivamente terapéuticos y previa autorización de una comisión de bioética.
La solución del proyecto es acertada y cuenta con una sólida fundamentación científica. Al respecto, el doctor Jorge Allende expresó su discrepancia con algunas definiciones que a su juicio son ambiguas "e incluyen una serie de procedimientos que se están llevando adelante en la actualidad que quedarían inconvenientemente comprendidos en la citada norma". En el mismo sentido se pronuncia don Carlos Valenzuela.
Por último, el profesor Miguel Kottow manifestó la importancia de realizar el distingo, incorporado en el proyecto de ley, entre clonación "de" seres humanos y clonación "en" seres humanos. Hizo hincapié en la prohibición absoluta en cuanto a la clonación de seres humanos, cuestión en la que existe amplia mayoría científica y ética. Sin embargo, agregó que "es discutible prohibir la clonación de ciertas parcelas del organismo humano que pueda dar beneficios terapéuticos al hombre".
A la misma conclusión se sumó el profesor Ricardo Cruz-Coke , señalando la necesidad de controlar los procedimientos referidos a la clonación en seres humanos con fines terapéuticos.
En tanto, una orientación similar aportó, desde un punto de vista jurídico, el profesor Gonzalo Figueroa , quien indicó que el masivo rechazo a la clonación humana, expresado en declaraciones como la de la UNESCO y de otros organismos internacionales, no se opone sino más bien se distingue claramente de la clonación en seres humanos con fines terapéuticos no reproductivos.
Subsiste, sí, el problema del método para alcanzar la clonación de órganos o tejidos, por cuanto sería más que discutible, y por cierto rechazable, el uso de embriones para alcanzar esas nuevas prácticas terapéuticas.
El proyecto, además, establece que el conocimiento del genoma humano pertenece al patrimonio común de la humanidad y que, por lo tanto, no se pueden patentar conocimientos sobre la estructura de un gen o las secuencias de ADN. Esto es de la mayor importancia, porque todos sabemos que hubo una carrera entre una empresa privada norteamericana interesada en alcanzar el conocimiento del genoma humano antes que cualquier otro, y el proyecto en el que estaban participando 16 países, entre ellos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón y China. La empresa Celera Genomics quería llegar primero para patentar el conocimiento y así obtener después grandes ganancias.
De allí surgió la declaración de Clinton, de Blair y de muchos otros dignatarios, y el acuerdo posterior entre el proyecto público de genoma humano y la empresa citada, en el sentido de que el conocimiento sobre el genoma es patrimonio común de la humanidad. No obstante, la iniciativa dispone que puede haber patentabilidad sobre los tratamientos o fármacos que se deriven de los datos conocidos del genoma; es decir, se establece una frontera entre el conocimiento directo y las invenciones derivadas de ese conocimiento.
Respecto a lo primero, se consagra el acceso universal de todos al conocimiento directo. Así, queda determinado el límite entre lo que es común, accesible y sin costo, y lo que es susceptible de apropiación privada y de comercialización. Esto alcanza la más alta relevancia si se tienen en cuenta experiencias anteriores, como la del SIDA, en que el precio de los medicamentos de la llamada "triterapia" subió de manera exorbitante, justamente debido a la apropiación de las patentes sobre medicamentos fundamentales para la salud.
Asimismo, se prohíbe toda práctica eugenésica. Sólo se pueden modificar las características genéticas de una persona que inciden en la herencia, por motivos terapéuticos. Como aquí se ha indicado, éste es otro punto fundamental, donde resulta necesario distinguir, conforme a los artículos 13 y 14, entre células somáticas y células germinales.
La terapia génica en células somáticas está ampliamente aceptada en la comunidad científica, por lo que sólo tiene interés referirse al caso de las células germinales. Al respecto, vuelvo a citar al profesor Carlos Valenzuela , quien señaló que establecer una prohibición de alterar el genoma germinal es "la antítesis de la medicina preventiva", precisando la inconsecuencia de una terapia que favorezca al sujeto en quien se emplee, pero no se ocupe de evitar que el mal se reproduzca en sus descendientes. "La única medicina verdaderamente preventiva" -agregó- "es la terapia génica de células germinales junto con la de las células somáticas del portador de una enfermedad genética" y, por tanto, transmisible.
A cualquier persona que se le pregunte si es posible alterar una célula germinal para evitar la transmisión de una enfermedad genética a sus hijos y descendientes va a responder que sí, que evidentemente eso es lícito.
Sin soslayar las dificultades científicas existentes en la actualidad para proceder con seguridad de ese modo, el mismo profesor concluye que cuando se cuente con una mejor tecnología "la terapia génica de células germinales será un imperativo ético".
Tal opinión es compartida por el profesor Miguel Kottow , quien señala que por esta vía "podrían eliminarse enfermedades a través de este mecanismo genético, aislando factores genéticos, modificándolos y así evitando la transmisión de dichas enfermedades a la descendencia de un individuo, sin otras alteraciones en el genoma.".
La legislación extranjera otorga también precedentes interesantes en la materia. Así, el artículo 3º de la ley francesa 94-653, que introduce enmiendas al Código Civil sobre este punto, precisa la prohibición de realizar transformaciones de los caracteres genéticos con la finalidad de modificar la descendencia de una persona, pero dispone que lo anterior se entenderá "sin perjuicio de las investigaciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de las enfermedades genéticas.".
Es decir, de lo que se trata aquí nuevamente es de, por una parte, establecer una frontera entre el rechazo categórico y total a las prácticas eugenésicas, y por otra, sin embargo, permitir la terapia génica cuando ello es indispensable para que una enfermedad transmisible por vía hereditaria se pueda cortar y no afecte a los descendientes.
En mi concepto, otro punto importante dice relación a la imposibilidad de establecer discriminaciones basadas en el patrimonio genético. Por lo mismo, se reafirma el carácter confidencial de los datos que de él se derivan, tal como lo preceptúa ya la ley sobre protección de datos personales, cuerpo legal poco conocido, pero que en uno de sus artículos dispone la confidencialidad absoluta de los datos sensibles, como son todos aquellos que tienen que ver con la condición médica de una persona. Esa norma debe ser armonizada con las disposiciones del Código Sanitario sobre salud pública en lo referente a impedir la propagación de las epidemias.
Además, el proyecto de ley regula en general la investigación en seres humanos que involucre algún tipo de intervención física o psíquica y la investigación genética en particular.
Señor Presidente , considero muy relevante que la señora Ministra de Salud haya anunciado el respaldo del Gobierno a esta iniciativa, dado que el Congreso carece de facultades para establecer una comisión al respecto. Porque resultaría paradójico que el Senado, que está discutiendo una iniciativa sobre protección de los animales donde se crea una Comisión de Bioética Animal, se viera imposibilitado de establecer una Comisión de Bioética respecto de los seres humanos.
Consecuente con lo anterior, se crearía una Comisión Nacional de Bioética, encargada de dictar criterios acerca de todas estas materias. Además, se deberían registrar en la respectiva Comisión Regional todos los establecimientos que practicaran algún tipo de investigación "intrusiva" en seres humanos, que puede ser de carácter genético o no. Al mismo tiempo, las Comisiones Regionales tendrían que autorizar los protocolos de investigación y pronunciarse cuando hubiera discusión sobre el carácter patentable o no patentable de determinado conocimiento o descubrimiento científico en materia genética.
Igualmente, tratándose de terapias genéticas realizadas en células germinales que inciden en la herencia, se requeriría autorización de la Comisión Nacional de Bioética, para asegurar la seriedad de ellas y velar por que no se cometa un abuso de índole eugenésica.
El proyecto de ley presupone, entonces, la existencia de la Comisión Nacional de Bioética y de las Comisiones Regionales.
Sería altamente conveniente, a mi entender, que las diversas instancias de la comunidad científica, biológica y médica pudieran dar su respaldo al funcionamiento de una institución como la descrita, que no tiene por qué ser burocrática ni implicar mayor gasto y que, sin duda, elevaría el carácter ético de la práctica médica y, al mismo tiempo, defendería mejor los derechos de las personas que están siendo sometidas a algún tipo de investigación.
Esos son, señor Presidente , los principales puntos que aborda la iniciativa que debate la Sala esta tarde. Esperamos que sea aprobada en general, tal como lo fue en la Comisión de Salud -allí recibió el respaldo unánime de sus miembros-, más allá de las distintas ópticas o visiones con que nos podamos aproximar a un problema tan complejo como nuevo.
De ser aprobada la idea de legislar -como se espera-, habrá un tiempo prudente para formular todas las indicaciones destinadas a perfeccionar el proyecto. Se ofrece así una importante ocasión de participación a la comunidad científica, algunos de cuyos representantes ya fueron escuchados y entregaron su aporte en la citada Comisión.
Por nuestra parte, estimamos que al aprobar una iniciativa de esta naturaleza estamos adelantándonos a los desafíos de la legislación en el siglo que recién comienza y encauzando el progreso científico en bien de toda la población.
Señor Presidente , leí con mucha atención el informe de la Comisión de Salud, que, en mi concepto, realizó un trabajo brillante en un tema de gran complejidad. Y brillantes han sido también las clarísimas exposiciones de quienes han intervenido esta tarde.
Yo había preparado algunas notas para connotar ciertos aspectos que me llaman la atención, desde mi personal ignorancia. Pero, en realidad, no vale la pena hacerlo; además, sería pretensioso.
En todo caso, me parece que sí podría efectuar una reflexión con el carácter de sugerencia de procedimiento, basado en dos ideas fundamentales.
Por una parte, hay un conjunto de principios generales aceptados, que surgen del Código de Nüremberg, de 1947; de la Declaración de Helsinki, de 1964, y de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Genoma Humano y Derechos Humanos, de 1997.
Por otro lado, uno observa las exposiciones de los distintos expertos que recibió la Comisión y piensa en la complejidad de los diversos temas, algunos de los cuales fueron mencionados por señores Senadores que han intervenido. Por ejemplo, el problema de la tecnología (aún no disponible) para que una intervención génica permita evitar la transmisión de enfermedades por vía hereditaria; el de la clonación de órganos -retinas, en fin-; el del difícil equilibrio entre el interés prioritario del sujeto y el de la comunidad.
Y complejas son también la naturaleza y la eficacia de una o más Comisiones de Bioética -me refiero a la Nacional y a las Regionales- y la determinación de si al Estado o al aparato de Gobierno debe corresponder o no participación en ello.
Sobre la base de que la Comisión de Salud hizo un trabajo notable en su primer informe, se me ocurre que están dadas las condiciones para elaborar una muy buena ley. Y ello requiere dilucidar en la discusión particular un conjunto muy variado de problemas complicados y respecto de los cuales existen puntos de vista diferentes.
Empero, tengo la sensación de que el mero trámite legislativo de la discusión particular -atendida la naturaleza del procedimiento, que implica debatir cada artículo-, por mucho que se escuche y se vuelva a discutir con expertos, podría ser insuficiente para aprovechar esta gran oportunidad de despachar una ley excelente y pionera en la materia.
Por consiguiente, me parece que un procedimiento razonable podría ser que la Comisión se pusiera de acuerdo con el Ejecutivo , a través del Ministerio de Salud, a fin de establecer, formal o informalmente, de facto, una especie de comisión transitoria de bioética que, teniendo como materia prima el proyecto que nuestro órgano técnico elevó al conocimiento de esta Sala, profundizara en los aspectos de mayor complejidad y más discutibles e hiciera surgir sugerencias alternativas que sirvieran a la Comisión de Salud para culminar formalmente la discusión particular.
Termino formulando una proposición concreta a ese respecto.
Señor Presidente , ante todo, me referiré en forma muy breve a lo planteado por el Senador señor Boeninger.
Me parece que el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado, reglamentariamente, están en condiciones de crear una comisión del tipo indicado -la que debería existir- sin necesidad de acuerdo previo.
Aun más, considero que ella debió haberse creado hace mucho tiempo, dado que, conforme a la Constitución, dicho Ministerio y otros entes estatales tienen la obligación de proteger la vida del que está por nacer y todos los aspectos propios de la dignidad y diversidad humanas.
En consecuencia, comparto lo planteado por el Senador señor Boeninger en tal sentido, pues ello permitirá avanzar. Porque lo relativo a la investigación genética no es algo que se va a iniciar en el momento de dictar la normativa legal pertinente, sino que viene abordándose desde hace ya bastante tiempo.
Ahora bien, señor Presidente , hemos participado -en mi caso, desde hace muchos años- en el estudio de diversos cuerpos legales que han ido conformando la institucionalidad de Chile, y tengo la certeza de que la ley en proyecto -vinculada, entre otros aspectos, al genoma humano- debe de ser la que más lejos estará de la administración o reglamentación, por los aspectos científicos que involucra y por sus características. Mediante esta iniciativa, en el fondo, estamos alentando a fortalecer principios y valores de nuestra sociedad relacionados con la vida humana y a asentarlos permanentemente en la actuación de los científicos en ese ámbito.
El hecho de haber tenido la oportunidad de oír a un conjunto de científicos que están analizando este tema en las universidades de nuestro país y conocer la enorme magnitud y relevancia que encierra lo concerniente al genoma humano -no sólo en su aspecto material, sino también en los ámbitos espiritual y valórico-, me permite enfatizar que éste es un proyecto que alienta básicamente el fortalecimiento de los principios y valores de nuestro país.
En mi opinión, sobre todo en esta etapa del proceso, nunca podremos dictar una norma que deje claramente establecidos todos los procedimientos relativos al enorme interés científico que surge por la investigación del genoma humano y a los inmensos intereses económicos que ello envuelve. Entre otros aspectos, debemos tener muy en cuenta que una mala administración al respecto hará surgir grandes problemas sociológicos. Por ende, resulta de vital importancia que existan principios y valores muy profundos en torno a la manipulación del genoma humano.
Señor Presidente , los Senadores que participamos en la Comisión de Salud hemos sido bastante bien informados -dentro de lo que uno puede entender sin ser experto en la materia- sobre los alcances del proyecto en debate, que son inmensamente más extensos, profundos y trascendentales que lo que podría inferirse de las intervenciones de esta tarde.
Por ejemplo, en la Comisión incluso tuvimos dudas de que la Constitución Política rigiera en cuanto a la acción científica vinculada al genoma humano. Porque su artículo 1º dispone que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.". Es evidente que la investigación científica y la acción sobre el genoma humano permiten modificar ciertos caracteres de la persona. Más adelante, su artículo 19, Nº 1º, establece que "La ley protege la vida del que está por nacer.". ¿Cuál es el alcance de ello? Luego dice que "Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.". Sobre la base de la norma recién citada, se entiende que el apremio se considera desde el instante mismo en que comienza a gestarse el nuevo ser en el vientre materno, o incluso antes.
Hay otros aspectos constitucionales significativos, como el referido al "respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia".
Existen también problemas relacionados con "El derecho a la protección de la salud". ¿Cuál es el alcance? Porque se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que la investigación en comento resuelva enfermedades hereditarias. ¿Hasta dónde llegamos en tal aspecto? ¡Eso es eterno! Su análisis podría tomarnos un año o más.
Muchas veces se discutió -y lo conversamos con el señor Presidente del Senado , a quien ruego excusarme por aludir a materias sobre las que hemos intercambiado opiniones-, por ejemplo, acerca del aborto terapéutico (esto se planteó reiteradamente en la última campaña presidencial, durante la cual los periodistas complicaban la vida a los candidatos haciéndoles preguntas al respecto). Esa materia, sin duda alguna, responde también a una relación médico-paciente y a una cuestión valórica de quien tiene en sus manos la responsabilidad de la salud y la vida de las personas. Nunca una ley podrá desarrollar una acción que termine en la aplicación o no aplicación de aquél, porque es un tema de valores, de principios.
Al respecto, por cierto, existen dos elementos importantes: uno, los líderes espirituales de un país (las iglesias o las entidades religiosas), y dos, los valores que entregan las universidades a los científicos, hombres y mujeres, que se desempeñan en el campo de la salud.
Por lo tanto, señor Presidente , ¿cuál es mi proposición?
Yo considero que, antes de pronunciarnos, debemos invitar a tres o cuatro científicos para que hagan una exposición sobre la materia en esta Sala (en la Comisión ya escuchamos diversos planteamientos). Y nos vamos a sorprender cuando conozcamos la inmensidad del tema comprendido en la iniciativa presentada por cinco señores Senadores, que constituye el inicio de un proceso en que no se ve el final, por lo infinito de sus proyecciones.
Por eso, concretamente, solicito que se estudie la alternativa de que en sesión de la próxima semana estén presentes aquí los mismos científicos que concurrieron a la Comisión de Salud, a fin de que expongan a la Sala los aspectos relevantes de este proceso, que -reitero- es inmensamente grande.
En cuanto al proyecto propiamente tal, es evidente que envuelve tres aspectos muy relevantes. El primero se halla establecido en el artículo 1º, que señala: "La presente ley tiene por finalidad proteger la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como su dignidad e identidad genética," -¡ojo!: identidad que puede ser modificada- "con respecto a la investigación científica y sus aplicaciones y al ejercicio de la medicina.".
El segundo aspecto es el referido a la Comisión Nacional de Bioética, que "fijará los criterios necesarios para armonizar la libertad de investigación científica en el campo de la salud, con el respeto a los derechos y libertades garantizados en la Constitución Política de la República".
Sin duda alguna, el Senado deberá fijar ciertos límites a fin de que la interpretación de las normas a que aludí no signifique extender el tema hacia la inmensidad de todo lo que el mundo científico puede otorgarnos más adelante.
Y el tercer aspecto dice relación al artículo 3º del proyecto, que señala que "Sólo se podrá modificar características genéticas humanas que inciden en la herencia en los casos y en la forma previstos por la ley.". Jamás la ley podrá prever todos los casos que existan en esta materia. ¡Nunca!
Por eso, considero muy significativo lo expresado en el artículo 22 sobre la Comisión Nacional de Bioética. Pero -¡ojo!- en el artículo 3º de la ley en proyecto, la que debe ser entendida como cuerpo armónico, completo, y teniendo en cuenta los principios y valores consagrados por la Constitución, existen cuestiones que pueden ser bastante más extensas.
Por eso, pensaba -y así lo sostuve en la Comisión- en un proyecto de no más de dos o tres artículos, relativos a la existencia de una Comisión de Bioética y sus obligaciones sobre todos los procedimientos científicos que requiere la manipulación del genoma humano.
¿Qué ocurre con la acción genética que afecte a un compatriota en otro país, con repercusiones en su descendencia en Chile? Estas son materias que, sin duda alguna, debemos tratar.
Sé que estamos abordando el problema desde el punto de vista nacional, pero hay ciertos elementos que también serán estudiados a nivel internacional. El Presidente de Estados Unidos y otros gobernantes han expuesto al mundo las enormes dificultades que representa el análisis de este tema. Por eso, creo que enfrentamos una gran responsabilidad.
En resumen, primero -según mi experiencia legislativa de muchos años-, este proyecto es el que se asienta con más fuerza en los valores y principios de quienes van a actuar en el campo de la investigación genética. Y la responsabilidad recae claramente en las universidades, en los principios y valores de sus profesionales y de los líderes espirituales de nuestro país.
Segundo, solicito formalmente invitar a dos o tres científicos para que expongan en esta Sala los alcances impresionantes que reviste la manipulación genética en el ser humano, que a cada segundo se extienden y complican, abriéndose alternativas que, por lo menos en la visión actual, pueden ser infinitas frente a las características sociológicas de las diversas sociedades del mundo.
Señor Presidente , en un libro de muy reciente aparición, titulado "Predicciones", en el que una treintena de personalidades nos ofrecen una visión de lo que será el mundo en el siglo que se inicia, el principal impulsor de la terapia génica French Anderson manifiesta lo siguiente: "No podemos imponer reglas a la sociedad del siglo que viene. Las personas del futuro harán el mismo caso a nuestra opinión que el que hicimos nosotros a las lejanas prohibiciones de nuestros predecesores del siglo XIX. Pero debemos entrar en la era de la ingeniería genética de la forma más responsable posible. Esto implica que no deberíamos usar la terapia génica para otro propósito que no sea el tratamiento de enfermedades graves, sin importarnos lo tentador que pueda resultar intentar "mejorarnos" con esta poderosa tecnología.".
Aquí hay un planteamiento de escepticismo respecto de la acción que en estas materias pueda caber al Derecho.
Yo no participo de ese criterio. Pienso que la legislación en otros países del mundo y a nivel internacional ha dado ya pasos muy significativos que naturalmente nos ayudan a abordar el tema en nuestro medio.
Por ello, quiero expresar mis felicitaciones a los autores del proyecto. Se han atrevido a abordar un tema difícil, como antes lo hizo el ex Senador señor Piñera , que dejó a la consideración del Senado un proyecto sobre la fecundación asistida, que desgraciadamente no ha tenido el desarrollo que correspondía a su naturaleza e importancia.
A nivel internacional, se han citado aquí diversos instrumentos plenamente vigentes, a través de los cuales estos temas se han ido encarando en su integridad. Y a los ya citados, me permito agregar el "Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina", aprobado por el Consejo de Europa, en Oviedo, en 1997, que incorpora todas esas materias, incluso la fecundación asistida y el trasplante de órganos, en un texto que, a partir de principios vertebradores, regula adecuadamente posibles conductas.
Pero quiero, sí, alertar sobre una cosa. A la ley no le corresponde despejar dilemas éticos, menos aun en el contexto de un Estado que en materia ética es necesariamente neutral, como es el caso del Estado chileno, laico desde 1925. Lo que a la ley corresponde es regular conductas; componer intereses en conflicto; adoptar medidas para alcanzar el bien común, y, hasta donde sea posible, realizar el ideal de justicia que la sociedad debe cultivar. Creo que la iniciativa, en ese sentido, es absolutamente pertinente y apunta justamente en esa dirección.
Expreso mi deseo de que se retome también el esfuerzo en materia de fecundación asistida para que, en unión con la normativa legal ya vigente sobre trasplante de órganos, pueda contarse en esta materia, al igual que en otros países del mundo, con una legislación completa.
Sin duda, estas disposiciones y esas otras leyes plantean un dilema fundamental: el de los límites de la investigación científica, específicamente el de la experimentación en seres humanos con fines científicos. Se trata de una tensión que difícilmente encontrará una solución plenamente satisfactoria.
Tengo en mi poder un texto escrito en España, en 1999, que se refiere justamente a esta tensión, títulado "Derechos Humanos y Proyecto Genoma", cuyo autor es el jurista Javier Blázquez Ruiz. Su texto nos presenta una completa visión acerca de las dificultades que conlleva compatibilizar la necesaria libertad que en materia de investigación científica debe existir con el pleno y permanente respeto a los derechos y a la dignidad humana.
Siento que ese tema no queda felizmente resuelto en el proyecto sujeto a nuestra consideración y que será necesario un esfuerzo colectivo de todos los Senadores para encontrar soluciones más eficaces.
Debe tenerse presente que en nuestro ordenamiento jurídico, conforme al número 10º del artículo 19 de la Constitución Política, corresponde al Estado fomentar la investigación científica, hallándose implícita, en otras garantías constitucionales, la amplia libertad que en esta materia gozan los investigadores.
Y como si eso fuera poco, en el número 3, del artículo 15, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte también de nuestro ordenamiento jurídico, se enfatiza justamente este principio al referirse a la -cito textualmente- "indispensable libertad para la investigación científica" que debe existir en los Estados firmantes.
En consecuencia, las restricciones a la iniciativa de los investigadores y a la libertad que éstos deben gozar para llevar adelante sus investigaciones deben ser cuidadosamente estructuradas, porque chocan con las disposiciones de orden constitucional que acabo de citar. Reitero: creo que esta tensión se encuentra insuficientemente resuelta en el proyecto que estamos conociendo.
Por otro lado, resulta difícil alcanzar un grado de precisión adecuado en esta materia. Cito como ejemplo lo que se dispone en el inciso primero del artículo 7º de la iniciativa, que empieza diciendo: "La investigación científica en seres humanos que involucre algún tipo de intervención física o síquica". Entiendo el propósito que anima a los autores de la iniciativa, pero debo recordar que el Diccionario de la Lengua Española define, precisamente, para estos efectos, lo que debe entenderse como "intervención", y limita la acepción del término a "operación quirúrgica". No me cabe duda de que la intención de los autores del proyecto ha sido ir bastante más lejos, particularmente para entender bien la referencia a "intervención síquica" en el sujeto.
Por otra parte, el tema de la Comisión Nacional y de las Comisiones Regionales de Bioética me parece que también exige un análisis más atento. No está clara en el proyecto la naturaleza del órgano que se crea: si es de carácter administrativo o jurisdiccional, o es puramente consultivo.
Debo hacer presente, sí, que ya hay algunas experiencias entre nosotros. Por disposición de la CONICYT, los principales centros de investigación científica del país cuentan con comisiones de ética de carácter consultivo, que opinan sobre proyectos de investigación que podrían afectar valores o principios éticos fundamentales.
En síntesis, señor Presidente , creo que el proyecto representa un esfuerzo y un avance que todos debemos acompañar, y que en el tiempo para formular indicaciones deberemos tratar de perfeccionar, pero, sin lugar a dudas, también apunta a salvar una carencia de nuestra legislación, lo cual justifica sobradamente el que esta tarde aprobemos la idea de legislar.
¿Me concede una interrupción, señora Senadora , con la venia de la Mesa?
Con todo agrado, señor Senador.
Señor Presidente , antes de la intervención de la señora Senadora ¿es posible abrir el período de votación, en atención a que hay otros señores Senadores que así lo han pedido, dado que en este momento están trabajando en algunas Comisiones?
Creo que no habría inconveniente para que, en el mismo orden en que se encuentran inscritos -además del Honorable señor Silva , que está en primer lugar, hay cinco o seis señores Senadores-, fundamenten su voto y así cerramos el proceso de votación en el día de hoy.
No hay acuerdo, señor Presidente. En una materia tan delicada como ésta no veo la urgencia de despachar ahora esta iniciativa. Creo necesario que el Senado se tome el tiempo suficiente para oír a cada uno de los señores Senadores que deseen intervenir acerca de un tema de tanta profundidad y trascendencia, sin limitarlos a los cinco minutos de su fundamento de voto.
Al haber oposición, no puedo acceder a la petición del Honorable señor Bombal.
Señor Presidente, estamos conscientes de que el tema de la investigación y la terapia genética es muy vasto y desconocido para la mayoría de nosotros, y de que, al mismo tiempo que abre tantas oportunidades a los seres humanos, también encierra muchos peligros, motivo por el cual es sumamente importante abordarlo hoy día en el Senado. Obviamente, yo no soy en absoluto especialista en la materia y, por lo tanto, más que al tema de fondo, quisiera hacer una serie de preguntas a la señora Ministra o a los autores del proyecto -cuya idea de legislar votaré favorablemente- sobre ciertas ciertas materias que me llaman la atención.
El artículo 1º dice: "La presente ley tiene por finalidad proteger la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como su dignidad e identidad genética, con respecto a la investigación científica y sus aplicaciones y al ejercicio de la medicina".
Como la investigación científica y la medicina se vienen practicando desde hace muchísimas décadas en Chile, me parece raro que dicho artículo pretenda proteger la vida, la integridad física y síquica de las personas, con respecto a la investigación científica y sus aplicaciones y al ejercicio de la medicina. Yo me imagino que tal propósito ya ha sido abordado en alguna parte, por lo cual considero necesario precisar el verdadero alcance de este texto. Yo no sé si realmente se pretende abarcar toda la investigación científica y toda la medicina, o solamente de aquellos aspectos relacionados con la investigación genética.
En cuanto al artículo 2º, sencillamente no entiendo la definición. Dice todo y no dice nada. No sé si también puede precisarse.
En seguida, me pregunto si en verdad se justifica el artículo 6º, que establece que las actividades de investigación científica tienen como límite los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. A mi juicio, aunque no se consigne este artículo, tales actividades tienen esa limitación.
Con el artículo 7º pasa algo semejante a lo que sucede con el artículo 1. ¿Acaso en la actualidad no hay en Chile normativa vigente que regule la investigación científica en seres humanos? ¿No hay otras disposiciones en el Código Sanitario o en otras leyes de aplicación general?
En el artículo 9º no me queda claro si se está creando un procedimiento muy largo y engorroso al disponer que toda investigación científica en seres humanos requerirá la aprobación de la Comisión Nacional o Regional de Bioética respectiva, si se precisan distintos quórum para los diversos tipos de investigación y si sus dictámenes son susceptibles de apelación ante alguien.
Por otra parte, nada se dice sobre resguardar el secreto, si es que fuese necesario. Si hay de por medio investigación científica, es posible que también se requiera mantener reserva por problemas de patentes u de otro tipo.
Me ha llamado la atención el artículo 10. ¿Estos "deberes especiales del investigador" no deberían ser realmente de aplicación general? Aquí se está hablando básicamente del investigador. ¿Pero hay otras leyes en las cuales se aborden, por ejemplo, las materias contenidas en los números 1), 2), 3), 4) -desde la letra a) hasta la d)-, y el 5), concerniente a "Renovar el consentimiento informado"? Ello, en razón de que pueden presentarse situaciones similares en el caso, por ejemplo, de trasplante de órganos o de cáncer de ciertas características, en que se está aplicando una medicina nueva que, a lo mejor, sólo prolonga el sufrimiento.
Me pregunto también si los estipulados en el artículo 11 son los únicos fines de investigación genética. ¿No puede haber algún otro fin o que se trate simplemente de investigación pura?
Tampoco me queda claro si el inciso segundo del artículo 15 se refiere a la clonación de tejidos y órganos de seres humanos o a la clonación de tejidos y órganos de cualquier otro ser viviente.
En lo que atañe a la Comisión Nacional de Bioética, creo que hay precisar la duración de sus miembros en el ejercicio de sus cargos y quién elige a los tres representantes a que se refiere el número 5. ¿Habrá secretaría? ¿Contará con presupuesto? Como me preguntaba antes, ¿quedarán o no sus decisiones sujetas a alguna apelación? ¿Es lógico o no dejar todas estas materias entregadas a un reglamento o deberían incorporarse en la ley?
En realidad, mi intervención sólo tenía el propósito de formular estas preguntas. Aun cuando es bueno abordar este tema, no me queda claro el ámbito de la ley. No sé si el proyecto, cuando habla de medicina, de investigación científica y de la Comisión de Bioética se está refiriendo solamente a aspectos de la medicina y de la investigación relacionadas con la investigación y la terapia genética o si pretende también referirse a todo otro tipo de investigación y de medicina.
No sé si podré contrapreguntar. A lo mejor, muchas de estas dudas sencillamente quedarán para la segunda discusión. Me imagino que el proyecto deberá debatirse en forma importante. No he abordado esto con ánimo de criticar, ni cosa parecida, sino porque realmente considero que se trata de un tema sumamente relevante. Chile está yendo a la vanguardia en estas materias. Por lo tanto, lo lógico es que combinemos el debido resguardo también con la prudencia de saber que estamos legislando en terrenos que no conocemos y de que quizás tampoco sería bueno, a estas alturas, limitarse con una ley demasiado restrictiva.
Tiene la palabra la señora Ministra para responder las preguntas que se han formulado.
Señor Presidente, estoy en condiciones de contestar algunas de las preguntas hechas. Para las otras necesito buscar información anexa.
Según los antecedentes que manejo, la legislación chilena contiene algunas regulaciones en estas materias, esencialmente en lo relativo al Código Sanitario. Pero en cuanto a investigación más específicamente en seres humanos no disponemos de suficiente regulación y legislación. De todas maneras, el Código se redactó hace muchos años, y en este tipo de temas, tan emergentes e innovadores, es necesario volver a mirar y reactualizar.
Lo mismo sucede en lo tocante al consentimiento informado. El concepto de que una persona tiene derechos en salud, y a decidir si prestar o negar su consentimiento con respecto a una intervención, pero no en el sentido que señaló un señor Senador en cuanto a operación quirúrgica, sino de un acto que interviene un proceso, es algo -diría- relativamente novedoso en la ejecución de la medicina. Esto surge básicamente a contar del tratamiento de temas como el SIDA. Pero antaño en nuestro país no existía una cultura sobre consentimiento informado. Es algo que sí tenemos incorporado en un futuro proyecto de ley de derechos de las personas, que queremos presentar al Parlamento. De modo que, en efecto, no es un área que hoy día se encuentre regulada adecuadamente, y nos parece central avanzar en este sentido.
¿Cómo se resguarda el secreto? Sin duda, se puede revisar esto de mejor manera. Hoy día existe la ley mencionada por el Senador señor Viera-Gallo , de la confidencialidad de los datos personales. Por tanto, el dato genético podría ser parte de eso. Pero también en nuestro accionar cotidiano, a través de la vigilancia epidemiológica, mantenemos tal secreto basado en el valor y concepto del secreto profesional. Por consiguiente, frente a áreas muy sustantivas o complejas como el SIDA, lo que se ha hecho en otros momentos es buscar la codificación de datos, de manera que no hubiera abuso en esta información con fines discriminatorios.
No tengo inconveniente, señor Presidente.
Señor Presidente , entiendo lo del secreto profesional. Yo me refería más bien al secreto en cuanto a los resultados de la investigación. Porque si hay una Comisión Nacional de Bioética, que se pronunciará sobre las cuestiones y problemas relacionados con la bioética, obviamente deberá hacerlo sobre la base de cierta información que tendrá que entregar el investigador. Por lo tanto, me refería a la necesidad de guardar secreto respecto de los alcances de la investigación propiamente tal.
Señor Presidente , nosotros estamos de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, creemos que hay un sinfín de definiciones que deben precisarse mucho más, como, por ejemplo, lo señalado por Su Señoría respecto de la Comisión Nacional de Bioética, de sus componentes y de una serie de procedimientos. Entiendo -como señaló el Senador señor Ruiz-Esquide - que ésta es una primera versión que deberemos enriquecer y acotar con los planteamientos que han surgido durante esta discusión.
Nosotros haremos llegar una indicación sobre la constitución de esa Comisión.
Señor Presidente , el Senador señor Ruiz-Esquide me había solicitado una interrupción.
Su Señoría puede pedírsela al Senador señor Silva.
Señor Presidente , solicité la interrupción porque quería aprovechar el tiempo. De modo que si el Senador señor Silva no tiene inconveniente, al término de su intervención podría concederme dos o tres minutos para responder lo planteado.
Estoy de acuerdo, señor Presidente.
Señor Presidente, para mí resultó fascinante haber intervenido en el debate habido en el seno de la Comisión de Salud del Senado. Mientras tuve el honor de integrarla (durante casi dos años y medio), ésta dedicó alrededor de dos años a estudiar permanentemente este proyecto y otros de la misma relevancia.
Destaco este hecho porque lo realizado por esta Comisión en la materia que nos ocupa no ha sido simplemente ampliar con una concepción más o menos burocrática su actividad legislativa. La inquietud que demostró, ha demostrado y sigue teniendo en la iniciativa sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, -como la ha tenido en proyectos relativos al SIDA, a la modificación de la Ley de Alcoholes y en otros de naturaleza semejante- merece ser destacada, por la manera concienzuda y serena de abordar los estudios respectivos.
Creo que vale la pena dejar constancia de ello, cuando a menudo suelen formularse críticas, a mi modo de ver injustas, acerca de la forma como el Senado está legislando.
En el caso en análisis, la discusión fue fascinante precisamente por la posibilidad que tuvimos los entonces miembros de la Comisión de adentrarnos en el conocimiento de una materia de singular relevancia desde los más distintos puntos de vista.
A mí me correspondió, si se quiere, la suerte de conocer con antelación este tema como consecuencia de viajes internacionales que realicé, donde tuve la oportunidad de asistir a intensos debates (que ya se estaban produciendo, especialmente en Europa) sobre el genoma humano. Y pude interiorizarme en algo respecto de lo cual poco se ha dicho esta tarde en la Sala.
En efecto, esta materia no dice relación solamente con terapia génica o con una cuestión científico-médica, sino que va mucho más allá. La trascendencia del estudio sobre el genoma en el campo jurídico y ético es realmente espectacular, como lo señaló muy bien el Senador señor Ríos.
A manera de reflexión -si se quiere algo entretenida-, menciono a mis Honorables colegas que, por ejemplo, en el campo de la política, de las candidaturas presidenciales, el tema del genoma ha adquirido tal relevancia que en un momento dado se ha pensado que podría determinarse si los postulantes están a tono, desde el punto de vista genético, con la proyección que políticamente están llamados a tener en un país. Naturalmente ello lleva a concluir, de manera obvia a mi juicio, que es fundamental la necesaria reserva para tratar, analizar y legislar lo concerniente al genoma, en donde se halla de por medio el derecho sagrado a la privacidad, que debe reconocerse.
Por lo anterior, subrayo que en la discusión de la Comisión de Salud hubo una extensión de tópicos de la más diversa naturaleza. El proyecto no sólo está referido a la cuestión puramente científico-médica. Se ha tenido presente -y quién sabe si lo mencionado a manera de reflexión por el Senador señor Ríos puede ser muy útil- todo lo concerniente al genoma humano respecto de sus proyecciones en el campo ético, jurídico o en el de aquellas áreas donde temas de esta índole tienen relevancia en el desarrollo futuro de la vida colectiva, tanto para garantizar la seguridad de los derechos de la persona y la debida reserva y reconocimiento de los mismos en cuanto ser humano, como de la colectividad integralmente considerada.
En el debate general -como el que se realiza hoy, con fundamentos-, quiero dejar testimonio de que, a nuestra manera de ver, esta iniciativa ha tenido la sensatez de contemplar no sólo los planteamientos que primigeniamente se hicieran en el Código de Nüremberg, de 1947, o en la Declaración de Helsinki, de 1964, sino también los formulados con posterioridad, en la Declaración Universal sobre la materia, aprobada el 11 de noviembre de 1997 por el organismo correspondiente de las Naciones Unidas.
En verdad, desde ese punto de vista, creo que no hay nada que pueda ser extremadamente peligroso en el contenido del articulado sometido a la consideración en general del Senado. Es indudable que hay materias -ya lo señaló la señora Ministra , cuya intervención me complazco en destacar- que, desde mi personal punto de vista jurídico y con fundamentos, adolecen de algunos vicios de inconstitucionalidad, particularmente en cuanto concierne a la conformación de la Comisión Nacional de Bioética, como asimismo al establecer de manera muy genérica normas que dan a dicho organismo la posibilidad de aplicar graves sanciones a los particulares o a las entidades científicas que puedan aparecer como infractoras.
Y digo que es placentera la declaración de la señora Secretaria de Estado , porque no cabe duda de que respecto de una iniciativa de tal relevancia como ésta tenemos el derecho de abrigar la esperanza fundada de que el Ejecutivo le entregue su aquiescencia en el orden de aquellas materias que son fundamentales, a fin de que el día de mañana pueda prosperar. De allí que es interesante oír a la señora Ministra decir que un proyecto de esta magnitud cuenta con la satisfacción, desde el punto de vista integral, del Gobierno, sobre todo en su última intervención cuando agregó que están llanos a formular indicaciones específicas en el campo de la Comisión Nacional de Bioética.
Es indudable -y con esto termino- que el proyecto debe aprobarse en general, y serán muchas las posibilidades de sugerir enmiendas a su respecto, pues por su categoría y relevancia está llamado a ser una iniciativa cúspide en la legislación de nuestro país.
Con la intervención del Honorable señor Romero daremos por terminado el Orden del Día, sin perjuicio de la proposición que haré para la tabla de la sesión de mañana.
Señor Presidente , en primer lugar, deseo destacar lo interesante y trascendente que ha resultado el debate producido en la Sala respecto de un tema de esta naturaleza. No cabe la menor duda de que todo lo atinente al ser humano es relevante, y la Comisión ha hecho bien en plantear a la Sala las posiciones generales existentes, a fin de hacer un primer análisis sobre esta materia, que es de gran complejidad.
En segundo lugar, deseo señalar mi coincidencia con quienes han intervenido respecto de la constitución de la Comisión Nacional de Bioética.
En verdad, aparte las dudas constitucionales que con justificado fundamento hizo presente el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, me parece que también existen situaciones que es conveniente escudriñar antes de tomar la decisión de crear dicho organismo, como también el hacer una evaluación crítica -ya se señaló en el debate interno de la propia Comisión- del funcionamiento de entes análogos existentes en otros países. Considero deseable y beneficioso que el Senado conozca no sólo los planteamientos de algunos especialistas sobre la materia, sino también las alternativas barajadas en los organismos que han operado en otras naciones. Tal evaluación debería tener amplia difusión en el país, por considerar indispensable, antes de establecer una normativa en este campo, que haya una discusión a nivel nacional respecto de un asunto de tanta importancia.
En tercer término, estimo que el marco constitucional y legal vigente garantiza, en cierto modo, que cualquier decisión que se adopte sobre el particular debe encuadrarse en las bases de la Constitución de 1980.
Sin embargo, más que reiterar algunos conceptos, deseo hacer algunas reflexiones respecto de ciertas expresiones formuladas que dan la sensación de que estos instrumentos internacionales tendrían carácter vinculante para Chile. Se habla, como si fuera dogma de fe, de que Declaraciones como las de Helsinki, de Nüremberg, o las recientemente adoptadas por la UNESCO, parten de cierta base de coincidencia de criterios.
Al respecto, deseo llamar la atención, en mi calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, acerca de una inquietud que nos surgió a varios Senadores en cuanto al carácter de la Declaración Universal de la UNESCO, emitida en 1997, si mal no recuerdo. Lo cierto es que el Congreso no ha conocido de ella, pese a ser tan trascendente y valiosa. Tampoco puede decirse que sea simplemente una expresión de principios, porque establece cierto grado de obligatoriedad para los Estados. Y, si así fuere, estaríamos en presencia de un tratado internacional.
En opinión de los especialistas, el ARTÍCULO 2 de la Convención de Viena define el tratado como "un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados" -en el caso de que se trata, por la UNESCO- "y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;".
Luego hay una serie de definiciones de este concepto como instrumento formal, con acuerdos de carácter contractual y con distintas acepciones; pero no cabe la menor duda de que el término "tratado", según las personas con mayor especialidad en la materia, abarca las convenciones, protocolos, estatutos, acuerdos, compromisos, modus vivendi, concordato, pacto de contrahendo y declaraciones. Los especialistas en Derecho Internacional estiman que los tratados pueden tener la forma de declaración, que es un acuerdo que establece principios jurídicos o afirma una actitud política.
De ser así, y siguiendo esa línea de pensamiento, debemos concluir que antes de convenir en el debate de una legislación interna, tal vez sería apropiado que nos formuláramos la pregunta de por qué no sancionamos las Declaraciones de la UNESCO, de Helsinki, o de Nüremberg como tratados, en razón de que conforme al artículo 50 de la Constitución Política de la República deben ser conocidos por el Congreso antes de su ratificación. Lo planteo como una especie de cuestión previa, pues no deseo que sigamos en un debate partiendo de la base de que ya hay cosa juzgada respecto de determinado asunto.
El Honorable señor Parra señaló con mucha claridad que los principios y valores éticos no pueden estar constreñidos por compromisos establecidos simplemente en una norma legal, porque no parece natural que ello suceda.
Me pregunto si lograremos cierto grado de coincidencia, pues de otro modo estaríamos cediendo nuestra decisión y voluntad a la del embajador chileno que aprobó, rechazó o se abstuvo de votar -ignoro cuál fue su postura en la oportunidad- la referida Declaración de la UNESCO.
Formulo este planteamiento, no para hacer cuestión o poner un obstáculo, sino simplemente porque me parece muy importante ordenar nuestro proceder, ya que a veces ciertos tratados no se analizan por el Congreso, por ser de un marco distinto -según se dice-, como en el caso de los convenios comerciales bilaterales.
Mi deseo es rescatar de alguna manera las atribuciones del Parlamento; y por eso creo que hacen bien los autores del proyecto en colocar una materia de tal trascendencia en manos del Poder Legislativo. Lo encuentro trascendente, pues aquí estamos frente a un debate valioso.
Sin embargo, el tema lo dejo sólo enunciado en esos términos, porque a mi juicio es fundamental despejar si por norma general consideraremos las declaraciones a que me referí como tratados o simplemente les daremos un valor relativo.
Al mismo tiempo, señor Presidente , quiero referirme a un planteamiento muy interesante -figura en el respectivo informe- hecho por don Alejandro Serani en el debate de la Comisión. Allí señaló: que "aún aceptando que la clonación humana ocurre de modo espontáneo aunque excepcional en la naturaleza en el caso de los gemelos univitelinos, debe afirmarse, desde el punto de vista ético, que la clonación deliberada de seres humanos constituye, en la mayor parte de los casos imaginables, un grave atentado a la dignidad de la persona humana.". Y agregó que "la clonación humana artificial priva injustamente a un semejante del modo específico de venir a la existencia, modo que siendo el usual y propio de la especie y aquel que es deseable en principio para todo ser humano, se constituye por eso mismo en un derecho exigible por cada individuo que accede a la vida.".
Continúa el profesor Serani diciendo que "esta privación del modo usual y natural de nacer no sólo priva, en su concepto, al nuevo ser humano de un bien exigible por su esencia, sino que además violenta la naturaleza personal y libre del nuevo individuo al erigirse los científicos en dueños y señores de lo que atañe a un aspecto tan crucial de la vida ajena. En esta época de sensibilidad ecológica debería reconocerse que existe una ecología biológica, psicológica y personal humana que también demanda ser respetada.".
Pero aquí viene lo significativo, porque añadió que "es importante señalar que esto mismo que ocurre en la clonación humana y que la hace moralmente ilícita, es lo que ocurre en buen número de las así llamadas técnicas de "reproducción asistida", muy en particular en aquellas denominadas heterólogas. Sorprende, por lo tanto, que el casi unánime rechazo a la clonación no vaya seguido de un rechazo semejante a estas técnicas," -de reproducción asistida- "cuando la razón moral de fondo es exactamente la misma.". Expresó que hacía notar este punto "ya que, en sana lógica, las soluciones jurídicas que se adopten para el caso de las técnicas de reproducción asistida no pueden ser contradictorias con aquellas que se adopten para el caso de la clonación.".
Esta materia la encuentro esencial dentro del debate, porque, en definitiva, las cosas no son como se presentan. Aquí todo el mundo ha manifestado ser contrario a la clonación. Se trataría simplemente de un atentado inadmisible, incluso conforme a las declaraciones -"tratados", denominémoslos así- a las cuales me referí. Pero resulta que para algunos catedráticos de tanto renombre, como el profesor Alejandro Serani , aquélla es semejante a la reproducción asistida. Por lo tanto, no porque se denomine de una u otra manera vamos a actuar diferente.
Nos han surgido grandes inquietudes e interrogantes a propósito de la discusión. Agradezco que haya sucedido así, porque de otro modo esas interrogantes no se hubiesen suscitado. Lo importante es tener a la vista que el tema reviste tal trascendencia que la razón y prudencia parecieran indicar la necesidad de analizarlo a nivel nacional, con el objeto de que el chileno participe no sólo expresando su opinión, sino también recogiendo las deliberaciones y análisis realizados en otros países. Nos parece básico colocar el asunto encima de la mesa de discusión. Lo peor sería guardarlo en una gaveta o decir que no queremos debatirlo.
Señor Presidente , me parece muy inadecuado crear comisiones sin saber qué imperio o vinculación tendrán en cuanto a sus decisiones.
En este tema de principios, resulta sumamente complejo entregar nuestro pensamiento y posición sobre la materia a terceras personas, por muy importantes que ellas sean, para que determinen con cierto grado de autoridad lo que cada uno de nosotros debería tener muy claro.
El tema en debate no es contradictorio con la Declaración de la UNESCO. Ésta no es un tratado y no sabemos qué tratamiento le han dado otras naciones. Como país, tal vez podríamos proponer a ese organismo que traduzca tal normativa en un tratado. Pero ése es otro asunto.
El proyecto en análisis debe contener nuestra propia visión de cómo abordar y solucionar el problema. El país tiene la necesidad de hacerlo, dada su conveniencia.
En cuanto a la constitucionalidad, debo precisar que ella se previó en la Comisión. Por lo demás, en la discusión particular se analizará si existe inconstitucionalidad. Por supuesto, si hay patrocinio del Ejecutivo, no la habrá, y si no lo hay, no podremos tratar la materia.
Ha llegado la hora de término del Orden del Día. Por consiguiente, continuaremos la discusión general del proyecto en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana. Estaría inscrito en primer término el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor Secretario dará cuenta de un acuerdo de Comités.
Los Comités acordaron, por unanimidad, facultar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que en su primer informe se pronuncie tanto en general como en particular respecto del proyecto de ley que deroga la pena de muerte.
Conforme al artículo 86 del Reglamento y para dar agilidad al trabajo del Senado, la Mesa propone incluir en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana los 11 proyectos de acuerdo relacionados con exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio, y sobre trabajo remunerado de familiares dependientes de diversos organismos internacionales. Se trata de asuntos de mero trámite, respecto de los cuales podría haber un solo pronunciamiento
Del señor HAMILTON:
Al señor General Director de Carabineros de Chile , sobre CATEGORÍA DE TENENCIA A RETÉN DE CARABINEROS "CABO JUAN CARLOS SILVA TORO" DE CERRO LOS PLACERES, DE VALPARAÍSO (QUINTA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones, al señor Intendente Regional de Aisén , tocante a ANTECEDENTES SOBRE BARCAZA "PILCHERO" (UNDÉCIMA REGIÓN).
A Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , relativo a CONCRECIÓN DE ACUERDOS ENTRE GOBIERNO Y COORDINADORA MARÍTIMO-PORTUARIA DE IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
A la señora Ministra de Salud, al señor Intendente Regional de Tarapacá , acerca de PROBLEMAS SANITARIOS POR POZOS NEGROS EN POBLACIONES UBICADAS ENTRE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , referente a PROBLEMAS EN AGRUPACIÓN HABITACIONAL "LAS PIONERAS" DE ARICA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , respecto de RECHAZO A PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMATIZADAS PARA VEHÍCULOS EN PRIMERA REGIÓN.
Al señor Subsecretario de Pesca, en cuanto a PRÓRROGA PARA ENTRADA EN VIGENCIA DE POSICIONADOR SATELITAL EN ARICA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO , Al señor Presidente del Directorio de ESSAT Al señor Gerente General de dicha Empresa , atinente a LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
A la señora Ministra de Salud, al señor Alcalde de Arica, al Jefe de Sanidad Ambiental del Servicio de Salud de Arica , concerniente a SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN POBLADORES DE CERRO CHUÑO, ARICA (PRIMERA REGIÓN).
A la señora Ministra de Educación , con relación a REESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A UNIVERSIDADES ESTATALES.
Al señor Ministro de Obras Públicas , sobre NUEVAS PLAZAS DE PEAJE EN RUTA 5 SUR DE DÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , tocante a RED DE ALCANTARILLADO PARA CARELMAPU (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , relativo a PROYECTO DE TRÁNSITO URBANO EN PUERTO MONTT (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Comandante en Jefe de la Armada , relativo a DOTACIÓN DE LANCHA DE RESCATE PARA QUELLÓN (DÉCIMA REGIÓN).
Al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, concerniente a RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL A DÉCIMA REGIÓN.
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , me voy a referir a un anteproyecto de ley sobre ampliación del sistema de crédito universitario a todos los estudiantes de la educación superior del país, el cual fue estudiado por el Comité UDI e Independientes y por cada uno de sus miembros.
Uno de los principales avances experimentados por la educación chilena en los últimos años ha sido la apertura de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Se transformó un sistema centralizado en un modelo de educación superior que permite mayores alternativas y posibilidades a la gente, en el que cada persona puede escoger cuál es la forma como desea realizar su formación, concretándose así también de mejor manera el anhelo de la igualdad de oportunidades.
Especial importancia reviste, en ese sentido, la creación de numerosos centros de formación técnica e institutos profesionales, que han venido a resolver una dificultad endémica del sistema educacional, cual es la reducida variedad de alternativas posteriores a la enseñanza media. Tal realidad significó en Chile que por muchos años los jóvenes sólo tuvieran como alternativa postular a la universidad o limitar sus estudios exclusivamente al nivel previo.
Sin embargo, la forma de financiamiento de la educación superior determina que avanzar a ésta resulta inaccesible para las personas de menores recursos económicos. En la actualidad, los únicos alumnos que reciben la ayuda del Estado son los que quieren estudiar en las universidades, beneficiándose sólo los que lo hacen en las llamadas "antiguas".
Existe aquí una doble discriminación, que impide a la gran mayoría de los jóvenes acceder a las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. El sistema no promueve la igualdad de oportunidades que la Constitución establece como deber del Estado.
La discriminación del actual sistema al entregar el aporte fiscal es injusta, pues no respeta la libre elección del alumno por la institución en la que él considera mejor estudiar. Resulta inadmisible que quien no cuente con recursos económicos se vea forzado a escoger ciertos planteles de educación superior si quiere acceder al crédito universitario para poder estudiar. Esa situación coarta directamente la libertad de las personas, ya que se les niega el acceso a entidades determinadas que estimen aptas para sus habilidades e intereses.
No es justo que el Estado decida por sus habitantes en aspectos tan fundamentales como la educación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se deje sin ayuda estatal a quien vive en sectores rurales y desea seguir la carrera de técnico agrícola en lugar de estudiar en una universidad tradicional? ¿Es razonable que el Estado decida por los ciudadanos y defina el futuro que deben vivir? ¿Es justo que tres de cada cuatro jóvenes que rinden la Prueba de Aptitud Académica no puedan recurrir al sistema de crédito fiscal, porque no eligen una universidad tradicional para continuar sus estudios?
La realidad que se enfrenta afecta negativamente, además, el esfuerzo descentralizador, en la medida en que el apoyo estatal se concentra de tal modo que el incentivo final termina siendo el estudiar en Santiago. Ello perjudica a los centros académicos locales y constituye una barrera muy poderosa al desarrollo regional. Por esa razón, es necesario crear un incentivo para los jóvenes que continúen los estudios en su región.
De acuerdo con esa lógica y con tales objetivos, los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Cariola, Chadwick, Horvath, Larraín, Novoa, Stange y Urenda, así como quien habla, hemos analizado el siguiente proyecto de ley:
"Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.591:
"1. Reemplázase el inciso primero de su artículo 70 por el siguiente:
"Créase un Fondo Solidario de Crédito Universitario para cada una de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos como instituciones de educación superior. Dicho fondo será asignado en dominio a las instituciones antes referidas, con las limitaciones que esta ley establece.
"2. Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo a su artículo 76, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
"Gozarán también de preferencia para la obtención de crédito universitario los alumnos que tengan su residencia en regiones distintas a la Región Metropolitana, para los efectos de sus estudios en la región en que residan.".
Ése es el texto elaborado en el Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes. Pero, como se requiere el patrocinio del Ejecutivo , conforme lo dispone el artículo 62 de la Constitución, solicito al señor Presidente del Senado que para obtenerlo se dirija un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República , en el que se transcriba mi intervención y el proyecto que acabo de leer.
Asimismo, pido que se envíe a la señora Ministra de Educación un oficio con la presente exposición y que se le dé a conocer, además, el texto de la iniciativa que se enviará al Primer Mandatario , para los efectos de que la Secretaria de Estado tome conocimiento de las normas a que he dado lectura.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Fernández, conforme al Reglamento.
Quedan 16 minutos al Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Señor Presidente , a pesar del potencial enorme que la zona austral -y, en particular, Aisén - ofrece para la acuicultura, se presenta la dificultad de la falta de acceso a las aguas dulces por parte de las empresas, que lo necesitan para los "smolts". Hoy en día, la capacidad instalada en la región permite, más o menos, tres a cuatro millones de "smolts" anuales, en circunstancias de que se requiere crecer a 17 millones. Presentaciones formuladas desde hace más de seis años han sido todas denegadas por la indefinición de áreas aptas para la acuicultura en los cuerpos de agua dulce.
Por esa razón, solicito que la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Marina hagan llegar todos los antecedentes al respecto, de modo que no se forme un cuello de botella en el desarrollo de dicho potencial.
Señor Presidente , en actual trámite de toma de razón se encuentra un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Ese instrumento tiene por objeto dar apoyo a las mujeres rurales y "La Incorporación de la Perspectiva del Género".
Sobre el particular, y por su intermedio, señor Presidente , deseo solicitar al señor Contralor General de la República que represente dicho acto administrativo por ser contrario al orden constitucional, en cuanto promueve una noción ajena a la legislación y, en los hechos, se pretende incorporar, a través de políticas públicas, la ideología de género. Esta última tiene su origen en los trasnochados pasillos de Naciones Unidas y en las mentes de quienes intentan imponer desde afuera una cultura homogénea contraria a la filosofía humanista inspiradora de la Carta Fundamental.
La ideología mencionada supone o conlleva tres conceptos que la describen: la perspectiva de género, la identidad de género y la equidad de género. Tres conceptos de una misma ideología que, inteligentemente, no desea ser definida y que prefiere mantener su contenido en la más absoluta oscuridad, bajo un confuso pero deliberado silencio.
No obstante lo anterior, ella apunta en la realidad a negar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, obligando a pensar que las existentes entre unos y otras no son naturales, sino simples construcciones culturales, las que evidentemente se deben abolir por la vía de erradicar costumbres arcaicas -al decir de quienes la sustentan- e impuestas por nuestros padres y educadores. En términos sencillos, señor Presidente , se busca hacer intercambiables los papeles propios de lo masculino y lo femenino. Se quiere eliminar la importancia de la distinción genital de los sexos y destruir la familia como ámbito de la heterosexualidad, pilar en que se sostiene la sociedad, y en el que, además, tienen lugar el nacimiento y educación de los hijos.
El señor Contralor podrá encontrar abundante doctrina nacional -sé que positivamente la conoce- en el sentido de definir claramente cuál es el origen de la filosofía inspiradora de la Ley Suprema. En ella se señala claramente que el constituyente eligió por modelo, nos guste o no nos guste, la protección y promoción de la familia en el ámbito cristiano occidental. Además, los derechos fundamentales no fueron consagrados ni instaurados por el orden constitucional, sino reconocidos por éste.
Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico se funda en otro anterior y superior, que posee por centro de imputación normativa a la persona humana, con sus modos naturales de ser hombre y mujer, no como simples construcciones culturales que puedan intercambiarse unas con otras a gusto del Ejecutivo de turno, sino como reconocimiento a la propia naturaleza humana, la misma que constituye, al decir del artículo 5º de la Carta, la razón del límite al ejercicio soberan; en la especie, el límite a las políticas públicas que se desea promover a través de estos acuerdos extranjerizantes.
Sólo expresaré dos conceptos más para fundar el mismo criterio, señor Presidente .
El año pasado, por esta época, denuncié la existencia de una campaña de educación sexual foránea promovida por el Ministerio de Educación bajo conceptos del todo inaceptables y poco convenientes para la comunidad escolar, la misma que hoy el Gobierno reconoce como fracasada porque, no obstante su aplicación, se registra un aumento del embarazo adolescente.
En dicho libro, supuestamente retirado de los colegios -lo que lamentablemente no nos consta-, se lee en la página 95: "Identidad de Género". Y se define: "Existe un sexo biológico que nos identifica como hombres o mujeres basándose en las características físicas que poseemos. Existe, además, un sexo psicológico que nos permite sentir que pertenecemos al género masculino o al femenino. Se llama identidad de género al hecho de reconocerse como hombre o como mujer".
Señor Presidente , por su intermedio me permito poner a disposición del señor Contralor General de la República copia de ese texto.
Finalmente, el año recién pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional que incorporó expresamente los conceptos de "hombre" y "mujer" en el artículo 19, número 2º, de la Constitución Política de la República. Es decir, se enfatizó que las maneras de ser "persona" son hombre y mujer, uno y otra con sus características propias derivadas de la naturaleza. Son una misma especie ontológicamente idéntica, pero distinta sólo en su modo de ser personas de modo que no puede haber diferencias arbitrarias entre ellos en cuanto al goce de los derechos que les son atribuidos. Sin embargo, ambos pueden, sobre la base de su modo de ser persona diversa, poseer derechos distintos, como el relativo al prenatal, que sólo se atribuye a la mujer y no al hombre.
Esta última razón también es suficiente argumento para que el señor Contralor se abstenga de dar curso al mencionado Convenio, que debe ser rechazado por transgredir abierta y mañosamente nuestro orden constitucional. Dicho sea de paso, no existe ley alguna de la República contentiva de conceptos que avalen la ideología del género. Es valedero entonces lo prevenido en el artículo 6º de la Carta Fundamental, en orden a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución como primer orden normativo, y luego a las normas dictadas conforme a ella.
Señor Presidente, hago llegar a la Mesa el texto mencionado para que se haga llegar al señor Contralor General de la República.
Señor Presidente , en otro orden de materias cabe señalar que, con fecha 18 de julio recién pasado, recibí en mi oficina de Santiago una carta de la doctora Ximena Berríos Carrasola , profesora titular de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. En ella, la profesional me transmitió -cito textualmente- "la opinión de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre el problema del Consumo de Droga que agobia hoy día al país".
Como estimo de la mayor gravedad los hechos entregados a mi conocimiento, me permitiré dar lectura al texto de la comunicación, conformado por los siguientes puntos:
"1.- La Pontificia Universidad Católica tiene algo que aportar para contribuir al desafío que significa la lucha frente al consumo de drogas en el país en este momento.
"2.-La Facultad de Medicina a través de su Departamento de Salud Pública ha estado midiendo científicamente el problema desde hace varios años. Los resultados han indicado el aumento sostenido de estas conductas de riesgo y otros estilos de vida en población infantil y adulta.
"3.- Frente a esta realidad se han generado, desarrollado y evaluado estrategias para contribuir a atenuar el problema.
"4.-Estas estrategias son inserciones curriculares en educación básica para promover factores protectores, habilidades y destrezas para que los niños adquieran la capacidad de resistir la presión conducente a consumir alcohol, tabaco y drogas, con la participación y apoyo del grupo familiar.
5.- Es un programa que promueve principios y valores, contribuyendo al desarrollo integral del escolar.
"6.- Este programa después de la evaluación que fue altamente positiva está en condiciones de ser aplicado en cualquier establecimiento educacional en el ciclo básico en los cursos de 4º y 5ºaño.
"7.- Se ha probado su factibilidad y aceptación por padres apoderados y profesores en 220 establecimientos, que representan a 1.000 profesores y 26.000 alumnos principalmente de la región metropolitana y de 25 comunas de otras 6 regiones.
"8.- Esto ha sido puesto en conocimiento en forma reiterada a autoridades de salud y educación y últimamente a las autoridades del CONACE" -Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes- "a quienes se les ha expuesto este programa.
"9.- Llama la atención por lo tanto:
"a) que a pesar de haber insistido en que una estrategia de eficiencia demostrada para prevenir el problema de las drogas es la que se localiza en la educación que enseña a los escolares habilidades y destrezas para decir que no al consumo de las sustancias.
b) que estando establecido por todos los investigadores en el mundo, que el tratamiento y la rehabilitación si bien son instancias necesarias de aplicar frente al daño ya producido, representan una solución sólo a una parte del problema, que es de alto costo económico, psicológico y social y no va a la raíz del problema.
c) que a pesar de haber ofrecido un programa como el descrito a la directora de CONACE, ella declara en el diario La Segunda del día jueves 13 de julio, que se está realizando un estudio para incorporar la prevención de la droga y adicción en el currículum académico de los escolares, señalando: "Tenemos que ver cómo se incorporarán en las asignaturas los Factores Protectores de la droga"; y agrega: "este estudio demorará aproximadamente 7 meses, por lo que podría ser puesto en práctica el próximo año.".
"Esto es sorprendente en tanto cuanto el programa "MÍRAME!" para ser saludable ahora y en los años 2000" fue presentado personalmente a la Directora y profesionales del CONACE insistiéndoles en que estaba en condiciones de ser aplicado en el sector educacional básico como una opción en la lucha contra el consumo de drogas.".
"10.- Nos preguntamos qué sentido tiene repetir lo que ya está hecho y probado científicamente, en una estructura académica de seriedad reconocida y que está aportando al país una respuesta válida frente al problema de la droga.".
Y manifiesta que no se explica cómo el programa denominado "MÍRAME!", habiéndose expuesto, no se encuentra en aplicación hoy día; ni que se anuncie que recién hay estudios para que el próximo año pueda implementarse.
Señor Presidente , me parece necesaria una cabal explicación de estos hechos por parte de la autoridad ejecutiva. Quiero pensar -y lo digo sinceramente, porque conozco el espíritu que anima a la señora Directora de CONACE - que todo se debe sólo a una descoordinación lamentable, pues en el combate contra el narcotráfico no podemos perder ni un solo día, ni un solo recurso, ni una sola idea.
Por todo lo anterior, señor Presidente , solicito que esta intervención sea transmitida íntegramente a la Ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , y a la Directora de CONACE , señora María Teresa Chadwick , para que informen al Senado acerca de las razones que han tenido para excluir y no incorporar de inmediato en los planes obligatorios de educación este valioso material aportado por la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Señor Presidente , en otro orden de materias solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora Ministra de Salud para que informe al Senado respecto de la posible modificación, actualmente en marcha, del Reglamento de esa Cartera (decreto supremo Nº 1.876, de 1995). Dicha enmienda tendría por objeto excluir de los controles sanitarios previos a la comercialización en el país, que hasta la fecha son exigidos por la autoridad sanitaria para todos los productos cosméticos importados.
A nuestro juicio, liberar esas importaciones del control debido y erradicar dicha exigencia de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un error. Sabemos, en lo inmediato, que ello pone en serio riesgo 1a salud de toda la población, y que esa medida convertiría a nuestro país en un basurero de productos contaminados provenientes de otras naciones, las que por su parte cuentan con medidas sanitarias exigentes y obligatorias sobre el particular.
Expondré dos ejemplos que pueden ser ilustrativos: tanto en España como en Estados Unidos rigen normas sanitarias idénticas que establecen que "Todo producto cosmético debe cumplir completamente con el contenido de las disposiciones indicadas para su puesta en el mercado, en el evento de ser rechazado por las Autoridades Sanitarias, el responsable del mismo, sea el fabricante o el importador, deberá proceder a su eliminación o reacondicionamiento.".
Ahora bien, la eliminación significa la destrucción material o su exportación a países que carecen de normas sanitarias de control (en lo sucesivo, Chile).
En mi opinión, existiendo una disposición como la aplicada en esas naciones, resulta sumamente atendible lo que estoy planteando en orden a que nos podríamos llenar de una cantidad de productos que son desechados o rechazados en el exterior, y que sólo ingresan a países donde no existen barreras sanitarias de control, como ocurriría en el caso chileno.
Señor Presidente , solicito que se envíe copia de este oficio al señor Director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), toda vez que tengo en mis manos el último número de su revista, donde se publica bajo el título "Lavado de Cerebro", un reportaje comparativo de los champúes comercializados en Chile. En el epígrafe se señala: "Tres marcas de champú tienen una alta contaminación con gérmenes no patógenos, pero riesgosos desde un punto de vista sanitario, seis no rotulan los ingredientes y otros cinco no declaran el número de registro otorgado por el Instituto de Salud Pública".
Además, sería también beneficioso conocer la opinión del Director del SERNAC en cuanto a la eliminación en Chile de las normas relativas a los controles sanitarios aplicables a todos los productos cosméticos antes de su comercialización en el país.
Señor Presidente , por último, plantearé un problema que afecta a un lugar específico de la circunscripción que represento (Región Metropolitana Oriente).
El sector de Sánchez Fontecilla con José Arrieta , de la comuna de La Reina, ha sufrido por años los embates de inundaciones, las que se producen con motivo de tres obras urbanas: la urbanización del aeródromo de Tobalaba, la urbanización residencial desde Jorge Alessandri hasta la precordillera y el levantamiento del puente de Tobalaba con José Arrieta .
En ese sector existen alrededor de 117 casas que conforman la Villa COVICAR, ubicada exactamente entre Sánchez Fontecilla , Talinay y Pepe Vila , que fue construida hace ya 27 años -entonces no existía riesgo de inundaciones- y donde hoy viven principalmente personas de la tercera edad.
Cuando se produjeron las inundaciones de 1997 un vecino del lugar afectado, de profesión ingeniero, presentó a la Municipalidad de La Reina un proyecto para tratar las aguas lluvias. La Corporación lo desechó y en su reemplazo encargó un estudio a la Consultora GC&GC, cuyo resultado se sometió a consideración de los vecinos en mayo de 1999. Dicho estudio comprendía la construcción de un colector de aguas lluvias de un metro de diámetro en José Arrieta, y obras de mitigación en el área. Actualmente se encuentra aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.
Es más. Cuando las autoridades edilicias dieron a conocer el proyecto en 1999, se comprometieron con la comunidad a iniciar de inmediato las obras y a entregarlas el 31 de diciembre del mismo año. ¿Qué ocurrió? Supuestamente, el Ministerio de Obras Públicas devolvió el proyecto de colector de emergencia para calle Arrieta por contener aspectos que necesitaban correcciones menores. Tales modificaciones, que según la Municipalidad se encontrarían listas en 15 días, finalmente tardaron seis meses. El 4 de enero de 2000 se envió al Ministerio el proyecto corregido.
En junio del presente año se inundaron nuevamente 65 casas del sector. A raíz de ello se logró, al menos, que el municipio realizara dos cosas, que hasta la fecha han mitigado en parte posteriores daños: se construyó un lomo de toro provisorio, de 40 centímetros, en José Arrieta , y se procedió a limpiar el canal norte de la bocatoma que da al canal San Carlos , despejando algunos sumideros. Los trabajos se realizaron en sólo dos días.
Señor Presidente, pido que se oficie sobre el particular al señor Alcalde de la Municipalidad de La Reina, a fin de que informe cuanto antes sobre la factibilidad de que las obras prometidas a la comunidad se puedan efectuar en el curso de este año.
Como no se hallan presentes integrantes del resto de los Comités,¿
Señor Presidente , el turno siguiente corresponde al Comité Renovación Nacional. Agradecería a la Mesa concederme medio minuto con cargo a ese tiempo.
No se me dijo nada al respecto, señor Senador.
No se encuentra presente ninguno de sus miembros, pero¿
Sólo como expresión de buena voluntad, puede ocupar parte de ese tiempo, Su Señoría.
Señor Presidente , me referiré a un problema que se presenta en el lago General Carrera -lago binacional y el tercero más extenso de Sudamérica-, al cual se accede a través de caminos, tanto por el lado argentino como por el chileno, que lo rodean completamente y donde el transporte se realiza mediante el servicio de la barcaza pública "Pilchero", de propiedad del Ministerio de Obras Públicas, y de otra privada, la "Chilenco", que más bien se dedica a faenas mineras.
La barcaza "Pilchero" fue construida hace varias décadas y se halla en condiciones de franco deterioro. En la última semana regional fuimos testigos de que estaba en pana, hecho que obligaba a hacer largos viajes a camiones y otros vehículos, e incluso a los estudiantes que desarrollaban actividades en sus vacaciones de invierno.
Por lo tanto, solicito que se nos informe del estado en que se encuentra esa barcaza y, a la vez, que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con las autoridades regionales de Aisén, implemente el servicio de una segunda nave para carga, pasajeros, vehículos, y fundamentalmente acondicionada para el turismo.
Debe tenerse en cuenta que el acceso hacia el lago y desde él está mejorando notablemente a través de la pavimentación del camino austral desde Coyhaique-Villa Cerro Castillo , con su ramal a puerto Ingeniero Ibáñez . Además, se está estudiando la pavimentación desde la frontera argentina hasta la ciudad de Chile Chico, en la parte sur del lago General Carrera. En consecuencia, la demanda de transporte en éste crecerá notablemente.
Por lo anterior, pido oficiar al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones , y a la señora Intendenta de Aisén , a fin de que se acceda a lo expuesto y se nos hagan llegar los antecedentes de que he hecho mención.