Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2017/05/
Timestamp: 2017-10-23 09:45:34
Document Index: 196460248

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 202', 'artículo 82', 'artículo 429', 'artículo 1', 'artículo 202', 'artículo 31', 'artículo 82', 'artículo 39', 'in fine', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 172', 'Artículo 8', 'artículo 130', 'artículo 533', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

Boletín Legal Venezuela: mayo 2017
Citación del Síndico Procurador Municipal en el contencioso tributario (modifica criterio)
Mediante sentencia N° 569 del 17 de mayo de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, modificó el criterio sostenido en la decisión N° 1641 del 03 de octubre de 2007 (caso: Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A.), por lo que a partir de esa decisión en los procesos contenciosos tributarios se citará al Síndico Procurador Municipal luego de admitido el recurso. En particular, se afirmó lo siguiente:
“Advierte esta Alzada que aún cuando la sentencia parcialmente transcrita analizó las citaciones a la Procuraduría General de la República en los juicios contenciosos tributarios, sin embargo, dicho criterio es perfectamente aplicable a la materia municipal y, por ende, a las citaciones del Síndico Procurador Municipal. Por consiguiente, se insiste que a pesar de que el Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis y el mencionado Texto Orgánico Tributario de 2014, no prevén la figura de la citación y sólo se refieren a las “notificaciones de Ley”, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010 sí establece la “citación” en el artículo 153 antes reseñado.
En virtud del pronunciamiento que antecede, esta Superioridad advierte que el nuevo criterio no puede aplicarse al asunto sub examine, en aras de garantizarle a las partes los principios de confianza legítima y expectativa plausible, conforme lo ha sostenido reiteradamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en las sentencias Nros. 956 del 1º de junio de 2001, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero; 401 del 19 de marzo de 2004, caso: Servicios La Puerta S.A.; y 867 del 8 de julio de 2013, caso: Globovisión; por consiguiente, el mismo tendrá efectos ex nunc, es decir, se aplicará a los recursos contenciosos tributarios ejercidos contra actos dictados por la Administración Tributaria Municipal, iniciados con posterioridad a la publicación de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece” (énfasis añadido por la Sala).
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199087-00593-18517-2017-2015-0755.HTML
Mediante sentencia N° 593 del 18 de mayo de 2017, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, aplicó el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 7 del 12 de enero de 2011 (caso: Graciano Bríñez Manzanero), por lo que reabrió el lapso al que se refiere el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a los fines de que se celebre una nueva audiencia de juicio ante esa instancia. En particular, se afirmó lo siguiente:
“Con vista al aporte probatorio acreditado en autos, muy especialmente el reposo médico acordado en fecha 9 de mayo de 2016, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por un lapso de tres (3) días desde el 9 de mayo de 2016 hasta el día 11 de ese mismo mes año, al cual se le otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil; ello, por considerarse documento administrativo formado por funcionaria al servicio del referido ente, que da fe de determinados hechos en tanto no sean controvertidos en virtud de otras probanzas con mayor fehaciencia, es por lo que a juicio de la Sala el actor logró demostrar las razones justificadas que le impidieron asistir a la Audiencia de Juicio a la hora fijada por esta Máxima Instancia en el auto de fecha 3 de mayo de 2016 (folio 89 del expediente judicial).
Ahora bien, en este punto es pertinente traer a colación el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse nuevamente después de cumplidos, salvo en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario.
Con relación a dicho artículo esta Sala, en su decisión Nro. 00473 del 12 de marzo de 2002, ratificada en la sentencia Nro. 00007 de fecha 12 de enero 2011, señaló que el mismo contempla dos supuestos; el primero referido a la prórroga de los lapsos procesales, en tanto que el segundo se circunscribe a la reapertura de los mismos. En ambos supuestos se trata de una extensión del lapso, otorgada por el Tribunal, para el caso en que la ley así lo establezca o siempre que concurra una causa que haga necesaria dicha extensión y que no sea imputable a la parte que la solicita.
Bajo la óptica de lo expresado, la Sala observa que en el caso concreto se encuentra referido al segundo supuesto anteriormente mencionado, sobre el cual el actor solicitó la fijación de una nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, alegando una causa no imputable que no le permitió comparecer a la hora señalada por esta Sala para la realización de ese acto procesal; hecho que se encuentra acreditado con las pruebas promovidas y debidamente evacuadas y por tal razón la Sala estima improcedente declarar el desistimiento de la demanda de nulidad solicitado por las representaciones judiciales de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público. Así se declara.
En consecuencia, en aras de garantizar los derechos del ciudadano Alí José Fabricio Paredes, a una tutela judicial efectiva y al debido proceso, contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala ordena reabrir el lapso establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y fijar una nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, previa notificación de las partes. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).
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Naturaleza de la relación de un representante de la Junta Directiva de una empresa
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197761-0289-20417-2017-15-307.HTML
Mediante sentencia N° 289 del 20 de abril de 2017, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que aquellas personas que formen parte de la Junta Directiva de una sociedad mercantil no se considerarán como trabajadores, ya que la prestación de servicio no surge como consecuencia de un contrato o relación de trabajo. En particular, se afirmó lo siguiente:
“De la lectura detenida y exhaustiva del fallo recurrido, aprecia la Sala que el juez de alzada, declaró desvirtuada la presunción de laboralidad que amparaba a la ciudadana Omaira Uncein, con fundamento en que la actora prestó sus servicios para la demandada como Directora Principal de la Junta Directiva, y que a su vez de manera simultánea o paralela ejerció la representación legal de la sociedad mercantil Desarrollos La Ceiba, C.A., cuya representación legal detentaba desde el 4 de mayo de 1998, sociedad mercantil, en la que a partir del 1° de marzo de 2006, fue designada con el cargo de Directora Administradora, tal como se desprende de la prueba de exhibición del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Desarrollos Urbanos La Ceiba C. A., promovida por la parte demandada.
De igual manera, apuntó la recurrida que la actividad desplegada por la ciudadana Omaira Uncein para el Banco Guayana, C.A., no fue atendiendo al deber del trabajador de poner a disposición del patrono su fuerza laboral con el objeto de que éste lo incorporara a la satisfacción de sus intereses, en la esfera del proceso productivo que organiza y dirige, sino “que por el contrario, ella, junto al resto de DIRECTORES PRINCIPALES incluyendo el Presidente, encarno (sic) al patrono, toda vez que este ostenta la condición de persona jurídica o moral, impedida de expresarse y actuar por sí misma”, lo que evidencia la ostensible autonomía de la parte actora en la prestación de sus servicios.
Bajo este hilo argumental, concluyó la sentencia que la labor desplegada por la parte actora era a favor de sus propios intereses al momento de desempeñarse en el alto cargo para el cual fue designada dentro de la Junta Directiva de la demandada, así como en la sociedad mercantil Desarrollos Urbanos La Ceiba, C.A., funciones reguladas por los estatutos sociales de las demandadas y por las juntas directivas de las que formaba parte, lo cual dista de la figura del trabajador prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable ratione temporis, pues su prestación de servicios no nació del contrato de trabajo, sino de la designación directa de miembro principal de la Junta Directiva, por la cual recibía como contraprestación una dieta equivalente al cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas del banco.
Asimismo, advierte esta Sala que a pesar de que en la parte in fine de la motiva, se observa que el juez superior de forma aislada, hace mención del término “grupo económico”, no se aprecia que establezca categóricamente que está conformado por las dos empresas a las que la actora prestó sus servicios, por tanto, a juicio de esta Sala, el fallo no está incurso en vicio de falso supuesto, máxime cuando de la extensa motivación reseñada supra se desprenden las razones por las cuales fue desvirtuada la presunción de laboralidad, concretamente, la autonomía e independencia en el ejercicio de las actividades, al desempeñar la actora de forma coetánea cargos administrativos para dos empresas distintas, la no subordinación en las actividades, la dieta percibida como contraprestación, etc., aspectos demostrados por la empresa demandada”.
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Mediante Decreto Nº 2.832 publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.296 Extraordinario del 02 de mayo de 2017, la Presidencia de la República, fijó un aumento del sesenta por ciento (60%) el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados. El contenido de ese Decreto es el siguiente:
Artículo 1: Se aumenta en un sesenta por ciento (60%) el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto, a partir del 1° de mayo de 2017, estableciéndose la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 65.021,04) mensuales.
Artículo 2: Se fija un aumento del salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela para los y las adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a partir del 1º de mayo de 2017, por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 48.354,96) mensuales.
Artículo 5: Se fija como monto de las pensiones otorgadas a los pensionados y pensionadas, por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el salario mínimo nacional obligatorio establecido en el artículo 1° de este Decreto.
Artículo 6: Adicionalmente, a lo establecido en el artículo 1 de este Decreto, se otorga a los pensionados y pensionadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), que perciban el equivalente a un salario mínimo, un Bono Especial de Guerra Económica del treinta por ciento (30%), equivalente a la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.19.506,31) mensuales.
Artículo 7: Cuando la participación en el proceso social de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario estipulado como mínimo, podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en cuanto fuere pertinente.
Artículo 8: El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a su pago de conformidad con el artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a la sanción indicada en el artículo 533.
Artículo 10: Queda encargado de la ejecución de este Decreto el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
Artículo 11: Este Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2017.