Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88982
Timestamp: 2019-08-21 18:26:15
Document Index: 87427037

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 7']

Gaceta: LXIV/1SPO-77/88982
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cumplimiento de las plataformas electorales, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales.
La rendición de cuentas es un derecho humano protegido por principios de constitucionalidad y convencionalidad. Para Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, los derechos humanos son: “Expectativas formadas de todas las personas con relación a la acción u omisión de los Estados, las empresas, los poderes facticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera dignidad humana” Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que considera, la libertad, la justicia, la dignidad intrínseca y la igualdad de derechos para todos los integrantes de la familia humana. Específicamente en su artículo 21.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
Por lo anterior, los derechos humanos son parte fundamental en el desarrollo de las democracias de todos los paises del mundo, es decir, no podría existir democracia sin cumplimiento de los derechos fundamentales.En ese sentido, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección.
Según el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito los derechos Humanos son: “el Conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantia de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual o colectivamente” .
En ese sentido, la rendición de cuentas, suele encontrar varias definiciones coincidentes con sinonimos de resposabiliad política, control, fiscalización o transparencia. Así, por ejemplo, se habla de rendición de cuentas, cuando el titular del Ejecutivo federal rinde el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados, el primero de septiembre de cada año. También se habla de rendición de cuentas cuando el Congreso de la Unión cita a altos funcionarios para que le rindan explicación de algún caso en concreto. Asimismo, se utiliza el concepto rendición de cuentas, cuando las personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, hacen uso de recursos públicos y tienen obligación de informar ante un órgano fiscalizador acerca de dicho uso.
Para MacLean, la rendición de cuentas es:
“…el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre le uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las criticas o requerimientnos que le son señalados y acepten responsabilidad en el caso de errores, inconpetencias o engaño.”
Como podemos observar el término “rendición de cuentas” es utlizado en diferentes aspectos que sin duda, tienen que ver con la consecuencia directa de exigir una explicación, una rendición, una información, justificación y posiblemente un castigo, respecto al ejercicio de un cargo público. De lo anterior, se entiende que el Estado mexicano, reconoce, promueve, protege y garantiza los derechos humanos; por esa razón, la rendición de cuentas como derecho humano debe ser respetado en términos del artícuo 134 de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente.
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”
Partiendo de lo expuesto, es necesario generar mecanismos de rendición de cuentas, con relación a las promesas de campaña que relizan los candidatos a cargos de elección popular y que posteriromente se convierten en autoridades electas.
Es bien sabido que los partidos políticos registran una plataforma electoral que contiene todos los planes, programas y politicas públicas que serán aplicadas si resultan ganadores. Sin embargo, los candidatos que se convierten en autoridades electas popularmente, en la mayoría de los casos, se olvidan de cumplir con las plataformas electorales que registraron y los llevaron al triunfo.
Por ello, es pertinente controlar el abuso del poder y el ejercicio indebido de la función pública, mediante el establecimiento de mecanismos jurídicos que permitan sancionar a los políticos que se conduzcan sin ética política. La mentira no puede ser la base de nuestra democracia. La esperanza generada en la sociedad mediante las promesas de campaña, no puede ser burlada, por políticos insensibles, y especialmente, ante una sociedad doblegada por la violencia, la impunidad, la desigualdad y la injusticia. La ética política debe imperar con el objetivo de otorgar valor a la verdad, so pena de sanción, en caso de incumplimiento a las promesas de campaña registradas ante las autoridades electorales.
Atendiendo a esta realidad que prevalece en materia de cumplimiento de propuestas y promesas de campaña, es pertinente referir que no existe ningún instrumento jurídico o legal para sancionar su incumplimiento, por lo que la única vía, seguirá siendo la sanción política, es decir, mediante el voto de castigo.
No obstante, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41, fracción IV, dispone:
“La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatosa cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y campañas electorales”.
“La violación a estas disposiciones o cualquier otra persona fisica o moral será sancionada conforme a la ley.”
La anterior disposición permite establecer las reglas de las campañas electorales, es decir, su duración y demás criterios que pueden ser establecidas en la ley, por lo que, partiendo de esta disposición constitucional, es posible establecer un proceso de monitoreo, difusión y en su caso, sanción por el no cumplimiento de las promesas o propuestas de campaña.
En necesario entender que México atraviesa una etapa en la que la ciudadanía se empodera cada vez más, pues cuenta con mecanismos críticos y democráticos que facilitan el acceso a la información, y hacen posible exigir el cumplimiento de planes y programas de gobierno, contenidos en las plataformas electorales.
Ahora corresponde justamente, por un lado, a la ciudadanía exigir herramientas que le permitan ser copartícipes en la ejecución de plataformas electorales, planes y programas; y por otro, a instituciones, partidos, y líderes políticos dar cumplimiento real y efectivo a sus promesas de campaña. Hoy, nos enfrentamos todos: ciudadanía, actores políticos, e instituciones gubernamentales a un nuevo paradigma, en el que la participación, la colaboración, la ética, y los resultados serán los elementos determinantes de una nueva democracia incluyente y eficaz, que beneficie a la sociedad mexicana en todos los estratos, y que no solo conduzca al interés y bienestar de unos cuantos.
Las plataformas electorales deben trascender y dejar de percibirse como un simple requisito de ley para contender a un cargo público. Las plataformas electorales deben cumplir con su objetivo primordial, consistente en exigir que la política democrática no solo sea una disputa entre personas por el poder, sino una confrontación de ideas plurales y alternativas sobre el ejercicio del poder público.
Las plataformas deben ser el documento político programático de cada partido político, y de cada candidato, pues ahí se advertirá su capacidad de diagnóstico y se reflejará hasta dónde conocen la realidad política, económica y social.
Por ello, la presente iniciativa pretende que las plataformas electorales sean un verdadero proyecto que se cumpla, ya sea a corto, mediano, o largo plazo, y que su objeto sea resolver fehacientemente los múltiples problemas que aquejan a la sociedad mexicana, tales como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, y inseguridad.
De esta manera se proponen modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para regular el cumplimiento de las plataformas electorales, a través de los denominados informes generales y específicos acerca de la gestión de los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, establecidos en las plataformas electorales que llevaron al triunfo a los gobernantes, y a partir de ellos, evaluar la función pública. Siendo el Instituto Nacional Electoral, el que vigile y registre el cumplimiento de los informes respectivo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso i) al numeral 1 del artículo 3, un numeral 5 al artículo 7 y una fracción j) al numeral 2 del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa al cumplimiento de las plataformas electorales, para quedar como sigue:
i) Plataforma electoral: Documento público programático que contiene las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular, así como sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos en caso de resultar electos;
j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1. a 4. (…)
5. Es derecho de los ciudadanos recibir de las autoridades electas, los informes generales, específicos, anuales y semestrales sobre el cumplimiento de las propuestas de campaña establecidas en las plataformas electorales, para evaluar la gestión de sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos.
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:
i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas,
j) Realizar las acciones necesarias a fin de cumplir con el númeral 5, del artículo 7 de esta Ley, respecto al seguimiento en el cumplimiento de las plataformas electorales que registraron las autoridades electas popularmente y que las llevaron al triunfo, y
k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.
SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un término de 90 días deberá aprobar los acuerdos y lineamientos necesarios para cumplir con el seguimiento y monitoreo respecto al cumplimiento de las plataformas electorales que registraron los partidos políticos, contado con un portal de internet específico para que los ciudadanos puedan acceder a la información, considerando:
a) Monitoreo respecto a los informes generales, específicos, anuales y semestrales que realicen las autoridades electas a los ciudadanos de la circunscripción electoral que corresponda.
b) La coordinación con las autoridades necesarias para la transparencia, uso debido de la información, medios de comunicación y difusión de los compromisos adquiridos por las autoridades electas popularmente.
TERCERO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en este decreto.
… de 2019
Baltazar Pahuamba Rosas. El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos. Editorial Express 2017. Pág. 21.
Consulta Electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=177020&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0