Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/6280
Timestamp: 2020-01-22 16:26:35
Document Index: 14719767

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 14', 'Artículo 790', 'Artículo 790', 'Artículo 790', 'Artículo 790', 'Artículo 795', 'Artículo 795', 'Artículo 24']

HJ System - Decision: SENTENCIA 48/2008
SENTENCIA 48/2008, de 11 de marzo
ECLI:ES:TC:2008:48
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 30 de abril de 2004 el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona interpone recurso de amparo en nombre de la sociedad Louis Vuitton Malletier, S.A., contra la Sentencia mencionada en el encabezamiento.
a) La Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de San Sebastián 223/2002, de 17 de junio, absolvió a los acusados del delito contra la propiedad industrial que les atribuía la sociedad recurrente.
b) La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 9 de abril de 2003 anuló en apelación la Sentencia de instancia por dos razones. La primera radicaba en que había invalidado injustificadamente una prueba (testifical de la Abogada de la sociedad acusadora). La segunda razón consistía en la contradicción existente entre la afirmación del relato de hechos probados de que los acusados habían vendido productos falsificados de la marca Louis Vuitton, “conocedores de que los artículos no eran los originales de la marca y reproducían marcas falsificadas y no estaban autorizados por el titular para el uso de su marca ni la puesta en el comercio de productos distinguidos con la misma”, y la afirmación del fundamento de Derecho tercero relativa a que es “perfectamente atendible la alegación de Francisco Javier Maiso de haber obrado en la creencia de que eran objetos auténticos”.
c) La nueva Sentencia del Juzgado de lo Penal, 302/2003, de 29 de julio, absuelve a los acusados. Tras reiterar que el primer acusado “venía dedicándose … a la venta al público de artículos falsos de la marca Louis Vuitton” que él mismo había obtenido en Bangkok (Tailandia), modifica el relato de hechos probados en el sentido de que “los acusados desconocían que los artículos no eran los originales de la marca Louis Vuitton y que reproducían marcas falsificadas y no estaban autorizados por el titular para el uso de su marca ni la puesta en el comercio de productos distinguidos con la misma”. La absolución se sustenta, en esencia, en que los productos “carecían de aptitud para inducir a error a los consumidores sobre el origen del producto”; en que “no existen indicios en la causa que permitan concluir, respecto de los acusados, el conocimiento de la existencia del requisito de la inscripción registral de las marcas afectadas, su valor y función”; y en que es “perfectamente atendible la alegación de Francisco Javier Maiso de haber obrado en la creencia de que eran objetos auténticos”.
d) En su recurso de apelación la sociedad hoy recurrente solicitó “de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, al basarse el recurso en error en la apreciación de las pruebas relacionado con las declaraciones de acusados y testigos”, que estas pruebas se volvieran a practicar. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa rechazó esta petición mediante providencia, “al no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el art. 795.3 LECrim” (actualmente art. 790.3, conforme a la redacción dada por Ley 38/2002, de 24 de octubre). Y la vuelve a rechazar en el Auto que resuelve el recurso de súplica, de 22 de enero de 2004: “La doctrina constitucional … viene a establecer que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado otorga plenas facultades al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen por la partes, sean de hecho o de derecho, pero en todo caso, respetando la legalidad y las garantías constitucionales establecidas en el art. 24 CE. Es por ello que no cabe la reiteración de las pruebas solicitadas por la parte recurrente al no concurrir ninguno de los supuestos señalados en el anterior art. 795.3 ni en el vigente 790.2 LECrim, requisito de ineludible cumplimiento para poder solicitar la práctica de prueba en esta alzada”.
e) La Audiencia confirma la nueva Sentencia absolutoria, aclarando que, si no hay práctica de prueba, “el Tribunal ad quem no puede revisar la apreciación probatoria practicada en la instancia cuando, por la naturaleza de las pruebas en cuestión, sea necesario para su valoración el concurso de los principios de inmediación, oralidad y contradicción … A no ser … que el proceso valorativo de la prueba no se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia apelada (SSTC 17/12/85, 23/6/86, 13/5/87, 2/7/90 entre otras), o que el mismo responda a un razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia (STC 1/3/93)”. En el presente caso “no es apreciable … incongruencia alguna entre la prueba practicada en la instancia y el concreto pronunciamiento absolutorio”; además, “la valoración probatoria llevada a cabo en la resolución impugnada resulta racional en sus planteamientos y lógica en su desarrollo”.
3. La demanda de amparo solicita que se anulen las resoluciones recurridas —las dos relativas a la denegación de vista oral y de prueba, y la que confirma en apelación la absolución de los acusados— y que se retrotraigan las actuaciones al momento previo a la primera de ellas para que se practiquen las pruebas solicitadas. Fundamenta esta petición en la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para al defensa (art. 24.2 CE).
4. Mediante providencia de 12 de julio de 2006, conforme a la dispuesto en al art. 50.3 LOTC, la Sección Primera de este Tribunal concede un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible concurrencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC (carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda).
5. El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones, de 13 de septiembre de 2006, interesando la admisión a trámite de la demanda.
6. Mediante providencia de 8 de noviembre de 2006 la Sección Primera de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de amparo, y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requiere de los órganos judiciales correspondientes testimonio de las actuaciones del procedimiento que origina el presente recurso. Asimismo interesa de los mismos el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento a los efectos de posibilitar su comparecencia en este proceso de amparo.
7. Mediante diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 15 de marzo de 2007 la Sección Primera de este Tribunal tiene por personado en el procedimiento al Procurador don José Luis Martín Jaureguibeitia en nombre de don Luis María Maiso Lizaso. Asimismo acuerda dar vista a las partes de las actuaciones del presente recurso de amparo, con concesión de un plazo de veinte días para la presentación de las alegaciones previstas en el art. 52.1 LOTC.
8. Mediante escrito de 18 de abril de 2007 la representación de don Luis María Maiso Lizaso solicita la denegación del amparo impetrado. Para sostener esta petición hace constar, en primer lugar, la transacción judicial a la que llegaron la sociedad recurrente y su representado ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao, por la que se acordaba la renuncia a la acción de la actora y la puesta a su disposición para su destrucción de los bolsos depositados ante el Juzgado de lo Penal. “Si lo que encubría el procedimiento penal era una reclamación civil … su objetivo quedó cumplido, por lo que el recurso actualmente planteado no tendría ya ninguna virtualidad operativa” y “resulta initeligible que la parte recurrente no haya desistido de su recurso de amparo”.
9. En su escrito de 20 de abril de 2007 el Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de acceso al recurso (art. 24.1 CE), y que para su restablecimiento se anulen las tres resoluciones recurridas, con retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de la primera. Para sustentar este interés se remite a lo alegado en su escrito de 13 de septiembre de 2006 (resumido en el antecedente núm. 5).
10. El Pleno del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 k) LOTC, a propuesta de la Sala Primera, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo por providencia de 20 de septiembre de 2007.
11. Mediante providencia de 11 de marzo de 2008, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día de la fecha.
1. La sociedad recurrente ejercitaba la acusación particular en un procedimiento penal por un posible delito contra la propiedad industrial consistente en la importación y comercialización de productos que reproducían una marca internacional registrada sin el consentimiento del titular del correspondiente derecho. Tras una primera Sentencia absolutoria anulada en apelación interpuso un nuevo recurso contra la segunda Sentencia absolutoria de instancia, solicitando que la apelación se sustanciara con una nueva práctica de las declaraciones de los acusados y de dos de los testigos, ya que consideraba que las mismas habían sido erróneamente valoradas y que este error había determinado el fallo a través de la afirmación de que los acusados “desconocían que los artículos no eran los originales de la marca … y no estaban autorizados por el titular para el uso de la misma”. El Tribunal de apelación deniega la práctica de estas pruebas y confirma el fallo absolutorio. Lo primero, porque así lo prescribe el art. 795.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim, actualmente art. 790.3, conforme a la redacción dada por Ley 38/2002, de 24 de octubre); lo segundo, porque “la valoración probatoria llevada a cabo en la resolución impugnada resulta racional en sus planteamientos y lógica en su desarrollo”.
2. Hemos de comenzar el análisis de la cuestión planteada recordando dos extremos consolidados de nuestra doctrina jurisprudencial. El primero se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE): forma parte de la misma el derecho de acceso al recurso previsto en el Ordenamiento jurídico y en los términos que prevean las normas del mismo. El control por esta jurisdicción constitucional de amparo del respeto a esta vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva es diferente y más intenso, coincidente con el derecho de acceso a la jurisdicción, cuando de lo que se trata es del derecho de acceso al recurso de la persona que ha sido penalmente condenada. Por “[r]azones materiales evidentes, derivadas de la entidad de lo que se ventila en tal tipo de remedios procesales” (STC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2), nuestro control no se limita a analizar si la denegación de acceso al recurso es arbitraria, fruto de un error patente o consecuencia de una interpretación manifiestamente irrazonable de las normas que regulaban tal acceso, sino, más allá, si por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revela una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión del recurso preservan y los intereses que sacrifican (por todas, SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 11/2003, de 27 de enero, FJ 3; 43/2007, de 26 de febrero, FJ 2). La segunda línea tradicional de nuestra jurisprudencia que anunciábamos se refiere ahora al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE): la revisión de la Sentencia penal condenatoria constituye una garantía constitucional del condenado, si bien la Constitución, interpretada conforme a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por España (art. 10.2 CE), no impone que tal revisión comporte una nueva valoración de la pruebas, ni con ello la reiteración de la práctica de las mismas ante el órgano judicial revisor cuando así lo demanden las garantías de inmediación y contradicción.
3. Tampoco puede afirmarse que se haya producido la vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE). No, por supuesto, por una cuestión de falta de titularidad del derecho, sino porque el contenido del derecho ha quedado incólume tras la actuación judicial denunciada.
4. Aduce también la sociedad demandante que la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías proviene, no del hecho de la falta de la garantía del recurso penal, sino del hecho de que el mismo se sustanciara sin la garantía de la práctica de las pruebas cuya valoración se cuestionaba. En el entender de la demandante y del Ministerio Fiscal la jurisprudencia establecida por este Tribunal a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre, comportaría que esta práctica constituye una garantía constitucional cuando el recurrente cuestione ante el Tribunal de apelación los hechos afirmados por la Sentencia de instancia.
5. La doctrina que parte de la STC 167/2002 no comporta que deban practicarse necesariamente nuevas pruebas en apelación cuando los recurrentes cuestionen los hechos declarados como probados, cuestión que sólo al legislador corresponde decidir en su competencia de configuración de los recursos penales, sino únicamente que al órgano judicial le está vedada la valoración de las pruebas personales que no se hayan practicado ante él: que “en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE” (FJ 11). Esta mención al ámbito de la apelación diseñado por el art. 795 LECrim (hoy 790 LECrim) constituye un presupuesto constante de la doctrina de la exigencia de inmediación en la valoración de las pruebas (SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 3; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; 78/2005, de 4 de abril, FJ 2; 307/2005, de 12 de diciembre, FJ 5). No sobra señalar al respecto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras partir de que el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos no compele a los Estados a establecer tribunales de apelación o de casación (STEDH de 26 de julio de 2002, asunto Metfah y otros contra Francia, § 41), señala que el modo de aplicación del mismo a la apelación depende de las singularidades del procedimiento en cuestión y que en todo caso ha de tomarse en cuenta en su conjunto el proceso tramitado según el Ordenamiento jurídico interno y la tarea que en él desarrolla el Tribunal de apelación (SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani contra Suecia; de 29 de octubre de 1991, §asunto Jan – Ake Andersson contra Suecia, §§ 22 y 27; de 29 de octubre de 1991, asunto Fejde contra Suecia, § 26; de 27 de junio de 2000, asunto Constantinescu contra Rumanía, § 53; de 6 de julio de 2004, asunto Dondarini contra San Marino, § 27), singularmente si le corresponde declarar los hechos probados (SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani contra Suecia, § 31; de 18 de octubre de 2006, asunto Hermi contra Italia, § 61). De este modo, cuando se ha celebrado ya audiencia pública en la primera instancia, la falta de debates públicos en apelación puede justificarse por las peculiaridades del procedimiento en cuestión, teniendo en cuenta la naturaleza del sistema de apelación interno, el alcance de los poderes de la jurisdicción de apelación, la manera en que los intereses del demandante han sido realmente satisfechos y protegidos ante ella, y sobre todo la naturaleza de las cuestiones que tenía que resolver (STEDH de 27 de junio de 2000, asunto Constantinescu contra Rumanía, § 53; también STEDH de 8 de febrero de 2000, asunto Cooke contra Austria, § 35). Así, en el asunto Arnarsson contra Islandia (STEDH de 15 de julio de 2003) se parte de que el hecho de que el Tribunal Supremo islandés estuviera facultado para revocar una sentencia absolutoria sin citar al demandante y a los testigos y sin interrogarles en persona no infringe por sí mismo el derecho a que la causa sea oída equitativamente por el Tribunal ex art. 6 del Convenio (§ 32)
6. Hemos señalado también, obviamente, que la de inmediación no es la única garantía constitucional del proceso que debe respetarse en fase de apelación. Deben respetarse todas las garantías del proceso, pues sin ellas no se dan los presupuestos mínimos para la defensa y para la corrección de las constataciones y valoraciones judiciales. En relación con “una nueva y distinta valoración de las declaraciones de testigos y acusados” por parte de los órganos de apelación “con base en la cual se revoca una Sentencia absolutoria y se dicta la Sentencia condenatoria”, la STC 94/2004, de 24 de mayo, mencionaba “las condiciones de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad” (FJ 2).
Type and record number Recurso de amparo 2784-2004
Promovido por Louis Vuitton Malletier, S. A., respecto a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que, en grado de apelación de una causa por delito contra la propiedad industrial, denegaron la celebración de vista y la práctica de prueba.
Un Juzgado de lo Penal absolvió a los acusados de un delito contra la propiedad industrial consistente en la importación y comercialización de productos que reproducían una marca internacional sin el consentimiento del titular del derecho. Tras la anulación de la absolución por la Audiencia, la segunda Sentencia de instancia volvió a absolver a los acusados. En su segundo recurso de apelación, la empresa solicitó que se volvieran a practicar pruebas relacionadas con declaraciones de acusados y testigos, al considerar que se había incurrido en error de apreciación. Esta petición fue rechazada por la Audiencia aduciendo que la regulación legal le impedía admitir pruebas ya practicadas en la primera instancia, tras lo cual confirmó el fallo absolutorio.
Se deniega el amparo. El Tribunal considera que la Audiencia no ha vulnerado derechos fundamentales al no atender la petición de la acusación particular de que se reiterara la práctica de pruebas personales en apelación, al efecto de evaluar si se había producido error en su valoración. La demandante disfrutó del recurso previsto en el ordenamiento procesal penal y en los términos en él previstos. Además, el tipo de recurso facilitado a la misma cumplía las exigencias del derecho a un proceso con todas las garantías porque la empresa ejercitaba la acusación y no era, por tanto, titular de la garantía penal del recurso, sino, más limitadamente, del derecho al recurso legalmente establecido como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, aunque de un penalmente condenado se hubiera tratado, las exigencias constitucionales también se cumplieron porque el recurso impulsado era uno legalmente previsto que cumplía suficientemente la función revisora.
El contenido del derecho a la prueba ha quedado incólume tras la actuación judicial denunciada. No es competencia del Tribunal Constitucional analizar los supuestos en que se puede apelar, las razones por las que puede hacerse o los casos en los que la revisión debe conformar la práctica y la valoración de prueba: su objeto es el de afirmar que, para justificar una condena, no cabe valorar una prueba de cargo sin inmediación, sin contradicción, ni publicidad, como estableció en su STC 167/2002, de 18 de septiembre). Tampoco le corresponde la interpretación de las normas procesales que rigen la prueba en el grado de apelación penal: su misión es velar por que la petición de prueba haya recibido respuesta, con una motivación que no sea ni arbitraria ni irrazonable. Con esta idea, la Sentencia de Pleno limita el alcance de la doctrina de la STC 285/2005, de 7 de noviembre de 2005 . Expresamente sostiene que los apartados 2 y 3 del art. 790 LECrim pueden recibir interpretaciones divergentes, pero todas ellas válidas constitucionalmente.
La Sentencia añade que, cuando proceda legalmente la práctica de prueba de cargo, para que el órgano de apelación proceda con inmediación y contradicción a la valoración de la misma, deben practicarse otro tipo de pruebas imprescindibles para confrontar las primeras y, singularmente, la declaración del acusado. Así, la práctica de tales pruebas, que podría no estar expresamente prevista en la ley, se anudará constitucionalmente a otras que sí lo están y será posible cuando el órgano judicial así lo entienda desde una interpretación no irrazonable de la ley. En este caso, la Audiencia entendió razonablemente que la práctica de prueba no estaba permitida por ley y que la declaración de los acusados no se erigía como exigencia constitucional derivada de la necesidad de contradicción.
La sociedad demandante no vio vulnerado su derecho a un proceso con garantías, en conexión con su derecho a la prueba, al denegarle el órgano judicial, en forma debidamente motivada, la petición de reiteración de la práctica de pruebas personales en apelación, al no formar parte dichas pruebas de aquellas para cuya petición está facultado el acusador en el recurso de apelación [FFJJ 3, 6].
Se infringe el artículo 24.2 cuando el órgano judicial modifica el factum de sentido absolutorio por otro de sentido condenatorio valorando pruebas sin la garantía de inmediación, sea porque el órgano judicial entienda que la ley le impide la práctica de la prueba, sea porque no aprecie como oportuna o necesaria tal práctica (ATC 467/2006) [FJ 5].
Cuando la apelación de una sentencia absolutoria se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción (STC 167/2002) [FJ 4].
Doctrina sobre el derecho a la prueba legal y el deber de motivación del órgano judicial sobre su admisión ó denegación (SSTC 165/2001, 1/2004) [FJ 3].
Doctrina sobre proceso con todas las garantías y, en particular, sobre la vigencia de los principios de inmediación y contradicción en segunda instancia (STC 167/2002, 94/2004) [FFJJ 2, 4 a 6].
El artículo 14.5 PIDCP no establece propiamente una doble instancia, sino una sumisión del fallo condenatorio y de la pena a un Tribunal superior, sumisión que habrá de ser conforme a lo prescrito por la Ley, por lo que ésta, en cada país, fijará sus modalidades (SSTC 76/1982, 123/2005) [FJ 2].
El recurso de apelación, tal y como esta configurado en nuestro ordenamiento, cumple con la función revisora de la pena y condena [FJ 2].
La sociedad demandante no sufrió la denegación de su tutela judicial efectiva, pues disfrutó del recurso de apelación, previsto en el ordenamiento penal, en los términos establecidos por la Ley [FJ 2].
El control del respeto a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a los recursos legales establecidos es más intenso cuando el afectado es una persona condenada penalmente (STC 88/1997) [FJ 2].
La parte acusadora no es titular de la garantía de revisión, que es solo del condenado [FJ 2].
No forma parte de nuestra competencia la de interpretación de las normas procesales que rigen la prueba ni, en concreto, sobre qué pruebas deben practicarse en la apelación penal (STC 285/2005) [FJ 3].
No corresponde al Tribunal Constitucional el proponer una regulación constitucional óptima de los recursos en el procedimiento penal (STC 296/2005) [FJ 2].
Artículo 790 (redactado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre), ff. 2, 5
Artículo 790.2, ff. 2, 3
Artículo 790.3, ff. 1 a 3
Artículo 790.3 (redactado por la Ley 38/2002, de 24 de octubre), ff. 1, 3
Artículo 795, ff. 2, 5
Artículo 795.3, ff. 1, 3
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 1, 2, 4, 5
§ 22, f. 5
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de julio de 2002 (Meftah y otros c. Francia)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2004 (Destrehem c. Francia)
§ 61, f. 5
Competencia en materia de interpretación de normas procesalesCompetencia en materia de interpretación de normas procesales, f. 3
Derecho a un proceso con todas las garantíasDerecho a un proceso con todas las garantías, Respetado, ff. 2, 6
Derecho a un proceso con todas las garantíasDerecho a un proceso con todas las garantías, Doctrina constitucional, ff. 2, 4 a 6
Doble instancia penalDoble instancia penal, ff. 2, 4, 5
Delitos contra la propiedad industrialDelitos contra la propiedad industrial, f. 1
Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDoctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ff. 2, 4, 5
STC 285/2005STC 285/2005, Distingue, f. 3