Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00639-de-septiembre-12-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e73ce1e294970006e0430a0101510006&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-26 12:11:38
Document Index: 133383684

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 237', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 142', 'artículo 223', 'artículo 192', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 170', 'artículo 229', 'artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 229', 'artículo 143']

﻿ Sentencia 2011-00639 de septiembre 12 de 2013
SENTENCIA 2011-00639 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. EL AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENE LUGAR PUNTUALMENTE ANTE LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN DESARROLLO DEL “PROCESO DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO”, DE MODO QUE LAS FALENCIAS Y DESACIERTOS QUE EN SEDE ADMINISTRATIVA SE HAYAN COMETIDO DURANTE SU TRÁMITE, NO SON SUBSANABLES CON LA DEMANDA QUE SE INSTAURA ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA FALTA DE AGOTAMIENTO DEL MENCIONADO REQUISITO CONSTITUCIONAL, CONSTITUYE UNA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA, QUE LA HACE INEPTA PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA Y DECIDIDA DE FONDO, POR TANTO SE DEBE PROFERIR DECISIÓN INHIBITORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL, DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, IMPEDIMENTO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL
Sentencia 2011-00639 de septiembre 12 de 2013
Rad.: 23001233100020110063901
Exp.: 2011-0639
Actor: Lida Demetria Aldana de Sierra
Demandado: diputados a la Asamblea Departamental de Córdoba
Fallo - electoral de segunda instancia
Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el art. 1º del Acu. 55 de ago. 5/2003—, asignan a esta Sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra los actos de elección de los diputados a las asambleas departamentales.
Con la demanda se pretende la nulidad del acto que declaró la elección de los diputados a la Asamblea Departamental de Córdoba para el periodo 2012-2015; por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso.
La elección de los señores Orlando David Benítez Mora, Guillermo Enrique Corrales Díaz, Juan de Dios Gari Sánchez, Francisca López Diz y Óscar Luis Ramírez Rhenals, por el Partido Liberal Colombiano; Leonor Teresa Martínez Vélez y Remberto Antonio Tapia Herrera, por el Partido Conservador Colombiano; Jorge Eduardo Benítez Buitrago, por el Partido Cambio Radical; Baldomero José Villadiego Carrascal, Carlos Alfonso Burgos González, Luis Eduardo Salum Sejín, Jaime Mauricio Bello Díaz y Antonio María Ortega Otero, por el Partido Social de Unidad Nacional, como diputados de la Asamblea del Departamento de Córdoba para el periodo 2012-2015, está acreditada mediante el documento E-26 AS, expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental(2).
Los siguientes actos fueron demandados con la corrección de la demanda, sin que el auto inadmisorio hubiera permitido a la actora deprecar la nulidad de actos administrativos diferentes al acto de elección, en tanto el error formal que glosó a la demanda consistió en la falta de copia autenticada con las constancias de publicación, notificación y ejecutoria del acto declaratorio de la elección acusado.
Esto por cuanto de época reciente, ha sido reiterada la posición de la Sala de que la única posibilidad de traer actos administrativos contra los cuales se depreque su nulidad es porque el juez, habiendo hecho interpretación armónica de la demanda y por las menciones que en la misma haya hecho el demandante, evidencia que además del acto declaratorio de elección hay otros actos demandables o porque dentro del término de caducidad de la acción de nulidad electoral el actor corrige la demanda y depreca la nulidad de esos otros actos.
En el caso que se analiza, los otros actos mencionados en la corrección, pero no en la demanda inicial y tampoco requeridos por el juez son:
a. Resolución 1 de 2 de noviembre de 2011, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental de Córdoba, por medio de la cual se resolvió la reclamación presentada por el apoderado de la demandante Lida Demetria Aldana, en la que decidió “Negar el recuento de votos solicitado en la reclamación 1”(3).
b. Resolución 4.802 de 13 de diciembre de 2011, proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se abstuvo de dar trámite a la solicitud de reclamación frente a los escrutinios en el departamento de Córdoba, presentada por el apoderado de la demandante(4).
Ha de advertirse que este proceso de nulidad electoral se conoce en segunda instancia, razón por la cual el problema jurídico se contextualiza y limita dentro de los argumentos de la apelación y se agrega con los puntos o extremos que le son de obligatorio pronunciamiento al juez de segunda instancia.
Para tal efecto, ha de recordarse que, por una parte, el diputado demandado Luis Eduardo Salum Sejín, al apelar solicitó la revocatoria de la sentencia en su totalidad, pero como se verá más adelante, en realidad su disconformidad, simplemente, aludió a la sumatoria del escrutinio judicial. Por otra, la demandante limitó la impugnación a la revocatoria del segundo numeral de la parte resolutiva atinente a la declaratoria de caducidad de la acción respecto de las pretensiones y hechos traídos en la corrección de la demanda, para que en su lugar, el juez ad quem, asuma el estudio de fondo de las irregularidades en los escrutinios y compartió el argumento del otro apelante, atinente a la indebida sumatoria que el a quo hiciera de los votos irregulares en el escrutinio judicial.
En este último punto, ha de advertirse que la apelación de ambas partes no se dirigió contra el trasfondo de las argumentaciones jurídicas del fallo, es decir, en sus aspectos sustanciales de derecho sino en la indebida sumatoria numérica que hizo el a quo al escrutar para resolver la incidencia en el acto de elección.
Son las censuras en concreto que se insisten en los recursos de apelación las que permiten circunscribir el problema jurídico a resolver, en tanto el negocio no se conoce como juez de primera o de única instancia.
Al efecto, entonces, se tendrá primero en cuenta el límite argumentativo planteado por la parte demandada el diputado Salum Sejín, quien sustentó la censura de incongruencia del fallo en los siguientes derroteros que endilga al a quo: a) desatención de la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad en el cargo de diferencias E-14 y E-24; b) omisión en la exigencia de los presupuestos de este cargo objetivo como requisito para agotar en forma debida el requisito de procedibilidad, pues no identificó ni al candidato ni al partido.
La segunda gran censura, que se refiere a los errores de cuantificación en torno a las irregularidades que el a quo encontró probadas, que fue compartida en su generalidad por la parte demandante solo que dirigida en pro de sus propios intereses.
La tercera, la incompetencia del tribunal para declarar la nulidad de la Resolución 4.802 de 13 de diciembre de 2011 contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia, pues a juicio del demandado, por tratarse de la nulidad de un acto expedido por una autoridad administrativa nacional es del conocimiento del Consejo de Estado.
Por su parte, la demandante, en su escrito de impugnación al solicitar la revocación del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia en la que el a quo declaró la caducidad de la acción frente a los cargos nuevos traídos en la corrección, pidió el cambio jurisprudencial de la posición de la Sección Quinta observada hasta ahora sobre el alcance y concepto de qué entender por cargo caducado.
De tal suerte, que decisiones como la denegatoria de estudiar el cargo por diferencias entre E-11, E-14 y E-24 o más votos que votantes no fue apelado y en tal sentido el juez de la apelación carece de competencia para pronunciarse, porque está limitada por lo planteado por los apelantes, de lo contrario asumiría el asunto como si se tratara del juez de la primera instancia.
5. La resolución del problema jurídico.
5.1. Incongruencia del fallo por a) desatención de la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad en el cargo de diferencias E-14 y E-24; b) omisión en la exigencia de los presupuestos de este cargo objetivo para agotar el requisito de procedibilidad, pues no identificó ni el candidato ni el partido.
Ha de recordarse que la sentencia del tribunal analizó el cargo de diferencias E-14 y E-24 desde dos ópticas, planteadas por la parte actora: la primera bajo la modalidad de votación súbita, que resolvió con la consideración de que como su fundamento eran los resultados de los boletines de la RNEC, estos no son documentos electorales y no contienen las sumatorias oficiales, por lo cual no coinciden con los resultados finales, razón por la cual advirtió la improsperidad del cargo.
La segunda, con la argumentación propia del cargo y cuya formalidad de invocación, el tribunal a quo, la consideró correcta, salvo en aquellas irregularidades objetivas en las que operó la caducidad, ya que fueron formuladas únicamente en la corrección y no habían sido mencionadas en la demanda original. Estas irregularidades que consideró comprobadas le permitieron anular la elección y ordenar nuevo escrutinio.
A contrario sensu, para la Sección Quinta del Consejo de Estado, tampoco las irregularidades de las que conoció en el fondo el tribunal podían asumirse en su estudio, porque la parte demandante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad, como pasa a explicarse:
a) Del agotamiento del requisito de procedibilidad.
El requisito de procedibilidad tiene fundamento deóntico en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, que adicionó el numeral 7º del artículo 237 superior.
Este requisito fue instituido para dos campos expresamente determinados, de una parte, para las elecciones por voto popular, para así descartar la nulidad por condiciones subjetivas de los candidatos y la nulidad de los nombramientos. Por otra parte, solo cuando la causa de la inconformidad recae sobre la votación o el escrutinio, es decir, etapas electoral y poselectoral, pero siempre antes de que se declare el acto de elección.
Nada más contiene la exégesis de la norma, así que a partir de la decantación del alcance de la figura, la jurisprudencia se ha encargado de hacer algunas precisiones:
Que tales irregularidades deben estar plenamente determinadas, pues como ya lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sección, “es necesario que el sometimiento a examen de las irregularidades presuntamente constitutivas de vicios de nulidad existentes en la votación o en el escrutinio, se ejerza por escrito, con expresión clara y concreta de la zona, puesto de votación y mesa respecto de la cual se hace la solicitud”(5); además, se debe determinar la persona en quien recae tal irregularidad, esto es, el candidato y el partido al que pertenece. Cuando así no se hace, la información suministrada adolece de imprecisión, resulta vaga e insuficiente y constituye un impedimento que imposibilita su estudio en sede administrativa.
La ponderación que sobre el manejo de este presupuesto procesal de la acción ha hecho el Consejo de Estado, se ha guiado a impedir que la denuncia de irregularidades ante las autoridades electorales se haga de forma general y abstracta o carente de precisión, so pena de no tenerse por agotado el mencionado requisito. En efecto, “no es de recibo que la denuncia de irregularidades ante las autoridades electorales se haga en forma abstracta, generalizada o en masa, sin la debida precisión; por el contrario, al interesado le incumbe la carga de detallar las anomalías a través de sus elementos característicos, ya que tratándose de un instrumento jurídico de tanta seriedad e importancia para la transparencia y legitimidad de las autoridades democráticamente elegidas, no sería viable llevarlo al punto de que con señalamientos vagos y difusos se pudiera considerar acreditado este requisito constitucional(6)”.
Ya en sede judicial, el actor debe acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad allegando el documento que en la debida oportunidad presentó ante las autoridades electorales poniéndoles en conocimiento las irregularidades denunciadas constitutivas de causal de nulidad, en la forma antes indicada; pero además, debe existir identidad entre lo que se alegó en sede administrativa y lo que se discute en sede judicial, pues en el evento de que pese a que lo alegado ante la autoridad electoral haya tenido la precisión señalada en párrafos atrás, se tendrá por no agotado el requisito si lo que se reclamó ante las autoridades electorales no guarda correspondencia con lo que se pretende ante el operador judicial.
Se hace claridad de que ante estas instancias, desde luego, le incumbe al actor igualmente denunciar de forma detallada y precisa las distintas irregularidades que en su criterio afectan la verdadera voluntad de los electores, debiendo indicar de forma clara y precisa las mesas, especificando el municipio, zona y puesto al que pertenecen, el candidato junto con la opción política en la que milita y la cifra numérica que se plasmó en los formularios E-14 y E-24 para efectos de conocer la diferencia entre los mentados formularios, para en el evento de que resulten probadas las irregularidades, saber de antemano en quien recaerán esas variaciones y los efectos de las mismas.
Conforme a lo descrito en precedencia, no cabe duda de que el requisito de procedibilidad, además de ser un presupuesto de rango constitucional para la admisión de la demanda, reviste gran importancia en la medida que delimita para el proceso administrativo electoral, el asunto objeto del debate, primero en sede administrativa y luego en sede judicial, que como se explicó, exige que sea plenamente determinado y preciso. De suerte, que falencias en la forma como se ponen en conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades que interesan a quienes asisten al proceso electoral, pueden dar al traste con sus pretensiones cuando se acude al operador jurídico para que resuelva el asunto puesto a su conocimiento.
a. 2. Caso concreto.
El Consejo de Estado como juez ad quem encuentra que en realidad la procedibilidad del cargo de diferencias entre E-14 y E-24 en las dos vertiente planteadas por la parte actora (votación súbita y diferencias propiamente dichas), no fue agotada, en tanto el escrito presentado ante la Comisión Escrutadora Departamental con el fin de agotar el requisito contiene la mención generalizada y global numérica de la votación, pero referida únicamente al municipio en general sin determinar las mesas por su zona y puesto al interior de cada uno, ni el partido, ni el candidato ni las cifras numéricas en los formularios E-14 y E-24, razón por la cual el tribunal a quo no podía asumir el fondo del asunto.
En el caso que nos ocupa y en lo que tiene que ver con este agotamiento, la demandante allegó con tal fin un documento(7) que radicó por intermedio de apoderado ante la Comisión Escrutadora Departamental, el día 12 de noviembre de 2011 a las 8:15 p.m., esto es, un día antes del acto que declaró la elección de diputados por el departamento de Córdoba, según da cuenta el E-26 AS(8). De la solicitud presentada por la demandante, la Comisión Escrutadora Departamental dio traslado al Consejo Nacional Electoral,(9) quien en respuesta profirió la Resolución 4802 de 13 de diciembre de 2011, por medio de la cual se abstuvo de dar trámite a la solicitud presentada por el apoderado de la demandante(10).
Sea lo primero señalar, que pese a que en la referencia del escrito se lee: “Reclamación artículo 192 causal 11 del Código Electoral”, y que reitera en el primer párrafo al decir que, “presento ante ustedes reclamación fundamentada en artículo 192 causal 11, artículo 142 (sic) del Código Electoral”, lo reclamado en el documento no corresponde realmente a la causal de reclamación que se alega, alusiva al error aritmético, pues basta revisar el contenido del escrito para advertir que el reparo puesto en conocimiento de las autoridades electorales corresponde en realidad a la causal de nulidad de falsedad o apocrificidad de que trata el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por diferencias entre los formularios E-14, E-24 y E-26; en efecto, en el escrito se cuestiona que hubo “un decrecimiento progresivo y una diferencia significativa de acuerdo a los E-14 y E-24 E-26”, “Para un total de mil seiciento (sic) doce (1612) votos de diferencia entre los E-14 y los E-24 y E-26”, y finalmente solicita que “se haga la correspondiente corrección aritmética en las actas de escrutinio municipales formularios E-24 y E-26, confrontándolas con los E-14 respectivos,... ”. Si bien existe la imprecisión en el escrito en cuanto a su nominación como reclamación siendo en realidad un hecho constitutivo de nulidad objetiva, ello no es óbice, en principio, para su estudio, pues también la jurisprudencia, ha destacado que la teleología del requisito es enterar a la autoridad electoral correspondiente sobre la existencia fáctica de las irregularidades objetivas, que para el presente caso, es la diferencia planteada entre formularios E-14, E-24 y E-26(11).
Revisado el documento, advierte la Sala que no agota el tantas veces mencionado, requisito de procedibilidad, pues no atiende las directrices dadas párrafos atrás; en efecto, de su lectura se deduce la falta de precisión y determinación, que como ya se dijera, deben detallarse al punto de indicar de forma específica las mesas en donde se presentaron las irregularidades acusadas, para lo cual es menester precisar el departamento, el municipio, la zona, el puesto y la mesa; pero además, precisar de igual modo el candidato o candidatos que fueron afectados por esas irregularidades, indicando el partido que representaron en la contienda electoral, y la cifra numérica de la diferencia, en tanto el cargo de diferencias entre formularios es una censura de las llamadas particulares, por cuanto posibilita determinar con exactitud en dónde está el vicio y a quien afecta —candidato o partido—.
Para mayor claridad, a continuación, trascribe la Sala diferentes segmentos del escrito que presentó la demandante, por intermedio de apoderado, ante las autoridades electorales, contentivos de los reparos del actor al proceso de votación y escrutinio, con el fin de agotar el requisito constitucional, en los que salta a la vista la falta de precisión y determinación, así:
“Primero (de los elementos fácticos): de acuerdo a la información suministrada por la Registraduría nacional del estado (sic) Civil, con un porcentaje del noventa y tres punto cuarenta y tres por ciento (93.43%); los partidos presentaban los guarismos contenidos en el boletín 0107 fechado a 31 de octubre del 2011 a las 01:48:57, a.m. (fotocopia que adjunto al presente escrito) para un total de tres mil setenta y cuatro (3074) mesas informadas; quedando solo doscientas diez y seis (216), mesas por informar”.
“2. El Partido de Integración Nacional “PIN”; en el último boletín, fechado 31 de octubre del 2011 a las 01:48:57 a.m. con un porcentaje de mesas informadas del 93.43%, de acuerdo a los E-14 reportados por los delegados, obtenía una votación para la Asamblea en el departamento de Córdoba de treinta y tres mil cuatrocientos doce (33.412) votos; en un total de tres mil setenta y cuatro (3.074) mesas escrutadas; lo que nos arroja un promedio para el “PIN” de diez punto ochenta y seis (10.86) votos por mesa; faltando solo doscientos diez y seis (216) mesas por informar”.
“3. De acuerdo a lo anteriormente expresado y en este orden de ideas faltaría el seis punto cincuenta y siete por ciento (06.57%); es decir doscienta (sic) diez y seis (216) mesas por informar; cifra esta restante; que de sostenerse la tendencia de aumento del “PIN” de 10.86 votos por mesa y faltando doscientas diez y seis (216), mesas nos arrojaría la suma de dos mil trescientos cuarenta y cinco mil (2.345) votos, más, para un gran total de treinte (sic) y cinco mil setecientos cincuenta y seiete (sic) (35.757) votos; pero mayuscula (sic) sorpresa con la que nos encontramos; cuando los demás partidos presentan un aumento progresivo y significativo de acuerdo a la tendencia anterior en cuanto a los votos de Asamblea, a contrario sensu el partido que avaló la candidatura a la Asamblea del Departamento de Córdoba a la doctora Lida Demetria Aldana Otero, presentó un decrecimiento progresivo y una diferencia significativa de acuerdo a los E-14 y E-24 y E-26 en especial en los municipios de:
Sahagún -422
Pueblo Nuevo -16
Puerto Escondido -39
Purísima -47
San Antero -5
San Bernardo del Viento -74
San Carlos -41
Ayapel -198
Buena Vista -45
Canalete -59
Chimá -56
Chinú -45
Montelíbano -167
Montería -370
Puerto Libertador -28”.
“Para un total de mil seiciento (sic) doce (1612) votos de diferencia entre los E-14 y los E-24 y E-26; pero es aún mayor la diferencia y la sorpresa cuando el Partido de Integración Nacional “PIN” en el departamento de Córdoba ni siquiera se sostiene en la cifra inicial con el noventa y tres punto cuarenta y tres (93.43%), que es de treinta y tres (sic) cuatrocientos doce (33.412) votos; decreciendo de manera inexplicable a la cifra de treinta y dos mil trescientos cincuebta (sic) y cinco (32.355) votos; esta es una situación anómala y extraña ya que el partido (sic) de Integración Nacional, primero no aumenta de acuerdo a las tendencias propias y de los demás partidos y segundo: el Partido de Integración Nacional ni siquiera se sostiene en la cifra inicial es decir baja de treinta y tres mil cuarocientos (33.412) votos a treinta y dosmil (sic) trescientos cincuenta y cinco (32.355) votos, es decir el Partido de Integración Nacional “PIN” no suma en las doscientas diez y seis (216) mesas, faltantes es decir de acuerdo a la proyección dejo (sic) de sumar (2.345) y para reforzar lo anterior baja de la cifra inicial (1057), votos; a lo anterior, sin esfuerzo mental alguno, podemos concluir que el Partido de Integración Nacional tiene perdidos en forma inexplicable, tresmil (sic) cuatrocientos dos (3.402) votos, que resultan peligrosamente nocivos para la aspiración de mi patrocinada; amen (sic) de lo anterior estos hechos que resultan inverosímiles toda vez que la curva de asenso (sic) y descenso debería reportar el mismo comportamiento ya sea aumentando o disminuyendo, tal y como aumentaron de forma progresiva el Partido de Unidad Nacional U que en las doscientas diez y seis (216) mesas restantes tenía un promedio de cuarenta y nueve punto cincuenta y cuatro (49.54) votos por mesa, aumentando en promedio diez mil setecientos un voto dea cuerdo (sic) a la proyección y el Partido Liberal con un promedio de cincuenta y siete punto treinta y cuatro por mesa de acuerdo a lo mismo anterior; aumentaron doscemil (sic) trecientos ochenta y cinco votos en promedio en las mismas doscientas diesciseis (sic) mesas (216) y así sucede lo mismo proporcionalmente en los demás partidos; pero desafortunada y curiosamente, solo el Partido de Integración Nacional PIN ha presentado una disminución al final de los escrutinios, contrario a lo que reportan los formularios E-14 conforme a los resultados de los pasados comicios electorales, siendo manifiesto que en las actas de escrutinios municipales se incurrió tal vez involuntariamente en un error aritmético, al sumar los votos por el partido consignados, en las actas de escrutinio municipales formularios E-14, E-11, y con los E-14 respectivos, en lo que tiene que ver con la corporación asamblea departamental de córdoba (sic), razones que nos inducen a presentar ante ustedes la pertinente reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 192 causal 11...”.
En resumen, el escrito presentado tiene un carácter general en la medida que indica o denuncia la supuesta existencia de irregularidades que involucran a los partidos PIN, de la U, y Liberal, que tuvo lugar durante el escrutinio de las últimas 216 mesas, desfavoreciendo al primero de ellos, de una parte, porque no mantuvo en el escrutinio de esas mesas el promedio de votos obtenido en las restantes (10.86 votos por mesa) y de otra, porque conforme a los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la votación que tenía antes de escrutar esas mesas, inexplicablemente disminuyó (pasó de 33.412 votos a 32.355 votos), siendo este el único partido que en el escrutinio de esas mesas disminuyó su votación, pues los restantes, especialmente el Partido de la U y el Liberal, aumentaron notoriamente su votación.
Como se aprecia, la generalidad e indeterminación del escrito se da porque no se especifican las mesas en las cuales se supone tuvieron lugar las irregularidades denunciadas, a lo sumo indica que el “decrecimiento progresivo” de votos en los municipios señalados lo padeció “el partido que avaló la candidatura a la Asamblea del Departamento de Córdoba a la Dra. Lida Demetria Aldana Otero”, circunstancias que se reitera son indispensables para que las autoridades electorales puedan atender en debida forma las solicitudes que se les presenten.
No es suficiente, para la denuncia y posterior revisión de las irregularidades acaecidas en el proceso de votación y escrutinio, mencionarlas de forma global señalando solamente los municipios, los votos disminuidos y los partidos en los cuales se aduce tuvieron lugar, que fue lo que sucedió en este caso. Es necesario precisar en detalle la mesa para lo cual se debe indicar el departamento, el municipio, la zona, el puesto y por supuesto el número de la mesa en la que se aduce tuvo lugar la irregularidad; pero además, identificar el candidato en quien recae la irregularidad, asociándolo por supuesto al partido político que representa en las justas electorales y señalando los guarismos obtenidos en los formularios E-14 y E-24 supuestamente adulterados. Con las deficiencias ya anotadas resulta imposible examinar anomalías de este tipo, pues en definitiva, para estudiarla y probarla, es ineludible saber dónde y en quién tuvo lugar.
Lo anterior, lleva a concluir que la actora, aunque presentó con antelación al acto que declaró la elección de los diputados del departamento de Córdoba, una solicitud en la que denunció irregularidades constitutivas de causal de falsedad o apocrificidad, no satisfizo el requisito de procedibilidad que exige el parágrafo del artículo 237 superior, que fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, por falta de precisión e indeterminación en el escrito, tal como ya se explicó.
Cabe anotar que el agotamiento del requisito de procedibilidad es una actividad que tiene lugar puntualmente ante las autoridades electorales en desarrollo del “proceso de votación y escrutinio”, de modo que las falencias y desaciertos que en sede administrativa se hayan cometido durante su trámite, no son subsanables con la demanda que se instaura ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La falta de agotamiento del mencionado requisito constitucional, constituye una deficiencia de la demanda imputable a la actora que la hace inepta para que pueda ser estudiada y decidida de fondo.
El Consejo de Estado como juez ad quem encuentra que en realidad la procedibilidad de este cargo no fue agotada, en tanto el escrito presentado ante la Comisión Escrutadora Departamental con el fin de cumplir el requisito contiene la mención generalizada y global numérica de la votación, pero referida únicamente al municipio en general sin determinar las mesas por su zona y puesto al interior de cada uno, ni el partido, ni el candidato ni las cifras numéricas en los formularios E-14 y E-24, razón por la cual el tribunal a quo no podía asumir el fondo del asunto.
El yerro en el que incurrió el tribunal surge porque para él, el documento que la demandante presentó ante la Comisión Escrutadora Departamental para satisfacer el requisito de procedibilidad, sí tuvo entidad suficiente para cumplir con la carga de agotamiento, en la medida que allí mencionó los municipios en los que adujo la demandante le fueron sustraídos votos al Partido PIN, y a su vez fueron igualmente referidos en la demanda, lo que a su vez significó, según las propias consideraciones del tribunal, a que no se agotó procedibilidad en aquellos municipios que mencionados en el escrito de demanda, no lo fueron en el documento presentado ante la Comisión Escrutadora Departamental, como se evidencia del siguiente aparte de la sentencia:
“En el escrito de reclamación presentado ante la Comisión Escrutadora Departamental, el apoderado de la actora indicó que las alteraciones en los E-14 y E-24 se dieron en los siguientes municipios, así:
Municipio Votación sustraída
Pueblo Nuevo 15 -16
Puerto Libertador -28
Total votación sustraída 1612
“Ahora bien, en la demanda en el numeral 2º del acápite de pretensiones de la demanda inicial relaciona municipios, zonas, puestos y mesas donde existieron diferencias en los registros E-14 y E-24”.
“En este orden de ideas, la Sala expresa que en el requisito de procedibilidad se indican diferencias entre los E-14 y E-24 solo respecto de 15 municipios del departamento, mientras que en la demanda alega irregularidades en los formularios antes citados en 29 municipios del departamento”.
“Por lo anterior, el tribunal declarará de oficio probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, por el cargo de diferencias entre los formularios E-14 y E-24, de las mesas ubicadas en los siguientes municipios, por no haber sido estos relacionados en el escrito presentado por el apoderado de la actor ante la Comisión Escrutadora Departamental:...” (resaltado por la Sala).
La interpretación dada por el tribunal a lo que debe entenderse por agotamiento del requisito de procedibilidad, es muy amplia y se aparta de las directrices dadas por la jurisprudencia de la Sección, pues no tiene en cuenta la precisión y determinación que como ya se explicó son exigibles al requisito constitucional. No puede admitirse, cuando se alega la causal de falsedad por disconformidad entre los guarismos entre los formularios E-14 y E-24, que el agotamiento se surta con la sola mención del municipio en donde se aduce tuvieron lugar tales irregularidades, pues cabe recordar que el proceso electoral tiene su punto de partida, una vez finalizadas las votaciones, en cada una de las distintas mesas con el conteo voto a voto de las tarjetas electorales depositadas en las urnas para los diferentes candidatos y opciones políticas por parte de los jurados de votación, con el consiguiente proceso de escrutinio a cargo de las varias comisiones, que va consolidando la información hasta la declaratoria del acto de elección. Por ende, si las falsedades que se denuncian, se presentan cuando inicia el proceso de escrutinio, lo propio es que a la par el interesado en el proceso de votación y escrutinio dé muestras de su real interés a través de la precisión e identificación que deben caracterizar la solicitud que presenta ante las autoridades electorales.
Así que le asiste razón al apelante al censurar la falta de exigencia del agotamiento respectivo, circunstancia que conlleva a que en esta instancia se deba declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y por tanto proferir decisión inhibitoria.
Ahora bien, como lo analizado, conlleva a una decisión distinta a la adoptada por el tribunal a quo, deberá revocarse la sentencia en su totalidad, debiendo previamente hacer una aclaración con respecto al numeral 3º del fallo de primera instancia, pues lo allí decidido coincide en principio con la decisión a la que arriba la Sala, puesto que declaró igualmente probada de oficio la excepción de “inepta demanda por” (sic) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Lo decidido por el Tribunal Administrativo de Córdoba en el numeral 3º del fallo apelado, aunque coincide en nombre con lo decidido en esta instancia, tiene fundamentos distintos a los señalados por la Sección Quinta, pues a diferencia de lo sucedido en primera instancia, la decisión del Consejo de Estado no cobija una parte de las mesas demandadas, sino su totalidad.
Para concretar la decisión, se reitera, se declarará probada de oficio la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y en su lugar se revocará la sentencia y se inhibirá.
Como la imposibilidad para decidir el asunto de fondo, cobija la totalidad de la situación jurídica traída al conocimiento en sede judicial, ello implica igualmente que el operador jurídico guarde silencio frente a las excepciones que en su oportunidad propusieron los demandados.
b) omisión en la exigencia de los presupuestos de este cargo objetivo para agotar el requisito de procedibilidad, pues no identificó ni el candidato ni el partido.
Ha de recordarse que esta es la segunda parte de la explicación del diputado apelante. Al respecto, la Sala encuentra que este punto se resolvió en el literal inmediatamente anterior, en el que se evidencia que en efecto la postulación en vía administrativa electoral, incumplió con los presupuestos sine qua non de formulación para agotar dicho requisito, en tanto en tratándose de cargos objetivos, la procedibilidad se debe rogar dentro de los estrictos presupuestos de ese tipo de cargos de nulidad electoral. Se reitera, para las diferencias entre E-14 y E-24 se requiere mencionar la mesa con su ubicación geográfica electoral de la zona y el puesto, precisar el partido y el candidato y la cifra numérica que en cada formulario colocó la autoridad escrutadora y que permite determinar la razón de la acusada diferencia, es decir, que los aspectos cualitativos y cuantitativos esenciales del cargo deben ser cumplidos desde la vía administrativa electoral.
5.2. El tribunal incurrió en errores de cuantificación de las inconsistencias o falsedades.
Al respecto, la Sala ha de recordar que la demanda adoleció de falta de agotamiento de requisito de procedibilidad, así que la censura que comparten ambos apelantes atinente al error en la sumatoria del escrutinio judicial, quedaría subsumida en la decisión inhibitoria, en tanto hace parte del cargo de diferencias entre E-14 y E-24, pues el error de sumatoria endilgado al operador jurídico deviene de esta irregularidad objetiva.
Pese a que la demanda adoleció de la falta de uno de sus presupuestos procesales de la acción consistente en la omisión en el agotamiento del mentado requisito, la Sala ahondará en los siguientes argumentos planteados por los apelantes, en tanto versan sobre aspectos jurídicos cuyo pronunciamiento se impone, conforme al artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, que dispone que la sentencia debe analizar “los argumentos de las partes... con el objeto de resolver todas las peticiones”:
5.3.Incompetencia del tribunal para declarar la nulidad de la Resolución 4802 de 13 de diciembre de 2011.
El demandado apeló esa decisión que está contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del tribunal. El apoyo del censor recae en que siendo un acto expedido por el CNE, el tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre su legalidad, toda vez que al haber sido expedido por una autoridad nacional es competencia del Consejo de Estado (fls. 389 a 425).
En cuanto a la Resolución 4802 de 13 de diciembre de 2011 proferida por el Consejo Nacional Electoral, dirá la Sala, en principio, que no merece mayores pronunciamientos, teniendo en cuenta que: 1) fue proferida con posterioridad al acto de elección. Ha de recordarse que la elección ocurrió el 13 de noviembre de 2011 y que la resolución de marras data de 13 de diciembre, es decir, un (1) mes después de la elección, así que en estricto sentido no es uno de los actos que hubieran podido ser demandados junto con el acto de elección; 2) no adoptó decisión alguna sobre la solicitud presentada por el apoderado de la demandante pues se abstuvo de dar trámite a la misma y; 3) no subsana las falencias anotadas en lo que al cumplimiento del requisito de procedibilidad refiere.
Siendo así, la Sección Quinta encuentra que si bien se trató de una actuación del CNE relacionada con los escrutinios de autoridades seccionales (diputados departamentales), el acto acusado —la Res. 4802/2011— no contiene decisiones administrativas de fondo frente a la materialidad de la falsedad o sobre las irregularidades puntualmente denunciadas en torno a las diferencias entre el E-14 y el E-24, motivo por el cual no es acto administrativo de aquellos que debiera demandarse junto con el acto de elección o debieran ser objeto de pronunciamiento por el operador de la nulidad electoral por tratarse de actos de mero trámite. Razón por la cual, la decisión no podía ser otra que la inhibición y así habrá de decidirse en la parte resolutiva.
5.4. El cambio jurisprudencial solicitado por la apelante -parte actora- frente al concepto de cargo nuevo.
La parte actora, ha de recordarse, apeló el fallo para que se revoque el numeral segundo de la parte resolutiva en el que se declaró la caducidad de la acción frente a las irregularidades presentadas con la corrección y respecto de la pretensión de nulidad de la Resolución 1 de 2 de noviembre de 2012 y del E-24 AS y para que se revise la sumatoria que de los votos hace la sentencia frente a las diferencias entre E-14, E-24 y E-26.
El fundamento del recurso, en uno de sus apartes, se centra en forma novedosa en que a juicio de la apelante, la jurisprudencia sobre el tema de los cargos caducados sea variada porque, a su juicio, con ella se limita el acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, a la interposición de las acciones públicas del artículo 40 superior, en armonía con el artículo 6º ibídem, restringe el debido proceso y es incoherente respecto de la naturaleza pública de la acción y de su propósito de mantener la legalidad del acto, porque el alcance interpretativo con el que debe entenderse la presentación de censuras en la corrección de la demanda debe ser la de unidad jurídica con el acto declaratorio de elección.
Así que la demandante apeló parcialmente el fallo, solo en cuanto al numeral segundo de la parte resolutiva que declaró la caducidad de la acción frente a las pretensiones y hechos traídos en la corrección de la demanda. Pretende que ese numeral se revoque, y se estudien las irregularidades y pretensiones respecto de la Resolución 1 de 2 de noviembre de 2012 y del E-24 AS.
Aunque la apelante es conocedora de los antecedentes jurisprudenciales sobre la operancia de la caducidad de la acción de nulidad electoral, en los casos en que al corregir la demanda se incluyen censuras nuevas, solicitó el cambio de posición jurisprudencial, para lo cual invocó las siguientes razones:
1) Las de orden constitucional, que de no ser atendidas limitarían gravemente, los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia (CCA, art. 229), a la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley (C.P., art. 40, num. 6º) y al debido proceso, en lo tocante con el principio de legalidad y contradicción.
Explicó que la inclusión en la corrección de la demanda de actos administrativos intermedios proferidos dentro del proceso electoral no configura una nueva pretensión, toda vez que deben entenderse integrados en una unidad jurídica con el acto declaratorio de elección, conforme los términos del artículo 229 del Código Contencioso Administrativo y por tal razón la corrección debió ser admitida.
Indicó que el carácter público de la acción de nulidad electoral no puede ser incoherente con su objetivo último que es mantener la legalidad del acto electoral.
Con respecto a los cargos de nulidad, se tendrán por nuevos en la medida en que no correspondan a ninguna de las causales subjetivas u objetivas que hayan sido presentadas con la demanda inicial, es decir, que se trate de un cargo recién hecho o fabricado, de un cargo distinto o diferente al inicialmente presentado. De tal suerte que no es cargo nuevo ni las aclaraciones, ni las complementaciones o adiciones a las imputaciones originalmente formuladas.
2) La segunda razón, planteada de manera subsidiaria a la primera censura de apelación, se orienta a advertir sobre el exceso hermenéutico que subyace a la línea jurisprudencial controvertida, porque limita los derechos de acceso a la administración de justicia, participación y debido proceso “dado que con ella se está proveyendo normativamente sobre unas consecuencias jurídicas no previstas en la misma ley adjetiva que regula el proceso electoral” (fl. 430).
A juicio de la apelante, quien acciona en nulidad electoral en defensa de la legalidad en abstracto, debe tener la posibilidad de reformar la demanda sin sujeción al término de caducidad, en tanto este plazo procesal se concibe frente al derecho a demandar, así que no puede transponerlo al proceso propiamente dicho como limitante a la facultad de reforma, porque le está creando al accionante, una veda al ejercicio del derecho fundamental a accionar.
Además, indicó que la jurisprudencia contencioso administrativa no puede hacer consideraciones externas a la ley para limitar su alcance, menos cuando está en juego la vigencia de los derechos fundamentales. El tratamiento jurisprudencial de aspectos tales como la caducidad, la seguridad jurídica y la necesidad de decidir el proceso correspondiente mediante un trámite especial y preferente, que ya han sido tenidas en cuenta por el legislador, en la regulación del proceso electoral, no puede llevar al juez contencioso a fijarle alcance diferente al que la ley procesal le ha dado o a darle consecuencias diferentes.
El tratamiento hasta ahora dado por la jurisprudencia debería ser otro; uno que reflejara la maximización del derecho a accionar, en el entendido de que para la acción electoral se interrumpe por mandato legal, el término de caducidad, con la presentación de la demanda y por ello la misma ley autoriza legalmente su corrección sin indicar cuáles aspectos de la demanda pueden o no reformarse. Siendo, entonces, oportuna toda corrección que se haga hasta la ejecutoria del auto admisorio, con lo cual se protege el derecho de contradicción y defensa, porque la contestación de la demanda debe hacerse en la etapa de fijación en lista.
En sentencia de 23 de marzo de 2006(12): son hechos nuevos, para significar adición en los presupuestos de las irregularidades, así por ejemplo, agregar nombres y números de cédulas en los casos de suplantación.
En sentencia de 19 de julio de 2006,(13) los cargos caducados se ataron a las actividades de extender los cargos o ampliar los casos inicialmente consignados en la demanda.
En fallo de 29 de junio de 2007,(14) los cargos caducados fueron asociados con los “aspectos importantes” como: i) pretensiones, ii) causa petendi (cargos e imputaciones); iii) las partes y iv) los cargos. Así que no encuadra dentro de este concepto ni la ampliación o supresión de los medios de prueba ni el abundar en razones frente a cada uno de los cargos formulados.
En sentencia de 2 de octubre de 2008(15): el cargo caducado conlleva dos eventos: i) nuevas imputaciones; ii) nuevos cargos.
En sentencia de 11 de marzo de 2010(16) se incluyó dentro del concepto de cargo caducado: la adición de un nuevo demandado; nuevos cargos; nuevas imputaciones y casos nuevos. Incluso se incluyó, el evento en que en la demanda original únicamente se menciona el cargo sin determinar los presupuestos correspondientes y luego, se completa en la corrección, como se evidencia del siguiente aparte: “Aunque la demanda dice que se configuró el fenómeno de trashumancia electoral..., [el actor] no identificó los casos concretos señalando zona, puesto, mesas y los presuntos trashumantes. Este cargo solo fue formulado en el escrito de corrección de la demanda pues allí se identificaron 235 casos. Como consecuencia el tribunal no debía estudiarlo al haber operado la caducidad de la acción”.
En resumen, se tendrán como cargos caducados si una vez operada la caducidad de la acción, por vía de la corrección o de la reforma de la demanda, se traen nuevas imputaciones; nuevos cargos; casos nuevos; hechos nuevos que adicionen los presupuestos de las irregularidades; extender cargos o ampliar los casos inicialmente consignados en la demanda; adicionar aspectos importantes como: pretensiones, causa petendi (cargos e imputaciones) y partes y, finalmente, adicionar nuevo demandado y cargo completado en la corrección o reforma, pero solo mencionado —en la demanda original— en forma indeterminada.
No puede aducirse que la declaratoria de caducidad de los cargos nuevos presentados luego de operado el fenómeno prescriptivo de la acción, vulnere derecho fundamental alguno, pues las normas de procedimiento incluidas aquellas consagratorias del principio de preclusión tienen como finalidad la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, la garantía del debido proceso y la igualdad de las partes.
Si se observa la doctrina,(17) el principio de preclusión, tiene como propósito buscar el orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, mediante la separación en “compartimientos estancos” en los que se reparte el ejercicio de la actividad de los protagonistas procesales “de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser, como se ha observado, el precio que el proceso escrito paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de cargas procesales”.
No es cierto como lo afirma el apelante que la interpretación jurisprudencial fincada en el respeto al principio de la preclusión y del debido proceso carezca de soporte normativo, pues aunque el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, dispone: “Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días... Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción” (negrillas de la Sala).
De la anterior exégesis se evidencian los siguientes extremos:
1) Que la inadmisión no permite interrumpir la caducidad;
2) Que la inadmisión tiene como finalidad poner de presente, para su corrección, los defectos simplemente formales.
Siendo así, la formulación de nuevos cargos, nuevas imputaciones, casos nuevos, nuevas pretensiones, nueva causa petendi, etcétera, ni siquiera en sentido amplio, podrían encuadrar en la connotación de defectos simplemente formales, porque son sustantivos o sustanciales al litigio de nulidad electoral.
Nada de extraño ni de exceso hermenéutico subyacente en la línea jurisprudencial ni de limitante al derecho de acceso a la administración de justicia tiene mantener que en la relación jurídica procesal de la nulidad electoral se imponga que la oportunidad procesal para proponer una demanda sustancialmente acorde a derecho sea la demanda inicial, porque lo subsanable son los requisitos de forma, no los sustantivos, como claramente lo dispuso el legislador extraordinario en el Código Contencioso Administrativo.
Por todo lo expuesto, el cargo no prospera.
La Sala revocará el fallo de 23 de noviembre de 2012 y su corrección mediante proveído de 30 de noviembre del mismo año, proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba, solo en lo atinente a la declaratoria de nulidad del acto de elección y a las decisiones consecuenciales, es decir, convocatoria de nuevos escrutinios y expedición de nuevas credenciales.
Además, declarará probada de oficio la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a los siguientes municipios que el tribunal a quo omitió: Ayapel, Canalete, Chimá, Chinú, Montelíbano, Montería, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Bernardo del Viento, San Carlos, Tierralta, Pueblo Nuevo y San Antero y, por ende, proferirá fallo inhibitorio y a su resolución consecuencial de convocar a escrutinios frente a estos municipios que se adicionan a la declaratoria de inhibición del tribunal en el numeral tercero.
Ha de tenerse en cuenta que los municipios que adiciona el Consejo de Estado en este pronunciamiento fueron la base exclusiva del tribunal para declarar la nulidad de la elección, pues, a juicio del a quo, los votos modificados en las mesas demandadas de estos municipios mutaron el resultado de la elección. Y se revocará la declaratoria de nulidad de la Resolución 4.802 de 13 de diciembre de 2011 efectuada por el tribunal, para en su lugar, inhibirse de conocer sobre su nulidad por tratarse de un acto de mero trámite.
1. SE REVOCAN los numerales cuarto, sexto y séptimo de la sentencia de 23 de noviembre de 2012 y su corrección del 30 de noviembre del mismo año, proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
2. SE DECLARA probada de oficio la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a los siguientes municipios que se adicionan a la declaratoria del numeral tercero de la sentencia apelada Ayapel, Canalete, Chimá, Chinú, Montelíbano, Montería, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Bernardo del Viento, San Carlos, Tierralta, Pueblo Nuevo y San Antero y SE INHIBE para pronunciarse de fondo frente a la nulidad del acto declaratorio de elección.
3. SE REVOCA el numeral quinto de la sentencia apelada para en su lugar: INHIBIRSE de conocer sobre la nulidad de la Resolución 4.802 del 13 de diciembre de 2011 proferida por el CNE, por tratarse de un acto de mero trámite.
4. RECONÓCESE personería adjetiva a la doctora Tania Alejandra Salcedo Morales, identificada con la cédula 1.122.123.288 de Acacías y T.P. 212.143 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar al Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades otorgadas en el poder obrante a folio 536.
(2) Anexo 1, corrección demanda folios 39-50.
(3) Anexo 1, corrección demanda folios 54-56.
(4) Anexo 1, corrección demanda folios 81-85.
(5) Sentencia 12 de mayo de 2009. Radicación 2011-00637-01. C.P. Susana Buitrago Valencia.
(6) Sentencia noviembre 26 de 2012. Radicación 2010-00055. Acumulado Cámara de Bogotá. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
(7) Documento obrante a folios 36 a 42 del cuaderno principal.
(8) Documento obrante a folios 39 y 40 del cuaderno principal.
(9) De eso da cuenta el Oficio 001801 de noviembre 15 de 2011, obrante al folio 44 del cuaderno principal.
(10) Cuaderno principal, folios 124-128.
(11) Al respecto y previo a continuar, recuerda la Sala que abundante jurisprudencia de la Sección ha reiterado la diferencia existente entre el error aritmético (causal de reclamación 11 del art. 192 del C.E.) y la falsedad o apocrificidad (causal de nulidad 2 del art. 223 del CCA). Pueden consultarse entre otras decisiones: sentencia de 29 de junio de 2001. Radicación 2001-00009-01. C.P. Darío Quiñones Pinilla; sentencia 9 de agosto de 2009. Radicación 2007-00132-01. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón; sentencia de 9 de julio de 2009. Radicación 2007-00132-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(12) Expediente 3906.
(13) Expediente 4017.
(14) Expedientes 3954-3964.
(15) Expediente 2007-00236-01.
(16) Expediente 2007-00569-01.
(17) Devis Echandía, Hernando. Tratado de derecho procesal civil-parte general. Tomo I. Generalidades. Bogotá. 1961. Temis ed. Pp. 112 y 113.