Source: http://formu.info/informe-no.html?page=11
Timestamp: 2019-02-21 06:15:50
Document Index: 132670959

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1']

Informe no - Página 11
187 . Esta interpretación fue retomada en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek , contra Paraguay , respecto de las cuales el Estado no había tomado las medidas necesarias para brindarles una vida digna, en relación con la provisión de agua, alimentación, salud y educación 188 . La Comisión considera que las obligaciones estatales frente al derecho a la integridad personal y frente a la necesidad de crear las condiciones para permitir una existencia digna, leídas conjuntamente con el deber de especial protección de la niñez y el principio del interés superior del niño o la niña, imponían al Estado de Ecuador dar una respuesta eficaz que debía materializarse en el acceso de TGGL al tratamiento que requería. En cuanto a la respuesta frente a un niño o una niña portadora del VIH, el Comité de los Derechos del Niño indicó que corresponde a los Estados: velar por que los niños tengan acceso continuo, en igualdad de condiciones, a tratamientos y cuidados completos, incluida la prescripción de los necesarios fármacos relacionados con el VIH, y a bienes y servicios sin discriminación. Hoy día se reconoce ampliamente que el tratamiento y los cuidados completos incluyen la administración de fármacos antirretrovíricos y de otra índole, el diagnóstico y otras técnicas conexas para el tratamiento del VIH/SIDA, así como de otras infecciones y dolencias oportunistas, la buena alimentación y el necesario apoyo social, espiritual y psicológico, y la atención basada en actividades relacionadas con la familia, la comunidad y el hogar 189 . Esta obligación era especialmente reforzada en el presente caso debido a los factores de múltiple vulnerabilidad en que se encontraba la víctima en su condición de niña portadora de VIH de muy escasos recursos. La ausencia de respuesta en estas condiciones, a fin de que TGGL pudiera llevar adelante su proyecto de vida, además de afectar su integridad personal y su desarrollo y existencia dignas, la expuso a una situación de discriminación en diversos niveles que tanto ella como su madre han descrito en múltiples oportunidades. En su Observación General No. 3 “El VIH-SIDA y los Derechos del Niño” , el Comité de los Derechos del Niño indicó que: La discriminación es la causante del aumento de la vulnerabilidad de los niños al VIH y el SIDA, así como de los graves efectos que tiene la epidemia en la vida de los niños afectados. Los hijos e hijas de padres que viven con el VIH/SIDA a menudo son víctimas de la estigmatización y la discriminación, pues con harta frecuencia también se les considera infectados. La discriminación hace que se deniegue a los niños el acceso a la información, la educación (véase la Observación general Nº 1 del Comité sobre los propósitos de la educación), los servicios de salud y atención social o a la vida social. En su forma más extrema, la discriminación contra los niños infectados por el VIH se manifiesta en su abandono por la familia, la comunidad y la sociedad. La discriminación también agrava la epidemia al acentuar la vulnerabilidad de los niños, en particular los que pertenecen a determinados grupos, los que viven en zonas apartadas o rurales, donde el acceso a los servicios es menor. Por ello, esos niños son víctimas por partida doble 190 . En su reciente Observación General No. 15 “ Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud” , el Comité de los Derechos del Niño enfatizo en que la salud del niño o la niña no puede quedar minada por la discriminación , importante factor que contribuye a la vulnerabilidad. En dicha observación general el Comité explicó el especial riesgo de discriminación en que se encuentra un niño o una niña por su estado de salud, particularmente el VIH/SIDA 191 . En el presente caso, la responsabilidad internacional del Estado no se encuentra entonces limitada por haber omitido sus obligaciones mínimas de regulación, supervisión y fiscalización del Banco de Sangre y la Clínica Humanitaria , sino que además incluye la falta de respuesta tras tomar conocimiento del contagio, como se explicó, a través de múltiples mecanismos. A la fecha, el Estado ha ignorado la situación de una niña en extrema situación de vulnerabilidad bajo su jurisdicción, generando así una afectación adicional a su integridad personal y a las posibilidades de llevar adelante una vida digna, y exponiéndola a una situación de discriminación. Esta situación, en su conjunto, ha generado afectaciones adicionales a su núcleo familiar. En virtud de lo anterior la Comisión concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y a la vida digna establecidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento, en perjuicio de TGGL. Asimismo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de la madre y el hermano de TGGL.
B.	El derecho a la integridad personal y a la vida digna de la niña TGGL con posterioridad al contagio (Artículos 4, 5, 19 y 1.1 de la Convención Americana)
El artículo 4 de la Convención Americana establece, en lo pertinente:
El artículo 5 establece, en lo relevante:
El artículo 19 de la Convención Americana indica:
El artículo 1.1 de la Convención Americana indica:
En esta sección, la Comisión analizará la respuesta otorgada por el Estado de Ecuador con posterioridad al contagio sufrido por TGGL el 22 de junio de 1998, así como los efectos en TGGL y su núcleo familiar.
Sobre este punto, la madre de TGGL ha descrito ante la Comisión así como ante las autoridades judiciales internas tanto civiles como penales, que su hija no ha recibido tratamiento requerido por parte del Estado de Ecuador. En la misma línea, las personas que declararon en apoyo a la solicitud de amparo de pobreza para interponer la acción civil, indicaron los enormes esfuerzos que ha tenido que realizar la madre de TGGL para lograr conseguir los medios que le permitan comprar los medicamentos necesarios. Por su parte, la propia TGGL en reciente comunicación a la CIDH narró el deteriorio progresivo de su situación de salud, el impacto personal, familiar y social de esta situación, las carencias a las cuales ha estado sometida durante los últimos 15 años desde el contagio, y la situación de discriminación que habría sufrido por ser portadora del VIH. Toda esta información sobre la falta de tratamiento a instancias del Estado y el entorno social y familiar al que se ha visto sometida la niña TGGL, no ha sido controvertida por el Estado.
La Comisión observa que desde el momento mismo en que la madre de TGGL denunció penalmente el contagio, esto es, en el mismo año 1998, el Estado tuvo conocimiento de la situación en que se encontraba la niña y de la necesidad de tratamiento. A lo largo de proceso penal, y posteriormente con el inicio del proceso civil, diversas instancias del Estado, incluida la Defensoría del Pueblo, han tomado conocimiento de la necesidad de tratamiento de la niña TGGL. Posteriormente, mediante el inicio del trámite interamericano a partir del año 2008, el Estado fue informado nuevamente de la situación de TGGL.
A pesar de lo anterior, al día de hoy, TGGL no ha recibido respuesta alguna por parte del Estado, con el efecto necesario del deterioro progresivo en su salud e integridad personal. No obstante los esfuerzos de la madre de TGGL, no existe información que indique que alguna entidad del Estado a cargo de los intereses de los niños y niñas hubiera intervenido ni en el proceso judicial ni en colaborar en la búsqueda de los servicios médicos. Toda esta situación ha generado una grave afectación que se extiende al núcleo familiar de TGGL, al ejercicio de su derecho a la educación y, en suma, a las condiciones mínimas para llevar a adelante una vida y desarrollo dignos.
La Corte Interamericana se ha referido al concepto de vida digna, dentro de las obligaciones que impone el artículo 4 de la Convención. Así, en el caso Villagrán Morales y otros, la Corte Interamericana estableció que “el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna”187. Esta interpretación fue retomada en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, contra Paraguay, respecto de las cuales el Estado no había tomado las medidas necesarias para brindarles una vida digna, en relación con la provisión de agua, alimentación, salud y educación188.
La Comisión considera que las obligaciones estatales frente al derecho a la integridad personal y frente a la necesidad de crear las condiciones para permitir una existencia digna, leídas conjuntamente con el deber de especial protección de la niñez y el principio del interés superior del niño o la niña, imponían al Estado de Ecuador dar una respuesta eficaz que debía materializarse en el acceso de TGGL al tratamiento que requería.
En cuanto a la respuesta frente a un niño o una niña portadora del VIH, el Comité de los Derechos del Niño indicó que corresponde a los Estados:
velar por que los niños tengan acceso continuo, en igualdad de condiciones, a tratamientos y cuidados completos, incluida la prescripción de los necesarios fármacos relacionados con el VIH, y a bienes y servicios sin discriminación. Hoy día se reconoce ampliamente que el tratamiento y los cuidados completos incluyen la administración de fármacos antirretrovíricos y de otra índole, el diagnóstico y otras técnicas conexas para el tratamiento del VIH/SIDA, así como de otras infecciones y dolencias oportunistas, la buena alimentación y el necesario apoyo social, espiritual y psicológico, y la atención basada en actividades relacionadas con la familia, la comunidad y el hogar189.
Esta obligación era especialmente reforzada en el presente caso debido a los factores de múltiple vulnerabilidad en que se encontraba la víctima en su condición de niña portadora de VIH de muy escasos recursos. La ausencia de respuesta en estas condiciones, a fin de que TGGL pudiera llevar adelante su proyecto de vida, además de afectar su integridad personal y su desarrollo y existencia dignas, la expuso a una situación de discriminación en diversos niveles que tanto ella como su madre han descrito en múltiples oportunidades.
En su Observación General No. 3 “El VIH-SIDA y los Derechos del Niño”, el Comité de los Derechos del Niño indicó que:
La discriminación es la causante del aumento de la vulnerabilidad de los niños al VIH y el SIDA, así como de los graves efectos que tiene la epidemia en la vida de los niños afectados. Los hijos e hijas de padres que viven con el VIH/SIDA a menudo son víctimas de la estigmatización y la discriminación, pues con harta frecuencia también se les considera infectados. La discriminación hace que se deniegue a los niños el acceso a la información, la educación (véase la Observación general Nº 1 del Comité sobre los propósitos de la educación), los servicios de salud y atención social o a la vida social. En su forma más extrema, la discriminación contra los niños infectados por el VIH se manifiesta en su abandono por la familia, la comunidad y la sociedad. La discriminación también agrava la epidemia al acentuar la vulnerabilidad de los niños, en particular los que pertenecen a determinados grupos, los que viven en zonas apartadas o rurales, donde el acceso a los servicios es menor. Por ello, esos niños son víctimas por partida doble190.
En su reciente Observación General No. 15 “Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”, el Comité de los Derechos del Niño enfatizo en que la salud del niño o la niña no puede quedar minada por la discriminación, importante factor que contribuye a la vulnerabilidad. En dicha observación general el Comité explicó el especial riesgo de discriminación en que se encuentra un niño o una niña por su estado de salud, particularmente el VIH/SIDA191.
En el presente caso, la responsabilidad internacional del Estado no se encuentra entonces limitada por haber omitido sus obligaciones mínimas de regulación, supervisión y fiscalización del Banco de Sangre y la Clínica Humanitaria, sino que además incluye la falta de respuesta tras tomar conocimiento del contagio, como se explicó, a través de múltiples mecanismos. A la fecha, el Estado ha ignorado la situación de una niña en extrema situación de vulnerabilidad bajo su jurisdicción, generando así una afectación adicional a su integridad personal y a las posibilidades de llevar adelante una vida digna, y exponiéndola a una situación de discriminación. Esta situación, en su conjunto, ha generado afectaciones adicionales a su núcleo familiar.
En virtud de lo anterior la Comisión concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y a la vida digna establecidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento, en perjuicio de TGGL. Asimismo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de la madre y el hermano de TGGL.
C.	El derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de la niña TGGL y su madre (Artículos 8, 25, 19 y 1.1 de la Convención Americana)
El artículo 8.1 de la Convención Americana indica:
La Corte ha señalado que, según la Convención Americana:
Los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)192.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano ha establecido que si bien la obligación de investigar es una obligación de medios y no de resultado, ésta debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa193, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios194.
La Corte ha determinado que las investigaciones efectuadas por el Estado deben ser realizadas con la debida diligencia de forma que las averiguaciones se realicen por todos los medios disponibles y estén direccionadas a la determinación de la verdad195. En este sentido, la Comisión Interamericana ha señalado que
La obligación de investigar no se incumple solamente porque no exista una persona condenada en la causa o por la circunstancia de que, pese a los esfuerzos realizados, sea imposible la acreditación de los hechos. Sin embargo, para establecer en forma convincente y creíble que este resultado no ha sido producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales sin que el Estado busque efectivamente la verdad, éste debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial.196
La Corte Interamericana ha establecido que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales197, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular198. La razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal. En materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito y termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme199.
En su jurisprudencia constante, los órganos del sistema interamericano han tomado en consideración tres que resultan relevantes para el análisis del presente caso, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la conducta de las autoridades judiciales y c) la actividad procesal del interesado200. Asimismo, la Corte ha establecido que además de estos elementos, se debe tomar en cuenta el interés en juego y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación de la persona involucrada, en los siguientes términos:
El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve201.
La jurisprudencia tanto de la Corte Europea como de la Corte Interamericana indican varias circunstancias que activan un deber de especial y excepcional diligencia en el desarrollo de las investigaciones. Así por ejemplo, la Corte Interamericana ha señalado que:
en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de los niños y niñas personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentran en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades202.
En adición a la condición de niño o niñas de las personas involucradas, la Comisión destaca lo indicado por la Corte Europea en el caso Laudon vs. Alemania, en el cual se indica que se exige una diligencia especial en aquellos casos en los cuales “está en juego la integridad de la persona”203.
Asimismo, la Corte Europea ha conocido casos en los cuales el debate de los procesos en curso se encontraba relacionado con la situación de una persona con VIH. Específicamente en el caso X vs. Francia, analizó el incumplimiento de las garantías judiciales tomando en cuenta que lo que “estaba en juego en el proceso judicial era de crucial importancia para el peticionario”, debido a la naturaleza de su enfermedad204. En ese sentido, la Corte Europea señaló que había un riesgo de que la demora en el proceso, convirtiera en ilusorio su propósito. En suma, la Corte Europea indicó que en el referido caso era requerida una “diligencia excepcional”, independientemente de la cantidad de casos pendientes205. En el caso F.E vs. Francia, la Corte Europea señaló que esta diligencia excepcional debe operar aún entiendo cierto nivel de complejidad en este tipo de casos206.
Además de los anteriores factores, que operan de manera simultánea en el presente caso, la Corte se ha pronunciado sobre la necesidad de adelantar con especial celeridad el proceso penal, cuando por el propio diseño normativo interno, la posibilidad de activar una acción civil de daños y perjuicios y, consecuentemente, las perspectivas reales de obtener reparación, dependen del resultado del proceso penal.
Sobre este punto, en el caso Suárez Peralta vs. Ecuador, la Corte tomó nota de jurisprudencia de la Corte Europea207 en la que se indica que en situaciones en las cuales la indemnización civil estaba sujeta a la conclusión del proceso penal, el deber de investigar en un plazo razonable “se incrementa dependiendo de la situación de salud de la persona afectada” pues ésta “requiere de cuidados especiales [la duración del proceso] vulnera[…] su posibilidad de llevar una vida plena”208.
Asimismo, en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, la Corte consideró que:
la falta de conclusión del proceso penal ha[bía] tenido repercusiones particulares […] ya que, en la legislación del Estado, la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente p[odía] estar sujeta al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal, por lo que en la acción civil de resarcimiento tampoco se ha[bía] dictado sentencia de primera instancia. Es decir, la falta de justicia en el orden penal ha[bía] impedido que [se obtuviera] una compensación civil por los hechos del […] caso”209.
En la misma línea, la Corte Europea en el caso Oyal vs. Turquía, se refirió al derecho a un recurso efectivo frente a una situación de contagio por VIH en la Cruz Roja de dicho país. En tal caso, la Corte Europea destacó la relevancia de las acciones civiles, separadas o en conjunción con las acciones penales, con el objeto de determinar responsabilidades y permitir el otorgamiento de las respectivas reparaciones210.
En el presente caso la Comisión ha dado por probado que se inició una acción penal y una acción civil. Asimismo, de conformidad con el ordenamiento ecuatoriano, la posibilidad de interponer la acción civil depende del resultado del proceso penal. Especialmente, depende de la existencia de una condena penal en firme. Precisamente, en el caso de TGGL se inició la acción penal el 29 de septiembre de 1998, la cual culminó con una declaratoria de prescripción el 28 de febrero de 2005. Por su parte, la acción civil tuvo inicio el 5 de marzo de 2002 y terminó el 18 de mayo de 2006 con una declaratoria de nulidad de la admisión a trámite de la demanda, ante la inexistencia de sentencia condenatoria en firme en la vía penal.
Como resultado de lo anterior, ni TGGL ni su madre han recibido protección judicial alguna frente al contagio sufrido. De conformidad con el marco normativo ecuatoriano, a TGGL y a su madre les ha estado vedado el acceso a obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del contagio, debido a que la acción penal no culminó con una condena penal en firme y, actualmente, se encuentra prescrita.
En consideración de la Comisión, esta situación en sí misma refleja una flagrante denegación de justicia y, en consecuencia, resulta violatoria de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de TGGL y su madre.
Ahora bien, del análisis de la totalidad del expediente penal y de las piezas disponibles del proceso civil, la Comisión ha identificado una serie de factores adicionales que han contribuido a esta situación de denegación de justicia, tanto en términos de debida diligencia como de plazo razonable.
En primer lugar, la Comisión observa que el proceso penal tuvo una duración de nueve años, en los cuales existieron diversas manifestaciones de falta de debida diligencia. Como resulta del expediente, fue la madre de TGGL la que dio impulso permanente a la investigación, proponiendo prueba, incluso pericial, y solicitando reiteradamente que se avanzara con la debida celeridad ante las demoras que se registraron en la práctica de pruebas. La Comisión nota especialmente la demora injustificada en que se incurrió en ordenar y practicar la prueba especializada genética sugerida por los peritos médicos de manera temprana en la investigación. Esta demora activó incluso la intervención de la Defensoría del Pueblo. La Comisión observa que el sumario fue cerrado en más de tres oportunidades por parte de las autoridades judiciales a pesar de que no se había practicado esta prueba fundamental. Esta situación dio lugar a que la Fiscalía tuviera que solicitar en múltiples ocasiones a las autoridades judiciales la reapertura del sumario, con las consecuentes demoras adicionales.
Una de las manifestaciones más claras de la falta de diligencia en el proceso penal, se relaciona con el paso de cuatro años, desde el momento en que se formalizó y aceptó la acusación en contra de la señora Mariana Ramírez en el año 2001, hasta febrero de 2005 cuando se declaró prescrita la acción penal. La información disponible indica que no habría sido posible continuar con el juicio de la señora Mariana Ramírez, debido a que se encontraría fuera del país. No consta en el expediente diligencia alguna por parte del Estado teniente a dar con el paradero de Mariana Ramírez a fin de dar continuidad al juicio y a la acción penal. Por el contrario, ante la falta de comparecencia de esta persona al proceso penal, el Estado de Ecuador permaneció inactivo durante cuatro años hasta que resultó aplicable la figura de prescripción, precisamente como consecuencia de su falta de debida diligencia.
Por otra parte, en el marco de la acción civil, la Comisión observa que la misma tuvo una duración de cuatro años. La culminación del proceso civil se dio el 18 de mayo de 2006 mediante una declaratoria de nulidad de todo lo actuado desde que se admitió la demanda en el año 2002. Es decir, que las autoridades judiciales en el ámbito de la acción civil tardaron cuatro años para finalmente resolver que la demanda civil no cumplía con el requisito necesario para ser admitida, esto es, la inexistencia de una condena penal en firme.
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado de Ecuador violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 19 de mismo instrumento, en perjuicio de TGGL, su madre y su hermano.