Source: http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2007/10/
Timestamp: 2017-07-26 10:31:47
Document Index: 242520829

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 6']

F U E R A D E F O C O: octubre 2007
El intendente Martín Balbarrey prorrogó 482 pasantías hasta fin de año. La decisión está contenida en el Decreto 1275 del 22 de octubre de 2007 y fue refrendada por la totalidad de sus secretarios. Los pasantes beneficiados están incorporados en un dudoso convenio firmado entre el municipio y la Fundación Banco Bica. Cobran entre 300 y 500 pesos y prestan servicios en la mayoría de las dependencias de la administración municipal.En medio del conflicto desatado por el reclamo de pase a planta permanente de personal contratado, pasantes y punteros del justicialismo, el intendente de la ciudad resolvió prorrogar hasta fin de año las pasantías de 482 jóvenes que prestan servicios en distintas dependencias de la administración municipal, con un costo mensual de $ 150.000.La decisión quedó plasmada el pasado 22 de octubre en el Decreto 1275 que lleva la firma de Martín Balbarrey y todos sus secretarios. En los fundamentos de la norma se explica que los pasantes “se han desempeñado con eficiencia y eficacia en las tareas encomendadas, resultando necesario continuar con la prestación de sus servicios”, curiosamente, tratándose de pasantías educativas avaladas por la Fundación Banco Bica y reguladas por leyes nacionales y provinciales, el decreto no hace ninguna mención a los avances logrados por los beneficiarios en su proceso de formación.De acuerdo al anexo del decreto, los pasantes prestan servicios en: Gobierno, COBEM, Gestión de Riesgo, Delegaciones, Tránsito, Servicios Públicos, Promoción Comunitaria, Obras Públicas, Personal, Cultura, Cementerio, Medio Ambiente, Talleres, Asuntos Hídricos, Relaciones Públicas, Finanzas, Intendencia, Teatro Municipal, Compras, Catastro, entre otras reparticiones.Por su parte, previo a su ingreso a la Municipalidad los pasantes debieron realizar alguno de los cursos ofrecidos por la Fundación Banco Bica. Según informa la página web de la entidad, los cursos dictados en el año 2066 fueron: Pedagogía de la Paz, Formación de Ludoeducadores, Diseño de vestuario, Auxiliar en relaciones públicas, Perfeccionamiento en natación, Reparador de impresoras, Organización de eventos, Manejo de la colmena y Medicina del deporte. Además, en el año 2005 los cursos dictados fueron: Gestión cultural, El Museo, Ventas desde el marketing, Diseño de modas, Turismo rural, Excel 2000, PNL, Costo en PyMES y Micro emprendimientos, Inteligencia emocional, Producción de hongos, Auxiliar instalador electricista, Curso básico de carpintería y Jabones artesanales.Lamentablemente, en el listado de beneficiarios no se especifica el curso que realizaron antes de completar su formación en la administración municipal. Esta ausencia es preocupante ya que el sistema de pasantías educativas se ha prestado a todo tipo de abusos por parte del sector patronal (público o privado), desnaturalizando su objetivo pedagógico, y transformándolo en un instrumento de precarización laboral y explotación.Conviene tener presente que las pasantías educativas están reguladas por la ley nacional Nº 25.165, reglamentada por sucesivos decretos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rua. En la actualidad, pueden extenderse durante un mínimo de 2 meses y un máximo de 4 años, con una actividad semanal no mayor de 5 días en cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta 6 horas de labor.Según esta norma nacional “se entenderá como “pasantía” a la extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en convenios bilaterales estipulados en la presente ley”.En el ámbito provincial, el sistema de pasantías educativas se encuentra regulado por la ley 12.485, que adhiere a la norma nacional. Un aspecto importante es que los convenios entre las entidades educativas, las empresas o los entes públicos deben ser informados al Registro Provincial de Pasantías Educativas que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Provincia.Asimismo, los convenios deben regirse por un conjunto de pautas mínimas de cumplimiento obligatorio, como ser: designar tutores e instructores que orientarán, coordinarán y controlarán el trabajo de los pasantes; la asignación de un aporte económico para el pasante; y la organización de un mecanismo conjunto de control y evaluación de la experiencia que estará a cargo de las personas que las partes firmantes del convenio designen, con la obligación de elaborar un informe individual sobre el desempeño de cada pasante.La ley también establece que “la situación de pasantías no generará ningún tipo de relación jurídica entre el pasante y el organismo y empresa en el que aquel preste servicios”.Por su parte, las instituciones educativas designarán a los pasantes teniendo en cuenta sus antecedentes académicos, características, perfiles y especialización acordados con los organismos y empresas que lo soliciten, asegurando las condiciones pedagógicas que requiere la formación del pasante, para lo cual deberán designar tutores.Sería muy importante, en el contexto del conflicto que involucra al personal contratado, pasantes y punteros del justicialismo, que las autoridades municipales y los responsables de la Fundación Banco Bica, brinden detalles a la comunidad sobre la implementación del convenio de pasantías educativas que suscribieron el 8 de agosto de 2005.
“Nos ha asombrado el volumen de sentencias firmes impagas” dijo el futuro Fiscal Municipal Aidilio Gustavo Fabiano. Durante la administración Balbarrey se implementó un sistema de pago en cuotas que retrasó los cumplimientos e incrementó los intereses. El pagó de los juicios perdidos es un severo condicionante de las finanzas municipales.El futuro Fiscal Municipal, Aidilio Gustavo Fabiano, brindó detalles de uno de los capítulos más preocupantes de la transición gubernamental en la ciudad de Santa Fe. “Recién tenemos una primera aproximación, estamos trabajamos en una comisión de enlace con el fiscal actualmente en cargo, analizando el sistema que tiene la Municipalidad para atender las sentencias firmes y nos ha asombrado el volumen de sentencias firmes impagas”, dijo el designado funcionario a Fuera de Foco.Fabiano se mostró sorprendido por el esquema de trabajo implementado por el actual Fiscal Municipal. “Hay un sistema de pago en cuotas que se había diseñado para una circunstancia de crisis que creemos que hoy ha colapsado, por eso el gran desafío es diseñar un nuevo sistema de atención de sentencias firmes que compatibilice el erario público, el equilibrio fiscal con la necesidad de garantizar el principio de justicia que cada sentencia implica”.Respecto al monto total de las sentencias impagas, el futuro abogado del estado municipal, estimó que rondaría los 33 millones de pesos. “Tenemos una información, que todavía tenemos que chequear y depurarla, pero se habla de 25 millones de capital y casi 8 millones de honorarios. Pero falta depurar esos listados para saber si no se han generado intereses, porque a lo mejor son valores históricos. Todo esto es un motivo de alta preocupación para la gestión entrante”, admitió Fabiano.Finalmente, sostuvo que es necesario “reorganizar el sistema y ver con que recursos humanos contamos. Yo soy un abogado del estado, desde la universidad y desde la provincia, y tengo mucha confianza en los abogados del estado, por eso creo que debemos organizarnos y motivarnos para defender al estado, no solo para hacer atención de juicios sino para evitarlos, bajando la litigiosidad y estableciendo sistemas de alerta temprana para mejorar la administración”, concluyó.
Con menos dramatismo con el que hoy vivimos los sucesos de Villa Guillermina, hace 75 años un diario de Santa Fe publicaba un hecho similar, pero ocurrido en Villa Ana. No fue aquella vez una mujer ni su cadáver fue encontrado tras las sospechas familiares: en 1932, una borrachera delató al asesino. Los efectos del alcohol son diversos en las personas. Algunos se entristecen, otros se alegran y a otros se les suelta la lengua. Fue el caso Juan Oliva, que en octubre de 1932 fue objeto de una noticia cuyo título era: “Borracho, confesó en rueda de amigos el crimen cometido varios años atrás. La policía lo detuvo y poco después logró probar que no mentía. Cuando recobró su lucidez, el asesino trató en vano de demostrar que era inocente”. La noticia fue publicada en el diario El Orden, con varias fotografías. Había ocurrido en Villa Ana. Un vecino de esa localidad, Ciriaco González, había desaparecido tres años atrás en forma misteriosa. Pero a fines de setiembre de 1932, “cuando el misterioso suceso había sido ya olvidado, otro vecino de Villa Ana llamado Juan J. Oliva, después de haberse embriagado en una taberna del lugar dijo en rueda de amigos que él había dado muerte varios años atrás a Ciriaco González”. “Algunos tomaron en broma la confesión del ebrio”, decía El Orden, “y otros, en cambio, la aceptaron como cierta. Estos últimos se encargaron de divulgar la especie recogida que no tardó en llegar a oídos de la policía. Esta se encargó en el acto de proceder a la detención de Oliva que ya había recobrado su lucidez. En posesión de sus sentidos, el preso manifestó que lo dicho había sido en broma y que él no había tenido ninguna participación en el suceso”. “Borracho, se “Deschava””, es el subtítulo en el que se relatan estos pormenores. Con la detención de Oliva y sus hijos, uno de estos confesó que sabía dónde estaba el cuerpo: enterrado en un monte que lindaba a su rancho. Allí se trasladó la policía, encontrándose con que “la tierra y el tiempo transcurrido habían hecho su obra destructora y solo apareció el esqueleto de González”. Categorías:
MILLONARIA DEUDA IMPOSITIVA DE LA EMPRESA 7 DE MARZO
La principal operadora del transporte de pasajeros de la ciudad de Santa Fe le debe al gobierno provincial $ 2.244.478 de Ingresos Brutos y Aportes Ley 5.110. El monto fue determinado luego de una inspección realizada en abril de este año. La empresa tiene la posibilidad de discutir el reclamo.En el Boletín Oficial del 22 de octubre de 2007, la Administración Provincial de Impuestos publica la notificación enviada al domicilio de Daniel Eugenio Vidal, socio gerente de la empresa 7 de Marzo, donde se lo emplaza a pagar en el término de 15 días corridos, la suma de $ 2.244.478,30 en concepto de Aportes Ley 5.110 e Ingresos Brutos adeudados. El millonario reclamo se origina en una inspección de oficio realizada por los recaudadores provinciales el pasado 23 de abril.La notificación oficial desglosa la composición de la deuda determinada para la principal empresa de transporte de pasajeros de la ciudad de Santa Fe. Por anticipos impagos y ajustes de Ingresos Brutos la API reclama $ 1.053.665,88; por intereses $ 190.531,16; y por multas $ 420.368,93. Además, se reclaman aportes impagos de la Ley 5.110 por $ 374.763,55; intereses por $ 50.896,08; y multas por otros $ 154.252,70. Estos valores corresponden a deudas generadas durante los años 2004, 2005 y 2006.En este periodo la empresa 7 de Marzo fue ganando posiciones en el servicio de transporte de pasajeros de la región del Gran Santa Fe. Actualmente controla las líneas 1, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 18, Recreo y L Bis. Simultáneamente con esta importante expansión, la firma representada públicamente por Daniel Eugenio Vidal, quedó involucrada en múltiples denuncias y conflictos gremiales derivados del manejo irregular de subsidios nacionales, evasión fiscal y violación de las leyes laborales. Algunos de estos casos se tramitan en la justicia federal santafesina.De todos modos, la notificación de la API también informa que los empresarios tienen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración para discutir la deuda exigida.
El proyecto de Acceso a la Información Pública votado la semana pasada genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de una ley sobre la materia. El texto elaborado por Gramajo & Cia. incorpora cláusulas que restringen el derecho a buscar y recibir datos en poder del estado.Después de cuatro años de dilaciones la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a un proyecto la ley de acceso a la información elaborado por el bloque del Partido Justicialista. Esta iniciativa no garantiza el acceso universal a los datos en poder de los tres Poderes del Estado, e incorpora cláusulas y expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.La decisión tomada por la bancada mayoritaria de la cámara alta de la provincia genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la Ley de Acceso a la Información Pública que la sociedad reclama. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción - la de los senadores justicialistas y la de todos bloques de diputados – inspirados en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia y dotar de transparencia a la gestión pública.Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción.Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, se hizo público el rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas, advirtiendo sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el texto aprobado.Con el afán de mantener protegidas algunas zonas oscuras de la administración justicialista de los últimos años, los senadores oficialistas fueron perfeccionando el dispositivo del secreto. El primer avance fue la pretensión de incorporar la cláusula del “interés legítimo”, según la cual, cualquier ciudadano antes de pedir el acceso a una determinada información debía demostrar que tenía derecho a ese conocimiento. De esta manera, los funcionarios de turno tenían la posibilidad de “filtrar” los requerimientos de información y resolver cuales contestaban y cuales no. Lo perverso de este dispositivo era que a través de una “ley de acceso a la información pública” se terminaba limitando “el acceso” al ejercicio de este derecho.Ahora, el intento de limitación cambia de objetivo. Ya no se trata de limitar las posibilidades de peticionar exigiendo como paso previo demostrar interés legítimo, sino que se intenta achicar el universo de datos o información disponible para el conocimiento público. Para ello, el nuevo proyecto aprobado por los senadores justicialistas incorpora tres trampas que se activarán en la hipotética reglamentación de esta ley.En primer lugar, se define como información pública la “acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general”, introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que habilita una peligrosa limitación (Artículo 1º). Surge con claridad, que los funcionarios tendrán la posibilidad de definir que información o datos son de “interés general” y pueden ser conocidos por el público.Esta distinción entre interés general e interés particular se viene aplicando hace 17 años para la edición del Boletín Oficial de la Provincia, con resultados poco alentadores en materia de transparencia y publicidad de los actos de gobierno. En efecto, según el Decreto 3321, firmado por Carlos Reutemann el 19 de noviembre de 1993, solo es obligatorio publicar en el B.O. “los actos administrativos de alcance general y contenido normativo”, cuyos destinatarios sean una “pluralidad indeterminada de personas físicas o jurídicas”.Como resultado de la aplicación de este criterio, actualmente se publica menos del 10% de los decretos que firma el gobernador, tanto en la versión impresa como digital del Boletín Oficial de la Provincia. El resto de las decisiones administrativas queda protegida por este secreto de facto.El segundo paso para limitar el universo de información susceptible de ser conocida por el público, se establece en el Artículo 7º, donde se dispone que todos los órganos y entes alcanzados por la ley “deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información”. Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto que restringe la solicitud de información “a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda”. De esta manera solo se podría conocer la información incorporado al listado o índice elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la obligación de informar.Si los dispositivos anteriores no alcanzan para desalentar a los curiosos, el proyecto de los senadores justicialistas incorpora un remedio mucho más drástico.Entre las excepciones que los funcionarios pueden invocar para rechazar una petición, figura: cuando “sea necesario establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto, resolución o acordada”.En el proyecto votado por la Cámara de Diputados la “reserva o confidencialidad” debe estar impuesta previamente a la solicitud de información para que pueda ser invocada como una excepción a la obligación de informar. Por el contrario, el proyecto de los senadores justicialistas habilita que la “reserva o confidencialidad” sea impuesta en todo momento, incluso después de una solicitud de información. Y para lograr esto, introducen en la legislación santafesina de un procedimiento que permite guardar bajo secreto cualquier tipo de información por un lapso de treinta años. (Artículo 15)Frente a esta posibilidad, que solo estuvo vigente durante los gobiernos militares, el reproche por la fijación de aranceles (aunque mínimos); la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; o el estiramiento de los plazos para responder una solicitud, aparecen como un detalle menor.Lo que va quedando claro, es que los senadores justicialistas pretender perpetuar la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años. Frente a este panorama se presenta como deseable que el futuro gobierno de Hermes Binner garantice el acceso a la información pública, al menos en el ámbito del ejecutivo provincial, mediante un decreto de similares características al firmado por el Néstor Kirchner para el poder ejecutivo nacional.
Hace nada más que tres meses, los personajes y nosotros nos quedamos mudos. Se había muerto el “Negro” Fontanarrosa. Desde Fuera de Foco convocamos a los amigos y compañeros, suyos y nuestros, para ponerle palabras a la pérdida. ¿Y ahora, a quién convocamos para que ponga palabras a la partida de Bianfa? Fue el viernes 20 de julio cuando Bianfa llegó, tarde, junto a Cristian Lehmann para hablarnos del Negro Fontanarrosa. Y dijo la frase que resumía el sentir de muchos: “Se callaron los personajes”. Bianfa recordó aquel día que había conocido al Negro cuando compartieron la experiencia de Hortensia en la década del 70. “Para mí los que se callaron fueron los personajes”; y en seguida agregó: “la mejor forma que yo voy a adoptar (como homenaje) es el hecho de seguir siendo consecuente con una línea de laburo. Amar esta profesión con todo lo que eso implica desde el convencimiento de la responsabilidad de tener un espacio para decir cosas, que no es menor”. Ese era el legado que para Bianfa había dejado el Negro. “A mí me ha dejado el hecho de tratar de que cada situación sea superadora, que no alcanza con cumplir; a lo mejor la gente no lo nota en el trabajo cotidiano, en la diversidad de cosas que cosas que hace para distintos medios, pero uno sabe cuándo está cumpliendo y cuándo va a más. Yo a eso lo percibí en la obra de Fontanarrosa, había como una pelea interna en él mismo para generar ir a más permanentemente. En la construcción de mi mundo eso es lo que me dejó él, como Rep el cambio permanente”. Él también, siempre iba a más. Y ahora se fue. Vamos a extrañarlo a él, y vamos a extrañar tenerlo en los proyectos que aquella tarde de viernes, maquinábamos él, Pablo y yo, para el futuro. No va a ser lo mismo.
Mientras se conmemoraba el Día de la Raza, un niño toba fallecía en brazos de su madre, camino al Hospital Mira y López en busca de atención médica. Desde hace tiempo se viene denunciando la situación de abandono en que se encuentran las familias aborígenes de nuestra ciudad. El titular del Instituto Provincial del Aborigen Santafesino solicitó que la justicia investigue todas las responsabilidades en este dramático caso.El pasado 12 de octubre se recordó en todo el país lo que las efemérides oficiales destacan como el Día de la Raza. Mientras los actos conmemorativos se repetían una familia toba padecía un calvario en la ciudad de Santa Fe. Lionel López tenía nueve meses y vivía con su familia en el barrio Las Lomas, en el noroeste de la capital provincial. Murió el último viernes a la noche, en brazos de su madre, cuando esta lo llevaba caminando hasta el Hospital Mira y López, distante a unas 35 cuadras de su precaria vivienda, en busca de asistencia médica. A pesar del estado febril de la criatura ninguna ambulancia del 107 acudió al lugar luego de varios llamados de la familia.Lionel había nacido con algunos problemas de salud y venía recuperándose satisfactoriamente de su bajo peso. En la cartilla sanitaria que guarda su madre - Raquel Cardozo – se puede leer que el último control fue efectuado el 3 de octubre pasado. Tenía las vacunas al día y según los médicos del centro asistencial de Las Lomas, el niño había aumentado casi un kilogramo su peso.Pero el miércoles 10 de octubre Raquel notó que su hijo se sentía mal y tenía fiebre. Lo llevó nuevamente al centro asistencial del barrio, donde le dieron vitaminas y paracetamol, antes de mandarlo de regreso a su casa. Todo siguió, en apariencia normal, hasta el viernes por la mañana cuando la fiebre volvió. La mujer espero el regreso de su marido y juntos fueron caminando hasta al Hospital Mira y López en busca de ayuda, porque el dispensario del barrio cierra sus puertas a las 14 horas. Antes de salir intentaron sin suerte que una ambulancia del 107 los llevara. En ese trayecto de 35 cuadras polvorientas el niño muere en brazos de su madre.Cuando llegaron a la Guardia del hospital, ya entrada la noche, les dijeron que la muerte fue por la desnutrición. El estigma que persigue a las familias de los niños aborígenes que se mueren en situación de pobreza.Para los referentes de la comunidad toba de barrio Las Lomas se trata de una muerte anunciada. Desde hace tiempo vienen denunciando la situación de abandono en que se encuentran. Carlos Mansilla, consejero de la comunidad en el Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, le dijo a Fuera de Foco: “Siempre que se muere un niño indígena dicen que es desnutrido como si nosotros lo hubiéramos abandonado”.Mansilla dijo conocer a los padres de Lionel Cardozo y señaló que viven de las changas y la venta de artesanías. Tienen siete hijos, de los cuales solo dos vivían con ellos, y hace muchos años que vinieron de la provincia de Chaco.El consejero del IPAS agregó que la municipalidad de Santa Fe dejó de colaborar con un comedor comunitario del barrio y lo tuvieron que cerrar.Mientras los tobas aguardaban la entrega del cuerpito de Lionel para su entierro, el presidente del IPAS, José Luís Benaglia, se acercó a la familia y conoció de primera mano lo sucedido. Luego se entrevistó con el juez de Instrucción Darío Sánchez, para manifestarle la necesidad de investigar todas las circunstancias que rodearon la muerte de este niño. Para el funcionario provincial resulta muy extraño que Lionel haya recibido asistencia médica 48 horas antes de su muerte sin que ningún profesional haya notado los problemas que desencadenaron su deceso.Según pudo saber Fuera de Foco, la autopsia ordenada por el juez Darío Sánchez, reveló que el niño se encontraba bien cuidado, sin signos de violencia exterior o de grave deterioro por desnutrición. Para la próxima semana se aguardan los resultados de los estudios anatomopatológicos encargados al cuerpo de peritos de la Corte, que permitirán conocer la existencia de enfermedad o cualquier otra dolencia causante de su fallecimiento.Pero no habrá respuesta médica o jurídica que pueda apagar el dolor de Raquel Cardozo y su familia. Ella sabe que su niño toba se murió de pobreza.
Siete de cada diez mujeres argentinas son autónomas a la hora de decidir su voto. O: tres de cada diez mujeres consultan a una figura masculina antes entrar al cuarto oscuro. Múltiples lecturas puede provocar esta encuesta realizada por IOPPS, justo al momento en que son ellas las que encabezan la disputa electoral. En Santa Fe, en el siglo XIX, la sola presencia de mujeres cerca de los atrios de votación provocaba escándalo, y la dura amonestación a sus padres, hermanos o maridos. La encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales y publicada por Página/12 el último fin de semana. Hay quienes ven el vaso “medio lleno”; otros “medio vacío”: en pleno siglo XXI, siete de cada diez mujeres tienen completa autonomía para decidir su voto; o: tres de cada diez, consultan antes de emitirlo a alguna figura masculina. Pero allá lejos y hace tiempo, más precisamente en febrero de 1878 se producía un escándalo por el acercamiento de algunas señoras a los atrios electorales. Acababan de producirse elecciones en la provincia. Había ganado Simón de Iriondo y el diario rosarino El Sol publica lo que considera una noticia inaceptable. Se habían acercado a los atrios de votación, acompañando a la oposición del Club Constitucional, un grupo de señoras. “Según la Ley de elecciones provincial sólo votan los inscriptos en el Registro Civil. Las señoras no votan, por la simple razón de que no tienen ni gozan en nuestro país (como en ninguno) de derechos políticos. Luego su presencia entre los votantes estaba de más”, decía el periódico. Por supuesto, puede haber algún tipo de excepción en la participación de las mujeres. Señala este ejemplo: “Las matronas argentinas, tanto en Buenos Aires como en Mendoza arrojaban flores a los batallones que marchaban a la guerra, y se desprendían de sus anillos, de sus alhajas para la compra de las armas de los que habían de libertar la Patria en la guerra de la Independencia. Alguna vez la historia, nos presenta heroínas como Juana de Arco, como la Zaragozana, como la Tucumana, como Policarpa Zalavarrieta, en situaciones difíciles, supremas en que ha sido necesario un sacrificio”. Pero esos son, obviamente, casos excepcionales, porque “jamás, señora alguna púsose a vanguardia de los escuadrones que salían a campaña, ni en los regocijos, manifestaciones y banquetes ocuparon otro lugar que el que corresponde al sexo hermoso”. ¿Qué hubiera pasado si los iriondistas hubieran hecho lo mismo? Decía El Sol: “Pues si lo mismo hubieran hecho los del Club del Pueblo, que suponemos tienen madre, hermanas, hijas, la manifestación femenina, en vez de electoral, hubiera sido una manifestación de carnaval. Bonito hubiera sido que esas damas, invitadas, en agradecimiento de su ardiente adhesión, por los indios Calchines a subir en ancas de sus briosos corceles, hubieran así paseado las arenosas calles del Santa Fe”. “El entusiasmo femenino tiene sus límites”, amonesta el diario. “No culpamos a esta señoras, sino a sus esposos o hermanos que no les han aconsejado lo que correspondía a la madre, la esposa, la hija son dignas de respeto y veneración en su casa, en el hogar, fuera de él, solo vemos el sexo débil en la tortuosa senda que la priva de las consideraciones que las sociedades cultas le tributan. Y aún se presta a otra consideración poco favorable a la minoría; y es que han querido cobijarse al amparo de las polleras, por si algo turbio ocurría”. Categorías:
Reclamo de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa de Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) a los senadores justicialistas que tratarán próximamente la Ley de Acceso a la Información.Ante la posibilidad de que el próximo jueves 18 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia trate la ley de acceso a la información, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) exhortan una vez más a los legisladores a aprobar un proyecto que garantice el acceso universal a los datos de los tres Poderes del Estado, sin cláusulas o expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción - la de los senadores justicialistas y la de los diputados -, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.16 de octubre de 2007Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico - SPRForo de Comunicación Santafesino - FOCOSComisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación – FETRACCOM - CTA
POLÉMICA POR LA SITUACIÓN DE LOS BOSQUES EN LA PROVINCIA
Según el Gobierno de Santa Fe entre los años 1994 y 2006 solo se perdieron 58.000 hectáreas de bosques en los departamentos del centro-norte provincial. Estos datos contrastan notablemente con los brindados por las universidades nacionales y las organizaciones defensoras del medio ambiente.El 28 de agosto pasado, el gobierno de la provincia presentó el libro “Zonificación del Bosque Nativo sobre la Parcela Rural de la Provincia de Santa Fe por medio de Imágenes Satelitales”. El trabajo es el resultado de la primer cartografía digital sobre el estado actual de los bosques nativos de la región centro y norte de la provincia y permite obtener el porcentaje de deforestación ocurrido durante los últimos 12 años. Para ello se analizaron imágenes satelitales SPOT de 1994 y LANDSAT de 2006, correspondientes a los departamentos 9 de Julio, vera, General Obligado, San Javier, Garay, San Justo, San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias y La Capital.Para la interpretación visual de la información se consideró como “monte cerrado” a la superficie que tenga una cobertura arbórea mayor al 50%; “monte abierto” cuando la cobertura arbórea oscila entre el 20 y el 50%, y “no monte” cuando la superficie arbórea es menor al 20%.En aquella oportunidad, Alejandro Larriera, subsecretario de Recursos Naturales y Pesca, manifestó que “el sector productivo, el científico-técnico y las organizaciones no gubernamentales se deben hoy una discusión muy profunda para ver que quieren hacer con las tierras, el suelo y los aspectos productivos de cada una de las jurisdicciones. Y el primer paso es tener un profundo conocimiento científico-técnico con datos duros como los que estamos presentando como para tomar las decisiones”.Por su parte, respecto a la situación del bosque nativo, el coordinador del Servicio de Catastro e Información Territorial, Carlos Tonini, explicó que “el objetivo del emprendimiento es generar una cartografía digital del estado actual de los montes nativos de la región norte y centro de la Provincia para obtener el porcentaje de deforestación ocurrido en los montes nativos” entre 1994 y 2006.Lo llamativo de esta investigación oficial es que los datos que surgen sobre la deforestación son sustancialmente menores a los denunciados por organizaciones defensoras del medio ambiente y también difieren con las conclusiones presentadas recientemente por investigadores de las universidades de Rosario y Litoral.Según el libro “Zonificación del Bosque Nativo sobre la Parcela Rural de la Provincia de Santa Fe por medio de Imágenes Satelitales”, entre los años 1994 y 2006 solo se perdieron 57.785 hectáreas de “monte cerrado” en el centro-norte santafesino. Un informe reciente difundido por la organización FUNDAPAZ revela que por año se están deforestando 30.000 hectáreas en la zona de la Cuña Boscosa.Como se puede apreciar en el cuadro – elaborado en base a los datos oficiales - el departamento más afectado fue 9 de Julio con una perdida de 21.718 hectáreas, lo que equivale al 45,9% de la superficie existente una década atrás. Le siguen en orden a las pérdidas Vera, General Obligado y San Cristóbal. Otro aspecto llamativo del estudio de Catastro y Medio Ambiente es que en varios de los departamentos analizados la deforestación fue casi nula (San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital), mientras que en Garay la superficie de “monte cerrado” se incrementó en 213 hectáreas.Una visión muy diferente proponen los investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, integrantes de la cátedra Ecología Agraria, para quienes, en el departamento 9 de Julio desaparecieron 100.000 hectáreas de bosques nativos en los últimos 10 años. (Prensa Institucional UNL)En un sentido similar se manifestó el coordinador de FUNDAPAZ, Martín Simón, revelando que un estudio de la Universidad de Rosario indica que las deforestaciones en Santa Fe pasaron de 9.000 hectáreas anuales entre los años 1986-2000 a 30.000 anuales desde el 2000 a la fecha.La investigación realizada por Carnevale, Alzugaray y Di Leo determina, mediante teledetección espacial, que entre los años 1976 y 1986 la deforestación anual fue de 14.301 hectáreas. Entre los años 1986 y 2000 descendió a 9.072 hectáreas anuales, para elevarse a 30.212 hectáreas anuales entre los años 2000 y 2005.Al respecto, Simón sostuvo en diferentes medios que “el actual gobierno facilitó la deforestación en la provincia”. Desde el año 2000 a la fecha “la deforestación se triplicó en Santa Fe y esto significa que en la provincia hemos perdido, solo en ese lapso de tiempo, el 31 por ciento de nuestros bosques“.Si se acumulan los datos obtenidos por la Universidad Nacional de Rosario para el periodo 1994-2006, surge como conclusión que se habrían perdido 234.000 hectáreas de bosques en toda la provincia; mientras que el estudio realizado por el Servicio Provincial de Catastro y la Secretaria de Medio Ambiente solo contabiliza una perdida de 57.785 hectáreas de bosque nativo para el mismo lapso de tiempo.
Desde el comienzo de su gestión elaboró presupuestos con previsiones de recaudación inferiores a lo realmente obtenido. Estos excedentes presupuestarios fueron asignados de manera discrecional sin consultar al Poder Legislativo.Cuando se discutió el Presupuesto Nacional 2008, el diputado nacional y economista de la CTA Claudio Lozano, denunció que en cuatro años de mandato el gobierno de Néstor Kirchner obtuvo un excedente de casi 50.000 millones de pesos sobre lo previsto, fruto de la recaudación fiscal récord no contemplada en las leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso de la Nación.En la provincia de Santa Fe pasa lago parecido. En los años 2004, 2005 y 2006 el gobierno de Jorge Obeid acumuló excedentes de recaudación por $ 2.846 millones. Si se comparan los recursos informados en las leyes de presupuesto con el dinero efectivamente ingresado a las arcas provinciales según la Cuenta de Inversión de cada ejercicio (información disponible en http://www.santafe.gov.ar/) surge que el excedente en el primer año de gestión fue de $ 820 millones; trepó a $ 1.090 millones al año siguiente y quedó en $ 936 millones en 2006. Una estimación conservadora arroja que para el presente año los excedentes rondarían los $ 1.000 millones, con lo cual, a lo largo de su mandato el gobernador dispuso de $ 3.800 millones extras.Esta situación se viene produciendo desde 2004 y ha sido reiteradamente advertida por los bloques de la oposición. El mecanismo es sencillo. Como la estimación de ingresos por impuestos y coparticipación se hace en base al crecimiento esperado del PBI, adoptando como base de cálculo un índice menor al que se produce en la realidad, el gobierno logra que la recaudación sea mayor que la “cifra teórica” informada en el presupuesto. La diferencia entre la “recaudación teórica” y la “recaudación real” queda plasmada al final de cada ejercicio cuando se comparan los montos previstos en la Ley de Presupuesto votada por la Legislatura y los recursos efectivamente percibidos informados en la ejecución presupuestaria de cada año.Para estos casos la Ley de Administración Financiera le otorga al gobernador las facultades extraordinarias que le permiten manejar de modo discrecional los recursos de esta recaudación adicional, sin requerir ninguna autorización especial del Poder Legislativo Provincial, que según la Constitución de Santa Fe, es el encargado de fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
Analizamos la propaganda que se publicó en tres diarios santafesinos los 15 días previos a los comicios. El Litoral concentró la mayor cantidad de pauta oficial. El Gobierno de la Provincia y el Frente Progresista fueron los anunciantes más importantes. Se cometieron numerosas infracciones a la veda electoral. Los gastos de la campaña provincial no deberán ser rendidos. El presupuesto de Jorge Obeid para propaganda oficial llegará a los 20 millones de pesos en 2007.Las elecciones del 2 de septiembre pasado significaron un grave retroceso en materia de transparencia y control de los gastos de los partidos políticos. A partir de la derogación del sistema de doble voto simultáneo, la denominada Ley de Campañas Electorales cayó en desuso por falta de actualización. Esta norma fue redactada para la existencia de sublemas, obligándolos a designar un responsable económico-financiero encargado de rendir cuentas de los ingresos y gastos de campaña; prohibía la difusión de encuestas antes de los comicios y limitaba propaganda oficial durante el proceso electoral. Cuando todo esto fue aprobado (en diciembre de 2002) el objetivo declamado era limitar el tiempo de las campañas y de esa manera disminuir la necesidad de recaudar aportes privados para financiarlas, ya que, siempre existe la tentación de devolverlos mediante favores políticos desde algún puesto en el estado.Lo cierto es que desde 2005 el texto de la Ley 12.080 es letra muerta. Todo con el aval del Tribunal Electoral, que en una oportuna interpretación, dispuso que los gastos de campaña no debieran ser rendidos ni justificados, salvo los aportes estatales para la impresión de los votos.Idéntico manto de protección se extendió sobre el presupuesto millonario de propaganda oficial. Según el artículo 6º de la Ley de Campañas Electorales, “la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”, quedando prohibido durante los 15 días anteriores a la fecha de los comicios, “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos”.Pero como cualquier observador medianamente atento habrá notado, esta restricción fue totalmente ignorada por el gobierno nacional, provincial y municipal. Aunque en su descargo se puede decir que avisaron.El 14 de enero de este año, el diario La Capital publicaba un reportaje al diputado nacional Rafael Bielsa, donde este revelaba los consejos que el presidente Néstor Kirchner le dio para campaña electoral provincia. “Armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales con una explicación por mi parte de qué significado tiene cada inversión en cada lugar, traducir las ideas centrales en un lenguaje accesible, ser tan generoso y contenedor como realista y memorioso”, dijo en aquella oportunidad el frustrado gobernador.Esta sorprendente revelación del candidato oficialista fue pasada por alto por la mayoría de los dirigentes de la oposición, pese a que los pocos días, hubo un adelanto de esa estrategia que luego se multiplicaría con las visitas del presidente y la armonización del “calendario de concreción de obras públicas”. El 11 de febrero por la tarde, la oficina de prensa de Rafael Bielsa, informó que el candidato mantuvo un “encuentro de trabajo” con el titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, con quien llevó adelante “un repaso de las obras finalizadas, planificadas y en ejecución en la provincia de Santa Fe”, que en 2007 alcanzarán los 130 millones de pesos.El comunicado agregó, que Bielsa y Uberti “analizaron pormenorizadamente los listados de obras solicitadas, y se intercambiaron criterios para determinar prioridades, a partir de lo ya conversado con los intendentes y presidentes comunales”. En los meses siguientes de campaña, los anuncios de grandes proyectos se multiplicaron y el candidato justicialista encontró en la propaganda oficial una herramienta formidable para consolidar su estrategia.Aceite para la maquinariaPara el justicialismo la tentación fue muy grande. Los fondos destinados a propaganda oficial superan holgadamente los gastos de campaña de todos los partidos de la oposición. En 2006 se presupuestaron 14 millones de pesos sumando todas las áreas del gobierno provincial. Si bien no se conoce el resultado de la ejecución presupuestaria del año que terminó, las fuentes consultadas estimaron que dicho monto fue superado.Para el ejercicio 2007 el monto presupuestado para propaganda oficial supera los 19 millones de pesos, incluyendo a todos los organismos de la administración pública provincial, tal como puede observarse en el cuadro, elaborado a partir de los datos contenidos en el Presupuesto Analítico.Como se puede observar, el Ministerio Coordinador, a través de la Subsecretaría de información Pública y Comunicación Social, concentra la mayor parte de los fondos con un presupuesto de $ 11.400.000. Sin embargo, el gasto en propaganda oficial será mayor.El pasado 17 de septiembre, el gobernador de la provincia dispuso mediante el Decreto Nº 2111 incrementar estas partidas en $ 8.000.000. Los fundamentos de la norma explican, “que el presente ejercicio debió solventar gastos en materia de publicidad y propaganda en el orden de pesos $ 1.000.000,00” correspondientes al año 2006. Agrega que las previsiones fueron superadas por la “demanda de publicidad provenientes desde otras reparticiones del Gobierno, incluyendo como novedad, pedidos de campañas a nivel nacional no contempladas originariamente”. De esta manera, el presupuesto hasta fin de año que manejará Raúl Glavinich, ascenderá a $ 19.400.000.Un dato para tener en cuenta es que la necesidad de este refuerzo presupuestario surgió cuando el justicialismo recuperó la confianza luego del resultado de las elecciones primarias del 1º de julio. Accediendo al Sistema de Información de Expedientes, se puede conocer que el trámite que culminó en el Decreto Nº 2111, se inició el 26 de julio de 2007 desde la Dirección Provincial Publicitaria y Administrativa, a cargo de Hernán Pablo Zoff. Una parte considerable de estos fondos se utilizaron antes del 2 de septiembre, y el resto, servirá para el repechaje del 28 de octubre.Centímetros publicadosTal como lo definió Rafael Bielsa, el eje de la estrategia electoral del justicialismo consistió en “armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales” con una explicación por parte del candidato sobre “que significado tiene cada inversión en cada lugar”. Para ello la propaganda oficial es esencial. De nada sirven las obras si los votantes no se enteran de su concreción.Esta forma de utilizar los fondos públicos ya es una práctica común en la política argentina y ha generado ruidosos debates entre algunas empresas periodísticas, el gobierno nacional y la oposición. Desde los gremios de prensa, el mundo académico y algunas organizaciones de la sociedad civil, también se ha advertido que la propaganda oficial puede transformarse en una herramienta para condicionar e inducir alineamientos editoriales.Esta controversia también llegó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso del diario Rió Negro contra la Provincia de Neuquén, condenó a la administración Sobisch ordenándole a presentar un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio.Ahora bien, para tener un primer acercamiento a esta problemática en la provincia de Santa Fe hace falta información que hoy no se encuentra disponible para el público o la prensa. Se conocen las cifras globales del presupuesto provincial destinadas a propaganda y publicidad pero resulta imposible conocer su forma de distribución, tipo de mensaje y finalidad. No se realizan auditorias de medios y los demás anunciantes institucionales (gobiernos municipales, gremios, universidades y partidos) tampoco facilitan el control de sus gastos publicitarios.Con todas estas limitaciones presentes, nos propusimos indagar sobre la publicidad oficial y política publicada en los diarios La Capital, El Litoral y UNO de Santa Fe durante los 15 días previos a la elección del 2 de septiembre pasado. Elegimos estos medios por una cuestión de relevancia y por la facilidad de acceso a sus colecciones. Abarcamos el periodo que va del 19 al 31 de agosto por dos motivos: el límite a la difusión de actos de gobierno y el inicio de la veda electoral.Es importante recordar que la Subsecretaria de Información Pública de la Provincia, difundió el pasado 16 de agosto, un comunicado donde se destacaba que el gobernador Jorge Obeid “rubricó esta tarde una circular dirigida a sus ministros, secretarios de Estado y organismos descentralizados” en la cual se recuerda la vigencia del artículo 6º de la Ley 12.080, que establece la prohibición durante los 15 días anteriores a la fecha de las elecciones “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos”.A partir de estas pautas de trabajo, primero localizamos los avisos publicados, cualquiera sea su ubicación dentro de la edición; luego los identificamos según el ente que firmaba el aviso y los englobamos en las categorías que aparecen en la columna izquierda de cada cuadro; finalmente medimos los centímetros de columna impresa.Dentro de Gobierno de Santa Fe incluimos avisos de licitación, concursos, servicios, extractos de lotería e información de gestión. El mismo criterio seguimos para las municipalidades de Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, y para el Concejo Municipal de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral. Fueron excluidos del análisis los suplementos especiales editados con el auspicio de alguno de estos entes públicos. Esta estrategia de comunicación fue utilizada por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe en los tres diarios estudiados, en distintas etapas de la campaña, y la misma merece una atención especial que por el momento no podemos abordar.En el caso de las fuerzas políticas, englobamos dentro del Frente para la Victoria y el Frente Progresista a todos los anuncios que llevaran esa firma, sin distinguir categoría electoral. De esta manera, por ejemplo, en los diarios UNO y El Litoral se suman las publicidades de Bielsa, Balbarrey y Mercier o Binner, Barletta y Chiementín. Los otros candidatos fueron analizados de forma separada.Como puede observarse en los tres casos, el Gobierno de la Provincia aparece como el principal auspiciante institucional durante el periodo analizado, destacándose la pauta en diario El Litoral. En la mayoría de las publicaciones se trata de anuncios de licitaciones, concursos y espacios fijos de Lotería. Para los diarios de Santa Fe fue importante la presencia de avisos del Ente Portuario. En el caso de La Capital se destacan algunos avisos que apuntalan aspectos de la gestión de gobierno. En ninguno de los medios analizados se encontraron campañas sobre temas de interés público (salud, accidentes, educación, etc.)En lo que respecta a las fuerzas políticas, el Frente Progresista publicó la mayor cantidad de avisos durante el periodo analizado, superando en un 44% la superficie de avisos publicados por el Frente para la Victoria. Siguiendo a los candidatos de la ciudad de Santa Fe, Oscar Martínez y la Unión Cívica Radical publicaron de manera exclusiva en El Litoral, mientras que Ángel Piaggio utilizó los dos diarios de la ciudad. Curiosamente, Fabián Palo Oliver (ganador de la elección en Santo Tomé) no publicó ningún aviso en diario UNO o El Litoral.Por su parte, la Municipalidad de Santa Fe pautó una mayor cantidad de avisos en El Litoral, aunque logró más superficie impresa en diario UNO y colocó un aviso sobre el Parque Tecnológico en un suplemento del diario La Capital. La mayoría de los anuncios corresponde a licitaciones de obras públicas, salvo cuatro donde se destacan aspectos de la gestión.Una mención especial merece el suplemento aniversario de “Santa Fe Futbol Club” publicado en dos pliegos color por diario El Litoral el viernes 31 de agosto de 2007. En el pie de tapa aparece una publicidad de la Municipalidad de Santa Fe y en página 2 se publica una nota con foto al “actual intendente y candidato a la reelección de la ciudad de Santa Fe, ing. Martín Balbarrey”, según puede leerse en la bajada, todo en abierta violación de la veda electoral. De aplicarse las disposiciones de la Ley 12.080, las sanciones deberían aplicarse al candidato y al medio que no respetó el límite temporal de la campaña electoral.También se debe destacar el zafarrancho propagandístico montado por el Gobierno de la Provincia en cada una de las visitas a nuestro territorio del Presidente de la Nación o su esposa. La Subsecretaría de Información Pública colocó un aviso de una página entera donde aparecían Obeid, Kirchner y Bielsa recorriendo una planta automotriz. Se anunciaron desde los palcos todo tipo de proyectos, que luego la oficina prensa del gobernador, transformaba en comunicado oficial. Todo esto financiado con el presupuesto provincial, sin contar los gastos de traslado de las comitivas electorales, los viáticos, las comunicaciones, etc., etc., etc.LímitesEl año pasado, un conjunto de entidades convocadas por la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) produjo un documento titulado: “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”. Entre sus principales recomendaciones resulta util destacar:- “La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”.- “La publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión”.El trabajo también se detiene en las regulaciones establecidas en diferentes países para evitar que la publicidad estatal sea utilizada como propaganda encubierta. Por ejemplo, en la provincia de Ontario, Canadá, la ley establece que los avisos del gobierno no deben tener como propósito crear una imagen positiva del partido gobernante o generar una impresión negativa de una persona o entidad crítica del gobierno. Por su parte, en España, la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe específicamente contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. En la exposición de motivos de esta ley se manifiesta que “la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”.SancionesEntre las internas abiertas del º de julio y las generales del 2 de septiembre distintas fuerzas políticas presentaron denuncias ante el Tribunal Electoral por violación de la veda electoral. Consultado sobre este punto, el secretario del organismo, Avelino Lago, le dijo a Fuera de Foco que se están tramitando causas “previas a las elecciones primarias, en una de las cuales ya se citaron varias testimoniales y se enviaron oficios a las partes involucradas y a los medios que difundieron la propaganda cuestionada para poder observar de qué se trata”.“En la causa iniciada por la propaganda en la planta de Diego de Alvear, donde aparece uno de los candidatos con el presidente Néstor Kirchner, ya contestó la Subsecretaria de Información Pública. En otra de las causas tuvimos que reclamar por segunda vez para que uno de los medios conteste el oficio que enviamos. Recién cuando terminemos con esta etapa de pruebas el Tribunal Electoral va a poder expedirse. Lo que podemos decir que todas ellas están en trámite”, dijo el secretario del Tribunal Electoral.Respecto a las posibles sanciones, Avelino Lago advirtió que ese es el punto más problemático debido a que “la ley 12.080 se refiere a un sistema electoral distinto al actual, y si bien la ley 12.637 establece plazos de campaña, no prevé sanciones para las infracciones por lo que tenemos ausencias normativas importantes”.El mismo problema aparece al momento de las rendiciones de cuentas de los gastos de campaña. “Los partidos solo tienen que informar los gastos realizados con los fondos oficiales distribuidos por el Fondo Partidario Permanente. Este fondo ha sufrido modificaciones, a instancias de los partidos políticos, y atiende dos cuestiones: una es la franquicias para la impresión de las boletas y la otra un aporte por voto obtenido. Aquí se paga el mismo importe que establece la ley nacional”, sostuvo el funcionario.De esta manera se cierra el círculo perfecto. Mientras el gobierno provincial pregona el cumplimiento de la Ley de Campañas Electorales y recuerda los límites para la publicidad oficial, en la práctica se transforma en el más visible infractor, sabiendo además, que el actual marco legal lo transforma en un intocable. Desde la derogación del sistema de lemas, el Partido Justicialista ha interpretado de forma parcial las disposiciones de la Ley 12.080 en materia de veda y rendición de cuentas de ingresos y gastos proselitistas. Esta flexibilización normativa en los requisitos para la recaudación y uso de dinero por parte de los candidatos, ha permitido que Rafael Bielsa abandone la provincia sin tener que explicar el origen de los fondos de su campaña electoral.