Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11841
Timestamp: 2019-12-12 07:05:37
Document Index: 288171754

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44']

No toda irregularidad en un contrato estatal da lugar a la nulidad absoluta
Un Departamento realizó un contrato de compraventa con una persona jurídica. Durante la ejecución del contrato, el ente público encontró que se realizaron algunas irregularidades en el proceso de selección del contratista, por lo que decidió terminar unilateralmente el contrato, invocando el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, en el que se estable que si se cumplen las causales de nulidad absoluta 1°, 2° y 4° del artículo 44 se debe terminar unilateralmente el contrato. Específicamente, el ente público afirmó que al haberse encontrado irregularidades en el proceso de selección, se cumplía la segunda causal de nulidad absoluta del contrato, por celebrarse contra expresa prohibición constitucional o legal.
¿Puede un ente público determinar que la celebración de un contrato, que ha presentado irregularidades en la selección del contratista, es absolutamente nulo, argumentando que se configura por este hecho la segunda causal de nulidad absoluta del contrato establecida en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993?
«(...) La jurisprudencia de la Sala se ha ocupado de precisar el contenido y alcance de la causal contenida en el artículo 44-2 del Estatuto de Contratación, referida a la “celebración de contratos contra expresa prohibición constitucional y legal”, con el fin de impedir que se hagan interpretaciones que no corresponden al verdadero sentido que quiso darle el legislador.
Así en sentencia de 2 de mayo de 2007[1] determinó que para que se configurara esta causal de nulidad absoluta del contrato, se requería de dos presupuestos, de una parte, “la violación del régimen de prohibiciones consagrado en normas constitucionales o en normas legales o en cualesquiera otras con fuerza de ley; por lo tanto, la violación de otro tipo de normas en cuanto no tengan rango constitucional o carezcan de fuerza de ley, no genera vicio de nulidad en el contrato”, y de otra, “que la prohibición establecida en la Constitución Política o en la Ley debe ser expresa.”
Igualmente, precisó en la misma sentencia, que “la violación a las normas constitucionales o legales, en la celebración de un contrato, acarrea como consecuencia la nulidad absoluta del contrato celebrado en tales condiciones, por cuanto toda vulneración del ordenamiento jurídico da lugar a la ilegalidad de los actos; pero no toda violación de normas constitucionales o legales en la celebración de contratos da lugar a que se configure la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2ª del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, puesto que para ello deben concurrir los dos presupuestos que fueron señalados: violación del régimen de prohibiciones y que la prohibición sea expresa o explícita.”
En anterior oportunidad la Sala había determinado que “no toda irregularidad o violación a la ley o a la Constitución, configura la celebración de un contrato “contra expresa prohibición constitucional o legal.” Y por lo tanto, “Es necesario analizar, en cada caso concreto, el contenido de la norma, para determinar si contempla una prohibición a la celebración de un contrato o si contiene simplemente otro tipo de requisitos, cuya trasgresión o pretermisión pudiera generar la nulidad absoluta del contrato o una consecuencia diferente”.[2] (...)»
[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15599, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2006, Exp. 31480.
Un ente público no puede determinar que la celebración de un contrato con irregularidades en la selección del contratista genera per se una nulidad absoluta del mismo, debido a que no toda irregularidad o violación a la ley o a la Constitución configuran la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral segundo del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para que se configure esta causal debe generarse una violación al régimen de prohibiciones consagrado en ley o la Constitución, y que la prohibición sea expresa o explícita.
PRIMERO.- REVÓCASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el día 3 de septiembre de 1998.
SEGUNDO.- DECLARASE la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 01207 del 5 de septiembre de 1996 y 01575 del 17 de octubre del mismo año, proferidos por el Gobernador del Departamento de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: DECLÁRASE la resolución del contrato No. 0549 de 27 de junio de 1996, celebrado, entre el Departamento del Casanare y la empresa TRACTO CASANARE LTDA, cuyo objeto consistía en suministrar a venta real y efectiva la adquisición de repuestos y lubricantes con destino para la maquinaria de Obras Públicas del Departamento.
QUINTO: CONDÉNASE en abstracto Departamento del Casanare a pagar, a título de indemnización de perjuicios en favor de la firma TRACTO CASANARE LTDA, el valor de la utilidad que debía reportar por la ejecución normal del contrato, monto que será cuantificado con la realización de un estudio técnico o pericial, en los términos señalados en la parte motiva de este proveído con su respectiva indexación e intereses.
Documento: CE SIII E 15797 DE 2009