Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56728
Timestamp: 2019-07-22 05:51:56
Document Index: 360258242

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 116', 'artículo 94', 'artículo 103']

Gaceta: LXII/3SPR-21/56728
Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita al Gobierno del Estado de Veracruz a remitir un informe respecto a las modificaciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Veracruz a abrogar el nuevo reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio del 2015, el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Sen. Manuel Bartlett Díaz, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Veracruz a abrogar el nuevo reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.
A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar al Gobierno del Estado de Veracruz que abrogue el Reglamento de Tránsito, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Los proponentes inician sus consideraciones citando a Miguel Carbonell, al expresar que los derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de gobierno y, en consecuencia, la llamada división vertical de poderes, derivada de la estructuración de la República mexicana como Estado federal, no puede ser alegada como excusa para dejar de cumplir con esas obligaciones.
Los legisladores señalan que en marzo del 2015, el Congreso del Estado de Veracruz, aprobó la nueva “Ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave”, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial en abril del mismo año. Ensu Artículo Tercero Transitorio se estableció el mandato para expedir o adecua por parte del Ejecutivo del Estado y en su caso, los ayuntamientos, los reglamentos respectivos para el cumplimiento de la Ley.
En razón de lo anterior, explican que en junio del año en curso, fue publicado en la Gaceta Oficial de la entidad, el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz.
Precisan que la entrada en vigor de dicho reglamento provocó rechazo social, movilizaciones, opiniones adversas de académicos y fuertes críticas de sectores empresariales, entre otros.
Los proponentes consideran que el citado reglamento de tránsito contiene disposiciones restrictivas que podrían obstaculizar el ejercicio delos derechos humanos, la libertad de manifestación y al libre tránsito, consagrado en los artículos 9° y 11 de la Constitución General.
Por último manifiestan que la restricción de un derecho no es materia de una ley secundaria ni mucho menos de un reglamento administrativo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió recientemente que sólo en la Constitución pueden establecerse expresamente limitaciones a derechos humanos pues, de no hacerlo, prevalecerá la norma más protectora, sin importar que provenga de una fuente internacional.
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, a que abrogue el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 16 de junio de 2015, por considerar que sus disposiciones contravienen lo establecido en los artículos 1°, 9° y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de libertad de manifestación y de tránsito.
Los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, instituyen un ámbito de gran importancia para la vida de las personas, tales derechos representan incluso, un parámetro para determinar el grado de una sociedad justa.
Esta comisión dictaminadora consiente y respetuosa de las garantías fundamentales reconocidas en nuestra constitución, expone a consideración los siguientes argumentos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.En el mismo precepto establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En la propuesta en estudio se afirma la existencia de una transgresión de la norma constitucional, en el caso concreto se refiere las disposiciones del reglamento de tránsito expedido por la autoridad estatal. En consecuencia de dichas afirmaciones los proponentes solicitan que esta Soberaníaexhorte al gobernador del Estado de Veracruz para que abrogue la disposición reglamentaria en cuestión.
Por una parte es pertinente abordar el tema del federalismo en México, en este sentido el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Asimismo, el artículo 41 constitucional señala que el ejercicio de la soberanía es por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, sincontravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Citado por los propios legisladores proponentes, para el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Doctor Miguel Carbonell, en su artículo titulado “El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias” expone que el federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido entre otras cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas.
En el mismo orden de ideas, el artículo 124 constitucional establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
El anterior precepto consagra el principio de autonomía normativa o competencia normativa, que consiste en acotar un ámbito material y encomendar su regulación a un determinado tipo de norma, tales como los reglamentos emitidos por una autoridad estatal.
En conclusión de este segundo punto, es de señalar que nuestra Constitución reconoce a todas las entidades federativas un estatuto jurídico común, sin embargo cada entidad federativa pueda diseñar, a partir de los márgenes que impone la Constitución Federal un marco normativo de mayor amplitud.
Otro aspecto importante de abordar en el estudio de la propuesta en cuestión, es el tema del control constitucional y el principio de División de Poderes.
En este sentido el artículo 116 constitucional, establece que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
En el mismo orden de ideas el artículo 94 constitucional establece que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
El artículo 103 de nuestra citada ley fundamental, precisa que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución.
Ahora bien, en términos generales la denuncia de inconstitucionalidad compete a un órgano estatal o a un conjunto de funcionarios. También está legitimado para iniciar el procedimiento correspondiente, el ciudadano a quien perjudica el acto tildado de inconstitucional.
El sistema jurisdiccional se caracteriza por encomendar a un órgano judicial con competencia expresa para determinar la constitucionalidad de diversos actos. Ante el órgano jurisdiccional se lleva a cabo un procedimiento contencioso cuya litis versa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado.
Para la que dictamina es importante resaltar que, el control de la regularidad constitucional de las leyes y otros actos es un elemento esencial de todo Estado constitucional de derecho, sin embargo existen diversos procedimientos jurídicos, cada uno con peculiares características, para mantener la vigencia del orden establecido por la ley fundamental.
De acuerdo los argumentos expuestos, la que dictamina reconoce la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución, sin embargo también estima de gran importancia honrar la división de poderes, en congruencia con esto, se estima que la determinación de inconstitucionalidad es de competencia jurisdiccional, sin embargo esta dictaminadora, coincide con la intención de proponentes de salvaguardar en todo momento el respeto a las garantías fundamentales.
En consecuencia de lo anterior, esta comisión dictaminadora, tomando en considerando las garantías consagradas en nuestra Constitución, los mecanismos para su protección, el régimen federal mexicano, la división de poderes y la distribución de competencias entre las autoridades federales y locales, estima que la propuesta en estudio, debe plantearse de diferente manera, en sentido tal que evite cualquier interpretación de invasión de poderes y con pleno respeto a la soberanía de los estado, pero ponderando el espíritu original de prevalencia de los derechos fundamentales que nuestra constitución reconoce.
Adicionalmente, sabemos que el pasado 13 de julio, el Gobernador del Estado anunció modificaciones al Reglamento en cuestión, en virtud de atender las preocupaciones de la sociedad veracruzana al respecto. Por lo tanto, se propone que el exhorto se realice en el sentido de solicitar el Gobierno del Estado de Veracruz, un informe sobre dichas modificaciones.
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz, que un término no mayo a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las modificaciones que se le hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, anunciadas el pasado 13 de julio.