Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-an-l3-2009.html
Timestamp: 2018-09-21 00:04:11
Document Index: 241420476

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 96', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 76', 'artículo 102', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 3']

Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).
Publicado en BOJA núm. 117 de 19 de Junio de 2009 y BOE núm. 162 de 06 de Julio de 2009
Vigencia desde 19 de Junio de 2009. Esta revisión vigente desde 19 de Junio de 2009 hasta 01 de Enero de 2012
Artículo 1 Aprobación del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)
Artículo 2 Inversiones financiables
Artículo 3 Distribución por municipios
Artículo 4 Solicitudes de financiación
Artículo 5 Presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión
Artículo 6 Verificación y transferencia de fondos
Artículo 7 Gestión de los fondos
Artículo 8 Colaboración de la Junta de Andalucía
Artículo 9 Adjudicación de las obras
Artículo 10 Obligaciones con los contratistas
Artículo 11 Fomento del empleo
Artículo 12 Acciones formativas
Artículo 14 Verificación de la aplicación de los recursos
Artículo 15 Comisión de Seguimiento
Artículo 16 Comisión de Participación
Artículo 17 Reintegro
Disposición adicional primera Incorporación de remanentes
Disposición adicional segunda Identificación de la fuente de financiación
Disposición adicional tercera Información a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Disposición adicional cuarta Cantidades excedentes
Número 3 del artículo 7 redactado por número uno de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre). Párrafo cuarto del número 1 del artículo 17 introducido por número dos de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre). Disposición adicional cuarta redactada por número tres de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre).
DL 3/2010 de 8 Jun. CA Andalucía (modifica, amplía y aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, PROTEJA)
Véase Disposición Transitoria 1.ª de DLey [ANDALUCÍA] 3/2010, 8 junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA- («B.O.J.A.» 11 junio). Véase número 1 de la Disposición Transitoria 3.ª de DLey [ANDALUCÍA] 3/2010, 8 junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA- («B.O.J.A.» 11 junio). Véase número 2 de la Disposición Transitoria 3.ª de DLey [ANDALUCÍA] 3/2010, 8 junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA- («B.O.J.A.» 11 junio).
LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA)
Uno de los rasgos más significativos de esta época es la profunda interrelación de las diferentes economías, que determina situaciones como la actual, en la que una crisis claramente localizada en cuanto a su origen y carácter financiero se ha propagado al conjunto de las economías mundiales con inusitada rapidez e intensidad.
El efecto más adverso de esta crisis es el aumento del desempleo, consecuencia lógica de la importante ralentización económica de la mayor parte de los sectores productivos.
La economía andaluza, dada esta interrelación, no es una excepción, como lo pone de manifiesto que también en esta Comunidad Autónoma se ha producido a lo largo de los últimos meses un crecimiento del desempleo.
Recientemente el Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local dotado con ocho mil millones de euros para la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.
La creación de este Fondo es una de las medidas que se enmarcan en las líneas de actuación establecidas por la Declaración de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial suscrita por España, y en el Plan Europeo de Recuperación Económica, aprobado por la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre.
Resulta por tanto indispensable un esfuerzo por parte de todas las Administraciones Públicas en orden a movilizar los recursos financieros necesarios con los que financiar un conjunto de actividades que, bajo la principal prioridad de crear empleo, contribuyan a incrementar el capital público.
Mediante la presente ley el Gobierno andaluz se suma a este esfuerzo, con la aprobación del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), que tiene carácter complementario al Fondo Estatal de Inversión Local.
Con la prioridad de generar empleo, el Programa tiene dos objetivos. Por un lado, la financiación de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces, y, por otro, el desarrollo de acciones formativas. Para lograr estas finalidades, el Programa está dotado con trescientos sesenta millones de euros y se desarrollará con la colaboración de los Ayuntamientos.
Así pues, con cargo al citado Programa se realizarán obras de rehabilitación y acondicionamiento de los espacios destinados a la localización de empresas, tales como parques y polígonos empresariales; construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, como la salud, la educación o los servicios sociales; eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, y de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
La asignación de la cantidad prevista para inversiones se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función del tamaño del municipio.
En consecuencia, uno de los efectos más favorables de la ejecución de este Programa es el impulso de la actividad y del empleo en las pequeñas y medianas empresas en el sector de la construcción en el ámbito municipal.
Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo, a la finalización de los contratos, proporcionará a los trabajadores un periodo de formación para la reorientación profesional y reinserción en el mercado de trabajo.
Una Comisión, integrada por representantes de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, tendrá como función efectuar un seguimiento de las medidas previstas en el Programa.
Finalmente, una Comisión de Participación, de la que formarán parte los representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma, tendrá por objeto profundizar en el diálogo que se mantiene con el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
Debe ponerse de manifiesto la existencia de una delicada situación económica, caracterizada por un descenso de la actividad, en particular, en sectores como el de la construcción, y que tiene como consecuencia más directa un crecimiento acusado del desempleo. Esta coyuntura económica exige una rápida y eficaz respuesta por los poderes públicos.
2. El Programa está dotado con trescientos sesenta millones de euros, destinándose trescientos millones a la ejecución de obras que se articularán a través de una transferencia de financiación condicionada al cumplimiento de los requisitos que se establecen en esta ley, y sesenta millones a acciones formativas.
1. Con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía se podrán financiar contratos de obras definidos en el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Los contratos deben tener por objeto obras de competencia local. En particular, serán objeto de financiación las siguientes actuaciones:
1.º La rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas, tales como parques y polígonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos.
2.º La construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, tales como la salud, la educación o los servicios sociales.
3.º La eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.
4.º La conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
5.º Las demás actuaciones previstas en el Fondo Estatal de Inversión Local, creado por Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.
b) Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva programación, entendiéndose por tales aquellas obras cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad local para el año 2009, y que no sean financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.
2. La licitación de las obras se realizará por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, abierto, restringido o negociado, con o sin publicidad, o serán tramitadas como contrato menor.
3. La contratación de las obras financiadas con arreglo a esta ley será objeto de tramitación urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Excepcionalmente, la Consejería de Gobernación podrá autorizar la ejecución directa de las obras por parte del Ayuntamiento afectado cuando este no supere la cifra de mil habitantes.
1. La asignación de la cantidad prevista para inversiones en esta ley se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función del tamaño del municipio.
2. Dicha asignación se atiene a los siguientes criterios:
a) En relación con los municipios de más de mil habitantes, la asignación de recursos se realiza con las siguientes variables y ponderaciones, que se aplicarán de conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente Ley:
1.º Población: población de derecho de cada municipio a 1 de enero de 2007, con una ponderación del 20%.
2.º Desempleo: número de personas registradas como paradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 de octubre de 2008, con una ponderación del 50%.
3.º Variación del desempleo: diferencia del porcentaje de paro respecto a la población entre octubre de 2008 y octubre de 2007, con una ponderación del 30%.
b) Con el objeto de asegurar que todos los municipios con población igual o inferior a mil habitantes reciban una ayuda de importe superior a la media, se asigna una cantidad de 1.754,96 euros por persona desempleada o de 111,67 por habitante, aplicándose el criterio que resulte más favorable, y en los supuestos en los que no se registra paro, de 111,67 euros por habitante. Estas cantidades se corresponden con el cuádruplo de la media de financiación por persona desempleada y el triplo de la media de financiación por habitante en Andalucía, respectivamente.
1. La persona titular de la Alcaldía presentará la solicitud de financiación para las inversiones a ejecutar en los municipios con población superior a veinte mil habitantes. Con carácter facultativo, los Ayuntamientos interesados podrán ser incluidos en la solicitud de la Diputación Provincial correspondiente.
2. La persona titular de la Presidencia de la Diputación Provincial presentará la solicitud de financiación para las inversiones a ejecutar en los municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes.
3. La presentación de las solicitudes deberá haberse realizado por vía electrónica a través de la página web de la Consejería de Gobernación (www.cgob.junta-andalucia.es), hasta el 23 de diciembre de 2008.
4. Las solicitudes deberán haber sido dirigidas a la Consejería de Gobernación en el modelo oficial a disposición de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales interesados en la citada página web.
5. En la solicitud deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en la presente ley.
6. Antes del 31 de diciembre de 2008, la Consejería de Gobernación habrá dictado resolución por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida, para cada uno de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales solicitantes, notificándose mediante su publicación en la página web de la Consejería.
7. La asignación a las Diputaciones Provinciales se realizará en función de la suma de las cantidades que, según el apartado anterior, corresponda a cada uno de los municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes, o las que voluntariamente se hayan adherido a su solicitud.
1. La presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión deberá haberse realizado de forma telemática, en modelo normalizado, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, de la siguiente forma:
a) En el caso de municipios con población superior a veinte mil habitantes, la presentación telemática deberá haberse dirigido a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía a través de la página web de la Consejería de Gobernación.
b) En el caso de municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes, y aquellos que con población superior se hayan adherido a la solicitud de las Diputaciones Provinciales, la presentación telemática deberá haberse dirigido a las mismas a través de la página web de la Consejería de Gobernación.
2. La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:
a) Una relación de los proyectos, en la que se especifique su contenido, presupuesto, plazo de adjudicación y previsión de las personas que se ocuparán de su ejecución.
En el caso de los Ayuntamientos referidos en el párrafo b del apartado anterior, deberá constar expresamente si el proyecto va a ser ejecutado por el propio Ayuntamiento o, en su caso, por la Diputación.
b) Una certificación, suscrita por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, de que se trata de una obra de nueva programación de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.b, así como que se ha procedido a la apertura de la cuenta separada, referida en el artículo 7.
c) Certificación del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, según proceda, en el que se aprueben los proyectos a financiar.
1. En el plazo máximo de diez días, a contar desde la presentación de los proyectos, habrá de haberse verificado que estos cumplen las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley.
A estos efectos, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de sus titulares, funcionarán Comisiones Provinciales de Valoración, de las que formarán parte las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo. Asimismo, formará parte de la Comisión la persona titular de la Presidencia de la Diputación Provincial correspondiente en relación con los municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes y aquellos que con población superior se hayan adherido a la solicitud de la entidad local provincial.
2. Cuando un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en especial el de creación de empleo, la Comisión Provincial podrá requerir las modificaciones que considere convenientes en relación con los proyectos a financiar. Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas, inicialmente no previstas, la Comisión podrá autorizar la modificación de la relación de proyectos.
En el supuesto de que no hubiese habido proyectos municipalizables que alcanzaran al total de la asignación municipal, la Diputación Provincial podrá afectar el saldo a otras obras en el mismo municipio o de carácter supramunicipal.
3. En el plazo máximo de diez días, los proyectos verificados habrán de haber sido elevados por la Comisión correspondiente a la Consejería de Gobernación, para proceder al pago, que se materializará de una sola vez.
4. La Diputación Provincial traspasará a los Ayuntamientos la financiación correspondiente a los proyectos que vayan a ejecutar por sí mismos.
1. Los fondos recibidos se ingresarán en una cuenta separada denominada «Programa PROTEJA» que los Ayuntamientos que ejecuten proyectos y las Diputaciones Provinciales utilizarán exclusivamente para situar los ingresos y realizar los pagos que se deriven de la aplicación de la presente Ley.
2. La persona titular de la Intervención del Ayuntamiento o de la Diputación, en su caso, comprobará que las disposiciones de fondos con cargo a la citada cuenta se destinan a los proyectos verificados conforme al artículo anterior. Asimismo comprobará, antes de la materialización del primer pago a la empresa adjudicataria, que se ha cumplido la obligación prevista en el artículo 9.2.
3. Los intereses generados por los fondos situados en la cuenta separada revertirán directamente en los municipios licitadores de las obras reguladas en la presente Ley a efectos de reinvertir dichas cantidades en nuevos proyectos del PROTEJA.
Número 3 del artículo 7 redactado por número uno de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre).
4. Las cuantías que deban recibir los Ayuntamientos o las Diputaciones conforme a la presente ley no podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al Programa, en tanto que impulsoras de acciones que permiten paliar las consecuencias de la desaceleración económica, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinatarios de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos destinatarios de los fondos podrán solicitar, a través de la Consejería de Gobernación, la colaboración de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para la planificación, gestión y desarrollo de proyectos financiables con cargo al presente Programa.
1. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley deben tener un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, inferior a un millón de euros para los municipios con población igual o inferior a cien mil habitantes; e inferior a cinco millones de euros para aquellos con población superior, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar dicha cantidad.
2. Cuando se adjudiquen las obras objeto de financiación, los Ayuntamientos o Diputaciones presentarán, mediante modelo normalizado aprobado por la Consejería de Gobernación y por vía electrónica, a través de la página web de la Consejería de Gobernación, un certificado de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento o de la Diputación, en el que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que esta se produjo, identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se adjudica el contrato, así como el total del empleo vinculado al proyecto, diferenciando las nuevas contrataciones.
1. Los Ayuntamientos y Diputaciones tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.
2. Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el o la contratista principal de la factura emitida por el o la subcontratista o suministrador o suministradora.
1. En los contratos administrativos financiados con cargo a este Programa deberá incluirse una cláusula, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establezca una condición especial de ejecución, consistente en que el nuevo personal que el o la contratista haya de emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. Dicha condición será también aplicable a los contratos menores mediante suscripción de la oportuna cláusula con el o la contratista.
2. Para la adjudicación de los citados contratos, los Ayuntamientos y las Diputaciones tomarán en consideración, como criterio para la valoración de las ofertas, su contribución al fomento del empleo.
En caso de igualdad de condiciones, se primará la oferta que cree mayor empleo neto.
3. La contratación de las personas desempleadas a que se refiere la presente Ley deberá realizarse entre los demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.
En el proceso de selección y posterior contratación de personas desempleadas, se tendrán en cuentan de forma preferente aquellas que, cumpliendo los requisitos previstos en las correspondientes ofertas de empleo tramitadas en las oficinas del SAE, no sean beneficiarias de ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo.
Del mismo modo, en la tramitación de las ofertas, las oficinas de empleo tendrán en cuenta de forma preferente a los siguientes colectivos, una vez constatada su idoneidad para el puesto ofertado:
a) Personas paradas de larga duración.
b) Jóvenes menores de 30 años y mujeres.
c) Mayores de 45 años.
e) Personas en riesgo de exclusión social.
f) La antigüedad como demandante de empleo de la persona desempleada.
g) Las cargas familiares del demandante.
4. La presentación por parte del Ayuntamiento o Diputación del certificado al que hace referencia el artículo 9.2 de la presente ley implica la asunción por su parte del compromiso de efectuar el seguimiento de la creación de empleo que resulta de la adjudicación del contrato.
1. Tras la finalización del proyecto, las personas trabajadoras que hayan participado en el mismo que queden en situación de desempleo podrán ser integradas en acciones del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación profesional para el empleo en función de su perfil profesional y de las necesidades formativas detectadas.
La integración en dichas acciones tendrá carácter obligatorio respecto de las personas que fueron contratadas para la ejecución del proyecto.
2. Cuando la persona desempleada no sea beneficiaria de cobertura por desempleo, podrá percibir una beca durante el desarrollo de la acción formativa, por un periodo máximo de tres meses, equivalente al IPREM mensual vigente al inicio de la misma.
3. El abandono voluntario, la no asistencia o participación en las acciones formativas en las que sea integrada, podrá dar lugar a las actuaciones que se deriven de la aplicación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
1. Los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales deberán acreditar la ejecución de las inversiones dentro del mes siguiente a la finalización de las obras y, como fecha límite, antes del final del segundo trimestre de 2010. No obstante, la Dirección General de Administración Local, a solicitud motivada, podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del citado plazo.
2. La justificación, que se presentará por vía electrónica ante la Dirección General de Administración Local, mediante cuenta justificativa, rendida por la persona titular de la Intervención de la Corporación Local, constará de los siguientes documentos:
a) Certificación en modelo normalizado, aprobado por la Consejería de Gobernación, en la que constará la acreditación de los puestos de trabajo creados, con identificación de los trabajadores contratados, junto con una relación de las certificaciones de obra, en las que se identifique el acreedor o acreedora y, de las facturas, su importe, el porcentaje financiado con recursos procedentes del Programa y la fecha de emisión y de pago.
b) Acta de recepción.
c) Certificación final de obra.
3. Se presentará una justificación independiente por cada una de las obras financiadas con cargo al Programa.
1. La correcta aplicación de los recursos del Programa a los fines previstos en el artículo 1 estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Los controles que se realicen tendrán por objeto verificar que los recursos del Programa se han destinado efectivamente a la financiación de las inversiones a las que estaban destinados, con la correspondiente creación de puestos de trabajo, y que las cuentas justificativas presentadas por los correspondientes Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales reflejan adecuadamente la gestión realizada.
2. Los Ayuntamientos y Diputaciones deberán poner a disposición de la Intervención General de la Junta de Andalucía la documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para que los equipos designados por la Intervención General puedan realizar su trabajo.
A una Comisión de Seguimiento, integrada por las personas titulares de las Viceconsejerías de Gobernación y Empleo, de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, le corresponderá realizar un seguimiento de las medidas previstas en la presente ley, emitir informes a la referida Comisión Delegada y proponer, en su caso, medidas de desarrollo del Programa.
1. Una Comisión de Participación estará integrada por un o una representante por cada una de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Gobernación, dos representantes de la Consejería de Empleo, con rango, al menos, de Director o Directora General, y cuatro representantes de los agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uno o una de los representantes de la Consejería de Empleo ostentará la Presidencia de la Comisión.
a) Recibir información sobre el desarrollo del Programa.
b) Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.
1. La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Programa implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.
Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Consejería de Gobernación de la cuenta justificativa a que se refiere el artículo 13 o su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes.
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería de Gobernación o mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en esta Ley.
Párrafo cuarto del número 1 del artículo 17 introducido por número dos de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre).
2. En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de la asignación prevista en el artículo 3, el reintegro alcanzará solo a la parte de financiación no aplicada.
3. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del Programa dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por la correspondiente entidad local.
4. Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto de reintegro.
5. Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por esta Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por esta.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobro lo dispuesto en el Capítulo I del Título I de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se incorporarán al estado de gastos del ejercicio 2009 los remanentes de crédito financiados con cargo a este Programa.
En las obras financiadas con cargo al Programa aprobado en esta ley deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Programa de Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)».
Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias será informada puntualmente, a través de la Consejería de Gobernación, sobre todas aquellas cuestiones examinadas y propuestas por la Comisión de Participación.
Las cantidades excedentes en el proceso de licitación, como consecuencia de la baja de adjudicación de los proyectos adscritos a la presente Ley, revertirán directamente en los municipios licitadores de tales obras a efectos de reinvertir dichas cantidades en nuevos proyectos del PROTEJA.
Disposición adicional cuarta redactada por número tres de la disposición final segunda de Ley [ANDALUCÍA] 17/2011, 23 diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía («B.O.J.A.» 31 diciembre).
Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la presente Ley.
Véase DLey 3/2010, 8 junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA- («B.O.J.A.» 11 junio).
La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley, para la asignación de recursos a los municipios de más de mil habitantes se fija un coeficiente de reparto que se elabora a partir de las variables población, número de personas registradas como desempleadas y evolución del paro en el último año, ponderando especialmente estas dos últimas.
Para su desarrollo se construye un vector que agrega estas tres variables:
a) Población de derecho de cada municipio a 1 de enero de 2007.
b) Número de personas registradas como desempleadas en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 de octubre de 2008.
c) Diferencia, entre octubre de 2008 y octubre de 2007, del porcentaje de personas registradas como desempleadas respecto a la población.
Estas variables están estandarizadas para poder ser agregadas a partir de la siguiente estructura de ponderaciones:
- Población de derecho: 20%.
- Núm. de personas registradas como desempleadas: 50%.
- Diferencia del porcentaje de personas registradas como desempleadas respecto a la población: 30%.
Conforme a lo anterior, el vector es el siguiente:
α1 = ponderación de la población (0,2).
α2 = ponderación del número de personas registradas como desempleadas (0,5).
α3 = ponderación de la diferencia del porcentaje de paro respecto a la población (0,3).
De tal forma que α1 + α2 + α3 = 1
xi = población del municipio i.
yi</sub< = número de personas registradas como desempleadas del municipio i.
zi = diferencia del porcentaje de paro respecto a la población del municipio i.
El coeficiente de reparto que corresponde a cada municipio i es su valor en el vector, dividido entre la suma total de todos ellos.
El coeficiente de reparto que corresponde a cada municipio se multiplica por la cantidad a repartir y con ello se tiene la asignación por municipio de más de mil habitantes.