Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1103291
Timestamp: 2019-08-22 14:45:26
Document Index: 265918070

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 3', 'artículo 273', 'artículo 8', 'artículo 273', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Ley Orgánica 3/2012 autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012
El TECG regula tres aspectos fundamentales: a) el pacto presupuestario, que promueve la disciplina presupuestaria en los firmantes, obligando a registrar equilibrio o superávit en sus cuentas públicas, considerándose tal si el saldo estructural anual alcanza el objetivo a medio plazo (OMP) con un límite inferior máximo del 0,5 % del PIB a precios de mercado (ampliado al 1 % si la ratio de deuda pública se sitúa por debajo del 60 % y los riesgos de su sostenibilidad son bajos) y articulándose mecanismos correctores de forma automática en caso de observarse desviaciones significativas. Todas estas normas deberán incorporarse a los ordenamientos jurídicos nacionales vía disposiciones preferentemente de rango constitucional, siendo justiciable ante el T JUE la falta de trasposición e incluso la adopción de multas en caso de incumplimiento de la sentencia.
El artículo 93 de la Constitución dispone que mediante Ley Orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución .
La presente ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
El Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Estonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, denominados en lo sucesivo “las Partes Contratantes”,
Teniendo presente que la necesidad de que los gobiernos mantengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y eviten un déficit público excesivo es de vital importancia para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto y, en consecuencia, requiere la introducción de normas específicas, incluida una “regla de equilibrio presupuestario” y un mecanismo automático de adopción de medidas correctoras,
Teniendo presente que los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona del euro pactaron, el 9 de diciembre de 2011, una arquitectura reforzada para la unión económica y monetaria, basada en los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea y que facilite la aplicación de las medidas adoptadas sobre la base de los artículos 121 , 126 y 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Tomando nota de que, al examinar y supervisar los compromisos presupuestarios asumidos en virtud del presente Tratado, la Comisión Europea actuará en el marco de sus competencias en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , en particular sus artículos 121, 126 y 136,
Observando en particular que, con respecto a la aplicación de la “regla de equilibrio presupuestario” establecida en el artículo 3 del presente Tratado, dicha supervisión se efectuará mediante la fijación de objetivos nacionales específicos a medio plazo y de calendarios de convergencia, según proceda, para cada Parte Contratante,
Observando que ha de evaluarse si se ha avanzado lo suficiente hacia los objetivos a medio plazo mediante una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto una vez tenidas en cuenta las medidas discrecionales relativas a los ingresos, en consonancia con lo que disponga el Derecho de la Unión Europea, en particular el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, modificado por el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011 (“el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado”),
Observando que el cumplimiento de la obligación de las Partes Contratantes de transponer la “regla de equilibrio presupuestario” en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional, debe estar sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 273 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
a) por “saldo estructural anual de las administraciones públicas” se entenderá el saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal;
b) por “circunstancias excepcionales” se entenderá aquel acontecimiento inusual que esté fuera del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal de la Parte Contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
Sobre la base de la coordinación de las políticas económicas definida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en aras de una política económica que fomente el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria y el crecimiento económico mediante una convergencia y competitividad reforzadas. Con este fin, las Partes Contratantes adoptarán las iniciativas y medidas necesarias en todos los ámbitos que sean esenciales para el correcto funcionamiento de la zona del euro, de conformidad con los objetivos de fomento de la competitividad, promoción del empleo, contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas y refuerzo de la estabilidad financiera.
1. El presente Tratado será ratificado por las Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea (“el Depositario”).
En el plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, se adoptarán, sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación, las medidas necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , a fin de incorporar el contenido del presente Tratado al marco jurídico de la Unión Europea.
Se aplicará lo acordado a continuación al sometimiento de un asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con el artículo 8, apartado 1, segunda frase, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (en lo sucesivo “el Tratado”) y sobre la base del artículo 273 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de concluir la Comisión en un informe dirigido a las Partes Contratantes que una de ellas ha incumplido lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Tratado:
(1) La demanda por la que se inste al Tribunal de Justicia a que declare que una Parte Contratante ha incumplido lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Tratado, a tenor de la conclusión del informe de la Comisión, será presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia por los demandantes a que se refiere el punto (2) en el plazo de tres meses a partir de la recepción por las Partes Contratantes del informe de la Comisión en el que se concluya que una Parte Contratante ha incumplido lo dispuesto en dicho artículo 3, apartado 2. Los demandantes actuarán en interés de, y en estrecha cooperación con, todas las Partes Contratantes vinculadas por los artículos 3 y 8 del Tratado, con excepción de la Parte Contratante contra la cual se someta el asunto, y de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia .
(5) Si la Comisión concluye en un nuevo informe que la Parte Contratante afectada ha dejado de incumplir lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Tratado, los demandantes informarán inmediatamente por escrito al Tribunal de Justicia de su desistimiento del procedimiento, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia .