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Timestamp: 2018-09-24 12:11:15
Document Index: 173502677

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 230', 'artículo 8', 'artículo 478', 'artículo 479', 'artículo 478']

﻿ Sentencia 45525 de junio 11 de 2014
SENTENCIA SL7384-2014 DE 11 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:JUEZ LABORAL NO ES COMPETENTE PARA ORDENAR AUMENTOS SALARIALES. SE REITERÓ QUE NO LE CORRESPONDE AL JUEZ LABORAL ORDENAR AUMENTOS SALARIALES, SALVO QUE SE VEA AFECTADO EL SALARIO MÍNIMO. EN ESTE SENTIDO, NO ES EL JUEZ LABORAL, MEDIANTE EL TRÁMITE DE UN PROCESO ORDINARIO, EL LLAMADO A ESTABILIZAR EL DESEQUILIBRIO QUE SE PRESENTA CUANDO TRANSCURRE UN PERÍODO DE TIEMPO Y NO SE AUMENTA EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, A PESAR DE QUE EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN DICHO LAPSO HAYA AUMENTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, JURISPRUDENCIA, INDEXACIÓN, JUEZ LABORAL, INCREMENTO DEL SALARIO POR ANTIGUEDAD
Sentencia 45525 de junio 11 de 2014
SL7384-2014
Radicación 45525
Fue interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “y en su lugar ordenar dar el trámite legal correspondiente a las pretensiones incoadas en el libelo demandatorio”.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados, los cuales por perseguir un mismo fin, y servirse de igual argumentación, se decidirán conjuntamente.
Me permito invocar como causal de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley, concretamente por la violación de los artículos 53 de la Carta Política y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
VIII(sic). Cargo segundo
Invoco como causal de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral por errónea apreciación de las pruebas documentales como son el contrato de trabajo suscrito por las partes demandante y demandada y la convención colectiva con fecha de 1º de diciembre de 1999, teniendo en cuenta que el tribunal infringió las clausulas convencionales al puntualizar que al sueldo de la demandante no le era aplicable el incremento de acuerdo al IPC, sin tener en cuenta la cláusula 6ª de la convención colectiva que predica los aumentos de sueldo por la convención
En la demostración de los cargos, indica que el artículo 53 de la Constitución Nacional, señala que todo salario, pensión o pago periódico debe ser indexado.
Dice, que es inaceptable que se hubiera suprimido el derecho adquirido al reconocimiento del reajuste salarial anual, pues el mismo nace de la Constitución, y busca un equilibrio económico a partir del 1º de enero del 2000.
Aduce, que la cláusula sexta del contrato laboral suscrito entre las partes, señala que en él, se entienden incorporadas las disposiciones legales que rigen a los trabajadores oficiales, y por ello, se debió reconoce y pagar el incremento salarial anual, tal como lo ordena el Gobierno Nacional.
Expone, que la convención colectiva de trabajo tiene una vigencia de 2 años, sin que nada se señalara sobre su prorroga o modificación, y se pregunta; “entonces, si la convención perdió vigencia, que normas se deben aplicar”.
Expresa, deben aplicarse las normas generales que rigen la materia, esto es el artículo 53 de la Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo, y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, “que establecen y señalan en varias oportunidades, el incremento salarial, el salario móvil y demás derechos consagrados a favor de los trabajadores”.
Según la constancia expedida por la entidad demandada, que obra en el expediente, se establece que la demandada aplicó en unos incrementos salariales la Convención Colectiva de Trabajo y en otros no. Causa extrañeza esa actitud. Debió aplicar el pacto colectivo en todos los incrementos salariales. No se puede desconocer de manera arbitraria el pacto celebrado entre el patrono y el sindicato de trabajadores. La demandada aplicó la convención cuando liquidó el valor de la indemnización que esta establece, tal como se observa en la liquidación definitiva y debió aplicarla al hacer todos los incrementos anuales, pero no lo hizo.
Cita el artículo 1º de la convención colectiva de trabajo, suscrita el 1º de diciembre de 1999, e informa:
En este orden de ideas y de conformidad con el artículo convencional transcrito, la entidad demandada en el año 2000 debía aumentar el salario de acuerdo al IPC señalado por el Gobierno Nacional, y como quiera que no fue modificada por las partes la convención colectiva, en los años posteriores se debía aumentar por parte de la entidad demandada el sueldo básico teniendo en cuenta el IPC, sin embargo, y de conformidad con la certificación laboral que obra en el expediente, la entidad demandada omitió realizar este aumento salarial, contraviniendo tanto al ley laboral como la convención colectiva suscrita entre las partes y vigente.
Dice, que los cargos presentan insuperables y evidentes errores técnicos, y señaló que esta corporación ya se ha pronunciado frente al tema planteado en la demanda, en el sentido que constitucionalmente se consagra el derecho a la negociación colectiva, donde pueden buscarse mejores condiciones laborales.
No obstante la morigeración del rigor técnico en el recurso extraordinario de casación, dado el carácter extraordinario de este, es de anotar que el escrito con el cual se pretende sustentar la demanda de casación, presenta defectos técnicos insalvables que no se pueden subsanar de oficio, por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario.
La censura radica su inconformidad, de manera inapropiada, pues, aun cuando solicita casar la sentencia del tribunal, a continuación depreca a la Corte: “ordenar dar el trámite legal correspondiente a las pretensiones incoadas en el libelo demandatorio”, y por tanto, no indica qué determinación debe tomarse respecto a la decisión de primer grado, ni señala los ordenamientos jurídicos que deben realizarse, una vez infirmada esa sentencia.
Además, el cargo primero, presentado “por considerar violatoria la sentencia acusada como violatoria de la ley, concretamente por la violación de los artículos 53 de la Carta Política y 467 del Código Sustantivo del Trabajo”, no revela si esa contravención se dio por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, situación que impide a la Corte establecer la dirección en que debe avocar el estudio de la acusación, lo que por la naturaleza rogada del recurso resulta necesario delimitar con nitidez.
Adicionalmente, en el cargo segundo, pese a señalar las pruebas que se dicen fueron erróneamente apreciadas, no denunció la norma o normas de carácter sustancial que fueron vulneradas, y en tal sentido, el reproche así formulado, incumple su finalidad de concretar el fundamento normativo del derecho violado o aplicado irregularmente.
De igual forma, en la demostración de los cargos (una para los dos), se incurrió en impropiedades, pues al haber sido propuesto el primero por la vía directa, solo eran admisibles disquisiciones de puro derecho, sin que pudieran ser acompañadas de análisis eminentemente fácticos; por su parte en el segundo cargo encauzado por la vía indirecta, solo eran válidos razonamientos encaminados a cuestionar la errada apreciación o falta de apreciación del material probatorio, sin que dentro de la demostración se pudiesen incluir argumentos de índole jurídico, como ocurre al discurrir si la norma debe aplicarse o no cuando la convención colectiva pierde su vigencia.
Aun si se pasara por alto lo anterior, es claro que el tribunal no incurrió en yerro alguno, pues en sentencia CSJ SL, 7 Nov. 2012, Rad. 47333, en proceso adelantado contra la aquí demandada, por los mismos hechos y derechos, la Corte indicó:
Ahora, al no concurrir otra disposición legal que ampare los reajustes deprecados, no le corresponde al juez laboral ordenar aumentos salariales, salvo que se vea afectado el salario mínimo. En tal sentido, esta Sala en sentencia del 5 de noviembre de 1999, radicación 12213, sostuvo:
“... a propósito del tema planteado, es importante afirmar que no puede desconocerse que el aumento del índice de inflación que sufre el país en un determinado período, eventualmente justificaría el alza de los salarios de los trabajadores, porque es natural que con el salario recibido en una época se obtendrá una gama de productos, que no van a poder adquirirse si se continúa en un período de tiempo recibiendo la misma remuneración, dada el alza permanente de lo que se ha denominado la canasta familiar. Y con mayor razón, frente a la evidencia de que primero se presta el servicio y luego se recibe su pago, salario o remuneración. De ahí que sea muy difícil mantener el poder adquisitivo del salario, cuando lo cierto es que día a día va perdiendo su valor real, se desvaloriza casi que permanentemente y ahora, como sucede, frente a la mayoría de los precios de los productos que no son controlados”.
“No obstante la realidad de lo afirmado, no es el juez laboral, mediante el trámite de un proceso ordinario, el llamado a estabilizar el desequilibrio que se presenta cuando transcurre un período de tiempo y no se aumenta el salario de los trabajadores, a pesar de que el IPC en dicho lapso haya aumentado. Y no puede hacerlo este funcionario judicial porque no existe ley que lo obligue o lo faculte a ello, excepto si del salario mínimo se trata”.
“En efecto, no existe en la legislación laboral norma que así se lo permita y, como lo destacara el fallador de segundo grado, la Constitución Política en su artículo 53, en relación con la remuneración mínima vital y móvil, trasladó a la ley la regulación de, entre otros, dicho principio. Además el propio Ordenamiento Superior en el artículo 230 fue el que le impuso a los jueces la obligación de, en sus providencias, estar sometidos al imperio de la ley (...).
“Situación diferente sería si existiera una disposición convencional o por laudo, etc., a través de la cual la empresa estuviera obligada a aumentar el salario de los trabajadores cada año con fundamento en el IPC; o que en tratándose de un salario mínimo devengado por un trabajador el empleador se negara a aumentarlo en la proporción fijada por la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales (L. 278/96 arts. 1º, 2º literal d)) o por el Gobierno Nacional; destacándose que en este último caso en el aumento del salario mínimo que se hace el 30 de diciembre de cada año no solo prima como factor a tener en cuenta el IPC, sino otros tales como “la meta de inflación del siguiente año fijada por la junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto, PIB...”, tal como lo establece el parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996”.
En la misma providencia, esta Sala se pronunció frente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, de la siguiente manera:
De lo anterior, resulta viable deducir, que la normatividad que regula los incrementos salariales de la actora, son las contenidas en los acuerdos convencionales o laudos. Para el caso concreto esa normatividad es el artículo sexto de convención colectiva de trabajo suscrita el 1º de diciembre de 1999, cláusula que según sostiene la censura, fue objeto de la prórroga automática de que trata el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que reza:
“ART. 478.—Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.
El término de vigencia de una convención colectiva de trabajo pactada a 2 años por las partes que la suscribieron, no lleva a la conclusión obligada de que, expirado ese plazo, el acuerdo deje de regir o pierda efecto, toda vez que de acuerdo con el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, de no producirse su denuncia, o aun cuando ella tenga lugar, sus estipulaciones continúan rigiendo hasta tanto no se suscriba un nuevo convenio, conforme a la prórroga automática prevista en el citado artículo 478 ibídem, salvo que respecto a un determinado beneficio las partes hubieran fijado un específico lapso de vigencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de noviembre de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luz Ángela Calero Perdomo contra el Banco Cafetero S.A. en Liquidación.
Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.150.000.