Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-916-2011-ap-madrid-sec-12-rec-404-2010-22-12-2011-10681851
Timestamp: 2018-02-18 20:01:20
Document Index: 155240789

Matched Legal Cases: ['artículo 1591', 'artículo 348', 'ARTÍCULO 1591', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 1591', 'artículo 1591', 'artículo 1591', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 1101', 'artículo 248', 'artículo 477', 'artículo 481']

Sentencia Civil Nº 916/2011, AP - Madrid, Sec. 12, Rec 404/2010, 22-12-2011 | Iberley
Sentencia Civil Nº 916/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Rec 404/2010 de 22 de Diciembre de 2011
Sentencia Civil Nº 44/2011, AP - Girona, Sec. 1, Rec 540/2010, 04-02-2011
Órden: Civil Fecha: 04/02/2011 Tribunal: Ap - Girona Ponente: Lacaba Sanchez, Fernando Num. Sentencia: 44/2011 Num. Recurso: 540/2010
Sentencia Civil Nº 239/2009, AP - Madrid, Sec. 13, Rec 123/2008, 20-05-2009
Órden: Civil Fecha: 20/05/2009 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Zarco Olivo, Jose Luis Num. Sentencia: 239/2009 Num. Recurso: 123/2008
Sentencia Civil Nº 201/2013, AP - Madrid, Sec. 8, Rec 351/2012, 22-04-2013
Órden: Civil Fecha: 22/04/2013 Tribunal: Ap - Madrid Num. Sentencia: 201/2013 Num. Recurso: 351/2012
Sentencia Civil Nº 412/2010, AP - Madrid, Sec. 11, Rec 89/2008, 12-05-2010
Órden: Civil Fecha: 12/05/2010 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Ruiz De Gordejuela-lopez, Lourdes Num. Sentencia: 412/2010 Num. Recurso: 89/2008
Sentencia Civil Nº 416/2013, AP - Madrid, Sec. 19, Rec 474/2013, 22-11-2013
Órden: Civil Fecha: 22/11/2013 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Legido Lopez, Epifanio Num. Sentencia: 416/2013 Num. Recurso: 474/2013
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 14/03/2013
Núm. Resolución: V0805-13
Resolución Vinculante de DGT, V3647-16, 02-09-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 02/09/2016
Núm. Resolución: V3647-16
Resolución Vinculante de DGT, V3447-13, 26-11-2013
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 26/11/2013
Núm. Resolución: V3447-13
Resolución Vinculante de DGT, V2375-10, 03-11-2010
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 03/11/2010
Núm. Resolución: V2375-10
Ponente: Diaz Roldan, Jose Luis
Núm. Sentencia: 916/2011
Núm. Recurso: 404/2010
Núm. Cendoj: 28079370122011100567
SENTENCIA: 00916/2011
ROLLO: RECURSO DE APELACIÓN 404/2010
APELANTE: GESTIÓN AGESUL S.L. Y SACYR S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID)
Dña. Jacinta y D. Norberto
PONENTE: ILMO. SR. DON JOSE LUIS DIAZ ROLDAN
S E N T E N C I A Nº 916 DE 2011
D. JOSE MARÍA TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA
D. FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y OCTAVIO DE TOLESO
En la ciudad de Madrid a 22 de Diciembre de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO núm.1142/2007 , procedentes del JDO. DE 1ª INSTANCIA núm. 13 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo núm. 404/2010 , en los que aparecen como parte apelante GESTIÓN AGESUL S.L. Y SACYR S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, representada por la procuradora Dña. MARÍA TERESA MARCOS MORENO; y como apelados COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID) , representada por el procurador D. JUAN TORRECILLA JIMENEZ, D. Santiago , representado por la procuradora Dña. ADELA CANO LANTERO, SACYR S.A.U. , representada por el procurador, D. CARLOS PIÑEIRA DE CAMPOS, Dña. Jacinta y D. Norberto , representados por la procuradora Dña. ELENA-PAULA YUSTOS CAPILLA y D. Joaquín , representado por el procurador D. JESÚS VERDASCO TRIGUERO. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE LUIS DIAZ ROLDAN, que expresa el parecer de La Sala.
PRIMERO.- Que, con fecha 1 de julio de 2009, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía: " Estimando parcialmente la demanda interpuesta por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID), representada por el procurador D. JUAN TORRECILLA JIMENEZ, contra GESTIÓN AGESUL S.L. Y SACYR S.A. UTE, Dña. Jacinta y D. Norberto , D. Joaquín Y D. Santiago :
1) CONDENO a SACYR S.A. Y GESTIÓN AGESUL S.L UTE, SACYR S.A., Dña. Jacinta y D. Norberto , D. Joaquín Y D. Santiago , a reparar solidariamente los defectos especificados en los apartados 1,2,3,4,5,6,7,14 y 24 del fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, que deberán realizarse en el plazo de seis meses, siendo de su cuenta todos los gastos que conlleve su ejecución, incluidos proyectos, licencias etc, ó alternativamente a indemnizar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID) solidariamente en la cantidad de 116.810 euros, más el 19 por ciento de gastos y beneficio industrial,4 por ciento como valor de las licencias municipales, 7 por ciento de IVA y 5 por ciento calculados por honorarios de facultativo.
2) CONDENO a SACYR S.A. Y GESTIÓN AGESUL S.L UTE, SACIR S.A., D. Joaquín Y D. Santiago a reparar solidariamente los defectos especificados en los apartados 15 y 19 del fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, que deberán realizarse en el plazo de seis meses, siendo de su cuenta todos los gastos que conlleve su ejecución, incluidos proyectos, licencias etc, ó alternativamente a indemnizar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID) solidariamente en la cantidad de 28.080 euros, más el 19 por ciento de gastos y beneficio industrial,4 por ciento como valor de las licencias municipales, 7 por ciento de IVA y 5 por ciento calculados por honorarios de facultativo.
3) CONDENO a SACYR S.A. Y GESTIÓN AGESUL S.L UTE, SACIR S.A., a reparar solidariamente los defectos especificados en los apartados 8,9,10,13 y 16, del fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, que deberán realizarse en el plazo de seis meses, siendo de su cuenta todos los gastos que conlleve su ejecución, incluidos proyectos, licencias etc, ó alternativamente a indemnizar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 Nº NUM000 DE LAS ROZAS (MADRID) solidariamente en la cantidad de 3.451,8 euros, más el 19 por ciento de gastos y beneficio industrial,4 por ciento como valor de las licencias municipales, 7 por ciento de IVA y 5 por ciento calculados por honorarios de facultativo.
4) Todo ello sin expresa imposición de costas.
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante Sacyr S.A. y Gestión Agesul S.L y Sacyr S.A., UTE, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
TERCERO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo, quedando pendiente de resolución.
CUARTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto.
PRIMERO.- Por la representación procesal de Sacyr S.A. y Gestión Agesul S.L y Sacyr S.A., UTE, se impugna la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid de fecha 1 de julio de 2009 , que estima parcialmente la demanda formulada.
Discrepa la entidad recurrente de la sentencia de Instancia, alega la existencia de un error en la apreciación de la prueba practicada, sostiene que los desperfectos que presenta el edificio no son constitutivos de ruina, además entiende que el Juzgador no ha aplicado debidamente la solidaridad entre los distintos intervinientes, ya que la misma sólo es aplicable cuando no pueda individualizarse las distintas responsabilidades, supuesto que no concurre en el caso de autos, toda vez que del resultado de la prueba pericial efectuado por perito judicial, se puso de manifiesto que de dichas deficiencias no puede ser responsable la apelante, al tratarse de defectos constructivos debidos a una mala ejecución de obra, de solución constructiva y de errores de proyecto, imputables a la empresa constructora codemandada y a los Arquitectos y Aparejador codemandados.
Por consiguiente, solicita la revocación de la sentencia recurrida y la absolución de la demandada de sus pedimentos.
SEGUNDO.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA.
Los hechos de los que deriva la presente litis es el ejercicio de una acción decenal, prevista en el artículo 1591 del Código Civil solicitando la condena de todos los responsables en el proceso de construcción, subsidiariamente en la demanda se solicitaba para el supuesto que se estimase que los vicios no fueran ruinógenos la condena de los responsables con base en un incumplimiento contractual.
Los desperfectos se encuentran en el edificio de 115 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros, sito en la CALLE000 núm. NUM000 de las Rozas (Madrid), del que fue promotora la hoy recurrente.
Alegada por la parte recurrente la existencia de error en la apreciación y valoración de la prueba practicada, debe principiarse recordando que en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, como una "revisio prioris instantiae" y en el mismo tenor el TC. en S. 3/96 de 15 de enero , en la que el Tribunal Superior u órgano "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y substantivas de aplicación al caso ( S. 31/mar/98 ); si bien no es menos cierto que ello no supone ignorar que, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas a la inmediación judicial, el Juez "a quo", tiene elementos más fundados para calibrar su entidad, eficacia y credibilidad y que por ello le han conducido a la objetivación de las circunstancias concurrentes, pero sin que ello impida su nueva valoración de la Sala y la modificación de lo por él objetivado cuando se le exponga a aquella y aprecie que ha incurrido en error el Juez "a quo" en su valoración, máxime cuando dispone a estos efectos de la facilidad de análisis de la prueba practicada que otorga a este Tribunal de apelación el visionado del juicio oral mediante la reproducción mecánica del mismo a través de la grabación efectuada y que consta unida a autos.
En un examen de las pruebas practicadas en acto del juicio han quedado acreditados los siguientes hechos relevantes:
1) El edificio presenta los siguientes desperfectos por filtraciones de agua:
a) Filtraciones a través de las juntas de dilatación, debido a fallos de impermeabilización, procedentes de defectos de diseño, dirección y construcción de la obra.
b) Filtraciones a través del perímetro de los 13 lucernarios que da luz cenital al garaje, que afectan a los vehículos estacionados bajo ello, la causa es un deterioro de los elementos impermeabilizantes, debido a defectos en el proceso de diseño, construcción y dirección de la obra.
c) Filtraciones a través de las jardineras perimetrales y centrales, así como en la junta de unión con el jardín, debido a defectos de impermeabilización en los encuentros o entrega de las membranas de impermeabilización con los parámetros verticales, y en la junta del jardín con el muro de contención del garaje, debido a una defectuosa ejecución de la obra.
- TRASTEROS (Vivienda NUM001 NUM002 ).
Filtraciones a través del garaje por la mala impermeabilización debido a las pendientes existentes, termina invadiendo el trastero de la vivienda NUM001 , siendo su origen en defectos de diseño, dirección y construcción de la obra.
2) HUMEDADES EN MURO DE CONTENCIÓN ENTRE PISCINA Y PISTA DE PADDLE.
- Debido a la existencia de agua no recogida convenientemente, que aflora por el exterior del muro, que presenta problemas de impermeabilización, cuyo origen son fallos en el proceso de diseño, dirección y construcción de la obra.
3)DEFECTOS VARIOS
a) El revoco del paramento vertical de la fachada de los miradores-vestuarios está agrietada y con desconchones, debido a una mala ejecución de la obra.
b) Grietas horizontales en paramento vertical de fachada del portal NUM009 , en su parte más cercana al mirador, debido a un mero defecto de acabado.
c) La junta de dilatación entre los portales NUM003 y NUM004 está sin sellar en su totalidad, debido a un defecto de ejecución de la obra.
d) Existencia de un hueco de 15 cm de diámetro, debido a un defecto de ejecución de obra.
e) 3 tejas rotas en NUM005 . NUM000 NUM006 . En el NUM007 NUM008 del portal NUM009 se han volado algunas tejas, siendo precisa su sustitución para evitar filtraciones. La causa es que las tejas no se encontraban debidamente sujetas a su base, tratándose de un defecto en la ejecución.
4) GRIETAS.
a) Para evitar las filtraciones en el garaje se cubrió las juntas de dilatación con una chapa atornillada al techo, al unirse las dos zonas de la junta de dilatación con un elemento rígido se produjeron arrancamientos de la parte de yeso que sujetaba a los tacos de fijación generando una gran grieta.
b) El Solado de hormigón se encuentra completamente agrietado, tratándose de un defecto estético, su origen en la retracción del propio material, debido a una defectuosa puesta en obra, como una deficiente realización de las juntas de dilatación.
c) Grieta en el pasillo del portal NUM003 , en el paramento vertical del yeso que se trasmite al interior de la vivienda NUM010 . NUM006 .
5) GARAJES.
- Las baldosas de cemento de la rampa del garaje se encuentran sueltas, agrietadas y muchas de ellas rotas por una mala preparación de los elementos a actuar en la ejecución de la obra, al intervenir un material de agarre inadecuado.
6) PISTA EL PADDLE.
- Presenta un fuerte deterioro, los paramentos verticales, llenos de grietas de juntas de dilatación sin sellar adecuadamente y con desconchones de mortero, de tal manera que el deterioro que presenta es suficiente para no permitir el desarrollo normal del juego, todo ello debido a una mala ejecución de la obra.
TERCERO.- Aunque la parte recurrente señala la existencia de un error en la valoración de la prueba, lo cierto es que no concreta los hechos en qué sustenta el error alegado, Los vicios constructivos anteriormente expresados son producto del resultado de la valoración de los Informes periciales emitidos a instancia de los demandados, D. Joaquín , Sacyr S.A., D. Santiago y Dña. Jacinta y D. Norberto , y por el perito judicial.
En relación a la valoración de la prueba pericial, debe tenerse en cuenta:
1º.- La valoración de los dictámenes periciales según las reglas de la "sana crítica" ( art. 348 L.E.C ), así como la consolidada doctrina jurisprudencial sentada en torno a la prueba pericial, derivada tanto de la legislación anterior, como de la L.E.C. vigente, de la que son exponentes, entre las más recientes, las SSTS de 20-3-97 , 16-3-99 , 9-10-99 , 21-1-2000 , 10-6-2000 , 16-10-2000 , 17-4-2002 , 24-2-2003 , 29-4-2005 ,en cuanto establecen que:
- Por principio general la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Jugador según su prudente criterio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación.
- Las reglas de la sana crítica no están codificadas, han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana y por ello es extraordinario que pueda revisarse la prueba pericial en casación, pues el juez ni siquiera está obligado a sujetarse al dictamen pericial, pudiendo sólo impugnarse en el recurso extraordinario la valoración realizada si la misma es contraria en sus conclusiones a la racionalidad o conculca «las más elementales directrices de la lógica».
- La apreciación de la prueba pericial por los órganos de instancia ha de ser respetada, salvo que resulte arbitraria, ilógica o irracional, ya que se confía por la ley a la sana crítica del juzgador; si se trata de dictámenes plurales pueden los juzgadores atender a los mismos o a uno solo de ellos y prescindir del otro, o seleccionar parcialmente los datos que se estimen pertinentes para someterlos al proceso razonador de una sana crítica, es decir leal y objetiva en relación a lo debatido.
- No se le puede negar al Juez, en ningún caso, la facultad de interpretar y valorar las pruebas periciales aportadas al proceso de las que puede prescindir y, también, consecuentemente atender, a fin de integrar su convicción resolutiva, y de esta manera, cabe aceptar el resultado de algún dictamen pericial y prescindir de los demás.
2º.- Con el sistema instaurado por la nueva L. E.C. 1/2000 se establece que con la demanda se aporten los dictámenes elaborados por los peritos de que los litigantes dispongan y consideren necesarios para la defensa de sus derechos (art. 336 ) y, siguiendo la tendencia apuntada en algunas sentencias de nuestro Tribunal Supremo, para acabar con la discusión acerca de la naturaleza y valor probatorio de los dictámenes aportados unilateralmente por las partes ( SSTS 18-5-93 , 3-3-95 ) regula de forma minuciosa tal aportación (art. 335 ) dándoles valor de verdadera prueba (art. 299.4 ) con traslado a la parte contraria y manifestación del deseo de que el perito comparezca a la vista del juicio (art. 337.2 y 338 ), sin que por esa obtención la ley rebaje el valor de su naturaleza probatoria, frente al designado por el Tribunal (art. 339. 2 ); y nada impide que en la dualidad comparativa de ambos pueda el Juzgado desde ese análisis crítico del mismo fundar su resolución en una u otra pericia o integrar todas ellas en un proceso lógico y racional de deducción. (STS AP Córdoba de 8-2-2002, AP Navarra 23-1-2003, AP Las Palmas 19-1-2004 )
3º.- La valoración de la prueba pericial corresponde al juzgador de instancia, y aun cuando cabe la verificación de dicha apreciación en casación, ello tiene carácter excepcional, pues se exige que se denuncie haberse incurrido, con trascendencia para el resultado probatorio del proceso, en un error notorio, o falta patente de lógica; conclusión absurda, o bien criterio desorbitado o irracional, o infracción palmaria de las reglas de la común experiencia. En este sentido, la S.T.S., Sala Primera, de 9 de marzo de 1995 : «... decae el motivo primero, ya que la apreciación de la pericial correctamente llevada a cabo, no puede servir de soporte --como aquí se intenta-- al recurso fundado en error ( S.S. del 26 de junio de 1964 y 7 de diciembre de 1981 ) salvo que se haya producido la valoración de la misma por el Tribunal con ostensible sinrazón y falta de lógica, reveladoras de arbitrariedad excluyente del criterio de sana crítica que la legalidad manda observar en la apreciación de esta prueba o que las apreciaciones hechas se ofrezcan sin tener en cuenta la elemental coherencia entre ellas que es exigible en la uniforme y correcta tarea interpretativa ( Sentencia del 28 de abril de 1993, o la S.T.S., Sala Primera, de 6 de abril de 2000 : «...El ataque a la valoración de la prueba pericial a cargo de los órganos judiciales de las instancias sólo procede, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, a efectos de poder acoger el desacierto denunciado, si resulta que las conclusiones obtenidas lo han sido al margen de las pruebas llevadas a cabo, o se presentan ilógicas con acreditada incoherencia o irracionalidad entre sí, y también si se alcanzan conclusiones absurdas, disparatadas, extrañas al proceso, por lo que su censura casacional cabe si se dan dichos supuestos, que vienen a representar un fallo deductivo atentatorio con intensidad a la sana crítica ( SS. de 10 de julio de 1992 , 28 de abril de 1993 , 10 de marzo de 1995 , 17 de mayo de 1995)...»; y la S.T.S., Sala Primera, de 31 de julio de 2000 : «La doctrina general del TS en este campo es la de que la prueba pericial debe ser apreciada por el Juzgador según las reglas de la sana crítica, las cuales, como modulo valorativo, establece el art. 632 de la LEC , pero sin estar obligado a sujetarse al dictamen pericial, y sin que se permita la impugnación casacional de la valoración realizada a menos que la misma sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica ( SS. de 13 de febrero de 1990 y 29 de enero de 1991 , 20 y 29 de noviembre de 1993 , 30 de marzo y 10 de octubre de 1994 ) y, en la línea referida, esta Sala ha admitido la posibilidad de la denuncia casacional de que se trata en los siguientes supuestos: error ostensible y notorio ( SS. de 8 y 10 de noviembre de 1994 ); falta de lógica ( S. de 9 de enero de 1991 ); conclusiones absurdas ( SS. de 19 de marzo , 14 de octubre y 24 de diciembre de 1994 ); criterio desorbitado o irracional ( SS. de 20 y 29 de noviembre de 1993 y 28 de enero de 1995 ); y conclusiones contrarias a las reglas de la común experiencia ( S. de 24 de diciembre de 1994 ).
Una vez expuesto lo anterior, conviene indicar que el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , establece que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, siendo reiterada la jurisprudencia que declara que dicha prueba es apreciable discrecionalmente pudiendo el juzgador prescindir de su resultado ( SS. del T.S. de 31-3-1992 , 4-6-1992 , 4- 11-1992, 30-12-1992 , 26-1-1993 , 4-5-1993 , 2-11-1993 y 7-11-1994 , entre otras), pero del mismo modo es constante la jurisprudencia que declara que la valoración atribuida en la instancia se ha de respetar, salvo que fuese desproporcionada, absurda o se manifieste irracional ( SS. del T.S. de 1-12-90 , 23-4-91 , 22-5-91 , 10-3-94 , 14-10-94 , 7-11-94 , 13-11-95 , 25-3-02 , entre otras).
Aplicando dicha doctrina al supuesto sometido a enjuiciamiento, debe considerarse que el Juez a quo lleeva acabo una exhaustiva y precisa valoración de las pruebas periciales practicadas, motivando de forma clara y precisa las razones por las que estima acreditados los vicios constructivos enumerados en la sentencia recurrida, vicios que se estiman acreditados, por lo que cabe descartar la existencia de error en la apreciación de la prueba.
CUARTO.- ARTÍCULO 1591 DEL CÓDIGO CIVIL . RUINA FUNCIONAL. RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR.
Discrepa también la entidad recurrente de que los vicios constructivos que la sentencia de Instancia considera acreditados pudieran ser constitutivos de ruina funcional.
El artículo 1.591 del Código Civil , regula la llamada acción decenal en virtud de la cual el contratista de un edificio que se arruinase por los vicios de la construcción responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de los diez años, contados desde que concluyó la construcción -responsabilidad que se extiende a los arquitectos técnicos que supervisaron la construcción concreta - STS 13-11-1981 y 5-3-1984 .
Pero para la aplicación de dicho precepto es necesario que concurra el presupuesto de ruina del edificio, concepto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido extendiendo más allá del mero concepto semántico, así, tal y como señala la sentencia de 27 de abril de 2009 "el concepto de ruina no es el restrictivo que significa destrucción de la obra, sino otro mucho más amplio, el de "ruina funcional", que alcanza o bien a toda la construcción o bien a parte o elementos de la misma, excediendo de imperfecciones corrientes ( SSTS de 30 de enero de 1997 , 4 de marzo de 1998 y 21 de junio de 1999 ) hacen a la edificación inútil o básicamente insuficiente para su finalidad propia, y, en los casos de viviendas destinadas a morada de personas físicas y sus familias, ha de conectarse con el derecho de disfrutar de la dignidad y adecuación conveniente de las mismas, que la Constitución proclama en su artículo 47 ( STS de 30 de septiembre de 1991 y, en similares términos, SSTS de 16 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 1998 ).
El conjunto de los vicios constructivos que la sentencia de Instancia estima probados, pueden comprenderse dentro del concepto de ruinógenos (ruina funcional del edificio), promotora del edificio, pues ello en modo alguno podría excluir su responsabilidad por los mismos, partiendo de esta premisa la responsabilidad de la promotora recurrente es evidente.
La jurisprudencia sentada en aplicación del artículo 1591 del Código Civil parte de la caracterización del promotor como beneficiario económico del negocio constructivo( STS 13 de diciembre de 2007 ) y esta misma jurisprudencia ha venido declarando con reiteración que el hecho de que la promotora no sea constructora no le priva de la legitimación pasiva en el ejercicio de la acción de responsabilidad decenal( SSTS de 21 de febrero de 2000 ; 8 de octubre de 2001 ; 13 de mayo de 2002 ). Como sostiene la sentencia de 10 de noviembre de 1999 , la doctrina jurisprudencial al incorporar la figura del promotor al ámbito de los responsables que, por desfase histórico, contempla de forma incompleta el artículo 1591 del Código Civil , a través de la figura, sí contemplada, del "contratista" ", no ha dicho que el promotor "solo" responde cuando deba responder el constructor, porque ello supondría exonerar al promotor no constructor, (que nunca construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes), entre otros casos, cuando los vicios fueren imputables a los técnicos, y haya existido culpa "in eligendo" en la elección de estos por parte del promotor que los contrató . Además, el promotor del supuesto de autos es también vendedor, y como tal está obligado, en virtud del contrato, a entregar la cosa en condiciones de servir para el uso que se la destina. Si la edificación padece vicios ruinógenos que la hacen inidónea, es responsable de estos vicios frente al comprador. El promotor, señala la sentencia de 12 de marzo de 1999 , viene a hacer suyos los trabajos ajenos, realizados por personas a las que ha elegido y confiado, y los enajena a los adquirentes de los pisos. Su obligación de entrega, caso de que tengan vicios incursos en el artículo 1591, la ha cumplido de modo irregular, defectuoso, y no puede quedar liberado alegando la responsabilidad de terceros ligados con él mediante los oportunos contratos. Está, por tanto, perfectamente admitido y declarado jurisprudencialmente, la procedencia de la legitimación pasiva para soportar la acción de responsabilidad decenal, aunque no se trate de promotora -constructora, sin que obste que también pudiera ser imputada a los técnicos intervinientes en la obra pues la responsabilidad de que se trata nace del incumplimiento contractual al no reunir las viviendas las condiciones de aptitud para su finalidad y la solidaridad en estos casos ha sido reiteradamente declarada por la jurisprudencia( SSTS 12 de febrero de 2002 ; 16 de marzo de 1006 ). Pero es que, además, estos criterios de jurisprudencia han sido incorporados a la Ley de Ordenación de la Edificación en la que el promotor figura como uno más de los Agentes que la misma refiere, y si no fuera por la declaración inicial contenida en el artículo 17 , relativo a que "las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación responderán frente a los propietarios y adquirentes de los edificios..", se podría decir que la Ley constituye al promotor en responsable exclusivo de los defectos constructivos, o lo que es igual, en garante de la calidad del producto final elaborado. El promotor, dice el artículo 17.3, responde solidariamente, "en todo caso" con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionado por vicios o defectos de construcción. Significa que responde aun cuanto estén perfectamente delimitadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro de los agentes del proceso constructivo, pues otra interpretación no resulta de esas palabras "en todo caso" que señala la norma con la que se pretende unir a responsables contractuales con extracontractuales o legales y con la que se establece la irrenunciabilidad de la misma ( SSTS de 24 de mayo y 29 de noviembre de 2007 )."
La sentencia esta Sala de fecha 11 julio 2011 declara que "se designa como promotor a la persona física o jurídica, privada o pública, que facilita la edificación de todo tipo de viviendas, bien para su venta a terceras personas, bien para sus asociados, etc., localizando terrenos edificables, buscando capitales, poniendo en conexión a los propietarios de solares con constructores o capitalistas, facilitando compradores, etc; y todo ello, sin olvidar, que en ocasiones incluye entre sus actividades, y cada vez con mayor frecuencia, las del constructor e incluso vendedor. Es doctrina Jurisprudencial señalada en la S.TS. de 25 de febrero de 1985 que le son aplicables en casos como el presente los artículos 1591 y 1909 del Código Civil " .
Pero, aún en el supuesto de que se considerase que los defectos constructivos existentes no respondieran al concepto de ruinógenos, no por ello la promotora demandante estaría exenta de la responsabilidad declarada en la sentencia recurrida, toda vez que siendo del también vendedora, como tal está obligado, en virtud del contrato, a su entrega en las condiciones convenidas en el contrato, es decir, sin defectos o vicios constructivos, y no siendo así incurriría en la responsabilidad prevista en el artículo 1101 del Código Civil , acción de responsabilidad por incumplimiento contractual que de forma subsidiaria se ejercita por la Comunidad actora en su demanda.
Por todo, lo que antecede debe decaer el motivo de impugnación esgrimido.
QUINTO.- Por todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, confirmándose en su integridad la sentencia recurrida.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen a la entidad recurrente las costas de esta alzada al haber sido desestimado en parte la pretensión formulada en el recurso de apelación formulado.
Debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Sacyr S.A. y Gestión Agesul S.L y Sacyr S.A., UTE, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid, nº 12872009, de 1 de julio, y, en consecuencia, CONFIRMAMOS la expresada resolución en su integridad.
Se imponen las costas devengadas en esta instancia a la parte recurrente.
Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248.4 de la L.O.P.J . advirtiendo a las partes que contra esta sentencia Cabe interponer recurso de casación, y, en su caso, de infracción procesal, conforme a lo dispuesto en el artículo 477.2.3º de la LEC el cual habrá de ser interpuesto por escrito a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas en el artículo 481 del expresado Texto Legal .
Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos .
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Presidente D. JOSE LUIS DIAZ ROLDAN, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fé.