Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0033.01.SPA
Timestamp: 2019-04-21 08:52:47
Document Index: 165655480

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'in fine', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 14', 'in fine']

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» [COM(2014) 177 final] (Dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»
[COM(2014) 177 final]
El 11 de septiembre de 2014, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa al sobre la
Comunicación de la Comisión relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»
La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de julio de 2014.
En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 151 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones el presente dictamen.
En su respuesta a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) exitosa «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!», la Comisión afirma la importancia del derecho humano al agua y el saneamiento y la importancia del agua como bien público y recurso fundamental y reitera que «el agua no es un bien comercial».
En primer lugar, cabe congratularse del apoyo de los ciudadanos a esta ICE, así como del reconocimiento por parte de la Comisión de la especificidad de los servicios de agua y saneamiento y su importancia para «satisfacer las necesidades básicas de la población», lo que ha llevado a excluirlos de la Directiva sobre concesiones.
En términos más generales, el CESE valora positivamente el compromiso de la Comisión de actuar de conformidad con las normas del Tratado que exigen la neutralidad de la UE en relación con las decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad de las empresas del agua. A este respecto, el CESE está convencido de que ninguna decisión o acto relacionado con la actividad de la UE debería implicar una limitación de la libertad de los Estados miembros de elegir cómo organizar la prestación de los servicios relacionados con el agua.
Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que emprenda iniciativas concretas para garantizar el cumplimiento permanente de este compromiso en todos los diferentes ámbitos de las políticas de la UE, tanto con respecto a los Estados miembros que se benefician del apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad como en el marco actual de las negociaciones comerciales (como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el comercio de servicios), excluyendo expresamente de las citadas negociaciones comerciales los servicios relacionados con el uso del agua.
El Comité toma nota de determinados aspectos positivos de la respuesta de la Comisión Europea:
el reconocimiento de que la prestación de servicios relacionados con el agua es, por lo general, responsabilidad de los entes locales, que son los más cercanos a los ciudadanos;
el compromiso de promover el acceso universal al agua y el saneamiento en sus políticas de desarrollo mediante asociaciones sin fines lucrativos; y
la promoción de asociaciones público-públicas, que deberían ser reconocidas como un instrumento útil para incrementar la eficacia de las autoridades públicas y de los servicios del agua no solo en el ámbito del desarrollo internacional, sino también dentro de la UE.
El Comité señala que los servicios del agua son monopolios naturales, en razón de las enormes inversiones de capital necesarias y los considerables costes de transporte, tal y como ha constatado en un informe reciente la Agencia Europea de Medio Ambiente (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2003, Assessment of cost recovery through water pricing (Evaluación de la recuperación de costes mediante la tarificación del agua), Luxemburgo; p. 28). Por tanto, las autoridades públicas deben estar en condiciones de ejercer un control considerable sobre la calidad y la eficiencia del servicio que prestan los servicios de abastecimiento de agua. En este contexto, el Comité apoya el reconocimiento por parte de la Comisión del papel clave que tiene que desempeñar la transparencia.
Por consiguiente, el Comité invita a la Comisión a que redoble los esfuerzos encaminados a la plena aplicación del artículo 14 de la Directiva marco sobre el agua (información y consulta del público) y respalda la intención de la Comisión de fomentar una evaluación comparativa («benchmarking») de los servicios del agua en lo que respecta a los indicadores de rendimiento en términos económicos, técnicos y de calidad. De esta forma, las relaciones entre el nivel de las inversiones, la tarifa promedio del agua y la calidad de las condiciones de trabajo podrán apreciarse con mayor claridad, lo que aumentará la transparencia del sector.
El CESE considera que la revisión de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre el agua potable deberían brindar la oportunidad de integrar las indicaciones y principios sobre el principio del acceso universal y el principio de la Directiva marco sobre el agua de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. El CESE invita a la Comisión Europea a proponer una legislación que convierta el acceso al agua y a un sistema de saneamiento en un derecho humano en el sentido que le otorgan las Naciones Unidas y a fomentar el suministro de agua y de servicios de saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.
El CESE señala que, mediante su apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea, los ciudadanos de la Unión han expresado su voluntad de participar en la elaboración de las políticas de la UE y de dar su opinión respecto de la cuestión del agua como bien público y servicio de interés general. Esto requiere que todas las instituciones de la Unión abran la gobernanza de la política del agua de la UE a todas las partes interesadas y amplíen las oportunidades de debatir públicamente el futuro de los recursos hídricos.
La Iniciativa Ciudadana Europea, introducida por el Tratado de Lisboa para fomentar una mayor participación democrática de los ciudadanos en los asuntos europeos (1), permite a un millón de ciudadanos de la Unión Europea (UE), procedentes de al menos siete Estados miembros, hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que proponga legislación en asuntos de competencia de la UE. Se trata del primer instrumento de democracia participativa a nivel europeo.
Desde el lanzamiento de la ICE en abril de 2012, más de cinco millones de ciudadanos han suscrito más de 20 iniciativas diferentes. El Comité Económico y Social Europeo ha invitado a varios iniciadores de campañas a participar en sus plenos.
La ICE sobre el agua y el saneamiento como derechos humanos tiene como finalidad presentar una propuesta legislativa para implementar el derecho humano al agua y el saneamiento en el sentido que le otorgan las Naciones Unidas y promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos. Esta iniciativa fue presentada al CESE en el pleno de septiembre de 2013.
A modo de recordatorio, he aquí el texto original de la iniciativa:
Invitamos a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para implementar el derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.
El Derecho europeo debería obligar a los gobiernos a garantizar y facilitar a todos los ciudadanos servicios de saneamiento y el acceso a agua sana y potable en cantidad suficiente. Instamos a que:
incumba a las instituciones europeas y los Estados miembros velar por que todos los ciudadanos tengan acceso al agua y a servicios de saneamiento;
el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por «las normas del mercado interior» y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización;
la Unión Europea redoble sus esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.
El 17 de febrero de 2014, después de que la Comisión validara las 1 6 59 543 firmas procedentes de trece Estados miembros, el Parlamento Europeo procedió a una amplia audiencia del Comité de Ciudadanos de la Iniciativa Ciudadana para el Agua, en la que el CESE fue invitado a participar. El mismo día, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Šefčovič, recibió al Comité de Ciudadanos de la Iniciativa.
El 19 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó en forma de Comunicación su respuesta oficial a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) exitosa, en la que se le pedía «incluir el Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano en la legislación europea».
El 15 de abril de 2014, Día de la Iniciativa Ciudadana Europea, el CESE organizó una conferencia titulada «Consolidar el éxito», en la que el Comité de Ciudadanos de la Iniciativa para el Agua también estuvo invitado a participar. En esta ocasión, «un número impresionante de activistas de las ICE y de partes interesadas se reunieron en el CESE para debatir sobre las lecciones extraídas hasta ahora y elaborar una lista de recomendaciones con el fin de que esta herramienta de la democracia directa sea más eficaz y fácil de emplear.»
Como instrumento de debate público y de construcción de redes ciudadanas, la ICE ha demostrado su fuerza y su éxito.
Los obstáculos que deben superarse tienen que ver con la revisión de las normas de aplicación (2), porque no se corresponden con la naturaleza profunda de la Iniciativa Ciudadana Europea. Las normas imponen obligaciones comparables a las que serían apropiadas para un instrumento legalmente vinculante de democracia directa cuyo impacto legal sería el de un referéndum (datos personales, efecto posiblemente disuasorio, procedimientos desproporcionados) y someten a los organizadores a obligaciones jurídicas desproporcionadas que, además, difieren de un Estado miembro a otro. Las normas restringen el alcance de los temas que pueden ser objeto de un registro legal sometiéndolos a la apreciación soberana de la Comisión, que es la única que puede determinar si los temas tratados son de su competencia.
La extensión máxima del texto de presentación de la Iniciativa registrada, incluidos el título, el objeto y la descripción de los objetivos, debe ser de 800 caracteres, circunstancia que ha llevado a la Comisión a opinar que la iniciativa carecía de propuestas concretas.
Muchos ciudadanos europeos están convencidos de que no podrán tener voz en Europa y sobre Europa. La próxima Comisión Europea debería prestar atención a estos aspectos.
Como parte del Tratado de la UE (artículo 11.4), este instrumento es el único instrumento legal de que disponen los ciudadanos europeos de a pie para influir en la agenda política de la UE. En 2015 el Parlamento Europeo y el Consejo deberán revisar estas disposiciones de aplicación y extraer las conclusiones de estas primeras campañas.
El Comité toma nota con satisfacción de que la ICE «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» ha obligado a las instituciones europeas a abordar las preocupaciones de los ciudadanos europeos y a ser conscientes de que estas van más allá de las consideraciones reglamentarias habituales de la Comisión; observa además que la Comisión ha decidido excluir los servicios del agua y de saneamiento de la Directiva sobre las concesiones.
La Comisión recuerda, con razón, las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en el ámbito de la adopción de medidas destinadas a ayudar a las personas necesitadas.
Asimismo, reconoce que dispone de competencias para definir una serie de principios fundamentales en materia de políticas de tarificación del agua en los Estados miembros y recuerda lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva marco sobre el agua, que establece el principio de plena cobertura de los costes.
Sin embargo, le ha faltado una verdadera ambición en su respuesta a las expectativas expresadas por más de 1,6 millones de personas (1,9 millones de firmas recogidas) y no ha presentado una nueva propuesta al objeto de elaborar un instrumento de la UE para establecer un derecho humano al agua.
Basándose en ejemplos concretos observados en varias ciudades europeas, el Comité considera que la obligación de adoptar políticas adecuadas de tarificación del agua para proteger los recursos hídricos puede y debe conciliarse con la necesidad de garantizar un acceso universal a estos recursos a través de mecanismos de solidaridad adecuados.
El CESE considera que la revisión de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre el agua potable deberían brindar la oportunidad de integrar las indicaciones y principios sobre el principio del acceso universal y el principio de la Directiva marco sobre el agua de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.
4.7 Garantizar un agua de mejor calidad y mejorar el acceso a la misma
El Comité subraya que le sorprende observar cómo se responde a una iniciativa ciudadana de esta magnitud con una propuesta de consulta pública sobre la calidad del agua potable, algo que parece remitirse a formas más habituales de consulta, útiles pero que no responden a la ICE.
4.8 Garantizar la neutralidad en lo que se refiere a la prestación de los servicios del agua
Comprueba con satisfacción que la Comisión ha percibido la necesidad de transparencia en la toma de decisiones sobre la gestión del agua a nivel local, regional y nacional.
Debido a su carácter vital, el agua debe protegerse como recurso frágil y bien común. Deberá tenerse en cuenta el carácter prioritario de su uso para satisfacer necesidades humanas vitales. La Comisión Europea debería entender que hay que reconocer el acceso al agua y al saneamiento y el derecho a disponer de ellos en cantidad suficiente como un derecho humano fundamental, debido a su carácter vital y portador de dignidad y, por consiguiente, excluirlos permanentemente de las normas comerciales del mercado interior, proponiendo su recalificación como servicio no económico de interés general (3).
Los productos necesarios para la supervivencia deben ser objeto de un enfoque particular y excluirse del marco del libre comercio. A pesar de que existen textos oficiales en los que se afirma que «el agua no es un bien comercial» o que «toda persona tiene derecho a la alimentación», se siguen observando, aún hoy en día, fenómenos como la privatización de fuentes de agua, la especulación a gran escala con productos alimentarios básicos y el acaparamiento masivo de tierras agrícolas. Estos fenómenos suponen un peligro directo para la subsistencia de las personas más necesitadas.
Se invita a la Comisión Europea a proponer medidas vinculantes concretas a fin de responder a la iniciativa ciudadana en cuestión, lo que no ha hecho en su Comunicación. En particular, un texto europeo jurídicamente vinculante debería disponer que el beneficio no debe ser el objetivo perseguido por la gestión de las fuentes de agua y de los correspondientes servicios. De no ser así, carecería de sentido la afirmación según la cual «el agua es un bien público».
4.9 Garantizar el suministro de agua a través de un servicio público de interés humano
El Comité aboga por la adopción de un instrumento europeo que reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento, de conformidad con la definición de las Naciones Unidas de julio de 2010, que es uno de los fundamentos de la ICE, y con el artículo 14 del TFUE sobre los servicios de interés económico general (SIEG) y el Protocolo no 26 sobre los servicios de interés general (SIG); aboga asimismo por que la Comisión Europea pueda recomendar a los Estados miembros que concreten este derecho por intermedio de un servicio no económico de interés general, que respete la neutralidad en la prestación de este servicio, distinto del uso comercial que pueda realizarse en un contexto industrial o agrícola.
4.10 Un enfoque más integrado de la ayuda al desarrollo
La política de desarrollo y los compromisos financieros de la UE ganarían mucho si se vincularan firmemente al reconocimiento por parte de todos los Estados miembros de la UE de un derecho humano reconocido oficialmente por las NU en julio de 2010. Ello permitiría, en particular, lograr una eficacia óptima, ya que declarar que la política de desarrollo y de ayuda en este ámbito va asociada a un derecho humano permitiría luchar contra la corrupción y comprometería a los operadores subcontratistas. El Comité fomenta y respalda el enfoque integrado y la creación de una sinergia entre agua y seguridad alimentaria. Sobre la sinergia entre agua y energía, el Comité espera los elementos que van a proponerse para poder juzgar si se ajustan al espíritu de la ICE en lo que se refiere a la protección del recurso como bien común.
La salud pública también debe ser un elemento fundamental de preocupación, que conduzca a la realización de sistemas de saneamiento allí donde no existan, aunque esto interese menos a los operadores.
4.11 Promoción de asociaciones público-públicas
El Comité aprueba el compromiso de la Comisión de impulsar estas asociaciones sin fines lucrativos en el sector del agua para desarrollar capacidades en el sector mediante la transferencia de experiencia y conocimientos entre los servicios públicos de agua y saneamiento, las autoridades locales y otros agentes del sector del agua, y subraya –como ya ha hecho en ocasiones anteriores– que la innovación y los frutos de la investigación y el desarrollo que hayan recibido apoyo público en el marco del Séptimo Programa Marco deberían ponerse a disposición del sector sin ánimo de lucro, las empresas de la economía social y solidaria, los ayuntamientos, etcétera (4).
4.12 Acciones realizadas en seguimiento de Río + 20
Para respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015 y que serán de alcance universal, la UE debería ponerse en consonancia con ellos y asumir que en su territorio viven también hoy en día entre uno y dos millones de ciudadanos europeos que no tienen acceso a estos recursos. Para poder poner remedio a esta situación, la UE debe mejorar el conocimiento de que disponen sus Estados miembros en términos de datos (personas sin domicilio fijo, gitanos, alojamientos precarios).
El Comité aprueba el compromiso de la Comisión Europea sobre la calidad del agua, la transparencia de la gestión y la instauración de un diálogo más estructurado entre las partes interesadas, pero subraya que su respuesta no responde a las cuestiones planteadas por la iniciativa ciudadana sobre la universalidad de un derecho humano, es decir, que cualquier ciudadano y habitante deben disponer de un mínimo vital de agua, con independencia de su situación respecto del alojamiento, la profesión u otro tipo de factores.
La Comisión Europea señala que la legislación de la UE siempre ha tenido en cuenta las especificidades de los servicios de agua y saneamiento y su importancia para satisfacer las necesidades básicas de la población.
El Comité considera que se trata de un papel esencial, y no solo importante, y que, dado que se trata en efecto de necesidades básicas, estas deben satisfacerse en el marco de servicios públicos no económicos de interés general.
El CESE ha recomendado a los Estados miembros y a las instituciones europeas que consolidaran esta política, teniendo en cuenta que el agua es un bien vital fundamental para los ciudadanos, la industria y la agricultura, así como para los entes locales. Hay que concederle una importancia central en todas las políticas europeas, subrayando los retos que plantean la lucha contra la pobreza, los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, la salud pública, la integración y la cohesión social.
El CESE recomienda:
evaluar el impacto y el coste de una política del agua que no integre las dimensiones sociales, medioambientales y económicas;
dotar de coherencia a las estrategias seguidas entre los diferentes intereses territoriales en los Estados miembros;
elaborar un planteamiento sostenible de la gestión de los recursos hídricos, dotándose de nuevos instrumentos de anticipación que permitan reaccionar a las catástrofes — naturales o relacionadas con la actividad humana — que amenazan y dañan los recursos hídricos a corto plazo;
reactivar la adopción de la Directiva sobre el suelo;
centrar también la atención en una reducción de la demanda a fin de preservar y proteger este recurso; e
incorporar el diálogo social y los interlocutores sociales para contribuir a garantizar el conjunto de las misiones en toda su diversidad y a todos los niveles del servicio del agua y el saneamiento.
Además, el CESE sugiere:
investigar sobre tecnologías que permitan mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de los sectores del agua y el saneamiento;
valorizar el capital de conocimientos acumulados por determinadas ONG;
completar la lista de las sustancias contaminantes (nanoelementos, moléculas químicas carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) que no deben hallarse en las aguas de superficie o en los acuíferos para proteger la salud de los ciudadanos y formular recomendaciones armonizadas sobre la reutilización de las aguas tratadas; y
acoger favorablemente las medidas para proteger los ecosistemas y apoyar la iniciativa para salvaguardar los acuíferos naturales.
La política del agua y de acceso al saneamiento debe integrarse en un enfoque de desarrollo sostenible que permita que este recurso responda a las necesidades reales de la población y se proteja para satisfacer las de las generaciones futuras.
(1) Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
(2) Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana.
(3) DO C 177 de 11.6.2014, pp.24-31.
(4) DO C 44 de 15.2.2013, pp. 147-152.