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Timestamp: 2016-12-07 17:26:48
Document Index: 395044751

Matched Legal Cases: ['artículo 552', 'artículo 7', 'artículo 695', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 114', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 576', 'artículo 1', 'artículo 114', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 189', 'artículo 249', 'artículo 1', 'artículo 693', 'artículo 1', 'artículo 83', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 552', 'artículo\n551', 'artículo 551', 'artículo 552', 'artículo\n1288']

La Ley by Raul Lopez - issuu
Año XXXIV • Número 8211 • Viernes, 13 de diciembre de 2013
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados.
sin el consentimiento de
todos los comuneros
El cumplimiento íntegro y efectivo
Ex-Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Consejero Permanente de Estado
I. EL CUMPLIMIENTO INTEGRO
El cumplimiento íntegro y efectivo de las penas,
acentuados ambos adjetivos, llegó a su mayoría de
edad en nuestro ordenamiento con la LO 7/2003,
de 30 de junio, denominada precisamente «de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas», si bien poco se haga después
en esa dirección, como se verá seguidamente.
El contenido real de las penas de prisión, a las que
se contrae fundamentalmente este trabajo depende tanto de su duración como de la modalidad
de su cumplimiento. No es lo mismo permanecer
algún tiempo en régimen cerrado dentro de un establecimiento penitenciario que llevar una tobillera
electrónica y aparecer por la cárcel sólo para dormir
o firmar una vez a la semana.
En España, conforme a la LO 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria (LOGP), las
penas de prisión se cumplen según el sistema de
individualización científica cuyo último grado es
la libertad condicional (art. 72.1). Antes el interno
habrá sido clasificado en primer grado (con régimen
cerrado), segundo (con régimen ordinario) o tercero
(con régimen abierto o de semilibertad). Sea cual
fuere el grado, todos ellos se enmarcan en el cumplimiento íntegro de las penas. Esto significa que,
desaparecida la redención de penas por el trabajo
en el CP 1995, al menos para los delitos cometidos
con anterioridad a su entrada en vigor, las penas se
cumplen íntegra y efectivamente. Cuestión distinta
es el «cómo».
Con esa redención, de la que aún se benefician algunos internos, dos días de trabajo más o menos
ficticio se computan por un día de prisión, de modo
que el reo puede alcanzar la libertad condicional al
cumplir los dos tercios de la pena tras haber pasado
solamente en la cárcel (clasificado en primer grado,
segundo o tercero) la mitad del tiempo correspon-
comuneros. La validez
obligacional del
de Código Penal en
relación al delito
Luis BATLLÓ BUXÓDULCE
LA LEY 9850/2013
El cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, rúbrica de la LO 7/2003, de 30 de junio, es
también el título de este artículo. A su tenor, una vez desaparecida la redención de penas
por el trabajo con anterioridad a dicha ley, las penas se cumplirían en España íntegramente
desde la promulgación del CP 1995, a salvo la residual aplicación de aquel beneficio por la
irretroactividad de las leyes penales en contra del reo. El verdadero problema sería el de su
cumplimiento efectivo teniendo en cuenta el excesivo vaciado de la pena al amparo del sistema
de individualización científica desarrollado en nuestra LOGP.
íntegro y efectivo
José L. MANZANARES
para la hija de la
víctima a cargo de la
fotografías de presos
Multa por grosera
inobservancia de las
exigibles medidas de
Nulidad de
contractual por
contravenir la
lasentenciadeldía
apreciación del carácter
abusivo de las cláusulas de
Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es
l cumplimiento íntegro y efectivo de las penas es el título de este trabajo que, partiendo de la LO 7/2003, de 30 de junio, que utiliza la
misma expresión para su rúbrica, examina la realidad del cumplimiento en nuestra legislación penal y penitenciaria. El resultado es,
respecto al cumplimiento íntegro, que las penas ya se cumplían íntegramente antes de la repetida Ley Orgánica. De un lado, por haber
desaparecido la redención de penas por el trabajo tanto en la LOGP 1979 como en el CP 1995, a salvo su aplicación residual en los delitos
cometidos con anterioridad al repetido Código. Y de otro, porque no existen unos beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de
condena, ya que el adelantamiento de la libertad condicional no es sino una progresión de grado dentro del tratamiento. El establecimiento
de periodos de seguridad para alcanzar el tercer grado o la repetida libertad condicional, respeta igualmente el marco temporal de la pena.
Cuestión distinta es el cumplimiento efectivo, por cuanto el contenido real de la pena no sólo depende de su dimensión temporal, sino también de unas modalidades regimentales que varían considerablemente según los diferentes grados del tratamiento
penitenciario. El autor defiende los periodos de seguridad para el acceso al tercer grado, como ya sucede para la libertad condicional, pero con carácter general y no limitado a determinados delitos, puesto que las variables generales para la clasificación
del interno no deben ceder paso a excepciones particulares. La deseable pero no siempre posible resocialización del reo no
justificaría el excesivo vaciado del contenido aflictivo de la pena.
diente a la pena que le fue impuesta, sea por
un delito o como resultado de la acumulación jurídica de varias conforme al art. 76 CP.
Hubo, además, una redención extraordinaria
que, sumada a la ordinaria, adelantaría aún
más la excarcelación. Sólo la redención de
penas por el trabajo permitía —y aún puede
seguir haciéndolo— que las penas no se cumplan íntegra y efectivamente en su dimensión
El indulto, que no es cumplimiento de la pena, únicamente extingue la responsabilidad
criminal, a semejanza de lo que ocurre con
el perdón del ofendido o la propia muerte
del reo según el art. 130 CP. De ahí que se
mantenga en vigor la Ley del Indulto de 18
de junio de 1870 como manifestación del
derecho de gracia que hoy compete al Rey
conforme al art. 62 i) CE. El art. 4 de la ley
especial no concibe el indulto como cumplimiento de la pena sino como remisión total
y parcial de la misma.
Por lo que hace a los llamados beneficios
penitenciarios, la LOGP sólo los menciona
en la letra c) de su art. 76.2 a propósito de
las atribuciones del juez de vigilancia. A su
tenor le compete «aprobar las propuestas
que formulen los establecimientos sobre
beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena». Lo
curioso es que luego, siguiendo al primer
Reglamento penitenciario de 1981, el ahora
vigente, aprobado por el RD 190/1996, de
9 de febrero, dispone en el ap. 1 de su art.
202 que «a los efectos de este Reglamento,
se entenderá por beneficios penitenciarios
aquellas medidas que permiten la reducción
de la duración de la condena impuesta en
sentencia firme o de la del tiempo efectivo
del internamiento», pero a renglón seguido, en su ap. 2, afirma que «constituyen,
por tanto, beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el
indulto particular».
La verdad es que uno de los beneficios consiste en el adelantamiento de la libertad
condicional, o sea, en una simple progresión
de grado dentro del cumplimiento (art. 205),
mientras que el otro se reduce a solicitar la
tramitación de un indulto (art. 206). Ninguno de ambos afecta en rigor a la integridad
y efectividad del cumplimiento de la pena.
La situación no era muy distinta en los arts.
256 y 257 Reglamento Penitenciario de 1981.
Incluso el ap. 3 de su art. 256 señalaba expresamente que el beneficio del adelantamiento
no tendría ningún efecto con respecto a la
libertad definitiva. Una precisión que, como
innecesaria, desapareció en el Reglamento
Volviendo a la LO 7/2003, de 30 de junio,
ésta introdujo en el art. 36 CP un período
de seguridad para el acceso al tercer grado
penitenciario en determinados delitos, algo
que atañe a la forma del cumplimiento de la
pena pero no a la integridad y efectividad del
mismo. La reforma del art. 76 eleva por su
parte el límite máximo de cumplimiento de
las penas resultantes de la acumulación jurídica hasta los cuarenta años en relación con
delitos de pena muy alta y con el terrorismo,
lo que tampoco implica cambio alguno en
cuanto al cumplimiento propiamente dicho,
que continúa dependiendo de la clasificación
del interno en el grado que corresponda a
tenor de los arts. 72 y cc. LOGP. Más bien se
introduce subrepticiamente en nuestro ordenamiento una penalidad o pena que, eludiendo las críticas a la prisión perpetua, supera a
ésta en sus efectos y contenido aflictivo por
cuanto no es revisable a los doce o quince
Mayor detenimiento merece la reforma del
art. 78 para que, como se lee en el ap. V de
la Exposición de Motivos, «los beneficios
penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de
tiempo para la libertad condicional en los
supuestos de crímenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las
penas impuestas en la sentencia». El nuevo
precepto supone un giro de 180 grados frente
a los principios y el articulado de la repetida
LOGP. En estos delitos la finalidad resocializadora de la pena conforme al principio de
individualización científica —véase el art. 63
de la misma— pasa a un segundo plano, ya
que la progresión de grado, la libertad condicional, los permisos penitenciarios y hasta
cierto punto los beneficios penitenciarios son
piezas esenciales del tratamiento. Ahora los
principios se sacrifican en parte para agravar
las condiciones del cumplimiento y retrasar
la excarcelación provisional.
Con todo, el mayor interés de esta modificación del art. 78 se refiere a lo que paladinamente confiesa el ap. V de la Exposición de
Motivos: «Con esta regla y frente a supuestos
de condenas a cien, doscientos o trescientos
años el delincuente cumplirá en la práctica de
forma íntegra y efectiva el límite máximo de
condena». Esto significa el reconocimiento
de que aquellos cómputos se realizan por lo
general sobre la pena resultante de la acumulación y no sobre cada una de las acumuladas,
tal y como venía entendiendo una pacífica
jurisprudencia. Lo que hace esta reforma es
precisamente exceptuar algunos supuestos
delictivos. Sucede, además, que la LO 7/2003
no se ocupa de una redención de penas por
el trabajo ya ignorada en el CP 1995. La importancia de la repetida declaración es obvia
en la polémica suscitada muy posteriormente
por la llamada doctrina Parot, cuyas variables
fundamentales son la redención de penas por
el trabajo y su aplicación separada en cada
pena objeto de la acumulación jurídica.
El nuevo texto del ap. 1 del art. 78 tras la LO
7/2003, con su también nueva referencia a la
clasificación en tercer grado, aconseja hacer
dos consideraciones. La primera es que ese
cómputo constituye una excepción, según
se dijo, manteniéndose en todos los demás
casos el límite de cumplimiento de la pena
resultante de la acumulación. Y la segunda es
que la novedosa previsión no se extiende a la
redención de penas por el trabajo, de modo
que ésta seguirá aplicándose sobre la pena
global única. Verdad es que cabría hablar
de una deficiente técnica legislativa a partir
del silencio del CP 1995 en lo que atañe a la
redención de penas por el trabajo, pero eso
nunca permitiría llenar la pretendida laguna
con una interpretación en contra del reo. Sin
olvidar, de otro lado, que la nueva normativa
carecería de efectos retroactivos.
Tampoco la reforma de los arts. 90 y 91,
concernientes a la libertad condicional, suponen avance alguno en el cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas. Ambos dificultan la progresión de ese cuarto grado
del tratamiento en algunos casos como si
la integridad y efectividad del cumplimiento
dependieran de la clasificación del interno. Se
confunden así dos conceptos, pues una pena
no se cumple más íntegra y efectivamente en
primer grado que, por ejemplo, en tercero o
disfrutando de la libertad condicional.
La propia Exposición de Motivos de la LO
7/2003 declara en su ap. VI que «se trata
de mejorar técnicamente los supuestos del
otorgamiento de dicha libertad condicional
y su adaptación a las distintas modalidades
delictivas». Son modificaciones de puertas
adentro sobre los requisitos de la libertad
condicional que, conviene repetirlo, no repercuten en la integridad y efectividad del
cumplimiento. Más bien constituyen, por su
distinción según la clase o naturaleza del delito, un desvío desde los principios rectores
del sistema de individualización científica. A
tenor del art. 63 LOGP habrá de tomarse en
cuenta todo el historial delictivo del interno
para, con las demás variables, clasificarle en
un grado u otro. Se entienden los periodos de
seguridad y otras previsiones similares para
evitar que en aras del tratamiento resocializador se sacrifique excesivamente el contenido aflictivo de la pena, pero más difícil
resulta admitir excepciones no derivadas de
la gravedad de la pena sino del delito mismo.
proceso resocializador según el repetido art.
63 LOGP. Huelga la consideración específica de algunos delitos en la obtención de la
También llama la atención, en cuanto al nuevo ap. 3 del art. 93 CP, que si se revocase la
libertad condicional en los delitos de terrorismo, «el penado cumplirá el tiempo que reste
de cumplimiento de la condena con pérdida
del tiempo pasado en libertad condicional».
Esta previsión, que se conservaría sustancialmente igual en el ap. 6 del nuevo art. 90 conforme al Proyecto de reforma del CP de 2013
excede, por el contrario, del cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas, puesto que,
por ser la libertad condicional un grado dentro del cumplimiento, el tiempo transcurrido
antes de su revocación debería abonarse en
el cumplimiento de la pena.
El art. 99 CP 1973 disponía, a propósito de la
revocación, que «la reincidencia o reiteración
en el delito llevarán aparejada la pérdida del
tiempo pasado en libertad condicional», algo
que no ocurriría en la revocación por mala
conducta. Luego, el texto original del art. 93
CP 1995 señaló con mejor criterio y más de
acuerdo con nuestro sistema de individualización científica que la revocación se acordaría «sin perjuicio del cómputo del tiempo
pasado en libertad condicional». Hasta que
la LO 7/2003 introdujo el repetido ap. 3 del
art. 93. Ahora la regla general sigue siendo el
cómputo o abono, según el ap. 1, que reproduce la anterior regulación, pero se exceptúan los delitos de terrorismo sea cual fuere
la causa de la revocación.
Según adelanta el ap. VIII de la Exposición de
Motivos de la LO 7/2003, «en la LO 1/1979,
de 26 de septiembre, General Penitenciaria,
se introducen dos nuevos apartados en el art.
72, en cuya virtud la clasificación o progresión a tercer grado de tratamiento requerirá,
además de los requisitos previstos por la ley,
que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que muestre
signo inequívocos de haber abandonado la
actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el
terrorismo».
Se regresa así a la valoración especial del
abono de las responsabilidades civiles en determinados delitos y de los comportamientos
posteriores a las condenas por terrorismo o
por delitos cometidos en el seno de organizaciones armadas. «Singularmente» se dice
en el párrafo segundo del nuevo ap. 5. Aunque la reforma se ubique ahora en la propia
LOGP, las objeciones básicas son las mismas
expuestas más arriba a propósito de la libertad condicional. Se trata de circunstancias
perfectamente incluibles entre todas aquellas
que deben tenerse en cuenta para clasificar
al interno en un grado u otro del tratamiento
Estas disposiciones particulares recuerdan
los periodos de seguridad como correctivos
del sistema de individualización científica en
su más genuina expresión pero, a diferencia
de lo que con aquellos sucede, no buscan el
equilibrio entre el fin resocializador de la pena y su contenido efectivo sino otros fines de
política criminal, amén de facilitar la satisfacción económica de las víctimas. Recuérdese
que en el Derecho comparado es frecuente
que ni siquiera quepa utilizar la acción civil
El ap. IX de la Exposición de Motivos de la Ley
7/2003 adelanta que «dentro de la misma
filosofía de garantizar la seguridad jurídica
en el cumplimiento efectivo del contenido de
No se comprende, de otra parte, la relación
entre el pago de las responsabilidades civiles
y el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas. La suerte que corra la indemnización
sólo sería, en buenos principios, un elemento
más para determinar la posición del reo en el
las sentencias penales, se reforma el art. 989
LECrim. para dotar a la Administración de
Justicia de más medios legales que le permitan una eficaz ejecución de las sentencias».
Tampoco es fácil dar aquí con la relación que
pueda existir entre dicha novedad procesal,
referida a la posible ejecución provisional de
los pronunciamientos sobre la responsabilidad civil derivada del delito y ubicada en el
Libro VII de la LECrim. bajo la rúbrica «De la
ejecución de las sentencias», de un parte, y el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas
(y no de otras responsabilidades derivadas
del delito), de otra.
El balance de la LO 7/2003 no responde a lo
que se propone conforme a su propia denominación. Todo queda en un endurecimiento
de los requisitos para obtener el tercer grado
o la libertad condicional, olvidando que sea
cual fuere el grado en el que se encuentra el
interno, ya está cumpliendo la pena íntegra
y efectivamente. Los periodos de seguridad y
las nuevas exigencias específicas en relación
con determinados delitos o en aras de la responsabilidad civil chirrían en nuestro sistema
de individualización científica para el cumplimiento de las penas. Otra cosa es que los períodos de seguridad eviten afortunadamente
el vaciado excesivo de lo que toda pena tiene
de castigo. El cumplimiento de la pena no
será en adelante más íntegro y efectivo que
en el pasado. La duración total sigue siendo
la misma, excepto si se descuenta el tiempo
de una libertad condicional revocada, en cuyo
caso aquel se cumplirá dos veces. Y, por lo
que hace a la efectividad, resulta evidente
que ésta no se identifica con la mayor severidad regimental a partir de la clasificación
en el marco del tratamiento penitenciario.
Pero lo más llamativo de esta discutida reforma es la constante referencia a unos beneficios penitenciarios que teóricamente y
conforme a la LOGP y al Reglamento penitenciario acortarían la condena aunque en
realidad no los haya con tales efectos. Luego
nos encontramos con que desde la desaparición de la redención de penas por el trabajo
en 1995 no existe en nuestro ordenamiento,
si no es residualmente por la prohibición de
la retroactividad en contra del reo, ninguna
institución o precepto que obstaculice el
cumplimiento íntegro de las penas. El indulto
es otra cosa y, además, permanece al margen
de esta Ley Orgánica.
La LO 7/2003 mantuvo literalmente en el
párr. 2.º del ahora ap. 1 del art. 36 el texto original de 1955, conforme al cual «los
beneficios penitenciarios que supongan
acortamiento de las condenas se ajustarán
a lo dispuesto a las leyes y en este Código»,
siendo así que tales beneficios, como se dijo,
no existen, aparte de que en caso de existir,
precisamente el cumplimiento íntegro de las
penas demandaría su desaparición. El entre-
comillado se conserva tras la LO 5/2010 de
22 de junio. Seguimos con los parches en la
zona fronteriza entre lo penal y lo penitenciario en lugar de abordar desde una visión
de conjunto las reformas de la LOGP y del
propio CP por separado según proceda por
la materia en cada caso.
Hay penados en los que el
resulta inoperante, como
sucede con unos delincuentes
por convicción entre los que
los terroristas ocupan lugar
La LO 5/2010 modifica una vez más el texto
primitivo del CP 1995, si bien en su enunciado prescinda de objetivos concretos. En lo
que ahora importa conviene destacar el cambio producido en el repetido art. 36 conforme
a lo adelantado en el ap. III del Preámbulo:
«De esta forma, para los casos de penas privativas de libertad superiores a cinco años,
la exigencia del cumplimiento de al menos la
mitad de la condena antes de poder obtener
la clasificación en tercer grado se establece
en el caso de delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de
13 años, delitos referentes a organizaciones
y grupos terroristas y delitos de terrorismo,
así como los delitos cometidos en el seno de
una organización criminal». Un ejemplo más
del endurecimiento de los requisitos para la
obtención del tercer grado penitenciario. Los
arts. 76, 78, 90 y 92 no experimentan cambio
El Proyecto de reforma del CP actualmente en el Congreso de los Diputados aporta
algunas novedades, si bien referidas en su
mayoría a la nueva pena de prisión perpetua
revisables. El nuevo ap. 1 del art. 36 regula
la obtención del tercer grado y el disfrute de
permisos penitenciarios en la prisión perpetua, mientras que su ap. 2 mantiene sustancialmente el contenido del actual art. 36 en
cuanto al período de seguridad para alcanzar
el tercer grado en determinados supuestos
pero suprimiendo, afortunadamente, su referencia a los pretendidos beneficios penitenciarios que acortaría la condena.
El ap. 1 del art. 76 incorpora una nueva letra
e) donde, a diferencia de las anteriores, no se
recoge un límite máximo de cumplimiento
sino una mera remisión a los arts. 92 y 78 bis
en lo que hace a la prisión perpetua revisable:
«Cuando el sujeto haya sido condenado por
dos o más delitos y, al menos, uno de ellos
esté castigado por la Ley con una pena de
prisión permanente revisable, se estará a lo
dispuesto en los arts. 92 y 78 bis». El nuevo
texto del art. 92, de contenido muy distinto
al actual, se ocuparía de la suspensión de la
ejecución de la repetida pena, a la vez que
el nuevo art. 78 bis regularía la progresión
al tercer grado y la suspensión del resto de
la pena en determinados casos a partir de
ciertos mínimos de cumplimiento previo.
II. EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO
Tras las anteriores consideraciones parece
que, en tanto quepa distinguir entre el cumplimiento íntegro y el cumplimiento efectivo
de la pena, sólo este último demanda la pronta atención del legislador. El cumplimiento
íntegro es un concepto relativo al cómputo
del tiempo, pero el contenido real o efectivo
de la pena depende también, según se dijo,
del modo en que se cumpla o, por lo que hace
a nuestro derecho penitenciario, del régimen
al que se halle sujeto el interno conforme a
la clasificación en el grado que corresponda
según nuestro sistema de individualización
científica. Y aquí sí que las reformas legislativas son indispensables para evitar que, en
aras de una deseable pero no siempre posible
resocialización del delincuente, se produzca
un excesivo vaciado de la pena.
Verdad es que a tenor del art. 25.2 CE «las
penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», pero eso no
significa que dicha orientación sea el alfa y el
omega de la pena, su fundamento y su única
finalidad dentro de la prevención especial,
desplazando simultáneamente la prevención
general. El TC y el TS tuvieron que recordarlo
en numerosas sentencias y durante muchos
Resulta evidente, de otro lado, que ni siquiera
todas las penas privativas de libertad del art.
35 CP pueden tener efectos resocializadores.
Así ocurre con la prisión de escasa duración,
con la localización permanente y con la responsabilidad personal subsidiaria por impago
de multa. Ni la prevención especial en tales
casos va más lejos de la intimidación ni tales penas son aptas para resocializar a nadie,
como tampoco lo es, al menos en principio y
salvo su configuración en la línea del Proyecto alternativo alemán de 1966, la propia multa cuyo impago deviene en privación de libertad. En términos más flexibles se pronuncia el
art. 1 LOGP: «las Instituciones penitenciarias
reguladas en la presente Ley tienen como fin
primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas
privativas de libertad, así como la retención y
custodia de los detenidos, presos y penados».
La reeducación y la reinserción social ya sólo
serían el «fin primordial», pero tampoco esa
matización ha evitado que nuestro sistema
de individualización científica prescindiera en
demasía de lo que toda pena tiene de castigo.
Cuestión distinta es la suspensión de la ejecución que, circunscrita a penas no muy graves, sólo beneficia a los delincuentes que a
juzgar por la pena impuesta ni precisarían de
resocialización ni esta podría alcanzarse por
la brevedad de la prisión. Aquí interesan las
penas de prisión que realmente se cumplen,
pero sacrificando buena parte de su contenido afectivo para facilitar la resocialización
del reo o so pretexto de que no lo necesita
siquiera por sus circunstancias personales y
El eje de nuestro sistema de individualización
científica es el tratamiento penitenciario que,
según se lee en el art. 59.1 LOGP, con el que
se inicia el Título III, «consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la
consecución de la reeducación y reinserción
social de los penados». Por lo demás, el tratamiento «pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir
respetando la Ley penal, así como de subvenir
a sus necesidades» (art. 59.2) y presupone la
clasificación del interno según las circunstan-
cias del hecho y las variables concurrentes en
el reo (art. 63). Los grados primero, segundo
y tercero se cumplen respectivamente en los
establecimientos de régimen cerrado, ordinario y abierto (art. 72.2), mientras que el
último es la libertad condicional conforme
determina el CP (art. 72.1).
La quiebra o contradicción interna en las previsiones de la LOGP se aprecia de inmediato en esta remisión al CP, donde la libertad
condicional conserva su antigua configuración tanto en la exigencia del cumplimiento
previo de buena parte de la pena —el único
caso de período de seguridad hasta entonces— como en el requisito de una buena conducta carcelaria que es en sí misma ajena a la
resocialización. El art. 72.4 LOGP dispone de
forma categórica y sin excepción alguna que
«en ningún caso se mantendrá a un interno
en un grado inferior cuando por la evolución
de su tratamiento se haga merecedor a su
progresión».
La buena conducta no aparece entre las variables del art. 63 porque la resocialización y
la adaptación a un régimen disciplinario son
cosas muy distintas, hasta el extremo de que
los internos de peor pronóstico respecto a su
reeducación y reinserción social, los pedófi-
los, por ejemplo, suelen soportar mejor que
otros la monótona vida carcelaria. Sucede,
simplemente, que la libertad condicional deja
de ceñirse estrictamente al sistema de individualización científica para que la buena conducta siga teniendo valoración propia aunque
sólo sea en el último grado del tratamiento
penitenciario. Se trata de una previsión poco
menos que irrenunciable para el buen régimen interior del centro.
Nuestro novedoso sistema penitenciario
olvida, de otro lado, que además de los
penados que no necesitan tratamiento resocializador alguno, siendo su privación de
libertad más bien un peligro de desocialización, hay otros en los que el tratamiento
resulta inoperante (recuérdese el ejemplo de
los mencionados delincuentes sexuales) o es
rechazado de plano, como sucede con unos
delincuentes por convicción entre los que
los terroristas ocupan lugar destacado. Se
produce así una laguna que según algunos
juristas sólo podría llenarse considerando
que junto al sistema de individualización
científica coexiste, aunque actualizado y
mutatis mutandis, el viejo sistema progresivo sobre los dos pilares fundamentales de
la buena conducta carcelaria y el transcurso
de determinados plazos.
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Wolters Kluwer. When you have to be right
Sin embargo, la LOGP, que incluso adelanta
la observación de los presos preventivos por
si hubiera después sentencia condenatoria
(art. 64), guarda silencio sobre este otro particular. Se explica que el peligroso terrorista
cumpla toda su condena en primer grado,
pese a lo que ello significa, no pudiendo disfrutar siquiera de los permisos penitenciarios
como preparación a la vida en libertad (art.
47.2), pero tales consecuencias resultan exageradas cuando en otros supuestos sólo se
rechaza el tratamiento como injerencia en
la libertad íntima de quien, por lo demás, no
representa ningún particular peligro en términos sociales.
El condicionamiento del régimen
penitenciario a partir del grado
de tratamiento revela hasta
dónde puede llegar el vaciado
sustantivo de la pena, o su
efectividad, en nuestro sistema
Afortunadamente, el problema recibió una
clara respuesta en los Reglamentos penitenciarios de 1981 y 1996, poniendo fin de lege
data a la polémica sobre la voluntariedad u
obligatoriedad del tratamiento, especialmente
viva durante la tramitación parlamentaria de
la propia LOGP. No se olvide que según su art.
4.2, «se procurará fomentar la colaboración
de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que
les sean prescritos en función del diagnóstico
individualizado». Y el art. 61 insiste:
«1. Se fomentará que el interno participe en la
planificación y ejecución de su tratamiento y
colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos.
2. Serán estimulados, en cuanto sea posible,
el interés y la colaboración de los internos en
su propio tratamiento. La satisfacción de sus
intereses personales será tenido en cuenta en
la medida compatible con las finalidades del
Por el contrario, el art. 239 Reglamento de
1981, seguido después por el art. 112 del vigente Reglamento de 1996, adopta una posición muy distinta. Véanse los aps. 3 y 4 de
«3. El interno podrá rechazar libremente o no
colaborar en la realización de cualquier técnica
de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales
ni de regresión de grado.
4. En los casos a que se refiere el apartado
anterior, la clasificación inicial y las posteriores revisiones de la misma se realizarán
mediante la observación directa del comportamiento y los informes pertinentes del
personal penitenciario de los Equipos Técnicos que tengan relación con el interno, así
como utilizando los datos documentales
existentes.»
El condicionamiento del régimen penitenciario a partir del grado de tratamiento
revela hasta dónde puede llegar el vaciado sustantivo de la pena, o su efectividad,
en nuestro sistema progresivo. Lo ocurrido
con la obtención del tercer grado y el correlativo disfrute del régimen abierto o de
semilibertad es un buen ejemplo de cómo
ha habido que corregir algunos excesos de
la regulación primitiva de la LOGP más allá
de los periodos de seguridad introducidos
en la misma o en el CP y ya mencionados a
lo largo de este trabajo.
La obtención del tercer grado carece en la
LOGP de todo requisito temporal según lo
dispuesto en el ya citado ap. 4 de su art. 72.
No obstante, el art. 251 del Reglamento penitenciario de 1981 se ocupó especialmente
del supuesto en el que el interno «no tenga
cumplida aún la cuarta parte de la condena o condenas» (claro reconocimiento, por
otra parte, de la unidad penitenciaria de
ejecución) para exigir que, a partir de una
más rigurosa consideración de las variables
intervinientes en el proceso de clasificación,
la propuesta se haga, para poder estudiar
mejor el caso, en tiempo «no inferior a dos
meses de estancia real en el Centro». Eso
sí, la concesión no se notificaba siquiera el
fiscal, por lo que difícilmente sería recurrida
ante el juez de vigilancia. Todo quedaba en
el ámbito administrativo, fuera cual fuere
la gravedad de los delitos y de las penas
El vigente Reglamento de 1996 presenta dos
cambios. De un lado, su art. 104.3 ya no exige un determinado tiempo de estudio previo,
bastando con que sea «suficiente». De otro,
y como compensación, su art. 107 dispone la
notificación al MF de «todas las resoluciones
de clasificación o progresión a tercer grado».
El resultado sigue siendo, no obstante, que un
parricida puede ser clasificado rápidamente
en tercer grado sin el menor control judicial,
salvo si hubiese recurso de un fiscal dependiente en último extremo del Fiscal General
nombrado por el Gobierno. Se repite la vieja
anécdota de la Ley y el Reglamento. Más importante que una sentencia del TS es en este
punto la aplicación del Reglamento Penitenciario por las autoridades administrativas.
El panorama se oscurece aún más cuando
la configuración del régimen abierto de los
arts. 80 y ss. del Reglamento de 1996 admite modalidades muy próximas a la libertad
condicional y hasta se dice —uno se resiste
a creerlo— que algunos internos dejan en
realidad de serlo porque sólo acuden a los
centros penitenciarios para dormir (¡con lo
que en ellos cuesta una plaza!) o para firmar
a cambio de llevar una pulsera o tobillera
Los jueces se habían quejado largamente de
ignorar la gravedad efectiva de las penas impuestas tras una cuidadosa individualización
legal. Las redenciones ordinaria y extraordinaria de penas por el trabajo, las amnistías y los
indultos generales o particulares, incluidos los
anticipados a la condena, lo hacían muy difícil. Hoy, la situación es probablemente peor
conforme a la práctica en el sistema de individualización científica. El contenido efectivo
de la pena no depende tanto de la sentencia
como de lo que el equipo técnico de psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, educadores y otros profesionales estimen que es lo
mejor para la deseable, pero a veces imposible,
reeducación y reinserción social del penado.
Partiendo de nuestra individualización científica que, a diferencia de otros modelos de
cumplimiento progresivo, coloca los fines resocializadores de la pena como piedra básica
del sistema, la única solución para evitar el
excesivo vaciado de la pena pasa por el establecimiento de requisitos temporales para
las progresiones de grado también antes de
la libertad condicional. Los periodos de seguridad recogidos estos últimos años en la
LOGP y en el propio CP, amén del Reglamento
penitenciario, apuntan en esa dirección. Deben generalizarse y ubicarse correctamente.
Sólo así se garantizaría una mínima efectividad de las penas más allá de su cumplimiento
íntegro sobre el papel. Y también se evitarían
problemas en relación con las acumulaciones,
sin olvidar la penalidad única con que necesariamente opera nuestro sistema de individualización científica para el cumplimiento
de estas penas.
En todo caso, las variables que con carácter
general determinan la clasificación en nuestra legislación penitenciaria mediante su valoración conjunta no precisan de previsiones
legales por la clase del delito. El historial delictivo del reo, empezando por la penalidad
pendiente de cumplimiento, será siempre un
factor muy destacado. Se trata, en definitiva,
de establecer el pronóstico que realmente corresponda a cada penado, por lo que huelgan
las reglas especiales. ■
JPI n.º 2, de Santander, A 19 Nov. 2013.
Consulte los textos íntegros en
LA LEY 177830/2013
planteadas ante el TJUE
sobre las consecuencias de
la apreciación del carácter
abusivo de las cláusulas
de intereses moratorios y
Disparidad de criterios en la práctica jurisprudencial. Debilitamiento del efecto disuasorio pretendido por la jurisprudencia comunitaria sobre cláusulas abusivas
Las partes suscribieron un contrato de préstamo hipotecario que
incluía, entre otras, una cláusula que fijaba unos un interés de
demora del 20% anual y otra que permitía al Banco declarar el
vencimiento total anticipado del préstamo ante el impago de una
parte cualquiera del capital o intereses. Los prestatarios no pudieron hacer frente a los vencimientos, razón por la cual el Banco
decidió dar por vencida la operación.
El Juzgado que entiende del caso se cuestionó de oficio la cláusula
que fijaba el tipo de interés moratorio, mientras que los ejecutados cuestionaron la cláusula de vencimiento total anticipado del
Antes de dictar sentencia, el Juzgado decide suspende del curso de
los autos y plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
1) cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula
contractual abusiva sobre el interés moratorio ¿debe extraer como consecuencia la invalidez de todo tipo de interés moratorio,
inclusive el que pueda resultar de la aplicación supletoria de una
norma nacional?; y
2) cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula
abusiva acerca del vencimiento anticipado ¿debe deducir tenerla
por no puesta y extraer las consecuencias a ello inherentes incluso
aun cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo para
instar la ejecución previsto en la norma nacional?
Respecto a la primera cuestión, señala el Juzgado que si bien
es claro que la disp. trans. 2.ª L 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, obliga a suscitar un
proceso de recálculo de los intereses de demora abusivos de las
hipotecas, no señala con claridad qué intereses deben aplicarse,
lo que en la práctica jurisprudencial está provocando una gran
discrepancia de criterios que van desde rebajar el tipo considerado abusivo hasta el máximo de tres veces el interés legal conforme a lo establecido en el art. 114 Ley Hipotecaria , o rebajar
el tipo considerado abusivo hasta al interés legal con aplicación
del art. 1108 CC, hasta la expulsión de la pena contractual y
considerar que el tipo aplicable es el 0%.
En cuanto a la segunda cuestión, se pregunta el Juzgado si la estrategia unilateral del Banco, que esperó al impago de 4 meses para
instar la ejecución, respetando así lo establecido en el art. 693
LEC, constituye una integración prohibida por la jurisprudencia del
TJUE, es decir, si el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que pura y simplemente las cláusulas abusivas
no se apliquen se compadece con que el Banco que ha forzado
un pacto abusivo salve su nulidad con el sencillo expediente de
esperar a que pase tiempo.
Cuarto. Análisis de las cláusulas de interés de demora y de vencimiento anticipado desde la perspectiva del marco normativo y jurisprudencial a que se ha hecho referencia.
10. Sentado cuanto antecede para explicar porqué se estima necesario
el planteamiento de una cuestión prejudicial conviene ahora acudir
al supuesto concreto.
Primeramente hay que decir que los ejecutados se han constituido
en su relación con la ejecutante como parte débil o consumidor de
un producto o servicio financiero.
En consecuencia, les resulta de aplicación la normativa sectorial protectora de los consumidores e usuarios. La nacional, el RD Legislativo
1/2007, y la Directiva 93/13.
30-mayo-2013, C-488/11, que conviene subrayar que es posterior a
la entrada en vigor de la Ley 1/2013, y que explicitan un pronunciamiento programático.
Es en razón a ello que en el ejercicio de las funciones que atribuye al juez que conoce de una ejecución el nuevo artículo 552.1
de la LEC, redactado tras la Ley 1/2013, se cuestionó de oficio
la cláusula 6.ª que fija un tipo de interés moratorio, 20%, que
supera en más de tres veces el interés legal al perfeccionarse el
contrato, el 4%.
Ocurre que si al juez nacional se le concediera la facultad de modificar el
contenido de las cláusulas abusivas se pondría en peligro la consecución
del objeto a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13/
CEE debilitándose el efecto disuasorio (dicho en castellano se proclama
la necesidad de dar un escarmiento) que ejerce sobre los profesionales
el hecho de que pura y simplemente tales cláusulas no se apliquen.
De igual modo haciendo uso de las posibilidades que concede el artículo 695.1.4 de la LEC, también redactado tras la Ley 1/2013, los
ejecutados han cuestionado la cláusula 6.ª bis que permite al Banco
declarar el vencimiento total anticipado del préstamo y exigir anticipadamente capital, intereses y gastos ante el impago de una parte
cualquiera del capital o intereses.
De igual modo deduce que el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEEno permite al juez nacional reducir el importe de la pena contractual
impuesta al consumidor en lugar de excluir plenamente la aplicación
de la referida cláusula.
11. Abordando en primer lugar la cláusula sobre los intereses moratorios, la que fue objeto de control de oficio, si sólo incumbe al juez
nacional apreciar su naturaleza abusiva las consecuencias conciernen
al TJUE.
Según el artículo 6.1 de la Directiva si se estima abusiva la consecuencia es que no vincula al consumidor.
Conforme la norma nacional, el artículo 83.1 del TR 1/07, si se estima
abusiva el efecto será su nulidad absoluta.
Esta previsión legal obedece al clásico principio que propugna que lo
que es nulo no produce ningún efecto y que suele expresarse en el
conocido brocardo en latín:
«Quod nullum est nullum producit effectum».
Ahora bien, también opera otro principio que conduce a un resultado
opuesto, a expresar con una fórmula en latín:
Estas fueron las razones que determinaron el dictado del auto que
rebajó el tipo moratorio desde el 20% al 0%.
Conviene informar al TJUE que antes de entrar en vigor la L 1/13
este y otros juzgados en aplicación de la jurisprudencia emanada del
TJUE venían emitiendo pronunciamientos que, tras considerar que el
tipo de interés moratorio era abusivo, lo dejaban en 0, criterio que
recientemente ha ratificado el órgano revisor en auto dictado por
Ilma. la Audiencia Provincial de Santander de 10/10/2013, Sección 4.ª,
y con el BBVA, S.A. como parte. Pero ese planteamiento lo trastoca
la DT 2.ª de la L 1/13.
El problema es que no se limita a recoger un tope para el interés moratorio (tres veces el legal del dinero), pues para esto no haría falta
tras el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, sino un proceso de ajuste
a dicho referente.
Ante todo sería dable entender que la DT 2.ª de la Ley 1/13 implícitamente está imponiendo una moderación que el TJUE tiene prohibida.
Esa la sustancia de su cuestión que tiene planteada otro Juzgado
español, el de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena
«Utile per inutile non vitiatur».
A este principio obedece el artículo 83.2 del TR 1/07, que no se ha
modificado, y que permite su integración.
Pero esta operación integradora está prohibida, obligando a una interpretación abrogatoria de la norma nacional, tras el concluyente
pronunciamiento 2º de la sentencia del TJUE de 14/06/2012, caso
Banesto, C-618/10, reforzado con el pronunciamiento 3º de la de
30/05/13, C-488/11.
Si no se debe permitir ningún tipo de integración del juez menos
aún lógicamente por parte del profesional pues sería del todo punto
absurdo que lo que no puede hacer el juez se le permita hacerlo a
quien ha incurrido en abuso.
Por lo demás no cabe hablar de sanación o convalidación de un pacto nulo si la fijación de un nuevo tipo, ahora legal, es unilateral, no
convenida con el consumidor.
Tampoco es exacto afirmar que la cláusula es nula sólo de forma
abstracta pero no en su aplicación. Los intereses moratorios persiguen
una triple función: resarcitoria, conminatoria y disuasoria de modo
que no es correcto decir que el exceso de interés moratorio pactado
pero no reclamado no ha tenido ningún efecto en derecho porque no
sería verdad: ha tenido el conminatorio y el disuasorio.
Finalmente en este punto conviene tener presente el tono y contenido terminante que tienen los apartados 58 y 59 de la STJUE de
La idea que se quiere expresar aquí es distinta: es claro que la DT 2.ª
de la L 1/13 obliga a suscitar un proceso de recálculo pero no señala
con claridad (aunque a todas luces piensa en ello) que la consecuencia
sea que el interés moratorio permanezca en ese tope de tres veces el
interés legal, ante lo que se abren varias posibilidades:
· Que se rebaje desde el tipo considerado abusivo hasta el máximo de
tres veces el interés legal aplicando la DT 2.ª de la L 1/13 en relación
con el art. 114 de la LH.
· Que se rebaje desde tipo considerado abusivo hasta al interés legal
con aplicación del artículo 1.108 del CC.
· Que se aplique el que previene el artículo 4 del RDL 6/2012 siempre
y cuando concurra su supuesto de hecho.
· Que se expulse la pena contractual y el tipo sea 0%. Es preciso separar el proceso de recálculo (que incumbe a Secretarios y Notarios,
no es actividad jurisdiccional y no provoca una respuesta por estos)
del control de oficio, que es jurisdiccional y sujeto a otros parámetros,
la presencia de elementos de hecho y derecho suficientes para hacer
interdicción de pactos abusivos.
Lo cierto es que en la práctica jurisprudencial se está manifestando
una gran discrepancia de criterios pues los partidarios de la primera
y segunda alternativa postulan que no están integrando una pena
contractual que saben nula sino dando aplicación supletoria a una
El TJUE ha dejado claro que no cabe integración (STJUE de 14/6/12,
C-618/10 y 30/05/13, C-488/11) de la cláusula sobre intereses moratorios abusiva pero falta por clarificar si cabe que el interés moratorio
sobreviva merced a la aplicación supletoria de una norma nacional. Esta
es la sustancia de la cuestión que aquí se suscita.
Una buena cantidad de jueces españoles son partidarios de salvar la
pena contractual aplicando el artículo 1.108 del Código Civil, que debe
distinguirse del artículo 576 de la LEC pues si el primero regula los intereses moratorios el segundo los llamados intereses procesales.
Está sobradamente sentado en la jurisprudencia española que estos
segundos nacen ope legis (SSTS de la Sala 1.ª de 20/10/86, 5/2/88,
10/04/90, 16/6/90, 19/5/91, 30/12/91, 12-mayo-1992, 18/03/93,
5/4/94, 20/02/95, 10/10/96, 18/11/96, 23/07/98, o la STS núm.
1035/2004, de 22-octubre) al punto en que se entienden impuestos
aun cuando ni siquiera aparezcan reflejados en el fallo judicial (SSTS
de 15/04/91 y 5/4/93, o STC de 10/12/85, Sala 2.ª) mientras que los
primeros nacen del pacto de las partes.
Frente a esa tesis se quieren expresar dudas sobre si esta norma (o este
modo de interpretar esta norma) es compatible con el efecto disuasorio que el TJUE ha considerado en sus sentencias de 14/06/12, caso
Banesto, C-618/10, apartado 69, y 30/05/13, C-488/11, apartado 58.
La nulidad tiene un componente sancionatorio que no debe ser desdeñado y que no es justo que el profesional infractor que predispone un
pacto abusivo de intereses moratorios pueda obtener el interés legal por
aplicación del art. 1108 del CC, lo que supondría equiparar el infractor
con el que no pactó ningún interés moratorio.
A tal efecto y a título ejemplificativo se aportan tres documentos que
dan cuenta de esa diferencia de criterios: dos acuerdos de Juntas de
Jueces y las conclusiones de un curso organizado por el CGPJ para
estudiar esta cuestión.
Por otra parte el tipo de interés moratorio previsto en el artículo 1.108
del Código Civil está diseñado para una situación (a falta de convenio)
que no es equiparable sin forzar a la que aquí se enjuicia (pacto considerado nulo) aunque no es esta una duda que haya de resolver el TJUE.
Lo que quizás sí puede clarificar es si en aquellos casos en que se aprecie
un tipo de interés moratorio abusivo la consecuencia debe ser que no
hay ningún interés moratorio o, al contrario, que procede el previsto
en una norma.
La duda que aquí se suscita se refiere a la interpretación de una norma
europea y tiene interés para lograr una aplicación uniforme del Derecho
12. A partir de las anteriores consideraciones se plantea una primera
pregunta acerca de si la DT 2.ª de la Ley 1/2013 no es conforme a la
Directiva al imponer un proceso de recálculo de un tipo de interés
moratorio abusivo tomando como referencia el triple del interés legal,
en la idea de que el TJUE aclare si supone una limitación de la tutela
del consumidor al imponer una suerte de integración legal de aquellas
cláusulas de intereses moratorios que hayan incurrido en abusividad.
La opinión de este juzgador, antes expresada, es que la DT 2.ª de la
Ley 1/13 sí es conforme con la Directiva en la medida en que admite
una interpretación respetuosa con la Directiva. Aunque establece ese
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polémico proceso de recálculo no determina que su consecuencia sea
que, caso de apreciar como abusivo el pacto de intereses moratorios,
haya que estar al triple del interés legal.
13. Por eso la presente cuestión se centra sobre todo en una segunda
pregunta que cuestiona si es conforme con la Directiva la interpretación que siguen algunos tribunales españoles de acuerdo con la cual
es compatible considerar abusiva la pena contractual, no teniéndola
por puesta, con la aplicación de un interés moratorio previsto por
una norma nacional, ya sea el del artículo 114 de la Ley Hipotecaria,
el del artículo 1.108 del Código Civil o cualesquiera, otro como el
artículo 4 del RDL 6/2012.
A tal efecto convendría tener presente dos reflexiones:
En primer lugar cuando se dice que la obligación de los Estados miembros, derivada de una Directiva, de alcanzar el resultado que ésta
prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o
particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros
entre ellas se deben incluir las autoridades judiciales.
Así lo tienen afirmado al menos las SSTJUE de 10/04/1984, caso
Von Colson y Kamann, C-14/83, apartado 26, de 19/01/2010, caso
KüCükdeveci, C-555/07, apartado 46, o de 21/10/2010, caso Antonino
Accardo, C-227/09, apartado 49.
Aún más, ante una situación en la que no se haya adaptado el Derecho
nacional a una Directiva es preciso recordar que una jurisprudencia del
TJUE uniforme, reiterada y de plena vigencia y conexión con nuestro
caso impone al juez nacional que al aplicar el Derecho nacional, ya
sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, haga todo lo
posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad de la Directiva, para,
al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere
la Directiva y de esa forma atenerse al artículo 189.3 del Tratado de
la CCE, que actualmente es el artículo 249.3
Así lo proclaman, por todas, las sentencias de 13/11/1990, caso
Marleasing, C-106/89, apartado 8; 16/12/1993, caso Wagner Miret,
C-334/92, apartado 20, 14/07/1994, caso Faccini Dori, C-91/92, apartado 26, 27/06/2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, asuntos
acumulados C-240/98 a C-244/98, en su apdo. 30.
Se reclama del TJUE que aclare si el legislador español ha limitado
con la DT 2.ª de la Ley 1/2013 los mecanismos de protección de los
consumidores o si son los tribunales españoles los que los limitan
con su interpretación, ya sea de esta norma o del artículo 1.108 del
14. En cuanto al vencimiento anticipado el planteamiento de los ejecutados lleva a una composición de lugar que alberga cierta identidad
de razón con lo que sucede con el interés moratorio y con la prohibición de integración.
Ocurre que la cláusula de vencimiento anticipado del caso concreto
es contraria a la norma nacional, el artículo 693.2 de la LEC en la
redacción que le confirió la Ley 1/2013, promulgada precisamente
para acomodar la ley nacional a la STJUE de 14/03/13, asunto Aziz,
C-415/11.
En el contrato se pactó que el Banco podría tener por vencido el
préstamo con el impago de una fracción de cuota cuando esa norma
sólo permite reclamar la totalidad de lo adeudado cuando se pactó
el vencimiento total para el supuesto de impago de al menos tres
plazos mensuales.
Lo que ha hecho el Banco es esperar al impago de 4 meses. La pregunta
es si esta estrategia unilateral del Banco no constituye una integración
prohibida por el TJUE en las repetidamente mencionadas sentencias
de 14/06/12 y 30/05/13. Si el efecto disuasorio no se compadece con
que el Banco que ha forzado un pacto abusivo salve su nulidad con el
sencillo expediente de esperar a que pase tiempo.
15. Por todo ello se abre un diálogo con el Tribunal de Justicia, no con
las partes, sin perjuicio de que legítimamente puedan estas hacer valer
ante el TJUE las razones o argumentos que le llevan a discrepar del auto.
El ejecutante sostiene que la DT 2.ª de la Ley 1/13 cae fuera del ámbito de aplicación de la Directiva, lo que afirma con fundamento en el
artículo 1.2 de esta Directiva y de la STJUE de 21/03/2013, C-92/11.
Su idea es que La ley 1/2013 se promulgó para fijar una posición de
equilibro en el mercado hipotecario y que ello entraña una diferencia
con la norma, el artículo 83 del TR 1/07, afectada por la STJUE de
14/06/2012, Banesto, C-618/10.
El argumento revela ingenio pero es artificioso. Los elevados intereses
que están en juego (ver SSTJUE de 26/10/2006, C-168/05, apartado 37
y 4/06/2009, C-243/08, apartado 26, o 30/05/2013, C-488/11, apartado 43, o 14/06/2012, caso Banesto, C-618/10, apartado 67) no consienten estas forzadas interpretaciones. Si la Ley 1/13 es o no imperativa
es un problema de interpretación del derecho interno que no concierne
al TJUE que, en cambio, lo que tiene sobradamente sentado es que la
Directiva es una norma imperativa (SSTJUE de 26/10/2006, C-168/05,
apartado 36, y 4/06/2009, C-243/08, apartado 25, 6/10/2009, C-40/08,
apartados 51 y 52, 9/11/2010, C-137/08, apartado 47 y 30/05/2013,
C-488/11, apartados 35 y 44) y que su artículo 6.1 debe entenderse
equivalente a las normas nacionales que tienen rango de orden público.
Lo que debe imperar es la Directiva y no la Ley 1/2013. Por último entiendo que no estamos en el supuesto de hecho a que hace referencia
el artículo 1.2 de la Directiva. En el contrato del caso no hay ninguna
cláusula contractual que refleje una disposición normativa. Lo que hay
es una disposición normativa (o una interpretación jurisprudencial) que
no se acomoda a ella.
Quinto. Justificación de la necesidad de la cuestión.
16. Sirva de refuerzo a la necesidad que se ha abordado en el anterior
apartado tener presente que la resolución judicial que suscita el recurso de reposición del ejecutante que provoca el planteamiento de la
cuestión y que queda en suspenso pendiente de ella puede ser firme.
Ocurre que la norma procesal española no incluye una regla específica
sobre qué recurso es procedente y no hay ninguna garantía de que se
admita recurso de apelación.
La LEC española no señala qué recurso cabe contra la resolución inicial
que, aplicando el artículo 552.1 de la LEC, tras el control de oficio de
cláusulas abusivas, ordena continuar la ejecución. Si no se detectan
cláusulas abusivas la resolución es irrecurrible para la LEC (artículo
551.4) y si se aprecia como abusiva la pena contractual perviviendo el
resto del contrato caben dos alternativas: bien una resolución irrecurrible (artículo 551.4 de la LEC) o bien una resolución susceptible de
apelación pero esto último sólo merced a una aplicación extensiva o
analógica al artículo 552.2 de la LEC porque es norma prevista para la
denegación total del despacho.
Esto último es lo que se ha decidido en instancia pero nada garantiza
que la Audiencia Provincial comparta este criterio. Si el auto pendiente
de dictarse y cuya controvertida resolución ha suscitado la cuestión
pudiera ser firme, habiendo dudas, plantear cuestión es obligado (...) ■
II. SENTENCIA DE SEGUNDA
de todos los comuneros
1. Los hechos probados
La sentencia de la Audiencia destaca los
siguientes hechos probados:
LA LEY 9827/2013
Venta de cosa común sin el
consentimiento de todos los
comuneros. La validez obligacional del
contrato celebrado (una nueva visión
jurisprudencial)
Comentario a la STS de 15 de enero de 2013
Letrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo (Área Civil)
La sentencia que analizamos resuelve un caso de venta de cosa común sin la
concurrencia del consentimiento de todos los comuneros ya que se verificó
haciendo uso de un poder especial que no incluía las concretas fincas objeto
de la venta. Tiene especial interés pues supone una evolución de la doctrina
jurisprudencial tradicional. Trata también otras dos cuestiones como son la regla de
la interpretación contra proferentem del art. 1288 CC y, en conexión con ésta, el
alcance del apoderamiento (general o especial).
I. ANTECEDENTES DEL CASO.
SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA Y RECURSO DE
a parte actora —hermanos e hijos
de los codemandados— ejercitó una
acción de nulidad de contrato de
compraventa concertado, como parte vendedora, por una de las codemandadas —la
madre de los actores y de parte de los codemandados— en calidad de mandataria de los
propietarios y, como compradora, la entidad
mercantil codemandada —«G. S.L.»—, al
faltar el consentimiento de los vendedores,
por haberse extralimitado la mandataria en
el poder conferido.
La sentencia dictada por el JPI núm. 12 de Las
Palmas de Gran Canaria estimó la demanda
interpuesta por D.ª C. y D. F. G. D. y declaró
la nulidad de pleno derecho del contrato de
compraventa suscrito en fecha 14 de abril
de 2005 entre D.ª D. D., que actuaba como
mandataria de sus hijos (demandantes y
demandados en este expediente), y «G., S.L.»,
y cuyo objeto eran los solares enumerados
como 43, 45, 47, 50, 51 y 56 ubicados, debido
a una modificación registral, en la finca núm.
26.187 del Registro de la Propiedad de Telde,
al haber actuado la vendedora mandataria sin
el consentimiento de los actores, condenando a los referidos contratantes y a los demás
demandados poderdantes a pasar por esta
declaración, debiéndose asimismo cancelar
las inscripciones registrales motivadas por el
contrato declarado nulo.
La sentencia fue recurrida en apelación por
todas las partes demandadas alegando que
no existió extralimitación de poder, que la
compradora actuó de buena fe y, subsidiariamente, que al haberse transmitido las participaciones indivisas la nulidad solicitada únicamente alcanzaría a las participaciones de
los actores y no de los restantes vendedores.
a) Don F. G. B., padre de los hermanos G. D.,
demandante y demandados en el presente
procedimiento y esposo de D.ª D. D. O., codemandada, era dueño de cuatro fincas registralmente identificadas con los núms. 1428,
2342, 2508 y 2822 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Telde, y físicamente ubicadas
en el barrio de San Fernando del municipio de
Agüimes. El lugar en que se ubican se conoce
como Cercado de Talavera y Talavera.
b) El referido, y hoy fallecido, Sr. G. B. dividió
las fincas en sesenta solares, que fue vendiendo en virtud de escrituras públicas y privadas
a terceros, de modo que al tiempo de su fallecimiento (7 de julio de 1974) sólo restaban
por vender los identificados con los números
(numeración interna que no administrativa)
43, 45, 47, 50, 51 y 56 ubicados, debido a
una modificación registral, en la 26.187 del
suprascrito Registro.
c) Los hermanos intervinientes en el procedimiento otorgaron el 27 de abril de 1985 a
favor de su madre escritura pública de apoderamiento, reseñándose expresamente como
facultad de la apoderada la de que «venda y
celebre las respectivas escrituras públicas de
compraventa, por el precio, pacto y condiciones que a su arbitrio concierte, pudiendo
recibir precios anticipadamente, al contado
o a plazos, los solares de Talavera y Cercado
de Talavera, sitos en el término municipal
de la Villa de Agüimes, que se encuentran
pendientes de escrituración, o sea los solares
núms. 1, 2, 3, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 26,
31, 32, 37, 41, 42, 52, 53 y 54, con facultad
de que si vende con precio aplazado, pueda
exigir las garantías personales y reales que
estime suficientes...». Estos solares identificados con dichos números habían sido objeto
de venta anterior.
d) El 14 de abril de 2005 la apoderada D.ª D.,
haciendo uso del poder, vendió por medio
de escritura pública a la también demandada «G., S.L.» los solares identificados con los
núms. 43, 45, 47, 50 y 51. El 21 de diciembre
de 2005 los demandantes revocaron el poder
en su día otorgado a la demandada, su madre.
2. Cuestiones planteadas y resueltas en la
A) El contenido del mandato
La primera de las cuestiones que aborda la
sentencia recurrida es la relativa a la deter-
minación del contenido del mandato o apoderamiento. La sentencia de primera instancia había reconocido el carácter confuso de
la cláusula, si bien desde el punto de vista
objetivo las dudas quedarían despejadas en
lo que concierne a las parcelas o solares vendidos en 2005 a «G., S.L.», ya que el poder
dice expresamente que se apodera a la Sra.
D., ya sea para elevar a público convenios
privados previos ya sea para vender a quien
quiera, determinados solares, numerados de
forma específica, entre los que no se encuentran los que vendió a «G., S.L.» por lo que
concluye dicho Tribunal que «sea cual sea la
interpretación que se haga del contenido de
las facultades otorgadas a la apoderada, lo
que no admite duda es que su intervención
ha de limitarse a los solares identificados con
los núms. 1, 2, 3, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 13, 24, 25,
26, 31, 32, 37, 41, 42, 52, 53, y 54. Y como
quiera que los vendidos a «G., S.L.» fueron
los núms. 43, 45, 47, 50 y 51, concluye que
en dicha enajenación la apoderada se excedió
del contenido del mandato.
el mismo paraje. Concluye que habida cuenta de la limitación del objeto sobre el que
afectaba el mandato y apoderamiento, las
facultades expresadas habrán de interpretarse en el sentido de que la mandataria estaba
facultada ampliamente para el otorgamiento
de escrituras de venta en los casos que fuera
necesario respecto a aquellas especificadas
parcelas. Cualquier otra solución pasaría por
no tener por puesta tal limitación del objeto
lo que no podría tener sentido alguno pues si
se especificaron las parcelas sobre las que se
autorizaba a la mandataria realizar negocios
tal especificidad debía tener algún sentido,
sentido que no puede ser otro que el de otorgar las correspondientes escrituras de venta
sin perjuicio de que si sobre alguna de ellas,
por la razón que fuera, la venta —ya realizada
antes del otorgamiento del poder— deviniera inválida, estuviera facultada la apoderada
para realizar una propia venta. Ratifica esta
conclusión acudiendo a una adecuada valoración probatoria.
B) La validez del negocio jurídico
La evolución de la jurisprudencia
de la Sala Primera, que comenzó
ya con la STS de 28 de marzo de
2012, viene a considerar válida la
venta de la cosa común, aún sin
el consentimiento de todos los
La AP, reconociendo que nos encontramos
ante un apoderamiento especial, comparte
la interpretación del juez de instancia y no
las objeciones que realiza la parte recurrente centradas en que el poder en todo caso
era para vender y no para revender lo vendido y mucho menos para elevar a públicos
documentos privados, sin que, a juicio de la
Audiencia, se de la más mínima explicación
a la limitación del objeto sobre el que debían
recaer las ventas, o sea, los solares núms. 1,
2, 3, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 37,
41, 42, 52, 53, y 54.
Sostiene que lo determinante de dicho poder
especial es precisamente la especificación del
objeto y tal objeto lo constituye indiscutiblemente los solares núms. 1, 2, 3, 6, 6 bis,
7, 8, 9, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 37, 41, 42, 52,
53 y 54. El hecho de que algunas de dichas
parcelas (la 31, 32, 37 y 41) ya estuvieran
vendidas a través de escritura pública por
el propio causante, obedece a un error por
cuanto sobre ellas nada se podía escriturar
pero no determina que pueda ampliarse el
objeto del mandato a todas las fincas sitas en
En otro orden de cosas, a los efectos de determinar la validez o invalidez del negocio jurídico realizado, la sentencia recurrida parte
de que la entidad demandada y compradora
de las fincas ha actuado con buena fe confiando en la suficiencia del poder apreciada
por el Notario autorizante de la compraventa otorgada por la apoderada demandada, si
bien dicha circunstancia no es suficiente para
mantener la eficacia de una extralimitación
de poder y con ello la validez del negocio
formalizado por la apoderada.
En orden a la extralimitación del poder, la
sentencia niega que al supuesto se pudiera
aplicar la doctrina de la Sala Primera del TS
sobre la denominada apariencia representativa que determinaría la validez del negocio
por negligencia del mandante (SSTS 489/1994
de 26 de mayo y 10 de mayo de 1984, 1 de
marzo de 1988 y 14 de marzo de 1991). Y es
que, aunque efectivamente los solares a que
se refiere el poder son parcelas de numeración
interna (no registral) que derivan de negocios
de segregación realizados sobre fincas registrales sobre los que la entidad compradora
demandada no tenía por qué tener conocimiento «previo» las dudas sobre su determinación exacta se deberían haber resuelto antes
del otorgamiento del negocio. No existe por
tanto «apariencia representativa» sino, reconoce la resolución, dificultad de determinación
del objeto sobre el que estaba autorizada la
apoderada-representante, lo que no es suficiente para aplicar la doctrina referida, en la
medida en que pudo ser subsanado.
La alegación que se hace del art. 38 LH se
rechaza en cuanto el problema planteado no
es de legitimación registral sino de nulidad de
la escritura en cuya virtud se inscribe, nulidad
que no se convalida por la inscripción (art.
33 LH).
También se rechaza la aplicación de la regla
interpretativa del art. 1288 CC que no es de
aplicación en el presente caso pues tal regla
entra en juego cuando una vez utilizados
los criterios legales hermenéuticos y, por
supuesto y primordialmente, las reglas de la
lógica, no es unívoco el resultado obtenido,
sino que origina varios con análogo grado de
Por último no se admite la pretensión subsidiaria de ausencia de nulidad total sino
parcial. Se reconoce, conforme establece el
art. 399 CC, que cada uno de los distintos
copropietarios puede libremente transmitir a
un tercero su parte indivisa, sin embargo en la
presente litis lo que se pretendía enajenar era
una finca, un cuerpo cierto físico, sobre el que
los vendedores (supuestamente representados) ostentaban un derecho de copropiedad
por cuotas; no se pretendía transmitir en relación a cada uno de ellos su correspondiente
cuota (derecho) sino la misma finca sobre la
que recaen aquellas cuotas. Por ello, sostiene
la sentencia, «la declaración de nulidad total
del negocio de venta del “inmueble” resulta
adecuada toda vez que el objeto de la compraventa, la finca urbana, lo fue como una
unidad física y jurídica y habiendo recaído
el consentimiento de los contratantes sobre
ese objeto como tal, ello trasciende a la infraestructura causal del negocio, viciándolo de
nulidad radical (arts. 1261 y 1275 del CC), al
no coincidir la titularidad parcial que ostenta
el enajenante con la plena gama de titularidades de derechos que ostenta residualmente
el copartícipe». En este sentido se cita la STS
de 26 de febrero de 1982.
El escrito de interposición del recurso de
casación de la parte demandada aparece
estructurado en cinco motivos de los que se
inadmitieron los motivos segundo y tercero, por plantear cuestiones que exceden del
ámbito del recurso de casación (planteaban
cuestiones de carácter eminentemente procesal) —el motivo segundo se refería a una
supuesta indebida denegación de prueba
relevante y el tercero a la errónea valoración del documento público que contenía la
escritura de mandato—.
El primer motivo del recurso denuncia la
infracción de los arts. 399 y 1709 CC. Se
cuestiona la declaración de nulidad radical
del contrato celebrado, sobre la base de que
los comuneros demandados sostuvieron la
legitimidad de la venta y la existencia de
facultades para llevarla cabo por parte de la
mandataria, de forma que los actores única-
mente tendrían legitimación para la anulación de la transmisión por la mandataria de la
cuotas que les correspondan en copropiedad.
En el motivo cuarto se denuncia la infracción
del art. 1288 CC, en la interpretación realizada por la sentencia recurrida. En este motivo
se alega que se han cumplido los requisitos
que siempre se han exigido para aplicar esta
regla —redacción unilateral y oscuridad en
el texto—, pues los actores intervinieron en
el otorgamiento de la escritura de mandato,
circunstancia que les impide aprovecharse
de la dificultad de una cláusula con el fin de
perjudicar a los demás intervinientes en el
contrato. En este motivo se alude también a
que la sentencia se aparta de la doctrina de
los actos propios, en la medida en que no se
ha tenido en cuenta que los actores no revocaron el poder conferido a su madre durante
más de veinte años, período en el cual se
beneficiaron de la actuación de la mandataria
sin necesidad de exigir rendición de cuentas.
En el motivo quinto se denuncia nuevamente
la infracción del art. 1709 CC al negar la eficacia del mandato con que actuó la demandada D.ª D. D. O. Esta mandataria asumió,
según el recurrente, las facultades del procurator omnium bonorum que se recogen en
los arts. 1712 y 1713 CC
IV. POSTURAS DOCTRINALES Y
JURISPRUDENCIALES SOBRE LAS
MATERIAS CONTROVERTIDAS. LA
1. La aplicación de la regla de la
—contra el proponente—, artículo
1288 CC. Actos propios: revocación y
rendición de cuentas en el apoderamiento.
Procurator omnium bonorum —procurador
de todos los bienes— (mandato o poder
general) y procurator unius rei —para un
asunto determinado— (mandato o poder
A) La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
En materia interpretativa de las cláusulas
contractuales, la jurisprudencia de la Sala
Primera viene siendo constante en el sentido de establecer que «la interpretación de
los contratos no puede ser revisada en casación, salvo cuando se demuestre su carácter
manifiestamente ilógico o arbitrario, pues no
pueden considerarse infringidas las normas
legales sobre interpretación de los contratos
cuando únicamente trata de justificarse el
desacierto de la apreciación —inherente a
la labor hermenéutica— realizada por el Tribunal de instancia, pero no se combate una
interpretación que contradiga abiertamente
lo dispuesto en dichas normas o sea contraria
al derecho a la tutela judicial efectiva por
prescindir de las reglas de la lógica racional en
la selección de las premisas, en la elaboración
de las inferencias o en la obtención de las
conclusiones. La alegación como infringidos
de los preceptos del CC sobre interpretación
de los contratos está sujeta a este límite, por
lo cual la jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que, en principio, salvo que sea
arbitraria o ilógica, debe estarse a la interpretación formulada en la instancia (SSTS, entre
las más recientes, de 24 de enero de 2006,
de 12 de febrero de 2006, de 8 de febrero
de 2006, de 8 de marzo de 2006, de 13 de
junio de 2006, de 23 de junio de 2006, de
20 de julio de 2006, de 14 de septiembre de
2006, de 22 de diciembre de 2006, de 6 de
febrero de 2007 —rec. 941/2000—, de 13
de diciembre de 2007 —rec. 4994/2000— y
de 7 de junio de 2011 —rec. 2181/2007—)».
En concreto, la STS de 15 de noviembre de
2011 —rec. núm. 1741/2006— establece
que «la fijación del alcance del mandato
es una cuestión relativa a la interpretación
del contrato que sólo puede ser suscitada
en casación cuando la conclusión alcanzada
en la sentencia impugnada sea ilógica, errónea, arbitraria, absurda o contraria a derecho
(SSTS de 12 de julio de 2002, de 11 de marzo
de 2003, de 21 abril 2003, de 18 de mayo
de 2006 y de 16 de mayo de 2008 —rec.
790/2001—). El mero planteamiento de una
interpretación alternativa a la efectuada por
la AP no es posible en el recurso de casación
(SSTS de 18 de octubre de 2006 —rec. núm.
5006/1999—), pues la interpretación de los
contratos realizada por la sentencia impugnada no puede ser revisada en casación en la
medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio
de su función exclusiva de valoración de la
prueba (STS de 21 de noviembre de 2008 —
rec. 2690/2002—».
La aplicación del canon hermenéutico contra proferentem, que recoge el art. 1288 CC
como sanción por falta de claridad para proteger al contratante más débil (SSTS de 21
de abril de 1998, de 10 de enero de 2006
—rec. 1838/1999—, de 5 de marzo de 2007
—rec. 1066/2000—), está relacionado con la
especial protección que confieren a los consumidores preceptos como el art. 10.2 Ley
de Consumidores y Usuarios, en que expresamente se ordena que «en caso de duda
sobre el sentido de una cláusula prevalecerá
la interpretación más favorable para el consumidor». «Esta regla de interpretación solo
entra en juego cuando exista una cláusula
oscura o sea oscuro todo el contrato, pues,
ante esa falta de claridad y de transparencia,
con la consiguiente imposibilidad de conocer la voluntad común, se ha de proteger al
contratante que no causó la confusión». «La
regla que contiene este precepto no es rígida
ni absoluta y para su aplicación ha de tener-
se en cuenta las circunstancias especiales de
cada contrato y si de los términos del mismo cabe deducir conclusiones suficientes que
disipen la posible oscuridad que presenten, de
esta manera resulta relegado el precepto»
(SSTS de 17 de octubre de 1998 y de 23 de
B) La solución de la sentencia: la desestimación de los motivos cuarto y quinto
Destaca la sentencia que la infracción del art.
1288 CC tal y como se argumenta, no resulta
de aplicación al presente caso; así, la aplicación de la regla no se produce de forma automática, sino que en los supuestos de contratación negociada (como el presente), la regla
se puede aplicar respecto de las condiciones
particulares siempre que la redacción haya
sido obra del proponente, es decir, él haya
ocasionado la oscuridad sin que hubiesen
tenido intervención el resto de los partícipes
(esta situación se descarta en la sentencia, ya
que, a tenor de los hechos probados, queda
acreditado que todos los hermanos participaron en el apoderamiento otorgado no habiéndose probado la redacción exclusiva de la
recurrida); pero además, se destaca el hecho
(declarado por la sentencia de apelación) de
que la regla del art. 1288 queda condicionada por el resultado de la interpretación del
contrato, siendo aplicable sólo cuando no sea
posible averiguar la voluntad querida por las
partes (lo que tampoco se ha producido en
el presente caso).
Tampoco considera aplicable la sentencia la
alegación de la doctrina de los actos propios;
dicha doctrina se incardina en los límites del
ejercicio del derecho conforme a la buena fe
encontrando su fundamento en la protección
que requiere la confianza depositada en el
comportamiento ajeno. Se requiere, por tanto, que los actos propios sean inequívocos
en el sentido de definir sin duda alguna una
determinada situación jurídica afectando a
su autor además de que exista una contradicción según el sentido de que la buena fe
hubiera de atribuirse a la conducta precedente (SSTS de 24 de abril de 2001, 29 de
noviembre de 2005 y 14 de julio de 2006).
La citada doctrina no requiere de su implicación en un negocio propiamente dicho sino
que basta con que sea fuente generadora de
expectativas. En el presente caso, considera la
Sala que no puede deducirse que la falta de la
previa revocación del poder, suponga un acto
propio inequívoco en el sentido de ratificar
la disposición patrimonial efectuada, máxime cuando esta ratificación se ha rechazado
expresamente a través de la impugnación
de la venta realizada. En parecidos términos,
la falta de exigencia de la obligación de dar
cuenta de sus operaciones (art. 1720 CC)
no supone, por sí sola, que los poderdantes
hayan ratificado por actos propios la dispo-
sición del apoderado realizada más allá del
poder otorgado.
En cuanto al motivo quinto en que se denuncia la infracción del art. 1709 CC al negar la
eficacia del mandato conferido a la Sra. D.
O., que, según el recurrente, dispondría, por
mor del contrato discutido, de las facultades
del procurator omnium bonorum. El planteamiento de este motivo choca con el carácter
especial del mandato conferido a la Sra D. O.,
a la vista de la delimitación de su objeto, que
impediría la aplicación de la doctrina aludida
al entrar en la órbita de la figura del procurator unius rei (se trató de un poder especial),
por lo que el motivo ha de desestimarse.
2. Venta de la cosa común por alguno de
los comuneros en la comunidad ordinaria.
Extralimitación del mandato
A) Las posturas doctrinales y jurisprudenciales
El planteamiento del motivo primero del
recurso parece defender la validez del contrato en cuanto a las cuotas o derechos de
copropiedad de los codemandados, que estarían conformes con la legitimidad de la venta y la actuación de su madre en calidad de
mandataria, de forma que la anulabilidad se
debería reducir a las cuotas correspondientes
a los actores y a este ámbito debería haberse
ceñido la propia legitimación activa. Con tal
planteamiento, se cuestiona la declaración
de nulidad radical del contrato.
La doctrina actual de manera mayoritaria
entiende que el art. 397 CC, que exige el consentimiento unánime de los comuneros para
la validez y eficacia de los actos de alteración
de la cosa común, se refiere no solo a aquellas
actuaciones de modificación que conlleven
una alteración material, sino también a los
actos de disposición jurídica. Desde esta
perspectiva, se afirma que para enajenar la
totalidad de la cosa común será necesario el
consentimiento unánime de todos los comuneros ya que dicha enajenación supondría un
acto de alteración regulado en el precitado
artículo y, en consecuencia, si dicho consentimiento unánime no existiera, la referida enajenación sería nula por violación del precepto
(DIEZ PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil
Patrimonial, vol. III, Madrid, 1995. DE COSSIO
Y CORRAL, Instituciones de Derecho Civil, t.
II, Madrid, 1988. LACRUZ BERDEJO, SANCHO
REBULLIDA, LUNA DELGADO ECHEVERRÍA
REVERO HERNANDEZ, RAMS ALBESA y MENDOZA OLIVAN, Elementos de Derecho Civil 2,
III, vol. 2.º Barcelona, 1991)
También se defiende la aplicación del art. 397
CC, con el argumento de que el régimen del
art. 398 CC, basado en la mayoría de intereses sobre la cosa, está referido solo a los actos
de administración ordinaria, por lo que negativamente quedarían excluidos del mismo los
actos de disposición jurídica (ALBADALEJO
GARCÍA, Derecho Civil III, vol. 1.º, Barcelona,
1991. O´CALLAGHAN MUÑOZ, Compendio de Derecho Civil, t. III «Derechos reales e
hipotecario», Madrid, 1988).
Otro sector doctrinal, sin embargo, sostiene que la venta por un comunero de la cosa
común es un supuesto de venta de cosa
parcialmente ajena y no sería nula sino que
tendría efectos obligacionales. Se basa en una
interpretación del art. 399 CC, que englobaría
a este supuesto en el ámbito normativo regulado por esta norma y que rechaza la aplicación del art. 397 del mismo texto legal, en
cuanto a que su literalidad no concuerda bien
con los actos de disposición jurídica, al referirse más a actos de modificación material de
la cosa común, que son indivisibles y por eso
requieren el consentimiento de los comuneros. La enajenación es divisible y puede reducirse al derecho que el comunero dispusiere
sobre la cosa y, en consecuencia, no afectará
al resto de los mismos (ESTRUCH ESTRUCH,
Jesús, Venta de Cuota y Vena de Cosa Común
por uno de los Comuneros en la Comunidad
de Bienes, Aranzadi, 1998. MIQUEL GONZALEZ, «Comentarios a los arts. 392 y siguientes
del CC», Comentarios al CC y Compilaciones
Forales, t. V., vol. 2, dirigidos por ALBADALEJO GARCÍA, Madrid, 1985. CARRASCO
PERERA, «Comentario al art. 6.3 del CC»,
Comentarios al CC y Compilaciones Forales,
t V., vol. 2, dirigidos por ALBADALEJO GARCÍA
y DÍAZ ALABART, Madrid, 1991).
Los efectos que se deducen de dicha validez
— Si la cosa común enajenada se adjudicara
definitivamente al enajenante, o la venta se
aprobara posteriormente por los comuneros
no intervinientes, la venta se convalidaría
— Si la cosa común no se adjudicara al enajenante, el comprador puede verse expuesto
a la reivindicación del comunero adjudicatario. En este caso el comprador podrá ejercitar
las acciones correspondientes al saneamiento
por evicción.
— Esta acción reivindicatoria la tendrían los
comuneros que no hubieran intervenido en la
enajenación respecto de sus cuotas.
— Si la cosa se adjudica en parte al vendedor
y en parte a otra comunero, el comprador
adquiere la propiedad de la parte asignada al
comunero vendedor y si esta para no satisficiera su interés expresado en el contrato
podría resolver el mismo.
En cuanto a la posición de la jurisprudencia de
la Sala Primera del TS, la sentencia de Pleno
de 28 de marzo de 2012 —rec. 1081/2007—
resume las distintas soluciones ofrecidas al
problema planteado, exponiendo los dos
criterios tradicionales sobre la materia: uno
mayoritario en el que, acudiendo a distintos
fundamentos jurídicos —carencia de objeto, falta de consentimiento y más modernamente infracción del art. 397 CC, en orden
a la necesidad de consentimiento unánime
para realizar actos dispositivos sobre la cosa
común—, sanciona la nulidad radical del
negocio. El segundo criterio defiende la validez del contrato desde la perspectiva de su
eficacia meramente obligacional acudiendo
para ello a la doctrina de la venta de cosa
ajena, en este caso, parcialmente ajena.
La validez de este último criterio, configurado
en la sentencia del Pleno como una excepción
a la regla general de la nulidad del negocio,
se supedita a aquellos casos en los que todos
tienen interés en la decisión, bien porque se
imponga en el propio contrato la obligación
del vendedor de procurar la transmisión de
la cosa al no tener inicialmente poder de disposición sobre su totalidad, bien porque de
la interpretación del contrato se deduzca el
hecho de que las partes tenían conocimiento
de que al comunero no le pertenecía la totalidad de la cosa vendida. Este es el supuesto al
que se refiere la STS de 3 de febrero de 2009,
al ser las propias partes contractuales las que,
en consideración a la participación que al
vendedor pertenecía sobre la cosa común y
la que correspondía a terceros, previeron la
constitución de las obligaciones oportunas y,
entre ellas, la de que el vendedor se comprometía a adquirir las participaciones restantes,
no resultando por ello lícito que la parte vendedora pretenda desligarse unilateralmente
de lo allí pactado.
Aunque ambas posiciones se han materializado en la jurisprudencia de la Sala Primera
desde antiguo, en el contexto de la jurisprudencia más reciente el mayor exponente a
favor de la validez del negocio por tratarse
de una venta de cosa ajena es la sentencia de
26 de febrero de 2008 —rec. 574/2000—.
Esta resolución declara que la compraventa
litigiosa es válida y eficaz, aunque, reconoce,
existirá un incumplimiento de la obligación
de entrega por el vendedor al haber recaído
sobre cosa respecto a la cual carece de poder
de disposición. Seguidamente se establecen
los efectos de esta validez meramente obligacional y así se alude a que el comprador
estaría legitimado para demandar el incumplimiento contractual o podría usucapir la
cosa si ésta se entrega, al ser esta compraventa un título hábil para dicho efecto. Por otra
parte, el verdadero titular podrá reivindicar
del comprador lo que le pertenece, dando
lugar ello a la evicción de éste frente al vendedor, aunque no pierde dicho comprador la
facultad de alegar contra el reivindicante la
prescripción adquisitiva. Considera que es
erróneo estimar «que la venta de cosa ajena
es un contrato nulo por falta de alguno de
sus elementos esenciales, al no existir norma
que exija para su perfección que el vendedor
posea capacidad de disposición de lo que vende, y mucho menos un contrato con causa
ilícita. Otra cosa es que el comprador pueda,
demostrándolo, alegar que ha sufrido un error
o que ha sido objeto de dolo. Pero esos son
vicios del consentimiento, no ausencia del
mismo, que tienen su tratamiento especial
en la acción de anulabilidad, incardinada en
los preceptos del CC dedicados a la nulidad de
los contratos (arts. 1300-1315)». Por último,
considera la sentencia que no hay diferencia
sustancial entre la venta de una cuota ideal
sobre una cosa en comunidad mayor que la
que le corresponde al enajenante y la venta
de cosa ajena, pues ni sobre aquélla ni sobre
ésta tiene poder de disposición el mismo.
En el lado opuesto, la sentencia de 9 de octubre de 2008 —rec. 3636/2001— constituye
el ejemplo más explícito de defensa de la
nulidad del negocio jurídico en los supuestos
de venta por un comunero de la cosa común.
Se razona que tal venta está prohibida por
el art. 397 CC y no cabe incardinarla en el
supuesto de venta de cosa ajena, sino que se
hace como propia y en perjuicio directo de
los copropietarios. No se acepta, tampoco, la
hipótesis de la validez de la venta de la cuota
parte del vendedor de la que sí era propietario
ya que se vendió la cosa como un todo, sin
poder ahora dividirse.
La sentencia de 23 de junio de 2009 —rec.
2562/2009— vuelve a clarificar esta controversia jurisprudencial y doctrinal optando, al
ser la doctrina mayoritaria de la Sala, por la
solución adoptada por la sentencia de 9 de
octubre de 2008. En igual sentido y con la
referencia de la aludida resolución 23 de junio
de 2009, se han dictado recientemente las
SSTS de 7, 23 y 26 de marzo de 2012 —recs.
núms. 2084/2008, 223/2009 y 73/2009, respectivamente—.
B) La solución de la controversia: la validez
obligacional de la venta de cosa común sin el
concurso o consentimiento de todos los comuneros. La estimación del motivo primero
La sentencia examinada, tras hacerse eco de
la controversia doctrinal y jurisprudencial
suscitada y hacer referencia a la STS de Pleno
que antes hemos reseñado (considerándola
un hito en la evolución del problema jurídico
planteado) entiende que la validez del negocio jurídico puede sustentarse desde diversas
a) desde un punto de vista conceptual, derivado de la propia naturaleza de la compraventa
como contrato generador de obligaciones, de
tal forma que la frustración del efecto traslativo da lugar a una amplia variedad de soluciones para el comprador (indemnización,
resolución, responsabilidad por evicción…).
b) desde el punto de vista del favor contractus (a favor del mantenimiento del contrato).
Principio éste consolidado como un canon
interpretativo que informa nuestro ordenamiento y como un elemento definitivo en la
construcción del Derecho Contractual Europeo [Convención de Viena, los Principios de
Derecho Europeo de la Contratación (PECL)
y, particularmente, la propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del CC
en materia de Obligaciones y Contratos]. De
este modo, la conservación de los contratos
se erige como un auténtico principio informador de nuestro sistema jurídico facilitando
el tráfico patrimonial y su seguridad jurídica.
Sin embargo, precisa la sentencia, conviene
delimitar que la validez conceptual de este
tipo de compraventa se proyecta exclusivamente en el plano de su inmediata eficacia
obligacional, de suerte que no alcanza al
ámbito de la posible eficacia jurídico-real
que se pueda derivar de la compraventa
celebrada. Del mismo modo, tampoco se
altera o modifica el marco de los derechos
que puedan corresponder a los comuneros
que no prestaron su consentimiento, que a
estos efectos resulta incólume.
Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Sala Primera, la validez de la compraventa está sujeta al necesario estudio de las
circunstancias del caso y a la consiguiente
interpretación del contrato celebrado; de ahí
que pueda presentarse una excepción a la
misma con el posible vicio del consentimiento que articule la defensa del comprador en la
medida en que en el propósito negocial, o en
la intención realmente querida por el contra-
tante, la titularidad plena del vendedor sobre
el objeto de la compraventa haya constituido
un presupuesto esencial de la misma, dando
lugar, en su caso, a una acción de anulación
por error sustancial y excusable. Todo lo cual,
lleva consigo la estimación del motivo.
De acuerdo con todo lo expuesto, podemos
concluir en lo siguiente:
— La evolución de la jurisprudencia de la Sala
Primera, que comenzó ya con la STS de Pleno
de 28 de marzo de 2012, viene a considerar
válida la venta de la cosa común, aún sin el
consentimiento de todos los comuneros.
— La fundamentación de tal conclusión puede encontrarse tanto en la propia naturaleza
del contrato de compraventa como, fundamentalmente, en el principio del favor contractus, principio al que la Sala Primera dota
de la consideración de «auténtico principio
informador de nuestro sistema jurídico».
— La validez conceptual de la compraventa
se proyecta sólo sobre su eficacia obligacional, no alcanzando a la eficacia jurídico real
derivada de tal compraventa.
—Tampoco se vulneran los derechos que
puedan corresponder al resto de los comuneros que no prestaron su consentimiento,
los cuáles resultan inalterados.
— Ha de estarse, sin embargo, a las circunstancias del caso y a la interpretación del concreto contrato celebrado (articulación de un
posible vicio del consentimiento por parte del
comprador si la titularidad plena del vendedor sobre el objeto constituyó un elemento
esencial del negocio).■
En primer lugar, el proyecto de nuevo CP
agrava las penas de prisión (de dos a cuatro
años) para el que fabrique o productos con
un signo idéntico o confundible al registrado.
Proyecto de reforma de
CP en relación al delito
LA LEY 10417/2013
de Código Penal en relación al delito
Luis BATLLÓ BUXÓ-DULCE
El objeto de este artículo es analizar el delito contra la propiedad industrial a partir
de la reforma de CP, hoy en trámite parlamentario. El art. 274 ha sido modificado
en cada reforma de nuestro texto punitivo, siempre con una tendencia a agravar el
tipo pero, desgraciadamente, algunos conceptos jurídicos indeterminados, incluidos
en el precepto, han ocasionado importantes problemas de interpretación por parte
de los Juzgados y Tribunales. La escasa jurisprudencia sobre este delito también ha
contribuido a la confusión general.
l art. 274 CP, en el proyecto de LO por
la que se modifica la LO 10/1995, de
23 de noviembre, señala:
«1.—Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro
meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho
de propiedad industrial registrado conforme a
la legislación de marcas y con conocimiento del
a) Fabrique, produzca o importe productos que
incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u:
b) Ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo
idéntico o confundible con aquel, o los almacene
con esa finalidad, cuando se trate de los mismos
o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se
encuentre registrado.
2.—Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento
del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación
de marcas y con conocimiento del registro,
ofrezca, distribuya o comercialice al por
menor, o preste servicios o desarrolle actividades que incorporen un signo distintivo
idéntico o confundible con aquel, cuando
se trata de los mimos o similares productos,
servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre
La misma pena se impondrá a quien reproduzca
o imite un signo distintivo idéntico o confundible
con aquél para su utilización para la comisión de
las conductas sancionadas en este artículo.
3.—La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores
será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.
No obstante, atendidas las características del
culpable y la reducida cuantía del beneficio
económico obtenido o que se hubiera podido
obtener, siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias del art. 276, el Juez podrá imponer
la pena de multa de uno a seis meses o trabajos
en beneficios de la comunidad de treinta y uno
a sesenta días.»
Como podemos observar después de su lectura,
el proyecto de reforma del CP incluye varias
novedades importantes en relación al delito
contra la propiedad industrial.
En este sentido, consideramos que, si la
agravación de la pena tiene como objetivo la prevención general, sería más lógico
aumentar sólo la pena de multa pero no
Desde el punto de vista político-criminal no
tiene sentido elevar la pena de hasta cuatro años de privación de libertad pues, por
un lado resulta excesivamente gravosa y,
por otro, la experiencia práctica demuestra
que en este delito es más coactiva la pena
de multa y su obligación de pago, bajo la
pena de arresto en caso de impago. Decimos que es más coactiva la pena de multa
porque, en el supuesto que nos ocupa, la
praxis demuestra que los jueces no impondrán —salvo casos excepcionales— una
pena de prisión muy elevada, teniendo en
cuenta que estamos ante un delito contra
el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tampoco vemos necesaria la diferencia de
pena que el proyecto establece entre el
fabricante o distribuidor al por mayor (uno
a cuatro años) y la que se dispone para el
distribuidor al por menor (seis meses a tres
años) pues el desvalor de acción (motivo
para aumentar o disminuir la pena) no se
rige —en del tipo que nos ocupa— en que
la distribución sea al mayor o al menor,
sino por la gravedad del hecho concreto.
En definitiva, muchas veces puede crear
mayor perjuicio un gran minorista que un
pequeño mayorista.
También consideramos innecesaria la referencia que, en el proyecto, se hace para
quien «reproduzca un signo para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas» (de fabricación o distribución) de un signo distintivo idéntico o
confundible.
Entendemos que dicha acción es redundante por estar ya incluida en las que contempla el tipo básico. En este sentido, hay
que tener en cuenta que, tanto si se fabrica
como si se distribuye, ya se está utilizando
el signo, sin que quepa mayor desvalor por
el hecho de, además, usar dicho signo como
medio para la comisión del delito.
Por el contrario, echamos a faltar la tipificación expresa de quien realice la distribución de productos (que incorporen signos
distintivos idénticos o confundibles con el
original) mediante la facilitación del acceso
o la localización de dichos productos protegidos, ofrecidos ilícitamente en Internet,
sin la autorización de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad
industrial o de sus cesionarios.
Dicha tipificación expresa sí ha tenido lugar
en la reforma prevista para el delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP) y
entendemos que lo mismo habría que haber
hecho con el delito que nos ocupa, siempre
que se cumpliesen unas condiciones concretas (de forma acumulativa) tales como:
Que el servicio consistiese en la localización de los productos ofrecidos ilícitamente o la acción consistiese en una labor específica de mantenimiento y actualización de
las correspondientes herramientas tecnológicas, en particular ofreciendo listados
clasificados de enlaces a dichos productos.
Que la acción no se limitase a un tratamiento meramente técnico o automático
de los datos facilitados por terceros con
los que no se mantuviese una colaboración,
control o supervisión; y
Que se actuase con ánimo de obtener un
beneficio económico directo o indirecto y
en perjuicio a tercero.
En estos casos, el Juez o Tribunal debería
poder ordenar la retirada de los contenidos
por medio de los cuales se hubiese cometido
la infracción. En la actualidad, y también si
se aprueba finalmente el texto de la reforma, el Juez podría decretar alguna medida
cautelar contra quienes infrinjan la propiedad industrial de este modo, pero —al no
estar especialmente tipificada la conducta de
distribución por internet— se generará más
confusión y duda en torno a dicha posibilidad.
Alguien podría sostener que dicha acción
ya está tipificada en la más genérica de
«distribución» pero, dada la magnitud que
está tomando el problema de la venta de
productos falsificados por internet, consideramos que bien merece su tipificación
Por otro lado, consideramos totalmente
desafortunado el ap. 3 del art. 274 del
proyecto de CP, cuando se rebaja la pena
(prisión de seis meses a dos años) en los
supuestos de «venta ambulante u ocasional».
Entendemos que «venta ambulante» es un
concepto jurídico que podría dar lugar a
confusión en sede judicial, ya que en dicho
significante podrían incluirse significados
que van desde la venta en mercadillos a la
venta «top manta» o cualquier venta que
se realizase sin mediar un establecimiento concreto. En cualquier caso, en estos
supuestos, no existe a priori un menor desvalor de acción, debiendo estarse al supuesto de hecho particular y al tipo básico.
Más desafortunada es, si cabe, la expresión
«venta ocasional». Estamos aquí en presencia de un concepto jurídico indeterminado
que dará lugar a múltiples confusiones, ya
que si interpretamos estricto sensu la letra
de la ley, podríamos entender que siempre
que una persona se halle imputada por un
único delito como el que nos ocupa, podría
acogerse a dicho término para buscar esa
medida reductora de la pena. Por ello, suprimiríamos directamente la matización que,
el proyecto, realiza en estos dos supuestos.
La reforma también especifica la acción
típica de distribuir (rebajando la pena a
multa o trabajos en beneficio de la comunidad) dependiendo de las «características del culpable» y «reducida cuantía del
beneficio».
Ambos conceptos jurídicos vuelven a ser
indeterminados y, por ello, pueden crear
una enorme confusión. En aras de cumplir
con el principio de legalidad penal, estas
expresiones deberían estar concretadas,
en el sentido de especificar qué características debe tener el culpable (si estamos
hablando de «top manta», por ejemplo) y
cuándo estamos ante una reducida cuantía del beneficio, especificando un importe
concreto. Lo contrario, supondría dejar a
la interpretación judicial dichos términos,
circunstancia que generará una gran inseguridad, teniendo en cuenta además que no
existe apenas jurisprudencia del TS sobre la
materia, al existir muy pocos recursos de
casación sobre la misma.
Consideramos también que debería haberse aprovechado la reforma para modificar
el art. 276, que recoge las circunstancias
agravantes específicas. En efecto, dicho
precepto sigue manteniendo, como circunstancias agravantes específicas, las letras
a) y b), que se concretan en la «especial
trascendencia económica» y «la especial
importancia de los perjuicios ocasionados».
Entendemos que dichas circunstancias son
redundantes y que, por lo tanto, debería
suprimirse una de ellas, en concreto la «b»
(perjuicios ocasionados) por considerar la
«a» (especial trascendencia económica)
más genérica.
Por último, dada la enorme disparidad de
jurisprudencia «menor» que ha dado este
tipo penal, en relación con el denominado
«error en el consumidor» (unas Audiencias
a favor de que fuera un elemento del tipo,
otras descartándolo) la reforma podría
haber especificado que dicho elemento
(error en el consumidor) no pertenece al
tipo y que, por lo tanto, no es necesario
incurrir en él para que el mismo exista,
dado que el bien jurídico de este delito es
la protección de la propiedad (industrial) y
no la protección al consumidor. ■
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Ponente: Gil Sáez, José María
LA LEY 169091/2013
AN, Sala de lo Contencioso, S 9 Oct. 2013.
indemnización para la hija
de la víctima a cargo de la
Administración, por mantener
el permiso de armas que
detentaba el esposo homicida
El carácter restrictivo del ejercicio de la potestad discrecional de la Administración en la concesión o renovación del
permiso de armas, exige la obligación jurídica de un actuar
diligente, que implica el acceso a la mayor información disponible que la Administración pueda recabar, configurándose su desconocimiento en el título jurídico de imputación
de la responsabilidad patrimonial.
En definitiva, la Audiencia Nacional afirma la existencia de un
anormal funcionamiento de los servicios públicos, y si bien, el
hecho analizado deriva básica y esencialmente de la conducta
homicida del esposo de la fallecida, la deficiente actuación administrativa debe configurarse como concausa coadyuvante a la
producción de tal hecho, pero de intensidad inferior o menor a
aquélla. La Sala estima adecuado que la Administración abone a
la recurrente la suma de 25.000 € en concepto de indemnización.
TS, Sala 2.ª de lo Penal, S 755/2013, de 16 Oct.
Ponente: Andrés Ibáñez, Perfecto Agustín
LA LEY 170322/2013
en Sentencia del pasado 9 de octubre de 2013 estima parcialmente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Secretaria General Técnica del M.º Interior, desestimatoria
de la pretensión de la recurrente que reclamaba una indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración, al acordar ésta la no revocación de la licencia de armas de tipo E, que detentaba
su padre. Tras los continuos malos tratos psicológicos a los que venía
estando sometida su madre por parte de su padre desde el inicio del
matrimonio, posteriores denuncias por amenazas una condenatoria
y otra absolutoria-, finalmente, tras esta última, el Acuerdo de la
Subdelegación del Gobierno en Granada, resuelve no revocar dicha
licencia. Al cabo del tiempo, el maltratador mata a su esposa con
una de las escopetas de las que poseía licencia, dejando huérfana
de madre a la recurrente hoy mayor de edad-, que en el momento
de los hechos contaba con 13 años de edad.
que por estar a su disposición sí se actúa con diligencia y prudencia; y, por la racional posibilidad de acceso a dicha información,
tiene obligación jurídica de conocerlo. Su desconocimiento, en
el supuesto enjuiciado, se configura en el título jurídico de imputación de la responsabilidad patrimonial demandada.
La recurrente fundamenta su pretensión en similares razones a las
aducidas en vía administrativa, al estimar que existe un funcionamiento anormal de los servicios públicos, pues el hecho de no revocar aquella licencia de armas, propició la tenencia del arma con
la que su padre cometió el asesinato de su madre. Alega además,
que la jurisprudencia ha admitido y reconocido la responsabilidad
de la Administración por daños causados por terceros.
de presos relacionados
con el terrorismo durante
una carrera popular para
promover la lengua vasca que
no supone enaltecimiento del
Señala la Audiencia Nacional que el carácter restrictivo que implica el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración en la concesión o renovación del permiso de armas, exige la
obligación jurídica de un actuar diligente, que implica el acceso
a la mayor información disponible que la Administración pueda
recabar, a fin de conocer aquello a lo que puede tener acceso,
Conductas teñidas de una ambigüedad que las sitúa en el
límite externo de lo punible, pero que no pueden tomarse
de manera inequívoca por una forma de reivindicación o legitimación del terrorismo. Acto no exento de connotaciones
políticas, pero esencialmente cultural.
La AN dictó sentencia absolutoria para cuatro acusados por delito de
enaltecimiento del terrorismo derivado de su participación en la carrera popular «korrika», en defensa del Euskera, celebrada en 2011.
Pues bien, presentado recurso de casación por el MF, la Sala de lo
Penal del TS ha decidido, por medio de la presente resolución, desestimarlo y confirmar el fallo absolutorio de instancia.
El escrito de oposición al recurso se basaba en sentencias en las que,
en esencia, se dice que la finalidad del precepto del art. 578 CP es
«perseguir la exaltación de métodos terroristas», pero no sancionar acciones o actitudes a lo sumo sugestivas de alguna genérica
proximidad o afinidad, exclusivamente ideológica, con quienes se
mueven más activamente en tales medios, pero, claramente, sin
implicación efectiva en los mismos.
Y claramente, en el caso, el Tribunal considera que por más que
resulten sugestivos de cierta sintonía personal o política de los portadores de las pancartas con los fotografiados, lo cierto es que ni
en las imágenes ni en los eslóganes que acompañaban a alguna de
ellas cabe ver una concreta exaltación de las acciones criminales
atribuidas a los mismos y tampoco de ellos como responsables.
Lo que también resulta del contexto, según la Sala, es que fue
un acto no exento de connotaciones políticas, pero esencialmente cultural. Y concluye afirmando que se produjeron conductas teñidas de una ambigüedad que las sitúa en el límite
externo de lo punible, ya que ni por su propio carácter ni por
TSJ, Asturias Sala Social, S 6 Sep. 2013.
Ponente: De Prado Fernández, Francisco José
LA LEY 136016/2013
La Sala constató que los acusados no utilizaron símbolos o emblemas significativos de apoyo a las actuaciones terroristas de aquella
banda; y solo se acreditó que en alguna de las fotografías figuraba
la expresión que, traducida, significa «Presos vascos a Euskalerría»
y en otras las de «Los presos vascos también», «Amnistía», «Vascoparlante» y «Libertad».
El relato contenido en la sentencia atribuye a los implicados en la
causa la participación en la carrera, organizada por la Coordinadora
de alfabetización y «euskaldunizazión» para obtener fondos destinados a la difusión de la enseñanza de la lengua vasca, corriendo
tras el portador del «testigo» y exhibiendo, en algún momento,
fotografías de condenados por actos terroristas; y, en uno de los
casos, de quien se hallaba en prisión preventiva, siendo el portador
su pareja sentimental.
razón del entorno, delimitado por la convocatoria de la carrera
destinada a promover la lengua vasca, pueden tomarse de manera inequívoca por una forma de reivindicación o legitimación
Multa de más de 30.000 euros
por grosera inobservancia
de las exigibles medidas de
seguridad e higiene en el
Confirmación de la sanción impuesta por infracción administrativa en el orden social originada por accidente laboral
del que resultaron graves secuelas para el trabajador, entre
otras, la amputación de su pierna derecha.
La empresa promotora, dedicada a la actividad siderúrgica se
desentendió de la presencia efectiva de un coordinador en la
ejecución de la obra originaria del accidente, delegando dicha
tarea en las empresas sancionadas, contratista y subcontratista
de la operación. Ambas empresas señalaban a la otra como tomadora unilateral de la decisión originaria del accidente, evidenciándose una falta de coordinación, cooperación y planificación
al respecto que constituyen la causa principal del siniestro, el
desmontaje de un equipo pesado de trabajo de manera insegura
y con evidente riesgo para los trabajadores.
Hubo comisión por ambas empresas de la infracción grave que tipifica el art. 12.13 RD 5/2000, apreciándose claramente la concurrencia de 2 de los criterios o circunstancias agravantes recogidas
en el precepto 39.3 de dicho texto normativo: la peligrosidad de
las actividades desarrolladas en el centro de trabajo y la gravedad
de los daños producidos al trabajador accidentado así como los
que hubieran podido producirse. Tanto el Magistrado a quo como
la Sala muestran plena conformidad por la calificación de Acta
de la Inspección de Trabajo, que confirmaba la Resolución administrativa sancionadora. Por lo que finalmente se concluye por el
Tribunal que del propio resultado dañoso acaecido y de la forma en
que se produjo, concurre la grosera inobservancia de las exigibles
medidas de seguridad e higiene en el trabajo detalladas en el Acta
de Infracción, así como la expresa condena penal por imprudencia
grave de los tres responsables. A tenor de dichos razonamientos
señala la Sala que no cabe sino el refuerzo de la conclusión que
conlleva a la confirmación de la sanción recurrida.
Ponente: Sarazá Jimena, Rafael
LA LEY 174522/2013
TS Sala Primera, de lo Civil, S 670/2013, de 29
Nulidad de la estipulación
contractual que establecía
el pago de una cantidad
contraviniendo la regulación
del sector gasístico
Tarifa discriminatoria, no regulada, que supone además un
abuso de posición dominante prohibido por la ley.
La entidad demandante, titular de infraestructuras de transporte de
gas de la red básica, concertó con la entidad demandada un contrato para conectarse a esas infraestructuras (un gaseoducto). En
una de las cláusulas del contrato se establecía que la demandada
abonaría los costes de explotación de las instalaciones no reconocidas retributivamente por la Administración.
Reclamado el importe de esos costes de explotación, el Juzgado
de Primera Instancia desestimó la demanda, pero la Audiencia
Provincial revocó la sentencia y estimó la demanda al amparar
la cláusula contractual en la libertad contractual prevista en el
art. 1255 CC.
Formulados recursos extraordinarios por infracción procesal y de
casación por la demandada, el Tribunal Supremo los estima, anula
la sentencia recurrida y confirma la de primera instancia.
Respecto al recurso por infracción procesal, considera la Sala que
la Audiencia Provincial vulneró los arts. 406 y 408.2 LEC ya que para
declarar la nulidad de la cláusula litigiosa no es necesario formular
reconvención en tal sentido sino que la nulidad puede oponerse por
medio de excepción. Considera igualmente que la Audiencia realizó
una valoración arbitraria de la prueba ya que estimó probado, sin
razonarlo, que el importe de los gastos de explotación ascendía al
importe reclamado, basándose para ello en una factura unilateral-
Nerea Bascones Díez
C/ Collado Mediano, 9. Las Rozas (Madrid)
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mente elaborada por la demandante, sin explicación ni justificación
de su contenido, y que fue cuestionada por la demandada.
Por ello, el Alto Tribunal anula la sentencia de la Audiencia y dicta
nueva sentencia, teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación, en la que concluye que la cláusula discutida es nula por aplicación del art. 6.3 CC puesto que mediante
la misma se establece una tarifa discriminatoria, no regulada y
por un cauce distinto al procedimiento legalmente previsto, que
supone un abuso de posición dominante prohibido por la ley.
Argumenta en tal sentido que el contrato concertado por las
partes se enmarca en una actividad económica, la de transporte
y distribución de combustibles gaseosos por canalización, que
constituye un sector de la economía fuertemente regulado. El
sistema resultante de esta regulación garantiza el libre acceso
a la red básica de distribución de gas mediante el pago de tarifas de acceso, reguladas administrativamente, transparentes y
no discriminatorias, mediante cuyo pago cualquier distribuidor
gasístico que cumpla las exigencias legal y reglamentariamente
determinadas pueden conectarse a dicha red.
Ello supone, dice el Tribunal, que la demandante, como titular
de una infraestructura de transporte de gas de la red básica, tiene
derecho a cobrar de quien se conecte a dicha infraestructura
las cantidades previstas en la normativa reguladora del sector,
pero no otras.
Además, señala, el cobro de la explotación y mantenimiento de la
instalación de conexión a la demandada supondría una actuación
discriminatoria que afectaría a la libre competencia entre operadores que debe presidir este tipo de actividades. ■
REDACCIÓN: Collado Mediano, 9. 28231 Las Rozas (Madrid)
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