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Timestamp: 2019-08-21 03:42:59
Document Index: 145312183

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 317-2288, de 07/03/2014
cve: BOCG_D_10_317_2288
(624/000002)
(Cong. Diputados, Serie B, núm. 157
Núm. exp. 122/000136)
El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi, INDEP (GPMX), y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Palacio del Senado, 5 de marzo de 2014.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y Alberto Unamunzaga Osoro.
de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)
Desde Amaiur hemos señalado en todo momento que, en su literalidad, la Constitución de los españoles era una Constitución muy avanzada en lo que se refiere a los derechos individuales, a la promoción y al respeto y protección de los derechos individuales, y que el fallo que tenía, y tiene, es que no contemplaba el reconocimiento, la protección, el apoyo a los derechos colectivos y, en concreto, al derecho que tiene nuestro país, Euskal Herria, a decidir su propio futuro y su derecho a la autodeterminación.
Pero precisamente en ese ámbito positivo que tenía la Constitución española, que podemos afirmar que era una Constitución puntera en el ámbito internacional seguramente por ser de las últimas que se han aprobado, se ha ido devaluando a lo largo de los años ese compromiso con los derechos individuales, con las libertades.
Lo han ido devaluando los sucesivos Gobiernos del estado cuando a lo largo de estos años han ido, por ejemplo, promoviendo el cierre de periódicos; dando impunidad, cuando no ocultamiento, a la tortura; y exaltando a los torturadores. Cabe destacar expresamente que recientemente se cumplía el aniversario del asesinato de José Arregui y quien estuvo condenado por esa tortura y ese asesinato, cuando murió, fue reconocido con todo tipo de honores policiales.
Del mismo modo han ido reduciendo ese compromiso con los derechos individuales con la ilegalización de partidos políticos, con la ley que ahora promueven de seguridad ciudadana, que también es una ley de recorte de libertades individuales.
En suma podemos afirmar que, a lo largo de estos casi 40 años, los diferentes Gobiernos del estado han ido devaluando, degradando ese compromiso constitucional con los derechos individuales. Y ahora precisamente lo que hace el Gobierno del Partido Popular con este Proyecto de Ley es ir hacia la anulación práctica de la justicia universal; un ámbito en el que el estado va a pasar de estar en cabeza a nivel internacional a estar en la cola; de ser modelo por la persecución de gravísimas violaciones de derechos humanos mediante la aplicación de un principio de justicia universal puro a estar a la cola, a dejar de ser modelo, a ser algo de lo que avergonzarse.
De la devaluación ya importante que se produjo con la reforma de la Ley del Poder Judicial en el año 2009 se ha pasado ahora a su práctica anulación con esta modificación, en la que lo que están haciendo es primar los intereses económicos y comerciales por encima de la dignidad de las personas. Al final, priman los intereses y las presiones de Estados Unidos, de China, de Israel, de Marruecos por encima de los derechos individuales de las personas. Al final, lo que se está realizando con el presente Proyecto de Ley es promover espacios de impunidad para las vulneraciones graves de derechos humanos.
Esta reforma propuesta es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. Es una reforma que es claramente inconstitucional; es una reforma que atenta contra el derecho internacional, que va en contra del Convenio de Ginebra, que al final está dando cobertura a genocidios como los del Tíbet, Guatemala, Sáhara, Ruanda, etcétera.
En definitiva lo que se está haciendo con su texto constitucional, por medio de este Proyecto de Ley y otros ya aprobados, es devaluarlo y anularlo en uno de los elementos en los que era ejemplar para el ámbito internacional, que era el compromiso con la defensa activa de los derechos humanos y de las libertades individuales.
Frente a esta Propuesta desde Amaiur afirmamos que en materia de derechos humanos no caben excepciones; no se pueden anteponer los intereses económicos y geoestratégicos a los derechos y la dignidad de las personas.
Es por todo lo anterior por lo que los Senadores y la Senadora abajo firmantes presentamos el presente veto al Proyecto de Ley.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
El principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos en una sociedad global. Forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes. El Derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas, porque
conductas tan odiosas —que, además, permanecen en la impunidad— trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales.
El Estado español ha asumido distintas obligaciones internacionales en materia de justicia universal. En concreto y entre otros: El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 6.2 de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de 10 de diciembre de 1984; el Convenio europeo de derechos humanos, en lo que regula la obligación de los Estados Partes de proteger la vida, y el deber general de reconocer a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades del Convenio; la Resolución 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, por la que se adoptan los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones» contenidos en la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, de la Comisión de Derechos Humanos; la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 18 de diciembre de 1992; la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, de 20 de diciembre de 2006; las líneas directrices sobre protección de las víctimas de actos terroristas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 2 de marzo de 2005.
En noviembre de 2009, la Jurisdicción Universal fue objeto de una importante reforma que limito considerablemente su ámbito de actuación. La reforma supuso restringir la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España y, además y en contra del principio de concurrencia que rige en la Jurisdicción Universal, que no se hubiera iniciado un procedimiento sobre aquellos hechos. Requisitos que además, para algunos de los delitos contemplados y especialmente para el delito de genocidio, no puede ser teleológicamente fundado por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, contradice la propia naturaleza del delito y la aspiración de su persecución universal, la cual prácticamente queda cercenada por su base.
Pese a la reforma aprobada entonces, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en distintas ocasiones, la legislación española no era la única legislación estatal que incorporaba un principio de jurisdicción universal sin vinculación a intereses estatales o particulares, pudiendo citarse las de países como Bélgica (artículo 7 de la Ley de 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999, que extiende la jurisdicción universal al genocidio), Dinamarca (artículo 8.6 de su Código Penal), Suecia (Ley relativa a la Convención sobre el genocidio de 1964) Italia (artículo 7.5 de su Código Penal) o Alemania, Estados que incorporan con mayor o menor amplitud la represión de distintos crímenes contra la Comunidad Internacional a su ámbito de jurisdicción, sin restricciones motivadas en vínculos nacionales.
En el Estado español no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, ratificada por nuestro Tribunal Constitucional, por la que la Justicia Universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito. Las víctimas son universales y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de exigir justicia y poner coto a la impunidad. Por ello, siguiendo la tendencia internacional expansiva del principio de Justicia Universal, conviene revertir la reforma desarrollada entonces. De este modo, se pretende reinstaurar una autentica jurisdicción universal en el Estado español; reengrandeciendo de nuevo la calidad democrática de la justicia española y también la altura moral en el compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, la modificación de la Justicia Universal que está a punto de aprobarse va aún mucho más allá y liquidar el principio de Jurisdicción Universal tras ya haberse limitado su alcance en 2009. Así, la reforma implicaría que sólo se puedan investigar delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encuentre en España y su extradición haya sido denegada por las autoridades españolas y ello aún cuando concurran otros requisitos que restrinjan
todavía aún más la acción de los jueces y tribunales. E incluso aún van más allá, suprimen las acusaciones populares del ejercicio de la jurisdicción universal, dejando exclusivamente la acción penal en manos de particulares y Ministerio Fiscal. Ello, pese a que la experiencia demuestra el importante papel desarrollado por las acusaciones populares en el enjuiciamiento de crímenes bajo el principio de justicia universal. Y por si fuera poco, nos se les ha ocurrido otra cosa que incorporar el sobreseimiento retroactivo de las causas que estén en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la ley. Una intromisión intolerable en el Poder Judicial, vulnerando de forma flagrante el principio de seguridad jurídica, que de hecho impone la solución contraria, y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Palacio del Senado, 5 de marzo de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Los horrores del siglo XX han dado como resultado la conciencia generada en los ciudadanos de que el respeto de los derechos humanos es un bien exigible en todas las sociedades y que, por ello, no es permisible, ningún ámbito de impunidad.
Aunque con raíces históricas más antiguas, la Jurisdicción Universal es, por tanto, como lo es también la Declaración Universal de Derechos del Hombre, hija de nuestro tiempo y se articula como herramienta imprescindible para acabar con la impunidad de los crímenes atroces e instrumento de la obligación internacional de que los Estados ejerzan, obligatoriamente, su jurisdicción sobre los mismos, derivada del principio de complementariedad establecido en el Preámbulo del Estatuto de Roma.
Tanto el Derecho Internacional como las recomendaciones de Naciones Unidas han ido consolidando y universalizando tal concepción de la Jurisdicción Universal.
Nació así la Jurisdicción Universal como aquella ejercida por los tribunales de cualquier país para perseguir delitos de derecho internacional —aquellos que ofenden la conciencia de toda la humanidad siendo el bien jurídico protegido la integridad y dignidad de los seres humanos en su conjunto— cometidos en terceros países y que se encuentran en situación de impunidad en los lugares donde fueron cometidos por la ausencia de persecución judicial efectiva, ya sea por falta de medios jurídicos o materiales, de orden político o cualquier otro motivo que impida una persecución realmente eficaz. Es por tanto una jurisdicción penal basada únicamente en la naturaleza del crimen, indistintamente de donde se hubiera cometido dicho crimen, de la nacionalidad del presunto perpetrador, de la nacionalidad de la víctima o de cualquier otro vínculo con el estado que ejerza tal jurisdicción.
Es una obligación de todas las naciones civilizadas activar las normas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de esta jurisdicción, estando tal obligación recogida en tratados internacionales —el Convenio contra el Genocidio de 1948, las convenciones de Ginebra de Derechos Internacional Humanitario de 1949, o el Convenio contra la Tortura de 1984, entre otros— además de haber sido incluida dicha obligación en numerosas resoluciones de los organismos del sistema de Naciones Unidas. De hecho, según los «Principios de Princeton para la aplicación de la jurisdicción penal internacional en tribunales ordinarios», los órganos judiciales nacionales pueden basarse en la jurisdicción universal incluso si su legislación no la contempla específicamente.
España contó con normas para el ejercicio de la jurisdicción universal desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, y ha sido uno de los países que más hizo por el desarrollo de esta jurisdicción universal tras la superación de la «guerra fría», sentando la Audiencia Nacional, el Tribunal
Supremo y el Tribunal Constitucional precedentes judiciales internacionales expansivos en esta materia de fundamental importancia para el derecho internacional, como los caso «Pinochet», «Scilingo» o «Guatemala.»
La reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero —coincidiendo con una petición expresa del Gobierno de Israel— mediante L.O. 1/2009, limitó sustancialmente el ejercicio de la jurisdicción universal en España en materia de persecución de delitos internacionales, condicionando tal ejercicio jurisdiccional a la presencia en España de los responsables de los delitos perseguidos, a la existencia de víctimas españolas causadas en el extranjero a consecuencia de la ejecución de estos delitos, o bien a la existencia de un interés relevante para España, formulación imprecisa y subjetiva cuya concurrencia quedaba al criterio interpretativo del juez instructor y en su caso de la jurisprudencia. En la práctica se introdujo un criterio general de competencia basado en el principio de personalidad pasiva, la nacionalidad de la víctima, de forma que la justicia española limitaba el ejercicio de la jurisdicción universal no en atención a la situación de impunidad efectiva, aplicación de los criterios de subsidiariedad o de concurrencia jurisdiccional, en la que se encontraran hechos con apariencia de crímenes internacionales (delitos de guerra, genocidio, lesa humanidad, piratería, tráfico de personas…) cometidos fuera de España, sino atendiendo únicamente a que existieran víctimas españolas.
La Proposición de L.O. de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, que ahora es objeto de esta enmienda de veto, que está tramitándose de forma urgente, saltándose los informes y dictámenes preceptivos, supondrá la desaparición del principio de jurisdicción universal, supone una grave limitación de la jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional y violaría tratados internacionales fundamentales, consagrando la impunidad de muchos responsables de los más graves delitos y violaciones de los Derechos Humanos.
La reforma propuesta modifica en profundidad el apartado 4 del artículo 23 de la LOPJ, norma fundamental de nuestra legislación para el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles, destacándose lo siguiente en la citada propuesta de reforma:
1.º Se introducen distintos condiciones limitantes de la persecución atendiendo a la nacionalidad de la víctima y del victimario: se exigen términos generales nacionalidad española de víctimas y del victimario y residencia del victimario en España, salvo en el caso del Terrorismo, en el que la ampliación de competencia, por el contrario y obviamente debido a criterios políticos —nunca jurídicos— atendiendo al resto del texto de la propuesta de reforma, es ilimitada y con condiciones alternativas, como si acaso el delito de terrorismo fuera más grave que el de genocidio, que los crímenes de guerra o que los de lesa humanidad, por citar algunos crímenes internacionales cuya persecución queda tremendamente restringida con esta reforma.
La reforma introduce como requisito de admisibilidad para cualquier acción penal en ejercicio de la jurisdicción universal que previamente se haya formulado querella —se suprime la denuncia— por el Ministerio Fiscal o por la persona agraviada, eliminándose así la posibilidad de que una acusación popular inicie las actuaciones mediante denuncia o querella, vía habitual de inicio de este tipo de procedimientos, a la vista de la dificultad que en muchos casos entraña encontrar y traer a España a víctimas de delitos internacionales ocurridos fuera de España.
2.º Se aumenta la lista exhaustiva de delitos internacionales susceptibles de ser perseguidos por la justicia española fuera de nuestras fronteras, lo que incrementaría sin duda la seguridad jurídica y facilitaría la represión de estos horrendos crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad si no se limitara de forma exorbitante el alcance la jurisdicción penal española fuera de nuestras fronteras, por criterios de nacionalidad de la víctima o del victimario. En todo caso, la mayoría de los delitos susceptibles de persecución ahora incorporados a la lista exhaustiva, en su inmensa mayoría eran delitos ya perseguirles por la justicia española fuera de nuestras fronteras en aplicación del anterior apartado h) del artículo 23.4 de la LOPJ. En la reforma propuesta se imponen condiciones diversas para la persecución de cada uno de ellos, en la práctica limitan gravemente la jurisdicción habilitada por la actual norma.
3.º La persecución de estos delitos —tanto los expresamente indicados en el artículo 23.4 LOPJ antes de la reforma como los que ahora se propone incorporar— se limita en la práctica seriamente, hasta desvirtuar la posibilidad de ejercicio de la jurisdicción universal, introduciendo un amplio listado de condiciones para su ejercicio, algunas alternativas y otras acumulativas. En la redacción actual de la norma, una vez acreditada la existencia de jurisdicción —penúltimo párrafo, apartado 4 del artículo 23 de la LOPJ—, no existe limitación a la persecución de los delitos que activan el ejercicio de ésta, más allá de las propias limitaciones impuestas por los tratados internacionales de los que España es parte y por los principios generales del derecho internacional, por lo que la reforma propuesta supone un claro retroceso.
Además, elimina el criterio de competencia por conexión existente en el actual artículo 23.4 que permite perseguir delitos cuando «existiese algún vínculo de conexión relevante con España», dando a entender así que para el PP la defensa de la humanidad en su conjunto y de los derechos humanos de todas las personas, al margen de su nacionalidad o del lugar donde vivan, carece de relevancia, lo que en la práctica significa un claro incumplimiento de los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
4.º La persecución de los crímenes de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra se condiciona exclusivamente a que el responsable sea español o extranjero que resida en España, en este último caso exigiéndose además que haya sido denegada una petición de extradición por las autoridades españolas. Se elimina así cualquier posibilidad de perseguir a un victimario extranjero que se encuentre en España en situación de impunidad, esto es, respecto del cual no se haya pedido ninguna extradición.
5.º La persecución de los delitos de tortura se condiciona al supuesto de que la víctima sea española o a que el victimario sea español o resida en España, aunque en este último caso —persecución de un extranjero residente en España— se condiciona también a que la víctima del delito haya sido española, limitando así la obligación recogida en el artículo 5 de la Convención Contra la Tortura, de la que España es parte desde 1987, en la que la nacionalidad de la víctima es criterio suficiente para que el país de su nacionalidad active la jurisdicción universal, sin operar en este caso como una condición de admisibilidad de la acción penal que el victimario esté en el país que activa su jurisdicción para perseguir el delito. De esta manera, en la práctica se sustrae del ejercicio de la jurisdicción universal la persecución de cualquier responsable de torturas no nacional español cuando la víctima no sea española, aun en el caso de que el victimario residiera en España y se encontrara el crimen cometido en situación de impunidad.
6.º Delitos de piratería marítima y aérea: su persecución se condiciona a que el autor sea español o que las víctimas sean españolas, naveguen bajo bandera española o se encuentren en instalaciones ubicadas en la plataforma continental de España. Desaparece así la posibilidad de persecución de cualquier delito de piratería cuando la víctima no sea española, no navegue bajo pabellón español o no se encuentre en una instalación ubicada en la plataforma continental española. Con esta nueva redacción, los buques de la armada española participantes en la operación «atalanta» contra la piratería en el Océano Indico, carecerían de competencia para intervenir salvo en casos en que los ataques piratas se produjeran contra barcos o ciudadanos españoles.
7.º La persecución de delitos contra la seguridad nuclear se condiciona a que el presunto autor del hecho delictivo sea nacional español, permitiendo así que cualquier responsable de estos delitos que no lo sea disfrute en nuestro país de absoluta impunidad cuando haya cometido el delito fuera de España.
8.º La persecución del tráfico ilegal de drogas y estupefacientes se limita seriamente al condicionarse la aprehensión de alijos en alta mar a la previa autorización del estado bajo cuyo pabellón navega el alijo además de exigirse la existencia de un convenio regional o bilateral que contemple dicho procedimiento de colaboración entre estados.
9.º Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad: Sorprendentemente, la reforma propuesta introduce por primera vez este delito en el listado exhaustivo contenido en el artículo 23.4 LOPJ, para a continuación limitar su persecución en grave contravención de las obligaciones internacionales de España derivadas de su adhesión a tratados internacionales, limitando seriamente los criterios de persecución penal recogidos en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y ratificado por España el 31 de enero de 2002.
10.º Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia domestica: la reforma propuesta introduce por primera vez estos delitos en el listado exhaustivo contenido en el artículo 23.4 LOPJ —a salvo del delito de mutilación genital femenina, ya contemplado en la actual redacción de la norma—, para a
continuación limitar su persecución nuevamente en grave contravención de las obligaciones internacionales de España derivadas de su adhesión a tratados internacionales, limitando seriamente los criterios de persecución penal recogidos en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 antes citado.
11.º Trata de seres humanos: se elimina la persecución de los autores de este delito cuando no se haya cometido en España, sea la víctima española o extranjera, y el victimario sea no nacional español y no resida habitualmente en España, aun en el caso de que puntualmente el victimario se encontrara en España disfrutando su situación de impunidad y no existiendo solicitud de extradición en su contra.
12.º Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales. La reforma propuesta introduce por primera vez estos delitos en el listado exhaustivo contenido en el artículo 23.4 LOPJ, para a continuación limitar su persecución nuevamente a los supuestos de que el delito haya sido cometido por un español o extranjero residente habitual en España o por persona jurídica residente en España o empleado o colaborador de persona jurídica residente en España. No podrán perseguirse por tanto los delitos cometidos fuera de nuestras fronteras por autores no españoles que no estén directamente vinculados en su trabajo a personas jurídicas españolas.
13.º Delitos de desaparición forzosa incluidos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzosa hecho en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. A pesar de que en el citado Convenio la desaparición forzosa se configura como delito de persecución universal sin limitaciones, esta reforma procede a impedir el ejercicio jurisdiccional de los tribunales españoles respecto a los supuestos cometidos fuera de España en los que el victimario no sea español ni se encuentre en España, aunque la víctima fuese española. No podrán perseguirse por tanto los delitos de desaparición forzosa cuando las víctimas sean españolas o extranjeras, si el delito se hubiera cometido fuera de España y el victimario sea extranjero que no se encuentre en España.
14.º Finalmente, la reforma impone en el momento de su entrada en vigor el archivo cautelar por sobreseimiento de todas las causas tramitadas ante los tribunales españoles en ejercicio de la jurisdicción universal, hasta que no se acredite por las acusaciones el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva normas. Esta disposición pone de manifiesto la verdadera voluntad de la reforma, acabar de un plumazo con el ejercicio ya limitado de la jurisdicción universal por parte de España.
Como ha señalado Amnistía Internacional respecto a esta reforma: «España, a través del ejercicio efectivo de la jurisdicción universal, había contribuido en el pasado a generar una mayor conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces no son “intocables”, que sus actos pueden y deben ser castigados y que no hay paraísos seguros para éstos. Investigaciones por parte de España de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros, en aplicación del principio de jurisdicción universal, eran algunos de los ejemplos positivos.
España transmite así el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos».
Por todos estos motivos, se presenta la enmienda de veto a la proposición de ley de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
En este sentido es muy importante considerar lo que en relación a la Justicia Universal establece la Honorable Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el prefacio a los principios de Princenton: «La (Justicia Universal) se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales para los intereses internacionales que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a entablar una acción judicial contra el perpetrador, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen y la nacionalidad del autor o de la víctima».
Tal como escribe el profesor Xabier Philippe, no deben existir tablas de salvación para quienes cometen graves crímenes: «La comunidad internacional, a través de todos sus integrantes, Estados u organizaciones internacionales, deben intervenir enjuiciando y castigando a los perpetradores de esos crímenes. La jurisdicción universal es un asunto de interés para todos».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta esta propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
El alcance universal que el legislador atribuye a la jurisdicción española para conocer de determinados delitos, se corresponde tanto con su gravedad como con su proyección internacional, y con ello además se da cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado en los que se compromete a la defensa de los derechos humanos, y a la persecución y castigo de los crímenes internacionales más graves tales como genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Con esta proposición, se dificulta, hasta su práctica inviabilidad la competencia de la jurisdicción universal en España, dejando sin tutela a españoles víctimas de graves violaciones de sus derechos, tipificados como delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes en caso de conflicto armado. La renuncia a la persecución de estos gravísimos delitos, envía un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos, a la vez que abona la convicción de otros potenciales autores de que estas conductas pueden muy probablemente quedar sin castigo.
Las condiciones para hacer efectivo este principio en relación con cada delito son extraordinariamente restrictivas y, por ejemplo, en el caso de los delitos de mutilación genital femenina, trata, violencia de género y abusos sexuales a menores, y otros regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, ya no sólo se exige que el responsable se encuentre en España, sino que el procedimiento se dirija contra un español, o contra un extranjero que resida habitualmente en España; o que la víctima sea de nacionalidad española o que resida habitualmente en España.
Además, para todos ellos desaparece la posibilidad de iniciarse el procedimiento mediante denuncia, estableciendo, en todo caso, que estos delitos y los previstos en el apartado 3 del mismo artículo 23 (traición, delitos contra la Corona, rebelión, sedición, etc.) solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.
La voluntad de exclusión de estos procesos se refuerza con la Disposición Transitoria Única que establece el sobreseimiento de todas aquellas causas que se encuentren en tramitación por los delitos a
los que hace referencia, hasta tanto no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen. Esta aplicación retroactiva de una norma de carácter procesal, vinculada al ejercicio de un derecho fundamental cual es la tutela judicial efectiva, vulnera claramente los derechos constitucionales de las víctimas.
Razones de peso para rechazar en conjunto esta proposición de ley a las que cabe sumar otras de carácter procedimental. Encontrándonos ante una atropellada y discutible tramitación, en la que una vez más, el grupo parlamentario popular vuelve a forzar la tramitación parlamentaria, limitando claramente las facultades de examen y enmienda inherentes a la función legislativa que se atribuye constitucionalmente a las Cortes Generales, manifestando, también de nuevo, su escaso respeto hacia el Parlamento y a las reglas de juego democráticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal y formula el presente veto a la misma solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Palacio del Senado, 5 de marzo de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
La Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial relativa a la justicia universal presentada por el Partido Popular es una clara derogación de la jurisdicción penal internacional y garantía de la impunidad.
El Partido Popular no plantea una reforma de la jurisdicción penal internacional sino una derogación de la jurisdicción penal internacional. Una derogación por una vía espuria, por una vía sumarísima, y en nuestra tradición legal lo sumario es lo contrario a las garantías, lo contrario a la justicia y lo contrario a la democracia. Y ya es un clásico del PP, el carácter retroactivo de las leyes, con una aplicación retroactiva sobre los sumarios abiertos, proponiendo el archivo de todos y cada uno de ellos hasta tanto se sepa si esta ley afecta a esos sumarios o no.
Es una iniciativa humillante para las víctimas, para todas las víctimas. Para las víctimas cuyos delitos se van a perseguir en el ámbito internacional, por ejemplo las de terrorismo, pero también para las víctimas de genocidio o de tortura cuyos delitos no se van a perseguir a través de la jurisdicción penal internacional, dadas las restricciones que plantea el Gobierno.
De ser un país de referencia internacional en la lucha en defensa de los derechos humanos, el PP lo convierte en el país de la impunidad en la lucha contra la vulneración de los derechos humanos.
El Grupo Popular presenta un texto solamente para reconocer la coordinación penal internacional en la lucha contra los delitos comunes y no contra los delitos contra los derechos humanos. El resto, todos y cada uno de los graves delitos contra los derechos humanos (el crimen de lesa humanidad, las torturas, las desapariciones), todos los que tienen que ver con convenios internacionales, con compromisos internacionales de nuestro país quedan claramente derogados. Los requisitos que establece la ley para poder investigar uno de estos crímenes contra los derechos humanos son de imposible cumplimiento.
Esta proposición de ley restringe las posibilidades de acudir a la jurisdicción penal internacional, hasta tal punto que va a ser imposible acudir a la legislación penal internacional. En primer lugar, porque las características de víctima españolas van a obstaculizar en un 90 por ciento las posibilidades de la jurisdicción penal internacional, pero si algún 10 por ciento se escapase el Gobierno también plantea que solamente se podrá hacer por parte de la fiscalía o por parte del afectado por el delito. En este caso la acusación popular es esencial, si no hay acusación popular no hay persecución del delito internacional.
En nuestra opinión, el Gobierno establece un mecanismo que nos parece claramente inconstitucional. Es inconstitucional denunciar mediante esta ley seis convenios internacionales, como el Tratado de Roma, la Convención contra la Tortura o la convención que tiene que ver con las desapariciones forzadas. El Gobierno de manera implícita denuncia esos tratados sin denunciarlos, de alguna manera establece restricciones a los propios tratados, pero luego desde el punto de vista constitucional la medida de convertir esta ley en una ley retroactiva tiene todos los reproches constitucionales posibles. El hecho de pretender archivar todas las causas abiertas en estos momentos en aras de la jurisdicción penal internacional es una pretensión inconstitucional, por retroactiva y porque en nuestra opinión entra en el campo vedado del procedimiento judicial y de los derechos de las víctimas. Esto del efecto retroactivo es un escarnio para las víctimas. Si en esta ley dejamos desprotegidas a las víctimas de vulneración de los derechos humanos, el carácter retroactivo de la norma ofende a aquellas víctimas que han iniciado un proceso y que tenían expectativas sobre el proceso judicial. Esto es lo que hace el Gobierno con este carácter retroactivo: cerrar investigaciones importantísimas que tienen efectos desde el punto de vista de la persecución penal internacional contra los que vulneran los derechos humanos.
Estas son nuestras razones para rechazar la ley de punto final. En consecuencia, formulamos esta propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Palacio del Senado, 5 de marzo de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
Los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de veto estamos frontalmente en contra del contenido de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, cuya consecuencia es la desaparición del principio de justicia universal de la jurisdicción española.
El gobierno del Partido Popular demuestra, con el apoyo e impulso de esta proposición de ley por parte del grupo parlamentario que le da soporte, muy poco respeto por los derechos fundamentales de sus ciudadanos y su falta de compromiso con la defensa de los derechos humanos en el mundo, eliminando de un plumazo una seña de identidad clara de nuestra política exterior.
El contenido de la propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial es muy grave, pues reduce y limita, hasta hacer desaparecer de forma efectiva la posibilidad y la competencia de los tribunales españoles en la persecución de los delitos y las violaciones más graves de los derechos humanos, tales como genocidio y crímenes de lesa humanidad; que atentan no sólo contra las víctimas sino contra toda la comunidad internacional.
La modificación propuesta incluye una serie de condiciones muy restrictivas que, en la práctica, van a dejar sin tutela judicial a ciudadanos españoles victimas de graves violaciones de sus derechos en delitos tan execrables como la mutilación genital femenina, trata, violencia de género, abusos sexuales a menores, o tortura. La norma hace inviable la posibilidad de que los jueces y tribunales puedan proceder contra los presuntos autores de estos delitos. Ya no sólo exige que el presunto culpable se encuentre en España, sino que el procedimiento se dirija contra un español, o contra un extranjero que resida habitualmente en España; o que la víctima sea de nacionalidad española o que resida habitualmente en España. Y, además exigen que se haya denegado una orden de extradición contra la persona que se quiere proceder y si no se ha pedido dicha orden encontrándose en España, queda imposibilitado un juzgado español de proceder contra esos delitos.
El Gobierno con esta norma reduce y vulnera claramente el derecho constitucional de tutela judicial efectiva de sus ciudadanos.
Reiteramos, una vez más en una enmienda de Veto en esta legislatura, la falta de compromiso del Ejecutivo del Partido Popular con la obligada defensa del interés general en su acción de gobierno. Esta norma está elaborada y tramitada de forma extraordinariamente urgente en respuesta a las imposiciones de otros gobiernos que no aceptan la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y presionan a España para defender a sus ciudadanos. Y el Gobierno español, incumpliendo el principio de igualdad y defensa de los derechos humanos que primaba en nuestras relaciones internacionales, acelera esta modificación para contentar a otros aunque tenga como consecuencia desproteger a sus propios ciudadanos.
Así, según la disposición transitoria propuesta, cuando esta ley sea aprobada todos los procedimientos abiertos en España en virtud de la jurisdicción internacional van a ser sobreseídos de forma automática. Procedimientos como el genocidio de Guatemala, la muerte del periodista José Couso en la guerra de Irak, el de los supervivientes españoles en los campos de concentración nazis, el asesinato de Carmelo Soria y de Ignacio Ellacuría, o el ataque de Israel a la flotilla de la libertad. Esta medida de sobreseimiento por mandato legal supone una intromisión en la potestad jurisdiccional que la Constitución reserva a los Juzgados y Tribunales.
Hasta ahora, habíamos comprobado con números ejemplos el poco respeto que tiene el Gobierno del Partido Popular por el Parlamento y la actividad legislativa, abusando del Decreto Ley y de los procedimientos de urgencia para limitar burdamente los tiempos de enmienda del legislador. Pero, con esta norma han superado todo lo imaginable, la han presentado como Proposición de Ley a través del grupo parlamentario Popular y así evitar la forma de proyecto de ley y su obligado trámite de consulta a los órganos constitucionales ,como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo del Estado, que constituye la modificación de una Ley orgánica y, más cuando incluye modificaciones sustanciales de derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos que afectan a los derechos humanos.
Además, de forma injustificada y prepotente han calificado su tramitación con carácter de urgencia y en lectura única para su paso por el Parlamento. Como bien sabe el Gobierno, esta excusa reglamentaria reduce considerablemente la oportunidad de estudio sereno y en detalle de cualquier iniciativa y se dificulta enormemente el trabajo del legislador, reduciendo el tiempo de debate y la búsqueda de consenso político.
Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda muestran su total oposición a las formas en la tramitación parlamentaria de esta proposición de Ley y rechazan su contenido que elimina en la práctica la justicia universal de la jurisdicción española, cuyos principios inspiradores no son otros que el castigo de los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humana y evitar todo lo que sea posible la impunidad de sus autores.
Por todo ello, presentamos la siguiente propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal y solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados.