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Timestamp: 2019-11-14 08:26:02
Document Index: 66212772

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 459, de 19/11/2013
cve: DSCD-10-CO-459
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 459
Acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios en relación con el proyecto de ley del sector eléctrico. (Número de expediente 121/000064) ... (Página2)
- Proyecto de ley del sector eléctrico. (Número de expediente 121/000064) ... (Página4)
ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión número 36 de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de este Congreso de los Diputados. Como ustedes saben, el orden del día de la sesión de hoy gira -punto 1.º del orden del día- en torno a la aprobación del acuerdo de la Mesa por el cual se estimó no admitir a trámite las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios. Votaremos este primer punto, a continuación trataremos el segundo, que es la ratificación de la ponencia designada para emitir el informe del proyecto de ley, y finalmente el tercero, que es el debate de todas las enmiendas por parte de los grupos políticos, en cuyo trámite los grupos intervendrán de menor a mayor, como es habitual en los proyectos de ley. Los grupos parlamentarios me han manifestado su intención de hacerlo en un solo turno y el Grupo Parlamentario Socialista también, pero dividiendo la intervención por bloques de artículos o títulos, como su portavoz prefiera. El tiempo de intervención será de unos quince minutos, pero dada la importancia del proyecto de ley esta Presidencia será flexible en los tiempos.
Pasamos entonces al primer punto del orden del día, que es la ratificación del acuerdo de la Mesa en relación con las comparecencias solicitadas. ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista porque, en la misma línea de coherencia que hemos mantenido en los dos proyectos de ley anteriormente tramitados por esta Comisión en materia energética -concretamente me refiero a la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y a la Ley vinculada a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares-, mi grupo parlamentario consideraba que, en aras de una mejor información, de una mejor conexión con los colectivos ciudadanos y de la transparencia a la que tanto aspiramos en las Cortes Generales y que tanto nos demanda la ciudadanía, resultaba conveniente la comparecencia de expertos previamente al inicio de la tramitación parlamentaria. Así nos ha ocurrido también en este proyecto de ley del sector eléctrico. El 3 de octubre pasado, a través del registro de la Cámara, presentamos la petición de comparecencia de una serie de personas: de doña Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; de don Félix Martín Galicia, secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios; de don Alberto Lafuente, anterior presidente de la Comisión Nacional de Energía y catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Zaragoza; de don Juan Delgado Urdanibia, consultor independiente y ex economista jefe de la Comisión Nacional de la Competencia; de don José Ignacio Pérez Arriaga, director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y profesor del ICAI; de don Jorge Fabra Utray, presidente de Economistas frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica de España; de don Alberto Carbajo Josa, ex director general de operaciones de Red Eléctrica; de don Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables; de don Rafael Barrera Morcillo, director de Anpier, Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables; de don José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables APPA; de don Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; de don José López-Tafall Bascuñana, presidente de la Asociación Empresarial Eólica; de don Luis Crespo, presidente de Protermosolar; de don José Salmerón, presidente de la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de la Electricidad; de don José Donoso, director general de UNEF, Unión Española Fotovoltaica; de don Rafael Villaseca Marco, presidente del Club Español de la Energía; de don Eduardo Gil, presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, y de don Eduardo Montes Pérez del Real, presidente de Unesa.
Señorías, este conjunto de personas sin duda alguna podría ser ampliado en un número notable porque este proyecto de ley ha generado un interés colectivo ciudadano extraordinario; de ahí la importancia de que compareciesen en dos o tres sesiones estas personalidades -y otras que otros grupos parlamentarios hubiesen demandado- para enriquecerlo desde la perspectiva informativa y para incrementar la conexión de las Cortes Generales con la sociedad española en su conjunto. Lamentablemente nos ha sorprendido que, tal y como ha ocurrido en los dos proyectos de ley anteriores -ya leyes- a los que he hecho referencia, se haya desestimado esta propuesta. Ha sido desestimada en la Mesa de la Comisión en la que nos encontramos y ya no hay tiempo para reconsiderarla, porque vamos a comenzar con los puntos siguientes y con la tramitación del proyecto de ley, pero como quedan dos años de
legislatura y vendrán a esta Comisión proyectos de ley muy relevantes, pediría que todos consideremos la necesidad de incrementar la interrelación con los colectivos sociales. Esta es la consideración que queríamos hacer, señor presidente y señoras y señores miembros de esta Comisión. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: La señora Ortiz tiene la palabra.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, en la misma línea que ha manifestado el diputado señor Segura, nuestro grupo parlamentario también dirigió un escrito a la Mesa pidiendo que se habilitaran las comparecencias solicitadas por los grupos, entendiendo que este proyecto de ley no es un proyecto cualquiera, sino que tiene un impacto transversal en muchos sectores. La ley del sector eléctrico tiene impacto no solo en los actores directamente afectados por su contenido, sino que tiene impacto social y económico, un impacto en términos de empleo y un impacto ambiental, por lo que requeriría como mínimo un trámite participativo y transparente a su paso por el Congreso. Esta tradición por parte de la mayoría de la Cámara de aprobar leyes por el trámite de urgencia y sin escuchar la opinión de la sociedad civil -y no solo de la sociedad civil, sino de los propios expertos en la materia- está mermando la calidad y el rigor con el que se elaboran las leyes. No hay diálogo con los grupos parlamentarios -una vez más se ha demostrado en el trámite de esta ley- y tampoco hay posibilidad de escuchar a la sociedad civil cuando tramitamos leyes. Esto está mermando no solo la calidad de los contenidos de la ley sino la calidad democrática de nuestras instituciones. Planteamos la necesidad de que comparecieran en Comisión los actores afectados -es decir empresas del sector eléctrico- pero también asociaciones de consumidores, que vienen soportando los cambios regulatorios y la deficiente regulación que provoca el aumento del precio de la electricidad, organizaciones ambientales y expertos que pudieran dar su opinión sobre cuáles serían las consecuencias de la aplicación de esta ley. La mayoría de esta Cámara se ha negado, aunque había tiempo incluso de acuerdo con el calendario que había fijado la propia mayoría de Gobierno. Lamentamos una vez más que la forma de tramitar las leyes sea tan deficiente. Insistimos en que es una oportunidad perdida, si no para mejorar la ley, como mínimo para tramitarla de una manera más participativa y transparente, que es lo que debería hacer este Congreso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Ya está dicho lo que pensamos, creo que las dos intervenciones anteriores lo reflejan. Solo quería dejar constancia de que desde el Grupo Mixto también nos hemos dirigido a la Mesa señalándoles que este proceso realmente adolece de un problema serio de participación en un proyecto de ley complejo, que actúa sobre un sector más complejo todavía y que tiene la característica de que es difícil de entender en sí mismo y, por lo tanto, también es difícil de entender que no hayamos aprovechado la oportunidad para dar voz a los innumerables sectores que están extremadamente preocupados con el futuro del modelo de producción energética en el Estado español, de forma que creemos que esta es una oportunidad perdida. Estamos en la fase en la que estamos, pero debe quedar constancia de que es poco razonable que un proyecto de ley de esta envergadura no haya estado sometido a un proceso más participativo, y, desde luego, la urgencia no parece ser la fórmula más adecuada de abordar un proceso de esta envergadura.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir? Tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente. Quiero agradecer el interés de los demás grupos por, lógicamente, enriquecer la ley. Yo no comparto la idea de que si no hay comparecencias no hay contacto con la sociedad. Realmente los representantes de la sociedad están en esta Comisión y sin duda alguna todos ellos se reunieron con todos los grupos interesados en esta ley, que son muchos, igual que lo hicieron nuestro grupo y nuestro portavoz para hablar de este tema. Dado que es una ley que va por el procedimiento de urgencia y dado que el Gobierno -y creo que la sociedad- tienen la necesidad de ponerla en marcha cuanto antes, en este momento rechazamos esas comparecencias. No obstante, esta Comisión siempre estuvo abierta a distintas comparecencias, como las que se celebraron de distintos colectivos y grupos que tenían interés en trasladarnos sus opiniones y sus reflexiones, a lo que nunca nos hemos opuesto.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del punto 1.º del orden del día. Quiero aclararles que lo que se vota es la ratificación del acuerdo que resolvió no celebrar las comparecencias solicitadas por los grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ratificación del acuerdo.
- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la ratificación de la ponencia designada para elaborar el informe. ¿Podemos darla por ratificada? (Asentimiento). Queda ratificado este punto.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la defensa de las enmiendas. Ruego a los portavoces que si existe alguna enmienda transaccional, nos la hagan llegar a la Mesa y al resto de los grupos políticos con tiempo suficiente para poder ordenar en su momento el debate y las votaciones. Comenzamos el debate de las enmiendas del proyecto de ley. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto han solicitado la palabra... (El señor Segura Clavell pide la palabra). ¿Sí, señor Segura?
El señor SEGURA CLAVELL: Disculpe la interrupción, señor presidente, pero el Grupo Parlamentario Socialista no ha interpretado bien el dictamen de ponencia, dictamen de ponencia que el Grupo Socialista ha votado en contra.
El señor PRESIDENTE: El informe de la ponencia se votó por los ponentes en su día y llega aquí.
El señor SEGURA CLAVELL: O sea, hemos ratificado la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Hemos ratificado la designación de la ponencia.
El señor SEGURA CLAVELL: Bien, eso sí lo hemos votado a favor. Pido excusas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto han solicitado la palabra el señor Salvador, la señora Jordà y el señor Quevedo. En primer lugar tiene la palabra el señor Salvador para la defensa de sus enmiendas.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: En primer lugar quiero agradecerle, señor presidente, la deferencia de que podamos hablar más de dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto. El Grupo Mixto tiene dos portavoces y por tanto en mi caso no solo quiero agradecerle a usted sino también a mis colegas del Grupo Mixto que me permitan defender las enmiendas que UPN ha presentado a este proyecto de ley.
Quiero reiterar que mi partido ha participado activamente en esta tramitación y que viene interesándose por la cuestión de la energía desde hace tiempo. Yo mismo participé en la subcomisión sobre la prospectiva energética en la pasada legislatura y hace unos meses presentamos una proposición de ley para reformar el sector eléctrico. Voy a ser muy breve y voy a ratificarme en la intervención que hice con motivo del debate de las enmiendas a la totalidad. Recordaré que el voto de Unión del Pueblo Navarro fue favorable a las mismas. En todo caso, repetiré un argumento que dije ahí y es que desde nuestro punto de vista la energía debería ser un tema de Estado, y si ni antes, en la pasada legislatura con otro Gobierno, ni ahora, con el Partido Popular, somos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan importante, da la sensación de que vamos a seguir sin hacer los deberes como debiéramos cuando a nuestro juicio se trata de un asunto cuya importancia es capital.
Unión del Pueblo Navarro ha presentado tres enmiendas a este proyecto; dos de ellas corresponden al contenido de la proposición de ley que en su día presentamos para su debate, pero comoquiera que la presentamos antes de que llegara el proyecto del Gobierno y ya está aquí, la hemos convertido en dos
enmiendas. Son las enmiendas 121 y 122. La 121 pretende una regulación del autoconsumo con un nuevo artículo 9 que permita que la regulación precisamente no lo impida, como ocurre, según la valoración que nosotros hacemos, con la actual normativa que se pretende aprobar. La segunda incorpora un apartado 5 a la disposición final tercera, sobre el nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado, que pretende una regulación específica para los proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables de carácter experimental. Digamos que pretendemos que la ley dé un hueco eléctrico a todas esas empresas que están haciendo I+D+i en nuestro país para que lo puedan seguir haciendo.
Finalmente, en la 123 aportamos una propuesta -a nosotros nos parece posibilista- en defensa de las instalaciones de producción de energía eléctrica para el sector fotovoltaico, que nos parece que recogen una oferta, una propuesta más plausible y que podría ayudar a la sostenibilidad o a la rentabilidad razonable de muchísimos proyectos que se han puesto en marcha en nuestro país y que ahora ven con una absoluta incertidumbre y perplejidad la normativa de este proyecto de ley. Pediría el apoyo del grupo mayoritario y del resto de los grupos a nuestras enmiendas. En todo caso, quiero poner en valor el esfuerzo de una comunidad como la navarra, impulsada por un Gobierno pero también por muchos sectores, muchos empresarios y muchos proyectos empresariales en el mundo en el sector de las energías renovables, que ahora ven con incertidumbre y con riesgo su futuro, de ahí el objetivo de las enmiendas que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: En primer lugar, como ha dicho mi compañero, quiero agradecer la flexibilidad de esa Presidencia para facilitar las intervenciones en esta Comisión, y más en el caso del Grupo Mixto, donde siempre suele ser un poco complicado. Antes de entrar en las enmiendas, quisiera hacer algunas consideraciones generales que debemos explicar una vez más.
Para Esquerra Republicana de Catalunya los principales objetivos de esta reforma eléctrica son el mantenimiento del oligopolio, en claro detrimento de las renovables y el autoconsumo, y el traslado del déficit tarifario a los consumidores. Se mantiene pues un sistema que legitima directamente la estafa, una gran estafa que consiste en enriquecer básicamente a cuatro grandes compañías a costa de consumidores y de contribuyentes. Tanto es así que los beneficios que estas compañías han obtenido desde la liberalización del sector, así como los sueldos de eminentes consejeros como Aznar, González, Salgado o Acebes, son mucho mayores que los 26.000 millones de déficit de tarifa que acumulamos hasta el día de hoy. Por ello todas nuestras enmiendas están dirigidas a impulsar un cambio de modelo, en el que se permita la transición de un sistema eléctrico basado en energías fósiles, en energías agotables, contaminantes y cada vez más caras y dependientes, a un sistema basado en unas energías diferentes, en unas energías renovables, limpias y sobre todo que permitan la autosuficiencia. Asimismo defendemos un modelo basado en una producción de proximidad y de autoconsumo, en contra de los obstáculos y las penalizaciones que establece la presente ley.
Desde este punto de vista, nos parece absolutamente injusto y a la vez gravoso y surrealista que se pretenda hacer pagar a quien produce y a quien consume su propia energía, evidentemente sin generar coste, pero sí generando, en este caso, ahorro, para subvencionar a las grandes empresas. Es como si hiciéramos pagar un peaje -permítanme la comparación- a los peatones para subvencionar a los que van en todoterrenos, por ejemplo. Pero creo que aún es peor: el castigo a quien no informe del autoconsumo es el de máxima gravedad, a la altura de falsear las cuentas en una inmoral desproporcionalidad. Imagínense ustedes la comparación.
El presente proyecto de ley apuntala el oligopolio, dando la puntilla definitiva a las energías renovables y a las miles de familias que en su día apostaron por ella. Más allá del calvario y ruina para estas familias, eso significa también una clara hipoteca para el futuro, por la deuda que se está generando en estas familias y su impacto en la deuda pública, también por la dependencia exterior y el continuo encarecimiento de los combustibles fósiles una vez alcanzado el peak oil; por un modelo centralizado que supone grandes inversiones en infraestructuras, también en transporte y en mantenimiento, con los correspondientes costes en las facturas de la producción y en la competitividad empresarial e incluso en sanidad ante la contaminación electromagnética; por un sistema también ineficiente y derrochador, que va contra los compromisos internacionales de emisiones, y, finalmente, por la pérdida de oportunidad ante el freno al desarrollo de la innovación y la producción limpia, desde la energética a la automoción.
En definitiva, nuestras enmiendas suponen una defensa de las energías renovables y un frontal rechazo al presente proyecto de ley. En ese sentido -voy acabando-, proponemos, en primer lugar, que se haga una auditoría tanto del déficit tarifario como de los verdaderos costes de la producción eléctrica. Si no se hace una auditoría independiente y un análisis totalmente objetivo, es imposible hacer una ley adecuada para contrarrestar el déficit de tarifa. Por cierto, en esta misma ley reclamamos también una evaluación de la necesidad gasística del Estado y la revocación de todas las autorizaciones para el proyecto Castor. Asimismo reclamamos ya la paralización de todos los proyectos de fracking.
En segundo lugar, reclamamos la reversión de los embalses y saltos de agua cuya autorización va a caducar, así como la derogación de la limitación de la responsabilidad ante daños nucleares. Si se mantiene esta limitación, cualquier accidente nuclear arruinaría definitivamente la economía del Estado. En este mismo sentido, solicitamos el traspaso a la Generalitat de Catalunya de nuestras centrales nucleares para permitir la planificación de su cierre. Reclamamos también que todo el desarrollo normativo de esta ley sea realizado por la Generalitat, en detrimento de la descarada invasión competencial y centralización competencial que supone la presente ley. En esta línea, reivindicamos la capacidad también de la Generalitat para fijar los precios básicos de la energía y poder establecer un sistema público de precio social en los suministros básicos.
Finalmente, y en coherencia con ello, reclamamos que el corte de suministro eléctrico solo pueda realizarse mediante orden judicial y que las empresas de energía no interrumpan el suministro cuando se acredite insuficiencia de ingresos. Para ello las empresas suministradoras solo podrán proceder a la interrupción del suministro si cuentan con un informe favorable de servicios sociales. Consideramos que el suministro de energía es un servicio absolutamente esencial, por lo que no se puede permitir que pueda cortarse sin mediar actuación del Poder Judicial. Se debe garantizar el acceso de las personas más necesitadas al suministro de energía.
El señor PRESIDENTE: A continuación, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Debo comenzar, como mis compañeros, agradeciendo la sensibilidad de la Presidencia con la compleja y exótica composición del Grupo Mixto, que necesita muchas veces de espacios que no suele encontrar en otros ámbitos. Por tanto, quisiera agradecer que en esta Comisión haya facilitado la intervención de tres representantes de este grupo.
En segundo lugar, tenemos que volver a insistir en que si existe un sistema y un asunto complejo en nuestro país, es precisamente la cuestión de la producción energética. No es razonable que ante este enorme conjunto de iniciativas legislativas que ha puesto en marcha el ministerio no haya existido una oportunidad para participar, para rectificar y para consensuar. En realidad, lo que ha ocurrido es que se ha producido un debate completamente ajeno al proceso de elaboración de esta ley, como se manifiesta claramente en la oposición de los numerosos sectores que inciden sobre el ámbito del que estamos tratando, que han tenido que manifestarse así porque no han tenido otra forma de hacerlo. Tenemos que insistir en esta cuestión.
En tercer lugar, como dijimos en su día, hemos apoyado todas las enmiendas a la totalidad que se formularon -no formulamos ninguna, no porque no tuviésemos ganas, sino porque en los grupos reducidos, a veces, dosificamos el esfuerzo cuando sabe uno que los demás han hecho el suyo, por una cuestión de economía legislativa-. Creemos que se ha perdido la oportunidad para actuar sobre un sector complejo e incomprensible, afectado por un exceso de demanda, por un exceso de costos innecesarios, por una escasa implantación de las renovables. En fin, hemos perdido una oportunidad enorme con este proyecto de ley, que al final solo trata de actuar sobre el déficit de tarifa de forma poco afortunada, porque mucho nos tememos que el déficit de tarifa lo va a tener que cubrir la sociedad española para pagar una factura inasumible. Por supuesto, nos aleja del cumplimiento de la Agenda 2020 de la Unión Europea, está claro que estos objetivos no los vamos a alcanzar, y esta ley no va a ayudar a que eso sea así. Por otra parte, de nuevo persiste en el castigo a las renovables, a los sistemas de producción sostenibles de energía y, especialmente, en el castigo al autoconsumo, una medida que han defendido todas aquellas fuerzas políticas, aquellos sectores que consideran que este es un elemento esencial para racionalizar la demanda, para reducir los costes. De hecho, el peaje de respaldo al autoconsumo parece más bien un peaje -permítanme el pequeño chascarrillo- de espaldas a la posibilidad de que se desarrolle precisamente la actividad de autoconsumo.
A los nacionalistas canarios nos parece que de nuevo se produce una invasión competencial que es necesario resolver. Hemos formulado trece enmiendas, muchas de las cuales hacen referencia a la necesidad de que se consideren en la ley las competencias de las comunidades autónomas y, en este caso, de las comunidades extrapeninsulares, que claramente tienen una regulación propia que debe considerada y no puede ser superada ni invadida por este proyecto de ley. Esto es un asunto que nos preocupa enormemente, y lo hemos planteado ya en unas cuantas enmiendas. Hacemos referencia también al autoconsumo planteando, en primer lugar, el registro para el autoconsumo -si es que alguien se atreve-, que debe ser gestionado por la Comunidad Autónoma canaria en nuestro caso. Además, es necesario que el autoconsumo pueda complementarse con la instalación de baterías de almacenamiento, a ver si conseguimos hacer más atractivo el daño que se le hace a este procedimiento. Lo mismo planteamos en las cuestiones de la planificación, que no pueden hacerse a espaldas de lo que opina la Comunidad Autónoma canaria. Además, hay un asunto que quiero plantear -recogido en la enmienda número 6- y es a la hora de hablar del establecimiento de incentivos económicos específicos para las renovables, siempre que éstas energías supongan una reducción de los costes de los sistemas de los territorios no peninsulares, porque la clave en la que se desarrollen los modelos de las energías sustentados en energías limpias o renovables debe estar relacionada con un dato objetivo, y es que no solo está vinculado con los innumerables beneficios desde el punto de vista de la soberanía energética, etcétera, sino también con los costes. Podemos demostrar que en Canarias, en este momento, la producción de un megavatio/hora cuesta 230 euros por los sistemas tradicionales, y costaría 89 por las renovables.
Por último, en la enmienda número 7 se plantea la cuestión del concepto retributivo adicional. Como se sabe, en los sistemas no peninsulares se establecen conceptos retributivos adicionales, que no tengo tiempo de explicar pero me consta que ustedes conocen. En el proyecto de ley se dice: podrá determinar. No es razonable que una retribución, a todas luces necesaria para mantener la suficiencia energética en los archipiélagos, venga condicionada por un podrá determinar. Nosotros proponemos, y rogamos que se considere: determinará. No es posible que dependiendo del Gobierno de turno haya o no una retribución adicional.
Agradezco su benevolencia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Quevedo, que usted da por defendidas las enmiendas del señor Baldoví y de la señora Pérez Fernández.
El señor QUEVEDO ITURBE: Perdón, lo hago siempre, pero como habíamos intervenido varios, se me ha pasado. Efectivamente, doy por defendidas las enmiendas del resto de los integrantes del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco voy a defender las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley. Como saben sus señorías, nuestro grupo no presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley esperando que hubiera una actitud de cooperación, una actitud de llegar a acuerdos con el Gobierno. Lo hemos intentado, no ha sido posible de momento y esperemos que el acuerdo sea posible más adelante, pero en este momento vamos a fijar la posición estrictamente en relación con las enmiendas que hemos planteado y no con los acuerdos que pudieran derivarse de las mismas en un futuro.
Para el Grupo Vasco hay una cuestión que es absolutamente clara. Creemos que es clave que un proyecto de estas características responda y sirva para garantizar la competitividad de la industria. El sector eléctrico, el sistema energético, debe servir y debe ser un elemento clave de la competitividad de la industria. Por otra parte, otro de los requisitos que exigiríamos a este proyecto de ley es que se cumpla y se respete escrupulosamente el marco competencial. Por lo tanto, competitividad de la industria y respeto al marco competencial serían las claves que exigiríamos nosotros a este proyecto de ley y que creemos que, en este momento, desde luego no cumple, al menos de la manera que nosotros quisiéramos.
Hemos presentado cuarenta y cuatro enmiendas a este proyecto de ley y, como comprenderán, no voy a detenerme en todas ellas, porque sería excesivo. Simplemente me referiré a unas cuantas enmiendas que son fundamentales para el Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, la enmienda número 68 pretende corregir un problema grave que existe en muchas empresas que están en Euskadi. Lo que ocurre en las empresas de Euskadi es que están conectados a un nivel de 30 kilovoltios y esto las pone
en una situación de desventaja competitiva con relación a todas las empresas del Estado que están conectadas, por cuestiones técnicas, a un nivel de tensión superior. Creemos que esta desventaja competitiva no tiene ningún sentido que exista; nadie entiende que por el hecho de esta conexión las empresas vascas deban estar afectadas negativamente en su competitividad. Por tanto, es un elemento absolutamente prioritario y clave que es preciso corregir. No ha sido posible en las conversaciones que hemos mantenido hasta el momento con el Gobierno, pero esperemos que lo podamos hacer a lo largo del trámite que resta de este proyecto, pero, insisto, es un elemento clave.
Por otro lado, la enmienda número 69 es también importante desde el punto de vista de la competitividad empresarial. Igual que en Europa, nos gustaría que existiera la posibilidad de reducir los impuestos energéticos aplicables a determinados subsectores industriales. Es muy conocido que hay muchísimas empresas y muchísimos sectores en los que la energía es un elemento clave de la competitividad, forma una parte importante de la estructura de costes y, en función de cuál sea el coste de la energía, una industria puede ser competitiva o no, una industria puede ser desplazada a otros territorios o no. Por lo tanto, para evitar riesgos de desplazamiento, para evitar riesgos de cierre, creemos que es una enmienda realmente importante que permitiría la gestión de la política industrial.
Otra enmienda que plantea nuestro grupo, que nos parece razonable, es la número 66 referida a la retribución adecuada que propone el proyecto de ley. En lugar de la retribución que plantea el proyecto, lo que entendemos que sería mucho más razonable es que la retribución de las empresas de transporte y distribución esté referenciada al coste medio ponderado de los capitales de cada una de las actividades, lo que se llama el WACC de transporte y el WACC de distribución. Creemos que la propia Comisión Nacional del Mercados y Competencia siempre ha soportado esta metodología y empleado en todas sus propuestas la retribución del WACC como tasa de referencia. El Gobierno en esta propuesta no lo hace y creemos que sería importante que lo reconsiderara.
Hay otra serie de enmiendas, las números 52, 53, 54, sobre todo la 55, pero también la 57, 79, 78, 58 y 59, de carácter competencial. Creemos que un proyecto de estas características -todos los proyectos- debe respetar escrupulosamente el marco competencial y, a nuestro juicio, no lo hace de una manera suficiente. Es más, creemos que no aceptando las enmiendas que plantea el Grupo Vasco se podría producir una distorsión competencial difícilmente aceptable, al menos para nuestro grupo. En este sentido, en la enmienda número 55 se establece una relación de las competencias que en materia energética quedan en manos de las comunidades autónomas. Esta clarificación competencial lo que permitiría es que en la gestión y en el día a día del funcionamiento de este proyecto de ley, cuando sea ley, no se generen distorsiones y se respeten -como decía- los marcos competenciales.
La enmienda número 56 lo que plantea es que una vez que esté aplicada la planificación energética, si hay un proyecto de una instalación de una nueva fábrica o de un proceso productivo que necesite una nueva conexión a las redes, no por el hecho de que esa planificación energética esté aprobada y no se vaya a revisar, no se pueda realizar. Creemos que el proyecto tendría que permitir la suficiente flexibilidad como para o bien revisar esa planificación energética o bien encajar este proyecto a través de un acuerdo del Consejo de Ministros o de la manera que sea, de forma que no por una cuestión administrativa o por una cuestión formal estemos impidiendo que se ponga en marcha una inversión y en definitiva un proyecto que impulsa la actividad económica y el empleo en el país.
También me gustaría referirme a la enmienda número 94, que pretende evitar cualquier confusión, si es que existe -en nuestra opinión sí-, en relación con el carácter retroactivo de la remuneración que se plantea para los productores energéticos. Con esta enmienda deseamos que en ningún caso se produzca la afectación, reclamación o compensación de rentabilidades pasadas con el nuevo modelo retributivo. Es decir, creemos que el pasado es pasado, aunque somos muy críticos también con el pasado. Hemos sido muy críticos con las rentabilidades en muchos casos con una serie de energías, cuya remuneración fue, también en nuestra opinión, excesiva y derivada seguramente de problemas políticos a los que no se dio ninguna solución, pero reclamar ahora rentabilidades del pasado no sería positivo y generaría inseguridades jurídicas que serían malas para el propio sistema, además de para las propias empresas afectadas.
Aparte de estas enmiendas, nuestro grupo ha presentado un número importante de las mismas -hasta cuarenta y cuatro- en las que no me voy a detener ahora. Esperamos que en lo que queda de tramitación podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Ese es nuestro espíritu, espíritu de colaboración, pero dado que hasta el momento no hay un acuerdo suficiente ni satisfactorio y que entendemos que este proyecto, por una parte, afecta negativamente a la competitividad de las empresas, lo cual para nuestro
grupo es muy importante y, por otra parte, no clarifica suficientemente el marco competencial, de momento vamos a votar negativamente a este proyecto de ley.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Mi grupo presentó en su momento una enmienda a la totalidad y además ha presentado cuarenta y cuatro enmiendas parciales a esta ley. La verdad es que tengo que decir al respecto que no nos ha asombrado mucho, pero el pobre espíritu de llegar a acuerdos que siempre ha habido en otras leyes en esta ha llegado al máximo, porque no hemos tenido la menor oferta de llegar a ningún tipo de transacción o de acuerdo de ninguna clase. Una consecuencia de eso no es que a mí me importe demasiado que nuestras enmiendas sean aceptadas como tales o no, sino que simplemente demuestra que una vez más se comete el error -en nuestra opinión- de hacer una ley de partido, de un Gobierno con el apoyo de un único partido, para lo que no deja de ser una de las iniciativas legislativas más importantes de esta legislatura, que es justamente la del sector eléctrico. Un sector que está sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales, que ha creado un problema gravísimo en términos económicos al país, por una parte, por el déficit de tarifa y, por otra, por los efectos que tiene sobre la competitividad, sobre todo de la industria, y también sobre el bolsillo de los consumidores que, por cierto, creo que están completamente ausentes de esta ley. Una ley que, en nuestra opinión -lo dije en el debate de totalidad y lo reitero-, está hecha sobre todo con una finalidad, y es una finalidad muy poco razonable: salvar un modelo de negocio que en gran parte ya está caducado, buscando favorecer a las empresas que tienen una posición dominante. No se trata tanto de favorecer el desarrollo de determinadas posibilidades de cambios en el sector eléctrico, sino de congelar un modelo de negocio que ya es en gran parte un modelo que ha fracasado, que está en crisis. En vez de tomarse las medidas que hay que tomar para superar esta crisis, para acabar con el fenómeno del déficit tarifario, etcétera, lo que se hace en esta ley en nuestra opinión es profundizar en los errores anteriores y en algunos casos además congelarlos, tratar de impedir y oponerse a la evolución del propio sector, a la evolución de la tecnología, a la evolución de los mercados. Esta ley trata de garantizar a los que ya estaban que van a seguir estando en posiciones ventajosas y pone dificultades, barreras de acceso a aquellos que se han incorporado a última hora a este sector, me refiero evidentemente a las energías renovables. Mi grupo no habla de las renovables como si fuera la panacea para todo, que nos va a llevar a un mundo más feliz. Creemos que las cosas son más complejas, defendemos la idea de un mix energético, pero no compartimos de ninguna de las maneras y no podemos comprender -bueno, sí podemos comprenderlo, pero no podemos compartirlo de ninguna de las maneras- este empeño por oponerse a un hecho, que es que ha habido una revolución tecnológica en la producción energética de la electricidad. Este empeño por penalizar a las renovables, por perseguir -porque esta ya es la palabra que hay que utilizar- el autoconsumo, etcétera, no deja de ser una actitud reaccionaria en el sentido original del término; es decir, es oponerse a la evolución de las cosas y tratar de evitar los cambios que puedan molestar a determinados agentes a través de una ley. Esto es un error porque pensamos que esta ley no va a conseguir los fines que el Gobierno dice que persigue. Pensamos que condensa las nueve iniciativas legislativas anteriores, nada menos, esta ya es la décima, en dos años de legislatura y nos da la impresión de que los errores básicos se mantienen y se repiten y en algunos casos -lo que es peor- intentan blindarse. ¿A qué nos referimos? Pues por ejemplo a algo tan extraordinario, en nuestra opinión, como la idea de introducir legalmente el concepto de beneficio razonable; a sustituir mediante lo que consideramos que es un subterfugio semántico el déficit de tarifa por el concepto de desajuste; a mantener e incluso profundizar, porque luego en las únicas enmiendas que se han aceptado -que han sido las del Grupo Popular- nos parece que hay cosas que estaban mal y que ahora están peor, como por ejemplo la inestabilidad que significa para calcular la financiación de las empresas lo que son los costes autorizados, etcétera, o que se introduzca la retroactividad de costes del pasado, a lo que ya se ha hecho referencia aquí. Todo esto empeora lo que hay, porque al final tenemos un mercado completamente intervenido y protegido; protegido solo para determinados agentes y desde luego penalizado para otros.
Una ley de estas características debería haber avanzado, en nuestra opinión, en tres cosas muy concretas. En primer lugar, en la liberalización del mercado eléctrico, para que sea de una vez un verdadero mercado y para que los costes sean los costes reales y no los costes regulados, los costes autorizados por el Gobierno de turno. Nos parece verdaderamente increíble que se siga y se insista en un concepto de mercado eléctrico que es el que precisamente ha provocado déficit de tarifa. El déficit de tarifa no lo
han provocado ni los consumidores, ni las renovables en sí mismas como tecnología o como empresas nuevas, ni las inversiones en renovables, ni nada de estas cosas, sino el que sea un mercado intervenido, que nunca ha sido un mercado realmente liberalizado. Se vuelve a perder la oportunidad de liberalizarlo de una manera regulada y ordenada y lo que se hace es mantener nuevos sistemas de control y al final es el Gobierno el que determina qué es el mercado eléctrico, cuáles son los costes que hay que tener en cuenta en la factura eléctrica, etcétera. En segundo lugar, eso está muy relacionado con que no se avanza en el desarrollo de la competencia. ¿Qué competencia va a tener un sector donde determinadas empresas tienen unos intereses más protegidos que otras? Pues evidentemente ninguno. ¿Qué incentivos hay a la competencia? Pues ninguno. ¿Qué incentivos hay para el tercer objetivo que tenía que perseguir esta ley, que es la innovación? Todavía menos, porque la innovación es precisamente lo que más se discrimina en esta ley, puesto que es una ley hecha a la medida de los operadores tradicionales, aunque también es verdad que hicieron determinadas inversiones que luego no se han visto respaldadas por una demanda creciente de energía, sino al revés, pero no solo debido a la crisis, sino porque se hizo una política expansiva en muchos casos completamente especulativa y carente de estudios reales. Al final lo que importa es que se protejan determinadas inversiones que se hicieron y por tanto discriminar a otras que son mucho más innovadoras. Así que no avanzamos ni en liberalización, ni en competencia, ni en innovación. Los perjudicados son básicamente -creo que esto es importante subrayarlo- los consumidos, y me refiero tanto a los domésticos como a las pymes y a las grandes industrias consumidoras de grandes cantidades de energía eléctrica.
En nuestra opinión, es una ley que da la espalda a las cuestiones que tenía que haber resuelto. Lo que hace, eso sí, es cambiarlas y tratar de controlar, pero no erradicar, el fenómeno del déficit tarifario y tratar de controlar que las empresas que ya están obtengan este concepto tan curioso de beneficio razonable, que está nada más y nada menos que garantizado por el Estado, lo cual no deja de ser un caso verdaderamente increíble. Desde luego, si fuera anticapitalista aplaudiría con las orejas, porque es sorprendente que haya un sector donde a las empresas que ya están, a las que llevan tiempo históricamente implantadas, se les garantiza que sus pérdidas, en caso de producirse por los famosos desajustes, serán compensadas por los contribuyentes, que somos al final quienes vamos a acabar resolviendo como siempre todos los problemas, porque esta idea que al ministro Soria le gusta tanto repetir del reparto entre tres bolsillos o cajas diferentes de la financiación del déficit de tarifa es en el fondo diferir en el tiempo lo que acaba ocurriendo siempre, que todo acaba repercutiendo en la factura y todo acaba repercutiendo en los tributos e impuestos que pagamos vía ajustes o vía determinados costes que el Gobierno va regulando. Por tanto, es una ley, como ya dije cuando debatimos la enmienda a la totalidad, que creemos que va en la dirección contraria de lo que habría que hacer. En este sentido, es lógico que no se haya aceptado prácticamente ninguna enmienda, al menos ninguna de nuestro grupo, porque en la medida en que son enmiendas que tratan de impedir que esta ley vaya en esa dirección, pues se oponen a los planes del Gobierno. En fin, es un lío, porque nos da la impresión de que es una ley que va a tener muy poco recorrido, en primer lugar, porque no va a solucionar los problemas que pretende solucionar en su exposición de motivos y, en segundo lugar, porque introduce una gran inestabilidad en el sector eléctrico. Realmente, esta ley no soluciona -insisto- los problemas que había. No soluciona el problema de la inseguridad jurídica, porque introduce otra vez la retroactividad para cálculo del famoso beneficio razonable y también para prever por periodos de seis años qué se va a hacer en el mercado. No instaura los costes reales. Por supuesto, ya se ha hecho aquí referencia a la importancia de una auditoría externa que nuestro grupo apoya por completo para que conozcamos de una vez cuál es la formación de precios de la electricidad por tecnologías, por fuentes, etcétera, y los cargos asociados a la distribución y a la comercialización. No separa la generación de la comercialización y la distribución. En definitiva, no vemos por ninguna parte que esta ley consiga otra cosa que tratar de sosegar a determinados agentes del sector eléctrico que han presentado quejas, por otra parte muy razonables, que han llevado a la desinversión, a la descapitalización de estas empresas y a la litigiosidad en la que se ha visto ya envuelto el país, como Estado, al ser denunciado ante diferentes tribunales internacionales por incumplimiento de sus propios compromisos con los inversores, y francamente pensamos que esto todavía nos va a llevar a un nivel de caos superior al actual.
Para acabar, diré que el hecho de que de las cuarenta y cuatro enmiendas no nos hayan aceptado ninguna tiene su lógica, puesto que son enmiendas dirigidas a lo nuclear de esta ley, pero no deja de parecernos pintoresco que ni siquiera se haya querido hablar de cosas tan extrañas como esta autoridad que se le da al personal autorizado de las empresas para entrar en locales o viviendas que tengan la
desgracia de tener un equipamiento fotovoltaico y cosas parecidas. Realmente es una ley que pensamos que va a tener, como digo, por desgracia para el país, muy poco recorrido.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, el portavoz de CiU me solicita intervenir antes que usted. ¿Está de acuerdo? (Asentimiento). Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y a su portavoz, la señora Ortiz, la posibilidad de intervenir antes para poder asistir a otra Comisión posteriormente.
Como saben, señorías, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de reforma del sector eléctrico, ya que entendíamos que obedecía más a motivos de política económica que a motivos de política energética, dado que tiene como objetivo básico la eliminación del déficit tarifario eléctrico actual y no fija una hoja de ruta precisa de la política energética global española. En la defensa de esta enmienda a la totalidad ya planteamos que era conveniente y urgente clarificar cuál tendría que ser el modelo del sistema energético español antes de decidir qué medidas se deben adoptar para reducir el déficit tarifario eléctrico.
Desde nuestro punto de vista, la política energética tendría que contemplar como mínimo las líneas básicas de actuación y los principios de futuro energético español necesarios para cumplir los compromisos energéticos de España en el marco de los objetivos del paquete energía-clima de la Unión Europea en el horizonte 2020, el conocido 20-20-20, energías renovables y eficiencia energética, reducción de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo plantear la definición del mix energético global y del mix de generación de energía eléctrica en el futuro para España, teniendo en cuenta lógicamente la sostenibilidad económica, ambiental y social y la seguridad y la fiabilidad del sistema del suministro energético. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario ha presentado alrededor de cien enmiendas que van en esta dirección, la de plantear una mejora de la competitividad de nuestro tejido industrial, evitar la deslocalización de nuestro tejido industrial a otros países donde la energía pueda ser más barata y, al mismo tiempo, plantear que los suministros eléctricos y el coste de la energía eléctrica desde la perspectiva doméstica y familiar también sean más competitivos que los actuales, porque no hay que olvidar que hoy los costes energéticos familiares y domésticos son un 30% más elevados que los costes energéticos medios de la Unión Europea. Por tanto, en esta dirección van nuestras enmiendas.
Es cierto, señorías, que concretamente a lo largo de esta última semana, hemos abierto un proceso de negociación con el Partido Popular para plantear la posibilidad de llegar a cuerdos y mejorar sustancialmente esta ley del sector eléctrico. Es cierto que se han producido estas negociaciones, así como que hemos conseguido avances significativos en algunos aspectos, pero nos ha faltado conseguir un acuerdo global sobre todo en los temas que había planteado nuestro grupo parlamentario, motivo por el cual hemos dejado esta negociación global en todos los aspectos a los que me voy a referir para su tramitación en el Senado y, dado que no vamos a poder transaccionar ninguna enmienda, nuestro voto va a continuar siendo negativo al texto del dictamen que saldrá de la Comisión de Industria.
¿Cuáles son las enmiendas más relevantes de nuestro grupo parlamentario en los diferentes ámbitos a los que me acabo de referir? En primer lugar, hemos planteado tres enmiendas competenciales, la 396, la 399 y 402, aspecto que queremos corregir en la futura negociación que se abrirá ahora en el Senado, en el sentido de recuperar una serie de competencias autonómicas que en esta ley pasan de ser de competencia exclusiva o compartida de las comunidades autónomas a ser competencias exclusivas de la Administración central. En este caso, creemos que la competencia para aprobar los planes de inversión de las empresas distribuidoras ha de corresponder a las comunidades autónomas, dado que se trata de planes que han de hacer referencia a instalaciones de competencia autonómica cuyo aprovechamiento no exceda del ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma y de su trazado autonómico. También lo planteamos desde el punto de vista de que la actividad de la distribución en las instalaciones de distribución es de competencia autonómica y debe proveerse de forma adecuada el ejercicio de estas competencias con relación a la determinación de los gestores de la red de distribución, de la retribución de la actividad, de las zonas territoriales y de la regulación de las cometidas eléctricas. También desde este punto de vista del ámbito competencial, en estas enmiendas planteamos que las comunidades autónomas tengan atribuida la competencia con relación a la actividad de la distribución y a las instalaciones de distribución. Esta competencia incluye la participación en la determinación de los niveles de calidad, en la determinación de la demanda razonable, en la recepción de la información y en la aprobación de los
planes de inversión que han de presentar las empresas distribuidoras. Todas estas competencias no se encuentran debidamente reconocidas en el artículo 40 del proyecto.
En cuanto a las empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes, que en España hay alrededor de unas 320 y que sin representar el 80 o el 90% de las operadoras energéticas en el Estado español hay que reconocer que son muy eficientes, no tiene ningún sentido que se les plantee una separación funcional de sus actividades. No tiene demasiado sentido que a una empresa que pueda actuar en Olot, por ejemplo, o en Cádiz, esta ley la obligue a que tenga dos domicilios con dos consejos de administración, con dos gerentes o con dos consejeros delegados para hacer las funciones de distribución y de comercialización. Por tanto, este es un aspecto en el que es cierto que hemos avanzado significativamente en nuestras negociaciones, pero valdría la pena acabar de resolverlo en el Senado.
Hay otros aspectos a los que han hecho referencia otros grupos parlamentarios, como es el tema de la retribución de las actividades, al que va dirigida la enmienda 381, que básicamente plantea que la regulación de cualquier actividad regulada tiene que garantizar una rentabilidad razonable para retribuir el coste de capital empleado por las empresas: tanto la deuda de la empresa como a los accionistas, obteniendo estos una rentabilidad adecuada al tipo y riesgo del negocio. La retribución debe permitir que no se distribuya el valor de la empresa y además debe incentivar la realización de las inversiones que precise el sistema de distribución. El sistema de retribución planteado en el proyecto de ley es un sistema con el que no estamos de acuerdo y a través de esta enmienda queremos plantear un sistema de retribución del coste medio ponderado del capital, el WACC, como existe en otros países de la Unión Europea, para poder ser competitivos en esta cuestión.
Desde esta perspectiva, planteamos la enmienda 432, que está dirigida básicamente a las inversiones realizadas por el sector de las renovables. En este sentido, no entendemos que se pueda plantear una retroactividad en aspectos que hacen inviables estas compañías de cara al futuro. En esta dirección van las enmiendas números 432 y 441, en las que planteamos que el mecanismo de retribución económica para este tipo de productos de energía eléctrica, basado en instalaciones tipo y de valores estándares de inversión y costes fijos por el Gobierno central, tiene sentido exclusivamente para nuevas instalaciones de producción y no es aplicable a instalaciones existentes y en funcionamiento. Esta es una cuestión importantísima en la que valdría la pena ponernos de acuerdo todas las formaciones políticas para no perjudicar notable y financieramente a una serie de compañías que han planteado una serie de inversiones y que a mitad de partido se les ha cambiado las reglas de juego.
Hay otros aspectos muy importantes desde nuestro punto de vista que siempre hemos defendido cuando hemos hablado del sector eléctrico y son todos aquellos que se refieren a la cogeneración. La cogeneración es una actividad industrial indispensable para poder dar a nuestras empresas un precio y un coste energético más competitivo. Desde esta perspectiva, hemos planteado dos enmiendas, que son la 423 y la 424. Aquí hay que añadir que hemos podido contemplar una sensibilidad importante del Partido Popular para poder llegar a un acuerdo, en el sentido de que todas aquellas empresas que habiendo invertido en temas de cogeneración, no fueron inscritas en el prerregistro -según el Real Decreto-ley 1/2012- entendemos que deberían gozar de todos aquellos beneficios que comporta la retribución de las primas. En este aspecto pienso que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Al mismo tiempo, en la enmienda 441 proponemos la posibilidad de que en el plazo máximo de seis meses se pueda plantear un Plan Renove de todas aquellas actividades de cogeneración, pues, como ustedes saben perfectamente, en el año 2014 casi el 50% de las empresas acogidas al régimen de cogeneración van a cumplir más de quince años de vida útil y es necesario un Plan Renove para poder seguir activando la cogeneración como un mecanismo útil para la competitividad de nuestras compañías.
En cuanto a la enmienda 360, a la que también han hecho alusión otros grupos parlamentarios, referida al autoconsumo, nosotros entendemos que en un mundo liberalizado totalmente y viviendo ya de lleno en el siglo XXI hemos de plantear o copiar todas aquellas iniciativas importantes que han dado un gran resultado en algunos países de la Unión Europea, como Alemania, Bélgica u Holanda, en todos aquellos aspectos que hacen referencia al autoconsumo. Por lo tanto, entendemos que esta sería una de las enmiendas claves en la que valdría la pena ponernos de acuerdo, ya que no tiene ningún sentido que un productor de energía eléctrica y un consumidor, sujetos que participan en los mercados no regulados, no puedan libremente ejercer su opción de conectarse a través de una línea directa, sin trabas por parte de la Administración.
Finalmente -acabo, señor presidente-, me referiré a la enmienda número 413, que consideramos de gran sensibilidad social y en la que sería interesante poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular.
Nosotros la hemos definido como la enmienda de la pobreza energética, en el sentido de que no se pueda interrumpir el suministro energético a determinadas familias o personas que están en una situación límite. Esta también es una enmienda que seguramente tiene un coste razonable dentro de las magnitudes en las que nos estamos moviendo en el sector energético y valdría la pena tener este alma social, esta sensibilidad social para que a todas estas personas, que están atravesando una situación económica límite, no se les pueda interrumpir el suministro eléctrico.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la señora Ortiz, quería decir a los portavoces a afectos de planificación que estimo que sobre las doce de la mañana podremos estar en condiciones de votar, ya que las votaciones hay que ordenarlas. Por lo tanto, las votaciones no serán antes de las doce.
Por parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y CHA plantea una enmienda a la totalidad por una absoluta disconformidad con el fondo y con la forma de este proyecto de ley. Ya lo he dicho anteriormente cuando hablábamos sobre la solicitud de las comparecencias, pero llegados a este punto de un debate final de la ley queremos empezar rechazando cómo se ha tramitado. Creo que es un ejemplo. Es decir, hemos tenido dos ponencias y en ninguna de ellas se nos ha informado siquiera de en qué ámbitos se podía abrir negociación. Aquí hay algunos portavoces que están diciendo que había posibilidad de negociación. El conjunto de ponentes no hemos sabido ni hemos podido conocer dónde hay líneas abiertas de negociación con el Gobierno y, evidentemente, hay portavoces que no hemos tenido ni la posibilidad de comentar ni de negociar. Ese es el ejemplo de cómo se tramita esta ley. Una ley que tiene un impacto transversal no solo en el sector eléctrico y en el energético, sino también en términos de economía, de competitividad, de empleo; en términos de salud, de seguridad, de suministro, de un derecho que es básico; en términos medioambientales, de seguridad jurídica y de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Con este nivel y con esta dimensión se está tramitando una ley de esta manera, con opacidad, con falta de transparencia y con ninguna capacidad de diálogo, y ya ni siquiera hablaría de mínima cortesía en cómo funciona este Parlamento. (El señor vicepresidente, González Vázquez, ocupa la Presidencia). A nuestro entender, es una ley irresponsable, miope y que está desconectada de las necesidades sociales; responde a perpetuar un modelo obsoleto, ineficaz e insostenible. Además es una ley que es un atropello a la seguridad jurídica, rebosa un conjunto de disposiciones de carácter retroactivo que atenta directamente contra la capacidad futura de este país de recibir inversiones y de dinamizar la economía en un sector como es el energético, que necesita de esa seguridad y de esa estabilidad. Una ley que tampoco dará estabilidad, una ley que nace caducada, que no resolverá los problemas y que además nace con la oposición del conjunto de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, no otorga ni estabilidad ni seguridad en el futuro porque tampoco resolverá los problemas.
Es una ley que incumple también los compromisos internacionales y las propias directivas, colocando a las renovables como una excepción y no como una norma; vulnerará los compromisos internacionales de reducción de emisiones, de reducción de consumo energético y también de implantación de renovables, y ya está la propia Comisión Europea alertando de que España no va a cumplir con esos objetivos internacionales. Esta ley lo que hace es poner más trabas a la inversión en renovable cuando se está diciendo que ya no se va a cumplir. Es una ley que también atenta contra las libertades ciudadanas, como se constata en el trato al autoconsumo; una ley que quiere tutelar la libertad del ciudadano de querer contribuir a la producción sostenible y con energías limpias, y también a la libertad de decidir cómo quiere producir su energía y de dónde la quiere consumir; eso es un atentado a la libertad porque lo hace dependiente de una gran empresa quiera o no quiera, y ese es el modelo con el que se instaura esta ley.
Es una ley que en plena crisis energética mundial, donde el gas y el petróleo aumentan exponencialmente los precios -solo hace falta ver la evolución en la última década y los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía y cómo va a evolucionar en los próximos diez años-, nos hace dependientes cada vez más del gas y del petróleo porque atenta directamente contra la implantación de energías limpias. Por tanto, es una ley que atenta contra el futuro económico, que nos hará más dependientes del exterior y de unos combustibles fósiles que no tenemos en nuestro país y que aumentarán su coste. En definitiva, es una ley que atenta contra el sentido común, porque es ultraconservadora, mantiene un modelo energético y un mix que está completamente obsoleto y que no es lo que necesitamos. Un mix basado en energías sucias, inseguras, un sistema también basado en la sobrecapacidad eléctrica. Lo que intenta esta ley es querer contentar a los que siempre han producido la energía, limitando la entrada de
nuevos productores. Un mix que también perpetuará esa dependencia del exterior, pero también un sistema eléctrico, de la forma que se plantea, que insistirá en esta alta intensidad energética. Gran parte de nuestra falta de competitividad no es solo porque el precio de la energía es muy caro en nuestro país, sino porque tenemos un sistema económico altamente intensivo en energía, el doble que la media de la Unión Europea, es decir, necesitamos muchísimas más unidades energéticas para producir y para generar riqueza. Ese es uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. Lo que hace esta ley es impedir cualquier desarrollo de gestión de la demanda del ahorro energético. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del Gobierno es que lo que es precisamente malo para el sistema son las energías renovables y el ahorro energético. Ese es el diagnóstico que hace el Gobierno, ese es el origen de todos los males. Por eso de este diagnóstico se deriva una mala solución. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Una ley que no corrige los problemas cuando la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que el incremento y el problema del déficit de tarifa no viene tanto por las renovables sino por una mala regulación del sistema eléctrico, cuando precisamente la Unión Europea ha alertado de la sobrerretribución que tienen algunas tecnologías por un sistema que reconoce un exceso también de pagos a un conjunto de conceptos y de tecnologías. Ustedes no van al origen del problema ni lo han querido abordar.
Las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, que han sido admitidas por la mayoría y que forman parte del texto del dictamen, son enmiendas que no solucionan nada de estos problemas que tenía la ley, sino todo lo contrario, son una vuelta de tuerca más a esos problemas: consolidan la retroactividad, consolidan también los recortes en el apoyo a las energías limpias, definen precisamente de forma restrictiva las retribuciones y también aumentan la inestabilidad con cuestiones de calendario de cómo se van a corregir. Por lo tanto, el trámite y las autocorrecciones que se ha hecho por la mayoría de esta Cámara no van precisamente en el buen camino.
¿Cuáles son las enmiendas de nuestro grupo parlamentario? Hemos presentado cincuenta y nueva enmiendas, básicamente en dos cuestiones. Por un lado, enmiendas que van destinadas a paliar los efectos dañinos de esta ley, pero también algunas que van a un cambio de modelo energético. Al entender de nuestro grupo parlamentario el cambio de modelo energético debe basarse en tres cuestiones: en primer lugar, una reducción del consumo y de la demanda energética en nuestro país, porque ese el pilar de un cambio de modelo productivo y de mejorar nuestra competitividad. En segundo lugar, una mejora de la eficiencia energética de forma transversal y en todo los sectores. En tercer lugar, una implantación cada vez mayor de las energías limpias y renovables. En cuarto lugar, un sistema democratizado y también descentralizado porque hoy conseguir un cambio de modelo es también avanzar hacia la soberanía energética y tener redes distribuidas a lo largo del territorio. Lo que todos los expertos dicen es que en el siglo XXI gran parte del ahorro, de la eficiencia y de la competitividad de un sistema viene precisamente de acercar el punto de producción al punto de consumo. Eso es lo que favorece precisamente el autoconsumo, que es lo que ustedes quieren impedir también en esta ley.
Pasaré de forma muy esquemática sobre nuestras enmiendas porque son sesenta, por tanto no me entretendré en ellas. Las primeras tratan de incorporar cosas que son de sentido común, y que aunque sea como mínimo por una cuestión de no quedar mal ante las instituciones internacionales, no entendemos cómo la mayoría no son capaces ni de aceptar esas enmiendas. Una cuestión fundamental es que la ley del sector eléctrico tenga como uno de los objetivos la protección medioambiental y la independencia energética, una cosa que entendemos que cualquier Gobierno mínimamente responsable debería poder incluir. Hasta esto, hasta una cuestión de descripción se resisten ustedes. También hablamos de la que planificación eléctrica debe estar hecha al mínimo coste para la sociedad, porque cuando el Partido Popular habla de que nos debe costar poco entendemos que nos debe costar poco al conjunto de la sociedad, no solo a unas empresas a las que quieren ustedes defender. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en un sistema eléctrico, no solo mirar una parte, sino mirar el conjunto del impacto económico que tiene. Por otro lado, enmiendas que van destinadas a cumplir con los contenidos de las directivas europeas, tanto la de renovables como la de eficiencia energética, cuestiones básicas simplemente para que las renovables no sean discriminadas y también enmiendas que plantean las recomendaciones que hoy desde la Unión Europea nos llegan. Otras enmiendas también van destinadas a corregir que esta ley incluya no solo a sociedades mercantiles, sino a todos los actores que también forman parte del proceso como pueden ser las cooperativas, una corrección que, aunque sí que se ha modificado en algunas de las enmiendas del Grupo Popular, deberían ser aceptada. Otras enmiendas abordan los costes del sistema y los que no lo son. Entendemos que si hoy lo que queremos es clarificar,
ir a la raíz de los problemas del sistema eléctrico, sino debemos determinar qué cosas no forman parte de la producción eléctrica, cosas que hoy los consumidores pagan porque se decide que se paguen vía factura pero que no son costes de producción. Cuestiones como la prioridad del carbón, que es una cuestión de dar ayuda a un sector, pero no forma parte de algo que se debería pagar en la factura eléctrica o como la gestión de residuos nucleares, que deberían estar internalizadas en el propio proceso.
Planteamos además enmiendas para introducir flexibilidad y racionalidad al sistema de ingresos y gastos. Ustedes establecen una rigidez como la Ley de Estabilidad Presupuestaria ahora aplicada en el sector eléctrico, donde pretenden que cualquier incremento del coste venga acompañado directamente de un ingreso. Eso es algo que no se puede cumplir y que está muy alejado de la realidad del sector eléctrico, del sector energético y se deben dotar elementos de flexibilidad. También planteamos enmiendas donde se acaba con esa excepcionalidad de las renovables y la penalización retroactiva que se establece. Queremos dar seguridad jurídica porque en el futuro, no solo económico y de creación de empleo sino también para garantizar el suministro y la seguridad en términos energéticos, debemos apostar por energías que tenemos en nuestro país, que es un país rico precisamente en estas energías que además ayudan a luchar contra el cambio climático. No entendemos esa penalización que se hace y que ustedes no solo penalicen las inversiones, sino que con ese atentando a la seguridad jurídica impidan nuevas inversiones en el futuro.
Otras enmiendas van destinadas precisamente a garantizar las competencias de las comunidades autónomas y a que las comunidades autónomas puedan desarrollar instrumentos fiscales sin que sean penalizados en esta ley. Hay enmiendas en la línea de regular el autoconsumo y el balance neto. Ustedes no han regulado el autoconsumo; establecen un peaje a los consumidores y productores que quieren contribuir a la producción descentralizada de la energía. Es la única ley que hay en el mundo que establece un peaje de este tipo, para castigar a las personas que apuestan por un cambio de modelo energético y descentralizado, un auténtico atentando contra el sentido común y un atentado a la libertad de los ciudadanos. Por otro lado, presentamos enmiendas sobre la protección a productores ante medidas que vulneran derechos como el acceso a locales, otros instrumentos que a nuestro entender son fundamentales. Uno de los problemas que atentan contra la cohesión social y los derechos básicos es la dificultad de acceso a la energía y el problema de la pobreza energética. Nuestra enmienda 174 precisamente modifica el artículo 45 para garantizar los suministros básicos de electricidad, de gas natural y de gas butano para garantizar lo que es un derecho. Aquí hemos oído a autoridades del Gobierno y también de las empresas que se llevan las manos en la cabeza con una gran insensibilidad social.
Desde Cruz Roja a Cáritas nos explican que hoy la dificultad de acceso a la energía puede provocar entre 3.000 y 9.000 muertes prematuras por no tener las condiciones mínimas de calefacción y de acceso a estos suministros básicos. Estamos hablando de un bien básico y, por tanto, de un derecho y de un servicio de interés público. Si todo lo miramos desde la óptica del mercado y no protegemos esas situaciones que en épocas de crisis además se ven acrecentadas, situaciones de alta vulnerabilidad, no entendemos cuál es el papel del Gobierno en la regulación del sector eléctrico. Establecemos cuestiones que son de sentido común y que están recomendadas no solo por las ONG sino aplicadas en muchísimos países, por ejemplo, el establecimiento de una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no pueden interrumpir el servicio de electricidad, mejorar la definición de lo que es un consumidor vulnerable.
Establecemos enmiendas para mejora de la eficiencia energética y la gestión de la demanda. Tal y como plantean la reforma empeoran la capacidad de decidir un cambio de consumo, un cambio en la demanda energética en función de esa eficiencia y de ese ahorro. También la propia facturación, tal y como está establecida, penaliza la capacidad de ahorro mediante la gestión de la demanda. Por otro lado planteamos una cuestión que es fundamental. Nosotros partimos de que esta ley está basada en un error de diagnóstico y en una obsesión por la reducción del déficit tarifario. Si no hay una auditoría independiente sobre cómo se ha generado ese déficit no van a encontrar ustedes la solución. Entendemos que es imprescindible esta auditoría energética porque hay una deuda que estamos pagando donde, a nuestro entender, podemos estar hablando de deuda completamente ilegítima, cuando la Comisión Nacional de la Energía establece que se han pagado más de 3.000 millones de euros de exceso de pago a las empresas eléctricas, por ejemplo, en costes de transición a la competencia. Se trataría de una auditoría energética que ponga transparencia y que ponga luz a ese déficit que pagamos todos, que está hipotecando además la legislación energética y que no resuelve el problema. Proponemos una ley de renovables que transponga la directiva europea y, por ejemplo, como hemos reiterado en otras ocasiones, la prohibición del fracking
por principio de precaución. El modelo energético no es apostar por más combustibles fósiles que además contaminan el territorio sino que hay que apostar por todo lo contrario de lo que establece esta ley.
Hay algunas enmiendas destinadas a la regulación de los contadores inteligentes. De la manera en que está hoy regulada esta cuestión se puede atentar contra la seguridad jurídica y la protección de datos, porque hoy los contadores inteligentes están al servicio de las empresas eléctricas pero no al servicio de los ciudadanos para decidir cuál es el consumo que les beneficiaría más. Existe un conjunto de enmiendas que van destinadas a derogar medidas que ya se han aplicado, que se demuestran fracasadas y que son de carácter retroactivo. En definitiva, nosotros planteamos enmiendas para un cambio de modelo energético frente a la cruzada contra las renovables y la eficiencia que plantea el Partido Popular, no solo con esta ley sino con los más de diez cambios regulatorios que se han hecho. Ya llevamos miles de puestos de trabajo que están costando estos cambios regulatorios; el hundimiento del I+D en un sector que era pionero; un mix más sucio que ya ha contribuido más al aumento de emisiones; un mix insostenible, cada vez más dependiente del exterior y que también atenta contra la democracia y las libertades.
Dicen ustedes que se va a resolver el déficit. El ministro cada día viene a decir que el déficit de este año oscila entre 4.000 y cero y cada semana, según cómo se levanta, va diciendo una cosa y la contraria. Sinceramente, esto demuestra la falta de rumbo que tiene el Gobierno en la política energética, incluso en esta obsesión de reducción contra el déficit tarifario. Dicen que se va a resolver; lo veremos al tiempo. Nuestro grupo parlamentario cree que no, porque ustedes con esta ley no han hecho caso de ninguna de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía y de las recomendaciones a nivel europeo. Ustedes han regulado según el diagnóstico de las grandes empresas eléctricas y no para las necesidades de la sociedad. Su ley de 1997 precisamente ha generado gran parte de los problemas que tenemos ahora y ustedes ahora la modifican para empeorarla. Pagaremos la herencia desde 1997 y pagaremos lo que ustedes están haciendo hoy. Lo único que nos queda decir es que esta ley nace caducada y que cuando cambien las mayorías nuestro grupo parlamentario trabajará para derogar lo que establece hoy esta ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, esta es la última etapa de la tramitación del proyecto de ley del sector eléctrico y tiene una importancia excepcional. Es lo que el Gobierno ha venido denominando reforma eléctrica. En esa denominación de reforma eléctrica se incluye el Real Decreto-ley 9/2013, que fue convalidado precisamente el 17 de julio pasado, y se incluirán toda una serie de reales decretos que vienen a continuación engarzados a este proyecto de ley, reales decretos que no van a ser objeto de debate ni de aportación de enmiendas sino que se publicarán exclusivamente en el "Boletín Oficial del Estado". Será el Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de la energía eléctrica. Otro real decreto será aquel por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad y distribución de la energía eléctrica. Un tercer real decreto es aquel por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. Un cuarto real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y la producción con autoconsumo. Un quinto real decreto por el que se regulan los mecanismos de capacidad e hibernación y se modifican determinados aspectos de mercado de producción eléctrica. Un sexto real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Y un séptimo real decreto por el que se regula la actividad de comercialización y las condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica. Además de ello, habrá alrededor de ocho órdenes ministeriales, y otras disposiciones. Señorías, observen que estos reales decretos a los que acabo de hacer referencia ni van a ser objeto de convalidación ni van a ser objeto de discusión previa a la aprobación por parte del Gobierno y su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", sino que son -permítaseme el símil- como ramas que saldrán de este gran tronco central que es la ley del sector eléctrico que nos concita hoy.
Señorías, comprenderán que ante la importancia de este proyecto de ley y ante la línea de trabajo que el grupo parlamentario ha venido manteniendo en esta Comisión resultase razonable el planteamiento que hizo doña Elena Castellano, como miembro de la Mesa de esta Comisión, días atrás cuando en representación del Grupo Parlamentario Socialista planteaba una metodología; una metodología -insisto- de trabajo diferenciada de la que estamos llevando y de la que aprobó la Mesa, y que consiguientemente hay que llevar siguiendo las normas dictadas por la Mesa. La metodología de trabajo era que, dado que existe en el
Reglamento en vigor, Reglamento en vigor del Congreso de los Diputados una serie de normas que nos permiten decir que esa metodología no es un disparate, debátase, analícese. El Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 114, dice textualmente, en el punto 1. "Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión".
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, le reitero que puede hacer uso de su turno artículo por artículo, título por título, por bloques o como usted lo desee. Por lo tanto, reiterar cuando se le ha dicho que puede hacerlo como quiera. (El señor Franquis Vera: ¿Ha parado el tiempo?), reiterar lo que está haciendo y lo que se le ha autorizado no tiene sentido. (Un señor diputado: Es por el tiempo.-Rumores).
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, le ruego que me deje continuar. Le he escuchado con interés...
El señor PRESIDENTE: Yo le dejo continuar y utilizar el tiempo como quiera.
El señor SEGURA CLAVELL: ¿Qué tiempo?
El señor PRESIDENTE: El que usted necesite, señor Segura.
Yo le reitero que puede hacerlo como quiera, artículo por artículo, por títulos o por bloques. Utilice el tiempo como quiera y usted tiene todo el tiempo que necesite para exponer su situación. Pero le adelanto que es gratuito porque se le ha dicho, hasta por escrito, que puede hacerlo como quiera.
El señor SEGURA CLAVELL: En consecuencia, recogida esa sugerencia e indicación, esa va a ser la metodología que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista va a llevar a cabo. No buscando confrontación, eso que quede claro, es un método de trabajo que enriquece la actividad parlamentaria en una etapa en la que lamentablemente en muchos colectivos sociales se nos critica esta forma de trabajar. Por consiguiente, recogida la sugerencia que acaba de indicar el señor presidente, que es cierto que me ha hecho llegar por escrito, desde luego indica que estamos dando pasos racionales al frente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado noventa y una enmiendas. Son enmiendas que comienzan precisamente en la enmienda número 255 y termina noventa y una enmiendas después. Al título I hemos presentado las enmiendas 255, 256, 257 y 258, teniendo algunas de ellas mayor importancia desde la perspectiva de la modificación en los contenidos, pero precisamente para ahondar en las que son columnas vertebradoras de los distintos títulos que integran este proyecto de ley no voy a hacer referencia a ninguna de ellas. En el titulo II, señorías, nos encontramos con un conjunto de artículos muy relevantes. Al artículo 9, al que intervinientes anteriores han aludido frecuentemente, hemos presentado dos enmiendas, la 265 y la 266, vinculadas al autoconsumo de energía eléctrica. La importancia excepcional de esta fórmula justifica una serie de razonamientos que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos llevar a cabo. Concretamente, en este título II se pretende esencialmente regular el autoconsumo, de una forma con la que no nos identificamos, como fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema eléctrico y estableciendo la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores mediante el pago de peaje. En línea precisamente con las críticas que ha realizado la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia, estimamos que se trata en la introducción de una norma con la que discrepamos, de un peaje novedoso, injustificado y discriminatorio, que sacrifica la eficiencia económica y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, y que impone barreras económicas que hacen que las inversiones en autoconsumo no sean rentables y que los proyectos se conviertan en inviables.
Queremos también poner de manifiesto en aras del rigor que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el establecimiento de peaje, dando una serie de indicaciones acerca de qué peajes tendrían sentido y cuáles no; indicando que tienen sentido aquellos que en la medida en que respondan a los principios fijados en la ley y tengan lógica técnica y económica, algo que no ocurre en este caso. Estimamos que la regulación del autoconsumo y el balance neto deben construirse sobre los principios de justicia, seguridad jurídica y no discriminación, dado que es una medida que fomenta el ahorro energético, la supervivencia del sector de las energías renovables y su integración en las edificaciones e infraestructuras para la creación de ciudades inteligentes, para fomentar el desarrollo tecnológico y para aumentar la competitividad de nuestras industrias y empresas. Consideramos, asímismo, que esa modalidad de autoconsumo, que es uno de los graves
errores de este proyecto de ley, contribuye, si se lleva a cabo en la línea de lo que planteamos en las enmiendas 265 y 266, con la mejora económica y socioambiental del país, con la lucha contra el cambio climático, con el uso más eficiente de las infraestructuras eléctricas, con la mejora de la competitividad empresarial y con el desarrollo tecnológico. Este último punto es particularmente importante por la estrecha relación de la generación distribuida con el desarrollo de redes inteligentes y ciudades inteligentes. Una regulación justa y no discriminatoria del autoconsumo con balance neto permitiría realizar un despliegue rápido de tecnología, y situar al país en la vanguardia de una actividad de gran valor añadido e igualmente impulsar la I+D, fuertemente dañadas con las medidas de recorte aprobadas hasta el momento.
En consecuencia, desde la óptica del Grupo Parlamentario Socialista, el proyecto de ley hace inviable el autoconsumo, sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo. La reforma energética que impulsa el Gobierno en este aspecto debería fomentar y apoyar el desarrollo del autoconsumo ya que contribuye al descenso de la demanda causante del déficit de tarifa, así como a asegurar el abastecimiento energético a largo plazo, reduciendo la dependencia energética exterior. La reducción de los costes de estas tecnologías hace que el ciudadano pueda llegar a crear una energía competitiva. El proyecto de ley del sector eléctrico recoge en este artículo 9 la regulación sobre el autoconsumo de energía eléctrica, dejando para posterior desarrollo reglamentario -que será uno de los reales decretos a los que he hecho referencia- el régimen económico de las distintas modalidades que deberá tener por finalidad la contribución de la energía autoconsumida a la cobertura de los costes y servicios del sistema eléctrico en los mismos términos que la energía consumida por los restantes sujetos del sistema. Por ello queremos destacar el pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Competencia, no de un colectivo no cualificado sino de un órgano de este nivel, que ha considerado fundamental que el régimen que finalmente se arbitre no haya de resultar discriminatorio ni innecesario o desproporcionalmente restrictivo para la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo, dado que este sistema de suministro de energía eléctrica no es sino una fuente de presión competitiva para el resto de suministros convencionales, contribuyendo a mejorar la competencia efectiva en este sector.
En la misma línea de razonamiento con las consideraciones dimanadas de la Comisión Nacional de la Competencia, y reproducidas textualmente, extraemos que en el caso español la posibilidad de desarrollo del autoconsumo resulta particularmente interesante por varios motivos -esto lo dice la Comisión Nacional de la Competencia y nosotros nos hemos limitado a reproducir lo que ha dicho- y afirma: en primer lugar, nuestro país ha presentado tradicionalmente una alta dependencia energética respecto del exterior, resultando el autoconsumo una estrategia voluntaria a nivel microeconómico que facilitaría la reducción de esta desventaja económica con repercusión sobre la totalidad del sistema económico. En segundo lugar, afirma, al penalizar el autoconsumo se penaliza en la actualidad una tecnología concreta, esto es, a la producción de energía a través de paneles solares fotovoltaicos. En la medida en que esta tecnología presenta menores costes de producción que otras se estará perjudicando la eficiencia del sistema e impidiendo que los clientes, particularmente determinados clientes de mayor tamaño que utilizan la energía eléctrica como input, reduzcan sus costes con el consiguiente impacto en la competitividad de la economía española. En tercer lugar, y los ciudadanos tienen que saberlo, la Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que el autoconsumo representa una presión competitiva que no procede limitar injustificada o desproporcionadamente. En un contexto de insuficiente competencia en los mercados eléctricos mayoristas y minoristas, el autoconsumo se constituye como una alternativa voluntaria del consumidor cuando este lo considere económicamente interesante, con el objeto de evitar el consumo de energía a través de los canales tradicionales. El autoconsumo puede introducir de esta forma una tensión competitiva relevante en el mercado mayorista y minorista, incentivando precios más eficientes en ambos mercados. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice la Comisión Nacional de la Competencia en sesión plenaria mantenida al respecto. Por todo ello, atendiendo a los beneficios que genera el autoconsumo en términos de reducción de la dependencia, configuración de un modelo energético más flexible y particularmente por el impacto claramente positivo desde la perspectiva de competencia, rechazamos el contenido íntegro del artículo 9 del proyecto de ley, cuya redacción es incomprensible por cuanto, y a modo de ejemplo, no se logra entender la diferencia entre las modalidades de autoconsumo a que se refieren los puntos b) y c) del apartado 1 de ese artículo 9, en la medida en que la línea directa necesariamente conecta una instalación de generación debidamente inscrita en el registro administrativo correspondiente con el interior de la red de un consumidor, y así sucesivamente.
De ahí, señorías, una motivación extensa en la enmienda número 265, de la que de esa motivación extensa del contenido que nosotros planteamos que la modificación del artículo noveno en sus puntos 1, 2, 3, 4, que está justificada con la intervención que al respecto acabamos de hacer. Pero también en ese título II de ordenación del suministro integrado por los artículos comprendidos entre 6 y el 12, presenta interés singular el contenido del artículo 11 de intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad. Se viene diciendo que la península ibérica es una isla energética, o es un islote energético, terminología que a mí personalmente no me resulta grata, y lo hace como consecuencia del aislamiento -dicho entrecomilladamente- con el resto del mercado europeo de la electricidad, y ese es un déficit que tiene el título II EN ese artículo 11, repito, de intercambios intracomunitarios internacionales de electricidad, lamentablemente el gobierno deja pasar la oportunidad de avanzar en la incorporación de normas de índole legal comunitarias como la de ir disminuyendo el aislamiento energético de la España peninsular respecto del deseable mercado interior de la energía al que tiende la Unión Europea el que he hecho referencia instantes atrás. De hecho, no se refleja en ninguno de los artículos del proyecto de ley ninguna consideración, por ejemplo, relativa a los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas de la Unión Europea ni de los reglamentos que actualmente están en vigor, es más, ni la más mínima referencia acerca de la consulta del Libro Verde, un marco titulado -digámoslo entrecomilladamente-: Un marco para las políticas de clima y energía en 2030, ni de alguno de los contenidos del documento que titulado. Por política energética y su desafío constituyó una contribución de la Comisión al Consejo Europeo del 22 mayo del presente año 2013 y que fue objeto de debate en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea de las Cortes generales previa a la celebración de esas sesiones.
Señorías, el título III es un título esencialmente clave en el proyecto de ley, lo mismo que el II con respecto al autoconsumo. El título III, sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico -¡menudo titulo!- es ya por sí mismo una ley. -El artículo 13, sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, el artículo 14: retribución de las actividades, el 15; 16: peaje de acceso a las redes y cargos asociados; el 17, precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso-. Y qué duda cabe que es una de los títulos esenciales, columna vertebradora del nuevo modelo de la reforma energética. Y señorías, no voy a referirme nada más a un par de artículos. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas -disculpen, precisamente por la celeridad en ocasiones se produce que determinados papeles no aparezcan-, esencialmente al artículo 14 las enmiendas 272,200 73,274 así hasta la 283. La enmienda 275 al artículo 14, propone la modificación de la letra a) del apartado 5 de ese mismo artículo en relación con el mercado intradiario. Fíjense si tiene importancia es el mercado intradiario, y tal como la Comisión Nacional de la Energía expuso en el informe 16/2013 sobre el inicial anteproyecto de ley del sector, no de este proyecto de ley. Su diseño es una costo que se encuentra en discusión a nivel europeo en el ámbito de desarrollo del modelo objetivo para la integración del mercado interior de la energía y lo enlazo con lo que manifesté minutos atrás con respecto al artículo 11 del título II. En este sentido, el mercado interna diario muy probablemente se ordenará como mercado continuo haciendo que no toda la energía negociada se retribuya a un único precio de equilibrio tal como propone el proyecto de ley; es decir, el proyecto de ley trae una norma que previsiblemente chocará con una norma comunitaria actualmente en elaboración, y digo previsiblemente porque está en la etapa de finalización.
En la enmienda 276 hablamos del coste medio ponderado de capital, el WACC de referencia al que aquí se ha hecho mención por parte de otros intervinientes en la justificación se encuentra la exposición de motivos de la modificación introducimos. Pero la enmienda 278 dice ni más ni menos que el Gobierno, en el punto 7 del artículo 14 -es un artículo inmenso- el gobierno establecerá un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos cuando exista una obligación de cumplimiento del objetivo energético derivado de directiva u otras normas, etcétera. Nosotros modificamos ese apartado siete del artículo 14 -piensen que estamos hablando del régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovable, es decir, algo que están todos los medios de comunicación y en la preocupación ciudadana; y justificamos esa modificación por el fomento de las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y de residuos no debe tener carácter excepcional, sino que debe ser la actuación que debe seguir el Gobierno si se cumplen los requisitos establecidos tal como nosotros los planteamos, tal como resulta de la normativa comunitaria, no es naturalmente una invención coyuntural de personas que han trabajado en el seno del grupo parlamentario, no; se trata de aplicar la Ley 2/2011, de 4 marzo, de economía sostenible y se trata de aplicar directivas comunitarias.
En ese mismo sentido, se ha pronunciado el Consejo de estado, señorías, el Consejo de estado de su dictamen 937 de este año, de 12 septiembre, sobre el anteproyecto de ley en su página 19 dice: carece de sentido afirmar que se podrán fomentar las energías renovables cuando su introducción suponga una reducción de la dependencia energética exterior, pues por definición tales energías renovables así lo suponen. En el resto de la motivación se encuentran los argumentos que nosotros queremos exponer.
Dentro de ese título ya no solamente el artículo 14, al que hemos introducido del orden de 10 o 12 enmiendas, sino dentro de ese título se encuentra también el artículo 16 que tiene una relevancia excepcional, al que hemos introducido las enmiendas 200 85,200 86,200 87,288 y 289. Concretamente la enmienda 286 propone la modificación del apartado 3 del artículo 16 con una redacción que figura en nuestra enmienda y con una justificación, dado que decimos que debe tenerse en cuenta que la directiva 2009/72 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad señala como competencia necesaria del regulador o bien la fijación de las tarifas de acceso o bien el establecimiento de la metodología. Así, según el artículo 37.1 de la Directiva 2009/72 a la que he hecho referencia, la autoridad reguladora tendrá las siguientes obligaciones: establecer o aprobar de conformidad con criterios transparentes las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías. En la enmienda tenemos una exposición de motivos justificativa extensa que obviamente no voy a leer precisamente por no pasar al título IV de producción de energía eléctrica al que hemos introducido la enmienda 295, sino para darle la satisfacción al presidente de la Comisión de que ya vamos al título V, y que esto lleva el ritmo que seguro que a usted le place y le satisface. (Risas).
En el título V, gestión económica y técnica del sistema eléctrico, el artículo 28, de gestión económica y técnica, es un artículo muy susceptible de discusión; a dicho título hemos planteado las enmiendas 296, 297, 298, 299 y 300. Si hago referencia a la enmienda 296, al artículo 28, sé que con el interés que están siguiendo mi intervención podría introducir algún parámetro de despiste porque es una enmienda muy potente, pero como estoy seguro de que una vez que el proyecto de ley salga del Congreso volveremos a reanalizar las enmiendas porque va a ir al Senado, allí experimentará previsiblemente algún retoque y podremos introducir alguno de los parámetros. En la enmienda 296 al artículo 28 tenemos un planteamiento de modificación con la introducción de dos artículos que hemos denominado 28 bis y 29 bis: el artículo 28 bis, producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, en lo que se refiere a la gestión económica y técnica; y el artículo 29 bis, derechos y obligaciones de los productores a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Introducimos estas modificaciones porque creemos que España necesita un modelo propio y específico para las energías renovables. El proyecto de ley no tiene en cuenta y obvia la especificidad de las renovables al no dedicarles un apartado propio y por separado; además -y esto es más grave-, falta un modelo sobre las instalaciones renovables pese a que constituyen una parte muy relevante en nuestro mix energético. Señorías, España tenía en el año 2012 una potencia renovable sobre la total a nivel nacional del 29,97% y en producción la energía renovable producida sobre la total a nivel nacional fue del 24,54%. Luego, tiene ya una importancia excepcional y por ello es necesario que la ley contemple los derechos y obligaciones de las instalaciones renovables de cogeneración y de residuos, tal y como se propone en esta enmienda, que soy consciente de que es extensa. Se debe regular el derecho a obtener por la energía eléctrica producida, y no por la potencia instalada, una retribución que garantice una rentabilidad razonable con respecto al coste medio ponderado del capital, por ser este el criterio que toma como referencia todo inversor nacional que se guía por criterios de mercado y por el criterio empleado por la Comisión Nacional de Energía. Señorías, las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos aún no son tecnologías que puedan competir por su coste en el mercado -somos conscientes de ello-, sin perjuicio de que hayan adquirido mayor grado de competitividad que el que existía en 1997, cuando se promulgó la ley anterior que ahora se va a derogar con este proyecto de ley, o en 2007, cuando se promulgó el Real Decreto 661/2007 que reguló su régimen retributivo. Esta progresiva equiparación, que aún no se ha completado, no justifica en modo alguno el régimen general y único que ahora propone este proyecto de ley sin recoger ciertas particularidades especificas del sector renovable en sus derechos y obligaciones, en su estructura de costes y en su forma de producción, que incluso vienen impuestos por la normativa comunitaria, como la prioridad en el acceso a la red y la prioridad del despacho -artículo 16.2.c) de la Directiva 2009/28- o la conveniencia de que los precios de la energía reflejen los costes externos de la producción y el consumo energético, incluidos los costes medioambientales, sociales y sanitarios, que es el considerando número 26 de la directiva a la que acabo de hacer referencia.
Señorías, el título VI, transporte de energía eléctrica, requeriría una intervención detallada, pero soy consciente del tiempo. El presidente de la Comisión ha tenido que salir; espero que sea por razones personales y que no sea por agotamiento. (Risas). Ahora tenemos un presidente de relevo y yo me felicito por ello.
Al título VII, distribución de energía eléctrica, a sus artículos 40, 41 y 42 hemos introducido dos enmiendas. En relación con el artículo 40, obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras, se han hecho por parte de otros intervinientes una serie de reflexiones con la mayor parte de las cuales me identifico y previsiblemente votaremos a favor de las enmiendas defendidas por portavoces de otros grupos sobre esta materia. Nosotros hemos introducido dos enmiendas, la 301 y la 302.
Título VIII. He saltado el título VII rápidamente porque el título VIII justifica una reflexión detallada, y con ella culminaría prácticamente la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, el título VIII, suministro de energía eléctrica, comprende artículos importantes -el artículo 43, suministro; el artículo 44, derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro; el artículo 49, gestión de la demanda; el artículo 50, planes de ahorro y eficiencia energética; el artículo 52, suspensión del suministro- y a todos ellos hemos introducido enmiendas. En primer lugar, me referiré a la enmienda 303 al artículo 43. El artículo 43 es muy sensible desde el punto de vista social, porque es el que regula el suministro y establece cómo reglamentariamente se proporcionará ese suministro. En nuestra enmienda planteamos que reglamentariamente se deben establecer por las administraciones públicas competentes medidas de protección al consumidor que deberán recogerse en las condiciones contractuales para los contratos de suministro de los comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual específico, con independencia de que hayan contratado en régimen de libre mercado o de precios voluntarios para el pequeño consumidor. En la enmienda seguimos argumentando esa modificación del punto 3 del artículo 43, pero quiero hacer referencia exclusivamente a la motivación. La motivación nos surge porque tanto los informes de la extinta Comisión Nacional de la Energía como las apreciaciones de la Comisión Nacional de la Competencia -ahora reconvertidas ambas en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia-, así como las organizaciones de protección de consumidores, vienen manifestando en los últimos años los problemas que se derivan para el ejercicio del derecho al cambio de suministrador en el sector eléctrico como consecuencia de los dilatados plazos que para la gestión de este proceso disponen a su favor las compañías distribuidoras autorizantes del cambio de suministrador a efectos del acceso a sus redes. Señorías, en la actualidad estos plazos difieren significativamente para consumidores conectados a redes de alta y baja tensión, oscilando entre un plazo de cinco días y un plazo de hasta cincuenta y nueve días, fecha de lectura en puntos de suministro con lectura bimestral. Estos plazos tan dilatados suponen una barrera competitiva para el fomento del cambio de suministrador. ¿A cuántos amigos no les habremos oído decir que quieren cambiar de suministrador y que se encuentran con multitud de dificultades? Este es el motivo de esta enmienda. Es una enmienda de una gran protección social y le diría al grupo parlamentario mayoritario que considere sus planteamientos. La disposición recogida en el actual proyecto de ley cuya modificación estamos solicitando, aunque amparada en el plazo previsto en el artículo 3.5.a) de la Directiva 2009/72, viene a ratificar el mantenimiento de plazos incomprensiblemente dilatados para el proceso de cambio de suministrador, lo cual termina consolidando los efectos perniciosos previamente señalados y condicionando gravemente la evolución de la efectiva liberalización del sector. Creemos que la fijación de un plazo de veintiún días supone desconocer los procesos asociados al cambio de suministrador, que en el caso de un cambio de suministrador sin modificaciones en las condiciones técnicas del acceso a la red de distribución se reduce a un simple apunte administrativo de cambio de suministrador. Señorías, esta es una enmienda que podría ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.
En el artículo 44, derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro, podrían justificarse muchos temas. Las enmiendas 304, 305, 306 y 307 van en la línea de clarificar los derechos y obligaciones de los consumidores en múltiples circunstancias y controversias en las que se encuentran ante las empresas suministradoras.
Al artículo 49, gestión de la demanda, hemos presentado las enmiendas 308 y 309. La enmienda 308 al artículo 49 es una enmienda de modificación con una redacción en la que planteamos que las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en coordinación con otros agentes nuevos o ya existentes, realizarán y aplicarán medidas que fomenten mejoras significativas en la gestión de la demanda eléctrica y que contribuyan a la optimización de la curva de carga con la finalidad de mejorar la eficiencia
energética global del sistema y contribuir a una mayor participación de la generación con energías renovables, al tiempo que se reducen costes actuales e inversiones futuras. Lo motivamos -muy brevemente- porque la gestión de la demanda es la asignatura pendiente de la política energética española y europea, dado que son y han sido siempre políticas desde y para la oferta obviando la estrategia de la gestión integrada de recursos, de la que la gestión de la demanda es parte esencial para la mejora de la eficiencia global de cualquier sistema eléctrico. En España se ha hecho la interrumpibilidad. No hay ninguna medida más eficaz y menos costosa para aumentar la presencia de las energías renovables. Históricamente se ha ido desincentivando al consumidor por la vía de recargar el coste del consumo diurno si optan por la discriminación horaria, aspecto que hoy no tiene ninguna dificultad técnica con los contadores inteligentes, última enmienda que nosotros hemos presentado precisamente en este listado al que acabo de hacer referencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, el actual proyecto de ley presenta un régimen retributivo para la producción eléctrica con energías renovables, cogeneración y residuos que se tiene que financiar con lo que perciba del mercado y que puede recibir un complemento que permita a una instalación tipo eficiente tanto en su coste de inversión como en su funcionamiento obtener -y lo decimos entre comillas- una rentabilidad razonable -también entre comillas-, objeto de gran debate ciudadano y en los sectores profesionales. ¿Cómo se establecerá esta rentabilidad razonable, cómo se mide? Se establecerá sobre la base del tipo de interés del bono a diez años más un diferencial. Es decir, las instalaciones en funcionamiento recibirán un complemento a sus ingresos por el mercado, si ello es necesario, para alcanzar una rentabilidad -lo digo entre comillas de nuevo- razonable en toda la vida de la instalación, que se cuantifica en la media del rendimiento del bono a diez años en los últimos diez años, más 300 puntos básicos. Se trata de que el Gobierno decide ahora unilateralmente para instalaciones que se construyeron hace cinco, diez o quince años atrás, el coste al que se debería haber realizado la inversión, el coste con el que debían haber operado y mantenido desde que entraron en funcionamiento y la rentabilidad razonable que debían haber obtenido si sus costes hubieran sido los que ahora fija el Gobierno para que haya una gestión eficiente. No hay quien lo entienda. Esto ha sido expresado por otros intervinientes de diferentes grupos y fue expresado por el Grupo Parlamentario Socialista cuando defendió la enmienda a la totalidad y explicó que es cierto que ese contenido está en el Real Decreto-ley 9 y constituye una de las razones básicas por las cuales el Grupo Parlamentario Socialista decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cosa que han hecho varias comunidades autónomas.
Señor presidente, consciente del tiempo que llevo consumido, ¿se me permiten cinco minutitos más? Se lo pregunto aunque no me haya dicho nada.
El señor PRESIDENTE: Puede usted continuar, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Sé que le está produciendo satisfacción y no sabe, señor presidente, lo contento que estoy al respecto. (Risas.) Espero que esa satisfacción sea compartida por los restantes miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: La Mesa está completamente de acuerdo en que usted continúe, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias.
El proyecto de ley, señorías -engarzo con la última manifestación, después de este comentario un poco jocoso cara a distender la situación-, introduce un término que, si bien de manera coloquial y de forma primaria puede entenderse en el diálogo ciudadano, desde el punto de vista de la teoría económica resulta de difícil encaje por su indefinición en el texto. Me voy a referir ahora al concepto de empresa eficiente bien gestionada, que lo introduce el proyecto de ley. Queremos reiterar que si bien este concepto de empresa eficiente bien gestionada puede resultar conceptualmente atractivo para regular las actuaciones de los agentes económicos en función de unos criterios que previamente defina la Administración, desde nuestro punto de vista con la aplicación de dicho concepto, no suficientemente definido en el proyecto de ley, se corre el riesgo de convertirlo en su aplicación en un mecanismo de confiscación de rentas de carácter retroactivo. En consecuencia, los criterios por los que se debe regir la Administración deberían, en primer lugar, ser explicitados y justificados, cosa que no se hace en general o cuando se hace, como ocurre en la definición de las tasas de remuneración desligadas del WACC, se hace de manera ineficiente. La eliminación del WACC como referencia para la retribución de las actividades
reguladas, tal y como recoge el proyecto de ley, desde nuestra óptica constituye un error, dado que supone regular un esquema retributivo de forma ajena a la más elemental ortodoxia desde el punto de vista de expertos profesionales de la economía, mostrando en consecuencia un desconocimiento de la actividad financiera de las empresas al no reflejar la gestión real de los capitales empleados. Este planteamiento no encaja con la vasta experiencia internacional, en especial con las recomendaciones de los reguladores internacionales, incluida la extinta Comisión Nacional de la Energía, que así lo ha recogido en documento publicado al respecto. La utilización del bono como referencia elimina completamente la señal necesaria para garantizar una rentabilidad razonable y puede llegar a conducir a distorsiones que, a su vez, podrían derivar en la insostenibilidad en la prestación del servicio. Desde nuestra perspectiva, creemos que no solamente puede afectar a la credibilidad del marco regulatorio eléctrico español sino al de la propia economía nacional. En la doctrina económica, según dicen los expertos -cosa que no es este interviniente como es obvio-, la tasa de retribución de una actividad debe estar referenciada al coste de los recursos, tanto propios como ajenos, no siendo el bono del Estado un indicador representativo de este coste. En literatura económico-financiera, según se nos ha puesto de manifiesto, el coste medio ponderado de capital, el WACC, constituye la referencia más utilizada para el cálculo de la tasa de retribución y por ello ha sido adoptado por los reguladores. El WACC viene a representar la rentabilidad que es necesario obtener para pagar a los proveedores de fondos propios y ajenos, de modo que un proyecto que tenga una rentabilidad inferior al WACC no podrá cumplir con sus obligaciones de pago, bien de recursos propios, bien de deuda, o de ambos. En consecuencia, el WACC no es el bono a diez años, proporciona un valor de referencia mínimo de cuál es la rentabilidad razonable a obtener en una actividad concreta. Con respecto a este planteamiento hemos presentado cinco enmiendas a los sucesivos artículos.
Como bien saben sus señorías, en este proyecto de ley este título VIII, muy complejo, se ve continuado por otro título IX de autorizaciones, expropiación y servidumbre, y a su artículo 53, autorizaciones de instalaciones de transporte, producción y líneas directas, hemos presentado las enmiendas 313 y 314 en las que ponemos de manifiesto la posible situación de litigio que pueda aparecer con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales; es decir, con las distintas administraciones públicas en cuyo ámbito de responsabilidad institucional figura la ordenación del territorio. Bien sabemos las dificultades que aparecen en toda España cuando hay que lanzar una conducción de alta tensión de 220 kilovoltios, por ejemplo. Todo este título está vinculado a esta materia y con las dos enmiendas que hemos presentado creemos que marcamos nuestro criterio al respecto.
Al título X y último, régimen de inspecciones, infracciones y sanciones, hemos presentado cuatro enmiendas, 315, 316, 317 y 318, que creo que son suficientemente clarificadoras de nuestro criterio al respecto.
Disposiciones adicionales, señor presidente, y señoras y señores miembros de esta Comisión. Disposiciones adicionales hay ni más ni menos que trece; disposiciones transitorias hay once; disposiciones derogatorias, una; disposición final, una, y luego está la exposición de motivos. A las distintas disposiciones adicionales -repito, trece- hemos presentado las enmiendas 319 a 326. La 323 se refiere a sociedades de cooperativas de consumidores y usuarios. Las sociedades de cooperativas de consumidores y usuarios se han dirigido a todos los grupos parlamentarios, a todos, razonablemente. Y con esta enmienda de adición nosotros hemos presentado una nueva disposición adicional en la que planteamos que las cooperativas de consumidores y usuarios podrán realizar las actividades de distribución, comercialización, producción y servicios de recarga energética de energía eléctrica; que las cooperativas de consumidores y usuarios que realicen la actividad de distribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo 12.2 de esta ley, podrán tomar participaciones en empresas que realicen actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, siempre que estas últimas tengan las condiciones de sociedad cabecera de grupo y adopten algunas de las fórmulas admitidas en la legislación cooperativa. Y tenemos una exposición de motivos extensa que habrá sido leída por los diferentes grupos parlamentarios.
La enmienda 324, con una nueva disposición adicional, plantea un régimen jurídico propio derivado de la contribución a la garantía del suministro para aquellas centrales de carbón nacional y en territorios no peninsulares recogidas en el proyecto de ley. La motivación creo que también es suficientemente justificada.
Señorías, once disposiciones transitorias. Hemos presentado la enmienda 327 en relación las sociedades de cooperativas de consumidores y usuarios, complementaria a la enmienda 323; la enmienda 328, de modificación de la disposición transitoria sexta; la 330, vinculada a la cogeneración; la 331, fuentes de energía renovable; la 333, régimen económico primado anterior. Todas estas enmiendas a las que acabo de hacer referencia engarzan con las correspondientes enmiendas que hemos introducido
a los diferentes títulos del proyecto de ley. También hemos presentado dos enmiendas a la disposición derogatoria y las enmiendas 336 a 345 a las disposiciones finales. Hay dos a las que me voy a referirme muy brevemente, la 341 y la 342. En la 341, de modificación, se propone la modificación del apartado 3 de la disposición final tercera, que tendrá la siguiente redacción: En los términos previstos en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para el establecimiento de un nuevo régimen retributivo la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girara, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las obligaciones del Estado a diez años incrementada a 300 puntos básicos, todo ello sin perjuicio de su ulterior revisión en los términos legalmente previstos. No les voy a leer la motivación que lo justifica, que estimamos que es bastante sólida y engarza con el régimen retributivo al que hemos hecho referencia en distintos artículos del proyecto de ley.
La enmienda 342, nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado. Y por último la enmienda 346 en la que planteamos, junto con la 345, una modificación de un determinado precepto de funcionamiento de los mercados de la competencia y una referencia al paquete verde europeo, al que no hace referencia ninguno de los artículos del proyecto de ley.
Con estas consideraciones supongo, señor presidente, que no he consumido todo el tiempo que me había ofertado. Creo que he cumplido con ese planteamiento de dejar un margen de cinco o diez minutos por debajo del tiempo que usted me había dado.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a los señores miembros de esta Comisión por su generosidad al prestar atención.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ¿desea usted revisar por si se le ha quedado algo? (Risas.)
El señor SEGURA CLAVELL: Tengo que echar una ojeada a algunos de los documentos que he elaborado personalmente, consiguientemente asumiendo los errores y algún que otro acierto que pudiese tener. Voy a ver si localizo algún error. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, tiene la palabra don Antonio Erias en presentación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ERIAS REY: El Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión de Industria, Energía y Turismo y debatiendo sobre el proyecto de ley del sector eléctrico quiere en primer lugar agradecer la buena disposición de todos los grupos en los trabajos de la ponencia, bien entendido que la buena disposición no se ha materializado en los resultados que nos hubiera gustado obtener. En todo caso, es de destacar que los portavoces de CiU y del Partido Nacionalista Vasco, Sánchez i Llibre y Azpiazu Uriarte, no solo han promovido un diálogo fluido en torno a las enmiendas al articulado y previamente cuando hubo el debate de totalidad, sino que incluso después de escucharles hoy tomo el testigo de lo que ellos han sugerido, que es continuar dialogando e intentando entre todos mejorar en la medida de lo posible el texto que hoy estamos debatiendo, y ofrezco la colaboración del Grupo Popular para que en el Senado se continúe en la misma línea que se ha desarrollado en el Congreso. Y si se introduce alguna enmienda allí, como debe ser ratificada por esta Cámara, propongo continuar profundizando para que el acuerdo sea logrado entre todos.
No puedo decir lo mismo del resto de los grupos, a los que a veces he escuchado con sorpresa, porque cuando uno se sienta a trabajar en la ponencia y les escucha decir que están muy distanciados del planteamiento que el Gobierno les ofrece y que no por tanto no están motivados para participar, para trabajar en la Ponencia, oírles quejarse después de que no han tenido escenario para poder llevar a cabo estos trabajos parece un poco contradictorio. Pero puede entenderse desde la lógica del trabajo parlamentario, no queremos hacer más hincapié en esto y continuamos manifestándoles a todos el empeño del Gobierno y del grupo que lo apoya, el Grupo Popular, por continuar entre todos mejorando esto, porque si hoy estamos todos aquí sentados es porque se trata de un problema muy relevante de la economía española. No es necesario tirar de la teoría económica para constatar una evidencia: que los ingresos no son suficientes para atender a los costes, y esto no ha caído del cielo. Y no se le puede achacar a quien no ha tenido la responsabilidad política en los últimos siete años y medio la responsabilidad material de resolver lo que no se hizo a lo largo de este tiempo. Es más, reitero que a lo largo de estos últimos siete años y medio se ha
logrado que el déficit de tarifa acumulado sobrepase los 26.000 millones de euros y que todo el marco normativo que se implementó en las dos legislaturas anteriores condujera a que la situación fuera esta a la que tiene que hacer frente el Grupo Parlamentario Popular. Pero no se trata de confrontar políticas buenas con políticas malas, yo no estoy haciendo partidismo con este tipo de análisis, ni siquiera lo pretendo. Lo que sí constato es que las políticas producen resultados y los resultados obtenidos por las políticas implementadas los últimos siete años y medio son estos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy está intentando darle solución en un doble ambiente. Por una parte, intentar que mejore el bienestar de las familias, porque también resulta paradójico que tengamos que oír la utilización de términos que hemos de padecer, como el de pobreza energética, y además nos anclemos en que la pobreza energética es el mal que nos invade y nos olvidemos de que el hecho de que muchos no puedan atender y mejorar su bienestar tiene que ver con el comportamiento que los precios han ido teniendo a lo largo de los últimos años. Quiero recordar que, en términos acumulados, los precios de la energía han subido un 67% en los últimos siete años. Por lo tanto, señorías, seamos responsables y no nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena, hagamos previamente un examen y veamos por qué se está produciendo esta situación.
El Gobierno del Partido Popular, y en concreto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde la secretaría de Estado, ha acometido una reforma valiente, una reforma necesaria y, como acabo de recalcar, una reforma en cierto modo inevitable. Esa reforma inevitable es la que hoy traemos aquí porque la inestabilidad se había instalado dentro de nuestro sistema energético. Y es verdad que la energía es el principal input con el cual la mayoría de las empresas tienen que contar, y es verdad que a pesar de ese déficit de tarifa que tenemos los precios de la energía en España, de manera chocante, han subido. Pregúntenselo ustedes, porque aquí no venimos solamente a describir, aquí venimos también a desarrollar análisis para luego poder formular políticas. Si lo único que hay es descripción de acontecimientos, y además sesgados por una componente ideologizada sobre cómo debe comportarse cada una de las personas y los propios grupos políticos, creo que mal vamos en esa sociedad que reclamamos moderna de este siglo XXI que estamos viviendo. Por lo tanto, señorías, el grupo que apoya al Gobierno no tiene duda ninguna de que la reforma es necesaria, de que la reforma es conveniente, de que la reforma es valiente. Son todos calificativos intencionados, no improvisados, porque el sector energético, y la energía eléctrica en particular, es un sector complejo y su marco regulatorio no basta con leerlo, hay que saber lo que hay detrás de cada una de la consecuencias y de los artículos. Cuando hablamos de cogeneración de alta eficiencia hay que saber lo que supone, en qué se distingue y cómo eso debe estar retribuido. Y si decidimos apoyar a la industria, hemos de saber que en una caída de la actividad económica como la que se está produciendo resulta un poco chocante que esté incrementándose, digamos, el apoyo necesario a la cogeneración; repito, si es fruto de una caída de la actividad económica. Igual que cuando estamos hablando de que está cayendo la demanda.
Porque de la planificación ya no hablamos; es decir, nos hemos instalado hoy aquí, en la butaca, sentados, ocupando cada uno su espacio e intentando decirles a los demás que este es un sobrerrecubrimiento finito, pero esto tiene aristas y vértices, y resulta que cuando estamos hablando de que hemos desarrollado una determinada política prescindimos de la planificación que nos llevó a que esta política tenga los resultados que ha tenido. Hemos prescindido intencionadamente; hemos analizado muchos artículos; no hemos hecho ninguna propuesta alternativa; hemos hecho una enmienda a la totalidad; hemos hecho un efecto anuncio de un recurso de inconstitucionalidad. ¡Hombre, vamos a pedir un poco de sensatez! O por lo menos vamos a escuchar -por eso probablemente estoy elevando demasiado el tono- con más atención lo que se está diciendo por parte de todos, que es muy sugerente. Yo he escuchado muchos de los comentarios y creo que ciertamente sirven para que entre todos hagamos algo que es necesario. Para salir de la situación en la que estamos todos somos pocos y todos hemos de poner nuestro grano de arena; todos los granos de arena son necesarios no para hacer más desierto, sino para que florezca un poco de cordura. Desde el grupo que apoya al Gobierno volvemos a reiterar la voluntad absoluta de diálogo, en el bien entendido de que si alguien no quiere dialogar o no tiene intención de que el texto que se presenta sirva y sea mejorable es muy difícil, por eso les agradezco a los señores Sánchez i Llibre y Azpiazu toda la disposición y el tiempo que en particular me han dedicado personalmente, pero que también le han dedicado al estudio y análisis del proyecto de ley.
Por eso repito que esto no es fruto de la causalidad y que la planificación tampoco se ha cumplido. La demanda de energía eléctrica se esperaba que acumuladamente se incrementara un 25%; escasamente lo ha hecho un 1% y ahora continúa cayendo interanualmente la demanda; interanualmente respecto de 2012 estamos en una caída de más de un 2%. La pregunta es: ¿se pueden calcular con precisión los costes y los
ingresos ante esa pérdida de actividad o es difícil hacer aproximaciones y hay que hacerlo por etapas? ¿Es razonable este planteamiento o es mucho mejor coger y soltar el toro y, sin lidiarlo, terminar la faena? Creo que esto exige que lo pensemos un poco. Para el ahorro y la eficiencia en el consumo doméstico hay bombillas que no sé si ya todos las tenemos en nuestro domicilio; yo sí, yo la he recibido y la he colocado. Pero he hecho un efecto demostración, a esa bombilla la he acompañado de otras bombillas. Cuando voy a un hipermercado veo que hay muchas lámparas a 5,90, como veía el otro día, lámparas que reducen el consumo un 80%. El consumo doméstico ha caído casi un 20%, fruto del ahorro y la eficiencia. ¿Nos estamos planteando si la caída de la demanda es fruto únicamente de una caída de actividad o hay otros factores? ¿Tenemos estimaciones de cómo se va a comportar en el futuro? Este es un planteamiento personal, pero que tiene que ver con lo que el texto hoy nos trae aquí. A mi juicio debería ser objeto de debate y no he visto -salvo honrosas excepciones- más que descalificaciones genéricas, propuestas de redacciones alternativas sin fundamento del porqué. ¿Por qué es mejor un artículo con la redacción que propone un determinado grupo que otro artículo? Eso sí se podría entender como partidismo, como una visión sesgada, porque tendrá que haber, aparte de la descripción y el interés, el empeño en analizarlo.
Señorías, creo que promover la estabilidad es un gran valor y este proyecto de ley trata de recuperar la estabilidad, porque recuperando la estabilidad como gran valor estamos intentando que nuestro país gane en reputación y ganando en reputación dispondremos de más confianza, y la confianza será la base de que la recuperación económica se asiente y no sea una cosa transitoria que no dé los resultados que todos deseamos que se produzcan. Por eso, señorías, les pido de nuevo que recapaciten, que reflexionen. Estamos a tiempo, el proyecto de ley saldrá del Congreso, irá al Senado, en el Senado se podrán presentar enmiendas, incluso me ofrezco con ustedes a que si quieren presentemos alguna enmienda transaccional, de esas que anunciaban, que algunas estaban prácticamente logradas; es más, algunas le daban más coherencia al texto, probablemente sí. Presentémoslas conjuntamente y en el Senado hagámoslas de todos, no lo dejemos para que sean de un grupo, hagámoslas de todos. Yo, como grupo político, no tengo ningún empacho en acercarme a las posiciones que sirvan, con la visión de todos, para mejorar el texto que ahora presentamos.
Dicho esto y hechas estas consideraciones generales, no voy a pasar al análisis pormenorizado de los casi cuatrocientos y pico artículos que para mejorar el texto han presentado todos los grupos, pero sí los he leído, sí he leído los artículos, y no voy a hacer referencias a la CNE, extinta; a la CNC, extinta; a la nueva CNMC; a las tareas que desarrolla el Consejo de Estado. No voy a hablar de cómo se desarrollan aquí los reales decretos; todos sabemos cuál es el procedimiento y todos sabemos que se abren periodos de consultas, que en los periodos de consultas la propia CNE recibió sugerencias -que luego el Gobierno dispone de ellas para incorporarlas o no-, que el espacio del real decreto es un espacio más flexible que el de la propia ley y, por tanto, no se le puede pedir más al real decreto, o que haya un desarrollo regulatorio de una norma general con unas especificidades que ustedes incluso no quieren que aparezcan por ninguna parte. Hechas estas consideraciones generales, permítanme solamente unas pinceladas, unos trazos muy gruesos, sobre todo en el escenario que desde el Grupo Popular estamos muy interesados en que se desarrolle, que es la coordinación, es decir, ponernos de acuerdo; dado que no se pueden unificar las voluntades de todos, por lo menos acordar algo. Voy a dar esos grandes trazos.
Respecto del PNV y de CiU, reitero el agradecimiento personal y también político por la voluntad mostrada en todos los trabajos que hemos llevado a cabo hasta hoy, y que vamos a continuar implementando para que en el Senado se haga lo mejor y que la ley así lo recoja.
En cuanto a Unión Progreso y Democracia, mi buen amigo Carlos Martínez Gorriarán utilizó un conjunto de términos que no acostumbra a utilizar, porque su lenguaje acostumbra a ser muy preciso y muy cuidado y las reflexiones son verdaderamente sugerentes, pero hoy ha habido algún desliz que quiero comentar, o por lo menos a mí me lo parece; algún desliz o forzar un poco el discurso. Esta no es una ley de partido, esta es una ley necesaria porque reitero la situación de desajuste y lo objetivo, el precio de la energía. Para que haya estabilidad y el precio represente verdaderamente un input competitivo para las empresas y para las propias familias es necesario tratar de subsanar, primero, por qué se produjo la situación y, segundo, una vez identificada la causa, poner los remedios. Tampoco creo que la ley busque favorecer a las empresas, eso es un juicio de valor duro; la ley busca favorecer al sistema productivo español y a las familias españolas, es más, está muy preocupada por las familias españolas y se han preocupado todos los reales decretos; por primera vez el coste de la energía se ha reducido en tres ocasiones en esta legislatura, cosa que hasta entonces, repito, acumuladamente el 67%, algunas veces había llegado casi al 10%. No me parece muy propio de análisis que el argumento sea favorecer a alguien
porque eso parece un planteamiento muy genérico, un planteamiento dicotómico, de buenos y malos... No, yo creo que no. Puede gustar más, puede gustar menos; de las cosas que ustedes han aportado, hay algunas que tienen mucho que ver con las planteadas por el Grupo Popular como autoenmiendas y, por tanto, también será algo a subsanar en el Senado ya que hoy no ha sido posible; subsanar en el sentido de que habrá que hacer alguna transaccional que incorpore en toda su dimensión aquello que otros grupos han planteado. El Grupo Socialista también presentaba alguna en esta línea, y yo no tengo empacho ninguno en decir que algunas de las enmiendas presentadas podrían tener incluso esta valoración favorable, pero el planteamiento general oído hoy y las circunstancias que se han desarrollado hasta hoy, no nos ayudan mucho a tener una imagen positiva.
Sobre esta idea del déficit y de un mercado intervenido, señor Gorriarán, yo no sé si tenemos otra idea de la competencia, creo que no, creo que tenemos la misma, pero los mercados necesitan reglas porque si no se pueden producir abusos de posición dominante, que es una práctica bastante usual e indeseada que nadie busca, pero a veces es el resultado de lo que se produce; las propias características del bien llevan a que el resultado solamente se pueda desarrollar de una determinada manera, y a todo eso introducirle cambios desde el pool mayorista hasta..., son cosas buenas, pero eso no se puede hacer de repente y todo al mismo tiempo. Yo creo que ha sido prudente, primero, intentar frenar el déficit y a continuación intentar disponer de un marco con unos reales decretos que desarrollen reglamentariamente los acontecimientos de los que estamos hablando. Esa es la manera como estamos actuando, por eso le decía que no nos separan muchas cosas, pero sí nos separa la valoración general, y si ese es el empeño de lo que hemos de transformar, he de decirle que no es eso lo que nosotros estamos haciendo. Tampoco quiero atribuirle que sea una visión maniquea, de que aquí haya buenos y malos, que lo que usted expone sea lo bueno y lo que yo defiendo, porque lo propone el Gobierno, sea algo detestable; no, todos somos susceptibles de incorporar mejoras.
Con La Izquierda Plural tengo siempre una grave dificultad, que es buscar ese diálogo y esa coherencia entre los dos ambientes. A la señora Ortiz la escucho siempre con mucho atención y ella sabe que podemos dialogar, aunque hay asuntos sobre los que discrepamos bastante (Rumores); en renovables cien por cien es obvio, no por un planteamiento ideológico, sino por un planteamiento meramente práctico. Lo ideológico y lo práctico son bastante diferentes. La ley yo creo que es realista; es legítimo que discrepen, pero no la descalifiquen. A veces -permítame que yo haga también un abuso de los términos del lenguaje-, únicamente descalifican porque esto parece que es reaccionario. ¿Y lo demás qué es, progresista, avance, mejora? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema que estamos intentando resolver con este proyecto de ley? ¿Han identificado en su análisis el problema con el que se encara el Gobierno y al que está tratando de dar resolución? No, no se lo he escuchado a ninguno de los grupos; todo el mundo dijo qué hay de lo mío, qué hay de lo mío y qué hay de mis enmiendas. Sus enmiendas se tendrán en cuenta, se valoran favorablemente, porque, es verdad, es un esfuerzo intelectual meterle el diente a un texto tan complejo. Como el señor Segura nos ha ido leyendo los títulos, los artículos y todo esto, yo no lo voy a repetir, pero es un texto que, para aquellos que tengan la oportunidad de comprender lo que hay detrás de cada escenario, define muy bien la arquitectura de hacia dónde queremos ir, y eso hay que completarlo.
Señora Ortiz, le agradecería que, para poder dialogar, tuviéramos identificado el problema y me dijera usted, esto quiero resolverlo así. Díganme que lo quieren resolver con cien por cien renovables, díganme cómo quieren ustedes el autoconsumo, porque estoy cansado de oír tópicos no testados, por eso les llamo tópicos. En Arizona hay una ley que, respecto al autoconsumo, dice exactamente lo mismo que la española, por tanto, ya no somos únicos, ya hay más. (Rumores.) Yo he escuchado y he ido tomando nota, pero habrá el texto de lo que usted ha dicho y lo podremos testar. Repito que no es un caso único, aislado y sesgado; es un caso que muchos gobiernos se plantean y en el que muchos gobiernos intentan no cometer errores; para eso están las curvas de aprendizaje, que las pagan unos cuando algunos gobiernos son -entrecomillado- demasiado osados, y las soportamos otros cuando no tenemos capacidad para defendernos y cuando lo que ideológicamente pretenden algunos es meternos en ese raíl y en esa senda. No, yo creo en la libertad, y como creo en la libertad, creo que los gobiernos están legitimados a través de la confianza que los ciudadanos les han dado para implementar aquellas políticas (Rumores), y el resto de los grupos tienen derecho a exponer lo que estimen conveniente, pero sin descalificar por el mero hecho de que no coincidan con sus postulados. No solo no coincidimos, sino que, reitero, hay evidencia empírica, hay otros muchos gobiernos que están intentando resolverlo y me gustaría que hubiera más equilibrio.
Un mix obsoleto. ¡Por favor! El mix español es un mix modélico, equilibrado y competitivo (Rumores.) Otra cosa es el desbordamiento que se ha producido. ¿Se puede discrepar? Claro que se puede discrepar. No se pueden hacer valores medios de los mix europeos cuando tenemos determinados Estados nación que optaron en otros momentos por disponer casi del monopolio de una tecnología. ¡Pues claro! Esos lo seguirán teniendo, y por otra parte no tendrán ayudas de Estado porque la tasación no la hacen hora a hora, la hacen por ejemplo anualmente, o porque un 20% de la energía se dedica a la industria y otros tenemos que padecer que no sean ayudas de Estado. Yo quiero saber cómo se va a apoyar a la industria, a las zonas industriales españolas que están en franco declive y en las que hemos pasado de representar un 25% del PIB a estar cerca del 15%. Pregunta cómo vamos a mejorar la actividad económica, cómo lo vamos a hacer, qué papel va a tener la energía. Pues díganme ustedes en qué mix competitivo. No perdamos la memoria. España ha presidido la Unión Europea durante un semestre recientemente, y una de las cosas fundamentales que se le reclamó a aquel Gobierno era la interconexión, y había un comisario que se llama Mario Monti, que era el de la Competencia, que decía que la interconexión, para tener ese mercado interior europeo de la energía, tenía que ser como mínimo del 10%, y resulta que no estamos ni en el 3%, y en algunos sitios tenemos que hacerlo en continua, con lo que representan los costes a un lado y otro de la frontera. Yo creo que eso nos exige a todos replantearnos que estamos hoy aquí, afortunadamente, de la mano en un proyecto de ley que nos genera un escenario atractivo para el futuro de todos. Otra cosa es, reitero, que eso sea susceptible de mejora.
El señor Segura ha descrito con profusión y con la destreza que le caracteriza todas las características de sus enmiendas y yo no voy a entrar en un análisis de lo que él ha comentado, pero creo que hay una cierta fragilidad de memoria a la hora de situar por qué estamos hoy aquí. Estamos aquí por algo, porque el 661 y la Ley 14/2010 preveían lo mismo que el Real decreto 9/2013, exactamente lo mismo. Eso fue implementado por alguien que no identifico. (Rumores), pero que los demás sí identificamos, y, claro, no se puede tirar de si territorialmente hay alguien que cree que es inconstitucional. Respetemos a las comunidades autónomas, porque son Estado y han de ejercer sus derechos. Usted probablemente quiera uniformidad, pero si lo dice y lo manifiesta, sea coherente con eso, luego no se pida territorialidad o derecho a no sé qué. No, no, seamos coherentes: o uniformidad o el resto. Y si les damos derechos para el resto, también démosle el derecho para que puedan ellos libremente presentar. O qué pasa, ¿que por ser una comunidad gobernada por el Partido Popular no tiene derecho a poder desarrollar aquello que crea que mejor sirve a sus ciudadanos? Yo creo que sí, exactamente igual que si estuviera el Partido Socialista o Esquerra Republicana. Exactamente igual; ese derecho es propio de aquel que tiene la competencia para poder desarrollarlo.
No entraré en disquisiciones teóricas sobre el WAP porque eso es más bien propio de otra función, lo haré solamente en términos generales. En las ciencias sociales -los que nos dedicamos a ellas tenemos que padecerlo- dos por dos son cuatro, dos por dos pueden ser ocho o dos por dos pueden ser menos catorce. Todo depende de que el entorno en el que se desarrolla esa aritmética sea propicio a que sea ese el resultado previsible de una ciencia más dura como son las matemáticas o una ciencia social que incorpora comportamiento humano e incorpora también resultados que no dependen únicamente de uno sino del propio entorno, sea nacional o internacional. Fíjense, más del 50% de las exportaciones españolas dependen de las rentas de los franceses y de los alemanes porque el 80% se destina a esos países. Si esos países tienen problemas, nuestras exportaciones pueden tener más problemas que si no los tienen. Por tanto, hacer análisis causa-efecto o tirar de definiciones, hay que dejárselo a alguien que pretenda modelizar algo y que desde las hipótesis de su escenario trate luego de testarlo con un modelo, pero aquí no estamos en esa situación. Los humanoides políticos todavía tenemos capacidad de acomodación y de mejor representar aquello que creemos que es bueno para la sociedad en su conjunto. No tiremos de esos conceptos que solamente sirven para representar los intereses de aquellos que los defienden. El WAP representa muy bien no la asepsia de la teoría económica, también como parte positiva de la economía; no padece el debe ser ni los juicios de valor, pero tampoco le coloquemos esa asepsia de la que no dispone. Ahí, con todo el afecto a quienes utilizan esto, tenemos la responsabilidad, por lo menos a los que se nos alcanza el conocimiento, de decirlo. Decirle a la sociedad lo que sucede, no -entre comillas- mistificar lo que está pasando.
Señorías, yo les agradezco todo el esfuerzo que han hecho para intentar comprender por qué el Gobierno lo está haciendo de esta manera. El Grupo Parlamentario Popular no tiene dudas de lo que España necesita, y también les digo que estamos dispuestos a desarrollar un proceso de mejora del texto de cara a la nueva etapa que vendrá en el Senado; si hace falta, desarrollando transaccionales de manera
conjunta o del mejor modo que se les ocurra. Este portavoz y todos los portavoces de mi grupo están a su disposición para lo que estimen conveniente en este asunto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En cuanto los grupos estén dispuestos, daremos comienzo a la votación. (Pausa).
Vamos a comenzar las votaciones. Las enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco y de Convergència i Unió hay que votarlas en varios bloques, de acuerdo con el cuaderno que se les ha aportado.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Armendáriz, número 121, 122 y 123. Se votan conjuntamente.
A continuación, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Baldoví Roda. Se votan todas juntas, de la 109 a la 120, ambas inclusive.
A continuación, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas del señor Quevedo Iturbe. Se vota, en primer lugar, la enmienda número 102.
A continuación, resto de enmiendas, de la 96 a la 108, ambas inclusive, menos la número 102, que acabamos de votar.
Enmiendas de la señora Pérez Fernández, también del Grupo Parlamentario Mixto. Se votan todas en bloque y van de la número 124 a la 142, ambas inclusive.
Enmiendas de la señora Jordà i Roura, también del Grupo Mixto. Se votan en tres bloques. En primer lugar, enmienda número 221.
A continuación votamos conjuntamente las enmiendas número 222, 223, 224, 236 y 239.
Resto de enmiendas de la señora Jordà i Roura.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, se votan conjuntamente las enmiendas 72 y 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 26; abstenciones, 1.
Enmiendas números 69 y 88.
Enmiendas números 52, 59, 78 y 79, conjuntamente
Enmiendas números 71, 72, 73, 75, 81, 84, 90 y 93, conjuntamente.
Votamos conjuntamente también las enmiendas números 64, 66, 80 y 82.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 62, 63, 70, 87, 91, 92 y 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23, abstenciones, 1.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Se va a hacer en tres bloques. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 31, 33 a 39, 47, 48, 50 y 51.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 8, 22, 41 a 45 y 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27; abstenciones, 3.
Por último, resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 8.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, la enmienda 162.
Enmienda número 174.
Enmienda número 180.
Enmienda número 187.
A continuación votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en cuatro bloques. En primer lugar, las enmiendas números 347, 365, 374, 377, 379, 385, 420, 421, 431, 433 y 434.
A continuación votaremos conjuntamente las enmiendas números 375, 381, 388, 389, 391, 408, 400, 416, 426, 427, 437, 452, 455, 456, 462, 464, 472, 486, 487 y 498.
También vamos a votar conjuntamente las enmiendas 451, 457, 461, 466, 473, 477, 481, 483, 488 y 497.
Por último, votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en cinco bloques. En primer lugar, la enmienda 287.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 8.
Enmiendas números 271, 274, 278, 286, 293, 296, 309, 328, 331, 333, 338, 339, 340 y 342, conjuntamente.
Conjuntamente también las enmiendas números 273, 281, 282, 287, 290, 293 y 299.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 4.
Conjuntamente las enmiendas números 257, 261, 283, 285, 295, 313, 324 y 326.
Por último, votamos el texto del informe con competencia legislativa plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe y será remitido al Senado.