Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Brasil1133-04.sp.htm
Timestamp: 2018-06-25 03:58:44
Document Index: 394321966

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 17']

Brasil Petición 1133-04 UNAFISCO, CONAMP y otros
INFORME No. 134/09[1]
PETICIONES P1133-04 Y P115-05
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS – UNAFISCO, CONAMP Y OTROS
1. El 26 de octubre de 2004 y el 8 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió dos peticiones alegando la responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil (“el Estado” o “Brasil”) por la eliminación de la exención de los funcionarios públicos jubilados y pensionistas, respecto del pago de la contribución a la Seguridad Social (contribuição previdenciária), ocurrida a partir del 19 de diciembre de 2003 tras la promulgación de la Enmienda Constitucional No. 41/03. Se alega que el Estado es responsable por violaciones del derecho a la propiedad, del derecho a la protección judicial y del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, en perjuicio de determinados jubilados y pensionistas brasileños.
2. Las peticiones fueron presentadas por el Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal – UNAFISCO; la Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP; la Associação do Ministério Público de Pernambuco – AMPPE; y los individuos André Felipe Barbosa de Menezes, Felipe Travassos Sarinho de Almeida, Muryllo José Salgado da Silva, Maria Bernadete Gonçalves Aragão, Fernando José de Oliveira Amorim, Maria Denise Travassos Sarinho de Almeida y Waldomiro Augusto de Almeida (en adelante “los peticionarios”). Los peticionarios son asociaciones y sindicatos que representan a funcionarios públicos jubilados y pensionistas, y han presentado la petición en nombre de los integrantes de las mismas, así como siete jubilados y pensionistas en su carácter individual, todos los cuales serían las presuntas víctimas.
3. Los peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos fundamentales de las presuntas víctimas mediante la promulgación de la Enmienda Constitucional No. 41/03, en virtud de la cobranza de la contribución a la Seguridad Social de los funcionarios públicos jubilados y pensionistas, quienes anteriormente a dicha enmienda eran exentos del pago de dicho impuesto. En consecuencia, sostienen que el Estado brasileño ha violado los artículos 16, 21, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) ”); y que ha incumplido igualmente sus obligaciones generales previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
4. El Estado, por su parte, planteó oportunamente la excepción de falta de caracterización, conforme al artículo 47.b de la Convención Americana. Al respecto, el Estado resalta que el mero hecho de que la decisión judicial emitida por el Supremo Tribunal Federal haya sido contraria a los intereses de los peticionarios no significa que automáticamente exista una violación del derecho a la protección judicial. Por el contrario, según el Estado, dicha sentencia fue emitida de acuerdo con los principios de la amplia defensa y de igualdad de armas, a través de una decisión debidamente y detalladamente razonada, dentro de un plazo razonable. Asimismo, el Estado sostiene que la Enmienda Constitucional No. 41/03 fue motivada por el déficit de la Seguridad Social y el aumento de la expectativa de vida de los ciudadanos brasileños, así como la necesidad de mantener el equilibrio financiero del Estado y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir una pensión, por tanto, fue una medida justa, razonable y proporcional al fin idóneo indicado supra.
5. En el presente informe, la Comisión concluye que la petición no expone hechos que tienden a caracterizar una violación de los derechos garantizados por la Convención Americana. Por lo tanto, con base en el artículo 47.b de la Convención, la CIDH decide que la presente petición es inadmisible. La Comisión decide además, publicar este informe e incluirlo en su Informe Anual ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
6. La denuncia fue recibida el 26 de octubre de 2004. El 15 de noviembre de 2006 la Comisión informó a los peticionarios y al Estado que la petición P-1133-04 había sido acumulada a las peticiones P-989-04 (Sindicato dos Médicos do Distrito Federal), P-115-05 (Waldomiro Augusto de Almeida y otros) y P 644-05 (MOSAP y otros), de conformidad con el artículo 29.1.d del Reglamento de la Comisión, en virtud de que las mismas versaban sobre hechos similares. Asimismo, la CIDH solicitó que los peticionarios indiquen si habrían designado a un interviniente común para representarlos ante la Comisión. En la misma fecha, la CIDH transmitió las partes pertinentes de las peticiones acumuladas al Estado y fijó un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. Los días 22 y 23 de febrero de 2007, el Estado presentó su respuesta respecto de las peticiones acumuladas.
7. Asimismo, la CIDH recibió comunicaciones de los peticionarios respecto de la acumulación de las peticiones y de la imposibilidad de designación de un representante en común el 11 de diciembre de 2006, el 10 de febrero de 2007 y el 29 de febrero de 2008. El 26 de junio de 2008, los peticionarios de las peticiones P-1133-04 y P-115-05 presentaron una comunicación a la Comisión designando al Sr. Antônio Roberto Barbosa como interviniente común en lo concerniente a las dos peticiones referidas.
8. El 10 de septiembre de 2008 la CIDH informó a los peticionarios y al Estado que decidió desglosar las peticiones P-1133-04[2], P-989-04 y P-644-05, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.c. del Reglamento de la Comisión, con el objeto de facilitar el trámite a las partes. En consecuencia, el presente informe corresponde únicamente a la P-1133-04.
9. Asimismo, la CIDH recibió información adicional de los peticionarios en las siguientes fechas: 28 de marzo de 2007, 25 de abril de 2007 y 29 de febrero de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.
10. Por otra parte, la CIDH recibió observaciones adicionales del Estado en las siguientes fechas: 4 de junio de 2007, 11 de junio de 2007, 12 de julio de 2007, 18 de abril de 2008 y 2 de julio de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.
11. Los peticionarios alegan que el Estado violó la Constitución brasileña y convenciones y tratados de derechos humanos mediante la promulgación de la Enmienda Constitucional No. 41/03, en virtud de la cobranza de la contribución a la Seguridad Social de los funcionarios públicos jubilados y pensionistas, quienes anteriormente a dicha enmienda eran exentos del pago de dicho impuesto. Consecuentemente, los peticionarios sostienen que el Estado violó la “cosa juzgada, el acto jurídico perfecto, el derecho adquirido y la seguridad jurídica”, así como el derecho a la propiedad y el derecho a una pensión sin deducciones de los jubilados y pensionistas brasileños.
12. Según los peticionarios, la cobranza de la contribución a la Seguridad Social de los jubilados y pensionistas no responde a la definición correcta de solidaridad, en virtud de que trata de corregir vicios institucionales de la Seguridad Social brasileña, por ejemplo, la mala administración de los recursos públicos y los fraudes. Al respecto, los peticionarios agregan que dicha justificación para la Enmienda Constitucional No. 41/03 es falsa, debido a que no existe déficit en la Seguridad Social sino superávit.
13. En relación con la Enmienda Constitucional No. 41/03, el peticionario señala que se interpuso una acción directa de inconstitucionalidad (en adelante “ADI 3105-2003”) ante el Supremo Tribunal Federal el 31 de diciembre de 2003,[3] a fin de que éste examinara si dicha enmienda violaba la Constitución brasileña. Según los peticionarios, el 18 de febrero de 2005, dicho tribunal emitió una sentencia contraria a las pretensiones de las presuntas víctimas, y reafirmó la constitucionalidad de la Enmienda Constitucional No. 41/03. Por tanto, los peticionarios alegan que los recursos internos están agotados.
14. Asimismo, respecto de la aprobación de la Enmienda Constitucional No. 41/03 y la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre su constitucionalidad, los peticionarios indican que tanto la aprobación de la enmienda como la sentencia tuvieron motivación política, y fueron resultados de la articulación política entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
15. En conclusión, los peticionarios sostienen que lo anterior también ha dañado considerablemente el proyecto de vida de las presuntas víctimas, y ha significado una violación de la prohibición del retroceso en la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, los peticionarios alegan que los artículos 16, 21, 25 y 26 de la Convención Americana han sido violados por el Estado, y que Brasil ha incumplido igualmente sus obligaciones generales previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En virtud de todo lo anterior, los peticionarios sostienen que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, y solicitan que la Comisión declare la presente petición admisible.
16. El Estado alega que los peticionarios, insatisfechos con la decisión adoptada por el Supremo Tribunal Federal en relación con la ADI 3105-2003, han sometido la presente petición a la CIDH a fin de obtener una revisión de la sentencia emitida en el nivel interno. Asimismo, el Estado resalta que el mero hecho de que la decisión judicial referida supra haya sido contraria a los intereses de los peticionarios no significa que automáticamente exista una violación del derecho a la protección judicial. Por el contrario, según el Estado, dicha sentencia fue emitida de acuerdo con los principios de la amplia defensa y de igualdad de armas, a través de una decisión debidamente y detalladamente razonada, dentro de un plazo razonable.
17. El Estado observa que la Comisión no puede revisar sentencias dictadas por los tribunales nacionales cuando actúen dentro de los límites de su competencia, de conformidad con las normas previamente establecidas. Conforme al Estado, los peticionarios solicitan a la CIDH que examine meros supuestos errores de hecho y de derecho. Asimismo, el Estado sostiene que ha actuado de conformidad con lo establecido por la instancia judicial máxima del país.
18. El Estado alega que la exención de pagar un impuesto o una tasa que paga la mayoría de la población no constituye un derecho individual en el sentido de la Convención Americana. Además, el Estado resalta que no puede prosperar el alegato de la existencia de un derecho adquirido (a la exención del pago de la contribución a la Seguridad Social), en virtud de que el régimen vigente previo a la Enmienda Constitucional No. 41/03 se basaba en circunstancias de hecho que ya no existen en el país. En ese sentido, el Estado sostiene que fue exactamente el déficit de la Seguridad Social y el aumento de la expectativa de vida de los ciudadanos brasileños, así como la necesidad de mantener el equilibrio financiero del Estado, que motivaron la promulgación de dicha Enmienda a la Constitución de Brasil.
19. El Estado destaca que la contribución a la Seguridad Social es un tributo basado en la solidaridad de todos a fin de financiar el derecho de todos los ciudadanos a recibir una pensión. En efecto, la contribución – antes objeto de exención – de los funcionarios públicos jubilados y pensionistas a la Seguridad Social, según el Estado, no tiende a caracterizar violación de derechos fundamentales, debido a que la misma tiene carácter de tributo social, basado en la solidaridad y en el derecho de todos los ciudadanos a percibir una pensión tras su jubilación.
20. En las mismas líneas, el Estado observa que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás” (artículo 29.2). En consecuencia de lo anterior, el Estado observa que, en las decisiones adoptadas respecto de derechos sociales y del derecho a la propiedad, el interés público prevalece en relación con el interés individual.
21. Asimismo, el Estado destaca que siguen exentos de dicho tributo los jubilados y pensionistas que reciben una pensión de monto inferior a R$ 1.440,00 (mil cuatrocientos cuarenta reais), por tanto, la Enmienda Constitucional ha tomado en cuenta la realidad de los jubilados y pensionistas más vulnerables.
22. En base a todo lo anterior, el Estado afirma que los hechos descritos por los peticionarios no caracterizan violaciones de los derechos garantizados por la Convención Americana. Por lo tanto, solicita el Estado que la CIDH declare esta petición inadmisible, de conformidad con el artículo 47.b de la Convención. En ese sentido, el Estado destaca que la contribución de los funcionarios públicos jubilados y pensionistas es necesaria a fin de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social.
23. En aplicación de la práctica de adoptar decisiones per curiam, conforme a la decisión de la CIDH en el Informe 24/09 sobre la petición 644-05, del 12 de noviembre de 2009, la Comisión concluye que tiene competencia para analizar esta petición y que los hechos presentados no tienden a caracterizar posibles violaciones a la Convención Americana. En consecuencia, la CIDH declara inadmisible la petición por la falta de cumplimiento del requisito previsto en el artículo 47.b de dicha Convención, en virtud de que los hechos alegados no tienden a caracterizar una violación de la misma, no siendo necesario proseguir con la consideración del fondo del asunto. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho referidos,
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2009. (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor E. Abramovich, Primer Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paolo Carozza, Miembros de la Comisión.
[1] El Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones ni en la decisión de la presente petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
[2] En virtud del deseo expresado por los peticionarios (supra párr. 7), la petición P-115-05 siguió acumulada a la petición P-1133-04. La petición P-115-05 había sido recibida por la CIDH el 8 de febrero de 2005, conjuntamente con una solicitud de medidas cautelares, que fue registrada bajo el número MC-29-05. La solicitud de medidas cautelares fue rechazada mediante decisión del 17 de febrero de 2005.
[3] La ADI 315-2003 fue interpuesta por la Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP (peticionarios de la P-115-05).