Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-organica-26-de-2001?documento=legcol&contexto=legcol_75992041bdc0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-27 04:49:06
Document Index: 64734298

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 26', 'artículo 26', 'artículo 62', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 104', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 50', 'artículo 348', 'artículo 140', 'artículo 12']

﻿ RESOLUCIÓN ORGÁNICA 26 DE 2001
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 26 DE 31 DE JULIO DE 2001
CONTENIDO:AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DETERMINA EL TRÁMITE AL INTERIOR DE LA ENTIDAD PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 3 DE 2009 ARTÍCULO 26 DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 26 DE 2001
"Por la cual se determinan procedimientos al interior de la Auditoría General de la República para adelantar las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorio, jurisdicción coactiva y se dictan otras disposiciones".
(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 3 de 2009 artículo 26 de la Auditoría General de la República)
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Decreto 272 de 2000, y
Que la Ley 610 de 2000 establece las normas mediante las cuales se desarrollará el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la Auditoría General de la República;
Que el artículo 62 de la Ley 610 de 2000 hace extensivo el procedimiento de esta norma a los trámites de los procesos de responsabilidad fiscal que adelante la Auditoría General de la República;
Que los artículos 99 a 104 de la Ley 42 de 1993 establecen las reglas que rigen las actuaciones administrativas sancionatorias, a cargo de los organismos de control fiscal;
Que los artículos 90 a 98 de la Ley 42 de 1993 y 68 de la Ley 610 de 2000, establecen las reglas que rigen los procesos de jurisdicción coactiva que adelantan los organismos de control fiscal;
Que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, el Auditor General de la República está facultado para “Asignar a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá conformar equipos de trabajo y dictar los reglamentos internos que se requieran, así como delegar y desconcentrar las funciones a que hubiere lugar, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales vigentes”.
Que según el numeral 11 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, al Auditor General de la República le corresponde establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma;
Que de acuerdo con lo expuesto, el Auditor General de la República procede a determinar el trámite al interior de la entidad para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva,
ART. 1º—Objeto. El objeto del presente título es determinar el procedimiento interno que se llevará en la Auditoría General de la República para adelantar la indagación preliminar y los procesos de responsabilidad fiscal, contra funcionarios o ex funcionarios de las entidades objeto de su vigilancia y, eventualmente, contra los particulares en los términos de la Constitución y la ley.
ART. 2º—Asignación y comisión de funcionarios. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 610 de 2000, el funcionario competente para adelantar la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal, podrá comisionar, para la práctica de pruebas técnicas y diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, a los servidores del nivel asesor, profesional y técnico asignados a la dependencia a su cargo.
ART. 3º—Caducidad de la acción fiscal y prescripción de la responsabilidad. La acción fiscal caducará en el término de cinco (5) años sin que se hubiere proferido auto de apertura del proceso, contados a partir del acaecimiento del hecho o acto generador del daño al patrimonio público, si se tratare de la investigación de un hecho o acto de ejecución instantánea, o a partir del último hecho o acto cuando éstos fueren complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado. Este término de caducidad se aplicará siempre y cuando el acto o hecho relevante se haya presentado después de la vigencia de la Ley 610 de 2000 o su término sea menor al que regía con anterioridad a esta norma.
En el caso de cuentas revisadas y fenecidas en el que, con posterioridad, aparecieran pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares, y se hubiere levantado el fenecimiento con posterioridad a la vigencia de la Ley 610 de 2000, la acción fiscal caducará vencidos los cinco años a que se refiere el inciso anterior; si el levantamiento del fenecimiento es anterior a la vigencia de dicha ley, la acción caducará dos años después de que ello ocurra.
El término de caducidad de la acción fiscal se entenderá interrumpido a partir del auto de apertura del proceso y desde esa fecha empezará a correr el término de prescripción de la responsabilidad fiscal el cual es de cinco (5) años, plazo en el que se deberá proferir fallo correspondiente de segunda instancia o de consulta debidamente ejecutoriado.
ART. 4º—Necesidad de la prueba. Las providencias proferidas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal tendrán como fundamento las pruebas allegadas, aportadas y producidas legalmente dentro del proceso.
ART. 5º—Autoridades de policía judicial. Los funcionarios de la Auditoría General de la República que realicen funciones de investigación fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial, en los términos establecidos por el artículo 10 de la Ley 610 de 2000.
ART. 6º—Objeto de la indagación preliminar. La indagación preliminar no es una actuación obligatoria, tiene como objeto desarrollar actividades de investigación orientadas a determinar si hay lugar o no a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
Con la misma se pretende establecer si efectivamente ha tenido ocurrencia el hecho o el acto, si éste ha originado un detrimento al patrimonio del Estado, identificar e individualizar el presunto o presuntos responsables fiscales, la entidad afectada, así como determinar la competencia de la Auditoría General de la República.
ART. 7º—De la indagación preliminar. El funcionario competente dictará auto de indagación preliminar en el que avocará conocimiento y, si lo estima conveniente, designará e identificará los funcionarios que comisione para adelantar las diligencias y actuaciones respectivas, así como el tiempo de duración de la asignación hasta por un máximo de tres (3) meses. Vencido este término, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los funcionarios comisionados deberán presentar el informe de su actuación al funcionario competente, incluyendo el proyecto del auto de apertura o de archivo.
En el evento de no haber podido agotar las diligencias necesarias, los funcionarios comisionados solicitarán la prórroga de manera sustentada, antes del vencimiento de los tres (3) primeros meses, hasta por un término igual al inicial. El funcionario competente tendrá en cuenta, para otorgar la prórroga, entre otros, el término de caducidad establecido en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000.
PAR.—Para la práctica de las pruebas, los funcionarios que adelanten las diligencias de indagación preliminar tendrán en cuenta que se cumplan todos los requisitos y formalidades exigidas por la ley, de tal manera que sean suficientes para la toma de decisiones administrativas.
ART. 8º—Derecho de defensa. La persona que tenga conocimiento de una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal en el que pueda resultar implicado, tendrá derecho a solicitar que se le reciba versión libre y espontánea, así como a solicitar, allegar y aportar pruebas y a presentar los alegatos que estime pertinentes, personalmente o a través de apoderado, que debe ser abogado. El implicado que rindió versión libre y espontánea y su apoderado tienen derecho a conocer las diligencias y a que se les expidan copias.
ART. 9º—Auto de archivo del expediente o de apertura. El funcionario competente dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término para el adelantamiento de la indagación preliminar procederá a:
a) Dictar auto que ordene el archivo en los casos en que no exista mérito para adelantar proceso de responsabilidad fiscal;
b) Dictar auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
PAR.—Si de los hechos investigados se evidencian infracciones disciplinarias, penales o de otra naturaleza, el funcionario dará traslado a la autoridad competente.
ART. 10.—Contenido del auto de apertura del proceso de responsabilidad. El auto que ordene la apertura contendrá:
4. La identificación de la entidad afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinación del daño patrimonial al Estado y la estimación de su cuantía.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar. Si se decretan estas medidas se harán efectivas antes de notificar el auto.
8. La orden de notificar a los presuntos responsables y de comunicar a la compañía de seguros el auto de apertura, cuando a ello hubiere lugar.
9. Solicitud a la entidad a la cual está o estuvo vinculado, de la información sobre el presunto responsable, identidad, última dirección conocida, salario devengado al momento de los hechos objeto de investigación. En la solicitud que se haga se comunicará a la entidad del inicio de las diligencias. Adicionalmente, se podrá solicitar información sobre el presunto responsable a otras entidades públicas, respetando la reserva legal.
10. Designación y comisión del funcionario sustanciador y término de la comisión.
ART. 11.—Trámite. El trámite del proceso de responsabilidad fiscal será el siguiente:
a) Proferido el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal procederá su notificación de conformidad con el Código Contencioso Administrativo, haciéndole saber el derecho que le asiste de intervenir en el proceso, solicitar y allegar pruebas;
b) El término para que el funcionario sustanciador realice su actividad no será superior a tres (3) meses, el cual podrá ser prorrogado por el funcionario competente hasta por un lapso no superior a dos (2) meses, previa solicitud del funcionario sustanciador y mediante auto motivado;
c) El investigado podrá solicitar la práctica de pruebas adicionales, la cual será resuelta por el funcionario competente mediante auto interlocutorio. Contra el auto de negación de pruebas solicitadas procederán los recursos de reposición y apelación;
d) Vencido el término y la prórroga de que trata el literal b) de este artículo, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el funcionario sustanciador presentará al competente un informe de sus diligencias y un proyecto de auto de archivo o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso;
e) El funcionario competente tendrá un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la presentación del informe a que se refiere el literal anterior, para expedir el auto correspondiente.
ART. 12.—Decisión. Se proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando aparezca demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y exista algún medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.
Se ordenará el archivo de la investigación cuando se demuestre que el hecho no existió o que con las conductas, actos, hechos u omisiones objeto de investigación no se causó detrimento o daño al patrimonio público, o no comportan ejercicio de gestión fiscal, o que habiéndose producido detrimento o daño éste fue resarcido plenamente, o que haya operado una causal excluyente de responsabilidad que desvirtúe aun la culpa leve, o que haya ocurrido la caducidad de la acción o su prescripción, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y penales a que haya lugar. En los eventos de caducidad de la acción fiscal o prescripción de la responsabilidad fiscal se procederá a la constitución en parte civil dentro del proceso penal, cuando a ello hubiere lugar, y se ordenará la investigación disciplinaria, por parte de la Auditoría General de la República.
ART. 13.—Reserva. La indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservados hasta la culminación del término probatorio. Ningún funcionario puede suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales a terceros de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios.
La Auditoría General de la República guardará el carácter reservado de las informaciones obtenidas en el ejercicio del control de la gestión fiscal que realiza a los entes vigilados.
ART. 14.—Medidas cautelares. Durante el proceso de responsabilidad fiscal se pueden decretar medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio público, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 610 de 2000.
ART. 15.—Apoderado de oficio. Si el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal no se hubiere podido notificar personalmente al presunto o presuntos responsables, por imposibilidad de ser localizado o por no comparecer, una vez transcurrido el término para su notificación por edicto, el funcionario competente designará un apoderado de oficio para que lo represente de la lista de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho o de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia, para lo cual el mencionado funcionario solicitará las listas a las facultades de derecho y a la rama judicial. Posesionado el apoderado de oficio, se le reconocerá personería y se le notificará el auto de apertura, dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión.
ART. 16.—Contenido del auto de imputación de responsabilidad fiscal. El auto de imputación deberá contener:
1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora.
ART. 17.—Notificación y traslado. Notificado el auto de imputación de responsabilidad fiscal, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 610 de 2000, se correrá traslado por el término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de surtida la notificación para que presenten las justificaciones pertinentes y soliciten las pruebas que a bien tengan, para cuyo efecto el expediente permanecerá en la secretaría del funcionario competente.
ART. 18.—Pruebas y fallo. El funcionario competente decretará las pruebas que, de oficio y a solicitud de los imputados, considere pertinentes y conducentes. El funcionario competente podrá asignar a un funcionario sustanciador para que practique tales pruebas en un término no superior a treinta (30) días hábiles.
Vencido el término probatorio antes citado, el funcionario sustanciador tendrá diez (10) días hábiles para presentar informe y el proyecto de fallo con o sin responsabilidad. El funcionario competente expedirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes.
Los fallos con o sin responsabilidad estarán sujetos a los presupuestos y fundamentos de los artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.
ART. 19.—Notificación del fallo y recursos. Los fallos de responsabilidad fiscal serán notificados en la forma que establece el Código Contencioso Administrativo, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 610 de 2000 y contra ellos proceden los recursos de reposición y apelación, este último recurso será tramitado y decidido según lo establecido en el artículo 57 de la misma ley. En todo caso la notificación y la recepción de recursos se realizarán en la secretaría del despacho del funcionario competente. Lo anterior, sin perjuicio del grado de consulta consagrado en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.
ART. 20.—Mérito ejecutivo. Una vez en firme el fallo con responsabilidad fiscal prestará mérito ejecutivo contra los responsables fiscales y sus garantes si los hubiere.
ART. 21.—Otras formas de responsabilidad. La responsabilidad fiscal se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y penal a que hubiere lugar.
ART. 22.—Archivo anticipado del expediente. En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.
En todo caso, procederá la reapertura de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal en los casos previstos en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000, si no ha operado la caducidad de la acción fiscal o la prescripción de la responsabilidad.
ART. 23.—Actuaciones en trámite. Los procesos de responsabilidad fiscal en los que se hubiere proferido auto de apertura de juicio fiscal o se encuentre en etapa de juicio fiscal al entrar en vigencia la Ley 610 de 2000, continuarán su trámite, hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley 42 de 1993.
Los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren en curso al entrar en vigencia la Ley 610 de 2000, durante la etapa del juicio fiscal se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
ART. 24.—Remisión. En lo no previsto en el presente título se aplicarán la Ley 610 de 2000, las normas pertinentes de los Códigos Contencioso Administrativo, de Procedimiento Civil, o de Procedimiento Penal, en su orden.
Del tipo de sanciones y causales
ART. 25.—Objeto. El objeto del presente título es determinar el procedimiento interno del proceso administrativo sancionatorio para la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 99, 100, 101, 102 y 104 de la Ley 42 de 1993, que se sigan contra los funcionarios o ex funcionarios de las entidades objeto de su vigilancia y, eventualmente, de los particulares en los términos de la Constitución y la ley.
ART. 26.—Multas. Los funcionarios de la Auditoría General de la República, según su competencia, podrán imponer multas a los servidores públicos y particulares de las entidades sujetas a su vigilancia que manejen fondos o bienes públicos, en cuantía de hasta cinco (5) salarios mensuales devengados por el sancionado en la época de ocurrencia de los hechos, cuando incurrieren en una de las siguientes conductas:
d) Se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas;
e) De cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Auditoría General de la República o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas;
f) Teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida;
g) No adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la Auditoría General de la República;
h) No cumplan con las obligaciones fiscales;
i) Cuando a criterio de la Auditoría General de la República exista mérito suficiente para ello.
PAR. 1º—Las multas impuestas por la Auditoría General de la República a los servidores públicos serán descontadas por los respectivos pagadores del salario devengado por el sancionado, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 42 de 1993.
PAR. 2º—Cuando deba imponerse multa a personas que no devengaren sueldo en la fecha de la ocurrencia del hecho, su cuantía no podrá exceder de doscientos cuarenta y cinco (245) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ocurrencia de los hechos.
ART. 27.—Criterios de gradación. El funcionario competente fijará el valor de la multa teniendo en cuenta como criterio de valoración los siguientes principios y circunstancias:
– Razonabilidad y proporcionalidad.
– Grado de culpabilidad.
– Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
– La admisión de la falta antes de la imposición de la sanción.
– Posición jerárquica.
– Incidencia de la falta en el cumplimiento de las funciones de la Auditoría General de la República.
– Recurso técnico y humano con que cuenta el implicado.
ART. 28.—Comunicación de la actuación. Cuando de la acción u omisión de un servidor público de las entidades sujetas a la vigilancia de la Auditoría General de la República o de un particular que maneje bienes o fondos de las entidades vigiladas, se infiera que se ha incurrido en una o varias de las conductas que dan lugar a la imposición de multa, el funcionario competente comunicará por escrito al afectado la existencia de la actuación y el objeto de la misma, se le solicitarán las explicaciones e informaciones y le indicará el derecho que le asiste de pedir pruebas o allegar las que considere pertinentes, señalando un término para tal efecto.
ART. 29.—Práctica de pruebas. Una vez cumplido el término anterior, el funcionario competente practicará de oficio o a petición de parte las pruebas en un máximo de dos (2) meses. Para estos efectos, podrá comisionar la práctica de las mismas.
ART. 30.—Decisión. Cumplido el trámite anterior, el funcionario sustanciador presentará proyecto de auto de archivo o de resolución de sanción de imposición de multa, debidamente motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del plazo señalado en el artículo anterior. El funcionario competente tomará la decisión que corresponda dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
ART. 31.—Amonestación o llamado de atención. Los funcionarios competentes de la Auditoría General de la República podrán amonestar o llamar la atención a las contralorías, a los servidores públicos de los entes vigilados y a los particulares y entidades que manejen fondos o bienes del Estado relacionados con las contralorías, cuando se determine, que han obrado contrariando los principios consagrados en el artículo 8º de la Ley 42 de 1993, así como cuando obstaculicen las investigaciones y actuaciones que adelante la Auditoría General de la República, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar por los mismos hechos.
Antes de imponer estas sanciones, se le requerirá al implicado para que rinda las explicaciones que estime pertinentes en el término que se le señale, luego de lo cual y analizadas las explicaciones, si ellas se presentan, se procederá a tomar la decisión correspondiente.
Copia de la amonestación será remitida al superior jerárquico del funcionario sancionado.
ART. 32.—Término para imponer sanciones. Salvo disposición legal en contrario, la facultad que tiene la Auditoría General de la República para imponer las sanciones a las que se refiere esta resolución, caduca a los tres (3) años de producido el acto o actos que pueda ocasionarlas, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 33.—Notificación y recursos. La resolución de sanción o el auto de archivo se notificarán según lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
Contra la resolución en mención proceden los recursos de reposición y de apelación, de conformidad con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 34.—Solicitud de remoción del cargo. El Auditor General de la República podrá solicitar al ente nominador la remoción del servidor público, o la terminación del contrato, por justa causa, cuando la mora o la renuencia a la presentación de cuentas o informes, o la no presentación por más de tres (3) períodos consecutivos o seis (6) no consecutivos de los mismos, dentro de un mismo período fiscal, hayan sido sancionadas previamente con multa.
ART. 35.—Remisión. En lo no previsto en el presente título se aplicarán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.
ART. 36.—Objeto. El objeto del presente título es señalar el procedimiento interno del proceso de jurisdicción coactiva de que tratan los artículos 90 a 98 de la Ley 42 de 1993 y el 68 de la Ley 610 de 2000 contra los funcionarios o ex funcionarios de las entidades objeto de su vigilancia y, eventualmente, de los particulares en los términos de la Constitución y la ley.
ART. 37.—Título ejecutivo. Para efectos de la presente resolución, prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:
b) Las resoluciones ejecutoriadas expedidas por la Auditoría General de la República, que impongan multas, una vez transcurrido el término establecido en ellas para su pago;
c) Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades vigiladas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal.
ART. 38.—Mandamiento ejecutivo. Para el cobro de deudas fiscales, el funcionario competente proferirá mandamiento ejecutivo ordenando el pago de la deuda en el término de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
ART. 39.—Notificación del mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo se notificará en los términos previstos en los artículos 314 a 320, 330 y 505 del Código de Procedimiento Civil.
Contra el mandamiento de pago procede el recurso de reposición cuando en la diligencia de notificación no se entregue copia del mandamiento y del título ejecutivo y de apelación en el efecto devolutivo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del mismo, conforme lo señala el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, el recurso de queja podrá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que negó el de apelación.
ART. 40.—Contenido del mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo de que trata el artículo anterior deberá contener:
– Ciudad y fecha en letras.
– Enumeración de los documentos que integran el título ejecutivo.
– Constancia de ejecutoria de los actos que conformen este último.
– Nombre, identificación y domicilio del ejecutado.
– Valor de la suma adeudada (la cantidad en número y letras).
– Los intereses a pagar, identificando su tasa porcentual, si fuera procedente.
– La orden de notificar el auto de mandamiento de pago y la invitación al ejecutado para que cancele dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación, incluyendo intereses y costas.
– Orden de citación al ejecutado.
ART. 41.—Excepciones que pueden proponerse y modo de interposición. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición o apelación, el ejecutado podrá interponer en escrito separado excepciones previas y de mérito, manifestando los hechos en que se fundamenta y anexando las pruebas que considere pertinentes.
Las excepciones que proceden son las siguientes: pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción y la de nulidad en los casos 7º y 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 42.—Trámite de las excepciones. El trámite de las excepciones deberá surtirse en cuaderno separado, y de conformidad con los artículos 93 de la Ley 42 de 1993 y 510 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 43.—Actos demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Son demandables ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa los actos que resuelven las excepciones y ordenan la ejecución. El proceso de Jurisdicción Coactiva no se suspenderá con la admisión de la demanda, pero no se procederá a rematar bienes hasta cuando haya pronunciamiento definitivo de la mencionada jurisdicción.
ART. 44.—Acuerdo de pago. En cualquier etapa del proceso de jurisdicción coactiva, el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la Auditoría General de la República, en cuyo caso se suspenderá el proceso y las medidas preventivas, si hubieren sido decretadas, siempre y cuando el ejecutado garantice la exigibilidad de la deuda con una mejor garantía.
Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago incumpla el compromiso adquirido, el funcionario ejecutor: dejará sin efecto este último, declarando sin vigencia el plazo concedido y ordenando hacer efectiva la garantía hasta la suma total del saldo de la deuda garantizada; se levantará la suspensión del embargo, secuestro y remate de los bienes, si fuere el caso. Esta providencia será susceptible del recurso de reposición ante el mismo funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.
PAR.—Antes de iniciar el proceso de jurisdicción coactiva se podrá celebrar acuerdo de pago, ya sea por invitación del funcionario competente o a solicitud de parte.
ART. 45.—Condiciones de los acuerdos de pago. Serán competentes para celebrar acuerdos de pagos los mismos funcionarios que adelanten los procesos de jurisdicción coactiva teniendo en cuenta los siguientes términos:
– Plazos del acuerdo:
Hasta 6 meses para deudas inferiores o iguales a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Hasta 1 año para deudas superiores a 100 smlmv e inferiores o iguales a 200 smlmv.
– Autorización por cuantía: En los casos en que la cuantía sea superior a 200 smlmv e inferior o igual a 500 smlmv se requerirá autorización previa del auditor delegado. Si la cuantía es superior a 500 smlmv será necesaria la autorización del Auditor General de la República.
– Garantías: Solo serán admisibles las garantías bancarias y de compañías de seguros.
ART. 46.—Orden de ejecución. Vencidos los términos para proponer excepciones o interponer los recursos contra el mandamiento de pago sin que el ejecutado los haya interpuesto o éstos se hayan resuelto, el funcionario ejecutor, mediante resolución motivada, ordenará llevar adelante la ejecución, practicará la liquidación del crédito, ordenará el avalúo de los bienes para lo cual designará perito y ordenará el remate del bien avaluado y secuestrado, providencia que se notificará a la parte ejecutada.
ART. 47.—Acciones revocatorias. Cuando aparezca que los bienes del responsable fiscal son insuficientes para cubrir el total de la suma establecida en el fallo con responsabilidad fiscal, la Auditoría General de la República podrá solicitar al juez civil del circuito del domicilio de aquel, la revocación de los siguientes actos realizados por el responsable fiscal, dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la ejecutoria del citado fallo, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe exenta de culpa:
Este trámite no afectará, ni suspenderá el de jurisdicción coactiva.
ART. 48.—Medidas cautelares. En lo relacionado con las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes se estará a lo dispuesto dentro de la sección segunda, título XXVII, capítulos III y IV, artículos 513 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 12 de la Ley 610 de 2000.
ART. 49.—Remisión a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en este título se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de jurisdicción coactiva.
ART. 50.—Obligatoriedad de los términos. Los términos establecidos en la presente resolución, sólo son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la Auditoría General de la República. Su finalidad consiste en facilitar el desarrollo y aplicación de los principios de celeridad, economía y eficiencia que deben regir todas las actuaciones administrativas. En todo caso en que haya incompatibilidad de los términos aquí establecidos con los señalados en normas superiores primarán estos últimos.