Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-fuerzas-cuerpos-seguridad-126747
Timestamp: 2019-07-19 05:40:32
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 126747
Publicado en: BOE Num. 63 (1983)
CAPÍTULO II. Principios básicos de actuación - art. 5
CAPÍTULO III. Disposiciones estatutarias comunes - arts. 6 a 8
CAPÍTULO II. De las funciones - arts. 11 y 12
CAPÍTULO III. de la Guardia Civil - arts. 13 a 15
SECCIÓN I. Normas generales, escalas y sistemas de acceso - arts. 16 y 17
SECCIÓN II. De los derechos de representación colectiva - arts. 18 a 24
SECCIÓN III. Del Consejo de Policía - arts. 25 y 26
SECCIÓN IV. Régimen disciplinario - arts. 27 y 28
CAPÍTULO V. De la organización de unidades de Policía Judicial - arts. 29 a 36
CAPÍTULO I. Principios generales - art. 37
CAPÍTULO II. De las competencias de las comunidades autónomas - arts. 38 y 39
CAPÍTULO III. Del régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas - arts. 40 a 44
CAPÍTULO I. De la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas - arts. 45 y 46
CAPÍTULO II. De la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas - art. 47
CAPÍTULO III. de los órganos de coordinación - arts. 48 a 50
TÍTULO V. De las policías locales - arts. 51 a 54
SEXTA. Representación de los funcionarios titulares de las Plazas de Facultativos y Técnicos en el Consejo de Policía
QUINTA. Régimen específico del sistema de provisión de puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad
SEXTA. Carácter de ley orgánica
Norma citada en: 16652 sentencias, 211 artículos doctrinales, 135 disposiciones normativas, 3 temas prácticos, 2 formularios, 536 resoluciones administrativas, 222 noticias
Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica
Respondiendo fundamentalmente al mandato del artículo 104 de la Constitución según la cual una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la presente Ley tiene, efectivamente, en su mayor parte carácter de Ley Orgánica y pretende ser omnicomprensiva, acogiendo la problemática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales:
El carácter de Ley Orgánica viene exigido por el artículo 104 de la Constitución para las funciones, principios básicos de actuación y estatutos genéricamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por el artículo 149.1.29., Par determinar el marco en el que los estatutos de autonomía pueden establecer forma de concretar la posibilidad de creación de policías de las respectivas comunidades y por el artículo 148.1.22.
A ello parece apuntar la propia Constitución cuando en el artículo 104,2 se remite a una Ley Orgánica para determinar las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en contraposición a la matización efectuada en el número 1 del mismo artículo, que se refiere exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno de la Nación.
Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupación por parte de la Seguridad pública de un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las administraciones públicas aunque el artículo 149.1 de la Constitución la enumere en su apartado 29, entre las materias sobre las cuales el Estado tiene competencia exclusiva y las matizaciones y condicionamientos con que la configura el texto Constitucional, lo que hace de ella una de las materias compartibles por todos los poderes públicos, si bien con estatutos y papeles bien diferenciados.
La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, obliga necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y de criterios también comunes, y el mecanismo mas adecuado para ello es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituye la base mas adecuada para sentar el principio fundamental de la materia: el de la cooperación recíproca y de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas las esferas administrativas.
Con apoyo directo en el artículo 149.1.29., en relación con el 104.1 de la Constitución, la Ley recoge el mantenimiento de la Seguridad pública que es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y al de las demás administraciones públicas, comunidades autónomas y corporaciones locales, dedicando sendos capítulos a la determinación de los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la exposición de las disposiciones estatutarias comunes:
Siguiendo las líneas marcadas por el Consejo de Europa, en su declaración sobre la Policía, y por la asamblea general de las naciones Unidas, en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, se establecen los principios básicos de actuación como un auténtico Código deontológico, que vincula a los miembros de todos los colectivos policiales, imponiendo el respeto de la Constitución, el servicio permanente a la Comunidad, la adecuación entre fines y medios, como criterio orientativo de su actuación, el secreto profesional, el respeto al honor y dignidad de la persona, la subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el ejercicio de la función.
Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son los ejes fundamentales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policiales, derivando a su vez de principios constitucionales mas generales, como el de legalidad o adecuación al Ordenamiento jurídico, o de características estructurales, como la especial relevancia de los principios de jerarquía y subordinación, que no eliminan, antes potencian, el respeto al principio de responsabilidad por los actos que lleven a cabo.
La activa e intensa compenetración entre la colectividad y los funcionarios policiales que constituye la razón de ser de estos y es determinante del éxito o fracaso de su actuación, hace aflorar una serie de principios que, de una parte, manifiestan la relación directa del servicio de la Policía respecto a la Comunidad y, de otra parte, como emanación del principio Constitucional de igualdad ante la Ley, le exigen la neutralidad política, la imparcialidad y la evitación de cualquier actuación arbitraria o discriminatoria.
Los funcionarios de Policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la integridad de las personas, pero vienen obligados a usar armas; deben tratar correcta y esmeradamente a los miembros de la Comunidad, pero han de actuar con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieran. Y la balanza capaz de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas contrapuestas, no puede ser otra que la exigencia de una actividad de formación y perfeccionamiento permanentes respecto a la cual se pone un énfasis especial, sobre la base de una adecuada selección que garantice el equilibrio psicológico de la persona.
La constitucionalización del tema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una necesidad y una lógica derivación de su misión trascendental, en cuanto a la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades que, en el contexto de la Constitución, son objeto de su título I y principal, ya que integran la carta magna del ciudadano español. Esta es la razón que determina el particular relieve con que la Ley resalta la promesa o juramento de acatar y cumplir la Constitución, por parte de los miembros de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no constituye un mero tramite o formalismo, sino un requisito esencial, constitutivo de la condición policial y al mismo tiempo símbolo o emblema de su alta misión.
Por lo demás, con carácter general, se regula la práctica totalidad de los aspectos esenciales, integrantes de su estatuto personal ( Promoción profesional, Régimen de Trabajo, sindicación, incompatibilidades, responsabilidad ), procurando mantener el necesario equilibrio, entre el reconocimiento y respeto de los derechos personales y profesionales y las obligadas limitaciones a que ha de someterse el ejercicio de algunos de dichos derechos, en razón de las especiales características de la función policial.
Especial mención merece, a este respecto, la interdicción de la huelga o de acciones sustitutivas de la misma, que se lleva a cabo, dentro del marco delimitado por el artículo 28 de la Constitución, en aras de los intereses preeminentes que corresponde proteger a los Cuerpos de Seguridad, al objeto de asegurar la prestación continuada de sus servicios, que no admite interrupción. Lógicamente, como lo exige la protección de los derechos personales y profesionales de estos funcionarios, la Ley prevé la determinación de los cauces de expresión y solución de los conflictos que puedan producirse por razones profesionales.
Con fundamentación directa en el artículo 104 e indirecta en el artículo 8, ambos de la Constitución, la Ley declara, a todos los efectos, la naturaleza de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía nacido de la integración de los cuerpos superior de Policía y de Policía nacional y al cuerpo de la Guardia Civil.
El capítulo II del título II se dedica a enumerar las funciones que deben realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguiendo para ello el reparto de competencias al que se considera que apunta la Constitución. Pero es necesario efectuar algunas precisiones, que afectan al modelo policial que diseña la Ley, para comprender mejor por que se asignan ciertas competencias al Estado, mientras que otras se otorgan a los demás entes públicos territoriales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en perfecta congruencia con el artículo 149.1.29., el artículo 104.1 de la Constitución atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad ciudadana.
Por lo que se refiere a las funciones propias de información y de Policía judicial, la atribución es objeto de la adecuada matización. Porque la formulación del artículo 126 de la Constitución concibe la Policía judicial estrechamente conectada con el Poder judicial, que es el único en toda España y la Constitución insiste en ello, poniendo de relieve la idea de unidad jurisdiccional ( Artículo 117.5 ) disponiendo su Gobierno por un órgano único, el Consejo General Poder Judicial ( artículo 122.2 ), estableciendo que los jueces y magistrados se integren en un cuerpo único ( artículo 122.1 ) y atribuyendo al Estado competencias plenas en materia de administración de Justicia ( artículo 149.1.5.). Pero no se pueden desconocer las exigencias de la realidad y los precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por la Ley de enjuiciamiento criminal, que obligan a admitir la colaboración de los cuerpos de Policía de las comunidades autónoma en otro aspecto, en cuanto a la distribución de las funciones atribuidas a la administración del Estado, la Ley sigue los precedentes existentes, que deslindaban expresamente las correspondientes a los diversos Cuerpos de Seguridad del Estado, si bien, en casos excepcionales, al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos, se adoptan las previsiones necesarias para que cualquiera de dichos cuerpos pueda asumir en zonas o núcleos determinados todas o algunas de las funciones asignadas al otro cuerpo.
De la necesidad de dar cumplimiento al artículo 104.2 de la Constitución, deduce que el régimen estatutario de la Guardia Civil debe ser regulado en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por lo que se refiere a la Policía, la Ley persigue dotar a la institución policial de una organización racional y coherente; a cuyo efecto, la medida más importantes que se adopta es la integración de los cuerpos superior de Policía y policía nacional en un sólo colectivo, denominado cuerpo nacional de Policía.
De este modo, además de solucionar posibles problemas de coordinación y mando, homogeneizan, en un sólo colectivo, cuerpos que realizan funciones similares o complementarias, con lo que se puede lograr un incremento en la efectividad del servicio.
El nuevo cuerpo se estructura en cuatro escalas C ) el régimen estatutario será el que determine la Comunidad respectiva, con sujeción a las bases que en la Ley se establecen, como principios mínimos que persiguen una cierta harmonización entre todos los colectivos que se ocupan de la seguridad. Tales principios mínimos son los establecidos en los capítulos I y III del título I de la propia Ley, y por ello, únicamente debe resaltarse: el reconocimiento de las potestad reglamentaria de las comunidades autónomas; la intervención, en el proceso de creación de los cuerpos, del Consejo de política de Seguridad, obedeciendo a consideraciones de planificación, de coordinación y de interés general, y la atribución, también de carácter general, con numerosos precedentes históricos y estatutarios, a los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la aptitud para su de d ) el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases régimen local, reconoce competencias a los municipios en materias de seguridad en lugares públicos y de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas.
Sin la distinción formal, que aquí no tiene sentido, entre competencias exclusivas y concurrentes, se atribuyen a las policías locales las funciones naturales y constitutivas de toda Policía; recogiéndose como especifica la ya citada ordenación, señalización y Dirección del tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia, protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en materia de Policía Judicial y de seguridad ciudadana. Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las comunidades autónomas en la materia y se parte de la autonomía municipal para la ordenación complementaria de este tipo de Policía, la Ley Orgánica, en cuanto a régimen estatutario, se limita a reiterar la aplicación a las policías locales de los criterios generales establecidos en los capítulos II y III del título I.
Pero, precisamente como garantía de eficacia de la colaboración entre los miembros de los cuerpos de Policía de las distintas esferas administrativas territoriales, la Ley ha considerado necesario establecer también unos cauces institucionalizados de auxilio y cooperación y unos mecanismos orgánicos de coordinación. Los cauces de auxilio y cooperación responden a los supuestos de insuficiencia de medios, que pueden concurrir en algunas comunidades autónomas, en cuyos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coadyuvaran a la realización de sus funciones policiales, o se llevará a cabo la adscripción funcional de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las comunidades autónomas que no dispongan de Policía propia, y si de la posibilidad de crearla, recogida en sus estatutos. En cuanto a los mecanismos orgánicos de coordinación, el derecho comparado ofrece modelos acabados de articulación de las diferentes pie dichos órganos elaborarán formulas de coordinación, acuerdos, programas de formación, de información y de actuaciones conjuntas; correspondiéndoles también la elaboración de directrices generales y el dictamen de las disposiciones legales que afecten a los Cuerpos de Policía. En cualquier caso, mas que de coordinación coercitiva o jerárquica, se trata de una coordinación de carácter informativo, teniendo en cuenta el carácter paritario de los órganos previstos, de acuerdo con el precedente establecido en el artículo 4. De la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, con apoyo en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
TÍTULO I De los cuerpos y fuerzas de Seguridad Artículos 1 a 8
Artículo citado en: 253 sentencias, 5 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 8 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 280 sentencias, 8 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 27 resoluciones administrativas
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuara a través de los órganos que a tal efecto establece esta Ley.
Artículo citado en: 28 sentencias, un artículo doctrinal, 5 disposiciones normativas, 26 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 164 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Principios básicos de actuación Artículo 5
Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a el resueltamente.
Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplía como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.
Responsabilidad son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderá a las administraciones públicas por las mismas.
Artículo citado en: 936 sentencias, 30 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 formularios, 87 resoluciones administrativas, 6 noticias
CAPÍTULO III Disposiciones estatutarias comunes Artículos 6 a 8
Los poderes públicos promoverán las condiciones mas favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se adecuará a los principios señalados en el artículo 5.
Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura.
El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, estará inspirado en unos principios acordes en la misión fundamental la Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propias de los mismos.
Artículo citado en: 3700 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 13 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 148 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, 117 resoluciones administrativas
La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones.
Iniciadas unas actuaciones por los jueces de instrucción, cuando estos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, suspenderán sus actuaciones y las remitirán a la audiencia provincial correspondiente, que será la competente para seguir la instrucción, ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el fallo que corresponda.
La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos probados vinculará a la administración.
Artículo 8 Apartado 1 Párrafo 2° declarado inconstitucional y nulo por STC 55/1990, de 28 de marzo.
Artículo citado en: 234 sentencias, 9 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 10 resoluciones administrativas
TÍTULO II De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Artículos 9 a 36
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 9 y 10
Artículo citado en: 754 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, 15 resoluciones administrativas
Bajo la inmediata autoridad del Ministro del interior, dicho mando será ejercido en los términos establecidos en esta Ley por el Director de la Seguridad del Estado, del que dependen directamente las Direcciones Generales Civil y de la Policía, a través de las cuales coordinara la actuación de los de la Guardia cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
En cada provincia, el Gobernador Civil ejercerá el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de Policía Judicial, respecto de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
Artículo citado en: 86 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II De las funciones Artículos 11 y 12
Investigarlos delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos a que se refieren los apartados g ) y h ) del número 1 de este artículo, en todo el territorio nacional.
Artículo citado en: 1088 sentencias, 17 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 21 resoluciones administrativas, 2 noticias
Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, se establece la siguiente distribución material de competencias:
Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión,
b ) Serán ejercidas por la Guardia Civil:
El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el
La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y
centros e instalaciones que por su interés lo requieran
Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética,
piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza cinegética,.
Artículo citado en: 148 sentencias, 7 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico, 12 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III de la Guardia Civil Artículos 13 a 15
El cuerpo de la Guardia Civil se estructura jerárquicamente según los diferentes empleos de conformidad con su naturaleza militar.
El régimen estatutario de la Guardia Civil será el establecido en la presente Ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar.
Artículo citado en: 215 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa, 4 resoluciones administrativas
Conjuntamente, los Ministros de Defensa e interior dispondrán todo lo referente a la selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora del voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma.
Artículo citado en: 808 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 25 resoluciones administrativas, una noticia
La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en unidades militares, resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación especifica.
Artículo 15 apartado 1, modificado por la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Artículo citado en: 442 sentencias, 5 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
CAPÍTULO IV De la Policía Artículos 16 a 28
SECCIÓN I Normas generales, escalas y sistemas de acceso Artículos 16 y 17
Artículo 16, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo citado en: 723 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 3 resoluciones administrativas
Artículo 17, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
SECCIÓN II De los derechos de representación colectiva Artículos 18 a 24
Artículo 18, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo citado en: 78 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Artículo 19, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo 20, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo 21, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo citado en: 223 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 22, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo citado en: 373 sentencias, un artículo doctrinal, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 23, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo 24, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
SECCIÓN III Del Consejo de Policía Artículos 25 y 26
Artículo 25, apartado 3, párrafo 2º, declarado inconstitucional en cuanto que no incluyen a los facultativos y técnicos en las elecciones al Consejo de Policía, por sentencia núm. 120/2010 de 24 noviembre, del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 25, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Artículo citado en: 46 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
Artículo 26, apartado 1, párrafo 2º, y apartado 2, párrafo 1º declarados inconstitucionales en cuanto que no incluyen a los facultativos y técnicos en las elecciones al Consejo de Policía, por sentencia núm. 120/2010 de 24 noviembre, del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 26, derogado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
SECCIÓN IV Régimen disciplinario Artículos 27 y 28
Artículo 27 Apartado 3 Letra j) anulada por la Sentencia 188/2005 del 7 de Julio.
Artículo 27 derogado por la Disposición Derogatoria Única 1 de la Ley Orgánica 4/2010, del 20 de Mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el BOE del 21 de Mayo de 2010.
Artículo citado en: 224 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 12 resoluciones administrativas
Artículo 28 derogado por la Disposición Derogatoria Única 1 de la Ley Orgánica 4/2010, del 20 de Mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el BOE del 21 de Mayo de 2010.
Artículo citado en: 326 sentencias, un artículo doctrinal
CAPÍTULO V De la organización de unidades de Policía Judicial Artículos 29 a 36
Las funciones de Policía judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las unidades que se regulan en el presente capítulo.
Artículo citado en: 46 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Los jueces o presidentes de los respectivos órganos del Orden jurisdiccional penal, así como los fiscales jefes podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios o medios adscritos a unidades orgánicas de Policía judicial por conducto del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia o del fiscal general del Estado, respectivamente.
Los funcionarios de las unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originará, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.
En diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los jueces, tribunales o fiscales competentes de lo penal, los funcionarios integrantes de las unidades de Policía judicial tendrán el carácter de comisionados de dichos jueces, tribunales y fiscales, y podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares.
TÍTULO III De las Policías de las Comunidades Autónomas Artículos 37 a 44
CAPÍTULO I Principios generales Artículo 37
Las comunidades autónomas en cuyos estatutos este previsto podrán crear cuerpos de Policía para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución y las demás que le atribuye la presente Ley.
Las comunidades autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior podrán ejercer las funciones enunciadas en el artículo 148.1.22 de la Constitución, de conformidad con los artículos 39 y 47 de esta Ley. 3. Las comunidades autónomas cuyos estatutos no prevean la creación de cuerpos de Policía también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de cooperación especifica con el Estado.
Artículo citado en: 109 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
CAPÍTULO II De las competencias de las comunidades autónomas Artículos 38 y 39
Artículo citado en: 9 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa, 3 noticias
Corresponde a las comunidades autónomas, de conformidad con la presente Ley y con la de bases de régimen local, coordinar la actuación de laslicias locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, determinándolos distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado escolar.
Artículo citado en: 20 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Del régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas Artículos 40 a 44
Corresponde a los órganos competentes de cada Comunidad autónoma, previo informe del Consejo, a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, la creación de sus cuerpos de Policía, así como su modificación y supresión en los casos en que así se prevea en los respectivos estatutos de autonomía.
Artículo 42 modificado por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
Un porcentaje de las vacantes de los citados puestos de mando podrá ser cubierto, mediante promoción interna entre los miembros del propio cuerpo de Policía de la Comunidad autónoma, en el número, con las condiciones y requisitos que determinen el Consejo a que se refiere el artículo 48 de esta Ley.
TÍTULO IV De la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas Artículos 45 a 50
CAPÍTULO I De la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas Artículos 45 y 46
Artículo citado en: un artículo doctrinal, 4 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Cuando las comunidades autónomas que, según su estatuto, puedan crear cuerpos de Policía no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 38.1 y 2. C ) de la presente Ley, podrán recabar, a través de las autoridades del Estado el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiendo en este caso a las autoridades gubernativas estatales la determinación del modo y forma de prestar el auxilio solicitado. En caso de considerarse procedente su intervención, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán bajo el mando de sus jefes naturales.
CAPÍTULO II De la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas Artículo 47
Artículo citado en: 8 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
CAPÍTULO III de los órganos de coordinación Artículos 48 a 50
Dentro del Consejo de política de Seguridad funcionara un comité de expertos integrado por ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro de las comunidades autónomas, designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de política de Seguridad que representen a las comunidades autónomas. Dicho comité tendrá la misión de asesorar técnicamente a aquel y preparar los asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el pleno del mismo y con carácter especifico:
La junta de Seguridad será el órgano competente para resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los cuerpos de Policía de la Comunidad autónoma a tal efecto, las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los gobernadores civiles deberán informar periódicamente a dicha junta acerca de las deficiencias que se observen en la coordinación, mutuo auxilio e información recíproca entre aquellos, indicando las medidas oportunas para corregir los problemas suscitados.
TÍTULO V De las policías locales Artículos 51 a 54
Artículo 51 modificado por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.
Artículo citado en: 40 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Los cuerpos de Policía local son institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del título I y por la sección cuarta del capítulo IV del título II de la presente Ley, con adecuación que exija la dependencia de la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las comunidades autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos.. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de las funciones de dichos cuerpos, les será de aplicación la Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.
Será también de aplicación a los miembros de dichos cuerpos lo dispuesto, respecto a los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley; si bien la facultad que en el mismo se atribuye a las juntas de Seguridad corresponderá al Gobernador Civil respectivo.
Artículo citado en: 87 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Las actuaciones que practiquen los cuerpos de Policía local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados C ) y g ) precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
En los municipios de gran población y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación o por sus respectivas Asambleas, al ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 a parte de los funcionarios pertenecientes a las mismas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal.
Artículo 53, apartado 3 añadido por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 53, apartado 3, primer párrafo, modificado por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: 162 sentencias, 3 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas, 3 noticias
Artículo citado en: 9 sentencias, 6 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
En el Cuerpo Nacional de Policía se integrarán los funcionarios de los Cuerpos Superiores de Policía y de Policía Nacional, que quedan extinguidos. La integración en las escalas previstas en el artículo 17 de esta Ley se realizará en la forma siguiente:
En la escala básica: primera categoría: cabos.
Dentro de cada escala, la integración se hará por riguroso Orden de empleo categoría y antigüedad en los mismos, sobre la base de otorgar la misma puntuación al empleo de coronel y a la categoría de comisario principal; al empleo de teniente coronel y a la categoría de comisario; al empleo de capitán y a la categoría de inspector de primera, y al empleo de teniente y a la categoría de inspector de segunda.
Los miembros de las fuerzas Armadas que hasta la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica venían prestando servicio en el cuerpo de Policía nacional, podrán optar, en el plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor, por integrarse definitivamente en las escalas correspondientes del cuerpo nacional de Policía, en cuyo caso pasarán a la situación militar de retirado, o por reintegrarse a su arma o cuerpo de procedencia.
El personal del cuerpo de la Policía nacional escalafonado como especialista en la música y ayudantes técnicos de Sanidad, se incorporará a las respectivas escalas y categorías del nuevo cuerpo nacional de Policía, en el lugar que les pueda corresponder con arreglo a su empleo y antigüedad, sin perjuicio de que continúen rigiéndose, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, y hasta tanto se desarrollen sus especiales características, por las normas que los regulan.
Los miembros del extinguido servicio de tráfico, que figuran en escalafón aparte, se incorporarán al nuevo cuerpo nacional de Policía, en el lugar que les pueda corresponder con arreglo a su empleo y antigüedad.
Los miembros del cuerpo de Policía nacional que ingresaron por convocatorias especiales para el batallón de conductores, prestarán los servicios propios de su empleo en cualquier destino que pudiera corresponderles.
Los subcomisarios, capitanes e inspectores de primera, integrados en la escala ejecutiva, que en la fecha de promulgación de esta Ley hubieren alcanzado antigüedad en el cuerpo o carrera de procedencia, igual o superior a quince años, podrán quedar integrados en la escala superior, previa superación de las pruebas y cursos que al efecto se determinen.
En todo caso, para concurrir a dichas pruebas, será preciso en el caso de los oficiales procedentes del Ejército, llevar un mínimo de tres años con destino en la Policía nacional en la fecha de la convocatoria de éstas pruebas.
Podrá reservarse, para la promoción interna, con dispensa de un grado del requisito de titulación y siempre que se hayan realizado los cursos y obtenido los diplomas en la escuela de Policía que reglamentariamente se determinen, un 50 por 100 de las vacantes convocadas para los funcionarios integrados en la escala inmediata inferior. Los funcionarios citados sólo podrán ejercitar este derecho en tres convocatorias, siéndoles de aplicación las demás previsiones contenidas en la disposición adicional segunda de la presente Ley.
A los efectos previstos en esta disposición, serán computables como de carrera militar los cuatro años de estudios en la academia militar de los oficiales procedentes de las fuerzas Armadas.
Apartado 8 derogado por Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.
Disposición citada en: 60 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa
La integración a que se refiere la disposición anterior no supondrá variación económica alguna para los funcionarios de los cuerpos mencionados durante el presente ejercicio, que seguirán percibiendo las retribuciones correspondientes a su anterior empleo o categoría, de acuerdo con la normativa vigente.
Los oficiales integrados en la escala ejecutiva, con arreglo a lo establecido en la disposición anterior, que hubieren alcanzado títulos del grupo a, mantendrán las retribuciones básicas correspondientes a dichos títulos. No obstante, todos los funcionarios integrados en la misma categoría percibirán idénticas remuneraciones globales,, en cuanto por su pertenencia a la misma.
Disposición citada en: 103 sentencias
La ocupación de plazas vacantes, en el destino en que se encuentre, cuyas funciones, sin ser exactamente las correspondientes a su escala, sean las mas afines dentro de lo posible, manteniendo las percepciones económicas de la escala a que pertenezca.
Mientras no se proceda al desarrollo de la situación de segunda actividad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía creada por esta Ley, los funcionarios procedentes del cuerpo de la Policía nacional seguirán provisionalmente el régimen vigente de dicha situación, y los procedentes del cuerpo superior pasarán igualmente a la misma al cumplir la edad de sesenta y dos años, en la que permanecerán hasta la edad de jubilación, y en la que continuaran perfeccionando trienios y percibiendo idénticas retribuciones que en activo, excepto las que se deriven de la clase de destino o del lugar de residencia.
Mientras no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario del régimen disciplinario del cuerpo nacional de Policía, y en aquellos aspectos que no estén directamente regulados en esta Ley, se aplicará a los miembros de los dos colectivos que se integran en dicho cuerpo las previsiones del Real Decreto 1346/1984, de 11 de julio.
Apartado 1 derogado por Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.
Disposición citada en: 124 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 22 resoluciones administrativas
Disposición Adicional Primera, derogada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Disposición Adicional Segunda, derogada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio del interior, aprobará el reglamento orgánico y de servicio del cuerpo nacional de Policía, así como las plantillas de las escalas y categorías de dicho cuerpo, por una sola vez.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa e Interior, aprobará el reglamento orgánico y de servicio de la Guardia Civil, así como las plantillas y empleos de dicho cuerpo, por una sola vez.
Las plantillas orgánicas de las distintas unidades dependientes de la Dirección de la Seguridad del Estado se fijaran por el Ministro del Interior.
Los Ministerios de Economía y Hacienda e Interior darán conjuntamente las in instrucciones relativas a las misiones de resguardo fiscal, encomendadas al cuerpo de la Guardia Civil.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa e interior, determinará la extensión del mar territorial sobre el que se ejercerán las competencias atribuidas por esta Ley al cuerpo de la Guardia Civil.
Las referencias a la Policía y a los cuerpos superior de Policía y de Policía nacional, contenidas en la legislación vigente, se consideraran hechas al cuerpo nacional de Policía.
Disposición adidicional quinta, añadida por la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
Disposición citada en: 3 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa, 3 noticias
SEXTA Representación de los funcionarios titulares de las Plazas de Facultativos y Técnicos en el Consejo de Policía
Disposición Adicional Sexta adicionada, pasando la anterior Disposición Adicional Sexta a ser Disposición Adicional Séptima, por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 12 de Marzo de 2011.
Disposición Adicional Sexta, derogada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Disposición Adicional Sexta añadida por la Disposición Final 1 de la Ley Orgánica 4/2010, del 20 de Mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el BOE del 21 de Mayo de 2010.
Disposición Adicional Séptima, derogada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Lo dispuesto en la presente Ley no será de aplicación a la competencia que el artículo 17 del estatuto de autonomía atribuye a las instituciones del País Vasco en materia de régimen de la Policía autónoma, para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del Orden público dentro del territorio autónomo, que seguirá regulándose por dicho estatuto en la forma en que se determina por el mismo.
No obstante lo establecido en el número anterior, los artículos 5, 6, 7 y 8 que contienen los principios básicos de actuación, y las disposiciones estatutarias comunes, por su carácter general, se aplicarán al régimen de la Policía autónoma del País Vasco.
La coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía autónoma en el territorio de la Comunidad autónoma del País Vasco, se realizará por la junta de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 y la disposición transitoria cuarta del estatuto de autonomía del País Vasco.
La Policía autónoma de Cataluña se rige por su estatuto de autonomía y normas que lo desarrollen, respecto a las que la presente Ley tendrá carácter supletorio, de conformidad con el artículo 13.1 de aquel.
No obstante lo establecido en el número anterior, por su carácter general, serán de aplicación directa al régimen de la Policía autónoma de Cataluña, los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, y, en virtud de lo dispuesto respectivamente en los apartados 2. C ), 7 y 4, del artículo 13 del estatuto de Cataluña, los artículos 38, 43 y 46 de la misma.
La coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía autónoma en el territorio de la Comunidad autónoma de Cataluña, se realizará por la junta de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 6 y 7 del artículo 13 del estatuto de autonomía de Cataluña.
La Policía foral de Navarra se regirá por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra y normas que la desarrollan, respecto de las que la presente Ley tendrá carácter supletorio.
No obstante, lo establecido en el número anterior, por su carácter general, serán de aplicación directa al régimen de la Policía foral, los artículos 5, 6, 7, 8, 43 y 46 de esta Ley, sin perjuicio de las competencias que corresponden a Navarra en materia de regulación del régimen de Policía, en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto; asimismo, y de conformidad con el artículo 51.2 de la citada Ley Orgánica, podrán aplicarse los artículos 38 y 39 de esta si así se establece en la normativa propia de la Comunidad foral de Navarra.
La coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía foral de Navarra se realizará por la junta de Seguridad, de acuerdo con lo previsto por el artículo 51.2 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral.
Disposición final quinta, modificada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Disposición citada en: 277 sentencias
SEXTA Carácter de ley orgánica
Disposición final sexta, anterior Disposición Final Quinta, modificada por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Por tanto, mando a todos los Españoles, particulares y autoridades, que arden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
DECRETO 111/2000, de 17 de abril, del Presidente, por el que se convoca el programa número 3 del Decreto 252/1996, de 26 de septiembre, por el que se establecen programas de actuación en favor de las Entidades Canarias en el Exterior, destinado a la concesión de transferencias de carácter asistencial y humanitario.
Orden de 28/03/2011, , por la que se establece el Registro de los Montes Protectores y Montes Singulares de Castilla-La Mancha.