Source: http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2018-02-24 17:41:00
Document Index: 247022795

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 28', 'artículo 75', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 3', 'Artículo 41']

Derecho Administrativo Global: 2011
en 12/30/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
en 12/29/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Presupuestos de admisibilidad del amparo individual
Voces: ACCION DE AMPARO ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ INTERPOSICION DE LA ACCION ~ PLAZO ~ REQUISITOS DE LA ACCION DE AMPARO ~ OBJETO DE LA ACCION DE AMPARO ~ REFORMA CONSTITUCIONAL ~ DERECHOS CONSTITUCIONALES ~ ARBITRARIEDAD MANIFIESTA ~ ILEGALIDAD MANIFIESTA ~ DAÑO GRAVE
Autores: Rosales Cuello, Ramiro Meoqui, Sebastián
Publicado en: LA LEY 17/11/2011, 17/11/2011, 1
I. Introducción. II. El proceso de amparo en relación con las vías paralelas y previas. III. Conclusiones.
Abstract: “La incorporación del artículo 43 a la Constitución Nacional provocó un amplio debate en la doctrina y jurisprudencia sobre los alcances que el constituyente pretendió atribuir al amparo individual. La polémica principal se centró en determinar si el nuevo artículo garantizaba una tutela específica y diferencial para toda situación de amparo o si tal como venía ocurriendo, sólo operaba en forma residual ante el fracaso de los demás procesos judiciales para dar protección al derecho amenazado o conculcado.”
en 12/28/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: amparo, derecho constitucional, derecho procesal constitucional
Proyectos de ley de disponibilidad de empleados públicos de Río Negro; y de minería con cianuro
Texto completo de los dos proyectos presentados en la Legislatura, y notas relacionadas.
Proyecto de Ley de Emergencia y Disponibilidad de -algunos- empleados públicos de la provincia de Río Negro
Actualización: Ley Nº. 4.735 de Emergencia y Disponibilidad
Versión Taquigráfica Sesión Ordinaria 29/12/2011 en la que se aprueba
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/estabilidad-del-empleado-publico-y.html
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/corte-interamericana-de-derechos.html
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/proyecto-de-prescindibilidad-de.html
Fallo CSJN "Madorrán"
Proyecto de Ley que habilita la minería con cianuro
Actualización: Ley N° 4.738 que habilita la minería a cielo abierto con cianuro
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/diario-de-la-sesion-de-la-legislatura.html
http://www.panamericansilver.com/operations/argentina/calcatreu/
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/la-federacion-internacional-de-derechos.html
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/12/tierra-sublevada-parte-1-oro-impuro-de.html
Etiquetas: derecho ambiental, derechos de los pueblos originarios, empleo público, estabilidad del empleado público, minería
Fuente: www.pagina12.com.ar del 27 de diciembre de 2011
Publicado en Res Publica Argentina 2009 -2 y 3 www.respublicaargentina.com
El proceso iniciado contra el magistrado español Baltasar Garzón por haber intentado investigar delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista marca un nuevo hito en el siempre sinuoso proceso de asimilación de los derechos humanos por los Estados. En este trabajo se intentarán exponer algunas líneas rectoras de los sistemas internacionales de protección de tales derechos que permiten reivindicar la actuación de ese juez a la luz del rol central que cabe a las autoridades nacionales en esta materia. Ese rol sólo puede ser cumplido adecuadamente si los órganos y funcionarios de cada país piensan desde los tratados de derechos humanos e internalizan —porque generalmente así lo indican las propias constituciones nacionales— que éstos no representan un límite externo a decisiones adoptadas bajo los parámetros del derecho doméstico sino el presupuesto funcional de la comprensión global de ese derecho.3 Las actuaciones de Garzón parecen dar cuenta de esa nueva mirada.
en 12/27/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derecho internacional, derechos humanos
DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Etiquetas: acceso a internet, derecho a la protesta, derecho ambiental, derechos humanos, libertad de expresión
Estabilidad del empleado público y prescindibilidad en la jurisprudencia provincial
Voces: EMPLEADO PUBLICO - EMPLEO PUBLICO - ESTABILIDAD LABORAL - ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO - PROTECCION DEL TRABAJADOR - CONTRATO DE TRABAJO - CONSTITUCION NACIONAL - DESPIDO - INDEMNIZACION POR DESPIDO - CESANTIA - ESTABILIDAD IMPROPIA - LEY DE CONTRATO DE TRABAJO - LEY APLICABLE - TRABAJADOR - CONSTITUCIONALISMO SOCIAL - ESTABILIDAD PROPIA - DESPIDO SIN CAUSA
Publicado en: LLGran Cuyo 2010 (junio), 427
Fallo Comentado: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis (STSanLuis) ~ 2009-12-29 ~ Perrone, Marcelo Rómulo y otros c. Estado Provincial
Sumario: I. Introducción. — II. Antecedentes y situación fáctica. —III. Empleo público y prescindibilidad.
El fallo en análisis se inscribe en la línea emprendida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor del fortalecimiento de los derechos económicos y sociales, fuertemente apoyada con la resolución del caso "Madorrán" (1) en relación con la estabilidad del empleado público.
En el sub examen, es el Superior Tribunal de la provincia de San Luis el que se adentra en la discusión del alcance de la tutela consagrada en el art.14 bis cuando la norma hace referencia a la "estabilidad del empleado público" y resuelve apartándose de sus propios precedentes para hacer suyos los fundamentos dados en "Madorrán".
Se advierte que las plataformas fácticas difieren entre aquella causa y el presente caso. La primera tiene su génesis en el despido injustificado con derecho a indemnización dispuesto por la Administración Nacional de Aduanas, a la cual la actora se encontraba vinculada por una relación de empleo público. El fundamento de tal proceder se sustentó en el art. 7 del Convenio Colectivo 56/92 "E" que resultaba de aplicación a los trabajadores pertenecientes a dicha entidad, que facultaba a extinguir la relación de empleo sin invocación de causa y mediante el pago de una indemnización de conformidad al art. 245 de la ley de contrato de trabajo prevista para los trabajadores sujetos a un régimen de estabilidad impropia. En cambio, en el caso en comentario, por aplicación de una ley provincial que declaraba la emergencia policial, se dispuso la prescindibilidad de empleados públicos mediante el pago de una indemnización o el pase a retiro obligatorio (2).
Sin embargo, ambos resolutivos defienden decididamente la estabilidad del empleado público en sentido propio. Cabe recordar que la estabilidad laboral puede ser clasificada en propia o absoluta o en impropia o relativa en tanto se encuentre prohibido o permitido su reemplazo por una indemnización. Es el constitucionalismo social el que logra introducir a nivel constitucional el derecho a la estabilidad del empleo público con la reforma nacional de 1957 en el art. 14 bis, entendiéndose como el derecho a no ser privado o separado del empleo o cargo sino por las causas y los procedimientos establecidos en las normas. Se busca proteger al empleado público de la arbitrariedad estatal, de las diferencias político partidarias que muchas veces han fundamentado las cesantías de aquellas personas que hubiesen sido incorporadas a la Administración por gestiones de diferente bandera política (3).
El fallo en comentario se encuadra en la interpretación del art. 14 bis de la C. Nac. como estabilidad del empleado público en sentido propio, siendo un excelente ejemplo de la salvaguarda de los derecho individuales acatando la jurisprudencia de la Corte Suprema en dicho aspecto, pero el avance significativo se advierte en cuanto reputa inconstitucional a una norma de las denominadas "leyes de prescindibilidad" de empleados públicos, que de modo excepcional y temporario basándose en la emergencia, establecen reordenamientos o supresiones de dependencias u otro tipo de racionalizaciones, previendo el pago de una reparación económica, siendo que en el caso "Madorrán la decisión se acota a las particulares circunstancias de la causa, en la que no se debatió el alcance de ninguna norma de la naturaleza referida.
II. Antecedentes y situación fáctica
A.Conforme a la ley provincial 451 del año 2004 se declara en estado de emergencia a la Policía de la provincia de San Luis, por el término de seis meses, autorizando al Poder Ejecutivo a extender por seis meses adicionales su vigencia (art. 1). Tal emergencia comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de la Policía de la Provincia de San Luis y perseguirá como objetivo, según la norma, optimizar los recursos humanos y materiales y los servicios que presta. También autoriza a reasignar funciones y destinos a todo el personal de la Policía de la Provincia (arts. 2 y 3).
En el caso un grupo de agentes de policía de la provincia de San Luis son declarados prescindibles por el Sr. Jefe de Policía provincial con encuadramiento en el art. 4 de la ley 451 citada, que dispone que la emergencia es causal suficiente para poner en disponibilidad simple o preventiva al personal de la Policía, conforme lo previsto en el Art. 41 y siguientes de la Ley 393 del mismo año. Asimismo, por tal causal se podrá declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal según el caso, disponiendo el art. 6 que los agentes podrán optar por una indemnización o por el pase a retiro obligatorio.
B.Los argumentos de los actores peticionando la inconstitucionalidad de la normativa citada giran por un lado, en relación con el estado de emergencia y por otro, respecto a los derechos afectados.
Sobre el estado de emergencia policial afirman que no ha sido formalmente declarado y por tanto, todas las medidas que se fundan en la declaración inexistente devienen nulas y de nulidad absoluta e insanable. Agregan que la Constitución Provincial no faculta a la Legislatura ni al Poder Ejecutivo para declarar estados de emergencia, y aquellas situaciones de crisis o apremios sociales, económicos, de justicia, etc. que se produzcan en su ámbito, son mal llamadas estados de emergencia, pues este concepto no puede ser discrecionalmente elaborado a gusto y placer de los órganos de gobiernos locales, ignorando la sujeción normativa en materia de derechos y garantías respecto a la Nación. Puntualizan que el art. 1 al autorizar al Poder Ejecutivo a extender la emergencia violaría la prohibición taxativamente estatuida en el Art. 29 de la C.Nac. en relación con las facultades extraordinarias.
Mientras que en torno a los derechos afectados, basan sus quejas en la afectación al derecho de trabajar, a la estabilidad del empleo y a una retribución justa, al derecho a la igualdad, a la propiedad, afectándose en definitiva las normas nacionales que contienen tales derechos y las provinciales concordantes.
III.Empleo público y prescindibilidad
A. El Tribunal sentenciante en el tratamiento de los agravios contra la normativa citada distingue por un lado, los referidos a la emergencia y por otro, relativos a la afectación de los derechos constitucionales, especialmente la estabilidad del empleado público, precisando su alcance.
1. Sobre el primer punto se pronuncia por la constitucionalidad de los artículos referidos a la declaración de emergencia, a la autoridad de aplicación y a la vigencia remitiendo a una causa anterior resuelta en ese sentido (4), en donde concluyó que tal emergencia fue plenamente válida y ajustada a las previsiones de las normas constitucionales de la Nación y la Provincia, como a la doctrina de la Corte Suprema.
2. Sobre el segundo aspecto, es decir respecto a los arts. 4 y 6 de la ley provincial 451 que, con sustento en el estado de emergencia, autorizan a disponer la cesantía de empleados públicos a cambio de una indemnización o bien al pase a retiro obligatorio, aclara que cabe apartarse del precedente propio utilizado para convalidar la emergencia, dada la nueva línea jurisprudencia inaugurada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de mayo de 2007 al resolver la causa "Madorrán".
En este sentido se reafirma que la vigencia y plena operatividad de la estabilidad propia del empleado público garantizada por el art. 14 bis de la C.N., fulmina toda posibilidad de despedir empleados sin causa y con el solo requisito de una indemnización sustitutiva, por atentar contra la garantía de la estabilidad del empleado público. Se hace hincapié en que esta solución concuerda con los principios y pautas de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que han sido expresamente incorporados en la Constitución Nacional por vía del art. 75 inc. 22, al dar jerarquía constitucional a los mayores instrumentos internacionales en la materia.
3. El análisis se detienen también en las atribuciones del Presidente de nombrar y remover empleados públicos (art. 99 inc. 7 C. Nac) y la estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la C. Nac., concluyendo en que el instituto de la prescindibilidad sin justa causa es incompatible con una interpretación armónica de estas cláusulas.
En efecto, la remoción de un agente público queda dentro del resorte del presidente de la Nación o del gobernador de la provincia -en su caso- pero no se trata de una atribución que pueda ser ejercitada con prescindencia de toda legalidad. El respeto por el derecho a la estabilidad del empleo público expresado por el art. 14 bis, impide la ruptura discrecional del vínculo laboral ya que de lo contrario ese derecho carecería de contenido.
Esta interpretación armónica e integral de la Constitución Nacional lleva a entender que sus cláusulas no se excluyen o anulan recíprocamente, el contenido de una disposición debe ser interpretado de acuerdo al de las demás. De ahí que se sostenga que la estabilidad de empleado público es una norma operativa que en una interpretación acorde con las atribuciones del Poder Ejecutivo exige que la ruptura del vínculo de empleo público no sea discrecional.
B. Se resuelve en el caso que, configurada la prescindibilidad de los actores con la sola invocación del estado de emergencia, ello supone un despido incausado de un empleado de la administración, por lo que la normativa que le da fundamento es inconstitucional (arts. 4° y 6° de la Ley X-0451-2004), en cuanto autoriza la misma mediante el pago de una indemnización o el pase a retiro obligatorio, contrariando el orden constitucional -arts. 14bis, 16, 28 y 31 C.N. y 23 C.P. También se dispone la reincorporación de los actores que no se encontraban en actividad a los cargo que ocupaban al ser declarados prescindibles, fijándose un plazo de treinta días hábiles desde que la resolución quede firme, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento en el plazo fijado.
Es muy importante este pronunciamiento puesto que la misma Corte Nacional había resuelto que las leyes de prescindibilidad constituyen un "régimen de excepción que suspende temporariamente las normas que se le opongan, que asignan al Poder Ejecutivo un instrumento ágil para llevar a cabo la reestructuración que limita el derecho a la estabilidad de los empleados, lo que se trata de compensar a través de la indemnización que prevén"(5).
En efecto, a partir del año 1959 se dictaron sucesivas leyes llamadas de prescindibilidad o racionalización administrativa y que acordaron al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de dejar cesantes a empleados públicos por razones de economía presupuestaria, reorganización y otros motivos que perseguían, según se expresaba, una mayor eficiencia administrativa, previéndose el pago de una indemnización en beneficio del personal afectado. La Corte había convalidado estas leyes cada vez que el empleado afectado planteó su inconstitucionalidad por violar su derecho a la estabilidad, quien alegaba que en su caso no se configuraba la causal de racionalización administrativa invocada por el Estado para justificar su cesantía, frente a lo cual el Tribunal Supremo disponía que la estabilidad del empleado público no importaba un derecho absoluto a la permanencia en la función pública sino el derecho a una equitativa indemnización cuando, por razones de su exclusiva incumbencia, el Poder Ejecutivo decidía remover a un empleado sin culpa de éste (6).
El pronunciamiento en análisis se aparta de dicha interpretación y aunque cita como fundamento el caso "Madorrán", va más allá puesto que defiende la estabilidad en sentido propio frente a una ley de prescindibilidad de empleados públicos.
En efecto, si bien el Tribunal puntano convalida la declaración de emergencia, en relación con el empleado público considera que la prescindibilidad sustentada en la sola invocación del estado de emergencia, supone un despido incausado lo que es incompatible con la estabilidad en sentido propio.
Se trata de una interpretación integradora de las normas constitucionales referidas a la estabilidad del empleado público y a las atribuciones de los órganos gubernativos en relación con la designación y remoción de su personal que marca una decidida línea a seguir en el camino a limitar las discrecionalidades arbitrarias.
(1) C.S.J.Nac. "Madorrán, María Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Reincorporación", el 03/05/2007 (La Ley, 2007-C, 258), en igual sentido se resuelve la causa "Ruiz" el 15/05/07. Ver entre otros los siguientes comentarios: Walter Carnota; La interpretación constitucional de la estabilidad del empleado público; en La Ley 2007-C-289; Alfonso Buteler; La estabilidad del empleado público (A propósito de lo decidido por la Corte Suprema en la causa "Madorrán"); en La Ley 2007-C-289; José Pablo Descalzi; La estabilidad del empleado público; en La Ley, 2007-C-500, María Cecilia Hockl, "El empleado público y la protección constitucional a su estabilidad. A propósito de los fallos "Madorrán" y "Ruiz"; DT, 2007 (mayo), 555, etc.
(2) Superior Tribunal de Justicia de San Luis, 2009/12/29; Perrone, Marcelo Rómulo y otros c. Estado Provincial.
(3) Ver entre otros los recientes trabajos de: José Luis Correa; "Estabilidad del personal contratado o indemnización de daños y perjuicios. Actividad ilegítima del Estado", La Ley, 06/05/2010, 3; Miriam M. Ivanega, "De nuevo sobre el personal contratado de la administración pública nacional", Sup. Const., 2010 (mayo), 33, Jorge Rodríguez Mancini, "Los "contratados" en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia", La Ley 21/04/2010, 6, Alfonso Buteler, "El derecho de los contratados a una indemnización", La Ley 14/04/2010, 3, Miriam M. Ivanega, "Primeras reflexiones sobre un fallo cauteloso", La Ley 14/04/2010, 6 , Santiago Hernán Moreno Douglas Price, "La competencia y resarcimiento de ex contratados por la Administración Pública", LLC 2010 (abril), 255, Marcelo Abal y Ricardo Sotura, "Agentes contratados por la administración pública nacional. Derecho a la estabilidad", La Ley 2009-C, 1134, etc.
(4) Se refiere a la causa "Vieytes, Pablo Alejandro s/ Amparo", Expte. N° 1867/06 s/ Per Saltum", Expte. N° 23-V-2006, resuelta en Sentencia STJSL-S.J. N° 60/06 del 01/11/2006.
(5) C.S.J.N., 23/04/85, "Romero de Martino, Leonor Virginia c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro", Fallos, 307:539.
(6) DE LA FUENTE Horacio, Estabilidad del empleado público. Situación del personal contratado, en La Ley 2001-D-911. "Las primeras leyes (14.794, 15.796,16.432,16.662 -Adla, XIX-A, 35; XX-A, 201; XXI-A, 282; XXV-A, 4-) autorizaban las cesantías únicamente cuando existía supresión de cargos, aunque lo mismo se cometieron abusos acudiendo al recurso de los empleados "contratados", que de hecho reemplazaban a los desplazados. Alentadas por la jurisprudencia que se iba formando alrededor de la estabilidad del empleado público, que la reducía en la práctica a una indemnización por despido, las normas legales posteriores fueron aumentando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Así, el dec. -ley 17.343/67 (Adla, XXVI-B, 1554) consagró, al lado de la causal señalada de "supresión del cargo" la más subjetiva de "ponderación de aptitudes personales", agregando después el dec.-ley 17.467/67 un supuesto aún más amplio e indefinido, el de "reorganización y mejor desenvolvimiento del servicio", con cuya incorporación todavía se pretendía guardar las formas. La coronación de esta escalada la constituyeron las leyes 20.549 y 20.713 (Adla, XXXIII-D, 3659; XXXIV-C, 2022), que autorizaron las cesantías "por razones de servicio", sin necesidad de invocar ningún otro justificativo. En este sentido, Horacio de la Fuente cita diversos fallos de la CS, por ejemplo, en "Tornese" del 8/11/68 y "Scherb". Ver también los comentarios de Marcelo Abal y Ricardo Sotura, "Agentes contratados por la administración pública nacional. Derecho a la estabilidad", en La Ley 2009-C-1134, Nicolas Diana y Gonzalo S Kodelia, "Cuando el valor histórico puede más que la mera dogmática", en La Ley 2007-C- 521, etc.
en 12/26/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: antidiscriminación, empleo público, estabilidad del empleado público
Diario de la Sesión de la Legislatura de Río Negro en que se sancionó la Ley Nº 3981, que prohibió utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos/ Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea
Diario de la sesión del 21/07/2005 (ver páginas 124 a 166).
Votaron por la prohibición los señores legisladores: Acuña, Elba Esther, Arriaga, María Marta; Castañón, Néstor Hugo; Castro, Francisco Orlando; Costanzo, Gustavo Andrés; Cuevas, Viviana Marisel; Di Giacomo, Luis; Dieterle, Delia Edith; García, María Inés; Gatti, Fabián Gustavo; Giménez, Eduardo Javier; González, Edith Graciela; Graffigna, Celia Elba; Hernández, Aníbal Fructuoso; Holgado, Susana Josefina; Iud, Javier Alejandro; Lueiro, Claudio Juan Javier; Machado, Oscar Alfredo; Manso, Beatríz; Mendioroz, Bautista José; Milesi, Marta Silvia; Muena, Osvaldo Enrique; Odarda, María Magdalena; Pape, Mario Ernesto; Pascual, Jorge Raúl; Peralta, Carlos Gustavo; Piccinini, Ana Ida; Ranea Pastorini, Patricia; Rodríguez, Ademar Jorge; Rodríguez, José Luis; Romans, Liliana Patricia; Santiago, Jorge Norberto; Sartor, Daniel Alberto; Solaimán, Emilio Fabio; Sosa, María Noemí; Spoturno, Ricardo Jorge; Toro, Carlos Daniel y Torres, Adrián.
Votaron por la negativa al proyecto de ley, los señores legisladores: Borda, Marta Edit; Colonna, Mario Ernesto y Pinazo Alcides.
– Vista la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE (Seveso II) del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en la que se afirma que «algunas actividades de almacenamiento y tratamiento de la minería [...] pueden tener consecuencias muy graves»,
Este antecedente es válido no obstante el posterior rechazo de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea:
"Answer given by Mr Potočnik on behalf of the Commission
The resolution of the Parliament calling for a general ban on the use of cyanide mining technologies in the European Union has received the full attention of the Commission.
After an in depth analysis of the issue, the Commission considers that a general ban of cyanide in mining activities is not justified from environmental and health point of views. Existing legislation notably on the management of extractive waste (Directive 2006/21/EC) includes precise and strict requirements ensuring an appropriate safety level of the mining waste facilities. The limit values for cyanide storage as defined in the directive are the most stringent possible and implies in practice a destruction step of cyanide used before its storage.
Due to the lack of better (in the sense of causing less impact on the environment) alternative technologies, a general ban on cyanide use would imply the closure of existing mines operating in safe conditions. This would be detrimental to employment without additional environmental and health added value.
The Commission intends to continue to closely follow the possible technological developments in this sector in order to ensure that ‘best available techniques’ are applied in practice as required by the directive.
In addition, the Commission considers that the priority should be set on ensuring full application of the directive by the Member States. As guardian of the Treaty, the Commission intends to take all necessary measures within its remit to ensure that the directive is fully and correctly applied in practice."
"La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, rechazó la propuesta de resolución presentada por el Parlamento Europeo, del pasado 5 de mayo, que pedía proscribir “tecnologías mineras a base de cianuro y eliminar cualquier apoyo directo o indirecto a proyectos mineros que supongan el uso de ese elemento”.
La propuesta fue presentada a fines de abril por los eurodiputados miembros del Grupo Popular Europeo, el húngaro János Áder y el rumano László Tokés, quienes impulsaron la prohibición del cianuro en la extracción de oro en toda la UE.
“Luego de un análisis en profundidad sobre el tema, la Comisión considera que UNA PROHIBICIÓN GENERAL DEL USO DEL CIANURO EN LAS ACTIVIDADES MINERAS, NO ESTÁ JUSTIFICADA DESDE PUNTOS DE VISTA AMBIENTALES O DE SALUD, explicó el esloveno Janez Potocnik, Comisionado Europeo para el Medio ambiente.
“La legislación existente sobre manejo de residuos mineros (Directiva 2006/21/EC) incluye precisiones y requerimientos estrictos que aseguran un adecuado nivel de seguridad en el manejo de los residuos mineros. Los valores límites de almacenamiento de cianuro, como se definen en la Directiva, son los más rigurosos posibles e implican en la práctica la destrucción del cianuro utilizado”, añadió el funcionario.
Potocnik fue más lejos: “La prohibición general del uso de cianuro implicaría el cierre de minas existentes que operan en condiciones seguras. Esto sería perjudicial para el empleo sin valores agregados para el medio ambiente o la salud”.
La Comisión dejó en claro que seguirá de cerca los desarrollos tecnológicos en el sector con el fin de asegurar que “las mejores técnicas disponibles” sean aplicadas en la práctica, como se requiere en la directiva europea. El órgano ejecutivo considera que la prioridad debería establecerse en asegurar la aplicación completa de la normativa por los países miembros. "
Fuente: http://www.igooh.com/
en 12/24/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derecho al agua, derecho ambiental, derechos de los pueblos originarios
Empresas y violaciones a los derechos humanos - una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) tiene el placer de anunciar la publicación de la versión en español actualizada de su guía destinada a las víctimas y a las ONG, que recoge los mecanismos de recurso disponibles en el marco de las violaciones cometidas por empresas.
En todo el mundo es posible individuar violaciones de derechos humanos e identificar los impactos medioambientales relacionados, directa o indirectamente, con las actividades de las empresas. En América Latina, especialmente en Colombia, Guatemala y Honduras, dirigentes sindicales o campesinos son asesinados por reivindicar públicamente sus derechos. En Filipinas, Perú o Ecuador, el derecho de los pueblos autóctonos a la consulta, sobre todo en el marco de proyectos de inversión vinculados a la industria extractiva, sigue siendo demasiado frecuentemente ignorado. Tras 20 años del desastre de Bhopal, en la India, donde hubo una fuga de gases tóxicos de una fábrica de pesticidas de propiedad de la Union Carbide Corporation, miles de víctimas siguen esperando recibir una reparación justa y el sitio de la fábrica nunca fue limpiado.
Para las víctimas de las violaciones cometidas por empresas es muy difícil obtener justicia, de ahí que prevalece la impunidad.
La FIDH aspira a que esta guía represente una herramienta práctica para las víctimas y sus representantes, las ONG y los demás actores de la sociedad civil (los sindicatos, las asociaciones campesinas, los movimientos sociales y los activistas) para que las víctimas puedan obtener justicia y reparación por los abusos cometidos por o con la complicidad de las empresas.
La guía consta de cinco secciones, y cada una examina distintos tipos de mecanismos, incluyendo mecanismos intergubernamentales, posibilidades de contencioso que se ofrecen a las víctimas, mecanismos de mediación como los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, mecanismos de reclamación disponibles en el marco del apoyo financiero recibido por las empresas así como mecanismos que se pueden utilizar en base al compromiso voluntario de las empresas. La versión en español incluye nuevos textos que abarcan un análisis de las últimas evoluciones que han tenido lugar durante el año corriente a nivel internacional sobre el tema de las empresas y los derechos humanos, en particular por lo que atañe a las Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en junio y a la revisión de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales de mayo de 2011. La guía incluye la actualización de algunos casos llevados ante mecanismos y cortes en distintas jurisdicciones, sobre todo ante los tribunales americanos en virtud del Estatuto de Reclamación por Agravios Contra Extranjeros, el Alien Tort Claims Act.
La FIDH confía en que esta herramienta pueda fomentar a los distintos actores implicados a compartir e intercambiar experiencias sobre las estrategias y los resultados obtenidos tras el recurso a estos mecanismos, con el objetivo de ayudar a las víctimas a obtener justicia.
Copias de la guía están disponibles por encargo.
Guía Empresas Introducción pdf
Guía empresas Sección I pdf
Guía Empresas Sección II pdf
Guía Empresas Sección III pdf
Guía Empresas Sección IV pdf
Guía Empresas Sección V pdf
Guía Empresas Conclusión pdf
Fuente: www.fidh.org
en 12/23/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: derecho ambiental, derechos de los pueblos originarios, derechos humanos, participación ciudadana
Fuente de la info: http://www.bafici.gov.ar/
Links de descarga (1, avi, v.o. audio latino):
http://freakshare.com/files/o37unyyg/El.estudiante.2011.UNSOLOCLIC.INFO.avi.html
Fuente de los links: http://www.unsoloclic.info/
Más películas del BAFICI 2011:
http://alumnosmdag.blogspot.com/search/label/bafici
Etiquetas: bafici, películas descargar
en 12/22/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
"Tierra sublevada" Parte 1: "Oro impuro" de Pino Solanas para descargar
Oro Impuro, es un viaje alrededor de algunas de las explotaciones a cielo abierto con cianuro que las corporaciones han instalado en el noroeste argentino –San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán Salta - y la reacción de las poblaciones aledañas frente a la contaminación. Se trata de una obra coral contada por sus protagonistas: ingenieros, maestros, chacareros, indígenas, vecinos, ambientalistas, que hacen contundentes denuncias sobre el despojo y cuentan conmovedoras historias de resistencia a la depredación de las mineras. Estimulados por la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú contra la instalación de la fábrica de papel Botnia, en el río Uruguay, el movimiento ambientalista logró que en siete provincias –Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán- se prohiba la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.
Links de descarga (4, archivo avi, v.o. audio latino):
http://www.mediafire.com/download.php?e6eru65g2g9p0to
http://www.mediafire.com/download.php?di187wz0tv0aoi9
http://www.mediafire.com/download.php?2pyzk657kwvrc09
http://www.mediafire.com/download.php?nnfog3d9d7ppyo5
Etiquetas: cine, derecho ambiental, películas descargar, política argentina
en 12/21/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Servicios públicos, marcos regulatorios y técnica regulatoria: aportes en función del régimen de los derechos económicos, sociales y culturales
Por Eduardo R. Olivero
Sumario: I.- Introducción. II.- El servicio público y la técnica regulatoria: 1.- El servicio público: notas tipificantes y principales objetivos. 2) Aspectos centrales de la función y técnica regulatoria. III.- Los conceptos basales de una concepción jurídica de los DESC (enfoque de derechos / marcos conceptuales / análisis por niveles de obligaciones / Principales obligaciones y principios reconocidos). IV.- Aplicaciones e injerencias de los principios de los DESC ante el régimen del servicio público: 1.- Reconocer la injerencia del contenido mínimo exigible. 2.- Implicancias básicas. 3.- Ámbito librado al desarrollo progresivo. V.- Conclusiones
Etiquetas: DESC, servicios públicos
CAMARA FEDERAL DE LA PLATA DECLARA INCONSTITUCIONAL PROHIBICION DEL VOTO A CONDENADOS
La Cámara Federal de La Plata, declaró inconstitucionales las normas que prohíben votar a los condenados. Como lo menciona el fallo, IGUALITARIA promueve, junto a otras organizaciones, un cambio legislativo en este sentido.
Este es el texto de la sentencia:
La Plata, 22 de Octubre de 2011, siendo las horas.-
Y VISTOS: el expediente N°6574, registro interno, caratulado: “GARCIA DE LA MATA, Angel María s/ Su Presentación”, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, y
I. Llegan a la Alzada las presentes actuaciones- que se califican como habeas corpus- mediante consulta en los términos del art.10, 2° párrafo de la ley 23.098, a raíz del reclamo formulado por el Sr. Ángel María García de la Mata, interno del Anexo 20 del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Dicho reclamo consiste en que el peticionante alega hallarse privado en forma ilegal del ejercicio del sufragio en las elecciones del día de mañana, 23 de Octubre de 2011.
Este solo enunciado indica que no nos hallamos ante una acción de habeas corpus propiamente dicha, sino en un caso que encuadra en los arts. 10 y 147 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias) que establecen el amparo del elector.
En efecto, el citado art. 10 reza así: “Amparo del elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario” .
En cuanto al art.147, citado establece en lo esencial que la sustanciación de las acciones de amparo electorales será verbal con resolución inmediata.
Ahora bien, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, entendió de la petición de Garcia de la Mata tramitándola como un habeas corpus, que denegó por las razones que más abajo serán explicitadas.
A los fines de considerar la petición sobre la que se expidió el Juez Federal de Lomas de Zamora, es preciso, ante todo, modificar la calificación procesal otorgada a esta, determinando que el caso está regido por los citados artículos 10 y 147 del Código Electoral Nacional.
II. Ello establecido, cabe también señalar la competencia, tanto del Juez de Lomas de Zamora como de esta Alzada para entender del citado amparo electoral. En lo que hace al Juez Federal de Lomas de Zamora, es el magistrado más próximo al lugar de detención de García de la Mata, mientras que la intervención de esta Sala se justifica por los amplios términos con los que el mencionado art. 10 del Código Electoral Nacional, inviste de competencia a cualquier funcionario nacional o provincial en el amparo.
III. Respecto de la sustancia del asunto se trata de determinar si la situación de condenado con sentencia firme que posee el beneficiario le impide ejercer el derecho al sufragio.
A fin de considerar la cuestión planteada, conviene, primeramente, referir los antecedentes del caso.
Al respecto surge de la causa que el Tribunal tiene a la vista, que en el año 2005 el interno García de la Mata, revestía aún condición de procesado y que una decisión de esta Cámara Federal dispuso que se lo incluyese en el padrón electoral, pese a lo cual no se halla incorporado- según sostiene-, en el que corresponde al lugar donde se aloja. El interno también manifiesta, que no se halla inhabilitado en el registro de la Cámara Nacional Electoral. En cuanto al Documento Nacional de Identidad necesario para emitir el sufragio, este se encuentra retenido por el Servicio Penitenciario Federal (ver acta de fs.18/21 vta, en especial fs.19 y vta).
El acta mencionada corresponde a un procedimiento anterior de habeas corpus, referido al mismo tema del derecho al sufragio de García de la Mata, y que fue resuelto negativamente por la Sala Primera de esta Cámara Federal, en fecha 30 de Septiembre de 2011 (ver fs.58 y vta).
Entonces, la Sala Primera expresó que: “Sin perjuicio de ello, cabe precisar que Garcia de la Mata, se encuentra en la actualidad cumpliendo una condena que se encuentra firme, y se halla alojado en una unidad de carácter psiquiátrico, por lo que conforme a la legislación vigente, no le está permitido emitir sufragio. Asimismo, la habilitación para votar con la que cuenta el interno, que data del año 2005, no modifica la situación antes expuesta, en tanto las condiciones procesales en las que se encontraba el nombrado en la fecha indicada difieren de las actuales”. (Sobre la situación procesal de Garcia de la Mata, ver el informe del Servicio Penitenciario Nacional obrante a fs.17).
IV. A posteriori de esta decisión García de la Mata, se comunicó con la Defensora Oficial, Dra. Rivera de Del Prado, solicitándole “se interponga acción de habeas corpus en su favor para que se lo habilite a emitir sufragio en las próximas elecciones del 23 de Octubre” (ver presentación de fs.61, de fecha 21 de Octubre de 2011).
El Juez Federal, Dr. Ferreiro Pella, rechazó de plano, sin sustanciación alguna, el pedido efectuado, remitiéndose al argumento de la Sala Primera, antes transcripto (ver fs.63 y vta).
Este Tribunal no comparte dicho criterio.
V. La situación configurada por la legislación vigente viene sin duda a generar una clara afectación de los derechos políticos de los condenados sometiéndolos a una privación total de su capacidad de participación en las decisiones de un conjunto social del que siguen formando parte.
Resulta obvio que un condenado debe cumplir la pena que se le ha impuesto, pero no menos obvio resulta que esa pena no puede eliminar transitoriamente a la persona en cuestión. Las penas autorizadas por nuestro ordenamiento jurídico constitucional se vinculan con la recomposición del mandato normativo quebrado, pero bajo ningún aspecto con un ensañamiento con la persona que haya sido condenada, tal como lo establece el claro texto del artículo 18 de la Constitución Nacional, que una fórmula clara y generosa expresa que: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”
Llegados a este punto corresponde que inquiramos acerca del alcance de las normas que establecen la prohibición a las personas condenadas para participar en los actos eleccionarios. En este sentido debemos observar en primer término que es el Código Penal, a través de la cláusula del artículo 19, inc. 2, que expresa que: La inhabilitación absoluta importa: la privación del derecho electoral; resultando esta norma extendida a los condenados por más de tres años en virtud de lo expresado en el artículo 12 de dicho cuerpo legal.
Con idéntico alcance puede observarse lo dispuesto por el artículo 3 inciso e) del Código Electoral Nacional, que excluye del padrón electoral a los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.
Pues bien estas normas, con la amplitud que presentan devienen a nuestro juicio contrarias al texto y al objeto mismo de la Constitución Nacional.
Esto no sólo en cuanto entran en colisión con el artículo 18 en la parte ya transcripta, sino en cuanto se oponen a lo claramente dispuesto por el artículo 37, allí cuando afirma en su primer párrafo: Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
¿Qué debe entenderse por pleno ejercicio? ¿La pertenencia a la comunidad política de un individuo puede ser sometida a la decisión de los otros? ¿Podemos decidir que una persona integrante de nuestra sociedad deje de formar parte de ella? ¿Es esto compatible con las más elementales normas de convivencia? Y en todo caso, ¿puede depender del conjunto, o de las instituciones que el conjunto establezca a quienes se acepta y a quienes no?
La fórmula del artículo 37 con su amplitud prácticamente identifica derechos políticos con pertenencia al conjunto social, y si bien somete a reglamentación ese ejercicio, sabemos por principio que nunca la reglamentación puede alterar o degenerar los derechos que reglamenta, dado el texto expreso del artículo 28 de la Constitución Nacional.
Pero no sólo estos fundamentos normativos constitucionales se nos imponen como contrarios a la prohibición del ejercicio de los derechos políticos por parte de los condenados, también lo hacen normas convencionales con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 CN). Así la Convención Americana sobre Derechos Humanos (más conocida como Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 5 punto 2 establece que: “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, mientras que el artículo 10 punto 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
Se ha dado en la jurisprudencia nacional un movimiento embrionario tendiente a modificar este estado de cosas, pudiendo citarse con diverso alcance, pero en todo caso aplicable al tema que aquí nos ocupa, lo dispuesto por el juez de ejecución penal de Santa Fé, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 inciso 2 del Código Penal, en cuanto no hablita a votar a los presos con condena, y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal, por parte del Juzgado de Ejecución Penal de General Roca, provincia de Río Negro, por cuanto impone un plus sancionatorio, que lo viene a constituir en émulo de la muerte civil.
Tampoco podemos dejar de ponderar un movimiento de diversos organismos de la sociedad civil, que propicia la modificación normativa de modo tal de evitar estas inequidades, citando en tal sentido al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Igualitaria (ACIJ): Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, el Programa de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Poder Ciudadano, y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre otras.
De esto mismo se da cuenta en los fundamentos de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en el año 2010, con la firma de legisladores pertenecientes a la más amplia gama de bloques legislativos, por el que se propicia la derogación tanto del artículo 19 inciso 2 del Código Penal, como del artículo 3 inciso e) del Código Electoral Nacional, a fin de permitir el ejercicio de los derechos electorales a los condenados. ( Expte. 6153-D-2010, Trámite Parlamentario 118).
En el mismo orden de ideas se han pronunciado tribunales internacionales y extranjeros. Entre ellos adquiere especial relevancia lo resuelto por la Corte Europea de Derechos Humanos en el Caso Hirst v. United Kingdom, fallado el 6 de octubre de 2005, donde se afirma que el hecho de que un recluso condenado esté privado de su libertad no significa que pierda la protección de otros derechos fundamentales y a pesar de que el disfrute de esos derechos deben inevitablemente ser atemperados por las exigencias de su situación. También se expresa que no hay una clara y lógica relación entre la pérdida del voto y la imposición de una pena de prisión. En dicho fallo se refiere también jurisprudencia de tribunales nacionales entre la que se puede citar lo resuelto por la Suprema Corte de Canadá en el caso Sauvé v. Canadá, que en 2002 rechazó la legislación federal que prohibía a los reclusos ejercer su derecho al voto.
Sobre estas bases el Tribunal considera pertinente declarar la inconstitucionalidad del art.19, inc. 2° del Código Penal y del art. 3°, inc. e) del Código Electoral Nacional (ley 19.945), estableciendo, a la vez, la obligación que tienen las autoridades electorales de emplear, sin más trámite, los medios para que Ángel María García de la Mata ejercite, en el establecimiento donde se halla detenido, su derecho al sufragio (arg. art.147 del Código Electoral Nacional).
Por último, cabe añadir que Ángel María García de la Mata, no se halla incluído en las disposiciones del art.3 inc.a) del Código Electoral Nacional ( ley 19.945).
I Modificar la calificación procesal otorgada a estas actuaciones, declarando que encuadran en las disposiciones de los arts. 10 y 147 del Código Electoral Nacional (ley 19.945).
II Declarar que de acuerdo con dichas normas este Tribunal es competente para conocer del amparo electoral deducido.
III Revocar la decisión de fs.63 y vta.
IV Declarar la inconstitucionalidad del art. 19 inc. 2° del Código Penal, y del art. 3° inc. e) del Código Electoral Nacional.
V Disponer, en consecuencia, que el interno Ángel María García de la Mata sea incluido de inmediato en el registro de electores privados de libertad, correspondiente a las mesas de votación del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.
VI Ordenar que dicho Servicio entregue a García de la Mata su Documento Nacional de Identidad a los fines de que pueda ejercer su derecho al sufragio (art.11 del Código Electoral Nacional).
VII Comunicar de la manera más urgente a la Junta Nacional Electoral de la Provincia de Buenos Aires, lo aquí resuelto, a los fines del punto V de este dispositivo.
VIII Poner esta sentencia en conocimiento del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, mediante oficio.
Regístrese, Notifíquese, ofíciese, y resérvese en Secretaria.
Fdo: Leopoldo Héctor Schiffrin; César Álvarez, Jueces Sala II, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
Dejo constancia que la Sra. Jueza Olga Ángela Calitri, no suscribe la presente resolución, por no encontrarse en los Estrados del Tribunal. Conste.-
Etiquetas: derecho electoral, derechos humanos
Caso Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión
Medios / La privacidad de un presidente y el interés público
Por Paz Rodriguez Niell | LA NACION del 18 de diciembre de 2011
Advirtió, además, que condenar a periodistas a pagar por supuestos daños en casos así es peligroso para la libertad de prensa porque promueve la "autocensura" y puede ser "tanto o más intimidante que una sanción penal". Fue en un fallo del 29 de noviembre último, que condenó al Estado argentino por haber violado "el derecho a la libertad de expresión", reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de dos periodistas responsables entonces de la revista Noticias: Jorge Fontevecchia, titular del grupo Perfil, del que depende la publicación, y Héctor D'Amico, que era director de Noticias y es hoy secretario general de Redacción de LA NACION.
Sentencia CIDH Fontevecchia y D`Amico vs. Argentina
en 12/18/2011 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: corte interamericana de derechos humanos, libertad de expresión
Tomando nota de las críticas, ahora (gracias Dr. T!) se votó en Diputados una versión de la reforma propuesta que incluye lo que resalto en negrita:
Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas Sacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho
Senado mediante, esto es lo que muy posiblemente llegue a ser ley en los próximos días.
Por un lado la versión nueva hace algo que reclamábamos: lo que eran las intenciones amuchadas en los fundamentos del proyecto ahora se encarnan en algo de letra dura.
Pero esto no cambia otro problema de la ley, la virtual inversión de la carga de la prueba: quien deberá probar estar ejerciendo un derecho será el imputado.
Arguendo podemos suponer, con un poco de buena voluntad y fe en la justicia, que al cabo lo logrará y los jueces le darán la razón: no será condenado.
Pero hasta que eso suceda, todas las policías y estructuras fiscales del país de todos los gobiernos nacionales y locales, actuales y futuros (¿confiamos, confiaremos en todas ellas?) tendrán una herramienta muy a mano para endosar responsabilidades con el rótulo del terror, y con ello denegar probations, libertades condicionales y excarcelaciones, y además, por supuesto, iniciar acciones comunicativas estigmatizantes contra los presuntos acusados.
Y a quienes les parezca que el encuadre sería una rareza, recordar la práctica y la frase de "le tiré con todo el código" que suelen usar fiscales y querulantes particulares.
Siendo un avance contra el proyecto inicial, la nueva parte final del "quinquies" no siempre será adecuada para contener la deriva punitiva que mezcla promiscuamente "terrorismo" con hechos de petición a las autoridades. Así, la racionalidad de fondo del proyecto no mejora mucho y se ve clarísimo el plumero de los "estándares internacionales" del GAFI.
Fuente: www.saberderecho.com
Etiquetas: derecho a la protesta, ley antiterrorista