Source: https://legislacion.vlex.es/vid/urgentes-activacion-residuos-tributarias-408594190
Timestamp: 2020-08-14 10:13:29
Document Index: 224539231

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 84', 'artículo 6', 'artículo 21', 'Artículo 25', 'artículo 184', 'artículo 20', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 104', 'artículo 119', 'artículo 123']

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias - BOIB. Boletín Oficial de las Islas Baleares - Legislación - VLEX 408594190
Capítulo II. Industria y energía - arts. 2 a 8
Capítulo III. Nuevas tecnologías - arts. 9 y 10
Capítulo IV. Actividades - arts. 11 a 16
Capítulo V. Tratamiento de residuos - arts. 17 a 24
Capítulo VI. Aguas - art. 25
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Expedientes en tramitación
Norma citada en: 9 sentencias, 8 artículos doctrinales, 33 disposiciones normativas, 4 noticias
Por otro lado, los datos de paro por sectores se mantienen desde el año 2009 con muy pocas variaciones en la agricultura, actividad en que se pasa de 600 personas en paro el mes de abril de 2009 a 1.000 durante el mismo mes de 2011; la industria, sector en el que hay 300 personas más en paro en el mismo período; o la construcción, con una reducción del desempleo de 300 personas durante el mismo período.
Contrariamente, el número de personas en paro en el sector de los servicios experimenta un fuerte aumento, y pasa de 48.400 en abril de 2009 a 57.100 en abril de 2011.
Así, la posibilidad de declaración de utilidad pública de energías renovables y las medidas de ahorro de energía que se prevén en el capítulo
II se dirigen a conseguir la eficiencia energética en los sectores primario, industrial, residencial y terciario, además de posibilitar la implantación de energías renovables y autóctonas, facilitando la construcción de las infraestructuras necesarias para proveer la demanda energética y hacerlo con la calidad necesaria.
Finalmente, en el capítulo VI se establece una disposición relativa al otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para usos agrícolas y ganaderos a las unidades hidrológicas clasificadas, con la posibilidad de otorgar un máximo de 4 hm a determinadas 3 explotaciones agrícolas, proyectos de nuevas inversiones y regularización de instalaciones agrícolas y ganaderas existentes que no dispongan de aguas suficientes para su actividad. Esta posibilidad se justifica en que los niveles de las reservas hídricas en las Illes Balears se mantienen estabilizados desde hace una década, en los mismos informes de organismos públicos y en la disminución de la superficie agrícola de regadío y de las explotaciones ganaderas en los últimos diez años.
Capítulo II Industria y energía Artículos 2 a 8
Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, las instalaciones de generación de electricidad incluidas en el régimen especial que hagan servir energía eólica, solar o hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u otras similares según su interés energético o de aprovechamiento de espacios degradados, pueden ser declaradas de utilidad pública por la dirección general competente en materia de industria y energía.
Asimismo, se pueden declarar de utilidad pública las torres o los equipos de medida necesarios para la evaluación de recursos de energía renovable, y, según su interés energético, las instalaciones de aprovechamiento térmico, como por ejemplo las solares y las termosolares, las de biomasa, las de cogeneración y las redes de distribución energética y geotérmica.
La declaración de utilidad pública tiene los mismos efectos que los que regulan los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.
Procedimiento para la declaración de utilidad pública.
El procedimiento para la declaración de la utilidad pública de las instalaciones mencionadas en el artículo 2 anterior incluye los siguientes trámites:
Presentación de la solicitud de declaración de utilidad pública acompañada de la documentación técnica que se establezca.
Evaluación y admisión a trámite, en su caso, de la solicitud de utilidad pública por parte de la dirección general competente en materia de industria y energía.
En caso de admisión a trámite:
Solicitud de informes a otras administraciones y, en todo caso, al consejo insular y al ayuntamiento que correspondan por razón del territorio. En todo caso, los informes del consejo insular y del ayuntamiento tienen el carácter de informes determinantes a los efectos de los artículos 42.5.c) y 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Resolución del director general competente en materia de industria y energía.
Se faculta al director general competente en materia de industria y energía para que, mediante una resolución, concrete la documentación técnica a que se refiere el apartado 1.a) anterior.
Integración de la producción de energía renovable en el medio rural.
Órgano competente en la gestión de la extracción y el tratamiento de la biomasa vegetal.
El órgano autonómico competente en la gestión de la extracción y el tratamiento de la biomasa vegetal es el consejero competente en materia de medio rural.
A los efectos de esta ley, se entiende por biomasa vegetal todo el material natural de procedencia agrícola o silvícola.
Gestores de biomasa vegetal.
Se considera gestor de biomasa vegetal el agente que participa en la cadena de valor de biomasa vegetal, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y energética, mediante una combinación de al menos dos de las siguientes actividades: ingeniería, trabajos de aprovechamiento, extracción, recolección, almacenamiento o valorización material de biomasa vegetal.
La consejería competente en materia de medio rural creará un registro de gestores de biomasa vegetal.
Puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal.
Se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal los lugares o los terrenos que utilicen los gestores de biomasa durante un año para la recogida, el almacenamiento y la posible valorización material intermedia de la biomasa vegetal, para facilitar su posterior transporte.
Los usos relacionados con los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico, tienen la consideración de usos admitidos, por tratarse de actividades relacionadas con la finalidad o con la naturaleza de las fincas, conforme a lo previsto en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears.
Quien quiera instalar un punto de recogida y tratamiento de biomasa vegetal debe presentar una declaración responsable en los términos y con los efectos previstos en la legislación general de régimen jurídico y del procedimiento administrativo aplicable a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Junto con la declaración responsable, ha de presentarse la siguiente documentación:
Documentación acreditativa de la disponibilidad del terreno.
Descripción de las instalaciones, que debe incluir la ubicación identificada mediante las coordenadas geográficas, las características técnicas, y el tipo y las cantidades estimadas de biomasa que se pretendan recoger.
Descripción de las actividades de valorización de biomasa que se llevarán a cabo con indicación de la superficie que se utilizará para cada tipo de operación, la tipología de la maquinaria y la capacidad máxima de tratamiento de la instalación.
Medidas de prevención y autoprotección de incendios en el conjunto de la instalación.
Relación de los medios adecuados de protección contra incendios en función de la ubicación del punto.
En el caso de extracción de biomasa forestal, plan técnico de aprovechamiento aprobado o, en su defecto, autorización de tala.
Declaración de no afectación de valores especialmente protegidos por la legislación ambiental.
La actividad de los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal no está sujeta al régimen de licencias, autorizaciones e informes que establece la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.
El gestor de biomasa puede solicitar una prórroga de doce meses como máximo y, excepcionalmente, por causa justificada, otra prórroga por el tiempo indispensable para la finalización de la actividad, la cual no puede exceder de seis meses.
El gestor de biomasa debe devolver, a su cargo, a su estado original el terreno utilizado como punto de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, en el plazo máximo de seis meses después de finalizar la actividad, finalización que ha de comunicarse a la consejería competente en materia de medio rural. Si el gestor no lleva a cabo esta restitución al estado original, lo puede hacer subsidiariamente la administración a cargo del explotador.
Puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal.
Se consideran puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal los lugares o los terrenos que los gestores de biomasa utilicen durante un período de tres años para el almacenamiento y la posible valorización material intermedia, para facilitar su posterior transporte.
Los usos relacionados con el almacenamiento y la transferencia de biomasa vegetal, excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico, tienen la consideración de usos admitidos, por tratarse de actividades relacionadas con la finalidad o con la naturaleza de las fincas, conforme a lo previsto en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/1997.
Quien quiera instalar un punto de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal debe presentar una declaración responsable en los términos y con los efectos previstos en la legislación general de régimen jurídico y del procedimiento administrativo aplicable a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Junto con la declaración responsable, ha de presentarse la misma documentación que prevé el apartado 4 del artículo anterior para los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal.
En las instalaciones de los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa ha de aplicarse el mismo régimen establecido en el artículo anterior para los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, con las siguientes particularidades:
Dentro de los tres años siguientes al inicio de la actividad en el punto de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal, se puede solicitar una prórroga de tres años como máximo y, excepcionalmente, por causa justificada, otra prorroga por el tiempo indispensable para la finalización de la actividad, la cual no puede exceder de seis meses.
En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal se pueden utilizar las construcciones existentes o hacer nuevas construcciones desmontables que sean absolutamente indispensables para desarrollar la actividad, las cuales tienen el carácter de edificios vinculados a la actividad, y únicamente quedan sujetos a la licencia municipal de edificación y uso del suelo, la cual, con el informe previo y favorable de la consejería competente en materia de medio rural, podrá excepcionar, por causas justificadas en el expediente, el cumplimiento de los parámetros de ocupación, superficie o altura fijados con carácter general por la normativa urbanística y, particularmente, por el Decreto 147/2002, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con la finalidad y la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo. En todo caso, tienen la consideración de edificios vinculados a la actividad las construcciones abiertas desmontables que tengan una cubierta y, como máximo, dos cierres laterales, y se utilicen para la protección de la biomasa vegetal.
Todas las instalaciones han de desmontarse en el plazo máximo de seis meses desde la finalización de la actividad, y les es aplicable todo lo establecido en el apartado 7 del artículo anterior.
Capítulo III Nuevas tecnologías Artículos 9 y 10
Construcción de nuevas instalaciones de telecomunicaciones.
La instalación de redes radioeléctricas en cualquier tipo de suelo, así como la construcción de otras instalaciones de telecomunicaciones en suelo rústico, exige la aprobación previa del proyecto de implantación correspondiente por parte de la dirección general competente en materia de telecomunicaciones.
En todo caso, las instalaciones y las construcciones de telecomunicaciones deben adaptarse al ambiente en el que deben ubicarse, de acuerdo con lo que prevé el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Capítulo IV Actividades Artículos 11 a 16
En la normativa de ámbito municipal o insular que haga referencia a instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de una actividad, se deben tener en cuenta posibles soluciones técnicas alternativas de las que pueda prescribir la normativa vigente, cuando haya causas justificables que imposibilitan su aplicación.
Los técnicos que redacten el proyecto o la documentación técnica y los directores de obra pueden adoptar, bajo su responsabilidad, soluciones técnicas alternativas siempre que estas soluciones se detallen exhaustivamente y se justifiquen en el proyecto o en la documentación técnica, con autorización expresa de la propiedad.
El proyecto o la documentación técnica con la solución alternativa ha de presentarse en los términos que prescribe la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de varias leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Regularización de actividades existentes.
Los titulares de actividades que no dispongan de la denominada anteriormente “licencia de actividad” y que acrediten el ejercicio de la actividad antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, pueden regularizar su situación, en el plazo de dieciocho meses desde que entre en vigor la presente ley, mediante la presentación de la siguiente documentación:
Declaración responsable del titular, de acuerdo con la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de varias leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Proyecto redactado por un técnico competente, que incluya el estado actual de las instalaciones e indique sus medidas de seguridad y salubridad, y las condiciones medioambientales.
Certificado expedido por un técnico competente sobre el proyecto indicado en la letra b) anterior.
Pago, en su caso, de la tasa municipal correspondiente.
La presentación de esta documentación habilita al titular para ejercer la correspondiente actividad, el cual ha de garantizar que la actividad no vulnera el ordenamiento urbanístico ni el resto de normativa aplicable.
Sin perjuicio de la regularización a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las modificaciones de la actividad que tengan lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley han de someterse a la normativa vigente en materia de actividades.
Clasificación y tramitación de actividades.
En cumplimiento del artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, solo es preceptiva la obtención previa del permiso de instalación para las actividades permanentes mayores, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.
El resto de actividades permanentes inocuas y menores, y las no permanentes de tipo temporal, para iniciar y ejercer su actividad únicamente deben presentar la declaración responsable correspondiente junto al resto de documentación, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de varias leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Los aparcamientos vinculados a una única vivienda, sin perjuicio de aparcamientos comunitarios, y las instalaciones técnicas propiamente dichas no vinculadas a una actividad.
Las actividades relacionadas con la finalidad o con la naturaleza de las fincas vinculadas a los usos a que se refiere el artículo 21 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, a no ser que requieran de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa aplicable.
Las estancias turísticas en viviendas.
Informe de uso y de idoneidad de la ubicación.
Actividades con autorización previa de la administración autonómica o de otras administraciones.
Capítulo V Tratamiento de residuos Artículos 17 a 24
Desechos de origen animal y residuos sanitarios del grupo II.
El tratamiento de los desechos de origen animal, categorías 1, 2 y 3 del Reglamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el cual se establecen normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo humano, como también de los residuos sanitarios del grupo II (códigos 18.01 y 18.02, no peligrosos, de la lista europea de residuos) del Decreto 136/1996, de 5 de julio, puede realizarse en las plantas de tratamiento de residuos urbanos actualmente existentes en la isla de Mallorca si cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento CE 1069/2009, de 21 de octubre, en el Reglamento UE 142/2011, de 25 de febrero, en la normativa estatal básica que les sea aplicable, y siempre que dispongan de las autorizaciones sectoriales concurrentes.
Por otra parte, estos residuos se pueden tratar en las Illes Balears mediante eliminación en celdas específicas ubicadas en un vertedero autorizado, y siempre que este método de tratamiento se implemente según la normativa europea mencionada.
Los residuos MER (códigos LER 02.02.03 y/o 02.02.99) deben tratarse en las plantas de tratamiento de residuos sólidos autorizadas, con el cumplimiento de la normativa europea en materia de SANDACH.
En el caso de instalaciones públicas de tratamiento conjunto con otros tipos de residuos, el precio aplicable al tratamiento de los restos de animales muertos y de matadero que provienen del sector primario, incluyendo los MER, como también de la industria cárnica en general, debe ser específico y reducido, y debe aplicarse una bonificación de hasta el 70% del precio general para los demás residuos.
El tratamiento de los lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales previsto en el Plan director sectorial para la gestión de los residuos urbanos de Mallorca, que no se pueden rechazar, requiere el pago de una tarifa específica que debe abonar el productor y que debe ser previamente aprobada por el Consejo Insular de Mallorca.
En el procedimiento de aprobación de esta tarifa específica se tiene que garantizar, en todo caso, la participación de los productores de los lodos, que son las entidades gestoras de las estaciones depuradoras de aguas residuales, y debe calcularse según los costes reales del tratamiento de los lodos, sin incluir otros conceptos.
Traslado y tratamiento de combustible derivado de residuos que provienen de la Unión Europea.
Fianza única en materia de residuos de construcción y demolición.
Los productores de residuos de construcción y demolición vinculados al suministro de servicios energéticos, de comunicaciones, suministro y saneamiento de agua, que queden obligados a depositar una fianza por sus obras, pueden hacerlo mediante una fianza única anual.
El cálculo de la fianza debe hacerse aplicando el 125% del mayor de los valores siguientes:
La previsión de costes para gestionar correctamente los residuos previstos en las obras del año siguiente, según el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Los costes de los residuos efectivamente tratados en las plantas de tratamiento debidamente autorizadas para las obras del año anterior.
Para la constitución de la fianza única debe presentarse una declaración responsable formulada por el productor, en la cual debe figurar la estimación de residuos que se tienen que generar por tipologías durante el año natural siguiente. Esta declaración debe presentarse antes de finalizar el mes de octubre del año natural anterior en el departamento competente en materia de residuos del Consejo Insular de Mallorca.
Una vez que la declaración haya recibido el informe favorable, debe procederse al ingreso de la fianza, mediante alguna de las formas previstas en el artículo anterior. Esta fianza debe estar constituida en todo caso antes del 1 de enero del año siguiente.
La devolución de la fianza única requiere la presentación de la correspondiente solicitud por parte del productor, en la cual deben acreditarse las obras ejecutadas el año correspondiente y debe indicarse el número de licencia municipal y las toneladas de residuos generadas en cada una de las obras, el certificado del gestor autorizado de los residuos que indique su procedencia, las cantidades aportadas y las fechas, y el informe favorable del Consejo Insular de Mallorca para la devolución.
Garantías en materia de residuos y autorizaciones ambientales integradas.
Las entidades locales de la comunidad autónoma de las Illes Balears pueden establecer una bonificación de hasta el 50% en las tasas de recogida, transporte y tratamiento de residuos de demolición y construcción, cuando los productores o poseedores sean administraciones públicas o entidades del sector público.
Fracción orgánica de residuo municipal (FORM).
Capítulo VI Aguas Artículo 25
Otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para usos agrícolas y ganaderos.
Se pueden otorgar a las unidades hidrogeológicas clasificadas concesiones de aguas subterráneas para usos agrícolas y ganaderos hasta un máximo de 4 hectómetros cúbicos, que deben distribuirse por islas según su superficie agraria útil.
Los titulares de explotaciones agrarias incluidas en el Registro de Explotaciones Prioritarias de la consejería competente en materia de agricultura.
Los promotores de proyectos de nuevas inversiones en materia agrícola y ganadera, que deberán inscribirse en el Registro de Explotaciones Agrarias.
Los titulares de instalaciones agrícolas y ganaderas existentes que no dispongan de agua suficiente, con título habilitante, para su actividad.
Las solicitudes deben ir acompañadas, además de la documentación prevista en el artículo 184 del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de un estudio agronómico, que debe contener como mínimo una memoria explicativa de la actividad agrícola o ganadera que se tiene que desarrollar, la superficie afectada por la actividad, el sistema de riego, el tipo de cultivo, el volumen máximo anual necesario y las necesidades hídricas mes a mes.
Se autoriza al consejero competente en materia de recursos hídricos para que, mediante una orden, pueda aumentar o disminuir la cantidad de hectómetros cúbicos indicada en el apartado 1 anterior, en función de las disponibilidades hídricas reales y la demanda existente.
En los casos en que, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no sea exigible la licencia de edificación y uso del suelo, ha de presentarse una declaración responsable relativa a las obras realizadas, junto, si procede, con la declaración responsable relativa al inicio y ejercicio de la actividad correspondiente.
Sin embargo, los municipios pueden exigir que, antes de la realización de las obras, deba presentarse una comunicación previa con el fin de conocer la localización y las circunstancias de la obra que haya de realizarse, y facilitar su control. En estos casos, la comunicación previa sustituye a la declaración responsable relativa a las obras a que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de la obligación de presentar, si procede, la declaración responsable relativa al inicio y ejercicio de la actividad.
Estas declaraciones responsables o comunicaciones previas quedan sometidas al régimen jurídico que regulan el Real Decreto Ley 19/2012, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el resto de normativa aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Proyecto de ley de energía
Se derogan la letra b) del grupo 1, la letra b) del grupo 2, y las letras d) y j) del grupo 7, todas del anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
Se deroga el apartado 5 del artículo 20, el artículo 26, los capítulos I, III y IV del título IV, y los títulos I, II y III del anexo I de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.
Quedan derogados el capítulo XXII, relativo a la tasa por los servicios de controles oficiales posteriores en materia de seguridad alimentaria (artículos 388 a 388 ) y el capítulo XXIII, relativo a la tasa por los servicios de quadragies quaterquadragies controles oficiales posteriores en materia de salud ambiental (artículos 388 quinquadragies a 388 novoquadragies), del título VIII de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se derogan los puntos 2 y 3 del artículo 24 del Plan director sectorial para la gestión de los residuos urbanos de la isla de Mallorca, publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 35, de 9 de marzo de 2006.
Asimismo, quedan derogadas todas las normas de rango legal o reglamentario que se opongan a esta ley o la contradigan.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Modificación de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior
El apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, queda modificado de la siguiente manera:
La letra a) del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010 queda modificada de la siguiente manera:
El artículo 10 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
Artículo 10. Interpretación de los valores límite en las ordenanzas municipales
Para establecer los valores límite de los niveles de evaluación sonora, las ordenanzas municipales que se dicten al amparo de esta ley y del desarrollo reglamentario posterior, o su adaptación, deben considerar los que se expresan como exigencias mínimas. No obstante, estas ordenanzas pueden establecer valores límite más restrictivos en aquellos casos en que lo consideren oportuno, excepto en los supuestos establecidos en el artículo 12 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2007 queda modificada de la siguiente manera:
Disposición transitoria segunda. Ordenanzas municipales aprobadas y zonas acústicamente saturadas
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA Modificación de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears
1 El artículo 6 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes . Balears, queda modificado de la siguiente manera:
a) Las industrias, los talleres industriales y las industrias agroalimentarias de más de 1.000 m2 de superficie computable. La superficie computable es la suma de la superficie edificada más el 50% de la superficie al aire libre, de haberla.
El artículo 7 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente manera:
El artículo 8 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
c) El resto de actividades, no mayores y no indicadas en los apartados anteriores, de hasta 100 m2 de superficie computable en los términos que prevé el inciso final del artículo 6.a) anterior.
El artículo 15 de la Ley 6/2006 queda modificado de la siguiente manera:
Son actividades catalogadas las anteriormente denominadas “espectáculos públicos y actividades recreativas”. En el título IV del anexo I de la presente ley se relacionan, sin carácter exhaustivo ni excluyente, las actividades catalogadas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.
El artículo 23 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente manera:
El apartado 1 del artículo 104 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente manera:
El apartado 1 del artículo 119 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente manera:
El apartado 2 del artículo 123 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente manera:
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA Modificación de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears
La letra d) del grupo 3 del anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:
La letra l) del grupo 3 del anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA Modificación de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears
4. En cuanto al control de la seguridad alimentaria en la venta ambulante o no sedentaria y a los mercados municipales permanentes o temporales, corresponde al municipio ejercer las funciones de control e inspección con carácter general. No obstante, corresponde, en todo caso, a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears ejercer la potestad sancionadora en esta materia. Cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones o por razones de interés público, corresponde también a la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears la función inspectora en los ámbitos mencionados.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA Modificación de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA Modificación de la Ley 2/1993, de 30 de marzo, de creación del Parque Balear de Innovación Tecnológica
Palma, a veinte de noviembre de dos mil doce.
El Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo
DECRETO 158/2003, de 8 de julio, de modificación del Decreto por el que se regulan y convocan ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo para el ejercicio 2003.
ORDRE AAM/166/2014, de 26 de maig, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments aprovades mitjançant l'Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.
DECRETO 71/2000, de 21 de febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Iglesia de San Mateo, de Jerez de la Frontera (Cádiz).