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Timestamp: 2017-04-26 11:38:03
Document Index: 301048662

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8']

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA MUSICAL EN VIVO
ENMIENDA A CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE IMPUTADOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE PENA ALTERNATIVA DE TRABAJOS COMUNITARIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
INDULTO GENERAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 11ª, en martes 17 de abril de 2012
(De 16:20 a 19:3)
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE, Y PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick Piñera; de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín Infante; de Educación, señor Harald Beyer Burgos; de Justicia, señor Teodoro Ribera Neumann; de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon, y Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Luciano Cruz-Coke Carvallo.
Las actas de las sesiones 8ª, ordinaria, en 10 de abril del presente año; 9ª, especial, y 10ª, ordinaria, ambas en 11 de abril de 2012, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República: Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para el despacho de las siguientes iniciativas:
Proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07).
Con el tercero hace presente la urgencia, con carácter de "suma", para el despacho del proyecto de ley que crea el ingreso ético familiar (boletín Nº 7.992-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
Proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple" para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Bilateral entre las Repúblicas de Chile y de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito en Managua el 22 de febrero de 2011 (boletín Nº 8.037-10).
Envía copia autorizada de las resoluciones recaídas en la tramitación de tres acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo.
Expide copia autorizada de resolución que salva error de hecho en la sentencia definitiva dictada en la causa rol N° 2.022-11.INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 36 B letra a) de la Ley N° 18.168, de Telecomunicaciones, y 15 y 18 de la Ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a su antecedente.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, relativa a la factibilidad de proveer recursos para financiar el reajuste del 5 por ciento de las remuneraciones, correspondiente al año 2012, para los funcionarios de la Universidad de Magallanes.
Da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señoras Allende, Alvear, Pérez San Martín y Rincón y señores Bianchi, Cantero, Escalona, Espina, Girardi, Gómez, Larraín Fernández, Muñoz Aburto, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma y Andrés Zaldívar, con el que expresan su solidaridad con el señor Daniel Zamudio, condenan la agresión del grupo neonazi y solicitan a las autoridades actuar con eficiencia para esclarecer los hechos e impulsar con urgencia la iniciativa que sanciona la discriminación (boletín Nº S 1.450-12).
Contesta petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Eduardo Frei, sobre posibilidad de considerar el otorgamiento de un incentivo al retiro para los funcionarios del Poder Judicial.
Envía nómina de las obras de mitigación comprometidas en el proyecto Autopista del Sur, con especificación de su grado de cumplimiento y del cronograma para su total terminación; antecedentes requeridos en nombre de la Senadora señora Alvear.
Responde consultas, dirigidas en nombre de la Senadora señora Rincón, en lo que se refiere a las materias siguientes:
Definición adoptada por esa Secretaría de Estado respecto de los daños sufridos por el Liceo B 30 "Federico Heise Marti", de la comuna de Parral, y de las mejoras o alternativas consultadas para el año 2011.
Posibilidad de enrolamiento del camino CM-7, denominado "El Mocho", de la comuna de Colbún.
Informa acerca de curso dado a la petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, para que se aclare un hecho ocurrido durante el servicio de transporte desde la isla Santa María a Coronel, que fue denunciado por los vecinos afectados.
Da a conocer resultado de fiscalizaciones efectuadas a la Central Termoeléctrica Santa María, ubicada en la comuna de Coronel, en lo referente al cumplimiento de la resolución de calificación ambiental que la autorizó; petición expedida en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Intendente de Seguros:
Atiende consulta formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a licitud de que las clínicas privadas puedan vender seguros contra accidentes traumáticos a los afiliados a isapres y no a los cotizantes del Fondo Nacional de Salud.
Informa, en respuesta a petición cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la dotación y el modo de funcionamiento del Centro de Salud Familiar Pinares de esa comuna. --Quedan a disposición de Sus Señorías.
De la Comisión Mixta constituida para proponer, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, a parlamentarios y a alcaldes (boletín N° 7.911-06) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones (boletín N° 5.434-13).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.539, a fin de permitir a los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional incorporarse a Cajas de Compensación de Asignación Familiar (boletín N° 7.441-13).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).
Solicitud del Senador señor Tuma para ausentarse del territorio nacional entre los días 20 y 27 del mes en curso.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Rossi.
Señor Presidente, pido recabar autorización para que las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, puedan sesionar simultáneamente con la Sala, de 17 a 19, en virtud de un acuerdo unánime de ambos órganos técnicos.
¿Me permite, señor Presidente, sobre lo acordado?
Señor Presidente, tengo entendido que el objetivo de la reunión de las Comisiones unidas es saber si ha habido avances concretos entre los equipos técnicos de Gobierno y de Oposición respecto al proyecto sobre el mal llamado "ingreso ético familiar" (en realidad, es un programa especial).
Ello tiene sentido si hay progresos y existe la posibilidad de alcanzar consenso. Porque más importante que se reúnan esos órganos técnicos es que los equipos técnicos lleguen a acuerdo en puntos comunes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, la autorización de la Sala es para que las Comisiones unidas sesionen, sin importar si arriban o no a acuerdos. Eso es materia de su trabajo.
Señor Presidente, pido requerir la anuencia de la Sala para fijar un brevísimo plazo, hasta las 18 de esta tarde, para presentar indicaciones a la iniciativa que modifica la ley sobre abigeato, que está a punto de ser despachada. Ese tiempo sería suficiente para avanzar en su tramitación.
1) Tratar en esta sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los proyectos signados con los números 4 y 6 en el Orden del Día. Esto es, el que modifica la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo (boletín N° 7.449-11), y el relativo al derecho a defensa de los imputados (boletín N° 7.854-07).
2) Colocar en la tabla de la sesión ordinaria de mañana miércoles 18 de abril la iniciativa que otorga al personal de la atención primaria de salud que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín N° 8.140-11), y autorizar a la Comisión de Hacienda para informarla mediante un certificado.
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7449-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo de la iniciativa es facilitar la actividad artística musical, introduciendo en el artículo 3° de la ley N° 19.925 una nueva categoría denominada "salones de música en vivo", con una patente de carácter accesorio que se otorgará a los establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comida donde se realicen presentaciones de música en vivo.
La Comisión de Salud discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y le dio aprobación por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte) en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El señor CRUZ-COKE (Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).-
Señor Presidente, esta iniciativa tiene por fin crear una nueva patente llamada "salones de música en vivo", que es accesoria a las otras patentes que permiten el expendio de alcohol.
Y recalco la palabra "accesoria". La idea es que locales, cafés, bares, restoranes puedan contar con músicos en vivo. Hoy día ello depende de la patente de cabaret, que es una nomenclatura que en general no gusta mucho en los concejos municipales, lo cual restringe las posibilidades de los músicos para presentarse en el territorio nacional, con mayor énfasis en las Regiones.
Con la creación de esta nueva patente accesoria se favorece el acceso de los músicos a locales donde actuar -hoy día es su principal fuente de ingresos-, en distintos lugares del país. Pero, a la vez, se inhibe el establecimiento de nuevas patentes que permitan el expendio de alcohol, al ser una patente accesoria. Por lo tanto, no prolifera el expendio de alcohol y se soluciona un problema muy importante para los músicos nacionales.
Estamos discutiendo el proyecto como si fuera de Fácil Despacho, por lo que solo cabe conceder la palabra para una intervención de cinco minutos a favor y para otra de cinco minutos en contra.
Señor Presidente, quiero intervenir en nombre del Senador Chahuán y de quienes votaron favorablemente la iniciativa en la Comisión de Salud para dejar testimonio de la buena noticia que ella significa no solo para los músicos, sino también para los compositores, los creadores.
De verdad, esto va a ser un gran incentivo para la gestión cultural; va a sanear, además, una mala práctica instaurada por ley; y, finalmente, va a abrir más espacios para los propietarios o arrendatarios de locales que puedan brindar un espectáculo de este tipo.
Estamos ante un gran proyecto, que, por lo demás, recoge una moción de distinguidos Senadores -entre ellos, los ahora Ministros señores Chadwick y Longueira- y que viene a hacer justicia a una antigua demanda gremial. Ojalá que vaya unida a otras iniciativas -ya las anunció el propio Ministro-, para hacer más fácil y más compatible la venta del alcohol con la exhibición de algún tipo de espectáculo en vivo.
Señor Presidente, con cargo a mi tiempo, el Senador Chahuán desea complementar mi intervención.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán por los minutos que le restan al Senador señor Uriarte.
Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto para cuya discusión se nos convoca en esta oportunidad es muy acertado, por cuanto persigue modificar las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el fin de que en los salones de música en vivo se puedan presentar espectáculos de este tipo y expender alcohol. Esto, sin que haya que recurrir a la solicitud de patentes de cabaret, cuyo otorgamiento, como es sabido, es muy resistido por los concejales de los diferentes municipios, porque los locales que funcionan con ellas no gozan siempre de buena reputación.
Se trata, entonces, de la entrega de una patente de expendio de alcoholes, de carácter accesorio, para que los asistentes a esta clase de espectáculos puedan consumir bebidas alcohólicas mientras disfrutan de presentaciones de artistas nacionales en vivo.
El valor de esta patente será de 3,5 UTM.
Tal como lo señaló con mucha claridad el Ministro Presidente del Consejo de la Cultura y las Artes en la Comisión de Salud, se pretende facilitar la difusión de música en vivo por parte de artistas nacionales, a quienes debe ayudarse en la expresión de su arte. Por ello, y atendiendo a esta loable finalidad, nuestra Comisión aprobó el proyecto en forma unánime.
Por tales razones, señor Presidente, insto a mis colegas a que le demos también nuestro voto favorable.
Señor Presidente, no voy a votar precisamente en contra, pero lo haré con un grado de observación.
La iniciativa está adecuadamente orientada. La música en vivo puede significar nuevas posibilidades para los artistas locales en momentos en que los espacios públicos están restringidos. Quiero, sí, hacerle presente al Ministro que hemos enviado un proyecto de ley para que los artistas puedan presentarse en espacios públicos. Es decir, también en las plazas, en lugares acordados con los municipios, lo cual depende del criterio del alcalde de turno. Hay alcaldes que en época de campañas autorizan tocar música en vivo en la calle y cuando ellas terminan ya no lo hacen. Esto es objeto de constante accionar y enfrentamiento.
Las grandes capitales del mundo promueven la cultura. Quienes han estado en Roma o en París saben que ahí se pinta la Mona Lisa en el cemento; allí están los solistas o los conjuntos interpretando música y contando con la cooperación de la gente. Uno se pregunta, entonces, por qué no hay en nuestro país espacios -restringidos, acotados, efectivamente regulados- para que también la música y la cultura puedan estar en la calle, que es el lugar de más fácil acceso para la ciudadanía en general.
O sea, asistir a los locales de música en vivo requiere pagar un consumo. Y habría que posibilitar la ocupación de espacios abiertos por los músicos en lugares regulados por los municipios. Sobre esto hoy día no existe ninguna regulación y los alcaldes niegan los permisos.
Entonces, me parece bien por los músicos nacionales, para que puedan expresar su arte profesional al interior de estos establecimientos, pero mientras no regulemos la expresión cultural y musical en las calles -y hablo de "regulación"; o sea, no cualquiera, no en cualquier ocasión, no en cualquier horario-, vamos a generar un efecto acotado. Siento que es importante autorizar estas actividades dentro de los locales en que se expende alcohol y se consumen alimentos, pero hay una pata coja en cuanto a que no hay una legislación con la misma orientación para los espacios públicos. Existen solistas y grupos de extraordinaria calidad que no pueden actuar en estos últimos, a menos que lo hagan contra la ley. Los obligamos en la práctica a delinquir, a violar la legislación, a estar a la mala, de manera guerrera.
Señor Ministro, voy a votar a favor del proyecto, pero creo que mi intervención recoge también un sentir de músicos profesionales y no profesionales, a lo largo de todo el país, que demandan espacios públicos regulados para poder expresar su arte.
Votaré que sí con esa observación.
¿Me permite intervenir antes, señor Presidente?
Es que hay que votar.
Es breve, señor Presidente. Estábamos comentando con el Senador Zaldívar que en el número 1) del artículo único se propone incorporar al párrafo primero de la letra C) la siguiente oración: "Los Restaurantes Diurnos que cuenten con este tipo de patentes podrán realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo, sin amplificación". ¡No los va a escuchar nadie, pues, Presidente...!
Yo entiendo que eso lo pueden hacer los cantores con una guitarrita. Pero, de verdad, siguiendo la línea de argumentación del propio Senador Navarro, los artistas populares andan con una pequeña amplificación, que conectan a su guitarra eléctrica o al instrumento necesario. A mí me parece que no es factible colocar la frase "sin amplificación", porque los vamos a limitar a la nada.
Sé perfectamente que no pueden llevar los equipos de música con que actúa "Luchito" Miguel, pero mantengamos la cultura dentro de lo que corresponde.
Yo le quitaría el concepto "sin amplificación", señor Presidente, si fuera posible.
Hemos entendido, Senador señor Pizarro, pero se necesita la unanimidad de la Sala para ello. Observo que el señor Ministro solicita la palabra. La idea del Fácil Despacho no es hacer la rediscusión en particular.
Deseo aclarar que por el solo imperio de la ley los restaurantes diurnos pueden tener espectáculos en vivo sin amplificación. Sin embargo, en el número 2) se señala que los restaurantes diurnos, cantinas, bares podrán tener, "previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento", la posibilidad de usar una amplificación moderada, cumpliendo aquella normativa.
Entonces, con mayor razón hay que sacar las palabras "sin amplificación".
Es que hay que leer todo el proyecto. El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, voy a presentar una indicación.
Se necesita la unanimidad de la Sala para ello.
¡Si vamos a votar todos a favor!
Pídala, pues, señor Presidente; con mayor razón después de la explicación del Ministro.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por unanimidad, se puede hacer.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Frei (don Eduardo). El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de la Senadora señora Rincón.
Se ha presentado una indicación para eliminar, en el número 1) del artículo único, en la oración final que se agrega al párrafo primero de la letra C), la expresión "sin amplificación".
Señor Presidente, el Senador señor Pizarro dio a conocer las razones por las cuales debía suprimirse dicha frase. No sé si el señor Ministro, quien opinó lo contrario, puede fundamentar su posición, a fin de votar en forma ilustrada esta materia. El señor ESCALONA (Presidente).-
Señor Presidente, en realidad, por el solo imperio de la ley los restoranes diurnos podrán realizar espectáculos consistentes en música en vivo, sin amplificación.
El numeral 2) del proyecto agrega que a los restoranes diurnos o nocturnos, cantinas, bares, pubs, tabernas, salones de té o cafeterías, se les concederá la patente en la forma que determina el artículo 5º de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8° de dicho cuerpo legal, con lo cual aquellos locales que obtengan este permiso podrán usar amplificación...
Y que cumplan con la ley.
... y que cumplan con la ley, efectivamente.
Por lo tanto, la indicación es errónea.
Señor Presidente, creo que la propia explicación entregada por el señor Ministro justifica plenamente la eliminación de la expresión "sin amplificación", al final de la frase en comento. De lo contrario, se pierde todo el sentido de la norma.
El objetivo de la indicación es que los restoranes diurnos que cuenten con este tipo de patentes puedan realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo. Eso es lo que estamos priorizando: darles facilidades a los artistas para que puedan participar en estos espectáculos, ser contratados y logren desarrollar su actividad. Estamos hablando de personas que, entremedio de las mesas, tocan un instrumento y cantan, ya sea en una tuna o como solistas. ¿Cuál es el problema?
Nos referimos a la amplificación individual que usan muchos de ellos a través de una cajita que, conectada a sus instrumentos, se transforma en parlante. Esa es la amplificación que se les quiere prohibir.
La frase en cuestión carece de todo sentido. Ese es el motivo por el cual presentamos la indicación.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa, y luego, el Honorable señor Zaldívar.
Señor Presidente, ante todo, considero que la indicación está bien fundamentada.
En segundo lugar, si un restorán emite ruidos molestos, existen normas para impedir que ello ocurra. En ese sentido, me parece que estamos ahogándonos en un vaso de agua.
Autoricemos a estos locales para que puedan realizar espectáculos de música en vivo. ¡Punto! Habrá otras normas después para determinar el nivel de ruido, los decibeles u otros aspectos que sean relevantes.
Señor Presidente, cuando leí la disposición me saltó a la vista este tema.
Me parece obvio el argumento del Senador Novoa: si se producen ruidos molestos se aplicarán otras normativas. Si no eliminamos la expresión "sin amplificación", los cantantes no van a poder utilizar el pequeño sistema de amplificación que llevan consigo.
Debemos suprimir dicha frase, por cuanto carece de sentido.
Lo señalado por el señor Ministro se refiere a un tema distinto, que me parece adecuado. Pero -insisto- si dejamos la referida frase en el articulado esos músicos no podrán utilizar su amplificación, aunque metan ruido o no.
Por lo tanto, la indicación es plenamente procedente.
Tiene la palabra el señor Secretario para explicar su contenido.
El propósito de la indicación es eliminar, en el artículo único, número 1), en la oración que se agrega al párrafo primero de la letra C) del artículo 3º, la expresión final "sin amplificación" y la coma que la antecede.
--Se aprueba la indicación (25 votos favorables) y, en consecuencia, queda aprobado en particular el proyecto y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Los Senadores señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y señor Tuma solicitan que se consigne también su pronunciamiento a favor. Por consiguiente, se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto de Sus Señorías.
Señor Presidente, hice una consulta al señor Ministro respecto de las ordenanzas municipales que regulan la actuación de los artistas en los espacios públicos, en la calle.
Aun cuando todos votamos a favor de la norma, queda un tema pendiente que ojalá sea objeto de estudio. He conversado este asunto con el señor Ministro, quien me informó que se está trabajando al respecto.
Yo espero que podamos complementar este proyecto con el debido debate acerca de la regulación de las ordenanzas municipales que dicen relación con este tipo de presentaciones callejeras.
Señor Presidente, en realidad, nada obliga hoy a las municipalidades a dictar ordenanzas acerca de los artistas callejeros.
Se ha hecho un esfuerzo con Carabineros de Chile, con la Asociación Chilena de Municipalidades y con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para elaborar un registro de artistas urbanos, con la finalidad de que aquellos que cuentan con un carné y cuya actividad se halla en conocimiento de las referidas entidades, no sean detenidos y puedan ejercer su oficio en las calles y en el espacio público.
Efectivamente, estamos trabajando en un proyecto de ley para normar estas actividades y, dado que estas autorizaciones las otorgan las municipalidades, necesitamos obligarlas a contar con ordenanzas que permitan la presentación de artistas en el espacio público. Por esa razón, vamos a ingresar una iniciativa en tal sentido.
Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7854-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Espina, señora Alvear y señores Gómez, Larraín (don Hernán), y Walker (don Patricio)):
En primer trámite, sesión 41ª, en 9 de agosto de 2011.
En tercer trámite, sesión 67ª, en 9 de noviembre de 2011.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 41ª, en 9 de agosto de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (tercer trámite): sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011.
Mixta: sesión 10ª, en 11 de abril de 2012.
Sesiones 42ª, en 10 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión); 44ª, en 16 de agosto de 2011 (se aprueba en general y en particular); 80ª, en 13 de diciembre de 2011 (se aprueba el informe y pasa a Comisión Mixta).
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas legislativas, propone lo siguiente:
Respecto del numeral 1) del artículo único, reemplazarlo por una norma que precisa que la designación de abogado se efectuará por el juez antes de la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia del imputado.
En cuanto al número 2) del artículo único, consignarlo en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados.
En lo referente al numeral 3), sustituirlo por una disposición que suprime, en el inciso primero del artículo 102 del Código Procesal Penal, la frase que establece que si el imputado no tuviere defensor, "el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien", con lo cual el juez debe proceder al nombramiento en los términos que señale la ley.
En relación con el número nuevo introducido por la Cámara de Diputados, suprimirlo.
La Comisión Mixta adoptó estos acuerdos por la unanimidad de sus miembros presentes, salvo en lo relativo a la sustitución del numeral 3) del artículo único, en que hubo 7 votos a favor, 1 en contra y una abstención. Votaron afirmativamente los Senadores señores Espina, Larraín (don Carlos), Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio) y los Diputados señora Turres y señores Calderón y Cardemil; se pronunció en contra el Diputado señor Burgos, y se abstuvo la Senadora señora Alvear.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus computadores figuran, en la cuarta y quinta columnas, las proposiciones de la Comisión Mixta y el texto final que resultaría de aprobarse el informe.
Está inscrito el Senador señor Ruiz-Esquide, pero no se encuentra en la Sala.
Después de que intervenga el señor Senador podrá hacerlo Su Señoría.
Es que deseo plantear un asunto relativo a los acuerdos de Comités, señor Presidente, lo que le va a servir para conformar la tabla. No tiene nada que ver con el proyecto.
¡Ah, es para la iniciativa que se verá a continuación!
Después de que se vote podrá intervenir, señor Senador.
Señor Presidente, tal cual lo señaló el señor Secretario al informar acerca del proyecto, efectivamente se ha producido un acuerdo bastante generalizado en esta materia, que dice relación con una moción de autoría de los Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Walker (don Patricio) y quien habla, cuyo propósito es resolver un tema específico que surge a raíz del momento en que rige el derecho a defensa de los imputados, aspecto que se incorporó por reforma constitucional.
No ha habido una precisión del minuto exacto en que eso deba ocurrir, lo que se ha prestado para los efectos de generar nulidades en los procedimientos, ya que se estaría actuando, en parte de aquello, en determinadas instancias sin que el imputado cuente con derecho a defensa. Con el objeto de evitar esa dificultad se propuso esta normativa, que había sido motivo de cuestionamiento. Pero se zanjaron las diferencias al precisar que la designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia del imputado. Conforme a lo anterior, quedó en evidencia que los procedimientos administrativos deben contar con un abogado que haya sido nombrado con anterioridad -y es deseable que él esté presente desde el primer minuto-, no pudiendo el imputado, sin embargo, iniciar ninguna actuación judicial sin que se lleve a cabo la designación de un profesional que se haga cargo de su defensa.
Por otra parte, también se resolvió la modificación del artículo 102, con el propósito de que quien nombre a dicho abogado sea el juez de la causa y no el Ministerio Público, órgano que tiene esa atribución pero que no ha sido ejercida. Por lo tanto, nos pareció -y ese fue el acuerdo de la Comisión, con la división de votación que mencionó el señor Secretario- que solo aquel magistrado es el que puede asegurar la designación de la defensa del imputado.
Y, finalmente, se había planteado por la Cámara de Diputados la supresión de la facultad de la autodefensa que tienen los imputados. No obstante, en el debate habido en la Comisión llegamos a la conclusión de que, en realidad, carecía de sentido privarlos de ese derecho, porque pareciera ser que este es esencial, sobre todo cuando la ley establece que el juez puede negar tal ejercicio en caso de que esa decisión afecte seriamente su destino judicial. Es decir, si un magistrado ve que la autodefensa puede conducir a una situación muy negativa para el imputado, aquel obliga a que este último tenga defensa a través de un abogado.
En consecuencia, las inquietudes que pudieren surgir por el ejercicio de ese derecho están cauteladas en el propio sistema judicial. Y es por eso que la Comisión Mixta acordó rechazar en forma unánime la solicitud planteada en tal sentido.
Por todos esos motivos, la Comisión Mixta, que me correspondió presidir, pide a la Sala la aprobación de este informe.
Como estamos en Fácil Despacho, puede intervenir un señor Senador a favor de lo que se propone y otro que lo impugne.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña (Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Girardi, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Solicito que se consigne también mi pronunciamiento favorable, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto del Honorable señor Horvath.
En la reunión de Comités se pidió formalmente que el proyecto de ley sobre indulto general (boletín 7.533-07) fuera tratado en la sesión de hoy, pues ya está en la última etapa y hay acuerdo de todos los miembros de la Comisión a ese respecto. Pedí hacer la consulta pertinente a los colegas Soledad Alvear y Patricio Walker, y los dos han aceptado discutirlo ahora. Por eso, señor Presidente, desde hace rato quería advertirle acerca de ello e incluir dicha iniciativa en la tabla de la presente sesión, porque se suponía que sería debatida en segundo o tercer lugar.
En seguida, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
En tercer trámite, sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 13ª, en 3 de mayo de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 36ª, en 20 de julio de 2011.
Mixta: sesión 8ª, en 10 de abril de 2012.
Sesiones 17ª, en 11 de mayo de 2011 (se aprueba en general); 37ª, en 2 de agosto de 2011 (se aprueba en particular); 61ª, en 11 de octubre de 2011 (pasa a Comisión Mixta).
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la enmienda introducida al artículo 3° por la Cámara de Diputados en el segundo trámite.
Respecto de ese precepto, la Cámara Alta, en el primer trámite, sustituyó el artículo 52 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por una disposición que establece, en su primer inciso, que si el sentenciado no pagare la multa impuesta el tribunal podrá imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
En los incisos siguientes, la norma aprobada en el primer trámite constitucional prescribe que para la sustitución se requerirá el acuerdo del condenado y que en caso contrario el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, remitiéndose a los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal para los efectos de la regulación y revocación de la pena de servicios a favor de la comunidad.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite, reemplazó dicho artículo 52 por otro que establece que la pena de multa, en cuanto a su imposición, sustitución y apremio, se regirá por lo dispuesto en el Código Penal.
Por su parte, la Comisión Mixta, a objeto de resolver la divergencia producida entre ambas ramas del Congreso, propone reemplazar el artículo 52 por una disposición que, tomando como base el texto aprobado por el Senado, agrega la hipótesis de la asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento o rehabilitación.
La Comisión Mixta acordó tal proposición por 5 votos a favor y 3 en contra. Se pronunciaron afirmativamente los Senadores señora Alvear y señores Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio) y los Diputados señores Cardemil y Eluchans. Votaron en contra los Senadores señores Larraín (don Carlos) y Espina y el Diputado señor Burgos.
Señor Presidente, quiero informar, en mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta, acerca del proyecto en comento y de la forma como se resolvieron las discrepancias que en torno a él hubo entre el Senado y la Cámara de Diputados.
Básicamente, la cuestión surge a partir de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuyo artículo 50 establece el sistema de penas aplicables al condenado por las faltas contempladas en ese cuerpo normativo.
En tal situación, el juez tiene una triple opción: aplicarle al condenado una multa; enviarlo a un programa de prevención, o de tratamiento, o de rehabilitación, o imponerle la pena de participación en trabajos comunitarios.
El conflicto se produce cuando el juez aplica multa y el condenado no paga, pues la norma vigente dispone que en tal caso se impone, por la vía de la sustitución, la pena de reclusión.
En el primer trámite constitucional se determinó que en ese evento se fijara, por la vía de la sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y que si el condenado no otorgara su acuerdo para la referida sustitución o, dado él, no cumpliere con los servicios comunitarios, se le impusiera la pena de reclusión. La Cámara de Diputados no alteró dicho criterio, pero planteó un camino formalmente distinto.
La Cámara Alta objetó la enmienda respectiva -lo hicieron esencialmente los Senadores señor Orpis y señora Alvear-, al objeto de lograr que, habiendo fallado la primera hipótesis, el juez no necesariamente aplicara de inmediato la sanción de privación de libertad, sino que tuviera de nuevo la posibilidad de enviar al condenado a un programa de rehabilitación.
Luego de debatirse el punto al interior de la Comisión, la mayoría (como se expresó) acordó que en la segunda instancia el magistrado volviera a tener la referida posibilidad, con el propósito de testimoniar la voluntad existente en cuanto a que, tratándose de condenados por faltas en materia de drogas, antes de la reclusión, siempre la opción deba ir en la línea de buscar programas de tratamiento, o de rehabilitación, o de realización de trabajos comunitarios.
Por eso, la solución final consiste en que, si se aplica multa y el condenado no paga, el juez recupere la opción de enviarlo a uno de los programas señalados, siempre que cuente con la voluntad de aquel, y que solo si no cumple en ninguno de esos casos pueda privarlo de libertad. Así la norma está manifestando el afán rehabilitador, al que no debe renunciarse cuando se trata de una persona afectada por la situación en comento.
De ese modo se zanjó la diferencia surgida sobre la materia, aunque no por unanimidad, pues hubo votos de minoría, como consta en el informe.
Señor Presidente, pese a que en la Comisión Mixta voté en contra por discrepar de la solución final, en la Sala me pronunciaré favorablemente, pues no tiene sentido echar abajo el acuerdo de dicho órgano.
Tocante al punto en comento, quiero hacer dos clarificaciones, incluso porque en las últimas semanas ha habido un debate sobre lo que se denomina -entre comillas- penalización del consumo de drogas en Chile.
En realidad, aquí el consumo privado de drogas no tiene pena de cárcel bajo ninguna circunstancia.
Si hay concertación de personas para consumir drogas privadamente, la pena es multa; o sometimiento a programas de rehabilitación para, si existe adicción -eso va a resolverlo el juez-, salir de ella, o realización de trabajos comunitarios o, como se denominan hoy, "trabajos en beneficio de la comunidad".
Si se consumen drogas en la vía pública, se aplican esas mismas sanciones.
Podrá ser discutible la distinción que hace la ley en cuanto a si se trata de consumo público o privado. Pero lo primero que quiero puntualizar es que en nuestro país el consumo de drogas -es adicción en algunas personas; en otras, consumo abusivo que puede llevar a la adicción; en otras, consumo esporádico- no tiene pena de cárcel en ningún evento: la persona condenada es objeto de una multa; o es sometida a un tratamiento de rehabilitación, o debe realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
Nuestra legislación sanciona el tráfico de drogas. Y lo hace duramente.
Entonces, los debates que de repente escucha uno sobre la despenalización del consumo de drogas son bastante teóricos y muy desinformados. Porque quien consume drogas -insisto- es multado; o, con su consentimiento, es sometido a un programa de rehabilitación, o, en definitiva, debe realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
Es bueno tener en consideración ese punto, pues el Estado ha de poner el acento fundamentalmente en prevenir el consumo de drogas; en buscar cómo educar a los jóvenes para que se alejen de estas, porque su consumo conduce a un porcentaje importante de ellos a la adicción, la cual en definitiva significa pérdida de la libertad y apertura de la posibilidad de terminar atrapado por bandas de narcotraficantes.
A nuestra sociedad le falta mucho por avanzar en el trabajo de prevención frente al consumo de drogas. Por eso, debe ponerse el acento allí y en la labor de rehabilitación.
Aquí hay un Senador con el que me tocó trabajar durante bastantes años, en áreas distintas. Él, a través de su Fundación de rehabilitación. Yo tenía una Fundación de denuncias; me tocó derivarle muchas personas, y ha hecho en su ámbito una labor maravillosa.
Les recomiendo a Sus Señorías que vayan a la Fundación en comento, porque es emocionante ver lo que hacen allí Jaime Orpis y los jóvenes que se rehabilitan del consumo de drogas.
Señor Presidente, he aprovechado la discusión de este proyecto para clarificar el punto a que me referí. Porque, a decir verdad -efectuada la aclaración en lo referente al consumo-, es del caso subrayar que nuestra sociedad debe poner el acento en educar, prevenir, rehabilitar, y en aplicarles mano dura a los narcotraficantes.
Reitero: mal puede hablarse de la penalización, de la criminalización del consumo de drogas, porque en Chile no la hay: existe para quien trafica, no para el consumidor.
Ahora bien: voy a aprobar la proposición recaída en el artículo 52 de la ley N° 20.000, a pesar de que técnicamente -dejo constancia para cuando nos critiquen a este respecto- no estoy de acuerdo en la solución. Pero creo que al final, aunque a mi juicio no es correcta desde el punto de vista técnico, da una señal en cuanto a nuestro interés por, más que encarcelar al consumidor de drogas, someterlo a la rehabilitación, como medida fundamental.
Conforme al artículo 50 de la ley N° 20.000, si alguien es sorprendido en alguno de los casos en que se sanciona el consumo de drogas, el juez puede aplicarle multa de una a diez unidades tributarias mensuales; determinar su asistencia a programas de prevención, o de tratamiento, o de rehabilitación, u obligarlo a participar en actividades en beneficio de la comunidad.
La cuestión se plantea en el caso del condenado que no paga la multa que se le aplica.
La ley vigente, derivado del desacato cometido por esa persona al no cumplir una resolución judicial, establece su envío a la cárcel.
Ahora, privar de libertad a un consumidor de drogas resulta bastante poco razonable. O tratamos de educarlo o procuramos rehabilitarlo. Pero recluirlo, con el ambiente de contaminación criminológica existente en los penales chilenos, constituye un error, objetivamente.
La verdad, señor Presidente, es que este proyecto de ley se refiere además a la libertad condicional, beneficio al que pueden acceder los presos con buena conducta. Al respecto, elimina la participación de los seremis de justicia, que es un componente político, y deja la decisión exclusivamente a las comisiones de libertad condicional. Ahí estaba el fondo del problema.
En cuanto al punto de discrepancia abordado durante este debate, se dice: "Si usted no paga la multa, en vez de que lo arresten, el juez le dará la oportunidad de, en reemplazo de ella, someterse a un programa de prevención o a uno de rehabilitación para no seguir consumiendo drogas, o bien, la de efectuar trabajos en beneficio de la comunidad".
A mi juicio, hay allí una especie de doble sentencia. Porque cuando el magistrado condena a multa ya decidió no sancionar con asistencia a un programa de la índole señalada. Y si el condenado no la paga, le renacen las otras dos opciones que tenía al dictar la primera sentencia.
Desde mi punto de vista, técnicamente no es una solución adecuada.
Sin embargo, me convencí de que da lo mismo si la solución resulta o no técnicamente apropiada, pues la señal que se envía es, en cambio, muy potente.
Por eso, me pronunciaré a favor del informe. Porque, después de votar en la Comisión Mixta, analizado el punto en perspectiva, tras mirar los argumentos relativos a la señal que los legisladores debemos enviar, la decisión tomada me parece correcta, ya que significa expresarle a la gente: "Si usted consume drogas, rehabilítese. Hagamos una labor preventiva y dejemos como última instancia, para el evento de que no cumpla ninguna de las otras alternativas, la posibilidad de que, por desacato a la decisión de un juez, permanezca durante algún tiempo en la cárcel".
Debo aclarar, sí, que aquello no tiene nada que ver con el tráfico de drogas, respecto del cual nuestra legislación prevé normas duras, fuertes. Cuando se trata de delitos contemplados en la Ley de Drogas, hay que focalizarse en el lavado de dinero, en el narcotráfico, pero no en el consumo.
Esa es la explicación que deseaba dar, señor Presidente. Y creo que el Senador Carlos Larraín, quien no se encuentra presente, coincidiría al respecto.
Entonces, no obstante haber votado en contra en la Comisión Mixta, finalmente prefiero sacrificar los aspectos vinculados con la técnica legislativa, en aras de la señal que el Parlamento quiere dar en torno a un flagelo tan dramático como el que afecta, sobre todo, a adictos al consumo de drogas.
Está inscrito el Senador señor Sabag, quien no se halla en la Sala en este momento.
Señor Presidente, en primer término, agradezco los comentarios conceptuosos del Honorable señor Espina.
En seguida, quiero fundamentar por qué con la Senadora señora Alvear consideramos importante insistir en el punto a que se ha hecho referencia.
Parto señalando que el colega Espina, al analizar la Ley de Drogas, tiene toda la razón en el sentido de que distingue entre traficante y consumidor.
Se ha manifestado -lo he escuchado en el debate público durante los últimos días- que la vía penal no resuelve el problema del consumo.
Sobre el particular, deseo reafirmar un concepto.
Si uno examina con detención la ley Nº 20.000, concluye que debe de ser de las pocas normativas penales con un enfoque rehabilitador.
Primero, porque hace la distinción al determinar que el tráfico constituye delito, y el consumo, una falta que no hace merecedor de la pena de cárcel.
Incluso, respecto a las faltas -y aquí quiero colocar el énfasis-, el artículo 54 de la ley Nº 20.000 establece que lo primero que debe hacer el juez es enviar al consumidor a un peritaje en el servicio de salud respectivo a los efectos de medir su nivel de adicción. Si se determina que llega a cierto grado, se colocan los antecedentes en conocimiento del magistrado para que aplique la pena. Y este tiene tres opciones: primero, imponer multa; segundo, determinar la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, y tercero, derivar a un tratamiento.
Como se expresó, estamos frente a la hipótesis de que el juez sanciona con multa y el condenado no paga.
La legislación vigente establece que se aplique, en sustitución, la pena de reclusión.
Con la Senadora señora Alvear hemos querido insistir en la necesidad de dar una señal muy potente: al consumidor de drogas hay que rehabilitarlo y, por lo tanto, es menester volver a otorgarle al juez la oportunidad de insistir en los programas de rehabilitación o de realización de trabajos en beneficio de la comunidad, dejando como última instancia la aplicación, por la vía sustitutiva, de la pena de reclusión.
Esa es la señal que deseamos enviar.
¿Y por qué la consideramos relevante?
El consumo y la adicción son esencialmente dinámicos. La adicción a la pasta base, por ejemplo, se registra con gran rapidez. Si se multa a alguien y pasa cierto lapso sin que pague, es factible que en el tiempo intermedio esa persona se transforme en adicta a dicha droga en algunos días, en pocas semanas, ni siquiera en un mes. Porque los alucinógenos son cada vez más potentes: drogas químicas, pasta base, cocaína, marihuana manipulada genéticamente, en fin.
Por consiguiente, me parece que la Comisión Mixta ha obrado correctamente. Porque, dada la dinámica que está adquiriendo el fenómeno de la droga, reviste gran significación, desde el punto de vista técnico, volver a entregarle al juez la facultad de insistir en la rehabilitación y en las labores en beneficio de la comunidad, para solo en última instancia hacer operar, por la vía sustitutiva, la pena de reclusión.
Me impactó -y quiero averiguar la fuente- la información de que en Chile 80 mil consumidores de drogas se hallan en la cárcel.
La verdad es que no me cuadran las cifras, señor Presidente.
Se señaló esa cantidad públicamente, en debates habidos durante la semana recién pasada, en circunstancias de que claramente la ley distingue entre consumo (el consumidor no es penalizado con reclusión, salvo en última instancia) y tráfico.
Aquí se da una señal. Porque conforme a la normativa vigente, por la vía sustitutiva, quien es multado y no paga termina en la cárcel. Pero con el nuevo escenario se restringe muchísimo la posibilidad de la reclusión al volver al juez la facultad de someter al condenado a programas de rehabilitación o de realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
Tiene la palabra el señor Ministro, a quien le asiste derecho preferente para intervenir.
Señor Presidente, quiero poner en un contexto más amplio la materia que estamos debatiendo.
Este proyecto, primero, ha tenido una larga discusión, durante la cual ha recibido muchos aportes significativos en ambas ramas del Parlamento. Además, es relevante para la sociedad chilena.
Por un lado, se suprime la intervención que tienen actualmente los secretarios regionales ministeriales de justicia en el procedimiento de concesión de libertad condicional. De esta manera, estamos dejando que únicamente las comisiones de libertad condicional otorguen o denieguen tal beneficio.
Debo destacar que esas comisiones se hallan integradas por jueces con competencia en lo criminal y por ministros de Corte de Apelaciones. Por tanto, estamos garantizando un procedimiento más imparcial, sin eventuales influencias políticas.
De otra parte, esta iniciativa tiene por objeto evitar la injusticia consistente en que, por la aplicación de multas, personas carentes de recursos para pagarlas sean privadas de libertad. Y, al efecto, hemos introducido la alternativa de los trabajos comunitarios. Es un paso significativo en materia de igualdad de oportunidades.
Y con relación a esta materia, señor Presidente, que constituye un punto dentro del contexto global, surgió una diferencia entre ambas ramas del Congreso, principalmente porque los Senadores señor Orpis y señora Alvear han sostenido que debe apuntarse a que el juez, incluso habiendo dado ya una vez la misma posibilidad, recupere la opción de hacer factible que la persona, en definitiva, se someta a un tratamiento antidrogas y, de esa manera, la reclusión sea efectivamente una medida final.
La Comisión Mixta consideró -a nuestro juicio, acertadamente- la legítima preocupación por aquellos consumidores de drogas que presentan una condición médica de adicción. En virtud de ello, ha distinguido en términos explícitos la existencia de dos alternativas para sustituir la pena de multa: la primera, consistente en la asistencia obligatoria del condenado a un programa de prevención o de tratamiento o rehabilitación, según el caso, con relación al actual artículo 50 de la ley Nº 20.000; y la segunda, referida a la prestación de servicios comunitarios, cuando, a juicio del tribunal, el sujeto esté descartado de la posibilidad de someterse a un tratamiento médico.
Cualquiera que sea la situación, la aplicación de las medidas sustitutivas debe ser aceptada por el condenado, pues, de otro modo, debe recurrirse a la pena de reclusión.
Esto último también acontecerá si no se cumple con el tratamiento médico que disponga el tribunal y ello es revocado.
En cambio, si se infringe la pena sustitutiva de trabajos comunitarios, la revocación se regirá por los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal, que el mismo proyecto integra.
Por eso, señor Presidente, estimamos que la definición adoptada por la Comisión Mixta importa contemplar una nueva posibilidad y que se refuerza la rehabilitación.
Señor Presidente, como se ha explicado acá, para los condenados por la ley de drogas que cometan una falta, que sean consumidores, se establecen varias alternativas en la legislación: pagar una multa, someterse a programas de prevención y rehabilitación, efectuar trabajos comunitarios.
Y, efectivamente, la diferencia registrada con la Cámara de Diputados decía relación con la consecuencia del no pago de la multa y la salida inmediata, por vía de sustitución, de una pena de reclusión.
Esta última no es la solución, obviamente. Acá se ha dicho que se trata, en su mayoría, de personas enfermas, de adictos, a quienes nos pareció adecuado darles una segunda opción, naturalmente, como lo explicó muy bien el Senador señor Larraín, Presidente de la Comisión. Y, por lo tanto, el juez va a contar con una nueva instancia, con una nueva oportunidad, para poder contemplar las alternativas de multa, de prevención o rehabilitación y, también, de programas de trabajo comunitario. Es decir, la reclusión será de verdad la última posibilidad, no la primera ni la segunda.
Resulta claro que la adicción a las drogas no se resuelve con represión. Desde el punto de vista del consumidor, se enfrenta con prevención, con caminos distintos.
La mayoría de los delitos, en Chile -y hay cifras que así lo demuestran-, se cometen bajo los efectos de alguna de esas sustancias, sobre todo los más brutales. Es cosa de observar la violencia en los estadios; de advertir cómo se han desinhibido totalmente hoy día los delincuentes para cometer ilícitos.
Pero toda la normativa va a ser música, va a ser letra muerta, señor Presidente, si no se contribuye realmente por el Estado, por los municipios, por el Gobierno, con más recursos, con más programas de rehabilitación y prevención del consumo de droga, en especial, así como también respecto de los trabajos comunitarios, en lo cual se registra -y lo ha subrayado muchas veces mi Honorable colega Alvear- un déficit importantísimo, desde el punto de vista de infraestructura, de personal, para que estos sean efectivamente una solución.
Como muchas veces no existen tales alternativas, los jueces tienen que recurrir, finalmente, a la última instancia constituida por la reclusión, que no es, en forma clara, la salida deseable.
Sobre esa base, cabe reiterar, por intermedio del señor Ministro de Justicia, un llamado al Gobierno para que desarrolle una oferta con recursos, con programas, con capacitación, con personal adecuado, para poder disponer de programas de prevención, de rehabilitación y, en particular, de trabajos comunitarios adecuados.
Señor Presidente, he manifestado en muchas ocasiones en la Sala mi convencimiento de que para abordar la seguridad y el problema de la delincuencia se requieren políticas integrales. Y ello implica una conveniente prevención del delito, una tarea eficiente y eficaz del Ministerio Público y del Poder Judicial, y una política penitenciaria adecuada.
En lo que estoy pensando cuando utilizo el término "adecuada" es en que en nuestro sistema penitenciario deben desplegarse todos los esfuerzos posibles para rehabilitar a quienes se encuentran privados de libertad. Y eso, lamentablemente, aún no es posible. Se han realizado experiencias; se han instalado algunas empresas al interior de los recintos carcelarios, pero no se ha llegado al nivel necesario para lograr un objetivo semejante.
Porque, en definitiva, la seguridad pública tiene que ver también con evitar la reincidencia de aquellos que han cumplido sus penas privativas de libertad. Si esas personas no son capacitadas, no van a estar preparadas para poder subsistir en el medio libre y es muy probable que vuelvan a delinquir y a caer en la cárcel.
En el caso que nos ocupa se trata de una cuestión muy especial, muy sensible, que es la de las drogas. Y, como lo han expresado algunos Honorables colegas, la ley en la materia sanciona en forma drástica el tráfico, como debe ser, y a los narcotraficantes.
Pero debemos distinguir qué ocurre con los consumidores, señor Presidente. No es posible que estos vayan a la cárcel si se les impone una multa y no pueden cancelarla. Si ello se hubiera mantenido en esos términos, provocaría un efecto discriminatorio tremendo. Porque las personas cuyos padres o ellas mismas pudieran pagar lo harían sin dificultad y evitarían la reclusión. Sin embargo, los jóvenes o la gente modesta, vulnerable o de sectores medios carentes de recursos no podrían eludir la medida. Y me parece que en uno y en otro caso, exista o no la posibilidad de cancelar, lo óptimo es disponer de un programa de rehabilitación para impedir el consumo de drogas. Eso es fundamental.
Si no abordamos el punto, vamos a experimentar crecientemente mayores dificultades. Represento comunas de la Región Metropolitana que en algunos sectores pasan a ser intransitables: los balazos en la noche, las riñas entre bandas, son el pan de cada día. Es por ello que requerimos políticas públicas de prevención eficiente para evitar el consumo.
Me alegro de la presencia del señor Ministro de Educación, porque es en esta última en la que debiéramos trabajar, y partir antes por las propias familias. Mas si una persona consume drogas y es objeto de una multa, lo mejor es que pueda recibir la rehabilitación adecuada para que deje de hacerlo. El 86 por ciento de los delitos son cometidos por jóvenes que se encuentran bajo los efectos de esas sustancias. Eso hace que los ilícitos sean mucho más violentos y, lamentablemente, que las tasas de victimización hayan subido, lo cual me duele. En ese contexto, dentro de una política general del Estado debiéramos incluir, entonces, la rehabilitación y la prevención del consumo.
Por ello, con el Senador señor Orpis fuimos muy categóricos en plantear que aquí debíamos jugarnos por el tratamiento de los jóvenes en tal situación y no por devolverlos a la cárcel. A mi juicio, este es el sentido fundamental de aquello que nos ocupa: es la primera iniciativa legal donde se está priorizando la rehabilitación de quienes consumen drogas y cometen faltas. Y eso significa contar con programas adecuados, a nivel de Gobierno, y con los recursos suficientes a fin de disponer de planes de tratamiento.
También deseo consignar -con esto termino- que he visitado la Fundación del Honorable señor Orpis. He compartido con los muchachos que allí permanecen. Y, en verdad, ojalá existieran muchas otras entidades así en nuestro país. Resulta incomprensible que haya tenido que cerrar en Iquique un centro donde se realizaba una rehabilitación juvenil estupenda, ya que no le derivaban a nadie. ¿Cómo es posible, señor Presidente, conociendo la situación de esa ciudad, que ello ocurra en el caso de un establecimiento de esa índole?
Insisto, entonces, en que la ley en proyecto puede ser letra muerta si no va acompañada de políticas apropiadas de implementación. Por ende, llamo a asumir la responsabilidad -en este caso será el Ejecutivo- de lograr los medios necesarios para que puedan existir instituciones, sean públicas o privadas, que se hagan cargo de la rehabilitación de las personas que caen en el consumo de drogas, especialmente la de los jóvenes, tanto para prevenir la comisión de delitos como para que no vuelvan a incurrir en faltas. Y cabe destinar a ese proceso en beneficio de ellos los recursos públicos, siempre escasos, en vez de invertirlos en la construcción de más cárceles.
Me alegro de que ahora, con el retiro del voto en contra del Senador señor Espina, hayamos alcanzado unanimidad en la Comisión de Constitución.
Pido a la Sala aprobar el proyecto, que significa dar un gran paso adelante.
Señor Presidente, el debate cobra vital importancia por un hecho político que deseo abordar, no desde la perspectiva de ser un Senador de Oposición, sino de lo que nos transmiten las organizaciones ciudadanas.
Enfrentamos un grave problema político-social: la delincuencia ha aumentado. Así lo señalan todas las estadísticas. Se ha armado un gran debate entre el Ejecutivo y los jueces, entre el Ejecutivo y los fiscales, porque las cifras arrojan un incremento de 10,1 por ciento en los delitos de mayor connotación social, de 17,9 por ciento en los asaltos y de 12 por ciento en todo tipo de ilícitos, como lo señala el Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán.
Queremos que el sistema carcelario -ya lo habíamos dicho- se dedique a la reclusión de delincuentes. En nuestros penales, 23 por ciento de los internos son primerizos. Ahí está el joven imputado por robo con violencia, al arrancar con una chaqueta; el que lo está por robo con escalamiento, al saltar una reja y huir con un cajón de bebidas. ¿Y qué acarrea ello? Que el encierro no solo genera un agravamiento de su condición, sino que, además, cada uno de ellos le cuesta al Estado 523 mil pesos mensuales en las cárceles concesionadas. Y vuelvo a enfatizarlo: ni el Ministerio de Justicia ni Gendarmería de Chile han desmentido esa cifra.
¡Ese dinero debe gastarse en rehabilitación, ya sea por el Estado o por los privados!
Por mi parte, también conozco la Fundación del Senador señor Orpis. Es un aspecto que vale la pena rescatar. Lo hemos felicitado y cuenta con todo nuestro respaldo. Pero, en verdad, los fondos que se le generan desde el sector privado son insuficientes.
Me parece que es preciso traspasar los fondos desde dentro hacia fuera de la cárcel y de una manera preventiva. Porque esos 523 mil pesos al mes que cuesta un joven detenido no cumplen ninguna función.
Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos que la ley en proyecto se aplique: que existan penas alternativas, pero financiadas. Porque la respuesta que vamos a obtener es que el joven delinquió por una condición social, por circunstancias objetivas, y si vuelve al mismo medio, lo más probable será que reincida. Necesita una red de apoyo familiar y social. Y aquí se halla aún inacabado, en consecuencia, el proceso de una red social que permita la rehabilitación y la reinserción. Esa es la clave.
Destacados Senadores, como el colega señor Espina, han demostrado, durante muchos años, que existe una preocupación transversal respecto de la delincuencia. Mas la verdad es que no solo ha sido derrotada la tesis del Gobierno, sino también "los buenos", la sociedad completa. ¡Sigue creciendo la criminalidad! La varita mágica para resolver el problema no la tuvo la Concertación ni la tiene la Administración actual, de modo que es un problema de país.
En tal sentido, la iniciativa que nos ocupa apunta en la dirección correcta, en orden a no abarrotar las cárceles con quienes, habiendo delinquido, puedan ser objeto de rehabilitación y reinserción.
Pero ello es insuficiente.
Sigo afirmando que Gendarmería de Chile es el pariente pobre del triángulo en la seguridad pública: la policía detiene a los delincuentes; los tribunales de justicia los condenan por haber faltado a la sociedad, y Gendarmería debe preservarlos para que cumplan las penas, pero no se halla en condiciones de lograrlo. Digamos francamente que la política penitenciaria es un fracaso.
Las cárceles privadas no han logrado resolver la situación.
En consecuencia, vamos a votar a favor del proyecto, porque, efectivamente, los sentenciados pueden cumplir penas alternativas. Los jóvenes que cometen delitos a fin de conseguir dinero para comprar drogas pueden tener una oportunidad. ¡Pero no dentro de un presidio! ¡Si dentro no habrá una resolución del conflicto!
A quienes quieran visitar la cárcel El Manzano II puedo señalarles que hay dos grandes gimnasios -teóricamente, destinados a talleres laborales- vacíos. Solo los llena el eco. Porque no se ha podido invertir. Se mantiene una deficiencia que tiene que ser cubierta. Durante el terremoto del 27 de febrero, ese recinto sufrió daños e incendios. ¡Es preciso invertir, entonces, para poder rehabilitar! Porque ello es ahorro para el país e implica una lucha efectiva contra la delincuencia, pues esos jóvenes pueden ser sacados de la red que los condenará a convertirse en delincuentes de verdad.
Se da ahora un paso adelante, por lo tanto, pero ello es insuficiente si no aplicamos, en el contexto general, una política de rehabilitación y reinserción dirigidas.
La sustitución por la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad constituirá un instrumento, pero expongo de inmediato que se planteará un resguardo de parte de los jueces. Cuando estos quieran recurrir a la medida y resulte que un joven vuelva a delinquir a los días o a las horas de haber sido objeto de ella, se van a inhibir de inmediato.
Es lo mismo que pasa con las libertades condicionales; con la destinación de reos a los centros de educación y trabajo. Los secretarios regionales ministeriales son reticentes; el Consejo Técnico no da aprobaciones. Y de cien internos que se presentan, dos o tres de ellos pasan a los centros mencionados. Porque la verdad es que no quieren problemas, ya que se registran ejemplos en que la puesta en libertad o la pena alternativa han significado "un delincuente peligroso en la calle".
Necesitamos, por lo tanto, un sistema mucho más ajustado, que permita determinar con claridad en qué casos se podrá aplicar la medida, a fin de que los jueces la dispongan con la plena certeza de que se trata de individuos capaces de rehabilitarse y reinsertarse.
Voy a apoyar -ya lo he señalado- la iniciativa. Y espero la sabiduría, la experiencia de los jueces, de los tribunales, que podrán eximir al condenado del pago de la multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en la ley, debiendo dejar constancia en la sentencia de las razones que motivaron la decisión.
Fundaciones como la del Senador Orpis siguen siendo muy necesarias. El mundo evangélico continúa demandando mayor apoyo en la tarea de reinserción y rehabilitación.
Debemos llevar adelante una lucha transversal contra la delincuencia, porque, como se ha dicho más de una vez, si no nos unimos contra la delincuencia, esta nos va a derrotar a todos, a Gobierno y Oposición.
Por lo tanto, esta medida, que es un instrumento importantísimo, que logra consensuar a Gobierno y Oposición, ha de reflejarse en un conjunto de otras leyes, de otras acciones, que apunten básicamente a fortalecer esta política, que hoy no se está ejerciendo al interior de Gendarmería.
Existe un conjunto de normativas que debe asumir la Cartera de Justicia, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, tendientes a mejorar las condiciones de los gendarmes, la nueva calificación de ascenso, que permitirán que bajemos la tasa de suicidios en la Institución, que sigue siendo peligrosa, elevada y constante. Nuestros gendarmes están acabando con su vida porque muchas veces su situación en nada se diferencia de la de los reclusos.
Por consiguiente, tenemos que entrar a una política penitenciaria de fondo en Gendarmería. Hay una mesa de trabajo con los funcionarios a nivel nacional. Y yo espero que esta avance, para que se llegue a lo que ellos aspiran, que es subir de grado y producir el tiraje a la chimenea. Porque es la única rama de las fuerzas que usan armamento -podríamos denominarlas así- en donde la discrecionalidad del ascenso pasa por cuestiones políticas. Eso no ocurre ni en Carabineros ni en las Fuerzas Armadas. En Gendarmería, en cambio, la incidencia política es elevadísima. Tal es el caso -lo digo con respeto, pues quiero tener una política de diálogo con la Institución- de su Director Nacional, que no es de carrera. Esto lo vimos con la Policía de Investigaciones. De todas las fuerzas que integran el triángulo de la seguridad pública, en la única donde no existe un funcionario de carrera dirigiendo, en este caso, la política penitenciaria, es en Gendarmería. Y entonces llega un abogado, que podrá reunir muchas cualidades, pero que no es un funcionario de carrera y, en consecuencia, no se responsabiliza de lo que hay para atrás ni para delante, porque, salido el Gobierno, cambia el Director.
Siento que en esto tenemos que mejorar. Y la ley en proyecto, que permitirá estas penas alternativas y estas consideraciones, es un paso adelante. Pero será insuficiente si no se integran los planteamientos que varios señores Senadores y quien habla hemos formulado en la Sala, más otros consignados en numerosos estudios sobre el particular, que podrán hacernos enfrentar de manera conjunta esta lucha contra la plaga de la delincuencia. Si no, esto se transformará en un tema de campaña electoral. Y, de ser así, al final nos vamos a perder en quién tiene la culpa, quién es el responsable, sin preocuparnos de generar políticas de seguridad pública que permitan atacar de verdad el problema de fondo.
Señor Presidente, en el país tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria dramático. La Comisión de Derechos Humanos acaba de evacuar un informe. Y resulta evidente que los estudios anuales que efectúa el Instituto Nacional de Derechos Humanos tienden a ser coincidentes con aquel, el cual será conocido en su momento por la Sala. Existe hacinamiento, sobrepoblación, y lo que algunos a veces han calificado como una "escuela de delincuencia" al interior de las cárceles. Según todos los estudiosos, se produce una contaminación de los primerizos -los que tienen menos compromiso delictual- con quienes poseen más compromiso delictual.
En tal sentido, todo lo que permita transformar las políticas carcelarias del país y sus instrumentos de sanción resulta relevante. Hace poco aprobamos un marco legal tendiente a facilitar el uso de mecanismos tecnológicos para que ciertas personas pudieran permanecer extramuros, con brazalete electrónico o con elementos de georreferenciación que hagan posible su ubicación.
La iniciativa en análisis sin duda apunta en la misma dirección: que frente a acciones que la sociedad rechaza se establezcan sanciones que puedan aplicarse de diferente manera.
El proyecto que nos convoca evidentemente apunta en la línea correcta, pero presenta un déficit que -lo planteó ya la Senadora Alvear en las primeras instancias- no puedo dejar de mencionar: no contamos con un sistema para evaluar de forma efectiva el trabajo comunitario. Suena bien, sin embargo no existe la institucionalidad adecuada para aquello.
Eso no me lleva a votar en contra de la iniciativa, pero sí a indicar que tenemos ciertos vacíos. Lo digo para que no pensemos que la aplicación de estas normas estará exenta de dificultades. Yo creo que las habrá. Y ello ocurrirá cuando algunos quieran acusar al señor Ministro de Justicia -al actual o a uno futuro- porque alguien que estaba cumpliendo su pena con trabajo comunitario cometió alguna acción negativa, reprobable.
Hago presente de antemano que ese es un riesgo que entiendo que el Congreso Nacional asume. Mañana no podremos hacernos los desentendidos. Este tipo de política, que busca la rehabilitación, la reinserción, tendrá un porcentaje de fracasos. Y debemos entender que eso es parte de las consecuencias naturales de estas acciones. Pero, de la misma forma, generará la oportunidad para que no pasen otras cosas.
Voy a relatar un caso sin mencionar los nombres de los involucrados.
Un joven de apenas 18 años estaba con unos amigos en una comunidad rural. Quienes se encontraban con él eran menores de edad. Se meten en un conflicto, en una pelea con otro joven, también de la comunidad, mayor de edad. Se trenzan en una pelea a puños. El que no gana, por así decirlo, pierde su celular. Lo curioso es que al joven de 18 años -y mi colega de Región sabe de lo que estoy hablando- lo condenan a 15 años de presidio. No asesinó a nadie, no hubo lesiones graves, pero una fiscal consideró que ese hecho podía llegar a ser calificado como robo con violencia e intimidación. Y así terminamos con un joven de 18 años, sin ningún antecedente previo, que trabajaba en la comunidad cristiana de base de su localidad, condenado por un conflicto de ese tipo. Yo no estoy defendiendo las peleas ni tampoco que las personas se agarren a puñetes o a patadas -ahí se produjeron lesiones que deben ser sancionadas-, pero es evidente que normativas como esta, que generan una canalización distinta en el cumplimiento de las sanciones, resultan muy importantes.
Señor Presidente, espero que el señor Ministro, junto con la tremenda innovación que se está llevando adelante en otros ámbitos de la Justicia, pueda pensar en cómo generar tribunales de cumplimiento de penas que vayan evaluando las sanciones a que son sometidas las personas y revisando las diversas situaciones en forma más permanente, a fin de evitar una sobrepoblación o una estadía prolongada en las cárceles. Esto último, además de ser caro para el país y de no garantizar necesariamente la rehabilitación, genera daños que la sociedad no desea. Y así podríamos precaver que alguno de estos problemas termine en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos o de algún organismo internacional, por una política carcelaria excesiva o poco adecuada. Voy a votar a favor, pero quiero dejar consignada mi convicción de que esta política conlleva riesgos y de que, frente a ellos, mi actitud no será la de culpar al actual o a un futuro Ministro de Justicia por las dificultades naturales que se nos presentarán al no contar con un sistema completo -como señaló la Senadora Alvear- que guíe el trabajo comunitario. Habrá inconvenientes. Sin embargo, bien vale la pena correr dichos riesgos si a través de una política como esta logramos la rehabilitación de muchos jóvenes. He dicho.
Tiene la palabra al Senador señor Sabag. El señor SABAG.-
Señor Presidente, seré muy breve. Solo quiero señalar que este proyecto, iniciado en mensaje y aprobado en la Comisión Mixta por cinco votos contra tres, se encuentra en perfecta sintonía con la idea de buscar la manera de sacar a los presos por delitos blancos de las cárceles, todas las cuales se hallan hoy sumamente excedidas en su capacidad.
Sin embargo, ambas ramas de nuestro Poder Legislativo difirieron en cuanto a la redacción del artículo que establece la reclusión de quienes han sido condenados al pago de multas por faltas a la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En el curso de la discusión se acordó aceptar la propuesta del Senador Orpis en cuanto a facultar al juez para establecer una sanción que ayude a la rehabilitación del imputado: asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días, o de rehabilitación hasta por 180 días, o la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Todos se preguntan cómo se puede controlar aquello. Bueno, hay que encontrar un sistema que permita una mejor vigilancia. No obstante, no cabe duda de que lo propuesto representa una buena terapia para que las personas puedan rehabilitarse, en lugar de proceder a su encarcelamiento por el no pago de una multa aplicada. Esto implica una segunda revisión de la sanción, pues procede cuando al imputado ya se le ha sancionado con el pago de una multa y no tiene la capacidad para su cancelación. Por eso, en vez de llevarlo a la cárcel, se proponen medidas con las que estoy totalmente de acuerdo. El Senador Orpis tiene mucha experiencia en rehabilitación de personas que han delinquido. Su opinión fue acogida en la Comisión Mixta y, por supuesto, nosotros también la acogemos aquí, por lo cual votaremos favorablemente el informe del órgano bicameral.
Terminada la votación. --Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (33 votos a favor). Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre indulto general, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7533-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En tercer trámite, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (tercer trámite): sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.
Mixta: sesión 11ª, en 17 de abril de 2012.
Sesiones 19ª, en 18 de mayo de 2011 (queda para segunda discusión); 25ª, en 14 de junio de 2011 (se aprueba en general); 37ª, en 2 de agosto de 2011 (se aprueba en particular); 93ª, en 31 de enero de 2012 (pasa a Comisión Mixta).
Señores Senadores, las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de algunas de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite. El Senado rechazó la letra c) y el inciso tercero del artículo 5°, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, y el inciso segundo, nuevo, del artículo 7°, que pasó a ser 6°.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, propone lo siguiente:
Reemplazar el artículo 5°, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, por una disposición que fija un plazo para que los extranjeros que serán destinatarios del indulto lo soliciten; sustituye el compromiso de no volver al territorio chileno por un lapso de diez años por una prohibición expresa en ese sentido, y regula la situación de los condenados que estén cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos.
En cuanto al inciso segundo, nuevo, del artículo 7°, que pasó a ser 6°, reemplazarlo por una norma que establece que, salvo lo dispuesto en el artículo 5° (conmutación de la pena a los extranjeros por extrañamiento), no procederá el indulto en el caso de los condenados por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Consultar un artículo 8°, nuevo, que prescribe que la expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto se llevará a cabo dentro de 150 días, contados desde la entrada en vigencia de la ley.
La Comisión Mixta adoptó estos acuerdos por la unanimidad de sus miembros presentes.
Las disposiciones que fueron materia de discrepancias entre ambas Cámaras, así como el artículo 8°, nuevo, incorporado por la Comisión Mixta, son de quórum calificado y requieren para su aprobación de 20 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en la quinta y la sexta columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse el informe de esta Comisión, respectivamente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra al Senador señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero referirme a este proyecto de ley sobre indulto general, informado por la Comisión Mixta, que me correspondió presidir. En primer lugar, debo solicitar que, tratándose de una iniciativa en la que en realidad hubo muy pocas discrepancias entre ambas Cámaras y que requiere quórum calificado, como se señaló, se toquen los timbres, con el propósito de avisar a los Senadores que ella está por votarse. Ahora, ¿por qué digo que esta normativa es muy sencilla? Porque, no obstante revestir cierta complejidad o tener una cantidad importante de artículos y de propuestas, las discrepancias fueron menores. Aquí ha habido mucha voluntad de parte del Congreso por avanzar en la solución del grave problema de hacinamiento que se vive en los recintos penales. Entre las propuestas del Ejecutivo estaba la que acabamos de ver, sobre modificación del régimen de libertad condicional y establecimiento, en caso de multas, de la pena alternativa de trabajos comunitarios, a la que ahora se suma esta, que busca otorgar un indulto conmutativo general en beneficio de personas cuya libertad se estima que no constituirá riesgo alguno para la seguridad pública.
No reiteraré el contenido del articulado, que esta Sala ya conoce, sino que solo me referiré a las discrepancias centrales enunciadas por el señor Secretario. La primera corresponde al artículo 5º, incorporado por la Cámara, que establecía la pena de extrañamiento especial en el país de origen para los extranjeros que no tengan permiso de permanencia en Chile, estén privados de libertad por sentencia ejecutoriada y hayan cumplido parte de su pena en un recinto carcelario nacional. En esta materia, lo que causó la discrepancia fue la redacción sugerida por la otra rama del Congreso en cuanto a que los extranjeros indultados debían suscribir un compromiso en orden a no regresar al territorio nacional en determinado lapso, cuyo cumplimiento quedaba entregado a su voluntad. El Senado era partidario de un mandato imperativo y no de un compromiso entregado al arbitrio del afectado. En definitiva, la Comisión Mixta acogió este último criterio y acordó consagrar una prohibición categórica para el ingreso de esas personas por un lapso de 10 años. Así, se zanjó en forma unánime la primera de las discrepancias producidas entre ambas ramas del Parlamento.
La segunda se debió a que en la Cámara de Diputados no prosperó una enmienda al inciso segundo, nuevo, del artículo 7º, que pasó a ser 6º, que habría posibilitado indultar a los extranjeros condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la Ley de Drogas. Por tratarse de una norma de quórum especial, no se contó con los votos suficientes, pero había voluntad en ese sentido.
En la Comisión Mixta hicimos notar la conveniencia que presentaba dicha modificación, particularmente por lo que ocurre en el extremo norte de nuestro país, en cuyos penales existen numerosos presos sancionados por ese tipo de ilícitos. Luego de debatir la materia, se acordó unánimemente acoger la enmienda que permite indultar a los extranjeros que hayan sido condenados por delitos contemplados en la Ley de Drogas.
Algunos plantearon que lo anterior pudiese generar una sensación de desigualdad ante la ley, por cuanto ese beneficio no se otorgaría a los condenados chilenos. Sin embargo, se precisó que, si bien estos no lo recibirán, tampoco se entregará a los condenados extranjeros que residan en el país. Esa enmienda solo se aplicará a extranjeros que se encuentren en Chile en forma ilegal y que hayan sido condenados por ilícitos consignados en la Ley de Drogas. Por lo tanto, el universo de personas se halla acotado. En ese sentido, la norma propuesta no plantea problemas de igualdad ante la ley.
La Comisión, junto con aprobar normas para resolver las dos discrepancias mencionadas, agregó otra tendiente a fijar un plazo de 150 días para llevar a cabo la expulsión de los extranjeros indultados, de manera que haya tiempo suficiente para que, una vez determinado el extrañamiento, se concrete la medida físicamente.
Por último, insisto en que la Comisión acordó dejar constancia de su claridad respecto de la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución con relación a las normas propuestas, puesto que beneficiarán a un pequeño número de personas con características muy especiales: no solo ser extranjeros y haber cometido los referidos delitos, sino que, además, estar en Chile en forma ilegal. Cumplido cierto lapso de la condena, procederá el extrañamiento al país de origen, lo que constituye una especie de pena sustitutiva.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión Mixta sugiere que el Senado ratifique, también por unanimidad, lo propuesto en el informe.
Recuerdo a Sus Señorías que las normas de este proyecto son de quórum calificado.
Se harán sonar los timbres para llamar a los señores Senadores, pues en este momento hay funcionando a lo menos dos Comisiones.
Señor Presidente, pido que abra la votación.
Si le parece a la Sala, se cerrará el debate y se abrirá la votación.
El señor Ministro de Justicia había pedido intervenir, así que solicito la unanimidad de la Sala para permitirle hacerlo durante la votación.
Señor Presidente, quiero señalar que la solución propuesta por la Comisión Mixta viene a resolver algunas discrepancias menores respecto de una iniciativa que durante su tramitación fue suscitando cada vez mayor consenso.
Este proyecto, en su esencia, establece la conmutación de penas para cuatro casos generales, la que, en definitiva, permitirá que alrededor de 6 mil personas abandonen el penal donde se encuentran privadas de libertad, algunas de ellas para dejar el país.
Durante el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo un indulto para condenados extranjeros que no tuvieren residencia legal en Chile -lo reitero: extranjeros sin residencia legal en nuestro país-, consistente en la conmutación de la pena privativa de libertad que les reste por cumplir y las multas por la pena de extrañamiento especial a su país de origen. Para quienes no tienen formación jurídica, la pena de extrañamiento especial es lo que podríamos denominar, en un lenguaje más coloquial o comprensible, "la expulsión de dicho extranjero a su país de origen".
El indulto procederá a favor de los extranjeros condenados que hayan cumplido: un tercio de la pena, si se tratara de una condena no superior a cinco años; la mitad de la pena, si esta es de más de cinco años pero igual o inferior a diez años, o tres cuartas partes de la pena, si esta es superior a diez años. Además, se establece que deberán suscribir el compromiso de no volver a ingresar al país en un período de diez años; de lo contrario, tendrán que cumplir de manera efectiva el saldo de la pena conmutada. En resumen, según la penalidad recibida, el extranjero deberá tener cumplido un tercio, la mitad o dos tercios de la pena para ser indultado y, además, firmar un compromiso de que no retornará a Chile en diez años. Y, en caso de no respetarlo, habrá de cumplir el resto de la pena original privativa de libertad.
Con relación a este punto específico, señor Presidente, contenido en el artículo 5° de la iniciativa, se generaron diferencias entre ambas Corporaciones. En el tercer trámite constitucional, el Senado cuestionó el sentido y los efectos de la suscripción del referido compromiso, en tanto esta medida solo procedería si el condenado declarara su voluntad de no regresar al país. Se estimó que, al momento de conceder dicho indulto, se requería un procedimiento en que quedara claro que se trata de una prohibición de regreso, a fin de que no tuviera tanto que ver su declaración de voluntad.
Complementando lo anterior, se incorporó un plazo para que los condenados extranjeros ilegales en Chile soliciten el indulto conmutativo. Con ello se pretende facilitar a Gendarmería la determinación exacta de las personas beneficiadas. Con un plazo muy corto, se dificultaba la gestión misma.
Asimismo, se clarifica que el indulto también procederá cuando el sujeto haya sido condenado a varias penas de privación de libertad, siempre que con la suma de ellas cumpla los respectivos tiempos mínimos para su concesión. ¿Qué significa esto, señor Presidente? Que un individuo que fue condenado a dos penas de reclusión de cinco años cada una y que ya cumplió íntegramente la primera, pero no la segunda, puede verse beneficiado, dado que el total de ambas condenas llega a diez años y según el tramo correspondiente (entre cinco y diez años) se exige el 50 por ciento de cumplimiento. Por tratarse en este caso de penas distintas, que se cumplen una primero y otra después, no era posible implementar la norma propuesta por la Cámara Baja.
Respecto a la extensión del indulto conmutativo de penas a los extranjeros, en la Comisión Mixta se repuso la norma -inciso segundo, nuevo, del artículo 6°- que permite una única excepción a la concesión del indulto tratándose de condenados por delitos de la Ley de Drogas.
Esa disposición contó con el apoyo claro y manifiesto de los Senadores y Diputados del norte del país, quienes pudieron establecer, a través de antecedentes provenientes de Gendarmería de Chile que nosotros les proporcionamos, que existía un problema real: la ausencia de esta norma habría significado que el número de gente que podría ser expulsada del territorio fuera menor.
Por último y con el objeto de materializar el indulto de los extranjeros, en la Comisión Mixta se estimó que se requerirá un tiempo prudente para coordinar las acciones necesarias para su ejecución. Por ello, agregó un artículo 8°, en el cual se establece que dicho beneficio se llevará a cabo dentro de los 150 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Tal medida, señor Presidente, es necesaria, porque tendremos que agrupar a extranjeros que se hallan en distintos penales y coordinarnos de alguna manera con los países hacia donde se procederá a extrañarlos.
Por ello, señor Presidente, agradezco al Senado por sus aportes en la materia y al Presidente de la Comisión por tratar el proyecto con la máxima urgencia.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Patricio Walker me reemplace en la testera para poder hacer uso de la palabra.
Señor Presidente, hace algunos minutos discutimos sobre un proyecto de ley que establece un régimen de trabajo comunitario a quienes estuvieran encarcelados, particularmente a primerizos.
La iniciativa que nos ocupa busca terminar con el hacinamiento en nuestras cárceles y, para ello, dispone claramente las condiciones para cambiar la pena impuesta a extranjeros por extrañamiento al país de origen.
El debate se centró en si convenía incluir o no en el indulto a los condenados por delitos tipificados en la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; es decir, de drogas. La solución propuesta da cabida a que en los penales del norte se generen amplias condiciones de salida de extranjeros a sus lugares de origen.
Quiero preguntar al Ministro o al Presidente de la Comisión respecto de algunos elementos que pueden surgir en la aplicación de las disposiciones de la iniciativa.
Primero, consulto por los costos que implica devolver a sus países a los extranjeros beneficiados. Puede que algunos provengan de naciones lejanas. El gasto en traslado, según entiendo, debe ser asumido por el país que aprueba la legislación. Si se va a aplicar la pena de extrañamiento -para concretarla, se establece un plazo de 150 días, a contar de la fecha de publicación de la ley-, es muy importante determinar los costos involucrados, lo cual ha de pagarse con recursos correspondientes al Poder Judicial o a la Policía Internacional. En definitiva, se tiene que disponer de los fondos necesarios para un traslado en avión, si hay que viajar a países lejanos, o para uno por vía terrestre, si se trata de un extranjero proveniente de una nación vecina.
Esto es sumamente relevante, señor Presidente, porque el extrañamiento conlleva la movilización de funcionarios de la Policía de Investigaciones (Policía Internacional), quienes deberán acompañar a la persona indultada para verificar que se dé cumplimiento a lo ordenado y mandatado por la ley.
Para la expulsión de un extranjero, la PDI -espero conversar con su Director General sobre el particular- cuenta con un procedimiento de acompañamiento. En efecto, si el viaje es hasta Finlandia, dos detectives irán hasta allá a dejar al deportado.
En mi opinión, ese sistema deberá ser revisado, pues muchas veces la deportación no es por haber cometido un delito, sino por ingresar ilegalmente al territorio nacional.
Señor Presidente, también deseo consultar qué ocurre en caso de una eventual negativa del país de origen, ya sea por la masividad de personas beneficiadas con la pena de extrañamiento o por la existencia de condiciones especiales en esa nación. Producido el traslado de la persona, el país receptor deberá autorizar su ingreso. Yo no sé si todos los extranjeros en condición de ser indultados cuentan con pasaporte. El primer trámite que habrá que realizar es revisar la legalidad del pasaporte u obtener la documentación que la nación de origen extienda.
Esto va a obligar a avisar al país de destino, para que la llegada de quienes reciban la pena de extrañamiento no sea intempestiva y, más bien, sea pactada. Así, dicha nación estará preparada: sabrá qué hacer y cómo regular la situación. Porque lo que estamos haciendo es enviar de regreso a personas que han delinquido. La calificación del delito pertinente puede variar allá. Por tanto, la advertencia o la información respectiva debe ser considerada con antelación en el listado de los beneficiados con la pena de extrañamiento.
Además, señor Presidente, cabe destacar que las cárceles del norte están llenas. Con esta iniciativa las vamos a vaciar, pero se volverán a llenar, porque efectivamente Chile en esa zona tiene un problema con los países limítrofes: es un corredor de droga.
Hemos hablado de las dificultades que enfrenta la policía de frontera para detener la migración ilegal y, particularmente, el tráfico intrafronteras; de la necesidad de dotar a nuestras policías de los elementos suficientes para impedir el ingreso de droga, y de las campañas de prevención.
Cuando uno visita las cárceles del norte, se sorprende de ver en ellas a muchas mujeres de Perú y Bolivia, de todas las edades -en especial, de edad avanzada-, que fueron utilizadas como burreras; es decir, para transportar droga. No tienen antecedentes penales. Pasaron de ser dueñas de casa a burreras de droga. Un número considerable de estas siguió ese camino bajo presión, buscando una salida económica para su familia.
En muchos casos se podrá decir: "Aprendieron la lección. No habrá reincidencia". Pero ello obliga a que los países de origen emprendan acciones preventivas, de rehabilitación y de reinserción. Por eso es necesario entregarles la información adecuada respecto de quiénes serán beneficiados con esta ley. De ese modo, podrán dar espacio a una política de esa naturaleza.
He visitado dichos penales y he constatado no solo las condiciones de hacinamiento, sino también las dificultades propias de los procesos legales. Por tanto, los aspectos que he mencionado debieran estar debidamente aclarados antes de que se ponga en práctica la ley en proyecto.
Señor Presidente, voto a favor de lo propuesto por la Comisión Mixta.
El señor Ministro me ha pedido una interrupción, que concedo con todo gusto.
No puede otorgarla, señor Senador.
Correcto. No estoy facultado.
Entonces, seguiré con mi intervención.
Señor Presidente, en el proceso de aprobación del proyecto -lo dijo el Senador Letelier- efectivamente todos hacemos una constricción, porque la responsabilidad de la liberación o de la aplicación de la pena de extrañamiento puede producir un efecto internacional no deseado.
Es cierto: Chile no enfrenta condiciones de extraordinaria buena relación, particularmente, con Perú y Bolivia. No tengo la estadística a mano, pero un porcentaje elevado de los beneficiados con esta iniciativa son ciudadanos de tales países. Y lo último que quisiéramos -puedo y debo representar el sentir de la mayoría del Senado en este punto- es que ellos interpreten esta medida como una acción agresiva. Es como decir: "Les devolvemos los presos; háganse cargo ustedes de ellos". Porque entiendo que, una vez de regreso en sus naciones de origen, estos gozarán de libertad; no irán a la cárcel. Entonces tendrán la posibilidad de rehabilitarse y reinsertarse.
La Cancillería -según el informe, ha tomado contacto con las naciones vecinas- habrá de efectuar una tarea eficaz en torno a esta legislación. Lo mismo tiene que hacer la llamada "diplomacia parlamentaria", toda vez que no quisiéramos -reitero- provocar el efecto colateral, indeseado, indirecto de que esto fuera visto como una medida de Chile para complicar a sus vecinos. Ello sería contradictorio con la esencia de esta iniciativa de ley.
En mi opinión, el Ministro de Justicia, el Canciller y las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados debieran hacer esfuerzos para que la medida de extrañamiento sea debidamente asimilada por los países destinatarios, a fin de que no se produzca ningún tipo de reacción que desvirtúe el sentido correcto del proyecto.
Voto a favor de las enmiendas propuestas por la Comisión Mixta.
Respecto a la intervención solicitada por el señor Ministro, no es que el Senador Navarro no esté facultado para darla, sino que el Reglamento establece que, abierta la votación, los Secretarios de Estado no tienen el derecho preferente a hacer uso de la palabra, excepto para rectificar alguna situación de hecho derivada de la exposición de un parlamentario.
Si ese es el caso, señor Ministro, le ofrezco la palabra.
Señor Presidente, partiendo de la base de que la soberanía es infalible y de que el Senador señor Navarro la representa en esta Sala, me es imposible rectificar sus expresiones. Solo podría aclararlas, responderle o cualquier otra cosa.
Por tanto, paso por esta vez.
Señor Presidente, entre las distintas disposiciones que contiene el proyecto, estimo que es fundamental, particularmente para el norte, la relativa a la pena de extrañamiento.
Hoy día las cárceles de esa región están completamente colapsadas con personas provenientes de terceros países, en particular, por tráfico de droga. En tal caso, se establece que, si cumplen ciertos años de presidio, dependiendo de la cuantía de la pena, estarán en condiciones de acceder al extrañamiento.
Lo importante es que no solo se fija una pena de extrañamiento, sino que también se hace de inmediato la advertencia, en las propias disposiciones, de que las personas no podrán volver al país dentro de un período de 10 años. Y, si lo hacen ilegalmente y son detectadas, tendrán que cumplir el saldo de la pena.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque podría interpretarse que con el extrañamiento las personas simplemente continuarían operando en terceros países y que después regresarían a Chile para seguir cometiendo delitos. ¡No! Aquí hay una advertencia: no es posible ingresar dentro de 10 años y, de ser alguien detectado entrando en forma ilegal, deberá necesariamente cumplir el saldo de la condena.
Por eso, señor Presidente, es muy relevante, en especial para el norte, donde las cárceles están colapsadas por la reclusión de extranjeros, aplicar lo que plantea la Comisión Mixta.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (30 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Frei (don Eduardo).
Señor Ministro, si así lo desea, como ya no estamos en votación, puede hacer uso de la palabra para realizar las aclaraciones que estime pertinentes.
Señor Presidente, quiero partir agradeciendo el alto apoyo que el Senado le ha dado a esta iniciativa y señalar que efectivamente los costos de envío se hallan considerados. Esto, toda vez que el Ministerio del Interior tiene por función la expulsión de los extranjeros ilegales, y estamos haciendo una mejor coordinación en lo referido a aquellos que cumplen sentencia en Chile y su posterior expulsión del país.
Ahora bien, con el fin de disminuir los costos del envío de estas personas hemos fijado un plazo de 150 días para poder agruparlas en algunos penales del norte. Pero me interesa señalar que este extrañamiento especial no podrá implementarse si no es con un debido recaudo de las formas. Ello implica, primero, tomar medidas para enlazar una información adecuada con las naciones que van a recibir a los extranjeros; segundo, transportarlos de la manera debida a la frontera; y tercero, buscar su traslado hasta la próxima ciudad más grande dentro del país respectivo.
Aquí no se está pensando, en definitiva, en colocarlos en la frontera; en dejarlos desguarnecidos, a su propia suerte, y en desarrollar una política que indudablemente nos pueda causar un daño internacional.
La Cancillería nos ha informado que, dado que los extranjeros van a cumplir una parte de la pena en Chile y luego van a sufrir esta pena de extrañamiento especial, y considerando las condenas que la gran mayoría debe cumplir, esto será visto por los países que los reciban más bien como una política de reunificación familiar. Personalmente, tomé contacto con la entonces Ministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, y puedo decir que ella vio esta medida con buenos ojos.
Sin embargo, ahora debemos enfrentar un problema más complejo, que radica en el envío de extranjeros a naciones con las cuales no tenemos límites. Porque ahí el traslado será más difícil. Hay normas internacionales para el transporte de extranjeros. Normalmente tienen que viajar dos miembros de la policía por cada uno de ellos. Y los aviones no se pueden llenar con personas extrañadas, sino que debe guardarse una proporción adecuada, etcétera. Tendremos que analizar, en definitiva, cómo se concreta el traslado.
Por tanto, señor Presidente, quiero señalar que las acotaciones formuladas por el Senador Navarro, que demuestran además que se metió en la parte operativa de la ley en proyecto -es decir, en cómo la vamos a implementar-, las hemos tenido a la vista. Consideramos los efectos internacionales de la medida, y esperamos que se aplique bajo condiciones de dignidad y de resguardo para la integridad de las personas que abandonarán el país.
7319-15
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (7319-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
El objetivo principal de la iniciativa es autorizar a los conductores que acrediten haber aprobado un curso teórico y práctico especial, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología similar, en una escuela de conductores profesionales reconocida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que puedan acceder a la licencia profesional clases A-3 y A-5.
La Comisión le dio aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Novoa, Pizarro y Prokurica.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las partes pertinentes del primer informe de la Comisión y del boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente, este es un proyecto simple, que tiene por objeto enfrentar una realidad: la necesidad de choferes para distintas actividades.
En el norte del país, producto de las actividades mineras y de otras de desarrollo, se ha ido generando un requerimiento muy importante de choferes con licencias especiales, y es así como ha aumentado considerablemente. Por su parte, la tasa de reemplazo de conductores del Transantiago -a modo de ejemplo, debido a jubilación o a renovación por falta de capacidades- es también alta: se estima que se necesitan unos 1.500 nuevos choferes por año con licencia clase A-3.
¿Qué hace esta iniciativa de ley? No modifica el actual sistema, en donde para obtener licencias clases A-3 y A-5 se debe estar en posesión de una licencia profesional anterior con cierto período de antigüedad y haber cumplido 300 horas de capacitación, sino que establece un sistema alternativo.
Hoy, para obtener una licencia clase A-3, hay que estar en posesión de una A-1, A-2, A-4 o A-5 por un lapso de 2 años y contar con cursos de capacitación de 150 horas, lo que sumado a las capacitaciones necesarias para obtener la licencia anterior arroja un total aproximado de 300 horas.
En el caso de la licencia clase A-5, es preciso estar en posesión de una A-2, A-3 o A-4 por 2 años y aprobar cursos de capacitación de 150 horas, lo que sumado a las capacitaciones requeridas para conseguir la licencia anterior también da como resultado 300 horas.
En síntesis, el proyecto posibilita que aquellos conductores que no cuenten con licencias profesionales anteriores puedan obtener las de clases A-3 y A-5 si acreditan haber aprobado un curso teórico y práctico especial que contemple -y esta es la novedad- el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente en una escuela para conductores profesionales reconocida oficialmente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y autorizada para impartir el curso especial de capacitación. La duración de este se establecerá en el reglamento. Y el proyecto original habla de al menos 400 horas.
Por lo tanto, esta normativa no reemplaza el sistema vigente, sino que consagra una alternativa con la finalidad de que se pueda capacitar a los choferes con licencia profesional en un período de menor tiempo, pero exigiéndoles un requisito adicional: aprobar un curso especial que contemple el uso de simuladores de inmersión total, en línea con lo que hacen los países desarrollados hoy día.
Señor Presidente, el año pasado se vendieron en nuestro país 19 mil camiones para el transporte, cifra récord de ventas de tales vehículos. Y en los pocos meses que llevamos del 2012 ya se registra una cantidad bastante importante.
Estos camiones se destinan, por supuesto, al trabajo de la industria y la minería. Y los choferes profesionales que se requieren para estas labores no se encuentran hoy día en el mercado.
Por eso se presentó este proyecto de ley, iniciado en una moción de los Diputados Germán Becker, Mario Bertolino, José Manuel Edwards, René García, Joaquín Godoy, Cristián Monckeberg, Nicolás Monckeberg, Leopoldo Pérez, Marcela Sabat y Frank Sauerbaum. Y el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva con el objeto de agregar un sistema de sanciones.
La iniciativa en debate fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Ella tiene por objeto autorizar a los conductores que acrediten haber aprobado un curso teórico y práctico especial -se aumentan las 300 horas de duración exigidas en la actualidad-, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología similar que se asemeje a la realidad, en una escuela de conductores profesionales reconocida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que puedan acceder a las licencias profesionales clases A-3 y A-5, previo examen práctico y teórico aprobado en la municipalidad respectiva.
El proyecto se justifica en el alto crecimiento de la demanda -como ya señalé- de camiones de transportes.
Hoy en día, para obtener licencias profesionales es necesario acreditar haber estado en posesión de licencia clase B durante dos años; aprobar los cursos teóricos y prácticos, con una duración total de 300 horas, que imparten las escuelas de conductores profesionales acreditadas; y, en el caso de la licencia clase A-3, haber estado en posesión durante al menos dos años de la licencia profesional clases A-1, A-2, A-4 o A-5.
Cuando se trate de una licencia clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado en posesión de la licencia profesional clases A-2, A-3 o A-4 por dos años a lo menos.
En cuanto a lo que se propone, hay que tener en cuenta algunos riesgos.
El primero es que podría traducirse en un monopolio en las escuelas de conductores, por los altos costos de los equipos involucrados.
El segundo se relaciona con que resulta imprescindible garantizar que los aparatos que se utilicen para la educación de los futuros conductores los habiliten para enfrentar las condiciones de la conducción en la vía pública.
Y, finalmente, se podría generar un fuerte aumento de las licencias profesionales y, eventualmente, de las escuelas de conductores, lo que dificultaría aún más la ya difícil fiscalización del transporte de pasajeros y de carga.
En consecuencia, estimo que el proyecto es altamente útil y conveniente y, por supuesto, lo votaré a favor.
Le corresponde intervenir al Senador señor Pizarro, quien no se encuentra en la Sala.
Señor Presidente, las explicaciones de los dos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra han sido suficientemente clarificadoras.
Quiero agregar que en el mundo agrícola esta escasez de conductores profesionales también se da. Esta no solo afecta a la industria y la minería, que, probablemente, son los sectores más demandantes en esta materia, sino además a la agricultura, por el arribo de nuevos camiones que, por fortuna, están llegando a distintos lugares del país.
Lo cierto es que este proyecto, para definirlo de un modo simple, se puede considerar como un adelantamiento en las condiciones para obtener este tipo de licencia. En él se reemplaza -tal vez la palabra no es exacta- el requisito de los dos años de experiencia por un esfuerzo mucho más desarrollado en el sentido de aprobar un curso teórico y práctico especial, que contempla el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente, en una escuela especial de conductores profesionales reconocida por el Ministerio de Transportes.
Además, se generarán opciones de trabajo a jóvenes que -así lo espero; esa es la idea- adicionalmente van a tener una preparación muy calificada, por cuanto aquí hablamos de alta tecnología.
Por otra parte, el Senador Sabag sostuvo -comparto plenamente sus dichos- que hay que tener mucho cuidado en que no se produzcan monopolios, como ha ocurrido en otras instancias vinculadas a estos temas.
Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto va en el camino de la modernidad al ofrecer este tipo de actividades a jóvenes mediante cursos especiales de alta calidad -a eso aspiro-, en términos de incrementar la cantidad de conductores profesionales para atender su demanda y, también, de brindar una preparación de óptima calidad para la maniobrabilidad de estos medios de transporte pesados.
Por lo tanto, me parece que la iniciativa apunta en el sentido correcto, y nosotros, por lo menos, nos sumaremos a la aprobación de la idea de legislar.
Senador Pizarro, ¡cuando no lo vimos en la Sala nos preocupamos de no poder contar con su aporte, pero vemos que ya ha regresado...!
Estoy seguro, señor Presidente, de que usted espera un enfoque un poco distinto del que han manifestado mis colegas, pero no le voy a dar en el gusto porque comparto el informe sucinto entregado por el Senador Prokurica, con quien analizamos esta iniciativa en la Comisión de Transportes. Y debo decir que, más allá de la información exacta que él entregó acerca de los requisitos que hoy día se exigen a los choferes profesionales, existe una real necesidad en el ámbito del transporte de contar con un nivel de profesionalismo mucho más contundente, más serio que el actual.
Cuando estudiamos este tema en la Comisión aprovechamos de conocer las necesidades tanto del transporte de carga y de pasajeros como de la minería. En el caso del Transantiago, este es uno de los sectores con carencia de choferes profesionales: hay mucha rotación y no siempre se cumple con los requisitos exigidos, lo cual va generando una escasez de personas especializadas.
Y a nosotros nos interesaban dos cosas:
La primera es que pudiéramos acceder a tecnología de punta en términos de preparación de conductores profesionales y, la segunda, lógicamente, que realizáramos una evaluación del rol desempeñado por las escuelas de conductores que hoy imparten estos cursos y que certifican la calidad de los profesionales de la conducción que se van formando.
Respecto al último punto, debemos decir, con todas sus letras, que tenemos un serio y grave problema. Porque las escuelas de conductores realmente no están garantizando que quienes aprueban sus cursos poseen la idoneidad, la capacidad profesional o la especialización requeridas en la actualidad.
Los vehículos de transporte, hoy por hoy, son verdaderas máquinas que se manejan de manera computarizada, y en donde todo es automático.
Por lo tanto, se requiere una serie de habilidades y conocimientos que no dicen relación alguna con las características de los choferes tradicionales o de lo que estamos acostumbrados a entender por manejo en un vehículo particular o liviano.
Y eso nos obliga como país a establecer normas, requisitos y condicionamientos mucho más estrictos y rigurosos respecto de los planes y programas que permiten la obtención de las certificaciones de las escuelas de conducir para alcanzar la calidad de conductor profesional.
Ese punto quedará claramente establecido en el reglamento, como se plantea en el texto de la iniciativa.
De otro lado, el Ministro del ramo se refirió al desafío de imponer una exigencia mucho mayor en la entrega de licencias de conductor. Y aquí volvemos nuevamente a la necesidad de contar con un sistema más acorde a nuestro objetivo como país, lo cual pasa, derechamente, por empezar a tratar en la Comisión las indicaciones formuladas al proyecto que crea el sistema de licencias de conductor con puntaje, que ha dado resultados efectivos en naciones más desarrolladas que Chile en esta materia.
Por último, se fijó un resguardo -por decirlo así- para los choferes que no están en condiciones de seguir cursos altamente tecnificados -como el basado en el simulador-, pero que sí cuentan con experiencia y tienen su profesión armada, a quienes resultaría muy difícil reconvertir para otras actividades.
En consecuencia, el riesgo de que pudieran perder las posibilidades de trabajo al privilegiarse a quienes se han formado con estas nuevas tecnologías, también quedó de lado. Porque este sistema no impide que sigan obteniendo su licencia profesional clases A-3 y A-5 aquellos conductores que, no habiendo hecho el curso, sí tienen la expertise, sí realizan el trabajo práctico, que es lo que les permite desarrollar dicha actividad.
Esas son fundamentalmente las razones por las cuales nosotros, de manera unánime, aprobamos este texto.
El Senador Prokurica ya hizo referencia a las necesidades que existen en el mercado. Las cifras son, en realidad, bastante impresionantes, por la especialidad que se les exige a los conductores y por las necesidades y las condiciones que están establecidas en la Ley de Tránsito y en las normas que permiten el otorgamiento de licencias de conducir profesional.
Así que estamos muy tranquilos y sumamente contentos de poder aprobar este proyecto, por cuanto va en beneficio de la calidad del transporte, sea de carga o público, y también de la capacitación de los propios conductores profesionales. Entendemos, además, que esto puede significar una alternativa, una oportunidad laboral que se refleje en mejores remuneraciones para quienes se desempeñen en ese sector de la economía, que es fundamental para el país.
¿Me permite, señor Presidente? El señor ESCALONA (Presidente).-
Pido que se autorice a la Comisión de Agricultura al objeto de que, a partir de las 7 de la tarde, funcione paralelamente con la Sala para despachar un proyecto de ley muy importante: el relativo al abigeato, de lo que yo sé que usted también está muy preocupado.
Si no hubiere objeción, se accedería a ello.	--Así se acuerda.
Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa constituye una acertada medida para paliar el déficit de conductores profesionales, tanto de buses como de camiones, que en la actualidad experimenta nuestro país.
Su objetivo consiste, fundamentalmente, en introducir la realización de cursos especializados para aquellos choferes que no hayan estado en posesión, por un tiempo mínimo, de licencias que los habiliten para acceder a otras de más alta categoría, a fin de conducir vehículos de mayor complejidad en su manejo.
Si bien estamos plenamente de acuerdo con las modificaciones que se introducen en los artículos pertinentes de la Ley de Tránsito, consideramos que es necesario ejercer una mayor fiscalización por parte del Ministerio de Transportes, tanto en los reglamentos que se deberán dictar en cumplimiento de esta ley en proyecto, cuanto en la fiscalización que se haga a las escuelas de conductores que efectuarán estos cursos.
A este respecto, es un hecho conocido que la realización de estos últimos, en la forma que actualmente se imparten, es de alto costo para quienes desean obtener licencia de conductor profesional, lo que en buena medida desincentiva a los trabajadores que podrían desempeñarse como choferes de buses o de camiones. Ello, indudablemente, incide en el déficit que actualmente se observa.
Por otra parte, se han detectado varias escuelas de conductores que no llevan a cabo de manera efectiva los cursos que para tal efecto se requieren, y solo se limitan a vender los certificados de realización y aprobación de un determinado curso, los que posteriormente se presentan en la Dirección de Tránsito de la municipalidad respectiva, donde no se efectúa el examen de rigor por el solo hecho de exhibir ese documento. Tal situación, sin duda, constituye una irregularidad que, además, entraña un peligro público al no haberse evaluado las capacidades pertinentes de quien aspira a conducir en forma profesional.
En virtud de lo anterior, es necesario que se cumplan en forma real y efectiva los exámenes que se establecen en esta ley en proyecto, lo que deberá hacerse en las correspondientes Direcciones de Tránsito por parte de quienes hayan realizado tales cursos. Y a las escuelas de conductores que los impartan tendrá que exigírseles el más alto estándar en la calidad de aquellos, a fin de que esta actividad no constituya un mero negocio, sino que se dimensione en su exacta medida la importancia que reviste para el transporte de carga y de pasajeros en nuestro país.
Finalmente, y aunque no constituye una materia propia de esta iniciativa legal, pero sí tiene íntima relación, creemos que debe tenerse conciencia, mediante una campaña informativa por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la necesidad imperiosa de que los conductores de buses de pasajeros interprovinciales respeten realmente su descanso, tanto en la trayectoria de un determinado viaje como en los que les corresponda efectuar durante un mes de trabajo, para evitar así accidentes carreteros como los que han ocurrido en el último tiempo.
Hasta ahora, ha sido el Ministerio del Trabajo el que ha fiscalizado el cumplimiento de esa normativa. Sin embargo, estimamos que también le cabe a la Cartera de Transportes una participación en ello, ya que se ha tenido conocimiento de que conductores de algunas empresas de buses interprovinciales aparecen haciendo uso de sus días de descanso dentro del mes en forma normal -así se consigna en los documentos pertinentes de la respectiva ficha-, no obstante, durante ese período trabajan como choferes en empresas de buses comunales que prestan servicio local o intercomunal.
Tal situación, sin duda, incide en los múltiples accidentes que constantemente están afectando a buses interprovinciales, ya que dichos conductores, que se supone que han tenido su correspondiente descanso, no hacen uso de él. Y, obviamente, son presa de la fatiga cuando manejan buses que transitan por las distintas carreteras del país. Por ello, es indispensable, en nuestro concepto, que en la fiscalización participen los dos Ministerios de manera conjunta.
En ese sentido, doy mi voto favorable a este proyecto de ley, sobre la base de que se efectuarán aquellas fiscalizaciones, que son tan primordiales para erradicar esas malas prácticas. De este modo se contará con conductores de buses y de camiones que estén verdaderamente bien capacitados para ejercer dicha actividad, que es de mucha importancia para nuestro desarrollo.
No quiero terminar mi intervención sin antes señalar que tanto en el Transantiago como en el Transvalparaíso uno de los requerimientos más urgentes apunta justamente a la necesidad de tener conductores especializados, para lo cual se requiere contar con el personal suficiente en cantidad y calidad.
Ese es uno de los reclamos más insistentes.
La Inspección del Trabajo ha fiscalizado en el Transvalparaíso el cumplimiento de las horas de descanso de los choferes de la locomoción colectiva, y básicamente se ha encontrado con sorpresas complejas, porque efectivamente ese descanso no es respetado en la mayoría de los casos.
Tiene la palabra Senador señor Navarro.
Señor Presidente, si uno hiciera un examen de fiscalización rigurosa a los buses y taxibuses de la locomoción colectiva del país, se encontraría con que la ley no se está cumpliendo; que de los dos conductores que se exige por máquina uno se halla excedido en las horas de trabajo. Efectivamente, existe un fuerte déficit de conductores profesionales. Y, por cierto, las explicaciones podrían ser las dificultades y el número de años para acceder a la licencia profesional, pero también las condiciones laborales y contractuales en que esos trabajadores desempeñan su tarea.
Como sabemos, se creó el Transantiago, que hoy día representa un costo de 800 millones de dólares para el país -se trata de recursos que están radicados en la Capital y son pagados por todo Chile-, y su objetivo era dignificar la tarea de los conductores. Sin embargo, ahora observamos que todos los días hay paros de choferes del Transantiago; que no se les ha dignificado su condición profesional; que no cuentan con remuneraciones suficientes, ni con la seguridad al trabajo, ni con derecho a indemnización. Porque cuando las empresas quiebran no se les paga. ¡Y ahí están en huelga de hambre! ¡Ahí están en paro! Muchas veces estas paralizaciones se llevan a cabo fuera de la ley, dado que son determinadas por la ansiedad y la necesidad.
Señor Presidente, se habla de que más de 15 mil conductores del transporte público deben ser reemplazados y que se requieren 1.500 nuevos choferes por año. Y el que se nos propone es, por cierto, un interesante mecanismo de capacitación, de manejo de estrés, de comunicación y trabajo en equipo, de autocuidado y de aspectos sicológicos relacionados con la conducción.
Ello es coherente.
Cuando uno mira las tasas de accidentes, y particularmente de siniestros, que en Chile bordean los 50 mil al año -dentro de estos, 22 mil 755 son por imprudencia del conductor; 6 mil 273 por desobediencia de la señalización; aproximadamente 3 mil por alcohol en el chofer; más de 4 mil por pérdida de control; 1.514 por velocidad imprudente-, concluye que eso está asociado al conductor, a su capacidad de manejo.
Por lo tanto, necesitamos tener profesionales al volante. Pero si hay capacitación profesional, es preciso que haya un contrato digno para ese trabajador y una legislación que le permita que su labor tenga la dignidad suficiente. Porque hoy día yo diría que es el sector donde se da la peor fiscalización laboral, toda vez que, por su característica de movilidad, no existe un control que les garantice la debida protección social y laboral.
Señor Presidente, se plantea la realización de un curso de 300 horas, que comprende conocimientos y, también, cierta cantidad de horas dentro de un simulador, cuyo precio desconozco. Sin embargo, eso va a ser un lío tremendo. No más de 30 por ciento del total de horas de conducción tiene que efectuarse en el simulador. Yo no sé si la Comisión lo analizó, pero habría sido importante -ignoro si estamos a tiempo- agregar a todas esas exigencias que la persona que se formó mediante dicho sistema deba acompañar a un conductor profesional por un determinado número de horas y viajes. Es decir, ponerlo en la situación real como acompañante. Esto ocurre en muchos oficios y tareas profesionales. Cuando un médico egresa se desempeña como ayudante de otro que hace las veces de jefe y lo guía. También se da en el campo de la ingeniería y en todos los ámbitos profesionales.
A mi juicio, tal experiencia es necesaria. Para que maneje un camión con acoplado un chofer que conducía un camión pequeño (tres cuartos), o bien un taxi, no basta, en mi opinión, el simulador. Se requiere experiencia práctica y cumplir la exigencia de acompañar a un conductor profesional (cumpliendo un determinado número de horas), transitar por carreteras, experimentar la necesidad de estacionarse, subir cuestas pronunciadas, todo lo cual, en definitiva, contribuiría a realizar en mejores condiciones una práctica real. Y eso no significa mayor costo, porque puede estar certificado.
Señor Presidente, en la Región del Biobío hemos tenido la experiencia de incorporar a mujeres, quienes han demostrado en los hechos tener una mayor dedicación, certeza, cumplimiento. Sin embargo, no hemos logrado generar las condiciones. ¿Quién paga el curso? Si una mujer, dueña de casa o que se encuentre en cualquier situación, adopta la decisión de ser una conductora profesional requiere pagar el curso. Por lo tanto, si queremos aumentar el número de conductores la pregunta que me hago es si el SENCE tendrá la capacidad de ofrecer becas para posibilitar que la gente se decida a seguir la profesión de chofer y adquiera un empleo.
La Asociación de Taxibuses del Biobío ofreció 500 cupos inmediatos para conductores siempre que el SENCE estableciera las becas necesarias para su perfeccionamiento. Y eso se hizo de manera dilatada, a través de consultoras que no cumplen los requisitos esenciales.
Yo siento que la posibilidad de incorporar a la mujer -aunque parezca extraño, están presentes en todos los oficios- puede ser una alternativa muy importante. Pero veo que podrían hacerse notar los riesgos de la discriminación, de la no accesibilidad por carecer de recursos. Y, en mi opinión, hay una enorme oportunidad de profesionalizar a muchas personas, en caso de que el SENCE otorgue becas o cubra los gastos.
Este es un llamado al sector privado, pero también al Estado, con el objeto de facilitar aún más el acceso a este carné profesional.
Señor Presidente, el reglamento a que alude el proyecto de ley -que va a establecer la duración del curso, los contenidos mínimos prácticos y teóricos del programa- debe estar listo a la brevedad.
Tenemos un problema con los reglamentos. En normativas como las que nos ocupa el reglamento pasa a ser algo vital, porque los detalles que hemos agregado (horas de acompañamiento, condiciones de accesibilidad a los cursos mediante becas, beneficios o la obligatoriedad y prioridad que debieran tener algunos empleadores en orden a capacitar a sus conductores) van a quedar establecidos ahí y no hay posibilidad de discutirlos en la ley.
Por ende, el reglamento determina el corazón, el espíritu esencial de una legislación. Yo confío en que el Ministro Pedro Pablo Errázuriz va a elaborar un buen reglamento, pero me gustaría que fuera discutido con los conductores profesionales. En realidad, he leído el último informe, que da cuenta de la forma en que hemos abordado esta ley en proyecto, y no logro constatar la presencia de las federaciones que agrupan a los conductores, ni de las indicaciones sugeridas en la fase final. Entonces, siento que podemos cometer algún error.
Cuando se dice que vamos a dotar de personal al mercado de conductores profesionales hay que calificar también sus responsabilidades como tales. Tanto Forestal Arauco como Forestal MININCO, en la Región del Biobío, han establecido que la carga de los rollizos es responsabilidad de los choferes. Por consiguiente, si se les desarma la carga ellos son los responsables. Además, les han puesto controles y medidores de velocidad -en mi opinión, fuera de la ley- en la carretera, generando informes alternativos a Carabineros. Y hemos sostenido que los conductores de camiones van a andar a la velocidad que fija la Ley de Tránsito cuando no tengan que preocuparse de la carga. Porque si esta se desestiba, o está mal distribuida, no es responsabilidad de quien conduce, sino de la empresa que transporta el material.
En mi concepto, la voz de los conductores resulta esencial, prudente y necesaria a la hora de elaborar el reglamento.
No está el señor Ministro de Transportes en la Sala. Pero creo que con buena voluntad se puede contar con la opinión de las asociaciones, de los sindicatos y de las federaciones de conductores de carga pesada y de transporte público de Chile, a fin de que sus puntos de vista queden incorporados en una reglamentación.
Así, señor Presidente, vamos a atacar un problema real y concreto que tiene que ver con la falta de conductores profesionales en un país donde hay mucha cesantía. Reitero: lamento que no se hallen presentes los Ministros correspondientes, pues considero que este proyecto es vital a la hora de enfrentar el desempleo y, particularmente, disminuir los índices de riesgos de accidentes debido a la mayor profesionalización de esta digna labor que muchas veces es mal mirada por ser chofer, ya sea de camión de carga pesada, o de transporte público.
Creo que dignificar la profesión también va a coadyuvar a que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder -particularmente las mujeres, de manera decidida- a ocupar estos puestos de trabajo.
Voy a votar a favor, señor Presidente. Espero que las observaciones señaladas sean recogidas en el reglamento por el señor Ministro y que la voz de los trabajadores, profesionales, asociados en sindicatos y federaciones, se tenga presente al momento de elaborarse el reglamento. ¡Patagonia sin represas!
El último inscrito es el Senador señor Letelier.
Señor Presidente, este proyecto que se vota en general es muy importante. Establece, sobre todo, una regulación de segunda generación -por así decirlo- respecto a los conductores profesionales; hace suyas las normas de primera generación, en el sentido de que quienes deseen obtener licencias profesionales, que requieren de mayor especialización, cuenten con cursos especiales. Y ahora vamos a entrar en un proceso de regulación y reglamentación de aquellas.
Sin querer entrar al detalle del texto por el momento, y sin dudar de la facultad que asiste al Ministerio de Transportes para establecer, mediante un reglamento, las características y especificaciones técnicas que deben cumplir los simuladores que se van a utilizar para impartir los contenidos prácticos, quiero decir que como país enfrentamos un doble desafío. Y creo que lo mejor es asumirlo.
¡Existe carencia de conductores profesionales! ¡Tenemos un problema con los conductores profesionales! ¡Necesitamos una mayor cantidad de conductores profesionales! Pero hoy muchas personas que están interesadas en acceder a esta profesión no cuentan con los recursos para formarse como tales.
Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra lo indicó. Y el que no tengamos un mecanismo público para financiar dicho requisito, o que no existan sistemas más expeditos orientados a la formación de choferes profesionales, hace que a través de los subsidios que otorga el SENCE, y otros procedimientos, en la práctica se caiga en una forma de cooptar o captar conductores, que no necesariamente es lo más adecuado.
Estoy seguro de que no solamente en el Transantiago se observa una carencia de choferes profesionales, cuestión que salta a la vista. Uno podrá decir que las empresas son las principales responsables en formar a los choferes. Yo creo que aquí hay un interés público comprometido. Y para qué hablar de lo que pasa con las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, donde hemos podido apreciar a la Ministra del Trabajo denunciar una tras otra situaciones de alta irregularidad que todos vemos con preocupación. Asimismo, hay muchos conductores profesionales de carga que trabajan horas excesivas por el sistema de pago que tienen y también porque faltan personas que realicen dicha labor.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Y espero que perfeccionemos el proyecto y que además de los cursos se establezcan períodos de práctica para los conductores, antes de que salgan a manejar solos por las carreteras. En el transporte interprovincial de pasajeros ocurre un hecho interesante: los estafetas muchas veces se transforman en choferes profesionales. Ahí se produce un proceso de aprendizaje muy importante. Para ser profesional del volante no solo hay que realizar cursos. Es necesario hacer algo más.
Señor Presidente, pido que durante la discusión con el Ministerio busquemos fórmulas para generar mecanismos a fin de que los interesados puedan financiar la carrera que les permita desarrollar la profesión en comento.
No solo se trata de que la licencia sea profesional: también el conductor debe ser reconocido como profesional. Probablemente precisaremos crear un instrumento de transición a los efectos de que muchos conductores de hecho existentes en nuestro país en razón de que su licencia profesional perdió vigencia cuenten con un procedimiento facilitador para la revalidación.
El Estado podría otorgarles créditos para que tomaran los cursos correspondientes, sobre la base de pagarlos después mediante un descuento en el sueldo.
Esa sería una manera de posibilitar en nuestro país la formación de choferes profesionales, que es el anhelo de muchos.
Conozco a varios jóvenes responsables que manejan vehículos menores y quieren ser conductores profesionales; pero carecen de recursos y no están dispuestos a incurrir en irregularidades para acceder a los cursos pertinentes.
Por eso, considero mejor generar mecanismos que permitan financiar la contratación de choferes profesionales que cumplan los nuevos requisitos, pero a partir de un sistema muy transparente y que no haga caer a la gente en situaciones indeseadas por todos.
Voy a votar a favor, señor Presidente. Y espero que en el Senado encontremos con el Ejecutivo fórmulas de financiamiento que les posibilite a los interesados acceder a los cursos respectivos, sobre la base de que posteriormente le reintegren al Estado el importe de su costo mediante imputaciones tributarias o descuentos en las remuneraciones.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Debemos fijar plazo para presentar indicaciones, pero, lamentablemente, en este momento no existe el quórum requerido para adoptar una decisión al respecto.
Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones está abocada al proyecto sobre televisión digital terrestre, cuyo análisis ocupará un tiempo prolongado.
Por tanto, propongo no fijar plazo para formular indicaciones mientras no sepamos cuándo se despachará dicha iniciativa. Ello, para realizar la discusión responsablemente.
Mi sugerencia, entonces, es dejar pendiente la decisión hasta la sesión próxima.
Estamos obligados a ello, señor Senador, porque no hay quórum para adoptar acuerdos.
Si no tenemos quórum, no quiero formular una propuesta. Pero la idea es fijar un plazo y después, de ser necesario, extenderlo. Eso, para cumplir el Reglamento.
Estimo que 15 días podrían ser un término adecuado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Mañana tomaremos la decisión, Su Señoría.
Por no haber quórum para adoptar acuerdos, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitándole estudio que permita ADQUISICIÓN DE LOTES PARA POSTULACIÓN DE COMITÉS DE PUERTO AYSÉN A SUBSIDIOS DE VIVIENDA, y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole INSCRIPCIÓN PROVISORIA DE TAXIS HASTA DICTACIÓN DE REGLAMENTO (reiteración de oficio).
De los señores KUSCHEL y PROKURICA:
Al señor Ministro de Hacienda, planteándole CREACIÓN DE FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE EXPROPIACIONES O AFECTACIONES POR INSTRUMENTOS QUE MENOSCABEN VALOR DE PROPIEDADES, y al señor Ministro de Educación, proponiéndole ATENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL Y/O DIFERENCIAL HASTA 21 AÑOS.
Al señor Ministro de Educación, requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE BECA MAGALLANES; al de Obras Públicas, a fin de que informe sobre REPARACIÓN DE PUENTES EN COMUNA DE ÑIQUÉN (OCTAVA REGIÓN), y al de Transportes y Telecomunicaciones, para que remita antecedentes y estadísticas sobre RECURSOS FISCALES INVERTIDOS EN SUBSIDIOS AÉREOS DE TRANSPORTE PARA ZONAS AISLADAS.
A los señores Ministros de Hacienda y de Justicia, requiriéndoles CREACIÓN DE NOTARÍAS EN COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE.