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Timestamp: 2020-05-30 14:39:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 24']

PERSEO 27 | Perseo – PUDH UNAM
Un individuo entra armado a la cabina de control del avión y amenaza a los pilotos:
—¡Vamos a Los Ángeles o los mato!
—Pero, señor, este vuelo va precisamente a Los Ángeles.
—Puro cuento —replica el sujeto— ya van tres veces que lo tomo y siempre acabo en La Habana.
—Dime, Roberto…
—Ingeniero, señor.
—¿Y tú, Carlos?
—Plomero.
—Clara, ¿y tú?…
—Yo quiero ser mamá.
— Muy bien, Clara.
—¿Y tú, Pepito?
— Yo… yo quiero ayudar a Clara a que sea mamá.
Senado avala ratificación del Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima de acceso al empleo
Comunicado No. 479
Martes, 07 de Abril de 2015 15:57
México avanza en la erradicación de la explotación infantil, coinciden legisladores de diversos partidos.
Necesario establecer bases para garantizar acceso a la educación y salud, reconocen.
El Senado de la República avaló la ratificación de parte del Ejecutivo del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, con el objetivo de establecer una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil.
Con tal objetivo, establece que se eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo, hasta llegar a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.
En el dictamen aprobado por el Pleno, se establece que el Convenio 138 fue adoptado el 26 de junio de 1973 por la 58ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo y exige a los Estados participantes que proporcionen los medios necesarios para liberar a niños, niñas y adolescentes de las peores formas del trabajo infantil, aseguren su rehabilitación e inserción social.
Establece también que los Estados deben asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita e incluso a la formación profesional, por lo que senadores de diversos grupos parlamentarios se pronunciaron por establecer bases mínimas de combate a la pobreza, que también permitan ofrecer a la población infantil y adolescente acceso a la salud y bienestar.
La senadora Gabriela Cuevas Barron, del PAN, reconoció que no es una tarea fácil, pues en México suman dos millones de infantes que trabajan y enfrentan abuso de sus derechos en materia educativa, de salud y de desarrollo social, pero que al adherirse al Convenio de la OIT, el país avanza en el camino correcto para superar este flagelo.
Alejandra Barrales Magdaleno, legisladora por el PRD, subrayó que México ocupa la posición 57 de 96 países referentes en trabajo infantil, en la mayoría de los casos en condiciones sumamente lamentables, ante lo cual dicho tratado internacional permitirá impulsar programas para afianzar la protección de los derechos de la niñez.
La senadora por el PRI, Mayela Quiroga Tamez, destacó que el Convenio de la OIT va en concordancia con el marco jurídico que se ha impulsado en México a favor de la niñez, a través de diversas reformas constitucionales en materia de educación y respeto a sus derechos humanos, lo que a su vez abre la oportunidad de que al llegar a etapa adulta tengan acceso a una mejor vida laboral.
La legisladora Angélica de la Peña, del PRD, reconoció la postura del Ejecutivo para ratificar el Convenio 138; sin embargo estableció que es necesario reforzar las acciones en defensa de la protección infancia a mexicana para evitar que se “dé la vuelta” a las leyes, e incluso se persiga judicialmente a quienes incurran en la explotación laboral infantil, o los responsables de que no tengan acceso a la educación y salud.
En ello coincidió el también legislador perredista Fidel Demédicis Hidalgo, quien destacó que son más de 10 millones de menores los que viven en condiciones infames en México, obligados a trabajar en tareas del campo incluso desde los tres años en tareas del campo, a causa de la pobreza. “Ante esta situación lo menos que puede hacer el Senado es pedir perdón a los niños, niñas y adolescentes por permitir que sus derechos fundamentales sean violados de manera reiterada”.
La senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros estableció que la pobreza y la obligación impuesta a menores, de realizar labores para acceder a recursos, impactan negativamente en el acceso a la educación, por lo que aun cuando existe mucho por hacer para lograr la erradicación del trabajo infantil, la ratificación del instrumento internacional en mención es un importante avance.
Fernando Enrique Mayans Canabal, del PRD, estableció que para evitar caer en la demagogia, es indispensable que el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a hacer valer las leyes nacionales y tratados internacionales para la protección de los derechos fundamentales de la población infantil en materia de educación, alimentación, atención sanitaria, disfrute de su desarrollo y oportunidades de crecimiento socio-económico. Sobre todo, acotó, “se debe erradicar la violencia contra los niños en México desde una transformación radical en beneficio de la sociedad”.
La senadora Hilda Flores Escalera, del PRI, refrendó que los acuerdos y convenios suscritos por México con organizaciones internacionales son concordantes con las acciones implementadas para eliminar la explotación infantil, al recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 contiene acciones para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia.
Martha Elena García Gómez, senadora del PAN, se sumó al respaldo a la firma del Convenio 138 de la OIT; sin embargo, aclaró que es necesario continuar con acciones para erradicar el trabajo infantil para lo que es preciso destinar mayores recursos a las acciones que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular en materia de acceso a la educación y salud.
Para leer el texto completo del Convenio 138 de la OIT:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138
Organismos de la sociedad civil exigen al estado mexicano que frene la violencia feminicida
Ante los alarmantes niveles de violencia y el ambiente de inseguridad que vive México, los derechos de las mujeres se ven afectados gravemente debido a la falta de una política integral con perspectiva de género y derechos humanos, además de la exclusión y la discriminación que se agudizan por factores como la impunidad, la violencia institucional y la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades.
Existe además un patrón de impunidad generalizada hacia las mujeres que intentan acceder al sistema de justicia, proceso en el cual sufren discriminación y malos tratos.
El país carece de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. Una gran mayoría de los casos que involucran violencia contra las mujeres continúan sin ser debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia, tanto a nivel Federal como local. Las leyes promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante.
Nueva York) – México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Human Rights Watch identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos.
Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó Human Rights Watch. La organización se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU. La regla es que estos abusos queden impunes.
“El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”.
AI exige a las autoridades cesar la criminalización contra migrantes en Ixtepec, Oaxaca
En conferencia de prensa Amnistía Internacional expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores debido al dispositivo de seguridad del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la policía federal que bloquea las actividades de la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”.
AI considera que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el Instituto Nacional de Migración tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes además de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se encuentren personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a las y los migrantes. En este sentido, el Albergue ofrece asistencia humanitaria integral a las personas migrantes desde 2007, siendo reconocido el Padre Alejandro Solalinde como un gran defensor de los derechos humanos de las personas migrantes.
México, caso histórico: tres agentes de policía consignados por tortura, una oportunidad para la justicia
Tres agentes de policía fueron acusados de tortura en el estado de Baja California tras el incansable trabajo de campaña de un sobreviviente de tortura, su familia y su abogado, con el apoyo de Amnistía Internacional. Esta es la primera consignación por tortura en un estado donde las denuncias de tortura son cuantiosas. A nivel federal, sólo existen siete condenas de tortura desde 1991, cuando la tortura se tipificó como delito en México.
Adrián Vázquez Lagunes fue detenido, amenazado, golpeado y semiasfixiado durante 12 horas bajo custodia de la policía estatal en 2012. La Procuraduría General de la República lo acusó de portación ilegal de armas de fuego y de ser uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa haciendo caso omiso de sus denuncias de detención de arbitraria, tortura y fabricación de pruebas. Actualmente permanece en prisión, mientras que su juicio está en curso a pesar de que la única prueba relevante en su contra le fue plantada durante la tortura que sufrió.
La Oficina de Asilo y Refugio había denegado su petición, pero CEAR interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional para que revise la decisión y, mientras lo hace, autorice su permanencia en España a través de una medida cautelar. ¿El motivo? “Los numerosos indicios que evidenciaban un riesgo real para su vida e integridad física en caso de su devolución a Camerún”.
La Audiencia Nacional, sin embargo, rechazó dicha autorización y, frente a la inminente expulsión de la mujer, el pasado viernes CEAR pidió al Tribunal Europeo que aplicara la regla 39 para evitar su salida de España. “Básicamente, lo que ha ordenado el tribunal es que se paralice la expulsión mientras se agota la vía judicial interna, es decir, mientras la Audiencia Nacional responde el recurso contencioso administrativo que hemos presentado. Es más, si la Audiencia Nacional ratifica la decisión de la Oficina de Asilo, aún podemos recurrir ante el Tribunal Supremo”, explica Paloma Favieres, responsable del Área Jurídica de CEAR.
La mujer, que no llega a los 30 años de edad, ya ha abandonado el aeropuerto. En principio, añade CEAR, tiene una autorización de “permanencia” en España que no le permite trabajar y, por tanto, mantenerse por sus propios medios. El alto tribunal ha indicado que, en cumplimiento de la regla 39, la mujer “no debe ser expulsada en espera de la resolución de los tribunales españoles”. El Estado español “debe mantener informado” al Tribunal de Estrasburgo de las “decisiones adoptadas en los procedimientos internos”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/30/actualidad/1427725171_905056.html
Con el fallo de hace año y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echaba abajo el principio pro homine o pro persona introducido por la reforma constitucional de 2011, de acuerdo con la cual los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional cuando sus normas son más benéficas para la persona, pero la Constitución tiene una jerarquía superior a la de los tratados cuando la disposición constitucional otorga mayor protección al individuo.
De los argumentos expuestos para defender el arraigo, dos me llaman, particularmente, la atención. Uno de ellos es curioso. La Corte —dijeron reiteradamente varios ministros en la sesión— tenía que “darle una deferencia al poder constituyente de manera indefectible”.
Deferencia significa —dice el Diccionario de la Real Academia Española— adhesión al dictamen o proceder ajeno, por respeto o por excesiva moderación; muestra de respeto o de cortesía, o conducta condescendiente. Es decir, por cortesía, condescendencia y excesiva moderación, la Corte (los seis ministros que suscribieron el fallo mayoritario) admite que una figura indefendible prevalezca sobre los derechos humanos.
Con la misma deferencia por el constituyente permanente, nuestro máximo tribunal pudo optar por aplicar en ambas resoluciones, la del 3 de septiembre de 2013 y la del 14 de abril de este año, el segundo párrafo del artículo 1º reformado de la Constitución, que consagra el principio pro homine o pro persona, y que también es de la autoría de ese poder.
De esa manera, además de la deferencia por el constituyente permanente, el alto tribunal también la hubiera tenido con la supremacía jerárquica de los derechos humanos y con todas las víctimas —pasadas, presentes y futuras— de la aplicación del arraigo.
El otro argumento fue que el arraigo tiene entre sus finalidades la de hacer efectivos los derechos de las víctimas. Con esa lógica, cualquier abuso contra un indiciado —la detención indebida, la cancelación del derecho a la defensa, la tortura— estaría justificado: todos esos atropellos favorecerían un fallo condenatorio. Volveríamos a la Inquisición.
Pero, ¿eso hace efectivos los derechos de las víctimas? Por supuesto que no. Lo que las víctimas quieren, además de que se les brinde una atención profesional y se les repare el daño, es que los culpables de los delitos sean castigados, y eso no se logra restringiendo o suprimiendo derechos a éstos, sino con una investigación escrupulosa y eficaz por parte del Ministerio Público.
Por lo demás, hay que decir que el arraigo no ha aumentado la eficacia de dicho órgano de la acusación. De los miles y miles de arraigos que se han aplicado, en 97 por ciento de los casos no se han obtenido pruebas para iniciar un proceso penal contra los indiciados.
El arraigo es una grave anomalía en nuestro sistema de justicia penal. En el Estado de derecho debe investigarse para detener, y no detener para investigar. No existe una figura similar en ningún otro país democrático. Esa medida cautelar permite que una persona pueda estar detenida sin pruebas hasta por 80 días sin ser puesta a disposición de un juez. Ese lapso prolongadísimo en un limbo kafkiano es apto para causar angustia extrema al arraigado y sus familiares. Además, muy probablemente, al arraigado, aunque al final sea puesto en libertad, la medida le hará perder amigos y empleo, le destruirá la reputación y le agriará el vino interior.
Aun cuando la redacción de la parte final es extraña, el texto no deja lugar a dudas: las normas deben ser interpretadas de la manera en que mejor protejan los derechos humanos.
El párrafo segundo del artículo 1º constitucional reformado no establece, en materia de derechos humanos, jerarquía apriorística alguna entre la Constitución y los tratados internacionales: es aplicable la norma que, independientemente de que forme parte de aquélla o de éstos, tutele más ampliamente tales derechos.
Lo que la disposición constitucional consagró es el principio que la doctrina denomina pro homine o pro persona, en virtud del cual queda superada la antigua polémica sobre jerarquía normativa: prevalece la norma que brinde mayor protección a los individuos.
Con base en dicho principio, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional cuando sus normas son más benéficas para la persona, pero la Constitución tiene una jerarquía superior a la de los tratados cuando la disposición constitucional otorga mayor protección al individuo.
En los círculos académicos, políticos y judiciales se echaron a vuelo las campanas. Estábamos ante una reforma histórica. No hace falta insistir en su relevancia: la defensa de los derechos humanos sería la estrella de Belén que habría de guiar la actuación de las autoridades por encima de cualquier otra consideración.
Julieta Morales y Luis González Placencia, entusiasmados, escribieron: “Como puede verse, los derechos humanos en México no son un tema de moda o un estandarte político; por el contrario, se erigen como mandato constitucional. Por lo anterior, su conocimiento, promoción, difusión y respeto no son potestativos para la autoridad. La ciudadanía y la población en general encuentran en el nuevo texto constitucional una herramienta poderosa para la defensa de sus derechos”.
Sin embargo, la resolución del 3 de septiembre de 2013 de la Suprema Corte supone la inaplicación del principio pro homine o pro persona siempre que un texto constitucional restrinja expresamente los derechos consagrados en los tratados internacionales. El gozo, al pozo. La histórica reforma, anulada. El fallo viola lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución y el mandato del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según el cual “los Estados partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Desde luego, los tratados expresan el estándar mínimo para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Las legislaciones internas pueden extender ese reconocimiento y ampliar esa protección, pero no restringirlos.
Al avalar posteriormente, en este mismo mes, la figura del arraigo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es congruente con su resolución del 3 de septiembre de 2013, la cual, como quedó apuntado, cancela el principio pro homine o pro persona y viola la Convención de Viena.
En la sesión en la que nuestro alto tribunal avaló la figura del arraigo se reconoció, a pesar del aval, que ésta es cuestionable. Tan cuestionable que no se le pudo defender con una sola razón jurídica. Los argumentos fueron, sin excepción, metajurídicos. Examinaré los más interesantes la próxima semana.
Puede impedirse legalmente que donen sangre los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, según la situación predominante en el Estado de que se trate
Comunicado 46/15
Luxemburgo, 29 de abril de 2015
Sentencia en el asunto C-528/13
Para ello es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH, y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores.
El 29 de abril de 2009, un médico del Établissement français du sang en Metz (Francia) rechazó la donación de sangre que quería hacer el Sr. Léger porque éste había tenido una relación sexual con otro hombre y el Derecho francés excluye permanentemente de la donación de sangre a los hombres que han tenido esas relaciones sexuales. El Sr. Léger recurrió contra dicha decisión y el tribunal administratif de Strasbourg (Francia) pregunta al Tribunal de Justicia si esa exclusión permanente es compatible con una Directiva de la Unión. Según dicha Directiva, las personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre quedan excluidas permanentemente de la donación de sangre.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara en primer lugar que el tribunal administratif de Strasbourg deberá determinar si en Francia un hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre está expuesto a un elevado riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre. Para llevar a cabo este análisis, el tribunal administratif de Strasbourg deberá tener en cuenta la situación epidemiológica en Francia, la cual, según el Gobierno francés y la Comisión, presenta un carácter específico. A este respecto, el Tribunal de Justicia pone de relieve que, según los datos facilitados, en el periodo comprendido entre 2003 y 2008 la práctica totalidad de las contaminaciones por el VIH se ha debido a una relación sexual, y la mitad de las nuevas contaminaciones afectan a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. En ese mismo periodo, estos últimos constituían la población más afectada por la contaminación por el VIH, en un porcentaje 200 veces superior al de la población heterosexual francesa. Por último, de entre todos los países de Europa y de Asia central, Francia es el que presenta una mayor prevalencia del VIH en el grupo de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Por lo tanto, el tribunal administratif de Strasbourg deberá comprobar si, a la vista de los conocimientos médicos, científicos y epidemiológicos actuales, esos datos son fiables y siguen siendo pertinentes.
Incluso en el supuesto de que el tribunal administratif de Strasbourg considerara que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres están expuestos, en Francia, a un elevado riesgo de contraer enfermedades como el VIH, se plantearía la cuestión de si esta contraindicación permanente para la donación de sangre respeta los derechos fundamentales de la Unión, y en particular el principio de no discriminación por razón de la orientación sexual. Como la normativa francesa puede entrañar una discriminación por razón de la orientación sexual en contra de las personas homosexuales de sexo masculino, el Tribunal de Justicia recuerda que sólo se pueden introducir limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE cuando éstas sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la UE o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que, aunque la exclusión establecida en la normativa francesa contribuye a que el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa a los receptores sea mínimo y, por tanto, responde al objetivo general de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, dicha exclusión podría no respetar el principio de proporcionalidad. En efecto, no cabe excluir la posibilidad de que el VIH pueda detectarse mediante técnicas eficaces que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores. El tribunal nacional deberá verificar si existen estas técnicas, teniendo en cuenta que las pruebas deben realizarse siguiendo los procedimientos científicos y técnicos más recientes.
De no existir tales técnicas, el tribunal administratif de Strasbourg deberá determinar si existen o no métodos que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores y sean menos coercitivos que la exclusión permanente de la donación de sangre y, en particular, si el cuestionario y la entrevista personal a cargo de un profesional sanitario pueden permitir identificar con más precisión las conductas sexuales de riesgo
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150046es.pdf
El subcomandante Marcos, cuando vino a la Ciudad de México en aquella curiosa gira auspiciada por el presidente Fox, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola, al exhibírsele una escena en la que un activista patea con gran fuerza los testículos de un uniformado que yace inmóvil en el suelo, que no condenaba el hecho, porque el activista no estaba pateando a la persona, sino a lo que ésta representaba. Ninguno de los muchos admiradores del enmascarado marcó su distancia de la atroz sentencia. El resto de la opinión pública tampoco se escandalizó ante semejante justificación. ¡Ah, es que el justificador es un guerrillero que lucha en nombre de los oprimidos; el agredido es, en cambio, un policía!
Tampoco parece importar a nadie que los policías, en su gran mayoría, tengan salarios y prestaciones laborales que no les permiten vivir a ellos y a sus familias decorosamente, ni que se les lance a su delicada labor sin la preparación necesaria, sin los vehículos, las armas y los artilugios tecnológicos que les permitirían enfrentar a la delincuencia ventajosamente. La muerte de policías en cumplimiento de su deber no amerita un minuto de silencio, ni una bandera a media asta ni la condena contra México por parte de organismos internacionales ni la exigencia de las comisiones de derechos humanos de que el crimen no quede impune.
El linchamiento de policías hace unos años en Tláhuac, los cuales fueron quemados vivos, transmitido por televisión en vivo y en directo y en cadena nacional, sin que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ni el jefe de la Policía, Marcelo Ebrard, dieran la orden de rescatarlos, no ocasionó la caída del gobierno ni un proceso penal contra esos funcionarios. El primero por poco gana después la Presidencia de la República; el segundo, lo sucedió en la jefatura de Gobierno.
No hay candidato a Presidente que no se refiera a la urgencia de revertir la inseguridad pública, pero ni los presidentes ni los gobernadores dan el primer paso indispensable para alcanzar tan anhelado objetivo: fraguar policías altamente profesionales, bien capacitados y bien pagados, capaces de conquistar el respeto de toda la sociedad.
En la misma entrevista, el relator reconoce que del sexenio del presidente Felipe Calderón al del presidente Enrique Peña Nieto, “según las fuentes que he consultado aparentemente hay un descenso de un 30% de los casos reportados. Puede deberse a que haya fuerzas más conscientes, o simplemente menos casos (sic). Es un paso adelante, pero no resuelve el problema. Un solo caso de tortura es demasiado”. Un solo caso de tortura, en efecto, es inaceptable, pero, sin duda, no es lo mismo que su práctica generalizada y, sin duda, es plausible que los casos estén descendiendo.
Lo que asombrosamente no hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores en su refutación fue citar las propias palabras del relator relativizando su afirmación rotunda y reconociendo una disminución en las quejas.
En carta enviada al representante mexicano ante la oficina de las Naciones Unidas, el relator asevera que el gobierno mexicano pretende elevar el estándar de evidencia de los casos de tortura a un nivel que es complejo alcanzar dada la amplitud de su mandato, la cantidad de países que debe visitar y los escasos recursos con que cuenta. Muy bien, a lo imposible nadie está obligado, pero el relator está reconociendo, implícitamente, que sería deseable elevar el rango probatorio en sus análisis.
En su informe, el relator contrasta el número de quejas por tortura ante las comisiones públicas de derechos humanos y la cantidad de recomendaciones al respecto. Es de advertirse que el ombudsman sólo debe emitir una recomendación cuando en el expediente existan pruebas suficientes de que el abuso denunciado efectivamente existió. Por eso es tan importante que la institución cumpla su tarea con absoluta autonomía, objetividad y profesionalismo. Me parece que la cifra real de torturas está mucho más cercana de las recomendaciones que de las quejas.
El informe, presentado el 9 de marzo de este año, se ocupa de hechos de los que conoció el relator en la visita que hizo a nuestro país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, es decir, diez meses antes, retraso que conlleva la posibilidad de que la realidad reportada haya cambiado.
Es de exigirse que los 33 gobiernos mexicanos —el federal y los de las entidades federativas— hagan el mayor esfuerzo en abatir la tortura previniéndola y castigándola. Es deseable que los informes del relator sobre la tortura presenten el mayor rigor, eleven su estándar probatorio —para lo cual es indispensable la asignación de recursos suficientes— y se presenten poco después de las investigaciones en que se sustentan.
No se trataba de un terrorista, de los que en su fanatismo estúpido creen que asesinando sirven a Dios.
¿Qué sentía, qué pensaba mientras descendía, a 700 kilómetros por hora, hacia el impacto que lo destruiría junto con otras 149 personas? ¿En algún momento pasó por su cabeza realizar alguna maniobra que pudiera desviar la ruta de la aeronave y evitar la colisión? ¿Pensó en su novia, en sus padres? ¿En los pasajeros de cuya seguridad era garante? ¿En las familias de esas 149 personas? ¿Qué pasó por su mente cuando el piloto, su compañero de vuelo, le exigía a gritos que abriera la maldita puerta que él había asegurado desde la cabina?
Mientras se acercaba al macizo montañoso, ¿no lo invadió el pánico? Cuando los pasajeros empezaron a gritar presas del horror y la desesperación, ¿no tuvo el impulso de dar marcha atrás en la ejecución de su designio? ¿Qué razonamiento, qué delirio, qué demoniaca voz interior lo llevó a tomar esa decisión inexplicable? ¿Fue premeditada tiempo atrás o la tomó en el instante mismo que el piloto salió de la cabina? ¿Eligió los Alpes por su imponente belleza, porque siempre se había sentido fascinado por su majestuosidad, o bien decidió hacerlo allí simplemente porque allí se le presentó, con la salida del piloto, la oportunidad?
El suicida resuelve dejar el mundo, escapar de la vida que ya no quiere para él. Es su vida, y por tanto su resolución es respetable. Dice Camus que el suicidio es la cuestión más seria de la filosofía. ¿Pero por qué arrastrar a la muerte a otras 149 personas que, a diferencia del que ya no desea seguir en la vida, quieren seguir viviendo?
No se trataba de un terrorista, de los que en su fanatismo estúpido creen que asesinando sirven a Dios o a la revolución o a la causa de los justos. Ahora sabemos que Lufthansa supo de un episodio de depresión en 2009, del que le informó el propio Andreas Lubitz, dato con base en el cual se sugiere la responsabilidad de la aerolínea. Pero Lufthansa recibió posteriormente el dictamen médico de que el problema estaba superado y por eso en 2013 contrató a Lubitz.
No soy sicólogo ni siquiatra, ocupaciones que siempre me han parecido de interés mayúsculo porque escudriñan en lo más profundo del alma humana, en sus laberintos más oscuros e incomprensibles, y tratan de entender y de descifrar los enigmas del alma; pero creo que hay conductas humanas cuyas motivaciones y cuya gestación quedan envueltas en sombras que los conocimientos científicos no alcanzan a disipar.
Un proceder como el de Lubitz no tiene precedente. El mundo está estupefacto. El ser humano, nuestra especie, no termina de sorprendernos ni en sus grandes hazañas ni en sus admirables heroísmos ni en sus deplorables miserias ni en esos insólitos episodios que nos dejan atónitos murmurando un angustioso ¿por qué?
El ciudadano tiene la ilusión de que elige y sólo se limita a escoger entre la reducida lista que los financieros han decretado apta para el consumo popular.
“Élite” es un galicismo que indica “lo mejor”, lo “más selecto”. Pero cuando uno conoce a las élites de un país, suele llegar a la conclusión de que se trata de un galicismo mal traducido.
Existen risas y aplausos que un artista que busque la calidad tiene que evitar decididamente..
Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos a quienes despreciamos, no creemos en la libertad de expresión.
En el sexo, el placer es momentáneo, la posición ridícula y las consecuencias siniestras.
Una de las frases que definen el humanitarismo, acuñada para salvamentos o en situaciones límite de socorro, es la que proclama: “¡Los niños y las mujeres primero!” Es también uno de los lemas más hipócritas de la historia de la humanidad. Las mujeres y los niños suelen ser los primeros, sí, pero en sufrir el abandono, la crueldad, los desmanes y la penuria, sobre todo cuando el cuadro de esa historia se empeña en cumplir la profecía del triunfo de la muerte.
Un Dios que se desinteresa del hambre, que permanece impasible ante el analfabetismo, la tortura, los genocidios, y que se preocupa por el contrario de la religiosidad, de la regularidad del culto y de la pureza legal es imposible que exista, es un ídolo, es un abominable fetiche. Sólo cabe desembarazarnos de él.
Curiosidades asociadas al número 271, 2
27 Longitud en kilómetros de la avenida Insurgentes de la ciudad de México, la más larga del país.
27 Años que en promedio viven los cisnes.
27 Letras del alfabeto español.
27 Longitud en kilómetros de los pasillos del Pentágono en Estados Unidos.
27 Edad a la comenzó su mandato (1859) Miguel Miramón, el presidente más joven que ha tenido México.
27 Esposas que tuvo el líder mormón Brigham Young.
27 Lunas de Urano (en orden de proximidad al planeta: Cordelia, Ofelia, Bianca, Crésida, Desdémona, Julieta, Porcia, Rosalinda, Cupido, Belinda, Perdita, Puck, Mab, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón, Francisco, Calibán, Stefano, Trínculo, Sicorax, Margarita, Próspero, Setebos y Ferdinando.)
27 Conciertos para piano y orquesta de Mozart.
27 Número atómico del cobalto (Co).
27 Años que pasó Nelson Mandela en la cárcel.
27 Libros en el Nuevo Testamento (1. Evangelio de Mateo, 2. Evangelio de Marcos, 3. Evangelio de Lucas, 4. Evangelio de Juan, 5. Hechos de los Apóstoles, 6. Epístola a los romanos, 7. Primera epístola a los corintios, 8. Segunda epístola a los corintios, 9. Epístola a los gálatas, 10. Epístola a los efesios, 11. Epístola a los filipenses, 12. Epístola a los colosenses, 13. Primera epístola a los tesalonicenses, 14. Segunda epístola a los tesalonicenses, 15. Primera epístola a Timoteo, 16. Segunda epístola a Timoteo, 17. Epístola a Tito, 18. Epístola a Filemón, 19. Epístola a los hebreos, 20. Epístola de Santiago, 21. Primera epístola de San Pedro, 22. Segunda epístola de San Pedro, 23. Primera epístola de San Juan, 24. Segunda epístola de San Juan, 25. Tercera epístola de San Juan, 26. Epístola de San Judas y 27. Apocalipsis de San Juan.)
[1] A esta edición de la revista le corresponde el número 27.
[2] Tomadas de El libro de los números. GÓMEZ Gallegos, Ignacio y TROYSE Miramontes, Benjamín. Otras Inquisiciones. México. 2010, p. 90 y 91.
Ombudsman nacional: el arraigo es una práctica contraria a los derechos humanos
Comunicado CGCP/086/15
México, D. F., a 15 de abril de 2015
Luis Raúl González Pérez participó en el Coloquio “Organismos Autónomos de Protección a Derechos Humanos”, organizado por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México.
A pregunta expresa de un académico asistente al Coloquio, señaló que el arraigo es una práctica que pone en riesgo las garantías de libertad personal
Afirmó que es necesario generar en México un nuevo paradigma de actuación, tanto para autoridades como para la sociedad, que se sustente en una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
La CDHDF lamenta decisión de la SCJN respecto de la constitucionalidad del arraigo
Boletín 080/2015
[1] Traducción de Miguel Sáenz:
http://www.letrasperdidas.galeon.com/consagrados/c_grass01.htm
La cultura del terror 1
Un día llegó la abuela, a visitarla. Ramona no la conocía, o no la recordaba. La abuela llegó desde el campo, muy apurada porque tenía que volverse en seguida al pueblo. Entró, pegó tremenda paliza a su nieta y se fue.
—No te pego por lo que hiciste. Te pego por lo que vas a hacer.
Oliver Sacks1 se despide tras anunciar que padece un cáncer terminal
New York Times, feb. 24, 2015
Hace un mes, sentí que estaba en buen estado de salud, incluso que tenía una salud robusta. Con 81 años, todavía nado un kilómetro y medio al día. Pero mi suerte se ha agotado. Hace unas semanas me enteré de que tengo múltiples metástasis en el hígado. Hace nueve años me diagnosticaron un tumor poco frecuente en el ojo, un melanoma ocular. Aunque la radiación y el láser para extirparlo finalmente me dejaron ciego de ese ojo, sólo en casos muy raros tales tumores hacen metástasis. Yo estoy entre el 2% de desafortunados.
Me siento agradecido de que se me hayan concedido nueve años de buena salud y productividad desde el diagnóstico original, pero ahora me enfrento con la muerte. El cáncer ocupa la tercera parte de mi hígado y, aunque su avance puede ser más lento, este tipo particular de cáncer no se puede detener.
Depende de mí ahora elegir cómo vivir los meses que me quedan. Tengo que vivir de la manera más rica, más profunda, más productiva que pueda. En ello me siento alentado por las palabras de uno de mis filósofos favoritos, David Hume, quien, al enterarse de que estaba enfermo de muerte a los 65 años, escribió una autobiografía corta en un solo día en abril de 1776. Él la tituló My Own Life.
Ahora espero una disolución rápida. He sufrido muy poco dolor de mi desorden; y lo que es más extraño, a pesar de la gran decadencia de mi persona, nunca sufrí ni por un momento un abatimiento de mi espíritu. Poseo el mismo ardor que nunca en el estudio, y la misma alegría en compañía.
Hume continuó: “Yo soy … un hombre de disposiciones leves, de mando, de genio, de un humor abierto, social, y alegre, capaz de unirse, pero poco susceptible de enemistad y de gran moderación en todas mis pasiones”.
Y, sin embargo, una línea de ensayo de Hume me parece especialmente cierta: “Es difícil”, escribió, “estar más desconectado de la vida de lo que estoy en la actualidad”.
Por el contrario, me siento intensamente vivo y quiero y espero que en el tiempo que queda pueda profundizar mis amistades para decir adiós a los que amo, escribir más, viajar si tengo la fuerza, alcanzar nuevos niveles de comprensión y perspicacia.
No hay tiempo para nada inesencial. Debo concentrarme en mí, mi trabajo y mis amigos. Dejaré de mirar NewsHour todas las noches. Dejaré de prestar atención a la política o las discusiones sobre el calentamiento global.
No es indiferencia pero sí desprendimiento; todavía me preocupo profundamente por el Oriente Medio, sobre el calentamiento global, sobre el crecimiento de la desigualdad, pero esos ya no son mis asuntos; que pertenecen al futuro. Me alegro cuando me encuentro con jóvenes superdotados; incluso el que con una biopsia diagnosticó mis metástasis. Siento que el futuro está en buenas manos.
He sido cada vez más consciente, durante los últimos 10 años más o menos, de las muertes de mis contemporáneos. Mi generación se está marchando y en cada muerte me he sentido como un desprendimiento de placenta, un arrancamiento de una parte de mí mismo. No habrá nadie como nosotros cuando nos hayamos ido, pero tampoco no habrá nadie como cualquier otra persona, nunca. Cuando las personas mueren, no pueden ser reemplazadas. Dejan agujeros que no se pueden llenar, porque es el destino de todo ser humano el ser un individuo único, para encontrar su propio camino, vivir su propia vida y morir su propia muerte.
No puedo pretender que no tengo miedo. Pero mi sensación predominante es de gratitud. He amado y he sido amado; se me ha dado mucho y he dado algo a cambio; he leído y viajado y pensado y escrito. He tenido una relación sexual con el mundo, el coito especial de escritores y lectores.
Por encima de todo, he sido un ser sensible, un animal de pensar, en este hermoso planeta, y que en sí ha sido un enorme privilegio y aventura. Ω
[1] Famoso psiquiatra, profesor (Nueva York, Columbia, Warwick) y escritor británico-estadounidense, autor de varios libros y numerosos artículos sobre su experiencia personal y profesional con con sus pacientes neurológicos. Ha recibido premios y doctorados honoris causa de varias universidades famosas.
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86309
Los maestros son un componente fundamental del Sistema Educativo Nacional (SEN) y, sin duda, constituyen el factor más importante cuando lo que se persigue es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Elevar la calidad de la educación pasa necesariamente por conocer mejor al magisterio nacional, las condiciones de su formación y las realidades que circundan su desempeño, a fin de poder mejorar sus resultados.
A pesar de ello, la información sobre los docentes en México es escasa, se encuentra dispersa y no está sistematizada. Este informe da cuenta del estado que guarda la docencia en México y se basa en las estadísticas continuas de la SEP (formato 911), en los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), recogido por el INEGI en 2013, y en datos proporcionados por la Dirección General de Educación Superior para la Formación de Profesionales de la Educación. También se utilizan algunos resultados del estudio Internacional TALIS 2013, en el que nuestro país participó.
En seguida se presentan las conclusiones de este Informe:
El Estado mexicano ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de ya casi un siglo por formar y contratar a los docentes necesarios para atender los servicios de educación obligatoria en toda la república —incluyendo las zonas más apartadas— en un contexto de crecimiento poblacional y progresión de la obligatoriedad de los niveles educativos. Al inicio del ciclo escolar 2013-2014 laboraban en las escuelas de educación básica y media superior, tanto en el sector público como en el privado, 1 475 456 docentes.
La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes en el servicio público educativo. En la actualidad, para ingresar a este servicio es necesario participar en un concurso de oposición en el cual pueden tomar parte tanto egresados de las normales como de otras instituciones de educación superior. Para aquellos docentes que ya están en funciones, próximamente será necesario presentar evaluaciones periódicas sobre su desempeño a fin de definir su permanencia frente a grupo. El SEN habrá de utilizar la información derivada de las evaluaciones mencionadas para darle contenido a sus acciones de acompañamiento y de apoyo a la docencia, de formación continua y de desarrollo profesional. La promoción horizontal de los docentes, por su parte, habrá de modificarse a partir de la revisión del Programa Nacional de Carrera Magisterial y deberá definirse un nuevo esquema a partir de mayo de 2015. Para hacer frente a estos importantes cambios, conviene profundizar en el conocimiento de las características de quienes ingresan a la docencia; en cómo es su formación en las instituciones que los preparan, en las condiciones de su desempeño profesional, en las oportunidades de formación continua, y en el comportamiento estructural general de los docentes en el país.
La formación para la docencia está perdiendo atractivo, como ocurrió en los años ochenta del siglo pasado cuando la educación normal fue elevada a nivel terciario. Existen indicios de que en los últimos dos ciclos, muy probablemente como consecuencia de la nueva legislación en materia docente, hay menos demanda por educación normal y se ha reducido su matrícula, ocupándose solamente 72.6% de los lugares disponibles. Esta situación se vuelve especialmente grave frente a las previsiones de la insuficiencia del egreso de las normales para cubrir las vacantes por jubilación.
Sobre los estudiantes de las normales
Los estudiantes de las escuelas normales son en su mayoría mujeres, y un porcentaje importante (59%) procede de familias cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo definida por el CONEVAL. Esto último es especialmente palpable entre los jóvenes que ingresan a la licenciatura en educación intercultural bilingüe, quienes en su gran mayoría son indígenas. La pobreza de los hogares de los estudiantes es probablemente un factor que explica el bajo rendimiento en las escuelas normales; ello demandaría la existencia de programas propedéuticos y mayores apoyos económicos, hasta ahora insuficientes.
Las escuelas normales y su eficacia
De las 484 normales que existen en el país, 210 son privadas. En todas ellas estudian 132,205 alumnos. Se trata de instituciones en general pequeñas (63% de las públicas y 91% de las privadas tienen 350 alumnos o menos). El personal de tiempo completo es poco (36% en las públicas y apenas 12% en las privadas), lo que implica que los maestros no pueden dedicarse a actividades académicas diferentes a la docencia. Dos de cada cinco docentes cuentan con maestría y sólo 4.4% con doctorado. Todo esto sitúa a las escuelas normales, y en particular a las de sostenimiento privado, lejos de lo que se espera de una Institución de Educación Superior de calidad.
Quizá debido a las condiciones en que trabajan las escuelas normales, y a juzgar por los bajos resultados de los exámenes que hasta hace poco se aplicaban a mitad y término de la carrera, la formación que ofrecen deja mucho que desear. Porcentajes muy cercanos o superiores a la mitad de los alumnos obtienen resultados insuficientes en estos exámenes, lo que indica que no están siendo adecuadamente preparados para ejercer la docencia.
Otras instituciones formadoras de docentes
Por su parte, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que tiene 76 unidades y 208 subsedes académicas en el país, 60% de los docentes cuenta con posgrado. También en este caso, 45% de la planta de profesores está contratada por horas. En la UPN estudian 27 770 alumnos, de los cuales más de la tercera parte (10 300) cursa la licenciatura en educación preescolar y primaria en el medio indígena.
Otras instituciones de educación superior también forman para la docencia y en sus licenciaturas tienen inscritos a 20 180 jóvenes. Además, en carreras afines como Ciencias de la Educación o Pedagogía, están inscritos 82 633 estudiantes. Una buena parte de ellos seguramente participará en los próximos concursos para el ingreso al servicio profesional docente.
La matrícula de las carreras que preparan para la docencia en educación media superior es de apenas 3 340 alumnos. La escasa oferta formativa en IES implica que la mayor parte de los docentes de bachillerato se forme en carreras diversas que carecen de contenidos pedagógicos, lo que conlleva a que esta preparación deba proporcionarse mediante esquemas de inducción y de formación continua por parte de los subsistemas de este nivel educativo.
Las condiciones de ingreso a la docencia
Ya con la Reforma Educativa vigente se llevó a cabo el primer concurso de ingreso al servicio profesional docente en julio de 2014. Para educación básica presentaron exámenes 130 512 sustentantes. A nivel nacional, sólo 40.4% obtuvo resultados idóneos para la docencia, porcentaje muy inferior al esperado, siendo que provienen de instituciones que certifican la formación para su ejercicio profesional. Después de haber revisado los resultados de aprovechamiento obtenidos por los alumnos normalistas a la mitad y término de su carrera, no es de extrañar que un alto porcentaje de ellos (64.6%), obtuviera resultados no idóneos para ejercer la docencia. Los que participaron en la convocatoria pública abierta, que procedían de otras IES, tuvieron resultados ligeramente inferiores: 66.2% se ubica como no idóneo para la docencia. En educación media superior presentaron exámenes de ingreso 34 415 aspirantes; el porcentaje con resultados de idoneidad fue incluso menor al de educación básica: 32.8%.
Sorprendentemente quienes obtienen los puntajes más bajos en esta evaluación son los egresados de la UPN, ya que 73.1% obtuvo resultados de no idoneidad. Esta universidad debería estar proporcionando los conocimientos generales, pero también los pedagógicos y didácticos necesarios para poder ejercer la docencia; sin embargo lo está logrando con sólo 1 de cada 4 de sus egresados.
En la evaluación de ingreso a la docencia existen fuertes diferencias entre las entidades federativas respecto de los resultados obtenidos por los egresados de normales y universidades. Ello revela una enorme desigualdad en la calidad de las instituciones formadoras de maestros a nivel superior, incluyendo las normales.
En la educación obligatoria del país no puede hablarse de la profesión docente como una categoría unívoca, pues existe una gran diversidad de tipos de maestros, sea por el tipo de enseñanza que imparten (generalistas o de asignatura), por el número de grupos que atienden de manera simultánea, por la posibilidad o no de contar con apoyo por parte de colegas para la formación física y artística de sus alumnos, así como por las características de la zona en la que trabajan. Esto representa un enorme desafío tanto para el servicio profesional docente como para las tareas de profesionalización de la enseñanza, sean éstas de formación inicial o continua.
La mayor parte de los docentes trabaja en escuelas públicas y en zonas urbanas. Los maestros indígenas, los de cursos comunitarios del CONAFE y los de telesecundaria, en su mayoría lo hacen en localidades con altos niveles de marginación. Son también las escuelas ubicadas en estas localidades las que tienen las mayores carencias de infraestructura y apoyo pedagógico.
En el ejercicio de la docencia predominan las mujeres, sobre todo en los primeros niveles del sistema educativo: en preescolar, 93% de los maestros son mujeres; en primaria, 67%; y en secundaria, 53%. En cambio, en las primarias indígenas y en media superior trabajan más hombres que mujeres (58 y 53%, respectivamente).
La distribución por edades en educación básica es bimodal, situación que se explica en parte por el hecho de que en 1984 la educación normal fue elevada a nivel terciario, lo que a su vez provocó una disminución en la matrícula durante más de una década. Los docentes de preescolar son más jóvenes que los de primaria y secundaria. Por su parte, la expansión de la educación media superior a partir de su obligatoriedad, ha favorecido el ingreso de adultos jóvenes a la docencia. Este es un rasgo a considerar en el diseño de los programas de profesionalización, por ejemplo, en lo relativo al uso de tecnologías de la información para el aprendizaje, que resulta más sencillo para los jóvenes.
La proporción de maestros de origen normalista ha disminuido; es posible suponer que esta tendencia continuará ya que, de acuerdo con la LGSPD, a partir de 2016, los egresados de las escuelas normales no tendrán prioridad para ingresar al servicio profesional docente, es decir, estarán en igualdad de condiciones que los aspirantes de otras instituciones de educación superior.
La formación continua de docentes de educación básica se ha impartido primordialmente mediante cursos, en su mayoría ofrecidos por los 534 Centros de Maestros y sus 40 extensiones. Si bien está formación alcanza a una proporción alta de los profesores, el recurso destinado a esta actividad —$363.91 anuales por docente— es mucho menor al que se considera necesario. Además, se proporciona en condiciones inadecuadas, pues sólo poco más de la mitad de los Centros de Maestros tiene aulas de medios, bibliotecas y salones; estos Centros atienden en promedio a 267 escuelas y cuentan con equipos de no más de 10 personas. En el caso de la educación media superior, la formación continua ha operado de manera dispersa, pues cada subsistema define sus propios programas. Sin embargo, PROFORDEMS y CERTIDEMS comienzan a perfilar ya una oferta nacional que cubre a 56.2% del total de docentes de instituciones públicas. Los recursos destinados a cada profesor en este nivel educativo para actividades de formación continua son mucho más cuantiosos que en el caso de la educación básica, pues equivalen a 10 mil pesos.
En la educación básica, sólo en una de cada cuatro escuelas operan procesos de inducción y de acompañamiento para los nuevos docentes, lo que significa que tales estrategias formativas están lejos de haberse generalizado. En educación media superior, en cambio, los docentes sí reportan tener una alta participación en programas de inducción tanto formales como informales y de ser acompañados a través de tutorías.
Los docentes de preescolar y de primaria son contratados por tiempo completo; en telesecundarias la mayoría tiene contratos para cubrir toda la jornada laboral semanal. Sin embargo, en las secundarias generales y técnicas se observa una tendencia preocupante hacia la pulverización del tiempo en horas, situación que la LGSPD aspira a evitar. Las nuevas escuelas contratan a su personal con una mayor proporción de plazas por horas.
En educación media superior la estructura también está compuesta mayoritariamente por plazas por horas: 66% de los profesores que laboran en bachilleratos generales y 76% de los del profesional técnico cuentan con este tipo de contratación. Los docentes de tiempo completo representan apenas 13% en ambas modalidades. Los bachilleratos tecnológicos se encuentran en mejor condición, pero incluso en su caso sólo 24% de las plazas son de tiempo completo. Preocupa que los docentes de estas escuelas, así como los de las secundarias generales y técnicas, no puedan destinar tiempo al trabajo colegiado ni a otras actividades fuera del aula en sus instituciones.
En educación básica opera desde 1993 el Programa de Carrera Magisterial que ha venido funcionando para la promoción horizontal de los docentes. Para 2012, se beneficiaban de este programa 454 930 personas. Quien ingresaba se mantenía en él de manera permanente. Carrera Magisterial permitió resarcir el poder adquisitivo de estos profesores, después de que se experimentó una pérdida significativa de los salarios reales en la década de los años ochenta del siglo pasado. Aunque la mayoría de los beneficiarios se ubica en el nivel inicial del programa, éste ha logrado una importante diferenciación salarial al interior de la carrera docente. Sin embargo, no parece haber tenido impacto en el logro educativo de los alumnos, cuando sería deseable que un esquema de promoción horizontal lograra ambos propósitos.
La profesión magisterial constituye un componente significativo de la fuerza laboral mexicana. Los trabajadores de la educación representan una cuarta parte de los profesionistas y técnicos calificados del país.
Dos de las razones por las que la profesión docente ha sido atractiva en el pasado son: 1) La protección del salario. Cuando los salarios han crecido, los de los docentes lo han hecho más que los de otras profesiones; cuando los salarios han decrecido, los de los profesores han sufrido menor disminución; y 2) la seguridad laboral de la docencia frente a mercados cambiantes. Las prestaciones asociadas al salario (como el aguinaldo y los 10 días económicos), lo mismo que la seguridad social y el acceso a servicios de salud, representan una ventaja frente a otras profesiones. Por otra parte, las personas que recién ingresan a la docencia se encuentran en mejores condiciones que otros profesionales en la misma situación.
A pesar de lo anterior, los profesores con plazas de medio tiempo o tiempo completo ganan, en su mayoría, menos que otros profesionales y técnicos calificados con contratos de trabajo similares. En el caso de las mujeres, el salario de la mitad de las educadoras es 50% inferior al de otras profesionistas; para las maestras de primaria la diferencia es de 20% menos. Entre los docentes hombres, en ambos niveles educativos, la distancia con el salario de otros profesionales es más reducido. Si bien en 2012 los salarios de los maestros y las maestras de educación secundaria fueron más cercanos a los del resto de los profesionistas e incluso superiores a los de quienes se dedican a las ciencias sociales o exactas, la fragmentación de horas en este nivel educativo, a la que ya se ha hecho referencia, no ha permitido asegurar hasta ahora la obtención de un puesto de jornada completa para una buena parte de los docentes.
Es desigual la distribución de los salarios docentes, lo que afecta de manera visible a los maestros indígenas, quienes no sólo perciben menores ingresos sino que, además, enfrentan mayores dificultades en su ejercicio profesional debido a las desfavorables condiciones de las escuelas en las que prestan sus servicios.
El retiro del servicio
En el caso de preescolar, cuya expansión a partir de 2002 supuso la contratación de nuevos docentes, apenas 4.2% de estos maestros en escuelas públicas se encuentra en edad para el retiro, mientras que en educación primaria el porcentaje es de 10.5%, y en secundaria de 8.3%. Al 31 de diciembre de 2013, 84 768 docentes de escuelas públicas y 3 371 de privadas cumplían con los requisitos para jubilarse, lo que representaba 8.5% de los docentes de educación básica, a quienes sería necesario remplazar. Las cifras potenciales de pensionados a 5 y 10 años son relativamente grandes: 61 376 docentes se estarán pensionando en 2018, y para 2023, la cifra ascenderá a 160 166.
En el corto plazo, el número de potenciales pensionados en educación preescolar (6 321) será cercano al de egresados de las normales. Sin embargo, las vacantes en primaria (48 212) y en secundaria (33 606) pronto superarán con mucho a los egresados normalistas (9 mil y 8 mil en números redondos, respectivamente); además, a juzgar por la información acerca de la reciente pérdida de atractivo de la carrera docente, estos últimos irán descendiendo en el futuro próximo. Las cifras estimadas deberán reducirse aún más, pues no todos los egresados de normales obtendrán resultados idóneos en los concursos de ingreso al servicio. Lo anterior supone que: se evite descansar sólo en los egresados de las normales para cubrir las vacantes, se incremente la cantidad y calidad de opciones formativas en las IES, a la vez que se aumenta la capacidad de la profesión para atraer a una matrícula considerablemente mayor y mejor calificada a las escuelas normales.
En el caso de la educación media superior, aunado a la suplencia de las vacantes por retiro, está el crecimiento acelerado implicado por la obligatoriedad del nivel. También en este caso no sólo habrá que hacer atractiva la profesión para un número creciente de egresados de educación superior sino buscar que un mayor número de buenos bachilleres se formen profesionalmente para ejercer la docencia.
En síntesis, la profesión docente en México tiene problemas que habrán de atenderse en el corto plazo si se desea contar con un número suficiente de maestros con una formación profesional de alta calidad que respondan a las necesidades del servicio educativo. En el siguiente apartado se formulan algunas recomendaciones acerca de lo que, desde la política educativa, debe emprenderse a fin de atender los problemas de la deficiente formación inicial y continua de los docentes, así como de la necesidad de diseñar una carrera profesional satisfactoria y digna, capaz de atraer a los mejores candidatos.
Como se ha señalado a lo largo de este informe, la función docente es crucial para el desarrollo de un sistema educativo de calidad; éste, a su vez, debe dotar a los maestros de recursos materiales, infraestructura y apoyos técnico-pedagógicos y de supervisión, que les permitan concentrarse en sus tareas de enseñanza. Se parte de la convicción de que son los docentes quienes más cerca están del proceso de aprendizaje de los alumnos, cuyos resultados la sociedad exige mejorar.
Son los docentes quienes orientan dicho aprendizaje para que cumpla con lo estipulado en los propósitos curriculares. Quienes pueden atender de manera diferenciada a los alumnos para procurar la inclusión y la equidad al interior del aula. Son ellos los que tienen en sus manos la posibilidad de crear un clima de trabajo adecuado para el logro educativo. Son quienes, con los directores escolares al frente, constituyen los equipos responsables de fomentar la formación integral de los estudiantes y el vínculo con sus comunidades.
No obstante, no hay relación entre la importancia que guardan los docentes en el logro de los propósitos del SEN, y lo que se conoce acerca de su perfil, sus condiciones de trabajo y sus necesidades profesionales pues, como se ha dicho, pese al papel fundamental que juegan, existe poca información acerca de ellos. Para la elaboración de este informe, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha hecho un esfuerzo importante por reunir los datos disponibles acerca de las características personales de los docentes, sus condiciones laborales, su formación inicial y continua, y sus conocimientos y habilidades. De lo anterior se desprende una primera recomendación en el sentido de generar información más precisa y completa sobre los docentes en México, sobre las instituciones que los preparan para ejercer su función, y sobre la calidad de la formación que reciben. Respecto de esta recomendación, el INEE tiene también un rol que cumplir, y tendrá el cuidado de promover la realización de estudios y de sistematizar la información que tanto éstos como las evaluaciones de docentes generen para que sea posible conocerlos más y atenderlos mejor.
La centralidad del papel del docente en el logro de aprendizajes de sus alumnos pone de manifiesto la enorme importancia que tiene para ellos una formación inicial de calidad. A juzgar por los datos referidos a las instituciones formadoras de docentes y por los resultados del concurso de ingreso al servicio llevado a cabo en julio de 2014, dichas instituciones requieren ser transformadas para que logren mejorar de manera muy importante la calidad de la formación que imparten. Si bien está en desarrollo un nuevo modelo educativo para las escuelas normales, derivado en buena medida de los foros de consulta realizados durante ese mismo año, será indispensable que dicho modelo visualice un esquema ordenado para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los formadores de docentes, a fin de asegurar su idoneidad para los importantes procesos de formación inicial que desarrollan. De la misma manera, habría que asegurar que la enseñanza que ocurra en las normales se encuentre alineada a los perfiles, parámetros e indicadores de ingreso y de desempeño en la profesión docente. Es urgente fortalecer la gestión organizacional y elevar el nivel de formación proporcionado por las escuelas normales y por las instituciones de educación superior, en particular por el Sistema UPN, mediante una revisión a fondo de los currículos; es necesario asimismo contar con formadores de docentes cuyos perfiles correspondan adecuadamente a las materias que imparten.
Conviene establecer una mayor articulación entre la educación normal y las instituciones de educación superior, de manera que las materias disciplinarias estén en manos de las instituciones universitarias o sean impartidas por universitarios, y las materias pedagógicas y didácticas, por profesionales de la educación. Para enfrentar el gran reto que significa la formación inicial de docentes de educación media superior, podría establecerse un trayecto formativo pedagógico, de al menos un año, en las carreras con salida a la docencia, que sea obligatorio para aquellos que pretendan ejercer esta profesión.
Urge atender la desigualdad en la calidad de la formación inicial de los maestros; existen enormes diferencias entre entidades e instituciones formadoras de docentes en los resultados alcanzados por sus egresados. Es necesario contar con esquemas más claros de evaluación y con procedimientos estrictos para el mejoramiento institucional, particularmente en aquellos establecimientos tanto públicos como privados que, a juzgar por los resultados de sus estudiantes, enfrentan mayores dificultades. Especial tratamiento amerita la UPN, que debe revisar a fondo sus procesos formativos, pues la importancia de sus egresados en funciones docentes irá creciendo con el tiempo.
Convendría establecer un esquema de transformación de las escuelas normales a mediano plazo de manera que algunas de ellas se vayan convirtiendo en verdaderas instituciones de educación superior de mayor tamaño, con altas proporciones de profesores doctorados o al menos con estudios de posgrado, con una mayor proporción de docentes contratados de medio tiempo o, de preferencia, de tiempo completo, y con profesores egresados de diversas disciplinas y de carreras afines a la docencia; instituciones que incluyan entre sus actividades sustantivas la investigación y desarrollo de intervenciones educativas, sobre todo para la enseñanza y el aprendizaje en la educación básica, y que guarden una estrecha relación de formación y de investigación con las escuelas en las que sus alumnos ejercen sus prácticas —recuperando lo mejor de la tradición normalista mexicana—, de manera que éstas puedan convertirse en verdaderos laboratorios de enseñanza.
Las escuelas normales, sobre todo algunas ubicadas en zonas marginales y más cercanas a regiones campesinas y agrícolas, siguen atrayendo a egresados de bachillerato de los estratos más desfavorecidos. La información disponible acerca de las características socioeconómicas de pobreza de más de la mitad de los estudiantes normalistas conduce a recomendar que éstos sean identificados y apoyados mediante becas económicas que permitan compensar estas desventajas y asegurar que puedan dedicarle todo el tiempo a sus estudios, así como facilitar su permanencia en los procesos de formación. Es de suponer que estos alumnos han tenido trayectorias escolares más deficientes y que por lo mismo, enfrentan mayores dificultades para el aprendizaje en las instituciones de educación superior a las que acceden. Parece necesario entonces, desarrollar para ellos actividades de naturaleza tanto propedéutica como de refuerzo de la enseñanza, lo cual implica, entre otras cuestiones, fortalecer a las escuelas normales con personal docente adicional, a la vez que aprovechar mejor la planta académica de la que ya disponen.
Por su parte, la formación continua de docentes debe beneficiarse en el diseño de sus programas y estrategias de la información proporcionada por las evaluaciones de ingreso al servicio y de desempeño docente. Los resultados que arrojan décadas de experiencia en formación continua de docentes en el país, indican que ésta debe descansar mucho menos en cursos y talleres masivos y centrarse más en la escuela y en los problemas reales que los maestros enfrentan para que sus alumnos aprendan. Es previsible que ello ocurra al poner en marcha el Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela, previsto en la LGSPD, el cual deberá impulsar procesos de tutoría, modelaje, coaching, creación de comunidades de aprendizaje en las escuelas o en grupos de escuelas aledañas. Resulta indispensable el papel que la nueva figura de Asesor Técnico Pedagógico habrá de cumplir en la implementación de estas estrategias formativas, por lo cual deberá cuidarse de manera especial tanto su selección como su preparación profesional.
De acuerdo con la LGSPD, en mayo de 2015 tendrá que definirse un esquema de promoción horizontal de docentes que sustituya a Carrera Magisterial. Al respecto, se recomienda que sean tomados en cuenta, para diseñar un esquema viable y sostenible, los datos proporcionados en este informe, entre otros, los referidos a la reducida variabilidad de la estructura actual de los salarios de los docentes y su comparación con los de otras profesiones. Se hace necesario transitar de una estructura salarial relativamente igualitaria y con escaso crecimiento a lo largo de la vida activa, a una que compense el mérito, pues la primera carece de potencial para motivar el mejoramiento constante de los docentes. Es importante diseñar una senda de profesionalización que premie el esfuerzo por superarse continuamente en una práctica docente eficaz. La carrera docente debe convertirse en una profesión que ofrezca una vida laboral satisfactoria y atraiga a los mejores candidatos, al mantener desde un inicio ventajas salariales competitivas con las de otras profesiones desde su inicio.
Sin embargo, para impactar positivamente la calidad de la educación, las medidas de mejoramiento de la carrera docente no pueden limitarse al incremento de sueldos y prestaciones. Las mejoras salariales deben integrarse en un sistema amplio de incentivos que reconozca el buen desempeño y premie el esfuerzo individual y colectivo, a la vez que brinde apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades profesionales. Dicho sistema ha de proporcionar, asimismo mecanismos transparentes y oportunos de retroalimentación.
Por otro lado, un aspecto básico por superar son las desigualdades en la estructura salarial actual, en el caso de los docentes indígenas, quienes, además de enfrentar las desfavorables condiciones de sus plazas de destino (infraestructura deficiente de las escuelas, falta de directores de oficio y predominancia de grupos multigrado, entre otras), ganan significativamente menos que sus contrapartes en escuelas preescolares y primarias generales. Estas diferencias son injustas e incompatibles con el principio de equidad y con la aspiración de mejorar la calidad de la educación que se ofrece a los alumnos con mayores desventajas. Podría incluso pensarse en un esquema inverso, en el que hubiera mayores incentivos para trabajar en las escuelas y las regiones con mayor pobreza, asegurando no sólo mayores salarios, sino también estructuras permanentes de apoyo y de acompañamiento pedagógico.
Este informe descubre una preocupante fragmentación de plazas en los niveles de educación secundaria y media superior. Habría que evitar los nombramientos por hora y, tal como plantea la LGSPD, compactar en el mismo centro escolar las horas otorgadas, de manera que los docentes puedan trabajar colegiadamente, atender a sus alumnos fuera de los horarios de clase, planificar su enseñanza y dedicar tiempo a su desarrollo profesional. Las entidades federativas podrían comenzar por realizar diagnósticos confiables para sustentar distintos escenarios de compactación.
Especialmente crítica resulta la necesidad de diseñar la planeación cuidadosa de una oferta de maestros suficiente para atender los requerimientos del servicio educativo, al menos durante los próximos 15 años. El informe revela ya un déficit considerable de egresados de las normales para cubrir, en el corto plazo, las vacantes de educación básica. Por ello será necesario ampliar la formación de futuros docentes tanto en las normales como en otras instituciones de educación superior, asegurando que dicha formación tenga la calidad a la que ya se ha aludido. En el caso de la educación media superior, cuya universalización deberá completarse en el 2021, también se requerirá prever una formación pertinente al ejercicio de la docencia al interior de las universidades. Se insiste en que en ambos casos habrá que tomar las medidas necesarias para hacer más atractiva la profesión.
Si los maestros son, como aquí se afirma, un componente clave del sistema educativo y quienes juegan un papel central en el cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad con equidad, merecen tener acceso a procesos de formación inicial y continua de una altísima calidad, así como formar parte de una profesión que no sólo les permita una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino que reconozca adecuadamente su esfuerzo y desempeño. El país requiere de políticas públicas que aseguren la formación de maestros profesionales, comprometidos, satisfechos y reconocidos por su desempeño. La profesionalización docente es la mejor inversión que puede hacerse en el sistema educativo.
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_Mexico._Informe_2015_1.pdf​
Paula X. Méndez Azuela
Ismael Alejandro Cruz Maciel es un chavo que como muchos otros está peleando por ganarse uno de los competidos lugares para entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM. Hijo de dos padres ciegos, él es un joven con debilidad visual, lo que le impide hacer uso completo de su visión, aun con lentes. Toda su vida él y sus padres se han enfrentado a barreras impuestas por la sociedad, barreras que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias con los demás. De manera especial, Ismael enfrentó numerosos obstáculos para poder ejercer su derecho a la educación, pues los apoyos que necesitó a lo largo de su vida escolar se le negaban o las autoridades educativas imponían cargas y obstáculos adicionales para proporcionárselos.
A pesar de estas dificultades que ha tenido que superar por un medio ambiente educativo que no es accesible para personas con discapacidad y con mucho esfuerzo de su parte y de sus padres, se graduó del bachillerato con el sueño de continuar sus estudios para convertirse en abogado en la mejor universidad pública de nuestro país.
Con este propósito Ismael presentó el examen de admisión para ingresar a la UNAM en dos ocasiones. En ambas ocasiones al ingresar sus datos para inscribirse al examen y declararse como una persona con discapacidad, el formato de inscripción le daba una serie de opciones de apoyos disponibles para las personas con discapacidad, dentro de los cuales él podía elegir aquellos que considerara necesarios. Las opciones mostradas le parecieron inadecuadas para sus necesidades, pero pensando que no tenía alternativa, eligió aquellas que consideró que podían ser las más adecuadas. Así, en estas dos ocasiones en que llevó a cabo el examen, lo hizo con el apoyo de un lector, es decir, una persona que leía el examen en su lugar. Como era de esperarse, dicho apoyo no resultó ni adecuado ni suficiente para él. La dinámica con el lector le resultó altamente ineficiente e incómoda, pues está acostumbrado a leer por si mismo. El llenado de la hoja de respuestas resultó extremadamente complejo puesto que los renglones son muy pequeños, con poco espacio entre ellos, lo cual hace imposible que alguien con su condición pueda rellenar el espacio de la respuesta que considera correcta sin errores. Finalmente, en ninguno de los dos exámenes logró terminar, dado que su discapacidad le impide leer a la misma velocidad que los demás aspirantes.
Así, para el tercer intento de presentar su examen Ismael decidió seguir un camino distinto y, respaldado por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solicitó a la Administración Escolar de la UNAM que le proporcionara ajustes razonables para que pudiera desempeñar su examen en igualdad de circunstancias y sin discriminación. Según la Convención los ajustes razonables son “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Además, la propia Convención al definir “discriminación por motivos de discapacidad” establece que “incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
Lo que Ismael solicitó en esta ocasión fueron apoyos muy sencillos: a) tiempo extendido, cien por ciento adicional de tiempo para realizar el examen; b) hoja de respuestas en formato alternativo, impresión en fuente de letra grande de la hoja de respuestas e interlineado de mínimo 10 puntos entre respuestas; c) examen en formato alternativo, impresión en fuente de letra grande de la hoja de preguntas e interlineado mínimo de 10 puntos entre preguntas; d) lugar con buena luz, un lugar en el que no se refleje la luz en el escritorio ni en el examen, y e) permitir que me familiarice con el lugar del examen, acudir al salón y escritorio donde practicaría el examen, para tener un reconocimiento del lugar, previo a la fecha del examen.
La UNAM negó la simple petición de Ismael de la siguiente manera: “…con respecto a los requerimientos que señala para la presentación de su examen de selección, deseo comentarle que esta Dirección General está en posibilidad de brindarle, como lo ha venido haciendo de manera equitativa y regular para los aspirantes con una discapacidad como la que usted refiere, e incluso para aquellos con otro tipo de discapacidad, los apoyos siguientes: Ingreso a la sede del examen de forma directa, Salón iluminado y fácil acceso, Acompañamiento por personal UNAM de la puerta de entrada a su salón y viceversa, Aplicador UNAM que le lea el examen y rellene los alveolos y/o autorización de ingreso de su propio lector para que resuelva su examen en un tiempo razonable.”
¿Por qué es problemática la respuesta de la UNAM?
En el amparo que presentó CEIS-Centro Estratégico de Impacto Social, A.C. en representación de Ismael se alegó que la respuesta de la UNAM viola los derechos a la igualdad y no discriminación, el derecho a la accesibilidad y el derecho a la educación en prejuicio de Ismael. Algunos de los argumentos más importantes que se adujeron en dicho juicio constitucional son los siguientes:
La respuesta de la UNAM es discriminatoria por que niega los ajustes razonables solicitados por Ismael, sin ninguna justificación válida de por medio.
Por supuesto que las instituciones no están obligadas a facilitar cualquier medida que sea solicitada como ajuste razonable por una persona con discapacidad. Como cualquier derecho, éste tiene una limitante y según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el caso de los ajustes razonables la limitante es que los mismos impongan una carga desproporcionada e indebida.
¿Cómo determinamos que una medida impone una carga desproporcionada e indebida? La jurisprudencia más desarrollada en este sentido es la de Estados Unidos, y la misma indica que se considera una carga desproporcional e indebida si a) representa una amenaza directa a la salud o seguridad de los demás, b) implica cambiar sustancialmente un elemento esencial del curriculum escolar o hacer una alteración sustancial en la manera en la que se provee un servicio, y c) si representa un carga financiera o administrativa excesiva.
Como puede constatarse, la solicitud de Ismael no puede ser considerada una carga desproporcionada e indebida. No puede argumentarse que amenaza a los demás, o que alteraría los servicios que se prestan. El proceso de selección no tiene que verse alterado, y no se esta solicitando que se le de un pase libre a Ismael, únicamente que se nivelen sus posibilidades de ingreso con las de los demás estudiantes. Finalmente, sería ilógico argumentar que las medidas que se solicitaron imponen una carga administrativa o financiera excesiva puesto que son mucho más sencillas que las medidas que de hecho ya ofrece la UNAM.
Es importante señalar que los ajustes razonables por su naturaleza implican la necesidad de modificar y/o ajustar procedimientos, pero ello por si mismo no justifica su denegación.
Las medidas pre-establecidas que la UNAM ofrece a las personas con discapacidad, aunado a la negativa de conceder ajustes razonables, violan el derecho a la accesibilidad de Ismael.
El derecho a la accesibilidad consagrado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consiste en la eliminación de todas las barreras físicas y de otra índole que evitan a las personas con discapacidad el acceso a espacios físicos, transporte, información, servicios, entre otros. Acceder a un derecho, un servicio, etc. va más allá de poder ingresar a un espacio físico, como en este caso, ingresar al examen de admisión. Implica que el disfrute del servicio o derecho se podrá realizar en igualdad de circunstancias que los demás participantes. En el caso concreto implica la posibilidad de desempeñarse en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Para ello, las personas con discapacidad, dependiendo de la discapacidad que presentan, necesitan apoyos especiales que garanticen su acceso efectivo.
¿Cómo deben las instituciones como la UNAM garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad? Las instituciones deben establecer normas o medidas de accesibilidad, antes de cualquier petición individual, que contemplen la diversidad de discapacidades que un aspirante puede presentar. En este sentido, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano interprete de la Convención, estableció que “cuando definan las normas de accesibilidad, los Estados partes deben tener en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad y garantizar que se proporcione accesibilidad a las personas de ambos géneros, de todas las edades y con cualquier tipo de discapacidad”[1]. Cuando estas normas no hayan contemplado las medidas especiales que necesita cierto tipo de discapacidad o una persona en lo particular, entonces la institución debe garantizar ajustes razonables para permitir el acceso a dicha persona. El mismo Comité de Naciones Unidas expresó lo siguiente al respecto: “Los ajustes razonables pueden utilizarse como medio para garantizar la accesibilidad a una persona con una discapacidad en una situación particular. Con la introducción de ajustes razonables se pretende hacer justicia individual en el sentido de garantizar la no discriminación o la igualdad, teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las elecciones de la persona. Por lo tanto, una persona con una deficiencia rara puede solicitar ajustes que no estén comprendidos en el alcance de ninguna norma de accesibilidad”[2].
Dado que la UNAM no contempla en su catálogo de medidas de apoyo alguna que resulte adecuada para Ismael, la institución debió otorgar los ajustes razonables requeridos para permitir el acceso de Ismael al examen de admisión.
La UNAM viola el derecho a la educación de Ismael
Finalmente, si aún quedaran dudas sobre lo problemático de la respuesta de la UNAM basado en los argumentos anteriores, la Convención habla de manera específica de las obligaciones de las autoridades en el caso de la educación superior: “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”[3]
Es así que la UNAM no sólo discrimina a Ismael sino que le está negando su derecho a la educación al impedirle el acceso a la misma como a cualquier otro joven del país.
¿Qué ha pasado en el caso de Ismael?
Ismael estaba inscrito para el examen de admisión que se practicó el pasado 1 de marzo, sin embargo no lo presentó. Ello por que la Juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa, Alma Delia Aguilar Chávez Nava, concedió la suspensión que se solicitó en el amparo y ordenó que la UNAM fijara una nueva fecha para el examen de Ismael y que le concediera todos y cada uno de los apoyos que había solicitado.
Aunque aún no se ha resuelto el fondo del amparo, es un gran avance que se haya otorgado la suspensión y que Ismael estará en posibilidad de hacer su examen de manera equitativa. Deberá competir como cualquier alumno por uno de los cotizados lugares, pero lo hará con los mismos obstáculos que los demás, sin aquellos adicionales que la sociedad y la UNAM le imponen por tener una discapacidad.
Aún está pendiente que la UNAM establezca políticas que garanticen que el caso de Ismael será el último en el que se discriminará a las personas con discapacidad en el acceso a la UNAM. Políticas con las cuales cualquier aspirante con discapacidad tenga garantizado un acceso en igualdad de condiciones, ya sea mediante las medidas de apoyo establecidas por la UNAM o por medio de los ajustes razonables que considere necesarios para poder desempeñarse en igualdad de circunstancias con los demás aspirantes. Ω
[1] Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General No. 2 “Artículo 9: Accesibilidad”, CRPD/C/GC/2, 22 de mayo de 2014, parr. 29.
[2] Ibidem, parr. 26.
[3] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículo 24.5.
Índice Global de Impunidad (IGI) 2015
Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas, Puebla la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio. Para el Centro, la impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
La impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.
Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción.
La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.
Sí es necesario destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia. Sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.
Hoy en día, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habla de impunidad a partir de dos dimensiones: la de hecho y la de derecho. La impunidad de hecho alude a la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la justicia. En varios casos se ha traducido en la negativa de las fuerzas de seguridad de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación de registros públicos, o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, jueces, abogados y testigos. La impunidad de derecho se refiere a las leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden que ciertas personas que se han visto implicadas en las violaciones de los derechos humanos deban comparecer ante la justicia u otras instituciones que investigan los hechos. Así se dictan normas que disponen de antemano la inmunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, es decir que extienden “carta blanca” a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en el ejercicio de sus tareas violen los derechos humanos.
México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.
México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
Respecto de la primera, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial.
El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles.
IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice permitió evidenciar: su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el Índice retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra arriba del promedio de proporción de policías que es de 332 por cada 100 mil habitantes.
Las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33% en el peso de la calificación de México. Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas.
El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació en esta administración pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos.
Países con un alto nivel de impunidad
Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía figuran entre los países en que se identificaron mayores niveles de impunidad. Al analizar los datos encontramos que en estos países en la región de América Latina se detectan mayores problemas en términos de estructuras de seguridad y de impartición de justicia. En contraste, la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo territorio se extiende en dos continentes (Europa y Asia), se posiciona como el país con mayores niveles de impunidad en esa zona debido principalmente a los reportes relativos a violaciones a los derechos humanos.
El Índice Global de Impunidad permite identificar que México y Colombia tienen un comportamiento similar en cuanto a indicadores de mayor impunidad en relación a la estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de justicia. Esto puede vincularse con el hecho de que en ambos países coincide, desde la década de 1970, el incremento de la corporativización del crimen organizado, vinculado al fenómeno del narcotráfico. Lo anterior afecta la capacidad del Estado para procurar seguridad y justicia, además de la generación de un clima constante de corrupción de las autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los criminales.
Con respecto a la estructura del sistema de seguridad, México y Colombia ocupan una posición similar en relación al número de policías por cada 100 mil habitantes (355 y 347 respectivamente). En cuanto a sus sistemas penitenciarios, en ambos países tampoco se registraron diferencias significativas en términos del personal penitenciario por la capacidad penitenciaria, en personal penitenciario entre reclusos en las cárceles y en la variable que indica la relación entre reclusos en cárceles entre capacidad carcelaria. Todos estos indicadores se posicionan por debajo de la media, evidenciando deficiencias sustanciales en el funcionamiento del sistema de seguridad, desde que la persona es detenida hasta que es recluida en una prisión para aguardar un juicio. El hacinamiento en las cárceles, la tortura y la falta de conocimiento de los procesos judiciales por parte de los inculpados caracterizan el sistema penitenciario de ambos países.
México y Colombia también observaron un comportamiento parecido en el funcionamiento del sistema de justicia ya que reportan cifras similares en cuanto a las personas con contactos formales en los tribunales. De igual forma, se encontraron cifras similares al considerar la variable que mide la cantidad de personas encarceladas entre el número de personas condenadas por un delito grave, aun cuando en Colombia se registra un porcentaje significativamente mayor de jueces por cada 100 mil habitantes que en México (10 y 4 respectivamente). Las diferencias significativas entre México y Colombia se encuentran en cuanto al porcentaje de personas detenidas sin sentencia (47 y 33 respectivamente), mismo que en los dos países supera el porcentaje global (23). Esto se explica porque tanto en México como en Colombia predomina el modelo de prisión preventiva, es decir, el encarcelamiento de los inculpados durante el proceso. En el caso de México, desde 2008 se empezó a impulsar una reforma penal que busca limitar la dicha medida de aseguramiento para los delitos menores.
No es noticia nueva decir que México ocupa un lugar crítico con relación al fenómeno de la impunidad, los hechos ocurridos en la última década hablan por si mismos: la lucha contra el crimen organizado —que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones—, los niveles altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados, han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.
La última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven. Incluso los equipos de planeación de los últimos presidentes de México han desarrollado estrategias para el mejoramiento de la seguridad pública focalizando esfuerzos en dos acciones claras: la creación de más y mejores policías —la recién instaurada Gendarmería Nacional— y en la legislación de penas más severas para aquellos que cometan delitos de alto impacto, como el secuestro. A pesar de estos esfuerzos el fenómeno parece que siguiera arraigado en el sistema político dificultando así, la defensa de la justicia y por consiguiente de los derechos humanos; ante este punto es necesario cuestionarse: ¿qué situaciones ocurren al interior de la estructura judicial de México que fomentan el crecimiento de este fenómeno?
El fenómeno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. En el deber ser, los actores involucrados en el proceso de investigación y seguimiento a los delitos, así como su castigo (desde la investigación, detención, proceso, sentencia y reclusión) deberían garantizar que esto fuera así. Sin embargo, instrumentos como el presente Índice ponen en evidencia algunas de las fallas del sistema de seguridad y de justicia mexicano.
La calificación de México, a partir de las dimensiones que conforman el índice, muestra entre otros datos, fallas por una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación de la estructura judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada. Tanto la saturación como la relación pantanosa entre prisiones y juzgados tendrían su origen por un fenómeno ocurrido durante las primeras etapas del camino penal, observadas también por el índice en otras de sus dimensiones. El fenómeno es claro en México, la mayoría de los contactos formales no son presentados ante un juez. Esta situación refleja que en los primeros eslabones del proceso impere una lógica de trabajo por cumplimiento de metas, donde más personas detenidas y procesadas es igual a mejores resultados. Bajo esta premisa los cuerpos de seguridad estarían presentando un alto número de gente inocente, permitiendo además actos de corrupción que constituyen la salida cotidiana de aquellos verdaderamente responsables que sí fueron contactados por los cuerpos de seguridad y las primeras instancias judiciales.
Es de reconocerse que en la búsqueda de información para la construcción de este índice, México es uno de los países con la mayor cantidad de información documentada, escenario que favorece la medición del crecimiento del fenómeno de la impunidad; sin embargo, y pese a la preocupación mostrada por el gobierno mexicano sus acciones parecen estar mal encaminadas, prueba de ello son las declaraciones del Presidente al referirse a compromisos para impulsar “acciones y reformas para hacer efectivo el derecho humano a la justicia” para acotarlas casi de inmediato hacia la “justicia cotidiana” en un plano familiar, laboral, patrimonial o de consumo, dejando de lado la alarmante incapacidad del sistema en material penal.
Lectura de las dimensiones para México
A pesar de los esfuerzos gubernamentales frente a la reducción de la impunidad en México, el país ocupa uno de los lugares más preocupantes en el ranking del Índice Global de Impunidad. De acuerdo con los resultados, México presenta dos grandes problemáticas identificadas en: la funcionalidad de su sistema de seguridad y en la estructura de su sistema de justicia. De acuerdo con los resultados, el sistema de seguridad no lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o bajo arraigo. Esta situación es completamente diferente en los países menos impunes del ranking, los cuales sí llevan a cabo investigaciones de la mayor parte de las personas con algún tipo de contacto formal con los cuerpos de seguridad —a quienes se les imputa algún delito—.
La segunda gran problemática que genera casos de impunidad en México se sitúa en la deficiencia estructural del sistema de justicia. El índice estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México, con 4 jueces por cada 100 mil habitantes, se encuentra muy por debajo de esta cifra, lo cual es preocupante debido a que se evidencia que la labor de los jueces se ve rebasada por una excesiva carga de trabajo. En comparación con los países menos impunes, éstos cuentan con una proporción incluso por arriba del promedio —por ejemplo Croacia, que cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes— lo cual incrementa la capacidad y debida atención de éstos con respecto a los casos.
El índice ofrece más información sobre la impunidad emanada de los sistemas de seguridad y penitenciario mexicanos sobre la población encarcelada y por las omisiones de delitos. Al respecto de la funcionalidad del sistema de justicia, permite evidenciar su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; y que cuenta con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos. Esta situación, comparada con la de los países con menor impunidad se torna abismal; en éstos, la población detenida sin sentencia es menor —por ejemplo, Croacia reporta un 23%—; presentan una correspondencia de la población encarcelada por homicidios con los casos denunciados.
Respecto de la estructura de los sistemas de seguridad, retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México —355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegado al promedio de la proporción de policías, 332 por cada 100 mil habitantes, identificados en los países del ranking—. Sin embargo, también evidencia la existencia de una sobrepoblación penitenciaria, que deviene y se engarza con un déficit de personal penitenciario para cubrir los servicios mínimos que los reclusos necesitan.
Recomendaciones para México con base en el Índice Global de Impunidad
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad , México tiene dos dimensiones prioritarias a atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Respecto a la primera, el índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad, es decir, en México no se necesita invertir cada vez más en la cantidad de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. Es importante mencionar que la ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial. Respecto a la segunda dimensión, el índice permite hacer notoria la necesidad de tener más jueces dentro del sistema de justicia. Acción que sin lugar a duda impactaría inmediatamente en los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se reduciría el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también la sobrepoblación de las cárceles.
http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf
Perseo comienza esta vez con el tema del arraigo, la medida repudiada universalmente como violatoria de derechos humanos, que, sin embargo, ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia “cuando se valide ante la autoridad judicial que el arraigo es indispensable para el éxito de la investigación judicial y se trate de delitos graves del orden federal”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no han tardado en lamentar esa decisión mediante sendos comunicados públicos.
No es novedad que en México existe un alto índice de impunidad, pero sí que es el subcampeón —el campeón es Filipinas— de esa especialidad entre 59 países como se desprende del Índice Global de Impunidad elaborado por un equipo de especialistas patrocinados por la Universidad de las Américas-Puebla.
Una juez de distrito ha ordenado a la UNAM que conceda a un joven con debilidad visual una nueva oportunidad de presentar un examen de admisión bajo condiciones equitativas y adecuadas a su discapacidad.
Perseo acoge de nuevo un boletín de Elote Investigación y Divulgación Jurídica, A.C., que ahora alerta a los jóvenes detalladamente —con el lenguaje que ellos suelen emplear— sobre la flagrancia, situación en que cualquier persona puede, y los agentes policiales deben, detener a una persona que está cometiendo un delito o acaba de cometerlo.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) nos da pésimas noticias: se ha reducido la matrícula de las escuelas normales; es dudosa también la calidad de las escuelas normales privadas, que son casi la mitad del total; la formación que en general ofrecen las escuelas normales deja mucho que desear, y hay otros problemas administrativos y estructurales en el sistema nacional de preparación de maestros. De tal pavoroso informe se desprende que, si los problemas que apunta no se atienden debida y oportunamente, le espera un futuro más negro a la de por sí defectuosa educación en México.
Oliver Sacks, el famoso psiquiatra y escritor británico-estadounidense, se despide sabia, elocuente y conmovedoramente de la vida a los 81 años de edad, tras enterarse de que padece un cáncer terminal que acabará con él en unos meses.
Recién escapados —precisamente el mismo día— a la eternidad, Günter Grass y Eduardo Galeano nos saludan. El primero con un poema agridulce sobre el amor y la vejez, y el segundo con unos relatos-reflexiones lancinantes sobre la cultura del terror, que suele agobiar a las mujeres incluso en su propio hogar.
La propia OIT nos ofrece un resumen explicativo de su Convenio 189, que establece los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y que todavía no ha sido suscrito por México —fue aprobado el 5 de septiembre de 2013—.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aministía Internacional y Human Rights Watch nos informan de sus resoluciones y noticias más importantes. De esta última destaca la carta que envió a la nueva Procuradora General de la República de nuestro país, en la que le hace algunas recomendaciones plausibles en materia de derechos humanos.
El Senado de la República ha ratificado —con casi 40 años de retraso— el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a nuestro país a establecer una política pública de abolición del trabajo infantil.
Cosas veredes persiste en su afán de señalarnos las cumbres y los abismos del quehacer humano.
Perseo termina esta jornada con las ligerezas que acostumbra.