Source: https://alayso.es/ingreso-minimo-vital-imv-resumen-rd-ley-20-2020-boe-01-06-2020/
Timestamp: 2020-07-03 17:06:04
Document Index: 217780334

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 221', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 221', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 72', 'artículo 8', 'Artículo 34', 'artículo 35']

INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) Resumen RD-ley 20/2020 – BOE 01-06-2020 y SIMULADOR - Asesoría Alayso
Simulador del Ingreso Mnimo Vital
Resumen RD-ley 20/2020 – BOE 01-06-2020
Objeto: el Real decreto-ley 20/2020 tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
El ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Principales características del IMV:
El IMV garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto.
El IMV es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.
El IMV es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del TRLGSS (RD Leg 8/2015).
Podrán ser beneficiarias del IMV (art.4.1):
a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos en este RD-ley.
1.º No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos definidos en el TRLGSS, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigirá el cumplimiento de esta circunstancia.
2.º No formar parte de otra unidad de convivencia, de conformidad con lo previsto en el presente RD-ley.
Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación del art.7
Las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones para el mantenimiento del derecho del art.33.
No podrán ser beneficiarias de la prestación del IMV (Art.4.2):
Las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.
Titulares del IMV (Art.5)
2. Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, y deberán ser menores de 65 años.
Unidad de convivencia (Art.6)
1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos del artículo 221.2 del TRLGSS, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
3. Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España.
Requisitos de acceso al IMV (Art.7)
No se exigirá este requisito respecto de:
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. Acreditar con un informe emitido por los servicios públicos encargados, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente.
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. Acreditar por los medios de prueba del art.23 LO 1/2004
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
Situación de vulnerabilidad económica (Art.8)
1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros.
3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.
En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.
Determinación de la cuantía (art.10):
1. La cuantía mensual de la prestación de IMV que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 8 (situación de vulnerabilidad), 13 (modificación y actualización de la cuantía por cambio de las circunstancias) y 17 (reintegro prestaciones indebidamente percibidas), siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.
a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100 % del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de PGE, dividido por doce.
b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se incrementará en un 30 % por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 %
c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 % de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental.
A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto con uno o más hijos menores con los que conviva, o uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción a su cargo, cuando constituye el sustentador único de la unidad de convivencia.
3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 % de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.
5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros.
Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.
Derecho a la prestación y pago (art.11)
2. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación.
Duración (Art.12)
El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos.
Todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de 30 días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en este real decreto-ley.
El artículo 14 establece las causas que suspenderán el derecho al IMV. Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.
El artículo 15 establece las causas de extinción del derecho a la prestación del IMV.
Reglas para el cómputo de los ingresos y patrimonio(Art.18)
Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro.
Los procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.
b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del IRPF o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.
c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa del IRPF, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia.
Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.
3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 Ley 35/2006 IRPF.
3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006 del IRPF.
a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (RD leg 1/2004) y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.
Acreditación de los requisitos (Art.19)
1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el DNI en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.
2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la UE, EEE o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.
4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del TRLGSS, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.
No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los términos previstos en el art. 6.2 se acreditará con el certificado de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
5. Los requisitos de ingresos y patrimonio, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de IMV, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la AEAT y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
La DF cuarta del RD-ley 20/2020 modifica el TRLGSS (RD Leg 8/2015), al objeto de incluir la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes autonómicos. Modificación art.42.1 c), 71.1 a, e, f, g y h), 72.2, 109.3 b) TRLGSS
Competencia del INSS y colaboración interadministrativa (art.22)
La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.
Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el INSS, el oportuno convenio que les habilite para ello.
En el marco del correspondiente convenio suscrito con el INSS, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.
La DA cuarta establece que, sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 (Consejo consultivo del IMV), el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con CCAA que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.
La DA Quinta establece que, las CCAA de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al INSS en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del IMV en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020. Mientras, se acordará mediante convenio, una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra.
Iniciación del procedimiento. Solicitud (art.23 y 24)
El acceso a la prestación económica por IMV se realizará previa solicitud de la persona interesada
La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el INSS tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios previstos en el artículo 29 (mecanismos de colaboración con otras administraciones).
Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.
En todo caso en el año 2021 se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio 2020 dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el artículo 17 (reintegro prestaciones indebidas)
Plazo resolución y notificación (art.25.2)
Las prestaciones de IMV reconocidas quedarán incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas del artículo 72 del TRLGSS (DA Segunda RD-ley 20/2020)
Incompatibilidad del IMV con la asignación por hijo o menor a cargo (Art.16)
La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas.
A partir del 1 de junio de 2020 no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %% del sistema de la Seguridad Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del IMV podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.
A 01-06-2020, los beneficiarios de la asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 % continuaran percibiendo dicha prestación hasta que deje de concurrir los requisitos y proceda su extinción.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a 01-06-2020 se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación.
Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes, en las que la persona solicitante alegue imposibilidad para su presentación, derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, se considerarán presentadas en la fecha que indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.
Disposición transitoria primera. Prestación económica transitoria de IMV durante 2020.
1. El INSS reconocerá la prestación transitoria de IMV a los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a 01-06-2020, reúnan los requisitos que se exponen en el apartado siguiente, siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación económica que viniera percibiendo.
a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior 33 %
c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el art.8.
4. La prestación transitoria de IMV será incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, quedando esta suspendida durante la vigencia de aquella.
5. El INSS notificará a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos, la resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria del ingreso mínimo vital, y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
8. A partir del 1 de enero de 2021 se mantendrá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital reconocido, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2020 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el INSS.
9. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento de la prestación transitoria de IMV, y cumplieran los requisitos previstos en el apartado 2 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su reconocimiento ante el INNS. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente dentro de los tres meses siguientes. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
10. Asimismo, el INSS podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación, así como que han obtenido su conformidad para la remisión de sus datos al INSS a efectos del reconocimiento de la prestación. Para ello, las CCAA comunicarán al INSS, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, comunicarán al referido Instituto los datos necesarios para la identificación de las potenciales personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación.
Los expedientes resueltos por el INSS se comunicarán a las CCAA a través de los protocolos informáticos establecidos.
La DF cuarta del RD-ley 20/2020 modifica el TRLGSS (RD Leg 8/2015), para suprimir la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %, pues esta prestación se integrará en el ingreso mínimo vital. Modifica el art.351, 352 y 353.
Obligaciones de las personas beneficiarias (art.33)
1. Las personas titulares del IMV estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
g) En caso de compatibilizar la prestación del IMV con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
El Artículo 34 establece una relación de las infracciones consideradas leves, graves y muy graves.
Serán responsables de las infracciones tipificadas en este artículo los beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido.
El artículo 35 establece el régimen sancionador. Las sanciones se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Sello de Inclusión Social
La DA primera crea el Sello de Inclusión Social con el que se distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la sociedad.
En particular, los empleadores de beneficiarios del IMV serán reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La condición de figurar como beneficiario del IMV en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el art.147.2 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
BENEFICIARIOS PRESTACIÓN IMV
Exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios.
La DT Quinta del RD-ley 20/2020 establece que los beneficiarios de la prestación del IMV a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los términos de esta disposición.
Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.
Reglamentariamente se determinará la compensación a las universidades por la exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos.
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la...