Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00048-54590-de-abril-19-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_c6f7ebe526794310920943efe5ea744c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-04 22:23:19
Document Index: 135539688

Matched Legal Cases: ['artículo 164', 'artículo 152', 'artículo 1602', 'artículo 83', 'artículo 27', 'artículo 40', 'Artículo 180', 'Artículo 83', 'Artículo 1614', 'Artículo 188']

﻿ SENTENCIA 2013-00048/54590 DE ABRIL 19 DE 2018
SENTENCIA 2013-00048 DE 19 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:NO HAY DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CUANDO NO SE DEMUESTRAN OBRAS POSTERIORES A LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE FUE ADICIONAL. LOS HECHOS DE LA DEMANDA SE REFIEREN A LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE UN CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR UNA ENTIDAD PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE UNA CONSTRUCCIÓN, SOBRE LA QUE LA CONTRATISTA ALEGÓ EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN RAZÓN DE LAS OBRAS SUPUESTAMENTE EXIGIDAS POR LA ENTIDAD Y NO PAGADAS, PESE A QUE EN LA LIQUIDACIÓN EXISTIÓ UN VALOR DEJADO DE PAGAR. A TRAVÉS DE CONTRATO ADICIONAL SE MODIFICARON LAS CANTIDADES DE MÁS Y DE MENOS Y SE INCREMENTÓ EL VALOR INICIAL. ANTE LA FALTA DE ACUERDO SOBRE EL VALOR FINAL A PAGAR, LA ENTIDAD REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL. LA CONTRATISTA SOLICITÓ LA CONDENA POR CONCEPTO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA NULIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL. EN ESTE CONTEXTO, AL DETERMINAR SI HABIÉNDOSE SUSCRITO UN CONTRATO ADICIONAL, POSTERIORMENTE, EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ERA FÁCTICA Y JURÍDICAMENTE VIABLE QUE EL CONTRATISTA EXIGIERA EL RECONOCIMIENTO DE OBRAS EXTRA, POR CONCEPTO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, SE RESOLVIÓ QUE NO PODÍA LA DEMANDANTE PRETENDER EL RECONOCIMIENTO DE VALORES SUPERIORES A LOS QUE FUERON ACORDADOS PARA LAS MISMAS OBRAS CON SUS AJUSTES Y ADICIONES DE ACUERDO CON EL CONTENIDO EN EL CONTRATO ADICIONAL, ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL MISMO, SE HIZO CONSTAR QUE LA CONTRATISTA ACEPTÓ LAS NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y ESTUVO DE ACUERDO EN LAS CANTIDADES Y VALORES OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y EN EL MONTO TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO. DE ESTA MANERA, SE ENCUENTRA PROBADO QUE LOS CAMBIOS Y AJUSTES A LOS DISEÑOS FUERON OBJETO DE UN ACUERDO CONTRACTUAL Y SE ADVIERTE QUE EN ESE SUPUESTO RESULTA SUPERADA LA CONDICIÓN DE UN EVENTUAL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONTRATO ADICIONAL
Sentencia 2013-00048/54590 de abril 19 de 2018
Rad.: 13001-23-33-000-2013-00048-01 (54590)
Actor: CLAM Ingenieros Limitada
Referencia: Apelación sentencia - Medio de control de controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 - CPACA).
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado; 2) oportunidad en las reclamaciones por desequilibrio económico; 3) análisis de las pruebas aportadas al proceso; 4) el caso concreto; 5) conclusiones sobre los problemas jurídicos planteados; 6) improcedencia de la pretensión contractual basada en el supuesto enriquecimiento sin causa y 7) costas.
Igualmente, consta en el plenario que el 10 de septiembre de 2012 —faltando dos días para el vencimiento del plazo de dos años referido en el artículo 164 del CPACA(20)—, se suspendió el término de la caducidad, de conformidad con los dispuesto en los artículos 21 de la Ley 640 de 2001 y 3º del Decreto 1716 de 2009, dado que la contratista presentó solicitud de conciliación extrajudicial y que las diligencias se adelantaron ante la procuraduría 22 judicial II para asuntos administrativos, dentro de los tres meses siguientes, mediante la audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2012, de la cual se expidió el acta correspondiente el 23 de noviembre de 2012.
Teniendo en cuenta que mediante la reforma a la demanda, presentada el 19 de julio de 2013, se adicionó la pretensión de nulidad de la Resolución 566 de 16 de julio de 2010, contentiva de la liquidación unilateral del contrato, resulta pertinente una consideración sobre la caducidad o no de la misma. Aunque se trató de una acción distinta y en vigencia del C.C.A., se pueden estudiar los parámetros de la providencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera(21), que en su parte resolutiva dispuso la necesidad de verificar el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones.
No deja la Sala de advertir que aunque la caducidad es una institución de orden público, la facultad oficiosa del juez para declararla se encuentra presente en aquellos casos en los que el cómputo del término es palmario. Sin embargo, en casos como este, la Sala debe preferir la interpretación que otorgue el acceso material a la administración de justicia frente a aquella otra postura que llevaría a declarar oficiosamente la caducidad en la etapa de fallo de segunda instancia con fundamento en una interpretación contraria a la que adoptó el tribunal a quo, en la etapa inicial, en los términos del CPACA.
i) se sigue la regla del auto de unificación de mayo 25 de 2006, en tanto allí se admitieron las pretensiones a la indemnización de los detrimentos referidos en la demanda; ii) el asunto de la caducidad de las pretensiones objeto de la reforma a la demanda se decidió dentro de la audiencia inicial y no constituyó materia de la apelación; iii) la naturaleza de pretensión nueva y adicional era discutible en el escenario de la conexidad con los hechos y el concepto de las pretensiones expuestas en la causa petendi referida en la demanda inicial; iv) se respeta la decisión del tribunal a quo, en la que se ocupó de la caducidad y denegó las excepciones previas. No sobra advertir que la decisión del tribunal a quo es anterior a la providencia de unificación, época para la cual una de las posturas vigentes sostenía que la caducidad se enervaba (“interrumpía”) con la presentación de la demanda, cobijando las pretensiones introducidas en la reforma a la misma, siempre que esta última fuera realizada en los términos y condiciones de conexidad y oportunidad fijados en la ley procesal, además de que este proceso se tramitó bajo las reglas del CPACA.
En conocimiento del recurso de apelación, el asunto de la competencia por razón de la cuantía se define con fundamento en el numeral 5 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), teniendo en cuenta que el valor de la pretensión mayor, estimado en la demanda en la suma de $ 440.944.337(26), resulta superior al monto equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes(27), por lo cual se reafirma que el proceso tiene vocación de doble instancia(28).
Esa consideración se funda en que el contrato es ley para las partes en los términos del artículo 1602 del Código Civil y que, en virtud del principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la C.P.(30), las partes no pueden sustraerse a la fuerza vinculante de las modificaciones contractuales, ni desconocer el efecto jurídico de sus propios acuerdos sobre el precio pactado.
“E]l legislador protege ese equilibrio prestacional, que se debe mantener a lo largo de la ejecución contractual, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 (…) esa ecuación económica inicial, se puede ver afectada por situaciones imprevistas e imprevisibles, sucedidas con posterioridad a la celebración del contrato y ajenas a la parte afectada, lo que le dará derecho a reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato (…) ya que el fabricante dejó de producir el tipo de vehículo 711 D, que se pretendía adquirir por parte del Ministerio de Defensa y fue reemplazado por el vehículo del tipo 814 D, cambio que la entidad aceptó, por cuanto ofrecía mejores condiciones de operación y además se adecuaba a lo pactado en el contrato (…) no se entiende cómo el contratista, aquí demandante, en plena ejecución del contrato estatal celebrado con el Ministerio de Defensa Nacional, procedió a manifestar, primero unilateralmente y luego al suscribir un acta con representantes de la contratante, su clara intención de efectuar los arreglos y cambios sin contraprestación adicional alguna, y ahora viene a reclamar judicialmente el pago de dichos trabajos, desconociendo su previo pronunciamiento, vertido en un acta en la que claramente se estableció que, con su suscripción, quedaba terminada la controversia que la motivó (…) En consecuencia, la palabra dada en ese momento, lo obliga y hace imposible reconocimiento alguno por ese concepto”(31).
Los anteriores lineamientos de la jurisprudencia se tendrán en cuenta para resolver el caso sub judice.
3.1. Obran en el proceso los documentos contentivos del contrato de obra 493-2008, el pliego de condiciones y los relacionados con la licitación pública que lo precedió, el contrato adicional Nº 1 de 24 de septiembre de 2009(37), así como la Resolución 566 de 2010, expedida por la directora general (E) del Fondo Rotatorio de la Policía(38), mediante la cual se realizó la liquidación unilateral del referido contrato.
Igualmente se encuentra probado que el contrato 493 se adicionó en la suma de $ 1.397.852.000, de conformidad con el adicional Nº 01 suscrito el 24 de septiembre de 2009.
3.2.2. Mediante comunicación de julio 28 de 2009, dirigida al Consorcio Bolívar, interventor del contrato, el representante legal de la contratista, cumpliendo con el compromiso adquirido el 23 de julio de 2009, remitió un “análisis técnico-administrativo” acerca del retraso que, según la interventoría, presentaba la obra. En ese documento el contratista manifestó:
3.3. Ahora bien, se probó que en ese estado de la obra, mediante contrato adicional Nº 1, suscrito el 24 de septiembre de 2009, las partes llegaron a un acuerdo de modificaciones y ajustes y de adición al valor del contrato, según se lee en el referido documento, a cuyo tenor:
“6) Que mediante oficio CC-0013 2009 de fecha 8 de septiembre de 2009, el representante de la contratista CLAM Ingenieros Ltda., manifiesta a la interventoría su aceptación del balance de obra realizado por los profesionales de Bienestar Social de la Policía Nacional que contempla las obras no previstas y complementarias con la adición presupuestal por la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.397.852.000) y la modificación de la cláusula en cuanto a forma y condiciones de pago, argumentando que se requiere un flujo permanente de recursos, para dar cumplimiento a la continuidad del contrato, dentro del mismo plazo contractual que se incrementan los frentes de trabajo, jornadas y horarios laborales, con el fin de disminuir los tiempos de ejecución de la obra, que es necesario realizar pagos por cortes de obra, de acuerdo con el avance de ejecución de los trabajos, según programación de la misma. Por tanto, solicitan modificación de la forma de pago con la presentación de actas parciales, de acuerdo a la ejecución real de los trabajos, previo desembolso del 40% del pago anticipado del valor del contrato adicional”(41).
3.4. Por otra parte, de acuerdo con las pruebas que se valoran a continuación, existen elementos de juicio suficientes para fundar la certeza de que la contratista no ejecutó el 100% de la obra prevista, tal como se acredita en los asuntos pendientes relacionados en las actas del comité de obra celebrado en diciembre de 2009 y en la propia correspondencia que remitió la contratista al FORPRO una vez terminado el plazo de ejecución del contrato.
3.4.3. Las actas de recibo parcial de obra, acreditadas en el plenario, indican los valores ejecutados y el porcentaje de avance en la ejecución, así: en el acta parcial de obra número 2 de 20 de septiembre de 2009 se relacionó un porcentaje de ejecución del 60% y en el acta parcial de obra número 3 suscrita el 25 de noviembre de 2009 se indicó un valor total facturado del 80%.
3.5. El 26 de diciembre de 2009 se levantó el acta final de obra, suscrita por la contratista, el interventor, el supervisor y el coordinador del grupo de construcciones del FORPRO. Dicha acta se allegó al expediente con el cuadro de ejecución que detalló ítem por ítem. De conformidad con ese detalle, que constituyó el soporte del estado financiero de liquidación, el valor total de la columna de condiciones contractuales fue de $ 4.438.200.115 y el monto total ejecutado ascendió a $ 3.997.255.777, lo cual arrojó una diferencia de $ 440.944.337,70, suma identificada como “descuento”, que se hizo constar en el último renglón del estado financiero de liquidación que obra en el plenario, debidamente suscrito por el interventor del contrato.
Se agrega que en el mismo documento, en los datos de la columna de ejecución del contrato, dentro del monto total ejecutado se tuvo en cuenta el “valor total a descontar por ítems no terminados” liquidado en la suma de $ 22.120.700, lo cual corrobora que el contrato de obra sub judice no se cumplió en un 100%.
Tampoco se puede estimar que el monto reclamado en la demanda constituya un perjuicio causado al contratista, dado que el FORPRO solo estaba obligado al pago de cantidades ejecutadas.
“Quiero por medio de la presente dejar constancia escrita, ya que se lo he manifestado verbalmente de tiempo atrás, que el presupuesto asignado NO ALCANZA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE TIENEN PROYECTADAS, motivo por el cual nuestra firma está evaluando en CUANTO ESTAMOS PASADOS FINANCIERAMENTE y tomar las determinaciones del caso y hasta NO tener un dato real, NO SERÁ POSIBLE LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FALTANTES CONTRATUALMENTE (instalaciones eléctricas de acometidas principales, muebles de sala, aire acondicionado, muebles de cocina y tapas de acero, cerraduras y carpintería metálica, etc.). YA QUE SEGÚN NUESTRAS CUENTAS EL DINERO NO ALCANZA.
Es relevante para el supuesto fáctico del presente litigio advertir que en el parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato 493 se contempló la posibilidad del “CAMBIO EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES” durante la ejecución del contrato, bajo la condición de que los nuevos precios fueran sometidos a la aprobación de la entidad contratante y a los trámites del contrato adicional, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993(52).
Por otra parte, se probó que el contrato adicional número 1, suscrito el 24 de septiembre de 2009, tuvo lugar después de una negociación por cambios y ajustes que conllevó a determinar mayores y menores valores a ejecutar, según se relacionó en el cuadro que detalló el balance general de obras del contrato, incluido en la cláusula tercera del referido documento.
Igualmente, si se lee el balance general de obras, incluido en la cláusula tercera del contrato adicional Nº 1, se observa que detalló el acuerdo entre las partes sobre los valores ejecutados y por ejecutar por “OBRAS NUEVAS” de la piscina y baños y las obras nuevas de administración, a las cuales se refirió la demandante, como parte del supuesto desequilibrio económico del contrato(54).
Por ello, se probó en este proceso que la entidad contratante aprobó las obras adicionales y nuevas relacionadas en el contrato adicional Nº 1, suscrito por el director general del FORPRO(55), tal como observó la apelante. Sin embargo, el mismo documento contempló un balance de obras para soportar el valor de la adición, con lo cual se acredita que las partes llegaron a un acuerdo sobre las cantidades y precios de cada uno de los ítems requeridos para la ejecución de tales obras, incluyendo los no previstos en el contrato inicial.
Como consecuencia, con posterioridad a la adición, no podía la demandante pretender el reconocimiento de valores superiores a los que fueron acordados para las mismas obras con sus ajustes y adiciones de acuerdo con el contenido en el contrato adicional Nº 1.
Se reafirma lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad con el considerando 6), transcrito en el acápite de pruebas documentales, en el contrato adicional Nº 1 se hizo constar que la contratista aceptó las nuevas condiciones contractuales y estuvo de acuerdo en las cantidades y valores —mayores y menores— objeto de la modificación y en el monto total del valor del contrato.
Igualmente, quedó demostrado con la consideración 6) del contrato adicional Nº 1 que la contratista solicitó y obtuvo un desembolso anticipado del 40% del valor adicional y se comprometió a incrementar el personal destinado a la obra para cumplir el contrato con sus obras adicionales y nuevas, en el mismo plazo inicialmente pactado. Por ello, tampoco se acepta el argumento de que la ausencia de una extensión del plazo le daba derecho a nuevos reconocimientos por las adiciones ya contratadas.
Por otra parte, es de la mayor importancia observar que dicha comunicación de 15 de abril de 2010 no constituyó prueba de la ruptura del equilibrio contractual, habida cuenta de que no se refirió a hechos imprevistos o irresistibles ni a modificaciones a las obras que hubieran sido exigidas más allá de lo pactado en el adicional número 1.
Por otra parte, se advierte que para establecer el balance final de liquidación el FORPRO se atuvo al contenido del acta final de obra de fecha 26 de diciembre de 2009, suscrito por la contratista, según se hizo constar en la parte motiva de la resolución 00566 de 16 de julio de 2010.
“DAÑO EMERGENTE: No se configura este tipo de perjuicio, por cuanto no reposa en el expediente, documento alguno (Facturas, Recibos, Testimonios etc.) que demuestre que la firma CLAM Ingenieros Ltda. haya incurrido en gasto alguno para resarcir el daño ocasionado”.
La Sala se aparta de la anterior afirmación del perito, toda vez que pasó por alto el contenido del adicional número 1 suscrito entre las partes, el cual tiene la fuerza obligatoria de un acuerdo contractual sobre los precios y cantidades, con base en los cuales se debió pagar la obra.
Más adelante, el perito estimó que en la resolución de liquidación unilateral del contrato el FORPRO descontó la suma de $ 440.994.337 por concepto de obra no ejecutada “sin justificación técnica”. Lo anterior no resulta ajustado al contenido de la Resolución 00566 de 16 de julio de 2010, toda vez que en los considerandos del citado acto administrativo se relacionaron las actas de recibo parcial y el acta final de obra de 26 de diciembre de 2009, como soportes técnicos del balance final de liquidación.
El acta final de obra, de fecha 26 de diciembre de 2009, fue suscrita por el contratista, el interventor, el supervisor del contrato y el coordinador del grupo de construcciones del FORPRO, por valor neto a pagar de $ 887.640.023, dejando un saldo de $ 443.820.011, correspondiente al 10% del valor del contrato que se debía pagar contra la aprobación del acta final de liquidación. Dicho valor se incluyó y reconoció en la Resolución 00566 de 16 de julio de 2016, para establecer el saldo final a favor del contratista.
Se observa que en la audiencia de pruebas la parte demandante no presentó objeciones ni solicitud de aclaraciones al dictamen. Por su parte, en la misma audiencia de pruebas(57) el FORPRO objetó el dictamen advirtiendo que el acta final no indicó en parte alguna una ejecución del 100% de la obra ni acreditó la entrega a satisfacción de la obra total contratada, por lo cual afirmó que la conclusión del perito acerca del cumplimiento total del contrato fue equivocada.
Las apreciaciones que el apoderado del FORPRO expresó en la audiencia de pruebas —y que la Sala comparte en esta sentencia— no implican un error grave del perito, sino una estimación diferente a la que realizó el referido profesional.
Sin embargo, la observación del apoderado del FORPRO se acoge teniendo en cuenta que en el acta final de obra no se otorgó un recibo a satisfacción, que así se advirtió en el contenido del cuadro anexo suscrito por el interventor, que no hubo ejecución del 100%, dado que en el comité de obra de diciembre de 2009 se relacionaron actividades pendientes y que fue la misma sociedad contratista la que solicitó, después de terminado el plazo del contrato y entregada la obra, que se le asignara un presupuesto adicional para terminar las obras.
De esta forma, el dicho del testigo en este proceso confirma que la parte contratista solicitó y obtuvo las modificaciones y ajustes a los diseños que dieron base para la adición contractual número 1.
4.4.2. Carlos Gustavo Gómez Romero, representante legal del Consorcio Bolívar, interventor del contrato sub judice, observó que el contrato se ejecutó entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009. Narró que durante el desarrollo de la obra se identificaron obras que dieron lugar a una adición al contrato por obras que no estaban inicialmente contratadas.
Preguntado si tuvo conocimiento de que el FORPRO le hubiera impuesto al contratista obras adicionales, indicó que no se presentó imposición, que se trató de obras que normalmente se pueden adicionar.
Para responder a este último problema se advierte que se probó en el proceso que el FORPRO y la contratista llegaron a un acuerdo de adición del contrato, mediante el adicional número 1 y que el acto de liquidación se fundó en las cifras ejecutadas. Por otra parte, en las actas del comité de obra, suscritas en diciembre de 2009 se hizo referencia a las actividades pendientes de las mismas obras y no se detallaron supuestos que hubieran podido dar lugar a un desequilibrio económico.
1. CONFIRMAR la sentencia de 3 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión - Oralidad Nº 2.
18 De acuerdo con la denominación que aparece en el Contrato 493 de 2008 y en los documentos contractuales allegados al proceso. En las referencias de la contestación de la demanda se identifica como Fondo Rotatorio de la Policía Nacional - FORPRO.
19 Constancia obrante en el folio 141, cuaderno 4.
20 Los términos corren a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación, dado que no se traslapan entre sí. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 8 de febrero de 2017, Rad. 25000233600020120054901 (49098), actor: Liberty Seguros S.A., demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, naturaleza: medio de control contractual, Ley 1437 de 2011.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. C.P. Danilo Rojas Betancourth, auto de 25 de mayo de 2016, Rad. 66001-23-31-000-2009-00056-01(40077), actor: María Angélica Yate López y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y otro. Acción: reparación directa.
22 “PRIMERO: UNIFICAR Y ADOPTAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con (i) la necesidad de verificar el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se eleven en ejercicio del derecho de acción, cuando ello suceda en el marco de la presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente interpuesta, y (ii) la exigencia de agotar el requisito de procedibilidad establecido en la ley consistente en la conciliación extrajudicial, tanto respecto de las pretensiones de la demanda como en cuanto de aquellas que se formulen mediante un escrito de adición del libelo introductorio, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. // SEGUNDO: MODIFICAR el auto apelado del 16 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: RECHAZAR la adición de la demanda en cuanto a la integración a la parte pasiva de la litis del departamento de Caldas y de los señores (…). // SEGUNDO: ADMITIR las pretensiones referentes a la indemnización de los detrimentos denominados en la demanda como “perjuicios a la vida de relación”. TERCERO: ADMITIR la corrección de la demanda en cuanto a la nueva solicitud de pruebas” (la negrilla se incorpora para este análisis, no corresponde al texto original de la sentencia).
23 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.// El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
24 Folios 240 a 243, cuaderno 1 primera instancia.
25 “Artículo 180 CPACA. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: (…). 5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias. 6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.// El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.
26 Folio 71, cuaderno 1.
27 De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2012, toda vez que la demanda se presentó el 23 de noviembre de 2012, en vigencia del CPACA. La cuantía para determinar la segunda instancia era de $ 283.350.000, ($ 566.700 x 500).
29 La culpa del contratista en el mayor costo o gasto, la excepción de contrato no cumplido y la asignación del riesgo contractual correspondiente, han sido identificados como factores que hacen improcedente la pretensión de desequilibrio contractual. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, Exp. 250002326000200500877 01 (37567), actor: Diego Fernando Londoño, demandada: Comisión Nacional de Televisión, acción: contractual - equilibrio económico.
30 “Artículo 83 C.P. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 12 de octubre de 2017, Rad. 25000-23-26-000-2000-00079-02(37322), actor: Isrex (94) Ltd. (Isrex Colombia Ltda.), demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 27 de enero de 2016, Rad. 88001-23-31-000-2011-00021-01 (54.415), actor: Orbita Arquitectura e Ingeniería Ltda. (Hoy S.A.) y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A., demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, asunto: acción de controversias contractuales (sentencia).
33 En el mismo sentido pueden citarse, entre otras, las siguientes sentencias: 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A. C.P. (e): Hernán Andrade Rincón, sentencia de 2 de julio 2015, Rad. 68001231500019961131101 (34518); actor: Julio Antonio Rubiano Saldaña, demandado: Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol”, acción contractual (Oleoducto La Cira - Infantas - negociación de precios); 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 2 de diciembre de 2015, Rad. 470012331000200100660 01 (36285), actor: Consultores Constructores Asociados Limitada, demandado: Departamento del Magdalena, acción: contractual (desequilibrio alegado en etapa de liquidación).
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, Rad. 17001233100020080013801 (47336), actor: Constructora Castilla y otros, demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales - INFI-Manizales, acción: contractual.
35 Ibídem. Cita original de la sentencia: “En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 3 de agosto de 2016, Rad. 05001-23-31-000-2010-00587-01 (56.513) actor: Traing Trabajos de Ingeniería Ltda.- Hidroeléctrica de Colombia S.A.S., demandado: Cormagdalena, acción contractual, asunto: recurso de apelación”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 17 de agosto de 2017, Rad. 7000123300020140000601 (52988), actor: Dicon Ingeniería e Inversiones Limitada - Dicon Ltda., demandado: municipio de Sincelejo, acción: contractual.
37 Folios 72 a 91, cuaderno 4.
38 Folios 1090 a 132 (sic), cuaderno 4.
39 Folio 71, cuaderno 1.
40 Folio 64, cuaderno 1.
41 Folio 78, cuaderno 4.
42 Folio 84, cuaderno 1.
43 Folio 87, cuaderno 1.
44 Folio 89, cuaderno 1.
45 Folio 92, cuaderno 1.
46 Folio 95, cuaderno 1.
47 Folio 96, cuaderno 1.
48 Folio 98, cuaderno 1.
49 Folio 99, cuaderno 1.
50 Folio 103, cuaderno 1.
51 Folio 108, cuaderno 1.
52 Folio 43, cuaderno 1.
53 Folios 87 a 90, cuaderno 4.
54 Folio 90, cuaderno 4.
55 Folio 91, cuaderno 4.
56 “Artículo 1614 CC. Daño emergente y lucro cesante. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.
57 CD, obrante al folio 308, cuaderno 1.
58 Folio 295, cuaderno 1.
59 Folio 119, cuaderno 4.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Daniel Suárez, sentencia de 6 de septiembre de 1991, Exp. 6306.
61 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
62 “Artículo 188 CPACA. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.