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Timestamp: 2020-05-26 20:17:20
Document Index: 170449992

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 153', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 18', 'artículo 57', 'artículo 15', 'artículo 1']

Marginal : 69359467
Pleno. Sentencia 116/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de inconstitucionalidad 7259-2005 y 7542-2005 (acumuladas). Planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, en relación con el artículo [[idrelit:2173985]]57.2[[/idrelit:2173985]] del Código penal, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y proporcionalidad de las penas, interdicción de las penas inhumanas o degradantes, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento); pena que no puede considerarse ni inhumana ni degradante.IntroducciónEl Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 7259-2005 y 7542-2005, planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de los de Arenys de Mar, en relación con el artículo [[idrelit:2173984]]57.2[[/idrelit:2173984]] del Código penal, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El día 18 de octubre de 2005 fue registrado en este Tribunal con el núm. 7259-2005 un Auto fechado el día 5 del mismo mes y año, remitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de los de Arenys de Mar, al que se acompaña testimonio de las diligencias urgentes núm. 78-2005, por el que plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo [[idrelit:2173983]]57.2[[/idrelit:2173983]] del Código Penal (CP), en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por su posible contradicción con los artículos [[idrelit:2174005]]1.1[[/idrelit:2174005]], [[idrelit:2174004]]10.1[[/idrelit:2174004]], [[idrelit:2174003]]15.1[[/idrelit:2174003]], [[idrelit:2174002]]18.2[[/idrelit:2174002]] y [[idrelit:2174001]]19[[/idrelit:2174001]] de la Constitución.
a) En los dos procesos judiciales reseñados, en los que la pretensión acusatoria se fundaba en la existencia de un delito de amenazas de los previstos en el artículo 171.5 CP, (en el primero de ellos la acusación solicitó también la condena por un delito de violencia física en el ámbito doméstico ?artículo 153 CP?), tras la celebración de la vista oral en la que los acusados prestaron su conformidad con la pretensión acusatoria, el juzgador acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que pudieran alegar sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 57.2 CP, por su posible contradicción con la Constitución.
b) En ambos supuestos la representación de los acusados estimó pertinente el planteamiento de la cuestión. El Ministerio Fiscal no formuló alegaciones en el primer proceso judicial. En el segundo ?diligencias urgentes núm. 107-2005? apoyó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
3. Los Autos de planteamiento (idénticos en su contenido) cuestionan el artículo 57.2 CP, en su redacción vigente. Como ya se expuso, lo hacen por considerar que dicho precepto penal se opone al contenido de los arts. [[idrelit:2174000]]1.1[[/idrelit:2174000]], [[idrelit:2173999]]10.1[[/idrelit:2173999]], [[idrelit:2173998]]15.1[[/idrelit:2173998]], [[idrelit:2173997]]18.2[[/idrelit:2173997]] y [[idrelit:2173996]]19[[/idrelit:2173996]] de la Constitución.
En relación con la supuesta contradicción del artículo [[idrelit:2173989]]57.2[[/idrelit:2173989]] CP con los artículos 18.1 y 19.1 CE, indica que la imposición obligatoria del alejamiento contra la voluntad de los perjudicados supone también una restricción de la libertad familiar carente de justificación, pues provoca un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma. No le es dado al Estado-legislador suprimir la libre determinación de los perjudicados, proyectada en este caso sobre la configuración de su vida familiar, con la finalidad de tutelarles, cuando éstos no desean la exclusión de los acusados del núcleo familiar. La imposición de dicho alejamiento respecto de quienes han sido víctimas, expropia su derecho a convivir con ellas y supone un sufrimiento injustificado para los familiares, al no ser deseado y venir impuesto por su propia protección, colocándoles al borde de la ilegalidad, pues de incumplir la prohibición de alejamiento podrían ser también imputados por un delito de quebrantamiento de condena. Con el precepto cuestionado, el Estado-legislador se arroga la facultad de decidir cuál de las opciones posibles es la mejor para los ciudadanos, conculcando así su libre determinación y su libertad, concretada en la configuración de sus relaciones personales, y menoscabando el derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el artículo 18.1 CE. Así lo acreditaría que la limitación se impone independientemente de las circunstancias del caso, de la gravedad y naturaleza de la conducta, de las circunstancias personales de los perjudicados, de su voluntad, de la peligrosidad de los acusados, y del pronóstico de reiteración de la conducta delictiva.
Finalmente, el Juez considera que en los casos analizados, la aplicación del artículo 57.2 CP, a la vista de las circunstancias personales que concurren en los acusados, supone también para ellos la imposición de una pena inhumana o degradante (artículo 15 CE), pues les apartaría de las únicas personas ?su familia o compañeros afectivos?, que ante la falta de respuesta institucional, controlan y sufren permanentemente la evolución de su patología, que en muchos casos es psiquiátrica. Tampoco en estos casos la dicción del artículo [[idrelit:2173988]]57.2[[/idrelit:2173988]] CP permitiría tomar en consideración tales circunstancias personales, relativas a la salud mental de las personas acusadas y a la necesidad de que se encuentren sometidas a supervisión, imponiendo que se les aleje de quienes han sido los verdaderos valedores de su integridad física y de su salud mental, excluyéndoles así del núcleo familiar, sin contemplar los riesgos que el descontrol de su trastorno conductual puede suponer, no sólo para sí mismos, sino para su entorno. Tal situación puede atentar contra la dignidad de las personas acusadas, pues las expulsa del cuerpo social, las condena a la degradación como seres humanos, a la inexistencia de tratamiento médico y consiguientemente, dada la naturaleza de la patología que padecen, al correlativo sufrimiento físico y psíquico derivado de la pérdida de sus capacidades personales.
4. Mediante providencias de 28 de febrero de 2006, las Secciones Segunda y Tercera de este Tribunal acordaron admitir a trámite las cuestiones planteadas, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con el artículo [[idrelit:2174016]]37.2[[/idrelit:2174016]] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes; al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Por último, se acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», efectuándose en el núm. 61, de 13 de marzo de 2006.
5. Mediante sendos escritos registrados el 15 de marzo de 2006, el Presidente del Senado comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado personarse en los presentes procesos constitucionales dando por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo [[idrelit:2174017]]88.1[[/idrelit:2174017]] LOTC. Con fecha 16 de marzo de 2006 se recibieron escritos del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando el Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el cual no se personaba ni formulaba alegaciones en los presentes procesos constitucionales, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar.
Empieza el escrito indicando que, el examen por el Juez promotor de la cuestión de la supuesta contradicción entre la pena de alejamiento y la Constitución, viene precedido de unas consideraciones genéricas que lamentan la imposición automática de esa pena, su aplicación «en todo caso», sin dejar un margen de arbitrio judicial en su aplicación, y ello, frente a la redacción anterior del texto que la preveía en términos puramente optativos. Sin embargo, de estas consideraciones críticas ?bastante generalizadas en las objeciones doctrinales al precepto?, no parece deducirse en el Auto de planteamiento ninguna consecuencia específica de inconstitucionalidad. Y es que en realidad, las penas de imposición potestativa son excepcionales en el marco de la legislación penal, y sobre todo, las objeciones de fondo aducidas contra el precepto son independientes del grado de vinculación del juzgador a la hora de su imposición.
Los dos preceptos constitucionales invocados en primer lugar (artículo 1.1 y 10.1 CE) se reputan infringidos por entenderse en el Auto que la aplicación de la pena de alejamiento restringe la libertad de aquellas víctimas que no lo deseen. Sin embargo, considera el Abogado del Estado que la presentación que hace el Auto de la persona agredida como víctima no sólo de la agresión punible, sino también de la pena de alejamiento, descansa en la premisa de que dicha pena tiene como objetivo la tutela de un interés puramente personal de la víctima y esto es lo que lleva -incorrectamente- a situar la pena en el ámbito del poder dispositivo de la víctima. Y así, con el objetivo de evitar que la persona agredida se vea afectada por la pena impuesta al agresor, se propone eliminar la obligatoriedad de la pena misma cuando así lo solicite la víctima. De esta forma, la voluntad de la víctima como mecanismo excluyente de la pena colocaría a este tipo de infracciones penales en un lugar próximo a los delitos llamados privados, perseguibles sólo a instancia de parte; seguirían siendo perseguibles de oficio, pero la víctima tendría una especie de derecho de veto para la imposición de las penas. Tal posibilidad habría de basarse en una apreciación específica que no ha sido considerada en el Auto: que el delito agota sus efectos en la persona directamente ofendida, sin trascendencia razonable alguna a la sociedad. Éste es el fundamento propio de los delitos perseguibles a instancia de parte, que pueden ser objeto de punición sólo si se revela el perjuicio por la reacción de determinadas personas a quienes la ley reserva de manera exclusiva la condición de perjudicados; el resto de los miembros de la comunidad no se consideran perjudicados por el delito y carecen de legitimación alguna. Sin embargo la víctima del delito enjuiciado por el Juzgado proponente de la cuestión, sin dejar de serlo de manera directa y principal, no es la víctima exclusiva de su comisión; lo es ?intensamente? toda la comunidad, aspecto que al no ser considerado por el Auto, le lleva a sugerir como solución legislativa la asimilación del delito a los perseguibles a instancia de parte. En realidad, la libertad de los agredidos por el delito no se ve afectada por sanción alguna, sin que sea relevante a los efectos de la presente cuestión examinar si la medida de alejamiento comporta implícitamente deberes a su cargo, puesto que la conducta de las víctimas no es objeto de enjuiciamiento de presente. Tampoco es una cuestión de inconstitucionalidad el lugar adecuado, como ha recordado este Tribunal en numerosas ocasiones para declaraciones preventivas sobre cuestiones que podrían suscitarse en el futuro, pero que son ajenas a las que constituyen el objeto de la duda planteada. Considera que la cita del artículo [[idrelit:2174015]]10.1[[/idrelit:2174015]] CE constituye en el Auto una mera variante argumental de la invocación del derecho de libertad personal.
Finalmente, en relación con la supuesta contradicción del artículo [[idrelit:2173987]]57.2[[/idrelit:2173987]] CP con el artículo [[idrelit:2174014]]15.1[[/idrelit:2174014]] CE en cuanto proscribe las penas y tratos inhumanos y degradantes, afirma el Abogado del Estado que el Auto realiza en este punto una inadecuada interpretación de las normas pues atiende a sus posibles consecuencias futuras. Lo que en su opinión prohíbe el artículo [[idrelit:2174013]]15[[/idrelit:2174013]] CE es la pena o trato degradantes en sí mismos, no que por las excepcionales condiciones o circunstancias de una determinada persona pueda presumirse con mayor o menor verosimilitud que el cumplimiento de la pena pueda producir una agravación de su enfermedad o una degradación de su estado psíquico. Considera muy estimables humanamente las valoraciones del juzgador, pero entiende que ningún ordenamiento puede condicionar la imposición de las penas a las previsiones sobre el impacto que puedan tener en la salud física o mental de los penados. Cosa distinta es que, en la aplicación de estas penas, especialmente en el régimen penitenciario, el Poder público deba adoptar las medidas adecuadas para la preservación de la salud e integridad de los penados.
Reiterando las alegaciones formuladas antes en otros procesos constitucionales en relación con los artículos 1.1, 10.1 y 18.1 CE, niega la inconstitucionalidad del artículo [[idrelit:2173986]]57.2[[/idrelit:2173986]] CP Destaca que la duda de constitucionalidad se apoya en la consideración de que la imposición obligatoria de la medida de no aproximación o de alejamiento de la víctima vulnera el desarrollo de la personalidad de las víctimas del delito al desligarse la imposición de la medida de la voluntad de aquéllas. Sin embargo tal consecuencia la considera inherente al sistema penal en el que las penas no se imponen en función de la voluntad u opinión de la víctima de los delitos, sino de la responsabilidad de sus autores. En este sentido toda pena impuesta a una persona afecta en mayor o menor medida a su círculo de allegados sin que por eso se pueda entender que la imposición de una pena a un familiar impide el libre desarrollo de la personalidad del individuo. En este sentido la medida del poder público obstativa del desarrollo de la personalidad debería recaer directamente sobre la persona afectada y venir referida a actuación antijurídica o irregular del poder, nunca a una medida impuesta por una norma penal habilitante.
El Fiscal General del Estado tampoco entiende justificada la supuesta infracción del artículo [[idrelit:2174012]]15[[/idrelit:2174012]] CE por la previsión legal como obligada de la pena de alejamiento. La justificación que se hace en el Auto de planteamiento se refiere a la supuesta degradación moral que a una persona se ocasiona al desplazarle obligatoriamente de su núcleo familiar, en el que es aceptado y en el que encuentra su más perfecto acomodo. Sin embargo, tal planteamiento supone un desplazamiento del núcleo del precepto constitucional que siempre ha relacionado tal artículo con penas que acarreen sufrimientos de especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado distinto y superior al que suele llevar aparejada una condena (SSTC 65/1986 y 150/1991, 57/1994 entre otras). Entiende que tal situación no concurre por la imposición de una pena de alejamiento que, insiste, no puede ser vinculada en su imposición a la voluntad de la víctima, ni debe repercutir necesariamente en un inherente perjuicio psíquico para el autor del hecho, como se contempla en el caso del que dimana la duda que, en este aspecto, se separa del carácter general y abstracto que debe presidir el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
1. El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad es determinar si el artículo [[idrelit:2173982]]57.2[[/idrelit:2173982]] del Código penal (CP), en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, vulnera los arts. [[idrelit:2173995]]1.1[[/idrelit:2173995]], [[idrelit:2173994]]10.1[[/idrelit:2173994]], [[idrelit:2173993]]15.1[[/idrelit:2173993]], [[idrelit:2173992]]18.2[[/idrelit:2173992]] y [[idrelit:2173991]]19[[/idrelit:2173991]] de la Constitución.
Las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con los artículos [[idrelit:2174011]]1.1[[/idrelit:2174011]], [[idrelit:2174010]]10.1[[/idrelit:2174010]], [[idrelit:2174009]]18.2[[/idrelit:2174009]] y [[idrelit:2174008]]19[[/idrelit:2174008]] de CE han sido ya expresamente abordadas y resueltas en la STC 60/2010, de 7 de octubre, a cuyos razonamientos y conclusiones nos remitimos, en la que descartamos tanto que la imposición obligatoria de la pena de alejamiento, en contra incluso de la voluntad de la víctima, afecte a derechos y libertades de ésta, de sus hijos, o, en definitiva, a la familia, como que suponga la imposición de una pena a la víctima sin haber cometido delito alguno, por lo que procedente será hacer aquí el mismo pronunciamiento desestimatorio al que llegamos en la citada Sentencia.
2. Con referencia expresa, en ambos casos, a las circunstancias personales de quienes fueron acusados en cada proceso penal previo, considera el Juez promotor de la duda de constitucionalidad que «el artículo [[idrelit:2173981]]57.2[[/idrelit:2173981]] del Código Penal también supone en el presente caso una conculcación de la interdicción de las penas inhumanas o degradantes reconocido en el artículo [[idrelit:2173990]]15.1[[/idrelit:2173990]] de la Constitución española».
Lo que prohíbe el artículo [[idrelit:2174007]]15.1[[/idrelit:2174007]] CE es la pena o trato degradante o inhumano en sí mismos, de forma que «por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena» (STC 65/1986, de 22 de mayo, FJ 4). Esta referencia obligada a la propia naturaleza de la pena como núcleo básico del análisis constitucional impide, en el control abstracto de la norma, tomar en consideración las excepcionales y variadas circunstancias personales de una determinada persona acusada por un delito o cómo sobre su situación personal anterior al delito pueda presumirse que va a incidir la normal aplicación de la pena. Por tanto, en este aspecto, nuestra conclusión ha de ser también desestimatoria de la duda planteada, al no apreciar que la pena cuestionada, por su propia naturaleza o las modalidades posibles de su ejecución, ocasionen o tengan intención de ocasionar al penado, ante los demás o ante sí mismo, «una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad» (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 9), lo que hemos declarado que constituye el contenido mínimo protegido en este ámbito por el artículo [[idrelit:2174006]]15.1[[/idrelit:2174006]] CE (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de enero y 25 de abril de 1978 ?Caso Irlanda contra el Reino Unido? y ?Caso Tyrer?, respectivamente).
Dada en Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil diez.?María Emilia Casas Baamonde.?Guillermo Jiménez Sánchez.?Vicente Conde Martín de Hijas.?Javier Delgado Barrio.?Elisa Pérez Vera.?Eugeni Gay Montalvo.?Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.?Ramón Rodríguez Arribas.?Pascual Sala Sánchez.?Manuel Aragón Reyes.?Pablo Pérez Tremps.Firmado y rubricado.