Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/r0-na-l15-2005.html
Timestamp: 2017-08-23 07:33:27
Document Index: 131432193

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 149', 'artículo 14', 'artículo 14']

TITULO I. De la distribución de competencias
CAPITULO I. De las competencias de las Administraciones Públicas de Navarra
Artículo 7 Competencias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Artículo 8 Competencias de las Entidades Locales de Navarra
CAPITULO II. De las entidades colaboradoras
Artículo 9 Concepto y requisitos
Artículo 10 Procedimiento de actuación y acreditación
Artículo 11 Derechos y obligaciones de las entidades colaboradoras
Artículo 12 Revocación de la acreditación como entidad colaboradora
TITULO II. De los derechos y deberes del menor
Artículo 13 Protección de los derechos del menor
Artículo 14 Promoción y divulgación de los derechos del menor
Artículo 15 Subsidiariedad
CAPITULO II. De los derechos su promoción y protección
Artículo 18 Derecho a la identidad
Artículo 19 Derecho a la información
Artículo 20 Libertad de pensamiento, conciencia y religión
Artículo 21 Derecho a la participación social y al asociacionismo
Artículo 22 Derecho a ser oído y a la libertad de expresión
Artículo 23 Derecho a la protección de la salud
Artículo 24 Derecho a la Educación
Artículo 25 Derecho a la cultura y al ocio
Artículo 26 Derecho al medio ambiente
Artículo 28 Derechos económicos y laborales
CAPITULO III. De los deberes del menor
Artículo 29 Deberes del menor
Artículo 30 Prohibiciones, limitaciones y actuaciones
TITULO III. De las actuaciones de prevención
Artículo 31 Carácter prioritario y finalidades
Artículo 32 Actuaciones de prevención
Artículo 33 Obligaciones de los centros escolares
TITULO IV. De la protección
Artículo 34 Sistema de protección
Artículo 35 Medidas de protección
Artículo 36 Cese de las medidas de protección
Artículo 37 Registro de las situaciones del menor
Artículo 38 Criterios de intervención
Artículo 39 Derechos específicos de los menores protegidos
Artículo 40 Personal especializado
Artículo 41 Comisión de valoración
Artículo 42 Auxilio judicial y policial
Artículo 43 Responsabilidad en la crianza y formación
Artículo 44 Convivencia y derecho a la relación entre padres, madres e hijos
CAPITULO II. De la situación de riesgo
Artículo 45 Situaciones de riesgo
Artículo 46 Objetivo de la actuación administrativa
Artículo 47 Ejecución de las medidas adoptadas
Artículo 48 Cese en la situación de riesgo
CAPITULO III. De la situación de desamparo
Artículo 49 Competencia
Artículo 50 Situaciones de desamparo
Artículo 51 Procedimiento para la declaración de la situación de desamparo
Artículo 52 Oposición al desamparo
Artículo 53 Finalización de las actuaciones protectoras
CAPITULO IV. De las medidas de protección en las situaciones de riesgo y desamparo y de las actuaciones en ejecución de éstas
SECCIÓN 1. Del apoyo a la familia
Artículo 54 Concepto y contenido
Artículo 55 Actuaciones de apoyo a la familia
Artículo 56 Cooperación de la familia beneficiaria
Artículo 57 Criterios de aplicación
SECCIÓN 2. De la guarda
Artículo 58 Concepto, competencia y contenido
Artículo 59 Supuestos de ejercicio de la guarda
Artículo 60 Ejercicio, duración y objetivos
Artículo 61 De la guarda voluntaria
Artículo 62 Cese de la guarda
SECCIÓN 3. De la Tutela Administrativa Automática y de la Tutela Ordinaria
Artículo 63 Asunción de la tutela administrativa
Artículo 64 Atención inmediata
Artículo 65 Ejercicio de la Tutela Administrativa
Artículo 66 De la tutela ordinaria
SECCIÓN 4. Del Acogimiento
Artículo 67 Formalización de la guarda y el desamparo
Artículo 68 Modalidades de Acogimiento
Artículo 69 Criterios generales a aplicar en los acogimientos
Artículo 70 Seguimiento del acogimiento
Artículo 71 Acogimiento administrativo y judicial
Artículo 72 Modificación del acogimiento
SECCIÓN 5. De la adopción nacional e internacional
Artículo 73 Principios generales sobre la adopción nacional e internacional
SUBSECCIÓN 2. De la adopción nacional e internacional
Artículo 74 Requisitos para la adopción
Artículo 75 Prioridad en la adopción nacional y menores con características especiales
Artículo 76 Información sobre la adopción
Artículo 77 Criterios para la valoración de la idoneidad en la adopción nacional
Artículo 78 Propuesta de adopción nacional
Artículo 79 La adopción internacional
Artículo 80 Criterios para la valoración de la idoneidad en la adopción internacional
Artículo 81 Declaración de idoneidad
Artículo 82 Registro de Adopciones de Navarra
CAPITULO V. De los menores en conflicto social
Artículo 84 Medidas de actuación
CAPITULO VI. De los programas de autonomía personal
Artículo 85 Concepto y actuaciones
TITULO V. De las actuaciones en el sistema de reforma
Artículo 86 Menores sujetos al sistema de reforma
Artículo 88 Principios que rigen en la ejecución de las medidas
Artículo 89 Actuaciones de apoyo post-medida y de seguimiento
Artículo 90 Ejecución de las medidas y marco de la ejecución
TITULO VI. Régimen de los centros de menores
CAPITULO I. Régimen de organización, funcionamiento y coordinación
CAPITULO II. Estatuto de los menores residentes
Artículo 92 Derechos de los menores residentes
Artículo 93 Obligaciones de los menores residentes
Artículo 94 Faltas de los menores residentes
Artículo 95 Medidas correctoras
TITULO VII. Del régimen sancionador
Artículo 97 Infracciones administrativas y sujetos responsables
Artículo 98 Infracciones leves
Artículo 99 Infracciones graves
Artículo 100 Infracciones muy graves
Artículo 101 Reincidencia
Artículo 102 Prescripción de infracciones
CAPITULO II. De las sanciones administrativas
Artículo 103 Sanciones administrativas
Artículo 104 Sanciones accesorias
Artículo 105 Graduación de las sanciones
Artículo 106 Prescripción de sanciones
Artículo 107 Medidas cautelares
Artículo 108 Publicidad de las sanciones
Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 15/2005, 5 diciembre, rectificada por Corrección de errores («B.O.N.» 16 enero 2006).
LEY FORAL DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
En los últimos años se ha venido produciendo un cambio en la conciencia social sobre el papel que corresponde a los menores en nuestra sociedad, reconociéndoles no sólo los derechos inherentes a toda persona, sino además, aquellos derechos derivados de la especial protección que, por su propia dependencia de otros, les es debida.
Esta nueva concepción del menor y la preocupación por dotarle de un adecuado marco jurídico de protección ha sido reconocida por diversas instituciones internacionales, destacando por su trascendencia la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, que marca el inicio real de esta nueva filosofía en relación con el menor y, en el ámbito europeo, la Resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo que aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño.
En nuestro país, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 39, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de todos los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los menores.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, ha supuesto no sólo una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el Código Civil, sino la construcción de un marco jurídico que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familia, y a los ciudadanos en general.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, números 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral ostenta competencia exclusiva en materia de asistencia social, política infantil y juvenil, y de instituciones y establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de reinserción social, así como competencia exclusiva en materia de derecho civil foral, según lo dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgánica 13/1982, de 19 de agosto.
Mediante los Reales Decretos 1702/1985, de 1 de agosto, 1775/1985, de 1 de agosto, 274/1986, de 24 de enero y 1681/1990, de 28 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad Foral de Navarra las funciones y servicios del Estado en materia de asistencia y servicios sociales, en materia de protección de menores y en materia de fundaciones benéfico asistenciales, así como las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia en materia de bibliotecas, deporte y ocio, espectáculos, asociaciones, educación, salud, contratos, medio ambiente y ecología, empleo, administración local y en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización propias de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, números 10, 14, 15 y 19, y en los artículos 46, 47, 49.1.c) y d), 53, 57 y 58.1.b) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, materias todas ellas a las que se hace referencia en esta Ley Foral.
Partiendo de este marco normativo, la Comunidad Foral de Navarra ha venido desarrollando las funciones en materia de protección y reforma de menores, habiendo acumulado una valiosa experiencia, así como llevando a cabo los programas específicos de protección de menores necesarios para la promoción y adecuada atención de los mismos en nuestra Comunidad Foral.
No obstante, la práctica totalidad de las instituciones implicadas en la protección de menores, así como sus profesionales, consideran conveniente la aprobación de una norma de atención integral a los menores, en la que se aborden, con una perspectiva global, los problemas que afectan a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, al entender que la protección de los menores que impone la Constitución a los poderes públicos no alcanza sólo a las actuaciones administrativas en los supuestos de desprotección y conflicto social sino, y fundamentalmente, a desarrollar políticas de bienestar que favorezcan su desarrollo integral y le garanticen un nivel de vida digno. En definitiva, se trata de recoger en un solo texto legal, todas las medidas, mecanismos y actuaciones para evitar o eliminar los riesgos que puedan afectar a la formación y desarrollo integral de los menores en la sociedad navarra.
Esta perspectiva global difícilmente podría abordarse si no se asume que la responsabilidad de la atención a los menores recae tanto sobre las Administraciones Públicas como sobre la sociedad en general. Por ello, la Ley contempla las medidas y mecanismos necesarios para lograr que la actuación de cada una de ellas se realice bajo los principios de coordinación y colaboración, así como la necesaria participación social.
Respecto a la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Derecho civil, el artículo 48 del Amejoramiento establece que la Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral, a la vez que dispone que la conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral.
En aplicación de lo anterior, y en relación con la competencia para elaborar una legislación específica de Atención Integral al Menor que recoja y regule instituciones de Derecho civil, se puede señalar que «el desarrollo del Fuero Nuevo no encuentra más límites, además de los previstos en la Constitución, que los derivados del propio objeto a desarrollar, de sus instituciones y de sus principios informadores en cuanto sistemas jurídicos autónomos de raíz histórica».
Es pues claro, y así lo dispone el propio Amejoramiento, que la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia exclusiva en materia de Derecho civil foral, por lo que esta Comunidad puede elaborar disposiciones legales de carácter civil, siempre y cuando se respete las competencias exclusivas del Estado en esta materia.
En este sentido el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española establece que es competencia exclusiva del Estado la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra.
Cuestión bien distinta a ésta de la competencia es la de la aplicabilidad del Derecho civil foral en la Comunidad Foral de Navarra.
En primer lugar, se hace preciso en esta materia aludir, por un lado, al concepto de condición civil foral, y, por otro, al concepto de Derecho interregional privado.
Cuando se habla de condición civil foral de navarro, se hace referencia, en primer término, al estado civil o circunstancia personal que confiere a los sujetos que la poseen la titularidad del conjunto de facultades, derechos y acciones que el Derecho civil navarro atribuye a las personas por el mero hecho de serlo y, en segundo lugar, a la circunstancia, o punto de conexión, que determina la aplicabilidad del Derecho civil navarro a un determinado sujeto, en cuanto ley personal suya.
En este sentido, es el artículo 14 del Código civil el que dispone que la sujeción al Derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil (o condición civil foral en Navarra).
Por otra parte, cuando hablamos del Derecho interregional privado nos estamos refiriendo a la resolución de conflictos en la aplicación de distintos ordenamientos jurídicos que coinciden en un mismo territorio. Y para la determinación del Derecho material aplicable será preciso tener en cuenta las reglas de conflicto contenidas en el Código civil, por ser esta materia competencia exclusiva del Estado. (149.1.8.º CE)
En relación con la aplicabilidad de los artículos que constituyen Derecho civil foral contenidos en esta Ley Foral, y teniendo en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 14 del Código civil la sujeción al Derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil (o condición civil foral en Navarra), de las reglas de conflicto previstas en el Código civil para dirimir la aplicabilidad de un determinado ordenamiento jurídico, se puede concluir que:
a) El Derecho civil de Navarra es ley personal de las personas físicas de condición civil foral de navarros.
b) A las personas que no tengan la condición civil foral se les aplicará su ley personal, de acuerdo con lo dispuesto en el Código civil.
c) El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva, y las relaciones paterno filiales se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.
Respecto al carácter y al contenido de la filiación adoptiva, señalar que se aplicará el Derecho civil foral a las personas que tengan la condición civil foral, y la ley personal que corresponda a su vecindad civil a las que no ostenten dicha condición.
Respecto a las relaciones paterno filiales, su alcance material se reduce, prácticamente, a la patria potestad, ya que otras medidas de protección del hijo menor distintas a la patria potestad cuentan con su propio régimen legal.
d) La adopción constituida judicialmente en Navarra se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo que, en su caso, disponga el Derecho navarro.
No obstante, si el adoptando no tiene la condición civil navarra, lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios se regirá por la ley personal que corresponda a su vecindad civil y, a petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez podrá exigir los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley personal o la correspondiente al lugar de residencia habitual del adoptante o del adoptado.
e) En relación con la tutela y las demás instituciones de protección del menor, pueden distinguirse los siguientes supuestos:
- La tutela y las demás instituciones de protección del menor se rigen por el Derecho civil navarro cuando el menor tenga la condición civil foral.
- En caso de medidas provisionales o urgentes, regirá también el Derecho civil navarro si el menor tiene su residencia habitual en Navarra.
- Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas navarras, se sustanciarán, en todo caso, con arreglo al Derecho civil foral navarro.
- Será aplicable el Derecho civil foral para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto a los menores abandonados que se hallen en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
En este sentido, procede equiparar la situación de abandono con la de desamparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
f) Por último, resaltar que las disposiciones administrativas, como son todas aquéllas dictadas en materia de protección del menor, se rigen por el principio de territorialidad, por lo que se aplican a todos aquellos que se hallen en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
La presente Ley Foral se estructura en un título preliminar, siete títulos, siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge el objeto de la Ley Foral, así como su ámbito de aplicación y los principios rectores de la actuación integral al menor, en especial el principio de corresponsabilidad y colaboración ciudadana.
El Título I, de la Distribución de Competencias, regula las competencias que ostentará la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como las que se atribuyen a las Entidades Locales de Navarra, y el funcionamiento y la acreditación de las entidades colaboradoras de atención a menores, como elemento fundamental de implicación de la sociedad civil en la promoción y prevención de los derechos de los menores.
El Título II, de los Derechos y Deberes del menor, consta de tres capítulos. El Capítulo I, de los Principios Generales, trata de la promoción y divulgación de los mismos y recoge el principio de subsidiariedad de la actuación de las Administraciones Públicas de Navarra.
El Capítulo II, de los Derechos y su Promoción y Protección, es la base de la presente Ley Foral y por ello se contemplan todos los medios necesarios para cubrir tal fin. Por esto, en este capítulo se contienen las actuaciones que desde las Administraciones Públicas de Navarra se llevarán a cabo para garantizar, proteger y promover el cumplimiento de los derechos del menor.
Así mismo, aparecen en el Capítulo III los Deberes de los menores, con especial referencia a su contribución al desarrollo de la vida familiar y de comportamiento cívico.
El Título III, de las Actuaciones de Prevención, establece su carácter prioritario, definiendo las finalidades que éstas persiguen y las actuaciones que pueden llevarse a cabo sin carácter limitativo.
El Título IV, de la Protección, base también de la actuación de la Administración en la defensa del menor, consta de seis capítulos.
El primero de ellos está destinado a recoger disposiciones generales, en concreto, a realizar las definiciones necesarias que sirvan de punto de referencia al lector de la Ley. Así, define el sistema de protección y las situaciones de desprotección y conflicto social, regulando además, los criterios de intervención de la Administración y los derechos específicos que tienen los menores que se encuentran en una de estas situaciones.
En el Capítulo II se describen las situaciones de riesgo, y las actuaciones que su declaración conlleva.
En el Capítulo III, de la Situación de Desamparo, se definen aquellas situaciones que dan lugar al desamparo y las garantías básicas del procedimiento para su declaración.
Especial importancia adquiere, en este capítulo, la distinción que se establece entre las resoluciones que declaren la situación de desamparo y las resoluciones que resuelvan las peticiones de remoción de los desamparos declarados como consecuencia de la aparición de nuevas circunstancias.
En el Capítulo IV se regulan las Medidas de Protección en las situaciones de riesgo y desamparo y las actuaciones que las mismas implican, dividiéndose en cinco secciones.
La primera de ellas, del apoyo a la familia, recoge las actuaciones que, como medida de protección y distinguiéndola del apoyo a la familia como actuación de prevención, pueden adoptarse, estableciendo, asimismo, su carácter prioritario como medida de protección.
La Sección segunda regula la institución de la Guarda, destacando la posibilidad que se establece de que la guarda adquiera un carácter de permanencia, sin que sea precisa la declaración del desamparo, cuando así se considere de interés para el menor y sea acordado entre padres, tutores o guardadores y la Administración de la Comunidad Foral.
En la Sección tercera, de la Tutela Administrativa Automática y de la Tutela Ordinaria, se recoge la necesidad de que en la propia resolución administrativa por la que se asume la tutela deban constar las medidas y actuaciones a adoptar con el menor, garantizándose asimismo la atención inmediata de los mismos a través de los centros de primera acogida o familias acogedoras.
Asimismo, se dispone que, no obstante lo anterior, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias puedan asumir la tutela con beneficio para éste.
La Sección cuarta regula el Acogimiento, como forma de ejercer la tutela y la guarda, marcándose como criterio general la prioridad del acogimiento en familia extensa respecto a la ajena siempre que se valore como idónea para el menor, y del acogimiento familiar respecto al residencial.
Por último la Sección quinta, de la Adopción Nacional e Internacional, establece una serie de garantías para aquéllos que inicien un procedimiento de adopción, estableciendo los criterios de actuación de la Administración. Se crea, asimismo, el Registro de Adopciones de Navarra en el que se inscribirán todos los solicitantes que hayan superado el período de selección.
En el Capítulo V, de los Menores en Conflicto Social, se recogen las actuaciones que la Entidad Pública competente llevará a cabo con aquellos menores que pudieran causar perjuicios a sí mismos o a otras personas.
El Capítulo VI, de los Programas de Autonomía Personal, recoge el compromiso de la Administración de la Comunidad Foral de continuar apoyando a aquellas personas que durante su minoría de edad han tenido alguna actuación protectora o judicial, debido a su situación de riesgo, desamparo o conflicto social, hasta lograr su plena autonomía personal y su integración social.
El Título V, de las Actuaciones en el Sistema de Reforma, referido a los menores que han cometido hechos tipificados como delitos o faltas y no tienen edad para que se les pueda exigir responsabilidad penal, según lo establecido en las bases de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, y que exigen medidas de resocialización e inserción; regula la competencia y los principios que rigen en la ejecución de las medidas impuestas, remitiéndose en todo lo demás a la legislación estatal aplicable.
El Título VI se refiere al Régimen de los Centros de Menores, tanto del sistema de protección como del sistema de reforma, incluyendo en el mismo las bases de su régimen de organización, funcionamiento y coordinación, así como el estatuto de los menores residentes.
Por último, el Título VII, del Régimen Sancionador, recoge las infracciones y sanciones administrativas en materia de atención a menores.
En definitiva, se trata de un proyecto que, poniendo el énfasis en el sistema de protección del menor y en el reconocimiento de sus derechos, pretende, como ya se ha señalado, regular la atención integral que se debe prestar a los menores, englobando en el sistema de atención integral, tanto la promoción, como la prevención y la protección y la ejecución de las medidas de reforma, con el objetivo de lograr el mayor índice de bienestar posible para ellos.