Source: https://hayderecho.expansion.com/2018/10/22/debe-el-ts-volver-a-su-doctrina-anterior-sobre-quien-paga-el-ajd/
Timestamp: 2019-10-19 18:09:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 68', 'artículo 25']

¿Debe el TS volver a su doctrina anterior sobre el impuesto en los préstamos hipotecarios? - Hay Derecho
22 octubre, 2018 /16 Comentarios/en Blog /por Segismundo Alvarez Royo-Villanova
Ayer, nuestro coeditor Miguel Fernández Benavides comentó (aquí) el insólito comunicado que anunciaba la posible revisión -de la revisión- de la doctrina del TS sobre el sujeto pasivo del Impuesto en los préstamos hipotecarios (ya comentada aquí). La cuestión de mayor calado que suscita es sin duda la de ese post: el prestigio y la independencia de la Justicia. Aquí me limito a tratar de hacer un análisis jurídico para determinar si esa nueva doctrina merece ser confirmada.
El problema jurídico se limita interpretar el art. 29 de la LITPAJD, que dice: “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. En principio, por tanto, se trataría de determinar quién es el “adquirente” en el caso de un préstamo hipotecario.
Tras exponer las normas y la situación anterior, el centro de la argumentación de la nueva Sentencia se contiene en el Fundamento de Derecho 5. Curiosamente comienza con la conclusión: el obligado es el acreedor hipotecario porque es aquel “en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca”. Después de desarrolla su argumentación, que resumo y comento.
1.- No se puede aplicar a la modalidad AJD los artículos 8 y 15 de la LITPAJD. El 15 establece que en el préstamo hipotecario se tributa solo por el concepto de préstamo, y el 8 que en el préstamo el sujeto pasivo es el prestatario. Pero esto no se aplica en este caso porque corresponden a la modalidad Transmisiones patrimoniales y no se ha establecido la misma norma para la modalidad AJD (FD 5.2). Más adelante (FD 5.6) insiste: “Nada le era más fácil al legislador que incorporar una previsión equivalente en sede de actos jurídicos documentados…”.
Que los arts 8 y 15 no sean directamente aplicable no quiere decir que no sirvan de criterio interpretativo. La modalidad variable de AJD grava, igual que en el caso de TPO, el mismo negocio jurídico (el préstamo hipotecario), y dado que la regulación de la modalidad AJD es mucho más sucinta que la de TPO, parece razonable acudir a una interpretación sistemática con esa norma. El criterio general para determinar el sujeto pasivo en todas las modalidades es el del adquirente del derecho, y en el préstamo es el prestatario. Así lo había entendido ahora la jurisprudencia. El último argumento es reversible: si el legislador quería una solución distinta para el caso de AJD, nada era más fácil que haberla establecido en la Ley.
2.- La hipoteca es el “negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria”. En la doctrina civil, como reconoce el propio Tribunal, se considera siempre el negocio principal el préstamo y la garantía como accesoria.
Sin embargo aquí el Tribunal considera que lo importante es determinar el carácter principal a efectos tributarios y que en este caso lo tiene la hipoteca; por una parte porque es lo que es inscribible y por tanto lo que determina la sujeción a AJD (FD 5.3); por otra porque la base imponible se calcula no sobre el préstamo sino sobre este más los intereses, costas y gastos garantizados por la hipoteca, como señala el art. 30 LITPAJD.
Esta novedosa argumentación es lo que principalmente se critica en el segundo voto particular. El Magistrado considera a i juicio acertadamente que “no cabe categorizar un determinado acto o negocio como principal … únicamente a efectos tributarios, sin indagar la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato sometido a tributación”
Es además erróneo decir que “(la inscribibilidad) es la que determina que una operación como la que nos ocupa no se someta a transmisiones patrimoniales, pues un negocio complejo idéntico al que analizamos se sujetaría, si no fuera inscribible, a este último tributo”. No es cierto: un préstamo sin hipoteca concedido por una entidad bancaria no se somete a ITP, pero no porque no tenga hipoteca sino porque está sometido al IVA, que excluye su sujeción a ITP. Los préstamos de entidades financieras, con o sin hipoteca están sujetos a IVA (y exentos porque así lo impone el art. 135 de la directiva 2006/112/CE) y no a ITP. Eso es lo que abre la posibilidad de que se sometan a AJD (modalidad incompatible con TPO). Es absurdo que por exactamente la misma operación y por el mismo impuesto, si no está sujeta a IVA el sujeto pasivo sea el prestatario (por TPO) y si lo está sea el prestamista (AJD).
Tampoco es cierto que las cantidades incluidas en la base imponible sean ajenas a la obligación del prestatario. Los intereses y demás conceptos que se garantizan son por supuesto parte de la obligación del deudor, como resulta de la propia norma que dice que la obligación “comprende” esos importes. Desde luego es absurdo que se sumen a la base pues son cantidades que de momento no se deben, pero independientemente de quién pague.
Dice la Sentencia que “no tendría demasiado sentido someter al gravamen un negocio jurídico no inscribible solo por la circunstancia de que exista un derecho real accesorio constituido en garantía del cumplimiento de aquél”. No puedo estar más de acuerdo: no tiene ningún sentido que cuando una operación principal está exenta del impuesto que la debía gravar (el IVA en este caso) se la someta a tributación por el hecho de que sea inscribible. Pero esta sinrazón es consustancial a la absurda configuración del hecho imponible en AJD, y se produce tanto si el obligado es el deudor como si es el acreedor. Lo que habría que hacer es suprimir este gravamen, no cambiar el sujeto pasivo.
3.- Cuando no está claro quién es el adquirente, lo importante es determinar quién es el interesado en el documento, y en este caso es el acreedor.
La secuencia del argumento sería la siguiente:
como hay dos adquirentes en un negocio complejo, no podemos utilizar ese criterio y hay que pasar al siguiente: “en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.
Lo importante por tanto es determinar quién es el interesado en el documento.
El interesado en la escritura y la inscripción es el Banco pues es el que se beneficia del procedimiento de ejecución hipotecaria basado en el título inscrito.
A mi juicio la argumentación tiene importantes defectos:
No está claro que cuando hay dos adquirentes haya que pasar al criterio subsidiario. En principio cuando hay dos adquirentes lo que hay es dos negocios jurídicos y por tanto dos conceptos tributarios (art. 4 LITPAJD). Cuando la Ley excluye la existencia de dos conceptos, como se ha considerado siempre en el caso del préstamo hipotecario, parece que lo que hay que buscar es el adquirente del negocio principal, que es lo que hace el art. 15 para la modalidad ITP, lo que hasta el momento había sido la posición de la jurisprudencia y también lo que hasta este punto de la argumentación parecía defender la propia sentencia.
La sustitución del adquirente por el interesado no resulta de la Ley. El primer criterio subsidiario es acudir a las personas que “insten” el documento. Aunque la sentencia dice que la solicitud conecta con el interés, no está claro que sea así. En el caso de las escrituras que incorporan un contrato está claro que los que las que instan la actuación notarial son las dos partes, por lo que no habríamos aclarado nada cambiando de criterio.
Construir la nueva teoría sobre la palabra interés que aparece como segundo criterio subsidiario es un error en la interpretación de la norma. La expresión “o aquellos en cuyo interés se expidan” indudablemente se está refiriendo exclusivamente a las copias de escrituras (y por tanto solo al timbre) y no a las matrices de escrituras (y al gravamen gradual). Las escrituras se autorizan u otorgan, y las copias se expiden (art 17.1 de la Ley del Notariado, en adelante LN). En otros lugares se habla de autorizar escrituras matrices (art. 19 LN) y el verbo expedir se reserva siempre a las copias (art. 18 LN), también en el reglamento notarial (arts. 221 y ss.). Por tanto a lo que la ley se está refiriendo a las copias. El “interés” también es un concepto relativo a las copias, que solo pueden expedirse a favor de quien tenga “interés legítimo” (art. 224 del Reglamento Notarial).
Finalmente, no se puede decir que el interesado en la documentación notarial y en la hipoteca sea solo el acreedor. La existencia de una garantía real como la hipoteca es lo que permite a los particulares obtener préstamos a más largo plazo y a intereses más bajos que los préstamos sin garantía. La sentencia está contemplando al beneficiario de la hipoteca una vez constituida, sin mirar la operación completa del préstamo hipotecario. Es una visión totalmente distorsionada de la realidad, como lo sería considerar que el único beneficiario del préstamo es el acreedor porque una vez concedido es el único que tiene derechos. Podemos impugnar de manera total el acceso a la propiedad a través del crédito como hace Ada Colau (ver aquí), pero es evidente que la hipoteca no es solo un instrumento para los bancos sino también la única forma de acceso a la vivienda para una enorme parte de la población.
Por todo ello carece de fundamento la afirmación de que el legislador “consideró que lo verdaderamente relevante … era la necesidad de inscripción, requisito que fundamenta la aplicación del tributo”. Si lo hubiera considerado así, lo hubiera establecido, como dice la propia Sentencia.
4.- El criterio de capacidad contributiva lleva a considerar que el sujeto pasivo es que el acreedor hipotecario es el único verdaderamente interesado en que se haga la escritura y se inscriba.
Ya he explicado que el deudor también tiene interés en la garantía pues determina unas mejores condiciones. Es cierto que el crédito debe concederse teniendo en cuenta sobre todo la capacidad de repago y no la garantía, pero también que la garantía real favorece el crédito a largo plazo y aun interés menor. Por otra parte, no hay identidad entre interés y capacidad contributiva. De hecho, esta teoría va directamente en contra de la jurisprudencia de Tribunal Constitucional sobre este impuesto: “la capacidad de endeudarse es una manifestación de riqueza potencial y, por tanto, de capacidad económica susceptible de gravamen, pues sólo quien tiene capacidad de pago, esto es, quien tiene aptitud para generar riqueza con la que hacer frente a la amortización de un préstamo o de una deuda puede convertirse en titular del mismo”(Autos de 18 de Enero y 24 de Mayo de 2005). A mi no me convence este argumento del TC porque no creo que el Impuesto en su modalidad AJD refleje capacidad contributiva alguna, ni en el acreedor ni en el deudor. Pero en cualquier caso no parece que el criterio de la capacidad de pago nos pueda servir para inclinarnos en un sentido o en otro.
Hasta aquí la argumentación sobre la interpretación de la Ley teniendo en cuenta su literalidad y los argumentos sistemáticos y teleológicos. En este caso parece que el Tribunal también tendría que haber tenido en cuenta el criterio de la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, como señala el voto particular discrepante. No contribuye a esta seguridad modificar una doctrina reiterada de esa Sala, que había confirmado -como el Tribunal Constitucional- la legalidad de un precepto reglamentario que ahora se anula. Menos aún cuando después de la avalancha de reclamaciones judiciales provocada por la STS , la Sala 1ª había por fin zanjado la cuestión para coordinarse con la doctrina de la Sala 3ª, con unos argumentos que ahora la propia Sala 3ª desautoriza. Y mucho menos aún cuando la anulación del Reglamento se proyecta no solo hacia el futuro sino hacia el pasado, abriendo la posibilidad de reclamaciones a las Haciendas Autonómicas, a los Bancos y a la Administración Estatal, con una total incertidumbre acerca de respecto de qué operaciones se va a poder reclamar (¿de los últimos 4 años de 15? ¿a quién en cada caso?).
El argumento de la seguridad jurídica tampoco sería definitivo, porque antes está el de la justicia, reconocido en el artículo 1 de la Constitución la justicia y como uno de los tres valores superiores del ordenamiento jurídico (junto con la libertad y el pluralismo político). Pero ¿Es más justo que el impuesto lo pague el Banco? Esta sin duda es la idea central que está detrás de la argumentación de la Sentencia y del concepto de interés: el Banco es el que se beneficia de la hipoteca, y por tanto el impuesto lo debe pagar él.
Lo que sucede es que esto es muy discutible por dos razones.
En primer lugar, porque como ya he dicho el préstamo hipotecario es un sistema peculiar de crédito que beneficia también al deudor al permitirle obtener un crédito a largo plazo y a interés menor que si no ofreciera ese tipo de garantía.
En segundo lugar, porque la doctrina de la Sentencia no solo se aplica a consumidores: de hecho, en el caso de la Sentencia el reclamante era un promotor. En la práctica si los prestatarios van a tener que reclamar a la administración, es mucho más probable que lo hagan las promotoras, que tienen mayores recursos y cantidades mayores que reclamar, que los consumidores.
En tercer lugar, porque desde el punto de vista económico, la atribución del impuesto en realidad es neutra para el prestatario. Si a partir de ahora los Bancos van a pagar el impuesto, subirán el coste a través de la comisión de apertura o el interés. La protección al consumidor no la da que el Banco pague el impuesto sino que exista competencia entre entidades financieras y que las ofertas sean sencillas y transparentes, de manera que sea fácil para el prestatario compararlas. No parece justo que los Tribunales cambien su criterio, alterando el reparto de costes que se tuvo en cuenta en el momento de contratar. No es justo para los Bancos, por muchas tropelías que hayan cometido con las preferentes, los productos vinculados o los swaps: que se les castigue por lo que han hecho mal (y a los que lo han hecho). Desde luego tampoco lo es para las Haciendas Autonómicas que van a ser objeto de miles de reclamaciones por los particulares y que tendrán que reclamar después a los Bancos. Y tampoco para el Estado, que de repente podrá ser objeto de reclamaciones por parte de los Bancos por los perjuicios derivados de un Reglamento ilegal. Sobre todo no es justo que los contribuyentes podamos terminar soportando la devolución a miles de prestatarios (en buena parte promotores inmobiliarios) de un impuesto que sabían perfectamente que tenían que pagar cuando contrataron.
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/06/tax-office-2668797_960_720.jpg 296 960 Segismundo Alvarez Royo-Villanova https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Segismundo Alvarez Royo-Villanova2018-10-22 00:13:412018-10-22 18:18:50¿Debe el TS volver a su doctrina anterior sobre el impuesto en los préstamos hipotecarios?
22 octubre, 2018 en 11:22
En mi opinión, la STS es correcta en cuanto señala como sujeto pasivo al prestamista. Aunque creo que subsiste un problema de mayor calado: la inconstitucionalidad del IAJD (https://hayderecho.expansion.com/2011/07/19/lo-que-la-verdad-esconde-impuesto-de-actos-juridicos-documentados/ )
Desde el punto de vista tributario queda abierto el procedimiento de solicitud de rectificación de autoliquidaciones que no hayan adquirido firmeza.
Creo que se está causando una gran alarma sobre la repercusión respecto a las entidades financieras de la nueva jurisprudencia, pues desde el punto de vista civil, considero que los prestamistas no han incurrido en abusividad y, por tanto, no deberían prosperar demandas civiles contra ellos, pues: a) la cuestión de la determinación del sujeto pasivo había sido analizada y resuelta reiteradamente por el Tribunal Supremo, b) se había declarado explícitamente por el Tribunal Supremo la inexistencia de extralimitación reglamentaria del artículo 68.2 del Reglamento ITPAJD, y c) las Administraciones tributarias autonómicas como acreedoras del tributo habían aceptado pacíficamente la anterior interpretación jurisprudencial sobre quién era el sujeto pasivo del impuesto.
Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo, que el caso analizado por la sentencia no se parece en nada al caso del Impuesto municipal de Plusvalía (cuya traslación al comprador de viviendas fue declarada abusiva por el Tribunal Supremo). En efecto, en el Impuesto de Plusvalía la ley determina que el sujeto pasivo es el que transmite el inmueble y mediante contrato se trasladaba al consumidor-adquirente el pago del mismo, que se declaró abusivo. No obstante y en honor de la verdad, la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo era pacífica en considerar que este tipo de cláusulas (traslación de impuestos) era perfectamente lícito, en virtud del principio de libertad de pactos; por lo que los efectos retroactivos de la jurisprudencia civil, en mi opinión, eran más que dudosos; pues tampoco existiría abusividad, en principio.
Desde el punto de vista tributario, es de gran interés el artículo de hoy, de Ana María Juan Lozano y Luz Ruibal Pereira (https://elderecho.com/ajd-prestamos-hipotecarios-los-efectos-tiempo-del-cambio-criterio-del-tribunal-supremo-legalidad-versus-seguridad-juridica )
22 octubre, 2018 en 22:01
Muchas gracias Isaac. Yo estoy totalmente de acuerdo que el verdadero problema es el propio AJD. Es muy difícil discutir sobre el “interés” que justifica el gravamen, o sobre la capacidad tributaria cuando hablamos de un impuesto que carece tan claramente de fundamento. Gracias también por el link al artículo.
22 octubre, 2018 en 13:49
El Auto de admisión del recurso (Roj: ATS 559/2018) ya anunciaba que iba a “revisar” la doctrina anterior, por tanto, no se entiende este revuelo. Otra cosa es no estar de acuerdo con el nuevo criterio establecido, como en tantas ocasiones.
22 octubre, 2018 en 22:05
Bueno, la verdad es que decía que iba a revisar, pero la razón para volver sobre ello era la doctrina discirdante de la Sala 1ª. Desde el momento en que esta corrigió su doctrina para alinearse con la tradicional de la Sala 3ª, no parecía tener tanto sentido. Eso es lo que opina el magistrado disidente. En todo caso es cierto que eso no impide la revisión si realmente el la interpretación hasta ese momento fuera claramente errónea. Mi opinión es que la argumentación de esta Sentencia no es convincente y que una interpretación lógica y sistemática lleva más bien a la solución contraria.
Pilar F Dice:
22 octubre, 2018 en 16:35
En la sentencia no ha intervenido ni un solo consumidor ni un solo banco.
En la sentencia el problema que se planteaba era…
si la sociedad pública promotora de viviendas de protección oficial estaba exenta (ojo, exenta, sujeta pero exenta) del pago del impuesto.
Porque se trataba de viviendas de protección oficial, que están exentas del pago del impuesto, pero en el caso particular tenían una superficie superior a 90 m2.
Sí, era un problema de si la vivienda por tener más de 90 m2 pagaba impuesto o no por estar exenta.
Y en lugar de resolver ese asunto, el TS, sin oir a nadie… el TS se sale por la tangente y dice que el impuesto es a cargo del acreedor hipotecario (que ni estaba en el pleito ni se le esperaba).
Muerto el perro ( la empresa promotora no paga el impuesto)
se acabó la rabia (no entramos en si la empresa promotora está exenta o no).
23 octubre, 2018 en 10:32
Gracias Segismundo por tu, como siempre, brillante post.
Yo creo que el resultado de la sentencia del TS es correcto y que el impuesto lo debe pagar el prestamista, al margen de que algunos razonamientos para llegar a tal solución puedan ser cuestionables, tal y como explicas en tu post.
1.	Creo no es correcto acudir a la aplicación de normas propias del impuesto de transmisiones patrimoniales para interpretar la palabra “adquirente” del art. 29 TRLITPAJD porque el préstamo hipotecario concedido por empresarios no está sujeto a ITP, sino a IVA y, como bien dices, está exento. Si en ITP, la norma es clara respecto a que debe abonarlo el prestatario cuando el préstamo está garantizado, el hecho de que el mismo criterio no se haya seguido en AJD evidencia, a mi juicio, lo contrario de lo que sugieres: que no lo paga el prestatario. Yo creo que el legislador ha querido una solución distinta para el impuesto de AJD precisamente no reproduciendo el mismo criterio que establece para el ITP, una vez identificado el problema que se podía plantear con el préstamo garantizado y la aparente antinomia que plantea el art. 8 c) y d) TRLIPAJD
2.	Por mucho que la hipoteca sea accesoria del contrato de préstamo, la base imponible del impuesto de AJD no la constituye el importe del préstamo que realmente recibe el prestatario, sino el importe de la responsabilidad hipotecaria que incluye el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos (art. 30 TRLITPAJD). Si el sujeto pasivo fuera el prestatario, se le estaría gravando por una cantidad que no recibe, aunque eventualmente pueda deberla en caso de incumplimiento.
3.	Por su parte, el art. 74. 2 del Reglamento del ITP AJD relativo a la cuota gradual del impuesto de AJD en préstamos sujeta “las primeras copias de escrituras que documenten la constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, bonos, cédulas, pagarés y otros títulos análogos, tributarán por el referido gravamen gradual cuando sean inscribibles en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil. El préstamo no es inscribible en el Registro de la propiedad por lo que no se debería devengar el impuesto de AJD si lo decisivo para determinar el sujeto pasivo del impuesto fuera el préstamo por considerarlo el negocio principal.
4.	Yo creo que el adquirente a que se refiere el art. 29 TRLITPAJD es el acreedor hipotecario y tiene por ello pleno sentido que la base imponible sea precisamente la responsabilidad hipotecaria y no el importe del préstamo.
Que la jurisprudencia cambie no es censurable. Y ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que las exigencias de seguridad jurídica y de la protección de la confianza jurídica de los justiciables no generan un derecho adquirido a una jurisprudencia constante (STEDH de 18 de diciembre de 2008. Caso Unedic contra Francia. &74). Pero también es cierto que la aplicación retroactiva de los cambios de criterios jurisprudenciales puede dar lugar a resultados injustos. Por eso habrá que esperar a la decisión del TS sobre este particular y que esperemos logre cohonestar la posibilidad de cambios de interpretación con el respeto a las transacciones realizadas con arreglo a un status quo legal cuando se llevaron a cabo. No creo que pueda defenderse la abusividad de la cláusula de repercusión de gastos al consumidor cuando en el momento en el que se pactó, legalmente podía hacerse con base en la interpretación que se hacía del art. 68 del Reglamento.
No se trata de populismo ni de interpretaciones “contra la banca” ni de que el prestatario acabe pagando el coste vía comisiones. El argumento del encarecimiento del crédito cada vez que se limitan los derechos de los acreedores sólo lleva a privilegios y desequilibrios contractuales injustificados que han tenido mucha culpa en el desencadenamiento de la crisis actual. Lo decisivo no es castigar a la banca pagando un impuesto, sino que pague el impuesto el sujeto pasivo que determine la LEY y no un reglamento.
23 octubre, 2018 en 23:04
Muchas gracias, Matilde, por tu extenso e interesante comentario. Comento los dos primeros puntos:
1.	La no aplicación de las normas de TPO: el TS y tu pensáis que la ausencia de una norma equivalente al art. 15 implica que no se ha querido seguir el mismo criterio en AJD. Pero es que el artículo 15 no está ahí para imponer el impuesto al deudor, sino para evitar que se generen dos impuestos, uno al deudor y otro al acreedor. En principio habría dos sujetos pasivos, el deudor por el préstamo (art. 8 d), y el acreedor por la garantía (art. 8.c). Recordemos que el art. 4 dice que “cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa”. Por tanto, lo que hace el artículo 15 es evitar la imposición por los dos conceptos. Recordemos que no dice “en los préstamos hipotecarios el sujeto pasivo será el deudor” sino “La constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo”. En el caso del AJD no existe ninguna norma semejante y si no se pide dos veces el impuesto es porque se considera, justamente, que en una interpretación sistemática de la Ley ha de aplicarse el mismo criterio que en el caso de TPO. El TS obvia esto cuando habla de la unidad del negocio (ni siquiera cita el art. 4) y deduce la no sujeción a la doble imposición de que en la definición de la vase imponible se habla de “préstamo hipotecario”. El argumento no convence porque también en ITP se define igual la base imponible (art. 10.j) y sin embargo considera necesario especificar en el art. 15 que en los préstamos con garantía solo se tributa por préstamo, que es el negocio principal. Lo que pretende el TS es aplicar el art. 15 para una cosa (un solo impuesto) y no para otra (cual es el negocio que tributa). Para mi está muy claro que no hay una voluntad del legislador de distinguir, sino simplemente una regulación más breve en el caso de AJD, que ha de ser interpretada a la luz de la regulación más cuidada del ITP, que sirve para defender que tributa un solo concepto, pero también cual tributa.
2.- La base imponible en este caso no es el préstamo sino la responsabilidad hipotecaria: eso no afecta para nada al sujeto pasivo. La base imponible en el caso de prestamo con hipoteca sujeto a ITP es exactamente la misma (art. 10.j que se remite al 10.c) y sin embargo el sujeto pasivo es el deudor. Es curioso aquí también como el TS olvida algunas partes de la Ley. Después de ” comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo” que sí cita sigue la siguiente frase “Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres años de intereses.” Es decir, que si no hay cantidad garantizada, también se presume una cantidad superior al préstamo, y en ese caso no podemos decir que sea este tributando por la garantía del acreedor. Por supuesto esto no tiene sentido alguno (como no lo tiene que en el prestamo con garantía sujeta al ITP no se tribute por el préstamo). Pero eso es lo que establece la Ley para los préstamos con garantía, sean o no de profesionales. Me parece inconcebible que el TS utilice este argumento como una de las piezas centrales sin plantearse que cuando se tributa por concepto de préstamo la Ley da la misma solución ( art. 10.j).
Yo tampoco compro el argumento del encarecimiento del crédito. Pero aquí estamos hablando de cambiar las reglas que están en una Ley que a mi juicio había sido correctamente interpretada por el TS y por el Reglamento.
23 octubre, 2018 en 11:01
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2018/10/23/isaac-ibanez-garcia-sobre-el-sujeto-pasivo-del-itpajd-en-las-hipotecas/
23 octubre, 2018 en 13:33
El espectáculo al que asistimos es esperpéntico. Digo del “Lazarillo de Tormes”.
Lanzo unas preguntas al aire….
1.- ¿Alguien se ha dado cuenta que la escritura de préstamo con garantía hipotecaria no es un solo contrato sino que hay 2 contratos? ¿Nadie se ha parado a pensar que potencialmente hay 2 paganinis? ¿La norma aborda esta situación o no?
2.- ¿Qué advertencias hacía el notario? ¿Entra éste en evaluar la fiscalidad de una operación? ¿En cuántas operaciones han intervenido los notarios pasando de perfil? ¿Dónde está la DGRN? ¿Dónde está Mariano? El silencio es una forma de comunicación. La pompa que tiene el rito de la fe pública hace que todo se dé por sentado. Se produce una aplicación del derecho por “ostensión”…… yo el notario apercibo que hay que liquidar el ITP/AJD…… bla bla… Total, si lo ha dicho el notario.
4.- A las oficinas liquidadoras de impuestos autonómicas, ¿les ha parecido bien que millones de prestatarios liquidasen su impuesto en ventanilla sin causarles la más mínima inquietud? ¿Por qué lo han admitido? El prestatario pasa 1 o 2 veces en su vida para hacer estas transacciones. ¿Nadie se ha dado cuenta? Las cosas se hacen porque sí… sin pensar…. por ostensión.
4.- Finalmente, si no me equivoco, la vivienda queda afecta a la correcta liquidación de tributos…… ¿Por qué la administración trinca el inmueble de quien no es el sujeto pasivo? Esto es como el seguro de daños que indemniza al prestamista?
Estamos asistiendo a una tremenda propaganda mediática dirigida por la propia Administración del Estado…. la culpa es de la Banca
O presentando el tema como un conflicto jurídico cuando lo que subyace aquí son Comunidades Autónomas cuyos incentivos no están alineados con los de la ciudadanía.
23 octubre, 2018 en 23:08
1.- Sí, claro que la aborda, en los artículos 4 y 15 de la Ley, y según el TS implicitamente en el art. 31 (ver comentario al comentario de Matilde Cuena
2.- Se hacían las advertencias legales, y en particular del coste del AJD que por una Ley (en la interpretación reiterada del TS) y un Reglamente declarado legal por el TS y constitucional por TC debía pagar el deudor. Yo en particular, lo advertía señalando la cantidad concreta que les iba a costar, porque es una parte importante del coste total del crédito.
Por lo demás, estoy de acuerdo en que es untributo absurdo, sin ningún fundamento más allá del recaudatorio.
23 octubre, 2018 en 13:50
Brillante como siempre tu análisis, Segis, al igual que el anterior que citas del coeditor Benavides y la más reciente entrada de Rodrigo, que comparto al cien por cien. Tan solo añadiré algunos breves comentarios, unos más en serio que otros.
El voto particular disidente de Berberoff (que, valga su segundo apellido, “Ayuda”) no tiene desperdicio, sobre todo en su alegato a favor de la seguridad jurídica, concebida como certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y expectativa razonablemente fundada del ciudadano (y las entidades financieras, añado) en la aplicación del derecho vigente. Dónde queda esa seguridad ahora?
Por contra, llama poderosamente la atención y tampoco tiene desperdicio el voto particular concurrente del magistrado Maurandi (al parecer, hijo de notario), quien, al exponer sus argumentos sobre el banco como principal interesado/favorecido en el otorgamiento del documento público notarial y su inscripción registral, nos dedica esta perla: “…y, frente a ello, la posible ventaja que para el deudor prestatario pueda tener la formalización notarial del préstamo es, sin ningún género de dudas, notablemente inferior (si no nula) a la que obtiene el acreedor hipotecario”. Entonces, para qué nuestra intervención!
No he visto entre los argumentos en favor de la tesis de que el sujeto pasivo ha de ser el deudor uno que para mí no ofrece ninguna duda: A qué entonces establecer, como hacen la mayoría de las CCAA, bonificaciones en la cuota en función de las circunstancias personales (financiación adquisición de primera vivienda, jóvenes, etc.) de quien finalmente no resulta ser el sujeto pasivo?
También me resulta inquietante, cuando no aterrador, esa atribución de la condición de sujeto pasivo al “principal interesado o favorecido” por la formalización/inscripción de la operación de préstamo hipotecario. Confieso, aunque no querría dar pistas, que a mí personalmente me interesa muchísimo que se otorguen esas operaciones, más que nada por tener trabajo y sustento. Y lo mismo cabría decir de los registradores…
Y, por último: alguien me podría ilustrar sobre los efectos “inter partes” y “erga omnes” de la STS, ya que entiendo -pobre de mí- que la anulación del inciso de marras en el artículo 68 del RITP no debería ser oponible a terceros hasta su publicación en el BOE, lo que, según mis noticias, aún no ha ocurrido? Gracias
23 octubre, 2018 en 23:09
Gracias Javier, las bonificaciones son en efecto un indicio más de que todo el mundo entendía que el sujeto pasivo era el deudor
23 octubre, 2018 en 16:37
Parece que se está aclarando el fondo del asunto.
Todo en esta vida se reduce a los pecados capitales, de los cuales el peor pecado es la soberbia porque de la misma se derivan el resto de pecados capitales.
Bien, parece que no es bueno estigmatizar a nadie pero aquí señalan claramente a las guerras de ego internas entre magistrados. Totalmente ejemplarizante.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/guerra-civil-supremo-trasfondo-escandalo-hipotecas/20181022171010117378.html
Creo que hay que coger palomitas y contemplar el edificante espectáculo.
23 octubre, 2018 en 18:09
En primero lugar, gracias a Segismundo por su análisis tan claro como siempre.
En mi opinión el problema es que haya que pagar impuestos por obtener financiación.
Desde el punto de vista económico, la financiación debe tener un tratamiento fiscal neutro de modo que la decisión de inversión no se vea afectada por una opción tributaria determinada.
La regulación de TPO va en tal sentido y la del IVA también por eso se declaran exentas este tipo de operaciones.
Por tanto, además del propio AJD que es un impuesto por el que Estado castiga los documentos autorizados por los funcionarios que pone a disposición de la sociedad para tal función y cuya existencia debería revisarse, en el problema concreto de las operaciones de préstamo y crédito garantizadas con hipoteca, hubo un problema con la interpretación patrocinada por el TS en la sentencia de 20 de septiembre de 1989 (en interés de ley) decidiendo su sujeción a la cuota variable de AJD, cuando el tema había dado lugar a pronunciamientos contradictorios en el TEAC. Cuando la garantía es simultánea es perfectamente defendible que el acto accesorio sigue el régimen del acto principal y probablemente el legislador debería pronunciarse en tal sentido en algún momento si quiere que la economía no se vea afectada. Lo que se pierde por ahí para las arcas públicas se gana por otro lado en mayor inversión.
En aquel momento, además, con un tipo único en todo el territorio del 0,5 por ciento el problema era menor pero ahora quien la quita el 1,5 que cobran algunas comunidades. Sería la solución más digna y justa para este TS.
Por otra parte queda el problema del Pais Vasco y Navarra con regulaciones propias que no se ven afectadas por esta sentencia y cuya regulación creo que no es estrictamente de rango reglamentario.
Por cierto que en el ámbito de TPO algunas Comunidades Autónomas están cobrando el uno por ciento por fianzas y avales simultáneas a las de confirming o leasing por entender que no están comprendidas en el artículo 25.2 del Reglamento del Impuesto. Por tanto una sociedad que hace un confirming en la que hay fianza de una persona física a pasar por caja para sostener nuestro glorioso Estado autonómico.
23 octubre, 2018 en 18:51
Tus claros argumentos abundan, entiendo, en la calificación de este arcaico impuesto, como inconstitucional.
A mayor abundamiento, si una persona o familia de economía modesta tiene que pagar fuertes impuestos (IVA o ITP) por adquirir una vivienda) pretender sangrarle, además, con un impuesto por documentar la venta en escritura pública parece más bien “EXCESIVO”.
Francisco Piqueras Medina Dice:
30 octubre, 2018 en 19:05
Lo primero, como podía ser de otra manera, mi enhorabuena al autor del artículo.
Sobran argumentos, tanto en el artículo, como en los comentarios, para defender una y otra postura. En mi caso me inclino por dar la mayor de las importancias al art. 31.1 de nuestra Constitución.
Cuando empecé a estudiar este tema, más allá de interpretaciones del artículo, me llamó la atención que pedir un préstamo, esto es, necesitar que otro te dé dinero, es una manifestación de riqueza, o yo me he perdido algo, o esto no tiene mucho sentido.
Dice el TC: “la capacidad de endeudarse es una manifestación de riqueza potencial y, por tanto, de capacidad económica susceptible de gravamen, pues sólo quien tiene capacidad de pago, esto es, quien tiene aptitud para generar riqueza con la que hacer frente a la amortización de un préstamo o de una deuda puede convertirse en titular del mismo”, bien, podría ser, pero si aquél que por pedir un préstamo y demostrar que algún día va a ganar dinero, paga un impuesto, quiero ello decir que si la fortuna no le sonríe quien ha recaudado el impuesto se lo va a devolver?
Este es uno de esos impuestos que da igual quien lo pague, no tiene el más mínimo sentido.
Por último, también va a dar igual, de ahora en adelante, lo que diga el Supremo sobre esta cuestión, el consumidor, de una manera u otra acabará pagándolo.
Justicia: entre todos la mataron… La Sentencia del TS sobre el impuesto en las hipotecas: confundiendo de nuevo...