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Timestamp: 2018-11-18 16:49:10
Document Index: 29761305

Matched Legal Cases: ['artículo 449', 'artículo 64', 'artículo 449', 'artículo 379', 'artículo 56', 'artículo 448', 'artículo 453', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 444', 'artículo 61', 'artículo 56', 'artículo 449', 'artículo 55', 'e contrario', 'artículo 379', 'artículo 7', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA C-993 DE AGOSTO 2 DE 2000
SENTENCIA C-993 DE 02 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:HUELGA POR CAUSAS IMPUTABLES AL EMPLEADOR. NO SUSPENDE EL PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS DERECHOS LABORALES. DECLARA EXEQUIBLES, LOS ARTÍCULOS 449 EN LO ACUSADO, 51-7 Y 53 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DURANTE LA HUELGA SÓLO SE PREDICAN CUANDO ÉSTA SEA IMPUTABLE AL EMPLEADOR POR DESCONOCER DERECHOS LABORALES, LEGALES O CONVENCIONALES JURÍDICAMENTE EXIGIBLES, Y QUE ÉSTE DEBE, EN TODO CASO, ESTO ES, LE SEA O NO IMPUTABLE LA HUELGA, GARANTIZAR EL DERECHO IRRENUNCIABLE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN EL CESE DE ACTIVIDADES, MEDIANTE EL PAGO DE LOS CORRESPONDIENTES APORTES PARA SALUD Y PENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, SALARIO, HUELGA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
VIGENCIA:ANULADA POR AUTO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2000 Y REEMPLAZADA POR SENTENCIA C-1369 DE 2000
Sentencia C-993 de agosto 2 de 2000
EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto del artículo 449, destacando con negrillas lo acusado.
ART. 449.—Subrogado por el artículo 64 de la Ley 50 de 1990. La huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. El empleador no puede celebrar entretanto nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector del trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos, y para la ejecución de las labores tendientes a la conservación de cultivos, así como para el mantenimiento de semovientes, y solamente en el caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario de estas dependencias.
Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte establecer si la expresión acusada del artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo viola la Constitución, dado que, como lo aseveran los actores, la huelga es un derecho de los trabajadores cuyo ejercicio debe ser garantizado y no ser objeto de restricciones irrazonables que lo hagan nugatorio, como la que aparece prevista en la referida expresión, pues el no pago de salarios doblega la voluntad de aquéllos ante el empleador y los obliga a desistir de sus pretensiones de mejoramiento de las condiciones de trabajo.
a) ¿Si la norma acusada contiene una restricción irrazonable y desproporcionada que impide el ejercicio del derecho de huelga?
b) ¿Si la referida norma establece un trato diferente entre trabajadores que participan y no participan en la huelga?
c) ¿Si la regulación contenida en dicha norma comporta una extralimitación de la competencia del legislador para reglamentar el derecho de huelga, en la medida en que la Constitución sólo prohibió su ejercicio en materia de servicios públicos esenciales?, y
(1) Sentencias C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95, C-075/97.
“— El derecho a la huelga no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio requiere de reglamentación legal (3) .
(3) Sentencia T-443/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
— Sólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador (4) .
(4) Sentencia C-473/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
— El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentra en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical, derechos que sí ostentan el carácter de fundamentales (5) .
(5) Sentencia ídem.
(6) Sentencias C-110/94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-473/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-179/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
— El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás (7) .
(7) Sentencia T-443/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
— El derecho a la huelga también puede ser restringido por el legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público (8) .
(8) Sentencia 115/91 Corte Suprema de Justicia y C-548/94 Corte Constitucional M.P. Hernando Herrera Vergara.
a) Está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes, y
2.4. La cesación colectiva del trabajo por los trabajadores, en ejercicio del derecho de huelga, produce unos efectos jurídicos de orden laboral que inciden, entre otras cuestiones: i) en la extinción o vigencia o continuidad de los contratos individuales de trabajo, y en su eventual despido o reemplazo; ii) sobre el salario, esto es, si hay derecho o no al pago de salarios durante el período de duración de la huelga; y iii) en la repercusión de la suspensión de la relación laboral en dicho período, para efectos de la liquidación de ciertas prestaciones o derechos laborales y la continuidad en el sistema de seguridad social.
Por lo demás, los trabajadores que van a la huelga no tienen la intención de romper el vínculo laboral, sino que utilizan un derecho para obtener mejores condiciones de trabajo; por lo tanto, sería un despropósito que para mejorar un contrato se pretendiera disolverlo (9) .
(9) Alfredo J. Ruprech. Conflictos colectivos de trabajo. Abeledo-Perrot Buenos Aires, págs. 172.
Las anteriores consideraciones son válidas frente a la huelga lícita, no frente a la huelga ilícita o abusiva, que se puede presentar, v. gr. cuando se afecta un servicio público esencial definido por el legislador o persiga fines distintos a los profesionales o económicos, o se decrete sin haberse cumplido los requisitos y los procedimientos que la ley prevé para que pueda ser válidamente decretada y desarrollada (CST, art. 450), que puede dar lugar incluso a que el empleador quede en libertad de despedir a los trabajadores que hubieren participado y persistan en la huelga, luego de su declaración de ilegalidad por la autoridad administrativa del trabajo (CST, art. 451) (10) .
(10) Norma declarada exequible según sentencia C-432/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
— Según nuestra legislación la huelga es legal o lícita cuando en su declaración y desarrollo se ajusta a las normas legales que la reglamentan. Ello significa, que si para ejercitar este derecho los trabajadores observaron las prescripciones legales que lo condicionan y lo reglamentan, no aparecería, en principio, justo que la utilización de un derecho pudiera generar como consecuencia la pérdida del salario y demás derechos laborales. En cambio, cuando la huelga es abusiva o ilegal por declaración que haga la autoridad competente, sí resulta justificada la referida consecuencia.
Conviene anotar que la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 23 de abril de 1999 (11) , señaló que no puede exigirse el pago del salario y de las prestaciones económicas dejados de percibir cuando la huelga es declarada de acuerdo con las disposiciones legales, lo cual significa, visto desde otra perspectiva, que en aquellos eventos en que se acredite que la conducta del empleador resultó determinante para que los trabajadores se declararan en huelga, conlleva necesariamente a que éste deberá responder por los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el término en que ella dure.
“Deróguese el literal d) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo y modifíquese el literal e), el cual quedará así:
Igualmente estima la Corte, que la suspensión de los contratos de trabajo durante la huelga, no tiene el efecto de sustraer a los empleadores de obligaciones que no son propiamente salariales ni prestacionales, como son las contribuciones parafiscales que se destinan a sufragar actividades que persiguen finalidades sociales especificas, v. gr. aportes al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
No puede admitirse, como lo alega el demandante que existan los dos grupos de trabajadores mencionados; aquéllos que optaron por la declaratoria de la huelga, y los trabajadores que no haciendo uso de este derecho han decidido continuar en sus labores, por cuanto la declaración de huelga y su desarrollo es un asunto que afecta a todos los trabajadores, toda vez que el ejercicio de este derecho es aprobado por la mayoría de trabajadores en asamblea general .
Además, de acuerdo con lo establecido por el artículo 56 de la Constitución, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar su ejercicio, situación que se concreta a través de las autoridades del trabajo, según se desprende del mandato contenido en el numeral 2º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice:
“Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinaran el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo”.
No existe en consecuencia rompimiento de la igualdad porque la situación fáctica y jurídica es diferente. Quienes en razón de la huelga, no imputable al empleador, no presten el servicio se les aplican las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo previstas en el artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo, no así quienes en las circunstancias antes anotadas laboren en la empresa durante el cese de actividades.
2.8. De acuerdo con las consideraciones precedentes la Corte declarará la exequibilidad condicionada de los artículos 449, en lo acusado, 51-7 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido de que las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga sólo se predican cuando ésta sea imputable al empleador y que éste debe, en todo caso, esto es, le sea o no imputable la huelga, garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social de los trabajadores que participaron en el cese de actividades, mediante el pago de los correspondientes aportes para salud y pensiones.
(Sentencia C-993 de agosto 2 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
1. Como es suficientemente conocido, en virtud del hecho social de haberse presentado a comienzos de siglo algunos movimientos huelguísticos sin que para entonces existiera una reglamentación legal para el efecto, llevó al legislador a dictar las leyes 79 de 1919, 21 de 1920, 83 de 1923 y 73 de 1927, con lo cual la suspensión colectiva de las actividades laborales en procura del mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, dejó de ser considerada como una actividad ilícita o delictual como se había considerado en el pasado, para ser ahora regulada, aunque en forma incipiente, por la ley que, de esa manera, cambió la actitud del Estado frente a ese instrumento legítimo utilizado por los trabajadores como medio de presión en los conflictos económicos de carácter colectivo.
2. Con posterioridad, la Ley 83 de 1931, de manera expresa, reconoció la existencia de las asociaciones sindicales y, entre las facultades y derechos de ellas, consagró, entre otros, el de suscribir contratos colectivos de trabajo, con lo cual se superó la vieja concepción del arrendamiento de servicios propia del derecho civil, para abrirle paso a normas nuevas de derecho social, que, en Colombia, como en algunos otros países de América da origen en ese momento a la legislación laboral como rama autónoma e independiente del derecho, de la cual, a propósito, el profesor de la Universidad de Heidelberg, Gustavo Radbruch, citado por Guillermo González Charry, expresó que:
"El derecho obrero constituye una reacción contra el espíritu del derecho civil. Este reconoce solo personas, sujetos jurídicos iguales que contratan entre sí, mediante libres decisiones por ambas partes; y nada sabe del trabajador situado en una posición de inferioridad frente al empresario. Nada sabe tampoco de la solidaridad del proletariado, que compensa o nivela esta inferioridad del poder del obrero individual frente al patrono; ni de las grandes asociaciones profesionales, que mediante sus contratos colectivos de trabajo —sobre las tarifas de éste— son quienes propiamente lo concluyen, sino que mira exclusivamente a los contratantes individuales y al contrato de trabajo singular. Nada sabe, por fin, de la unidad de asociación de la empresa; el Código Civil considera sólo una multiplicidad de contratos de trabajo entre el mismo empresario y los diversos obreros —no ligados éstos, unos de otros, por ningún vínculo jurídico— y no acierta a ver la índole de la empresa como una unidad sociológica cerrada. Los árboles no le dejan ver el bosque. Ahora bien, la esencia del derecho obrero consiste, cabalmente, en su mayor proximidad a la vida. No ve sólo personas, como el derecho civil, sino empresarios, obreros, empleados; no sólo personas individuales, sino asociaciones y empresas; no sólo contratos libres, sino también las graves luchas económicas que constituyen el fondo de estos supuestos contratos libres". (El derecho latinoamericano del trabajo, tomo I, Autores varios, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 1974).
3. Bajo esa concepción social del derecho, la reforma constitucional de 1936, a semejanza de lo que ya había ocurrido en México a raíz de la Revolución de 1917 y siguiendo al punto la constitución de la República Española de 1931, consagró en la Carta Política que “El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado" (art. 17) y, a continuación, dispuso que “se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos. La ley reglamentará su ejercicio" (art. 18).
No queda pues, ninguna duda, que a partir de la reforma constitucional de 1936, el trabajo no puede seguir siendo considerado como una mercancía, ni los salarios de los trabajadores como un fardo que pesa sobre los empresarios, ni como algunos todavía lo consideran, “una carga" lesiva que éstos han de soportar, sino que adquiere dimensión constitucional, de carácter social y, dada su trascendencia en el proceso de producción de bienes y servicios, merecedora de la “especial protección del Estado".
4. La Carta Política de 1991 eleva a canon constitucional algunos principios mínimos fundamentales del derecho laboral en el artículo 53 y, luego, en el artículo 55, de manera expresa, dispone que “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley" y erige como “deber del Estado" el de “promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo".
Por ello, resulta absolutamente claro que el Código Sustantivo del Trabajo se ocupe de la presentación de pliegos de peticiones por los trabajadores sindicalizados, e igualmente que prevea, como en efecto lo hace, cuál es el trámite que ha de seguirse una vez que tales peticiones han sido oficialmente formuladas al empleador y que propenda por la solución pacífica del conflicto. Así, el artículo 444 de dicho Código, con la reforma que le fue introducida por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, dispuso que “concluida la etapa de arreglo directo sin que las parte hubieren logrado un acuerdo sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento”, decisión esta que transcurridos diez días siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, será adoptada en votación secreta, indelegable y personal “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores".
Dispuso así mismo la ley que, en caso de votarse la huelga, ésta sólo podrá iniciarse “transcurridos dos (2) días hábiles a su declaración y no más de diez (10) días hábiles después. (CST, art. 445, con la modificación introducida por la L. 50/90, art. 62).
Se ocupó igualmente el legislador de regular la forma en que ha de desarrollarse la huelga, ordenando al efecto que ello se cumpla de manera “ordenada y pacífica" (art. 446); dispuso, además, que las autoridades deben vigilar el curso pacífico de la suspensión colectiva de actividades, así como prohibir el ingreso al trabajo de grupos minoritarios que actúen con el propósito de resquebrajar el movimiento huelguístico (art. 448) y ordenó a las autoridades garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho (art. 448, con la reforma introducida por la L. 50/90, art. 63).
6. Así las cosas, a mi juicio, resulta claramente violatorio del artículo 56 de la Constitución que la ley disponga que se suspenden los contratos de trabajo en caso de huelga legalmente declarada, como lo hace el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, en estrecha armonía con los artículos 51 numeral 7º y 53 del mismo, pues resulta francamente un dislate jurídico que al mismo tiempo que se garantiza un derecho se impongan consecuencias económicas y sociales negativas en desmedro de los trabajadores que lo ejerzan. La Constitución sólo autoriza al legislador a reglamentar ese ejercicio del derecho de huelga, no a imponer ningún tipo de sanción a quienes acudan a ella con estricta sujeción a todas las etapas previas para el efecto, y, declarada ésta, obren también con sometimiento a lo dispuesto por la ley, con la legítima aspiración de que al término de la huelga ella culmine con la celebración de una convención colectiva de trabajo, forma de contratación colectiva garantizada con absoluta nitidez por el artículo 55 de la Carta para regular las relaciones laborales, norma esta que así, también resulta violada por las aludidas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que la mayoría consideró ajustadas a la Carta durante los debates en la Sala Plena de la corporación.
8. Igualmente resulta inaceptable conforme a la Constitución que, a la minoría de los trabajadores que no votó favorablemente la huelga, pero que queda sometida al cese de actividades como consecuencia de la decisión mayoritaria que la obliga, no sólo conforme a la ley sino, también, conforme a la doctrina laboral, se le extienda también la sanción de tipo económico a que se ha hecho alusión.
10. Del mismo modo, aparece francamente inaceptable que el supuesto fundamento de la constitucionalidad de los artículos 449, 51-7 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo en lo pertinente, sean razones del necesario equilibrio social entre el capital y el trabajo, pues la Constitución no ordena que éste se realice con vulneración de los derechos que ella misma consagra, sino que expresamente dispone que “es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo" (art. 55), para lo cual habrá “una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores”, que “fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales" (art. 56).
11. Mucho menos puede aceptarse conforme a la Constitución, que la suspensión de los contratos de trabajo durante la huelga, tenga como fundamento la supuesta defensa “del derecho de propiedad" como se expresa en la motivación de la sentencia, pues ello significa, ni más ni menos, que regresar, ahora, a la concepción superada por la historia y por las luchas sociales, según la cual la huelga es un acto ilícito que debe reprimirse para garantizar el “derecho de propiedad”, como si ésta no fuera, como lo es entre nosotros desde 1936, “una función social que implica obligaciones".
En cambio sí, aparece francamente contrario a la evolución de las instituciones del derecho colectivo y de los avances en materia social consagrados por la Carta desde 1936 y ahora refrendados en la Constitución de 1991, exigir, como se hace en la motivación de la sentencia que la culpa del empleador requiera, en esos casos, “la correspondiente declaración judicial”, pues, entonces, se sigue como consecuencia que cuando el empleador incumple “las obligaciones salariales con sus trabajadores" lo cual le está prohibido expresamente por la ley, para legitimar el cese de actividades que autoriza en esos eventos el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo con la reforma que le introdujo el artículo 7º de la Ley 584 de 2000, se exigirá una previa “declaración judicial”, pese a la existencia de una circunstancia objetiva que no requiere nada más que su verificación fáctica, para que, en tal caso, pueda llevarse a cabo la huelga como instrumento de defensa de los ingresos oportunos y completos de los trabajadores.
Una vez conocido el texto final de la sentencia aludida, me veo además precisado a salvar el voto, por cuanto es contradictorio, según se desprende de su propio texto.
1. La parte motiva del fallo del cual respetuosamente discrepo, se encamina, toda, a declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 449, 51-7 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido de que durante el término de duración de la huelga, se suspenden los contratos de trabajo de los partícipes de ella, pero conservando el empleador la carga de asumir las cuotas correspondientes a él a los trabajadores para que éstos no se afecten en las prestaciones a que tienen derecho en lo atinente a la seguridad social.
2. No obstante lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia en mención, se declara la exequibilidad de los artículos 449, 51-7 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, “bajo el entendido de que las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga sólo se predican cuando ésta sea imputable al empleador, por desconocer derechos laborales, legales o convencionales jurídicamente exigibles ...".
3. Como se ve, sin ningún esfuerzo, es claro que el condicionamiento a que se acaba de hacer mención, lo es en el sentido de que “las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga sólo se predica cuando ésta sea imputable al empleador". Esto significa, entonces, que cuando la huelga sea imputable a los trabajadores no se produce la suspensión del contrato de trabajo, ni las consecuencias que de ello se derivan, que es, exactamente lo contrario de lo que se anuncia en la parte motiva.
4. Así las cosas, para superar la inmensa contradicción lógica de que adolece la sentencia, ha de darse aplicación al inciso final del artículo 14 del Decreto 2067 de 1991, conforme al cual “en todo caso de contradicción entre la parte resolutiva y la parte motiva de un fallo, se aplicará lo dispuesto en la parte resolutiva”, que es, exactamente lo que ocurre ahora.
(Nota: La presente Sentencia fue declarada nula por la Corte Constitucional mediante Auto 91 de 2000).