Source: https://www.slideshare.net/superdeville/carlos-lancheroz-del-estado-liberal-al-estado-constitucional-implicaciones-en-la-comprensin-de-la-dignidad-humana
Timestamp: 2018-01-22 17:09:41
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Carlos lancheroz del estado liberal al estado constitucional, implicaciones en la comprensión de la dignidad humana
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1. Del Estado liberal al Estadoconstitucional, implicaciones en lacomprensión de la dignidad humanaSUMARIOPresentación1. Del Estado liberal al Estado social de Derecho2. Del Estado legal al Estado constitucional de Derecho2.1 La ausencia de controles al legislador, y la insuficiencia garantizadora de la ley2.2 La creación del tribunal constitucional y el reconocimiento del poder normativo de laConstitución2.3 La sujeción material del legislador a la Constitución y la primacía del tribunal constitucional3. Características de un Estado constitucional4. Dificultades de la constitucionalización del ordenamiento5. La dignidad humana como eje del Estado constitucional6. A modo de conclusiónBibliografía.
2. PRESENTACIÓNSi bien hablar de una transición del Estado liberal al Estado constitucional no es muy ortodoxo, desde unaperspectiva histórica resulta útil para mostrar cómo el Estado tuvo que avocar la problemática de ladesigualdad material o estructural de sus ciudadanos, luego de centrar su atención en el desarrollo deinstrumentos que permitieran garantizar y sostener la igualdad formal de todos los particulares ante la ley.Esta realidad se convirtió en punto principal de la agenda de un gobierno que ya no podía contentarse conser el gendarme de la legalidad y de la economía, sino que debía desempeñar un papel activo en la soluciónde los problemas de pobreza y desigualdad, interviniendo cuando ello fuera necesario. Surge así,paulatinamente, el Estado social de Derecho.Vale anotar que este papel activo del Estado, fruto de la cuestión social, ha recibido un estímulo importantecon la aparición del Estado constitucional a expensas del Estado legislativo de Derecho, en un cambio que sedeja sentir de manera prácticamente simultánea en algunos sectores de la economía. Es importante decirdesde ya que el Estado constitucional, como el Estado social, son realidades dinámicas en permanenteevolución y redefinición, que tienen un origen relativamente claro y características identificables, perocontenidos y finalidades cada vez más complejos y debatidos.1. DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL DE DERECHOEn efecto, el Estado liberal tuvo en la ley una de sus bases fundamentales, a tal punto que puede hablarsede un Estado legislativo en el que Derecho y Ley eran lo mismo. Dado que los derechos fundamentales seentendieron, desde una concepción objetiva, como límites al ejercicio del poder estatal, estos límites sólopodían ser interpretados bajo el imperio del principio de legalidad y dentro de las escuelas positivistasclásicas dominadas por el culto al texto legal.Bajo esta concepción se pretendía, legítimamente, que la igualdad en la aplicación de la ley, sumada al libreejercicio de la autonomía privada, permitieran mejorar las condiciones materiales de vida,fundamentalmente porque se entendía que:Los valores básicos a los que debía servir el Estado de Derecho liberal burgués, a través de su orden jurídico,eran los derechos individuales y, más específicamente, la libertad individual, la igualdad, la propiedadprivada, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal. Talcriterio coincidía con el sistema de concepciones políticas y de los intereses de los grupos y estratosdominantes, de manera que la dimensión axiológica de la legitimidad se correspondía con su dimensiónsociológica, es decir, había una adecuación entre la idea válida del Derecho y los intereses de los estratosque, dadas las condiciones históricas, estaban en condiciones de establecer el Derecho1.Los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XIX, fruto de la gran industrialización europea, seopusieron a ese estado de cosas y buscaron modificar los valores a los que debía servir el Estado. Lasgarantías que rodeaban los derechos y las libertades repelían la acción del Estado sobre las atribuciones deque era titular el propietario de los medios de producción o de la fuerza de trabajo. Es así comoLa libertad de contratación sostenida insistentemente por los economistas del siglo XIX se enfrentaba, poruna parte, a la necesidad del Estado de controlar el mercado de la fuerza de trabajo para suministrar alsistema tal elemento indispensable y, por la otra, a la urgencia de satisfacer las diarias y crecientesdemandas de los trabajadores y de los movimientos sociales de entonces. Los partidos políticos liberales, ensu estructura ideológica y en sus reivindicaciones prácticas, resultaron incapaces de dar respuesta asemejantes inquietudes, permitiendo, ante su fracaso, el nacimiento de nuevas organizaciones políticas []que ofrecían alternativas diferentes de aquellas engendradas en los años de la ilustración2.
3. La aparición de lo que se conoce como la cuestión social, es decir, las transformaciones culturales ydemográficas, consecuencia del proceso de industrialización y de las condiciones laborales impuestas a lostrabajadores, que condujo a una reacción de los trabajadores a través de protestas y movilizaciones encontra de los dueños del capital y del Gobierno, puso a prueba el orden de cosas existente. La legitimidadque poseía la ley, concentrada más en su origen democrático que en su contenido, condujo a estos nuevosmovimientos a lograr la reivindicación de sus reclamos a través del reconocimiento de sus derechos en ella.Ello supuso dos consecuencias, la primera, el reconocimiento de una mayor importancia a la distinción entreley y derecho, y la segunda, la aparición de escuelas de interpretación que tuvieran como objetivo privilegiarla justicia material antes que la formal.En relación con la primera, resultó claro que la pretensión del derecho natural racionalista de plenitud yperfección de la ley, en cuanto fruto de la reflexión de un órgano de representación popular, fue superadapor los acontecimientos históricos que mostraron sus vacíos y sus lagunas. Los hechos corroboraron que laley no era inmutable y que, por tanto, podía ser modificada, para ajustarla a la realidad, las costumbres y losvalores de la comunidad a la cual se debía aplicar. Se potenció el poder normativo de lo fáctico, y seentendió el Derecho como una disciplina evolutiva que podría albergar dentro de sí, y por el paso deltiempo, leyes llamadas a desaparecer por obsoletas, inadecuadas o injustas.La segunda consecuencia fue que si la ley no aludía a realidades inmateriales sino a circunstancias históricasconcretas, su intérprete no podía hacer caso omiso de éstas. Adicionalmente, si la aspiración natural de lasnormas jurídicas radicaba en regular la conducta humana satisfaciendo simultáneamente una mínimaaspiración de justicia en sus disposiciones, el ordenamiento jurídico existente debía interpretarse deacuerdo con los principios superiores que lo inspiraron, y en función de la propia comunidad. Así surgieronlos movimientos antiformalistas que encontraron la validez del Derecho más allá de su adecuación a losprincipios de un derecho natural, siempre debatido en su correspondencia con la realidad histórica y social,el sociologismo jurídico y el solidarismo de DUGUIT que ve en el Derecho un hecho social, y la Escuela delDerecho Libre (entre otras) en la que KANTOROWICZ plantea que el centro de atención del intérprete debeestar en los hechos sociales y en la realidad, más que en las normas3.Paradójicamente, los movimientos jurídicos reseñados anteriormente terminaron, de la mano de KELSEN,reconociendo y afianzando el papel protagónico de la ley dentro del ordenamiento jurídico, y por ello delpositivismo, por la necesidad de poner un mínimo orden en las cosas y, en particular, por restablecer laautoridad de la ley, se empeñó en fortalecer su institución para, a través de ella, encauzar la labor del Estadohacia la consecución de mejores condiciones de vida para los ciudadanos.A pesar de lo anterior, si la República de Weimar y las ideas solidaristas de finales del siglo XIX e inicios delsiglo XX resultaron fundamentales para avanzar en el reconocimiento de los derechos sociales en los textosconstitucionales, estas reivindicaciones tuvieron, básicamente, solo un valor indicativo para laadministración y los legisladores de la época. Hasta ese momento, y en contraposición con la ley, laConstitución era considerada solamente como una guía suprema, pero sin una conexión directa con lainterpretación y la aplicación de la normatividad específica, y el derecho y la doctrina constitucionales []como una especialidad más, separada del resto de las ramas y, en especial del derecho privado4.2. DEL ESTADO LEGAL AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO2.1 La ausencia de controles al legislador y la insuficiencia garantizadora dela leyA pesar de los esfuerzos reseñados, el positivismo y la consideración de la Ley como máxima expresión delDerecho prevalece dentro de la cultura jurídica de la época, en gran parte gracias al aporte de KELSEN enAlemania. El poder de configuración política en manos de los órganos de representación potenció un tipo deEstado en el que la voluntad del legislador daba forma y contenido a los derechos sin control alguno. En losderechos sociales, por ejemplo, el legislador tenía un alto grado de configuración para determinar su
4. alcance, básicamente porque eran derechos otorgados por el propio Estado, a diferencia de los derechos delibertad que eran reconocidos. La Ley se consolidó, entonces, como el referente máximo del ordenamientojurídico.Es importante resaltar que si en el primer liberalismo los derechos tenían una significación objetiva, en lamedida en que la determinación de su contenido buscaba asemejarse al derecho natural, con el paso deltiempo, el legislador olvidó este proceso simultáneo de confrontación y deducción, y los derechos seconvirtieron en lo que decía el legislador. Como no había confrontación del caso con otros valores jurídicosdiferentes a los que plasmaba la ley para el caso concreto, el medio para la garantía de los derechos, que erala ley, se convertía en fin, y el sistema se comenzó a resquebrajar.Fue evidente que la nueva legislación debería ser distinta. No bastaba que el Estado respetara y acatara laley, y que proveyera la certeza y seguridad necesarias para el desenvolvimiento del tráfico jurídico. Tanimportante como ello era alcanzar una mayor igualdad material5. Esta modulación de los derechos, quesupuso una intervención estatal, se implementó, en virtud del principio de legalidad, a través de leyes yreglamentos. El Estado social de Derecho supuso una explosión normativa de diversa índole.Surgieron nuevos temas y, con ellos, leyes singulares o destinadas a resolver problemas concretos, leyestransitorias, interpretativas, de intervención, de presupuestos, orgánicas, leyes tecnocráticas, deautorización o habilitación, de honores, decretos con fuerza de ley, etc.; leyes que, en resumen, ya nogozaban de las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que tenían en los inicios delEstado liberal6.La concepción de la ley como norma general y abstracta, con vigencia indefinida y aplicable a todos los casostenía como base, tal como lo señala GARCÍA PELAYO7, dos ideas fundamentales relacionadas con laconcepción del Estado y la presunción de racionalidad.La primera, era que el Estado no creaba un orden específico, sino que se limitaba a crear un mínimo decondiciones, un orden general para la acción, a fin de que los sistemas social y económico se desenvolvieranautónomamente bajo la creencia de que ellos traerían el bienestar. La segunda, el hecho de que la leysurgiera de un parlamento suponía ya no la decisión de una sola voluntad soberana, sino la de un órganopluripersonal; la confluencia y confrontación de muchas voluntades en el seno de los órganos derepresentación debería dar como resultado la mejor de las leyes posible.Si bien desde temprano se afirmó que el legislador no debía perder de vista que las leyes se debían adaptaral carácter, a los usos y a la situación del pueblo para el cual se dan, la legislación podía ser utilizada parareflejar la posición de un8sólo sector de la población: el que podía hacerse representar. Así, si la protecciónde la autonomía privada y de la propiedad propiciaba el desarrollo, desde el punto de vista de las clasessociales más desfavorecidas, esta protección suponía el mantenimiento del statu quo por parte de una clasedirigente que representaba los intereses de las clases más favorecidas.Esta situación favoreció el absolutismo del legislador, pues quienes tenían el dominio de las mayoríasparlamentarias, respetando los procedimientos formales, tuvieron la oportunidad de concebir leyesamañadas e incluso contrarias a los más elementales principios y valores del ser humano. La llegada deltercer Reicht y la Segunda Guerra Mundial fueron el punto de quiebre del poder prácticamente omnímodoque poseía quien tuviera el control del poder legislativo.Tras el fin de la guerra en la Europa continental, el final de este “desorden de cosas” sólo podía llegar si seavanzaba simultáneamente en el sometimiento de todos los poderes públicos a valores y principiosabsolutos, sin cuyo respeto cualquier régimen político podría ser caracterizado como arbitrario, y el ejerciciodel poder calificado como ilegítimo. Este sometimiento solo podía darse si se controlaba materialmente elcontenido de las normas expedidas por el legislador, para lo cual fue necesario reconocer en la Constituciónya no solo la guía suprema o la norma reguladora del procedimiento legislativo, sino una norma de
5. naturaleza especial, capaz de sujetar materialmente en sus decisiones a los órganos del poder legislativo, yentregar a un tribunal independiente el papel de guardián de las normas previstas en la Constitución,restableciendo con ello, de manera simultánea, la dignidad de la ley. Así, podía prevenirse mejor el llamadogobierno de los jueces, y se sometía formal y materialmente a los legisladores a valores y principiossuperiores.2.2 La creación del tribunal constitucional y el reconocimiento del podernormativo de la ConstituciónVale la pena decir que éste no fue un proceso rápido ni fácil. Las ideas de Schmitt que subestimaron lanormatividad exaltando, en oposición a ella, la existencialidad para así concebir la Constitución no comonorma, sino como decisión política fundamental9, favorecieron el activismo judicial que suplía, a pesar de losesfuerzos de KELSEN, las lagunas o vacíos que dejaba una legislación destinada a favorecer y sostener losregímenes totalitarios.El surgimiento de los tribunales constitucionales con el sistema de control concentrado, y el reconocimientode la Constitución como norma jurídica vinculante con eficacia directa a partir del final de la Segunda GuerraMundial, fueron la respuesta adicional a los movimientos antiformalistas de interpretación (en especial de laEscuela del Derecho Libre) y la debacle que supuso para el positivismo jurídico la manipulación de la ley porlos regímenes totalitarios fascistas y nacional-socialistas.En este punto, tal como lo pone de presente el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA10, la construcción kelsenianade Constitución como cúspide del sistema jurídico y fuente normativa (norma de producción de leyes) y elcontrol constitucional concentrado en un único tribunal, devolvieron a la Ley su imperio ante unos juecesque, alentados por movimientos antipositivistas, pretendieron no estar sometidos a ella. La gran virtudhistórica de ese esquema fue aglutinar en un solo órgano la facultad de determinar ex nunc y erga omnes laconformidad o no de las leyes con la Constitución, garantizando así la prevalencia de ésta sobre las demásnormas que pudiera expedir el legislador.2.3 La sujeción material del legislador a la Constitución y la primacía deltribunal constitucionalAcerca de este último punto, la sujeción material de los legisladores a una norma superior, cabe decir quelas constituciones de la posguerra consagraron en sus textos un conjunto de principios y valores rectores detodo el ordenamiento, creando así un sistema de garantías que tenían como fin limitar objetivamente elpoder del legislador. Si inicialmente la idea del control constitucional apuntaba hacia la revisión formal yprocedimental de las normas expedidas por el parlamento11, con el reconocimiento del poder obligatorio dela parte dogmática de la Constitución, la capacidad de configuración del legislativo se redujo porque ya nosolamente debía respetar el procedimiento, sino, además, el contenido de los principios, valores derechosreconocidos por la Constitución, cuyo alcance, a su vez, es determinado por el propio TribunalConstitucional.Esta situación plantea tres consecuencias: primero, que los tribunales constitucionales adquieren una mayorjerarquía que el legislador al imponer a éste el respeto a contenidos no explícitos en el texto constitucional;segundo, que el Tribunal Constitucional, en su función de máximo intérprete de la Constitución, quedaexento del control de las decisiones que adopte y, tercero, que sus decisiones no están sometidas a esapresunción de validez por su origen democrático, como las del legislador, sino que ella proviene de laracionalidad de su contenido12.Esta nueva forma de entender el ordenamiento jurídico que debe ser respetado por todos los poderespúblicos, orden que contiene derechos, principios y valores consagrados como medios de defensa y base del
6. ordenamiento jurídico, y que vincula a todos los actores de la sociedad, se encuentra en la base de lo quehoy se conoce como Estado constitucional, y cuyas características pasamos a describir a continuación.3. CARACTERÍSTICAS DE UN ESTADO CONSTITUCIONALEl Estado constitucional, tal y como lo hemos esbozado, goza de algunas particularidades y comportaalgunos efectos que permiten identificarlo y, si se quiere, entenderlo. Vale la pena ahondar un poco en ellaspara entender cómo uno de los principales efectos de aceptar la idea de un Estado constitucional tiene quever con la constitucionalización del ordenamiento jurídico, lo cual no es más que un proceso depermeabilización de la actividad de todos los actores sociales, políticos, jurídicos y culturales a los principiosy las reglas de la Constitución. Tal como lo sugiere GUASTINI14, de quien se toma esta enumeración de susrasgos más relevantes con algunos aportes relacionados con el objeto de este escrito, no todos ellos sepresentan con el mismo grado de claridad o intensidad, salvo los dos primeros, sin los cuales no podríahablarse siquiera de constitucionalización.Lo primero que se requiere para que sea posible un Estado constitucional es la existencia de unaConstitución rígida que consagre un catálogo de valores, principios y derechos fundamentales. Es decir, unaConstitución escrita cuyo procedimiento de modificación sea más agravado que el de una ley o decualquiera otra norma de menor jerarquía. Este hecho supone que la Constitución es la norma de mayorjerarquía del ordenamiento jurídico y, por tanto, que es inmune frente a cualquier intento de modificación osustitución por cualquier otra. De hecho, todas las demás normas derivan su validez de ella, y ninguna otratiene mayor fuerza vinculante. El grado de rigidez dependerá de la mayor o menor dificultad demodificación, así como de los alcances que ella puede tener. La existencia de cláusulas pétreas declaradascomo tales en su texto o reconocidas por el tribunal constitucional, puede hacer imposible la introducciónde modificaciones sustanciales a su escrito, así se cumplan todos los requisitos formales. Un ejemplo de ellopuede observarse en el artículo 1.2 de la Constitución alemana y su adhesión al principio de dignidadhumana, a tal punto que de modificarse su texto podría hablarse más de sustitución que de reforma.Un segundo elemento para hablar de Estado constitucional tiene que ver con la existencia de una garantíajurisdiccional que permita mantener la supremacía constitucional y preservar su máximo nivel de jerarquíacuando quiera que una norma de menor rango transgreda sus principios o reglas. Esta garantía puede ser, i)abstracta o concreta, según se haga sobre una norma o sobre un caso concreto “efectos erga omnes o interpartes”; ii) a priori o a posteriori, según se haga con anterioridad o posterioridad a la vigencia de una normade menor jerarquía, o iii) concentrada o difusa según se haga por un órgano especializado, corte o tribunalconstitucional, o se permita a todos los jueces, dentro del ámbito de su competencia.La tercera característica de un Estado constitucional es el reconocimiento de la fuerza vinculante de laConstitución. Aunque sobre esta peculiaridad se han adelantado ya algunos aspectos, las constitucionesrecientes, en particular, contienen un largo catálogo de derechos y libertades de carácter programático queexigen la actuación estatal con el fin de garantizar su pleno goce. Estos derechos sociales que propugnan porla garantía de la igualdad material, suponen importantes erogaciones con cargo al presupuesto público quehan llevado a que algunos no vean en ella más que la consignación constitucional de aspiraciones políticas yno reconozcan su carácter de derechos y, por tanto, de normas. Adicionalmente, es claro que lasconstituciones contemporáneas contienen una gran cantidad de declaraciones en las que se acogen valoresy principios en forma de derechos, que exigen un trabajo de interpretación y concretización por parte de lasautoridades públicas encargadas de aplicarlos. Dada la forma en que están redactadas muchas de lasdisposiciones, no es posible deducir consecuencias específicas y directas de las normas que permitan suexigibilidad directa, hecho que ha conducido también a que no sean reconocidas por algunos como normas.En el sentido contrario, el reconocimiento del poder vinculante de la Constitución alude a que más allá de sucontenido o de la forma en que se encuentra redactada, la Constitución en su carácter de norma superiorcondiciona la labor de las autoridades públicas y de los particulares, sin necesidad de norma alguna adicional
7. que así lo prescriba. La aplicación directa de la Constitución es presupuesto de este poder vinculante, lo queno excluye que los operadores jurídicos encargados de aplicarla deban esforzarse por hacer unainterpretación razonable, un desarrollo legal y una ejecución presupuestal que permitan concretar losvalores, principios y derechos que consagra en la mayor medida posible. La convicción que exista sobre estepunto, depende en gran medida de la manera como el garante jurisdiccional o guardián de la Constitucióncumpla con su misión.El cuarto atributo tiene que ver con la interpretación extensiva de la Constitución, es decir, con la formacomo ella es utilizada para llenar las lagunas de sus propias disposiciones y del ordenamiento jurídico engeneral. En efecto, es sabido que el ordenamiento jurídico tiene vacíos y que no toda conducta humana osituación jurídica se encuentra regulada. Es frecuente ver, entonces, que todo tipo de autoridades acuda a laConstitución y a su carácter vinculante directo para encontrar respaldo jurídico a sus actuaciones, debido engran parte a que en su redacción se encuentran gran cantidad de normas que no pueden catalogarseespecíficamente como reglas, sino como principios, y de las cuales pueden deducirse las más variadasconsecuencias, más o menos acertadas, dependiendo de la calidad de la ponderación de las circunstanciasde tiempo, modo y lugar a las que se pretenda aplicar. Este exceso de constitucionalización puede llevar a lamanipulación de su texto y, ciertamente, a consecuencias indeseadas, pues hay quienes quieren ver, talcomo lo manifiesta FORSTHOFF14, el principio de toda regulación jurídica. Sin embargo, esta característicapuede resaltar el grado de apropiación de la comunidad a su texto constitucional y a la idea de susupremacía sobre el resto del ordenamiento.El quinto rasgo está relacionado con la aplicación directa de la Constitución, la cual, como se indicó, estáíntimamente ligada al reconocimiento de su fuerza vinculante. Esta aplicación directa se refiere a laextensión de los efectos de la Constitución a las relaciones entre ciudadanos y los poderes públicos, y a lasde los ciudadanos entre sí. Ya se veía antes cómo la concepción original de la ley tenía como finalidadesencial limitar el poder de las autoridades públicas frente a los ciudadanos, mientras dejaba a losparticulares la libre regulación de sus relaciones con algunos límites que fueron interpretados inicialmentede manera restrictiva. Posteriormente, y de manera paulatina, la actividad legislativa se fue ocupando de lasrelaciones entre particulares, fueran éstas contractuales o extracontractuales, interviniendo activamente enellas y dotándolas de un mayor sentido de justicia y equidad. Esta evolución ha ocurrido también con lapropia Constitución. Inicialmente, en su carácter de norma jurídica, fue interpretada en forma restrictivacomo límite a los poderes públicos, pero posteriormente, en tanto consagró valores y principiosfundamentales, fue irradiando gradualmente sus efectos a las relaciones entre particulares. Así, de unaaplicación indirecta por medio de la interpretación conforme de normas infraconstitucionales quedesarrollaran la Constitución, a una aplicación directa del texto constitucional en el ámbito privado, sinnecesidad de normas de menor rango. Debe resaltarse desde ya que la aplicación directa de la Constituciónafecta la capacidad de actuación de los particulares y limita la posibilidad que ellos tienen para disponer a suarbitrio de ciertas libertades públicas, tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual.Una sexta característica es la interpretación conforme a la Constitución. Si las tres anteriores tienen relacióndirecta con la propia Constitución, esta última tiene que ver directamente con el ordenamientoinfraconstitucional. Desde una perspectiva conocida, puede señalarse que la supremacía de la Constituciónobliga a adecuar todas las normas de inferior jerarquía a su contenido. Este hecho tiene como presupuestoaceptar que se pueden admitir distintas interpretaciones y que no todas ellas son constitucionales. En estesentido, únicamente las interpretaciones conformes con la Constitución pueden ser admitidas, y solocuando no sea posible interpretar una norma con los postulados de la norma suprema, ella debería serdeclarada inconstitucional por la autoridad competente o inaplicada por los diferentes operadores jurídicos.Como se ve, los criterios de interpretación que se utilicen resultan críticos para definir si una norma es o noválida o aplicable al caso concreto, y que determinar unos márgenes de discrecionalidad resulta imperativo,pues no parece ya posible admitir que la Constitución pierda su carácter vinculante o que ella deba serpreferida en caso de contradicción con una norma inferior. Ahora bien, si la aplicación directa de laConstitución extiende sus efectos a las relaciones entre particulares, obligando a que en ellas se respetensus valores, principios y demás contenidos, no parece existir alternativa distinta a aceptar que las normas
8. creadas por ellos, para regular sus relaciones, también deben ser interpretadas conforme a la propiaConstitución15.4. DIFICULTADES DE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTOLos grados de constitucionalización del ordenamiento permiten observar la mayor influencia que puedeejercer la Constitución en las decisiones que deben tomar sus destinatarios, en particular magistrados,jueces, árbitros y autoridades administrativas, pero más que eso, el papel protagónico que tiene lainterpretación y, en particular, la interpretación del texto constitucional.Se anuncia desde ya que las dificultades de esta evolución han sido caracterizadas como un retroceso en elEstado de Derecho, en la medida que suponen una transición del imperio de la ley en su más amplio sentido,al imperio de los jueces, y de un derecho jurisprudencial en el que la certeza y la seguridad jurídica quebrindaban la ley y su aplicación ceden su lugar ante la discrecionalidad del juez de turno y su comprensióndel derecho16.Es importante destacar que la transición de un Estado fundado en la ley a uno basado en la Constitución noes homogénea, y que en unas áreas del Derecho se nota más que en otras; incluso dentro de ellas, su nivelde influencia es heterogéneo. Éste es un proceso que supone un cambio fuerte en la cultura jurídica, en lamedida en que mucha de la doctrina y la jurisprudencia tienen su fuente en normas expedidas conanterioridad a la vigencia de este Estado constitucional que se ha querido caracterizar aquí. En la medida enque los operadores trabajan con materiales jurídicos codificados basados en reglas, con un muy pocoaprecio práctico por los principios y valores que los conforman, es natural que muchos de ellos sean reaciosa aceptar de buenas a primeras todas las consecuencias que supone esta evolución, mucho más cuando unagran parte del derecho vigente está a la espera de ser reinterpretado a la luz de la nueva realidadconstitucional.Las consecuencias de la constitucionalización del ordenamiento no serán objeto de análisis aquí, puesescapan al propósito de estas breves páginas. Baste decir que ella no es un proceso para nada homogéneo ysu impacto, en particular el de la vigencia normativa de principios y valores, es uno de los temas de mayordiscusión y análisis en la doctrina constitucional actual.El Estado constitucional ha supuesto la constitucionalización de valores y principios que antes no estabanconsagrados de manera expresa en los textos constitucionales, como modo de limitar la actividad creadorade derecho por el legislador, y de sujetar esta labor al control material del Tribunal Constitucional. Uno delos valores y principios fundamentales es el del respeto a la dignidad humana. De él nos ocuparemos en lassiguientes páginas.5. LA DIGNIDAD HUMANA COMO EJE DEL ESTADO CONSTITUCIONALLa consagración de ciertos derechos fundamentales dentro de un texto constitucional implica elreconocimiento de un conjunto de valores vividos o queridos por una determinada comunidad para alcanzarel mayor bienestar posible de sus integrantes17. Consagrados como derechos subjetivos, algunos de ellosincorporan dentro de sí un doble poder, el primero para defenderse ante posibles intromisiones del Estadodentro de su esfera y, el segundo, para exigir a las diferentes autoridades su preservación o promoción, seande carácter individual, social o, incluso, colectivo. Otros, no obstante, se convierten en derecho objetivo, esdecir, en normas integradoras del sistema jurídico que pretenden un orden de cosas independiente de lavoluntad individual de aquellos a quienes beneficia.En este punto, el anhelo de instaurar el respeto de tales derechos como un elemento que legitimara elejercicio del poder es más visible a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, después delholocausto la Ley Fundamental de Bonn declaró su adhesión a los inalienables e inviolables derechos
9. humanos como fundamento de toda comunidad humana18y reconoce, ante todo, que el respeto a ladignidad humana es la base de todo el ordenamiento jurídico19.El ejemplo alemán fue seguido tanto por la Constitución portuguesa de 197620, la cual en su artículo 1reconoce que la dignidad de la persona humana es una de las bases de la República, como por la españolade 197821, que reconoce en su artículo 10.1, entre otros, que la dignidad de la persona es fundamento delorden político y de la paz social. Vale destacar que estos dos Estados, con la proclamación de sus respectivasconstituciones, ponían punto final a sendos regímenes dictatoriales y abrían paso a la democracia. Colombia,por su parte, inspirada por los reconocimientos de esos Estados, consagró en el artículo 1 de la Constituciónque, como Estado social de Derecho, se encuentra fundada en el respeto de la dignidad humana.La dignidad humana, tal como lo señala BENDA22, siendo originariamente un valor moral, tras suconsagración con carácter de mandato constitucional se ha transformado en un valor jurídico y en unanorma de derecho positivo que da sustento a todos los derechos y deberes que permiten al ser humano“llegar a ser persona, serlo y seguir siéndolo”23, bajo determinadas condiciones de posibilidades sociales yjurídicas.El valor jurídico de la dignidad humana ha sido reconocido también por la jurisprudencia constitucional endiferentes países. En el caso alemán, el Tribunal Constitucional Federal señaló en alguna oportunidad que laLey Fundamental es un ordenamiento comprometido con valores, que reconoce la protección de la libertad yde la dignidad humana como fin supremo de todo Derecho24. En España, el Tribunal Constitucional expresóque:junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestraConstitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio delos derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad(art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), alhonor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1)25.El caso colombiano resulta más interesante aún, en la medida en que la Corte Constitucional ha reconocidodistintos grados de eficacia. Así el Alto Tribunal, en uno de los más interesantes pronunciamientos sobre lamateria26, reconoció que la dignidad cumple al menos cuatro funciones normativas.En primer lugar, ella es un valor jurídico al cual sirve el Estado de Derecho, pues funciona como el elementoclave de legitimación del Estado y del ordenamiento jurídico que de él emana. Al constituirse en la piedraangular de su existencia, sin el respeto a la dignidad humana el Estado pierde todo sentido. Este carácter devalor fundamental convierte a la dignidad humana en un principio integrador de todo el ordenamientojurídico.En segundo lugar, la dignidad humana se configura como un principio constitucional. En esta dimensiónvincula a las autoridades en un mandato positivo o de acción dirigido a su promoción en todas lasactividades que desarrollen frente a los particulares. Esta vinculación se ha extendido incluso a las relacionesde los particulares entre sí, y ha dado sustento a la teoría de la eficacia horizontal directa de los derechosfundamentales entre particulares que tiene cabal reconocimiento en el último inciso del artículo 86 de laConstitución27; lo anterior merece unas reflexiones más detalladas habida cuenta del objetivo que aquí sepersigue.Estas dos ideas, la dignidad como valor jurídico y como principio constitucional, no son innovadoras. Tal ycomo lo expresa haberle, la dignidad humana es el punto de referencia arquimédico de todas lasderivaciones y los contextos del gobierno y de las cadenas de legitimidad, que son necesarias en el Estadoconstitucional. A tal punto que la protección de la dignidad humana sustenta y da sentido a la idea delEstado, a la del pueblo como detentador de la soberanía, y a toda vinculación legítima del individuo haciacualquiera de los órganos y las autoridades estatales28.
10. En tercer lugar, la dignidad es una norma de carácter objetivo, en la medida en que supone un triple efectoen las competencias del Estado moderno ante el individuo, relacionadas con i) el respeto que debeprofesarle, ii) la protección que le debe brindar, y la iii) promoción que debe impulsar.Relacionada con el respeto, se impone una restricción de todas aquellas atribuciones que tiendan afavorecer o permitir el desconocimiento de la dignidad individual. Este aspecto supone el reconocimiento dezonas de reserva exentas de la intervención estatal muy acordes con la interpretación negativa de losderechos fundamentales, es decir, como derechos oponibles al Estado como potencial agresor de losmismos. Vale decir que uno de los principales instrumentos para garantizar dicho respeto fue, y lo siguesiendo ahora, el principio de legalidad al que están sometidos los servidores públicos y los particulares condiferente alcance.En relación con la protección, el Estado se encuentra en la obligación de actuar cuando quiera que ladignidad de una persona pueda verse amenazada o vulnerada. Este deber de defensa y amparo es objetivo,pues tiene como centro de atención al individuo y poco importa que el peligro provenga del propio Estado ode otros particulares.En lo que tiene que ver con su promoción, es evidente que el Estado debe favorecer que en la conciencia detodos sus ciudadanos el valor de la dignidad humana condicione el ejercicio de su libertad. Esto supone elimpulso de una cultura que favorezca el respeto de la individualidad propia y ajena, en una constanteinteracción de derechos y deberes del ser humano en relación con los demás.En cuarto lugar, la dignidad humana constituye en sí misma un derecho subjetivo. Más allá de su funciónintegradora del ordenamiento jurídico y de la función de soporte que cumple frente a otros derechos, ladignidad individual, en su dimensión social, es un derecho constitucional subjetivo y de carácterfundamental que debe ser protegido de manera autónoma, y que impone a los particulares el deber derespetarla.En efecto, según la Corte Constitucional, la protección de la dignidad individual comprende al menos tresaspectos de la vida humana de la mayor importancia: i) el bienestar corporal, ii) la integridad física y moral, yiii) la autonomía personal. El bienestar individual alude a condiciones mínimas de existencia sin las que unser humano no puede desarrollarse en plenitud. La ausencia de las condiciones básicas de existenciacondiciona sin lugar a dudas la libertad del ser humano y con ello sus decisiones. De nada sirve laoportunidad de elegir si luego en la vida real no pueden materializarse dichas elecciones. De hecho, quéduda cabe que en muchas ocasiones son las condiciones concretas de la vida las que a la larga supeditan laelección de las opciones personales, así como las decisiones que conducen a ella. Esta proyección de ladignidad apunta al derecho a la igualdad y da sustento a la intervención estatal con el fin de promovermedidas a favor de personas en circunstancia de debilidad manifiesta.La integridad física y moral tiene relación con el mínimo espacio de respeto al cuerpo y alma individual. Es laposibilidad de vivir sin humillaciones, de no ser torturado o ser sometido a tratos o penas degradantes. Laviolencia física y psicológica coarta la libertad de decisión en diferentes grados según la intensidad de laagresión infligida, así como la fortaleza corporal y espiritual de la persona quela reciba. Esta última, enparticular, depende de las condiciones de bienestar que hayan marcado su vida personal, y las que en elpresente o en el futuro próximo puedan determinarla.La autonomía personal, entendida como la capacidad de autodeterminación en cabeza del ser humano,supone la libertad de decidir y de hacer lo que estime conveniente. Esta libertad, derivada de su carácter deser racional, protege a los individuos en su derecho a vivir como quieran, a la posibilidad de elegir unaopción de vida, y a desarrollar y explotar todas sus potencialidades y talentos, siempre y cuando sucomportamiento no desconozca el orden jurídico o la moral pública que rige en la sociedad en la que sedesarrollan, y sin que a su vez éstos limiten su libertad más allá de lo razonable. Sin libertad de acción ydecisión, difícilmente puede el hombre alcanzar su plenitud. Una importante derivación del principio de
11. autonomía personal se ve reflejada en el libre desarrollo de la personalidad y en la autonomía privada queda sustento al carácter vinculante de las manifestaciones de voluntad en las relaciones contractuales.Como puede verse, las diferentes funciones normativas que cumple el concepto de dignidad humana tienenefectos diversos a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico. El grado de aceptación por parte de lacomunidad jurídica de estas funciones, que en muchas ocasiones se muestran de manera simultánea, marcalos niveles de comprensión de los diferentes operadores jurídicos acerca de la Constitución y de susalcances. Sin embargo, es claro que difícilmente puede dejarse de lado el concepto de dignidad humana enla interpretación jurídica, pues ésta se constituye en el elemento cardinal que da sentido a todo y que a todolo informa, a tal punto que sin ella, el ordenamiento jurídico carece de norte.6. A MODO DE SÍNTESISLa constitucionalización del Derecho, una de las características del Estado constitucional, ha supuesto elestablecimiento progresivo del concepto del respeto a la dignidad humana en todas las normas del Derecho.Entre mayor sea la constitucionalización del ordenamiento jurídico, más extensos y profundos serán losefectos en la transformación y actualización de las normas que regulan las relaciones jurídicas. Deberecordarse que muchas de ellas surgieron en épocas en las cuales el poder vinculante directo de losderechos fundamentales no era concebible, y en las que la ley era la que determinaba su contenido,subordinando su alcance al contenido de las normas, y privándolos de toda autonomía. Antes había tantaConstitución como ley, pero hoy hay más Constitución que ley, y con ello se ve reforzado el papel del juezquien, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar que la supremacía de la Constitución sea respetada.La idea de los derechos fundamentales como derechos de defensa del ciudadano frente al Estado suponíaque su amenaza o vulneración solamente podría provenir de él. Sin embargo, resulta claro que en laactualidad su amenaza o violación puede provenir de los poderes privados que coexisten con el poderestatal. La llegada del Estado constitucional, y con él el afianzamiento del valor de la dignidad humana comouno de los pilares del ordenamiento jurídico, sustenta que las garantías personales que inicialmente sepensaron para ser utilizadas frente al Estado, se adapten a fin de que tengan eficacia contra el abuso delpoder privado.En efecto, la evolución del Derecho constitucional apunta a una mayor constitucionalización del Derecho y,en especial, al que regula las relaciones contractuales entre particulares, gracias al impulso del principio derespeto a la dignidad humana. La extensión de esta influencia a las relaciones privadas es una consecuencialógica de la vocación garantista de los derechos fundamentales que busca proteger a sus titulares de laamenaza o violación de sus derechos, más allá del origen de la agresión. De hecho, lo que se observahistóricamente es que la legislación que tiene por objeto la intervención en las relaciones económicas, queva en un sentido amplio desde la legislación laboral hasta la bursátil y financiera, pasando por la que regulala prestación de los servicios públicos, ha buscado limitar el ejercicio del poder privado en la determinaciónde las condiciones contractuales. Lo que pasa ahora, sin embargo, es que la intervención estatal encaminadaa la protección de los derechos fundamentales no está en función del legislador y de las normas que concarácter general éste expide, sino que además de él, avanza de forma acelerada de la mano de los juecesconstitucionales quienes, caso a caso, concretan los valores, los principios y las reglas que conforman eltexto constitucional, y extienden sus conclusiones por la vía del precedente.Éste no es un escenario sin antecedentes. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales frente a losparticulares, reconocida en la Constitución Política colombiana en múltiples artículos29, es una realidaddesde hace mucho tiempo en Estados Unidos bajo la figura de la acción estatal (state action), y en Alemaniapor medio de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (drittwirkung). Su comprensión resulta devital importancia en el análisis judicial y constitucional de las relaciones contractuales entre particulares,cuando éstas se perfeccionan entre dos partes con posiciones asimétricas o, lo que es lo mismo, cuando unade ellas ostenta una posición de superioridad contractual y se vale de esto para restringir la libertad de
12. negociación de la otra parte. No hay que olvidar, en relación con este punto, que la autonomía privada haceparte del libre desarrollo de la personalidad, y que ésta a su vez constituye una de las manifestacionesfundamentales de la dignidad humana como un derecho objeto de protección, que goza de gran relevanciaen el Estado constitucional que ha sido objeto de nuestra atención en estas breves páginas.* Este artículo es producto de la Línea de Investigación “Contratos, seguros y responsabilidad civil”, delGrupo de Investigación en Derecho Civil y Comercial, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la PontificiaUniversidad Javeriana.1Manuel GARCÍA PELAYO, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, AlianzaUniversidad, 1996, p. 55.2Pablo J. CÁCERES CORRALES, Crítica constitucional. Del Estado liberal a la crisis del EstadoProvidencia, Bogotá, Banco de la República, 1989, p. 415.3Sobre las transformaciones en la concepción del Derecho como realidad puede verse de manera breveManuel Atienza, Introducción al Derecho, México, Fontamara, 1998, en especial pp. 172 a 191. Igualmente,sobre la decadencia de la ley puede consultarse, entre otros, Luis PRIETO SANCHÍS, �Del mito a ladecadencia de la ley. La ley en el Estado Constitucional�, en Ley, principios, derechos, Madrid, Dykinson,1998, pp. 5-45.4Fernando HINESTROSA, �Los principios Generales del Derecho: aplicación y perspectivas�, en Revistade Derecho Privado 1 (enero/junio 1997), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.11.5Cfr. Federico A. Castillo Blanco, La protección de confianza en el Derecho Administrativo, Madrid, MarcialPons, 1998, p. 68.
13. 6Al respecto, Pérez Luño refiere estas transformaciones como contrarias a la seguridad jurídica. Cfr. AntonioPérez Luño La seguridad jurídica, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 63-66.7Cfr. Manuel GARCÍA PELAYO, Las transformaciones�, ob. cit., p. 62.8Cfr. Jean Etienne-Marie Portalis, Discurso preliminar del proyecto de Código Civil Francés, Valparaíso,Edeval, trad. de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, 1978, pp. 30-31.9Hermann Heller, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, p. 279.10Cfr. Eduardo García De Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3 ed., Madrid,Civitas, pp. 58 y 132.11Sobre este tema véase, con amplitud, Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justiciaconstitucional), México, UNAM, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, 2001.12Si bien sobre este tema se ahondará en otra oportunidad, el problema de la legitimidad de las decisiones delTribunal Constitucional se conoce como la objeción o dificultad contra mayoritaria, y ha sido objeto deintenso debate en los últimos años. Sobre este tema puede verse, entre muchos otros, a John Hart ELY,Democracia y Desconfianza. Una teoría del control constitucional, Bogotá, Siglo del Hombre Editores-Universidad de Los Andes, trad. de Magdalena Holguín, 1997; Carlos Santiago Nino, Fundamentos deDerecho Constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 682 y ss.13Cfr. Riccardo Guastini, �La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano�, en MiguelCarbonell (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2003, pp. 50 y ss. Esta caracterización es tambiénacogida por el profesor Paolo Comanducci en �Formas de Neo constitucionalismo. Un análisismetateórico�, ibídem, pp. 81 y ss.14Cfr. Ernst FORSTHOFF, El Estado de la Sociedad Industrial, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975,p. 242, cit. por Robert ALEXY, Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Colegio deRegistradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, trad. de Carlos Bernal Pulido, 2004,pp. 19 y ss.15Guastini señala una séptima característica adicional, que tiene relación con cuestiones políticas, en lamedida en que la constitución sea utilizada directamente por los órganos políticos para dirimir conflictos conotras autoridades, juzgar la discrecionalidad del legislador o justificar una actuación o decisión política, sinacudir a norma adicional alguna. Cfr. Riccardo Guastini, �La constitucionalización del ordenamientojurídico: el caso italiano�, ob. cit.16Cfr. Luigi Ferrajoli, �Pasado y futuro del Estado de derecho�, en Miguel Carbonell (ed.),Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., p. 20. Un estudio comprensivo de este tema, con amplia bibliografía, es elde Gabriel Mora Restrepo, Justicia constitucional y arbitrariedad de los jueces. Teoría de la legitimidad en laargumentación de las sentencias constitucionales, Buenos Aires, Marcial Pons, 2009.17Para Rudolf Smend, Verassung und Verfassungrecht, Madrid, CEC, trad. al español de J. M. Beneyto,Constitución y Derecho Constitucional, 1985, �[�] los derechos fundamentales son los representantes de unsistema de valores concretos, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal contenida en laConstitución�. Una exposición breve de la visión de este autor en José Antonio Estévez Araujo, LaConstitución como proceso y la desobediencia civil, Madrid, Trotta, 1994, pp. 61-65.
14. 18Ley Fundamental de Bonn, artículo 1.2: �El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechosinviolables e inalienables del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justiciaen el mundo�.19Ley Fundamental de Bonn, artículo 1.1: �La dignidad del hombre es inviolable. Los poderes públicosestán obligados a respetarla y protegerla�.20Constitución de Portugal, artículo 1: �Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de lapersona humana y en la voluntad popular, y empeñada en la construcción de una sociedad libre, justa ysolidaria�.21Constitución española, artículo 10. 1: �La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le soninherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás sonfundamento del orden político y de la paz social�22Cfr. Ernst BENDA, �Dignidad humana y derechos de la personalidad�. En Ernst BENDA, WernerMaihoffer, Hans-Jochen Vogel, Konrad Hesse y Wolfgang heyde (eds.), Manual de Derecho Constitucional,Madrid, Marcial Pons, trad. Eduardo López Pina, 1996, pp. 120 y ss.23 Peter HÄBERLE, El Estado constitucional, México, UNAM, trad. Héctor Fix-Fierro, 2001, pp. 170 y ss.24Bverge 12, 45 (51), citado por BENDA en �Dignidad Humana y Derechos de la personalidad�, ob. cit.,p. 118. En el mismo trabajo se observan algunos casos en los que el Tribunal procede a su protección, véansepp. 126 y ss. Otros casos se encuentran en Jürgen Schwabe (comp.), Cincuenta años de jurisprudencia delTribunal Constitucional Federal Alemán, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung-Ediciones Jurídicas GustavoIbáñez, trad. Marcela Anzola, 2003, pp. 17 y ss.25Sentencia del Tribunal Constitucional Español 53 del 11 de abril de 1985.26Cfr. Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-881 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.27El último inciso del artículo 86 de la Constitución ordena que �La ley establecerá los casos en los que laacción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuyaconducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle enestado de subordinación o indefensión�.28Cfr. Peter HÄBERLE, El Estado constitucional, ob. cit., p. 174.29El último inciso del artículo 86 de la Constitución Política colombiana reconoce la procedencia de la acciónde tutela frente a particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte gravey directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en una situación desubordinación o indefensión. Otros ejemplos de vigencia directa de los derechos fundamentales puedenencontrarse en el artículo 15.1 (hábeas data), artículo 16 (libre desarrollo de la personalidad), artículo 17 (tratade seres humanos), artículo 20 (derecho a la rectificación), entre muchos otros.
15. BIBLIOGRAFÍAALEXY, Robert, Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales, 1 edición, Madrid,Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España,trad. de Carlos Bernal Pulido, 2004.ATIENZA, Manuel, Introducción al Derecho, 1 edición corregida, México, EditorialFontamara, 1998.BENDA, Ernst, MAIHOFER, Werner, VOGEL, Hans-Jochen, HESSE, Konrad y HIEDE,WOL-FGANG, Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1996.CÁCERES CORRALES, Pablo J., Crítica constitucional. Del Estado liberal a la crisis delEstado Providencia, Bogotá, Banco de la República, 1989.CASTILLO BLANCO, Federico A., La protección de confianza en el DerechoAdministrativo, Madrid, Marcial Pons, 1998.
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