Source: https://www.scribd.com/document/62299251/ley-televisa-2
Timestamp: 2018-02-19 16:16:24
Document Index: 20736415

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Aspectos jurídicos relevantes de la “Ley Televisa”: las bases de su inconstitucionalidad
El 11 de abril de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, con lo cual culmina un controvertido proceso legislativo, caracterizado por el desinterés de los legisladores por apegarse a los principios constitucionales, y por la celeridad con la que éstos actuaron; notoria en el caso de los diputados ya que en el Senado hubo un loable esfuerzo de resistencia que comprometió sólo a un grupo minoritario. Desde la perspectiva jurídica, es importante abordar los aspectos relevantes, a saber: a) las materias que se regulan, pues si bien comparten características específicas por utilizar en ambos casos el espectro radioeléctrico, suponen dos campos regulatorios que deben mantenerse diferenciados por su finalidad; b) la necesidad de mantener un régimen que evite fenómenos de concentración; c) la naturaleza del órgano regulador y su integración, en congruencia con las facultades propias de cada uno de los poderes de la Unión; d) la importancia de diferenciar, en términos de sus finalidades, las figuras típicas de la concesión y del permiso, a efecto de satisfacer la función social a que se encuentran afectos los medios de comunicación; y e) la acción de inconstitucionalidad planteada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estos son algunos de los temas que se analizarán en el presente ensayo.
Al efecto. la dignidad humana y los vínculos familiares. la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana y. de fortalecimiento de los valores y la idiosincrasia nacional. así como la adición de dos fracciones al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT). así como del desarrollo de una cultura democrática. la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. verificable. a través de sus transmisiones. la LFRTV tendrá por objeto “regular el servicio de radiodifusión”. por la gratuidad de las transmisiones dirigidas a la población en general. Fortalecer las convicciones democráticas. el servicio de radiodifusión cumple una importante función social. tanto por la naturaleza de los servicios que se prestan. propios del mercado que atienden las estaciones concesionadas. como el de las telecomunicaciones.1 Por su parte. constituyen dos campos regulatorios diferentes. los servicios de radiodifusión permisionados buscan la satisfacción de necesidades en materia social. 1 58 . fracción II de la LFRTV. que se define en el mismo dispositivo legal como “las señales de audio o de audio y video asociado. las costumbres del país y sus tradiciones. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales. que de ninguna manera se encuentra vinculado con criterios de lucro. tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. IV. pues su redacción no abona a su comprensión conceptual. no deja de tener una relevante carga que tiende a la satisfacción de necesidades sociales. en virtud del interés público que busca satisfacer. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. procurarán: I. Conforme al artículo 2. El régimen de concesiones. II. III. Mientras que en las telecomunicaciones el uso del espectro para cumplir su cometido constituye una actividad de naturaleza eminentemente mercantil. aprovechamiento o Señala el artículo 5 de la LFRTV que “la radio y la televisión. Afirmar el respeto a los principios de la moral social. confunde. además de considerar al servicio que se presta como una actividad comercial. en parte. cultural. haciendo uso.¿qué fue la “ley televisa”? Radiodifusión y telecomunicaciones Los servicios de radio y televisión. al contrario. como por el fin que cada uno persigue. Por ello conviene revisar las reformas a los artículos 2 y 28 primer párrafo. tal como lo expresa el artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV).
Lo anterior es notorio al revisar la definición contenida en la fracción XVI de la LFT. en las discusiones públicas que se llevaron a cabo en el Senado de la República. para la LFT. a efecto de fortalecer la aplicación de la LFRTV como ley especial regulatoria de la radio y la televisión. la verdadera intencionalidad de esta declaratoria se devela al convertirse en premisa de la reforma que también se hizo al artículo 28 de la LFRTV. el “servicio de radiodifusión” se define. el servicio de radio y televisión es “el servicio de audio o de video y audio asociado que se presta a través de redes públicas de telecomunicaciones. Como puede notarse. a efecto de que los concesionarios –no así los servicios de radio y televisión permisionados– pudieran ampliar su capacidad de hacer negocio sin necesidad de participar en un proceso legal para que se les adjudicara la prestación de un servicio de esta naturaleza. como el “servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley Federal de Radio y Televisión”. que se trataba de una remisión necesaria. Sin embargo. pues de conformidad con lo que señala el párrafo segundo del mismo dispositivo legal “la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación. aunque hay una remisión a la ley especial (LFRTV). tal como era obligatorio antes de la reforma. según el artículo 3 fracción XV. que constituyen una especie de dicho género. cuyo primer párrafo permite a los actuales concesionarios “prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas”. pues incluso llegó a decirse. con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello”. Por ello era necesario que la radiodifusión se constituyera legalmente como un servicio de telecomunicaciones. 59 . bastando que el concesionario presentara solicitud a la autoridad competente. En tanto. su intencionalidad consistente en reafirmar que los servicios de radio y televisión se subordinan a las telecomunicaciones. En principio parecería una reforma intrascendente.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio. así como el servicio de radiodifusión”. la reforma abre la posibilidad de ampliar la capacidad de los concesionarios para prestar otros servicios sin que necesariamente deban pagar por ello al Estado. es más. Adicionalmente. conforme a la cual. cuyo monto se definirá tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión.
que establece las reglas de la supletoriedad y precisa en su fracción I que a falta de regulación específica. pues dependerá de la voluntad política que impere al momento en que el concesionario haga la solicitud. La ley favorece la concentración El párrafo tercero del artículo 28 de la LFRTV señala que “en el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones. deberá aplicarse. que debieran ser consistentes con los criterios prevalecientes en nuestra doctrina jurídica. pues la fracción II del artículo 28 señala que “el servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley. por lo cual resulta inadmisible que siendo la LFRTV la ley especial.¿qué fue la “ley televisa”? la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos similares. se establece un régimen legal en el cual las telecomunicaciones se transforman en el género y la radiodifusión en la especie. la supletoriedad aplica en aquellos supuestos normativos en los cuales no existe disposición expresa en la ley especial. y no una afirmación categórica de naturaleza obligatoria. de tal suerte que esta discrecionalidad a cargo de la autoridad puede derivar en arbitrariedad. Por otra parte. Resulta notoria la falta de congruencia entre los dispositivos legales citados. operar o explotar 60 . capaz de motivar conductas poco transparentes propicias para que crezca la corrupción. pretenda privilegiarse la aplicación de la LFT al sistema de radiodifusión. aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional. así como para instalar. pues tal contradicción es atentatoria de un principio general del derecho que establece habrá de prevalecer la ley especial sobre cualquier otro cuerpo normativo. la Ley establece un esquema totalmente discrecional en la aplicación de la Ley. en primer lugar. es decir. la LFT. otorgará título de concesión para usar. la reforma pone en duda la supremacía de la LFRTV como ley especial en materia de radiodifusión. en lo que no se oponga a la Ley Federal de Telecomunicaciones”. en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones”. Como se sabe. A lo anterior contribuye la introducción del artículo 7-A en la LFRTV. Al utilizar podrá.
] mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. además. sino que. De qué sirve reconocer en la ley la posibilidad de que ante el inminente vencimiento del plazo de una concesión existan otros interesados en que se les adjudique la explotación de determinada frecuencia. además. puede generar en favor de su titular un derecho adicional que debe ser materia de un acto administrativo diferente. pues ningún acto administrativo firme. Lo anterior no sólo supone que la autorización suple el proceso de licitación. 2 61 . de acuerdo con el artículo 27 constitucional solo puede otorgarse a “particulares o [a] sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas[. como en el presente caso sucede con una concesión de radio y televisión. lo dispuesto en el artículo 16 favorece sobremanera los fenómenos de concentración. pues la parte final del dispositivo legal en cita señala que “estos títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley”.2 pues el hecho de permitir a un concesionario explotar nuevos servicios sin mediar licitación. porque ésta prohíbe los monopolios y se aduce el carácter monopólico de los grandes consorcios de radiodifusión.. lo cual se encuentra regulado en el párrafo décimo. para prestar un servicio relacionado pero finalmente distinto. limita la participación de otros interesados.. Se ha dicho que la nueva Ley es contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución. Lo anterior fomenta fenómenos de concentración. que establece la necesidad de que las leyes eviten fenómenos de concentración. si la propia ley les cierra el paso al establecer un derecho de preferencia para el beneficiario original. pues si bien disminuye a 20 años el plazo de las concesiones –en la versión anterior de la ley este plazo era de 30 años– beneficia en forma por demás arbitraria a los actuales concesionarios al señalar que una concesión “podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros”. la permisión para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones resulta suficiente como acto administrativo para sustituir el título originario de la concesión en materia de radiodifusión. lo cual. El artículo 21 de la LFRTV enlista los contenidos mínimos de las concesiones y permisos en materia de radio y televisión. resulta ilegal.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” redes públicas de telecomunicaciones”. pues el uso o aprovechamiento de bienes del dominio directo de la nación. Por otra parte. Es necesario aclarar que el concepto de monopolio se aborda en el artículo 28 de la Carta Fundamental en sus primeros párrafos y no se refiere a la explotación de un bien de la nación.
Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. Lo dispuesto por el artículo 16 de la LFRTV. y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”. La Constitución establece los principios a que debe sujetarse la autorización estatal para la explotación. salvo las excepciones que las mismas prevengan. previo a que se autorizara la prórroga. ya que la ley tampoco señala hasta por cuántas veces podrá realizarse la prórroga. el cumplimiento de la función social referida en el artículo 5 de la Ley. como pudieran ser los relacionados con el cumplimiento de la función social a que se encuentra sujeta la explotación de un bien de esta naturaleza. uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la Federación. por lo menos. sería indispensable introducir criterios que permitieran evaluar de manera objetiva. pues no se establecen requisitos adicionales para evaluar la factibilidad de la prórroga. lo cual atenta contra lo dispuesto por la Constitución General de la República en cuyo artículo 28 párrafo décimo se indica que “El Estado.¿qué fue la “ley televisa”? No existe posibilidad alguna para que una concesión que vence se adjudique a alguien diferente al actual concesionario. que en el caso que nos ocupa. en la parte comentada. Basta con ser el concesionario original y solicitar la prórroga para que ésta le sea obsequiada por la autoridad. y c) evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. como en el caso concreto del espacio aéreo por el cual transitan las ondas electromagnéticas que hacen posible el servicio público de radiodifusión. sujetándose a las leyes. pues reitero. concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación. ¿cómo puede asegurarse la diversificación de los prestadores del servicio de radiodifusión? Mientras no exista un esquema legal que evalúe el comportamiento del titular de una concesión respecto del cumplimiento de las obligaciones que el Estado le impone al autorizarle el uso de un bien de la nación. El citado dispositivo constitucional enumera las modalidades y condiciones. debiera establecer la LFRTV: a) asegurar la eficacia de la prestación del servicio de radiodifusión. b) asegurar la utilización social del espectro radioeléctrico. 62 . podrá en casos de interés general. uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. de ninguna manera asegura un esquema que evite fenómenos de concentración. Mientras estos criterios no existen. imperará la discrecionalidad y por supuesto la arbitrariedad en contra del interés público. De esta manera. la prórroga puede ser ad infinitum.
aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” Si a lo anterior se adiciona el hecho de que. pues la SCT mantiene su naturaleza de dependencia coordinadora del sector y es la responsable. aunque la ley delimita con claridad las atribuciones de la Comisión respecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). ya que por una parte se establece un régimen legal que les da preferencia sobre terceros y se excluye la posibilidad de un proceso licitatorio. sin embargo. conforme a la última parte del multicitado artículo 16. formalmente. Órgano regulador Desde su creación. hipótesis totalmente remota y nunca vista en nuestro medio. en la persona de su titular. salvo en el caso de renuncia. pues resultaría absurdo que los actuales concesionarios. en los hechos siempre habrá necesidad de buscar acuerdos con la dependencia para realizar sus tareas con eficiencia. como se indica en la Ley. no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta Ley”. que renuncien a la concesión. los tratados y acuerdos internacionales. dado el aprovechamiento que significa lucrar con un bien de la nación. es decir. operativa. de gasto y de gestión. pues en esos términos lo establece el artículo 27 de la Constitución General de la República. la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). resulta contundente el beneficio para los actuales concesionarios. decidieran simple y llanamente renunciar a la concesión para que ésta se licitara. que la SCT deja de tener competencia en 63 . Esta situación parecería cambiar con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que le otorga autonomía técnica. entre los cuales puede leerse en la fracción XVI que “de manera exclusiva” la Cofetel adquiere “las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión. No deja de ser importante la reforma que adiciona un artículo (9-A) a la LFT. pues fortalece su posición por sobre los posibles competidores. de suscribir los títulos de concesión. Lo anterior implica. ha sido mero instrumento de la dependencia coordinadora del sector. “el refrendo de las concesiones. autonomía plena. pues nunca se le otorgaron facultades suficientes para determinar la política de telecomunicaciones del país. las demás leyes. reglamentos y cualesquiera otras disposiciones administrativas aplicables”. por medio del cual se le otorgan atribuciones a la Cofetel en los diversos ámbitos de su competencia. salvo.
Los redactores de la iniciativa de reformas a la LFT pensaron que para asegurar su congruencia con lo dispuesto por el artículo 27 de la Carta Magna. promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. tanto para los efectos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo como para el juicio de amparo. la Cofetel es “el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. es decir. un claro ejemplo de que la ley no la desvincula del tema puede advertirse en la reforma al artículo 9 de la LFRTV. aunque se le hayan otorgado prácticamente todos los atributos para transformarla en un ente independiente de la SCT. entre otros. 64 . pues no puede entenderse de otra manera los términos en que habrá de rescatarse una frecuencia. encargado de regular. sin embargo. pues quien suscribirá la resolución por medio de la cual se imponga una sanción a determinado concesionario será el secretario de Comunicaciones y Transportes. para agregar a la Cofetel al listado de organismos constitucionales autónomos como lo son. Lo anterior quiere decir que sólo el titular del ramo –no uno de sus subordinados y por supuesto tampoco la Cofetel– podrá declarar la revocación de una concesión. para perfeccionar esta desvinculación hubiera sido necesario reformar la Constitución General de la República. de gasto y de gestión. que siempre habrá la posibilidad de que el titular del ramo no esté de acuerdo con la propuesta de sanción que haga la Cofetel. que atribuye a la Cofetel capacidad para “proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales. reglamentarias y administrativas aplicables”. el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. con autonomía técnica. operativa.¿qué fue la “ley televisa”? materia de radio y televisión. Esta relación de subordinación prevalece aun cuando en términos del artículo 9-A de la LFT. y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones”. que en su parte final señala: “la resolución sobre el rescate de frecuencias queda reservada al secretario de Comunicaciones y Transportes”. La razón por la cual resulta imposible la autonomía plena es simple. Otro ejemplo de que la SCT mantendrá una función importante en materia de telecomunicaciones es la hipótesis contenida en la fracción XV del artículo 9-A anteriormente citado. quien por ese solo hecho adquiere el carácter de autoridad. por más autonomía técnica que le haya otorgado la ley.
no puede removerlos del puesto. en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuyo texto señala que “para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia. de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. pues incluso el Pleno de Comisionados. En tal sentido. Este hecho sólo implica que el titular de la SCT se encuentra impedido para ejercer una de las facultades que conforme a la doctrina tienen los titulares de dependencias respecto de los órganos de administración de sus desconcentrados. al grado. al supeditar su actuación a la subordinación jerárquica que deriva de ser un ente desconcentrado. por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. es un órgano colegiado que se encuentra jerárquicamente subordinado al secretario de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo. la naturaleza desconcentrada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. pero cuenta con amplias facultades para decidir sobre las resoluciones que tome el propio Pleno de Comisionados. Por ello. siempre existirá la posibilidad de que el titular del ramo decida atraer determinado asunto a su esfera de competencia. En su momento. la desconcentración administrativa permite que formalmente se traspasen atribuciones a un órgano que comparte la personalidad jurídica de la dependencia. pues en efecto. puede asegurarse que en principio no parece insuficiente haberlo hecho de esta manera. incluso. por más que se diga que su nombramiento es resultado de una designación presidencial. ya que tampoco los designó. de oponerse a sus resoluciones. sería suficiente precisar en un cuerpo normativo de este nivel. es decir. la Comisión Federal de Competencia durante el proceso de discusión –en el Senado de la República– de la Minuta 65 . que es el órgano de gobierno de la Cofetel conforme a lo dispuesto por el artículo 9-B de la LFT.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” que en su párrafo sexto ordena que “el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio directo. es necesario insistir sobre la necesidad de fortalecer a la Cofetel a nivel de una reforma constitucional. las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso. de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. pues de otra forma siempre se mantendrá dependiente de la SCT.
la cual ha retrasado la aplicación de las decisiones regulatorias y el desarrollo de la competencia en el sector.¿qué fue la “ley televisa”? autorizada por la Cámara de Diputados. Otro de los aspectos de mayor controversia en relación con el fortalecimiento del órgano regulador se refiere a su integración. según el momento en que se haga la propuesta. sin importar su inconstitucionalidad. El hecho de que en el caso de la designación de los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). pero la facultad para controlar y decidir sobre estos asuntos continuaría siendo de la SCT”. A pesar de contar con autonomía de gasto y para dictar sus resoluciones. evalúe el perfil de las personas designadas. no significa desconocer que se trata de una situación no prevista en la Constitución General de la República. o la Comisión Permanente. autorizaciones y permisos. se formula una propuesta similar a la que se aplicó en la designación de los comisionados del IFAI. que permite al Ejecutivo Federal realizar los nombramientos y someterlos a conocimiento del Senado de la República. Habrá que recordar que en el caso del IFAI los poderes Ejecutivo y Legislativo mantenían un propósito común: favorecer un esquema legal que permitiera la transparencia gubernamental. sancionar las violaciones a LFT. e interpretar las disposiciones legales para efectos administrativos en el ámbito de sus facultades”. la Cofetel sólo tendría facultades para participar en ciertas etapas de los procesos regulatorios. como tampoco se puede asegurar que siempre podrá aplicarse esta fórmula en la designación de servidores públicos integrantes de la Administración Pública Federal. En el caso de la Cofetel. 3 66 . se pronunció en el sentido de que resultaba “necesario incluir en la iniciativa reformas que resuelvan uno de los principales problemas del sector: la fragmentación de los procesos entre la Cofetel y la SCT. asignación y supervisión en el uso del espectro radioeléctrico y órbitas geoestacionarias. En otro apartado de la Recomendación puede leerse el interés de la Comisión Federal de Competencia de “dotar a la Cofetel de la autonomía indispensable y de las facultades plenas para decidir sobre: la administración.3 se avalara plenamente por el conjunto de las fracciones parlamentarias del Senado de la República que aprobaron la propuesta del presidente de la República. la figura de colaboración entre poderes. las concesiones. para que éste. formular y proponer a la SCT anteproyectos regulatorios.
la Ley también precisa. de manera expresa. con lo cual se corre el riesgo de que el conflicto de intereses no sea una limitante para que determinada persona ocupe el cargo de Comisionado de la Cofetel. como ocurrió en el caso concreto mediante el juicio de amparo. los nombramientos realizados por el presidente de la República. II. en el último párrafo del citado artículo 9-C. Como puede notarse. de tal suerte que al llegar la propuesta a la Cámara de Senadores no se entrega una lista de posibles comisionados. ya sean de telecomunicaciones como de radiodifusión. en la ley se observa una insuficiencia importante. pues de otra manera la inexistencia de parámetros de evaluación favorece la discrecionalidad por parte de los senadores que tengan el encargo de ejercer esta facultad. es decir. Para hacer consistente este esquema. III. los Comisionados “serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos: I. pues en estricto sentido la facultad de nombramiento recae en el presidente de la República y no en el ámbito del Poder Legislativo. Ahora bien. en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ser mayor de 35 y menor de 75 años y. mediante un acto jurídico de similar magnitud. la ley debería establecer la forma en que el Senado de la República debe proceder para el efecto de objetar los nombramientos hechos por el presidente de la República. que “la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos o la renovación respectiva por mayoría”. pues no se introduce la posibilidad de vetar a quienes hayan mantenido una situación de empleados de los concesionarios. de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones”. relacionada con el ejercicio profesional de quienes lleguen al cargo de comisionados. sería necesario que en una futura reforma se introdujera 67 . dejara sin efectos los citados nombramientos. lo cual resulta congruente con el esquema de colaboración de poderes. sino que de manera específica se entregan las designaciones. en su caso. Por otra parte. Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales. de tal manera que ante la objeción que en su caso llegara a ejercer el Senado. la ley señala.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” En términos del artículo 9-C de la LFT. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. es decir. deben preverse los efectos jurídicos del acto realizado por el titular del Ejecutivo Federal. sería indispensable que el propio presidente de la República. pues de otra suerte se vulneran garantías constitucionales que pueden defenderse. que los Comisionados serán “designados” y no “propuestos”. En tal sentido.
el otorgamiento de concesiones deberá realizarse conforme a “las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. sean accionistas o tengan participación directa o indirecta en las empresas del sector regulado. aunque no basta simplemente con introducir ciertos criterios legales para asegurar que se cumple con lo anterior. mayores posibilidades de ser beneficiado. En esos términos. la “licitación pública”. hubiera sido indispensable que la LFRTV estableciera. lo que implica que a mayor capacidad económica. sin embargo. Para sostener que en efecto se cumplen las disposiciones constitucionales. a que se refiere el artículo 28 constitucional. de manera preponderante. no se establecen criterios que permitan valorar la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. En principio. al menos durante el año inmediato anterior. la Cofetel pondría especial atención en lo que corresponde al cumplimiento de la función social a que hacen referencia 68 . la Cofetel deberá tomar en cuenta “la congruencia entre el programa a que se refiere el artículo 17-A (programa de concesionamiento de frecuencias. “las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes”. pues el décimo párrafo del artículo 28 de la Carta Magna establece que en caso de que se concesione un servicio del dominio directo. pues para tomar la decisión. el artículo 17 establece como procedimiento para otorgar la concesión.¿qué fue la “ley televisa”? un criterio para evitar que los comisionados respondan a intereses particulares tales como el que éstos no hayan ocupado. que en la evaluación de las propuestas que presenten los interesados para explotar una frecuencia de radio o televisión. en términos del artículo 17-G.) y los fines expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de radiodifusión. la Cofetel privilegiará los fines que haya aducido el interesado y el monto que haya ofrecido en la subasta pública. así como el resultado de la licitación a través de subasta pública”. para definir su otorgamiento. puesto gerencial o directivo en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Régimen de concesiones y permisos Es preciso señalar que en términos del artículo 27 constitucional.
III. deberá pedirse información y de qué tipo. IV. en términos de la fracción II del artículo 20 de la LFRTV la autoridad se encuentre facultada para recabar información “de otras autoridades o instancias para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud. son los siguientes: I. Proyecto de producción y programación. del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate”. con los requisitos exigidos. en su caso. distinta a la que señala la propia LFRTV. Estos requisitos. por ejemplo. el peticionario deberá presentar “la información a que se refieren las fracciones I. pues en términos del citado artículo 20 de la LFRTV. así como un programa de desarrollo y servicio de la estación”. presentes en el artículo 17-E. ya que imaginar a qué autoridades o instancias como lo dice la ley. debe servir a la nación mexicana. “de considerarlo necesario”. que la autoridad cuestione discrecionalmente al peticionario más allá de los requisitos que le impone la ley y que. el caso de los permisos se encuentra regulado de forma deficiente. además. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia. ¿Cuál es el motivo de pedir información fuera de la exigencia legal?. para acreditar su idoneidad? No hay una respuesta apropiada para tal cuestionamiento. pues cualquier hipótesis raya en la ilegalidad. pues de otra manera sólo se estaría privilegiando a grupos con poder económico suficiente para “comprar” un bien del dominio directo de la nación que. Es incongruente. para que aporten información adicional con relación a la solicitud”. lo cual 69 . resultan violatorios de los derechos de los particulares. Por ello resulta atentatorio del principio de igualdad que establece la Constitución General de la República. la Secretaría “podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido. por su carácter discriminatorio. Al contrario del régimen concesionado. que el artículo 20 disponga que para evaluar el otorgamiento de un permiso. como lo postula nuestra Constitución Política. Datos generales del solicitante y acreditamiento [de] su nacionalidad mexicana. dependerá de la “creatividad” del servidor público a cargo de desahogar el trámite. de quien solicita un permiso de radiodifusión. ¿Qué información le puede interesar a la SCT. III.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” los artículos 4 y 5 de la ley. Las reformas y adiciones a los artículos que se refieren al otorgamiento de permisos. IV y V del artículo 17-E de esta Ley. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la concesión sea otorgada o negada y. V. particularmente lo dispuesto por los artículos 20 y 21-A.
una vez que fue promulgada la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. En términos de la fracción II del citado dispositivo constitucional. p. 448. por lo que Véase José Ramón Cossío D. pues la propia Corte ha sostenido la validez de este criterio.. p...] el precepto constitucional [.7%–. Como puede observarse. 4 70 .. no se trata de una confrontación entre poderes. comentada y concordada. Surge de una iniciativa de reforma constitucional promovida por el presidente Ernesto Zedillo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia y conforme a lo prescrito por el inciso b del texto constitucional. fue una proporción de los senadores de la República –se requiere del 33% y la demanda la suscribieron 47 legisladores.4 “a diferencia de las controversias. marzo de 2001.5 al asegurar que [. en las acciones no se exige la existencia de un agravio o la demostración de una afectación para conferirle legitimación a la parte promovente”. 5 Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Porrúa/Instituto de Investigaciones Jurídicas. es decir.¿qué fue la “ley televisa”? no sólo permite la intromisión en la vida privada del solicitante del permiso sino que. la SCJN conocerá “de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general” con nuestra Carta Fundamental. no obstante que entre los firmantes se encuentren algunos que votaron a favor de las reformas./J. la ley induce a comportamientos arbitrarios por la discrecionalidad de las conductas permitidas a la autoridad.] únicamente establece como requisito para su procedencia. de tal suerte que. tomo XIII. La acción de inconstitucionalidad La acción de inconstitucionalidad es de reciente aplicación en nuestro sistema jurídico. de nueva cuenta.. 139.20/2001. Tesis P. quienes ejercieron la acción legal. en vigor a partir del 20 de junio de 1995. que sea ejercida por el equivalente al 33% de los integrantes del órgano legislativo estatal que haya expedido la norma que se combate. Novena Época. 2002. el 36. México. como lo señala Cossío Díaz. cuyo texto definitivo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. tomo IV.
cabe resaltar el sentido de los informes que presentaron las cámaras del Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pues sostienen la validez de la norma general impugnada. que hubieran votado en favor de su aprobación. Cabe recordar que el secretario de Comunicaciones y Transportes es el responsable de administrar el espectro radioeléctrico. Sobre el tema. en el Senado de la República. de tal suerte que su postura no podía pasar inadvertida para el secretario de Gobernación al exponer el punto de vista del poder Ejecutivo Federal sobre la acción de inconstitucionalidad que estaba conociendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de ahí que unos y otros. Lo que llama la atención es la respuesta del Ejecutivo Federal. habrán de ser conscientes de la necesidad de respetar la resolución que ponga fin a este diferendo.6 La resolución que emita la SCJN será significativa. en un dictamen enviado al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. La decisión que tome nuestro máximo tribunal será inatacable. sosteniendo la constitucionalidad de las reformas. aunque con algunas resistencias –precisamente de quienes formularon la acción de inconstitucionalidad–. Se le han presentado una serie de argumentos –algunos han sido comentados en el presente texto– para que se declare la inconstitucionalidad de la ley en su conjunto. fundamental para las telecomunicaciones y la radiodifusión. 6 71 . los que están a favor de la inconstitucionalidad y quienes consideran que con ello se atacan sus derechos. con argumentos jurídicos que ponían en duda la constitucionalidad de algunas de las disposiciones materia de la reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. suscrita el 29 de mayo de 2006 por el secretario de Gobernación. esperemos que así sea. pues el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se había manifestado por escrito. en contra de la norma expedida por el órgano legislativo al que pertenecen o. primero en la Cámara de Diputados y con posterioridad. hayan votado o no. por el bien de la nación. inclusive. Lo anterior no sólo es comprensible sino congruente con la aprobación de la iniciativa. sin importar que quienes lo hagan. pues no debe pasar inadvertido que el referido medio de control de la constitucionalidad se promueve con el único interés genérico de preservar la supremacía constitucional.aspectos jurídicos relevantes de la “ley televisa” basta que se reúna ese porcentaje para que se pueda promover dicha acción. casi dos meses antes.
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