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Timestamp: 2019-12-10 00:49:49
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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 156-8, de 19/09/2003
Núm. 156-8
121/000156 Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas y del índice de enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), así como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El nacimiento de la Corte Penal Internacional produce el declive en España del principio de Justicia universal, lo cual constituye una auténtica paradoja. Un hito en la protección de los Derechos Humanos, un inicio de construcción de un sistema de justicia penal universal, la relativización de la soberanía estatal del "ius puniendi" a favor de los intereses de la Comunidad internacional y la protección de los Derechos Humanos de todas las personas, sobre todo frente a su propio Estado, se convierte en el Estado español en una manera de cercenar el principio de Justicia universal y en una politización de la Justicia penal mediante la introducción de criterios de oportunidad política, política de Estado, política exterior, inter-estatal.
El Estatuto de Roma alumbra una Corte Penal Internacional con suficientes limitaciones como para que desde la normativa interna se erosione el principio de Justicia universal de la legislación española.
En caso de concurrencia de competencia entre la Corte y los Tribunales españoles, en virtud del artículo 23.3 ó 23.4 de la LOPJ, se obliga a éstos a abstenerse y a limitarse a informar de la posibilidad de acudir directamente, cuando lo lógico sería que el propio tribunal diese traslado de la denuncia o querella al Fiscal de la Corte, salvo que la considerase totalmente infundada.
Se produce una derogación implícita del principio de justicia universal del artículo 23.4.º de la LOPJ para los delitos sometidos a la jurisdicción de la Corte, que confiere competencia a los Tribunales españoles.
Es necesario ampliar la jurisdicción de los Tribunales españoles ante otros supuestos de inadmisión por para de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, se da preferencia a los Tribunales españoles cuando el denunciado o querellado tuviese nacionalidad española. Siendo el principio de la Corte el de la complementariedad respecto a la competencia de los Tribunales del lugar del delito, parecería correcto que España permitiese el enjuiciamiento de un nacional, no en el lugar del delito, pero sí ante una instancia internacional reconocida como es la Corte. Por una parte, por razones de imagen ante el Estado en el que se han cometido los delitos y ante la comunidad internacional y, por otro, para evitar posibles interferencias en la labor de los tribunales españoles.
Extrañamente se prescinde del sistema mixto, judicial y gubernamental, que acoge nuestro ordenamiento jurídico en los supuestos de extradición, dando lugar a una exagerada prevalencia de lo gubernamental y a la razón de Estado, cuando la creación de la Corte Penal Internacional tiene su sentido original en la intención de evitar la impunidad de los delitos contra la Comunidad Internacional a que pudiera dar lugar la protección estatal a los autores de delitos gravísimos.
Por otro lado, la competencia exclusiva del Gobierno para la presentación de una denuncia ante el Fiscal de la Corte resulta contradictoria con los principios y fines que están en la base de la Corte Penal Internacional.
Dado que los particulares también podrían poner en conocimiento directamente al Fiscal de la Corte unos hechos delictivos presuntamente constitutivos de crimen de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, parece lógico que el Poder Judicial estuviese habilitado para recoger las denuncias o querellas de los particulares y, considerándolas admisibles, presentadas ante el Fiscal de la Corte Penal. El Tribunal español que recogería dichas denuncias o querellas, dadas las normas competenciales, sería la Audiencia Nacional.
Esto se corresponde con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que se vería frustrado si las víctimas de los citados delitos viesen impedido su acceso rápido y eficaz a la Corte por la intermediación de los intereses de política exterior del Gobierno del momento.
La universalidad de la Justicia penal ante delitos contra la comunidad internacional no puede quedar en manos de decisiones políticas. El Proyecto de Ley parte de la base de que la acción penal ante la Corte es una cuestión de política exterior, constituyendo por tanto un acto político. Pero esto no puede ser así, dado que los Tribunales españoles ostentan competencia en virtud del principio de justicia universal del artículo 23.4.º de la LOPJ. Resulta incoherente que los Tribunales españoles puedan juzgar a personas extranjeras por determinados delitos -entre ellos los de competencia de la Corte- cometidos en el extranjero, sin intromisión de criterios políticos sino en exclusiva aplicación de la legalidad penal española, y, sin embargo, no les esté permitido ahora presentar a la Corte como Estado Parte una solicitud de intervención del Fiscal de la Corte, por la posible intromisión de criterios de política exterior.
Además, el Gobierno puede resultar presionable por potencias extranjeras, minando así la posibilidad de las víctimas de obtener justicia por los graves delitos competencia del Tribunal. El genocidio, el asesinato masivo, los desplazamientos forzados de población, las violaciones sistemáticas, la limpieza étnica no puede quedar sujeta a criterios de conveniencia política coyuntural. Es sabido que en las relaciones entre Estados, como los acontecimientos internacionales más recientes demuestran, prima la fuerza en demasiadas ocasiones sobre el Derecho.
Este Proyecto puede permitir la impunidad de los Estados más poderosos que pueden bloquear la competencia de la Corte Penal Internacional mediante presiones sobre Estados más débiles, como puede ser el Estado español.
El Ministerio de Justicia debiera ser mero transmisor de las denuncias o querellas admitidas por los Tribunales españoles, sin que deba realizar ponderación alguna de carácter político. ¿Cómo se podría justificar que un posible delito de genocidio pueda quedar impune por conveniencias políticas coyunturales del Gobierno español?
Por todo ello, se presenta la siguiente enmienda de totalidad con solicitud de devolución.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, publicado en el "BOCG, Sección
Congreso", serie A, núm. 156.1, de 13 de junio de 2003 (núm. expte.
121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2003.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma como institución jurisdiccional penal que, de forma permanente, con el objetivo de garantizar el respeto a la justicia universal y con carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, será competente para enjuiciar los crímenes más graves y de mayor trascendencia para la comunidad internacional, contribuyendo así a su prevención y poniendo fin a la impunidad de sus autores. Muchos hemos coincidido en que su creación es el paso más importante dado por la comunidad internacional para promover el imperio de la ley y desarrollar el orden jurídico universal desde la Carta de Naciones Unidas.
El objeto de este Proyecto de Ley Orgánica es la regulación de las relaciones de cooperación entre España y la Corte Penal Internacional, en lo no previsto en el Estatuto de Roma por el que se regula la Corte, que forma parte del ordenamiento jurídico español y es directamente aplicable tras su ratificación por España en octubre de 2000.
Sin embargo, el proyecto excede este objeto y entra a modificar un principio que ha caracterizado la jurisdicción penal española desde 1985: El principio de jurisdicción universal sobre determinados delitos. Así, su artículo 7.2 impone a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal que se abstengan de todo procedimiento por hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, y, en caso de denuncia o querella, se limiten a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte.
Por tanto, la futura Ley de Cooperación con la Corte supondría la desaparición del principio de justicia universal reconocido en nuestra LOPJ respecto de los delitos de genocidio y otras actuaciones delictivas que puedan calificarse de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Esta alteración de un principio básico de nuestra jurisdicción se produce además en una ley que pretendidamente sólo tiene por objeto regular procedimientos de cooperación con la Corte, y no mediante una modificación directa del artículo 23 de la LOPJ.
Además, la imposibilidad de iniciar actuaciones por estos delitos, aunque las víctimas sean españolas, se referiría a cualquier actuación que pudiera ser competencia de la Corte, aunque no exista causa abierta en la misma, se haya desestimado su incoación en la misma o se hubiera paralizado la actuación por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que no es consecuencia de principios como el de cosa juzgada, litispendencia penal, extinción de la acción o prohibición de doble incriminación.
Por otro lado, la Corte Penal Internacional no persigue todos los delitos previstos en el Estatuto, sino que se limita al conocimiento de "los más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto", pudiendo desestimar por ello la Sala de Cuestiones Preliminares, o paralizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una investigación del Fiscal sobre estos crímenes, lo que tiene como consecuencia que la jurisdicción de la Corte sea expresamente, por precepto del Estatuto de Roma, de carácter complementario o subsidiario de las jurisdicciones nacionales. Así se expresa en el Preámbulo del mismo:
"Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,"
La primacía de la jurisdicción de la Corte que, a pesar de su carácter complementario, se predica en el proyecto de ley, no se corresponde, sin embargo, con la regulación que contiene el proyecto para el caso de solicitudes concurrentes, en la que se contempla la posibilidad del Gobierno de no entregar a la persona solicitada por la Corte Penal Internacional cuando hubiera una orden europea de detención o una solicitud de extradición de otro Estado, aunque no sea parte del Estatuto de Roma.
Por último, no contiene el Proyecto de Ley un precepto que sí sería exigible en una norma que pretende regular la cooperación de España con este importante Tribunal, como sería la que estableciera la obligación genérica de cooperación con la Corte Penal Internacional por parte de las autoridades y funcionarios españoles.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Carlos Aymerich Cano, Diputado por A Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2003.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Carlos Aymerich Cano
La aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional marcó un punto de inflexión en el tratamiento del control jurisdiccional del derecho internacional en aquellos casos en que las vulneraciones del mismo son más graves. La aplicación del principio de jurisdicción universal de los crímenes y atentados más graves contra el derecho internacional se logró gracias a la participación de un numeroso grupo de Estados en la configuración de la Corte Penal Internacional, como poderoso instrumento para acabar con la impunidad a nivel mundial.
La consecución de ese objetivo exige, además, la cooperación de los Estados en las tareas de investigación, persecución, enjuiciamiento y ejecución de los crímenes cuya jurisdicción compete a la Corte Penal Internacional. Ese régimen de cooperación es, por tanto, esencial para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer adecuadamente las funciones encomendadas, y con ello garantizar la mayor eficacia en la persecución de los delitos y crímenes contra la humanidad.
El Estatuto de Roma incorporó una serie de disposiciones orientadas a asegurar una cooperación efectiva, consciente de que la viabilidad futura de la Corte Penal Internacional depende en buena medida de la existencia de estrechos vínculos de cooperación con los Estados. Lógicamente, las obligaciones de cooperación recogidas en el Estatuto requieren de una implementación por parte de los Estados a través de sus legislaciones internas, que sea acorde con la voluntad expresada de jurisdicción universal para terminar con la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad.
El Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional responde a esa necesidad de complementar y articular los mecanismos internos de colaboración del Estado español con la Corte Penal Internacional, pero su concreción es insatisfactoria al vincular la facultad de activación e iniciativa ante la Corte Penal Internacional directamente al Gobierno, en atención a las "diversas variables de la política exterior". Con ello se subordina la cooperación plena del Estado español con la Corte Penal Internacional en la investigación de crímenes de competencia de la misma a la coyuntura política internacional de cada momento, introduciendo elementos ajenos al Derecho para determinar cuando se inician actuaciones indagatorias sobre hechos delictivos comprendidos en el Estatuto de Roma, lo que afecta de manera grave a la imparcialidad de la Corte Penal Internacional.
Esta preocupación del Gobierno de querer vigilar estrechamente la cooperación con la Corte Penal Internacional responde a las exigencias impuestas desde los Estados Unidos para que los restantes países garanticen la impunidad de sus ciudadanos y responsables militares y políticos ante la Corte Penal Internacional. Como se sabe, los gobernantes de los Estados Unidos han boicoteado sistemáticamente, incluso desde el momento en que la Corte Penal Internacional era un proyecto embrionario, la posibilidad de establecer una jurisdicción universal de los crímenes contra la humanidad mediante un Tribunal permanente, imparcial e independiente, encargado de emprender esa tarea.
Si bien inicialmente fracasaron en su tentativa, al ratificar el Estatuto de Roma una abrumadora mayoría de países, los responsables de la política exterior de los Estados Unidos variaron su estrategia, proponiendo convenios bilaterales a Estados signatarios del Estatuto Penal Internacional, que en realidad son acuerdos de impunidad internacional, al asegurarse que las personas estadounidenses acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no serán entregadas a la Corte Penal Internacional.
El Gobierno español se adelanta así a las exigencias que se puedan imponer en futuros acuerdos internacionales, y se plega incondicionalmente a las exigencia estadounidenses para que imposibiliten la puesta en marcha de una justicia universal contra los crímenes contra la humanidad y socavar el propósito manifestado a través del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad de las atrocidades que amenazan la paz y la seguridad en muchas partes del mundo. Además, obliga a los órganos judiciales a supeditar su actividad de persecución de hechos delictivos competencia de la Corte Penal Internacional a la autorización del Gobierno, lo cual constituye una clara invasión de las potestades de los Jueces y Tribunales en ejercicio de sus funciones y un atentado contra la independencia del poder judicial.
Con este Proyecto de Ley el Gobierno se aparta también de la posición común adoptada por el Consejo de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a garantizar una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional para respaldar el funcionamiento efectivo y brindar un apoyo universal a la misma.
Por tanto, el Gobierno traslada a esta Cámara un Proyecto de Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional con vocación regresiva, que recorta sustancialmente
los avances conseguidos para sancionar los crímenes más graves de alcance universal con la aprobación del Estatuto de Roma, al establecer mecanismos de cooperación estrechamente vigilados por el ejecutivo, y vinculados a su política internacional que, en estos momentos y en atención a las alianzas con el principal país que practica una agresiva política imperialista que vulnera los más elementales derechos humanos en muchas partes del planeta, no está orientada a establecer un orden mundial más justo, basado en la paz y en los principios y propósitos de las normas internacionales que protegen los derechos humanos.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Internacional (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Si bien consideramos positivo el hecho de elaborar una propuesta legislativa de cooperación con la Corte Penal Internacional, consideramos que el Proyecto de Ley contiene importantes lagunas en su regulación y fundamentalmente porque ante un tema de tanta envergadura, como es la lucha contra la impunidad en el mundo por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no se puede eliminar o menoscabar el principio de justicia universal que debiera regir en este tipo de procesos. Entendemos, en este sentido, que el presente proyecto nace desde la ausencia de un necesario debate con profundidad sobre esta materia con los colectivos que deberán interactuar con la efectiva puesta en marcha de la Corte Penal Internacional: organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones de víctimas, asociaciones de jueces, fiscales, abogados y cualesquiera otros colectivos implicados.
En primer lugar, y al hilo de lo anteriormente expuesto, el Proyecto de Ley viene a contradecir abiertamente el principio de jurisdicción universal consagrado en el artículo 23, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y obvia que la Corte Penal Internacional no debe ser entendida como un sustituto de los procesamientos nacionales que tengan competencia en jurisdicción universal. Es más, el Estatuto de Roma exige expresamente a los Estados que lo han ratificado, y por supuesto entre ellos a España, que acepten la responsabilidad primordial de investigar y procesar en sus tribunales a los presuntos autores de los delitos que pertenecen a la jurisdicción de la Corte.
Por tanto, este Proyecto de Ley debiera recoger esa idea de complementariedad de la Corte con la labor de los tribunales y garantizar la cooperación eficaz. La Corte ha sido concebida para complementar la labor de los tribunales nacionales y sólo investigará y procesará a individuos cuando los tribunales nacionales no puedan o no estén dispuestos a hacerlo. Es decir, mediante esta propuesta se debiera garantizar que los tribunales nacionales tengan siempre competencia respecto de los delitos contenidos en el Estatuto, esto es, el genocidio, otros crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. De esta forma, además, la Corte no se vería desbordada de asuntos.
Redundando en este extremo, el Estatuto establece una jurisdicción limitada para la Corte ya que, en ausencia de una remisión de un caso a la Corte por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, aquélla no podrá procesar a personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que sean nacionales de un país que no haya ratificado el Estatuto de Roma, o que hayan cometido el delito en un país que no haya ratificado el Estatuto.
Más aún, la Corte sólo podrá juzgar a personas acusadas de delitos cometidos a partir del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de la Corte. Por tanto, los tribunales nacionales que ejerzan la jurisdicción universal podrán procesar a las personas acusadas de esos delitos con independencia del momento en que se hayan producido, en especial si fue con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto. Es preiso recordar que los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones" son delitos imprescriptibles. En este sentido, la sección española publicó el pasado 13 de junio de 2003 un informe titulado "España: medidas para combatir la tortura y la impunidad.
Recomendaciones de Amnistía Internacional al Proyecto de Reforma del Código Penal", en el que se pedía que se ampliase, de conformidad con la legislación internacional, la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra a los delitos de tortura y "desapariciones forzadas" y sus penas.
A juicio de este Grupo Parlamentario, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno no cumple el objetivo de mejora en nuestra legislación y, en consecuencia, no garantiza mínimamente que se inicien o continúen
investigaciones y se procesen a las personas inculpadas en nuestros tribunales.
En resumen, consideramos imprescindible asegurar la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra con independencia de la nacionalidad de los autores o las víctimas o del lugar donde se cometieron los hechos.
Otro de los pilares que motivan nuestra oposición es la restricción contenida en el Proyecto para presentar con carácter exclusivo denuncias al Fiscal de la Corte. Se establece en el que el artículo 7.1 del Proyecto de Ley que la competencia exclusiva del Gobierno de presentar denuncias al Fiscal. Sin embargo, el proyecto debiera recoger y no lo hace la posibilidad de que organizaciones de víctimas, de defensa de los derechos humanos o particulares puedan hacer llegar al Fiscal información relevante para, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto, iniciar de oficio una investigación.
Nos parece muy negativo a efectos de conseguir una deseada eficacia en la persecución de los delitos competencia de la Corte que con carácter exclusivo se atribuya la potestad de instar los procedimientos al Gobierno, cerrando el paso a la iniciativa popular y facilitando la arbitrariedad del ejecutivo a la hora de solicitar del Fiscal el inicio de una determinada investigación. Además, y es algo que podemos observar a lo largo del texto, se obstruye la propia investigación cerrando el paso a la información esencial y documentación valiosa que se recopila y recaba a través de las citadas organizaciones.
Igualmente, estimamos imprescindible para garantizar la eficacia del Estado español en la cooperación con la Corte Penal Internacional, que el Proyecto de Ley contenga una obligación genérica de cooperación con la Corte de todas las autoridades españolas, tanto centrales, autonómicas como locales y en los diferentes ámbitos político, judicial, administrativo, en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de su competencia.
Desgraciadamente (y con toda seguridad motivado por el aislamiento desde que el Gobierno trata de legislar en materia penal), el Proyecto de Ley no traslada las garantías que se recogen en el propio Estatuto, ni habilita el cauce legal necesario para que se dé un cumplimiento adecuado de las mismas.
Por el contrario, el texto adolece de una serie de garantías que no se recogen en el Proyecto, tales como una garantía explícita para asegurar que cuando las autoridades españolas reciban la orden de detención de la Corte actuarán con la mayor diligencia posible para proceder a la detención inmediata de la persona requerida, de conformidad con el artículo 89 del Estatuto, una garantía expresa que las autoridades españolas asistirán con toda diligencia a la Corte en la localización, congelación, incautación, y decomiso de los haberes de los acusados; finalmente, se debiera incorporar una garantía expresa en la Ley de que las autoridades españolas facilitaran los allanamientos y los decomisos de pruebas por la Corte, incluida la exhumación de cadáveres y la preservación de las pruebas.
Para que verdaderamente el Proyecto de Ley sirva para establecer los cauces legales de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional es preciso corregir deficiencias notorias:
Que se establezca un sistema eficaz de cooperación que permita la detención y entrega de las personas requeridas por la Corte, garantizando así la ausencia de obstáculos y trabas legales que puedan imponer los Estados para evitar la entrega de personas.
Que se dé prioridad a las solicitudes de la Corte frente a las solicitudes de otros Estados. Reiteramos que el presente Proyecto obvia el principio de complementariedad, según el cual los Estados tienen el deber primario de hacer comparecer ante la justicia a los presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, aunque si no pueden o no quieren hacerlo, la Corte deberá ejercer su competencia sobre estos crímenes.
Es imprescindible para dotar de efectividad al Proyecto de Ley garantizar la prioridad de las solicitudes de la Corte, en caso de recibir solicitudes concurrentes de otros Estados y en particular si la Corte ha determinado que la causa es admisible porque ningún Estado está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o puede realmente hacerlo. Nos parece especialmente llamativo que no se trate de fijar un marco legal que ponga freno a los acuerdos de impunidad que Estados Unidos está promoviendo y que son incompatibles con el objeto y el fin del Estatuto. Por consiguiente, todo acuerdo internacional ya existente entre Estados comprendido en esta concreta excepción al deber estatutario de entregar los acusados a la Corte se debe interpretar estrictamente para no menoscabar el Estatuto.
Que se establezcan garantías de protección a las víctimas, testigos y pruebas, así como la inclusión de medidas adecuadas de reparación a las víctimas y sus familiares.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación a la Corte Penal Internacional, solicitando la devolución del mismo al Gobierno, porque no se ajusta a lo establecido en el Estatuto, elimina el principio fundamental de justicia universal que consagra nuestro ordenamiento, se obvia cualquier procedimiento de participación ciudadana, de iniciativa popular, bien a través de organizaciones de víctimas o de derechos humanos, carece de garantías necesarias para dotar de eficacia la cooperación con la Corte y olvida incluir medidas reparadoras para las víctimas. Por todo ello, lo consideramos un texto legal insuficiente
para garantizar una cooperación eficaz entre nuestros tribunales y la Corte Penal Internacional en respeto.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda al articulado al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2003.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
"Artículo 2. De cooperación pasiva.
España prestará plena cooperación a la Corte Penal Internacional -en lo sucesivos, la Corte- de conformidad con lo prevenido en el Estatuto y en especial en su artículo 86.
A estos efectos se entenderá que todos los poderes y órganos del Estado actuarán en el marco de sus competencias con respeto al citado principio de cooperación."
Uno de los principios que inspiran este proyecto de ley, junto con los de plena constitucionalidad y complementariedad, es el principio de plena cooperación de todas las autoridades con la Corte Penal Internacional.
El propio título de la norma proyectada, avala la idea que se trata de una ley de cooperación con la Corte, cooperación que en palabras del titular del Ministerio de Justicia obliga a todas las autoridades, no sólo al gobierno y a los órganos del poder judicial, sino a todas las instancias y poderes del Estado.
Sin embargo, este postulado no tiene un fiel reflejo en el articulado del proyecto, que únicamente prevé con carácter difuso en su artículo 2 que "España prestará plena cooperación", sin mayores concreciones.
Pues bien, estimamos oportuno singularizar los sujetos de colaboración, y tal singularización conlleva, obviamente, una nueva redacción del artículo 2, en cuanto añadir como sujetos de la cooperación pasiva a todas las instancias y poderes del Estado, y del artículo 4, en cuanto adicionar como autoridades competentes para la aplicación de la ley -y tanto en sus ámbitos preliminar, en el juicio como en el posterior de ejecución de las sentencias- de todas las Administraciones públicas.
Se propone la adición de una nueva letra h) al artículo 4.
"h) El resto de poderes y órganos del Estado."
La misma que la enmienda anterior al artículo 2.
Se propone la adición a este artículo de los apartados 3 y 4, que quedan redactados de la siguiente forma:
"3. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo cuando las víctimas de los hechos sean de nacionalidad española, en cuyo caso, de conformidad con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el conocimiento de los mismos corresponderá a la jurisdicción española.
4. Si los órganos de la Corte no acordaran la apertura de la investigación, acordaran la inadmisibilidad del enjuiciamiento o, en su caso, dispusieran la suspensión de la investigación o enjuiciamiento prevista en el artículo 16 del Estatuto, la denuncia, querella o solicitud
podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes de la jurisdicción española."
El artículo 7 del proyecto supone una modulación del artículo 23 de la LOPJ, que proclama la justicia universal, de tal forma que siendo el autor de los hechos un extranjero y cometidos los delitos fuera del territorio español, la jurisdicción española se vería superada por la de la Corte. Con la enmienda que se introduce se pretende dotar de equilibrio a esta apuesta por la jurisdicción internacional, adicionando un supuesto en el que la preferencia no tiene lugar, cual es cuando la víctima del hecho delictivo sea un nacional español, en cuyo caso siempre se entenderá competente la jurisdicción española.
En segundo lugar se introduce una segunda cláusula de equilibrio que permite la repetición de la denuncia ante los tribunales y órganos del Estado español, en el supuesto de que no se inicie, por la Corte, la investigación, se inadmita el enjuiciamiento o se suspenda cualesquiera de tales procedimientos en los casos previstos en el artículo 16 del Estatuto de Roma, es decir, cuando el Consejo de Seguridad acuerde tal suspensión.
Al artículo 16.2
"2. El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolverá, en los supuestos en que el Estado requirente sea un Estado Parte, dando prioridad a la solicitud de la Corte en aplicación del artículo 90 del Estatuto. En los supuestos en los que el Estado requirente no sea parte del Estatuto, resolverá de acuerdo con el Tratado que existiera con el citado Estado. Cuando no existiese Tratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte."
Respetando lo establecido en el Estatuto de Roma, con la presente enmienda se gana en claridad normativa, ya que se explicitan los supuestos contemplados en el artículo 90 del Estatuto relativo de las solicitudes concurrentes de entrega de la Corte y de extradición por un Estado, según sea éste parte del Estatuto o no.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2003.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Se suprime el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6.
El órgano de consulta con la Corte Penal Internacional debe ser el Ministerio de Justicia, reiterando idéntica regulación a la prevista respecto al órgano de relación con la Corte. La regla prevista en el segundo párrafo del artículo 6.2 constituye una excepción que en la práctica supondrá que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se constituya en órgano de consulta, en base a las variables de la política exterior, es decir, a la coyuntura política internacional de cada momento, y no a los principios que inspiraron la creación de la Corte Penal Internacional.
Se sustituye el texto del apartado 1 del artículo 7 por el siguiente:
"1. La decisión sobre la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13.a) y 14 del Estatuto y, en su caso, para instar de la Sala de las Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuación, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto, corresponderá al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que actuará a iniciativa propia, a propuesta de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, por acuerdo motivado adoptado por el Congreso de los Diputados o las Asambleas Legislativas Autonómicas, o a iniciativa de las organizaciones de defensa de los derechos humanos o de víctimas de delitos que sean perseguibles por la Corte Penal Internacional.
No obstante la competencia del Gobierno establecida en el párrafo anterior, las organizaciones de defensa de intereses colectivos, en especial de protección de los derechos humanos o de víctimas de aquellos delitos que sean perseguibles por la Corte Penal Internacional, podrán hacer llegar al Fiscal información relevante para que éste inicie de oficio una investigación, conforme al artículo 15 del Estatuto de la Corte."
El proyecto de ley contempla de forma muy restrictiva la posibilidad de presentar denuncia ante el Fiscal de la Corte, al atribuir en exclusiva al Gobierno esa potestad. Debe recogerse la posibilidad de intervención e iniciativa de otros órganos del Estado, en especial los de carácter representativo, para formular denuncias ante el Fiscal de la Corte y, en todo caso, dejar abierta la posibilidad de que asociaciones representativas de intereses colectivos puedan dirigirse al Fiscal de la Corte para hacerle llegar las informaciones necesarias que permitan perseguir delitos cuya competencia se atribuye a la misma en el Estatuto de Roma.
Se sustituye el texto del apartado 2 del artículo 7 por el siguiente:
"2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos decidirán de forma motivada, en el caso de que estimen la existencia de suficientes indicios, dar traslado de la denuncia o querella presentada, así como de las indagaciones practicadas que consideren oportunas, al Fiscal de la Corte, por conducto del Ministerio de Justicia, el cual tramitará de forma obligatoria ese traslado. En caso de que no estimen fundada la denuncia o querella, dichos órganos se abstendrán de actuar, informando al querellante o denunciante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación.
Cuando la denuncia o querella se presentare ante el Ministerio Fiscal, podrá dar traslado de la misma al órgano judicial competente para que proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o, en caso de que resulte manifiestamente infundada, informar al querellante o denunciante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte.
Cuando se presentare una solicitud en un Departamento Ministerial en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, este órgano remitirá la misma al Ministerio de Justicia, informando al mismo tiempo al solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte o presentar una denuncia o querella ante un órgano judicial, para que proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado."
Evitar que los órganos judiciales vean supeditada su actividad de persecución de hechos delictivos competencias de la Corte Penal Internacional a la autorización del Gobierno, lo cual constituye una clara invasión de las potestades de los Jueces y Tribunales en ejercicio de sus funciones y un atentado contra la independencia del Poder Judicial. En todo caso, no vemos inconveniente a que, presentada una denuncia o querella ante un órgano judicial del Estado español, sobre hechos delictivos competencia de la Corte, sea éste quien dé traslado de forma directa a la misma.
Se suprime el inciso "..., previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ..."
En coherencia con enmiendas anteriores, puesto que este inciso que se propone suprimir vincula la facultad de intervención del Estado español en calidad de "amicus curiae" ante la Corte Penal Internacional, a la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores, subordinando así esa posibilidad a la aplicación de las "diversas variables de la política exterior"; es decir, a motivos políticos y no jurídicos.
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), a instancia del Diputado Joan Saura Laporta de Iniciativa per Catalunya Verds.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2003.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Joan Saura Laporta
Se propone suprimir el apartado 2.
La redacción de este artículo contraviene expresamente la letra y el espíritu de los compromisos internacionales adquiridos por España. En efecto, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 5.2 y 7.1) y los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, ratificados todos por España, consagran el deber de los Estados parte (no la mera potestad), de ejercitar su propia jurisdicción penal con relación a los presuntos responsables de las conductas que dichos tratados prohíben cualquiera sea la nacionalidad del autor del crimen y donde quiera que el mismo haya tenido lugar.
El mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su preámbulo (para.
6), recuerda el deber de todo Estado de ejercer su jurisdicción nacional con relación a los responsables de crímenes internacionales, deber que no está limitado a la jurisdicción territorial. El Estatuto no distingue si tales crímenes internacionales se han cometido dentro de las fronteras del Estado o en otro país. Tampoco establece que deban ejercer su jurisdicción sólo si los presuntos responsables son nacionales de, en este caso, España.
Por tanto, la distinción que formula el Proyecto de Ley sobre el lugar de la comisión de los hechos y la nacionalidad del autor o la víctima es contraria a los compromisos internacionales adquiridos por España al ratificar dichos Tratados Internacionales y pone gravemente en peligro el principio de justicia universal.
Se propone suprimir el apartado 1.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al artículo 7, punto 1
Se propone la modificación del texto correspondiente al artículo 7.1 de la siguiente manera:
7.1 "Corresponde al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, así como a los órganos judiciales competentes y al Ministerio Fiscal, decidir la presentación de la denuncia (...)."
La competencia exclusiva del Gobierno para la presentación de una denuncia ante el Fiscal de la Corte resulta contradictoria con los principios y fines que están en la base de la Corte Penal Internacional.
Dado que los particulares también podrían poner en conocimiento directamente al Fiscal de la Corte unos hechos delictivos presuntamente constitutivos de crimen de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, parece lógico que el Poder Judicial estuviese habilitado para recoger las denuncias o querellas de los particulares y, considerándolas admisibles, presentarlas ante el Fiscal de la Corte Penal. El Tribunal español que recogería dichas denuncias o querellas, dadas las normas competenciales, sería la Audiencia Nacional.
La universalidad de la justicia penal ante delitos contra la comunidad internacional no puede quedar en manos de decisiones políticas. El Proyecto de Ley parte de la base de que la acción penal ante la Corte es una cuestión de política exterior constituyendo por tanto un acto político. Pero esto no puede ser así, dado que los Tribunales españoles ostentan competencia en virtud del principio de justicia universal del artículo 23.4.º LOPJ. Resulta incoherente que los Tribunales españoles puedan juzgar a personas extranjeras por determinados delitos -entre ellos los de competencia de la Corte- cometidos en el extranjero, sin intromisión de criterios políticos sino en exclusiva aplicación de la legalidad penal española y, sin embargo, no les esté permitido ahora presentar a la Corte como Estado Parte una solicitud de intervención del Fiscal de la Corte, por la posible intromisión de criterios de política exterior.
Al artículo 7, punto 2
Se propone añadir una nueva frase al final del artículo 7.2 con la siguiente redacción:
7.2 "Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial (...) se abstendrán de proceder de oficio. Si el Fiscal de la Corte o la Sala de Cuestiones preliminares desestimasen el inicio de la investigación, los tribunales españoles mantendrán la competencia prevista en el artículo 23.4.º LOPJ."
Introducción de la competencia en virtud del principio de justicia universal, subsidiaria ante la inacción por parte de la Corte y de la posibilidad de que se remitan a la Corte delitos cometidos por españoles.
Al artículo 7, punto 3 (nuevo)
Se propone crear un nuevo punto para añadir el siguiente texto:
7.3 "Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores sean nacionales españoles o hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a los hechos, dichos órganos estudiarán la conveniencia de reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional, sin perjuicio de que se mantenga la competencia de los tribunales españoles tras la posible inacción de la Corte."
En caso de concurrencia de competencia entre la Corte y los Tribunales españoles, en virtud del artículo 23.3 o 23.4 LOPJ, se obliga a éstos a abstenerse y a limitarse a informar de la posibilidad de acudir directamente, cuando lo lógico sería que el propio tribunal diese traslado de la denuncia o querella al Fiscal de la Corte, salvo que la considerase totalmente infundada.
Se produce una derogación implícita del principio de justicia universal del artículo 23.4.º LOPJ para los delitos sometidos a la jurisdicción de la Corte, que confiere competencia a los Tribunales españoles.
El nacimiento de la Corte Penal Internacional produce el declive en España del principio de justicia universal, lo cual constituye una auténtica paradoja. Un hito en la protección de los Derechos Humanos, un inicio de construcción de un sistema de justicia penal universal, la relativización de la soberanía estatal del ius puniendi a favor de los intereses de la comunidad internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo frente a su propio Estado, se convierte en nuestro país en una manera de cercenar el principio de justicia universal y en una politización de la justicia penal mediante la introducción de criterios de oportunidad política, política de Estado, política exterior, interestatal.
Es necesario ampliar la jurisdicción de los Tribunales españoles ante otros supuestos de inadmisión por parte de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, se da preferencia a los Tribunales españoles cuando el denunciado o querellado tuviese nacionalidad española. Siendo el principio de la Corte el de la complementariedad respecto a la competencia de los Tribunales del lugar del delito, parecería correcto que España permitiese el enjuiciamiento de un nacional, no en el lugar del delito pero sí ante una instancia internacional reconocida como es la Corte. Por una parte, por razones de imagen ante el Estado en el que se han cometido los delitos y ante la comunidad internacional y, por otra, para evitar posibles interferencias en la labor de los Tribunales españoles.
Se propone suprimir el artículo 9.
Al igual que los anteriores, se concede competencia exclusiva al Gobierno.
Si se trata de causas y legales no se entiende qué margen de decisión le puede quedar al Gobierno.
Se reproducen las argumentaciones de las enmiendas anteriores.
Doña Begoña Lasagabaster Olazabal
Al artículo 13, punto 1
Se propone sustituir el término "Juez Central de Instrucción" por "la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional" de modo que la redacción definitiva sería la siguiente:
13.1 "En la comparecencia regulada en el artículo 11 de la presente Ley (...) y si se diere el consentimiento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictará (...)."
Otorgar competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
No es oportuno otorgar la competencia para decidir sobre la entrega al Juzgado Central de Instrucción. La atribución competencial correcta es a la Sala de lo Penal, tal como ocurre en los procedimientos de extradición y en la orden de detención europea. Cuestiones de tal relevante naturaleza no deben quedar en manos de un órgano unipersonal meramente instructor, sino que corresponden mejor a la Sala de lo Penal, un órgano colegiado.
Al artículo 13, punto 2
13.2 "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitirá urgentemente (...)."
Al artículo 15, punto 1
Se propone sustituir el término "Juzgado Central de Instrucción" por "la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional" de modo que la redacción definitiva sería la siguiente:
"15.1 No habiéndose accedido (...) o una vez recibida en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la documentación prevista (...)."
Al artículo 15, punto 2
15.2 "Cuando se alegare la excepción de cosa juzgada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicará al Ministerio de Justicia (...) Dicha Sala (...)."
Al artículo 15, punto 5
15.5 "Si la resolución fuera estimatoria (...) comunicarán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Interior."
Al artículo 16, punto 1
16.1 "Cuando concurriere (...) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estuviere conociendo (...)."
Al artículo 16, punto 2
Se propone modificar el texto correspondiente al artículo 16.2 de la siguiente manera:
16.2 "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolverá de acuerdo con el Estatuto (...)."
Se propone suprimir el artículo 17.
Atribuida la competencia sobre la entrega a un órgano colegiado, en vez de al Juzgado Central de Instrucción y en coherencia con lo previsto para la Orden de detención y entrega europea, se hace innecesario regular un sistema de recursos, quedando la Sala de lo Penal como única instancia a estos efectos.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Se propone sustituir "España prestará" por un texto del siguiente tenor:
"Las Autoridades españolas tanto centrales, autonómicas como locales y en todos sus ámbitos deberán prestar..."
Si bien, consideramos positivo que en el proyecto se contenga una obligación de cooperación con la Corte Penal Internacional, proponemos que se incluya expresamente la extensión del compromiso a todas las Autoridades españolas tanto centrales, autonómicas como locales y en todos sus ámbitos (político, judicial, militar y administrativo).
Se propone añadir un nuevo apartado h) del siguiente tenor:
"h) El Consejo General del Poder Judicial."
Se debe incorporar entre las autoridades competentes al CGPJ dentro de las funciones que tiene atribuidas de apoyo a los órganos judiciales que realizan actos de cooperación judicial internacional y en consonancia con enmiendas precedentes.
Se propone suprimir el término "exclusivamente" de la primera línea de este apartado 1 del artículo 7.
Suprimir el carácter exclusivo de la competencia del Gobierno para presentar denuncias ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Se propone añadir un nuevo segundo párrafo a este apartado, con el siguiente texto:
"Corresponde igualmente al Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, decidir la presentación de una denuncia ante el Fiscal de la Corte Internacional o pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto. Será competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional examinar que las denuncias presentadas ante ellos y dirigidas al Fiscal de la Corte Penal Internacional reúnen los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 17 y siguientes del Estatuto. Una vez comprobados la existencia de los anteriores supuestos de admisibilidad, el Juzgado Central de Instrucción remitirá la denuncia al Consejo General del Poder Judicial, quien tras examinar que dicha denuncia se ajusta a lo previsto en el Estatuto de Roma, la remitirá al Fiscal de la Corte.
Modificar la competencia exclusiva del Gobierno para presentar denuncias ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional. También deben tener esta competencia los órganos del Poder Judicial, para así salvaguardar la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la Corte Penal Internacional sin pasar un "filtro" claramente político como es el Gobierno, es decir, a través de los órganos de uno de los poderes del estado de Derecho, el Poder Judicial, poder sin duda menos político y más "imparcial".
Se propone modificar el texto desde "... pudiera ser competente la Corte, ..." hasta el final del párrafo, por un texto del siguiente tenor:
"..., dichos órganos tramitarán tal denuncia o querella si tuvieran competencia conforme a lo establecido en las leyes procesales españolas, informando al querellante o denunciante de la posibilidad de presentar ante el Juzgado Central de Instrucción denuncia para ser remitida ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, opción que éste deberá comunicar al Juzgado Central de Instrucción, en un plazo de 10 días, en cuyo caso si la opción del denunciante/querellante fuera favorable a la presentación de denuncia ante el Fiscal de la Corte, el Juzgado Central de Instrucción remitirá al Consejo General del Poder Judicial la denuncia o querella presentada, todo ello conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7.1 de esta Ley y siempre que se dieran los requisitos de admisibilidad por el Juzgado Central de Instrucción (el párrafo que hemos propuesto antes sobre competencia del Consejo General del Poder Judicial)."
La incorporación de España al Tratado de Roma y la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional no puede significar la desaparición de la jurisdicción universal en materia de crímenes graves contra la humanidad, ejercida por las jurisdicciones nacionales de los países democráticos miembros del sistema de Naciones Unidas, entendiendo por "miembros del sistema" aquellos que por haber ratificado la mayoría de las Convenciones y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, han convertido en derecho interno los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La presente enmienda tiene la exclusiva finalidad de preservar el ejercicio por parte de España de la Jurisdicción Universal en materia penal en caso de graves crímenes contra la humanidad. Finalmente, y en consonancia con lo expuesto, artículo 7.2, cuya modificación se propone, entra en clara contradicción con el Principio de Jurisdicción Universal, consagrado en el artículo 23.3 y 4 de la LOPJ.
Al artículo 7.3
Se propone añadir un tercer apartado con un texto del siguiente tenor:
"3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes."
Se propone mantener el texto del apartado 7.3 previsto en el anteproyecto de ley, toda vez que habilita un cauce legal para que los Tribunales españoles puedan seguir investigando y procesando a los imputados por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales. De lo contrario, se eliminaría la posibilidad que contempla nuestra legislación para que se siga investigando y procesando a esas personas en los Tribunales nacionales y se abriría una puerta a la impunidad de los responsables de los delitos mencionados en los casos en los que la Corte no pudiera juzgarlos.
Al artículo 8.2
Se propone la modificación de este apartado segundo por uno del siguiente tenor:
"2. Cuando la información suministrada por el Fiscal General de la Corte apareciera que se ha ejercido jurisdicción en España, se está ejerciendo o, como consecuencia de la notificación recibida, se ha iniciado una investigación por las Autoridades españolas, el Juez Central de Instrucción que estuviere conociendo de la causa, en plazo que no podrá rebasar los veinte días desde la recepción de la notificación del Fiscal de la Corte, deberá resolver sobre sostener la competencia de las autoridades españolas y, en su caso, pedir la inhibición al Fiscal de la Corte, conforme al artículo 18 del Estatuto.
Que las decisiones de inhibición de un Juzgado o Tribunal español a favor de la Corte para el caso de que se inicie una investigación sobre hechos que están siendo conocidos en sede judicial española, deberían corresponder al Juez Instructor de cada caso y no al Consejo de Ministros.
"1. Corresponde al Juez o Tribunal español que haya resuelto o esté conociendo del asunto acordar la
impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa."
Al artículo 9.3
Se propone añadir un nuevo apartado tercero con un texto del siguiente tenor:
"3. Conformarán la instrucción y, en todo caso, se deberán considerar válidos los actos realizados por el Fiscal conforme a Derecho o las órdenes dictadas por la Corte previamente a la impugnación, así como las diligencias realizadas por el Fiscal para proteger las pruebas obrantes y evitar que las personas acusadas eludan la acción de la Justicia."
Aumentar la eficacia de la Corte en la persecución de los delitos mientras se toma una decisión sobre su impugnación de la admisibilidad o la competencia.
Se propone añadir un nuevo apartado cuarto con un texto del siguiente tenor:
"4. Las autoridades españolas, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, deberán facilitar al Fiscal y a la defensa el ejercicio de sus atribuciones para realizar investigaciones en España, de conformidad con el artículo 54.2 del Estatuto; prestar asistencia en la identificación, búsqueda, protección, presentación de documentación y registros, información, documentos y pruebas físicas u objetos; facilitarán los decomisos de pruebas, incluida la exhumación de cadáveres y la preservación de pruebas; prestarán asistencia para localización, incautación y decomiso de los haberes de los acusados, y en cualquier otra medida que fuera requerida por la Corte."
Que el Proyecto recoja expresamente una serie de garantías de asistencia de las autoridades españolas en la investigación de los delitos, en la preservación de pruebas, de conformidad con el artículo 93.1.j) del Estatuto y en la localización de bienes de los acusados, su incautación y decomiso si fuere solicitado.
Se propone añadir un nuevo apartado primero (corriendo numeración) con un texto del siguiente tenor:
"1. Cuando las autoridades españolas reciban una orden de detención de la Corte actuarán con la mayor diligencia posible para proceder a la inmediata detención de la persona requerida."
Garantizar la inmediata detención de la persona requerida, actuando con la mayor rapidez y diligencia posible, de forma que sea eficaz la medida solicitada por la Corte, evitando que por causa de las posibles dilaciones los acusados pudieran eludir la acción de la Justicia.
Al artículo 13.5
Se propone añadir un nuevo apartado 5 con un texto del siguiente tenor:
"5. El procedimiento de entrega simplificada previsto en este artículo será de aplicación en aquellos casos en los que la persona reclamada por la Corte manifieste prestare su consentimiento con independencia de que hubiere mediado o no una previa detención."
Se propone la regulación de la entrega simplificada, siempre que la persona reclamada prestare su consentimiento al margen de lo establecido en el artículo 11 del proyecto que regula la detención. Esto es habilitar la colaboración de las personas reclamadas que sin previa detención (se entiende que en situación de búsqueda) prestan su consentimiento para que se proceda conforme al resto de apartados de este artículo 13 del proyecto.
Al artículo 15.4
Se propone añadir al final de un segundo párrafo con un texto del siguiente tenor:
"Las autoridades españolas estarán obligadas a entregar a la Corte a las personas que ésta solicite salvo en los supuestos señalados en el Estatuto."
Se pretende incluir una redacción que ofrezca mayor seguridad jurídica, puesto que en la redacción original se establece la posibilidad de denegar la entrega, sin que se mencione expresamente las razones por las cuales puede denegarse.
Mediante esta enmienda se refleja el compromiso de los Estados Parte a garantizar la ausencia de obstáculos a la detención y entrega.
Concretamente no se pueden considerar, si atendemos a la remisión legal que se propone, los siguientes motivos para denegar la entrega:
a) Que la persona buscada sea nacional del Estado Parte ya que la prohibición de extraditar o entregar a ciudadanos del país no tienen validez para la Corte.
b) Que la persona buscada goce de inmunidad en virtud del derecho interno por ser Jefe de Estado, Diplomático u Autoridad del Gobierno. Artículo 27.1 del Estatuto.
c) Que el crimen objeto de investigación o enjuiciamiento sea un delito político o una falta de disciplina puramente militar (el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son delitos políticos ni faltas de disciplina de carácter puramente militar).
d) Que haya riesgo de juicio injusto (el Estatuto ofrece mejores garantías de derecho a un juicio justo que muchos Estados).
e) Que haya peligro de que se imponga la pena de muerte (esta pena no figura en el Estatuto).
f) Que el crimen no sea un delito en el Estado requerido, por lo que se aplica el principio de doble jurisdicción. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son crímenes que todos los Estados están obligados a castigar).
g) Que la persona haya sido ya absuelta o declarada culpable del acto objeto de investigación o enjuiciamiento (principio de in bis in idem).
Es la Corte la que debe decidir si este principio es aplicable con arreglo al Estatuto.
h) Que la persona se halle cumpliendo condena por otro delito. El artículo 89.4 obliga expresamente al Estado Parte a atender la solicitud de entrega y a consultar posteriormente con la Corte.
i) Que el crimen haya prescrito. El artículo 29 estipula que los crímenes de la competencia de la Corte no prescriben.
j) Que se hayan aplicado amnistías, indultos o medidas similares de impunidad que impiden que se celebre un juicio y se conozca la verdad.
Tales medidas son contrarias al Derecho Internacional.
Al artículo 15.5
Se propone añadir al final del párrafo un texto del siguiente tenor:
"... para que procedan a la entrega del detenido tan pronto como fuera posible."
Incluir de conformidad con lo establecido en el artículo 59.7 del Estatuto, que la entrega será inmediata, se pondrá al detenido a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.
Al artículo 16.4
Se propone añadir un nuevo apartado 4, del siguiente tenor:
"4. Las autoridades españolas garantizarán la preferencia de las solicitudes de la Corte sobre las solicitudes de los Estados a través de los Tratados y Acuerdo de Extradición que suscriba con otros Estados."
Garantizar que los futuros Tratados y Acuerdos de Extradición contemplen la preferencia de las solicitudes de la Corte.
Al artículo 18.1
Se propone modificar la redacción por un texto del siguiente tenor:
"1. Cuando hubiere acordado la entrega la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega el Tribunal Sentenciador o Instructor, previa consulta con la Corte, deberá decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución a España que se determinen y computándose en todo caso el período pasado a disposición de la Corte.
El órgano judicial competente trasladará informaciones precisas al Ministerio de Interior para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno."
La entrega de una persona reclamada por la Corte que estuviere cumpliendo condena o sujeta a proceso por otros hechos debe ser decisión del Tribunal Sentenciador o el Instructor, pero no por el Ministerio de Justicia.
Al artículo 18.2
En consonancia con la anterior enmienda.
Se propone añadir al final del apartado 2 del artículo 20 un texto del siguiente tenor:
"... para lo cual se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 72 del Estatuto."
Se pretende incluir los criterios del artículo 72 del Estatuto, dada la minuciosidad de las salvaguardias que establece dicho artículo, los Estados pueden estar seguros de que pueden proporcionar toda la información o pruebas solicitadas por la Corte.
"6. Las autoridades españolas deberán prestar asistencia a la Corte para facilitar la identificación y búsqueda de personas citadas por la Corte como testigos o peritos y adoptará las medidas necesarias para la eficaz protección de clase de víctimas y testigos."
Establecer con carácter previo al desarrollo de la comparecencia la obligación de asistencia de las autoridades españolas para identificar y buscar a los testigos y peritos y la adopción de medidas para proteger la seguridad, el bienestar físico, psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y testigos de forma eficaz.
Al artículo 23.1
Se propone añadir un nuevo primer párrafo (corriendo numeración) con un texto del siguiente tenor:
"1. Los Tribunales y las autoridades españolas deberán ejecutar las Sentencias y decisiones dictadas por la Corte con respecto a reparaciones de las víctimas."
Establecer expresamente la competencia de los Tribunales españoles en la ejecución de sentencias con respecto a las reparaciones de las víctimas.
"El Gobierno en el plazo de seis meses deberá promover la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir los procedimientos necesarios para cooperar con la Corte."
Se deben incluir todas las modificaciones necesarias para asegurar que se pueden cumplir todas las solicitudes de cooperación de la Corte. El artículo 88 del Estatuto establece que los Estados asegurarán que en Derecho Interno existen procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas.
"El Gobierno en el plazo de seis meses deberá promover la reforma del Código Penal en el sentido de incorporar un nuevo artículo que tipifique los delitos de lesa humanidad no previstos actualmente en el referido texto legal. A tal efecto, la redacción del nuevo artículo deberá trasladar lo establecido en el artículo 7 del Estatuto."
Se deben incluir en nuestra legislación los delitos de lesa humanidad no previstos en el Código Penal, adaptando la redacción del artículo 7 del Estatuto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Madrid, 12 de septiembre de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se propone la adición de un párrafo 3.º, que quedará redactado de la siguiente forma:
Se trata de aclarar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles en los casos en que el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto denunciado.
"Disposición adicional tercera. De los órganos jurisdiccionales militares.
1. Las referencias que la presente Ley hace al Juzgado Central de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperación sea de la competencia de la jurisdicción militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente.
2. Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las leyes reguladoras de la jurisdicción militar con respecto a la competencia de esta última en los casos de presencia permanente o temporal, fuera de territorio nacional, de fuerzas o unidades militares españolas, ni afectará al desempeño de la función jurisdiccional por los órganos judiciales militares que las acompañen."
La Jurisdicción militar tiene regulada su competencia en la LO 4/87, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que prevé que dicha jurisdicción ejerza sus funciones también fuera del territorio nacional, puesto que acompaña a las fuerzas o unidades militares españolas en los casos de presencia permanente o temporal fuera de España.
La enmienda pretende que la presente LO de cooperación con la CPI no altere esta competencia, consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.
"Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposición adicional segunda y el apartado 2 de la disposición adicional tercera, tienen carácter orgánico.
Los restantes preceptos..."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, publicado en el "BOCG, Sección Congreso", serie A, núm. 156-1, de 13 de junio de 2003 (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
"Artículo 1. Objeto y fuentes jurídicas.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdicción y funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y su normativa complementaria. Con este fin, se atribuyen competencias a órganos estatales y se establecen procedimientos internos, aplicables en lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias, en particular las reglas de procedimiento y prueba, así como en los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
Con carácter supletorio a la presente Ley se aplicarán las normas orgánicas y procesales de aplicación general."
"Las autoridades y funcionarios prestarán plena colaboración a la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de su competencia."
Establecer la obligación genérica de cooperación con la Corte Penal Internacional por parte de las autoridades y funcionarios españoles.
Se propone añadir un nuevo epígrafe h), con el siguiente texto:
"h) El Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones de apoyo a los órganos judiciales que realizan actos de cooperación judicial internacional."
Incluir al CGPJ entre las autoridades competentes para la aplicación de la Ley, en cuanto órgano de apoyo de Jueces y Tribunales respecto de este tipo de actos.
Al artículo 7, apartado 1
"1. Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, apartado a), y 14 del Estatuto, así como, en su caso, la petición a la Sala de Cuestiones Preliminares, prevista en el artículo 53.3.a) del Estatuto, para que solicite al Fiscal que reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones."
Al artículo 7, apartado 2
"2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal, en relación con hechos producidos en su totalidad en otros Estados, cuyos presuntos autores, víctimas y perjudicados no fueran nacionales españoles, para cuyo enjuiciamiento fuera competente la Corte y respecto de los cuales no hubiera el Fiscal o la Sala de Cuestiones Preliminares adoptado una decisión contraria a su investigación o enjuiciamiento, dichos órganos informarán al denunciante o querellante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte para que inicie, en su caso, una investigación, absteniéndose de proceder de oficio o de adoptar otras medidas que las previstas en las normas procesales, cuando sean procedentes, para asegurar la presentación de los presuntos responsables ante la Justicia, impedir la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba u otros actos de obstrucción a las investigaciones o a las actuaciones judiciales o evitar el riesgo de que los presuntos responsables cometan otros hechos delictivos. La adopción de estas medidas será comunicada inmediatamente al Fiscal de la Corte para que pueda tomar las decisiones que correspondan con arreglo al Estatuto."
El apartado 2 del artículo 7 del proyecto modifica un principio que ha caracterizado la jurisdicción penal española desde 1985: el principio de jurisdicción universal sobre determinados delitos. Así, impone a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal que se abstengan de todo procedimiento por hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, y en caso de denuncia o querella, se limiten a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte.
En este supuesto, la imposibilidad de iniciar actuaciones por estos delitos, aunque las víctimas fueran españolas, se referiría a cualquier actuación que pudiera ser competencia de la Corte, aunque no exista causa abierta en la misma, se haya desestimado su incoación en la misma o se hubiera paralizado la actuación por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que no es consecuencia de principios como el de cosa juzgada, litispendencia penal, extinción de la acción o prohibición de doble incriminación.
Por otro lado, la Corte Penal Internacional no persigue todos los delitos previstos en el Estatuto, sino que se limita al conocimiento de "los más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto", pudiendo desestimar por ello la Sala de Cuestiones Preliminares, o paralizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una investigación del Fiscal sobre estos crímenes, lo que tiene como consecuencia que la jurisdicción de la Corte sea expresamente, por precepto del Estatuto de Roma, de carácter complementario o subsidiario de las jurisdicciones nacionales.
Al artículo 7, apartado 3 (nuevo)
Se propone añadir un nuevo apartado 3, con el siguiente texto:
"3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto o se adoptara otra decisión contraria a su investigación o enjuiciamiento, la denuncia o querella podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes."
Al artículo 8, apartado 1
Se propone sustituir "... por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, ...", por el siguiente texto:
"... por haberse realizado en todo o en parte o haberse producido su resultado en territorio español u ostentar sus presuntos responsables, las víctimas o perjudicados las nacionalidad española, ...".
En coherencia con las enmiendas anteriores.
Al artículo 8, apartado 2
Se propone añadir después de "... Fiscal de la Corte, ...", el siguiente texto:
"... previa información del Juez o Tribunal que estuviera, en su caso, conociendo del asunto, ..."
Recabar esta información antes de decidir sobre el requerimiento de inhibición.
Al artículo 9, apartado 1
"1. Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa información del Juez o Tribunal competente, acordar la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 del Estatuto, cuando los Tribunales españoles estén conociendo del asunto o hayan conocido del mismo y haya recaído sentencia o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa. Dicho acuerdo habilitará al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnación."
"1. Recibida una solicitud de detención provisional o de detención y entrega, se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para llevarla a cabo, así como, por la autoridad que la practicara, para comunicarlo al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional debiendo ser puesta la persona detenida a disposición del Juez Central de
Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detención."
Prever expresamente la detención inmediata a solicitud de la Corte.
Al artículo 15, apartado 4
"4. Sólo podrá denergarse la entrega por las causas previstas en el Estatuto, en cuyo caso podrá mantenerse la situación de prisión provisional hasta la firmeza de dicha resolución."
Precisar que sólo pueda denegarse la entrega por las causas previstas en el Estatuto de Roma.
Al artículo 16, apartado 2
"2. El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que resolverá de acuerdo con el Estatuto."
El Estatuto de Roma ya prevé, en su artículo 90, los factores y elementos a tener en cuenta en los supuestos de solicitudes concurrentes.
Al artículo 20, apartado 4
"... o acordar alguna de las medidas previstas en el artículo 72 del Estatuto."
El Estatuto de Roma ya prevé, en su artículo 72, diferentes medidas que pueden adoptarse para proteger la información que afecte a la seguridad nacional.
Al artículo 21, apartado 1
"..., así como las mismas medidas de protección."
Incluir las medidas de protección previstas en la legislación procesal española para víctimas, peritos y testigos.
Al artículo 21, apartado 4
Se propone añadir tras "... agentes o funcionarios españoles..." el siguiente texto:
"..., y otros ciudadanos..."
Ampliar la posibilidad de protección a todos los ciudadanos que deban comparecer ante la Corte.
Se propone añadir una nueva disposición adicional cuarta, con el siguiente texto:
"Disposición adicional cuarta. Contribución al Fondo Fiduciario.
España contribuirá anualmente al Fondo Fiduciario establecido por la Asamblea de Estados Partes, de conformidad con el artículo 79 del Estatuto, en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias."
Establecer la obligación de España de contribuir a este Fondo.
Se propone sustituir la referencia al carácter orgánico del artículo 20.3 por la relativa al artículo 21.3.
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo previsto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 15 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 5 del referido texto
"1. La representación y defensa en juicio... (resto igual)... por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de algún Departamento Ministerial o sobre las que tengan competencias otras Administraciones, se oirá a aquéllos y éstas antes de impartir las citadas instrucciones."
El Estado de las Autonomías previsto en la Constitución, y el reparto competencial que de ello se deriva, exige que se prevea la necesidad de oír a las Administraciones autonómicas, antes de impartir las instrucciones previstas en este precepto, cuando el procedimiento de que se trate pueda afectar a materias sobre las que las Administraciones de las Comunidades Autónomas tengan competencias.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 6 del referido texto
"2. El Ministerio de Justicia es también el órgano... (resto igual)... En el supuesto de que la consulta
afecte a materias propias del ámbito competencial de los Ministerios de Interior o Defensa o de las Comunidades Autónomas, recabará el informe de aquellos Departamentos o de estas Administraciones.
Cuando la consulta... (resto igual)."
El Estado de las Autonomías previsto en la Constitución, y el reparto competencial que de ello se deriva, exige que se prevea la necesidad de solicitar informe a las Administraciones autonómicas cuando la consulta afecte a materias propias del ámbito competencial de dichas Administraciones.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 7 del referido texto
"1. Corresponde exclusivamente al Gobierno... (resto igual)... conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.
Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas podrán remitir al Gobierno del Estado una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte para la presentación de la denuncia ante el Fiscal de la Corte. El Gobierno comunicará a la Administración remitente la remisión de la situación a la Corte."
El respeto a la configuración del Estado como un Estado de las Autonomías hace conveniente prever la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan comunicar al Gobierno una situación en que parezca haberse cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 7 del referido texto
"2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial... (resto igual)... y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos, sin perjuicio de las oportunas medidas provisionalísimas que deban adoptar, informarán al denunciante, querellante o solicitante... (resto igual)... iniciar una investigación."
Prever la posibilidad y la necesidad de adoptar medidas de prevención y de aseguramiento.
A los efectos de adicionar un nuevo apartado 3 al artículo 7 del referido texto
Artículo 7, apartado 3 (nuevo).
"No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes."
Introducir una cláusula de cierre del sistema a fin de evitar cualquier situación de impunidad que se pueda dar.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 8 del referido texto
"1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del Fiscal de la Corte de inicio de una investigación conforme al artículo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la
jurisdicción española por haberse acaecido en territorio español o ser las víctimas u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho... (resto igual)."
Prever la posibilidad de mantener la preferencia de la jurisdicción española en supuestos en los que la víctima ostenta la nacionalidad española.
A los efectos de modificar el apartado 3 del artículo 11 del referido texto
"3. Cuando la orden de detención de la Corte se refiera a... (resto igual)... al Juez Central de Instrucción y al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia informará a la Corte de la fecha prevista de excarcelación, y se decidirá sobre la entrega de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la presente Ley. En el caso que se acuerde la entrega y la persona que haya de ser entregada estuviere cumpliendo condena por hechos distintos de los que han servido para la entrega, se aplicarán las normas contenidas en el artículo 18 de la presente Ley."
El artículo 15.5, al cual hace referencia el apartado 3 del artículo 11 del proyecto, regula el supuesto de traslado del detenido en caso de resolución estimatoria de entrega dictada por el Juzgado Central de Instrucción.
Por ello, se entiende que, con carácter previo al traslado que prevé el apartado 5 del artículo 15, es necesario decidir sobre la procedencia de la entrega a la Corte. Por tanto, es necesario que la remisión se realice a la totalidad del artículo 15 -de la entrega a la Corte-.
Por otro lado, debe haber una referencia al artículo 18 ya que regula uno de los supuestos que engloba el artículo 11.3, es decir, la entrega que está cumpliendo condena en España por hechos distintos a los que han servido de base para entrega.
A los efectos de modificar los apartados 2 y 3 del artículo 17 del referido texto
"2. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme... (resto igual).
3. Los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviendo los recursos de los apartados anteriores no serán susceptibles de recurso alguno."
Por razones de una mayor claridad técnica es conveniente indicar que la Sala de lo Penal a la que hace referencia el proyecto es la de la Audiencia Nacional, tal como se hace en el apartado 1 del mismo artículo.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 18 del referido texto
"2. Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes, según los casos, al Ministerio del Interior y, en su caso, a las Administraciones con competencias en materia penitenciaria, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno."
La atribución de competencias en materia penitenciaria a las Comunidades Autónomas hace necesario prever la posibilidad de que el detenido esté cumpliendo condena en el ámbito territorial de estas Administraciones, en cuyo caso será necesario que el Ministerio de Justicia les transmita las informaciones precisas para hacer efectivo el traslado en colaboración con la Administración del Estado.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 19 del referido texto
"1. Si, después de la entrega, la Corte pidiere autorización a España para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladará la petición al Juzgado Central de Instrucción que resolverá de acuerdo con el criterio establecido... (resto igual)."
El artículo 15 del proyecto no hace mención a la Sala de lo Penal, sino únicamente al Juzgado Central de Instrucción.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 21 del referido texto
"2. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte... (resto igual)... el Ministerio de Justicia autorizará el traslado, comunicándolo al citado órgano judicial, al Ministerio del Interior y, en su caso, a las Administraciones competentes, en coordinación con la Corte."
La atribución de competencias en materia penitenciaria a las Comunidades Autónomas obliga a prever la comunicación a éstas de la autorización del traslado, en el caso de que la persona a trasladar haya sido detenida en su ámbito territorial.
A los efectos de modificar el apartado 4 del artículo 21 del referido texto
"4. El Ministerio de Justicia, en coordinación, en su caso, con otros Ministerios o Administraciones competentes, solicitará de la Corte la protección de los agentes o funcionarios españoles que hubieren de comparecer ante aquélla en calidad de perito o testigo."
El Estado de las Autonomías previsto en la Constitución, y el reparto competencial que de ello se deriva, obliga a prever la necesidad de coordinación con las Administraciones Autonómicas cuando hayan de comparecer agentes o funcionarios de dichas Administraciones.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 22 del referido texto
"1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre... (resto igual)... que impidiesen la aceptación de dicho traslado. En el caso que la condena esté prevista que se cumpla en un establecimiento penitenciario de una Comunidad Autónoma con competencias en la materia, será necesario el informe previo de ésta.
Por el Ministerio de Justicia... (resto igual)."
La posibilidad que se decida que la condena se ha de cumplir en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con competencias en materia penitenciaria obliga a la solicitud previa de informe de ésta.
A los efectos de modificar el apartado 5 del artículo 22 del referido texto
"5. Cuando se celebre una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducción de la pena de quien estuviera cumpliendo condena en España, corresponderá al Ministerio de Justicia determinar, previa consulta, en su caso, a la Administración con competencia en materia penitenciaria, la conveniencia de la intervención procesal y los términos en que deba producirse."
A los efectos de adicionar una nueva disposición final al referido texto
Se modifica el apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedará redactado como sigue:
"4. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:
e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores e incapaces.
g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España."
Necesidad de adaptar la normativa vigente a las disposiciones del Proyecto de Ley.
- Enmienda núm. 52 del GP Socialista.
- Enmienda núm. 5 del GP Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 27 del GP Federal de Izquierda Unida.
- Enmienda núm. 53 del GP Socialista.
- Enmienda núm. 6 del GP Vasco (EAJ-PNV) a la letra h) (nueva).
- Enmienda núm. 28 del GP Federal de Izquierda Unida a la letra h) (nueva).
- Enmienda núm. 54 del GP Socialista a la letra h) (nueva).
- Enmienda núm. 69 del GP Catalán-CiU al apartado 1.
- Enmienda núm. 9 del Sr. Aymerich Cano (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 70 del GP Catalán-CiU al apartado 2.
- Enmienda núm. 10 del Sr. Aymerich Cano (GMx) al apartado 1.
- Enmienda núm. 15 de la Sra. Lasagabaster Olazábal al apartado 1.
- Enmienda núm. 29 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1.
- Enmienda núm. 30 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1.
- Enmienda núm. 55 del GP Socialista al apartado 1.
- Enmienda núm. 71 del GP Catalán-CiU al apartado 1.
- Enmienda núm. 11 del Sr. Aymerich Cano (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 13 del Sr. Saura Laporta (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 16 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 31 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 2.
- Enmienda núm. 56 del GP Socialista al apartado 2.
- Enmienda núm. 72 del GP Catalán-CiU al apartado 2.
- Enmienda núm. 17 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 32 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 49 del GP Popular al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 57 del GP Socialista al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 73 del GP Catalán-CiU al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 7 del GP Vasco (EAJ-PNV) a los apartados 3 y 4 (nuevos).
- Enmienda núm. 14 del Sr. Saura Laporta (GMx) al apartado 1.
- Enmienda núm. 58 del GP Socialista al apartado 1.
- Enmienda núm. 74 del GP Catalán-CiU al apartado 1.
- Enmienda núm. 33 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 2.
- Enmienda núm. 59 del GP Socialista al apartado 2.
- Enmienda núm. 18 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx).
- Enmienda núm. 34 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1.
- Enmienda núm. 60 del GP Socialista al apartado 1.
- Enmienda núm. 35 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 36 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 4 (nuevo).
- Enmienda núm. 37 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1.
- Enmienda núm. 61 del GP Socialista al apartado 1.
- Enmienda núm. 75 del GP Catalán-CiU al apartado 3.
- Enmienda núm. 19 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 1.
- Enmienda núm. 20 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 38 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 5 (nuevo).
- Enmienda núm. 21 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 1.
- Enmienda núm. 22 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 39 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 4.
- Enmienda núm. 62 del GP Socialista al apartado 4.
- Enmienda núm. 40 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 5.
- Enmienda núm. 23 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 5.
- Enmienda núm. 24 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 1.
- Enmienda núm. 8 del GP Vasco (EAJ-PNV) al apartado 2.
- Enmienda núm. 25 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx) al apartado 2.
- Enmienda núm. 63 del GP Socialista al apartado 2.
- Enmienda núm. 41 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 4 (nuevo).
- Enmienda núm. 26 de la Sra. Lasagabaster Olazábal (GMx).
- Enmienda núm. 76 del GP Catalán-CiU a los apartados 2 y 3.
- Enmienda núm. 42 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1.
- Enmienda núm. 43 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 2.
- Enmienda núm. 77 del GP Catalán-CiU al apartado 2.
- Enmienda núm. 78 del GP Catalán-CiU al apartado 1.
- Enmienda núm. 44 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 2.
- Enmienda núm. 64 del GP Socialista al apartado 4.
- Enmienda núm. 45 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1 previo (nuevo).
- Enmienda núm. 65 del GP Socialista al apartado 1.
- Enmienda núm. 79 del GP Catalán-CiU al apartado 2.
- Enmienda núm. 66 del GP Socialista al apartado 4.
- Enmienda núm. 80 del GP Catalán-CiU al apartado 4.
- Enmienda núm. 81 del GP Catalán-CiU al apartado 1.
- Enmienda núm. 82 del GP Catalán-CiU al apartado 5.
- Enmienda núm. 46 del GP Federal de Izquierda Unida al apartado 1 previo (nuevo).
- Enmienda núm. 12 del Sr. Aymerich Cano (GMx).
- Enmienda núm. 50 del GP Popular.
- Enmienda núm. 47 del GP Federal de Izquierda Unida.
- Enmienda núm. 48 del GP Federal de Izquierda Unida.
- Enmienda núm. 67 del GP Socialista.
- Enmienda núm. 51 del GP Popular.
- Enmienda núm. 68 del GP Socialista.
- Enmienda núm. 83 del GP Catalán-CiU.