Source: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230907/20200619
Timestamp: 2020-08-09 11:46:28
Document Index: 313976475

Matched Legal Cases: ['Artículo 76', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4']

BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA - Resolución 138/2020
Resolución 138/2020
RESOL-2020-138-APN-MAGYP
VISTO el Expediente N° EX-2020-37247762- -APN-DGDMA#MPYT del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 27.118, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992 y sus modificatorios), la Ley N° 26.509, la Ley N° 27.541, el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, el Decreto N° 50 del 18 de Diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución N° 255 del 23 de octubre de 2007 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y
Que por la Ley N° 27.118 se declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo y por practicar y promover sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
Que por el mismo texto legal se creó el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria así como de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural.
Que el aporte en la producción de alimentos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en todo el territorio nacional es muy importante en materia de soberanía alimentaria local y regional asumiendo un rol estratégico en el cuidado y sostenimiento de los bienes naturales y como factor dinamizador de las economías regionales.
Que las condiciones estructurales de vida básicas, acceso a servicios e infraestructura productiva que caracterizan al sector, hacen que la capacidad propia para afrontar y reponerse de eventos climáticos, sociales, incidentes intra-prediales individuales o comunitarios, por insignificantes que puedan considerarse, terminen afectando sus producciones, generando un daño en muchos casos irreparable.
Que, por ello, es que la medición de umbral crítico de daño para este sector es generalmente mucho más bajo que para cualquier sector productivo del ámbito rural, razón por la cual las políticas a desarrollarse desde el ESTADO NACIONAL deban contemplar esas especificidades y adecuarse para permitir a la Agricultura Familiar enfrentarlas y reponerse rápidamente.
Que, el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a través de la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria, plantea herramientas y recursos en su funcionamiento que deben acreditar una serie de requisitos indispensables que en la mayoría de los casos de los productores del sector no cumplimenta, sumado al hecho de que la incidencia de la pobreza es más elevada en las áreas rurales que en los grandes aglomerados urbanos lo que dificulta el acceso a diversos medios, resultando indirectamente excluidos de algunas políticas públicas existentes.
Que, además de lo expuesto, a través de la Ley N° 27.541, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, facultades legislativas en los términos del Artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación allí establecidas.
Que a su vez, dicha emergencia fue ampliada conforme el Decretos N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios.
Que, seguidamente, mediante el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, y en función de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se dispusieron diversas medidas sanitarias y administrativas tendientes a la atención primordial del ESTADO NACIONAL a las cuestiones que la medida sanitaria involucrara. Entre las referidas medidas se destacan el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y los controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para garantizar el cumplimiento del confinamiento ordenado.
Que es de destacar que el Artículo 6° del mentado Decreto prevé excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, entre las que se encuentran contempladas aquellas actividades relacionadas a la atención de emergencias.
Que considerando este contexto, resulta crucial dar pronta respuesta institucional a las necesidades urgentes y nodales del sector de la AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, por lo que se entiende oportuno y atinente asistir a las áreas más vulnerables mediante el desarrollo de las políticas públicas a cargo de este Ministerio en la materia.
Que, resulta entonces necesario desarrollar herramientas ágiles y oportunas para atender al sector que generen efectos directos en momentos críticos, razón por la cual es indispensable proponer, con carácter complementario, un programa que permita atender situaciones extremas y urgentes y que, a la vez, modere rápidamente el daño productivo que se haya podido generar a individuos comunidades o grupos de productores/as de la AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, facilitándoles los medios necesarios para permitir el acceso a insumos, herramientas y materiales indispensables para poder continuar sus esquemas productivos.
Que, en consonancia con lo hasta aquí expuesto se señala que en 2015, la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, resultando una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.
Que, en tal sentido la citada Agenda cuenta con DIECISIETE (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Que, la pandemia de COVID-19 no solo representa un desafío para los sistemas sanitarios de todo el mundo, sino que también pone a prueba nuestra humanidad, azotando más duramente a las comunidades más pobres y vulnerables y provoca que se agraven las desigualdades existentes. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas amplifican los impactos de la pandemia.
Que, esta crisis constituye una oportunidad para iniciar un camino tendiente a modificar el rumbo de la desigualdad a través de políticas públicas que incluyan a aquellos sectores más vulnerables de la cadena productiva, complementando con medidas ya existentes y otorgando rapidez de acción a los fines de combatir la denominada pobreza rural a través de medidas como la presente, disminuyendo en consecuencia los efectos adversos de la pandemia sobre aquellos grupos más desprotegidos.
Que compete al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, en la ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados conforme las directivas impartidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en la elaboración de políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y competitividad de las economías regionales, con la inclusión de los productores agropecuarios.
Que, por su parte, corresponde a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÌGENA del citado Ministerio, diseñar, proponer y coordinar tanto las propuestas que se elaboren para ejecutar políticas, planes y programas dirigidas a atender las necesidades o a fomentar el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agro productivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena.
Que en el marco del detalle de competencias institucionales y de las circunstancias detalladas en los considerandos precedentes, se ha diseñado y puesto a consideración el denominado PROGRAMA DE ASISTENCIA CRÍTICA Y DIRECTA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA destinado a ir en ayuda de los productores y productoras de dicho sector inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF) creado por la Resolución N° 255 del 23 de octubre de 2007 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, así como también de las asociaciones de productores cooperativas y comunidades indígenas que posean sus respectivas personerías jurídicas.
Que mediante dicho programa, se impulsa el otorgamiento de aportes no reintegrables en forma directa y oportuna dirigido a un segmento de la sociedad, que al momento de solicitar el mismo, se encuentre afectado por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de escenarios ocasionadas por eventos climáticos, sociales o particulares extremos.
Que corresponde atribuir la calidad de autoridad de aplicación a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÌGENA del citado Ministerio con la posibilidad de delegar facultades en orden a simplificar la implementación y desarrollo del Programa.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA DE ASISTENCIA CRÍTICA Y DIRECTA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la cual podrá dictar las normas complementarias o interpretativas y de instrumentación para su debida operatividad y el cabal cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL de la citada Secretaría, será la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA DE ASISTENCIA CRÍTICA Y DIRECTA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, quedando facultada para delegar facultades operativas necesarias para adecuar, desarrollar e implementar las actividades necesarias en el marco del Programa referido en el artículo primero, conforme las competencias aprobadas para las unidades organizativas que le dependen.
ARTÍCULO 3º.- Asígnase como monto inicial para la implementación y ejecución del Programa, la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($30.000.000.-), que será atendido en función de la disponibilidad presupuestaria del Programa 39 - Políticas para la Agricultura Familiar, Servicio Administrativo Financiero 363, Jurisdicción 52 – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Luis Eugenio Basterra
e. 19/06/2020 N° 24094/20 v. 19/06/2020