Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/30578/decreto-83-2010-de-25-de-junio-por-el-cual-se-establecen-los-principios-generales-del-procedimient
Timestamp: 2017-09-23 19:55:18
Document Index: 75733899

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 58', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 28', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 49', 'Artículo 7', 'artículo 27', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 5', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 38', 'Artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 42', 'Artículo 14', 'artículo 92', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 23', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 84', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 15', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 10', 'Artículo 39', 'artículo 15', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 23', 'Artículo 42', 'artículo 24', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 46']

Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el cual se establecen los principios generales del procedimiento para reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 83/2010, DE 25 DE JUNIO, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, LA INTENSIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS, Y SE CREA LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DE 3 DE JULIO)
Art. 2. Titulares de derechos
Art. 3. Integración en el Sistema Público de Servicios Sociales de las Illes Balears
Art. 4. Competencias
Art. 5. Cooperación interadministrativa
Art. 6. Sistema Informativo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Capítulo II. Órgano de valoración (Art. 7)
Art. 7. Órgano de valoración
Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia (Arts. 8 a 23)
Art. 8. Profesional de referencia
Art. 9. Inicio del procedimiento
Art. 11. Documentación inicial
Art. 12. Lugar de presentación de las solicitudes
Art. 13. Subsanación de deficiencias
Art. 14. Lugar y fecha de valoración
Art. 15. Valoración de la situación de dependencia
Art. 16. Dictamen propuesta
Art. 17. Propuesta del Equipo Técnico de Valoración de la Dependencia
Art. 18. Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia
Art. 19. Plazo para resolver
Art. 20. Validez de la resolución
Art. 21. Recursos
Art. 22. Revisión del grado o el nivel de dependencia
Art. 23. Procedimiento de la revisión
Capítulo IV. Programa individual de atención (Arts. 24 a 31)
Art. 24. Elaboración de la propuesta del programa individual de atención
Art. 25. Informe social y propuesta de PIA
Art. 26. Aprobación del PIA
Art. 27. Resolución y notificación del PIA
Art. 28. Traslado de residencia
Art. 29. Desacuerdo con la propuesta de PIA
Art. 31. Revisión
Capítulo V. Seguimiento y control (Arts. 32 a 34)
Art. 32. Revisión de la prestación reconocida
Art. 33. Seguimiento del programa individual de atención
Art. 34. Obligaciones de las personas beneficiarias
Capítulo VI. Catálogo de servicios y Red Pública de Atención a la Dependencia (Arts. 35 a 37)
Art. 35. Catálogo de servicios
Art. 36. Red Pública de Atención a la Dependencia
Art. 37. Autorizaciones, inscripciones y acreditaciones
Capítulo VII. Intensidad de los servicios del catálogo (Arts. 38 a 45)
Art. 38. Prestaciones y servicios por grado y nivel de dependencia
Art. 39. Intensidad de los servicios
Art. 40. Intensidad del servicio de teleasistencia
Art. 41. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio
Art. 42. Intensidad del servicio de centro de día
Art. 43. Intensidad del servicio de atención residencial
Art. 44. Prestaciones económicas
Art. 45. Suspensión temporal de las prestaciones del SAAD y sustitución por medidas transitorias de respiro
Capítulo VIII. Régimen de compatibilidades de los servicios y las prestaciones económicas (Art. 46)
Art. 46. Régimen de compatibilidades
Primera. Titulaciones
Tercera. Colaboración interadministrativa
Cuarta. Habilitación competencial
Primera. Centros y servicios privados que prestan servicios a personas reconocidas en situación de dependencia
Segunda. Entrada en vigor del régimen de compatibilidades
Tercera. Régimen transitorio
Única. Régimen derogatorio
Primera. Despliegue normativo
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece en el artículo 16 que los poderes públicos defenderán y promoverán los derechos sociales de los ciudadanos de las Illes Balears, y que la actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears se centrará primordialmente, entre otras, en los ámbitos de la no discriminación y los derechos de las personas dependientes y de sus familias a la igualdad de oportunidades, a su participación y protección, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa y económica, y la protección y la atención integral de las personas mayores para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual. En el apartado 4 de este mismo artículo se establece que las administraciones públicas, en el marco de las competencias respectivas, promoverán las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos de las Illes Balears y de los grupos y colectivos en los que se integran sean objeto de una aplicación real y efectiva.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, afronta uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados, al atender las necesidades de las personas que dado que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad requieren apoyo para realizar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a la cual corresponde la competencia exclusiva en materia de servicios sociales de conformidad con lo que dispone el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía, tiene que aprobar su propia normativa para el funcionamiento del Sistema, una vez que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia haya determinado los elementos esenciales que tienen que ser comunes a toda la ciudadanía. Entre estos elementos es especialmente importante fijar los criterios básicos del procedimiento para el reconocimiento de esta situación y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema, la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones, y crear la Red Pública de Atención a la Dependencia en la comunidad de las Illes Balears.
Por otra parte, el artículo 58.3 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears establece que en las competencias que, de acuerdo con este Estatuto, los Consejos Insulares hayan asumido como propias, el Gobierno de las Illes Balears podrá establecer los principios generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los Consejos Insulares.
Superada la primera fase, en la que la aplicación de la Ley 39/2006 se ha fundamentado en la Resolución de la consejera de 8 de noviembre de 2007 por la cual se reguló con carácter urgente y transitorio el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debe regular mediante un decreto las características específicas y propias tanto del procedimiento en virtud del cual se tiene que realizar el reconocimiento de la situación de dependencia, como de la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema, y se tiene que crear la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears.
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, establece como vía de acceso a los servicios sociales, y en concreto a los de la dependencia, los servicios sociales comunitarios. Consiguientemente, es conveniente y necesario regular bajo el amparo normativo de un decreto del Consejo de Gobierno el procedimiento para el acceso de la ciudadanía de las Illes Balears al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones, y crear la Red Pública de Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, como parte del sistema que prevé el artículo 2 de la Ley 4/2009. Con respecto a la determinación de la capacidad económica y a la participación de las personas beneficiarias en las prestaciones que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, serán objeto de regulación independiente, igualmente bajo la forma de decreto de Consejo de Gobierno.
Por todo eso, a propuesta de la consejera de Asuntos Sociales, Cooperación e Inmigración, visto el dictamen del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 25 de junio de 2010. Decreto:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.—Este Decreto tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); establecer la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidades entre las prestaciones y los servicios, y crear y establecer la Red Pública de Atención a la Dependencia (XPAD).
Artículo 2. Titulares de derechos.—A los efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, son titulares de los derechos que se establecen las personas que cumplan los requisitos de los artículos 5.1 y 5.2 de la mencionada Ley y que residan en la comunidad autónoma de las Illes Balears en la fecha de presentación de las solicitudes, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 28 de este Decreto.
Artículo 3. Integración en el Sistema Público de Servicios Sociales de las Illes Balears.—La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, reconoce y garantiza el sistema de prestaciones públicas que establece la Ley 39/2006 y las integra en el Sistema Público de Servicios Sociales de las Illes Balears.
Artículo 4. Competencias.—1. Corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, mediante la Dirección General de Atención a la Dependencia y los órganos que dependan de éstas, la resolución de la situación de dependencia y la asignación de las prestaciones que establece la Ley 39/2006.
2. Los consejos insulares, las mancomunidades de municipios, los ayuntamientos y otros entes locales menores previstos en el artículo 2 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears, participarán, en las condiciones que se establezcan, en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y la asignación de las prestaciones.
Artículo 5. Cooperación interadministrativa.—1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias respectivas, podrán colaborar con la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Gobierno de las Illes Balears, mediante los instrumentos y los procedimientos que se establezcan, en la implantación y el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 6. Sistema Informativo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.—De conformidad con el artículo 49 de la Ley 4/2009, el Sistema Informativo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), como parte integrante del sistema informativo de servicios sociales, se gestionará de conformidad con las siguientes reglas:
d) El consejos insulares registrarán en el SISAAD la informació correspondiente al proceso de valoración de la dependencia de todas las solicitudes de su ámbito insular.
Artículo 7. Órgano de valoración.—El Equipo Técnico de Valoración de la situación de dependencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el órgano de valoración competente para emitir el dictamen propuesta para determinar el grado y el nivel de dependencia y también la especificación de la asistencia que la persona necesite, a los efectos del artículo 27 de la Ley 39/2006.
Artículo 8. Profesional de referencia.—1. Los servicios sociales comunitarios designarán al o la trabajadora social como profesional de referencia en los casos de solicitud de dependencia. En los casos en que la persona en situación de dependencia disfrute de un servicio de centro de día, centro de noche o residencia será el trabajador o la trabajadora social del servicio correspondiente desde el día de alta.
Artículo 9. Inicio del procedimiento.—1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se inicia a instancia de las personas titulares de los derechos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 39/2006, o de las personas físicas o jurídicas que las representen.
Artículo 10. Solicitud.—La solicitud se formulará mediante el modelo oficial que hay a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas en las sedes de la Dirección General de Atención a la Dependencia, en la web del Gobierno de las Illes Balears y en los servicios sociales comunitarios, entre otros puntos. En el modelo oficial de solicitud figurará una relación de la documentación básica necesaria para iniciar el procedimiento, a la que hace referencia el artículo siguiente.
Artículo 11. Documentación inicial.— 1. Con carácter preceptivo se adjuntará a la solicitud, mediante la aportación de originales o copias autenticadas o compulsadas, la documentación en vigor siguiente:
1.º Para los ciudadanos españoles, un certificado de empadronamiento acreditativo de la residencia de la persona solicitante conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2006. No es necesario presentar el certificado en el caso de las personas solicitantes que hayan residido durante los últimos cinco años en municipios con convenio suscrito con el Gobierno de las Illes Balears que permita acceder a sus ficheros de empadronamiento.
2.º Además, para los ciudadanos extranjeros comunitarios hay que ajustarse a lo que dispone el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3.º Además, para los ciudadanos extranjeros no comunitarios hay que ajustarse a lo que disponen la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y sus normas de desarrollo.
f) En caso de que la persona que solicite la aplicación de la Ley 39/2006 permanezca en su domicilio habitual, una acreditación documental del parentesco con la persona que la atiende, en su caos.
g) En el caso de presentación de una solicitud de revisión del grado de dependencia, salvo que se esté exento de hacerlo, el documento DUI, 046 o 048, debidamente cumplimentado y sellado por la oportuna entidad bancaria que acredite el pago de la tasa correspondiente.
2. El acceso a los beneficios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se produce siempre a solicitud de la persona interesada, y se tiene que reclamar la autorización, con la información previa procedente, con el fin de poder incorporar los datos al fichero o ficheros existentes y a los que se creen, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. En todo caso se tiene que solicitar la autorización a la persona interesada para acceder a los ficheros y a las bases de datos públicos con el objetivo de obtener y comprobar la información necesaria para la resolución del expediente, según disponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley Orgánica15/1999.
VIGENTE DE 4 DE JULIO DE 2010 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Artículo 11. Documentación inicial.—1. Con carácter preceptivo se adjuntará a la solicitud, mediante la aportación de originales o copias autenticadas o compulsadas, la documentación en vigor siguiente:
Artículo 12. Lugar de presentación de las solicitudes.—Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en los registros municipales de residencia de la persona solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
Artículo 13. Subsanación de deficiencias.—Si la solicitud de iniciación no cumple los requisitos exigidos o si no se adjunta la documentación establecida en el artículo 11, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, y se archivará el expediente, con la resolución previa en los términos del artículo 42.1 de ésta misma Ley.
Artículo 14. Lugar y fecha de valoración.—1. Una vez completada toda la documentación, se comunicará a la persona solicitante el día y la hora que el personal técnico de valoración acudirá a su domicilio o lugar de residencia para aplicar el instrumento de valoración adecuado, el baremo de valoración de la dependencia (BVD) o la escala de valoración específica (EVE), que regula actualmente el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el cual se aprueba el baremo de valoración de la dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
4. El procedimiento caducará cuando la aplicación del BVD o la EVE sea imposible por causas imputables a la persona solicitante, en los términos y con los requisitos que establece el artículo 92 de la Ley 30/1992.
Artículo 15. Valoración de la situación de dependencia.—1. Con el fin de determinar el grado y el nivel de dependencia, el personal técnico de valoración aplicará el BVD o la EVE, aprobados por el Real decreto 504/2007, antes mencionado.
Artículo 16. Dictamen propuesta.—Una vez valorada la situación de dependencia, con las comprobaciones previas necesarias, la persona que coordine al personal técnico de valoración trasladará el dictamen propuesta al Equipo Técnico de Valoración de la Dependencia mencionado en el artículo 7 de este Decreto.
Artículo 17. Propuesta del Equipo Técnico de Valoración de la Dependencia.—1. El Equipo Técnico de Valoración de la Dependencia, una vez cumplidos los trámites previos que establece la norma reguladora de su actividad, elevará a la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración una propuesta de resolución que contenga el dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia, con la especificación de los servicios y las prestaciones que la Ley 39/2006 prevea que la persona pueda requerir.
Artículo 18. Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia.—1. Visto el dictamen del Equipo Técnico de Valoración, la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración dictará la resolución correspondiente, que determinará los siguientes aspectos:
c) La fecha de efectos del reconocimiento de la situación de dependencia, de acuerdo con la fecha de solicitud y del calendario de entrada en vigor de la Ley 39/2006, según lo que establece disposición final primera.
2. En caso de que se fije un plazo de revisión, constará la advertencia delas consecuencias de la inactividad de la persona interesada, de conformidad con el artículo 23 de este Decreto.
Artículo 19. Plazo para resolver.—La resolución se dictará y se notificará a la persona solicitante o la persona que ejerce su representación legal en el plazo máximo de tres meses contadores a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Artículo 20. Validez de la resolución.—1. El reconocimiento del derecho contenido en la resolución generará el derecho de acceso a las prestaciones del sistema a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que correspondan a la persona beneficiaria.
Artículo 21. Recursos.—Contra la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia se podrá interponer de forma potestativa un recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración o impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional.
Artículo 22. Revisión del grado o el nivel de dependencia.—1. El grado o el nivel de dependencia será revisable por las siguientes causas:
2. En el supuesto del apartado 1.c) anterior, el procedimiento de revisión se iniciará a instancia de la persona beneficiaria o de quién la representa legalmente como mínimo con tres meses de antelación a la fecha fijada para la revisión.
3. Subsidiariamente, los equipos de valoración dependientes de los consejos insulares en su ámbito geográfico procederán de oficio. En el supuesto de inactividad de la persona en situación de dependencia o de quién la representa legalmente, se suspenderán las prestaciones o los servicios acordados en el PIA inicial, desde la fecha prevista para la revisión hasta la fecha en que se resuelva el nuevo PIA, sin perjuicio de los efectos que se hayan establecido.
Artículo 23. Procedimiento de la revisión.—1. A la solicitud de revisión de la persona interesada, o de la persona que ejerce su representación legal, se adjuntarán los informes o los documentos que puedan incidir en la resolución del procedimiento, tanto de salud como sociales y económicos, siguiendo el procedimiento de los artículos 10, 11 y 12 de este Decreto.
3. Si de la inactividad de la persona beneficiaria o de quién la represente legalmente se derivasen cuantías de la prestación económica percibidas indebidamente que tenía reconocida o una participación insuficiente en el coste de los servicios, aquélla estará obligada a reintegrarlas o a abonar la diferencia que corresponda.
4. El cálculo se aplicará con efectos de la fecha de plazo fijada en la resolución de reconocimiento del grado y el nivel de dependencia que se tiene que revisar.
Artículo 24. Elaboración de la propuesta del programa individual de atención.—1. Una vez que sea firme la resolución de reconocimiento de la situaciónde dependencia, se elaborará la propuesta de programa individual de atención que corresponda a la persona beneficiaria.
2. En el caso de la prestación por atenciones en el entorno familiar, el grado de parentesco se acreditará mediante la aportación del libro o libros de familia pertinentes. También podrá acreditarse mediante otras pruebas documentales, como certificados literales de nacimiento, certificados del Registro de Parejas Estables y otros.
Artículo 25. Informe social y propuesta de PIA.—1. En el procedimiento de elaboración del programa individual de atención se emitirá un informe social en el cual se deberá detallar la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia. Este informe, lo elaborará un diplomado o una diplomada en trabajo social, habilitados y acreditados por la persona titular de la Dirección General de Atención a la Dependencia.
2. De acuerdo con la Ley 39/2006, durante la elaboración del PIA se tiene que dar participación en la persona beneficiaria o, si pega, a su familia o bien a entidades tutelares que la representen.
Artículo 26. Aprobación del PIA.—1. La persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, con las comprobaciones previas que convengan y a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Atención a la Dependencia, dictará la resolución por la cual se apruebe el programa individual de atención, así como cualquier otra necesaria para hacer efectiva la prestación reconocida en el PIA.
c) Si no es posible el acceso a un servicio, público o concertado, de atención y cuidado, la prestación económica vinculada al servicio en un centro o con un servicio, debidamente acreditados.
Artículo 27. Resolución y notificación del PIA.—1. La resolución de aprobación del PIA, y también cualquier otra necesaria para hacer efectiva la prestación que se reconozca, y la notificación correspondiente a la persona interesada o quien la represente legalmente se producirá —en el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo— en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.
4. Cuando el derecho de acceso a los servicios y las prestaciones correspondientes, conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, se tenga que hacer efectivo en un año diferente de aquél en el cual se haya dictado la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, los servicios sociales comunitarios elaborarán la propuesta de programa individual de atención dentro de los tres meses anteriores al inicio del año de implantación.
Artículo 28. Traslado de residencia.—En caso de que una persona beneficiaria de otra comunidad autónoma traslade su domicilio de forma permanente o estable al territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el órgano competente dispondrá de un plazo de tres meses para elaborar el PIA, contadores a partir de la fecha de recepción del expediente de valoración de grado y nivel, procedente de la comunidad autónoma de origen de la persona beneficiaria, en el Registro General de la Dirección General de Atención a la Dependencia.
Artículo 29. Desacuerdo con la propuesta de PIA.—1. Cuando la pretensión de la persona declarada en situación de dependencia, o de la persona que ejerce su representación legal, respecto de la prestación o el servicio adecuado, esté en desacuerdo con la propuesta motivada del trabajador o la trabajadora social, se hará constar esta circunstancia. Seguidamente, se tiene que trasladar el expediente a la Dirección General de Atención a la Dependencia, que dará trámite de audiencia a la persona interesada de acuerdo con lo que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992 y se le concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Artículo 30. Recursos.—Contra la resolución por la que se apruebe el programa individual de atención se podrá interponer de forma potestativa un recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional.
Artículo 31. Revisión.—1. El programa individual de atención se revisará en los casos siguientes:
Artículo 32. Revisión de la prestación reconocida.—1. Las prestaciones reconocidas podrán ser modificadas o extinguidas, según la situación personal de la persona beneficiaria, en los casos siguientes:
b) Por incumplimiento de las obligaciones de la persona usuaria, según la regulación de la Ley 39/2006 y el artículo 34 de este mismo Decreto.
2. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de la persona beneficiaria. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el capítulo IV de este Decreto, a los efectos que procedan.
3. En el procedimiento para revisar una prestación reconocida se dará participación a la persona beneficiaria o a la persona que ejerce su representación. La resolución, la dictará la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Atención a la Dependencia, según las normas generales que prevé este Decreto.
Artículo 33. Seguimiento del programa individual de atención.—1. Los servicios sociales comunitarios serán los responsables del seguimiento de la correcta aplicación del programa individual de atención cuando las personas usuarias reciban la prestación de dependencia en su domicilio. Cuando las personas usuarias reciban la prestación de dependencia en un entorno institucional (centros de día, de noche o residencias), esta función corresponderá a los equipos técnicos del servicio donde reciba los servicios.
Artículo 34. Obligaciones de las personas beneficiarias.—1. Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
d) Iniciar el procedimiento de revisión de la situación de dependencia y del PIA en los términos establecidos en las resoluciones respectivas.
Artículo 35. Catálogo de servicios.—A los servicios del catálogo del artículo 15 de la Ley 39/2006 se aplicará el régimen de ordenación, acreditación, registro e inspección de los servicios y centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Asimismo, serán aplicables las disposiciones vigentes en cuanto a las condiciones y el régimen de prestación de los servicios. Formarán parte del catálogo de dependencia todos los centros y los servicios que acredite la administración competente.
Artículo 36. Red Pública de Atención a la Dependencia.—1. Se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia en el Sistema Público de Servicios Sociales de las Illes Balears.
a) Los centros y los servicios públicos de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los organismos y entidades que dependen de ésta.
b) Los centros y los servicios públicos de titularidad de los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y de los organismos y entidades que dependen de éstos.
2. La pertenencia a la Red Pública de Atención a la Dependencia está directamente relacionada con la fuente de financiación pública y la disponibilidad por parte de las administraciones competentes de las plazas y de los servicios de que se trate.
Artículo 37. Autorizaciones, inscripciones y acreditaciones.—Los centros y los servicios de servicios sociales en los que se presten servicios incluidos en el catálogo y en la Red Pública de Atención a la Dependencia estarán debidamente inscritos en los registros pertinentes, dispondrán de las autorizaciones correspondientes y obtendrán y mantendrán la calificación de «acreditado».
Artículo 38. Prestaciones y servicios por grado y nivel de dependencia.—A Efectos de lo que establece el artículo 10.3 de la Ley 39/2006, en cada grado y nivel de dependencia pueden corresponder los servicios y las prestaciones siguientes:
1.º Teleasistencia
2.º Ayuda a domicilio
3.º Centro de día (unidad de estancias diurnas —UED—) y de noche (unidad de estancias nocturnas —UEN—)
4.º Estancias temporales en centros residenciales
5.º Prestación económica vinculada al servicio
6.º Prestación económica para atenciones en el entorno familiar
4.º Atención residencial
5.º Estancias temporales en centros residenciales
6.º Prestación económica vinculada al servicio
7.º Prestación económica para atenciones en el entorno familiar
7.º Prestación económica vinculada al servicio
8.º Prestación de asistencia personal
Artículo 39. Intensidad de los servicios.—1. La intensidad de protección de los servicios de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que establece el artículo 15 de la Ley 39/2006 se determina por el contenido de la prestación de cada uno de los servicios asistenciales y por la extensión o duración de éste, según el grado y el nivel de dependencia.
Artículo 40. Intensidad del servicio de teleasistencia.—El servicio de teleasistencia se prestará las veinticuatro horas del día, cada día del año, para las personas en situación de dependencia, de conformidad con lo que establezcan el programa individual de atención y las condiciones reguladas por las disposiciones aplicables.
Artículo 41. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.—1. El servicio de ayuda a domicilio comprende la atención personal para realizar las actividades de la vida diaria y cubrir las necesidades domésticas, mediante los servicios que prevé el artículo 23 de Ley 39/2006 y los que se establezcan en la normativa que sea de aplicación.
Artículo 42. Intensidad del servicio de centro de día.—El servicio de centro de día o unidad de estancia diurna, público o acreditado, ajustará los servicios que establece el artículo 24 de la Ley 39/2006 a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas según su grado y nivel.
Artículo 43. Intensidad del servicio de atención residencial.—1. El servicio de atención residencial ofrecerá una atención integral y continuada, de carácter personalizado y social, que se prestará en centros residenciales, públicos o acreditados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, su grado y la intensidad de asistencia que la persona necesite.
Artículo 44. Prestaciones económicas.—La tipología, el concepto y los requisitos para ser personas beneficiarias de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con los artículos 14 y 17 a 20 de la Ley 39/2006, son las reguladas en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.
Artículo 45. Suspensión temporal de las prestaciones del SAAD y sustitución por medidas transitorias de respiro.—1. En las situaciones de crisis de las unidades familiares de convivencia con personas declaradas en situación de dependencia y con un PIA aprobado, se podrá solicitar una prestación alternativa de urgencia. Se considerará situación de crisis la enfermedad grave, con o sin ingreso hospitalario, de la persona que la atiende o de otro miembro de la familia que altere el equilibrio preexistente e imposibilite el mantenimiento en el domicilio de la persona declarada en situación de dependencia. La situación de crisis también incluirá las situaciones en que sea necesario un tiempo breve de descanso o de vacaciones de la persona que la atiende.
4. El trabajador o la trabajadora social del caso emitirá un informe en el plazo máximo de tres días hábiles y, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Atención a la Dependencia, se tiene que dictar y se tiene que notificar una resolución del o la titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes. La resolución se pronunciará sobre la concesión o la denegación de la solicitud y, en su caso, sobre la nueva prestación o servicio acordados, sus efectos temporales y económicos, y también sobre los efectos suspensivos del servicio o la prestación establecida en el PIA.
Artículo 46. Régimen de compatibilidades.—El régimen de compatibilidades para cada uno de los servicios y las prestaciones económicas será el siguiente:
a) Con el servicio de tele asistencia.
a) Con el servicio de tele asistencia;
7. La prestación económica para atenciones en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales será compatible con el servicio de tele asistencia.
Disposición adicional primera. Titulaciones.—Todas las referencias que se hacen a trabajadores y trabajadoras sociales en este Decreto se entenderán hechas a personas que tengan una titulación universitaria en trabajo social o a asistentes sociales.
Disposición adicional segunda. Deber de confidencialidad.—Todas las personas que intervengan en los procesos de la dependencia quedan sometidas al deber de confidencialidad. Todos los datos de las personas que soliciten la aplicación de la Ley 39/2006 estarán sometidos a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999.
Disposición adicional tercera. Colaboración interadministrativa.—La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears suscribirá con los ayuntamientos y los consejos insulares los convenios de colaboración adecuados para facilitar la presentación de documentación en los registros, y para que todas las administraciones implicadas en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia tengan conocimiento de las solicitudes presentadas.
Disposición adicional cuarta. Habilitación competencial.—1. Tienen carácter de principios generales dictados al amparo del artículo 58.3 de la Ley orgánica 2/1983, de 28 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2007, los siguientes preceptos:
— Capítulo I, a excepción del artículo 4.
— Capítulo IV.
— Capítulo V.
2. El resto de preceptos de este decreto se dictan en virtud de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma de les Illes Balears que le atribuye el artículo 30.15 de la Ley orgánica 2/1983, de 28 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2007.
Disposición transitoria primera. Centros y servicios privados que prestan servicios a personas reconocidas en situación de dependencia.—Los órganos competentes de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración establecerán las condiciones y los términos para que los centros y los servicios privados no acreditados que, en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, presten servicios a personas reconocidas en situación de dependencia, puedan continuar prestándolos, y determinar los periodos transitorios de adaptación a la normativa aplicable que se consideren adecuados.
Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor del régimen de compatibilidades.—El régimen de compatibilidades descrito en el artículo 46 entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio.—Los expedientes iniciados con anterioridad en la entrada en vigor de este Decreto se regirán por la normativa vigente en el momento en que fueron iniciados.
Disposición derogatoria única. Régimen derogatorio.—Queda derogada la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 8 de noviembre de 2007 por la cual se regula con carácter urgente y transitorio el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Disposición final primera. Despliegue normativo.—Se faculta a la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de este decreto. Asimismo, se faculta a la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración para establecer y adaptar los modelos oficiales de solicitud e informe de salud.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.