Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/124/1
Timestamp: 2017-07-26 18:58:59
Document Index: 380779139

Matched Legal Cases: ['artículo\n13', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 68', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 154', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 60', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59']

«LEY DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA
El establecimiento por la Constitución española de 1978 del municipio como célula básica del cuerpo político del Estado español, con la correspondiente declaración de garantía de su autonomía, supuso para las Entidades Locales la supresión progresiva de todos aquellos procedimientos de intervención que no resultaren necesarios para asegurar la coordinación, igualmente reconocida constitucionalmente, entre las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas. El Real Decreto 1710/79, de 18 de junio, por el que se dejaban sin efecto procedimientos de fiscalización, intervención y tutela del entonces Ministerio de Administración Territorial sobre las Entidades Locales en diversas materias y se dictaban normas aclaratorias en materia de bienes de propios de las Corporaciones Locales, suprimió una serie de controles que se contenían en el articulado del entonces vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1952.
La Ley 40/81, de 28 de octubre, por la que se aprobaron determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales, modificó determinados artículos del mencionado Reglamento de Bienes, por lo que se refería a las mayorías con que deberían adoptarse determinados acuerdos corporativos en materia de arrendamiento de bienes patrimoniales, aprovechamiento y disposición de bienes comunales y cesión gratuita de bienes inmuebles de propios.
Como complemento de las transferencias efectuadas por la Administración General del Estado en el año 1979, se publica el Real Decreto 3315/83, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Administración Local. Esta vez, por lo que a los bienes de las Corporaciones Locales se refiere, las nuevas competencias que se asumen se concretan en la aprobación de normas reguladoras de aprovechamiento de bienes comunales, así como en la autorización de las adjudicaciones en pública subasta del disfrute y aprovechamiento de dichos bienes mediante precio, la declaración de urgente ocupación de bienes de particulares afectados por expropiaciones forzosas iniciadas por Corporaciones Locales y las correspondientes autorizaciones para la adjudicación directa del derecho de superficie sobre bienes de su propiedad.
Con la promulgación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, consecuencia directa del nuevo sistema constitucional implantado en 1978, se diseña un nuevo ordenamiento jurídico-administrativo local. Por lo que atañe a la materia de bienes (Tít. VI, Cap. I: Bienes: Arts. 79 a 83), el legislador estatal optó por restringir su carácter básico en armonía con el criterio general de moderación que presidió su redacción, y sólo reguló con cierta amplitud los aspectos organizativos. A ello contribuyó, posiblemente, el hecho incuestionado de que la regulación de la materia de bienes era de las más acuñadas del régimen local español. Conforme a las previsiones de la disposición final primera de esta Ley, aparecieron el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril (Tít. VI, Cap. I: Bienes: Arts. 74 a 87), y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, debidamente actualizado y acomodado, aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de junio.
Hasta este momento, la Administración autonómica ha venido afrontando sus competencias en la materia con estos
instrumentos legales emanados de la Administración General del Estado. Sin embargo, y en armonía con el criterio inicial adoptado de ir creando un régimen local andaluz conforme la experiencia acumulada lo fuera demandando, se estima que ha llegado la hora idónea para ejercitar la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
13.3, le otorga en materia de régimen local, en su especialidad de bienes de las Corporaciones Locales.
Artículo 60. Rectificación del inventario.
La rectificación del inventario general se verificará
anualmente reflejando todas las incidencias habidas en los bienes y derechos.
Artículo 61. Competencia.
2. En los organismos autónomos y en los entes públicos con personalidad propia dependientes de la Entidad Local o
vinculados a la misma, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones serán aprobadas mediante acuerdo de sus
respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, adoptados de conformidad con su normativa reguladora.
Artículo 62. Obligación de inscribir.
PRERROGATIVAS DE LOS ENTES LOCALES RESPECTO A SUS BIENES
Artículo 63. Enumeración de potestades.
1. Las Entidades Locales tendrán las siguientes potestades:
4. Con carácter general la competencia para los actos de iniciación, impulso y tramitación de estas potestades
corresponde al Presidente de la Entidad, y los actos
administrativos resolutorios al Pleno de la Corporación.
Artículo 64. Extensión de la potestad de investigación. Las Entidades Locales tienen la obligación de investigar la situación de los bienes y derechos que presuman de su
propiedad, siempre que ésta no conste inequívocamente, a fin de determinar la titularidad de los mismos o cuando exista controversia en los títulos de dominio. Dicha obligación se extenderá en todo caso a los bienes demaniales.
Artículo 65. La facultad de deslinde.
1. Las Entidades Locales tienen la facultad de promover y ejecutar el deslinde total o parcial de los bienes inmuebles de su pertenencia cuando los límites sean imprecisos o cuando existan indicios de usurpación.
Artículo 66. La recuperación de los bienes.
1. Las Entidades Locales podrán recuperar por sí mismas, en cualquier momento, la tenencia de sus bienes de dominio público.
Artículo 67. Disponibilidad de edificios cedidos.
Las Entidades Locales pueden recuperar la plena disponibilidad de los edificios cuyo uso tengan cedido a otras
Administraciones Públicas y demás entidades de Derecho público de ella dependientes, cuando éstos dejen de cumplir la función que motivó la entrega.
Artículo 68. El desahucio de bienes.
Las Entidades Locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes casos:
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los
particulares sobre bienes de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título.
b) Cuando los bienes hayan sido usurpados u ocupados por los particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad.
No obstante, la recuperación de los bienes patrimoniales sólo podrá ser realizada directamente por la entidad en el plazo de un año desde que tuvo constancia de la ocupación.
Artículo 69. Ocupación de bienes expropiados.
Las Entidades Locales también tienen la facultad de ocupar por vía administrativa los bienes expropiados una vez cumplidos los requisitos previstos en la normativa de aplicación.
Artículo 70. Competencia para acordar el desahucio.
1. La competencia para acordar el desahucio corresponde al pleno de la respectiva Entidad Local. El presidente de la entidad podrá adoptar, no obstante, por razón de urgencia, y motivadamente, las resoluciones tendentes a repeler
usurpaciones o prevenir daños graves para el interés general a los bienes de la entidad, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
Artículo 71. El procedimiento de desahucio.
En la regulación reglamentaria del procedimiento de desahucio, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:
d) Los gastos que produzcan la efectividad material del desahucio serán de cuenta del desahuciado. La Administración notificará su importe al ocupante con certificación detallada de los producidos y requerimiento de pago; las deudas
originadas podrán exigirse por el procedimiento de apremio. En el momento de verificarse el lanzamiento, la Administración podrá retener bienes suficientes y proporcionados para atender, en su caso, el pago de tales gastos.
Artículo 72. Obligación del ejercicio de acciones.
1. Las Entidades Locales están obligadas a ejercitar las acciones e interponer los recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la adecuada defensa de sus bienes y derechos.
2. La competencia recae en el pleno de la entidad, a excepción de los que sean urgentes, que serán ejercidas por el
presidente, que deberá dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
3. De acuerdo con lo que establece el artículo 68 de la Ley
7/85, de 2 de abril, cualquier vecino que se encuentre en pleno uso de sus derechos podrá requerir a la entidad interesada para que ejercite las acciones y recursos citados en este artículo. Este requerimiento suspenderá por treinta días hábiles el plazo para el ejercicio de la acción.
Artículo 73. El allanamiento.
1. Las Entidades Locales podrán allanarse a las demandas que afecten a sus bienes y derechos, celebrar transacciones sobre sus bienes o derechos y someter a arbitraje los litigios que se susciten sobre éstos mediante acuerdo del pleno de la
corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Artículo 74. Embargo de bienes y derechos.
1. De conformidad con el artículo 154.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los Tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales no afectados directamente a la prestación de servicios públicos.
2. El cumplimiento de las resoluciones que determinen
obligaciones a cargo de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 75. Custodia de bienes.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales que tuvieren a su cargo la gestión y utilización de los bienes o derechos de las mismas están obligadas a su custodia, conservación, aprovechamiento y explotación racional,
respondiendo ante la entidad de los daños y perjuicios que les sobrevengan por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves.
Artículo 76. Daños en el dominio público.
1. Las personas que, aun a título de simple inobservancia, causen daños en el dominio público de las Entidades Locales u ocupen bienes sin título habilitante o lo utilicen contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, serán
sancionadas con una multa cuyo importe se determinará por el órgano competente entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado. En todo caso, se dará audiencia al infractor.
Artículo 77. Tipificación de sanciones.
1. Serán sancionables en las ordenanzas locales las
infracciones que supongan:
2. Las ordenanzas locales definirán la cuantía de las
sanciones, atendiendo a la buena o mala fe del infractor, a la reincidencia, a la utilidad que la infracción le haya reportado y al daño causado al patrimonio, de acuerdo con la siguiente escala:
Primera. No obstante lo dispuesto en el art. 4 de la presente Ley, los edificios públicos destinados a centros de educación infantil no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa
Segunda. La desafectación de viviendas de maestros no
necesitará la autorización previa de la Administración
Primera. 1. Las Entidades Locales podrán enajenar
directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos:
A) Viviendas con pago diferido o promesa de venta,
construidas al amparo de cualquier sistema de protección pública.
a) Que el ocupante haya estado en posesión efectiva y
continuada de la vivienda que constituya su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la entrada en vigor de esta Ley cualquiera que sea su título de ocupación.
3. Si se hubiesen enajenado inmuebles por cualquier
procedimiento que lo haga susceptible de anulación, y ésta produjere grave perjuicio a terceros adquirentes de buena fe, la Entidad Local, previo informe favorable de la Consejería de Gobernación y Justicia, podrá convalidar la venta, una vez sanados los defectos existentes, con todas las consecuencias legales.
Segunda. Los expedientes iniciados conforme a la legislación anterior se resolverán de acuerdo a la misma, y siempre que la duración del mismo no exceda de seis meses, entendiéndose caducados por el transcurso de treinta días desde el
vencimiento de este plazo.
1. Queda derogado el artículo 3, apartado 2.f), g) y h); apartados 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Decreto 29/86, de 19 de febrero, de desconcentración de competencias a las delegaciones provinciales de la Consejería de Gobernación.
Primera. Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción al euro, de expropiación forzosa, de contratación, de Función Pública, de tasas y precios públicos de Universidades, de juegos y apuestas y Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que queda redactado como sigue:
"Artículo 4. Competencias del titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
- Desde los créditos del programa de Provisión de
Insuficiencias y Funciones no Clasificadas, incluidos en la sección Gastos de Diversas Consejerías, o de los créditos del Capítulo I del programa Reforma y Administración de la Función Pública destinados a Otros Gastos de Personal, a los demás programas de gasto.
- En ningún caso podrá autorizar transferencias de créditos de operaciones de capital a corrientes o que supongan creación o supresión de proyectos financiados con cualesquiera de los fondos de la Unión Europea, Fondo de Compensación
Interterritorial o subvenciones de carácter finalista."
Segunda. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de la Ley.
Tercera. La presente Ley entrará en vigor una vez
transcurrido un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía¯.
Sevilla, 29 de septiembre de 1999
Presidente de la Junta de Andalucía c) Innovar algunos aspectos, ya que, además de contener el régimen jurídico sobre los patrimonios de las Entidades Locales, extiende su regulación a los de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
La Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía marca formalmente, a través de su estructura, el camino para
El Título II regula la utilización de los bienes, que difiere según sean bienes de dominio público o patrimoniales,
transformando esta utilización en aprovechamiento, cuando se trata de bienes comunales.
Los Títulos III y IV de la Ley se refieren a la conservación y defensa de los bienes y prerrogativas de los Entes Locales. La titularidad de un patrimonio comporta su utilización, su disposición, pero también requiere la necesidad de
conservación, protección y defensa, mediante el inventario, inscripción registral y un conjunto de prerrogativas que son consecuencia del poder jurídico de la Administración y tienen su justificación en la autotutela que le viene conferida en razón de los fines de interés público que las Entidades Locales cumplen.
La Ley termina con dos disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y tres finales que regulan entre otras cosas el régimen de aplicación a los expedientes ya iniciados y de su entrada en vigor.
Bienes que integran el patrimonio de la Entidad Local
Artículo 1. Regulación jurídica de los bienes.
1. El patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, les pertenezcan.
3. Los Patrimonios Municipales del Suelo, como instrumentos de gestión urbanística, se regularán por su legislación
específica, salvo en lo previsto en el artículo 17 de la presente Ley.
Artículo 2. Clasificación de bienes.
1. Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio público y patrimoniales.
Artículo 3. Carácter de los bienes de dominio público.
Los bienes de dominio público incluidos los comunales, mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 4. Centros docentes.
Los edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial son de
titularidad de las Entidades Locales.
La decisión que pudiera adoptarse por la Administración educativa de impartir en estos edificios educación secundaria, formación profesional u otras enseñanzas no universitarias por necesidades de escolarización no implicará cambio de
titularidad, sin perjuicio del régimen de conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros docentes que resulte de aplicación según la normativa vigente.
Alteración de la calificación jurídica de los bienes y
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes.
1. Corresponde a las Entidades Locales acordar la alteración de la calificación jurídica de sus bienes, previo expediente en el que se acredite su oportunidad o necesidad de conformidad con la legislación vigente.
Los bienes comunales sólo podrán desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute de esta índole por un tiempo superior a diez años, aunque en alguno de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, mediante acuerdo de la Entidad Local. Este acuerdo requerirá información pública previa por plazo de un mes, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la posterior aprobación por la Consejería de Gobernación y Justicia.
Artículo 7. Mutación demanial.
La mutación demanial se produce por el cambio de destino de un bien que sea de dominio público, por el procedimiento que reglamentariamente se determine y en particular en los
Artículo 8. Adquisición de bienes y derechos.
Las Entidades Locales podrán adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos y ejercitar las acciones pertinentes para la defensa de su patrimonio, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 9. Adquisición onerosa o lucrativa.
Las Entidades Locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurídico, y en particular:
Artículo 10. Procedimiento de adquisición.
1. La adquisición de bienes a título oneroso se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.
a) Cuando así lo requieran las características de
singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica de los bienes.
3. Cuando la adquisición se lleve a cabo mediante
procedimiento negociado, deberán figurar en el expediente:
c) En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles requerirá valoración pericial verificada por técnico competente de la respectiva entidad o, en su defecto, de la Diputación
Artículo 11. Adquisición gratuita.
1. La adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición, modo o carga, sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.
4. No se puede renunciar a herencias, legados o donaciones si no es por acuerdo del pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, cuando la cuantía exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y con la mayoría simple en los demás supuestos, previa tramitación de expediente.
Artículo 12. Cesión temporal de bienes.
Las Entidades Locales podrán aceptar cesiones gratuitas con carácter temporal de bienes muebles o inmuebles para fines de interés público.
Artículo 13. Adquisición condicional y modal.
1. Si las Entidades Locales hubieran adquirido los bienes bajo condición o modalidad de su afectación permanente a
determinados destinos, se entenderán cumplidas y consumadas cuando durante treinta años hubiesen servido a los mismos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público, de acuerdo con la normativa estatal.
Artículo 14. Sucesión administrativa.
Se producirá sucesión administrativa en la titularidad de los bienes de las Entidades Locales cuando:
Artículo 15. Adquisición por expropiación.
Artículo 16. Enajenación de bienes.
1. La enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles patrimoniales se atendrá a las siguientes reglas:
a) Se determinarán las situaciones física y jurídica de los bienes, se practicará el deslinde de los bienes, si es
necesario, y se inscribirán en el Registro de la Propiedad si no lo están.
c) Será necesaria autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia si el valor del bien excede del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad. La autorización deberá otorgarse en el plazo máximo de dos meses, transcurridos los cuales se entenderá concedida.
Cuando la enajenación, gravamen o permuta corresponda a bienes inmuebles de valor inferior al veinticinco por ciento indicado, la Entidad Local, una vez instruido el expediente, y a los solos efectos de control de legalidad, enviará información suficiente a la Consejería de Gobernación y Justicia, que deberá ampliarse si ésta lo solicita.
Artículo 17. Enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo.
1. La enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia con informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuando su valor exceda del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad.
El plazo para resolver sobre la solicitud de autorización será de dos meses. Transcurrido éste, sin que haya recaído
resolución expresa, la autorización se entenderá otorgada por silencio administrativo.
Artículo 18. Competencia para enajenar.
La enajenación, gravamen o permuta son competencia del pleno de la entidad con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, si su valor supera el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
Artículo 19. Regulación de la enajenación.
Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.
Artículo 20. Formas de enajenación.
1. La forma normal de enajenación de bienes patrimoniales será la subasta pública. Se exceptúa la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario.
Artículo 21. Procedimiento negociado.
El procedimiento negociado sin publicidad para la enajenación de bienes patrimoniales se aplicará cuando se dé algunos de los siguientes supuestos:
b) En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el
adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones originales, salvo el precio, que podrá ser disminuido hasta un diez por ciento del de la licitación anterior, y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.
Artículo 22. Parcelas sobrantes.
1. Las parcelas sobrantes a que se refiere el artículo 21.a) serán enajenadas al propietario o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de su propiedad.
Artículo 23. Aportación de bienes.
1. Las Entidades Locales podrán aportar la propiedad u otros derechos reales sobre bienes, siempre que tengan la condición de patrimoniales, previa valoración, tanto a los entes públicos de su dependencia, o vinculados a ella, como a las sociedades mercantiles en cuyo capital social participaren, íntegra o parcialmente, así como a las cooperativas y sociedades civiles en las que legalmente tuvieren participación y cuyo objeto sea la prestación de servicios o actividades económicas
desarrolladas en el ámbito de su competencia. La
responsabilidad de la Entidad Local se limitará a lo que expresamente conste en la escritura de constitución.
Artículo 24. Permuta de bienes.
1. Las Entidades Locales podrán celebrar contratos de permuta de bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente en el que se acredite su necesidad y siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor, observándose, en todo caso, los requisitos del art. 16 de esta Ley. En tales supuestos, la diferencia de valores deberá ser compensada económicamente.
Artículo 25. Permuta de cosa futura.
1. Las Entidades Locales podrán permutar bienes inmuebles patrimoniales a cambio de otros futuros, siempre que estos últimos sean determinados o susceptibles de determinación sin necesidad de nuevo convenio entre las partes y conste
racionalmente que llegarán a tener existencia.
Artículo 26. Cesión gratuita de bienes.
Las Entidades Locales podrán ceder de forma total o
parcialmente gratuita sus bienes patrimoniales:
Artículo 27. Destino de los bienes cedidos.
1. Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la Entidad Local con todas las mejoras realizadas, la cual tendrá derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes.
5. Toda cesión gratuita efectuada habrá de notificarse a la Consejería de Gobernación y Justicia con remisión del
expediente instruido a tal fin.
Artículo 28. Destino del dominio público.
Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público.
2. El uso común general es aquél que corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales
circunstancias, sin que la utilización por parte de unos impida la de otros.
3. El uso común especial es aquél en el que concurren
circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares.
Artículo 30. Ejercicio del uso común y del uso privativo.
Artículo 31. Formalización de la concesión.
2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de
otorgamiento de la concesión, que podrá ser iniciado de oficio o a instancia de persona interesada. Las concesiones se otorgarán previa licitación y por tiempo determinado.
Artículo 32. Extinción de la concesión.
i) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de
Condiciones Económicas Administrativas de la concesión.
Artículo 33. La revocación de la concesión.
1. La revocación de la concesión podrá fundarse en el
incumplimiento de las obligaciones por el concesionario, en la aparición de circunstancias que de haber existido habrían justificado su denegación o en la adopción por la Entidad Local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la
conveniencia de su extinción.
Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario. Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo o simplemente toleradas pueden ser dejadas sin efecto por la Entidad Local en cualquier momento, y sin indemnización alguna.
Artículo 35. Uso común especial y privativo.
Artículo 36. La cesión de uso de los bienes.
3. Las Entidades Locales pueden valorar, no obstante,
motivaciones de índole social, cultural y deportiva, promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la económica.
Artículo 37. Adjudicación de los arrendamientos.
b) En los supuestos en que las subastas o concursos no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores, porque las
proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones
originales, salvo el precio, que podrá ser disminuido hasta un diez por ciento del de la licitación anterior, y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.
Artículo 38. Formalización de la cesión.
El documento de formalización de la cesión de uso será
administrativo. Podrá, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el cesionario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Artículo 39. Efectos y extinción de la cesión.
Artículo 40. Cesión de viviendas al personal de la
a) Extinción de la relación de empleo o excedencia
Artículo 41. Cesión gratuita temporal.
1. Podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal. También podrá cederse a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos fines.
2. Excepcionalmente, y por razones de interés público, podrán realizarse cesiones en precario de bienes patrimoniales por plazo inferior a un año. La cesión se acordará por el
presidente de la corporación y el transcurso del término concedido será título suficiente para proceder, en su caso, al desahucio administrativo.
Artículo 42. Regulación del aprovechamiento de los bienes. Corresponde al pleno de la corporación la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos que prevén esta Ley y la legislación sectorial aplicable.
Artículo 43. Régimen de explotación de bienes comunales.
Artículo 44. Regulación de aprovechamientos.
Artículo 45. Adjudicación mediante precio.
Artículo 46. Cesión del aprovechamiento.
Artículo 47. Otros fines sociales.
Artículo 48. Derecho de tanteo y retracto.
Artículo 49. Planes de ordenación.
Artículo 50. Otras formas de aprovechamiento.
Artículo 51. Obligaciones respecto a sus bienes.
Artículo 52. Conservación y mejora de los bienes.
1. Los organismos autónomos y las sociedades civiles,
mercantiles o cooperativas que tengan adscritos bienes de las Entidades Locales tienen la obligación de conservarlos y de realizar las reparaciones y mejoras necesarias.
3. Las mejoras que se efectúen revertirán, salvo pacto
contrario, en beneficio de los bienes sin que pueda reclamarse participación ni indemnización por ellas en el momento de realizarlas o en el de la reversión del bien, o, en su caso, devolución del mismo.
Artículo 53. Deber de conservar y explotar los montes.
Las Entidades Locales tienen la obligación de explotar los montes de su propiedad y de realizar la conservación y el fomento de los mismos con arreglo a lo establecido en la normativa específica sobre montes y aprovechamientos
Artículo 54. Repoblación de montes de las entidades locales.
4. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en defecto de actuación de la Entidad Local, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá efectuar por su cuenta la repoblación, concediendo a aquélla la opción para adquirir la propiedad del monte formado, mediante el reintegro, con o sin interés, del capital invertido, deducción hecha, en su caso, de la posible subvención. También podrá la Entidad Local reservarse una participación en las masas arbóreas creadas con arreglo al valor del suelo.
Artículo 55. El aprovechamiento de otras riquezas.
El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola, rústica o forestal, se regulará por la normativa sectorial aplicable y por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas. La Entidad Local podrá
adjudicarse los aprovechamientos, a reserva de lo que
establezca la normativa autonómica al respecto.
Artículo 56. Normas sobre administración del patrimonio. Las Entidades Locales observarán en la administración de su patrimonio las normas dictadas por los diversos órganos de las Administraciones estatal o autonómica en materia de sus respectivas competencias para el mejor aprovechamiento o régimen de bosques, montes, terrenos cultivables u otros bienes, cualquiera que fuese su naturaleza.
Artículo 57. El inventario general.
2. Se presumirá que un bien de dominio público, destinado a un uso o servicio público, pertenece a la Entidad Local en la forma prevista en la propia inscripción.
Artículo 58. El inventario consolidado.
Artículo 59. Actualización del inventario.
1. Las Entidades Locales deberán tener actualizado su