Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20012274
Timestamp: 2019-07-18 19:21:05
Document Index: 207429048

Matched Legal Cases: ['artículo 237', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 16', 'artículo 237', 'artículo 237', 'Artículo 237']

C-151 de 2009
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020012274CC-SENTENCIAC151200911/03/2009CC-SENTENCIA_C_151__2009_11/03/2009200122742009Sentencia C-151/09 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración Referencia: expediente D-7396
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD7396CONSTITUCIONALIDADLeonardo Cuadrado Arévalo.Identificadores20020012275true24800Versión original20012275Identificadores
El ciudadano Jesús Nelson Enrique Prieto Guerrero presenta demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia.", del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, por estimar que aquéllas vulneran los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 Superiores, al igual que el artículo 14 del PIDCP y 8 de la CADH.
Inicia el ciudadano por aclarar que en el presente caso no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto el tema no ha sido objeto de estudio por parte de la Corte, "pero en caso de que lo haya sido en el transcurso de los últimos días, dados los argumentos expresados en esta demanda, no podría argumentarse identidad de objeto en la demanda y por lo tanto no sería oponible la cosa juzgada constitucional".
Más adelante explica "el carácter reservado de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida por la Fiscalía General de la Nación no se afectaría en el caso que se está analizando pues, como ya quedó visto, el descubrimiento probatorio sólo se efectúa en el desarrollo de la audiencia de formulación de la acusación".
Finaliza diciendo el interviniente que "en tales audiencias también puede y debe participar el indiciado o su apoderado, máxime cuando dicha asistencia no puede entenderse como una perturbación funcional al sistema, pues de lo que se trata no es de adelantar una contradicción propia del juicio, sino la de potenciar unos argumentos defensivos al conocerse que existen elementos materiales probatorios que pueden ser utilizados en una eventual acusación, cuya recepción y acopio se somete en ese momento al escrutinio del juez de control de garantías".
Karin Irina Kuhfeldt, obrando en su calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare "la integración de la unidad normativa de la expresión "sólo" con la expresión "si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación", contenida en el parágrafo del mismo artículo 237 de la Ley 906 de 2004. Esto con el fin de eliminar la condición que impediría el acceso de los indiciados a la audiencia de control de legalidad, por cuanto ellos no son sujetos de imputación".
Agrega que "establecer la obligación de notificar cuando materialmente no se ha avanzado en la identificación e individualización de una persona, ni siquiera a través del mero señalamiento de sospecha, imposibilitaría la celebración de la audiencia".
Gerardo Barbosa Castillo, actuando en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, interviene en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte declarar exequible la norma acusada, en el entendido de que "si no se demuestran las graves razones que justifican en cada caso la exclusión del inculpado y de su defensa, debe convocárseles para que participen en la audiencia de legalización posterior".
Finalmente concluye diciendo "el indiciado se hace merecedor a ejercer su defensa técnica una vez se le han afectado garantías constitucionales, como el de la intimidad, y el de no ser molestado en su persona, en su familia y el de que su domicilio no le sea registrado, tal como lo desarrollan los artículos 15 y 28 constitucionales, pues es lo mínimo que puede hacer el Estado, en pro de garantizársele un debido proceso".
El Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la Constitución, presentó concepto de fondo No. 4715, solicitándole a la Corte "ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C- 025 de 2009".
"problema jurídico.
Al Ministerio Público corresponde determinar si el artículo 237 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, vulnera el derecho a la defensa en el proceso penal, la igualdad y el debido proceso y con ello los artículos 2, 4, 13, 29 y 229 de la Constitución, al excluir la participación de la defensa en la audiencia de control de legalidad posterior a las diligencias de que tratan los artículos acusados, cuando el cumplimiento de la orden se ejecuta antes de que se formule la imputación. Así mismo, debe determinar si por la misma causa resultan inconstitucionales los artículos 242, 243, 245 de la Ley 906 de 2004, por remitir expresa o tácitamente a la realización de la audiencia de control de legalidad dentro de las mismas condiciones que excluyen de participar en ella a quien no ha sido imputado y a su defensa".
Como se puede observar existe identidad entre los problemas jurídicos a resolver, de "suerte que en esa ocasión el Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional realizar el siguiente pronunciamiento:
"Declarar laEXEQUIBILIDAD de los apartes demandados de los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 de la Ley 906 de 2004, que bajo el entendido de que, cuando una persona tenga conocimiento de que en las operaciones realizadas en la etapa de indagación preliminar se esté investigando su presunta participación en un hecho delictivo, es decir, se haya individualizado en forma preliminar al presunto infractor, debe autorizársele su participación y la de su abogado en la audiencia de control de legalidad de dichas operaciones si así lo solicita, para ejercer el derecho de defensa.
De igual manera, la Corte ha considerado que cuando en un determinado fallo no se otorga a la decisión efectos de cosa juzgada relativa a los cargos analizados en la sentencia, ni "ésta puede deducirse claramente de la parte motiva de la misma"[1], en virtud de la presunción de control integral, y salvo la existencia de cosa juzgada aparente por carencia de análisis o motivación del fallo, se considera que la decisión tiene carácter de cosa juzgada absoluta. Por el contrario, bien puede acaecer que la Corte al declarar la exequibilidad de una norma haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia, caso en el cual la cosa juzgada tiene carácter relativo, pudiendo ser usual que tal alcance limitado de la decisión se haga expresamente en la parte resolutiva de la sentencia[2], circunscribiéndola al preciso ámbito de lo formal o a los cargos o disposiciones superiores que fueron analizados en la sentencia, como también puede suceder que la delimitación de los efectos de la sentencia no se haya hecho en la parte resolutiva sino que el alcance se restringe en la parte motiva, dando lugar a lo que la jurisprudencia ha denominado "cosa juzgada relativa implícita".[3]
Ahora bien, en el caso concreto, la Corte debe examinar si, en relación con las expresiones "Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia", del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta que esta Corporación en sentencia C- 025 de 2009 decidió lo siguiente:
"Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión "sólo" contenida en el inciso segundo del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", y EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión "Durante el trámite de la audiencia […] podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia", contenida en la misma disposición, siempre que, dentro del respeto a la naturaleza de cada una de las etapas estructurales del procedimiento penal acusatorio, se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 237 LEY_906_2004_31/08/2004
[3] Aún así, existen situaciones en las cuales la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, "...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...". (ver sentencias C-774 de 2001 y C-478 de 1998)