Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-814-de-octubre-3-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d55ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 01:56:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 335', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 95', 'artículo 19']

﻿ SENTENCIA T-814 DE OCTUBRE 3 DE 2002
SENTENCIA T-814 DE 03 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:DERECHO AL HÁBEAS DATA. SI LOS DATOS QUE SE CONSIGNAN EN UNA BASE DE DATOS SOBRE UNA PERSONA SON VERDADEROS Y COMPLETOS, NO PUEDE ALEGARSE VULNERACIÓN ALGUNA DEL BUEN NOMBRE. PERO IGUALMENTE, UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE BRINDAR INFORMACIÓN Y TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE CADUCIDAD SEÑALADO POR LA CORTE COMO RAZONABLE, LA ENTIDAD ESTÁ OBLIGADA A ELIMINAR EN FORMA DEFINITIVA ESE REGISTRO DEL DATO NEGATIVO. NOTA: MEDIANTE AUTO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2002 SE CORRIGE ERROR EN LA FECHA DE LA PRESENTE SENTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL HÁBEAS DATA, BASE DE DATOS PERSONALES, CONSERVACIÓN DE LA BASE DE DATOS PERSONALES, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE
REVISTA TUTELA N°:37 DE ENERO DE 2003, PÁG.77
Sentencia T-814 de octubre 3 de 2002
Sent. T-814, oct. 3/2002
Ref.: Expedientes acumulados T-562202 y T-562280
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por los juzgados 44 Civil Municipal de Bogotá, D.C., y 1º Penal Municipal de Itagüí, al resolver sobre las acciones de tutela de la referencia.
La peticionaria adjuntó fotocopia de la certificación de Davivienda, de fecha 26 de noviembre de 2001, en la cual se expresa que ella se encuentra a paz y salvo con la tarjeta de crédito desde el 14 de enero de 1999. Igualmente anexó fotocopia de la certificación expedida por el Banco de Occidente —Credencial— del 27 de noviembre del mismo año, donde se expresa que la actora se encuentra a paz y salvo con la tarjeta de crédito, pero no aparece la fecha de cancelación de la deuda (fls. 7 y 8).
“Credencial. Tarjeta de crédito 44481007P. Reportada “recuperada”. Fecha de la novedad septiembre de 1998. La entidad informante no reportó el comportamiento de la actora frente a esta obligación.
Davivienda Crediexpress. Tarjeta de crédito 000133697. Reportada “canceló voluntariamente”. Fecha de la novedad diciembre de 1998. Esta obligación no refleja ningún tipo de información negativa”.
En sentencia del 5 de febrero de 2002, el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. D.C. negó la tutela presentada por el actor.
El Juzgado 1º Penal Municipal de Itagüí, mediante fallo proferido el 21 de enero de 2002, declaró improcedente la tutela incoada, por considerar que la actitud de la entidad demandada, consistente en mantener el registro actualizado de la peticionaria sobre su comportamiento crediticio, no vulnera ninguno de los derechos invocados, toda vez que conservarla en su base de datos es una conducta legítima al tenor del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991.
“Bellsouth S.A. Cartera de telefonía celular 005157144. Obligación que fue recuperada por la entidad informante en el mes de julio de 2001, mediante pago voluntario. El actor registró mora desde el mes de agosto de 1999 hasta el mes de mayo de 2001, llegando a estar 22 meses en mora”.
De otra parte, señaló que “el accionante se acercó a las oficinas Datacrédito los días 27 de noviembre de 2001 y el 30 de enero de 2002, sin que en dichas fechas elevara ninguna reclamación sobre el estado de las obligaciones que se encuentran registradas en la base de datos de Datacrédito”, y que no aparece en sus archivos ningún derecho de petición o reclamación elevada por aquél.
Así mismo, se le solicitó a Davivienda y al Banco de Occidente informar el tratamiento que le han dado a la actora a partir del mes de febrero de 2002, como titular de la tarjeta de crédito respectiva y si se le han brindado las mismas oportunidades y beneficios que a los demás clientes en atención a que aparece reportada en la central de información financiera.
“Entidad Nº producto Reporte actual Modificación
Datacrédito 300001000013369-7 Dudoso recaudo Se modifica acancelación voluntaria porcumplimiento de sanción.
Cifin 300001000013369-7 No existe reporte No existe reporte”.
1. El derecho al buen nombre.
El derecho al buen nombre está garantizando en el artículo 15 de la constitución y consiste en el bien concepto y la opinión positiva que algunos individuos tienen respecto de una persona. El buen nombre se gana y es el resultado de la buena conducta que demuestra un individuo frente a la sociedad.
Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad” (1) .
(1) Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-228 del 10 de mayo de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. También se puede consultar la Sentencia SU-082 del 1º de marzo de 1995.
2. El derecho fundamental al hábeas data.
Según el artículo 15 de la Carta Política, todas las personas tienen derecho no sólo a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, sino a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Justamente este último es lo que se conoce como derecho al hábeas data.
El hábeas data es un derecho fundamental y un mecanismo adecuado para la defensa específica de otros derechos que revisten el mismo carácter, tales como la intimidad, la honra y el buen nombre (2) .
(2) Ver Sentencia T-303 del 18 de junio de 1998. Sala Quinta de Revisión. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Ha precisado esta corporación que las entidades financieras tienen derecho a conocer la solvencia económica de sus usuarios, “ya que los agentes financieros o las instituciones crediticias, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad de interés general, como expresamente lo señala el artículo 335 de la Constitución Política” (3) .
(3) Cfr. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-527 del 8 de mayo de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido, se pueden consultar las sentencias T-096A del 2 de marzo de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y 578 del 1º de junio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
De allí que sean comprensibles los intereses que se hallan en juego cuando se procura la protección de los derechos a la intimidad, al buen nombre y al hábeas data en la actividad financiera, pues en tanto que al deudor moroso le interesa que con la divulgación de su comportamiento crediticio no se vulneren sus derechos, al sector financiero le importa precisamente que ese comportamiento se conozca para disminuir el riesgo implícito en su actividad y para continuar generando la confianza que sustenta ese sector económico.
Desde que esta corporación unificó su jurisprudencia sobre el hábeas data (4) , se precisó que: (i) el núcleo esencial de ese derecho fundamental está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, fundamentalmente económica; (ii) que él comprendía el derecho de la persona a conocer las informaciones a ella referidas, a actualizarlas y a rectificar aquellas que no correspondan a la verdad y, (iii) la existencia del derecho a la caducidad del dato negativo.
(4) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-082 del 1º de marzo de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
Ante la falta de desarrollo legal y en vista de la necesidad de evitar el abuso del poder informático, la Corte fijó varios criterios generales para determinar la razonabilidad de los términos de caducidad y expresó que existe el derecho a la caducidad del dato negativo. En ese sentido, indicó que se debía tener en cuenta si el pago de la obligación fue voluntario o si fue fruto de su ejecución forzada, y estimó prudente señalar unos términos de caducidad del dato, así en el primer caso será de dos años —excepto cuando la mora ha sido menor de un año, caso en el cual el término equivale al doble de ese lapso— y en el segundo de cinco años. En ambos eventos, siempre que no se incurra en nuevos incumplimientos o curse proceso para el pago de obligaciones.
Igualmente debe advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y éstas prosperan, y la obligación se extingue porque así lo decide la sentencia, el dato que posea el banco de datos al respecto, debe desaparecer. Naturalmente se exceptúa el caso en que la excepción que prospere sea la de prescripción, pues si la obligación se ha extinguido por prescripción, no ha habido pago, y, además, el dato es público” (5) .
(5) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-082 de 1995, ya citada.
El derecho a la intimidad no se afecta, en principio, por un dato económico financiero, mientras éste lo sea en realidad, es decir que sea un dato cierto, veraz y completo y no desborde su naturaleza para penetrar en el campo reservado de la privacidad que favorece a la persona, Pero, en el evento en que ese desbordamiento se produce, es procedente el hábeas data y la acción de tutela para la defensa de ese derecho fundamental (6) .
(6) Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-199 del 9 de mayo de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Por tal motivo, una vez cumplido el objetivo primordial de brindar información y transcurrido el término de caducidad señalado por la Corte como razonable, la entidad está obligada a eliminar en forma definitiva ese registro del dato negativo. “La actualización —ha precisado esta corporación— debe reflejarse en la verdad actual de la relación que mantiene el afectado con la institución prestamista, de tal manera que el responsable de la informática conculca los derechos de la persona si mantiene registradas como vigentes situaciones ya superadas o si pretende presentar un récord sobre antecedentes cuando han desaparecido las causas de la vinculación del sujeto al sistema, que eran justamente la mora o el incumplimiento” (7) .
(7) Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-110 del 18 de marzo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
3. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Inexistencia de conducta legítima de un particular cuando éste abusa de su derecho.
De acuerdo con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es procedente contra particulares cuando la entidad sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con el artículo 15 de la Carta Política.
“La consagración expresa de esta vía de acceso al juez de tutela —ha dicho la Corte— se explica fácilmente a partir de la indudable impotencia en que se halla la persona común frente a un banco de datos. El poder informático es de suyo, un medio dotado de excepcional capacidad de penetración, que no por útil a la sociedad moderna deja de representar un factor de riesgo para los derechos fundamentales, si no se ajusta a unas reglas de moderación y adecuado uso, como lo establece el artículo 15 de la Constitución Política” (8) .
(8) Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-199 del 9 de mayo de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Es claro que los datos que se consignan en las centrales informáticas no pueden ser perennes, y no tienen el carácter de inmodificables, pues las circunstancias son variables y como tales deben ser objeto de modificaciones. De tal forma que los datos se tornan obsoletos cuando lo allí consignado no está de acuerdo con la realidad y por tal motivo se hace necesaria su actualización, la cual puede ser reclamada por la persona interesada a través de una solicitud directa, y, si ésta no es atendida, a través de la acción de tutela (9) .
(9) Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-303 de 1998, ya citada.
Por lo tanto, si una persona considera que ha sido afectada su honra, su buen nombre o su intimidad por una acción u omisión de un banco de datos, es legítimo que acuda al hábeas data en busca de la protección de sus derechos y, si éste no es efectivo, procede la acción de tutela para obtener la reivindicación de aquéllos.
Reitera la Sala una vez más que, de acuerdo con la norma citada, constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela que la persona que se encuentre reportada en un banco de datos haya presentado una solicitud ante tal entidad con el fin de que corrija, aclare o rectifique los datos allí consignados (10) .
(10) Ver al respecto, las sentencias T-096A de 1995, ya citada, T-131 del 1º de abril de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara, T-1322 del 10 de diciembre de 2001 y T-268 del 18 de abril de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Así las cosas, si se demuestra que una persona, antes de incoar la acción de tutela, elevó una solicitud ante la entidad correspondiente para obtener la corrección, aclaración o rectificación, y aún continúa reportada como deudor sin serlo o sin que le hubiese hecho la modificación solicitada, es procedente la protección constitucional. Pero, si el interesado no ha hecho tal solicitud, no puede acudir a la acción de tutela para la protección de ese derecho, en tanto que se desconocería el carácter subsidiario de la misma, mucho más si es la propia Constitución la que en su artículo 15 le brinda la posibilidad de acudir al hábeas data en procura de obtener la actualización o rectificación de las informaciones que sobre él reposen en bancos de datos (11) .
(11) Cfr. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-268 de 2002, ya citada.
Se desarrolla, en últimas, el artículo 6º de la Constitución Política, a cuyo tenor los particulares sólo son responsables ante las autoridades —en este caso los jueces de tutela— por infringir la Constitución o las leyes.
La persona debe gozar de una mínima garantía, ofrecida por el Estado y por el ordenamiento jurídico, de que, mientras ajuste su conducta a las normas en vigor —en primer lugar las constitucionales, pero también las impuestas por la ley en tanto no sean incompatibles con la Constitución (C.P., art. 4º)— y no abuse de sus derechos, no se verá sometida a la imposición de sanciones ni le será deducida responsabilidad alguna. Ello es consecuencia necesaria de los principios básicos del Estado de derecho y excluye, por tanto, la arbitrariedad del juez, quien únicamente podrá decidir en contra del particular fundado en la convicción real de que éste ha transgredido o desbordado las reglas de convivencia que el sistema jurídico establece.
De conformidad con lo expuesto, no puede deducirse la vulneración de derechos fundamentales y menos todavía la responsabilidad del acusado si a éste no se le demuestra, dentro de las normas del debido proceso (C.P., art. 29), que se ha apartado de la recta y cabal observancia de la preceptiva constitucional y legal que lo obligaba en los términos del artículo 4º, inciso 2º, de la Carta: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
La conducta legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido conceder una tutela contra aquel, pues ello significaría deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban.
Al contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta —positiva o negativa— contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico, salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante.
Insiste la Corte en que el respeto al orden instituido debe estar acompañado del razonable uso de los derechos que se tienen a la luz del sistema jurídico. El abuso del derecho, aunque éste se halle amparado formalmente en una norma jurídica, no legitima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos. De allí que el artículo 95 de la Constitución establezca, como primer deber de la persona y del ciudadano, el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (12) .
(12) Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-017 del 30 de enero de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sobre el punto ya la Corte se ha referido a la imposibilidad de dar aplicación en estos casos al beneficio que consagraba el artículo 19 de la Ley 716 de 2001 (13) , en atención a que el principio de favorabilidad es aplicable sólo en materia penal y, por desarrollo jurisprudencial, también en materia disciplinaria, pero la regla general es que la ley tiene aplicación hacia el futuro.
(13) Ver sentencias T-355 del 9 de mayo; T-464 del 13 de junio y T-665 del 15 de agosto de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Según la jurisprudencia sentada por la Corte (14) para poder fijar el término de caducidad del dato negativo, se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, si la obligación fue cancelada voluntariamente o si por el contrario la entidad financiera tuvo que acudir a un proceso judicial para obtener el pago.
(14) Sentencia SU-082 de 1995, ya citada.
Respecto de la obligación que la peticionaria tenía con el Banco de Occidente, es claro que, no obstante registrar una mora, la accionante realizó el pago de manera voluntaria y no fue necesario acudir a un proceso judicial (15) . De tal manera que en este caso el término de caducidad que debió haber aplicado la entidad era el correspondiente al pago voluntario cuando la mora ha sido inferior a un año, caso en el cual aquél será igual al doble de la mora.
(15) Ello se desprende no sólo del escrito de tutela, sino de la información suministrada por el Banco de Occidente, según la cual la deuda fue cancelada estando en cobro jurídico, pero no hubo proceso judicial.
1. CONFIRMAR, pero por las razones expuestas, el fallo proferido por el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, en cuanto negó la acción de tutela incoada por José Antonio Sepúlveda Cristancho.
2. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 1º Penal Municipal de Itagüí y, en su lugar, CONCEDER la tutela interpuesta por Edilma del Socorro Espinosa Saldarriaga.
3. ORDENAR a Computec S.A., división Datacrédito que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a eliminar de su banco de datos cualquier registro que posea respecto de la señora Edilma del Socorro Espinosa Saldarriaga, con c.c. 32.342.011 de Itagüí.
4. Por secretaría, remítase copia de esta providencia al presidente del Banco de Occidente de acuerdo con lo manifestado en la parte considerativa.