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Timestamp: 2019-05-26 22:38:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 1', 'artículo 62', 'in fine']

Diario de Sesión: Sesión Especial N° 14
PRESUPUESTO DE SECTOR PÚBLICO PARA 2003
Sesión 14ª, en miércoles 20 de noviembre de 2002
(De 11:23 a 16:11)
Proyecto de ley, en segundo trámite, de Presupuestos del sector público para el año 2003 (3077-05) (queda pendiente su discusión)................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social; la señora Subsecretaria de Hacienda , y los señores Director y Subdirector de Presupuestos.
--Se abrió la sesión a las 11:23, en presencia de 27 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 11ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 12ª, ordinaria, de 12 y 13 de noviembre de 2002, respectivamente, que no han sido observadas.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2003, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (boletín Nº 3.077-05).
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que dispone un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar, y determina otros beneficios que indica. (Con urgencia calificada de "discusión inmediata"). (Boletín Nº 3.135-05).
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, referido al resultado de las investigaciones sobre los derrames de petróleo acaecidos en las inmediaciones de la Refinería de Petróleos de Concón.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece incompatibilidad entre los cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales, o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital (boletín Nº 1.296-03).
--Queda para tabla
Corresponde ocuparse en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2003, en segundo trámite constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3077-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta del mensaje en sesión 1ª, en 1º de octubre de 2002.
En segundo trámite, sesión 14ª, en 20 de noviembre de 2002.
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 14ª, en 20 de noviembre de 2002.
En forma previa, debo hacer presente que ayer se fijó como plazo final para la formulación de indicaciones las 10 de hoy. Sin embargo, después de esa hora llegaron a la Mesa unas treinta o cuarenta indicaciones, por lo que en rigor, como Presidente , me correspondería declararlas no presentadas. Mi deseo es no hacerlo, pero para ello necesito contar con la anuencia unánime de la Sala. De obtenerla, les daré curso y luego me pronunciaré sobre la procedencia de cada una. Trabajaré con Secretaría para los efectos de decidir sobre su admisibilidad.
¿En cuanto a la hora?
No. Precisamente para darles curso necesito el acuerdo de la Sala. Y es lo que estoy requiriendo.
--Por unanimidad, se otorga el acuerdo.
Pido autorización para que ingresen el Director de Presupuestos , don Mario Marcel, y la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner. En pocos minutos se integrará el señor Ministro de Hacienda , quien está en la Cámara de Diputados en la discusión de la ley de reajuste.
El proyecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuenta con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones:
1. En la Partida 05, Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales, en la glosa 01, se suprimió la expresión "y el programa 03", y se agregaron las glosas 07 y 08, referidas a la obligación de efectuar una evaluación ex post de los proyectos con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y a que no se podrá contratar con cargo al presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional a personas que laboren en los servicios de Gobierno Interior.
2. En la Partida 13, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego, se agregó en la glosa 05, referida a los proyectos de riego que se postularán a los concursos de la ley Nº 18.450, que deberán contar para su aprobación con la opinión técnica favorable de los servicios del Ministerio de Obras Públicas, en particular de Vialidad y de Obras Hidráulicas.
3. En la Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la glosa 02, ítem de los Programas Concursables, "Pavimentos Participativos", se agregó un inciso que establece la obligación, para esa Secretaría de Estado, de informar a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, a más tardar el día 31 de enero de 2003, del monto de arrastre con que finalizó dicho programa durante el año 2002.
4. En la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, se suprimió la glosa 06, referida a la asignación "Programas Especiales de Difusión y Cultura", que había establecido que se informaría trimestralmente a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado sobre la distribución de los fondos de dicha asignación.
5. En la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, Subsecretaría de Planificación y Cooperación, se suprimió la glosa 08, referida a la asignación "Programas de Becas D.F.L. Nº 22", del Ministerio de Educación, de 1981, que había establecido que la Subsecretaría enviaría a las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, a más tardar el 31 de marzo de 2003, una nómina de los beneficiarios de las becas durante los años 1997 a 2002.
6. En el artículo 16 del proyecto, se agregó un inciso final que dispone que los gastos en publicidad y difusión autorizados a los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado deberán ser informados semestralmente a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, remitiéndose dicha información al Congreso a más tardar treinta días después del cierre de cada semestre.
Con todo, en el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se consignan las proposiciones referentes a las partidas presupuestarias y al articulado del proyecto.
Asimismo, en un documento anexo se contiene la discusión habida en dicha Comisión respecto de las Partidas y el texto de la iniciativa.
Finalmente, cabe hacer presente que el artículo 3º de esta última requiere ser aprobado con quórum calificado, esto es, con el voto conforme de 25 señores Senadores.
Debo señalar que, conforme al Reglamento y a las características propias de la Ley de Presupuestos, no hay discusión general del proyecto, porque éste no puede ser aprobado o rechazado en esa forma. Sin embargo, como se ha hecho en otras oportunidades, la Sala es autónoma en cuanto al trámite que puede disponer.
El señor Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos -quien ha hablado con otros miembros de ella- desea informar sobre lo que ha pasado en ese órgano respecto de algunos temas. Creo que el Senador señor García también hará lo propio.
Por lo tanto, con el acuerdo de la Sala, se dará la palabra al Honorable señor Ominami y, luego, al Senador señor García. No sé si otro señor Senador querrá intervenir.
--Se autoriza el ingreso a la Sala del Subdirector de Presupuestos, señor Sergio Granados.
Señor Presidente , me pareció importante informar a la Sala sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, porque, aun cuando la ley respectiva siempre ha sido relevante, consideré necesario enfatizar que en esta ocasión se hizo una labor digna de ser destacada.
La Comisión funcionó de manera eficiente y armónica, y se introdujeron modificaciones susceptibles de destacarse con relación al texto original de la iniciativa, tal cual ingresó al Parlamento luego de ser enviado por el Ejecutivo.
En primer lugar, debo destacar las enmiendas que el proyecto incorpora en materia de mayor información y transparencia. Esas modificaciones responden a un esfuerzo que ya venía realizando el Congreso con ocasión del análisis de anteriores leyes de Presupuestos; pero, naturalmente, también han estado influidas por los acontecimientos que desgraciadamente han tenido lugar durante las últimas semanas.
Muy particularmente, deseo subrayar el trabajo en común que han realizado todas las bancadas en procura de elaborar un conjunto de normas que permitan garantizar más eficiencia, más transparencia y una mayor probidad en el uso de los recursos públicos. Desde ese punto de vista, reitero mi valoración extremadamente positiva del esfuerzo conjunto de las bancadas de la Concertación y de la Oposición y el trabajo con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
Creo que son especialmente importantes las nuevas normas que se han incorporado en las siguientes materias:
En primer lugar, cabe hacer resaltar todo lo que tiene que ver con el pago de honorarios en la Administración Pública. Sobre este punto, el nuevo articulado del proyecto de Ley de Presupuestos establece una obligatoriedad de información mucho mayor y normas mucho más rigurosas, con énfasis en todo lo relacionado con la autorización del pago de honorarios en los distintos Ministerios.
En el caso específico de una persona beneficiaria del pago de honorarios en más de un Ministerio, se consignó en el articulado una visación obligatoria por el Ministro correspondiente. Por lo tanto, hacia adelante ya no se podrá argumentar que no existía información sobre el otorgamiento de segundos honorarios en la Administración y el Ministro respectivo tendrá que responder políticamente por la decisión de pagarlos a un funcionario que, por alguna razón, se estime conveniente contratar. Todo ello en condiciones de total transparencia, las que por desgracia no existían hasta ahora.
En segundo término, también se establecieron normas muy importantes en todo lo relacionado con las compras públicas. Se incorporaron dos incisos al artículo 6º, con el objeto de que, a partir del 1º de junio de 2003, la propuesta o licitación pública sea obligatoria en cuanto a los estudios y proyectos de inversión cuando el monto total del proyecto sea superior a mil unidades tributarias mensuales; y a 500 unidades tributarias mensuales en el caso de los estudios para inversión.
Tratándose de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, las cifras se elevan a 10 mil unidades tributarias mensuales para los proyectos de inversión; y a 3 mil unidades tributarias mensuales para los estudios de inversión. Se consideró imprescindible modificar las cantidades en el caso de esos dos Ministerios, porque de otra manera existía el riesgo de que el avance en transparencia significara también un gran enlentecimiento de la dinámica de funcionamiento de esas Secretarías de Estado.
Otro aspecto muy relevante tiene que ver con las normas sobre transparencia en relación tanto con las organizaciones no gubernamentales beneficiarias de donaciones públicas como con todas aquellas instituciones privadas beneficiarias de franquicias tributarias por parte del Estado. A partir del próximo año, entonces, se dispondrá de una información mucho más transparente y sistemática respecto de esos dos tipos de instituciones.
En mi opinión, las señaladas constituyen un conjunto de disposiciones muy trascendentes en cuanto a una mayor información y transparencia.
También debo informar a la Sala que se introdujeron algunas importantes modificaciones al proyecto de Ley de Presupuestos que ingresó al Parlamento. Una que deseo destacar guarda relación con el funcionamiento del Fondo de Contingencia contra el Desempleo. En leyes anteriores, el Fondo se activaba cuando a nivel nacional se llegaba a un índice de desempleo superior a 10 por ciento. Conforme al proyecto en análisis, el Fondo de Contingencia está regionalizado. ¿Qué significa eso? Que se activa cuando en una Región la tasa de desempleo alcanza a 10 por ciento. De esa forma, se elimina la situación un tanto absurda que se presentaba en el sentido de que, para que el Fondo se activara formalmente en una Región, aun cuando la tasa de desempleo en ella hubiese excedido de 10 por ciento, había que esperar a que a nivel nacional se llegara a ese porcentaje.
Debo añadir que a instancias de las Subcomisiones y de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se hizo un esfuerzo por aumentar el presupuesto del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, al cual se otorgó gran prioridad. También se incrementó en 3 mil millones de pesos la inversión sectorial de asignación regional en todo lo referente a los programas de agua potable rural. Asimismo, se introdujo una modificación bastante completa al presupuesto del Ministerio de Agricultura, para los efectos de garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento del presupuesto de esa Secretaría de Estado.
Por otra parte, aumentó el presupuesto del Fondo Nacional de Discapacidad, radicado en el MIDEPLAN. Del mismo modo, se acrecentó en 100 millones de pesos el Fondo Nacional para el Adulto Mayor, radicado en la Secretaría General de la Presidencia.
Debo informar -y con esto termino- que, junto con esas modificaciones, se aprobó por todas las bancadas un protocolo complementario de la Ley de Presupuestos. Entre las varias materias que éste contiene, destacaría las siguientes. En primer lugar, el compromiso del Ejecutivo, y por cierto también del Congreso, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que durante el próximo año tengamos ya funcionando de manera permanente una Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Me parece que es una innovación mayor que permitirá al Parlamento un mejor conocimiento de la ejecución presupuestaria y una contribución más sustantiva en cuanto a la preparación de las discusiones presupuestarias para el año siguiente.
A mi juicio, debemos aprestarnos para hacer realidad el funcionamiento permanente de dicha Comisión. Con tal objeto, es fundamental, ante todo, aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, contenidas en el proyecto que ya está iniciando su tramitación.
Asimismo, el protocolo contempla la adopción de medidas necesarias para que Chile adscriba al Código de Mejores Prácticas en Transparencia Presupuestaria de las OCDE, con lo cual nuestro país quedaría también en un alto nivel en materia de estándares presupuestarios.
Cabe destacar que se adoptó también el compromiso, conforme a lo que se ha venido realizando en otras leyes de presupuestos, de llevar a cabo 19 evaluaciones de programas públicos durante 2003 y de presentar, a más tardar en marzo del próximo año, un proyecto destinado a agilizar los procedimientos para efectuar sumarios administrativos en el sector público y aumentar el rango de las sanciones. Es una medida importante para avanzar en la dirección de garantizar probidad en el uso de los recursos públicos.
Por último, se acordó emitir un oficio circular en el que se establecerán los requisitos y condiciones según los cuales se otorgarán las autorizaciones de pago diferidos de inversiones por parte de las municipalidades. Ello permitirá que las que cuenten con una sólida situación financiera tengan la posibilidad de fijar, dentro de ciertos márgenes autorizados por la Dirección de Presupuestos, algunos niveles de endeudamiento, como ocurría con anterioridad al año 2000.
Ésas son algunas de las modificaciones que se introdujeron, tanto al articulado como a determinadas partidas del proyecto de Ley de Presupuestos, y que han sido complementadas con los compromisos consignados en el protocolo adicional suscrito ayer.
Señor Presidente , deseo terminar agradeciendo a los miembros de la Comisión de Presupuestos, quienes trabajaron con mucha eficiencia. Creo que hemos sido capaces de demostrar que el Congreso puede realizar una labor positiva, una contribución útil al desarrollo de la economía nacional. Todo ello, en el marco de un trabajo que permitió la aprobación de la mayoría de las partidas por unanimidad o por un alto número de votos.
Señor Presidente , ante todo, deseo agradecer a Su Señoría y a los miembros de la Sala la oportunidad que me dan de expresar, en nombre de los Senadores de la Alianza por Chile, la opinión que nos merece el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2003 presentado por el Ejecutivo.
A nuestro juicio, éste tiene las siguientes características. En primer lugar, es un Presupuesto financiado con endeudamiento. Efectivamente, la iniciativa no se financia con ingresos propios, sino con endeudamiento, con un déficit igual a 1,1 por ciento del producto -es decir, unos 711 millones de dólares-, incluyendo los recursos que se están girando desde el Fondo del Cobre. Este déficit, además, está medido sobre la base de supuestos bastante optimistas. Porque, salvo el Ministro de Hacienda , ¿quién cree a estas alturas que el crecimiento de nuestra economía será de 4 por ciento en 2003? Más bien, deberíamos pensar que, al crecer en la forma como lo estamos haciendo este año, tendremos un déficit mayor. Estimamos que, nuevamente, éste será más cercano a 1,5 por ciento del producto. Es el quinto año consecutivo con déficit, a raíz de lo cual no sólo se han ido agotando los recursos ahorrados por años, sino que pasamos a requerir créditos para su financiamiento anual. Así, quedamos a merced de la apreciación de terceros acreedores para financiar nuestras operaciones públicas anuales. Años de seriedad fiscal nos permitieron diferenciarnos de los errores de política tan frecuentes en América Latina. Hubo, evidentemente, mayores niveles de deuda a principios de la década de los 90. Al parecer, en esa forma se trata de mitigar este tema.
Tuvimos una peor perfomance a principios de los 70. Pero fue la austeridad fiscal la que nos permitió reducir ese nivel de endeudamiento e incluso acumular ahorros. No fue la receta que involucra este Presupuesto la que nos llevó a la estabilidad y al reconocimiento de seriedad de que gozamos.
En segundo término, estimamos que este Presupuesto no es reactivador. El Gobierno asegura que, además de serlo, es austero. No creo que pueda ser reactivador si no está financiado con recursos propios; si nos proyecta un Presupuesto para el año 2004 con compromisos de gasto -medidos hoy- mayores incluso a los definidos por el mismo Ejecutivo como compatibles con la meta de superávit estructural. No puede serlo si se han dado todas las señales en torno a que cada meta gubernamental relevante sólo se financia con más impuestos. Así lo requiere el plan AUGE y el proyecto Chile Solidario, y tememos que así ocurra con los nuevos anuncios en el próximo mensaje presidencial del 21 de mayo.
Pensamos que por eso la inversión no crece. Ésta es hoy inferior en diez puntos a la de hace una década. ¿Cómo va a ser reactivador este Presupuesto? Lo que más nos ofrece son ocupaciones de emergencia. Añoramos en Chile el crecimiento que da empleos, principal factor para reducir la pobreza, y que durante un quinquenio ha sido prácticamente nulo o levemente mayor al aumento de la población. Lo echamos de menos no porque debimos renunciar a celebrar el Bicentenario siendo país desarrollado, sino porque sin crecimiento no vemos cómo será posible crear fuentes de trabajo -empleos de verdad- para 500 mil cesantes.	Sin embargo, este Presupuesto incluiría 160 mil ocupaciones de emergencia. Pero, al despachar el proyecto que nos ocupa, no sabemos de dónde provendrán los recursos, y sólo autorizamos extraerlos de alguna parte para financiarlos si el desempleo es crítico.
Tercer sentimiento: estamos mejor que otros. Efectivamente, somos la "estrella" de América Latina. Argentina sufre, Brasil también. Nos duele lo que pasa en esos países. Pero queremos mirar más allá. Esperamos para este año un déficit (incluida la deuda con que está financiando el Fondo del Cobre) cercano a 1,5 por ciento del producto. Aunque es menor que el de Alemania (2,7 por ciento) o el de Francia (2,1 por ciento), no pienso que los acreedores nos miren con iguales ojos. Tampoco, a mi juicio, nos aprecian del mismo modo que a Inglaterra, que registra un déficit similar al de Chile. Pero también podemos compararnos con España, que tiene un tercio de nuestro déficit, o con Irlanda o Nueva Zelandia, que proyectan superávit.
Estimo que nuestros flujos no son en realidad destacables, sino más bien preocupantes. No por casualidad Wall Street mostró inquietud, aunque ello aún no se haya traducido en mayor prima por riesgo-país.
La verdad es que no sólo el Gobierno Central tiene déficit de caja, sino también las empresas del Estado y el Banco Central. Eso no los hace necesariamente menos rentable, pero significa que requieren ahorro de caja equivalente del sector privado, porque del extranjero no están ingresando capitales a Chile.
Guste o no, este consolidado déficit de la Administración Pública, de las empresas públicas y del Banco Central requiere, para financiar su caja, recursos mayores a sus ingresos de 3,5 por ciento del producto interno bruto. Esto significa que alguien en el sector privado ahorra y no invierte, lo cual no es alentador.
Las políticas y las señales macroeconómicas no son suficientes para invertir ese superávit estructural. En ese caso, no crecemos más y no habrá una adecuada generación de verdaderos empleos. Y eso no es reactivador.
Un cuarto sentimiento: estimamos que el Presupuesto carece de eficacia y austeridad.
Lamentamos que se siga incurriendo en gastos injustificados. Por ejemplo, existe una entidad de larga data llamada Secretaría de Transportes (SECTRA) que, por muchos años, ha estado encargada, con suma eficiencia, de elaborar los proyectos destinados a resolver los problemas viales en las grandes ciudades del país. Resulta que ahora en este campo no sólo actúa la SECTRA, sino también la Dirección de Transporte, con un presupuesto casi similar al del otro organismo. ¿Vale la pena duplicar los esfuerzos? ¿Se justifica duplicar los recursos? ¿Es eso una muestra de austeridad?
En el proyecto figura un censo a chilenos en el exterior, cuyo costo asciende a 27 mil 500 pesos por cada compatriota sólo en esta primera etapa. Cuando estamos en momentos de dificultades económicas, ¿no sería más razonable destinar tales recursos a atender las urgentes necesidades de quienes se encuentran en condiciones de pobreza e indigencia?
Asimismo, existe la Dirección General de Aeronáutica Civil, la que se suma a la Junta de Aeronáutica Civil y a la Dirección Aeroportuaria. Pese a todo ello, sus gastos duplican los de la Dirección Nacional del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Percibe más de la mitad del presupuesto de la Subsecretaría de Aviación, y es casi igual al de la Policía de Investigaciones de Chile.
Un programa denominado "Orígenes", y al cual ya tendremos oportunidad de referirnos, ha contratado a 150 promotores -más adelante proporcionaré más detalles acerca de algunos de ellos-, pagándoles 550 mil pesos mensuales. Sin embargo, al revisar la nómina de esas personas hemos comprobado que, en su gran mayoría, pertenecen a la Concertación, en desmedro de las familias campesinas mapuches a las que debieran destinarse estos recursos.
¡Para qué hablar de los gastos en salud publicados en "El Mercurio" del domingo recién pasado, con los que no sólo se celebran los 50 años de una institución que ya no existe -el Servicio Nacional de Salud hace años que no funciona- con una fiesta de 28 millones de pesos, sino que también se destinan 606 millones de pesos para vender el plan AUGE, sobre el cual aún no se ha legislado, y otros 70 millones en un Congreso de Promoción de la Salud!
Mi pregunta es: ¿todo esto se contabiliza como gasto social?
El INDAP atiende a unas 100 mil personas y empresas que debieran recibir, en promedio, 65 mil pesos al mes, suma que bien podría llegar a 80 mil si el costo de funcionamiento se redujera en cinco por ciento. ¿Es conveniente que estas familias reciban prestaciones en esa forma o sería preferible disponer de estos recursos? Estoy seguro de que las familias campesinas pobres optarían por disponer directamente de ellos.
Estimo, entonces, que el proyecto de Ley de Presupuestos pudo ser mejor para las personas que la están pasando tan mal en Chile.
No obstante lo anterior, debemos reconocer que el Presupuesto ha significado un paso importante para mejorar la transparencia en la inversión de los recursos públicos. Efectivamente, hemos dado los pasos iniciales en ese aspecto.
Se destaca positivamente que, por fin, el Gobierno haya acogido una serie de iniciativas en tal sentido, como la destinada a evitar la duplicidad de sueldos y honorarios, y la que permite una mayor transparencia en los recursos administrados a través de las organizaciones no gubernamentales. Al menos sabremos cuántos recursos fiscales se canalizan a través de estas instituciones.
Por fin se reconoce que, en principio, el Gobierno debe privilegiar el sistema de licitaciones públicas para los contratos. Sabremos cómo se distribuyen las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional entre regiones y comunas.
El Gobierno ha aceptado un paquete de indicaciones en este sentido, las que anteriormente eran rechazadas año tras año. Valoramos enormemente este gesto. Cualesquiera que sean las razones que impulsaron su incorporación en el proyecto, apreciamos debidamente el compromiso de ahondar en estos temas a través del Protocolo de Transparencia Presupuestaria.
Sólo falta que el Gobierno nos acompañe con sus votos y respalde también otra antigua indicación presentada por la Oposición. Queremos que los gastos reservados sigan siendo reservados para este Congreso y para los chilenos. Ni siquiera pedimos que pierdan su calidad de tales. Sólo pretendemos que el Contralor General de la República -quien nos da plena confianza en cuanto a que sabrá guardar esta reserva- reciba información sobre ellos, de tal suerte que sean destinados a los fines del servicio.
Sus Señorías saben que el domingo recién pasado, en una entrevista publicada en el diario "El Mercurio", el ex Ministro de Estado , señor Carlos Cruz , reconoció que mientras desempeñaba su cargo recibía un complemento de su sueldo que según estimaba -no tiene certeza al respecto- provenía de gastos reservados. Sin embargo, en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no figuran gastos reservados. Por lo tanto, el complemento de su sueldo procedía de los gastos reservados de la Presidencia de la República , del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del Ministerio Secretaría General de Gobierno o del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son las Carteras que sí cuentan con un ítem en ese sentido.
¿Cómo se explica que otro servicio público esté financiando los complementos de sueldos de otros Ministerios? Claramente no son gastos propios del servicio. Por consiguiente, consideramos que el Contralor General de la República debe saber, al menos, en qué se utilizan estos gastos reservados y si son propios del servicio y atinentes al mismo.
Cautelar que los recursos sean para los fines del servicio a través de un tercero -en este caso, el Contralor General de la República-, nos parece una medida apropiada.
Como Alianza por Chile deseamos que el país salga fortalecido en medio de este episodio de manejos inadecuados de recursos, que sólo terminan desprestigiando a quienes actuamos en el servicio público y en la política.
Por el bien de Chile, solicitamos apoyo en esta modesta apertura.
Habíamos acordado que intervendría primero el Honorable señor Ominami , como Presidente de la Comisión Mixta, para dar cuenta de la labor llevada a cabo en el tratamiento de esta materia, y que, en seguida, lo haría el Senador señor García.
Pero el Senador Foxley me pide hacer uso de la palabra porque en la reciente intervención se tocaron puntos respecto de los cuales el sector del Gobierno quiere dejar constancia de su posición.
¿Habría acuerdo en modificar ese orden y ofrecer la palabra al señor Senador?
Pero con derecho a réplica, señor Presidente.
Ése es el problema, porque he advertido al Senador señor Foxley que no hay debate en general y, al parecer, vamos a entrar en ese tipo de discusión.
Entonces, propongo que intervengan un Senador de Gobierno y otro de Oposición.
Uno por lado, señor Presidente.
Señor Presidente , quiero formular una pregunta al Senador señor García. No sé si la podrá contestar durante el debate. En su intervención mencionó un tema que me gustaría aclarar.
Señores Senadores, es evidente que habrá discusión de carácter general. Y no la impediré.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Foxley.
Señor Presidente , no estaba al tanto del acuerdo de Comités, pero dadas las observaciones del Senador señor García estimé importante intervenir.
Señores Senadores, sugiero limitar los discursos a diez minutos.
Señor Presidente , seré bastante breve. Me voy a referir a algunas de las materias que ya debatimos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y que considero importante que conozca la Sala.
El Senador señor García , con una connotación negativa, riesgosa o peligrosa para la economía chilena, planteó que este Presupuesto de alguna manera estaría obligando al Gobierno a endeudarse. Se trata de un tema que se analizó largamente en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, también, en la Primera Subcomisión. Se nos presentó un informe preparado por el Ministerio de Hacienda respecto de la deuda pública chilena comparada prácticamente con cualquier otro país en el mundo. En dicho documento se destacan hechos dignos de recordar una vez más: primero, que la deuda pública chilena, como porcentaje del PIB, es de las más bajas del mundo; y segundo, que los Gobiernos de la Concertación han hecho un esfuerzo sistemático, probablemente sin parangón contemporáneo, por reducir la deuda pública de 47 por ciento del Producto Interno Bruto en 1989 -¡47 por ciento del PIB!- a una cifra equivalente hoy día a 17 por ciento del mismo indicador, sobre la base de una política fiscal coherente, en virtud de la cual se tomó la decisión de ahorrar recursos para prepagar deuda y construir así una situación de solidez en las finanzas públicas que permitiera a Chile enfrentar en mejores condiciones que otros países de Sudamérica la emergencia de shocks externos, que -todos lo sabemos- se han repetido en la región prácticamente todos los años, desde 1994 en adelante. Por lo tanto, que Chile haya sido, lejos, el país que mejor ha logrado abordar, enfrentar y absorber la última crisis, que es la argentina, es algo que se ha construido por la solidez de las finanzas públicas durante 12 años consecutivos.
El Senador señor García también manifestó que nos encontraríamos en una situación difícil, porque por varios años seguidos se ha incurrido en déficit fiscales. Tengo a la mano recortes de diarios que dicen: "Bancos de inversión extranjeros aprueban manejo fiscal del Gobierno"; hay una cita del director del Fondo Monetario Internacional , quien pide a los países de la Unión Europea aumentar sus déficit fiscales para de esta manera dar un poco más de vigor a la economía mundial. Pero, más allá de los juicios positivos o negativos de tal o cual analista o de si el director del Fondo Monetario tiene o no tiene razón, lo importante, al final, en una economía de mercado globalizada es qué dicen los mercados. El ejemplar de hoy de "Estrategia" informa lo siguiente: Riesgo-país chileno cayó a 145 puntos base, contra 6 mil y tantos de Argentina y mil 700 de Brasil. ¡El riesgo-país chileno hoy día bajó a 145 puntos base! O sea, el Gobierno puede endeudarse a una de las tasas más bajas del mundo, porque los mercados evalúan que las finanzas públicas en Chile son suficientemente sólidas como para que los inversionistas extranjeros (institucionales u otros) arriesguen aquí sus recursos a un interés virtualmente equivalente al que pagan en países desarrollados.
Además, en estos días se ha reforzado la convicción a nivel internacional de que Chile no se halla estancado y no está retrocediendo desde el punto de vista de la estructura fundamental que permite o dificulta el diseño de la economía.
Hace algunos días se publicó un estudio realizado por la Fundación Adolfo Ibáñez -subrayo: la Fundación Adolfo Ibáñez -, basado en consultas a un número muy importante de empresarios chilenos, y los datos obtenidos se compararon con los de otros ochenta países. ¿Cuál es hoy la evaluación de la economía chilena? En lo tocante a competitividad internacional, sube del lugar 28 al 20. Por tanto, se ubica en el borde de lo que podría considerarse la "primera división", porque desde ahí hacia arriba sólo figuran países desarrollados. Y Chile supera a España y otras naciones europeas.
En cuanto a manejo de la política fiscal, nos ubicamos en el límite de los primeros diez países en el mundo.
Estos temas no se vinculan directamente con la aprobación o rechazo de las distintas partidas presupuestarias, pero constituyen el piso de confianza suficiente en cuanto a mostrar que Gobiernos que durante 12 años han considerado el manejo sólido de las finanzas públicas como una de sus políticas más fuertes seguirán manteniéndolo durante el año entrante.
Más allá de las legítimas diferencias, y también de las concordancias, en materia presupuestaria -las expresó muy bien el Senador señor García -, que son respetables y propias de la democracia; más allá de reconocer que durante esta discusión la Oposición hizo aportes constructivos, positivos y valederos para el país hacia el futuro, sobre todo en materia de transparencia; más allá de todo eso, creo que el Presupuesto es razonable y prudente. El Gobierno ha hecho un esfuerzo, a mi juicio bien ejecutado, para alcanzar un objetivo fundamental: poner el máximo empeño posible para que durante el 2003 se estimule la demanda interna y, sobre todo, se generen empleos, dentro de un marco que no comprometa la enorme solidez lograda en materia de finanzas públicas en los últimos doce años.
Por otra parte, supongo que la discusión de este Presupuesto, gestado en la era de la Internet, ha podido ser seguida por algunos analistas de Wall Street. Imagino que el riesgo-país de 145 puntos al menos demuestra que nadie se halla muy alarmado respecto de lo que el Senado está a punto de aprobar hoy.
Por lo tanto, me parece que lo que corresponde es mirar hacia adelante para ver qué podemos hacer el próximo año -más allá de la aprobación del Presupuesto de hoy- para estimular más la economía y aumentar la tasa de crecimiento potencial.
Invito a que, junto con los sectores de la Oposición, durante los primeros meses del próximo año, pongamos en blanco y negro lo que puede llegar a ser una acción pública compartida para impulsar, no sólo la agenda de crecimiento o de procrecimiento, que ahora se encuentra definida, sino también para agregar a todo eso la adopción de medidas fundamentales de un plan de modernización del Estado y del sector público, poniendo encima de la mesa las políticas de transparencia que resulten esenciales para el país a futuro. Y no me refiero sólo a los sueldos de los empleados públicos, ni a lo que atañe a las compras del Estado ni a las licitaciones -tema que recién vimos en la Comisión de Hacienda-, sino a una materia esencial y que ya no debemos esquivar más: el financiamiento de la actividad política, de los partidos y de las campañas políticas. Muchas de las noticias del último tiempo se han referido a pequeñas corruptelas en niveles intermedios, que ocurren porque quienes fueron alguna vez candidatos establecen relaciones con algunos empresarios (chicos o medianos) a lo largo del país. Al comienzo se hacen donaciones para las campañas y después se solicita que se devuelva el favor. Entonces, aparece una zona gris: el parlamentario, el concejal o el alcalde no sabe si está representando el bien común o, simplemente, devolviendo el favor a determinado contribuyente de su campaña.
Invito a todos -inclusive a la Oposición- a tener el coraje de poner encima de la mesa todo lo referente a las platas públicas y a las privadas que van al sector público, trátese de candidatos, del Estado, de empresas, etcétera.
Termino señalando, señor Presidente , que los estudios más recientes sobre lo que determina el crecimiento potencial de una economía señalan que lo más importante, más que la calidad de las políticas públicas o que el desarrollo de las políticas económicas, es la naturaleza de las instituciones fundamentales que sustentan el esfuerzo de desarrollo. Y dentro de la calidad de las instituciones no hay asunto más urgente y trascendente -respecto del cual se requiere un acuerdo leal de todos los sectores- que trasparentar todo lo relativo a dineros, a movimientos financieros, a financiamiento de campañas y de actividades políticas, incluyendo los aportes básicos del Estado para financiar campañas de candidatos. De otra manera éstos serán siempre vulnerables a la presión de empresarios que desean conseguir favores.
Creo que ésos son los temas de fondo.
Por lo tanto, espero la aprobación del proyecto. Después podremos trabajar en conjunto con los sectores de la Oposición en el referido plan de acción, incluyendo las materias que señalé.
Señor Presidente , en primer lugar, debo manifestar que el déficit fiscal ya existe: llega aproximadamente a 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, dicho porcentaje no incorpora los gastos ya anunciados pero que aún no cuentan con financiamiento. Por ejemplo, se nos informó que en algunos días se aprobarían los proyectos relativos al Plan AUGE, en salud, lo cual significa necesariamente aumento de impuestos, porque no hay forma de financiarlos con el Presupuesto que aprobamos; también se nos comunicó lo relativo al programa Chile Solidario, que tampoco financia este Presupuesto.
El Presidente Bush , cuando vio que la economía norteamericana presentaba serios problemas, la reactivó aplicando una política monetaria más expansiva -a cargo de Greenspan-, pero además, mediante la rebaja de impuestos a las personas, porque eso sí produce reactivación.
Señor Presidente , si ya hay déficit fiscal y, además, gastos anunciados sin financiamiento, necesariamente se requerirán mayores impuestos, aumentos que -como lo sabe cualquier economista- no son reactivadores, sino todo lo contrario.
Por otra parte, en cuanto a la creciente deuda externa de Chile, es cierto que no hay alarma pública nacional ni internacional. El Gobierno señaló que ella alcanza en este momento a 6 mil millones de dólares. En el proyecto que nos ocupa, se autoriza al Estado para endeudarse en mil 500 millones de dólares más. Ayer se le autorizó para garantizar obligaciones de varias empresas estatales, lo cual significa otros mil 500 millones de dólares. Es decir, en dos días, entre ayer y hoy, la deuda pública se elevó en 50 por ciento: de 6 mil millones de dólares a 9 mil millones de dólares. Es posible que en esta materia todavía no se hayan alcanzado niveles de deuda preocupantes, pero nadie puede negar que la dirección del proceso es alarmante, sobre todo porque no se ve ninguna posibilidad de que la brecha del déficit fiscal se cierre el próximo año, ni tampoco el subsiguiente. A estas alturas, es obvio que en todos los años del mandato del Presidente Lagos habrá déficit fiscal.
Es cierto que a fines de la década de los 80 la deuda fue mayor, pero también las tasas de interés eran muy superiores. Además es preciso considerar que durante ese período en toda Latinoamérica, y el mundo en general, se hablaba de la década perdida. Gracias a Dios en Chile no se perdió. Es indiscutible que el stock de deuda bajó.
Es innegable que la de los años 90 fue una década excepcional en Chile: el precio del cobre fue altísimo y hubo un flujo de inversiones extranjeras nunca antes visto. Ello posibilitó el crecimiento a tasas del 7 por ciento, lo cual facilita el ahorro. El problema ahora es cómo ahorrar o cómo cerrar la brecha del déficit público con tasas de crecimiento bastante menores: de 3 por ciento, o -¡Dios quiera!- de 4 por ciento; pero no más allá de eso.
Además de no advertirse cuándo disminuirá el déficit fiscal -ya la deuda se empieza a acumular: pasó de 6 mil millones de dólares a 9 mil millones de dólares- hay otras materias que nos preocupan. La inversión en Chile ha caído 10 puntos en los últimos años. ¡10 puntos! O sea, es 10 puntos menor que hace una década. La inversión extranjera se ha secado. Chile ya no es recipiente de ella. En la actualidad, no existe.
Por otro lado, la tasa de desempleo bordea el 10 por ciento.
La dificultad para resolver esta situación reside en que no está claro el camino para retornar a un crecimiento que permita reducir el desempleo y luchar en forma eficiente contra la pobreza. Al contrario, se anuncian medidas que aumentarán todavía más los impuestos, que probablemente redundarán en desempleo y que claramente no serán reactivadoras. Entonces, puede decirse: "¡Perfecto, en este momento no hay alarma pública ni en nuestro país ni en el extranjero respecto del nivel de deuda!". Pero nadie puede dejar de expresar una profunda preocupación porque Chile no está moviéndose en la dirección correcta; al revés, lo hace cada vez más en un sentido que debería evitarse. A la larga, los países que han progresado, que han logrado subir sus tasas de crecimiento, que han rebajado la cesantía, que han disminuido el grado de pobreza, son básicamente los que han implementado políticas muy austeras, con gastos fiscales sumamente focalizados hacia los más necesitados, sobre todo tratando de incrementar el capital humano de los más pobres. Todos nos indignamos por la escasa cuantía de los ingresos que perciben en Chile las personas no calificadas, los que ni siquiera les alcanzan para vivir. Pero el escándalo, más allá de los sueldos, es su pobrísimo grado de educación, de capacitación, de capital humano. Y si se realizaran esfuerzos para focalizar el gasto público -a veces aplicado donde es innecesario- en ofrecer mejor educación para la gente más pobre, en cinco o diez años podrían alcanzar otro nivel de vida. ¡De eso se trata!
Comparto lo señalado por el Honorable señor García en el sentido de que todavía en este proyecto de Ley de Presupuestos (a pesar de los grandes esfuerzos gubernativos -que reconozco-, y especialmente de la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, de los Diputados y Senadores de la Concertación y de la Alianza por Chile por tratar de transparentar el gasto) quedan muchos bolsones de gastos absolutamente innecesarios, poco eficaces, recursos que podrían destinarse a la obtención -quizá no inmediata, pero sí con efectos permanentes- de mayor capital humano, mejor educación, más capacitación y mejor futuro para los chilenos que hoy todavía viven en precarias condiciones.
Cabe señalar que si bien en este momento la situación de nuestra economía no es alarmante, claramente va en la dirección incorrecta y todas las señales que se nos han dado indican que nos moveremos aún más en ese sentido.
En el fondo, todos deberíamos hacer un esfuerzo muy grande para retomar la tasa de crecimiento, volver a mejores niveles de inversión, lograr menores índices de desempleo y, principalmente, orientar el gasto público hacia la gente que más sufre: los pobres de nuestro país.
Los Honorables señores Martínez y Vega me expresaron su deseo de exponer algunas observaciones. Les hice presente que para ello se requeriría autorización de la Sala por cuanto el proyecto está exento de discusión general.
En todo caso, como sí ha habido algunas intervenciones, si hubiera unanimidad no tendría inconveniente en conceder la palabra a los dos señores Senadores mencionados.
Me opongo, señor Presidente. A muchos otros también nos gustaría hacer algunos comentarios.
En todo caso, cualquier señor Senador podrá solicitar la palabra durante el debate de las partidas que han sido objeto de indicaciones.
Ignoro si los Honorables señores Vega y Martínez quieren formular alguna consulta o hacer un discurso.
Señor Presidente , yo deseaba exponer una visión general del Presupuesto. Por eso planteé a Su Señoría la posibilidad de que la Sala otorgara su autorización para ello. Si no es factible, conforme.
Ésa no es una imposición de la Presidencia , sino que depende de un acuerdo unánime de los señores Senadores. No obstante, repito, el señor Senador podrá dar a conocer su posición en el debate de cualquiera de las indicaciones.
De acuerdo con el Reglamento, corresponde dar por aprobadas las partidas presupuestarias que no fueron objeto de indicaciones.
Tales partidas son: Partida 02, Congreso Nacional
Señor Presidente , se va a dar lectura a las partidas que no fueron materia de indicaciones. Sin embargo, sólo esta mañana nos enteramos de que algunas de ellas fueron modificadas en la Cámara de Diputados. ¿Éstas se votarán aparte, o no?
Solicito votar separadamente cualquier cambio efectuado por la otra rama del Congreso respecto de lo despachado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
El problema es que si no ha habido indicación tendríamos que entrar a revisar ese aspecto.
Primero daré por aprobadas reglamentariamente las partidas sobre las cuales no recayeron indicaciones.
Excúseme, señor Presidente. Reitero mi petición de que se voten en forma separada porque recién nos estamos informando...
Su Señoría debe indicar concretamente cuáles son.
Yo más bien pido revisar cualquier cambio hecho por la Cámara de Diputados.
Primero seguiré el orden preestablecido, para evitar que se desordene el debate, y después veré los casos de excepción.
Ante todo, se aprobarán las partidas que no fueron objeto de indicaciones.
Partidas 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial ; 04,...
Perdón, señor Presidente , ¿dónde figura lo que está leyendo el señor Secretario?
Señor Presidente , ¿podríamos proceder de otra manera? Por ejemplo, ir partida por partida y decir: "Respecto de esto no hay cambio, se da por aprobado", y no leer el listado completo.
Ésta es la forma en que se ha procedido tradicionalmente.
El señor Secretario irá dando cuenta de las partidas y Su Señoría podrá corroborarlas en el informe.
Pediría ir una por una, señor Presidente.
Eso es lo que estamos haciendo: señalando aquéllas sobre las cuales no recayeron indicaciones, las que se darán por aprobadas de conformidad con el Reglamento.
La Presidencia es la que maneja el orden de despacho del proyecto y ése es el orden que se seguirá.
Puede continuar el señor Secretario.
Como decía, no han sido objeto de indicaciones las Partidas 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial ; 04, Contraloría General de la República; 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 08, Ministerio de Hacienda; 09, Ministerio de Educación; 10, Ministerio de Justicia; 12, Ministerio de Obras Públicas; 13, Ministerio de Agricultura; 14, Ministerio de Bienes Nacionales; 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 16, Ministerio de Salud; 17, Ministerio de Minería; 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 23, Ministerio Público, y 50, Tesoro Público.
Señor Presidente, solicito votar separadamente la Partida 02, Congreso Nacional.
Le ruego hacer llegar su petición por escrito a la Mesa, a fin de llevar un orden.
La Partida 02 ya está aprobada, señor Presidente.
En efecto, no mereció indicaciones y debe darse por aprobada.
La Secretaría me consulta qué se votará, ya que no hay indicación a esa Partida.
La Partida misma, señor Presidente.
Pido a los señores Senadores hacer indicaciones concretas sobre la Partida 02 -acerca de la cual quiere pronunciarse el Honorable señor Orpis -, señalando, por ejemplo: Partida 02, tal ítem, equis glosa.
Mi solicitud consiste en votar en forma separada la Partida 02, señor Presidente.
Ella incluye todo el Congreso Nacional.
O sea, Su Señoría quiere votar una a una todas las cifras.
La Partida Congreso Nacional.
No fue objeto de indicaciones, señor Presidente.
Reglamentariamente, no puedo someterla a votación porque no fue objeto de indicaciones.
Ya terminó el plazo para presentarlas.
Además, como se ha acotado, el plazo para formular indicaciones está vencido.
Por lo tanto, aplicaré estrictamente el Reglamento. No aceptaré ninguna excepción, salvo por la unanimidad de la Sala.
Señor Presidente , desearía que me aclarara lo siguiente. Si las partidas señaladas no han sido materia de indicaciones, ¿en qué momento la Sala escuchará una visión general sobre problemas específicos relacionados con alguna de ellas?
Ése fue mi propósito cuando solicité intervenir en el debate inicial. Se me indicó que podría hacerlo cuando se discutiera la partida correspondiente. Pero no se trata de una indicación, sino de hacer observaciones generales. ¿En qué momento podré hacerlo?
Señor Senador , debo señalar que el proyecto de Ley de Presupuestos no tiene discusión general. Se realiza aquella especial establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Normalmente, el debate en general y en particular se hace en la Comisión Especial Mixta y en cada una de las Subcomisiones Especiales. Y cuando llega a la Sala el procedimiento no es el de una iniciativa de ley común, sino otro diferente. No tiene discusión general, ¿por qué? Porque no se requiere aprobar la idea de legislar. Por lo tanto, ésta no es susceptible de rechazo. En consecuencia, sólo debe discutirse en particular.
Ayer los Comités fijaron plazo hasta las 10 de la mañana de hoy para formular indicaciones. Se recibieron alrededor de 40 y, como manifesté al comienzo de la sesión, aquellas presentadas después de esa hora deberían haber quedado excluidas. Sin embargo, expuse a la Sala que era ilógica su marginación y por unanimidad se acordó aceptarlas. Las hemos revisado y declararemos su admisibilidad o inadmisibilidad.
Ahora bien, las partidas sobre las cuales hayan recaído indicaciones deben ser sometidas a votación. No así las que no estén en ese caso.
Señor Presidente , yo no estoy abocado a ese problema. El procedimiento está claro, pero ¿en qué momento los Senadores que no formamos parte de las Subcomisiones Especiales ni de la Comisión Especial Mixta podremos intervenir en la Sala para exponer problemas generales relacionados con una partida?
Señor Senador, puede hacerlo en el instante en que la Sala adopte el acuerdo pertinente, pues es soberana para determinar un procedimiento diferente. Pero mientras no se pronuncie la Mesa no puede hacer otra cosa que no sea aplicar el Reglamento.
Al principio se planteó una fórmula, que era abrir una discusión en general. Y se dijo que intervendrían el Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y un señor Senador integrante de la misma. Después se pidió autorización para que hablara el Honorable señor Foxley y lo mismo ocurrió para que usara de la palabra la Senadora señora Matthei. Sin embargo, cuando Su Señoría planteó la petición requerí el acuerdo unánime y no me lo dieron.
Por lo tanto, lo único que puede hacer la Mesa es aplicar el Reglamento.
Señor Presidente , una cosa es que no se hayan presentado indicaciones y otra distinta es el derecho que asiste a los Senadores para pedir votación separada respecto de algún ítem o una asignación determinada.
Y en el caso concreto de que se trata, el Honorable señor Orpis está pidiendo votación separada en lo referente a la Partida 02, Congreso Nacional, específicamente para el Ítem 33, relativo a Transferencia a Otras Entidades Públicas y a la asignación 750, denominada "Conferencia Unión Interparlamentaria Mundial".
Precisamente, el señor Senador ha indicado el procedimiento que corresponde: planteó en forma precisa y concreta que desea votación separada de esa parte de la Partida.
En consecuencia, la votación se tomará sobre esa base.
Si un señor Senador desea votación separada respecto de alguna partida, que así lo indique. La Mesa no despachará el proyecto de Ley de Presupuestos tomando por sorpresa a Sus Señorías debido a que no formularon su petición, ya que en cualquier momento podrán hacerlo. Tendré la mejor voluntad para ello. Pero ahora debo ordenar el debate porque, de lo contrario, no avanzaremos.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei para referirse al mismo punto.
Señor Presidente , después de ingresar a la Sala, me enteré de que ayer la Cámara de Diputados introdujo cambios al proyecto respecto de lo aprobado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Se refieren a la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación -básicamente a una glosa- y a la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno.
La verdad es que o se tiene algún tipo de flexibilidad para tratar estas materias o de otra forma no podremos discutir en el Senado el proyecto de Ley de Presupuestos sino con una semana de diferencia, o dos o tres días, después de su debate en la Cámara de Diputados. Porque es absolutamente imposible enterarse de lo ocurrido allá si anoche se terminó de votar.
La señora Senadora puede tener toda la razón. Me parece que así debería ser por cuanto ello, sobre todo, nos permitiría ordenar el debate y el material con el cual debemos trabajar. Digo esto porque la Secretaría ha tenido que revisar en este minuto, conjuntamente con la Presidencia , cuarenta indicaciones para ver si son admisibles o inadmisibles.
Concuerdo con Su Señoría, pero el cronograma sobre cómo despacharíamos la iniciativa fue acordado en la Sala por los señores Senadores. Espero que esto sirva como experiencia para la próxima vez, a fin de no tener que discutir el Presupuesto al día siguiente en que lo hizo la Cámara de Diputados, y disponer así de dos o tres días para conocer las materias.
¡Entonces, señor Presidente , pida autorización para sesionar mañana!
Concretamente, Su Señoría ha planteado que desea votación separada respecto de esas partidas, lo cual se hará en su momento. La solicitud puede remitirla a la Mesa. Lo mismo sugiero a los demás señores Senadores.
Deseo manifestar al Honorable señor Martínez que puede pedir la palabra cuando se esté analizando cualquier partida y formular sus observaciones en general, para así salvar el problema.
Conforme, señor Presidente. Así lo haré.
Corresponde votar separadamente lo solicitado por el Honorable señor Orpis: el Ítem 33, relativo a Transferencia a Otras Entidades Públicas y a la asignación 750, Conferencia Unión Interparlamentaria Mundial.
¿Me permite, señor Presidente? Deseo plantear un problema reglamentario.
A mi juicio, estamos en presencia de algo muy importante, porque esa Conferencia es un evento trascendente para la política exterior de Chile, y Su Señoría tiene todo el derecho de objetar el ítem correspondiente. Sin embargo, en la Sala no se encuentran presentes todos los Senadores de Oposición, ni tampoco los de la Concertación.
Por lo tanto, solicito a la Mesa que haga tocar los timbres a fin de que se les dé el tiempo suficiente para llegar al Hemiciclo, por cuanto si se rechaza el ítem significa que hemos ganado la Presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial para nada.
La idea es que, por lo menos, se tome una votación responsable en el Senado.
Efectivamente, el Senador señor Orpis representó ayer el asunto y lo hizo en el seno de los Comités, los cuales, a excepción de él, unánimemente estuvieron de acuerdo en que la realización de dicho evento era responsabilidad y obligación de la Corporación y que, por lo tanto, no había observaciones.
En todo caso, se sugirió -y después lo conversamos con el Ministro de Hacienda - que se hiciera llegar una cifra aproximada de lo que podrían ser los gastos de esa Conferencia. Se explicó a Su Señoría que se estaba en un proceso de definición de costos presupuestarios y que en su momento dicho Secretario de Estado enviaría al Parlamento el decreto correspondiente para que incluso pudiésemos discutir las cifras.
Sin embargo, en cuanto a ese evento, existe un acuerdo del Senado, una obligación corporativa, donde cada uno de los sectores, sin excepción, se encuentran comprometidos.
El Honorable señor Orpis me ha planteado que lo único que desea es dejar constancia en la Sala -como lo hizo en la Comisión- de su voto negativo, sin que eso signifique una objeción o un rechazo a la obligación que hemos asumido.
Por lo tanto, propongo a la Sala -y creo que el Honorable señor Orpis estará de acuerdo- que con los votos de los Senadores presentes, a excepción del suyo, el cual se dejaría registrado...
¡No es eso lo que acordamos!
En eso habíamos quedado, señor Senador.
Señor Presidente , en primer lugar, resolvimos que si no había indicación -ése fue el acuerdo de los Comités-, se iba a transparentar el gasto aproximado. Como se carecía de tiempo para presentar una indicación en la Cámara de Diputados y evitar el tercer trámite, la idea era señalar acá en cuánto se estimaba el costo de ese evento. Pero no se ha hecho, en circunstancias de que eso formaba parte del compromiso.
En consecuencia, existen dos fases: una se refiere a la transparencia -es decir, al gasto aproximado de la realización de tal evento-, y la otra apunta a si uno está de acuerdo o no con ese costo. La primera fase no se ha cumplido acá, porque no he escuchado ninguna voz por parte del Ministerio de Hacienda ni de nadie sobre cuánto valdría aproximadamente llevar a cabo la Conferencia.
En segundo término, se planteó lo relativo a la votación separada.
Ahora bien, como aún no se ha informado acerca de las cantidades, deseo manifestar que, de acuerdo con cifras manejadas por la Comisión de Régimen Interior, dicho evento en la actualidad costaría más de mil millones de pesos. Sin embargo, esto aparece rebajado en el ítem.
¡Eso es lo que hay que transparentar! No cuesta "$ 10 miles", como señala la indicación del Ejecutivo.
Si se trata de un asunto tan sensible, en la práctica ocurrirá que la realización del evento terminará rebotando en el Parlamento, en el Senado, como está sucediendo con muchas cosas hoy día.
¡Velemos por la transparencia, señalemos públicamente el gasto y asumámoslo como Corporación! Creo que no costará menos de 800 ó 900 millones de pesos.
Deseo aclarar lo siguiente al señor Senador, desde la testera.
En primer lugar, efectivamente, hemos tomado las medidas para que el Parlamento proceda en términos transparentes. Aquí no ocultaremos ninguna cifra.
En segundo término, señalé que el Ministro de Hacienda se comprometió a entregar las cantidades que nosotros mismos propondremos, las cuales serán analizadas en la Comisión de Régimen Interior, donde están representados todos los señores Senadores, también Su Señoría. Será este órgano técnico el que determinará si es posible o no llevar a cabo la Conferencia y cuánto costará. No olvidemos que se trata de un compromiso que hemos asumido a nivel corporativo.
Por lo tanto, se someterá a votación la Partida.
¡En votación económica!
Señor Presidente , ese análisis habría que hacerlo en la Sala.
De acuerdo con la ley, corresponde que se efectúe aquí.
No voy a abrir debate sobre el particular.
Aclaro que no estoy objetando la Partida, ni tampoco el evento. Recuerdo a los señores Senadores que participaron en la reunión de Comités que en su momento se dijo claramente que parecía conveniente establecer una cifra -agregamos la expresión "aproximada"- sobre el costo que podría tener la realización de un evento de esta naturaleza. Y que, sin perjuicio de que la Comisión de Régimen Interior pudiese afinarlo, aquél podría ser menor o mayor, lo cual estimamos correcto.
Entonces, el acuerdo adoptado en reunión de Comités, a la que asistí en representación de Renovación Nacional, fue que las autoridades del Ministerio de Hacienda indicarían en cuánto se estimaba más o menos el costo de la Conferencia. ¡Nada más que eso!
Señor Presidente , Su Señoría ha otorgado la palabra a un señor Senador y debe concederla a todos los demás. No hay ninguna razón para que sólo un Parlamentario tenga la posibilidad de intervenir, pues el resto también desea hacerlo.
Señor Presidente , yo pediría que Hacienda, además de señalar las cifras -como no participé en la reunión de Comités, ignoro lo expresado en ella-, también diese a conocer en qué medida se recuperan los recursos. Porque en tales eventos internacionales, por concepto del IVA, generalmente retorna más que el gasto realizado por el Gobierno. No por nada los países se pelean para organizar, por ejemplo, olimpíadas o congresos mundiales, que aun cuando significan gastos para el "host" -país anfitrión-, también implican entradas por gastos en hoteles, restoranes y compras de los turistas que llegan, que muchas veces reditúan más que la inversión realizada.
Por lo tanto, pido que se den ambos antecedentes.
Ruego a los señores Senadores no extender en exceso sus observaciones.
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Régimen Interior e integrante del organismo que el Honorable señor Andrés Zaldívar ha presidido estos días -en el que el Senador señor Novoa ha estado presente-, y dado que un señor Senador de Renovación Nacional ha planteado que sobre esta materia se está trabajando con poca transparencia, en circunstancias de haberse entregado a los Comités información acerca de la importancia que tiene para el Parlamento y para el país la realización de dicha conferencia, incluso en términos de ingresos; de que todavía se mantiene la idea de que al respecto no hay nitidez, y de que se está jugando con los números, quiero anunciar que votaré en contra. Y pido a la Sala hacer otro tanto y que asumamos la responsabilidad que significa no dar recursos para un evento en que todos los sectores políticos hasta hace poco estábamos de acuerdo en su realización, por prestigiar a Chile y ser bueno para el Senado.
En consecuencia, asumiré la misma conducta que el Senador señor Orpis y voy a votar en contra, porque no estoy dispuesto, como miembro de esa comisión, a que se ponga en duda la transparencia de la actuación del señor Presidente del Senado , del Honorable señor Novoa y del Senador que habla.
Señor Presidente , lamento que lo discutido ayer en la reunión de Comités y que fue parte de un acuerdo, se trajera a debate en la Sala.
Nadie ha pretendido en momento alguno esconder información sobre el evento ni acerca del costo del mismo. En mi opinión, resulta absolutamente claro que una conferencia de esta naturaleza es conveniente para el sistema democrático y para el país.
Por lo tanto, pido al Senador Orpis -quien ayer tuvo el gesto de permitir alcanzar acuerdo de los Comités para avanzar en la votación del proyecto en debate- que vote a favor de esta partida, pues no va en contra del interés de nadie ni pretende crear una situación de otra naturaleza. Pienso que no es otro el espíritu de su indicación.
El Comité Demócrata Cristiano solicita formalmente que nos pronunciemos de inmediato y anuncia que apoyaremos la partida.
Señor Presidente , en la misma línea, tengo la impresión de que se están caldeando los ánimos en forma absolutamente innecesaria.
Se trata de un evento ya acordado, respecto del cual hubo una circunstancia previa, la de aspirar a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, lo que ya se logró, y que conlleva una obligación.
Parece evidente que algo recién materializado, como la obtención de la presidencia de ese organismo trae consigo la realización de un evento de este tipo, cuyo costo resulta imposible calcular en este momento.
Como sabemos, al final, el financiamiento efectivo se transparentará con anticipación, porque se informará a la Comisión de Régimen Interior del Senado. Eso en primer lugar.
En segundo término, el financiamiento provendrá de las provisiones que se hagan en el Tesoro Público.
Tercero, la observación de la Senadora señora Matthei confirma con más fuerza mi convicción de que lo único que podemos hacer ahora es votar, en el entendido de que sobre el particular habrá transparencia y de que se informará oportunamente.
Por último, también es conveniente decir que no es factible estimar ahora lo que implique ese evento para el país en términos de ingresos por concepto turístico.
En consecuencia, lo único que corresponde es tener confianza en que se informe oportunamente, como debe ser, y que habrá financiamiento suficiente. Nada más.
Si Sus Señorías lo permiten, haré algunas observaciones desde la testera.
Tengo la misma sensación del Senador señor Núñez en cuanto a que en el Senado -órgano colegiado- no somos transparentes entre nosotros mismos. En verdad, duele una observación de este tipo.
Por lo demás, la función cumplida la asumí hace poco, cuando se eligió Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial a quien estaba a cargo de la comisión organizadora. En varias reuniones han participado personeros de todos los partidos políticos con representación tanto en el Senado como en la Cámara -¡de todos, sin excepción!-, en donde estimamos, a petición mía, una primera aproximación sobre el costo que implicaba organizar el evento.
Ya en 1992, cuando era Presidente del Senado el Honorable señor Valdés , se organizó en Chile una conferencia similar, que no tuvo ningún tipo de dificultades. La responsabilidad fue de índole corporativa. Se trata de actos que debemos afrontar de manera conjunta, sin pretender ventajas de ninguna naturaleza. Se informó acerca del costo de ese evento. Posteriormente, para los efectos de contar con un marco de referencia, pedí conocer cuánto se gastó en la reunión del BID en Santiago, a la cual concurrieron unas 2 mil personas. A la conferencia interparlamentaria que se celebrará próximamente asistirán alrededor de 1.500 personas. Dicho antecedente se puso en conocimiento de la comisión. También solicité que se informara sobre la Cumbre de Presidentes. Es decir, se ha estado recogiendo todo tipo de antecedentes, los que se han actualizado.
En este momento, no me atrevo a anticipar el costo final de la Conferencia Interparlamentaria, pero puedo garantizar, en presencia de todos los señores Senadores -sin encubrir cifras-, que trataremos de ser consecuentes con la obligación contraída internacionalmente, pues no podemos dejar de cumplirla. Lo haremos en forma eficiente, de acuerdo con el prestigio de Chile, a fin de responder a nuestro compromiso. El costo será el menor posible y de él se dará una cuenta detallada.
Reitero que este tipo de discusión me provoca un sentimiento muy negativo, más aún frente a los momentos que vive el país.
Es cuanto quería decir a la Sala. Agradezco las intervenciones de los señores Senadores en ese sentido.
Señor Presidente , por todo lo dicho y por las explicaciones más que suficientes y claras que se han dado, creo que el debate resulta casi innecesario, pues la objeción del Honorable señor Orpis apuntaba principalmente a una cuestión de interpretación de cómo se consignó una glosa y no al fondo del tema.
Quiero dar a conocer que cuando se trató lo relativo a la Cumbre Asia-Pacífico, reunión parlamentaria que organizó esta Corporación, la Presidencia del Senado fue especialmente cuidadosa respecto de cada uno de los ítem que involucraba su realización. Participaron muchísimos países con sus respectivas delegaciones. Y como me correspondió tomar parte en la preparación del evento, puedo dar testimonio de que la Mesa y cada uno de los Comités fueron extraordinariamente rigurosos en cuanto a los gastos realizados. Todo se cumplió en un marco de mucha sobriedad, altura de miras, respeto y consideración por los recursos del Congreso.
Sirva esto para expresar mi convencimiento de que en esta materia no tengo dudas de cómo la Corporación enfrentará este nuevo desafío. Pero, hasta donde entiendo, la observación del Senador Orpis apunta más bien a la forma como se presentó en el Presupuesto, sin involucrar el fondo del asunto.
El Senador señor Orpis me solicita una interrupción.
Puede hacer uso de ella, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , la situación es muy clara: ayer hubo un acuerdo de Comités en el sentido de que, como en esta materia no se podían presentar indicaciones -el gasto no está determinado- se daría a conocer públicamente en la Sala el costo aproximado del evento. Y eso no ha ocurrido, pese a ese acuerdo de los Comités. Eso es todo. Se requiere que haya transparencia y que se cumpla plenamente lo convenido. Si hay dudas al respecto, solicitaría el acta de la reunión de Comités.
Señor Presidente , este debate demuestra falta de confianza y de comprensión respecto de los compromisos asumidos por la Corporación.
En verdad, creo que se hacen ingentes esfuerzos -soy testigo de ello- por el comité encargado de la parte financiera de la 108º Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, integrado por los Senadores Núñez, Novoa y el Presidente de la Corporación , para realizar algo austero, sobrio, sencillo y que efectivamente responda al compromiso nacional adoptado en la materia.
En este punto ya se tomó un acuerdo, que ahora, en la práctica, se está revisando. Frente a tal situación, en una nota que hice llegar a la Mesa, he puesto a disposición mi cargo en ese organismo, porque no estoy dispuesto a trabajar en algo que nuestros propios colegas cuestionan, de modo directo o indirecto. Pienso que así no se puede desarrollar ningún trabajo ni actividad en el Senado.
¡Muy bien, señor Senador!
Señor Presidente , deseo informar a la Sala que yo realicé lo solicitado en la reunión de Comités: consignar una cifra aproximada respecto del costo de esa conferencia. Y la estimación más conservadora fue de 800 millones de pesos.
Concurrí a la Sala de la Cámara de Diputados para presentar la indicación correspondiente; pero, por desgracia, en ese momento estaba cerrado el debate sobre la Partida 02 Congreso Nacional. Tal es la razón por la cual no se pudo incorporar la cifra.
Menciono lo anterior para hacer notar al Senador señor Orpis que aquí se ha actuado con total transparencia; y si en el proyecto en análisis no se incorporó la cantidad mencionada, simplemente se debió a que en la Cámara ya se había cerrado el debate sobre la partida en cuestión.
Señor Presidente , la Versión Taquigráfica recoge precisamente las constancias. Y, en forma breve, creo pertinente de mi parte dejar algunas.
En primer lugar, no hay duda alguna acerca de la transparencia de lo realizado tanto por el señor Presidente del Senado como por los Senadores señores Núñez , que está presente, y Novoa , que no lo está. Pienso que es muy importante decirlo expresamente. Ellos han tenido un rol relevante en esta tarde; y no me cabe duda de la necesidad de realizar un evento internacional que prestigie a Chile, en el convencimiento de que es trascendente. Esta decisión se tomó hace más o menos un año y medio.
También deseo dejar constancia en el sentido de que efectuar tal evento es útil para el país. Este tipo de reuniones es esencial tanto desde un punto de vista económico como de nuestra inserción en la comunidad internacional. Si no fuera así, nosotros no habríamos reemplazado al Senador señor Novoa en alguna reunión ni habríamos realizado lo que solicitó el señor Presidente en cuanto a reducir costos. Por lo menos, creo que tal constancia es necesaria.
Con la misma honestidad -aunque nadie que yo conozca tiene dudas al respecto-, debo manifestar que efectivamente aquí se produjo el error -espero que se corrija el día de mañana- de no ser más específicos sobre la cantidad que se esperaba gastar. Me constan los esfuerzos realizados en tal sentido. También debo ser franco...
Señor Presidente , como a esta altura de la tramitación no podemos consignar una cifra y dado que el Senador señor Ominami hizo una estimación del gasto, sugiero dejar constancia de que el Senado considera que el costo aproximado sería del orden de 800 millones de pesos.
Esto no amarra a nadie, porque la cifra definitiva puede ser mayor o menor.
Puede continuar el Honorable señor Coloma.
Señor Presidente, concuerdo absolutamente con lo planteado. Deseaba precisamente terminar mi intervención con argumentos que van en esa línea.
Ya que hay un impedimento de hecho para modificar la partida pertinente -como todos entendemos que debe ser-, dejemos constancia de que nuestra común impresión, por los cálculos realizados, es que el costo del evento es el mencionado precedentemente. De esa manera superaremos, si bien no de modo óptimo, una legítima objeción, que en mi caso particular y de muchos de nosotros no supone una valoración respecto de realizar o no realizar este tipo de eventos en Chile.
Por eso, señor Presidente , en la misma línea mencionada, propongo que la solución se busque por la vía de la constancia -aunque debio ser por indicación- en el convencimiento, por lo menos personal, de la absoluta transparencia del trabajo realizado por el señor Presidente del Senado y por quienes lo secundaron.
Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de forma, pero que genera consecuencias de fondo.
Deseo que la Mesa explique por qué razón acuerdos de Comités unánimes -así lo he entendido en el Senado y en la Cámara- algún Parlamentario puede desconocerlos. Ahora ha quedado abierta una posibilidad que es nueva para mí: se da a conocer una resolución de los Comités y la Mesa permite que un señor Senador lo cuestione. Entonces, ¿qué sucederá en adelante? ¿El día de mañana cualquier Honorable colega podrá dejar de cumplir un acuerdo de Comités? De ser así, ¿para qué existe tal institución si las decisiones que adopta en representación nuestra son desconocidas? ¡Para eso están los Comités! Si alguien discrepa de la función que cumple mi Comité, que lo haga saber. De lo contrario, se producirán extensos debates sobre el procedimiento resuelto acerca de cualquier proyecto.
Ese tema se abordará en su debida oportunidad.
Estoy de acuerdo en dejar la constancia.
Señor Presidente , pienso que estamos extendiendo de más un debate sobre una materia en que hay acuerdo.
Se han hecho dos planteamientos que justifican adoptar una decisión.
Uno, si alguien dudaba respecto de la transparencia, la cuestión se ha despejado absolutamente. Las palabras de los señores Senadores así lo grafican. Por consiguiente, con la constancia queda claro lo relativo al punto.
Dos, deseo consignar la importancia que asignamos al evento del cual somos anfitriones. Estamos comprometidos a hacerlo. Por lo tanto, debemos reafirmar nuestra voluntad en tal sentido.
Con esos dos alcances, pido votar a favor de la Partida.
¿Habría acuerdo en aprobar la Partida 02 Congreso Nacional con la constancia manifestada y el voto en contra del Senador señor Orpis?
Después presentaré mi renuncia al comité organizador.
Terminó la discusión sobre este punto.
No hay reapertura del debate.
No es admisible que voten en contra el señor Presidente y algunos señores Senadores.
El asunto es demasiado grave, señor Presidente.
Estoy de acuerdo. Dejaremos las constancias necesarias. No voy a reabrir el debate.
--Se aprueba la Partida 02 Congreso Nacional, con los votos en contra de los Honorables señores Orpis, Núñez y Zaldívar (don Andrés).
En la Partida 01 Presidencia de la República , la Honorable señora Matthei ha formulado indicación para reducir el monto señalado en la glosa 02, correspondiente al Capítulo 01, Programa 01, en $ 350 miles.
La glosa 2 dice: "a) $ 2.380.563 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República.".
Señor Presidente , creo que a nadie le cabe duda la necesidad de transparentar y corregir a la brevedad el tema de las remuneraciones de los Ministros de Estado, de manera que ellas sean conocidas y aceptadas por todos y equivalentes a un monto más razonable que el establecido actualmente por la ley, que es de 1 millón 200 mil pesos.
En ese sentido, lo que hace la indicación es, básicamente, suponer que son quince los Ministros -en realidad, son muchos más- que durante doce meses han estado percibiendo la cantidad aparecida en la prensa, de modo que la suma total se resta de los gastos reservados sobre la base de que después se intentará lograr transparencia sobre el punto mediante una ley.
Señor Presidente , pienso que la indicación en estudio -que trata un tema que seguramente va a surgir a propósito de la discusión de varias partidas- representa una excelente oportunidad para demostrar, con hechos concretos, la disposición de ir transparentando los recursos y gastos en el ámbito que nos ocupa.
Nadie pretende que los gastos reservados dejen de ser tales, pero en la medida en que sean utilizados para los objetivos previstos en las distintas reparticiones, sea Defensa, Interior o Presidencia de la República.
Cabe recordar que la Comisión Nacional de Ética Pública -que estuvo integrada, entre otros, por don Gabriel Valdés , Presidente del Senado al momento de ser creada; don Marcos Aburto , Presidente de la Excelentísima Corte Suprema ; don Jorge Schaulsohn , Presidente de la Cámara de Diputados; don Osvaldo Iturriaga , Contralor General de la República ; don Luis Bates , Presidente del Consejo de Defensa del Estado , y por los representantes del Gobierno de la época, presidido por don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , señores Ricardo Rivadeneira , Guillermo Arthur , Óscar Godoy , Máximo Pacheco y Augusto Parra - clara y categóricamente sostuvo que no existía justificación alguna para que los gastos reservados no fueran entregados en detalle al Contralor General de la República.
Así lo expresa el documento pertinente, que hace referencia a "aquellos gastos que, debiendo ser discrecionales en cuanto responden a imprevistos (...,) no justifican el secreto o reserva que de ellos se hace. La Comisión propicia establecer la obligación para las autoridades que los asignen de rendir cuenta (...) del destino" de cada uno de esos fondos.
Por eso, señor Presidente , creo que ésta es una buena ocasión para que el Gobierno demuestre su voluntad y su compromiso, ante el Contralor General de la República, en cuanto a entregar información pormenorizada acerca del destino de los gastos reservados.
Se han hecho muchos anuncios al respecto. Si ahora, que se presenta una oportunidad para materializarlos, no se cumplen, se incurre en una contradicción. No pido que los gastos reservados sean revelados en detalle -imaginen Sus Señorías lo que eso significaría en materia de seguridad, sea externa o interna-, sino que la Contraloría, que es el organismo al cual, de acuerdo con la Constitución, le corresponde fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos, pueda actuar con mayor acuciosidad en relación con el ítem respectivo, de forma tal que sea posible conocer a qué son destinados. Esa transparencia, que no implica romper el principio de que ciertos gastos han de ser reservados, permitiría demostrar con hechos concretos la voluntad de resolver el problema.
Por lo tanto, señor Presidente , sugiero que al ser votada la Partida de que se trata se precise si existe de parte del Gobierno un compromiso formal respecto a los gastos reservados, para proceder a fijar nuestra posición frente al tema. Ya cité la doctrina de la Comisión Nacional de Ética Pública, que varios actuales señores Senadores que la integraron definieron como el camino correcto. Espero que se registre coherencia sobre el particular.
Concluyo, señor Presidente,...
Pido a Sus Señorías que se refieran específicamente a la indicación formulada por la Honorable señora Matthei , que persigue un propósito bien concreto: rebajar en 350 millones de pesos los gastos reservados de la Partida 01.
Tiene la palabra el Honorable señor...
No he terminado mi intervención, señor Presidente.
Su tiempo finalizó, señor Senador.
Sólo quiero hacer presente, al menos para los efectos de mi voto, que si el Gobierno anuncia su compromiso formal en el sentido señalado, no apoyaré la indicación en debate, y que, si no lo hace, optaré por aprobarla.
Señor Presidente , en mi opinión, el Senador señor Espina tiene razón en su planteamiento de fondo, pero creo que el problema no puede ser resuelto a través de una indicación a una partida determinada.
Me parece que todos estamos de acuerdo en que los sueldos de ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicio deberían estar fijados por ley, como ocurría hace tantos años, y en que no debieran existir sobresueldos o cosas por el estilo.
Sin embargo, tampoco se puede decir de dónde salen tales sobresueldos, porque su naturaleza corresponde a gastos reservados. Y ese problema, señor Presidente , no puede ser resuelto con la indicación de la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , quiero hacer una proposición para rescatar el espíritu del planteamiento de la señora Senadora.
Creo que no tiene sentido que entremos a analizar las estimaciones precisas de gastos reservados que eventualmente se pudieran consagrar. Lo que sí me parece conveniente -y ése es el espíritu de la propuesta- es formalizar como compromiso el anuncio efectuado por el Gobierno en orden a enviar antes de fin de año un proyecto de ley que norme de manera definitiva las remuneraciones de los ministros y subsecretarios, cuyo financiamiento -en la medida en que sea efectivo que los actuales sobresueldos son solventados a través de gastos reservados- se obtenga a partir de una rebaja equivalente de los gastos reservados aprobados en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Pienso que ésa sería la forma más correcta de resolver el problema, asumiendo el espíritu de la propuesta formulada por la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , siguiendo la línea planteada por el Honorable señor Ominami , me parece que el orden lógico parte por la presentación de un proyecto con un sistema de financiamiento. Automáticamente, entonces, se disminuirán algunos ítem del Presupuesto de los cuales se obtienen hoy los recursos correspondientes. Ése es el orden lógico -repito-, y lo único que falta es tener la certeza de que ello realmente ocurrirá.
Ahora bien, dado el ambiente público generado y los compromisos explícitos asumidos por el propio titular de Hacienda , no me cabe ninguna duda de que así acontecerá. El señor Ministro acaba de llegar, de manera que puede reafirmar tal compromiso. Y eso debería poner término a esta discusión.
Señor Presidente , el problema de los sobresueldos y los mayores ingresos en determinados puestos se origina en la actitud asumida el 11 de marzo de 1990, cuando comienza la destrucción de la Escala Única de Sueldos para todos los funcionarios de la Administración Pública. Ésa es la raíz del problema.
Por lo tanto, si el propósito es solucionar el asunto, hay que mirar el cuadro general de la Administración Pública en los niveles pertinentes. En el sueldo correspondiente a la función de Ministro figuraba claramente un valor. Si de ahí hacia adelante éste no se reajustó, fue porque no se quiso corregir la distorsión completa que existe hasta el día de hoy en las remuneraciones de los funcionarios, dado que tuvo lugar la destrucción de la Escala Única de Sueldos al aceptarse las peticiones políticas de los gremios.
Señor Presidente , en efecto, el Ejecutivo está elaborando con rapidez -y se lo hemos comunicado a todos los encargados de los partidos políticos- un conjunto de proyectos de ley, uno de los cuales se refiere a la transparencia de los ingresos de los altos ejecutivos públicos.
Como se ha informado, los llamados "sobresueldos" corresponden a aportes para gastos de representación en función de leyes de la República. Por tanto, cuando se haga transparencia sobre ello y figure la cifra en el sueldo de los Ministros, Subsecretarios y altos directivos públicos, deberán rebajarse las partidas con el financiamiento anterior.
No tengo autoridad -me lo impide la ley- para decidir de cuáles se trata, pero creo que todos nos entendemos. Y, en tal sentido, ratificamos la disposición del Ejecutivo para que se compensen plenamente las cantidades en que aumente la partida de los ingresos públicos con lo que disminuya aquella en que figuraban hasta ahora.
Señor Presidente , quiero intervenir justamente sobre lo que acaba de decir el señor Ministro. Me parece que hoy la opinión pública está esperando definiciones claras, precisas, respecto de un tema que se relaciona con la Ley de Presupuestos. Porque, efectivamente, dentro de lo que se entiende por "sobresueldo", o como se quiera llamarlo, se hallan involucrados fondos que se deben transparentar ante la ciudadanía.
El señor Ministro debiera ser más explícito aún de lo que hasta ahora lo ha sido al respecto, porque se trata de que no se siga especulando acerca de que un Ministro de Estado recibe cada cierto tiempo, y en la sombra, un sobre con billetes. El asunto es demasiado importante para que se deje dicho a la pasada, como un planteamiento cualquiera.
Hay diversas propuestas como para que se precise aquí, en el Congreso Nacional, cuáles son las directrices y orientaciones que deberíamos seguir sobre el particular. Está en juego no solamente lo que requiere la dignidad de un cargo ministerial o de otras jerarquías funcionarias, sino también la transparencia de las instituciones.
Por eso, quisiera que el señor Ministro fuera más explícito que hasta ahora.
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei y luego se cerrará el debate.
Señor Presidente, en la medida en que ha surgido el compromiso de rebajar los gastos reservados cuando se transparenten los gastos de los Ministros y los Subsecretarios, retiro la indicación.
A continuación, corresponde pronunciarse sobre una indicación del Senador señor García declarada inadmisible por el señor Presidente y que se refiere al Capítulo 01, Programa 01, Presidencia de la República , para sustituir en la letra a) de la glosa 02 la frase "con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República" por la siguiente: "para gastar discrecionalmente en los fines del servicio, de cuya inversión se rendirá cuenta detallada y reservada a la Contraloría General de la República.".
Efectivamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha informado sobre la inadmisibilidad de ese tipo de indicación, lo que se discutió hace poco tiempo.
A mi modo de ver, sin perjuicio de que puede haber lógica en lo que se ha planteado, la disposición del inciso tercero del artículo 62 de la Carta nos impide la iniciativa en materias relacionadas con la administración financiera o presupuestaria del Estado, lo que justifica la inadmisibilidad.
Señor Presidente , ¿puedo alegar la...?
Ello ya se hizo en la Comisión.
Sí. Pero también se puede exponer la argumentación en la Sala, señor Presidente.
Se abre debate sobre la admisibilidad. No hay problema. No me cabe la menor duda de que la indicación es inadmisible.
Señor Presidente , me alegro de que no abrigue dudas al respecto; pero el asunto causó un largo debate en la Comisión de Constitución, donde el informe se aprobó por mayoría. Y el punto admite una discusión constitucional.
Es muy cierto que el artículo 62 de la Carta señala que la administración financiera es de responsabilidad e iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pero, cuando se plantea que los gastos reservados sean informados detalladamente al Contralor, no se altera en nada la administración financiera del Estado, sino que se tiende a establecer una modalidad de fiscalización, de control del gasto. Eso no tiene nada que ver con la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario , contemplada en el artículo aludido, sino con facultades de la Contraloría, según lo dispone la Constitución.
Por consiguiente, en la Comisión se opinó al respecto. Correspondió también al Senador que habla fundar la argumentación pertinente, e igualmente al Honorable señor Espina, habiéndose hecho presente que lo propuesto puede ser perfectamente constitucional, porque apunta a establecer modalidades sobre el control o fiscalización de un gasto ante la Contraloría General de la República y en nada dice relación a la administración financiera del Estado. Entiendo que el mismo criterio se siguió en la Cámara de Diputados.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente , y aprovechando el debate sobre la admisibilidad, es muy importante subrayar el punto de que se trata. Porque en la Comisión observé un cierto acuerdo en el sentido de que, independientemente de la cuestión constitucional, podría existir la posibilidad, por la vía de una reforma o modificación legal, de que en el futuro los gastos reservados se sometieran a un control por parte del Contralor. Es decir, se mantendría su carácter de reservados, pero se rendiría cuenta de ellos en forma detallada, para los efectos de su fiscalización.
Así como recientemente se ha preguntado al Gobierno sobre la posibilidad y el mérito de una modificación para transparentar los sueldos de los Ministros, sería muy importante saber si está en disposición, a fin de establecer un acuerdo, de enmendar la legislación vigente y consagrar que los gastos reservados deben ser informados pormenorizadamente al Contralor, si bien con la obligación de éste a la reserva, obviamente. Con ello se estaría dando un paso muy trascendente, en términos de generar mayor transparencia en un aspecto que en estos días ha demostrado necesitar la debida fiscalización del organismo contralor.
Me parece importante conocer la opinión del Gobierno, porque eso aproximaría a un segundo acuerdo que sería muy relevante en aras de la transparencia.
Señor Presidente , en forma breve, quiero puntualizar, primero, que efectivamente la Comisión de Constitución, por tres votos contra dos, adoptó un criterio sobre el tema y que, como sus integrantes, lo respetamos. Pero eso no nos inhibe para plantear en la Sala un asunto de fondo.
A nuestro juicio, lo que resolvió la Comisión no es la interpretación correcta del texto constitucional, porque el artículo 87 de la Carta establece expresamente que "Un órgano autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco", etcétera. De manera tal que no existe excepción alguna, salvo que estuviera establecido en una ley especial que el organismo contralor tiene que tomar conocimiento de los gastos, en este caso reservados.
En segundo lugar, no hay razón alguna, si además, como lo señalé, la Comisión de Ética Pública, creada por los propios Gobiernos de la Concertación,...
Voy a terminar, Su Señoría.
¡No! La interrupción es para que no termine...
Se requiere la intervención de la Mesa, señor Senador.
Lo sé. Pero estoy pidiendo una interrupción, solamente.
A través de la Presidencia , señor Senador.
La doy, señor Presidente.
Es sólo para señalar que la transparencia que se pide -y que comparto plenamente- abarca también los gastos reservados que manejan los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Quisiera ser absolutamente claro en eso. Se trata de la transparencia de gastos civiles y militares.
Lo digo porque no observé el mismo rigor en el pasado, cuando otras personas -algunas de ellas se sientan entre nosotros- estaban a cargo de las Fuerzas Armadas, y en circunstancias de que, además, después tuvieron gastos que todos sabemos en qué consisten y de que imaginamos de dónde salían los recursos para cubrirlos.
Señor Presidente, estoy haciendo uso de ella.
Puede proseguir el Senador señor Espina.
Quiero señalar, en primer lugar...
¿Y por qué no me la dio a mí, señor Presidente?
Porque la tiene el Honorable señor Espina.
Señor Presidente , en primer lugar, la Oposición ha venido presentando la indicación respectiva desde hace diez años.
En segundo término, cuando se hace referencia a la norma sobre gastos reservados, por supuesto que se incluye tanto a los militares como a los civiles. Y las indicaciones pertinentes han sido formuladas.
En seguida, hemos procedido con absoluto respeto, sin pretender que se suscite una polémica odiosa. En una materia que terminó siendo controvertida -advertíamos que ello ocurriría-, finalmente los hechos nos dieron la razón en el sentido de que lo correcto y razonable es que los orígenes y destinos de los gastos reservados se conozcan por el Contralor en forma detallada, así como el hecho de si son utilizados para la finalidad del servicio respectivo.
Adicionalmente, como consta a los señores Senadores, la norma constitucional no excluye a la Contraloría de cumplir con esa obligación, respecto de ninguno de los gastos. Y, por lo tanto, el deber de ese organismo no es recibir una cuenta global, sino con un detalle razonable de los destinos de los recursos.
Finalmente, por intermedio del señor Presidente , quiero pedir al señor Ministro de Hacienda -que en esta materia ha estado extraordinariamente acertado respecto del espíritu con que se deben tratar estos temas- que nos diga si está dispuesto a hacer suya esta indicación, no obstante haber planteado que era inadmisible, en consideración a los argumentos, a la realidad que ha vivido el país y a los informes de la Comisión de Ética Pública, constituida por los Gobiernos de la Concertación en forma unánime, como demostración de que, más allá de los problemas técnicos, queremos que los gastos reservados sean conocidos por el señor Contralor General de la República. A la hora de la verdad, deseo saber si este compromiso existe o no existe.
Señor Presidente , no me mueve ningún otro interés que aclarar un asunto que se ha planteado durante el debate. Aquí, sin decir agua va, han aparecido las Fuerzas Armadas, instituciones a las cuales deseo defender con energía y el mayor énfasis posible, porque es muy fácil hacer cuestión de este tipo de cosas.
Un señor Senador mencionó a las Fuerzas Armadas en forma bastante directa, lo que, personalmente, no acepto porque se coloca en tela de juicio a instituciones fundamentales que están muy controladas.
El Ministerio de Defensa Nacional es quizás la única Secretaría de Estado que entrega los gastos reservados por partida, con indicación precisa del destino de la inversión. La señora Ministra lo hace todos los años en el mes de marzo, cuando se aprueba el presupuesto. De manera que quiero dejar en claro esta situación.
En materia de transparencia, creo que la honorabilidad de las personas que administran estos gastos es el mejor aval en ese aspecto, y no tengo duda alguna de que normalmente es así.
Señor Presidente , voté en forma diferente a los señores Senadores Chadwick y Espina, porque el problema, a mi juicio, está mal planteado. Se trata de determinar si el Congreso tiene o no tiene iniciativa en materia de gastos reservados. En mi opinión, no la tiene, y es un asunto que compete al Ejecutivo.
Pero ello no quiere decir que el problema de los gastos reservados esté bien planteado en Chile. Categóricamente, en mi concepto, no lo está, y por varias razones.
En primer término, a la Contraloría General de la República, como organismo constitucional, le corresponde examinar las cuentas de los ingresos y egresos, y no hay excepción respecto a que pueda haber gastos reservados en Chile. Éstos no se consagran en la Constitución. Excepcionalmente están reconocidos por ley sólo respecto de las Fuerzas Armadas, pero no sobre la Administración civil del Estado. En lo que a ésta concierne, los gastos reservados tienen su origen en la ley anual de Presupuestos, y vienen produciéndose año tras año, desde "illo tempore". Por lo tanto, cuando la Ley de Presupuestos establece anualmente un gasto reservado, y dice que "se rendirá cuenta directamente al Contralor en forma global", ¿qué es lo que sucede en la realidad, señor Presidente y señores Senadores, la que, por lo demás, me tocó vivir? La de tener que estar en presencia de una mascarada de rendición de cuentas, porque textualmente dice: "Declaro que los fondos han sido bien invertidos". ¡Y punto! Eso no es una rendición de cuentas y transgrede el artículo 88 de la Constitución Política, que entrega esta función a la Contraloría.
¿Cuál es la solución del problema? No es la ideada por los señores Senadores o Diputados. La solución está, en primer lugar, en que el Ejecutivo -que ha demostrado transparencia con las iniciativas que ha planteado en el proyecto de Ley de Presupuestos y al que hay que creer respecto de la seriedad y racionalidad de la normativa en estudio- tome la iniciativa de legislar en materia de gastos reservados, si lo tiene a bien. El otro camino es que la Carta Fundamental, cuya eventual modificación se está estudiando, contemple o no la existencia de los gastos reservados.
A mi juicio, si se consigna la existencia de los gastos reservados, obviamente, no se justifica la rendición de cuentas, dado que la esencia del gasto reservado es de una índole excepcionalísima. Pero todo eso, señores Senadores, se ha estado violando deplorablemente en Chile, porque las leyes anuales de Presupuestos, a mi modestísimo entender, han consagrado un sistema contrario a la norma constitucional.
La Contraloría General de la República nunca tuvo potestades para pronunciarse sobre la inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de una ley. Por lo tanto, tenía que remitirse simplemente a aprobar una glosa de la Ley de Presupuestos, tal como anualmente se establecía, y que materializaba la llamada "rendición global", que en la realidad significaba que no había rendición de ninguna especie.
En síntesis, creo que el procedimiento propuesto por algunos señores Senadores en el sentido de pretender modificar la glosa correspondiente en la Ley de Presupuestos es contrario a la iniciativa que en ese tipo de materias debiera tener el Gobierno. Pero si éste no lo hace, nosotros, actuando soberanamente, y con ocasión del estudio de las reformas constitucionales y en el ánimo de transparentar esta situación, podríamos poner coto definitivamente a una materia de esta índole, que es deplorable.
Lamento, señor Presidente , haber escuchado aquí que determinados sueldos de Ministros aumentan su monto con cargo a gastos reservados. Durante cuatro años desempeñé la Cartera de Relaciones Exteriores y jamás recibí un peso por concepto de sobresueldos derivados de gastos reservados. ¿Por qué? Porque dicho gasto no tiene por finalidad aumentar por una vía extraordinaria los sueldos de los Secretarios de Estado ni de nadie.
Señor Presidente , el debate que se ha producido se ha apartado absolutamente de lo que el señor Presidente puso en discusión en la Sala, en el sentido de que una indicación presentada por un señor Senador era inadmisible. Apoyó su resolución en el informe que la misma Sala solicitó a la Comisión de Constitución, para que se pronunciase sobre si existía o no existía iniciativa parlamentaria respecto de este punto. La Comisión de Constitución, por tres votos contra dos, determinó que, de acuerdo con la Carta Fundamental, los Parlamentarios no tenían facultad al respecto.
Por lo tanto, más allá del fondo de lo que aquí se está discutiendo, lo que corresponde a la Sala es pronunciarse en este momento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, cuestión que la Comisión por mayoría ya estableció. Por consiguiente, tal como lo hice en la Comisión de Constitución, considero inadmisible la indicación y que el señor Presidente ha actuado bien en la materia.
Sin ánimo de pronunciarme ahora sobre el fondo de lo que se ha estado debatiendo, pido que se aplique el Reglamento y se proceda a votar en consecuencia.
Estoy aplicando el Reglamento. Se está discutiendo si acaso es admisible o inadmisible la indicación.
Por lo tanto, solicito a los señores Senadores fundamentar concretamente la admisibilidad o inadmisibilidad.
Señor Presidente , la verdad de las cosas es que este mismo problema se generó con el presupuesto de la Presidencia de la República. Una vez analizado, se votó en favor de la existencia de los gastos reservados. Así que me causa preocupación que volvamos a la misma discusión en la Sala.
Se han dicho varias cosas con respecto a los fondos reservados y, a mi juicio, lo que podría estar en tela de juicio es su existencia. Me parece que el procedimiento de presentarlos al Contralor General de la República es absolutamente inoficioso, porque ¿qué se le podría informar al Contralor en materia de gastos reservados cuando, más que reservados, son justamente gastos que no existen dentro del Presupuesto? No hay aquí un ítem que responda a la demanda que exige un gasto de esa clase.
En realidad, ¿qué antecedentes se le podrían llevar al Contralor General de la República? Habría que mandarle un certificado con una firma, pero naturalmente sería ficticia. Porque yo no le voy a pedir a algunos personajes que andan dando vueltas por el mundo que me den un recibo. Desgraciadamente, el objeto de los gastos reservados es otorgar flexibilidad a la planificación, cualquiera que ésta sea.
En general, debieran existir los gastos reservados no sólo en Defensa, sino en muchos otros Ministerios. La autoridad política muchas veces tiene que resolver asuntos de urgencia, que requieren reacción inmediata, y carece de tiempo para ordenar compras o pedir un dictamen al respecto. Por ejemplo, frente a una catástrofe debe actuar con prontitud y para ello recurre al gasto reservado. Y ésa es la rendición de cuentas que debería hacerse.
Por lo tanto, si eliminamos el gasto reservado, estaríamos sencillamente rigidizando el Presupuesto, lo cual no procede, menos aún respecto de las Fuerzas Armadas.
En realidad, en vista de los fundamentos referentes a la transparencia, pienso que debe tenerse fe en la autoridad a la cual se asigna el gasto. Tal vez, podría discutirse la cantidad, porque las Fuerzas Armadas y los Ministerios que disponen de gastos reservados proporcionaron en las Comisiones en forma bastante acuciosa la información relacionada con su utilización.
Por lo tanto, es muy difícil que uno pueda esgrimir un argumento contrario al respecto.
Señor Presidente , sobre la materia en concreto estoy de acuerdo con el informe de la mayoría de la Comisión, en cuanto a que la indicación es inadmisible.
Respecto del tema de fondo, ya que se ha planteado la discusión, sólo deseo expresar una opinión general. Me parece indispensable legislar sobre los gastos reservados, porque tengo la impresión de que hay algunos ítem o gastos relacionados con ellos que efectivamente podrían rendirse de manera particular y detallada, caso en el cual habría que discutir la utilidad de que sean reservados.
Ahora bien, tanto en la Administración civil como en las Fuerzas Armadas, hay determinados gastos que, a mi juicio, deben tener esa calidad. Pero dentro de una concepción sana del Estado, en el sentido de que se rindan de manera general.
Sé que es muy poco popular decirlo así, sobre todo en una sociedad donde el concepto de Estado es lo que se va a debilitar. Pero hay ciertas funciones que éste debe cumplir, que tienen que ver con la seguridad interna, con la seguridad externa y con las relaciones internacionales, y que requieren que los gastos respectivos sean reservados. Y éstos -como dijo un Honorable colega- deben ser rendidos de manera excepcionalísima y general, y por tanto, sin que exista una cuenta particular.
Yo, por lo menos, en la discusión general voy a defender este principio sabiendo que es muy impopular. Porque, evidentemente, la regla general es la transparencia, que esta bancada siempre respaldará con mucha fuerza. Sin embargo, en forma excepcional determinadas funciones del Estado requieren gastos reservados. Y esto, a mi juicio, hay que decirlo con responsabilidad, porque lo otro es desconocer que ello es necesario en las tres áreas antes mencionadas: la defensa, la seguridad interior y las relaciones internacionales.
Señor Presidente , tengo la firme convicción de que la indicación es completamente admisible y para fundamentarlo deseo remitirme al artículo 1º del decreto ley Nº 1.263, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Éste señala que "El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, fundamentalmente," -consigna tres procesos- "los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos.".
Desde el punto de vista presupuestario, no estamos cambiando nada. Los gastos reservados siguen siendo tales y se mantienen en el ítem correspondiente. Asimismo, referente a la contabilidad, la asignación se contabiliza en el ítem correspondiente. No hay modificación alguna. Y en cuanto a la administración de fondos, éstos serán tratados exactamente igual, se invertirán de la misma forma como se hace hoy. La única diferencia, y que no tiene que ver con la administración, es que se señala que se deberán rendir en forma detallada y reservada al Contralor General de la República.
No estamos terminando con los gastos reservados, sino, simplemente, pidiendo que haya un informe detallado y reservado. ¿Para qué detallado? Para que efectivamente el Contralor sepa que los recursos se están invirtiendo en los fines propios del Servicio.
Deseo insistir, a modo de ejemplo, en lo señalado por el ex Ministro señor Cruz el domingo recién pasado. ¿Es razonable que con gastos de la Presidencia de la República , que deben estar a su disposición, se financie un complemento de sueldo en el Ministerio de Obras Públicas? Yo siento que es completamente ajeno al fin del Servicio, porque éste corresponde, de acuerdo con el propio clasificador presupuestario, que también está en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, a la Presidencia de la República. Ésta es la repartición que tiene asignada gastos reservados, no el Ministerio de Obras Públicas. Y eso es lo que queremos que la Contraloría supervise.
Señor Presidente , encuentro válida la discusión en cuanto a la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación y estimo que debemos votarla derechamente tal cual Su Señoría lo ha planteado. El informe de la Comisión de Constitución es dividido y, por cierto, en sí mismo no obliga. Por lo tanto, la Sala -como se procede generalmente- tiene que pronunciarse.
No deseo repetir la argumentación. Lo que se está pidiendo no es más que asegurar la forma como la Contraloría ejerce su función. Y eso está dentro de las atribuciones del Congreso Nacional. Por lo tanto, la indicación es, a mi juicio, absolutamente admisible. Comparto los criterios de los Senadores señores Chadwick y Espina que así lo sostuvieron en la Comisión.
En seguida, respecto del problema de fondo, es preciso señalar que no se está solicitando el término de los gastos reservados, sino tratando de evitar -como lo describió muy bien el Honorable señor Silva con su experiencia de Contralor- la forma absurda como hoy día se cumple dicha función. El hecho de declarar que los recursos han sido gastados debidamente, no es una rendición de cuenta.
Lo que se pide en la indicación, -como lo acaba de decir el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- es, simplemente, dar cuenta directa al Contralor, con los detalles suficientes y en forma reservada, de que los recursos se han gastado en los fines para los cuales se entregaron esos dineros al Servicio. Porque eso es lo único que aquél puede controlar. El criterio empleado en su destinación o el monto de ellos, lo determinará quien tiene la atribución. Pero, a mi juicio, siempre deben seguir existiendo esos fondos reservados.
Asimismo, hay que circunscribir su objetivo -quizás sea materia de una legislación ulterior-, para ver qué Ministerios pueden tener derecho a ellos. Porque se justifican para la seguridad interior del Estado, la seguridad exterior y las relaciones internacionales, pero no en otras partidas en las que hoy día están también contemplados.
En consecuencia, es bueno el debate general. Sin embargo, no me explico que se pueda declarar inadmisible una indicación que simplemente permite que el Contralor ejerza en forma secreta y reservada su función principal. Eso es lo que estamos pidiendo, ni más ni menos.
Considero que lo ocurrido en estos días es un ejemplo suficientemente ilustrativo de la conveniencia, para el bien del Gobierno, de proceder en la forma descrita. Nosotros aspiramos a ser Gobierno, y esperamos que estas normativas se cumplan en su momento como corresponde. Y si no se hace hoy día, lo haremos mañana. Pero mejor es que estas cuestiones se saneen desde ya.
Eso es lo que deseaba plantear.
Por último, en el evento de que la indicación sea declarada inadmisible por la Sala, me sumo al planteamiento formulado en orden a que el Ejecutivo la haga suya y, en subsidio, se comprometa a proponer una legislación para regular la materia de los fondos reservados.
Señor Presidente , dejo de lado lo relativo a la admisibilidad, pues me sumo a la opinión de la mayoría de la Comisión de Constitución.
Sin embargo, en lo que atañe a la cuestión de fondo, estimo que el Senador señor Gazmuri puso en evidencia de que existen por lo menos tres categorías de gasto -probablemente hay otras-: seguridad externa, seguridad interna y relaciones internacionales, en que el tema es extremadamente delicado.
En consecuencia, según el orden lógico, lo primero es, dentro de la discusión general sobre los problemas de transparencia del Estado, analizar las soluciones de una situación que ha causado bastante inquietud, sobre todo considerando los últimos acontecimientos, y que requiere ser abordada en ese contexto.
Segundo, si ello es así, no corresponde innovar sobre la base de la mera votación de una glosa de una partida presupuestaria y antes de la discusión general de un proyecto enviado por el Ejecutivo que incorpore todo lo relacionado con la transparencia.
Tercero, francamente no veo qué aporta el informe reservado que se envíe al Contralor General de la República. ¿Qué medidas puede tomar si debe guardar reserva de la información que reciba?
¡Iniciar las acciones contra la autoridad!
¡Por favor, señor Senador!
No es posible hacer eso. Si el Contralor recibe un informe, está obligado a guardar reserva de él. Por lo mismo, no puede ordenar su estudio dentro de la Contraloría, a menos que por sí solo sea capaz de resolver todo. Además, no podría iniciar ninguna acción externa.
Por lo tanto, el hecho de que otra persona sepa que se contrataron tres espías o que se pagó a cinco agentes encubiertos para detectar acciones subversivas, francamente no agrega nada per se. Es decir, la solución del problema es bastante más compleja.
Por otra parte, el ámbito de acción de la Presidencia de la República es toda la administración del país. De modo que, en la práctica, en su gestión caben todas las categorías de gastos reservados posibles de existir, lo cual demuestra que la solución que aquí se propone no es tal.
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero, que es el último inscrito. Luego de su intervención, procederemos a votar.
Señor Presidente , este debate es extraordinariamente interesante. Se ha esperado por él durante doce años. Lástima que debamos hacerlo en circunstancias tan difíciles.
Resulta evidente que en una democracia real no deberían existir gastos reservados. La ciudadanía debe enterarse de cómo se gasta hasta el último centavo de las platas que le pertenecen y que al Estado sólo corresponde administrar. Es como si el dueño de casa le dijera a su familia: "De mi sueldo, tengo gastos reservados y no se los doy a conocer a ustedes". Esa actitud sería absurda.
¡Todos lo hacemos! ¡Muy malo su ejemplo, señor Senador...!
Las risas que provoca mi ejemplo demuestran que algunos, con criterio machista, piensan que pueden eludir el conocimiento de ciertos gastos a su propia familia. Pero así es la realidad.
Una sociedad es el conjunto de familias; por lo tanto, hasta el último ciudadano debe estar enterado de los gastos del Jefe de Estado. Esto es en cuanto al fondo.
Respecto de la forma, los hechos mencionados existen y se mantienen por voluntad de nosotros mismos, porque no hemos querido llegar al fondo de ellos.
Existen gastos reservados y también leyes secretas. Hay 147 leyes secretas. Y en la Comisión de Constitución se encuentra un proyecto no para derogarlas, sino para hacerlas públicas. Hay leyes secretas que establecen penas de muerte, que no las conocen ni los jueces ni los abogados ni las posibles víctimas. ¡Por qué extrañarse de que hayan gastos reservados, cuando es una cosa minúscula al lado de las 147 leyes secretas! Aquí no ha habido voluntad política, ni siquiera para publicar esas leyes secretas.
Desgraciadamente, esas normas están vigentes y debemos acatarlas -no podemos oponernos usando una metralleta-, aunque no las aceptemos. El orden constitucional debe impedir la existencia de barreras que obstaculicen que la opinión pública conozca en qué y cómo se invierten los recursos que cada chileno aporta a través de los impuestos a las ganancias, al consumo, al IVA, etcétera. El Fisco debe rendir cuenta cabal de sus gastos, la que debe estar a disposición de todo el mundo.
Por eso, se hace necesario que nosotros mismos promovamos un profundo debate sobre esta materia, para revertir la situación. No existe democracia real si se mantiene este tipo de trabas a la información de la opinión pública.
Procederemos a votar la admisibilidad de la indicación.
Está pidiendo la palabra el señor Ministro. Dele la palabra, señor Presidente , tal vez nos ahorremos la votación.
El señor Ministro me acaba de indicar que no intervendrá.
En votación la admisibilidad de la indicación del Honorable señor García.
Señor Presidente , voto por la inadmisibilidad, pero con la esperanza de que este asunto se resuelva, en definitiva, a través de una ley de la República, iniciada por el Ejecutivo.
Señor Presidente , habría votado por la admisibilidad, pero estoy pareado con el Senador señor José Ruiz.
Señor Presidente , en primer lugar, como Comité solicito que se respeten los pareos de los Honorables señores Cantero y Ríos, que normalmente lo hacen con sus pares de la misma circunscripción. Pero la Democracia Cristiana no los ha dado.
¡Eso no es verdad, señor Presidente! Nunca he estado pareada con el Honorable señor Cantero. Nunca hemos llegado a ese acuerdo.
Nuestro Comité no tiene registrado ese pareo, señor Presidente.
Señores Senadores, están interrumpiendo la votación.
El tema de los pareos lo podemos conversar. No tengo inconveniente al respecto, más aún si el Senador señor Cantero ha tenido problemas de viaje; y no estoy seguro de cómo hubiese votado en esta ocasión.
Es independiente, señor Presidente.
En lo que atañe a esta votación, no le puedo dar el pareo al Honorable señor Cantero; pero en las que sigan, yo se lo concederé.
Señor Presidente, solicité usar de la palabra.
La tiene, señor Senador
Señor Presidente , me parece realmente insólito que en un país como el nuestro, en donde hay una serie de "incendios" y se está tratando de avanzar en la transparencia, se dé este tipo de discusión y, por una vía más bien interpretativa, se busque declarar inadmisible algo que el Gobierno -se encuentra presente el señor Ministro de Hacienda - podría asumir como un compromiso absoluto con el Congreso, en aras, como digo, de continuar por la senda de la transparencia.
Uno de los mayores problemas que presenta la democracia en el mundo, y obviamente también en Chile, es tratar de regular las influencias y el dinero en las decisiones de la Administración y en la generación de autoridades. Nosotros, como Renovación Nacional, estamos abiertos para seguir progresando en todo lo referente a dineros públicos y privados. Y destaco que los fondos reservados provienen de todos los chilenos. Lo único que deseamos es que estos dineros no se gasten en cualquier cosa y que de su uso se dé cuenta a la Contraloría para que determine si se están empleando regular o irregularmente y pueda iniciar las acciones correspondientes.
Por estas razones, voto a favor de la admisibilidad de la indicación. También solicito formalmente al Gobierno, y al señor Ministro aquí presente, que tomen cartas en el asunto y le den patrocinio a la indicación por el bien del país.
Señor Presidente , a juzgar por los pronunciamientos ya emitidos resulta claro que el criterio mayoritario apunta a acoger la inadmisibilidad de la indicación, lo cual lamento, pero acato.
Sin embargo, pido formalmente al señor Ministro de Hacienda , atendidas las circunstancias que vive el país, que ahora tome la iniciativa, por medio de una indicación o de un compromiso formal, para comenzar un proceso legislativo destinado a esclarecer esta situación. Y esta decisión, hoy más que nunca, conviene no sólo a Chile, sino especialmente al Gobierno.
Señor Presidente , voy a votar favorablemente sólo por razones formales. Pero, en cuanto al fondo, pienso que es realmente necesario esclarecer la situación, tal como lo han manifestado los Senadores señores Horvath y Larraín.
Yo pediría al Gobierno que considerara como integrando las observaciones de los Honorables colegas la derogación, o publicación al menos, de las 147 leyes secretas.
¿Acaso la ciudadanía no tiene derecho a conocer algunas leyes guardadas en el Parlamento, a las cuales ni siquiera los Senadores pueden acceder y fotocopiarlas? Al respecto, hay dos proyectos en la Comisión de Constitución: uno, generado en moción del entonces Senador señor Máximo Pacheco ; y el otro, patrocinado por quien habla, que llevan casi cuatro años durmiendo en el Parlamento.
Si de verdad se desea esclarecer estas cosas, vamos al fondo de ellas y pidámosle al Gobierno que también lo haga.
Señor Presidente, por su intermedio, pido al señor Ministro de Hacienda que comunique al Gobierno lo que he solicitado aquí, en el sentido de que se deroguen o publiquen las 147 leyes secretas que existen en la actual democracia.
En consecuencia, declarando que lo hago sólo por razones formales, me pronuncio a favor de la inadmisibilidad de la indicación.
Señor Presidente , me pronunciaré por la inadmisiblidad de la indicación. Pero antes quiero señalar lo siguiente.
Las leyes secretas se publican en el boletín de leyes secretas de la República de Chile, el cual se encuentra disponible. Por tanto, basta que el señor Senador pida autorización para poder consultarlo.
Quería corregir la información del Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Señor Presidente , con el boletín secreto se ha resuelto el tema de la transparencia. El problema es que nadie sabe dónde está, porque si eso se llega a conocer, deja de ser secreto.
--Se declara inadmisible la indicación del Honorable señor García (25 votos contra 13 y dos pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Cariola, Coloma, Chadwick, Espina, García, Horvath, Larraín, Matthei, Orpis, Prokurica y Stange.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Boeninger, Canessa, Cordero, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Parra, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés), Zurita.
No votaron, por estar pareados, los señores Fernández y Romero
Con la misma votación, se declara inadmisible la totalidad de las indicaciones de igual tenor.
Antes de dar la palabra al señor Ministro , debo señalar que ha llegado a la Mesa el proyecto sobre reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Así, quedará incluido en la Cuenta y en condiciones de incorporarlo en la tabla de la sesión ordinaria de la tarde, tal como fue acordado por los Comités.
Asimismo, en atención a que la presente sesión termina a las 14, propongo suspenderla hasta las 15, hora en que proseguiríamos tratando el Presupuesto de la Nación, para continuar su discusión en la sesión ordinaria de las 16.
El Ministro tiene preferencia para intervenir, salvo que conceda una interrupción.
Señor Presidente , un Senador que me precedió en el uso de la palabra formuló una observación relativa al respeto de los pareos, institución fundada en la caballerosidad y señorío de los miembros de esta Corporación.
Con el Senador señor Ríos, cuando me lo ha solicitado, o cuando yo se lo he pedido, hacemos indefectiblemente efectivo el pareo. Jamás nos negamos. Pero no es un pareo automático. Por lo tanto, cuando voté no me encontraba incapacitado para hacerlo.
Deseo dejar establecido esto, porque, con relación al tema de las transparencias, las conductas personales no pueden ser afectadas.
Esta materia la veremos después con el Senador señor Horvath.
--Se prorroga la hora de término de la sesión hasta que el señor Ministro de Hacienda finalice su intervención.
Señor Presidente , tuvo razón al no darme la palabra en el tema que se acaba de dilucidar, por cuanto lo relativo a la admisibilidad o no de una indicación no es de mi competencia.
El Senador señor Horvath planteó que el Gobierno debiera obrar por el bien de Chile y no por el bien del Gobierno. Al respecto, quiero decir que precisamente ésa ha sido siempre nuestra intención. Ahora discutimos la Ley de Presupuestos de la Nación y en la tarde se despachará un muy módico reajuste al sector público de 3 por ciento, en circunstancias de que hoy el riesgo-país ha bajado hasta niveles no conocidos durante este año; de que el prestigioso Wall Street Journal ha dicho que Chile es una de las mejores alternativas de inversión; y de que hemos avanzado numerosos lugares en el ranking de competitividad. Si el Gobierno tuviera una mínima dosis de irresponsabilidad, podría financiar sin problema una aventura populista que, en definitiva, pagaran los chilenos del futuro. Creo que todos los días estamos dando muestras de que sólo Chile importa.
Respecto del tema de fondo, hace 10 días, por instrucción del Presidente , el Ministro Secretario General de Gobierno y el Ministro que habla dimos una conferencia de prensa, en la que invitamos a la Concertación y la Oposición a suscribir y a enriquecer -fueron las palabras exactas- una agenda para un Chile transparente y probo. Y entendemos que, en definitiva, se ha quedado un poco atrás.
Me reuní con los representantes de todos los Partidos Políticos: por Renovación Nacional conversé con el Senador señor García , y por la UDI, con el Honorable señor Novoa y el Diputado señor Longueira.
La invitación sigue en pie. Y si el tema de los gastos reservados figura en esa agenda, el Gobierno no tendrá problema en conversarlo, discutirlo y consensuarlo.
Espero, eso sí, que no se intente sacar ventajas inmediatas de esto y que realmente tengamos una agenda país, porque la falta de regulación en materia de "lobby" y en la relación entre el dinero privado y la política son también temas país, respecto de los cuales no podemos esconder la cabeza.
Se suspende la sesión hasta las 15.
--Se suspendió a las 14.
--Se reanudó a las 15:16.
Corresponde ocuparse de la Partida 05, Ministerio del Interior.
Hay una indicación del Senador señor Orpis al Capítulo 01, Programa 01, para eliminar en la Glosa 07 la expresión "o gastos no previstos".
El inciso primero de dicha glosa expresa: "Para financiar situaciones de emergencia o gastos no previstos, los que deberán ser definidos por el Ministro o Subsecretario del Interior. Los fondos que se pongan a disposición de los organismos del Sector Público, no ingresarán a los presupuestos de éstos.".
Señor Presidente , la Glosa 07, sobre la cual recae la indicación, corresponde a la Partida 05, Ministerio del Interior; Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25, Ítem 33, Asignación 002.
En el proyecto de Ley de Presupuestos, al margen del tema de la glosa, se contemplan 364 millones 581 mil pesos, que, tal como señaló el señor Secretario , básicamente están destinados a financiar situaciones de emergencia o gastos no previstos. Sin embargo, necesariamente la Partida, Capítulo y Programa referidos tienen dos alcances y hay que relacionarlos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en la misma Partida 05, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 87.
La primera pregunta que surge es si efectivamente se trata de esos 364 millones de pesos o de una suma superior. Porque si uno revisa el presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, concretamente, la Glosa 11, se percata de que a la SUBDERE se le asignan más de 9 mil millones de pesos, de los cuales 75 por ciento se puede traspasar al ítem 33 del Ministerio del Interior.
Por lo tanto, los recursos a que se refiere esta glosa ascienden no sólo a 364 millones, sino a esta cantidad y, eventualmente, a sobre 7 mil millones de pesos más.
Lo delicado, señor Presidente , es que tales fondos se destinan no solamente a atender situaciones de emergencia, sino también -según la glosa- a gastos no previstos. En consecuencia, repito, no se trata sólo de 364 millones de pesos, que podrían transformarse en más de 7 mil millones, sino también de financiar gastos no previstos, es decir, cualquier cosa.
¿Qué se propone en la indicación? Concretamente, suprimir la expresión "o gastos no previstos". De modo que si se quiere traspasar fondos de la SUBDERE al Ministerio del Interior, que ellos sean realmente para gastos de emergencia, y no para -entre comillas- gastos no previstos.
En consecuencia, la indicación tiene por objeto dejar claramente establecido que las cifras asignadas al Ministerio del Interior, sea directamente o a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (vinculada con esa Secretaría de Estado), deberán ocuparse única y exclusivamente en atender situaciones de emergencia.
Mirando nada más que la cifra en cuestión, podría decirse: "Bueno, 364 millones son una suma razonable". Pero, como dije, no son únicamente 364 millones, sino que podrían subir a sobre 7 mil millones de pesos más por traspasos desde la SUBDERE a este ítem del Ministerio del Interior.
Solicito la autorización de la Sala para otorgar la palabra al señor Director de Presupuestos.
Señor Presidente , este tema se discutió en la Subcomisión Especial Mixta. En aquella oportunidad se señaló que el motivo por el cual junto al financiamiento de emergencias se hace mención a gastos no previstos, es que éstos también corresponden a situaciones imprevisibles que, si bien no constituyen una emergencia declarada por desastres naturales, tienen características similares. El señor Subsecretario del Interior citó dos ejemplos: el caso de la ayuda que se envía a países amigos que sufren algún tipo de catástrofe natural, y el de los costos de las excavaciones y peritajes efectuados en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Añadió que ésta fue la última vez que se usaron recursos de ese ítem para gastos no previstos.
Respecto del traspaso de fondos para tales efectos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la glosa se justifica porque en esa repartición dicho ítem está dentro de la inversión real, que de acuerdo a las normas sobre flexibilidad presupuestaria no admite, por regla general, traspasar recursos a gasto corriente. Entonces, para que en este caso se pueda hacer, es necesario que la glosa tenga la redacción propuesta.
Lo anterior es típico en situaciones de emergencia climática, en que no solamente debe repararse infraestructura destruida sino que también hay que llegar con ayuda a los damnificados. Esas reasignaciones o traspasos de fondos son materia de decretos de modificación presupuestaria que son aprobados por el Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, al menos en lo que nosotros podemos explicar, esos ítem corresponden a situaciones que están dentro de la lógica de las emergencias pero que son distintas de las declaradas por factores climáticos, por lo cual se requiere de una redacción algo más amplia.
Ése es el sentido de los dos ítem referidos. Se trata de una flexibilidad necesaria, como lo acreditan los ejemplos aludidos.
Señor Presidente , tal vez el señor Director de Presupuestos pueda entregarnos una información aproximada acerca del monto a que ascendió la autorización relativa a este ítem, por ejemplo, el año pasado, para los efectos de apreciar cómo se desarrollan los traspasos y el monto de ellos.
Él hizo referencia a dos casos. Sería bueno saber a cuánto ascendió cada uno, a fin de tener una idea sobre la influencia real de tales traspasos dentro del Presupuesto.
No sé si será factible o no conocer esos datos.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Director.
Señor Presidente , en cuanto a los montos con los cuales en definitiva se ejecutan esos ítem, hay informes de ejecución presupuestaria que son entregados semestralmente y donde figura el detalle. Pero entiendo que la pregunta del Senador señor Coloma tiene que ver con los destinos de los recursos, más que con los montos.
A mi juicio, el Ministerio del Interior probablemente no tendrá dificultad para dar cuenta de cómo los ha utilizado, por ejemplo, durante el último año. Es la Cartera más indicada para responder la consulta, y creo que no presentará inconveniente en tal sentido.
Al parecer, no hay un informe que contenga cifras que pudieran ser conocidas por la Sala.
Por lo tanto, se procederá a votar.
El señor Presidente somete a votación la indicación formulada por el Senador señor Orpis, cuyo objetivo es eliminar las expresiones "o gastos no previstos" en la glosa 07, Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 01, Programa 01.
--Se rechaza la indicación (21 votos contra 14 y un pareo).
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Coloma, Cordero, Espina, García, Larraín, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica y Romero.
No votó, por estar pareado, el señor Ruiz (don José).
Indicación del Honorable señor Orpis , declarada inadmisible por el señor Presidente , para reemplazar en el inciso segundo de la glosa 11, Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 05, Programa 01, la última parte, que dice: "para enfrentar situaciones de emergencia derivadas de los índices de desempleo que presenten las distintas Regiones del país", por la siguiente frase: "Para financiar programas de empleo".
Se trata de una norma relacionada con la administración financiera del Estado, según el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución Política.
Me parece fundamental aclarar la disposición de la glosa.
¿Qué se pretende hacer? ¿Se desea o no se desea realizar programas de empleo? Señalo esto porque, en verdad, la norma propuesta es bastante ambigua. No entiendo qué significa "para enfrentar situaciones de emergencia derivadas de los niveles de desempleo que presenten las distintas regiones del país".
¿Cuál es la idea? Si se quiere desarrollar programas de empleo, que se consigne directamente y que no se diga algo distinto. Porque si hay altos niveles de cesantía en la región, lo lógico sería llevar a cabo los programas y evitar que los recursos se destinen a otros fines.
A eso apunta la indicación; es decir, a procurar que las regiones tengan la seguridad de que cuando haya cesantía existan programas de empleo, y no como lo establece la norma con esa redacción tan ambigua, que se refiere a situaciones de emergencia derivadas de los niveles de desempleo.
Así los recursos pueden terminar en cualquier parte, menos en programas de empleo.
Entiendo el sentido de la indicación, pero si no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo no se puede someter a votación.
Sobre el particular, deseo dejar constancia de que cuando se rechaza una indicación se da por entendido que queda aprobada la partida en la parte en que no fue objeto de indicaciones. Y esto es válido para todas las partidas.
Señor Presidente , quizás sería bueno que el señor Ministro de Hacienda aclare qué se pretende decir con esa frase, porque en realidad su redacción es bastante enredada. Pienso que la proposición del Senador señor Orpis deja claro el sentido de la norma.
Señor Presidente , simplemente deseo complementar lo que se ha dicho para que el señor Ministro se pronuncie si está de acuerdo en patrocinar el cambio de esa glosa. Me parece que ello es razonable.
Ése es el objetivo de sostener un debate con las autoridades de Gobierno. Así, en algún momento, deben pronunciarse en cuanto a considerar atendible una petición.
Señor Presidente , la indicación fue declarada inadmisible. Por consiguiente, el debate está cerrado.
Así es, señor Senador. Se declaró inadmisible.
Entonces, ¿para qué reabrir el debate?
El señor Ministro puede usar de la palabra si lo desea.
Puede hacer uso de ella, señor Ministro.
La norma apunta a que, frente a situaciones de emergencia derivadas del desempleo, en algunas ocasiones se pueda financiar, por ejemplo, programas de alfabetización, de rendimiento escolar u otros destinados a paliar la cesantía, sin que necesariamente se trate de programas de empleo.
Por eso, se dio una redacción más amplia.
Señor Senador , la indicación fue declarada inadmisible y me parece que el señor Ministro ya aclaró el sentido de la norma. ¿Para qué insistir en el punto?
¡Pero no aclaró nada!
Se dejará constancia de que ése es el criterio de la señora Senadora.
Señor Presidente , sobre la base de los programas de empleo, pienso que sería conveniente solicitar al Ejecutivo que adopte los resguardos necesarios para una adecuada fiscalización en la contratación derivada de los mismos.
Señalo lo anterior, porque es un hecho público que se ha triangulado con cargo a los referidos programas -aun cuando no se trata de esta partida, sino del Ministerio del Trabajo, pero el tema es el mismo-, entregándose recursos a organizaciones no gubernamentales, las que a su vez han actuado como fondos mutuos con otras entidades similares y a las cuales les han sugerido la idea de manejar ellas dichos programas.
Así, por ejemplo, en los 6 mil millones de pesos utilizados en la Región Metropolitana, han tenido graves problemas en la respectiva rendición de cuentas.
Planteo el tema ahora no con el ánimo de polemizar, sino para solicitar al Ejecutivo que, en todo lo relacionado con programas de empleo, se adopten los debidos resguardos para que de estos fondos se haga rendición de cuenta a la Administración del Estado, y no queden sin ella, como hasta ahora.
Está declarada inadmisible la indicación.
En la Partida 19. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Senadora señora Matthei , ha formulado una indicación referente a la Secretaría y Administración General de Transporte: Directorio de Transporte de Santiago. En el Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 21, propone sustituir el guarismo "723.585 miles" por "240.000 miles".
Señor Presidente , esta indicación se relaciona con algo que venimos señalando desde hace bastante tiempo.
En el sistema de transportes de la Capital, intervienen demasiados organismos: SECTRA, que planifica; la Subsecretaría de Transportes; el SEREMI de la Región Metropolitana, y la Intendencia de Santiago, que maneja más de 2 mil millones de pesos. Y ahora se crea, además, este nuevo ente, lo que nos parece excesivo.
A nuestro juicio, esto debiera quedar radicado en las manos de una entidad o dos, pero no en las de cinco. Al final, lo único que va a significar será mayor enredo y burocracia, pues se van a pasar los problemas unos a otros.
Entiendo que esto puede provenir de alguna diferencia de opinión con el entonces Subsecretario de Transportes. Hoy día esa situación ha cambiado. Por lo tanto, a mi juicio, esto debiera volver a lo que siempre fue: mantenerlo en pocas manos, tratar de centralizar y no quintuplicar esfuerzos, estructuras, personal, secretarias, oficinas, teléfonos, etcétera, sobre todo cuando se necesita dinero con tanta urgencia en otras áreas, especialmente en la social.
El señor Ministro ha pedido intervenir.
El señor Director de Presupuestos desea explicar la racionalidad del ítem.
Tiene la palabra el señor Marcel.
Señor Presidente , la tarea encomendada al Director de Transporte de Santiago consiste en coordinar esfuerzos para mejorar la locomoción colectiva en la Capital, lo que involucra, entre otras acciones, licitación de recorridos, inversiones, centros de transferencia de transporte; es decir, un esfuerzo de gran magnitud. Por esto pensamos que requiere recursos adicionales.
En otra época se pensaba que no se requería invertir en transporte en Santiago. Y todos recordamos lo que ocurrió. El Presidente de la República ha querido organizar ese esfuerzo adicional de recursos a través de ese directorio. Y para mayor transparencia, se presenta en un programa presupuestario separado, opción que, en términos de organización, queda al menos a criterio del Ejecutivo. Es una manera de cumplir con un desafío muy significativo, como el ordenar el transporte en Santiago.
Tal es la explicación de por qué se presenta de esta manera.
--En votación económica, se rechaza la indicación (18 votos contra 16).
En la Partida 20. Ministerio Secretaría General de Gobierno, los Honorables Senadores señora Matthei y señor García han propuesto eliminar, en el Capítulo 1, Programa 1, glosa 03, letra d), la frase "de carácter electoral".
La referida letra d) consigna lo siguiente: "Los resultados de estudios, encuestas y sondeos de opinión pública, de carácter electoral, que se financien con estos recursos deberán ser proporcionados a los medios de difusión y a cualquiera que lo solicite.".
Señor Presidente , se trata de una indicación muy sencilla.
La glosa actual señala que los resultados de estudios, encuestas y sondeos de opinión pública, de carácter electoral, que se financien con recursos de la Secretaría General de Gobierno deberán ser proporcionados a los medios de difusión y a cualquiera que los solicite.
En verdad, el espíritu de la norma fue que todos los estudios, encuestas y sondeos de opinión pública, incluyendo los de carácter electoral, pudieran ser conocidos por todos. Sin embargo, por la forma como está redactada la letra d), se ha entendido que los únicos que pueden ser públicos son los de carácter electoral.
De allí, entonces, nuestra propuesta de eliminar dicha expresión, para así tener acceso a todos los estudios, encuestas y sondeos, cualquiera sea su naturaleza, que se efectúen con recursos públicos en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Tal es el propósito de la indicación.
Señor Presidente , deseo llamar la atención en forma especial respecto de esta indicación, no por tener importancia en el corto ni en el mediano plazo, sino por ser mucho más profunda por el tipo de convivencia que estamos teniendo y que vamos a desarrollar en adelante.
Hay dos temas vinculados a la indicación, el primero de los cuales es qué razón hay para que el Ministerio Secretaría General de Gobierno disponga de este importante ítem solamente para medir imagen o situaciones políticas determinadas. Ésa es la primera interrogante.
Tengo dudas de que sea una gestión relevante y una utilización inteligente de los recursos del Estado el hecho de aplicarlos a medir "la temperatura" del debate público en un momento determinado y saber lo que la gente piensa.
Asumido el hecho de que ciertas personas pueden creer que lo anterior es importante, el segundo punto relevante es por qué debe ser secreto o reservado. ¿Qué razón hay para que los resultados y toda esa información obtenida con recursos de todos los chilenos -se supone para beneficio del país- esté permitida solamente para conocimiento de los funcionarios de Gobierno o de los partidos de la coalición gobernante?
Creo objetivamente que es un despropósito el considerar importante la ponderación de algo y que los resultados de la medición -que pueden determinar conductas en función del problema específico- estén vedados para algunos y permitidos para otros, lo que, a mi juicio, da una ventaja de carácter político inadmisible.
Hay un tercer aspecto aún más delicado: en qué medida es ético el hecho de que, obtenida esa información, el grupo gobernante discrimine lo que filtra o no filtra en cierto momento. Esto lo vimos una semana atrás, cuando, con ocasión de una encuesta hecha por el Gobierno respecto de la corrupción, incorporó a todos los presidentes de partidos -¡a todos!-, para vincularlos al tema en cuestión. Hay algunos de ellos presentes en la Sala. Ignoro la razón para incluir al Presidente de mi partido, o al de Renovación Nacional, o al de la Democracia Cristiana, o al del Partido Socialista o al del PPD en un caso del cual, objetivamente, se encuentran desligados, tanto respecto de sus causas como de sus efectos inmediatos. Y lo más grave es la filtración a un medio de comunicación, para tratar de dar la sensación ¿interesada- de que en este tema hay una especie de involucramiento general. Por supuesto, los porcentajes de involucramiento van a depender al final de la militancia política de las personas consultadas, con lo cual se traspasa una medición de carácter partidista a una de carácter ético.
Entonces, estamos ante un tema muy profundo, muy de fondo. Ya no se trata sólo del derecho de utilizar la encuesta como fórmula de medición. Eso es discutible, pero aceptémoslo. Lo importante es por qué el resultado va a tener que estar reservado a algunos. ¿De dónde surge el derecho de éstos, que hoy podrán estar allá y otro día acá, de discriminar y filtrar para efectos particulares parte de ese resultado o la totalidad del mismo cuando les conviene? Porque, obviamente, es algo que cuando no conviene publicitarlo supongo que se mantendrá en reserva. Creo que ésta es una forma de hacer política, de influir desequilibradamente, objetivamente injusta y constituye una fuente -no digo que sea siempre así- de posibles faltas éticas que me preocupan.
Por eso, señor Presidente , me parece especialmente importante la indicación, y, suscribiendo plenamente lo expresado por el Senador señor García , quiero ir al fondo del tema. Ya ni siquiera estoy discutiendo si esto es posible o no. Lo que estoy reclamando es que si se emplean recursos públicos, y particularmente respecto de asuntos con efecto político, la información debe ponerse en conocimiento de todos los chilenos por igual.
Señor Presidente , comprendo la inquietud de quienes han presentado y respaldado la indicación, pero es evidente que el Gobierno tiene derecho a contar con información que le sirva para orientar su accionar.
Ahora, esa información ¿debe o no debe ser pública? Para eso existe una norma general, en torno a la cual nos pusimos de acuerdo y que está en la reforma que introdujo los criterios de probidad en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. En la oportunidad, se determinó, con toda precisión, cuáles documentos debieran ser públicos, en qué condiciones y el derecho de todo ciudadano a acceder a información de la Administración Pública. Sólo en determinados casos ésta puede negarse a darla y la normativa determina claramente cuándo lo puede hacer. O sea, creo que los Parlamentarios de Oposición pueden perfectamente dirigirse a la Secretaría General de Gobierno y pedir el resultado...
Hice la consulta y la respuesta fue que la norma obliga sólo respecto de las encuestas electorales. Y ello, incluso, con un criterio extremadamente restrictivo: sólo en épocas de elecciones y respecto de candidatos inscritos. Por eso, la indicación me parece absolutamente plausible y plenamente concordante con lo expuesto por Su Señoría.
Lo que correspondería es presentar una indicación pidiendo la derogación de la glosa, porque lo lógico es que la información se rija por principios generales. En ese caso, si el solicitante no está de acuerdo con la calificación de confidencialidad que hace la autoridad, la misma ley establece mecanismos para reclamar.
Señor Presidente , en mi opinión, hay que estar en el manejo del Estado para darse cuenta de los instrumentos que necesita el Gobierno en un instante dado. El día en que quienes presentan este tipo de indicación accedan a ese ámbito se van a dar cuenta de ello. Hay informaciones que determinan las decisiones de cualquier Gobierno en materia de política pública que son privativas de su propio conocimiento y que no tiene por qué compartir. Y ése no es un problema -a mi modo de ver- ni de transparencia ni, mucho menos, de probidad.
En consecuencia, me parece que no hay ninguna razón para forzar la publicidad de toda la información que lleva a cualquier Gobierno a tomar sus decisiones públicas. Éstas son muy serias, por lo que el Gobierno debe tomarlas con toda la información de que pueda disponer y no tiene por qué compartirla con el resto de las fuerzas políticas. Del mismo modo, si un partido político de Oposición, cualquiera que sea, hace una encuesta, no tiene por qué darla a conocer a otros partidos o al Gobierno. Lo hace si quiere. No es un problema de uso de los recursos, sino de uso del conocimiento que se obtiene de la encuesta.
Señor Presidente , coincido con el Senador señor Viera-Gallo en cuanto a que toda esta clase de información debiera ser pública y a que en realidad toda la glosa debiera derogarse. Pero nos enfrentamos al siguiente problema: ¿cómo va a pedir uno el resultado de una encuesta si ni siquiera sabe que se ha hecho?
Uno tendría que estar pidiendo quincenalmente todas las encuestas que se hayan hecho. Estamos dispuestos a hacerlo, pero siempre que nos contesten, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, a pesar de que, a nuestro juicio, no hay nada secreto en ellas.
En segundo lugar, lo que molesta es que, si se cree que hay una materia tan importante que, antes de tomar una decisión, el Gobierno debe hacer una encuesta de opinión pública para ver cuál toma, no veo por qué entonces el resultado debe serle privativo y por qué la Oposición, que en algún momento quizás también va a tener que votar y tomar decisiones sobre ese asunto, no tiene acceso a la misma información. Porque, al final, el Gobierno no es solamente el Ejecutivo. En el fondo, el manejo del país se configura con distintas instituciones, entre las cuales también está el Parlamento. Por lo tanto, si una materia es importante, creo que debieran conocerla todos los que de alguna manera tienen que tomar decisiones relacionadas con ella.
Pero hay un tercer punto que me interesa destacar, señor Presidente: muchas veces estas encuestas se usan para hacer política de la peor calidad y de la peor calaña. En efecto, en numerosas ocasiones se filtran aquellas cosas que pueden incomodar a la Oposición y no las que podrían provocar incomodidades dentro de la propia coalición gobernante. En la última encuesta, por ejemplo, en que en forma increíble se involucró a los presidentes de todos los partidos en temas de corrupción y de coimas, no se dio a conocer que la Ministra Bachelet , al parecer, está por sobre la Ministra Alvear en la apreciación del público. La razón es clara: ello podría traer incomodidades dentro de la coalición gobernante, dado que el Ministro Secretario General de la Presidencia pertenece a determinado Partido y no a otro.
¿Cómo se procede en esta materia? ¿Por qué se filtran algunas cosas de las encuestas y no otras? Se filtran aquellas informaciones que, cuando hay un problema para el Gobierno, pueden producir un empate con la Oposición, pero no aquellas que pueden producir dificultades al interior de la Concertación.
Entonces, aquí hay un problema de fondo. Si se considera que el tema es suficientemente importante como para gastar dinero de todos los chilenos en una encuesta, lo lógico es que eso sea parte de lo que expresaba el Senador señor Viera-Gallo: probidad pública, documentos públicos, etcétera. Pero lo de filtrar algunas cosas -las que convienen, no otras-, lo de hacer preguntas capciosas, no es posible, señor Presidente ; no con platas públicas.
Señor Presidente , creo que hay que dar más de una vuelta al asunto. Porque, efectivamente, en una primera aproximación, establecer el carácter público de los resultados de las encuestas, de los estudios de opinión que realiza el Gobierno, aparece como algo razonable. Pero la verdad es que, si uno empieza a verlo con un poquito más de detalle, no es tan así.
Es fundamental que el Gobierno cuente con información respecto del estado de la opinión pública en relación con temas muy fundamentales. Quiero poner un ejemplo que ha estado muy en el centro de la noticia durante las últimas semanas: el de la Iglesia. Me parece de interés tener un estudio de opinión sobre lo que están pensando los chilenos respecto de una institución tan importante como ésa. Ahora, tengo la sensación de que, si el Gobierno publica esa información, puede terminar dándole a los resultados de un estudio de opinión una connotación que agrave el problema. Entonces, creo que, si estamos de acuerdo en que los Gobiernos, para poder tomar decisiones adecuadas, requieren contar con un buen nivel de información, de ahí no se sigue automáticamente que todos los antecedentes que recolecten deban ser de dominio público, porque eso puede generar percepciones que dañen a una institución. Y creo que el caso planteado es suficientemente ilustrativo sobre el particular.
Me ha pedido una interrupción la Senadora señora Matthei, que concedo con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , en cuanto a lo que estaba manifestando el Senador señor Ominami , tengo la impresión de que el Gobierno no tuvo la misma delicadeza, por ejemplo, en la situación que se dio en la Fuerza Aérea, donde se hicieron públicas opiniones sobre el General señor Ríos, etcétera.
Se actúa con delicadeza cuando se trata de algunas instituciones, pero no se procede de la misma forma respecto de otras. La regla no es pareja.
Y otra cosa, señor Presidente: si en algunos casos realmente se estima que las materias en cuestión son delicadas, la información podría ser enviada a los presidentes de los partidos o a otros personeros, pero habría que compartirla con la Oposición, sin perjuicio de mantenerla en reserva. Lo que no parece satisfactorio es que algunos tengan acceso a información lograda con platas del Estado y otros no.
Agradezco al señor Senador su gentileza.
Recupera la palabra el Honorable señor Ominami.
Creo que la señora Senadora me da la razón, en el sentido de que no tiene por qué haber un conocimiento directo y automático de todos los resultados que se generan en los estudios de opinión.
Una cosa distinta es que se haga uso abusivo de esta capacidad de discriminar información. Estoy en contra de eso. Pero no me parece correcto enfrentar el problema de un eventual uso abusivo sobre la base de establecer una norma de publicidad automática de resultados, lo que puede ser incluso peor.
Señor Presidente, estimo que la prisa siempre es mala consejera cuando de legislar se trata. De manera que intentar tomar atajos hacia la transparencia, sin pensar adecuadamente, puede llevarnos a un mal equilibrio.
Para todos los que conocen las prácticas del sector privado, resulta evidente que debe buscarse un adecuado balance entre transparencia y cierto manejo de la información o confidencialidad u otro elemento. Es sabido, por ejemplo, que los comités ejecutivos de las sociedades anónimas no comparten toda su información con los accionistas, a pesar de haber un problema de fe pública, porque no es conveniente que se conozcan determinados secretos comerciales o estratégicos. Es indudable que, en un conjunto de actividades de la vida, hay que mantener un justo equilibrio entre confidencialidad y transparencia. Instituciones como el secreto bancario y tantas otras precisamente dan cuenta de dos bienes jurídicos que de alguna forma hay que ponderar. Llama la atención que esto se entienda tan bien para el sector privado y no se entienda de igual manera para el sector público.
Claramente, me parece que la argumentación es contradictoria. Porque, si de transparencia se trata, pensamos -y el Gobierno lo ha señalado- que haber usado a los presidentes de los partidos políticos como lo que técnicamente se llama "variable de control", con el fin de determinar si había o no una diferencia respecto de los casos consultados, fue inapropiado y de mal gusto. Pero justamente eso se conoce debido a que fue público. Entonces, el argumento de que porque cierta encuesta fue pública todas deben ser públicas es, cuando menos, contradictorio. Hay un "non sequitur" obvio en tal planteamiento.
En mi opinión, es correcto que lo referente a temas electorales sea de conocimiento público. Sin embargo, resulta evidente que en diversas áreas el Gobierno querrá explorar sensibilidades y sentimientos, a objeto de contar con un "paneo" acerca de cuál debe ser su estrategia ejecutiva y legislativa. Y eso no tiene nada que ver con falta de transparencia, sino con una cuestión privativa del derecho de gobernar. Por lo demás, constituye una práctica absolutamente general en todos los países.
En síntesis, me parece que, a partir de un hecho muy puntual, se intenta "pasar la locomotora" en relación con un tema que se inserta de manera obvia dentro de lo que es el arte de gobernar.
Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con el señor Ministro.
A decir verdad, no entiendo mucho la discusión, porque en cualquier parte del mundo el Gobierno está para gobernar y, si se trata de una democracia, está para gobernar lo más cercanamente y en la mayor sintonía posible con los ciudadanos. Y, para ello, hay medios modernos para detectar lo que piensa la gente, con el objeto de no equivocarse y de encaminar bien los asuntos del Estado en función de los intereses de la población. Eso ocurre en todas las democracias y a nadie se le anda pidiendo explicaciones porque usa tales métodos para conocer el pensamiento de la ciudadanía.
En segundo lugar, noto que falta simetría cuando un argumento se utiliza para un lado y no para el otro. Por ejemplo, respecto de filtrar selectivamente información de encuestas, hay un partido de Oposición que, según entiendo, las encarga de manera permanente, sea semanal o quincenalmente, y cuando los resultados son de algún modo favorables a quien ellos llaman "líder natural", la información respectiva aparece de inmediato en forma muy destacada en la prensa, en tanto que otros datos no se dan a conocer.
Se dirá al respecto que, en un caso, las platas son privadas y, en el otro, públicas. Pero, si tales encuestas se están efectuando semanalmente desde hace mucho tiempo, me gustaría saber de dónde salen los fondos.
Porque, vuelvo al punto anterior: ¿quién me dice que esas platas no pueden provenir de aportes de empresas privadas, aprovechando la Ley de Donaciones, a alguna organización no gubernamental sin fines de lucro, afectándose, en consecuencia, los recursos y los intereses del Estado al efectuarse encuestas que ayudan a los objetivos políticos de determinado personero o de determinado partido?
Por lo tanto, o nos vamos por la vía de la transparencia -y en ese caso me gustaría que ella se aplicara también a los recursos con los cuales se financian las encuestas-,...
¡Eso ya está en la ley!
... o aceptamos una práctica usual en toda democracia, donde, por definición, se da una competencia por interpretar mejor a la ciudadanía y al electorado. Y cada fuerza política de Oposición tiene derecho a encargar las encuestas que quiera. Y, desde luego, el Gobierno, que representa al conjunto del país, tiene derecho a tratar de entender lo mejor posible qué está pasando con las personas y lo que ellas piensan.
Por lo tanto, me parece que la indicación está mal enfocada y no responde a las prácticas habituales en los sistemas democráticos.
Señor Presidente, me referiré a algunos aspectos que me interesa aclarar para los efectos de la historia de la ley.
Contrariamente a lo que piensa el señor Ministro de Hacienda , este tema no es coyuntural ni del momento y ya ha sido analizado en otras ocasiones. Quizás no era Ministro cuando eso ocurrió. Pero me consta que hace cinco años se discutió, en otro contexto, por qué el conocimiento de una medición objetiva en materia política, financiada con fondos públicos, debía ser monopolio de los partidarios del Gobierno. Así que no se trata de un asunto que haya surgido ahora, de un problema del momento, porque ya fue debatido y cualquiera lo puede comprobar revisando las actas correspondientes. Por lo tanto, no estamos actuando motivados por una situación coyuntural.
Me sorprenden las palabras del Senador señor Foxley , por quien tengo gran admiración. Primero, no conozco a nadie que realice encuestas mensual o semanalmente. Si el Honorable colega quiere encargar algunas, que lo haga -son sus recursos-, pero aquí estamos velando por los intereses de todos los chilenos.
Objetivamente, por más que analizo los argumentos de la contraparte -sé que todos están actuando de buena fe-, no puedo entender la lógica de decir: "Hay derecho a hacer encuestas de imagen, hay derecho para que el Gobierno y sus partidarios las conozcan y hay derecho para filtrarlas cuando se quiera". Y ello, para afectar con la utilización de información privilegiada precisamente a quienes tienen la posición contraria. Por más que trato de entender el argumento, no lo encuentro razonable. En mi opinión, es difícil sostener, desde un punto de vista tanto teórico como práctico, esta discriminación que se produce en el ámbito político y que es fuente permanente de conflicto.
La Senadora señora Matthei me ha solicitado una interrupción, que concedo, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , sólo quiero informar al Senador señor Foxley que justamente en el proyecto en debate se contemplan facultades que permitirán contar con un listado de todas las entidades que han recibido beneficios tributarios. De tal manera que lo indicado por Su Señoría ya se encuentra consignado en la iniciativa en análisis.
Lo otro que deseo rebatirle es que, si se cree que el Gobierno necesita conocer lo que está pasando en la opinión pública para definir su curso de acción, la verdad es que el resto de los Parlamentarios también tenemos ese derecho. De otro modo, estarían pretendiendo que el Gobierno no se equivoque; pero sí la Oposición.
Además, resulta absolutamente inaceptable que se filtren algunos de los resultados de tales consultas: sólo aquellos agradables, a quien las ordenó, mientras no pasa lo mismo con los que son desfavorables. Cualquier persona que realmente tenga una aproximación razonable a la política, debiera advertir que la forma como se están utilizando en estos momentos las encuestas es completamente inadmisible desde el punto de vista del sentido común.
Señor Presidente , hay que poner un límite a esta discusión, que realmente me parece increíble. No creo que exista algún Gobierno que carezca de un sistema de encuestas para saber dónde está parado, qué piensa la Oposición, qué piensa el país. Constituye una necesidad como las de tener antenas o colocar luces en un automóvil. Que el Gobierno tenga el privilegio de recurrir a las encuestas lo considero tan necesario como el de que el Presidente pueda instalar su oficina en La Moneda.
No veo por qué la Oposición va a pedir que le paguen también el arriendo de la oficina de Libertad y Desarrollo, porque se elige Presidente de la República de todos los chilenos. Es elegido para gobernar y uno de sus instrumentos fundamentales es saber permanentemente lo que piensa la ciudadanía. Y para eso precisa recursos, tal como necesita automóvil, guardia personal, La Moneda, todas las facultades de que dispone un Mandatario.
Por eso, saber lo que pasa es distinto de entregar información sesgada, en lo cual estoy de acuerdo con la señora Senadora. Hacerlo es influir indebidamente en la opinión pública; pero tener información propia, publicada o no, constituye una herramienta fundamental de Gobierno. Si no, tendríamos un Presidente ciego. Y eso no sirve ni a la Oposición ni al Gobierno.
Señor Presidente , se ha planteado un tema conceptual, porque - no repetiré lo aseverado por el Honorable señor Valdés , que me parece concluyente- aquí no hay cogobierno. Gobiernan las mayorías y el Ejecutivo tiene que disponer de los mínimos instrumentos para desempeñar sus tareas. Y en el mundo contemporáneo la auscultación de la opinión pública es un instrumento de Gobierno. Entonces, yo no veo cuál sea el argumento de transparencia o democrático.
Resultado de la votación: por la afirmativa, 20 votos; por el rechazo, 21, y una abstención.
La abstención influye en el resultado, por lo que se deberá repetir la votación.
Se repetirá la votación.
Insto al Senador Viera-Gallo, que se abstuvo, a que se pronuncie a favor o en contra.
Me pronuncio por los colegas de la Concertación, ¡pero le encuentro la razón a la Oposición...!
--Queda rechazada la indicación (22 votos contra 20).
Consulto a la Honorable señora Matthei si ha sido retirada la indicación referente a la Cámara de Diputados, porque me han informado en tal sentido..
Efectivamente, señor Presidente , está retirada la relacionada con la Secretaría General de Gobierno.
Exactamente. Es la referente al Capítulo 01.
Lo hicimos porque ya existe lo mismo en la glosa 05.
Retirada la indicación.
En seguida, la Sala debe pronunciarse acerca de la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, a la que afecta, me parece, la misma indicación de la Honorable señora Matthei que, en el fondo, sugiere reponer la glosa que dice: "La Subsecretaría de Planificación y Cooperación enviará a más tardar el 31 de marzo de 2003 a las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados una nómina de las personas beneficiarias de las becas durante los años 1997 a 2002, indicando el objeto de la beca y su monto, como igualmente el país donde ella se cursará en su caso.".
Señor Presidente, esta glosa fue aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta de Presupuestos.
¿Me permite Su Señoría? Un momento, por favor.
Reglamentariamente, tengo que dar por terminada esta sesión y proceder a abrir la siguiente.
--Se levantó a las 16:11.
Osvaldo Palominos Tolosa