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Timestamp: 2019-07-17 09:04:31
Document Index: 348265925

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 118', 'artículo 520', 'artículo 5']

administrador | Bravo Advocats. Abogados y Asesores jurídicos.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. de recurso 802/2014 de 16 de marzo de 2015.
En esta sentencia, se resuelve la impugnación del recurrente contra la resolución del Juzgado de lo Social, que desestimaba su pretensión dirigida contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en reclamación del 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato laboral. Los hechos que han originado esta controversia, pueden resumirse en los términos siguientes: en primer lugar, el recurrente presentó solicitud en el mes de marzo, solicitando el importe correspondiente al porcentaje anteriormente detallado de la indemnización por extinción de su contrato laboral; en este sentido, FOGASA resolvió al respecto en el mes de julio del mismo año, y al afectado no le fue notificada resolución denegatoria de la pretensión hasta el mes de septiembre, seis meses después de haber presentado la solicitud.
La cuestión principal a resolver en esta sentencia consiste en determinar si al haber transcurrido más de tres meses desde que se presentó la solicitud por el recurrente, debe entenderse estimada por silencio positivo. El recurrente alegó que la actuación de FOGASA va en contra del artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que establece el plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes de primera instancia, relacionado con el artículo 43.1, 2 y 3 a) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
En este sentido antes de analizar las premisas anteriores del recurrente, el Tribunal analiza uno de los motivos por los que en primera instancia fue desestimada la demanda, que consistía en que el actor no presentó demanda hasta una vez transcurridos varios meses desde que se le notificó la resolución; no obstante, el Tribunal Supremo, aplicando doctrina propia, rebate este argumento indicando que la resolución denegatoria no perdió su eficacia.
Seguidamente, el Tribunal pasa a analizar la cuestión principal de la que extrae conclusiones a favor de los intereses del recurrente. En primer lugar, confirma el plazo de tres meses que se concede a FOGASA para resolver; y a continuación en relación con el artículo 43.1, 2 y 3a) de la Ley 30/1992, declara que es de aplicación sus disposiciones a FOGASA y que en base a este precepto, la resolución se debió entender estimada por silencio administrativo positivo, como acto administrativo que finaliza el proceso, y por último, la resolución denegatoria dictada debió ser únicamente confirmatoria del silencio positivo.
Finalmente, el Tribunal resuelve estimar el recurso y anular las sentencias anteriores desestimatorias de las pretensiones del recurrente sin condena a costas.
Las modificaciones que se regulan en esta ley, nacen de la trasposición de dos Directivas de la Unión Europea reguladoras del derecho a la interpretación, traducción e información en los procesos penales.
Por un lado, se regula el derecho a la traducción e interpretación de las personas que no hablan o no comprenden el idioma en el que se desarrolla el procedimiento, y de las personas con discapacidades auditivas y sordociegas. En este sentido, para su garantía, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se introducen previsiones dirigidas a asegurar que el acusado o imputado sea asistido por un intérprete en todas aquellas actuaciones que requieran su presencia, incluyéndose entre ellas, los actos preparatorios de la defensa con su abogado. Además, para asegurar estos derechos se facilita el acceso a las personas afectadas por estas discapacidades a la traducción de documentos esenciales en el proceso penal, como pueden ser las resoluciones que condenan a prisión al afectado, escritos de acusación y defensa, entre otros.
Al margen de los anteriores derechos, se realizan modificaciones que afectan al derecho de información de las personas detenidas y aquellas que son acusadas o imputadas en el proceso. En este sentido, para garantizar un juicio equitativo, se modifica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulador del derecho de defensa, en el que se precisa que la persona descrita en las anteriores circunstancias, tendrá derecho a toda una serie de actuaciones como son el derecho a la traducción e interpretación gratuitas, el derecho a designar libremente abogado, el derecho a no confesarse culpable, entre otros. Además, el derecho a la información de los detenidos y presos previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto de modificación ampliándose los derechos que se recogían con anterioridad a la reforma, y que incorporan, entre otros, el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
Finalmente, respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente se ha modificado el artículo 5 de la norma y en el que se prevé la intervención de un intérprete en las actuaciones orales y en aquellas que sea necesaria su interpretación en lengua de signos.