Source: http://www.franciscosantana.net/2012/04/sentencia-de-la-sala-constitucional-del.html
Timestamp: 2018-05-21 01:16:16
Document Index: 41837929

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 103', 'artículo 179', 'artículo 317', 'artículo 3', 'artículo 317', 'artículo 156', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 105', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 179', 'artículo 179']

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, que declara la nulidad absoluta el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda publicada en la Gaceta Oficial de dicho municipio nº 319-12/2005, extraordinario, del 6 de diciembre de 2005.
"...Los apoderados judiciales de la accionante fundamentaron su pretensión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
Que el artículo 1 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Miranda establece el régimen aplicable al impuesto sobre el ejercicio de actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar; que se realicen en o desde la jurisdicción del referido municipio.
Que el artículo 4 de la ordenanza cuestionada, al precisar el hecho imponible en materia de servicios, incluyó a los servicios profesionales, al establecer la obligación a cargo de quienes ejercen libremente su profesión de solicitar una licencia para el ejercicio de dicha actividad y, además, su artículo 103 establece sanción para quienes incumplan con dicha imposición.
Que la figura del impuesto municipal previsto en el numeral 12 del artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no supone un gravamen al ejercicio de las actividades profesionales.
Que los municipios deben respetar la limitación derivada del principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 317 de la Constitución y desarrollado por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, según el cual, no podrá exigirse el pago de impuestos, tasas o contribuciones especiales, sin la sanción y publicación previa de la correspondiente ordenanza, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, atendiendo a los principios de generalidad, igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, progresividad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y prohibición de establecimiento de tributos pagaderos en servicios personales.
Que el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la referida ordenanza remite a la Ley Orgánica de Educación para definir lo que debe entenderse por título de educación superior. Siendo que la mencionada ley orgánica no califica a ningún título como de educación superior, ya que dicha materia es regulada por ley especial.
Que el Grupo 20 del Clasificador de Actividades Económicas de la ordenanza impugnada, en el caso de los servicios profesionales, no define, de manera clara e individualizada, al sujeto pasivo del tributo, sino que remite a una clasificación que, presuntamente, se encuentra contenida en Ley Orgánica de Educación. No obstante, para la definición de los elementos esenciales de la obligación tributaria, no es posible hacer remisión a otra ley, ya que en ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo, por lo que dicha norma resulta inconstitucional al contravenir la garantía de la legalidad tributaria prevista en el artículo 317 del Texto Fundamental.
Que, según lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución, le corresponde al Poder Nacional la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales. Por su parte, el artículo 105 eiusdem establece que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación, por lo que únicamente el Poder Nacional es quien puede dictar normas con el objeto de reglar esta materia.
Que la ordenanza impugnada, al entrar a regular la prestación del servicios ejercida por profesionales liberales, mediante el establecimiento de un gravamen municipal y la obligación administrativa del obtener una licencia para poder ejercer sus actividades profesionales de naturaleza civil, violenta lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al invadir la reserva legal para regular la actividad de prestación de servicios profesionales y los requisitos necesarios para su ejercicio.
Que la ordenanza impugnada establece en su artículo 4 la obligatoriedad para todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en la jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, de obtener una licencia para ejercer dicha actividad, incluyendo a las personas en el libre ejercicio de su profesión. Adicionalmente, el artículo 6 de la aludida ordenanza establece una serie de requisitos que debe contener la solicitud de licencia para las actividades económicas. Por su parte, el artículo 10 señala que la licencia autoriza el desarrollo de actividades económicas por quien sea su titular y bajo las condiciones en las que se otorgue.
Que las condiciones para el ejercicio de la actividad económica autorizada por la licencia, no están previamente establecidas en la Ordenanza, por lo que queda a la regulación del Municipio, vía reglamentaria o a discreción de la Administración Tributaria local, el establecimiento de los términos y condiciones para el ejercicio de la actividad, lo cual, en el caso de los profesionales liberales resulta en una violación del artículo 105 de la Constitución, pues sólo la ley nacional puede establecer límites y condiciones para el ejercicio de las profesiones.
Que el artículo 103 de la ordenanza impugnada establece que el contribuyente que ejerza la actividad en la jurisdicción del Municipio sin obtener previamente la Licencia de Actividades Económicas, será sancionado con multa de cincuenta (50) a doscientas (200) unidades tributarias.
Que las disposiciones de las leyes nacionales que regulan el ejercicio de las profesiones liberales, tales como: Ley de Abogados, Ley del Ejercicio de la Profesión de Economista, Ley de Ejercicio de la Farmacia, Ley de Ejercicio de la Medicina Veterinaria, Ley de Ejercicio de la Odontología y Ley de Ejercicio de la Psicología; establecen de forma expresa la no sujeción de esas actividades al impuesto de patente de industria y comercio (hoy de actividades económicas). Tal exclusión atiende a la no comerciabilidad del libre ejercicio de las profesiones civiles, el cual se encuentra previsto en el artículo 105 de la Constitución.
Que el legislador ha dado un tratamiento diferente a las profesiones liberales, y por eso, independientemente a que sean ejercidas individualmente o a través de las formas societarias que sea, los servicios profesionales quedan excluidos de la consideración de servicios mercantiles, lo que implica que éstas se encuentran eximidas del pago del impuesto a que alude el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución.
Que esta Sala Constitucional, en sentencia del 12 de diciembre de 2002, caso Covein, estableció que las profesiones liberales quedaban excluidas del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que el Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda, al incluir el ejercicio de las profesiones liberales dentro de los sujetos pasivos del impuesto a las actividades económicas, incurrió en una ostensible arbitrariedad que resulta contraria al principio de interdicción a la arbitrariedad, reconocido en los artículos 2, 3 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DE LOS TERCEROS INTERESADOS
Las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A., y BC&A Ingenieros Consultores, C.A., proponen su intervención en la presente causa, argumentando lo siguiente:
Que al igual que la accionante, se decidan a actividades eminentemente civiles, como son la prestación de servicios profesionales que se están viendo afectados por la ordenanza impugnada.
Que la normativa atacada, incurre en una premisa falsa al suponer que las intervinientes realizan actividades de carácter económico o industrial.
Que tal suposición no sólo es falsa, sino arbitraria pues extiende los impuestos comerciales e industriales a quienes desarrollan actividad profesional de carácter liberal.
Que el gravar a las profesiones liberales con impuestos propios de los comercios y de las industrias, desnaturaliza el sentido y significación de los impuestos municipales.
Que igualmente se está afectando el principio de legalidad tributaria, por cuanto se pretende dar al impuesto municipal, un alcance distinto al previsto por el constituyente de 1999.
De manera preliminar se observa que, esta causa fue remitida por el Juzgado de Sustanciación para que se provea sobre el merito del asunto planteado. Sin embargo se advierte, que se encuentra pendiente un pronunciamiento incidental sobre la intervención de las sociedades mercantiles Sodinsa, S.A., y BC&A Ingenieros Consultores, C.A. Siendo ello así, esta Sala, en aplicación de los principios de celeridad, economía procesal y antiformalismo, pasa previamente a decidir la referida intervención y, luego, a conocer del fondo de la demanda.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/420-10412-2012-06-0137.html
Etiquetas: Inconstitucionalidad Municipio Baruta Ordenanza de actividades económicas