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Timestamp: 2019-01-22 23:33:54
Document Index: 51261428

Matched Legal Cases: ['artículo 501', 'artículo 242', 'artículo 22', 'artículo 66', 'artículo 242', 'artículo 242']

Abogado Penal || Bufete HERNANDEZ VILCHES || ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION
ESTUDIO JURISPRUDENCIAL: ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION
En base a lo dispuesto en los artículos 237 y 242 del Código Penal, que nos definen quienes son los reos de delito de robo, y cuando se realiza con violencia o intimidación. Debemos definir y matizar los requisitos para que se de dicha intimidación o violencia.
Para que se produzca intimidación, según la jurisprudencia de la Sala ( SS. 8-5, 19-10, 21-12-1990 [ RJ 1990, 4625, 8184 y 9736] y 1450/1997, de 24-11 [ RJ 1997, 8141] ), por el anuncio o comunicación de un mal inmediato, grave, personal y posible, que despierta o inspira en la víctima sentimientos de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o imaginario, una inquietud anímica apremiante por aprensión racional o recelo más o menos justificado.
Para valorar la mayor o menor entidad de la intimidación pueden tenerse en cuenta tres elementos:
a) La gravedad o importancia de los males con que se amenaza a la víctima;
b) La mayor o menor intensidad de los sentimientos de temor o alarma provocados;
c) El procedimiento empleado para exteriorizar el anuncio o la comunicación del mal, que pueda ser puramente verbal, o gestual, o consistir en la exhibición del arma o medio peligroso.
Desde estos parámetros jurisprudenciales, es claro que la conminación de un mal físico, integra el concepto de intimidación que inspira en la víctima el aludido sentimiento de angustia o miedo, lo que doblega su voluntad.
Existen instrumentos potencialmente peligrosos que por su configuración y estructura se pueden manejar con soltura y controlar, en cierta medida, sus movimientos, puede en cualquier momento incidir, sobre el cuerpo de la víctima a nada que se produzca un movimiento instintivo que arrastre una reacción agresiva en el sujeto activo.
La jurisprudencia de esta Sala viene considerando como instrumentos peligrosos todos aquellos que por su propia naturaleza o por la forma en que pueden ser manejados representan un riesgo potencialmente grave para las personas amenazadas.
Todo objeto que pueda ser considerado y utilizado de manera contundente o incisiva ha sido incluido dentro del género descrito por el legislador, y así se ha considerado como tales, los martillos, destornilladores, tenedores, ladrillos y jeringuillas.
En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5ª) Sentencia núm. 42/2009 de 6 octubre JUR 2009\469616, se dispone qué exige, para valorar un objeto como arma que se trate de un instrumento adecuado y apto para atacar o defenderse. Armas son las de fuego siempre que estén en perfecto estado de funcionamiento; por lo que no merecen tal consideración las verdaderas que no están en condiciones de disparar, ni las simuladas o de imitación carentes de aptitud para hacer fuego. Ahora bien, aunque no puedan en tales casos utilizarse en la forma normal de disparo, pueden valorarse como objetos peligrosos si por sus materiales características físicas, que han de constar en el relato fáctico, permiten su utilización en forma contundente con el consiguiente mayor desvalor de la acción que representa el incremento del riesgo potencial para la víctima, justificativo de la agravación de la pena. En esta misma sentencia, se dispone que la exhibición misma (del arma) comporta el uso exigido para la apreciación del subtipo, que, contra lo alegado por el recurrente, no requiere de un efectivo empleo del objeto contundente. En efecto, debe reiterarse que el fundamento de la agravación no está en la material lesión de la integridad física de la víctima, sino en la puesta en peligro de ese otro bien jurídico, por el riesgo potencial que desencadena la capacidad vulnerante del instrumento usado como medio de intimidación. Aunque el delito se integre y se perfeccione en el momento en que se alcanza el efecto compulsivo, cualquiera que sea el método que se emplee para producirlo, el legislador ha querido establecer un plus de antijuridicidad de la acción atendiendo al instrumento peligroso usado. No se trata de valorar dos veces la circunstancia material del efecto intimidativo, sino de agravar ésta cuando, además, el autor se ha valido del uso o exhibición de un objeto peligroso ( Sentencia de 3 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 418) ). Por ello es doctrina jurisprudencial consolidada (Sentencias de 12 de mayo de 1986 ( RJ 1986, 2451) , 17 de marzo de 1987 ( RJ 1987, 2174) , 14 de febrero de 1989 ( RJ 1989, 1566) y 24 de septiembre de 1992 ( RJ 1992, 7257) , entre otras muchas), que la mera exhibición del arma o medio peligroso equivale a su uso a los efectos de aplicar el subtipo agravado del párrafo último del artículo 501 del Código Penal de 1973 ( RCL 1973, 2255) y actualmente del apartado 2º del artículo 242 del Código Penal de 1995 ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) ( Sentencia de 10 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 951) ), pues aunque se usara inicialmente con fines sólo de intimidación puede pasar a ser efectivamente empleada para agredir causando efectos letales o de grave vulneración física. El subtipo no se ha de identificar necesariamente con la violencia bastando con que el medio peligroso cumpla función intimidatoria, unida a la posibilidad de su empleo vulnerante.
En lo que se refiere a la pena que se impone en esta sentencia, teniendo en cuenta que es un delito de robo con intimidación y uso de armas o medio peligroso, previsto en los artículos 237 y 242.1. y 2. del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , lleva aparejada pena de prisión de tres años y seis meses de prisión a cinco años de prisión, al proceder la imposición de la pena del tipo básico (de dos a cinco años) en su mitad superior (de tres años y seis meses a cinco años); y teniendo en cuenta, igualmente, que concurre la circunstancia agravante genérica de disfraz del artículo 22.2ª del Código Penal , sin que concurran circunstancias atenuantes genéricas, resulta que, en atención a lo dispuesto en el artículo 66.1.3ª del texto punitivo, ha de aplicarse en su mitad superior la pena fijada en la ley para el delito, es decir, que ha de aplicarse en su mitad superior la pena que va de tres años y seis meses a cinco años, por lo que nos movemos en un arco penológico que va desde los cuatro años y tres meses a cinco años. Y, ya dentro de este último arco penológico, entiende la Sala, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias del acusado, que procede imponerle la pena de cuatro años y seis meses de prisión.
En base a lo que expone la Sala, en sentencia nº 1555/2001 de 10 de septiembre, dictada por el Tribunal Supremo (sala de lo Penal). Para que se considere un delito con violencia o con intimidación, es necesario que el empleo de medios violentos e intimidatorios, se produzcan antes de la ejecución del ilícito apoderamiento, si estos hechos suceden después, no se aplicaría el artículo 242.1 y 2 del CP, sino el 240 de dicho Código, como delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, pero no un delito intentado de robo con violencia e intimidación.
Como se señala en el Sentencia nº 494/2004 de 22 de noviembre, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, se hace referencia al uso de las armas u otros medios peligrosos. En el articulo 242.2, se castiga no a la tenencia de arma sino a su uso, aunque se equipare a su uso efectivo con exhibición, y el artículo 242.1 señala "sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase", ello quiere decir, que si, además del robo, hay unas lesiones, habrá dos delitos independientes con sustantividad propia y cada uno de ellos deberá castigarse con las circunstancias agravatorias y cualificadoras que concurran".