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Timestamp: 2019-10-23 16:43:11
Document Index: 85046406

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 260', 'artículo 8', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA SL14011-2017/54202 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2017
SENTENCIA SL14011-2017 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:VIABILIDAD DE LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA EN TODAS LAS PENSIONES, LEGALES O EXTRALEGALES, SIN CONSIDERACIÓN A LA FECHA DE RECONOCIMIENTO, ESTO ES, ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. SE PRECISA QUE LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA ES UN FENÓMENO QUE PUEDE AFECTAR A TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES POR IGUALQUE EXISTEN FUNDAMENTOS NORMATIVOS VÁLIDOS Y SUFICIENTES PARA DISPONER UN REMEDIO COMO LA INDEXACIÓN, A PENSIONES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991QUE ASÍ LO HA ACEPTADO LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL AL DEFENDER UN DERECHO UNIVERSAL A LA INDEXACIÓN Y AL RECONOCER QUE DICHAS PENSIONES PRODUCEN EFECTOS EN VIGENCIA DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALESQUE ESA POSIBILIDAD NUNCA HA SIDO PROHIBIDA O NEGADA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADORY QUE, POR LO MISMO, NO CABE HACER DIFERENCIACIONES FUNDADAS EN LA FECHA DE RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN, QUE RESULTAN ARBITRARIAS Y CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, RECURSO DE CASACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, CLASES DE PENSIÓN, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Sentencia SL14011-2017/54202 de septiembre 6 de 2017
SL14011-2017
Rad.: 54202
EXTRACTOS: «IV. Demanda de casación.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada, y «en su lugar confirmar la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Veintiocho Laboral Oral de Bogotá D.C., en proceso 11 001 31 050 28 2009 00440 00 mediante sentencia del 28 de abril de 2010».
Acusa la sentencia, de violar por vía directa, por infracción directa frente «al artículo 9º de la [L]ey 153 de 1887; artículo 1º de la Ley 4 de 1976, artículo 1º de la Ley 71 de 1988; artículo 1º y 4º del Decreto 1160 de 1989; los artículos 2º, 4º, 13, 25, 48, 53, 58, 230 de la Constitución política de 1991; artículo 133 de la Ley 100 de 1993».
En la demostración, comienza por indicar que la sentencia acusada vulnera en forma manifiesta los preceptos constitucionales contenidos en las disposiciones enunciadas, que desconocer el derecho que le asiste, quebranta normas que regulan la universalidad y favorabilidad de la seguridad social; asegura que la Carta Política rige además sobre principios básicos como la igualdad, eficiencia, irrenunciabilidad, favorabilidad, mínimo vital y móvil, los cuales el Tribunal abandonó de plano al estimar que por retirarse el actor del servicio antes de la vigencia de la Constitución de 1991, no era viable indexar la primera mesada pensional, sin tener en cuenta que la nueva carta tiene efectos retrospectivos sobre situaciones ya consolidadas.
Afirma que para unificar criterio jurisprudencial frente al debate y con el fin de plasmar la ilustración técnica y exacta del caso, en relación con el tema de la aplicación retrospectiva de las normas, procede a transcribir la Sentencia T-110 de 2011 de la Corte Constitucional, aspecto este que no fue aplicado por el Tribunal lo que conllevó a vulnerar las disposiciones enunciadas en el cargo y a múltiples decisiones constitucionales; considera que:
[…] en sana lógica, puede aplicarse normas posteriores a situaciones anteriores (Legislación de la Carta Política de 1886) en tanto sean más favorables al interesado o su familia. Lo anterior implicaría que una prerrogativa conferida por la ley a un grupo de personas (que por razón de una determinada época son favorecidos), se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad.
Estima que no acceder a indexar la primera mesada de la pensión sanción, con sustento en que la misma se causó para determinada época (antes de la Constitución de 1991), es violatorio del derecho a la igualdad respecto de quienes en las mismas condiciones, después de tal vigencia accedieron a su prestación pensional.
La opositora, hace consideraciones de orden técnico frente al cargo propuesto, en el sentido que el recurrente enunció una serie de disposiciones constitucionales que agreden la sentencia, sin que exista un desarrollo lógico de la acusación, además las normas de tal orden son generales y abstractas sin estatuir un derecho especifico dispuesto en la ley sustancial.
Respecto del fondo de la acusación, luego de señalar que la fecha del despido del actor fue el 4 de junio de 1991, esto es, antes de la vigencia de la Constitución de 1991, adujo que la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, ha sido clara en indicar que antes de la expedición de la Carta Política vigente (7 de julio de 1990), no era procedente la indexación de la primera mesada pensional, por no existir soporte legal ni supra legal para su reconocimiento; transcribió apartes de dos sentencias de la Sala y pidió no casar la sentencia atacada.
No le asiste razón a la parte opositora respecto a las consideraciones de orden técnico señaladas, toda vez que, de la sustentación del cargo presentado se advierte un desarrollo lógico en cuanto a la aplicación retrospectiva de normas y principios de orden constitucional al caso concreto y, por otra parte, por cuanto, si bien, se enuncian disposiciones de orden Constitucional, igualmente se advierte que se agregó por el recurrente un conjunto normativo de disposiciones sustantivas del orden nacional, con las que sobradamente se cumplen las exigencias de los artículos 87 (modificado por el 60 del D.R. 528 de 1964) y 90 del CPTSS.
El sentenciador de segundo grado, revocó la decisión del a quo, con sustento en que como la prestación se causó el 4 de junio de 1991, fecha aquella anterior a la expedición de la Constitución Política - julio 7 de 1991-, no es procedente la misma, como quiera que antes de la vigencia de la Carta Política no existía soporte alguno para su otorgamiento.
Con la anterior decisión, incurrió el Tribunal en el desacierto jurídico que le atribuye la censura, pues la misma no se ajusta al criterio jurisprudencial fijado por esta Corte y que actualmente admite la indexación del salario base de liquidación de las pensiones legales y extralegales nacidas con anterioridad o bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991. Es decir que ya no distingue la Corporación, como lo hizo en algunas ocasiones pasadas, en el origen de la pensión cuya indexación primigenia se solicita, ni tampoco si se causó antes o bajo la vigencia de la actual Constitución.
Así lo asentó la Corte en la sentencia CSJ SL, 16 oct. 2013, rad. 47.709, en la que dijo:
iii) En la Sentencia C-862 de 2006, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el numeral 1) del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el numeral 2) de la misma disposición, “(…) en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidos, IPC, certificado por el DANE”. De igual forma, en la Sentencia C-891A de 2006, declaró exequible la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “(…) en cuanto éste siga produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC certificado por el DANE”.
“Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos —los pensionados— dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación” (negrillas fuera de texto).
Como en este caso el Tribunal consideró improcedente la indexación haciendo eco de la jurisprudencia que por medio de esta decisión se recoge, el cargo es fundado y procede la casación de la sentencia recurrida. (Resalta la Sala)
Igualmente, son numerosos los pronunciamientos de esta corporación, según los cuales las pensiones sanción y restringida de jubilación que regulaba el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, se causaban con el tiempo de servicios requerido y el despido injusto, en el caso de la pensión sanción, o con el tiempo de servicio y el retiro voluntario, en el caso de la segunda, siendo la edad apenas un mero requisito para la exigibilidad de la respectiva prestación. Se señalan entre otras, las sentencias CSJSL del 11 mayo. 2010, rad. 34070, CSJSL 5704- 2015 del 6 de mayo de 2015, rad. 55774 y CSJSL 9361- 2015 del 8 de julio de 2015, rad. 57218.
Como consecuencia del anterior criterio que reitera esta Sala, el cargo prospera.
No puede pasar por alto la Sala que con el recurso de apelación presentado contra la decisión de primer grado, la demandada hizo cuestionamientos referidos a la existencia de cosa juzgada respecto del pronunciamiento judicial que ordenó la pensión sanción primigenia, y solicitó que en el evento de que deba actualizarse el IBL, esta orden solo opere a partir de la fecha de expedición de la Sentencia C-891A 2006, de 1 de noviembre de 2006.
En relación con la primera de las alegaciones, debe decir la Sala que no es viable adentrarse en su estudio, pues la «cosa juzgada» no fue planteada en la contestación de la demanda.
En cuanto al segundo aspecto debatido por el apelante, referido a que de proceder la actualización del IBL, solo opere a partir de la fecha de expedición de la Sentencia C-891A de 1 de noviembre de 2006; encuentra la Sala que se trata de un hecho nuevo que no fue planteado por la accionada en la contestación de la demanda, ni en la primera instancia y por lo tanto, no fue resuelto por el a quo, razón por la cual es imposible su estudio en esta instancia, sin sorprender a la parte actora con un hecho no debatido procurando una afectación de su derecho al debido proceso.
Tampoco se discutió por la demandada en la apelación, lo dispuesto por el a quo en cuanto al monto de la primera mesada actualizada y en relación con declarar no probadas las excepciones propuestas, razón por la cual esa decisión es también inmodificable.
Las consideraciones indicadas en precedencia, sirven para confirmar la decisión proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 28 de abril de 2010.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada su prosperidad. Las de las instancias, correrán a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de julio de 2011, dentro del proceso que promovió Pedro Serafín Otálora Amaya contra el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones – Foncep.
En sede de instancia se CONFIRMA el fallo proferido por el Juzgado Veintiocho (28) Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., el 28 de abril de 2010.