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Timestamp: 2018-11-17 07:05:48
Document Index: 390111471

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 48', 'artículo 267', 'artículo 136', 'artículo 48', 'artículo 46']

﻿ AUTO 2004-00120 DE DICIEMBRE 19 DE 2005
AUTO 2004-00120 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. POR CONDUCTA CONCLUYENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:411 DE MARZO DE 2006, PG.450
Auto 2004-00120 de diciembre 19 de 2005
Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
Radicación: 25000-2324-000-2004-00120-01.
Actor: Multibienes Ltda.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005).
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad demandante contra el auto proferido el 10 de junio de 2004 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual rechazó la demanda promovida en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la decisión contenida en el oficio SBI (URB)-3525 de 19 de mayo de 2003 expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, por caducidad de la acción.
Por conducto de apoderado, la sociedad Multibienes Ltda. promovió demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo contra la decisión contenida en el oficio SBI (URB)-3525 de 19 de mayo de 2003 expedido por el subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante el cual se informa a la demandante que a partir de esa fecha la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y del Valle del Cauca, a través de las inmobiliarias relacionadas en dicho oficio, será quien ejerza la administración de los inmuebles que están a su cargo, bienes estos que según lo referido en la demanda le fueron entregados a esta como depositaria provisional de los mismos.
Como consecuencia de la anterior declaración solicitó que se le restablezca como depositaria provisional de los bienes inmuebles descritos en el acto demandado, y se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios derivados de la remoción de ese cargo.
A través del auto apelado se rechazó la demanda por caducidad de la acción, en consideración a que la misma fue interpuesta cuando ya había transcurrido el término de cuatro (4) meses establecido en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para el ejercicio válido de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el mismo empezó a correr desde el 20 de mayo de 2003 y se extendía hasta el 20 de septiembre de ese mismo año, y la demanda solo se radicó en la secretaría del tribunal el 5 de febrero de 2004.
Sostiene el recurrente que según lo expresado en los hechos de la demanda así como en el concepto de violación de las normas citadas como infringidas, el acto acusado se expidió con desconocimiento evidente del derecho de audiencias y de defensa, dado que no se vinculó previamente a la sociedad Multibienes Ltda. a una actuación administrativa dirigida a la remoción suya como secuestre de bienes inmuebles incautados administrados en calidad de depositario provisional, ni se le permitió conocer las pruebas en su contra, como tampoco se le notificó personalmente esa decisión ni se le dio a conocer los recursos procedentes contra aquella y la autoridad ante quien debía interponerlos, lo cual impidió que hiciera uso de los recursos de la vía gubernativa.
En ese sentido, a su juicio la ausencia de un acto administrativo de remoción como depositario provisional sujeto a las garantías constitucionales y legales, simplemente comunicado a través de correo certificado, supone la existencia de un acto administrativo ficto o presunto, que puede por lo tanto ser demandado en cualquier tiempo de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia y lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modifica el numeral 3º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
La Sala confirmará el auto impugnado por las siguientes razones:
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca “... al cabo de los 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.
En el presente asunto, pese a que el a quo no contabilizó debidamente el referido término de caducidad, pues lo hizo teniendo en cuenta la fecha del acto acusado y no la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del mismo, revisada la actuación se observa que la demanda fue promovida luego de transcurrido el término para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho señalado en la norma antes citada.
En efecto, si bien no existe constancia acerca de la notificación del acto demandado en los términos señalados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, sí se tiene certeza sobre la fecha en que la parte actora conoció dicho acto, y por lo tanto es a partir de la misma desde cuando debe contabilizarse el término de caducidad de la acción.
La notificación en este caso se produjo por conducta concluyente, en los términos del artículo 330 del CPC, pues la parte actora manifestó de manera expresa que conoció sobre la existencia y el contenido del oficio demandado.
Sobre el particular, es relevante señalar que esta sección en sentencia de 13 de junio de 1996, dictada dentro del expediente 3690, con ponencia del magistrado Ernesto Rafael Ariza Muñoz, precisó que en los procesos contencioso administrativos es aplicable la previsión del artículo 330 del CPC relativa a la notificación por conducta concluyente, en consideración a que el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, que regula esa misma materia, presenta un vacío, como quiera que no contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la notificación personal o por edicto, pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos gubernativos procedentes, evento en el que es aplicable la norma del CPC, en virtud de la remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (1) .
De acuerdo con lo afirmado en el hecho 11 de la demanda (fl. 7), el acto impugnado contenido en el oficio SBI (URB)-3525 de 19 de mayo de 2003 de la Dirección Nacional de Estupefacientes fue recibido directamente por la sociedad demandante el día 26 de mayo de 2003, y desde ese momento tuvo conocimiento de la decisión en él adoptada.
En ese orden, como el término de caducidad comenzaba a correr a partir del día siguiente a esa fecha, esto es, el 27 de mayo de 2003, y vencía el día 27 de septiembre de ese mismo año, la demanda interpuesta el 20 de febrero de 2004 es claramente extemporánea, por lo que resulta ajustada a derecho la decisión de rechazar la demanda por caducidad de la acción.
Ahora bien, encuentra la Sala que el apoderado de la sociedad demandante entiende que el acto objeto de demanda es presunto por el hecho de que a su juicio haya sido expedido en forma irregular y que no le haya sido notificado legalmente, lo cual constituye una apreciación ciertamente equivocada, ya que tales actos son aquellos que surgen por virtud del silencio de la administración respecto de una petición o un recurso elevado ante ella, pero no por los presuntos vicios en su expedición.
Por lo tanto, como el acto aquí acusado es un acto expreso y no un acto ficto o presunto, no es aplicable en este caso la previsión del numeral 3º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según la cual “la acción sobre actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo”.
En esa perspectiva, como no existe para este momento duda respecto del término de caducidad de la acción, es procedente el rechazo de la demanda, como en efecto se dispuso en el auto apelado, el cual se confirmará.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2005.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Presidente—Camilo Arciniegas Andrade, Salva voto— Gabriel E. Mendoza Martelo— María Claudia Rojas Lasso.
(1) Así mismo, en sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida en el expediente 1995 05799 01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, la sección encontró procedente la notificación por conducta concluyente en los términos prescritos en el CPC.
El Código Contencioso Administrativo, en su libro primero, título I, capítulo X, denominado “publicaciones, comunicaciones y notificaciones”, regula detalladamente la notificación personal, como acto sometido a rigurosos requisitos. Son estos:
1. Entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión al interesado (art. 44, inc. quinto).
2. Indicación de los recursos procedentes, las autoridades ante quienes deben interponerse y los términos para hacerlo (art. 47).
La omisión de alguno de estos requisitos implica inexistencia de la notificación e ineficacia del acto administrativo, al siguiente tenor del artículo 48 inciso primero ibídem:
Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46” (negras fuera del texto).
No basta, entonces, con hacer conocer al interesado la decisión, sino que es preciso entregarle copia. Y no es suficiente la entrega de la copia al interesado, pues se requiere, además, informarle de los recursos procedentes.
La mayoría de la Sala sostiene que el término de caducidad comienza a correr tan pronto como el interesado conozca el acto administrativo. Esta tesis es errónea. Porque el interesado a quien únicamente se le haya entregado copia del acto, sin duda lo conoce; mas no por ello estará notificado, si no se le informa de los recursos procedentes. Lo expuesto significa que el CCA contiene una regulación especial de la notificación personal, que prefiere a la del Código de Procedimiento Civil. Aunque la parte interesada conozca la decisión, para que exista notificación se necesita todavía un acto potestativo suyo: que se dé por enterada y convenga en ella, o interponga los recursos. Esta es la regulación especial dispuesta por el CCA para la notificación por conducta concluyente. Por tanto, no procede remisión alguna al CPC.