Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20150910/convenio-entre-espana-y-uzbekistan-para-evitar-la-doble-imposicion/
Timestamp: 2018-07-22 16:44:48
Document Index: 72902151

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11']

Convenio entre España y Uzbekistán para evitar la doble imposición | Lexur Editorial
Convenio entre España y Uzbekistán para evitar la doble imposición
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
El Reino de España y la República de Uzbekistán,
deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
(v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio; (denominados en lo sucesivo «impuesto español»);
b) en Uzbekistán:
(i) el Impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas;
(ii) el Impuesto sobre la renta de las personas físicas; y
(iii) el Impuesto sobre la propiedad; (denominados en lo sucesivo «impuesto uzbeko»).
b) el término «Uzbekistán» significa la República de Uzbekistán y su uso en sentido geográfico comprende su territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo que se extiende sobre ellos, respecto de los que la República de Uzbekistán puede ejercer jurisdicción y derechos de soberanía, comprendido el derecho de uso del subsuelo y de los recursos naturales de acuerdo con el derecho internacional y la legislación de la República de Uzbekistán;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan el Reino de España o la República de Uzbekistán, según el contexto;
h) la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque, aeronave, ferrocarril o vehículo de carretera, explotado por una empresa de un Estado contratante, salvo cuando el buque, embarcación, aeronave, ferrocarril o vehículo de carretera se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
(i) en España: el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o su representante autorizado;
(ii) en Uzbekistán: el Presidente del Comité Fiscal Estatal o su representante autorizado;
(ii) una persona jurídica, sociedad de personas (partnership) o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado contratante, cualquier expresión o término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, a sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales o a sus entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
3. Una obra, un proyecto de construcción, instalación o montaje, o unas actividades de supervisión relacionadas con ellos, constituyen un establecimiento permanente únicamente si su duración excede de doce meses.
5. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con lo dispuesto en ese apartado.
6. No se considera que una empresa de un Estado contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, aeronaves, ferrocarriles y vehículos de carretera no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
1. Los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado contratante derivados de la explotación de buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera en tráfico internacional serán gravables exclusivamente en ese Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplica también a los beneficios procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo de los dividendos es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
3. El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas o de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los rendimientos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereseses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y
a) es ese Estado o el Banco Central, una subdivisión política o administrativo-territorial o una entidad local del mismo;
b) los intereses los paga el Estado del que proceden o una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales o entidades públicas o locales;
c) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido a ese Estado o a una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, entidades locales u organismo financiero público, o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los anteriores;
4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que procedan las rentas.
Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos de este artículo.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en el que esté situado el establecimiento permanente.
7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en este artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor, incluidas las películas cinematográficas y las películas o grabaciones destinadas a la difusión por radio o televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente.
6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
3. Las ganancias procedentes de la enajenación de buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado contratante, o de la enajenación de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera, serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante.
6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 serán gravables exclusivamente en el Estado contratante en que resida el transmitente.
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado serán gravables exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar cuando:
3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque, aeronave, ferrocarril o vehículo de carretera explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado contratante pueden someterse a imposición en ese Estado.
1. No obstante las disposiciones de los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista estarán exentas de imposición en el Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando estas se financien total o básicamente con fondos públicos de uno o de ambos Estados y se realicen al amparo de un convenio de colaboración cultural entre los Estados contratantes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo serán gravables exclusivamente en ese Estado.
a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o por una de sus entidades locales, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente en ese Estado.
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares serán gravables exclusivamente en el otro Estado contratante cuando los servicios se presten en ese Estado y la persona física sea un residente de ese Estado que:
(i) sea nacional de ese Estado; o
(ii) no haya adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.
a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o por una de sus entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente en ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o una de sus entidades locales.
1. Una persona física que sea residente de un Estado contratante inmediatamente antes de su llegada a otro Estado contratante y que, por invitación de una universidad, establecimiento de enseñanza superior, colegio u otra institución docente oficial similar, o de una institución para la investigación científica, permanezca en ese otro Estado contratante por un período que no exceda de dos años desde su llegada a ese otro Estado con los únicos fines de la docencia o la investigación en dichas instituciones, estará exenta de imposición en ese otro Estado en relación con las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales actividades.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las rentas procedentes de la investigación si tal investigación se ejerce principalmente para el beneficio particular de una persona o personas concretas.
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles tal como se definen artículo 6, que posea un residente de un Estado contratante y esté situado en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3. El patrimonio que posea una empresa de un Estado contratante, constituido por buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera explotados en tráfico internacional, y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera serán gravables exclusivamente en ese Estado.
4. El patrimonio constituido por acciones o participaciones u otros derechos en una sociedad u otra agrupación de personas, cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en un Estado contratante o por acciones o participaciones u otros derechos que otorguen a su propietario el derecho de disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que esté situado el bien inmueble.
5. Todos los demás elementos patrimoniales de un residente de un Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese Estado.
a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Uzbekistán, España permitirá:
(i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Uzbekistán;
(ii) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en Uzbekistán sobre esos elementos patrimoniales;
(iii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en Uzbekistán.
b) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de España, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o del patrimonio de ese residente.
2. En Uzbekistán, la doble imposición se evitará como sigue:
Cuando un residente de Uzbekistán obtenga rentas o posea patrimonio que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, entonces Uzbekistán permitirá:
a) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en España;
b) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en España.
Sin embargo, en ambos casos, dicha deducción no podrá exceder del importe de los impuestos sobre dicha renta o patrimonio, calculados antes de la deducción, que sean atribuibles a la renta o al patrimonio, según corresponda, que puedan someterse a imposición en España.
1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, esta disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados contratantes.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 24 a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en este Convenio o para la administración o la aplicación del derecho interno relativo a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o administrativo-territoriales, o sus entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto del mismo modo que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado, y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la supervisión de tales actividades. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante podrá utilizarse para otros fines cuando, conforme al derecho del Estado requirente, esa información pueda utilizarse para esos mismos otros fines.
4. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud de este artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado contratante pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún caso los Estados contratantes podrán interpretar tales limitaciones como base para denegar el intercambio de información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
1. Cada Estado contratante notificará al otro, por conducto diplomático, la conclusión de los procedimientos internos exigidos por normativa interna para la entrada en vigor de este Convenio.
a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente sobre las cantidades pagadas a no residentes, desde la fecha, inclusive, en la que el Convenio entre en vigor;
b) respecto de otros impuestos, en los ejercicios fiscales que comiencen desde la fecha, inclusive, en la que el Convenio entre en vigor; y
c) en los restantes casos, desde la fecha, inclusive, en la que el Convenio entre en vigor.
Este Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los Estados contratantes.
Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciar el Convenio, por conducto diplomático mediante notificación escrita remitida al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience tras la expiración de un plazo de cinco años desde la fecha de su entrada en vigor.
En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente sobre las cantidades pagadas a no residentes, tras la conclusión de ese año civil;
b) respecto de otros impuestos, en los ejercidos fiscales que comiencen tras la conclusión de ese año civil; y
c) en todos los restantes casos, tras la conclusión de ese año civil.
Hecho por duplicado en Madrid el 8 de julio de 2013, en las lenguas española, uzbeka e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Miguel Ferre Navarrete,
Botir Parpiev,
Presidente del Comité Fiscal Estatal
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que constituirán parte integrante del Convenio.
a) Este Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de la evasión y elusión fiscales.
c) Este Convenio no impedirá a los Estados contratantes aplicar sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).
II. En el caso de Uzbekistán, se entenderá que el término «patrimonio» equivale a «propiedad».
III. En relación con el artículo 10.
No obstante lo dispuesto en el subapartado a) del apartado 2 del artículo 10 del Convenio, en la medida en que conforme a las disposiciones de la legislación española relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, con sus modificaciones futuras, una sociedad residente de España no tribute por dicho impuesto español por razón de los dividendos que la sociedad perciba procedentes de una sociedad residente en Uzbekistán, el porcentaje previsto en dicho subapartado quedará reducido a cero por ciento.
En relación con la letra c) del subapartado 3 del artículo 11.
España considerará que la expresión «organismo financiero público» comprende:
– ICO: Instituto de Crédito Oficial.
– CESCE: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.
– COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo.
Madrid, 2 de septiembre de 2015.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.