Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190103-III.html
Timestamp: 2019-10-22 11:27:48
Document Index: 5531839

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 78', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 89', 'artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 117']

Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5188-III, jueves 3 de enero de 2019
Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Arturo Grande Corrotitlán y Martimianao Lorencito, encargados de la seguridad pública y policía respectivamente, del municipio de Zitlala, Guerrero, ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2018 y se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para el esclarecimiento de los homicidios, a cargo de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo del Senado a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a garantizar en las próximas elecciones de gobernador en Puebla un marco de transparencia, legalidad, cordialidad, seguridad, respeto y protección de los derechos humanos de candidatos y votantes, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a dejar sin efectos las circulares números 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018 para que se respeten la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo de las tecnologías financieras en las reglas del sistema de pagos electrónicos bancarios, suscrita por la senadora Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una investigación exhaustiva sobre la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Rafael Moreno Valle, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y Capufe a restaurar la modalidad de pago de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en las plazas de cobro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a seguir aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al acuerdo por el cual se actualizan las cuotas específicas en materia de ese gravamen, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a disminuir la tasa general del IVA en la región fronteriza norte del país, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de controles de confianza, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar una reunión de trabajo con el titular de la SHCP para que explique los alcances del decreto por el cual se otorgan distintos estímulos fiscales a personas físicas y morales en materia del IVA e ISR y el incremento del salario mínimo en la región fronteriza norte del país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Indaabin a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado del campo militar número 1-F respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a manifestar mediante los conductos diplomáticos una condena por lo ocurrido el 1 de enero de 2019 en la frontera norte, donde agentes de la Patrulla Fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
Lorena Villavicencio Ayala, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Primero. El pasado 30 de diciembre de 2017, el encargo de seguridad publica y el policía de Zitala, Guerrero, Arturo Grande Corratitlán y Martimiano Lorencito, fueron asesinados a balazos en el barrio de San Mateo, de ese ayuntamiento en la región de la Montaña baja de Guerrero.
Reportes de la policía estatal refieren que minutos antes de las ocho de la mañana recibieron reportes de disparos de arma de fuego y después se confirmó que una patrulla de la corporación municipal había sido atacada por sujetos fuertemente armados.1
“El vehículo oficial se estrelló contra una tienda de abarrotes después de ser atacado por el grupo armado, destacó el informe oficial.
La SSP estatal, en tanto, informó que cerca de las 7:40 horas… se pidió auxilio al número de emergencia 911, luego del ataque armado contra los agentes, quienes fueron agredidos por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. No hubo detenidos.
Agregó que en el área del atentado se encontraron 17 casquillos percutidos calibres nueve milímetros y 7.62 x 39 (estos últimos utilizados en fusiles de asalto AK-47), y que los uniformados estaban realizando un patrullaje.”2
Segundo. Cabe señalar, que durante el mes de agosto de 2018, es decir, en los primeros ocho meses del año en Acapulco, es decir 243 días, el promedio de asesinatos es de poco más de dos por día, donde sumaron ya 573 homicidios en el puerto, dos más en el mismo periodo en el 2017, donde hubo 571.
En los dos primeros días de septiembre de 2018, suman ya cuatro homicidios, tres taxistas y una mujer.
En el municipio de Taxco, en la región Norte, suman 46 asesinatos hasta agosto, seis más que en julio donde se registraron 40, Coyuca de Benítez con 31, que en el mes anterior tuvo 27.”3
Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero señala:
I. El esclarecimiento de los hechos;
II. Proteger al inocente;
III. Que el culpable no quede impune, y
IV. Que se reparen los daños causados por el delito.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Arturo Grande Corrotitlán y Martimianao Lorencito, encargado de Seguridad Publica y policía respectivamente, ambos en el municipio de Zitlala, Guerrero, ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2018 y se exhorta la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de su competencia realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para el esclarecimiento de los homicidios.
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, Palacio del Congreso de la Unión a los 3 días de enero de 2019
1 La Jornada. 31 diciembre 2017. Asesinan al encargado de seguridad de Zitlala y a un agente municipal https://www.jornada.com.mx/2018/12/31/estados/025n3est
3 El sol de Acapulco. 3/septiembre de 2018 Suman 573 homicidios en lo que va del 2018
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/policiaca/suman-573-homicidios-en-lo-que-va-del-2018-1965054.html
Los que suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
El pasado veinte cuatro de diciembre, después del mediodía, comenzó a difundirse en redes sociales el desplome de una aeronave en el estado de Puebla, conforme pasaron las horas fue tomando fuerza la versión de que en ella iba la gobernadora del estado Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle.
Las versiones empezaron a cobrar fuerza a raíz de un mensaje en la red social Twitter por parte del presidente de la República quien refirió que tenía información que estos dos funcionarios iban en la aeronave, fue entonces cuando se empezó a tomar con mayor seriedad la versión.
Según medios locales, el helicóptero había despegado diez minutos antes del helipuerto El Triángulo de las Ánimas, en Puebla, e iba con destino a la Ciudad de México.
Conforme fueron corriendo las horas, se fue teniendo más información sobre el hecho, y fue hasta que se dieron conferencias de prensa, casi al mismo tiempo, por parte de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno de la república, que la noticia fue confirmada.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, informó en rueda de prensa que el helicóptero era marca Agusta 109, con matrícula XEA BON. Confirmó que a bordo viajaban el capitán Roberto Coppel, el primer oficial Marco Antonio Talavera; la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; el senador Rafael Moreno Valle, y el asistente del senador Moreno Valle, Héctor Baltazar.
Las tareas de averiguación de lo ocurrido echaron a andar pocas horas después del accidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunciaron la apertura formal de una investigación para saber exactamente lo ocurrido, y el Ejecutivo federal prometió transparencia en cuanto se tuvieran suficientes elementos para determinar las causas del siniestro.
Desde ese día han corrido distintas versiones sobre los hechos y muchas especulaciones, las cuales provocan una gran incertidumbre en la población, además de generar especulaciones que dañan a las personas e instituciones.
Se ha anunciado que en las investigaciones estarán colaborando instituciones de carácter internacional, de hecho, el portavoz del Ejecutivo poblano, Maximiliano Cortázar Lara, así lo solicitó, además, el apoyo internacional para dar credibilidad a las investigaciones.
Aunado a las investigaciones, es de gran importancia que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones, por ello cabe destacar que deberá crearse una comisión especial plural del Senado de la República que acompañe la investigación, le de agilidad, garantice imparcialidad, transparencia y sobre todo tranquilidad a la población poblana que tanto lo necesita en estos momentos.
El marco jurídico del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (artículos 85 y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículos 119 a 121 del Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico. Añade el artículo 119 que las comisiones especiales se crean a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y del senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2019.
La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, para que las próximas elecciones de gobernador del estado de Puebla, se lleven a cabo en un marco de transparencia, legalidad, cordialidad seguridad, respeto y protección irrestricto de los derechos humanos de quienes participan como candidatos y votantes, al tenor de las siguientes
A partir de la reforma constitucional de 2014, el Instituto Nacional Electoral fue facultado para intervenir de manera directa en los procesos electorales de las entidades federativas, es por ello, y ante el terrible acontecimiento ocurrido el pasado 24 de diciembre, en el que perdió la vida la gobernadora del estado de Puebla, Martha Érika Alonso, pugnamos porque en las próximas elecciones sea este instituto quien organice el proceso.
Para nadie es desconocido las diversas irregularidades en la que se llevaron a cabo las elecciones para votar quién sería el próximo gobernador del estado de Puebla, situación que llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una investigación realizada por la Universidad Iberoamericana arrojó que, en la elección hubo irregularidades graves que no permitieron dar certeza al proceso electoral, al señalar que en 9 de cada 10 casillas analizadas hubo errores en los conteos distritales al compararlos con las actas originales.
Otro estudio de la UNAM señaló que se tuvo conocimiento de que faltaron por contabilizar un aproximado de 61 mil votos y existieron dudas razonables en los resultados de la elección, por las 24 casillas donde se observó que no coincidían los votos con el número de personas registradas en la lista nominal.
Es por ello que, ante la falta de credibilidad del actuar del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla y de las diversas irregularidades durante todo el proceso, se considera necesario que quien lleve a cabo las elecciones sea el Instituto Nacional Electoral.
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Segundo. Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, asuma directamente la organización de la elección extraordinaria, para elegir al próximo gobernador del estado de Puebla, en un marco de respeto de los derechos humanos de los candidatos y votantes.
Palacio Legislativo San Lázaro, sede de la Comisión Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, a 3 de enero de 2019.
La que suscribe, Indira Kempis Martínez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
I. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó en el Senado la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), la cual posteriormente sería aprobada en la Cámara de Diputados y finalmente se promulgaría el 8 de marzo de 2018. Como se establece en el artículo 2, la Ley Fintech se creó basada “... en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica”. Dichos principios se violan en las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, emitidas por Banco de México.
II. La tecnología afectada por esta disposición unilateral emitida por Banco de México afecta a los más de 800 mil mexicanos que utilizan los activos virtuales como medio para realizar envíos de remesas a bajo costo, pagos digitales, o para tener acceso a la economía digital. Es decir, afectan a la población que ha sido ignorada por los instrumentos financieros tradicionales.
III. Banco de México participó en la elaboración de la Ley Fintech, y se encuentra supeditado a esta misma Ley de acuerdo con el artículo 2, el cual indica que “...dichos principios deben ser respetados por todos los sujetos obligados por esta Ley, respecto de su operación, así como las autoridades financieras al ejercer sus facultades.”
IV. Las medidas delineadas en las circulares anteriormente mencionadas atentan contra la inclusión financiera, al pedir que los usuarios de estas plataformas que realicen transacciones cuyo valor supere las 3 mil UDIS entreguen su firma electrónica avanzada o FIEL. Considerando que solo 10 millones de personas en el país cuentan con FIEL, esta es una medida prohibitiva. Por otro lado, al no existir antecedentes de que este requisito se le exija a alguna otra institución financiera en el país, resulta excesiva y anticompetitiva.
Nos encontramos en un punto en donde se requieren medidas inmediatas que permitan la libre competencia y el acceso al sistema financiero, como lo permite la ley citada. No dar marcha atrás a las reglas publicadas por el Banco de México nos pone en desventaja frente a otros países que buscan una sociedad incluyente, con mejores servicios y acceso al sistema financiero. Ya se tiene una ley y disposiciones secundarias, mismas que debemos observar para darle certidumbre al consumidor, no podemos permitir que el interés de unos cuantos afecte los intereses de un país.
Bajo este entendido, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a Banco de México a que realice los actos necesarios para que las reglas antes citadas se atengan a las disposiciones de prevención de lavado de dinero enmarcadas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Este marco regulatorio que permite y observa en principio el uso y trato de activos virtuales y la regulación de sociedades de fondos de pago electrónico que operarán o en su caso que ya operaban en términos del artículo octavo transitorio de la ley conocida como Fintech.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a apegarse a la legalidad y a los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia y protección al consumidor, y, por tanto, a declarar sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018.
Dado en la sede de la Comisión Permanente delCongreso de la Unión, a 3 de enero de 2019.
Por otra parte, en el Informe mundial sobre discapacidad se reconocen todas estas barreras y obstáculos, donde el acceso a los equipos y artículos está limitado por el nivel de ingresos de las personas con discapacidad. Atendiendo esta situación se recomienda a los países “... mejorar la asequibilidad de los bienes y servicios para las personas con discapacidad y compensar los costos adicionales asociados a la discapacidad”... además de introducir “...exenciones de honorarios, tarifas reducidas de transporte y reducciones en los impuestos y aranceles sobre importaciones de productos médicos duraderos y tecnologías auxiliares .”4
1 ONU. Más del80 por ciento de las personas con discapacidad son pobres, advierte relatora de la ONU. Centro de Noticias de la ONU. 09.06.15. [En línea] [fecha de consulta: 05 - diciembre - 2018] Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopmentfes/2015/06/mas-del-8O-por-cie nto-de-las-personas-condiscapacidad-son-pobres-advierte-relatora-de-Ia- onu/
2 ONU. Las personas con discapacidad luchan contra la exclusión. Noticias ONU. 03.12.18. 2018 [En línea] [fecha de consulta: 05 - diciembre - 2018] Disponible en: https://news.un.org/es/story/ 2018/12/1446921
3 Secretaría de Desarrollo Social. Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México. 2016. pp. 13 y 14 [En línea] [fecha de consulta: 05 - diciembre - 2018] Disponible en: https://backend.aprende.sep.gob.mx/media/uploads/proeditjresources/diag nostico_sobre_L8a347852.pdf
4 OMS y Banco Mundial. Informe mundial sobre discapacidad. 2011. P.10, 11 Y 21 [En línea] [fecha de consulta: 03- diciembre - 2018] Disponible en:—https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summarLes.pdf?ua =l
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
El pasado 24 de diciembre de 2018, pasadas las 16:30 horas, se dio a conocer a la opinión pública la información de que un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el exgobernador de la entidad y senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, se había desplomado a unos minutos de haber emprendido el vuelo.
El helicóptero despegó en la ciudad de Puebla rumbo a la Ciudad de México y cayó en Santa María Coronango, a las afueras de la Zona Metropolitana de Puebla minutos después. En él viajaban también los dos capitanes, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, así como el asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza, todos perdieron la vida.
Las causas de la caída del helicóptero aún son inciertas y hace necesario llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva para conocer los pormenores de lo ocurrido aquella tarde.
El Grupo Parlamentario del PAN lamenta el fallecimiento de los cinco tripulantes de la aeronave, en especial de la gobernadora Martha Érika Alonso y de nuestro compañero senador Rafael Moreno Valle. Nuestra máxima solidaridad y apoyo a sus familias en estos momentos de tanta tristeza.
Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle eran dos políticos con reconocimiento a nivel nacional. Su acción política trascendió en el bienestar y la mejora de la calidad de cientos de miles de personas y familias en Puebla.
Para Puebla y para el resto de México, el deceso de estos prominentes actores políticos representa una tragedia que no puede dejarse pasar por alto y sobre la que el gobierno federal tendrá que ofrecer mucha información y dar respuestas claras y veraces.
Su muerte se da en un contexto sumamente crítico en términos de certidumbre política; apenas unos días antes la gobernadora Alonso había rendido protesta a su cargo después de innumerables pugnas políticas y jurídicas ante los tribunales electorales locales y federales.
En el Grupo Parlamentario del PAN insistimos en que la pugna que se llevó a cabo a través de las instituciones democráticas del Estado, no da razón para desconocer al triunfador de una contienda, y mucho menos a insinuar la no colaboración entre órdenes de gobierno como lo manifestara el presidente López Obrador al referirse a la toma de protesta de Martha Erika Alonso como gobernadora.
Tampoco puede ser pretexto para que, en un momento en donde se espera la actuación institucional y republicana de un jefe de estado durante las exequias de la gobernadora Alonso y del senador Moreno Valle, no acuda a los funerales y mande a una representante de su gobierno. Lamentamos que el Presidente de la República no haya asistido a los funerales de Estado en memoria de la gobernadora de Puebla y del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores.
Se trata de una muestra clara de que el conflicto político en Puebla no está superado y que la ambición política se ha situado por encima de las razones de la República.
En próximos meses el estado de Puebla tendrá que entrar en un nuevo proceso electoral para designar un nuevo gobernador de la entidad. De antemano hacemos un llamado a todos los actores políticos para que dicho proceso se lleve a cabo con la mayor civilidad y a través de los cauces democráticos.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a brindar todo su apoyo y las garantías necesarias para que el próximo proceso para la elección de gobernador en Puebla se lleve a cabo bajo los más altos estándares democráticos y se respeten los principios de equidad y certeza a lo largo de la contienda y durante el periodo postelectoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 3 de enero de 2019.
Los suscritos, senadores y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
El pasado 20 de diciembre de 2018, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) publicó a través de distintos medios un comunicado bajo el cual se informa que a partir del 1 de enero de 2019, el cobro de peaje será únicamente mediante pago en efectivo, cancelando la posibilidad de realizar el pago de este servicio mediante cualquier otro pago distinto a éste, salvo el cobro por TAG-IAVE.
Esta disposición afecta a los más de 1 millón 376 mil 204 vehículos que utilizan de forma diaria la infraestructura de autopistas y puentes de cuota a cargo, donde al menos 980 mil son automóviles, 64 mil son autobuses de pasajeros y poco más de 330 mil son vehículos de transporte comercial o mercantil.
En perspectiva, la operación, mantenimiento y operación de caminos y puentes de cuota a cargo de Capufe, representó 42 por ciento de la Red Nacional de Autopistas de Cuota y 65 por ciento de la Red Nacional de Puentes de Cuota, comprendiendo en sí, de 41 caminos que alcanzan poco más de 4 mil kilómetros de longitud, 32 puentes de los cuales 14 son internacionales.
Así, bajo esta dinámica, la red operada por Capufe alcanzó de septiembre de 2017 a junio de 2018, un total de 388 millones de cruces, que lograron recabar 25 mil 987 millones de pesos, lo cual implicó un incremento de 3.6 a 10.1 por ciento en cuanto a cruces e ingresos comparado con el mismo periodo de un año anterior.
Por otro lado, este tipo de decisiones frenan las acciones relativas a la inclusión financiera, bajo la cual se busca que millones de mexicanos tengan acceso a diferentes productos y servicios financieros que puedan satisfacer las necesidades de consumo de distintos segmentos de la población.
En este mismo sentido vale la pena señalar que en sexenios pasados se buscó fortalecer la infraestructura financiera, pues como referencia podemos señalar que del cuarto trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2016, las terminales punto de venta (TPV) pasaron de 482 mil a 893 mil respectivamente, tan sólo de 2015 a 2016 hubo un incremento de 18.8 por ciento en TPV.
En otro contexto, como parte de las estrategias de inclusión financieras impulsadas en años anteriores, se ha logrado penetrar cerca de mil 700 municipios con TPV activas que aceptan esta forma de pago.
Asimismo, dentro de los resultados emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México de 2010 al 2016, las transacciones monetarias efectuadas a través de TPV incrementaron de 253 millones a 600 millones de operaciones de forma anual, ya sea con tarjeta de crédito o de débito.
Ahora bien, tomando en cuenta los datos anteriormente expuestos, vale la pena recalcar que nuestro país está sufriendo fuertes transformaciones en sus formas de consumo, pues cada vez son más las personas que prefieren realizar pagos de bienes y servicios a través de tarjetas bancarias.
En este punto particular, la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha señalado que la emisión de tarjetas bancarias en circulación ha aumentado de forma acelerada, siendo el caso de las tarjetas de débito, de 2010 a 2016 tuvo un crecimiento de 79 por ciento, es decir, existen más de 102 millones de tarjetas activas de débito, y para el caso de las tarjetas de crédito, la emisión de estos instrumentos ha sido más conservador, pues para el mismo periodo tuvo un crecimiento de tan solo 12 por ciento anual, es decir, se reportó un total de 26 millones de tarjetas en 2016 a comparación de las 23 millones que se contabilizaron en el año 2010.
De esta forma, la CNBV ha señalado que existe un mayor deseo de parte de la población de contar con un instrumento financiero a través de cuentas bancarias que a través del crédito.
En cualquiera de los dos casos, ya sea débito o crédito, contar con una tarjeta bancaria, permite que los usuarios tengan acceso a servicios eficientes de consumo, como es el caso del comercio electrónico.
No obstante, pese a los esfuerzos sin precedentes de administraciones pasadas por generar estrategias efectivas de inclusión financiera, México aún se encuentra ligeramente rezagado en este sentido.
Tomando en cuenta resultados del Banco de Pagos Internacionales, nuestro país presenta un promedio de dos tarjetas por adulto, mientras que países con ingresos similares cuentan con 4 o 5, como lo son China o Turquía.
Y por el lado del consumo, nuestro país presenta un total de 27 transacciones por adulto al año en TPV lo cual nos sitúa por encima de países como China e India, pero por debajo de países como Brasil o Turquía que realizan 76 y 65 transacciones anuales por adulto respectivamente.
En todo caso, nuestro país presenta un gran adelanto en materia de inclusión financiera, sin embargo, no es momento de reducir los incentivos para que cada vez más mexicanos cuenten con una herramienta básica financiera como lo es una tarjeta de débito, la cual opera de forma sencilla y se considera como el primer paso dentro de las estrategias de inclusión.
De igual forma, muchas instituciones de carácter internacional y nacional en la materia, han señalado que 2019 será un año de grandes retos para la economía mexicana, pues mucho de ello se deberá particularmente a los desequilibrios macro a los que se tendrá que enfrentar la nueva administración. Siendo uno de estos problemas el incremento de las tasas de interés que afectará las decisiones de consumo de las familias y las empresas mexicanas, además de ser un factor que afectará directamente la solicitud y emisión de nuevos créditos.
Por lo tanto, decisiones como la eliminación del cobro de peaje en las casetas de cobro, se traduce en un serio retroceso en el consumo de distintos sectores de la población que de forma diaria utilizan la infraestructura carretera y financiera para realizar sus actividades cotidianas.
De igual forma, empezar a impulsar este tipo de acciones que limitan el uso de instrumentos financieros como son las tarjetas de crédito o débito, generarán un desajuste agresivo al interior de la economía mexicana, pues las instituciones financieras en sus distintas constituciones como banca múltiple, banca de desarrollo, sociedades cooperativas de ahorro y préstamos o sociedades financieras populares, se consolidan como pilares de nuestra estructura financiera, pues en ellas recaen el patrimonio financiero de millones de familias e individuos de nuestra sociedad.
Por lo tanto, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, buscamos que nuestra población cuente con la mayor cantidad de opciones posibles que favorezca el consumo responsable, toda vez que creemos que la integración efectiva entre las instituciones financieras y la población será un factor determinante para dotar de estabilidad económica a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en las plazas de cobro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2019.
El suscrito, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019, con base en la siguiente:
Consumir gasolinas y diésel implica pagar diferentes cuotas de IEPS: una cuota federal, una cuota estatal y una cuota de carbono. Sin embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el precio final de los combustibles, con el fin de que la carga sobre el ingreso de las familias y los consumidores no sea tan onerosa.
Durante los últimos seis años, en México los precios de las gasolinas se incrementaron en más de un 80 por ciento. Para los consumidores el costo de los combustibles prácticamente se duplicó, pues mientras en diciembre del 2012 por cada litro de gasolina Magna pagaban 10.81 pesos, ahora, en el mes de agosto del 2018 pagan 19.39 pesos, lo que representa un incremento de 79 por ciento. A su vez, la gasolina Premium pasó de 11.37 pesos por litro a 20.89, lo que representa un incremento de 84 por ciento, y el diésel pasó de 10.90 pesos a 20.09, aumentando también un 84 por ciento. Así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, en promedio el precio de las gasolinas en nuestro país aumentó un 82 por ciento.
Para contextualizar el impacto del aumento de las gasolinas en la economía cotidiana de las familias mexicanas, se ilustra cómo, mientras en diciembre de 2012, con el salario mínimo diario (62.33 pesos) se podían comprar 5.8 litros de gasolina magna, para agosto de 2018, con el salario mínimo de 88.36 pesos diarios, solo se compran 4.7 litros, es decir alcanza para menos combustible, un litro menos.
Este dato cobra relevancia al considerar que para la generalidad de las familias mexicanas los altos costos de transporte representan un importante porcentaje del gasto de sus ingresos como se constata en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 donde se muestra que en México, el gasto familiar que se destina a transporte y comunicaciones representa el 19.3 por ciento de sus ingresos totales, monto sólo superado por el gasto que las familias destinan para alimentación y bebidas, rubro que absorbe el 35.2 por ciento de sus ingresos, y mucho más alto que el tercer rubro al que las familias destinan sus ingresos: Educación y Esparcimiento, que representa el 12.4 por ciento, o el cuarto rubro de gastos de vivienda que representa 9.5 por ciento.1
En contraste, con base a datos compilados por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el semanario británico The Economist elaboró una infografía que muestra cómo gastan los hogares de Australia, Canadá, los 28 países miembros de la Unión Europea, India, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Estados Unidos. De todos los países incluidos, México es el país donde las familias gastan más en transporte.2 En la siguiente tabla se puede observar el incremento de las gasolinas en México entre 2012 y 2018, así como su relación con el salario mínimo.
II. El artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece el monto de las cuotas gravables por litro a los combustibles automotrices, disponiendo lo siguiente:
“Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: ...
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: ...
Las cantidades señaladas en el presente inciso se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.”
El 27 de diciembre de 2016, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para establecer estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles, lo que se traduce en el cobro menor a la cuota establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del IEPS, con la finalidad de reducir el precio de la gasolina.
El primer acuerdo por el que se dispuso la reducción de cuotas estuvo vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017. A partir de entonces, y hasta la fecha, se han publicado sucesivamente decretos semanales, ajustando las cuotas considerando la fluctuación y la cotización del dólar como uno de los determinantes del precio de referencia internacional de las gasolinas, como se observa en los siguientes cuadros, que muestran el promedio de cuotas establecidas durante el presente ejercicio fiscal 2018 y su reducción porcentual y absoluta en pesos:
En este sentido, es importante señalar que el día 28 de diciembre de 2018 y con base Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el gobierno dispuso suprimir los estímulos y cobrarlo directamente a los mexicanos y donde se señalan en lo siguiente:
Con la primera actualización de cuotas para el IEPS, que será vigente del 1 al 11 de enero de este año, la SHCP no aplicará ningún estímulo fiscal para el consumidor final de este bien. Es decir, el ciudadano deberá pagar en su totalidad dicha cuota del IEPS, por lo que el incremento es términos generales un gasolinazo, ya que el con el acuerdo publicado tendrá que pagar 4.71 pesos por litro de IEPS para la gasolina Magna, es decir 22 centavos en comparación de las tablas explicativas del año 2018.
Para el caso de la gasolina Premium, se tendrá que pagar un impuesto de 4.06 pesos por litro, lo que significa 18 centavos comparando la cuota anterior, y en el Diésel de 5.28 pesos por litro, lo que equivale a 24 centavos más.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha referido a que la actualización de las cuotas se realizó con fundamento en el Decreto al que se hace mención y publicado el 27 de diciembre de 2016 tras la liberación de los combustibles. Sin embargo, este estímulo fiscal cambia cada semana acorde a movimientos del tipo de cambio y de los precios internacionales del petróleo y es publicado, semanalmente, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que este último Decreto es a todas luces un gasolinazo.
Este gobierno ha continuado con la política de sexenios anteriores, primero la de financiar del bolsillo de las y los mexicanos las cuentas que se hicieron al momento de la formulación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, además de que en la ruta de aprobación de la Ley de Ingresos se prometió no bajar dichos estímulos. En segunda, esta administración, que prometió que el costo de los combustibles bajaría apenas asumiera sus funciones, ha incumplido su promesa. No sólo fue algo que pregonaron durante la campaña electoral del año pasado, sino que en los Criterios Generales de Política Económica para el 2019 se estableció que se continuaría con una política de estímulos fiscales a las gasolinas, a fin de mantener sus precios constantes en términos reales.
Además de que dicha modificación y actualización del acuerdo generará un impacto negativo en el poder adquisitivo de las personas y que influirá en un alza de precio de los bienes, productos y servicios, por lo que exhortamos a la SHCP para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas, por lo que se somete a consideración el siguiente:
Único. Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019.
1 Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Pág. 24. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
2 “How countries spend their money”, The Economist, Sep 14th 2015 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/ daily-chart-9
3 Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 2017. Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505&fecha=29/12/2 017
4 Con base a los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por el que se dieron a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, correspondientes a la primera semana de cada mes del presente ejercicio fiscal 2018. DOF 29-12-2017 Acuerdo 142/2017; DOF 02-02-2018 Acuerdo 12/2018; DOF 02-03-2018 Acuerdo 23/2018; DOF 23-03-2018 Acuerdo 31/2018; DOF 27-04-2018 Acuerdo 41/2018; DOF 01-06-2018 Acuerdo 55/2018; DOF 27-07/2018 Acuerdo 76/2018.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2019.
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos en nombre propio y de los senadores de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que disminuya la tasa general del impuesto al valor agregado en las región fronteriza norte del país, al tenor de las siguientes:
Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, son obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Que el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF), dispone que las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.
Asimismo, el artículo 39, fracción III, del CFF dispone que el Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá conceder subsidios o estímulos fiscales.
c) Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte
El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte” (en adelante, Decreto), el cual otorgaría estímulos fiscales a 43 municipios de las entidades federativas que se encuentran localizados en la franja fronteriza norte de 25 kilómetros.
2. Playas de Rosarito
5. Mexicali
4. Práxedis Guerrero.
7. Coyame del Sotol
8. Ojinaga
9. Manuel Benavides
1. Ocampo
2. Acuña
1. Anáhuac
1. San Luis Río Colorado
3. General Plutarco Elías Calles
4. Caborca
6. Sáric
8. Santa Cruz Cananea
10. Agua Prieta
4. Miguel Alemán
6. Gustavo Díaz Ordaz
7. Reynosa
9. Valle Hermoso
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con el decreto, los estímulos se aplicarán en materia del impuesto al valor agregado (en adelante, IVA), al impuesto sobre la renta (en adelante, ISR), se homologarán los precios de los combustibles con los estados colindantes de la Unión Americana, y se duplicará el salario mínimo en esa región, a partir del día 1 de enero de 2019.
Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que el estímulo sobre el ISR consistirá en la aplicación de un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales y se aplicará contra el impuesto causado en el mismo ejercicio o en los pagos provisionales, según corresponda.
Los beneficiarios serán las personas morales del régimen general y que optaron por acumulación de ingresos, y las personas físicas con actividad profesional y empresarial.
II. Contribuyentes que llevan a cabo operaciones de magulla
De acuerdo con datos oficiales, la industria maquiladora genera aproximadamente 2.7 millones de empleos en todo el país, lo que se traduce en más del 17% del empleo formal ante Instituto Mexicano del Seguro Social y representa el 60% de las exportaciones totales de México.
Sin embargo, en el Decreto no se consideró otorgarle este beneficio, siendo que este sector representa una importante palanca de desarrollo, no solo en la frontera norte, sino de todo el país.
III. Disminución del Impuesto al Valor Agregado
En materia de IVA, el presidente de la República se comprometió que la tasa general de este impuesto disminuiría a la mitad, sin embargo, revisando el contenido del referido decreto, en Acción Nacional notamos que se trata de un engaño a la sociedad mexicana, debido a que el estímulo al IVA no consiste en una reducción de la tasa general del IVA en la zona fronteriza norte, sino un estímulo fiscal del crédito de 50 por ciento del IVA.
Lo anterior tiene implicaciones muy diferentes a las promesas del gobierno. Un crédito de 50 por ciento del IVA sólo actúa como una reducción en el pago de este impuesto que se encuentra a cargo de los contribuyentes quienes trasladan el impuesto a lo largo de la cadena de valor, y que al final deben declararlo y pagarlo al SAT, por lo que en términos prácticos los precios de los bienes y servicios ofrecidos en la frontera no necesariamente disminuirán en la proporción que se prometió.
Con este decreto, vemos con preocupación que lo que se promete no se cumple y que la confianza de más de 30 millones de mexicanos que lo respaldaron en las urnas una vez más queda defraudada.
En Acción Nacional nos pronunciamos por un manejo equilibrado en las finanzas públicas, disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, y la instrumentación de una estrategia de endeudamiento responsable.
Este gobierno continúa en hacer anuncios que sólo han generado desconcierto e incertidumbre en la sociedad mexicana y por ende han impactado en la confianza de los mercados y afectado los empleos.
Por lo anterior, el Partido Acción Nacional exige al titular del Ejecutivo federal que dé cumplimiento de sus compromisos y aplique un estímulo fiscal de 50 por ciento en la tasa general del IVA en la frontera norte del país para que efectivamente vaya dirigido al consumidor final. En materia de estímulo al ISR se incluya a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y se analicen los municipios del Estado de Baja California Sur, que podrían ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en las Reglas Generales que se deriven del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte se considere lo siguiente:
1. Una disminución de la tasa general del impuesto al valor agregado de 16 a 8 por ciento en beneficio de los consumidores finales;
2. Que se otorgue el estímulo del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y
3. Que se incluyan a los municipios del estado de Baja California Sur, que podrán ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2019.
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracciones I y III, y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
I. El 1 de diciembre de 2018 rindió protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El presidente designó a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
III. Alfonso Durazo, como titular, ha nombrado a sus colaboradores, entre quienes se encuentran el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia.
IV. En la misma fecha fue designado Arturo Jiménez Martínez comisionado general de la Policía Federal.
V. El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la lera establece:
Artículo 13. El personal de confianza de las unidades administrativas del sistema, del secretariado ejecutivo, de los centros nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del consejo nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.
VI. Las evaluaciones de control de confianza contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normativa institucional, así como el personal de nuevo ingreso se ajuste a los principios institucionales de acuerdo con el perfil del puesto; derivado de ello, en su caso se emite la certificación correspondiente.
Al operar el proceso de evaluación de confianza se fortalecen la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad, conforme a la normativa, procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones.
Permite contar con instituciones de seguridad pública o privada que destaquen por servidores públicos competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales (Evaluaciones de control de confianza, disponible en http://ccc.edomex.gob.mx/evaluaciones_de_confianza).
VII. El discurso del presidente López Obrador ha señalado que atacaría y eliminaría la corrupción de las instituciones, además de contar con personal capacitado para las distintas tareas. Señaló en múltiples ocasiones que partiría “de abajo hacia arriba, como se limpian las escaleras”. Sin embargo, sus funcionarios no han demostrado acreditar las evaluaciones de control de confianza “de abajo hacia arriba”.
VIII. Hoy, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no ha respetado el ordenamiento nacional que dispone que todos los funcionarios deben acreditar las evaluaciones de control de confianza, hecho que resulta vital, pues se trata de los altos funcionarios quienes se encargaran de la seguridad de los mexicanos. Tampoco se han presentado los exámenes de control de confianza por el comisionado general de la Policía Federal ni del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otros.
IX. Es evidente que todos los sujetos encargados de la seguridad del país, incluida la Guardia Nacional, en caso de ser aprobada ésta por el Congreso de la Unión, deben acreditar las evaluaciones de control de confianza para poder ocupar dichos cargos. En caso contrario, deben ser reemplazados por quien sí cubra el perfil de dichos puestos. De no ser así, estaríamos violando el ordenamiento nacional, así como los funcionarios estarían actuando ilegítimamente, dado que carecen del reconocimiento y la confianza de la ciudadanía.
Con el presente punto de acuerdo se pretende hacer un llamado a respetar la Carta Magna, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las respectivas leyes orgánicas, a fin de tener certeza y legalidad, así como la confianza de todos los mexicanos.
Por lo expuesto se propone con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal que respete y aplique la legislación nacional en materia de aplicación de controles de confianza, a fin de que los funcionarios de la actual administración pública federal presenten y demuestren haber acreditado dichas evaluaciones para desempeñar los cargos que se les han conferido; y, en caso contrario, sean sustituidos por personal que sí acredite dichos controles.
Esta organización de la sociedad civil ha puntualizado que “...la lógica detrás de la actuación del SAT es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera una operación simulada (es decir una empresa fantasma) y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad...”7 Además, es con base en el citado precepto legal cuando se determina que una persona o empresa facturó operaciones inexistentes que “...(i) se les determinarán los créditos fiscales y (ii) se considerará simulación de actos para efecto de tipificar el delito fiscal...”8
Se trata de los casos de los Amparos en Revisión 51/2015, 302/2015, 354/2015, 361/2015 y 424/2015 que dieron origen a las Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 132/2015,10 2a./J. 133/2015,11 2a./J. 134/2015, 12 2a./J. 135/2015,13 2a./J. 140/201514 y 2a./J. 161/2015.16
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno la presente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en los siguientes
Durante la campaña a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento, reducir el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en 20 por ciento en toda la región fronteriza y simplificar sus procedimientos de pago, así como incrementar el salario base.
El argumento principal se centró en ayudar a todos los consumidores de la franja fronteriza, partiendo de la hipótesis de que la baja de impuestos incentivaría la inversión, se generarían los empleos necesarios y se impulsaría el crecimiento económico de aquella región; variables que aunado a la inflación local fueron directamente afectadas por la aplicación de la reforma fiscal aprobada por el PRI y sus partidos aliados en octubre de 2013 con aplicación a partir de 2014.
Esta promesa, al menos en el papel, se concretó de manera inicial con la reunión que sostuvo el Presidente López Obrador con los gobernadores de los estados del norte del país para trabajar en una propuesta de Zona Franca, la cual permitiera reducir los impuestos antes mencionados en una franja de 30 kilómetros en la frontera norte del país.
No obstante el empeño de su palabra, en el paquete económico de 2019 el Ejecutivo federal no hizo entrega de la miscelánea fiscal para modificar las leyes vigentes del IVA e ISR que concretaran su compromiso desde la normatividad original, y corrigiera los errores que el gobierno anterior cometió con la tóxica reforma fiscal aplicada.
Sin ningún tipo de sensibilidad política, el Ejecutivo federal tampoco planteó en la Ley de Ingresos, el gasto fiscal que generaría la aplicación del programa de la Zona Franca durante el próximo ejercicio fiscal. Ni la mayoría de Morena y los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia establecieron esta propuesta en la aprobación de esta ley, a pesar de que los partidos de oposición manifestamos abiertamente nuestra preocupación por el tema.
En suma, el oscurantismo e irresponsabilidad con que se estimaron los ingresos de 2019, así como la proyección de los gastos fiscales, han coronado la opacidad con la que el nuevo gobierno se ha manejado en los primeros días de su gestión. Las perspectivas en materia hacendaria y de estabilidad de las finanzas públicas no son alentadoras.
El 29 de diciembre de 2018, López Obrador presentó ante los medios de comunicación el decreto que otorga diversos estímulos fiscales a la región fronteriza del norte, el cual parece ser más un producto de las presiones que se dieron en la Cámara de Diputados por los partidos de oposición y no una muestra genuina del compromiso adquirido con los gobernadores y los ciudadanos de la región fronteriza.
El anuncio oficial del Presidente López Obrador de bajar los impuestos en la frontera norte del país, tiene su origen en un esquema maniqueo que aprovecha la facultad que le confiere al Presidente de la República, el artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna y el artículo 39, fracción III, del Código Fiscal, para emitir decretos sin la necesidad de que los temas de ingresos sean aprobados por la decisión parlamentaria y democrática de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Sin embargo, las facultades discrecionales que se otorgan a la federación y que tienen sustento legal, no significan necesariamente que los decretos presidenciales sean correctos desde el punto de vista fiscal y económico para la región fronteriza.
En Acción Nacional vemos el decreto como un total engaño, por los siguientes
Durante el análisis y debate del paquete económico de 2019, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, así como en los distintos medios de comunicación, Acción Nacional fijó su postura respecto a las deficiencias que éste contenía, así como su aprobación al vapor, violando todo tipo de procedimiento interno que rige el trabajo parlamentario.
No tenemos la menor duda de que el gobierno del Presidente López Obrador integró un documento de corte electorero y clientelar, muy alejado de las necesidades de inversión y de impulso al crecimiento económico que nuestro país necesita.
El Paquete Económico de 2019 aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados políticos, se caracteriza por cinco grandes deficiencias: no atiende el tema de la pobreza; no genera inversión productiva; centraliza las decisiones y el poder en el gobierno federal atentando contra el federalismo mexicano y el pacto fiscal; reduce el presupuesto de inversión en infraestructura social y económica de los gobiernos locales; y por último, no revierte de origen los efectos negativos de la reforma fiscal para terminar con el gasolinazo y el incremento de impuestos en ingresos y enajenación de productos desde 2014.
Ante las demandas de diálogo que nuestro partido reclamó, Morena en uso de su mayoría, votó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación en acato a una orden presidencial, supeditando su capacidad de decisión a criterios particulares para no moverle un punto y una coma a los documentos presupuestarios.
El primer paquete económico del gobierno de López Obrador, confirma una vez más el autoritarismo con el que se manejará en los próximos seis años y el corte asistencialista y electorero que le dará al ejercicio del Poder, pasando por encima de cualquier ley y a costa de lo que sea para imponer una visión de país que no necesariamente beneficia a todos los mexicanos.
En este orden de ideas, desde que López Obrador tomó posesión del cargo de Presidente de la República, la falta de sensibilidad política, el oportunismo, la demagogia de su discurso y el comportamiento consuetudinario de mentiras que ponen en duda la palabra empeñada, reflejan claramente las piezas del rompecabezas sobre el cual se está cimentando el nuevo gobierno.
Una más de estas mentiras es el reciente decreto que otorga diversos incentivos fiscales a los estados de la frontera norte del país.
Las y los legisladores del Partido Acción Nacional, dejamos de manifiesto que coincidimos en las afirmaciones que fundamentan el decreto y que se vinculan a la necesidad de impulsar la dinámica económica de la región fronteriza, así como su desarrollo y el bienestar de la población. Coincidimos, de igual manera, en que la política fiscal funge como uno de los mecanismos principales del gobierno federal para impulsar el crecimiento económico sostenido, integral y sustentable.
No obstante, después de su revisión, consideramos que el decreto no resuelve el problema de fondo de los habitantes de la frontera norte porque podría seguir limitando la reactivación de la economía doméstica e inhibiendo el crecimiento y la competitividad de la región.
Nuestra preocupación, se sustenta en lo siguiente:
Primero, la reducción de la tasa del IVA e ISR es selectiva y discriminatoria. Sólo aplica para aquellos municipios que son considerados en el decreto como “municipios fronterizos” seleccionados por la federación, quedando al margen aquéllos que tienen las mismas necesidades de apoyos fiscales que cualquier otro incluido. La selectividad de los beneficiarios rompe con el principio constitucional de equidad.
Segundo, si bien es cierto que el incentivo fiscal consiste en pagar un tercio del impuesto sobre la renta, éste es específicamente para ciertas personas morales y físicas. Sólo aplica para personas físicas con actividad empresarial, excluyendo al Régimen de Incorporación Fiscal, el RIF: asalariados, profesionistas y trabajadores bajo el esquema de honorarios. En este punto, no podríamos apoyar la propuesta si pensamos que uno de los regímenes fiscales más afectados por la reforma fiscal ha sido el de las personas físicas que además de haber sido integrados de forma coercitiva al RIF, se incrementó el pago de sus impuestos y se limitó su capacidad de deducir gastos prioritarios que apoyaban su economía familiar.
Tercero, en materia de IVA, el decreto “queda cojo”. Validamos la reducción del impuesto del 16 al 8 por ciento, pero sin la restricción de que el otorgamiento del estímulo quede sujeto a criterios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es decir, el decreto deja abierta la posibilidad de que por algún motivo ajeno al solicitante del beneficio, el cumplimiento de los requisitos no se declare continuo y se deje de acceder a los beneficios por criterios de funcionarios del SAT y no de una ley fiscal con criterios previamente establecidos.
Cuarto, la zona fronteriza se caracteriza mayoritariamente por empleo de maquila, a la cual el decreto no plantea beneficios directos. Por ejemplo, un asalariado empleado por una maquiladora, no tiene ningún beneficio fiscal en materia de ISR, en tanto que en materia de IVA existe la posibilidad de que los intermediarios se queden con el margen de ganancia que les generará los 8 puntos porcentuales disminuidos con el decreto; y,
Quinto, todos los consumidores finales seguirán pagando exactamente la misma tasa de 16 por ciento del IVA. Sólo los agentes económicos que participan en la cadena intermediaria entre la producción y la venta previa final, podrán eventualmente y después de un viacrucis burocrático, acreditar el 50 por ciento del impuesto a pagar.
En suma, los estímulos fiscales que se plantean en el decreto, no generarán los beneficios esperados en el corto plazo a los ciudadanos de a pie, al trabajador de la zona fronteriza empleado principalmente en la maquila, a las amas de casa, y mucho menos a los ciudadanos que compran artículos de consumo frecuente, como comestibles, ropa, calzado, o cualquier producto que cause el impuesto al valor agregado.
Es posible que ante estas condiciones simuladas del pago del impuesto al valor agregado, la dinámica de compra continúe en las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América y no en nuestro propio país. Este engaño del Presidente López Obrador defrauda la confianza de todos los ciudadanos.
El crédito que se propone en el decreto, que es una copia falsa de la reducción del IVA en 8 por ciento, hace excepciones que sólo benefician a los intermediarios del proceso final pero no a los consumidores que son los que dinamizan en primera instancia la economía interna y local.
En Acción Nacional estamos convencidos de que México no necesita más beneficios fiscales anuales, sino una verdadera reforma a las leyes que otorgue en el tiempo, las garantías jurídicas en el pago de impuestos a las familias mexicanas y por supuesto a la totalidad de nuestro sector productivo.
Por eso solicitamos citar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, para que explique a este Poder las razones principales que dieron origen al decreto que otorga beneficios fiscales, así como sus alcances y beneficios en el corto y mediano plazo; así como conocer el porqué no se presentó ante esta soberanía la propuesta de Zona Franca en el Paquete Económico del actual ejercicio fiscal.
Los ciudadanos de la frontera siguen esperando a que ceda la cerrazón y necedad del gobierno federal de establecer mecanismos paliativos a los problemas, y establezca un verdadero esquema de impuestos en la frontera norte del país que modifique las leyes fiscales.
Las y los legisladores del Partido Acción Nacional apostamos por la eficiencia fiscal y no por una política de corte electorero y engañoso. Apostamos por una política fiscal que dinamice nuestro sector productivo, genere empleos y beneficie a todos y cada uno de los habitantes de la frontera norte del país.
Las políticas fiscales recesivas ya se aplicaron con el gobierno anterior. Esperamos que el nuevo gobierno, no cometa el mismo error.
Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter a consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:
Único. Se solicita una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, para que explique a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los alcances del decreto por el que se otorgan distintos estímulos fiscales a las personas físicas y personas morales en materia del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta, y el incremento del Salario Mínimo en la región de la frontera norte del país.
La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar Número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, conforme a los siguientes
En el pasado julio del año anterior, el Campo Militar 1-F situado en Vasco de Quiroga número 1401, en Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón, fue considerado para su venta del terreno que ocupa dicho campo con el propósito de construir un desarrollo inmobiliario, no obstante se desistió de ello y confirmando que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a efecto de que se siga utilizando en actividades castrenses, ello señalado en el “Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio del año pasado.
Asimismo, conforme al mencionado acuerdo se determina que la superficie de 199 mil 4 metros cuadrados, que forma parte del cauce del río Tacubaya y de la zona federal, por lo que al ser propiedad originaria de la nación, en términos del artículo 27 constitucional y encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás acciones de regularización que correspondan.
En dicho acuerdo, también señala que sí la Secretaría de la Defensa Nacional diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este Instituto. Y que en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el inmueble destinado, previo a su realización, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.
A pesar de lo mencionado anteriormente, de acuerdo con declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presente administración pretende urbanizar el Campo Militar 1-F con el objetivo de financiar las instalaciones de la denominada Guardia Nacional en las distintas regiones del país. De acuerdo con lo dicho por el mandatario federal, se estima recaudar de 20 a 30 millones de pesos.
A pesar de ello, aún no se cuenta con proyecto alguno que detalle las obras de mitigación, estudio de impacto ambiental y el uso de suelo del predio donde se pretende realizar las obras de urbanización.
Cabe mencionar, que en meses pasados cuando se pretendía vender dicho terreno donde se sitúa el Campo Militar en la administración anterior, el entonces senador Mario Delgado, a través de un video publicado en twitter denunció su rechazó, señalando que “...este terreno un negocio con valor estimado en más de mil millones de dólares. Un desarrollo así colapsaría por completo el ya complicado tráfico de la zona, dejaría sin agua a todas las colonias de alrededor y terminaría con uno de los pocos pulmones que le que le quedan a la ciudad”. “Vamos a organizarnos. Primero para detener este mega desarrollo. Y segundo para pedirle al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad que conviertan en esta zona en un área de valor ambiental protegida con un gran parque que todos puedan disfrutar”.
En el mismo sentido se pronunció la entonces candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón, ahora alcaldesa, su negativa a la venta del Campo Militar 1-F.
I. Qué con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.
II. Que de acuerdo con acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado Campo Militar número 1-F, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, señala en el sexto acuerdo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del dicho acuerdo.
Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente con el siguiente resolutivo:
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.
Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)
Los que suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
El pasado mes de octubre una caravana de migrantes hondureños salió de su país de origen con el propósito de encontrar refugio y mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos de América (EUA), durante su trayecto visitaron varias ciudades de nuestro país, por lo que autoridades de diferentes niveles de gobierno establecieron mecanismos de ayuda para que en su tránsito fueran, por las diferentes ciudades, respetados sus derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio, asimismo en cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en materia de migración.
En septiembre de 2016, México suscribió la resolución de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en donde se reconoce el creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, estableciendo que estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes. Más personas que nunca viven un país distinto de aquel dónde nacieron. En todos los países del mundo hay migrantes que, en su mayoría, se trasladan de un lugar a otro sin incidentes.
Ante este fenómeno y como medida de respuesta a la aplicación de diferentes marcos jurídicos, se instauró un régimen de protección y reconocimiento de los derechos de todas las personas en esta situación de vulnerabilidad, reconociendo que los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales.
Uno de los principales compromisos asumidos en dicha resolución establece que los estados parte de la misma deberán garantizar en lo posible que se adopten medidas para identificar como refugiados a las personas que necesitan protección internacional; ofrecer condiciones de recepción suficientes, seguras y dignas, prestando especial atención a las personas con necesidades específicas, las víctimas de la trata de personas, la protección de los niños, la unidad de la familia y la prevención de la violencia sexual y por razón de género y la respuesta ante ella; y respaldar la aportación fundamental de las comunidades y las sociedades receptoras a este respecto.1
En seguimiento a la Resolución de Nueva York, los pasados 11 y 12 de diciembre se realizó en Marruecos, la Conferencia Intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en la cual los jefes de estado y de gobierno y altos representantes, reafirmaron la Declaración para los Refugiados y los Migrantes y decididos a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones, hemos aprobado el siguiente Pacto Mundial.
Como parte final del recorrido de la Caravana Migrante en nuestro país llegaron a la ciudad fronteriza de Tijuana, estableciéndose en esta ciudad en lo que el gobierno de EUA determina un posible ingreso de migrantes a su país, por lo que el gobierno mexicano ha establecido campamentos y políticas públicas para la atención humanitaria de este grupo de migrante.
El pasado primero de enero, en el deseo de poder ingresar a EUA, un grupo de migrantes intentó cruzar la valla fronteriza, por lo que fueron repelidos por la patrulla fronteriza con gas lacrimógeno, varias de esas descargas de gas fueron lanzadas del lado mexicano. Lo anterior se suma a los hechos ocurridos el pasado mes de noviembre, en donde una concentración de migrantes en la garita de San Ysidro, que une a San Diego, EUA, y Tijuana, México, fue dispersada con la misma técnica, arrojando, la patrulla fronteriza, decenas de envases de gas lacrimógeno del lado mexicano.
Ante tales hechos el gobierno mexicano no se ha manifestado en torno a la defensa de la soberanía nacional, siendo omiso a una responsabilidad del Estado mexicano.
Lo anterior violentando los principios de respeto internacional; si bien es cierto que todos los países tienen derecho de controlar quién entra a su territorio, el hecho de arrojar gas lacrimógeno de nuestro lado de la frontera excede de ese derecho.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los conductos diplomáticos manifieste una enérgica condena a los hechos ocurridos el pasado 1 de enero de 2019, en la frontera norte, donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno al lado mexicano de la frontera, cerca de la playa de Tijuana.
1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016. ONU. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Página 19
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 enero de 2019.