Source: http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/monitoreo-juridico/dministrativo/
Timestamp: 2017-10-19 18:00:50
Document Index: 304245623

Matched Legal Cases: ['artículo 420', 'artículo 143', 'artículo 213', 'artículo 140', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 185', 'artículo 60', 'Artículo 60', 'artículo 185', 'artículo 41', 'artículo 60']

Administrativo | Acceso a la Justicia
Posted on agosto 9, 2017 septiembre 14, 2017
TSJ/SPA Nº 1007
Caso: Carmen Coralina Parejo interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo en el que incurrió la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al no dar respuesta al recurso de reconsideración interpuesto contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. CJ-14-2262 y CJ-14-2619 ambos de fecha 30.07.2014.
Decisión: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la abogada Carmen Coralina Parejo contra la “denegatoria por silencio administrativo ante la interposición del Recurso de Reconsideración” ejercido contra los oficios “CJ-14-2262 y CJ-14-2619 de fecha 30 de julio de 2014” emanados de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; 3.- FIRMES los actos administrativos impugnados; 4.- Se ORDENA el pago de la diferencia de salarios, beneficios y demás asignaciones laborales percibidos por la demandante desde el 30 de julio de 2014 hasta el 24 de octubre de 2015, conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 420 la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
(…) Ahora bien, también esta Sala ha indicado que toda sanción disciplinaria debe necesariamente estar antecedida por el procedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario o de una funcionaria de carrera o de un funcionario o de una funcionaria de libre nombramiento y remoción.
Por el contrario, en los casos de remoción de un Juez o de una Jueza cuyo nombramiento ha sido de forma provisional o temporal, el acto administrativo que determina su separación del cargo no tiene que estar sujeto necesariamente a un procedimiento. Justamente, la garantía de estabilidad del Juez o de la Jueza y, por ende, el derecho a ser sometido o sometida al procedimiento correspondiente, se alcanzan con el concurso de oposición consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez o Jueza con carácter de titular o Juez o Jueza de carrera; estabilidad esta que no poseen los Jueces Provisorios ni Temporales así como tampoco las Juezas Provisorias ni Temporales. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional número 2.414 del 20 de diciembre del 2007 y sentencias de esta Sala números 00224 y 00321 de fechas 18 de febrero de 2009 y 4 de marzo de 2009, respectivamente).
Determinado lo anterior resulta necesario traer a colación, el criterio sostenido por la Sala Constitucional en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los Jueces designados y a las Juezas designadas con carácter provisional, es de carácter discrecional. En efecto, la aludida Sala en sentencia número 2.414 del 20 de diciembre de 2007, señaló que los Jueces Provisorios y las Juezas Provisorias carecen de estabilidad en los respectivos cargos y, por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos o someterlas a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones específicas y legales que dieron lugar a la remoción (…)
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica una vez más su criterio adoptado en el año 2005, acerca de la ausencia de estabilidad de los jueces Provisorios y/o temporales, a pesar de que ellos, como cualquier funcionario tiene derecho a un debido proceso y a la estabilidad en el ejercicio de sus potestades. No el mismo que un juez provisorio no goce de la misma estabilidad que un juez titular a que no goce de estabilidad alguna.Ccabe resaltar el hecho de que a pesar de que se afirma en la sentencia que los funcionarios administrativos de libre nombramiento y remoción tienen derecho a ser removidos a través de un acto debidamente motivado (tal y como lo exige la LOPA para cualquier acto administrativo); no obstante este derecho se les niega a los jueces provisorios y/o temporales, al concluir la Sala que pueden ser separados de sus cargos sin que medie motivación específica alguna acerca de las razones que provocaron la decisión y sin que se lleve a cabo procedimiento alguno.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202350-01007-9817-2017-2014-1492.HTML
TSJ/SPA N° 989 Fecha: 09/08/2017
Tipo De Recurso: Demanda
TSJ/SPA: 982 Fecha: 09/08/2017
Caso: Asociación civil Transparencia Venezuela interpone demanda por abstención contra el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Decisión: La Sala declara INADMISIBLE la demanda por abstención ejercida por la asociación civil TRANSPARENCIA VENEZUELA.
“Con vista a lo anterior, cabe destacar que de la señalada documentación y del escrito de demanda, se desprende que la parte demandante se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información, así como la violación de los principios que rigen la actividad administrativa conforme a lo establecido en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y; 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo; indicando genéricamente -tanto en sede administrativa como judicial- que la información solicitada permitirá “…que [esa] organización participe libremente en los asuntos públicos y que ejerza control en la ejecución de los recursos y gestión de la administración pública, genere propuestas con el conocimiento actual de las actividades desarrolladas por la Administración y promueva la eficiencia de las instituciones del Estado”.
Establecido el contenido de las citadas comunicaciones y a fin de continuar el análisis sobre la admisión de la presente demanda por abstención, es importante referir que la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, se pronunció con carácter vinculante acerca del derecho a la información contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos indicados a continuación:
De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”. (Vid., sentencia Nro. 0745 del 15 de julio de 2010).
El fallo citado determina los límites al ejercicio del derecho a ser informado que tiene el ciudadano, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida; por lo que el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.
De modo que a partir de la citada sentencia, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información, así como justificar que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar.
Al circunscribir el análisis al caso concreto, se aprecia que la representante judicial de la recurrente en cuanto al primer requisito, expresó que su mandante envió las comunicaciones supra descritas, con el objeto de informar al Ministro del Poder Popular para la Alimentación, la recepción de dos denuncias sobre posibles hechos de corrupción cometidos en la distribución y venta de alimentos por parte de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), aunado a la solicitud de información relacionada con los planes y acciones a implementar por la referida autoridad para atender lo expuesto.
Respecto al segundo requisito, la representación judicial de la accionante indicó que el uso de la información solicitada contribuirá con la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública y la disminución de los niveles de corrupción en las instituciones públicas.
En el asunto que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y uso que le pretende dar; sin embargo, a juicio de esta Sala, en este caso concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, en el sentido de que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar, motivo por el que no se considera satisfecha la referida exigencia (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 1447 del 15 de diciembre de 2016, caso Transparencia Venezuela vs. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz).”
Comentario de Acceso a la Justicia: La inadmisibilidad de esta demanda, al igual que en otras demandas presentadas por otras asociaciones civiles incluida la propia demandante, se basa en una sentencia con carácter vinculante dictada por la Sala Constitucional acerca del alcance del ejercicio del derecho constitucional a la información.
Ha de recordarse que esos requisitos, que limitan el ejercicio de un derecho humano, fueron creados por la Sala Constitucional y no se compadecen con los estándares internacionales en materia de acceso a la información, pues en los casos de asuntos de interés general, como la corrupción, no es compatible con el derecho a la información el solicitar la justificación sobre el uso que se le va a dar a la misma, pues resulta obvio que al ser de interés general, cualquiera debe tener acceso a ella.
En consecuencia, la sentencia aplica los criterios de la Sala Constitucional pero al mismo tiempo viola el derecho a la información de los solicitantes.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202361-00982-9817-2017-2017-0456.HTML
TSJ/SPA Nº 952 Fecha: 09/08/2017
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala indicó las distintas formas en que se puede materializar una vía de hecho, a saber: en ausencia de acto administrativo que la respalde o por exceso en la ejecución de uno existente. En tal sentido, consideró que el Presidente del Circuito Penal de Aragua incurrió en vía de hecho, al momento de ejecutar el cese de funciones de la demandante como Juez Penal Itinerante
Posted on julio 20, 2017 septiembre 25, 2017
La Sala Constitucional, en el mismo día de un paro cívico nacional por la grave crisis que vive el país, dictó su sentencia Nº 545 de este año, en que anuló el procedimiento de designación de los 13 magistrados y 21 suplentes, que está llevando a cabo la Asamblea Nacional por considerar nulo el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre de 2015. Debe aclararse que esta sentencia es muy oportuna porque la Asamblea Nacional aprobó juramentar a los magistrados el viernes 21 de julio, es decir el día después de la sentencia de la Sala, así que esta pretende impedirlo, ya que no solo anula esa decisión del Parlamento, sino que además advierte a los parlamentarios y a los magistrados que deberían ser juramentados mañana que si lo son incurrirán en usurpación de funciones, delito establecido en el artículo 213 del Código Penal.
El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia Nº 544 de la Sala Constitucional en la cual requiere a la Contraloría General de la República iniciar una investigación respecto de la aeronave marca King Air 300 Bech Aircraft Corporation, matrícula YV2899, serial FA-48, la cual según indicó el Fiscal Auxiliar Juan Torres Bonilla en su escrito del 8 de junio de 2017, tiene como “actual siglas YV3082”, e informe sobre las resultas a la Sala. Se trata de una averiguación en contra de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, por el presunto uso indebido de un avión privado.
Posted on junio 28, 2017 agosto 16, 2017
Nº Exp: 15-1131 TSJ/SC Nº Sent: 505 Fecha: 28-06-2017
Posted on junio 22, 2017 agosto 31, 2017
TSJ/SPA Nº: 388 Fecha: 22-06-2017
Caso: Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila interponen demanda por indemnización de daño moral contra la sociedad mercantil Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC).
Es ente caso la SPA declaró con lugar la demanda presentada por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila contra la empresa del Estado CORPOELEC como indemnización por el daño moral causado a raíz de la muerte de Guillermo Sahmkow Perera y de su hijo, quienes fallecieron el día 13 de junio de 2010 a causa de “congestión y edema pulmonar por electrocución”, producido por “un conductor o línea electrificada que se había desprendido del poste”, situado en la calle Lisboa entre las calles Bolívar y Alí Jurado, Sector Playa Norte de Chichiriviche, Estado Falcón.
Al respecto, debe hacerse notar, que son pocos los casos en que el TSJ a través de la SPA reconoce y declara la responsabilidad patrimonial del Estado, institución fundamental de un Estado constitucional de derecho que aparece consagrada en el artículo 140 de la Constitución.
Es importante este fallo porque le permite a la SPA reiterar las condiciones para responsabilizar al Estado por los daños morales experimentados por las demandantes con motivo de la muerte del señor Guillermo Sahmkow Perera y de su hijo. Debe destacarse, asimismo, que los parámetros para la determinación de los daños morales están previstos en el artículo 1.196 del Código venezolano, disposición que a pesar de su naturaleza civil resulta aplicable supletoriamente al régimen público de la responsabilidad estatal.
Decisión: CON LUGAR la demanda por indemnización de daño moral interpuesta por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila, y por ende: 1.- ACUERDA para la demandante Cristina María Sánchez Cruz una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su esposo y de su hijo la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16). 2.- ACUERDA para la demandante Andrea Alejandra Sahmkow Ardila una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su padre y de su hermano, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16).
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/200276-00388-22617-2017-2012-1730.HTML
Posted on junio 6, 2017 agosto 29, 2017
TSJ/SPA Nº: 647 Fecha: 06-06-2017
Caso: Yvett Lugo Urbaez, Elinor Teresa Montes Méndez, Letty Mercedes Piedrahita, Elenis Rodríguez Martínez, Carlos Alfonso Prince, Jaime Daniel Martínez Mila y Omar Estacio interponen demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos, contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, ambos de fecha 01.05.2017, dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Expone la SPA en este fallo que el Presidente de la República como Jefe del Poder Ejecutivo Nacional tiene atribuidas un conjunto de competencias previstas tanto en la Constitución como en el resto del ordenamiento jurídico; “de manera que puede dictar actos que son ejecución directa e inmediata de la Carta Magna, pues obedecen al ejercicio de competencias previstas de manera expresa en ella, o puede dictar actos de rango sublegal, en ejecución de leyes u otras normas de inferior jerarquía”.
En razón de lo anterior, y con el apoyo de lo asentado por la SC-TSJ en la sentencia N° 2748 del 20 de diciembre de 2001, recaída en el caso: Javier Elechiguerra Naranjo, la SPA estableció que los actos dictados por el Presidente de la República referentes a la convocatoria y las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente son actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y, en consecuencia, es competencia de la SC del máximo tribunal del país conocer de la demanda de nulidad presentada por los abogados Yvett Lugo Urbaez y otros en contra de los Decretos presidenciales Nos. 2.830 y 2.831.
Es de interés, además destacar, lo dicho por la SPA acerca de la competencia de la SC y la jerarquía de los actos “(…) el criterio acogido por el constituyente y seguido por el legislador para definir las competencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación respecto del Texto Fundamental, esto es, que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico venezolano”. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nos. 1.243 del 13 de agosto de 2014; y 393 del 6 de abril de 2016).
Decisión: INCOMPETENCIA para conocer la “demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad” ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por los abogados Ivett Lugo Urbaez, Elionor Teresa Montes Méndez y otros contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, dictados por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y publicados en la Gaceta Oficial Nro. 6.295 Extraordinario del 1° de mayo de 2017, mediante los cuales: i) convocó una Asamblea Nacional Constituyente; y ii) creó una Comisión Presidencial a tales fines. Se DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/199659-00647-6617-2017-2017-0428.HTML
Posted on mayo 30, 2017 junio 12, 2017
TSJ/SPA Nº: 634 Fecha: 30-05-2017
Caso: : Previsivos Paolini C.A. (PREPACA) interpone demanda de nulidad en virtud del silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra la Providencia Administrativa Nro. FSS-2-3-000116 del 12.01.2011, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)
Decisión: SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil PREVISIVOS PAOLINI, C.A. (PREPACA), contra el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo producido por el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS (hoy Economía y Finanzas), al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa Núm. FSS-2-3-000116 del 12 enero de 2011, emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), mediante la cual expresó que existen fundados y suficientes indicios para presumir que la empresa accionante al ofrecer servicios funerarios al público, realiza operaciones de seguros, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros, hechos sancionables de acuerdo a lo previsto en el artículo 185 eiusdem. En consecuencia, FIRME el acto.
“Particularmente, en el presente caso la parte actora consideró que el acto “violó el debido proceso y por ende el principio de legalidad”, por no haberse prorrogado el lapso de cuatro (04) meses de los estipulados en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone:
“Artículo 60.- La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.
En efecto, la norma plantea un término para la tramitación y resolución de los expedientes, no obstante, esta Sala en casos similares al de autos ha sostenido que aun cuando se evidencie el retardo en la resolución del asunto, “nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea” (ver sentencia Núm. 00960 de fecha 14 de julio de 2011).
En otro caso, este Alto Tribunal, en sentencia Núm. 486 del 23 de febrero de 2006, expresó lo siguiente:
“(…) Sin perjuicio de lo expuesto, y como quiera que la parte recurrente sostiene, en definitiva, que en el presente caso se produjo el decaimiento de la potestad sancionatoria de CONATEL por haber emitido su decisión transcurridos los quince (15) días que prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, resulta pertinente señalar que uno de los derechos de los particulares respecto de los procedimientos administrativos en los que son parte o interesados legítimos, es, ciertamente, el derecho a que la Administración respete los lapsos y decida en los términos legales, y es por ello que se previó en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ‘Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en los mismos.’
Sin embargo, es necesario destacar que:
La previsión de lapsos para que la Administración decida los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos(…)”. (Resaltado de este fallo).
Igualmente, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala ha establecido (ver, entre otras, sentencia Núm. 054 del 21 de enero de 2009) que:
Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión que no ha sido esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto infundado el presente alegato. Así se declara. (…)”. (Negrillas de esta decisión).
De este modo, esta Sala ratifica en esta oportunidad su criterio y desestima la denuncia interpuesta por la actora, considerando que el retardo o la falta de prórroga del lapso establecido no vicia de nulidad el acto impugnado por violación al debido proceso, ni tampoco viola el principio de legalidad. Así se declara.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el retardo y el incumplimiento de los lapsos máximos establecidos en la Ley para la duración del procedimiento administrativo no es causal de nulidad del acto que se dicte al final, por considerar que en estos casos no se viola el debido proceso. Se observa cómo se confunden los vicios de los actos administrativos con la violación de principios jurídicos y las consecuencias jurídicas en ambos casos.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199480-00634-30517-2017-2012-1235.HTML