Source: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/529/789
Timestamp: 2020-08-15 20:32:39
Document Index: 204363847

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'artículo 96', 'Artículo 43', 'Artículo 48', 'Artículo 64', 'Artículo 80', 'Artículo 144', 'Artículo 3']

Derechos humanos y seguridad nacional en México. Programa frontera Sur a cuatro años de la Ley de Migración | Morales Vega | Anuario Mexicano de Derecho Internacional
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HUMAN RIGHTS AND HOMELAND SECURITY IN MEXICO. “PROGRAMA FONTERA SUR” AFTER FOUR YEARS OF IMMIGRATION ACT1
Luisa Gabriela Morales Vega2
Roberto Sanromán Aranda3
Sumario: I. Introducción. II. El derecho mexicano en la era de la migración. III. Las personas en movimiento, entre los derechos humanos y la Seguridad Nacional. IV. Reflexiones finales. V. Fuentes de consulta.
Resumen: La actualidad mundial de la migración ha dado como resultado que se le denomine como “era de la migración”;4 bajo ese contexto, todas las regiones del mundo, y los países en lo individual, han emprendido acciones con miras a dos cuestiones fundamentales: la primera, contener en la práctica y proteger formalmente a las personas compelidas a migrar y la segunda, ejercer efectivamente su dominio jurídico sobre los flujos migratorios que ellas han formado. A nivel internacional, el discurso actual identifica a la migración como un fenómeno incontenible e irreversible, que además se vincula estrechamente con el desarrollo y trata de combatir la idea de ser una amenaza, una catástrofe o una emergencia.
Palabras clave: migración, Programa Frontera Sur, seguridad nacional, derechos humanos.
Abstract: Due to the increasingly migration fluxes, nowadays we live in the so called “migration era”, on that context, all world regions and the countries by themselves, have taken action toward two essential matters: first, contain in practice and protect in the law migrating people and the second, effectively exercise its legal control over migration flows they have formed. Internationally, the current discourse identifies migration as an unstoppable and irreversible phenomenon, which also is closely related to the development and tries to fight the idea of being a threat, a disaster or an emergency.
Key words: Migration, Southern Border Program, Homeland Security, Human Rights.
Résumé: L'actualité mondiale de la migration a eu pour résultat que lui qualifiées comme "était de la migration"; sous ce contexte, toutes les régions du monde, et les pays à l'individuel, ont entrepris des actions en vue de deux questions fondamentales: La première, contenir dans la pratique et de protéger formellement aux personnes y à migrer et la seconde, exercer effectivement son domaine juridique sur les flux migratoires qu'elles ont formé. Au niveau international, le discours actuelle identifie la migration comme un phénomène inéluctable et irréversible, qui en outre est étroitement liée au développement et traite de la lutte contre l'idée d'être une menace, une catastrophe ou une situation d'urgence.
Mots-clés: Migration Program Southern Border, Homeland Security, droits de l'homme.
La actualidad mundial de la migración ha dado como resultado que desde la OIM se hable de una “era de la migración”;5 bajo ese contexto, todas las regiones del mundo y los países en lo individual, han emprendido acciones con miras a contener los movimientos migratorios, proteger los derechos humanos de las personas compelidas a migrar y ejercer efectivamente su dominio jurídico sobre los flujos migratorios que ellas han formado. A nivel internacional, desde la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el discurso actual identifica a la migración como un fenómeno incontenible e irreversible, que además se vincula estrechamente con el desarrollo y que a través de ella se ejercita un derecho fundamental que asiste a las personas; adicionalmente, combate la idea de que se trata de una amenaza, una catástrofe o una emergencia, con base en la finalidad de mejoramiento económico y de seguridad personal que se persigue al emigrar. Desafortunadamente, en los últimos meses hemos visto aumentar la tragedia humana que esto significa.
Ya en otras ocasiones hemos analizado esta ley,6 por ello nos limitamos a señalar que consta de ocho títulos. En el primero se contienen disposiciones preliminares como la definición de la política migratoria y los principios de la misma; en el segundo apartado se establecen los derechos y obligaciones de los migrantes; en el tercero, quiénes son las autoridades en la materia y sus atribuciones; en el cuarto título se regula lo referente al movimiento internacional de personas y la estancia de los extranjeros en el territorio nacional; en el quinto se establece todos los mecanismos y normas relativas a la protección de los migrantes en el territorio nacional; el sexto título se refiere al procedimiento administrativo migratorio, que se instituyó como garantía de la serie de derechos que se reconocieron a los migrantes; en el séptimo título se contemplan las sanciones a que se harán acreedores los agentes de migración y los migrantes que infrinjan la ley de Migración, y por último, en el octavo se prevén delitos especiales en la materia.
1. Articular una visión integral y transnacional de la relación entre migración, desarrollo y seguridad humana; e integrar la migración de forma transversal en los lineamientos generales, objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y en el Programa Especial de Migración.
2. Ser multidimensional e intersectorial en su implementación, y orientarse por objetivos, metas e indicadores claros.
3. Considerar e incluir a las y los mexicanos en el exterior, a las personas que regresan, las que retornan, las que llegan, las que transitan; y a las personas solicitantes de asilo/refugio.
4. Incorporar esquemas que faciliten el acceso de las personas migrantes a la vida social (y económica) del país, y mecanismos que garanticen la protección de sus derechos.
5. Coordinarse a través de una estructura interinstitucional y entre los órdenes de gobierno con participación amplia y vinculante de OSC.7
El presidente Enrique Peña Nieto, puso en marcha el programa de Frontera Sur en julio de 2014, acompañado del presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina. Durante su presentación el presidente aseveró que con el Programa Frontera Sur, México y Guatemala trabajan juntos para hacer de la frontera una zona más segura, inclusiva y competitiva.8
El programa tiene como objeto “instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para coordinarse en la definición de estrategias y proporcionar, dentro de sus respectivas competencias, la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur”. También contiene un glosario muy breve en que se delimita a la frontera sur como el territorio que comprenden los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.
Dentro de este marco legal, se ha formulado también un Programa Especial de Migración, que declara la necesidad de un cambio de paradigma gubernamental sobre el fenómeno migratorio y de consolidar una política migratoria caracterizada por el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los migrantes. Se afirma lo anterior con base en que a lo largo de este programa se hace continua referencia a la preminencia de la seguridad en su dimensión humana; adicionalmente, se refiere a la seguridad fronteriza, entendiendo por ello al mantenimiento del orden dentro de las fronteras estatales a fin de ofrecer protección a la sociedad de posibles amenazas externas como las enfermedades, delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y personas, trata de personas, desastres naturales, persecución política, pobreza, terrorismo, factores que de acuerdo al programa, conllevan a la movilidad humana.
El Programa Frontera Sur (en adelante “el programa”) ha sido calificado de cacería de migrantes9 y se ha dicho que el mismo ha significado represión, persecución y muerte.10 Se toman como base para estas afirmaciones varias cuestiones: en primer lugar la estadística oficial que muestra un aumento sin precedentes en las presentaciones y devoluciones de ciudadanos centroamericanos, derivado de la reforzada y numerosa presencia de agentes del orden en la zona sur como consecuencia de la instalación de los llamados “Centros de atención integral al tránsito fronterizo”. Incremento que incluso las autoridades han anunciado como un logro durante su gestión; por ejemplo para marzo de 2015, el comisionado del Instituto Nacional de Migración presumía haber llevado a cabo 758 operativos de control y verificación no sólo en los puestos establecidos para ello, sino también en bares, cantinas, centros nocturnos, hoteles, moteles y restaurantes de la región; así como 153 verificaciones migratorias a los ferrocarriles,11 a raíz de lo cual fueron presentados ante la autoridad migratoria en el primer cuatrimestre del año a 62,274 personas, de las cuales fueron devueltas casi 53,000 lo que casi duplica el número alcanzado un año antes.12
Este pensamiento que coincide con las conclusiones a que han arribado investigadores de la Oficina en Washington para América Latina en el sentido de que este tipo de políticas perciben a los flujos migratorios como una amenaza a controlar y no un fenómeno humano a manejar.13
Por otro lado, se le atribuye el carácter de autoritario y vertical, pues fue emitido unilateralmente por el Ejecutivo Federal, sin que en su propuesta, discusión ni elaboración se hubiera incluido al Consejo Ciudadano14 del Instituto Nacional de Migración, a pesar de que el mismo cuenta entre sus funciones con las de emitir opiniones sobre la ejecución de la política migratoria; formular propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes y proponer acciones de cooperación, concertación y seguimiento de la sociedad civil a las actividades del Instituto Nacional de Migración, y esta estrategia es precisamente una herramienta que ejecuta la política migratoria puesta en marcha por el Gobierno Federal.
Los miembros del Consejo Ciudadano también lamentaron que el programa reduzca su visión del fenómeno a un problema de “policías y bandidos” al buscar únicamente detener, asegurar y deportar a las personas y con ello olvidar la defensa de los derechos humanos o la preeminencia del interés superior del niño, lo que puede interpretarse como un retroceso pues refuerza la invisibilidad tan difícil de combatir, en que se encuentran estas personas.15
A raíz de su participación, el investigador visitador ha dicho que la Comisión que representa se encuentra elaborando un diagnóstico detallado sobre la situación en la frontera sur, ya que ha detectado con preocupación que los flujos migratorios están tomando nuevas rutas, lo que los coloca en una situación de riesgo constante; además reconoció que diversas organizaciones y albergues han externado quejas y coinciden en lo riesgoso de la formación de nuevas rutas que han tenido que establecer las personas a fin de no ser detectadas por la fuerte presencia militar y policial en la zona. Por último, también asiente en que los migrantes indocumentados están expuestos a toparse con el crimen organizado y a “muchas cuestiones más” que incluyen hasta problemas de salud.
Por su parte, los viceministros de Honduras, Guatemala y El Salvador recorrieron en abril de 2015 la llamada “ruta migrante”, y expresaron su preocupación por el alza en las detenciones, si es que éstas se realizan por autoridades no capacitadas ni conscientes de que es un tema humanitario. De acuerdo al diario Reforma, la viceministra de Honduras María Andrea Matamoros señaló que “El Plan Frontera Sur, en papel, parece estar muy bien, pero en la práctica es diferente, y si las autoridades que lo están implementando no están capacitadas, no están concientizadas de que son seres humano, de que no son delincuentes, entonces el plan no tiene sentido”.16 En la misma nota se dice que la funcionaria indicó que ha podido acreditar que hay casos de violaciones a los derechos de sus connacionales consistentes en maltrato físico, detención e incomunicación, por lo que urgió a privilegiar el enfoque de derechos humanos sobre el de seguridad. Si bien, no se desprende de la nota revisada, ni de otro documento disponible, información que corrobore el dicho de la funcionaria, lo cierto es que el mismo no se desestima completamente pues fue pronunciado por una autoridad hondureña durante su participación en actividades oficiales.
Por último y en el mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el comunicado de prensa 065 de 2015, expresó su preocupación ante el Plan Frontera Sur de México; al igual que las organizaciones sociales y de ayuda humanitaria, ha recabado información que apunta hacia el endurecimiento de las acciones gubernamentales en contra de las personas migrantes y de sus defensores, al incrementarse las medidas de seguridad. En el mismo comunicado demuestra su conocimiento en el incremento de las detenciones y deportaciones, que atribuye directamente a la presencia de miles de agentes de la Policía Federal de México que cuentan con entrenamiento militar quienes practican “redadas” antiinmigrantes.
A partir de esta información es que la Comisión Interamericana claramente insiste en que México tiene la obligación de adoptar medidas tendientes a garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de todas las personas migrantes en tránsito por México y sus defensores, así como la necesidad de implementar acciones alternativas a la detención; obligaciones que quedaron plenamente atribuidas al Estado mexicano en el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, emitido por la propia Comisión.
La decisión de migrar ya no nace únicamente por los sueños de prosperidad de las personas, sino que es producto de la necesidad de huir, de salvarse de la miseria, la esclavitud, la guerra, el crimen, el deterioro del medio ambiente, y que son engañados, estafados y explotados por personas o agrupaciones que impunemente operan a nivel mundial.17 Todas estas condiciones adversas al ser humano han sido provocadas y mantenidas no sólo por la acción u omisión de los Estados de origen, sino del desarrollo de la historia en general y de la manera en que los países se han relacionado, estableciendo condiciones asimétricas, en la explotación de recursos, la economía y el uso de la fuerza.
En principio, se define a la Seguridad Nacional, como el conjunto de acciones destinadas a la preservación del territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho, amenazas provenientes del exterior y la preservación de la democracia, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;18 la Ley de Migración se refiere de manera específica a la seguridad nacional en los siguientes artículos:
— Artículo 1. Al establecer que las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
— Artículo 2. Principios que rigen en materia migratoria: Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.
— Artículo 20. Es atribuciones del INM en materia migratoria, proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
— Artículo 23. En términos del artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los servidores públicos del Instituto están obligados a someterse al proceso de certificación que consiste en la comprobación del cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, en los términos del Reglamento.
— Artículo 43. Podrá negarse la expedición de visa, la internación o la permanencia a cualquier persona extranjera que esté sujeta a proceso penal o haber sido condenada por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.
— Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto por razones de seguridad nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
— Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.
— Artículo 80. Al ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria, el Instituto deberá consultar e informar a las autoridades responsables de la seguridad nacional sobre la presentación o identificación de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada, o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la seguridad nacional y deberá, adicionalmente, coadyuvar en las investigaciones que dichas autoridades le requieran.
— Artículo 144. Son causas de deportación del extranjero presentado, estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva.
Al mismo tiempo, este proceso expansivo de seguridad nacional dentro de la política migratoria, se refuerza en lo previsto por el Programa para la Seguridad Nacional vigente en México, que textualmente establece que la política de seguridad nacional se orientará a “Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos"; entonces, se colige que la existencia de personas extranjeras que pretenden ingresar al territorio nacional ha sido interpretada por el Ejecutivo Federal, como una tendencia externa que pone en riesgo el proyecto de la nación mexicana. No negamos de forma absoluta la posibilidad de que concurran con estos movimientos, personas, organizaciones o cosas que efectivamente puedan constituir un riesgo; con todo, rechazamos la postura de que esa posibilidad categorice al fenómeno en su totalidad, es decir a todas las mujeres, hombres y niños que deciden migrar.
Por añadidura, el Plan para la Seguridad Nacional, dentro de la sección denominada “El entorno estratégico de México en el siglo XXI” expresa los desafíos que en materia de seguridad nacional tiene debido a su posición en el sistema internacional, derivada de la ubicación geográfica y la importancia geopolítica que ostenta,19 contando entre ellos la migración.
Desafortunadamente, el mundo ha observado cómo las actividades ilícitas y criminales se han transnacionalizado; la globalización ha fomentado que las actividades económicas y sus beneficios —también sus perjuicios— crucen las fronteras; lo que ha dispuesto la orientación de la riqueza hacia determinados polos desde una perspectiva transnacional. Esta misma fuerza y flujo de riqueza ha moldeado también a la criminalidad a nivel mundial, misma que ha diversificado sus actividades, conformando cadenas delictivas entre países para el flujo de mercancía, drogas, personas, armas y dinero que requieren soluciones conjuntas de parte de los países, pues este tema es de interés prioritario para todas las naciones del mundo y no se agota con el endurecimiento de políticas migratorias.
Ofrece más adelante varias estrategias y líneas de acción a seguir, varias de ellas se enfocan a la cooperación bilateral y fronteriza con los Estados Unidos y Guatemala y con aquéllos países centroamericanos, sobre todo, expulsores de migrantes, con la mira de una actuación coordinada que atienda integralmente el fenómeno migratorio regional y mantener registros de datos para la facilitación migratoria. Esta base de datos que es alimentada por los agentes migratorios y compartida con las agencias de seguridad, puede ser interpretada también como una especie de “fichaje” contra los extranjeros que se internan indocumentadamente al país y que son captados por la autoridad.
Esta visión, como ya referimos, coexiste con la visión protectora que está presente en la Ley de Migración, vía un amplio elenco de derechos a favor de las personas en movimiento. No obstante, otra estrategia del Programa de Seguridad Nacional, busca “Fortalecer las capacidades del Estado en las fronteras y puertos a efecto de ordenar flujos comerciales y migratorios”. Esta estrategia es la que podemos identificar como cimiento del Programa Frontera Sur, pues precisamente se materializa en el fortalecimiento de las capacidades del Estado a través del apostamiento de su personal de seguridad en tales lugares, que no es otra cosa que la constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo que derivan del Programa y en el que participan las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Salud; estos centros son a su vez resguardados bajo la cuidado de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Policía Federal.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo formulado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es citado dentro del acuerdo que crea el programa, pero consideramos que lo hace únicamente de manera retórica, pues reproduce la meta del país llamada “México con Responsabilidad Global” que consiste en
3. La indeterminación jurídica en el “Programa Frontera Sur”
Para terminar, es necesario hacer patente que el decreto utiliza varios conceptos jurídicos indeterminados, que son aquéllos contenidos en las normas de textura abierta y comprenden elementos del supuesto fáctico, cuya característica es la imprecisión o ambigüedad.20 Este tipo de conceptos, en relación con los derechos humanos, ha generado una clasificación en tres tipos: 1) los pro-humanísticos, que son los que pueden servir como fundamento para un desarrollo que favorezca la esfera de derechos de las personas; 2) los restrictivos, que se caracterizan por “una peligrosa potencialidad expansiva proautoritaria”,21 y 3) los ambivalentes, que pueden, mediante la interpretación, favorecer el goce de los derechos o expandirse a favor de la autoridad, restringiendo los derechos de las personas.
a) Adecuado flujo de personas
Deja a discreción de las autoridades establecer las características que el flujo de personas debe presentar para considerarse adecuado; se considera impreciso porque no señala a qué parámetros se adecuará tal flujo, o si la adecuación debe ser a partir de número, sexo, edad, nacionalidad, residencia u otra calidad.
b) Adecuada gobernanza
De forma similar, dependerá de la autoridad en funciones decidir a qué debe adecuarse la gobernanza o los criterios que la volverán adecuada, pudiendo ser de lo más variado, pues la gobernanza puede formularse desde la hospitalidad, solidaridad, interculturalidad y tolerancia, o por el contrario, desde el rechazo, la exclusión, la detención y la represión.
c) Fortalecer la presencia de la autoridad
No limita o establece explícitamente cómo se imprimirá de mayor fuerza a la autoridad, podría ser a través del equipamiento, entrenamiento, número, o lo que es más peligroso, una posibilidad discrecional e ilimitada de actuación; o incluso hasta la promesa de impunidad ante conductas que llegaren a ser consideradas delictivas en el ejercicio de sus atribuciones.
d) Sustento a la unidad nacional
Este concepto podría ser interpretado incluso como apología del racismo o de la xenofobia al pretender que la unidad nacional pueda conservarse con la exclusión de los extranjeros o su criminalización.
e) Enfoque integral
Omite establecer los elementos que volverían exhaustivo o completo el enfoque con el que debe regularse el fenómeno migratorio.
Es el marco que fundamenta y pone en acción el concepto indeterminado cuya instrumentalidad, replicabilidad y adecuación habrá que demostrar. No hay una connotación preexistente y consabida, debido a que debe construirse o esclarecerse paso a paso, a contrapelo de lo que podría considerarse como verdad consagrada…22
Por si esta vaguedad fuera insuficiente, resulta que la estrategia no provee ni siquiera de un concepto de atención integral, a pesar de que esta idea es la central, pues se limita a señalar que se entiende por ello a “las acciones que, sujetas al marco jurídico aplicable, corresponde ejecutar de manera coordinada a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia migratoria”.
Claro está que la viabilidad de este punto de vista dependerá de la concertación entre las naciones, que no siempre se logra debido a los intereses contrapuestos entre ellas, derivado del papel que juegan en esta era de la migración.
— Reconocer que este fenómeno no es en sí mismo un problema y por ende, no existe una “solución” jurídica del mismo, partiendo del hecho de que no es un fenómeno completamente jurídico, sino social y humano, económico y político, por ello, el derecho debe dejar de pretender que con la emisión de normas y programas se logrará impactar de manera absoluta sobre el fenómeno. Por supuesto que el derecho abonará a la mejor gestión de los flujos y a una mejor inserción de los migrantes. El derecho como sabemos, actúa sobre la conducta del ser humano y puede llegar a modificarla, además de que también limita o moldea la actuación de los gobiernos; reconociendo esa modesta pero importantísima capacidad, podemos esperar leyes más realistas y por ende, eficaces.
— El derecho debe servir también para establecer canales de comunicación efectivos entre los Estados interesados, pues hasta el día de hoy, el Estado continúa siendo el principal actor político y las normas que emite, gozan de observancia obligatoria dentro de sus territorios.
— Asimismo, se espera que en su formulación participen la sociedad civil organizada y de la academia en la formulación de programas y políticas, por la razón de que es la sociedad civil quien de manera importante ha acompañado y conoce de primera mano, las necesidades, aspiraciones y vicisitudes de la gente en movimiento; en la misma medida, la academia, a través de sus investigaciones puede proponer alternativas basadas en la experiencia, el conocimiento, una comprensión profunda del tema e incluso el derecho comparado. Pero es de primera importancia que esta participación ocurra realmente y en igualdad de circunstancias y no quede únicamente en el papel, como ocurrió con la formulación del Programa de la Frontera Sur.
— Por su parte, el derecho internacional resulta un factor importantísimo, pues se ha visto que la creación de tratados internacionales en materia de derechos humanos ha incidido directamente en la creación y modificación de leyes a nivel interno, sin que sean las leyes en materia migratoria la excepción. Esto ha sido posible a partir de la creación del sistema universal y de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como el sistema interamericano del que forma parte México y que en el ejercicio de sus funciones, conoce a través de sus órganos y en el ámbito de sus respectivas competencias, de quejas, reclamaciones, consultas y juicios en contra de los Estados que infringen su contenido y gracias a su justiciabilidad y lo imperativo de sus resoluciones es que hemos presenciado la incorporación de los estándares y de los mecanismos propuestos en tales sentencias, opiniones consultivas, informes o recomendaciones.
— De ahí, que el mantenimiento, expansión y fortalecimiento de la participación de los Estados en estos sistemas de protección es uno de los retos que se deben asumir, por ello se espera que México continúe formando parte del sistema interamericano de derechos humanos y que en esa medida cuenten las personas con una herramienta más para la defensa, protección y garantía de sus derechos.
— A nivel interno podrían instrumentarse medidas como las adoptadas por la Ley de Interculturalidad, Movilidad Humana y Atención a Migrantes del Distrito Federal, que sin pronunciarse sobre la condición migratoria de las personas, establece las bases para formular políticas y acciones que permitan la participación e inclusión de los extranjeros no documentados que se encuentran en México, por lo menos a los servicios y bienes más básicos como los albergues, los comedores, la atención sanitaria y hospitalaria, la participación en proyectos productivos o apoyos para el ejercicio de un oficio e incluso la educación de sus hijos.
1. Bibliografía y hemerografía
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Ley de Refugio y Protección Complementaria.
Trabajo recibido el 10 de julio de 2015. Aprobado para su publicación el 31 de agosto de 2015.
Doctora en Derecho por la UNAM-FES Acatlán; profesora-investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México, CU Valle de México; profesora del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM; candidata a investigador nacional.
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; profesor-investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México, CU Valle de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Cfr. Morales Vega, Luisa Gabriela, “Categorías migratorias en México. Análisis a la Ley de Migración”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, año 2012, vol. XII, enero-diciembre de 2012, pp. 929-958.
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Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Resumen mensual de estadística migratoria, abril 2015, disponible en http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2474/1/images/resumen%20de%20estad%C3%83%C2%ADsitica%20migratoria%20abr%202015%2030062015.pdf (consultado el 1 de julio de 2015).
Mandujano y Tourliere, “El trabajo sucio se hace en la frontera sur”, Proceso, 23 de agosto de 2014, http://noticias.vlex.com.mx/vid/trabajo-sucio-hace-frontera-sur-526740851.
Según consta en el acta levantada con motivo de la tercera sesión ordinaria 2014 del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración del día 9 de septiembre de 2014.
Baptista, Diana, “Objeta consejo de INM plan para frontera Sur”, Reforma, 30 de junio de 2015, http://reforma.vlex.com.mx/vid/objeta-consejo-inm-plan-frontera-sur-527495082.
Swing, William Lacy, op. cit.
Artículo 3o., fracción III de la Ley de Seguridad Nacional.
Programa de Seguridad Nacional 2014-2018.
Rendón Huerta Barrera, Teresita, “La interpretación viciada de los conceptos jurídicos indeterminados”, en González Placencia y Morales Sánchez (coord.), Derechos humanos actualidad y desafíos, México, Fontamara, 2014, t. III, p. 16.
Ibidem,p. 17