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Timestamp: 2017-08-22 11:36:46
Document Index: 79254872

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 108', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1']

Amparo contra gasolina by LLP - issuu
C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA P R E S E N T E. TU NOMBRE Y APELLIDOS; por mi propio derecho, en mi carácter de Quejoso y señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos el ubicado en TU DIRECCION COMPLETA (CALLE, EDIFICIO, COLONIA, ESTADO, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo autorizo al C. Licenciado en Derecho TU ABOGADO DE CONFIANZA para tal efecto, ante usted respetuosamente comparecemos para exponer: Que vengo a solicitar el AMPARO y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, así como la SUSPENSION PROVISIONAL y en su momento la DEFINITIVA, en contra de los actos de autoridades que enseguida enunciaré y que considero violatorios de mis garantías individuales. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, me permito manifestar a su Señoría lo siguiente: I.­ NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Ya quedó precisados. II.­ NOMBRE (no existe)
III.­AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como ordenadoras a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CAMARA DE SENADORES Y CAMARA DE DIPUTADOS por la aprobación de la reforma energética deficiente y sus leyes secundarias que de ella emanaron. Como ejecutoras a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, COMISION REGULADORA DE ENERGIA, así como su publicación por parte de la Secretaria de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación. IV.­ ACTO RECLAMADO: La INEQUIDAD y DESPROPORCIONALIDAD de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA, mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables. V. PRECEPTOS CONSTITUCIONES QUE CONTIENEN GARANTÍAS VIOLADAS: Los artículos 1, 2, 4,25, 26, 27, 28 y 123, así como la fracción IV del artículo 31 Constitucionales. VI. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Manifiesto que constituyen antecedentes del acto reclamado y fundamentos de los conceptos de violación los siguientes: HECHOS: Que con fecha 26 de diciembre del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Mismo que de conformidad con el considerando quinto el 1º de Enero de 2017entra en vigor el decreto por el cual de manera infundada e inmotivada y de manera desproporcional el gobierno de la república por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, pone en vigor el decreto por el cual se libera el precio de las gasolinas, afectando con esto la economía de los mexicanos en especial de la gente marginada y de escasos recursos
ya que con este aumento desproporcionado se disparan los precios de la canasta básica y de artículos de primera necesidad, así como el del transporte público y de servicios, aunado a que la situación económica del país no es alentadora debido a políticas económicas carentes de visión a corto plazo y que únicamente benefician a las transnacionales y pequeños grupúsculos del poder. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: PRIMERO.­La inequidad y desproporcionalidad de los elementos esenciales sobre la tarifa actual que versa sobre la Gasolina en toda la República Mexicana, misma que entro en vigor el primero de enero del presente año lo cual torna inconstitucional el sistema impositivo por la fracción IV, del artículo 31 constitucional, pues en el numeral reclamado no se establece variable alguna aplicable a los elementos en cuestión cuya inconstitucionalidad, en su caso, podría producir la concesión del amparo a fin de que se remediara el vicio de la variable, con lo cual no se afectaría todo el mecanismo para determinar el pago del derecho correspondiente, lo que en el caso no ocurre. SEGUNDO.­ La inequidad y desproporcionalidad que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no guarda, en forma alguna, una razonable reciprocidad o justa proporcionalidad entre el costo o valor del servicio de carácter administrativo proporcionado por el ente público, y el monto de la contribución a cubrir. Es así pues el costo en el servicio es completamente sobresaliente de los límites de proporcionalidad y calidad que exige un esfuerzo uniforme de la administración pública a través del cual pueden satisfacerse todas las necesidades que se presenten sin aumento apreciable en el monto del servicio, por el valor consignado en los actos de pago. TERCERO.­ La ley debe otorgar un trato igualitario a los sujetos que, con independencia del valor intrínseco del costo de la gasolina, deben recibir por parte del Estado un mismo servicio que, en su caso, se reduce sólo a lo referido en la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es inconcuso que la contenida en dicho precepto se aparta del marco constitucional, toda vez que es notoria la desproporcionalidad e inequidad del acto reclamado. CUARTO.­ Resulta violatorio de la fracción IV, del artículo 31 en cita, porque el costo del servicio que presta la administración pública municipal se encuentra determinado por elementos ajenos al objeto real del servicio, como lo es el valor consignado en los actos, contratos o resoluciones judiciales sobre la tarifa impuesta sobre la Gasolina; siendo que la clase de derechos como los que se analizan, deben determinarse en función de lo que le cuesta a la administración la prestación del mismo, entre los cuales están el pago de sueldos, sobresueldos y compensaciones del personal empleado para la prestación del servicio, más no de aquellos elementos referidos, que no guardan relación con la prestación del servicio, puesto que tratándose de derechos, siempre se debe guardar un equilibrio con la tarifa a cubrir por parte de los contribuyentes. QUINTO.­ Violan las responsables lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional que a la letra establece “ Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.” Lo cual no sucede en este caso y el aumento desproporcionado e inequitativo que hace el gobierno federal con respecto a los precios de las gasolinas genera incertidumbre y alza
descontrolada en los precios de la canasta básica y de primera necesidad afectando con ello a las clases desprotegidas y marginadas y en general a toda la población. SEXTO.­ De igual manera dicho aumento desproporcionado, inmotivado e infundado vulneran la economía de todos y cada uno de los habitantes de la República Mexicana, violentando con ello lo establecido en el artículo 4º, 2º 1º, ya que deja en estado de indefensión y de forma precaria la sustentabilidad económica de las familias mexicanas , logrando con eso que no se puedan llevar a cabalidad lo establecido en el artículo 4º constitucional con respecto a la alimentación de calidad, así como el de protección a la salud a vivienda digna etc. Ya que con dicho decreto de manera desproporcionada se incrementaran los precios de la canasta básica y será imposible alcanzar dichos fines con el raquítico salario mínimo que hoy rige en el País. Así mismo establece diferencias en el precio dependiendo de la zona, lo cual es violatorio al artículo 1º constitucional toda vez que dicho artículo prohíbe la discriminación de cualquier tipo, violentando con ello los derechos humanos de todos los habitantes de la Republica Mexicana. SÉPTIMO.­ El titular del ejecutivo en su campaña por la presidencia de la república y en reiteradas ocasiones se comprometió a velar por la economía familiar, lo cual a la fecha no ha ocurrido, así mismo con la mal llamada reforma energética, se había prometido el alto al incremento de las alzas al precio de los combustibles lo cual de la misma forma no ha ocurrido sino que ha empeorado la situación económica de los habitantes de la República Mexicana. Violando con esto lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, en perjuicio de los derechos humanos de todos los mexicanos. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO A efecto de conservar la materia del amparo, con fundamento en los artículos 107,108, 125, Y 126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a solicitar la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados en este juicio de amparo. JURISPRUDENCIA Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia misma que solicito sea tomada en consideración desde este momento. Época: Décima Época Registro: 2012529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. XCII/2016 (10a.) Página: 842 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SU NÚCLEO O CONTENIDO ESENCIAL.
En algunas circunstancias, la protección a los derechos fundamentales constituye un gran reto para el Estado y sus autoridades, máxime respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo contenido suele ser indeterminado y circunstancial que no permite determinar los alcances de su protección. Es por ello que, en muchas ocasiones, la actividad jurisdiccional tiene la función de determinar el contenido, alcances, así como los límites de estos derechos fundamentales, constituyendo una función esencial para el desarrollo y el progreso de un verdadero Estado democrático. En ese sentido, para determinar los elementos mínimos necesarios para exigir un derecho fundamental, es necesario identificar el denominado "núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales"; esto es, aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De lo que se concluye que las autoridades desconocen la protección a un derecho fundamental cuando por alguna circunstancia su contenido esencial queda sometido a limitaciones que impiden su ejercicio, lo dificultan más allá de lo razonable, o bien, lo despojan de una necesaria protección. Amparo en revisión 1219/2015. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y reservó criterio en relación con el tema del derecho a la alimentación Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Marco Tulio Martínez Cosío Esta tesis se publicó el viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2011316 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: I.9o.A.1 CS (10a.) Página: 1738 MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral 1); de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social (artículo 23, numeral 3). En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11, numeral 1); además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias [artículo 7, inciso a), subinciso ii)]. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional estableció, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: I. Deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas; III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTERATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 261/2015. Astro Gas, S.A. de C.V. 13 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo. Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2007253 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común Tesis: (V Región)5o.19 K (10a.) Página: 1731 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SON JUSTICIABLES ANTE LOS TRIBUNALES, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la interpretación que de este precepto realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) contra Perú, la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos, con los económicos, sociales y culturales, conduce a concluir que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Por tanto, la exigibilidad de estos derechos amerita que sean justiciables ante los tribunales, a través del juicio de amparo. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 78/2014 (cuaderno auxiliar 376/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Marisol Verdugo Orozco. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario: Israel Cordero Álvarez. Nota: Por ejecutoria del 23 de noviembre de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 120/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2005203 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: I.4o.A.20 K (10a.) Página: 1211 PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con
la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio "pro homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2002179 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXII/2012 (10a.) Página: 1587 PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona
al orden constitucional ­principio pro persona o pro homine­, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional ­legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada­, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otro. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), publicada el viernes 23 de mayo de 2014, a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Época: Décima Época Registro: 2000630 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.) Página: 1838 PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith Pérez Blass. 19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Salvador Obregón Sandoval Época: Décima Época Registro: 2010166 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Común Tesis: XVII.1o.P.A. J/9 (10a.) Página: 3723 PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613, estableció que el principio pro persona como criterio de interpretación de derechos humanos es aplicable de oficio cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, y que es factible que en un juicio de amparo, el quejoso o recurrente, se inconforme con su falta de atención o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo ese ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga básica. Luego, ese test de argumentación mínima exigida para la eficacia de los conceptos de violación o agravios es el siguiente: a) Pedir la aplicación del principio relativo o impugnar su falta por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Los anteriores requisitos son necesariamente concurrentes para integrar el concepto de violación o agravio que, en cada caso, debe ser resuelto. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 191/2014. 6 de marzo de 2015. Mayoría de votos en cuanto a la plena responsabilidad penal; unanimidad de votos en cuanto a la demostración del delito y en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. Queja 40/2015. 19 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde.
Amparo directo 98/2015. 3 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León. Amparo directo 100/2015. 14 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde. Amparo directo 101/2015. 14 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde. Esta tesis se publicó el viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de octubre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por lo anteriormente expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva: PRIMERO.­ Tenerme por presentado en mi carácter de quejoso y por interpuesto el juicio de garantías que hago valer. SEGUNDO.­Conceder la suspensión provisional y en su momento definitiva para que cesen los actos reclamados. TERCERO.­­Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental. CUARTO.­ Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional QUINTO.­ Con las copias simples que se acompañan, correr traslado a las autoridades responsables para que produzcan su contestación en términos de ley. SEXTO.­Se conceda la suplencia de la queja en base al articulo 79 fracción II Y VII de la Ley de amparo en vigor ya que de continuar con el aumento desmedido y desproporcionado en el precio de las gasolinas se pone en riesgo a los grupos vulnerables y de escasos recursos. SEPTIMO.­Solicito se me expida copia certificada de la suspensión provisional que tenga a bien decretar su Señoría. OCTAVO.­En su oportunidad, conceder el amparo a en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables . PROTESTO LO NECESARIO LUGAR A x DE ENERO DEL 2017 _____________________________ TU NOMBRE Y APELLIDOS
Amparo contra gasolina
llp5