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Timestamp: 2019-02-15 20:46:05
Document Index: 193256438

Matched Legal Cases: ['artículo 222', 'artículo 827', 'artículo 1', 'artículo 367', 'artículo 43', 'artículo 222', 'artículo 421', 'artículo 367', 'artículo 86', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 1252', 'artículo 43']

Fijada judicialmente la deuda de una sociedad ¿queda vinculado por este pronunciamiento prejudicial el juez que conoce de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra su administrador? - El Derecho
Foro 01-09-2011	Coordinador: Arribas Hernández
Es por todos conocido que las acciones de responsabilidad de admi...
Las acciones de responsabilidad de administradores por deudas sociales también vienen generando relevantes problemas procesales directamente relacionados con la pregunta que se somete a debate, sobre todo desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil. Se está haciendo referencia a la tanta veces discutida cuestión de la coordinación de los asuntos con materias conexas y, en concreto, a si cabe o no la acumulación de acciones cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de acciones de competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Precisamente el supuesto que se ha venido suscitando con mayor intensidad es el relativo al posible ejercicio simultáneo o acumulado de una acción contra una compañía reclamando el pago de una deuda derivada de una relación contractual ordinaria; y, al mismo tiempo, de otra acción exigiendo la responsabilidad solidaria de los administradores de la compañía por las deudas de aquélla(1). Antes de la creación de los Juzgados de lo Mercantil, no había duda sobre la posibilidad de ejercitar acumuladamente y al mismo tiempo las dos acciones. Ahora la situación es distinta. Atendiendo a la materialidad de la deuda, del cumplimiento o no de sus obligaciones por la sociedad conocen los Juzgados de Primera Instancia. Pero el análisis de la responsabilidad solidaria de los administradores es competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Son muchas las preguntas que surgen(2). La que ahora se contesta obedece a un supuesto de hecho bien concreto, que cada vez se produce con más frecuencia dados los problemas indicados. Se opta, en primer término, por acudir a los órganos de primera instancia, ante los que se obtiene un pronunciamiento -firme por el que se fija la deuda de la sociedad. Después, se ejercita la acción de responsabilidad por deudas sociales contra los administradores de esa misma compañía, en reclamación de esa misma deuda.
Siendo una responsabilidad de carácter solidario con la sociedad, no es necesario que el demandante se dirija previamente contra la compañía para obtener un pronunciamiento judicial que establezca la obligación social respecto de la que después se exigirá responsabilidad a los administradores. Se puede iniciar la acción de manera exclusiva contra los administradores y en el seno de esa acción cabe discutir la existencia y realidad de la deuda social. No en vano es uno de los presupuestos de este régimen de responsabilidad. Ahora bien, si el acreedor opta por dirigirse primero contra la sociedad y en el procedimiento judicial contra ésta se obtiene un pronunciamiento firme sobre la obligación social, no cabe después someter de nuevo la cuestión a discusión en el juicio relativo a la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales. La respuesta a la cuestión suscitada es, así, afirmativa. El fundamento de esta conclusión está en el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada material que se establece en el artículo 222.4 LEC. Lo tiene establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre de 2005, en la que puede leerse que u0022debe distinguirse entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. La primera -es el estado jurídico de una cuestión sobre la que ha recaído sentencia firme, que tiene la eficacia de vincular al órgano jurisdiccional en otro proceso-. La eficacia de la cosa juzgada material puede ser positiva o negativa. -La eficacia es positiva o prejudicial cuando dicha cuestión no es objeto único del otro proceso sino que forma parte de éste, en cuyo caso la sentencia que recaiga deberá tener como punto de partida y en ningún caso contradecir lo resuelto en la anterior sentencia-. En el presente caso se ha producido una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, porque habiéndose condenado en un pleito anterior a la sociedad de la que el recurrente era administrador por una obligación cuyo acreedor era el Sr. Markus, lo que se trata ahora es determinar si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social. Por tanto, no se vuelve a discutir lo que ya estaba decidido en el pleito anterioru0022.
El mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencias de 14 de octubre de 2008 y 25 de noviembre de 2009. Esta última merece comentario independiente porque se refiere a un caso en el que la deuda de la sociedad quedó fijada en un juicio cambiario, que también produce eficacia de cosa juzgada ex artículo 827 LEC: u0022los apelantes niegan la existencia de la deuda reclamada, pero olvidan de ese modo que con anterioridad al presente litigio se ha seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid proceso cambiario contra la misma en el que, por no haber deducido oposición en tiempo y forma, recayó el 4 de abril de 2003 el Auto despachando ejecución que contempla el Art. 825 LEC por la cantidad ahora reclamada, deuda que debe reputarse firme e incontestable en razón a la eficacia de cosa juzgada material que el Art. 827 LEC atribuye a la sentencia recaída en juicio cambiario (a la que se equipara en eficacia el mencionado Auto en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2º del Art. 825) respecto de las cuestiones que en él pudieron plantearseu0022. Cuestión distinta es que la deuda de la sociedad haya quedado fijada en un procedimiento judicial que no produzca eficacia de cosa juzgada. Es lo que ocurre con el caso resuelto por la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de abril de 2010, en el que se había seguido un juicio ejecutivo de los de la antigua LEC en el que se había despachado ejecución contra la sociedad por una cantidad determinada. Aquí no se habla de cosa juzgada material, sino de prueba: u0022de la referida sentencia (documento nº 1 de la demanda) resulta indiscutiblemente probado que a instancias de la entidad actora se despachó ejecución contra la mercantil administrada por los demandados por el importe de 2.005.472 pesetas (12.053,13 euros), por lo que resulta manifiestamente ilógico negar la existencia de la deuda por el hecho de que no se haya acompañado el documento que dio lugar a la ejecución, cuando en virtud del mismo, el juez competente despachó ejecución, o que no se conozca la forma en que se tramitó el juicio ejecutivo a los efectos de tener constancia de con quién se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate. Firme la referida sentencia, la deuda debió declarase probada salvo que se hubiera acreditado por la parte demandada el pago de la misma o que se hubiera seguido el correspondiente juicio declarativo sobre la misma cuestión al amparo del artículo 1.479 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil con resultado favorable para la deudora, pero, desde luego, no corresponde en este pleito dudar, sin el menor fundamento, por otra parte, de la regularidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate en su día practicadau0022.
El art. 367, apartado 1, LSC determina que los administradores de...
La Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 367 la res...
Se nos plantea si fijada la deuda de una sociedad queda vinculado...
Para contestar a esta cuestión debemos empezar recordando que el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil define la prejudicialidad civil como el supuesto en que para resolver el objeto de un litigio es necesario decidir acerca de alguna cuestión que constituya el objeto principal de otro proceso. Por su parte, el artículo 222.4 de la LEC establece que u0022lo resuelto como cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legalu0022. Lo regulado en estos preceptos recoge la denominada litispendencia impropia o por conexión, cuando el resultado de un procedimiento es antecedente necesario para la resolución de otro procedimiento (véase el artículo 421 también de la LEC).
Si bien es cierta esta falta de identidad (que impide que se pueda apreciar la excepción de cosa juzgada), si existe una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, como afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005 (sentencia 794/2005), puesto que fijada la deuda social en un pleito anterior, el importe de la misma no puede ser objeto de discusión en el procedimiento que analiza la responsabilidad del administrador en el que se trata de determinar u0022si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda socialu0022. La más reciente Sentencia del mismo Tribunal de 14 de marzo de 2007 (Rec. 262/2000 – EDJ 2007/20933), recuerda que dicha sentencia establece la eficacia prejudicial de la sentencia que condena a la sociedad en el proceso que se refiere a la responsabilidad de los administradores, si bien añade que la existencia de dicha sentencia condenatoria para la sociedad no es imprescindible para exigir la responsabilidad del administrador (al tratarse de una deuda solidaria).
Ante la eventualidad de que un Juez pueda conocer de la acción d...
Ante la eventualidad de que un Juez pueda conocer de la acción de reclamación de cantidad contra una sociedad de capital, y otro distinto, de la acción de responsabilidad solidaria contra los administradores por deudas sociales (artículo 367 LSC) -posibilidad acentuada como consecuencia de la atribución del conocimiento a los Juzgados de lo Mercantil de las acciones fundadas en la legislación sobre sociedades mercantiles [artículo 86 ter punto 2 letra a) LOPJ] se hace preciso valorar el alcance de la cosa juzgada de la primera de las resoluciones en relación con la subsiguientes.
El artículo 222 LEC regula la sujeción que el instituto de la cosa juzgada entraña para los procesos futuros. Tal vinculación se produce de dos maneras diversas: por medio del efecto positivo o prejudicial; y por medio del efecto negativo o excluyente. El alcance de este último lo establece el artículo 222.1 LEC que impide u0022conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjou0022.
El primero de tales efectos -que es el que aquí nos interesa se recoge en el artículo 222.4 LEC, según el cual u0022lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la Sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legalu0022.
Sobre el alcance de tal efecto la SAP de Baleares (Sec. 5ª) de 21 de octubre de 2010, afirma que u0022en su función positiva o prejudicial, que se manifiesta en aquellos casos en que lo decidido en una resolución firme es una parte del objeto del nuevo proceso, esto es, el objeto del nuevo proceso es sólo parcialmente idéntico a la cosa juzgada en el primer proceso. En tal caso, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada se manifiesta en la vinculación que ha de tener para el Juez del segundo proceso las cuestiones decididas en sentencia firme anterior, de tal modo que deberá atenerse al contenido de aquella sentencia como indiscutible punto de partida. Si se resolvió en pleito anterior una concreta pretensión que ahora ingresa en el nuevo pleito con carácter vinculante o prejudicial, es evidente que por esa función positiva de la cosa juzgada, esa cuestión quedó inatacable y el Juez deberá quedar vinculado por lo entonces decidido. No es, pues, que el segundo proceso deba extinguirse, sino que el Juez resolverá esa segunda pretensión planteada partiendo indiscutiblemente de la cuestión ya resuelta. Así lo ha entendido la jurisprudencia del TS se sentencias de 30 de diciembre de 1.986, 17 de julio de 1.986 (Sala 6ª), 20 de mayo de 1.992, 2 de julio de 1.992, entre otras, al expresar que -las decisiones establecidas en el primer proceso deben ser respetadas en el segundo cuando actúen sobre éste como un presupuesto lógico de discusión... sin que ello obste el que las acciones ejercitadas en ambos procesos hayan sido distintas-. En parecido sentido se expresa la STS de 21 de marzo de 1.996u0022
De acuerdo con nuestra jurisprudencia, para que una resolución tenga fuerza de cosa juzgada u0022es imprescindible que concurran en los litigios de que se trate las tres identidades de personas, cosas y causa de pedir...u0022 [STS (Sala 1ª) de 26 de abril de 2010].
Si ceñimos la eficacia de la cosa juzgada al extremo de la cantidad objeto de reclamación no parece que pueda producirse mucha discusión sobre la concurrencia de los requisitos objetivos para que pueda producirse el efecto de cosa juzgada material. Además, debe tenerse en cuenta que para apreciar el efecto positivo de la cosa juzgada u0022basta con que concurra la identidad subjetiva con cierta conexión objetiva, siendo distinta la causa de pedir (sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 1.069/1.997, de 1 de diciembre de 1997)...u0022 [SAP Madrid (Sec. 21ª) de 14 de setiembre de 2010].
La divergencia se produce en el extremo subjetivo, en el de las personas sujetos de la reclamación. Sin embargo, tal identidad debe poder apreciarse -a los efectos de la cosa juzgada cuando entre los sujetos demandados en diferentes pleitos existan lazos de solidaridad. No cabe olvidar que el derogado artículo 1252 C.C. -regulador de la cosa juzgada hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2000 disponía que u0022se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlasu0022.
En tal sentido hay que destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 14ª), de 7 de marzo de 2006, según la cual u0022entra en juego la solidaridad que faculta para aplicar la excepción de cosa juzgada(...), y existe identidad subjetiva jurídica (identidad de personas), aunque en situaciones procesales distintas, sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1980). En definitiva, los sujetos son jurídicamente los mismos y el petitum y la causa petendi coinciden con los que cubre la sentencia firme del primer procesou0022.
Obviando la problemática que en relación a las competencias en ...
Obviando la problemática que en relación a las competencias en materia de acumulación posible entre las acciones de reclamación de cantidad –deuda y la de responsabilidad de administradores existe, y dando por hecho que la posición mayoritariamente asumida por la doctrina de las Audiencias Provinciales parte de entender no factible jurídicamente dicha acumulación en base al criterio de competencia objetiva, la cuestión se plantea en relación a la deuda en su plano de daño en el caso de las acciones de responsabilidad individual y societaria –art 236 y concordantes TRLSC-, y directamente como tal, en el caso de las denominadas responsabilidades por deudas –art 367 y concordantes TRLSC-. En el primer caso, en tanto que la responsabilidad del administrador requiere de la concurrencia de tres presupuestos, a saber, un acto u omisión del administrador susceptible de haber producido el daño, del daño propiamente dicho y, finalmente, del nexo causal entre aquél y éste, entendiéndose que el daño puede ser, en caso de derivar el acto ilegal imputado al administrador, de relaciones generadoras de crédito u obligación patrimonial, el propio importe del crédito adeudado cuando se trata de una acción ejercitada por acreedor, o el abonado por la sociedad por causa de aquél acto u omisión ilegal, en caso de las acciones sociales. Y en el segundo supuesto, tratándose de acciones de responsabilidad por deudas, de la existencia de obligaciones sociales nacidas con posterioridad a la concurrencia de causa legal de disolución.
Cosa distinta es que se haya promovido un proceso declarativo sobre la deuda, ya que en estos casos, entraría en juego la institución de la prejudicialidad civil a que se refiere el artículo 43 LEC por cuanto que, como ha venido señalando la doctrina y la jurisprudencia, se dan en el caso los dos presupuestos de dicha institución, a saber, el tratarse la fijación de la deuda de una cuestión distinta a la principal, susceptible de constituir el objeto nuclear de otro procedimiento y, en segundo lugar, mediar relación entre esa cuestión prejudicial –deuda social y el objeto de otro procedimiento –responsabilidad del administrador de la sociedad-, de modo tal que la decisión de la cuestión prejudicial resulta así ineludible para tomar una resolución en torno al objeto principal de ese otro procedimiento.