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Timestamp: 2020-04-10 00:16:53
Document Index: 147615883

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 158', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 20']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 337, de 28/06/2005
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 337
celebrada el martes, 28 de junio de 2005
- Para adecuar la directiva europea 2002/15, sobre ordenación del tiempo de trabajo en el transporte por carretera con el Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000343.) ... (Página 2)
- Relativa a la reducción de la edad de jubilación de determinados grupos profesionales dentro de la actividad de la minería. (Número de expediente 161/000394.) ... (Página 5)
- Relativa al desarrollo de las políticas de familia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000638.) ... (Página 7)
- Relativa a la representación de los trabajadores autónomos y sus interlocutores en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000694.) ... (Página 9)
- Sobre restablecimiento del programa de becas Injuve para la ampliación de estudios y formación de jóvenes artistas. (Número de expediente 161/000744.) ... (Página 12)
- Sobre modificación de la normativa de los centros especiales de empleo y la regulación del empleo con apoyo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000786.) ... (Página 13)
- Para trasponer al derecho interno las medidas de fomento de la inserción de las personas con discapacidad contenidas en las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000787.) ... (Página 15)
- Sobre la prevención de riesgos laborales en las obras vinculadas a la Expo 2008 de Zaragoza. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000813.) ... (Página 16)
- Relativa a la incorporación del Estado español como miembro de pleno derecho en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000971.) ... (Página 19)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
- PARA ADECUAR LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/15, SOBRE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA CON EL REAL DECRETO 1561/1995, SOBRE JORNADAS ESPECIALES DE TRABAJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000343.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la Comisión con el orden del día previsto para hoy, debate de proposiciones no de ley. Tengo que anunciar que las votaciones no tendrán lugar antes de las 13:30, para que SS.SS. se organicen a la vista de las distintas comisiones a las que tienen que asistir. No hay ninguna novedad. Vamos a mantener los tiempos, aunque les ruego se ajusten lo más posible a los que se están fijando en el Pleno, para hacer ya un pequeño entrenamiento, aunque yo voy a respetar el tope que está establecido, pero si se puede reducir, serviría, como digo, para ese entrenamiento. Por tanto, iniciamos el debate con la primera proposición no de ley y tiene la palabra para su defensa el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Se trata de una proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista con el objeto de que el Gobierno proceda a la trasposición de Directiva comunitaria 2002/15/CE, sobre ordenación de tiempo de trabajo en el transporte por carretera, mediante la modificación, en su caso, del Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo. Dice la proposición que dada la importancia y la repercusión de esta cuestión para empresarios y trabajadores del sector, la trasposición debería realizarse con diálogo social y con el mayor grado de consenso posible para favorecer así el desarrollo presente y futuro de este sector. Concretamente en esta dirección se están manteniendo en la actualidad contactos con empresarios y sindicatos del sector sobre esta y otras cuestiones, pero quisiera destacar la importancia de esta directiva, que establece prescripciones mínimas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo para mejorar la seguridad y la salud de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, así como la seguridad vial, y con el objeto de aproximar en mayor grado las condiciones de competencia de los distintos Estados miembros.
La directiva sería de aplicación a los trabajadores móviles empleados por empresas establecidas en un Estado miembro que participen en actividades de transporte por carretera, incluidos en el reglamento 3820/85, del acuerdo AETR, o sea, relativo a todo desplazamiento en vehículo, vacío o con carga, destinado al transporte de viajeros o de mercancías, efectuado por carreteras abiertas al uso público, que se aplicará a los trabajadores autónomos a partir del 23 de marzo de 2009, sin perjuicio de que dos años antes, en función de un informe
que será presentado al Consejo Europeo, se analicen los efectos de la exclusión de los trabajadores autónomos, para que sobre esa base se puedan o definir modalidades específicas para la inclusión de este colectivo o mantener su no inclusión hasta el año 2009.
En todo caso, conviene apuntar algunas cuestiones importantes. Esta directiva define al conductor autónomo, por las peculiaridades que presenta, como aquel que presta servicios de transporte de viajeros o de mercancías por carretera a cambio de una remuneración y al amparo de la licencia comunitaria de cualquier habilitación profesional, que no esté relacionado con un empresario mediante contrato de trabajo o cualquier otra relación de tipo laboral jerárquica, que sea libre de organizar las actividades laborales pertinentes, que sus ingresos dependan directamente de los beneficios realizados y que disponga de libertad para mantener relaciones comerciales con varios clientes. Dado precisamente que en la directiva no se establece una definición basada en el encuadramiento, por ejemplo, en uno u otro régimen de la Seguridad Social, esto significa que podríamos encontrarnos con que por la aplicación de esta directiva parte de los trabajadores autónomos incluidos en el régimen especial, sin embargo, a los efectos de aplicación de la directiva, fueran considerados como trabajadores normales, no autónomos, y por lo tanto les fuera de aplicación inmediata la directiva. Estoy hablando de los autónomos dependientes o de los falsos autónomos, que son colectivos que, por ejemplo, no cumplen la condición de libertad de organizar sus actividades laborales o de que sus ingresos dependan directamente de los beneficios, ya que suelen estar tasados de otra forma.
Quisiera destacar también que el objeto central de la directiva es la ordenación del tiempo de trabajo. Se establece una definición muy clara de lo que se entiende como tiempo de trabajo y concretamente existe además una discrepancia con el ordenamiento jurídico español, de tal forma que una parte de lo que para la directiva es tiempo de trabajo, sin embargo para la norma española vigente no lo es, teniendo esta diferencia consecuencias importantes, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de los límites de duración de jornada que establece la propia directiva, con un máximo semanal que no podrá superar las 48 horas, aunque podría durar en una semana hasta 60, siempre que en un periodo de 4 meses no excediera la media de 48 horas; establece también las pausas, no se trabajarán más de 6 horas sin pausa, y entre 6 y 9 horas de trabajo la pausa será de 30 minutos; también el tiempo de descanso, el trabajo nocturno y algunas excepciones por razones objetivas, técnicas o de organización del trabajo.
En definitiva, se trata de una directiva para un sector importante por el número de trabajadores que emplea, pero también por sus características y por su forma de trabajo, que incide sobre otras actividades productivas y comerciales, dado que es un sector básico para el funcionamiento del sistema económico y de comercio. El plazo límite para trasponer esta directiva al ordenamiento español era el 23 de marzo de 2005 y por lo tanto esta es la razón por la que desde el Grupo Socialista creemos que es necesario instar al Gobierno a que proceda de forma inmediata a la trasposición de esta directiva. Este es el contenido de la proposición.
La señora PRESIDENTA: Para defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular entiende que estamos ante una cuestión de gran complejidad y trascendencia. El sector del transporte por carretera se enfrenta en nuestro país a una situación difícil, en un momento además extraordinariamente crucial para su futuro, y ello no admite la adopción de medidas insuficientemente meditadas, insuficientemente valoradas y sobre todo insuficientemente respaldadas por el sector al que va a afectar. La ordenación del tiempo de trabajo en este ámbito es muy peculiar, todos lo sabemos, y grandes las dificultades para establecer regulaciones que no supongan desequilibrar a las propias empresas. Este es un sector muy atomizado y plantea situaciones en las que las empresas disponen de cuatro trabajadores de media en el contexto nacional y tan solo poco más de 100 empresas tienen más de 50 trabajadores. De hecho y fruto de esta percepción de la propia complejidad de la cuestión, la Directiva 2002/15 establece en su considerando tercero que, a pesar de las intensas negociaciones entre los interlocutores sociales, no ha sido posible llegar a un acuerdo respecto a los trabajadores móviles del sector del transporte por carretera en Europa. Sin duda no es fácil y propuestas que puedan en este momento alterar el frágil equilibrio en que se mueve el sector pueden suponer un flaco favor a un sector muy importante de nuestra economía, que incurriría en un riesgo añadido grave de pérdida de competitividad.
La proposición no de ley que nos ocupa podría tacharse de innecesaria, de superflua, incluso de intrascendente, de iniciativa de cupo que insta al Gobierno a hacer algo que por otra parte está obligado a hacer, pero ya que el Grupo Socialista nos brinda esta oportunidad, al menos vamos a intentar que este debate sirva para algo. Ayer mismo, supongo que sin la intención de dejar mal al proponente, el Ministerio de Fomento emitía una nota de prensa que anunciaba la continuación de las tareas de trasposición de la directiva. Haríamos muy bien todos en no precipitarnos por tanto en esta cuestión. Creo que las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y los transportistas que se han producido la semana pasada y que han supuesto un aplazamiento del paro nacional previsto para ayer, día 27, van precisamente en esta dirección. El Congreso, por tanto, a nuestro juicio, debería avalar una posición de prudencia, de mesura, y no querer volver a ser los primeros en la Unión Europea a costa de nuestros propios intereses económicos y sociales, y ello aunque estemos realmente en tiempo de descuento, por cuanto
la directiva tenía como plazo límite de trasposición el 23 de marzo de 2005. Lo digo porque hay que hacer la trasposición, eso es evidente, pero deberíamos estar muy atentos a lo que hace el resto de los países si no queremos que España, que es según la OCDE el tercer país por la cola en competitividad en este sector en la Unión Europea a 15, acabe empeorando aún más su posición dando al traste con numerosos empleos en este ámbito.
No nos consta lo que van a hacer Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo o Alemania y por tanto creo que debemos actuar con cautela. Es a lo que se dirige precisamente nuestra enmienda; por eso contiene una serie de cuestiones que nos parecen constructivas y positivas en el contexto general del sector. La primera se refiere a la petición de un informe, por cuanto nos parece muy importante que conozcamos los efectos de la aplicación de la directiva tal y como los percibe el Gobierno junto con los agentes sociales concernidos. Hasta tal punto se es consciente de los riesgos en que puede incurrir el sector que la propia directiva en su artículo 13 dice que los Estados miembros presentarán cada dos años un informe a la Comisión relativo a las consecuencias de su aplicación. No estaría de más, por tanto, que conociéramos el punto de partida en el que estamos y nuestra percepción de lo que puede suponer su aplicación.
Nuestra enmienda también incorpora la propuesta de apoyo a una mesa de negociación sobre esta cuestión. Nos parece fundamental que el Gobierno y los agentes sociales sean capaces de pactar una adecuación normativa que goce de consenso y equilibrio, pero más allá de una apelación genérica al diálogo, como hace la proposición no de ley, buscamos un compromiso formal de negociación en una materia donde las imposiciones tienen mal acomodo. No es la primera intentona de diálogo, ya se ha producido un intento fallido, los sindicatos abandonaron la reunión sin excesiva convicción en sus posibles resultados. Nosotros pensamos que es pertinente que el Gobierno adopte una posición de impulso precisamente de la negociación. También creemos relevante en nuestra enmienda dar un papel importante a la negociación colectiva en este ámbito. Creemos relevante un mandato de esta Cámara para que el alcance de la trasposición sea el mínimo exigido.
Del análisis efectuado por el propio Ministerio de Fomento se desprende que la legislación española es bastante respetuosa con la mayor parte de las disposiciones contenidas en la Directiva 2002/15. En este sentido, cabe resaltar que España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, tiene la ventaja de que cuenta ya con una norma laboral estatal que ordena específicamente el horario de trabajo de los trabajadores del transporte por carretera, el Real Decreto 1561/1995. Además, nuestro país dispone de una abundante regulación de esta materia en los convenios colectivos de distinto ámbito existentes en el sector, pues esta es una cuestión que tradicionalmente ha sido abordada por la negociación colectiva. Contemplada, por tanto, la trasposición de la directiva con unos criterios básicos o nucleares, entendemos que es relevante dejar a la negociación colectiva las ulteriores modificaciones que en todo caso han de ser muy cuidadosas respetando el equilibrio entre la competitividad y la exigencia de mayores grados de seguridad y de salud de los trabajadores.
Hace unos días un transportista hablaba en un medio de comunicación nacional de que se produce en nuestro país más de un fallecimiento al día de transportistas en el horario de trabajo. Nada será excesivo por tanto en la búsqueda de seguridad y de garantías, pero sin quebrar un sector que atraviesa por una situación crítica, como ha sido valorada por sus representantes del comité nacional del transporte por carretera; por eso queremos respaldar precisamente el papel esencial de la negociación colectiva, porque en desarrollo de las facultades que tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Real Decreto 1561/1995 han conferido a los interlocutores sociales, existe, como decía, una prolífica regulación convencional de la jornada de trabajo en el sector del transporte que complementa la normativa aplicable, la ajusta y la adapta a las diferentes y plurales necesidades que se evidencian en la atomización y diversidad existentes en el sector. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momentito, señor Burgos. Les ruego silencio, porque no se oye absolutamente nada. Si tienen que hablar para negociar, por favor, fuera de la sala.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ese tejido convencional, que es el sustrato del entramado de nuestras relaciones laborales y plasmación del derecho constitucional a la negociación colectiva, ha de ser respetado y protegido, pues es la pieza principal que garantiza la flexibilidad en la aplicación de la norma, su adaptación a las diferentes casuísticas y, por ende, la propia pervivencia de las empresas en el mercado y de unos niveles de competitividad y productividad aceptables. Es necesario evitar en la medida de lo posible que esta negociación colectiva se adultere con la incorporación de elementos externos, que cuando menos perturbarán el delicado equilibrio existente en todo proceso de concertación social.
Dada la importancia y la repercusión que para los empresarios y trabajadores del sector puede tener esta trasposición, precisamente atendiendo a que la propia norma europea se remite en numerosas ocasiones en su contenido a la negociación colectiva como instrumento de adaptación y concreción de sus disposiciones, nos parece fundamental que la Cámara se manifieste a favor de otorgar a la negociación colectiva un papel predominante y preponderante no solo en la propia trasposición sino en su desarrollo ulterior.
En definitiva, señorías, creemos que con la incorporación de nuestra enmienda la proposición no de ley gana en solidez, en profundidad y en eficacia, sin perturbar en absoluto las líneas en que trabajan Gobierno y agentes sociales, sino, por el contrario, otorgándoles el refuerzo
de una manifestación de este Parlamento. Yo creo que nos hacemos así un favor a esta Comisión, a su propio crédito y al propio sector, que la acogerá positivamente.
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda por parte de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo coincide en la necesidad de dar cumplimiento a la trasposición de esta directiva, pero quiere manifestar la necesidad de que este proceso de implantación de una normativa, que no va a dejar de ser problemática para un sector delicado como es el sector del transporte, vaya acompañado de dos líneas estratégicas; por un lado, que esta trasposición se sitúe también en el marco del diálogo social o que al menos se haga en pleno diálogo con las partes implicadas en todo este proceso y, al mismo tiempo, que el Gobierno sea capaz de alcanzar un acuerdo también con el sector que tiene que ver con el mundo de las empresas de transporte y con los representantes de los trabajadores de las mismas en relación con un plan de medidas de apoyo frente al escenario que genera la trasposición de esta directiva; saber compaginar los elementos de competitividad necesarios para el sector del transporte con la seguridad en materia de salud y de empleo para los trabajadores representa el justo equilibrio en esta materia, y por tanto, junto con el mandato de trasposición de la directiva, instar al Gobierno a llevar a cabo estas dos actuaciones, plan de apoyo al sector y diálogo en el proceso de trasposición de la directiva, nos parece que son dos garantías para procurar que este proceso sea exitoso. Espero que el Grupo Socialista pueda aceptar esta enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano, también por su brevedad. ¿Hay algún grupo más que quiera fijar posición? (Pausa.) Para aceptación de enmiendas, señor Carro, muy brevemente.
El señor CARRO GARROTE: No podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque realmente desvirtúa, desde nuestro punto de vista, el contenido básico de la proposición hasta el extremo de que en el punto primero habla de continuar los trabajos en orden a. Ni siquiera nos permite afirmar el objetivo de la proposición, que es la trasposición en sí. En todo caso, en relación a la preocupación de ambos grupos, tanto del Partido Popular como de CiU, sobre el diálogo social, entendemos que está recogido en la proposición, aunque con relación a la enmienda de CiU sí podríamos, antes de la votación, ver de adaptar alguno de sus textos, aunque en torno al criterio del diálogo social. No entendemos que sea el motivo de esta proposición el punto 2 sobre el plan de medidas.
La señora PRESIDENTA: Si durante la tramitación llegan a algún acuerdo sobre una transaccional, háganlo llegar a la Mesa, por favor.
- RELATIVA A LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE DETERMINADOS GRUPOS PROFESIONALES DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA MINERÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000394.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, del Grupo Mixto. Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señoras y señores diputados, presentamos esta iniciativa porque en distintas ocasiones, como podremos demostrar a lo largo de la defensa que hacemos de la misma, se tienen presentadas demandas por parte de los trabajadores para que les sean consideradas las peticiones que en la proposición no de ley se plantean, y por parte de los tribunales hasta el momento las sentencias son favorables a esta solicitud. Esta solicitud está motivada por la constatación de que estamos hablando de empresas que trabajan la piedra pero no en la actividad extractiva sino en la transformación y en la elaboración. Hasta hace pocos años realmente la actividad de la transformación y la elaboración no existía en todo el Estado español, aunque de unos años para acá comienza a haber una actividad muy amplia; incluso está ocurriendo algo completamente diferente a lo que existía anteriormente, estamos recibiendo piedra, por ejemplo de China, y se transforma aquí; concretamente se está haciendo en el complejo de granito del Ayuntamiento de O Porriño, en la provincia de Pontevedra. Jurídicamente esta solicitud se fundamenta en la legislación que ordena la actividad minera como el Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, que da cumplimiento al mandato del Real Decreto 3255/1983 (estatuto del minero, artículo 21 y disposición final primera), que establece en su artículo 1 que la reducción de la edad de jubilación a que se refiere el artículo 21 del citado estatuto para el supuesto de concurrencia de determinadas circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad será de aplicación a los trabajadores de la minería incluidos en el ámbito del estatuto del minero y no comprendidos en el régimen especial de la Seguridad Social para la minería del carbón.
Pues bien, en el ámbito de la aplicación del estatuto citado (artículo 1) se encuentran las relaciones laborales desarrolladas en las empresas dedicadas a las labores de explotación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos que se incluyen en el ámbito de la Ley 22/1973, de 21 de julio, reguladora de Minas, que bien desarrollen las labores en forma directa o como contratistas, subcontratistas o compañías auxiliares respecto de sus trabajadores. La Ley de Minas contempla en el artículo 112 los establecimientos destinados a la preparación, concentración o beneficio de recursos y los vinculados funcionalmente a los mismos, y la Ley 6/1977, de 1 de enero, de fomento de la minería,
es de aplicación a las actividades mineras, incluyendo el tratamiento, beneficio o primera transformación de materias primas minerales (artículo 2 de la referida ley). Por su parte, en el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, reglamento general de normas básicas de seguridad minera, también figuran integradas en la actividad minera las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de minerales, rocas o residuos industriales (artículo 158).
Del ordenamiento jurídico que acabamos de exponer se desprende que los centros de trabajo o empresas sujetas a esta solicitud están comprendidos en el ámbito de la actividad minera: almacenan y tratan la piedra, la transforman, la sierran, tanto mecánica como manualmente, la pulen, abujardan o flamean. En esta misma base jurídica se sustenta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el fallo que dicta en fecha 24 de marzo de 2004, ante el recurso del comité de empresa de Ramilo, S.A., contra la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, fallo favorable, como dije al inicio de la intervención, a los trabajadores que solicitaban los coeficientes de reducción de los que estamos hablando.
Por otro lado, existen resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el mismo sentido de la sentencia mencionada, que, como la de fecha de 18 de febrero del 1994, resuelven asignar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a los trabajadores de la pizarra de la provincia de Lugo y Ourense. En la misma situación de los trabajadores de la empresa antes citada existen otros muchos que para conseguir el reconocimiento de los derechos mencionados tienen que recurrir, como lo hizo la empresa Ramilo, S. A., a los tribunales de justicia.
La presentación de esta proposición no de ley pretende llegar a un acuerdo político, de tal manera que se puedan evitar los costosos recursos judiciales y los agravios comparativos y de discriminación manifiesta que supone el hecho de que a los trabajadores de determinadas empresas se les reconozca por vía judicial el derecho a anticipar su edad de jubilación, mientras que otros -que desempeñan prácticamente o en muchos casos la misma actividad en idénticas condiciones, y por lo tanto expuestos a los mismos riesgos- no tienen ese mismo derecho. Por ello, presentamos esta proposición no de ley, que entendemos debería tener la consideración aprobatoria de esta Comisión, porque por lo que acabamos de exponer nos parece que es de justicia hacerlo.
La señora PRESIDENTA: Hay dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de la del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Como ya se ha dicho, estamos ante un supuesto en el que lo que se pretende es rebajar o reducir la edad de jubilación, y yo quiero dejar claro que con carácter general mi grupo, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, está en la postura de incentivar la prolongación de la vida laboral. También quiero dejar claro que este caso concreto no es de rejuvenecimiento de plantillas, podríamos decir al estilo del ministro Sevilla, sino que está encuadrado concretamente en el ámbito del estatuto del minero, que en sus artículos 1 y 21 prevé que los trabajadores que lleven a cabo labores desarrolladas por las empresas dedicadas a la explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales podrán verse beneficiados con reducciones de la edad de jubilación cuando en esas tareas concurran determinadas circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Ahora bien, está claro que esto tiene un procedimiento específico que está regulado desde antiguo, que es el Decreto de 1984, que establece dos vías: cuando se quiere hacer para todo un sector deberán de informar las organizaciones sindicales y patronales del sector, cosa que al menos nosotros desconocemos que se haya producido, y por otra parte un procedimiento específico, y es que también se prevé que los propios comités de empresa, como es el caso que sirve de base a esta proposición no de ley, realizarán la solicitud donde hayan de darse esas circunstancias de penosidad, peligrosidad y toxicidad. A partir de ahí requiere siempre una equivalencia con lo que podríamos llamar las categorías del régimen especial de la minería del carbón. Es decir, que a estos trabajadores o bien les afecta dicho régimen especial de la minería del carbón o bien el estatuto del minero y les son aplicables estas reducciones, pero es necesario realizar unas asimilaciones de categorías profesionales y de puestos de trabajo y también concretar las reducciones correspondientes a cada categoría profesional.
En ese sentido, nosotros, si se acreditaran esas condiciones de penosidad, estaríamos absolutamente de acuerdo, pero creemos que no se puede extrapolar el caso de un tratamiento de la piedra concreto en Galicia a todo un sector y para todo el territorio, y por ello presentamos una enmienda que pide que se realicen los estudios necesarios -precisamente para que pueda aplicarse en todo el sector y en toda España- en donde se acredite esa penosidad, esa toxicidad o esa insalubridad. A partir de ahí, si así se acreditara, nosotros estaríamos de acuerdo. No obstante, creo que al final habrá una transaccional que nos permita a todos llevar por el buen camino y sacar adelante la proposición, si se acredita que se da esa penosidad, en beneficio de los trabajadores de este sector.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nos encontramos ante una PNL que afronta un problema que tienen los trabajadores que trabajan la piedra y evidentemente aquí tendríamos que hacer varias consideraciones. Lo venimos diciendo a lo largo de todas estas semanas y llega un momento en que parece que el argumento suena a excusa, pero creo que a veces nos planteamos reformas dentro del sistema de la Seguridad Social olvidándonos del compromiso
que tenemos todos dentro del Pacto de Toledo. Yo creo que nosotros contamos con una herramienta que no tienen muchos de los países de nuestro entorno, cuya falta, cuando tienen que hacer reformas, lleva aparejada la convulsión en esas negociaciones, y nosotros, precisamente por tenerla, no la sabemos valorar. Dentro del Pacto de Toledo hay toda una serie de recomendaciones, de estudios, de equiparación de regímenes y demás. Lo primero que tendríamos que afirmar es que nosotros tenemos un sistema público de pensiones de los mejores del mundo, pero bien es verdad que tiene cosas que hay que revisar, adecuar e ir adaptando a la realidad y a las necesidades que los trabajadores tienen, siempre evidentemente garantizando el propio sistema. Una de esas ocasiones es la que hoy tratamos aquí.
Es cierto que el estatuto del minero establece unas condiciones determinadas, porque hay que reconocer que las condiciones en las que trabajan los mineros son muy excepcionales; en febrero de 1994 lo hemos ampliado a los que trabajan la pizarra en idénticas situaciones y ahora nos encontramos con los que trabajan la piedra, hacen pulido, cortado u otros tratamientos. Podríamos estar hablando de varias empresas pero de una comarca concreta o incluso de una provincia, como es la provincia de Pontevedra en el tema de O Porriño. Quién no conoce el mármol y demás de O Porriño. Nos encontramos ante un problema concreto de unos trabajadores y entonces mi grupo cree que es de justicia estudiar esa situación, ver si se producen las circunstancias de penosidad y demás. No hay o no constan en el ministerio o en la Seguridad Social estudios en este sentido, aunque haya alguno referido a una empresa. Por lo tanto, nosotros estaríamos en línea de realizar esos estudios que permitan tomar la decisión de dar esa cobertura o esa protección a esos trabajadores.
Por eso nuestra enmienda habla de elaboración de unos estudios que, aparte de los relativos a la peligrosidad, toxicidad e insalubridad, en función de la actividad propia que desarrollan esos trabajadores, estén no solo referidos a una empresa sino al conjunto del sector y que tengan en cuenta -lógicamente no puede ser de otra manera aunque no lo pusiéramos- lo que significaría económicamente para la Seguridad Social aplicar esos coeficientes reductores. Finalmente, lo que planteamos es que ese informe se haga llegar a la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque saben que hay un seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo; por eso hablábamos de que todos los informes vinieran a esa Comisión, pero no tenemos inconveniente, al contrario, que además vengan también a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales por lo que afecta al estudio de peligrosidad y demás circunstancias.
Me gustaría terminar con una reflexión. Nosotros estamos dispuestos a estudiar lo relativo al sector de la piedra y las consecuencias que tiene trabajar en él. Creemos que hay que hacerlo, pero hemos de tener en cuenta cómo lo hacemos. Lo que no podemos aceptar, porque creo que sería malo para el sistema, es que decisiones como esta pudiesen significar abrir la puerta para otros colectivos, que a lo mejor tienen unas reivindicaciones que son razonables, porque no es lo mismo un trabajador que está trabajando en un andamio con 60 años o un transportista con 60 años que un trabajador que está en una oficina, simplemente en una cadena de montaje o en unos grandes almacenes. Hay que ver el tema en otro contexto mucho más amplio, y precisamente porque no queremos abrir la puerta a nadie hablamos de que se haga el estudio concreto del sector y que a partir del mismo se llegue a la aplicación de estos coeficientes para estos trabajadores. A simple vista, trabajar el mármol, desde el desconocimiento que esta diputada tiene al respecto, debe tener unas consecuencias, aunque no sea más que por el polvo que debe producir. Por eso estamos a favor de alcanzar un texto común entre la enmienda del PP y el del proponente, el Bloque Nacionalista Galego. Creo que lo vamos a lograr y que puede ser una enmienda transaccional que aglutine los tres redactados.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Señora Fernández, en cuanto a las enmiendas presentadas, ¿esperamos a que pasen a la Mesa alguna transaccional? Tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, efectivamente, ya podríamos decir que hemos llegado a un acuerdo, porque proponemos una transacción a la vista de las dos enmiendas presentadas, partiendo de la base de que nosotros tenemos conocimiento de que el Instituto Nacional de Silicosis sí tiene estudios relacionados con estas empresas -más allá de una sola empresa- que concretamente desarrollan la actividad de la transformación de la piedra y en lo que se refiere a la zona industrial de O Porriño.
Por otro lado, la transacción va también en el sentido de poner un plazo para la presentación del estudio a las comisiones que la señora López i Chamosa hacía referencia, porque no vaya a ser que vaya a llegar cuando ya los tribunales de justicia tengan resuelto el problema.
La señora PRESIDENTA: Si hace el favor, pasan a la Mesa el acuerdo al que lleguen.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE FAMILIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000638.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tercera proposición no de ley, para cuya defensa tiene la palabra el señor Barrachina, por el Grupo Popular.
El señor BARRACHINA ROS: El Grupo Popular ha presentado una propuesta con un doble contenido, el primero, la elaboración de un plan integral de apoyo a la familia 2005-2008, en tanto en cuanto el anterior,
2001-2004, con gran éxito, ha concluido ya y por tanto no hay ningún plan integral de apoyo a la familia en vigor. El anterior plan ha permitido tanto la elaboración de la Ley de protección de familias numerosas, que beneficia a 610.000 familias españolas, como la introducción de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social, la paga de 100 euros, el incremento en el número de plazas de guardería, la mejora en las ayudas a domicilio, una mayor apuesta por la vivienda para las familias, la modificación en nuestro derecho de la familia para que los abuelos puedan tener garantizado el derecho a la visita de sus nietos, la tipificación como delito de la sustracción de menores y el desarrollo, en suma, de una serie de servicios de orientación y mediación familiar, la mejora de las pensiones de viudedad y de orfandad, es decir, un conjunto de mejoras.
Atendiendo a esa planificación transversal del plan integral de apoyo a la familia lo que reclamamos naturalmente es que se siga apoyando y reivindicando que se apoye a las familias en ese esfuerzo de integración que diariamente hacen. Esta es la primera parte de la propuesta.
La segunda se refiere simplemente al cumplimiento de una ley, creo recordar apoyada por todos los grupos parlamentarios, la Ley de familias numerosas, que en su disposición adicional sexta propone la creación del observatorio de la familia, que tiene como finalidad estudiar, conocer, hacer un seguimiento de las políticas de familia y recomendaciones al respecto. Es un observatorio no solo, naturalmente, de las familias numerosas, sino de la familia en general, y nos parece lógico que después de que se aprobase en noviembre de 2003, y por tanto con dieciocho meses ya en vigor esta nueva normativa, se dé cumplimiento a esta disposición adicional.
La propuesta de mi grupo es una propuesta modesta. Si nosotros pidiésemos al PSOE que cumpliese con su programa electoral, estaríamos reclamándole que crease una secretaría de Estado de políticas familiares, inexistente, le estaríamos reclamando que crease además un consejo estatal de políticas de familia, inexistente, le estaríamos pidiendo que crease una ley de apoyo a las familias con necesidades especiales, también inexistente, o estaríamos pidiéndole que aumentase los permisos de maternidad y paternidad, incluso la extensión del permiso exclusivo de paternidad a las dos semanas. No estamos pidiendo nada de esto porque forma parte del programa electoral del Partido Socialista y por tanto son promesas actualmente incumplidas. Estamos pidiendo tan solo, y con la mayor de las modestias, que no se pare lo que actualmente se venía haciendo y que si en 2004 concluyó un plan integral de apoyo a la familia, que nazca uno en este 2005. Por tanto, es una petición muy modesta; tan modesta como la petición de que haya un observatorio de la familia, porque es una propuesta legal actualmente en vigor, respaldada por el actual grupo político en el Gobierno y que por tanto está incumplida, y nos parece razonable tanto que se reedite un nuevo plan como que se cumpla la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de familias numerosas, que exige la creación de un observatorio de la familia. Solo tiene sentido que se cambie esta ley o que se cree el observatorio. No encuentro propuestas intermedias razonables.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra la palabra Cedrés.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Las políticas de apoyo a la familia, como sucede con otras materias, tienen eminentemente carácter transversal, ya que son numerosos los ámbitos desde los que se actúa para atender a sus necesidades y promover la mejora de su calidad de vida; por ello, independientemente del instrumento técnico concreto que en cada momento se considere oportuno o adecuado para articular estas políticas, lo relevante son las mejoras concretas que se vayan produciendo dentro del ámbito de competencias que a cada entidad pública le corresponden, aspecto que se ha intentado cumplir y se ve reflejado en muchas de las iniciativas tomadas por el actual Gobierno desde su toma de posesión.
Como decía, a lo largo de este último año, el Gobierno ha ido adoptando diversas iniciativas que de forma directa e indirecta inciden en la mejora de la situación de las familias, entre ellas, la creación de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y la Dirección General de Familias e Infancia. En materia de permisos por maternidad, se ha previsto la posibilidad de que el padre tenga atribuido derecho al permiso íntegro en caso de fallecimiento de la madre, aunque esta careciera del derecho a tal permiso por no reunir los requisitos de alta y cotización. Se ha elaborado el Libro Blanco de la dependencia, documento base para la aprobación de la ley que ponga en marcha el sistema nacional de dependencia, y se está trabajando en dicha ley en comparecencias ahora mismo en la Comisión de Discapacidad y en la del Pacto de Toledo. La reivindicación de medidas respecto a la dependencia era patente durante la época del Gobierno popular y se dieron muy pocas soluciones efectivas a un problema que en múltiples informes aparecía como uno de los mayores hándicaps para el desarrollo de todos los miembros que conformaban los núcleos familiares, y aun con esto surgió ese plan de apoyo a las familias.
Se han promovido diversas reformas en el Código Civil en materia de derecho de familia para actualizar, modernizar y ampliar la protección jurídica a las familias en el contexto social de principios del siglo XXI, tales como la reforma de la normativa sobre separación y divorcio, a fin de dotarla de mayor agilidad y reducir los posibles conflictos que surgen en torno a estas situaciones y que casi siempre afectan a los menores implicados. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del día 4 de febrero de 2005 una amplia batería de medidas dirigidas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como un plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, entre cuyas medidas se incluyen las específicamente dirigidas a una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, jornadas a tiempo parcial y flexibilidad de
horarios para las personas que tengan a su cargo personas mayores, enfermos, discapacitados o menores de 12 años, aspectos que también se reivindicaban antes de poner en marcha ese plan de apoyo a la familia y tampoco fueron del todo atendidos, como se podría ver en la evaluación de este plan.
Por otra parte, a finales de 2004 concluyó la vigencia del Plan integral de apoyo a la familia 2001-2004, conocido como PIAF. Este plan, estructurado en torno a diez líneas estratégicas de actuación, carecía de indicadores definidos y de dotación presupuestaria específica asociada a la ejecución de las medidas en él previstas. Por ejemplo, en el segundo informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española, del 6 de diciembre de 2003, se afirmaba -lo afirmaba el CES, no el Grupo Socialista-: La falta de concreción presupuestaria del plan de apoyo a la familia y la ausencia del seguimiento sistemático del mismo dificulta su evaluación y cuestiona sus posibilidades de cumplimiento en el ámbito de la creación de servicios e infraestructuras de apoyo al cuidado de los niños. Podría afirmarse que el plan ha tenido un limitado alcance para mejorar la situación real de las familias españolas y una gran dificultad para llevar a cabo una valoración efectiva de su impacto.
Como ejemplos, el plan no contempla un mapa previo de necesidades que debían ser atendidas ni unos objetivos claramente definidos. Se constata la práctica inexistencia de indicadores objetivos que puedan identificarse con medidas concretas. No existía en este plan identificación de la administración o centro directivo responsable de la ejecución de las medidas, lo que dificultaba su seguimiento y evaluación, no se destinaron dotaciones presupuestarias específicas ni se dedicó ningún apartado a la financiación. Tampoco podemos decir que haya mejorado con el desarrollo del PIAF el índice de calidad de vida de las familias españolas, ni en términos absolutos ni en comparación con el resto de países de la Unión Europea, ya que España hasta ese momento no abandonó nunca durante el periodo de vigencia del plan el último lugar de los Quince, actualmente Veinticinco, en todos los indicadores estadísticos relativos a la familia. No parece que la elaboración de un segundo plan sea condición necesaria ni suficiente per se para impulsar mejoras en la situación y calidad de vida de las familias; es tan solo una opción más para estructurar las políticas, pero no la única y, teniendo en cuenta lo expuesto, no necesariamente la más adecuada.
Respecto al segundo punto de su proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno a crear el observatorio de la familia previsto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a la familias numerosas, actualmente se está trabajando técnicamente en la definición de un órgano colegiado de participación social en materia de familia que podría asumir las funciones que la disposición adicional sexta de la citada ley preveía para el citado observatorio: conocer la situación de la familia y de su calidad de vida, realizar un seguimiento de las políticas sociales que la afectan, hacer recomendaciones en relación con las políticas públicas y efectuar estudios y publicaciones que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidades de la familia.
Creo que las razones expuestas son lo suficientemente explícitas para que el grupo proponente acepte la enmienda de sustitución que el Grupo Socialista ha presentado con el siguiente texto: 1. Continuar impulsando mejoras en la situación y calidad de vida de la familia. 2. Crear en el plazo más breve posible un órgano colegiado de participación social en materia de familias que asuma las funciones enunciadas en la disposición adicional sexta de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. De otro modo, este grupo votará en contra su propuesta y entenderán que no sea adecuado que deba seguir algo que no ha podido ser evaluado adecuadamente y que no ha supuesto avances específicos en la materia para la que se diseñó, cuando ya se han puesto en marcha medidas de mayor calado que atienden de forma directa e indirecta a los fines que persigue en su propuesta el grupo proponente y que no han sido precisamente a instancias de este grupo, sino que están dentro del marco de trabajo que el Gobierno socialista ha estipulado.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo desea fijar posición? No. Para aceptación de enmiendas, señor Barrachina, muy brevemente.
El señor BARRACHINA ROS: Naturalmente, la enmienda así no se puede aceptar porque simplemente, señora presidenta, es un engaño, porque no se quiere crear...
La señora PRESIDENTA: Muy escueto, por favor, aceptación o no.
El señor BARRACHINA ROS: No se quiere crear el observatorio de la familia, siendo una obligación legal, como es también una obligación legal el beneficio del 45 por ciento de la Seguridad Social...
La señora PRESIDENTA: Aceptación de la enmienda, señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Por tanto, es un engaño a las familias. No, no lo podemos aceptar. Más escueto imposible, señora presidenta.
- RELATIVA A LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y SUS INTERLOCUTORES EN EL SENO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE SALUD LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000694.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición número 4, del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Hoy mi grupo trae una proposición no de ley que lo único que pretende es que los autónomos y sus interlocutores estén representados en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Les tengo que decir que no ha sido una propuesta caprichosa, como tampoco lo eran las anteriores medidas que el Gobierno del Partido Popular adoptó: la supresión del impuesto de actividades económicas, la rebaja en las retenciones a profesionales, la congelación del IRPF y el IVA, con un largo etcétera detrás. Todo ello supuso grandes mejoras para este colectivo tan olvidado hasta 1996, mejoras en lo fiscal, en lo laboral y sobre todo en la protección social. Pues bien, señorías, hoy desde el Partido Popular queremos seguir trabajando por la mejora de este colectivo en el campo de la siniestralidad laboral, ya que son más de 150.000 accidentes laborales los que se producen anualmente en el ámbito laboral de los trabajadores autónomos, cifras que desde luego son preocupantes para nuestro grupo.
Señorías, entre las propuestas del acuerdo en materia de prevención de riesgos laborales que se adoptó en la mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales el día 30 de diciembre de 2002 y que posteriormente fue refrendado el 29 de enero de 2003 por el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral, se encontraban medidas correspondientes a diferentes áreas de prevención de riesgos laborales en materia de Seguridad Social, inspección de trabajo, legislación e información. Igualmente, se contemplaba también la puesta en marcha y continuidad de los procesos de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales relacionados con la coordinación de las actividades empresariales en temas de siniestralidad, así como hacer un diagnóstico sobre la adecuación de la normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de organización de trabajo. En definitiva, con todo ello se ve que se hace necesaria la implantación de una nueva cultura de prevención de riesgos laborales y de influencia en los comportamientos de los trabajadores autónomos y para ello hay que facilitar el acceso a los medios necesarios para obtener una mayor seguridad en el trabajo autónomo y que a su vez sea herramienta esencial para reducir eficazmente las cifras de siniestralidad.
Señorías, para conseguir el apoyo del resto de los grupos a esta proposición no de ley me gustaría que tuvieran también ustedes en cuenta que esta es una reivindicación que hacen los propios colectivos representantes de los autónomos en el borrador del estatuto del autónomo.
Por lo tanto, supone una de las mayores reivindicaciones en estos momentos que hacen las organizaciones estatales de trabajadores autónomos con mayor implantación en el ámbito nacional, reivindicación al igual que fue en su día la de participar en los planes de formación continua; entre otras áreas, toca también la de prevención de riesgos laborales, que hoy día ya podemos decir que es una realidad, aunque, y a título de anécdota pero con ánimo de que se corrija, les diré, señorías, que las solicitudes para acceder a estos planes de formación continua aún no están adaptadas al propio autónomo, ya que el modelo es válido para los trabajadores asalariados.
Señorías, deseo que coincidan con mi grupo en que es de justicia atender a un colectivo que representa un 18 por ciento del producto interior bruto español y que ha generado en el último año el 40 por ciento de empleo creado en España. Tampoco es menos cierto que en este mismo sector de autónomos se ha producido un incremento de un 2,5 por ciento de siniestralidad en el primer trimestre de 2005 respecto al mismo trimestre de 2004, es decir, 39.082 accidentes laborales en el primer trimestre de 2005 frente a los 38.129 registrados en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, como ustedes saben, señorías, en estas cifras no se contemplan los accidentes de los transportistas autónomos, ya que se consideran accidentes de tráfico sin más, mientras que si el trabajador es un transportista por cuenta ajena, sí computan como un accidente laboral.
Señorías, para ir terminando les diría que este número de accidentes que anualmente se producen en el ámbito laboral desarrollado por los trabajadores autónomos sería más que suficiente para que sigamos adoptando las medidas concretas que permitan atajar un problema que está presente en nuestra sociedad, que lo hagamos mediante una regulación adecuada en materia de siniestralidad y, como consecuencia de ello, incentivemos una verdadera cultura preventiva dentro de este colectivo.
Yo me pregunto, ¿cómo se van a prevenir los accidentes de los trabajadores autónomos si para ello no contamos de una forma real con los mismos?
Señorías, yo pediría al resto de los grupos y especialmente al Grupo Socialista que antes de ponerse en contra de nuestra proposición no de ley, que lo único que pretende es una mejora en el mundo laboral de los autónomos, analizasen las promesas que se les hizo en su día, incluso las que fueron realizadas por el propio presidente de Gobierno, el señor Zapatero, a dos organizaciones como ATA y CEAT-Cepyme prometiéndoles que se haría realidad el estatuto de los autónomos, en cuyo borrador, como ya he dicho en mi intervención, una de las reivindicaciones que aparece es precisamente esta. Si la posición del Grupo Socialista fuera en contra de esta proposición no de ley, lo único que el pueblo podría entender es que se han puesto en contra no de la proposición no de ley, sino, una vez más, en contra del Partido Popular, sin más. Yo diría que, aparte de ponerse en contra del Partido Popular, se pondrían también en contra de los autónomos, que es el colectivo que en definitiva, como ya les he dicho antes, representa un 40 por ciento del empleo creado en España en el último año. En este caso, además, como les he dicho también, se pondrían en contra del propio presidente del Gobierno, el señor Zapatero, puesto que prometió a las organizaciones que antes he citado que se llevaría a cabo y sería una realidad al estatuto de los autónomos.
La señora PRESIDENTA: Corresponde la defensa de la enmienda del Grupo Catalán. No está. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, la señora Sánchez tiene la palabra.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Como bien ha comentado antes la representante del Partido Popular, esta proposición no de ley se refiere a los acuerdos en materia de riesgos laborales alcanzados en el diálogo social el 30 de diciembre de 2002 y a las medidas a que han dado lugar, entre ellas la puesta en marcha y la continuidad del proceso de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales relacionado con determinados aspectos de los mismos. En este sentido, le manifiesto a la portavoz del Partido Popular nuestra coincidencia en cuanto al fondo de sus planteamientos.
Somos conscientes de la necesidad de profundizar en el estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en relación con los trabajadores autónomos; lo que no compartimos, señorías, por razones que expondré más adelante, es la oportunidad de la propuesta que formula el Partido Popular ni la forma de articular la participación de las organizaciones más representativas del sector.
Efectivamente, el Partido Socialista está comprometido y va a cumplir sus compromisos, así como este grupo, en la atención a los emprendedores y a las trabajadoras y trabajadores autónomos, incluyendo entre otras medidas la elaboración de su estatuto y avanzar en la equiparación del nivel de protección social de los mismos con los trabajadores por cuenta ajena.
Así se recoge en nuestro programa electoral y será una realidad. En cumplimiento del programa electoral, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el secretario general de Empleo se han reunido con los representantes de las organizaciones de autónomos UPTA, ATA y CEAT-Cepyme, con los que se mantiene una mesa de diálogo sobre la problemática de los autónomos con el fin de abordar diferentes medidas que contribuyan a mejorar el trabajo por cuenta propia. Estos encuentros se enmarcan en los compromisos adquiridos por el Gobierno de estudiar las propuestas de este colectivo y son coherentes con lo mantenido en el programa electoral y con el interés por establecer los mecanismos que aseguren una eficaz protección de la salud y seguridad de este tipo de trabajadores y trabajadoras. En torno a este compromiso se enmarca la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, como ustedes saben, en su reunión plenaria del día 26 de enero de 2005, ha acordado la creación de un grupo de trabajo de carácter estable para el estudio y el análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en relación, por supuesto, con los trabajadores autónomos.
El mandato de creación de este grupo de trabajo incluye la consulta a grupos y organizaciones de representación de las y los trabajadores autónomos. Además, aunque en su composición estarán los representantes de cada uno de los grupos que componen la comisión nacional, está prevista igualmente la intervención de los asesores cuya participación cada grupo considere necesaria, con los límites que establece el reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otra parte, la Declaración para el diálogo social 2004, firmada por el Gobierno con Comisiones Obreras, UGT, la CEOE y la Cepyme el pasado 8 de julio de 2004, en la materia objeto de diálogo social, incluye la prevención de riesgos laborales y el estudio de la revalorización de algunas instituciones laborales, mejorando su funcionamiento y la participación de los interlocutores sociales.
Señorías, creo que a través de las medidas que se están adoptando queda suficientemente claro el interés del Gobierno en que contribuyan a la mejor seguridad y salud laboral de las y los trabajadores autónomos, así como a facilitar la participación de los mismos; pero debo manifestar el desacuerdo del Grupo Socialista con la parte dispositiva de la proposición no de ley del Grupo Popular. Nos parece que hay cierta contradicción entre la exposición de motivos, en que parece solicitarse la participación de las organizaciones de autónomos en el grupo de trabajo para el análisis de las condiciones de seguridad y salud laboral, y la parte dispositiva de la proposición no de ley, en la que se pide la participación y por tanto la modificación de la comisión nacional. La participación en la comisión nacional, como SS.SS. saben, necesitaría una modificación de la normativa que regula su composición, en concreto el artículo 13.2 de la Ley 31 de 1995, de 8 de de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Dicha comisión nacional está integrada por una representación de cada una de las comunidades autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Comprenderán SS.SS. que tal como está establecida la composición de este órgano colegiado cualquier alteración exigiría, además de una disposición con rango de ley, negociaciones previas con los agentes sociales, ello con independencia de que está prevista la participación a través del grupo de trabajo de las organizaciones de autónomos más representativas del sector, tal y como he expuesto anteriormente, y la presencia institucional del colectivo de autónomos a través de la representación de la patronal Cepyme-CEAT. Nos consta que también UPTA y ATA van a tener una participación en este grupo de trabajo. No obstante, atendiendo a las particularidades del colectivo de trabajadores autónomos y a la previsión sobre la consulta a las organizaciones que refleja el mandato de la creación del grupo de trabajo específico de trabajadores y trabajadoras autónomos, resulta aconsejable la participación independiente y específica de las organizaciones estatales en dicho grupo. Con el fin de hacer más efectivo el procedimiento de consulta, habría que arbitrar la forma de participación que resulte más adecuada y que garantice el cumplimiento del mandato asignado al citado grupo de trabajo. En este sentido está orientada la enmienda de sustitución que hemos presentado, con la idea de que en materia de prevención de riesgos laborales, además de tener en cuenta las conclusiones a las que llegue el grupo de trabajo creado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se cuente con la opinión de las organizaciones intersectoriales de trabajadores autónomos que están más implantadas en el ámbito estatal.
La señora PRESIDENTA: Para la aceptación o rechazo de las enmiendas, señora Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Se han presentado dos enmiendas, una de CiU y otra del Grupo Socialista. La enmienda de CiU la vamos a admitir puesto que no cambia para nada nuestra proposición no de ley, mientras que la del Grupo Socialista no la vamos a admitir porque creemos que con ella no conseguiríamos el objetivo que tanto el colectivo de autónomos como el Partido Popular queremos en pro de la presencia de los autónomos.
La señora PRESIDENTA: Aceptada la enmienda de CiU, rechazada la del Grupo Socialista.
- SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS INJUVE PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE JÓVENES ARTISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000744.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley número 5, para cuya defensa tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Entre las sorpresas del primer presupuesto socialista de esta legislatura se encuentra la supresión de las becas para los jóvenes artistas, que por importe de 1.200.000 euros venían disfrutando en el ejercicio anterior. El objeto de estas becas era variado. Era un programa abierto en el cual era el joven artista quien elegía dónde, cuándo y cómo continuar o perfeccionar sus estudios o su experiencia artística. Las becas contemplaban tanto los viajes como la manutención para concluir estudios, la matrícula, las tasas, incluso la compra de material y los gastos de primer establecimiento. Eran unas becas modestas que se pusieron en marcha en 2004 con el objeto de que fuesen perfeccionándose en ejercicios sucesivos. El resultado electoral determinó lo que determinó y, curiosamente, estas becas que atienden al colectivo de jóvenes y además artistas han visto truncadas estas aspiraciones.
Yo no pido que se haga caso solo a lo que dice el Grupo Popular, que sería lógico, sino que se atienda a la historia de estas recién creadas becas de jóvenes artistas, y que se atienda también a la propia historia del Partido Socialista cuando recientísimamente, en mayo de 2005, el mes pasado, la Comisión de Cultura aprobaba por unanimidad una serie de propuestas en cuyo punto sexto viene la convocatoria con la mayor celeridad posible de las becas del Injuve para la ampliación de estudios y formación de jóvenes artistas. Entiendo por tanto que el camino de la lógica, que es solo uno, obliga a que esta propuesta del Grupo Popular salga aprobada unánimemente, en tanto que tan lejos como el pasado día 10 de mayo y en la Comisión de Cultura por unanimidad todos los grupos decidieron apoyar la convocatoria con la mayor celeridad posible de las becas del Injuve para la ampliación de estudios y formación de jóvenes artistas. Por tanto, esta propuesta de la Comisión de Cultura, que viene a sumarse a una anterior, que es la nuestra, aunque debatida más tardíamente, hoy hace innecesario cualquier debate más allá del cumplimiento de la propuesta de la Comisión de Cultura.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición tiene la palabra el señor Campos, por el Grupo Socialista.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley por el contenido y por las formas. Por el contenido porque, en primer lugar, habla de becas Injuve, unas becas que no son tal, es decir, unas becas que no solamente no solicitaban la declaración de IRPF sino que pedían expresamente que no se presentara dicha declaración. Cuando en el Grupo Socialista hablamos de becas hablamos de igualdad de oportunidad, hablamos de redistribución de la riqueza, hablamos de dar posibilidades a aquellos que menos tienen para que puedan continuar, en este caso, unos estudios artísticos. Lo cierto es que no eran tales becas porque, como digo, no se requería la declaración del IRPF y ni siquiera en la orden se establecían en su día criterios de asignación. Cada uno que saque las conjeturas que quiera, pero no eran becas. En segundo lugar porque el portavoz acaba de decir que respetemos la historia, pero la historia es de muchas cosas, como la de mi organización, las Juventudes Socialistas, que tiene 100 años de historia, pero unas becas que tienen un año de historia, no sé qué historia queremos respetar o no. Lo cierto es que cuando se incorporaron en el Presupuesto General del Estado de 2004 se hizo mal, y no sabemos si para escapar de la Ley general de subvenciones; se hizo mal porque ni siquiera pedía que se justificara a través de un certificado de asistencia el resultado del estudio del objeto de la beca, que ha conllevado, por cierto, muchos problemas a los beneficiarios en cuanto a sus obligaciones fiscales. Por tanto, se hizo de forma precipitada y de manera inadecuada, y no queremos continuar con este error. En tercer lugar, habla la proposición no de ley de favorecer la continuidad del desarrollo creativo. Lo cierto es que no lo hizo porque la mayoría de los beneficiarios ya tenían esa posibilidad de continuidad y en muchos de los casos ya tenían un grado académico convalidado. En cuarto lugar, se habla de que no ha habido justificación para retirar estas becas. Sabe perfectamente el portavoz del Grupo Popular que se le ha contestado oralmente y por escrito a sus reiteradas preguntas sobre este tema.
Respecto a las formas, en primer lugar, no entendemos por qué el Partido Popular sigue pretendiendo diseñar políticas de juventud de espaldas a los jóvenes, sigue pretendiendo diseñar políticas sin consultar al Consejo de la Juventud de España, sin consultar a los consejos de la juventud autonómicos, y, en su caso, a los consejos no adscritos al Consejo de la Juventud de España, como es
el Consell Nacional de la Joventud de Catalunya. No se trata de que el Injuve tenga sus propias políticas integrales, es decir que el Injuve repita políticas de empleo, políticas de vivienda, políticas de cultura; no. Las políticas integrales consisten en que el Gobierno, los gobiernos autonómicos o los ayuntamientos tomen una serie de medidas desde los diferentes departamentos que pueden afectar o beneficiar a los jóvenes y que hay que coordinarlas, pero no duplicar esfuerzos, no inventarse nuevos compartimentos estancos dentro del Injuve para dar satisfacción no sabemos a quién, tal como he explicado a lo largo de mi intervención. Por tanto, le pedimos que escuche a los consejos de la juventud y que cuando hablemos de políticas de juventud o para los jóvenes hablemos de políticas integrales. Y lo digo porque estas ayudas ya existen, ya se dan, y además el Ministerio de Cultura en el 2006 establecerá unas ayudas para la promoción de artistas jóvenes. Esto va en la línea de lo que acabo de decir: no hacen falta compartimentos estancos dentro del Injuve, sino que con la ayuda de las comunidades autónomas y de los consejos de la juventud el Injuve coordine todas las acciones que benefician a los jóvenes. En segundo lugar, se le ha contestado -y si no se lo explico yo- que el Injuve está remodelando todas sus políticas, y vuelvo a decir que lo está haciendo contando con los consejos de la juventud y con las comunidades autónomas. En tercer lugar, en su proposición no de ley omite hablar de las comunidades autónomas, y yo creo que es bueno que siempre que hablemos del Injuve hablemos de las comunidades autónomas, que siempre que hablemos de las políticas de juventud hablemos de las comunidades autónomas. No lo hizo, se ve que no lo quiere hacer, y cuando lo hace lo critica o directamente miente.
Acabo mi intervención haciendo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, especialmente al Grupo Popular, para que de una vez por todas tengamos un consenso en lo que se refiere a políticas de juventud; que para ese consenso parlamentario atendamos, escuchemos a las y los jóvenes, que son precisamente a los que dirigimos estas políticas de juventud, y dicen ellos que según la ley los representantes de los jóvenes son los consejos de la juventud.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y LA REGULACIÓN DEL EMPLEO CON APOYO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000786.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto número 6 del orden del día. Para la defensa de la iniciativa del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Desde el Grupo Socialista, en consonancia con nuestro programa electoral, defendemos la realización de políticas sobre discapacidad de manera activa, coherente y cohesionada, de tal modo que se haga efectiva la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y la equiparación de los derechos de las personas con discapacidad con los del resto de los ciudadanos. (El señor vicepresidente, Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno socialista se ha comprometido con las personas con discapacidad y sus familias con el objetivo de conseguir que la participación de estas personas con discapacidad en todos los ámbitos se corresponda con su peso demográfico en la sociedad, que se estima en el 9 por ciento de la población española. Cuando hablamos de inserción del 9 por ciento nos referimos al acceso al entorno social, a una educación, a una formación adecuada y, cómo no, a mejorar el empleo y el acceso al mismo, convencidos de que la verdadera integración de aquellos que pueden trabajar está en su inserción en el mercado de trabajo. Así, el Plan nacional de acción para el empleo, aprobado el pasado 8 de octubre, señala en su directriz número 7, titulada "Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto", la necesidad de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación a través de la regulación del empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades para la inserción laboral, y la modificación de la normativa reguladora de los centros especiales de empleo. La Declaración para el diálogo social, de fecha 8 de julio de 2004, entre el Gobierno, CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT, presenta como prioridad absoluta de las políticas sociales y laborales el aumento del empleo y de la participación en el mercado de trabajo, así como la necesidad de promover acciones dirigidas a favorecer el empleo de las personas con discapacidad, entre otros colectivos. Es por ello que desde el Grupo Socialista queremos impulsar la acción del Gobierno para que nos acerquemos cada vez más al objetivo de conseguir la inserción en el mercado laboral ordinario y/o protegido de las personas con discapacidad.
Los centros especiales de empleo constituyen un cauce muy importante para el fomento de la integración de las personas discapacitadas y han conseguido grandes logros en todos los ámbitos: en el ámbito laboral facilitando el acceso a un trabajo libre, estable y de calidad; en el personal contribuyendo a su desarrollo individual y a que alcancen una independencia económica que les permita gestionar su propia vida; y en el social al constituir una vía para su inserción y participación.
Según el artículo 42 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, los centros especiales de empleo se definen por dos circunstancias: realizan un trabajo productivo, teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, y son un medio de integración del mayor número
de minusválidos al régimen de trabajo normal. Sin embargo, los centros especiales de empleo no son el lugar adecuado para la inserción de cualquier persona discapacitada, sino solo de aquellas que tienen disminuida su capacidad de trabajo, y tampoco debe plantearse, salvo excepciones, como una solución definitiva sino como medida transitoria que facilite la posterior incorporación al mercado de trabajo normalizado. Es posible que para personas con discapacidades intelectuales y grandes discapacidades, el acceso a centros especiales de empleo constituya un fin en sí mismo, por ser la única posibilidad de que no estén excluidas del ámbito laboral. Actualmente se pueden cifrar en 38.000 las personas que trabajan en centros especiales de empleo. Fuera de estos supuestos, el empleo remunerado y los servicios de ajuste personal y social no son las únicas metas. El otro gran objetivo a conseguir es ser un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal. En virtud del artículo 42.1 de la LISMI, deberían ser centros de trabajo transitorios para promover la inserción social y laboral en el mercado abierto y normalizado. Sin embargo, parece que este segundo gran objetivo ha sido descuidado. Para conseguir ser un medio de integración al trabajo normal sería necesario incidir en evitar que los centros especiales de empleo se conviertan en guetos de trabajo protegido y especial, así como que se concediera un papel fundamental a los aspectos relacionados con la formación y capacitación; habría que concebirlos más como un medio o instrumento que como un fin. Actualmente no existe ninguna medida enfocada de manera específica a fomentar la contratación de trabajadores que hayan logrado mejorar, afianzar o complementar su capacidad de trabajo gracias a su paso por un centro especial de empleo. Los centros especiales de empleo tienen en nuestro país un largo recorrido. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a continuar apoyando e impulsando la labor de estos centros, considerando necesario modernizar los servicios de ajuste personal y social para cumplir con uno de los principales objetivos con que se crearon los centros especiales de empleo, pues solo mediante la intervención de estos servicios multiprofesionales podremos hacer frente y superar las dificultades que aparecen en la realización de un puesto de trabajo, así como de la permanencia y progresión en el mismo. También se hace necesario, de forma paralela y coordinadamente a la reforma de los centros especiales de empleo, establecer otro tipo de medidas para favorecer el empleo de las personas discapacitadas que o bien no necesitan un centro especial de empleo o bien, tras haber pasado por uno de ellos, están preparadas para acceder a un puesto de trabajo normalizado, así como regular el empleo con apoyo, que consiste en la orientación y el acompañamiento individualizado a aquellos discapacitados con especial dificultad de inserción en el mercado laboral para que realicen su trabajo integrados en empresas normalizadas en condiciones lo más similares posibles a las de los compañeros de trabajo sin discapacidad que desempeñen puestos equiparables.
En relación con la enmienda que ha propuesto el Grupo Popular, no podemos aceptarla ya que, como SS.SS. conocen, esta materia está siendo tratada en la mesa del diálogo social y por respeto a sus trabajos debemos esperar a los acuerdos que adopten, que pueden acabarse en un plazo indeterminado pero que, en cualquiera de los casos, es mejor hacerlo por consenso que por imposición. Por último, estas dos medidas quedaron pendientes del II Plan de empleo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Cermi, de diciembre de 2002, acuerdo que está vigente, como se ha puesto de manifiesto esta mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Efectivamente, como alude mi antecesora y como ya hemos denunciado, en el II Plan de empleo para personas con discapacidad 2004-2008, que finalizó en diciembre de 2004, quedaron pendientes, entre otros, la regulación del empleo con apoyo y los servicios de ajuste de personal y social en los centros especiales de empleo, como paso previo a este empleo ordinario, que nosotros reiteradamente hemos venido denunciando porque, insisto, su fecha de cumplimiento era finales de 2004. Concretamente, en la última y reciente comparecencia de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad, el día 21 de junio en la Comisión de discapacidad, de nuevo pusimos de manifiesto este incumplimiento y más siendo conscientes, como somos, de que es una demanda de este colectivo que se siente un poco frustrado porque no se hayan desarrollado estos asuntos, así como otros, por ejemplo, que no se ha realizado el estudio sobre el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo en las empresas privadas. Son ustedes ahora los que presentan una proposición no de ley en este sentido, no sé si por mala conciencia de no haber cumplido. En cualquier caso, bienvenida sea.
Nosotros aceptamos en el campo de la discapacidad todo lo que signifiquen adelantos, todo lo que signifiquen mejoras, y vamos a apoyarlas sistemáticamente en favor del sector que nos ocupa. Además, quiero hacer una precisión. Si verdaderamente todo el mundo, y ustedes también, cree en el sector de la discapacidad, en la problemática que hay que resolver -y para ello se creó una Comisión específica de discapacidad-, no entiendo en muchas ocasiones -lo digo con toda sinceridad- por qué se trasladan algunas iniciativas como estas a esta Comisión y no se pueden llevar a cabo en la Comisión de discapacidad, que creo que sería darle la importancia que requiere la discapacidad.
Volviendo al asunto que nos trae hoy, su iniciativa de querer resolver el asunto en el plazo más breve posible, nos gustaría que actuasen en consecuencia. Nos gustaría
que ese plazo más breve posible pudiésemos fijarlo hoy y nuestra enmienda va en el sentido de, durante este año, poder incorporar la dotación económica correspondiente que se necesita para esta regulación del empleo con apoyo y los servicios de ajuste de personal en los centros especiales de empleo en los presupuestos del año 2006. Por tanto, nuestro grupo plantea, siguiendo el criterio de su iniciativa, que ese plazo lo más breve posible para llevarlo a cabo sea dentro del presente año, para poder incorporar, insisto, la dotación económica en los presupuestos de este año. Esa es nuestra propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Aunque ya ha prejuzgado su posición respecto a la enmienda, y por si la intervención del portavoz del Grupo Popular le hubiera servido para cambiar su posición, tiene la palabra la señora Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Sí, me reitero en las afirmaciones que he hecho con anterioridad.
(Número de expediente 161/000787.)
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Procedemos a debatir la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 7, para trasponer al derecho interno las medidas de fomento de la inserción de las personas con discapacidad contenidas en las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señorías, estas dos directivas entraron en vigor el 30 de abril de 2004. La primera, la número 17, de 31 de marzo de 2004, hace referencia a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. La segunda directiva, la número 18, de 31 de marzo de 2004, también hace referencia a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Ambas directivas contienen previsiones enfocadas a favorecer la inserción de las personas con discapacidad, exigiendo a los poderes públicos de los Estados miembros establecer, en los pliegos de condiciones técnicas de los contratos a realizar en los ámbitos anteriormente señalados, especificaciones y normas uniformes de accesibilidad, así como otras condiciones destinadas a favorecer el empleo de personas con discapacidad. A la vez, la Ley 51/2003, la Liondau, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, entendiendo por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación así como la adopción de medidas de acción positiva que eviten o compensen las desventajas que estas personas tienen para participar en la vida política, económica, etcétera. Asimismo, el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que tiene entre sus objetivos introducir la accesibilidad universal y el diseño para todos, como criterio básico en la gestión de la acción pública, contempla como una de las estrategias para la consecución de dichos objetivos la incorporación por la Administración de la accesibilidad como requisito indispensable en las compras de contratos públicos. Estamos, en definitiva, hablando de lo que son las cláusulas sociales. Por otra parte, el Plan nacional de acción para el empleo del Reino de España 2004 señala en su directriz número 7, también referenciada en el punto anterior, y que vale la pena volver a citar aquí, promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que es objeto, la necesidad de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad, desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación.
Estas directivas están en plena consonancia con los objetivos del Gobierno. Se trata de hacer una apuesta ahora y aquí y, aunque la fecha límite para la trasposición al derecho interno del contenido de ambas directivas es el 31 de enero del 2006, es decir, vamos bien de tiempo, mi grupo entiende que debe realizarse sin demora, dado que esta cuestión es una prioridad de nuestra agenda política. Les pido que sea también la de los diferentes grupos que integran esta Comisión, cosa que no dudo. Por ello instamos al Gobierno, tal como se señalaba, a que en el plazo más breve posible se adopten las medidas necesarias para trasponer al derecho interno las medidas de fomento de la inserción de las personas con discapacidad contenidas en las directivas mencionadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Muchas gracias, señora Esteve, por el uso contenido del tiempo.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Como suele ser habitual en todo lo que sean avances, pequeños o grandes, según puntos de vista, en asuntos de discapacidad vamos a estar de acuerdo, siempre y cuando verdaderamente sean
avances. Nos gustaría que existieran mayores compromisos, pero estamos de acuerdo en trasponer a nuestro derecho interno las dos directivas, la 2004/17/CE y la 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de los contratos en ciertos sectores y sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministros y servicios, en la medida en que pueden favorecer la inserción de las personas con discapacidad y por tanto potenciar el trabajo en los centros especiales de empleo y lograr objetivos sociales.
Coincidimos con SS.SS. en que hay tiempo para su trasposición, pero todo lo que suponga mejorar el empleo de estas personas con discapacidad lo mejor es hacerlo cuanto antes y por lo tanto vamos a suscribir su iniciativa. Simplemente introduciríamos una enmienda, entendemos que de mejora o complementaria. Nos parece prudente ir de la mano de los representantes del sector, en este caso concreto del Comité español de representantes de minusválidos, porque se supone que es a este sector al que queremos favorecer y estará bien que oigamos cuál es su opinión, para ver qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que quieren, para hacerlo de acuerdo con ellos. Nuestra enmienda va en el sentido de que se haga la trasposición, como muy bien propone la iniciativa, pero dando cauce al sector de la discapacidad, a sus representantes, porque nos consta además que ellos, a su vez, ya han hecho gestiones ante la Administración. Nos gustaría contar con su aprobación.
Como he dicho antes, a esta proposición no de ley y a la anterior, en la que no se acepta la enmienda, nosotros, en aras de cualquier mejora, aunque lamentemos que no se cumpla el compromiso que había, vamos a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): A los efectos de la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Nos parece una buena aportación la que acaba de hacer el señor Vañó y por lo tanto mi grupo va a aceptar esta enmienda, que creo además que enriquece el texto.
- SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS VINCULADAS A LA EXPO 2008 DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000813).
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Pasamos con premura al debate de la proposición no de ley que figura con el número 8 en el orden del día, sobre la prevención de riesgos laborales en las obras vinculadas a la Expo 2008 de Zaragoza.
En representación del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, autor de la iniciativa, tiene la palabra don Ángel Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Con la brevedad que requiere la densidad del orden del día, quiero decir que se trata de una proposición no de ley sencilla, que pretende contribuir a que la celebración de la Exposición Internacional de 2008 en la ciudad de Zaragoza sea un éxito, no solo en su celebración, que evidentemente deseamos y que creemos que así será, sino también en su preparación, fundamentalmente en relación con la seguridad de los trabajadores.
Si se pretende hacer de Zaragoza y de este evento un escaparate que repercuta positivamente en la propia ciudad y en sus habitantes, en forma de infraestructuras, de equipamiento y de impulso a determinadas actividades, parece lógico que desde todas las administraciones implicadas se vele por garantizar las mejores condiciones laborales y de seguridad a los trabajadores. Como quiera que además hay experiencias negativas, en relación por ejemplo con la construcción del AVE en esta ciudad, Zaragoza, y también recientes experiencias de subcontrataciones irregulares por parte de la propia Administración, creemos que estamos en el tiempo de hacer las cosas desde la lógica. Por eso la proposición no de ley tiene dos puntos básicos. Uno que se refiere a la existencia de un plan director de prevención de riesgos que contemple la totalidad de las actuaciones a realizar y que cuente con la participación de los sindicatos, y otro relacionado con la contratación de las empresas, para que primen aquellas que cumplan las condiciones, que tengan menores tasas de siniestralidad, y para que evidentemente se excluya a aquellas que hayan sido sancionadas por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Este es el sentido de la proposición no de ley, que pensamos que el resto de los grupos compartirá. El Grupo Socialista nos ha hecho llegar una enmienda de sustitución, que viene a plantear básicamente estas dos mismas cuestiones y que por lo tanto nos parece bien. Sabedores de que al Grupo Socialista le hace más ilusión votar sus textos que los nuestros y teniendo en cuenta que alguien tendrá que poner la madurez para que las cosas salgan adelante, no me queda sino felicitar al Grupo Socialista por nuestra iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Lamento que las flores no lleguen para todos los grupos políticos, pero comenzaré mi intervención por dejar claro la importancia de esta proposición no de ley que hoy debatimos, porque
creemos que se presenta de verdad en un momento oportuno y porque además posibilita el hecho de transmitir una propuesta clara y definida sobre un tema tan preocupante como es la seguridad y la siniestralidad laboral.
Quiero también recordar, señorías, una vez dicho lo anterior, que este diputado que interviene ya preguntó al Gobierno, a finales del año pasado, por las actuaciones que pensaba desarrollar para que las obras previstas para la Exposición Internacional de 2008 en la ciudad de Zaragoza no provocasen un aumento de la siniestralidad laboral. En su respuesta el Gobierno asegura, entre otras cosas, y leo textualmente: La Administración será especialmente exigente en el control riguroso de la coordinación de los distintos contratistas y de estos con los sucesivos subcontratistas. Asimismo dice que tanto la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma de Aragón como el director territorial de Inspección tienen previsto conocer los planes de prevención de riesgos, tanto en la fase de elaboración de proyectos como en la de ejecución. Espero señorías, y también lo deseo, que el Gobierno cumpla con este compromiso y les aseguro que desde el Grupo Popular vamos a estar permanentemente controlando estas intenciones, porque este hecho nos debe preocupar a todos.
¿Por qué digo que nos debe preocupar a todos, indistintamente de la formación política a la que pertenezcamos? Porque lamentablemente nuestros datos de siniestralidad laboral siguen estando muy por encima de la media europea, a pesar de la mejora producida en los últimos años en cuanto a accidentes mortales se refiere. También es verdad que Aragón, comunidad autónoma donde se va a desarrollar posiblemente el mayor proyecto de su historia en infraestructuras, tiene una tasa de siniestralidad laboral de las más bajas de nuestro país, aunque eso no quita que debamos seguir luchando y trabajando para que ni un solo trabajador quede afectado por lo que me van a permitir definir como una lacra social. Y es que como decía, señorías, la Exposición Internacional a desarrollar en Zaragoza va a suponer, o debería suponer -porque con la inversión y los plazos que llevamos ya veremos-, la ejecución de diversas infraestructuras, inconexas entre sí pero con un fin único y un plazo de ejecución limitado. Según las previsiones, al parecer se crearán 7.206 puestos de trabajo en 2005, aunque no parece que esto se vaya a cumplir, vistas las fechas en las que estamos; 6.428, en el 2006 y 7.222, en el 2007, principalmente en el sector de la construcción, con unas inversiones previas a la Expo que se valoraron en 1.550 millones de euros. Esto aparte de las actuaciones en el cauce y riberas del río Ebro, edificaciones y accesos. En definitiva, mucha obra y demasiada gente trabajando a la vez en distintos puntos de la ciudad de Zaragoza, aparte del presumible riesgo que supondrán, estoy seguro, las prisas de última hora que marcará el calendario. Por todo ello, señorías, entiendo y comparto la preocupación en este asunto, y animo a la Administración a que se lo tome de esta misma forma, tan en serio como creo que todos lo hacemos, porque de nuestro interés y control, el de las instituciones públicas, el de las organizaciones sindicales y empresariales, pueden depender muchas vidas, en estos próximos años, en la ejecución de las obras de la Expo.
Nosotros hemos presentado una enmienda que no recoge una intención o una propuesta personal, sino la declaración de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, que recientemente, creo que el 5 de mayo, aprobaron por unanimidad, y repito, por unanimidad, este mismo texto. Señorías, sería contradictorio, por no calificarlo de otra forma, que en este Parlamento y en este tema se aprobara algo diferente a lo que todos, y repito, todos los representantes políticos aragoneses han sido capaces de acordar. Tengo que reconocer que el Grupo de Izquierda Unida, tanto en el Parlamento aragonés como en este, han presentado la misma proposición no de ley y por ello estoy seguro de que, una vez escuchadas y conocidas las propuestas defendidas y aprobadas en las Cortes de Aragón mediante la transacción de un mismo texto, apoyará la enmienda que el Grupo Popular presenta hoy en esta Comisión, y que me parece que de verdad concreta, vincula y ajusta las intenciones loables propuestas por el Grupo de Izquierda Unida. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Acabo, señora presidenta, reconociendo una vez más que compartimos el compromiso de contribuir con la mayor eficacia a la prevención de riesgos laborales y a reducir la siniestralidad laboral, más ante un evento de tales magnitudes que durante los tres próximos años se va a ejecutar en la Comunidad Autónoma de Aragón, y más concretamente en la ciudad de Zaragoza.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: La proposición no de ley de Izquierda Unida tiene como objetivo mitigar y prevenir en la medida de nuestras posibilidades el impacto en la accidentabilidad laboral que un acontecimiento como la Expo 2008 puede ocasionar. Nosotros nos sumanos a esta iniciativa porque, desde nuestro punto de vista, no solamente es válido que se discuta esto hoy aquí, sino que se haya debatido en las Cortes de Aragón. ¿Por qué? Porque indudablemente la siniestralidad laboral en las grandes obras que se realizan en nuestro país es grande, los accidentes mortales son numerosos. En los dos últimos años, en las grandes obras que se han hecho en nuestro país, 24 trabajadores han perdido la vida; obras como el trazado del AVE Madrid-Lérida-Barcelona, o el trazado del AVE Madrid-Valladolid, o las actuaciones en el Aeropuerto de Barajas. Cuando hay concentración de obras hay mayores posibilidades de riesgo y mayor grado de accidentabilidad. Eso lo conocemos de sobra. La concentración de actividad constructora, los ritmos que se aplican en este tipo de obras, la existencia de subcontratas excesivas y la inmediatez del tiempo de entrega, sobre todo en los
últimos meses, cuando hay que hacer la entrega de la obra a plazo fijo, son factores objetivos contrarios a la seguridad laboral. Eso va a ocurrir en la Expo 2008 de la ciudad de Zaragoza. Porque, como ya anteriormente ha dicho el representante del Grupo Popular, va a suponer una concentración de inversiones y una concentración del número de trabajadores, lo cual indudablemente va a tener un efecto positivo en el desarrollo y negativo en la accidentabilidad. Esto es una realidad; por desgracia, y como ya venimos anunciando, se cobrará algún accidente mortal.
Ahora bien, hay una normativa en estos momentos en nuestro país que, con deficiencias de aplicación en muchos de los casos, lleva consigo la prevención de riesgos y de salud laboral en nuestro país como un elemento de obligado cumplimiento. Es la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, y el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, que se tienen que aplicar en todas las obras de la construcción; además en el real decreto se marcan las obligaciones de los diferentes sujetos responsables de su cumplimiento, también por supuesto en la Expo 2008.
Hay una serie de características que sí que nos gustaría diferenciar.
Nosotros queremos matizar la propuesta que ha hecho Izquierda Unida hoy.
Y no estamos totalmente de acuerdo con el contenido, pero sí con el trasfondo, de la enmienda del Grupo Popular. Y es que hay un hecho real: la sociedad Expoagua Zaragoza 2008, que es la sociedad que va a desarrollar la Expo, tiene que cumplir las obligaciones previstas en la citada normativa, entre las cuales se incluye claramente la existencia de un plan director de prevención de riesgos laborales. Pero es que, además, el plan director, por norma, exige la participación en el mismo de las centrales sindicales. Este fue un acuerdo que se hizo en el año 2002 entre las organizaciones sindicales, la patronal y el Gobierno del Partido Popular en aquel momento. Y ese plan director de obra no solamente afecta a una obra determinada, sino a todas aquellas dependientes de esta sociedad, Expoagua Zaragoza 2008. Por lo tanto, se reincidiría en buscar una obligación que ya tiene la propia empresa si se plantea la necesidad de que haya un plan director de obra. Estamos hablando también de una empresa que tiene unas peculiaridades, y es que es una empresa de capital público, con unas autoridades laborales que están presentes allí y que conocen los problemas que conllevan este tipo de obras, o por lo menos deben conocerlo. Por eso, y a pesar de coincidir con la intencionalidad de la propuesta, nosotros consideramos necesario transaccionar un texto que dé a las instituciones implicadas la confianza de que tienen que desarrollar y que van a desarrollar ese plan director y, además, la garantía de que la Administración central, el Gobierno del Estado de España velará por su cumplimiento. Eso es lo que nosotros queremos trasladar cuando proponemos una transaccional y no porque nos guste más votar siempre lo que nosotros planteamos que lo que otros planteen, señor Pérez, no; es porque indudablemente consideramos que hay que exigir que cada uno sea responsable, y más las instituciones públicas, con lo que la Administración del Estado legisla.
Respecto a la segunda cuestión, relativa a la introducción de cláusulas de salvaguarda en los pliegos de condiciones para la contratación de las obras vinculadas con la Expo 2008, hay algunas consideraciones de carácter jurídico y legal, que ya sé que las Cortes de Aragón no las tuvieron en cuenta, pero yo creo que nosotros sí debemos hacerlo. La primera es que la discriminación positiva a la hora de adjudicar obras por concurso tiene limitaciones, por derecho comunitario y por la propia Ley de Contratos del Estado, lo cual hace difícil que podamos apoyar algo que es todavía contrario a la actual normativa. Quiero recordarle al representante del Partido Popular que en este tema hay un recurso planteado por la Unión Europea respecto de un acuerdo firmado con el anterior presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor Gallardón, sobre la potenciación de empleo en dicha comunidad, donde existían cláusulas de penalización a un tipo de empresas determinadas, que está en estos momentos en los tribunales de justicia de Bruselas. Por lo tanto, indudablemente, ahí tenemos una laguna que no podemos resolver.
La segunda consideración hace referencia a la exclusión como empresas adjudicatarias de obras de aquellas que hayan sido sancionadas por incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales. Ahí sí que les debo recordar, señorías, que ya hay limitaciones para contratar establecidas por la propia ley y por el artículo 20 d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Estado: se prohíbe contratar a empresas que hayan cometido infracción grave en materia de orden social o de seguridad y salud en el trabajo. Eso ya existe jurídicamente. Hay otro elemento a tener en cuenta, la dinámica del debate de la nueva ley de subcontratación de la construcción. Aprobar la segunda parte del texto, tal como ha planteado Izquierda Unida, y la enmienda de la segunda parte del texto, tal y como está planteando el señor Moreno Bustos, nos plantea aquí un problema y es que nos adelantamos a algo que no se ha resuelto todavía por una proposición de ley que presentó Izquierda Unida -que está congelada en esta Comisión por el acuerdo de todos los grupos- sobre subcontratación en la construcción. Si nosotros damos carpetazo a esto, ya imponemos una serie de condicionantes que tiene que resolver ese proyecto de ley. No podemos por esta vía adelantarnos a algo que no está resuelto, ese es el único inconveniente que nosotros también planteamos.
Por otro lado, es un tema a debate en la mesa de concertación y, por lo tanto, si nosotros apoyamos un texto que define ya una posición de futuro, difícilmente podemos ser en estos momentos juez y parte, pedir que la mesa avance y al mismo tiempo definir nosotros aquello en lo que la mesa tiene que avanzar. Esa es una de las razones fundamentales de no apoyar lo que el señor Moreno Bustos nos está planteando. Hay un hecho real y es que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Administración central, que son los accionistas de la empresa que va a desarrollar el proyecto de la Expo 2008 de Zaragoza, son sabedores de esta problemática. El Gobierno de nuestra comunidad autónoma, como decía anteriormente el señor Moreno Bustos, tiene programas específicos de prevención de riesgos y de salud laboral que están dando inmejorables resultados. Lo que hay que hacer es apoyarlos para que sigan manteniendo estos programas, para que sigan velando por la actuación de los mismos y no ponerles en estos momentos condicionantes que, desde mi punto de vista, no son necesarios.
Finalmente, en la intervención que el ministro de Trabajo tuvo ante esta Comisión sobre salud laboral en mayo de este mismo año, se planteó que una de las actuaciones prioritarias de la Inspección de Trabajo sería la de controlar y hacer un seguimiento sobre la Expo por la gran concentración de obra y, por lo tanto, por la gran concentración de riesgo de accidentabilidad que tendría. Estas son las razones por las cuales nosotros hemos planteado una transaccional, que tiene más que ver con la forma que con el fondo, con el que indudablemente estamos todos de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Para aceptación de enmiendas, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Reitero que asumo la transaccional del Grupo Socialista, en el entendimiento de que lo planteado por el Partido Popular va en el mismo sentido que los otros dos textos; por lo tanto, desde ese acuerdo global, asumo la que propone el Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Agradeceré que hagan llegar a la Mesa el acuerdo de esa transaccional.
(Número de expediente 161/000971.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto 9 y último del orden del día. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra por el Grupo Catalán de Convergència i Unió el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Antes que nada señora presidenta, si me permite, quiero agradecer la amabilidad de los grupos, y especialmente del Grupo Popular, que, según se me ha comunicado, han aceptado nuestra enmienda a la proposición no de ley número 4 que se debatía en esta Comisión y que por la multitud de comisiones coincidentes no he podido defender hace un rato.
Mi grupo plantea con esta iniciativa la necesidad de que España se incorpore como miembro de pleno derecho a la Organización Internacional para las Migraciones. Es una propuesta que, a nuestro entender, se enmarca en el entendimiento de que la gestión de los flujos migratorios o el manejo del dossier migratorio hoy en todos los gobiernos del mundo ya no puede ser exclusivamente una competencia de los Estados. Sin un abordaje global de los flujos migratorios, difícilmente los Estados que viven estos problemas van a poder responder con éxito a las cuestiones que se nos plantean, vinculadas a la gestión de la movilidad de las personas, centradas en la acogida e integración de estos nuevos ciudadanos y relacionadas con la cooperación al desarrollo. Ahora mismo, en un espacio informal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, está compareciendo la Unió de Pagesos de Catalunya, que junto con la Unió de Pagesos de Mallorca y la Unió de Llabradors del País Valencià vienen desarrollando desde hace unos cuantos años programas concretos de codesarrollo, expresión de esa dimensión global de la cuestión migratoria.
En el marco de las organizaciones internacionales, hoy la única que se ocupa específicamente de la cuestión es precisamente la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Han existido iniciativas en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsadas por Kofi Annan, destinadas precisamente a buscar este enfoque global sobre la cuestión de las migraciones, pero la única organización internacional que específicamente impulsa la cooperación, el diálogo y el intercambio de experiencias entre gobiernos es la OIM. De manera sorprendente desde 1979 España no es miembro de esta organización. Lo fue en un momento dado, desde 1958, cuando se incorporó a la misma, pero, insisto, a partir de 1979 dejó de serlo. Desde esta fecha hasta ahora, España ha participado como Estado observador de las actividades y actuaciones que impulsaba esta organización, y en la anterior etapa gubernamental se llegó a firmar un convenio de colaboración entre la OIM y la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración en cuanto al retorno voluntario a sus países de origen de inmigrantes que se encontrasen en España en situación irregular; una experiencia interesante seguramente que quedó lejos de las expectativas que se habían generado entre el propio Gobierno y la OIM, pero que también marcaba una tendencia positiva, como es aprovechar todo el caudal de conocimientos, de experiencias y de prácticas concretas que en el marco de la OIM se vienen desarrollando desde hace años.
A nuestro entender, es incomprensible que desde 1979 hasta prácticamente 2003 España estuviese ausente en las actividades de la OIM. Especialmente incomprensible nos ha parecido, desde que la cuestión de las migraciones emergió con fuerza en nuestra realidad,
desde el año 1999, que no hubiese una acción decidida de los gobiernos para impulsar esta presencia de pleno derecho de España en la OIM. Hasta ahora ese estatus como observador lo que ha implicado es participar en muchas de las reuniones y actividades que se impulsaban por dicha organización, pero no asumir las ventajas y posibles inconvenientes, lógicamente, que implique participar en esta organización internacional.
Hoy no puede ser que España sea el único miembro de la Unión Europea que no forme parte de la OIM, yo diría que es el único miembro de una entidad como la OCDE que no forma parte de la OIM, y por lo tanto toca incorporarnos de pleno derecho a esta organización.
El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una enmienda que nos parece absolutamente aceptable; pone el acento en la necesidad de terminar este proceso de incorporación. Mi grupo hasta ahora había planteado diversas preguntas por escrito sobre si el Gobierno tenía previsto incorporar a España a la OIM. He de entender por la enmienda del Grupo Socialista que efectivamente este proceso está en marcha y por tanto mi grupo se alegra y va a aceptar dicha enmienda. Nos parece, efectivamente, que es necesario normalizar ya esta situación, que la cuestión de las migraciones obliga a España a participar activamente en todos los foros internacionales donde se discute sobre estos temas, a mantener una posición activa, a beneficiarse de prácticas concretas que se estén desarrollando, y hoy por hoy, el único espacio internacional donde se está discutiendo sobre migraciones es esta organización. Por tanto, mi grupo hoy va a quedar satisfecho de que demos un empujón a esta incorporación española a la OIM.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Como bien ha expresado el señor Campuzano, España fue miembro de la OIM hasta mediados de la década de los setenta, cuando decidió abandonar la organización y adoptar el estatuto de país observador. La OIM es una organización internacional de carácter intergubernamental que se dedica a potenciar una migración ordenada y, sobre todo, más humana. En estos años ha realizado una importante labor en la migración internacional, relacionada con los refugiados, con las personas desplazadas y obligadas a abandonar su país y que necesitan servicios internacionales de migración. Asimismo se ha encargado de promover la cooperación de los Estados y de las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, encargadas de la migración de las personas que desean partir hacia países en donde puedan, mediante su trabajo, cubrir sus necesidades propias y llevar, juntamente con sus familias, una existencia digna.
Como señala el señor Campuzano en su proposición no de ley, se puso en funcionamiento el programa de retorno voluntario de inmigrantes desde España, Previe, una iniciativa de la OIM diseñada para apoyar a inmigrantes en España no pertenecientes a países de la Unión Europea en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Este programa, iniciado en septiembre de 2003, pudo asistir a 199 personas en dicho año y permitió el regreso voluntario de 400 inmigrantes en 2004 gracias a la imprescindible colaboración de los ayuntamientos en el desarrollo de dicho proyecto -sin los ayuntamientos dicho proyecto no habría sido posible-. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones ha solicitado en reiteradas ocasiones la incorporación de España como miembro de pleno derecho. Actualmente España se encuentra incorporada a la misma, como señalé al principio de mi intervención, como Estado con estatuto de observador. Tiene una oficina en Madrid y hay firmado un memorándum de entendimiento con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas que fomenten la migración ordenada, el retorno voluntario, la integración de inmigrantes y la lucha contra la trata de seres humanos. Además, las autoridades competentes en materia de inmigración mantienen una relación fluida e intensa con los representantes de la OIM con vistas a la obtención por parte de España del estatuto de miembro de pleno derecho.
El Gobierno comparte plenamente los criterios por los que el grupo parlamentario presenta la proposición no de ley. No debemos olvidarnos de que España es la puerta de entrada de la mayoría de los flujos migratorios que se introducen en Europa, motivo por el que mantiene frecuentes e intensos contactos con la OIM. En consecuencia, existe la voluntad y se está trabajando -el Gobierno ha iniciado ya los trámites- para que el Estado español se incorpore como miembro de pleno derecho. Al respecto, hay que señalar que la contribución anual a la que hay que hacer frente con la incorporación es superior a 600.000 euros y a esto habría que añadir los gastos derivados de la representación permanente en Ginebra, sede de la OIM. Por tanto, estando de acuerdo el Gobierno en dicha iniciativa, la redacción de la enmienda presentada quedaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concluir los trámites para que el Estado español se incorpore como miembro de pleno derecho a la Organización Internacional para las Migraciones.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Para atender al entrenamiento recomendado por la señora presidenta en relación con el uso de los tiempos, muy brevemente y sin ánimo de redundar, debo decir que esta proposición no de ley, como bien ha expuesto el señor Campuzano, persigue que se inste al Gobierno a iniciar los trámites para que España se incorpore como miembro de pleno derecho a la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM, como sabemos, es un organismo
internacional que no pertenece a la estructura de Naciones Unidas y del que España fue miembro entre los años 1958 y 1979, periodo en el que nuestro país era emisor de emigración hacia otros países europeos. En el año 1979, España decide abandonar este organismo como miembro de pleno derecho, toda vez que a pesar de la importante contribución económica y el apoyo que nuestro país siempre otorgó a esta organización, no se nos concedía una adecuada representación o peso específico en los puestos directivos de la misma. Por ello, desde 1979 hasta la fecha, España ha mantenido el estatuto de observador sin ser miembro de pleno derecho. De todas formas, la pertenencia a esta organización en la práctica no viene a suponer un mayor beneficio para nuestro país respecto de la situación actual, causa que ha sido esgrimida desde el año 1979 hasta la actualidad por los diferentes responsables de esa materia en el Ministerio de Asuntos Exteriores. No obstante, también es cierto que, aun reconociendo el poco valor añadido que tiene pertenecer a esta organización, parece cuando menos extraño que España sea el único país de la Unión Europea que no pertenezca a ella. Como consecuencia de la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores durante los gobiernos del Partido Popular, los ministerios Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, que mantuvieron una posición menos beligerante en relación con la OIM, fueron estableciendo acuerdos de colaboración con esa organización, tal y como señalan los antecedentes de la proposición no de ley, entre los que cabe destacar el programa de retorno voluntario formalizado en el año 2003. Finalmente, también hay que tener en cuenta que el actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha manifestado, según noticia recientemente publicada en el diario El País, que se están manteniendo contactos con la OIM para que nuestro país vuelva a ser miembro de pleno derecho.
En conclusión, no parece que la situación haya cambiado respecto de los últimos años en cuanto a la existencia de una justificación clara y de peso para entrar en la OIM, pero también hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, que España es el único país que no pertenece a ella en el entorno europeo y que la pertenencia a la misma no nos supone nada más que el perjuicio económico de tener que pagar la cuota como país miembro.
Por todo ello, mi grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán.
La señora PRESIDENTA: A efecto de aceptación de enmiendas, ¿entiendo que sí, señor Campuzano?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, ya lo he dicho.
La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender un momento la sesión a efectos de consensuar las transaccionales y así también nos aproximamos a la hora fijada para las votaciones, las 13:30, pero si estamos todos, podemos efectuarlas un poquito antes.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión para proceder a la votación de las proposiciones no de ley, pero les ruego por favor que se sienten y que guarden silencio, porque como están mezcladas sus señorías, es más difícil el recuento. Vamos a intentar ser breves y concisos y podremos finalizar con rapidez esta sesión.
Votamos la proposición no de ley número 1, sobre adaptación del decreto regulador de las jornadas especiales de trabajo a la Directiva europea en el sector del transporte por carretera. Se vota en sus propios términos.
Votamos la número 2, sobre reducción de la edad de jubilación en el sector de la minería, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías y que se ha repartido a los diferentes grupos.
Votamos la número 3, sobre desarrollo de las políticas de familia. Se vota en sus propios términos.
Votamos la número 4, relativa a la representación de los trabajadores autónomos en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral, incorporando la enmienda de Convergència i Unió.
Proposición no de ley número 5, sobre restablecimiento de las becas del Injuve, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.
Proposición no de ley número 6, sobre modificación de la normativa de los centros especiales de empleo. Se vota en sus propios términos.
Votamos la número 7, sobre trasposición de las medidas de fomento de la inserción de personas discapacitadas que contienen las directivas 2004/17 y 2004/18, incorporando la enmienda del Grupo Popular.
Proposición no de ley número 8, sobre prevención de riesgos laborales en las obras de la Expo 2008 de Zaragoza incorporando la enmienda del Grupo Socialista.
Votamos la número 9, relativa a la incorporación del Estado español como miembro de pleno derecho a la Organización Internacional para las Migraciones, con la enmienda del Grupo Socialista.
Les deseamos un buen verano a todas sus señorías.