Source: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0740-D-2019
Timestamp: 2020-07-11 01:35:24
Document Index: 298082926

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 4', 'artículo 26', 'Artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2']

Expediente 0740-D-2019
Sumario: PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES - LEY 26485 -. MODIFICACION, DE LOS ARTICULOS 9, 11 Y 26, SOBRE TENENCIA O POSESION DE ARMAS DE FUEGO, CUANDO LA PERSONA HAYA SIDO DENUNCIADA POR VIOLENCIA DE GENERO O INTRA FAMILIAR.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES
Artículo 1. - Incorpórese el inc. v) al artículo 9 de la Ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:
v) Informar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) cuando tome conocimiento de la existencia de medidas de cautelares dispuestas por hechos de violencia de género, conforme las funciones de dicho organismo.
Artículo 2.- Incorpórese el inciso 5.1.j al artículo 11 de la Ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:
j) Informar a la Agencia de MAteriales Controlados (ANMAC) cuando tome conocimiento de la existencia de medidas de cautelares dispuestas por hechos de violencia de género, conforme las funciones de dicho organismo.
Artículo 3.- Incorpórese el inciso 5.2.f al artículo 11 de la Ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:
f) Diseñar junto a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) los criterios que configuran la autorización como legítimo usuarios de armas de fuego, a los efectos de restringir el acceso a personas denunciadas por violencia de género o intrafamiliar.
Artículo 4.- Sustitúyase el inciso a.4 del artículo 26 de la Ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:
a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión; comunicar las medidas decretadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y solicitar se informe si el presunto agresor es legítimo portador de armas de fuego.
Artículo 5.- Incorpórese el inciso c) al artículo 26 de la ley 26.485, que quedará redactado de la sigueinte manera:
c.- En todos aquellos casos en que de la denuncia efectuada surja la existencia de armas de fuego en poder del agresor, el Juez deberá informar la situación a la Agencia de Materiales Controlados (ANMAC).
La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 9, 11 y 26 de la Ley 26.485 a fin de generar herramientas institucionales que faciliten la articulación de información cuando las personas denunciadas por violencia de género tuvieran acceso a armas de fuego.
De conformidad con la normativa nacional e internacional vigente, las recomendaciones realizadas a la Argentina por diferentes organismos y la gravedad de la situación atravesada por el país en materia de violencia contra las mujeres y femicidios, son fundamentales las modificaciones en los deberes de las distintas áreas de gobierno sobre la transmisión de información y estándares de control de las autorizaciones a legítimos usuarios de armas de fuego, a fin de elaborar mecanismos tendientes a atenuar impactos en casos de violencia de género. En este sentido, se presenta esta iniciativa en articulación con el proyecto que plantea la modificación del art. 29 de la Ley 20.429 (Ley Nacional de Armas y Explosivos), atento considerarse conveniente su tratamiento conjunto para un abordaje armónico respecto de la cuestión que ambos tratan.
El factor que particularmente se aborda en el presente proyecto, versa sobre la articulación entre distintos órganos de gobierno que trabajan la problemática de violencia de género y el sistema de control de uso de armas, a fin de lograr la labor coordinada de las distintas dependencias estatales.
En este sentido y a partir de la solicitud de informe cursada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en fecha 02/07/2018 y su aclaratoria del 10/08/2018, se tomó conocimiento de la carencia de información por parte de ese organismo respecto a denuncias y medidas cautelares aplicadas sobre los solicitantes toda vez que las mismas no constan en el Registro Nacional de Reincidencias, único organismo consultado en materia judicial para el otorgamiento de las autorizaciones en materia de uso, tenencia y portación de armas.
Si bien la ANMaC ha celebrado convenios con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y con distintos Ministerios Públicos provinciales que tuvieron como fin la notificación periódica acerca de las causas que involucren delitos vinculados a violencia de género, a partir de información recabada en el informe preliminar del INECIP, se puede evidenciar que en muchos casos los pedidos de secuestro del arma no prosperan. Más aún, se ha indicado que muchos jueces/as y fiscales no hacen uso del secuestro del arma porque desconocen la posibilidad que ofrece la normativa al respecto.
Resulta fundamental señalar el incremento de hechos caracterizados por la utilización de armas de fuego, tomando en cuenta que en todos esos casos el acceso a las mismas ha sido estatalmente autorizado y revalidado periódicamente por la autoridad competente en la materia de conformidad con la Ley N° 20.429 y su Decreto Reglamentario Nº 302 del año 1983, consultando únicamente al Registro Nacional de Reincidencias cada 5 años sobre la existencia de antecedentes penales.
La verificación de la información citada y su análisis a la luz de la cuantiosa normativa nacional e internacional vigente en materia de prevención de la violencia de género, alerta sobre la necesidad de implementar las modificaciones que este proyecto propone.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en su art. 1 las obligaciones de respeto y garantía de tales derechos, y una prohibición que atraviesa todo el sistema de protección de derechos humanos que es el principio de no discriminación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, al interpretar dicha obligación de garantía, que los Estados deben actuar con la debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos. Este deber comporta, entre sus obligaciones, la prevención de las violaciones de los derechos humanos.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), establece en su artículo 7 que por todos los medios apropiados y sin dilaciones, los Estados deben adoptar distintas políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, entre las que destacan el deber de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (cf. artículo 7 inciso b).
La articulación y el flujo de información compartida entre organismos del Estado, que el presente proyecto propone, encuentra fundamento en la necesidad de asegurar transversalidad en la ejecución de las políticas como condición de posibilidad para la efectivización del derecho a vivir una vida libre de violencias (artículo 2, inciso b; ley nro. 26.485).