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Timestamp: 2017-11-23 10:33:56
Document Index: 410438767

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 184', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 51', 'artículo 184', 'Artículo 139', 'artículo 184', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 139', 'artículo 16', 'artículo 139', 'artículo 51', 'artículo 184', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 5']

N PCNM P.D N CNM. San Isidro, 30 de septiembre de 2009 VISTO; - PDF
N PCNM P.D N CNM. San Isidro, 30 de septiembre de 2009 VISTO;
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Juana Arroyo Velázquez
1 N PCNM P.D N CNM San Isidro, 30 de septiembre de 2009 VISTO; El Proceso Disciplinario N CNM seguido al doctor Luis Alberto Lazo Alfaro, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de Huaura y el pedido de destitución formulado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, por Resolución N PCNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, abrió proceso disciplinario al doctor Luis Alberto Lazo Alfaro, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de Huaura; Segundo.- Que, se imputa al doctor Luis Alberto Lazo Alfaro el haber incurrido en la tramitación de los amparos interpuestos por MGM Trading Co. Sociedad Anónima Cerrada, signado con el N , Godofredo Efraín Huamán Bernardo, signado con el N , Automotriz Guerra, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Rita Magali Nakamine Flores y Luzmila Ramos Carrasco, signado con el N y la nueva demanda interpuesta por MGM Trading Co. Sociedad Anónima Cerrada, signado con el N , en las siguientes irregularidades: A) Haber asumido competencia, sin haber apreciado el verdadero domicilio de los demandantes, infringiendo el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, así como el principio del juez natural y su deber de imparcialidad, vulnerando el artículo 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1
2 B) Haber admitido las demandas inobservando el plazo de prescripción establecido por ley, vulnerando el artículo 5 inciso 10 concordante con el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, así como los principios de legalidad, motivación e imparcialidad. C) Haber admitido un segundo proceso de amparo interpuesto por MGM Trading Co. Sociedad de Responsabilidad Cerrada, signado con el número , no obstante haber admitido un primer proceso de amparo interpuesto por la misma empresa contra los mismos demandados, expediente N , inobservando el requisito de procedencia establecido en el artículo 5 inciso 6 del Código Procesal Constitucional. Asimismo, la admisión del segundo amparo generó una doble concesión de la medida cautelar a favor de la empresa MGM Trading Co. Sociedad Anónima Cerrada, afectando el principio de motivación, en tanto la fundamentación de la concesión de las medidas cautelares no cubrió las exigencias establecidas en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, al no motivar en el proceso signado con el número respecto al peligro en la demora derivado de la preexistencia de una medida cautelar otorgada en el expediente N D) Haber concedido en los procesos de amparo números , y a favor de los demandantes y litisconsortes, así como en el N a favor de los demandantes, medidas cautelares, no apreciando el requisito de irreversibilidad al momento de fundamentar y otorgar las mismas, infringiendo el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, favoreciendo a los demandantes y litisconsortes, vulnerando el principio de motivación e imparcialidad. E) Haber ordenado para la ejecución de las medidas cautelares, cursar oficio a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Sunat- Superintendencia Adjunta de Aduanas para que en el más breve plazo se les asigne a los beneficiados los códigos liberatorios de importación, los mismos que se ven materializados en la entrega de dichos oficios a las partes, siendo dirigidos a la sede ubicada en Lima; sin embargo, para la notificación a la parte demandada, también en el Distrito Judicial de Lima, se ordenó librar exhorto, tratando desigual a las partes favoreciendo a la parte actora y litisconsorte vulnerando los artículos 156 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2
3 F) Haber concedido, en el cuaderno cautelar derivado del expediente N , la medida solicitada al 4 día útil de presentada la misma, y las solicitudes de medida cautelar de los litis consortes fueron proveídos en la misma fecha de presentación; sin embargo, la solicitud de incorporación de la Sunat presentada el 6 de julio de 2006, fue proveída después de 9 días útiles. Asimismo, haber concedido, en el cuaderno cautelar derivado del expediente N , la medida cautelar solicitada, al tercer día útil de la presentación de la misma, y las solicitudes de las medidas cautelares de los litisconsortes fueron concedidos en la misma fecha o al día siguiente de presentación de su solicitud cautelar y de incorporación al proceso. No obstante lo antes expuesto, los escritos de apelación interpuestos por la demandada contra las medidas cautelares fueron proveídos después de 2 meses, evidenciándose una parcialización del magistrado con la parte actora. Tercero.- Que, ante la apertura del proceso disciplinario el magistrado procesado presenta un escrito adjuntando copia del descargo presentado ante la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a los efectos que se considere en lo que fuere pertinente; Cuarto.- Que, en ese sentido en relación al cargo A), refiere que las empresas cumplieron con presentar sendos contratos de alquiler, por lo que entendió que estas actuaban con veracidad, probidad y buena fe, además que en las escrituras de constitución de las empresas se encontraban contendidas cláusulas por las cuales tenían la facultad de establecer sucursales en cualquier lugar del territorio nacional; Quinto.- Que, en cuanto al cargo B), señala que el Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencia mediante sus sentencias referidas al plazo de prescripción, considerando que el mismo es de sesenta días, al cual se debe agregar quince días más del requerimiento notarial para la contestación de la entidad demandada y luego de culminado dicho plazo debe computarse los sesenta días; Sexto.- Que, en relación al cargo C), argumenta que no fue su intención otorgar estabilidad cautelar al proceso de amparo signado con el N , y menos quebrantar los principios de motivación, independencia e 3
4 imparcialidad, puesto que las resoluciones contienen los argumentos que sustentan la admisibilidad; Séptimo.- Que, en lo atinente al cargo D), menciona en este extremo que ha cumplido con las exigencias del dispositivo legal cuestionado en cada una de las medidas cautelares solicitadas y concedidas, debiendo también considerar lo dispuesto por el artículo 16 del código adjetivo, por el cual el sujeto afectado con la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad, disposición que debe entenderse como un mecanismo procesal que contrarresta el indicado limite de irreversibilidad; Octavo.- Que, en relación al cargo E), refiere que si dispuso se oficie a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, para cuyo efecto el secretario dio cumplimiento conforme al mandato, desconociendo si fue tramitado o no dicho oficio, agregando que SUNAT, no era parte demandada en el proceso y en consecuencia, la forma en que fuera diligenciada no era contrario a ley; Noveno.- Que, en relación al cargo F), señala que estuvo de vacaciones desde el 21 de agosto al 4 de setiembre de 2006 y que los exhortos librados no habían sido devueltos por los Juzgados de Lima y en otros casos la secretaria no dio cuenta oportuna de los recursos de apelación; Décimo.- Que, en cuanto al cargo A), haber asumido competencia, sin haber apreciado el verdadero domicilio de los demandantes, infringiendo el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, así como el principio del juez natural y su deber de imparcialidad, vulnerando el artículo 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se advierte lo siguiente: Expediente Conforme a las pruebas obrantes en el expediente (Anexo III), la empresa demandante MGM Trading Co. SAC, dirigió el conocimiento del proceso de amparo al ámbito competencial del Juzgado de Barranca, sin embargo en la documentación presentada por la empresa correspondiente a la relación de contribuyentes se aprecia que su domicilio fiscal es en la Urbanización La Grama, del distrito de Puente Piedra en la Provincia de Lima, además de fojas 38 a 40 del mencionado anexo, obra documentación particular de dicho demandante con domicilio en Panamericana Norte N 329-Puente Piedra -Lima; circunstancia que no fue apreciada por el Juez investigado y por el contrario fijo su competencia en función a un contrato 4
5 de arrendamiento de bien inmueble celebrado con Teodocia López Sifuentes, efectuado en el distrito de Barranca, Manzana A lote 4 Independencia, de fecha 1 de mayo de 2006 (fojas 23 anexo III), sin tener en cuenta que los parámetros competenciales están definidos por ley y no por documento contractual de forma ocasional, hecho que no fue valorado por el juez para declarar su incompetencia en dicha demanda. La misma situación irregular se evidencia en el Expediente N , sobre Acción de Amparo, seguido también por MGM Trading Co. S.A.C. cuya documentación obra en el Anexo V. Del mismo modo, esta irregularidad también se evidencia en el Expediente N , sobre acción de amparo seguido por Godofredo Efraín Huamán Bernardo (fojas 6, 9, 11, 14, 16, 17 y 18 del Anexo I), en el cual el domicilio del accionante es en la Avenida Venezuela N 1948 Lima, dirección que fluye del registro de contribuyentes, contrato de suministro y documentación bancaria; siendo que el accionante presenta como vinculo de competencia un contrato de arrendamiento (fojas 10 del Anexo I), en forma similar que los casos anteriores celebrado con la señora antes mencionada, en la misma fecha y consignando el mismo domicilio. Hecho similar se ha apreciado en el trámite del Expediente N , referido a un proceso de amparo seguido por la Empresa Automotriz Guerra E.I.R.Ltda y otras, la misma que ha acreditado como domicilio real el Pasaje El Timón N 106-Distrito de San Luis Lima, conforme se constata en los contratos de suministros y proforma (fojas 10 a 12 y del 26 al 27 del Anexo VI), mientras su co-demandante Rita Magali Nakamine Flores, señala como domicilio en el contrato de suministro la Avenida Perú N La Libertad Trujillo (fojas 30 Anexo 6), y Luzmila Ramos Carrasco, en su documentación señala como domicilio fiscal la Avenida México, en la Urbanización San Germán La Victoria (fojas 44 anexo VI); sin embargo, a efectos de invocar la competencia del Juzgado de Barranca, refiere poseer oficinas en el Jirón Arequipa N 196 Barranca, y todos señalan como domicilio procesal Jr. Gálvez 498-Barranca; Décimo Primero.- Que, lo expuesto por el procesado en su escrito de descargo no es atinente, puesto que como juez, antes de asumir competencia debió examinar cuidadosamente los documentos que los demandantes adjuntaban a sus demandas, por lo que al incumplir con su función ha vulnerado el principio de juez natural e imparcial consagrado en el Artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política, así como, el artículo 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 51 del Código Procesal Constitucional, imponiéndosele la sanción de destitución; Décimo Segundo.- Que, en lo atinente al cargo B), haber inobservado el plazo de prescripción previsto por ley, cabe señalar que las demandas de amparo 5
6 interpuestas por MGM Trading Co. S.A.C, signada con el N , la interpuesta por Godofredo Efraín Huamán Bernardo con N , y la interpuesta por Automotriz Guerra E.I.R.L y otros, signada con el N , solicitaron la inaplicación de los dispositivos legales como el artículo 1 del Decreto Supremo N MTC, los Decretos de Urgencia números y y el Decreto Supremo MTC, y la demanda interpuesta por MGM Trading Co. S.A.C, signada con el N , además incluye la pretensión de inaplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo N 843, de 30 de agosto de 1996, siendo que las demandas correspondientes a dichos expedientes números , , y , se interpusieron el 9, 14, 25 de junio y 7 de julio de 2006, esto es, cuando ya habían excedido el plazo de 60 días; Décimo Tercero.- Que, lo manifestado por el procesado en su escrito de descargo contraría lo establecido en el artículo 5 inciso 10 del Código Procesal Constitucional concordado con el artículo 44 del mismo cuerpo de leyes que establecen como plazo para interponer el amparo 60 días, por lo que el procesado al haberse apartado de la ley, que es la que fija los parámetros de actuación funcional y procesal en cada materia ha incurrido en inconducta funcional que amerita la sanción de destitución; Décimo Cuarto.- Que, en lo concerniente al cargo C) en el cual se le imputa haber admitido un segundo proceso de amparo a la empresa MGM Trading Co. S.A.C y dictado una doble concesión de la medida cautelar a favor de la misma empresa demandante; Décimo Quinto.- Que, la empresa MGM Trading Co. S.A.C con fecha 9 de junio de 2006 interpuso ante el juzgado del procesado, demanda de Amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros y otros, signada con el N (fojas 42 del Anexo III) y la misma empresa, con fecha 7 de julio de 2006, presento una nueva demanda contra los mismos demandados, sobre acción de amparo, en el mismo juzgado, Expediente N , solicitando en ambos casos la inaplicación de los mismos dispositivos legales; sin embargo, el procesado, no obstante que el primer expediente se tramitaba ante su despacho, indebidamente admite la segunda demanda, habiendo inobservado el artículo 5 inciso 6 del Código Procesal Constitucional sobre litispendencia; Décimo Sexto.- Que, además de ello, estas acciones generaron una doble concesión de la medida cautelar a favor de la empresa demandante, MGM Tranding Co SAC, y cuya actuación ha implicado una afectación al principio de motivación de las resoluciones, puesto que la fundamentación de la concesión 6
7 de las medidas cautelares no cubrió las exigencias previstas por el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, específicamente al no motivar el Expediente N respecto al peligro en la demora, derivado de la preexistencia de una medida cautelar concedida en el Expediente N ; de esta forma el magistrado procesado ha incurrido en inconducta funcional, dictando medidas cautelares favoreciendo a los demandantes, siendo que lo expuesto por el mismo en su descargo no desvirtúa el hecho acreditado, habiendo vulnerando el principio de motivación e independencia, incurriendo en inconducta funcional que amerita la sanción de destitución; Décimo Séptimo.- Que, respecto al cargo D), se le imputa haber concedido en los Procesos de Amparo números , y a favor de los demandantes y litisconsortes, así como en el N a favor de los demandantes, medidas cautelares, no apreciando el requisito de irreversibilidad al momento de fundamentar y otorgar las mismas, infringiendo el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, favoreciendo a los demandantes y litisconsortes, vulnerando el principio de motivación e imparcialidad; Décimo Octavo.- Que, conforme a la documentación que obra en autos, fluye que en el expediente N , el magistrado procesado concedió la medida cautelar a favor de la demandante mediante resolución del 15 de junio de 2006, así como por resolución de 19 de junio de 2006, concedió las medidas cautelares a los litisconsortes Auto Rino S.A.C, JP Corporation S.A y Volcan II E.I.R.L, por resolución de 21 de junio de 2006, a los litisconsortes Eleodoro Saúl Huamán Bernardo, Rafael Huamán Bernardo e Hideliza Cecilia Hinostroza Machacuay, en el que incluso ordena el fenecimiento de procesos administrativos de nacionalización de vehículos, por resolución de 23 de junio de 2006, concede medida cautelar a los litisconsortes Evolution Kar S.A.C, por resolución de 23 de junio de 2006, concede medida cautelar a los litisconsortes Importadora Exportadora Kobe S.R.L, Importadora Exportadora Ming E.I.R.L y Total Part E.I.R.L, por resolución de 23 de junio de 2006, concedió medida cautelar a los litisconsortes Crisca E.I.R.L, Inversiones Carbajal S.R.L y René Ulises Jupiter Márquez Tairo (fojas 13 y siguientes del Anexo IV); en el expediente N , concedió medida cautelar al demandante Godofredo Huamán Bernardo por Resolución del 19 de junio de 2006, así como las medidas cautelares concedidas a los litisconsortes ( fojas 14 y siguientes del Anexo II); en el expediente N , concedió medida cautelar a la empresa MGM Trading Co SAC, por Resolución del 12 de julio de 2006 y concedió la medida cautelar a los litisconsortes Importaciones y Exportaciones Corporación Ry R Trading E.I.R.L (fojas 172 y siguientes del Anexo V) y en el expediente N , concedió medida cautelar a la demandante 7
8 Automotriz Guerra E.I.R.L y otros, por Resolución del 31 de julio de 2006 (fojas 69 a 71 del Anexo VI); Décimo Noveno.- Que el procesado en los procesos constitucionales mencionados, no considero el requisito de irreversibilidad al momento de fundamentar y otorgar las medidas cautelares, conforme lo dispone el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, el cual lo exige como presupuesto para su concesión y adoptando una posición contraria autorizó a los demandantes y litisconsortes a la importación de vehículos usados con una antigüedad no mayor de 5 años, así como vehículos automotores para el transporte de carga de categorías N1, N 2, N 3, y en lo que es carga de pasajeros de las categorías M 2 y M 3 con motores Diesel, con una antigüedad no mayor de ocho años, más aún si además dio por finalizado en algunos casos el trámite de nacionalización de vehículos (fojas 125 y siguientes del anexo IV), permitiendo de esta forma el ingreso al mercado nacional de vehículos, partes, motores, piezas y repuestos usados, con lo que se demuestra que el magistrado procesado ha infringido el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, favoreciendo a los demandantes y litisconsortes, vulnerando los principios de motivación e independencia; Vigésimo.- Que, por lo tanto, lo expuesto por el doctor Lazo Alfaro en el sentido que ha actuado de conformidad con dicho dispositivo legal solo constituye un recurso para tratar de enervar su responsabilidad, ya que una vez concedidas dichas medidas cautelares no se podían retrotraer las mismas a un estado anterior, por lo que tal conducta amerita la sanción de destitución; Vigésimo Primero.- En cuanto al cargo E), se le imputa que para la ejecución de las medidas cautelares ha ordenado cursar oficio a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT- Superintendencia Adjunta de Aduanas para que en el más breve plazo se les asigne a los beneficiados los códigos liberatorios de importación, los mismos que se ven materializados en la entrega de dichos oficios a las partes, siendo dirigidos a la sede ubicada en Lima; sin embargo, para la notificación a la parte demandada, también en el Distrito Judicial de Lima, se ordenó librar exhorto, tratando desigual a las partes favoreciendo a la parte actora y litisconsorte vulnerando los artículos 156 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Vigésimo Segundo.- Que, de las copias de los cuadernos cautelares derivados de los expedientes números , , y se aprecia que el procesado, ordenó cursar oficio a la SUNAT y Superintendencia 8
9 Adjunta de Aduanas para que en el más breve plazo se les asigne a los beneficiarios los códigos liberatorios de importación, los mismos que se ven materializados en la entrega de dichos oficios a las partes, siendo dirigidos a la sede ubicada en Lima; sin embargo, para la notificación a los demandados también en el distrito judicial de Lima, se ordenó librar exhorto, evidenciándose un trato desigual a las partes; hecho que vulnera lo dispuesto en los artículos 156 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el principio de independencia e imparcialidad previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Vigésimo Tercero.- Que, lo expuesto por el procesado no desvirtúa el cargo imputado, puesto que de las pruebas que obran en el expediente se aprecia que existió de su parte un trato desigual entre las partes con el fin de otorgar indebidamente el mayor tiempo posible para la ejecución de la medida cautelar, por lo que dicha conducta amerita la sanción de destitución; Vigésimo Cuarto.- Que, al cargo F), haber concedido, en el cuaderno cautelar correspondiente al expediente N , la medida solicitada al 4 día útil de presentada la misma (fojas 2 y 13 Anexo IV), y las solicitudes de medida cautelar de los litis consortes fueron proveídos en la misma fecha de presentación (fojas 44, 63, 111 y 124, 167, 185,207, 226 del Anexo IV); sin embargo, la solicitud de incorporación de la SUNAT presentada el 6 de julio de 2006, fue proveída después de 9 días útiles (fojas 183 del Anexo III); Vigésimo Quinto.- Asimismo, haber concedido, en el cuaderno cautelar derivado del expediente N , la medida cautelar al tercer día útil de la presentación de la misma (fojas 2 y 14 del Anexo II), y las solicitudes de las medidas cautelares de los litisconsortes fueron concedidos en la misma fecha o al día siguiente de presentación de su solicitud cautelar y de incorporación al proceso (fojas 58, 76, 98, 114, 155, 164, 168, 178, 204, 263, 281, 284, 301, 306, 324, 330, 339, 344, 352, 355, 373, 377 y 385 del Anexo II), comparándose esta situación de celeridad en la tramitación, con el hecho de que a la fecha de verificación realizada el 14 de diciembre de 2006, no se habían proveído los escritos de apersonamiento y/o apelación interpuestos contra las medidas cautelares, inclusive se verificó la existencia de recursos de apelación que no han sido proveídos por más de dos meses (fojas 16, 25, 43, 117, 131 del Anexo II); situación que conlleva a establecer una conducta irregular por parte del magistrado procesado, evidenciándose su parcialización con la parte actora, infringiendo lo dispuesto por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, por lo que amerita la sanción de destitución; 9
10 Vigésimo Sexto.- Que, respecto a lo expuesto por el procesado en el sentido que estuvo de vacaciones, no lo exime de responsabilidad, por cuanto los escritos pendientes de ser proveídos fueron presentados con fecha anterior a sus vacaciones; asimismo, resulta injustificado lo argumentado por el procesado que no proveyó los escritos por que los exhortos no habían sido devueltos, puesto que nada impide proveer el recurso en el sentido que se disponga que se dé cuenta devuelto el exhorto y en cuanto a que la secretaria no dio cuenta de los recursos de apelación, se debe precisar que en su condición de magistrado está en la obligación de ejercer control permanente del personal que se encuentra bajo su cargo; Vigésimo Séptimo.- Que, por todo ello se ha acreditado que la actuación del doctor Luis Alberto lazo Alfaro en dichos procesos de amparo resulta irregular y configura el supuesto de comisión de un hecho grave que sin ser delito o infracción a la Constitución compromete la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto público, puesto que asumió competencia, sin haber apreciado el verdadero domicilio de los demandantes, infringiendo el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, así como el principio del juez natural y su deber de imparcialidad, vulnerando el artículo 184 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como ha admitido las demandas inobservando el plazo de prescripción establecido por ley, vulnerando el artículo 5 inciso 10 concordante con el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, así como los principios de legalidad, motivación e imparcialidad; asimismo, admitió un segundo proceso de amparo interpuesto por MGM Trading Co. Sociedad de Responsabilidad Cerrada, signado con el número , no obstante haber admitido un primer proceso de amparo interpuesto por la misma empresa contra los mismos demandados, expediente N , inobservando el requisito de procedencia establecido en el artículo 5 inciso 6 del Código Procesal Constitucional, generando la admisión del segundo amparo una doble concesión de la medida cautelar a favor de la empresa MGM Trading Co. Sociedad Anónima Cerrada, afectando el principio de motivación, en tanto la fundamentación de la concesión de las medidas cautelares no cubrió las exigencias establecidas en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, al no motivar en el proceso signado con el número respecto al peligro en la demora derivado de la preexistencia de una medida cautelar otorgada en el expediente N ; Vigésimo Octavo.- Que, asimismo, concedió en los procesos de amparo números , y a favor de los demandantes y litisconsortes, así como en el N a favor de los demandantes, medidas cautelares, no apreciando el requisito de irreversibilidad al momento de fundamentar y otorgar las mismas, infringiendo el artículo 15 del Código 10
11 Procesal Constitucional, favoreciendo a los demandantes y litisconsortes, vulnerando el principio de motivación e imparcialidad y ordenó para la ejecución de las medidas cautelares, cursar oficio a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Sunat- Superintendencia Adjunta de Aduanas para que en el más breve plazo se les asigne a los beneficiados los códigos liberatorios de importación, los mismos que se ven materializados en la entrega de dichos oficios a las partes, siendo dirigidos a la sede ubicada en Lima; sin embargo, para la notificación a la parte demandada, también en el Distrito Judicial de Lima, se ordenó librar exhorto, tratando desigual a las partes favoreciendo a la parte actora y litisconsorte vulnerando los artículos 156 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Vigésimo Noveno.- Que, también concedió en el cuaderno cautelar derivado del expediente N , la medida solicitada al 4 día útil de presentada la misma, y las solicitudes de medida cautelar de los litis consortes fueron proveídos en la misma fecha de presentación; sin embargo, la solicitud de incorporación de la Sunat presentada el 6 de julio de 2006, fue proveída después de 9 días útiles; asimismo, concedió, en el cuaderno cautelar derivado del expediente N , la medida cautelar solicitada, al tercer día útil de la presentación de la misma, y las solicitudes de las medidas cautelares de los litisconsortes fueron concedidos en la misma fecha o al día siguiente de presentación de su solicitud cautelar y de incorporación al proceso; sin embargo, los escritos de apelación interpuestos por la demandada contra las medidas cautelares fueron proveídos después de 2 meses, evidenciándose una parcialización del magistrado con la parte actora; Trigésimo.- Que, por lo tanto el procesado al tramitar los amparos mencionados vulneró el principio de independencia - imparcialidad, consagrados en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo los artículos 184 inciso 1 y 201 inciso 6 de la citada Ley Orgánica, atentando contra la respetabilidad del Poder Judicial, comprometiendo la dignidad del cargo y desmereciéndolo en el concepto público, lo que lo hace pasible de la sanción de destitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 numeral 2 de la Ley N 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; Trigésimo Primero.- Que, el Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en Sesiones de Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del 2004, establece en su artículo 3 que El Juez debe actuar con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza en el Poder Judicial ; asimismo, el artículo 5 del Código en mención señala que el Juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso de su adopción; sin embargo, en el 11
12 presente caso el procesado no observó los valores antes invocados y desmereció el cargo con su conducta irregular, el mismo que resulta compatible con la sanción solicitada; Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que existen motivos suficientes para aplicar en este caso la sanción de destitución, por lo que en uso de las facultades previstas por los artículos 154 inciso 3 de la Constitución Política, 31 numeral 2 y 34 de la Ley 26397, y 35 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo y estando a lo acordado por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en sesión del 11 de junio de 2009, sin la presencia del señor Consejero Edwin Vegas Gallo; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Dar por concluido el proceso disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en consecuencia, destituir al doctor Luis Alberto Lazo Alfaro, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de la medida a que se contrae el artículo primero de la presente resolución en el registro personal del magistrado destituido, debiéndose asimismo cursar oficio al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora Fiscal de la Nación, y publicarse la presente resolución, una vez que quede consentida o ejecutoriada. Regístrese y comuníquese CARLOS MANSILLA GARDELLA FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR ANIBAL TORRES VASQUEZ MAXIMILIANO CARDENAS DIAZ EFRAIN ANAYA CARDENAS EDMUNDO PELAEZ BARDALES 12
N 748-2012-PCNM P.D N 016-2011-CNM. San Isidro, 28 de noviembre de 2012 VISTO;
N 748-2012-PCNM P.D N 016-2011-CNM San Isidro, 28 de noviembre de 2012 VISTO; El Proceso Disciplinario N 016-2011-CNM seguido al doctor Hugo Oswaldo Morales Morales, por su actuación como Fiscal Provincial