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Timestamp: 2018-07-17 13:12:27
Document Index: 142324513

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 84', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 58']

Vigencia desde 04 de Julio de 2010. Revisión vigente desde 04 de Julio de 2010 hasta 31 de Diciembre de 2012
A los efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, son titulares de los derechos que se establecen las personas que cumplan los requisitos de los artículos 5.1 y 5.2 de la mencionada Ley y que residan en la comunidad autónoma de las Illes Balears en la fecha de presentación de las solicitudes, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 28 de este Decreto.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, reconoce y garantiza el sistema de prestaciones públicas que establece la Ley 39/2006 y las integra en el Sistema Público de Servicios Sociales de las Illes Balears.
1. Corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, mediante la Dirección General de Atención a la Dependencia y los órganos que dependan de éstas, la resolución de la situación de dependencia y la asignación de las prestaciones que establece la Ley 39/2006.
El Equipo Técnico de Valoración de la situación de dependencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el órgano de valoración competente para emitir el dictamen propuesta para determinar el grado y el nivel de dependencia y también la especificación de la asistencia que la persona necesite, a los efectos del artículo 27 de la Ley 39/2006.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se inicia a instancia de las personas titulares de los derechos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 39/2006, o de las personas físicas o jurídicas que las representen.
1º. Para los ciudadanos españoles, un certificado de empadronamiento acreditativo de la residencia de la persona solicitante conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2006. No es necesario presentar el certificado en el caso de las personas solicitantes que hayan residido durante los últimos cinco años en municipios con convenio suscrito con el Gobierno de las Illes Balears que permita acceder a sus ficheros de empadronamiento.
2º. Además, para los ciudadanos extranjeros comunitarios hay que ajustarse a lo que dispone el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3º. Además, para los ciudadanos extranjeros no comunitarios hay que ajustarse a lo que disponen la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y sus normas de desarrollo.
3. En todo caso se tiene que solicitar la autorización a la persona interesada para acceder a los ficheros y a las bases de datos públicos con el objetivo de obtener y comprobar la información necesaria para la resolución del expediente, según disponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley Orgànica15/1999.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en los registros municipales de residencia de la persona solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
Si la solicitud de iniciación no cumple los requisitos exigidos o si no se adjunta la documentación establecida en el artículo 11, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, y se archivará el expediente, con la resolución previa en los términos del artículo 42.1 de ésta misma Ley.
1. Una vez completada toda la documentación, se comunicará a la persona solicitante el día y la hora que el personal técnico de valoración acudirá a su domicilio o lugar de residencia para aplicar el instrumento de valoración adecuado, el baremo de valoración de la dependencia (BVD) o la escala de valoración específica (EVE), que regula actualmente el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el cual se aprueba el baremo de valoración de la dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
1. Con el fin de determinar el grado y el nivel de dependencia, el personal técnico de valoración aplicará el BVD o la EVE, aprobados por el Real decreto 504/2007, antes mencionado.
1. El Equipo Técnico de Valoración de la Dependencia, una vez cumplidos los trámites previos que establece la norma reguladora de su actividad, elevará a la persona titular de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración una propuesta de resolución que contenga el dictamen sobre el grado y el nivel de dependencia, con la especificación de los servicios y las prestaciones que la Ley 39/2006 prevea que la persona pueda requerir.
2. En caso de que se fije un plazo de revisión, constará la advertencia de las consecuencias de la inactividad de la persona interesada, de conformidad con el artículo 23 de este Decreto.
1. La resolución de aprobación del PIA, y también cualquier otra necesaria para hacer efectiva la prestación que se reconozca, y la notificación correspondiente a la persona interesada o quien la represente legalmente se producirá -en el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo- en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.
Seguidamente, se tiene que trasladar el expediente a la Dirección General de Atención a la Dependencia, que dará trámite de audiencia a la persona interesada de acuerdo con lo que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992 y se le concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones.
A los servicios del catálogo del artículo 15 de la Ley 39/2006 se aplicará el régimen de ordenación, acreditación, registro e inspección de los servicios y centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
A Efectos de lo que establece el artículo 10.3 de la Ley 39/2006, en cada grado y nivel de dependencia pueden corresponder los servicios y las prestaciones siguientes:
1. La intensidad de protección de los servicios de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que establece el artículo 15 de la Ley 39/2006 se determina por el contenido de la prestación de cada uno de los servicios asistenciales y por la extensión o duración de éste, según el grado y el nivel de dependencia.
1. El servicio de ayuda a domicilio comprende la atención personal para realizar las actividades de la vida diaria y cubrir las necesidades domésticas, mediante los servicios que prevé el artículo 23 de Ley 39/2006 y los que se establezcan en la normativa que sea de aplicación.
El servicio de centro de día o unidad de estancia diurna, público o acreditado, ajustará los servicios que establece el artículo 24 de la Ley 39/2006 a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas según su grado y nivel.
La tipología, el concepto y los requisitos para ser personas beneficiarias de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con los artículos 14 y 17 a 20 de la Ley 39/2006, son las reguladas en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.
Todas las personas que intervengan en los procesos de la dependencia quedan sometidas al deber de confidencialidad. Todos los datos de las personas que soliciten la aplicación de la Ley 39/2006 estarán sometidos a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999.
1. Tienen carácter de principios generales dictados al amparo del artículo 58.3 de la Ley orgánica 2/1983, de 28 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2007, los siguientes preceptos: