Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/23664
Timestamp: 2019-11-13 07:38:08
Document Index: 386550135

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 333', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 871', 'artículo 226']

Sentencia: SENTENCIA CE SIII A 59530 DE 2018
Culpa in contraendo o responsabilidad precontractual en el régimen de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
SENTENCIA CE SIII A 59530 DE 2018
CE SIII A 59530 DE 2018
UNIÓN TEMPORAL INGSA LTDA. ALVARO DIEGO SEPÚLVEDA OCAMPO- JORGE ARTURO LOPERA QUINCENO- RODRIGO LENIS SUCERQUIA vs ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P –ACUANTIOQUIA E.S.P.
1. Mediante la Resolución No. 302 del 14 de agosto de 1996 la demandada dio apertura a la licitación pública No. 008-96 con el objeto de contratar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Santa fe de Antioquia.
2. El 1º de septiembre de 1996 se publicó un aviso de prensa en el diario “El Colombiano” invitando al público a presentar sus propuestas.
3. A dicha licitación presentaron su propuesta la Unión Temporal accionante, La Unión Temporal Acuapasa E.S.P. Ltda. y Cuervo Muriel Ingenieros; La Unión Temporal Inversiones M.B. Ltda. y de la Roche y Cía. Ltda.; y el Consorcio Conaguas – Hidra Conhydra S.A. E.S.P., ahora adjudicataria.
4. El comité de la Entidad al evaluar y calificar el factor técnico de las propuestas le otorgó a la Unión Temporal Acuapasa E.S.P. Ltda. y Cuervo Muriel Ingenieros 357 puntos; a la Unión Temporal Inversiones M.B. Ltda. y de la Roche y Cía. Ltda. 557 puntos y a la Unión Temporal accionante 571 puntos.
5. El 5 de junio de 1997 la Unión temporal demandante presentó sus observaciones frente a la evaluación y calificación de las propuestas, argumentando que la reducción del puntaje en el factor técnico de su propuesta carecía de todo fundamento jurídico y fáctico; que Conhydra Ltda. no tenía derecho a obtener un mayor puntaje por ese factor y que su propuesta no era la mejor.
6. Por medio del Acta No. 479 del 10 de junio de 1997 la Junta Directiva de la demandada consideró que teniendo en cuenta que ninguno de los demás proponentes había obtenido el puntaje mínimo de 750 puntos exigido en el pliego de condiciones para el factor técnico, únicamente evaluaría el factor económico de la propuesta presentada por Conhydra Ltda.
7. Afirma que Acuantioquia E.S.P. no se pronunció sobre las aclaraciones solicitadas a la adjudicataria por el Consultor regional del plan de Urabá Antioquia respecto de las tarifas en la prestación del servicio y la eficiencia en su recaudo, ni sobre las observaciones presentadas frente a la evaluación y calificación del factor técnico de las propuestas y señaló equivocadamente que estas habían sido presentadas de forma extemporánea.
8. A través de la Resolución No. 407 del 12 de junio de 1997 la accionada le adjudicó la Licitación Pública No. 008-96 a Conhydra Ltda., sin motivar de forma suficiente y clara dicha decisión y sin dar una respuesta expresa a las observaciones presentadas frente a la evaluación del factor técnico de las propuestas.
9. El 3 de octubre de 1997 presentó un derecho de petición requiriendo nuevamente a la accionada para que diera respuesta a las observaciones presentadas frente a la evaluación del factor técnico de su propuesta, petición que a la fecha de la presentación de la demanda no ha sido resuelta.
¿Incurrió la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios en algún acto configurador de culpa in contrahendo, al decidir excluir del proceso de selección al proponente -demandante, por no cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones?
El derecho privado, como esta subsección lo ha destacado en providencias anteriores, se funda primordialmente en la autonomía dispositiva o negocial, entendida ésta como el poder o facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas para autorregular o disponer de sus intereses a través de actos o negocios jurídicos acudiendo para estos efectos a las normas y principios del derecho comercial, sobre todo, y de manera fundamental cuando se trata de reconocimiento de este régimen jurídico a empresas y personas que actúan en el ámbito del mercado y la competencia económica, como lo es, en el presente caso de la empresa demandada.
Traducido al ámbito de la actividad pre contractual se entiende que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (E.S.P) deben actuar, siempre con profundo respeto a los derechos subjetivos de quienes aspiren a contratar con ellas, por lo tanto, no pueden ir en contra de las normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de buena fe, ni pueden desarrollar actividades o adoptar decisiones que comporten el ejercicio abusivo de sus derechos, fundados en actuaciones culposas, sin la debida diligencia, cuidado, e incluso incurriendo en omisiones.
De ésta forma se entiende que por regla general cuando las empresas que prestan servicios, ya sean éstas públicas, de capital público o privado, o privadas desarrollen actividades económicas tendientes al cumplimento de su objeto prestacional pueden celebrar contratos o incluso emitir decisiones o actos de carácter unilateral, los cuales se sujetarán primordialmente a las normas previstas en el régimen de derecho privado, según los mandatos imperativos de la ley 142 de 1994, debiendo en consecuencia, salvo las normas especiales en la materia, aplicar de manera concreta y por regla general, en sus proceso de contratación y a sus contratos, las disposiciones del código de comercio y demás de esta naturaleza que fueren pertinentes, al igual que sus principios y valores.
Así las cosas, es claro que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en ejercicio de la actividad contractual del Estado tienen una responsabilidad adicional, pues no sólo deben sujetar su actuación, sus actos y contratos a los principios y normas que rigen la actividad precontractual y contractual en derecho privado, sino también a los principios que rigen el desarrollo transparente de sus actividades económicas en el mercado, la buena fe y lealtad en relación con sus competidores y usuarios de los servicios, garantizando concurrencia, y evitando toda practica que pueda ser lesiva, de mala fe, o atentatoria a la transparencia, y a la esencia misma de toda actividad competitiva y de mercado.
En la etapa de negociaciones las partes asumen una obligación de “diligentia in contrahendo” o el deber de asumir un comportamiento correcto y leal, de forma tal que, si alguno de ellos no cumple con ese deber o rompe injustificadamente las negociaciones, estará obligado a responder por los daños que con su actuación haya podido ocasionar en el negociante que confió legítimamente que el negocio proyectado se iba a celebrar y en la actuación desplegada por aquel en esa fase del contrato.
Y es que lo que resulta reprochable es que en la etapa de tratativas preliminares alguna de las partes decida de manera unilateral dar término a las mismas de forma injustificada o asuma una conducta culposa y con ella ocasione un daño a su contraparte, culpa in contrahendo, siendo la culpa uno de los elementos determinantes más no esenciales de éste tipo de responsabilidad.
De ésta forma, se entiende que es el comportamiento contrario a la buena fe, incorrecto y desleal, culposo, falto de diligencia, cuidado, e incluso omisivo en la etapa de negociaciones o tratativas preliminares lo que determina la imputación de una responsabilidad precontractual, con independencia de que el daño se evidencie en esa misma fase o con posterioridad a la celebración del contrato, lo importante es que tenga su origen en una actuación culposa asumida en esa etapa de negociaciones previas.
Al interior de nuestro ordenamiento jurídico en tratándose de contratos celebrados por Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y dada su actividad prestacional, y la ubicación en la empresa involucrada en este litigio en la estructura de la descentralización administrativa, la aceptación de la culpa in contrahendo en el contexto de la existencia de un régimen de responsabilidad precontractual se funda en la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política que permite que una vez se verifique la existencia de un daño antijurídico en el marco de la negociación de un contrato, ocasionado por la ruptura injustificada de las negociaciones por uno de los negociantes o por una actuación incorrecta, desleal o contraria al principio de buena fe, se genere la obligación de reparar los perjuicios causados con dicha conducta.
También se funda, y de manera trascedente, en el artículo 333 de nuestra Carta Política mediante el cual se protege el derecho a la libre competencia en general en relación con la prestación de servicios públicos y las demás disposiciones constitucionales que de manera especial protegen la inversión como un factor del desarrollo económico social.
A nivel legal, entre otras disposiciones, el régimen de responsabilidad precontractual se funda en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, que con redacción similar le exigen a las partes que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe, la lealtad y el respeto a los derechos y expectativas tanto de las etapas previas de la contratación, como con posterioridad durante la celebración y ejecución del contrato.
Por otro lado, se evidencia que en los pliegos de condiciones de la licitación Pública No. 008-96 que dio lugar a la Resolución No. 407 del 12 de junio de 1997 se estableció claramente que primero se evaluarían los aspectos jurídicos de las propuestas, luego el factor técnico y que sólo se evaluaría el factor económico de aquellas que cumplieran con el puntaje mínimo requerido para el factor técnico.
También se demuestra que la única que cumplió con el puntaje mínimo requerido en los pliegos para el factor técnico fue la Sociedad Conhydra Ltda., razón por la cual Acuantioquia E.S.P. procedió a evaluar únicamente el factor económico de ésta.
Igualmente se encuentra demostrado que al evaluar y calificar el factor técnico de las propuestas, Aquantioquia E.S.P. se sujetó al pliego de condiciones, no tuvo en cuenta requisitos o aspectos diferentes a los allí previstos y no le dio un tratamiento diferenciado a las propuestas como equivocadamente lo afirma la recurrente.
No. De acuerdo con el análisis que hizo la demandada en la etapa de selección del contratista, la Sala pudo corroborar que esta no incurrió en ningún acto configurador de culpa in contrahendo, ya que sujetó su actividad a las reglas contenidas en el pliego de condiciones, a los parámetros y normas que rigen la actividad precontractual en los términos de la ley comercial y de las reglas diseñadas para el proceso de selección correspondiente y a los principios propios de las actividades ceñidas a los parámetros del derecho privado.
En virtud de lo anterior señaló la Sala que las decisiones que adopte una empresa prestadora de servicios públicos en la etapa precontractual deben sujetarse a las normas de derecho privado, respetando las reglas y principios del derecho comercial y de la competencia económica, por lo tanto, no pueden ir en contra de normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de buena fe objetiva, así como tampoco pueden significar un ejercicio abusivo de un derecho, ni contrariar el orden público.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones aquí expuestas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de noviembre de 2015, Expediente: 51376, Sentencia del 1º de abril de 2016 Expediente: 41.217.
Sentencia del 26 de noviembre de 2015, Expediente: 51376
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C: Sentencia del 13 de abril de 2011, Expediente: 37423;
Sentencias del 29 de abril de 2015, Expediente 33244;
Sentencia del 25 de mayo de 2015, Expediente: 36881;
Sentencia del 28 de mayo de 2015, Expediente; 36407;
Sentencia del 4 de junio de 2015 Expediente: 30288;
Sentencia del 4 de junio de 2015, Expediente: 37566;
Sentencia del 6 de julio de 2015 Expediente: 40789;
Sentencia del 29 de julio de 2015, Expediente: 40271,
Sentencia del 22 de octubre de 2015, Expediente: 48061;
Sentencia del 26 de noviembre de 2015 Expediente: 51376;
Sentencia del 3 de diciembre de 2015 Expediente 36929;
Sentencia del 3 de diciembre de 2015 Expediente: 50464;
Sentencia del 24 de agosto de 2016 Expediente 41783;
Sentencia del 20 de febrero de 2017 Expediente: 56562;
Sentencia del 19 de julio de 2017, Expediente: 57394
Si. Guillermo Sánchez Luque
Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 13, 29, 90, 333
Ley 80 de 1993, artículo 11
Decreto No. 287 de 1996, artículo 2, 20
Decreto No. 2105 de 1983
Decreto No. 1595 de 1984
Código de Comercio, artículo 871
Código Civil, 1333, 1603
Código de Procedimiento Civil, 233, 241,
Código General del Proceso, artículo 226, 232,
Sinestros Fernando en “Tratado de las Obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones, El Negocio Jurídico” Volumen I, Ed, Universidad Externado de Colombia, abril de 2015, Pág. 721.
Ficha: SENTENCIA CE SIII A 59530 DE 2018