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Timestamp: 2019-01-23 01:27:32
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 115', 'artículo 127']

﻿ Sentencia 2010-01741 de mayo 26 de 2011
SENTENCIA 2010-01741 DE 26 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:PROFESIÓN DE ABOGACÍA. EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO 196 DE 1971 ESTABLECE QUE LOS DEPENDIENTES QUE NO TENGAN LA CALIDAD DE ESTUDIANTES DE DERECHO, ÚNICAMENTE PODRÁN RECIBIR INFORMACIONES EN LOS DESPACHOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS SOBRE LOS NEGOCIOS QUE APODERE EL ABOGADO DE QUIEN DEPENDAN, PERO NO TENDRÁN ACCESO A LOS EXPEDIENTES, SIN EMBARGO, NO PUEDE PERDERSE DE VISTA QUE EL NUMERAL 5º DEL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ESTABLECE QUE A PETICIÓN VERBAL DE CUALQUIER PERSONA, EL SECRETARIO EXPEDIRÁ COPIAS NO AUTENTICADAS DEL EXPEDIENTE O DE PARTE DE ÉSTE, EN TRÁMITE O ARCHIVADO SIN NECESIDAD DE AUTO QUE LAS AUTORICE. TALES COPIA NO TENDRÁN VALOR PROBATORIO DE NINGUNA CLASE.
TEMAS ESPECÍFICOS:COPIA DE EXPEDIENTE, JUZGADO, PROFESIÓN DE ABOGACÍA
Sentencia 2010-01741 de mayo 26 de 2011
Rad. 76001-23-31-000-2010-01741-01(AC)
4.2. Análisis del asunto concreto.
En cuanto al asunto de fondo, observa la Sala que, tal y como apuntó el a quo en el fallo de primera instancia, no existió afectación del derecho fundamental de petición atribuible al Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, pues si bien es cierto que el actor presentó petición solicitando que se suministraran a su dependiente judicial copias simples de las providencias y actuaciones ocurridas dentro de los procesos dentro de los que actúa como apoderado, también lo es que mediante escrito de 7 de septiembre de 2010 (fls. 8 y 9) el juez dio respuesta a su petición en forma oportuna, de fondo y coherente con lo solicitado y, aunque lo hizo en forma desfavorable, no se sigue de ello la violación del derecho invocado, puesto que la respuesta favorable no hace parte de su núcleo esencial.
La Corte Constitucional ha indicado que aun cuando el artículo 26 de la Constitución Política sólo refiere el derecho fundamental a escoger profesión u oficio, de su contexto axiológico y de interpretar sistemáticamente la Carta Política se infiere que igualmente comprende, el derecho a ejercer la profesión u oficio escogido, “(...)dentro del marco de libertad, igualdad y dignidad que establece la Carta, pero con los límites que impone la guarda del interés general”(4), como una derivación del derecho fundamental al trabajo.
“El primer problema que la Corte debe desentrañar consiste en determinar la vigencia y ámbito de aplicación del literal f) del artículo 26 y del artículo 27 del Decreto 196 de 1971. (...) Para resolver el problema planteado resulta necesario determinar el ámbito de libertad que le cabe al legislador a la hora de definir criterios de idoneidad, requisitos o condiciones para el ejercicio de una determinada profesión u oficio. Así mismo, es indispensable estudiar si la condición impuesta por las normas estudiadas para acceder a los expedientes y actuaciones judiciales o administrativos, se ajusta a los postulados de la igualdad.
Si bien las disposiciones bajo estudio no se refieren directamente a la profesión de abogado, si se relacionan de manera estrecha con el ejercicio de la profesión, pues limitan la libertad del abogado al momento de escoger a quien ha de servirle de agente para los efectos en ellas establecidos. De otra parte, la restricción estudiada, desde la perspectiva de quien cumple la función de intermediación, otorga a los estudiantes de derecho una ventaja comparativa para acceder a los cargos de asistentes que procuren las oficinas de abogados. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador reguló la ocupación de que aquí se trata —auxiliar de abogado—, cuando quiera que dentro de las funciones que le correspondan, se encuentre la de consultar expedientes judiciales o administrativos o asistir a actuaciones de la misma naturaleza, bajo la responsabilidad del respectivo profesional. Resta analizar si tal regulación compromete el derecho a la igualdad de oportunidades laborales y, por contera, la libertad de escoger profesión u oficio.
Una de las manifestaciones concretas del derecho al trabajo (C.P., art. 25) y al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), es la protección constitucional de la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26). De este derecho-libertad se deriva la facultad de ejercer la actividad que se ha escogido, sin más restricciones que aquellas que legítimamente imponga el legislador, —para minimizar el riesgo social que puede implicar el ejercicio irresponsable de una profesión u oficio o para proteger derechos de terceras personas— y que ha de hacer cumplir la administración, en ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia.
A juicio de la corporación, las disposiciones impugnadas persiguen un objetivo legítimo. En efecto, el legislador pretendió garantizar los intereses de las personas que han encomendado su causa a un apoderado judicial, impidiéndole, a este último, que pueda delegar, en cualquier persona, la función de revisar las actuaciones o expedientes judiciales o administrativos en que consten las actuaciones que interesan al poderdante. En consecuencia, condicionó la práctica de este oficio, a quienes tuvieren un mínimo de idoneidad y para ello, encontró suficiente, exigir que fueran estudiantes regulares de una facultad de derecho”.
Por otra parte, vale la pena precisar que el artículo 27 del Decreto 196 de 1971 establece que “Los dependientes que no tengan la calidad de estudiantes de derecho, únicamente podrán recibir informaciones en los despachos judiciales o administrativos sobre los negocios que apodere el abogado de quien dependan, pero no tendrán acceso a los expedientes”, de donde se sigue que la norma que regula el ejercicio de la profesión de abogado es clara al señalar que los dependientes judiciales que no tienen la calidad de estudiantes de derecho como la señora Katherine Ramírez Gutiérrez, sólo pueden recibir información de los procesos, más no acceder a los expedientes.
Sin embargo, no puede perderse de vista que el numeral 5º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil establece que “a petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copia no tendrán valor probatorio de ninguna clase”, de donde se sigue que, efectivamente, a la dependiente judicial del actor, aún sin tener la condición de estudiante de derecho, le asiste el derecho de solicitar copias simples de las actuaciones o providencias que se surtan en determinado proceso, pues la norma no contempla condicionamiento o restricción alguna para formular tal solicitud ante el secretario del juzgado.
Ahora bien, no sobra advertir que aunque el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil establece que “Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, ni aquella, ni éste, ni su dependiente, podrán examinar la actuación sino después de cumplida la notificación aquélla”, ello no significa que las copias simples que solicite la dependiente judicial sólo puedan expedirse una vez la providencia quede ejecutoriada como sostiene el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, pues la notificación de una providencia y su ejecutoria constituyen dos momentos procesales diferentes, no siendo dable al juez exigir el cumplimiento de condiciones no establecidas por el legislador para acceder a los expedientes judiciales y examinar las actuaciones surtidas dentro del proceso.
Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión de abogado, con ocasión de la acción de tutela promovida por un abogado a quien no se le permitía actuar como apoderado ante la subcuenta ECAT del Fosyga. En aquella oportunidad la Sala concluyó que “(...) sólo el legislador está facultado por la Constitución Política para restringir el ejercicio del derechos fundamentales tales como el trabajo y la libre escogencia y ejercicio de la profesión, por motivos de interés general”(5), de manera las autoridades administrativas no eran competentes para imponer condicionamientos que tornaran nugatorios los derechos y facultades conferidos a los abogados tanto por sus clientes como por el estatuto del ejercicio de la abogacía (D. 196/71).
1. REVÓCASE parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de CONCEDER el amparo del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión invocado por el accionante. En consecuencia, ORDÉNASE al Juez Segundo Administrativo de Buenaventura que, en lo sucesivo, o se nieguen copias simples de las providencias y actuaciones surtidas dentro de los procesos en los que aquél actúa como apoderado judicial, cuando no se encuentren ejecutoriadas.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011)».
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-606 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
(5) Consejo de Estado-Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011 M.P. María Claudia Rojas Lasso. Exp. 2011-0367-01. Actor: Asesorías Integrales de Salud-Aseisa Ltda.