Source: https://alejandropalacioscastro.wordpress.com/category/legislacion/
Timestamp: 2019-01-20 22:20:26
Document Index: 209995051

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 83', 'artículo 11', 'artículo 28']

LEGISLACIÓN – Caminando entre emprendedores.
Minientrada 15/01/2019 17/01/2019 EMPRENDEDORES, LEGISLACIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Deja un comentario denominación socialdominiomarcapropiedad industrialregistro mercantil central
Generalmente a la hora de iniciar una actividad, es fácil caer en el error de confundir Marca/nombre comercial, denominación social y dominio. No es la primera vez que he oído el comentario de si tienes un dominio, ¿para qué quieres una marca? o confundir marca registrada denominación social. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y se ha de tener protección para cada uno de ellos, antes de invertir en la imagen de la actividad. Como ya se avanzó en la entrada Marcas y Nombres comerciales debemos tener ciertos criterios a la hora de su registro, pero profundicemos un poco más.
En primer lugar, debemos diferenciar entre Nombre comercial y Marca. El primero de ellos, está destinado a identificar productos o servicios frente al resto. Es decir, cada producto o servicio que vayamos a ofrecer en el mercado, deberá estar identificado. Mientras que el Nombre comercial, va a identificar a una empresa, a distinguirla frente a las demás que puedan desarrollar actividades similares.
Por otro lado, la denominación social identifica en el tráfico jurídico a un sujeto titular de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas en que sea parte.
Por último, los dominios, son nombres dados a las direcciones numéricas de IP para que resulte más fácil su diferenciación y localización en los buscadores.
Ahora bien, ¿Qué relación hay entre unos y otros?
Según la Ley de Marcas, entre los derechos que una marca o nombre comercial registrada posee, se encuentra poder prohibir usar la misma en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Es decir que si solicitas un dominio que se encuentra libre, si existe una marca previa, su titular podrá prohibirte su uso por mucho que el registro de dominio estuviera libre.
¿Y qué podemos decir sobre la relación entre Marca y Denominación social?
Pues mientras el articulo 9 d) nos indica que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
“El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”
La Disposición adicional decimocuarta indica que el Registro mercantil provincial deberá verificar si la denominación social de la persona jurídica coincide o puede originar confusión con alguna con una marca o nombre comercial renombrados:
“Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial”
Es decir que a pesar de que el Registro mercantil central haya concedido una denominación social, una Marca ya existente puede impedir la inscripción.
Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, se ha retirado el termino notorio, dejando solo la referencia a “renombrados”.
Recuerda el RD-Ley que:
“A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”
De forma similar también se pronuncia el Reglamento de Registro Mercantil cuando indica que no podrá inscribirse sociedad con denominación que aun cuando ésta no figure en el Registro Mercantil Central, al Registrador les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. Literal que hay que interpretar en el mismo tenor que la Ley de Marcas:
“Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.”
Por todo ello, es importante conocer todos estos los detalles antes de iniciar tu actividad y estar bien asesorado para evitar disgustos en el futuro y gastos indeseados.
Minientrada 25/08/2018 EMPRENDEDORES, LEGISLACIÓN, NUEVAS TECNOLOGIAS Deja un comentario legislacionlopdlssice
PROTECCIÓN DE DATOS, VULNERACIÓN DE DERECHOS
A falta de pan buena son tortas, esto es lo que se debe pensar al ver publicado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Y es que no habiéndose publicado aún la nueva Ley de Protección de Datos, el legislador ha trabajado este Real Decreto-Ley ante la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, desde el 25 de mayo de 2018.
En él, podemos encontrarnos tres capítulos, el primero de ellos versa sobre la identificación del personal competente para el ejercicio de los poderes de investigación que el Reglamento General de Protección de Datos otorga en su artículo 58.1 a las autoridades de control. El segundo de ellos regula el régimen sancionador establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 por la remisión a los que están establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 de dicho reglamento, lo que resulta de todo punto necesario
Por último y en el que me detendré, el capítulo III regula el procedimiento en caso de que exista una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos.
En concrero, a través de este procedimiento, el afectado podrá reclamar cuando no haya sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (Derecho de acceso, rectificación, supresión («el derecho al olvido»), Derecho a la limitación del tratamiento, Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento, Derecho a la portabilidad de los datos y Derecho de oposición).
El procedimiento se iniciará con la admisión a trámite, previa presentación de reclamación oportuna. Se advierte que la petición puede ser inadmitida y entre sus causas puede considerarse, la advertencia formulada por la Agencia al responsable o encargado de tratamiento siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que no se haya causado perjuicio al afectado.
La Agencia puede de igual modo, remitir la reclamación al propio responsable o encargado de tratamiento o, en caso de que existiera, al Delegado de Protección de Datos a fin de que dé respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses.
El plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.
De todos modos, con carácter previo, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de actuaciones previas de investigación, la Agencia examinará su competencia y determinará el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.
Admitida a trámite la reclamación, la Agencia podrá poner en marcha una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto en el artículo 11 de este Real Decreto-Ley. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad, y en consecuencia, el archivo de actuaciones. También se establece la posibilidad de suspender los trámites.
Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos
Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos en los artículos indicados más arriba, la Agencia también podrá acordar en cualquier momento, incluso antes del iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación
Para concluir, se recoge en la Disposición transitoria segunda, un aspecto interesante en relación a los Contratos de encargado del tratamiento. Indica al respecto que los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Si bien, las partes podrán exigirse a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Europeo.
LAS PAREJAS DE HECHO Y EL AUTÓNOMO COLABORADOR