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Timestamp: 2017-06-28 00:19:22
Document Index: 261478301

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 214', 'artículo 98', 'artículo 524', 'artículo 5', 'artículo 6']

Sentencia N° 154 Patria Para Todos Caracas Patria Para Todos Página Oficial: www.pptoficial.org.ve
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Categoría: Rescate del PPT Como Política	Publicado: Martes, 14 Agosto 2012 21:23	Visto: 1145	A continuación se transcribe textualmente de la Sentencia N°154 del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto de 2012, dictaminando INADMITIBLE el recurso de Amparo Constitucional introducido por Luis "Pillerias", ex militante del PPT.
El 08 de agosto de 2012, los ciudadanos LUIS ALEJANDRO TELLERÍA DORANTE y JOSÉ MANUEL LÓPEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 5.836.084 y 13.618.656, respectivamente, alegando actuar como “Secretario General Nacional y Secretario General de Organización”, de la organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT), asistidos por el ciudadano LUBEN LEZAMA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 22.708, interpusieron acción de Amparo Constitucional con Medidas Cautelares, contra el ciudadano RAFAEL UZCÁTEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero 648.703, quien en sentencia número 87 del 06 de junio de 2012, fue designado por esta Sala Electoral “para que cumpla con las atribuciones conferidas por los estatutos al Secretario General de la Organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT), y para la ejecución de todo lo ordenado en dicho fallo”.
En auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO, a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Que “el ciudadano RAFAEL UZCÁTEGUI convoco de manera arbitraria e irrita una reunión, donde supuestamente asistieron 77 compañeros de los cuales solo apenas 16 son delegados legítimos; según se evidencia en comunicación dirigida a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral de fecha 18 de Junio del 2012 recibido en el ente Electoral en fecha 25 de Junio del presente año donde consigna el acta de una supuesta Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el día 16 de Junio del 2012 donde manifiesta que dicha asamblea se instalo a los (sic) 2:30 am y culmino a las 4:30 pm para escoger a los miembros de la comisión electoral y dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia N° 087 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia quedando en evidencia en dicha acta consignada las irregularidades y violación de los derechos de los militantes que debieron ser convocados para tal fin como lo ordena dicha sentencia que establece claramente que para la convocatoria con motivo de la asamblea nacional extraordinaria para designar a la comisión electoral dicho fallo le ordena al Sr. Rafael Uzcátegui que debe convocar con carácter de obligatoriedad a los militantes participantes en las asambleas realizadas del 27 de septiembre y 15 de octubre de 2011…”. (Sic) (Resaltado del original).
En consecuencia, los accionantes solicitan a esta Sala que en virtud de que el ciudadano Rafael Uzcátegui no ha dado cumplimiento con el mandato proferido por la Sala, como medida cautelar se suspenda de manera temporal su designación hasta tanto se decida el fondo del presente amparo constitucional. Asimismo, solicitan se nombre una Junta Directiva provisional coordinada por los accionantes, a los fines “de restablecer los derechos fundamentales infringidos a la militancia del PPT”. Así las cosas, debe señalar esta Sala que el objeto o naturaleza del amparo constitucional es el goce del ejercicio de un derecho constitucionalmente tutelado mediante el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, según lo prevé el artículo 1° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el precepto contenido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los cuales se concibe al amparo constitucional como un “derecho fundamental que se concreta en la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, gratuito, oral y sencillo, a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados”. (CHAVERO GAZDIK, Rafael. 2011. El nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela. Pág. 34. Editorial Sherwood. Caracas).
En ese sentido, observa la Sala que el Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente al procedimiento contencioso electoral según el contenido del artículo 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece en sus artículos 523 y siguientes, el procedimiento ordinario destinado a satisfacer las pretensiones de ejecución de sentencias cuando las mismas no son ejercidas de manera voluntaria por el sujeto sobre el cual recae el cumplimiento del mandato judicial. En efecto, dispone la norma adjetiva (artículo 524 del Código de Procedimiento Civil) que “[c]uando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el tribunal fijará un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia”. (Corchetes de la Sala). Así, observa la Sala que el legislador previó un medio ordinario tan idóneo y expedito como el amparo constitucional para que las partes vencedoras de un proceso exijan el cumplimiento forzoso de un fallo judicial. De allí que, debe este órgano jurisdiccional concluir que admitir el amparo para satisfacer la pretensión en comento, además de subvertir el orden legalmente establecido, desnaturalizaría la acción de amparo, en virtud de su carácter extraordinario, razón por la cual, se declara inadmisible la pretensión de autos, habida cuenta de la presencia de una vía procesal ordinaria y adecuada para satisfacer su pretensión, cual es la ejecución de sentencia. Así se decide. En conclusión, dado los términos en que ha sido planteada la pretensión de la parte accionante, esta Sala concluye que la misma no reviste el elemento de extraordinariedad exigido por la doctrina y la jurisprudencia para la viabilidad del amparo constitucional, de allí que debe este órgano jurisdiccional declarar la inadmisibilidad de la acción de autos, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 5, así como el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por existir un medio ordinario, como es el procedimiento de ejecución de sentencias, dispuesto para dilucidar la pretensión deducida. Así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos LUIS ALEJANDRO TELLERÍA DORANTE y JOSÉ MANUEL LÓPEZ, antes identificado, asistidos de abogado, contra el ciudadano RAFAEL UZCÁTEGUI, también antes identificado.
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