Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-210-de-marzo-1-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041a385f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 13:45:05
Document Index: 398603459

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 794', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 108', 'artículo 794', 'artículo 38', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 794', 'artículo 13', 'artículo 794', 'artículo 794']

﻿ SENTENCIA C-210 DE MARZO 1 DE 2000
SENTENCIA C-210 DE 01 DE MARZO DE 2000
CONTENIDO:IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 794 Y SU PARÁGRAFO, DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY 223 DE 1995, Y ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY 488 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, ESTATUTO TRIBUTARIO, RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, IMPUESTO SOBRE LAS SOCIEDADES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:341 DE MAYO DE 2000, PÁG.881
Sentencia C-210 de marzo 1º de 2000
EXTRACTOS: «El texto de la disposición cuestionada en la demanda es el siguiente:
ART. 794.—(Modificado. L. 223/95, art. 163). Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por inflación. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.
PAR.—(Adicionado por la L. 488/98, art. 108). En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperados que se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa”.
De otra parte, estima el demandante, que el artículo 794 del estatuto tributario también infringe el derecho de libre asociación, ya que se responsabiliza a los socios más allá de sus aportes, desconociendo que la sociedad mercantil es una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados, pues, en su concepto carece de sentido asociarse si los socios, aun cuando no participen en la administración o representación de la sociedad, deben responder solidariamente por sus obligaciones fiscales. En consecuencia, expone el demandante, resulta que la persona del socio se confunde con el ente moral, debiendo asumir las consecuencias y responsabilidades de otra persona distinta como es la sociedad, situación que atenta contra el artículo 38 superior.
4. El artículo 794 y su constitucionalidad.
Es importante observar que a propósito del tema de la responsabilidad solidaria de los impuestos entre los socios y la sociedad, mediante sentencias de febrero 7 de 1991 (Exp. Nº 2187, con ponencia del Dr. Rafael Méndez Arango) y de abril 15 de 1991 (Exp. 2228 con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz), la H. Corte Suprema de Justicia, en esta última, declaró exequible el artículo 794 del estatuto tributario, contenido en el Decreto 624 de 1989.
La Corte juzga importante recordar su jurisprudencia (1) , según la cual, es evidente que por haberse efectuado el estudio del artículo cuestionado a la luz de la Carta de 1886, el artículo 794 del Decreto 624 de 1989, estuvo amparado por los efectos de la cosa juzgada constitucional durante la vigencia de la Carta anterior, pero también lo es que ante la vigencia de la Constitución de 1991, no resulta viable sustraerlo del control de constitucionalidad advirtiendo los efectos derivados de los fallos citados, pues lo cierto es que una disposición declarada exequible bajo el imperio del estatuto fundamental derogado puede resultar contrario o no a la nueva preceptiva superior y no siendo plausible en tal caso mantenerlo dentro del ordenamiento jurídico; luego, para el caso sub examine se torna indispensable comparar su contenido con la norma constitucional vigente al momento de realizarse el análisis constitucional, máxime, como ocurre en esta ocasión, cuando el artículo acusado ha sufrido modificaciones posteriores en su contenido, por la vigencia de otras leyes.
(1) Sentencia C-256 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz y C-533 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En este orden de ideas, la Corte no puede perder de vista la intención del legislador al introducir en el ordenamiento tributario el artículo cuestionado, que es una norma sustancial que consagró la responsabilidad solidaria con miras a asegurar la efectividad del sistema tributario sustancial, vale decir, el pago efectivo de los impuestos que se determinen a cargo de las sociedades y otros entes asimilados a tales, con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal o tributaria, que al parecer se ha venido presentando desde el año 1987, cuando algunos ciudadanos constituían sociedades para evadir impuestos, amparados en el velo de la personalidad jurídica de la sociedad y en la falta de eficacia de la administración tributaria, para lograr el efectivo cobro de los impuestos, tasas y contribuciones. En consecuencia, la circunstancia de que el propio legislador, dentro de su soberanía fiscal, califique el régimen jurídico como de “responsabilidad solidaria”, indica que el socio debe responder al lado de la sociedad y no en el lugar de ésta, como sucede en el evento de las obligaciones in solidum propias del régimen civil, relativas a ese tipo de obligaciones que, por analogía, se aplican al régimen tributario.
A juicio de la Corte, el establecimiento de un régimen solidario en asuntos fiscales, es un asunto propio del resorte del legislador, que en su condición de depositario del poder impositivo (C.P., arts. 150-12 y 338), está plenamente habilitado para determinar lo concerniente a la responsabilidad tributaria, sin que en la Constitución existan limitaciones sobre el señalamiento de los sujetos de la obligación tributaria o los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad solidaria, pues repárese, que a la luz de la Carta, es de competencia del legislador, tanto la determinación del régimen jurídico de las sociedades y demás personas jurídicas como la expedición, adición y modificación de las leyes relativas a impuestos (arts. 150 num. 12 y 338 superiores).
Por otra parte, estima la Corte que la figura de la solidaridad es de creación legal, y también el establecimiento de sus excepciones. Por lo tanto, bien puede el legislador, como lo hizo en la norma cuestionada, introducir la responsabilidad solidaria como un mecanismo tendiente a impedir, se reitera, la práctica de la evasión tributaria, sin que ello signifique desconocimiento de los principios y normas superiores, pues es evidente que los socios tienen y mantienen, durante la existencia de la sociedad, un interés económico y patrimonial en los resultados de la gestión social que se adelante por parte de los órganos directivos, gerentes, juntas directivas, etc. Por otro lado, en opinión de la Sala, la solidaridad en materia impositiva descansa también en la función social del derecho de propiedad (art. 58 superior), y en la necesidad de financiar permanentemente los gastos e inversiones públicas (art. 95-9 ibídem), ya que es incuestionable que exista un interés patrimonial del socio en los resultados de las actividades que cumpla la sociedad. Ello explica por qué la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la misma no deben ser enteramente ajenas al asociado, socio, comunero, cooperado o suscriptor, por lo que el legislador entendió que el miembro del ente social asume los riesgos inherentes a las vicisitudes de este tipo de negocios jurídicos contractuales.
5. Los cargos de la demanda y el artículo 794 del estatuto tributario cuestionado.
De otra parte, la Corte estima importante reiterar, en aras de la armonización del derecho y en procura de su unidad, que es preciso aceptar, como lo hiciera la Corte Suprema de Justicia en su momento, cuando juzgó la constitucionalidad del artículo 794 del estatuto tributario (sents. feb. 7 y abr. 15/91), en el sentido según el cual, la actuación de la sociedad contribuyente o responsable puede llegar a beneficiar o perjudicar a sus asociados, quienes ciertamente tienen interés patrimonial en las resultas del correspondiente proceso tributario; por lo tanto, el hecho de que la actuación se surta directamente con la solitaria participación de la sociedad, obedece a la circunstancia de que la relación jurídica tributaria sustancial se traba exclusivamente entre la Nación y dicho sujeto pasivo, de suerte que los efectos jurídicos del acto administrativo o de la sentencia respectiva no se extienden más allá.
Ello, sin embargo, no significa que los asociados se encuentren desprotegidos en la defensa de sus intereses económicos, a lo largo de las actuaciones administrativas fiscales, pues esa misión descansa, en principio, en los representantes sociales y apoderados que dichos asociados han elegido o autorizado elegir. Estima la Corte razonable el argumento expuesto por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de que es posible, de acuerdo con los señalamientos del Código de Procedimiento Civil, aceptar la intervención adhesiva de terceros, para la defensa de los intereses de los socios (art. 52 de ese Código), pues es claro que en el procedimiento administrativo que la autoridad inicie con fundamento en el artículo 794 del estatuto tributario, los socios puedan intervenir en apoyo de la sociedad comercial de la que forman parte, para esgrimir todo tipo de argumentos relacionados con los hechos gravados, que generan la base de los impuestos, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído durante el respectivo período gravado.
En relación con la posible violación del derecho de libre asociación o de la personalidad jurídica de la sociedad expuesto por el demandante, esta corporación no comparte el argumento, ya que es evidente que la figura de la responsabilidad solidaria no entraña, en sí misma, ninguna restricción al derecho de asociación o de celebración del contrato de sociedad, conforme al Código de Comercio, pues la responsabilidad nace de la condición simple y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación o administración del ente social, o si la misma fue encomendada a un tercero, pues se reitera, el hecho de que la disposición cuestionada exija una actitud responsable a los socios por los impuestos, no impide desarrollar actividades lícitas que el individuo desee promover en compañía, pues es claro que el texto normativo acusado no comporta una sanción impositiva, sino un deber fiscal enderezado al pago de las acreencias tributarias, pero no impide encausar el ejercicio libre, voluntario y espontáneo de fundar o constituir sociedades mercantiles o empresas, dentro de los límites del bien común y del orden constitucional y legal.
A juicio de la corporación, la solidaridad del socio no implica una responsabilidad ilimitada, como lo sostiene el actor, sino que claramente el legislador reduce la responsabilidad del socio a una parte proporcional que le corresponde a cada cual en la sociedad, esto es “a prorrata de sus aporte en la misma y el tiempo durante el cual lo hubieren poseído en el respectivo período gravable”, tomando en consideración su status de socio en la misma, lo cual no es un elemento de exclusión del ente social, ni mucho menos un impedimento para fundar agrupaciones con determinados fines lícitos.
En cuanto a que el artículo 794 del estatuto tributario desconoce los principios de justicia y equidad (art. 95-9), que debe soportar todo sistema tributario, esta corporación tampoco prohíja tal tesis expuesta por el demandante, por cuanto la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad no es una carga injusta, ya que la figura de la responsabilidad tributaria, no traslada la carga tributaria a los socios, quienes, entre otras cosas, en razón de la solidaridad pueden recobrar lo pagado, subrogándose en los derechos de la Nación frente a la sociedad, hasta concurrencia de su importe, es decir, que la responsabilidad solidaria de los socios, es una regla general equitativa y justa, como quiera que la obligación fiscal, esto es, los sujetos, el hecho gravado, la base gravable y la tarifa, reposa, principalmente sobre el ente societario, como deudor tributario, de manera que, en el evento jurídico en que surja la aplicación del principio de solidaridad, el socio podría cancelar de su propio patrimonio la obligación tributaria y posteriormente subrogarse en los derechos del acreedor fiscal y naturalmente repetir contra los demás socios por la suma pagada, pues recuérdese que de la clase y naturaleza de las obligaciones solidarias está la posibilidad legal que uno de los deudores solidarios que pague al acreedor puede subrogarse en los créditos que haya satisfecho para luego recuperar el mayor valor pagado de la prestación debida hasta concurrencia de su deuda.
El último de los ataques se orienta hacia el desconocimiento del derecho a la igualdad, previsto en el artículo 13 superior, ya que estima el demandante en su libelo, que el artículo 794, incluido el parágrafo, es una disposición subjetivamente compleja, en la medida en que hace alusión a diversos tipos de socios, asociados, comuneros, suscriptores o aportantes en general que, en opinión del actor, contrasta con el que se brinda, por una parte, a los cooperados y por la otra a los socios, que no participen en la administración de los negocios sociales.
En este orden de ideas, estima la Sala que sin duda, el sector cooperativo merece, conforme a la Constitución, un trato diferencial con relación a las sociedades mercantiles, ya sean éstas colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones o anónimas, e inclusive frente a las fundaciones, asociaciones u otro tipo de entidades sin finalidades lucrativas, con objeto lícito específico. En efecto, las cooperativas constituyen un sector económico, que encuentra una protección especial en la norma superior (C.P., art. 58), ya que tienen como sustrato esencial la solidaridad entre sus miembros y el auxilio a la comunidad.
La Corte estima que el tratamiento diferencial que establece el artículo 794 del estatuto tributario, en el sentido de excluir de responsabilidad solidaria a los accionistas de las sociedades anónimas o asimiladas y a las cooperativas —salvo en lo relacionado con los cooperados que hayan ejercido la administración o gestión de la entidad—, quienes también responden solidariamente, se justifica como quiera que la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, sólo es aplicable a determinados tipos de agrupaciones societarias, en donde la característica personal es un elemento relevante, como quiera que, el vínculo intuitu personae, es la característica esencial de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada e inclusive de las asociaciones de carácter colectivo, en las que es posible identificar una relación de gestión; evento que no ocurre con las sociedades anónimas o por acciones, en donde el factor intuitu personae se desdibuja, a tal punto que la gran mayoría de accionistas virtualmente se encuentran separados de la dirección o administración de la compañía, conforme a las propias reglas del Código de Comercio e inclusive de sus propios estatutos fundacionales. Para la Corte es evidente entonces, que las compañías de responsabilidad limitada o las colectivas, por su propia naturaleza jurídica y sus especiales características no se hallan en las mismas circunstancias fácticas frente a las sociedades anónimas, ni mucho menos a las cooperativas.
Finalmente, la Corte estima que conforme a la luz de la jurisprudencia de esta corporación, el entendido que se halla en la base de las consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador el respeto a una supuesta igualdad física o matemática de evidente conceptualización mecánica en materia tributaria, no es aceptable, puesto que el legislador no reduce ni quiere que se limiten los ámbitos de su accionar legítimo. Todo lo contrario, la Carta otorga competencia al Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con ellas; por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la política fiscal, elevados a rango legal. En consecuencia, acceder a un test estricto de razonabilidad, en relación con la adopción de mecanismos como la solidaridad de los socios y las sociedades en materia tributaria, es invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la propia Carta al legislador (arts. 150-12 y 338 superiores), para que éste, en su libertad de configuración, pueda diseñar el sistema tributario con arreglo a una política fiscal; por lo tanto, la oportunidad de las medidas adoptadas por la ley son irrelevantes en cuanto al control constitucional.
(Sentencia C-210 de marzo 1º de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).