Source: http://grupoonce.com/2013/12/20/boletin-informativo-noviembre-2013/
Timestamp: 2018-11-14 18:48:47
Document Index: 209520298

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 153', 'artículo 153', 'artículo 16', 'artículo 153', 'artículo 248', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 137', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 19']

BOLETÍN INFORMATIVO: NOVIEMBRE 2013 – Grupo ONCE
Viernes, 20 diciembre 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ OBLIGATORIA A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2014. Informa el Servicio de Administración Tributaria que sin importar el monto de los ingresos o actividad que se realice, se deberá de facturar de forma electrónica, es decir, ya no serán válidas las facturas impresas con código de barras ni los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) que comenzaron a generarse antes de 2011, se pretende que la emisión de facturas electrónicas se unifique con el objeto de llevar un mayor control fiscal.
Asimismo el SAT, reitera la facilidad para migrar a la factura electrónica, por lo que informa los pasos a seguir para cambiar al sistema de comprobación electrónica:
1.- Obtener Firma Electrónica.
2.- Tramitar un certificado de sello digital, directamente en el portal del SAT.
3.- Utilizar el servicio gratuito de facturación que ofrece el SAT o bien escoger entre cualquiera de los auxiliares en facturación autorizados por el SAT, que pueden consultarse en el portal de internet.
Indica que el servicio gratuito de generación de facturas electrónicas ofrecido por el SAT, es en línea, es compatible con diversas plataformas y navegadores y contempla todo el ciclo de generación de una factura electrónica (captura, sellado y certificación digital), entre otras funcionalidades.
SEGUNDO.- LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AHORA PUEDE SER POR INTERNET. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que ahora a todo habitante de nuestro país que cuente con Clave Única de Registro de Población (CURP) y más de 18 años, se le podrá generar automáticamente su clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Para inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, los ciudadanos sólo deberán ingresar a la página oficial del SAT www.sat.gob.mx, anotar su CURP, su domicilio y su correo electrónico, e inmediatamente obtendrán la cédula de identificación fiscal que contiene el código de barras, cuya información puede ser consultada desde cualquier dispositivo móvil.
A respecto, informa el SAT que la simplificación en el trámite de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, es una medida para facilitar las acciones que emprenderá para combatir la informalidad, conforme a los objetivos de la reforma hacendaria.
TERCERO.- PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) una recomendación al Servicio de Administración de no incurrir en prácticas administrativas lesivas. En el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha detectado que las autoridades adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han estado incurriendo en actos y prácticas administrativas que derivan en violaciones a los derechos de los contribuyentes, dado que con frecuencia, dichas autoridades omiten dar a conocer a los contribuyentes los motivos y fundamentos con base en los cuales rechazan sus solicitudes de devolución de contribuciones, pues en muchas ocasiones simplemente aparece en el portal electrónico del SAT como “No autorizada”, sin que se den a conocer los motivos y fundamentos para ello; práctica que se estima ilegal e irregular, pues todo acto administrativo, para cumplir con los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso legal, contenidos en los artículos14 y 16 Constitucionales, debe ser notificado, en este caso en términos de los artículos 38 y 134 del Código Fiscal de la Federación.
Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente advierte que las autoridades de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal no están respetando los plazos para requerir o para resolver sobre las solicitudes de devolución, lo cual viola lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, generando con ello incertidumbre en los pagadores de impuestos, en virtud de que al fenecer el plazo legal que la autoridad tiene para requerir; el contribuyente pudiera estimar que resultó procedente la devolución solicitada. No obstante, con posterioridad, se le notifica requerimiento de información y documentación, a través del cual la autoridad estima que no procede la devolución, en tanto no se le exhiba la información y documentación requerida.
Recalcando que esto, con independencia de la extemporaneidad de la autoridad para formular este tipo de requerimientos a los contribuyentes, constituye una extralimitación en el ejercicio de las facultades que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación les concede en esta materia; ya que en muchos casos, los requerimientos, además de extemporáneos, resultan inconducentes, pues no guardan una relación advertible con el impuesto cuya devolución se solicita, o bien requieren información o documentación que la propia autoridad ya tiene en su poder por constar en el expediente del contribuyente.
En ese sentido, la PRODECON señala que con este tipo de actuaciones o prácticas se retrasan las devoluciones, haciendo nugatorios los derechos de los contribuyentes que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece en cuanto a plazos y oportunidad en materia de trámites de devolución; lo que viene a constituirse en una práctica administrativa ilegal e irregular, ya que al ser abrumadora la información y documentación que se le requiere al pagador de impuestos, en un trámite que por regla general debiera ser expedito y concluirse en los plazos legales, el proceso se torna muy prologando y con una serie de cargas probatorias para el contribuyente, las cuáles, además de resultar de difícil realización, exceden la facultad conferida a las autoridades fiscales por el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala: “Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.”
Así, la Procuraduría concluye su recomendación apuntando que los requerimientos que se están formulando a los contribuyentes para acordar las solicitudes de devolución de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultan excesivos y no propios del trámite de la devolución, ya que imponen a los contribuyentes la carga de acreditar materialmente la existencia y realización de las operaciones que originan el saldo a favor, lo que además las autoridades solicitan se les acredite de manera “fehaciente”.
Localización: Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1905
Pag. 1755
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1755
Registro: 2004690
Tesis: I.1o.A.20 A (10a.)
Pag. 1762
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1762
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RESPECTIVA POR APOYARSE EN COMPROBANTES QUE NO FUERON EXPEDIDOS CONFORME A LOS REQUISITOS LEGALES, NO IMPIDE AL INTERESADO ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD A SOLICITARLA NUEVAMENTE, UNA VEZ SUBSANADOS LOS VICIOS FORMALES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010). Si bien es cierto que de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, se advierte el deber de los particulares de verificar que los comprobantes con que pretendan acreditar la procedencia de una deducción o un acreditamiento reúnan determinados requisitos (entre los que se encuentra que indiquen el lugar de su emisión), ello no debe llevarse al extremo de sostener que si una persona presenta una solicitud apoyándose en comprobantes que no cumplan con esas características, por esa sola circunstancia pierde su derecho a requerir nuevamente el reintegro de los saldos a favor con los que cuente. Por el contrario, lo dispuesto en el artículo 29 en mención debe interpretarse en el sentido de que, en caso de presentar comprobantes que no cumplan con las disposiciones legales, la consecuencia adversa para los contribuyentes será que no se autorice la deducción o acreditamiento solicitados, mas no que ya no podrán requerir a los proveedores la reexpedición y acudir ante la autoridad una vez subsanados los vicios formales de la documentación; determinación que se corrobora con el hecho de que no existe disposición alguna que prohíba al solicitante de una devolución acudir con los emisores de las facturas que se estimó, no reunían los requisitos legales a fin de que sean corregidas.
Amparo directo 444/2012. Frío-Express, S.A. de C.V. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: ÓliverChaim Camacho.
Registro: 2004749
Localización: Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2
Tesis: 2a. XCI/2013 (10a.)
Pag. 1305
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2; Pág. 1305
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El numeral citado otorga al gobernado el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acta de inicio del procedimiento a que se refiere el diverso numeral 150 de la misma ley, para ofrecer por escrito las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan. Ahora bien, el plazo de referencia no puede ampliarse arbitrariamente, al estar limitado a las formalidades previstas para el dictado de la resolución, ya que el referido artículo 153 establece la obligación de la autoridad aduanera de emitirla en el plazo de 4 meses si no se presentaron pruebas o con éstas no se desvirtúan los supuestos por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía; de ahí que no vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, tampoco es factible limitar a la autoridad a un término concreto para el desahogo de las probanzas exhibidas, pues a partir del análisis que realice estará en condiciones de concluir si existen hechos u omisiones que den lugar al pago de contribuciones, cuotas compensatorias o a la imposición de una sanción, pero sin que se le obligue a realizarlo en un tiempo determinado, ya que es su atribución precisar el momento en que puede ejercer sus facultades. Lo anterior no faculta a la autoridad aduanera para efectuar el procedimiento respectivo durante todo el tiempo que ella considere, pues si bien el artículo 153 no establece un término para que realice las actuaciones indispensables para el desahogo de las pruebas ofrecidas, ello no implica que vulnere el principio de seguridad jurídica, en virtud de que sus atribuciones debe ejercerlas acorde con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
Amparo directo en revisión 2298/2013. Juventino Castillo Juárez. 21 de agosto de 2013. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Registro: 2004789
Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Tesis: I.7o.A. J/3 (10a.)
Pag. 1693
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1693
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, correlativo del precepto 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé, a contrario sensu, como hipótesis de improcedencia del recurso de revisión fiscal, cuando su objeto sea la resolución de la Sala pronunciada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que se agotó la jurisdicción en relación con la cuestión controvertida; sin embargo, no existe obstáculo jurídico para establecer que cuando eso suceda, opera la figura jurídica de que se trata, en razón de que no es posible analizar nuevamente un tema juzgado.
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Revisión fiscal 787/2000. Titular del Órgano de Control Interno en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por sí y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 13 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Morales Contreras.
Revisión fiscal 316/2006. Director General Contencioso y representante legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica. 10 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez .
Revisión fiscal 114/2013. Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada del mismo instituto. 24 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García.
Revisión fiscal 148/2013. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad demandada y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 2 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.
REVISIÓN FISCAL 298/2013. Subdirector de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Guillermo Miguel Torres Sánchez.
Registro: 2004818
Tesis: 2a./J. 140/2013 (10a.)
Pag. 1290
VISITA DOMICILIARIA. ES VÁLIDA LA NOTIFICACIÓN DEL CITATORIO PREVIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL, ENTENDIDA CON UN MENOR DE EDAD MAYOR DE 16 AÑOS, SI PRESTA UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PARA EL CONTRIBUYENTE VISITADO. El citado precepto dispone que si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, y si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado. De ese precepto y de los diversos 38 y 134 a 137 del propio ordenamiento normativo, así como de la interpretación de este último, realizada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 101/2007 (*), se colige que para la validez de una diligencia de notificación entendida con un tercero, se requiere que éste se encuentre en el domicilio; que se trate de una persona que tenga un vínculo con el contribuyente; y que, en aras de respetar el derecho a la seguridad jurídica en beneficio de los particulares, se tenga cierta certeza de que el contribuyente será enterado de su contenido. Ahora, conforme al marco normativo que rige tanto en la legislación laboral como en la civil, se advierte que respecto de menores de edad mayores de 16 años, éstos pueden prestar libremente sus servicios, tienen la libre administración de sus bienes y, por ende, gozan de capacidad jurídica, lo que lleva a concluir que es válida la notificación del citatorio para el levantamiento del acta final de visita domiciliaria entendida con los menores de referencia que presten un trabajo personal subordinado para el contribuyente visitado, pues tal acto se realiza con persona capaz de garantizar que esa actuación se hará del conocimiento oportuno del interesado.
Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 286, con el rubro: “NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO.”
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 438/2013, pendiente de resolverse por el Pleno.
Registro: 2004634
Tesis: IV.2o.A.61 A (10a.)
Pag. 1725
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1725
ACTO ADMINISTRATIVO. EL REQUISITO DE QUE MENCIONE LOS RECURSOS QUE EN SU CONTRA PROCEDAN, DEBE INCLUIR TANTO AL DE REVISIÓN COMO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PRECISAR SI SE TRATA DE LA VÍA ORDINARIA O DE LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y CONVENCIONAL DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). Si bien es cierto que del artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que es un requisito del acto administrativo mencionar los “recursos” que en su contra procedan, también lo es que esto no debe interpretarse restrictivamente, únicamente en relación con los recursos en sede administrativa, sino que conforme al derecho humano de acceso a la justicia, comprende también la indicación de todo medio de impugnación idóneo y eficaz para combatir dicho acto, como es el juicio de nulidad, ya sea en la vía sumaria o en la ordinaria. A esta consideración se arriba mediante la interpretación sistemática del referido precepto, en relación con los diversos 83 del propio ordenamiento, 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, apoyada en su análisis conforme a los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exigen al órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la norma de la que derive un resultado acorde a ese Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles; y a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla el principio pro personae como un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. En este sentido, la expresión “recursos” debe entenderse en un sentido amplio, puesto que la convención señalada prevé que el derecho humano de acceso a la justicia se satisface no por el mero hecho de que algún “recurso jurisdiccional” esté contenido en la legislación de un Estado, sino que debe ser efectivo, en la medida en que el gobernado, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. De ahí que el juicio contencioso administrativo, como medio idóneo para impugnar las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, queda comprendido dentro de la expresión “recursos” del citado artículo 3, fracción XV. Por ende, en el acto administrativo recurrible debe mencionarse que en su contra procede tanto el recurso de revisión como el juicio contencioso administrativo y precisar si se trata de la vía ordinaria o de la sumaria (implementada esta última mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010), al ser tal señalamiento una facultad reglada, no discrecional, del órgano del Estado, ya que se trata de un deber legal impuesto a la autoridad, que no queda a su libre arbitrio o capricho, sino sujeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Interpretar de manera literal la expresión aludida traería como consecuencia limitar el conocimiento del gobernado sobre el medio de defensa para impugnar el acto administrativo que le agravia y, por ende, una afectación a su derecho a obtener una resolución en la que se resuelva de fondo su pretensión.
Amparo directo 164/2013. Automotores Cumbres, S.A. de C.V. 12 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé.
Registro: 2004635
Tesis: IV.2o.A.62 A (10a.)
Pag. 1726
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1726
ACTO ADMINISTRATIVO. LA CONSECUENCIA DE QUE LA AUTORIDAD NO MENCIONE EN ÉSTE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA O SUMARIA EN SU CONTRA, ES QUE EL ADMINISTRADO GOCE DEL PLAZO DE 45 DÍAS PARA PRESENTAR SU DEMANDA (INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y CONVENCIONAL DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). Aunque conforme al artículo 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la falta de mención de los “recursos” en el acto administrativo recurrible -expresión que atendiendo al derecho humano de acceso a la justicia, comprende también al juicio de nulidad, tanto en la vía sumaria como en la ordinaria-, no es un elemento esencial de validez, cuya ausencia configure su nulidad, tal irregularidad impide al gobernado un efectivo acceso a la jurisdicción, ante la legal procedencia de dos vías diferentes para ello. Por ende, en respeto irrestricto al diverso derecho humano a la tutela judicial efectiva, cuando la autoridad administrativa, en el acto impugnado, no mencione la procedencia del juicio contencioso administrativo en su contra u omita especificar si es en la vía ordinaria o sumaria, debe optarse por una interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos que ofrezca en favor de la persona un acceso a la justicia y elegir aquella que garantice un mayor plazo para acudir oportunamente a presentar la demanda de nulidad, esto es, el de cuarenta y cinco días previsto para la promoción del juicio ordinario, independientemente de que el procedimiento que deba llevarse por el tribunal se ajuste a la correspondiente vía que legalmente proceda. De esta forma se garantiza que la pretensión del particular pueda ser estudiada y se impide la irreparabilidad de alguna contravención al orden jurídico, mediante una protección más amplia a los derechos fundamentales del gobernado. De no estimarlo en ese sentido, es decir, de considerar el plazo menor para la promoción del juicio de nulidad en la vía sumaria -quince días-, aun cuando ésta sea la procedente, sería una sanción desproporcional contra el administrado, no obstante que se configure un incumplimiento de la autoridad, quien incluso resultaría beneficiada por su propio vicio derivado de no acatar el deber legal que le corresponde, en agravio del derecho humano del quejoso al acceso efectivo a la jurisdicción, consagrado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es así, toda vez que ignorar la efectividad de tal señalamiento implicaría desconocer que la falta de técnica y acuciosidad de la autoridad fiscal redunde irremediablemente en perjuicio de los derechos humanos de seguridad y certeza jurídicas establecidos a favor de los particulares.
Registro: 2004660
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO
Tesis: VIII.2o.P.A.21 A (10a.)
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1745
COMPENSACIÓN DE OFICIO ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO EXISTA UNA SENTENCIA EJECUTORIADA QUE ORDENA DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE UNA CANTIDAD DE DINERO POR CONCEPTO DE ALGUNA CONTRIBUCIÓN ES INAPLICABLE DICHA FACULTAD. La facultad que tienen las autoridades fiscales de compensar, de oficio, las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de ellas por cualquier concepto, contra las que estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, cuando hayan quedado firmes por cualquier causa, establecida en el último párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, debe quedar limitada a la sede administrativa. Por tanto, cuando exista una sentencia ejecutoriada que ordena devolver al contribuyente una cantidad de dinero por concepto de alguna contribución es inaplicable dicha facultad, pues su observancia y cumplimiento son de orden público y, por ello, no puede quedar al arbitrio de la autoridad retener al contribuyente el importe del numerario objeto de la condena a devolver, so pretexto de ejercer la facultad de trato, salvo que exista anuencia del contribuyente. Lo anterior es así, pues el respeto a la institución de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, en cuanto a que su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto de quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídicas y, consecuentemente, su cumplimiento no puede quedar sujeto a otras circunstancias, como es el ejercicio de la referida facultad.
Amparo en revisión 165/2013. Global Sourcing de México, S.A. de C.V. y coag. 18 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Luis González Bardán.
Registro: 2004668
Tesis: XVI.1o.A.T.27 A (10a.)
Pag. 1751
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Pág. 1751
CONTRIBUCIÓN OMITIDA. DECLARACIONES QUE PUEDEN TOMARSE EN CUENTA PARA DETERMINARLA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. L a autoridad fiscalizadora, después del tercer requerimiento que formula a los sujetos que no presenten su declaración periódica para el pago de contribuciones dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, respecto de la misma obligación, en términos de la fracción II del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, podrá hacer efectiva una cantidad igual al monto mayor que el contribuyente hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate, la cual tiene la naturaleza de una contribución omitida; para ello, conforme al diverso numeral 6o. de ese ordenamiento, pueden tomarse en cuenta declaraciones del propio tributo, pero de diverso ejercicio a aquel al que corresponda la omitida, siempre que la norma aplicada haya estado vigente en todas ellas; además, no es una exigencia legal que se tomen en cuenta declaraciones consecutivas, incluso, pueden ser posteriores a la que motivó la determinación, pues la citada fracción II refiere que se trate de las seis últimas, pero no que sean las seis anteriores a la omitida, por lo que se entiende que debe estarse a las anteriores, pero a la fecha en que se hace la determinación por la autoridad, ya que se trata de un parámetro objetivo basado en el comportamiento fiscal del contribuyente durante dicho periodo.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-90
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SU ESTUDIO PUEDE REALIZARSE DE OFICIO POR EL PLENO, LAS SECCIO­NES, LAS SALAS REGIONALES, ESPECIALIZADAS Y AUXILIA­RES DE ESTE TRIBUNAL, RESPECTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De conformidad con los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del ámbito de su competencia, tiene la obligación de respetar, velar y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución Federal como en los Tratados Internacionales de los que el país sea parte, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, conocido como el principio “pro persona”. Al ser obligación de este Tribunal Fede­ral de Justicia Fiscal y Administrativa garantizar los derechos humanos, es inconcuso que los órganos jurisdiccionales de este cuerpo colegiado, al ser los encargados de resolver los incidentes de nulidad de notificaciones plan­teados en el juicio, e imponer en su caso la consecuente multa al actuario, ésta afecta su esfera jurídica y por consecuencia sus derechos humanos; por lo que están plenamente facultados para que en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales ejerzan de manera oficiosa el control difuso de constitucio­nalidad para este específico caso.
Contradicción de Sentencias Núm. 8325/10-17-09-8/1100/11-S1-03-03- NN/Y OTRO/60/13-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de agosto de 2013, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Ma­gistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/37/13)
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-100
NORMA AUTOAPLICATIVA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Una norma es autoaplicativa cuando desde su en­trada en vigor obliga a los gobernados a hacer o dejar de hacer determinada conducta, sin que entre la misma norma y los gobernados se haga necesaria la creación de un acto o ley intermediarios que funjan como condiciones de su aplicación al momento de individualizarse en estos últimos; es decir, los gobernados se ubican en automático dentro de las hipótesis normativas de las normas jurídicas y se sujetan a sus consecuencias en el mismo momento de la iniciación de su vigencia, sin que se necesite un acto posterior de au­toridad o de los mismos gobernados que haga posible su individualización. En conclusión, una disposición normativa es de naturaleza autoaplicativa cuando con su simple entrada en vigor, cree, modifique o extinga una situa­ción concreta de derecho, o genere una obligación de hacer o de no hacer o dejar de hacer; que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innomi­nados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8881/07-11-01-1/2868/09-PL-02- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 81 REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de febrero de 2012, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth UrbyGenel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21507/07-17-10-2/25/10-PL-04- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de enero de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Yazmín Alejandra González Arellanes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17971/12-17-11-8/47/13-PL-05- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2013, por unanimidad de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.
Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribu­nal
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-101
NORMA OFICIAL MEXICANA AUTOAPLICATIVA. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD.- La sentencia que declara la nulidad de una Norma Oficial Mexicana por considerarse ilegal, tiene como efecto para la parte actora, que los actos sustentados en la misma se estimen como nulos; también tiene el efecto de protegerla no sólo contra el acto de aplicación que impugnó, si no tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la Norma Oficial Mexicana ya no podrá válidamente ser aplicada por ninguna autoridad en la esfera jurídica de la parte actora, pues su aplicación implicaría la violación a la sentencia que ha declarado su nulidad, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 51, fracción II y 52, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Pro­cedimiento Contencioso Administrativo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/52/2013)
VII-P-SS-38
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8881/07-11-01-1/2868/09-PL-02- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de febrero de 2012, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth UrbyGenel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 76
VII-P-SS-69
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21507/07-17-10-2/25/10-PL-04- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 83 REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de enero de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Yazmín Alejandra González Arellanes.
VII-P-SS-119
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 6462/08-11-01-3/882/10-PL-10-04-DA.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2013, por unanimidad de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 129
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-102
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL. SI SE IMPUGNAN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DEBE ACREDITARSE LA EXISTENCIA DE ÉSTE Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, PARA LA PROCEDEN-CIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El artícu­lo 2°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que procede el juicio contencioso administrativo federal contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación; esa misma competencia material se contiene en el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrati­va, refiriéndose a la impugnación de los actos de carácter general cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. En concordancia con lo anterior, si se decide combatir una resolución de carácter general en unión o con motivo de su primer acto de aplicación, debe acreditarse de manera fehaciente y objetiva y no con base en presunciones, tanto la existencia de ese acto que haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa correspondiente de la resolución general, como la afectación real y efectiva a los intereses jurídicos de la demandante, esto es, que se haya irrumpido en su individualidad, al grado de lesionarla en sus derechos subjetivos y ocasionarle un perjuicio; en caso contrario, deberá sobreseerse el juicio por improcedente, en términos de lo dispuesto por los artículos 8, fracciones I y XVI y 9, fracción II, en relación con el artículo 2°, segundo párrafo, de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/53/2013)85 REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1999/08-07-01-6/844/09-PL-06- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto C. Grandini Ochoa.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14803/07-17-05-4/1275/09-PL- 01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de enero de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 126.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-2aS-46
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA.- LA AUTORIDAD DEMANDADA TIENE LEGITIMACIÓN PROCE­SAL ACTIVA PARA INTERPONERLO.- Primeramente, debe indicarse que el cuarto párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el incidente en razón de materia, el cual, en su literalidad, está regulado como un conflicto de competencia entre las Salas de este Tribunal. De modo que, en principio, aparentemente el inci­dente sólo podría plantearse por las Salas, porque la legitimación procesal activa para la autoridad demandada está prevista en el segundo párrafo de la citada disposición, es decir, después de la regulación del incidente en razón de territorio y antes del incidente en razón de materia. Sin embargo, de la interpretación sistemática y teleológica de las porciones normativas del aludido dispositivo jurídico se infiere que la autoridad demandada tiene legitimación procesal activa para interponer el incidente en razón de materia, pues el tercer párrafo del citado precepto legal alude genéricamente a los conflictos de competencia sin limitarlos a los territoriales, ya que refiere: “Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra”. Así, la tercera porción normativa de la citada disposición, en cuanto a la legitimación procesal activa de la autoridad demandada, refiere al gé­nero de “competencia” sin limitarlo en razón de territorio. De ahí que debe interpretarse que comprende la legitimación para la interposición de los incidentes por territorio y materia, lo cual se refuerza con la circunstancia relativa a que la competencia de un órgano jurisdiccional es una cuestión de orden público e interés general. Sostener lo contrario podría tener como consecuencia que el juicio sea resuelto por una Sala Regional que carezca 89 REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
de competencia material, en razón de que el juicio verse sobre alguna de las materias que corresponde a una Sala Especializada, lo cual obliga a esta Sección a resolver el incidente interpuesto por la autoridad demandada.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/21/2013)
VII-P-2aS-277
Incidente de Incompetencia Núm. 595/12-02-01-4/1152/12-S2-07-06.- Re­suelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de octubre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 451
VII-P-2aS-324
Incidente de Incompetencia Núm. 2841/12-07-02-9/1480/12-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de febrero de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 407
VII-P-2aS-343
Incidente de Incompetencia por Razón de Materia Núm. 3050/11-06-03- 4/1721/12-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de marzo de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 15790 REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
VII-P-2aS-344
Incidente de Incompetencia por Razón de Materia Núm. 30070/12-17-04- 2/132/12-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de marzo de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 157
VII-P-2aS-377
Incidente de Incompetencia por Razón de Materia Núm. 34590/12-17-05- 7/475/13-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 26. Septiembre 2013. p. 160.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-88
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, AVISO DE INS­CRIPCIÓN POR ESCISIÓN DE SOCIEDADES. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA II.2.4.1. DE LA SEGUNDA RESO­LUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁ­NEA FISCAL PARA 2009 SON EXCLUSIVAMENTE DE FORMA Y, POR ENDE, SU OMISIÓN NO TRAE COMO CONSECUENCIA QUE AQUÉL SEA IMPROCEDENTE.- El primer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas morales y las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen tienen, entre otras obligaciones, la de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria mediante los avisos que se señalan en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuyo artículo 19 establece, entre otros avisos de inscripción al mencionado Registro, el relativo a la inscripción y cancelación por escisión total de sociedades. Sin embargo, ninguno de los preceptos establecen cuáles son los requisitos que debe cumplir el referido aviso, sino que fue en la Regla II.2.4.1., fracción III, y Anexo 47/CFF, ambos de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, donde se señalaron los requisitos del referido aviso, pero no la consecuencia en caso de que se omita alguno de ellos. Por tanto, la autoridad no puede suplir esa “laguna normativa” y darle a la omisión un efecto no previsto en la ley, ni en su reglamento y tampoco en la norma general que los habilita, en virtud de que en un Estado de Derecho regido por un principio de legalidad, los poderes públicos están sujetos a la ley al igual que todos sus actos deben ser conforme a ésta, bajo la pena de invalidez en caso de no ser así, por lo que es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté expresamente autorizado por la ley. En este sentido, la omisión de alguno de los requisitos establecidos en la citada regla, no puede tener la consecuencia de que la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes mediante el aviso de cancelación e inscripción por escisión de sociedades sea improce­dente, en virtud de que esa consecuencia no está prevista en la norma legal que habilita a dicha regla, aunado a que los requisitos que ésta prevé no son indispensables para que la autoridad dé trámite a la solicitud de inscripción aludida, pues tales requisitos no condicionan la procedencia de la mencionada solicitud, por lo que bien pueden ser calificados como requisitos de forma, con independencia de que los conozca o no el contribuyente, ya que esto no cambia el carácter ni la naturaleza de tales requisitos.
Contradicción de Sentencias Núm. 2239/10-11-01-1/YOTRO/751/13- PL-05-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de agosto de 2013, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Hortencia García Salgado.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/36/2013)