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Timestamp: 2017-04-25 22:14:12
Document Index: 270086928

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 101', 'artículo 20', 'Artículo 104']

IMPLICACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA IMPUTABILIDAD SEGÚN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1995 – ROMINA REY CATTANI – ESPAÑA « PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
22	IMPLICACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA IMPUTABILIDAD SEGÚN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1995 – ROMINA REY CATTANI – ESPAÑA
01/03/2017	IMPLICACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA IMPUTABILIDAD SEGÚN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1995
El presente trabajo trata de la relación existente entre algunos de los trastornos mentales, descritos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR, y la imputabilidad, tal como la define el Código Penal español de 1995 (en adelante CP).
La imputabilidad es un término jurídico de base psicológica, que se define como la capacidad del ser humano para comprender y actuar conforme a dicha comprensión, en la realización de un acto delictivo. Entran en juego ciertas patologías mentales, definidas como “anomalías o alteraciones psíquicas” en el CP español actual. Por sus características, pueden afectar la capacidad intelectual del sujeto, la voluntad o ambas, dando lugar a la aplicación de una eximente (completa o incompleta) o una atenuante, que aparecen en los artículos 20 y 21 CP.
Se ha encontrado que en general, la jurisprudencia española exige unas determinadas circunstancias para considerar la anulación o reducción de responsabilidad de un individuo. Para la inimputabilidad, debe darse una correspondencia perfecta entre trastorno y delito o un impacto significativo del primero en el segundo, y para la semi-imputabilidad, con una clara influencia alcanza, si bien, dependerá del tipo de anomalía.
Podemos concluir que en la decisión sobre el nivel de imputabilidad de un sujeto que ha cometido un delito, toma especial protagonismo el papel del Psicólogo o Psiquiatra forense que realiza la evaluación y que será el encargado de iluminar a magistrados o jurados, en su tarea de tomar la decisión final.
2.1. Breve desarrollo histórico de la Psicología Jurídica
La Psicología Jurídica es una disciplina relativamente nueva en España. Si bien, los primeros acercamientos datan de finales del siglo XIX, no es hasta bien entrado el siglo XX que se realizan las aportaciones más relevantes.
Uno de los autores más influyentes en nuestro país fue sin duda el médico Emilio Mira y López, quien en 1931 impartió una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, sobre Psicología Jurídica. Un año después, publica el primer Manual de Psicología Jurídica y en
1934 se convierte en profesor de dicha universidad. A partir de este momento, surgen diversos autores que aportaron su conocimiento en diferentes ámbitos de esta disciplina, como José Germain, Jesús Alarcón Bravo o Muñoz Sabaté, quien junto con los profesores Bayés y Munné, publica el libro Introducción a la Psicología Jurídica, en 1980. En este ofrecen una definición de la misma como “una rama de la Psicología que busca aplicar los métodos y los resultados de la psicología pura, y especialmente de la experimental, a la práctica del derecho (…) con estricta fidelidad al derecho positivo”.
En 1987 se crea la sección de Psicología Jurídica en el Colegio Oficial de Psicólogos, y la definen de la siguiente forma:
Especialidad que desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del Derecho y la Psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación, evaluación y tratamiento. Comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y, en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la Psicología Científica y cubriendo por tanto los distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención.
Desde entonces han surgido una infinidad de personajes con gran influencia en el mundo de esta especialidad, y con ellos, se crearon nuevas ramas y ámbitos de trabajo, que a día de hoy se encuentran en continuo desarrollo.
La relación entre Derecho y Psicología queda latente en esta disciplina. Nace por la necesidad de intervenir en las relaciones humanas dentro de un contexto regulado por normas y leyes, al tiempo que respetando los derechos fundamentales de las personas. Así, en 1994, Miguel Clemente definió la Psicología Jurídica como “el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos, en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales se desenvuelven en ellas”.
Durante muchos años la Psicología Jurídica, especialmente la española, se redujo de manera exclusiva al campo penal. Sin embargo, en la actualidad abarca un amplio abanico de temas, aplicados a los diferentes ámbitos: civil, familiar, canónico, policial, menores, penitenciario, etc. Entre ellos se encuentra la Psicología Judicial, también llamada Aplicada a los tribunales o Psicología Forense, de especial relevancia en el presente trabajo por la temática escogida. Incluye las actuaciones de los psicólogos dentro de todas las posibles áreas del Derecho. El trabajo fundamental es el del peritaje psicológico, que consiste en realizar evaluaciones de las partes en conflicto, para ilustrar en la toma de decisiones de orden judicial, ya sea en Derecho civil, administrativo, laboral, penal, etc. Uno de los ejemplos de actuación de la Psicología en esta área y dentro del Derecho Penal, es la evaluación de personas a las que se les adjudica la comisión de un delito y como defensa argumentan que padecen un trastorno mental, y requieren ser evaluados para establecer una relación causal, si la hubiera, y/o descartar simulación. Este aspecto, por ser central de este trabajo, se abordará en el siguiente apartado.
2.2. El concepto de imputabilidad y su evolución histórica en España
El término imputar, según la Real Academia de la Lengua Española, significa “atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable”. Por lo tanto, hace referencia al conjunto de características necesarias para poder atribuir a una persona el hecho típico y antijurídico cometido.
Esto nos da una base del término imputabilidad, que siguiendo a Muñoz Conde (1985):
[…] trata de saber, entender y explicar las razones últimas de porqué una persona infringe los más sagrados principios que rigen su convivencia con otras personas, pero también pretende indagar las bases morales y filosóficas que legitiman el que alguien pueda ser castigado por sus semejantes. O, dicho de otra manera, el concepto de imputabilidad, que tiene una base psicológica, comprende el conjunto de facultades psíquicas mínimas que debe poseer un sujeto autor de un delito para ser declarado culpable del mismo.
Define el grado de normalidad psíquica de una persona, entendida como el ajuste a unas normas estadísticas de actuación, sentir y pensar, cuando ésta resulta posible objeto de una sanción penal en el caso de ser autora de un hecho delictivo o una falta. Sinónimos de este concepto son los términos Responsabilidad o Capacidad penal, que podrán encontrarse indistintamente en este trabajo de aquí en adelante.
De forma más sencilla, Enrique Orts (2008) la delimita se la siguiente
En términos generales, la imputabilidad se define como la capacidad de entender, valorar y actuar consecuentemente. Por lo tanto, en primer lugar requiere la capacidad de entender y valorar la naturaleza e ilicitud del hecho realizado. En segundo término precisa también la capacidad de poder actuar según esa apreciación, valoración o comprensión. Así pues, hace referencia a las capacidades físicas, biológicas, psíquicas y psicosociales de una persona en el momento de cometer el hecho. La imputabilidad […] es equivalente a la capacidad de comprender lo que se está haciendo, de entender que la conducta es contraria a Derecho y de poder dominar o controlar este comportamiento.
Siguiendo esta definición, se puede afirmar que la capacidad penal se basa en el principio de libertad humana, que defiende que una persona es responsable penalmente en la medida que goza plenamente de sus capacidades mentales y, por tanto, es capaz de autodeterminarse o adaptarse al entorno (lo que se ha determinado como normalidad).
De las definiciones se desprende que la imputabilidad es un concepto jurídico-penal de origen psicológico, que necesita de la evaluación de profesionales de la salud mental para determinar las bases que indicarán si una persona podrá ser declarada responsable de un hecho ilícito, tarea propia esta última, de los magistrados o jurados populares.
2.2.2. Criterios de valoración y su adaptación en las leyes españolas
Tras definir la imputabilidad, debemos plantearnos cómo se ha de determinar si un sujeto es capaz de comprender lo que hace y actuar conforme a dicha comprensión, una tarea que no resulta fácil. Para llegar a ello, primero describiremos los diferentes avances que han existido en torno al concepto y la jurisprudencia española y las aportaciones de diferentes autores, para posteriormente detenernos en el Código Penal español actual y hacer una crítica a los preceptos establecidos.
Para configurar los supuestos de inimputabilidad debido a problemas psíquicos, tradicionalmente se han utilizado tres fórmulas legislativas:
Fórmula biológica – atiende únicamente a la enfermedad, trastorno o anomalía del sujeto que comete un hecho típicamente antijurídico. Esta fue la utilizada en todos los Códigos Penales de nuestro país, hasta 1928.
Fórmula psicológica – se limita a indicar las consecuencias psicológicas que jurídicamente son relevantes para calificar a un sujeto como inimputable, con independencia de las causas o factores que las provocan.
Fórmula mixta – combinación de las dos anteriores, exige causas biopatológicas que produzcan determinados efectos psicológicos traducido en la incapacidad de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión.
A lo largo de los años, estas fórmulas han estado presentes, influyendo de manera directa en la redacción de las leyes españolas, basadas en normas establecidas en países vecinos, que se describen a continuación.
– La Ley del policía al lado, enunciada en Inglaterra en 1922, que establece que “una persona no sería responsable de un acto si lo comete bajo un impulso incapaz de resistir debido a una enfermedad mental”. En esta solo se menciona la parte volitiva del sujeto, definida por acciones impulsivas, dejando de lado las facultades cognitivas, que pueden constituir el antecedente de dichos impulsos.
– También en Inglaterra, en 1943 se enunciaron las llamadas Reglas de Mc Nagthen, que plantean que el sujeto no es imputable si “en el momento de ejecutar el acto, el acusado actúa bajo el influjo de un trastorno de la razón, de una enfermedad mental que le impide conocer la naturaleza y consecuencias del acto o, si las conocía, no sabía que lo que hacía estaba mal”. Para estas, lo decisivo son los trastornos de las facultades cognitivas, no pronunciándose sobre la valoración de la voluntad o capacidad para dirigir la conducta (fórmula psicológica).
– Finalmente, en Estados Unidos (1954), se enunció la Norma de Durham, que establece que “un acusado no es responsable penalmente si su acto ilegal fue producto de enfermedad o alteración mental”. No exige una correspondencia exacta entre el delito y el trastorno mental diagnosticado, ni que influya en la capacidad de comprensión del individuo, basta con que exista un estado de enajenación mental (fórmula biológica).
En España, a partir del CP de 1928, se ha adoptado una fórmula mixta. Así, en su artículo 55 demandaba que:
Es irresponsable el que, en el momento de ejecutar la acción u omisión punible, se hallare en estado de perturbación o debilidad mental, de origen patológico, que prive necesariamente y por completo a su conciencia de la aptitud para comprender la injusticia de sus actos, o a su voluntad para obrar de acuerdo con ella, siempre que no se hubiere colocado en ese estado voluntariamente.
Por primera vez se postula que debe existir anomalía o alteración psíquica (base psicopatológica), que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (efecto psicológico). No es suficiente con que exista un trastorno mental, éste debe estar relacionado con el hecho que se ha cometido (etiopatología del delito) y darse en el momento de realizar la acción penal. Ahondaremos en los principales trastornos en el siguiente apartado.
Con todo lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que una persona era imputable en el momento de cometer el delito cuando tenía la capacidad de entender y valorar la naturaleza e ilegalidad del hecho realizado, y además, la capacidad de poder actuar según esa apreciación. La imputabilidad, según Gisbert- Calabuig (2000), requiere:
 Un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico (que en el momento de la ejecución del hecho se posea un desarrollo intelectual adecuado, maduro).
 Plena conciencia de los actos que se realizan (que posea discernimiento de sus conductas en el momento de la ejecución del hecho).
 Capacidad de voluntariedad (de elegir o poder escoger entre los diversos comportamientos).
 Capacidad de libertad (libre albedrío).
Se concluye que la capacidad cognitiva (inteligencia y discernimiento) y volitiva (voluntad, libre albedrío), son las bases psicológicas de la imputabilidad. Por lo tanto, desde un punto de vista psicopatológico, para que un acto no sea imputable a un acusado, se requiere que estén afectados uno o más de los condicionantes enumerados anteriormente, y es aquí donde entra en juego la función de un profesional para evaluarlos.
Para admitir que el acusado ha perdido la yoidad, se requiere una desorientación autopsíquica, es decir, el desconocimiento o la ignorancia de su propia identidad. Respecto a la conciencia, puede padecer alteraciones cualitativas y cuantitativas, que motiven un estado de obnubilación, confusionismo o ideación-percepción patológica, que estrechen el campo en grado suficiente como para desconocer la realidad de los hechos. El deterioro de la inteligencia, provoca en el individuo un desconocimiento entre lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo ético y lo moral, y en definitiva, el conocimiento necesario para elaborar un juicio lógico de la acción y repercusión de su conducta. Finalmente, la voluntad puede verse anulada o disminuida, por estados anímicos específicos, generalmente de necesidad o emocionales.
Teniendo en cuenta los dos componentes básicos de la imputabilidad, caben tres posibilidades jurídicas:
 Si se determina que la persona posee capacidad cognitiva y volitiva, se declarará como imputable, pues se le considera capaz de entender y valorar el significado antijurídico de su conducta y de poder actuar en consecuencia.
 Si conserva su capacidad cognitiva pero no la volitiva, se dirá que es semi-imputable, pues no es capaz de evitar realizar el acto delictivo, a pesar de conocer la ilegalidad del mismo.
 Si ambas capacidades están ausentes o completamente mermadas, esa persona será inimputable, ya que si no es capaz de entender su conducta, tampoco puede controlarla voluntariamente.
Nuestro CP vigente, basado en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, no establece los motivos de imputabilidad, sino que enumera las causas de exención o atenuación de la capacidad penal, descritas en los capítulos II y III del mismo. Se recogen en los artículos 19, 20 y 21 e incluyen, de manera resumida, la minoría de edad, las anomalías psíquicas, la intoxicación y las alteraciones en la percepción de la realidad.
Debido a la temática del presente trabajo, nos detendremos únicamente en el título 1º del artículo 20, que define los trastornos mentales como causa de exención de la responsabilidad criminal. Para mayor información sobre los demás artículos y apartados, consultar el CP español de 1995.
→ Art. 20, están exentos de responsabilidad criminal:
A continuación analizamos las definiciones de los términos por separado, dadas por Esbec Rodríguez (2000).
Por anomalía, el legislador se refiere a defectos o disfunciones congénitas o precozmente adquiridas (retraso mental, trastornos del desarrollo, trastornos de la personalidad, etc.).
Por alteración se refiere a trastorno mental de nueva aparición, en una mente previamente sana y bien desarrollada (ej. demencias).
En ambos casos, la eximente contempla única y exclusivamente, las anomalías o alteraciones de carácter psíquico (no pudiendo considerarse como tal ninguna enfermedad física). Y si bien se han hecho distinciones entre los dos conceptos, tal como afirma Carrasco Gómez (1998):
[…] no son enteramente distintos, pues se emplean indistintamente y existe una yuxtaposición entre ambos […] son conceptos que comparten la denominación más actual de las enfermedades mentales en las clasificaciones internacionales (DSM-IV-TR y CIE-10) como es la de trastorno. La necesaria falta de límites de todas esas denominaciones hace que, en relación con el Art.
20 del CP y, desde el punto de vista médico, no exista ninguna restricción diagnóstica para que puedan entrar en consideración como causas eximentes todo tipo de trastornos.
El Trastorno mental transitorio, en principio se diseñó para las llamadas “reacciones exógenas” y posteriormente se ha aplicado a otros cuadros. El Tribunal Supremo exige para su apreciación: brusca aparición; irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades intelectivas y/o volitivas; breve duración; curación sin secuelas y que no sea autoprovocado para delinquir. Es decir, ha de existir una causa patológica del psiquismo, definida como cualquier clase de anomalía o alteración psíquica, que produzca como consecuencia la imposibilidad de comprender la ilicitud del hecho o de obrar conforme a esa comprensión. Esta doble exigencia, de naturaleza biológicopsicológica y psíquiconormativa, es, tal como se comentaba más arriba, la base del concepto de imputabilidad.
Esta nueva regulación de la eximente de anomalía o alteración psíquica supone una ruptura total con la línea trazada en materia de inimputabilidad por el artículo 8.1º del anterior CP (1944), que eximía de responsabilidad criminal al enajenado y al que se hallase en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste hubiera sido buscado de propósito para delinquir. Las principales novedades introducidas por el artículo 20.1º CP son: un cambio en la terminología que repercute en la propia concepción de la eximente (el antiguo CP hablaba de “enajenación” y el actual de “anomalía o alteración psíquica”); la modificación de la antigua eximente de enajenación y trastorno mental transitorio (mención individualizada en el segundo párrafo de dicho artículo del CP actual); se separan las circunstancias de intoxicación por consumo de sustancias tóxicas y síndrome de abstinencia en un artículo diferente (en el antiguo CP se encontraban incardinadas dentro de la enajenación); la posibilidad de aplicar medidas de seguridad también a los supuestos de trastorno mental transitorio; la adaptación de una fórmula legislativa mixta, que introduce el efecto psicológico que la anomalía o alteración psíquica debe producir en el afectado (sin duda la aportación más importante). A estos dos requisitos se unen dos más, consistentes en la actualidad de la anomalía o alteración psíquica que el sujeto debe padecer en el momento que ejecuta la acción criminal (requisito temporal o cronológico) y la existencia de una relación de causalidad entre la anomalía y el hecho cometido (la más importante).
2.2.3. Controversia en torno al concepto de imputabilidad
Puede intuirse de lo dicho hasta ahora, que el término imputabilidad no ha estado, ni está, exento de controversia. En el momento en que se define como la capacidad del sujeto para comprender y actuar según esa comprensión, psicólogos, médicos, psiquiatras y otros profesionales, comienzan a pronunciarse sobre la dificultad que encarna.
Determinar la capacidad de voluntad, o lo que es lo mismo, la aptitud para autodeterminarse o autogobernarse, es una cuestión muy compleja fundamentalmente por la dificultad de su medición, ya que es muy complicado poder evaluar algo tan poco aprensible y medible como es la tensión o fuerza vivida como irresistible.
Este comentario de Carrasco Gómez y Maza Martín (2005), deja en evidencia algunos de los obstáculos con los que se encuentran los peritos a la hora de esbozar su opinión profesional sobre el imputado en cuanto a la capacidad volitiva incluida en el concepto de imputabilidad.
Importantes autores como Muñoz Conde y más recientemente Mateo Ayala, Iglesias Río y Martínez Garay, consideraron el art. 20.1 CP excesivamente restrictivo en lo que a su elemento normativo se refiere, por dejar fuera de su ámbito de aplicación todas aquellas alteraciones que no afectan a la inteligencia o a la voluntad (por ejemplo, alteraciones de la memoria, de la afectividad, del pensamiento, de la motivación y de la percepción).
Muñoz Conde critica que únicamente se tengan en cuenta las facultades intelectuales y volitivas para determinar la imputabilidad, ya que las alteraciones de otras importantes capacidades psíquicas también pueden tener un papel determinante. Propone que el concepto de imputabilidad ha de ser enmarcado en la biografía del individuo y estar referido a una estructura social determinada, ya que considera que es la consecuencia del proceso de socialización que inicia un sujeto desde su nacimiento y que continúa a lo largo de la vida mediante la internalización de las normas, sociales y jurídicas. Por lo tanto, concluye, cualquier alteración de ese proceso socializador ha de ser tenida en cuenta a la hora de formular un juicio de valor sobre el comportamiento del individuo, afecte o no a la inteligencia o capacidad para determinarse.
Mateo Ayala habla de discriminación a ciertos trastornos, por no ser recogidos en el art. 20.1 CP, en los que también se ven mermadas ciertas facultades psíquicas, distintas a la inteligencia o voluntad.
Iglesias Río pone de manifiesto un distanciamiento entre la formulación del art. 20 CP y las nociones científicas vigentes sobre la imputabilidad como un conjunto de cuatro conceptos: inteligencia, voluntad, conciencia y yoidad (a lo que ya hemos hecho referencia anteriormente), ya que el CP atiende únicamente a las dos primeras.
Finalmente, Martínez Garay, considera insuficientes y poco exactas, las referencias a la afectación de las dos facultades descritas. Propone ampliar el concepto de inteligencia por el de “sistema cognitivo o capacidades cognitivas”, ya que incluye otras funciones como la percepción, atención, memoria, imaginación, etc. Sobre la voluntad, comenta que desde la Psicología no se utiliza como sinónimo de “libre albedrío” y “por ello es arriesgado mantenerlo como criterio para valorar la imputabilidad, porque probablemente tiene para el perito y para el juez, significados muy distintos”.
A pesar de las críticas, destacar que el art. 20.1 supuso un cambio importante en la jurisprudencia española, pues en comparación con el art. 8.1 (1994), en el que para aplicar la eximente se exigía que el sujeto tuviera totalmente abolidas sus facultades intelectuales o volitivas, actualmente se aprecian diferentes grados de afectación, no siendo necesario una ausencia total de conciencia, sino una “pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones…”. Además, el abandono del concepto de enajenación mental por el Código vigente ha sido valorado por la doctrina como muy positivo. La adopción de los términos “anomalía” y “alteración” ha sido muy elogiada por carecer estos de sentido peyorativo, ser más médicos y clínicos, más flexibles, a la vez que más utilizados en la práctica.
2.3. Los trastornos mentales
2.3.1. Definiciones y técnicas de evaluación
Las definiciones de los trastornos psicológicos han variado a lo largo de la historia e incluso en la actualidad no existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto. En un principio se entendían como posesiones demoníacas, luego se pasó a la hipótesis biológica y se definían como retraso o enfermedad mental y posteriormente se incluyeron patologías de diversa índole dentro de la terminología que nada tenían de trastorno (como por ej. la homosexualidad). Hoy en día podemos decir que en general son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del que proviene la persona. Se puede tratar de anomalías en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.
El Sistema Oficial de clasificación de la OMS, CIE-10, define el trastorno psicológico o mental como “la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar e interfieren con la actividad del individuo” (1992). como:
La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) define el trastorno mental
Un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (por ej. dolor), a una discapacidad (ej. deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad […]. No debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular (ej. muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado (por ej. político, religioso o sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción (1994).
Si bien ha habido desacuerdos, finalmente, tanto el CIE como el DSM, han incluido en la clasificación de los trastornos mentales, a los de la personalidad, a pesar de su dudosa validez y fiabilidad a la hora de diagnosticar algunos subtipos.
De las definiciones se desprende que para poder diagnosticar los trastornos psíquicos, previamente se ha de conocer y comprender el funcionamiento normal de la persona. No es posible identificar qué es lo que va mal en su actividad si no se dispone de una clara idea sobre cómo funciona la persona, para lo cual es importante plantear un esquema del método de evaluación que vamos a seguir. En el caso de la exploración pericial en la imputabilidad del enfermo psíquico (así como en otros supuestos), se hará un estudio detallado de la petición, se realizará una entrevista clínica y se observará la conducta de la persona. En base a lo explorado hasta el momento, se formularán las hipótesis pertinentes, se aplicarán las técnicas psicométricas y psicodiagnósticas oportunas para posteriormente recopilar los datos obtenidos e integrar los resultados, realizar un esquema y elaborar un informe con unas conclusiones claras sobre el imputado.
El perito ha de intentar comprender el por qué de la conducta del individuo e identificar la existencia o no de una patología o alteración que le impida comprender la ilicitud del acto cometido. Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, la imputabilidad consta de dos conceptos básicos que han de ser analizados por los expertos: la capacidad de comprensión y de actuar conforme a dicho entendimiento. Para ello contamos con una gran cantidad de técnicas.
La entrevista psicológica es la herramienta o método de evaluación estándar y más efectiva. En ella estableceremos el primer contacto con el sujeto y podremos establecer una alianza terapéutica para obtener la información que necesitamos en un clima de confianza. Nos ayuda a familiarizarnos con los principales rasgos y características del individuo mediante la realización de su historia clínica, y a determinar la necesidad o no de aplicar otras técnicas complementarias, cuáles y con qué fin, haciendo a su vez uso de la observación.
Los avances en la metodología e investigación psicológica nos han brindado una serie de inventarios, cuestionarios y test, dirigidos a cuantificar o clasificar diferentes rasgos de la persona, relevantes para las periciales forenses en este ámbito. Se escogerán bajo el principio forense que marca máxima objetividad, media descripción y mínima inferencia. En el ámbito forense son las medidas de la inteligencia, la personalidad y el estado de salud mental o clínicas las que con mayor frecuencia se utilizan, debido a las características de las demandas solicitadas. Es importante tener en cuenta que ante esta población, la aplicación y uso exclusivo de pruebas psicométricas no parece lo más acertado, por la poca disposición de los acusados, por la tendencia a manipular, engañar y simular y porque suelen preguntar a menudo sobre los ítems haciendo que el psicólogo intervenga en gran medida.
Entre las técnicas más utilizadas para medir la inteligencia del sujeto encontramos: la Escala General de inteligencia de Wechsler WAIS III; el Test Breve de Inteligencia de Kaufman K.BIT; el Test Beta de Kellog y Morton; entrevistas y test neurológicos (MINI, SCAN, IPDE…); etc., si bien la entrevista suele darnos un indicador del nivel madurativo del peritado.
Las pruebas de personalidad más extendidas para determinar la existencia o no de un estado patológico son: Inventario Multiaxial Clínico de Millon MCMI-III (también en su versión para adolescentes y adultos jóvenes MACI); Inventario Multifásico de Personalidad de Minesota, Hathaway MMPI-2; Cuestionario Factorial de Personalidad de Cattell 16PF (actualmente la 5ª edición); Cuestionario de Personalidad de Eysenck EPQ-R; algunas técnicas proyectivas; etc. En todas ellas encontramos índices de los rasgos o características del evaluado, normalmente separados por gravedad o grado de afectación a la persona. Suelen ser útiles para descartar simulación y comprender en mayor profundidad las motivaciones del individuo.
Si bien es importante tener en cuenta las herramientas con las que cuenta el psicólogo forense, no es el objetivo del presente trabajo detenernos en las técnicas de evaluación del imputado, por lo que seguiremos adelante con la descripción de los principales trastornos.
2.3.2. Principales síndromes clínicos
A continuación se detallan únicamente los principales síndromes clínicos (Eje I) que han tenido repercusión a nivel legal en la imputabilidad. Se describen según los criterios definidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association, DSM-IV-TR de 2001.
No se hará especial hincapié en la descripción clínica de cada trastorno, por no encontrarse entre los objetivos y por no ser este trabajo de temática de Psicología clínica, sino de Jurídica. Se apartan los trastornos derivados del consumo de sustancias tóxicas, por pertenecer, en la práctica forense, al ámbito de la Psiquiatría.
Retraso mental (Oligofrenias)
Se caracteriza por un déficit de la inteligencia y de la personalidad del sujeto en general, presente desde el nacimiento o durante la etapa del desarrollo del individuo, y en cualquier caso, antes de alcanzar los 18 años de edad. La característica esencial es una capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia (comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud o seguridad).
II. Delirium y demencias
Alteración de la conciencia que se acompaña de un cambio de las funciones cognoscitivas. Se desarrolla a lo largo de un breve período de tiempo, habitualmente horas o días y tiende a fluctuar a lo largo del día. Se caracteriza por confusión, desorientación tempo-espacial, alteración del lenguaje y la memoria y presencia de alucinaciones, de origen exógeno, que no se explica por la existencia de una demencia. Puede ser debido a enfermedad médica, consumo o abstinencia de sustancias o combinación de ambas.
Mención aparte merece el llamado Delirium tremens, cuyo origen es la ausencia de una sustancia, generalmente el alcohol, tras un consumo elevado y prolongado. Se caracteriza por una agitación psicomotriz acompañada de alucinaciones, lo que da lugar a la sensación de terror, una desorientación temporo-espacial y afectación del estado orgánico del sujeto.
Trastorno mental orgánico de etiología múltiple que da lugar a déficit cognitivos, motores y sociales, así como a cambios en la personalidad del sujeto. Se puede deber a efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica, de una sustancia u otras etiologías.
Como trastorno psicótico que es, su proceso de instauración conlleva una alteración cualitativa y debilitamiento de la vida psíquica, presentándose en general, un abatimiento de la memoria, con una afectación del pensamiento, inteligencia, orientación, comprensión del cálculo, la capacidad de aprendizaje, del lenguaje, etc.
La más común es la de tipo Alzheimer seguida por la Demencia Vascular. Otros ejemplos son enfermedad de Huntington, de Creutzfeldt-Jakob, de Pick, etc.
III. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Enfermedad psíquica de carácter permanente que implica distorsiones de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Es una verdadera psicosis endógena, considerada como la imagen arquetípica del enajenado.
Se trata de una mezcla de signos y síntomas peculiares (ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado, a la vez que aplanamiento afectivo, alogia y abulia, entre otros), que han de estar presentes por lo menos 1 mes, asociado a disfunción social y/o laboral. Aunque las funciones intelectuales básicas se mantienen intactas, frecuentemente se encuentran indicadores de disfunción cognoscitiva. Existe una escisión de la personalidad, de modo que, si bien el sujeto puede conservar su inteligencia, memoria, afectos, sentimientos, etc., comportándose con aparente normalidad en ocasiones, no puede hacer uso de esas facultades porque hay otras funciones psíquicas, que no reconoce como suyas porque las atribuye a fenómenos extraños a su persona.
Entre las diferentes formas que presenta la esquizofrenia, encontramos: A) Tipo Paranoide – presencia de ideas delirantes, alucinaciones
(principalmente auditivas) asociadas al delirio padecido, de persecución y grandeza mayormente. Puede tener un comienzo paulatino o brusco, en el que el individuo cambia radicalmente su comportamiento en días e incluso en horas. Suele predominar el humor delirante y la angustia, después el recelo, la desconfianza y la hostilidad.
B) Tipo Desorganizado – forma precoz y de comienzo lento que supone un embotamiento afectivo, acompañado de risas insulsas o sonrisas absortas indicativas de una satisfacción personal, de un modo despectivo de actuar, muecas, burlas, manierismos, lenguaje y comportamiento desorganizado y afectividad aplanada o inapropiada. También se da una profunda desestructuración de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto como consecuencia de su alteración psíquica.
C) Tipo Catatónico – la característica principal es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad (catalepsia), actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo, adopción de posturas extrañas, ecolalia o ecopraxia, princi
D) Tipo Indiferenciado – cumple los criterios generales de la esquizofrenia, pero no los rasgos de los otros tipos clasificados, manifestando una frialdad afectiva y cursando episódicamente con remisiones c
E) Tipo Residual – debe utilizarse cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero actualmente no existen síntomas psicóticos posi Es un trastorno tendente a la cronicidad, difícil de diferenciar de la forma latente de esquizofrenia. Si existen alucinaciones o ideas delirantes, no son muy acusadas ni se acompañan de una carga afectiva fuerte.
Las características son idénticas a las de la esquizofrenia (síntomas positivos y negativos), pero no requiere que exista deterioro de la actividad social o laboral y la duración es de al menos 1 mes y menos de 6 meses. Siguiendo el criterio temporal, se encuentra a medio camino entre el trastorno psicótico breve y la esquizofrenia.
La característica esencial es un período continuo de enfermedad durante el que se presenta en algún momento un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto, simultáneamente con síntomas positivos o negativos de la esquizofrenia. Además, durante ese período se observan alucinaciones o ideas delirantes durante al menos 2 semanas, con síntomas afectivos acusados. Las características principales deben presentarse dentro de un único período continuo de enfermedad.
También llamado paranoia, consta de la presencia de una o más ideas delirantes que persisten durante al menos 1 mes, de índole no extraña y en ausencia de síntomas positivos o negativos (principales diferencias con la esquizofrenia). Si hay alucinaciones visuales o auditivas, no son importantes, y puede haber alucinaciones táctiles u olfatorias en relación con el tema delirante. Excepto por la consecuencia directa de las ideas delirantes, la actividad psicosocial no está significativamente deteriorada y el comportamiento no es raro ni extraño. Presenta distintas formas, entre las que destacan el de grandiosidad, erotomaníaco, celotípico, persecutorio, de autoreferencia, etc.
 Trastorno psicótico breve – alteración que comporta el inicio de súbito de, por lo menos, uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, o comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. El episodio dura por lo menos un día pero menos de un mes y el sujeto acaba recuperando por completo el nivel anterior de actividad.
 Trastorno psicótico compartido- se desarrolla una idea delirante en un sujeto implicado en una relación estrecha con otra persona, que padece un trastorno psicótico con ideas delirantes. El sujeto pasa a compartir las creencias delirantes del caso primario en parte o en su totalidad. Pueden ser ideas relativamente extrañas, congruentes con el estado de ánimo o no extrañas como en el trastorno delirante.
 Trastorno psicótico debido a enfermedad médica
 Trastorno psicótico inducido por sustancias
 Trastorno bipolar I: curso clínico caracterizado por uno o más episodios maníacos (estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, durante al menos 1 semana, acompañado de aumento de la autoestima o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, verborrea, fuga de ideas, agitación psicomotora, etc.) o mixtos (combinación de un episodio maníaco con uno depresivo mayor al menos 1 semana, que se alternan con rapidez). También es frecuente que aparezca uno o más episodios depresivos mayores.
 Trastorno bipolar II: curso clínico caracterizado por la aparición de uno o más episodios depresivos mayores, acompañados por al menos un episodio hipomaníaco (estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos
4 días, junto con una exagerada autoestima, disminución de la necesidad de dormir y verborrea).
 Trastorno ciclotímico: alteración del estado de ánimo crónica y con fluctuaciones que comprende numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, sin llegar a darse un episodio maníaco ni depresivo mayor. Durante un período de 2 años, no existen intervalos libres de síntomas de más de 2 meses. No se debe a sustancias o enfermedad médica.
Presencia de obsesiones (pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes, que la persona reconoce como propios e intenta suprimir) y/o compulsiones (comportamientos o actos mentales repetitivos, que el sujeto se ve obligado a hacer en respuesta a una obsesión, para reducir el malestar que esta ultima le provoca), de carácter recurrente, lo suficientemente graves como para provocar un malestar clínico y pérdidas de tiempo, significativos. Esas obsesiones y compulsiones son exageradas e irracionales, y no se debe a los efectos de una sustancia o enfermedad médica.
Antes personalidad múltiple. Existencia de dos o más identidades o estados de la personalidad (cada uno con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí mismo), que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. Existe una incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para ser explicada a partir de un olvido ordinario. La gente con este trastorno puede manifestar síntomas postraumáticos (pesadillas, flashbacks, sobresaltos), puede aparecer automutilación y comportamiento suicida y agresivo, y algunas identidades manifiestan síntomas de conversión.
VII. Trastorno sexuales y de la identidad sexual
Presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban: objetos no humanos, el sufrimiento o humillación de uno mismo o la pareja, niños u otras personas que no consienten. Se presenta durante al menos 6 meses. Para algunos individuos, las fantasías o estímulos de tipo parafílico son obligatorios para obtener excitación y se incluyen invariablemente en la actividad sexual.
Entre las existentes han sido el Exhibicionismo (exposición de los propios genitales a una persona extraña, con inclusión en ocasiones de masturbación), la Pedofilia (actividades sexuales con niños prepúberes) y el Sadomasoquismo (prácticas sexuales que incluyen infringir o padecer dolor, humillación o esclavitud), las que se encuentran recogidas en la jurisprudencia por poder producir modificaciones en la imputabilidad de los sujetos.
VIII. Trastornos del control de los impulsos
Dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun cuando no sea necesario para el uso personal o por su valor económico. El individuo experimenta una sensación de tensión creciente antes del robo, seguida de bienestar, gratificación o liberación cuando lo lleva a cabo.
Presencia de múltiples episodios de provocación de incendios de forma deliberada e intencionada. Los individuos con este trastorno experimentan tensión o activación emocional antes de provocar el incendio. Existe una fascinación por, un interés en, una curiosidad acerca de, o una atracción por el fuego y sus contextos.
También conocido como “ludopatía”. Se trata de un comportamiento de juego, desadaptativo, persistente y recurrente, que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional. El ludópata se preocupa excesivamente por el juego; tiene necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para estar satisfecho; fracasa en los intentos por controlar el juego; se irrita cuando intenta interrumpir su conducta; etc., cumpliendo con todos los criterios de una adicción.
2.3.3. Principales trastornos de la personalidad
En este apartado, nos centraremos exclusivamente en aquellos Trastornos de la personalidad (Eje II) que más relevancia han tenido a nivel forense, por tener una relación directa o indirecta con la comisión de actos antijurídicos.
Personas con un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas, en diferentes contextos (creen que les van a engañar, que se aprovecharán de ellos, que irán en su contra, etc.)
Debido a las características que los definen, suelen ser litigantes, pueden tener ideas celotípicas o de conspiración, lo cual les lleva a cometer amenazas, insultos, lesiones por agresión, homicidios, delitos de desacato, injuria, etc. Resultan muy peligrosos como maltratadores domésticos.
La característica esencial es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza en la edad adulta y se da en diversos contextos.
Esto se traduce en una dificultad para conocer y asumir las normas sociales y la tendencia a comportamientos extravagantes, si bien raramente cometen delitos graves o violentos.
III. Trastorno antisocial de la personalidad
Patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Las personas que lo padecen utilizan el engaño y la manipulación habitualmente.
Este trastorno también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial. Sin embargo el antisocial puede ser psicópata o no, según padezca o no de déficit afectivo.
Mienten, manipulan, amenazan, no les motivan las normas. Pueden verse implicados en hurtos, robos, estafas, agresiones físicas y sexuales y homicidios.
Se trata de un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos.
La marcada tendencia a la impulsividad, unida a la inestabilidad emocional, dan lugar a una capacidad de planificación prácticamente nula, siendo frecuentes arrebatos de ira que conduzcan a reacciones violentas originadas por motivos insignificantes.
La característica esencial es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención, que comienza en la edad adulta y se da en diferentes contextos. Las personas con este trastorno no están cómodas o se sienten despreciadas cuando no son el centro de atención. En general son vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo al principio seducir a las personas a su alrededor por su entusiasmo, ser aparentemente muy abiertos y seductores.
Las llamadas de atención y afán de notoriedad, características de este trastorno pueden desembocar en violaciones falsas o reales con el fin de adoptar el papel de víctima.
En primer lugar, se pretende situar al lector en el contexto del tema a tratar, para lo cual se ha recurrido a realizar un breve repaso histórico por los inicios de la Psicología Jurídica y posteriormente, definir y analizar los principales términos de relevancia como son la imputabilidad y los trastornos mentales. Una vez establecidos los parámetros en los que se centrará este trabajo, se pasará a realizar una revisión de los trabajos más significativos (artículos, estudios, tesis, etc.), buscando cuáles son los principales trastornos que se han evaluado, sus características y su influencia en el grado de responsabilidad penal del imputado.
Se trata de buscar similitudes y discrepancias entre los diferentes autores que han estudiado la cuestión, observar si existe un acuerdo general sobre la forma de evaluar a los peritados, cuáles son las técnicas más extendidas, los principales hallazgos en torno a los trastornos y las propuestas hechas por los profesionales de cara a futuros estudios, para, finalmente, establecer nuestras propias recomendaciones.
Mediante el análisis de sentencias del Tribunal Supremo y de casos prácticos reales, se evaluarán los acuerdos y desacuerdos entre diferentes profesionales de la Psicología y el Derecho y se estudiarán las medidas legales adoptadas con las personas a las que se les ha empleado una eximente o atenuante por aplicación de los artículos 20 y 21 del actual CP español. Se trata de hacer una crítica objetiva al trato que los enfermos mentales encarcelados han recibido, haciendo especial hincapié en la importancia de la atención psicológica y de una correcta intervención para la prevención de futuros delitos.
Finalmente, se pretende unificar los hallazgos encontrados para hacer una reflexión global y redactar una propuesta de mejora en el tratamiento de los declarados inimputables o semi-imputables, según la anomalía o alteración psíquica que presenten y sus características particulares de personalidad.
4.1. Implicaciones forenses a nivel penal y tratamiento jurisprudencial de los trastornos mentales
En este apartado se pondrá de manifiesto las implicaciones forenses que han tenido las distintas alteraciones a las que hemos hecho referencia en el apartado 2.3. Seguidamente se hará mención de algunas sentencias relevantes dictaminadas por el Tribunal Supremo en referencia a cada trastorno o grupo de trastornos. Siguiendo los objetivos del trabajo, únicamente nos centraremos en el ámbito penal e incidiremos en casos concretos en los que se ha procedido a aplicar la eximente (completa o incompleta) o atenuante, siguiendo las directrices del art. 20 y 21 CP.
Existe un acuerdo general entre los diferentes autores, en incluir el retraso mental en la categoría de anomalía, a la que se le puede aplicar el art. 20.1 CP. Sin embargo, refieren a los niveles de intensidad del retraso (profundo, grave, moderado y leve), considerando que las dos primeras categorías deben beneficiarse de la eximente completa, la tercera y la cuarta de la incompleta, o incluso una atenuante analógica en la última. El Alto Tribunal ha considerado que se debe determinar el cociente intelectual del sujeto para aplicar una eximente completa, incompleta, una atenuante analógica o, incluso, la plena imputabilidad, pero también ha tenido en cuenta el efecto del retraso sobre la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud del hecho y para actuar conforme a dicha comprensión. Por ello, ha exigido analizar cada caso concreto antes de emitir un pronunciamiento sobre la imputabilidad del mismo, si bien en general se suele aplicar la eximente (completa o incompleta) o atenuante.
Esto concuerda con el análisis de uno de los casos prácticos que aparece en el libro Manual de Psicología penal forense (Soria Verde et al., 2002), en el que tras establecerse una deficiencia mental y un retraso en el desarrollo madurativo de un sujeto, por ser este leve (CI de 65), el Psicólogo forense concluye que:
Antonio es una persona semi-imputable puesto que posee dificultades para el discernimiento y la capacidad de comprender la ilicitud de los hechos y de dirigir sus acciones, así como de las consecuencias que se pueden derivar (…). Si bien puede entender determinadas reglas o normas sociales, su juicio práctico en lo que respecta a la toma de decisiones o capacidad volitiva, se ve resentido primando el actuar antes que el pensar o razonar.
Sin embargo puede existir un caso de plena imputabilidad de un deficiente mental, como se plasma en esta sentencia del Tribunal Supremo: “En el mismo fundamento de derecho, guardando plena fidelidad al informe pericial, se excluye la eximente incompleta derivada del retraso mental apreciado. La naturaleza de la infracción cometida y la dinámica comisiva, permiten negar trascendencia penal a esa condición psíquica” (STS de 9 de Julio de 2012).
Podemos concluir que, en estos casos, lo definitivo es encontrar una relación de causalidad entre el nivel de afectación de la anomalía psíquica y el acto antijurídico cometido, para determinar el nivel de imputabilidad de un sujeto.
Es bastante improbable que se cometa un delito bajo un Delirium, ya que el estado de obnubilación de la conciencia que caracteriza este cuadro no suele ser compatible con ello. Puede darse omisión o negligencia, en cuyo caso al estar anuladas las capacidades cognitivas y volitivas, no existiría responsabilidad penal, permitiendo la eximente completa del art. 20.1 CP.
Cuando el delirium se produce de forma muy intensa o en personalidades predispuestas, el sujeto presentará una grave afectación de su nivel de conciencia, confusión mental, obnubilación, agitación y perturbaciones propias del automatismo psicosensorial, siendo incapaz de conocer el valor de sus actos para inhibir esas tendencias automáticas e instintivas, lo que se traduce en una incapacidad para comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión. Ahora bien, solo cuando se demuestre que la acción se produjo en un estado de delirium establecido y pleno, la inimputabilidad será total. Por ello, es fundamental determinar el grado de deterioro de las funciones psíquicas superiores para poder concretar la responsabilidad penal del sujeto.
En concreto, encontramos que no existe una gran variedad de sentencias de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, habiendo una mayoría de casos de delirium tremens, uno de los cuales podemos encontrar en la STS de 10 de Julio de 2006 en relación con un delito de incendio y amenazas:
El recurrente ha sido diagnosticado y así se declara probado, de alcoholismo crónico con episodios de delirium tremens, lo que implica la complicación más grave de ese alcoholismo crónico con profundo deterioro psíquico, […] todo ello ha podido afectar seriamente a su control sobre su comportamiento impulsivo, y a las bases de su imputabilidad -intelecto y voluntad-, sin que, por otra parte, se recoja que estuviesen totalmente anuladas. Así las cosas, no procede apreciar la eximente completa que se postula pero si una eximente incompleta.
Las Demencias totalmente desarrolladas se encuentran incluidas dentro del concepto jurídico de alteración psíquica. Cuando estas se encuentran en los primeros estadios suelen apreciarse como “enajenación” parcial y por tanto actúan como atenuantes. Una vez establecidas, y fundamentalmente en estados avanzados, no hay duda sobre su inimputabilidad, debido a la seria limitación que el déficit cognitivo provoca en el actuar.
El problema se plantea cuando el delito se comete en las fases iniciales de la demencia, donde los síntomas, o no son muy claros o se alternan con momentos de aparente normalidad y en los que el trastorno no tiene suficiente intensidad para determinar una eximente completa (no existe total acuerdo en torno a esto, existiendo autores que afirman lo contrario).
En lo penal no suelen ser autores de conductas tipificadas como delito (a no ser por desinhibición conductual) aunque si existen casos de omisiones, incumplimientos del deber o suicidio en crisis depresivas. En estos casos, sería susceptible de eximente o atenuación en función de la gravedad de las alteraciones cognoscitivas y por tanto del estadio de la demencia. Así, es más probable que sean víctimas (de maltrato, robo o abusos sexuales).
A continuación se expone un ejemplo en caso de exhibicionismo y abusos sexuales, en la STS de 28 de Junio de 2004:
[…] aceptada la incipiente anomalía psíquica de una situación de demencia senil inicial en el acusado, coetánea a los hechos, los documentos aportados por el recurrente no evidencian que esa anomalía haya producido el efecto de que aquél estuviera impedido para comprender la ilicitud de sus acciones o para abstenerse de realizar los actos que llevó a cabo, que son los presupuestos de orden fáctico necesarios para la aplicación de la eximente postulada.
Finalmente se aplicó una eximente incompleta.
Nuevamente confirmamos la necesidad de causalidad para determinar el nivel de responsabilidad de un sujeto a la hora de cometer un delito. Al ser estos dos trastornos de tipo orgánico, tendrá un gran peso el nivel de deterioro de las capacidades cognitivas superiores, pudiendo ser comprobadas fácilmente por estudios neurológicos.
Quien sufre Esquizofrenia suele delinquir con mucha frecuencia y sus delitos pueden ser en ocasiones de la máxima gravedad. Casi todos los cuadros que se producen presentan una naturaleza e intensidad suficiente como para alterar de forma profunda el mundo cognitivo del sujeto y condicionar la voluntad, provocando en el individuo afecto por este trastorno una percepción equivocada de la realidad. Por este motivo, en estos casos, el Tribunal Supremo suele aplicar una eximente completa o incompleta del art.
20.1 del CP, sin descartar una atenuante análoga, dado el residuo esquizofrénico que en estos sujetos suele quedar. Por lo tanto, no se considerará al esquizofrénico como totalmente inimputable por el mero hecho de serlo, “pues dentro de esta enfermedad, y aun comprendiendo su indiscutible gravedad, caben también graduaciones en la disminución psíquica del sujeto” (STS de 28 de Noviembre de 1990).
La de tipo Paranoide es la de mayor trascendencia a nivel forense. Debido a la presencia de ideas delirantes y alucinatorias en temas autorreferenciales, de influencia, de persecución, de grandeza, religiosos y de celos que dirigen la actividad delictiva, son enfermos peligrosos, agresivos y hostiles, pero que conservan la capacidad intelectiva. Suelen realizar conductas inmotivadas. Pueden cometer cualquier delito, pero lo más importante son los de lesiones y homicidios.
Atendiendo a la STS de 29 de Septiembre de 2005, que declara:
Según reiterada jurisprudencia y siguiendo [el criterio mixto] […], con referencia a los casos de psicosis esquizofrénica en sus distintas modalidades, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1ª Si el hecho se ha producido bajo los efectos del brote esquizofrénico, habrá de aplicarse la eximente completa del art. 20.1 CP
2ª Si no se obró bajo dicho brote, pero las concretas circunstancias del hecho nos revelan un comportamiento anómalo del sujeto que puede atribuirse a dicha enfermedad, habrá de aplicarse la eximente incompleta.
3ª Si no hubo brote y tampoco ese comportamiento anómalo en el supuesto concreto, nos encontraremos ante una atenuante analógica, como consecuencia del residuo patológico, llamado defecto esquizofrénico, que conserva quien tal enfermedad padece.
Siguiendo estos supuestos, encontramos un caso analizado en el Instituto de Medicina Legal de Valencia (2008), en el que la perito forense Rey Anastasi en su informe pericial concluye, sobre un Trastorno psicótico, que:
Atendiendo al trastorno mental, cuyos brotes y crisis se aproximan con la fecha de los hechos […], resulta muy probable que se encontrara en fase activa de la enfermedad o con presencia de síntomas (ej. ideas delirantes) que predisponen la aparición de conductas desorganizadas y disruptivas.
Inclinándose de este modo por la apreciación de una eximente de responsabilidad penal.
Al igual que en los casos de esquizofrenia, en el Trastorno esquizofreniforme se aplica una eximente completa o incompleta, con la dificultad añadida de determinar si efectivamente el sujeto se encontraba afectado por un trastorno esquizofreniforme, debido a su corto período de tiempo y a que no existe deterioro de la vida cotidiana. Normalmente se vincula al consumo de estupefacientes, por lo que la sentencia encontrada alude a ello.
El día de los hechos el procesado padecía un trastorno psicótico esquizofreniforme inducido de por el consumo continuado de cocaína […]. Dicho trastorno psicótico afecta lo suficiente al proceso mental como para distorsionar gravemente su juicio crítico y deliberativo, así como a la voluntad y libre elección de la conducta oportuna, anulando la responsabilidad e imputabilidad de las consecuencias de sus actos. (STS de 8 de Marzo de 2006).
La incidencia del Trastorno esquizoafectivo sobre la imputabilidad estará en función del grado de afección concreta sobre las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto, no debiendo excluirse en ningún caso que dé lugar a la aplicación de la eximente (completa o incompleta), puesto que el requisito biológico de la fórmula mixta ofrecida en el art. 20.1 CP, resulta plenamente satisfecho por este trastorno.
Así, encontramos un caso ilustrativo de este trastorno, donde el Tribunal Supremo, tras el análisis de los informes de médicos forenses y psiquiatras, determina una eximente completa basándose en que:
La enfermedad psíquica que padece el acusado – un trastorno esquizoafectivo tipo bipolar de varios años de evolución, en fase maníaca con efectos delirantes de control e influencia- descarta la posibilidad de que actuara con el conocimiento y voluntad propios del dolo eventual. La idea delirante de conducir en dirección contraria debido a que se hallaba convencido el acusado de que estaba siendo filmado como protagonista de una película con objeto de que los esquizofrénicos se tomaran la medicación, imposibilita que actuara con dolo eventual. Considera por tanto que debieron aplicarse los tipos imprudentes del homicidio y de las lesiones, al hallarnos ante un supuesto de culpa consciente y no de dolo eventual. (STS de 8 de Octubre de 2010).
En el caso del Trastorno delirante no resulta sencillo establecer la exención de responsabilidad, dado que no es tan selecto y el delirio puede resultar plausible, por lo que el Tribunal no aprecia una patología tan grave y puede creer conservadas sus capacidades cognitivas y volitivas. Consideran que estos sujetos conocen, saben y comprenden la injusticia de sus actos, que distinguen el bien del mal y son capaces de conducir e inhibir su voluntad, de ahí el problema de concederles la condición de inimputables. En algunas sentencias del Tribunal Supremo ha sido considerado como psicosis exógena, aunque en mayor número se ha inclinado por clasificarlo de psicosis endógena.
El siguiente problema con el que nos encontramos, es relativo a la necesidad o no de una relación de causalidad entre los hechos cometidos y el delirio, ya que este último puede afectar por completo la percepción del sujeto del mundo que le rodea, llevándole a cometer delitos que no están vinculados directamente con la temática principal de la idea delirante. Dicho problema no se encuentra resuelto en la jurisprudencia, pues si bien algunos autores consideran necesaria la relación de causalidad, otros advierten que el sujeto delirante merece ser declarado inimputable penal en todos los casos. En relación con esto, la STS de 18 de Octubre de 2002 afirma que:
[…] la conducta es un acto mental que va seguido de una acción externa que aquí tiene por objeto a una persona. Por tanto, lo que se trata de dilucidar es, en cada supuesto, la naturaleza de ese acto mental y si guardó o no relación de coherencia con él, la manifestación en que, en cada ocasión, se tradujo.
Así, tras el análisis de diversos casos, el Tribunal Supremo generalmente ha dictaminado una eximente completa cuando hay relación directa de causalidad e incompleta en caso de no haberla, así como una atenuante analógica cuando hay una leve afectación.
Siguiendo el análisis de los casos reales de que disponemos, apuntaremos al extraído del libro Casos prácticos en Psicología Forense (Vázquez Mezquita y Catalán Frías, 2008), en el que un hombre es acusado de robo y, según la forense, presenta un cuadro residual de un Trastorno delirante, donde “el informado carece de conciencia de enfermedad. Se trata de una persona con sus facultades volitivas y cognitivas anuladas, pues ni conoce la realidad ni puede actuar conforme a ella ya que se encuentra completamente mediatizado por su construcción delirante”. De esta forma, nos deja clara su postura respecto a la inimputabilidad del paciente.
En todo caso, un buen diagnóstico resulta fundamental en estos supuestos, para diferenciar la auténtica psicosis de lo que constituye un trastorno de la personalidad, de menor trascendencia, pues tienen distinto peso en la valoración de la imputabilidad.
En general presentan una baja criminalidad, cuya actividad delictiva está directamente relacionada con el estado de ánimo en el que se encuentra el sujeto. Las formas maníacas son las que más conductas antijurídicas dan lugar, dada su propensión a la violencia, siendo excepcionales las infracciones en la forma depresiva. En este último caso, si se producen, suelen tener carácter omisivo y/o imprudente (ej. maltrato por negligencia), aunque también se dan casos de suicidio u homicidios intrafamiliares. En la fase maníaca los sujetos pueden protagonizar conflictos sociales por insultos, agresiones y conductas inapropiadas, suplantación de identidad, resistencia a las fuerzas de orden público, agresiones sexuales y comercio sexual, exhibicionismo y estafas. Las infracciones estarán estrechamente vinculadas al grado de excitación del momento.
Es acuerdo común que se aplicará la exención de responsabilidad criminal si el acto delictivo ocurre durante la fase activa de un episodio depresivo mayor o maníaco, ya que “durante los mismos el sujeto puede perder contacto con la realidad y por lo tanto, el juicio crítico, o comprender fugazmente el valor real de sus actos, pero no ser capaz de inhibirlos” (STS de 15 de Marzo de 1990). Sin embargo, no queda clara la repercusión en la imputabilidad en el caso de las formas menores o atenuadas de estos trastornos (cuadros de hipomanía, trastorno ciclotímico, distímias, crisis ocasionales y breves de depresión, etc.) y en los períodos intercríticos, debiendo analizar caso por caso, cada uno de los supuestos personales, valorar los hechos, la fase cíclica en la que se encuentra el imputado, la yoidad y la conciencia. En el caso de las citadas formas menores, se habla de imputabilidad disminuida en grado variable, dependiendo de la intensidad del trastorno y de la relación con un hecho determinado, ya que a la limitación psíquica se añade una incapacidad de inhibición. Sobre las fases intercríticas aún no existe acuerdo, habiendo autores que abogan por una atenuante análoga y otros por una total imputabilidad.
Del análisis de las sentencias del Tribunal Supremo se desprende la dificultad de determinar que la persona se veía afectada por un brote agudo de un Trastorno del estado de ánimo:
Aunque la redacción de la sentencia pudiera inducir a error, lo cierto es que el dictamen forense no es la razón fundamental de la no apreciación de la atenuante o eximente. En ese dictamen se constata la inexistencia, en el momento del reconocimiento, de cualquier déficit relevante en la capacidad del sujeto, lo cual permite establecer que la enfermedad no había causado limitaciones permanentes en sus facultades, incluso fuera de los periodos álgidos de manía o depresión. Lo relevante es, en realidad, que el perito que afirma la existencia del padecimiento no puede asegurar sobre bases objetivas que en el momento de los hechos la fase de la enfermedad le impidiera conocer la ilicitud del hecho o ajustar su conducta a esa comprensión, como exige el Código Penal (STS de 7 de Junio de 2011).
Gisbert Calabuig y Sánchez Blanque (2005), señalan que la ansiedad y la angustia, propias de los trastornos de ansiedad, pueden dar lugar entre otros, a delitos contra la libertad sexual, de orden socioeconómico, etc. Sin embargo, la presencia de un TOC no suele incidir en la responsabilidad de un sujeto, pues se cree que su capacidad cognitiva esta conservada, pudiéndose encontrar afectada la capacidad volitiva o motivacional en casos de grave intensidad, a causa de impulsos irresistibles, llegando a conformar la eximente incompleta al considerarlo un trastorno mental transitorio, incluido en el art. 20.1 CP.
Siguiendo esta línea, la STS de 19 de Diciembre de 1983 dictamina que:
[…] en este trastorno la conciencia de los actos está perfectamente conservada y lúcida, pero se produce en estos sujetos una lucha violenta y dramática entre la voluntad y la idea obsesiva, de la que no siempre salen victoriosos los frenos inhibitorios de aquella […] y en estos casos puede hablarse de un déficit de voluntad o de una débil respuesta inhibitoria a la situación obsesiva.
Por lo tanto, podemos concluir que el sujeto, aún cuando conozca la antijuricidad de la norma, tiene mermada la capacidad de adecuar su conducta al conocimiento de la misma. Obviamente, como en los anteriores trastornos, en este habrá que tener en cuenta la naturaleza o intensidad de la afectación del individuo, para poder determinar el grado de responsabilidad del mismo ante la comisión de un delito, pudiendo llegar a decretarse la inimputabilidad, como se ha dado el caso.
Se trata de una alteración que origina graves problemas jurídicos y legales, ya que con más frecuencia aparecen personas acusadas de delitos graves, siendo de hecho, una de las alegaciones “típicas” en los psicópatas. Existen muy pocos estudios experimentales rigurosos y de prevalencia de estos casos, por lo que su aparición en la jurisprudencia es casi nula.
Los delitos mayormente cometidos por estas personas son robos, conducción temeraria, lesiones y homicidios ocasionalmente potenciados por el consumo de sustancias. En estos casos, su imputabilidad está claramente afectada, dado que el fracaso en la integración de varios aspectos de su identidad y conciencia, merman sustancialmente sus capacidades cognitivas y volitivas.
Si la alteración de conciencia es severa, anulando la capacidad de conocer del sujeto, quedaría justificada una exención de responsabilidad.
Siguiendo estas afirmaciones, la STS de 2 de Noviembre de 2011, en un caso de tentativa de homicidio, declara que:
La sentencia acoge la eximente incompleta de alteración psíquica por considerar que la acusada, al tiempo de cometer los hechos enjuiciados, tenía afectada su capacidad de querer y entender a consecuencia de un trastorno de identidad disociativo, [avalado por los informes psiquiátrico forenses]. Se puede concluir que la acusada se encontraba en un brote disociativo y como consecuencia del mismo, era incapaz de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar conforme a dicha comprensión, limitándose completamente sus facultades cognitivas y volitivas, lo que le impidió tomar el control sobre el funcionamiento de su otra personalidad, desconociendo la antijuricidad de sus actos y su alcance.
En general, estos trastornos suelen afectar levemente a la imputabilidad del sujeto, dándose en los casos más acusados la aplicación de una atenuante analógica. El Tribunal Supremo ha decretado que no se da el caso de una eximente completa ya que “estos sujetos son libres de actuar al tener una capacidad de querer, de entender y de obrar, plenas”.
Sin embargo, al tratarse de trastornos caracterizados por una incapacidad de inhibición, la voluntad estaría alterada, no así la comprensión de la ilicitud del hecho. De esta forma se aprecia una eximente incompleta únicamente en los supuestos en que estos trastornos concurran con otros factores que erosionen de forma significativa la voluntad o comprensión del sujeto (por ej. oligofrenia, demencias, consumo de alcohol o de drogas).
En la jurisprudencia normalmente nos encontramos con casos en los que no se estima ninguna de las circunstancias descritas en los artículos 20 y 21 CP, como se describe en la STS de 9 de Marzo de 2012:
[…] no puede estimarse probado que en él se haya detectado una grave limitación en el control de sus propios impulsos, ni que padezca atisbo alguno de enfermedad mental que permita hablar de una cierta comorbilidad psiquiátrica y tampoco consta la recurrencia de su pedofilia, por lo que el citado trastorno no podrá ser apreciado ni como eximente incompleta, ni atenuante ordinaria ni analógica de su responsabilidad criminal.
La expresión delictiva de los sujetos con Trastorno explosivo intermitente, va a consistir en conductas contra la integridad física y vida de terceros con resultados luctuosos preterintencionales.
Sobre este tipo de temperamento en la Jurisprudencia, la STS 300/1980, referente al anterior Código, ha señalado que:
Los temperamentos que son las constituciones particulares de cada individuo, que resultan del predominio psicológico de un sistema orgánico o de humor, no constituyen circunstancias modificativas de la responsabilidad, aunque sean violentos, es decir los de los que obran con ímpetu o intensidad o se dejan llevar fácilmente por la ira, pero sin que estas explosiones de ira afecten a su discernimiento o a su voluntad; ni mucho menos un trastorno mental transitorio, aunque se pretenda incompleto.
A este respecto parece no haber acuerdo entre juristas y forenses, ya que estos últimos opinan que la imposibilidad de refrenar los impulsos ha de considerarse como una merma de la capacidad volitiva de la eximente del art. 20.1 CP. Así lo hacen saber Vázquez y Catalán (2008) en su análisis de un hombre diagnosticado con Trastorno explosivo intermitente al defender que “la capacidad para refrenar impulsos potencialmente negativos para él se encuentra al menos disminuida (…). Si bien es verdad que las capacidades intelectivas se encuentran plenamente conservadas, la capacidad de ponerlas en juego (volición) sería la causa de discusión en el presente caso”, aludiendo a una causa de semi-imputabilidad.
En el supuesto de la Cleptomanía, dado que concurre la inmediatez espacio-temporal entre el impulso y el paso al acto, en función de la intensidad de aquel y de su incidencia sobre la capacidad volitiva del sujeto, será posible la aplicación tanto de la eximente completa, como la incompleta o atenuante analógica. Dado que la persona se enfrenta a la imposibilidad repetida de resistir los impulsos de sustraer objetos y de suprimirlos, el control de su voluntad resulta severamente afectado.
A pesar de esta afirmación, tanto por el DSM-IV-TR como por el CIE-10, aun no existe total acuerdo entre los autores que se han referido al tema, ni una doctrina consolidada por el Tribunal Supremo sobre la incidencia de la cleptomanía en la imputabilidad. Esto último puede deberse a la escasez de casos vistos en la Sala de lo Penal del mismo, que no llegan a pasar de las Audiencias Provinciales. Como ejemplo podemos citar la SAP de Sevilla de 23 de Diciembre de 2003, que reconoce que aceptada la cleptomanía como trastorno del control de los impulsos, “forzosamente habrá de convenirse entonces en que el cleptómano no es penalmente imputable por los pequeños robos o hurtos que comete bajo el impulso de su trastorno, puesto que (…) es un supuesto paradigmático de aplicación del artículo 20.1 del Código Penal…”.
Dado que la Piromanía se incluye en el concepto de anomalía o alteración psíquica, el presupuesto biológico de la eximente se cumple, por lo que será en función del efecto del mismo sobre la capacidad volitiva del sujeto, que procederá la aplicación de la eximente (completa o incompleta) o de la atenuante analógica, o incluso la declaración de plena imputabilidad (lo cual resulta excepcional, siempre que el delito guarde relación con el trastorno padecido), según sea la persona afectada, capaz de controlar su comportamiento.
Al respecto, en la STS de 7 de mayo de 2001, se establece que “junto al retraso mental del acusado puede reconocerse cierta tendencia pirómana que le permite discernir entre el bien y el mal en conceptos básicos, pero le produce una cierta limitación de su voluntad, no valorando las consecuencias de sus actos a largo plazo”. Tras estas palabras, el Tribunal Supremo aplicó la atenuante analógica del art. 21.6 CP. Junto a este, pocos han sido los casos donde el Alto Tribunal diera tratamiento a la piromanía.
Al ser considerado el Juego patológico o ludopatía por el Tribunal Supremo como un “modo de reaccionar de manera anormal”, no constituirá una eximente, sino una atenuante análoga, simple o muy cualificada. Al igual que en el resto de trastornos de control de los impulsos, este constituye un impulso irresistible e irrefrenable que es superior a los sentimientos, normas éticas, sociales y familiares.
En un principio los órganos gubernamentales no consideraban la ludopatía como causa de modificación de responsabilidad penal. Fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 1990, la que por primera vez la consideró como una enfermedad y una adicción, apreciando una atenuante analógica (siguiendo al anterior CP), algo que se volvió a repetir en la STS de 29 de abril de 1991, dada la afectación del acusado y la relación clara de causalidad entre la afectación y el delito cometido. Desde entonces el Tribunal Supremo la consideró como anomalía o alteración psíquica capaz de afectar las facultades mentales del sujeto en el momento de llevar a cabo la transgresión.
Siguiendo esta afirmación, encontramos un caso en el que la perito forense Rey Anastasi (2004) determina que “no existen alteraciones mentales pero si criterios diagnósticos de ludopatía, pudiendo verse afectada su capacidad volitiva de resistir la tentación de apostar”.
En general, en todos los trastornos del control de los impulsos, la subjetividad en la vivencia del autocontrol es difícil de evaluar, por lo que la constatación de este tipo de trastornos debe basarse más en los datos sumariales, biográficos, perjuicios sociales y familiares, tratamientos y recaídas, que en la información que proporcione el interesado sobre la posible falta de control.
De forma global, podemos decir que los trastornos de la personalidad han constituido uno de los focos de debate en materia de imputabilidad, debido al tratamiento dado por el Derecho penal a los mismos y la falta de reconocimiento de su incidencia sobre la responsabilidad del sujeto.
Sin embargo, aunque está claro que las capacidades cognitivas no se ven afectadas en este tipo de trastornos, es difícil pronunciarse sobre las volitivas. Lo cierto es que aunque las facultades superiores se mantengan intactas, los individuos con un trastorno de la personalidad grave no pueden ponerlas en juego de forma eficaz, por lo que en el ámbito penal se ha aplicado en alguna ocasión, una eximente incompleta o atenuante, pero en ningún caso, la eximente completa.
Así, en la STS de 27 de Mayo de 2004, se decía, en relación a sus efectos en la capacidad de culpabilidad, que:
Esta Sala, en general ha entendido que los trastornos de la personalidad no calificados de graves o asociados a otras patologías relevantes, no dan lugar a una exención completa o incompleta de la responsabilidad, sino en todo caso a una atenuación simple y solo en aquellos casos en los que se haya podido establecer la relación entre el trastorno y el hecho cometido.
Las alteraciones de personalidad que mayor tratamiento jurisprudencial han tenido, han sido el Trastorno Antisocial y el Trastorno Paranoide. Curiosamente estos han sido tradicionalmente confundidos, ya que en ambos se dan comportamientos violentos y conservan la capacidad de planificación. Sin embargo, en el primero la agresión es de naturaleza activa, es decir, el sujeto procura generar daño con el objeto de experimentar placer (sadismo) y existe una premeditación fría del delito. En el segundo, la hostilidad es de naturaleza reactiva, es decir, el sujeto ejerce violencia para eliminar el malestar que le generan los sentimientos de suspicacia y dudas que siente respecto a sus semejantes. Además suelen mostrar arrepentimiento, remordimiento y pesadumbre, incluso intentos de suicidio. El Trastorno Paranoide de la personalidad, o psicopatía, tiene tratamiento farmacológico y psicológico, por lo que es posible su adaptación social, no siendo esto posible en el Trastorno Antisocial, por la carencia de sentimientos de arrepentimiento. Se trata de personas incapaces de crear lazos emocionales profundos con otra persona, de sentir culpa o de expresar empatía, lo que, en caso de delinquir, les lleva a cometer transgresiones violentas.
Como se desprende, este trastorno constituye el mayor problema práctico en relación con la culpabilidad. Contra la declaración de inimputabilidad del psicópata se argumenta la inexistencia de tratamiento de dicho trastorno, mientras por otra parte se explica que ello no es razón para afirmar su responsabilidad penal, por constituir un criterio totalmente externo al de la propia imputabilidad. Si efectivamente confirmamos la falta de tratamiento, se hace necesario plantear la posibilidad de intervenciones penales post-delictuales, de contenidos preferentemente aseguradores y no terapéuticos, con todas las cautelas que en términos de garantías haya que establecer, teniendo en cuenta la alta tasa de reincidencia que presentan una vez puestos en libertad.
A pesar de las distintas posiciones, la doctrina dominante ha tendido, tras la aprobación del CP de 1995, a aceptar la aplicabilidad de la eximente de anomalía o alteración psíquica del art. 20.1, a los supuestos de psicopatía, si bien no suele aplicarse.
Tras el análisis de diversos casos prácticos reales, se confirma que en general, el criterio de los profesionales de la práctica forense es común en cuanto a los trastornos de personalidad, al considerar que no se debe aplicar una eximente, declarando que los imputados mantienen intactas su capacidad de comprensión y comportamiento (Vázquez y Catalán; Rey Anastasi). Esto se ve reflejado en un meta-análisis realizado en 2002, con información recogida de 62 estudios en 12 países occidentales, donde exponen que un 4% de los encarcelados tenían un trastorno psicótico, el 15% tenían depresión y el 65% de los hombres y el 42% de las mujeres tenían trastornos de personalidad.
Si bien hoy en día existe un amplio tratamiento del tema de la imputabilidad en la psicopatía, no nos detendremos en ello por ser de gran expansión y poder constituir el tema central de un nuevo trabajo de revisión bibliográfica.
4.2. Aplicación de medidas de seguridad a los enfermos mentales
El CP contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad a los sujetos peligrosos declarados inimputables y semi-imputables. Un extracto de los artículos dedicados a ello se puede leer a continuación.
Artículo 101. Sujetos inimputables.
Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie (…).
Artículo 104. Sujetos semi-imputables.
En los supuestos de eximente incompleta (…) el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101(…). No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito.
En el caso de los inimputables no procede la imposición de una pena, pues falta el presupuesto de la imputabilidad del sujeto, quedando la medida de seguridad como única posibilidad penal posible; y en los supuestos de semi- imputabilidad, se le confiere aplicación preferente a la medida de seguridad para tratar adecuadamente la peligrosidad criminal del sujeto.
De ello se desprende la necesidad de contar con centros psiquiátricos u hospitales penitenciarios y de profesionales adecuados para el tratamiento farmacológico y psicológico de estos sujetos, con el fin de reducir la peligrosidad y reincidencia de los mismos de cara a la puesta en libertad, un objetivo que en la actualidad no se está alcanzando satisfactoriamente.
4.3. El papel del psicólogo en la imputabilidad
Corresponde al perito declarar si existe o no en una persona, una base de anomalía o alteración psíquica, mientras que el juez decidirá el futuro del acusado de acuerdo con los hechos que se prueben y con el apoyo de los dictámenes periciales. “El enjuiciamiento de la capacidad de culpabilidad es una cuestión jurídica que debe resolver el Juez con la ayuda de los expertos”, tal como apunta el Tribunal Supremo en la sala de lo penal, en varias de sus sentencias. Por lo tanto, las funciones del perito forense serían las de actuar auxiliando, con el informe, al juez y también a las partes, contribuyendo así a la correcta aplicación del Derecho y aportando los fundamentos científicos necesarios sobre los que pueda construirse el tratamiento jurídico de los acusados.
La exploración que realice el experto es de vital importancia. Debe aportar sus conocimientos especializados acerca del comportamiento del inculpado, explicando sus principales características, cómo se manifiestan, si hay o no patología o alguna forma de alteración que determine la aparición de dicha conducta y por fin valorar la responsabilidad del individuo respecto de la acción cometida. El papel del Psicólogo (o Psiquiatra) Forense en la toma de decisiones de los jueces, respecto a estos casos, está siendo cada vez de mayor relevancia. Su implicación para determinar el nivel de imputabilidad de un sujeto es prácticamente imprescindible, ya que es necesario el conocimiento de los procesos psicológicos básicos y su influencia en el comportamiento del ser humano, para lograr entender las conductas, a veces impredecibles, que realiza. Los jueces, fiscales y abogados no están capacitados, más allá de los conceptos jurídicos, para hacer una evaluación y diagnóstico correctos, por lo que el peso recae generalmente en las periciales hechas por especialistas de las ciencias forenses.
Es en este punto en el que nos debemos detener para analizar el papel de otros expertos en las periciales psicológicas. Algunos autores, como Higuera Gimerá (2005), denuncian la falta de especialización de los médicos forenses que han de determinar la situación mental del procesado, al carecer de tecnificación en la rama de la Psiquiatría y/o Psicología, lo que conlleva informes que carecen de las debidas y plenas garantías. Lo importante para el jurista, no es la nosología ni el diagnóstico, sino la constatación de los efectos que la anomalía o alteración psíquica produce sobre la capacidad de culpabilidad del sujeto, materia de estudio de psiquiatras y, principalmente, psicólogos.
Como puede apreciarse, resulta una ardua tarea para quien evalúa al imputado, determinar con precisión cuál será el nivel de responsabilidad del mismo en el momento de cometer el delito, ya que se encuentra con varios obstáculos. En primer lugar, debe pronunciarse sobre un suceso que no presenció y que ha sucedido en un pasado. En segundo término, ha de valorar el estado mental del sujeto, pudiendo encontrarse con casos de simulación, en los que la persona intente mostrarse más afectada de lo que realmente está, para evitar las medidas judiciales, algo habitual en los imputados. Y por último, ha de establecer una relación de causalidad entre el trastorno diagnosticado y el delito cometido. Sobre las técnicas que posee el experto para vislumbrarlos ya hemos hablado en el apartado 2.3.1.
Tal como se desprende del análisis realizado en el anterior apartado, el tema de los trastornos mentales y la imputabilidad ha sido muy debatido desde mediados del siglo XX. Si bien en principio era únicamente de interés para los profesionales de la salud, desde la inclusión de los trastornos mentales en el CP se hace evidente la necesidad de que distintos profesionales cooperen para adoptar una decisión. Así, el enjuiciamiento de la capacidad de responsabilidad penal ya no se considera, como antes, un asunto de psiquiatras, ahora se entiende como una cuestión jurídica, que ha de resolver el Juez o Tribunal, con la ayuda del perito en Psiquiatría o Psicología forense. Lo relevante del juicio, en el que el experto tendrá un cierto protagonismo, partirá de la comprobación de la existencia de una patología mental en un sujeto, y luego será preciso constatar si, en ese caso concreto, dicha anomalía o alteración era de tal intensidad que pudiera perturbar su mente y le impidiese comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa compresión, que al final, será lo decisivo. De esta manera, se podrán satisfacer mejor las necesidades de seguridad jurídica y evitar declaraciones de inimputabilidad sin las comprobaciones (diagnósticos psiquiátricos) suficientes.
Actualmente parece que se ha encontrado un relativo acuerdo común entre los diferentes autores que abordan el tema, determinando la necesidad de estudiar cada caso por separado, pues no todos los supuestos son iguales. Así, de las implicaciones forenses a nivel penal de cada trastorno, si bien cada uno tiene un precepto particular, todos en general han necesitado de su estudio individualizado por profesionales de la Psicología o Psiquiatría para que los juristas puedan establecer una jurisprudencia aplicable a ellos. Siguiendo esta última podemos concluir que de las bases establecidas por el CP es la causalidad entre delito y trastorno, la que mayor peso tendrá a la hora de evaluar el nivel de imputabilidad de un sujeto. Incluso en aquellos que parecen obvios, como el Retraso mental o las Demencias, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto la necesidad de relacionar el impacto de la afectación en el individuo y la naturaleza del hecho antijurídico para poder pronunciarse sobre su capacidad para ser declarado imputable.
He aquí una de las principales barreras o dificultades con las que se encuentra un perito forense. Debe pronunciarse sobre una serie de circunstancias que le lleven a poder concluir sobre el estado mental de un sujeto, en un tiempo ya pasado, cumpliendo los criterios establecidos por el CP. Para ello, en primer lugar ha de establecer un diagnóstico (criterio cualitativo), al tiempo que debe lidiar con los casos de simulación, que en la práctica forense y dado el objetivo de las evaluaciones, se dan muy a menudo. En segundo término debe pronunciarse sobre el nivel de impacto que determinada anomalía, en general, provoca en la capacidad de comprensión y de actuar de una persona (criterio cuantitativo), para lo que ha de tener en cuenta las variables personales de cada individuo, el contexto y las influencias ambientales en su conducta, pues como ya hemos mencionado, la variabilidad individual juega un papel primordial en la manifestación de cada trastorno. En tercer lugar, y más difícil aún, es la tarea de determinar si la alteración psíquica se encontraba presente en el momento de cometer el delito (criterio cronológico). Por último y como ya se explicó, el criterio de causalidad requiere que la conducta antijurídica guarde una relación directa con el tipo de patología mental que padezca el individuo, lo que nos llevaría, si se cumplen todos los supuestos, a una eximente completa.
Teniendo en cuenta todas las variables que entran en juego, existen claros ejemplos en la práctica psicológica forense de patologías que cumplen los requisitos, pero necesitan de un análisis en profundidad. Tal es el caso de los Trastornos Psicóticos, en los que el nivel de imputabilidad ha variado según el sujeto estuviera afecto de un brote o presentara un cuadro residual.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales del Derecho y la Psicología por unir sus variadas opiniones, existen casos en los que los criterios de peritos y jueces no coinciden. Muestras de ello son el Trastorno
delirante o las Parafilias. En el primero los psicólogos suelen inclinarse por la manifestación de una total merma de las capacidades básicas de comprensión y volición, debido a la gran influencia que el delirio puede llegar a tener sobre quien lo padece, que alcanza a percibir el mundo desde el prisma de la idea delirante, por lo que su comportamiento se verá mediado por este. Sin embargo, los juristas no lo consideran una patología grave y han negado en varias ocasiones, su influencia en la imputabilidad. En cuanto a las segundas, existen estudios que ponen de manifiesto la incapacidad de los parafílicos para controlar sus impulsos, por lo que los profesionales de la salud mental han explicado que las Parafilias han de considerarse y tratarse de igual forma que los Trastornos del control de los impulsos, algo a lo que se opone la legislación española vigente, que considera a estos sujetos totalmente imputables.
Al parecer donde mayor acuerdo hay es en torno a los Trastornos de personalidad, al considerar que no son vulnerables de ningún tipo de eximente. Incluso tras reconocer los peritos que la capacidad volitiva se podría ver afectada, concluyen estos que no es suficiente para afirmar que la persona no es capaz controlar su conducta, por lo que solo ha dado lugar a la apreciación de una atenuante. Sin duda, el que mayor atención ha recibido es el Trastorno Antisocial de la personalidad, por sus rasgos psicópatas que en ocasiones dan lugar a crímenes de trascendencia mediática. En él se dan una serie de características que han llevado a los profesionales a establecer que la persona que lo padece no solo es consciente de lo que hace, sino que además quiere hacerlo y luego no se arrepiente por ello. El hecho de que además no haya un tratamiento eficaz para la psicopatía ha hecho que hoy en día la mayoría de casos intrapenitenciarios con algún tipo de trastorno mental, sean de psicopatías o algún otro Trastorno de la personalidad.
Ahora bien, a pesar de la aceptación generalizada de la inclusión de todos los trastornos mentales antes mencionados como “anomalía o alteración psíquica” en el art. 20.1 CP y atendiendo a las excepciones que cada uno presenta, no hay que descuidarse frente al riesgo de una extensión imparable de la inimputabilidad. Para ello, algunos autores como Quintero Olivares (2008) proponen “reducir la exención de responsabilidad criminal a los sujetos incapaces de comprender el sentido del proceso, dejando que la individualización del tratamiento penitenciario permita atender a los penados en atención a sus características personales, entre las que deberán considerarse también las patologías mentales”.
En cualquier caso parece que la realidad ha tenido en cuenta, en parte, esta clase de propuestas restrictivas, dejando patente una importante problemática psiquiátrica en los centros penitenciarios españoles, que no corresponde con la idea de la eximente de anomalía o alteración psíquica del art. 20.1 CP. Lamentablemente, en la práctica, no puede decirse que exista una política penitenciaria suficientemente diferenciadora, como revela la escasez de centros psiquiátricos penitenciarios o de programas dirigidos a presos afectados por ciertos trastornos. Así, vemos como centros como el de Picassent (Valencia), en el año 2011 presentaba una superpoblación, con el doble de internos que su capacidad máxima permite, donde además se mezclan delincuentes sin patología diagnosticada con otros que presentan alteraciones mentales de diversa severidad (vivencia personal de la autora de este trabajo). En la Comunidad Valenciana por ejemplo, únicamente existe un centro psiquiátrico penitenciario, el de Fontcalent, en Alicante y no es capaz de atender el masivo requerimiento de atención sanitaria de las tres provincias, por lo que se hace necesario el planteamiento de alternativas plausibles. Siguiendo a Jorge Barreiro (2000), y a modo de reflexión personal, para cumplir con las medidas de seguridad impuestas a los enfermos mentales, se hace urgente una revisión legal sobre la ejecución de las medidas de seguridad, así como el compromiso de financiación necesario para hacer posible el cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad previstas en el CP para los casos mencionados.
Sin embargo, la contratación de profesionales de la salud, y más específicamente de psicólogos, ha descendido en los últimos años y todo apunta a una continuidad en el futuro. Lo mismo sucede con la implantación de proyectos para nuevos centros penitenciarios u hospitales psiquiátricos. De esta manera, queda de manifiesto el desinterés que, tanto los reclusos en general, como los enfermos mentales en particular, despiertan para los responsables políticos de Justicia y Seguridad en este país. Considerando las características de estas personas y el objetivo de los centros de reclusión, es importante continuar haciendo hincapié en la importancia de propiciarles la realización de actividades, no solo de ocio y tiempo libre, sino terapéuticas, que consigan que pongan en marcha las habilidades que utilizarán tras su puesta en libertad, y que de alguna manera les ayudará en sus esfuerzos por reintegrarse en nuestra sociedad.
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO (STS) CONSULTADAS
STS de 19 de Diciembre de 1983. Roj. 378/1983
STS de 15 de Marzo de 1990. Roj. 2412/1990
STS de 28 de Noviembre de 1990. Roj. 8675/1990
STS de 29 de abril de 1991. Roj. 10632/1991
STS de 7 de mayo de 2001. Roj. 3689/2001
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STS de 8 de Octubre de 2010. Roj. 5473/2010
STS de 7 de Junio de 2011. Roj. 4587/2011
STS de 2 de Noviembre de 2011. Roj. 7290/2011
STS de 9 de Marzo de 2012. Roj. 1790/2012
STS de 9 de Julio de 2012. Roj. 5309/2012
: ARTICULOS 22 Comments
Germán G. De Stéfano dice:	30/11/2016 a las 1:19 PM	Muy buen trabajo, gracias por compartirlo en el Congreso.
Saludos cordiales desde Buenos Aires, Argentina
Gloria Terrats Ruiz dice:	30/11/2016 a las 1:38 PM	Muy buen trabajo¡¡¡ y muy esclarecedor para todos los que nos movemos dentro del ámbito de la psicología Forense.
pablo amezcua rios dice:	30/11/2016 a las 1:46 PM	excelente trabajo, sin duda se tiene que investigar a fondo esta situacion, ya que la ley en mi punto de vista es muy cerrada, y lo que esta involucrado son seres humanos.
JOSÉ MANUEL BEZANILLA dice:	30/11/2016 a las 2:00 PM	Muy interesante aportación, gracias
ULISES ZEPEDA dice:	30/11/2016 a las 2:25 PM	MUY INTERESEANTE Y AMPLIA SU EXPOSICION ES MUY IMPORTANTE SU APORTACION FELICITO A LA PONENTE
CRISTINA CORRECHER dice:	30/11/2016 a las 2:40 PM	Excelente aportación.
Ana Yajaira Bula Vasquez dice:	30/11/2016 a las 2:57 PM	Muy buenas tardes Me parece muy estupendo el tema, muy interesante en esta ponencia se deja ver la importancia que cumple la psicología en el ámbito penal y como se puede trabajar de una forma conjunto para el esclarecimiento de los casos presentados.. muy bien excelente
Karla Alejandra Mendez Hernandez dice:	30/11/2016 a las 3:10 PM	Muy importante aportación , y sobre todo aquí en Mexico con el nuevo sistema de justicia penal y los juicios orales este tema es de suma importancia.
Milena Betancur dice:	30/11/2016 a las 4:35 PM	Excelente ponencia!
Vemos cuál importante es la labor e intervención del Psicólogo o Psiquiatra, en la toma de desiciones sobre el nivel de imputabilidad de una persona.
Greiling Arlette Guerrero Ceballos dice:	30/11/2016 a las 5:14 PM	excelente exponencia ya que pudimos entender la historia de la psicología Jurídica y las implicaciones forense a nivel penal y el tratamiento Jurisprudencial de los Trastornos Mentales, la Medida de Seguridad de los enfermos y el Papel del Psicóloga en la impunidad.
John Jairo. Londoño Alvarez dice:	30/11/2016 a las 6:11 PM	Excelente tema,para fortalecer mas los Diagnósticos.refentes a la salud mental
Susana Crotti dice:	30/11/2016 a las 8:27 PM	Me parece un importante el tema ya que es un aporte muy importante para dirimir sobre la imputabilidad o inimputabilidad de aquel que realiza una conducta que por las características es antijurídica. Gran aporte.
Krisia Ortíz dice:	30/11/2016 a las 9:36 PM	Esta temática es muy interesante e importante en la ciencia psicológica y jurídica. Ya que ambas trabajan de forma conjunta para poder proporcionar un trato humano a la persona que ha cometido un hecho delictivo, tomando en cuenta sus capacidades cognitivas y volitivas.
Magdalena Chavez mariscal dice:	01/12/2016 a las 1:40 AM	Excelente trabajo sobre la imputabilidad del individuo muy concreto y de fácil comprensión.
Sergio Garcia Jimenez dice:	01/12/2016 a las 1:58 AM	A pesar de lo extensa, es un trabajo muy interesante ya que esta ponencia nos permite ver un panorama más amplio sobre el papel de la psicología en el ámbito legal y penal. Enhorabuena
Romina dice:	01/12/2016 a las 5:52 AM	Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y aportaciones. Se trata de esclarecer lo que se considera según acuerdo un trastorno mental y cómo relacionarlo con lo que nuestra Constitución (España) define como imputabilidad… sin duda controvertido! Quiero aclarar que está basado en el DSM-IV, actualmente podriamos hacer un nuevo análisis en base al DSM 5. Les invito a continuar documentandose sobre el tema y a investigar en la jurisprudencia de cada uno de sus países.
Diana Linares Vásquez dice:	03/12/2016 a las 2:11 AM	Me ha resultado sumamente interesante el tema que ha desarrollado, sobre todo cuando se menciona “la necesidad de contar con centros psiquiátricos u hospitales penitenciarios y de profesionales adecuados para el tratamiento farmacológico y psicológico de estos sujetos, con el fin de reducir la peligrosidad y reincidencia de los mismos de cara a la puesta en libertad”; soy estudiante a nivel de cuarto año y espero especializarme en esta área, por lo que este documento me ha sido de ayuda y empuje en mis objetivos.
Roxana Vuanello dice:	01/12/2016 a las 7:03 AM	Ha sido muy interesante revisar la historia de la psicologia juridica en otros contextos y comparar con la propia de mi país para entender muchas de las producciones y prácticas. Saludos
Slvia Fernandez Vasquez dice:	01/12/2016 a las 8:48 AM	interesante tema sobre la imputabilidad relacionado a Temas como las parafilias y los trastornos de personalidad como el caso de los antisociales entre ellos los psicópatas. los profesionales del Derecho y la Psicología tendran que ponerse de acuerdo para considerar la imputabilidad o inimputabilidad ante algun caso.. Excelente tema
Diana Linares Vásquez dice:	03/12/2016 a las 2:19 AM	El tema que más me ha llamado la atención es la inimputabilidad en los trastornos de control de impulsos, las parafilias y los trastornos de personalidad. En estos casos el papel del psicólogo debe ser sumamente cuidadoso y tener un amplio conocimiento tanto de la psicología y evaluación así como el apoyo multidisciplinario. Muy buena exposición del tema.
Jessica García dice:	03/12/2016 a las 2:33 AM	La importancia de tomar en cuenta trastornos psicológicos para los dictámenes es muy grande y vital ya que de esto depende mucho la decisión del juez y por tanto el papel del psicólogo perito debe ser tomado con seriedad.
Muy buen trabajo, gracias por la información!
Pedro Alvarado Rivera dice:	04/12/2016 a las 7:56 PM	Excelente, muy interesante y a seguir investigando puesto que de este tipo de diagnosticos depende la estabilidad emocional de las victimas secundarias y tal vez la del mismo imputado en caso de ser un inimputable,necesitamos contar con mas y mejores herramientas de medicion y aun así tengo duda como evaluar si al momento de cometer el ilicito se encontraba en un estado transitorio de trastorno o alterado de personalidad.
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