Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-553-de-julio-18-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d074f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-22 05:23:04
Document Index: 203127011

Matched Legal Cases: ['artículo 305', 'artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 137', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 52', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 90', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 52', 'artículo 27']

﻿ SENTENCIA T-553 DE JULIO 18 DE 2002
SENTENCIA T-553 DE 18 DE JULIO DE 2002
CONTENIDO:INCIDENTE DE DESACATO DENTRO DEL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA. EL AUTO QUE IMPONE LA SANCIÓN POR DESACATO, NO PROCEDE NINGÚN RECURSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SANCIONES POR DESACATO A LA AUTORIDAD JUDICIAL
Sentencia T-553 de julio 18 de 2002
Sentencia T-553 de 2002
Ref.: Exp. T-576220
Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil.
El ciudadano Carlos Landa García, en representación de Incametal S.A. interpuso acción de tutela en contra del Juez Laboral del Circuito de Bello y la Sala Octava de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, para que mediante el trámite de la acción de tutela, le sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, y el derecho de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, solicita se hagan las siguientes declaraciones y condena:
Que no se propuso incidente de liquidación por los accionante y, no obstante, el Juez del Circuito de Bello oficiosamente, once meses después de la fecha del fallo de la Corte Constitucional, profirió una providencia en la cual acogió unas cuantías teniendo en cuenta para ello un dictamen pericial sin motivación, y sin considerar las aclaraciones y adiciones hechas al dictamen a solicitud de la parte incidentada, estableciendo obligaciones a cargo de Incametal S.A., sin tener en cuenta que el incidente se encontraba dirigido exclusivamente contra José Carlos Landa García a título personal, configurándose una vulneración al debido proceso.
Que la Sala Octava Laboral del Tribunal Superior de Medellín, incurrió en vía de hecho al negarse a tramitar el recurso de apelación interpuesto por la parte incidentada contra la providencia aludida en el párrafo precedente, sin motivación razonable para ello, vulnerando los derechos fundamentales de Incametal S.A. al debido proceso, a la doble instancia y al acceso a la administración de justicia, sin tener en cuenta que el mismo Decreto 2591 de 1991, dispone que en los aspectos procesales es pertinente darle aplicación a las normas del Código de Procedimiento Civil cuando la norma no haya hecho precisiones al respecto. Por ello, la aparte accionada en el incidente de desacato, ante el cálculo numérico realizado sin previo incidente y fuera de los términos, debía tener el derecho de defensa presentando los recursos ante el inmediato superior.
En cumplimiento del fallo citado, el representante legal de Incametal S.A., “a su leal saber y entender”, dio cumplimiento a la orden de efectuar los ajustes salariales ordenados en el fallo y, para el efecto, le informó a cada uno de los trabajadores beneficiarios, cuál era el ajuste que le correspondía, manifestándoles que si tenían observaciones al respecto las dieran a conocer a fin de estudiar lo que fuera procedente, sin que ninguno hubiera manifestado su inconformidad por escrito sobre la liquidación que se le había hecho.
2. Los trabajadores, actuando a través de apoderado judicial presentaron el 21 de agosto de 2000, incidente de desacato ante el Juez Laboral de Bello, en contra del representante legal de Incametal S.A., aduciendo el incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional.
Considera el actor que teniendo en cuenta que el incidente propuesto fue el de desacato, la prueba pericial solicitada se encontraba exclusivamente encaminada a establecer si se había configurado o no el desacato, pero no para determinar obligaciones pecuniarias a cargo de Incametal “tanto es así, que el incidente se abrió contra el representante legal de la sociedad, a título personal, y no contra Incametal S.A. misma”.
El asunto revestía importancia, a juicio de Incametal S.A., como quiera que las ventajas salariales que pactó esa empresa con los trabajadores que aceptaron trasladarse al régimen de la Ley 50 de 1990, estaban destinadas a compensarles la discriminación que sufrirían por la renuncia a la retroactividad de las cesantías. Es decir, la comparación de ingresos laborales de quienes estuvieran en el régimen del Código Sustantivo del Trabajo, y los que se cambiaron al de la Ley 50 de 1990, debía comprender no sólo el valor nominal de los salarios asignados a unos y otros, sino el efecto de la retroactividad de las cesantías, que incrementaba año por año los ingresos laborales de los primeros y no se aplicaba en beneficio de los segundos.
En perito en la respuesta a la solicitud de aclaración y ampliación, realizando el análisis que se le pidió en relación con la retroactividad de las cesantías, manifestó que quedaba al arbitrio del fallador la decisión acerca de si la empresa cumplió o no con el fallo de tutela que originó el incidente. Se aduce además, que al efectuar las comparaciones teniendo en cuenta los efectos de la retroactividad de las cesantías para cada uno de los accionantes, el perito concluyó que en unos casos la empresa todavía adeudaba algunas sumas a determinados trabajadores, mientras que a otros les había pagado en exceso.
5. Ante las aclaraciones del dictamen original, Incametal S.A., no hizo objeción alguna, pues el perito no incurrió en error grave, y explicó que las diferencias a favor o en contra suyos resultantes del experticio adicional, se debían a la metodología que utilizó, quien no se valió en todos los casos de los mismos datos que había considerado la empresa para efectuar sus cálculos “pero esa diferencia metodológica no era constitutiva de error grave”. Por ello, Incametal S.A., ofreció que para poner término a toda discusión sobre el asunto, estaba dispuesta a pagarles a los accionantes los saldos que a favor de ellos había establecido el perito en su “segundo dictamen”, los cuales arrojaban la suma de $ 8.176.786, discriminados así: $1.445.830 a favor de Gonzalo Raigoza; $ 2.158.945 a favor de Aurora Castrillón; $ 3.555.402 a favor de Luis Arboleda Restrepo; $ 1.016.609 a favor de Ignacio Vásquez M.
6. Incametal S.A., aduce que la Sentencia T-762 de 2000, dejó en el aire el método procedente para la nivelación ordenada, y tampoco dijo nada en relación con la fecha a partir de cuando se aplicaba. Siendo ello así, la empresa consideró que para efectuar la nivelación salarial, no se podía prescindir del tema de la retroactividad de las cesantías, pues, si se dejaba de lado al calcular los ajustes salariales de los accionantes se generaría una gravísima desnivelación en perjuicio de los trabajadores que habían renunciado a esa retroactividad. Adicionalmente, consideró que los efectos del fallo eran hacia futuro y no retroactivos, pues la orden que se dio, consistía en cesar todo trato discriminatorio contra los accionantes y efectuar los ajustes salariales necesarios para nivelar la remuneración de los demandantes, eliminando las diferencias existentes entre ellos y los trabajadores que habían renunciado a la retroactividad de las cesantías “teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por unos y otros”.
7. El Juez Laboral del Circuito de Bello, falló el incidente en auto del 11 de junio de 2001, en el cual se ordenó al Incametal S.A. cancelar unas sumas de dinero, de acuerdo con lo dictaminado por el perito en su experticio, y no imponer al representante legal de la empresa sanciones de tipo penal o económico.
Contra esa providencia, el apoderado de Incametal interpuso recurso de apelación, que fue concedido para ante el Tribunal Superior de Medellín, correspondiendo su conocimiento a la Sala Octava Laboral, que en un primer pronunciamiento (jul. 19/2001), se abstuvo de conocer del recurso por falta de interés jurídico para ello, aduciendo que Incametal había aceptado pagar los saldos liquidados a su cargo por el perito y que en el auto recurrido no se habían impuesto sanción por desacato.
Así las cosas, el Juez Laboral de Bello, resolvió el incidente extrapetita, extendiendo su decisión a un asunto que no era materia de la solicitud que motivó su trámite, como era la de si quedaban saldos a cargo de Incametal S.A., por concepto del fallo de la Corte. De esa forma, también se violó el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a toda decisión judicial, por cuanto emana directamente de la garantía del debido proceso. Manifiesta que si el juez accionado se hubiera limitado al tema del desacato, esa providencia no era susceptible de ser recurrida, según lo dispone el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pero como extendió su decisión a asuntos de enorme gravedad, lo lógico es que contra ellos procediera la apelación. En efecto, señala que el auto que decidió sobre el incidente de desacato, en el fondo tiene la fuerza jurídica de una sentencia y materialmente se la debe considerar así, por cuanto declaró unas obligaciones patrimoniales a cargo de Incametal S.A., susceptibles de cobrarse por la vía ejecutiva.
Agrega que la orden de la corte Constitucional era equipar unos salarios y, por ello, ante el incumplimiento de esa orden, el incidente no podía ser solucionado encarcelando al gerente, pues lo razonable era que el incidente se solucionara dando la orden de equiparar los valores causados y ordenando su pago. Por lo tanto, no tenían sentido imponer la detención del gerente, e imponer multas, porque la obligación impuesta por la Corte se cumplía pagando los valores adeudados, como resultado de la comparación de salarios y prestaciones.
c) El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, establece con claridad que en ningún caso procede la recusación en el trámite de la acción de tutela, motivo por el cual no se aceptó la propuesta del apoderado de Incametal S.A. en ese sentido. Consideran entonces, que no se incurrió en ninguna vía de hecho, y fundamentan su posición en diferentes sentencias proferidas por la Corte Constitucional.
III. Fallos de instancia
Luego de hacer una relación pormenorizada de toda la actuación surtida en el incidente de desacato que interpusieron los trabajos de Incametal S.A., que resultaron beneficiados por la Sentencia T-762 de 2000, aduce el juez constitucional de primera instancia, que al mismo se le imprimió el trámite previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.
Que el fallo impugnado no examina la diferencia ostensible que existe entre el dictamen inicialmente presentado por el perito y la aclaración que él mismo hizo ante el Juzgado Laboral de Bello, funcionario que al decidir el incidente se guió por el dictamen original, pero no motivó de ninguna manera la razón por la cual desestimó la aclaración hecha por el perito. Aduce que si los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, hubieran confrontado ambas piezas, se había llegado a la conclusión que el citado funcionario judicial estaba en la obligación de motivar su decisión de optar por el dictamen original prescindiendo de las aclaraciones que incorporaban el impacto de la retroactividad de la cesantías en la liquidación final. Así mismo, se había concluido que la apoderada sustituta aceptó esas aclaraciones mas no el primer dictamen.
También deja de lado el fallo impugnado, aduce el recurrente, la incongruencia de la decisión de la parte incidentada, pues él como persona natural fue el citado para que respondiera por el desacato, y terminó condenándose al pago de una liquidación a la empresa Incametal S.A.
Agrega que tampoco se tuvieron en cuenta las incongruencias presentes en el fallo, cuando se afirma que no hubo desacato pero sí incumplimiento de las sumas que contempla la parte resolutiva de la Sentencia T-762 de 2000, pues si Incametal les debía a los trabajadores las sumas a que fue condenada, resultaba claro que incumplió el fallo de tutela y, por consiguiente, debía ser sancionada por desacato, amén de la condena pecuniaria. Pero, Incametal demostró que había cumplido “a su leal saber y entender el fallo”, tal como se demostró con la documentación allegada, y lo aceptó el perito en su aclaración.
Finalmente, aduce que “el amparo constitucional no es un mecanismo alterno para dar solución a decisiones judiciales que son adversas, cuando no se encuentra en ellas, vías de hecho encaminadas a desconocer el debido proceso y demás principios de la actividad procesal, como sucede el caso sub lite, pues resulta evidente que ninguno de los argumentos expresados por el accionante pueden se considerados como actuaciones anómalas del Juzgado Laboral del Circuito de Bello y la Sala Octava de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín”.
Es compete esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Corresponde a la Corte Constitucional establecer si la providencia proferida por el Juez laboral de Bello, mediante la cual se resolvió el incidente de desacato promovido por los trabajadores de Incametal S.A. resulta constitutiva de una vía de hecho por la existencia de defectos fácticos y procedimentales, al haber sustentado su decisión en un análisis parcial de un dictamen pericial, y desviado el procedimiento señalado en la ley para el incidente de desacato. Así mismo, le corresponde establecer si la Sala Octava Laboral del Tribunal de Medellín, vulneró el debido proceso de Incametal, al no darle curso al recurso de apelación interpuesto por esa empresa contra la providencia que resolvió el incidente de desacato.
2.2. Para una mayor entendimiento del asunto que ahora se decide por la Corte, se impone hacer un resumen detallado de toda la actuación surtida en el presente proceso:
2.2.2. Los siete trabajadores que resultaron beneficiados con el fallo de la Corte, en escrito de 22 de agosto de 2000, interpusieron incidente de desacato contra el representante legal de Incametal S,A., señor José Carlos Landa García, ante el Juez Laboral del Circuito de Bello, por considerar que la empresa Incametal S.A., no había realizado debidamente las liquidaciones a cada uno de los trabajadores.
2.2.4. En escrito de 19 de septiembre de 2000, el abogado de los trabajadores solicitó la nulidad de lo actuado en la audiencia de 14 septiembre, por considerar que se desconocieron las normas procesales en relación con el señalamiento del término para la práctica de las pruebas solicitadas. Mediante auto del 20 del mismo mes y año, el funcionario judicial dio traslado de la solicitud de nulidad a Incametal S.A., empresa que se opuso a la misma y solicitó continuar con el trámite del incidente de desacato.
En escrito de marzo 22, el perito complementó el dictamen “conforme a lo solicitando por la parte incidentista y en la cual solicita la indexación de los saldos presentados en el mismo”, y expresó que los factores utilizados correspondían al valor dado por la sección de estudios económicos del Banco de la República y que la actualización de valores se efectuó con corte a 31 de diciembre de cada año. Posteriormente, en escrito de mayo 4 de 2001, el perito dio respuesta a la aclaración del dictamen, solicitada por el apoderado de la parte incidentada, explicando el método utilizado para efectuar los cálculos y la liquidación de los ingresos de cada uno de los trabajadores, aclarando que correspondía al fallador determinar si la empresa cumplió o no con el fallo de tutela que originó el incidente.
2.2.9. El 19 de julio de 2001, la Sala Octava del Tribunal Superior de Medellín, se abstuvo de conocer del recurso interpuesto, aduciendo falta de interés jurídico de Incametal, por cuanto en la providencia del juzgado de instancia se acogieron las liquidaciones realizadas por el perito y fueron aceptadas expresamente por el recurrente. Adicionalmente, manifestó el tribunal, que en razón a que no hubo sanción de tipo penal lo económica en contra del gerente de Incametal S.A., no existía fundamento para conocer de la apelación propuesta.
Contra esta decisión, el apoderado de Incametal S.A., interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto en providencia de septiembre 10 de 2001, en el sentido de abstenerse de conocer del recurso impetrado, para lo cual se fundamentó en la Sentencia C-243 de 1996, en la que se expresa que el incidente de desacato concluye que un auto que (sic) no es susceptible del recurso de apelación.
3.1. La Constitución Política al consagrar la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de los particulares en los casos establecidos por la ley, dispone que la protección consistirá en una orden y que el fallo será de inmediato cumplimiento. Esa orden, como lo dijo esta Sala de Revisión (1) , debe ser acatada en forma inmediata o total por su destinatario, porque si no se cumple “el orden constitucional continúa quebrantado, con el agravante de que se pone en tela de juicio la eficacia de las normas constitucional que protegen los derechos fundamentales”, salvo, claro está, que la propia Corte señale un término adicional, en ejercicio de su facultad de modular sus fallos.
(1) Sent. T-188 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Señaló también esta Sala de Revisión, que en caso de desconocimiento de una orden proferida por el juez constitucional, el ordenamiento jurídico tiene prevista una vía procesal específica para obtener que los fallos se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo preceptuado por os artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, el desacato, como lo ha sostenido esta corporación, es “...un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo, la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento...” (2) .
(2) Sentencia T-763 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Resulta pertinente en el caso sub examine, recordar que contra el auto que impone la sanción por desacato, no procede ningún recurso. Ese aspecto, fue claramente resuelto por esta corporación en la Sentencia C-243 de 1996, en la cual se expresó lo siguiente: “En efecto, entre varias alternativas el legislador escogió precisamente la del trámite incidental, y frente a la posibilidad de señalar los recursos que cabrían contra el auto que lo decidiera guardó expreso silencio, estableciendo tan solo, como obligatorio frente a esta decisión, el grado de jurisdicción de la consulta.
— Porque el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 es la norma especial que regula la materia, y dicha norma consagra un incidente especial, cual es el de desacato dentro del trámite de la acción de tutela; en cambió, los artículos 138 y 151 del Código de Procedimiento Civil que establecen cuándo y en qué efecto procede la apelación del auto que decide un incidente en el proceso civil, son normas específicas frente al caso que regula la norma demandada.
— Porque el legislador al guardar silencio sobre el otorgamiento del recurso de apelación al auto que decide el incidente de desacato, implícitamente no lo está consagrando. Es decir, intencionalmente la norma guarda silencio para así no consagrar el recurso; esto por cuanto el principio general del procedimiento civil es exactamente ese; que sólo las providencias que expresamente se señalan por la ley como apelables, lo son. Por lo cual, si el legislador expresamente no las mencionan no lo son.
— Porque si bien es cierto puede acudirse a llenar vacíos legales por aplicación analógica, esto sólo resultará viable cuando haya un “vacío” y en el presente caso no lo hay, porque justamente la manera que tiene el legislador de no consagrar un recurso de apelación es guardar silencio sobre su otorgamiento, toda vez que sólo las providencias expresamente señaladas son apelables.
Es por ello que la correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de celeridad” (negrillas fuera de texto).
Ahora bien, la competencia del juez de primera instancia, no se encuentra restringida a imponer las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de un fallo de tutela, pues al tenor de lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, al juez le corresponde verificar el cumplimiento del fallo, para lo cual “establecerá los demás efectos del fallo y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza” (negrillas fuera de texto). Así las cosas, como lo estableció la Corte “los artículos 52 y 53 reseñados son concordantes con el 27 del mismo Decreto 2591 de 1991, que se refiere específicamente al cumplimiento del fallo por parte de la autoridad responsable del agravio de los derechos fundamentales y que autoriza al juez para sancionar por desacato a la persona responsable y eventualmente cumplidos los supuestos que para ello se señalan en la norma, también al superior de aquélla.
La anterior es la interpretación armónica de los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 es decir es la interpretación que consulta el contexto de la ley para entender cada una de sus partes de manera que cada artículo produzca efectos y que entre todos exista correspondencia y armonía” (3) .
(3) Sentencia C-243 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
3.2. La Sentencia T-762 de 22 de junio del año 2000, al decidir en forma favorable la tutela interpuesta por unos trabajadores de la empresa Incametal S.A., ordenó que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo, se efectuaran los ajustes salariales necesarios para nivelar la remuneración de los trabajadores que venían siendo discriminados por no acogerse al régimen de la Ley 50 de 1990. La nivelación salarial como lo expuso el juez constitucional de segunda instancia, implicaba igualar la remuneración y pagar las sumas que los trabajadores habían dejado de percibir por la política discriminatoria asumida por la empresa frente a los trabajadores que no se acogieron al régimen de cesantías de la citada ley, en ese sentido eso implicaba establecer respecto de cada trabajador un cuantum para determinar con precisión la cuantía que debería reajustarse a su salario.
En efecto, para la liquidación de los trabajadores en esa oportunidad, es decir, en cumplimiento de la Sentencia T-602 de 1999, la empresa liquidó a cada uno de los trabajadores “por los años indicados en la sentencia, tomando en cuenta los factores que integran el salario, a saber: el básico, vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías, intereses a las cesantías y la indemnización. Ese total como obligación principal, fue actualizado o indexado, para los siguientes resultados finales ...” (fl. 508); y, para la liquidación de cada uno de los trabajadores beneficiados con la Sentencia T-762 de 2000, la empresa Incametal S.A. utilizó otro procedimiento que arrojó cuantías mínimas, muy diferentes a las deducidas en esa oportunidad. Por ello, el Juez Laboral de Bello, estaba en la obligación de esclarecer la controversia acudiendo para ello a los conocimientos especializados de un perito. Adicionalmente, encuentra la Corte, que esa designación del perito se justifica aún más, si se tiene en cuenta la afirmación hecha por el apoderado de Incametal al dar respuesta al incidente de desacato, en el sentido de que la liquidación que se realizó en cumplimiento de la Sentencia T-602 de 1999“ se hizo de manera equivocada” (fl. 67).
En tanto que el artículo 27 del Decreto 2591, inviste al juez de primer grado en la acción de tutela de una potestad suficiente para asegurar el cumplimiento a plenitud de lo resuelto para la protección del derecho fundamental y, por eso, dispone que para ese efecto el juez mantiene competencia y lo faculta para adoptar las medidas necesarias para alcanzar esa finalidad.
Distinto es el ámbito del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto en él se inviste al juez de primer grado en la acción de tutela de la atribución de imponer sanciones cuando con la conducta de la autoridad pública o del particular a quien se hubiere impartido una orden para proteger un derecho fundamental se abstiene de acatarla u obstaculiza su cumplimiento en orden a escamotear la orden impartida por el juez constitucional, lo que supone una conducta conscientemente encaminada a ese propósito, por lo que requiere la declaratoria de la responsabilidad, que en este caso no es objetiva sino subjetiva.
Esta corporación, al analizar la declaratoria de la exequibilidad del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, precisó su alcance en los siguientes términos: “Ningún motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución. Se trata de reparar, por orden judicial, el daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que justifican y aún exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo concerniente” (4) .
(4) Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
3.4. Tampoco es de recibo la acusación del accionante, de vulneración del debido proceso por considerar que se resolvió más de lo solicitado por la parte incidentista, cuando a su juicio, era obvio que el juez solamente podía pronunciarse sobre la existencia o no de desacato, pues ese incidente sólo tiene por objeto establecer si la persona contra quien se le inicia, ha incumplido o no una orden de tutela, para decidir si se le deben imponer las sanciones que prevé el artículo 52 del citado decreto, pero que si se pretendían establecer los efectos del fallo tal como lo prevé el inciso final del artículo 27 ibídem, se debía acudir a una actuación especial.
Si bien es cierto, el trámite del incidente de desacato surtido en el Juzgado Laboral de Bello, no hace gala de una adecuada técnica jurídica en su adelantamiento, como lo acepta el mismo juez, pues permitió que un incidente especial, se convirtiera casi en otro proceso, desvirtuando la finalidad de la acción de tutela, que no es otra que la protección de los derechos constitucionales fundamentales, no por ello, se constituye en una vía de hecho, porque el juez en la providencia que resolvió el incidente, no creó una situación jurídica nueva, ni más gravosa que la señalada por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2000, simplemente verificó que aun cuando de buena fe la empresa Incametal S.A., había realizado unas liquidaciones, ellas no correspondían a lo ordenado por la Corte, para lo cual se valió de un auxiliar de la justicia.
Así las cosas, analizada por el juez la responsabilidad subjetiva de Incametal S.A., concluyó que no hubo una conducta reprochable como desacato, razón por la cual no era procedente imponer una sanción en los términos de artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Con todo, el juez, dándose cuenta que el fallo no fue debidamente cumplido, ordenó su pleno cumplimiento acudiendo para ello a una fuente jurídica distinta, cual es el artículo 27 del decreto mencionado, en virtud del cual, el juez mantiene su competencia hasta que se encuentre plenamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza, estableciendo los efectos del fallo para el caso concreto, pudiendo incluso sancionar por desacato al responsable y al superior, hasta que se dé cumplimiento a la sentencia.
Resulta entonces, que en una misma providencia se resuelven dos asuntos: que no hay desacato, pero que tampoco hay cumplimiento pleno del fallo, acudiendo para ello a dos fuentes jurídicas distintas, sin que ello implique desconocimiento del debido proceso, pues, como se vio, los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, deben ser interpretadas armónicamente, a fin de que cada una produzca los efectos previstos por el legislador.
Finalmente, considera la Corte que el argumento esgrimido por el acto José Carlos Landa García, en el sentido de que la incongruencia de la providencia del Juez Laboral de Bello, se hace más patente, porque desconoció que el incidente de desacato se dirigió contra él, como personal natural, fallando en perjuicio de la empresa Incametal, resulta completamente contraevidente, pues resulta claro que él fue demandado en su condición de representante legal de Incametal, como se observa en el escrito de incidente de desacato, a más, de que es la empresa a través de su apoderado, quien contesta el incidente, y se hace parte en todas las actuaciones surtidas en su adelantamiento.
1. CONFIRMAR los fallos proferidos por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, de Cundinamarca, y del Consejo Superior de la Judicatura, el 29 de noviembre de 2001 y el 24 de enero de 2002, respectivamente.