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Timestamp: 2017-07-21 09:27:00
Document Index: 199448683

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 15', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 16', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'e contrario', 'artículo 20', 'Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 149']

EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: - PDF
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Belén Barbero Córdoba
1 COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA C.S.J.N. - ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA INCONSTITUCIONALIDAD MEDIDA CAUTELAR OFRECE PRUEBA - RESERVA CASO FEDERAL EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: Aukha Natalicio BARBERO BECERRA, DNI , argentino, casado, nacido el , abogado y productor agropecuario, I.V.A. responsable inscripto, CUIT , realmente domiciliado en calle 12 de Octubre nº 60 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, ante Vuestra Señoría respetuosamente comparezco y digo: 1.- REPRESENTACIÓN INVOCADA DOMICILIO PROCESAL: Actúo en esta causa por mi propio derecho y con mi propio patrocinio letrado, Matrícula Federal Tº 64 Fº 82, y fijo domicilio procesal en el Estudio Jurídico de calle Av. Triunvirato 3840, 2º Piso, Dto. "C" (Estudio Iud Gianzone ), ZONA 212, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2.- DEMANDA OBJETO: Vengo por el presente a promover formal ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA Y DE INCONSTITUCIONALIDAD, en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, y en contra del ESTADO NACIONAL ARGENTINO MINISTERIO DE ECONOMÍA. Igualmente a todo otro organismo o dependencia pública que estime el Tribunal. En caso que los precitados se opongan al trámite o pretensión de esta causa, solicito la oportuna imposición de costas a los mismos. Requiero que a la demandada Provincia de Córdoba se la notifique a los 12 domicilios de Duarte Quirós nº 650, 5º y 6º piso, y Rosario de Santa Fe nº 650, ambos de la ciudad de Córdoba; y al Estado Nacional a los domicilios de Balcarce nº 50 e Hipólito Yrigoyen nº 250, ambos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Cédula u Oficio, según el criterio del Tribunal. Persigo se pronuncie esta Excma. Corte sobre la procedencia, alcance y extensión de la pretensión fiscal de la Provincia de Córdoba a través de la recientemente sancionada Ley Provincial nº (Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha ), haciendo cesar o disipe con este decisorio el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y extensión del derecho del Fisco Provincial, del Fisco Nacional, y del derecho de este contribuyente y consumidor, por cuanto estoy sufriendo una doble imposición con menoscabo de mi derecho de propiedad. Aspiro a obtener una declaración judicial de certeza que establezca si las pretensiones del Organismo de Recaudación Provincial responden al marco legal aplicable, o si por el contrario, las mismas chocan con normas nacionales y constituyen una violación de estos preceptos normativos, arrasando, en tal hipótesis, no sólo los principios sustanciales que informan al Derecho Tributario, sino también a aquellos previstos en Leyes Nacionales, en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales. Concretamente entiendo -desde mi punto de vista- se deberá declarar inaplicable y/o inconstitucional la ley Provincial nº , y demás normas reglamentarias, aclaratorias e interpretativas dictadas, y en consecuencia, se declare la improcedencia de la pretensión del Fisco Provincial correspondiente a la -malllamada TASA VIAL o TASA A LOS COMBUSTIBLES, de reciente creación. 3.- COMPETENCIA: Conforme lo normado por el art. 117 de la Constitución Nacional, en este caso la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción originaria y exclusivamente por ser parte una provincia y la nación. Este criterio ha sido reconocido por este mismo Tribunal al otorgársele trámite en su momento a la causa recientemente fallada, caratulada Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) 23 s/acción declarativa (p XXXVIII ORIGINARIO), con resolución fechada el CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEY : Si el Tribunal lo entendiera procedente, deberá darse cumplimiento a lo normado por los arts. 8, 9, 10 y 11 de la Ley , esto es comunicar por Oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación copia de la demanda, con toda la prueba documental acompañada y demás formalidades. 5.- HECHOS - ANTECEDENTES: Mi actividad económica y profesional, mi medio de vida, normal y habitual lo constituye el desempeño como abogado en la ciudad que resido y zonas aledañas (Córdoba Capital, Río Cuarto y Villa María, las más comunes), y una explotación agropecuaria como pequeño productor en la zona rural entre Río Tercero y Villa Ascasubi. Para poder desarrollar el trabajo como abogado siempre utilizo mi propio vehículo para viajar regularmente a los Tribunales de los lugares señalados, y en la tarea rural de la siembra, fumigación y cosecha, empleo tractores y cosechadora de mi titularidad. Va de suyo que -entonces- soy un usuario o consumidor asiduo, casi diario, de combustibles, principalmente gasoil. Para acreditar todo ello acompaño con la presente demanda, y solicito se tenga como parte integrante de la misma, copia de mi declaración jurada impositiva anual año 2011 a la A.F.I.P., y todas las facturas de gasoil correspondientes al mismo período fiscal. Me afecta entonces en forma directa e inminente, como interesado, la nueva ley provincial nº , denominada comúnmente de la tasa vial o tasa a los combustibles, ya que -como surge del texto de la misma- crea una tasa que será abonada por todos los consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) y que integrará el Fondo Provincial de Vialidad. El monto -dice el régimen 34 creado- será destinado al mantenimiento, modificación y mejoramiento de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial. En la práctica, significa un importantísimo incremento del precio de los combustibles, de 15 centavos por metro cúbico de GNC, de 20 centavos para nafta super y gasoil, y de 40 centavos por litro para quienes carguen naftas premium en las estaciones de esta provincia. 6.- DISCUSIONES QUE TRAJO APAREJADA LA NUEVA TASA : El Sindicato de Petroleros de Córdoba realizó jornadas de protestas en rechazo a la tasa, según dicen, en defensa de las fuentes de trabajo ya que "estamos seguros que se van a cerrar muchas estaciones de servicio y también se va a perder mucho el volumen de trabajo". Los remiseros, taxistas y transportistas, por la suba del gasoil y GNC, también han hecho oír su disconformidad. Por otro costado, el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio se declaró en estado de alerta por la aprobación de la tasa vial, porque la experiencia nos dice que cuando surgen duplicidad de precios o diferencias poco claras para el expendio de combustibles, los que pagan el pato son los playeros de las estaciones. Dirigentes de la Cámara de Expendedores de Combustibles, de la Cámara del Autotransporte de cargas (Cedac), y hasta representantes de las entidades agropecuarias Coninagro y Cartez están en contra de la medida tomada por la Provincia, porque la tasa vial incrementará de manera notable sus costos. La Mesa de Enlace agropecuaria también emitió un rechazo. En general, hubo coincidencias en cuestionar el nuevo tributo: Esto afecta a la actividad del autotransporte de cargas, aleja a la provincia cada vez más del puerto y aumenta los costos, que en Córdoba son los más altos del país ; que impactará en los estacioneros, sobre todo en los de las zonas limítrofes del interior provincial ; que la ley encarecerá toda la economía ; no se descartó que los trabajadores de las estaciones se nieguen a cobrar el nuevo impuesto ; los productores se oponen porque serán los más castigados ; sumar una tasa al combustible era muy perjudicial. Los bloques opositores en la Legislatura Unicameral sumaron críticas legales y 45 políticas. Por otro lado, y a pesar de la requisitoria de distintos sectores, ni el Ejecutivo provincial ni los propios legisladores de Unión por Córdoba pudieron decir aun cuáles son las obras que se harán. 7.- ARGUMENTOS JURÍDICOS EL MEDIO PROCESAL EMPLEADO: En orden a la procedencia de la acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, intentada en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N., corresponde señalar que la cuestión que suscita la incertidumbre de mi parte (y de muchos ciudadanos cordobeses, tal como se relató anteriormente) y que el Tribunal de V. E., en aras de brindar la tutela judicial que ha sido requerida debe precisar, se vincula con el cuestionamiento que se efectúa en torno a si el nuevo régimen impuesto en la Provincia de Córdoba con la tasa vial creada por ley se da de bruces con leyes nacionales y con disposiciones de la Constitución Nacional. Previo a entrar a argumentar lo que constituye la cuestión de fondo, resulta necesario señalar que la acción de certeza es un juicio de conocimiento, que debe tramitar por la vía ordinaria o sumarísima, según lo decida el juez en la primera providencia. Respecto de la normativa que contempla la acción de que se trata, el art. 322 del C.P.C.C.N. prescribe que " Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente...". Como se desprende del texto transcripto, para la procedencia de la acción meramente declarativa es necesario que concurran los siguientes aspectos: a) un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica concreta; b) que el accionante tenga un interés jurídico suficiente, en el sentido que la falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual y c) que haya un interés específico en el uso de esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando aquel no disponga de otro 56 medio legal para darle fin inmediatamente. De lo dicho, se colige que como primer requisito debe existir un caso. La cuestión no debe versar sobre hechos abstractos o teóricos ni tener carácter meramente consultivo o importar una indagación simplemente especulativa (Corte Suprema de Justicia de la Nación DROGUERIA AIRES S.A. v. PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS ). A partir del caso PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO V. ESTADO NACIONAL Y/O YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES del año 1985, la Corte Suprema reconoció la aptitud de esta vía para impugnar la validez constitucional de leyes, decretos, y toda otra norma jurídica que se oponga a los fines y preceptos de la Constitución, aunque exceptúo a los casos en que se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes (conf. EDESUR V. PROVINCIA DE BUENOS AIRES año 1998). Requiere, la acción de que se trata, de la presencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica. Dicho estado proviene de las circunstancias de hecho generadoras de una falta de certeza respecto de la existencia o inexistencia sobre el alcance o sobre las modalidades de una relación jurídica determinada. De tal manera, que alguno de los sujetos intervinientes, en este caso el compareciente, se encuentre en condición de ignorar jurídicamente acerca de sus derechos y obligaciones (BOURGUIGNON y MADOZZO, Acción declarativa de certeza, LL D, pp. 1205). Según la jurisprudencia de la Corte, aquélla debe ser concreta, en el sentido de que al momento de dictarse el fallo se hayan producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho discutido ("CHUBUT, Provincia del, c/agua y Energía Eléctrica", ED , citado por Rodolfo SPISSO en su obra Derecho Constitucional Tributario, Ed. Depalma, Ed. 1993, pp. 366). Ello importa decir, que el fallo pone fin a una controversia actual, diferenciándose de una consulta, en la cual se responde acerca de la eventual solución que se podría dar a un caso hipotético. En relación al caso de marras, existe de parte esta parte actora un estado de 67 incertidumbre acerca de sus obligaciones para con el Organismo Fiscal Provincial respecto a la validez o no de la Ley nº , porque me esta cobrando la Nación y me está cobrando la Provincia por un mismo concepto, por un mismo hecho imponible (adquirir combustibles). Al paso que vamos, también lo van a cobrar los Municipios. Asimismo, en segundo lugar, debe existir un interés jurídico suficiente en el accionante. Es decir, que la falta de certeza aludida pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor. En otros términos, prevenir un acto lesivo en ciernes. Al respecto, cabe destacar el carácter netamente preventivo del instituto que nos ocupa, tal como ha sido conteste en sostener la jurisprudencia al decir que "... la consagración como juicio autónomo de la acción meramente declarativa puede ser el umbral para acceder a un orden que supere el concepto reparador de la justicia y disfrute su alcance preventivo, al dejar jugar la función judicial antes de que la lesión se consuma, y sin requerir, necesariamente, una violación o una condena " (ED., , citado por SERANTES PEÑA - PALMA, en su obra Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias, Ed. Depalma, Bs. As. 1983, Tº II, pp. 21). Debe señalarse que en este aspecto, la norma presenta un vocablo que ha sido motivo de diferentes interpretaciones y disquisiciones en doctrina, al referir como condición que "...esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor...". Entiende cierta corriente que la procedencia de la acción declarativa de certeza exige la existencia de un daño consumado; criterio que no comparto. Como ya se expresara precedentemente, el carácter preventivo de la acción de que se trata, es incompatible con la exigencia de que el daño se haya consumado, poniéndose ello de manifiesto en la propia norma, al disponer como presupuesto de hecho que "...esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión " en sentido potencial. CHIOVENDA tiene dicho al respecto, que la actualidad se refiere al estado de incertidumbre jurídica, pues un temperamento contrario nos llevaría a la errónea conclusión de que el deudor, cuya obligación ha prescripto, nunca podría demandar al acreedor para que se declarase la extinción de la obligación, porque no podría demostrar 78 que exista un perjuicio o lesión actual. En idéntico sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia al sostener que "...tiene una finalidad preventiva, no requiere la existencia de daño consumado..." (LL C, pp. 117, citado por Marcelo BOURGUIGNON y Luis MADOZZO en su trabajo: Acción declarativa de certeza, LL D, p. 1023); " Para la procedencia de la acción declarativa no se requiere la preexistencia del perjuicio, sino la seria posibilidad de que ocurra como consecuencia del estado de incertidumbre " (C.N.Com., sala B, abril de Isla RODRÍGUEZ VISSIO c/ Banco Francés del Río de la Plata, LL D, entre muchos otros). En el supuesto que nos ocupa, concurro a los estrados de V. E. a despejar la duda o incertidumbre acerca de las obligaciones fiscales con la Provincia de Córdoba, y no obstante lo dicho en los párrafos anteriores, sufro sin hesitación un perjuicio o lesión actual porque se me está cobrando, al comprar combustibles, por una doble vía, afectándose mi patrimonio. No estamos en presencia de cuestiones meramente teóricas (ED., ). La situación descripta deja -a mi criterio- debidamente acreditada la existencia de un peligro de daño generado en el estado de incertidumbre narrado, toda vez que finca precisamente sobre un aspecto que se vincula con el cumplimiento adecuado de obligaciones fiscales y las consecuencias que ello puede irrogar sobre mi patrimonio. Este hecho es suficiente para considerar cumplimentado este requisito de admisibilidad de la acción. Ha quedado demostrado con lo relatado (y con lo que se desarrollará más adelante), la existencia del estado de incertidumbre invocado y la pretensión de que ello sea despejado por el tribunal. Finalmente, en tercer lugar, la acción de certeza posee un carácter subsidiario, pues está subordinada a la inexistencia de otro medio legal e idóneo que evite el perjuicio que se invoca. Sin embargo, no es dable admitir su exclusión si esas otras vías no le ponen término inmediatamente. En este sentido, sostiene AGUILAR CARAVIA que " los remedios administrativos... no son a los que apunta la ley, ya que a lo sumo ellos podrán generar una cosa juzgada administrativa, relativa, inestable y recurrible, lo cual no encuadra dentro de lo que la ley expresa como... otro medio legal para ponerle término... " ( La acción meramente declarativa de certeza en el derecho tributario, 89 LL E, p.602). La finalidad de la acción que nos ocupa, radica en eliminar en forma inmediata el estado de incertidumbre que afecta a mi parte, buscando así reimplantar el imperio del derecho y la consiguiente paz civil entre las partes (contribuyente y organismo recaudador). Tiene dicho la jurisprudencia que "... La presencia de otra vía procesal debe ser adecuada conforme el principio de razonabilidad estructural y no lo sería si, por su complejidad o lentitud, resultara incompatible con la necesidad de una rápida y efectiva restitución del derecho perdido o restringido " (Cam. Nac. Civ., Sala C, Fallo del 20/09/94 recaído en autos "MOGLIARELLA de LOSNO, María J. c/ Municipalidad de Bs. As.", 1996-I, Síntesis). Asimismo y, referida a esta acción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien la misma "... no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros procedimientos administrativos no puede fundarse en la apreciación meramente ritual toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias... " (C.S.J.N., marzo , "MORENO, José y otros c/ Caja Nac. de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, D.T ). Resulta ello de plena aplicación en la especie. En virtud de lo expuesto, considero esta vía la idónea para hacer cesar en forma directa e inmediata la duda existente para mi parte. A mayor abundamiento vale destacar que también solicito en esta demanda la declaración de inconstitucionalidad de la ley nº de la Provincia de Córdoba, cuya aplicación en el caso concreto, provocaría un perjuicio económico cierto e inminente (art. 17 C.N.), existiendo imposibilidad constitucional de que la administración declare inconstitucional una norma, quedando con ello a la vista que la exigencia de reclamos en sede administrativa se convertiría en exigencia meramente formal. Este criterio ha sido reconocido por este mismo Tribunal al otorgársele trámite a la causa recientemente fallada caratulada Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina c/ Chubut, Provincia del y otro (Estado Nacional) S/ acción declarativa 910 (p XXXVIII ORIGINARIO), de fecha Al fundarse la presente acción en 1a interpretación de la norma local, su confrontación con la ley de coparticipación federal de impuestos y la afectación al derecho de propiedad de esta parte actora, se configura un conflicto concreto, real y sustancial, que admite remedio especifico a través de una decisión de carácter definitivo, entendida como diferente de una opinión que advierta cual sería la norma en un estado de hecho hipotético (Fallos: 316:1713; 320:1556 y 2851; 324:333, y 331:2178 in re "Camuzzi"). Existe una actividad fiscal explicita llevada a cabo por la provincia de Córdoba, ya que si no pago el gravamen no puedo cargar combustible en ninguna estación de servicio de la mencionada provincia, por aplicación de la ley En tales términos, media entre ambas partes una vinculación jurídica que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida (Fallos: 314:1186). En su mérito, la acción declarativa impetrada resulta un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de esta parte actora (Fallos: 323:3326 y 331:2178). Consecuentemente, cabe concluir, a mi modo de ver, que se encuentran debidamente acreditados los extremos exigidos por el dispositivo legal aplicable a los fines de la procedencia formal de la acción impetrada. 8.- LA DUDA - LA INCERTIDUMBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE - DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - AFECTACIÓN FLAGRANTE A DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: En el relato de los hechos, informé que la provincia de Córdoba pretende aplicarme una ley que impone una denominada tasa para obras viales sobre los combustibles que adquiera en cualquiera de las estaciones de servicio de la mencionada Provincia, impuesto que también me es cobrado por la nación. Muchas voces se alzaron sosteniendo que la denominada tasa vial, no es una tasa, sino un impuesto y que, en consecuencia, su aplicación violaría las leyes nacionales de Coparticipación Federal y de Combustibles, por doble tributación y analogía. 1011 Durante todo el proceso de sanción de la nueva ley provincial, el oficialismo, a través de los legisladores Ricardo Sosa y Juan Manuel Cid, se esforzó por desacreditar ese argumento. Y aseguró, una y otra vez, que el nuevo tributo es una tasa, tipo de gravamen que toleran las leyes nacionales y que podrían aplicarse sin inconvenientes. Para fundamentarlo, indicaron que es una tasa retribuible de servicios y que está claramente individualizado el servicio que el Estado provincial está prestando: mantenimiento y mejoras en la red vial provincial. El radical Orlando Arduh le respondió que eso no era una contraprestación concreta; las obras proyectadas no sólo no están individualizadas sino que no estarán listas cuando esto comience a cobrarse, por lo tanto no hay contraprestación y no hay tasa, sino impuesto. Alertó sobre el proyecto del oficialismo que no establece ningún costo para los supuestos futuros servicios que se brindarán como contraprestación de esta denominada tasa vial, como así tampoco el destino o control de los fondos, los gastos de mantenimiento y renovación del servicio, salario del personal, gastos de insumos, entre muchos otros ítems, por lo que teme que se terminen solventando gastos ajenos al servicio prometido, como viene ocurriendo con el impuesto al fuego. Para Arduh, este nuevo artilugio recaudatorio tiene como único fin y fundamento crear rápidamente una fuente de ingresos nueva que ayude a paliar la crítica situación económica de la provincia, tal como lo describió el señor gobernador días atrás en este recinto. Hubo un debate académico tributario entre el justicialista Juan Manuel Cid y el juecista Las Heras. Pero no se pusieron de acuerdo. El parlamentario Sergio Busso dijo que funcionarios de vialidad provincial están haciendo el listado de las obras y que ese listado se difundirá en los próximos días. El titular del bloque de la Unión Cívica Radical se quejó de la mala costumbre de las gestiones de José Manuel de la Sota de crear fondos específicos que no son coparticipados con los municipios, en una suerte de círculo vicioso que siempre es perjudicial para todos. El parlamentario radical dijo que, como consecuencia de estas medidas, los municipios reciben cada vez menos coparticipación. Basta de tasas y fondos, señaló Brouwer. En la misma línea expresó que Venimos denunciando que se produce una anarquía impositiva. La Nación no le pasa los impuestos coparticipables a las 1112 provincias, por lo tanto tienen que inventan tasas porque necesitan plata pero no las coparticipan entonces los intendentes a su vez tiene que crear tasas para subsistir. El ciudadano va a tener que pagar en tres instancias. A la Nación, a la Provincia que no reparten la plata y al Municipio que no recibe, agregó. El legislador radical calificó la iniciativa del Ejecutivo como un impuesto encubierto. Reclamó también mayores precisiones y garantías dado el antecedente del Impuesto al Fuego, implementado por De la Sota en su anterior gestión e hizo corresponsables de la situación provincial a los gobernantes de Unión por Córdoba. Por otro costado, y según informaciones periodísticas, el secretario de Comercio Interior y Exterior de la Nación, Guillermo Moreno, pidió a dirigentes kirchneristas cordobeses, mientras se trataba la ley, que le enviaran el proyecto para su análisis. Según fuentes kirchneristas, la iniciativa del mandatario provincial no cayó bien en la Casa Rosada y se descuenta que habrá una fuerte oposición al cobro de esta tasa, con la cual De la Sota espera recaudar alrededor de 500 millones de pesos anuales. Los funcionarios nacionales han dicho que temen que si esta propuesta prospera en Córdoba, también se podría crear en otras provincias, con lo cual se elevaría el precio de los combustibles, y con el ello, el costo del transporte en general. El Jefe de Gabinete de la Provincia, Oscar González, justificó esta tasa por los incumplimientos de la Nación en enviar recursos para obras de infraestructura. Reconocidos académicos y especialistas en cuestiones constitucionales y tributarias han expresado públicamente que la nueva tasa vial propuesta por el Gobierno provincial es inconstitucional y aseguró que si se aprueba van a llover los litigios. Dijeron que este tipo de tasas son impuestos, que no pueden ser legislados por la provincia en virtud de que existen normas tributarias análogas por parte de la nación, generando una violación a la ley de coparticipación y a la Constitución Nacional que define qué tributo puede legislar las provincias, cuáles la nación y cuáles los municipios. Que La provincia de Córdoba no posee ninguna clase de atribuciones para hacer ley este proyecto de tasa vial. Van a llover los litigios y se puede saber cuál va a ser el resultado. Que si el Tribunal Superior de Justicia fallará a favor es de prever que la Corte ordene que se siga su añeja doctrina judicial. Esto de las tasas no es nada nuevo. Se viene dando, pasar los servicios de la nación a la provincia y esta 1213 a los municipios, pero este traspaso de obligaciones no iba acompañado del traspaso de fondos. Entonces los municipios comenzaron a inventar tasas para hacerse de fondos. Con todo este relato, apunto a poner de manifiesto el estado de duda o incertidumbre que ha sido creado con la nueva situación jurídica luego de la aprobación de la ley citada. Sumergiéndome concretamente en el tema central, desde una perspectiva, la provincia de Córdoba, a través de la mencionada ley nº publicada en el Boletín Oficial de la provincia con fecha , ha dispuesto: Capítulo I Tasa Vial Provincial Artículo 1º.-Creación. Créase la Tasa Vial Provincial, en adelante denominada la Tasa, destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley Nº 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la provincia de Córdoba. Artículo 2º.-Consumidores. Entiéndese por usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC), a los fines previstos en la presente Ley, a quienes adquieran dichos productos para su uso o consumo, actual o futuro, en la provincia de Córdoba. Artículo 3º.- Tasa. La Tasa que deben abonar los usuarios consumidores definidos en el artículo 2º de esta Ley, destinado a integrar el Fondo Provincial de Vialidad creado por Ley Nº 8555, es de: a) Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos, a excepción del Gas Natural Comprimido (GNC): 1) Diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características similares: VEINTE CENTAVOS DE PESO ($ 0,20) por cada litro expendido; 2) Nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de características similares: CUARENTA CENTAVOS DE PESO ($ 0,40) por cada litro expendido, y 3) Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados precedentes: TREINTA CENTAVOS DE PESO ($ 0,30) por cada litro expendido. b) Gas Natural Comprimido (GNC): QUINCE CENTAVOS DE PESO ($ 0,15) por cada metro cúbico expendido. Artículo 4º.- Liquidación e ingreso por combustibles líquidos. Quienes expendan y/o comercialicen combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, son responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34 del Código Tributario Provincial - Ley Nº Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial Provincial creada por esta Ley, por la comercialización o expendio de dichos productos realizada a usuarios consumidores en el ámbito de la Provincia de Córdoba. A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso a) del artículo 3º de esta Ley por la cantidad de litros de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, expendidos o despachados a usuarios consumidores en el ámbito provincial. 1314 Cuando el expendio se efectúe por intermedio de terceros que lo hagan por cuenta y orden de empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, dichos consignatarios, intermediarios y/o similares, actuarán directamente como responsables sustitutos de los consumidores obligados. Artículo 5º.-Liquidación e ingreso por gas natural comprimido (GNC). Los titulares de las bocas de expendio de combustibles y de almacenamientos de combustibles para consumo privado que estén habilitadas para comercializar gas natural comprimido (GNC), son los responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34 del Código Tributario Provincial - Ley Nº Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial Provincial creada por esta Ley, por los expendios de dicho producto realizados en la Provincia de Córdoba. A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley, por la cantidad de metros cúbicos de gas natural comprimido (GNC) expendidos o despachados a usuarios consumidores en el ámbito provincial. Artículo 6º.- Procedimiento. Los responsables sustitutos deben ingresar con la periodicidad y dentro de los plazos que a tal efecto determine el Ministerio de Finanzas, los fondos recaudados y sus accesorios -de corresponder- en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir del vencimiento del mismo, sin necesidad de interpelación alguna, el interés que a tal efecto establece el Código Tributario Provincial -Ley Nº Texto Ordenado Artículo 7º.- Infracciones. Toda acción u omisión que importe una violación de índole sustancial o formal a las disposiciones previstas en la presente Ley, constituye una infracción punible en la medida y con los alcances que el Código Tributario Provincial -Ley Nº Texto Ordenado y demás normas sancionatorias establezcan para los tributos. Artículo 8º.- Régimen de Información. Presunciones. La Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la reemplace, puede establecer un régimen de información por parte de los integrantes de la cadena de comercialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en el ámbito provincial, que permita determinar la cantidad de litros o metros cúbicos de expendio o despacho realizados en la Provincia por las empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de los productos hidrocarburíferos comprendidos en la presente Ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que el importe total de la Tasa por los consumos determinados en el período que se defina para la liquidación de lo recaudado debe resultar equivalente al valor por litro y/o metro cúbico de la Tasa, multiplicado por la cantidad de litros y/o metros cúbicos recibidos en idéntico período por quienes deben actuar como responsables sustitutos, en las bocas de expendio o despacho y/o depósitos ubicados en la Provincia de Córdoba, según corresponda. A tales efectos, de corresponder, deben considerarse las existencias iniciales y finales. Quedan exceptuados de la presunción a la que se refiere el párrafo precedente los litros o metros cúbicos comercializados por parte de los responsables sustitutos a sujetos no obligados como consumidores y demás situaciones que el Poder Ejecutivo establezca. Artículo 9º.- Base imponible. Cuando el importe de la Tasa no se encontrare discriminado en la factura o documento equivalente emitido se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que el referido importe se encuentra incluido en el monto total de la factura o documento equivalente. El importe de la Tasa creada por la presente Ley no integra, para el responsable sustituto, la base imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Artículo 10.- Modificaciones. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a: a) Modificar y/o adecuar trimestralmente el monto de la Tasa previsto en el artículo 3º de la presente Ley teniendo en cuenta la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y finalidades para la cual fue creada; 1415 b) Modificar y/o adecuar el valor de la Tasa prevista en el artículo 3º de la presente Ley según el tipo de expendio de carga de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, teniendo en cuenta las distintas denominaciones y/o designaciones en que se pueden clasificar los mismos, de acuerdo a sus cualidades y/o calidades. Asimismo, podrá disponer la aplicación de la referida Tasa a combustibles sustitutos y/o cualquier otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada para propulsión de automotores; c) Definir nuevos responsables de liquidación e ingreso del importe de la Tasa, readecuando -de corresponder- el procedimiento de recaudación establecido en la presente Ley, y d) Establecer los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley podrán computar -total o parcialmentecontra los tributos legislados en el Código Tributario Provincial y/o leyes especiales, el monto de la Tasa pagada al responsable sustituto, en tanto se encuentre debidamente facturada por éste. El referido cómputo no podrá generar para el sujeto saldo a su favor trasladable, debiendo ser computado -de corresponder- antes de retenciones, percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a cuenta. Cuando la Tasa haya sido computada contra un impuesto que integra el fondo a coparticipar con municipios y comunas en los términos de la Ley Nº 8663, se deberá asegurar que dicha detracción no incida en el monto total recaudado que deba ser distribuido a éstos. En todos los casos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial. Artículo 11.- Excepciones. El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituyere, queda facultado para establecer excepciones y/o exclusiones de pago de la Tasa en virtud de las características de la operación y/o tipo de consumidores pasibles de la misma. Artículo 12.- Instrumentación. Fiscalización. Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la aplicación y/o recaudación de la Tasa creada por la presente Ley y el régimen de información que establezca la Secretaría de Ingresos Públicos. Asimismo, facúltase a la Dirección de Policía Fiscal a verificar, fiscalizar y/o determinar la Tasa creada por esta Ley, como así también la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder. Artículo 13.- Asignación. Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos provenientes de la Tasa Vial Provincial creada por la presente Ley, para financiar las erogaciones derivadas del artículo 1º de este plexo normativo. Capítulo II Modificaciones Normativas Artículo 14.- Ley Nº Modificación Artículo 2º. Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 8555, el que queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 2º.- OBJETO: La Dirección de Vialidad tiene por objeto la planificación, el estudio, proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, explotación, modificación y/o mantenimiento de la red general de caminos y del sistema de autovías, carreteras y nudos viales de la Provincia de Córdoba, y asesorar al Poder Ejecutivo en todos aquellos convenios referidos a la consecución de sus fines con entes nacionales, provinciales o municipales. Ejerce, por delegación expresa del Poder Ejecutivo, el poder de policía en la red general de caminos y sus obras complementarias. Artículo 15.- Ley Nº Modificación Artículo 7º. Incorpórase como inciso m) del artículo 7º de la Ley Nº 8555, el siguiente: m) Lo recaudado en concepto de Tasa Vial Provincial abonada por los usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba. Artículo 16.-Ley Nº Modificación Artículo 34. Incorpórase como último párrafo del artículo 34 del Código Tributario Provincial -Ley Nº Texto Ordenado 1516 2012-, el siguiente: Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que -para cada caso- se estipule en las respectivas normas de aplicación. Capítulo III Disposiciones Complementarias Artículo 17.- Interpretación. La presente Ley es de orden público y todo conflicto normativo relativo a su aplicación se interpretará y resolverá en beneficio de la misma. Artículo 18.-Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Artículo 19.-De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial AFECTACIÓN AL RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS: Desde otra mirada -que obviamente comparto- la Ley y modificatorias, de coparticipación federal de impuestos, prohíbe el establecimiento de tributos locales análogos a los nacionales coparticipables. De esta prohibición se excluyen expresamente: a) el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; b) el Impuesto de Sellos; c) el Impuesto Inmobiliario; d) el Impuesto a los Automotores; e) el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y f) las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Existiría entonces superposición entre dos grupos normativos, uno provincial y otro nacional. Respecto de la coexistencia de ambos grupos normativos entiendo, como lo desarrollaré abajo, que las leyes nacionales, normas constitucionales, y anteriores leyes provinciales de adhesión a regimenes preexistentes, prevalece por sobre la nueva Si se trata realmente de una Tasa en las condiciones previstas anteriormente, se hallaría excluida del cotejo por analogía. En cambio, si se considera que -más allá del nomen iuris utilizado por el legislador provincial- se trata de un verdadero impuesto, hay que analizar si compite o no con el Impuesto a los Combustibles Líquidos establecido en la ley y modificatorias, que es coparticipable. La ley en cuestión crea una tasa denominada tasa vial provincial destinada a retribuir distintos servicios ordenados al mantenimiento y conservación del trazado que integra la red caminera provincial. Así presentada, la tasa técnicamente encubre, a mi modo de ver, un impuesto con afectación específica de muy dudosa legalidad 1617 constitucional, que afecta -además- tres leyes nacionales: La ley de coparticipación que prohíbe que se establezcan tributos similares a los ya establecidos de orden federal, la ley de combustibles que señala que no se pueden establecer impuestos similares, y el Estatuto de creación de Vialidad Nacional al cual adhirieron las Provincias y por el cual se comprometieron a no establecer otros gravámenes locales sobre los combustibles líquidos. Se le ha puesto el nombre de tasa a este impuesto para sortear las prohibiciones, pero en la jurisprudencia pacífica, la tasa es una contraprestación de un servicio público efectivamente prestado y determinado con exactitud. El régimen de coparticipación federal de impuestos encuentra su fundamento en la distribución de competencias tributarias entre la nación y las provincias, que establece la Constitución. El art. 4 de la Constitución Nacional dispone que: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación, o para empresas de utilidad nacional. A su vez, el inc. 2 del art. 75 de la Carta Magna regula que corresponde al Congreso de la nación: imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las 1718 provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición. Tenemos entonces que la Constitución Nacional establece un esquema de facultades tributarias concurrentes entre la nación y las provincias, en forma permanente o por tiempo determinado, según se trate de impuestos directos o indirectos. Ambas tienen en forma concurrente la potestad tributaria para imponer impuestos indirectos, en todo momento, mientras que las provincias tienen en todo momento la competencia para establecer impuestos directos. La nación puede establecer impuestos directos en forma concurrente con las provincias sólo por tiempo determinado y en situación de emergencia. Como se aprecia, hasta aquí el esquema constitucional conduce a un sistema de doble imposición por parte de la nación y las provincias sobre los mismos hechos imponibles. Esta atribución de competencias concurrentes motivó hace ya varios años la necesidad de crear sistemas de armonización tributaria que permitan a cada jurisdicción ejercer sus competencias, para evitar la doble imposición, de consecuencias gravosas y potencialmente confiscatorias para los contribuyentes. El sistema de coparticipación de impuestos, que ahora la provincia de Córdoba pretende ignorar, tiene este objetivo: evitar que las provincias establezcan impuestos análogos a los establecidos en el orden federal. La ley convenio, a la que expresamente adhirieron todas las provincias argentinas, entre ellas Córdoba, se estructura como un pacto entre la nación y las provincias, según el cual la primera recauda determinado tributo y distribuye su producido con las segundas; a cambio, las provincias se comprometen a derogar todo tributo análogo y a no imponer ninguno similar en el futuro. Cualquier discusión de antaño ha quedado superada a partir de la reforma constitucional del 94, en la cual se incorporó el mecanismo de la coparticipación tributaria al texto de la Carta Fundacional, si bien la ley convenio prevista en la 1819 Constitución de 1994 no ha sido aún sancionada por el Congreso, por lo cual continúan rigiendo las disposiciones de la ley Tenemos entonces que la Provincia de Córdoba se comprometió a no aplicar por sí ni a través de sus organismos administrativos ni municipalidades ningún impuesto, tasa o contribución análoga a los nacionales coparticipados. Esta prohibición tiene algunas excepciones, entre las cuales se encuentran las tasas por servicios efectivamente prestados. Es por eso que el gobierno ha recurrido al término tasa, pretendiendo ocultar la verdadera naturaleza de este verdadero impuesto, análogo con el que ya cobra la nación. También debe tomarse en cuenta que el órgano de control e interpretación de la ley /88 es la Comisión Federal de Impuestos (CFI), integrada por un representante de la Nación y uno por cada provincia. La CFI tiene la obligación de controlar que los fiscos provinciales y las municipalidades no impongan tributos análogos a los coparticipados. Decide cuándo un tributo provincial o municipal está prohibido por el régimen por ser análogo con uno coparticipado. En ese caso, si el fisco incumplidor no lo deroga, la Comisión establece que no se le giren los fondos por el tributo nacional que ha duplicado. Pero, mientras tanto, tanto la nación como la provincia me siguen cobrando el mismo impuesto. El examen de la validez constitucional de la norma provincial puesta en la mira, pone de manifiesto los límites a los que la más delicada función del Tribunal ha de ceñirse. La CSJN a partir del precedente de Fallos: 149: 260, in re "Sociedad Anónima Mataldi Simón Limitada c/ Provincia de Buenos Aires, por repetición de pago de impuestos", del 28 de septiembre de 1927, ha sostenido que los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso (Fallos: 149:260; 302:1181; 320:619, entre otros). 1920 El último supuesto indicado es el que se perfila en esta demanda y no desconozco que su valoración debe ejercerse con suma prudencia en tanto compromete la atribución del Tribunal de declarar inaplicables leyes o actos emanados de otros poderes del Estado Nacional o provincial, a titulo de contrarios a la Constitución o a las leyes nacionales (arg. Fallos: 286:76 y 331:2178). La reforma constitucional de 1994 dejó expresamente en claro la concurrencia de la Nación y de las provincias en cuanto a la facultad de establecer impuestos indirectos (Articulo 75, inciso 2), bien que esta cuestión había quedado zanjada definitivamente en el recordado precedente de Fallos: 149:260, in re "Mataldi". De allí que el constituyente de 1994 receptara esa facultad concurrente en el texto constitucional. A la luz de estos conceptos corresponde determinar si la aplicación de la ley provincial , por la que se crea la "Tasa Vial" genera los agravios que invoco. Uno de mis reclamos se sustenta entonces en la inconstitucionalidad del gravamen local frente a las disposiciones de la ley de coparticipación federal asumidas por la provincia de Córdoba cuando adhirió a la Ley Nacional "Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias", sin limitaciones ni reservas, por medio de la ley local nº TRIBUTO IDÉNTICO AL IMPUESTO NACIONAL SOBRE LOS COMBUSTIBLES: La tasa de 20 centavos y de 40 centavos por litro para el gasoil común y especial, respectivamente, que adquiera en la provincia para mis actividades, guarda sustancial analogía con el IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y EL GAS NATURAL previsto por la ley /91, modificatorias y complementarias (cfr. Texto ordenado en 1998 por Anexo I del Decreto Nº 518/1998, B.O. 18/5/1998. Ver también eximición del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, previsto en el Título III de la presente Ley, por art. 1 de la Ley N , B.O. 10/1/2006; art. 33 de la Ley Nº , B.O. 28/12/2007; art. 33 de la Ley N , B.O. 21/11/2008; y art. 26 de la Ley N , B.O. 28/12/2011. Por art. 3º de la Ley Nº , B.O. 8/1/2002, se establece que el presente Título regirá hasta que otra ley disponga su derogación).- 20 Mostrar más
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