Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806066553
Timestamp: 2019-08-23 02:07:20
Document Index: 185963234

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 18', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 14', 'artículo 115', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 45', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 21', 'artículo 124', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 150', 'artículo 747', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 21', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 57', 'artículo 70', 'artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 178', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 124', 'Artículo 45', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 105', 'Artículo 57', 'Artículo 70', 'Artículo 12', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066553
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 331/2017. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE.IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD).V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD).VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 331/2017. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. 20 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIO: O.V.M..
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de junio de dos mil dieciocho.
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Temoac, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
Norma cuya validez se impugna
El primer acto de aplicación es el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., en su parte normativa que menciona ... . El cual no cumple con las formalidades de creación de la norma jurídica.
1. La pretensión de las autoridades demandadas de desintegrar la conformación del C. municipal del Ayuntamiento Constitucional de Temoac, M., mediante la aplicación de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., consistente en la invasión de esferas competenciales de la Legislatura Estatal y declara la destitución de la presidente municipal del H. Ayuntamiento de Temoac, M., por conducto de los siguientes acuerdos:
a. Lo constituye el acuerdo de fecha dieciséis (16) de agosto (08) del año dos mil diecisiete (2017), emitido por los CC. Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., a través del cual determinaron hacer efectivo al Ayuntamiento de Temoac, M., la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veintiuno (21) de septiembre (09) del año dos mil dieciséis (2016) y, en consecuencia, se determinó destituir a la presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Temoac, M., en su carácter de integrante del C. del H. Ayuntamiento, dictado en los autos del expediente **********, incoado por la C. ********** en contra del H. Ayuntamiento de Temoac, M..
b. Los oficios números 8867, 8871, 8870, 8869, 8868, todos de fecha 16 de agosto de 2017, suscritos por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. y la secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., mediante el cual requieren a los integrantes del C. del H. Ayuntamiento de Temoac, M., procedan a realizar todas las acciones legales y administrativas para hacer efectiva la destitución real, material y jurídica de quien actualmente ostenta el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Temoac, M.(.Lo que a la fecha no ha ocurrido y a través de los cuales se pretende materializar la destitución del hoy quejoso).
1. Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el nuevo Ayuntamiento de Temoac, Estado de M., con un presidente municipal y síndico municipal, además de acuerdo al artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, se conforma con tres regidores, en total cinco los integrantes del Ayuntamiento municipal, siendo los siguientes: ... .
2. Con fecha 10 de noviembre del año 2017, fui enterado por los regidores e integrantes del C. municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., del contenido de los oficios números 8867, 8871, 8870, 8869, 8868, todos de fecha 16 de agosto de 2017, suscritos por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.(.anexos 2, 3 y 4), mediante los cuales hace del conocimiento a los integrantes del C. del H. Ayuntamiento de Temoac, M., que en cumplimiento del acuerdo de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, deducido del expediente número **********, se ordenó girarles los oficios en mención para hacer de su conocimiento que en sesión del Pleno efectuada por los integrantes del Tribunal de Conciliación de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, se determinó por unanimidad de votos la destitución del cargo de quienes actualmente se ostentan con el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento demandado, motivo por el cual se le requirió para que dentro del término improrrogable de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la presente notificación, tengan a bien realizar las gestión real, material y jurídica de la presidenta municipal del Municipio de Temoac, M., en esto en aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., en plena contravención del Pacto Federal, siendo un artículo inconstitucional ya que ésta no reúne las características de una norma general ya que no cumple con el procedimiento legislativo de creación de la ley, de acuerdo a lo previsto por los artículos 42, 44, 47, 70, fracción XVII y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de M., además en plena contravención de lo previsto por el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 70, fracción XVII y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de M..
Provocando una inestabilidad en la integración del Ayuntamiento de Temoac, M., provocando un daño a la colectividad y al interés social.
Es por estos motivos, que queda plenamente acreditada la invasión de esferas competenciales y las cuales provocan un grave problema jurídico-político a la integración del Ayuntamiento de Temoac, M., es por lo que acudo ante esta instancia constitucional para declarar la invalidez del acuerdo combatido, así como la aplicación de la norma impugnada como inválida, por carecer de sustento constitucional y ser contraria al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Local y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., por eso es que se recurre por conducto de esta controversia constitucional.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad a este Máximo Tribunal de control constitucional, que el suscrito **********, síndico municipal del Ayuntamiento citado, hoy quejoso, he tenido conocimiento de los hechos narrados que anteceden hasta el día diez de noviembre del año dos mil diecisiete, por tanto, a esta fecha, no se ha materializado por los integrantes del C. municipal la destitución del suscrito del cargo que desempeño.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República, al establecer que las infracciones a la citada Ley del Servicio Civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a su interés convenga.
De igual manera, el acuerdo de destitución de la presidenta municipal transgrede lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, que consagra el derecho de toda persona a que con anterioridad a la emisión de un acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos o posesiones, se le conceda la oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos.
El acuerdo de destitución impugnado transgrede lo señalado en la fracción I del artículo 115 del Ordenamiento Supremo pues se decretó la destitución de la presidenta municipal sin notificar al Ayuntamiento, específicamente, al síndico que tiene su representación, el inicio del procedimiento relativo para darle oportunidad de defensa, desconociéndose que el Poder Reformador de la Constitución salvaguardó la integración y la continuidad en el ejercicio de las funciones de los Municipios al facultar de manera exclusiva a los Congresos Locales para afectar dicha integración, lo que reconoció el Congreso del Estado de M. al establecer el procedimiento relativo en la Ley Orgánica Municipal de la entidad.
Invoca el Municipio actor, en apoyo de sus argumentos, las jurisprudencias «P./J. 7/2004 y P./J. 115/2004», de rubros: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO."
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil diecisiete, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 331/2017; asimismo, admitir a trámite la demanda y, por razón de turno por conexidad, se designó como instructor al Ministro A.P.D.. En el mismo proveído se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M., a los secretarios de Gobierno y del Trabajo, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestaciones de demanda. Compareció en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente y tercer árbitro, aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución de la presidenta municipal de Temoac, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación de la presidenta municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."; y, c) se actualiza el supuesto previsto en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia porque el Municipio actor promovió las diversas controversias constitucionales 173/2016 y 152/2017 en contra del numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., con motivo de la asunción de competencia por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para ordenar la destitución de la presidenta municipal de Temoac, M., dentro de un juicio laboral.
En cuanto al fondo, sostiene, esencialmente, que es cierto el acto reclamado pero no en los términos referidos, pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., es facultad del tribunal imponer las sanciones contenidas en el propio numeral, consistentes en multa de hasta quince salarios mínimos (fracción I) y la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios (fracción II). Asimismo, la propia ley contempla en el artículo 45, fracción XIII, la obligación de los poderes del Estado y de los Municipios de aceptar los laudos que dicte el tribunal. De lo que se advierte la obligación del Ayuntamiento de Temoac, M., de aceptar y dar cumplimiento al laudo de fecha cuatro de septiembre de dos mil seis, cuestión que ha omitido, de ahí que sea competencia del tribunal destituir de su cargo a la presidenta municipal del referido Ayuntamiento.
Asimismo, que es facultad de dicho tribunal valerse de distintos medios para hacer cumplir sus determinaciones, máxime que ante la omisión de las demandadas de dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el tribunal puede dar origen a sanciones de distinta naturaleza, como ocurrió en el presente caso.
De la misma forma, señala que no tiene razón el Municipio actor al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que la presidenta municipal de Temoac, M., desatendió el laudo dictado en el expediente **********.
Por otro lado, el secretario de Gobierno del Estado de M. y el consejero jurídico, éste en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, en sus respectivas contestaciones de demanda, plantearon la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor en tanto el Ejecutivo de la entidad y el secretario de Gobierno no han realizado ningún acto que invada su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo y secretario carecen de legitimación pasiva; y, b) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acuerdo de destitución en el expediente laboral ********** no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., sino que con anterioridad se promovió juicio de amparo, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de M. bajo el número ********** e igualmente se promovieron las diversas controversias constitucionales 173/2016, 152/2017, 231/2017 y 01/2018, con motivo de otro acto de aplicación. En cuanto al fondo, sostienen que el Municipio actor no da razones para sustentar su afirmación en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos para la creación de normas, advirtiéndose que la promulgación y el refrendo de la disposición impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local y al secretario de Gobierno, además de que la sanción de destitución de la presidenta municipal de Temoac, M., constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
En la contestación de demanda formulada por el secretario del Trabajo se señaló en relación con los hechos que no se niegan ni se afirman por no ser hechos propios, pero se advierte de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, que el Municipio actor conoció la existencia del juicio laboral y de la resolución dictada en el procedimiento relativo, teniendo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes. En relación con el refrendo destacó que carece de atribuciones para refrendar los decretos promulgatorios del Ejecutivo del Estado, lo que corresponde en exclusiva al secretario de Gobierno.
Por último, en representación del Poder Legislativo del Estado de M. compareció la presidenta de la mesa directiva, la que señaló que la presentación de la demanda que dio origen a la controversia constitucional que nos ocupa, fue presentada de forma extemporánea, atendiendo a lo notificado en los oficios 8867, 8871, 8870, 8869 y 8868, todos de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, deducidos del juicio laboral **********; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley de la materia y debe sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Asimismo, señaló la legalidad del proceso legislativo relativo a la creación de la Ley del Servicio Civil, cuya invalidez se demanda, respetándose entodo momento el proceso legislativo y no haberse vulnerado los principios de seguridad jurídica y deliberación parlamentaria.
SÉPTIMO.—Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, se asentó que se tuvieron por formulados los alegatos del secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de M., que hizo valer mediante escrito recibido el veinte de abril del año en curso y se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., y uno de sus Municipios, el de Temoac, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre alguna norma de carácter general.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., dentro del expediente del juicio laboral **********, así como su notificación y la comunicación contenida en los oficios de la referida fecha, identificados con los números 8867, 8871, 8870, 8869 y 8868, por el que las autoridades responsables hacen del conocimiento de las autoridades del C. municipal, la resolución de destitución de la presidenta municipal.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete,(2) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por hacer caso omiso al último requerimiento que se les hizo en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, con el fin de que acataran lo determinado en el laudo pronunciado en el juicio laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, M.; a dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor la **********, consistente en la DESTITUCIÓN del presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Temoac, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo de fecha cuatro de septiembre de dos mil seis. ... .
"ÚNICO: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo de Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Temoac, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad; por lo que se ordena girar oficios al C. de dicha entidad municipal, para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal.
"Lo anterior, al haberse aplicado la destitución en caso de incumplimiento a los requerimientos realizados por este H. Tribunal al C. Presidente del H. Ayuntamiento de Temoac, M. ...
"De lo que se advierte que resulta una obligación del Ayuntamiento de Temoac, M., el dar total y cabal cumplimiento al laudo de fecha cuatro de septiembre de dos mil seis emitido por esta autoridad, de igual forma este tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria al presente procedimiento, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del laudo por parte del Ayuntamiento demandado, asimismo los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. establecen las medidas legales con las que cuenta este tribunal para efecto de hacer cumplir sus resoluciones, artículos que a la letra indican:
"N. personalmente y cúmplase. Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen los CC. Integrantes de este H. Tribunal Estatal ...".
En cumplimiento a la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente ejecutor, mediante oficios 8867, 8871, 8870, 8869 y 8868,(3) de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de la presidenta, del síndico y de los regidores municipales de Temoac, M., la referida determinación plenaria.
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, mismo en que el presidente ejecutor del mencionado tribunal dictó los oficios por los que hizo del conocimiento de los integrantes de dicho Ayuntamiento la determinación de destitución aludida, se concluye que se trata de actos de aplicación de la disposición impugnada en perjuicio del Municipio actor.
Ahora bien, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, de destituir a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., fue notificada a este Municipio el diez de noviembre de dos mil diecisiete, ya que consta en las actas relativas.(5)
Dicha notificación surtió efectos el día en que se practicó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(6) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(7) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del lunes trece de noviembre de dos mil diecisiete, al martes nueve de enero de dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre; dos, tres, nueve y diez de diciembre, todos del año dos mil diecisiete y uno, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles, así como del dieciséis al treinta y uno de diciembre, por corresponder al segundo periodo vacacional del Alto Tribunal, todo ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(8) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(9) y el punto primero, incisos a), b) y m), del Acuerdo General Número 18/2013,(10) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. en la sesión celebrada el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, así como en torno a los oficios de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.
Con lo cual quedan desvirtuadas las alegaciones del Poder Legislativo del Estado, en las que sostiene que la notificación al síndico municipal de Temoac, M., la realizó el actuario del tribunal con fecha anterior al diez de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, pues como se pudo observar, la notificación al representante legal del munícipe de Temoac, M., se realizó el diez de noviembre del año dos mil diecisiete, tal como obra en constancias de autos a foja 573.
Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil, se advierte que la misma no se realiza en virtud de la publicación de la norma en tanto ello ocurrió en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, sino con motivo de su aplicación. Sin embargo, el cómputo relativo para determinar la oportunidad de su impugnación no puede hacerse a partir de los actos de aplicación controvertidos en esta controversia constitucional, a que se hizo referencia en el párrafo precedente, ya que con anterioridad al dieciséis de agosto de dos mil diecisiete en que se produjo el primero de ellos, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ya había aplicado el citado numeral 124, fracción II, al Municipio de Temoac, M..(11)
Por tanto, los actos de aplicación que ahora impugna el Municipio de Temoac, M., no lo legitiman para impugnar de nueva cuenta el citado numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, en tanto que el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece como plazo para presentar la demanda de controversia constitucional en contra de normas generales el de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, sin que pueda reclamarse la misma norma general con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, tal como se establece en la siguiente jurisprudencia P./J. 121/2006:(12)
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Temoac, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de **********, en su carácter de síndico del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el concejo municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(15) en la que consta tal carácter.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Temoac, Estado de M., lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(19) que establece:
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., el cual les fue reconocido así en el auto dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil diecisiete, el veintidós de diciembre del referido año.
En relación con los secretarios de Gobierno y del Trabajo del Estado de M., cabe precisar que es criterio definido de este Alto Tribunal,(21) que tratándose del reconocimiento de la legitimación pasiva en las controversias constitucionales, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, así como que en el caso específico del acto de refrendo de los decretos y reglamentos del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado, reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo, por lo que los referidos secretarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, cuando como ocurre en el caso, se les imputa haber omitido el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., en que se ubica el artículo 124, fracción II, cuya invalidez solicita el Municipio actor.
a) PoderLegislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M. comparece **********, en su carácter de diputada presidente de la mesa directiva del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura.(22)
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de M.,(23) compete al presidente de la mesa directiva la representación legal del Congreso en cualquier asunto en que sea parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de M. comparece **********, en su carácter de consejero jurídico, lo que acredita con el Periódico Oficial de la entidad de diecinueve de abril de dos mil diecisiete,(24) en que se publica su nombramiento.
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de M., en términos de lo previsto en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado.(25)
Establece el artículo 57 de la Constitución local,(26) que el Poder Ejecutivo de la entidad se ejerce por el gobernador del Estado, quien está facultado para designar al consejero jurídico conforme al artículo 70, fracción VI, de la propia Constitución del Estado.(27) El gobernador del Estado delegó y autorizó al consejero jurídico para ejercer las facultades y atribuciones que requieran de acuerdo previo, según consta en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince,(28) por lo que dicho consejero jurídico está facultado para constituirse como representante legal del gobernador del Estado de M., en la presente controversia constitucional.
c) Secretarios de Gobierno y del Trabajo. Comparece ostentando el cargo de secretario de Gobierno del Estado de M., **********, lo que acredita con el nombramiento expedido por el gobernador constitucional del Estado de M. de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, con efectos a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5566 de tres de enero de dos mil dieciocho,(29) por lo que se le reconoce legitimación.
De igual manera se reconoce legitimación a F.A.S.A., quien se ostenta como secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de M., ya que lo acredita con la copia fotostática de su nombramiento.(30)
d) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda **********,(31) presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que procede reconocerle legitimación en tanto la representación legal de dicho órgano jurisdiccional corresponde a su presidente en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.(32)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Dado que ya se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que se refiere al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., procede esta Segunda Sala a examinar las causales de improcedencia hechas valer en cuanto afectan la procedencia de la controversia constitucional en torno a los actos de su aplicación, a saber, la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., así como los oficios de la misma fecha.
Al respecto, se determina que es infundada la pretensión relativa la falta de interés legítimo del Municipio actor, ya que los actos impugnados referidos en el párrafo precedente afectan la integración del Ayuntamiento del Municipio de Temoac, M., por lo que está plenamente justificado el interés legítimo que le asiste para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(33) que establece:
Por otro lado, se desestima lo planteado en torno a la falta de legitimación del Municipio actor derivada de la afirmación consistente en que los actos impugnados no invaden la esfera de competencia de dicho Municipio, ya que involucra el estudio de fondo del asunto. Esta determinación se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 92/99,(34) que señala:
1. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., **********, demandó del Ayuntamiento de Temoac, M., el pago de todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho tanto generadas como las que se sigan generando como consecuencia del despido injustificado del que fue objeto, como lo son el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad, horas extras y demás prestaciones laborales, además de los gastos de ejecución y la exhibición de las constancias de seguridad y previsión social determinadas por la Ley del Servicio Civil del Estado de M.. El juicio se radicó con el número de expediente **********.
2. El citado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el cuatro de septiembre de dos mil seis, en el que condenó al Ayuntamiento de Temoac, M., al pago de las prestaciones laborales demandadas.
3. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., declaró procedente la imposición de la medida consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
4. El Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en sesión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, determinó procedente la imposición de la medida consistente en la destitución de la presidenta del Ayuntamiento de Temoac, M., de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, por lo que el presidente ejecutor mediante oficios identificados con los números 8867, 8871, 8870, 8869 y 8868,(35) de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de los integrantes del C. la determinación plenaria con el objeto de que en el improrrogable término de tres días realizaran las gestiones necesarias para materializar la destitución de la presidenta municipal.
Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(36) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(37) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las actuaciones y razonamientos que llevaron al dictado del laudo en el juicio laboral ********** ni las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión plenaria de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, determinó aplicar como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., como tampoco la legalidad de los oficios de la referida fecha, sino que plantea, por un lado, vicios en el procedimiento legislativo que dio vida al citado artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y, por otro lado, que dicha disposición transgrede el artículo 115 de la Constitución, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta a la presidenta y síndico municipales con fundamento en la disposición impugnada, también transgrede la norma suprema mencionada.
Por tanto, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008 antes transcrita, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado sino a cuestiones que atañen al ámbito competencial del Poder Legislativo Local y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Temoac, M..
SEXTO.—Estudio de fondo. Como conceptos de invalidez formulados en contra del acuerdo impugnado, el Municipio actor aduce, básicamente, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de su presidenta municipal, por lo que debe declararse su invalidez.
Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(39) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"... Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos. También implica una descentralización política que organiza una entidad autónoma hasta cierto límite y en atención a ciertas necesidades, bajo un régimen jurídico especial que comprende: un núcleo depoblación agrupado en familias, una porción determinada del territorio nacional, y también determinadas necesidades colectivas relacionadas con el Gobierno de la ciudad y con exclusión de lo que corresponde a otros entes.
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que: ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine’, es decir que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias ... ."
La jurisprudencia P./J. 19/99,(41) que se cita en el precedente señala:
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178 refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes,(43) mientras que en sus numerales 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud destituir a integrantes del Ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éstos, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a integrantes del Municipio actor, en concreto, a la presidenta municipal, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, así como de los oficios de esa misma fecha, dictados por el presidente ejecutor a fin de hacer efectiva la determinación plenaria.
Igual criterio sostuvo esta Segunda Sala, al fallar las controversias constitucionales 253/2016, 217/2016, 110/2017, 210/2017, 215/2017, 231/2017 y 1/2018, la primera el quince de noviembre de dos mil diecisiete, las cuatro siguientes el veinticuatro de enero y la penúltima el catorce de marzo de dos mil dieciocho y la última el veinte de junio del presente año.
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(44) que obliga a esta Segunda Sala a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(45) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(46) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto de la determinación de destitución y oficio impugnado dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
TERCERO.—Se declara la invalidez de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de estimar procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M. y de los oficios de la misma fecha, dictados por el presidente ejecutor de dicho tribunal.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D. (ponente), J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. emitió su voto con reservas.
2. Fojas 561 a 565 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatalde Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
3. Fojas 571 a 575 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
5. Fojas 571 a 575 del mismo cuaderno de pruebas.
10. "Primero. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: a) Los sábados; b) Los domingos; ... g) El primero de mayo; ... m) Aquellos en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando ésta no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."
11. En la controversia constitucional 173/2016, promovida por el Municipio de Temoac, M., éste impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., consistente en la sesión plenaria que realizó el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de treinta y uno de mayo del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el convenio suscrito en el juicio laboral **********, así como el acuerdo del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral, los que le fueron notificados el día dieciocho de octubre siguiente.
18. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones: ... II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."
21. Jurisprudencia P./J. 109/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1104, registro digital: 188738, de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."
22. Fojas 336 a 362 de autos.
23. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva: ... XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno del Congreso del Estado."
24. Fojas 122 a 235 de autos.
25. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones: ... II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
26. "Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará gobernador Constitucional del Estado."
27. "Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado: ...VI. Designar o nombrar a los secretarios de despacho y al consejero jurídico, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo género; ... ."
28. Foja 236 a 238 de autos.
29. Foja 91 frente y vuelta de autos.
30. Foja 64 de autos.
31. Foja 304 de autos.
32. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes: ... XIII. Tener la representación legal del tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales, así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
33. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, julio de 2001, página 925, registro digital: 189325.
34. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710, registro digital: 193266.
35. Fojas 571 a 575 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
37. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, Tomo I, junio de 2012, página 18, registro digital: 2000966, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
41. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, página 283, registro digital:194286.
46. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... i) ... Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.—En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
47. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."