Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl3708-2017-74121-de-marzo-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_bb65b7688e794493be17a4ca3e1ff239&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 00:21:28
Document Index: 204989001

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 56', 'artículo 63', 'artículo 16', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 56', 'artículo 216', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 216', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 216', 'artículo 177', 'artículo 216', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 177', 'artículo 216', 'artículo 56', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL3708-2017/74121 DE MARZO 15 DE 2017
SENTENCIA SL3708-2017 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:NO SUMINISTRAR IMPLEMENTOS DE TRABAJO NI CAPACITAR AL TRABAJADOR AUMENTA RIESGOS PREVISIBLES. NO SUMINISTRAR IMPLEMENTOS DE TRABAJO NI CAPACITAR AL TRABAJADOR AUMENTA RIESGOS PREVISIBLES. SE EXPLICA QUE ESTE RIESGO AUMENTA CUANDO EL EMPLEADOR NO SUMINISTRA LOS IMPLEMENTOS ADECUADOS DE TRABAJO Y NO PROPORCIONA LA CAPACITACIÓN ADECUADA AL EMPLEADO. EL ALTO TRIBUNAL PRECISA, QUE DEPENDIENDO DEL CASO EN CONCRETO, EXISTEN TRABAJOS QUE EXIGEN MEJOR PREPARACIÓN POR PARTE DEL TRABAJADOR, CON CONOCIMIENTO DE LOS PELIGROS Y PREVISIONES QUE LE ACARREABAN. ADEMÁS, SE INDICA QUE AUN CUANDO NO SEA SU ACTIVIDAD NORMAL, DEBE TENERSE EN CUENTA LA PREVISIBILIDAD DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN SUCEDER SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. POR OTRO LADO, EL EMPLEADOR NO CUMPLE CON LOS DEBERES DE CUIDADO MÍNIMO IMPUESTOS, PRINCIPALMENTE, POR EL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, CUANDO NO DEMUESTRA LA ENTREGA AL TRABAJADOR DE LA DOTACIÓN QUE LO PROTEGA, NI QUE LO HUBIESEN CAPACITADO PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD RIESGOSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, SEGURIDAD INDUSTRIAL, TRABAJADOR, RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:547 DE JULIO DE 2017, PÁG.1140
Sentencia SL3708-2017/74121 de marzo 15 de 2017
SL3708-2017
Radicación: 74121
En uso de la facultad prevista en el artículo 63A de la Ley 270 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Palmas Oleaginosas del Magdalena Ltda.
“Padelma Ltda.”, contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 13 de mayo de 2015, en el proceso que instauraron Javier Manuel Escorcia Gómez, en nombre propio y de sus dos hijas menores Ani María y Emily Yulieth Escorcia Castillo; Francisco Manuel Escorcia Montenegro y Rosa Matilde Gómez Campo contra la Cooperativa de Trabajadores de Palma de Montería y, solidariamente, contra la sociedad recurrente.
La parte actora llamó a juicio a las codemandadas antes mencionadas con el fin de que se declare que los señores Javier Manuel Escorcia Gómez y Francisco Manuel Escorcia Montenegro sostuvieron sendos contratos de trabajo con la cooperativa enjuiciada y solidariamente con Padelma Ltda.
A consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas a reconocer a Javier Manuel la seguridad social en pensiones desde el 14 de abril de 2008 hasta el 25 de abril de 2009, más los intereses moratorios; las primas de servicios, las cesantías y las vacaciones por el mismo lapso; y la moratoria; se declare la responsabilidad por culpa patronal de las convocadas a juicio, a raíz del accidente que sufrió aquel el 25 de abril de 2009, por falta de medidas de prevención e incumplimiento de las normas de salud ocupacional; y que son responsables de las obligaciones en cabeza del sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales por incumplir su obligación legal de afiliarlo al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales; como consecuencia de lo anterior, sean condenadas a reconocerle las prestaciones asistenciales no concedidas por la EPS, por ser de origen profesional, como cirugías plásticas, terapias y todas las necesarias para su rehabilitación con los respectivos viáticos para el “demandado” y sus acompañantes; junto con el pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, desde el 25 de abril de 2009 hasta que sea reconocida judicialmente la pensión de invalidez; más la pensión de invalidez, a partir del 25 de abril de 2009, por sufrir una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% por causa del accidente de trabajo sufrido. Así mismo, las condenas derivadas de la indemnización plena de perjuicios consistente en lucro cesante, consolidado y futuro; el daño moral y de la vida en relación, a favor del extrabajador y de sus progenitores; más los perjuicios morales de sus hijas menores.
Por otra parte, el demandante Francisco Manuel reclamó las prestaciones, la seguridad social y la moratoria, con causa en el contrato de trabajo cuya declaratoria persiguió con el presente proceso.
Las precitadas peticiones, básicamente, se fundamentaron en que Javier Manuel mantuvo una relación laboral con la cooperativa convocada a juicio y, solidariamente, con Padelma Ltda., con fecha de inicio el 14 de abril de 2008, en la prestación del servicio de corte del fruto de corozo de palma y mantenimientos a las mismas; Padelma sostuvo un contrato ficticio con la cooperativa, y el actor atendía las instrucciones de aquella a través de sus administradores y supervisores; devengó un salario promedio de $ 656.000; nunca estuvo afiliado al sistema de seguridad social y el vínculo feneció el 25 de abril de 2009, cuando ocurrió el accidente de trabajo, aproximadamente a las 8 y 30 a.m., mientras cumplía la labor de corte del fruto de corozo, con su herramienta de trabajo consistente en una vara de aluminio de 12 metros de altura, el piso estaba mojado por la lluvia, y las ramas de los árboles impedían visualizar los cables eléctricos que se encontraban arriba de la palma. En fin, anotó, las condiciones del terreno y las herramientas y la dotación de trabajo no estaban adecuadas contra riesgos accidentales, lo que hizo que recibiera una descarga de alrededor 13 mil voltios y le produjera quemaduras de segundo y tercer grado en todas las partes de su cuerpo; las demandadas no tenían personal preparado para atender los primeros auxilios, y el accidentado fue trasladado en un tractor hasta encontrar un vehículo de la empresa y luego llevado al hospital; finalmente, fue atendido en la Clínica Benedicto con el Sisben, donde lleva hospitalizado varios meses; que la empresa no dotó a los trabajadores de los elementos técnicos para evitar el accidente, ni se había implementado un protocolo de seguridad industrial; la situación de invalidez que sufre ha obligado a sus padres a interrumpir sus labores cotidianas para cuidarlo, pues su matrimonio se terminó por las secuelas del accidente; informó que, mediante tutela, de forma transitoria, logró el reconocimiento de las incapacidades médicas y demás prestaciones económicas a cargo de las enjuiciadas.
La contestación de la sociedad enjuiciada fue inadmitida, y esta guardó silencio; mientras que la cooperativa no respondió la demanda, fl. 186.
El juzgado segundo laboral del circuito de Santa Marta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de octubre de 2013 (fls. 315 al 316), declaró la existencia de los dos contratos de trabajo con la cooperativa y la solidaridad entre las dos entidades convocadas a juicio, e impuso condena por las prestaciones laborales; en lo que interesa al recurso de casación, declaró la culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por Javier Manuel el 25 de abril de 2009 y condenó solidariamente a las codemandadas a pagar a favor del accidentado:
1. La pensión de invalidez a partir del 25 de abril de 2009, en cuantía equivalente a $ 585.000;
2. El retroactivo pensional al 30 de septiembre de 2012, equivalente a $ 35.214.044;
3. Las prestaciones sociales derivadas del contrato;
4. Daños morales en el monto de 100 SMLMV;
5. Perjuicios fisiológicos por $ 15.000.000;
6. Y, a favor de los padres y de las menores hijas, 50 SMLMV a cada uno, por perjuicios morales.
En lo que respecta al recurso de apelación de la sociedad demandada determinó que el motivo de inconformidad se contrajo a la condena por indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y a la orden de pago de 100 SMLMV por perjuicios morales.
Dejó sentado que no cabía duda de que el extrabajador Javier padeció un accidente de trabajo, mientras realizaba la actividad de corte del fruto de corozo de palma, en las instalaciones de la empresa, cuando la vara de aluminio con la que estaba podando la palma tropezó con un cable de alta tensión, y el trabajador recibió una descarga eléctrica en tronco y extremidades, lo que le generó una pérdida de capacidad laboral del 72.66%, de conformidad con la prueba testimonial y el informe de la junta regional de invalidez de Magdalena, fl. 266.
Confrontó la posición del accionante consistente en que la demandada no le había suministrado los implementos necesarios para el corte de la fruta ni para el mantenimiento de las palmas, mientras que la enjuiciada había sostenido en la apelación que el accidente se debió al descuido o impericia del actor.
Refirió que la culpa patronal predicada por la parte demandante está regulada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, de donde extrajo que en esta disposición se consagra una responsabilidad de carácter subjetivo, toda vez que debe estar suficientemente acreditada la culpa del empleador en el acaecimiento del siniestro y el daño, así como el nexo causal entre el comportamiento culposo y el perjuicio, cuya prueba está a cargo del trabajador; es decir, para el ad quem, esta responsabilidad no está afincada en presunciones de culpa, con inversión de la carga de la prueba de la víctima al presunto victimario; e invocó la postura de esta corporación frente a la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de exigir que debe estar plenamente comprobada la culpa del empleador, a diferencia de lo que ocurre con las prestaciones económicas y asistenciales tarifadas previstas en los artículos 249 y ss. de la Ley 100 de 1993, “Ley 776 de 2002” y demás normas reglamentarias, las cuales se causan con el mero acontecimiento de las contingencias establecidas; y que la condena por indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo requiere de la prueba del incumplimiento del empleador de las obligaciones contenidas en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo que, de modo general, le corresponden y le atribuyen el deber de comportarse y conducirse, en el desarrollo y ejecución de la relación de trabajo, de conformidad con los intereses legítimos del trabajador tendientes a evitar que este reciba menoscabo en su salud o su integridad a causa de los riesgos del trabajo; que, cuando esto no ocurre así, se incumple culposamente tales deberes que surgen del contrato de trabajo y emerge entonces la responsabilidad del empleador para indemnizar totalmente los daños causados.
Seguidamente, definió la culpa como aquella falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en la realización de los negocios propios, como son las acciones de la gente que pudieron ser previstas y no lo fueron y que causan daño; o cuando se confió imprudentemente que se podían evitar sus efectos, de donde concluyó que la culpa se caracteriza por la posibilidad y la previsión, y se descarta su presencia cuando el hecho es irresistible e imprevisible; por tanto, consideró que al empleador le corresponde dotar a los empleados de los elementos de protección y de las herramientas de trabajo suficientes para desempeñarse, a efecto de prevenir accidentes de trabajo, esto es garantizar el desarrollo de las labores convenidas en condiciones idóneas para la seguridad y la salud de quienes las desempeñan. Así pues, dedujo que los empleadores deben informar a sus trabajadores de los riesgos a los que se encuentran expuestos en el desempeño de su labor y propiciar ambientes de trabajo sanos.
Para examinar la prueba de la culpa del empleador se remitió al fl. 276 del expediente, referente al informe de la profesional en salud ocupacional, y observó que esta se había trasladado al lugar de los hechos y constatado que los árboles donde ocurrió el accidente de trabajo se encontraban a una distancia de 5-6 metros desde los cables energizados, que estos fueron cortados y se sembraron nuevos árboles aún más cerca de los cables energizados; que, a una distancia de 100 metros, había un árbol debajo de los cables con las ramas quemadas; también encontró en el informe que no se hallaron registros del incidente, ni la investigación correspondiente al suceso, ni recomendaciones a los trabajadores sobre las técnicas apropiadas, ni la evaluación de riesgos en el entorno, y se extrañaron mejoras continuas en los procedimientos. Que no se pudo contactar a la cooperativa por no existir al momento.
Igualmente, tuvo en cuenta la sustentación en audiencia del mencionado dictamen, donde la experta dijo que el accidente se había podido evitar si la vara cortadora hubiera tenido un aislante de energía; que no hubo registro de la capacitación practicada al extrabajador, y ratificó lo anotado en el informe, con la aclaración que no se le presentó la constancia de que al trabajador se le hubieran entregado elementos de protección.
Con base en la prueba testimonial, el tribunal confirmó la ocurrencia del accidente de trabajo y que, si bien el trabajador tenía guantes para desarrollar su labor, estos no eran aislantes, y que el “malayo” consistente en dos varas de aluminio, cada una de 6 metros de altura, que podía alcanzar hasta 12 metros, tampoco tenía aislante de energía.
Con relación a los implementos de trabajo, consideró que el empleador debió demostrar que le había entregado al accionante los apropiados, para acreditar que actuó con diligencia y cuidado; sin embargo, en el expediente no encontró prueba de que las demandadas hayan actuado con el mínimo deber de cuidado impuesto por las normas del trabajo y salud ocupacional frente a las labores desempeñadas por la víctima del accidente, pues los guantes que le fueron suministrados al trabajador, según lo comprobado, no servían de aislante en el caso de que la herramienta de trabajo de material de aluminio tuviera contacto con redes energizadas o líneas de alta tensión.
Determinó que el accidente ocurrido no provino de un descuido del trabajador, ya fuera por el no uso de los elementos de protección, o por error en la utilización de los mismos, o por el inadecuado desempeño de las actividades; por el contrario, detectó que el caso era de trabajadores expuestos a riesgos previsibles, por desempeño en actividades riesgosas, con el aumento del riesgo creado por el no suministro de los implementos adecuados de trabajo y por la falta de capacitación del empleado, pues trabajar con redes eléctricas exige un colaborador mejor explicado, con conocimiento de los peligros y previsiones que atañen, lo cual, si bien no era la actividad normal del trabajador, sin embargo, sí era previsible de acuerdo con el material de aluminio de la herramienta de trabajo, ya que representaba un riesgo inminente de darse un contacto con la red de energía, hecho este que no era imposible y no se podía alegar que se dio por la impericia del trabajador.
Todo lo antes dicho, lo llevó a concluir que los demandados debieron suministrarle al actor las herramientas que le proporcionaran protección personal con un aislamiento de corriente y que no se le podía achacar a este inexperiencia si el empleador nunca lo había capacitado para desempeñar las labores que le fueron encomendadas. Que, de aceptarse la inexperiencia del actor, lo sería por la omisión del empleador de su deber legal de entrenarlo.
En consecuencia, le negó la razón a la empresa apelante y confirmó la culpa del empleador establecida por el a quo. de igual manera, decidió el ataque relacionado con la condena por los 100 SMLMV por perjuicios morales a favor del actor, en razón a que los consideró debidamente justificados.
Interpuesto por la codemandada Padelma, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Se pretende la casación de la sentencia, y, una vez la Corte se constituya en sede de instancia, revoque la decisión del juzgado, en los puntos tercero, sexto octavo y noveno, “en cuanto establecieron la existencia de la culpa patronal y dispusieron el pago de los daños morales y los perjuicios fisiológicos, en favor de los demandantes, condenó en costas y la confirme en los demás”.
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, infracción que condujo a la indebida aplicación subsiguiente de los artículos 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, y los artículos 56, 57 y 348 del mismo ordenamiento, lo que la llevó, a su vez, a la aplicación indebida del artículo 17 del Decreto 4588 del 2006.
Consciente de que por la vía escogida no puede discutir los hechos, la censura señala que, para que sea admisible la aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en consecuencia, se pueda proferir una decisión condenatoria, es indispensable que la culpa del empleador se encuentre suficientemente comprobada; así, estima necesario que no solo se hubiese probado la ocurrencia del accidente, sino que, además, aparezca suficientemente acreditada la manera misma en la cual este aconteció, y ello es así, porque, si bien hay criterios que sugieren que la responsabilidad que conlleva la indemnización ordinaria y total de perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, su establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, según lo señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para el recurrente, no puede perderse de vista que todo lo que finalmente puede conducir a la declaratoria de la culpa del empleador requiere partir del conocimiento tendiente a explicar de qué manera se dio el accidente, pues es partiendo de ese hecho como se puede llegar a deducir, de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema, si existió un incumplimiento de parte del empleador en los deberes de protección y seguridad que se establecen en el artículo 56 del ordenamiento sustantivo, como para que sea admisible manifestar que hubo culpa del empleador en el accidente.
Considera este asunto de singular importancia, pues, en su criterio, si en realidad no se conoce la manera en la que sucedió el accidente de trabajo, la consecuencia subsiguiente deviene de una responsabilidad que, a diferencia de la que se señaló, es objetiva, e involucra los procesos de atención, primeramente.
No existe forma de aplicar la consecuencia que se consagra en el artículo 216 mencionado, a una situación en la cual la ocurrencia del accidente sea desconocida, porque, si bien hay una protección que surge de forma directa de la existencia del accidente, en este caso sería la de la atención inmediata de todas las consecuencias que, en materia de salud, sufre el accidentado, así como de las económicas directamente relacionadas con el mayor o menor grado de pérdida de la capacidad laboral, a partir de un porcentaje que la ley determina, en este caso la pensión por invalidez, y la pensión de sobrevivientes, cuando sobreviene el fallecimiento del accidentado, en favor de sus beneficiarios.
Para la consecuencia en términos de la indemnización plena de perjuicios, sostiene, no resulta suficiente demostrar tan solo que hubiese ocurrido un accidente; no, el análisis exige allí una cuestión que es de índole subjetiva y que exige que la ocurrencia del mismo este determinada, pues es a través de la serie de precisiones de su ocurrencia, como se puede arribar a la conclusión lógica de que la culpa se encuentra suficientemente comprobada, y, cuando ello es así, es evidente que la indemnización puede revestirse de algunos elementos a los cuales no se accede, si no media este elemento subjetivo, este conocimiento pleno acerca de cómo se dieron los hechos que desembocaron en el accidente, porque, conociéndolos, el proceso de adecuación lógica acerca de la manera en la cual intervino el cumplimiento de las obligaciones del empleador, es lo que permite establecer con claridad si su culpa se vincula o no.
Manifiesta que no puede perderse de vista que se trata de una carga que le es imputable al actor que pretende, en su favor, este reconocimiento; carga que no admite presunciones, ni elementos extraños diferentes a la gestión misma del actuar profesional, tal y como en suficientes decisiones lo ha establecido la Sala laboral.
Por ello, estima, en este evento, si bien se dio un accidente, se acreditó que el trabajador no estaba afiliado ante la ARL y es admisible que la empresa y el obligado en solidaridad respondan de las consecuencias del accidente y asuman el pago de la pensión de invalidez, considera que no acaece lo mismo con la afirmación de que, en el accidente, el empleador incurrió en culpa y, lo que es más diciente, que la misma se encuentre plenamente comprobada, tal y como claramente lo dejó sentado el salvamento de voto que fue emitido.
Acusa la sentencia señalada por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil violación medio que condujo a la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, infracción que condujo a la indebida aplicación subsiguiente de los artículos 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, y los artículos 56, 57, 348 del mismo ordenamiento, lo que la lleva a su vez a la aplicación indebida del artículo 17 del Decreto 4588 del 2006.
Alude a que, para proferir la decisión que se está cuestionando, el tribunal comenzó por hacer suyas las consecuencias que se establecieron en la decisión de fecha 3 de mayo de 2006, Nº 26126; y que luego se valió del criterio que sostuvo la perito que fue designada para analizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud ocupacional y, finalmente, analizó los testimonios de Ricardo Arroyo y de Eliecer Escorcia.
Se lamentó que no hubiese entendido la recta consecuencia que se desprende del contenido del artículo 177 del ordenamiento procesal y que no se haya percatado de que, para decidir entre la aplicación de la indemnización que proviene de las normas que establecen las consecuencias del accidente de trabajo, en materia de atención y de las consecuencias económicas, entendidas como pensión de invalidez, o de sobrevivientes, cuando sea del caso, no es necesario asumir solo la carga de demostrar que se presentó un accidente y que el mismo era de trabajo, porque, a diferencia de esa situación, para poder llegar a condenar en la indemnización plena de perjuicios, es indispensable que el actor asuma la carga de demostrar dos aspectos fundamentales; primero, que, en el accidente, intervino la culpa del empleador; y, segundo, como lo entiende la jurisprudencia, que se comprueben los hechos que evidencian que faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, conforme a la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes. Lo que, para el recurrente, significa, ni más ni menos, que se debe demostrar la existencia de la culpa leve.
Para el impugnante, el problema grande que aquí se presenta estriba en que la carga de probarlo era del actor, y, en este evento, no se ha podido establecer siquiera como ocurrió el accidente; por ello, estima que fue imprescindible aplicar de forma indebida la disposición del código de procedimiento civil, que está siendo cuestionada, para que fuera dable asumir que la culpa del empleador se encuentra demostrada, porque el esfuerzo empleado por el actor, en pro de obtener las resultas de sus pretensiones, fueron sumamente pobres, y no alcanzaron a superar el hecho de haber sido afirmaciones dentro de los hechos de la demanda, lo que se pretende mostrar como un esfuerzo probatorio; en su opinión, se procedió de esta manera por parte del ad quem, lo que se explica de una manera sencilla, porque las consecuencias del accidente sufrido por el actor fueron muy desagradables, pero que eso, per se, sea suficiente para asumir que en el accidente que sufrió el actor intervino la culpa suficientemente comprobada del empleador, hay una gran distancia.
Reitera que de tiempo atrás y con bastante insistencia, ha quedado claramente establecido que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo implica una carga muy exigente para el que pretende obtener los beneficios que de ella se derivan, y la razón de ser se debe a que no hay límites al alcance de la consecuencia indemnizatoria, la cual comienza por el lucro cesante, y concluye en los perjuicios o daños fisiológicos y los daños morales o “pretium doloris”.
Por ello, no encuentra razón para entender, por encima de lo que aparece en el plenario, salvo haciendo una inferencia muy grande y difuminando los alcances de la norma cuestionada del ordenamiento procesal civil, en la forma como cree que se está haciendo, que la culpa de las entidades demandadas se encuentra probada por encima de cualquier duda razonable, pues la verdad es que culpa suficientemente comprobada del empleador, aquí, no hay, concluye.
La parte actora se opone a la prosperidad del recurso. Considera que, contrario a lo manifestado en la impugnación extraordinaria, la culpa del empleador sí está plenamente probada.
El recurso se contrae a cuestionar la legalidad de la declaratoria que hizo el tribunal de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el accionante Javier Manuel el 25 de abril de 2009, presupuesto que le sirvió para confirmar las condenas correspondientes a la indemnización plena de perjuicios, tanto a favor del extrabajador como de los integrantes de su grupo familiar que acudieron al presente proceso y demostraron que resultaron afectados con el siniestro.
En lo que atañe al accidente de trabajo, al haber optado el recurrente por la vía directa en los dos cargos que formula, en sede de casación, gozan de presunción de legalidad las premisas fácticas asentadas por el juez de alzada consistentes en la ocurrencia del siniestro que sufrió el extrabajador, mientras realizaba la actividad de corte del fruto de corozo de palma, en las instalaciones de la empresa, cuando la vara de aluminio con la que estaba cortando la palma tropezó con un cable de alta tensión y el trabajador recibió un descarga eléctrica en tronco y extremidades, lo que le generó una pérdida de capacidad laboral del 72.66%, de conformidad con la prueba testimonial y el informe de la junta regional de invalidez de Magdalena.
De igual manera, se mantienen los hechos deducidos del informe de la experta de salud ocupacional referentes a que los árboles donde ocurrió el accidente de trabajo se encontraban a una distancia de 5 y 6 metros de los cables energizados, que en la empresa no había registros del incidente, ni la investigación correspondiente al suceso, ni recomendaciones a los trabajadores sobre las técnicas apropiadas, ni la evaluación de riesgos en el entorno; que el accidente se había podido evitar si la vara cortadora hubiese tenido un aislante de energía, y que no había registro de capacitación del trabajador ni de entrega de elementos de protección para cumplir la labor.
Tampoco entra a la discusión en este estadio procesal lo asentado por el ad quem de que no obraba prueba en el plenario sobre que las accionadas hubiesen actuado con el mínimo deber de cuidado impuesto por las normas de trabajo y salud ocupacional frente a las labores cumplidas por la víctima directa del accidente, pues los guantes que le fueron entregados no sirvieron de aislante en el momento en que la vara cortadora de aluminio tuvo contacto con las redes energizadas o líneas de alta tensión.
Todo lo anterior le sirvió de sustento al juez de alzada para colegir que el accidente no provino de un descuido del trabajador, como lo quería hacer ver la empresa, pues aquel no se derivó del no uso de los elementos de protección, o por error en la utilización de los mismos, o por el inadecuado desempeño de las actividades; por el contrario, lo llevó a determinar que el caso fue de trabajadores expuestos a riesgos previsibles, por el desempeño de actividades riesgosas, con el aumento del riesgo creado por el no suministro de implementos adecuados de trabajo y por la falta de capacitación del empleado, pues trabajar con redes eléctricas exige un colaborador mejor preparado, con conocimiento de los peligros y previsiones que le acarreaban; que, si bien no era su actividad normal, si era previsible lo que podía suceder según la herramienta de trabajo de material de aluminio, y remató con la conclusión de que los demandados no le suministraron al actor los elementos de protección personal con un aislamiento de corriente ni le dieron la capacitación requerida para desempeñar el oficio que le fue encomendado.
De tal suerte que el recurrente, en los argumentos expuestos para demostrar la supuesta violación directa de las normas acusadas, con base en la premisa de que no fue establecido en el plenario cómo sucedió el accidente, desconoce de un tajo los razonamientos fácticos que hizo el juzgador y le achaca un yerro que salta a la vista que no cometió, comoquiera que, en momento alguno, el juez de alzada presumió la culpa del empleador o relevó al trabajador de su carga de probarla plenamente.
Todo lo contrario, el juez colegiado sí estableció las circunstancias que rodearon el siniestro y que las demandadas no cumplieron con los deberes de cuidado mínimo impuesto, principalmente, por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no halló prueba de que le hubieran entregado al trabajador la dotación que lo protegiera de la conducción de energía, ni que lo hubiesen capacitado para cumplir la actividad riesgosa de cortar los frutos y podar árboles con una vara que podía alcanzar hasta 12 metros, por lo que, al decir que el empleador debió demostrar que le había entregado los implementos de trabajo apropiados, no es que estuviera relevando al actor de probar la culpa del empleador, sino que, ante las negaciones indefinidas realizadas por el accionante de cara al cumplimiento de las obligaciones de protección y cuidado propias del contrato de trabajo, corroboradas con los testimonios y el dictamen pericial, sin que hubiese encontrado un hecho que las desvirtuara, no hizo más que enrostrarle a las demandadas que no probaron lo contrario.
De lo antes dicho sigue que se rechacen los cargos.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 13 de mayo de 2015, en el proceso que instauraron Javier Manuel Escorcia Gómez, en nombre propio y de sus dos hijas menores Ani María y Emily Yulieth Escorcia Castillo; Francisco Manuel Escorcia Montenegro y Rosa Matilde Gómez Campo contra la Cooperativa de Trabajadores de Palma de Montería y, solidariamente, contra Palmas Oleaginosas del Magdalena Ltda. “Padelma Ltda.”.