Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl7506-2016-49831-de-junio-8-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_5b81c87f82464da0a5e6a62ee454a8ff&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 18:19:55
Document Index: 16426217

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 53', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 83', 'artículo 41']

﻿ SENTENCIA SL7506-2016/49831 DE JUNIO 8 DE 2016
SENTENCIA SL7506-2016 DE 08 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEBE SER DIRIMIDO A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE AL MOMENTO DEL DECESO DEL AFILIADO (A) O PENSIONADO (A). SIN EMBARGO ES VIABLE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA QUE IMPLICA DARLE EFECTOS ULTRACTIVOS A LA NORMATIVIDAD ANTERIOR, CUANDO EN SU VIGENCIA SE CUMPLAN LOS SUPUESTOS DE LA NORMA RELATIVOS AL NÚMERO MÍNIMO DE COTIZACIONES, PORQUE EN ESOS EVENTOS SE PROTEGEN LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DEL ASEGURADO, QUE SI BIEN SATISFIZO ESAS EXIGENCIAS, NO ALCANZÓ A CONSOLIDAR EL DERECHO PORQUE DURANTE EL TIEMPO QUE TUVO VIGOR EL PRECEPTO NO SE ESTRUCTURÓ EL RIESGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia SL7506-2016/49831 de junio 8 de 2016
Rad. 49831
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y acceda a las pretensiones del libelo inicial.
Acusa la sentencia por vía directa, “al omitir la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 violación que lo condujo a la infracción indirecta de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990”.
En el desarrollo afirma el censor que:
El actor en la demanda argumentó que la asegurada Maria France Rodriguez Cumbe, era beneficiaría del régimen de transición, beneficio que la amparaba hasta el momento de su fallecimiento. Si el régimen de transición se extendió hasta el 31 de julio del 2010 (según A.L. 1/2005, par. trans. 4º), y la asegurada Maria France Rodriguez Cumbe fallece el 24 de junio del 2005 cuando el régimen de transición aún no ha desaparecido ¿Por qué a la causante no se le aplicó el régimen de transición?, ciertamente la Ley 797 del 2003, es la ley vigente para la fecha del deceso de la asegurada y esta ley no contempla el mismo régimen de transición del que habla la Ley 100 del 1993, pero tampoco la Ley 797 del 2003 está derogando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es más el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 del 1993, se extiende hasta julio 31 del 2010, luego a la asegurada Maria France Rodriguez Cumbe la cobijaba el régimen de transición, lo que implicaba que al momento en que cumpliera la edad para pensionarse por vejez, se le hubiera tenido que aplicar la norma “establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados” y el régimen anterior a que se refiere este artículo, es al Decreto 758 de 1990, que es la norma anterior al entrar en vigencia la Ley 100 del 1993, no se refiere al régimen anterior al vigente en el momento en que hubiera cumplido la edad de 60 años, es decir la ley anterior a la Ley 797 del 2003. Así mismo se le aplicaría en el caso de la pensión por invalidez o muerte, si la asegurada Maria France Rodriguez Cumbe, la cobija el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, este beneficio la acompaña hasta que se invalide o llegue a su vejez o fallezca, al menos de que el régimen de transición desaparezca del ordenamiento jurídico antes de que ocurra estos fácticos y como lo dije anteriormente el régimen de transición del artículo 36 se extendió hasta el 31 de julio del 2010 entonces cuando talleció asegurada Maria France Rodriguez Cumbe (24 de junio del 2005), aún estaba cobijada por el régimen de transición, así estuviera en vigencia la Ley 797 del 2003, ha debido tenérsele en cuenta dicho beneficio que había adquirido la asegurada al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
Esta acusación es similar a la anterior, aunque en ella se acude a la modalidad de interpretación errónea del artículo 53 de la Constitución Política y aplicación indebida del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. La sustentación es también muy parecida.
El replicante esgrime que la norma aplicable a la controversia era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que la causante no reunió el número mínimo de semanas exigido en dicha normatividad.
La Corte estudiará en forma conjunta las dos acusaciones propuestas contra el fallo del ad quem, en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho, citan similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo.
Aunque en el cargo primero se alude impropiamente “a la infracción indirecta de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990”, la Corte rescata un cargo autónomo en cuanto la demostración se edifica básicamente sobre razonamientos de estirpe jurídica.
Fueron hechos establecidos en el proceso y que se entienden admitidos por el impugnante dada la orientación jurídica de los ataques, i) que María France Rodríguez Cumbe falleció por causas de origen común el 24 de junio de 2005; ii) que cotizó al instituto durante toda su vida laboral 664 semanas, de las cuales ninguna corresponde a los 3 años anteriores al fallecimiento; iii) que a la fecha del deceso era cotizante inactiva; y iv) que la asegurada nació el 14 de febrero de 1955.
1. El impugnante cuestiona la decisión absolutoria del Tribunal, porque en su criterio la pensión suplicada debió concederse con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese año.
Al respecto se ha de indicar que como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado(a) o pensionado(a).
En este caso, en atención a que la causante falleció el 24 de junio de 2005, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
Frente a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes analizados en la sentencia gravada, señala el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que tendrán el derecho:
“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
“a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento “(…)” (se ha de tener en cuenta que por Sentencia C-1094-03, el porcentaje se redujo al 20% y por la C-556 de 2009 fue declarado inexequible).
En el sub lite es claro que la causante no cotizó 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento, pues en ese lapso no realizó aporte alguno siendo cotizante inactiva, como se dejó establecido en la sentencia gravada.
Por lo demás, es cierto que la Ley 100 de 1993, no estableció un régimen de transición para las pensiones de sobrevivientes, pues el consagrado en el artículo 36 de dicha normatividad es aplicable sólo a pensiones de vejez, sin que sea dable acudir a la analogía porque se trata de materias distintas. Sin embargo, ante ese vacío que la Corte ha denominado axiológico CSJ SL 405 de 2013, ha dado viabilidad a la aplicación del principio de condición más beneficiosa que implica darle efectos ultractivos a la normatividad anterior, cuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al número mínimo de cotizaciones, porque en esos eventos se protegen las expectativas legítimas del asegurado, que si bien satisfizo esas exigencias, no alcanzó a consolidar el derecho porque durante el tiempo que tuvo vigor el precepto no se estructuró el riesgo.
No obstante lo anterior, no cabe la plus ultractividad de la ley, pues dicho principio no se constituye en una patente de corso que habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro.
Esta Corporación en sentencia CSJ SL, dic. 9/2008, rad. 32642, reiterada en las de feb. 16/2010, rad. 39804 y mar. 15/2011, rad. 42021, precisó:
(…) no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho (…) Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32.642).
A esto habría que añadir, que la norma respecto de la cual eventualmente podría invocarse la aplicación por la vía de la condición más beneficiosa, sería el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993; sin embargo, las exigencias contenidas en ese precepto tampoco se cumplen en este caso, toda vez que al momento del deceso la afiliada no era cotizante activa y no sufragó aportes por el mínimo de 26 semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, como arriba se precisó.
2. No obstante lo anterior, el Tribunal incurrió en error al haber omitido el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, —norma que como se indicó regulaba la situación del sub lite—, de conformidad con el cual cuando un afiliado(a) haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media para la pensión de vejez en tiempo anterior a su fallecimiento, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º del artículo 46 citado, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes.
En efecto, el ad quem a pesar de encontrar aplicable el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por ser la vigente al momento del deceso de la causante, dejó de examinar la hipótesis establecida en el parágrafo primero de dicha disposición en el sentido de que también se podrá acceder a la pensión de sobrevivientes cuando el fallecido(a) haya dejado cumplido el requisito mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para la pensión de vejez; así las cosa al haberse pasado por alto en la sentencia esta eventualidad, debe proceder la corrección de la legalidad por el defecto jurídico existente, y en atención de que se trata de un derecho fundamental e irrenunciable como lo es la seguridad social.
En un caso de similares contornos analizado en la sentencia CSJ SL8432-2014, dijo la Sala:
Consecuente con lo anterior, para el caso, la norma vigente y aplicable es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que el causante, señor José Ramón Niño Vanegas, falleció el 26 de marzo de 2006; normativa que para acceder al derecho deprecado, exige tener cotizadas cuando menos 50 semanas, en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado, densidad de cotizaciones que el causante no acreditó, tal como la propia parte demandante reconoció desde la demanda. Fue precisamente por esa razón que invocó la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en relación con una norma que para la fecha del deceso del causante ya no estaba vigente, es decir, el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
Por consiguiente, el ad quem aplicó la norma correcta al caso, acorde con la jurisprudencia actual de la Corte —que no admite la aplicación “plus-ultra-activa” de una norma diferente a la que fue inmediatamente derogada por la actual, por lo que no se vislumbra en este aspecto la omisión en su aplicación, o la interpretación errónea de la misma como enrostra la censura, ni por ello, la vulneración de la Carta Política.
No obstante lo anterior, a pesar de que el ad quem hizo referencia a la norma correcta y aplicable, no menos cierto es que no lo hizo en la forma debida, pues no la transcribió en forma completa, al omitir el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que tampoco analizó, verificándose la vulneración, endilgada por la censura.
Así las cosas, las acusaciones prosperan, y la sentencia gravada será casada en su integridad.
Sin costas en casación dada la prosperidad de los cargos.
Para mejor proveer en instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, se ordena que por secretaría se oficie a Colpensiones, a fin de que en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita en forma ordenada y detallando de manera precisa y clara los periodos cotizados para pensión, el monto de cada cotización y el salario base de cada uno de los aportes realizados desde el momento de su afiliación inicial la causante María France Rodríguez Cumbe quien en vida se identificaba con C.C. 38.940.725 de Cali (Valle). Historia laboral que la secretaría pondrá a disposición del demandante por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo. Cumplido lo anterior, pasará el expediente al despacho para fallo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por José Omar Reyes Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
Para mejor proveer en instancia, por secretaría ofíciese a Colpensiones en la forma indicada en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente para dictar fallo de instancia».