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Timestamp: 2019-04-22 06:00:55
Document Index: 101922846

Matched Legal Cases: ['artículo 695', 'artículo 698', 'artículo 570', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 556', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 695', 'artículo 695', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 83', 'artículo 7', 'artículo 695', 'artículo 3', 'artículo 114', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6']

TJUE- petición de decisión prejudicial planteada- procedimiento entre Mohamed Aziz y Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, relativo a la validez de determinadas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes.
El 19 de julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España desde el mes de diciembre de 1993, suscribió con Catalunyacaixa, mediante escritura notarial, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria
De los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que el contrato de préstamo suscrito con Catalunyacaixa establecía en su cláusula 6 unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento Además, la cláusula 6 bis de dicho contrato confería a Catalunyacaixa la facultad de declarar exigible la totalidad del préstamo en el caso de que alguno de los plazos pactados venciera sin que el deudor hubiese cumplido.
La cláusula 15 del contrato, que regulaba el pacto de liquidez, preveía no sólo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida.
Aziz dejo de pagar en junio de 2008 por lo que Catalunyacaixa acudió al notario para que otorgara acta de determinación de deuda. Éste certificó que la deuda ascendía a 139.764,76 , cantidad que se corresponde las mensualidades no satisfechas, más los intereses ordinarios y los intereses de demora.
El 11 de marzo de 2009 Catalunyacaixa inicio procedimiento de ejecución contra el interesado, al cual Aziz no compareció y el juzgado ordenó la ejecución. Se envió requerimiento de pago al que no atendió ni formulo oposición. Así que se procedió a celebrar subasta pública para la venta del inmueble, sin que hubiese ofertas por lo que se adjudico por el 50% de su valor admitiéndolo el juzgado de primera instancia. En consecuencia Aziz fue expulsado de la vivienda.
Poco antes de que eso ocurriera, el 11 de enero de 2011 el Sr. Aziz presentó demanda en un proceso declarativo ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución.
El Juzgado de lo Mercantil nº 3 señalo que a efectos de la ejecución forzosa, el acreedor opta por el procedimiento de ejecución hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo son muy limitadas, ya que quedan postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tiene efecto suspensivo.
Al albergar dudas se decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados sería una limitación para el consumidor que obstaculiza el ejercicio de sus acciones o recursos judiciales.
Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción:
La posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en este caso para 33 años , por incumplimiento en un periodo limitado,
la fijación de unos intereses de demora del 18 % que no coincidan con los criterios de determinación de los interese moratorios,
La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido.
Catalunyacaixa y el reino de España manifiestan dudas a la admisibilidad de la primera cuestión judicial, ya que no es de utilidad para el órgano jurisdiccional para resolver el litigio. Alegan que se sustenta en un proceso declarativo y separado del procedimiento de ejecución hipotecaria y que sólo tiene como objeto la anulación de la cláusula 15 del contrato de préstamo en virtud de la normativa sobre la protección de los consumidores. Por lo que no se considera pertinente una respuesta relativa a la compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con la Directiva.
Según reiterada jurisprudencia basándose en la separación entre órganos jurisdiccionales naciones y el TJUE, solo el juez nacional es competente para constatar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el derecho nacional. Cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.
Con arreglo al sistema procesal español, Aziz no podía impugnar el carácter abusivo de una cláusula del contrato suscrito con la entidad ante el juzgado de primera instancia de Martorell, pero si ante el juzgado de lo mercantil de Barcelona que conoce del proceso declarativo.
El abogado general observa que la cláusula del contrato que Aziz quiere anular, señala que la directiva en su apartado 4, da una visión de conjunto de las otras cláusulas del contrato a que se refiere dicha cuestión puede tener repercusiones en el examen de la cláusula objeto del presente litigio, y por otra parte, el juez naciones está obligado, en virtud de la jurisprudencia del TJUE, apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello.
El órgano pide que se aclare si la Directiva debe interpretarse de manera que vaya en contra del de la normativa del Estado miembro. Para comenzar con esta cuestión se recuerda que la protección que establece la Directiva se basa en la situación de inferioridad en la que se encuentra el consumidor. Y teniendo en cuenta dicha inferioridad la Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularan al consumidor. El TJUE ha mencionado en varias ocasiones que el juez nacional apreciará de oficio la abusividad de la cláusula y subsanará el desequilibrio entre consumidor y profesional.
El Tribunal de Justicia declaró que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva que figura en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula
El TJUE ha declarado que la Directiva se opone a la normativa de un estado que no permite al juez examinar de oficio en ninguna fase del procedimiento el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor cuando éste último hoya formulado oposición.
A falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa la competencia para analizar la legitimidad de las cláusulas contractuales en virtud de las que se estableció el título ejecutivo, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión.
De los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que, según se establece en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando ésta se funde en la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, en un error en la determinación de la cantidad exigible. Con arreglo al artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el correspondiente
De lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria
Procede declarar que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva
En estas circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, oponiéndose de esta manera la Directiva a la normativa del estado miembro dado que no prevé, la posibilidad de formular oposición por la cláusula abusiva que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conoce del proceso declarativo, adopte medidas cautelares, entre ellas la suspensión del procedimiento.
El órgano jurisdiccional pide que se precisen los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva», de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, comprende la interpretación del concepto en el anexo de la Directiva, y los criterios que el juez nacional puede aplicar al examinar un cláusula contractual, entendiéndose que incumbe al juez nacional pronunciarse, teniendo en cuenta los criterios de la Directiva, de esto se desprende que el TJUE se limitará a dar al órgano jurisdiccional a remitir las indicaciones que debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante, las normas aplicables en Derecho nacional. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente.
Los criterios que debe considerar el juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona es si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.
En lo que respecta a la fijación de los intereses de demora, el juez deberá comprobar las normas nacionales y por otro el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persiguen en el estado miembro.
En lo que atañe a la cláusula relativa a la liquidación unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada el juez remitente deberá determinar si la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa.
El tribunal declara
La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
Sentencia del TJUE del 30 de abril de 2014 procedimiento prejudicial Barclays contra dos particulares [Ladillo/]
Tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
En 2005 los deudores firmaron un préstamo hipotecario. Las partes incluyeron una cláusula específica que estipulaba, en en caso de venta judicial del inmueble, el valor de tasación sería de 149 242,80 euros, según Barclays las partes acordaron la responsabilidad ilimitada de los deudores para la devolución del prestamo, sin limitar la responsabilidad al valor del bien hipotecado.
En 2007 Barclays se subrogo en los derechos de la entidad prestamista, en esa fecha se acordo ampliar capital prestado, no modificando nada más del contrato.
Según Barclays en 2009 se dejo de pagar el préstamo, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma de Mallorca una demanda de ejecución de la garantía hipotecaria, instando a que se despachara ejecución contra los deudores el principal, intereses vencidos, intereses y costas. Por lo que el juzgado ordeno el embargo. El inmueble fue adjudicado entonces al acreedor, Barclays por el 50% del valor de tasación.
A instancia de Barclays, se dicto auto despachando la ejecución contra los deudores. Ordenando la completa recuperación del crédito reclamado. Dentro del plazo previsto los deudores formularon oposición alegando que teniendo en cuenta la tasación de 182700 euros en virtud de un certificado encargado por Barclays , fue adjudicada por 74621,40, por lo que se debe considerar saldado la deuda.
Barclays impugnó los referidos motivos de oposición, alegando que no se había satisfecho íntegramente su crédito y que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en el sentido de no apreciar ni abuso de derecho ni enriquecimiento injusto por lo que el juzgado decidió plantear las siguientes cuestiones prejudiciales:
- Si la directiva 93/13 y los principios de la Unión deben interpretarse en sentido de que oponen a la normativa española en materia hipotecaria, pese a prever que el acreedor hipotecario pueda solicitar que se incrementen las garantías cuando el valor de tasación de un inmueble hipotecado disminuye en un 20 %, no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, que el consumidor-deudor-ejecutado pueda solicitar, previa tasación contradictoria, la revisión de tal valor de tasación
-Si la directiva 93/13 y los principios de la Unión deben interpretarse en el sentido de que se oponen al régimen procesal español sobre ejecución hipotecaria que prevé que el acreedor-ejecutante pueda adjudicarse el inmueble hipotecado por el 50 % de su valor
-Si la directiva 93/13 y los principios de la Unión interpreta que existe abuso de derecho y enriquecimiento injusto cuando el acreedor-ejecutante tras adjudicarse el inmueble hipotecado por el 50 % (actualmente 60 %) del valor de tasación solicita el despacho de ejecución por la cantidad pendiente para completar el total de la deuda,
-Si la directiva 93/13 y los principios de la Unión interpreta ue con la adjudicación del inmueble hipotecado con un valor de tasación y/o real superior al total del préstamo hipotecario resulta de aplicación el artículo 570 de la LEC que debe desplazar a los artículos 579 y 671 de la LEC y, en consecuencia, debe entenderse que se ha producido la completa satisfacción del acreedor ejecutante
El Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio. Asimismo la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor.
En el asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente no invoca ninguna cláusula contractual que pudiera ser calificada de abusiva. Las cuatro cuestiones prejudiciales versan sobre la compatibilidad de disposiciones legales y reglamentarias nacionales con la Directiva 93/13. Ninguna de las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal tiene carácter contractual
Por otro lado, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales controvertidas en el litigio principal se aplican únicamente cuando las partes contratantes no hayan pactado otra cosa. Por consiguiente, de conformidad con el considerando decimotercero de la Directiva 93/13, tales disposiciones se rigen por el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, a cuyo tenor «no estarán sometidas a las disposiciones de la Directiva». Así pues, en cualquier caso, la propia Directiva no resultaría aplicable.
Según ya se ha indicado, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales controvertidas en el litigio principal no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, puesto que no se ha invocado la existencia de ninguna cláusula abusiva. Así pues, en presencia de una lex specialis, como es la Directiva 93/13, que excluye de su ámbito de aplicación un caso como el del litigio principal, no es posible aplicar los principios generales que la inspiran.
[Ladillo] Sentencia del TJUE del 29 de octubre de 2015 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial por el Juzgado de primera instancia nº4 de Martorrel entre BBVA y particulares
Litigio entre BBVA, S.A., contra tres particulares en relación con su oposición a la ejecución hipotecaria de una plaza de aparcamiento y de un trastero.
Marco jurídico. Derecho de la Unión
Artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: que las cláusulas abusivas establecidas en un contrato celebrado entre consumidor y un profesional serán nulas subsistiendo el contrato. De las misma manera los estados miembros velarán para que existan medios adecuados para que cese el uso de cláusulas abusivas
El artículo 556, apartado 1, de la LEC dispone lo siguiente: «Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente.
Litigio principal y cuestión prejudicial [Ladillin]
Con anterioridad al 15 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013, BBVA inició un procedimiento de ejecución hipotecaria , una vez expirado el plazo de un mes para formular incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria previsto en la disposición transitoria. Los ejecutados en el litigio principal alegaron ante el órgano jurisdiccional nacional que el plazo preclusivo establecido en esa disposición era contrario a la Directiva 93/13.
En efecto, por una parte, el plazo preclusivo de un mes para invocar el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el título ejecutivo era insuficiente para que los tribunales controlaran de oficio el contenido de los contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria
Los ejecutados afirman que el plazo preclusivo de un mes comienza a partir de la comunicación realizada en el BOE y no de forma individual por lo que los consumidores tienen dificil el acceso a la justicia.
El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: Si el plazo de un mes dispuesto por la ebe entenderse que se opone al sentido de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE
[Ladillin] Sobre la cuestión prejudicial y de fondo
Es preciso comenzar recordando que, según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional y habida cuenta de esto el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas abusivas no vinculan a los consumidores.
La Ley 1/2013 modificó los artículos de la LEC relativos al procedimiento de ejecución de bienes hipotecados en el caso de los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, la oposición del ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual y formulada en un plazo ordinario de diez días a partir de la fecha de notificación del auto en el que se despache ejecución, permite que se suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se resuelva el incidente de oposición.
Debe señalarse a este respecto que, ciertamente, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de fijación de un plazo de oposición, admitido en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros. No obstante, el Tribunal de Justicia ha destacado que esas modalidades deben cumplir el doble requisito de no ser menos favorables que las que rigen situaciones similares sujetas al Derecho interno de no hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión.
Como señaló el Abogado Generaleste análisis debe comprender dos elementos: la duración del plazo preclusivo establecido por el legislador y el mecanismo previsto para determinar el inicio de ese plazo.
Por lo que se refiere a la duración del plazo, debe tenerse en cuenta que, según reiterada jurisprudencia, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión.
Debe señalarse que el plazo de un mes ha sido establecido, a título excepcional, por una disposición transitoria cuyo propósito es conceder a los consumidores,la posibilidad de invocar, en el marco del mismo procedimiento, un nuevo motivo de oposición. Por esa razón debe considerarse que, en atención a la posición que ocupa la disposición transitoria, un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición no parece materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado habida cuenta de los derechos e intereses de que se trata
Por lo que se refiere al mecanismo previsto por el legislador para determinar el inicio de ese plazo, cabe hacer las siguientes consideraciones: Señalar que en el momento de iniciarse el procedimiento de ejecución instado en su contra, estos consumidores fueron informados mediante una notificación individual, que les fue dirigida personalmente, de que tenían la posibilidad de oponerse a la ejecución en un plazo de diez días a partir de esa notificación.
Sin embargo, esta notificación, anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013, no contenía información acerca del derecho de tales consumidores a formular oposición a la ejecución alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución, por lo que los consumidores no podían esperar que se les concediera una nueva posibilidad de formular un incidente de oposición sin ser informados de ello a través de la misma vía procesal por la que recibieron la información inicial.
Debe concluirse que la disposición transitoria controvertida vulnera el principio de efectividad
Sentencia del TJUE del 17 de julio de 2014
Esta sentencia tiene por objeto la decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 7 de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados por los consumidores.
La directiva prevé que los adquirientes de bienes y servicios deben estas protegidos por abusos del poder del vendedor.Dicha directiva dispone que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se consideran abusivas, si causan detrimento al consumidor un desequilibrio entre derechos y obligaciones.
Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido. El anexo de la Directiva contiene una lista de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, como pueden ser: cláusulas que tengan por objeto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor.
El capítulo III de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó la ley de enjuiciamiento civil. En concreto el art. 695 de la LEC, relativo al procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria , dice que formulada la oposición el secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.
En 2003 los recurrentes firmaron con BBVA una escritura publica notarial de préstamo con hipoteca. La devolución debería acabar en 2028, en caso de incumplimiento, el BBVA estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado de devolución de préstamo. El contrato contaba con una cláusula en el que se establecía un interés moratorio del 19% anual, mientras que durante el litigio el interés legal del dinero se encontraba en 4%.
En 2011 el BBVA presento demanda solicitando el pago de la totalidad del préstamo junto con intereses ordinarios y de demora así como la venta en pública subasta de la finca. Los recurrentes formularon oposición que fue desestimanda por le juzgado, entonces interpusieron recurso de apelación el cual fue admitido a trámite y remitido ante la Audiencia Provincial de Castellón.
El órgano jurisdiccional remitente expone, que el procedimiento civil permite interponer recurso de apelación contra resolución judicial que, tras estimar la oposición formulada por el deudor, ponga fin al procedimiento de ejecución hipotecaria, tal legislación procesal no permite, en cambio, que el deudor cuya oposición haya sido desestimada interponga recurso de apelación contra la resolución judicial de primera instancia que ordene la continuación del procedimiento de ejecución.
Por lo que se decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:
Si el art.7 de la Directiva que establece que los estados deben velar por el interés de los consumidores se opone a una norma procesal que solo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso, lo que tiene como consecuencia que no pueda recurrir el consumidor en caso de que se rechace su oposcición.
En el ámbito de aplicación de la normativa de la UE sobre protección de los consumidores contenida en la directiva, pregunta si es compatible con derecho a tutela judicial efectiva una disposición del derecho nacional como la LEC que al regular el recurso de apelación contra la resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás casos.
Recuerda el TJ que reiterada jurisprudencia el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional. El artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional.
Concretamente a raíz del pronunciamiento de la sentencia Aziz la Ley 1/2013 modificó los artículos de la LEC relativos al procedimiento de ejecución de los bienes hipotecados introduciendo, la posibilidad de que el ejecutado oponga a los procedimientos de ejecución el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución.
Recuerda el TJUE que a falta de armonización de los mecanismos nacionales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria contra las resoluciones que se pronuncien sobre la legitimidad de una cláusula contractual, forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado, no obstante el TJUE ha declarado que las modalidades deben responder al doble requisito de que no sean menos favorables que las situaciones de carácter interno lo que se denomina principio de equivalencia, y que no hagan imposible el ejercicio de los derechos de los consumidores en el ordenamiento jurídico conocido como principio de efectividad.
Principios de equivalencia y efectividad
En lo que respecta con el principio de equivalencia, el TJUE presta la conformidad con el principio de la normativa nacional. De la LEC se deduce que que el sistema procesal español no prevé que el consumidor pueda interponer un recurso de apelación contra la decisión de desestimar su oposición a la ejecución, tanto cuando la oposición se fundamente en el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato, y tampoco cuando se fundamente en la infracción de una norma nacional de orden público.
Sobre el principio de efectividad establece el TJUE, la obligación de los estados de garantizar la efectividad de los derechos que la directiva confiere a los justiciables frente a la aplicación de cláusulas abusivas que implica una exigencia de tutela judicial consagrada en la carta.
A este respecto procede recordar que, según el Derecho de la Unión, el principio de tutela judicial efectiva no exige que exista una doble instancia judicial, sino que es suficiente con garantizar el acceso a un único tribunal Por consiguiente, el hecho de que, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, tan sólo disponga de una única instancia judicial para hacer valer los derechos que le confiere la Directiva 93/13 no resulta en sí mismo contrario al Derecho de la Unión.
En el supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal español expone al consumidor, al riesgo de perder la vivienda, siendo así que el juez que tramita la ejecución habrá examinado la validez de las cláusulas contractuales. El consumidor no obtendrá reparación de su perjuicio si hay un examen judicial distinto, sino que obtendría, una indemnización que compensará el perjuicio. Pero esta reparación será incompleta, ya que no constituye un medio adecuado en base al art 7 de la directiva, para lograr que la aplicación de la cláusula abusiva cese.
El artículo 695, apartado 4, de la LEC ocupa en la sistemática general del procedimiento de ejecución hipotecaria del Derecho español, es necesario observar que reconoce al profesional, en su condición de acreedor ejecutante, el derecho a interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva, pero no permite, en cambio, que el consumidor interponga recurso contra la decisión de desestimar la oposición a la ejecución. Resulta de esto que el art. 695 LEC coloca al consumidor en una situación de inferioridad en relación con el profesional.
Un sistema procesal contrario a la jurisprudencia del TJUE
Este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, el consumidor y el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes.
Por otro lado procede declarar que un sistema procesal de este tipo es contrario a la jurisprudencia del TJUE dado que los procedimientos judiciales entre profesiones y consumidores, en el derecho nacional, no constituyen un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que deben disfrutar en virtud de la directiva. Consta asimismo que, en Derecho español, cuando un consumidor y un profesional litigan entre sí en un procedimiento de ejecución hipotecaria, el desarrollo del procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria ante el tribunal nacional, previsto en el artículo 695 de la LEC, resulta contrario al principio de igualdad de armas o de igualdad procesal
Constituye jurisprudencia del TJUE la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones en condiciones que no la coloquen en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria.
Es preciso declarar que un procedimiento nacional de ejecución hipotecaria,se caracteriza por disminuir la efectividad de la protección del consumidor que pretende la Directiva 93/13, en la medida en que dicha regulación procesal incrementa la desigualdad de armas entre los profesionales, en su condición de acreedores ejecutantes, por una parte, y los consumidores, en su condición de deudores ejecutados, por otra, en el ejercicio de las acciones judiciales basadas en los derechos que la Directiva 93/13 atribuye a los consumidores, máxime habida cuenta de que las modalidades procesales de articular esas mismas acciones resultan incompletas e insuficientes para lograr que cese la aplicación de una cláusula abusiva
Por todo ello procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.
Sentencia del tribunal de justicia (Sala Primera) del 21 de enero de 2015. Entre Unicaja con Particulares y CaixaBank con particulares
Litigios relativos al cobro de deudas no pagadas derivadas de los contratos de préstamos hipotecario celebrados con Unicaja y Caixabank.
Directiva 93/13 Establece que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualemnte se considerarán abusivas si, perse a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
Así mismo siguen diciendo la Directiva que los estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, las cláusulas abusivas impuestas en un contrato entre un consumidor y un profesional. Los estados miembros tienen que velar por el interés de los consumidores y de los competidores profesionales, para que existan medidas adecuados para que cese el uso de cláusulas abusivas.
Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, continuando el resto del contrato, solo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato.
A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2013, Azizla legislación española en materia de protección de los consumidores fue modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. De este modo la Ley de Enjuiciamiento Civil estable que en caso de que se aprecie cláusula abusivas se dará audiencia por cinco días a las parte.
El artículo 7, apartado 14, de la Ley 1/2013 modifica el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precisando que la existencia de cláusulas abusivas constituye un motivo de oposición.
El artículo 3, apartado 2, de la Ley 1/2013 modificó el artículo 114 de la Ley Hipotecaria añadiendo al mismo un tercer párrafo con la siguiente redacción: Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago
Los litigios principales se refieren a diferentes procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por Unicaja Banco y Caixabank con el objeto de obtener la ejecución forzosa de varias hipotecas constituidas entre el 5 de enero de 2007 y el 20 de agosto de 2010. El préstamo hipotecario llevaba aparejados intereses moratorios calculados al tipo del 18 %, el cual podía aumentar si, al incrementar en cuatro puntos el tipo de interés variable, resultara un tipo de interés superior a aquél, no pudiendo rebasarse en ningún caso el tope máximo del 25 % nominal anual.
Asimismo, todos los contratos de préstamo a los que se refieren los litigios principales incluyen una cláusula, en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones de pago, el prestamista puede anticipar el vencimiento inicialmente pactado y exigir el pago de la totalidad del capital pendiente, más los intereses, intereses de demora, comisiones, gastos y costas pactados.
Unicaja Banco y Caixabank presentaron ante el órgano jurisdiccional remitente demandas de ejecución por las cantidades debidas tras aplicar los tipos de interés de demora. En el marco de estos procedimientos, dicho órgano jurisdiccional se planteó la cuestión del posible carácter «abusivo», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de las cláusulas relativas a los tipos de interés de demora y de la aplicación de esos tipos de interés al capital cuyo vencimiento anticipado es consecuencia del retraso en el pago
Si de conformidad con la Directiva 93/13 uando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses.
Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad.
En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato que vincula a un consumidor y un profesional, de la redacción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato debe subsistir.
La Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo cuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato.
Debe señalarse que de las resoluciones de remisión resulta que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 establece una limitación de los intereses de demora respecto de los préstamos o los créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. De este modo se prevé que en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha Ley al cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero.
El carácter abusivo de una cláusulas
El carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato.
Es preciso considerar que, en la medida en que la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 no impide que el juez nacional pueda, en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tal disposición nacional.
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas