Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0302_ES.html
Timestamp: 2020-08-04 18:55:09
Document Index: 194728859

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 63', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 6', 'artículo 108', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 108']

INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia
Procedimiento : 2016/0363(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0302/2017
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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia
Ponente: Gunnar Hökmark
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0853),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0479/2016),
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0302/2017),
por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia
(1) El Consejo de Estabilidad Financiera (CEB) publicó la hoja de condiciones de la norma de capacidad total de absorción de pérdidas (en lo sucesivo, «norma TLAC») el 9 de noviembre de 2015, siendo aprobada por el G-20 ese mismo mes. El objetivo de la norma TLAC es garantizar que los bancos de importancia sistémica mundial (BISM), conocidos como entidades de importancia sistémica mundial (EISM) en el marco de la Unión, tengan la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización necesaria para asegurar que, en los procedimientos de resolución e inmediatamente después, puedan mantenerse las funciones esenciales sin poner en peligro las finanzas públicas o la estabilidad financiera(4). En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015(5), la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa, antes de que finalice el año 2016, que permita la incorporación de la norma TLAC al Derecho de la Unión dentro del plazo de 2019 acordado a nivel internacional.
(2) La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta el requisito mínimo vigente de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) aplicable a todas las instituciones de la Unión, tal como se establece en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(6). Dado que la norma TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades de la Unión ▌dispongan de una capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización suficiente, ambos requisitos deben ser elementos complementarios de un marco común. Desde el punto de vista operativo, la Comisión propuso que el nivel mínimo armonizado de la norma TLAC para las EISM (en lo sucesivo, «requisito mínimo de TLAC») debe introducirse en la legislación de la Unión a través de modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(7), mientras que la obligación suplementaria para cada EISM y el requisito para cada entidad que no sea de importancia sistémica mundial se deben introducir a través de modificaciones de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia son complementarias de las de los actos legislativos citados y de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(9).
(3) Los Estados miembros deben velar por que las instituciones dispongan de capacidad suficiente de absorción de pérdidas y de recapitalización, con el fin de garantizar que la absorción de pérdidas y la recapitalización se realicen de forma armoniosa y rápida al tiempo que evitan un impacto sobre la estabilidad financiera y los contribuyentes. Este objetivo debe alcanzarse mediante el cumplimiento permanente por parte de las instituciones de un requisito mínimo de TLAC que se incorporará al Derecho de la Unión mediante una modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y un requisito de fondos propios y pasivos admisibles conforme a lo previsto en la Directiva 2014/59/UE.
(4) La norma TLAC, que se incorporará al Derecho de la Unión mediante una modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, exige a las EISM cumplir el requisito mínimo de TLAC, con algunas excepciones, por medio de pasivos subordinados cuya prelación en caso de insolvencia sea inferior a la de los pasivos excluidos de la norma TLAC («requisito de subordinación»). Con arreglo a la norma TLAC, la subordinación debe derivarse de los efectos jurídicos de un contrato («subordinación contractual»), la legislación de una jurisdicción determinada («subordinación legal») o de una estructura corporativa determinada («subordinación estructural»). Cuando así lo exija la Directiva 2014/59/UE, las entidades incluidas en su ámbito de aplicación deben cumplir su requisito especifico por medio de pasivos subordinados a fin de minimizar el riesgo de interposición de denuncias ante los tribunales por acreedores que estiman que sus pérdidas en el procedimiento de resolución serían superiores a las que deberían afrontar en caso de aplicarse un procedimiento de insolvencia ordinario (principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores).
(4 bis) A fin de garantizar seguridad jurídica a los mercados y permitir la creación de los colchones necesarios, los mercados necesitan también claridad puntual sobre los criterios de admisibilidad requeridos para los instrumentos que deben reconocerse como pasivos TLAC/MREL.
(4 ter) En términos de seguridad jurídica y de planificación para los mercados y las entidades así como de aseguramiento de unas condiciones de competencia equitativas entre estas últimas es necesario introducir, de conformidad con la legislación nacional en vigor, una normativa de protección de derechos adquiridos para la admisibilidad de instrumentos de deuda emitidos antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(4 quater) Con el fin de evitar deficiencias y garantizar condiciones de competencia equitativas entre las entidades, es necesario establecer la anterioridad de la admisibilidad de aquellos instrumentos emitidos antes de que entraran en vigor los criterios de admisibilidad.
(5) Varios Estados miembros han modificado o están modificando el orden de prelación de la deuda de rango superior no garantizada conforme a su legislación nacional sobre insolvencia a fin de permitir a sus entidades ▌cumplir de forma más eficiente con el requisito de subordinación, facilitando de este modo la resolución.
(6) Las normas nacionales adoptadas hasta ahora presentan divergencias significativas. La ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión genera incertidumbre para las entidades ▌emisoras ▌y los inversores, y complica la aplicación del instrumento de recapitalización interna a las entidades transfronterizas. Esto también provoca distorsiones de la competencia en el mercado interior, dado que los costes de las entidades ▌para cumplir con el requisito de subordinación ▌y los costes a cargo de los inversores a la hora de comprar instrumentos de deuda emitidos por entidades ▌pueden variar considerablemente entre los distintos Estados miembros.
(7) En su informe sobre la Unión Bancaria, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que presente propuestas para seguir reduciendo los riesgos jurídicos de denuncias con arreglo al principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos de insolvencia ordinario y, en sus conclusiones de 17 de junio de 2016(10), el Consejo invitó a la Comisión a presentar una propuesta relativa a un enfoque común de la jerarquía de los acreedores bancarios con el fin de incrementar la seguridad jurídica en caso de resolución.
(8) Resulta, por tanto, necesario eliminar los obstáculos importantes al funcionamiento del mercado interior, evitar los falseamientos de la competencia resultantes de la ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión sobre la jerarquía de los acreedores bancarios e impedir que surjan tales obstáculos y procedimientos en el futuro. En consecuencia, la base jurídica adecuada para la presente Directiva debe ser el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como se ha interpretado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(9) Con el fin de reducir al mínimo los costes que deben soportar las entidades de crédito y las empresas de inversión para cumplir el requisito de subordinación, y los posibles efectos negativos sobre sus costes de financiación, la presente Directiva deberá autorizar a los Estados miembros a mantener la actual categoría de deuda de rango superior no garantizada, que tiene la mayor prelación entre los instrumentos de deuda en caso de insolvencia y cuya emisión es menos costosa para las entidades de crédito y las empresas de inversión que la de cualesquiera otros pasivos subordinados. No obstante, la Directiva debe exigir a los Estados miembros la creación de una nueva categoría de activos constituida por deuda de rango superior «no preferente», que solo deberá ser utilizada para recapitalización interna durante el procedimiento de resolución después de otros instrumentos de capital, pero antes de otros pasivos prioritarios. Las entidades de crédito y las empresas de inversión deben conservar la libertad de emitir deuda de ambas categorías, pero únicamente la categoría de deuda de rango superior «no preferente» debe tenerse en cuenta para el cumplimiento del requisito de subordinación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2014/59/UE. Esto deberá permitirles utilizar con fines de financiación o para cualquier otra finalidad operativa los instrumentos de deuda de rango superior menos costosos, y emitir la nueva categoría de deuda de rango superior «no preferente» para el cumplimiento del requisito de subordinación.
(10) Para garantizar que la nueva clase de instrumentos de deuda de rango superior «no preferente» cumpla los criterios de admisibilidad descritos en la norma TLAC y establecidos en la Directiva 2014/59/UE, e incrementar así la seguridad jurídica, los Estados miembros han de garantizar que dichos instrumentos de deuda no sean derivados ni contengan ningún ▌derivado implícito y que los documentos contractuales relativos a su emisión y, si ha lugar, el folleto, se refieran explícitamente a su menor orden de prelación en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de cualquier requisito de la legislación nacional para registrar instrumentos de deuda en el registro de pasivos de la empresa emisora destinados a cumplir las condiciones para los instrumentos de deuda de rango superior no preferente, establecidas en la presente Directiva.
(11) Para aumentar la seguridad jurídica de los inversores, los Estados miembros deben garantizar que los instrumentos de deuda de rango superior ordinarios y otros pasivos ordinarios de rango superior no garantizados que no sean instrumentos de deuda tengan una mayor prelación en sus legislaciones nacionales sobre insolvencia que los nuevos instrumentos de deuda de rango superior «no preferente»▐. Los Estados miembros deben velar por que la nueva categoría de instrumentos de deuda de rango superior «no preferente» tengan mayor prelación que los instrumentos de fondos propios y cualesquiera pasivos subordinados.
(12) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas armonizadas relativas al orden de prelación en caso de insolvencia de instrumentos de deuda no garantizada a los efectos del marco de reestructuración y resolución de la Unión, en especial en lo relativo a garantizar un régimen creíble de recapitalización interna, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Además, de conformidad con el principio de proporcionalidad, que se establece en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para la consecución de esos objetivos. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de otras posibilidades para cumplir con el requisito de subordinación previsto en la norma TLAC.
(13) Resulta oportuno que las modificaciones de la Directiva 2014/59/UE establecidas en la presente Directiva se apliquen a los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva o posteriormente▐. No obstante, en aras de la seguridad jurídica y para mitigar los costes de transición en la medida de lo posible, los Estados miembros deben garantizar que el orden de prelación en los procedimientos de insolvencia de todos los créditos pendientes no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos por las entidades antes de esa fecha se rija por la legislación de los Estados miembros vigente a 31 de diciembre de 2016. Dado que es posible que en ciertas legislaciones nacionales adoptadas el 31 de diciembre de 2016 se haya tenido ya en cuenta el objetivo de permitir a las entidades emitir pasivos subordinados, cabe la posibilidad de que una parte o la totalidad de los créditos pendientes no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos antes de la fecha de aplicación de la presente Directiva puedan tener el mismo orden de prelación en los procedimientos de insolvencia que los instrumentos de deuda de rango superior «no preferente» emitidos en las condiciones que establece la presente Directiva. Además, con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, y con objeto de cumplir las condiciones que en ella se establecen, los Estados miembros podrán adaptar las legislaciones nacionales que regulan, en los procedimientos de insolvencia ordinarios, el orden de prelación de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos con posterioridad a la fecha de aplicación de dichas legislaciones. En tales casos, solo los créditos no garantizados derivados de los instrumentos de deuda emitidos antes de la aplicación de la nueva legislación nacional deben seguir rigiéndose por la legislación de los Estados miembros vigente a 31 de diciembre de 2016.
(13 bis) La presente Directiva no debe ser óbice para que los Estados miembros dispongan que esta ha de seguir aplicándose en caso de que las entidades emisoras dejen de estar sujetas al marco de resolución de la Unión como consecuencia, en particular, de la cesión a terceros de sus actividades de crédito o inversión.
(13 ter) La presente Directiva armoniza el orden de prelación de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda en los procedimientos de insolvencia ordinarios, y no regula el orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia más allá de las disposiciones aplicables de la Directiva 2014/59/UE. Por lo tanto, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las legislaciones nacionales que rigen en cada Estado miembro el procedimiento de insolvencia ordinario y cubren el orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia no armonizados en virtud de la Directiva 2014/59/UE, independientemente del orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia y de sus fechas.
(13 quater) La presente Directiva armoniza el orden de prelación de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda en los procedimientos de insolvencia ordinarios, y no regula el orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia más allá de las disposiciones aplicables de la Directiva 2014/59/UE. Por lo tanto, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las legislaciones nacionales que rigen en cada Estado miembro el procedimiento de insolvencia ordinario y cubren el orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia no armonizados en virtud de la Directiva 2014/59/UE. A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión examinará la aplicación de la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prelación de los depósitos en los procedimientos de insolvencia y evaluará, en particular, si son necesarias otras modificaciones de dicha Directiva.
Modificación de la Directiva 2014/59/UE
-1. En el artículo 2, apartado 1, el punto 48) se sustituye por el texto siguiente:
«48) «instrumentos de deuda»:
i) a efectos del artículo 63, apartado 1, letras g) y j) obligaciones y bonos y otras formas de deuda transmitible, instrumentos que crean o reconocen una deuda e instrumentos que dan derecho a adquirir instrumentos de deuda, y
ii) a efectos del artículo 108, obligaciones y bonos y otras formas de deuda transmitibles e instrumentos que crean o reconocen una deuda;».
1 bis. El título del artículo 108 se sustituye por el siguiente:
«Posición ▐ en la jerarquía de insolvencia»
1 ter. En el artículo 108, el párrafo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en la legislación nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios:
a) los depósitos siguientes ocupen una posición de mayor prioridad que los derechos de los acreedores ordinarios no garantizados▐:
i) una parte de los depósitos admisibles de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel garantizado previsto en el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE,
ii) los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que serían depósitos admisibles si no estuvieran constituidos a través de sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas en la Unión;
b) los depósitos siguientes ocupen una posición de mayor prioridad que el previsto en la letra a) y que cualquier otro pasivo ordinario:
i) los depósitos garantizados,
ii) la posición del sistema de garantía de depósitos que sustituye los derechos y obligaciones de los depositantes con depósitos garantizados en caso de insolvencia.».
2. Al final del artículo 108 se añaden los apartados siguientes:
«2. Los Estados miembros velarán por que, en el caso de las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), los créditos ordinarios no garantizados tengan, según la legislación nacional que rige el procedimiento de insolvencia ordinario, una mayor prioridad que los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones:
a) que tengan una duración contractual inicial de al menos un año;
b) que no posean derivados implícitos y no sean derivados en sí mismos;
c) que los documentos contractuales relativos a su emisión y, si ha lugar, el folleto se refieran explícitamente a su menor prioridad de conformidad con el presente apartado.
3. Los Estados miembros velarán por que los créditos no garantizados resultantes de los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones estipuladas en las letras a), b) y c) del apartado 2 tengan, con arreglo a la legislación nacional que rige el procedimiento de insolvencia ordinario, una mayor prioridad que los créditos derivados de los instrumentos a que se refiere el artículo 48, apartado 1, letras a) a d).
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 ter y 4 quater, los Estados miembros velarán por que la legislación nacional que rige el procedimiento de insolvencia ordinario vigente a 31 de diciembre de 2016 se aplique al orden de prelación, en los procedimientos de insolvencia normales, de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos por las entidades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas previstas en la legislación nacional de incorporación de la presente Directiva▌.
4 bis. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar qué constituye un derivado implícito en el sentido del apartado 2, letra b).
La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
La Comisión estará facultada para complementar la presente Directiva mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
4 ter. Si, después del 31 de diciembre de 2016 y antes de [la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], un Estado miembro hubiere adoptado una norma legislativa nacional que rija el orden de prelación, en los procedimientos de insolvencia ordinarios, de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos después de la fecha de aplicación de dicha norma legislativa nacional, el apartado 4 del presente artículo no será aplicable a los créditos derivados de instrumentos de deuda emitidos después de la entrada en vigor de dicha norma legislativa nacional, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que en virtud de dicha legislación nacional, en el caso de las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), los créditos ordinarios no garantizados tengan, en el procedimiento de insolvencia ordinario, mayor prioridad que los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones:
i) que tengan una duración contractual inicial de al menos un año,
ii) que no posean derivados implícitos y ni sean derivados en sí mismos, y
iii) que los correspondientes documentos contractuales y, si ha lugar, el folleto, relativos a su emisión se refieran explícitamente a la menor prioridad de dichos créditos de conformidad con la legislación aplicable;
b) que en virtud de dicha legislación nacional, los créditos no garantizados derivados de los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones estipuladas en la letra a) del presente apartado tengan, en el procedimiento de insolvencia ordinario, mayor prioridad que los créditos derivados de los instrumentos a que se refiere el artículo 48, apartado 1, letras a) a d).
En la fecha de entrada en vigor de las medidas previstas en la legislación nacional de incorporación de la presente Directiva, los créditos no garantizados derivados de los instrumentos de deuda contemplados en la letra b) ocuparán el mismo orden de prelación que los contemplados en el apartado 2, letras a), b) y c), y en el apartado 3.
4 quater. Los Estados miembros que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, ya hayan adoptado una norma legislativa nacional que rija el procedimiento de insolvencia ordinario, en virtud de la cual los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda emitidos por las entidades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), ocupen dos o más posiciones diferentes dentro del orden de prelación, o en virtud de la cual se haya modificado el orden de prelación de los créditos no garantizados derivados de instrumentos de deuda en relación con todos los demás créditos ordinarios no garantizados que tengan la misma prioridad, podrán disponer que los instrumentos que tengan la prioridad más baja de entre los mencionados créditos ordinarios no garantizados tengan la misma prioridad que la de los créditos que cumplen las condiciones del apartado 2, letras a), b) y c), y del apartado 3.».
Artículo 2Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el … [a los doce meses de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros aplicarán dichas medidas en el momento de su entrada en vigor en la legislación nacional, lo que, a más tardar, se producirá el … [a los doce meses de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el apartado 1, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2 bis. El apartado 2 no se aplicará cuando las medidas nacionales de los Estados miembros vigentes antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva cumplan con lo dispuesto en la presente Directiva. En tales casos, los Estados miembros lo notificarán a la Comisión.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la ABE el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva▌.
Artículo 2 bisRevisión
A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] la Comisión examinará la aplicación del artículo 108, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE. La Comisión valorará, en particular, si son necesarias otras modificaciones por lo que respecta al orden de prelación de los depósitos en caso de insolvencia. La Comisión presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo.
DO C de , p. .
Principios relativos a la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de los BISM en los procedimientos de resolución, Consejo de Estabilidad Financiera, 9 de noviembre de 2015.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Hacia la culminación de la unión bancaria», COM(2015) 587 final de 24.11.2015.
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2016 sobre una hoja de ruta para completar la Unión Bancaria: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf
Orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia