Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213860&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9339592
Timestamp: 2019-06-24 15:51:20
Document Index: 344123279

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 16', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6']

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre las asociaciones de defensa del medio ambiente Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus y Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps, por una parte, y la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidencia del Consejo de Ministros, Italia) y otros, por otra parte, en relación con un recurso que tiene por objeto la anulación del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati (Decreto del Presidente del Consejo de Ministros relativo a la determinación de la capacidad total de tratamiento de las instalaciones de incineración de residuos urbanos y asimilables en funcionamiento o autorizadas a nivel nacional, así como a la determinación de las necesidades residuales que se han de cubrir mediante la construcción de instalaciones de incineración con valorización de residuos urbanos y asimilables), de 10 de agosto de 2016 (GURI n.o 233, de 5 de octubre de 2016; en lo sucesivo, «Decreto de 10 de agosto de 2016»).
«A las autoridades […] y al público […] se les dará, con la debida antelación, la posibilidad real de expresar, en plazos adecuados, su opinión sobre el proyecto de plan o programa y sobre el informe medioambiental, antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del plan o programa.»
13 El artículo 35 del decreto legge n. 133 (Decreto-ley n.o 133), de 12 de septiembre de 2014 (GURI n.o 212, de 12 de septiembre de 2014), convalidado, con modificaciones, como Ley n.o 164, de 11 de noviembre de 2014 (GURI n.o 262, de 11 de noviembre de 2014; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 133/2014»), dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«1. Con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Decreto-ley n.o 133/2014, el presente Decreto tiene por objeto:
«1. […] las instalaciones identificadas en las tablas A, B y C son infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente y constituyen un sistema integral y moderno de gestión de residuos urbanos y asimilables, que garantiza la seguridad nacional mediante la autosuficiencia del ciclo integrado de gestión de residuos, como exige el artículo 16 de la Directiva sobre residuos.
2. A fin de garantizar la seguridad nacional mediante la autosuficiencia y el cumplimiento de los objetivos de progresivo reequilibrio socioeconómico entre las zonas del territorio nacional, […] las menores capacidades de tratamiento de residuos municipales y de residuos asimilados de las instalaciones de incineración como consecuencia de las políticas establecidas en el apartado 6 se distribuirán en el ámbito de la misma macrozona según los criterios generales y los procedimientos de determinación indicados en el anexo III.»
18 Los tres anexos del Decreto de 10 de agosto de 2016 definen las modalidades de determinación de las tres categorías que figuran en las tablas A, B y C. En particular, el anexo I contiene los elementos que determinan la capacidad real a nivel nacional de las instalaciones de incineración de residuos urbanos y asimilables en funcionamiento o autorizadas que no estaban en funcionamiento en noviembre de 2015. El anexo II recoge el modo de determinación de las necesidades residuales de incineración de residuos urbanos y asimilables, indicando el cálculo individualizado para cada región. El anexo III precisa los «criterios generales», establecidos en el apartado 1 del artículo 35 del Decreto-ley n.o 133/2014, mediante los que se determinan las instalaciones que se han de construir o mejorar para cubrir las necesidades residuales de incineración de residuos urbanos y asimilables a nivel nacional.
«1) ¿Se oponen los artículos 4 y 13 de la Directiva [sobre residuos], puestos en relación con los considerandos 6, 8, 28 y 31 de dicha Directiva, a una normativa primaria interna y a sus normas de desarrollo —como el artículo 35, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 133/2014] y el [Decreto de 10 de agosto de 2016]— en la medida en que esta normativa interna únicamente califica de infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente, que aplican un sistema integrado y moderno de gestión de residuos urbanos y asimilables y garantizan la seguridad nacional mediante la autosuficiencia, a las instalaciones de incineración mencionadas en ella, según los anexos y tablas del [Decreto de 10 de agosto de 2016], mientras que el legislador interno no aplica una calificación similar a las instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos para su reciclado y reutilización, a pesar de que estas dos modalidades se consideran prioritarias en la jerarquía de residuos establecida en la citada Directiva?
2) Con carácter subsidiario, en caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿se oponen los artículos 4 y 13 de la Directiva [sobre residuos] a una normativa primaria interna y a sus normas de desarrollo —como el artículo 35, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 133/2014] y el [Decreto de 10 de agosto de 2016]— en la medida en que esta normativa interna califica de infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente a las instalaciones de incineración de residuos urbanos con el fin de afrontar y prevenir nuevos procedimientos de infracción por inaplicación de las normas europeas en la materia y con el fin de limitar el vertido de residuos?
3) ¿Se oponen los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Directiva [EEPP], en su conjunto o individualmente, a la aplicación de una normativa primaria interna y de sus normas de desarrollo —como el artículo 35, apartado 1, del [Decreto-ley n.o 133/2014] y el [Decreto de 10 de agosto de 2016]— que disponen que el Presidente del Consejo de Ministros puede decidir aumentar, mediante decreto, la capacidad de las instalaciones de incineración existentes, así como determinar el número, la capacidad y la ubicación regional de las instalaciones de incineración con valorización energética de residuos urbanos y asimilables que se han de construir para cubrir las necesidades residuales, determinadas con el fin de lograr un reequilibrio socioeconómico progresivo entre las distintas zonas del territorio nacional y respetando los objetivos de recogida separada y de reciclado de los residuos, sin que esta normativa interna disponga que, en la fase de preparación de ese plan nacido del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, debe aplicarse la normativa sobre evaluación estratégica medioambiental establecida en la citada Directiva [EEPP]?»
27 Procede recordar que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre residuos dispone que «la […] jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión de los residuos: a) prevención; b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y e) eliminación».
46 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que el Decreto de 10 de agosto de 2016 reúne esas dos condiciones, puesto que fue adoptado por el Presidente del Consejo sobre la base del artículo 35 del Decreto-ley n.o 133/2014.
58 Esta interpretación es corroborada, por una parte, por las exigencias que resultan del artículo 6 de la Directiva EEPP, en relación con los considerandos 15 a 18 de esta, en la medida en que dicha Directiva tiene por objeto no solo contribuir a la protección del medio ambiente, sino también permitir la participación del público en el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, como resulta del artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, «la evaluación medioambiental […] se efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo de un plan o programa». Del mismo modo, del artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva resulta que la evaluación medioambiental ha de realizarse lo antes posible a fin de que sus conclusiones puedan influir aún en eventuales decisiones. Es, en efecto, en tal fase en la que pueden analizarse las diferentes opciones y en la que se pueden tomar las decisiones estratégicas [véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de octubre de 2011, Seaport (NI) y otros, C‑474/10, EU:C:2011:681, apartado 45, y de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles y otros, C–671/16, EU:C:2018:403, apartado 63].