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Timestamp: 2020-07-13 18:32:54
Document Index: 36170730

Matched Legal Cases: ['artículo 212', 'Artículo 287', 'Artículo 94', 'Artículo 528', 'Artículo 529', 'Artículo 37', 'Artículo 101', 'artículo 9', 'Artículo 212', 'Artículo 222', 'artículo 225', 'Artículo 274', 'Artículo 318', 'artículo 1', 'Artículo 514', 'artículo 1', 'artículo 1312', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 226', 'artículo 94']

Sentencia de Constitucionalidad nº 616/97 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43561308
Sentencia citada en: 44 sentencias, 14 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
El núcleo esencial de la libertad de religión es, justamente, la facultad de una relación con D.. Por lo tanto, si bien se relaciona con la libertad de opinión y pensamiento, en cuanto que la religión lleva a adoptar una determinada cosmovisión, la libertad religiosa contiene un elemento propio que la diferencia claramente de aquellas, y que es, precisamente, la relación con D. que resulta ser protegida como derecho.
En relación con la libertad de cultos, es fácil apreciar que ésta no es más que un aspecto de la libertad religiosa, el aspecto externo que se comprende en ella. No es, por tanto, un derecho autónomo. En efecto, como se ha dicho, la religión consiste en una relación personal con D., la cual se expresa exteriormente a través del culto público o privado ; el culto, por su parte, es el conjunto de demostraciones exteriores presentados a D. ; luego, sin la relación con D., esto es sin religión, no se da un culto. De donde se concluye que la libertad de cultos no es más que una consecuencia de la libertad religiosa. El culto, cuando es público y colectivo, es expresión de la doble dimensión religiosa y social del hombre.
La libertad de conciencia se ha distinguido de las libertades de pensamiento y opinión, y también de la libertad religiosa, considerándose que ella no tiene por objeto un sistema de ideas, ni tampoco la protección de una determinada forma de relación con D., sino la facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto. En otras palabras, es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Por eso se dice que es un conocimiento práctico.
La Constitución Política no sólo no prohibe el juramento, sino que, por el contrario lo contempla expresamente como una obligación en varias de sus normas. Resulta evidente que la Constitución consagra el juramento como una institución propia del sistema jurídico colombiano. No obstante que la Constitución de 1991, en la determinación de los principios sobre los cuales se organiza el Estado colombiano, opta por un modelo no confesional, no por ello puede decirse que el constituyente colombiano hubiera hecho profesión de ateísmo. La invocación a la protección de D. que se hace en el Preámbulo de la Carta, tiene un significado pietista imposible de soslayar, que viene a ser complementado por la obligación de jurar por D. que el constituyente impuso al presidente, como "símbolo de la unidad nacional". Cabe afirmar que el constituyente no descartó el juramento como acto sagrado, como acto que pone por testigo a D. respecto de las afirmaciones o promesas que bajo juramento se profieren.
En un sentido jurídico acorde con la evolución legal, doctrinal y jurisprudencial del concepto, correspondiente a la tradición pluralista que se abre paso en el mundo jurídico, puede afirmarse que en la actualidad el significado religioso del juramento ha sido atenuado o, en la mayor parte de los casos, eliminado. Por ello, la mayor parte de las legislaciones europeas y americanas han suprimido las fórmulas sacramentales que expresamente se referían a D. poniéndolo como testigo de la verdad de cuanto se declarara. En sentido extra jurídico tampoco puede decirse que hoy en día, jurar implique en sí y por sí, necesariamente, la expresión de principios religiosos. Más bien podría afirmarse que, para la convicción popular, el juramento es, simplemente, la afirmación que un sujeto hace, procurándoles a sus destinatarios la convicción de que dice la verdad. Atenuado o eliminado el contenido religioso del juramento en las normas legales, hoy en día el sustento filosófico-jurídico de las normas que lo consagran sin imponer el pronunciamiento de fórmulas sagradas que expresamente mencionen a D., se encuentra simplemente en el deber general de conducirse de buena fe ; en las normas que prescriben así la obligación de jurar, puede decirse que la intención del legislador no es otra que la de exhortar de manera especial al juramentado, para que su buena fe en la declaración de la verdad sea especialmente observada.
Si bien cabe pensar que en el caso de que el alcalde que va a tomar posesión sea ateo o agnóstico, esta obligación lesionaría su libertad de pensamiento, no debe olvidarse que el constituyente, en norma especial y expresa, impuso idéntica obligación al presidente de la República, sin mencionar al respecto ningún tipo de excepciones. Luego el legislador bien podía reproducir la misma norma refiriéndola a los alcaldes, pues si bien el presidente representa la unidad nacional, el alcalde elegido popularmente representa a su comunidad en forma directa. Recordemos que no debe soslayarse el hecho de que el constituyente de 1991 no fue un constituyente ateo, lo cual determina o impregna algunas instituciones jurídicas, como la del juramento a D. por parte del presidente y del alcalde.
Actor: J.F.M.A.
S. de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre mil novecientos noventa y siete (1997)
El ciudadano J.F.M.A., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de las expresiones "bajo juramento", "bajo la gravedad del juramento" o "jurada", contenidas en los artículos 166, 167 y 172 del Decreto 100 de 1980; 27, 46, 266, 279, 282, 285, 287, 288, 292, 295, 316, 393, 432 del Decreto 2700 de 1991; 94 de la Ley 136 de 1994; 524, 528 y 529 del Decreto 2550 de 1988; 71 y 129 de la Ley 200 de 1995; 37 del Decreto 2591 de 1991, y 47, 55, 75, 78, 80, 92, 101, 133, 161, 192, 202, 208, 211, 222, 223, 227, 228, 236, 243, 273, 274, 298, 299, 315, 318, 320, 338, 417, 418, 446, 476, 495, 513, 514, 570, 592, 600, 620, 659 y 681 del Código de Procedimiento Civil, así como la totalidad del artículo 212 del mismo ordenamiento.
La declaración jurada de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminada a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible.
"Cuando se trate de personas jurídicas, la declaración solicitada deberá ser rendida por el representante legal o su apoderado. Además, se señalarán las personas que dentro de la entidad tuvieren conocimiento de los hechos sobre los que se indaga, explicando la razón de su conocimiento. Estos y el representante legal tendrán la obligación de declarar y el J. citará de oficio.
"Artículo 287. TESTIMONIO POR CERTIFICACIÓN JURADA. El presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los ministros del despacho, los Senadores y Representantes a la Cámara, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional Electoral, el F. General de la Nación y sus delegados, el Procurador General de la Nación y sus delegados, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la Nación, el G. y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los magistrados de los Tribunales, los gobernadores de departamentos, cardenales, obispos, o ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones, jueces de la república, el Alcalde Mayor de S. de Bogotá, los alcaldes municipales, los generales en servicio activo, los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de Certificación jurada y con este objeto se les formulará un cuestionario y se les pasará copia de los pertinente . -
Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar......
INCISO SEGUNDO. La caución juratoria constará en acta en donde el sindicado bajo juramento prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. P., cuando a juicio del funcionario, el sindicado carezca de recursos económicos para constituir caución prendaria.
"Artículo 94. POSESIÓN Y JURAMENTO. Los alcaldes tomarán posesión del cargo ante el juez o notario público y prestarán juramento en los siguientes términos: juro a D. y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos.
Antes de la toma de posesión los Alcaldes deberán declarar bajo la gravedad del juramento y ante autoridad competente el monto de sus bienes y rentas, las de su cónyuge e hijos no emancipados.
"Artículo 528. TESTIMONIO POR CERTIFICACIÓN JURADA. El presidente de la República, los ministros del Despacho, los Senadores y Representantes, mientras gocen de inmunidad, el designado a la Presidencia de la República, el Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegados y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y sus F.es, los Magistrados del Tribunal Superior Militar, superiores de Distrito Judicial y de lo Contencioso Administrativo y sus F.es, los Gobernadores de Departamento, los Intendentes y Comisarios de los Territorios Nacionales, los generales en servicio activo, los arzobispos, obispos, los Agentes Diplomáticos y Consulares de Colombia en el Exterior, el Contralor General de la Nación, los Jefes de Departamento Administrativo, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Director Nacional de Instrucción Criminal, rendirán su testimonio por medio de certificación jurada y con este objeto se les pasará copia de lo conducente.
Artículo 529. TESTIMONIO DEL AGENTE DIPLOMÁTICO.- Cuando se requiera el testimonio de un Ministro o Agente Diplomático de Nación Extranjera, acreditado en Colombia, o una persona de su comitiva o familia, se le pasará al Embajador o Agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatorio con copia de lo conducente para que, si tiene a bien, declare por medio de Certificación JURADA o permita declara en la misma forma a la persona solicitada.
Cuando lo estime necesario el investigador podrá tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.
Artículo 37. I.S.. El que interponga la Acción de Tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
".......................................................................................
"2° Cuando se ignore dónde se encuentra la mencionada prueba, pero se exprese el nombre de la persona que representa al demandado y el lugar donde puede ser hallada, se resolverá sobre la admisión de la demanda, y al ser admitida, en el mismo auto el J. ordenará al expresado representante que con la contestación presente prueba de su representación, y si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica que representa, o que indique la oficina donde puede obtenerse, o que manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, no tener dicha representación.
"Artículo 101. Parágrafo 3, suspendido por el Decreto 2651 de 1991 artículo 9. INTERROGATORIO DE LAS PARTES Y SOLICITUD ADICIONAL DE PRUEBAS. Las partes absolverán bajo juramento, los interrogatorios que se formulen recíprocamente o que el J. estime conveniente efectuar, a cerca de los hechos relacionados con las excepciones previas pendientes o con el litigio objeto de proceso.
"Artículo 212. JURAMENTO DEFERIDO POR LA LEY. Cuando la ley autoriza al J. para pedir el juramento a una de las partes, esta deberá prestarlo dentro de la oportunidad para practicar pruebas, en la fecha y hora que señale. el juramento deferido tendrá el valor probatorio que la misma ley asigne.
"Artículo 222, DECLARACIÓN POR CERTIFICACIÓN. el P. de la República. Los ministros del despacho, el contralor general, los gobernadores, los senadores y representantes mientras gocen de inmunidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de Estado y F.es del Consejo, el Procurador General de la Nación, los arzobispos y obispos, los agentes diplomáticos de la República, y los magistrados, jueces, fiscal y procuradores al rendir testimonio ante funcionario inferior, declarará por medio de certificación jurada, para lo cual se les enviará los insertos del caso.
"INCISO SEGUNDO Presente e identificado el testigo, el J. le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Quedan exonerados del juramento los impúberes.-
"9° Al testigo que sin causa legal rehusare prestar juramento o declarar, y al que diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido por el J. para que conteste categóricamente, o injustificadamente no concurriera a la audiencia señalada para terminar su interrogatorio, le aplicará la multa contemplada en el artículo 225, excepto cuando manifieste que no recuerda los hechos sobre los cuales se le interroga.
"3° Los peritos al posesionarse deberán expresar bajo juramento que no se encuentran impedidos;- prometerán desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo y manifestarán que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. El J. podrá disponer que la diligencia de posesión tengan lugar ante el comisionado. -
"Artículo 274. RENUENCIA DEL CITADO. Si el citado no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, no obstante la amonestación del J., se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.
"INCISO SEGUNDO. La solicitud deberá formularse ante el J. de la residencia del testigo y el peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito, que el testigo se encuentra en la circunstancia mencionada, e informará el lugar donde puede citarse a la persona contra quien pretende hacer valer la prueba.
"Artículo 318. Modificado D.E. 2282/89 artículo 1 numeral 147. EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO PERSONALMENTE. Cuando el interesado en una notificación personal manifieste bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de la solicitud, que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado personalmente, y que éste no figura en el directorio telefónico, o que se encuentre ausente y no conoce su paradero, el J. ordenará el emplazamiento de dicha persona por medio de edicto en el cual se expresará la naturaleza del proceso, el nombre de las partes y la prevención de que se le designará curador Ad Litem sino comparece en oportunidad.
"2°...
"Artículo 514. Modificado 2282/89 artículo 1 numeral 273. EMBARGOS Y SECUESTRO DENTRO DEL PROCESO. Una vez ejecutoriado el mandamiento ejecutivo, el juez decretará el embargo y secuestro de los bienes que denuncie cualquiera de las partes bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito respectivo...
A la práctica del inventario y de los avalúos podrán concurrir los interesados que relaciona el artículo 1312 del código civil. El inventario será elaborado por los interesados bajo la gravedad del juramento y presentado por escrito para su aprobación en la fecha señalada, con la indicación de los valores que de común acuerdo asigne a los bienes. El juramento se entenderá prestado por el hecho de la firma.
En el inventario solamente se incluirán los nuevos bienes que denuncie bajo juramento cualquiera de las personas indicadas en el numeral primero. El J. denegará la inclusión de los que hayan figurado en el anterior.
Dentro de la oportunidad legal prevista en el proceso de la referencia intervino en el mismo el señor fiscal general de la Nación (e), doctor A.S.M., quien solicitó a esta Corporación declarar constitucionales los apartes de las normas demandadas. En concepto del funcionario, la del demandante es una aislada interpretación de los preceptos constitucionales que garantizan la libertad de conciencia y de cultos, además de una posición ignorante de la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
Dentro de la misma oportunidad procesal intervino, en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, el doctor A.N.V., para defender la constitucionalidad de las normas demandadas. Aduce el interviniente que la figura del juramento dentro de los diferentes trámites administrativos y jurisdiccionales tiene una connotación meramente civil, que está encaminada a garantizar la sinceridad de las manifestaciones de los individuos que en ellas intervienen, pero que no posee un sustento religioso que pudiera, eventualmente, ir en contravía de las convicciones de los mismos. La función del juramento, agrega, "...esencialmente consiste en reclamar las sanciones penales contra la falsedad, y por ello, en mostrar que la declaración se produce con la plena conciencia de la obligación de decir verdad; el propio fin cooperaba la admonición que el juez ha de hacer a quien jura, y en la que se le impondrán las pertinentes sanciones (...) dentro de nuestro contexto normativo, la fórmula del juramento se ha despojado de toda invocación a la divinidad, lo cual constituye un desarrollo de los principios constitucionales de pluralidad religiosa y libertad de cultos (...) en este sentido (...) jurar no implica reconocer divinidad alguna, y por tanto el juramento debe ser considerado con prescindencia de toda creencia religiosa, como un acto puramente civil."
La vista fiscal manifiesta que el juramento obedece a la necesidad de vincular a las personas con la veracidad o falsedad de sus afirmaciones, de modo que dentro de una actuación administrativa o judicial, puedan imponérsele las consecuencias jurídicas derivadas de dicho compromiso. De esta forma, afirma el señor procurador, "...antes que una fórmula ritual, el juramento es un medio previsto para garantizar el valor de verdad de un acto ejecutado con ocasión de una causa judicial."
La religión comporta no sólo una creencia o acto de fe, sino, básicamente, una relación personal del hombre con D., que se traduce en el seguimiento de un sistema moral y en la práctica de un culto. De esta manera, el núcleo esencial de la libertad de religión es, justamente, la facultad de una relación con D.. Por lo tanto, si bien se relaciona con la libertad de opinión y pensamiento, en cuanto que la religión lleva a adoptar una determinada cosmovisión, la libertad religiosa contiene un elemento propio que la diferencia claramente de aquellas, y que es, precisamente, la relación con D. que resulta ser protegida como derecho.
En efecto, la libertad de conciencia se ha distinguido de las libertades de pensamiento y opinión, y también de la libertad religiosa, considerándose que ella no tiene por objeto un sistema de ideas, ni tampoco la protección de una determinada forma de relación con D., sino la facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto. En otras palabras, es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Por eso se dice que es un conocimiento práctico. Cf. J.H.. "Libertad de Pensamiento, Libertad Religiosa y Libertad de Conciencia. En Díkaion .Volumen III. Bogotá. Universidad de la Sabana. 1994
La autonomía jurídica que envuelven estos derechos tiene que ver con "la libertad sicológica, el acto de elección personalísimo, acto suyo con implicaciones morales y jurídicas; pero también el carácter exteriorizable del objeto del derecho..." CORTE CONSTITUCIONAL . Sentencia T- 547 de 1993, M.P.D.A.M.C.. La inmunidad de coacción, por su parte, se refiere a la garantía de "no ser molestado" que menciona el texto constitucional. Significa la ilegitimidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones, opiniones, creencias, etc.
"Como ya se dijo, la Constitución Política, en su artículo 18, garantiza la libertad de conciencia, de lo cual se desprende que, a partir del inalienable fuero interno de cada individuo, este goza de facultad para actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón práctica, de su pensamiento y de su íntima convicción, claro está, sobre la base, implícita en todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones están limitadas por los derechos de los demás y por las necesidades propias del orden público, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas." CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia t-409 de 1992 M.P.D.J.G.H.G.
En íntima relación se encuentran las libertades que se ha venido estudiando con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, ellas protegen no solamente el acto de pensar de determinada manera, de creer y relacionarse con D., o de emitir juicios prácticos de moralidad, según el caso, sino que incluyen el acto de obrar y de conducirse conforme a tales ideas, creencias y juicios morales; de adoptar un modelo de vida que se fundamente en ellos.
Si el libre desarrollo de la personalidad significa, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, Cf., entre otras, sentencias C-309 de 1997, M.P.A.M.C. ; T- 248 de 1996, M.P.J.A.M. ; T-090 de 1996, M.P.E.C.M. ; C-176 de 1993, M.P.A.M.C. la posibilidad de que cada individuo opte por su plan de vida y su modelo de realización personal conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional, salta de bulto la relación entre este derecho y las libertades que ahora se comentan. De cierto modo, puede decirse que la consagración del derecho al libre desarrollo de la personalidad viene a ser como el colofón o decisión complementaria que el constituyente adoptó como garantía de las libertades religiosa, de pensamiento y opinión y de conciencia.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, en monto de sus bienes y rentas.
ARTICULO 188. El P. de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
"ARTICULO 192. El P. de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: `Juro a D. y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia'.
Según el "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", J.E., Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, t. III, Bogotá, E.. Temis, 1991, pág. 537 el juramento "es el más fuerte vínculo con el que puede ligarse el hombre a decir verdad o a cumplir su palabra". Obviamente, cuando se hace tomando a D. por testigo comporta una actitud religiosa de quien lo profiere, y tiene, innegablemente, un significado sagrado o pietista, que presupone una creencia del juramentado. Pero también el juramento puede hacerse a sí mismo, jurando p.ej. por el propio honor, o por la patria, o por pueblo, o por otras personas, como por la madre, casos en los cuales carece de connotación religiosa.
Ahora bien, no obstante que la Constitución de 1991, en la determinación de los principios sobre los cuales se organiza el Estado colombiano, opta por un modelo no confesional, por lo cual, al tenor del artículo 19 de la Carta "Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", no por ello puede decirse que el constituyente colombiano hubiera hecho profesión de ateísmo. La invocación a la protección de D. que se hace en el Preámbulo de la Carta, tiene un significado pietista imposible de soslayar, que viene a ser complementado por la obligación de jurar por D. que el constituyente impuso al presidente, como " símbolo de la unidad nacional".
De esta manera, cabe afirmar que el constituyente no descartó el juramento como acto sagrado, como acto que pone por testigo a D. respecto de las afirmaciones o promesas que bajo juramento se profieren.
No obstante, en un sentido jurídico acorde con la evolución legal, doctrinal y jurisprudencial del concepto, correspondiente a la tradición pluralista que se abre paso en el mundo jurídico, puede afirmarse que en la actualidad el significado religioso del juramento ha sido atenuado o, en la mayor parte de los casos, eliminado. Por ello, la mayor parte de las legislaciones europeas y americanas han suprimido las fórmulas sacramentales que expresamente se referían a D. poniéndolo como testigo de la verdad de cuanto se declarara. En esta línea de ideas afirma C. : "el carácter religioso del juramento en el proceso civil italiano fue atenuado por la ley del 30 de junio de 1876, por la cual se suprimieron las palabras contenidas en la fórmula del viejo artículo 226 : "Juro, poniendo a D. por testigo de la verdad de cuanto declare." F.C., Sistema de derecho procesal civil, t. II, Buenos Aires, E.. U., 1944, pág. 460
"El juramento en sus orígenes tuvo carácter exclusivamente religioso, porque es invocación de una divinidad a la que se pone por testigo de decir la verdad; tiene pues carácter civil y político, al ser invocado en actos de ambas naturalezas." CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 547 de 1993, M.P.D.A.M.C.
"En este Decreto (Código de Procedimiento Penal vigente hasta 1987), se establecía la fórmula del juramento para testigos, peritos e intérpretes colocando como testigo a D. y a los hombres, así "¿A sabiendas de la responsabilidad que con el juramento asume usted ante D. y ante los hombres....?.
"En este orden de ideas, por juramento no debe entenderse la fórmula o el rito, sino el compromiso, la afirmación, la promesa, el protesto, la certificación, la afirmación, la palabra, el voto, el honor, el homenaje, el testimonio, que se realice en forma expresa o tácita que implique la convicción íntima de manifestar la verdad. Por tanto, debe entenderse que se parte del principio de la buena fe y que lo manifestado corresponde a la verdad, de lo contrario, la persona que ha comprometido su palabra y lo expresado en sus términos no corresponde a la verdad, deberá responder penalmente." I.
Atenuado o eliminado el contenido religioso del juramento en las normas legales, hoy en día el sustento filosófico-jurídico de las normas que lo consagran sin imponer el pronunciamiento de fórmulas sagradas que expresamente mencionen a D., se encuentra simplemente en el deber general de conducirse de buena fe ; en las normas que prescriben así la obligación de jurar, puede decirse que la intención del legislador no es otra que la de exhortar de manera especial al juramentado, para que su buena fe en la declaración de la verdad sea especialmente observada.
En efecto, los doctrinantes del derecho procesal miran el juramento como un medio de prueba Según D.E., adoptan esta posición , entre otros, Chiovenda, Carnelluti, C., J. sicard, G., C., A.R., A. y O.T.. Cf. D.E.H., Teoría General de la Prueba Judicial, T.II S. de Bogotá. Ed. A.B.C. 1995. En este sentido es un recurso para demostrar la verdad de un hecho relevante para la decisión judicial. Es, usualmente, una prueba solemne y formal, en cuanto involucra una manifestación expresa en el sentido de que se dirá la verdad, bajo la fórmula "juro" u otra similar, pero dicha manifestación solemne, en ciertos casos, se presume, y, por lo tanto, de hecho se omite. Desde esta perspectiva el juramento ha sido definido como "la declaración por la cual una parte afirma como verdadero un hecho en la forma grave y solemne prevista por la ley" ENRICO LIEBMAN. Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1980, pág. 351, y puede considerarse como un medio de prueba de naturaleza testimonial, independientemente de que el sistema jurídico le atribuya al juez libertad de valoración de esta prueba, o lo vincule a ella a través de una tarifa legal determinada.
El juramento al que se refieren las normas demandadas, frente a la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La norma contenida en el Código de Régimen Político y Municipal impone a los alcaldes prestar juramento para posesionarse, juramento que debe rendirse en los siguientes términos : "Juro a D. y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos." Adicionalmente este artículo impone a los alcaldes declarar bajo juramento, antes de posesionarse, el monto de sus bienes y rentas y las de su cónyuge e hijos no emancipados.
Salvo el caso regulado por el artículo 94 de la Ley 136 de 1994, (Código de Régimen Político y Municipal), que impone a los alcaldes que van a posesionarse la obligación de jurar por D. el cumplimiento del compromiso que adquieren, todas las demás normas demandadas se refieren a un juramento desacralizado, en el cual la fórmula empleada para jurar no menciona a D. ni a sus criaturas, poniéndolos como testigo de las afirmaciones del juramentado.
Especial comentario merece la obligación de jurar por D. que se impone a los alcaldes por el Código de Régimen Político y Municipal, como requisito para posesionarse del respectivo cargo.
Si bien cabe pensar que en el caso de que el alcalde que va a tomar posesión sea ateo o agnóstico, esta obligación lesionaría su libertad de pensamiento, no debe olvidarse que el constituyente, en norma especial y expresa, impuso idéntica obligación al presidente de la República, sin mencionar al respecto ningún tipo de excepciones. Luego el legislador bien podía reproducir la misma norma refiriéndola a los alcaldes, pues si bien el presidente representa la unidad nacional, el alcalde elegido popularmente representa a su comunidad en forma directa. Recordemos que, como se dijo antes, no debe soslayarse el hecho de que el constituyente de 1991 no fue un constituyente ateo, lo cual determina o impregna algunas instituciones jurídicas, como la del juramento a D. por parte del presidente y del alcalde.
C., notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
El Magistrado doctor E.C.M. no asistió a la sesión del 27 de noviembre de 1997 por encontrarse en comisión oficial en el exterior debidamente aceptada por la Sala. Así mismo que el H. Magistrado doctor C.G.D. prescindió de aclarar su voto.
Sentencia nº 25000 23 25 000 2004 03261 - 02 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 28 de Febrero de 2008