Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1995-10351-de-abril-15-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425d32f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 11:51:46
Document Index: 355595369

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 22', 'artículo 175', 'artículo 187', 'artículo 22', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 241', 'artículo 191', 'in casu']

﻿ Sentencia 1995-10351 de abril 15 de 2009
SENTENCIA 1995-10351 DE 15 DE ABRIL DE 2009
CONTENIDO:CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. SOLICITUD DE CONDENA POR UNA SUMA EXACTA O LA QUE RESULTARE PROBADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, CONDENA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:451 DE JULIO DE 2009, PG.1025
Sentencia 1995-10351 de abril 15 de 2009
Ref.: 08001-3103-005-1995-10351-01
1. Por averiguado se tiene que el yerro de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, surge en la suposición o en la preterición de la prueba; incurrirá en lo primero el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, así como aquel que distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y lo pretermite cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última hipótesis, asignarle una significación contraria o diversa; este dislate “atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho” (G.J., t. LXXVIII, pág. 313). Denunciada una o todas de las anteriores posibilidades, el recurrente debe demostrar que la falencia endilgada es evidente, manifiesta, que salta a la vista y, además, que es trascendente por haber determinado la decisión reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada en el fallo.
El error es evidente y protuberante, como lo tiene dicho la Corte, “cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio ... Ocurre, verdaderamente, cuando el fallador está convicto de contraevidencia; o, como la propia ley lo dice, cuando incurre en yerro ‘que aparezca de manifiesto’...” (sents., jul. 11/90 y ene. 24/92).
2. Con el fin de hacer un adecuado despacho del cargo es menester reseñar que la pretensión indemnizatoria ejercida por la demandante se fundó en la calidad de afiliadora del bus causante del hecho, que, dijo, tenía Unitransco S.A. al momento del accidente, condición que fue negada por esta en su contestación y que tuvo el tribunal por no acreditada en el proceso, para desembocar en la falta de legitimación en la causa por pasiva, pilar esencial de la absolución contra el cual arremetió el recurrente con la intención de establecer la disparidad entre lo que las pruebas dicen y la conclusión que de ellas extrajo el juzgador.
Y, ciertamente, consiguió la censura el fin propuesto, en la medida que demostró el yerro fáctico acusado, al igual que su evidencia, y que fue trascendente, según pasa a verse.
3. Las empresas que prestan el servicio público de transporte pueden cumplir su función utilizando los vehículos de su propiedad o los pertenecientes a terceros, cuando, en el segundo evento, realicen el respectivo contrato de vinculación de acuerdo con las normas reglamentarias de la actividad, ejemplo de las cuales fueron los decretos 1393 de 1970 y 1066 de 1988, cuya vigencia se extinguió para dar paso al 1927 de 1991, que rigió al momento de los hechos, también denominado estatuto de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera, según el cual para obtener la licencia de funcionamiento debe la transportadora respectiva presentar, entre otros documentos, prueba de la propiedad de los vehículos o copia de los contratos de arrendamiento o de afiliación a cualquier título de aquellos que no le pertenezcan —art. 17—, de suerte que es posible atender el servicio mediante automotores propios de la entidad o con bienes de los que obtenga el debido control y poder de dirección en virtud de contratos de diversa laya, como el de arrendamiento, el de administración, etc., que generan la relación a que aluden los artículos 70, 71, 74, 78 y siguientes del precepto en cita.
Es evidente que las obligaciones que el artículo 22 del decreto indicado le imponen a las organizaciones económicas dedicadas a prestar servicios de transporte, tales como tener un sistema de mantenimiento mecánico adecuado, operar dentro de las áreas y horarios autorizados, contratar por sí mismas el personal de conductores, identificar los vehículos con la razón social, el número de orden y los distintivos suyos, mantener vigentes las pólizas de seguro exigidas por la ley, entre otras muchas, ponen de presente “... no solo que estas empresas obtienen de su actividad un beneficio económico, sino que también la ejecución del servicio público de transporte únicamente se presta a través de las mismas, ejecutándose dicho servicio bajo su control y responsabilidad” (G.J. CXCVI, pág. 155); ello quiere decir que así como de esa dirección y control, que ejercen alrededor de sus propios vehículos y de los ajenos que tengan en calidad de afiliados, emergen derechos a favor de la correspondiente compañía transportista, también de allí se derivan, sin duda ninguna, deberes y obligaciones a su cargo, entre las que se ubica, con señalada importancia, la de responder por los daños que le causen a terceros en desarrollo de la actividad propia de su objeto social.
Lo expuesto supone, por consiguiente, que la “...afiliación no es otra cosa que la relación jurídica por medio de la cual se vinculan los vehículos automotores a las empresas de transporte, para la prestación del servicio público respectivo, cuando esta no es propietaria de todos los vehículos necesarios para la adecuada prestación...” (Sent. 021 de feb. 1º/91, no publicada aún), relación jurídica que, en todo caso, destaca la Sala, existe independientemente de que se produzca su registro en las oficinas públicas respectivas y cuya prueba es libre en tanto ninguna norma establece restricción tendiente a su formación, puesto que si, como lo ha precisado la Corte, “... por no tratarse (la afiliación) de un acto o contrato para cuya validez el régimen probatorio exija como prueba la literal ad sustantiam actus” (S-021/91), a su demostración pueden conducir los medios que sean útiles para generar el necesario convencimiento en el juez, de acuerdo con la regla general señalada en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad con el postulado de la apreciación racional de la prueba o sana crítica contemplado en el artículo 187, ibídem.
Y ello es palmario, ya que si sobre el particular la prueba ad sustantiam actus implica que el “... documento sirve tanto para constituir válidamente el acto jurídico, como para probarlo...”, dado que su ausencia compromete la validez del mismo, como tuvo la Corte la ocasión de afirmarlo en sentencia de 25 de mayo de 1990, entonces, por cuanto las solemnidades vienen a ser verdaderas restricciones al principio de la libertad probatoria, puesto que, apartándose del postulado general de la consensualidad de los negocios jurídicos, para establecerlos se excluye cualquier otro medio de convicción diferente al que de manera especial ha sido previamente fijado por la ley —ad solemnitatem—, lo cierto es que en este asunto no hay texto legal alguno que limite o impida demostrar el hecho por conducto de los varios elementos probativos señalados en el estatuto procesal civil.
4. Al entrar a examinar la Corte el cargo propuesto, encuentra cómo, ciertamente, incurrió el ad quem en evidente yerro fáctico cuando omitió la valoración de la Circular 02, vista al folio 26 del cuaderno de pruebas y aducida durante la diligencia de interrogatorio a la actora, como consecuencia de preguntas formuladas por la misma demandada, e incorporada al plenario por orden del a quo, suscrita por el gerente general de la demandada el 6 de febrero de 1995, un día después de la tragedia, en la cual textualmente dijo a los afiliados que “... el día de ayer se presentó un lamentable accidente que dejó como saldo la muerte de numerosas personas, incluyendo el conductor del bus 721 señor Eduardo Cantillo Mendoza, y más de treinta heridos”, en la que agregó, seguidamente, que quería “... llamar encarecidamente su atención para que ejerzan el más severo control tanto sobre las condiciones de funcionamiento de los buses, como de la capacidad física, psíquica y técnica de los conductores”, puesto que de haberla tenido en cuenta sería la afiliación del vehículo la conclusión imperante, porque ninguna otra explicación tiene el hecho de que se refiera al accidente del día anterior aludiendo expresamente al bus y al conductor que allí resultó muerto, y que lo hiciera para solicitar mayor control.
En breve, aunque la documental evidenciaba el especial interés que suscitaba el accidente, gracias a la relación jurídica que ataba al bus con la demandada, al fallador no le mereció ninguna consideración, al punto que ni siquiera la mencionó.
Tampoco apreció el tribunal los testimonios de Ana Petronila Rodríguez Blanco, Neida Raquel Rodríguez Blanco y María Esther Ariza de la Hoz (fls. 1 a 8 del cdno. de pruebas), la primera de las cuales recordó que en el accidente de 5 de febrero de 1995, entre el bus de Unitransco en que ella se desplazaba y un camión, resultó muerto su hermano y heridas ella, una de sus hijas y su hermana. Le consta, aseveró, que el automotor “... era de Unitransco y que tenía los emblemas de dicha empresa...”, porque “... cuando yo cogí el bus ahí decía Unitransco”.
La segunda, quien fue una de las lesionadas en el suceso, sostuvo que antes de abordar vio que el vehículo ... decía en la parte de arriba, Unitransco...”, pero no le puso atención al color ni a cómo era por dentro.
La tercera aseguró que “... ese bus pertenecía a la compañía Unitransco, yo sé eso porque ahí tenía el letrero puesto cuando nosotros lo cogimos, lo sé porque tenía el lema de la empresa...”, y aunque no sabe si estaba afiliado a esa empresa “... sí decía Unitransco en el letrero que traen ellos alrededor...”.
Es de notar que la coincidencia, que no exactitud, entre los tres relatos en lo referente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y, específicamente, en cuanto hace a la forma como pudieron suponer que estaba afiliado el bus a la demandada, permite conferirles credibilidad. Repárese, eso sí, en que las testigos no aseguraron que el automotor se hallara afiliado a la institución, sino que tenía sus distintivos.
Pese a que la demandada los tachó por sospecha, con fundamento en el interés que podría tener María Esther, que también pretendía deducir responsabilidad contra esa empresa en otro proceso con apoyo en la misma fuente fáctica, en la amistad íntima de Neida Raquel y Ana Petronila con Zully Juvinao y en la falsedad de su aserción de pago de unos gastos hospitalarios por parte de Unitransco, ha de verse que el último aspecto no guarda directa relación con los fragmentos de la declaración que ahora se tienen en cuenta; la amistad íntima no ha sido probada, en la medida que únicamente se sabe, por el dicho de las mismas declarantes, que ahora se han hecho amigas con la actora a raíz del accidente; y, por último, la demanda de María Esther contra Unitransco S.A., siendo como es, un hecho probado, no determina por sí mismo ni supone la mendacidad de ella, dado que, además de la expuesta coincidencia en los relatos, su verosimilitud aflora palmar, conforme atrás se dejó mencionado.
Además, de las declaraciones que adelante se analizarán emerge con vehemencia la veracidad de aquellas narraciones, en la medida que siendo Jorge Eliécer González Hidrobo, Luis Carlos Ortega Balanzo y Jaime Alberto Cheguín Consuegra trabajadores durante esa época o asalariados después de la demandada, quienes reafirmaron que el bus accidentado llevaba los colores de la empresa, lo claro es que portaba los distintivos y emblemas de esta. Y de ello efunde el ligamen demostrativo de la afiliación o la vinculación como corolario inmediato que florece ante la apariencia, la que, aunque pudo ser desvirtuada, aquí no lo fue, como adelante se verá.
Todo lo precedente, sin contar con lo expresado por el testigo Oliverio de Jesús Noreña Noreña (fls. 23 y 24, cdno. de pruebas), quien, in situ, presenció de manera plenamente circunstanciada los hechos cardinales del accidente, entre los que destaca la Corte que también alcanzó a percibir que el vehículo se hallaba afiliado a Unitransco S.A. Amén de ello, el croquis levantado en el lugar por el agente de policía de tránsito una vez ocurridos los hechos, indica tal afiliación, como consta en el punto de la identificación del vehículo, en el cual se lee que el bien se encontraba vinculado a esta empresa (fl. 21).
No desdice la conclusión precedente el certificado de la secretaría de transportes y tránsito de Medellín, según el cual, por lo menos hasta 1992 estuvo afiliado el bus a Transportes Rápido Ochoa, porque además de no haber sido anexado legalmente al expediente, lo cual impide su consideración, tampoco podría contradecir el haz probatorio que se tiene en cuenta ahora, en tanto la indicada vinculación no exige, se insiste, prueba especial alguna.
Por esta parte, el error por preterición es evidente, pues, de haber considerado la prueba en cita, la conclusión del juzgador no habría podido ser aquella que equivocadamente dedujo, sino la de la afiliación, tal y como se deduce con sencillez.
Cometió yerro también el tribunal cuando consideró que tener Unitransco S.A. asegurado el bien “... per se, no acredita la afiliación...”, porque ese hecho sí permite deducir la vigencia de una relación jurídica, comoquiera que, si ella no existiera, no habría razón para que la compañía protegiera la actividad de un automotor que le fuera indiferente. Es que con el aseguramiento, además, la afiliadora precisamente estaba cumpliendo la obligación que le imponía el literal g) del artículo 22 del aludido Decreto 1927 de 1991, a la sazón vigente, de mantener las garantías respectivas. Ninguna razón tendría, en efecto, para cumplir una prestación que no estimara propia.
El documento en que consta el anexo de modificación de la póliza 12973 (fls. 9 y 10, cdno. del llamamiento en garantía), tomada por Unitransco S.A. para amparar daños a terceros desde 20 de enero de 1995 hasta el 20 de enero de 1996, viene con un listado de vehículos protegidos entre los que se halla el Nº 721, identificado con la placa TI-0408, de Eduardo Cantillo Mendoza, circunstancia que permite indudablemente inferir la presencia de una vinculación, tanto más si no se pierde de vista que fue la misma parte demandada la que en su llamamiento en garantía afirmó la presencia del seguro y la inclusión del accidentado en la enumeración en que se discriminaban los vehículos materia de protección (fl. 1, cdno. de llamamiento).
En otro yerro volvió a incurrir el sentenciador cuando omitió el análisis de la certificación que se avista en el folio 27 del cuaderno de pruebas, allegada durante la diligencia de interrogatorio a la actora, como consecuencia de las preguntas formuladas por la misma demandada, e incorporada al plenario por orden del a quo, cuyo texto expresamente dice: “Certificamos que el señor Eduardo Cantillo Mendoza, c.c. 73.115.319 expedida en Cartagena, devenga como conductor un sueldo promedio de $101.540 y por producido del bus D-459 placas TI-04-08 recibe mensualmente la suma de un millón cuatrocientos mil pesos m. l. ($ 1.400.000) (promedio mensual). Se expide la presente, a los 17 días del mes de mayo de 1994. Atentamente José Ramón Díaz Monroy, gerente general”; y ello es así porque, aunque el tribunal se refirió a ella, lo hizo para justificar su apreciación meramente parcial, pues luego de aceptar que militaba en el expediente, le negó valor probatorio al concluir que “... no da fe sobre la época de la vinculación laboral y la fecha de ocurrencia del accidente”, cuando es lo cierto que, tal y como se advierte en la trascripción que de ella se hizo, manifiesta que para el 17 de mayo de 1994, ocho meses aproximadamente antes del accidente, Cantillo laboraba para la empresa y, además, devengaba un producido por el uso del vehículo TI-0408.
No pierde mérito el caudal señalado porque tres testimonios pretendan indicar la inexistencia de afiliación.
En efecto, Jorge Eliécer González Hidrobo, en declaración que obra al folio 15 del cuaderno de pruebas, refirió que el 5 de febrero de 1995, cuando él era taquillero despachador en la Terminal de Transportes de Barranquilla, sucedió la colisión de que aquí se da cuenta, y que luego “... nos enteramos sobre el accidente de un camión contra un bus con los colores de Unitransco...”, cuya placa era la Nº 0408; pero desvirtuó que fuera de la empresa porque “... observando el listado de los buses que se despachan allá en la empresa Unitransco, con este número de placas no concordaba con la placa de los buses relacionados...”; explicó la situación diciendo que aunque el vehículo “... no ha estado afiliado a la empresa de Unitransco y tampoco ha sido despachado ni planillado por la empresa para mí ese carro era pirata, porque hay buses que son contratados para viajes de merqueros o sea viajes con mercancías y andan en forma pirata con (sic) por su cuenta y riesgos y cuadran a la policía de carretera para que no le pida planillas...”.
Exposición similar en lo esencial fue la rendida por Luis Carlos Ortega Balanzo, quien sostuvo (fl. 16, íd.) que durante la época del hecho laboraba para una compañía que denominó Brasilia y escuchó “... que el bus accidentado no estaba afiliado a la empresa de Unitransco,”, y que luego “... trabajando en la empresa de Unitransco me cercioró que ciertamente el vehículo no estaba vinculado a la empresa”, sino que en realidad “... esos vehículos la mayoría trabaja hablando en término de pirata, ellos conseguían cuatro o cinco merqueros, los transportaban hasta Maicao y de Maicao, y de ahí podían conseguir cualquier ruta sin autorización de la empresa...”.
Y relato también semejante en lo fundamental es el de Jaime Alberto Cheguín Consuegra (fI. 18, íd.), quien dijo que ... yo ocupaba el cargo de jefe operativo de Unitransco, nos enteramos inicialmente de que había ocurrido un accidente entre un bus de la empresa y un camión, después se comprobó por la tarde de que dicho bus viajaba en forma pirata, utilizando el nombre de Unitransco...”, dado que “... nunca fue contratado o despachado por Unitransco, por lo que este no se encontraba afiliado a la empresa”, mas lo que pasaba era que “... viajaba en forma pirata, utilizando el nombre de Unitransco...”.
Este conjunto testifical, en principio, permitiría concluir como lo hizo el fallador. No obstante, es meridiano que su poder de convicción aparece debilitado por la relación laboral que tienen o han tenido los deponentes con la empresa demandada. Pero es más, aun aceptando las referencias que hacen, no alcanzan a explicar los motivos por los que la convocada tenía asegurado el automotor, ni aquellos por los que había certificado la condición laboral del conductor y la vinculación del vehículo, ni los que alimentaron la necesidad de la llamada de atención del gerente a todos los afiliados, desde luego que si el vehículo era “pirata” y ajeno, por tanto, a la empresa, no había motivo que justificase el comportamiento que de ella se observa en la documental referida.
5. Desemboca lo considerado en la presencia de errores de hecho ostensibles y, además, trascendentes porque determinaron la conclusión consistente en la no afiliación del bus causante del daño a la empresa que aquí ha sido demandada y, por ese sendero, en la de falta de legitimación en causa por pasiva con que se absolvió, colofón contrario al que muestra la prueba recaudada, según se anotó, porque de ella emerge palmario que el automotor de placas TI-0408 manejado por Eduardo Cantillo Mendoza, con el que se causó el accidente el 5 de febrero de 1995, sí estaba vinculado a Unitransco S.A., puesto que no otra cosa significa el estar asegurado por cuenta de la empresa al momento de ocurrencia del suceso, llevar, también en ese instante, los distintivos con que ella se identifica, haber requerido el gerente un día después del funesto hecho a los afiliados, con alusión expresa al bus y su conductor, para que ejercieran un mejor control, a lo que ha de agregarse que, de conformidad con la certificación emanada de ese funcionario el 17 de mayo de 1994, meses antes de la colisión Cantillo devengaba de la entidad un salario en su calidad de chofer del bus de placas TI-0408 y una suma por concepto del producido del carro, la cual, aunque no se refiere al momento preciso del choque, sí permite colegir, luego de mirar toda la probanza analizada, que tal relación se mantenía en el tiempo.
Por ende, al no haber duda de que el mencionado bus estaba afiliado a la demandada y, por tanto, que con la decisión asumida se incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho determinante de la declaración de falta de legitimación en la causa y de la consiguiente absolución y, por allí, de la falta de aplicación de los artículos 2341, 2347 y 2356 del Código Civil, se impone casar la sentencia recurrida y, en sede de instancia, dictar la Corte la que habrá de reemplazarla.
6. El cargo, entonces, prospera.
V. Sentencia sustitutiva
1. Ha quedado claro, con las palabras del tribunal, que la responsabilidad civil extracontractual por actividad peligrosa en torno del hecho recae sobre la demandada, merced a que para él “... no cabe duda por las pruebas documentales y testimoniales recepcionadas, sobre la ocurrencia del hecho dañoso como fue el accidente de tránsito acaecido...” como tampoco que la colisión ocurrió por culpa del conductor “... del bus que según la información del plenario viajaba a exceso de velocidad”. Por esa razón no le es dado a la Corte ingresar en ese tópico que fue ya definido en segundo grado y que no ha sido materia de impugnación extraordinaria, como tampoco puede hacerlo acerca de lo que la sentencia atacada decidió enfrente de los otros tres demandantes, Anderson, Carolina y Rubén Darío Vásquez Juvinao, a quienes no se concedió la casación, de donde emerge que se circunscribirá únicamente al aspecto de los perjuicios a cuya indemnización tenga derecho la recurrente Zully Piedad Juvinao Soto.
Acreditados de esta manera tales presupuestos de la responsabilidad extracontractual, de los que pudo inferir también el tribunal en aserción indiscutida que fue el bus afiliado a la demandada el causante de la colisión en que perdió la vida Gerardo Vásquez Reyes, seguidamente debe notarse cómo, según quedó expuesto en el despacho del cargo, ha sido desvirtuada la afirmación del ad quem cuando sostuvo que “... al no estar acreditada la calidad de afiliada a la empresa demandada, el bus que ocasionó el daño alegado y probado en el proceso, debe expresarse que falta el presupuesto procesal de legitimación por pasiva, lo que origina absolver a dicha parte de las pretensiones de la demanda, ya que además motiva una ruptura del nexo causal exigido como elemento esencial de la responsabilidad que se reclama”, desde luego que, además de encontrarse probada la afiliación expuesta, la legitimación en la causa queda establecida y, por ese sendero, también la relación de causalidad echada de menos por el tribunal.
2.- De antiguo es sabido que merece el reconocimiento y pago de los daños realizados quien demuestre haber resultado lesionado con el hecho que se acusa, como lo hace aquí aquella demandante, quien ha acreditado ser la madre de los hijos del difunto Gerardo Vásquez Reyes, según lo muestran los tres certificados de nacimiento (fls. 14, 15 y 16, cdno. ppal.), circunstancia que es indicativa de haber sido la compañera permanente durante los últimos años de la vida del occiso y que resulta corroborada con los testimonios al punto allegados. De la misma forma, ellos demuestran, como se verá, que dependía económicamente de él.
Así, Davida Sofía Guete Juvinao (fls. 13 y 14, cdno. de pruebas) manifestó conocer a la demandante desde hace más de treinta años y constarle que convivió con Gerardo Vásquez Reyes durante “... unos nueve años, y de esa unión hay tres hijos”, al igual que “Gerardo era el que mantenía a sus hijos y también sostenía a Zully la única entrada que había era la del señor Gerardo”, declaración que, se advierte, coincide con el acreditado hecho de los tres hijos de Piedad y Gerardo, y permite conferirle credibilidad.
En igual sentido se endereza la versión de Francia Araújo Pérez (fls. 10, 11 y 12, íd.), al afirmar constarle “... porque yo vivo cerca de la casa donde habitaba Zully con el señor Gerardo...”, que “... tanto los hijos como la señora Zully dependían de Gerardo...”, al punto que “... ahora como ella no tiene plata para pagar un arriendo de doscientos mil pesos que era lo que pagaba el señor Gerardo, ahora mismo está viviendo en una pieza”.
Ha de concluirse, por tanto, que la actora convivía con el occiso al momento del accidente, que tenían tres hijos comunes y que dependía económicamente de él, contra la cual no atenta la sospecha que dejó esbozada frente a la última declarante la parte demandada, fincada en que tenía intereses similares a los de Zully Piedad porque en el mismo accidente falleció también su compañero permanente, dado que, aún siendo ello eventualmente cierto, no necesariamente su relato se encuentra distorsionado, entre otras razones porque aparece coincidente con el de Davida Sofía y se entronca de manera aceptable con lo que expresan los documentos relacionados.
3. Establecido lo precedente, corresponde entonces definir lo atinente a los perjuicios reclamados por la demandante Zully Piedad; y en esta dirección es menester resaltar que como la pretensión se enderezó a obtener el pago de $ 60’000.000 “... o lo que resultara probado...”, acontecería, acorde con la jurisprudencia vigente sobre el particular, que la Corte, posicionada ahora en sede de instancia, al definir el monto de la condena a imponer se encontrara limitada por la cuantificación que así de modo expreso aquella determinó.
No obstante, analizado hoy el fundamento basilar de dicha posición, considera la Sala indispensable en este momento su rectificación, de tal manera que se pueda admitir, al contrario de lo que se desprende de la tesis actual, que la única limitación que tiene el juez en orden a establecer el quantum de la condenación, en situaciones como la acabada de particularizar, está constituida solo por el monto que se pruebe, conforme a los elementos de persuasión regular y oportunamente allegados al proceso.
En efecto, con arreglo a la memorada doctrina de la corporación, que se remonta a la sentencia de 15 de octubre de 1956 de la sala de negocios generales, el juez se encontraba imposibilitado para conceder una cantidad superior a la invocada en el acto introductorio en aquellos casos donde el demandante pidiera condenar al demandado a pagar la suma allí concretada “... o la que se pruebe...”, o “la que resultare probada...”, o “... la que se probare en el proceso...”, o cualquiera otra de similar contenido, por razón de que se entendía que en tales eventualidades el alcance de estas últimas expresiones quedaba subordinado, en todo caso, al monto que de manera expresa fuera indicado.
Es así como en el mencionado fallo, después de anotar que la cuantía pretendida podía “... ser variable o invariable...” y que esta última tenía lugar cuando era “... señalada por el sujeto activo de la acción...” en “... una cantidad determinada, cuya cifra...” representaba, en tal supuesto, “... el máximo de interés que...” le asistía en el litigio, la Corte señaló que en aquellos asuntos en que el actor exprese “... su interés máximo en una suma determinada, no puede el juez, sin incurrir en una plus petita, condenar a una suma de dinero superior a la señalada en el libelo, por más que... haya solicitado alternativamente con aquella, que se condene a lo que aparezca acreditado en el juicio, porque esta petición está subordinada a aquella en que implora el pago de una suma invariable y determinada que... es el máximo del interés que anima al actor en la controversia...”; fue de esta manera como estimó que en vista de que la invocación de locuciones como las que vienen reseñadas “... no opera ni juega papel por encima...” de la cantidad explicitada, porque en tal hipótesis el interés del demandante “... de antemano está señalado y concretado...” en dicha cuantía, “... el quantum que se deduzca de las probanzas no puede exceder de la suma...” que este “... ha fijado en el libelo como cifra determinada...”. Este criterio lo reiteró la corporación, entre otras decisiones, en las sentencias 190 de 29 de noviembre de 1993 (Exp. 3719) y 077 de 29 de junio de 2007 (Exp. 01518), al señalar, en la primera de ellas, que cuando el actor haya determinado “... sus aspiraciones... de un modo tal que su presentación asume el cariz dominante en el respectivo sintagma, esa cuantía ... a la pretensión... le traza un límite... que al fallador no le es dable desconocer...”.
Al contrario de lo que en el pasado estimó, la Corte considera ahora que en aquellos asuntos en cuya demanda, reforma o sustitución de esta la parte actora pretenda condenación por una suma explícitamente determinada, pero acompañada de expresiones como las particularizadas arriba, que son las palabras con las que de modo usual se formulan o plantean las súplicas que tengan como propósito una condena pecuniaria, ninguno de esos agregados se puede concebir como dependiente o subordinado de la cifra expresada que a su alrededor se hubiere manifestado; todo lo contrario, una cabal comprensión del tema permite admitir que dichos complementos la modifican de tal manera que amplían el espectro dentro del cual el juzgador válidamente puede o debe moverse, hacia arriba o hacia abajo de esa cuantificación, sin caer, desde luego, en una resolución infra petita o plus petita, pues en tal supuesto está limitado, eso sí, solo por el importe probado a través de los diversos elementos de convicción incorporados al plenario.
Este es, desde luego, el sentido lógico y coherente de las mencionadas locuciones, en tanto están llamadas a representar el verdadero querer del promotor de la causa judicial cuando las súplicas fueren formuladas de la anotada manera; y es bajo el entendimiento que se viene sustentando como ellas adquieren su verdadera eficacia, su importancia y real concreción, pues, con arreglo a esta nueva posición, si las mismas no aparecen en el escrito contentivo de las pretensiones al juez le estará vedado sobrepasar el monto allí indicado, mas si llegaren a ser incluidas este entonces no estará supeditado a la cuantía que le haya sido expresamente demandada, puesto que con el presente cambio tendrá la posibilidad de otorgar una suma superior, en aquellos casos que se lo permita el haz probatorio; expresado de otro modo, las memoradas frases resultarán provechosas bajo la doctrina que ahora se prohíja, porque si están incluidas en la súplica respectiva y si el acopio probativo permite establecerlo, harán posible imponer una cifra mayor de la que en términos numéricos la parte actora haya solicitado.
Al abrirse paso este nuevo entendimiento, se le quitan al juez las amarras que en aquella posición lo ataban, en la que, por lo mismo, le era imposible condenar por encima del importe determinado, ya que si el libelo no albergaba alguna de las citadas expresiones, bajo esa interpretación a él no le era dable imponer suma superior a la abiertamente indicada en la súplica respectiva, mas si las ostentaba, de igual modo se encontraba sujeto al quantum demarcado; en ese orden de ideas, resultaba que con arreglo a tal postura daba igual que esos agregados se insertaran u omitieran, por cuanto en nada afectaba lo uno o lo otro, de nada servían tales complementos y, por tanto, afloraban inútiles.
A la inversa de lo acabado de señalar, ha de verse cómo la nueva concepción sobre la materia analizada acompasa, por un lado, con el postulado de la congruencia de las sentencias, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez tiene definidos los lindes de su actividad desde la demanda, al punto que le es prohibido condenar por causa diferente de la invocada, por objeto distinto del pretendido —extra petita—, en cuantía superior a la suplicada —plus petita—, o por cantidad menor de la que haya sido solicitada y probada en el proceso —mínima petita—; y, por el otro, con el moderno principio de favorvictimae, conforme al cual las dudas que puedan surgir a la hora de establecer la dimensión de la reparación han de resolverse en beneficio de quien injustamente sufrió el daño, por cuanto una definición contraria a la acabada de señalar restringiría, sin motivo racional alguno y en detrimento de aquel, sus posibilidades indemnizatorias —como ocurriría de aplicarse la postura objeto de esta rectificación—, al tiempo que supondría, aún contra las reglas de la experiencia y en contravía del postulado de la equidad pregonado en la Ley 446 de 1998, que el agraviado no quisiese el resarcimiento íntegro, sino uno parcial o fragmentario.
Además, desde el punto de vista meramente gramatical existe otro argumento que obra a favor del nuevo alcance, habida cuenta que la disyuntiva “o”, utilizada en casi todos los asuntos en los que se hace uso de algunas de aquellas expresiones, implica una alternativa con el firme propósito de que el juez, a la hora que le corresponda, pueda optar por una posibilidad o por la otra, según como se lo permita el caso específico.
Por tanto, si al decir del artículo 305 del estatuto procesal civil, “... la sentencia deberá estar en consonancia...”, en particular, con “... las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades...” que dicho código “... contempla...”, y si en el acto introductorio la parte demandante deprecó que se ordenara a la demandada a pagar, por concepto de la indemnización de perjuicios, la cantidad de dinero allí dicha en una cifra concreta, o “... la suma que se probare...”, con arreglo a la doctrina que ahora se rectifica el juzgador, de hallarse demostrado dentro del proceso por tal concepto una cuantía superior a la que de aquel modo el actor hubiera determinado, tendrá forzosamente que imponer la condena por la suma así probada y no por la cifra exacta fijada, porque, ha de reiterarse, al haberse invocado en la pretensión la condenación a cargo de la opositora por la cantidad precisa aducida o “... por la que se probare...”, él no tendrá ninguna restricción legal para disponerla en la extensión real y efectivamente demostrada, pues aún de este modo estará pronunciándose dentro de los precisos límites trazados por el mentado precepto normativo; antes bien, si en tal supuesto, esto es, de encontrar evidenciado un quantum mayor del expresamente pedido en el libelo, llegara a reducir la condena al guarismo explicitado en la demanda, incurrirá en un fallo incongruente, por mínima petita, por cuanto en tal hipótesis la definición de la controversia judicial no estará en consonancia con “... las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades...” legalmente previstas.
Con sustento, pues, en esta nueva doctrina puede en este momento la Sala, en sede de instancia, imponer a una cantidad superior a los sesenta millones de pesos deprecados por la parte actora, sin que por ello violente el lindero de lo pedido o incurra en plus petita, dado que, al haber sido redactado de esta forma el petitum, es palmario que ella no limitó exclusivamente las súplicas a esa única extensión, por supuesto que así dejó abierta la posibilidad de ir más allá de tal cantidad.
Por consiguiente, en cuanto concierne a la magnitud de la reparación pretendida, las decisiones que aquí correspondan se adoptarán mediante la aplicación de este nuevo norte y de conformidad con las consideraciones que vienen.
4. En torno al perjuicio moral es de recordar que su indemnización no obedece a un criterio compensatorio, desde luego que la vida humana es inconmensurable, sino a uno satisfactorio, destinado a mitigar en lo posible la enorme pena que en el fondo queda ante la ausencia de un ser amado, razón por la cual en su apreciación han de considerarse el dolor de quien lo sufre, la intensidad de su congoja, la cercanía con el ser perdido, entre otras cosas, para, con cimiento en la equidad, arribar al más justo valor, distante por lo general de la matemática exactitud con que se escruta el daño material. Acúdese entonces al denominado arbítrium judicis en virtud de la imposibilidad de entregar su tasación a peritos, arbitrio que, es evidente, no corresponde con la idea de lo antojadizo, sino, contrariamente, con la de lo racional y lo ponderado.
Es así que en el presente asunto, con asiento en los fundamentos advertidos, sería del caso reconocer un daño moral diferente y superior al que fue dispuesto para la demandante por el a quo, que ascendió a los dos millones de pesos; pero no es posible porque en el alegato de alzada se conformó de manera concreta y expresa con la suma señalada cuando pidió al ad quem “... modificar la sentencia apelada en la parte que hace referencia al pago del lucro cesante...”, y por tanto “Que se confirmen las demás decisiones de dicha sentencia...”, circunstancia que impide al órgano de segundo grado hacer en el punto cualquier tipo de variación, dada la inequívoca voluntad de la recurrente. Consecuentemente, se confirmará ese aspecto.
5. En punto de los detrimentos patrimoniales se debe observar que el daño emergente se encuentra constituido por los gastos funerarios en que incurrió Zully Piedad, que ascendieron a $ 550.000 el 5 de febrero de 1995, según muestra la factura obrante al folio 24, así como por los $ 181.500 que pagó por concepto de parqueadero en el que estuvo el vehículo desde el 6 de febrero de 1995 hasta el 6 de abril del mismo, cual consta en la factura que se aprecia en el folio 400; por ende, se condenará a su satisfacción con actualización de esas sumas mediante el sistema de índice de precios al consumidor desde el 5 de febrero de 1995, para la primera y desde el 6 de abril de 1995, para la segunda, hasta la satisfacción, más intereses del 6% anual desde la ejecutoria de esta sentencia y hasta que el pago se realice.
Puesto que el camión destruido no pertenecía a la recurrente, ni lo tenía en posesión ni a ningún otro título, ni actuó ella en nombre de la sucesión de Gerardo, ni en procura de la indemnización de los daños causados a este, es del caso no reconocer ni ordenar el pago de su valor.
6. Con relación al lucro cesante es de ver que de conformidad con la prueba recogida, específicamente con la certificación que expidió y posteriormente reconoció Celio Fidel Suárez Sierra (fls. 22 y 172), quedó acreditado que Gerardo Vásquez devengaba al tiempo de los hechos $ 800.000 que le entregaba aquel por transportar mercancías “... hasta cuatro viajes mensuales pagándole por cada viaje la suma de $ 200.000...” desde Barranquilla o Ciénaga hasta Apartadó y otros lugares de Urabá antioqueño.
Es posible que también llevara otros bienes, para otras personas y a otros destinos, e inclusive, con retribuciones mayores, mas como de ello nada se afirmó ni acreditó, ningún pronunciamiento puede hacerse. Se tendrá, en consecuencia, únicamente en cuenta el aspecto demostrado, que supone siempre los mismos $ 800.000, como que el número de veces de desplazamiento era de “... hasta cuatro...” al mes por cuenta de Suárez Sierra, de donde, aunque en ocasiones el deponente de ahora lo utilizara menos, ello le permitía a Vásquez prestar el servicio a otras personas, pues su capacidad llegaba hasta poder hacer los viajes referidos al mes y devengar, por tanto, la suma señalada.
Desde luego que esa cantidad debe ser reducida en virtud de los gastos que supone la actividad misma, que al decir de los peritos llegan hasta el 30% del total de ingresos por concepto de “... combustibles, aceites y lubricantes, mantenimiento y otros gastos de movilización” (fl. 162), por lo que en tal porcentaje ha de disminuirse la cifra.
Ese dictamen ofrece credibilidad, pese a la objeción que en su contra propuso la demandada, dado que ella no se demostró; además, en virtud de que la aserción no parece desmedida o irracional, su fundamento viene dotado de precisión y firmeza, y porque la experiencia y los títulos académicos de los peritos evidencian la debida idoneidad, todo lo cual impone que merece ser apreciado de conformidad con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, corolario de lo cual es que la utilidad neta era de $ 560.000.
Pero esos $ 560.000 deben ser actualizados, para establecer con la mayor exactitud posible el valor que hoy sería el ingreso real del occiso, razón por la cual, siguiendo el derrotero delineado, entre otras, por la Sentencia 150 del 5 de octubre de 2004, Expediente 6975, se ha de tener en cuenta el índice de precios al consumidor señalado por el Banco de la República para las dos fechas en contraste, febrero de 1995 (27.57) y febrero de 2009 (101.43), correspondiente este al último reporte de la entidad, atendibles por tratarse de indicadores económicos constitutivos de hechos notorios al tenor del artículo 191 del Código de Procedimiento Civil; por manera que dividiendo el segundo sobre el primero, ofrece un resultado de 3.6789989% de variación para el periodo, lo cual significa que un peso de febrero de 1995 es igual a 3.6789989 pesos de febrero de 2009, luego los $ 560.000 de entonces corresponden a $ 2.060.238,88 de ahora.
Sin embargo, según línea jurisprudencial que en ocasiones anteriores ha sentado la Corte (entre otras, S-152, sep. 4/2000, Exp. 5260), se estima que el interfecto destinaba un 25% de los ingresos a su sostenimiento personal, esto es $ 515.059,72, restando para dividir en dos partes iguales, una para la compañera y otra para los hijos, el excedente que es $ 1.545.179,10; de suerte que a la recurrente corresponden $ 772.589,54 mensuales.
Vale decir, el lucro cesante mensual, actualizado hasta febrero de 2009, es de $ 772.589,54.
Ese monto indemnizable ha de ser la base para la investigación del lucro cesante pasado y futuro. Así, para hallar aquel con el método utilizado por la Corte en la Sentencia 071 de 7 de octubre de 1999, Expediente 5002, se requiere conocer primeramente el periodo de vida probable del difunto y el de la actora, para cuyo efecto se cuenta con la documental obrante al folio 170 según la cual Zully Piedad Juvinao Soto nació el 22 de enero de 1968, al paso que conforme con la vista en el folio 33 Gerardo Vásquez Reyes nació el 13 de febrero de 1956, por efecto de lo cual la primera contaba 27 años y 13 días al momento del suceso dañino, mientras el segundo tenía 38 años 11 meses y 22 días.
La tabla de supervivencia señalada en la Resolución 0996 de 29 de marzo de 1990, expedida por la Superintendencia Bancaria y vigente a la fecha de la tragedia por tratarse de la anterior más próxima, cual tuvo ocasión de exponerlo esta Sala en Sentencia 194 de 18 de octubre de 2001, determina que por tener Gerardo al momento del deceso la edad de 38 años su esperanza vital se extendía por otros 37, al tiempo que Zully, que se ubicaba en los 27, puede sumar 46 más; pero como el daño se entiende generado hasta por el lapso menos largo entre los dos, es obligada conclusión que deberá atenderse hasta en 37 años contados a partir del suceso, esto es, por 444 meses en total dentro de los cuales se hallan los que corresponden al lucro cesante pasado y los relativos al futuro, como adelante se expondrá.
Desde febrero de 1995, fecha del accidente, hasta marzo de 2009, han transcurrido catorce años y un mes, esto es, 169 meses, que constituyen el periodo durante el cual ha de reconocerse el lucro cesante consolidado, que será liquidado con fundamento en las tablas y operaciones señaladas en las sentencias 071 de 7 de octubre de 1999, Expediente 5002, 150 de 5 de octubre de 2004 y 021 de 6 de marzo de 2006, Expediente 7368, las cuales enseñan la fórmula VA = LCM x Sn, cuyo contenido supone que VA es el valor actual del lucro cesante pasado, con intereses del 6% anual; que se obtiene de multiplicar LCM, que es el lucro cesante mensual actualizado, por Sn, que es el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por periodo. Para obtener el valor Sn se acude a la fórmula Sn = (1+i) a la n exponencial - 1. Sin embargo, el resultado de la operación viene indicado en las tablas financieras señaladas y para llegar a él basta identificar el número de meses transcurridos desde el hecho dañoso hasta el día de la liquidación y hallar el factor que corresponde en ellas a esa cifra, de modo que, como aquí se trata de 169 meses, el mencionado factor es 261.3037, dado que el interés es del 6% anual según se dijo, de donde ahora es necesario multiplicar el LCM, que es de $ 772.589,54 por 261.3037 para un total de VA igual a $ 201.880.505,38.
A fin de establecer el lucro cesante futuro, siguiendo de cerca las mismas decisiones de la Corte, se debe multiplicar el monto indemnizable actualizado ($ 772.589.54) por el factor que determine en la tabla el número de meses que faltan por transcurrir hasta el término de la vida probable, sin olvidar que él deduce los intereses del 6% anual merced a que el pago anticipado de la respectiva cantidad impone, por razones de equidad, el reconocimiento de ese porcentaje a favor del deudor. Así, los periplos que restan son 275, pues 444 menos los 169 del consolidado ya tenidos en cuenta totalizan esa cantidad, y el factor correspondiente es 151.3961, de donde el resultado de multiplicar esta cifra por $ 772.589,54 da un lucro cesante futuro de $ 116.967.043,25.
Ahora, puesto que la parte demandante solicitó el reconocimiento de corrección monetaria sobre todas las condenas que se impusieran, es menester ordenarla frente al daño emergente y al lucro cesante, porque el detrimento moral es intangible en este asunto según se vio, junto con los intereses que corresponden, esto es, el 6% anual, comoquiera que, de conformidad con jurisprudencia de la Corte, son compatibles la corrección monetaria y los intereses civiles a futuro, pues “... la compatibilidad originada de la corrección monetaria y de los intereses, depende fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de estos, puesto que si ellos son civiles, nada impide que, in casu , se ordene el reajuste monetario de la suma debida...”, como lo dijera en sentencia de 19 de noviembre de 2001, citada en la de 25 de abril de 2003, y reiteradas en las de 21 de septiembre de 2005, Expediente 1999-28053-01 y 026 de 22 de marzo de 2007.
Con respecto al error grave de que se acusó al dictamen pericial destinado a tasar los perjuicios, es meridiano que no se estableció, comoquiera que en ese sentido ninguna probanza se practicó, excepción hecha del oficio que llegó de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, en el que no emitió opinión alguna fundada en la inexistencia de listado de valores de vehículos anteriores a 1985 (fI. 221). Desde luego que sin acreditación del yerro endilgado su declaración ha de ser negada, como en efecto hizo el a quo, en aspecto que, por ende, será corroborado.
7. En lo atinente a la decisión que asumiera el juez de primer grado referente al llamamiento en garantía a Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales Seguros Cóndor S.A., es del caso recordar que esta no apeló y que, por tanto, se conformó con lo sentenciado, ni tampoco la flamante recurrió, luego no está facultada la Corte, en sede de instancia, para estudiar ni resolver sobre el punto, en la medida en que únicamente sería materia de examen si se revocara para absolver; mas, como aquí ello no acontece, pues se confirma y modifica, no se hará más que ratificar el fallo en este aspecto.
8. En conclusión, como la sentencia del juzgado, que condenó a la demandada a favor de los varios demandantes, fue revocada por la del tribunal que ahora será casada, debe la Corte en sede de instancia, confirmarla en cuanto declaró responsable de los daños causados a Zully Piedad Juvinao Soto, única a quien se concedió el recurso, a Unitransco S.A., y modificarla en lo que hace a la tasación de los perjuicios a que aquella tiene derecho, sin olvidar que la del juez queda en pie exclusivamente en lo que a Juvinao Soto se refiere, dado que en torno a los demás actores sigue enhiesta la del tribunal y por ende revocada la del a quo. Todo porque la Corte, en virtud del principio dispositivo que rige el recurso extraordinario, está impedida para decidir sobre aspectos que no le fueron propuestos o para ir más allá de lo que los aducidos demarcan.
Entonces, el fallo del ad quem, revocatorio del que confeccionó el juez de primer grado, quedará casado de manera parcial y únicamente frente a Zully Piedad Juvinao Soto, por modo que el del a quo sigue sin ningún valor, excepto en lo que hace a la recurrente, en la medida que en torno de ella se mantiene la declaración de responsabilidad contra Unitransco S.A. y se altera la cuantía de la condena.
Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2004 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ordinario que instauró Zully Piedad Juvinao Soto en su propio nombre y en el de sus menores hijos frente a la Unión Transportadora de la Costa, Unitransco S.A., y como juez de segunda instancia,
1. Confirmar, exclusivamente con respecto a Zully Piedad Juvinao Soto, los puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco y ocho de la sentencia de primer grado pronunciada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla en el presente asunto, que textualmente disponen:
“Declarar civilmente responsable a la Empresa Unión de Transportadores de La Costa Unitransco S. A. por la muerte del señor Gerardo Vásquez Reyes”.
“Declarar no probada la excepción de fondo interpuesta por la parte demandada”.
“Declarar no probado el error grave del dictamen pericial”.
“Declarar no probada la tacha de sospecha de los testigos Ana Petronila Rodríguez Blanco, Neida Raquel Rodríguez Blanco, María Esther Ariza de La Hoz, Francia Araújo Pérez y Jaime Alberto Cheguín Consuegra”.
“En consecuencia se ordena pagar a favor de cada uno de los demandantes la suma de dos millones de pesos por perjuicios morales”.
“Condénase a la Compañía de Seguros Generales “Cóndor S.A.” por concepto de llamamiento de garantía que hace Unitransco S.A. a rembolsar la suma de diez millones quinientos mil pesos a la cual ya se le hizo el correspondiente 30% deducible de la suma de quince millones que se asegura con la póliza”.
2. Modificar los puntos seis y siete del mencionado fallo, exclusivamente con respecto a Zully Piedad Juvinao Soto, los cuales quedarán así:
Condenar también a la demandada a pagar a la actora, a modo de daño emergente, $ 550.000 y $ 181.500, con actualización de esas sumas mediante el sistema de índice de precios al consumidor desde el 5 de febrero de 1995, para la primera, y desde el 6 de abril de 1995, para la segunda, hasta la fecha del pago efectivo, más intereses del 6% anual desde la ejecutoria de esta sentencia y hasta la indicada satisfacción.
Condenar igualmente a la demandada a pagar a la demandante por lucro cesante consolidado $ 201.880.505,38 y por lucro cesante futuro $ 116.967.043,25, más intereses del 6% anual y actualización bajo el sistema de índice de precios al consumidor desde la ejecutoria de esta sentencia y hasta la satisfacción.
3. Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada y a favor de Zully Piedad Juvinao Soto.
4. Sin costas en el recurso de casación.
Notifìquese».