Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-190-1.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-19 12:27:26
Document Index: 18627298

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 7', 'Artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 41', 'Artículo 510', 'artículo 510', 'artículo 510', 'Artículo 320', 'Artículo 1', 'artículo 10']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 190-1, de 22/12/2017
Núm. 190-1
PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA
La Ley tuvo al inicio de su vigencia un alto grado de cumplimiento. Con ella se procedió a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctima del franquismo, se mejoraron las prestaciones que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se reconocieron prestaciones a nuevos colectivos como los denominados "niños de la guerra", las víctimas del tardofranquismo o los homosexuales; se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta tarea; se comenzó la labor de retirada de símbolos franquistas; se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales; se creó en 2008 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para una atención e información centralizada al colectivo; se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos.
Esta es, sin embargo, una tarea inacabada, abrupta e injustificadamente interrumpida. Este esfuerzo reparador en favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades no tuvo continuidad en las X y XI Legislaturas. Se dejaron de dotar presupuestariamente estas medidas (en especial las relativas a la localización de fosas), se suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y se han frenado los procedimientos para certificar las todavía escasas declaraciones individuales de reparación, entre muchos otros ejemplos. El Gobierno del Partido Popular acabó eliminando la partida presupuestaria para darle efectividad con el increíble argumento de que, en situación de crisis económica, se "suspendía" la aplicación de la ley; una partida que en el último presupuesto con un Gobierno socialista (PGE para 2011), fue dotada con 6,25 M? y que desapareció en el Presupuesto de 2013.
La Exposición de motivos de la Ley 52/2007, afirma con rotundidad que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia y establecer regímenes totalitarios
contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática". Las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1936-1975 fueron asumidas por la Ley 52/2007, al hacer suya la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006.
Según este Informe, en España se produjo un "golpe de Estado" en julio de 1936 que, con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Alemania e Italia y sus respectivos Gobiernos que intervinieron en territorio español -prólogo de las agresiones a otros Estados que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal de Nuremberg en 1946- la República Española identificó como "Guerra de España" ante la Sociedad de Naciones. En su Informe el Consejo de Europa dató las personas fallecidas como consecuencia del golpe y la posterior guerra en una cifra que oscila entre medio millón y un millón. La intervención extranjera contra la República española fue la génesis de una de las mayores tragedias de la historia de nuestro país, de Europa y del Mundo, un enfrentamiento fratricida entre connacionales que sepultó la convivencia de los españoles durante generaciones.
El mismo informe del Consejo de Europa relata que, posteriormente, ya durante la dictadura, en época de paz, "Franco acometió una política de represión contra todo individuo susceptible según él de representar una amenaza para el nuevo régimen. Miles de republicanos fueron sumariamente ejecutados o encarcelados y un número innumerable fueron sometidos a diversas formas de sanción política o económica". Es por ello que esta alta autoridad internacional en la tutela de los derechos humanos ha indicado tajantemente que se trató de un periodo de consumación de "graves violaciones a los derechos humanos".
Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes. Pero, sobre todo, durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política, haciéndose valer para ello de los más aberrantes crímenes. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de biolimpieza de inspiración "genética", todos impunes desde entonces.
Todos estos organismos internacionales de derecho humanitario vienen requiriendo al Estado Español dar prioridad a la investigación y búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo. Esta fue una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de julio de 2014. Recomendaciones que apenas han sido tenidas en cuenta por el Estado Español pues el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en sus sesiones de 11 al 29 de septiembre de 2017 "lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013 y alienta a España a seguir trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/ESP/CO/1) y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (A/HRC/27/56/Add.1)".
"Especialmente preocupante -afirma el informe- resulta el constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan investigar la suerte y el paradero de sus seres queridos, tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas, y que hasta la fecha los familiares están librados a su propia suerte. Estas observaciones resultan aún más alarmantes dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares".
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamenta asimismo que "hasta la fecha el Estado español no [haya] actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas" ni haya asumido su papel de liderazgo para asegurar una política de Estado que ponga fin a dichas desapariciones como se había recomendado en su informe de julio de 2014. En este sentido, "el Grupo de Trabajo espera que el Gobierno proporcione un mayor apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de familiares en particular para la implementación efectiva de los artículos 11 a 14 de la "Ley de Memoria Histórica" referidos a la localización e identificación de personas, tarea o iniciativa que no puede depender exclusivamente de los familiares, sino que debe ser asumida como una obligación de Estado abarcando la totalidad del territorio nacional". Por ello insiste en "la importancia de que el Estado tome un rol activo en materia de exhumación y procesos de identificación de los restos para que éstos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas". Y en ese sentido reitera la urgencia acerca de "la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como su disponibilidad para ofrecer la asistencia técnica necesaria, en aras a garantizar que el mecanismo de búsqueda esté plenamente apegado a los estándares internacionales vigentes en la materia".
El derecho que tienen los familiares de los desaparecidos a conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos es un derecho absoluto de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo con el derecho internacional. Por tanto, la creación de la Comisión de la Verdad que recomienda el Grupo de Trabajo de Desapariciones forzadas está concebida no solo como una investigación histórica sino como el "derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición" (A/HRC116148, párr. 39).
Especialmente "consternado" se muestra el mencionado Grupo de Trabajo de Naciones Unidas por el hecho de que hasta la fecha no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil Española y la dictadura, observando "con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas".
Por otra parte, el Grupo de Trabajo entiende en el informe de su visita que la actuación sobre el Valle de los Caídos requiere de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Se lamenta, no obstante, que el Estado no haya tenido en cuenta las medidas concretas para llevar a cabo las recomendaciones
contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, fue aprobada en el contexto de un reclamo legítimo, una deuda histórica que pesaba sobre el ordenamiento jurídico de nuestro país, la reparación de las víctimas de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. En este sentido, la propia Ley 52/2007 establecía en su Exposición de Motivos que la teleología que informaba el texto legislativo era "dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender".
Sin embargo, aquel legítimo reclamo de las víctimas que justificó la adopción de la Ley 52/2007 ha seguido creciendo. Lo cierto es que la Ley 52/2007 fue diseñada para el establecimiento de "políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática", tal y como indicaba la Exposición de Motivos del referido texto legislativo. La aproximación a esta histórica demanda carecía del enfoque preciso sobre las víctimas y de su participación activa en el diseño de esas políticas con la aportación de sus sensibilidades a la estrategia pública para afrontar sus legítimas demandas. Es por ello que, especialmente en los últimos años, las víctimas han manifestado de una manera reiterada, principalmente a través de sus organizaciones civiles, que la respuesta de la Ley 52/2007 fue limitada e interrumpida en su aplicación, e incluso en algunos casos, insuficiente en su propia implementación.
Diez años después podemos afirmar que muchas de las políticas públicas dispuestas por la Ley 52/2007 no se han cumplido en la forma y alcance que proyectó el legislador. Los intentos al amparo de esta ley por localizar e identificar a los desaparecidos, o de retirar símbolos de exaltación franquista son ejemplos que acreditan que los objetivos de la Ley 52/2007, no se han cumplido en la forma que el legislador esperaba. Es por ello que las víctimas se han visto forzadas a iniciar acciones al margen de lo establecido en la Ley 52/2007. A la luz de la experiencia de estos años y de los logros de las nuevas
normativas que se han desarrollado en diferentes Comunidades Autónomas y están suponiendo un renovado impulso a la memoria, reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo, resulta necesario reformar la ley nacional, y dotarla de mayor consistencia sustantiva, establecer obligaciones claras para los sujetos implicados en la implementación y establecer un mecanismo sancionador para garantizar su cumplimiento, y un procedimiento tasado de ayudas públicas.
La anterior redacción de la Ley 52/2007, declaraba la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Esta declaración, de contenido rehabilitador y reparador, quedaba establecida como un derecho de todos los perjudicados. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esa declaración no ha supuesto un resarcimiento adecuado para las víctimas de esas ilegítimas e injustificadas condenas. Es por ello que la presente modificación legislativa, debe dar un paso más y ampliar los efectos jurídicos de esa declaración a la nulidad de pleno derecho de esas resoluciones judiciales. De forma que el ordenamiento jurídico español y su aplicación judicial queden absolutamente desligados de normas anteriores y resoluciones judiciales que las aplicaron, las que
chocan frontalmente con las garantías y derechos reconocidos en un sistema democrático en el que un valor superior del ordenamiento debe ser la protección de las víctimas. Actualmente, con la declaración de nulidad de pleno derecho de esas ilegítimas resoluciones judiciales, el nuevo texto legislativo mantiene una absoluta coherencia entre los órganos judiciales y sus resoluciones.
De igual forma, la anterior Ley incluía una disposición derogatoria que, de forma expresa, privaba de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales. En la nueva redacción se declaran nulas de pleno derecho todas las normas del régimen franquista que contravengan "las normas universales del Derecho internacional" que, según el artículo 7 de la Constitución de 1931, "el Estado español acatará", así como las contrarias al derecho penal internacional consuetudinario objeto del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y a las garantías fundamentales de la Constitución de 1978, como forma de reafirmar la incuestionable superioridad de los derechos fundamentales y de las libertades democráticas.
El establecimiento de Comisiones de la Verdad ha sido un instrumento muy utilizado durante períodos transicionales en muchos de los países que han sufrido conflictos civiles o situaciones internas de regímenes autoritarios y dictaduras similares a España. Como recomienda el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, "para atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, sería preciso establecer algún mecanismo para oficializarla y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España". Por ello, la presente reforma dispone la creación de una Comisión de la Verdad, de la que regula aspectos esenciales, tales como su mandato, funciones, lapso temporal y conformación, aprovechamiento de los trabajos realizados por otras instituciones similares a nivel autonómico o local. La finalidad de la creación de la Comisión de la Verdad es contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, del derecho humanitario, y de las graves infracciones cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, y elaborar un informe final como contribución a la construcción colectiva de la memoria democrática española que será entregado a las Cortes Generales para su conocimiento y aprobación y al Gobierno de España y las Instituciones competentes para cumplimiento de sus recomendaciones.
La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil
Española y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
Reparación integral: A los efectos de la presente Ley, la reparación integral se define como el conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas.
1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil de España, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.
2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, organizaciones de mujeres, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas, de género o de orientación sexual.
3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil Española y la Dictadura.
1. Se declara la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil Española, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.
2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la nulidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.
3. Igualmente, se declaran nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.
1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil de España y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.
2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el tercer grado.
5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de esta ley. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.
5. Los comisionados serán un total de once y serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en la forma que determine su reglamento, a propuesta de ambas cámaras (tres comisionados), el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía (dos comisionados), el Consejo de Universidades (un comisionado) y asociaciones de víctimas (tres comisionados). Otros dos comisionados serán expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
6. Las funciones de la Comisión de la Verdad serán las siguientes:
a) Recuperar y recopilar los testimonios orales y otros materiales relativos al periodo histórico referido en la presente Ley.
b) Reunir e incorporar los informes y conclusiones alcanzadas por las diversas comisiones de la verdad o grupos de trabajo creados a escala autonómica o local.
c) Elaborar un informe final sobre las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra durante la Guerra Civil Española, la posterior dictadura franquista y periodo posterior hasta la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978, como una contribución a la construcción colectiva de la memoria democrática española.
d) Difundir por diversos medios los hallazgos fruto de la investigación y análisis de los testimonios e información recopilada por la Comisión.
e) Remitir a las autoridades judiciales competentes las informaciones relativas a la comisión de delitos de lesa humanidad o de guerra.
7. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley se creará y pondrá en funcionamiento la Comisión de la Verdad. A partir de su puesta en marcha, la Comisión de la Verdad tendrá un plazo de dos años para dar cumplimiento a su mandato.
8. La Comisión de la Verdad se regirá por los siguientes principios que informarán sus actuaciones:
a) Imparcialidad e independencia. La Comisión de la Verdad será un órgano imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y cumplimiento de sus funciones.
b) Enfoque diferencial y de género. La Comisión incluirá el enfoque diferencial y de género en su conformación, funcionamiento y cumplimiento de su mandato.
c) Participación. La participación ciudadana, en particular, la de las víctimas de los crímenes a los que hace referencia esta Ley y de las asociaciones que trabajan por sus derechos y por la memoria democrática, será garantizada en la conformación, funcionamiento y cumplimiento de su mandato por parte de la Comisión.
d) Coordinación. La Comisión de la Verdad incorporará los trabajos, conclusiones y recomendaciones alcanzadas por los grupos de trabajo o comisiones independientes del nivel autonómico. Asimismo, coordinará el desarrollo de sus funciones con el Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo General de la Guerra Civil Española.
9. La Comisión de la Verdad elaborará un Informe final de conclusiones y recomendaciones, que se remitirá al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación y posterior envío al Gobierno para su implementación y difusión, y que tendrá carácter vinculante para los poderes públicos.
10. La Comisión contará con autonomía presupuestaria para el desarrollo de sus trabajos y el cumplimiento de sus funciones.
11. La Comisión de la Verdad se dotará de un reglamento propio en el que se establezca su estructura y funcionamiento, como forma de garantizar el principio de autonomía e imparcialidad que informa su actividad.
1. Serán competentes para proceder a la localización, búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos del periodo que abarca la presente ley, los órganos judiciales competentes en el orden penal según los criterios establecidos en los artículos 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Los órganos judiciales competentes se guiarán por los criterios establecidos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 14 de julio de 2009, en concreto en referencia a las obligaciones de investigación hasta la identificación establecidas en sus artículos 12 y 24.
3. De esta forma, los órganos judiciales competentes penales procederán, de oficio o a instancia de parte, a abrir investigaciones efectivas tendentes a la localización, búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, vinculadas al periodo establecido en el objeto de la presente ley, de las que tengan conocimiento a través de cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. El procedimiento judicial que instruirá el órgano judicial competente en el orden penal estará informado por el principio de reparación y no meramente por el principio de punición. De esta forma, la finalidad será la identificación del desaparecido para cerrar el delito permanente, reparando así a las víctimas, y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por España referidas en el artículo 7.2 de la presente Ley.
2. El órgano judicial competente en el orden penal instruirá el procedimiento sobre la base del principio de coordinación con las administraciones públicas territoriales, las cuales coadyuvarán en la localización, búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en su término administrativo, sobre la base de lo establecido en la presente ley en los artículos siguientes.
3. Cualquier cuestión que se suscite acerca de la prescripción del delito en función de su calificación jurídica o el hecho de la muerte del posible responsable o responsables, quedarán reservadas a la resolución que ponga término al procedimiento, una vez agotadas todas las vías para garantizar la reparación integral de la víctima y específicamente la relacionada con la búsqueda de las misma.
4. Las normas recogidas en la Ley de Amnistía de 16 de octubre de 1977, no serán obstáculo, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, para que se otorgue la mentada reparación integral a la víctima.
1. La búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil Española y la Dictadura Franquista será responsabilidad del Estado, cuya implementación será gradual, y se apoyará en la elaboración de mapas de localización de los desaparecidos.
2. Para ello, dentro del Ministerio competente, se creará una Dirección General que establecerá planes de búsqueda de desaparecidos con carácter cuatrienal, contará con un presupuesto propio para el cumplimiento de sus fines y con trabajadores públicos expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología y la antropología forense.
3. La Dirección General contará con una Comisión Técnica de la Memoria Histórica cuya función será la de garantizar e impulsar el cumplimiento de los planes cuatrienales de búsqueda de desaparecidos y la puesta en funcionamiento de los mecanismos necesarios para las diferentes actuaciones en materia de Memoria Histórica. Estará compuesta al menos por profesionales de medicina forense, arqueólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos, juristas, representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica.
4. La Comisión Técnica se constituirá en el plazo de seis meses y podrá realizar sus actuaciones a través de subcomisiones de fosas, simbología, lugares de Memoria u otras según marque la necesidad de actuación.
5. La Dirección General trasladará las actuaciones pertinentes a los órganos judiciales competentes para que procedan en función de los artículos 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, hará públicos los datos de exhumación anual, donde se recoja el número de individuos localizados, cifra de peticiones registradas, y número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma", donde se haya realizado la exhumación.
1. Las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, tendrán la obligación de colaborar con la administración central del Estado en las materias correspondientes a la Memoria Histórica, así como requerir a todas sus consejerías la necesidad de verificar el cumplimiento de la Ley 52/2007, y en caso de incumplimiento impulsar todas las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la norma en los bienes de titularidad de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponderá asimismo a las Comunidades Autónomas la elaboración y actualización del mapa de las fosas existentes en su territorio y velar por el cumplimiento de la retirada de la simbología de la Guerra Civil Española y del franquismo en su territorio. Para ello podrán contar con la colaboración de las universidades públicas y expertos en Memoria Histórica.
3. Corresponderá a las administraciones locales la adopción de las medidas oportunas para retirar la simbología que suponga exaltación de la Guerra Civil Española y la represión de la dictadura, establecida en la Ley 52/2007. Subsidiariamente y para el caso de incumplimiento, lo será también la administración autonómica.
4. Es asimismo obligación de las administraciones locales la realización del catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista previsto en la Ley 52/2007, para proceder seguidamente a su resignificación, retirada o eliminación. Para ello podrá contar con la colaboración de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y expertos en Memoria Histórica.
5. En cualquier caso, será obligatorio para Ayuntamientos y en su caso para las Diputaciones Provinciales informar, en cuanto se tenga conocimiento, a la Consejería competente en materia de Memoria Histórica, de la concreta localización de los símbolos, emblemas o fosas que puedan existir en sus términos municipales.
6. A su vez y conforme a lo prevenido en la Ley 52/2007, se habilita la colaboración de particulares o asociaciones que tengan entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, para la localización e identificación de víctimas y símbolos vetados por la Ley, articulándose para ello un trámite de audiencia.
7. Corresponderá a los Ayuntamientos y en su caso las Diputaciones Provinciales la actuación de forma directa en la recuperación de los restos de las personas desaparecidas, así como el señalamiento y protección de los lugares de enterramiento hasta su exhumación.
1. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones autonómicas, elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. Asimismo, celebrará los oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos.
3. Cuando no sea posible la recuperación de los restos de la persona desaparecida, la Administración que corresponda garantizará que las víctimas reciban un trato digno y toda la información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar averiguadas como resultado de la investigación llevada a cabo.
1. Se creará un Banco Nacional de ADN con el objetivo de extraer, almacenar y gestionar muestras genéticas de todos los casos denunciados de desaparición forzosa y sustracción de menores. Las administraciones públicas, entes privados y bancos genéticos deberán remitir la información relativa a
estos casos al Banco Nacional de ADN. En todo caso, la toma de muestras se realizará de forma gratuita a las víctimas.
2. Los órganos judiciales que investiguen casos de desaparición forzada y sustracción de menores garantizarán que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados de personas desaparecidas y de los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad.
3. Se promoverá que las asociaciones de víctimas colaboren la recolección de muestras de los familiares por parte del Banco Nacional de ADN.
4. Se establecerá una colaboración con los diversos bancos de ADN creados por la diferentes Comunidades Autónomas en relación con los desaparecidos y víctimas del franquismo.
1. Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 12, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico y el protocolo de actuación que se apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes.
2. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 12, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.
4. El expediente de localización, y exhumación e identificación en su caso, se podrá realizar a instancia de cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes hasta cuarto grado, sus ascendientes y sus colaterales.
5. Será público el documento de cadena de custodia, expediente administrativo o judicial con medidas de seguridad, llevado a cabo para la realización de exhumación, desplazamiento e inhumación.
6. Una vez realizada la entrega de restos, y desplazados al cementerio familiar, se procederá a un derecho preferente, para ser enterrados en la parte civil de los cementerios, en su caso, salvo que la familia indique lo contrario.
7. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán inhumados en el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran.
1. La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artículo 12 se constituye en fin de utilidad pública e interés social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los artículos 108 a 119 de la Ley de Expropiación Forzosa, la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse.
1. Los órganos judiciales competentes en el orden penal de acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal investigarán los casos relativos a los menores sustraídos a sus familias para darlos en adopción. Por tratarse de un patrón criminal cuya comisión se extiende más allá del periodo franquista, se establece un marco temporal excepcional para su investigación hasta el 31 de diciembre del año 1995.
2. Los órganos judiciales actuarán en base el principio de que los hechos constituirían un delito permanente cuya comisión no cesa hasta la identificación final del menor sustraído, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 14 de julio de 2009.
3. Los órganos judiciales competentes penales procederán, de oficio o a instancia de parte, a abrir investigaciones efectivas tendentes a la identificación de los menores desaparecidos durante el periodo establecido en el objeto de la presente ley de las que tengan conocimiento a través de cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo establecido en los artículos 6 y 7 de esta ley.
1. El procedimiento judicial seguido por el órgano judicial competente en el orden penal estará informado por el principio de reparación integral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 apartados 3 y 4 de esta ley. La finalidad del procedimiento será la búsqueda del menor presuntamente sustraído para cerrar el ciclo del delito permanente.
2. El órgano judicial competente en el orden penal instruirá el asunto apoyándose en el principio de coordinación con el resto de administraciones públicas, las cuales están obligadas a prestarle una efectiva colaboración para la instrucción del procedimiento. En concreto, se prestará la asistencia necesaria para la apertura de archivos de los centros médicos donde se realizaron estas sustracciones y de los centros de internamiento de mujeres, así como de las casas cuna, orfanatos, y demás instituciones de la época franquista.
1. Se creará un censo público de víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo, con independencia de su nacionalidad, con la información recopilada por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y los datos suministrados por las diferentes administraciones públicas, víctimas, organizaciones memorialistas y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información relevante para el mismo.
2. El censo recogerá el listado de las personas que sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, incautaciones, sanciones económicas, las personas represaliadas por su condición sexual, de género, las que sufrieron tortura en los en los campos de concentración, guerrilleros y niñas y niños robados. Se anotarán en cada uno de ellas, entre otras informaciones, las circunstancias respecto de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición, lugar, fecha en la que ocurrieron los hechos, de ser posible, así como la información que se determine reglamentariamente que respetará, en todo caso, lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. La información se incorporará al
censo de víctimas de oficio por el órgano directivo competente en memoria democrática, o a instancia de las víctimas, de los familiares de éstas o de las entidades memorialistas
3. El censo establecerá las condiciones de confidencialidad de los datos cuando así lo requiera la víctima directa y, en caso de fallecimiento o desaparición, ponderará la existencia de oposición por cualquiera de sus familiares hasta el cuarto grado.
"a) Por heridas, enfermedad o lesión accidental originadas como consecuencia de la guerra."
"c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo una relación de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento."
"Uno. Quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala:
"Dos bis. Una indemnización de 9.616,18 se reconocerá al cónyuge supérstite de quien, habiendo sufrido privación de libertad por tiempo inferior a tres años como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensión o indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social."
Artículo 24. Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 ?, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil Española y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
2. Corresponderá a las administraciones locales la retirada inmediata de dicha simbología en el ámbito de su territorio, la redefinición del callejero, nombres de pueblos, revocación de honores y distinciones dedicados a los protagonistas de la sublevación militar, de la Guerra Civil Española y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de escudos contrarios al Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se hace público el modelo del Escudo de España.
3. Los Ayuntamientos serán responsables de elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil Española y la Dictadura a los efectos previstos en los apartados anteriores, pudiendo dirigirse a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Diputaciones Provinciales en solicitud de colaboración. Para ello promoverán la asistencia de las universidades, Organismos Públicos
de Investigación (OPIS), o impulsarán la constitución de una comisión de expertos, historiadores o personas de la cultura de méritos acreditados.
4. En caso de discrepancia sobre la viabilidad o no de retirada de determinada simbología, se podrá constituir una comisión de expertos arquitectos, aparejadores o ingenieros, que estudien la viabilidad de retirada de placas o elementos de simbología incrustados en edificios o cualquier otro lugar.
5. Los Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración de personas o entidades privadas al efecto de suprimir estos elementos cuando dicha decisión corresponda a las mismas, como en lo referido a las placas del antiguo Instituto de la Vivienda, de las fachadas de los edificios, sedes ministeriales, delegaciones de gobierno o consejerías autonómicas.
6. No obstante lo anterior, en el supuesto de no ser posible la retirada de elementos identificados en alguno de los catálogos de vestigios por causas de índole técnica o artística debidamente justificadas o en caso de no aprobarse dicha actuación siguiendo los trámites precisos al efecto en el organismo de la Administración Pública que corresponda, el organismo público con competencias en esta materia fomentará la realización de una propuesta de proyecto para que el elemento correspondiente sea debidamente puesto en valor, situándolo en el contexto histórico y exaltando únicamente los valores democráticos del actual Estado de Derecho y evitando valoraciones que alejen la perspectiva aséptica y puramente histórica.
7. En lo referido a Honores y Distinciones, hijos adoptivos, alcaldías honoríficas, medallas de la ciudad son títulos de carácter vitalicio y por tanto, tras el fallecimiento del dictador o de cualquiera de los homenajeados, se ha de proceder a la declaración de retirada del título por parte del Ayuntamiento, las Diputaciones Provinciales u organismo que los otorgó, remitiendo las certificaciones al Gobierno de España.
8. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en los apartados anteriores.
1. No será permitida la exhibición de simbología de exaltación de la Guerra Civil Española y Dictadura en cementerios públicos. Para el caso de su existencia, será de obligado cumplimiento por parte los Ayuntamientos la inmediata retirada de dicha simbología. A estos efectos, las autoridades competentes advertirán a los ciudadanos y usuarios sobre el cumplimiento de dicha obligación y tomarán las medidas oportunas para llevarlo a cabo.
2. La Iglesia Católica será requerida para la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil Española en templos y cementerios, cruces de los caídos, o cualquier otro lugar de propiedad eclesiástica. En el caso de que la Iglesia no cumpliera el requerimiento que se le haga en el plazo de seis meses desde su notificación será obligación del Ayuntamiento la retirada de dicha simbología, a costa de aquélla.
1. El Valle de los Caídos será lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución. Queda expresamente prohibida su utilización como mausoleo del dictador.
4. El Valle de los Caídos se reconvertirá en un centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de
la Guerra Civil Española y la Dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación.
7. Se convocará un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.
1. El Estado adoptará las medidas conducentes al diseño de una estrategia de capacitación y pedagogía en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y el período histórico correspondiente a la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, destinada a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, abogados, procuradores y otros profesionales que en el desempeño de sus funciones se relacionen con víctimas.
d) La inclusión de la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación permanente para personas adultas. Asimismo, impulsará, en colaboración con las universidades, la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios de Grado, y Máster.
2. Se instalarán placas explicativas en los lugares de Memoria, en las tapias de los cementerios o cualquier otro espacio donde se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad o contrarios a los Derechos Humanos y trabajos esclavos. Asimismo, en dichos espacios se señalizará un punto de reconocimiento de las personas fallecidas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos.
3. La declaración de lugar de Memoria se realizará por parte del Ministerio competente en la materia de Memoria Histórica. Las organizaciones cívicas, de derechos humanos, memorialistas, de víctimas y expertos en Memoria Histórica, podrán elevar instancias documentadas para declaración de lugar de Memoria, que serán analizadas y dictaminadas por la Comisión Técnica de Memoria Histórica.
4. Se elaborará un censo de Lugares de Memoria en colaboración con las Comunidades Autónomas y se creará el Inventario de Lugares de Memoria Histórica como sección del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Español con el objeto de incluir en él aquellos espacios, inmuebles o parajes que reúnan las características definidas en el párrafo primero de este artículo.
5. La formación, conservación y divulgación del Inventario de Lugares de Memoria Histórica y Democrática, que será público, corresponde al Ministerio competente en materia de Memoria Histórica.
c) Actos conmemorativos y homenajes públicos.
d) Reconocimientos públicos y solicitudes de perdón institucional.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el
artículo 23, letra b, del Código Civil, en lo que se refiere a la adquisición por carta de naturaleza de la nacionalidad española.
Víctimas y documentación
1. Se creará el Consejo de la Memoria Histórica adscrito al Ministerio de Justicia, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas.
2. El Consejo, cuya presidencia corresponderá a la persona titular del Ministerio competente, estará compuesto por representantes de la Administración central, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de representantes las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito. Reglamentariamente, se determinará su composición y régimen de funcionamiento, que respetará una representación equilibrada de hombres y mujeres.
d) Valorar y emitir dictamen acerca del informe sobre las ayudas y apoyos que anualmente realice la Administración y sobre las medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos de esta ley a través de la actuación de entidades memorialistas, a las que apoyará en su creación y mantenimiento. El citado informe y el dictamen emitido por el Consejo de la Memoria Histórica serán remitidos al Congreso de los Diputados para su valoración.
a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarán en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los
mencionados documentos. Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e integración en el Archivo General.
b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la Guerra Civil Española, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición.
c) Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil Española, el franquismo, el exilio y la Transición, y contribuir a la difusión de sus resultados.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41.
4. Se garantiza el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes al Ministerio de Defensa, Dirección General de la Guardia Civil y demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, referidos al período comprendido entre el 14 de abril de 1931 y 31 de diciembre de 1977, de conformidad como la Constitución Española, Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Técnica de Memoria Histórica y sus respectivas subcomisiones todos los instrumentos necesarios para el acceso a registros civiles, partidas de nacimiento y defunción, archivos custodiados, militares y parroquiales o religiosos, para el uso de sus funciones como órgano investigador y de gestión de la Memoria Histórica.
6. Los documentos utilizados para la función investigadora, relacionados con la Guerra Civil Española y Dictadura, en base al interés público, se catalogarán, digitalizarán y se dará traslado de un facsímil o copia compulsada al Archivo Documental de la Memoria.
a) La realización de excavaciones sin autorización.
b) La construcción o remoción de terreno, sin la autorización donde haya certeza de la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas.
c) La destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización o en un Lugar de Memoria.
a) El incumplimiento, sin causa justificada, de la obligación de comunicar el hallazgo casual.
b) El traslado de restos humanos sin la autorización prevista.
c) El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de un Lugar de Memoria Histórica y Democrática, cuando no constituya infracción muy grave.
d) La obstrucción de la actuación inspectora de la Administración en materia de memoria democrática, así como la omisión del deber de información, en relación con un Lugar de Memoria Histórica y Democrática inscrito en el Inventario.
e) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar de Memoria que afecte a fosas de víctimas y no constituya infracción muy grave.
f) El incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática.
a) El incumplimiento de la obligación de permitir la visita pública a los Lugares de Memoria.
b) La realización de daños a espacios o mobiliario de los Lugares de Memoria cuando no constituya infracción grave o muy grave.
c) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar de Memoria sin la autorización, cuando no constituya infracción grave o muy grave.
d) El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática.
5. Las infracciones tipificadas en este artículo, en relación con los Lugares de Memoria inscritos en el Inventario, se entenderán también referidas a los bienes que cuenten con anotación preventiva.
3. Las no pecuniarias serán sanciones accesorias y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria histórica por un período máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente, y en el reintegro total o parcial de la subvención en materia de memoria histórica concedida. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, cuando procedan conforme a ordenamiento jurídico y estricto respeto a sus garantías, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
1. Será pública la acción para denunciar las infracciones en materia de memoria histórica.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la Dirección General competente en materia de memoria histórica.
3. La incoación del procedimiento se realizará por acuerdo de la persona titular del órgano competente en materia de memoria histórica de oficio, bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía.
a) Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular de Ministerio competente en materia de memoria democrática.
1. Serán declaradas ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo.
2. Con este fin se procederá a las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, por la que se declararán ilegales las asociaciones y fundaciones referidas en el apartado anterior.
"Artículo 510 bis.
Segundo. El artículo 510 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal pasa a ser el artículo 510 ter.
"Artículo 320 bis.
La autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses y con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años."
"Artículo 1. Ámbito.
También tendrán consideración de víctimas conforme a la naturaleza y características de los delitos a que conciernen, las víctimas de la guerra civil y del franquismo. En estos casos, cualquier cuestión que se suscite acerca de la prescripción del delito en función de su calificación jurídica o el hecho de la muerte del posible responsable o responsables, quedaran reservadas a la resolución que ponga término al procedimiento, una vez agotadas todas las vías para garantizar la reparación integral de la víctima y específicamente la relacionada con la búsqueda de las misma."
"CAPÍTULO X BIS
Si antes de aprobarse la información se presentare alguno oponiéndose a ella por poder seguírsele perjuicio, el Juez dictará auto mandando sobreseer en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, con reserva a las partes de su derecho, para que lo ejerciten en el juicio que corresponda."
1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de
quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes por hechos y en las circunstancias y con las condiciones a que se refiere el apartado uno del artículo 10 de la presente Ley.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, en los presupuestos generales del Estado para cada año se habilitará una partida para "Memoria Histórica", con consignación presupuestaria suficiente para los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de ADN, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos previstos en el presente cuerpo legal.