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Timestamp: 2018-01-19 14:16:17
Document Index: 338396894

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 47', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 45', 'Artículo 2', 'Artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63']

La Prevención del Blanqueo de Capitales en las Entidades Aseguradoras, las Gestoras y los Corredores de Seguros - PDF
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Juan Carlos Ramos Pereyra
1 Instituto de Ciencias del Seguro La Prevención del Blanqueo de Capitales en las Entidades Aseguradoras, las Gestoras y los Corredores de Seguros Jaime Gómez-Ferrer Rincón
2 FUNDACIÓN MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificación con la opinión del autor o autores Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o del editor 2010, FUNDACIÓN MAPFRE Paseo de Recoletos Madrid (España) ISBN: Depósito Legal: Printed by Publidisa
3 A mi familia, Patricia, Íñigo, love, hope and friendship y a
4 PRESENTACIÓN La FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades de interés general para la sociedad en distintos ámbitos profesionales y culturales. En el marco de la Fundación, el Instituto de Ciencias del Seguro promueve actividades de formación y de investigación en el campo del Seguro y la Gerencia de Riesgos tanto en España como en América Latina. Para el mejor desarrollo de la labor formativa e investigadora, la Fundación cuenta con un centro de información documental con más de referencias y una biblioteca que da soporte a las actividades anteriores y que presta sus servicios al sector profesional especializado en el ámbito del Seguro, la Gerencia de Riesgos, la Seguridad y el Medio Ambiente: El Instituto promueve la edición impresa y en formato electrónico de libros, cuadernos de trabajo, informes y estudios de investigación y además, edita una revista especializada en Gerencia de Riesgos y Seguros. Estas publicaciones, constituyen el medio de divulgar los resultados de investigaciones o estudios de actualidad para el público especializado.
5 Jaime Gómez-Ferrer Rincón es Letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-1). Es funcionario de carrera como Inspector de Seguros del Estado. Estuvo a cargo del área de Seguros Colectivos en la Subdirección de Planes y Fondos de Pensiones y en la actualidad desempeña sus funciones en la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
6 PRÓLOGO I Las sociedades avanzadas establecen procedimientos de autorregulación y prevención en beneficio de todos sus ciudadanos, lo que permite que la fuerza coercitiva de la Ley pueda ser aplicada de una manera razonable para el conjunto de los miembros de esa sociedad, pero muy intensiva sobre aquellos que trabajan al margen de las normas. La Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recientemente renovada en nuestro país, es un ejemplo de coordinación social para prevenir estas conductas delictivas y poner en marcha la maquinaria legal básicamente sólo sobre los supuestos defraudadores. El libro que el lector tiene entre sus manos, es sobre todo una oportunidad, ya que pocas veces se dispone con tanta celeridad de un documento analítico sobre cambios legales de este tenor como la Ley que entró en vigor en España el 30 de abril de España está fuertemente implicada en los objetivos de prevención del blanqueo y, sobre todo y por razones evidentes, en la persecución del terrorismo. Somos uno de los países europeos más afectados por esta lacra social que desgraciadamente nos persigue desde la década de los setenta del pasado siglo. Es por ello que, además de la participación activa en todos los organismos de coordinación internacional, nos dotamos de una Ley estructural ya en 1993 con un claro contenido movilizador, fundamentalmente del sector financiero, hacia tareas de prevención y advertencia sobre los ilícitos penales que pudieran estar cometiéndose. Más de quince después, en 2010, y tras un amplio periodo de discusión y debate, el Parlamento ha aprobado una revisión global de aquella Ley para modernizarla y tratar de poner coto a los nuevos procedimientos de elusión de cumplimiento fiscal que se estaban produciendo en el ámbito nacional e internacional. En lo que respecta al seguro, y el autor es amplio conocedor de esta materia ya que es Inspector de Seguros del Estado, las novedades quedan suficientemente recogidas a lo largo del libro, no obstante, y aunque sea solo a modo de cita, me gustaría referirme a algunas como la desaparición de la excepción a la obligación de identificar que, hasta el momento, reducía las peticiones de información a los clientes aseguradores que hubieran abonado su seguro mediante una entidad de crédito ya sujeta a las obligaciones de la Ley, una modificación que, tras numero-
7 sas gestiones en beneficio del cliente a lo largo de la tramitación de la Ley ha quedado ligeramente suavizada mediante medidas simplificadas de diligencia debida. El lector encontrará toda la información en las páginas siguientes de una manera clara y ordenada. El seguro, como no podía ser de otra forma, es un agente financiero activo comprometido que cada vez está integrando de una manera más directa en su modelo de gestión los procedimientos de seguimiento y prevención del blanqueo, dejando de ser una actuación complementaria para ser un objetivo integrado lo que redunda en una mayor eficacia en los resultados. Como también es lógico, y pese a ser actores activos del sector financiero, el ámbito asegurador no es precisamente la vía principal para estos procedimientos delictivos, como lo demuestra el hecho de que apenas un 0,5% de los asuntos investigados por el Servicio de Prevención de Banqueo de Capitales (SEPBLAC) tiene su origen en alertas y sospechas emitidas por las entidades aseguradoras. Felicito a mi buen amigo, y colega en la Inspección, Jaime Gómez-Ferrer Rincón por la iniciativa de compartir sus conocimientos en este magnífico libro y la oportunidad de publicarlo en el momento preciso, e invito a los lectores a que profundicen en su lectura que, estoy segura, no les va a defraudar. Pilar González de Frutos Presidenta de Unespa
8 PRÓLOGO II La globalización que para muchos sectores económicos y áreas sociales ha contribuido a generar notables ventajas también supone para la delincuencia organizada una oportunidad de escapar a los controles y por tanto de continuidad de sus ilegales actividades. Mediante normas como las que el autor desgrana con absoluta claridad en el libro, se puede proceder desde una perspectiva global a atajar la actividad delictiva golpeándola en uno de sus puntos vitales como es su financiación. El establecimiento y promoción de mecanismos comunes de control para una gran mayoría de países contribuye sin duda a que los beneficios que obtiene la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo sean detectados y sean intervenidos por los Gobiernos nacionales, lo cual redunda en beneficio de toda la sociedad. Ese fue el objetivo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) creado a finales de los 80 por el G-7. Sin embargo muchas veces el propósito que persigue la norma no se cumple ya que la producción legislativa es grande y cuando el ciudadano o el profesional consiguen conocerla ya ha sido objeto de cambio. Algo parecido pasa con la normativa reguladora de la prevención de blanqueo de capitales que ha sido objeto de varias leyes en un corto espacio de tiempo. Es por ello que trabajos como este libro que prologamos es bienvenido pues sin duda contribuye al conocimiento minucioso de la norma con la aportación de un experto que sirve para aclarar o comprender mejor aspectos oscuros de interpretación. Los mediadores de seguros profesionales, agentes y corredores de seguros son sujetos pasivos de esta normativa. El Agente de Seguros lo es como colaborador dependiente de la Entidad Aseguradora. El Corredor de Seguros así figura explícitamente recogido tanto en la Directiva 2005/60/CE desarrollada por la Directiva 2006/70/CE, como en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que la transpone al ordenamiento jurídico español. Precisamente a la responsabilidad del Corredor de Seguros en esta materia dedica el autor un capítulo del libro. La inclusión del Corredor de Seguros como sujeto obligado ha generado una cierta controversia pues aunque el fin de la Ley es loable, las obligaciones y los procedimientos que ha de cumplir este profesional parecen pensados para entes de
9 mayor estructura. Es por ello que el cumplimiento de la norma, en lo que se refiere principalmente a la inscripción en el SEPBLAC, haya sido más lento de lo que hubiera deseado el legislador. No obstante el Corredor de Seguros está ya cumpliendo apoyado por los servicios creados por sus Colegios profesionales. A este cumplimiento pleno de la Ley y de sus objetivos también contribuye este libro pues su estilo y las explicaciones que incluye facilitan al lector la comprensión de aspectos abordados por los diferentes cambios legislativos así como de los criterios de las diferentes administraciones de control por lo que también constituye un útil manual de consulta siempre necesario para profesionales e instituciones. José María Campabadal Presidente Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
10 ÍNDICE INTRODUCCIÓN: EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE SEGUROS... 1 CAPÍTULO 1. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CAPÍTULO 2. SUJETOS OBLIGADOS: ENTIDADES ASEGURADORAS, ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CORREDORES DE SEGUROS El sujeto obligado Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Riesgo asociado a los intervinientes o clientes (tomador, asegurado o beneficiario) Riesgo asociado a las primas, aportaciones o prestaciones Riesgo asociado a la operativa Riesgo asociado a los empleados Otras operaciones de riesgos en otros ámbitos de los mercados financieros CAPÍTULO 3. CONTROL INTERNO: REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC El representante ante el SEPBLAC Propuesta de nombramiento de representante ante el SEPBLAC Requisitos que han de reunir los representantes propuestos CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y DEMÁS OBLIGACIONES DE LA LEY Identificación formal... 66
11 2. Identificación real del titular La contratación a distancia Acreditación de la actividad profesional o empresarial de los clientes y propósito e índole de la relación de negocios Medidas simplificadas de diligencia debida: excepción de la identificación del titular real, de la acreditación de la actividad profesional o empresarial de los clientes y propósito e índole de la relación de negocios Conservación de documentos Medidas reforzadas de diligencia debida: análisis de riesgos, operaciones no presenciales, corresponsalía bancaria transfronteriza, clientes que sean personas del medio político, sus familiares y tratamiento de datos relativos a los mismos, productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos El intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude Otras cuestiones CAPÍTULO 5. REPORTING SISTEMÁTICO Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES POR INDICIOS El órgano de comunicación e información Análisis de determinadas operaciones: comunicación inmediata de operaciones por indicios Comunicación sistemática de operaciones: transitoriedad del Real Decreto 925/ CAPÍTULO 6. EL INFORME DEL EXPERTO EXTERNO CAPÍTULO 7. LAS CESIONES DE CARTERA Y EL CAMBIO DE GESTIÓN DE PÓLIZAS ENTRE SUJETOS OBLIGADOS CAPÍTULO 8. LA RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR DE SEGUROS: SUPERVISIÓN, RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS La responsabilidad y colaboración del corredor de seguros La supervisión La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de la contabilidad Régimen de infracciones y sanciones
12 CAPÍTULO 9. LA FORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y SU PERSONAL CAPÍTULO 10. EL OPERADOR DE BANCASEGUROS CAPÍTULO 11. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: EL SEPBLAC CAPÍTULO 12. ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES CAPÍTULO 13. EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CAPÍTULO 14. INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS ANEXOS Anexo 1. Orden de 3 agosto 2000 del Ministerio de Economía, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones al servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales en cumplimiento del artículo 7.2 del Real Decreto 925/1995. BOE Anexo 2. Tipologías de blanqueo de capitales Anexo 3. Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el reglamento de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales Anexo 4. Examen externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales Anexo 5. Modelo S1 de declaración de los medios de pago Anexo 6. CEIOPS-CESR-CEBS: Compendium paper on the supervisory implementation practices across EU member states of the third money laundering directive [2005/60/EC]: Questionnaire on identification and verification of consumers (natural persons) Anexo 7. CEIOPS-CESR-CEBS: Compendium paper on the supervisory implementation practices across EU member states of the third money
13 laundering directive [2005/60/EC]: Questionnaire on customer due diligence cross border issues (based on post implementation of new regime) Anexo 8. Modelo para la identificación del cliente Anexo 9. Modelo para la comunicación del excepcionamiento de clientes Anexo 10. Las cuarenta recomendaciones (20 de junio de 2003) (se incorporan las modificaciones de 22 de octubre de 2004) Colección Cuadernos de la Fundación Instituto de Ciencias del Seguro
14 INTRODUCCIÓN EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEL MERCADO DE SEGUROS El presente libro expone las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aplicables a todos los sujetos obligados, entre ellos, entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredurías de seguros. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo supone la regulación de una serie de obligaciones que impactan directamente en el ámbito operacional y de compliance de las entidades aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones y las corredurías de seguros. Desde mi punto de vista y, como posteriormente veremos, supone una descentralización de operaciones preventivas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a través de su realización por los distintos agentes económicos del mercado, que sin duda, hará perder celeridad al tráfico jurídico empresarial de todos los mercados. Incluso la reciente Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio para las entidades aseguradoras (Solvencia II), todavía no aplicable ( recordemos que el plazo de transposición de la misma finaliza el 1 de noviembre de 2012), regula las necesidades en materia control interno 1, 1 Arts Directiva Solvencia II. Artículo Las empresas de seguros y de reaseguros establecerán un sistema eficaz de control interno. Dicho sistema constará, como mínimo, de procedimientos administrativos y contables, de un marco de control interno, de mecanismos adecuados de información a todos los niveles de la empresa y de una función de verificación del cumplimiento. 2. La función de verificación del cumplimiento comprenderá el asesoramiento al órgano de administración, dirección o supervisión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la presente Directiva. Comportará, asimismo, la evaluación de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la empresa y la determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento. Artículo 47 Auditoría interna 1. Las empresas de seguros y de reaseguros contarán con una función eficaz de auditoría interna. La función de auditoría interna abarcará la comprobación de la adecuación y eficacia del sistema de control interno y de otros elementos del sistema de gobernanza. 2. La función de auditoría interna deberá ser objetiva e independiente de las funciones operativas. 3. Las conclusiones y recomendaciones derivadas de la auditoría interna se notificarán al órgano de administración, dirección o supervisión, que determinará qué acciones habrán de adoptarse con res- 1
15 gestión de riesgos y en su art. 56, dentro de las condiciones relativas al ejercicio de la actividad en la adquisición de participaciones cualificadas de entidades aseguradoras y reaseguradoras, establece la comprobación del nivel de riesgo derivado de estas operaciones, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 2. El cambio que Solvencia II va a suponer en nuestro Ordenamiento Jurídico es de tal calado, que la adaptación a la misma requerirá una anticipación necesaria (desarrollo de modelos internos, etc.) que inevitablemente empujará a una mayor profesionalización en estas materias a las gestoras de fondos de pensiones, algunas de ellas, entidades aseguradoras y, finalmente, afectará a los intermediarios, es decir, los mediadores, a través de su futura reforma de la Directiva de mediación. Además, para el estudio de esta Ley tendremos como presente el Proyecto de Ley de Economía sostenible, y sus diversas modificaciones, para determinar el ámbito de responsabilidad del sujeto obligado, ante las nuevas figuras y la modificación de otras ya existentes, como las agencias de suscripción. Existen referencias directas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en la normativa específica de seguros. En relación con el programa de actividades, el artículo 24.9 del R. D. 2486/1998 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, afirma: 9. Los procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. En el caso de actuar a través de mediadores en seguros privados, se establecerán procedimientos y criterios específicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en el reglamento citado. En segundo lugar, el carácter imperativo del precepto obligó a introducir excepciones al deber del secreto profesional, regulado en el art. 75 del Real decreto Legislativo 6/2004 de 28 de octubre, y así lo recoge la nueva Ley de prevención de banqueo de capitales y financiación del terrorismo. El párrafo d) del punto 3 del citado art. 75, permite suministrar información confidencial a: pecto a cada una de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría interna y garantizará que dichas acciones se lleven a cabo. 2 Arts. 56 Directiva Solvencia II: ( ) la existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con la propuesta de adquisición, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, o que la citada adquisición podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones. 2
16 d) Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales; la Administración tributaria respecto de las comunicaciones que de modo excepcional puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, previa autorización indelegable del Ministro de Economía y Hacienda. Como veremos a lo largo del libro, esta función preventiva a desarrollar por los sujetos obligados, supondrá un esfuerzo mucho mayor que lo establecido en la normativa específica de seguros y que impactará directamente en su riesgo operacional, legal, reputacional y de suscripción. Entre los distintos mediadores de seguros, el corredor de seguros, como agente económico de los mercados financieros, debe cumplir una serie de obligaciones frente a la Administración y en particular frente a los órganos de supervisión, pero más importante es su cumplimiento frente al mercado y sus clientes financieros, pues ello redundará en una mejora de la gestión comercial y económica de su actuación, en este caso, en el mercado de seguros. Así pues, además de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria, obligaciones administrativas frente a la Dirección General de Seguros y fondos de pensiones (en adelante DGSFP), y frente a la Agencia de Protección de Datos, el corredor de seguros, debido a su independencia frente a las entidades aseguradoras, debe cumplir determinadas obligaciones frente al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (en adelante SEPBLAC) y particularmente frente a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales fue modificada por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. A través de esta modificación, se incluyó dentro de los sujetos obligados en materia de prevención de Blanqueo de capitales a ( ) y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión. La nueva normativa aplicable, tras la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo mantiene en su art. 2, como sujetos obligados, a los corredores de seguros. Esta normativa, que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, supone la actualización y mejora en esta materia, sin perjuicio de que para la práctica totalidad del sector de la mediación suponga una absoluta novedad. No así para las entidades de seguros, que ya venían utilizando y aplicando procesos concretos para el control preventivo de las obligaciones que posteriormente veremos. En primer lugar, se han incorporando al articulado de la Ley parte de las disposiciones actualmente ubicadas en la principal norma de desarrollo, el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la derogada Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del 3
17 blanqueo de capitales, elevando el rango normativo de diversas previsiones. También pone de manifiesto el objetivo de unificar los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dada la dispersión actual debida a que la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, reproducía las obligaciones de prevención de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, lo que resultaba disfuncional. Así, con esta nueva norma, en lo relativo a materia de prevención, tanto del blanqueo de capitales como de financiación del terrorismo se unifica el contenido en la misma, conservando la Ley 12/2003 lo relativo al bloqueo de la financiación del terrorismo. En segundo lugar, la Ley es el resultado de la transposición de dos directivas. La Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (3ª Directiva), que, establece un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente más extensas y detalladas. En su artículo 45 la Directiva prevé el 15 de diciembre de 2007 como fecha límite para adaptar la legislación. Y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, que contempla el mismo plazo que la anterior para la adaptación del derecho interno. Las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de mayo y 11 de junio de 2009 declaran, respectivamente el incumplimiento de Irlanda y de Suecia de la obligación de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2005/60/CE 3, y lo mismo declaran las Sentencias de 16 de julio y de 24 de septiembre de 2009 respecto a Bélgica y España y la Directiva 2006/70/CE. La norma recoge, además de la obligaciones explícitas a cumplir por las entidades gestoras de fondos de pensiones, las entidades aseguradoras y las corredurías de seguro que operen en vida, cuestiones relativas a muchos aspectos relacionados tangencialmente con la actividad del corredor de seguros y las entidades aseguradoras, pero con implicaciones directas en su operativa diaria y otras cuestiones que están reguladas para otros agentes económicos. Entre otras, cabe citar, la implicación de derechos fundamentales en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal; 3 Sentencia de 1 octubre 2009 del Tribunal de Justicia CE Luxemburgo (Sala Séptima) En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide: 1º Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 (LCEur 2005, 2668), relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y al no haber comunicado a la Comisión de las Comunidades Europeas las disposiciones de Derecho interno que supuestamente contribuyen a garantizar dicho cumplimiento. 2º Condenar en costas al Reino de España. 4
18 la cooperación de y con los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal; la actuación profesional de abogados y procuradores; la práctica probatoria y el valor a estos efectos de las actuaciones administrativas; y la relación entre los derechos sancionadores administrativo y penal. En el presente libro se analiza qué normativa, contenido, aplicaciones y obligaciones genera esta obligación para los sujetos obligados del sector seguros, con especial énfasis en los corredores de seguros, intentando realizar una aproximación real a su tráfico jurídico mercantil y comercial e integrando esta obligación en su operativa diaria. La razón fundamental es el desconocimiento de la materia y la falta desarrollo a nivel de control interno 4 y operacional, de este sujeto obligado, en el cumplimiento de esta obligación. No obstante, se recogen a lo largo del libro, las obligaciones y particularidades de cada uno de ellos. Abandonando el mundo de las ideas desde un primer momento, no deja de sorprender el hecho de que habiendo transcurrido los primeros meses del año 2010, y por tanto, más de tres años desde que el corredor de seguros sea un sujeto obligado frente al SEPBLAC, esta obligación no la esté cumpliendo eficazmente la gran mayoría de los corredores de seguros de ámbito nacional, y eso, a raíz del acuerdo del Consejo General con algún consultor que buscaba un nuevo nicho de mercado. Sin duda, esta situación adolece de un problema de fondo mucho mayor, tanto del lado del legislador como del lado del agente económico (corredor de seguros). En primer lugar, de la histórica situación de carencia legislativa del ámbito operacional del corredor de seguros existente hasta la entrada en vigor del R.D. 301/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los libros registros y el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y las sociedades de correduría de seguros, la Ley 26/2006, de 17 de julio de Mediación de seguros y reaseguros privados, (en adelante Ley 26/2006) que traspuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002 sobre la mediación en los seguros, y la posterior aprobación de innumerables criterios de mediación, de controvertida base legal, por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), ante su negativa a realizar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 26/ Guía de buenas prácticas en materia de control interno de UNESPA Artículo 2. Definición de control interno Se entiende por control interno (en adelante CI) aquel conjunto de procesos, continuos en el tiempo efectuados por la Dirección, y el resto de personal, y establecidos por el Consejo de Administración, para obtener una seguridad razonable sobre: - La eficacia y eficiencia de las operaciones. - La fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera. - Una adecuada gestión de los riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía. - El cumplimiento de las leyes y de las políticas y procedimientos internos aplicables. El objetivo último del control interno debe ser potenciar la operativa interna de la entidad, incrementar su capacidad para gestionar las diversas situaciones internas y externas que pudieran presentarse, así como, identificar y ayudar a orientar los planes de acción precisos para solucionar posibles errores o deficiencias significativas en los procesos y estructuras de la entidad. Finalmente, y dado que la actividad aseguradora evoluciona con el tiempo, los sistemas y la supervisión del control interno necesitan evolucionar también. Por ello, la revisión y adaptación continuas suponen una idea primordial. 5
19 En segundo lugar, la heterogeneidad del sector de los corredores de seguros donde, sólo una mínima parte inició con anterioridad a la aprobación de la Ley 26/2006 una informatización, profesionalización y mejora en la gestión de su correduría, frente a otra parte del sector que continuó con el negocio familiar o que mayoritariamente presentó su descontento ante una serie de nuevas obligaciones que iban surgiendo y que, en mayor o menor grado y fortuna, empujaban al sector hacia una profesionalización obligatoria. En tercer lugar, la cada vez mayor diferenciación entre los corredores de ámbito nacional, con autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y los corredores de ámbito autonómico. Estos últimos se encuentran bajo la supervisión de la Comunidad Autónoma, que, con carácter general, presenta una falta de medios y de personal cualificado para supervisar y más aún, para prestar el apoyo a los corredores y mutualidades en el ejercicio de su actividad profesional. Ello supone una mayor laxitud para este tipo de sujetos obligados, en el cumplimiento de la norma, como posteriormente veremos. El resultado de este cambio de ritmo del legislador conlleva que los corredores de seguros hayan pasado, en un periodo de tiempo relativamente corto, de operar con unas obligaciones escasas, a actuar en el tráfico mercantil cumpliendo obligaciones mercantiles y administrativas al nivel de los agentes económicos más importantes del mercado financiero, lugar en el que, por otra parte, debe situarse a los corredores de seguros, por el volumen tan importante de primas intermediadas. Esto incluye la presentación de la documentación estadístico-contable por vía telemática, el cumplimiento del requisito de capacidad financiera en los supuestos del art. 27 de la Ley 26/2006, la obligación de realizar un análisis objetivo del art.42 de la Ley 26/2006, el registro de los corredores de seguros, el servicio de atención al cliente y un largo etcétera donde se incluye las obligaciones frente al SEPBLAC que vamos a analizar más adelante. La inclusión del corredor de seguros como sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales no debe parecernos en ningún caso extraña, si bien, como iremos viendo más adelante, no parece descabellado, que el órgano de control, atienda a un principio de proporcionalidad y competencia, desarrollado reglamentariamente, de esta obligación teniendo en cuenda dos factores: - Las entidades aseguradoras son sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y aunque desde luego, exista independencia entre la actuación de la entidad aseguradora y del corredor de seguros, el destino final de las pólizas intermediadas por los corredores, son las distintas entidades aseguradoras. - La heterogeneidad de los corredores personas físicas y jurídicas hace necesario, que sin realizar un excesivo intervencionismo a través de desarrollo normativo, se aplique el sentido común por el órgano de control, no debiendo exigir el mismo desarrollo para una entidad de crédito, que para una correduría local, sin perjuicio de que sí se exija la misma diligencia, dentro de un principio de 6
20 proporcionalidad. El desarrollo a nivel de mecanismos de gestión de riesgos y de control interno, en relación con esta norma, deberá ser proporcional en función del tamaño del sujeto obligado. La normativa aplicable a todos los sujetos obligados del sector seguros en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se encaja dentro del control de los tres órganos de Supervisión financiera. Un ejemplo sería que una correduría creará dentro de su grupo de empresas, una Empresa de asesoramiento financiero 5 (art. 63 LMV) de las previstas en Ley de Mercado de valores como empresas de Servicios de inversión. Recordemos en este punto que las corredurías no tienen objeto social exclusivo, pero las empresas de asesoramiento financiero sí. Por ello será necesario más de una sociedad. La interrelación de todo el sistema financiero da lugar a que la Correduría estuviera supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) como órgano de control de su actividad de mediación de seguros, por el Banco de España, a través del SEPBLAC en materia de Blanqueo de capitales y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la actividad de la Empresa de asesoramiento financiero. Veamos los siguientes gráficos a título de ejemplo: 5 Artículo 64 Ley del Mercado de valores. Clases de empresas de servicios de inversión. 1. Son empresas de servicios de inversión las siguientes: - Las sociedades de valores. - Las agencias de valores. - Las sociedades gestoras de carteras. - Las empresas de asesoramiento financiero. 2. Las sociedades de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y servicios auxiliares previstos en el artículo Las agencias de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella. Podrán realizar los servicios de inversión y los servicios auxiliares previstos en el artículo 63, con excepción de los previstos en el apartado 1, letras c y f, y en el apartado 2, letra b. 4. Las sociedades gestoras de carteras son aquellas empresas de servicios de inversión que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 63.1.d y g. También podrán realizar los servicios auxiliares previstos en el artículo 63.2.c y e. 5. Las empresas de asesoramiento financiero son aquellas personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 63.1.g y 63.2.c y e.( ) 7