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Timestamp: 2017-06-28 00:10:16
Document Index: 181640339

Matched Legal Cases: ['artículo 152', 'artículo 621', 'artículo 147', 'artículo 344', 'artículo 52', 'artículo 152', 'artículo 1968', 'artículo 339']

Cómo reclamar por las lesiones causadas en accidentes de tráfico que revisten trascendencia penal, cuando el informe de sanidad no se adecúa a los daños y perjuicios verdaderamente causados (incluye formulario) | E&J
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Por Carmen V. López Muñoz. Abogada del Despacho Servicios Legales Abogados
En el presente artículo vamos a abordar desde un punto de vista práctico, y basándonos en la experiencia obtenida de los propios Tribunales, los distintos procedimientos que podemos utilizar los profesionales del derecho para optimizar la reclamación por las lesiones sufridas por las víctimas, como consecuencia de los accidentes de circulación que revisten trascendencia penal.
Cuando se produce un accidente de tráfico, y se ocasionan a algunas de las personas implicadas en el mismo, ya sean conductores, ocupantes, viandantes, motoristas, ciclistas, etc, la muerte, lesiones permanentes, invalidantes o no, o incapacidades temporales, el ordenamiento jurídico ha venido considerando que este tipo de daños personales reviste la suficiente entidad como para merecer un reproche penal; es por ello, que en nuestro Código Penal se recogen una serie de preceptos que castigan a quien causa a otro unas lesiones utilizando un vehículo de motor o ciclomotor. De tal modo, que en el artículo 152.2 [1]del Código Penal se tipifica como delito el hecho de causar por imprudencia grave alguna de las lesiones previstas en los artículos 147.1[2], 149[3] y 150[4] y en el artículo 621[5] del Código Penal se tipifica como falta, el causar con imprudencia grave o leve, alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 de del artículo 147[6] del Código Penal, utilizando un vehículo a motor o ciclomotor.
Además del consiguiente reproche penal para el responsable, estas lesiones deben ser indemnizadas económicamente a los perjudicados (generalmente son las compañías aseguradoras, como responsables civiles directas, las que afrontan el pago de estas indemnizaciones), a tal fin la normativa vigente nos ofrece a los abogados distintos cauces y procedimientos para reclamar en nombre de nuestros clientes el resarcimiento por estos daños personales derivados de accidente de tráfico con relevancia penal. A estos procedimientos, nos vamos a referir a continuación.
2. Reclamación de la responsabilidad civil por lesiones producidas en los accidentes de tráfico. Concurrencia del ejercicio de la acción penal y de la acción civil.
Iniciado un procedimiento penal por denuncia, que generalmente se interpone por los perjudicados a los que se le han irrogado daños y perjuicios, por haber sufrido lesiones en un accidente de tráfico, y tramitado el mismo por los cauces, o bien del procedimiento abreviado, o del juicio de faltas (según los hechos revistan la consideración de delito o falta), es habitual ejercitar en un mismo procedimiento, tanto la acción penal para la averiguación del hecho delictivo y consiguiente sanción del culpable, como la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por las víctimas, según disponen los artículos 109 y siguientes de la LECRIM.
Si estos daños y perjuicios fuesen lesiones, la victima deberá ser examinada por el Médico Forense[7] adscrito al Juzgado que esté conociendo del procedimiento penal -artículo 344 de la LECRIM[8]-, que será aquel al que pertenece la población donde haya ocurrido el accidente o, si así fuese solicitado por el perjudicado, el mismo también podrá ser reconocido por el Médico Forense adscrito al Juzgado de su propio domicilio, acudiendo al trámite del exhorto.
El Médico Forense que tiene como función (entre otras) la de controlar periódicamente a los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, revisará, según considere oportuno, en una o varias ocasiones al perjudicado, y examinará todos los informes o pruebas médicas, tanto las unidas a las actuaciones penales como aquellas otras que entienda que son necesarias para la adecuada valoración de la lesiones.
Con fundamento en el reconocimiento personal de la víctima y en las pruebas médicas que se hayan aportado al procedimiento o se hayan solicitado a su instancia, el Médico Forense podrá emitir un informe definitivo, una vez que las secuelas del perjudicado se encuentren estabilizadas.
En este informe, denominado Informe de Sanidad o Informe de Alta de Lesiones, el Médico Forense, según dispone el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en el que se recoge el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se actualiza cada año, y que denominamos “Baremo”, se deberá reflejar: i) las lesiones que presenta la víctima, ii) los tratamientos precisados para la estabilización de las secuelas, iii) las consecuencias temporales ocasionadas por el hecho traumático, esto es, los días de hospitalización si hubiesen sido necesarios, el tiempo impedido para que la víctima realice su actividad habitual, el tiempo no impeditivo para el ejercicio de la actividad habitual, y el tiempo de la estabilización de las lesiones, iv) y la fijación de las secuelas existentes, así como la valoración de las mismas.
El Informe de Sanidad, en cuanto informe emitido por un profesional adscrito a la Administración de Justicia, es el instrumento que nos debería servir tanto a los profesionales del derecho como a los Jueces para poder determinar con exactitud el “quantum indemnizatorio” que le corresponde a la víctima de un accidente de tráfico, pero los abogados defensores de los perjudicados nos estamos encontrando con el hecho de que actualmente, y de forma inexplicable, los Informes de Sanidad emitidos por los Médicos Forenses en un alto porcentaje de procedimientos penales sustanciados por lesiones producidas en accidentes de circulación, no reflejan adecuadamente los días de impedimento, ni contemplan realmente todas las secuelas ocasionadas, circunstancia esta que resulta absolutamente favorable a las compañías aseguradoras de los vehículos implicados, entidades que en su condición de responsables civiles directas son las obligadas al pago de estas indemnizaciones, que se minoran considerablemente atendiendo a esta situación.
Ante esta circunstancia, que perjudica claramente a las víctimas de los accidentes de tráfico, los abogados de las mismas, tenemos distintas opciones para optimar la indemnización, y que ésta se adecúe realmente a los daños y perjuicios sufridos y a las lesiones y secuelas padecidas, evitando un enriquecimiento injusto de las compañías aseguradoras por esta causa, estas son:
a) O bien, en el ámbito del mismo procedimiento penal, impugnar el Informe de Sanidad emitido por el Médico Forense, fundamentando la impugnación en los informes médicos obrantes en las actuaciones penales y emitidos por facultativos de la sanidad pública y privada, o en otros informes que se puedan aportar al efecto, solicitando en este caso la comparecencia en el acto de juicio a celebrar en el procedimiento penal, tanto del Médico Forense, como del resto de facultativos que hayan emitido los informes en los que se ha sustentado nuestra impugnación, comparecencia de estos últimos, que en la mayoría de los casos, y sobre todo en el ámbito de la sustanciación de los juicios de faltas, no se lleva a efecto por distintas razones, por lo que en estas circunstancias es el Juzgador el que en su sentencia definitiva determinará los daños y perjuicios y las lesiones que presenta el perjudicado, si bien es habitual que atendiendo a la condición de perito imparcial de la que goza el Médico Forense, el Juzgado se decanté para la valoración de las lesiones y secuelas del perjudicado por el contenido del Informe de Sanidad de éste.
La sentencia dictada en este procedimiento resolverá sobre la responsabilidad penal y también sobre la responsabilidad civil, determinando el quantum indemnizatorio que debe resarcir la compañía aseguradora (como responsable civil directa). Si bien, la resolución que se dicte en este procedimiento es susceptible de ser recurrida, ofreciéndonos también el recurso la posibilidad de rebatir el “quantum” establecido por el juzgador penal en concepto de indemnización. b) La segunda opción a la que podemos acogernos para defender debidamente los intereses de nuestros clientes, y que es sin duda alguna más adecuada para sustanciar con las máximas garantías la responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico, es la de continuar con la sustanciación del procedimiento penal, impugnando el informe del Médico Forense en los términos expuestos con carácter precedente, celebrando la vista correspondiente, en la que se solicitará el castigo y reproche penal de los hechos que dieron lugar a las lesiones, reservándonos en ese mismo acto de juicio (o anunciándolo previamente mediante escrito preparado al efecto), el ejercicio de la acción civil para la reclamación de la indemnización en el procedimiento correspondiente. En este caso se dictará una sentencia en la que se resolverá sobre la responsabilidad penal, y quedará expedita la vía civil para la interposición de la acción ante los juzgados de Primera Instancia correspondientes, que serán los del lugar donde haya ocurrido el accidente de tráfico, con independencia del domicilio de los implicados, según prescribe el artículo 52.1.9º de la LEC [9].
3. Sustanciada la acción penal y reserva de acción civil. Procedimiento
Una vez que se dicte la correspondiente sentencia en vía penal en la que se condene al responsable/s como autor/es responsable/s de un delito o falta ex artículo 152.2 o 621 del Código Penal, y ésta sea firme, podremos interponer la oportuna demanda al amparo de lo preceptuado en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, reguladores de la responsabilidad civil extracontractual. Esta demanda debe dirigirse contra aquellas personas que hayan resultado condenados en la sentencia penal previa, así como también frente a las compañías aseguradoras de los vehículos implicados y responsables, procediendo también que sean llamados a este procedimiento como codemandados, todos aquellas otras personas físicas y/o jurídicas que resultaren responsables civiles directas o subsidiarias de los hechos. El plazo prescriptivo para interponer esta acción es de un año desde la notificación de la sentencia penal, según dispone el artículo 1968.2 [10] del Código Civil.
La demanda deberá prepararse y presentarse en la forma prevista en los artículos 399 y siguientes de la LEC, debiendo seguirse el procedimiento por los tramites generalmente de juicio ordinario, dado que si la cantidad objeto de reclamación no supera los seis mil euros, no es ventajoso que nos reservemos la acción civil para ejercitarla en un procedimiento individualizado, sino que en este caso es más favorable formular la reclamación por responsabilidad civil junto con la acción penal.
Esta acción civil tiene por objeto principal la determinación de los daños y perjuicios irrogados a las víctimas por accidentes de circulación, y su finalidad primordial es la de que queden establecidas con precisión la lesiones y secuelas en término amplio (días impeditivos, valoración de las secuelas y determinación de las mismas, incapacidades en su caso, gastos médicos en los que se haya incurrido, intereses, etc. ), es por ello necesario acompañar a la demanda los informes médico-periciales particulares, en los que hayamos sustentado nuestra reclamación económica en este procedimiento civil, pero también resulta indispensable solicitar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 339.2 [11]de la LEC, la designación por el Juzgado mediante insaculación de un perito judicial -facultativo especialista- que servirá como prueba principal, para determinar y cuantificar las lesiones y secuelas de la víctima, y para rebatir en su caso, y si resultase oportuno, el Informe de Sanidad emitido en su día por el Médico Forense en el procedimiento penal, y que debimos impugnar.
Con todos estos ingredientes (además de con el resto de pruebas, al margen de los Informes Médicos, que hemos debido presentar, para fundar adecuadamente nuestra demanda civil) tenemos sin duda alguna más posibilidades de que nuestro cliente obtenga una indemnización más justa y adecuada a los daños y perjuicios que efectivamente le han sido irrogados, al ser valorados éstos en un procedimiento específico, una vez declarada la responsabilidad en el procedimiento penal.
Si bien, la parte negativa de este ejercicio individualizado de la acción de responsabilidad civil es el hecho de que la víctima, además, tenga que acometer el pago de las tasas judiciales correspondientes, debiendo asumir también el coste del perito judicial designado en el procedimiento para la determinación de las lesiones y secuelas (al margen claro está de los gastos lógicos de defensa y representación), no obstante la inversión de estas cuantías se verán compensadas, dado que al haber quedado declarada la responsabilidad penal, en todo caso se obtendrá una indemnización (independientemente del quantum) con el ejercicio de esta acción.
Demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de reclamación de daños y perjuicios causados por un accidente de tráfico
Don/Doña………. Procurador/a de los Tribunales de…..y de Don.…., .asistido por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de…. Don/ Doña ….., ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que en nombre de mi mandante y, siguiendo sus instrucciones, por medio del presente escrito interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO AL AMPARO DE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 1.902, SIGUIENTES Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO CIVIL, contra el conductor y propietario del vehículo Don ……. y contra la Compañía Aseguradora ……
PRIMERO.- Los hechos que son objeto de la interposición de la presente demanda ocurren el ….. momento en que el que el Sr….. circulaba con su bicicleta por la ………, cuando es atropellado por el vehículo ……. conducido por el demandado, Sr….. que pretendía incorporase a esa avenida desde el estacionamiento en línea situado en el margen izquierdo de la calle, según su sentido de la marcha, golpeando al ciclista y causándole una serie de lesiones y daños.
Se adjunta señalado como Documento Número 1, atestado del accidente levantado al efecto por la Policía Local, dejando designados sus archivos a los efectos probatorios oportunos.
SEGUNDO.- Por estos hechos, Don ………. interpuso denuncia ……….. dando lugar al inicio del procedimiento penal del que finalmente conoció el Juzgado.
Por parte de la defensa del Sr….. se reservó el ejercicio de la acción civil, al objeto de ser sustanciada en el procedimiento civil correspondiente, dictándose sentencia de fecha ……
Sentencia que ha devenido firme, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes.
Se acompaña señalado como Documento número 2, Sentencia número….
Iniciándose la presente por los acción de reclamación daños y perjuicios irrogados a mi mandante por el atropello sufrido, en virtud de la reserva de acción civil realizada por esta parte en el acto de juicio.
TERCERO.- El vehículo ……. conducido y propiedad del codemandado, Sr…… en el momento de producirse el accidente, tenía suscrita póliza de seguro número con la entidad aseguradora ….
CUARTO.- El atropello a consecuencia del cual el Sr…….. recibió un fuerte impacto que provocó su caída al contra el suelo siendo desplazado 2 metros, le provocó como lesiones apreciables en un primer momento …. (descripción de las lesiones aportando documental que lo acredite).
QUINTO.- El Informe del Medico Forense adscrito al Juzgado de Instrucción que se acompaña como Documento número….. establece…..
SEXTO.- No obstante atendiendo a …… se consideró que el Informe de Sanidad Forense, no reflejaba con verosimilitud las lesiones y secuelas sufridas por el Sr…. Por lo que el mismo fue impugnado.
Derecho Administrativo	2014-09-30