Source: http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/va-l6-1994.t4.html
Timestamp: 2018-11-18 14:20:19
Document Index: 407035426

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 78', 'artículo 53', 'artículo 78', 'artículo 56', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 63', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 14']

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN Y LA REHABILITACIÓN.
INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y EN LAS PARCELACIONES.
La división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión -ya sea forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa- a la Administración, para que destine el terreno resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentre afecto.
El correspondiente acto de disposición no aumente el número de fincas originariamente existentes y cumpla las normas sobre su indivisibilidad establecidas por razones urbanísticas.
La división o segregación haya sido autorizada expresamente por el municipio con motivo del otorgamiento de otra licencia urbanística.
Testimoniando el certificado municipal correspondiente; o
Acreditando que se solicitó la licencia o dicho certificado, con la antelación necesaria respecto al momento de otorgar la división, sin haber obtenido resolución administrativa expresa dentro de los plazos legales y efectuando declaración jurada de esto último; o
Acreditando rigurosamente el cumplimiento de las condiciones expresadas en el número 1 anterior.
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO INMOBILIARIO.
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO POR LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE SU DEBER DE EDIFICAR.
1. El propietario de un terreno tiene el deber de destinarlo al uso y aprovechamiento previsto por el Plan colaborando, con prontitud y diligencia, a la ejecución de éste. Si el terreno de su propiedad fuera una parcela en suelo urbano o un solar, deberá solicitar la preceptiva licencia para construir, según el Plan, adquiriendo, en todo caso, el excedente de aprovechamiento que presente el terreno y realizando las obras de urbanización que correspondan.
Este deber de edificación será exigible en los plazos fijados por el Programa o, en su defecto, cuando haya transcurrido un año desde que fuera posible solicitar la licencia.
4. La orden de ejecución de la edificación determinará los efectos dispuestos en el número 2 del artículo anterior y, a tal fin, expresará las condiciones urbanísticas de la parcela que ordene edificar. Asimismo, la orden, una vez notificada al interesado, se comunicará al Registro de la Propiedad para constancia en el mismo. Si el interesado cumple lo ordenado, se ordenará cancelar la anotación correspondiente.
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN POR LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES.
3. Si el propietario tuviera derecho a la ayuda -en aplicación del artículo anterior- y no alcanzará un acuerdo con la Administración, aquélla se otorgará como anticipo reintegrable, en dinero constante, en caso de venta o expropiación, debiéndose dejar constancia de ello en el Registro de la Propiedad. El reintegro no superará la mitad del precio de expropiación o venta. Si ésta lo es por precio inferior al duplo del anticipo, la Administración podrá ejercer el derecho de tanteo en los términos regulados en el Real Decreto Legislativo 1/1992.
5. Las políticas de ayuda económica que instrumente la Generalidad para rehabilitar y conservar el patrimonio arquitectónico darán prioridad a los inmuebles y conjuntos catalogados y ponderarán la corresponsabilidad financiera que, en dichas actuaciones, asuman los entes locales con arreglo a su posibilidades.
Procederá, asimismo, la declaración de ruina, cuando el propietario acredite haber cumplido puntualmente lo dispuesto en el artículo 87, realizando diligentemente las obras recomendadas, al menos, en los dos últimos certificados de inspección periódica y el coste de éstas, unido al de las que estén pendientes de realizar, con los fines antes expresados, supere el límite enunciado en el párrafo anterior, apreciándose una tendencia constante y progresiva en el tiempo al aumento de las inversiones necesarias para la conservación del edificio.
2. Corresponderá a los Ayuntamientos declarar la situación legal de ruina, incoando el procedimiento de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier interesado. En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los registros públicos, así como a los órganos competentes cuando resulte afectado el patrimonio histórico.
5. Si la situación legal de ruina se declara respecto a edificio catalogado u objeto del procedimiento de catalogación, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad.
La Administración podrá concertar con el propietario su rehabilitación. En defecto de acuerdo, puede ordenarle que la efectúe otorgándole la correspondiente ayuda u ordenar la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar.
1. Los Alcaldes deben dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su utilización efectiva. También los órganos de la Generalidad competentes en materia de patrimonio cultural inmueble podrán, oído el Ayuntamiento, dictar dichas órdenes respecto a edificios catalogados. Las órdenes de ejecución pueden conminar, asimismo, a la limpieza, vallado, retirada de carteles u otros elementos impropios del inmueble.
Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del deber de conservación.
Imposición de hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas se destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución subsidiaria de la orden incumplida.
REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR.
La obligación de edificar, de solicitar licencia o de urbanizar simultáneamente a la edificación, en los supuestos y plazos regulados en los artículos 84.1 y 85.2 y 3.
La obligación de efectuar obras de conservación y rehabilitación en los términos exigibles a tenor de los artículos 90, 91, 92 (sin perjuicio de la aplicación simultánea de las restantes medidas contempladas en el número 3 de este último) y 94.
OTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO INMOBILIARIO.
1. Los Ayuntamientos, las entidades locales supramunicipales y la Generalidad, en previsión de la ampliación de sus patrimonios públicos de suelo, podrán reservarse áreas para legitimar en ellas la expropiación de bienes inmuebles, cualquiera que sea su clasificación o calificación urbanística. La reserva, si no estuviera prevista en el Plan General, se efectuará mediante Plan Especial y podrá ser incluso previa a la programación de los terrenos. Dicha programación, no obstante, podrá ser instada por los particulares -conforme a los artículos 44 y siguientes-, solicitando autorización previa de la Administración titular de la reserva, quien, en su caso, podrá otorgarla con sujeción a las condiciones de interés público que procedan para lograr los fines sociales pretendidos al efectuarla.
Que se trate de actuaciones cuyo fin específico y exclusivo sea crear dotaciones públicas, promover suelo urbanizado para atender demandas sociales o construir viviendas sujetas a algún especial régimen de protección social.
Además, si se otorgan en favor de sociedades con participación de capital privado, éste habrá de constituirse, para actuaciones concretas, en régimen de competencia pública u ofreciéndolo restringidamente, pero en condiciones de igualdad, a los propietarios de inmuebles afectados.
La enajenación de inmuebles que adquieran como beneficiarias del ejercicio de las potestades públicas antes mencionadas, se debe efectuar en condiciones de pública concurrencia y, en caso de venta, asegurar precios o garantías que impidan o dificulten la reventa con sobreprecio o el enriquecimiento injustificado de tercero. La misma regla se observará en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.
Le corresponderá dictaminar en los casos que así lo exija esta Ley o una disposición reglamentaria con rango de Decreto del Consejo de la Generalidad o cuando lo solicite el Gobierno valenciano o alguno de sus miembros.
El Alcalde, en los municipios de más de 25.000 habitantes, salvo disposición en contrario del Reglamento Orgánico Municipal y sin perjuicio de la competencia del Pleno para aprobar las variaciones del patrimonio municipal de suelo.
El Pleno, en los demás municipios, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal disponga otra cosa.
Los órganos previstos en las disposiciones reguladoras de la creación y funcionamiento de entidades, mancomunidades o consorcios comarcales que tengan encomendado el ejercicio de competencias urbanísticas.
Las competencias municipales referidas en los artículos 38.2, 57 y 99 corresponderán al Pleno, excepto previsión distinta del Reglamento Orgánico Municipal. La competencia para aprobar el cuadro indicativo de precios al que se refiere el artículo 78.2 corresponde al Pleno, previo informe de la Administración Catastral. Si ésta informará de la existencia de una ponencia de valores, vigente y aplicable a los efectos previstos en el artículo 53 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992 , no procederá aprobar el referido cuadro, pudiendo el Alcalde ordenar la utilización de aquélla con el fin previsto en el artículo 78.3. Los cuadros indicativos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa técnica de valoración catastral.
Las de parcelación o el certificado de su innecesariedad, las de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de primera ocupación o habitabilidad de las construcciones -que se otorgarán, en su caso, mediante la misma autorización- en el plazo de un mes.
Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o reforma estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo (respecto a edificios no catalogados), habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses.
Las de intervención -que serán cualesquiera que afecten a edificio catalogado o en trámite de catalogación-, en el de tres meses.
3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación urbanística. La solicitud de licencia urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada.
1. En cumplimiento del artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la notificación preceptiva de actos y acuerdos municipales a la Administración autonómica, cuando se refiera a actos en materia de urbanismo, se cursará a los órganos urbanísticos de la Generalidad.
2. Los interesados pueden notificar, por su cuenta, a los referidos órganos de la Generalidad, su intención de iniciar las obras o actuaciones urbanísticas correspondientes, acompañando la información referida en el número anterior y los documentos acreditativos de que, desde que solicitaron la licencia, han transcurrido los plazos previstos en la precedente disposición adicional cuarta, número 1.
La comunicación será examinada en el plazo de un mes, debiéndose recabar durante él información del Ayuntamiento. Concluido éste, el interesado tendrá derecho a que la Generalidad le expida, para su uso particular, certificado de haber sido notificada del propósito de iniciar las obras o actuaciones y de no haber advertido en ellas contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, ni haber recibido reclamación municipal por tal motivo. Es improcedente la expedición del certificado cuando la obra o actuación contravenga manifiestamente la ordenación urbanística o exceda de los derechos que ésta confiere al interesado o cuando el Ayuntamiento anuncie motivadamente su oposición a ello.
3. La Administración de la Generalidad, sin perjuicio de las competencias municipales, se abstendrá de desarrollar acciones o procedimientos administrativos por la realización de actuaciones respecto a las que haya expedido el certificado regulado en el número anterior.
4. Los órganos de la Generalidad que adopten resoluciones o acuerdos en materia urbanística han de notificarlos a los municipios afectados en el plazo de diez días desde su adopción.
Los Convenios urbanísticos que celebren los Ayuntamientos con los particulares estarán sujetos a las reglas expresadas en la disposición adicional cuarta de la Ley de Suelo No Urbanizable de la Generalidad. En ningún caso podrán dichos Convenios sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de programas regulado en la presente Ley o prejuzgar los resultados del mismo.
En las construcciones legalmente consolidadas sobre terrenos sujetos al régimen establecido por el artículo 10 de esta Ley y a la disposición adicional segunda de la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable, de la Generalidad, se podrán realizar, además de las obras previstas por esta última, las de reparación o reforma -sin ampliación- que exija la conservación y su disfrute según el uso que les sea propio y no estén prohibidas por los Planes, ni obstaculicen la ejecución de obras públicas previstas. No se podrán autorizar, con carácter definitivo, nuevas actividades en dichas construcciones, salvo las funcionalmente vinculadas a los servicios públicos o al destino agrario específico de la naturaleza de cada finca concreta.
En el supuesto de incumplimiento de los acuerdos y las resoluciones ordenando la realización de las obras y los trabajos precisos para la restauración de la realidad alterada o transformada, la Administración actuante podrá proceder, sin perjuicio del recurso en último término a la ejecución subsidiaria a costa del infractor, a la imposición al mismo de multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual y por un importe, cada vez, del 10 % del coste previsto de las obras o de los trabajos ordenados cuando éstos consistan en la reposición de la realidad a su estado originario o del 5 % del valor de la obra cuya demolición se haya ordenado, con un mínimo de 100.000 pesetas. Dichas multas se impondrán con independencia de las retributivas de la infracción o infracciones producidas.
Las disposiciones de la presente Ley en materia de gestión urbanística de suelo se entenderán a reserva de los derechos de los arrendatarios históricos, reconocidos por el artículo 5 de la Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de la Generalidad.
1. Los municipios no estarán obligados a promover un expediente de adaptación de su planeamiento a la presente Ley. No obstante, cuando se evidencien insuficiencias específicas y manifiestas en la ordenación urbanística de algún municipio, la Generalidad podrá adoptar las medidas previstas en los artículos 35 ó 57.D).
Una modificación del planeamiento general que complemente sus determinaciones en el ámbito afectado, estableciendo la ordenación estructural del mismo conforme a lo previsto en el artículo 17.1 y, en especial, definiendo la red primaria o estructural de reservas de suelo para dotaciones públicas, así como las previsiones de los artículos 17.4 y, en su caso, 17.3, 17.6 y 18.
Un expediente justificativo de que las determinaciones del planeamiento vigente ya tienen la precisión y calidad necesaria para cumplir las exigencias de la presente Ley y, en particular, de su artículo 17, acompañado de la documentación que permita diferenciar e identificar qué determinaciones de las vigentes han de reputarse integrantes de la ordenación estructural y de la red primaria de reservas de suelo para dotaciones públicas.
En Unidad de Ejecución prevista por el planeamiento o delimitada con anterioridad a esta Ley: El medio de la Unidad.
En otro caso: El que resulte de la aplicación del artículo 63.
En Unidades de Ejecución respecto a las que, antes de la entrada en vigor de esta Ley, se hubiera constituido Junta de Compensación, ésta tendrá, por Ministerio de la Ley, la condición legal de urbanizador, sirviendo las condiciones estipuladas en las bases de actuación como condiciones propias del Programa. Las Unidades con Proyecto de Compensación o de Reparcelación aprobado -o formalmente declarado innecesario- podrán completar su urbanización de conformidad con la legislación anterior.
En Unidades de Ejecución -sin Junta de Compensación constituida- delimitadas antes de al entrada en vigor de esta Ley y para las que, en ese momento, no se hubiera determinado sistema de actuación distinto de la compensación, se aplicarán las siguientes reglas:
No podrá imponerse en el Programa ninguna condición más gravosa, para su ejecución, que las que hubieran sido exigibles en aplicación del régimen jurídico y la ordenación urbanística vigente a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que la iniciativa correspondiente se promueva dentro de los plazos que para ejecutar dicha ordenación tuviera previstos ésta o durante los nueve meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
El plazo máximo para la ejecución de Programas en Régimen de Adjudicación Preferente, previsto por el artículo 50.1, no regirá cuando resulte mayor plazo por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Durante el plazo específicamente previsto en la ordenación urbanística anterior para constituir la Junta de Compensación o -si aquella no contemplará plazo específico para ello- durante dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, sólo se admitirán a trámite iniciativas que reclamen fundadamente el Régimen de Adjudicación Preferente previsto en el artículo 50.
Las mismas reglas previstas en el apartado anterior serán aplicadas a las Unidades de Ejecución delimitadas en los planes de iniciativa particular que se aprueben al amparo de la disposición transitoria segunda. En este caso, el plazo de exclusividad del Régimen de Adjudicación Preferente, al que se refiere la regla 3 del apartado B), será de tres meses desde la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. El plazo al que se refieren las reglas 1 y 2 -para ejecutar el Programa en las condiciones que en ellas se expresan- será de cinco años.
Lo dispuesto en los apartados anteriores no obsta para que, en casos excepcionales, por causa de razones especiales y concretas de interés público sobrevenidas, la Administración pueda asumir la ejecución directa de los correspondientes Programas o remodelar los usos y aprovechamientos del suelo previstos por la ordenación urbanística anterior.
Los adjudicatarios de Programas de Actuación Urbanística -de los regulados por la anterior legislación-, las Juntas de Compensación constituidas al amparo de aquélla y los concesionarios de actuaciones por el sistema de expropiación, tendrán la condición legal de urbanizador de la correspondiente Unidad de Ejecución, a la que se aplicarán las previsiones de la presente Ley, en términos compatibles con las condiciones sustantivas estipuladas en el correspondiente acuerdo de adjudicación o concesión. El concesionario, adjudicatario o Junta podrá promover reparcelaciones en los términos previstos en esta Ley, aun cuando estuviera prevista la expropiación o compensación como sistema de actuación. La retribución del urbanizador podrá ser en terrenos, según las proporciones previstas en el acuerdo de adjudicación o concesión correspondiente o, en defecto de previsión expresa, según la que se determine en expediente tramitado al efecto siguiendo el mismo procedimiento aplicable a los Proyectos de Urbanización que desarrollen Programas.
Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 22 de esta Ley, se seguirá aplicando el anexo del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, para determinar las reservas exigibles de suelo con destino escolar. No obstante, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Educación, podrá exonerarse o minorarse el cumplimiento de la dotación de suelo escolar exigida en dicho Reglamento, sustituyéndola por la aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 22.1.B).
Hasta que se constituya el Consejo Superior de Urbanismo regulado en la disposición adicional primera, el ejercicio de sus funciones corresponderá al Consejero competente en materia de Urbanismo, previo informe de las Comisiones Territoriales de Urbanismo reguladas en el Decreto 137/1990, del Consejo de la Generalidad.
En tanto se ordena reglamentariamente el Registro regulado en el artículo 49, sus funciones serán suplidas por el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. El Reglamento dispondrá la fusión del antiguo Registro con el previsto por esta Ley.
El Reglamento previsto en el artículo 14 no afectará a la vigencia de las normas urbanísticas contenidas en los planes que, hasta ese momento, hayan sido aprobados, sin perjuicio de que, por iniciativa municipal, se pueda promover la modificación o revisión de ellos para armonizarlos con las previsionås de dicho Reglamento.
Dichos terrenos no podrán ser incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar durante un plazo de cinco años contados desde la entrada en vigor de esta Ley, siempre que la empresa titular de los terrenos vaya realizando las gestiones o actuaciones preparatorias necesarias para promover su edificación o, en su caso, facilitar ésta a un tercero.
El plazo al que se refieren las reglas 1 y 2 del apartado B) de la disposición transitoria cuarta, número 2, para ejecutar el programa en las condiciones que en ellos se expresan, será de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Cuando, en principio, no sea posible para la empresa correspondiente promover el programa de Régimen de Adjudicación Preferente -por no comprender los terrenos suficiente superficie dentro del sector en que se encuentren- el Ayuntamiento o Administración actuante procurará, en el momento de su programación y a solicitud de los interesados, delimitar para ellos Unidad de Ejecución independiente, en la mayor medida en que sea posible, sin detrimento de las exigencias funcionales de la urbanización, para fomentar su ejecución autónoma o conexa con aplicación de dicho Régimen de Adjudicación Preferente.
Esto procederá si hubiera iniciativas de programación que permitan desarrollar urbanísticamente los terrenos en los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
La presente Ley establece una regulación específica de las materias que son objeto de los artículos 2, 4.2, 4.3, 9.2, 10, 11.1, 2 y 3, 12, 13, 14, 16.3, 18, 24.2, 28.2, 3 y 4, 29.2, 30.2, 4 y 5; 31.3, 40.4, 42.4 y 5; 43.2, 59.3, 65.2, 3, 4, 5 y 6; 68, 69, 70, 71, 72.2, 3 y 4; 72.5, 73, 74, 75, 76, 77, 78.1 y 3; 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.3, 96.2, 99.3, 104.2, 105, 106, 108, 109.2, 3 y 5, 110, 111, 113.1, 114, 115, 116, 117, 118.2, 3 y 4; 119, 121, 122, 123, 125, 126.2, 3, 4, 5 y 6, 127, 128, 129, 130, 131, 136.1, 137.1, 2, 3 y 4, 138.a), 139, 142, 144.2 y 3; 145, 146, 147, 148, 149.1, 2 y 4; 151.2 y 4, 152, 153, 155.2, 156, 157, 158, 159.1, 2 y 3; 160.1, 2 y 4; 161, 162, 163, 164, 165, 166.1, b), f), g), 2 y 3, 171, 172, 174.1. 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184.1, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199.1.a) y 2.a), 200, 201, 202.5, 208, 209, 211.1 y 2, 212, 227.2, 228.1 y 2, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 242.4 y 5, 243.3, 244.5, 245.2, 247, 278.2 y 3, 281, 291, 292, 297.3, disposición adicional segunda, disposición transitoria sexta, puntos 2 y 5 y disposición transitoria séptima del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por lo que, de conformidad con la disposición final tercera de este último, el contenido de los preceptos enunciados dejará de ser de aplicación, en lo sucesivo, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Quedan derogadas las disposiciones de la Ley de la Generalidad, 6/1989, de Ordenación del Territorio, que se opongan a la presente Ley y, en particular, a sus artículos 12, 27 y 38, así como las que limiten y condicionen la habilitación contenida en los mismos para la elaboración y aprobación de Planes de Acción Territorial de Finalidad Urbanística. Quedan derogadas, asimismo, sus previsiones relativas a la programación de actuaciones y aquéllas que contradigan el régimen de las obras públicas regulado en los artículos 81 y concordantes de la presente Ley.
Dada en Valencia a 15 de noviembre de 1994.
Presidente de la Generalidad Valenciana.
Artículos 57, 63, 67, y 75; Disposición Adicional Tercera;
Derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
Disposición Final Primera;
Artículos derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.