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Timestamp: 2018-09-18 15:15:44
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By On junio 26, 2016 In Comunicación Social Tagged Cláusula de conciencia, El secreto profesional del periodista, Las bases jurídicas nacionales e internacionales del derecho de la información, Origen de la libertad de prensa, Responsabilidad civil de los informadores públicos
Suecia fue el primer país en adoptar una legislación de libertad de prensa con la “tryckfrihet” del 2 de diciembre de 1766. En los EE.UU. este derecho está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense.
ORIGEN DE LA LIBERTAD DE PRENSA
La libertad de prensa se consolida en el pensamiento liberal burgués individualista, en el siglo XVIII, con un marcado carácter político: ante todo aparece como freno de la arbitrariedad de los gobernantes del Antiguo Régimen. Se trata de conseguir, a través de ella, que existe un control y un modo de denunciar de criticar y denunciar las arbitrariedades del poder. Corresponde, pues, en su origen al modelo de Estado liberal de Derecho.
Lo que hoy denominamos libertad de prensa es defendida, entre otros, por autores como Milton, Jefferson, Bentham, Tocqueville, Mill y Kant.
En Kant, lo que él denomina “la libertad de pluma” tiene un valor fundamental, llegando a decir que “el único paladín del derecho del pueblo está en la libertad de la pluma, ejercida dentro de los límites que inspira el alto respeto y el amor a la constitución que rige la vida del ciudadano y mantenida por el modo de pensar liberal de los súbditos que la misma constitución infunde (y por ello las plumas se limitan mutuamente para no perder la libertad)”. Esta afirmación proclamando la” libertad de pluma” es contradictoria con la afirmación del propio Kant de que “El pueblo carece de derecho de juzgar y determinar el modo como se debe desempeñar el poder”, y con la negación radical del derecho de resistencia.
Esa influencia doctrinal se vierte en las declaraciones de la época, que son las primeras declaraciones de derechos humanos: en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
En la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de aparecer en la sección XII- la libertad de prensa como:
Uno de los grandes baluartes de la libertad y que nunca puede ser restringida a no ser por gobiernos despóticos.
La Declaración de derechos del Hombre y del ciudadano, por su parte afirmaba en su artículo 11:
La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede pues hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de responder del abuso de esa libertad, en los casos determinados por la Ley.
En 1791 la Declaración de Derechos de Estados Unidos, establece a través de su primera enmienda que:
El Congreso no hará ley alguna por la que se…limite la libertad de palabra o la de prensa.
En el derecho histórico constitucional español aparece reflejado constantemente este derecho desde sus primeras manifestaciones, como es la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, hasta la Constitución de 1931:
En la Constitución de las Cortes de Cádiz a parecer recogido este derecho en el artículo 371:
Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, decisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
El Proyecto de Constitución de 1834 recoge el derecho a la libertad de prensa en el artículo 1.
La Constitución de 1869 reconocía este derecho en el artículo 17 párrafo 1º.
El proyecto de Constitución federal de la República Española de 1873, reconoce este derecho en el Título Preliminar Nº 2º y en el artículo 19 párrafo 1º.
la Constitución de 1876 reconocía el derecho a la libertad de prensa en el artículo 13 párrafo 13º.
El Proyecto de Constitución de 1929 lo reconocía en su artículo 29.1.
El Anteproyecto de Constitución de Julio de 1931, reconocía este derecho en el artículo 18.
Es secreto profesional periodístico el reconocimiento del derecho del periodista a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida, para proteger a las fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional. No significa únicamente que el periodista decida no publicar algunos datos sino que supone la posibilidad de ocultarlos si lo considera necesario. Se considera uno de los elementos fundamentales para que el periodista ejerza su tarea con total libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que el periodismo se concibe como un servicio público a la ciudadanía en ocasiones esas informaciones que el profesional no quiere revelar pueden resultar de Interés público.
En el ámbito del periodismo, la polémica acerca de cómo debe ser regulado o hasta qué punto debe ser respetado el secreto profesional ha sido su principal característica. La diversidad de opiniones e intereses al respecto hace que la discusión parezca no tener una solución universal. Desde que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuese aprobado, el derecho al secreto profesional ha constituido una de las reivindicaciones tradicionales de los periodistas, con resultados diferentes en cada país.
Ya es reconocido (aunque en distintos grados) por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países democráticos con un sistema de prensa considerado independiente; no obstante, hay países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos en dónde se niega.
LAS BASES JURÍDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN
El artículo 1071 bis del Código Civil. Dicho artículo establece: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez de acuerdo con las circunstancias; además podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
Según nuestra legislación, el hecho de la intromisión en la esfera de la intimidad de un individuo ha de ser arbitrario para que pueda considerarse ilegítimo (art. 1071 bis del Cod.Civ.). Esa arbitrariedad implica sea el ejercicio abusivo de un derecho.
La mención de la arbitrariedad del entrometimiento tiene su origen en la fórmula propuesta por Orgaz. En la opinión de este autor, la inclusión del concepto de arbitrariedad deviene “inexcusable”, “ya que en numerosos casos de ejercicio legítimo de un derecho o de cumplimiento de una obligación, (arts. 1071 Código Civil y 34 incs. 2do. y sgtes. del Código Penal), se causan mortificaciones y aun daños que no comprometen la responsabilidad del agente en tanto obre dentro de los límites de su derecho u obligación.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS INFORMADORES PÚBLICOS
Nuestros Tribunales en numerosos fallos en un mismo decisorio tenían elementos del sistema de responsabilidad objetiva y de la subjetiva, por ejemplo en el fallo “Cancela, Omar c. Artear S.A y otros”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en alusión a lo dispuesto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en sus considerandos deja apreciar elementos que pertenecen a los dos sistemas de responsabilidad. Así, el Tribunal de Alzada en lo que respecta a los codemandados realizó una serie de consideraciones que sostuvieron el deber de resarcir los daños fundado en el carácter riesgoso de la actividad desplegada por el medio de prensa, pero por otro lado llegó a expresar que los periodistas y los medios de comunicación debían extremar los recaudas para ejercer regularmente su derecho sin agraviar a terceros a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, fundamentos que derivan de otros factores de atribución.
Tal es así que también se afirmó que en virtud de la situación especial en que se producían ciertos daños, se presumía la culpa de ciertas personas a quienes se indicaba como responsables, permitiéndoles exonerarse si demuestran que obraron con una diligencia normal, conclusión incompatible con un régimen de responsabilidad objetiva como el mencionado en el párrafo precedente.
El primero de ellos no es un derecho más, ya que goza de una protección especial, dado que es esencial para el funcionamiento del estado democrático, así lo estableció la corte en numerosos fallos.
Comprende el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole conforme lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que solo la opinión publica informada puede participar en un libre debate de ideas.
La prensa escrita necesita para desarrollar su actividad saber a qué atenerse, en decir, como publicar las noticias de tal forma de no herir el honor de nadie, de ahí se hace necesario de establecimiento de ciertas clases de reglas.
Barroso y López Talavera, La libertad de expresión y sus limitaciones constitucionales, Madrid, Fragua, 1998.
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Escobar de la Serna, Luis, Derecho de la Información, Madrid, Dykinson, 1998.
Marín P., Pascual, Manual de introducción a la ciencia del derecho, Barcelona, Bosch, 1959.
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