Source: https://podemos.info/posicion-podemos-custodia-compartida-impuesta-cci/
Timestamp: 2019-02-17 04:17:22
Document Index: 137916027

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 117', 'artículo 5', 'artículo 68']

Posición de Podemos sobre la custodia compartida impuesta (CCI) - Podemos
Debe señalarse, en primer lugar, que la guarda y custodia hace referencia al conjunto de derechos y obligaciones que nacen para el progenitor de su convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que ello implique un estatus jurídico privilegiado frente a la otra persona, dado que, en principio, ambas mantienen la patria potestad en la sentencia de divorcio, ese conjunto de derechos y deberes que lleva aparejada la protección integral, el desarrollo y el cuidado de los hijos e hijas.1
La CC se contempla en el artículo 92 del Código Civil y se introdujo mediante reforma por la Ley 15/2005, de 8 de julio, a través de la siguiente redacción:
No obstante estas cautelas relativas al mutuo acuerdo, el punto 8 del artículo 92 del Código Civil señala: «Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor». De esta forma se vulnera el criterio del acuerdo necesario entre las partes que se considera fundamental en la literatura médica y científica al respecto de la salud y el desarrollo emocional de esos niños y niñas. Desde entonces, y en base a este punto 8, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) la que ha ido consolidando la doctrina y creencia de que la CC es la fórmula «normal y deseable» de asignación de la guarda y custodia en casos de divorcio, como después se detallará.
Este anteproyecto contenía, como aspecto positivo, la mención explícita a que no se otorgaría la guarda y custodia, ni individual ni compartida, al progenitor contra quien existiese una sentencia firme por violencia machista o doméstica, y la concesión de régimen de estancia, relación y comunicación dependería de la gravedad del delito. En cuanto a los aspectos negativos, estaba la potestad del juez para otorgar la CC aunque ningún progenitor lo hubiese solicitado, ahondando en la aplicación del punto 8 del artículo 92 del código y en esa fórmula de CCI, siempre que se cumpliesen una serie de requisitos que, de aplicarse, no deberían entrar en conflicto con situaciones declaradas de violencia machista, desigualdad previa a la ruptura o mala relación entre ambos progenitores.
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo contradice este principio, pues, desde 2013, la Sala 1 mantiene que la CC es el sistema más beneficioso para el interés de hijas e hijos, lo considera «normal y deseable» y basa su argumento en que es un régimen que permite la efectividad del derecho que hijas e hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores. Así, por ejemplo, la sentencia 409/15, de 17 de julio, con cita de la sentencia 52/15 del TS, de 16 de febrero, parte de que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable, y señala que el artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos e hijas tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea (sentencias 257/13, de abril; 200/14, de 25 de abril, y 576/14, de 22 de octubre, del TS).
La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor o la menor y sus aptitudes personales.
Los deseos manifestados por los menores y las menores competentes.
El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos e hijas.
Que sean oídos las menores y los menores, cuando tengan suficiente juicio.
Los deseos expresados por las menores y los menores.
La ubicación de sus respectivos domicilios, así como sus horarios y actividades.
El resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a las menores y los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.
Consideramos que se produce una contradicción entre la doctrina del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional que podría ser objeto de inconstitucionalidad en tanto que las normas de competencia recogidas en el artículo 117.3 de la Constitución se estarían rompiendo, al no darse aparente cumplimiento en este caso al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual: «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».
En nuestro contexto inmediato europeo, somos el único Estado que impone judicialmente la CC, práctica que un país vecino como Francia tuvo que retirar de su ordenamiento jurídico tras observar las consecuencias psicológicas negativas que tenía este régimen para las menores y los menores cuando se prescribía de forma forzosa y sin acuerdo entre los progenitores.
Se argumenta que la CC trata de forma igualitaria a ambos progenitores, pero esta enunciación abstracta de la igualdad ignora que existe, de facto, una fuerte desigualdad social entre mujeres y hombres en lo que respecta a los cuidados de hijas e hijos. Esto es fácilmente comprobable con las estadísticas relativas a las bajas, excedencias o reducciones de jornada que tienen lugar en el ámbito del empleo: por poner un solo dato, a lo largo del 2015, las bajas por maternidad fueron disfrutadas por el 94,1 % de las madres, por oposición al 5,9 % de los padres que pidieron y disfrutaron del permiso parental.8 Nuestra sociedad mantiene una carga desigual y discriminatoria de las tareas reproductivas y de cuidado sobre las mujeres durante el matrimonio, de forma que pretender establecer un trato igualitario cuando se rompe la unión discrimina a las mujeres que ya estaban en situación de desventaja socioeconómica y cultural antes del divorcio.
Además de ese falso abstracto de igualdad previa a la ruptura de la pareja que esconde la fundamentación de la CCI, esta reviste un especial riesgo en casos de violencia machista, sea esta conocida o no por el operador judicial al que se le otorga esa potestad de imponer la CC. A menudo esta opción de guarda es empleada como un chantaje en los procesos de separación que, en un alto porcentaje, enmascaran situaciones de violencia machista que no se denuncian como tales y se resuelven a través del divorcio. Se puede dar la circunstancia de que, si esta situación de violencia no es conocida mediante denuncia, el incumplimiento del régimen de visitas por parte de la madre para proteger a sus hijas e hijos confiera la custodia al maltratador.
En el peor de los casos, si la justicia desconoce o desoye la situación de violencia machista previa a la separación, puede llegarse al extremo del asesinato de los hijos e hijas, asunto por el que el Estado español ha recibido una condena en firme de la ONU en el caso de Ángela González Carreño, que interpuso más de cincuenta denuncias para evitar que su hija se viera con su padre ante el riesgo, trágicamente confirmado, de que este finalmente atentara contra ella y la asesinase, como así ocurrió.9 En aquellos casos en que, además, no hay forma de que los operadores judiciales conozcan la situación de violencia machista porque no hay denuncia, aumenta el riesgo de que la normalización de la CCI atente contra el interés superior de las menores y los menores, además de contra su integridad y la de la madre, que seguiría padeciendo las consecuencias de esa violencia machista a través de sus hijas e hijos.
Trastornos en el comportamiento debidos al sentimiento de abandono que pueden experimentar las menores y los menores con respecto a la madre, especialmente con menos de seis años, aunque los problemas de conducta se siguen detectando entre los siete y ocho años conforme a la experiencia estudiada en Francia.
Además de ese mutuo acuerdo, la CC no puede concebirse como justa o garante de la igualdad sin la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas previa al divorcio, conforme señala el artículo 68 del Código Civil, en el que se indica que los cónyuges deben «compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo». Si no se puede demostrar el cumplimiento de esta responsabilidad compartida, la igualdad previa a la separación, no puede imponerse una falsa igualdad en la guarda y custodia posterior: la petición de la CC es muchas veces una estrategia procesal para conseguir medidas favorables generalmente al padre no corresponsable, como la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar y el no tener que pagar una pensión alimenticia.
En los países de nuestro entorno, incluso cuando los progenitores llegan al acuerdo al respecto de una CC, antes de conceder este régimen se vigila que se cumplan determinadas premisas relacionadas con la buena relación entre progenitores (divorcio no traumático), con la asunción sin conflicto por parte de los hijos e hijas, con la absoluta corresponsabilidad previa a la ruptura y con que las pautas educativas y la relación con cada progenitor sean idénticas. En casos como el francés, se indica una edad mínima, los siete años, para poder establecer este régimen.11 La vigilancia de las situaciones de violencia machista que no se dirimen por la vía penal, sino por la civil, al optar las mujeres por la separación sin interponer denuncia por violencia de género, deben ser especialmente tenidas en cuenta a través de evaluaciones cualificadas que eviten las cifras de niñas y niños asesinados por el padre durante el régimen de visitas o el tiempo correspondiente de su custodia, así como el mantenimiento de la situación de violencia sobre la madre.
Esta excepcionalidad se apoya también en el hecho de que son escasos cuantitativamente los padres que asumen la crianza en igualdad con las madres a tenor, por ejemplo, de las bajas por paternidad y maternidad o de la comparación del número de horas dedicadas a los trabajos de cuidado y reproductivos en los hogares españoles, conforme revelan año tras años los datos del Instituto Nacional de Estadística. De este modo, no puede pretenderse el establecimiento de un régimen de custodia «compartida» cuando antes de la separación no se han compartido la carga de los cuidados, las tareas domésticas o la crianza. Finalmente, considerar como «normal o deseable» y dictar de forma «preferente» sentencias de divorcio con este régimen de guarda y custodia es una irresponsabilidad en un país en el que muchas separaciones ocultan situaciones de violencia machista que no se denuncian como tales, lo que pone en riesgo tanto a las madres como, especialmente, a los hijos e hijas, reconocidos como víctimas de la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico, y cuyo interés superior y bienestar se pondrían en peligro.
De una forma que tildamos ideológicamente de tramposa, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez Hernández señaló en el Pleno del 17 de mayo de 2017 que si no se apostaba por la CCI, se incurría en desigualdad de género, obviando que esta ya existe en la mayoría de las parejas del Estado en tanto que forma parte estructural de nuestro sistema productivo y de empleo, y limita la libertad y la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. En un giro tradicional de la retórica conservadora, las medidas que corrigen desigualdades de partida en favor de las mujeres se dan la vuelta y se arrojan como medidas que «discriminan al hombre», sin tener en cuenta que la situación previa no es en absoluto de igualdad y que precisamente las políticas públicas feministas inciden en la modificación de las condiciones de partida y en la desaparición del privilegio patriarcal. La diputada aludía también a la novela Anna Karenina, retorciendo una de sus citas más celebradas para apelar a la responsabilidad de las parejas que, si eran iguales en los momentos felices, debían ser iguales también en el momento de la separación. La desafortunada cita literaria ignora, como se viene reiterando, la condición abstracta e ideal de esa igualdad o de esa felicidad fuera del texto de las leyes.
Fue Clara Campoamor quien, reflexionando precisamente sobre la honda desigualdad legal que existía en los códigos españoles de los años veinte para las mujeres casadas, sometidas al esposo y sin condición independiente de sujetos jurídicos plenos indicó que el legislador tiende a los abstractos y a las idealizaciones, y estos explotan confrontados con la realidad material y social de un pueblo. En una conferencia pronunciada en 1928, dijo: «La ley confía, que ya es confiar, en la bondad, en la previsión y en la honestidad del sexo masculino tanto como desconfía de la actuación, la capacidad adquisitiva y la prudencia e inteligencia de la esposa, y cuando quiebran esas halagadoras esperanzas, que algunas veces quiebran, ella queda indefensa en esa hipótesis, tan inoperante como la que formularon los legisladores del año doce cuando clavaron en la Constitución que todos los españoles serían justos y magnánimos»12. Podemos aboga por no introducir en nuestra legislación «halagadoras esperanzas» que camuflan discriminación, desigualdad y, en ocasiones, violencias con el falso argumento del interés de las menores y los menores, que esconde en realidad la preferencia por el deseo paterno y materno, y obvia la necesidad absoluta de acuerdo y buena relación entre las partes. Nos oponemos a la custodia compartida impuesta.
1 Disponible en: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4927-el-regimen-de-guarda-y-custodia-en-espana-derecho-comun-y-comunidades-autonomas-con-derecho-civil-propio/>.
2 Disponible en: <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/art/a0092.htm>.
3 Disponible en: <http://www.laley.es/Marketing/pdf/Corresponsabilidad%20parental.pdf>.
4 Disponible en: <http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4685562/03/13/UPyD-reivindica-la-custodia-compartida-para-garantizar-por-encima-de-todo-el-interes-del-menor.html>.
5 Disponible en: <http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-establecer-custodia-compartida-habitual_0_637636730.html>.
6 Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14060>.
7 Disponible en: <http://www.abogacia.es/wp-content/abogados/ficheros/1289404554299.pdf>.
8 Disponible en: <http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-establecer-custodia-compartida-habitual_0_637636730.html>.
9 Disponible en: <http://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/el-estado-espanol-ignora-las-recomendaciones-del-comite-cedaw-y-suma-una-afrenta-mas-a-las-sufridas-por-angela-gonzalez-quien-seguira-luchando-por-obtener-justicia>.
10 Disponible en: <http://www.prodeni.org/Documentos%20pdf/INFORME%20CUSTODIA%20COMPARTIDA_%20UNA%20SITUACION%20DE%20ALTO%20_RIESGO%20PSICOLOGICO.pdf>.
11 Disponible en: <http://contralacustodiacompartidaimpuesta.blogspot.com.es/>.
12 Campoamor, C.: El derecho de la mujer, Madrid, Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 2007, p. 85.
2018-03-12T14:38:08+00:00