Source: https://dasnava.com/2017/11/14/garantias-individuales/
Timestamp: 2019-11-14 19:40:50
Document Index: 227165078

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 105', 'artículo 123']

Garantías Individuales. – Das Nava
Das Nava	Investigación.	 14 noviembre, 2017 19 Minutes
Parece ser que la palabra garantía proviene del término anglosajón warranty o warrantie, que se refiere a la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una connotación muy amplia. Garantía equivale pues, en su sentido lato a un aseguramiento o afianzamiento, pudiendo denotar también protección, respaldo, defensa, salvaguardia o apoyo. Jurídicamente, el vocablo y el concepto se originaron en el derecho privado, teniendo en él las acepciones apuntadas.
El concepto de garantía en derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un Estado de Derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en que la actividad del gobierno está sometida a normas preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional.
Se ha estimado, incluso por la doctrina, que el principio de legalidad, el de separación de poderes, el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, entre otros, son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados, afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos tendentes a hacer efectivo el imperio de la Ley y el Derecho.
…todo medio consignado en la constitución para asegurar el goce de un derecho se llama garantía, aun cuando no sea de las individuales. (Isidro Montiel y Duarte, Estudio sobre las Garantías Individuales).
La doctrina no se ha podido poner de acuerdo en la acepción estricta y específica que debe tener el concepto de garantía en el Derecho Público y especialmente en el Constitucional, la diversidad de definiciones o de opiniones sobre lo que debe entenderse por garantía obedece a que sus autores toman la idea respectiva en su sentido amplio o lato, es decir, sin contraerla al campo donde específicamente debe ser proyectada, al de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Además, dentro de la amplitud del término, los doctrinarios enfocan la definición de este concepto desde diferentes puntos de vista, sugiriendo ideas confusas o demasiado generales.
En atención a las diversas acepciones del vocablo y de la idea de garantía dentro del campo del Derecho, contraeremos el concepto respectivo a la relación jurídica de supra o subordinación, de la que surge el Derecho Público subjetivo del gobernado y que equivale, en cierta medida, a la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 y a la Constitución de 1857 en México.
En otras palabras, desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental vigente, las garantías individuales implican, no todo el variado sistema jurídico para la seguridad y eficacia del Estado de Derecho, sino lo que se ha entendido por derechos del gobernado frente al poder público.
Concepto de Garantía Individual.
Este concepto se forma mediante la concurrencia de los siguientes elementos:
Derecho Público subjetivo que emana de tal relación a favor del gobernado (objeto).
De estos elementos fácilmente se infiere el nexo lógico jurídico que media entre las garantías individuales o del gobernado y los “derechos del hombre”, como una de las especies que abarcan los derechos públicos subjetivos. Los derechos del hombre se traducen sustancialmente en potestades inseparables e inherentes a su personalidad, son elementos propios y consubstanciales de su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades; en cambio, las garantías individuales equivalen a la consagración jurídico-positiva de esos elementos, en el sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombre constituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantías individuales, considerando a éstas como meras relaciones jurídicas entre los sujetos de que hemos hablado: gobernados, por un lado, y Estado y autoridades, por el otro. (Ignacio Burgoa, Las Garantías Individuales).
Las garantías individuales reconocidas en México están contenidas en los primeros veintinueve artículos de la Constitución Federal.
Nuestro actual texto constitucional, al igual que sus precedentes, y en general las constituciones modernas, no jerarquizan y ordenan con método riguroso las garantías que en ellas se reconocen. Comúnmente en las disposiciones constitucionales correspondientes, o se agrupan las garantías bajo rubros tradicionales o, como ocurre en nuestra constitución vigente, ni siquiera aparecen estas guías, sino que se mencionan los derechos fundamentales prácticamente en desorden.
Diversos tratadistas, por ello, suelen utilizar un sistema de agrupamiento, que comprende a las garantías constitucionales en los siguientes apartados generales: garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica.
Esta clasificación, si bien contiene un orden valorativo evidente y presta unidad a lo disperso, no es aún suficiente para lograr una secuela jerarquizada de los derechos de la persona humana, y nada nos dice respecto a ese dualismo de libertad – poder público dentro de la dinámica del fenómeno social, y mucho menos respecto a la restante normatividad para su necesario equilibrio.
El sistema de agrupamiento mencionado es el más aceptado, pero algunos tratadistas mexicanos importantes, como Ignacio Burgoa y Juventino Castro, han hecho clasificaciones distintas, las cuales se mencionan a continuación, y una vez expuestas, siguiendo el criterio más aceptado, se clasificarán las garantías constitucionales amparadas en nuestra constitución:
Clasificación según Ignacio Burgoa.
Menciona que para clasificar, en términos generales, las garantías individuales, disponemos de dos criterios fundamentales.
A. Partiendo del punto de vista de la índole formal de la obligación estatal que surge de la relación jurídica que implica la garantía individual.
La obligación estatal que surge de la relación jurídica en que se traduce la garantía individual puede consistir, desde el punto de vista formal en un no hacer o abstención, o en un hacer positivo a favor del gobernado por parte de las autoridades del Estado. El respeto que éste, por conducto de sus autoridades todas, debe observar frente al gobernado, se puede manifestar en una mera abstención o no hacer o en la realización de una conducta positiva.
Consiguientemente, desde el punto de vista de la naturaleza formal de la obligación estatal que surge de la relación jurídica que denota la garantía individual, ésta puede ser negativa (en tanto que impone al estado y a sus autoridades un no hacer, una abstención, una conducta pasiva de no violar, no vulnerar, de no prohibir, etcétera), o positiva (en tanto que las autoridades estatales y el Estado, por la mediación representativa de éstas, están obligados a realizar, en beneficio del titular del derecho subjetivo público o gobernado, una serie de prestaciones, hechos, actos, etcétera; o sea, a desempeñar un comportamiento activo, tal como la observancia de ciertos requisitos o formalidades, el desarrollo de un procedimiento previo para poder privar a una persona de la vida, de la libertad, etcétera).
Teniendo en cuenta las dos especies de obligaciones a las que hemos aludido, las garantías que respectivamente las impongan al Estado y sus autoridades, se pueden clasificar en garantías materiales y garantías formales. Dentro del primer grupo se incluyen las que se refieren a las libertades específicas del gobernado, a la igualdad y a la propiedad, comprendiendo el segundo grupo las de seguridad jurídica, entre las que destacan la de audiencia y de legalidad consagradas primordialmente en los artículos catorce y dieciséis de nuestra constitución.
En las garantías materiales, los sujetos pasivos (Estado y autoridades estatales) asumen obligaciones de no hacer o de abstención (no vulnerar, no prohibir, no afectar, no impedir), en tanto que respecto a las garantías formales, las obligaciones correlativas a los derechos públicos subjetivos correspondientes son positivas, de hacer, consistentes en realizar todos los actos tendentes a cumplir u observar las condiciones que someten la conducta autoritaria para que ésta afecte con validez la esfera del gobernado.
B. Tomando en consideración el sentido mismo de los derechos públicos subjetivos que de la mencionada relación se forman en beneficio del sujeto activo o gobernado.
Consistente en el contenido del derecho subjetivo público que para el gobernado se deriva de la relación jurídica en que se manifiestan las garantías individuales, éstas pueden ser: de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Si recorremos el articulado constitucional que consagra las garantías individuales y que está compuesto por los primeros veintinueve artículos de la Ley Fundamental, se llegará a la conclusión de que el gobernado tiene varias esferas jurídicas oponibles y reclamables contra las autoridades del Estado.
Estas órbitas o esferas jurídicas conciernen al respeto de su situación de igualdad con sus semejantes, al de su libertad en todas sus manifestaciones y al de su propiedad y a la observancia de determinadas formalidades, requisitos, medios, condiciones, entre otros elementos por parte del poder público, para que la actuación de éste sea constitucionalmente válida en la causación de determinada afectación al gobernado, circunstancias que implican una seguridad jurídica para éste.
Clasificación según Juventino Castro.
Ha adoptado la siguiente clasificación para el estudio de las garantías constitucionales.
A. Garantías de la libertad. Se refieren a la libertad personal, a la libertad de acción, a la libertad ideológica y a la libertad económica.
B. Garantías del orden jurídico. Comprenden a las diversas garantías de igualdad, de competencia, de justicia y de propiedad.
C. Garantías de procedimientos. Se refieren a la irretroactividad, la legalidad, la exacta aplicación de la ley y a las garantías dentro de los procedimientos judiciales.
Clasificación más aceptada por juristas.
Esta clasificación ha sido aceptada por diferentes documentos jurídico-políticos.
En la declaración francesa de 1789 se estableció que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre “son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” (artículo segundo), y aunque no menciona expresamente dentro de estos tipos a la igualdad, su artículo primero hace alusión a ella como condición humana natural.
En México, la Constitución de Apatzingán, de 1814, clasifica las garantías o derechos del ciudadano en garantías de igualdad, seguridad, propiedad y libertad, según se advierte en el quinto capítulo de su título primero. En el Acta Constitutiva y de Reformas, de 1847, se establece en su artículo quinto lo siguiente:
Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.
Como hemos afirmado, aunque ni la Constitución de 1857 ni la de 1917 consignan expresamente los mencionados cuatro tipos de garantías, todas las que respectivamente se contienen en ambos documentos, se pueden adscribir a cada uno de ellos, en atención al contenido del derecho público subjetivo correspondiente.
A. Garantías de igualdad.
La igualdad consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones. No debe haber distinciones ni diferencias entre los hombres como tales.
B. Garantías de libertad.
Es la libertad una facultad que tienen los individuos para ejercer o no ejercer alguna actividad. Cada persona es libre para realizar los fines que más le agraden. Es la libertad una cualidad inseparable de la naturaleza humana.
C. Garantías de seguridad jurídica.
La vida pública mexicana está sucedida de infinidad de actos en que se relacionan el Estado y los individuos; para que no arrastre conducta el Estado al individuo, es necesario que se ajuste a una serie de normas, requisitos o circunstancias preestablecidas. Toda actuación del Estado que no observe exactamente lo que la ley ha ordenado no será válida.
D. Garantías de propiedad.
La existencia de las garantías de propiedad obedece a cuestiones de tipo económico, fundamentalmente. El desarrollo de los medios de producción, así como la distribución de la riqueza obtenida a través de aquéllos, ameritan un control constante por parte del Estado, en orden a prevenir situaciones caóticas que podrían surgir en caso de que los particulares fueran libres para apropiarse de lo que quisieran.
Artículo 1.º — garantía de igualdad.
Menciona que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, así mismo prohíbe la esclavitud y la discriminación, dos conceptos que están evidentemente en contra del trato igualitario entre las personas.
Artículo 2.º — garantía de igualdad y libertad.
Habla de los grupos indígenas que habitan el país y que, por ese solo hecho deben ser sujetos del mismo trato jurídico y social. Faculta a las comunidades indígenas a su libre determinación y reconoce su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización.
Artículo 3.º — garantía de igualdad y libertad.
Habla acerca del derecho de cualquier persona a recibir educación y faculta a los particulares a impartir educación, siempre que se observen los requisitos y normas establecidas para ello.
Artículo 4.º — garantía de igualdad y libertad.
Establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y faculta a las personas para decidir sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.
Artículo 5.º — garantía de libertad.
Deja establecido que toda persona tiene derecho a dedicarse al oficio o profesión que más le interese, siempre y cuando se trate de una actividad lícita o legal.
Artículo 6.º — garantía de libertad.
Habla de que todos tenemos derecho de expresar nuestras ideas, opiniones e incluso críticas. Se puede deducir, siempre que con esa manifestación no se ataque a la moral, los derechos de un tercero, el orden público o se provoque algún delito.
Artículo 7.º — garantía de libertad.
Trata sobre el derecho de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, con la única limitación de que se respete la vida privada, la moral y la paz pública.
Artículo 8.º — garantía de libertad.
Plasma el derecho de petición, que se deberá formular por escrito y ejercer de manera pacífica y respetuosa. Sólo limita este derecho al tratarse de materia política, en cuyo caso tendrán derecho de petición los ciudadanos de la República.
Artículo 9.º — garantía de libertad.
Trata del derecho de asociación o reunión pacífica con objeto lícito, y lo limita, al igual que en el artículo anterior, a los ciudadanos de la República, en caso de tratarse de asuntos políticos.
Artículo 10.º — garantía de libertad.
Habla sobre el derecho a la posesión de armas en el domicilio, con excepción de las prohibidas por la ley federal.
Artículo 11.º — garantía de libertad.
Habla del derecho que cualquier hombre tiene para transitar dentro o fuera de la República.
Artículo 12.º — garantía de igualdad.
Establece la prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios. Así mismo, establece que no se dará efecto alguno a los otorgados en otros países, para así garantizar el trato igualitario entre todos los habitantes.
Artículo 13.º — garantía de seguridad jurídica.
Establece que ninguna persona puede ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales. Reconoce los tribunales militares y su función, pero su aplicación es limitada a los casos en que todos los involucrados en el hecho sean militares; en caso contrario, serán juzgados por los tribunales civiles.
Artículo 14.º — garantía de seguridad jurídica.
Habla de la no retroactividad; del hecho de que nadie puede ser privado de la vida, libertad o propiedades, sino mediante juicio seguido ante tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento; del hecho de que las penas sólo deben aplicarse cuando el hecho juzgado haya sido exactamente tipificado por la ley.
Artículo 15.º — garantía de seguridad jurídica.
La libertad del Estado para celebrar tratados internacionales está limitada a aquellos casos en que se esté persiguiendo alguno de los objetivos que establece prohibitivamente. Si un tratado o convenio quebranta tales prohibiciones, será nulo.
Artículo 16.º — garantía de seguridad jurídica.
Aclara que las órdenes de aprehensión deben ser giradas por autoridad judicial, que se debe poner al inculpado a disposición del juez, etcétera. El principio más importante protegido en este artículo es el que se cita a continuación.
Artículo 17.º — garantía de seguridad jurídica.
Habla del derecho a la administración de justicia en los plazos y términos fijados por ley.
Artículo 18.º — garantía de seguridad jurídica.
Habla sobre la prisión preventiva y el sistema penitenciario, que deberá, en todo caso, procurar la rehabilitación del reo y su inserción a la vida pública.
Artículo 19.º — garantía de seguridad jurídica.
Dice que ninguna detención ante autoridad judicial debe exceder el plazo de 72 horas, a partir de que el inculpado sea puesto a disposición del juez, sin que se justifique con un acto de vinculación al proceso. Este plazo podrá prorrogarse a petición del indiciado y el proceso debe limitarse a los actos mencionados en el acto de vinculación.
Artículo 20.º — garantía de seguridad jurídica.
Menciona los principios que deben regir los procesos penales, los derechos de toda persona imputada y los derechos de la víctima o el ofendido. Aquí se contiene el principio de que todo imputado tiene derecho a que “se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Artículo 21.º — garantía de seguridad jurídica.
Establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías que actuarán bajo su conducción y mando. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y la imposición de penas a la autoridad judicial.
Artículo 22.º — garantía de seguridad jurídica.
Se prohíbe la imposición de penas de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos o tormentos de cualquier especie, así como la multa excesiva. Establece que la pena deberá ser proporcional al delito que sancione.
Artículo 23.º — garantía de seguridad jurídica.
Habla acerca de las instancias en un juicio criminal. El precepto más importante es que: “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene“.
Artículo 24.º — garantía de libertad.
Establece el derecho de las personas de profesar cualquier creencia religiosa, o ninguna.
Artículo 25.º — garantía de seguridad jurídica.
Garantiza en sí a los ciudadanos que al Estado corresponde realizar las acciones necesarias para lograr el desarrollo nacional, fortalecer la soberanía, desarrollar la economía y establecer los mecanismos que faciliten la organización.
Artículo 26.º — garantía de seguridad jurídica.
Establece que la planeación del desarrollo nacional debe ser democrática, quedando excluidos los planes autoritarios o burocráticos, ya que se exige que la formulación de los planes, así como su ejecución y evaluación, sean el objeto de un amplio proceso participativo de los diversos sectores sociales.
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. […]
El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales.
Artículo 27.º — garantía de propiedad.
Esta garantía que nuestra Constitución otorga al derecho humano de propiedad no es lisa y llana, pues está instituida en extensas y detalladas disposiciones que contemplan múltiples situaciones expresadas en el artículo en cuestión, pero, en términos generales, otorga al hombre el derecho a la propiedad privada.
Artículo 28.º — garantía de libertad e igualdad.
Prohíbe los monopolios o estancos, quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier ocupación en la que haya libre concurrencia. La prohibición de exención de impuestos protege la libre concurrencia, puesto que los impuestos deben gravar a todas aquellas personas que coincidan con un mismo crédito fiscal. De lo contrario, si se eximiera del pago de impuestos a una persona o grupo, se colocarían ventajosamente junto a los demás en la lucha económica.
Artículo 29.º — garantía de seguridad jurídica.
Menciona los casos en los que las garantías individuales pueden ser suspendidas, ya sea en todo el país o en parte de él.
Casos de suspensión.
De acuerdo al artículo veintinueve de la Ley Fundamental, la vigencia de las garantías constitucionales puede quedar en suspenso por decisión del Presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en los siguientes casos:
Invasión del territorio nacional.
Cualquier situación que ponga en grave peligro a la sociedad.
La referida suspensión debe ser por tiempo limitado y por prevenciones generales que no afecten a individuos aislados o a grupos determinados. Puede ser de todas las garantías o de algunas de ellas, en todo el país o solamente en cierta región.
La suspensión de las garantías constitucionales se justifica por la necesidad política de que los órganos gubernativos tengan la libertad de acción para proceder con rapidez y energía a mantener el orden público mediante la eliminación radical de las situaciones y circunstancias de hecho que agreden los intereses sociales. En el caso de invasión al territorio nacional, el propósito de la suspensión es facilitar el acopio y uso de los elementos necesarios para la defensa.
Las disposiciones constitucionales serían letra muerta si no se reconocieran también mecanismos para hacerlas respetar ante las autoridades. Tratándose de los mecanismos para la defensa de la Constitución, se conocen los siguientes:
Es el más característico de los procedimientos constitucionales y es el más prestigiado de los sistemas para la defensa de la Constitución, pero resulta muy importante aclarar que el amparo tan sólo protege los derechos esenciales de las personas en el país, que se reconocen o deducen de los veintinueve primeros artículos de la actual Constitución, y no, como pudiera entenderse, de todo el sistema constitucional. Está regulado por los artículos 103 y 107 constitucionales.
En términos generales, el amparo es un procedimiento jurisdiccional del cual conoce un órgano también judicial y no uno político; no se ejerce de oficio por el poder judicial federal, sino a petición de la parte agraviada; es individual, por lo que no existe el amparo social, promovido por grupos, colectividades o la sociedad en general; se interpone siempre contra actos u omisiones de toda clase de autoridades, sin distinción de clase o grado.
B. Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
El artículo 105 constitucional establece un procedimiento llamado controversia o litigio constitucional, para resolver las diferencias entre la Federación y los estados, municipios, el poder ejecutivo, el Congreso de la Unión, etcétera.
Este mecanismo no está directamente relacionado con los individuos, de manera particular, así que el amparo sigue siendo el medio idóneo y único para que una persona haga valer sus garantías ante cualquier autoridad.
Queda claro que las garantías individuales son los derechos mínimos que cada persona debe tener, por el solo hecho de su naturaleza humana, pero es importante aclarar también que el término de “garantías” ha sido modificado ya por los legisladores, quienes se refieren a ellas ahora como Derechos Humanos.
Es correcta tal denominación, porque recordemos que garantía se refiere a la acción y efecto de afianzar lo estipulado, es decir, la noción de garantía implica un acto principal (lo estipulado) y un acto accesorio (el afianzamiento del acto principal, implícitamente con el propósito de que sea cumplido).
La garantía, en sí misma, será entonces el juicio de amparo y lo que éste afianza o protege son los Derechos Humanos contemplados en los primeros veintinueve artículos de nuestra Constitución.
Hay algunos juristas que consideran que algunos artículos, como el 123, son también garantías individuales o derechos humanos, porque se refieren a las condiciones de protección mínimas para, en este caso concreto, los trabajadores. Sin embargo, el bien tutelado en sí es la libertad de trabajo, que ya se encuentra regulada en el artículo quinto, dentro del capítulo “De los Derechos humanos y sus Garantías”, y en todo caso, el artículo 123 es una extensión de tal derecho o una regulación minuciosa del mismo.
En el ámbito social en que el hombre se desenvuelve, esas facultades deben ser reconocidas y respetadas mutua y recíprocamente por todos y cada uno de los individuos. En el aspecto político del medio social, en el que las actividades de los humanos están sujetas a las normas instituidas por la respectiva soberanía que actúa a través de órganos gubernativos, el reconocimiento y el respeto de las relacionadas facultades adquiere singular importancia, por cuanto dichas facultades deben ser ejercidas dentro de los lineamientos de los correspondientes preceptos legales, pues de ningún modo son absolutas, y además deben tener la prohibición expresa de impedir ese ejercicio cuando se desarrolla con las restricciones indicadas.
Bazdresch, Luis,
Garantías Constitucionales. Curso Introductorio.
Editorial Trillas, segunda reimpresión,
agosto de 2002, México; p. 174
Editorial Porrúa, décima tercera edición,
abril de 2004, México; p. 672
Floresgómez, Fernando y Gustavo Carvajal Moreno,
Editorial Porrúa, edición 48º,
julio de 2007, México; p. 347
Editorial Porrúa, edición 31º actualizada,
agosto de 1999, México; p.814
Montiel y Duarte, Isidro,
Estudio sobre Garantías Individuales.
Editorial Porrúa, sexta edición facsimilar,
septiembre de 1988, México; p. 603
Editorial Porrúa y UNAM, décimo primera edición,
octubre de 1997, México; tomos I y II, p. 1569
Colección Jurídica Esfinge,
Grupo Editorial Esfinge, trigésima tercera edición,
febrero de 2011, México; p. 272
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