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Timestamp: 2020-02-28 02:08:10
Document Index: 401477172

Matched Legal Cases: ['artículo 281', 'artículo 313', 'artículo 243', 'artículo 12', 'artículo 243', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 243', 'artículo 320', 'artículo 243', 'artículo 313', 'artículo 320']

Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 19 de Octubre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 651332697
Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 19 de Octubre de 2016
Número de Expediente: 15-650
Exp. 2015-000650
Magistrado Ponente: G.B.V. En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta de inmueble destinado a vivienda, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, por el ciudadano T.A.G.S. (promitente comprador), representado judicialmente por los profesionales del derecho A.U.S. y A.B.P., contra el ciudadano A.M.B. (promitente vendedor), representado judicialmente por los abogados E.S.C., J.S.G.S., A.L.G.S., Á.A.S.Ñ., A.R.R.M., B.J.P.C. y Maickol E.R.P.; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 30 de junio de 2015, mediante la cual declaró: 1.- sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de parte actora, contra la sentencia proferida por el juzgado a quo en fecha 19 de febrero del mismo año, -que declaró sin lugar la demandada; y 2.- confirmó la decisión recurrida. Hubo condenatoria en costas contra la parte perdidosa de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la precitada decisión, la representación judicial de la demandante anunció en fecha 22 de julio de 2015 recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por la alzada el 10 de agosto del mismo año.
Recibido como fue el presente recurso en esta Sala de Casación Civil, se procedió a la asignación de ponente en acto público a través del método de insaculación el 24 de septiembre de 2015, correspondiendo la ponencia al Magistrado Dr. G.B.V., que con tal carácter la suscribe.
En este orden de ideas, la accionante presentó la respectiva formalización ante la Secretaría de la Sala en fecha 16 de octubre de 2015. Hubo impugnación extemporánea.
Así mismo, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.816 del 23 de diciembre de 2015, y Acta de fecha 7 de enero de 2016, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, dada la incorporación de los Magistrados titulares Dr. F.R. Velázquez Estévez, Dra. V.M.F.G. y Dr. Y.D.B.F., quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente Dr. G.B.V., Magistrado Vicepresidente Dr. F.R. Velázquez Estévez, Magistrada Dra. M.V.G. Estaba, Magistrada Dra. V.M.F.G. y Magistrado Dr. Y.D.B.F..
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243, ordinal 5°eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia positiva, al suplirle al demandado excepciones y defensas no opuestas por éste en el juicio.
Para fundamentar su denuncia, el formalizante señaló en su escrito lo siguiente:
…El demandado no dio contestación a la demanda oportunamente, por consiguiente no solo todos los hechos narrados por el actor en el libelo de la demanda no desvirtuados durante el período probatorio, quedaron reconocidos, sino que cualquier defensa o excepción que debió ser opuesta por él en esa oportunidad, no podía ser considerada o suplida por el Juez en su fallo.
En (…) la demanda el actor señaló (…), que había celebrado un contrato de opción de compra-venta con el demandado, para la adquisición de un inmueble; que para pagar el saldo del precio optó por la tramitación de un crédito hipotecario para vivienda principal y que el mismo le fue aprobado en fecha 6 de Junio (sic) de 2013, es decir mucho antes del vencimiento del plazo de la opción de compra-venta celebrado, lo cual notificó a los intermediarios inmobiliarios designados por las partes y les requirió la documentación personal del demandado para tramitar el registro del documento definitivo (…), la cual no le fue entregada oportunamente, siendo que estos hechos no son hechos controvertidos en el presente juicio.
Igualmente alegó en su libelo y demostró en el juicio, que la firma del documento definitivo ante el registro fue fijada por el Banco (sic) para el día 8 de Agosto (sic) de 2013 y que el vendedor no acudió a la firma, con lo cual incumplió con su obligación contractual.
No existe en el expediente prueba alguna que demuestre que el actor incumplió o fue negligente en el trámite que le correspondía de acuerdo con sus obligaciones contractuales, ni existe prueba de que el demandado haya cumplido o haya sido diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, tales como entrega de la solvencia del inmueble y sus documentos personales como el RIF (sic), todo lo contrario, quedó admitido que no entregó esos documentos y que el actor tuvo inclusive que sufragar los gastos para su obtención.
Tampoco existe probanza que desvirtúe que el inmueble objeto de la opción compra-venta, no fuese adquirido como vivienda principal o que haya sido adquirido como vivienda secundaria, todo lo contrario, el simple otorgamiento del crédito y las especiales condiciones de pago del mismo, demuestran fehacientemente que se trata de un inmueble adquirido con destino hacer una vivienda principal, por tanto la Resolución del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, de fecha 5 de febrero de 2.013, es aplicable a la situación de especie tal como fue invocado en el libelo de la demanda.
Entendemos entonces, que de conformidad con la Ley, el Juez (sic) con base en los argumentos contenidos en el libelo de la demanda y las pruebas promovidas, debió resolver la controversia, no obstante, la recurrida hizo caso omiso de esos alegatos fundamentales que quedaron reconocidos y fijados en el cuadro fáctico del juicio, al no haber sido contradichos expresamente por el demandado, ni existir en el expediente algún medio probatorio que los desvirtuara, y dándole la espalda a sus propios Postulados (sic) y a la Doctrina (sic) de esta Sala, procedió ella misma a esgrimir defensas que correspondían estrictamente al demandado y con base a esas argumentaciones declaró sin lugar la demanda.
Es muy importante señalar que no se trata de una inadvertencia de la recurrida, pues ella misma reconoce que el actor la previno de esas circunstancias, al señalarle que el a quo procedió a suplirle al demandado esas excepciones y defensas prohibidas por la Ley.
Del análisis de los razonamientos (…) se evidencia como la recurrida, estando advertida de la situación procesal acontecida en el juicio, y teniendo plena conciencia de que el demandado no dio contestación a la demanda, procedió a suplirle al demandado la excepción de contrato no cumplido, no opuesta expresamente por él en el juicio, para declarar sin lugar la acción de cumplimiento del contrato de opción compra venta interpuesta, aduciendo que la actora fue negligente en el trámite del registro de documento definitivo y por ello no se protocolizó dentro del plazo previsto en la opción de compra-venta (sic), cuando hay prueba fehaciente en el juicio que el actor lo aceptó una vez que le fue aprobado el crédito antes del vencimiento del plazo previsto en el contrato, lo cual fue debidamente notificado al demandado, quien además no entregó la documentación que le correspondía para tramitar la protocolización del documento de venta, ni acudió a la firma del mismo.
Esta argumentación no podía ser suplida por la recurrida, ya que se trata de una excepción de fondo que debe ser argumentada y expuesta por el demandado, por lo cual el juez incurrió en el vicio de incongruencia positiva extrapetita.
Este comportamiento de la recurrida infringe abiertamente el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, (…) lo cual no hizo pues procedió a considerar una excepción que no fue opuesta y a declararla con lugar.
Igualmente infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos.
(Negrillas de la formalización).
El formalizante, en el contexto de su denuncia por defecto de actividad, alude la violación de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el ad quem en el vicio de incongruencia positiva, al suplir al demandado excepciones y defensas no opuestas por éste en el juicio.
La solución civilizada a tal necesidad es la organización de la justicia y la implementación de un sistema de juzgamiento, según el cual, cualquier persona puede y debe ser protegida y amparada en el ejercicio pacífico de sus pretensiones para que le sean satisfechas, lo que no quiere decir aceptadas, sino resueltas razonadamente, con arreglo a un Sistema de Justicia y Derecho, en un plazo de tiempo también razonable a lo largo de un debido proceso, que culmina en su parte cognitiva con parte de la Tutela que es el fallo definitivamente firme.
Así las cosas, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que el artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, está referido al requisito de congruencia que obliga al juez al deber de dictar una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
En el caso de la “congruencia del fallo”, llamada también como principio de la “jurisdiccionalidad limitada”, se funda en el poder del justiciable (dispositivo) de fijar el tema decidendum, que impide que el mismo exceda de los límites fijados a la controversia por la voluntad de las propias partes y responde a una resolución del fondo, estimable o desestimable, favorable o desfavorable a las pretensiones y defensas trabadas o contradichas en las oportunidades preclusivas de alegación al objeto del proceso, o a la negativa a entrar a la cuestión de fondo o por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para acceder a las distintas acciones.
Agrega Gozaini (Derecho Procesal Civil. Tomo I, pág 663, Ed EDIAR. 1992), que la sentencia no es un simple silogismo, también es una voluntad, por ello Guasp, señala que: “… se olvida que el resultado al que llega el juez, y que expresa en la sentencia, es el fruto, no de un juicio lógico objetivo realizado por el órgano jurisdiccional a base de los materiales recogidos en el proceso, sino de una convicción psicológica que no está o no debe estar sometida, en cuanto a su formación, a reglas fijadas a priori, y en la que entran o puedan entrar, en lo que a valoración de los hechos se refiere, no sólo razonamientos puros, sino simples expresiones, creencias e incluso típicos actos de voluntad…”.
Sobre las consideraciones doctrinarias que anteceden, verifica esta M.I.C. que el formalizante denuncia la infracción por parte de la sentencia recurrida de los artículos 12 y 243, ordinal 5° de la Ley Adjetiva Civil por incongruencia positiva, pues habría suplido con su pronunciamiento excepciones y defensas no opuestas por el demandado en el juicio, resolviendo el fondo de la controversia, al determinar que la actora incumplió el contrato cuyo cumplimiento pretende, toda vez que –según se estableció- no pagó el precio de la venta en la oportunidad pactada y de acuerdo con las estipulaciones previstas entre ambas partes en el documento de opción compra-venta, cuyo cumplimiento se demanda.
Hechas estas consideraciones, esta Sala observa que la sentencia recurrida indicó lo siguiente:
…En este asunto se desprende conforme a lo alegado y probado en autos que entre las partes se celebró un contrato de opción de compra-venta cuyo objeto estuvo focalizado en un inmueble (…) y dentro del conjunto de cláusulas que lo conforman se desprende que en la segunda se pactó el precio del inmueble en la cantidad de cuatrocientos setenta mil bolívares (Bs. 470.000,00) la cual sería pagada en la oportunidad del otorgamiento del documento definitivo de compra – venta ante la Oficina Subalterna de Registro Público correspondiente en moneda de curso legal; se indicó asimismo, en la cláusula primera que la vigencia de la opción de compra-venta era de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la firma del convenio prorrogable por treinta (30) días más, y lo mas resaltante que dentro de ese plazo de noventa (90) días prorrogables por treinta (30) días más, no se concretó la operación de compra venta mediante la firma del documento definitivo de compraventa, por causas que le son única y exclusivamente imputables al actor, por cuanto a pesar de que conforme al contenido de la cláusula séptima asumió el compromiso de pagar todos los gastos que pudieran originarse por concepto del contrato, tales como redacción de documentos, derechos de registro, habilitación y créditos, no existen evidencias que comprueben que éste en forma oportuna haya cumplido con la obligación de pagar la cantidad de cuatrocientos setenta mil bolívares (Bs. 470.000,00) como precio de venta del inmueble, ni mucho menos de gestionar ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario correspondiente la firma del documento definitivo de compra – venta como era lo procedente. Por el contrario, consta que dicho trámite lo hizo en forma tardía, extemporánea, ya que la fecha tope o límite para protocolizar el documento definitivo de venta era el día 08.08.2013, sin embargo conforme lo alegó y emana de las resultas de las pruebas de informes evacuadas por el Registro Público del Municipio Maneiro de este Estado y por el Banco Bicentenario, Banco Universal, las cuales rielan en los folios 229, 230, 231, 235 al 244, consta que no se devolvió ningún documento por errores como lo aseveró el actor en el libelo, cuando expresó que en la primera oportunidad que se presentó el documento en el registro para su revisión, lo devolvieron por no indicarse los números de los folios del libro donde había sido asentado el documento donde se acreditaba la propiedad del inmueble a la demandada y por error en los datos del documento de condominio, ni tampoco que el apoderado del Banco que se menciona cambió la fecha de la firma del documento definitivo de compraventa, sino más bien lo que emana de dichos medios probatorios es que la fecha pautada por el sistema para la protocolización del documento de venta era a partir del día 07.08.2013, fijando el Banco como fecha efectiva el día 08.08.2013 para el traslado de su apoderado, y que en esa oportunidad no se presentó el demandado, ciudadano A.M.B. para llevar a cabo el otorgamiento de ese documento. (…)
Bajo tales parámetros estima esta alzada que la presente demanda debe ser desestimada tal y como lo estableció el Tribunal de la causa en el fallo apelado. Vale destacar que los alegatos vinculados con el crédito bancario por parte del Banco Bicentenario, Banco Universal a favor del actor, y la presunta responsabilidad de esa institución en el retraso confesado por el mismo demandante en el cumplimiento del compromiso contractual asumido, no constituye un sustento valedero para justificar dicha conducta infractora, puesto que en el contrato no se indicó que el pago del precio restante sería obtenido por el actor mediante préstamo bancario, y adicionalmente, en razón a que independientemente de esa falta de estipulación expresa, dicho alegato quedó desmentido –tal y como ya se afirmó– con las resultas de la prueba de informes evacuadas por el Registro Público del Municipio Maneiro de este Estado en donde de manera enfática se señaló que el documento de compra – venta con garantía hipotecaria a favor del Banco Bicentenario no fue devuelto antes de la fecha de protocolización contrariando los alegatos del actor (…).
En razón de lo expresado, es evidente que en este asunto el incumplimiento provino de la parte actora, en razón de que no cumplió con el pago del precio de venta en su debida oportunidad, (…), ni mucho menos justificó su retraso en el cumplimiento de su obligación contractual con hechos ciertos, puesto que si bien pretendió justificar su retraso en el cumplimiento de la obligación contractual de pagar el precio de venta en forma íntegra según lo previsto en el contrato endilgándoselo a los representantes legales o judiciales del Banco Bicentenario, Banco Universal a quien responsabilizó del alegado cambio de fecha para firmar y concretar ante el Registro Inmobiliario competente la protocolización del documento definitivo de venta y por la devolución del documento definitivo de venta por presentar errores, con la prueba de informes evacuada por el Registro Público del Municipio Maneiro de este Estado dichos señalamientos quedaron totalmente desvirtuados por cuanto la referida oficina en forma categórica expresó en su comunicación fechada 30.07.2014 lo siguiente:
‘…Sobre lo cual le informo lo siguiente:
A) La fecha pautada por sistema para la protocolización de dicho documento era a partir del día 07/08/2013, fijando el banco como fecha efectiva el día 08/08/2013, para el traslado del apoderado.
B) Según consta en acta certificada por la Notario Público de Pampatar, del Estado Nueva Esparta, de fecha 08/08/2013, el Sr. A.M.B., no se presentó al otorgamiento de dicho documento.
C) No, el documento de compra-venta con garantía hipotecaria a favor del Banco Bicentenario no fue devuelto antes de la fecha de protocolización, pues no presentaba errores de ningún tipo….,
Con respecto a la aplicación de la Resolución N° 11 de fecha 05.05.2013 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en este caso existen serias dudas si procede aplicarla, por cuanto conforme a los artículos 1 y 2 la misma solo se da cuando existe certeza de que dicho bien adquirido se usa o va a ser usado por los contratantes como vivienda principal, lo cual no se cumplió en este caso, toda vez que no se alegó ni mucho menos se probó que el bien que se pretendía adquirir en el mercado secundario se usaría como vivienda principal del actor(…). A lo anterior se le adiciona que en este asunto mal puede invocarse los efectos de ese artículo 1, ya que en este asunto quedó en evidencia que el contratante que propició y ejecutó la conducta infractora es el ciudadano T.A.G.S. por lo cual si el mismo se hubiera adquirido con la finalidad señalada en dicho artículo 1 de la resolución, tampoco sería el mismo aplicable, por cuanto siendo el actor el infractor, el demandado como vendedor u opcionante estaba facultado para rescindir el contrato y conforme a la cláusula cuarta dar aplicación a esta.
Por otra parte, se advierte que el poder con el que actuó el abogado E.S.C. se otorgó única y exclusivamente para representar a la parte demandada, ciudadano A.M.M.B. en el procedimiento de oferta real de pago que ejercería a favor del ciudadano T.A.G.S., sin embargo, ni la parte actora, ni el Tribunal (sic) de la causa advirtieron esa circunstancia, por lo cual se tiene el mismo como tácitamente aceptado a pesar de la circunstancia destacada por esta alzada. Otro aspecto que se debe puntualizar es que la parte accionante en la oportunidad de presentar informes solicitó que se declarara la confesión ficta del demandado, ciudadano A.M.B. sin embargo atendiendo a los requisitos de esta institución es evidente que la misma no se verificó por cuanto si bien el demandado no compareció de manera oportuna a contestar la demanda, consta que si promovió pruebas en la etapa correspondiente.
De tal manera, (…) se debe concluir que la presente demanda debe ser declarada improcedente, tal y como lo concluyó el a quo pero bajo otra motivación, y como esta alzada lo recalcará en forma expresa, directa y positiva en la parte dispositiva de este fallo. Y así se decide.
Basado en lo anterior esta superioridad confirma la sentencia dictada en fecha 19.02.2015 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial…
De lo anterior se observa que el juez de la recurrida declaró sin lugar la apelación interpuesta por la accionante (promitente–comprador) y, en consecuencia, confirmó la sentencia proferida por el a quo de fecha 19 de febrero de 2015, sobre la base del incumplimiento contractual de la accionante.
En tal sentido, la recurrida precisa que el demandante habría incumplido con el pago del precio de la venta en su debida oportunidad –no obstante que determina que ello se verificaría en la oportunidad del otorgamiento del documento definitivo por ser ese el momento contractualmente establecido-, asimismo expresa que el actor no justificó su retraso en el cumplimiento de la obligación contractual con hechos ciertos.
Visto tal aserto, proferido por el juzgador de alzada, estima oportuno esta M.I.C., poner de manifiesto lo expresado por el demandante en el libelo, en la cual expresó lo siguiente:
…Se indica que el Opcionante Comprador (sic) conviene, en que todos los gastos que pueda originarse por concepto de éste contrato, tales como honorarios profesionales, redacción de documentos, derechos de registro, habilitación y CRÉDITOS, serán única y exclusivamente por su cuenta. En este sentido, deja abierta la posibilidad de poder solicitar un crédito bancario, para el pago del inmueble o hacerlo con dinero de su propio peculio.
…Para la obtención del saldo del precio de venta del inmueble, mi representado optó por solicitar un préstamo hipotecario (…), al Banco Bicentenario, (…), en fecha 06 de junio de 2013 (…).
La aprobación del crédito en referencia, fue debidamente informada al Opcionante Vendedor, por medio de los corredores inmobiliarios D.G. y A.C., siendo que la primera es la corredora inmobiliaria de mi mandante y el segundo, el corredor inmobiliario del ciudadano A.M.B., a los fines de que procediera a suministrar los recursos suficientes, para proceder a tramitar y cancelar las solvencias por los servicios del inmueble, el pago de la planilla de impuesto a la venta inmobiliaria y para el caso que tuviera vencido su Registro Único de Información Fiscal (RIF), lo actualizara (…).
…Como consecuencia de lo anteriormente indicado, mi representado informó por medio de Telegrama Certificado con Acuse de Recibo, al ciudadano A.M.B., a los efectos de indicarle que la firma del documento definitivo de compra-venta (…), estaba fijado para el día 07 de agosto de 2013, (…). Ese mismo día 05 de agosto de 2013, en horas de la tarde, el apoderado del Banco Bicentenario le informó a mi representado, que la fecha de la firma del documento había sido cambiada para el día 08 del mismo mes y año, (…). Como consecuencia de este último cambio del día para la firma, se notificó de nuevo por medio de telegrama certificado con acuse de recibo al ciudadano A.M.B.. Así mismo, los corredores inmobiliarios (…), notificaron en distintas oportunidades al vendedor, sobre el día y la hora de la firma del documento definitivo de compra-venta con garantía hipotecaria a favor del Banco Bicentenario.
Se anexan dos (2) telegramas certificados con acuse de recibo originales, donde se notifica al Opcionante Vendedor la fecha del otorgamiento del documento…
. (Resaltado de la demanda).
Así las cosas, en cuanto a las argumentaciones sobre las cuales basó el accionante su demanda, esta Sala ha podido verificar de las actas procesales que integran el expediente y toda vez que la denuncia planteada así lo permite, que con relación a lo alegado por el accionante en el texto pertinente que antecede, el demandado no produjo contradictorio alguno al respecto, pues la contestación al fondo fue extemporánea por tardía, como de seguidas se evidencia así lo precisaron los jueces de instancia, siendo igualmente importante resaltar, que la recurrida no considera los señalados alegatos expuestos por la demandante.
En ese sentido, de las actas del expediente se observa que el demandado no dio oportuna contestación a la demanda, tal como se desprende del folio 138 de la pieza 1/2, con relación al cómputo emanado del a quo en fecha 15 de mayo de 2014, y así, fue precisado igualmente por la recurrida, quien indicó que “…si bien el demandado no compareció de manera oportuna a contestar la demanda, consta que si promovió pruebas en la etapa correspondiente…”.
Como corolario de lo expresado, este M.J.C. evidencia que la decisión recurrida, efectivamente suplió defensas que corresponderían al demandado, creando un desequilibrio entre las partes a favor de éste (el accionado), al aplicar las defensas que no fueron expuestas por el ciudadano A.M.B. (vendedor-demandado), en cuanto al supuesto incumplimiento del demandante.
Ahora bien, la incongruencia positiva cometida por la recurrida en el sub iudice, ha sido analizada y resuelta por esta Sala en casos análogos, entre otros en sentencia N° 332, de fecha 3 de agosto de 2010, expediente 10-145, caso: Los Jabillos C.A., contra M.P., en los siguientes términos:
…lo expresado por el ad quem se corresponde con la excepción ‘Nom Adimpleti Contractus’ o sea la excepción de contrato no cumplido la que, por una parte, sólo puede ser alegada por el demandado en el acto de la contestación de la demanda.
En este orden de ideas se advierte que, el demandado no acudió a dar contestación a la demanda, la que hubiera sido su oportunidad de oponer tal defensa, si lo incoado hubiese sido una acción por cumplimiento de contrato; (…), por ser una defensa de fondo, oponible sólo en el acto de la contestación de la demanda y sólo en los juicios donde se reclama el cumplimiento de un contrato.
Por otra parte, el hecho de no asistir al acto de la contestación de la demanda, no puede consagrar en favor del accionado privilegios que romperían el equilibrio procesal en perjuicio de la accionante y, por ende, no le es permitido alegar hechos nuevos; él sólo podrá promover pruebas tendientes a desvirtuar lo pretendido en el escrito de la demanda; endilgarle a la vendedora el incumplimiento de su obligación para así pretender relevar al demandado de honrar la suya, no resulta pertinente en el caso que se resuelve y, menos aun, si ha sido traído al juicio por el ad quem, tal y como lo delata la formalizante y lo ha podido constatar la Sala.
Con base a lo anteriormente expuesto y visto que el juez superior del conocimiento jerárquico vertical estableció que la demandante había incumplido el contrato, sin haberlo alegado el accionado debido a su inasistencia al acto de la contestación, defensa que, por lo demás, no es procedente oponerla en el presente juicio por resolución de contrato, todo lo que convierte al ad quem en infractor de su deber de decidir la controversia dentro de los límites del thema decidendum, por lo que con su conducta violentó la preceptiva contenida en el ordinal 5°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que se declara procedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.
En atención al contenido y alcance del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, al haber la Sala declarado procedente una denuncia por defecto de actividad…
Del texto pertinente supra trascrito, se evidencia con palmaria claridad, que tal como en el caso de autos, la recurrida precisó el incumplimiento por parte de la accionante a sus obligaciones contractuales, lo cual por ser una defensa de fondo, sólo le correspondía al accionado alegar en el acto de contestación, y siendo que esta fue extemporánea, mal podía la recurrida suplir dicha excepción otorgando privilegios a favor del vendedor, estableciendo el incumplimiento del demandante en franco desequilibrio procesal y en perjuicio del hoy formalizante, infringiendo el juzgador de alzada, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, viciando la sentencia de incongruencia positiva al suplir las defensas que le correspondían esgrimir al accionado y negando solución a las invocadas por el actor. En consecuencia, la denuncia formulada por el recurrente, es procedente. Así se establece.
Finalmente, advierte esta Sala, que la recurrida omitió analizar el alegato atinente al supuesto cumplimiento de los trámites del crédito hipotecario que se encontraba realizando el comprador, y que le habría sido informado oportunamente al demandado tanto por los intermediarios para la gestión del negocio escogidos por ambas partes, así como, a través de supuestos correos certificados con acuse de recibido. Tales gestiones, fueron alegadas por el recurrente sin verificarse del texto de la recurrida que el juzgador de alzada hubiera dado respuesta a dichos alegatos, materializándose indefectiblemente, el vicio de incongruencia también en la modalidad negativa, de acuerdo a los criterios sostenidos en el presente fallo. En tal sentido, esta M.I.C. declara la comisión del referido vicio. Así se establece.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se establece.
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, de fecha 30 de junio de 2015. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
No se hace condenatoria en costas del recurso, a las partes por ser procedente el mismo.
Exp. AA20-C-2015-000650
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Abril de 2008