Source: http://muhaz.org/respuesta-del-estado-de-guatemala-al-comit-de-derechos-econmic.html
Timestamp: 2019-09-21 15:22:09
Document Index: 38463714

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 27', 'Artículo 23', 'artículo 50', 'artículo 66', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 40']

Respuesta del Estado de Guatemala al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre la Lista de Cuestiones Relativas al Tercer Informe Periódico de Guatemala
Respuesta del Estado de Guatemala al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre la
Lista de Cuestiones Relativas al Tercer Informe Periódico de Guatemala
Informe Ampliado del Estado de Guatemala al
de Derechos Humanos -COPREDEH-
CCI Centro de Coordinación e Información
CGC Contraloría General de Cuentas
CODESAN Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONAPETI Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a la Adolescencia Trabajadora
COPRET Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
ENEI Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
FONTIERRAS Fondo de Tierras
FOPAVI Fondo para la Vivienda
GDRI Gabinete específico de Desarrollo Rural Integral
GEM Gabinete Específico de la Mujer
IGT Inspección General de Trabajo
INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses
INDE Instituto de Electrificación Nacional
INTA Instituto de Transformación Agraria
MFP Ministerio de Finanzas Públicas
MINGOB Ministerios de Gobernación
MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social
PDH Procuraduría de Derechos Humanos
PH0 Pacto Hambre Cero
PPH0 Plan Pacto Hambre Cero
PROPEVI Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar
RGP Registro General de la Propiedad
RIC Registro de Información Catastral
SBS Secretaría de Bienestar Social
SDNP Sistema Nacional de Dialogo Permanente
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEPREM Secretaría Presidencia de la Mujer
SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SNE Sistema Nacional de Empleo
SVET Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
TAF Teléfono de Ayuda Familiar
Clasificación: DH/DESC/No.360-000-531-14
“Lista de Cuestiones Relativas al Tercer Informe Periódico de Guatemala”
Informe ampliado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Guatemala. Ref. P-627b-2014/AFAF/HM/wr
El Estado de Guatemala recibió en junio de 2014 la lista de cuestiones relativas al Tercer informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –DESC-. El Comité ha solicitado limitar la respuesta a 10,700 palabras y formato electrónico MS WORD 2003/2010.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, examinará al Estado de Guatemala el 17 y 18 de noviembre de 2014 en el Palacio Wilson, Ginebra, Suiza.
Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para sensibilizar a la población en general y en mayor medida al poder judicial respecto de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el Pacto y a la posibilidad de invocarlos ante los tribunales.
El Instituto de la Defensa Pública Penali del 2006 al 2014, reportan a nivel nacional un total de 8,761 talleres sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derecho de los pueblos indígenas, mecanismos de protección nacional e internacional de derechos humanos dirigidos a las autoridades indígenas, líderes y lideresas comunitarias a nivel nacional.
El Organismo Judicial, a través de la Escuela Judicial ha capacitado a jueces en los diferentes derechos que abarca el Pacto Desc, entre los más recientes se informan los siguientes:
El 20 de septiembre de 2014, se clausuró el Diplomado Especializado sobre la OIT, Normas Internacionales de Trabajo y Sistema de Control la Organización, participaron jueces, Magistrados de Trabajo y Precisión Social de la República de Guatemala, Letrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia y el Personal de la Dirección de Gestión Laboral.
El 1 de septiembre de 2014, inició el programa virtual El Derecho de la Niñez a la Salud en el Marco de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos, a través de la plataforma educativa de la Escuela de Estudios Judiciales. Promueve el respeto de los derechos del niño, en especial a la salud, un estado completo físico, mental y social. El Curso se imparte virtualmente a las sedes de Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango y está dirigido a Auxiliares Judiciales, Jueces.
El 1 y 2 de septiembre de 2014, se realizaron las clases presenciales del curso Teoría del Delito Aplicada a la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, del 1 de septiembre al 1 de octubre del presente año se desarrollarán en modalidad b-learning. Participa el personal de los Órganos Especializados de Femicidio de los departamentos de Guatemala y Escuintla.
El 13 de agosto de 2014, se realizó la Clausura del Programa de Formación Inicial para el Personal de los de los Órganos Jurisdiccionales de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer; dirigido a Jueces, Juezas, Auxiliares Judiciales y Personal SAI, en los departamentos de Petén, Sololá, Quiché, y San Marcos.
Los tribunales han tutelado los DESC, por ejemplo el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, del departamento de Zacapa, Zacapa, emitió sentencia el 31 de mayo de 2013 dentro de la carpeta judicial No.19003-2011-00641 Of. 1ª. En el proceso de protección a favor del niño Leonel Amador García, por violación a sus derechos humanos, específicamente al derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vivienda, siendo presuntamente responsable por omisión, el Estado de Guatemala.
El Procurador de los Derechos Humanos -PDH-, ha promovido ante la Corte Suprema de Justicia acciones constitucionales de amparo acumulados 63, 64, 65 y 76-2013 Oficial 1º. A favor del derecho a la salud de pacientes renales.
La Corte de Constitucionalidad, ha sentado precedentes jurisprudenciales desde hace varios años, por ejemplo en el expediente 949-02 sobre el derecho a la salud, tendencia que se mantiene también los expedientes acumulados 398-02 y 448-02, 1,204-2003, sobre el derecho al trabajo, expedientes acumulados acumulado 355-92 y 359-92 expedientes de amparo 1613-2004, 1597-04, 549-06, 65-08 y 563-09. Derecho a la educación expediente de apelación de amparo 787-2000, derecho a la alimentación expedientes 1894-2005, y acumulados 909, 1008 y 1151-2006.
Informen acerca de las consultas a los pueblos indígenas que han sido realizadas antes de la aprobación de proyectos extractivistas susceptibles de afectarles directamente, añadiendo ejemplos concretos, si los hubiera, de cómo esta participación ha podido modificar los proyectos referidos y mejorar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades o aminorar los riesgos de afectarlos.
Para el Estado de Guatemala es incuestionable el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Sin embargo, como lo declaró la Corte de Constitucionalidad del país, el Artículo 6 numerales 1 y 2 y el Artículo 15 numeral 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, carecen de precisión en cuanto al procedimiento adecuado para llevar a cabo y hacer efectivo ese derecho, pudiéndose estimar conveniente cualquier método consultivo que permita recoger fielmente las opiniones de los integrantes de la población cuando “prevean” que van a ser afectados con una medida legislativa o administrativaii.
El Estado a través del MINTRAB, se encuentra en el proceso de construcción (Ley y su Reglamento) de la propuesta que permita estableces los procedimientos y responsables de llevar a cabo las consultas a los pueblos indígenas, para lo cual debe cumplirse con los procesos de aprobación ante el Congreso de la República.
En Panajachel, Sololá el 29 de mayo de 2014, el MINTRAB, se reunió con Líderes Indígenas Ancestrales, con el fin de consensuar y analizar el protocolo de principios para la realización de la consulta previa, libre, informada y sincera con los pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo –OIT-.
El objetivo de realizar esta consulta es establecer lineamientos, procedimientos, contenido y principios que garanticen la efectiva aplicación del Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas. La consulta desde la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas se realiza a través de un proceso de diálogo intercultural, libre, previo e informado entre las Instituciones del Estado, los Pueblos Indígenas e interesados directos.
Estuvieron presentes en dicha actividad representes de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Mesa Plural de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC-, Mesa Plural para el Desarrollo de Guatemala, Programa Cultural Maya, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, Mesa Plural Nacional del Departamento de Sacatepéquez, Municipalidad Indígena de Sololá y Cuarenta y Ocho Cantones.
Por el sector gobierno asistieron, SNDP, MEM, MINECO, CODISRA y FODIGUA.
A continuación se citan ejemplos concretos de cómo la participación ha modificado los proyectos extractivos y mejora el disfrute de los DESC o aminora los riesgos de afectarlos:
Mina Marlin I San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, municipios del departamento de San Marcos, operada por Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, con fundamento en estudio basal en salud, se determinó las principales necesidades de la población del área de influencia de la operación minera. Construyendo el Centro de Atención Permanente -CAP- en San Miguel Ixtahuacán, por un valor aproximado de 21.5 millones de quetzales, al cual el Estado debe dotar personal médico, auxiliares de enfermería y laboratorio, material médico, quirúrgico y medicamentos, entre otrosiii. La construcción del CAP se realizó en dos fases: la primera en diciembre de 2008 y concluyó en julio de 2010, y el área de servicios se construyó de marzo 2011 a junio 2011. Este centro de salud está equipado en todas las áreas médicas, entre ellas: consulta externa, emergencia, laboratorios, encamamiento, clínica odontológica, consulta externa, quirófanos y rayos X, sala cuna, área de labor y partos, emergencias y además dispone de mobiliario para las áreas administrativas.
Los impuestos directos pagados por Montana Exploradora de Guatemala, desde octubre de 2005 a diciembre de 2013 en concepto de Regalías de Ley ha sido de Doscientos Sesenta Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Seis Quetzales con Nueve Centavos (Q. 260,789,196.09)iv Correspondiente al 1% de regalías obligatorias según lo estipula la Ley de Minería vigente, calculado sobre venta bruta, no sobre ganancias. Distribuido 0.5% al Gobierno Central y 0.5% a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Las Regalías Voluntarias desde el 2012 y 2013, representó una contribución adicional de Doscientos Cincuenta y Siete Millones, Seiscientos Treinta y Seis Mil, Trescientos Treinta y Un Quetzales, con Setenta y Seis Centavos (Q,. 257,636,331.76)v.
Informen, además, si existe actualmente en el Estado parte un marco jurídico e institucional adecuado para llevar a cabo el deber estatal de consulta previa con miras a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. En particular, sírvanse proporcionar información sobre los procesos de consulta previa en el marco de la construcción de una planta cementera en el municipio de San Juan Sacatepéquez, la mina San Rafael y la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas.
El Estado, al no contar con una disposición específica sobre la consulta a los pueblos indígenas, ha aplicado disposiciones normativas contenidas en la Constitución de la República de Guatemala (225, 226 y 228), Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Acuerdo Gubernativo 431-2007 y sus reformas), Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (artículos 6, 8,10, 12, y 14), Código Municipal (artículos 20, 55, 56, 57, 58, y 59).
La Constitución Política de la República de Guatemala, estipula en los artículos 225, 226 y 228 sobre los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Que funcionan en el ámbito nacional, regional, departamental, municipal y comunitario de conformidad con los artículos 6, 8,10, 12, y 14 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002 del Congreso de la República, que tienen todos y cada uno de ellos, las funciones de promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas, sus soluciones para el desarrollo integral, nacional, regional, departamental, municipal y comunitario.
Este mismo cuerpo normativo establece en su artículo 26 sobre la consulta a los pueblos indígenas, que en tanto se emite la ley que regule la consulta a los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos maya, xinca y garífuna sobre medidas de desarrollo que impulse el Organismo Ejecutivo, y que los afecten directamente, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
La legitimidad o representatividad para la consulta como se observa en este caso se establece de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que existirá Quórum para las reuniones de Consejos de Desarrollo, cuando estén presentes las dos terceras partes de los miembros que los integran, excepto en el nivel comunitario que se integra con un mínimo de un tercio de su población.
De igual forma plantea que existen Consejos Asesores Indígenas, en el ámbito comunitario (Artículo 23 de la Ley y artículo 50 de su Reglamento) en aquellos municipios con al menos una comunidad indígena.
La Institucionalidad o representatividad a la cual invoca observancia el Convenio 169 de la OIT, se encuentra recogida en el Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República, especialmente cuando se refiere en sus artículos 20, 55, 56, 57, 58, y 59 respectivamente a las Comunidades de los pueblos indígenas, Alcaldías Indígenas, Comunitarias y Auxiliares, que desarrollan la norma contenida en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Proceso de Consulta San Juan Sacatepéquez, construcción de planta cementera.
La Corte de Constitucionalidad otorgó el 21 de diciembre de 2009, con lugar la apelación de la sentencia de amparo a favor el recurso de apelación interpuesto por los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las Comunidades El Pilar I y II, del Sector I del Caserío San Antonio Las Trojes, de la Aldea Lo de Ramos y del Caserío Cruz Ayapán; las Alcaldías Auxiliares de los Caseríos Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, de las Aldeas Comunidad de Ruiz, San Antonio Las Trojes II; la Asociación de Vecinos de la Comunidad Santa Fe Ocaña y los vecinos Tereso Chávez Iquic, Dina Abigail Pirir Pirir, Hugo Tulio Búcaro García, Abelardo Curul, Francisco Camey Zet, Juan Gilberto Raxón Curup y Bonifacio Puluc Tubac; revoca la sentencia impugnada y, emitiendo el pronunciamiento que corresponde, otorga amparo a los postulantes antes identificados y en consecuencia: a) deja en suspenso, en cuanto a los reclamantes, el acuerdo municipal contenido en el punto segundo del acta número cero cero uno – dos mil siete (001-2007), dictado por el Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala, en sesión pública extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2007; b) para los efectos positivos del presente fallo, la autoridad impugnada debe, de acuerdo a lo aquí considerado: i) disponer lo necesario en la eventualidad de renovación del petitorio de convocatoria a consulta popular de tipo comicial, para que se realice con las garantías de efectividad del evento, entendido como manifestación de opinión de las comunidades convocadas, y cuyo resultado, aunque sin efecto vinculatorio, deberá comunicarse al Organismo Ejecutivo; y ii) trasladar el reclamo de los postulantes al seno del Consejo Departamental de Desarrollo, por medio del Alcalde Municipal, a efecto de que en esa instancia el Gobernador departamental y los representantes de los Ministerios de Gobernación, de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, asuman la responsabilidad de coordinar el diseño e implementación de mecanismos de negociación y concertación de los intereses comunitarios con los actores del Estado y de las entidades terceras interesadas en el amparo de conformidad con los lineamientos y principios rectores trazados en esta sentenciavi.
Minera San Rafael, S.A. Santa Rosa
El 29 de abril de 2013 con la firma del aporte voluntario del 5% de regalías alcanzado por el Ministerio de Energía y Minas –MEM-, la Minera San Rafael contribuirá con poco más de Q625 millones anuales en impuestos y regalías a la nación. Los industriales de la extracción metalúrgica en Santa Rosa aportarán más de Q625 millones anuales en impuestos a la nación. En un acuerdo entre otras seis comunas y Minera San Rafael, las municipalidades de áreas de injerencia como Barberena, Casillas, Cuilapa, San Carlos Alzatate, Santa Cruz Naranjo y Santa Rosa de Lima, se beneficiarán con un aporte de por lo menos Q27 millones anuales. De los rubros más importantes a cancelar destacan por lo menos unos Q352 millones en Impuesto Sobre la Renta y Q72 millones en Impuesto al Valor Agregado.
En un proyecto inédito en la región, Minera San Rafael firmó un acuerdo para convertir en nuevos socios del proyecto “El Escobal”, a más de 200 ex propietarios de los terrenos donde ahora opera la minera, pago voluntario adicional al que la empresa realiza al Estado, a la municipalidad de San Rafael las Flores y al resto de municipalidades firmantes del acuerdo voluntario. Las familias que vendieron terrenos a Minera San Rafael para el desarrollo de la mina “El Escobal”, recibirán el 0.5% de los ingresos netos de las ventas comerciales de los concentrados de mineral que ésta industria exporta. El monto que cada ex propietario recibirá dependerá del tamaño de terreno que vendió a Minera San Rafael. El 65% del monto final se repartirá equitativamente entre todos los ex propietarios y el 35% adicional se repartirá según el tamaño de cada terreno.
Hidroeléctrica Santa Cruz Barillas, Huehuetango
El 10 de noviembre de 2013 los representantes de 302 comunidades indígenas de Santa Cruz Barillas, en departamento noroccidental de Huehuetenango, están a favor de la construcción de una hidroeléctrica en ese lugar, tema que ha generado discordia. Un total de 16 Consejos Comunitarios de Desarrollo y los presidentes de microrregión del municipio expresaron pleno respaldo a la construcción de la Hidroeléctrica Q'ambalam, por considerar que llevará progreso y desarrollo para "todos por igual". Es oportuno indicar que el 22 de enero de 2014 por las amenazas de algunos pobladores de linchar al Juez de Santa Eulalia, Huehuetenango, el juzgador se vio obligado a resolver y liberar a los líderes de la oposición a la hidroeléctricavii.
Con base en la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (Expediente 266-2012) que ha declarado que la omisión de la propiedad comunal indígena se trata de una “materia pendiente en la historia legislativa del país”, sírvanse informar sobre las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte para garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, incluyendo el carácter colectivo de estos derechos, su dimensión territorial, y el pleno reconocimiento de la tenencia tradicional de la tierra.
El Estado de Guatemala, reconoce, respeta y promueve las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas de tal forma que desde 1985 constitucionalmente se reconoce su existencia, formas de organización social, la protección especial a las formas de tenencia comunal o colectiva de la propiedad, así como la administración especial de las comunidades indígenas y su relación con el medio ambienteviii.
a. Medidas por actos judiciales y tutela constitucional.
Reconocimiento de las Comunidades y Tierras Indígenas
Al respecto la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en sentencia de fecha 18 de mayo de 1995 emitida en expediente número 199-95, publicada en Gaceta número 37, resolvió lo siguiente: “. . . A ese respecto esta Corte puede afirmar que la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas reviste su relación con las tierras o territorios, así como el hecho de reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, se encuentra concurrente con los preceptos de los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución. Además, los procedimientos a utilizar para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados, deberán instituirse conforme al artículo 14 inciso 3 del Convenio, o sea adecuados al marco del sistema jurídico nacional, por lo que estando garantizada la propiedad privada como un derecho inherente a la persona en la Constitución Política de la República (artículo 39), en el caso de que las tierras que ocuparan los pueblos interesados fuesen propiedad de una persona distinta, ésta tiene a su disposición medios legales para reivindicarlas y para afectar su derecho de propiedad tendría que recurrirse a un procedimiento legal, establecido por la Constitución, lo que en este caso, podría ser, la expropiación por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público (artículo 40), porque de otra manera, conforme a la Constitución se encuentra prohibida la confiscación de bienes, la que por supuesto, tampoco está admitida por el Convenio. . .”. Entiéndase por convenio el 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
A pesar que la propiedad comunal indígena se trata de una materia pendiente en Guatemala, existen acciones relevantes como la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad del 14 de junio de 2014 (Expediente 628-2013), en el caso de la Aldea Chuarrancho. Donde el máximo tribunal considera necesario precisar en la parte resolutiva que, “…la autoridad impugnada deberá hacer la conservación electrónica a favor de quienes aparecen como adjudicatarios en la primera inscripción de dominio y no a nombre de la entidad amparista denominada “Comunidad Indígena Vecinos de la Aldea Chuarrancho, del Municipio de Chuarrancho, del Departamento de Guatemala,’’ pues esta entidad constituye una Asociación de Vecinos (particular) pero la adjudicación fue otorgada a los vecinos de la aldea Chuarrancho (universo). Restituyendo de esta manera los derechos de los vecinos de la aldea Chuarrancho…” el título de propiedad fue entregado a la comunidad el 21 de junio de 2014. Este es el primer caso en Guatemala en el que se reconoce el derecho de propiedad comunal, y de conformidad con dicho fallo, se ordena al Registro de la Propiedad que anule y deje sin efecto las inscripciones y anotaciones derivadas del cambio de titular, después de las inscripciones hechas en octubre de 1897.