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Timestamp: 2020-08-06 16:56:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'e contrario']

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR SU DEPARTAMENTO, Y, ESPECIALMENTE, SOBRE EL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LENGUAS DE ARAGÓN.
Legislatura: V. D.S.C.A. n.º 110 de Serie A Página: 2230
Ind. Tramitación: Comparecencias - De Consejeros del Gobierno de Aragón - Ante la Comisión de Cultura y Turismo
Intervinientes: Calvo Pascual, Marta - Callizo Soneiro, Javier - Lacasa Vidal, Jesus - Bernal Bernal, Chesus - Aullo Aldunate, Maria Trinidad - Becana Sanahuja, Jose Maria
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Damos comienzo a la Comisión de Cultura y Turismo en sesión de hoy, 29 de octubre [a las diez horas cuarenta y cinco minutos].
Punto uno: lectura y aprobación..., que lo dejaremos para el final de la sesión.
Punto dos: comparecencia del consejero de Cultura y Turismo, a petición de siete diputados del Grupo Parlamentario del Partido Popular, al objeto de informar sobre la política lingüística que tiene previsto desarrollar su departamento, y, especialmente, sobre el contenido del anteproyecto de ley de lenguas de Aragón, que ha sometido a información pública, y su adecuación al dictamen 3/2201 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.
Señor consejero, bien venido, una vez más, a esta comisión; le damos la bienvenida.
Para su intervención, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular, la señora Calvo.
Señora Calvo, puede usted empezar.
La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, y bien venido, señor Callizo, a esta Comisión de Cultura en esta nueva ocasión.
En su primera comparecencia en esta comisión, para explicar la política general que pensaba desarrollar al frente de su departamento, una comparecencia que se producía hace exactamente dos años y un día, anunciaba de forma muy escueta su voluntad de impulsar un proyecto de ley de lenguas. Lo hacía «desde la experiencia personal de quien es de una zona donde se habla una de las fablas aragonesas y, por tanto, no le cuesta en absoluto entender -nos decía en aquel momento- que se puede ser bilingüe en Aragón, sin necesidad de serlo de forma estrafalaria y sin alharacas». Y lo decía quien, «cuando habla en cheso, no le cuesta ningún esfuerzo, ni tiene que afectar ni tiene que recurrir a ninguna trapacería».
Le dedicó a este asunto, dentro del conjunto de su comparecencia -no sé-, ¿diez?, ¿quince segundos?, probablemente. Y probablemente fueron los suficientes. Desde luego, para el Grupo Parlamentario Popular sí lo fueron, y más, teniendo en cuenta la firmeza que demostró cuando, de una forma muy evidente, reafirmó su actitud, su propia actitud hacia su lengua materna, y teniendo en cuenta la sutileza con que, a nuestro juicio, dio a entender que iba a prescindir en este asunto de ciertas extravagancias.
No explicó en aquella comparecencia cuál iba a ser el objeto o la finalidad del proyecto de ley que anunciaba. En buena teoría, nosotros entendemos que, la verdad, tampoco hacía falta; parecía lógico pensar que ese texto debía desarrollar el contenido del artículo siete del Estatuto de Autonomía de Aragón, y, por tanto, garantizar la enseñanza y garantizar el derecho de los hablantes de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en las zonas de utilización predominante de éstas.
Yo no sé si al resto de los grupos parlamentarios les resultaría sospechoso el hecho de que no hiciese referencia, como base para ese proyecto de ley que anunciaba, al dictamen emitido en 1997, en el seno de esta cámara, por la comisión especial sobre política lingüística. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, no echamos de menos esta referencia, bien al contrario, porque, como saben, no compartimos la mayor parte de su contenido y presentamos en solitario al mismo un voto particular.
De entonces a esta parte, desde aquella comparecencia, ha podido comprobar que este grupo parlamentario no le ha urgido a la presentación de ese proyecto de ley, a pesar de que en aquella fecha anunciara que lo iba a impulsar a lo largo del año siguiente, es decir, a lo largo del año pasado.
Y no lo hemos hecho, no le hemos urgido a la presentación de ese proyecto de ley porque nos pareció muy sensato que, tal y como manifestaba, en respuesta a la pregunta 18/2000, en el mes de febrero del año pasado, anunciase que lo presentaría tan pronto como fuera posible. Nos pareció absolutamente sensato, teniendo en cuenta, como usted decía, que es una ley, un proyecto de ley, que plantea problemas de gran complejidad y que resultaba necesario, como usted decía y nosotros compartimos, un estudio sociolingüístico riguroso, «con objeto -decía- de que la ley de lenguas y hablas de Aragón responda a la realidad viva de la comunidad hablante aragonesa, y no reinvente, de forma exótica, una realidad inexistente».
Compartíamos y compartimos al ciento por ciento sus palabras en aquella sesión plenaria. Pero, señor Callizo -sorpresas que da la vida-, quien en febrero de 2000 consideraba que el aragonés no es una lengua hablada por los mortales aragoneses, sino las hablas y lenguas o fablas aragonesas; quien no habla ningún esperanto de las lenguas aragonesas, sino que habla cheso, que sí es una realidad en la que se habla y en la que se escribe, como se habla y se escribe en ribagorzano, en belsetano, en chistabino, en ansotano, en tensino, y esa misma persona que apasionadamente afirmaba que ésas son las hablas y las lenguas de Aragón; quien decía que no podría dar por buena una postura política cuando su razón le dice que ése no es el sentir, señor consejero, usted mismo, producto, no sabemos de qué desafortunada metamorfosis, somete a información pública (según aparece en la orden, «al objeto de propiciar un acercamiento de la norma a la realidad social objeto de regulación») un anteproyecto de ley que, teniendo por objeto la protección del patrimonio lingüístico aragonés, pretende delimitar los municipios en que el aragonés es esperanto de las lenguas aragonesas; lo que usted consideraba una lengua unificada, creada artificialmente en el laboratorio, ese presunto aragonés y el catalán, según su anteproyecto, son lengua propia y delimitan las zonas de utilización predominante de ambas.
¿Recuerda, señor consejero, cómo terminaba su intervención aquel 11 de febrero de 2000 ante el Pleno de la cámara? Usted afirmaba: «Esa ley haría muy mal en no recoger también que las realidades lingüísticas no son el aragonés y el catalán, sino las variedades dialectales del catalán, ese “chapurreao” -término que a mí no me gusta- que se habla en la Franja, y las variedades dialectales del aragonés. Ésa es la realidad; no conviene inventarse realidades». Y continuaba: «Si usted es capaz -en referencia al señor Bernal- de ir a esos lugares y defender lo que usted está defendiendo, y es capaz de convencer, entonces, me convenceré de que estoy en el error».
Señor Bernal, enhorabuena: enhorabuena porque ha conseguido, en poco más de un año, que el señor consejero, que el señor Callizo pase, de creer que la ley debería recoger que las realidades lingüísticas en Aragón no son el aragonés y el catalán, a presentar un anteproyecto que declara la cooficialidad del aragonés y del catalán.
Tengo una curiosidad, señor consejero, que no sé si me responderá -tampoco pretendo que lo haga si así no lo desea-, pero ¿han ido juntos, señor Bernal y señor Callizo, a Echo?, ¿han ido juntos a Ansó, al valle de Tena, a convencer a sus habitantes de que lo que más conviene a sus hablas es declarar cooficial el aragonés «batúa»? ¿Les han dicho a sus hablantes que esa supuesta lengua unificada, que, según usted, señor Callizo, no tiene ningún asiento real, que no responde a la realidad lingüística, es lo que ustedes quieren que hablen? ¿Han ido juntos, señor Callizo, a Fraga, a Valjunquera o a Maella a convencer de que lo que conviene es declarar cooficial el catalán?
Señor consejero, son tan graves las contradicciones que plantea ese anteproyecto de ley, frente a lo que usted ha venido manifestando ante esta cámara, y son tan graves las repercusiones que podría tener, en caso de presentarse como proyecto de ley, que era forzoso, desde la responsabilidad de este grupo, como principal grupo de la cámara, solicitar su comparecencia para informar sobre la política lingüística que tiene previsto desarrollar, o sobre la política lingüística que su socio le imponga, o lo que quiera que sea, señor Callizo, lo que le haya impulsado a someter a información pública este texto.
Entendemos que esta cámara, que la opinión pública, y especialmente los afectados, tienen derecho a conocer qué piensa hacer de ahora en adelante.
Nosotros, a tenor de la evolución experimentada, no lo podríamos afirmar. Entiendo y entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que debe informar sobre el contenido del anteproyecto de ley, porque, entre otras razones, su articulado es lo suficientemente contradictorio como para que usted nos lo aclare, porque propone, a juicio del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, medidas absolutamente desproporcionadas y medidas absolutamente alejadas de la realidad sociolingüística de nuestra comunidad autónoma.
Entendemos que debe explicar el contenido de ese anteproyecto de ley porque no sabemos, sinceramente, señor consejero, en qué estudio sociolingüístico se ha basado su departamento para incluir municipios como Barbastro, Jaca, Huesca, Sabiñánigo o Monzón en el anexo uno, que delimita la zona de cooficialidad de ese presunto aragonés -que yo siempre entrecomillo- como lengua predominante en esos municipios. Usted, cuando pasea por Barbastro o cuando pasea por Huesca, cuando pasea por Monzón, ¿escucha, de verdad, a mucha gente charrando en el aragonés «batúa»?
Y, por último, señor consejero, este anteproyecto de ley, que proclama la cooficialidad del catalán y del aragonés, que prevé procesos de inmersión en la enseñanza, que define las zonas de cooficialidad, los efectos de dicha cooficialidad en esas zona, e incluso en el resto de la comunidad autónoma, este anteproyecto fue sometido a información pública por orden del Departamento de Cultura y Turismo de 13 de marzo.
Tres meses antes, usted mismo, señor Callizo, solicitó dictamen a la Comisión Jurídico Asesora del Gobierno de Aragón en relación con dos cuestiones. Leo textualmente: «si es constitucionalmente posible, con los artículos tres, de la Constitución Española, y siete, del Estatuto de Autonomía de Aragón, establecer y regular la cooficialidad de una lengua distinta al castellano mediante una ley ordinaria de las Cortes de Aragón». Y una segunda consulta: «los efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de patrimonio cultural aragonés».
Hacía esas dos consultas a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón porque usted mismo consideraba que esa regulación puede ser contraria -o un anteproyecto de ley o un proyecto de ley que pretendiera la cooficialidad de lenguas distintas al castellano- a la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional con relación a las líneas maestras del modelo lingüístico de la Constitución Española.
El día 30 de enero de 2001, dicha comisión emitió dictamen, por el cual no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular, mediante una ley de Cortes de Aragón, la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano, ni tampoco otorgar, mediante esa hipotética ley, los efectos propios de la cooficialidad a la utilización de esas lenguas.
La Constitución Española, en su artículo tres, tras declarar al castellano lengua oficial del Estado, añade en el punto dos que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos»; es decir, para poder regular la cooficialidad desde la comunidad autónoma, el Estatuto de Autonomía de Aragón debería declarar la cooficialidad e indicar, por su nombre, cuáles o qué lenguas son las cooficiales, cosa que, evidentemente, el Estatuto de Autonomía de Aragón no hace.
En segundo lugar, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora decía que parece presumible que un desarrollo legal adicional de la disposición final segunda de la Ley 3/99, que pretendiera dar a estas lenguas las características y estatuto de cooficialidad, podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.
¿No le parece, señor Callizo, una frivolidad seguir adelante con el anteproyecto de ley a pesar de conocer ese dictamen? Porque supongo que dicho dictamen, en relación con las dudas que usted planteaba, debió resolvérselas claramente, más bien ratificar lo que usted ya presumía en la propia consulta.
¿No le tiembla la mano, señor consejero, al utilizar en el preámbulo del anteproyecto de ley el propio artículo tres de la Constitución y el propio artículo siete del Estatuto de Autonomía para justificarla?
¿No le duelen los ojos, señor consejero, cuando, conociendo ese dictamen, relee el punto cuarto de ese preámbulo? Se lo voy a releer. A pesar de conocer el dictamen, ese punto cuarto del preámbulo, dice: «La presente ley, partiendo del reconocimiento de la realidad plurilingüe de nuestra comunidad autónoma, quiere transformar en norma jurídica vinculante las conclusiones de la comisión especial de las Cortes sobre la política lingüística en Aragón, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía; así, el capítulo primero de la ley proclama la cooficialidad del aragonés y del catalán en determinadas zonas del territorio de la comunidad autónoma.»
¿Está convencido, señor Callizo, de que lo hace de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Aragón?
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señora Calvo.
Señor Callizo, consejero de Cultura, tiene usted la palabra para contestar.
Estoy rigurosamente, rotundamente, convencido en relación con la pregunta que usted me hace, pero permítame que vayamos por partes, y que yo exponga las razones que han impulsado al gobierno a poner en marcha un anteproyecto de ley de lenguas de Aragón, aun a pesar de contar con un dictamen, nunca vinculante, sino estrictamente consultivo, de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.
Me esforzaré en decirles a sus señorías por qué se ha hecho esto; pero ya me adelanto a decirles y a recordarles -probablemente en estos bancos de la derecha (sobre todo, en sentido geométrico ahora) no agradará que lo haga con una analogía- que, si los constituyentes hubieran asumido el dictamen del Consejo de Estado sobre el borrador del texto constitucional, no tendríamos en estos momentos la Constitución de 1978. Claro, probablemente, a algunos de los que entonces eran del partido genético del Partido Popular, Alianza Popular, no les hubiera molestado probablemente lo más mínimo, pero ésa es la realidad.
Eso ¿qué quiere decir? Que aquí hemos venido a hacer política, y no a establecer un debate en términos jurídicos. Pero no se preocupe, su señoría, porque le argumentaré no en términos jurídicos, porque yo no soy jurista, pero sí invocando la autoridad de eminentes juristas al respecto.
La política lingüística del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón se ha orientado a tratar de establecer el clima de consenso que haga posible la remisión a las Cortes de Aragón de un anteproyecto de ley de lenguas y modalidades lingüísticas, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón, que, en su artículo siete... Permítanme, señora presidenta, señorías, señora Calvo, que leamos el artículo siete, que lo leamos y que lo hagamos como se hace la crítica textual: paladeando cada uno de sus términos, exprimiendo los jugos vitales que contiene, y que son, en realidad, la expresión, la foto fija del estado de la comunidad autónoma en un momento determinado de la historia. Dice así: «Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aquéllas».
Hagamos análisis textual. Primera cuestión: el Estatuto de Autonomía de Aragón habla de «lenguas y modalidades lingüísticas», de unas y de otras, y, además, hay suficientes desarrollos normativos complementarios, donde se especifican cuáles sean esas lenguas de Aragón: «el aragonés y el catalán», se dice en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de patrimonio cultural de Aragón, impulsada durante la pasada legislatura por un consejero del Partido Popular, y no recurrida por el Partido Popular, ni por el gobierno de la nación, cuando hace referencia a la concreción de que el aragonés y el catalán son reconocidas como lenguas propias de Aragón; pero así se dice también -y fue aprobado por unanimidad- en la Ley 8/1988, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón, cuando se habla de las señalización orientativa e informativa, y se dice que la señalización será bilingüe, atendiendo a las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón: no solamente a unas, no solamente a las modalidades lingüísticas, sino también a las lenguas (las lenguas sólo son normativas, o no son), como integrantes de su patrimonio cultural e histórico.
También, en la directriz ochenta y ocho, de las directrices generales de ordenación del territorio para Aragón, aprobada por unanimidad, se habla del «reconocimiento legal del aragonés y del catalán como lenguas propias de Aragón, que debe constituir el punto de partida de una política lingüística que considere y potencie éstas como patrimonio a conservar». Ustedes también lo aprobaron.
En la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, el artículo sesenta y siete, aprobado por unanimidad, relativo al idioma de los pactos sucesorios, «podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los contratantes elijan». Lo mismo en el artículo noventa y siete, a propósito del idioma del testamento: también podrá redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas: aprobado por unanimidad. En la Ley de administración local de Aragón hay algunos preceptos donde se abunda en la existencia de lenguas o modalidades lingüísticas, que podrán ser también usadas en determinados casos en la administración, con la abstención, en este caso, de los grupos Socialista y de Chunta Aragonesista.
Pero, en fin, quiero decirles que hay el suficiente background -como dirían los cursis-, el suficiente historial, en estas Cortes de Aragón, como para que no quepa llamarse ahora a andana y hablar de la existencia solamente de modalidades lingüísticas. Las lenguas resultan del hecho de la normativización, y, como toda normativización es artificial, yo no me desdigo de aquella intervención en febrero; pero eso no significa que no existan, por el hecho de que tengan un carácter artificial, puesto que han sido fijadas por eminentes lingüistas, y no por la decantación del pueblo, que es el último titular de la soberanía lingüística.
El Estatuto -repito- habla de «lenguas y modalidades lingüísticas», y nosotros hemos hablado de «lenguas y modalidades lingüísticas», y esto, a veces, no ha sido muy bien entendido...; quizá, no lo hemos sabido explicar; quizá, los medios de comunicación han adoptado la posición de creer esta existencia de unas y otras un tanto atrabiliaria. Mejor las unas o mejor las otras, pero, ciertamente, el Estatuto habla de unas y de otras, y de unas y de otras, señorías, se dice que «se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón»: se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes, que es justamente lo que no puede hacerse sin una ley de cooficialidad. ¿Cómo se va garantizar el derecho de los hablantes a desenvolverse en su vida pública o privada en su lengua materna, sin una ley que proteja esto? Es que no solamente se trata de proteger un patrimonio lingüístico. Se trata también de proteger -el Estatuto de Autonomía lo dice muy claramente- derechos inalienables de las personas; por lo tanto, garantizar la enseñanza y garantizar el derecho de los hablantes no puede hacerse si no media una ley de cooficialidad.
Pero esa ley, además, está siendo invocada en el propio artículo siete -ese artículo que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora parece negar que ahí está-: «en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón»: en el Estatuto de Autonomía de Aragón está previsto que una ley de Cortes de Aragón establezca una regulación de los derechos de los hablantes y de garantizar su enseñanza, y eso no se puede hacer sino mediante una ley de cooficialidad, llamémosla como la llamemos, pero los efectos, en definitiva, son los de la cooficialidad.
En tercer lugar, el Estatuto habla de zonas de utilización predominante, pero también de unas y de otras (de las «lenguas y de las modalidades lingüísticas»), y, precisamente, los estudios sociolingüísticos encargados por el Gobierno de Aragón han revelado que, en algunos valles pirenaicos, los hablantes solamente quieren oír hablar de las modalidades lingüísticas (por ejemplo, en mi propio valle; por ejemplo, en Benasque; por ejemplo, en Ansó), e, incluso, en la zona oriental aragonesa, hay municipios en los cuales los hablantes se decantan, inequívocamente, por el catalán normativo como la lengua que desean tener como segunda lengua, y hay otros municipios de la zona oriental donde, sin embargo, al mismo nivel, se inclinan por mantener como cooficiales las variedades, las modalidades lingüísticas. Es decir, que no nos estamos inventando desde aquí una casuística: la casuística existe; el territorio aragonés es muy complejo, porque al hecho lingüístico se superpone el hecho político de cómo se vive esta realidad lingüística desde una perspectiva política, y eso es inseparable, y hemos de analizarlo en el mismo paquete.
Comprenderán, por tanto, señorías, que, cuando la realidad es así de plural, la realidad lingüística, cuando nos encontramos con municipios en los que se opta claramente por la cooficialidad de las modalidades normativas y en municipios donde se opta claramente por la cooficialidad de las modalidades lingüísticas propias de ese término municipal o de ese valle o de esa pequeña entidad comarcal, la ley de lenguas de Aragón no podía ni prescindir de unas ni prescindir de otras, no podía hacerlo, además, sin preterir los derechos de los hablantes.
Esto nos lleva a una cuestión fundamental, que yo quiero hoy plantear aquí a sus señorías. El Estatuto de Autonomía, dada la complejidad existente en Aragón, está invitando a un gran consenso para regular las cuestiones anteriores. Existen matices, y lo hemos comprobado gracias a los estudios sociolingüísticos, pero, sobre todo, existen discrepancias de principio. Hay valles pirenaicos que no quieren ni oír hablar de las variedades normativas, de las lenguas normativas, y nos consta, y sus municipios y sus ayuntamientos se han pronunciado en pleno, y han dicho que la modalidad, en el mío o en Benasque, lingüística que ese ayuntamiento quiere cooficial: el benasqués o el cheso. Y hay municipios donde, por mayoría absoluta -Fraga, por ejemplo-, han dicho justamente que es el catalán la lengua que entienden que debe de ser cooficial; como en Zaidín han dicho otra cosa, en Tamarite han dicho otra cosa...
Es decir, que hay una gran variedad de percepciones de este problema, no hay una postura única, y, entonces, el problema que tiene el Gobierno de Aragón es que la realidad, como digo, es compleja, la realidad es diversa, la realidad es heterogénea, desde el punto de vista de los principios, y no es homogénea, lo suficientemente homogénea, como para que podamos, sin más, remitir a esta cámara un proyecto de ley para después discutir de los matices.
Ése es el hilo conductor que voy a mantener a lo largo de estos minutos.
Esta ley requiere de un gran consenso, porque es una ley que se hace para perdurar, exactamente igual que una constitución o un estatuto no pueden tener como horizonte temporal el de la legislatura, sino que se hacen desde el gran acuerdo, como un traje que se puede llevar confortablemente, independientemente de la coyuntura política y, por tanto, requiere -como digo- de ese gran consenso capaz de establecer un acuerdo sobre los principios. En ese momento, les aseguro a ustedes que, una semana después, el anteproyecto de ley está remitido a esta cámara, para que la cámara regule después los matices legítimos de divergencia.
Pero, cuando se tiene una discrepancia de principios tan grande, es absolutamente imposible. Y -repito-, ante esto, hay dos posturas: todas las alegaciones, las tres mil y pico alegaciones, en el fondo, son dos alegaciones. Se pueden resumir en dos: como los mandamientos de la ley de Dios se resumían en dos, pues las alegaciones también se pueden resumir en dos.
Primera postura: la de quienes creen que no se puede hacer un proyecto de ley determinando la cooficialidad sino de las lenguas normativas; una postura que todos sabemos que mantiene, por ejemplo, el Grupo Chunta Aragonesista, y que generalmente se mantiene, más bien, desde posiciones de izquierda: solamente cooficialidad de las modalidades normativas, es decir, del aragonés y del catalán.
Y, en el otro extremo del espectro político, se sitúa el Partido Popular, donde -ya lo acaba de decir su portavoz en esta ocasión, doña Marta Calvo, y conocido por las intervenciones habidas en los medios de comunicación- las variedades normativas no deben ser cooficiales (cooficial, nada), y lo único que hay que hacer es una política de protección de las modalidades lingüísticas propias. Ése es, en definitiva, el sentido de lo que aquí se ha dicho; aquí no se ha hablado de cooficialidad, sino de política de protección de patrimonio, si no hemos entendido mal -me corregirán, por supuesto-, de política de protección de las modalidades lingüísticas propias, es decir, del ansotano, del cheso, del tensino, del belsetano, del benasqués, del fabarol, del tamaritano, etcétera; no de las variedades normativas.
Hay dos posturas, que son dos discrepancias de principio, entre las que no es posible todavía el consenso, porque eso es el agua y el aceite. Nosotros hemos hecho un anteproyecto de ley que, en la literalidad del Estatuto, habla de lenguas y de modalidades lingüísticas; reconoce la existencia de lenguas que normativizará el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón...
Es decir, perdone, señora Calvo, que le corrija una afirmación que ha hecho antes, diciendo «dando por buena una lengua normalizada hace siete años». No; si han leído ustedes -que yo sé que sí- el anteproyecto de ley de lenguas, habrán visto que, precisamente, la función del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón es proceder al proceso de normativización del aragonés. Por lo tanto, no se da por buena ninguna variedad normativa hasta el momento presente. Ustedes sí la dieron por buena, porque durante el mandato de mi antecesor pusieron clases de aragonés, y no del habla del campo de Jaca, que existe; el profesor Buesa Oliver escribió un precioso pregón de las fiestas de Jaca en aragonés del campo de Jaca. No, no; ustedes pusieron cursos de aragonés en Jaca, en Biescas, en Sabiñánigo..., de aragonés normativo, según el Consello de la Fabla Aragonesa.
Son ustedes los que están dando carta de naturaleza en ese acto a la normalización hecha ya antes por el Consello de la Fabla Aragonesa; no es nuestro caso. Nosotros hemos dicho: reconocemos, igual que en el Estatuto, las lenguas y modalidades lingüísticas. Se reconoce, por tanto, una zona de utilización predominante, porque es el criterio del Estatuto. Debíamos hacerlo; si no, estaríamos fuera del Estatuto.
Y ¿cómo se definen las zonas de utilización predominante? Pues hemos definido una zona de utilización predominante del aragonés y una zona de utilización predominante del catalán. Y, dentro de esas zonas de utilización predominante, no se hacen excepciones; en toda esa zona hay una continuidad espacial, en toda esa zona es cooficial el aragonés o el catalán. Pero, dentro de esas zonas, interpretando la literalidad del Estatuto e interpretado también el dictamen de política lingüística, que, en sus conclusiones, señalaba la necesidad de compatibilizar las lenguas normativas con las variedades vernáculas -creo que se decía entonces esa palabra así, literalmente, aunque cito de memoria-, bueno, justamente dentro de esas zonas de cooficialidad, se permite a los ayuntamientos, por mayoría absoluta (de manera que se impida el cambio entre una legislatura y otra), que, además de la variedad cooficial normativa aragonés o catalán, en esos municipios (por ejemplo, en Ansó, en Echo, en Bielsa o en Benasque), puedan, además, proclamar que, por mayoría absoluta, por mayoría de dos tercios (es el listón), la variedad cooficial del aragonés será el cheso, el belsetano o el benasqués.
Ésa es la única manera de cumplir escrupulosamente con el Estatuto de Autonomía; pero, señorías, es la única manera también de situarse en ese término medio desde el que es posible el acercamiento de las dos posturas maximalistas extremas: o sólo lenguas normativas o sólo modalidades lingüísticas.
Ésa es la realidad. Por lo demás, y sin ánimo de entrar en un debate jurídico, que no lo haré, porque yo sé en qué terrenos debo meterme y en qué terrenos debo permanecer al margen, ya les he recordado a sus señorías que los dictámenes, cuando son consultivos, son consultivos; el gobierno respeta exquisitamente y agradece el trabajo de la Comisión Jurídica Asesora; pero, a pesar de eso, el gobierno creyó oportuno, en el uso de sus atribuciones políticas, legítimas, trabajar en la redacción de un anteproyecto de ley, siguiendo el mandato estatutario, siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de patrimonio cultural aragonés, que ya sé que ustedes no votaron, pero que tampoco recurrieron.
Porque, claro, recurrir es otra cosa. Una cosa es votar en Cataluña la ley de archivos, como si fueran el partido más catalanista del mundo, y luego reclamar desde aquí la inconstitucionalidad. Hay que ser un poco coherente con estas cosas: si se dice que no, después hay que recurrir... No ha sido recurrida. Yo creo que ya se les ha acabado el asado para recurrir esa ley, ¿no? Podrían haberlo hecho, y nadie se hubiera escandalizado: «El Partido Popular recurre la disposición adicional segunda de la Ley de patrimonio cultural aragonés porque habla de cooficializar el aragonés y el catalán». Pues muy bien: ya lo sabemos todos. Pero yo creo que cada uno debe hacer sus deberes en consonancia con su coherencia ideológica. [Un diputado interrumpe al consejero en términos ininteligibles.] Con todo respeto, además, respetadísima; pero, hombre, quiero decir que no ha sido recurrida; podría haber sido recurrida.
Permítanme también que traiga a colación algunas autorizadas opiniones de juristas aragoneses que, en el informe sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que firman los profesores, doctores, Embid Irujo, Delgado Echeverría, Cayón Galiardo y Contreras Casado, en el capítulo tercero, firmado por el profesor Delgado Echeverría, se dice, exactamente, en el párrafo último de la página ciento veinte: «Como quiera que sea, de lo que no hay duda es que la Constitución permite que una comunidad autónoma establezca la cooficialidad de una lengua minoritaria en ella en sólo una parte de su territorio y matizando sus efectos, según se desprende la sentencia del Tribunal Constitucional que acabamos de citar anteriormente». Poco más adelante dice: «Ciertamente, una norma estatutaria como la propuesta en el artículo 7.2 del texto de la comisión no impediría definitivamente la declaración de cooficialidad, pues a ello podría llegarse más tarde mediante una ley de las Cortes de Aragón que reconociera la cooficialidad del aragonés y del catalán en ciertas comarcas aragonesas -y añade, señorías-. Es lo que ha ocurrido en Cataluña respecto del aranés».
El Estatuto catalán tampoco contemplaba, como el aragonés, específicamente, esa posibilidad -mejor dicho: el aragonés lo indica mucho más explícitamente-; pero el Parlamento catalán aprobó la ley de cooficialidad del aranés en el valle de Arán, y esa ley no ha sido tampoco recurrida por el presidente del gobierno de la nación. Por lo tanto, había razones como para pensar que no estábamos violentando nada, cuando actuábamos así; pero, si me permiten más argumentos, les diré que la mayoría de las aportaciones doctrinales hechas por juristas, casi todos ellos profesores universitarios, abundan en la misma argumentación que la sostenida, y que acabo de citar, por el profesor Delgado Echeverría, relativa al artículo 3.2 de la Constitución, señora Calvo, que citaba su señoría, invitándome a sonrojarme, por creer, encima, que estaba dentro del precepto constitucional.
Pues no me sonrojo en esta ocasión: me sonrojan otras cosas, pero no esto. Porque yo creo que no solamente estamos dentro -y lo voy a tratar de apoyar-. El artículo 3.2, como su señoría muy bien ha citado, dice: «las demás lenguas españolas serán también cooficiales en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma»; «serán», no dice «podrán ser». ¿Saben sus señorías por qué no lo dice? Porque la comisión constitucional rechazó expresamente una enmienda de la entonces Alianza Popular, introducida con el propósito de que lo dejase en el margen de la opcionalidad, no de la imperatividad; cuando dice «serán», está denotando imperatividad, de acuerdo con los estatutos. Si dice «podrán ser», quiere decir que lo deja a la discrecionalidad, al entendimiento discrecional de la cámara en cada momento.
Esa aportación es la que hacen juristas tan acreditados como el profesor Agirreazcuenaga, en el trabajo «Reflexiones jurídicas sobre la oficialidad y el deber de conocimiento de las lenguas»; es el caso de otro eminente jurista, Cobreros Mendazona: «Del régimen jurídico de la oficialidad del euskera»; es el caso de Millan i Massana: «La regulación constitucional del multilingüismo», o es el caso de Tolibar Alas: «Las libertades lingüísticas, la cooficialidad en el acceso a la función pública y en el estatuto de los funcionarios».
Es decir, que la mayoría doctrinal consultada entiende que el artículo 3.2 de la Constitución, precisamente, al decir «serán», y no «podrán ser», está invitando a que, por los estatutos de autonomía -y en el caso del aragonés lo dice expresamente- se remita a las Cortes un proyecto de ley de lenguas regulando esa materia. Por lo tanto, no hay dudas al respecto.
Como conclusión, si me permite la señora presidenta, les diré que el Gobierno de Aragón ha elaborado y sometido a información pública un anteproyecto de ley de lenguas, en línea con el Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con las conclusiones del dictamen de política lingüística habido aquí, en las Cortes de Aragón, en la pasada legislatura, y de acuerdo también con no pocas de las leyes recientemente aprobadas por las Cortes de Aragón y, como hemos visto antes, casi todas por unanimidad: además de la de patrimonio cultural, la de carreteras de Aragón, la de directrices generales, la de sucesión por causa de muerte o la de administración local de Aragón. En todas se habla de «lenguas y modalidades lingüísticas», es decir, se habla del aragonés y del catalán, y se habla también de esas dieciséis o diecisiete lenguas que constituyen un auténtico tesoro. Se habla de unas y de otras. En todas esas leyes se habla de zonas de utilización predominante, que hay que definir, y hay que definir con gran consenso.
Yo estaría dispuesto a admitir ante esta cámara que la fórmula de dejar a los municipios que regulen esa especie puede no ser la adecuada, y que deben ser las Cortes -lo acepto-; pero, entonces, lo que estamos exigiéndonos todos es un consenso todavía mayor, porque, precisamente, dado el grado de discrepancia existente en los distintos territorios, deberíamos llegar a un consenso de principio que no haga materia de negociación política esto. Las negociaciones políticas vendrán después. Tiene muchísimos matices, muchísimos recovecos, que tendrán que mejorar, evidentemente, muchísimo a lo largo del trámite parlamentario; pero, cuando hay discrepancias de principio, espero que seamos capaces entre todos de ir aproximando posturas que hagan posible la presentación de este anteproyecto de ley antes de que termine la legislatura.
La ley de lenguas -repito, señorías- requiere de un amplio consenso, como lo requiere la aprobación de un Estatuto de Autonomía, puesto que es una ley que se hace para perdurar más allá de una legislatura: un consenso sobre los grandes principios, y un consenso, sobre todo, que debe ponerse de acuerdo en dos cosas: o bien obviamos el Estatuto de Autonomía, o, si consideramos que el Estatuto de Autonomía es la única fuente última de legitimidad, de que todos estemos aquí y que además estemos tratando de poner en marcha un anteproyecto de ley de lenguas, que seamos capaces de contemplar en la ley modalidades lingüísticas y lenguas, porque de unas y de otras habló el legislador al redactar y aprobar el Estatuto de Autonomía, que además fue refrendado después por las Cortes Generales. Las Cortes del Reino de España refrendaron con su voto las lenguas y las modalidades lingüísticas, no sólo las modalidades lingüísticas. Esta ley es una ley orgánica, aprobada en las Cortes Generales del Reino.
Sin ese acuerdo de principio, el proyecto de ley no serviría sino para alimentar un debate estéril, que agudizase todavía más las opiniones encontradas al respecto, y tengan sus señorías la convicción de que este gobierno no remitirá nunca al parlamento una ley que sirva para dividir a los aragoneses. Las leyes se hacen para unir, las leyes son las argamasas de la sociedad, no los disolventes; por lo tanto, señores del Partido Popular, sepan que la ley de lenguas no se va a hacer, no ya contra el Partido Popular, sino sin el Partido Popular.
En ese consenso, señores del Partido Popular, tendremos el enorme placer de encontrarnos con ustedes para caminar juntos en la misma dirección, que es la del Estatuto, que no estamos forzando ni violentando el Estatuto. [Murmullos.]
Permítanme, para terminar, que lea el discurso de un gran intelectual, George Steiner -si es que el señor Bernal me deja pronunciar a la alemana, debido al origen judío-austriaco del citado en esta ocasión-, que, en el discurso de gratitud al recibir el premio Príncipe de Asturias, en el Teatro Campoamor, el viernes pasado, decía, ante su Alteza Real el Príncipe de España, lo siguiente: «No son menos evidentes los peligros, las pérdidas -refiriéndose al patrimonio lingüístico-; cuando muere un idioma, muere con él un enfoque total, un enfoque como ningún otro de la vida, de la realidad y de la conciencia. Cuando un idioma es arrasado o reducido a la inutilidad por el idioma del planeta, tiene lugar una disminución irreparable en el tejido de la creatividad humana, en las maneras de sentir el verbo “esperar”. No hay ninguna lengua pequeña. Algunas lenguas del desierto de Kalahari tienen más matices sobre el concepto de futuro, del subjuntivo, que aquellos de los que disponía Aristóteles. Lejos de ser una maldición, Babel -también se ha criticado aquí o se ha dicho: esto parece que va a dar lugar a la Torre de Babel, tanta lengua, tanta modalidad lingüística; bueno, pues oigamos al profesor Steiner-, lejos de ser una maldición, Babel ha resultado ser la base misma de la creatividad humana, de la riqueza de la mente que traza los distintos modelos de la existencia. He intentado demostrar esto en toda mi obra. De modo incluso más drástico que la actual destrucción de la flora y de la fauna, la eliminación de las lenguas humanas (se calcula que podrían quedar unas cinco mil, de las veinte mil que existían hasta hace poco), amenaza con vulgarizar, con estandarizar los recursos internos y sociales de la raza humana -termino ya, señora presidenta-. Por lo tanto, no me consta que haya un problema más urgente que el de la preservación del don de las lenguas del Pentecostés, el de la defensa e ilustración, por usar una expresión conocida del Renacimiento, de cada idioma sin excepción, por muy reducido que sea el número de sus hablantes, por muy modesta que sea su matriz económica y territorial.»
Señorías, es absolutamente necesario y urgente que esta comunidad autónoma encuentre el clima de consenso, el clima de sosiego intelectual necesario para hacer posible una ley que no puede ser viable sino desde el consenso, y en el consenso todos habremos de ceder algo.
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señor Callizo.
Señora Calvo, es su turno de réplica.
Ha estado hablando durante buena parte de su intervención del acuerdo necesario para la presentación de este proyecto de ley. No sé, desde aquellas palabras en el mes de febrero del año 2000 en el Pleno, en qué habrá contribuido y qué tiempo le habrá dedicado desde entonces usted mismo a alcanzar alguna proximidad en las posturas o a intentar alcanzar algún acuerdo. Desde luego, ese tiempo (que no sé si lo ha utilizado para aproximar posturas, como le decía) sí ha contribuido para llevarle a usted a una total transfiguración.
No sé en qué habrá avanzado desde la presentación de este anteproyecto de ley a la hora de aproximar posturas, y no sé -me gustaría saberlo, señor consejero- cómo ha contribuido la presentación, la puesta o el sometimiento a información pública y qué pasos ha dado usted mismo y el gobierno para acercar posturas.
Durante la mayor parte de su intervención ha intentado justificar lo injustificable, que es esa transfiguración que usted ha experimentado, por mucho que usted lo niegue. Creo que sus palabras eran elocuentes, y tanto o más que aquéllas han sido las de hoy. Y ha pretendido justificar ese cambio de postura planteando las diferentes visiones que se pueden tener, polarizando la cuestión en cuanto al tratamiento de las lenguas o al tratamiento de las diversidades lingüísticas. Sabe que no van por ahí los tiros; sabe que ése no es el núcleo de las discrepancias que puedan existir, sino que las principales discrepancias que pueden existir, desde el punto de vista político (y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social), las principales dificultades radican en la diferente visión que se tiene en cuanto a la diferencia que existe entre dotar de una especial protección y garantizar la enseñanza y los derechos de los hablantes, en zonas de uso predominante, que es lo que establece el artículo siete del Estatuto de Autonomía, y el proclamar la cooficialidad de las lenguas. No existe diferencia en cuanto a la utilización o a las medidas que se puedan adoptar polarizando la cuestión entre lenguas y modalidades lingüísticas.
Desde luego, cuando ha estado haciendo referencia al historial y a los antecedentes que existen en estas Cortes, cuando usted intervino en febrero del año 2000, igual que cuando presentó el anteproyecto de ley, igual que ahora, usted ya conocía el historial de las Cortes, y, cuando presentó este anteproyecto de ley, ya conocía sobradamente cuál era la postura del Grupo Parlamentario Popular.
Nos decía que es un proyecto de ley que requiere de un gran consenso -y nosotros, desde luego, estamos de acuerdo-, y que existen discrepancias tan grandes de principio que en estas condiciones sería imposible presentarla. Bueno; como le decía, usted conoce que el Grupo Parlamentario Popular emitió un voto particular en solitario al dictamen de la comisión especial de política lingüística. Conoce que en la Ley de patrimonio presentamos y mantuvimos hasta el Pleno dos votos particulares: uno, concretamente a la enmienda ciento noventa y cuatro, de Chunta Aragonesista, que fue apoyada por el resto de los grupos, por la cual se establecía la disposición adicional segunda. Y sabe que presentamos ese voto particular en el último momento porque habíamos estado intentando, durante toda la ponencia, lograr un acuerdo que al final fue imposible alcanzar porque la diferencia era de carácter previo y era de carácter conceptual.
Nos decía que un proyecto de ley de lenguas, sin un acuerdo previo sobre las bases, solamente serviría para alimentar diferencias entre los aragoneses y para propiciar debates estériles. Quiero, señor consejero, que me responda a esta pregunta: ¿para qué ha servido el anteproyecto? ¿Para qué ha servido el sometimiento a información pública de este anteproyecto, y cuál ha sido la finalidad de dar a conocer este anteproyecto, y de dar a conocer este anteproyecto en estos términos? Porque, redactado en estos términos, usted sabe perfectamente que las diferencias son sustanciales, que las diferencias políticas son insalvables. Si sabe que el proyecto de ley traído a las Cortes en esas condiciones propiciaría debates estériles y diferencias entre los aragoneses, ¿para qué ha servido y cuál era su finalidad al dar a conocer públicamente el anteproyecto de ley en estos términos?
Señor consejero, está intentando algo que, políticamente, pues, bueno, puede ser legítimo, pero desde luego nosotros no podemos compartirlo y yo me encuentro en la obligación de denunciarlo. Ustedes, en el pacto de gobierno firmado entre el Partido Aragonés y el Partido Socialista, establecieron la presentación de un proyecto de ley de lenguas. Si ahora no va a presentarlo ante esta cámara, no utilice al Partido Popular, no utilice al Grupo Parlamentario Popular como excusa para tapar la incapacidad o la falta de valentía del Gobierno de Aragón para llevar adelante aquellos compromisos que asumió ante no sólo sus votantes, sino también la sociedad aragonesa.
Nos decía, terminaba su intervención, prácticamente, diciendo que es necesario y urgente crear ese clima de sosiego intelectual, que es necesaria la regulación mediante un proyecto de ley de lenguas; si lo considera así, no entendemos por qué pretende utilizar al Partido Popular como excusa para no presentarlo en la medida en que no existe un consenso.
Sabe, señor consejero, que en otros ámbitos de la política del Gobierno de Aragón éste no ha pretendido, no ha alcanzado, no ha utilizado nunca acuerdos con el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de esta legislatura. Y no ha intentado alcanzar acuerdos en cuestiones que son de política de Estado en esta comunidad autónoma, simple y llanamente, porque no los ha pretendido y porque no los ha pretendido buscar. Entonces, realmente, resulta curioso que, pretendiendo alcanzar un acuerdo o unos mínimos básicos de consenso con el Partido Popular, presente el anteproyecto, lo someta a información pública en estos términos y, además, pretenda utilizar al Partido Popular como excusa para no presentarlo.
Señor consejero, si realmente está convencido de que el anteproyecto de ley que ha sometido a información pública se ajusta a lo establecido en el artículo tres de la Constitución española; si realmente está convencido de que no sobrepasa y que se ajusta a lo establecido en el artículo siete del Estatuto de Autonomía de Aragón; si realmente cree que el anteproyecto de ley de lenguas que ha sometido a información pública se ajusta a la situación sociolingüística real de Aragón; si está convencido de todo ello, no entendemos, señor consejero, por qué no lo ha presentado ya como proyecto de ley.
Dice que es necesario alcanzar acuerdos. Sabe perfectamente que en el trámite parlamentario en esta ley, como en cualquier otra, pueden ocurrir dos cosas (lo mismo que ocurre siempre): que se acerquen posturas o que los grupos que comparten una única postura, como hasta ahora han venido compartiéndola, la lleven adelante y el Grupo Parlamentario Popular defienda su postura en solitario. Estamos acostumbrados a hacerlo en esta materia; no tenemos ningún problema en seguir manteniendo nuestra postura en solitario; por lo cual, presente el proyecto de ley y, en el trámite parlamentario, como en cualquier otro proceso normativo, suponemos que llegaremos a alcanzar acuerdos, o a lo mejor no. Pero, desde luego, señor consejero, ahora sí, este grupo parlamentario quiere saber cuándo, qué plazos plantea el Departamento de Cultura y Turismo y qué plazos plantea el Gobierno de Aragón para plantear y para presentar a esta cámara el proyecto de ley de lenguas, porque, aparte de ser un compromiso del acuerdo de gobierno PSOE-PAR, además, es un compromiso que el presidente de la comunidad autónoma ha ido aireando y paseando a lo largo de estos dos años.
Nosotros, como sabe -porque conoce perfectamente nuestra postura-, entendemos que este anteproyecto de ley está llegando muy lejos y que, lejos de plantear medidas de protección para las lenguas y modalidades lingüísticas (porque entendemos que ésas son las que constituyen el verdadero patrimonio de Aragón), está consagrando la cooficialidad de dos lenguas y está creando un entramado legal realmente complicado, en cuanto a la normalización de ambas lenguas, un entramado legal que, a nuestro juicio, es equivalente a los textos más radicales que puedan existir en el resto de las comunidades autónomas de este país.
Para el Grupo Parlamentario Popular, señor consejero, el anteproyecto de ley que usted sometió a información pública parece un intento de utilizar la lengua como un factor de identificación nacional. Y nos parece un intento de entregar al nacionalismo un hecho diferencial y un sustento más para poder mantener y para poder dar sentido a su existencia. Desde luego, a nuestro juicio, la unidad aragonesa no se basa ni en factores étnicos ni en factores lingüísticos. Y, desde luego, para este Grupo Parlamentario Popular, la identidad aragonesa nunca se definió en función de la existencia de una lengua común. Si usted lo considera así, nos gustaría que nos lo explicara en su segunda intervención.
Para nosotros, el texto que presentó está excediendo el artículo siete del Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, cuando plantea llevar adelante, ya no sólo en las zonas de utilización predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, sino en el conjunto del territorio de la comunidad autónoma, procesos de inmersión lingüística en la enseñanza -repito-, ya no sólo en las zonas de utilización predominante de estas lenguas y modalidades, sino en el conjunto de la comunidad autónoma.
Y nos parece que excede el artículo siete del Estatuto de Autonomía cuando regula el uso de estas lenguas y modalidades lingüísticas en toda la comunidad autónoma para el procedimiento administrativo. Y nos parece que está excediendo el contenido del artículo siete del Estatuto de Autonomía cuando se establecen, en relación con los funcionarios, las bases del conocimiento de estas lenguas que deben tener para acceder a la función pública en la comunidad autónoma.
Yo no sé, señor consejero, si habrán realizado algún estudio sociolingüístico sobre las hablas altoaragonesas. De verdad que me gustaría que me respondiese también a esta pregunta: si han encargado y han tenido en cuenta algún estudio sociolingüístico para las hablas altoaragonesas, porque en su intervención en el Pleno en febrero de 2000 entendía que era estrictamente necesario un estudio sociolingüístico riguroso en relación con este asunto.
Y también me gustaría saber, señor consejero, si ustedes, si su departamento, a la hora de redactar el anteproyecto de ley que sometió a exposición pública, han tenido en cuenta este estudio sociolingüístico. Es un estudio sociolingüístico encargado y sufragado por el propio Gobierno de Aragón sobre la situación sociolingüística de la zona oriental de Aragón. En él, el 74,6% de los hablantes de la zona oriental de Aragón rechaza la cooficialidad del catalán. Nos gustaría saber qué estudios sociolingüísticos han tenido en cuenta y en qué medida y cómo han interpretado el estudio sociolingüístico que realizó el Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza en la zona oriental de Aragón.
Y también nos gustaría, señor consejero, saber cómo el Departamento de Cultura y Turismo ha interpretado aquella encuesta que realizó y que pasó a doscientos seis ayuntamientos que consideraban implicados en esta cuestión. Era una encuesta que, el 14 de junio de 2000 -como digo-, hacían llegar a doscientos seis municipios.
Y me gustaría saber cómo lo interpretaron, para saber si realmente el Gobierno de Aragón considera que la cooficialidad del catalán y del aragonés es una cuestión que los aragoneses entienden como un problema prioritario, y si, realmente, a la luz de los datos de aquella encuesta, consideran que la cooficialidad es deseada por la mayoría de los hablantes. Lo digo porque, curiosamente, de los doscientos seis municipios consultados, únicamente respondieron ochenta y siete; con lo cual, el interés por responder a su encuesta de los representantes locales de los hablantes en las zonas que ustedes denominan de uso predominante de estas lenguas y modalidades lingüísticas fue francamente escaso. Me gustaría saber cómo interpreta usted que, de los doscientos seis municipios, únicamente le respondieran ochenta y siete, de los cuales, de aquellas respuestas, únicamente fueron válidas ochenta y tres.
De aquellas ochenta y tres respuestas válidas, que representaban el 40,3% de los municipios, el 43,4% no desea la cooficialidad de otra lengua distinta al castellano. Como sabe, le estoy dando los datos que su propio departamento envió a mi compañero y portavoz de esta comisión, señor Contín, a raíz de una pregunta parlamentaria. Es decir, el 43,4%, del 40% que respondió, no desea la cooficialidad de otra lengua.
Por tanto, señor consejero, me gustaría que me respondiera si sus temores o sus recelos a presentar el proyecto de ley se basan exclusivamente en que pretende -no sé si lo pretende; de momento no lo ha demostrado- acercar posturas con el Grupo Parlamentario Popular, o es que realmente no está seguro (ahora, ya, que estamos acercándonos a las próximas elecciones municipales y autonómicas) de que las bases electorales de su partido vayan a estar de acuerdo con este planteamiento.
¿Realmente tienen miedo a presentar el proyecto de ley porque saben que hay una distancia insalvable con el Grupo Parlamentario Popular, cosa que ya sabía desde el momento en que tomó posesión? ¿O es que no está seguro de cómo sus posibles votantes fueran a aceptar ese texto?
Es cierto que el 50,6% del 40,3% que respondió...
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señora Calvo, vaya terminando.
Tenía cinco minutos para la réplica.
La señora diputada CALVO PASCUAL: ¿Cinco minutos?
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Ha pasado un cuarto de hora.
La señora diputada CALVO PASCUAL: Aprovecharé este medio minuto, señora presidenta.
En definitiva, nos gustaría que interpretase los resultados de esa encuesta.
Y, por otra parte, señor consejero, entendemos que en el texto, en el anteproyecto que han presentado, existen graves contradicciones. Y para nosotros es una contradicción difícil de salvar lo que establecen los artículos cinco y seis.
Por una parte, en el artículo cinco, establece claramente cuáles son, a los efectos de esa ley, de ese anteproyecto de ley, las zonas de cooficialidad del aragonés y del catalán, y define claramente una zona de cooficialidad del aragonés, que incluye los municipios relacionados en el anexo uno, y una zona de cooficialidad del catalán, que incluye los municipios relacionados en el anexo dos. Después, en el artículo seis, dice: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los municipios podrán declarar su término municipal como zona de utilización predominante de la lengua o modalidad lingüística vernácula». Parece que ya está reconociendo que el aragonés y el catalán no son vernáculas en aquellos municipios. Eso, de entrada.
Pero nos gustaría que nos explicara cómo piensa que se puede llevar a efecto esa doble cooficialidad y si, realmente, cree que lo mejor es que la cooficialidad en un municipio concreto pueda depender de la configuración que cada cuatro años se produzca en la corporación municipal. A nosotros, realmente, nos parece una cuestión bastante insensata. Nos parece bastante insensato que un ciudadano se pueda poner en relación con su ayuntamiento en fragatí y, en cambio, cuando se relacione con el presidente de las Cortes de Aragón, lo haga en catalán. Y eso nos parece tan insensato como que un muchacho hable en su escuela una lengua distinta a la que, cuando llega a casa, habla con sus padres.
Nos da la sensación de que están pidiendo, señor consejero, un salto en el vacío a los hablantes. Y, desde luego, nos parece, señor consejero, que el texto que sometió a información pública es el triste resultado de los equilibrios que tiene que guardar entre lo que le exige el Gobierno de Aragón y lo que, por otra parte, puedan opinar sus bases electorales.
Desde luego que ésta, señor consejero, es una cuestión delicada, que levanta y despierta muchos sentimientos, muy diversos, muy firmes, sobre todo, en la zona oriental de Aragón, donde sus habitantes se esfuerzan todos los días por demostrar y por reafirmar su aragonesidad, ante presiones lingüísticas, culturales y de otro tipo de su querida vecina comunidad autónoma. Para nosotros, desde luego, resulta muy peligroso identificar la nacionalidad con una lengua y una lengua con una cultura. Si, además, eso lo rebozamos de política -y usted bien decía que hemos venido aquí a hacer política-, pues la verdad es que la situación se complica, y, a nuestro juicio, el anteproyecto de ley que ha presentado puede conducir por caminos más que comprometidos.
Por eso hemos pretendido con esta solicitud de comparecencia llamarle a la reflexión, porque entendemos que una cosa es conservar, proteger y salvaguardar nuestro patrimonio lingüístico, teniendo en cuenta -eso sí- siempre a sus hablantes, que son los que se han encargado de mantener vivas las hablas locales, y otra muy distinta es llegar a modificar la personalidad lingüística de los hablantes a través de una ficción legal. Si quiere que le diga la verdad, a este grupo parlamentario, este anteproyecto de ley le ha parecido un auténtico disparate, un auténtico disparate.
Y sabe y conoce cuál es la postura de este grupo parlamentario...
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señora Calvo, vuelvo a insistir: vaya terminando, por favor.
La señora diputada CALVO PASCUAL: Treinta segundos.
Entendemos que toda política lingüística que se vaya a desarrollar en una comunidad autónoma debe partir del mayor acuerdo posible, pero no solamente el mayor acuerdo posible entre los políticos, sino también entre los hablantes, entre los lingüistas, entre los historiadores, entre los juristas... Y nos gustaría, sinceramente, señor consejero, que nos explicase cuál ha sido el proceso para alcanzar acuerdos en todos estos sectores a la hora de presentar el anteproyecto de ley. Y, como le decía, si está convencido de que se ajusta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, si está de acuerdo en que es lo que conviene a los hablantes y está de acuerdo en que responde y se ajusta a la situación sociolingüística de la comunidad autónoma, nos gustaría conocer el plazo en que va a presentarlo y, por tanto, cumplir el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés.
Señor Callizo, su turno de dúplica a las palabras de la señora Calvo.
Señorías, señora diputada.
La argumentación que su señoría ha esgrimido para justificar esta comparecencia revela con la transparencia de un cristal a todo el Grupo Parlamentario del Partido Popular, porque, en realidad, lo que ustedes no querían -y así lo dicen por lo bajo también: todos lo sabemos- es que haya una ley de lenguas de Aragón. Ésa es la realidad. Sabemos que esta ley les incomoda muchísimo y que incluso tienen instrucciones de Madrid de que ya sólo faltaría, ahora, otra cuestión lingüística en Aragón. Aquí, el agua y, además, esto. [Rumores.]
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Por favor, guarden silencio mientras interviene el señor consejero. Ruego que guarden silencio.
El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SONEIRO): Vamos a ver: cuando se hace comparecer a un consejero con el argumento... Que comparece gustosísimo, porque a mí me gusta venir aquí más que comer con los dedos. Ya lo anuncio, ¿eh? Si fueran inteligentes, no me harían venir tanto, porque yo aquí no sufro; aquí disfruto contestando, debatiendo, porque creo que esto es mucho más divertido que firmar decretos. El trabajo parlamentario, probablemente, es la parte más hermosa de la vida política.
Pero, cuando aquí se viene a hacer comparecer a un consejero, y por toda argumentación subyace el hecho simplemente de «¡cómo se atreve su señoría a plantear un anteproyecto de ley de lenguas de Aragón, cuando el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora dice taxativamente que tal!», está clarísimo que niegan la mayor; lo demás huelga. Lo demás, ya, en realidad, sus señorías no deberían ni discutirlo, para ser coherentes con esa invocación que hacen del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Miren, señorías, luego rebatiré algunas de las cosas que se han dicho con absoluta inexactitud; para no herir a nadie, no quiero hablar de falsedad, pero sí de inexactitud. En algunos casos, manifiestamente, falsedad. Por ejemplo, se ha dicho -creo que estará reflejado en el Diario de Sesiones y en la grabación-, se ha dicho que el anteproyecto de ley no sólo permite la inmersión -con toda esa carga terrorífica, y a los niños se les mete ahí, de hoz y coz, y se les enseña en aragonés velis nolis, quieran o no quieran-, no, sino que, además, en zonas que se sitúan fuera de las de utilización predominante. Pues no es verdad: el artículo veintiséis, por ejemplo, dice: «En las respectivas zonas de cooficialidad para los alumnos cuyos padres o tutores lo deseen -no se está obligando a nadie; por lo tanto, era falso-, se procurará que una parte sustancial de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional se imparta en la lengua propia o modalidad local que corresponda».
En el artículo veinticuatro se habla de voluntariedad: «La recepción de las enseñanzas de las lenguas propias tendrán siempre carácter voluntario». No se obliga a nadie en esta ley, a nadie; lo que pasa es que a sus señorías les ha parecido, en esta ceremonia de la confusión, mucho más demagógico decir que el gobierno está obligando, que tiene reflejos de la ley catalana, de la ley vasca..., ha citado su señoría aquí algunas de las leyes más agresivas en este terreno. No es verdad. El texto no puede ser más moderado. Aquí no se obliga a nadie a nada. En la mejor tradición del Derecho aragonés, se reconocen derechos, no se imponen obligaciones a ese respecto.
Pero, en fin, ésa no es la cuestión, señora diputada. La cuestión fundamental, que creo que hoy nos debe traer aquí, es, verdaderamente, si el Partido Popular está dispuesto a admitir que el Estatuto de Autonomía de Aragón habla de lenguas y de modalidades lingüísticas, no sólo de modalidades lingüísticas. Ésa no es una cuestión que quepa matizar en un trámite parlamentario. Ésa es una cuestión sobre la que debe haber un acuerdo inicial de partida. Yo no estoy escudándome en que el Partido Popular parece tener más bien poco entusiasmo por esta ley, que, en cualquier caso, me parecería legítimo, y no tengo por qué juzgarlo. Yo estoy simplemente constatando que, cuando desde el Partido Popular se está optando exclusivamente por una ley de protección de las modalidades lingüísticas, que, por supuesto, no dará satisfacción al artículo siete del Estatuto, que dice muy claramente «se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes...». Evidentemente, se dice de unas y de otras. Y, si el Partido Popular -le devuelvo la pelota que usted ha enviado a este tejado- está dispuesto a admitir que en Aragón existe el aragonés, el catalán y que hay modalidades lingüísticas, y que, de unas y de otras, se debe garantizar la enseñanza y el derecho de los hablantes, mañana mismo remitimos el anteproyecto de ley a las Cortes. Así de claro. Ésa es la cuestión. No hay otra cuestión. Lo demás es humo; aquí no les estamos echando la culpa, pero es evidente que, si casi la mitad de la cámara no reconoce palmariamente este hecho claramente, el Gobierno de Aragón no va a hacer una ley contra casi la mitad de la población aragonesa, porque esta ley se debe hacer para perdurar en el tiempo, como gran bóveda que nos comprenda a todos, más allá de unas u otras coyunturas políticas. Eso es así, y ésa es la cuestión.
Entonces, yo no sé, señora presidenta, si como compareciente debo hacer preguntas a su vez a la oposición (seguramente, no es el estilo), pero las dejo en el aire para que ustedes las contesten donde crean oportuno. Es decir: ¿está el Partido Popular dispuesto a reconocer que, tal y como dice el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo siete, y tal como dicen otras muchas leyes aprobadas en esta cámara, a veces por unanimidad, las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón deben gozar de protección, pero también se deben garantizar los derechos de los hablantes? Y eso llámenlo ustedes como quieran, pero eso se llama, simple y llanamente, cooficialidad, cooficialidad.
¿Cómo se pueden garantizar los derechos de los hablantes si no hay un marco que haga oficial las relaciones de los individuos con la administración, las relaciones de los individuos con el sistema educativo, las relaciones de los individuos entre sí? Todo eso no se puede entender sin un marco de cooficialidad, de unas y de otras, de las lenguas... Es decir, aragonés y catalán, porque el Estatuto dice «lenguas», no dice «lengua», dice «lenguas», y a mí no me repugna: en una parte de Aragón se habla catalán, y creo que por eso no se es menos aragonés. Hay aragoneses que son profundamente aragonesistas, y lo son en catalán. Así de claro. Y ésa es la cuestión que debemos plantear aquí, no irnos por las ramas de las perífrasis, de los reglamentismos... No, hombre, no, ¡por favor! Yo creo que el debate, para que tenga una cierta altura política, debemos situarlo ahí y que cada palo aguante su vela.
El PAR, en la parte del gobierno que yo represento, y el Partido Socialista, en la parte de nuestro socio, están de acuerdo en lo sustancial. Una ley de lenguas debe hacerse desde el consenso. La señora Calvo ha citado aquí otras leyes que entran en el parlamento, se negocian, se llega a acuerdos... Hombre, no; ésta no es una ley ordinaria, aunque tenga ese tratamiento legal. Ésta es una ley que se hace para perdurar más allá de la legislatura. Es un traje donde todo el pueblo aragonés se debe sentir cómodo. Y la realidad no la estoy inventado yo. La realidad de esto que ustedes llaman disparate, con tanta pasión, lo que recoge es el Estatuto de Autonomía: lenguas y modalidades lingüísticas.
Entonces, les repito a ustedes... Ya sé que hay matices con el resto de los grupos parlamentarios y que podemos llegar a acuerdos, pero hay un acuerdo en el principio. Si ustedes están de acuerdo en los principios, y el principio es que en Aragón se habla aragonés, catalán y todas sus modalidades lingüísticas, mañana mismo inicio los trámites para que el próximo Consejo de Gobierno reciba este anteproyecto de ley. Si no, desde luego, no. Si sus señorías van a utilizar este debate para ocultar el debate que más daño les está haciendo políticamente en este momento, que es el debate del agua, en ese juego, desde luego, no va a entrar el Gobierno de Aragón, así de claro. En ese juego no va a entrar el Gobierno de Aragón. La ley de lenguas no se trae aquí para divertirse. Se trae aquí con voluntad de llegar a consensos. La altura política es si ustedes están dispuestos a llegar a esa altura política: la de reconocer que el aragonés, el catalán, y sus modalidades lingüísticas, están contenidos en el mandato estatutario en su artículo siete. Cuando ustedes vengan al encuentro de la mayoría de la cámara y hagan ese gesto de aproximación sobre los principios, no tengan ninguna duda de que habrá un proyecto de ley remitido a esta cámara.
A continuación van a intervenir los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para formularle aclaraciones y preguntas.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Lacasa, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Lacasa: puede usted intervenir.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Sin duda, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres (este comienzo del siglo XXI lo está siendo), y, en el Año internacional de las lenguas, aparecen continuamente referencias a la desaparición, real y posible, de muchas lenguas minoritarias en todos los continentes, prácticamente, de este planeta. Por lo tanto, esa incertidumbre está ahí y esa inquietud está ahí. Yo, hace poco, leía un titular que me parecía verdaderamente llamativo. Quizá no se ha reflexionado lo suficiente sobre él, pero el titular decía que el catalán podría desaparecer en el 2050. Éste era el titular de referencia en un periódico serio. Por lo tanto, parecía que aquello podía tener cierto interés.
Por lo tanto, la incertidumbre, el temor de la pérdida progresiva de patrimonio cultural y lingüístico existe, en un mundo en el que, por una parte, se da la gran aceleración de las comunicaciones y la gran expansión de las plataformas de dominación del mundo globalizado, y, en ese sentido, se habla de lenguas que tienen un gran futuro, como el inglés (también el castellano, de alguna manera), y otras lenguas que empiezan a plantear su propia incertidumbre en cuanto a su presencia.
Sin embargo, también es cierta la voluntad de los hablantes de seguir conservando su patrimonio cultural, que, como usted ha dicho, efectivamente, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, y que está en la base de todo tipo de desarrollo, desde luego, del pensamiento en su más noble expresión.
También es verdad que la situación que vivimos, y en nuestra comunidad autónoma también lo es, va a ser cada vez más diversa y compleja. Por ejemplo: un fragatino de nuestros días puede perfectamente ser un niño o niña educado en cinco lenguas, pero fácilmente. Pensemos en cualquier hijo de un inmigrante argelino, de un inmigrante magrebí, en general (marroquí o de otras partes), que va a venir a nuestra comunidad autónoma y, lógicamente, va a escolarizarse en castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Probablemente, si damos a luz finalmente esta ley de cooficialidad, puede educarse en catalán, que sería la lengua cooficial de Fraga. Por parte de la ascendencia paterna va a conocer el árabe y, sin duda, también la lengua, mal llamada «lengua de cultura de procedencia» de estos países, que era el francés, e, indiscutiblemente, en la educación obligatoria va a tener como primera lengua extranjera el inglés. Es decir, que, sin forzar ninguna situación, vamos a tener niños y niñas que, sin hacer nada prácticamente, van a tener que dominar o conocer, por lo menos de una forma rudimentaria, cinco idiomas para poder desenvolverse con comodidad en sus vidas cotidianas.
Pero esto -y aludía antes usted a Babel- no es que nos asuste particularmente. Creemos que esto es un signo, si somos capaces de hacerlo de forma civilizada, es un símbolo de progreso y debe inscribirse en ese marco de tolerancia que lo aragonés debería tener a gala predicar.
Desde ese punto de vista, nosotros aceptamos y compartimos sus explicaciones desde todo el punto de vista jurídico, que usted creo que ha dado abundantemente. Es decir, no sólo la posibilidad, sino casi la obligación que tiene esta comunidad autónoma para cumplir su Estatuto de Autonomía, inscrito en el marco constitucional y con arreglo a otras leyes que han venido siendo citadas. Por lo tanto, la necesidad de desarrollar esta ley (la ley que contemple, por supuesto, la protección de las distintas lenguas de nuestra comunidad autónoma) es un elemento que en nuestra opinión no debería ser discutido; debería ser un elemento pacífico a partir del cual deberíamos trabajar.
Y, a partir del cual, ¿cómo trabajar? Pues trabajar por presentar en esta cámara un proyecto de ley de lenguas consensuado, efectivamente, al máximo, consensuado al máximo; pero, cuando hablamos de consenso, yo creo que debemos ser también coherentes. ¿Desde qué punto de vista debemos consensuar? ¡Hombre!, yo creo que debemos consensuar desde la perspectiva, desde la orientación, desde el punto de partida que han ido marcando las Cortes de Aragón. Creo que el punto de partida debe ser ése. De la misma manera que, cuando nos planteamos ahora (y en los próximos días vamos a tener ocasión de desarrollarlo) la necesidad de actualizar, reelaborar un consenso sobre política hidráulica en nuestra comunidad autónoma, prácticamente, todo el mundo dice: «Bueno; hay que partir de los acuerdos de las Cortes de Aragón. En el año noventa y dos se aprobó el Pacto del Agua: hay que partir del Pacto del Agua para, a partir del Pacto del Agua, reactualizarlo a la luz de 2001». Perfecto: ése es un planteamiento coherente. Pues aquí, lo mismo. Vamos a consensuar, pero tenemos que tener un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno; la posición política que han definido las Cortes de Aragón, que para eso están, con todos los votos a favor y algunas abstenciones, ningún voto en contra: el dictamen de política lingüística, que usted recoge en la exposición de motivos del anteproyecto.
Luego ése es el punto de partida. ¡Hombre!, no es un punto de partida indiferente. Es un punto de partida importante. Se reconoce que existen lenguas en Aragón. Desde otra manera dicho, es lo mismo que el Estatuto de Autonomía reconoce, pero, ahora, ya, poniéndoles nombres y apellidos, aragonés y catalán (catalán de Aragón, si ustedes quieren). Creemos que es un punto de partida importante. Por lo tanto, es hablar de cooficialidad y, por lo tanto, hablar de cooficialidad es hablar de oficialidad en general, por supuesto, y otra coincidencia que mantengo con su intervención es hablar de lengua estándar. ¿Cómo se puede hacer una cooficialidad si no manejamos una lengua estándar, que debe ser además definida por una autoridad académica competente? Por lo tanto, eso me parece evidente.
Creemos, sinceramente, que el debate tendría que tener un poco más de altura. Yo creo que pretender plantear el debate en meros términos de protección de unas hablas no es un debate serio, si lo que pretendemos es proteger, preservar y mejorar las lenguas que se hablan en nuestra comunidad autónoma. Sería un planteamiento falso. Es decir, a nadie sensato se le ocurre que la manera de proteger y desarrollar el castellano sea estableciendo y normativizando o reconociendo oficiales al andaluz, al murciano, al baturro -no sé si cabría hablar de esta expresión-, al peruano, al dominicano... No sé en qué cabeza cabe plantearse el desarrollo de una lengua, si no se quiere ir a la desaparición de la misma, si lo que se hace es fragmentar y, por lo tanto, impedir la comunicación entre hablantes. Yo creo que eso es una auténtica barbaridad.
El único punto de partida es tener una lengua normativa, a partir de la cual hay enormes variedades dialectales, enormes variedades en las hablas. Pero es que esto pasa en el castellano. ¿O es que, cuando hablamos con un andaluz...?: ¡anda, que no tenemos dificultad, a veces, para entendernos!, ¿verdad? O cuando hablamos con un cubano o cuando hablamos con quien sea. Hay enormes diferencias, enormes variedades. Por lo tanto, en otras lenguas también es lógico que haya enormes diferencias y enormes variedades, y haya que respetarlo. Al cubano no le pedimos que varíe su modalidad al hablar y al andaluz, tampoco, no le exigimos que hable con un único vocabulario estándar o con una única entonación. Creo que todos entendemos perfectamente esta capacidad.
Recientemente, en el Congreso sobre la lengua castellana celebrado en Valladolid, hubo una magnífica intervención de Carlos Fuentes. Yo creo que fue magnífica su expresión. No la voy a reproducir aquí -tenía el recorte, pero no la voy a reproducir-. Cuando él llegó a un momento determinado de su discurso, se pone a hablar en el idioma... es castellano, pero que se habla en la calle todos los días, probablemente, en México, distrito federal; algo absolutamente ininteligible para un castellanohablante de esta parte del Atlántico. Pero, automáticamente, lógicamente, traduce esa expresión -digamos- vulgar o cotidiana al castellano culto, y todos podemos entendernos.
Quiero decir que es lógico. La Real Academia es una, y ahí están todos. Es decir, hay academias en todos los países, pero hay una única voluntad de tener una gramática, un vocabulario aceptado por todos. Eso es así. Y, a partir de ahí, las variedades locales, por supuesto, existen; pero, sin una lengua proclamada y sin una lengua definida y normativizada, es imposible poder salir adelante.
Por lo tanto, ese punto de partida no puede ser discutido, porque, si no, realmente, no podemos hacer nada, y, dicho de una manera implícita, estamos obligando a la desaparición de todas las lenguas que no sean el castellano en nuestra comunidad autónoma. Quizá sea la pretensión del Partido Popular, que, como partido españolista en el peor sentido de la palabra (pero españolismo rancio, nacionalista, por supuesto que sí: el Partido Popular es el partido más nacionalista que yo conozco en este país, el más nacionalista, sólo que de la nación del imperio)...
Y, por lo tanto, en ese sentido creo que deberíamos ser claros en que ese consenso es básico, a partir del dictamen de política lingüística, con el diálogo con todos los grupos parlamentarios que se quieran sumar a él, y, por supuesto, también un diálogo social que permita traer el proyecto con el máximo consenso posible.
Pero, desde luego, hay que denunciar a las minorías de bloqueo. Si existen minorías de bloqueo, hay que denunciarlas. El consenso -así está definido en las reglas de cómo se toman decisiones- nunca puede ser impedido por una minoría de bloqueo. Si alguien piensa que, ejerciendo su minoría de bloqueo, permite obstaculizar no lo que podría ser el acuerdo de la mayoría, que sería secundario, sino lo que es la supervivencia de una lengua y los derechos de los hablantes, creo que eso sería una situación muy perjudicial y que habría que denunciarla con enorme contundencia y con enorme rotundidad.
En todo caso, sí que nos apuntamos, e intentaremos colaborar desde Izquierda Unida, a ese consenso que nos reclamaba el consejero; sobre todo, cuando abría la puerta a una posible fórmula que mejorase algunos de los aspectos del anteproyecto de ley, que nosotros consideramos todavía mejorables o deficientes en alguna medida. Por ejemplo, cuando hablamos de esa... Yo definiría ese artículo seis, de modalidades o variantes locales, a expensas de los acuerdos de los municipios, como algo excesivamente confuso y artificioso, que, además, puede dar problemas operativos.
Es decir, en eso sí que hay un único punto de coincidencia con la intervención del Partido Popular. Someter a que cada cuatro años -incluso menos, si pensáramos que pudiera haber hasta mociones de censura en los ayuntamientos por cuestión de definir o no la lengua oficial, y ya sabemos que eso puede ser utilizado en esa dirección-...; creemos que hacer depender de decisiones cada cuatro años, si lo que se habla en un sitio es el aragonés, si lo que se habla en un sitio es el chistabín, o si lo que se habla en un sitio es solamente el castellano, pues, realmente, es algo complicado, es algo que introduce tensión política, que debe ser resuelto de una vez por todas con un acuerdo parlamentario y, por lo tanto, marcar la posición política, escuchadas todas las partes, y debe haber un acuerdo que defina cuál es la posición, y, por lo tanto, eliminar del día a día de la conflictividad municipal este asunto, porque, si no, amenaza con enrocarse y reproducirse como una hidra cada legislatura o, incluso, cada menos tiempo.
Además, sería algo parecido a que, en el proceso comarcalizador, los municipios estuvieran continuamente decidiendo si entraban o salían de las comarcas. Está muy acotado. Hay unos procesos muy complejos para poder salirse del mapa comarcal, porque entendíamos todos que era imprescindible definirlo, y hubo un esfuerzo, y se definió en un Pleno celebrado en la ciudad de Huesca -recordamos todos- cuál era el mapa comarcal de Aragón y, a partir de ahí, puede haber cambios, pero son muy difíciles de producir y, desde luego, no dependen de la voluntad exclusiva de un ayuntamiento.
Creo que en esa dirección todos podemos entender un elemento de encuentro y un elemento, posiblemente, de mejora. En ese sentido, yo creo que lo que usted planteaba al final de su intervención podría ser una buena idea. De la misma manera que podemos llegar a acuerdos sobre las zonas de uso predominante, podemos llegar a acuerdos. Ahí aparece un anexo, en particular un anexo muy nutrido, que es el anexo «lista de municipios que pueden ser declarados zonas de utilización predominante de su respectiva lengua o modalidad lingüística propia o zonas de utilización predominante del aragonés normalizado» (anexo uno), y hay una relación muy extensa de municipios.
Nosotros suponemos que habrá argumentos sociolingüísticos detrás; pero, verdaderamente, causa cierta sorpresa la lista tan extensa en el uso del aragonés como uso predominante, porque aquí se está hablando de un uso predominante, cuando nuestra impresión, desde luego, constatada en algunos casos con presencia física, es que no es de uso predominante esa lengua en muchos municipios, porque prácticamente se lleva a desarrollar en todo el alto Aragón esa propuesta de cooficialidad.
Y creo que hay que ser serios, porque la propuesta de cooficialidad es algo que implica muchas cosas. Nosotros somos fervientes defensores de las propuestas de cooficialidad, y, allí donde se decrete, donde cerremos el acuerdo parlamentario para decir «allí está la cooficialidad», es importante, porque, a partir de ahí, se toman decisiones administrativas, decisiones que vinculan a funcionarios, decisiones de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero hay que definirlas en las zonas de cooficialidad donde realmente el uso sea predominante; donde no lo sea, creo que sería abrir un problema excesivamente grande.
Y, donde no lo sea, no quiere decir que se haga todo lo posible desde una política cultural, ahora, para dar a conocer..., porque todos tenemos -yo diría- no sé si la obligación jurídica, pero sí, por lo menos, moral y cultural, de intentar conocer el patrimonio cultural lingüístico aragonés, y, desde luego, algunos que disfrutamos de la lectura en catalán, por lo menos, también estamos interesados en conocer si un día podremos con la otra lengua aragonesa, como es el aragonés.
Pero eso es algo que puede quedar para el conjunto del territorio aragonés; creo que es bueno discernirlo, sin entrar en la confusión, que planteaba antes el Partido Popular, porque no se habla de inmersiones, porque en el conjunto del territorio hay una potestad y una necesidad de proteger y de dar a conocer el patrimonio lingüístico, pero hay unas zonas donde va a ser oficial, y eso es muy importante, porque los actos institucionales, los actos administrativos, van a ser en esa lengua, las traducciones van a ser necesarias, los funcionarios deberán conocer esa lengua, la enseñanza podrá ser sustentada en estos idiomas. Por lo tanto, ahí también tendremos que provocar, seguramente, un consenso que sea, además, un consenso razonable, y un consenso moderado. Y utilizo estos términos porque no creo que ésta sea una cuestión para andar tirándosela a nadie a la cabeza.
Y también habrá que consensuar el Consejo Superior de Lenguas, porque ahí cumplirá una faceta bien importante, que es la de normativizar definitivamente estas lenguas, es decir, el aragonés y el catalán, en la modalidad que se habla en Aragón.
Por lo tanto, creo que ahí tenemos un reto muy importante; cuente con nuestro apoyo en la medida en que nosotros queremos sumarnos a ese consenso; queremos que se apruebe la ley de lenguas -es nuestra voluntad- en esta legislatura, y queremos hacerlo a partir de los acuerdos parlamentarios, de las leyes del parlamento aragonés y del Estatuto de Autonomía, y, en ese camino, desde luego, nos encontrará y nos tiene a su lado para poder desarrollarlo en el plazo de tiempo más breve posible.
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señor Lacasa.
Señor Bernal, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene usted la palabra.
El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora presidenta.
Bien venido, señor consejero.
Mi capacidad de ingenuidad sigue siendo mayúscula. Dicen que eso mantiene vivo y fresco, ¿no?
Digo esto porque yo tenía preguntas para hacerle, respecto a la comparecencia, a la política lingüística que tiene previsto desarrollar, tenía pensado hacerle varias preguntas en la línea de cómo han ido las negociaciones o cómo van con el Instituto Nacional de Estadística, respecto al cumplimiento de los presupuestos del Gobierno de Aragón. Sabe que se aprobó una enmienda de Chunta Aragonesista a los presupuestos del 2001, para que se hiciera un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, de tal manera que en la elaboración del censo se introdujeran preguntas, respecto a la realidad lingüística aragonesa, etcétera, etcétera.
Ingenuo de mí, no viene a cuento esa pregunta ahora, porque ya veo que los tiros van por otro lado. Tampoco tiene sentido que le pregunte qué modificaciones pensaba introducir el gobierno en el texto del proyecto de ley de lenguas, respecto a las alegaciones que han recibido al anteproyecto, etcétera, etcétera.
Y tenía, incluso, otras joyas de los años setenta, de intervenciones de los grupos de Alianza Popular, en las campañas electorales del País Vasco y de Cataluña (no así de Galicia: Galicia y el castellano deben ser las dos únicas que no tienen problemas); pero toda esa munición la guardo para futuros combates y escarceos, porque veo que la cuestión hoy no va de eso. Hoy la cuestión veo que va de, prácticamente, certificar -y ello me entristece, y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque: lo digo cuatro o cinco veces para que figure en el Diario de Sesiones-, y ojalá me equivoque, pero mucho me temo que, hoy, en esta comparecencia, lo que se está certificando es que, muy probablemente, no habrá ley de lenguas en esta legislatura en las Cortes de Aragón, mucho me temo.
¿Por qué digo esto? Digo esto porque he visto hoy que al Grupo Popular lo que menos le preocupaba era conocer la política lingüística del Gobierno de Aragón. El motivo de solicitar esta comparecencia -y escuchen lo que les digo, y algo creo que sé de este asunto-: creo que les falla el olfato: al Grupo Popular, y también al señor consejero, en este asunto. Porque, al final, veo que de lo que menos quería hablar el Grupo Popular era de política lingüística; de lo que querían hablar era de no sé qué, respecto del nacionalismo, de las señas de identidad que el electorado de ustedes y el nuestro, y falta no sé cuánto tiempo para las elecciones... Yo, viendo ese clima -eso sí que es clima: el señor consejero utilizaba la palabra clima en otro sentido-, me atrevo a decir que ojalá me equivoque. Porque yo creo que la política que se va a desarrollar no le preocupa al Grupo Popular; al Grupo Popular lo que le preocupa es hacer fuegos de artificio. Pero fíjense en lo que les digo: de artificio porque es verdad, señora Calvo, que yo llamé en una ocasión al señor Lanzuela «falla valenciana», porque por fuera estaba muy bien vestido y muy bien plantado, pero ya sabemos cómo son las fallas.
Pues ahora les digo que les van los cohetes valencianos a ustedes -no sé si es la influencia del señor Zaplana-, porque, si ustedes creen que montando una supuesta batalla lingüística, cogen una bandera que tapa el plan hidrológico -¡pobrecito!-... Ahora resulta que hay que tener consenso en política lingüística; pero ¡si esto es peccata minuta! ¿Saben qué partida hay en los presupuestos de la comunidad autónoma para política lingüística? Todos lo sabemos. ¿Saben ustedes cuál es la dedicación que tienen los consejos de gobierno a la política lingüística? ¿Saben ustedes...? La política lingüística, hasta ahora, son -voy a utilizar un eufemismo- escarceos. Escarceos porque no hay política lingüística todavía, no la ha habido en esta comunidad autónoma, por parte, todavía, de ningún gobierno. Ha habido escarceos que apuntarán a una posible, en el futuro, elaboración de una política lingüística.
Como no la había habido, las Cortes de Aragón decidieron, la legislatura pasada, por unanimidad, señora Calvo, fijar una política lingüística. Digo por unanimidad porque el Grupo Popular votó la moción en la que se decía que se creara una comisión especial para fijar la política lingüística aragonesa. Y, hoy, parece ser que se da a entender que la mejor política lingüística es la que no existe. Esto es como el Espíritu Santo -claro, es cuestión de creencias-, la política lingüística parece que es como el Espíritu Santo, que nunca existe, pero política lingüística no ha dejado de existir, ininterrumpidamente, en España y en Europa, desde la Edad Media, ininterrumpidamente, desde la Edad Media.
Es que me hace mucha gracia porque ahora parece que la normativización del castellano, la normativización del francés, la normativización de las llamadas lenguas nacionales en el siglo XVI fueron una palomita que apareció, y, ¡pum!, puso ahí no sé qué, y apareció el castellano, apareció el francés... Todas las lenguas han sido fruto de la normativización, de la normalización y de la política lingüística, pero esa partida la guardo para otro día, también. No voy a profundizar en ese asunto.
Yo no les arriendo la ganancia, señores del Grupo Popular: ustedes tendrán en las elecciones del 2003 los votos que tengan que tener, pero ya les aseguro que ni la parte del león ni la parte importante que ustedes tengan tendrá que ver por lo que ustedes digan respecto a la política lingüística. Y lo mismo le digo a usted, señor consejero: no le arriendo tampoco la ganancia a la posición que parece que hoy he querido ver equilibrada, respecto a... Mire: yo creo que su intervención -luego, el señor Lacasa o la señora Aulló me dirán que no les gusta que haga calificaciones; bueno, yo tengo tendencia a calificar, porque es una obligación de una oposición también calificar- tiene dos partes: una de sobresaliente, en la parte (muy sólida) de los argumentos técnicos que usted ha utilizado, tanto los jurídicos como los lingüísticos (solidez total), y le felicito por los argumentos que hoy ha utilizado: son los argumentos que, algunos de ellos, yo pensaba utilizar; con lo cual, ya no los voy a repetir, porque me alegro de que haya utilizado esos sólidos argumentos. Pero la segunda cara de su intervención es de más debilidad. Solidez en los argumentos, pero le veo debilidad en la política, debilidad en la voluntad política de impulsar una actuación como es ésta.
¿Cuál es la posición de Chunta Aragonesista? Que se cumplan las leyes, que se cumplan. Es que parece que aquí usted da por supuesto, señor consejero, que las leyes que el Partido Popular no aprueba -ya hablaremos, si quiere, con detalle, porque las tengo todas analizadas y estudiadas, así como los votos en ponencia, en comisión y en pleno-..., que algunas de las leyes que regulan esto han sido votadas por el Grupo Popular.
Efectivamente, en la Ley de patrimonio cultural, se abstuvo en las referencias lingüísticas, pero no votó en contra, ni, como ha dicho el señor consejero, las llegó a recurrir, y, si en cada ley que algunos no votamos tuviéramos que empezar a poner follones y decir «que se cumplan las leyes»... Las leyes son elaboradas democráticamente, y yo creo que se tienen que cumplir, y, si digo que se cumplan las leyes, digo que se cumpla el Estatuto. Ya no voy a leer el artículo siete porque lo ha leído, y muy bien, el señor consejero; sí que voy a leer, porque no ha sido leído, el artículo cuatro de la Ley de patrimonio cultural aragonés: el artículo cuatro de la Ley de patrimonio cultural aragonés, sin ningún voto en contra, y remitida a esta cámara por el gobierno PP-PAR, por el consejero -por cierto, luego hablaré del otro consejero- señor Bielza. Fue redactada de la siguiente manera: «Artículo cuatro: lenguas minoritarias: el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas -“lenguas”, “modalidades”-, son una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la administración».
La disposición final segunda profundiza en esa línea, y dice: «Lenguas de Aragón: una ley de lenguas de Aragón -ampliando y reiterando lo que dice el Estatuto- proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán -lenguas minoritarias de Aragón-, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia como a la plena normalización del uso de estas dos lenguas en sus respectivos territorios».
Que se cumplan las leyes. Esta ley fue una ley remitida por el Gobierno de Aragón. Estos textos, cuando se debatieron, en todo caso, no estaban cuestionados por el Grupo Popular. En aquel momento, yo quiero recordar que, en el año noventa y siete, se acordó en estas Cortes el dictamen que fijaba no sólo la ley, sino que se decían más cosas: una política lingüística que fuera más allá de la ley. La ley era el paso número uno; pero luego había muchos aspectos, como bien sabe la señora Calvo, que era miembro de esa comisión especial, en educación, en enseñanza, en señalización, en toponimia, en tantas y tantas cosas sociales, del ámbito social.
Fruto de aquel dictamen, porque yo quiero recordar que en aquel dictamen se pedía, por iniciativa del Grupo Popular -está aquí también el señor Becana, y ahí están los diarios de sesiones y las actas de la comisión especial-, por iniciativa del Grupo Popular -esto sí que es nuevo-, por iniciativa del Grupo Popular, se decía en ese dictamen que, «antes del 31 de diciembre del año noventa y siete, se presente ante las Cortes un proyecto de ley de lenguas» que tuviera por objeto la regulación del uso normal y oficial del aragonés y del catalán. Eso es lo que se dice en el año noventa y siete.
El gobierno del Partido Popular, encabezado por el señor Lanzuela, no trajo ese proyecto de ley. Esta iniciativa fue del Grupo Popular, porque los demás grupos éramos partidarios de dejar de tiempo hasta el 31 de diciembre del año noventa y ocho; pero el Grupo Popular, que iba a la cabeza de la defensa de la política lingüística aragonesa, dijo que no, que para qué esperar tanto hasta el año noventa y ocho, que en el año noventa y siete. Y, fruto de eso, en el año noventa y ocho, se elaboró un anteproyecto -que éste no es el primero, señor Callizo: hubo un anteproyecto anterior, del cual algunos tenemos los textos: la señora Calvo lo tiene, yo también, el señor Becana también-. Y ese anteproyecto de ley fue consensuado por el Gobierno de Aragón y por las asociaciones culturales de defensa del catalán y del aragonés. Fue consensuado. Y hubo allí representantes del Gobierno de Aragón y juristas del Gobierno de Aragón en esas reuniones, en las que se acordó un anteproyecto de ley. Y de ese anteproyecto de ley tenemos el texto. Ese anteproyecto de ley -por cierto, voy a hacer la referencia al anterior consejero- fue impulsado por el señor Bielza.
Señora Calvo, está claro que yo no me he ido de viaje con el señor Callizo, pero no tengo ningún inconveniente. Fíjese: le voy a decir: últimamente hago viajes con el señor Bielza, porque, como estamos, como usted bien sabe, en las ponencias de las leyes de creación de la comarca, cuando tenemos que ir a la constitución de alguna comarca, el señor consejero y vicepresidente del gobierno, que nos distribuye en los coches, me mete siempre con el señor Bielza, y no tengo ningún inconveniente en viajar con el señor Bielza -y usted sabe lo que el señor Bielza y yo hemos tenido en esta cámara y en esta sala-...; pues, si no tengo ningún inconveniente para viajar con el señor Bielza, que impulsó -como digo- esta política lingüística, ¿qué problema voy a tener en ir con el señor Callizo a analizar encuestas lingüísticas y lo que sea? Pero no lo hemos hecho, porque ya ve que está un poco frío en cuanto a traer el proyecto de ley. A lo mejor, en un viaje le hubiera animado más; en todo caso, igual tiene que ir usted, porque, como ve, últimamente, todo el gobierno la requiere. El viernes pasado, la señora consejera de Educación le invitó a bajar juntas las escaleras [sin micrófono, un diputado se expresa en los siguientes términos: «Sin empujar.»]... Sin empujar, claro, y en los coches el señor Callizo tampoco le va a empujar, ni le va a hacer nada. El señor Callizo acaba de ofrecerles también que ustedes estén, porque usted es la niña bonita de las Cortes: la llaman la señora consejera de Educación, el señor consejero de Cultura: todos quieren hacer cosas con usted [risas]..., políticas.
Prosigo tras este paréntesis.
Ley de patrimonio cultural de Aragón.
Ley de carreteras: ésa, sí, aprobada por unanimidad.
La Ley de directrices de ordenación territorial, no votada precisamente por Chunta Aragonesista, porque en buena parte de ella nos abstuvimos, pero votada por el Grupo Popular en todo, incluida la estrategia decimocuarta; la estrategia decimocuarta, relativa al patrimonio cultural para el modelo territorial, y en ésa se habla de la manifestación de la diversidad del patrimonio cultural, de las diferentes lenguas que se hablan en la comunidad... El consejero era el señor José Vicente Lacasa y el inductor de este proyecto de ley, y creo que tuvo que ver en la elaboración, el señor Bielza: las diferentes lenguas que se hablen en la Comunidad Autónoma de Aragón, que deben ser objeto de cooficialidad y ayudas, para su enseñanza y divulgación; reconocimiento del aragonés y catalán legal, etcétera.
Leyes aprobadas en la cuarta legislatura, con el señor Lanzuela presidiendo, con el señor Bielza, con el señor José Vicente Lacasa, salvo el de Sanidad, que era del PAR; todos tuvieron, parece ser, su participación.
Ley de sucesiones por causa de muerte: ¿quién era el ponente del Grupo Popular en la Ley de sucesiones por causa de muerte? El del cobertizo, el de los taparrabos: el señor Cristóbal Montes era el ponente. ¿Saben cuál fue el voto del Grupo Popular a la Ley de sucesiones por causa de muerte? Ni cobertizo ni nada; a la luz pública, en pleno Pleno de las Cortes de Aragón votaron a favor los veintisiete diputados, incluidos el señor Lanzuela y el señor Cristóbal Montes, que era el ponente de la Ley de sucesiones por causa de muerte. También votaron a favor de los tres artículos que se refieren a la necesidad del reconocimiento legal y la cooficialidad del aragonés y catalán, para que puedan testar en aragonés y en catalán los aragoneses y las aragonesas, a lo largo de su trayectoria vital, y pueden testar en aragonés y catalán gracias al voto inducido por el señor Cristóbal Montes a su grupo para que votara a favor; por eso se aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, yo veo que se acercan las elecciones, que todo el mundo empieza a ponerse nervioso, como los caballos en el hipódromo antes de salir, pero, a las claras -y voy a ser complementario en las cosas que ha dicho el señor consejero y no voy a repetir algunas-, queda fundamentado con la intervención del señor Callizo, desde un punto de vista jurídico y lingüístico, cuáles son los problemas, porque, señor Callizo, no le preocupe que el Grupo Popular monte supuestos fuegos de artificio en los próximos meses si usted trajera un proyecto de ley, que ya los han montado igual.
Le guardaré algunos textos del Grupo Popular, de Alianza Popular y del Partido Popular -bueno, todavía no sería Partido Popular-, en Cataluña y en Euskadi antes de que se reconociera la cooficialidad del euskera y del catalán. No tienen desperdicio aquellos textos, y, sin embargo, hoy ya ve: el señor Aznar habla catalán en la intimidad (no sé si con la señora Ana Botella, que creo que no ha dado cursos), pero no hay ningún problema ahora con el catalán, y con el euskera, tampoco: el señor Mayor Oreja -ya lo vieron- incluso aprendió algunas frases.
Por lo tanto, ¿dónde estaba el problema?: en todos menos en el gallego. Eso sí: ahí, don Manuel dijo que allí no había follones, que no se montaban líos, y con el gallego siempre entendieron que el gallego tenía carta de naturaleza, no así el euskera y el catalán.
Efectivamente, sólo una referencia para completar lo que ha dicho el señor Callizo. Fue don Licinio de la Fuente -¿se acuerdan ustedes de aquél? Los representantes de los medios de comunicación, no, porque son muy jóvenes-, ministro franquista, y luego uno de los siete magníficos en Alianza Popular en la legislatura constituyente, fue quien defendió la enmienda a la que se ha referido el señor Callizo, y el Grupo de Alianza Popular en el Congreso de los Diputados era contrario a que el artículo 3.2 de la Constitución dijera lo que dice -ya se ha leído-, y por eso dijeron «podrán ser cooficiales otras» -está el diario de sesiones del Congreso-, y, luego, en el Senado, mantuvieron esa enmienda, perdieron esa enmienda en la votación el Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, porque no querían que fueran cooficiales, sino «podrán ser cooficiales».
Con el texto aprobado en la Constitución, todas son cooficiales, y hay juristas (que hoy no voy a citar, porque supongo que esto aún va a traer más cola y me quiero guardar cosas para el futuro) que reconocen perfectamente que todas las lenguas, precisamente, se diga o no en los estatutos, son cooficiales de iure, y lo único que hace luego la normativa de las comunidades autónomas es fijar el alcance de esa cooficialidad. Porque el título competencial en materia lingüística lo tienen las comunidades autónomas, y lo tienen las comunidades autónomas, precisamente, procediendo directamente del artículo 3.2 de la Constitución, que estaba enmendado por el Grupo Popular.
Por lo tanto, también, desde un punto de vista político, he tratado de demostrar que el Grupo Popular no tiene sostén en el motivo por el que está, supuestamente, oponiéndose a que haya un proyecto de ley de lenguas de Aragón, que está reglamentado, está fijado en toda la normativa aragonesa, e, incluso -como digo-, en el propio origen de la democracia española regulada.
Una única referencia a las modalidades. Nosotros, desde luego, Chunta Aragonesista es defensora de que existan las lenguas y las modalidades, es decir, que se cumplan las leyes. Todas las lenguas -lo he dicho algo así como cuarenta veces ya en estas Cortes, pero lo voy a repetir una vez más-, todas, tienen modalidades, todas, y ¡claro que es bueno fomentar las modalidades! Otro día hablaremos de cómo surgen las modalidades. Hoy no vamos a hablar de por qué surgen. Pero difícilmente podrán sobrevivir... Y aquí sí que hay una falla en el argumento del Grupo Popular. ¿Por qué está el Grupo Popular tan preocupado por las modalidades? Esto es una cosa nueva. En veinte años de proceso autonómico, no les he visto nunca presentar iniciativas en las Cortes para -y son cinco legislaturas ya- que se defiendan las modalidades, nunca les he visto, ni les he visto fomentar el uso de las modalidades. Algunos sí, algunos sí que hemos publicado y editado bastantes libros de autores dialectales, de modalidades lingüísticas.
Pero una cosa es segura: no habrá modalidad lingüística que aguante si no tiene una referencia normativa. Eso es así aquí, en Pekín y en todo el orbe.
Yo, señor consejero, querría decirle que me preocupa un poco el que diga que no habrá ley sin el PP, porque les ha dado el argumento, y usted lo sabe perfectamente, para que no haya ley.
Si usted dice que no hay ley sin el PP, yo entiendo que no habrá ley, quitando la segunda parte: que no habrá ley en esta legislatura. Eso me desesperanza un poco, porque no sé si es que pueden utilizar dos posibilidades: o bien que no llegará a esta cámara el proyecto de ley o, bien, que llegará al final de la legislatura, pero en un momento en que se sabe que luego no se va tramitar. Y se dirá que se ha enviado el proyecto de ley, pero todos sabemos que se hará con la intención de que no haya ley.
Cualquiera de las dos cosas no me parecen bien, porque me parece triste, incluso me entristece en lo personal. Eso significa que la ley encallaría, y, si la ley encalla, la política lingüística por la que le han hecho hoy comparecer hoy no existe. Como he dicho, en todo caso, diríamos que había escarceos de política lingüística -para usar un eufemismo-; porque, realmente, yo creo -y es lo que le pido en nombre de mi grupo-..., sabe que he tenido la mosca detrás de la oreja respecto de que viniera al proyecto de ley o no viniera. He estado en varios foros, fuera de las Cortes, compartiendo debates con los portavoces hoy, aquí, de los distintos grupos, y ellos saben que en cada debate yo me he negado a analizar el anteproyecto de ley de lenguas, y hoy también me voy a negar. Públicamente, hemos dicho lo que pensamos del anteproyecto de ley, pero es que tenía la mosca detrás de la oreja de si habría proyecto, y, como parlamentariamente -y hoy todavía hay más razón para decir esto: estamos en sede parlamentaria-, parlamentariamente, no tienen ningún sentido que nos pongamos a hablar de borradores, cuando haya algún proyecto de ley aquí, hablaremos del proyecto de ley. Entre tanto, lo que se nos está negando es la mayor: no podemos decir cómo queremos que sea la ley si no hay proyecto, o lo podemos decir, pero no sobre un texto parlamentariamente reconocido y registrado.
En consecuencia, tener conversaciones extraoficiales las podemos tener, y debates y lo que quieran; pero, parlamentariamente, yo creo que, por rigor, cuando haya un proyecto de ley, hablaremos de él. Entre tanto, yo sigo a la espera de que verdaderamente haya un proyecto de ley, cosa que comienzo a dudar que pueda hacerse o que se vaya a hacer en esta legislatura, y nada me alegraría más, en lo que queda de legislatura, porque, igual que a usted le gusta más que comer con los dedos venir aquí, a mí me gustaría, más que comer con los dedos, participar en una ponencia en estas Cortes, en esta legislatura, para debatir y para analizar las enmiendas de un proyecto de ley que finalmente fuera aprobado en las Cortes, en el Pleno y tuviéramos, por fin, porque estamos siendo también el hazmerreír... Asturias tiene unas leyes menos desarrolladas que las de Aragón respecto a esto (digo leyes sectoriales), tiene un Estatuto de Autonomía que tuvieron que copiar del nuestro y tiene una ley que regula ya la enseñanza, el uso, el respeto del asturiano, cosa que todavía nosotros no tenemos ni con el aragonés ni con el catalán, y eso me parece muy triste. Yo sé que eso ocurrirá un día, pero me gustaría que fuera lo antes posible y que no sea tarde.
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señor Bernal.
Señora Aulló, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene usted la palabra.
Primero, agradecer al consejero su exposición, como siempre, brillante, en un ámbito, cuando menos, controvertido, y es que la lengua es una materia muy sensible, porque entra en el ámbito, en el cerco de los sentimientos.
La lengua, no cabe duda, une mucho, pero también separa; por eso, estoy con el consejero en que no se puede hacer una ley de lenguas de unos frente a otros, y aquí mismo se ha demostrado que hay distintas posturas, distintas posiciones, respecto a la ley de lenguas.
Voy a expresar varios ejemplos que no son mi opinión personal, sino un ejemplo de la disparidad de criterios que existen: uno importante -y aquí ya se ha nombrado- es lo que dice José Ignacio López Susín, jurista, que comentaba que, en los debates constitucionales -también lo ha dicho el consejero y posteriormente se ha vuelto a nombrar-, se proponía la expresión «podrán ser también oficiales», que luego fue sustituida por la de «serán también oficiales», refiriéndose al artículo tres de la Constitución Española.
De manera que, según Entrena Cuesta (otro jurista importante), a la hora de discutir estatutos, nadie podrá oponerse a la atribución de carácter oficial a la lengua de que se trate, que se proclama ya en aquélla, en la Constitución. Lo que podrá ser debatido es el alcance que a la oficialidad se atribuye en dichos estatutos. Y él ponía el ejemplo del Principado de Asturias, y comenta: «El Principado de Asturias reguló el uso de sus lenguas, las minoritarias, el gallego y el bable asturiano, según norma mediante la Ley 1/1998, de 23 de marzo, en la que, pese a partir del concepto de asturiano como lengua tradicional de Asturias, no declara su cooficialidad, pero sí el derecho de todos los ciudadanos a emplearlo, dándole validez jurídica en las relaciones con la administración».
Yo creo que se ve muy claramente que José Ignacio López Susín es partidario de la cooficialidad y expone, además, unos argumentos que yo creo que son convincentes.
Pero también hay opiniones contrarias. Decía Ubieto, ilustre aragonés, respecto del concepto de «lengua» equivalente a «nación», que este planteamiento no es el correcto, y decía: ahí está el caso de Suiza, que es una nación con distintas lenguas. Y seguía diciendo Ubieto que, apoyándose en la fuerza de la lengua, desde Cataluña, se pretende eliminar todo lo que sean idiomas parecidos al catalán, para reforzar y ampliar su identidad histórica. Parece como si se quisiera unificar la diversa riqueza lingüística a favor de una lengua hermana y preciosa, pero dominadora y excluyente.
Y aún hay todavía más, otro concepto, porque quizá hay quien vislumbra un matiz político, al conocer el interés que tiene la Generalitat de Cataluña en que en la Unión Europea se reconozca el catalán como una lengua oficial, y para ello tiene una estrategia desde hace años, para aumentar el número de catalanoparlantes, como es financiar actividades fuera de la comunidad de Cataluña.
El consejero de Cultura Jordi Vilajuana comentaba que la Generalitat de Cataluña distribuyó en la década pasada, en diez años, mil ciento veintisiete millones de pesetas entre entidades culturales de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares para financiar actividades de fundaciones y asociaciones de promoción y difusión de la cultura catalana.
Todo esto son posturas que hacen que se mantenga esa disparidad de criterios.
Aquí, por ejemplo, en Aragón, se están implantando los casals Jaime I, que quizá sería bueno no olvidarnos de ello, aunque tampoco es el momento de hablar de ellos; lo único reseñable ahora es el objetivo: la creación de casals Jaime I responde al objetivo y la voluntad de articular la sociedad civil de la franja de poniente en torno a dos objetivos: la defensa de la lengua y la cultura catalanas. Esto, quizá, también ha creado un cierto recelo en determinadas zonas, lógicamente, y por ello, quizá, han expresado su forma de discrepancia ante una situación como ésta.
Con esto, señorías, sólo he querido poner de manifiesto las posturas tan diferentes que existen en una materia tan sensible como son las lenguas.
Creo que el anteproyecto de lenguas que maneja el gobierno intenta contemplar las diversas situaciones que existen, que son las lenguas y las modalidades lingüísticas, y no trata de imponer nada, sino de reconocer unos derechos.
Por ello, desde nuestro grupo, coincidimos con el consejero, y pensamos que esta ley debe ser muy debatida, tiene que hacerse el debate con mucha serenidad, con mucho sosiego, y buscando el acuerdo entre todas las partes. Es decir, esta ley tiene que ser totalmente consensuada, por y principalmente por la gran repercusión social que va a tener.
Por tanto, señor consejero, cuente con el apoyo de nuestro grupo para -nos gustaría- llegar a conseguir ese acuerdo, puesto que, efectivamente, las lenguas son algo que vitaliza una nación, un país, una zona.
Nosotros estamos de acuerdo en que ese anteproyecto debería venir a las Cortes y debería obtener el consenso necesario, puesto que no se puede enfrentar a una parte de la sociedad con otra.
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señora Aulló.
Tiene la palabra el señor Becana, del Grupo Parlamentario del Partido Socialista.
El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señora presidenta.
Señor consejero, bien venido a esta comisión en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, un grupo parlamentario que valora el trabajo realizado hasta la fecha por la consejería de Cultura, que valora la presentación del anteproyecto de ley como un documento de trabajo útil y valora, también, la apertura de ese texto a la participación social.
Pensamos que las cosas, en una materia tan sensible como es la política lingüística de nuestra comunidad, se han hecho bien hasta el momento.
También valoramos su intervención esta mañana aquí, en las Cortes de Aragón, en lo que de llamamiento a la unidad, al consenso o al acuerdo político hace a todas las fuerzas políticas que componen este parlamento y por la actitud positiva para facilitar ese acuerdo que ha demostrado al anunciar que está dispuesto a modificar alguno de los aspectos del texto inicial que puedan causar confusión o que puedan causar desencuentro.
Desde esta perspectiva, nuestro grupo considera -y lo ha hecho ya al empezar la intervención- que ésta es una materia muy sensible para toda la comunidad; sensible porque afecta a la identidad colectiva del conjunto de nuestra población, conjunto de aragoneses que, en su gran mayoría, todavía no acaban de entender la pluralidad cultural aragonesa y que, en una minoría, tienen, tenemos, cuestionada nuestra identidad como aragoneses, por el hecho de hablar una lengua materna diferente del castellano.
Para nuestro grupo es dramático que, periódicamente, tengan que aparecer titulares como «nosotros también somos aragoneses». Los habitantes de la franja o de la zona oriental de Aragón que hablan cualquiera de las variables o variantes del catalán estamos obligados, periódicamente, a hacer, a manifestar fe de nuestro aragonesismo, porque éste todavía no es percibido por el conjunto de la población aragonesa.
Esto, para nosotros, señor consejero, es un fracaso, un rotundo fracaso de todos los políticos que estamos en esta cámara, de todos los grupos políticos, porque no hemos sabido operar, no hemos sabido trabajar pedagógicamente con la sociedad aragonesa, para explicar que la sociedad aragonesa en su conjunto es una sociedad, en lo cultural y en lo lingüístico, plural, y que tan aragonés es un fablante de Echo o de Ansó como un hablante de lengua catalana de Tamarite, de Mequinenza o de Calaceite, como lo es un hablante de lengua castellana de Calatayud. Nadie tiene más necesidad que otro de manifestar su aragonesismo.
Yo creo que es injusto que estos titulares se produzcan y que estos titulares, además, se produzcan porque hay quien no quiere salir del conflicto y hay quien se empeña en insistir en que, si se habla de determinada manera, se es menos aragonés que si se habla castellano; hay quien se empeña en insistir en que, si se va a tal hospital o a tal universidad, aunque esté más cercana al domicilio que otras, se es menos aragonés que otros.
Éste es el punto de partida desde el que nuestro grupo querría hacer la reflexión esta mañana: que asumamos todos, conjuntamente, la necesidad de huir del conflicto lingüístico, de trabajar pedagógicamente, con toda la sociedad, sobre todo, para que no se confunda lengua y territorio, para que no se confunda lengua y conciencia de pertenencia a la comunidad aragonesa; porque, si no lo hacemos así, podremos estar produciendo efectos totalmente contrarios a los que estamos buscando.
Hay que decir también y no confundir el falso conflicto entre lengua y modalidad. Sólo hay una forma de hacer fuerte una modalidad lingüística, una manera local de hablar una lengua, que es hacer fuerte la lengua a la que pertenece cada una de las modalidades; es decir, yo no soy experto filólogo, pero todas las modalidades lingüísticas, todas, pertenecen a una lengua.
Solamente hay una manera de hacerlas fuerte, si es que realmente las queremos hacer fuertes y las queremos respetar. Por ejemplo, el Instituto Cervantes, con el español -creo que se ha hecho ya una referencia anteriormente-, está haciendo un trabajo muy serio en hacer fuerte la lengua española o la lengua castellana en el mundo, y, si no lo hiciera, haciendo fuerte esa lengua, la modalidad mexicana, la modalidad cubana, todas las modalidades americanas que están en un contacto directo con el inglés, en estos momentos, habrían desaparecido.
La única manera de hacer fuerte una lengua, una modalidad lingüística, es hacer fuerte a la que pertenecen. No confundamos, no creemos confusión con ello. Que luego hay maneras de mantener la modalidad dentro del sistema lingüístico general, hay maneras, y una de ellas es dignificar su uso, porque, si una lengua, en una localidad o en una comarca, se habla de una manera determinada, con unas peculiaridades determinadas, si facilitamos que esa lengua se use así, así se mantendrá, así se conservará. Ahora bien, si decimos que hablan chapurreao o que no hablan cristiano y que deben hablar, para hablar bien, en castellano, pues entonces estamos creando también un conflicto lingüístico artificial.
La tercera confusión en la que estamos, a veces, incurriendo, yo creo que por intereses partidistas, es en la de confundir a la gente con los efectos de la cooficialidad.
La cooficialidad, el declarar cooficial una lengua, no impone un modelo de política lingüística. Es el punto de partida de partido; luego, cada uno desarrolla su propio modelo de política lingüística. Y los aragoneses podemos y debemos establecer un modelo propio, entre otros motivos, porque tenemos una realidad lingüística peculiar. Por cierto, realidad lingüística que hubiéramos conocido mucho mejor en poco tiempo, en breves días, o en breves meses, si el Instituto Nacional de Estadística hubiera aceptado la colaboración y los recursos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística, si lo que se le ha ofrecido lo hubiera aceptado el INE, y, ahora, en estos momentos, que ha empezado el censo de la población, se hubiera podido incluir en ese censo, donde se pregunta sobre mil asuntos de la vida cotidiana, una pequeña pregunta lingüística. El no incluir eso, esta pregunta, ha sido una decisión unilateral del Instituto Nacional de Estadística -insisto-, a pesar de los recursos y de las ofertas que se le han hecho desde el Instituto Aragonés de Estadística. Por lo tanto, no se reclamen estudios sociolingüísticos que ya están hechos, y se olvide que se ha hecho una dejación de una responsabilidad importante.
Por fin, por ir terminando, yo quiero decirles también, señorías, que huir del conflicto lingüístico no sería una idea original de esta comunidad autónoma, porque ha habido conflictos en otras comunidades autónomas, y se han resuelto. Yo a lo que les invito es a que hagan una pequeña reflexión sobre el último pacto firmado en torno a una política lingüística, que es el «Pacte per Valènçia» y «Els acords per la promoçió de l’us del valençià», que están motivados por lo siguiente -leo textualmente-: «El conflicto esterilizador que se perpetúa entre los valencianos sobre el nombre, la naturaleza y la normativa de la lengua ha ido en detrimento de nuestra lengua».
Esta motivación les lleva a todas las fuerzas políticas valencianas, lideradas por el Partido Popular, a adquirir un compromiso, que es: «queremos acordar un marco compartido para que la defensa y promoción de la cultura y de la lengua de nuestro pueblo quede al margen del enfrentamiento partidista, y se convierta en una tarea común de todos los partidos y de todas las instituciones».
Éste es el texto que se ha aprobado recientemente o el acuerdo al que han llegado recientemente las fuerzas políticas valencianas, en cuyo desarrollo, desde luego, se marca una política lingüística bastante más ambiciosa que la que marca el texto que conocemos del anteproyecto que se ha sometido a información pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Si a esta voluntad de huir del conflicto que ha manifestado el Partido Popular en otros territorios, le añadimos los compromisos adquiridos por el Reino de España publicados en el Boletín Oficial el 15 de septiembre, y firmados por el Rey Juan Carlos y por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, entenderemos o veremos que es mucho más coherente con estos compromisos adquiridos por el Reino de España el texto que acordamos y que aprobamos cuatro fuerzas políticas en el dictamen de política lingüística que aprobamos en la legislatura pasada -digo-, es mucho más coherente este dictamen, este texto, que el voto particular que presentó el único grupo político que se abstuvo en ese dictamen.
Este instrumento de ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias establece un compromiso del Estado español, que dice: «España declara, a los mismos efectos, que también se entienden por “lenguas regionales o minoritarias” las que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan». En un primer punto reconoce las lenguas que son declaradas como oficiales; en un segundo punto reconoce aquellas que están protegidas y amparadas, independientemente de que conste explícitamente la cooficialidad en los estatutos, en los territorios donde tradicionalmente se habla, y, a estas lenguas citadas, dice el texto al que se ha comprometido el Reino de España, «se aplicarán todas aquellas disposiciones de la parte tercera de la carta que puedan razonablemente aplicarse en consonancia con los objetivos y principios establecidos en el artículo séptimo». Y estas disposiciones afectan a la enseñanza, a la justicia, a las autoridades administrativas y a los servicios públicos, a los medios de comunicación, a las actividades y servicios culturales, a la vida económica y social y a los intercambios transfronterizos.
Nuevamente, nos encontramos con un compromiso asumido por el Partido Popular que va mucho más allá de lo que el texto, presentado o trabajado por el Gobierno de Aragón y sometido a información pública, apunta.
En consecuencia, señor consejero, si el Partido Popular de Aragón mostrara un mínimo de coherencia con el Gobierno de España y con la actitud de sus compañeros de partido en otras comunidades, como en Valencia, en Baleares o en Galicia, considera nuestro grupo que valdría la pena anteponer este pacto político, para huir de un conflicto que hace daño en la sociedad aragonesa, quizás, a las prisas por cumplir anuncios temporales que el gobierno ha realizado para presentar este proyecto de ley.
La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias, señor Becana.
Señor consejero, tiene usted la palabra para contestar todas las preguntas que han hecho los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SONEIRO): Muchas gracias.
Con sumo gusto voy a contestar a todos y cada uno en el orden por el que se han producido las intervenciones.
En relación con la intervención del diputado Jesús Lacasa, efectivamente, hemos partido del dictamen de política lingüística también: se invoca en el propio anteproyecto de ley como una referencia, y, en ese anteproyecto de ley, al invocar el dictamen, se invoca la parte, sobre todo, que es sustantiva en este anteproyecto de ley: la necesidad de respetar las lenguas, pero también las modalidades lingüísticas.
Esto quizá no se ha entendido bien, pero el gobierno nunca lo ha planteado en términos de conflicto: no existe tal conflicto entre lenguas y modalidades lingüísticas. Y estoy de acuerdo también con los intervinientes tanto de Izquierda Unida como de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista y como del Partido Aragonés. Es decir, es un falso conflicto: hay unas lenguas y unas modalidades lingüísticas, y, si observan, en el artículo seis de este anteproyecto -que es un documento de trabajo, evidentemente-, lo que se establecen son áreas de cooficialidad del aragonés y del catalán. Es decir, la ley parte del reconocimiento del hecho de la existencia de las lenguas, que tienen, además, modalidades lingüísticas propias, y que pueden ser también cooficiales, estrictamente, en su término municipal.
¿Qué quiere decir esto? Que un señor de Ansó puede pedir que, en los debates, en el Ayuntamiento de Ansó, que es zona de cooficialidad del aragonés, además del aragonés normativizado, las actas puedan hacerse en ansotano, porque estaríamos arruinando el enorme patrimonio cultural que representan nuestras modalidades lingüísticas. Esto es lo que se quiere decir en las leyes. No se quiere decir, nunca se ha querido decir -es que tampoco iba a estar constantemente rectificando a los medios de comunicación, cuando decían determinadas cosas, porque no es mi estilo-, nunca se ha querido decir que en Ansó los ansotanos voten, a través de sus representantes municipales, si en Ansó es cooficial o no el aragonés y si, además, es cooficial o no el ansotano, no. Ya está definido como una zona: Ansó es una zona de cooficialidad del aragonés, ¡faltaría más!: ¡no lo va a ser del euskera! Lo es del aragonés. Pero, dentro del territorio de la cooficialidad, lo que se permite al Ayuntamiento de Ansó es poder ejercer también una serie de derechos relativos al uso de esas modalidades lingüísticas; pero, en el ámbito estrictamente municipal, cuando los señores de Ansó insten al gobierno de la nación, tendrán que hacerlo o bien en castellano o bien en aragonés normativo.
Puesto que el ámbito de aplicación no es el de las modalidades, es estrictamente en las zonas de utilización predominante, yo creo que no hay conflicto. Yo no lo vivo como un conflicto, ni el gobierno lo ha vivido como un conflicto; lo ha vivido como una riqueza.
Por eso me ha gustado mucho citar el discurso de Steiner: yo creo que no debemos tener la menor duda de que, probablemente, de todo el patrimonio cultural, las lenguas representan la fórmula más acendrada de definición de cómo es la historia de un pueblo y el devenir de un pueblo. Porque en la manera en como se produce la flexión de los verbos, en la manera en como se produce la sintaxis de las personas que hablan esa lengua tenemos una información valiosísima sobre toda la historia, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista cultural; las lenguas son, probablemente, los hallazgos del patrimonio cultural con más carga informativa para definir la razón de ser de un pueblo.
Sólo un partido que, sociológicamente, en sus orígenes procede -no lo tomen como un insulto, porque no quiero faltar para nada-, es evidente que hay desde estas filas una herencia sociológica, que no es la del Partido Comunista de Santiago Carrillo, sino, evidentemente, la derecha sociológica que estuvo apoyando al franquismo. Eso es evidente que es así, señor Mesías, y, además, creo que, desde luego, usted no se avergüenza, el señor Contín no se avergüenza, y hace muy bien en no avergonzarse.
En esa herencia es donde se acuñó la frase «hable usted la lengua del imperio», porque las lenguas vernáculas estaban recluidas en el terreno de lo vergonzante: en mis años de escolar, era absolutamente vergonzante que a un niño se le ocurriese hacer un giro en su cheso materno, un giro que, además, le acercaba mucho más a la sintaxis francesa, más depurada, que al propio español. Por ejemplo, el uso de los pronombres adverbiales en e y: «m’en vo». Pues eso era visto, desde el sistema de la enseñanza, como una catetada, y, en todo caso, se toleraba. Aquí no se viene a tolerar, aquí se viene a reconocer plenitud de derechos.
Yo creo que ésa es la grandeza de lo que nos llevamos entre manos, y ahí me gustaría -no les estoy poniendo excusas- nuevamente compartir con ustedes esa misma pasión por el enorme tesoro que significan las lenguas de Aragón, todas: el aragonés y el catalán, y sus modalidades, porque estoy de acuerdo con el señor Becana en que no hay que proclamar la aragonesidad de la zona oriental de Aragón, que, probablemente, es más aragonesa, precisamente, porque en las zonas limítrofes se exacerban los sentimientos de pertenencia, y no deben los señores de Fraga ni de Tamarite tener que estar demostrando a cada minuto que su aragonesidad no se quiebra.
Por lo tanto, tengamos una visión menos pegada a ese «hable usted de la lengua del imperio», y mucho más al vértigo enorme que produce este tesoro espléndido que son las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón.
Yo agradezco, desde luego, la voluntad de consenso que han manifestado los grupos de Izquierda Unida, Partido Aragonés y Partido Socialista, y espero tener la agradable sorpresa, también, de que el Partido Popular, aun a riesgo de defender posturas legítimas, esté de acuerdo, básicamente, en los principios. Ya discutiremos después de los matices. Todo es discutible, todo es absolutamente discutible. Esta ley no es la mejor. Esta ley es el mejor de los intentos que hemos sido capaces de hacer. A ustedes les ha parecido un disparate. Yo creo, simplemente, que es un documento de trabajo que ha tratado de situarse pegado a la literalidad del Estatuto, en un territorio desde donde es posible el consenso; pero para eso, evidentemente, hace falta una cierta voluntad de consenso.
Repito: la cuestión está sobre el tapete. Están todos los grupos de esta cámara...? -ya sé que casi todos sí- ¿Están todos los grupos de esta cámara de acuerdo en que la ley debe establecer la cooficialidad?, porque es la única manera de garantizar el ejercicio de esos derechos.
Si quieren ustedes, en un ejercicio de funambulismo y de la política del avestruz, no le llamamos «cooficialidad», para hacernos a la idea de que la palabra, como muy bien dicen los estructuralistas, crea el concepto y puede provocar situaciones incómodas. Pues no le llamemos «cooficialidad»; pero, a la postre, todo lo que aquí se contiene es la única vía para asegurar la garantía de esos derechos tal y como está urgiendo el mandato estatutario.
Por eso, yo creo que tenemos que dejar muy claro si todos los grupos estamos en esa misma sintonía. Respetaremos a quien no lo esté; pero, claro, repito: una ley de lenguas no se puede hacer sin casi la mitad de la cámara, porque esto sería muy grave.
¿Qué sentido tendría que el Gobierno de Aragón, por mayoría absoluta, pero con casi la mitad de la cámara en contra, aprobase una ley de lenguas en la que el treinta y tantos por ciento de la sociedad aragonesa no se reconoce, no la reconoce como una lengua suya, como una ley suya? Pues estaríamos fracasando políticamente.
Por lo tanto, yo creo que no es que nosotros les echemos la pelota a su tejado, sino que, realmente, ustedes tienen también un compromiso con la sociedad aragonesa, y han de definir claramente si están o no por la labor, señor Gimeno, si no le importa.
Han de definirse si están o no por esa labor; es decir, si creen realmente que el Estatuto es papel mojado, y que, por lo tanto, debemos obviarlo, o creen que el Estatuto dice «lenguas y modalidades lingüísticas, y se garantizará el derecho de los hablantes y su enseñanza», pues está diciendo lo que dice y está invitando a lo que invita, más allá de espléndidos dictámenes, que, en modo alguno, hemos discutido, porque no era nuestra misión, en esta comparecencia.
Podemos después negociar muchas cosas, en ese acuerdo de principio, pero con ese acuerdo de principio, ya, el anteproyecto de ley podría ser remitido; discutan después los grupos políticos y lleguen a acuerdos sobre el articulado, los matices, etcétera.
Respecto de la intervención del señor Bernal, que agradezco también, aunque voy a tratar de elevarle un poco el tono (desde la desesperanza a la esperanza), porque el Gobierno de Aragón no tiene otro propósito que el de sacar adelante esta ley, de la misma manera que sé que a su señoría le haría muy feliz, por muchas razones, porque ha tenido que ver con la normalización del occitano, y por su propia competencia profesional, y por su propia sensibilidad ante este tema, pues no tenga la menor duda de que a mí, precisamente, hacer una ley, remitir a las Cortes para que las Cortes después mejoren, evidentemente, un proyecto de ley de lenguas, me haría también particularmente muy feliz. Porque ese hecho del bilingüismo yo lo he vivido, como todos mis paisanos, de la forma más natural y nada traumática, y, además, lo vivimos con muchísimo orgullo; con tanto orgullo, que no estamos dispuestos a que esa modalidad exclusivamente normativa lo sea a costa de sacrificar el uso normal del cheso.
Pero, como digo, yo no creo que este anteproyecto de ley haga otra cosa que permitir la convivencia de unas y otras, de las lenguas y las modalidades lingüísticas. Me gustaría, por tanto, con la pequeña vanidad personal que todavía pueda tener, ser el consejero que pudiera remitir ese proyecto de ley de lenguas.
Para eso -repito una vez más-, el consenso -y en eso discrepamos amistosamente, señor Bernal-, el consenso no es lo de menos. Yo creo que traer a esta cámara un proyecto de ley cuando un partido tan cuantitativamente importante como el Partido Popular no cree que se deba hablar del aragonés y del catalán, porque ése ha sido el sentido de lo que aquí se ha manifestado, incluso con cierta agresividad... Yo he recibido críticas feroces, casi siempre descalificaciones: «esto es un disparate», pero no se dice por qué, no se ha argumentado; a mí me encanta refutar casi todo, incluso refutarme a mí mismo; pero, claro, cuando, en lugar de la refutación lo que se utiliza es la invectiva, el dicterio, la descalificación, pues no es el mejor camino. Ha dicho: «esto es un disparate, y lo mejor que podríamos hacer era retirarlo, porque ofende a las modalidades lingüísticas, que son la única realidad...». Son la única realidad viva, porque aún no se ha normalizado; lo cual no significa que no sean modalidades del mismo tenor.
Les puedo decir que yo, con el alcalde de Campo, que es ribagorzano, me entiendo perfectamente -lo hacemos muchas veces además-: él habla desde el ribagorzano y yo desde el cheso, y, además, me divierte mucho ver matices al otro lado, unos valles después, porque nosotros construimos el supino de una manera y ellos lo construyen de otra, y, entonces, me intereso por el origen de todo esto.
De manera que hay un aragonés, evidentemente, con modalidades, desde las que es posible el entendimiento y que invitan a una normativización, como no puede ser de otra manera para asegurar su protección.
En ese consenso -repito-, yo espero que podamos cifrar los anhelos de sacar adelante esta ley de lenguas, y quiero agradecer, por supuesto, al Partido Socialista, su apoyo en la elaboración de este anteproyecto -casi todo, evidentemente, lo que aquí aparece ha sido previamente consultado, como sucede en el gobierno-; pero yo sé que, además, el Partido Socialista vive la existencia de lenguas y modalidades como una naturalidad que no crea grandes traumas y que quiere trasladar a un texto legal sin mayores problemas.
Apoyo esa misma visión. Creo que tenemos los aragoneses un modelo propio, un modelo trilingüe, porque es así; los aragoneses hablamos tres lenguas; eso, para quienes desearían sólo hablar la lengua del imperio, a lo mejor, es incómodo, parece una cosa de palurdos. A mí, que en Aragón tengamos tres maneras de vibrar, de sentir, de morir, me parece una de las mayores riquezas, y creo que, no sólo desde el punto de vista del patrimonio cultural, sino desde el punto de vista de la garantía de los derechos que se invocan en el Estatuto de Autonomía. Por eso, tengan la seguridad de que, desde ese necesario consenso, que reclamo de todos los partidos políticos -repito: consenso sobre los grandes principios de la ley, no sobre los matices, que sobre eso ya entiendo que habrá discrepancias, que no harán otra cosa sino mejorar este texto a su paso por las Cortes-, les agradezco a todos ustedes su atención y sus sugerencias.