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Timestamp: 2016-09-28 23:50:40
Document Index: 252875622

Matched Legal Cases: ['artículo 1602', 'artículo 1544', 'artículo 1258', 'Artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 14', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33']

EL PROFESIONAL DEL DERECHO Y LAS
CONSECUENCIAS DE SU INDEBIDO ACTUAR JURIDICO
Diana Marcela Agudelo Zapata (e-tal)
Tutorado por: por el titular en investigación y por Carlos Agudelo
Sumario. 1.
Introducción; 2. Planteamiento jurídico; 3.
Postura de Andrés Orión Álvarez; 4.
Postura de Álvarez López; 5. Postura jurisprudencial; 6. Relación
entre derechos e interés; 6.1.
Planteamientos en la relación entre derechos e interés en el cumplimiento de
las obligaciones; 7. A manera de algunas Conclusiones. 8 Bibliografía
El artículo presenta la discusión que
emerge de la indebida representación y su efecto de la responsabilidad civil
del abogado en relación con su cliente (relación contractual). Se intenta visualizar las derivaciones de la
relación Derecho civil y Disciplinario como áreas de aplicación de la sanción,
por el error en la representación o litigio y que afectan el interés público o
privado y sirven como justificación de la acción. Palabras claves: Responsabilidad civil del abogado, régimen disciplinario del
abogado, error de representación, omisiones negligentes, contratos.
Keywords: Attorney’s civil responsibility,
attorney’s disciplinary regulations, representation error, negligent omissions,
power off attorney, contract.
promoción y defensa de los derechos que se entrega en representación, hacen
parte de la labor constante y del gran compromiso al que está llamado a
responder el jurista, y ésta responsabilidad se forma como objeto del mandato y
como razón importante para que los derechos legales, constitucionales y humanos
que orbitan en el análisis reflexivo del caso sea además un trabajo que
demuestre el rigor académico del profesional que los representa. Es verdad como
resaltaría (Spector,
que “Vivimos en una época de numerosas e intensas preocupaciones morales, y
entre ellas sobresalen las concernientes a los derechos… La conciencia
universal por los derechos de las personas despierta, crece y se consolida en
unos cuatrocientos años, un período breve desde la perspectiva de la especie”
o mejor desde las relaciones intersubjetivas del ser humano.
Son estas relaciones entre sujetos unidos
por la representación judicial y o administrativa, las que hacen destacar la
importancia de abordar el estudio del comportamiento del abogado como tópico en
torno a los derechos que se discuten en una cuerda procesal de carácter público
(instancia judicial o administrativa) o privado (relaciones entre iguales
simples reclamaciones entre particulares. Así las cosas, el objetivo del artículo se centra en presentar una
aproximación a la conducta o actuar ético del abogado, como parte del interés que
debe de justificar en los negocios o actos jurídicos en los que se haga
participe. La aproximación reflexiva, da cuenta de la
estructura disciplinaria cuando no se realiza o ejecuta las obligaciones en las
que están involucrados los derechos que sustentados en un mandato (poder) en
perspectiva de ser representados desde la reflexión de la teoría del interés
justificante en la relación abogado-cliente, que permitan observar la dinámica
de los derechos y los deberes, y su modo de relacionarse en el ámbito de las
relaciones contractuales abogado-cliente. De cara a lo anterior, se expone como
punto de inicio la idea o concepto de lo que es la indebida representación y el
efecto de su condición negligente partiendo de la tesis que este actuar está
sustentado en la idea de un interés que justifica la relación contractual. Este interés, al observar la acción del
letrado genera los elementos que harán estudiar el interés individual o
colectivo si así estuviere sustentado en el acto o negocio jurídico que vincula
Cabe anotar, que el planteamiento anterior
trata una tarea considerable, donde a
través de esta compilación, se presentan algunas ideas de gran importancia y trascendencia
para el debate actual de los derechos, y su análisis reflexivo por la indebida
representación de los derechos adquiridos.
Dicha reflexión inicia con algunos acercamientos
a la jurisprudencia colombiana (Sentencia
C 1178 de 2001, Sentencia C-398 del 2000, Sentencia T-969 del 2009). (Sentencia
T-952 del 2006) revisión de lo que es el actuar del abogado
y en ellas, se muestra un “ejemplo
de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar
comprometidos en los ideales y el valor de la justicia”. Así mismo, los
planteamientos de Andrés Orión Álvarez, Hinestrosa, Álvarez López y posteriormente
se revisará la relación entre derecho e interés, también desde la perspectiva
de la Ley a fin de dar cuenta la forma somera no solo del concepto sino también
de su relación con el contrato de mandato y /o representación en el interés
individual y colectivo. Finalmente se presenta una serie de conclusiones que contienen
algunos puntos importantes para un análisis de
colombiano, el jurista, está llamado a indagar, estudiar y a mantener presente
en todo momento el Estatuto del ejercicio de la abogacía reglado mediante (Decreto
Nacional o Decreto Ley 196 de 1971), que
concretó el accionar del abogado en una normativa propia después de la
influencia de las Leyes españolas, francesas, alemanas e italianas. El actuar
del abogado, en adelante jurista, se sustenta en un principio o mejor en una
regla general de lealtad Eduardo Couture presento indicando que: “Todo
jurista ha de ser leal con el cliente, al que no debes abandonar hasta que
comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea
desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en
lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe
confiar en el que tú le invocas. Intenta ser leal con todo el mundo y todo el
mundo intentará ser leal contigo” es una regla a la que es llamado todo
profesional del Derecho (decálogo del abogado). Luego después de
más de treinta años de aplicar el (Decreto Ley 196 de 1971), nace una nueva
normatividad y arrojó el Código único Disciplinario del abogado (Ley 1123 de
2007), estas dos normatividades unida al (Decreto 1137 de 1971) y a la (Ley 20
de 1972), señalan a modo de complemento algunas funciones que al ser
indebidamente ejecutadas por el profesional del Derecho entrarían a ser
sancionadas disciplinariamente.
de Andrés Orión Álvarez
En la fundamentación
de los argumentos que sustenta Orión Álvarez, en su obra La Responsabilidad
Civil del Abogado y su aseguramiento, muestra una dinámica de las sanciones
basada en el incumplimiento de la relación abogado-cliente. Es decir, que en el
momento de incumplirse el contrato de mandato se dispara las cláusulas de
aplicación de las sanciones por indebida representación generando una ruptura
de la tesis del interés que une al jurista con su cliente o criterio de
contraprestación por los servicios contratados.
responsabilidad civil por la violación a las cláusulas contractuales, está
sustentada en la idea de relación entre las partes. Esta relación, emerge del vínculo
contractual sustentado en el artículo 1602 del Código Civil en la que pone al contratante
(cliente) prestador (profesional) contratado bajo la máxima de que “todo
contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Esta ley de las partes
está sustentada en una condición de reciprocidad en lo que respecta a los
deberes y obligaciones, a los derechos y a los deberes. De este modo el mandato
incursiona más allá de una simple relación de estudiar el caso concreto y de
llevar o no el proceso. Sobre este planteamiento se refiere (Hinestrosa, F.
Prólogo a la obra El Daño (...) obra
citada por autor: HENAO (1998), en el sentido que como relación contractual
debe analizarse desde la teoría de las fuentes de las obligacionales. Este
sentido obligacional, no es otra cosa que una línea de intervencionismo estatal
en las relaciones entre particulares y su actuación ante el estado desde el
accionar profesional del abogado. Dicho de otro
modo, el actuar del jurista desde el punto de vista de la relación individual o
colectiva, introduce al abogado y al cliente, en un campo de actuación
(litigio) sujeto a la Ley y en ella, se determina la responsabilidad, y esta
responsabilidad ha de ser por la conducta omisiva o por el indebido ejercicio y
realización de sus funciones, esto no excluye la extralimitación de sus
funciones sustentadas en el contrato de mandato. (Véase diferencia entre poder
especial y poder general).
de Álvarez López
Con esta postura, se
estudia si en este aporte, existe o no una consagración expresa en la Ley que defina
la naturaleza jurídica de la relación abogado-cliente. Con lo cual las normas generales
y/o especiales han de hacerse valer como directriz de toda relación
jurídico-contractual y de obligatorio cumplimiento. Es de
anotar, que la posibilidad de que en
todo contrato, y en específico en el contrato de prestación de servicios
profesionales de naturaleza jurídica, su tipología
contractual, está sustentada en una gestión de negocios o asuntos ajenos, mediante
la cual es regulada por el contrato de mandato (2000, pp. 27, 30). De modo
que el contrato de servicios jurídicos se consolidó con la madurez de los demás
contratos civiles y mercantiles como lo desarrolla el profesor (Bonivento
Fernández), y en el caso del contrato de servicios profesionales ingresa por vía
de la tesis de adecuación de los contratos civiles a la norma especial o Código
Disciplinario del abogado (norma especial arts. 19, 28.9, 28.10, L. 1123) (
(2000, p. 27) en la que se plasmara todo
lo que se extrae de la connotación contractual del contrato de prestación de
servicios y otros (normas generales).
postura se unen otras como la de LUCAS FERNÁNDEZ (1986) y SERRA RODRÍGUEZ
(1999) que indican que el Abogado tiene una cualidad especial pero general a la
vez desde el punto de vista de los contratos y está obligado a dar cumplimiento
en sus relaciones contractuales al imperio de la Ley, es decir a responder por
los daños sustentado en el tipo disciplinario o norma disciplinaria en lo que respecta como se describió anteriormente, la
culpa o a la negligencia, culpa, negligencia o falta de profesionalidad o de
pericia en el tratamiento del caso o de determinado pleito, ocasionare un daño o detrimento a su cliente.
En esta postura es posible citar un número considerado de
sentencias no solo del Tribunal Constitucional sino también del Consejo
Superior de la Judicatura; pero, lo que interesa no es la cantidad de sentencias
sino la referencia de aplicación obligatoria de lo fallado por las cortes
judiciales en lo que respecta a las obligaciones contratadas.
El precedente judicial es una función sustentada en la norma
constitucional como parte del intervencionismo estatal en las relaciones entre
el Estado y los particulares como quiera que entre estos y los otros, surjan
problemas de índole relacional. Es así, como la función judicial se concreta en
un ámbito obligacional y de colaboración a la vez con quien está soportando un
Sobre la idea de colaboración la (Sentencia T-952 del 2006)
muestra que es de la mano con las autoridades que se da “La conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país y la realización de una
recta y cumplida administración de justicia” en el mismo sentido, la (Sentencia
T-969 del 2009), resalta esta función en la que se protege el interés de las
partes, es decir, que con la
jurisprudencia se logra “la consecución de un orden justo y la consecución
de una convivencia pacífica, [el ejercicio de la profesión de abogado] resulta
ser el medio para la resolución adecuada de los conflictos por medio del
Derecho” . Esto permite afirmar que el precedente judicial es una
síntesis de un problema jurídico concreto que nace de una violación a un
contrato particular y que exige imponiendo sanciones para lograr “dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y
moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los
ideales y el valor de la justicia”. (Sobre el contrato de mandato y sus
obligaciones amplíese en la (Sentencia C-1178 de 2001). En otras palabras, en
la postura del precedente judicial se concreta la sanción a la acción u omisión
del jurista que con sus actos contrarios al mandato perjudicó de forma
manifiesta los intereses que le fueron encomendados. Los siguientes son algunos de los aspectos que deben de
tenerse en cuenta como realidades jurídicas que trasgreden la tesis del interés
que se sustentan en una relación contractual y que son sancionados en el
precedente judicial: La violación del deber de información al cliente; No
informar sobre la existencia de una vía procesal para formular una pretensión o
para cualquier otro acto; No informar sobre la marcha de un proceso; No
informar al cliente sobre la inviabilidad de una demanda; No entregar al
cliente la documentación del proceso; No comunicar en debido tiempo al cliente
la necesidad de consignar o avalar ante el Juzgado la cantidad objeto de la
condena; Dar lugar a que la acción del cliente prescriba o caduque; Dar lugar a
que el recurso del cliente caduque; Actuaciones procesales incorrectas en
cuanto al fondo; Actuación negligente en funciones de “gestión” o de
“representación” asumidas por el abogado; Culpa del abogado por pérdida de
documentos del cliente; Culpa del abogado en actos de asesoramiento. Todas las
anteriores actuaciones son las que ponen en riesgo el contrato de prestación de
servicios profesionales y que a la luz de la Teoría de las pruebas como lo
resaltara Parra Quijano o Echandia en sus tratados de pruebas.
Valorados los anteriores criterios, y para ser estos
sancionados como “Errores de representación”, ha de instalarse el respectivo
proceso judicial disciplinario o de responsabilidad civil contractual, a fin de
hacer valer las obligaciones del Abogado y los derechos del cliente. De esta
manera, los errores de representación son todas aquellas faltas cometidas por el
jurista individual o corporados (firma de abogados) del Derecho, que derivan del
actuar indebido o por fuera de las obligaciones derivadas del contrato de
mandato y de su profesión como abogado llamado a cumplir la Ley.
6 Relación entre derechos e interés
obligaciones y facultades que emergen de los contratos y el interés del cliente
en que sus derechos sean defendidos y la contraprestación que recibe el jurista
por tal función profesional.
6.1 Planteamientos en la relación
entre derechos e interés en el cumplimiento de las obligaciones.
La relación contraprestación debe de ser uniforma entre el profesional y
el cliente en lo que respecta a las obligaciones y deberes de cada parte
obligada en el contrato. Es así como los derechos que están involucrados en el
contrato sean estos tangibles o intangibles han de ser sujeto de protección y
de regulación por la Ley. Esta relación hace referencia a:
cuanto al titular de los derechos, está la posibilidad de renunciar o no a
ellos y es obligación del jurista instruirle en ello.
cada una de las instancias sean procesales o administrativas preponderan a la
protección de los derechos y para lo cual existen acciones concretas y que lo
que debe hacerse es probar la violación de los derechos y suministrar la
información que permitirá dicha demostración a fin de que se protejan por vía
del precedente o del acto administrativo los daños realizados. c. Que
en la relación de los derechos y el interés inmerso en los contratos es preciso
evaluar la posibilidad de incluir a terceros responsables que puedan significar
un detrimento.
para el titular del derecho (cliente) es importante el estado del proceso, y
para el profesional es importante hacer los informes de gestión y recibir en
forma progresiva dependiendo lo contratado el interés económico que sustenta la
la valoración del caso concreto deba hacerse antes de iniciarse las acciones
sean estas legales o administrativas para evitar desgastes de la administración
f. Que
la relación entre jurista y cliente debe estar sustentada en la confianza y la
confidencialidad que permitan un pleno ejercicio y actuar de lo establecido en
De los anteriores fundamentos podríamos presentar algunas ideas para
pasar a un marco de conclusiones: · Las
relaciones jurídicas contractuales de servicios profesionales están
generalmente reducidas a una relación de dos, esto es cliente y abogado.
toda relación jurídico-contractual tiene inmersa una pretensión, una obligación
y un marco jurídico que las vigila.
la actuación del abogado debe estar regida por los buenos oficios, la
idoneidad, el deber de cuidado, la debida diligencia y la confidencialidad,
la noción de derechos intersubjetivos es lo que ha permitido una regulación de
las relaciones contractuales.
la exigencia de los derechos y de las obligaciones por vía de los contenidos
normativos, es lo que ha hecho que las relaciones contractuales estén
supervisadas por el Estado haciendo que las partes en ellos vinculada, estén
permanentemente protegidas.
· Que la responsabilidad civil del
abogado se enfoca a la relación con el
cliente, cuando se da una indebida
representación u omisión del abogado, situación regulada por el (Decreto Ley
196 de 1971), y el (Código Disciplinario del abogado Ley 1123 de 2007). · Que con el paso de años las
reclamaciones por indebida representación se han incrementado, ya que la
complejidad y especialidad que ésta requiere exige una mayor preparación para
llegar a ejercer, lo cual ha ocasionado preocupación en el medio laboral. Por
lo anterior, se debe implementar mecanismos de prevención y promoción para
quien no cumpla y a su vez, para quien adopte la conducta adecuada en el ejercicio de su profesión, según el caso.
· Que el estudioso del Derecho requiere
emplear sus conocimientos de manera diligente, de tal manera que permitan el
beneficio y protección de los derechos de quien lo busca, a través de la
relación contractual que se genera entre abogado y cliente en un contrato de prestación de servicios que es
definido el (artículo 1544 del Código Civil) con la relación personal «intuitu
personae» que imparte un deber de cumplir y un deber de fidelidad que deriva de
la norma general estipulada en artículo 1258 del Código Civil.
· Que la Ley impone al profesional el
deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada
preparación profesional y por ende el ejercicio correcto de la misma, de igual
forma, queda establecida la noción que si no se realiza correctamente se
entenderá como un incumplimiento total o defectuoso de la obligación que ha
contraído el estudioso del Derecho.
· Que las acciones indebidas del abogado
lo incluirá en una responsabilidad por las conductas inadecuadas en su
profesión. · Que en Colombia hay crecimiento en el
oficio del abogado, irradiado por la condición liberal en las que impera el
aporte intelectual, el conocimiento y la técnica en áreas como la medicina, la arquitectura, la contaduría, el Derecho entre
otras. El profesional del Derecho, no solo requiere su aplicación intelectual,
si no de trabajo manual o técnica jurídica que facilita, la interacción con la
realidad jurídica, además de la formación humana, para ser el titular de
derecho y de obligaciones.
196 de 1971. · Decreto 1137
· Ley 20 de
· Ley 1123 de
· Sentencias: T-952 de 2006 ; T-969 de 2009 ; C-1178 de 2001. Publicado por
Reglamentación del Derecho humano, constitucional y fundamental a la petición “La fuerza de un derecho no debería ser medida por la existencia de una norma jurídica, sino por la existencia del ser humano y su reconocimiento como portador derechos humanos fundamentales” C.A.
Diario Oficial No. 49.559 de 30
Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de
4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica
Méndez, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241,
numeral 8 de la Constitución, efectuó la revisión de constitucionalidad del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara y declaró
EXEQUIBLE el proyecto de ley, por haber sido expedido conforme al
1o. Sustitúyase el Título II,
Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las
autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante
autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante
organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley
1437 de 2011, por el siguiente:
Derecho de petición ante
autoridades reglas generales
Artículo 13. Objeto y modalidades
del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones,
se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una
entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
El ejercicio del derecho de
petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a
las entidades dedicadas a su protección o formación.
- Artículo declarado
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'siempre y cuando no excluya la posibilidad de
que los menores de edad presenten directamente peticiones dirigidas a otras
entidades para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales', y salvo
los apartes de texto original del proyecto que declaró INEXEQUIBLES,
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de
Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241,
Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara.
Texto original del
Proyecto de Ley 61/12 Senado, 227/13 Cámara:
y Modalidades del Derecho de Petición ante Autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que
inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias
de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de
menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.
Artículo 14. Términos para resolver
las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial
la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y
de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las
cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a
su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
PARÁGRAFO. Cuando
excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes
del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará
respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de
Artículo 15. Presentación y
radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.
Cuando una petición no se
acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de
recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.
Si este insiste en que se
radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos
faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla
presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que
ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los
interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario,
formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su
diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para
aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales
que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades
queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que
les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
A la petición escrita se podrá
acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación
de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos
anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a
través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.
Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario.
PARÁGRAFO 1o. En
caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la
comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora
de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los
registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos.
PARÁGRAFO 2o. Ninguna
autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones
PARÁGRAFO 3o. Cuando
la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o
dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'bajo el entendido que la exigencia de que las
peticiones sean presentadas por escrito, deberá ser motivada por la autoridad
correspondiente mediante acto administrativo de carácter general', y
salvo los apartes de texto original del inciso 1o. y del parágrafo 3o. del
proyecto declarados INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-951-14de
ARTÍCULO 15. Presentación
y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente ante
el funcionario competente y deberá
quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se
presentarán conforme a las normas especiales de este Código.
dependencia que cada entidad defina para ese efecto, o
ante el servidor público competente. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a
partir de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 16. Contenido de las
peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad
y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de
la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el
privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica.
- Numeral declarado
EXEQUIBLE, 'siempre y cuando se entienda sin perjuicio de que las
peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución
de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario
para mantener la reserva de su identidad', por la Corte
4. Las razones en las que
fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos
que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario
cuando fuere el caso.
PARÁGRAFO 1o. La
autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en
ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no
se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.
PARÁGRAFO 2o. En
ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta.
EXEQUIBLE, 'siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio
de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y
resolución de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad', por
la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de
Artículo 17. Peticiones incompletas
y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse
a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que
el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario
ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga
hasta por un término igual.
Vencidos los términos
establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
Artículo 18. Desistimiento expreso
de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de
sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria
por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.
Artículo 19. Peticiones
irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser
respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u
objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o
aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o
aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones
Respecto de peticiones
reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones
que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva
petición se subsane.
Artículo 20. Atención prioritaria de
peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar
un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la
titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.
Cuando por razones de salud o de
seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del
destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las
medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del
trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista,
para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente.
Artículo 21. Funcionario sin
competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente,
o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y
enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición
Artículo 22. Organización para el
trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las
Cuando más de diez (10) personas
formulen peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta,
la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de
amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a
quienes las soliciten.
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'sin perjuicio de que deba enviarse la
respuesta a todos los que hayan formulado la petición', por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-951-14de
Artículo 23. Deberes especiales de
los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría
y la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la
Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y
municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle
el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario,
deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles,
en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo
recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas,
reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se
cerciorarán de su debida tramitación.
Artículo 24. Informaciones y
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las
informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución
Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la
defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia
diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la
historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal
que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la
4. Los relativos a las
condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que
realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los
activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a
reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de
la respectiva operación.
S. Los datos referentes a la
información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de
6. Los protegidos por el secreto
comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas
públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto
PARÁGRAFO. Para efecto de la solicitud de información de
carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser
solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.
EXEQUIBLE, salvo el parágrafo que se declara CONDICIONALMENTE exequible 'bajo
el entendido de que los eventos allí previstos, también son aplicables para
el numeral 8 referente a los datos genéticos humanos', por la Corte
Artículo 25. Rechazo de las
peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que
rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en
forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o
documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión
que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva
legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal
no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no
estén cubiertas por ella.
Artículo 26. Insistencia del
solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información
o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades
distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario
respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este
término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez
administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta
la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite,
a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir
conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto
de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección
guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante
el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El
recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'en el entendido de que en los municipios en
los que no exista juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante
cualquier juez del lugar', por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-951-14 de
Artículo 27. Inaplicabilidad de las
excepciones. El carácter reservado de una información o de
determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales,
legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o
legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus
funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las
informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto
Artículo 28. Alcance de los
conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
Artículo 29. Reproducción de
documentos. En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el
valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán
por cuenta del interesado en obtenerlas.
El valor de la reproducción no
podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado.
Artículo 30. Peticiones entre
autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de
documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10)
días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos
previstos en el artículo 14.
Artículo 31. Falta
disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos
para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los
derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código,
EXEQUIBLE, salvo el aparte del texto original del proyecto
declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional, mediante
Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y241,
disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para
resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los
constituirán falta gravísima para
el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo
con el régimen disciplinario..
organizaciones e instituciones privadas
Artículo 32. Derecho de petición
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.Toda
persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
Salvo norma legal especial, el trámite y
resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y
reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
- Aparte subrayado
declarado CONDICIONALMENTE exequible 'bajo el entendido de que al derecho
de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente,
aquellas disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza
de las funciones que ejercen los particulares', por la Corte
Las organizaciones privadas solo
podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos
expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante las empresas
o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero,
crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se
regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
PARÁGRAFO 1o. Este
derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas
el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la
persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente
PARÁGRAFO 2o. Los
personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán
el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o
desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
PARÁGRAFO 3o. Ninguna
entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y
peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte
EXEQUIBLE, salvo el aparte subrayado del inciso 2o. que se declara
CONDICIONALMENTE exequible 'bajo el entendido de que al derecho de
petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente,
Constitucional, mediante SentenciaC-951-14 de
Artículo 33. Derecho de petición de
los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en
leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del
Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema
financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y
servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán
en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre
derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores.
2o. VIGENCIA. La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones