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Timestamp: 2020-05-28 11:38:56
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Dictamen : 115 del 13/05/2015
C-115-2015
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio MTAI-005-2015 del 20 de marzo del 2015, en el cual solicita nuestro criterio en relación con el nombramiento del auditor interno. Específicamente se requiere de nuestro criterio en relación con las siguientes interrogantes:
“1.¿Lo anterior solo aplica en el nombramiento de los funcionarios municipales?
2. ¿El artículo 128 del Código Municipal y los dictámenes que se mencionan también aplican para el nombramiento del Auditor y demás funcionarios de la Auditoría Interna una vez que exista una plaza vacante en dicha unidad de Auditoría Interna Municipal?
3. ¿Es posible un ascenso directo en caso de que un funcionario calificado, y del grado inmediato que se desempeñe en la misma área cumpla con el perfil para desempeñar el puesto de Auditor Municipal, en caso de que esta plaza quede vacante de acuerdo a lo anterior mencionado y el artículo 192 de Nuestra Constitución Política en un ayuntamiento Municipal?
4. Qué el puesto de Auditor Interno, la normativa establece en forma vinculante, que este tipo de nombramiento debe obligatoriamente realizarse bajo el procedimiento de concurso público, y no internamente como lo realizan algunas instituciones municipales, favor corregir si estoy equivocado.
5. Que en caso de estar en lo correcto en el punto con nombramientos recientes de este tipo de funcionarios, violentando la ley, son declarados nulos, debe realizarse de nuevo concurso, cuál sería su período de prescripción.”
I. SOBRE EL INGRESO AL REGIMEN DE EMPLEO PUBLICO Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LAS CORPORACIONES MUNICIPALES.
Este Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa ha desarrollado el tema del ingreso al régimen de empleo público y la carrera municipal, por lo que al no haber motivo para variar el criterio, nos permitimos transcribir lo señalado en el dictamen C-108-2014 del 28 de marzo del 2014, el cual señala lo siguiente:
“Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. “
La idoneidad como presupuesto para el ingreso de los trabajadores al Estado, hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos que les permitan desarrollar eficientemente la función pública que les ha sido encomendada. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha indicado que la idoneidad “significa que es condición necesaria para el nombramiento de los servidores públicos, “con las excepciones que esta Constitución o el Estatuto de Servicio Civil determinen”, tener o reunir las características y condiciones que los faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, es decir, reunir los méritos que la función demande” (Sala Constitucional, resolución número 1999-6796 de las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del primero de setiembre de mil novecientos noventa y nueve). De igual manera, ese Tribunal Constitucional ha señalado que la idoneidad no está referida únicamente al cumplimiento de requisitos académicos, sino que incluye una serie de aptitudes requeridas para asegurar esa efectividad en la función pública.
La norma constitucional encuentra eco en el artículo 119 del Código Municipal, que establece en lo que nos interesa, lo siguiente:
Sobre este punto, nos interesa señalar lo establecido por la Sala Constitucional en la resolución N° 2004-04665, de las 12:43 horas del 30 de abril de 2004, citada en el Dictamen C-166-2013 del 26 de agosto del 2013.
En relación a la selección del personal, el artículo 125 del Código Municipal señala que “El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, que se administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 116 de esta Ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de este artículo, las municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de Servicio Civil.”
Bajo esta misma línea de pensamiento, el Código Municipal en sus artículos 128 y 130 establece una serie de parámetros que se requieren llenar las plazas vacantes en las municipalidades. Señalan las normas en comentario, lo siguiente:
Artículo 130. “Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 125 de este código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto.
Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos meses, atendiendo siempre las disposiciones del artículo 116 de esta ley”
De lo anteriormente señalado es claro que, los funcionarios municipales que formen parte del régimen de carrera administrativa, deben someterse a pruebas de aptitud y cumplir con una serie de requisitos, con el fin de demostrar su idoneidad para ocupar el cargo.”
Una vez aclarados los conceptos citados en el apartado anterior, procedemos a dar respuesta a las interrogantes planteadas por la Municipalidad de Turrubares, no sin antes advertir que las interrogantes 1 y 2, y la 3 y 4 serán agrupadas para un mejor análisis.
1. ¿Lo anterior solo aplica en el nombramiento de los funcionarios municipales?
El artículo 128 del Código Municipal señala, lo siguiente:
Del anterior artículo se desprende que la norma establece el procedimiento para ocupar las plazas vacantes en los entes municipales, proceso que se debe llevar a cabo para nombrar a todos aquellos funcionarios municipales que forman parte del régimen de carrera administrativa.
Ahora bien, de conformidad con el numeral 152 del Código Municipal a los funcionarios que dependen directamente del Concejo Municipal no se les aplica el procedimiento de nombramiento del artículo 128 ya transcrito. Señala la norma en comentario, lo siguiente:
Artículo 152. – “Las disposiciones contenidas en este título sobre el procedimiento de nombramiento y remoción no serán aplicadas a los funcionarios que dependan directamente del Concejo ni a los empleados ocasionales contratados con cargo a las partidas presupuestarias de Servicios Especiales o Jornales Ocasionales. El Concejo acordará las acciones que afectan a los funcionarios directamente dependientes de él.”
De conformidad con el artículo 13 inciso f) del mismo cuerpo normativo una de las funciones del Concejo Municipal es nombrar y remover al auditor interno, por lo que es criterio de este Órgano Asesor que el auditor depende directamente del Concejo Municipal. Señala la norma en comentario:
Al respecto, este Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa ha señalado, lo siguiente:
“En relación con la situación del auditor municipal, este Órgano Asesor señaló:
“Otra razón por la cual no podría considerarse al auditor como un servidor de confianza, consiste en que su nombramiento debe estar precedido por un concurso público, donde se brinde a los interesados en ocupar ese puesto la posibilidad de participar entre sí en igualdad de condiciones. Obsérvese que si bien es cierto, para el nombramiento del auditor interno no es necesario seguir el procedimiento descrito en el artículo 125 del Código Municipal - por así indicarlo el numeral 152 de ese mismo código - ello no implica que el Concejo Municipal esté habilitado para nombrar, sin concurso alguno, a cualquier persona como auditor. Por el contrario, siendo el auditor municipal un funcionario público, le es aplicable el principio constitucional de nombramiento por idoneidad, contemplado en el artículo 192 de la Constitución Política. Sobre este último, la Sala Constitucional ha dicho:
"La Sala entiende que en el sector Público los concursos para llenar plazas es el medio natural mediante el cual se abre la posibilidad a todos aquellos sujetos que cumpliendo los requisitos académicos, y de experiencia laboral sean aptos para ocupar el puesto que se sacó a concurso, para con ello cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 192, de la «idoneidad comprobada» garantizándose la eficiencia de la función de la administración."
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 1764-94 de las 9:00 horas del 15 de abril de 1994). (Pronunciamiento C-257-2000 del 18 de octubre del 2000, el resaltado no es del original)” (Dictamen C-377-2007 del 25 de octubre del 2007)
De lo anteriormente expuesto es criterio de este Órgano Asesor que el procedimiento de nombramiento señalado en el artículo 128 del Código Municipal, no aplica para el nombramiento de los auditores internos de los entes Municipales, sin embargo, sí aplica para los demás servidores de la auditoria que forman parte del régimen de carrera administrativa.
En relación con los dictámenes de esta Procuraduría C-249-2008, C-020-2014 y C-099-2014 citados por el consultante, cabe señalar que los mismos desarrollan la aplicación del artículo 128 del Código Municipal en el sentido que el procedimiento ahí señalado es de aplicación para los servidores municipales que forman parte del régimen de carrera administrativa, por lo que los mismos no son de aplicación para el nombramiento de los auditores municipales.
Como se indicó en el apartado anterior, el numeral 152 del Código Municipal excluye a los auditores de la aplicación del procedimiento de nombramiento establecido en el artículo 128 del mismo cuerpo normativo, sin embargo, nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado que los funcionarios que dependan directamente del Concejo Municipal (entre ellos el auditor) no están sujetos al artículo 128, sin embargo, el Concejo Municipal en cuanto a su nombramiento debe respetar el principio de comprobación de la idoneidad, y el medio por excelencia para comprobar la idoneidad es el concurso.
A razón de ejemplo podemos citar lo señalado por esta Procuraduría en el caso del nombramiento del Secretario Municipal.
“De la normativa transcrita, se infiere, con un alto grado de certeza, que el secretario del Concejo no es un funcionario de confianza y, por ende, no puede ser removido aduciendo como motivo de tal acto la integración de un nuevo Concejo, debido al cambio que se produce en él cada período de cuatro años. En primer lugar, porque, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios de confianza, los cuales, según la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pueden ser removidos libremente, sin sujeción alguna, ni trámite ni procedimiento (véanse, entre otros votos los números 5778-94, 5222-94 y 1692-90); en el caso que nos ocupa, la suspensión o sustitución sólo puede ser acordada cuando exista justa causa.
De lo anterior se desprende, que estamos en presencia de puestos de naturaleza diferente y, por ende, el cargo de secretario no puede ser subsumido dentro de la categoría de puestos de confianza.
Ahora bien, lo indicado no excluye la posibilidad de utilizar otros mecanismos de escogencia para efectuar el nombramiento, procedimiento que según el artículo 152 del Código Municipal, debe ser decidido por el Concejo Municipal, y agregamos nosotros, de previo a la realización de la escogencia en cuestión. No obstante, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para llenar la plaza vacante, el nombramiento debe ser precedido de un procedimiento que asegure el cumplimiento de la idoneidad en el puesto. En este sentido, recordemos que la idoneidad no se limita al cumplimiento de los requisitos que el manual de puestos requiera para el cargo, sino que implica la evaluación de la Administración Pública de que ese candidato es apto para el desempeño del cargo público.” (Dictamen C-195-2010 del 6 de setiembre del 2009)
Bajo esta misma de pensamiento, cabe señalar que el artículo 31 de la Ley de Control Interno N° 8292, estableció un procedimiento para el nombramiento de los auditores de los entes y órganos de la administración pública el cual incluye la participación de la Contraloría General de la República. Señala la norma en comentario, lo siguiente:
Artículo 31.—“Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva.
En razón de la anterior norma, la Contraloría General de la República estableció los Lineamientos para la Descripción de las Funciones y Requisitos de los Cargos de Auditor y Sub auditor Internos (L-1-2003-CO-DIR), los cuales deben ser tomados en consideración por la Administración al momento de realizar un concurso para el nombramiento de los auditores y sub auditores.
Cabe señalar que en cumplimiento de la Ley de Control Interno y de los Lineamientos para la Descripción de las Funciones y Requisitos de los Cargos de Auditor y Sub auditor Internos (L-1-2003-CO-DIR), cabe señalar que la Municipalidad de Turrubares cuenta con el Reglamento de Concurso Público para la Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, en el cual se regula el procedimiento para el concurso y nombramiento interino o en propiedad del Auditor(a) Interno de dicho ente Municipal.
En razón de lo expuesto es criterio de este Órgano Asesor que el nombramiento de los auditores de los entes municipales no puede ser realizado mediante el ascenso directo, sino que debe ser mediante la realización del concurso público con el fin de comprobar la idoneidad de cada participante y poder asegurar la elección de un candidato idóneo para ocupar el puesto.
Los nombramientos efectuados en contravención de las normas legales, podrían presentar vicios de nulidad, por lo que la Administración Municipal debe determinar si está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta y proceder a abrir el procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Señala el artículo 173 lo siguiente:
En caso de no estar ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, deberá declarar el acto administrativo lesivo a los intereses de la administración municipal e instaurar el proceso judicial correspondiente, al tenor de lo establecido en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Señalan las normas en comentario, lo siguiente:
“1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley.
“1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.
5) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda.”
Ahora bien, en razón al plazo de prescripción o caducidad debemos indicar que cuando se está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, este Órgano Asesor ha señalado en su jurisprudencia administrativa que cuando el acto administrativo ha sido dictado con anterioridad a la fecha de vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (1 de enero del 2008), el plazo de caducidad para declarar la nulidad del acto es de 4 años contados a partir de la adopción del acto administrativo. En caso de los actos administrativos que se dictaron con posterioridad al 1 de febrero del 2008, aplica el plazo de caducidad de un año contados a partir de la adopción del acto salvo que sus efectos perduren.
Señala el Dictamen 250-2012 del 24 de octubre del 2012, lo siguiente:
“f) Caducidad
Para efectos del asunto que interesa a esa auditoría, resulta de sumo provecho hacer referencia a nuestro dictamen N° C-041-2012 del 23 de febrero del 2012, En el cual, analizando un expediente remitido para efectos de rendir el dictamen favorable contemplado en el artículo 173 de la LGAP, señalamos lo siguiente:
“Por su carácter extraordinario, la potestad de la Administración de anular – por invalidez absoluta, evidente y manifiesta - sus actos propios declarativos de derechos subjetivos se encuentra sujeta a un plazo de caducidad. Efectivamente, desde su promulgación en 1978, la Ley General de la Administración Pública ha establecido que la potestad de declarar, en sede administrativa, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de sus actos declarativos de derechos, se encontraba ya sometida y limitada a un plazo de caducidad que en ese entonces se sumaba en 4 años.(Ver: QUIROS CORONADO, ROBERTO. LEY DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, CONCORDADA Y ANOTADA CON EL DEBATE LEGISLATIVO Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.)
Actualmente, la Ley General de la Administración Pública en su versión vigente, específicamente su artículo 173, también establece un plazo de caducidad para el ejercicio de aquella potestad anulatoria extraordinaria. Por supuesto, se debe constatar que con la reforma aprobada por la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo de caducidad del artículo 173 LGAP, parágrafo cuarto, ha sido reducido a un año, salvo en el supuesto de que sus efectos perduren.
Ahora bien, desde el dictamen C-59-2009 de 23 de febrero de 2009, la jurisprudencia administrativa ha señalado, sin embargo, que esta nueva disposición reformada del artículo 173.4 LGAP produce únicamente efectos ex nunc, sea a partir de su entrada en vigencia, por lo que afecta los actos dictados después de 1 de enero de 2008.
Ergo, en relación con los actos dictados con anterioridad a la puesta en vigor del Código Procesal Contencioso Administrativo – insistimos el 1 de enero de 2008 – el plazo de caducidad que rige es el de cuatro años. Al respecto, transcribimos el dictamen C-55-2011 de 3 de marzo de 2011:
“Este plazo de caducidad, de acuerdo con el inciso 4 del artículo 173 LGAP vigente, es actualmente de un año, contado a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. Nótese que la redacción actual del artículo 173 es el resultado de la reforma operada por la Ley N.° 8508 de 28 de abril de 2006, vigentes desde el 1 de enero de 2008 (Código Procesal Contencioso Administrativo.)
1. En primer término, con anterioridad a la reforma que sufrieron ambos artículos por la emisión del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Administración contaba con un plazo de caducidad de cuatro años para intentar la declaratoria de nulidad, en cualquiera de las dos vías que estas normas proscribían. Sin embargo, es claro que la nueva redacción implica un cambio radical en cuanto al ejercicio temporal de la potestad, pues ahora se cuenta con un plazo “abierto” siempre que el acto administrativo esté desplegando efectos. Y precisamente en el caso de un acto de incorporación a un colegio profesional, estima la Procuraduría General que estaríamos en presencia de unos efectos que perduran –mantienen- en el tiempo, sin importar la fecha de aquella incorporación, pues se trata de la habilitación para que un profesional pueda desempañarse en el campo científico o técnico que está cobijado por la tutela del Colegio Profesional. Luego, estimamos que, en el caso descrito –incorporación- el Colegio Profesional puede ejercitar su potestad anulatoria siempre que el colegiado se mantenga activo, y hasta un año después de que, por alguna circunstancia, haya cesado su status de miembro activo del Colegio.
2. Lo dicho en el punto anterior también lleva a reflexionar sobre la vigencia temporal de las reformas legislativas sufridas por los artículos 173 y 183 reseñados. Esto por cuanto resulta de fácil suposición el que, por ejemplo, el acto de incorporación sobre el cual se tengan motivos fundados para cuestionar su legalidad, se haya acordado con anterioridad al 1 de enero del 2008, sea cuando aquellos artículos aún conservaban el plazo de caducidad de los cuatro años. Lo cual haría surgir la duda bajo cuál redacción del 173 o 183 se debe intentar la nulidad si esa decisión se adopta, por ejemplo, el día de hoy. Específicamente, si respetando los cuatro años si el acto de incorporación se adoptó antes del 1 de enero del 2008, o bien, sin sujeción a plazo, atendiendo a la literalidad de los artículos 173 y 183 vigentes. Nuestro criterio es que el asunto viene resuelto por el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone:
Entonces, si el acto de declaratorio de derechos que tomó el Colegio de Bibliotecarios se estima nulo, y fue adoptado con anterioridad al 1 de enero del 2008, se sujeta la discusión del vicio, sea por vía del procedimiento administrativo de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o por la vía jurisdiccional de la lesividad, a que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de emisión de aquel acto.”
Ahora bien en el caso de que se deba declarar el acto administrativo lesivo a los intereses de la administración, cabe señalar que se cuenta con un plazo de caducidad de un año de conformidad con el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Al respecto este órgano Asesor en su dictamen C-244-2014 del 3 de diciembre del 2014, señalo lo siguiente:
“Mediante dictamen C-293-2014 del 12 de junio del 2014 nos referimos a este punto indicando lo siguiente:
“En cuanto a los plazos, tenemos entonces que el término para declarar el acto lesivo a los intereses públicos, es de un año contado a partir de la emisión del acto, aspecto puntual sobre el cual conviene subrayar el hecho de que el punto de partida del año es la fecha de emisión del acto, y no la fecha el de su comunicación o notificación al afectado.
A partir de esa declaratoria de lesividad, se abre el plazo de un año para plantear la respectiva acción judicial en sede contenciosa, que es un plazo fatal de caducidad, según lo ha entendido el Tribunal Contencioso Administrativo, como ya vimos líneas atrás.
A lo anterior debe hacerse la importante salvedad de que, en los casos de nulidad absoluta, la declaratoria de lesividad puede realizarse en tanto perduren los efectos del acto, en cuyo caso, el año referido corre desde el cese definitivo de dichos efectos.
Ello reviste particular significado tratándose precisamente de actos que han generado beneficios salariales, toda vez que en estos casos los efectos siguen reproduciéndose en cada pago periódico del sueldo, de tal suerte que la posibilidad de declarar la lesividad se mantiene abierta mientras subsista esa relación de servicio. Valga acotar, eso sí, que la normativa dispone que una eventual sentencia estimatoria dispondrá la nulidad únicamente para la inaplicabilidad futura del acto administrativo.”
Cabe señalar que contra el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo se encuentra planteada una acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente N° 14-12592-0007-CO la cual se encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Constitucional, por ende lo indicado en el dictamen queda sujeto a lo que disponga la Sala Constitucional.
En razón de lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que si el ente municipal observa que ha incurrido en una ilegalidad al realizar un nombramiento a un servidor, debe analizar cada caso en concreto para determinar si está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta y proceder a abrir el procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, o si por el contrario, no está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, deberá declarar el acto administrativo lesivo a los intereses de la administración municipal e instaurar el proceso judicial establecido en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, respetando los plazos de caducidad correspondientes.
· El procedimiento de nombramiento señalado en el artículo 128 del Código Municipal, no aplica para el nombramiento de los auditores internos de los entes Municipales.
· Los dictámenes de esta Procuraduría C-249-2008, C-020-2014 y C-099-2014 desarrollan la aplicación del artículo 128 del Código Municipal en el sentido que el procedimiento ahí señalado es de aplicación para los servidores municipales que forman parte del régimen de carrera administrativa, por lo que los mismos no son de aplicación para el nombramiento de los auditores municipales.
· El nombramiento de los auditores de los entes municipales no puede ser realizado mediante el ascenso directo, sino que debe ser mediante la realización del concurso público con el fin de comprobar la idoneidad de cada participante y poder asegurar la elección de un candidato idóneo para ocupar el puesto
· Si el ente municipal observa que ha incurrido en una ilegalidad al realizar un nombramiento a un servidor, debe analizar cada caso en concreto para determinar si está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta y proceder a abrir el procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, o si por el contrario, no está ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, deberá declarar el acto administrativo lesivo a los intereses de la administración municipal e instaurar el proceso judicial establecido en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, respetando los plazos de caducidad correspondientes.