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Timestamp: 2019-06-19 19:09:02
Document Index: 144004842

Matched Legal Cases: ['artículo 303', 'artículo 303', 'artículo 219', 'artículo 214', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 260', 'artículo 7', 'artículo 85', 'artículo 14', 'artículo 303']

Cámara de Representantes - Repartido 1037 de agosto/2002
Comisión Especial para entender en los recursos previstos en el artículo 303 de la
Carpeta Nº 2357 de 2002 Repartido Nº 1037
DECRETO Nº 3764, DE 28 DE MAYO DE 2002, DE LA
Señor Presidente de la Cámara de Representantes:
don Guillermo Álvarez.
Los firmantes en hojas anexas, numeradas del 0003 al 1617, interponemos recurso de apelación (artículo 303 de la Constitución de la República) contra el Decreto Nº 3764 de la Junta Departamental de Maldonado, de fecha 28 de mayo de 2002, en base a los siguientes fundamentos:
1º) El Decreto Nº 3764 de la Junta Departamental de Maldonado es inconstitucional por razones de forma y de contenido.
2º) Inconstitucionalidad formal
I) La resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 12 de Junio de 2002 observó la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Maldonado para los Ejercicios 2002-2005, expresando que en oportunidad de la aprobación del decreto recurrido no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 219 de la Constitución de la República que dispone que solo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos dentro de los 20 días de ingresado el proyecto.
El mensaje del Intendente Municipal de Maldonado que es sustitutivo del que fuera remitido por el Ejecutivo Comunal de Maldonado con fecha 18 de abril de 2002, ingresó a la Junta Departamental de Maldonado con fecha 28 de mayo y fue aprobado por la Junta Departamental ese mismo día por el Decreto Nº 3764.
Por lo expuesto, el mensaje sustitutivo ingresó fuera del plazo dispuesto en la norma constitucional citada por lo que existe una inconstitucionalidad formal en la aprobación de la modificación presupuestal.
II) También se habría producido una inconstitucionalidad formal en virtud de que se violó lo dispuesto por los artículos 222, 86 y 214 inciso final de la Constitución de la República.
Según dispone el artículo 214 inciso final la "modificación de normas presupuestales" debe ser incluida y aprobada dentro de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuesta] previo informe del Tribunal de Cuentas de la República.
La modificación presupuestal aprobada por la Junta Departamental se aprobó en forma independiente y separada de la Rendición de Cuentas y sin previo informe del Tribunal de Cuentas por lo que se vulneraron los preceptos constitucionales citados.
Cuando se aprobó la modificación presupuestal por la Junta Departamental el día 28 de mayo de 2002, la Rendición de Cuentas del Gobierno Departamental de Maldonado se encontraba a estudio del Tribunal de Cuentas de la República.
3º) Inconstitucionalidad por el contenido.
Sin perjuicio de la inconstitucionalidad formal señalada existen varias normas aprobadas en el Decreto Nº 3764 de la Junta Departamental que son inconstitucionales por su contenido.
I) Inconstitucionalidad del artículo 12. Inconstitucionalidad de la rebaja salarial dispuesta en la modificación presupuestal.
Por el artículo 12 del Decreto Nº 3764 se dispuso la rebaja de los sueldos de la totalidad de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Maldonado, la referida norma vulnera los artículos 7º y 54 de la Constitución de la República.
El artículo 54 de la Constitución consagra para quien se halle en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado el derecho a la "justa remuneración".
En aplicación del derecho a la justa remuneración, en todos los presupuestos del Gobierno Departamental de Maldonado se han efectuado ajustes salariales por los cuales se indexaron (aumentaron) los sueldos de los funcionarios.
La norma aprobada en el Decreto Nº 3764 al reducir el salario de los funcionarios contraría las normas y principios protectores del trabajo humano dependiente y del salario como la principal contraprestación que por el se recibe, vulnerando el principio de irreductibilidad del salario el cual se encuentra implícito en el artículo 54 de la Constitución.
El derecho a la "justa remuneración" se vulnera al disponerse una reducción del salario o sea al abonar la Administración Municipal menor retribución por igual trabajo de los funcionarios.
También se vulnera el artículo 7º de la Constitución en virtud que el salario es el fruto principal del trabajo en relación de empleo y la referida norma habla de la "protección en el goce del trabajo", por lo que la protección en el goce jurídico del trabajo implica que el trabajador debe ser amparado y protegido en la percepción de su salario el cual no puede ser disminuido.
Por otra parte, debe tenerse presente el carácter alimentario del salario el cual consiste en que con su salario el trabajador adquiere su propio sustento y el de su familia y éste generalmente es el único medio para su subsistencia.
De lo expresado surge otro de los principios del salario: el de inmutabilidad consistente en que el salario como elemento esencial del contrato de trabajo no debe cambiar tanto en su forma nominal como en su forma real.
A tales efectos, se han establecido los mecanismos que permiten mantener inalterable no solo el salario nominal sino también el real. Esto tiene su fundamento en la dependencia económica del trabajador y en la índole alimentaria del salario por lo que se debe mantener el poder adquisitivo del salario del trabajador manteniendo su equiparación con el índice de precios del mercado.
Para mantener el salario real debe modificarse el salario nominal a fin de compensar el deterioro del poder adquisitivo del salario, subiendo el salario nominal en la misma proporción que sube el índice de precios al consumo.
El referido mecanismo era el utilizado hasta el presente en todos los presupuestos municipales, para disponer el incremento salarial de los funcionarios municipales consistente en la indexación o sea la adecuación matemática del monto del salario a las variaciones del costo de vida, pero al disponerse la rebaja salarial se eliminan todos los ajustes salariales percibidos en los últimos cuatro presupuestos retrotrayendo el salario real a valores de 1985.
II) Inconstitucionalidad del retiro jubilatorio obligatorio y automático aprobado por el artículo 14.
a) El artículo 14 del Decreto Nº 3764 vulnera las disposiciones de los artículos 7º), 54, 67 y la disposición transitoria letra V de la Constitución de la República.
De acuerdo a las normas señaladas el trabajo se encuentra bajo una especial protección por nuestra Constitución lo que lleva implícito que si se protege el goce del derecho también se debe proteger el cese del vínculo laboral; no pudiendo coartarse el derecho a ejercer la actividad laboral teniendo aptitud física y mental para ello.
b) En materia específica de la seguridad social (jubilaciones, pensiones y retiros) existe una reserva específica de la Constitución por lo que las modificaciones al régimen de retiros y jubilaciones solo pueden estar contenidas en leyes de carácter nacional.
Los decretos de las Juntas Departamentales pese a tener fuerza de ley en su jurisdicción (artículo 260 de la Constitución) no pueden regular la materia que se encuentra reservada a normas legislativas de carácter nacional.
El artículo 7º) de la Constitución expresa que "Nadie puede ser privado de estos derechos (entre ellos el derecho al trabajo) sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general".
Los decretos de las juntas Departamentales no son leyes sino como expresa la propia Constitución, decretos con fuerza de ley en su jurisdicción.
El artículo 85 establece las competencias de la Asamblea General, en el numeral 3º) se expresa que su competencia es "expedir leyes relativas a la...; protección de todos los derechos individuales".
c) La disposición transitoria letra V de la Constitución establece que no pueden incluirse en normas de presupuesto o rendición de cuentas normas que contengan modificaciones de seguridad social, seguros sociales o previsión social ya que las mismas serían inconstitucionales.
El Decreto Nº 3764 de la Junta Departamental de Maldonado aprobado por la misma el 28 de mayo de 2002, es una norma presupuestal en virtud de ser un decreto de adecuación o modificación presupuestal por lo que el artículo 14 del referido decreto es inconstitucional de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria letra V de la Constitución de la República.
Por las consideraciones expuestas los firmantes del presente recurso a la Cámara de Representantes solicitamos:
1º) Que tenga por presentado en tiempo y forma el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República contra el Decreto Nº 3764 aprobado por la Junta Departamental de Maldonado con fecha 28 de mayo de 2002.
2º) Que en definitiva por los fundamentos expuestos y luego de los trámites de estilo se deje sin efecto el citado Decreto del Gobierno Departamental de Maldonado.
OTROSI DICEN.- Que los firmantes designan como apoderados para que los representen ante la Cámara de Representantes, Corte Electoral, y Gobierno Departamental de Maldonado al Dr. Gustavo Martínez Guerra, CI 2.563.790-3, Daniel de Devitta, CI 2.545.301-2, Aníbal Alvira, CI 3.827.535-8 y Carlos Cabral, CI 2.670.062-0, y constituyen domicilio a los efectos legales en Román Guerra esquina Ituzaingó de la ciudad de Maldonado y en Canelones 1330 de la ciudad de Montevideo.