Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1839
Timestamp: 2018-05-20 10:22:55
Document Index: 157065444

Matched Legal Cases: ['artículo 231', 'artículo 14', 'artículo 322', 'artículo 328', 'artículo 72', 'artículo 106', 'artículo 28', 'artículo 51', 'artículo 25', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 353', 'artículo 36', 'artículo 231', 'artículo 14', 'artículo 322', 'artículo 328', 'artículo 106', 'artículo 28', 'artículo 51', 'artículo 25', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 191', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 186', 'artículo 1', 'artículo 72', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 353', 'artículo 36']

Inicio de Sesión: 11:31:00
Término de Sesión: 14:58:00
CELEBRADA EL MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2017
Una, de la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para formar parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres
Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura
Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Programa Anual de Trabajo 2017-2018
Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe Anual de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia
Una, de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, Panamá
Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por la que solicita se rectifique y homologue el turno de las diversas iniciativas en materia de Fiscalía General de la República y de reformas al Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el Acuerdo con la Convocatoria por la que se establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2016
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2017 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos
Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores
Una, del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, por la que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo al artículo 328 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos
Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural. El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7o de la Ley General de Educación
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Tres, que corresponden a las ternas que el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Cámara el pasado 31 de agosto para la elección de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los acuerdos son para comunicar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del plazo marcado por el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, sin que el Senado hubiese resuelto, con lo que se actualice el supuesto previsto por la norma
Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2017
Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores durante el mes de septiembre de 2017
Uno, por el que se devuelven a Comisiones dictámenes que se encuentran suspendidos en su trámite ante el pleno de la asamblea
De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo
De la Senadora María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud
Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Del Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del reglamento del Senado de la República, para ampliar el plazo mínimo para la distribución del proyecto de dictamen a los integrantes de la Comisión
De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, y a nombre de diversos Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
Una con punto de acuerdo de los grupos parlamentarios por el que se requiere a la cancillería de México que, a nombre del senado mexicano, solicite a la sección de clemencia, junta de indultos y libertad condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la convención de Viena
Senadora Ángel Benjamín Robles Montoya
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial
Veinte dictámenes emitidos por las diversas comisiones que contienen puntos de acuerdo
AMPLIACIONES Y RECTIFICACIONES DE TURNO..
Proposiciones y Efemérides
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 69 Senadoras y Senadores.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 7 de noviembre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicadas en la Gaceta de este día.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación de la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para formar parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.
Comuníquese al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.
Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.
Una, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, y
Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con las que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, todo, de la LXIII Legislatura.
También se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, de la Comisión para la Igualdad de Género con la que remite su Programa Anual de Trabajo 2017-2018.
Una, del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia.
Una, de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, Panamá.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió también una comunicación suscrita por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por la que solicita se rectifique y homologue el turno de las diversas iniciativas en materia de Fiscalía General de la República y de reformas al Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado 10 de febrero de 2014.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que esta solicitud quedará en poder de la Mesa Directiva, para que acuerde lo que corresponda.
En caso de que se apliquen modificaciones de turno, se informará oportunamente a esta soberanía.
Daremos ahora trámite al acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene la Convocatoria que establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se encuentra publicado en la Gaceta, y el Acuerdo requiere la sanción de la Asamblea para que la convocatoria tenga plena validez.
En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que remitió la Comisión de Derechos Humanos.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, con la Convocatoria que establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En consecuencia, queda aprobada la Convocatoria sobre el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Publíquese en la página electrónica del Senado, a partir de esta fecha, y en dos diarios de circulación nacional, los días 13 y 14 del mes en curso.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2016.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Vivienda.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2017 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron trece oficios de diversas dependencias, con respuestas a acuerdos aprobados por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió una comunicación suscrita por el Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, por la que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Se instruye a la Secretaría a emitir comunicaciones de agradecimiento.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo la Colegisladora remitió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo al artículo 328 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.
La Secretaría nos informará sobre los expedientes de proyectos de decreto rechazados y devueltos por la Colegisladora, así como del turno que corresponde en cada caso.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Recibimos la devolución de los expedientes de los siguientes proyectos de decreto:
El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural, que se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.
El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, que se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que se turna a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.
El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.
El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.
El que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7º de la Ley General de Educación, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
Les informo que a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval, a la que dimos entrada al inicio de esta sesión, se turna a las Comisiones Unidas de Marina; de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera.
Les informo que la Mesa Directiva suscribió tres acuerdos que corresponden a las ternas que el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Cámara el pasado 31 de agosto para la elección de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los acuerdos son para comunicar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del plazo marcado por el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, sin que el Senado hubiese resuelto, con lo que se actualice el supuesto previsto por la norma.
La Mesa Directiva enviará una comunicación por cada una de las ternas recibidas.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para los efectos de los artículos 66, inciso g), y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de noviembre del año en curso.
Doy cuenta, señor Presidente.
Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de noviembre del 2017. (Leyó. Insértese).
Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de noviembre del año en curso.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de los Senadores para el mes de noviembre del año 2017.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido al mes de septiembre del 2017.
Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de septiembre del 2017. (Leyó. Insértese)
Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo por el que se devuelven a comisiones diversos dictámenes que se encuentran suspendidos en su trámite ante el Pleno.
Solicito a la Secretaría le dé lectura a su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.
Primero.- La Cámara de Senadores autoriza que los dictámenes que lograron una primera lectura y se encuentran suspendidos en su trámite de discusión y votación ante el Pleno de la Asamblea, se devuelvan a las comisiones que los generaron para que valoren la pertinencia de su respectiva propuesta legislativa y, en su caso, manifiesten su determinación de someterlo a la consideración de la Asamblea en los términos elaborados originalmente.
Segundo.- Los dictámenes a los que se refiere el resolutivo anterior se describen en la lista anexa y forman parte del presente acuerdo.
Tercero.- Se devuelven a las comisiones correspondientes los dictámenes que hasta la fecha no han tenido inscripción en el orden del día de alguna de las sesiones del período ordinario que transcurre al momento de la suscripción del presente acuerdo, y que se describen en la lista identificada como “Anexo número dos”.
Cuarto.- Las comisiones a las que se devuelven los dictámenes descritos en el resolutivo segundo del presente acuerdo, podrán aplicar adecuaciones a su contenido para presentar una propuesta legislativa diferente a la que contienen de origen.
Si las comisiones resuelven modificar el contenido del dictamen, la aprobación correspondiente deberá realizarla en apego a lo que disponen los artículos correspondientes del Título Sexto y del Título Séptimo del Reglamento del Senado.
Quinto.- En el caso de que la Mesa Directiva reciba nuevamente cualquiera de los dictámenes que se señalan en el resolutivo segundo del presente acuerdo en los términos de su origen o con una versión modificada, su trámite ante el Pleno de la Asamblea se sujetará a lo que marcan los artículos del 182 al 211 del Reglamento del Senado.
Sexto.- Cualquier aspecto no previsto en el presente acuerdo, se sujetará a lo que disponga la Mesa Directiva.
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo y el anexo al que se refiere al resolutivo segundo en la Gaceta del Senado.
Senado de la República, a los 7 días del mes de noviembre de 2017.
Publíquese con los anexos que se mencionan, y háganse las notificaciones correspondientes a las comisiones.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de portabilidad en telefonía fija.
En uso de la voz la Senadora Dorantes.
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Buenos días.
A cuatro años de ser aprobada la reforma en telecomunicaciones, hemos alcanzado logros importantes para la transformación de México.
Por ejemplo, sólo durante el año 2015, fuimos el país con mayor crecimiento en penetración de banda ancha móvil en los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con un crecimiento de 21.3 %.
La reforma en materia de telecomunicaciones también ha motivado que la penetración de la telefonía fija y móvil esté incrementándose gracias a la competencia que ha generado entre las empresas del sector, lo que termina por beneficiar al usuario en cuanto a costos y beneficios.
Con respecto a la telefonía, en 2016 la penetración fue de 60 líneas por cada cien hogares, de los cuales el 76 % fueron residenciales y el 24 % no residenciales, registrando 19.7 millones de líneas fijas en el mercado, que en conjunto generaron 29.8 millones de minutos que equivalen a 517 minutos al mes, el promedio de minutos registrados, el 75 % fue de tráfico nacional y el 25 % de larga distancia internacional.
Si bien es cierto, la telefonía fija en nuestro país sigue creciendo año con año, los minutos de tráfico por línea fija han disminuido por diversos factores, uno de ellos es la facilidad para acceder a la telefonía móvil.
Cabe resaltar que aunque exista una situación por un bien similar, como lo son la telefonía fija con la móvil, y se vean reflejados en el uso de minutos a llamadas, hoy en día el mercado de la telefonía celular le resultaría imposible sustituir la capacidad de uso por gigabyte, por cada uno de los hogares, como lo mantiene la banda ancha fija, ya que los costos de la telefonía móvil aún son elevados para acceder a estos servicios en los hogares de nuestro país.
A través de las telecomunicaciones físicas se pueden obtener desempeños de red muy altos, además de que la telefonía móvil usa red fija para comunicar sus células, no podemos pensar que en un futuro se substituya la figura fija a la móvil, por lo menos en términos de infraestructura que se requiere para desplazarla.
Con base a lo anterior podemos destacar que la telefonía fija en el país sigue siendo indispensable, también podemos asegurar que el buen uso de la capacidad instalada de las diversas empresas que prevén estos servicios pueden llegar a fomentar la ciencia y la tecnología de nuestros niños, aprovechando los mecanismos de búsqueda para satisfacer las labores educativas y académicas, por ser este uno de otros ejemplos.
Una de estas áreas donde se han beneficiado más a los usuarios de telefonía móvil es la portabilidad que se expresa en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; sin embargo, no se menciona la telefonía fija, no está regulado al respecto de la obtención del mismo número de redes fijas, como la complejidad que conlleva la modificación e instalación de su red en cada uno de los nuevos domicilios.
Existen casos registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, donde las empresas que prestan los servicios de telefonía fija han llegado a tardar meses para que se le instale la línea a cada uno de los clientes que lo ha solicitado, a pesar de ello las empresas siguen cobrando las líneas aunque no estén disponibles para su uso.
Por ello, la presente iniciativa tiene la finalidad de que en la telefonía fija, así como en la móvil, tengan los mecanismos jurídicos expresos en la ley a fin de salvaguardar al usuario de los cobros infundados por las omisiones de toda índole de parte de las empresas de telefonía al no hacer las instalaciones de los servicios de telefonía fija de manera pronta e inmediata, y que ello repercute en la calidad del servicio y, por ende, del usuario.
En este marco pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa para seguir avanzando en un sector que es relevante para la economía nacional y para las familias mexicanas, es por ello que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea este proyecto de decreto que reforma el artículo 3°, y se adiciona una fracción al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Agradezco su atención y en especial su apoyo a esta iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.
Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Hilda.
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: (Desde su escaño) Me permite sumarme a la iniciativa de la Senadora Dorantes.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Senadora Dorantes?
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Sí, con mucho gusto, Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es concedida su solicitud, Senadora.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de asignación de recursos para caminos rurales.
En uso de la tribuna la Senadora García García.
La Senadora Andrea García García: Con su venia, señor Presidente.
Quiero comenzar planteando la problemática actual de muchos de nuestros municipios y su población.
Como saben, nuestra geografía es complicada y nuestra infraestructura sigue siendo insuficiente para que servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable, la energía eléctrica y el drenaje, por mencionar algunos, llegan a todos los rincones de nuestro país.
Por ello, vengo a presentarles esta iniciativa que busca disminuir este problema, la falta de pavimentación, construcción de caminos y su mantenimiento causan que la población no tenga vías de comunicación y en muchos municipios de nuestro país la gente se tiene que desplazar a pie recorriendo horas de trayecto para llegar a su destino.
Uno de los ejemplos más comunes son niñas y niños y adolescentes indígenas que muchas veces abandonan la escuela y sus estudios porque son muchas las horas que recorren a pie y también muchos los peligros a los que se ven expuestos, lo anterior también ocasiona un nivel de vida bajo ya que tienen que esperar días para el abasto de ciertos productos de uso cotidiano.
Y aún más importante, los casos de salud donde la dificultad que tienen las personas para salir de los ejidos y rancherías para llegar a los centros de salud ocasiona la falta de atención que puede ocasionar la muerte de las personas si no son atendidas a tiempo en los casos de urgencia.
Organismos como el Banco Mundial han registrado prácticas benéficas contra el combate de la pobreza, en un estudio denominado “Caminos Rurales” con conectar a las personas con los mercados y los servicios.
En Bután, por ejemplo, un proyecto de caminos rurales disminuyó el 75 % de tiempo de viaje promedio y los costos de traslados y hospitales y mercados, asimismo se tuvieron mayores oportunidades para que los niños pudieran estudiar en las escuelas de la comunidad, lo anterior representó la caminata de seis horas a la escuela por una hora en autobús y aumentó la asistencia de 4 a 32 niños y niñas.
En México no somos ajenos a dicha realidad, existen casos como los de las rancherías Cerro Prieto, en Oaxaca, donde el transcurso a la escuela más cercana es de cuatro horas, dos de ida y dos de regreso, pero no son los únicos, en nuestro país existen 25 mil comunidades indígenas que están ubicadas en zona de difícil acceso y que ocasiona que nuestros niños lleguen a la escuela con sed, con hambre y con un gran cansancio, y que su regreso a casa sea igual con la misma sed, con mucha más hambre, y dependiendo de la estación del año, bajo el rayo del sol más fuerte, bajo lluvias o bajo el invierno.
Por ello, compañeras y compañeros Senadores, tenemos que hacer algo respecto y valernos de las herramientas con las que ya contamos.
Actualmente en México contamos con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, que tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social.
Dicho fondo está destinado principalmente para el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores poblaciones con altos niveles de pobreza, a través de acciones concretas que disminuyen el rezago del cual sean parte.
De tal manera que para combatir dicho rezago social es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, con la finalidad de crear un nuevo rubro de gasto complementario en el que aumente un 30 % del recurso que se pueda destinar en caminos rurales e infraestructura de carretera pavimentada.
Quiero hacer una pausa a lo anterior con aumentar el destinado camino rurales y pavimentación quiero ser muy precisa, no soy diciendo ni pidiendo que se aumente el presupuesto, simplemente que del presupuesto ya existente se asegure el 30 % para este rubro.
Hoy dicho artículo establece en el inciso a) fracción I, rubros como agua potable, acantilado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, y mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento e infraestructura conforme a lo señalado en el catálogo de acciones, establecido en el lineamientos del FAIS que emite la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se mencionan que se puede gastar.
Es en el rubro de urbanización, en el que se hace referencia a un abanico muy amplio de gasto, en el que de acuerdo con los lineamientos de operación del fondo de aportaciones y la infraestructura social emitidas por el Sedesol, se puede comprender albergues, alumbrado público, pavimentación y caminos rurales, comedores comunitarios, electrificación de pozos, guarniciones y banquetas, infraestructura, equipamiento para el acceso de personas con discapacidad, muros de contención, nivelación de tierras, vados y señalización.
Ante la evidente amplitud coexiste, dentro de los rubros de gasto de dicho fondo en materia de urbanización, es que se deriva la necesidad de especificar lo referente a caminos rurales e infraestructura de carretera pavimentada.
Lo anterior, sé que actualmente se considera como un rubro de gasto complementario mediante el acuerdo publicado el 31 de marzo de 2016 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo limita el 15 % solamente, del total del que se puede erogar. Sí, sólo el 15 %.
Ello se contrapone con la Ley General de Desarrollo Social, que establece en su artículo 19, fracción IX a los caminos y otras vías de comunicación como rubros de atención prioritaria y de interés público, por lo que la Ley de Coordinación Fiscal, así como los lineamientos de la operación del FAIS, no atienden esta importante necesidad que puede ser detonadora del desarrollo social.
Por lo anterior, conforme a la intención de crear un nuevo rubro de gasto complementario, por lo que el artículo 33, en su inciso a) fracción I, se le adiciona el rubro de caminos rurales e infraestructura carretera pavimentada, para quedar como sigue:
Artículo 33. Inciso a) Los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social, se destinarán a los siguientes rubros.
Fracción I.-Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, agua potable, acantilado, drenaje, letrinas, urbanización, caminos rurales, infraestructura, carretera pavimentada, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
Es importante señalar que dicha iniciativa da como objetivo principal el fortalecer los mecanismos de bienestar del desarrollo social, económico, cultural de nuestros municipios.
Compañeras y compañeros Senadores, los países más desarrollados tienen los mejores caminos y carreteras, si queremos llevar salud, si queremos llevar educación, si queremos acercar el desarrollo, si queremos llevar progreso, debemos invertir en caminos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Andrea García García.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias Presidente. Si la Senadora Andrea me permite sumarme a su iniciativa y felicitarla.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En el mismo sentido, Senador Santana, Senador Flores, Senador Larios.
Solicito a Servicios Parlamentarios que tome nota de los Senadores que han expresado su intención de suscribir la iniciativa presentada por la Senadora Andrea García, incluyendo respetuosamente al de la voz. Al Senador Romero Lainas, igualmente.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Escuela del Sur, invitados por la Senadora Hilda Flores Escalera, es un gusto para el Senado de la República, contar esta mañana con su presencia.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que el día de hoy, nuestra compañera Senadora Marcela Guerra Castillo celebra su onomástico.
Muchas felicidades, Senadora Marcela Guerra.
Enseguida se concede el uso de la voz al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el apartado tercero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, en materia de consulta popular.
En uso de la tribuna el Senador David Monreal.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Presidente. Con su permiso.
La participación de los ciudadanos dentro de la democracia es fundamental para incentivar la buena percepción hacia esta forma de gobierno, sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por el Latinobarómetro, podemos observar que en América Latina, la percepción hacia la democracia va siendo cada vez peor.
Según el estudio, en América Latina, sólo el 5 % de los ciudadanos dicen que hay plena democracia, un 27 % señala que hay pequeños problemas, mientras que un 45 % dice que hay grandes problemas y un 12 % cree que no hay problema.
En México la situación no es más alentadora, sólo el 18 % de las personas encuestadas están satisfechas con la democracia.
Asimismo, en la percepción de una democracia plena, dentro de la escala propuesta por este mismo estudio, del 1 al 10 donde el 1 es no democrático y el 10 es totalmente democrático, México registró un promedio de 2. Es decir, existe una total desilusión hacia la democracia de nuestro país.
En este sentido, la consolidación de un sistema democrático indudablemente implica la participación activa de la ciudadanía, es decir, se debe empoderar al ciudadano para que pueda participar de manera permanente en temas de trascendencia nacional.
Se debe entender que la ciudadanía va más allá de un estatus o calidad, pues es también producto de un largo proceso histórico que a la par trajo consigo el reconocimiento de diversos derechos fundamentales.
Sin embargo, no se trata de diversos derechos absolutos e ilimitados, puesto que nuestro país, la legislación ha establecido ciertos límites para su ejercicio en aras de no afectar los derechos de la colectividad.
En México, los ciudadanos de la República tienen reconocidos diversos derechos político-electorales, no obstante un gran avance en la materia se dio con la reforma al artículo 35 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012, la que creó la figura denominada Consulta Popular.
La Consulta Popular, se concibe como un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido para expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.
La introducción de esta figura a nuestro marco jurídico es el preámbulo para fortalecer la esencia democrática de nuestro país, así como para empoderar al ciudadano respecto a la toma de decisiones públicas y los alcances políticos de las mismas.
Pese a este avance, un aspecto relevante que condiciona la viabilidad de Consulta Popular es la denominada trascendencia nacional, la que de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular es calificada por la Cámara del Congreso de la Unión, cuando la solicitud proviene del Presidente de la República o de las mismas Cámaras del Congreso, o bien, la califica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la solicita o cuando viene de los ciudadanos.
Al respecto, es oportuno decir que la ley específicamente se refiere a que exista trascendencia nacional cuando el tema propuesta contenga elementos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten de una parte significativa de la población.
Aunado a lo anterior, el apartado 3º de la fracción VIII de este artículo 35 constitucional enlista algunos temas que no pueden ser objeto de consulta popular, entre los que pudiéramos destacar el de ingresos y egresos del Estado.
Es una realidad que las finanzas públicas no son ajenas a la población nacional, pues en términos generales gran parte de los ingresos se sostiene por los contribuyentes; por su parte, en cuanto a los egresos, éstos deben ser manejados por el Estado a efecto de cumplir con sus objetivos y fines principalmente para satisfacer las necesidades colectivas.
En este sentido, el tema evidentemente es de interés general y repercute en gran parte a la sociedad nacional.
Sin embargo, a pesar de poder ser calificado como de trascendencia nacional muchos temas son frenados por encuadrar en esta limitante constitucional; es decir, se relaciona directa o indirectamente con los ingresos y egresos del Estado.
Un ejemplo de lo anterior fue lo que sucedió alrededor de la constitucionalidad de la consulta popular sobre la reforma energética propuesta por Morena.
Pese a ser un tema de trascendencia nacional, en el 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto que resolvía que la propuesta de consulta popular solicitada sobre la reforma energética era inconstitucional al actualizar el supuesto que impidió llevarla a cabo; es decir, la materia radicaba en los ingresos del Estado.
Otra determinación de esta índole se dio respecto a la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular planteada por Acción Nacional en este mismo año, en el 2014, en relación a que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval.
Aunque el proyecto inicial calificaba como constitucional la materia de la consulta formulada en la votación final se determinó lo contrario con seis votos en contra, de los cuales tres argumentaron que la materia de la consulta incidía nuevamente en los ingresos y gastos del Estado.
Como es posible notar con estos dos ejemplos, actualmente la restricción constitucional para someter a un tema a consulta popular relacionada directa o indirectamente con los ingresos o egresos del Estado, resulta un verdadero obstáculo para poner temas de trascendencia nacional a consideración de los mexicanos; es decir, difícilmente pudiera llevarse, pues, una consulta popular.
Por lo anterior, a través de la presente iniciativa, se propone suprimir la restricción a la que se refiere el apartado tercero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, respecto de los ingresos y egresos del Estado, para que puedan ser objeto de consulta popular.
De esta manera, los temas que sean calificados de trascendencia nacional y que directa o indirectamente se relacionen con los ingresos y egreso del Estado constitucionalmente podrán ser objeto de una consulta popular bajo reserva de la consideración que tengan las Cámaras del Congreso o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso.
El objetivo primordial es que la restricción a que se refiere la Carta Magna no sea el argumento que desestime de entrada las posibilidades de considerar que un tema sea objeto de consulta popular; asimismo, abriría la posibilidad para que en el análisis de trascendencia nacional se tomen en consideración aspectos de fondo que vayan más allá de calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la petición.
No es viable permitir que se repita lo sucedido con las consultas populares planteadas en el 2014, puesto que como éstas habrá decisiones fundamentales que conduzcan el rumbo del país y que ameriten ser puestas a consideración de los mexicanos a través de este mecanismo, el de la consulta popular.
En el marco de consolidación de los derechos humanos, y entendido que la consulta popular se erige como un mecanismo al que tienen derecho a acceder los ciudadanos, la participación debe materializarse como un derecho fundamental y sus restricciones o limitaciones deben manejarse acorde al principio pro-persona que dispone la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en el que el país es parte.
Al respecto, vale la pena mencionar lo que uno de los Ministros expresó mediante voto particular, formulado en la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular planteada por Morena. Aseveró que la Suprema Corte tiene que desarrollar el mecanismo de democracia semidirecta porque se trata del ejercicio de un derecho político con rango y características de derecho humano, por lo que debe buscarse el cómo sí se logra hacer efectivo el acceso a la consulta y no adoptar sentidos interpretativos que imposibiliten su acceso.
La finalidad de que los ingresos y egresos del Estado ya no sean una limitante constitucional no significa que apertura la posibilidad a todos los temas, más bien es el inicio para que el objeto de la consulta se interprete en beneficio de la persona como derecho humano, se restrinja lo menos posible el acceso a la consulta popular.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador David Monreal Ávila.
Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios.
Preguntarle al proponente si acepta que también suscriba esta iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es concedida su solicitud.
Servicios Parlamentarios, favor de recabar la firma del Senador Héctor Larios.
Senador Pedraza en el mismo sentido.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Xalapa, Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.
Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum, Martha Elena García y Pilar Ortega un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajadoras del hogar.
La presente iniciativa que voy a tener el honor de leer está signada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum, Martha Elena García, Marcela Torres Peimbert y Pilar Ortega Martínez.
Es una iniciativa que está diseñada, discutida y tiene también la pluma de Conapred, particularmente tengo que reconocer y agradecer siempre el apoyo, la dinámica que le caracteriza a la Presidenta del Consejo de Conapred, Alexandra Hass, que ha destacado con una gran relevancia entre otras iniciativas importantes que están en Conapred particularmente esta iniciativa.
Igual agradezco la presencia de Marcelina Bautista que dirige el Sindicato de Trabajadoras del Hogar.
Como se sabe, el trabajo doméstico no es la primera ocasión que lo tratamos en el Senado de la República, hemos insistido en diversas ocasiones que se tiene que reformar la Ley Federal del Trabajo para que se reconozca este trabajo remunerado, porque es además una de las principales fuentes de trabajo a nivel internacional. Hemos insistido también solicitándole y citándole al titular del Ejecutivo Federal que envíe a este Senado de la República para su revisión y aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Nos parece muy importante destacar que este trabajo es un trabajo feminizado que se caracteriza además de su precariedad por tener condiciones discriminatorias que normalizan la exclusión de este importante sector de mujeres principalmente, el 97 % son trabajadoras del hogar, y se les excluye de sus derechos laborales más elementales.
No existe, por ejemplo, obligación de un contrato, se excluye de prestaciones entre otras, la del Seguro Social, no hay una regulación de la jornada laboral ni de su salario, entre otras situaciones que es importante cambiar.
El principal reto que tiene México es el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores domésticos que están inscritos en la ratificación necesaria e imprescindible que tenemos que impulsar del Convenio 189, pero además también de la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
La Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011 el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos y además la recomendación que lo acompañe que se conoce como la Recomendación 201, estos dos documentos contienen una serie de normas y directrices, que, de ser puestas en operación por los países que se adhieren contribuirán a restituir derechos y a mejorar las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
En el país, de acuerdo con cifras de Inegi existen más de 2 millones de empleadas domésticas, quienes sufren discriminación múltiple por sus condiciones, ya he dicho que el 97 % son mujeres, y es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación de 2010, este sector es uno de los más frecuentes vulnerados de sus derechos, y específicamente tengo que destacar el de los derechos laborales.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado recientemente que 14 % del total de mujeres que están empleadas se desempeñan como trabajadoras del hogar, una quinta parte de las mujeres que ejercen esta profesión, tienen menos de 20 años de edad, y alrededor del 30 % de las personas que trabajan en este sector, sólo cuenta con estudios de primaria.
Hasta 2015, 22 países habían ratificado el convenio, más de la mitad son países latinoamericanos, la ratificación sin duda implica que el país se compromete a aplicar el convenio en su territorio y hacer susceptible de la supervisión en la Organización Internacional del Trabajo.
México, como sabemos, no lo ratifica todavía, aunque ha manifestado en distintas ocasiones su intención de sumarse a él, pero aún no se toman acciones contundentes para eliminar los elementos de discriminación que obstaculizan que las trabajadoras del hogar puedan inscribirse dentro de la seguridad social y contar, por ejemplo, con una base salarial estándar mínima y prestaciones de ley.
La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social deben modificarse para armonizar sus preceptos a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.
En esto, algunos países nos llevan ventaja. Voy a mencionar, por ejemplo, el caso de Brasil, que ya reconoce en su Constitución que iguala los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Filipinas que acaba de promulgar una ley especial que es la Ley de Trabajadores Domésticos o lo que está haciendo, por ejemplo, Uruguay, Argentina donde ya se reconocen los derechos laborales, y están teniendo mucho éxito, nos parece que en México son experiencias importantes que nosotros debiéramos aprender de ellas.
Su aprobación obligaría a una armonización legislativa, además de la modificación a la Ley Federal del Trabajo y la general del IMSS para que podamos hacer valer estos derechos como lo hemos estado reiterando, como es el caso de la seguridad social, salarios justos, contratos, etcétera.
Permitiría, con estas reformas establecer la obligación para inspeccionar a las instituciones públicas en la regulación de las relaciones obrero-patronales que no se hace respecto a este trabajo, y daría la pauta para que se homologuen los derechos de este tipo de empleos.
Voy a mencionar rápido la encuesta nacional de uso de tiempo que establece que casi dos millones de hogares declaran que contratan trabajo del hogar, en estos hogares viven 4 millones 854 mil personas que se benefician de las labores remuneradas del hogar.
Por su parte, una estimación con base únicamente en la proporción del número de hijos e hijas y el estado civil de la trabajadora del hogar que se levantaba en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del año pasado nos acerca a una cantidad de 9 millones 400 mil personas que se beneficiarían de los ingresos percibidos por las trabajadoras del hogar cuando sean reconocidas como tales y, por supuesto, tengan acceso a un empleo digno, decente y bien remunerado.
A raíz de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el pasado 30 de marzo, se renovaron votos y voluntades por los derechos laborales de las trabajadoras, y se instaló la mesa interinstitucional para la ratificación del Convenio 189 del OIT, dicha mesa está conformada por Senadoras y Senadores de diferentes partidos políticos.
Como yo decía al principio, esta iniciativa la estamos signando la Senadora Diva Hadamira Gastélum, la Senadora Martha Elena García, la Senadora Marcela Torres Peimbert y la Senadora Pilar Ortega, aquí está acompañando en esta presentación, ojalá que le den uso de la palabra, señor Presidente para que apoye esta iniciativa, sería muy emblemático, por las características del resultado de esta iniciativa que le puedan dar la voz a la Senadora Diva Hadamira Gastélum, porque, miren, este es un ejercicio de Parlamento Abierto.
Esta mesa además, cuento con la presidencia de la unidad de género del Senado, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Inmujeres, de Conapred, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de IMSS, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, la Organización Hogar Justo Hogar, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, ONU-Mujeres y también de la OIT como observador.
De esta mesa se derivó un grupo conformado por los equipos técnicos de las y los Senadores participantes, el Conapred y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
La finalidad es elaborar esta iniciativa que hoy estoy poniendo a su consideración a nombre de todas nosotras y de todas estas organizaciones que además de reformar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, también adiciona otros, y eventualmente deroga otros.
¿Qué caracteriza esta iniciativa?
Define como trabajadora del hogar a toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseso, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa, que no importe para el patrón, beneficio económico directo, conforme a las horas o jornadas semanales establecidas en la ley.
Se establecen tres modalidades: Las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o lo que comúnmente se le ha denominado de “planta”; las personas que trabajan para un patrón y no residen en el domicilio, de entrada por salida, y de las personas trabajadoras del hogar que trabajan con diferentes patrones y no residen en el domicilio en ninguna de ellas.
Prohíben la contratación de personas menores de 15 años. Tenemos que recordar que el trabajo doméstico infantil es una forma de trata y esta forma de trata por desgracia está ahí, oculta, invisible. La ley tiene que prohibir que se contraten a personas menores de 15 años. Y a quienes son mayores de 15 años y menores de 18, siempre que sigan estudiando y dependiendo siempre el trabajo que tenga que realizar.
Se establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito. Se dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminados. Es algo que también estamos observando mucho, mujeres que vienen de Centroamérica, que están buscando trabajo o que no pueden pasar a Estados Unidos, se quedan acá, buscan trabajo. ¿Dónde? El trabajo doméstico, y sufren una gran discriminación precisamente por la situación en la que se encuentran.
Para las personas trabajadoras del hogar que residen en el domicilio, las jornadas de trabajo no podrán exceder de ocho horas diarias.
En caso de ser aprobada la presente iniciativa, las personas trabajadoras del hogar contarán con las prestaciones establecidas en esta ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social, a aguinaldo.
Las distintas propuestas de reforma, por obviedad de tiempo, señor Presidente, señoras Senadoras y Senadores, no las voy a leer, las conocen ustedes porque lo tienen en el Diario de los Debates y han circulado.
Y entonces lo que llamamos la atención, todas nosotras y todas estas organizaciones, es que realmente nos sentemos a reformar esta ley. Nos parece que lo que aquí está inscrito en estas reformas, no tiene desperdicio, tienen un gran proceso atrás de involucramiento de distintas instituciones, y por supuesto también tienen el visor, tienen la clara determinación de que se está de acuerdo por parte de las trabajadoras del hogar que hoy están constituyendo sus propias formas de organización sindical.
Gracias a todas ustedes y a todos ustedes por su atención.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senadora De la Peña.
Sonido en el escaño de la Senadora Diva Gastélum.
Tengo también la solicitud de uso de la palabra de la Senadora Ana Gabriela Guevara.
Yo les solicitaría a las Senadoras que están haciendo la solicitud de intervención, tratemos de ajustarnos a los tiempos.
Pero con mucho gusto, Senadora Diva Gastélum, tiene usted el uso de la palabra.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias Presidente, por darme la oportunidad de hacer uso de la palabra.
Éste no es un tema menor, los veo que está complicados con el tiempo, pero éste es un trabajo de más de tres años que hemos, como lo dijo la Senadora Angélica de la Peña, hemos trabajado con la sociedad civil, la parte del Gobierno de la República y Senadoras, permanentemente.
Lo más grave de esto es que pareciera que porque no hay un marco jurídico, no tienen derecho las trabajadoras domésticas, el trabajo decente, como se le ha nombrado.
En este Senado se han presentado infinidad de solicitudes para la ratificación del Convenio 189. Y este documento que ha sido presentado, esta iniciativa, por la Senadora Angélica de la Peña, tiene mucho sentido. Ésta es una de las peores violaciones a los derechos humanos, peores.
Para que usted y yo estemos aquí, hay alguien allá en la casa que está haciendo el trabajo doméstico, que no tiene derechos, que no sabe de horarios, que no tiene seguridad social, y eso no puede ser válido. Yo por eso me congratulo de formar parte de este equipo que no hemos dejado un solo momento.
En este momento hay un seminario en el Octavio Paz, donde está Marcelina Bautista, una de las activistas más fuertes del tema de trabajo doméstico. Tomémosle sentido a esta iniciativa, perdón por la expresión, no es cualquier iniciativa, tiene de fondo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales y con la seguridad social que merecen el 95 % que representan las mujeres que se dedican al trabajo doméstico.
Por eso, felicidades Angélica; felicidades a Conapred; Inmujeres; a la Secretaría del Trabajo; al Seguro Social, por lograr una salida, quizá no la más idónea, pero una salida a una de las violaciones de derechos humanos más importante, que es el trabajo doméstico.
Gracias, Presidente, por esta oportunidad.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al contrario, gracias a usted por sus palabras, Senadora Diva Gastélum.
Ha solicitado el uso de la voz desde su escaño, la Senadora Ana Gabriela Guevara.
Sonido en el escaño de la Senadora Guevara.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Acudiendo a su solicitud de tiempo, nada más quiero felicitar a la promovente por esa iniciativa, y pedirle que quiero suscribirme también, y que es un gran tema, y como lo acaba de decir la Senadora Diva, ya de años siendo recurrentes en diferentes vertientes sobre el mismo tema del servicio doméstico, y también sobre todo haciendo hincapié en las últimas palabras de la Senadora, en torno al tema migratorio y lo que esto significa, por supuesto el tema laboral del servicio doméstico en nuestro país, pero también el tema de derechos humanos y todo lo que esto conlleva, ejercitando por esta iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara.
Sonido en el escaño de la Senadora Barrera Tapia.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Solamente en el mismo sentido, felicitar a las Senadoras proponentes, y solicitarles si me permiten adherirme a esta gran iniciativa, que efectivamente podrían estar foros y continuar hablando de ello y seguir escribiendo.
Sin embargo este paso que se está dando el día de hoy no tan sólo mueve la conciencia de las mujeres, sino también de aquellos que contratamos a quienes nos ayudan en el hogar, a quienes hacen el trabajo y que no cuentan hoy con ningún tipo de derecho que está obligado por nuestra Constitución, sin seguridad social, sin oportunidades de defensa y por supuesto nuevamente ésta será un gran beneficio, no tan sólo para las mujeres, sino también para preservar sus derechos humanos.
Si me lo permiten, poderme adherir, señoras Senadoras.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Barrera Tapia.
La Senadora De la Peña, desde luego es anuente a su solicitud.
Senadora Lorena Cuéllar, había usted solicitado el uso de la voz.
Efectivamente lleva años este trabajo, y me sumo desde luego, porque también presenté hace varios años ya, una iniciativa similar, ya que en nuestros hogares son las personas a los que les confiamos nuestros hijos, les confiamos nuestras pertenencias, y se vuelven parte de una familia.
Así que si me da oportunidad también la Senadora Angélica de la Peña, suscribirme, le agradeceré mucho.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Había solicitado, primero, el Senador Víctor Hermosillo, y después la Senadora Luisa María Calderón.
¿Es en el mismo sentido o quiere hacer uso de la palabra?
Sonido en el escaño del Senador Hermosillo.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Es en el mismo sentido.
Me llama la atención que son puras mujeres las que están promoviendo esta situación. Yo me adhiero.
Debo decirles que yo tengo en mi casa, en Seguro Social, a los que trabajan, pero hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que para tener Seguro Social se necesita un patrón.
Entonces se tiene que estudiar muy bien esta situación porque como dicen las estadísticas, son más de dos millones de mujeres que están en el servicio doméstico y por supuesto que tienen que avanzar en sus derechos, realmente hay algunas que tienen muchos años trabajando con sus patrones. Puedo decir que casi se hacen parte de la familia, aunque muchos no lo consideramos así, pero son parte esencial de la vida cotidiana, estoy de acuerdo, pero sí hay que verlo sin demagogia y con mucha situación de estudio para que se pueda realizar.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, don Víctor.
Y me permito hacer la corrección de que no eran solamente Senadoras. Yo había solicitado con antelación a la Senadora De la Peña, que me permitiera acompañar suscribiendo esta iniciativa.
En el mismo sentido, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora Calderón, para que por favor, Servicios Parlamentarios; el Senador Isidro Pedraza expresa su intención de adherirse.
Quienes así lo deseen, el Senador Isaías, por supuesto, Servicios Parlamentarios, por favor, tome nota de las y los Senadores que están solicitando suscribir esta tan trascendente iniciativa, en el mismo sentido.
Muchas gracias, Senadoras.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, un proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, en materia de jornadas laborales médicas.
En uso de la tribuna la Senadora Barrera Tapia.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.
El derecho a la salud es una prerrogativa que se enfoca prioritariamente en protección de la salud de las personas y alivio de malestares en personas enfermas.
Sin embargo, este derecho requiere ser integral y no sólo abarcar a quienes son objeto de la atención, sino también a quienes los atienden.
Los médicos y las enfermeras representan la columna vertebral de todo el sistema de salud, son fundamentales en todos los niveles de atención, y es gracias a su labor que pueden encarnarse la verdadera protección de la salud, por eso su preparación es de vital importancia y requiere de un grado de excelencia máxima.
A través de la mezcla de entre conocimiento académico y la práctica profesional, se logra la profesionalización integral para un médico.
En México existen distintos períodos de entrenamiento y capacitación para los médicos. Todos sabemos que es obligación de todos los pasantes del sector salud, quienes hemos hecho la carrera de medicina, que tenemos que hacer y prestar un servicio social en alguna comunidad de nuestro país; también tenemos que cumplir con un internado de pregrado en la licenciatura y además, si se desea, se requiere un período de residencia para contar con alguna especialidad o subespecialidad.
Estas prácticas constituyen el proceso de formación de un médico general o en especialidad, y el cual implica un grado alto de práctica, práctica clínica, práctica médica y experiencia profesional, que se adquiere gracias a la participación directa de los practicantes, de los pasantes, de los médicos en los procedimientos químicos, en los campos clínicos.
En este sentido, es este el sentido de la presente iniciativa la profesionalización de los recursos humanos del sector salud de nuestro país.
Los médicos, pues, entonces, tomando como referencia el párrafo anterior, son sometidos a fuertes cargas de trabajo de más de 30 horas de labor interrumpida, e incluso, llega hasta tener de 36 a 96 horas de servicio semanal estos médicos en formación.
Asimismo, la labor continúa conocida como “guardia”, tiene una duración mayor de 24 horas, ya que además del día de servicio completo que se realiza, se tiene que cubrir el horario normal, el ordinario, del hospital para también recibir enseñanza, e inclusive, en otras ocasiones para continuar prestando el servicio en los consultorios médicos.
Si sumamos todo este período en que el médico permanece en la unidad hospitalaria dando atención, en promedio son 32 horas de labor continua, esto es sin contar las ocasiones excepcionales en que pueden extenderse hasta 36 o más laborando, así como los lugares donde persisten las guardias extrañas, y eso lo sabemos todos, que se dan por algunas situaciones de castigo.
Esta práctica se ha aceptado de manera tradicional como la única forma en que podemos aprender la medicina.
Sin embargo, sabemos también que se sigue con la creencia que un período menor de labor, de trabajo no permitiría la continuidad entre la relación médico-paciente, pero tendremos que reconocer que la relación es médico en formación con el paciente, y cuyo también tema fundamental es la tutoría clínica que tiene con el titular, con el médico titular de ese piso o de ese servicio.
Sin embargo, esta fuerte carga de trabajo tiene muchas, también, implicaciones en la salud de los médicos en formación, ya sean médicos internos o médicos residentes, pueden sufrir afecciones cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias, cerebro vasculares, depresión, síndrome metabólico, obesidad, problemas reproductivos, trastornos inmunológicos, e incluso, accidentes automovilísticos.
De acuerdo con el estudio, el impacto de la privación del sueño en el rendimiento de los cirujanos durante los turnos nocturnos, una noche de sueño completo puede significar hasta un 20 % de errores, y 14 % de mayor velocidad que los internos que estuvieron despiertos toda la noche.
Asimismo, se ha documentado una relación entre un mayor número de pacientes que fallecen y la cantidad o el número de internos con jornadas prolongadas.
También se hace referencia a un aumento en el número de los suicidios hasta llegar a un 300 % en aquellas mujeres que están en formación médica.
En México, varios estudios advierten que los médicos especialistas tienen una prevalencia del 51 % del Síndrome de Burnout, que es un síndrome de desgaste emocional que implica la pérdida de energía progresiva con síntomas de ansiedad y de depresión.
Así como los residentes del país, se presenta una prevalencia del 31 % en agotamiento emocional; 35.3 de ellos se encuentran desmotivados sobre la realización personal, y un 18 % se siente despersonalizados.
De igual forma, la UNAM ha documentado que 24 horas sin dormir equivalen a tener concentraciones de hasta un 10 % de alcohol en la sangre, lo que conduce a errores clínicos.
Esta situación pone en riesgo la salud de los pacientes y también la de los propios médicos en formación, ya que por causas prevenibles, como una adecuada sesión de descanso, puede generarse un daño irreparable en los pacientes y con ello también atender a la obligación estatal de brindar el más alto nivel de salud posible.
Es por ello que necesitamos mejorar nuestro sistema de enseñanza de salud para proteger la salud también de quienes otorgan los servicios de nuestro personal médico.
El documento que hoy presentamos ante ustedes, pretende modificar la regulación laboral de los médicos residentes e internos de pregrado para que cuenten con jornadas laborales adecuadas, que les permitan desarrollar las funciones y actividades propias de su ramo, equilibrando la vida académica y profesional en su sano desarrollo personal.
Así como los pilotos aviadores y miembros de la tripulación de aeronaves que cuentan con una ley con jornadas máximas para trabajar, así también los médicos no deben laborar más de 80 horas por semana y sólo podrán hacer guardias con intervalos de dos días entre cada una de ellas, sin la posibilidad de continuar actividades en turno diurno del día inmediato siguiente a su jornada.
Esta iniciativa fue motivada por la participación de diversos estudiantes y en especial de medicina de la Universidad Anáhuac de México, a quienes agradezco su participación y a quien hoy plasmamos también sus inquietudes.
Es indudable que las condiciones laborales en las que trabajan y se forman nuestros médicos ponen en peligro la integridad, seguridad y su salud, tanto de ellos mismos como la de los pacientes. Es por eso que reformar este marco jurídico que regule el horario destinado a las residencias médicas y del internado de pregrado, así como la duración máxima de las jornadas, serán los lineamientos trascendentes para la dignificación y protección de los médicos en formación, favoreciendo su equilibrio personal, profesional de quienes están en manos de la salud de todos y cada uno de nosotros.
Los profesionales de la salud son la primera línea frente al dolor y al sufrimiento humano, son ellos los grandes protectores de nuestro derecho a la salud y hoy es nuestra oportunidad también de brindarles la protección a ellos, y como legisladores velar por los derechos vinculados a este derecho fundamental.
Por su atención y apoyo muchísimas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidatos indígenas en elecciones.
En uso de la voz, el Senador Toledo Luis.
El Senador Jorge Toledo Luis: Gracias, señor Presidente.
Estoy convencido que nuestro reto en este primer cuarto del siglo XXI es pasar de lo políticamente correcto a los compromisos reales, a las acciones positivas, con medidas de empoderamiento que beneficien a un sector desprotegido de la sociedad mexicana, a nuestros pueblos y comunidades indígenas.
A pesar del elevado número de personas que hoy se reconocen como indígenas, hasta hoy como grupo social no les hemos dado la representación política-electoral que merece, según el Inegi en 2015 casi 26 millones de personas se reconocían como indígenas, poco menos de un cuarto del total de la población del país.
En edad de votar hay 17 millones 98 mil 838 personas con derecho a acudir a las urnas, la mayoría de ellas no lo hace porque no se sienten representados en nuestro esquema electoral, políticamente hemos desprotegido la representación de los indígenas en el país a pesar de que algunos hemos podido llegar a los curules, a los escaños, pero no llegamos como representación indígena, sino en el marco de la política y estrategia de la representación partidaria que reconoce la legislación electoral mexicana.
Este descuido ha permitido que los pueblos indígenas, especialmente los jóvenes, busquen cobijo en los grupos estridentes y se lancen a la aventura de revoluciones sociales, sin asumir que los nuevos tiempos convocan a la transformación democrática de las sociedades mediante el voto y las propuestas electorales.
A pesar de todos los avances constitucionales y legales que hemos alcanzado, todavía hoy algunos hablan de los indígenas, especialmente de la mujer indígena, sólo por ser políticamente correctos, pero en la práctica les niegan todos esos derechos que proclaman.
El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y sostiene la composición pluricultural de la nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, el artículo 1, párrafo quinto, prohíbe toda clase de discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad y varias consideraciones más que atenten contra la dignidad humana.
En ese sentido se pronuncia también la Convención América de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambos exigen el respeto a los derechos y libertades, sin discriminación alguna por motivación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social.
Igual sentido tiene la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitidas por la ONU y el Convenio 169 de la OIT.
En la impartición de justicia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido una serie de tesis para evitar la discriminación y garantizar el acceso de los indígenas a la justicia electoral, especialmente en lo referente a los sistemas normativos internos, hemos avanzado mucho, pero no en lo fundamental, en el tema electoral indígena.
Para alcanzar la representación política electoral es una enorme injusticia tratar de iguales a quienes en realidad son desiguales, es muy difícil que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas puedan competir en igualdad de condiciones con las familias políticas que se han formado en muchos de los partidos.
Por eso he insistido que a los pueblos y comunidades indígenas, a sus hombres y mujeres debemos darles el trato de igualdad sustantiva, y debe reflejarse en una acción positiva que obligue a los partidos políticos a darles por lo menos el 10 % de las candidaturas uninominales y plurinominales repartido en igualdad entre hombres y mujeres indígenas, la acción se debe dar en todo el territorio nacional donde haya presencia indígena, pero especialmente en los estados donde su presencia sea significativa, de acuerdo con los datos censales del Inegi.
Reconozco que este porcentaje es menor que el número de los pueblos y comunidades indígenas, representan estadísticamente en la población total y en la electoral de México; sin embargo, será un buen principio para empezar a darles el lugar que les corresponde y al que tienen todo el derecho.
Sé también que esta legislación no sería aplicable en el proceso electoral que ya ha iniciado, pero de ser aprobada dejará una huella permanente y perdurable en esta Legislatura para concretar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, esta es la intención de la iniciativa que pongo a su consideración.
Por consiguiente, pongo a consideración un proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 232 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el siguiente agregado:
“Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así como una cuota del 10 % de ciudadanos y ciudadanas indígenas en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular en la integración del Congreso de la Unión del Congreso de los Estados y de las Asambleas Legislativas de la Ciudad de México”.
Pongo a su consideración esta iniciativa, espero el respaldo de las comisiones y del Pleno para darles a los indígenas lo mucho que les debemos en este país.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Toledo Luis.
Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles Montoya.
El Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Es para rogarle, antes por supuesto felicitar la iniciativa que nos ha presentado el Senador Jorge Toledo, y rogarle que me permita suscribir con él tan valiosa propuesta.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) En el mismo sentido, felicitar al Senador Toledo, decirle que es una iniciativa urgente, necesaria, con la cual coincidimos, ojalá tenga éxito y si me permitiera sumarme a ella.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Servicios Parlamentarios, sírvase tomar nota de las y los Senadores que están expresando su intención de adherirse a la presente iniciativa, incluyendo al señor Vicepresidente ya a la señora Secretaria.
Corresponde ahora el uso de la palabra al Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en materia de plazos para dictamen.
En uso de la voz el Senador Santana García.
El Senador José de Jesús Santana García: Muchas gracias, Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
La presentación de iniciativas y la participación en tribuna, la asistencia a las sesiones ordinarias, así como a reuniones de comisiones, no son suficiente para medir el desempeño parlamentario que realizamos todos y cada uno de nosotros, pero son obligaciones mínimas que tenemos que realizar, en función del encargo que hemos asumido y no ejercerla responsablemente demerita el trabajo del Poder Legislativo en su conjunto.
En este sentido, las comisiones ordinarias y sus integrantes de la Cámara de Senadores, debemos de asumir el reto de fortalecer las actividades parlamentarias que nos corresponden en el seno de las propias comisiones, que son el espacio, precisamente central de análisis y discusión, cuya función es generar y emitir un dictamen.
Las Comisiones son la parte central de nuestro sistema Bicamaral, porque constituyen las áreas de desarrollo y especialización del trabajo legislativo.
Actualmente el artículo 186 del Reglamento del Senado, establece 24 horas como mínimo para convocar a una reunión de trabajo y distribuir el o los dictámenes a analizar, vuelvo a repetir, 24 horas para analizar el dictamen o dictámenes a discutir.
Es por ello que esta propuesta que me permito presentar el día de hoy, tiene por objeto fortalecer la labor de las comisiones, para que se les dé un tiempo mínimo, suficiente, estando proponiendo 72 horas para las sesiones ordinarias, y 24 horas mínimo para las sesiones extraordinarias, salvo, casos de urgencia, para que se pueda convocar a los integrantes de las comisiones, se puedan analizar los dictámenes correspondientes, y se dé la debida difusión de los proyectos a los propios Senadores que forman parte de dichas comisiones.
Las labores que se realizan en las comisiones legislativas, son trascendentales para el trabajo en la Cámara, pues aquí se preparan, se analizan, se estudian todas las propuestas para llevarlas a este Pleno, es decir, las actividades que se realizan en las comisiones son los elementos que le dan sin duda alguna, un valor agregado al trabajo de las comisiones, si no lo fortalecemos, no podemos tener los elementos para votar en este Pleno las mismas.
Sin el trabajo en comisiones, el Poder Legislativo renuncia a su función intrínseca que tiene de velar por el objeto del orden jurídico nacional de nuestro país, por lo tanto, no ejerce de manera efectiva su función en este equilibrio de poderes.
Es indispensable, pues, que los legisladores cuenten con tiempo para la revisión, para el análisis, para el debate de todos y cada uno de los dictámenes que se les presente, y el término actual de 24 horas, todos lo sabemos, compañeros Senadores, que es muy corto para poder hacer un trabajo profesional.
En el marco de esta nueva realidad política representada en el Poder Legislativo de nuestro país, y dado que la correlación de fuerzas de los actores políticos ha variado, es tarea principal como órgano legislativo, el dinamizar las normas que lo rigen y actualizarla a efecto de que se resuelva claramente los escenarios inéditos, producto de la pluralidad que hoy conformamos, para cubrir conflictos normativos y de orden práctico, y que hagan la actividad legislativa más dinámica, para propiciar eficacia y eficiencia en el trabajo que se desarrolla en este Senado.
Compañeros de la Mesa Directiva, muy amables.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Santana García.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Si me da chance.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Santana, si es anuente para que signen la iniciativa con usted.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Sí.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Servicios Parlamentarios, sírvase tomar nota de las y los Senadores que están solicitando signar la iniciativa del Senador Santana.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para presentar a nombre propio y de Senadores y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de periodistas.
En uso de la voz la Senadora Beristain Navarrete.
El día de hoy, compañeros, presento en nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa de suma importancia, la cual tiene que ver con los derechos laborales de los periodistas, en donde aún estamos retrasados en legislación.
En México somos conscientes de la grave crisis en la libertad de prensa.
Lamentablemente en nuestro país es una de las naciones más violentas a nivel global para ejercer el periodismo.
Solamente en lo que va del año han sido asesinados once comunicadores profesionales en distintos puntos de la República.
Simplemente por hacer su trabajo e intentar garantizar a la ciudadanía su derecho a obtener información libre y veraz.
Sin embargo, a pesar de las deficiencias en seguridad para la protección de periodistas también enfrentan un mercado laboral incierto. Según reporta el Observatorio Nacional, se estima que el salario mínimo profesional del periodista es de 9 mil 218 pesos mensuales a nivel nacional; y cuatro de cada diez estudiantes de Comunicación o Periodismo no encuentra trabajo dentro de los esquemas de su profesión, además de que muchas veces son presionados para proveer contenidos que van en contra de la ética periodística.
Cabe destacar que los medios son conocidos como el cuarto poder porque son parte fundamental de la democracia de la República y también son reflejo directo de la libertad que se puede ejercer dentro de un estado, ya que la Prensa, como lo dijo el periodista queretano y fundador de la primera Escuela de Periodismo en México, Carlos Septién García: “el periodismo es el parlamento diario de los pueblos”.
Porque es a través de los periódicos, de la radio, la televisión, u hoy en día el internet donde podemos conocer las voces, las historias y las preocupaciones de los ciudadanos y así acercarnos a un verdadero diálogo en donde quepamos todos.
En el ámbito internacional la cláusula de conciencia ha sido considerada desde principio del siglo XX en Europa, Italia, Austria y Hungría en los años 1901, 1910 y 1911, respectivamente.
Hoy en día, países como Alemania, Paraguay y Chile la contemplan legalmente, pero el ejemplo paradigmático de esta protección laboral es España, en donde la Ley Orgánica en su artículo 1º especifica: “la cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional”.
Es por ello que hoy propongo ante esta Cámara de Senadores que fortalezcamos la Ley Federal del Trabajo para que el derecho laboral de los periodistas a ejercer la cláusula de conciencia quede expreso en dicha ley.
Es importante mencionar que es una realidad que un periodista, ya sea reportero o columnista, vive de su prestigio.
La firma al final de sus notas o artículos es lo que le permite hacerse un nombre que valida su ejercicio profesional.
Por tanto, sería un abuso por parte de editores o dueños de medios de comunicación que se les obligue a incluir información ajena a su propia labor, ya sea que quieran inmiscuir en un ensayo periodístico opiniones contrarias a las del autor, o que un medio cambie radicalmente su línea editorial y con ello se exija a los periodistas a traicionar su ideología o ética profesional en favor de algo con lo que no están de acuerdo.
Los periodistas también son trabajadores y deben de saber que cuentan con un marco legal apropiado para proteger sus derechos.
Asimismo, la cláusula de conciencia establecería una relación de confianza con los ciudadanos, ya que tendrán la certeza de que la información que se les provee no está tentada por otros intereses ajenos al ejercicio periodístico profesional que limite la credibilidad de la información.
Es responsabilidad del Senado de la República garantizar los derechos laborales, la libertad de prensa y los derechos de las audiencias, de tal manera que la iniciativa que hoy propongo es un paso en la dirección correcta para lograr este cometido.
Nuestro país tiene la oportunidad de modernizarse en materia laboral al contemplar esta reforma que permita, mediante la expresión escrita de sus motivos, negarse a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación impreso, radioeléctrico, digital o imagen. Cuando a su juicio cualquier de estas actividades sea contraria a la ética periodista o a los preceptos establecidos en el código de ética del medio en el que se trabaje.
Por lo anterior espero se sumen a esta propuesta.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Luz María Beristain Navarrete.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de presidentes municipales del estado de Yucatán, invitados por la Senadora Angélica Araujo Lara.
Es motivo de agrado y satisfacción para el Senado de la República contar con su visita.
Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana acordó modificar la prelación de los asuntos del orden del día como lo permite el párrafo tres del artículo 72 del Reglamento del Senado.
Por esta razón, la proposición con punto de acuerdo en torno a la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, que suscriben Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios, será abordada antes del lugar que le corresponde a las proposiciones.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el punto de acuerdo, a nombre propio y de la Senadora Marcela Guerra Castillo y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, el de la voz, Víctor Hermosillo y Celada, Patricio Martínez García y Fidel Demédicis Hidalgo.
En uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega Martínez.
A nombre propio y de mis compañeros Senadores y Senadoras Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio Pedroza Gaitán, Patricio Martínez García, Fidel Demédicis Hidalgo, Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle, Silvia Garza, que se han sumado a este punto de acuerdo, el cual consideramos urgente, que pueda resolverse por este Senado de la República, y que tiene como objetivo que el Senado mexicano, a través de la Cancillería, además de las acciones que ha venido ya emprendiendo la misma, para solicitar a la Sección de Clemencia de Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el día 8 de noviembre.
En virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena, además de que en el presente caso hay suficientes evidencias señaladas por órganos internacionales de derechos humanos que refieren la violación a las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo.
Es preciso señalar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional, de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana y que la protección internacional de los derechos de las personas debe ser guía principal del derecho americano en evolución y, en este sentido, es el derecho a la vida uno de los derechos protegidos por esta declaración.
En este tenor la pena capital o pena de muerte vulnera los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura, ambos derechos se encuentran protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
De acuerdo a datos de Amnistía Internacional, hasta septiembre de 2017, 105 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, gracias a la progresividad de los derechos humanos, que consideran la pena de muerte como una violación a éstos, resultando una contradicción a la naturaleza de la función del Estado.
Sin embargo, en los Estados Unidos de América, desde que la Suprema Corte de Justicia de ese país se reinstauró la pena capital en 1976 a 2017 han sido ejecutadas mil 463 personas de las cuales 16 han sido mujeres, y mil 446 hombres.
En el mismo sentido, de los mil 463 ejecutados desde 1976 a 2017, 36 no han sido ciudadanos estadounidenses, de ellos 23 han sido latinos, todos hombres en edad promedio de 39.6 años.
De los latinos ejecutados, de 1976 a 2017, 11 han sido de origen mexicano.
En el caso que nos referimos en este punto de acuerdo, el 29 de julio de 1998 el tribunal municipal de Mc Allen, Texas determinó declarar culpable al connacional Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte por los delitos de secuestro, violación, homicidio, condenado a pena de muerte.
Sin embargo, de las constancias del cao se desprende que desde el momento de su detención e interrogatorio, esto en febrero de 1997 se reportaron violaciones al debido proceso, tales como el hecho de que el mismo no contó con abogado defensor, hasta nueve días después de su detención.
De tal manera que la confesión de los hechos realizados ante autoridades policiales se dio en estas condiciones, sin contar con la asistencia de un abogado.
De acuerdo con información difundida por Amnistía Internacional, en este caso, se señaló lo siguiente, y cito: (comillas) “que la fiscalía se basó en pruebas que según los estándares actuales se considerarían sumamente poco fiables” (cierro comillas)
Se señala en este informe de Amnistía Internacional que Rubén Cárdenas Ramírez, que los abogados de Rubén Cárdenas Ramírez presentaron una moción para realizar un análisis de ADN de las pruebas existentes para determinar que los restos de tejido que se encontraron en el cuerpo de la víctima coincidan con las del inculpado sin que se haya dado respuesta a dicha petición.
Por otro lado, cabe señalar que Rubén Cárdenas Ramírez tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado de nuestro país para recibir asistencia, sin retraso alguno después de su detención; sin embargo, no se le informó de este derecho y en su interrogatorio confesó los hechos, como dije, sin contar con la asesoría de un abogado.
Es por ello, que con base en las prerrogativas a que se refiere los distintos tratados internacionales que reportan una serie de violaciones a los derechos humanos y violaciones al debido proceso y al impedimento de que en este caso el connacional Rubén Cárdenas hubiera tenido un juicio justo, que estamos solicitando este exhorto, esta petición que realice la Cancillería, conscientes de que hay ya un procedimiento realizado por la Cancillería Mexicana, lo que estamos solicitando en este punto de acuerdo, es que esto, también se realice por nuestra Cancillería a nombre del Senado de la República.
Es preciso señalar que en el año 2004 el Estado mexicano interpuso denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, a efecto de que se revisaran los procedimientos de condena de nacionales mexicanos entre los que se encuentra el caso de Rubén Cárdenas Ramírez, conocida como caso Avena, por ser el apellido de uno de los procesados.
La Corte Penal Internacional falló a favor de esta propuesta realizada por el Estado mexicano, sin embargo en 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que aunque la decisión de la Corte Internacional de Justicia constituye una obligación de derecho internacional para Estados Unidos no era automáticamente vinculante para la legislación local y que la autoridad de aplicarla recaería en el Congreso, y el Congreso no ha aprobado legislación para aprobar esta convención.
Así las cosas, es obligación del Estado mexicano seguir impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena, y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los estados en el marco la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Por lo tanto, lo que estamos hoy solicitando de este Senado, es que se apruebe en urgente y obvia resolución este punto de acuerdo para que el Senado solicite, respetuosamente, a la Cancillería de México para que a nombre del Senado Mexicano se realice la solicitud a la sesión de clemencia, junta de indultos y libertad condicional del estado de Texas, la suspensión de la ejecución, de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas, a efecto de que se puedan verificar las acciones necesarias para que el mismo tenga un debido proceso y de la misma manera estamos también solicitando que la Cancillería, a nombre del Senado Mexicano, exhorte al gobernador del estado de Texas para que dé respuesta a la petición realizada por el gobierno del estado de Guanajuato, a fin de que se convoque a una audiencia de clemencia y revisión y reconsideración en el juicio y proceso que se sigue en contra de Rubén Cárdenas Ramírez.
Lo que estamos pidiendo en consecuencia, es que se generen las garantías de un debido proceso, de que existan las constancias suficientes para el decretar la culpabilidad de este connacional en donde no exista ninguna duda, pero sobre todo en que como ya se ha acordado pro distintos tratados internacionales no se acuda a la pena capital por ser éste un instrumento violatorio totalmente de los derechos humanos prescrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Como ha sido solicitado, y con fundamento de lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Senadora Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria.
En consecuencia, está a discusión la propuesta.
Para hablar sobre el asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Presidente.
Vengo aquí a esta tribuna a hablar a favor de la urgencia de este punto que acaba de emitir la Senadora y colega, Pilar Ortega, el cual el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tuvo a bien el de también suscribirlo, porque como ustedes saben, el día de mañana 8 de noviembre está programada en Texas la ejecución del ciudadano mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, oriundo del estado de Guanajuato.
Ya quien después de violársele sus derechos, como bien lo dijo la oradora que me antecedió en el uso de la palabra, estos derechos fundamentales que fueron violados, se le encontró culpable de diversos delitos que a pesar de no contar con las pruebas suficientes incluye los delitos de homicidio, secuestro y robo en contra de un familiar. Estos hechos sucedieron desde el 22 de febrero de 1997.
Quiero compartir con ustedes que el Partido Revolucionario Institucional a través de mi persona compartimos esto con ustedes que en los últimos días, en el mes de septiembre de 2017, nos permitimos enviar una carta al gobernador de Texas, haciéndole saber el hecho innegable de que el señor Cárdenas fue privado de su derecho de comunicación, y también de notificación consular.
Como resultado directo, a México se le impidió prestar asistencia consular durante casi cinco meses, cinco meses después del arresto del señor Cárdenas, con consecuencias catastróficas para su derecho al debido proceso y un juicio justo.
Por eso suscribimos enteramente este punto de urgencia que solicitamos que este Pleno lo apruebe para ser enviado de inmediato.
También al ciudadano Cárdenas no se le designó ningún abogado para prestar asistencia, hasta 9 o 10 días después de su detención, a pesar de que formalmente había solicitado asistencia legal por más de dos veces, y que la policía continuaba interrogándolo repetidamente en ausencia de asistencia consular y legal.
Se presume que haya sido presionado de una forma indebida, no queremos suponer, tampoco que haya sido, vamos a decir, torturado, pero sí las declaraciones extraídas finalmente por la policía en estas circunstancias, altamente irregulares, fueron utilizadas como evidencia principal para condenar al señor Cárdenas.
Sin embargo, existen fuertes indicios de que el señor Cárdenas pudo haber confesado falsamente bajo presión, y esto es completamente ilegal e ilegítimo.
Recientes avances en la ciencia forense pudieron exonerarlo a través de pruebas de ADN, también ya lo dijo Pilar Ortega en esta tribuna.
Nosotros lo que solicitamos en esta carta, agrega Abbott, al Gobernador de Texas, fue la suspensión de la pena capital para permitir la comprobación de todas las pruebas forenses pendientes, como para investigar plenamente el impacto de la violación del tratado consular sobre la imparcialidad del proceso penal. La carta no ha sido contestada por el gobernador, y esto ya fue más de tres semanas.
Rubén Cárdenas es un demandante del Caso Avena, litigio internacional ganado por México ante la Corte Internacional de Justicia, donde se concluyó que en Estados Unidos se violó la obligación de informar al imputado sobre sus derechos de asistencia consular.
Desde esta tribuna solicitamos que se apruebe con carácter de urgente, el punto de acuerdo, que junto con otros compañeras y compañeros Senadores propusimos, para que se exhorte a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos, y por supuesto de Libertad Condicional del estado de Texas, que suspendan la ejecución de inmediato de la pena capital. Es decir, la pena capital es una práctica que en estados como en Texas se sigue practicando, pero por ejemplo hay estados mucho más modernos en la Unión Americana, que no se practica, que no se permite, como es Massachusetts.
Entonces, Texas sigue siendo un estado muy duro, pero además de que Estados Unidos es un país, es de los pocos países que queda donde se sigue permitiendo mayormente la pena capital, la pena de muerte. Hay 105 países que no permiten, entre ellos México, la pena de muerte.
Asimismo solicitamos que el Gobernador Abbott responda a las peticiones que le hicimos en el Partido Revolucionario Institucional hace más de tres semanas, y además, también las peticiones que se hicieron por el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para que se le suspenda la ejecución y se convoque a una audiencia de clemencia, de revisión y de reconsideración del juicio.
En México no se permite la pena de muerte, estamos en contra de la pena de muerte.
Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Para hablar de este asunto se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.
Denle sonido en el escaño de la Senadora Beristain.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Si me permite la Senadora Marcela Guerra, apoyarla para que tome en cuenta que me adhiero al punto de acuerdo que acaba de manifestar, por favor.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Le preguntan, Senadora, si le parece bien que se una a ese proyecto a la Senadora Beristain.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Es un honor. Muchas gracias.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Muchas gracias.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia Presidente.
Es importante comentar el punto de acuerdo presentado por la Senadora Pilar Ortega, que con votación económica se ha determinado que se discuta, por su urgencia, por la celeridad de la determinación que pueda tomar el Senado de la República.
Y por desgracia tenemos que empezar esta intervención señalando que a pesar de la solicitud que se ha hecho a la Junta de Indultos y Libertad Constitucional de Texas, acaban de votar seis a cero, negarle el indulto al mexicano Rubén Cárdenas.
Es una lástima que no se escuchen las distintas razones, lo que se demuestra en el mundo, que hay alrededor de 20 mil personas que están condenadas a muerte. Un gran número de países todavía siguen recurriendo a la aplicación de la pena de muerte como un intento fallido de detener la delincuencia y el terrorismo.
Es verdaderamente inadmisible que en los últimos años se hayan ejecutado más de 2 mil 400 personas en 22 países. Y por supuesto hay que recordar que el 90 % de estas ejecuciones han acontecido en países como Arabia Saudita, China, Irán, Estados Unidos, recientemente Egipto y Nigeria han determinado también imponer cientos de condenas a muertes y algunas se caracterizan por juicios colectivos.
En las prisiones de Estados Unidos hay 54 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, y entre los cuales también hay mujeres.
Asimismo se calcula que aproximadamente otros 75 mexicanos se encuentran en proceso y desafortunadamente muchos de ellos podrían ser condenados a la pena capital, 33 de estos casos pertenecen, ciertamente igual que Rubén, al grupo denominado Caso Avena.
En este contexto pareciera que la inminente ejecución de Rubén Cárdenas Ramírez, mexicano oriundo de Guanajuato. Además de una decisión lamentable que atenta contra la obligación de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Internacional, de dar cumplimiento a nuestros compromisos y obligaciones internacionales en materia de debido proceso, notificación, asistencia consular, representa un acto ilegal que vulnera todas las garantías jurídicas encaminadas a salvaguardar el derecho más importante, que es el derecho a la vida.
Por ello, afirmamos, desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se suma a la propuesta de punto de acuerdo propuesto por la Senadora Pilar Ortega, a que sigamos insistiendo que en el ámbito de la Comunidad Internacional se construyan compromisos ineludibles para que todos los estados democráticos tengan y garanticen una convivencia pacífica y constructiva entre las naciones.
Nos parece verdaderamente inadmisible que no se atienda lo que desde distintos organismos internacionales, como Amnistía Internacional u organismos de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que han estado atentas a la determinación del proceso de, en este caso Rubén, no se tomen en consideración por las autoridades, como lo acabamos de ver en esa votación de esta junta.
Y por lo tanto nos preocupa mucho que se afrente, particularmente el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que no hay derecho más importante que aquel que todo individuo tiene a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Es importante recordar, en el marco de esta discusión, también lo que establece el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula: “Que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, y por ese mismo hecho deberá ser protegido por la ley”.
Por ello, el aprobar la adhesión de México al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena capital, este Senado dio un paso contundente hacia la conservación de dichos principios en nuestro territorio, y sumó al Estado mexicano en los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar del mundo el asesinato legal y lograr la reducción de las sentencias privativas de la libertad que aún están por cumplirse en diversos países.
Es importante para nosotros seguir insistiendo que en el Marco del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, que se conmemora, se conmemoró el 10 de octubre, y que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de este día, se insistió ante Texas, y particularmente ante el Gobernador Greg Abbott, que se indultara a este mexicano Rubén Cárdenas Ramírez.
Hoy tendríamos, si me permite sugerir de manera respetuosa, Senadora Pilar Ortega, que cambiara el punto de acuerdo de su resolutivo, en vista de que esta Junta de Indultos y Libertad Condicional, ya tomaron una determinación unánime de no atender lo que estamos solicitando.
Me parece que el Senado de la República tiene que recurrir, de manera expresa, a que el Ejecutivo, el Presidente Peña Nieto se dirija al Presidente Donald Trump, y le pida el indulto. Es una facultad que tiene como representante del Gobierno Federal de Estados Unidos.
Y, por supuesto, también insistirle al Gobernador de Texas, que en función de sus facultades, también pueda otorgar el indulto a nuestro connacional, Rubén Cárdenas Ramírez.
Me parece que tendríamos que enmendar esa parte del punto de acuerdo, y seguir insistiendo en que la lista de mexicanas y mexicanos que están esperando igualmente que sus casos sean revisados para que no sea inminente la pena de muerte que los sacrifique, también deberíamos ser más contundentes el gobierno mexicano en el rechazo a que los y las mexicanas puedan ser presas de este odioso, odioso recurso, que además, por cierto, no sirve para nada, si es lo que se pretende por parte de la justicia, se ha evidenciado que no sirve para enmendar, para lograr que la gente no emprenda delitos.
Pero por cierto, el caso de Rubén no es el caso, no es el caso, es la exigencia del gobierno mexicano a que no hubo un debido proceso legal. Hay que dejarlo muy claro.
Para nosotros, igual que como él, se define: “Rubén es inocente”.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora.
Esta Presidencia saluda la presencia de los fundadores de la Feria de los Moles del estado de Puebla, invitados a esta sesión por la Senadora Lucero Saldaña Pérez.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República, la casa de los mexicanos.
Para continuar hablando del tema, se concede el uso de la palabra a la señora Senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista.
Tiene la palabra, señora Senadora.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con el permiso de la Mesa Directiva.
En México, nuestra Constitución otorga el más alto nivel de protección a los derechos humanos.
Sin duda alguno, uno de los derechos humanos más importantes es la vida misma, pues de ella depende la realización del resto de los derechos, como la libertad de expresión o el respeto de los principios de legalidad en todo acto de autoridad.
Sin embargo, México también es un país de normas, que busca en todo momento el cumplimiento del Estado de derecho a fin de alcanzar el anhelo de justicia al que todos aspiramos.
En el caso de nuestro compatriota mexicano Rubén Cárdenas, condenado a muerte en el estado de Texas, es uno más que entristece a nuestro país.
Más allá de descalificar una conducta o defender a una persona, por el simple hecho de ser mexicano, como integrantes del Senado de la República tenemos que focalizar nuestra atención para este caso en tres aspectos fundamentales:
En primer lugar. El respeto irrestricto de los derechos humanos de cualquier mexicano sujeto a un procedimiento judicial, no sólo en los Estados Unidos de América, sino en cualquier parte del mundo.
En segundo lugar. El cumplimiento del Estado de derecho, lo cual no sólo supone la sanción de cualquier delito con la pena que merezca, sino también la observancia del debido proceso y las garantías de legalidad que merecen las partes involucradas.
Y en tercer lugar. La utilización de los mecanismos diplomáticos para defender la postura del Estado mexicano en congruencia con los principios que rigen nuestra política exterior.
Ahora bien. Ayer escuchábamos con atención la conferencia de prensa ofrecida por el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, en la que se refirió al Programa de Asistencia Jurídica a casos de Pena Capital en Estados Unidos.
En este reporte expresó que en un 88 % de los casos, el Gobierno de México, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha logrado revertir la condena de mexicanos sentenciados a ser ejecutados en los Estados Unidos. Esto quiere decir que el Estado mexicano está pendiente de nuestros connacionales sentenciados en los Estados Unidos de América, y en gran parte de estos casos la Cancillería ha logrado la reconsideración de las condenas.
De esta forma, es evidente que los mecanismos diplomáticos están en marcha y han funcionado, tal como lo dijo el Subsecretario Sada: “No para condonar delitos, sino para promover que todos los mexicanos tengan acceso a un debido proceso legal”.
Particularmente, en el caso de Rubén Cárdenas, se reiteró que México mantendrá hasta el último minuto su trabajo para lograr una moratoria o suspensión a la pena a la que ha sido condenado.
Asimismo, expresó: Que ya existe una solicitud de clemencia, incluso, suscrita por el propio canciller.
Más allá de que el Estado y este Senado solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores que actúe en el ámbito de sus atribuciones en torno a este caso, debemos estar conscientes de que se está trabajando, y la Cancillería ha empleado las herramientas a su alcance como en todos los casos de los mexicanos sentenciados en los Estados Unidos de América.
Por ello, los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, confiamos plenamente en que la Cancillería ya se encuentra atendiendo el asunto que nos ocupa, utilizará todos los mexicanos legales y diplomáticos para que este caso sea resuelto conforme a derecho.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Barrera.
Para el mismo tema, y para hablar del mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, Presidente.
Sin lugar a dudas este es uno de los temas que más polémica llegan a generar, porque en el principio fundamental del respeto a la vida y del derecho a la vida, que es el que le da nacimiento a todos los demás derechos que son inalienables a los seres humanos, siempre nos va a generar un gran debate en el cual al final concluimos que es lo que le da derecho a un ser humano a tomar la vida de otro ser humano.
Esto no es una discusión nueva, es una discusión que tiene cientos, por no decir miles de años, pero finalmente para centrar el debate concluimos en las dos grandes corrientes internacionales de la forma en que se sancionan los delitos.
Una primer corriente, bíblica, por cierto el Antiguo Testamento, que es el “ojo por ojo” y una nueva corriente más contemporánea que establece que el ciudadano no nace siendo delincuente, sino que es el ambiente, es la sociedad, es la educación, etcétera, lo que influye para que en algún momento de su vida llegue a delinquir, y este ciudadano lo que se le tiene no es castigarlo, sino se le tiene que separar del resto de la sociedad para que se readapte, ya que es un desadaptado social.
Ese mecanismo de arreglar la sociedad se estableció en nuestro país, por eso en nuestro país se establecen los Centros de Readaptación Social, los Ceresos, porque en la filosofía o en la teoría mexicana el delincuente lo único que se le tiene que hacer es separarlo de la sociedad, readaptarlo a través de la educación y el trabajo, y una vez concluido ese proceso regresarlo a la sociedad que continúe con su vida.
En Estados Unidos no es este sistema, no es un sistema de readaptación, es un sistema de represión, es un sistema de “ojo por ojo”: “tú robas y te vas a la cárcel”, “tú haces un delito mayor, te vas a cadena perpetua”, “tú matas y te matamos”.
Esa es la discusión y muchos se pueden identificar con una corriente o con otra, pero la realidad aquí es que no estamos juzgando si el señor fue penalmente responsable o no, eso lo tiene que determinar un juez en el país y en la ciudad y en el estado donde se cometió el delito, lo que el Senado de la República está planteando, particularmente en el caso de Rubén Cárdenas, es que cualquier persona a la que se le acuse que hay un delito, que cometió un delito, o un crimen, como se dice en los Estados Unidos, tiene derecho a un debido proceso.
¿Y qué es el debido proceso? El debido proceso es que cuando alguien te acusa, tú tienes el derecho de defenderte y la Constitución, tanto la mexicana como la norteamericana, establece una serie de requisitos, de pasos, de etapas, que se tienen que ir complementando para poder dictar una sentencia.
En el caso de Rubén Cárdenas Ramírez, cuando se le detiene, en primer lugar le tienen que leer sus derechos, pero en una parte de esa lectura de los derechos dice que tiene derecho a que lo asista un abogado y de no contar con los recursos el Estado le asignaría uno, ese es uno de los primeros derechos que le fueron violados y que violentó el debido proceso.
El segundo es parte de un acuerdo internacional al cual está suscrito México y está suscrito los Estados Unidos que dice que cuando se detiene a una persona de otro país, tanto en México como en los Estados Unidos, es responsabilidad del Estado darle a conocer al otro país que esta persona fue detenida, para que los consulados o las embajadas puedan hacerse presentes y asesor jurídicamente a la persona que ha sido acusada.
Esto no lo hacía Estados Unidos en muchísimos de los casos en los que varios connacionales han sido condenados a la pena de muerte, por lo cual se llevó a cabo un juicio a nivel internacional que terminó con el Caso Avena que amparó a 51 personas a las que no se les había notificado a sus consulados, 51 personas que habían sido condenados a la pena de muerte, pero que sus casos no habían sido notificados a los consulados, por supuesto que se violó este acuerdo internacional en virtud de que la Corte Penal Internacional ya había dictado resolución en el Caso Avena en 51 casos.
¿Qué es lo que estamos planteando? Que en el caso de Rubén Cárdenas Ramírez se apele al Caso Avena y se pida la intervención del gobierno mexicano en su defensa, ya será la autoridad jurisdiccional la que determine su responsabilidad o no, pero por lo pronto mientras eso no sucede tienen que suspender la ejecución que está programada para el día 8 después de las 18:00 de la tarde.
Yo estoy convencido que el gobierno mexicana, como lo ha hecho hasta este momento, tarde pero lo ha hecho, le va a servir que este Senado de la República se pronuncie respaldando lo que ha venido planteando la Cancillería.
Creo que es importante que aprobemos este punto de acuerdo por unanimidad porque permitiría mandar un mensaje a la Cancillería, mandarle un mensaje al gobierno mexicano, pero sobre todo mandarle un mensaje al gobierno norteamericano que es indignante que alguien vaya a ser condenado sin el debido proceso, creo que en un país tan justicia lista, como los Estados Unidos, parecería sumamente grave que no se acate lo que dijo la Corte Penal Internacional en el Caso Avena, y no se acate lo que dice su propia Constitución, el derecho a la legítima defensa, cuando una persona es detenida acusada de un crimen debe por lo menos en la primera etapa notificársele a su consulado para que este lleve a cabo las medidas legales pertinentes.
Por eso, el Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de que aprobemos este punto de acuerdo y le digamos al gobierno norteamericano que vamos juntos todas las fuerzas políticas, vamos juntos los tres poderes y, sobre todo, decirle que el Senado de la República está unido para defender a un connacional.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Preciado.
Tiene la palabra el señor Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente.
A unas cuantas horas, porque a eso estamos, a unas cuantas horas de que vuelva a cometerse una injusticia, una nueva injusticia en Estados Unidos en contra de México, porque eso es lo que estamos discutiendo, a mí me parece que realmente no habría necesidad de mucha discusión, es obvio que el Senado de la República debe solidarizarse con esta causa.
¿A qué me refiero? Pues a rechazar, por supuesto la pena de muerte, por lo que aquí ya se ha planteado.
Y por eso subo, en nombre del grupo parlamentario del PT-Morena, para sumarnos a este punto de acuerdo, yo diría a una exigencia que es como aquí se ha argumentado con mucha precisión, acaba de hablar Jorge Luis Preciado, con mucho tino, garantizar el debido proceso que es un asunto que hoy nos puede permitir volver a exigir a unas horas de que pueda cumplirse esta pena capital en contra de nuestro paisano Rubén Cárdenas Ramírez. Es decir, lo que queremos es un juicio justo.
Sin embargo, bien vale la pena hacer alusión, aparte de lo que aquí se ha dicho, porque yo ya no sé si nos va a dar el tiempo suficiente para que el pronunciamiento del Senado cumpla el objetivo fundamental que es evitar, precisamente la pena capital en contra de este mexicano, Rubén Cárdenas Ramírez, de origen guanajuatense.
Por eso yo creo que lo que planteó aquí Angélica de la Pena es importante.
Debemos ir más allá. Estoy de acuerdo con Jorge Luis en que debe ser unánime la votación de este punto de acuerdo, pero también creo que el objetivo fundamental no nada más es venir a subir a dar un posicionamiento de solidaridad, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar la vida de este mexicano que no gozó del debido proceso allá en Estados Unidos, debiésemos pedirle al ciudadano Presidente de la República, que pueda, como lo contempla nuestro marco jurídico, hacer un llamado directamente, tanto al gobernador de Texas como al propio Presidente de la Unión Americana, porque como aquí ya se relató, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, negó por unanimidad otorgarle la clemencia en lo que ya son ahora menos de 24 horas para cumplirse el plazo fijado para su ejecución.
Una ejecución que no aplica justicia, una ejecución donde aquí tenemos que volver a reiterarlo, porque es lo que está a nuestro alcance, alzar la voz para que se conozca por qué estamos haciendo esta petición, entre otras cosas, lo volvemos a reiterar, aquí ya se dijo, porque los agentes que detuvieron a Cárdenas Ramírez, nunca le informaron de su derecho a recibir la asesoría personal del Consulado de México, como lo mandata, precisamente el artículo 42 de la Convención de Viena, que la letra dice, que cuando se arreste o detenga preventivamente un miembro personal consulado, se le instruya un procedimiento penal, el Estado receptor estará obligado a comunicarlo sin demora al Jefe de la oficina consular.
Y si esas medidas se aplicasen a este último, el Estado receptor deberá poner el hecho en conocimiento del Estado que envía por vía diplomática, cosa que no existió.
Y ahí, pues la reiterada mención, por parte de los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, que no se cumplió el debido proceso.
Urge aprobar este punto de acuerdo, presentado aquí por Pilar Ortega, a nombre de varias Senadoras y Senadores de esta legislatura, urge ponernos de acuerdo, sí podemos hacer algo más que solamente pronunciamientos, fijar posturas, es importante, pero salvar la vida de un paisano nuestro es mucho más fundamental y por eso creo que ya tomada la decisión de esta Junta de Perdones y Libertades Condicionales, por todo lo que con mucho detalle aquí han explicado los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, tendríamos que hacer algo más, y eso es plantearle al propio Presidente que a nivel del titular del Poder Ejecutivo, a nivel de mandatarios y también al gobernador de Texas, se haga la petición de clemencia y detener esta injusticia más en contra de México, porque ante eso estamos, compañeras y compañeros.
El grupo parlamentario del PT-Morena, por supuesto que se suma, pero pide, como aquí lo expuso la Senadora Angélica de la Peña, y no sé si se tomó debida nota de ello, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, debe añadirse un planteamiento más en este punto de acuerdo, para que no sean sólo pronunciamientos los que hagamos en este Pleno.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Benjamín.
Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo.
Como guanajuatense, como mexicana, como humanista, me sumo a la lucha contra la pena de muerte y en particular, que se suspenda esta orden ilegal contra Rubén Cárdenas Ramírez.
Hace ya diez años, en medio del fragor de una batalla que no ha cesado, por la abolición de la pena de muerte de todo el mundo, la alta Comisionada para los Derechos Humanos de entonces, hizo un descripción cruda de esta práctica, como una sanción que no debería tener lugar en ninguna sociedad que reivindique el valor de los derechos humanos y la inviolabilidad de las personas.
Bajo estos conceptos nos sumamos al punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Cancillería mexicana que de una vez, que a su vez solicita a las autoridades del estado de Texas, se suspenda la ejecución de pena capital decretada contra el ciudadano mexicano Rubén Cárdenas, programada para el 8 de noviembre de 2017.
Consideramos que se expresa, como se expresa en el punto de acuerdo, que la aplicación de la pena descrita implicaría una violación irreparable a los derechos fundamentales contenida en el artículo 36 de la Convención de Viena, además, de que en el presente caso, reputados organismos internacionales, han documentado que estamos frente a una violación a las normas del debido proceso y en ausencia de un juicio justo.
La pena capital o la pena de muerte vulneran, al menos, dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura, ambos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A escala mundial, por fortuna, avanza la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, sin embargo, algunas naciones mantienen esta práctica, en algunos casos se trata de países con regímenes pues semi o totalmente autoritarios, pero también tenemos el caso de Estados Unidos, que presume de democracia en el planeta, así se llaman, pero ha aplicado la pena de muerte a mil 463 personas desde 1976 en que se restauró este castigo.
Hasta la fecha, en esta lista han figurado 11 ciudadanos mexicanos, un tribunal texano decretó la muerte de Rubén Cárdenas Ramírez en julio de 1998 y desde entonces el connacional ha permanecido en lo que se conoce como el pasillo de la muerte.
Durante estos años organismo internacionales han documentado con amplitud que los derechos de Cárdenas Ramírez fueron violados desde el momento de su detención.
Por ejemplo, Cárdenas no tuvo un abogado durante nueve días y sólo consiguió que le fueran ofrecidos los servicios de un defensor cuando hizo la solicitud ante un notario público.
Amnistía Internacional, que se ha interesado en este caso, ha dicho que la Fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales, se consideran sumamente poco fiables. Además la petición de los abogados de Cárdenas Ramírez para que se realizaran exámenes de ADN a las pruebas del homicidio del que fue acusado no obtuvo respuesta, aunque como ciudadano mexicano tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado y recibir asistencia este derecho, también le fue negado.
El proceso contra Cárdenas ha estado marcado por obstáculos y dilaciones que rayan en la ilegalidad por parte de la justicia del estado de Texas.
La situación de Cárdenas Ramírez se enmarca en el muy conocido Caso Avena, como se conoce a la resolución de la Corte Internacional de Justicia que dio la razón a México en los casos de cinco decenas de mexicanos a quienes se les había negado el derecho de asistencia consular.
La resolución de 2004, que suponía la reposición de los procesos judiciales, fue aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, aunque años más tarde la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó que no había manera de cumplirla.
La Corte reconoció que la resolución de la Corte Internacional de Justicia constituye, lo digo entre comillas, “constituye una obligación de derecho internacional para los Estados Unidos”, pero al mismo tiempo determinó que no era automáticamente vinculante para la legislación local, eso permitió que el estado de Texas se mantuviera como el campeón en ejecuciones simplemente porque sus autoridades se niegan a acatar las obligaciones judiciales internacionales.
México está obligado a no cesar en su exigencia de cumplimiento pleno del fallo internacional sobre el Caso Avena, sobre todo en estos tiempos en que muchas personas son acosadas y detenidas en Estados Unidos sólo por parecer mexicanos.
Como parte de los esfuerzos es preciso que la Cancillería de México insista ante las autoridades texanas en la suspensión de la ejecución de Cárdenas Ramírez.
Igualmente, la Cancillería debe solicitar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que dé respuesta a la petición del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a fin de que se someta a revisión el proceso contra nuestro connacional y se evite consumar este acto de barbarie.
Por lo tanto, estamos a favor del punto de acuerdo.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Dolores Padierna.
Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaria dé lectura a la propuesta de modificación presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, e inmediatamente consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con gusto, señor Presidente.
La propuesta consiste en adicionar un Tercer Resolutivo, al que procedo a dar lectura.
Tercero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de representante del Estado mexicano, a que solicite al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, y al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el indulto y la reposición del proceso penal seguido en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la discusión de la propuesta presentada.
Quienes estén porque se admita, favor de levanta la mano.
Sí se admite la discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Al no haber oradores registrados consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada.
Quienes estén porque se acepte, favor de levanta la mano.
Sí es aceptada, señor Presidente.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: En consecuencia, consulte ahora la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el punto.
En otro apartado de nuestra agenda del día tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
Quienes estén porque se omita, favor de levanta la mano.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el presente dictamen a nombre de la Comisión de Vivienda.
La vivienda es el epicentro de las políticas públicas, en ella reside la piedra de toque para transformar nuestras ciudades y nuestra sociedad, pues es este lugar donde nos desarrollamos la mayor parte del tiempo y constituye una necesidad vital para poder satisfacer las demás carencias familiares.
En atención al rol fundamental que juega la vivienda en el desarrollo personal y social, el Estado mexicano ha buscado brindar soluciones habitacionales adecuadas, caracterizadas por la búsqueda de accesibilidad, movilidad, habitabilidad, salubridad y el combate al hacinamiento.
Lo anterior ha reconfigurado la política nacional de vivienda, recobrando una visión humana de las viviendas: “una casa no es sólo un techo rodeado de cuatro paredes; un hogar es estabilidad, es seguridad, protección y confort, es un sitio destinado al desarrollo social de cualquier ser humano”.
La política nacional ha marchado de una manera sólida, hemos avanzado en un combate al rezago habitacional con mejores estrategias y distintas acciones que han beneficiado a millones de mexicanos; sin embargo, la labor no está acabada y aún falta mucho por hacer.
El mes pasado nuestro país sufrió dos terribles sismos que cobraron la vida de cientos de personas y dejaron innumerables pérdidas materiales.
Los sismos azotaron con extrema fuerza en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México, minando especialmente los hogares de miles de mexicanas y de mexicanos.
Esas emergencias han cimbrado la base de nuestro desarrollo urbano recordando la fragilidad de nuestros hogares y poniendo en tela de juicio la integralidad de los procesos de construcción y su revisión.
Es nuestro deber fortalecer las medidas legales y reglamentarias para evitar que se repita una situación tan lamentable, aunque los estragos fueron menores a eventualidades anteriores, miles de pérdidas pudieron prevenirse, no podemos estar a la merced de la naturaleza, tenemos que mejorar los procesos de construcción y erradicar cualquier tipo de corrupción en un área tan sensible.
La política de vivienda tiene grandes áreas de oportunidad por lo que es necesario brindar espacios propios para la reflexión y el análisis que permitan considerar nuestras deficiencias y plantear posibles soluciones.
En este sentido actualmente se celebra el 9 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Vivienda para las fuerzas armadas y a nivel internacional, el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la Hábitat.
Fechas en las que se promueve la inspección minuciosa de la situación habitacional y la formulación de nuevas medidas para resolver los problemas que se enfrentan. En tanto a lo anterior la vivienda que representa un modo central para el desarrollo urbano y el desarrollo personal de los ciudadanos no cuenta con un día específico que permita celebrar, examinar y proyectar sobre las políticas implementadas.
El presente dictamen que ponemos a su consideración pretende establecer una fecha a nivel nacional que sirva para sensibilizar a la población, y señalar los problemas sin resolver que existen en torno a la vivienda.
Asimismo, permitirá que los diversos actores tomemos medidas específicas a favor de la ciudadanía.
El derecho fundamental a la vivienda fue incorporado en la Constitución hace 34 años, un 7 de febrero.
En ese momento la vivienda dejó de ser una prerrogativa estrictamente laboral para reconocerse como un derecho fundamental que toda familia merece.
Derivado de lo anterior esta icónica fecha sirve para conmemorar reflexionar, sensibilizar y concientizar sobre uno de los sectores más importantes de nuestro país.
Por lo anterior, se busca declarar el 7 de febrero de cada año como Día Nacional de la Vivienda.
Esto como una medida que permita hacer un parteaguas para conocer, informar y reforzar las medidas en torno a la vivienda, promoviendo el intercambio de ideas y la discusión sobre las políticas públicas y los programas implementados en el orden de conseguir acciones concretas a favor de las y de los mexicanos.
Es pues, compañeras y compañeros, que tenemos un gran desafío frente a nosotros poder regresar el valor humano a nuestras ciudades, reconstruir lo que hemos perdido y evitar que volvamos a padecer una situación similar por falta de precaución; debemos procurar que la vivienda no sea un activo más en los conteos estadísticos, cada una de estas casas, cada una de ellas es un hogar, una familia, debemos protegerlas a toda costa y propiciar el desarrollo social de cada mexicana y mexicano.
Establecer el Día Nacional de la Vivienda es una acción concreta para que cada año, durante una misma fecha se promueva la discusión y el diálogo en torno a la vivienda de nuestro país.
Con un espacio para la reflexión lograremos fortalecer nuestras viviendas y alcanzar mejores soluciones habitacionales para todos.
La vivienda es y seguirá siendo el punto de partida para el desarrollo de la sociedad, es nuestro trabajo traducir este potencial en verdadero beneficio para todas las familias mexicanas.
Por su apoyo muchísimas gracias.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: El Senador Benjamín Robles Montoya entregó por escrito su intervención, insértese en el Diario de los Debates.
Agotada la lista de oradores, informo que la votación nominal de este dictamen la realizaremos al concluir la discusión del presente dictamen.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de denominación de origen.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso del Presidente.
El presente dictamen que va a ser sometido a votación en unos minutos más, es una propuesta de modificación a la Ley de Propiedad Industrial.
Esta propuesta la presentamos varios Senadores hace más de seis meses, y ahorita platicaría un poquito las dificultades que hubo en su proceso de ratificación.
Fue presentada, además de por un servidor, por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, por el Senador Jesús Santana, por el Senador Jesús Priego, el Senador Ernesto Gándara y la Senadora Hilda Flores Escalera.
La iniciativa busca cuatro objetivos, lo primero, adecuar los registros de diseño industrial. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de Propiedad Intelectual protege las creaciones originales, las marcas, las patentes; también protege los diseños industriales, y en este sentido se perfecciona y se pone el grado de modificación significativo, grado de significancia.
Esto quiere decir que dos diseños que pudieran parecerse mucho, uno puede tener tal relevancia por la utilidad que pueda ser registrado como un diseño diferente.
Se modifica un poco los trazos de vigencia, cinco años, que pueden ser refrendados hasta que lleguen a los 25 años, y que puedan quedar del dominio público.
Adicionalmente se establece lo que ya hicimos en esta ley, el año pasado, que es el proceso administrativo de oposición, lo hicimos con las marcas y con las patentes, es decir, antes alguien, poniendo el ejemplo de la marca, y ahora aplicará para esto y para las especificaciones geográficas, llegado y registraba una marca, y si alguna persona decía, esa marca yo ya la tengo desde hace años, tenía que iniciar un juicio para que le quitaran la marca al que ya se la habían dado, con posterioridad de él.
Ahora se abre un período que no retrase el trámite y en ese período administrativamente alguien puede decir, yo ya tengo una marca igualita, me están pirateando la marca, y entonces el IMPI le niega el registro.
Lo mismo se hace ahora con el tema de diseños industriales.
El tema de más fondo en el proyecto de iniciativa, era poner acorde la legislación mexicana fundamentalmente con la europea, en este proceso que estamos de revisión del Tratado de Libre Comercio que arrancó su vigencia el 1º de enero del 2000 con Europa, es lo que concierne a denominaciones de origen y a indicaciones geográficas.
De hecho en México solamente tenemos el nombre o la denominación de origen como un producto que es fabricado en una región específica que tiene el nombre de la región y que, en consecuencia merece la protección para que nadie produzca este producto, estoy hablando, por ejemplo, del caso del tequila, salvo aquellos que lo hacen con los requerimientos para que puedan denominarse de esa manera.
Lamentablemente como no teníamos otra denominación, también al amparo de la denominación de origen, en tiempos pasados se les dio cobertura y se les dio la denominación de origen, por ejemplo, al arroz de Morelos, siendo que el arroz de Morelos en todo el mundo no cumpliría con el concepto de denominación de origen, no es un producto exclusivo y que lleva el nombre de la región, es un producto agrícola, lo mismo que la vainilla de Papantla, que también tiene denominación de origen, propiamente no son denominaciones de origen.
Lo que habría que construir la figura que existe en Europa, que son indicaciones geográficas. Es decir, el arroz que se produce en Morelos, o la vainilla que se produce en Papantla tiene, por el clima y por muchas otras condiciones, características especiales que vale la pena proteger, y que le dan valor comercial a esos productos. Y esto ahora se hará mediante un nuevo concepto que se llama “indicación geográfica”. Y que funciona de manera muy semejante a lo que es una denominación de origen.
Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son propiedad de la nación, nadie puede precisar con certeza quién sería en todo caso el propietario de una supuesta patente, por ejemplo del tequila, o del bacanora o del mezcal. Todas éstas son propiedad de la nación, pero se necesita que alguien administre esta denominación.
La ley, la iniciativa contemplaba la creación de lo que denominamos “unidades de gestión”. En estas unidades de gestión que son las que autorizan a un productor, el llamarle mezcal, al mezcal; sotol, al sotol; tequila al tequila, o cualquier otra denominación de origen.
O en el caso de indicaciones geográficas, llamarle a la vainilla de Papantla, autorizar a un productor a que se pueda denominar como vainilla de Papantla, en ese caso se necesita que toda la cadena de valores esté integrada, sabiendo que es propiedad de la nación, si cumple los requisitos.
Pero pondríamos en la ley un distintivo, para no generar monopolio, que quien verifica que cumpla con los requisitos, el que tiene laboratorio de certificación, no sea el mismo de la unidad de gestión, porque puede caer en un esquema de monopolio en donde no autorice a nuevos usuarios, por ejemplo productores de mezcal, porque ya hay muchos, por decir algo, porque la demanda está bajando, para que no se baje el precio, ya no autorizo, bueno eso no puede ser posible.
El que reúna los requisitos para producir alguna denominación de origen, tiene que reconocérsele que es denominación de origen, y no podría ponerse en manos de una sola entidad que está conformada por toda la cadena de valor, el que no solamente administre las licencias, las promueva, promueva su respeto en el extranjero, sino que también sea el que tenga el laboratorio, y diga: “Sí puedes llamarte tequila, o no puedes llamarte tequila”. Porque esto cae tarde que temprano en una práctica monopólica.
Lamentablemente la historia mayor de éxito que tenemos en este país en este tema, es el tequila, es una verdadera historia de éxito. Hoy el tequila es una bebida que en el consumo nacional desplazó al brandy, el consumo de brandy ha caído más de ocho veces en volumen. Hoy los grandes productores de brandy en el país prácticamente desaparecieron, las zonas agrícolas de lo que era uva industrial, prácticamente ya no existen en el país, pero a cambio ha crecido enormemente el consumo de tequila, sustituyó el tequila al brandy. Pero hoy es uno de los productos de exportación más importantes.
Hay estados completos de la Unión Americana, que la bebida que predomina, la de mayor consumo es el tequila, y sigue creciendo el mercado, afortunadamente. Entonces es una historia de éxito, y parte de la historia de éxito ha sido el Consejo Regulador del Tequila. Pero cuando se formó el Consejo Regulador del Tequila, nació simple y sencillamente de la unión de los productores de tequila para determinar si un producto cumplía las condiciones de ser 100 % de agave, de que el agave fuera azul tequilana, y de que fuera sembrado en las zonas en donde está la denominación de origen.
Y entonces crearon un laboratorio y pagaban los productores una cuota porque se estuviera revisando que lo que se llamara tequila fuera tequila. Y ese Consejo adoptó también las medidas de promoción, y ha sido, como dije, una historia de éxito, y ellos se opusieron radicalmente a que se separara la función de verificación.
La decisión que tomamos al final del día es dejar en el limbo jurídico a las entidades de gestión. Es decir, como es propiedad nacional la denominación de origen, ellos no pueden ser representantes legales de la denominación de origen, ellos no pueden administrar esa denominación de origen porque no son propietarios de ello, la propietaria es la nación, y la nación no les da facultades, hasta que encuentren la manera de que se paren las funciones de certificación, de verificación, el laboratorio, de lo que es la administración y la promoción de la denominación de origen.
Porque si no, lo que vamos a generar tarde que temprano, cuando la demanda se estabilice y no sea como todo este largo período de crecimiento, o cuando incluso empiece a bajar, que lo que van a hacer es vetar la entrada de nuevos actores al mercado, y esto en términos prácticos significa un cartel, y los carteles están prohibidos por la Constitución.
Ese tema es el que nos faltó en este dictamen, pero se establece con claridad las denominaciones de origen.
Concluyo diciendo que este tema es esencial para que en la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa, en donde Europa nos acusa, no siempre con razón, pero en ocasiones sí, de que no respetamos las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en México, que son propiedad de europeos.
Ciertamente no respetamos las indicaciones geográficas porque no teníamos este concepto. A partir de esta reforma ya existía el concepto de indicación geográfica. Pero también tenemos otros problemas.
Hay muchos productos de denominación de origen en Europa, de hace muchos años, que en México son naturalmente productos ya genéricos. Cuando alguien habla de queso manchego, se refiere a un tipo de queso, no a que sea el producto de una región específica de España, de La Mancha.
De tal forma que estamos ahorita en un proceso de negociación, es parte del acuerdo, de definir cuáles van a ser genéricos y tener medidas muy estrictas en México, para que se respeten las denominaciones de origen, y las indicaciones geográficas europeas, como también nos otros ponernos exigentes en el tema de la protección de nuestras propias denominaciones de origen, particularmente con el tequila.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Está a discusión en lo general.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.
Tiene la palabra señor Senador.
Efectivamente el planteamiento que ha venido aquí a hacernos el Senador Héctor Larios, fue revisado en la Comisión de Estudios Legislativos, codictaminadora de esta iniciativa, y que votamos a favor por lo que él ha venido comentando.
Quiero decir que lo hicimos así porque se trata de un proyecto, como aquí se ha planteado, un proyecto fundamental en la idea de actualizar la disposición, me refiero a la Ley de Propiedad Industrial, que plantea que el comercio internacional en un marco de globalización, insisto, hay que actualizarlo, pero también se hizo ver así en estas comisiones unidas, ante el panorama que nos plantea la renegociación del Tratado de Libre Comercio y otros tratados internacionales.
Votamos a favor porque también se armoniza nuestro marco jurídico, es algo en lo que coincidimos, se armoniza en función del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del cual también forma parte nuestro país, y sin duda vimos que el aspecto central consistía en la protección de indicaciones geográficas que no son otra cosa, como aquí ya se argumentó, que el nombre de una zona geográfica para que un determinado producto sea identificado como originario de dicha zona, cuando sus características sean atribuibles precisamente a ese origen geográfico.
Y es en este punto donde quiero remitirme para fortalecer lo que aquí se ha planteado, al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, cuyo artículo 22 denominado protección de las indicaciones geográficas define a éstas como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o también de una región o localidad de ese territorio cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a ese su origen geográfico.
Es decir, la diferencia de la indicación geográfica con respecto a la denominación de origen es que, en este último también se consideran otros factores como los naturales o los humanos.
Y es el propio artículo 22 del Convenio el que señala, que en relación con las indicaciones geográficas, los estados miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir, por ejemplo, la utilización de cualquier medio que en la designación o en la presentación del producto indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, como lo comentó Héctor Larios. Es decir, de modo que induzca al público a un error en cuanto al origen geográfico del producto.
También consideramos, como se nos planteó por parte de la comisión que encabeza Héctor Larios, cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 Bis del Convenio de París de 1967,
Pero también hay otros aspectos relevantes que quiero enumerar para mayor ilustración de las compañeras y compañeros Senadores.
Se contemplan, por ejemplo, como dibujos industriales aquellos contenidos en artesanías.
Se otorga el carácter de irrenunciable al derecho del inventor o del diseñador a ser mencionado como tal en la patente.
También la duración del registro de diseños industriales, se modifica de 15 años improrrogables a cinco años renovables por períodos sucesivos iguales hasta un máximo de 25 años.
Se establece también que los registros de diseños industriales caducarán cuando no sean renovados.
Respecto a las zonas geográficas y las de denominaciones de poblaciones, se plantea que nos registrables como marca.
Se actualiza la definición de denominación de origen, distinguiéndola, insisto, de la indicación geográfica y de la zona geográfica, y se señala que la protección legal para la denominación de origen e indicación geográfica inicia con la declaración que al efecto emita el IMPI.
Es decir, estamos hablando de una serie de asuntos que, sin duda fortalecen el tema jurídico que aquí se ha venido a plantear.
Es decir, como pueden apreciar, mis queridas compañeras y compañeros, se trata de un proyecto amplio que pretende modernizar nuestro marco jurídico en aras de una protección eficaz de la propiedad industrial, pero sin que esa propiedad se convierta en un obstáculo para la competitividad.
Y por eso nosotros manifestamos, no solamente que votaremos a favor, sino que rogamos de todos ustedes también su apoyo a este dictamen que estamos presentando.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Al no haber más oradores ni reservas de artículos, realizaremos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se mantiene pendiente en su votación nominal después de cumplida la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.
Realizaremos primero la votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 7 de febrero de cada año como el “Día Nacional de la Vivienda”, que ya fue discutido.
Ábrase el sistema, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Bachillerato SABES, Plantel Loma de Flores y 18 de Marzo del Municipio de Salamanca, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.
Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.
Sean ustedes cordialmente bienvenidos al Senado de la República, jóvenes.
Esta Presidencia recibe el texto de la participación del Senador David Monreal Ávila, sobre el dictamen de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, para insertarlo al Diario de los Debates.
La Secretaria Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro y cero votos en contra.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Secretaria.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 7 de febrero de cada año como el “Día Nacional de la Vivienda”.
Pasamos ahora a la votación nominal, en lo general y en lo particular, del artículo con proyecto de decreto por el queda y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, continuamos con la votación anterior, ya que algunos compañeros no dieron cuenta.
Se registra el voto de la Senadora Ivonne.
Del Senador Tapia, a favor.
Y del Senador Pozos, a favor.
Continuamos en la votación nominal.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Senador Toledo, a favor.
Senadora Rosa Adriana, a favor.
Senadora Hilaria Domínguez, a favor.
Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor y cero votos en contra.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
Tenemos ahora la discusión de 20 dictámenes emitidos por las diversas comisiones que contienen puntos de acuerdo y sobre los que hay reserva para su discusión, todos están publicados en la Gaceta de hoy.
Tenemos siete dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos.
Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa del 24 de abril de 2017.
El que exhorta a informar sobre el estado que guardan las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la terminal de almacenamiento de Pemex, ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.
Por el que se solicita un informe sobre el grado de cumplimiento y las acciones que se han realizado para atender las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia.
El que exhorta a reformar las labores de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos.
El que exhorta a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional.
Y por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del doctor Santiago Corcuera Cabezut, ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas.
Tenemos también un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean publicados y actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría.
Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con exhorto a producir y difundir material audiovisual bibliográfico y de consulta virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit, en el marco del centenario de la creación del estado.
También tenemos tres dictámenes de la Comisión de Salud.
El que exhorta a diseñar, implementar y ejecutar las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad.
El que exhorta a tomar las medidas y acciones necesarias para prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal.
Y el que exhorta a actualizar la Norma Oficial Mexicana “Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas”.
Tenemos también tres dictámenes de la Comisión de Turismo.
El que exhorta a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos.
El que exhorta a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece.
Y el que exhorta a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas en el estado de Zacatecas.
Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Justicia que exhorta a establecer e implementar protocolos para que los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad.
Por último, tenemos cuatro dictámenes de la Comisión de Cultura.
El que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los espacios de intercambio cultural entre México y Cuba.
El que exhorta al Ayuntamiento de Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación vigente en materia de monumentos y zonas arqueológicas en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos.
Otro por el que se solicita concretar la donación del conjunto arquitectónico conocido como Pórtico de Recreación y Aljibe, localizado en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Y por el que se convoca a una reunión de trabajo a la Secretaría de Cultura.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Secretaria.
El Senador Gerardo Sánchez García, entregó el texto de presentación de los dictámenes de la Comisión de Cultura, mismos que se integrarán en el Diario de los Debates.
Consulto si algunos de los dictámenes se reservan para su discusión en tribuna.
En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Aprobado, señor Presidente, los acuerdos.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobados los acuerdos.
Compañeros Senadores, daremos cuenta de las ampliaciones y rectificaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Les informo que se amplió y rectificó el turno al proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y reforman diversas disposiciones en materia de adopción presentada el 31 de octubre pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos.
Asimismo, se rectificó el turno al proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado el 15 de diciembre del 2016, para quedar en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado cuenta la señora Secretaria.
Hago de su conocimiento que las proposiciones referidas a solicitud de recursos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.
Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Asimismo, les informo que el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, entregó el texto de una efeméride sobre el Día del Ferrocarrilero, que igualmente se insertará en el Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 9 de noviembre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 14:58 horas
Inicio de Sesión: 11:31 hrs.
Término de Sesión: 14:58 hrs.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
Proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo.
A favor de la obvia resolución
Proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.
Punto de acuerdo por el que se requiere a la Cancillería de México que, a nombre del Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena.
Sen. María de los Dolores Padierna Luna
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1839