Source: https://legislacion.vlex.es/vid/accesibilidad-barreras-arquitectonicas-70196810
Timestamp: 2018-12-10 13:05:27
Document Index: 99145933

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 20', 'in fine', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 7']

Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación de Aragón (Ley 3/1997, de 7 de abril) - Normativa de Aragón - Legislación - VLEX 70196810
TÍTULO PRIMERO. De la accesibilidad
CAPÍTULO I. Accesibilidad urbanística - arts. 4 y 5
CAPÍTULO II. Accesibilidad en la edificación - arts. 6 a 10
CAPÍTULO III. Accesibilidad en el transporte y en la comunicación sensorial - arts. 11 a 13
TÍTULO SEGUNDO. De la eliminación de barreras - arts. 14 a 18
TÍTULO TERCERO. Consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras - art. 19
TÍTULO CUARTO. Medidas de fomento - art. 20
TÍTULO QUINTO. Medidas de control - arts. 21 a 23
TÍTULO SEXTO. Régimen sancionador - arts. 24 a 29
Norma citada en: 8 sentencias, 10 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda (artículo 35.1.3.º del Estatuto de Autonomía), así como de Asistencia y Bienestar Social (artículo 35.1.16), por lo que existe título competencial habilitante no sólo para la ejecución, sino también para la regulación sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación.
Por ello no forman parte de la Ley las diferentes normas técnicas que determinan cómo debe entenderse la accesibilidad de los diferentes espacios para las personas con limitación, relegándose a rango reglamentario estas disposiciones, de tal manera que pueda existir una mayor flexibilidad para adaptarse a las diferentes circunstancias del medio y conseguir de esta forma con mayor eficacia los fines que se persiguen.
La Ley consta de un título preliminar, seis títulos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, que facultan al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones y normas técnicas para el desarrollo y aplicación de la Ley.
En este punto se sigue la orientación dada por importantes precedentes legislativos existentes en nuestro Derecho, como son la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, y el Real Decreto 1945/83, de 25 de mayo, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Están sometidas a la presente Ley todas las actuaciones relativas al planeamiento, gestión y ejecución en materia de urbanismo; en la edificación, transporte y comunicación sensorial, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, reforma o cualquier otra actuación análoga, que se realicen por cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
A los efectos de esta Ley se consideran personas en situación de limitación aquellas que de forma temporal o permanente tienen disminuida su capacidad de relacionarse con el entorno, al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales y ver u oír con normalidad. Asimismo se entiende por personas con movilidad reducida aquellas que temporal o permanentemente tienen limitada su capacidad de desplazarse.
Se entiende por accesibilidad la característica del medio, del urbanismo, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial, que permite su uso y disfrute a cualquier persona, con independencia de su condición física o sensorial.
Se entiende por barreras aquellos obstáculos, trabas o impedimentos de carácter permanente o temporal, que limitan o dificultan la libertad de movimientos, el acceso, la estancia, la circulación y la comunicación sensorial de las personas que tienen limitada o disminuida, temporal o permanentemente, su movilidad o capacidad de relacionarse con el entorno.
3.2. Barreras sensoriales: Barreras en la comunicación sensorial, las que impiden o dificultan expresar y/o recibir mensajes a través de los sistemas de comunicación sensorial (oral-auditivo, audiovisual...), sean éstos individuales o colectivos.
Son ayudas técnicas aquellos instrumentos que, actuando como intermediarios entre las personas con alguna disminución o limitación y el entorno, a través de medios mecánicos o estáticos, facilitan su relación y permiten una mayor movilidad y autonomía, mejorando su calidad de vida.
Son perros guía aquellos que han sido adiestrados en centros específicamente dedicados a tal actividad y acreditados como tales conforme a la normativa correspondiente para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas ciegas y deficientes visuales. Los perros guía deberán acreditar su condición por medio de un distintivo oficial que deberán llevar en lugar visible.
La lengua de signos es un lenguaje visual y gestual basado en el uso de las manos, de los ojos, de la cara, de la boca y del cuerpo.
El intérprete de lengua de signos es aquella persona oyente que conoce correctamente la lengua de signos, está acreditada como tal por la normativa vigente y sirve para traducir de una lengua a otra.
Son barreras de comunicación todos aquellos obstáculos que impiden o dificultan la comunicación de las personas sordas.
TÍTULO PRIMERO De la accesibilidad Artículos 4 a 13
CAPÍTULO I Accesibilidad urbanística Artículos 4 y 5
ARTÍCULO 4 Accesibilidad de los espacios de uso público.
La planificación, urbanización y construcción de las vías públicas, de los parques, de los itinerarios peatonales, de los vados, rampas y escaleras, del mobiliario urbano, incluida la señalización, y de los demás espacios de uso público, se efectuarán de forma que resulten accesibles para personas con movilidad reducida o con capacidad sensorial disminuida.
Los espacios naturales protegidos establecerán, en los casos y en la forma en que ello sea técnicamente posible, itinerarios y servicios adaptados a estas personas.
A estos efectos, los planes de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás instrumentos de planeamiento, de desarrollo del mismo y de ejecución, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad y la utilización con carácter general de los espacios de uso público, y no serán aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios básicos establecidos en esta Ley y en las disposiciones y normas técnicas que la desarrollen, con el grado de detalle que corresponda en cada instrumento de planeamiento.
ARTÍCULO 5 Reserva de estacionamiento de uso público.
En las zonas que se creen para estacionamiento de vehículos ligeros, deberá reservarse un número mínimo de plazas destinadas a las personas con movilidad limitada, por discapacidad física o visual, en la forma y modo que se determine en la norma técnica correspondiente. Estas plazas estarán debidamente señalizadas con el símbolo que se establezca y la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en las situaciones protegidas por esta Ley.
Los garajes o aparcamientos en superficie o subterráneos de uso público, bien sean de titularidad pública o privada, contarán con plazas reservadas para las personas con movilidad reducida.
Su ubicación será próxima a los accesos y éstos serán practicables para estas personas, de acuerdo con lo que se regule en los reglamentos que desarrollen esta Ley. En el supuesto de que sea necesaria la instalación de un ascensor, éste deberá permitir la accesibilidad a personas en situación de limitación o con movilidad reducida, y sus accesorios estarán convenientemente adaptados.
CAPÍTULO II Accesibilidad en la edificación Artículos 6 a 10
ARTÍCULO 6 Clasificación de los edificios.
ARTÍCULO 7 Accesibilidad de los edificios de uso público.
La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se efectuará de forma que resulten accesibles para personas con limitaciones. Los elementos existentes de los edificios a ampliar o reformar cuya adaptación requiera medios técnicos o económicos desproporcionados, serán, como mínimo, practicables.
Tienen la obligación de observar las prescripciones de esta Ley, conforme a los mínimos que reglamentariamente se determinen, los edificios de uso público que a continuación se relacionan y aquellos de naturaleza análoga: -Edificios públicos y de servicios de las Administraciones públicas.
-Centros sanitarios y asistenciales.
-Estaciones de transportes.
-Aeropuertos, helipuertos, puertos fluviales y demás edificios de uso semejante.
-Centros de enseñanzas.
-Garajes y aparcamientos.
-Museos, teatros, salas de cine, de exposiciones, bibliotecas, centros culturales y similares.
-Establecimientos comerciales, a partir de los metros cuadrados de superficie que reglamentariamente se determinen.
-Centros religiosos.
-Instalaciones hoteleras, a partir del número de plazas que reglamentariamente se determine.
-Centros de trabajo, a partir del número de empleados que reglamentariamente se determine.
El símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras arquitectónicas, será de obligada instalación en los edificios de uso público y transportes públicos en que aquéllas no existan, así como para señalizar zonas accesibles de difícil localización o, donde proceda, itinerarios alternativos.
Todos los accesos al interior de los edificios de uso público deberán estar desprovistos de barreras arquitectónicas y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad; los itinerarios que comuniquen horizontalmente y verticalmente todas las dependencias y servicios de estos edificios entre sí y con el exterior deberán ser accesibles. Las especificaciones técnicas tendrán un diseño y un paso libre de anchura mínima adecuado conforme a la normativa de desarrollo.
Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos dispondrán de accesos y de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas y deberán estar convenientemente señalizados. La proporción de espacios reservados se determinará reglamentariamente en función del aforo. Los planes de evacuación y seguridad de estos edificios tendrán en consideración las necesidades de estas personas.
ARTÍCULO 8 Accesibilidad de los edificios de uso privado.
Los edificios de uso privado de nueva construcción en los que sea obligatoria la instalación de ascensor deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:
Cuando estos edificios de nueva construcción tengan una altura superior a planta baja y piso, a excepción de viviendas unifamiliares, y no estén obligados a la instalación de ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la posible instalación de un ascensor practicable; el resto de los elementos comunes de estos edificios deberán reunir los requisitos de la practicabilidad.
Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida o en situación de limitación.
A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida o en situación de limitación el acceso a una vivienda, se reservará un porcentaje no inferior al 3 por 100 del volumen total de las viviendas de la promoción para destinarlo a satisfacer la demanda de vivienda de estos colectivos, en todas las viviendas que reciban subvenciones, préstamos cualificados o subsidios de intereses de las Administraciones públicas -viviendas de promoción pública, viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado, o tipologías similares de distinta denominación-, de la forma que reglamentariamente se establezca.
En los supuestos recogidos en el párrafo 1, los promotores privados podrán sustituir las adaptaciones interiores de las viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, al solicitarse la calificación definitiva, por el depósito de un aval suficiente, en los plazos, términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, de una entidad financiera legalmente reconocida que garantice la realización de las obras necesarias para las adaptaciones correspondientes.
Reglamentariamente se determinará un método que asegure un control de la Administración autonómica que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores.
Los edificios en que existan viviendas reservadas para personas con limitaciones deberán tener adaptados los interiores de las citadas viviendas de acuerdo con las normas técnicas que se aprobarán para tal fin.
Estas viviendas podrán ser adquiridas, en primer lugar, por personas con movilidad reducida y, en segundo lugar, por entidades públicas o privadas con personalidad jurídica propia y sin finalidad de lucro, para dedicarlas a minirresidencias, pisos compartidos o cualquier tipo de vivienda destinada a personas con limitaciones.
ARTÍCULO 10 Accesibilidad de los elementos comunes.
La realización por el arrendatario de obras en el interior de la vivienda que ocupe, para adaptarla a su condición de disminuido físico o sensorial, a la de su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación de afectividad o a la de sus familiares que con él convivan, se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La realización de obras con la misma finalidad por los titulares de fincas urbanas en calidad de propietarios, usufructuarios o usuarios se regirá por lo dispuesto en la Ley estatal sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Por lo dispuesto en esta última Ley se regirán, en todo caso, las obras a realizar en los elementos comunes de los inmuebles en que se ubique la finca ocupada por cualquiera de los usuarios mencionados en los dos apartados anteriores.
Las condiciones de las obras a realizar serán, no obstante, las establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
CAPÍTULO III Accesibilidad en el transporte y en la comunicación sensorial Artículos 11 a 13
ARTÍCULO 11 Accesibilidad en el transporte
Las nuevas concesiones de competencia de las Administraciones públicas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, referentes al transporte público colectivo de viajeros, deberán incluir en las condiciones de la prestación del servicio la exigencia de que un porcentaje de vehículos adscritos a aquéllas sean accesibles a todas las personas con movilidad reducida y con disminución de su capacidad física o sensorial.
Las características del acceso a estos elementos del transporte, determinación de la altura de la plataforma, sistemas mecánicos de ascenso, descenso, de información, de iluminación y de seguridad, así como la proporción de los vehículos afectados, serán determinadas por la norma técnica correspondiente.
Las estaciones de transportes públicos de viajeros deberán cumplir las exigencias sobre accesibilidad en los términos establecidos en el artículo 7 de esta Ley. Las estaciones de transporte deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Ley, y disposiciones que la desarrollen, en todas aquellas cuestiones referidas a itinerarios, servicios y mobiliario, debiendo contemplar adaptaciones específicas en lo señalado con anterioridad, incluida señalización, sistema de información y andenes.
En todas las ciudades con población superior a 5.000 habitantes o en las cabeceras de las zonas de salud, existirá por lo menos un taxi o vehículo del servicio público adaptado a las condiciones de las personas con movilidad reducida permanente o temporal.
ARTÍCULO 12 Tarjeta de identificación.
ARTÍCULO 13 Accesibilidad en la comunicación sensorial.
Para garantizar el derecho a la información, la cultura, la enseñanza y el ocio, el Gobierno de Aragón fomentará el conocimiento de sistemas de comunicación accesibles a personas con limitaciones sensoriales mediante la utilización de las técnicas más eficaces.
Asimismo, el Gobierno de Aragón fomentará la instalación de sistemas de comunicación accesibles en los edificios de uso público. Se potenciará el uso del lenguaje de signos en la atención al público en las Administraciones públicas, así como la traducción simultánea al mismo en los actos oficiales públicos promovidos por las mismas. Se fomentará con carácter especial la colaboración con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad se encuentre encaminada a la defensa de aquellos colectivos afectados por estas disminuciones físicas y sensoriales.
Los poderes públicos instrumentarán las campañas de información que sean necesarias para conseguir el cumplimiento de la presente Ley.
Se garantiza el acceso al entorno de las personas con limitación visual que vayan acompañadas de perro guía o de cualquier otra ayuda técnica, para que puedan acceder a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y demás espacios de uso público. Con referencia a los centros hospitalarios o de asistencia ambulatoria, públicos o privados, deberá compaginarse la admisión de estos perros guía con la protección de las condiciones higiénico-sanitarias de esta clase de centros, facilitando la dirección de éstos los medios de ayuda necesarios para que las personas protegidas por esta Ley puedan desenvolverse adecuadamente.
El derecho de admisión de aquellas personas que utilicen perros guía u otras ayudas técnicas que les ayuden a desenvolverse, no deberá ni podrá ser ejercido por parte de los establecimientos, alojamientos y locales de uso público por esta circunstancia.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de identificación y sanitarias de los perros guía, el acceso de éstos a lugares, locales y establecimientos públicos o de uso público y los derechos y obligaciones de sus usuarios.
La Administración autonómica impulsará la formación de profesionales intérpretes de signos y guías de sordos-ciegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas Administraciones públicas a dotarse de este personal especializado.
El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 4, 5, 6 y 7 del presente artículo constituirá infracción administrativa, de conformidad con las disposiciones contenidas en el título sexto de la presente Ley.
Si se creasen medios audiovisuales dependientes de las Administraciones públicas aragonesas, éstos deberán elaborar un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información.
TÍTULO SEGUNDO De la eliminación de barreras Artículos 14 a 18
ARTÍCULO 14 Barreras arquitectónicas urbanísticas
Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes, así como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente en la forma y tiempo establecidos en las normas técnicas que se promulguen en desarrollo de esta Ley.
Las entidades locales deberán establecer programas de actuación para adaptar la accesibilidad en las vías públicas, parques y demás espacios de uso público a las disposiciones contenidas en las normas técnicas anteriormente citadas. Dichos programas deberán contener, como mínimo, un inventario de los espacios que precisen adaptación, definiendo cuantitativamente y cualitativamente las barreras arquitectónicas urbanísticas existentes, el objeto de la adaptación, el orden de prioridades con que se ejecutarán, creando itinerarios preferentes y secundarios, y los plazos para su realización, dentro de los límites máximos marcados por esta Ley, así como el presupuesto estimado de dichas obras.
ARTÍCULO 15 Barreras arquitectónicas en la edificación
Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público serán adaptados en la forma y tiempo establecidos en el artículo anterior. Igualmente, las Administraciones públicas enclavadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán establecer los correspondientes programas de actuación para la adaptación a las normas técnicas en materia de accesibilidad. Estos edificios deberán ser como mínimo practicables, cuando su ampliación o reforma para adaptarlos a la Ley y a las normas que se dicten en su desarrollo requiera la utilización de medios técnicos o económicos desproporcionados.
Las Administraciones públicas elaborarán un catálogo de los edificios de uso público de su titularidad ubicados en la Comunidad Autónoma en los que se prevea la eliminación de barreras arquitectónicas, señalando el orden de prioridades y su ejecución gradual en el marco de las normas técnicas que sean dictadas en ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Las entidades locales incluirán en sus programas de actuación un inventario de los edificios que han de ser adaptados, ya sea separadamente o integrados en los itinerarios preferentes o secundarios.
ARTÍCULO 16 Barreras en el transporte.
En el plazo y forma que determinen las normas técnicas de desarrollo de la Ley, las Administraciones públicas con competencia en la materia elaborarán programas de adaptación y eliminación de barreras en el transporte público colectivo urbano e interurbano de viajeros, teniendo en cuenta las posibilidades de instalación en atención a la antigüedad de los citados vehículos de transporte.
No obstante lo anterior, la adquisición de nuevos vehículos, sea por ampliación o por reposición de la flota, se hará teniendo en cuenta que éstos permitan una accesibilidad básica tal y como se determine en las normas básicas e incluyendo al menos que los proyectos de adquisición de material móvil deberán tener en cuenta aquellos modelos que, por altura de la plataforma del vehículo, sistema de acceso, de información, de iluminación de seguridad, etc., sean los más apropiados para personas con movilidad reducida.
Los primeros programas se elaborarán respetando los plazos marcados en la disposición transitoria segunda.
ARTÍCULO 17 Ayudas técnicas.
Cuando por las características del edificio, instalación o servicios de que se trate no puedan ser accesibles eliminando en su totalidad las barreras urbanísticas, de edificación, transporte o comunicación, podrán ser utilizadas las ayudas técnicas que faciliten la autonomía individual de las personas con limitaciones de conformidad con las normas que para estos supuestos se promulguen.
ARTÍCULO 18 Dotación presupuestaria.
TÍTULO TERCERO Consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras Artículo 19
Se crea el Consejo para la promoción de la accesibilidad y la eliminación de barreras como órgano de participación y consulta, que se adscribe al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.
El Consejo estará integrado por los siguientes representantes:
Siete representantes de municipios, elegidos dos por cada Diputación Provincial y uno representando a los municipios de más de cien mil habitantes.
El Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras tiene funciones, con carácter general, de asesoramiento, información, propuestas de criterios de actuación y fomento de lo dispuesto en la presente Ley, así como de aquellas otras que reglamentariamente se le atribuyan.
TÍTULO CUARTO Medidas de fomento Artículo 20
ARTÍCULO 20 Fondo para la supresión de barreras y promoción de la accesibilidad.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, creará un fondo que con carácter anual deberá estar consignado en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, destinado a subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación, así como para la dotación de ayudas técnicas.
El Consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas elevará propuesta de distribución del referido fondo al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo para su administración y gestión dentro de las líneas presupuestarias fijadas en el presupuesto anual.
La mitad del fondo citado en el apartado anterior irá destinado a subvencionar los programas que elaboren los entes locales para la supresión de barreras arquitectónicas en el espacio urbano, en los edificios de uso público y en el transporte de su término municipal. Estos programas de actuación estarán integrados, como mínimo, por un inventario de los espacios, edificios, locales y medios de transporte que deban ser objeto de adaptación, y por el orden de prioridades en que se llevarán a cabo las fases de ejecución del plan.
La otra mitad se destinará a las mismas acciones en edificios dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón o a conciertos con entidades sin fines de lucro y, en su caso, particulares, con destino a los fines establecidos en el párrafo 1.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los entes locales de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán establecer en sus presupuestos anuales las partidas presupuestarias suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente Ley, con arreglo al respectivo ámbito de su competencia.
Tendrán prioridad para recibir financiación autonómica los entes locales que, mediante convenio, se comprometan a asignar una partida presupuestaria similar o igual en porcentaje al de la DGA para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Dichas partidas serán tenidas en consideración a los efectos de información, coordinación y utilización globalmente racional de los recursos públicos aplicables al cumplimiento de la presente Ley. Para ello, los Ayuntamientos comunicarán a la Diputación General de Aragón, tras la aprobación de sus presupuestos, la cuantía y finalidad de los programas aprobados a tal fin.
Se fomentará con carácter especial la colaboración con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad se encuentre encaminada a la protección de aquellos colectivos afectados por estas disminuciones físicas y sensoriales.
El régimen jurídico, funcionamiento y gestión del referido fondo se determinarán reglamentariamente.
TÍTULO QUINTO Medidas de control Artículos 21 a 23
ARTÍCULO 21 Licencias y autorizaciones.
Si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto autorizado y se comprobara que no se han cumplido las condiciones de accesibilidad, se instruirá el procedimiento establecido por la legislación urbanística vigente, con audiencia del interesado, y si no son legalizables por no poderse adaptar a la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas, se ordenará el derribo de los elementos no conformes, de acuerdo con el procedimiento establecido en las disposiciones aplicables en dichos supuestos.
Los Ayuntamientos y demás instituciones competentes para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de desarrollo de éste que contengan supuestos a los que resulte de aplicación lo regulado por la presente Ley, exigirán su adecuación a la misma.
En la documentación correspondiente, se indicará de manera clara y detallada su cumplimiento con descripción de las medidas adoptadas.
ARTÍCULO 23 Contratos administrativos.
TÍTULO SEXTO Régimen sancionador Artículos 24 a 29
Las acciones u omisiones que contravengan las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras constituyen infracción y serán sancionadas con arreglo a lo establecido en la presente Ley.
Tienen carácter de leves las acciones u omisiones que contravengan las normas sobre accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y de transporte, de carácter permanente o temporal, pero no impidan la utilización del espacio, el equipamiento, la vivienda o el medio de transporte por persona con limitaciones y movilidad reducida o cualquier disminución de su capacidad física o sensorial, y ocasione perjuicio en el libre acceso al medio. Se considera también infracción leve la ocupación por un vehículo no autorizado de una plaza de aparcamiento pública especialmente reservada para el estacionamiento de vehículos con la tarjeta de identificación a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley.
Tienen carácter de graves las infracciones que obstaculicen, limiten o dificulten de forma muy importante el libre acceso a cualquier medio o espacio, infringiendo lo establecido en la presente Ley y, en especial, las siguientes:
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras en las obras de urbanización y su mobiliario de nueva construcción, ampliación y reforma de espacios destinados al uso público que obstaculicen, limiten o dificulten de forma muy importante el libre acceso a cualquier medio o espacio.
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras en la edificación, construcción, ampliación o reforma de edificios de propiedad pública o privada, destinados a servicios públicos o a un uso que implique la concurrencia de público, que obstaculicen, limiten o dificulten de forma muy importante el libre acceso a cualquier medio o espacio.
El incumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad en los edificios de nueva construcción o rehabilitados totalmente que deban ser destinados a vivienda de uso privado.
El incumplimiento de las normas técnicas de adaptación en los transportes públicos de viajeros de nueva adquisición por las empresas del sector.
El incumplimiento de las normas de acceso al entorno de personas acompañadas de perros guía u otras ayudas técnicas.
Tienen carácter de muy graves las infracciones que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio o espacio, infringiendo lo establecido en la presente Ley y, en especial, las siguientes:
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras en las obras de urbanización y su mobiliario de nueva construcción, ampliación y reforma de espacios destinados al uso público que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio o espacio.
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras en la edificación, construcción, ampliación o reforma de edificios de propiedad pública o privada, destinados a servicios públicos o a un uso que implique la concurrencia de público, que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio o espacio.
El incumplimiento de la reserva de viviendas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley.
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras que suponga grave peligro o afecte gravemente a la seguridad de las personas.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de la infracción serán las siguientes:
Faltas leves: multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas, excepto en el supuesto de ocupación por un vehículo no autorizado de una plaza de aparcamientos públicos especialmente reservada para el estacionamiento de vehículos con la tarjeta de identificación a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley, cuya multa será de 10.000 a 50.000 pesetas.
Faltas graves: multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
Para graduar el importe de las multas se tendrán en cuenta la gravedad de la infracción, el coste económico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, la naturaleza del perjuicio directa o indirectamente causado, la reiteración del responsable, el grado de culpa de cada uno de los infractores y la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza.
La resolución sancionadora conllevará la obligación de realizar las obras necesarias para la adaptación a lo previsto en esta Ley.
El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, procederá periódicamente a la actualización de las respectivas cantidades de las multas.
En las obras y demás actuaciones que se ejecutaran sin la licencia municipal correspondiente o con inobservancia de la misma, el empresario de las obras, el director técnico de las mismas y el promotor.
En las obras amparadas en una licencia municipal cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción grave o muy grave, serán igualmente sancionados con multa el facultativo que hubiera informado favorablemente el proyecto y los miembros de la corporación que hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste o el informe previo del funcionario competente fuesen desfavorables por razón de aquella infracción.
ARTÍCULO 27 Procedimiento sancionador.
Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador aplicable a la Administración pública competente, que, por razón de la materia, ordene la incoación del oportuno expediente, y conforme a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las personas protegidas por esta Ley o las asociaciones en las que se integren tendrán la consideración de interesados en este procedimiento en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ARTÍCULO 28 Organos competentes.
Las autoridades competentes para imponer sanciones y los límites máximos de las mismas son los siguientes:
Los Alcaldes de los municipios que no excedan de los 5.000 habitantes, hasta un máximo de 100.000 pesetas; en los municipios de población superior a 5.000 habitantes e inferior a 50.000, hasta un máximo de 500.000 pesetas; en los municipios que excedan de 50.000 habitantes, multas de hasta 1.000.000 de pesetas.
Los Jefes de los Servicios Provinciales de los Departamentos del Gobierno de Aragón competentes, por razón de la materia, hasta 500.000 pesetas.
El Director General del Departamento competente por razón de la materia de 500.001 a 2.000.000 de pesetas.
El Consejero competente, de 2.000.001 a 2.500.000 pesetas.
El Gobierno de Aragón, de 2.500.001 a 50.000.000 de pesetas.
Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley y que sean recaudados por la DGA se destinarán a un fondo creado para financiar acciones de supresión de barreras y promoción de la accesibilidad.
Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los dos años, contados a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde que la Administración competente hubiera tenido conocimiento oficial de la misma.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, para las graves a los tres años y para las leves a los dos años, contados a partir del día siguiente a aquel en que la resolución sea firme.
En los edificios declarados de carácter histórico-artístico protegidos por la Ley, se adecuará el cumplimiento de estas normas a las condiciones de conservación y mantenimiento según sus características específicas, y siempre de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación sobre esta materia.
Lo dispuesto en el artículo 7 no será de aplicación en aquellos edificios o inmuebles declarados bienes de interés cultural o edificios de interés histórico-artístico, cuando las modificaciones necesarias comporten un incumplimiento de la normativa específica reguladora de tales bienes. Tampoco regirá para aquellos inmuebles en que, por sus singulares características, resulte inviable una operación constructiva o de rehabilitación. No obstante, se realizarán las adaptaciones no permanentes que no incumplan el contenido de los párrafos anteriores.
Los programas de actuación que deben ser elaborados por las correspondientes Administraciones públicas que aseguren la accesibilidad y los inventarios mencionados en el título segundo de la presente Ley deberán realizarse en un plazo máximo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de las normas técnicas que se dicten en el desarrollo de esta Ley.
Las obras para la supresión de barreras arquitectónicas urbanísticas, barreras arquitectónicas en la edificación y barreras en el transporte y de la comunicación que se consideren necesarias a tenor de los instrumentos mencionados en el párrafo anterior, deberán haberse concluido en un plazo máximo de diez años a partir de la entrada en vigor de dichas normas técnicas.
Hasta tanto no se dicten las normas técnicas previstas en el articulado de la presente Ley, mantendrá su vigencia el Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón, para la supresión de las barreras arquitectónicas, así como cualquier otra norma reglamentaria u ordenanza municipal que regule estas materias, en tanto no supongan contradicción con los preceptos contenidos en la misma.
Queda derogado el Decreto 126/1989, de 17 de octubre, de la Diputación General de Aragón, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley.
Zaragoza, a siete de abril de mil novecientos noventa y siete.
Ley de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación (Ley 1/1998, de 5 de mayo...
RESOLUCION DE 9 DE MARZO DE 1994, de la Direccion general de Tributos, sobre la Cuantia del Pago fraccionado previsto para profesionales por virtud del Real decreto 120/1994, de 28 de Enero.
RESOLUCION DE 16 DE MAYO DE 1996, de la Direccion general de la Energia, por la que se hacen publicos los Nuevos precios maximos de Venta, antes de Impuestos, de los Gases licuados del Petroleo por canalizacion en el ambito de la Peninsula, islas baleares y archipielago canario.