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Matched Legal Cases: ['Artículo 153', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 25', 'Artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 31', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 46']

“EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL DERECHO DE PETICIÓN INTERNACIONAL” | albertoblancouribe
“EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL DERECHO DE PETICIÓN INTERNACIONAL”
Publicado: octubre 29, 2012 en Reflexiones	Etiquetas:derecho de peticion, derecho de peticion internacional, ucv	0
Presentacion en diapositivas de este trabajo “EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL DERECHO DE PETICIÓN INTERNACIONAL” Universidad Central de Venezuela
Doctorado en Ciencias, Mención Derecho
Doctorando: Alberto Blanco-Uribe Quintero
Profesora: Eloisa Avellaneda
Materia: Derechos Civiles y Políticos
A) Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.
B) Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
B) Decreto Nro. 6.217 del 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
C) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
D) Código Orgánico Tributario.
A) Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989.
A) Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990.
B) Sentencia de 1 de julio de 2011, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Serie C, Nro. 227.
Tanto el derecho de petición como el derecho de petición internacional[1] constituyen derechos civiles debidamente reconocidos, tanto por el derecho internacional de los derechos humanos, como por el derecho interno venezolano.
Finalmente, es de poner de manifiesto que no se persigue hacer un análisis crítico acerca de la aplicación efectiva de las regulaciones que prevén estos derechos humanos, en nuestro país, sino una descripción de las normas que los consagran, las cuales, partiendo del ámbito internacional, se sumergen en el nacional, desde la misma Constitución, pasando por un número ámplio de leyes y otros actos con rango de ley, que, de cumplirse, evidenciarían la existencia de una Administración Pública al servicio de las personas, y con ello, la realidad de “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, …, la preeminencia de los derechos humanos…”[2], teniendo “como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, …, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”[3].
A) Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos:
Documento meramente declarativo, aunque de supremo valor ético, contentivo sin embargo de jurídicamente vinculantes principios del “ius cogens”, adoptado y proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, en París Francia[4].
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que losderechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos“.
“Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno alEstado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actostendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en estaDeclaración“.
Es un tratado internacional que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, habiendo entrado en vigor el 23 de marzo de 1976[5].
B) Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
Este documento fue adoptado y proclamado por la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en 1948, en Bogotá, Colombia[6].
Es un tratado internacional, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, Costa Rica, habiendo entrado en vigor el 18 de julio de 1978[7].
A)Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[8]:
B) Decreto Nro. 6.217 del 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[9]:
“Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.
C) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[10]:
D) Código Orgánico Tributario[11]:
Su Artículo 153 ordena:
“La Administración Tributaria está obligada a dictar resolución a toda petición planteada por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, salvo disposición de este Código o de leyes y normas especiales en materia tributaria. Vencido el plazo sin que se dicte resolución, los interesados podrán a su solo arbitrio optar por conceptuar que ha habido decisión denegatoria, en cuyo caso quedan facultados para interponer las acciones y recursos que correspondan.
Cabe poner de relieve que los Artículos 302 a 304 consagran la garantía judicial denominada Amparo Tributario, disponiendo el primero de ellos que:
En este orden de ideas, siguiendo la doctrina española[12], tenemos que esta obligación estatal implica, como otra cara de la moneda, el derecho de petición, el cual tiene, como alcance o contenido, la facultad de dirigir representaciones de toda índole a los funcionarios públicos, sin que de ello, por si solo, puedan derivarse perjuicios para el interesado, seguido ello de su debida recepción, admisión y acuse de recibo, su examen o consideración, su adecuada resolución y la oportuna notificación de la respuesta.
A) Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989[13]:
B) Sentencia de 19 de septiembre de 2006, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Serie C, Nro. 151[14]:
Documento meramente declarativo, aunque de supremo valor ético, contentivo sin embargo de jurídicamente vinculantes principios del “ius cogens”, adoptado y proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, en París Francia[15].
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que laampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por laley“.
Es un tratado internacional que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, habiendo entrado en vigor el 23 de marzo de 1976[16].
Es un tratado internacional que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966, habiendo entrado en vigor el 23 de marzo de 1976[17].
Este documento fue adoptado y proclamado por la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en 1948, en Bogotá, Colombia[18].
Es un tratado internacional, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, Costa Rica, habiendo entrado en vigor el 18 de julio de 1978[19].
No obstante, no puede ocultarse que hay quienes consideran que el citado Artículo 44 no consagra un derecho independiente, autónomo y subjetivo como tal, desde la perspectiva sustantiva, con fundamento exclusivamente en su ubicación, dentro de las normas procedimentales que regulan el decurso de una denuncia ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por lo que convocan a aceptar la presencia del derecho de petición internacional no en ese Artículo 44, sino en el anteriormente mencionado Artículo 25, consagratorio del derecho de acceso a la justicia en el plano interno, en un desarrollo amplio y extensivo del mismo[20].
Desde nuestro punto de vista ello responde a un innecesario exceso de formalismo, pues la redacción del Artículo 44, sin importar su ubicación dentro de la Convención, es reveladora de la intención de reconocer la existencia indubitable del derecho que nos ocupa, mereciendo ser destacado, tal como es el criterio del Juez Antonio Cançado Trindade, en su voto concurrente a la sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, del 4 de septiembre de 1998, Serie C, Nro. 41[21]:
“2. La importancia del derecho de petición individual no me parece haber sidosuficientemente resaltada por la doctrina y la jurisprudencia internacionales hasta lafecha; la atención que han dedicado a la materia ha sido, sorprendentemente,insatisfactoria a mi modo de ver, dejando de guardar proporción con la gran relevanciade que se reviste el derecho de petición individual bajo la Convención Americana. Estees un punto que me es particularmente caro. No hay que perder de vista que, enúltima instancia, es por el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual quese garantiza el acceso directo del individuo a la justicia a nivel internacional.
3. La cuestión de la legitimatio ad causam de los peticionarios ha ocupado unaposición central en esta etapa de excepciones preliminares del caso Castillo Petruzziversus Perú, y la Corte Interamericana decidió, a mi modo de ver acertadamente,desestimar la quinta y la sexta excepciones preliminares, que versaban sobre lamateria. En mi entendimiento, no se puede analizar el artículo 44 como si fuera unadisposición como cualquier otra de la Convención, como si no estuviera relacionada conla obligación de los Estados Partes de no crear obstáculos o dificultades para el libre ypleno ejercicio del derecho de petición individual, o como si fuera de igual jerarquíaque otras disposiciones procedimentales. El derecho de petición individual constituye,en suma, la piedra angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo deprotección de la Convención Americana“.
“Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”. Sección Segunda: Instrumentos Nacionales: La Constitución.
Solamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[22], al nivel interno, puede consagrar el derecho de petición internacional, tal como lo hace en su Artículo 31:
A) Opinión ConsultivaOC-11/90 del 10 de agosto de 1990[23]:
B) Sentencia de 1 de julio de 2011, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Serie C, Nro. 227[24]:
16. Sobre el particular, Venezuela señaló que, ya que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que el Estado que alega el incumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos, debe indicar los recursos que eran necesarios agotar y demostrar su efectividad”, afirmó que el recurso de revisión “permite al interesado obtener un examen, por parte de la Sala Constitucional, de las sentencias dictadas por cualquier otro tribunal del país, incluidas las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia. [S]i bien conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la revisión constitucional de las sentencias tiene un carácter restringido, discrecional y extraordinario, ello no implica que este recurso no deba ser interpuesto y agotado, antes de recurrir al [S]istema [I]nteramericano”. Conforme al Estado, “[e]l carácter extraordinario y restringido del recurso de revisión […] no implica que el mismo no sea efectivo para tutelar los derechos de la supuesta víctima. Existe prueba suficiente de la efectividad del [mismo] en Venezuela”. Así, el Estado presentó dos listas de sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[25] que han declarado “con lugar el recurso de revisión, en dos períodos de tiempo específicos: a) [e]l período de tiempo en que fue dictada la sentencia de la Sala Político Administrativa en el caso de la supuesta víctima, y b) el período de tiempo en que fue interpuesta la demanda contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana”.
18. Los representantes solicitaron que se declare improcedente la excepción preliminar ya que el Estado “no […] objet[ó] oportunamente” la supuesta falta de agotamiento de recursos en el trámite ante la Comisión Interamericana. Asimismo indicaron que la señora Chocrón Chocrón “ejerció y agotó todos los mecanismos y procedimientos ordinarios internos”, al presentar un recurso de reconsideración ante la Comisión Judicial y un recurso contencioso administrativo de nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Alegaron que “el mal llamado ‘[r]ecurso [e]xtraordinario de [r]evisión’ a que hace referencia el Estado venezolano no es un remedio ordinario (incluso ni siquiera extraordinario), sino más bien una facultad discrecional de la Sala Constitucional destinada a uniformar los criterios de interpretación constitucional”.De esta manera, dicho recurso “no es un instrumento por medio del cual se establece una nueva instancia ordinaria donde el particular tenga el derecho de ventilar sus intereses subjetivos, es decir, no es un medio de impugnación regular”. En ese sentido, indicaron que “[l]a jurisprudencia de la Sala Constitucional siempre ha negado el carácter impugnativo de esta facultad revisora”.
20. La Corte constata que no existe controversia entre las partes respecto a que la presente excepción preliminar no fue interpuesta en el procedimiento ante la Comisión. De esta manera, siguiendo lo expuesto en el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, el Tribunal observa que lo que el Estado pretende es que la Corte modifique su jurisprudencia constante en la cual se afirma que si la excepción de no agotamiento de los recursos internos no es interpuesta oportunamente, se ha perdido la posibilidad de hacerlo[26].
21. Aunque la supervisión de la Corte Interamericana tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario[27], la propia Convención dispone que la regla de agotamiento de los recursos internos debe interpretarse conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, entre los cuales se encuentra aquél que consagra que el uso de esta regla es una defensa disponible para el Estado y por tanto deberá verificarse el momento procesal en el que la excepción ha sido planteada. De no presentarse en el trámite de admisibilidad ante la Comisión, el Estado ha perdido la posibilidad de hacer uso de ese medio de defensa ante este Tribunal. Tal como se señaló en el citado caso Reverón Trujillo, lo anterior ha sido reconocido no sólo por esta Corte[28] sino por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[29].
23. Asimismo, el Tribunal reitera que conforme a su jurisprudencia[30] y a la jurisprudencia internacional[31] no es tarea de la Corte ni de la Comisión identificar ex officio cuáles son los recursos internos a agotar, sino que corresponde al Estado el señalamiento oportuno de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. En el presente caso, el Estado debía precisar claramente ante la Comisión, durante la etapa de admisibilidad del presente caso, sus alegatos respecto a los recursos que, en su criterio, aún no se habían agotado. Al respecto, el Tribunal reitera que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado[32].
[1] Muchos denominan a este como derecho de petición individual. Empero, hemos adoptado la terminología de derecho de petición internacional, por cuanto ese es el nivel al cual puede darse. La persona individualmente puede actuar en el plano nacional y en el plano internacional. Lo llaman así para distinguirlo de las denuncias interestatales.
[2] Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
[3] Artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
[4] http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013
[5] http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
[6] http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm
[7] http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html
[8] Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.908 del 19 de febrero de 2009.
[9] Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.890 del 31 de julio de 2008.
[10] Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 2.818 del 1 de julio de 1981.
[11] Gaceta Oficial Nro. 37.305 del 17 de octubre de 2001.
[12] Colom Pastor (1997): 67.
[13] http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm
[14] http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
[15] http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013
[16] http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
[17] http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm
[18] http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm
[19] http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html
[20] Acosta López y Malla Calle (2009): 7.
[21] http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
[22] Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.908 del 19 de febrero de 2009.
[23] http://www.corteidh.or.cr/opiniones.cfm
[24] http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
[25] Listado de 40 sentencias correspondientes al período del 26 de junio de 2003 al 14 de junio de 2004, en las que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió “con lugar” el recurso de revisión constitucional (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 7, tomo IV, folios 1704 a 1709) y listado de 225 sentencias correspondientes al período del 15 de junio de 2004 al 12 de diciembre de 2009, en las que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió “con lugar” recursos de revisión constitucional (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 8, tomo V, folios 2126 a 2159).
[26] Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 20.
[27] Cfr. Preámbulo y Artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ver también: El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75). Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 31; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195,párr. 64, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No 220, párr. 10.
[28] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 14, y Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 16.
[29] Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 11, en el que se citan los siguientes casos: ECHR, Cases of De Wilde, Ooms and Versyp Cases (“Vagrancy”) v. Belgium, Judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, para. 55; ECHR, Case of Foti and others v. Italy, Judgment of 10 December 1982, Series A no. 56 para. 46, y ECHR, Case of Bitiyeva and X v. Russia, Judgment of 21 June 2007, para. 90 and 91.
[30] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. supra nota 14, párr. 88; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 37, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 13, párr. 42.
[31] Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 12, en el que se citan los siguientes casos: ECHR, Case of Deweer v. Belgium, Judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, para. 26; ECHR, Case of Foti and others v. Italy, Judgment of 10 December 1982, Series A no. 56, para. 48, y ECHR, Case of DeJong,BaljetandvandenBrinkv.theNetherlands, Judgment of 22 May 1984, Series A no. 77, para. 36.
[32] Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 12, en el que se cita el siguiente caso: ECHR, Case of Bozanov.France, Judgment of 18 December 1986, Series A no. 111, para. 46.
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