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Timestamp: 2019-10-18 19:33:12
Document Index: 403434860

Matched Legal Cases: ['artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 681', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 42']

﻿ Sentencia 189-02 de junio 18 de 2004
SENTENCIA 189-02 DE 18 DE JUNIO DE 2004
Sentencia 189-02 de junio 18 de 2004
Exp. T-11000122030002004-00189-02, jun. 18/2004.
Discutido y aprobado en Sala realizada el 15-06-2004
Decídese la impugnación formulada contra la sentencia dictada el 6 de mayo de 2004, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso de tutela promovido por la Sociedad Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A. (AFIB S.A.) contra la Sociedad Inversiones de Gases de Colombia S.A., Invercolsa S.A., la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.
1. La sociedad accionante, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela para que mediante el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, a la igualdad y a la propiedad: se ordene a Invercolsa S.A., que de manera inmediata proceda a revocar la cancelación de las inscripciones relativas a los frutos percibidos:
“Por Fernando Londoño Hoyos, dentro de ella y de manera particular, la prenda constituida sobre los mismos a favor de AFIB, es decir, sobre 179.391.099 de acciones a las cuales se refiere el título 392, de tal manera que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación” (fl. 183). “Directamente por AFIB, en concreto las 12.428.845 y 16.581.173 de acciones, contenidas en los títulos 569 y 580, de tal manera que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación” (fl. 183).
Se ordene a Invercolsa S.A., que: “tales registros y los efectos que de ellos se derivan se mantengan en tanto no se pronuncien las decisiones judiciales que deberán surtirse dentro del trámite del incidente dirigido a regular las condenas a la restitución que de dichos frutos pronunció el Consejo de Estado, según los artículos 137 y 307 del Código de procedimiento Civil” (fl. 184).
Se advierta a Invercolsa S.A., que: “las órdenes deberán cumplirse dejando también sin efecto cualquier inscripción posterior a aquellas que generaron la vulneración de los derechos fundamentales de mi patrocinada, así como los actos materiales que se hubieren apoyado en ellas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación” (fl. 184).
Se ordene a “la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de Sociedades y a Ecopetrol, que en ejercicio de sus funciones no se aparten del contenido integral del fallo proferido por el Consejo de Estado” (fl. 184).
Se ordene a “Ecopetrol cumplir o acatar lo decidido en esta tutela, de tal manera que cualquier efecto que en su favor se hubiere producido como consecuencia de la cancelación de la prenda de AFIB sobre las acciones deba ser reservado por su parte, de tal manera que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación” (fl. 184).
2. En apoyo de la petición, dice en un extenso escrito (fls. 172 a 189) que los hechos en los cuales fundamenta su solicitud de amparo son los siguientes:
A. Que a través de sentencia proferida el 9 de diciembre de 2003, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, resolvió, entre otros asuntos: “(...).
3. Inscríbase la presente sentencia en el libro de registro de acciones de Invercolsa S.A., quien cancelará el registro de dicha adquisición, así como también las inscripciones realizadas con fundamento en esta, especialmente la prenda a favor del Banco del Pacífico Colombia y del Banco del Pacífico Panamá, y la dación en pago de las acciones de Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A.
(...) “4. Ordénase a Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A. restituir a Ecopetrol, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, los títulos de acciones de Invercolsa que recibió de Fernando Londoño Hoyos en virtud de la dación en pago”.
“5. Condénase a Fernando Londoño Hoyos y a Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A. a restituir a Ecopetrol los dividendos percibidos de Invercolsa mientras tuvieron las acciones, en su poder. Liquídese esta condena de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 175).
B. Que el Consejo de Estado al ordenar en el numeral tercero del fallo la cancelación de dicha adquisición, no se refirió a la cancelación de las inscripciones sobre los frutos, ni a la segunda prenda, —la constituida sobre los frutos—, puesto que su liquidación requiere el trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Que Invercolsa, amparándose en las comunicaciones recibidas de la procuraduría y la superintendencia accionadas, canceló no solo las inscripciones relativas a las acciones originales objeto del contrato anulado, incluida la prenda que sobre ellas se constituyó en favor de AFIB “(...) actuaciones estas sobre las cuales no puede existir reproche alguno, pues así lo ordenó el Consejo de Estado (...)” (fl. 179), sino que también canceló las relativas a los frutos percibidos tanto por Fernando Londoño Hoyos como los que fueron recibidos por AFIB, incluida la segunda prenda otorgada en su favor, desconoció con este proceder su derecho de defensa y al debido proceso, pues anticipándose al resultado del trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil por sí y ante sí decidió quitarle a AFIB los frutos percibidos, así como el derecho a la prenda sobre aquellos.
C. Que la condena contra AFIB a la devolución de los frutos percibidos directamente por ella fue objeto de una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado, actualmente en trámite (fI. 178).
D. Que al margen de los errores en la interpretación del fallo referidos anteriormente, también se le reprocha a Invercolsa S.A. que pasó por alto lo previsto por el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil puesto que no registró en el libro de actas el embargo de las 179.391.099 acciones incorporadas en el título 392, que había ordenado el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo, y le fue comunicado a la sociedad accionada el día 25 de marzo del año 2004, es decir, cuando las acciones todavía estaban en cabeza del demandado Fernando Londoño Hoyos, recibiendo respuesta el día 30 de marzo de 2004, en el que se le informó al juez del circuito que le era imposible jurídicamente registrar cualquier medida cautelar sobre las acciones de dicha sociedad, en virtud de la cancelación de titularidad de todas las que le pertenecían.
3. Aduce que las conductas de los accionados por las que le fueron vulnerados los derechos que reclama, son las siguientes:
A. La Sociedad Inversiones de Gases de Colombia S.A., Invercolsa S.A., por cancelar sin tramitar el incidente previsto por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, sin fórmula de juicio y violando sus más elementales derechos procesales, “la prenda sobre 179.391.099 acciones ordinarias de dicha sociedad, incorporadas en el título 392, así como las acciones adquiridas por la misma AFIB, a título de dividendos en especie, siguiendo al efecto el criterio expresado por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y la Empresa Colombiana de Petróleos, entidades públicas estas últimas que interpretaron el fallo del Consejo de Estado de fecha 9 de diciembre de 2003” (fl. 172), no obstante que dichos derechos reales (prenda y dominio) no quedaron cobijados por las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en el numeral 3º de su fallo del 9 de diciembre de 2003.
B. La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, “en cabeza de su director jurídico, quien junto con otros funcionarios de la entidad, presionaron y hostigaron al representante legal de Invercolsa S.A., para que cancelará el gravamen prendario constituido a favor de mi patrocinada sobre los frutos de las acciones, así como la titularidad sobre acciones recibidas por ella directamente” (fI. 173).
C. La Procuraduría General de la Nación, “entidad que no obstante la circunstancia de haber fungido como parte dentro de la acción popular y haber sido su protagonista, coadyuvó la cancelación de los derechos reales en cabeza de mi patrocinada, tal como lo manifestó de manera concreta en oficio 18 del 30 de marzo del año 2004” (fl. 174).
D. La Superintendencia de Sociedades, “entidad que igualmente se abstuvo de hacer claridad sobre el alcance del fallo y permitió, con la ambigüedad de su oficio 312-012875 que Invercolsa S.A. consumará la violación de los derechos de mi patrocinada, pues igualmente dio a entender que la orden del Consejo de Estado involucraba los frutos de las acciones originalmente adquiridas por Fernando Londoño Hoyos y aquellos percibidos directamente por AFIB” (fl. 174).
Advierte, que presenta la acción de tutela para evitar la consumación del daño generado por la conducta desplegada por Invercolsa S.A., “derivado de la pérdida del gravamen prendario constituido sobre los frutos, así como la titularidad sobre acciones distribuidas en especie, sin que previamente se hubiere adelantado el procedimiento incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se defina la forma en que tales frutos deberán ser restituidos a Ecopetrol”, y porque además, los efectos adversos de la conducta desplegada por los accionados, no podía evitarse mediante el trámite de otro mecanismo judicial, pues “solo cabría la posibilidad de buscar una reparación indemnizatoria mediante el trámite de una acción de responsabilidad contra administradores” (fl. 174).
Invercolsa S.A., (fls. 237 a 251) señaló que el Consejo de Estado en el numeral 3º de la sentencia objeto de estudio, hizo alusión a la cancelación del registro correspondiente a la adquisición de ciento cuarenta y cinco millones (145.000.000) de acciones por parte del señor Fernando Londoño Hoyos, así como el correspondiente a “las inscripciones realizadas con fundamento en esta” (fl. 238), siendo claro que todas las inscripciones realizadas como consecuencia del registro de la adquisición inicial de acciones deberían ser canceladas, sin importar su naturaleza o procedencia. “Tal exigencia comprendería a la cancelación de cualquier clase de registro vinculado al inicial, sin importar la naturaleza de los actos que lo originaron, lo que comprendería gravámenes, enajenaciones, capitalizaciones, cesiones, donaciones, y en general cualquier otro acto o negocio jurídico que haya resultado en la inscripción correspondiente en el libro de accionistas de la sociedad. En este orden de ideas, resulta pertinente señalar que, bajo esta perspectiva, la orden mencionada tiene la virtualidad para obligar a Invercolsa a cancelar del libro de registro de accionistas los registros que hayan resultado de cualquier capitalización de utilidades derivada de la venta inicial de acciones” (fI. 239).
En cuanto a la segunda queja de la sociedad accionante precisó, que el oficio contentivo del embargo fue comunicado en la misma fecha en que la sociedad recibió la providencia del Consejo de Estado y que el embargo decretado sobre las acciones no pudo perfeccionarse, en razón de la prevalencia de la orden emitida por la corporación mencionada, la que despojó al señor Londoño Hoyos de su calidad de accionista de Invercolsa, situación que hace jurídicamente imposible realizar la inscripción de la medida cautelar decretada por el juez 27 civil de circuito, en el libro de registro de accionistas de Invercolsa.
La Procuraduría General de la Nación solicitó denegar las pretensiones de la accionante, teniendo en cuenta la clara improcedencia de la tutela, al existir otros medios de defensa judicial, como los contemplados en la jurisdicción contencioso administrativa, a la que puede acudir bien sea para solicitar el restablecimiento de sus derechos y la correspondiente indemnización mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o a través de la reparación directa obtener el resarcimiento de los daños ocasionados por las actuaciones administrativas, en detrimento de su derechos e intereses (fIs. 315 a 320); acciones estas, que cuentan con el mecanismo de suspensión transitoria, y que para el efecto surtiría las mismas consecuencias de la tutela, es decir, evitar o suspender la afectación de derechos fundamentales de la accionante.
La Superintendencia de Sociedades, (fls, 197 a 202) manifestó que no ha violado derecho alguno de la sociedad accionante, ni tampoco interpretó la referida sentencia del Consejo de Estado, puesto que a juicio de esa entidad la providencia referida fue clara en cada uno de sus numerales, y la orden emitida en la misma necesariamente cobijó a todas aquellas inscripciones derivadas de la adquisición de las 145.000.000, es decir, todas las inscripciones que encuentran en dicha compra su directa fuente. “Pues no tendría sentido cancelar la inscripción inicial y dejar incólumes las que dependen necesariamente de ella, pues obrar de este modo desconocería la orden proferida en la sentencia tantas veces citadas y señalada en el numeral 3º” (fl. 200).
El tribunal para negar el amparo deprecado señaló liminarmente (sic) que acorde con la Carta Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no procede la acción de tutela cuando la petición de amparo se formula contra un particular, ya que no se presentan las circunstancias de indefensión o subordinación.
Estimó igualmente, que la interpretación que hicieron las entidades públicas accionadas de la sentencia se ajusta a su espíritu y al contenido material de la misma interpretación que, dicho sea de paso, acogió el representante legal de Invercolsa S.A. Por tanto, no puede afirmarse válidamente que el proceder de las mismas vulnere derechos fundamentales de la sociedad accionante.
Agregó finalmente que la acción de tutela no puede servir como remedio para que quien se sienta desfavorecido con una decisión judicial o administrativa persiga su modificación, revocatoria o anulación alegando la violación de derechos fundamentales, máxime si como en el caso presente ocurre, la accionante frente a la sentencia proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se le condenó a restituir los frutos percibidos y cuyo desconocimiento solícita en sede de tutela, presentó una acción de nulidad ante esa corporación, actuación que no puede ser sustituida por vía de tutela y que constituye otra razón más para negar el amparo.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o de los particulares, en este último caso en los eventos desarrollados por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, creado con carácter residual, es decir, si la víctima no tiene a su alcance un medio eficaz que los haga prevalecer ante la justicia ordinaria.
2. Claramente diferentes situaciones advierten la improcedencia de la acción de tutela, siendo el factor determinante el consistente en que el accionante pretende que el juez constitucional intervenga y decida sobre los alcances del fallo emitido por el Consejo de Estado, cuestionando el cumplimiento de la orden emitida en la sentencia por Invercolsa, y señalando a propósito de las intervenciones de los demás accionados una presunta vulneración del derecho del debido proceso; el hecho de que el particular demandado haya entendido el cumplimiento de la sentencia referida de manera diferente a como lo plantea la sociedad accionante, no constituye una justificación para pretender, sustraer de su escenario natural la controversia que plantea, vale decir, la acción en la que se profirió la sentencia referida; situación que evidencia la improcedencia de la tutela y corrobora la indebida utilización de un procedimiento que, como el del amparo constitucional, es excepcional y residual.
3. A pesar que el anterior argumento es más que suficiente para desestimar la impugnación, emerge igualmente la improcedencia de la presente acción de tutela respecto del particular accionado puesto que este carece de legitimación por pasiva, habida cuenta que la acción de tutela no fue instituida para controvertir las actuaciones u omisiones de cualquier particular que se consideren lesivas de derechos constitucionales fundamentales, sino exclusivamente de los que se encuentren en alguna de las hipótesis contempladas taxativamente por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
Examinadas tales eventualidades encuentra la Corte, que como acertadamente lo señaló el tribunal en la sentencia impugnada, no puede darse trámite a la petición de amparo en el caso de estudio puesto que la situación denunciada no se adecua a ninguna de ellas, porque no se presentan las circunstancias de indefensión o subordinación requeridas para su prosperidad.
4. Como en este caso se solicita el amparo como mecanismo transitorio a fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, debe precisarse que para la procedencia de la acción de tutela en la modalidad anotada “es necesario que las acciones u omisiones de la autoridad pública, o en su caso de los particulares (D. 2591/91, art. 42), sean manifestamente ilegítimos y contrarios a derecho, pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado”(1).
Estudiado el caso concreto a la luz de lo anterior, resulta claro que no se puede otorgar el amparo deprecado como mecanismo transitorio, puesto que la cancelación de las inscripciones realizadas por Invercolsa que originó la solicitud de tutela, en su entendimiento de lo que debía ser el cumplimiento de lo ordenado por una sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado, no aparecen como manifiestamente ilegítimas, amén de que la órbita de su examen debe corresponder a la jurisdicción contenciosa, que es su juez natural.
5. Debe recordarse además, la improcedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al debido proceso y otros derechos conexos con este, como mecanismo principal o transitorio, ante la escogencia por parte del presunto afectado de un camino que él consideró adecuado. En el caso presente ocurre, como lo afirma la propia accionante, que frente a la condena contra AFIB a la devolución de los frutos percibidos directamente por ella presentó “una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado, actualmente en trámite” (fl. 178), actuación que no puede ser sustituida por vía de tutela y que constituye otra razón más para negar el amparo.
6. En virtud de lo discurrido se confirmará la sentencia de primer grado.
(1) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-052 de 11 de febrero de 1994.