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Timestamp: 2017-10-18 05:36:54
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Article 19 | Blog SIPAZ
En junio de este año, ARTICLE 19 (Artículo 19) hizo pública su preocupación por las agresiones cometidas contra periodistas en el contexto de las coberturas de las protestas magisteriales en Oaxaca, principalmente por elementos de seguridad pública. En el informe Cobertura bajo fuego: Violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y CDMX, esta organización documentó 16 ataques contra la prensa, incluyendo el asesinato de un periodista y cuatro tentativas de homicidios. Además, el 28 de junio ARTICLE 19 documentó la ejecución extrajudicial del periodista Salvador Olmos quien cubrió las protestas de Nochixtlán “por parte de elementos de la policía municipal de Huajuapan de León, Oaxaca”. ARTICLE 19 considera que la información recabada por periodistas durante las protestas magisteriales en Oaxaca en junio de 2016, “donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos, juegan un papel fundamental en el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad histórica de la sociedad”.
ARTICLE 19 exige a las autoridades “se restrinjan de cualquier acto de intimidación o cualquier agresión en contra de los comunicadores que estuvieron presentes durante esos hechos“. Adémas, ARTICLE 19 exige a la Procuraría General de Justicia de la Ciudad de México que realice la pesquisas necesarias tomando como prioritaria la línea de investigación de la labor periodística de Pablo Ramos. ARTICLE 19 urge a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a abrir una queja de oficio y a emitir medidas precautorias a favor del periodista.
Cobertura bajo fuego: Violencia contra la prensa durante protestas en Oaxaca y CDMX (ARTICLE 19, 26 de junio de 2016)
Roban domicilio de periodista que registró agresiones de policías en Nochixtlán (Alertas : ARTICLE 19, 10 de septiembre de 2016)
Alerta: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió masacre en Nochixtlán (Educa, 9 de septiembre de 2016)
Nacional: Asesinato a periodista veracruzana causa condena en todo el país, así como al nivel internacional
Periodistas y fotógrafos protestaron por sus compañeros desaparecidos y muertos en Veracruz, Foto @izq.mx
El día 9 de febrero, cuando la organización internacional Article 19 presentó su informe ”La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”, en el que consignó que México es el país con más periodistas desaparecidos, se anunció que en Puebla fue encontrado el cadáver de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, torturada y ejecutada. La reportera de 32 años era madre de dos hijos y trabajaba para el periódico El sol de Orizaba. El 8 de febrero, había sido reportada como desaparecida tras ser secuestrada en la madrugada del mismo día y según la denuncia realizada por sus familiares, “fue sustraída de su domicilio por hombres armados que llegaron directamente a buscarla hasta su domicilio en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron”. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera. De acuerdo con datos de Artículo 19, Flores Salazar es la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa que ha empezado en 2010, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante, en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas”, indicó el informe.
El asesinato fue condenado por varias organizaciones internacionales, entre ellos la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última instancia manifestó su especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y comunicadores en México, “donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. Este es el segundo asesinato de periodistas registrado en el país en este año”. ONU Mujeres y ONU-DH exigieron de las autoridades mexicanas, “investigar diligentemente el asesinato de Anabel Flores, con una perspectiva de género, considerando múltiples líneas de investigación y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima, así como a tomar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia contra las y los periodistas”.
El caso de Anabel Flores Salazar se da en un contexto de amenazas, represión y intimidación hacía periodistas y las y los que exigen la libertad de expresión en todo el país: el 9 de febrero pasado, Radio Zapote denunció hostigamiento y amenazas; el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, el 10 de febrero durante una manifestación por el asesinato de Anabel Flores Salazar; este mismo día, la periodista Martha Izquierdo, corresponsal de SemMéxico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció amenazas “[p]or parte de dos hombres que llegaron en un vehículo particular hasta la estación de radio que ella dirige y donde transmitía su noticiario matutino”. Por todos estos hechos, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno mexicano que garantice la protección de las y los periodistas. Según la directora de AI para las Américas, Erica Guevara- Rosas, México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos. Dijó que “[n]o proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”.
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El 8 de abril, Artículo 19 publicó un comunicado en el que señaló que “(e)l 7 de marzo de 2013, el Congreso de Chiapas aprobó casi por unanimidad la Iniciativa presentada por el Gobernador Manuel Velasco para incluir en el Código Penal de Chiapas un delito que sanciona la obtención de información sobre la fuente policiaca y de justicia, teniendo una redacción vaga que genera un efecto inhibidor en el derecho a la información”. La reforma aprobada quedó formulada en los siguientes términos: “Se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general.”
Artículo 19 expresó su preocupación considerando que dicha reforma tiende a “criminalizar el acceso a la información y libertad de expresión”, lo que hace aún más riesgoso para periodistas hacer investigación de campo y para el ciudadano, ejercer su derecho de acceso a la información púbica.
Por lo mismo, Artículo 19 hizo una llamada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y a la Procuraduría General de la República para ejercer su potestad de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra la reforma y a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un control de constitucionalidad.
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Oaxaca: Article 19 condena ataque a periodistas
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Desde el 26 de febrero, al menos diez periodistas de Oaxaca sufrieron agresiones por parte de fuerzas de seguridad, así como por manifestantes, mientras cubrían distintos actos de protesta en al menos tres municipios de la entidad oaxaqueña.
La organización Article 19, especializada en la defensa de la libertad de expresión, ha condenado “el ataque contra los y la reportera, el cual viola el derecho a la libertad de expresión de buscar y difundir información de interés público”. Article 19 añadió a su nota de prensa: “Asimismo, manifiesta su preocupación por la lenta intervención de las autoridades para frenar las agresiones y por su participación en una de ellas cuando tienen la obligación de garantizar la libre expresión y el derecho a la información”.
De acuerdo con los reportes recibidos, el 6 de marzo fue la jornada más violenta para los periodistas que realizaban la cobertura de una manifestación en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde el alcalde José Julio Aquino ordenó a la Policía Municipal disolver la protesta con gases lacrimógenos y golpes. Ese día fueron agredidos los periodistas Esteban Marcial, del diario Noticias; Jesús Cruz Porras, colaborador del semanario Proceso; Othón García, de Rotativo; José Cortés, de Telemundo; Jorge Arturo Pérez Alfonso, fotógrafo de La Jornada, y Alejandro Villafañe, del periódico El Imparcial. Este último fue hospitalizado por la golpiza.
Por otro lado, en el municipio istmeño de Salina Cruz, los días 26 de febrero y 5 de marzo, la cobertura de manifestaciones derivó en golpes contra José Luis López, del Diario del Istmo, así como de Connie Balgorria y Esteban Ramón Hernández, de Meganoticias.
Asimismo, el pasado 6 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2011, el organismo recibió 98 reportes de agresiones a periodistas.
Exige Artículo 19 castigo a agresores de 10 periodistas en Oaxaca (Proceso, 8 de marzo de 2012)
México: cuestionamientos desde las más altas esferas a situación de defensoras y defensores de derechos humanos en al país (7 de marzo de 2012)
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