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Timestamp: 2019-11-13 03:26:28
Document Index: 94546193

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 229', 'artículo 90', 'in dubio', 'artículo 90', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 73']

﻿ SENTENCIA 2011-00092/58029 DE AGOSTO 8 DE 2017
SENTENCIA 2011-00092 DE 08 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE UN CIUDADANO POR EL HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO. EN TODOS LOS CASOS ES POSIBLE QUE EL ESTADO SE EXONERE SI SE ACREDITA QUE EL DAÑO PROVINO DE UNA CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, QUE SEA IMPUTABLE AL HECHO DETERMINANTE Y EXCLUSIVO DE UN TERCERO O DE LA PROPIA VÍCTIMA. Y PARA QUE SE ACREDITEN DEBEN CONCURRIR TRES ELEMENTOS: (I) IRRESISTIBILIDAD, (II) IMPREVISIBILIDAD Y (III) EXTERIORIDAD RESPECTO DEL DEMANDADO. AL DESCENDER ESTAS CONSIDERACIONES AL CASO, SE ADVIERTE QUE LA CONDUCTA DE LOS DENUNCIANTES FUE DETERMINANTE Y EXCLUSIVA PARA QUE SE ORDENARA LA CAPTURA Y SE IMPUSIERA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, POR CUANTO, LA INVESTIGACIÓN FUE PRECLUÍDA EN FAVOR DE LOS PROCESADOS CON FUNDAMENTO EN QUE UNA DE LAS TESTIGOS, EN LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA INCURRIÓ EN CONTRADICCIONES Y OCULTÓ HECHOS SIGNIFICATIVOS Y SUSTANCIALES QUE DETERMINANTES PARA IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN LOS ILÍCITOS DENUNCIADOS. EN CONSECUENCIA, SE ACREDITÓ EL HECHO DE UN TERCERO COMO CAUSA DEL DAÑO PUES LAS DECISIONES QUE RESTRINGIERON LA LIBERTAD DE FUERON PRODUCTO DE UNAS DECLARACIONES QUE CLARAMENTE INCURRIERON NO SOLO EN CONTRADICCIONES SINO, MÁS GRAVE AÚN, EN OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE Y QUE SUPUSIERON UNA “PREPARACIÓN” DE UNO DE LOS TESTIGOS. TODO LO CUAL FUE EL FUNDAMENTO DE LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ASÍ LAS COSAS, EL COMPORTAMIENTO DE LAS DENUNCIANTES, EN ESTE CASO, RESULTÓ EXTERNO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE PARA LA ENTIDAD DEMANDADA, Y POR TANTO, SE DECLARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA CAUSA EXTRAÑA QUE IMPIDE QUE EL DAÑO ANTIJURÍDICO SEA IMPUTADO A LA DEMANDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, HECHO DE TERCERO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, HOMICIDIO AGRAVADO, PORTE ILEGAL DE ARMAS
La Fiscalía impuso medida de aseguramiento a J. C. y C. A. C. por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y se precluyó la investigación porque no los cometieron. Califican la privación de la libertad de injusta.
El XX de diciembre de XXXX, J. C. en su nombre y en representación de N. X. C. C.; M. E. J. O. en su nombre y en representación de Y. C. J., D. C. J., J. M. C. J.; R. E. C. en su nombre y en representación de Z. R. C., S. R. C., C. R. C., F. N. P. C.; C. A. C., L. Á. C., A. F. C., Y. R. C., S. R. C., R. C. C., a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de las privaciones de la libertad de J. C. y C. A. C., entre el XX de mayo y el XX de diciembre de XXXX.
Solicitaron 350 smlmv para J. C., 250 smlmv para su hija, 350 smlmv para C. A. C., 250 smlmv para su compañera permanente e hijas y 200 smlmv para sus hermanos y madre, por perjuicios morales; 100 smlmv para cada demandante, por daño a la vida de relación y $3.500.000 por lo que dejaron de percibir durante la detención, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
En apoyo de las pretensiones, la demandante afirmó que la policía capturó J. C. y C. A. C., que la Fiscalía les impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas y que, luego, precluyó la investigación. Adujo que la privación fue injusta porque eran inocentes.
El XX de octubre de XXXX se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que la medida de aseguramiento no fue injusta porque se dictó con fundamento en las pruebas.
El XX de febrero de XXXX se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.
El XX de agosto de XXXX, el Tribunal Administrativo del XXXX en la sentencia accedió a las pretensiones, porque no se desvirtuó la presunción de inocencia.
La sentencia no fue apelada y se remitió el expediente a esta Corporación para surtir el grado jurisdiccional de consulta, que se ordenó tramitar por auto del XX de noviembre de XXXX, que a su vez corrió traslado para alegar de conclusión. La demandante guardó silencio y la demandada reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó favorablemente.
Sentencia 2011-00092/58029 de agosto 8 de 2017
Radicación: 18001-23-31-000-2011-00092-01(58029)
Actor: J. C. y otros
Referencia: acción de reparación directa (consulta de sentencia)
Grado jurisdiccional de consulta-Competencia limitada a los aspectos favorables a la entidad pública. Copias simples-Valor probatorio. Declaraciones extrajudiciales-Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Excepciones de fondo-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Hecho exclusivo de un tercero-Por denuncia se ordena captura y se impone medida de aseguramiento.
La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de XX de abril de XXXX(1), decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del XX de agosto de XXXX, proferida por el Tribunal Administrativo del XXXX, que accedió parcialmente a las pretensiones.
La demanda se interpuso en tiempo —7 de diciembre de 2010— porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 18 de diciembre de 2008, fecha en que quedó en firme la providencia que precluyó la investigación [hecho probado 8.5].
4. J. C., C. A. C., N. X. C. C., M. E. J. O., Y. C. J., D. C. J., J. M. C. J., R. E. C., Z. R. C., S. R. C., C. R. C., F. N. P. C., L. Á. C., A. F. C., Y. R. C., S. R. C., R. C. C. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que los dos primeros son los sujetos pasivos de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar [hecho probado 8.7].
La Nación - Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva pues fue la entidad encargada de la investigación e impuso la medida de aseguramiento.
5. Como la sentencia fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, la Sala estudiará lo que le resulte desfavorable a la entidad, en los términos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.
6. La demanda aportó dos declaraciones extra juicio (fls. 7 y 8, cdno. 1). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Como ninguna de las partes solicitó la ratificación, no serán valoradas.
7. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.
8.1. El XX de mayo de XXXX, la Fiscalía XX Seccional de XXXX ordenó la captura de C. A. C. y J. C. por el delito de homicidio, según da cuenta copia simple del informe de captura (fls. 37 y 38, cdno. ppal.).
8.2. El XX de mayo de XXXX, la policía capturó a C. A. C. y a J. C., según da cuenta copia simple de las actas de derechos del capturado (fls. 34 y 35, cdno. 2).
8.3. El XX de mayo de XXXX, el Inpec recluyó a C. A. C. y a J. C. en establecimiento carcelario, según da cuenta certificación el Inpec (fls. 12 y 13, cdno. 1).
8.4. El XX de junio de XXXX, la Fiscalía XX Seccional de XXXX dictó medida de aseguramiento de detención preventiva a C. A. C. y J. C., por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, según da cuenta copia simple de la providencia (fls. 114 a 120, cdno. 2).
8.5. El XX de diciembre de XXXX, la Fiscalía XX Seccional de XXXX precluyó la investigación a favor de C. A. C. y J. C. por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y ordenó su libertad, según da cuenta copia de la providencia (fls. 276 a 288, cdno. 2). La providencia quedó ejecutoriada el XX de diciembre de XXXX, según da cuenta certificación de la Fiscalía XX Seccional de XXXX (fl. 36, cdno. 1).
8.6. El XX de diciembre de XXXX, C. A. C. y J. C. recuperaron la libertad, según da cuenta certificación del Inpec (fls. 18 y 19, cdno. 1).
8.7. J. C. es padre de N. X. C. C.; C. A. C. es padre de Y. C. J., D. C. J., J. M. C. J., hijo de R. E. C., hermano de Z. R. C., S. R. C., C. R. C., F. N. P. C., L. Á. C., A. F. C., Y. R. C., S. R. C., R. C. C., según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento correspondientes (fls. 9 a 20, 22 a 24, cdno. 1).
9. Los daños antijurídicos están demostrados porque J. C. y C. A. C. estuvieron privados de su derecho fundamental a la libertad personal, del XX de mayo al XX de diciembre de XXXX [hechos probados 8.2 y 8.6]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.
La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(7), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 de la Constitución Nacional(8).
12. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que la conducta de las denunciantes fue determinante y exclusiva para que se ordenara la captura y se impusiera medida de aseguramiento.
En efecto, en el informe de captura de J. C. y C. A. C. se fundamentó en la denuncia que formularon R. B. R. y D. P., quienes los identificaron como autores del delito de homicidio de su cónyuge y padre A. P. V., ocurrida dos años atrás [hecho probado 8.1].
Así mismo, la medida de aseguramiento de detención en establecimiento de reclusión, se apoyó en las declaraciones de los denunciantes [hecho probado 8.4].
Ahora, la investigación fue precluida en favor de J. C. y C. A. C., con fundamento en que R. B. R., en la ampliación de la denuncia incurrió en contradicciones y ocultó hechos significativos y sustanciales que determinantes para identificar los presuntos implicados en los ilícitos denunciados. Así lo puso de relieve la providencia de la Fiscalía XX Seccional de XXXX al indicar:
La credibilidad de B. R. empieza a verse afectada cuando decide ocultar hechos significativos y sustanciales como negar que convivió en la misma casa con el implicado J. F. M. y su esposa y compartían incluso la cocina con aquella. Por qué si J. F. M. era uno de los asesinos de su esposo no lo denunció en ese momento. Por qué decide denunciarlo en mismo día que J. F. M. recuperara el equipo. Pero J. F. no fue solo a reclamarlo fue con J. C. y J. es medio hermano de C. A. y han sido vistos juntos en P. R.
Es impugnable o por lo menos sospechoso que decida denunciarlos el mismo día de la recuperación de equipo. Para empezar, parece más un sentimiento revanchista que la participación directa de los implicados en el homicidio y por lo contrario, como contraprestación de la eventual denuncia que se avecinaba. En efecto, los implicados eran personas conocidas en P. R., por la actividad que desempeñaba cada uno de ellos y permitía obsérvalos con frecuencia. Por consiguiente no son válidas las exculpaciones de la quejosa cuando dice que por permanecer encerrada en la casa no los había visto en más de tres años.
[…] Lo anterior no puede ser más que el resultado de la preparación que tuvo la menor para declarar ante las diferentes autoridades y al hacer un juicio de valor sobre el mismo, debe tildarse de acomodado y sospechoso orientado por la madre (fls. 285 y 287, cdno. ppal. 2).
En consecuencia, se acreditó el hecho de un tercero como causa del daño pues las decisiones que restringieron la libertad de J. C. y C. A. C. fueron producto de unas declaraciones que claramente incurrieron no solo en contradicciones sino, más grave aún, en ocultamiento de información relevante y que supusieron —como lo señala la providencia citada— una “preparación” de uno de los testigos. Todo lo cual fue el fundamento de la preclusión de la investigación.
El comportamiento de las denunciantes, en este caso, resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada, pues dado que, por la forma en que ocurrió el delito de homicidio de A. P. V., la declaración de R. B. R., cónyuge de la víctima y de D. P., hija de la víctima y que estuvieron presente el día de los hechos, eran las únicas que podían identificar a sus autores. Por ello, no era previsible ni podían impedir las entidades demandadas que, posteriormente al reconocimiento en la denuncia, se evidenciara una represalia personal de R. B. R.
Esta circunstancia implicó que el ente investigativo, con base en la información suministrada por las denunciantes, impusiera la medida restrictiva de la libertad, pues no otra conducta podía exigirse ante el primer reconocimiento, por parte de las denunciantes, de las personas que ingresaron en su residencia, los amenazaron y dispararon contra su cónyuge A. P. V.
14. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
REVÓCASE la sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en su lugar, se dispone:
Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala aclaró voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque.
(2) El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 36.146 [fundamento jurídico 1].
(3) Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, radicación 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, radicación 16.421 [fundamento jurídico 3].
(4) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, radicación 11.425.
(5) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, radicación 25.022 [fundamento jurídico 1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 26.984.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, radicación 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, radicación 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, radicación 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].
(8) El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 36.146 [fundamento jurídico 3].
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, radicación 18.960 [fundamento jurídico 3.3].
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, radicación 5.693.