Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDA20030613015601.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-21 10:12:07
Document Index: 318249230

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 126', 'artículo 18', 'artículo 59', 'artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 790', 'artículo 149']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 156-1, de 13/06/2003
121/000156
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, estableciendo plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 1 de septiembre de 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
En virtud de la autorización concedida por la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre ("Boletín Oficial del Estado" de 5 de actubre de 2000), España ratificó por instrumento de 19 de octubre de 2000 (depositado el 25 de octubre) el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Dicho Estatuto entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 126, el 1 de julio de 2002.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto hecho en Roma el 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo,
el Estatuto- y sus normas complementarias en la medida en que estas resulten pertinentes, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
2. El Gobierno, por motivos excepcionales y oído el Abogado General del Estado, podrá acordar que un abogado especialmente designado al efecto actúe como Agente de España en un determinado procedimiento ante los órganos de la Corte. El abogado designado por el Gobierno asumirá en el desempeño de sus servicios las funciones de Abogado del Estado y se ajustará a las disposiciones que regulan el ejercicio de dichas funciones.
1. El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de la obligación de recabar el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos de su competencia.
1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del Fiscal de la Corte de inicio de una investigación
conforme al artículo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho Departamento ministerial solicitará del Fiscal General del Estado información urgente sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o se hayan seguido en relación con los hechos objeto de la investigación, así como sobre si tienen competencia los tribunales españoles.
3. Una vez aprobado el Acuerdo del Consejo de Ministros del apartado anterior, corresponderá al Ministerio de Justicia formular la petición de inhibición y realizar las restantes actuaciones previstas en el Estatuto, para dar cumplimiento a dicho Acuerdo.
2. Tal impugnación se formalizará a la mayor brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y excepcionalmente, en el momento de su iniciación o en un momento posterior, fundándose en este último caso en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en España.
2. El Juez Central de Instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las 72 horas siguientes a su puesta a disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional.
1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artículo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a 20 días. En la misma resolución, el Juez Central de Instrucción acordará la prisión provisional del detenido por el tiempo estrictamente
necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre la misma.
3. Si en el plazo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba la Corte no hubiera remitido la documentación para la entrega prevista en el artículo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instrucción podrá acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendrán por un tiempo máximo de 180 días, sin perjuicio de volver a decretar la prisión una vez recibida la documentación de la Corte.
1. En la comparecencia regulada en el artículo 11 de la presente Ley, se interrogará a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instrucción dictará auto acordando la entrega a la Corte sin más trámites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentación prevista en el artículo 91 del Estatuto.
1. No habiéndose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 ó 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá ésta de manifiesto en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.
5. Si la resolución fuere estimatoria, una vez firme, se notificará de inmediato al Ministerio de Justicia y por éste se dará traslado seguidamente a la Corte,
solicitando indicaciones para la realización del traslado, que una vez recibidas se comunicarán al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior.
2. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, que se tramitará conforme a lo prevenido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalización del recurso no se podrán formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 89.2 y 91.2 ó 3, según los casos, del Estatuto.
3. Los autos de la Sala de lo Penal resolviendo los recursos de los apartados anteriores no serán susceptibles de recurso alguno.
2. Cuando la solicitud de la Corte pudiera afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o tenga por objeto documentos o informaciones que hubieren sido transmitidos a España con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con los Ministerios de Justicia y del Interior u otros Ministerios competentes, efectuará consultas con el Estado u organización de que proceda la información o documentación, informándose a la Corte del resultado de tales consultas.
4. El objeto de las consultas será exponer a la Corte la razón fundada por la por la que no puede prestarse la asistencia solicitada, considerar la posibilidad de atenderla de otra manera o con arreglo a otras condiciones, estudiar su modificación o retirada, así como asegurar la protección de informaciones de carácter confidencial o restringido.
7. Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiriese a una multa u orden de decomiso, el Ministerio de Justicia transmitirá la documentación pertinente
al Fiscal General del Estado para que inste la ejecución ante el órgano judicial competente y en su caso se pongan a disposición del Ministerio de Justicia los bienes o sumas obtenidas, para su trasferencia a la Corte.
Si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de "amicus curiae", corresponderá al Ministerio de Justicia, previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pronunciarse sobre la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, fijar los términos de dicha participación.
Las referencias que la presente Ley hace al Juzgado Central de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperación sea de la competencia de la jurisdicción militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente.
Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 (excepto su apartado 2), 14 y 20.3 y la disposición adicional segunda, tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1. 3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución.