Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-09808-de-febrero-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f59df78b7e1e00b8e0430a01015100b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 14:08:53
Document Index: 63361527

Matched Legal Cases: ['artículo 754', 'artículo 20', 'artículo 922', 'artículo 92', 'artículo 47', 'artículo 922', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 922', 'artículo 94', 'artículo 7', 'artículo 530', 'artículo 1', 'artículo 177', 'artículo 922', 'artículo 922', 'artículo 87', 'artículo 922', 'artículo 88']

﻿ Sentencia 1997-09808 de febrero 26 de 2014
SENTENCIA 1997-09808 DE 26 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:SE REALIZA UN ANÁLISIS SOBRE EL SISTEMA COLOMBIANO DE REGISTRO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y LAS PRUEBAS QUE VERSAN SOBRE DERECHOS REALES RESPECTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. EL MECANISMO DEL TÍTULO Y EL MODO ES EL QUE CONTINÚA OPERANDO EN COLOMBIA PARA TRANSMITIR LA PROPIEDAD O PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN LOS DERECHOS REALES RESPECTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. LA TRADICIÓN HA DE CUMPLIRSE MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO RESPECTIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, VEHÍCULO AUTOMOTOR, REGISTRO PÚBLICO
Sentencia 1997-09808 de febrero 26 de 2014
Exp.: 410012331000199709808 01
Nº interno: 27749
Actor: Jaime Ramírez Plazas.
Referencia: Acción de reparación directa – Apelación sentencia.
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 19 de diciembre de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(1).
Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(2). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(3). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,
“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (C.C.A., art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(5).
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(6). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(7).
“(…) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(8).
2.2. (sic) La prueba del derecho de propiedad sobre los vehículos automotores en el sistema jurídico colombiano(9).
Tradicionalmente la prueba de la propiedad de los vehículos automotores (dentro de los cuales se encuentran incluidos los vehículos de maquinaria pesada), ha suscitado cierto grado de controversia, toda vez que no siempre ha estado normativamente prevista la exigencia de registrar los actos o los negocios jurídicos que impliquen disposición, limitación o extinción del derecho de dominio o de otro derecho real respecto del referido tipo de bienes; de algún modo, la confusión bien podría atribuirse, al menos en línea de principio, a un impreciso análisis de los elementos necesarios para transferir el dominio en tales casos, vale decir, del título y del modo, toda vez que no siempre se diferenció suficientemente entre —y, de hecho, se confundió— la consensualidad de la compraventa de vehículos automotores —esto es, la ausencia de solemnidades para la celebración del contrato— (título) y la supuesta ausencia de la obligación de registrar el negocio jurídico para perfeccionar la tradición del derecho real (modo).
Reflejo del anterior cuadro de circunstancias es el tratamiento que en recientes pronunciamientos ha dado esta misma Sala al referido asunto, cuestión de la cual se dará cuenta a continuación para, a renglón seguido, efectuar algunas precisiones en torno a la regulación normativa y a los alcances del sistema colombiano de registro de los negocios jurídicos que involucren la constitución, modificación, traslación o extinción del dominio o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores de suerte que, como consecuencia de tales reflexiones, resulte posible establecer con claridad cómo debe acreditarse la propiedad de tal tipo de bienes muebles, en especial cuando en el caso concreto no resultan aplicables los dictados del artículos 922 del Código de Comercio, tal como ocurre en el asunto sub examine.
La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que la inscripción, en el registro público de vehículos automotores, de cualquier acto o negocio jurídico que implique disposición del derecho de dominio o de otro derecho real en relación con dicho tipo de bienes, carece de naturaleza jurídica constitutiva, toda vez que sus alcances son meramente declarativos, afirmación que, por las razones que en el siguiente apartado se explicarán, resultan de capital trascendencia de cara a establecer en qué momento se produce la tradición en los referidos casos y, consiguientemente, de qué forma se acredita la condición de propietario de la aludida clase de muebles; en esa dirección, ha sostenido la Sala lo siguiente:
“V. Al resolver un caso similar(10), la Sala precisó que la matrícula o registro terrestre automotor es un historial del vehículo que se lleva en la oficina de tránsito del lugar donde este vaya a rodar. Se define en la ley como ‘el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros’ (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos)(11).
En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares” (subrayas fuera del texto original)(12).
Partiendo del anotado catálogo de la inscripción de los negocios jurídicos relacionados con vehículos automotores en el registro público correspondiente como un procedimiento meramente declarativo, posteriormente la Sala, tras distinguir entre los eventos en los cuales resulta aplicable la legislación mercantil a los actos o negocios de naturaleza comercial que versen sobre automotores y aquellos en los cuales la normativa aplicable a los mismos es el derecho común, concluyó que la tradición en estos últimos eventos opera con el solo perfeccionamiento del título, sin que se precise de alguno de los modos legalmente previstos para el efecto; en esta dirección, la Sala sostuvo lo siguiente:
En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes(13).
En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes(14).
En efecto, el artículo segundo del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el ‘documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo’.
‘La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:
‘1. Características de identificación del vehículo.
‘2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
‘3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.
‘4. Limitaciones a la propiedad.
‘5. Número de placa asignada.
‘6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
‘PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.
‘PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente’.
Finalmente, el artículo 92, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, ‘de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra’.
Por lo tanto, como en el caso concreto, el vehículo adquirido por el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez estaba destinado a la prestación del servicio público de transporte su adquisición constituyó un acto de comercio, por lo que la transferencia del bien, en los términos de las normas señaladas debió realizarse con la inscripción del título de enajenación ante la oficina de tránsito correspondiente” (subrayas añadidas)(15).
Las aseveraciones efectuadas en los pronunciamientos citados en torno a los alcances de la inscripción, en el registro público correspondiente, de los actos o de los negocios jurídicos afectantes de la propiedad y/o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores corresponden a desarrollos propios de un obiter dictum en la medida en que no constituyeron el sustento mismo de las decisiones adoptadas en esos casos concretos(16), es decir, no integran su ratio decidendi(17), con lo cual puede concluirse que no revisten el carácter relativamente vinculante de los antecedentes jurisprudenciales(18), carácter del cual se deriva para el operador judicial que desea apartarse de los mismos(19), la obligación de cumplir con las cargas de transparencia y de argumentación que le resultan exigibles a tal efecto(20).
Sea de lo anteriormente dicho lo que fuere, estima la Sala de la mayor importancia precisar cuál ha sido el tratamiento que respecto de los aludidos extremos ha dispensado el ordenamiento jurídico colombiano, en especial con antelación a la entrada en vigor de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor, cuyo artículo 47 zanja cualquier discusión en torno a la naturaleza eminentemente constitutiva —que no meramente declarativa— de las inscripciones que se efectúan en el organismo de tránsito competente respecto de actos o negocios jurídicos que envuelvan la disposición de derechos reales sobre automotores y clarifica también, por tanto, el tema de la prueba de la propiedad y/o de otros derechos reales en relación con esa clase de bienes, en aquellos casos en los cuales no resulta aplicable el artículo 922 del Estatuto Mercantil, precepto este que igualmente regula la aludida cuestión con palmaria claridad. Tales son los asuntos de los cuales pasa a ocuparse la Sala, a continuación.
Una de las principales discusiones acerca de la adquisición de los derechos reales en la actualidad se centra en identificar un sistema de disposición de la riqueza patrimonial que consiga el mejor equilibrio posible entre máximas agilidad y facilidad para la circulación de bienes en el tráfico jurídico de un lado y, de otro, mínimo detrimento de la seguridad jurídica. En ese orden de ideas, tratándose de bienes muebles impera el principio general por cuya virtud la posesión de los mismos supone el dominio y los meros convenios consensuales determinan la titularidad del derecho real puesto que en tales casos la tradición (modo) se cumple de manera informal y, por tanto, con gran agilidad; por el contrario, tratándose de inmuebles —y de algunos bienes muebles, como los automotores, en relación con los cuales existe un evidente paralelismo en torno a su regulación respecto de la propiedad de la finca raíz—, opera la institución del registro, por manera que los actos o negocios jurídicos de origen —título— deben estar acompañados de ciertas solemnidades a las cuales se sujeta la tradición —modo— exigida para mutar o transmitir el correspondiente derecho real de dominio; lo cierto es que las diferentes legislaciones se decantan por soluciones disímiles en esta última materia, de suerte que es posible encontrar desde aquellas que consagran que el solo título es suficiente para que el derecho ingrese en el patrimonio de su titular —como en Francia y parte de Italia—, pasando por las que establecen que lo necesario a tal efecto es el modo —al estilo alemán—, hasta llegar a sistemas en los cuales se precisa de la concurrencia del título y del modo para engendrar el derecho real —caso de países como Austria, Holanda, Suiza y Colombia—(21).
Es en Alemania, sin embargo, en el primer lugar en el cual se estructura una organización sistemática de publicidad de la propiedad inmueble que ha servido de guía a la mayor parte de los actuales sistemas de registro inmobiliario, partiendo del tratamiento de actos solemnes que tradicionalmente se proporcionó a los de transmisión de la propiedad raíz —mismos que se realizaban, en un principio, ante testigos, luego ante un tribunal y sin que se exigiese la entrega corporal—, a lo cual se acompañó, a partir del siglo XII, la consolidación en algunas ciudades de la costumbre consistente en llevar libros en los cuales se dejaba constancia escrita, en orden cronológico, de los actos dispositivos que recaían en este tipo de bienes, constancia que paulatinamente se convirtió en la inscripción registral, única forma de probar la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre inmuebles, de suerte que dicha inscripción fue elevándose al rango de un acto creador de derechos y depurándose de manera tal que los asientos registrales dejaron de verificarse en libros, por orden cronológico, para pasar a llevarse en hojas especiales asignadas a cada bien, debidamente individualizado e identificado, a las cuales se denominó “folios reales”, ordenados y gestionados por oficinas a cargo del Estado(22).
A partir de allí, los sistemas de registro se diferencian en razón del distinto valor que le reconocen al acto de inscripción —cuestión que marcha de la mano con la de la operatividad del título y/o del modo, antes explicada—, por manera que, en primer término, debe hacerse alusión a los denominados sistemas plenos de registro, caracterizados por reconocer un valor sustantivo a la inscripción en ellos realizada en la medida en que la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes sujetos a registro se adquieren y constituyen por dicha inscripción —solo existen registralmente y carecen de existencia extrarregistral—; este es el sistema propio de legislaciones como la alemana, la suiza, la austríaca, la chilena y la colombiana, en las cuales el contrato de enajenación —venta, permuta, donación, etcétera— solo tiene la virtualidad de generar obligaciones entre las partes, más no la de transmitir la propiedad o engendrar otros derechos reales, pues aquella o estos surgen del registro o de la inscripción del acto o negocio jurídico correspondiente en folios especiales; la aludida inscripción constituye un procedimiento al cual se le ha denominado y calificado como una modalidad de tradición de tipo cartular o tabular, de suerte que dicha inscripción en estos regímenes tiene naturaleza constitutiva, pues solo a partir de ella se constituye la propiedad o el derecho real del que se trate en relación con los bienes sujetos a registro.
Y, en segundo término, existen los llamados sistemas menos plenos de registro —verbigracia en Francia o en Italia—, en los cuales la propiedad, otros derechos reales y gravámenes respecto de los bienes sujetos a registro se adquieren directamente a partir del contrato o, en general, del título correspondiente, por manera que la inscripción no es más que una solemnidad cuyo propósito se limita a dotar de publicidad al acto o contrato frente a terceros, luego no tiene eficacia constitutiva sino meramente declarativa; lo anterior conduce a que en el derecho francés y en el italiano se distinga entre la transmisión de la propiedad inter partes —operante desde el acto o contrato correspondiente, el cual constituye título y modo, pues crea las obligaciones y las extingue mediante su ejecución, dado que, por ejemplo, el comprador es propietario desde la celebración del convenio, sin que se precise de tradición— y la transmisión de la misma frente a terceros —la cual exige que se realice la transcripción del contrato en el registro correspondiente—, cuestión que ha conducido a que el sistema francés, en parte el italiano y los derivados de ellos,
“(…) se encuentran hoy día expuestos a una grave crítica consistente en la distinción entre dos clases de derechos reales entre inmuebles; por una parte, los existentes al margen del registro y que pueden afirmarse únicamente frente a uno de los contratantes, y, por otra, los existentes en el registro mediante la transcripción y que pueden hacerse valer frente a todos. Por definición, la propiedad y demás derechos reales son absolutos y existen en la medida en que pueden hacerse valer frente a todos; de ahí que repugne concebir la propiedad que carezca de este atributo y que es lo que sucede cuando la doctrina francesa e italiana afirman que la propiedad inmueble no transcrita solo puede hacerse valer frente al tradente o constituyente. En consecuencia, podemos concluir diciendo que en derecho francés la auténtica transmisión y constitución de derechos reales inmobiliarios solo se consolida por la inscripción; que antes de que ella se realice existe un proyecto de derecho real, o sea, un derecho en formación.
Hoy día se conocen tres sistemas principales que llenan las condiciones mencionadas: el sistema alemán, el suizo y el australiano. De especial importancia son los dos primeros, pues en ellos se inspiró en gran parte el que consagra el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos” (subraya la Sala)(23).
El anterior marco referencial permite comprender y ubicar de mejor manera la naturaleza y los alcances del sistema registral colombiano en cuanto dice relación con la propiedad raíz y con el dominio de los vehículos automotores, dos categorías de bienes entre las cuales el paralelismo en su regulación no puede ser más claro y evidente a partir del momento en el cual se produjo en Colombia el gran proceso de modernización en materia de registro público, proceso que arranca con la introducción de una profunda reforma normativa(24), marcadamente influenciada por las tendencias alemana y suiza a las cuales se ha hecho alusión en precedencia(25), según lo ponen de presente los antecedentes legislativos de la Ley 8 de 1969, “[P]or la cual se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias para reformar los sistemas de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constitución, transmisión y registro de derechos reales y trabas sobre vehículos automotores (…)”.
La exposición de motivos del proyecto de la que habría de convertirse en la referida Ley 8 de 1969, así como el informe de la ponencia para primer debate de aquel, resultan prolijos al explicitar cuál era la situación —por demás caótica y preocupante— que reinaba en el momento en el cual se proyectaba los cambios estructurales en la regulación y el control, por parte del Estado, del mercado de vehículos automotores; en tales referencias y justificaciones empieza a hacerse evidente la unidad de principios y de propósitos con que se quiso informar a los diferentes sistemas de registro público a cargo del Estado y especialmente los comunes efectos que, desde un primer momento, se fue advirtiendo que tendrían las inscripciones en los registros de las propiedades inmueble y automotriz, tomando en consideración, especialmente —se insiste— el desorden imperante en el tráfico jurídico respecto de este último tipo de bienes(26):
“Es indispensable atender conjuntamente, en forma programada y científica las distintas especies de registro, dotándolas de una misma técnica y unos mismos instrumentos (…), con el objeto de permitirle al público la obtención de los datos que le sean necesarios en oficinas fácilmente asequibles (sic) y en actitud de suministrarle prontamente respuesta segura, digna de toda confianza. Urge, pues, que el país incorpore a su práctica cotidiana las técnicas más modernas, universalmente conocidas, no solo por las ventajas que ellas traen consigo, sino porque cada día será más difícil y oneroso el tránsito de las prácticas y hábitos manuales y rudimentarios a los métodos mecánicos más avanzados.
(…) para que los distintos registros funcionen dentro de una unidad de criterio científico, técnico y estable, y para que el público disponga de información uniforme, sencilla, rápida, segura y descentralizada (…)
La Comisión de la Unión Panamericana a que nos hemos referido, después de estudiar la legislación sobre propiedad inmobiliaria en diez y nueve (sic) países americanos, no de cualquier manera sino mediante un examen exhaustivo, crítico y en el propio terreno de su aplicación, fijó las siguientes conclusiones y orientaciones doctrinales en materia de reforma a los sistemas registrales americanos, que transcribimos por cuanto juzgamos que deben servir de punto de referencia de las reformas que el Gobierno vaya a dictar en desarrollo de las facultades que se le han de otorgar:
3. (…) adoptando más bien la teoría del título y del modo, consistiendo el modo en la inscripción en el registro.
No se sabe con absoluta certeza cuál es el título de propiedad de un vehículo automotor, ni quién lo expide ni cómo se otorga, ni cómo se transfiere o grava. Unas veces, algunas autoridades tienen como título de dominio el manifiesto de aduanas; otras le dan esa calidad a la llamada ‘tarjeta de matrícula’ expedida por la autoridad administrativa ante quien el interesado inscribe o registra generalmente a su talante el aparato o la factura que el vendedor expide en favor del adquirente. Y en ocasiones la transmisión se verifica mediante la simple entrega material del vehículo y de los ‘papeles’, sin que se realice ningún acto que le de seguridad y autenticidad a la negociación; en oportunidades ese tráfico del dominio se efectúa a través de un documento privado que se lleva ante un notario o un funcionario de circulación para que ‘autentique’ las firmas y tampoco es raro que al pie de los ‘papeles’ el presunto vendedor haga constar la transacción. A esto se agrega que en este evento y en todos los demás concernientes a la tenencia, trato y traba de vehículos automotores, intervienen las más variadas y disímiles autoridades: jueces, inspectores de circulación, agentes del DAS, alcaldes, Policía Vial y de Tránsito, etc., para que cunda la anarquía en más alarmante escala y para que sea más fácil y más frecuente la actividad antisocial que afecta a este importantísimo renglón de la riqueza nacional.
En la Cámara de Representantes (…) cursa un proyecto de ley ‘Por la cual se toman medidas sobre matrícula y traspaso de vehículos automotores’ que puede ser una atendible base para la reglamentación que se vaya a expedir en desarrollo de las facultades que se confieren al Ejecutivo. La iniciativa mencionada propende por la creación de una oficina central de registro, encargada de llevar el ‘registro de automotres’ (sic), que se formaría con los datos enviados por las oficinas de tránsito de los vehículos inscritos en ellas y con los procedentes de las casas importadoras relativos a los automotores introducidos y vendidos por ellas. De esta forma, cada vehículo se registraría en una tarjeta en donde se anotarían sus características, manifiesto de importación, casa importadora, propietario, identificación de este (…) etc., y que vendría a ser el título de propiedad del aparato y en la cual, además, se llevará el historial de todas las operaciones de traspaso, gravámenes, embargos que hayan recaído sobre el vehículo, en forma tal que la revisión de la tarjeta demuestre, en cualquier momento, no solo quién es su propietario sino las cargas que lo afectan.
El proyecto contiene, además, una discriminada reglamentación sobre toda la materia y en el artículo 22 estatuye que ‘el registro nacional de que habla esta ley, constituye título de propiedad del vehículo automotor’ y que las certificaciones de la oficina central de registro de automotores son plena prueba del dominio.
Claro que el sistema de tarjetas de registro y de registro serial, no reviste de absoluta seguridad y certeza la constitución del título de dominio de automotores, ni a sus mutaciones o medidas judiciales que lo afecten, pero complementado con otras formalidades y solemnidades se podría alcanzar un régimen que ofrezca garantías efectivas y frene un tanto los vicios que inciden en el comercio de automotores” (subrayas, cursivas y negrillas añadidos)(27).
Los anteriores postulados finalísticos, programáticos y principialísticos quedaron concretados en la normatividad expedida por el Ejecutivo al amparo de y/o en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el cuerpo normativo al cual se acaba de hacer alusión; de especial trascendencia en relación con los registros inmobiliario y automotor resulta la normatividad que conjuntamente se ocupa de ellos y que contiene el Decreto-Ley 1250 de 1970, significativamente intitulado “[P]or el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” y entre cuyas regulaciones no siempre se repara con detenimiento que se incluye el registro público de vehículos automotores, lo cual despeja cualquier inquietud o vacilación que pudiere existir en torno a la evidente asimilación que en punto a la naturaleza, los propósitos, la técnica, los alcances y los efectos del registro se ha llevado a cabo en la legislación colombiana tratándose de la propiedad y de los demás derechos reales respecto tanto de inmuebles como de vehículos automotores; el tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido estatuto del registro de instrumentos públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8 de 1969, es suficientemente elocuente e ilustrativo de cuanto se viene explicando:
“ART. 3º—El registro de los documentos referentes a inmuebles se verificará en la oficina de su ubicación; el de los automotores, en la de su matrícula. Los contratos de prenda agraria o industrial se inscribirán con referencia al inmueble a que están destinados o en que se hallen radicados los bienes objeto del gravamen” (subraya la Sala).
Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaban de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posterioridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, trasmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad de los automotores y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, la formalidad o solemnidad del modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8 de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociales llevadas a cabo en relación con automotores.
Decreto 2169 de 1970; artículo 15: “Toda modificación en la licencia de tránsito se autorizará por parte de la autoridad departamental, intendencial, comisarial o municipal de tránsito, según el caso, con la obligación de remitir a la autoridad central las informaciones pertinentes dentro de los tres días siguientes a su realización”.
El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperativa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(28), en el registro público correspondiente(29).
“[E]l conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”(30).
De otro lado, el Acuerdo 34 del 12 de agosto de 1991, proferido por la Junta Directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intra, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(31), toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que “[N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.
“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (subrayas fuera del texto original)(32).
(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que para que opere la tradición del correspondiente derecho real de dominio hace falta el cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el respectivo registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios en los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos positivos que regulan la materia, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales la observancia del registro, como modo, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República italiana en esta materia;
3. El caudal probatorio obrante en el expediente y su análisis a la luz de las anteriores consideraciones.
Más allá de otros elementos probatorios que fueron aportados y/o su recaudo solicitado por la parte actora junto con o en el libelo introductorio del litigio, lo cierto es que el único medio de acreditación que se acopió en el proceso con miras a probar la titularidad del dominio respecto del vehículo automotor cuya presunta pérdida aduce el accionante que constituye el hecho generador del daño que solicita le sea reparado y, por tanto, el único mecanismo demostrativo con la virtualidad necesaria para dilucidar si en el sub judice se configura, o no, la falta de legitimación material en la causa por activa —tomando en consideración las precisiones efectuadas en los acápites precedentes del presente proveído—, es la copia auténtica de la autorización de traspaso de la propiedad del vehículo Marca Willys, modelo 1969, de placas JJ01-67, la cual iba dirigida al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Huila; de dicho documento se lee lo siguiente:
“Yo. Jorge Alirio Ortiz Losada, (…). Atentamente solicito a usted se sirva autorizar el trámite que a continuación solicito, de un vehículo de mi propiedad.
Trámite solicitado: Transpado (sic) A: Jaime Ramírez Plazas.
Clase: Campero Marca: Willys Modelo: 1969 Placas: JJ01-67
Motor: 52400 Serie: ----- Chasis: 8705-01652400
Tipo: Cabinado Color: Beige Capacidad: ------- Puertas: ------
Servicio: Particular Empresa: ------ Casa: ----- Vendedora: ------
Fra. No.: ------- Fecha: ------- Manifiesto número: --------
Puerto de: -------- Póliza de seguro No. ------- Cía. Seguros: -------
Jorge Alirio Ortiz Losada Jaime Ramírez Plazas
Firma del solicitante o vendedor Comprador” (fl. 17 cdn. 1).
Los restantes elementos acreditativos que se aportaron son los siguientes:
a. Auto dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, el 21 de octubre de 1987, en virtud del cual se resolvió lo siguiente:
“1. Aceptar la caución prestada por la parte demandante según póliza judicial número 794703 de la Compañía de Seguros del Comercio S.A.
2. Decretar el embargo y secuestro previo del vehículo automotor, marca Willys modelo 1969, tipo campero de cabina dura, color beige, número de motor 52400 regravado (sic), número de chasis 8705016-52400 y distinguido con las placas número JJ-01-67, al cual fue denunciado como propiedad del demandado.
En consecuencia, líbrense los respectivos oficios a los señores director del Instituto de Tránsito y Transporte de esta ciudad y comandante del F2-SIJÍN de la Policía Nacional, para que se sirva tomar atenta nota de dicho embargo y ponerlo a disposición de este juzgado en los patios de circulación y tránsito" (fl. 100 cdn. 1).
b. Copia auténtica del acta de la diligencia de secuestro de un vehículo automotor de placas JJ-0167, efectuada el día 27 de febrero de 1989 (fl. 102 cdn. 1).
c. Copia auténtica del acta de la diligencia efectuada el 27 de febrero de 1989 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en virtud de la cual se remató en pública subasta el vehículo automotor “clase campero, marca Willys, tipo cabinado, color beige, modelo 1969, de placas número JJ-01-67, con número de motor 52400, chasis número 8705-01652400, (…)” (fls. 13-14 cdn. 1).
d. Proveído dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, el 28 de marzo de 1989, en el cual se resolvió lo siguiente:
“Con fecha febrero veintisiete (27) del corriente año, se celebró diligencia de remate, por medio de la cual al demandante Jorge Alirio Ortiz Losada, (…), le fue adjudicado el vehículo automotor trabado en el presente proceso, a saber: Vehículo automotor clase campero, marca Willys, tipo cabinado, color beige, modelo 1969, de placas número JJ-01-67, con número de motor 52400, chasis número 8705-01652400, de cinco (5) llantas incluida la de repuesto, en buen estado de conservación, por la cantidad de un millón de pesos ($1´000.000,oo) moneda corriente.
El rematante adjudicatario cumplió con el pago del valor del remate, a buena cuenta del crédito que se persigue en esta acción ejecutiva, el cual es superior al valor de la subasta.
Además el rematante canceló la suma de treinta mil pesos ($30.000,oo) moneda corriente, para pagar el impuesto del 3% sobre el valor final del remate, de que trata el artículo 7º de la Ley 11 de enero 27 de 1987.
Por otra parte se cumplió con las formalidades establecidas por los artículos 525 a 529 del Código de Procedimiento Civil, restando como consecuencia solamente hacer las declaraciones que indica el artículo 530 ibídem.
1. APROBAR en todas y cada una de sus partes, el remate efectuado el día veintisiete (27) de febrero del año en curso.
2. Ordénase cancelar el embargo y secuestro que pesa sobre el bien mueble materia de adjudicación, igualmente todos los gravámenes que afecten al mismo ofíciese a donde corresponda.
3. Ofíciese al secuestre para que haga entrega al rematante adjudicatario del vehículo automotor que le fuera adjudicado o a quien este indique tal como lo recibiera en la diligencia de secuestro, cinco (5) días después del recibo de la comunicación que se imparta.
4. Al secuestre se le concede un término de diez (10) días, para que rinda cuentas comprobadas, en lo que se refiere a la administración cumplida con su cargo. Rendidas que estas sean, se procederá a regularle los honorarios a que tenga derecho por su intervención.
5. Con destino al rematante adjudicatario, expídase copia del acta de remate, así como de la presente providencia, para efectos de los fines legales” (fl. 105 cdn 1).
e. Copia auténtica de la comunicación dirigida a la Aduana Interior de Bogotá por los señores Jhon Fredy Ciro y Jaime Ramírez Plazas, el 27 de agosto de 1991, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:
“1. Que Jaime Ramírez Plazas le vendió a través del comisionista o depositario José María Falla Lizcano, (…), el vehículo automotor, tipo campero, marca Willys, modelo 1969 de placas JJ-0167.
2. Que por los motivos por los cuales se encuentra el vehículo automotor a disposición de la Aduana se ha convenido de mutuo acuerdo dejar sin vigencia jurídica el contrato de compraventa del vehículo automotor descrito, para lo cual Ramírez Plazas le devolvió lo pagado al señor Ciro y este a su vez le devolvió la totalidad de la documentación del vehículo la cual todavía está a nombre de Ramírez Plazas.
3. Por lo anterior el actual y legítimo propietario y poseedor del vehículo en mención, así como los derechos que sobre él recaen es Jaime Ramírez Plazas” (fl. 18 cdn. 1).
f. Copia auténtica del convenio efectuado entre los señores Jhon Fredy Ciro Parra y Jaime Ramírez Plazas, el día 4 de septiembre de 1991, en el cual se acordó lo siguiente:
“Hemos convenido:
De común acuerdo llegar a un arreglo amistoso con respecto al negocio del vehículo Willys modelo/69 – placas JJ0167 que Jaime Ramírez Plazas vendió a través del comisionista José María Falla Lizcano (…) al señor Jhon Fredy Ciro P.
El acuerdo quedó fijado de la siguiente manera:
Un cheque para el 13 de Agto/91 por Vr. de $1´266.666,66 pagadero con el cheque Nº (…) del Banco de Occidente de Neiva, cheque el cual ya se hizo efectivo, quedando un saldo para el 05 sept/91 por valor de $1´266.666.66 con el cheque Nº (…) del mismo banco y otro para octubre 5/91 por un valor de $1´326.666,66 del mismo banco.
Dicho acuerdo se hizo debido a que el vehículo en mención le fue decomisado al señor Jhon Fredy Ciro P., cuando este ejercía el legítimo derecho de propiedad del vehículo, pues ya lo había cancelado en su totalidad al Sr. Jaime Ramírez P. Dicho decomiso se efectuó por encontrarse alterado el número de serie del vehículo, o sea, que resultó de procedencia Venezolana.
Entre ambas partes declaramos a satisfacción el arreglo al cual hemos llegado tanto hasta la entrega de los documentos solicitados por el Sr. Ramírez Plazas como la cancelación total del vehículo a la fecha 5 de octubre/91 al Sr. Jhon Fredy Ciro P.” (fl. 19 cdn. 1).
g. Copia auténtica del Acta de entrega 6 DAS.HUI.GPJ., elaborada por el grupo de policía judicial del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el 10 de agosto de 1989:
“Motivo de la entrega:
Con Oficio 1093 de fecha julio 10/89, el señor procurador regional Dr. Diógenes Márquez Camargo, envío a esta seccional fotocopias del Manifiesto 13756, dirigido por la Dirección General de Aduanas, donde consta que el automotor descrito anteriormente entró legalmente al país, cancelando los aranceles de este, quedando así plenamente establecido que el automotor es legal” (fl. 21 cdn. 1).
h. Copia auténtica de la Resolución 4403 de agosto 11 de 1994, dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cual se lee lo siguiente:
El día veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y uno (1991), funcionarios de la Sección de Automotores de la DIJÍN, aprehendieron en la ciudad de Neiva, Huila, el vehículo campero marca Willys, modelo 1979, color negro, placas JJ-0167, motor 52400 R.G., serie 8705016-52400, al señor Jhon Freddy Cira Parra, (…), el cual fue puesto a disposición de la Aduana Interior de Bogotá mediante Oficio 8809 del veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y uno (1991) por parte del jefe de la sección de automotores de la DIJÍN.
El vehículo aprehendido ingresó al Fondo Rotario de Aduanas mediante el Acta 102 de fecha ocho (8) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), y mediante Resolución 2566 de 1991 de la Dirección General de Aduanas, se ordenó entregarlo provisionalmente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
A folio 11 obra informe de reconocimiento y avalúo practicado por un funcionario de esta Administración, en los siguientes términos:
“Trátase de un vehículo automotor renegado, modelo 1979, color negro placas JJ 0167 motor #52400, serie #8705016-52400 posición arancelaria 87.03.21.00.10, gravamen 75 [ilegible] régimen libre importación. Valor $3´000.000,oo”
La aprehensión del vehículo le fue notificada a los señores Jhon Fredy Ciro Parra y Jaime Ramírez Plazas, mediante Estado 290, el cual permaneció fijado en la división legal y de secretaría de esta administración del diez (10) al dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y uno, según constancia que obra a folio 9 del expediente.
El vehículo le fue aprehendido al señor Jhon Fredy Ciro, quien se lo había comprado al señor Jaime Ramírez Plazas, pero de conformidad con los acuerdos celebrados por estos, los cuales allegaron al expediente debidamente autenticados y reconocidos ante notario, su propietario continúa siendo el señor Jaime Ramírez Plazas.
El propietario del vehículo aprehendido, confirió poder al doctor Leopoldo Pérez Cubillos (…), para que lo represente ante esta entidad.
El doctor Pérez Cubillos presentó escrito por medio del cual adjunta documentación que según él, respalda el vehículo aprehendido, entre otras, el manifiesto de importación 13756 de 1968 de la Aduana de Bogotá, y solicita le sea entregado el automotor, manifestando que su poderdante es adquirente de buena fe, en virtud a que lo adquirió por compra hecha al señor Jorge Alirio Ortiz Lozada, quien a su vez lo adquirió en el remate del 27 de febrero de 1989 efectuado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Neiva. Así mismo sostiene que la regrabación cuestionada fue autorizada por el Instituto de Tránsito de Boyacá, y allega certificación del 4 de abril de 1991 expedida por el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila autorizando transitar el vehículo como tipo carpado y con color negro por trámite pendiente.
Analizadas las pruebas que obran dentro del expediente, podemos concluir lo siguiente:
1. El manifiesto de importación 13756 del doce (12) de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), ampara entre otros, el Jeep Modelo C-101, año 1968, con motor No. 524000, serie No. 8705016-52400.
2. El país de origen de estos vehículos, según se aprecia en el manifiesto de importación, es Estados Unidos.
3. De acuerdo con el resultado del estudio técnico practicado al vehículo aprehendido, este es modelo 1979.
4. El automotor plenamente identificado con el número revelado 9173 por ser el original de fábrica para los ensamblados en la República de Venezuela.
5. Analizado el manifiesto de importación 13756, se observa que los vehículos llegaron al país completamente desarmados con destino a la planta de ensamble del señor Leonidas Lara e Hijos, lo cual indica que fueron ensamblados en el territorio nacional.
6. El número de serie 8705016-52400, a pesar de ser original, no es el que le corresponde al vehículo aprehendido, por cuanto se encuentra movido.
7. Revisado el historial del vehículo remitido por el Instituto de Tránsito de Boyacá, se aprecia el color original del vehículo amparado por el manifiesto de importación 13756 es gris, mientras que según el resultado del estudio técnico el color original del vehículo aprehendido es beige.
Por todo lo anterior, podemos afirmar con certeza que el vehículo objeto del presente expediente, no se encuentra amparado por el manifiesto 13756 de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968).
‘ART. PRIMERO——Ordenar el decomiso del vehículo campero Renegade, tipo modelo 1979, color negro, placas JJ0167, motor 52400 regrabado serie 870501652400, avaluado en tres millones de pesos moneda legal colombiana ($3´000.000 m/cte), el cual ingresó al Fondo Rotatorio de Aduanas, según Acta 102 del 8 de agosto de 1991, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
‘ART. SEGUNDO.—Reconocer como aprehensor al señor S.S. Ariza Lancheros Hever, en su calidad de funcionario de la sección de automotores de la DIJÍN.
(…)” (fls. 27-31 cdn. 1).
i. Copia auténtica de la Resolución 4856 de agosto 25 de 1995 proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de la cual se confirmó la Resolución 4403, en cuyo apoyo se plasmaron las siguientes consideraciones.
“Este despacho con el objeto de desatar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Carlos Rodríguez Martínez, apoderado del señor Jaime Ramírez Plazas contra la Resolución 4403 del 11 de agosto de 1994 proferida por el jefe de la división de fiscalización de esta administración por la cual se declaró el decomiso del vehículo campero Renegade, modelo 1979, color negro, placas JJ0167, motor 52400, regrabado serie 870501652400, avaluado en tres millones de pesos ($3´000.000) entra a estudiar el caso sub examine en los siguientes términos:
En efecto el 24 de mayo de 1991, funcionarios de la sección de automotores de la DIJÍN aprendieron (sic) en la ciudad de Neiva, Huila, el vehículo campero marca Willys, de placas JJ0167, modelo 1979, con las características antes descritas, al señor John Fredy Ciro Parra, (…), el cual fue puesto a disposición de la Aduana Interior de Bogotá, mediante Oficio 8809 del 29 de mayo de 1991 por parte del jefe de la sección de automotores de la DIJÍN.
El vehículo ingresó al Fondo Rotatorio de Aduanas mediante Acta 102 del 08 de agosto de 1991 y mediante Resolución 2566 de 1991 de la Dirección General de Aduanas, se ordenó asignarlo provisionalmente al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.
En estudio técnico realizado visto a folio 3 del expediente se concluyó que de acuerdo con los sistemas técnicos de identificación el motor es regrabado, el número de serial es original fábrica pero se encuentra removido; en cuanto a la pintura se halló que el color original es beige; y al aplicarse reactivo químico dio como resultado que el revelado 9173 es original para los ensambladores en Venezuela.
Obra a folios 45 al 49 copias del manifiesto de importación 13756 autenticadas del 29 de enero de 1992 por la división central de documentos de la Dirección General de Aduanas, en el cual se expresa que el país de origen de los allí importados es Estados Unidos, lo cual resulta contrario a lo establecido en el examen técnico descrito anteriormente que da como resultado que el automotor en cuestión es de la numeración original de fábrica para los ensamblados en la República de Venezuela.
Respecto a tal hecho encuentra este despacho que no obra en el expediente prueba fehaciente e idónea que permita establecer la legalidad en la introducción y permanencia del referido vehículo en Colombia, haciéndose evidente por el contrario y con fundamento en la confrontación entre la prueba documental aludida con el experticio técnico obrante el incumplimiento a las normas para la nacionalización y legal ingreso al país del vehículo hoy decomisado.
La circunstancia que argumenta el recurrente, según la cual fue adquirido de buena fe en un remate judicial, bajo ningún aspecto indica que este se encuentre saneado y por ende liberado del cumplimiento de las obligaciones aduaneras surgidas por introducción al país, por cuanto el acto de aprobación del remate para la jurisdicción civil indica solamente una realidad procedimental de titularidad, actuando la autoridad competente como interviniente en la enajenación comercial del automotor para así obtener el valor que cubriría el crédito pendiente garantizado por el vehículo trabado en el proceso judicial.
Aunado a lo anterior es necesario aclarar que el acta de remate como tal no constituye documento que sirva de prueba idónea y concluyente para la nacionalización del vehículo al país toda vez que esta inscripción no se efectúa simplemente para permitir y acreditar el rodamiento del automotor, al amparo de un documento público llamado placa.
Así tenemos con fundamentos en la legislación aduanera aplicable al caso en estudio, precisa el artículo 1º del Decreto 2352 de 1989 ‘Las mercancías de origen extranjero que se transportan dentro del país, excepto los equipajes de viajeros, deberán estar acompañados por uno de los siguientes documentos:
2. Declaración del régimen aduanero (…)’
A su vez el artículo del Decreto 2274 de 1989, establece lo siguiente:
Por lo anterior y al no aparecer acreditado en el presente caso el cumplimiento de los trámites referidos en la norma, a la legal introducción al territorio colombiano del vehículo hoy decomisado encuentra este despacho que los argumentos planteados por el recurrente no logran desvirtuar los presupuestos tenidos en cuenta para proferir la resolución recurrida, la cual habrá de confirmarse despachándose en forma desfavorable las peticiones del recurrente.
‘ART. PRIMERO.—CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 4403 del 11 de agosto de 1994, por medio de la cual se ordena el decomiso del vehículo campero Renegade, tipo modelo 1969, color negro, placas JJ0167, motor 52400, regrabado, serie 870501652400 avaluado en tres millones de pesos ($3´000.000).
‘ART. SEGUNDO.—NOTIFÍQUESE la presente providencia al doctor Carlos Alfonso Rodríguez Martínez y al señor Jaime Ramírez Plazas, de conformidad con los artículos 97 a 100 del Decreto 1909 de 1992. (…)” (fls. 22-26 cdn. 1).
Trayendo al caso concreto las conclusiones arrojadas de los análisis efectuados en los apartados precedentes dentro del presente pronunciamiento, observa la Sala que el actor, si bien aportó la autorización de traspaso de la propiedad del vehículo automotor aludido que supuestamente le habría hecho el anterior propietario, lo cierto es que brilla por su ausencia en el plenario elemento demostrativo alguno que permita tener por acreditada la celebración del negocio jurídico y en virtud del cual el demandante habría adquirido el referido bien mueble —título— y menos existe prueba de la tradición del automotor —modo—, requisito indispensable para acreditar legalmente la propiedad del bien objeto del citado decomiso y que debió acreditarse ora mediante la aportación del documento que diera cuenta de la realización del correspondiente registro —certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente—, ora allegando la licencia de circulación del automotor en cuestión, exigencia que, sin lugar a la menor hesitación, efectúa el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1970.
Por consiguiente, no existe en el expediente elemento probatorio idóneo alguno que permita respaldar, desde el punto de vista fáctico, las aseveraciones efectuadas por el actor tanto en la demanda como en el recurso de alzada interpuesto contra el fallo de primera instancia, en el sentido de que fue el señor Jaime Ramírez Plazas propietario del vehículo que finalmente se decomisó mediante la Resolución 4403 de agosto 11 de 1994, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, División de Fiscalización, acto administrativo que fue confirmado por la Resolución 4856 de agosto 25 de 1995; tales planteamientos; se quedan en meras manifestaciones carentes de sustento acreditativo alguno, toda vez que se echa en falta en el encuadernamiento la prueba eficaz para demostrar el historial del dominio del vehículo automotor mencionado y, por tanto, para conferir verosimilitud a los presupuestos fácticos sobre cuya base descansa la legitimación material del accionante para formular las pretensiones incluidas en la demanda.
Así las cosas, no le asiste legitimación material en la causa al actor para reclamar la indemnización de los perjuicios ocasionados por la imposición de la aludida medida cautelar o de su pérdida, si se tiene en cuenta que no consta en el proceso que dicho bien, en algún momento, hubiere formado parte del patrimonio del demandante, cuenta, por tanto, con vocación de prosperidad la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad accionada y ello conducirá a que la Sala deniegue las pretensiones elevadas en la demanda, toda vez que el actor no demostró su condición de titular de un derecho subjetivo o de un interés sustancial que pudiere servirle de sustento a sus reclamaciones.
A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria(33) que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar la propiedad sobre el vehículo automotor respecto del cual aduce ser dueño.
Ahora bien, cuando se encuentra suficientemente establecida, como en este caso, la falta de legitimación en la causa por activa en cuanto no se acreditó la titularidad del derecho por cuya indemnización se reclama, resulta necesario denegar las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en el sub lite, lo cual impone modificar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
Primero: MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 19 de diciembre de 2003 y, en su lugar, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C. Pe. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13356.
(2) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000; C. P. María Elena Giraldo Gómez; expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C. P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad.: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Ref.: 13.503; Rad.: 110010326000199713503 00.
(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Rad.: 10973.
(5) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “(…) si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Rad.: 10973.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Rad.: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Rad.: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C. P. María Elena Giraldo Gómez; Rad.: 10171.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C. P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 13764.
(9) En similares términos, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009.
(10) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 8 de noviembre de 2001, Exp.: 13.730.
(11) Nota original de la sentencia citada: Este decreto fue derogado por la Ley 769 de 2002 “Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”. El capítulo VII, arts. 46 a 49 crea el registro nacional automotor.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003); C. P. Ricardo Hoyos Duque; Rad.: 17001-23-31-000-1995-5033-01; Exp.: 14176.
(13) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de 20 de febrero de 2002, Exp. 14.176.
(14) Nota original de la sentencia citada: En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1971, consideró: “En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente. Demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio, ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones. Y como a partir de la vigencia del Código de Comercio actual, ya la sola entrega material no es manera de hacer la tradición del dominio de los automotores, para lograrla o cumplirla se requiere ahora también la inscripción del título o documento en que consta el contrato de enajenación”.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006); C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Rad.: 41001-23-31-000-1993-07279-01; Exp.: 19432; Actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez. La postura asumida en el referido pronunciamiento fue reiterada en el siguiente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006); C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Rad.: 25000233100012147-01; Exp.: 16347.
(16) Es así como en la citada sentencia de 20 de febrero de 2003 —expediente 14.176— la cuestión por dilucidar consistía en establecer si en el caso concreto se estaba, o no, en presencia de un supuesto de ocurrencia de una falla en el servicio público encomendado a las autoridades de tránsito, falla cuya inexistencia se determinó con fundamento en el entendimiento de que la entidad administrativa demandada cumplió con el deber legal de controlar los datos consignados en el registro público de automotores, de acuerdo con lo previsto en el reglamento correspondiente; por su parte, en el pronunciamiento de fecha 31 de agosto de 2006 —expediente 19432—, se resolvió sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del acaecimiento de un accidente de tránsito en el cual se vieron implicados un vehículo oficial y un automotor de propiedad privada destinado al servicio público, en relación con el cual las reglas tenidas en cuenta para acreditar la propiedad respecto del mismo fueron las previstas en el artículo 922 del Código de Comercio en virtud de la especial destinación del bien, declarándose responsable patrimonialmente al Estado con base en el título jurídico de imputación consistente en el riesgo excepcional causado por la utilización de vehículos peligrosos —automotores—; y, finalmente, en la citada sentencia del 5 de diciembre de 2006 —expediente 16347—, en la cual se declaró al Estado patrimonialmente responsable por la que se catalogó como “retención ilegal” de un vehículo automotor, la propiedad del automotor retenido se encontraba acreditada con la fotocopia de la licencia de tránsito correspondiente y no con un contrato de compra-venta suscrito entre dos personas naturales, como ocurre en el sub judice. Así pues, queda claro que se trata de pronunciamientos efectuados en relación con circunstancias fácticas y/o sustentados en razonamientos ajenos al problema jurídico del cual se ocupa la Sala en el presente proveído.
(17) En cuanto tiene que ver con el denominado precedente jurisprudencial y con los elementos de un fallo llamados a integrar un precedente, el mismo ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla —prohibición, orden o autorización— determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes”, es decir, que “se reconoce como precedente aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia.
Es decir, la ratio decidendi de una providencia, puede ser un precedente de aplicación vinculante en un caso posterior, para un juez o una autoridad determinada. Esta relación entonces, entre una y otra figura, es lo que ha favorecido que se usen comúnmente los dos conceptos como semejantes, —ratio decidendi y precedente—. Usualmente se dice que el precedente es la sentencia anterior que es pertinente para resolver una cuestión jurídica y lo que tiene fuerza vinculante es su ratio decidendi. De ahí que, en sentido técnico, lo que tiene valor de precedente es la ratio decidendi de la(s) sentencia(s) pertinente(s)” (subrayas fuera del texto original). Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2.006; M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional SU-047 de 1.999, M. P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-960 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett y SU-1219 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Los fundamentos constitucionales del carácter vinculante y de la fuerza obligatoria relativa de los argumentos que sustentan el contenido de las decisiones judiciales antecedentes se encuentran (i) en el principio-derecho a la igualdad —de trato y ante el derecho—; (ii) en el principio de seguridad jurídica; (iii) en los principios de buena fe y de confianza legítima y, finalmente, (iv) en el principio de publicidad de las actuaciones y de las decisiones jurisdiccionales; tales han sido, igualmente, los argumentos con base en los cuales la Corte Constitucional ha reivindicado el respeto, por parte de las altas corporaciones judiciales, para los denominados “precedentes” vinculantes, dirección en la cual sostuvo la Corte lo siguiente:
“El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones previas” (se ha subrayado). Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999; M. P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
(19) Significativa es la importancia de la cuestión relacionada con el interrogante sobre en qué situaciones puede considerarse pertinente —y deseable— el cambio de la doctrina jurisprudencial y cuáles serían las cargas a satisfacer, por parte del juez, para abrirle paso a las anotadas modificaciones sin que resulten injustificada y desproporcionadamente afectados los bienes y principios constitucionales que soportan la fuerza vinculante relativa del precedente —igualdad, seguridad jurídica-libertades individuales, buena fe, confianza legítima y publicidad de las decisiones judiciales—; a este respecto existe cierto consenso, tanto doctrinal como jurisprudencial, en el sentido de que la modificación del precedente es viable, pero “endosando en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse. Rige pues el principio de inercia perelmaniano que exige que una decisión solo puede ser cambiada si pueden aducirse razones suficientes para ello” —Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, cit., p. 263—; o, en palabras de Aarnio, no resulta “sensato renunciar sin justificación a lo que ha sido adoptado como prevaleciente. Esta no es una exhortación al conservadurismo para mantener el statu quo. Es tan solo una regla de la carga de la prueba: necesariamente, un cambio en la situación dominante tiene que ser justificada” (sic) —Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de Estudio Constitucionales, Madrid, 1991, p. 260—.
“(J.13) Cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión, debe hacerse. (J.14) Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación”. Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica (…), cit., p. 265.
(20) En Colombia opera un sistema que bien podría denominarse de “vinculación relativa” al precedente, en el cual los jueces tienen, en principio, el deber de atenerse al sentido y a los fundamentos de sus decisiones anteriores —en el caso del precedente horizontal— o de las decisiones previamente adoptadas por sus superiores funcionales —en el caso del precedente vertical—, pero sin que ello sea óbice para que, en virtud del principio de autonomía judicial, puedan apartarse de la línea jurisprudencial existente siempre y cuando expongan motivos suficientes y razonables para ello. Lo anterior resulta más claro aún si se tiene en cuenta que en sistemas —como el colombiano— de derecho legislado, en los cuales la fuente formal principal del derecho es la ley —y no la jurisprudencia—, el funcionario judicial, en ejercicio de su autonomía interpretativa, puede modificar, aunque obviamente no de manera caprichosa, su entendimiento de las disposiciones normativas que aplica y apartarse de las decisiones previas.
En la Sentencia SU-047 de 1999 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) se expuso precisamente que la posibilidad de desligarse de los precedentes en circunstancias concretas, puede obedecer a razones como las siguientes: i) eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen necesaria la corrección de una línea jurisprudencial; ii) una interpretación que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos, en su aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares; iii) cambios históricos frente a los que resulta irrazonable adherir a la hermenéutica tradicional”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional C-120 de 2.003, M. P. Álvaro Tahúr Galvis; T-1130 de 2.003, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-442 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
(21) Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo. Bienes. Décima edición, Librería Jurídica Comlibros, Medellín, 2006, pp. 293-294.
(22) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, Tomo II, Derechos Reales, octava edición, Temis, Bogotá, 1987, pp. 445-447.
(23) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, (…), cit., pp. 445-450. La propia doctrina y la legislación italiana parecen marchar en la misma dirección que se viene apuntando; así, por ejemplo, Massimo Bianca sostiene lo siguiente:
“El efecto normal del registro es el de hacer oponible el acto registrado frente a los demás actos que igualmente están sujetos a registro o inscripción (…) El registro no tiene eficacia constitutiva ya que no es un elemento para perfeccionar el contrato, ni un requisito para la adquisición del derecho, y ni siquiera tiene eficacia de saneamiento, pues no elimina la invalidez del contrato que sigue siendo nulo o anulable no obstante realizarse el registro. En este sentido se debe decir que la figura del registro es un sistema de publicidad declarativo.
En algunas regiones, específicamente en Friuli-Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige, se conserva el sistema de publicidad tabular, vigente en el ordenamiento austríaco (Real Decreto 499, del 28 de marzo de 1929).
La inscripción en los libros tiene eficacia constitutiva, en el sentido de que quien inscribe obtiene la titularidad del derecho real solo después de la inscripción. Así, este principio deroga no solamente el sistema de la publicidad declarativa del registro (…), sino también el principio consensualista (…). El contrato que tiene por objeto bienes inmuebles sometidos a régimen tabular tiene eficacia obligatoria, en cuanto obliga al enajenante a hacer obtener al adquirente el derecho enajenado, pero no produce el efecto traslaticio inmediato, pues la obtención del efecto depende de la formalidad de la inscripción.
El sistema tabular sirve para dar mayor certeza a quien adquiere de quien resulta titular con base en un título inscrito, en cuanto la invalidez del título no impide el efecto real que resulta de la inscripción” (subraya la Sala). Cfr. Bianca, Massimo, Derecho Civil, 3, el contrato, traducción de Fernando Hinestrosa y Edgar Cortés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2.007, pp. 607 -608 y 614-615.
(24) De hecho, la exposición de motivos del proyecto de ley que habría de convertirse en la Ley 8 de 1969, da cuenta de que el sistema de registro colombiano se origina en una Ley del año 1844 y se desarrolla en el Código Civil —obra que data de 1859— y de que “las innovaciones introducidas a las normas sobre notariado y registro durante todo el tiempo de vigencia del código, han sido exclusivamente de detalles (…)”. Además de lo anterior, en la ponencia para primer debate del proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8 de 1969, puede leerse lo siguiente en punto a la práctica inexistencia de regulación normativa alguna, para ese entonces, relativa al registro de actos y/o de contratos que versaren sobre derechos reales respecto de vehículos automotores:
“La afirmación de que el sistema legal vigente en cuanto a la forma de adquirir, transmitir o gravar el derecho de dominio sobre vehículos automotores, ‘adolece de graves deficiencias’, parte de un supuesto inexistente, cual es el de que en Colombia hay un régimen legal sobre esta materia. Nosotros no tenemos en el país nada que pueda merecer el calificativo de sistema legal al respecto. La adquisición del dominio de estos bienes muebles así como su transmisión y demás fenómenos relativos a su tráfico jurídico no tiene un reglamento especial de orden legal y por ello ha prosperado el fraude, el abuso y la clandestinidad en esta materia” (énfasis en el texto original). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las Leyes, Bogotá, 1981, pp. 157 y 183.
(25) En la citada ponencia para primer debate del proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8 de 1969, se puede leer lo siguiente en la expresada dirección: “Se ha sostenido, tal vez con bastante razón, que las reformas introducidas al sistema de registro en la Ley 40 de 1932 y que su propio autor, el doctor Luis Felipe Latorre, calificó de tímidas, se frustraron en casi todos sus aspectos favorables y se ha dicho que de esa pretendida organización, que instituyó la matrícula de la propiedad inmueble, solo ha quedado en pie el cobro de derechos (…) Imaginó dentro de la ingenuidad que caracteriza todo el proceso de la Ley 40, que en Colombia todo el mundo debía estar al tanto de los modernos sistemas de Australia, Alemania y Suiza (…)” (subraya la Sala). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las Leyes, cit., p. 177.
(26) De la claridad de cuanto se viene exponiendo da cuenta el mismo tenor literal de algunas de las disposiciones de la mencionada Ley 8 de 1969, como ocurre con varios de los apartes de sus artículos 1 y 3, a saber:
e) El régimen de constitución, adquisición y registro de derechos reales y medidas judiciales de traba sobre vehículos automotores, de modo que se otorgue seguridad y certeza al tráfico jurídico que se realice respecto de tales bienes muebles y se haga expedita la prueba de los derechos, con indicación de las solemnidades exigidas en cada caso y los efectos de los actos y de su descripción” (subraya la Sala).
(27) Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las Leyes, cit., pp. 153-159 y 179-184.
(28) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el Estatuto Mercantil, en los términos que siguen:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D. L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D. L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, C. P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 13395.
(29) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del Estatuto Mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
(30) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.
(31) Bonivento Fernández, José Alejandro, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, p.38.
(32) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, M. P. Germán Giraldo Zuluaga.
(33) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: ‘carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le (sic) den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables’”. Ídem. Pág. 406.