Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/99/STSJC19991004a.htm
Timestamp: 2017-10-18 03:39:19
Document Index: 272719485

Matched Legal Cases: ['artículo 1692', 'artículo 1445', 'artículo 1692', 'artículo 1205', 'artículo 1692', 'artículo 359', 'artículo 1692', 'artículo 9', 'artículo 1692', 'artículo 1169', 'artículo 1692', 'artículo 1261', 'artículo 1692', 'artículo 1124', 'artículo 1692', 'artículo 1805', 'artículo 1692', 'artículo 359', 'in fine', 'artículo 1805']

de 4 d’octubre de 1999, núm. 26/1999 (Sala Civil i Penal
Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de Casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona, rollo nº 232/98, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado nº 4 de la Bisbal, núm.31/96 de ; cuyo recurso fue interpuesto por Dª X y D.X2, representado por el procurador Sr.Manuel Sugrañes Perotes y defendido por el letrado D.José Mª Pou de Avilés ; siendo parte recurrida D.Y y Dª Y2, representados por el procurador D.José Luis Aguado Baños y defendida por el letrado D.Carlos Mascort Yglesias.
Primero.- El procurador de los tribunales D.Sarís Serradell, actuando en nombre y representación de Dª X y D.X2, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de la Bisbal, contra D.Y y Dª Y2, en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado Juzgado se dictó sentencia con fecha 18 de Marzo de 1998, cuyo fallo dice lo siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Sr.Sarís Serradell, en nombre y representación de Dª X y D.X2, contra D.Y y Dª Y2, sí como estimando parcialmente la demanda reconvencional, debo declarar y declaro:1.- la validez de la transmisión de usufructo vitalicio a Y, de la fincas numeradas de 1 a 8 en la escritura autorizada por el notario D.Juan Gómez Martínez en fecha 19 de noviembre de 1994, rectificada parcialmente por la autorizada por el notario D. Ignacio Ruisández Capelastegui en fecha 19 de enero de 1995, así como la validez de la cesión de la nuda propiedad de la referidas fincas a Y2, de la plena propiedad de la finca registral núm.6039, inscrita en el Registro de la Propiedad de la Bisbal, debiendo los actores satisfacer a la misma la contraprestación que resulte en ejecución de sentencia de conformidad con lo expuesto en el razonamiento jurídico tercero, punto 3º ".
Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por Dª X y D.X2 que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona dictó sentencia con fecha 23 de Marzo de 1999, cuyo fallo es el siguiente: "FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por el procurador D.JOAQUÍN GARCES PADROSA, en representación de Dª X y D.X2, contra la Sentencia de fecha 18-3-98, dictada por el JDO.1ª INSTª e INSTR.NÚM.2 LA BISBAL en los autos de MENOR CUANTIA Nº 31/96, de los que este rollo dimana, CONFIRMAMOS íntegramente, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada".
Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Manuel Sugrañes Perotes, en representación de Dª X y D.X2, formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1445 del Código civil ; 2º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1205 del Código civil; 3º.- Al amparo del nº 3 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 359 de la propia ley procesal; 4º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 9 de la Compilación, en su redacción de 1993; 5º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1169 del Código civil en relación con el artículo de la compilación catalana, en su redacción dada por la Ley 8/1993 de 30 de Septiembre del Parlamento de Cataluña ; 6º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1261 y 1166 del Código civil; 7º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1124 del Código civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el contrato de vitalicio, plasmada entre otras en las sentencias de fecha 28 de Mayo de 1965, 30 de Noviembre de 1987 y 2 de Julio de 1992 y 8º.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la LEC, por infracción del artículo 1805 del Código civil, inaplicable al contrato de vitalicio.
Cuarto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación se señaló para la votación y fallo del presente procedimiento el día 9 de Septiembre pasado, en que tuvo lugar.
Quinto.-En el presente recurso se han observado y guardado cuantas previsiones marca la Ley, salvo la del plazo para dictar sentencia, incumplido por mor de las licencias por estudios del Presidente-Ponente.
Primero.- El presente recurso de casación se basa en los siguientes antecedentes:
En fecha 19 de noviembre de 1994, D.ª X, mediante escritura pública autorizada por notario de La Bisbal d’Empordà, trasmitió a su yerno, D. Y, el usufructo de ocho fincas, a título de compraventa y por el precio confesado de cinco millones de pesetas, y a su hija Dª. Y2, esposa de aquél, casada en régimen de separación de bienes, la nuda propiedad de las dichas fincas, junto con la plena de otras tres. A cambio de dicha transmisión la cesionaria se obligaba ( Otorgamiento Cuarto de la escritura ) a tener a la cedente Doña X, tanto en salud como en enfermedad, en su misma casa, mesa y compañía, a su igual, suministrandole todo lo necesario a la vida humana, tal como alimentos, calzado, vestido, cuarto dormitorio, cuidados, asistencia médica y productos farmacéuticos. Según lo admitido en autos, la finca señalada en la escritura como nº 10 ( situada en el edificio que forma chaflán entre la P., nº 2, y la Plaça B., nº 0, de la ciudad de L.) constituía la vivienda conyugal de la Sra. X., cedente, y su marido D. X2, no constando en la escritura el consentimiento de dicho esposo respecto a la transmisión.
Con posterioridad a la firma de la aludida escritura se deterioraron las relaciones entre madre e hija hasta el punto de hacer imposible la convivencia.
En fecha 2 de febrero de 1996 se admitió demanda de Dª X y D. X2, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de La Bisbal en la que se instaba: 1º) la nulidad por simulación de la transmisión efectuada en favor de D. Y del usufructo de las ocho fincas descritas; 2º) la nulidad por falta de consentimiento de D. X2 de la transmisión en favor de Dª. Y2 del usufructo de las anteriores ocho fincas y de la propiedad plena de las otras tres; 3º) subsidiariamente, para el caso de no declararse la nulidad anterior, la declaración de nulidad de la transmisión de la vivienda familiar; 3º) (sic) subsidiariamente, para el caso de no declararse la nulidad de la transmisión de las doce fincas, la declaración de resolución de la cesión de bienes por incumplimiento e imposibilidad sobrevenida.
El 18 de marzo de 1998 recayó sentencia en el Juzgado de Primera Instancia, estimatoria en parte de la demanda, así como de la reconvención, declarandose. 1º) la validez de todas las transmisiones efectuadas excepto la recayente sobre la finca núm. 10 de la escritura; 2º) la nulidad de la transmisión de la citada finca, domicilio familiar de los actores; 3º) la obligación de los actores de satisfacer a Dª. Y2 la contraprestación que resulte en ejecución de sentencia correspondiente a la nulidad de la cesión de la anterior finca, previa valoración pericial de las fincas y el vitalicio.
Apelada la dicha sentencia, en fecha 23 de marzo de 1999 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona la confirmó en su integridad.
Segundo.-El primer motivo del actual recurso, articulado según el numeral 4º del art. 1692 de la LEC., invoca infracción del 1445 del Código civil en la medida en que el mismo exige precio cierto en los negocios traslativos de dominio, requisito que -al decir del recurrente - no se da en el caso de autos.
El recurrente alega que tanto a la dación en pago (según la calificación de la sentencia de primera instancia) como a la asunción de deudas (calificación de la Audiencia) le es aplicable el requisito del precio cierto que exige el art. 1445 y la sentencia del Juzgado, que hace suya la Audiencia, admite que la transmisión.....se realizó en un sólo negocio jurídico con un único consentimiento y en adjudicación por asunción de deudas que si bien no ciertas y determinadas en el momento de otorgarse la escritura sí que eran determinables por datos objetivos como el hecho de que hubieran nacido con anterioridad a la celebración del negocio de cesión de bienes.
La cuestión planteada por el recurrente fué ya abordada tanto por la juzgadora de Primera Instancia como por la Audiencia. En la sentencia de aquélla puede leerse. En cuanto a la indeterminación de las deudas que fueron objeto de asunción por los demandados, la misma no puede ser causa de nulidad de la adjudicación en pago de asunción de deudas (principio de conservación del negocio jurídico y aplicación analógica del art. 1287 del C.c. que deja subsistente la fianza), sino una cuestión de prueba y de interpretación de la voluntad de las partes, a cuyo efecto este Juzgado estima que las deudas asumidas por los cesionarios fueron, además de las pagadas por éstos, todas y únicamente aquellas que existieran a cargo de la actora al tiempo de otorgarse la escritura de cesión de bienes.... Por su parte la Audiencia argumenta. En relación a la segunda objección apuntada, lo ahora manifestado permite tener al precio acordado como determinado - o cuando menos determinable, en el sentido permitido por el art. 1447 Código civil-. Basa la Audiencia el anterior aserto en el resultado de la prueba practicada: pago de deudas anteriores a la transmisión por precio cercano a los cinco millones, conversaciones mantenidas y acuerdos alcanzados con entidades bancarias, y abono de deudas posteriores por valor cifrado en 11.199.540 pesetas.
Las anteriores argumentaciones no son, en absoluto, ilógicas ni arbitrarias, responden al resultado valorativo de las pruebas practicadas, en cuyo examen no puede entrar esta Sala, y se ajustan plenamente a la legalidad.
En efecto, la determinación del precio en los contratos traslativos no requiere, en su integridad, la fijación concreta y exacta de la cantidad en el momento de la conclusión del negocio, porque ello pugnaría contra el principio posibilista del flujo contractual. La propia Ley admite una indeterminación determinada, esto es, una fijación simplemente referencial. Son ejemplos de ello el contenido de los arts. 1273, 1447 y 1448 del Código civil, apoyados numerosa jurisprudencia. Lo importante, lo trascendente, a estos efectos, es que el precio no sea indeterminable ni que quede su fijación al arbitrio de una de las partes. Cuando los hechos anteriores, simultáneos y posteriores de los contratantes permitan una exacta determinación, y no haya necesidad de un nuevo convenio, el precio debe terse por cierto.
Y tal sucede en el caso de autos, donde tras la prueba practicada, puede colegirse la voluntad de las partes en orden a la cesión de bienes para el pago de las deudas contraídas por la cedente hasta el momento del otorgamiento del contrato. Así se hizo, además, sin protesta ni discusión y menos denuncia por la parte a quien realmente podría perjudicar la indeterminación.
El motivo de casación, en consecuencia, debe ser rechazado.
Tercero.- Se articula el segundo motivo de casación por la vía del numeral 4º del art. 1692 de la LEC., e invoca infracción del art. 1205 del Código civil, en la medida en que exige la concurrencia del consentimiento del acreedor para la novación subjetiva por cambio de la persona del deudor, asi como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida en sentencias de 20 de febrero de 1995 y 21 de mayo de 1997, que exige también el consentimiento del acreedor en la asunción de deuda. Tal consentimiento, al decir del recurrente, no ha existido ni consta en autos su prestación dada la indeterminación de las deudas contraídas y asumidas.
Ciertamente, no consta el consentimiento expreso prestado por los acreedores de Dª. X. en orden al cambio de la persona del deudor, aunque sí constan pagos efectuados al respecto sin protesta alguna, según valoración probatoria efectuada por la Audiencia y sobre cuyo resultado - se repite - no puede entrar esta Sala.
Pero es que, además, tal consetimiento en el caso de autos no aparece como necesario en orden a la validez y subsistencia del contrato celebrado.
Dicho contrato es, en efecto, calificado por la parte demandada de dación en pago de deuda ( Hecho Sexto de la contestación a la demanda ). La Juez de La Bisbal d¨Ampordà califica el negocio de adjudicación en pago de deudas o en pago de asunción de deudas ( Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia) y la Audiencia Provincial de Girona, sin calificar expresamente el contrato, hace suyas las consideraciones jurídicas de la sentencia de instancia ( Fundamento Jurídico Tercero ). En definitiva, ha de partirse de los hechos ciertos y probados, sobre los que construir jurídicamente el contrato y respetando siempre, en la medida de lo posible, la genuína voluntad de las partes. Aquellos hechos probados se reducen esencialmente a la conclusión de un negocio mediante el cual, bajo la apariencia de compraventa, una de las partes cedía determinados bienes inmuebles a la otra y ésta se comprometía, por un lado, a alojar y alimentar a la cedente de por vida y, por otro, a abonar las deudas de aquélla pendientes al momento del contrato. Sobre tales hechos y negocio ambas sentencias devienen conformes. La calificación jurídica de este último corresponde al Tribunal de Instancia, de conformidad con los principios generales. iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius.
Se trata, pues, según la sentencia recurrida, que remite a la primera, de un contrato de dación de bienes en pago de asunción de deudas, no de un escueto contrato de asunción de deudas.
Como es sabido, el contrato de asunción de deuda no es un contrato específicamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico común ( se contempla sí en la Ley 512 de la Compilación navarra ). Se trata, por tanto, de un contrato atípico, que nace de la omnímoda iniciativa de las partes, bendecida por el art. 1255 del Código civil, en tanto no atente a la ley, a la moral ni al orden público. La asunción así considerada requiere, en efecto, el consentimiento del acreedor, por virtud de la aplicación del art. 1205 del Código civil, según reiterada jurisprudencia de la que se hacen eco las sentencias citadas por el recurrente. En este sentido se pronuncian también el Código civil italiano ( art. 1273 ) y el alemán ( parágrafo 415 ), ordenamientos que sí contemplan específicamente esta figura contractual. Ahora bien, la existencia de esta figura jurídica no empece la creación de otras en las que las partes contratantes limiten sus efectos a ellas mismas. De hecho, como ha dicho nuestra doctrina, la llamada asunción independiente de deuda - la hasta ahora estudiada - es ineficaz como tal si el acreedor no manifiesta su consentimiento a la modificación de la parte pasiva de la relación obligatoria, pero el acuerdo entre el primitivo y el nuevo deudor que asume la obligación, existe. En este sentido no se puede hablar de propia asunción de deuda, pero sí de relación obligatoria que únicamente produce efectos entre ambos deudores ( sentencia del tribunal Supremo de 26 de abril de 1993 y sentencia de esta Sala de 7 de febrero de 1991 ). En definitiva, nos hallaríamos ante lo que la doctrina alemana denomina transmisión de cumplimiento o asunción de cumplimiento. La doctrina italiana ha configurado, sobre estas mismas bases, la llamada asunción simple de deuda, diferenciandola de la asunción independiente de deuda. Sus orígenes han de buscarse en la acollatio simplex del Derecho Romano o, si se quiere, en la simple delegatio. Con base a estos precedentes, se habla de la asunción simple de deuda como contrato que media entre el deudor y un tercero por efecto del cual éste se obliga frente al primero a pagar su deuda, pero tal contrato despliega sus efectos únicamente en las relaciones internas entre los dos, de forma que el tercero que asume la deuda se hace deudor principal, pero no frente al acreedor, que no adquiere derecho alguno ante el nuevo deudor ni ostenta facultad alguna de adherirse al contrato que han establecido el deudor y el tercero. El contrato de asunción simple de deuda ( o el de asunción o trasmisión de cumplimiento ) es también un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico, pero los particulares pueden concluirlo al amparo del principio de autonomía privada que consagra el citado art. 1255 del Código civil.
No hay duda de que un atento examen de la sentencia combatida - que valora, como se ha dicho, la ausencia del consentimiento de los acreedores - ha de llevar a la conclusión de que admitió y validó la existencia del contrato sin aquel consentimiento, como relación obligatoria nacida y subsistente únicamente entre las partes, de la que son ajenos los acreedores que, además, como posibles perjudicados, no han deducido protesta o denuncia alguna.
El motivo segundo de recurso, por lo anterior, debe decaer.
Cuarto.- El tercer motivo de casación viene redactado así: Al amparo del nº 3 del artículo 1692 de la LEC., por infracción del artículo 359 de la propia ley procesal, al incidir la sentencia recurrida en vicio de incongruencia, a) por estimar la existencia de un negocio jurídico disimulado, valido y eficaz, de ASUNCION DE DEUDA, cuando por los demandados, en via reconvencional, únicamente alegaban la existencia de un contrato de DACION EN PAGO y b) Por condenar a Jose G. al pago de una suma, sin haberse solicitado .
El motivo casacional, como se ve, comprende dos submotivos, si bien entroncados al infringir un mismo precepto normativo y al invocarse utilizando un único camino casacional, técnica que, si poco clara, viene admitida por nuestro más alto Tribunal ( sents. 17 y 27 de junio de 1992, 9 de diciembre de 1994, etc. ).
Se alude, en el primer submotivo, a la incongruencia que representa, según el recurrente, el hecho de que la sentencia califique el contrato de asunción de deuda cuando el demandado-reconviniente lo calificó de dación en pago. La incongruencia no es tal.
Como esta Sala tiene reiteradamente declarado, la incongruencia se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus peticiones, de forma tal que no puede la sentencia conceder más de lo pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiese sido admitido por el demandado, ni otorgar cosa diferente a la que hubiera sido pretendida; distinguiendose así entre incongruencia por ultra petita ( en los dos primeros casos ), por extra petita ( en el tercero ) y por citra petita ( cuando se da omisión de pronunciamiento ).
Por ello la incongruencia no se produce cuando, respetando los hechos, como componente básico de la acción, se muta la calificación jurídica dada a los mismos por las partes, siempre que, con ello, no se genere indefensión. Así es abundante la doctrina jurisprudencial que enseña que el principio de congruencia, establecido en el art. 359 como elemento integrante de las sentencias, no impone sino una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes y a los hechos declarados y probados, pero no una literal concordancia, y por ello, guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base fáctica aportada por los contendientes, le está permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada, en virtud de la aplicación de los principios da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia ( sents., entre muchas otras, de 13 de julio de 1993, 2 de diciembre del mismo año, 14 de febrero de 1994, 24 de enero de 1995 ).
En el caso de autos, además, la incongruencia se halla ausente de manera aboluta. Ya se ha dicho que la sentencia de primera instancia califica el negocio en discusión como de adjudicación en pago de deudas o en pago de asunción de deudas y la de apelación no califica expresamente el contrato, confirmando la anterior. Pues bien, pese a lo dicho por el recurrente, la asunción de deudas está presente en toda la contestación de la demanda y así es de ver lo que se expresa en el folio 87 de los autos ( ....además de los pagos que ya habían satisfecho con su marido y de las deudas que habían asumido y se habían comprometido a abonar... ), en el 88 ( En vista de ello, los Sres. Y y Y2, aceptaron también hacerse cargo de la deuda... y ...Aceptada por los Sres. Y y Y2, la asunción de la nueva deuda aparecida... ), en el 90 ( ...podemos afirmar que el negocio jurídico habido entre las partes, es una DACION EN PAGO DE DEUDA...) y en el Suplico de la contestación a la demanda en su apartado A): que se declare como válido y eficaz el negocio jurídico existente entre la Sra. X y el Sr. Y, siendo el concertado, un contrato de DACION EN PAGO DE DEUDA, calificación jurídica que se repite en el apartado B) respecto al negocio concluído entre Dª. X. y su hija Y2.
No se produce, pues, sorpresa o indefensión alguna cuando la resolución de primera instancia y, por remisión, la de segunda, sobre los mismos hechos, por lo demás indiscutidos, fundamentadores de la acción, construyen su calificación jurídica sobre la existencia de un contrato de dación en pago por asunción de deuda. Incluso llama la atención de esta Sala el que el recurrente no hubiera alegado este pretendido vicio de la sentencia en apelación, cuando la calificación, como se ha dicho, proviene de la sentencia de primera instancia.
No hay, consecuentemente, incongruencia y no puede prosperar el submotivo que la denuncia.
Mejor suerte ha de correr el segundo de los submotivos de recurso, referido a la legitimación de D. X2 para soportar la condena a satisfacer la contraprestación que resulte en ejecución de sentencia respecto a la reducción de los bienes transmitidos. Alega el recurrente, esta vez con razón: que D. X2 no interviene en el negocio celebrado entre su esposa y los demandados; que nada transmite, ni nada recibe a cambio, hallandose circunscritas las prestaciones derivadas del vitalicio exclusivamente a Dª. X ; finalmente, que si interviene en el proceso, es, precisamente, para denunciar la falta de su consentimiento en la transmisión de la que constituye vivienda familiar.
En efecto, la sentencia de primera instancia, confirmada en su integridad, como se ha repetido, por la Audiencia Provincial, condena a los actores a satisfacer a Dª. Y2 la contraprestación que resulte en ejecución de sentencia conforme al razonamiento jurídico 3º de la propia resolución, en el que puede leerse en el caso de autos el problema que se plantea es la determinación de la parte de contraprestación de los actores principales correspondiente a la vivienda habitual; a cuyos efectos la cantidad a devolver debe guardar la misma proporción con la totalidad de las cantidades satisfechas por la parte demandada que el valor de la finca cuya transmisión ha sido declarada nula con el valor de la totalidad de las fincas que fueron objeto de transmisión en la cesión de 19 de noviembre de 1994; a cuyos efectos las fincas serán valoradas, en ejcución de sentencias a juicio de peritos,..... Lo anterior ha de comprenderse en relación con los pronunciamientos precedentes: nulidad de la transmisión de la vivienda familiar y conversión en líquida de la obligación que contiene el vitalicio.
Pues bien, es visto que tal declaración judicial resulta incongruente, no sólo porque D. X2 limita su intervención procesal a la demanda de nulidad de aquella transmisión en tanto faltaba su consentimiento, no pudiendo ser otra al no haber sido parte en el contrato, sino, además, y en mayor medida si cabe, porque tal condena no fué solicitada ( incongruencia por extra petita ) y así es observable en el apartado C) del Suplico - el que afecta a la parte que se estudia - en el que se pide, caso de declararse la nulidad de la transmisión de la vivienda conyugal, la validez y eficacia del resto de la escritura, previa la reducción proporcional de la contraprestación efectuada por la Sra. Y2, que se calculará en ejecución de sentencia, y deberá ser reembolsada por Dña. X a la Sra. Y2, con más los intereses legales... Ninguna mención, por tanto, se revela respecto a D. X2, lo que, en definitiva, es coherente ante la condición de res inter alios que para él resulta la escritura y el contrato de vitalicio.
El submotivo de incongruencia, por ende, debe ser acogido.
Quinto.- El cuarto motivo de recurso denuncia, por aplicación del numeral 4º del art. 1692 de la LEC., la infracción del art. 9 de la Compilación, en su redacción de 1993, que impone un requisito para la válida prestación del consentimiento, cuya falta determina la nulidad de todo el negocio jurídico, por estar en presencia de una contraprestación indivisible .
El art. 9 de la Compilació, en la redacción introducida por la Ley 8/1983, de 30 de septiembre, decía: Sigui quin sigui el règim matrimonial aplicable, per a disposar dels drets sobre l’habitatge habitual necessari per a la vida familiar i dels seus mobles d’ús ordinari, si pertanyen a un sol cònjuge, aquest haurà d’obtenir el consentiment de l’altre o, si hi manca, l’autorització judicial
El art. 9 del Codi de família, en el mismo sentido, dice hoy: Amb independència de quin sigui el règim econòmic matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense el consentiment de l’altre, no pot dur a terme cap acte d’alienació, gravamen o, en general, de disposició del seu dret en l’habitatge familiar...
La reforma de la Compilació, como es sabido, obedeció, de un lado, a las directrices del Derecho Comunitario - y, muy especialmente, a la Recomendación (81)15, del Comité de Ministros del Consejo de Europa - y, de otro, a la redacción del art. 1320 del Código civil, cuya aplicación en Cataluña era discutida.
Una simple lectura de la sentencia recurrida y de su precedente necesario, la de primera instancia, muestra claramente que dicho precepto fué aplicado por el Tribunal, confirmando el pronunciamiento de la Juez, precisamente para declarar, en base al mismo, la nulidad de la transmisión de la finca registral 6.039, que constituía la vivienda familiar de los actores y en cuya transmisión se omitió el preceptivo consentimiento del marido, D. X2.
Lo que sucede es que el recurrente, al amparo de dicho artículo, pretende la nulidad de todo el contrato, esto es, la nulidad de la transmisión de todas las fincas por contagio con aquélla, al ser indivisible la contraprestación de tener a la cedente....tanto en la salud como en la enfermedad, en su misma casa, mesa y compañía...
Amén de que deberá volverse sobre este aspecto de la contraprestación al haber declarado la sentencia recurrida su conversión en obligación líquida ( motivo 6 de recurso ) y, por tanto, fragmentable, lo cierto es que el recurrente utiliza el argumento por tercera vez, habiendo ya recibido dos respuestas negativas. La Juez de instancia mantiene la validez del contrato en base a dos consideraciones: el principio de conservación del negocio y el respeto a la voluntad de las partes ( arts. 1265 y 1266 del Código civil ), por un lado, y la aplicación analógica del art. 1479 también del Código civil, en sede de ineficacia del contrato de compraventa por evicción de una de las fincas vendidas, por otro. La sentencia de la Audiencia se limita a constatar la bondad de los razonamientos anteriores y confirma la decisión.
Y la decisión es, efectivamente, confirmable en sede de casación, no sólo por la corrección jurídica que encierran los razonamientos anteriores que hacen ver la necesidad de demostrar la trascendencia última de la nulidad de la transmisión de un bien dentro de un conjunto y su capacidad para arrastrar la nulidad de todas las demás, sino, a mayor abundamiento, porque el precepto que se cita como infringido hace mérito a la inexistencia de un requisito de validez muy excepcional, porque afecta a lo que precisamente es vivienda familiar ( la Exposición de Motivos de la Ley 8/83 lo configura como una mesura de protecció de la familia), excepcionalidad de la que difílmente pueden ser tributarias las demás transmisiones donde no son predicables sino los requisitos generales de la contratación en torno al consentimiento: error, dolo, violencia e intimidación, ninguno de los cuales se ha alegado y probado. Ni siquiera la invocación de un pretendido error de consentimiento podría tener éxito, en la medida en que la nulidad de un bien transmitido - entre otros - para pago de deudas y percepción de un vitalicio en todo caso podrá perjudicar a quien ve mermada su contraprestación, no al contrario.
Con todo, lo importante y verdaderamente relevante en casación es que se invoca un precepto que no conduce en absoluto a la solución que se pretende, pues su correcta aplicación sólo puede conducir a declarar la nulidad de la transmisión de la vivienda familiar que se ha realizado sin el consentimiento del cónyuge no titular.
El motivo casacional, en consecuencia, debe decaer.
Sexto.- Al amparo también del número 4 del art. 1692 de la LEC., alega el recurrente infracción del art. 1.169 del Código civil, en relación con el art. 9 de la compilación catalana, en su redacción dada por la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, del Parlamento de Cataluña.
El recurrente razona que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la transmisión de la vivienda conyugal y como consecuencia, también, de la conversión de la obligación de hacer en una de dar por imposibilidad sobrevenida, se obliga a la actora Dª. X. a recibir parte de la contraprestación, parte proporcional que se decidirá en ejecución de sentencia, lo que contraviene el tenor literal del art. 1.169 del Código civil. Precepto que, por cierto, vuelve a poner en relación con el art. 9 de la Compilació, que nada tiene que ver, como se ha dicho, con la pretensión deducida. Concluye el recurrente que la solución adoptada por la sentencia implica atribuirse facultades de construcción o normación contractual de las que carece el juzgador.
No está de más recordar al recurrente, de principio, que la causante de la nulidad es, ni más ni menos, quien hoy recurre, es decir, quien transmitió la vivienda sin el consentimiento del marido.
Pero, en definitiva, no se trata, como pretende el recurrente, de compeler al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones que es lo prohibido por el precepto que se invoca. Se trata, precisamente, de conservar el sinalagma contractual y la equivalencia de las prestaciones. Al acreedor no se le obliga a recibir parte de la obligación pactada, el acredor recibirá toda la contraprestación. Lo que ocurre es que del conjunto que transmitió queda ahora anulada una parte y este contravalor es el que no va a recibir la acreedora. De otro modo se produciría un ilícito enriquecimiento, este sí prohibido por nuestro ordenamiento.
Una vez anulada la transmisión de la tan repetida finca y una vez admitida, como enseguida habrá de verse, la posibilidad de mutar la obligación de hacer (tener en casa, como igual, en salud y enfermedad, etc) por una obligación equivalente de dar (entrega de una cantidad líquida, a determinar en ejecución de sentencia, precisamente por efecto de aquella nulidad), el principio de equivalencia de prestaciones y las consecuencias inherentes a toda declaración de nulidad imponían en justicia la solución que se adoptó, sin vulneración de precepto legal alguno y menos del 1.169, pensado para otra clase muy diferente de situaciones jurídicas.
El motivo ha de ser desestimado y puesto en relación con lo que ahora se dirá.
Séptimo.- El sexto motivo de recurso, íntimamente entrelazado con el anterior, denuncia, por la vía del nª 4 del 1692, la infracción de los arts. 1261 y 1166 del Código civil. Se razona por el recurrente que la sentencia convierte, como se decía, una obligación de hacer en una de dar, y ello sin consentimiento del acreedor, lo que contraviene el tenor de los mencionados preceptos.
El razonamiento fué ampliamente contestado en la sentencia de primera instancia, con argumentos que hace suyos la de apelación.
Pretende, en efecto, el recurrente que ante la probada imposibilidad de cumplimiento de la contraprestación por efecto de haberse deteriorado gravemente las relaciones entre madre e hija después de la conclusión del contrato, la resolución judicial ajustada a Derecho hubiera sido la que declarara resuelto el contrato. El recurrente, pues, identifica incumplimiento con imposiblidad sobrevenida de cumplimiento.
La solución dada, sin embargo, en la sentencia recurrida es mucho más respetuosa con el principio de conservación del contrato y con la libre disponibilidad negocial de las partes que la propuesta por el recurrente, habida cuenta de que, pudiendo hacerlo, las partes no elevaron dicha imposibilidad - ni el incumplimiento voluntario - a la categoría de condición resolutoria expresa (vid. sent. de 2 de julio de 1992).
Como dice la sentencia de primera instancia, en extremo que no puede entrar esta Sala, no ha quedado acreditado el voluntario y reiterado inclumplimiento de la prestación debida por la parte obligada, cláusula resolutoria tácita implícita en las obligaciones recíprocas, ex art. 1124 del Código civil, antes bien la demandada Dª. Y2 ha seguido satisfaciendo deudas de la actora con posterioridad al contrato y, de otra parte, ésta ha continuado viviendo en lo que es el domicilio conyugal, lo que acredita más bien la voluntad de cumplimiento puntual de la prestación posible.
En otro orden de cosas, la conversión de la obligación, dada la imposibilidad sobrevenida, deriva analógicamente de lo establecido en el art. 149 del Código civil, en la medida en que los alimentos entre parientes pueden satisfacerse mediante pensión o mediante el albergue del alimentista. Con mayor precisión, el art. 269 del Codi de família parte de la obligación dineraria para el pago de los alimentos, si bien admite que el deudor puede optar por la fórmula del mantenimiento en el propio hogar, excepcionando empero: llevat que aquesta (persona que tiene derecho a recibirlos) s´hi oposi per una causa raonable o quan la convivència sigui inviable. No es que quiera decirse que el contrato llamado de vitalicio, creador de obligaciones entre los otorgantes, deba regirse por la normativa legal que contempla la obligación de alimentos entre parientes, obligación ex lege y, por tanto, no contractual. Pero sí debe admitirse que , en lo no previsto por las partes en aquél, ha de buscarse la solución que la ley ofrezca para las figuras más afines, siempre respetando la íntima voluntad de aquéllas, que, en nuestro caso, debe repetirse, no previeron una cláusula expresa de resolución por incumplimiento,que, de otro lado, tampoco se ha acreditado.
El motivo sexto, pues, debe ser también desestimado.
Octavo.- El séptimo motivo, articulado por igual vía procesal que los anteriores, estima infringido el art. 1.124 del Código civil y la jurisprudencia sobre el contrato de vitalicio, plasmada en sentencias, que se citan, de 28 de mayo de 1965, 30 de noviembre de 1987 y 2 de julio de 1992.
Tales sentencias, en efecto, admiten la existencia del contrato de vitalicio al amparo del principio de libertad contractual, como aquel en que una parte se obliga a prestar a la otra alimentos mediante la contraprestación adecuada; contrato atípico, autónomo e innominado y no modalidad de la renta vitalicia reglada en los arts. 1.802 a 1.808 del Código civil. Pero tales sentencias, estudiadas en la de 1992 que se ha citado, contemplan el contrato en su versión resolutoria, admitiendo la presencia implícita de la cláusula de resolución que contiene el art. 1.124 del mismo código, lo que ya se ha sido objeto de pronunciamiento anterior. De otra parte, también la sentencia de 1 de julio de 1982 incluye el contrato dentro de lo que se llama en sentido genérico contrato vitalicio a título oneroso y rubrica que, en materia de interpretación contractual, debe predominar siempre la efectuada por los juzgadores de instancia sobre la interesada de las partes, siempre que no se acredite que aquélla es errónea, ilógica, arbitraria, contradictoria o que contravenga un precepto de ley.
La valoración jurídica que se contiene en la sentencia recurrida se halla, como se ha dicho, plenamente ajustada a Derecho, siendo coherente y sumamente respetuosa con la voluntad de las partes, que es a lo que ha de estarse, sin perjuicio de que, en lo no previsto por éstas, se acuda a las figuras jurídico-legales más similares.
La recurrente transmitió, en su momento, las fincas sobre obligación de recibir alimentos de por vida y que se abonaran todas sus deudas a terceros, anteriores y vigentes al momento de la conclusión del contrato; deterioradas ahora las relaciones, pagadas sus deudas y continuando en el uso de la vivienda familiar, pretende la resolución del contrato ante la imposibilidad - dice - de la común convivencia. La conclusión a que pretende llegarse no puede ser, pues, más contraria a Derecho, más contraria a la voluntad contractual y más contraria al equilibrio convencional, que , como es sabido, no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1.256 del Código civil).
El motivo séptimo, por lo expresado, tampoco puede estimarse.
Noveno.- Finalmente, el último de los motivos de casación estima infringido el art. 1.805 del Código civil, en cuanto es inaplicable al contrato de vitalicio.
El motivo no es sino reproducción del anterior, en tanto parte de la base de que el contrato de renta vitalicia no es asimilable al vitalicio. Se citan las mismas sentencias que en el motivo anterior.
La cita del art. 1.805 se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia de primera instancia y es explicada en el Fundamento Tercero, in fine, de la de la Audiencia. En ésta se dice, con razón, la sentencia recurrida parte de la distinción entre uno y otro contrato, alegando la posible aplicación analógica de tal precepto como uno más de los motivos para desestimar las pretensiones de la demandante . Con ello podría darse por concluído este apartado pues es visto que la sentencia recurrida no aplica el precepto, sino que se limita a explicar su cita. Pero, con todo, tampoco en el fondo puede prosperar el motivo. La sentencia de primera instancia baraja tres argumentos para rechazar la pretensión del recurrente en orden a la resolución del contrato de vitalicio y sólo uno de ellos se refiere al art. 1.805, diciendo así: 2º) La aplicación analógica del artículo 1805 del Cc para la renta vitalicia al contrato atípico legal de vitalicio que excluye la facultad de resolver el contrato por incumplimiento, máxime en este caso en que tal incumplimiento no se elevó a la categoría de condición resolutoria expresa, no obstante que la formalización del negocio estuvo precedida de tratos y asesoramiento previo que excluyen que nos encontremos ante un consentimiento espontáneo e irreflexivo... Se trata, en consecuencia, de un argumento ex abundantia, de imposible acceso casacional, por lo demás sumamente coherente y razonable, en tanto aplica analógicamente un precepto afín a un contrato no regulado por la ley.
El último motivo casacional tampoco puede acogerse.
Décimo.- Al estimarse uno de los motivos de casación, de conformidad con el art. 1.715.2 de la LEC ha de revocarse la condena en costas de la parte apelante contenida en la sentencia de la Audiencia y ordenarse que, tanto las de esa instancia, como las de este recurso, sean satisfechas por cada parte las propias y las comunes por mitad.
Por cuanto se lleva dicho,
Se estima en parte el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Manuel Sugrañes Perotes, en nombre y representación de Dª. X y D. X2, contra la sentencia dictada, en fecha 23 de marzo de 1999, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona, en Rollo de Apelación núm. 232/98 dimanante de autos de juicio de menor cuantía núm. 31/96 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Bisbal d’Ampordà; en su consecuencia, se revoca el particular contenido en el fallo de la sentencia de primera instancia, confirmado por la Audiencia, que condena a los actores a satisfacer a la misma la contraprestación que resulte en ejecución de sentencia de conformidad con lo expuesto en el razonamiento jurídico tercero, punto 3º absolviendo de tal obligación al recurrente D. X2; se mantienen los demás pronunciamientos contenidos en la misma, confirmados en la sentencia objeto de recurso. Las partes satisfarán las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, tanto las de la Audiencia, como las de este recurso.
Notifíquese la presente a las partes, con instrucción de sus derechos.
Devuélvase a la Audiencia las actuaciones y testimonio de esta resolución.
Así por ésta lo mandamos, pronunciamos y firmamos.