Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910117.html
Timestamp: 2020-04-03 02:14:17
Document Index: 209874647

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 363', 'artículo 1', 'artículo 370', 'artículo 413', 'in dubio', 'artículo 370']

AUTO SUPREMO Nº 117/2019-RRC
Expediente : La Paz 75/2018
Parte Imputada : Lucia Tequisara Marca
Por memorial presentado el 29 de marzo de 2018, de fs. 408 a 410, Nemesio Honorio Calle interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 10/2018 de 21 de febrero, de fs. 397 a 405 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público y el recurrente contra Lucia Tequisara Marca, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por los arts. 335, 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 7/2017 de 1 de marzo, de fs. 346 a 351 vta., el Tribunal Séptimo de Sentencia y Partido de Sustancias Controladas, Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Lucia Tequisara Marca, absuelta de la comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, contenidos en los arts. 335, 198 y 203 del CP, en razón de no haber sido probada la acusación y las pruebas aportadas fueron insuficientes para generar convicción sobre su responsabilidad.
b) Contra la mencionada Sentencia, Nemesio Honorio Calle, de fs. 355 a 357 vta. y 386 a 387 vta., así como el Ministerio Público, de fs. 364 a 365, formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 10/2018 de 21 de febrero, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que los declaró improcedentes, confirmando la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
I.2 Motivo del recurso
La Sala Penal en conocimiento del recurso descrito, en juicio de admisibilidad, pronunció el Auto Supremo 698/2018-RA de 17 de agosto, delimitando el presente análisis de fondo a partir de los siguientes criterios:
Vulneración del debido proceso en la vertiente inexistencia de fundamentación, impugnando al Auto de Vista 10/2018 carecer de argumentación jurídica, pues en consideración del recurrente se limitó a expresar que ninguno de los agravios presentados por el en ese momento apelante habrían estado fundamentados. Se cuestionó también que el Tribunal de alzada no hubiera observado las reglas inherentes a los arts. 173 y 163 incs. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP). Y finalmente con relación al principio de certeza y duda razonable detallado en apelación restringida, reflejó ausencia de fundamentación en la valoración probatoria, y que no se consideró el Auto Supremo 43/2007 de 27 de enero, invocado en apelación restringida. A tal efecto invoca el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, referente a la debida fundamentación.
Solicitó que previa admisión de su recurso se dicte resolución para que la “Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva Resolución considerando la doctrina legal aplicable y los datos del proceso, donde se ha denunciado lesión de derechos y garantías constitucionales” (sic)
El Tribunal Séptimo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, a conclusión del juicio oral, y después de haberse declarado la extinción de la acción penal en referencia al co-acusado Delfín Conde Mújica, a causa de su muerte, pronunció la Sentencia 007/2017 de 1 de marzo de 2017, declarando la absolución de Lucia Tequisara Marca de la comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, “por no haber sido probada fehacientemente la acusación y por ser insuficientes las pruebas aportadas en juicio oral generando en el tribunal duda razonable” (sic). Este Fallo, en lo relevante -vinculado al motivo de casación- expresa:
Sobre el Dictamen Pericial Documentológico, “…si bien…establece que la firma y rúbrica en el documento dubitado no se corresponden con la paternidad gráfica de Nemesio Honorio Calle…empero en el punto Segundo…señala que ‘al no ser la firma del sr. Nemesio…tampoco se pudo determinar que dichos grafismos falsos fueron estampados por Lucia Tequisara Marca o Delfín Conde Mújica’…no existiendo prueba alguna, documental o testifical que lleve al Tribunal a la conclusión de que haya sido la acusada…la autora de forjar en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, constatándose esto con las declaraciones testificales así como la misma versión del acusador particular, de que si hubo intención manifiesta de consolidar una transferencia o permuta de bienes” (sic)
Lo que es el delito de Uso de Instrumento Falsificado “…el tribunal ha establecido que la parte acusadora no ha hecho producir prueba testifical que señale de forma clara positiva e irrefutable, que lleve al convencimiento de que fue la acusada…la que haya forjado por lo que esto conlleva a la también lógica conclusión, de que al inscribir el bien inmueble adquirido por permuta en oficinas de Derechos Reales, como se tiene de las pruebas MP-2 y MP-3…haya tenido conocimiento si la minuta de fecha 10 de agosto de 1997 haya sido o no fraguada, siendo este un elemento constitutivo …por otro lado tomándose muy en cuenta la declaración testifical de descargo DBCT y NTT, señalaron al unísono, de que se tenía conocimiento de la permuta realizada legalmente y que el acusador sí estuvo en posesión del vehículo y esto también se contrasta y se confirma, con la versión del mismo…donde señaló que el vehículo estaba en su propiedad por seis meses, hasta que se le fue embargado por falta de pago de cuotas. Por lo que tampoco se cuenta con este medio de prueba para poder sustentar convicción sobre los fundamentos expuestos en la acusación pública” (sic).
Pronunciada la Sentencia, Nemesio Honorio Calle, promovió recurso de apelación restringida, a través de actuación saliente de fs. 355 a 357 vta., se expresó que: en juicio oral se pudo determinar que Delfín Conde Mújica no registra título propietario sobre el motorizado con relatado en la acusación; por información de Derechos Reales se registra que la acusada y Delfín conde Mújica, fueran titulares del inmueble cuestionado en el proceso, registrado mediante escritura pública 473/2003 sobre reconocimiento de firmas y rúbricas emitida por el Juzgado 5° de Instrucción en lo Civil; se reportó también que la acusada “fue quien realizó el trámite y/o seguimiento de la compra venta” (sic); se describió el Dictamen Pericial Documentológico REG GRAL IDIF N° 2148/12 LAB.CRIM.DOC N° 0035/13, resaltando de su contenido que la firma en el documento privado de 10 de agosto de 1997 “no corresponde con la paternidad gráfica del señor Nemesio Honorio Calle” (sic).
Por decreto de 28 de junio de 2017, la Sala Penal Cuarta dio aplicación al art. 399 del CPP, entendiendo que el apelante incumplió las previsiones de los arts. 407 y 408 de la misma norma procesal, comprendidas en “las disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas; exprese cual la aplicación que pretende; invoque separadamente cada violación con sus fundamentos e invoque precedentes contradictorios” (sic).
Las observaciones fueron absueltas por memorial de fs. 386 a 387 vta., en la que se expuso la vulneración de los arts. 173 y 124 del CPP, con el siguiente planteamiento: “errónea aplicación y/o apreciación” (sic) del art. 173 del CPP, afirmando que a pesar de haberse producido varios elementos probatorios, se optó por la absolución de la acusada. Destaco que ellos fueran: la pericia documentológica evacuada por el IDIF que hubiera determinado que “la firma estampada dentro del documento de estudio no pertenece a Nemesio Honorio Calle” (sic); el informe de Derechos Reales reportando la titularidad del bien a favor de Delfín Conde; la testimonial de Beatriz Conde Tequisara, que informó que tenía pleno conocimiento de la celebración de la minuta pese a haber nacido un año antes de su suscripción.
Se alegó también vulneración al art. 124 del CPP, cuestionándose los argumentos de la instancia de origen, pues “la permuta en la que se fragua la firma de Nemesio Honorio Calle…es valía y surte efecto a la vida jurídica” (sic), no se consideraron varios elementos probatorios y pese a ello se realizó una “amplia redundancia respecto a la inexistencia de los medio probatorios aportados” (sic)
II.3 Auto de Vista
La Sala Penal Cuarta en el Distrito Judicial de La Paz, con la relación de caso de la Vocal Lovera Gutiérrez y el voto del Vocal Córdova Castillo, declaró la admisibilidad e improcedencia de la acción recursiva propuesta por Nemesio Honorio Calle, en función a lo siguiente:
Respecto al reclamo de fundamentación en torno al art. 173 del CPP, “del análisis de lo argumentado…no se establece una puntualización específica a cual prueba no se habría realizado una correcta valoración para poder verificar tal reclamo, toda vez que no es suficiente denunciar de manera genérica la falta de fundamentación” (sic) a continuación fue transcrita una porción del AS 544 bis de 12 de noviembre de 2009.
En relación a lo afirmado sobre el beneficio económico patrimonial buscado por los acusados: “…los tribunales de alzada se encuentran impedidos de revalorizar la prueba, así como también se encuentran delimitados en atender aspectos cuestionados a la resolución que se la apelada…por lo que al no referirse en la forma que la sentencia apelada generaría agravio, el mismo no puede ser apreciado como tal” (sic).
Sobre el planteamiento referido a que la falsificación de la minuta de transferencia de lote de terreno evidenciaría la culpabilidad por el delito de Falsedad Material: “…el recurrente…refiere falta de fundamentación de forma genérica” (sic). “Si bien el art. 173 del CPP establece la forma de valoración para jueces y tribunales el AS 571/2015…advierte que el recurrente debe fundamentar de forma puntual…los agravios de acuerdo al art. 408 del CPP…por lo que al no establecerse específicamente y puntualmente el reclamo en la sentencia apelada, el mismo no puede ser considerado como agravio” (sic).
En cuanto a la postura sostenida por el apelante en torno a la pericia evacuado por el IDIF y que de ella se desprendiese la convicción sobre la comisión de los delitos denunciados: “…del análisis de este punto se puede establecer que el recurrente, no refiere no cuestiona a la Sentencia apelada, en la forma o manera que la misma generaría algún agravio, toda vez que el tribunal de alzada solo puede referirse a los aspectos cuestionados de la resolución a la que se apela, ello conforme al mandato del art. 398 del CPP, al igual que se encuentra impedido de revalorizar la prueba; por lo que al no referirse el recurrente en la forma que estaría generando agravio, el mismo no puede ser considerado como tal” (sic)
En cuanto al delito de Uso de Instrumento Falsificado, la minuta de transferencia de 10 de agosto de 1997, y que el tipo penal “estaría dirigido exclusivamente a la conducta de un tercero que no intervino” (sic): “…el recurrente refiere que los acusados inscribieron y registraron Testimonio falso ante oficinas de Derechos Reales de La Paz, sin cuestionar no atacar a la Sentencia apelada…sus conclusiones evidentemente refieren el examen grafológico conforme lo señalado por el recurrente, empero, entre sus razonamientos y conclusiones, determinan que no se demostró que los grafismos falsos fueron estampados por la acusada, es decir, que la conducta se haya adecuado al tipo penal denunciado…los jueces a-quo no absolvieron por que la minuta sea falsa, sino porque no se demostró como la acusada habría generado o hecho esa minuta…” (sic).
El recurrente cuestionan la fundamentación del Auto de Vista 10/2018, calificándola de inexistente, dado que se limita a expresar que ninguno de los agravios presentados por el impetrante estarían fundamentados. Acusa además que la Sala Penal Cuarta, “no observa las reglas contenidas en el artículo 173 y el artículo 363 1., 2. Y 3. Del Código de Procedimiento Penal” (sic)
En lo demás el texto del recurso propuso una serie de interpretaciones respecto al valor y mérito que la Sentencia debió –en su criterio- otorgar a varias pruebas producidas (MPC-6, MPC-7, MPC-8, atestación de Daniela Beatriz Conde, Dictamen Pericial Documentológico, de entre otras) de lo cual se entendería existe ausencia de valoración e inadecuada fundamentación “en relación del principio de certeza y duda razonable que, no obstante haberse detallado en el recurso de apelación…no ha sido considerado por la Sala Penal Cuarta” (sic)
III.1 Doctrina Legal contenida en el precedente invocado
El Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, fue pronunciado en la tramitación de un proceso por los delitos de Estafa y Estelionato, y cuya problemática en casación se centró en una actitud omisiva de parte del Tribunal de apelación refrendando una Sentencia defectuosa en el marco del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP. En tal oportunidad, la Sala Penal del Tribunal Suprema de Justicia, verificando el mérito de los motivos de casación dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido y sentar la siguiente doctrina legal:
“…el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal.”
III.2 Situación de hecho similar y existencia de contradicción
De inicio enfatizar que en la labor de los tribunales de alzada, por el principio de inmediación, está vedado un nuevo examen, análisis o revalorización del acervo probatorio al momento de resolver recursos de apelación restringida, de tal manera en casación -por lógica- un ejercicio de iguales proporciones es también inviable, por lo que el escrutinio de la Sala no abordará aspectos relacionados a los hechos que fueron objeto del proceso y que merecieron debate contradictorio en juicio oral, como tampoco se pronunciará sobre el mérito de ningún elemento de prueba producido en esa fase procesal. En el entendido que el presente recurso denuncia una eventual contradicción sobre la aplicación de una norma sustantiva, el examen del caso consistirá en verificar la equivalencia o contradicción entre el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre y el Auto de Vista 10/2018 de 21 de febrero de 2018.
De manera introductoria precisar que, en el proceso penal, se prueba la existencia o no de una conducta que reporte la comisión de un delito, esta conducta indudablemente se trata de un evento ocurrido en el mundo material con anterioridad al inicio del proceso; dicho de otro modo, se prueba lo que ocurrió en el pasado. Este matiz, sin duda posee cuestiones, largamente debatidas por la doctrina, pues la aplicación de una condena restrictiva a la libertad, debiera en un escenario deseado, poseer correspondencia a lo que realmente sucedió, esto es poseer verdad real. Las limitaciones de reconstruir eventos pasados, tiene para el Derecho Penal una tarea de sensible trascendencia, en cuya empresa se adopta, en el caso del sistema procesal penal boliviano, dos principales herramientas: por una parte el establecimiento de los hechos a partir de la valoración probatoria enmarcada en el sistema de la sana crítica, y por otro, la aplicación del principio de in dubio pro reo, en los supuestos que el resultado del proceso contenga una duda racional insuperable.
Ya en materia y delimitando el ámbito procesal, se tiene que el recurrente promovió apelación restringida en dos tiempos. Un primer momento a través del memorial corriente de fs. 355 a 357 vta., y segunda oportunidad, en vía de corrección, a través de escrito de fs. 386 a 387 vta. Es común en ambos momentos, la exposición reiterada sobre interpretación y lectura de los medios de prueba; es decir, el recurrente propuso un argumento articulado en la revisión del acervo probatorio a partir del cotejo de sus propias conjeturas sobre el mismo, acusando –a fines procesales- la lesión de los arts. 124 y 173 del CPP. Como se tiene sintetizado en el punto II.2 de este Auto Supremo, las recurrencias a cuestionar el informe pericial del IDIF, fueron básicamente la parte medular del posicionamiento procesal adoptado por Nemesio Honorio Calle en apelación restringida.
Ahora bien, en equidistancia la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, procuró una respuesta que absolviese por una parte el caudal de opinión fáctico opuesto y por otro se ajuste a los parámetros y directrices que la norma procesal ordena para este tipo de casos y que la jurisprudencia vinculante desde el art. 420 del CPP, orienta en estas actuaciones. El resultado, sin duda, en opinión de la Sala cubre no solo las expectativas de una adecuada y bien motivada resolución, sino que, más importante aún, otorga una respuesta cierta y contrastable a las partes en litigio.
La Sala considera que, el Tribunal de apelación declaró la improcedencia del recurso de apelación restringida en correspondencia a la forma en la que fue expuesto, concluyendo que no era evidente que la sentencia contenga el defecto de una fundamentación insuficiente, errónea o contradictoria, pues sus conclusiones abordaron carriles probatorios y de subsunción jurídica, algo que, dicho sea acá, el recurrente careció profundamente y en efecto fue detectado por al el Auto de Vista 10/2018. Ahora bien, dejar establecido que una cosa es que falte la fundamentación probatoria, esto es que el tribunal no haya consignado la prueba y otra distinta es la valoración realizada sobre ella, donde la aplicación de las reglas de la sana crítica adquiere preponderancia.
Una argumentación precisa, en fase de recursos, no constituye de manera alguna el simplismo de una forma sacramental; es en los hechos, el candado de seguridad por el que se impone al propio órgano jurisdiccional, no incurrir en apasionamientos o subjetividades, precautelando además los derechos a la defensa del imputado y la tutela judicial efectiva de la víctima, pues siendo claros y precisos los argumentos por los que se impugna una sentencia, será también clara y precisa la forma en la que se emita un Auto de Vista. En el caso de autos, se insta a considerar que la información -parcial- de un elemento de prueba (que es el multicitado informe pericial Documentológico) por sí misma tenga la suficiencia para generar un cambio drástico en el devenir procesal, sin mediar un argumento que haga suponer que el razonamiento del Tribunal de apelación estuvo errado o que no tomó en cuenta lo expresado por el recurrente, algo que no refleja la información desprendida de los antecedentes llegados a casación. De hecho el Tribunal de apelación sostuvo que el objeto del ataque por parte del recurrente se trataba más bien del hecho mismo que produjo el proceso que la Sentencia como acto jurídico.
La Sala concluye que el Auto de Vista impugnado no es contradictorio al Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, pues en éste se determina que es deber de los Tribunales de Sentencia “emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas…debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva… constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal” y en los casos en los que tales defectos sean evidentes, los Tribunales de apelación tienen el deber de fallar en el orden del art. 413 del CPP, aspectos ambos que en el caso de autos no fueron presentes.
Por consiguiente, no siendo evidente la contradicción planteada por el imputado en casación, resta fallar conforme a los antecedentes de este Auto Supremo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Nemesio Honorio Calle, de fs. 408 a 410.