Source: https://lpderecho.pe/igualmente-peligrosa-tenencia-ilegal-armas-tenencia-ilegal-municiones-consulta-18619-2016-del-santa/
Timestamp: 2020-05-29 05:36:15
Document Index: 317926532

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 14', 'artículo 279', 'artículo 36', 'artículo 279', 'artículo 2', 'artículo 279']

¿Es igualmente peligrosa la «tenencia ilegal de armas» que la «tenencia ilegal de municiones»? [Consulta 18619-2016, Del Santa] | LP
CUARTO.- Asimismo, el artículo 138° segundo párrafo de la Norma Fundamental, sin importar jerarquías de los órganos jurisdiccionales, y encarga a los jueces el respeto a los principios de supremacía de la Constitución y también de jerarquía de las normas, pero además constituye un mecanismo idóneo de control de los excesos legislativos en que puedan incurrir los Poderes Legislativo y Ejecutivo; de modo tal que es un mecanismo de equilibrio del ejercicio del poder del Estado. Lo señalado anteriormente concuerda con lo establecido en el artículo 14° de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser concordado con el primer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, norma que desarrolla los alcances del control judicial de constitucionalidad llamado también control difuso[2] y que contiene el siguiente enunciado: «Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución».
QUINTO.- Por su parte el Tribunal Constitucional ha fijado los presupuestos que deben tener en cuenta los jueces cuando inapliquen las normas legales por ser incompatibles con las normas constitucionales. Por citar un ejemplo, en el caso Gamero Valdivia, Expediente N° 1109-2002-AA/TC, sentencia del seis de agosto de dos mil dos, dejó establecido: «(…) El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez (…). El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, y para que él sea válido se requiere de la verificación, en cada caso, de los siguientes presupuestos: a. Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. b. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. c. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional»[3]. d. La disposición en comentario establece los márgenes dentro de los cuales el juez puede ejercer la facultad de inaplicar una norma por ser incompatible con la Constitución. El control de constitucionalidad se ejercita con el único propósito de resolver una «controversia», concepto que según Edgar Carpio no puede entenderse de manera restringida, en el sentido de comprender solo a los conflictos intersubjetivos surgidos al amparo del derecho privado, sino que involucra la solución de cualquier caso concreto penal, administrativo, constitucional, etc.[4].
OCTAVO.- El artículo 279 del Código Penal dispone lo siguiente: «El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal». Por tanto, la norma penal antes citada al ser expresa, y por la gravedad del delito, no es aplicable el marco punitivo general para justificar la pena a imponer, en este caso, reducirse la misma.
NOVENO.- Por su parte, la sentencia objeto de consulta considera que el supuesto previsto en el artículo 279 del Código Penal debe ser inaplicado en tanto surge un problema constitucional con el derecho previsto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú derecho de igualdad ante ley, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad. Señala, en su parte considerativa, que no es razonable ni proporcional que el tipo penal equipare la pena prevista para el delito de tenencia ilegal de armas de fuego con el delito de tenencia ilegal de municiones; agrega que, conforme al principio de lesividad y de culpabilidad, no reviste el mismo grado de peligro para el bien jurídico tutelado, ni corresponde atribuir el mismo reproche de culpabilidad, para la comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, cargada con sus respectivas municiones, que para la sola tenencia de municiones; en base a ello, la Sala Superior determinó una pena menor que le correspondería para el agente del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, reguladas en la misma norma penal; además, indica que, desde el punto de vista político constitucional, en cuanto deriva de los principios de necesidad y de eficacia, se trata de una exigencia liberal y acorde con el estado social, pero además responde al valor constitucional de la justicia y al principio de igualdad, por lo que la pena debe fijarse dentro del marco punitivo general de dos días de pena privativa de la libertad a 15 años, y por lo que estando a los principios de proporcionalidad, lesividad y de intensidad de culpabilidad, corresponde fijar la pena teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y responsabilidad del agente. Entonces, se puede entender de la sentencia vista consultada que aquella no es razonable y atenta contra el derecho de igualdad ante la ley respecto a la disposición contenida en el artículo 279 del Código Penal, pues, no basta que una persona posea un «arma de fuego cargada” para que se considere peligroso, sino que tanto, un arma descargada como solo las municiones, pueden ser usados para fines ilícitos, sin importar si estos dos objetos se encuentran en un mismo lugar.
DÉCIMO.- Ahora bien, con relación al derecho de igualdad ante la ley, el máximo intérprete de la constitucionalidad considera que la igualdad como principio «implica un postulado o proposición con sentido y proyección normativa o deontológica, que por tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento democrático'» y, de otra parte, en cuanto a derecho fundamental «comporta el reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias. En resumen de lo señalado por el Tribunal Constitucional se entiende que las personas que se encuentren en condiciones y supuestos equivalentes pueden tener la garantía de que los órganos públicos aplicarán la ley de manera idéntica para todos ellos.