Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-t-297-de-mayo-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ede4c10895df0254e0430a0101510254&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-18 23:32:25
Document Index: 273804958

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 26', 'Artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 7']

﻿ Sentencia T-297 de mayo 22 de 2013
AUTO T-297 DE 22 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:IMPEDIR A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD PARTICIPAR EN CLUBES PARA DEPORTISTAS CONVENCIONALES VIOLA DERECHO A LA IGUALDAD. SE VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD LOS ENTES DEPORTIVOS QUE IMPIDAN A PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS PARTICIPAR EN CURSOS, ENTRENAMIENTOS O CLUBES ESTABLECIDOS PARA DEPORTISTAS CONVENCIONALES, SIN ANTES VALORAR SUS CAPACIDADES. AL CONTRARIO, DEBEN FOMENTAR SU INCLUSIÓN EN TALES ESCENARIOS. EL ALTO TRIBUNAL RESALTÓ QUE LA ÚNICA MOTIVACIÓN RAZONABLE PARA IMPONER LIMITACIONES COMO LA QUE PRODUJO ESTA ACCIÓN ES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS DEPORTISTAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA RECREACIÓN, DERECHO AL DEPORTE, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, PERSONA CON INCAPACIDAD FÍSICA
Sentencia T-297 de mayo 22 de 2013
Ref.: Expediente T-3.741.524
Fallos de tutela objeto revisión: sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali, el 26 de octubre de 2012, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santiago de Cali, el 7 de septiembre de 2012(1), que negó el amparo solicitado.
Bogotá, D. C., mayo veintidós de dos mil trece.
El artículo 4º la Ley 181 de 1995 establece que; el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo bajo principios de universalidad, participación comunitaria, integración funcional, ética deportiva y democratización, en el cual se establece que el Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.
La negación para acceder a la práctica y a entrenamientos no solo ha generado una afectación directa al derecho a la recreación y al deporte de los jóvenes, sino que también amenaza con vulnerar su libre desarrollo de la personalidad y la vida en condiciones dignas, en tanto se les impide acceder al deporte como un elemento más para su integración social y la exploración de su potencial para esta actividad. Todo esto bajo un argumento cuya fuerza no se justifica en criterios técnicos o científicos, por lo que es claramente una tesis que se basa únicamente en un solo criterio sospechoso de discapacidad, razón por la cual es menester del juez aplicar un juicio de proporcionalidad estricto para encontrar si esta medida es o no proporcional.
3.1. Sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santiago de Cali, el 7 de septiembre de 2012(3).
Negó el amparo. Consideró que se había presentado un hecho superado porque acorde con la respuesta de la Liga Vallecaucana de Natación, se concedió la solicitud de prestar un espacio y un horario para que los jóvenes con discapacidad tuvieran la opción de realizar sus trabajos de preparación para su desarrollo físico, técnico y deportivo, en las instalaciones de la piscina Hernando Botero O´byrne.
(…) a la Liga Vallecaucana de Natación que no siga realizando actos discriminatorios en contra de Juan José Castro Tobón, Lisa Juri de Naseth y María Paula Mera Bejarano, quienes padecen de síndrome de down y les permita a los mismos ingresar o permanecer en el Club Salmones del Valle y/o cualquier otro club de natación de deportistas convencionales que acepten su ingreso para la práctica del deporte de natación y no prohíba tal determinación al club, so pretexto que no se sujeta a lo dispuesto en la Ley 181 de 1995 y Ley 582 de 2000, porque ello constituye un acto discriminatorio que está desterrado por la Constitución Nacional y desdibuja los fines de las leyes del deporte de la República de Colombia, los cuales tienen respaldo en las normas internacionales que por virtud del artículo 94 de la C. Nacional se encuentran incorporadas a la normatividad vigente y porque en las mismas no está prohibido que los deportistas con discapacidad no puedan ser recibidos en clubes convencionales a quienes se les deja en libertad de acepta o no en su institución a personas con discapacidad.
Sin embargo, negó el derecho a la igualdad material de Lisa Juri de Naseth y María Paula Mera Bejarano, en cuanto a su solicitud de pertenecer a la escuela de natación de la Liga Vallecaucana, “por cuanto en este aspecto si le cabe razón a la accionada cuando afirma que la Ley 582 de 2000 estableció una liga especial para las personas con discapacidad y que a ellas les corresponde brindar la instrucción, preparación o entrenamiento a través de personas especializadas en dichas discapacidades”.
La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241.9— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —artículos 31 a 36—(4).
2. Procedencia de la demanda de tutela(5).
2.1.1. Alegación de afectación de derecho fundamental. Los accionantes alegan que la entidad accionada vulneró su derecho a la igualdad, a la recreación y al deporte. (Constitución Política, arts. 13, 44 y 52).
2.2.3. El señor Wildeman Muriel Penilla, actúa como apoderado judicial de la joven María Paula Mera Bejarano(6).
2.3. Legitimación pasiva. La Liga Vallecaucana de Natación, hace parte del sistema nacional del deporte, es una organización con personería jurídica otorgada por la gobernación del Valle del Cauca, mediante Resolución 1686 de 1971, reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes Nacional y afiliada a la Federación Colombiana de Natación desde el año 1939.
En la Sentencia T-410 de 1999, la Corte conoció un caso similar al aquí presentado, donde la demandada fue la Liga de Fútbol de Bogotá, en esa oportunidad, la Sala consideró:
Esta corporación ha reconocido en el fútbol “un deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización personal del jugador”(7). La actividad del fútbol, tal como ocurre con los demás deportes, se desarrolla alrededor de entidades organizas a manera de clubes(8), ligas y federaciones cuyas funciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11 y 14 del Decreto 2845 de 1984(9), fueron definidas por la Corte en los siguientes términos:
“Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar la práctica de un deporte, con deportistas aficionados o profesionales. Las ligas, constituidas por clubes, tienen la misma naturaleza jurídica e intereses sociales que estos, pero su objeto es la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción (ibíd., art. 11). Por último, las federaciones comparten las características de los clubes y de las ligas, y su tarea es organizar, a nivel nacional, con deportistas aficionados o profesionales, la práctica del deporte”(10).
Acorde con lo anterior, la Liga Vallecaucana de Natación puede ser demandada por vía de tutela, porque si bien es un organismo de derecho privado cumple funciones de interés público y social, por delegación de la Federación Colombiana de Natación, y desarrolla las directrices impuestas por el Instituto Colombiano del Deporte —Coldeportes—, como ente rector de sistema nacional del deporte.
2.5. Subsidiariedad. Las decisiones adoptadas por las organizaciones particulares que promueven y dirigen el deporte de la natación, son de naturaleza privada. Frente a estas disposiciones, el ordenamiento jurídico no tiene previstas acciones o medios de defensa judicial —acciones de nulidad o de inconstitucionalidad—, que permitan su control y aseguren la protección de los derechos de sus destinatarios o de terceros. Es así como, la acción de tutela, es el mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales, considerados vulnerados por las personas afectadas con el contenido de estas directrices de carácter privado.
4.1.1. El respeto constitucional por la dignidad humana (C. P., art. 1º) impone a las autoridades el deber de adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan lograr el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (C. P., art. 2º). En tal sentido, la garantía del derecho a la igualdad resulta ser un presupuesto necesario para lograr la autorrealización personal, en la medida en que promueve como reconocimiento al valor intrínseco de todo ser humano(11), un trato sin distinciones injustificadas entre personas por parte del Estado, y el ejercicio de los derechos y libertades en condiciones de igualdad.
Internacionalmente, múltiples convenios de derechos humanos se han unido a tal reconocimiento. Los ratificados por Colombia y que prevalecen en el orden interno de conformidad con el artículo 93 de nuestra Constitución(12), han consagrado el respeto y protección del derecho a la igualdad, así: La Declaración universal de los derechos humanos(13) (arts. 2º y 7º); el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 3º)(14); el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 24)(15); la Declaración americana de los derechos y deberes de la persona(16), la Convención americana sobre derechos humanos(17) (arts. 1º y 24) y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial(18) (art. 5º)(19), entre otros.
4.1.2. En la Constitución colombiana, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta(20), permite que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades sin que estos puedan ser restringidos o eliminados por razones de raza, sexo, religión, ideología, lengua, origen nacional o familiar, etc. Dicho artículo constitucional, que prohíbe además la discriminación, consagra el deber del Estado de promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, y le otorga la facultad de establecer ventajas o beneficios a grupos marginados o discriminados, a fin de proteger a quienes por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
La igualdad así entendida, puede ser concebida en nuestro ordenamiento como un principio constitucional —que se proyecta sobre todo el sistema social y que sirve en la interpretación normativa de los derechos y libertades establecidos en la Carta(21)—, así como un derecho fundamental amparable mediante tutela.
Conforme al texto constitucional que se describe, el derecho constitucional a la igualdad integra en su contenido, diferentes acepciones relevantes. Entre ellas, la noción de igualdad ante la ley (que garantiza un trato igual entre iguales); la igualdad material (que permite que sean constitucionalmente admisibles las diferenciaciones razonables y justificadas entre diversos) y por último, el reconocimiento eventual a un trato desigual más favorable para minorías(22). De hecho, la llamada igualdad material, supone un compromiso del Estado en el diseño y ejecución de políticas(23) destinadas a la superación de las barreras existentes para algunas personas que por vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, política, económica o cultural, en condiciones de igualdad(24).
4.1.3. El derecho que se describe prohíbe evidentemente la discriminación(25). Esa noción ha sido entendida por esta corporación(26) como “la conducta, actitud o trato que pretende, consciente o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, apelando con frecuencia a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”(27).
La discriminación entonces, puede ser directa o indirecta. La indirecta ocurre, cuando de tratamientos formalmente no discriminatorios, se derivan consecuencias fácticas desiguales para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el goce efectivo de los mismos. En tales casos, medidas neutrales que en principio no implican factores diferenciadores entre personas, pueden producir desigualdades de facto entre unas y otras, por su efecto adverso exclusivo(28), constituyendo un tipo indirecto de discriminación. Un ejemplo de ello podría ser el exigir un requisito particular para el acceso a un cargo público, que siendo aparentemente neutro, excluya en la realidad a un grupo poblacional específico, etc.
La discriminación directa por su parte, se presenta cuando se establece frente a un sujeto determinado un tratamiento diferenciado injustificado y desfavorable, basado en criterios como la raza, el sexo, la religión, opiniones personales, etc. Tales criterios a los que alude la norma constitucional (C. P., art. 13), no son categorías taxativas, de manera tal que está proscrita en general, toda diferenciación arbitraria por cualquier razón o condición social(29). A estas categorías se les ha dado el nombre en la doctrina constitucional contemporánea de “categorías sospechosas”, ligadas generalmente a razones “históricamente asimiladas a prácticas discriminatorias”(30). Por ende ha dicho la Corte que tales categorías se fundan generalmente en: “(i) rasgos permanentes de la persona, de la cuál esta no puede prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) se trata de características que han estado sometidas, históricamente a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales”(31).
Justamente para establecer cuándo existe una diferenciación legítima entre personas o cuándo se trata de una discriminación proscrita por la Carta, la doctrina constitucional ha establecido el llamado juicio de razonabilidad(32). Según él, el trato diferenciado no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) que el trato distinto se funde en una diferenciación de los supuestos de hecho; (ii) que el trato diferente tenga un fin aceptado constitucionalmente; (iii) que los medios propuestos para obtener ese fin sean adecuados y razonables (útiles, necesarios y apropiados) para la consecución del fin propuesto y (iv) que se aplique el principio de proporcionalidad, que tiene como objeto que las imposiciones o cargas que establece una medida, sean proporcionadas al fin propuesto; esto es, que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados o limitados de manera desproporcionada(33).
En el caso en que no se acrediten estos supuestos, la diferencia de tratamiento será arbitraria(34), por lo que resultará ajena, en principio, a la Carta Política.
4.1.4. Por otra parte, no constituye discriminación, la distinción o preferencia adoptada por un Estado con el propósito de promover la integración social o el desarrollo de personas en condiciones de debilidad. De hecho, la Carta del 1991 que promueve la búsqueda de una igualdad real y efectiva, autoriza la formulación de acciones afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, o de personas que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta (C. P., art. 13). Tales acciones son políticas o medidas legislativas, que establecen beneficios en favor de un grupo que se encuentra en una situación de desventaja social, estableciendo tratos favorables o privilegiados para estos individuos. Son en general medidas adoptadas por el legislador, tendientes a eliminar las desigualdades de hecho de tipo social, cultural o económico que afectan a una determinada población. Incluso pueden ser usadas para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado —generalmente un grupo que ha sido discriminado—, tengan una mayor representación(35), así como la superación de las eventuales consecuencias de una discriminación histórica.
En tal contexto, no existe allí un tratamiento discriminatorio frente a las demás personas no beneficiadas con las medidas que se tomen, sino una búsqueda de equiparación en las condiciones de partida o en las de llegada de la minoría afectada de acuerdo al objetivo constitucional pretendido, de manera tal que se permita una mayor aproximación de estas personas al goce efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad. Estas medidas, también denominadas de diferenciación positiva(36), pueden expedirse por ejemplo, para brindar acceso a la educación de manera preferente a personas de sectores marginales o en situaciones especiales como los indígenas, las negritudes, etc.(37).
4.1.5. Ahora bien, en sentido contrario, viola el principio de igualdad y conduce a la discriminación(38) la omisión injustificada del Estado de ofrecer un trato especial a las personas con debilidad manifiesta, cuando ellas requieran medidas de protección especial. En este sentido, el principio de igualdad exige frente a las personas que se encuentran en situación de desventaja, un esfuerzo por parte del Estado para superar las condiciones de marginación o exclusión que inciden en el goce de sus derechos, mediante políticas que puedan ser diseñadas para controvertir tal situación.
4.2.1. El término discapacidad está definido en la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad(39) así:
4.2.2. El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas con limitaciones físicas, sensoriales o sicológicas, por lo que, la Carta Política, consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de este grupo de personas. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (C. P., art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (C. P., art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (C. P., art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social.
El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. En relación con las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (C. P., art. 2º). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se “equipara” a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.
Los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución, impone a las autoridades públicas (i) la obligación de abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y (ii), el deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos y libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la igualdad real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas, la Constitución contempla aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población y “la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, así como la educación para las personas con limitaciones físicas o mentales(40).
La actividad deportiva, acorde con el artículo 52 de la Constitución Política, tiene un papel central en la formación integral de las personas y en la preservación y desarrollo de su salud(41). Dentro de este contexto, la Constitución eleva la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre a la categoría de derechos, incluyéndolos como parte esencial del derecho a la educación. La Corte ha señalado que el deporte en todas sus manifestaciones es un derecho constitucional, por estar conexo con los derechos a la educación y a la salud(42).
4.3.2. En la Sentencia C-758 de 2002, al analizarse la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 39 del Decreto-Ley 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”, la Corte explicó el alcance y contenido del artículo 52 de la Constitución, en los siguientes términos:
Que estas actividades, en cuanto tienen como finalidad la formación integral de las personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, se integran en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la garantía y protección que a estos son constitucionalmente debidos, entre ellos el de formar parte del gasto social.
Así las cosas, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares(43).
Así mismo, en la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen objetivos educadores y socializadores(44).
4.3.4. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 5(45) sobre los derechos de las personas con discapacidad(46) señala que los mismos deben ser protegidos y promovidos mediante programas y leyes generales, así como a través de programas y normatividades de finalidad específica. De esta manera, surge un claro deber para los Estados parte del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales —Pidesc(47)—, consistente en la búsqueda de la realización progresiva de los derechos consagrados en favor de la población con discapacidad, así como la eliminación de las desventajas estructurales, mediante la adopción de acciones afirmativas tendientes a lograr el acceso, en igualdad de condiciones que el resto de la población, a los derechos económicos, sociales y culturales(48).
5.1.2. La Ley 762 de 2002, aprobó el tratado contra la discriminación de personas discapacitadas, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. Una de las obligaciones de los Estados, establecida en dicho tratado es:
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con a reservar su identidad.
Respecto de los derechos fundamentales de estas personas, la ley establece que “tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el título I del Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006— o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o amenazada, y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre discapacidad mental sea asimilable”.
La ley entiende por inclusión social, el proceso que asegura que “todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
5.2. Legislación específica en el tema de la recreación y el deporte.
5.2.1. La Ley 181 de 1995(49), es la Ley General del Deporte. Además de crear el sistema nacional del deporte, los objetivos de esta ley, son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.
El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Está conformado por: el Ministerio de Educación Nacional el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades. Los niveles jerárquicos son:
Nivel Nacional. Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico Colombiano(50) y federaciones deportivas nacionales.
Acorde con el artículo 24 de la Ley 181 todos los organismos que integran dicho sistema, deberán fomentar “la participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas en sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social, para lo cual trabajarán conjuntamente con las organizaciones respectivas. Además, promoverán la regionalización y especialización deportivas, considerando los perfiles morfológicos, la idiosincrasia y las tendencias culturales de las comunidades”.
5.2.4. Por último, la Ley 1618 de 2013, hace una referencia específica a los deberes que el Estado y la sociedad tienen para con las personas con limitaciones físicas, respecto de la recreación y el deporte:
6. Doctrina(51).
6.1. Breve historia del deporte paralímpico y su integración con el deporte olímpico(52).
Esta asimilación de los deportes del sector paralímpico en federaciones olímpicas no solo ha correspondido a aspectos administrativos sino, también, a aspectos técnicos. En este caso, se benefician ambos sectores, pues aumenta la oferta del producto deporte convencional y aumenta el número de competencias para los deportistas con discapacidad. Como consecuencia lógica de esta situación, se prevé una mayor atención del público en los diferentes eventos; mayor especialización de los deportistas y un desarrollo acelerado de los resultados.
• Deportistas olímpicos con discapacidad: (i) George Eysel, gimnasta estadounidense, quien en su juventud sufrió pérdida de su pierna izquierda y utilizaba una prótesis de madera, quien logró tres medallas de oro en gimnasia, en los juegos olímpicos de 1904. (ii) Oliver Halasy, deportista húngaro, quien presentaba amputación parcial de su pierna izquierda, fue medallista de oro en 1932 y 1936, con el equipo de polo acuático de su país. (iii) Liz Hartel, jinete danesa, fue medallista de plata en los juegos olímpicos, de 1952 y 1956, en doma clásica individual; Liz estaba inmovilizada de la cintura hacia abajo, debido a las secuelas de polio. (iv) Karol Takacs era un miembro del equipo nacional de Hungría de tiro con pistola y uno de los mejores deportistas, a finales de la década de los 30; perdió su mano derecha en maniobras militares y aprendió a disparar con la izquierda. En los juegos olímpicos celebrados en 1948, ante la sorpresa de los participantes Takacs reapareció y logró la medalla de oro para su país, título que repitió en 1952. (v) Jim Abbot, pitcher de béisbol, medallista Olímpico de Seúl, en 1988, quien jugó diez temporadas, en la Major Baseball League MLB, las denominadas Grandes Ligas, pese a haber nacido sin su mano derecha. (vi) Una historia que requiere ser mencionada es la de Terence Parkin, nadador surafricano, sordo de nacimiento, quien en los juegos olímpicos de Los Ángeles, en 1984, logró medalla de plata, en los 200 m pecho, acto bastante relevante, considerando que su sordera le significó gran desventaja frente a sus rivales, al momento de la partida.
Todas estas situaciones evidencian un proceso de desarrollo importante para el futuro del sector paralímpico. De hecho, actualmente se nota un aumento significativo de cobertura mediática y de presencia de público en los escenarios de eventos. Es importante recordar, que más allá de los resultados deportivos, representados en récords, en medallas y en registros, el deporte paralímpico, al igual que el deporte olímpico, tiene una misión muy importante y es la de consolidarse como herramienta de inclusión social. Es evidente que mediante la práctica deportiva, se envía un efectivo mensaje de poder, eliminándose así los preconceptos tradicionales de incapacidad tan ligados a la discapacidad.
Según el juicio de razonabilidad, el trato diferenciado no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) que el trato distinto se funde en una diferenciación de los supuestos de hecho; (ii) que el trato diferente tenga un fin aceptado constitucionalmente; (iii) que los medios propuestos para obtener ese fin sean adecuados y razonables (útiles, necesarios y apropiados) para la consecución del fin propuesto y (iv) que se aplique el principio de proporcionalidad, que tiene como objeto que las imposiciones o cargas que establece una medida, sean proporcionadas al fin propuesto; esto es, que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados o limitados de manera desproporcionada(53).
7.3. Como se ha mencionado y reiterado en la jurisprudencia constitucional, ningún colombiano puede ser discriminado por su condición, trátese de raza, sexo, religión, o limitación física, etc. En cambio sí, el Estado está obligado a adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados históricamente.
7.4. Acorde con las leyes que regulan la actividad deportiva, existe un sistema nacional del deporte —Ley 181 de 1995—, conformado por Coldeportes, como ente rector, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Colombiano, cada uno de estos con sus correspondientes federaciones, ligas y clubes.
La Corte considera que con la creación de una regulación deportiva especial para estas personas, no se excluyó la posibilidad de que ellos pertenezcan a los entes deportivos del Comité Olímpico Nacional, pues lo que se buscaba era implementar una organización especial para que las personas con limitaciones tuvieran las mismas posibilidades de entrenar y competir entre ellos, y no limitar su participación únicamente en los entes que conforman este comité.
Acorde con la legislación vigente, tanto el Comité Olímpico como el Paralímpico y sus entes deportivos, tienen el deber de trabajar conjuntamente —de manera transversal— para lograr la participación “de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas en sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social”. Por lo que no pueden excusarse en falta de personal capacitado o de centros deportivos no aptos para atender a ciudadanos como los aquí accionantes.
Ningún ente deportivo que conforme el sistema nacional del deporte, puede negar la inscripción de deportistas en sus cursos, por su condición de personas con limitación física, sin hacer una valoración previa de las capacidades deportivas que determinen si se encuentran en igualdad de capacidades deportivas con los deportistas “convencionales”, porque de hacerlo, vulnera el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, y con ello, otros derechos como el deporte y la recreación.
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 26 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, que revocó la sentencia del Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santiago de Cali, del 7 de septiembre de 2012, por las razones expuestas en esta sentencia.
2. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 26 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, que negó el amparo a las deportistas Lisa Juri de Haseth y María Paula Mera Bejarano, respecto de su inscripción en los clubes que hacen parte de la Liga Vallecaucana de Natación.
3. TUTELAR los derechos fundamentales de los jóvenes Juan José Castro Tobón, Lisa Juri de Haseth y María Paula Mera Bejarano a la igualdad, a la recreación y al deporte.
4. ORDENAR a la Liga Vallecaucana de Natación que, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, inscriban, previa solicitud de los accionantes, en sus clubes de natación, para que puedan entrenar y/o competir, según lo que ellos soliciten, en igualdad de condiciones con los deportistas “convencionales”. Garantizando la seguridad de los deportistas, con el personal docente idóneo y las instalaciones físicas adecuadas.
5. ORDENAR a la Liga Vallecaucana de Natación que, en adelante, se abstenga de impedir la inscripción, de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales por su condición de personas con discapacidad, en sus clubes. Para ello, deberá informar a los entes deportivos que la conforman de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en esta providencia.
6. ORDENAR a Coldeportes, que en desarrollo de sus funciones legales, difunda esta providencia en todos los clubes, ligas, federaciones, comités, y organismos territoriales, que conforman el sistema nacional del deporte. Además, deberá velar por el cumplimiento de lo aquí ordenado, como ente rector del sistema nacional del deporte.
(1) Ver folios 92 al 109.
(2) Demanda presentada el 03 de octubre de 2012. En adelante siempre que se cite un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
(3) Ver folios 92 al 109.
(4) En auto del quince (15) de febrero de 2013 de la Sala de Selección de tutela Nº 2 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de las providencias en cuestión y se procedió a su reparto.
(6) El en folio 1 se encuentra el poder que la mamá de la joven confirió al abogado, para que la representara.
(7) Sentencia T-498 de 1994.
(8) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 181 de 1995, los clubes con deportistas profesionales deben organizarse como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o como sociedades anónimas.
(9) El artículo 28 de la Ley 181 de 1995 estable que la estructura y régimen del deporte asociado, es la establecida, por el Decreto-Ley 2845 de 1989, entre otros.
(11) Ver Sentencia C-575 de 1992.
(12) Los convenios internacionales de derechos humanos debidamente ratificados, integran el bloque de constitucionalidad, que es el nombre que la doctrina y la jurisprudencia le han dado a aquellas normas constitucionales que en principio no forman parte expresamente del texto de la Constitución, pero que la integran por incorporación, gracias a la remisión implícita o explícita que de ellas hacen otras normas constitucionales.
(13) ART. 2º—Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. // 2. Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa la persona (…)”. En el artículo 7º, la Declaración señala que: “Artículo 7º. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración”. Esa declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
(14) El artículo 3º consagra que: “Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto”. El Pacto entró en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976. Ley 74 de 1968.
(15) ART. 24.—Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (…)” Entró en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976. Ley 74 de 1968.
(16) Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, 1948.
(17) Entró en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978. Estos artículos hacen alusión a la obligación de los estados de respetar los derechos y libertades consagrados en la convención, sin discriminación alguna y a asegurar la igualdad en la aplicación de la ley para todas las personas, respectivamente; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(17), en materia de igualdad en el trabajo, remuneración, no discriminación por embarazo, etc.
(18) Entró en vigor para Colombia el 2 de octubre de 1981 en virtud de la Ley 22 de 1981.
(19) En ese artículo se obliga a los Estados parte a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley, sin distinción alguna.
(20) ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o malos tratos que contra ellas se cometan.
(21) El preámbulo consagra la igualdad como un principio constitucional. La Sentencia C-530 de 1993 reconoció que el concepto de igualdad establecido en el preámbulo, constituye uno de los valores fundantes del Estado colombiano.
(22) Sentencia T-098 de 1994.
(23) Sentencia T-823 de 1999.
(25) Si bien los grandes tratados universales y regionales se han preocupado por incluir cláusulas de no discriminación, sea para proteger los derechos a los que hacen referencia o como derecho independiente (art. 26 del Pacto de derechos civiles y políticos), ninguno de esos tratados incluye una definición del concepto de discriminación. No obstante en el Convenio Nº 111 de la OIT se dijo que la discriminación era “cualquier distinción, exclusión o preferencia, basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o del trato en el empleo y la ocupación”. Igualmente en el artículo 1.1 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial se dijo que la discriminación, era “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
(26) Sentencia T-098 de 1994.
(27) En la Sentencia T-1090 de 2005 a su vez, se indicó que tal expresión comporta una diferenciación ilegítima que se “efectúa respecto de ciertos sujetos o grupos de personas con base en un rasgo distintivo particular gobernado por el prejuicio, [que] involucra el rechazo, la supresión, la expulsión o la censura cotidiana, a través de diferentes estrategias, negando o impidiendo ilegítimamente o a partir de un paradigma errado, la inclusión, ejercicio o subsistencia de determinadas prácticas”.
(28) Comité del Pacto de derechos civiles y políticos. En el caso: Derkesen vs. Los Países Bajos CCPR/C/80/D/976/2001.
(29) El artículo 26 del Pacto de derechos civiles y políticos prohíbe cualquier tipo de discriminación.
(30) Sentencia C-112 de 2000.
(31) Sentencia C-481 de 1998.
(32) En tales casos, la Corte Constitucional desarrolla el llamado test de igualdad en el que luego de establecer la existencia de diferenciación entre dos situaciones particulares frente a supuestos de hecho iguales, entra en el estudio de la justificación del legislador. Para ello analiza la finalidad de la norma u objetivo buscado por el legislador con ella; hace posteriormente un análisis del medio propuesto por el legislador para lograr el objetivo y finalmente de ser del caso, hace un análisis de la relación medio-fin y si la norma es proporcional o no en relación con otros derechos.
(33) Según la Sentencia C-093 de 2001 la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de la Corte Constitucional parecen indicar que existen dos grandes enfoques para analizar los casos relacionados con el derecho a la igualdad: “El primero de ellos, que ha sido desarrollado principalmente por la Corte Europea de Derechos Humanos y por los tribunales constitucionales de España y Alemania, se basa en el llamado test o juicio de proporcionalidad, que comprende distintos pasos. Así, el juez estudia (i) si la medida es o no “adecuada”, esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no “necesario” o “indispensable”, para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. Y, (iii) finalmente el juez realiza un análisis de “proporcionalidad en estricto sentido” para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial. La otra tendencia, con raíces en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, se funda en la existencia de distintos niveles de intensidad en los “escrutinios” o “tests” de igualdad (estrictos, intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento”.
(34) Sentencia C-530 de 1993.
(35) Ver entre otras las sentencias T-330 de 1993; C-371 de 2000; C-410 de 2001 y C-401 de 2003; C-044 de 2004.
(36) Es decir, medidas que establecen beneficios a favor de un grupo que se encuentra en una situación de desventaja social, que pretenden suprimir o prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes o comportamientos existentes en la sociedad. Estas medidas pueden recibir el nombre de acciones afirmativas, medidas de discriminación inversa, medidas de discriminación positiva o de diferenciación positiva, por la doctrina.
(37) Sentencia C-174 de 2004.
(38) Entre otras las sentencias T-117 de 2003 y T-823 de 1999.
(39) Adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999 e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por la Ley 762 de 2002. Dicha ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-401 de 2003.
(40) El Tribunal Constitucional colombiano ha sido muy garantista en relación con los derechos de las personas con discapacidad y el deber del Estado de brindar una protección especial a esta colectividad. Algunas de las sentencias que se ocupan del tema son: T-1639 de 2000, C-410 de 2001, T-595 de 2002 y C-076 de 2006, entre otras.
(41) Constitución Política. “Artículo 52. Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. // El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. // Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. // El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
(42) Ver Sentencia C-287 de 2012.
(43) Como se enfatiza en la ponencia para primer debate al Proyecto de Acto legislativo número 158 de 1999 Cámara 16 de 1999, Senado “Por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política”. Gaceta del Congreso, miércoles 7 de junio de 2000, página 5.
(44) Ibídem, página 5. No solo en esta ponencia, sino en las ponencias elaboradas en la Cámara de Representantes, tanto en primera como en segunda vuelta, se hace énfasis en la necesidad de que en relación con las organizaciones deportivas y recreacionales, el Estado ostente no solo potestades de inspección sino también de vigilancia y control “en procura de desarrollar los postulados de interés común y las responsabilidades públicas llamadas a intervenir dentro de los parámetros constitucionales garantizando normas mínimas de convivencia” (Gaceta del Congreso Nº 148 jueves 18 de mayo de 2000).
(45) En las sentencias C-406 de 1996, C-251 de 1997, T-568 de 1999, C-010 de 2000, T-1319 de 2001, C-671 de 2002, T-558 de 2003 y T-786 de 2003, entre otras, la Corte Constitucional ha destacado que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados sobre derechos humanos y, por ende, de los propios derechos constitucionales.
(46) Naciones Unidas. Documento E/1995/22, párrafo 34.
(47) Adoptado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
(48) Se aplica, entonces, el concepto de equiparación de oportunidades para la población con discapacidad. Según el Programa de acción mundial para los impedidos (Res. 37/52 de dic. 3/82), se trata “[d]el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos”.
(49) Modificada por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 44.188, de 9 de octubre 2000, por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999, por la Ley 344 de 1996, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999 y por la Ley 344 de 1996.
(50) Organismo adicionado por el artículo 7º de la Ley 582 de 2000.
(51) 1. Briskin, Y. 2010. Tendencias del desarrollo de deportes para personas con discapacidad en el sistema del movimiento olímpico internacional. Cienc. Deporte Olímpico (Ucrania). 2(7):23-30.
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(52) Capítulo basado en la investigación del docente Stevens Ruiz, licenciado en cultura física y deporte. Deporte Paralímpico: Una mirada hacia el futuro. Rev. U.D.C.A. Act. & Div. Cient. 15 (Supl. Olimpismo): 97-104, 2012. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262012000300012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
(53) Según la Sentencia C-093 de 2001 la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de la Corte Constitucional parecen indicar que existen dos grandes enfoques para analizar los casos relacionados con el derecho a la igualdad: “El primero de ellos, que ha sido desarrollado principalmente por la Corte Europea de Derechos Humanos y por los tribunales constitucionales de España y Alemania, se basa en el llamado test o juicio de proporcionalidad, que comprende distintos pasos. Así, el juez estudia (i) si la medida es o no “adecuada”, esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no “necesario” o “indispensable”, para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. Y, (iii) finalmente el juez realiza un análisis de “proporcionalidad en estricto sentido” para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial. La otra tendencia, con raíces en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, se funda en la existencia de distintos niveles de intensidad en los “escrutinios” o “tests” de igualdad (estrictos, intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento”.