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Timestamp: 2013-05-25 10:37:56
Document Index: 123226512

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 39', 'Artículo 8', 'Artículo 40', 'Artículo 131', 'ARTÍCULO 98', 'Artículo 131', 'ARTÍCULO 131', 'Artículo 146', 'ARTÍCULO 134', 'Artículo 131', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 131', 'artículo 127']

Dignidad y honestidad « Constitución Política Mexicana
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Presidente de la República Estimado Licenciado, agradezco de antemano el comunicado que nos ha hecho el día 7 de Enero pasado publicado en los periódicos de mayor circulación en el país, dentro del cual nos afirma que este año será de recuperación económica, al mismo tiempo que nos explica sobre cómo el año anterior cursado fue muy difícil y las decisiones que se han tomado fueron de igual medida difíciles para ustedes nuestros gobernantes.
¿Cuáles son exactamente esos sacrificios? Cuando existen gastos exorbitantes como por ejemplo: Los Diputados reciben como parte de su salario:
$152,446 mensuales c/u Además de contar con un seguro de gastos médicos mayores, cuya suma asegurada básica es de hasta 1,500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, aguinaldo equivalente a 40 días de su dieta. Cuentan también con un fondo de ahorro, que consiste de la aportación de hasta 12% de su dieta bruta mensual; seguro colectivo de vida, y gastos funerarios, entre algunas de las prestaciones a las que tienen derecho 1
. El personal de la Cámara de Diputados: Jefe de Departamento entre
$18,668 y $31,560
$31,801 y $51,900
$53,109 y $83,789
$91,203 y $ 119,220 Contralor
$157,7021 . Los senadores obtienen $146,000 mensuales cada uno mas prestaciones, siendo 138 de ellos en la cámara.
. Cada uno de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ganan a partir del 24 de Febrero del año 2009, la módica cantidad de $330,000 mensuales entre sueldo, bonos y prestaciones. 2
. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
$176,0002 . El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación $5’989,489 más otros $5’892,777 anuales por ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual suma de $11’882,266 pesos anuales brutos.3
. Las pensiones y prestaciones de los cinco ex presidentes aún cuando Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia tiene un costo de $259’115,269 anuales, lo que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno.
$705’695,000
$493’691,000
$424’209,000
$201’211,000
$190’244,0005 Ahora bien teniendo en cuenta todo lo anterior, para poder mantener esos “sacrificios” nos elevan los impuestos de la siguiente manera:
Además de incrementos al tabaco, cerveza, bebidas alcohólicas, juegos de apuestas y sorteos. Lamento informar que los sacrificios los estamos haciendo nosotros, sus gobernados, su pueblo, los que los elegimos, a los que ustedes representan, esos sacrificios los sienten las familias mexicanas, los que menos ganan, todos nosotros que pagamos impuestos mismos que con los sacrificios que ya estábamos haciendo han aumentado, para que con ellos se paguen los salarios, bonos y prestaciones de las cuales ustedes si gozan. Nuestras obligaciones aumentaron de la misma manera en la que han ido disminuyendo nuestros ingresos, fuentes de trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad económica. ¿Con qué dinero pagan los impuestos estos funcionarios altamente remunerados? Con nuestro dinero, con el de nuestros impuestos.
Los sacrificios están mal entendidos entonces, el completo descaro, el cinismo y la desfachatez con la que nos están tratando es insultante. De la manera mas atenta solicitamos soluciones verdaderas, cuentas claras, que trabajen lo que se ha pagado, adelgazamiento de gastos.
Atentamente Todos los Mexicanos que pagamos impuestos y
SÍ NOS SACRIFICAMOS. MeneameDivúlgameDivobloggerBitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter	Posteado en Dignidad y honestidad | Sin comentarios »
La ridícula minoría que afecta a todos
EL PRESIDENTE DIJO EN UN DISCURSO QUE LA INSEGURIDAD LA REPRESENTAN UNA RIDÍCULA MINORÍA SEÑOR PRESIDENTE: Efectivamente, el crimen organizado representa una ridícula minoría, que por desgracia afecta a la mayoría de los mexicanos, pero existen desde hace más de 80 años otras minorías que han estrangulado lentamente y sin misericordia a la mayoría de nosotros. LA RIDÍCULA MINORÍA de diputados y senadores que enfrascados en intereses personales y partidistas han obstruído los cambios legislativos que se requieren con urgencia para nuestro país. LA RIDÍCULA MINORÍA de quienes forman el poder Judicial y quienes no aplican la justicia por igual, generando un estado de anarquía que ha acabado con nuestra confianza. LA RIDÍCULA MINORÍA de los dueños de riquezas mal habidas en nuestro país que concentran de manera inmoral e intolerable la mayor parte de los bienes de la nación ante la injusticia de 40 millones de mexicanos en pobreza extrema. LA RIDÍCULA MINORÍA que dirige el destino de la educación en México, matando antes de nacer una nueva generación de mexicanos destinados desde ahora a la mediocridad intelectual. LA RIDÍCULA MINORÍA de los monopolios que laceran la economía de los mexicanos. Señor presidente: Necesita usted actuar ante éstas y otras RIDÍCULAS MINORÍAS. Si lo hace, la abrumadora mayoría estaremos con usted, pero si no lo hace, despertará pronto el monstruo dormido de las mayorías, y entonces sí, señor Presidente, ya nada será igual. Dr. Alejandro Camelo Schwarz
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Propuesta para Salarios Máximos en Morelos
INICIATIVA SOBRE SALARIOS MÁXIMOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MORELOS
Ciudadanos de Cuernavaca,
Calpulli-Morelos,
Constituyente Ciudadano, y
No obstante del avance que significó la inclusión de la iniciativa popular en el texto constitucional de Morelos, establecidos en el Artículo 19 bis, la cantidad de firmas (3% del padrón estatal de electores*), los trámites engorrosos, y el riesgo de no ser tomados en cuenta por los legisladores que obedecen intereses espurios, tanto personales como de facción partidaria, desalientan la participación ciudadana. En la práctica, quienes detentan el poder han continuado haciendo nugatorios los derechos de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley, usurpando así el espíritu y los principios establecidos en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Sin consentir tal escamoteo de la soberanía popular, ni renunciar a nuestros derechos ciudadanos para presentar iniciativas, con fundamento en el Artículo 8º constitucional, hemos determinado seguir el cause impuesto por el Congreso, y solicitar la recepción, trámite, y continuidad de esta iniciativa sobre Salarios Máximos de los funcionarios públicos del Estado de Morelos, para que esta sea presentada formalmente por el legislador, de conformidad con las fracciones II, III, IV, V, y demás relativas del Artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Considerando que desde 1992 a la fecha, los sueldos de los funcionarios públicos han crecido entre 200 y 500%, mientras que al mismo tiempo el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo gracias a los ridículos aumentos que no alcanzan a cubrir siquiera la inflación anual; tan es así que actualmente, la Comisión Nacional de los de Salarios Mínimos acordó un incremento de 4.1 por ciento en las tres zonas geográficas del país, pero sin alcanzar en ningún caso sobrepasar los 60 pesos diarios, supuesto aumento que se aplicará a partir del 1 de enero del 2011. Los enormes sueldos de los funcionarios públicos no solo son inmorales, sino un verdadero latrocinio de la hacienda pública. En un estado de derecho inspirado en principios deontológicos válidos, los sueldos de los funcionarios deben de ajustarse al desarrollo económico del Estado, y tener una limitante constitucional proporcional al salario mínimo.
Considerando que, en numerosos casos, los ingresos y el presupuestos de los municipios, es tan bajo que apenas alcanza a cubrir los altísimos sueldos de sus funcionarios electos, y la nómina burocrática de burócratas, allegados y aviadores, dejando a su mínima expresión, y a veces en la nulidad, la obra pública y el mejoramiento de los servicios municipales. En gran medida, la mayoría de los cabildos han fungido como asambleas facciosas para repartirse el dinero del municipio, así hemos visto presidentes municipales con sueldos insultantes (superiores a 140,000 pesos mensuales), y regidores igual de voraces, en muchos casos estos funcionarios ganan mucho más que los alcaldes y representantes de las grandes ciudades del primer mundo. Considerando que la mayoría de los funcionarios públicos, electos y no electos en procesos electorales, han rehusado históricamente a seguir el principio morelense que los obliga a actuar como “siervos de la nación”, y el juarista de recibir ingresos en la “justa medianía”, es menester que la sociedad civil ponga un alto al latrocinio de los vividores de la política, los mismos que no persiguen ideales ni principios nobles de servicio altruista y honorario hacia el pueblo, sino el interés de lucro y el enriquecimiento personal.
Considerando que la corrupción y falta de autoridad moral de quienes han hecho de la política su modus vivendi, ha causado una justificada falta de confianza entre los ciudadanos hacia sus malos gobernantes, lo que ha redundado en una reducción de la recaudación fiscal. Ciertamente que el contribuyente se siente razonablemente incómodo de entregar sus impuestos a quienes se los embolsan y malgastan, y que, en lugar de ver fructificar obras y servicios públicos, únicamente observa opulencia, residencias y autos de lujo, de aquellos que manejan los recursos del pueblo a su capricho y discreción. Es impostergable dignificar el quehacer público con funcionarios eficientes y honestos, de esa manera aumentarán las contribuciones y el pueblo se verá beneficiado por el crecimiento económico y social.
Considerando la carencia de una legislación y normativa con un tabulador de salarios máximos de los funcionarios públicos en el Estado de Morelos, lo que ha permitido que estos se adjudiquen así mismo y a su propia discreción y abuso las remuneraciones y dietas respectivas, es indispensable establecer una norma constitucional que ponga un tope máximo a los sueldos, viáticos, aguinaldos y demás emolumentos de quienes ejercen la función pública en el Estado.
Considerando que el Artículo 131 de la Constitución del Estado, establece que los funcionarios “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función”, por un lado cierra las puertas del gobierno para quienes animados de un elevado espíritu de servicio quieran hacerlo de manera benévola, gratuita y honoraria; y por la otra, el precepto de la “irrenunciabilidad” de la remuneración ha sido aplicado como un acicate en contra de los pocos funcionarios que se han opuesto, firme o tímidamente, a los altos sueldos percibidos, a fin de obligarlos a la “connivencia y complicidad” en el saqueo del erario. Por todo esto, proponemos a esta soberanía, la siguiente:
Propuesta ciudadana para reformar y adicionar los artículos 98, 131, y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de establecer la remuneración máxima de los servidores públicos, e implementar las sanciones por responsabilidad para quienes incurran en su violación
ARTÍCULO 98.- Los Magistrados, los Jueces y los Consejeros de la Judicatura Estatal percibirán una remuneración adecuada a su alta responsabilidad, conforme lo establecido en el Artículo 131 de esta Constitución.
ARTÍCULO 131.- Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la Ley. Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado la cual será de un máximo de cuarenta salarios mínimos (SM); ni viáticos o gastos de representación personal, que sean superiores al treinta por ciento de su salario o dieta y que este asignado en el presupuesto correspondiente.
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que la remuneración de un funcionario no electo sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente.
IV. Las remuneraciones de los funcionarios se rigen mediante el siguiente tabulador de salarios máximos:
a) los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y los Diputados Locales, un máximo de 35 SM;
b) los Presidentes Municipales, un máximo de 30 SM;
c) los Regidores, Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los Administradores de Rentas, los Jefes de Policía de Seguridad Pública, un salario máximo de 25 SM; y
d) los demás funcionarios no incluidos en este tabulador, un máximo de 15 SM.
V. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no se otorgarán a los funcionarios electos. Quedan excluidos de la remuneración máxima los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
VI. Los funcionarios que perciban una remuneración mayor a la máxima autorizada en este Artículo, en su caso serán sujetos a juicio político y se les fincará responsabilidad en los términos del Título Séptimo de esta Constitución y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los ciudadanos pueden acudir a la acción popular, conforme lo establece el Artículo 146, a fin de impedir la violación constitucional de los salarios máximos de los funcionarios públicos.
El Congreso del Estado expedirá las leyes necesarias para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.
ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo Contencioso Administrativo y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad.
Al Gobernador solo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, por violación expresa y calificada como grave a esta Constitución, como la de recibir una remuneración mayor a la máxima autorizada por el Artículo 131 de esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves del orden común.
Percibir una remuneración superior a la máxima autorizada, por cualquier servidor público, será considerado como un delito y violación grave a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y la sanción deberá comprender al menos el desafuero, la separación del cargo, y la incapacidad para ocupar cualquier otros cargo público, además de las puniciones que adicionalmente correspondan a cada caso. …
* Además de los candados burocráticos que violan el principio de la soberanía popular, e impiden el verdadero ejercicio civil del Plebiscito, y el Referéndum, la Iniciativa Popular también se obstaculiza con un trato discriminatorio hacia los ciudadanos, los depositarios de la soberanía primigenia; para proteger y privilegiar a los legisladores emanados de los partidos que voluntaria o involuntariamente han defendido, en su mayoría, los intereses de la oligarquía que maneja el poder detrás de las instituciones del Estado. Los partidos, con cuantiosos recursos proporcionados por los contribuyentes, y muchas veces de manera oculta e ilegal por empresarios interesados e incluso, sospechosamente, por el crimen organizado, en la elección del 2009 requirieron de 20,909 votos en promedio, para cada unos de los 30 diputados que conforman la actual LI Legislatura de Morelos, todos ellos tienen la posibilidad de presentar las iniciativas de ley que quieran.
Mientras tanto, los ciudadanos, sin ningún costo a cargo del erario público, requieren de la suscripción de 40,485 personas para completar el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral actual (134,9516, diciembre del 2010) del Estado de Morelos. Un Estado democrático debe incentivar la participación cívica y privilegiar los derechos de los ciudadanos por sobre los representantes y jerarcas políticos, para presentar una iniciativa popular, las signaturas no debieran ser en número superior al 1% del padrón de electores, este tema será motivo de otra propuesta que presentaremos posteriormente.
** El texto subrayado representa las adiciones y modificaciones que se proponen. TEXTO VIGENTE
DE LOS ARTÍCULOS QUE SE PRETENDE MODIFICAR
ARTÍCULO 98.- Los Magistrados, los Jueces y los Consejeros de la Judicatura Estatal percibirán una remuneración adecuada a su alta responsabilidad, la cual será irrenunciable y no podrá ser disminuida durante el ejercicio del cargo.
ARTÍCULO 131.- Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la Ley. Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado la cual será de 1,817.51 SMV y que este asignado en el presupuesto correspondiente.
VI. El Congreso del Estado expedirá las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO.
ARTICULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo Contencioso Administrativo y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad.
Al Gobernador solo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, por violación expresa y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves del orden común.
La mayoría de los magistrados a favor de que los funcionarios públicos sigan robando el presupuesto de los ayuntamientos mediante sus altos sueldos. En el fondo, la Suprema Corte de Justicia pretende no sentar precedente (jurisprudencia, como se dice) y proteger sus propios altísimos sueldos. Elimina la Suprema Corte de Justicia tope salarial para los funcionarios municipales.
José Ramón Cossío Díaz y Fernando Franco votaron en contra de la decisión, al considerar que a partir de la reciente reforma al artículo 127 constitucional –que prevé que ningún funcionario del país podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal–, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí están facultados para fijar “políticas salariales” que respondan a criterios de racionalidad y austeridad del gasto público.
Insistió en que las reformas constitucionales recientes introdujeron el principio de la racionalidad del gasto público y la determinación de los salarios. “A nadie se nos escapa que en un país como el nuestro, con tan sensibles diferencias económicas y sociales, el Constituyente haya establecido una política de racionalidad y de austeridad en el gasto público”, dijo.
Aunque el ministro Luis María Aguilar reconoció que con la libertad dejada a los ayuntamientos “se pueden dar arbitrariedades en esto o en la ley, que ya serán en su momento criticables, anulables y hasta sancionables”.
En su primer sesión como presidente de la Suprema Corte, Juan N. Silva Meza señaló que el pleno ha sostenido “un respeto total y absoluto a la libertad hacendaria de los municipios”, y que los congresos locales no tienen competencia para fijar un tope a las remuneraciones de los funcionarios de los ayuntamientos
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