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Timestamp: 2019-03-24 18:23:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 226', 'artículo 95', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128']

Ley Orgánica de Educación (Versión 8ª) 3ª parte
DE LA CARRERA EDUCATIVA
Art. 89.- Ámbito.- La carrera educativa incluye a los docentes del sistema nacional de educación.
En la carrera educativa pública formarán parte aquéllos que tengan nombramiento y en la particular estarán sujetos al código del trabajo.
REQUISITOS PARA INGRESAR A LA CARRERA EDUCATIVA PÚBLICA
Art. 90.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere:
a) Ser ciudadano ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanía; en caso de los extranjeros, residir legalmente en el Ecuador;
b) Poseer uno de los títulos señalados en el artículo 92 de esta Ley.
c) Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los casos que fuere pertinente.
d) Constar en el registro de candidatos elegibles.
e) Participar y triunfar en los correspondientes concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal.
Art. 91.- Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública.- Se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las siguientes causas:
a) Estar comprendido en alguna de las causales de prohibición o inhabilidades para ejercer cargos públicos establecidos en la normativa correspondiente,
b) Tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal,
c) Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública por destitución;
d) Haberse jubilado por edad y años de servicio, de conformidad a la ley.
Art. 92.- Títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa pública, se reconocerán los títulos de:
a) Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades,
b) Sicólogo educativo o infantil,
c) Profesional o tecnólogo del área de educación especial,
d) Profesional de un área de interés para el sector educativo siempre y cuando el aspirante tenga un título de postgrado relacionado a la docencia.
e) Bachiller o profesional de otras disciplinas, siempre que estuvieren acompañados de certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que acrediten la respectiva experticia para áreas en las que no existe el número suficiente de docentes para cubrir las necesidades del sistema nacional de educación.
También serán reconocidos para el caso específico, los títulos de bachiller y de profesiones distintos a la docencia siempre que su especialidad estuviere vinculada con la de la vacante generada y no participen en el respectivo concurso profesionales docentes de dicha especialidad.
El reglamento a la presente ley, determinará la escala ascendente de calificación de los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de la vacante.
Los profesionales relacionados con el numeral 'd' del presente artículo, que ingresen a la carrera educativa pública deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al reglamente de la presente Ley.
DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR
VACANTES DE DOCENTES PÚBLICOS
Art. 93.- Vacantes.- Las vacantes se producen cuando un docente cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de docentes jubilados o mediante incrementos presupuestarios.
Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes a los que les corresponda hacerlo por solicitud de cambio.
Todo ingreso al magisterio fiscal deberá iniciarse en el sector rural.
Art. 94.- Traslado.- Es el cambio dentro del territorio nacional de un docente de un lugar o puesto de trabajo a otro, dentro de cada nivel, especialización y modalidad del sistema, que no signifique mejoramiento en el escalafón.
Podrán solicitar un traslado en sus funciones:
a) Los docentes que hayan laborado al menos dos años lectivos completos en un mismo establecimiento educativo;
b) Los docentes que requieran vivir cerca de un centro de salud por necesidad de atención médica especializada propia o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad que dependa económicamente de él; o de su cónyuge o conviviente;
c) Los docentes que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza, debidamente comprobada, a su integridad física.
No habrá cambio o traslado de un docente por informe o reajuste
Los docentes habilitados para solicitar traslado lo harán de manera expresa y podrán ingresar al registro de candidatos elegibles para llenar la vacante de su interés.
Los docentes comprendidos en el literal a) de este artículo deberán participar en un concurso de méritos para acceder al traslado solicitado.
En caso de existir la necesidad de llenar una vacante en el sector urbano y dentro de los postulantes no existan docentes habilitados en el sector rural, la vacante se llenará con el postulante mejor puntuado.
Todos los traslados deberán ser aprobados por la autoridad competente.
Art. 95.- Convocatoria para llenar vacantes.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la autoridad de la instancia desconcentrada respectiva, convocará a concurso público de méritos y oposición, determinando su nivel y especialidad. El concurso se publicitará en los medios de comunicación.
Art. 96.- Registro de candidatos elegibles.- La Autoridad Educativa Nacional creará y organizará un registro de candidatos elegibles para llenar las vacantes. Candidato elegible es el aspirante a docente que aprobó las pruebas definidas para tal efecto por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Solamente se podrán inscribir a los concursos de méritos y oposición para llenar vacantes, los aspirantes a ingresar a la carrera educativa pública que consten en el registro de candidatos elegible; excepto aquellos casos en los que las materias, especialidades, ciencias, artes, disciplinas u oficios, que por su naturaleza, especificidad, novedad o inexistencia en el país, no hubieren generado el respectivo registro.
Art. 97.- Bases del concurso.- En cada concurso de méritos y oposición los candidatos elegibles rendirán pruebas de conocimientos generales y específicos respecto de la materia de la vacante a llenar y del nivel y especialidad respectivo. A los puntajes de éstas se sumará la calificación de los méritos, de la clase demostrativa y las bonificaciones.
Se publicarán modelos de pruebas, estructura, bibliografía y temario y otros recursos para referencia de los aspirantes.
El contenido de las pruebas, la ponderación de los factores de calificación y bonificación, los procedimientos específicos y la metodología de cada etapa del concurso, serán determinados por el respectivo reglamento y las regulaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Calificadas las pruebas y los méritos de los candidatos elegibles que se encuentren en el concurso, se publicará el cuadro de puntajes y se convocará a los candidatos finalistas a una clase demostrativa y entrevista en el establecimiento educativo en el cual se esté concursando. La autoridad máxima del establecimiento educativo, con la participación del Gobierno Escolar Ciudadano, coordinará la conformación del jurado y la recepción de las clases demostrativas y las entrevistas y entregará los puntajes finales a la instancia desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa Nacional.
Se garantiza el derecho a la apelación de los resultados de la prueba en la instancia correspondiente, así como a la posibilidad de validar sus respuestas, según la reglamentación respectiva.
Art. 98.- Calificación de méritos.- La instancia desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa Nacional se encargará de calificar los méritos de los candidatos elegibles para llenar las vacantes, a través de sus respectivas unidades administrativas de recursos humanos que deberá garantizar espacio a las veedurías ciudadanas durante el proceso.
Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública; la experiencia docente; y, las investigaciones, publicaciones, procesos de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con la materia para la cual se concursa.
Art. 99.- Elegibilidad preferente.- Se considerarán de forma preferente a los candidatos elegibles que tengan su domicilio y residan en el lugar donde exista la vacante; a los docentes fiscales que hayan laborado por más de dos años en zonas rurales y soliciten su cambio; y a los candidatos elegibles que tengan alguna discapacidad certificada por la autoridad competente. Estos criterios preferentes se expresarán en puntaje adicional y en la dirimencia legítima que sea requerida por circunstancias especiales.
Art. 100.- Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor calificación en la sumatoria de las pruebas, méritos, clase demostrativa y puntajes adicionales, la instancia competente le notificará y expedirá el nombramiento para cubrir la vacante respectiva, y en caso de que éste no se posesione de conformidad con la ley se expedirá el nombramiento al siguiente mejor puntuado.
Art. 101.- Recalificaciones.- Los participantes podrán solicitar la recalificación a sus expedientes y pruebas, dentro del término de dos días contados a partir de la publicación de los resultados, bien sea por medios físicos, electrónicos o virtuales.
Art. 102.- Recursos Administrativos.- Exclusivamente de las resoluciones de recalificación y declaratoria de vencedores del concurso, se podrán interponer los recursos administrativos que franquea la ley. Los recursos se interpondrán en el efecto devolutivo.
Art. 103.- Transparencia.- Todas las etapas relacionadas al concurso de méritos y oposición deberán guardar el principio de transparencia y publicidad, para lo cual se deberán publicar los resultados parciales y finales de los concursos en el portal de la Autoridad Educativa Nacional.
DE LOS CONCURSOS públicos DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS.
Art. 104.- Vacantes.- La vacante de un cargo directivo de una institución educativa pública se produce cuando su titular cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación, fallecimiento o cumplimiento del período para el cuál fue designado. Las vacantes también se producirán por la creación de partidas y de nuevas instituciones educativas públicas, en el marco de la ley y de las resoluciones de las autoridades competentes.
Toda vacante en cargos directivos de una institución educativa pública, se llenarán mediante concursos públicos de méritos y oposición, convocados en los medios de comunicación.
Art. 105.- Cargos Directivos.- Son cargos directivos: los rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores y subinspectores.
Para acceder a los cargos de rectores y directores no es requisito estar en la carrera docente pública y podrán participar en estos concursos todos los profesionales de la educación que cumplan con el perfil requerido para el cargo descrito en la presente Ley. Los cargos directivos de rectores y directores no son parte de la carrera educativa pública.
Los directivos de todos los establecimientos educativos durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos públicos de méritos y oposición. Podrán ser removidos de su función directiva por la Autoridad Educativa Nacional previo sumario administrativo, sin perjuicio de su sujeción a las demás normas y procedimientos de orden disciplinario aplicables a su función.
Art. 106.- Procedimiento.- Para llenar las vacantes de cargos directivos se aplicarán procedimientos similares a los establecidos en el capítulo III del presente título.
Art. 107.- Requisitos para los concursos públicos de méritos y oposición.- Los concursos públicos de méritos y oposición para ser directivo de una institución educativa pública incluyen los siguientes requisitos:
a) Tener título profesional docente;
b) Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en los casos que corresponda;
c) Tener al menos un diploma superior en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido anteriormente cargos directivos dentro del sistema nacional de educación;
d) Haber sido docente de aula al menos durante cinco años; y
e) Aprobar la prueba de selección para ser administrador educativo.
Art. 108.- Definición.- Créase el escalafón del magisterio nacional, que constituye un sistema de clasificación de los docentes pertenecientes a la carrera docente pública según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de evaluación, implementados por el Instituto Nacional de Evaluación; lo que determina su remuneración y los ascensos de categoría.
Art. 109.- Del Desarrollo Profesional.- El desarrollo profesional de los educadores del sistema educativo fiscal conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias que les permitirán un ascenso dentro de las categorías del escalafón o la promoción de una función a otra.
El desarrollo profesional es un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación; promueve la formación continua del docente a través de incentivos académicos como entrega de becas para estudios de postgrados.
Art. 110.- Categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de categoría.- El escalafón se divide en las siguientes diez categorías y comprende los siguientes requisitos para el ascenso:
a) Primera categoría: Es la categoría de ingreso a la carrera educativa pública cuando el título sea de bachiller. Esta categoría habilita a las madres comunitarias de educación inicial, educadores para personas con rezago escolar, populares y artesanales que hayan participado y aprobado los cursos de formación en el nivel definidos por la autoridad educativa nacional; así como para las personas que ganen concursos en zonas de difícil acceso con déficit de profesionales. En este último caso, se dará un plazo máximo de seis años para obtener el título de profesor o licenciado en ciencias de la educación, caso contrario se revocará su nombramiento. En el lapso de los primeros dos años deberán participar en un programa de inducción. Solo se permiten ascensos de categoría para los educadores comunitarios que hayan obtenido al menos un título de profesor ó tecnólogo en áreas de educación especial.
b) segunda categoría: Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los casos en que el título sea profesor ó tecnólogo en áreas de educación especial o profesional de otras disciplinas. En el lapso de los primeros dos años el profesional de la educación deberá participar en un programa de inducción.
c) tercera categoría: Es la primera categoría de ascenso para los docentes que ingresan con título de profesor ó tecnólogo en áreas de educación especial o profesional de otras disciplinas. Deberán tener cuatro años de experiencia en el magisterio; haber aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente a la segunda categoría.
d) cuarta categoría: Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los casos en que el título sea de licenciado en ciencias de la educación o profesional de otras disciplinas con título de posgrado en docencia. En el lapso de los primeros dos años el profesional de la educación deberá participar en un programa de inducción. Es también categoría de ascenso para los docentes de tercera categoría con ocho años de experiencia en el magisterio, que aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente.
e) Quinta categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con cuatro años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y doce años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente.
f) sexta categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con ocho años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y dieciseis años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente.
g) Séptima categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con doce años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veinte años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es requisito para ascender a la séptima categoría tener un título de cuarto nivel.
h) Octava categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con dieciseis años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veinticuatro años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente.
i) Novena categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con veinte años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veintiocho años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es requisito para ascender a la novena categoría tener un título de maestría en el ámbito educativo y se considerará mérito adicional haber publicado el resultado de una experiencia exitosa e innovadora en el ámbito de su función.
j) Décima categoría: Es categoría de ascenso para los docentes con veinticuatro años de experiencia que ingresen en la cuarta categoría a la carrera docente pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y treinta y dos años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente.
Art. 111.- Funciones.- Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones:
a) Docentes;
b) Docentes mentores;
d) Vicerrectores y Subdirectores;
e) Inspectores y subinspectores;
f) Asesores educativos;
g) Auditores educativos.
h) Rectores y directores.
Para optar por la función de docentes mentores, inspectores, subinspectores o subdirector se requiere estar al menos en la sexta categoría; para ser asesores educativos, auditores educativos, vicerrector, rector o directores requiere estar al menos en la séptima categoría escalafonaria. El acceso a las funciones descritas será por concurso público de méritos y oposición.
Art. 112.- Remuneraciones.- La remuneración de los profesionales de la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, y se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones del servicio público y los docentes deberán acreditar títulos equivalentes para cada grado.
El reglamento a la presente Ley, determinará la relación justa y concordante de los perfiles y funciones ejercidos por los directivos y profesionales de la educación pública con las respectivas escalas remunerativas.
Bono de Frontera.- En concordancia con el art. 249 de la Constitución, se reconoce un bono de frontera, de monto fijo, que equivale al 30% del salario básico unificado; y se establecerá para las partidas de las instituciones educativas que se encuentran dentro del área de hasta cuarenta kilómetros de franja fronteriza a nivel nacional. Bono de Situación geográfica.- Se reconoce el bono de situación geográfica, de conformidad a lo establecido por la autoridad competente en materia de remuneraciones del servicio público; a las y los docentes de las provincias de la Amazonía, Galápagos y zonas de difícil acceso.
Art. 113.- Remuneración Variable por Eficiencia.- La remuneración variable estará vinculada al resultado que haya obtenido el docente en la carrera pública en la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La remuneración variable por eficiencia se concederá a los profesionales de la carrera educativa pública en los siguientes casos:
a) Aquellos que hayan obtenido altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
b) Aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
c) Aquellos cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa frente a la anterior evaluación.
El reglamento respectivo normará la remuneración variable en cada caso.
Art. 114.- Definición de promoción.- Promoción es el paso de un profesional de la educación a una función jerárquica superior, a la que podrá acceder únicamente mediante concurso público de méritos y oposición.
Art. 115 .- Promoción a Docente Mentor.- Los docentes podrán ser promovidos a la función de docentes mentores, para ello, el profesional de la educación deberá cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso de méritos y oposición:
a) Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa;
b) Aprobar la prueba de selección correspondiente; y
c) Aprobar el proceso de formación de mentoría o el de habilidades directivas.
Art. 116.- Promoción a Inspector o Subinspector.- Los docentes podrán ser promovidos a la función de Inspectores o Subinspectores educativos, para ello, los profesional de la educación deberán cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso de méritos y oposición:
b) Tener al menos un Diploma Superior en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido anteriormente cargos o funciones directivos dentro del sistema educativo;
c) Aprobar la prueba de selección para ser administrador educativo; y
d) Aprobar el programa de formación de directivos.
Art. 117.- Promoción a Rector, Vicerrector, Director y Subdirector.- Para ser promovido a la función de Rector, Vicerrector, Director y Subdirector educativo, los docentes deben cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición:
b) Tener título de cuarto nivel en áreas relativas a gestión de centros educativos o haber ejercido anteriormente cargos o funciones directivas dentro del sistema educativo;
Art 118.- Promoción a Asesor Educativo.- Para ser promovido a la función de asesor educativo, el docente deberá cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición:
b) Tener un título de postgrado afín a la asesoría por la que opta;
c) Aprobar la prueba de selección para ser asesor educativo;
d) Haber sido docente mentor o haber aprobado el programa de formación en habilidades directivas.
Art. 119.- Promoción a Auditor Educativo.- Para ser promovido a la función de auditor educativo, el docente debe cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición:
b) Tener un título de postgrado en áreas relacionadas;
c) Haber ejercido un cargo o función directivo en el sistema educativo; y
d) Aprobar la prueba de selección para ser auditor educativo.
Art. 120.- De la pérdida de la función.- Los profesionales de la educación que ostentan la función de mentor, asesor educativo, auditor educativo, inspector, subinspector, director, rector, vicerrector o subdirector; gozan de la estabilidad que otorga la ley y podrán ser sancionados con la pérdida de la función previo sumario administrativo originado por causales determinadas por la ley e impulsado bajo las normas del debido proceso.
Art. 121.- Concesión de los estímulos.- Se concederán estímulos a los profesionales de la carrera educativa pública que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:
a) Publicar el resultado de experiencias exitosas e innovadoras en el ámbito de su función, previa calificación de la Autoridad Educativa Nacional.
b) Publicar una investigación en el ámbito de su función.
c) Jubilarse de manera voluntaria, en concordancia y cumplimiento con lo establecido en la transitoria vigésimo primera de la Constitución de la República.
El procedimiento de calificación y determinación de los estímulos estarán definido en el reglamento correspondiente.
DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES,
Art. 125.- Ámbito.- La Autoridad Educativa Nacional autorizará, regulará y controlará, el funcionamiento de todas las instituciones públicas, particulares y fiscomisionales en el ámbito de su competencia, las políticas emitidas, los recursos asignados de conformidad con la presente Ley y el reglamento.
Art. 126.- Del control.- El control de las actividades del Sistema Nacional de Educación será de dos clases: interno y externo. El control interno lo realizará la autoridad educativa nacional conjuntamente con las autoridades institucionales, a través de sus autoridades, funcionarios y demás servidores observando lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República; y, el control externo lo ejercerá la ciudadanía comunidad educativa de conformidad con las disposiciones del artículo 95 de la misma norma suprema.
Art. 127.- De las infracciones.- Se consideran infracciones en el ámbito educativo, aquellas acciones que estuvieren prohibidas manifiestamente por la presente Ley, sin perjuicio de la tipicidad establecida por otras leyes y que correspondan a otros ámbitos legales.
Art. 128.- De las Prohibiciones.- Prohíbese, en lo que corresponda, a los representantes legales, directivos y docentes de las instituciones educativas, así como a los estudiantes y padres de familia de dichas instituciones, lo siguiente:
a) Incumplir el calendario académico dispuesto por la autoridad educativa nacional, para lo cual se deberá proporcionarlo a los planteles educativos con noventa días de anticipación al inicio del año lectivo correspondiente.
b) Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de año o títulos utilizados en la prestación del servicio educativo que no cumplan en el fondo o la forma los requisitos exigidos por la normativa del sector educativo.
c) Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin contar con la autorización de funcionamiento correspondiente.
d) Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de los estudiantes.
e) Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas para fines políticos partidistas.
f) Actuar con negligencia debidamente probada en el cumplimiento de sus obligaciones.
g) Suspender sin autorización de la autoridad correspondiente el servicio educativo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados.
h) Permitir o incentivar el uso de cualquier medio, tanto físico como digital, que se constituyan en acciones atentatorias contra la dignidad de los niños, niñas y jóvenes.
i) Oponerse a las actividades de control, evaluación y supervisión, así como no proporcionar información veraz y oportuna para los sistemas de información y estadística de la autoridad educativa nacional.
j) Expulsar alumnos en el transcurso del año lectivo sin causa justificada y sin previa aplicación y observancia del debido proceso.
k) Ordenar la asistencia del personal docente, administrativo y/o alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier naturaleza.
l) Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente.
m) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía la discriminación de las personas, el racismo, la xenofobia o cualquier forma de agresión o violencia dentro de los establecimientos educativos. Ningún motivo justificará estas acciones.
n) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía dentro de los establecimientos educativos acciones que atenten contra la dignidad de la persona.
o) Retener bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer deliberadamente los documentos oficiales de la institución educativa o los documentos académicos de los estudiantes.
p) Promover o provocar la paralización del servicio educativo.
q) Incentivar, publicitar o permitir el consumo o distribución de tabacos, bebidas alcohólicas, narcóticos, alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
r) Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por razones de embarazo; progenitud; maternidad; discapacidad; orientación sexual; nacionalidad; discriminación racial, cultural o étnica; género; ideología, adhesión política y/o creencia religiosa.
s) Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la autoridad educativa nacional.
t) Utilizar de manera indebida o distraer los recursos públicos según los informes ejecutoriados de los organismos de control del Estado, o cobrar valores por servicios educativos no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional o que no le correspondiere hacerlo de acuerdo a sus funciones.
u) Vulnerar los derechos humanos de los educandos previstos en la Constitución, en esta ley, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y/o en los Acuerdos y Tratados internacionales de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
v) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía la destrucción parcial o total de las instalaciones del establecimiento educativo, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.
x) Alterar documentos oficiales de la institución educativa o de los órganos superiores del sistema nacional de educación.
y) Haber consignado durante el proceso de selección información falsa, u ocultado información relevante para la decisión del concurso.
z) Evaluar a los estudiantes en lugares distintos a los establecimientos educativos.
Art. 129.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes, según su gravedad se sancionarán previo sumario administrativo de la siguiente manera:
a) Suspensión temporal de la función sin sueldo hasta por un máximo de sesenta días si el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o del artículo 128 de la presente ley.
b) Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la ‘y’ del artículo 128 de la presente ley.
c) Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas con multa serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un período de 30 días sin sueldo.
d) Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la remoción definitiva de sus funciones y, mediante acción de personal:
e) Multa equivalente al 10% de su remuneración, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ hasta la ‘f’ del artículo 128 de la presente ley.
Art. 130.- Del régimen disciplinario de los estudiantes.- El régimen disciplinario de los estudiantes estará determinado en lo que corresponda, por las normas del presente título, por el reglamento a esta ley y por los reglamentos internos de la instituciones educativas a las que ellos pertenezcan. No tendrá validez la norma disciplinaria o de cualquier otra índole cuya aplicación atente a las garantías o a los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes.
Art. 132.- De las garantías y principios del proceso disciplinario.- El proceso disciplinario deberá observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respecto a la dignidad de las personas, el debido proceso y los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, motivación, imparcialidad, oportunidad y pertinencia, competencia y jurisdicción, favorabilidad, carga e inmediación probatorias, culpa, responsabilidad e imputabilidad, proporcionalidad, contradicción, concentración, equidad, celeridad, oralidad, irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables, extinción de la responsabilidad y prescripción.
En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de la persona sumariada administrativamente. Todo lo actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta.
Art. 133.- De la inadmisibilidad.- En ningún caso se admitirá como eximente, excusa o atenuante de la infracción cometida, el desconocimiento de la ley o el acatamiento de una orden ilícita emanada de la autoridad competente, salvo que dicha orden fuere impuesta por coacción o amenaza debidamente comprobadas.
Art. 134.- Del caso fortuito y la fuerza irresistible.- Para efectos de la presente ley, se considera caso fortuito el suceso que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse; y, fuerza mayor es todo acontecimiento de origen antrópico que no ha podido preverse o que previsto no puede ser resistido. Tales circunstancias liberan de responsabilidad disciplinaria.
Art. 135.- De la restitución.- Las personas que hubieren sido afectadas por la comisión de las infracciones descritas en el artículo 128 de la presente ley serán reparados y restituidos inmediatamente en sus derechos. Quienes en el ejercicio de función impidan o se nieguen a dar paso a dicha restitución, estarán incursos en infracción y serán sumariados administrativamente y destituidos en caso de demostrarse su responsabilidad.
Art. 136.- Notificación de destitución o suspensión.- Si un profesional de la carrera docente pública incurriere en causal de destitución o suspensión de remuneraciones, funciones o cargos, la autoridad desconcentrada competente que conociere del hecho, notificará la destitución o suspensión, previa la sustanciación de los sumarios administrativos correspondientes, de conformidad a la ley.
Art. 137.- Del ejercicio de las acciones y prescripciones.- Para el ejercicio de los derechos a demandar, así como de las acciones contempladas en esta ley, se tendrá en cuenta los términos señalados en la ley que regula las disposiciones de la administración pública.
Art. 138.- De los recursos.- De las resoluciones emanadas de las autoridades educativas, con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás actos administrativos derivados de la misma, podrán interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en la forma, plazos y procedimiento determinados en el mismo Estatuto. Sin perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales.
Art. 139.- De la remoción simple.- La remoción simple y directa de sus cargos, aplicable a funcionarios de la educación de libre nombramiento y remoción no será considerada como sanción.
DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Art. 140.- Financiamiento de las instituciones educativas fiscales.- Las instituciones educativas fiscales se financian a través del Presupuesto General del Estado. El Estado transferirá a las unidades ejecutoras de los circuitos educativos los recursos necesarios y suficientes para la adecuada operación y el mantenimiento de las instituciones educativas antes del inicio del año lectivo respectivo. La falta de transferencia de estos recursos será sancionada con la destitución inmediata de la autoridad correspondiente.
La autoridad educativa nacional determina las políticas anuales de asignación de recursos tomando en cuenta, entre otros aspectos, el costo de operación, el número de estudiantes y la ubicación geográfica de las instituciones educativas.
Art. 141.- Incrementos en el Presupuesto General del Estado para la educación.- El Estado incrementará de forma progresiva la asignación de recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial, básica y bachillerato. Cada incremento será anual y de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo total del seis por ciento del Producto Interno Bruto, sin perjuicio de que dicho porcentaje pueda ser incrementado en los años posteriores al cumplimiento de la meta.