Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-369-de-junio-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f9eff2e0eb4a02d2e0430a01015102d2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 17:50:53
Document Index: 363195449

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 14']

﻿ Sentencia T-369 de junio 27 de 2013
SENTENCIA T-369 DE 27 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:DERECHO AL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. EL DERECHO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUEDE SER PROTEGIDO POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CUANDO SU INEFICIENTE PRESTACIÓN O AUSENCIA AFECTE DE MANERA NOTORIA DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. EN ESTOS CASOS LA TUTELA ORIENTADA A OBTENER OBRAS DE ALCANTARILLADO NO SE TORNA IMPROCEDENTE POR EL SIMPLE HECHO DE QUE EXISTAN OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALES, COMO LAS ACCIONES POPULARES, CUANDO SE DEMUESTRE QUE HAY UNA VIOLACIÓN O AMENAZA DIRECTA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA QUE INTERPONE LA ACCIÓN DE AMPARO Y QUE EN ESOS CASOS LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE TUTELA ES EXCEPCIONAL, PUES SE PRESENTA UNA UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS, LO QUE JUSTIFICA LA PREVALENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE PETICIÓN, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, DERECHO DE UTILIZACIÓN DE AGUAS, ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Sentencia T-369 de junio 27 de 2013
Ref.: Expediente T- 3823969
Acción de tutela instaurada por Omar Hernán Castaño Bueno contra Empresas Públicas de Medellín ESP.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el juzgado décimo civil municipal de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Omar Hernán Castaño Bueno en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP.
A continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro del expediente de la acción de tutela interpuesta por Omar Hernán Castaño Bueno en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP.
1. Manifiesta el señor Omar Hernán Castaño Bueno, que es propietario de una vivienda ubicada en la carrera 42C Nº 107 B – 15, interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín, que no cuenta con el servicio público de agua, la cual le es suministrada por su mamá que vive encima.
2. Indica que la anterior situación, tiene origen en la falta de instalación del acueducto en este bien inmueble por parte de las Empresas Públicas de Medellín ESP, que aduce la existencia de problemas de alcantarillado en el mismo, lo cual en su criterio no es cierto ya que el alcantarillado está ubicado debajo del inmueble y otras viviendas del sector cuentan con este servicio.
3. Señala que como consecuencia de esta situación, presentó derecho de petición el 8 de enero de 2013 ante las Empresas Públicas de Medellín ESP, el cual a su juicio no fue contestado de manera oportuna ni de fondo; razón por la cual interpuso esta acción de tutela al considerar que la empresa demandada vulneró su derecho de petición.
Empresas Públicas de Medellín ESP, mediante apoderado judicial dio respuesta a la acción de tutela, con el oficio del 13 de febrero de 2013(1), en el que señaló que previamente el accionante el 17 de noviembre de 2009, había realizado solicitud en similares términos respecto a la disponibilidad del servicio de acueducto en la vivienda descrita, la cual fue contestada por la entidad accionada mediante Oficio 1581684 del 1 de diciembre de 2009 en el que se le informó que “no se le podía prestar el servicio al no existir redes por el frente, indicándole al accionante los recursos de Ley que procedían contra esa decisión, sin que el actor haya hecho uso de los mismos”(2).
Manifestó que el demandante con el fin de revivir términos de la vía gubernativa, presentó nuevamente derecho de petición radicado en esa entidad con fecha 15 de enero de 2013 bajo el Nº 2013004140, en el que solicitó información sobre las razones por las que no se le podía instalar el servicio de acueducto en dicho inmueble y el trámite a seguir, el cual fue resuelto de fondo mediante Oficio 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, en el que: i) se le reiteró que la ausencia de redes de acueducto y alcantarillado por el frente de esa vivienda, imposibilitaba la instalación de dicho servicio, y ii) se le indicaron los pasos y requisitos para que fuere posible la instalación del servicio de acueducto en el inmueble mencionado por parte de la demandada o para solicitar la prestación del servicio con otra compañía. Esta respuesta le fue remitida al actor, mediante la Oficina de Correo Certificado 472 en envío número RN33333333Z4V000JW2.
Se realizó un análisis y enunció la regulación vigente sobre las condiciones técnicas para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado contenidas en el artículo 129 de la Ley 142 de 1994, en los artículos 4º y 7º del Decreto 302 de 2000 y en el contrato de condiciones uniformes de Acueducto y Alcantarillado que suscribe la compañía tutelada con sus usuarios, en donde se establecen precisos requisitos técnicos que debe cumplir el solicitante de estos servicios o el inmueble, para que los mismos les puedan ser instalados, conectados y prestados, entre los cuales destaca: i) que se esté conectado al sistema público de alcantarillado, o ii) que cuente con vías de acceso o con redes de acueducto o alcantarillado para a su vez poder instalar la red local y conexión domiciliaria del servicio, esto último debe ser asumido por el propietario o suscriptor y iii) que el inmueble esté ubicado dentro del perímetro de servicio.
Por consiguiente, determinó que no es cierto que le desconoció al actor su derecho de petición, como quiera que sí se le dio una respuesta oportuna, de fondo, congruente y coherente a su solicitud, lo cual había realizado en los mismos términos el 1º de diciembre de 2009; siendo otra cosa distinta la negativa dada por razones técnicas a su pretensión, como consecuencia de la imposibilidad de instalarle y prestarle el servicio de acueducto y alcantarillado a causa de la inexistencia de redes en su inmueble, lo que se puede hacer una vez se construya la red o acometida local o secundaria, que está a su cargo según las estipulaciones legales indicadas y teniendo en cuenta diferentes opciones señaladas, entre las que está el programa habilitación viviendas.
Decisión del juez de tutela de única instancia(3)
El 20 de febrero de 2013, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín, profirió sentencia de única instancia concediendo el amparo de tutela al derecho fundamental de petición del señor Omar Hernán Castaño Bueno.
Tras referirse al alcance y ejercicio del derecho de petición, así como su desarrollo jurisprudencial por la Corte Constitucional, estableció con base en las pruebas aportadas que: i) efectivamente existe una petición elevada por el actor de fecha 8 de enero de 2013 y fue recibida por la demandada el 15 de enero de 2013; ii) Empresas Públicas de Medellín ESP le dio respuesta a esta solicitud mediante oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013; iii) este oficio fue enviado al accionante a la dirección carrera 42C Nº 107 B – 13, y no a la Nº 107 B – 15, advirtiéndose que en su petición el señor Castaño Bueno indica su dirección en dos oportunidades en las que señala un número diferente en cada una, es decir, se presenta una incongruencia; iv) la mencionada comunicación fue remitida mediante la oficina de Adpostal 472 en envío Nº RN33333333Z4V000JW2, de fecha 25 de enero de 2013; y v) el 19 de febrero de 2013, el actor le comunicó telefónicamente al juzgado que no había recibido la mencionada respuesta, que en la actualidad tiene arrendada la vivienda en la que se centra el debate, que vive en San Antonio de Prado y que los arrendatarios le han informado que no han recibido ningún escrito de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Consideró que a pesar de que Empresas Públicas de Medellín ESP, emitió una respuesta correcta y de fondo a la solicitud del 8 de enero de 2013 presentada por el señor Omar Hernán Castaño Bueno y que la envió acertadamente a donde le fue indicado, siendo obligación del accionante comunicar su dirección actual o estar pendiente de su recepción, hasta la fecha dicha comunicación no ha sido recibida por el actor según lo afirmado por él mismo, ni se tiene conocimiento que fue efectivamente entregada en la dirección a la que se remitió.
Por lo tanto, indica que el derecho de petición que por vía de tutela se pretende amparar, solo se protege cuando la persona que elevó la solicitud efectivamente conoce su respuesta, resaltando que en este caso la contestación dada a la misma por el ente demandado y que fue conocida dentro del proceso de tutela, es clara y resuelve lo solicitado por el actor; pero que al no ser conocida por él genera una vulneración de su derecho fundamental y para protegerlo ordenó a la accionada que ponga en conocimiento del señor Castaño Bueno la respuesta que emitió el 16 de enero del 2013.
Mediante auto del 30 de abril de 2013 y con base en lo dispuesto en el Acuerdo 5 de 1992, el despacho ordenó:
“PRIMERO. ORDENAR que por la Secretaría General se solicite a la doctora Maritza Alzate Buitrago, Secretaria General de Empresas Públicas de Medellín ESP, carrera 58 Nº 42- 125 - Medellín, que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, allegue a la misma Secretaría con destino al expediente de la referencia, lo siguiente:
“SEGUNDO: ORDENAR a Empresas Públicas de Medellín que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, PONGA EN CONOCIMIENTO del actor, la respuesta al derecho de petición emitida el día 16 de enero de 2013”.
— De acuerdo con el Oficio OPTB-247 del 3 de mayo de 2013, emanado de la Secretaría General de esta corporación, se surtió la notificación a las Empresas Públicas de Medellín ESP.
— El 16 de mayo de 2013, la Secretaría General de esta corporación, remitió a este despacho el Oficio Nº 2013038863 del 15 de mayo de 2013, emitido por la doctora María Paulina Rendón Benítez, en su calidad de apoderada judicial de las Empresas Públicas de Medellín ESP, que también se recibió por correo certificado, mediante el cual se contesta lo requerido en el auto de pruebas del 30 de abril de 2013.
1. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Omar Hernán Castaño Bueno. (Fls. 4 y 57 del cdno. 1)
2. Copia del derecho de petición del 8 de enero de 2013, que presentó el señor Omar Hernán Castaño Bueno ante las Empresas Públicas de Medellín ESP, con sello de recibido del 14 de enero de 2013. (Fls. 5 y 56 del cdno. 1).
3. Oficio Nº 2013011095 del 13 de febrero de 2013, mediante el cual las Empresas Públicas de Medellín ESP, dio contestación a la presente acción de tutela. (Fls. 10 al 17 del cdno. 1).
4. Copia del Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, mediante el cual las Empresas Públicas de Medellín ESP, le dio respuesta a la petición del señor Castaño Bueno. (Fls. 31 y 32 del cdno. 1).
5. Copia de las órdenes de servicios de correo 472, mediante las cuales las Empresas Públicas de Medellín E.S.P realiza la remisión del anterior Oficio Nº 8142-2013003069 al señor Castaño Bueno. (Fls. 33 al 40 del cdno. 1).
6. Informe del 19 de febrero de 2013, mediante el cual el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín, deja constancia que sostuvo conversación telefónica con el señor Castaño Bueno, quien le manifestó no haber recibido respuesta por parte de la entidad demandada, que tiene arrendado el inmueble y vive en San Antonio de Prado. (Fl. 42 del cdno. 1).
7. Oficio Nº 2013038863 del 15 de mayo de 2013, emitido por la doctora María Paulina Rendón Benítez, en su calidad de apoderada judicial de las Empresas Públicas de Medellín ESP, que también se recibió por correo certificado, mediante el cual se da contestación a lo requerido en el auto de pruebas proferido por este despacho. (Fls. del 13 al 19 y del 35 al 38 – cdrno. C. Cons.).
8. Copia de la constancia de entrega de fecha 25 de febrero de 2013, del Oficio Nº 2013003069 del 16 de enero de 2013, a la señora Cristina Bueno – mamá del señor Omar Hernán Castaño Bueno, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín (Fls. 20 y 39 – cdno. C. Cons.).
9. Copias de la guía Nº RN009792050CO, orden de servicio Nº 105723 y comprobante de entrega de Correo 472, mediante los cuales la accionada remitió el Oficio Nº 8142-2013003069 al señor Castaño Bueno, siendo recibido por la señora Janeth Castaño. (Fls. del 21 al 23 y del 40 al 41- cdno. C. Cons.).
10. Copia del formato Solicitud 15992933 del 17 de noviembre de 2009, diligenciado por el señor Omar Hernán Castaño Bueno para la instalación del servicio de acueducto en la vivienda ubicada en la carrera 42C Nº 107 B – 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín (Fls. del 24 al 25 y 42 – cdno. C. Cons.).
11. Copia del informe visita técnica realizada el 30 de noviembre de 2009, por las Empresas Públicas de Medellín ESP a la mencionada vivienda. (Fls. 26 y 43 – cdno. C. Cons.).
12. Copia de los planos de la ubicación del referido inmueble. (Fls. del 28 al 29 y 44 – cdno. C. Cons.).
13.- Copia del Oficio Nº 1581684 del 1 de diciembre de 2009 mediante el cual las Empresas Públicas de Medellín ESP, le informó al señor Castaño Bueno que no se le podía prestar el servicio de acueducto y alcantarillado debido a la falta de instalación de redes locales frente al citado bien. (Fls. 30 y 45 – cdno. C. Cons.).
14. Copia del informe de la visita técnica realizada el 14 de mayo de 2013 por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P a la vivienda en mención (Fls. del 31 al 32 y 46 – cdno. C. Cons.).
15. Copia de las fotos tomadas al inmueble en la visita arriba citada. (Fls. del 33 al 34 y del 47 al 48 – cdno. C. Cons.).
1.1. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.1. El señor Omar Hernán Castaño Bueno interpuso acción de tutela en contra de las Empresas Públicas de Medellín ESP, solicitando la protección de su derecho fundamental de petición que estima ha sido vulnerado por esta entidad, por la falta de una respuesta de fondo, oportuna y coherente a una solicitud que presentó el 8 de enero de 2013, tendiente a que se le instalara el servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda ubicada en la carrera Nº 107 B - 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín.
2.2. La Corte Constitucional en sede de revisión, le solicitó a las Empresas Públicas de Medellín ESP, información sobre el cumplimiento de la orden dada en el fallo de tutela por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín, relativa a la debida entrega al actor del Oficio Nº 2013003069 del 16 de enero de 2013, mediante el cual le dio una respuesta clara y congruente al mencionado derecho de petición objeto de debate; así como sobre la gestión u orientación brindada al tutelante con el fin de solucionar la falta de instalación del servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda.
2.3. Con fundamento en lo expuesto, advierte la Sala que el accionante plantea tanto una vulneración del derecho de petición como una infracción del derecho al agua y saneamiento básico en la arista de disponibilidad y accesibilidad por la falta de instalación del servicio de acueducto en cabeza de la empresa accionada. Corresponde determinar (i) si Empresas Públicas de Medellín ESP vulneró o no al accionante su derecho fundamental de petición cuando emitió efectivamente una respuesta de fondo que no fue recibida ni conocida por el accionante e (ii) igualmente si hubo un desconocimiento a los derechos de acceso a los servicios públicos y al agua del tutelante.
3. Protección constitucional y alcance del derecho fundamental de petición. Reiteración de Jurisprudencia.
(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.
Esta corporación(4) de manera abundante y en reiteradas oportunidades se ha referido al alcance y ejercicio del derecho de petición, trazando algunas reglas básicas sobre la procedencia y efectividad de esa garantía fundamental. Así, ha establecido los presupuestos mínimos que determinan el ámbito de su protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en los siguientes términos:
(i) se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
(v) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible(5); por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
(x) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;(9)
Se establece pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto este no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos(11).
Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. Es por esto, que en Sentencia T- 249 de 2001 esta corporación precisó: “Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que esta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que solo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”.
En relación con el término legal para suministrar respuesta, esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14º de la Ley 1437 de 2011(12) que señala el termino de quince días para dar respuesta a la petición. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición(13) deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.
“Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto(14)”.
4. Contenido del derecho fundamental al agua. Reiteración de Jurisprudencia(15).
iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua”(16). (Negrillas y subraya fuera del texto original).
Lo propio sucedió en la Sentencia T- 055 de 2011(17), donde se abordó el caso de una persona que le solicitó a las Empresas Públicas de Medellín -EPM- la conexión del servicio público de acueducto a un inmueble que no contaba con las condiciones técnicas y legales contenidas en el Decreto 302 de 2000; dicha negativa se fundaba en que la vivienda de los actores no contaba con los requerimientos ambientales y de saneamiento básico para el manejo final de las aguas negras. La Sala consideró que si bien le correspondía a EPM prestar el servicio público de acueducto a los accionantes y no a los vecinos, quienes de forma solidaria les estaban suministrando el agua potable que estos requerían, su actuación no devenía en arbitraria porque había expuesto criterios jurídicos razonables para negarse a la instalación de las redes de acueducto a dicho inmueble, ante la inexistencia de redes de alcantarillado que permitieran el correcto manejo y disposición final de las aguas negras de los predios a los que prestaría sus servicios. La Corte agregó que también era obligación de la empresa defender el medio ambiente sano. Por esas razones, ordenó al propietario del inmueble realizar los ajustes técnicos para conectarse al servicio público de alcantarillado; ordenó a EPM que informara a las autoridades ambientales respectivas el presente caso, con el fin de que estas dentro de la órbita de sus competencias, impusieran las sanciones correspondientes en caso de que el actor no cumpliera con lo dispuesto por esta corporación; y señaló que una vez realizadas las adecuaciones técnicas, EPM debía conectar el servicio público de acueducto. De esta manera, protegió los derechos al agua potable y al medio ambiente.
5. El derecho al servicio público de alcantarillado. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 2º de nuestra Constitución Política señala que uno de los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Entre los instrumentos más eficaces con los que cuenta el Estado para dar cumplimiento a esos deberes sociales se encuentra la debida prestación de los servicios públicos(18). De igual forma, la Constitución en el título XII, capítulo 5º, denominado “De la finalidad social del Estado y de los servicios públicos”, contempla lo relacionado con la prestación eficiente de los servicios públicos, dentro de los cuales están los llamados “servicios domiciliarios”.
Siguiendo con el mismo lineamiento la Ley 142 de 1994(19), en su artículo 15, numeral 15.1 y 15.3, indica que están autorizados para la prestación de los servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios públicos y los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos. Así mismo, el numeral 14 de la misma ley aclara que la prestación directa de un servicio público por un municipio es la que asume este bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con su patrimonio.
Por otra parte esta Corte ha precisado en sentencias como T-578 de 1992(20) y T-022 de 2008(21), que los servicios públicos domiciliarios “son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”(22) y ha señalado las siguientes características relevantes para su determinación:
Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación desde sus primeros pronunciamientos ha manifestado que el derecho al servicio de alcantarillado debe ser considerado como un derecho susceptible de ser protegido por medio de la acción de tutela, cuando su ineficiente prestación o ausencia afecte de manera notoria derechos y principios constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la salud o derechos de personas en situación de vulnerabilidad(23). Al respecto, la Sentencia T-207 de 1995, señaló:
“En abstracto, se ha probado hasta la saciedad que la falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de excretas constituye un factor de gran riesgo para la salud de la comunidad que soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de los derechos a la salud y a la vida(24). En palabras de la Corte Constitucional, “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela”(25).
De igual forma, esta Corte en T-162 de 1996(26), indicó:
En el mismo sentido, esta corporación en sentencias como la T-022 de 2008(27) y la T- 734 de 2009(28), señaló:
En síntesis, (i) el derecho al servicio de alcantarillado es susceptible de ser protegido por medio de la acción de tutela, cuando su ineficiente prestación o ausencia afecte de manera notoria derechos y principios constitucionales fundamentales; (ii) en estos casos la acción de tutela orientada a obtener obras de alcantarillado no se torna improcedente por el simple hecho de que existan otros medios de defensa judiciales, como las acciones populares, cuando se demuestre que hay una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que interpone la acción de amparo y que, (ii) en esos casos la intervención del juez de tutela es excepcional, pues se presenta una unidad de defensa de los derechos, lo que justifica la prevalencia del amparo constitucional(29).
1. Posible violación al derecho de petición.
En el presente caso, el señor Omar Hernán Castaño Bueno interpuso acción de tutela en contra de las Empresas Públicas de Medellín ESP, solicitando la protección de su derecho fundamental de petición que considera vulnerado por esta entidad, por la falta de una respuesta de fondo, oportuna y coherente a una solicitud que presentó el 8 de enero de 2013, relacionada con la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda ubicada en la carrera Nº 107 B – 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín.
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín E.S.P mediante apoderado judicial, al contestar la acción de tutela manifestó que mediante Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, le dio una respuesta de fondo, clara y congruente al actor respecto a lo solicitado, siendo distinto que la misma por razones eminentemente técnicas y objetivas, no le fuere favorable o se no se aceptaran sus pretensiones. Resalta, que igual contestación le había sido comunicada al actor desde finales del año 2009, cuando presentó el mismo requerimiento, sin que hubiere hecho alguna manifestación al respecto sino hasta ahora en enero de 2013, cuando envió el mencionado derecho de petición.
El Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín, en fallo del 20 de febrero de 2013, tuteló el derecho fundamental de petición del actor, bajo el argumento que a pesar de considerar que efectivamente la entidad demandada emitió el 16 de enero de 2013 una respuesta adecuada, integral y de fondo respecto de la petición presentada por el actor y la envió a la dirección por él indicada, se constató que la misma no le era conocida y no se tenía constancia que fuera recibida en la dirección a la que se remitió. Con base en ello, ordenó a la accionada poner en conocimiento del tutelante el mismo Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013.
En sede de revisión y como consecuencia del auto de pruebas ordenado, Empresas Públicas de Medellín ESP, tal como se encuentra registrado en el acápite de pruebas de esta sentencia:
i) Allegó constancia de la entrega física del mencionado Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, en cumplimiento del mencionado fallo de tutela. La entrega se realizó el 25 de febrero de 2013 a la señora Cristina Bueno, madre del accionante, en virtud que el mismo no reside en la vivienda ubicada en la carrera 42C Nº 107 B – 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín.
ii) Además de la anterior gestión, remitió el mencionado oficio por correo certificado y adjuntó la guía de envío de la oficina de correos 472 así como el comprobante de entrega de dicha comunicación, siendo recibida el 23 de abril de 2013 en la citada dirección, por la señora Janeth Castaño.
iii) Anexó informe y fotos de visita técnica realizada al mencionado inmueble el 14 de mayo de 2013, por parte del ingeniero Jaime Montoya, en la cual se estableció que: a) el accionante no reside en esa vivienda, b) la mencionada vivienda está arrendada, c) por el frente del inmueble no existen redes para acueducto ni para alcantarillado así como no hay posibilidad de derrame por gravedad hacia redes de la carrera 42C y d) técnicamente no es posible la conexión de esa vivienda a las redes existentes de acueducto y alcantarillado en la carrera 42C.
iv) Envió copia de las respuestas, trámites y visita técnica que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2009, tendientes a resolver la misma solicitud efectuada por el señor Castaño Bueno respecto a la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado en ese inmueble; en las que se estableció idéntico diagnóstico técnico negativo que imposibilitaba dicha conexión y se le ofrecieron las alternativas para la construcción de la red local o secundaria que por ley le corresponde al propietario, las cuales también le fueron propuestas en la respuesta dada por la tutelada en enero de 2013, sin que el actor se pronunciara al respecto.
v) Concluyó que se da por cumplida la orden dada en el fallo de tutela, y añade que siempre ha estado atenta a brindarle una respuesta de fondo a todas las solicitudes que ha presentado el señor Omar Hernán Castaño Bueno, las cuales han sido resueltas con base en argumentos técnicos y legales, en especial de acuerdo a lo contemplado por la Ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997 y el artículo 7º del Decreto 302 de 2000, respecto a la conexión de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
i) El actor efectivamente presentó una petición clara ante la demandada.
ii) La solicitud del tutelante fue respondida por la entidad accionada.
iii) De la lectura del Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, se observa que Empresas Públicas de Medellín E.S.P, de manera explícita, suficiente y congruente: a) le indicó al señor Castaño Bueno las razones técnicas por las cuales no podía instalar en la vivienda el servicio de acueducto y alcantarillado solicitado, b) le informó sobre los requisitos y gestiones que primero debía realizar el actor para posteriormente poder proceder con dicha instalación por parte de la tutelada u otra empresa y c) le orientó sobre las alternativas ofrecidas por la empresa para financiar las tareas a cargo del tutelante, a efectos de poder realizarle la mencionada instalación. Es decir, tal como lo estimó el juez, se considera que la respuesta emitida fue de fondo, coherente e integral.
iv) Durante el trámite de la acción de tutela se verificó que el señor Omar Hernán Castaño Bueno no había conocido la respuesta de la accionada contenida en el Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013, razón por la cual el juez constitucional concedió el amparo y le ordenó a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, que le diera al accionante conocimiento inmediato del mencionado oficio.
v) El 25 de febrero de 2013 la entidad demandada, entregó físicamente la comunicación en mención a la señora Cristina Bueno, madre del actor, en la vivienda ubicada en la carrera 42C Nº 107 B – 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín. Así mismo, la remitió por correo certificado 472, el 23 de abril de 2013.
vi) El 14 de mayo de 2013 el ingeniero Jaime Montoya de las Empresas Públicas de Medellín ESP, realizó visita técnica en la mencionada vivienda, de cuyo resultado concluyó que frente al inmueble no hay redes locales o secundarias de acueducto ni alcantarillado; que no hay posibilidad de derrame por gravedad hacia redes de la carrera 42C y por lo tanto técnicamente es imposible conectar esas redes de la carrera 42C con esa vivienda.
vii) Según información contenida en la constancia del Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín del 19 de febrero de 2013 así como en la mencionada visita técnica del 14 de mayo de 2013, el accionante no reside en esa vivienda y la misma la tiene arrendada.
• Que se trate de una petición respetuosa, clara y comprensible.
• Que se emita una respuesta de fondo, precisa, integral y acorde con lo que fue solicitado. Esto no implica, aceptación a lo requerido.
• Esta respuesta debe darse de manera pronta y oportuna.
• La respuesta debe ser puesta en conocimiento o serle notificada al peticionario.
• En este sentido, se desprende que el ámbito del derecho de petición contempla y exige el cumplimiento de obligaciones en doble vía, es decir, el peticionario por un lado debe presentar una solicitud precisa y respetuosa, y por el otro lado, la entidad a quien va dirigida debe emitir una respuesta que contenga los elementos anotados, sin que ello implique que debe favorecer o aceptar lo requerido. Además, debe darla a conocer efectivamente al interesado.
Entonces, es claro que en este evento el señor Castaño Bueno presentó correctamente una petición que fue resuelta de manera plena y suficiente por parte de las Empresas Públicas de Medellín ESP en tanto que resolvió materialmente, de manera congruente y objetiva lo solicitado por el actor, a pesar de no acceder a sus pretensiones; se cumple en esa medida con las dos primeras exigencias citadas. Sin embargo, se observa que a pesar de que esta respuesta fue remitida por la demandada a la dirección suministrada por el actor en el encabezado de su petición, la misma no fue efectivamente recibida ni conocida por él, ni se tiene constancia de que fuera entregada en dicha dirección, lo que implica la presencia de un desconocimiento u omisión de uno de los elementos esenciales enunciados, y conlleva entonces la vulneración del derecho fundamental de petición.
Por lo tanto, esta Sala coincide con la decisión del Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín, de tutelar el derecho de petición del Sr. Oscar Hernán Castaño Bueno, ordenándole a las Empresas Públicas de Medellín ESP, que le diera a conocer de manera inmediata la respuesta contenida en el Oficio Nº 8142-2013003069 del 16 de enero de 2013.
— De las visitas técnicas realizadas el 30 de noviembre de 2009 y el 14 de mayo de 2013(30) por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P al inmueble ubicado carrera 42C Nº 107 B - 15, Interior 101, Barrio Popular 1 de Medellín, se infiere que la negativa de la entidad demandada en efectuar la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado en esa vivienda de propiedad del accionante, se fundamenta en razones técnicas y objetivas, sustentadas en el cumplimiento por parte de la accionada de la normatividad vigente que rige para el acceso a estos servicios y para la conexión de las redes de acueducto y alcantarillado, según lo contemplado en la Ley 142 de 1994, en la Ley 388 de 1997 y en especial en los artículos 7º y 8º del Decreto 302 de 2000, los cuales al respecto estipulan:
“ART. 7º—Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos:
7.4. Estar conectado al sistema público de alcantarillado, cuando se pretenda la conexión al servicio de acueducto, salvo lo establecido en el artículo 4º de este decreto.
7.6. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado.
7.7. La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semisótanos podrá realizarse previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios públicos. (...).
ART. 8º—Construcción de redes locales. La construcción de las redes locales y demás obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores; no obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios del servicio.
PAR.—Cuando la entidad prestadora de los servicios públicos no ejecute la obra, exigirá una póliza de estabilidad por cuatro o más años para garantizar la estabilidad de las redes locales”. (Resaltado fuera de texto).
— Igualmente, del acervo probatorio se colige lo siguiente: i) la accionada le indicó al señor Castaño Bueno las gestiones o labores que por ley le corresponde realizar, tendientes a la construcción de la red o acometida secundaria o local, para que una vez efectuada, la entidad pueda proceder a conectarle el servicio de acueducto y alcantarillado; ii) la demandada le informó al actor sobre las alternativas que puede ofrecerle para la financiación de estas labores para la construcción de la red local e instalación del servicio, y iii) el señor Castaño Bueno no reside en esa vivienda sino que la tiene arrendada.
— Ante estas circunstancias y considerando, como se afirmó en la parte motiva de esta sentencia, que el servicio de alcantarillado y de agua potable tienen el carácter de fundamental cuando su ineficiente prestación o ausencia afecta de manera notoria derechos y principios constitucionales fundamentales, considera la Sala que la negativa de las Empresas Públicas de Medellín de conectar el servicio público de acueducto y alcantarillado a la vivienda del señor Omar Hernán Castaño Bueno, pudo afectar sus derechos fundamentales al agua y a la vivienda digna en tanto la falta de conexión directa al acueducto ha retrasado el goce en esa vivienda. No obstante, nota la Sala que el accionante no reside ya en esa casa y que tuvo que buscar otra vivienda que sí cumpliera con las condiciones mínimas de salubridad y sanidad, lo que nos sitúa ante una carencia de objeto por daño consumado. Un daño que se concreta en que el accionante paga actualmente un canon de arrendamiento, al tiempo que el predio de su propiedad continúa sin el servicio de acueducto y alcantarillado.
— Al tenor de la jurisprudencia vigente(31), ante una carencia de objeto por daño consumado, el juez constitucional no puede proceder a un amparo como resultado de la consumación del daño, pues ello implicaría avalar situaciones inconstitucionales para las personas, en la medida en que los mandatos superiores quedarían simplemente en el papel. Ello pugna con los principios establecidos en la Carta Política que propenden por una sociedad justa y por la eficacia del orden constitucional, tal como lo ordena su artículo 2º. De este modo, el juez de tutela cuenta con la obligación de evitar que estas situaciones se produzcan en el futuro, para esto le han sido entregadas una serie de facultades que se basan en la justicia material y en la promoción de los derechos humanos. Dicho de otra manera, se busca salvaguardar la dimensión objetiva de las garantías fundamentales, las cuales adquieren la composición ontológica de principios, que pretenden su cumplimiento como mandatos de optimización, esto es, su concreción en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas(32).
— Por tales razones, se tomarán las siguientes decisiones: (i) para poder instalar en el caso del accionante, los servicios de acueducto y alcantarillado, considerando la falla o impedimento técnico que afecta la vivienda de su propiedad, existe una solución que por ley le corresponde asumir exclusivamente al propietario; ii) por tanto, es deber del tutelante, quien ya conoce la respuesta dada por las Empresas Públicas de Medellín ESP y que contiene los pasos que debe realizar y las opciones de ayuda ofrecidas para lograr la efectiva instalación de los servicios- iniciar y desarrollar las adecuaciones técnicas requeridas para que una vez hechas se proceda a la conexión del servicio de acueducto y alcantarillado en su inmueble. Reitera así la Corte el precedente sentado en la Sentencia T- 055 de 2011, relacionada ut supra.
Considerando lo expuesto, y pese a estar ante un hecho superado en punto a la alegada violación del derecho de petición y frente a un daño consumado en lo que se refiere a la supuesta violación del derecho al agua, esta Sala de Revisión considera pertinente, dadas las consideraciones expuestas en el fallo, ordenarle a las Empresas Públicas de Medellín ESP, que emita una nueva comunicación al señor Omar Hernán Castaño Bueno, en la que de manera detallada le informe y oriente sobre todos los mecanismos o alternativas con que cuenta para poder construir la red o acometida local que le falta a su vivienda, y así lograr la instalación adecuada del servicio de agua. Lo anterior deberá ser comunicado debidamente en un término no superior a 48 horas a partir de la notificación de esta providencia.
Así mismo, deberá brindarle un acompañamiento permanente al señor Omar Hernán Castaño Bueno en caso de estar interesado en este proceso y acordar con él un cronograma de trabajo para la realización de dicha adecuación —que está a cargo del actor— una vez se cumplan los requisitos para su inicio y ejecución. Una vez ejecutada esta construcción y solucionado dicho impedimento técnico, las Empresas Públicas de Medellín ESP deberán cumplir con su deber de realizar la conexión a la red de acueducto base o principal y así instalarle efectivamente el servicio de acueducto y alcantarillado al mencionado inmueble.
1. DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir hecho superado en punto a la solicitud de amparo del derecho de petición y daño consumado en relación con la tutela del derecho al agua.
2. CONFIRMAR por las razones expuestas, el fallo de tutela proferido el 20 de febrero de 2013, por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín.
3. ORDENAR a las Empresas Públicas de Medellín ESP, que dentro de las 48 siguientes a la notificación de esta providencia, emita un oficio mediante el que informa y oriente al señor Omar Hernán Castaño Bueno, sobre todos los mecanismos o alternativas con las que cuenta para poder construir la red o acometida local que le falta a su vivienda, el cual deberá serle debidamente comunicado dentro de dicho término.
4. ORDENAR a las Empresas Públicas de Medellín ESP, que le brinde acompañamiento permanente al señor Omar Hernán Castaño Bueno en caso de estar interesado en este proceso y acuerde con él un cronograma de trabajo para la realización de dicha adecuación —que está a cargo del actor— una vez se cumplan los requisitos para su inicio y ejecución. Una vez efectuada esta construcción y solucionado dicho impedimento técnico, las Empresas Públicas de Medellín ESP deberán cumplir con su deber de realizar la conexión a la red de acueducto base o principal y así instalarle efectivamente el servicio de acueducto y alcantarillado al mencionado inmueble.
5. Por la Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva—Maria Victoria Calle Correa, ausente en comisión.
(1) Folios 10 al 17 del cuaderno 1.
(2) Folio 10 del cuaderno 1.
(3) Folios 43al 49 del cuaderno 1.
(4) Sentencia T-377 de 2000 y Sentencia T-249 de 2001 reiterada por las sentencias T-1046 de 2004, T-180a de 2010, T-691 de 2010, T-161 de 2011, entre otras.
(11) Sobre el particular se puede consultar la Sentencia T-1752 de 2000, en donde la Corte manifestó que con el propósito de salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social en materia de pensiones, se considera que el derecho a acceder a la pensión es subjetivo, en la medida en que el aspirante a la pensión cumple con todos los requisitos para acceder a ella, y además se puede reclamar ante los funcionarios administrativos; y también ante los funcionarios judiciales porque la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen acceso a ella, de suerte que el aspirante a pensionado tiene derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco normativo correspondiente, preferenciándose el derecho sustancial.
(12) Si bien el capítulo sobre el derecho de petición fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011, sus efectos fueron diferidos en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2014.
(13) Cuando la Ley 1437 de 2011 hace alusión a “toda petición”, también hace referencia al término legal existente para resolver la solicitud ante particulares.
(14) Párrafo, artículo 14º de la Ley 1437 de 2011.
(15) Referencias de la Sentencia T-055 de 2011.
(16) Sentencia T-888 de 2008.
(18) Ver Sentencia T-472 de 1993.
(19) “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
(20) MP, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(21) MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
(22) Ver sentencias T-578 de 1992 y T-022 de 2008.
(23) Sentencia T-406 de 1992, MP, Dr. Ciro Angarita Barón y T- 734 de 2009, MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
(24) Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992.
(25) Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 1992.
(26) MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
(27) MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
(28) MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
(29) T- 082 de 2013.
(30) Folios 26 y 43 y folios del 31 al 32 y 46 - cuaderno Corte Constitucional, respectivamente.
(31) T-842 de 2011.
(32) Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Editorial Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Madrid, 1993. En palabras de Alexy, este es el resultado de excluir los elementos subjetivos de la estructura de los derechos humanos: (A) titular del derecho; (B) sujeto obligado; (C) situación jurídica fundamental. En efecto, la dimensión objetiva de los derechos humanos se concentra en el estudio de los mandatos de actuación de las autoridades y los particulares, así como en el deber de protección a todos los titulares de la Constitución, en otras palabras es la prescripción normativa pura del contenido esencial del derecho.