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Timestamp: 2019-02-19 01:13:59
Document Index: 90588414

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 39']

Fecha 21/12/2015 secretaria de economia resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de artículos para cocinar de aluminio, originarias de la República Popular China - Página 27
3. Categorías y comparación equitativa del producto objeto de investigación
116. CMA y Avon argumentaron que hay 5 meses de distancia entre la solicitud y el periodo investigado a que se refiere la Resolución de Inicio, por lo que consideraron que no refleja la realidad del mercado; en consecuencia, no hay certeza de que en dicho periodo existiera una afectación a la producción nacional. Añadieron que la Secretaría no justificó bajo qué consideraciones la elección de dicho periodo proporciona información objetiva e imparcial sobre la realidad más próxima del mercado de artículos para cocinar de aluminio.
117. En el mismo sentido, Provsa manifest que la Resolución de Inicio está viciada de origen porque considera un periodo de investigación que no es lo más cercano posible a la fecha de presentación de la solicitud, pues a su juicio, el periodo de análisis de daño debió comprender los meses de diciembre de 2011 a noviembre de 2014.
118. Por otra parte, IML, TMK y Sears argumentaron que de acuerdo con la Recomendación de la OMC, para que la determinación preliminar de daño se tome sobre la base de información actual, resulta indispensable la actualización del periodo investigado y analizado, ya que no hacerlo conduciría a una violación de los artículos 3.1 y 3.5 del Acuerdo Antidumping, los cuales aluden a una determinación sobre una situación presente y actual, y no exclusivamente sobre un estado de la rama de producción nacional en tiempo pasado. Añadieron que conforme a lo establecido en el artículo 76 del RLCE, la Secretaría tiene la atribución para actualizar el periodo de investigación.
119. Al respecto, Vasconia manifestó lo siguiente:
a. ni el RLCE ni el Acuerdo Antidumping establecen una norma expresa respecto al tiempo que debe transcurrir entre el periodo investigado y la solicitud de inicio, por lo que una distancia de 5 meses no viola la legislación en la materia;
b. el artículo 76 del RLCE no obliga a la Secretaría a actualizar el periodo investigado, sino que le otorga una facultad discrecional para determinarlo de acuerdo a las circunstancias del caso;
c. la actualización del periodo investigado resulta innecesaria pues la información que aportó fue la más cercana disponible a la presentación de la solicitud, por lo que la consideró pertinente así como la mejor información disponible, ya que, además, contiene pruebas positivas de daño durante el periodo analizado, y
d. las contrapartes no demostraron ni probaron alguna carencia o falta de información que pudiera justificar que la Secretaría ejerciera su facultad de actualizar el periodo investigado, sólo se limitaron a alegar que debía operar una actualización de la información.
120. La Secretaría consideró improcedentes los argumentos de Cocinas Institucionales, CMA, Avon, IML, TMK y Sears, por lo siguiente:
a. el periodo investigado fijado en la presente investigación cumple con lo establecido en el artículo 76 del RLCE y en la Recomendación de la OMC, ya que el mismo es de un año y termina en la fecha más cercana posible a la Resolución de Inicio, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, y tomando en cuenta las limitaciones temporales prácticas que enfrentan los productores nacionales para recopilar la información, datos y pruebas requeridos para la solicitud de inicio, se considera que la Solicitante proporcionó la información que razonablemente tuvo a su alcance;
b. asimismo, dicho periodo no contradice lo dispuesto en el artículo 76 del RLCE y en la Recomendación de la OMC, no obstante que hayan transcurrido 5 meses entre el término del mismo (junio 2014) y de la presentación de la solicitud de inicio (diciembre de 2014), pues ninguna de estas dos disposiciones fija un plazo máximo para determinar el periodo investigado, y
c. de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del RLCE, corresponde a la Secretaría determinar si es necesaria la actualización del periodo investigado y analizado. Sin embargo, en la presente investigación, las partes comparecientes no aportaron pruebas ni argumentos objetivos que
justifiquen actualizar los periodos referidos.
121. Coppel manifestó que no resulta confiable la clasificación del producto objeto de investigación en tres tipos genéricos, por lo siguiente:
a. los artículos para cocinar de aluminio pueden tener diferentes materiales y formas, con o sin algún tipo de revestimiento o terminado pulido, en donde la tapa puede o no estar presente. Si bien, tienen en común el material de aluminio y su función que es cocinar, también existen un sinfín de variantes. Al respecto, presentó referencias de precios obtenidas en sitios de Internet de tiendas departamentales en México para los tres tipos de producto, así como estudios de calidad elaborados por Profeco en junio de 2011 y septiembre de 2012;
b. las diferentes características determinan, tanto el costo de producción como el precio de comercialización de un producto. Explicó que tal clasificación es imprecisa, debido al margen de precios del sartén u olla que va del más barato al más caro, lo que impide materialmente determinar el valor normal, en términos del artículo 31 de la LCE, y
c. en el caso de las baterías y los juegos de sartenes, mencionó que pueden estar formadas por materiales, número de piezas y diámetros diversos, por lo que no se pueden considerar como una clasificación independiente. En todo caso, implicaría que se requieran diferentes clasificaciones de baterías y juegos de sartenes.
122. Coppel propuso una clasificación para sartenes y ollas, considerando el recubrimiento, capacidad, diámetro y tapa. Aunque aclaró que tales características no se encuentran detalladas en las facturas de venta ni en los pedimentos de importación.
123. Por otra parte, Provsa indicó que en las categorías propuestas por la Solicitante, las baterías no son un producto genérico diferente, pues se trata de la importación conjunta de ollas y sartenes, de ser el caso, la Solicitante tenía que haber demostrado la práctica desleal en las baterías o de lo contrario, presentar un margen de discriminación de precios para cada una de la piezas que componen a la misma.
124. CMA y Avon argumentaron que tanto la Solicitante como la Secretaría, utilizaron indistintamente referencias de tipos genéricos de artículos para cocinar de aluminio, es decir, sólo se hizo una diferenciación en tres grandes grupos. Manifestaron:
a. la información aportada por la Solicitante no distingue diámetro, espesor, peso, uso, tipo de recubrimiento, entre otras características, que tienen un impacto en los precios. Añadieron que resulta relevante describir tales características;
b. la Secretaría se encuentra obligada a tener debidamente en cuenta las diferencias en las características físicas identificadas. Así como comprobar si es necesario un ajuste, a fin de garantizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, y
c. al pasar por alto los diferentes tipos y variedades de artículos para cocinar de aluminio, la metodología para la determinación del margen de discriminación de precios contraviene lo dispuesto en los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 30 y 31 de la LCE y 39 del RLCE, toda vez que no se calculó un margen individualizado por tipo de mercancía.
125. Adicionalmente, Avon afirmó que no existe un catálogo universal que incluya la totalidad de productos del producto objeto de investigación y reconoció que es posible que existan muchas clasificaciones tomando en consideración las distintas características físicas.
126. Las empresas importadoras TMK, IML y Sears también argumentaron que la Secretaría debe reconocer y aceptar que no se puede hacer una comparación válida en términos del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, si se comparan los precios de sartenes, ollas y baterías sin antiadherentes con los que cuentan con él. Manifestaron:
a. la Secretaría no realizó el cálculo conforme al artículo 39 de RLCE al no estimar el margen de discriminación de precios, de tal forma que el valor normal y el precio de exportación corresponda a bienes análogos;
b. la comparación entre ambos precios debe realizarse preferentemente respecto de productos y códigos de producto idénticos y sólo ante la ausencia de éstos, aplicar ajustes por diferencias físicas, y
c. la Secretaría debe acotar las categorías de los productos tomando en consideración las dimensiones,
los juegos o piezas solas, el antiadherente con características especiales, base o distribuidor de calor, si cuenta con tapa o no, el material del mango y si incluyen accesorios.
127. Coincidieron con Avon, en que las características propuestas no se mencionan en las facturas ni en los pedimentos de importación.
128. Sanhe señaló que el producto objeto de investigación es diferenciado en usos, precios, procesos de producción, lo que dificulta considerar cada producto similar con otro de la misma categoría. Sin embargo, manifestó no tener forma de proponer ajustes por diferencias físicas y aceptó la clasificación de sartenes, ollas y baterías que presentó la Solicitante.
129. Por su parte, Vasconia argumentó:
a. es falso que la metodología para la determinación del margen de discriminación de precios contravenga lo dispuesto en la legislación aplicable. Toda vez que cumplió con el estándar de inicio que pide la Secretaría sobre la presunción de un margen de discriminación de precios basado en la mejor información disponible;
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