Source: https://www.slideshare.net/rubengaete3/descentralizacin-paraguay-rgaet
Timestamp: 2017-04-24 22:23:25
Document Index: 289350436

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 156', 'artículo 158', 'artículo 163', 'artículo 38', 'artículo 144', 'artículo 144', 'Artículo 7', 'Artículo 16', 'artículo 13']

Descentralización de Servicios Basicos en el Paraguay
Rubén Gaete, Working
at Fundación CIRD
Estudio de la descentralización de servicios
esenciales para el caso de Paraguay
LC/SGO/W.xxxx
Copyright © Naciones Unidas, enero de 2012. Todos los derechos reservados
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.
CEPAL – Colección Documentos de proyectos Estudio de la descentralización de servicios esenciales para el caso de Paraguay
I. Introducción ............................................................................................................................. 7
A. Aspecto político institucional............................................................................................ 7
B. Aspecto socioeconómico ................................................................................................. 7
C. El proceso de Descentralización...................................................................................... 9
D. Gobierno Departamental................................................................................................ 12
E. Gobierno Municipal ........................................................................................................ 15
II. Tendencias Recientes ........................................................................................................... 17
A. Las cifras de la descentralización .................................................................................. 17
B. Los recursos de Transferencias y Coparticipación........................................................ 19
III. El caso de servicios específicos ............................................................................................ 23
A. Salud .............................................................................................................................. 23
B. Educación: Niveles Básica y Media ............................................................................... 29
C. Recolección y disposición de Residuos
Sólidos Domiciliarios (RSD)........................................................................................... 32
D. Fomento Productivo ....................................................................................................... 35
E. Seguridad Ciudadana (Policía) ...................................................................................... 37
III. Tablas de análisis de Servicios Seleccionados..................................................................... 41
A. Glosario .......................................................................................................................... 41
IV. Conclusiones ......................................................................................................................... 61
Cuadro 1 Cifras y Porcentajes de ingresos y gastos de los 3 niveles de Gobierno.
Estimación en miles de dólares americanos ($) .................................................... 18
Cuadro 2 Transferencias relativas desde el nivel central y
coparticipaciones de impuestos ............................................................................. 20
Cuadro 3 El contexto institucional y su evolución.................................................................. 22
Cuadro 4 Análisis de Distribución de funciones sector
Salud – Atención Primaria...................................................................................... 42
Cuadro 5 Análisis de Distribución de funciones sector
Educación – Niveles Básica y Media ..................................................................... 46
Cuadro 6 Análisis de Distribución de funciones Recolección y
Disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD)........................................... 50
Cuadro 7 Análisis de Distribución de funciones Servicios
de Fomento Productivo .......................................................................................... 53
Cuadro 8 Análisis de Distribución de funciones Servicios
Policiales y Seguridad Ciudadana.......................................................................... 57
Gráfico 1 Evolución de la Pobreza total, según área
de residencia Periodo 2005-2009 ............................................................................ 8
Gráfico 2 Distribución de la Población pobre, según dominio
geográfico, año 2009................................................................................................ 9
La presente investigación es parte de la segunda fase del estudio comparativo sobre la
descentralización de servicios esenciales, efectuada por ILPES en el marco del convenio con la GIZ
sobre Descentralización y Buen Gobierno, componente 1: Buena Gobernanza. En esta fase se
analizaron los casos de: Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú.
El documento hace una referencia a las principales características que el proceso de
descentralización experimenta en el caso Paraguayo. Se analizan los aspectos vinculados a la
provisión de servicios descentralizados en: atención primaria de salud, educación pre básica (pre
escolar), básica (primaria o fundamental) y media (secundaria), actividades de recolección y
disposición de residuos sólidos domiciliarios, servicios relativos a la seguridad ciudadana y policía y
la provisión de servicios para apoyar el fomento productivo regional y local.
El marco de análisis considera la revisión de los factores de la provisión de los servicios
distinguiendo en el análisis de competencias: la formación de políticas y marco normativo, la
inversión, el mantenimiento, el funcionamiento y la participación ciudadana; en relación a un conjunto
de funciones que consideran la planificación, la operación, el funcionamiento y la evaluación de estas.
A. Aspecto Político-institucional
El Paraguay es una República unitaria, indivisible y descentralizada; con un sistema de gobierno
presidencialista, basado en la democracia representativa, participativa y pluralista; que está dividido
política y administrativamente en 17 departamentos y 238 municipios. El Estado se compone de tres
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El jefe del Ejecutivo, con el cargo de Presidente de
la República, dura en sus funciones un periodo de cinco años, y no puede ser reelecto.
Durante 35 años, el país estuvo gobernado por una dictadura, que culminó en 1989,
iniciándose un proceso de transición democrática que llevó un poco más de dos décadas. Las últimas
elecciones presidenciales y parlamentarias se realizaron en el 2008, marcando un hecho histórico, pues
se produce la alternancia en el gobierno después de 61 años de permanencia de un partido tradicional
conservador, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), sucediéndole un gobierno de
izquierda a través de la alianza de varios partidos políticos y algunos colectivos sociales minoritarios
agrupados en la organización denominada “Alianza Patriótica para el Cambio” (APC).
Con la llegada del nuevo Gobierno, se abrió un período que despertó muchas expectativas en
el pueblo paraguayo, no exento de incertidumbres y dificultades, dada la situación de minoría
parlamentaria y con fuertes presiones de grupos sociales secularmente marginados. La diversidad de
grupos políticos que sustentan al gobierno nacido de las últimas elecciones y su situación de minoría
parlamentaria constituyen una amenaza de fragilidad y una limitación en la perspectiva del gobierno
de introducir cambios estructurales durante su mandato.
B. Aspecto Socioeconómico
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares
(2009), la población
total estimada es de 6.273.103 habitantes, de los cuales el 58,8% vive en zonas urbanas y el restante
en zonas rurales. La superficie del país es de 406.752 km², contando con 15,4 habitantes por kilómetro
La población en situación de pobreza representa el 35,1% (cerca de 2 millones 191 mil
personas) del total de habitantes del país. A escala nacional, la incidencia de pobreza total descendió
1 Encuesta Permanente de Hogares, DGEEC. (2009).
en aproximadamente 3 puntos porcentuales (de 38% en el 2008 a 35% en el 2009). La pobreza
extrema permanece en 19%
En el periodo 2005-2009, la pobreza total ha experimentado un comportamiento diferenciado
por etapas (Gráfico 1). Entre los años 2005 y 2006, la pobreza tuvo un incremento de más de 10
puntos porcentuales, pasando de 38,6% a 43,7%. Posteriormente el indicador tiende a descender de
manera sostenida hasta el 2009. Este comportamiento es producto de lo ocurrido en áreas urbanas,
donde el descenso de la incidencia es significativo en el periodo mencionado. Sin embargo, en las
zonas rurales se registró un leve incremento en la incidencia al pasar de 48,8% en 2008 a 49,8% en
EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA.
Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2009.
En cuanto a la desagregación geográfica de la población pobre para el año 2009, el Gráfico 2
muestra que prácticamente la mitad de la misma reside en áreas rurales mientras que el resto se
distribuye de la siguiente manera: 21,5% en Central Urbano, 15% en el Resto Urbano y sólo el 5% en
2 Encuesta Permanente de Hogares, DGEEC. (2009).
34,4 35,3 33,6
49,848,8
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE, SEGÚN DOMINIO GEOGRÁFICO. AÑO 2009
En cuanto al desempeño de la economía, para 2011 se estima que el PIB del Paraguay tendrá
un crecimiento moderado del 4,5%, después de haber registrado tasas de variación del -3,8% en 2009
y un crecimiento histórico del 15,3%
en 2010; tasa que tiene directa relación con las divisas
ingresadas al país por la exportación récord de granos, particularmente soja, y de carne vacuna,
favorecidos por el clima benigno durante todo el año. El PIB por habitante en términos corrientes, al
cierre de 2010 fue de US$ 2.766 (dólares corrientes)
, frente a US$ 2.350 del 2009.
En lo que respecta al mercado laboral, la Encuesta Continua de Empleo registró una tasa de
desempleo abierto del 7% al tercer trimestre de 2010 (un 7,2% para los hombres y un 6,7% para las
mujeres). Como referencia, la tasa de desempleo abierto informada en la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH), realizada entre octubre y diciembre de 2009, fue del 6,4%. Por otro lado, repasando
algunos indicadores “básicos” del mercado de trabajo para el periodo 2002 a 2008 se observa que no
existieron variaciones significativas, salvo en lo referido al subempleo pasó del 22,4 al 26,5 %). Sin
duda, este constituye el mayor problema en Paraguay que deberá solucionar la política de empleo. Así,
el desafío principal de la economía paraguaya es lograr generar la suficiente cantidad de empleos de
calidad para las personas que se incorporan anualmente a la Población Económicamente Activa
(PEA), disminuyendo al mismo tiempo el subempleo.
C. El proceso de Descentralización
El Paraguay, al igual que todos los países en América Latina, contempla dentro su estructura
algún grado de descentralización, contando con tres niveles de gobierno (nacional, departamental y
municipal), aunque debe señalarse que la descentralización constituye aún un proceso de cambios
reciente e inacabado.
A partir de los cambios políticos de 1989, año en que es derrocado un gobierno autoritario de
35 años, se inicia un proceso de apertura política, lo cual implicó una nueva forma de relacionamiento
entre el Estado y la sociedad, generándose a partir de ello diversas transformaciones en el Estado,
entre las que se cuentan la descentralización política, administrativa y de transferencia de
responsabilidades desde el nivel central a los niveles subnacionales.
3 Banco Central del Paraguay. Cuentas Nacionales de Paraguay. Cuarto Trimestre 2010.
4 Banco Central del Paraguay. Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral. Cuarto Trimestre 2010. Marzo, 2011.
Asunción; 4,9
58,7 Resto
Urbano; 14,9
Urbano; 21,5
La década de los noventa se inició con importantes transformaciones en el ámbito de la
descentralización. En primer lugar, en mayo de 1991 se celebraron las primeras elecciones
democráticas municipales5, por medio de la reforma de la ley electoral vigente. Después, en 1992, a
fin de iniciar la reforma de la macro estructura jurídica-política heredada, se sancionó una nueva
Constitución, en la cual, la descentralización adquiere jerarquía constitucional; al declarar en su art. 1
que el Paraguay “se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, en
la forma que establecen esta Constitución y las leyes”. Así mismo, se crearon los Gobiernos
Departamentales, con elección directa para los cargos políticos, es decir gobernadores (ejecutivo
departamental) y juntas departamentales (legislativo departamental); además de profundizar la
autonomía municipal, asignando a los Gobiernos Municipales atribuciones bien específicas, y una
importante fuente de recursos (impuesto inmobiliario), a ser compartido, en pequeña parte, con los
Con la incorporación de estas medidas dentro de una nueva organización del Estado, la
estructura político-institucional en el país difiere radicalmente a lo que imperó históricamente durante
el régimen autoritario. Anteriormente, los Delegados de Gobierno Departamental y los Intendentes
Municipales de toda la República eran designados por Decreto Presidencial y representaban
simplemente a la política del Poder Ejecutivo en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, la
organización del Estado a nivel sub nacional (particularmente a nivel departamental) funcionaba más
bien como mecanismo de control político y social, que como administraciones autónomas con la
capacidad de decisión para generar y asignar recursos en el proceso de gastos públicos.
La descentralización de los gobiernos departamentales y municipales puede ser vista como
una condición satisfactoriamente superada en relación a un requisito político básico y representa un
paso sumamente favorable a los propósitos de poner en funcionamiento el proceso para la
descentralización en el país. Este hecho constituye un importante avance institucional no solo por su
contenido de contraste histórico sino porque en el futuro el mismo también puede servir de base para
reforzar el concepto de gobernabilidad a nivel subnacional.
Como se menciona en el documento “Plataforma de Descentralización desde la perspectiva de
los Gobiernos Departamentales y Municipales” (Consejo de Gobernadores, Organización Paraguaya
de Cooperación Intermunicipal, Asociación de Juntas Municipales del Paraguay, Asociación de Juntas
Departamentales del Paraguay, USAID, 2001), el principio de descentralización no se contradice con
la forma unitaria del Estado también consagrada en el artículo 1 de la Constitución. Por el contrario,
la unidad del Estado paraguayo es claramente compatible con la búsqueda de una mayor
descentralización de la gestión administrativa, que redistribuya las funciones ejecutivas del Estado, en
atención a criterios de eficiencia, participación y proximidad.
La compatibilidad de ambos principios puede notarse en el desarrollo de la propia
Constitución, cuyas disposiciones garantizan la autonomía de entes territoriales y la posibilidad de que
éstos asuman nuevas competencias ejecutivas, sin que ello implique la creación de departamentos con
potestades legislativas o judiciales. El carácter unitario del Estado Paraguayo se manifiesta, en primer
lugar, con la centralización de la función legislativa en el Parlamento Nacional; vale decir, sólo este
poder del Estado puede dictar leyes y no existe la posibilidad de establecer Parlamentos regionales o
departamentales con facultades para dictar normas con rango de ley, que coexistan con las leyes
nacionales. En segundo lugar, la unidad del Estado se refleja en la concentración de la función judicial
en la Corte Suprema de Justicia que ejerce la superintendencia administrativa de todo el cuerpo
judicial y es la máxima autoridad judicial para toda la república, y en los Tribunales y Juzgados
Por su parte, el carácter descentralizado del Estado Paraguayo se traduce en el fortalecimiento
de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, a través de un proceso de transferencias de
recursos y competencias administrativas que históricamente fueron ejercidas por el Gobierno Central.
5 En 1991, por primera vez en la historia del Paraguay se eligieron Intendentes Municipales mediante el voto popular
Se busca con ello un mejor ordenamiento territorial de la Administración Pública, asignando
nuevos roles a entes subnacionales, que por su proximidad con los ciudadanos, pueden gestionar los
servicios públicos con un mejor conocimiento de las necesidades y bajo un mejor control de la
comunidad. El principio de descentralización se reduce entonces al ámbito de las potestades
administrativas, sin afectar el carácter unitario del Estado, que está garantizado con la unidad de la
función judicial y legislativa.
Desde el punto de vista político, la Convención Nacional Constituyente de 1992 fue un gran
paso en el proceso de democratización y descentralización del país, consagrando modificaciones
fundamentales en la estructura de la República. El desarrollo constitucional de la descentralización
está expuesto en el Capítulo IV de la Constitución referido al ordenamiento territorial de la República.
Este capítulo contempla en sus disposiciones generales la estructuración política y administrativa del
Estado, consagrando enfáticamente la autonomía administrativa y normativa y la autarquía de los
departamentos y Municipios. Dice el artículo 156: “A los efectos de la estructuración política y
administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos,
los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de autonomía política,
administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e
inversión de sus recursos”.
En el ámbito normativo, las Juntas Departamentales sancionan ordenanzas departamentales (y
el Gobernador las promulga), que son normas de carácter general o particular y de cumplimiento
obligatorio en el Departamento. Las Ordenanzas Municipales son normas de aplicación general con
fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la
Intendencia Municipal. En efecto, los constituyentes no han sido muy prolijos en la redacción del
Art. 156, ya que luego de establecer que el territorio nacional “se divide en departamentos,
municipios y distritos”, en forma genérica, se predica que “dentro de los límites de esta Constitución
y de las leyes, gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus
intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”. A tenor de dicha norma, se
concluye que gozan de la misma autonomía y autarquía “departamentos, municipios y distritos”, lo
cual no se compadece, en absoluto, con la realidad.
En primer lugar, porque no existe la categoría “distritos” como una subdivisión territorial
de los municipios, ya que la imprecisa denominación “distrito” se utilizaba en la Ley Orgánica
Municipal -anterior a la Constitución- y se sigue utilizando en la actual ley Orgánica Municipal como
sinónimo de “municipio” o “distrito municipal”. No existe un “distrito” que no coincida con los
límites de algún “municipio”. Sólo de los municipios corresponde predicar su autonomía y autarquía,
ya que a los mismos se le otorgan importantes y precisas competencias (entre ellas, la facultad de
“dictar sus propias normas” (Ordenanza Municipal), y una definida fuente de ingresos, no así de los
departamentos, y mucho menos de los “distritos”, de los cuales no se ocupa más la Constitución ni
la ley, en el sentido de definirla como algo distinto a un municipio o como subdivisión territorial
Por su parte, el artículo 158 establece la posibilidad de creación de servicios de carácter
nacional en la jurisdicción de los Municipios y Departamentos, reforzando con ello la posibilidad de
encarar un proceso de descentralización. Las secciones II y III del Capítulo IV desarrollan las
disposiciones referentes a los Gobiernos Departamentales y Municipales, reforzando el carácter
autónomo de estas entidades y estableciendo competencias, la organización del gobierno y el régimen
de recursos. La enumeración de competencias y recursos formulada en la Constitución es meramente
enunciativa, pues en el caso de ambas entidades territoriales, la ley puede disponer que asuman otras
funciones y que reciban otras fuentes de recursos.
El Institut Internacional de Governabilitat de Cataluña, en un importante estudio
nuestro ordenamiento político-institucional, señala cuanto sigue: “A diferencia de lo que ocurre en
6 “Libro Blanco sobre la Reforma Institucional en Paraguay”. IIG/PNUD 2003
otras constituciones, la de Paraguay de 1992, realiza una ordenación muy acabada de la
administración territorial, dedicando varios artículos al establecimiento de principios constitucionales
que deben regir dicha administración territorial y regulando, de forma pormenorizada, diversos
aspectos de la organización, competencias y régimen jurídico de estas administraciones. De toda esta
regulación constitucional, destaca la nota de autonomía política y administrativa que se les atribuye a
dichos entes territoriales, que se constituye en piedra angular de la ordenación territorial, tanto de los
municipios como de los departamentos. La regulación jurídica del ordenamiento y la
institucionalización de la administración territorial, debería pues, realizarse partiendo de estos
principios y sobre la base del mismo, conforme al orden constitucional.” Aunque debe señalarse que
Los hitos en cuanto a los avances concretos en materia de descentralización pueden separarse
en políticos y fiscales.
Así, desde el punto de vista político se puede mencionar que:
• Se han elegido cinco períodos de autoridades municipales (1991-1996-2001-2006-2010).
• Se han elegido cuatro períodos de autoridades departamentales (1993-1998-2003-2008).
• En las elecciones nacionales se eligieron a diputados departamentales (1993-1998-2003-
2008). La Constitución Nacional del año 1992, cambió la forma de elección de la Cámara
de Diputados, que pasó a ser la Cámara de Representación Departamental (anteriormente
eran de representación nacional). Ello ha incidido de manera decisiva en la conformación
y funcionamiento del Congreso. De hecho, las reformas legales más importantes a favor
de la descentralización se han impulsado desde dicha Cámara, ya que,
constitucionalmente, tiene la iniciativa en materia de gobiernos locales.
Desde el punto de vista fiscal, se puede mencionar que:
• Por la de Constitución de 1992 se transfirió el Impuesto Inmobiliario a los municipios.
• Por Ley 429 del año 1994, se estableció la coparticipación en el IVA (Impuesto al Valor
Agregado) con los Gobiernos Departamentales, y los canones e ingresos provenientes de
los Juegos de Azar con los Gobiernos Departamentales y Municipales.
• La Ley 1309/98 estableció la distribución a los Departamentos y Municipios del 50% de
los Royalties y Compensaciones de Itaipú y Yacyretá (entidades binacionales generadoras
de energía eléctrica) a fin de promover el desarrollo económico a través de la realización
de obras de infraestructura. Luego, la Ley 2979/06 modificó los porcentajes destinados a
D. Gobierno Departamental:
Los gobiernos departamentales son iguales entre sí en cuanto a competencias y funciones,
definidos por la Constitución y por la Ley Orgánica. Los 17 Departamentos del país, sin embargo, se
diferencian grandemente en población, tamaño territorial, densidad, y condiciones socio-económicas
regionales. El gobierno de cada departamento es ejercido por un Gobernador y una Junta
Departamental. Son electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos
departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales (es decir, elecciones de
autoridades nacionales), y duran cinco años en sus funciones. Los Gobernadores no pueden ser
reelectos, mientras que los Miembros de las Juntas Departamentales pueden ser reelectos.
El establecimiento de las gobernaciones departamentales representa una innovación
estructural dentro del esquema gubernamental del país. La posibilidad operacional y efectividad de los
gobiernos departamentales, sin embargo, está sujeta a una madurez política y administrativa en el país.
Existen todavía áreas de posibles conflictos con el Gobierno Nacional. Al respecto, uno de los
ejemplos es que la Constitución expresa en su Art. 161 que "el Gobernador representa al Poder
Ejecutivo en la ejecución de la política nacional". Se considera que las funciones y fuentes de recursos
de las Gobernaciones están muy vagamente definidas como para ejercer una administración efectiva.
La mayoría de las gobernaciones interpretan que las bases legales son limitadas en términos de otorgar
el ejercicio del poder departamental.
Con la creación de los gobiernos departamentales, se puede identificar la primera
reconsideración impositiva con relación a los gobiernos regionales y locales. La Constitución de 1992,
en relación a los recursos de la Administración Departamental, en su Art. 164, establece y otorga en
forma genérica los siguientes recursos:
1. La porción correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan y
regulen por esta Constitución y por la Ley;
2. Las asignaciones o subvenciones que les destine el Gobierno Nacional;
3. Las rentas propias determinadas por Ley, así como donaciones y los legados
4. Los demás recursos que fije la Ley.
Al respecto, puede señalarse que los Gobiernos Departamentales no ejercen responsabilidad
directa en recaudar fondos tributarios. Al analizar el Presupuesto de los Gobiernos Departamentales se
observa que sus fuentes de recursos provienen de las transferencias de tributos coparticipados con los
otros niveles de gobiernos del país; así como de los recursos provenientes de las transferencias
otorgadas como Regalías y Compensaciones por las construcciones de las Hidroeléctricas de Itaipú y
Yacyretá. En la Tabla 2 se detallan las transferencias relativas desde el nivel central y la
coparticipación de impuestos.
La Constitución Nacional otorga a los gobiernos departamentales como competencia, los
Coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento;
1. organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de
energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un municipio,
así como promover las asociaciones de cooperación entre ellos.
2. Preparar el Plan de Desarrollo Departamental, que deberá coordinar con el Plan Nacional
de Desarrollo y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el
3. Coordinar la acción departamental con las actividades del Gobierno Central, en especial
lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente
en el ámbito de la salud y en el de la educación.
4. Disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y
5. Las demás competencias que fijen la Constitución y la Ley.
La Ley 426 de diciembre de 1994, que establece la Carta Orgánica del Gobierno
Departamental, provee una elaboración más detallada de sus funciones, desglosándolas en los
siguientes doce puntos:
1. Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo
político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, cuyos lineamientos
fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno Nacional y en particular con el
Plan Nacional de Desarrollo. Para tal efecto, la Secretaría Técnica de Planificación, o la
entidad que la sustituya, asistirá técnicamente a cada gobierno departamental en la
elaboración de los mismos, para asegurar la congruencia entre política y planes
nacionales, departamentales y municipales.
2. Coordinar planes, programas y proyectos con las municipalidades del departamento y
cooperar con ellas cuando estás la soliciten.
3. Formular el Presupuesto Anual del Gobierno Departamental que será previsto en el
4. Administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental.
5. Coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana con los organismos
competentes, de tal forma a que se adecuen a las exigencias y necesidades del
6. Coordinar con los organismos competentes del Gobierno Central la política sanitaria
aplicable al departamento.
7. Participar de los programas de cooperación internacional en el departamento dentro de
los límites establecidos en los acuerdos internacionales, así como hacer uso del crédito
público o privado, nacional o internacional conforme a la Ley.
8. Organizar con los recursos previstos en el presupuesto del departamento los servicios
departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua
potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un municipio y
dentro del mismo departamento, en coordinación con los municipios y con sujeción a las
disposiciones legales que rigen la materia.
9. Cuando dos o más gobiernos departamentales limítrofes tengan proyectos coincidentes,
podrán coordinar sobre los mismos, con sujeción a las disposiciones legales que rijan la
10. Requerir información sobre la ejecución presupuestaria de las diferentes oficinas públicas
de carácter nacional que operan en el departamento.
11. Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas residentes en el
mismo y del medio ambiente y de los recursos naturales del departamento, y
12. Cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución Nacional y las Leyes.
Por otra parte, si bien con la nueva Constitución el Gobernador pasó a ser electo por el voto
popular del Departamento, equivocada o contradictoriamente se lo definió como un “representante
del Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 163, referido a la “competencia” de los gobiernos
departamentales, no le confiere atribuciones distinguibles, con lo cual se convierten en una especie de
órganos super-estructurales, costosos y de dudosa utilidad, a juzgar por su perfil real y sociopolítico.
No existe un claro y exclusivo ámbito territorial de los departamentos que sea distinto al de la
suma de municipios que lo componen; pues como todo el territorio nacional está dividido en
municipios, no existe un “territorio departamental” que no esté ocupado por algún municipio.
En el país no existe aún un Sistema Nacional de Inversiones, por lo que cada Gobernación
puede decidir de manera amplia las inversiones públicas que realizará en su departamento en base a
las asignaciones de recursos que reciba a través del presupuesto. Los proyectos de inversión y los
correspondientes gastos corrientes para el funcionamiento y operación de la inversión respectiva en el
territorio departamental que van a ser ejecutadas por la Gobernación, son planteadas por la propia
Gobernación a través de su incorporación en el presupuesto institucional
7 El proceso presupuestario de las Gobernaciones se inicia cuando el Ejecutivo Departamental (Gobernador) formula
el Presupuesto Anual del Gobierno Departamental y lo presenta a la Junta Departamental (Legislativo
Departamental), que luego de su consideración en esta instancia, es remitido al Ministerio de Hacienda para su
inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, el cual se remite al Parlamento Nacional para su
aprobación y su posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Las Gobernaciones preparan sus
Así mismo, las inversiones de las entidades del Gobierno Central (ministerios sectoriales) que
se ejecutaran en los territorios de las Gobernaciones, se planifican y ejecutan sin que exista necesidad
de consultar o coordinar con los Gobiernos Departamentales ni Municipales; siendo que las eventuales
coordinaciones que se producen responden más bien a decisiones de índole político-institucional.
E. Gobierno Municipal:
Los Gobiernos Municipales tienen los mismos fines, competencia y grado de autonomía; es
decir, son estructuralmente iguales entre sí. No obstante, difieren en la extensión del territorio,
población, posibilidades económicas y/o capacidad financiera, pero la dimensión de estos elementos
no hace la esencia de lo que es un Gobierno Municipal, apenas son un elemento particular en cada
caso. La Ley solamente determina un mínimo de población requerido para dar vida a un municipio y
los clasifica en cuatro grupos, teniendo como base el monto de sus respectivos presupuestos, a fin de
que cada Municipalidad determine la cantidad de miembros de Juntas Municipales que les
Las atribuciones y funciones de las municipalidades son extensas y cubren las
responsabilidades que caracterizan a los gobiernos locales. Las disposiciones legales les asignan
atender los aspectos relacionados al urbanismo, ambiente, transporte, deporte, turismo, educación,
cultura, salud y asistencia social. Los aspectos citados parecieran dar la impresión de una intensa y
amplia autoridad, sin embargo la realidad es diferente, pues, a excepción de algunos municipios
mayores, la gran mayoría no está en condiciones para desempeñar la extensa lista de funciones. En
general, las funciones que ejercen las municipalidades son más modestas de las que les asigna la ley,
ejerciendo funciones que se centran en pavimentación de calles, recolección de basura, cementerio,
terminales de ómnibus, mercados, plazas y parques, teatro, regulación y control de alimentos,
mataderos, transporte y tránsito, policía de tránsito y asistencia social.
La Constitución Nacional en el art. 168, define que el gobierno municipal estará a cargo de un
intendente y una junta municipal elegidos por sufragio popular directo. Como novedad interesante, el
art. 171 introduce el concepto de categorización de los municipios, en base a indicadores de desarrollo
tales como la condición de la población y situación económica, geográfica, ecológica, cultural e
histórica de la localidad. Esta categorización tiene efectos operativos ya que los municipios
designados legalmente de menor desarrollo relativo tienen derecho a una compensación impositiva a
través del Impuesto Inmobiliario, sin que ello implique diferencias en las competencias municipales
en razón de esta categorización. La compensación consiste en que el 15% del Impuesto Inmobiliario
recaudado pasa a formar una masa de fondos que el Ministerio de Hacienda distribuye en partes
iguales entre todas las municipalidades de menores recursos
presupuestos siguiendo las mismas reglas que se aplican a las agencias centrales (POA o Plan Operativo Anual,
planes financieros, Plan Anual de Contrataciones o PAC, y planes de inversión). En todas las fases del proceso
presupuestario se enfrentan a los mismos problemas que cualquier otra entidad incluida en el presupuesto central:
sufren o se benefician de ajustes hechos por el Congreso en cuanto a la asignación presupuestaria pero deben
trabajar dentro de un techo provisto por Hacienda (Plan Financiero), y la ausencia de un mecanismo oficial para
hacer un seguimiento de los compromisos significa que ellos generan sus propias deudas flotantes.
8 La ley 426/04 “Orgánica Departamental”, en el artículo 38 estipula que para establecer la condición de "Municipios
de Menores Recursos", se considerará el cociente que resulte de dividir el total del presupuesto ejecutado de
ingresos por la cantidad de habitantes de cada Municipio. Cuando el cociente resulte inferior a dos veces el monto
del jornal mínimo diario establecido para un trabajador no calificado de la capital de la República vigente al
momento de efectuarse la operación, el municipio será considerado como de menor recurso. El cálculo quedará a
cargo del Ministerio de Hacienda.
En aplicación del principio de categorización, La Ley 3966/10 define cuatro grupos de
municipalidades en función de la relación de sus presupuestos con el del promedio anual del total de
los correspondientes a las capitales departamentales, sin ajustarlos por población u otros criterios, así,
el primer grupo está compuesto por aquellas en que la relación definida es superior al 50%, el segundo
grupo está compuesto por los municipios en los que la relación mencionada fluctúa entre 50% y 12%,
el tercer grupo está compuesto por municipios para los que la relación tiene valores menores al 12% y
hasta el 3%, y el cuarto grupo está compuesto por municipios en que la relación es inferior al mínimo
establecido para el tercer grupo.
La gama de recursos legalmente disponibles para los gobiernos municipales están detallados
en la Ley Orgánica Municipal (Ley 3966/10) en la que, en su artículo 144, detalla la siguiente
tipología de ingresos: corrientes, de capital, y recursos de financiamiento y donaciones; así como
participación en tributos y regalías de otros niveles de la Administración del Estado.
Los ingresos corrientes comprenden los ingresos tributarios; constituidos por los impuestos,
tasas y contribuciones especiales; y los no tributarios son básicamente los provenientes de la
prestación de servicios, multas, rentas de activos fijos y concesiones. Los ingresos de capital
provienen de la venta de activos, enajenación de inmuebles u otros bienes de capital, así como las
transferencias y donaciones destinadas a gastos de capital. Los recursos del financiamiento provienen
fundamentalmente del financiamiento interno o externo.
Los principales impuestos de fuente municipal están constituidos por el Impuesto
en los porcentajes establecidos por la Constitución Nacional; patente comercial,
industrial y profesional; patente de rodados, a la construcción, al fraccionamiento de la propiedad
inmobiliaria, transporte público de pasajeros, espectáculos públicos, publicidad y propaganda, registro
de marcas, transferencia y faenamiento de ganado. Los ingresos provenientes de tasas por servicios
prestados comprenden barrido y limpieza; recolección, tratamiento y disposición final de residuos;
conservación de parques, jardines y paseos públicos; chapas de numeración domiciliaria;
identificación e inspección de vehículos, servicios de prevención y protección contra riesgo de
incendios, derrumbes y otros accidentes graves.
Las municipalidades pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la
Cámara de Diputados, en los siguientes casos: a solicitud de la Junta Municipal por decisión de la
mayoría absoluta; por desintegración de la Junta Municipal que imposibilite su funcionamiento; y por
grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo
dictamen de la Contraloría General de la República.
En resumen, a partir de la Constitución del año 1992, se ha generado un proceso de suma
importancia en el país, avanzándose en materia de descentralización, especialmente a nivel de
autonomía municipal, asignándosele al Gobierno Municipal importantes competencias y una clara
fuente de recursos. Sin embargo, la función y las atribuciones del Gobierno Departamental parecieran
no haber sido diseñadas detenidamente, lo cual se refleja en las escasas, genéricas y ambiguas
“competencias” que le fueron establecidas. Si bien el proceso no ha sido totalmente prolijo y no ha
avanzado lo suficiente para cambiar sustancialmente el modelo centralizado anterior, ha producido
reformas lentas pero significativas, que nos llevan hacia un modelo diferente; parte de esas reformas
se exploran en la presente investigación analizando los casos de la educación, la salud, los servicios de
seguridad ciudadana (policía), fomento productivo, y recolección de basura.
9 Aun cuando el Impuesto Inmobiliario es sin duda el tributo más importante de que hoy disponen las municipalidades
paraguayas, su recaudación municipal se remonta solo a la década pasada cuando la Ley 125 del año 1991 dispuso
su pase a dicho nivel de gobierno. Esto es recogido con rango constitucional por la Constitución Política de 1992, la
que en su art. 169 dispone que será de competencia exclusiva de las municipalidades la recaudación de los tributos
que graven la propiedad en forma directa; seguidamente, el texto constitucional define la distribución30% del
producido asignando el 70% a la municipalidad recaudadora, el 15% al gobierno departamental en que se localiza
esta municipalidad y el 15% restante al conjunto de municipios definidos legalmente como de menores recursos.
II Tendencias Recientes.
A. Las cifras de la descentralización.
La descentralización fiscal, en términos generales, puede ser definida como un proceso de traspaso
de competencias y recursos desde la Administración Central de un país hacia las administraciones
subnacionales, refiriéndose este último, a organizaciones gubernamentales de nivel regional y local.
La descentralización fiscal se presupone que ocurre cuando las competencias fiscales (tanto de
ingresos y de gastos públicos) se desplazan del nivel Central hacia los niveles subnacionales,
constituyéndose principalmente en un proceso dirigido desde el nivel Central.
Así, la Tabla 1 especifica la proporción del gasto del gobierno central, del nivel intermedio
de gobierno (Gobierno Departamental) y del nivel local (Gobierno Municipal) en relación al gasto
público total de los últimos 10 años.
CUADRO II.1: CIFRAS Y PORCENTAJES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO.
ESTIMACIÓN EN MILES DE DÓLARES AMERICANOS ($)
Nivel de Gobierno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
General (GG)* 1.447.225 1.633.755 2.101.513 2.011.862 2.227.773 2.296.844 2.511.557 2.861.973 3.015.494 3.496.561
Intermedio (% de GG)** 31.581 35.106 37.830 43.520 54.147 60.112 64.567 72.778 78.402 128.485
Local (% de GG)*** 29.133 34.123 40.034 53.686 185.634 195.037 216.713 238.489 246.481 293.378
% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
General (GG)* 96% 96% 96% 95% 90% 90% 90% 90% 90% 89%
Intermedio (% de GG)** 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
Local (% de GG)*** 2% 2% 2% 3% 8% 8% 8% 8% 7% 7%
* Los datos del Gobierno Central corresponden a presupuestos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tesoro Nacional.
** Dentro del Nivel II - Entidades descentralizadas, se considera la cifra asignada a los Gobiernos Departamentales; se deja fuera de este dato a: Banca Central del Estado, Entidades autónomas y autárquicas, Empresas Públicas, Seguridad Social,
Entidades financieras públicas y Universidades.
*** Datos extraídos de la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda - Consolidado Nacional de Municipios del País http://www.hacienda.gov.py/web-contabilidad/archivo.php?c=306
**** El tipo de cambio promedio utilizado es Gs. 4756 por dólar, que es el tipo de cambio promedio del año 2010 según el Banco Central del Paraguay.
El presupuesto de Municipios de los años 2005/2006 se registro sobre la base de 200 municipios
2- El presupuesto de Municipios del año 2007 se realiza sobre la base de 231 municipios.
3- El registro oficial de Presupuestos de Municipios en el año 2008 incluye solo 46 Municipios, por lo cual se realiza una estimación recopilando los presupuestos de los principales municipios del país.
Representado Asunción un 50% del total de los presupuestos municipales del país.
4- En el año 2004 solo 19 Municipios informaron sobre sus presupuestos al Ministerio de Hacienda,
5- En el año 2003 solo 15 Municipios informaron sobre sus presupuestos al Ministerio de Hacienda.
6- En el año 2002 solo 32 Municipios informaron sobre sus presupuestos al Ministerio de Hacienda.
7- Debido a la situación mencionada en los puntos 4, 5, y 6 se toman datos de otra fuente de consulta cuyos datos corresponden a totales de ingresos de los 50 municipios que conforma el quintil "mas rico" del país. (Fernando Paciello - 2005)
La tabla demuestra claramente la enorme asimetría y concentración presupuestaria a favor del
Gobierno Central, la cual sería aún más notoria si incluyéramos los presupuestos asignados a las
empresas públicas, entidades financieras públicas, universidades y otras que no han sido incluidos en
el concepto de “Administración Central”. Puede notarse que en el año 2001 la concentración de
presupuesto a favor de la Administración Central era del 96%, dejando un escaso 2% para el nivel
Departamental y un monto similar para el nivel Municipal. A partir de esta realidad, las autoridades de
los Gobiernos Sub Nacionales (Gobernadores e Intendentes Municipales) han trabajado de manera
coordinada para cada año reclamar a favor de aumentos en las asignaciones presupuestarias para sus
respectivas instituciones. En este sentido es importante aclarar que las Gobernaciones son
“representaciones del Poder Ejecutivo al nivel de los Departamentos del país” y por consecuencia sus
presupuestos son altamente dependientes de la voluntad política del Ejecutivo, atendiendo su casi nula
capacidad de recaudación y generación propia de recursos. Los Gobiernos Departamentales deben
conformarse con los recursos asignados por el Tesoro y un escaso 15% de lo recaudado en Impuestos
Inmobiliarios de su Departamento (ver tabla 2).
Por otro lado, los Municipios han logrado en los últimos 10 años una mejora relativa en la
administración de recursos públicos. En especial a partir del año 2005 se nota una mejora sustancial en
sus asignaciones (si bien hay que reconocer que esto también se debe a la mejora en los registros del
Ministerio de Hacienda). Estos aumentos se deben en gran medida al aumento de las compensaciones
de la Entidad Itaipú Binacional (Royalties), las cuales, luego de la sanción de la Ley 2979/06,
aumentaron sustancialmente las transferencias hacia los Gobiernos Departamentales y Municipales.
Los Municipios han invertido en mejorar la eficiencia en su gestión fortaleciendo sus
capacidades de recaudación y la calidad de la atención a su propia comunidad. La autonomía y
autarquía (capacidad de recaudación e inversión de sus recursos) ha sido un importante incentivo para
emprender proyectos de fortalecimiento institucional en el nivel local, cuyos resultados se pueden
notar en la tabla ya que en la actualidad el peso relativo de los presupuestos municipales se mantiene
cercano al 7%. Tal como se mencionara anteriormente, la Ley Orgánica Municipal (Ley 3966/10)
establece la siguiente tipología de ingresos recaudados por el propio Gobierno Municipal: corrientes,
de capital, recursos de financiamiento y donaciones; y por otro lado, la participación en tributos y
regalías de otros niveles de la Administración del Estado. Los municipios más pobres reciben una
compensación consistente en el 15% del Impuesto Inmobiliario recaudado, que pasa a formar un
fondo que el Ministerio de Hacienda distribuye en partes iguales entre todas las municipalidades de
Analizando la serie de tiempo de la Tabla 1 puede observarse que los niveles de gobierno
regional (2%) y local (8%) combinados representan una cifra cercana al 10% en los 4 últimos años en
relación al Gasto Público Total (suma del nivel central mas los niveles descentralizados de Gobierno).
Si bien el peso relativo de los gobiernos regionales y locales son crecientes, pasando del 4% en el año
2001 al 10% en el año 2010, dicho crecimiento es relativamente lento, puesto que el incremento más
significativo del nivel local se da a partir del año 2005, debido a las transferencias provenientes de los
royalties de las binacionales (Itaipú y Yacyretá). Con los valores mencionados, es claro que la
dimensión fiscal de los gobiernos subnacionales es bastante escasa.
B. Los recursos de Transferencias y Coparticipación
Si bien existe un sistema de coparticipación tributaria desde el Gobierno Central a los
Gobiernos Regionales y Locales, el esquema de transferencias de recursos es relativamente simple y
sus magnitudes absolutas y porcentuales tienen un impacto modesto sobre las finanzas municipales.
CUADRO II. 2: TRANFERENCIAS RELATIVAS DESDE EL NIVEL CENTRAL Y
COPARTICIPACIONES DE IMPUESTOS.
Impuesto inmobiliario Juegos de azar
(Ley1309/98)
Gobierno Central 0% 40% 85% 50%
15% 30% 15% 10%
Gobierno Municipal 70% 30% 0% 40%
15% 0% 0% 0%
Fuente: Disposiciones legales pertinentes, de diferentes años.
El mecanismo de transferencias hacia municipios funciona en Paraguay sólo respecto de los
Impuestos Inmobiliario y de Juegos de Azar, Impuesto al Valor Agregado y de la distribución de
Desde la transferencia del Impuesto Inmobiliario a la órbita municipal los municipios coparticipan el
15% de la recaudación al gobierno departamental al que pertenecen y el 15% para formar una masa de
fondos que el Ministerio de Hacienda distribuirá en partes iguales entre todas las municipalidades de
. Como se mencionara anteriormente, la gama de recursos legalmente disponibles
para los gobiernos municipales están detallados en la Ley Orgánica Municipal (Ley 3966/10) en la
que, en su artículo 144, detalla la siguiente tipología de ingresos: corrientes, de capital, y recursos de
financiamiento y donaciones; así como participación en tributos y regalías de otros niveles de la
En cuanto al Impuesto de los Juegos de Azar, los municipios de origen reciben el 30% de los
cánones e ingresos, el 30% se distribuye a los gobiernos departamentales al cual pertenecen los
municipios donde funcionan dichos juegos, el 30% a la DIBEN11 y el 10% al Tesoro Nacional. La ley
1016/97 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”,
establece que la Comisión Nacional de Juegos de Azar constituida por un representante de las
siguientes instituciones; Ministerio de Hacienda, Gobernaciones, Municipios, Ministerio del Interior y
de la DIBEN; es la encargada de la concesión de los juegos de azar en todo el país.
La Ley 1016/97 reglamentó aspectos de la Ley 426/94 sobre distribución del Impuesto a los
Juegos de Azar ya que, por un lado, en su art. 28 dispuso que la aplicación de los fondos deberá recaer
preferentemente en la formación de capital y equipamiento en los sectores sociales (salud, educación
escolar y bienestar social), mientras que al mismo tiempo dispuso el mecanismo de distribución del
30% correspondiente a los municipios y a los gobiernos departamentales respectivamente. En el caso
de los gobiernos municipales, dispuso un doble mecanismo mediante el cual el 15% se distribuye
entre todos los municipios del país en partes iguales y el 15% restante en función de un cociente por
cantidad de habitantes del país por la población de cada municipio.
La Ley 426/94 introduce también por primera vez la coparticipación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), disponiendo que:
• El 15 por ciento del IVA recaudado en cada Departamento debe quedar en propiedad del
• También establece que todo lo recaudado en este concepto debe ser destinado a áreas de
salud, educación y obras públicas.
10 Ver nota 8
11 Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
• Considerando que el IVA es un tributo nacional y correspondiente al Gobierno. Central,
se le responsabilizó al Ministerio de Hacienda reglamentar la coordinación y el control
con los gobiernos departamentales para la recaudación y transferencia mensual.
Los royalties constituyen la más reciente incorporación al régimen de transferencias
interjurisdiccionales vigente en Paraguay, orientadas a fortalecer las finanzas municipales pero con la
característica de que no constituyen fondos de libre utilización sino que se asignan en base a proyectos
de inversión. La Ley Nª 309/98 determina al respecto que el ingreso total por royalties y
compensaciones por territorio inundado de la represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá se
distribuirá de la siguiente forma: Administración Central, 50%; Gobernaciones afectadas 5%;
Gobernaciones no afectadas 5%; Municipios afectados 15%; y Municipios no afectados, 25%.
También se dispone que no menos del 80% de lo transferido por este concepto a gobernaciones y
municipios se destine a inversión.
En opinión de algunos municipalistas, la creciente incidencia de las transferencias de
Royaltíes en las finanzas municipales, podría estar generando un efecto no deseado y perjudicial en las
finanzas municipales, como casos de pereza tributaria local. El riesgo que se corre es que esta “nueva”
fuente de ingreso, al cubrir las necesidades en el corto plazo, desplace o postergue la implementación
de las reformas institucionales orientadas a aumentar el esfuerzo local en la recaudación.
CUADRO II. 3. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y SU EVOLUCIÓN.
Nombre de la norma Años de promulgación Nivel de gobierno que afecta Resumen de lo que dice
Constitución Nacional 1992 Todos los niveles Establece la forma de Estado y el
sistema de Gobierno, estructuras?
y niveles, los derechos y las
obligaciones de los habitantes.
Establece 3 niveles de Gobierno:
Ley 426 “Que establece la Carta
Orgánica del Gobierno
Departamental”
1994 Departamental (Regional) Determina las atribuciones,
competencias y estructura de las
Gobernaciones y Juntas
Departamentales (Gobierno
Departamental)
Ley 317 “Que reglamenta la
intervención a los Gobiernos
Departamentales y/o Gobiernos
Municipales”
1994 Regional y Local Determina los casos y el
mecanismo de intervención de los
Ley 1032 “Que crea el Sistema
Nacional de Salud”
1996 Todos los niveles En su componente
Descentralización, crea Consejos
de Salud a 3 niveles: Nacional,
Ley 1016 “Juegos de Azar” 1997 Todos los niveles Distribuye el canon producido por
los juegos de azar a los 3 niveles
Ley N° 1309 "Que establece la
distribución y deposito de parte
de los denominados Royalties y
compensaciones en razón del
territorio inundado a los
municipales"12. El territorio
inundado es a causa de la
construcción de las represas
hidroeléctricas de Itaipú y
1998 Todos los niveles Establece la distribución y
deposito de parte de los
denominados Royalties y
Ley 3007 “Que modifica y amplia
la Ley 1032 Que crea el Sistema
2006 Regional y Local Establece que los Consejos
Regionales y Locales de Salud
que administren centros
asistenciales de salud en virtud de
convenios con el Ministerio de
Salud estarán exentos del
cumplimiento de la Ley 1535 “De
Ley 3966 “Orgánica Municipal” 2010 Local Determina las atribuciones,
competencias y estructura de los
gobiernos municipales (Gobierno
local). Esta ley derogó la Ley
1294 del año 1987 “Orgánica
Municipal”, vigente hasta ese
12 En general "royalty" es el pago que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales.
En el caso de la hidroeléctrica de Itaipú, los royalties designan a la compensación financiera a los gobiernos por la
utilización del potencial hidráulico del río Paraná por su uso en la generación hidroeléctrica. En el caso de Yacyretá
Paraguay recibe recursos por "compensación de territorios inundados". De ahí el término royalties y
compensaciones. Desde el año 2000 las gobernaciones y municipalidades reciben las transferencias de royalties y
compensaciones de las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá. Estas transferencias tienen por objetivo
primordial el desarrollo de la producción local y regional, además de mejorar la infraestructura de las localidades.
Por eso, en este material los invitamos a conocer la manera en que estas transferencias son asignadas y en qué son
utilizadas en nuestro país.
III El caso de servicios específicos.
El sistema de Salud en Paraguay:
El sistema de salud paraguayo está conformado por los subsectores público, privado y la
seguridad social. Dicho sistema presenta una alta fragmentación a nivel de proveedores y una
desarticulación y segmentación de los diferentes subsectores; los cuales están escasamente integrados
Históricamente, solo los trabajadores en relación de dependencia y sus dependientes han
contado con un seguro de salud a través de la seguridad social, y las clases media y alta han recurrido
a esquemas de medicina prepaga en el sector privado; quedando el resto de la población bajo la
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Los resultados de la
Encuesta Permanente de Hogares del año 2009 (DGEEC) muestra que sobre una población total
estimada de 6.273.103 personas, solo el 15,4% de la población total está cubierta por el Instituto de
Previsión Social (Seguridad Social), el 8,3% cuenta con otro tipo de seguro (privados) y el 76,1% no
cuenta con ningún tipo de seguro. La población que no cuenta con ningún tipo de seguro es
teóricamente atendida por el MSPBS, pues si bien en los últimos años hubo avances en la cobertura
de servicios, aún persisten agudos déficit en cuanto a la población que no tiene cobertura de servicios
La forma en que actualmente está conformado el sistema de salud paraguayo, donde el acceso
a los servicios de salud no es universal y en muchos casos es inexistente, sumado a otros factores
vinculados a los determinantes sociales de la salud, explican los indicadores sanitarios que aún distan
de los que presentan otros países de la región. Aunque las condiciones de salud de la población han
mejorado en las últimas décadas, Paraguay ha avanzado muy lentamente en la reducción de la
mortalidad materno-infantil, y sigue atrasado en comparación con otros países de América Latina.
Paraguay está entre los cinco países con la mortalidad materna más alta del continente con una tasa de
125.3 por cien mil nacidos vivos (2009); fundamentalmente por causas relacionadas con el embarazo
o el parto, siendo la mayoría de esos casos prevenible. Así mismo, la tasa de mortalidad infantil
continúa siendo significativamente superior al promedio de América Latina (15.4 por mil nacidos
vivos, año 2009), variando escasamente en los últimos 10 años.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar social (MSPBS) es el organismo encargado del
ejercicio de la autoridad sanitaria, la ejecución de la política de salud, y la evaluación de la situación
de salud y programas de atención sanitaria
. La provisión de servicios de salud comprende a 18
regiones sanitarias, las cuales coinciden con la división política del país (cada Departamento tiene una
Región Sanitaria mas la capital del país) y cuentan con atención en distintos niveles en función de la
complejidad de los servicios requeridos, además de hospitales y otros organismos especializados del
La Atención Primaria de Salud.
La prestación de servicios de atención primaria y servicios básicos de salud brindados por el
sector público a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), desde hace un
tiempo ha iniciado un proceso gradual de descentralización, el cual forma parte de un fenómeno más
amplio de democratización y fortalecimiento de los gobiernos locales. Los objetivos implícitos de la
descentralización de los servicios de salud, como de alguna manera se enuncia en la Ley del Sistema
Nacional de Salud (No. 1032/96), son mejorar la eficiencia y calidad de la prestación de servicios,
incrementar la equidad en el acceso a los servicios, y promover la participación de la comunidad en
las distintas áreas relacionadas con la salud.
Así, se espera que la descentralización de los servicios de salud produzca resultados positivos
al nivel en que se producen los servicios de salud básicos (establecimientos), y en los usuarios y
poblaciones a los que tales servicios van dirigidos. La descentralización ha estado presente desde hace
tiempo en la política sanitaria del Paraguay; habiendo esta pasado por las siguientes dos fases.
• Fase de Desconcentración
Desde inicios de los años 90s existe un esfuerzo por descentralizar la gestión de los servicios
de salud pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS); la cual desde la
perspectiva territorial de los servicios, está caracterizada por un lento pero sistemático proceso de
desconcentración; que constituye una primera fase.
Este esfuerzo por descentralizar comenzó con la delegación de ciertas atribuciones hacia
niveles inferiores dentro de la estructura del MSPBS, es decir desde el nivel central de este Ministerio
principalmente hacia sus Regiones Sanitarias
(desconcentración). Las funciones desconcentradas,
fueron la elaboración y ejecución del presupuesto general de gastos, y parte de la selección de
personas a ser contratadas por el Ministerio. Esta primera etapa fue fruto de la voluntad política de las
autoridades sanitarias de ese entonces.
• Fase de Descentralización
La segunda fase, marcada por la progresiva adopción de un modelo descentralizado (que
delega ciertas competencias), se inició en 1995 y se fortaleció al año siguiente con la promulgación de
la Ley 1032/96 “Que crea el Sistema Nacional de Salud”. Esta ley entre otros aspectos, abre la
posibilidad para la descentralización administrativa de los servicios, la participación de las autoridades
locales y la comunidad en la gestión de los servicios a través de los Consejos de Salud.
Los Consejos Locales de Salud son organismos de coordinación, concertación y participación
interinstitucional entre el sector público y privado de la salud a nivel local; y están constituidos por la
reunión general de los representantes locales de las diferentes instituciones relacionadas al sector. Los
13 Artículo 7, Decreto 21376/98 “ POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL”
14 Artículo 16, Decreto 21376/98.
15 Las Regiones Sanitarias son dependencias operativas-administrativas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social que se mantienen vigentes, que geopoblacionalmente se corresponden con los Departamentos (nivel de
gobierno regional), y poseen una red de servicios de salud con establecimientos sanitarios del primer, segundo y
tercer nivel de atención, los cuales están ubicados en los municipios que conforman el departamento respectivo.
Consejos Locales de Salud están presididos por una Mesa Directiva que estará integrada por un
presidente, cargo ejercido por el representante de la Municipalidad, un vicepresidente y tres miembros
electos en la primera reunión general (asamblea).
Según el Decreto N° 22.385/98, Los Consejos Locales de Salud tienen como finalidad
promover el Sistema Nacional de Salud mediante la concertación y coordinación interinstitucional de
planes, programas y proyectos de interés regional y local, en directa relación con las prioridades
identificadas en las diversas áreas de salud.
a) Impulsar el Sistema Nacional de Salud y asegura a toda la población la atención integral
y solidaria en calidad y equidad.
b) Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas y estrategias locales de
salud, acorde con la Política Nacional de Desarrollo.
c) Evaluar periódicamente la aplicación de la política y estrategia local de salud, y formular
las recomendaciones pertinentes al Comité Ejecutivo Local de Salud.
d) Realizar, en niveles e instancias pertinentes, propuestas para que los demás sectores de la
región adecuen sus actividades a la política y estrategia local de salud y bienestar social.
e) Considerar y fiscalizar el cumplimiento del Plan Nacional de Salud y su ejecución
f) Difundir las resoluciones, planes, proyectos y actividades del Sistema.
Los Consejos de Salud se organizan a tres niveles; local, regional y nacional; por otro lado la
ley estimula la coordinación, la búsqueda de consensos, y la firma de convenios, contratos y acuerdos.
Los Consejos de Salud tienen la potestad de controlar y fiscalizar los establecimientos de salud que
estén en sus territorios; aunque no tienen la capacidad de veto sobre el uso de recursos públicos
correspondientes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). En la práctica, el control
y fiscalización que realizan los Consejos de Salud se da en el marco de la implementación del
Acuerdo de Descentralización.
Acuerdos de Descentralización: delegación del cobro y administración de aranceles en
servicios de salud del MSPBS al nivel local.
En el año 1998, por medio del Decreto 19966/98 se reglamentó la ley 1032/96 en lo referente
a la descentralización. Este Decreto regula la descentralización sanitaria local, la participación
ciudadana y la autogestión en salud como estrategia para el desarrollo del Sistema Nacional de Salud,
y origina un proceso parcial de descentralización; pues el decreto posibilita la delegación temporal de
los servicios básicos de salud (salud primaria y básica complementaria, hasta el nivel 4 de
complejidad) del MSPBS a los municipios para que a través de su Consejo Local de Salud asuma
ciertas potestades administrativas en un esquema de gestión compartida, el cual se materializa a través
de la firma de un ACUERDO DE DESCENTRALIZACION entre ellos. El referido Decreto no obliga
al MSPBS a delegar sus servicios de salud, sino que constituye una herramienta legal que le brinda la
posibilidad de hacerlo (como opción de política).
El Decreto 19966/98, establece que los tipos de establecimientos susceptibles de ser
transferidos por medio del Acuerdo corresponden hasta el tercer nivel de atención y son; Hospitales
Distritales, Centros de Salud con sus correspondientes Puestos de Salud. No pueden delegarse los
Hospitales Generales y Especializados, que corresponden a los niveles de complejidad 5 en adelante,
de los 7 niveles de complejidad en la cual están organizados los servicios de salud del MSPBS. Si bien
la delegación de ciertas competencias administrativas que realiza el MSPBS por medio del Acuerdo es
al nivel municipal, también el nivel de Gobierno departamental suscribe el mismo en carácter de aval,
aunque sin asumir ninguna competencia en cuanto a la prestación el servicio.
En virtud del Acuerdo, los tres niveles de Gobierno asumen responsabilidades. Así, le
compete al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) transferir temporalmente al
Municipio (por el término de un año, susceptible de ser renovado) el establecimiento de salud
correspondiente. La modalidad y atribuciones sobre los recursos transferidos varían según su
naturaleza, así; el Recurso Físico donde está asentado el establecimiento de salud se transfiere en
usufructo a título gratuito al Municipio, es decir el terreno y el edificio con su equipamiento, no se
transfiere la propiedad. En cuanto a los Recursos Financieros; los recursos propios de los
establecimientos sanitarios (aranceles
) pasan para su administración por parte del municipio a
través de su respectivo Consejo Local de Salud, de acuerdo a las modalidades administrativas
; no obstante, el presupuesto asignado al MSPBS no se transfiere, lo cual implica la
provisión por parte del MSPBS de los insumos básicos utilizados en los programas nacionales, como
ser el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de Salud Sexual y Reproductiva,
Programa de SIDA, Diabetes, TBC (Tuberculosis) y Lepra; así como otros insumos tales como
oxígeno, medicamentos, alimentos, materiales de limpieza, combustibles y lubricantes u otros
elementos que hagan al funcionamiento de los servicios de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
En cuanto al Recurso Humano de planta, el mismo sigue siendo personal del MSPBS, quien se
encarga de abonarles el salario en virtud de la figura de Comisionamiento. Sin embargo, los recursos
que administra el Consejo Local de Salud pueden ser usados para complementar personal (RRHH)
que el establecimiento de salud requiera según necesidades del servicio. Esto permite contratar por
ejemplo, médicos de guardia, odontólogos, personal de mantenimiento, limpieza, etc. Así mismo, le
compete al MSPBS supervisar la administración de los recursos por parte del Consejo Local de Salud
y su respectiva correspondencia con los servicios de salud brindados.
El Gobierno Departamental, al suscribir el Acuerdo en carácter de aval, se compromete a
aportar un porcentaje (no definido) del presupuesto departamental de salud de la Gobernación al
Consejo Local de Salud, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria; a supervisar y fiscalizar a
través de su Secretaría de Salud el cumplimiento de las políticas y programas de salud, y la
administración de recursos por parte del Consejo Local de Salud; así mismo se compromete a
conformar el Consejo Regional de Salud
, instancia que se encarga convocar y realizar
semestralmente audiencias públicas de rendición de cuentas por parte del Consejo Local de Salud a las
autoridades regionales, locales y la comunidad.
16 Hasta el año 2008 existía cobro de aranceles en los servicios públicos de salud. Así, Los recursos del presupuesto
del Ministerio de Salud provenían de diferentes fuentes de financiamiento (FF), las cuales son:
-FF 10 Recursos Ordinarios del Tesoro: ingresos de carácter tributario y no tributario, incluyendo regalías (recursos
recibidos por el estado por la explotación de recursos naturales, tales como los ingresos provenientes de los Entes
Binacionales Yacyretá e Itaipú).
-FF 20 Recursos del Crédito Público: financiamiento originado en recursos del crédito externo e interno.
-FF 30 Recursos Propios: recursos provenientes de las operaciones propias del MSP y BS (aranceles).
Con la asunción del gobierno actual (2008-2013) se declaró la gratuidad de los servicios del Ministerio de Salud,
eliminando los aranceles por prestación de servicios en los establecimientos de salud; quedando eliminado de la
FF30 los ingresos provenientes por cobro de servicios hospitalarios.
17 El MSP autoriza al Consejo Local de Salud a percibir y/o recibir aranceles, aportes y/o donaciones de los usuarios
de los servicios de salud, debiendo dichos recursos destinarse a financiar y complementar los gastos operativos de
los establecimientos de salud sujetos del Acuerdo, con el fin de dar cumplimiento a los programas prioritarios
establecidos por el MSP promoviendo el acceso de la población mas carente a los servicios de salud y apoyando
acciones de promoción y prevención; debiendo el Consejo Local de Salud rendir cuenta de los ingresos y gastos
periódicamente al MSP.
18 El Consejo Regional de Salud está constituido por representantes de las diferentes instituciones relacionadas al
sector del Departamento. Su órgano de conducción es la Mesa Directiva, la cual está integrada por el presidente,
que es ejercido por la Secretaría de Salud de la Gobernación, un Vice-Presidente y tres vocales designados en la
primera reunión general (asamblea).
El Gobierno Municipal, asume la responsabilidad de aportar el 5% de su presupuesto de
gastos corrientes para ser destinado a los servicios de salud
; y a conformar el Consejo Local de
Salud, para a través de este, asumir la transferencia de parte del MSPBS para la cogestión sanitaria del
establecimiento de salud correspondiente, y administrar los recursos financieros que le son
transferidos, destinándolos a financiar y complementar los gastos operativos de los establecimientos
de salud sujetos del Acuerdo, con el fin de dar cumplimiento a los programas prioritarios establecidos
por el MSPBS promoviendo el acceso de la población más carente a los servicios de salud y apoyando
acciones de promoción y prevención. Otras responsabilidades asumidas por la municipalidad a través
del Consejo Local de Salud tienen que ver con la elaboración participativa de un Plan Local de Salud
en el cual se deben incluir las políticas y programas nacionales determinados por el MSPBS, con la
rendición de cuenta administrativa mensual al MSPBS conforme a la Ley de Presupuesto Anual
vigente para cada ejercicio fiscal, su Decreto Reglamentario y a las normativas y formatos
correspondientes que se establezcan, así como la realización audiencias públicas de rendiciones de
cuentas a las autoridades y a la comunidad sobre los avances en la ejecución del Plan Local de Salud,
la prestación de servicios y cobertura de los programas sanitarios; incluyendo un informe de los
ingresos y gastos de los recursos financieros administrados.
Los primeros Acuerdos de Descentralización se firmaron en el año 1998 con 23 Municipios,
los cuales fenecían en diciembre de ese mismo año. En el año 1999 se renovaron los acuerdos a 17
municipios de los 23 que los habían firmado en 1998; todos del Departamento Central, lo cual se
debió fundamentalmente a la presión política ejercida por el Gobernador de ese departamento
acompañado de los intendentes municipales respectivos ante las autoridades del MSPBS, presión que
no ejercieron los otros departamentos. Es preciso mencionar que en marzo de 1999 hubo cambio de
en el nivel nacional, y por ende en la cartera de Salud Pública, y desde ese momento el
proceso adquirió una dinámica diferente, en el sentido de que las autoridades del MSPBS no eran
partidarios del proceso de descentralización, no suscribiéndose ningún acuerdo de descentralización
en la práctica, y los acuerdos que se habían suscrito meses antes durante el gobierno anterior, no se
Así, el hecho de que no existiese hasta ese entonces experiencia descentralizadora en el
Paraguay, y la existencia de normas legales contrapuestas, como por ejemplo la Ley de Presupuesto
General de la Nación y la Ley de Organización Administrativa dificultaban el desarrollo efectivo de la
modalidad de descentralización sanitaria en la cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) delega a los Consejos Locales de Salud vía acuerdos, la potestad de recaudar y utilizar los
recursos provenientes del cobro de aranceles en sus establecimientos sanitarios. Las mencionadas
disposiciones legales estipulan la obligatoriedad del depósito de los ingresos percibidos por aranceles
en los establecimientos de salud del MSPBS en una cuenta del Banco Nacional de Fomento a nombre
del MSPBS, para su posterior remisión al Banco Central del Paraguay a la orden del Ministerio de
Hacienda, quien gira estos recursos al MSPBS para que cada Región Sanitaria los pueda utilizar,
dentro de los rubros u objetos de gasto programados en el marco del presupuesto del ejercicio fiscal
. Así, si bien los establecimientos del MSPBS tienen la potestad de recaudar fondos
en forma directa por concepto de aranceles, no tienen la misma posibilidad de su utilización, en el
19 No existe un mecanismo de compensación para municipios pequeños con menores recursos, lo cual genera
diferencias entre municipios ricos y pobres, favoreciendo a los municipios con mayores recursos.
20 El Presidente electo del Gobierno que asumió en agosto de 1998 renunció en marzo de 1999, a raíz de una crisis
política por causa del asesinato del entonces vicepresidente. Dada la renuncia del Presidente, de ese entonces, por
medio del mecanismo de sucesión presidencial, lo sustituyó el Presidente de la Cámara de Senadores, quien
ejercicio el poder hasta la culminación del periodo de gobierno en agosto de 2003.
21 Así, la Ley Nº 1227 “Que aprueba los Programas del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal
1998”, en su artículo 13º establecía que “Los ingresos percibidos por los Organismos de la Administración Central
en concepto de Recursos Institucionales deberán depositarse o transferirse a las Cuentas habilitadas para ese efecto
por la Dirección General del Tesoro”, articulo que se repite en las leyes anuales de presupuesto. El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social un organismo perteneciente a la Administración Central del Estado.
sentido de que el Director o responsable pueda decidir qué comprar o pagar cuando dispone del dinero
o cuando surge una necesidad.
En agosto de 2003 asume un nuevo gobierno (2003-2008), y el ministro de salud de ese
entonces, establece una clara voluntad política de reiniciar y avanzar en el proceso de
descentralización de salud, y es así que en julio del año 2004, el MSPBS reinicia el proceso,
suscribiendo acuerdos con 32 municipios de 12 departamentos diferentes. En el año 2005, las
autoridades regionales y locales, ante la falta de claridad en las disposiciones legales con respecto a la
potestad de los Consejos de Salud para administrar recursos públicos, impulsan una ley que los
habilita a administrar dichos recursos. Dicha ley fue aprobada en el año 2006, la cual se denomina Ley
3007/06 “Que modifica y amplia la Ley 1032 que crea el Sistema Nacional de Salud”, establece que
los Consejos Regionales y Locales de Salud que administren centros asistenciales de salud en virtud
de convenios con el Ministerio de Salud estarán exentos del cumplimiento de la Ley 1535 “De
Administración Financiera del Estado”; otorgando el reconocimiento del legítimo derecho de los
Consejos de Salud de administrar los recursos generados en los servicios sanitarios de sus
comunidades. En el año 2008, ya con el marco legal fortalecido a partir de la promulgación de la ley
3007/06, se renuevan los acuerdos que venían funcionando de hecho, y se firman nuevos acuerdos
(con nuevos municipios), totalizando 49 al mes de agosto de ese año.
Así, la principal fuente de financiamiento de los Consejos de Salud que tenían suscritos
acuerdos de descentralización con el MSPBS, eran los aranceles percibidos en los establecimientos
públicos de salud, mas los aportes municipales y de las gobernaciones, así como actividades de
recaudación de fondos generadas por los mismos Consejos.
Gratuidad de Servicios de Salud y Acuerdos de Descentralización
En agosto de 2008 asume un nuevo gobierno, con una nueva política de salud, uno de cuyos
ejes principales es la gratuidad de los servicios públicos de salud, es decir la eliminación de los
aranceles cobrados en los establecimientos de salud. En ese sentido, a fin de seguir sosteniendo la
modalidad de los “Acuerdos de Descentralización” vía los Consejos de Salud, y compensar el
desfinanciamiento generado en los Consejos de Salud por la eliminación de aranceles, el MSPBS crea
una línea presupuestaria y transfiere a los Consejos de Salud recursos de su propio presupuesto
denominados “Fondos de Equidad”. Es decir, el financiamiento de los Consejos de Salud provenientes
de los aranceles cobrados, a partir de la eliminación de aranceles, pasa a ser sustituido por
transferencias de recursos por parte del MSPBS provenientes de impuestos generales.
Así, el proceso de descentralización sanitaria en su etapa actual se caracteriza por la firma de
un acuerdo (Acuerdo de Descentralización), instrumento por el cual el MSPBS delega ciertas
potestades administrativas sobre sus establecimientos de salud a los municipios (no a los
departamentos) para que estos, a través de sus respectivos Consejos Locales de Salud, administren los
recursos financieros que el MSPBS les transfiere, denominados “Fondos de Equidad”. Dichos
recursos, complementados con los esfuerzos de las autoridades municipales, los gobiernos
departamentales y la comunidad organizada, contribuyen a sostener el funcionamiento de los servicios
de salud del MSPBS en el interior del país.
Actualmente (junio de 2011) el MSPBS tiene suscritos “Acuerdos de Descentralización” con
196 Consejos de Salud (Locales y Regionales), correspondientes a la misma cantidad de municipios
(el 82% del total de municipios del país), a quienes desde el año 2008 a la fecha se le ha transferido
unos 20 millones de dólares (81.943.818.701 Gs.) en concepto de “Fondos de Equidad” y en concepto
de transferencias para potenciar el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
La principal característica del proceso de descentralización de salud en el caso paraguayo, es
que los pasos que se han dado sobre todo a partir de la promulgación de la Ley 1032 del año 1996
“Que crea el Sistema Nacional de Salud”, responden más a una dinámica progresiva y no a un plan
especialmente articulado y estratégico; siendo que la presión por descentralizar proviene más bien de
parte de los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipios) y la sociedad civil organizada en
torno a los Consejos de Salud, más que de parte de la autoridad sanitaria.
B. Educación: Niveles Básica y Media.
Con la caída de la dictadura en el año 1989, la educación en el Paraguay adquirió gran
relevancia, lo cual se plasma en la Constitución Nacional del año 1992. La Constitución Nacional
establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, así como la
eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Además, establece que la
erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema
educativo. Así mismo establece la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Escolar Básica (EEB) y
señala que el Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y superior. Otro
aspecto enfatizado en la Constitución es la enseñanza en la lengua materna, afirmando que en los
comienzos del proceso escolar se realizará la enseñanza en la lengua oficial materna del niño
; y esto
es muy relevante, pues un alto porcentaje de la población paraguaya es bilingüe guaraní-castellano o
monolingüe guaraní: el 37% habla sólo guaraní, el 50% castellano y guaraní, el 7% sólo castellano y
el 6% utiliza otros idiomas, según el Censo Nacional de Población y Viviendas del años 2002. La
Constitución garantiza también que toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente,
que como sistema y proceso se desarrolla en el contexto de la cultura de la comunidad.
En 1998, se promulga la Ley Nº 1264 General de Educación. Esta ley establece los principios
generales para la educación pública y privada del Paraguay, y otorga a la educación un lugar
prioritario para la consolidación de la democracia, la disminución de las desigualdades y la apertura de
nuevas oportunidades para todos los habitantes del país. Asimismo, garantiza la igualdad de
oportunidades para acceder a los beneficios de la educación y para trabajar en la docencia. El sistema
educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación de régimen especial y otras
modalidades de atención educativa. La educación de régimen general puede ser formal y no formal.
La educación formal se estructura en tres niveles y comprende la Educación Inicial y Escolar Básica,
la Educación Media y la Educación Superior.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través del Viceministerio de Educación y sus
instancias dependientes, gobierna, organiza y administra el Sistema Educativo Nacional (SEN), el cual
comprende los siguientes niveles: : 1) la Educación Inicial y Escolar Básica; 2) la Educación Media; y
3) la Educación Superior. Así, el MEC (gobierno central) es el gestor del servicio de la educación en
todo el país, lo cual implica la elaboración e implementación del currículo Nacional para todos los
niveles de la educación formal, la supervisión educativa, el calendario educativo nacional, la
evaluación del proceso, la contratación de los recursos humanos, los gastos de funcionamiento, así
como las inversiones en las instituciones educativas. Las escuelas públicas del nivel básico y medio
son gestionadas directamente por el MEC. Como instancia de apoyo a la gestión del MEC, el Consejo
Nacional de Educación y Cultura (CONEC) es responsable de proponer las políticas educativas y
culturales, la reforma del Sistema Educativo Nacional (SEN) y acompañar su implementación.
Asignación de competencias entre niveles de gobierno.
En cuanto a competencias en materia de educación, el art. 16 de la Ley Orgánica
Departamental establece como función de la Gobernación “Coordinar la acción educativa y la
formación escolar y ciudadana con los organismos competentes”, sin especificar en qué consistiría esa
coordinación, y en el art. 45 “de los planes de inversión” menciona “el desarrollo educativo, cultural,
científico y tecnológico y en especial la construcción y dotación de centros educacionales..”; mientras
que para el Municipio, la ley orgánica municipal (art. 12 Punto 8) establece como función municipal
22 El Paraguay tiene dos idiomas oficiales, el castellano y el guaraní.
en materia de educación: la prestación de servicios de educación, la elaboración de planes municipales
de educación, la construcción, mejoramiento y mantenimiento de locales destinados a la enseñanza
pública, incluyendo la dotación de equipamiento, mobiliario, insumos y suministros en general, así
como la estimulación de acciones de promoción educativa comunal, el apoyo a las organizaciones de
padres de familia y de estudiantes, y el fomento de la contribución privada a la educación. La misma
ley orgánica municipal aclara que las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los
servicios que estén a cargo del Gobierno Central mientras no le sean transferidos los recursos
correspondientes, pero también establece que de conformidad a las posibilidades presupuestarias, las
municipalidades en el ámbito de su territorio podrán prestar servicios de educación. Es decir, los
municipios pueden prestar servicios educativos (escuelas), pero no lo hacen por el bajo nivel de sus
ingresos, aunque se puede mencionar excepciones como el caso de los municipios de Asunción y San
Lorenzo que tienen escuelas municipales.
El financiamiento de la educación depende principalmente del Presupuesto General de Gastos
de la Nación, que asigna anualmente un determinado monto al sector educativo a través del MEC. De
acuerdo con el Art. 85 de la Constitución Nacional vigente, el monto destinado a la educación no debe
ser menor al 20%, del total asignado a la Administración Central. En promedio, el 92% de los recursos
del presupuesto del MEC corresponden a gastos corrientes, y sólo el 8% se invierte en gastos de
capital. Esta situación brinda poco margen de maniobra para responder a las prioridades educacionales
en materia de infraestructura.
Las Gobernaciones y Municipios no tienen injerencia en la gestión escolar, aunque sí de
manera complementaria invierten recursos de su propio presupuesto en las escuelas pertenecientes al
MEC, aunque las mismas se realizan de manera informal sin la existencia de un acuerdo que explicite
las responsabilidades y obligaciones de las partes, como es en el caso de la salud primaria. Las
inversiones realizadas están vinculadas a la refacción, construcción y equipamiento de locales
escolares; así como la implementación del complemento nutricional o merienda escolar, y apoyan el
mantenimiento de las escuelas financiando algunos gastos operativos como la limpieza, entre otros.
Estas inversiones, si bien son modestas en cuanto al monto global, resultan bastante significativas
pues básicamente cubren las brechas que presenta el presupuesto del MEC en los rubros
mencionados. Los montos de los aportes para mejoramiento de la infraestructura están vinculados más
bien por la oferta educativa antes que a la demanda, es decir, no se determina por la cantidad de
estudiantes sino por el tamaño de los edificios y construcciones escolares a realizar o refaccionar. No
hay una regla fiscal que determine el monto de recursos a invertir en educación por parte de las
Gobernaciones y Municipios, sino más bien cada Gobernación y Municipio puede decidir de manera
amplia las inversiones públicas que realizará en base a las asignaciones de recursos que reciba a través
del presupuesto, con lo cual aquellos gobiernos subnacionales que posean un mayor volumen de
recursos, estarán en condiciones de realizar una mayor inversión en educación, profundizando la
inequidad entre los territorios del interior del país.
Desde la implementación de la Reforma Educativa, las principales acciones emprendidas por
el MEC orientadas hacia la desconcentración de la educación radicaron en la conformación de equipos
a nivel departamental. Algunas instancias que han sido conformadas son: la Comisión Zonal de
Selección de Personal (CZ), el Equipo de Gestión Departamental (EGD), los Consejos de Educación
Departamentales (CED), el Sistema Nacional de Actualización Docente (SINAD), y se crearon
Unidades de Estadística Departamental (UDE. En cada departamento del país, existe una instancia
desconcentrada del MEC, denominada Coordinación de Supervisión Departamental, la cual se encarga
de la gestión de las escuelas públicas del departamento. Dicha instancia depende actualmente de la
Dirección General de Fortalecimiento del Proceso Educativo, que es una dependencia del nivel central
Como iniciativa del MEC orientada a la descentralización, se puede mencionar la creación de
Cooperadoras Escolares de Padres o Asociación Cooperadora Escolar (ACE), que está constituida por
padres de los alumnos de las instituciones educativas, siendo su rol principal la cogestión, apoyo y
colaboración con la institución educativa de su comunidad. La ACE constituye una experiencia
interesante en el marco de delegación de ciertas funciones hacia estructuras fuera del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC). Las funciones delegadas se refieren al mejoramiento y reparación de la
infraestructura escolar con recursos financieros que el MEC les transfiere de su propio presupuesto,
con lo cual se agiliza la inversión, que de otro modo, si el MEC tuviese que hacerlo siguiendo el
proceso de contrataciones públicas desde el nivel central, le resultaría bastante difícil culminar a
tiempo, es decir antes de que empiecen las clases cada año. En ese sentido, el rol de las ACE es muy
importante debido al enorme déficit que presentan las escuelas públicas, así, de acuerdo a datos del
MEC correspondientes al año 2009 existían más de 40.000 aulas y 10.000 Servicios Higiénicos con
problemas, 2.000 escuelas sin agua, y más de 2.500 escuelas con situación patrimonial irregular lo
cual impide al MEC ejecutar directamente inversión pública, existiendo también otros déficits de
El hecho de que el MEC transfiera recursos financieros a las ACE significa que hay un item
para tal efecto incorporado en el presupuesto y existe un objeto del gasto que permite esos
desembolsos, y al ser el presupuesto general de la nación una ley, dichas transferencias tienen el
marco jurídico y presupuestario pertinente. El proceso seguido para las transferencias a las ACE
incluye una serie de etapas determinado por el MEC, tales como listar las escuelas a ser reparadas con
detalles del presupuesto estimativo y las etapas para ejecución y reparaciones; anticipo vía trasferencia
del 50% del monto para la reparación, una segunda transferencia equivalente al 30% del monto con
previa verificación del avance y finalmente una tercera transferencia equivalente al 20% previa
verificación de la conclusión de los trabajos. Si el MEC, ya sea directamente o a través de las ACE, no
realiza la inversión requerida, de manera supletoria lo realizan tanto el Gobierno Departamental como
el Gobierno Municipal. Si bien la participación de las ACE se dio en mayor medida en el marco de la
ampliación y mejoramiento de la infraestructura edilicia de las instituciones educativas, es decir, en la
administración de los recursos para la construcción de aulas y el mejoramiento material de los centros
educativos, puede afirmarse que este espacio brindó a los padres la oportunidad de trabajar
coordinadamente con los directivos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa;
convertirse en referentes de su comunidad; capacitarse en el manejo de recursos financieros con
transparencia; y ser partícipes activos de la educación de sus hijos.
Otra acción emprendida por el MEC hacia la descentralización se da en el marco de la Ley
General de Educación, la cual dispone que el MEC en forma coordinada con las Gobernaciones, cree
los Consejos Departamentales de Educación (CDE) con funciones tales como formular políticas
educativas de sus departamentos y apoyar la implementación de los planes y programas del sistema
educativo a nivel departamental, adecuados a la prácticas culturales desarrolladas en las comunidades.
La integración de los Consejos se realiza sobre la base de las propuestas de la comunidad, pudiendo
sus miembros representar a por lo menos once instancias: Gobernación, Junta Departamental,
Municipios, Centro Regional de Educación, Coordinador Departamental de Supervisión, Supervisión
Técnico-Pedagógica, Supervisión Administrativa, Universidades, Institutos de Formación Docente,
Padres e Iglesia. Los CDE participan en la selección de docentes y cumplen funciones de
asesoramiento a las autoridades departamentales del MEC (Supervisiones Departamentales). El
vinculo laboral de los docentes es con el MEC, por lo cual los CDE no tienen atribuciones para
evaluar ni despedirlos, aunque pueden hacer oír su voz en caso de irregularidades que cometan los
docentes. Los CDE tampoco cumplen funciones de administración ni gestión de las instituciones
educativas. La Ley General de Educación no prevé Consejos de Educación en el nivel local. Algunos
Gobiernos Departamentales y Municipales, durante los años 2004 y 2005 con apoyo técnico de
agencias de cooperación y ONGs han intentado desarrollar Consejos Locales de Educación,
intentando emular el modelo de los Consejos Locales de Salud a través de proyectos pilotos, pero sin
mucho éxito, dado que las experiencias no prosperaron.
Por otro lado, se puede mencionar que el Programa de Complemento Nutricional ha sido
delegado a los Gobiernos Departamentales, dotándoseles de recursos presupuestarios para su
implementación. El complemento nutricional consiste en la entrega y distribución a los alumnos del
nivel inicial y educación escolar básica de vaso de leche y panificados enriquecidos con vitaminas.
Cada Gobierno Departamental hace llegar a las escuelas ubicadas en los municipios del
Diagnóstico y Desafios del Sistema de Salud del Paraguay Rubén Gaete
Produccion, Eficiencia y Costo en Salud en el Paraguay
Focalización Geográfica en Salud
Descentralizacion y Participación en Salud