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Timestamp: 2018-03-20 23:05:13
Document Index: 38744492

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 149']

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Modificación del régimen jurídico aplicable a las emisiones industriales
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales-08/11/2017-06:30
El BOE del pasado 31 de agosto publicó el RD 773/2017, de 28 de julio, mediante el que se modifican nada menos que cuatro Reales Decretos y un Decreto, en materia de productos y emisiones industriales, con objeto de mejorar aspectos puntuales de su regulación. Concretamente modifica los siguientes:
RD 815/2013 del 18 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
RD 363/1995, de 10 de marzo, que aprobó el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a mejora de la calidad del aire.
RD 508/2007, de 20 de abril, que reguló el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.
El presente RD 773/2017, según establece su Disposición Final segunda, entró en vigor el pasado 29 de julio y se compone de cinco artículos.
Principal modificación
En el artículo quinto se produce la reforma más amplia e importante, la modificación del RD 815/2013 y se establece el régimen jurídico aplicable a las emisiones industriales para conseguir así una mayor protección del medio ambiente en su conjunto y evitar al máximo (o cuando menos reducir), la contaminación provocada por determinadas instalaciones.
Además, se ha comprobado que es necesario fortalecer en esta materia la cooperación con las Comunidades Autónomas, para garantizar que se aplique de manera uniforme y más eficiente tanto el Reglamento de emisiones industriales, como el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
Debido a la complejidad técnica que entrañan estas materias, es preciso que se refuerce la coordinación con las Administraciones encargadas de su aplicación y gestión y así unificar y dejar claros los criterios de interpretación técnica. Sólo así se obtendrá una aplicación eficiente y coherente de la normativa ambiental y se mejorará el modo de aplicar otras disposiciones normativas de manera coordinada.
Comisión de Cooperación en materia de Calidad Ambiental
La principal modificación que encierra este RD, hace referencia a la creación de la Comisión de Cooperación en materia de Calidad Ambiental, que se realiza mediante la inclusión de una nueva disposición adicional en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. La creación de esta comisión se establece en estos tres artículos:
-Artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Establece que para la aplicación de dicha ley, las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración. En concreto, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, especialmente en la tramitación de la autorización ambiental integrada.
-Artículo 6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
-Y en el artículo 3 de la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP).
Las funciones que más sobresalen de la Comisión son en materia de calidad ambiental, en concreto funciones en materia de gestión de sustancias y mezclas químicas, en materia de calidad del aire, medio ambiente industrial, etc., sin perjuicio de las competencias en materia de salud y seguridad de las personas que corresponden a otros Departamentos.
Además de crear esta Comisión, se realizan algunas otras modificaciones en el mencionado Real Decreto de 2013, que responden a la necesidad de clarificar determinados conceptos contenidos en el Reglamento de Emisiones Industriales y así se delimita mejor el objeto y ámbito de aplicación de dicho reglamento. También, se añade la definición de "capacidad de producción" y se clarifica el concepto de "foco virtual", cuando en la autorización ambiental integrada se incluyen varias actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Otras modificaciones tienen por objeto clarificar determinadas cuestiones en los casos en que es de aplicación concurrente la legislación en materia de residuos (como las modificaciones que afectan al artículo 8 del Reglamento de Emisiones Industriales o las relativas al artículo 10, que especifica el contenido de la autorización).
Junto con estas modificaciones, también se realizan dos cambios en otras dos normas:
-Se modifica el anexo IV del Decreto del 6 de febrero de 1975 que desarrolló la Ley del 22 de diciembre de 1972, de protección del ambiente atmosférico, mientras sea de aplicación, a los efectos de clarificar su eficacia jurídica.
- Se modifica el Real Decreto del 20 de abril de 2007 que reguló el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, adecuando el listado de actividades industriales sujetas al deber de información ambiental. Esta norma tiene naturaleza jurídica de legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en la medida en que resulta un complemento necesario indispensable para asegurar el mínimo común normativo en la protección del medio ambiente a la vez que se garantiza un marco de coordinación en la planificación económica en todo el territorio nacional.
El presente RD se dicta en sus artículos 1, 2 y 4 conjuntamente al amparo de la competencia que al Estado otorga el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación general de la sanidad.