Source: https://boe.vlex.es/vid/regulacion-conflictos-intereses-altos-56239806
Timestamp: 2018-01-16 19:03:35
Document Index: 184299179

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 45', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 3', 'Artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 37', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 19', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'artículo 8', 'Artículo 38', 'artículo 137', 'artículo 81', 'artículo 83', 'Artículo 40', 'artículo 89', 'artículo 44', 'Artículo 42', 'Artículo 43']

Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 56239806
Marginal: BOE-A-2009-6168
Fecha de Entrada en Vigor: 15 de Abril de 2009
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 2 a 5
CAPÍTULO II. Registro de actividades de altos cargos - arts. 6 a 10
CAPÍTULO III. Registro de bienes y derechos patrimoniales - arts. 11 a 15
CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes a los dos registros - arts. 16 a 19
CAPÍTULO V. La oficina de conflictos de intereses. Constitución y funciones - arts. 20 a 23
CAPÍTULO VI. Procedimiento sancionador - arts. 24 a 43
Aprobación del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado:
Disposición transitoria única Presentación de declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales del año 2009.
Para este año 2009 los altos cargos actualmente nombrados remitirán a la Oficina de Conflictos de Intereses junto con la declaración anual correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuevas declaraciones de actividades y de bienes y derechos en los modelos establecidos en el anexo I. Los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado remitirán, asimismo, la declaración contenida en el anexo II del presente real decreto.
Antes del 15 de octubre de 2009 se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el contenido de las declaraciones bienes, derechos y obligaciones patrimoniales cumplimentadas en la forma prevista en el anexo II por las personas que sean miembros del Gobierno o Secretarios de Estado a fecha 30 de septiembre y que hayan tomado posesión de su cargo antes del 30 de junio de 2009.
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 2 a 5
El presente Reglamento, en desarrollo de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, tiene por objeto regular el cumplimiento de las obligaciones previstas en la misma, en relación con los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos, las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses a que se refiere dicha ley, así como el régimen sancionador derivado de su incumplimiento.
Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los puestos considerados como altos cargos en el artículo 3.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril.
En desarrollo de lo dispuesto en dicho precepto, se consideran cargos asimilados a subsecretarios o directores generales de la Administración General del Estado aquellos que tengan reconocida tal condición en los términos previstos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado o en su normativa específica.
Para delimitar el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley 5/2006, se entienden por cargos asimilados aquellos puestos de trabajo que, conforme a la norma constitutiva de cada ente, por su forma de provisión, incardinación en la organización de esas entidades o por su responsabilidad desempeñen los puestos más relevantes en esas organizaciones.
A efectos de lo previsto en el apartado h) del referido artículo 3.2, para determinar si la posición de la Administración General del Estado es dominante en el Consejo de Administración de una sociedad con participación estatal se acudirá a lo previsto en tal materia en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Podrán ser depositadas en los registros de Altos cargos de la Oficina de Conflictos de Intereses las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales que están obligados a formular el Presidente y los consejeros permanentes del Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en su ley orgánica.
Obligaciones de actualización por parte de las entidades y organismos públicos o con participación pública, de los datos que se remiten a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Las entidades de Derecho Público, organismos reguladores y de supervisión, fundaciones públicas y las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación estatal o, que sin llegar a ser mayoritaria, la posición de la Administración General del Estado sea dominante, comunicarán en el plazo de un mes a la Oficina de Conflictos de Intereses cada vez que se produzca un nombramiento, los efectuados respecto de aquellos puestos de trabajo que conforme a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y a lo previsto en el presente real decreto, tengan la condición de altos cargos.
Igualmente, y en el mismo plazo a que se refiere el apartado anterior, las entidades o empresas públicas o privadas con representación del sector público en sus Consejos de Administración, comunicarán a la Oficina de Conflictos de Intereses, las designaciones que se efectúen para su Consejo de Administración u órganos de Gobierno en personas que conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, tengan la condición de alto cargo.
Las entidades, sociedades o empresas a las que se refieren los dos apartados anteriores serán responsables de la veracidad y actualidad de los datos que faciliten.
Artículo 3 Dependencia de los Registros.
Artículo 4 Gestión de los Registros.
Artículo 5 Documentos.
Todas las declaraciones y variaciones a que se refiere este Reglamento podrán realizarse en los modelos que se contienen en el anexo I y, en su caso, el II. Las modificaciones que se estimen procedentes, en su caso, de dichos modelos, se aprobarán por orden de la Ministra de Administraciones Públicas.
Dichas declaraciones se presentarán preferentemente en forma de documentos electrónicos a través del Registro Telemático del Ministerio de Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, que regula los Registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. A tales efectos el Ministerio de Administraciones Públicas desarrollará las aplicaciones necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones. Los documentos presentados deberán estar firmados electrónicamente mediante el DNI electrónico o cualquiera de los certificados de firma electrónica admitidos por el Ministerio de Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II Registro de actividades de altos cargos Artículos 6 a 10
Artículo 6 Objeto del Registro de Actividades.
Artículo 7 Contenido de la declaración de actividades.
Los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos a los que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, tienen la obligación de declarar todas las actividades públicas o privadas que desempeñen, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, y que sean susceptibles de ser retribuidas o que puedan proporcionar ingresos económicos, aunque no se perciban, de hecho, compensaciones económicas por las mismas. Estas declaraciones se podrán cumplimentar en los modelos que se contienen como anexo I al presente Reglamento, o por medios telemáticos en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 4 del presente Reglamento.
En dicha declaración se manifestará, asimismo, si se recibe cualquier otra remuneración o percepción con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, así como cualquier otra remuneración o percepción que directa o indirectamente provengan de una actividad privada.
Se deberá declarar, asimismo, el inicio o cese en cualquier actividad pública o privada.
Las declaraciones de actividades se formularán en el improrrogable plazo de tres meses desde la fecha de toma de posesión del cargo y del cese, respectivamente, así como cada vez que el interesado inicie una nueva actividad de las que son objeto de regulación en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 8 Declaración de intereses.
Quienes ocupen un cargo de los incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, estarán obligados a efectuar en el plazo de los tres meses siguientes a su toma de posesión, una declaración referente a las actividades profesionales, mercantiles o laborales que hayan desempeñado durante los dos años anteriores a la ocupación de dicho cargo, incluyendo los ejercidos por cuenta propia o ajena. Dicha declaración se podrá efectuar en el modelo establecido a tal efecto en el anexo I o bien por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 4.2 del presente Reglamento.
En el supuesto de que dichas actividades se hubieran desempeñado en el sector privado la declaración especificará los siguientes extremos:
Alcance y contenido de las comunicaciones que han de presentar los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y el resto de los altos cargos a los que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, cuando cesen en el ejercicio de los mismos, y durante los dos años siguientes, dirigirán al Registro de Actividades una comunicación de acuerdo con el siguiente procedimiento:
El interesado deberá remitir la comunicación al Registro de Actividades con carácter previo a la iniciación de la actividad que vaya a realizar, pronunciándose, al menos, sobre los siguientes extremos:
Actividad privada que vayan a desempeñar, especificando si se va a realizar la actividad privada por cuenta propia o ajena. En este último supuesto se indicará la denominación de la empresa o entidad para la que vaya a trabajar, indicando además el objeto social de ésta.
Declaración expresa de que dicha actividad privada no está relacionada directamente con las competencias del cargo desempeñado; a estos efectos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la Ley 5/2006, se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
Una vez recibida la comunicación del interesado por la Oficina de Conflictos de Intereses, dicha Unidad, si no tuviera los elementos determinantes para resolver, solicitará con carácter preceptivo del Departamento Ministerial u Organismo en el que el comunicante haya desempeñado su último puesto de alto cargo, la información necesaria para dictar la resolución.
La declaración será depositada en el Registro de Actividades.
De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, cuando durante el desempeño del cargo público un alto cargo deba abstenerse de un determinado asunto deberá notificar por escrito su abstención al órgano superior inmediato o al órgano que lo designó. Si en este caso el alto cargo es miembro de un órgano colegiado, podrá manifestar oralmente su abstención, debiendo realizar la referida notificación en el plazo de veinticuatro horas.
En el plazo de un mes desde la notificación de la abstención, el interesado deberá dirigir una comunicación por escrito al Registro de Actividades dando cuenta de los siguientes extremos:
La Oficina de Conflictos de Intereses, una vez recibida la comunicación, comprobará que ésta se pronuncia sobre los extremos antes citados. En caso contrario, requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la misma.
Una vez completada la comunicación, se procederá a su depósito en el Registro de Actividades.
Artículo 10 Publicidad del Registro de Actividades.
El Registro de Actividades de Altos Cargos tiene carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, y en las correspondientes normas de desarrollo de las Leyes citadas.
Las personas que deseen conocer las declaraciones depositadas en el Registro de Actividades de Altos Cargos podrán, previa identificación de su personalidad, solicitar certificación de su contenido.
Las certificaciones se solicitarán a la Oficina de los Conflictos de Intereses mediante escrito, firmado por el solicitante, entregado directamente, o en cualquiera de los registros y oficinas enumerados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por correo, telegráficamente, o por cualquier otro medio telemático que permita identificarle, en los términos previstos en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
Las certificaciones podrán consistir en la expedición de copias auténticas de las declaraciones originales almacenadas en el Registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No serán admisibles las solicitudes genéricas ni aquéllas en las que no aparezca claramente identificado el titular del alto cargo del que se solicita la certificación.
CAPÍTULO III Registro de bienes y derechos patrimoniales Artículos 11 a 15
Artículo 12 Contenido de las declaraciones.
Las declaraciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, se efectuarán en el improrrogable plazo de los tres meses siguientes a la fecha de toma de posesión y cese, respectivamente, en el alto cargo.
Si existieran diferencias entre las declaraciones patrimoniales que se entregan y las últimas declaraciones tributarias, el titular del alto cargo explicará, en la declaración de bienes patrimoniales, las divergencias producidas entre ambas.
Junto con las declaraciones de bienes patrimoniales que se efectúen a la toma de posesión y cese, los altos cargos aportarán copia de la declaración tributaria del último ejercicio del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se depositará en el Registro.
Anualmente, se aportará copia de dicha declaración tributaria en el plazo de tres meses desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para la presentación de dicho documento ante la Administración Tributaria.
No será exigible el cumplimiento de la obligación anual cuando no hubieran transcurrido tres meses desde la toma de posesión del alto cargo y éste hubiera remitido toda la documentación exigida.
Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado cumplimentarán, además, el anexo II del presente Reglamento, con ocasión de su toma de posesión y cese.
Artículo 13 Carácter reservado del Registro.
El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tiene carácter reservado.
Sólo pueden tener acceso a las declaraciones formuladas al mismo las Instituciones y los Órganos a los que se refiere el artículo 14.3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, en el ejercicio de las funciones a que se refiere dicha Ley, previa presentación de solicitud, en la que se especifique el alto cargo de cuyos datos se quiera tener constancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, anualmente, antes del 30 de septiembre, se procederá a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el contenido de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, cumplimentadas en la forma prevista en el anexo II, por los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado cuya toma de posesión o cese se haya producido en el período comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.
Artículo 14 Otras Declaraciones patrimoniales.
El cónyuge del alto cargo o persona que conviva con él en análoga relación de afectividad podrá, voluntariamente, cumplimentar las declaraciones de bienes y derechos a que se refiere el artículo 12 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
En estas declaraciones constará expresamente el carácter voluntario de dicha aportación, y serán entregadas por el alto cargo junto con sus propias declaraciones. Las declaraciones se cumplimentarán en los modelos establecidos en el anexo I, así como a través de medios telemáticos.
El carácter voluntario de la cumplimentación de esta declaración no lo será para los cónyuges de los altos cargos, que en virtud de una ley específica, tuvieran obligación expresa de presentarla.
Artículo 15 Adquisición originaria y transmisión de bienes patrimoniales.
Si las personas designadas para ocupar alguno de los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado poseyeran, al ser nombrados, por sí o junto con su cónyuge o persona con quien convivan en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas, la participación a que se refiere el artículo 6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, deberán desprenderse de ella en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de su nombramiento.
Cuando la persona que ocupe alguno de los altos cargos comprendidos en el artículo 3.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, adquiera la participación a que se refiere el apartado anterior durante el ejercicio del cargo, por sucesión hereditaria u otro título gratuito, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de tres meses desde su adquisición.
Durante los plazos a que se refieren los apartados anteriores, se declararán en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales dichas participaciones, indicándose, al menos, los siguientes datos:
Nombre, objeto social y denominación de la empresa en la que se participa.
Porcentaje de participación de alto cargo y, en su caso, del cónyuge, sea cual sea su régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad, hijos dependientes y personas tuteladas.
Indicación de los conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, que la empresa haya suscrito con el sector público estatal, autonómico o local que se hallen en ejecución en el momento de la declaración.
Fecha de la transmisión de la participación y naturaleza de la misma.
CAPÍTULO IV Disposiciones comunes a los dos registros Artículos 16 a 19
Artículo 16 Información sobre las obligaciones de declarar.
Artículo 17 Registro de entrada de los documentos.
Para la recepción de las declaraciones de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, u otros documentos relacionados, que se presenten en formato papel se habilitará en la Oficina de Conflictos de Intereses una Unidad de Registro propia para garantizar la confidencialidad de las declaraciones.
Para las que se presenten en formato de documento electrónico firmado digitalmente se utilizará el Registro Telemático del Ministerio de Administraciones Públicas, utilizándose para la creación de los documentos electrónicos, su firma digital y su presentación telemática las aplicaciones desarrolladas al efecto por este Ministerio.
Artículo 18 Subsanación de las declaraciones.
Si se aprecian deficiencias formales en la declaración o falta de la documentación exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de un mes las subsane.
Se consideran deficiencias formales las siguientes:
Omisión de cualquiera de los datos identificativos del declarante.
Confusión, error o imprecisión en las declaraciones.
Otros errores materiales.
La existencia, en las declaraciones, de palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, que no estuvieran salvadas por el declarante con su firma, y ofrecieran dudas al personal de la Oficina.
La documentación exigible es la recogida en el capítulo III de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Una vez examinada la documentación, si de la documentación se desprendiese, o se tuviese conocimiento de ello por otros motivos, que el interesado pudiese estar incurriendo en alguna de las causas de incompatibilidad a la que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, la Oficina de Conflictos de Intereses informará de esta circunstancia al declarante.
Las declaraciones que se reciban en los Registros serán comparadas con las inscritas con anterioridad.
Artículo 19 Permanencia de las declaraciones en los Registros.
Todas las declaraciones y, en su caso, la subsanación de las mismas, serán inscritas en el Registro correspondiente.
Los altos cargos a los que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, serán responsables de la veracidad y actualidad de los datos que cumplimenten en las declaraciones, así como en las comunicaciones.
Transcurrido el plazo de tres años desde el momento del cese del alto cargo, con carácter general, o el de cinco, en lo que se refiere a la declaración de actividades posteriores, se procederá a la destrucción de los datos de carácter personal contenidos en las declaraciones, en los términos previstos en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, que regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
CAPÍTULO V La oficina de conflictos de intereses. Constitución y funciones Artículos 20 a 23
Artículo 20 Constitución.
Se constituye la Oficina de Conflictos de Intereses, con nivel orgánico de subdirección general, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, que actuará con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones.
La persona titular de la Oficina de Conflictos de Intereses, que tendrá la denominación de Director o Directora, será nombrado por orden del Ministro de Administraciones Públicas entre funcionarios que pertenezcan a cualquiera de los Cuerpos o Escalas correspondientes al subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
Si transcurrido el plazo de tres meses establecido en la ley para formular las declaraciones, el titular del alto cargo no las hubiese enviado a los Registros, la Oficina de Conflictos de Intereses se dirigirá al titular recordándole el cumplimiento de sus obligaciones, y señalándole un plazo de un mes para que las cumplimente.
Este recordatorio no será preceptivo cuando el nombramiento o el cese no se hubiera publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o no se hubiera cumplido la obligación a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento.
La omisión de este recordatorio por parte de Oficina de Conflictos de Intereses no exonerará, bajo ningún supuesto, al titular del alto cargo, del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Reglamento.
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 sin que se hayan presentado las declaraciones, la Oficina de Conflictos de Intereses requerirá el cumplimiento de esta obligación al interesado otorgándole otro plazo de un mes para cumplir con la misma, pudiendo en su caso iniciar las actuaciones previstas en el artículo 19 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 22 Información al Congreso de los Diputados.
Artículo 23 Deber de colaboración con la Oficina de Conflictos de Intereses
CAPÍTULO VI Procedimiento sancionador Artículos 24 a 43
Artículo 24 Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 25 Transparencia del procedimiento.
El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con objeto de garantizar la transparencia en el procedimiento, la defensa del imputado y la de los intereses de otros posibles afectados, así como la eficacia de la actuación de la Administración, cada procedimiento sancionador que se tramite se formalizará sistemáticamente, incorporando sucesiva y ordenadamente los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y demás diligencias que vayan apareciendo o se vayan realizando.
Artículo 26 Prescripción y archivo de las actuaciones.
Artículo 27 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.
En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos competentes estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, remitirán los antecedentes de las actuaciones practicadas al Fiscal General del Estado, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial firme.
En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.
Artículo 28 Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario.
Artículo 29 Órganos competentes del procedimiento sancionador.
Artículo 30 Comunicación de indicios de infracción.
Artículo 31 Forma de iniciación.
Artículo 32 Denuncias.
La Oficina de Conflictos de Intereses sólo conocerá de las denuncias que expresen el relato de los hechos que pudieran constituir alguna infracción de las tipificadas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, la fecha de su comisión y la identificación de los presuntos responsables.
Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses tenga conocimiento a través de una denuncia, o a través de otros medios, de la presunta infracción de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, una vez requerido previamente al interesado para que alegue lo que estime conveniente, iniciará las actuaciones previas al procedimiento sancionador previstas en el artículo 19 de la citada Ley, notificando, el inicio de dichas actuaciones al interesado.
Artículo 33 Actuaciones previas.
En los demás casos, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas, por la Oficina de Conflictos de Intereses con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
Artículo 34 Iniciación.
El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se adoptará por el órgano competente según el artículo 21 de la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. El procedimiento se formalizarán en los términos previstos en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se comunicará por la Oficina de Conflictos de Intereses al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante y al interesado, entendiendo en todo caso por tal al inculpado y, en el supuesto de que el hecho pudiera ser constitutivo de una vulneración del artículo 8.5 de la ley 5/2006, de 10 de abril, se le notificará también a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios el interesado.
En la notificación se advertirá al interesado y, en su caso, a dicha empresa o sociedad que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 36.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Artículo 35 Colaboración y responsabilidad de la tramitación.
En los términos previstos por los artículos 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 19.3 de la Ley 5/2006, los órganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones Públicas facilitarán al órgano instructor los antecedentes e informes necesarios, así como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.
Las personas designadas como instructores, o en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
Artículo 37 Actuaciones y alegaciones.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo. En el supuesto del artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, se podrán tener en cuenta las alegaciones ya formuladas a que se refiere el apartado 5 de dicho precepto.
Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo ello al inculpado.
Artículo 38 Prueba.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo no superior a quince días.
En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquellos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime pertinentes, entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determinante para la resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 40 Audiencia.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la realización de las actuaciones complementarias dispuestas, mediante acuerdo motivado, por el órgano competente para resolver. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días.
Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirán la valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento se producirá la caducidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 42 Efectos de la resolución.
Las resoluciones que se dicten resolviendo el procedimiento sancionador regulado en este Reglamento, serán inmediatamente ejecutivas y contra las mismas podrán interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 43 Restitución de las cantidades percibidas indebidamente.
Disposición transitoria única Comunicaciones a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y ...
LEY 1/1994, de 22 de Febrero, de Creacion del Municipio de Badia por segregacion de Parte de los Terminos municipales de Barbera del Valles y de Cerdanyola del Valles.
DECRETO 91/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. [1999/7160]