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Timestamp: 2019-11-21 14:24:48
Document Index: 53804190

Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 206', 'artículo 50', 'artículo 206', 'artículo 336', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 336', 'artículo 98', 'artículo 206', 'artículo 104', 'artículo 206']

Sentencia nº 864 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 382152162
Número de Expediente: 11-1151
El 22 de septiembre de 2011, los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.G., en su carácter de Fiscales Trigésimo Noveno y Cuadragésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Octogésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitaron a esta Sala Constitucional la revisión de las decisiones dictadas el 26 de agosto de 1966 y el 13 de octubre de 1986, en su orden, por los suprimidos Juzgados Octavo de Primera Instancia en lo Penal y Superior Primero en lo Penal, ambos de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en las que, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, declararon terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., todo ello en virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida averiguación.
El 04 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan J.M.J., quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 01 de diciembre de 2011, esta Sala, visto que, los prenombrados representantes del Ministerio Público, en el escrito de la solicitud de revisión constitucional, no consignaron las notas periodísticas entregadas por los familiares del ciudadano F.O., ni tampoco la copia certificada de la segunda pieza del expediente contentivo de la averiguación sumaria en referencia, documentación que esta Sala estimó indispensable para formar criterio sobre el asunto sometido a su conocimiento, dictó auto n.°: 1859, en el cual dispuso expresamente: (…) “oficiar a los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.R., para que, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, consignen ante la Secretaría de esta Sala los recaudos señalados”.
El 25 de enero de 2012, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del oficio n.°: 49, de la misma data, mediante el cual los solicitantes de la revisión, consignaron la documentación que les fue requerida.
El 28 de enero de 2012, los abogados L.D.M. y J.A.M., Director General de Servicios Jurídicos y Director de Recursos Judiciales de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, y los abogados A.B., L.C., J.L., L.Q., J.C. y Dolimar Lárez Rojas, adscritos a la mencionada Dirección General de Servicios Jurídicos, presentaron ante esta Sala escrito en el cual expresamente manifestaron: (…) “esta Institución Nacional de Derechos Humanos (sic) acude a los fines de manifestar nuestro (sic) interés en el proceso y ADHERIRNOS (sic) a la indicada solicitud a objeto de que se revisen las decisiones” (…) [Mayúsculas y negritas de los solicitantes].
Los representantes del Ministerio Público, en el escrito de la solicitud de revisión constitucional, señalaron lo siguiente:
Que, la Sub-Comisión de Derechos Humanos y Garantías Fundamentales de la Asamblea Nacional, solicitó a la Fiscal General de la República, se investigaran los homicidios, torturas y desapariciones forzadas de varios ciudadanos venezolanos acaecidos durante los años de 1960, 1970 y 1980, por cuanto las investigaciones que se llevaron a cabo en su oportunidad: (…) “no se realizaron con transparencia y cuyos (sic) resultados fueron manipulados con el ánimo de mantener oculto lo ocurrido”.
Que, uno de esos casos, fue la muerte del ciudadano F.O., por cuanto: (…) “al ser el mismo Estado Venezolano por medio de sus funcionarios activos que quebrantaron Convenios, Pactos y Principios Internacionales (sic) en materia de Derechos Humanos (sic)”, cometieron delitos graves de lesa humanidad, violando así el orden constitucional conforme lo establecido en el artículo 50 de la Constitución de 1961, toda vez que, tal y como expresamente lo señalaron:
(…) simularon la muerte del ciudadano F.O., quién era conocido como un ex diputado, y dirigente político que adversaba de manera manifiesta al gobierno políticamente (sic), por lo que, con sobrada certeza se trataba de un perseguido político, sin embargo, aún y (sic) cuando la investigación está (sic) orientada para inducir a la creencia que el mismo (sic) se suicidó, existen elementos que discrepan insoslayablemente con la tesis del suicidio y, que determinan la comisión de un delito de HOMICIDIO, considerado como VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS al haber sido perpetrado por funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, que tenían la obligación irrestricta de velar por la seguridad, integridad física y su vida al encontrarse detenido, quienes ostentaban la posición de garantes, responsabilidad esta que traía consigo la obligación de impedir la producción del resultado en virtud de determinados deberes, que fue aprovechado para cometer el delito y simular un suicidio (Mayúsculas y negritas de los solicitantes de la revisión).
Visto así, se recibió en el Ministerio Público al ciudadano J.L.A.O. (…) así como (sic) la ciudadana M.O. DÍAZ, (…) quien indicó ser hija del ciudadano F.O. (…) los cuales manifiestan no estar conformes con la investigación que fue realizada en el momento de los hechos, al aseverar que el ciudadano F.O. no suicido (sic), consignando distintas notas periodísticas en las que se hace mención de dicha situación.
Que, visto lo manifestado por la ciudadana M.O., en su condición de hija del ciudadano F.O., quien, para este momento, ostenta la condición de víctima, al igual que, en su oportunidad, asumió la ciudadana H.d.O., madre del prenombrado ciudadano, y tomando en consideración lo previsto en la ley adjetiva penal respecto de las atribuciones del Ministerio Público en cuanto a su deber de: (…) “velar por los intereses de la víctima en el proceso”, solicitaron copia certificada del expediente contentivo de la averiguación que se instruyó en esa oportunidad, y del estudio del mismo pudieron observar que el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 26 de agosto de 1976, declaró terminada la averiguación sumaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2°, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento de los hechos.
Igualmente, observaron que la señalada declaratoria de terminación de la averiguación sumaria, fue confirmada por el hoy también suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal de la señalada Circunscripción Judicial, mediante un pronunciamiento completamente inmotivado, por cuanto se limitó a establecer que confirmaba la decisión de la primera instancia, pero no hizo exposición ni razonamiento alguno para fundamentar dicha confirmatoria, no obstante:
(…) dicha decisión se encuentra DEFINITIVAMENTE FIRME, por ser un auto interlocutorio con fuerza de definitiva que fue consultado y que produjo efectos de COSA JUZGADA, causando una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano F.O., hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica (sic) de los ciudadanos, amén que, con dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado, se violentó además el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión (Mayúsculas, negritas y subrayado de los representantes del Ministerio Público).
En tal sentido, en opinión del Ministerio Público, en el presente caso:
(…) el tribunal no se tomó la molestia de revisar el expediente y NO TOMÓ EN CUENTA LA GRAVEDAD DEL HECHO LESIVO COMO LO ES LA VIDA DE UN CIUDADANO QUE SE ENCONTRABA PRIVADO DE LIBERTAD Y CUYA POSICIÓN DE GARANTE LA TENÍA EL ESTADO QUE DEBIÓ RESGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SU VIDA.
En el presente caso, la víctima, hoy occiso se encontraba detenido, tenido (sic) la posición de garantes los funcionarios que estaban realizando la custodia en ejercicio de sus funciones, habiéndose cometido un Homicidio (sic) de un ciudadano que era perseguido político por dicernir (sic) con (sic) el gobierno de la fecha y quien fue asesinado (Mayúsculas y negritas de los representantes del Ministerio Público).
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, es importante resaltar que según indican los familiares del occiso antes mencionados, los funcionarios no permitían que ellos observaran el cadáver, lo cual se encuentra concatenado y llama (sic) poderosamente la atención que no existe una sola fotografía en la Sala de Autopsias que (sic) se pueda apreciar el cadáver desprovisto de vestimenta, asimismo, que el Levantamiento Planimétrico no se haya realizado con medidas exactas, que son propias de dicha diligencia de investigación, que permita determinar la altura desde el nudo donde fue amarrada la cuerda utilizada para presuntamente quitarse la vida, así como el tamaño del taburete que sorprendentemente no tocó ni tumbó al suelo y que se encontraba muy cerca del cadáver.
Tales aseveraciones nacen de una presunción lógica, pues es claro que por una simple reacción involuntaria cualquier ciudadano que se está ahorcando bajo las características presentes en la escena del crimen, al no llegarle sangre al cerebro comienza un movimiento conocido coloquialmente como “pataleo” que ante la cercanía del (sic) taburete no se haya caído, lo que evidencia insoslayablemente una SIMULACIÓN DE SUICIDIO CON UN SITIO DE SUCESO TOTALMENTE MODIFICADO O ALTERADO, aunado a todo lo antes expuesto, no es necesario tener un basto (sic) conocimiento en criminalística para observar en las fotografías que se encuentran anexas en el expediente que el surco que se observa en el área del cuello es aun más pálida que la tez del cuerpo del occiso, lo cual concuerda con lo señalado en el protocolo de autopsia (…) en la (sic) que se indica al referirse al surco: “pálido y apergaminado”.
Se observa además, que las fijaciones fotográficas tomadas al cadáver de F.O., discrepan irrefutablemente con las características físicas clínicas (sic) que deben (sic) tener todo cadáver cuyas lesiones sean provenientes de un ahorcamiento, cuya presión de un lazo en el cuello comprime totalmente las venas yugulares, la arteria aorta, la tráquea, el esófago y la médula espinal como resultado de la rotura de las vértebras, luego de ello cesan las funciones vitales del sistema nervioso, corazón y pulmones, hecho pues, que desdice (sic) siendo antagónico con la descripción señalada en el Protocolo de Autopsia, al ser evidentemente contradictorias entre si, con la descripción del tórax y la del cuello y cabeza (Mayúsculas, negritas y cursivas de los solicitantes de la revisión).
En tal sentido, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que:
Con todos los elementos supra mencionados, en la (sic) decisión emanada por (sic) el extinto Juzgado de Primera Instancia se fundamenta con argumentos que constituyen un FALSO SUPUESTO, siendo incongruente la decisión de Primera Instancia, al analizar y tomar como ciertos unos elementos, siendo evidente que fueron puestos para simular un suicidio, pero que analizadas las actas que integran el expediente de manera individual y adminiculando los elementos unos con otros de manera global, nos indican (sic) que el jurisdicente de Primera Instancia (sic) cometió un error grotesco al DECLARAR TERMINADA LA AVERIGUACIÓN (…) se realizó la Consulta (sic) obligatoria ante el tribunal superior (…) en cuya decisión el Tribunal de Alzada (sic) CONFIRMÓ LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SIN MOTIVAR ABSOLUTAMENTE NADA, en solo media página cursante en el folio quince (15) de la segunda pieza del expediente, señaló que revisadas las actas que integran el expediente, se confirma la decisión (Mayúsculas, negritas y cursivas de los solicitantes de la revisión).
De igual modo, señalaron que, al tratarse de un auto interlocutorio con fuerza de definitiva, que produjo cosa juzgada, debió estar motivado para así estar ajustado a derecho, ya que, el vicio de inmotivación crea inseguridad jurídica y constituye una verdadera arbitrariedad, por encontrarse involucrado el orden público constitucional, en razón de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitaron la revisión de las decisiones que, en su oportunidad, dictaron los Juzgados Octavo de Primera Instancia en lo Penal y Superior Primero en lo Penal, ambos de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, toda vez que dichas decisiones están definitivamente firmes, esto es: (…) “son decisiones que prima facie son inatacables, estables, inmutables e inmodificables, que han adquirido la autoridad de cosa juzgada”, pero, en las cuales:
(…) se vislumbra UN ERROR GROTESCO AL HABER OBVIADO POR COMPLETO LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (…) EN LO CONCERNIENTE A PRINCIPIOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES (para el momento de la decisión), así como al silenciar los Tratados, Pactos o Convenios Internacionales (sic) sobre derechos humanos, toda vez que el artículo 22 de la Constitución de Venezuela vigente para el momento de los hechos extiende los derechos humanos más allá de los contenidos en nuestra constitución (sic) (…).
En este sentido (…) tomando en consideración que el hecho denunciado ha sido considerado como una VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS y, específicamente el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MÓTIVOS FUTILES E INNOBLES, perpetrado por funcionarios del Estado Venezolano, quienes tenían la posición de garantes, puesto que quien en vida respondiera al nombre de F.O. se encontraba detenido a merced de los custodios que laboraban en funciones de guardia para el momento de los hechos, en Representación (sic) del estado venezolano (sic), donde se simuló un presunto suicidio para sesgar la vida de un ciudadano quien era perseguido por discentir (sic) del gobierno, por lo que, el hecho cometido es considerado como un delito de LESA HUMANIDAD, por lo que se eleva a la consideración de la Honorable Sala, la posibilidad de revisar los términos y argumentos jurídicos enervados (sic) por los órganos jurisdiccionales que han intervenido en la presente causa (Mayúsculas y negritas de los representantes del Ministerio Público).
Por otra parte, la representación del Ministerio Público, en cuanto a la imprescriptibilidad de los hechos investigados, señaló textualmente lo siguiente:
Si bien, los hechos acaecidos ocurrieron con antelación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone taxativamente la imprescriptibilidad de las (sic) acción penal, en delitos de VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LESA HUMANIDAD, entre otros, siendo pionera en incluirlo en el cuerpo de la Constitución, no obstante, no era ajeno al m.C. de 1961, la obligación de los órganos y representantes del Estado, de velar por la protección de los derechos humanos, ante la existencia del gran cúmulo de instrumentos internacionales, que por la data de los mismos, nos retrotraen a tiempos remotos a la letra constitucional vigente para la época de ocurrencia de los hechos, en donde ya para esa época (sic) existía un interés mundial de salvaguardar a los coasociados de actos arbitrarios de contenido inhumano. Entre algunos, tomando en consideración los más antiguos, podemos mencionar: La Carta M.I. (1215); Petition of Rights (1628); Declaración de Derechos (1689); Hill (sic) of Rights de Virginia (1776); la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (1968); Convención Americana sobre los Derechos Humanos suscrita en 1969 (Mayúsculas y negritas de los solicitantes de la revisión).
De igual modo, invocaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a la imprescriptibilidad de las acciones como la que es objeto de la presente solicitud, señalando, además, que el Ministerio Público venezolano ha declarado abiertamente la lucha para combatir la impunidad en pro de la justicia.
Finalmente, los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.G., solicitaron expresamente de esta Sala que:
(…) una vez verificados los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la presente solicitud (…) solicitamos que se declare con lugar (…) y que (sic) se anule la decisión que se impugna y por ende sus efectos, al encontrarse definitivamente firme (cosa juzgada), para que se realice la correspondiente investigación sobre la muerte de F.O. en aras de una sana y cabal administración de justicia (Mayúsculas y negritas de los solicitantes).
DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En el escrito contentivo de la solicitud, los representantes de la Defensoría del Pueblo sustentaron su interés de adherirse a la petición de revisión constitucional, en lo siguiente:
De conformidad con los artículos 280 y 281.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta (sic) Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, es atribución (…) interponer las acciones o recursos necesarios para el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos (…).
La Defensoría del Pueblo está facultada para ejercer la presente pretensión en virtud de lo consagrado en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el cual se refiere a la competencia de la Defensoría para interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones o recursos judiciales cuando lo estime procedente, ante el Tribunal competente, para la defensa de los derechos humanos (…).
Ahora bien, el presente escrito tiene por objeto adherirnos a la solicitud de revisión interpuesta por el Ministerio Público, de las decisiones (…) en las que se dio por terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte de F.O., sin una investigación seria encaminada a la búsqueda de la justicia y de la verdad, así como sin tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias que rodearon la muerte del indicado ciudadano.
Asimismo, existen elementos que permiten presumir que, en el caso de marras, las investigaciones realizadas por los órganos del Estado no tomaron en consideración ciertos factores imprescindibles que pudieran haber dado un rumbo distinto a las mismas. Tampoco se tomó en cuenta la gravedad del hecho lesivo como lo es la vida de una persona que se encontraba privada de su libertad, donde el Estado tenía la obligación irrestricta de resguardar su integridad física y su vida, tal como lo contemplaban el artículo (sic) 58 y 60 de la Constitución de 1961, todo lo cual constituye una vulneración a los valores superiores y al derecho humano a la vida consagrados en los artículos 2 y 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De igual modo, narraron que la muerte de F.O. estuvo rodeada de testimonios de personas allegadas y noticias que señalaron que él no se había suicidado, por cuanto: (…) “había permanecido en prisión varias veces y había superado muchas otras dificultades, por lo que no pareciera fácil sostener que una persona con visión de futuro quisiera y lograra suicidarse”, por el contrario, en opinión de los representantes de la Defensoría del Pueblo, se trató de un verdadero homicidio, toda vez que su muerte constituyó una política de coerción del gobierno de la época, en razón de que significó un duro golpe para los movimientos de izquierda y la guerrilla.
Por otra parte, los Representantes de la Defensoría del Pueblo mencionaron que el Estado Venezolano está obligado a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y a: (…) “realizar investigaciones serias de aquellas conductas y hechos que afecten derechos protegidos por la Constitución y las leyes”, por lo cual, como consecuencia de dicha obligación, debe prevenir, castigar, sancionar y resarcir las violaciones a los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…) si el Estado hubiese cumplido cabalmente con su deber de investigar tomando en cuenta todos los elementos y las circunstancias en la que se desenvolvieron (sic) los hechos que condujeron a la muerte de F.O., probablemente no hubiese dudas con respecto a las investigaciones realizadas.
Finalmente, la representación de la Defensoría del Pueblo solicitó de esta Sala: (…) “se declare con lugar la SOLICITUD DE REVISIÓN interpuesta por el Ministerio Público” (Mayúsculas y negritas de los solicitantes).
El 26 de agosto de 1966, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, hoy suprimido, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, dictó decisión mediante la cual declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., todo ello en virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida averiguación.
En consecuencia, la muerte causada directamente por F.R.O. sobre su propia persona no es punible. Por tanto, es procedente declarar terminada esta averiguación iniciada de oficio, por no haber lugar a proseguirla, según el ordinal 2° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Mayúsculas del fallo).
En primer término, como quiera que las sentencias cuya revisión se solicitó fueron dictadas bajo el régimen jurídico de la Constitución de 1961, esta Sala en sentencia n.º: 1760, de fecha 25 de septiembre de 2001, caso: A.V.G., respecto de dichas solicitudes, estableció lo siguiente:
Todo ello, por supuesto, sin perder de vista que “el mecanismo extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes de amparo (...) previsto en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución, tiene como finalidad integrar el control concentrado de la constitucionalidad con (...) el amparo constitucional, con el objeto de garantizar la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución” (José V.H., Rev. de Derecho Constitucional, n° 3, p. 265), por lo que su funcionalidad, en tanto que responde a la incolumidad de un orden constitucional, es objetiva. De tal manera que, si bien los derechos fundamentales forman parte de ese orden y la restitución de alguno que se vea conculcado puede en la práctica resultar restituido a través de una solicitud de revisión, tal reconocimiento no es el fin que se persigue al poner en marcha dicho trámite. Por ejemplo, si un tribunal desconoce el derecho al trabajo de un empleado sobre la base de una errada interpretación de la Constitución o de un precepto legal que le refleje, pero dicho yerro, contrastado con la cotidianidad judicial, resulta aislado, ya que existe una cultura judicial que en buen grado entiende el alcance de dicho derecho y lo hace valer cuando está presente; la restitución del derecho particularmente afectado a través de la solicitud de revisión (por muy plausible que parezca), no cumple con el objetivo de la misma, el cual, se insiste, persigue: a) uniformar la interpretación de la Constitución; b) dictar pautas de aplicación constitucional y c) reconducir a prácticas legitimadas por la nueva Constitución, actitudes judiciales nacidas al amparo de preceptos legales o constitucionales derogados o de principios o valores superados. Pero de ningún modo, su objetivo es corregir (aunque en la consecución de su fin propio lo haga) los desaciertos judiciales, esto es: no constituye una tercera instancia de conocimiento (Negritas y subrayados de la Sala).
En segundo lugar, esta Sala debe referirse a la solicitud de adhesión realizada por los abogados L.D.M., J.A.M., A.B., L.C., J.L., L.Q., J.C. y Dolimar Lárez Rojas, en representación de la Defensoría del Pueblo, y, al respecto, observa:
Como se aprecia, si bien la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la tramitación de las causas relativas a las solicitudes de revisión constitucional, no hace referencia expresa a la intervención adhesiva de los terceros en el proceso, sin embargo, para esta Sala, dicha circunstancia no significa que se excluya su participación, aparte de la supletoriedad de las normas procesales vigentes que consagra el artículo 98 “eiusdem”.
En el presente caso, los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.G., en su carácter de representantes del Ministerio Público, solicitaron la revisión de las sentencias que dictaron el 26 de agosto de 1966 y el 13 de octubre de 1986, respectivamente, los suprimidos Juzgados Octavo de Primera Instancia en lo Penal y Superior Primero en lo Penal, ambos de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con ocasión de la averiguación sumaria iniciada por la muerte del ciudadano F.O..
Bajo estos supuestos, esta Sala observa que, en el presente caso, tal y como anteriormente se señaló, los solicitantes de la revisión refirieron que, el 26 de agosto de 1966, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2°, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento de los hechos, declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., decisión que fue ratificada por el hoy también suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal de la señalada Circunscripción Judicial.
(…) una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano F.O., hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica (sic) de los ciudadanos, amén que, con dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado, se violentó además el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión (Mayúsculas, negritas y subrayado de los representantes del Ministerio Público).
Así mismo, narraron que el referido Juzgado Superior en lo Penal, obvió la gravedad de los hechos objeto de la averiguación, ya que se trataba de la muerte de un ciudadano quien no solo se encontraba privado de su libertad personal, sino que, además, era un perseguido político, en razón de lo cual, el Estado Venezolano debió garantizar tanto su integridad física como su vida, máxime cuando dichos hechos eran considerados: (…) “como una VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS” (Mayúsculas de los representantes del Ministerio Público).
Planteados así los límites de la controversia, esta Sala “ab initio”, estima oportuno efectuar diversas consideraciones sobre la actividad política del ciudadano F.O. durante el desarrollo de los movimientos populares de 1957, y la participación directa de dichos movimientos en las luchas del pueblo para el logro de sus reivindicaciones sociales.
En tal sentido, cabe señalar, que la l.d.p. venezolano para la consecución de su independencia y autodeterminación ocurrida a finales de 1950 y de la década de 1960, es si se quiere, uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la segunda mitad del siglo XX venezolano, parte de la insurgencia en A.L. después del triunfo de la Revolución Cubana y estuvo inscrita en el contexto de lo que la historia denomina como Guerra Fría, la cual surge como consecuencia directa e inmediata de la Segunda Guerra Mundial.
En el caso de Venezuela, la expresión concreta de la influencia que generaba en A.L. la pugna entre las llamadas primeras potencias mundiales, a saber: Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría, comienza a manifestarse en Puerto Rico desde el mismo momento en que R.B., máximo jerarca del partido Acción Democrática, se asocia con el movimiento pro-norteamericano anti-comunista y de allí parte al encuentro con los máximos líderes de los partidos: COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), con quienes firma a finales del año 1957, el acuerdo celebrado en la ciudad de New York, comúnmente conocido como: el acuerdo del Waldorf Astoria de New York, en el que éstos dirigentes se alinearon con la Guerra Fría dentro de la estrategia internacional anticomunista norteamericana.
Conforme a los contenidos del citado artículo, el año de 1957, representaba el último año del período constitucional del gobierno de M.P.J.. Como consecuencia de esto, en la resistencia popular, el tema de las elecciones era motivo de debate político, ya que la necesidad democrática nacional se orientaba en el sentido de que todas las organizaciones políticas y frentes sociales de la época acudieran unidas a las elecciones y, por ello, desde febrero de 1957, se suman esfuerzos para lograr un acuerdo entre las fuerzas de la oposición a M.P.J., ya que todos coincidían en que el problema electoral planteado por el referido artículo 104 de la Constitución, era una coyuntura favorable para consolidar la democracia.
En junio de ese mismo año, F.O., periodista, iniciado en esa profesión desde mediados de 1948, había comenzado su vida política como militante del partido Unión Republicana Democrática (URD), organización política dirigida por J.V., y, para ese entonces, reportero del diario El Nacional, diario que le asignó la fuente del Palacio de Miraflores. Dicho ciudadano es partidario de una acción común entre los partidos; para ello, procura los primeros contactos entre URD y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y de cuyas resultas nace el Frente de Unidad Nacional contra la Dictadura que se bautiza con el nombre de Junta Patriótica de Venezuela en homenaje a la Sociedad Patriótica de 1810, organización que funda junto con G.G.P., J.V.R. y A.G., quienes con intensa actividad política en la clandestinidad, a través de los conocidos boletines de la Junta Patriótica, denunciaban la corrupción que prevalecía en el gobierno de M.P.J., y hacían llamados a la Fuerza Armada.
Esta organización: la Junta Patriótica de Venezuela, a la que se incorporan luego S.O.B. por el partido Acción Democrática (AD) y E.A.G. en sustitución de P.d.C., por el partido COPEI, coordina las acciones contra la dictadura de M.P.J., cuyo desenlace final se produce el 23 de enero de 1958. F.O., en ese momento Presidente de la Junta Patriótica, realizó la primera alocución pública tras producirse el vacío de poder, llamando a la tranquilidad patriótica: (…) “Este no es el momento de la venganza”.
No obstante, en razón de la intensificación de la lucha social y política, este panorama de auge democrático cambió a partir de octubre de 1958, fecha en la cual, concretamente, el 31 de octubre, tuvo lugar la suscripción, por parte de los tres representantes de los principales partidos políticos del momento: R.B. por AD, R.C., por COPEI y J.V., por URD, con exclusión de los representantes del PCV, del llamado “Pacto de Punto Fijo”, documento político que, producto de las reuniones preliminares celebradas en el extranjero y con injerencia directa del gobierno norteamericano, hace prescindencia de la vigencia de la Constitución de 1953, sustituyéndola, de hecho, e imponiendo aseveraciones como la siguiente: (…) “se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria”.
Luego, en las elecciones de diciembre de 1958, resulta ganador R.B. y también es electo diputado al Congreso Nacional por el partido URD: F.O.. De esta forma, R.B. asumió la presidencia el 13 de febrero de 1959, formó gobierno con URD y COPEI, partidos estos que junto con AD e independientes, ocuparon diversos ministerios en el gabinete y cargos en los Poderes Legislativo y Judicial y en las gobernaciones de los estados, todo esto como consecuencia de lo acordado en el “Pacto de Punto Fijo”. Así, al momento de su juramentación como presidente de la República, expresamente señaló que: (…) “En el transcurso de mi campaña fui muy explicito en el sentido de que no consultaría al Partido Comunista para la integración del gobierno (…) la filosofía política comunista no se compagina con la estructura democrática del Estado Venezolano”, lo cual refleja el sentido anticomunista del recién electo presidente.
De la misma manera, cabe señalar que, con posterioridad a la firma del Pacto de Punto de Punto Fijo, se suscitaron ciertos hechos que gestaron las condiciones para el retiro de URD del gobierno, lo cual ocasionó: i) la ruptura de dicha unión; ii) la división de AD en una tendencia política de izquierda: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y una conservadora que mantuvo el nombre y los símbolos del partido originario; iii) el comienzo de la represión del gobierno de R.B. en 1960, con el asesinato de trabajadores, estudiantes y desempleados; iv) cierre de universidades y allanamientos y desapariciones forzadas de personas, y; v) la retirada del canciller I.L.A., de la VII Conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), por no estar de acuerdo con las sanciones impuestas a Cuba por dicha organización. En fin, tuvo lugar una continuidad de la represión representada en actuaciones propias de un terrorismo de Estado.
En virtud de lo señalado, el 30 de junio de 1962, F.O., renuncia a la diputación al Congreso de la República y se unió al movimiento guerrillero, sobre la base de su pensamiento revolucionario manifestado en su carta de renuncia, en la cual textualmente expresó, lo siguiente:
De esta manera, F.O., consecuente con su posición política y sus ideales revolucionarios, no solo llama a sus compatriotas a incorporarse a esa lucha, sino que va más allá, producto de su persecución política, participa de manera activa y directa en el movimiento popular y guerrillero, circunstancia por la cual, en virtud de las órdenes dictadas por las autoridades de la época, es detenido el 12 de octubre de 1962, en la carretera que conduce de Acarigua a Guanare, Estado Portuguesa, y entregado al Comando de la Tercera División del Ejército con sede en Barquisimeto, Estado Lara, de donde, posteriormente, es trasladado a Caracas y sometido a juicio militar junto con otros conciudadanos, siendo condenado por el C.d.G.P.d.C. a dieciocho (18) años de presidio por los delitos de sedición y rebelión armada, condenatoria que es confirmada por la Corte Marcial y la Corte Suprema de Justicia, de ese entonces.
Sin embargo, resulta pertinente hacer notar que, con independencia a las exigencias que resultaban de la lucha popular desarrollada por la guerrilla que el ciudadano F.O. representaba, siempre demostró un apego a la vida que, incluso, se revela al consolidar una unión sentimental mediante matrimonio efectuado en las montañas ante un tribunal revolucionario con la señora Anajantzi J.A.F.C., tal y como se detalla del testimonio dado por esta ciudadana al diario El Mundo, en la entrevista publicada el 24 de junio de 1966 y titulada como: “20 hombres con metralletas habían participado en la captura de F.O.”.
En 1966, paralelo a la pública y notoria política represiva que continuaba manteniendo el gobierno de R.L., F.O. abandona las montañas para hacer frente a la discusión política sobre el destino que debía seguir el movimiento democrático revolucionario, en razón de las profundas diferencias surgidas en su seno, pero, es capturado, por una comisión del Servicio de Inteligencia Militar (SIFA) el 17 de junio de 1966, en la Guaira, junto con los ciudadanos M.M.B., T.D.B. y una joven quien posteriormente quedó identificada como A.J.F..
La manera como se llevó a cabo la detención, es reseñada en el diario La Verdad, en su edición del día 22 de junio de 1966 (Cfr. Historia Gráfica de Venezuela. Tomo XII. El Gobierno de R.L.. Segunda Parte. Páginas: 43 y 44. Centro Editor. Caracas, 2007), en la cual textualmente señaló:
Fabricio había llegado a la residencia el mismo día viernes en la noche acompañado de Dugarte Bravo, quien mantenía amistad con el guerrillero desde varios meses atrás. La joven J.F. también había sido llevada a la residencia por el propio Dugarte Bravo el día jueves. Al parecer, el propio Matute Bravo ignoraba la reunión. Al momento de practicarse la detención el grupo de invitados se sorprendió, sobre todo porque se efectuaron algunos disparos al aire lo que determinó confusión en los dos empleados de servicio de la casa, que también fueron detenidos.
De esta forma fueron trasladados todos esa misma madrugada a las oficinas del SIFA donde fueron sometidos a interrogatorios. Al principio se dispuso la reclusión de Matute Bravo, Dugarte Bravo y F.O. en la prisión donde apareció muerto el ex Comandante Guerrillero.
En cuanto a la joven J.F. se ordenó que fuera detenida en un apartamento del mismo cuarto piso (…).
El 21 de junio de 1966, aproximadamente a las ocho y quince minutos de la mañana, es localizado el cadáver de F.O., en la habitación n.°: 405, ubicada en el cuarto (4) piso del edificio del Cuartel de la Guardia Presidencial, sede del Servicio de Inteligencia Militar (SIFA), organismo administrativo de inteligencia de la época, eminentemente castrense, cuya jurisdicción no podía exceder ese límite y sus actuaciones estaban fuera del control de la justicia penal ordinaria, al estar protegidas por el fuero militar. Al día siguiente, toda la prensa escrita refirió su muerte como un suicidio ya que fue hallado muerto con un cordón de nylon atado al cuello.
Para la Sala, la memoria histórica reseñada reviste particular relevancia para la comprensión de la averiguación sumaria que, en su oportunidad, desde el 21 de junio de 1966, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, instruyó con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., y la cual declaró terminada por considerar que: (…) El conjunto de informaciones recogidas durante esta averiguación (…) permite a este tribunal formarse la convicción fundada de que la presente ahorcadura es el resultado del suicidio (…) en consecuencia, la muerte causada directamente por F.R.O. sobre su propia persona no es punible” (…)
Sin embargo, para esta Sala, dicha afirmación del juzgado instructor, esto es: (…) “que la presente ahorcadura es el resultado del suicidio (…), y, en consecuencia, que el ciudadano F.O. se causó directamente su muerte, no resulta del todo ajustada a la verdad, por cuanto, del estudio de las actas del expediente, se evidencia que en el resultado de la experticia mecánica, diseños, hematológica y determinación de semen y de comparación a las muestras recabadas en el sitio del suceso, tales como: un trozo de cordel de color blanco, una hojilla de afeitar marca gillette y una sábana de color blanco, los peritos designados para practicarla concluyeron señalando, entre otras afirmaciones, lo siguiente: (…) “estas escoriaciones sanguinolentas no se producen en un muerto en quien se intenta aparecer un suicidio por ahorcamiento” (Cfr. Folios 176 al 187 del anexo 1 del expediente) [Subrayado de esta Sala] .
- Que, el señalado juzgado instructor, no practicó diligencia sumarial alguna en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar relativas a la detención del prenombrado ciudadano. Ello así, por cuanto, no consta en las actas del expediente, cuya copia certificada fue consignada por los representantes del Ministerio Público solicitantes de la revisión, cómo, cuándo y dónde se produjo su detención, ni la persona o autoridad que la practicó, menos aún quién o quiénes, aparte de los ciudadanos M.M.B. y T.D.B., resultaron detenidos en el procedimiento, tan es así, que no cursa en autos el testimonio de la ciudadana A.J.F., también conocida como Anajantzi J.A.F.C., aprehendida igualmente en dicho procedimiento y recluida en la sede del Servicio de Inteligencia Militar, de donde fue posteriormente trasladada al Cuartel San Carlos, tal y como lo reseñara la prensa del momento.
- Que, de igual modo, no realizó a los prenombrados ciudadanos: Dugarte Bravo y Matute Bravo, interrogatorio alguno al respecto, tan solo se limitó a inquirirles sobre el estado de s.d.F.O. y el trato que habían recibido por parte del personal del Servicio de Inteligencia Militar (SIFA).
- Que, no consta actuación sumarial ninguna relativa al trabajo que realizó la Comisión Especial de Política Interior designada por el entonces Congreso Nacional para investigar la muerte del ciudadano F.O., integrada por los para ese momento diputados: L.L.C., J.V.R., R.T.S. y R.Q.C., quienes tuvieron una participación activa en dicha investigación, inclusive desde el mismo momento en el cual sucedieron los hechos al hacerse presentes en las instalaciones del Cuartel de la Guardia Presidencial, concretamente: en la habitación donde fue localizado el cadáver de F.O., sino además, que tampoco consta el informe que presentó la referida comisión.
De esta manera, como consecuencia de la vida pública del ciudadano F.O. y de su intensa actividad política, intelectual, periodística y revolucionaria, así como por el escaso tiempo que duró la investigación; a saber: dos (2) meses y cinco (5) días, que, en su oportunidad, se llevó a cabo por parte de los funcionarios a cargo de la misma, vale decir: el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, designado instructor especial del caso, es la razón por la cual, para esta Sala surgen serias dudas sobre la referida investigación, toda vez que existen fundados elementos de convicción que no se trajeron a los autos, los cuales, en su conjunto, no solo podrían desvirtuar la afirmación de que el ciudadano F.O., se suicidó, sino que, por el contrario, demostrarían que su muerte fue ejecutada por funcionarios del Estado Venezolano, bajo lo que se conoce como la figura de asesinatos encubiertos.
En este contexto, el Estado Venezolano en el marco de los compromisos internacionales asumidos como Estado parte de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, tal y como, esta Sala lo señaló en la sentencia n.°: 1674, de fecha 09 de noviembre de 2011, caso: J.C.T. y otros: (…) “selló historia al sancionar la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2011, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998”
- Que HA LUGAR la revisión constitucional solicitada por los abogados J.C.T.H., E.M. y A.M.G., en su carácter de Fiscales Trigésimo Noveno y Cuadragésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Octogésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente.
- ANULA la sentencia dictada el 26 de agosto de 1966, por el hoy suprimido Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 2º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, declaró terminada la averiguación sumaria iniciada con ocasión de la muerte del ciudadano F.O., en virtud de no revestir carácter penal los hechos objeto de la referida averiguación.
- ORDENA oficiar a la Jefa de la Oficina de Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, y a los fines de la continuación de la investigación correspondiente, remita a los prenombrados representantes del Ministerio Público, comisionados en el presente caso, la causa original contenida en el expediente n.º: 2561 (de la nomenclatura del suprimido Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal de la de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda), la cual fue remitida para su archivo en fecha 16 de junio de 1999, para ser agregado al legajo n.°: 3243, de los Archivos Judiciales del extinto Consejo de la Judicatura.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de junio de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Decisión nº DP11-L-2012-000925 de Tribunal Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Aragua, de 19 de Julio de 2012