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Timestamp: 2018-03-21 00:55:09
Document Index: 411868867

Matched Legal Cases: ['artículo 201', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 32']

Jurisprudencia ADR - envases_que_carecen_del_marcado_correspondiente
JUR 2005\120177
Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 107/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 28 enero
Recurso contencioso-administrativo núm. 2919/1998.
Recurso nº 2919/1998
Partes: COMERCIO EXTERIOR BARCELONA S.A. C/ JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA
S E N T E N C I A Nº 107
En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de enero de dso mil cinco.
D./Dª DIMITRY T. BERBEROFF AYUDA , Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Sección Segunda), constituída en un solo Magistrado, de conformidad con la Disposición Transitoria Única 2, de la Ley Orgánica 6/1998, para la resolución, de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 2919/1998, interpuesto por COMERCIO EXTERIOR BARCELONA S.A., representado por PROCURADOR ANTONIO MARIA DE ANZIZU FURETS, contra JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA, representado y asistido por ABOGADO DEL ESTADO.
PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso- administrativo contra resolución de 10 de julio de 1998, de la Dirección General de Tráfico, confirmatoria de la recaída en expediente núm. 08/012387233-0 tramitado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.
TERCERO.- Se abrió la prueba mediante Auto de fecha 7 de febrero de 2000 y, verificada la misma según obra en autos, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes y, finamente se señaló día y hora para votación y fallo que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2004.
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional, la representación procesal de Decoexa Barcelona SA dirige una pretensión anulatoria contra Resolución de 10 de julio de 1998 del Director General de Tráfico, que desestimó recurso ordinario interpuesto contra Resolución recaída al expediente 08/012387233-0, en cuyo virtud se le impuso la multa de 250.000 Ptas en virtud de la infracción del art. 34.b del Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de mercancias Peligrosas por Carretera ("La realización del transporte de mercancias peligrosas en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas") , con relación al artículo 201 del Real Decreto 1211/1990, y todo ello como consecuencia de transportar materias peligrosas, 9000 litros de ácido sulfúrico (ONU 1830 , clase 8 1B) en envases que carecen del marcado correspondiente.
SEGUNDO.- La parte recurrente mantiene en su demanda, -y así ha quedado acreditado a partir de documentación aportada por la misma-, que con relación a los hechos denunciados, su actuación se limitó a ser "auxiliar de transporte " no siendo ni transportista, pues el camión en el que se transportaba la mercancía que determinó la denuncia era propiedad de otra persona, ni tampoco " expedidor ", aduciendo que su intervención se limitó a fletar run camión , actuando en definitiva de mero intermediario entre el expedidor de la mercancía y la empresa destinataria de la misma, que se ubicaba en Francia.
Esta secuencia de hechos no resulta cuestionada en la contestación a la demanda por el representante de la Administración demanda.
Postula en definitiva la improcedencia de que se le sancione , al no venir tipificada en el artículo 34.b la actuación del auxiliar de transporte, aduciendo asimismo que no ha quedado acreditada la existencia de un peligro real y directo para las personas tal y como exige el artículo 34. b )y que en todo caso, el RD 74/1992 no resulta aplicable al caso al tratarse de un transporte internacional.
Lo que en todo caso prohíbe el art. 25-1 de la Constitución es la remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley (STC 83/1984, de 24 de julio), lo que supondría degradar la garantía esencial que el principio de reserva de Ley entraña, como forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes (STC 42/1987, de 7 de abril).
Pero, en todo caso, la prohibición no hay que entenderla de un modo tan absoluto que impida admitir"la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora" (STC 3/1988, de 21 de enero)
El artículo 2 del Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de mercancias Peligrosas por Carretera (TPC) - vigente ratione tempore a la fecha en que se produjeron los hechos- expresa que quedan excluidos de su ámbito de aplicación los transportes internacionales sometidos al Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de mercancias Peligrosas por Carretera (ADR).
Por tanto, tratándose de transporte internacional, no cabría sancionar por la expresada disposición administrativa de carácter general, sin que por lo demás, pueda admitirse la argumentación el Abogado del Estado relativa a que el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de mercancias Peligrosas por Carretera permita integrar el régimen sancionador con base a cualquier reglamentación de carácter nacional, sino solamente con relación a aquéllas que se refieran a intercambio internacional de mercancía, máxime cuando se pone de manifiesto en contestación de la demanda , que los hechos denunciados constituirían ya una infracción específica, precisamente de un precepto de dicho acuerdo europeo, lo que ya de entrada evidenciaría la improcedencia de sancionar con base en el artículo 34.b) del RD 74/1992.
Por otro lado, el artículo 32 .1 del RD 74/1992, pone de manifiesto que
El régimen de infracciones y sanciones dispuesto en este Reglamento se ajustará a lo establecido en los arts. 140, 141, 142 y 146 del capítulo I del título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, respecto del cual este capítulo, por las singulares circunstancias concurrentes en el transporte de mercancias peligrosas por carretera, constituye un desarrollo reglamentario especial, y en el art. 67.3 de la Ley de Seguridad Vial de 2 de marzo de 1990."
En definitiva, difícilmente cabe integrar la posibilidad de sancionar al auxiliar del transporte, con base en los Arts. 120 y 138 de la LOTT (Ley 16/87) desde el momento que a los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, dicho Real Decreto 74/1992, no remite a estos dos artículos . de la Ley 16/1987, por lo que , siendo improcedente verificar cualquier tipo de exégesis extensiva en materia sancionadora, el argumento de la Administración debe recaer.
Finalmente, a partir del artículo..3.2 del RD 74/1992, la responsabilidad del auxiliar de transporte, en la realización de funciones de mediación en el transporte de mercancias peligrosas, parece referirse más bien a recabar del expedidor, por escrito, los datos relativos a la mercancía que deban figurar en la carta de porte, así como la certificación prevista en el apartado 10 del marginal 2.002 de dicho Reglamento, que transmitirán al transportista juntamente con la carta de porte que suscriban, estando asimismo obligados a seguir las instrucciones que reciban del expedidor en cuanto al modo de manipulación de la mercancía, realización de las operaciones de carga, descarga, estiba y desestiba, a no modificar ni deteriorar los envases y a no agrupar mercancias incompatibles ni exceder en dichos agrupamientos las cantidades exentas señaladas en el marginal 10.011, si el transporte ha de realizarse con las exenciones definidas en el mismo.
En el caso que nos ocupa, no ha queda acreditado , como vector esencial a los efectos de desvirtuar la presunción de inocencia (ex art. 24 de la Constitución), que la empresa recurrente, modificase o deteriorase los envases, o no siguiese las instrucciones que hubiese recibido del expedidor de la mercancía, por todo lo cual conforme a lo expresado, se impone la estimación de presente recurso jurisdiccional
Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Decoexa Barcelona SA contra la resolución arriba expresada, que se anula por no ser conforme a Derecho. Sin costas