Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A281-07.htm
Timestamp: 2017-11-21 09:59:17
Document Index: 47563729

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 130', 'artículo 22']

A281-07
Auto 281/07
Referencia: expediente ICC-1162
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena
Acción de tutela de Xiomara Esther Aparicio Herrera contra la Comisión Nacional del Servicio Civil
1. El 26 de julio de 2007, Xiomara Esther Aparicio Herrera interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil por considerar que esta entidad le desconoce su derecho al debido proceso y al mínimo vital, al no haber respetado el derecho que le asiste de presentarse a una convocatoria a ocupar un cargo de carrera, sin tener que presentar la ‘prueba básica de preselección’, dada su condición de empleada en provisionalidad desde noviembre de 2004.
2. El 30 de julio de 2007, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió declarar que no es el despacho competente para conocer el caso. Para el Tribunal, se demanda una ‘entidad del sector descentralizado por servicios’, por lo que el reparto del proceso, de acuerdo al artículo 1° del decreto 1382 de 2000, corresponde a los jueces del circuito o con categoría de tales.
3. El 8 de agosto de 2007, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena resolvió declarar el conflicto negativo de competencia, por considerar que tampoco le corresponde conocer el proceso. A su juicio, la Comisión Nacional del Servicio Civil es una autoridad de carácter permanente, del orden nacional, independiente de las ramas del poder público, con autonomía administrativa, que cuenta con patrimonio propio y está dotada de personería jurídica, lo que descarta que sea una entidad descentralizada por servicios, pues no está adscrita o vinculada a una autoridad del nivel central y sus actuaciones no están bajo el control jerárquico o de tutela de dichas autoridades. Considera que corresponde al Tribunal Administrativo de Bolívar conocer el proceso.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia aparente[1] entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado Sép­ti­mo Civil del Circuito de Cartagena, en razón a la aplicación del Decreto 1382 de 2000, dentro de un proceso de acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el Tribunal Administrativo de Bolívar, la entidad demandada es del orden nacional y descentralizada por servicios, por lo que el proceso ha debido ser repartido a los juzgados del circuito, o de la misma categoría. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena considera que la entidad demandada es del orden nacional, por lo que el conocimiento de la tutela de la referencia sí corresponde al Tribunal Administrativo de Bolívar.
2. Teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil, contemplada en la Constitución Política (art. 130) es un órgano ‘de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio’ (Ley 909 de 2004, artículo 7°),[2] es una ‘autoridad pública del orden nacional’[3] y, en consecuencia, el reparto en este caso se debe hacer de acuerdo con el inciso primero del numeral primero del artículo 1° del Decre­to 1382 de 2000, según el cual ‘[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional […] serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura’. Es, por lo tanto, a los tribunales y a los consejos seccionales de la judicatura a quienes deben ser repartidas las acciones de tutela dirigidas contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se aparta así la Sala de la posición sostenida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y por esta Corporación en una ocasión anterior.[4]
3. Así, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[5] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia,[6] el respeto a los derechos fundamentales de Xiomara Esther Aparicio Herrera[7] -quien presentó su acción de tutela hace más de un mes-, la Corte Constitucional ordenará en el presente caso remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar, para que conozca la acción de tutela en cuestión y la resuelva.[8] Adicionalmente, se comunicará la decisión adoptada al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
Primero.– Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo de Bolívar, para que resuelva la acción de tutela de Xiomara Esther Aparicio Herrera contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Segundo.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia del presente auto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 281 DE 2007
Referencia: ICC-1162
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena.
[2] Ley 909 de 2004 (por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones) – TÍTULO II […] CAPÍTULO I – De la Comisión Nacional del Servicio Civil || ‘Artículo 7º. Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. || Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.’
[3] El fenómeno de la descentralización es propio de la rama ejecutiva del poder público, por lo tanto, no aplicable a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público.
[4] En el Auto 222 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería), resolviendo un conflicto de competencia aparente, similar al presente, la Corte remitió una acción de tutela contra la Comi­sión Nacional de Servicio Civil a un juez del circuito para su trámite, y no al tribunal, por considerar que se trataba de una autoridad nacional descentralizada por servicios.
[8] En el Auto 185 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV M Jaime Araujo Rentería) la Corte remitió una acción de tutela en contra de la Superintendencia Nacional de Salud a un Juzgado de Ejecución de Penas (de la categoría de los jueces del circuito, según el artículo 22 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996. En el Auto 060a de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis; SV M Jaime Araujo Rentería) la Corte consideró que una acción de tutela presentada contra la Superintendencia Bancaria y el Fondo Nacional del Ahorro debía ser repartida a los jueces del circuito o de igual categoría.