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Timestamp: 2019-10-23 08:36:16
Document Index: 225427421

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 9']

Publicado en DOGC núm. 385 de 30 de Noviembre de 1983
Vigencia desde 01 de Abril de 1995. Revisión vigente desde 01 de Abril de 1995 hasta 31 de Diciembre de 2000
CAPÍTULO II. El Plan Territorial General
CAPÍTULO III. Los planes territoriales parciales
CAPÍTULO IV. Los planes territoriales sectoriales
CAPÍTULO V. Actuación publica
CAPÍTULO VI. Instrumentos de fomento y de orientación
L 23/2010 de 22 Jul. CA Cataluña (modificación de la L 1/1995 y de la L 23/1983 para fijar el ámbito de planificación territorial de El Penedès)
Número 2 del artículo 12 redactado por el artículo 2 de la Ley [CATALUÑA] 23/2010, 22 julio, de modificación de la Ley 1/1995 y de la Ley 23/1983 para fijar el ámbito de planificación territorial de El Penedès («D.O.G.C.» 29 julio).
Capítulo IV bis introducido por el artículo 86 de la Ley [CATALUÑA] 31/2002, 30 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Téngase en cuneta que la Comisión de Coordinación de la Política Territorial ha sido suprimida por el número 1 de la disposición adicional segunda de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero). Las funciones que la normativa en materia de política territorial le atribuye pasan a ser ejercidas por la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
Número 5 del artículo 8 redactado por la disposición adicional séptima de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, 29 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Téngase en cuneta que conforme al número 2 de la disposición adicional segunda de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero), todas las referencias contenidas en la presente Ley a la Comisión de Coordinación de la Política Territorial se entenderán referidas a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña. Téngase en cuneta que conforme al número 2 de la disposición adicional segunda de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero), todas las referencias contenidas en la presente Ley a la Comisión de Coordinación de la Política Territorial se entenderán referidas a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
Artículo 9 derogado por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 1/1995, 16 marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña («D.O.G.C.» 31 marzo). Artículo 10 derogado por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 1/1995, 16 marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña («D.O.G.C.» 31 marzo).
El desarrollo económico moderno ha estado ligado a cambios profundos en la distribución de la población y de las actividades en el territorio. El aumento de la importancia relativa de la industria y de los servicios ha comportado un rápido crecimiento de las zonas del litoral y del prelitoral, especialmente de los núcleos urbanos, así como un proceso de despoblación de una gran parte de la Cataluña interior.
Actualmente esta tendencia a la despoblación no se ha detenido, si bien es necesario subrayar que una parte significativa de la misma no se puede atribuir a la desviación del trabajo desde el sector agrícola hacia otros sectores -como en general se deriva de los progresos técnicos-, sino que responde a la existencia de unos niveles de renta y de calidad de vida que a menudo se muestran inadecuados al mundo rural y al dinamismo real -pero insuficiente- de los núcleos urbanos de la Cataluña interior.
Los instrumentos que crea esta Ley, en concordancia con los citados objetivos, están destinados a potenciar y a ordenar el crecimiento. En este ultimo ámbito, los instrumentos previstos constituyen un marco para la aplicación de la legislación urbanística mediante la cual se ha de llegar a la oportuna calificación del suelo.
El artículo 40 de la Constitución Española determina que los poderes públicos han de promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución más equitativa de las rentas regionales y personales. El artículo 45 determina que los poderes públicos han de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales a fin de proteger y mejorar la calidad de la vida, y defender y restablecer el medio ambiente. Es conveniente, en consecuencia, que la Generalidad de Cataluña desarrolle una política territorial que asuma el objetivo de alcanzar unos niveles adecuados de renta y calidad de vida en todo el territorio, de acuerdo con lo que define la Constitución, haciendo uso de las competencias que le atribuye el estatuto de Cataluña, especialmente en su artículo 9.9.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer las directrices de ordenación del territorio catalán y de las acciones administrativas con incidencia territorial en Cataluña, a fin de corregir los desequilibrios que se producen y de alcanzar un mayor bienestar de la población.
2. Las medidas de acción territorial se han de poner en practica de conformidad con los diversos instrumentos de planificación y con la presente Ley.
1. La Administración de la Generalidad, en aplicación de las prescripciones de esta ley, adoptará las medidas necesarias para asegurar la utilización adecuada del territorio y para promover el desarrollo socio-económico con criterios de equilibrio social y territorial.
2. Las entidades locales participarán en la consecución de los objetivos de la presente Ley mediante el ejercicio de las competencias que les sean propias.
3. En las actuaciones reguladas por la presente Ley deben observarse también las prescripciones de la legislación especial de aplicación a los diversos sectores implicados.
a) Fomentar el crecimiento económico, el aumento del nivel de vida y la mejora de la calidad de vida especialmente en las zonas del territorio que sufren problemas de despoblación, regresión o estancamiento.
b) Regular el crecimiento económico y de actividades en las zonas que sufren problemas de congestión, a fin de mejorar en ellas la calidad de vida.
c) Fomentar una calidad de vida mejor en todo el territorio.
El Plan Territorial General
1. El Plan Territorial General definirá los objetivos de equilibrio territorial de interés general para Cataluña y será el marco orientador de las acciones que se emprendan a fin de crear las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los espacios territoriales idóneos.
1. El Plan Territorial General ha de incluir las siguientes determinaciones:
a) La definición de las zonas del territorio con características homogéneas por razón del potencial de desarrollo y de la situación socioeconómica.
b) La indicación de los núcleos de población que, por sus características, habrán de ejercer una función impulsora y reequilibradora.
c) La determinación de los espacios y de los elementos naturales que es necesario conservar por razón del interés general referido a todo el territorio.
d) La definición de las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario conservar o ampliar por sus características de extensión, situación y fertilidad.
e) La previsión del emplazamiento de grandes infraestructuras, especialmente de comunicaciones, de saneamiento y energéticas y de equipamientos de interés general.
f) La indicación de las áreas del territorio en las que es necesario promover usos específicos.
g) La definición de los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales que habrán de adecuarse a los ámbitos establecidos en la división territorial de Cataluña; se podrán agrupar unidades comarcales, pero en ningún caso estas podrán dividirse.
2. Las determinaciones del Plan Territorial General se han de establecer en los siguientes documentos:
a) Estudios de información, con los planos correspondientes.
b) Memoria explicativa del Plan, con enumeración de las medidas previstas y de los objetivos.
c) Expresión gráfica del Plan.
d) Estudio económico y financiero.
En la definición de las zonas a que se refiere el artículo 5.1.A) se establecerán como mínimo las siguientes categorías:
a) Zonas deprimidas: territorios con nivel de renta relativamente bajo, con tendencia a la despoblación o con problemas de estancamiento económico.
b) Zonas de desarrollo: territorios en los que el crecimiento se produce espontáneamente y que tienen capacidad de continuar creciendo ordenadamente.
c) Zonas congestionadas: territorios en los que la elevada densidad de población y de actividades crea deseconomías y problemas crecientes de calidad de vida.
A los efectos previstos en el artículo 5.1.B), se diferenciaran, como mínimo, los siguientes tipos de núcleo de población:
a) Núcleos con capacidad de crecimiento situados en zonas de desarrollo y con capacidad de favorecer la concentración de actividades y de economías externas.
b) Núcleos de concentración situados en zonas deprimidas.
c) Núcleos especialmente aptos para establecer en ellos equipamientos de ámbito supramunicipal.
d) Núcleos que pueden tener una función de reequilibrio y de descentralización en el ámbito de zonas fuertemente congestionadas.
1. El Consejo Ejecutivo, previo informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial y después de un análisis ponderado de las diversas alternativas posibles, adoptará un acuerdo en el que concretara las finalidades y los objetivos políticos del proyecto del Plan Territorial General. El acuerdo ha de indicar también los plazos de iniciación y de realización de los trabajos y se ha de publicar en el "Diario Oficial de la Generalidad".
2. La elaboración del proyecto del Plan Territorial General corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de acuerdo con los demás Departamentos.
4. El proyecto del Plan Territorial General se someterá a la consideración de las siguientes instituciones y organismos:
a) La Administración del Estado, mediante la Delegación General del Gobierno.
b) Las entidades locales supramunicipales con finalidades generales.
5. Se crea la Comisión de Coordinación de la Política Territorial, dependiente del Presidente de la Generalidad de Cataluña, que se compone de un representante de los Departamentos de la Presidencia, de Gobernación, de Economía y Finanzas, de Política Territorial y Obras Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Trabajo.
6. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas remitirá el proyecto del Plan Territorial General a la Comisión de Coordinación de la Política Territorial, que elaborara un dictamen para el Consejo Ejecutivo.
Téngase en cuneta que conforme al número 2 de la disposición adicional segunda de la Ley [CATALUÑA] 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el D Leg 1/2010, 3 agosto («D.O.G.C.» 29 febrero), todas las referencias contenidas en la presente Ley a la Comisión de Coordinación de la Política Territorial se entenderán referidas a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
Artículo 9 derogado por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 1/1995, 16 marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña («D.O.G.C.» 31 marzo).
Artículo 10 derogado por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 1/1995, 16 marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña («D.O.G.C.» 31 marzo).
1. El Plan Territorial General define el marco de coherencia de todos los planes, programas o acciones con incidencia territorial, los cuales han de tener en cuenta sus orientaciones.
4. Los planes de ordenación urbanística serán coherentes con las determinaciones del Plan Territorial General y de los planes territoriales parciales y facilitarán su cumplimiento.
1. Los planes territoriales parciales han de incluir como mínimo:
a) La definición de los núcleos especialmente aptos para incluir equipamientos de interés comarcal.
b) La determinación de los espacios de interés natural.
c) La definición de las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario conservar o ampliar por sus características de extensión, de situación y de fertilidad.
d) El emplazamiento de infraestructuras.
e) Las áreas de protección de construcciones y de espacios naturales de interés histórico-artístico.
f) Las previsiones de desarrollo socioeconómico.
g) Las determinaciones para la planificación urbanística.
2. Las determinaciones de los planes territoriales parciales se han de concretar en los siguientes documentos:
b) Memoria explicativa del plan, con la definición de las acciones territoriales prioritarias en relación con los objetivos.
c) Estudio económico y financiero de valoración de las acciones territoriales prioritarias.
d) Planos y normas de ordenación.
2. La elaboración de los planes territoriales parciales corresponde al Departamento de Política Territorial de la Generalidad o a los entes locales de la zona afectada, en la forma establecida por el Reglamento. En cualquier caso se garantizará la participación de los Departamentos de la Generalidad y de las entidades locales afectadas. Se consultaáa, en su caso, a la Administración del Estado. El proyecto de plan se someterá a información publica.
1. En la modificación de los planes territoriales parciales se observarán los mismos tramites previstos para su elaboración.
1. Los espacios naturales y las tierras agrícolas calificadas de especial protección en los planes territoriales parciales no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o que lesionen el valor especifico que se quiera proteger.
1. Los planes territoriales sectoriales contendrán una estimación de los recursos disponibles, de las necesidades y de los déficits, territorializados en el sector correspondiente. También contendrán la determinación de las prioridades de actuación y la definición de estandars y normas de distribución territorial.
1. La aprobación de los planes territoriales sectoriales corresponde al Consejo Ejecutivo.
a) Elaborar los planes territoriales sectoriales de su competencia.
b) Consultar a los organismos adecuados sobre la idoneidad de los planes.
c) Proponer al Consejo Ejecutivo la aprobación de los planes.
3. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas colaborará con el Departamento responsable en la elaboración del plan sectorial y emitirá sobre este un informe preceptivo.
Actuación publica
Instrumentos de fomento y de orientación
1. Se podrán conceder subvenciones y estímulos de carácter industrial, artesanal, turístico, agrícola, ganadero y forestal y para mejorar la productividad de explotaciones existentes de carácter agrícola, ganadero y forestal.
2. También se podrán conceder subvenciones y estímulos fiscales para el traslado de industrias de zonas congestionadas a zonas deprimidas o a núcleos con capacidad de crecimiento situados en zonas de desarrollo.
5. En todos los casos será requisito imprescindible la viabilidad económica a medio plazo de las ampliaciones o de las nuevas actividades o bien la viabilidad de los proyectos de mejora, que serán examinados expresamente, y a la comprobación de que la subvención o el estimulo fiscal se aplican al fin para el que han sido concedidos.
6. Las subvenciones y los estímulos fiscales podrán tener importes variables según el tipo de zona y de actividad, dentro de los limites determinados por Reglamento.
1. Especialmente se podrán conceder subvenciones o estímulos fiscales a actividades nuevas o a ampliaciones de las actuales, si se localizan en zonas deprimidas. Como factor fundamental se considerara el numero de puestos de trabajo permanentes creados y se valorará su capacidad de creación indirecta.
2. Las subvenciones o los estímulos fiscales para la mejora de la productividad de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales se concederán preferentemente si aquellas se localizan en zonas deprimidas y tienen un significado estratégico en la estructura económica de un área del territorio y también en el caso de que la actividad esté sometida a desventajas relativas. Serán asimismo preferentes las que, aumentando la productividad, incrementen la ocupación de mano de obra.
1. Las emisiones de valores de empresas destinadas a financiar inversiones de primer establecimiento o de ampliación de instalaciones en zonas deprimidas o de desarrollo podrán ser calificadas como computables en el coeficiente de inversión obligatoria de las Cajas de Ahorro.
2. Asimismo, los préstamos podrán ser calificados de regulación especial en relación al subcoeficiente correspondiente de inversiones obligatorias de las Cajas de Ahorro.
Las nuevas actividades industriales y comerciales promovidas en zonas muy congestionadas que contribuyen a gravar la congestión podrán ser sometidas a gravámenes especiales. Una Ley del Parlamento regulará las condiciones de estos.
En lo que respecta al ámbito comarcal a que se refiere la presente Ley, se entenderá que el espacio geográfico ocupado por cada comarca es el establecido en la división comarcal decretada el 23 de diciembre de 1936, mientras no dispongan otra cosa la Ley de División Territorial de Cataluña, prevista en el artículo 5.3 Del Estatuto y la legislación que en materia de régimen local elabore el Parlamento en uso de la competencia que le atribuye el artículo 9,8 del Estatuto.