Source: https://nuestroderecho.com/cual-es-la-jurisdiccion-competente-en-materia-de-dependencia/
Timestamp: 2019-06-26 04:06:45
Document Index: 143123716

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 2']

1 octubre, 2017 manuelangel Actualidad, Administrativo, Laboral y Seguridad Social, Procesal 0
Después de haber realizado un estudio pormenorizado sobre el seguro de dependencia y su vertiente fiscal, recuperamos el espíritu inicial con el que comenzábamos los post de dependencia tratando a continuación aspectos reclamativos que giran entorno al funcionamiento de la ley de dependencia.
Lo primero que debemos de analizar en este sentido es “donde” debemos de reclamar en materia de dependencia, o lo que es lo mismo, cual es la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos. Ello no ha sido tema baladí estos últimos años ya que la ley de dependencia no ha establecido expresamente la jurisdicción competente donde realizar dichas impugnaciones.
Para poder dilucidar cual es la vía jurisdiccional correcta a la hora de reclamar estos derechos, previamente debemos de familiarizarnos con dos conceptos como son la jurisdicción y los conflictos competenciales.
En España existen 4 jurisdicciones ordinarias (al margen de la militar) como son la civil, penal, contencioso-administrativa y social. Cada una de estas jurisdicciones conoce de unas determinadas materias, las cuales (salvo excepciones) no podrán ser juzgadas por otras. La disyuntiva, en el caso que hoy exponemos, está en torno a dos de estos órdenes: el contencioso-administrativo y el social. En este punto es donde surge el conflicto de competencia. Antes de explicar en que consiste, es necesario que lo diferenciemos de otro tipo de conflicto como es el jurisdiccional.
Un conflicto jurisdiccional no es el que surge entre la jurisdicción contenciosa y la social (por ejemplo), sino el que se manifiesta entre cualquiera de las 4 jurisdicciones antes mencionadas con la Administración Pública o con los órganos judiciales militares.
Un conflicto de competencia, en cambio, es aquel que surge entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional (entre los 4 que hemos mencionado). Por tanto, aquí sí tendría cabida la disyuntiva que hoy analizamos entre el orden contencioso y el social. Como bien os podéis imaginar, estos conflictos pueden ser de dos tipos: positivos (cuando los dos quieren conocer del asunto) o negativos (cuando ambos rehúsan hacerlo). En este sentido, a modo de curiosidad, que sepáis que nunca cabrá formular conflicto competencial contra un órgano de lo penal ya que estos gozan de preferencia frente a los demás órdenes. Además, estos conflictos deberán ser resueltos a través de auto por una Sala Especial del Tribunal Supremo (TS) cuya composición regula el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ello fue lo que ocurrió con la resolución que hoy vamos a analizar, el auto 19/2015, de 3 de noviembre, de la Sala Especial del TS. Dicho auto resolvió un conflicto de competencias negativo entre un Juzgado de lo Social y otro de lo Contencioso-administrativo. Para averiguar cual era la jurisdicción competente, se concluyó lo siguiente:
La Ley de la Jurisdicción Social (LJS), en su artículo 2, determina cuales son las materias que deben ser objeto de conocimiento por dicho orden. En concreto, para lo que ahora nos interesa, en la letra o) de dicho artículo menciona lo siguiente:
“las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia“.
Continuando con el análisis de esta ley, su artículo 3 establece que materias (sobre las que pudieren existir dudas) no deben ser juzgadas por un órgano judicial de lo social. En lo que en este momento nos concierne, es de destacar su letra f), que dice lo siguiente:
“De las impugnaciones de actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, … así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2. “
Por consiguiente, de lo expuesto en estos dos artículos podríamos concluir que las controversias relativas a dependencia tendrían que esgrimirse por el orden social. Por el contrario, si seguimos estudiando la LJS, su Disposición Final 7ª (D.F 7ª, en adelante) relativa a su entrada en vigor, nos dice que la susodicha lo hizo el 11/12/2011 para todo lo que en ella se contiene a excepción: “de la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia , cuya fecha de entrada en vigor se fijará en una ulterior ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres años“.
En consecuencia, visto esto último, tenemos que diferenciar dos momentos temporales:
-desde el 11/12/2011(momento en que entró en vigor la LJS sustituyendo a la antigua Ley de Procedimiento Laboral) hasta los 3 años posteriores a esta fecha: donde la jurisdicción vigente para estos juicios de asistencia y protección social no fue la vía laboral, sino la contencioso administrativa (como venía siendo habitual). Ello fue debido a varios fundamentos legales, como el artículo 1.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), el artículo 28 de la Ley de Dependencia (que así mismo hace alusión a la derogada Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas) y el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), que no establecía competencia alguna en esta materia para los órganos del orden social.
– desde que la LJS cumplió 3 años en vigor: donde como dijimos, la DF 7ª aludía a que en dicho momento una ulterior ley remitiría la competencia en materia de dependencia al orden social. En este punto, lo cierto es que terminando el año 2017 (casi 6 años después a fecha de este artículo) todavía no tenemos esa ley, por lo que sigue siendo la vía jurisdiccional contencioso-administrativa la competente en todo momento.
Así pues, cabría que a estas alturas del post nos preguntáramos: ¿en qué punto institucional nos encontramos? ¿Cuánto tardará la vía social en ser la que acoja las cuestiones litigiosas que derivan de las prestaciones por dependencia?
Recientemente se ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que, de una vez por todas, se haga dicha atribución competencial al orden de lo social.
Desde luego, ha habido muchas quejas (con sobrado fundamento) debido a la tardanza y falta de cumplimiento del plazo previsto en la D.F 7ª. La mayoría de estas hacen alusión a que, teniendo en cuenta que las personas que pretenden acogerse a la ley de dependencia son económicamente más vulnerables, el hecho de que estas controversias estén tramitándose por la vía contenciosa hace que sea para ellos más gravoso y costoso que si se estuviese haciendo (como se prometió y no se cumplió) por la vía de lo social. ¿ Cuál es la consecuencia clara de este incumplimiento? Pues la falta de protección judicial de este derecho.
En este contexto, debe también quedarnos claro que si hemos comenzado una reclamación en vía contenciosa y mañana entrara en vigor la ansiada ley que otorgaría la competencia al orden social, debemos de saber que nuestro procedimiento seguirá por el orden jurisdiccional contencioso hasta su completa terminación.
Hecha por tanto esta ardua pero necesaria introducción, os cito para que en próximos días podáis leer el siguiente post relativo también a cuestiones previas, en este caso administrativas, que nos ayudarán a entender mejor el definitivo post en materia de dependencia donde entonces sí, analizaremos la reclamación más características que se ha dado en dependencia.
AUTO 19/2015