Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/08/11/sancion-al-abogado-por-pretender-un-acuerdo-irrisorio-en-audiencia-espontanea-ante-el-seclo/
Timestamp: 2020-07-08 12:06:09
Document Index: 167818299

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6']

Sanción al abogado por pretender un acuerdo irrisorio en audiencia espontánea ante el SECLO. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: P. M. A. y otro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ recurs directo de organismo externo
Cita: MJ-JU-M-93452-AR | MJJ93452 | MJJ93452
Sanción al abogado que, como patrocinante del denunciante en una audiencia espontánea ante el SECLO, no defendió los derechos de su cliente dejándolo en un estado de desprotección jurídica, al pretender un acuerdo por un monto irrisorio.
1.-Corresponde confirmar la aplicación de la multa impuesta por el Tribunal de Disciplina del CPACF a un letrado que vulneró las disposiciones del art. 6º inc. e) de la Ley Nº 23.187 y de los arts. 10 inc. a) y 19 inc. a) del Código de Ética, toda vez que defendió en forma deficiente los derechos del denunciante dejándolo jurídicamente desprotegido, habiéndose denegado la homologación de un acuerdo espontáneo ante el SECLO por no evidenciar una justa composición de los derechos e intereses de las partes.
2.-La circunstancia de que la empleadora haya solicitado que se lleve a cabo una audiencia espontánea a los efectos de lograr la desvinculación del empleado, y con la asistencia del letrado se le haya abonado una suma irrisoria ($3.000) por lo cual el acuerdo no fue homologado, torna procedento el reclamo del trabajador en cuanto a que el letrado no logró una real composición de sus derechos al no estar representado debidamente en el acuerdo suscripto.
3.-Resultan improcedentes las manifestaciones del recurrente referidas a la falta de pruebas que acreditaran que hubiese existido connivencia con letrada patrocinante de la empresa trabajadora para llevar a cabo el patrocinio letrado del denunciante ante el SECLO, ya que el tribunal reprochó una conducta distinta, que consistía en que la actuación del profesional sancionado había dejado jurídicamente desprotegido a su cliente en la conciliación.
4.-El desempeño profesional del letrado patrocinante en la audiencia de conciliación lejos se encontró de cumplir con los deberes de lealtad, probidad y buena fe establecidos en la Ley Nº 23.187, al defender en forma deficiente los derechos de su cliente, lo cual es coincidente con la denegatoria de la homologación del acuerdo arribado.
5.-La manera en que un profesional se relaciona y actúa con el cliente no es algo que deba ser juzgado por el Tribunal de Disciplina si es que se cumple, de manera satisfactoria, con las disposiciones reglamentarias y éticas que se establecen al respecto. En el caso de autos, la valoración realizada por el Tribunal se encuentra dentro de su margen de apreciación, la cual no se vislumbra como arbitraria o irrazonable.
6.-No son atendibles los agravios vertidos acerca de la falta de daño, en tanto que en esta materia -Derecho Administrativo Sancionador- predominan las infracciones formales, constituidas por la simple omisión o comisión antijurídica que no precisa ir acompañada de un resultado lesivo.
7.-La multa que se aplica no se presenta manifiestamente arbitraria o irrazonable, pues la falta cometida por el letrado no podía ser considerada como leve, en tanto que infringió deberes y obligaciones que eran de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía, estando la graduación del monto de la sanción aplicada, de acuerdo a las disposiciones de los arts. 26 inc. b) y 28 inc. b) del Código de Ética.
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dijeron:
I.- Que a fojas 128/129 la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPCAF) aplicó al Dr. M.A.P. la sanción de multa, contemplada en el inciso c) del artículo 45 de la Ley Nº 23.187, la que fue fijada en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).
Para así decidir, indicó que “.el expte Nº 125883/09 del registro del SECLO resultó iniciado con fecha 11.12.2009, a solicitud de la firma G.D.C. S.A, a través de su apoderada, abogada M.M., con el fin de llevar a cabo una audiencia espontánea a los efectos de lograr la desvinculación del empleado O., siendo asistido éste por el abogado P., procediéndose a abonarle en concepto de indemnización la suma de $ 3.091 (v. fs. 35 vta.), sin embargo dicho acuerdo no resultó homologado por la autoridad de aplicación (v. fs. 47)”. Además, precisó que “[e]l aquí denunciante, ya con otro patrocinio letrado, inició las actuaciones judiciales ‘O., J. D. c/ G.D.C. S.A’ -cuyas copias corren por cuerda- por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 42 por no haber logrado una real composición de sus derechos al no estar representado debidamente en el acuerdo suscripto ante el SECLO, así como también por supuestas diferencias salariales reclamando en consecuencia la suma total de $ 48.389, habiéndose a la postre arribado a un acuerdo en el cual se le reconoce a favor del Sr. O. la suma de $ 10.000.”.
Luego, sostuvo que las explicaciones ensayadas por la defensa del sumariado, relativas al modo de vinculación con el aquí denunciante en dependencia del SECLO, lejos estaban de atenuar la falta que se le reprochaba.Al respecto, afirmó que “.se advierte la desprotección jurídica del requirente en oportunidad de ser asistido por el abogado P., recordemos que el acuerdo en cuestión no resultó homologado por la autoridad de aplicación, toda vez que la presencia de un profesional ante el SECLO no es un mero requisito profesional, no se trata de un evento ‘pro bono’ al que se acompaña al trabajador para preguntarle si está de acuerdo, sino de un acto jurídico en el que el trabajador puede perder el ejercicio de parte de sus derechos laborales o previsionales, por lo cual la ley exige que un abogado lo patrocine e informe de sus derechos y controle en que medida se alcanza ‘una justa satisfacción de los mismos”. Además, resaltó que la actuación del profesional debía revelar un tratamiento prolijo y ético de las cuestiones encomendadas u ofrecidas, lo cual -a la luz de las constancias de la causa- no había sido cumplido por el matriculado al momento de vincularse con el Sr. O.
Por último, expresó que había quedado demostrada la falta disciplinaria en la que incurrió el Dr. P., quien con su accionar vulneró las disposiciones del artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 23.187 y de los artículos 10 inciso a) y 19 inciso a) del Código de Ética. Por lo tanto, concluyó que correspondía aplicar una sanción de $ 5.000 (pesos cinco mil). a tenor de lo normado por los artículos 26 inciso b) y 28 inciso b) del código citado, para lo cual consideró que el letrado no registraba sanciones.
II.- Que contra dicha decisión, el letrado apeló y expresó agravios a fojas 135/138.
En su escrito recursivo, sostuvo que en la causa no existían pruebas que acreditaran que hubiese existido connivencia con la Dra. M. para patrocinar al Sr. O. ante el SECLO.Asimismo, afirmó que no hubo daño alguno para el denunciante debido a que el acuerdo firmado no le impedía continuar con su reclamo en sede judicial.
En subsidio, cuestionó el monto de la multa impuesta. Al respecto, expresó que el Código de Ética se refería a la “situación personal de abogado afectado”, lo cual debía ser especialmente valorado debido a que de la prueba documental aportada surgía que se encontraba desempleado y en una grave situación económica. Asimismo, afirmó que debía ser tenida en cuenta la poca antigüedad en la matrícula, como así también la circunstancia de que no registraba antecedentes disciplinarios. Por consiguiente, solicitó que se revocara la multa impuesta y en subsidio, que se morigerara el monto de la sanción aplicada.
III.- Que siendo formalmente admisible el recurso incoado (v. dictamen del Sr. Fiscal General Subrogante de fs. 151), a fojas 162/167 el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal respondió el traslado conferido a fojas 153.
En su presentación, luego de reseñar los antecedentes del caso, sostuvo que el Tribunal de Disciplina analiza conductas desde el punto de vista ético, motivo por el cual no se encuentra constreñido o limitado a probanzas puntuales. Sin perjuicio de ello, alegó que en el caso había sido plenamente acreditado el estado de indefensión en que se encontró el Sr. O. con el patrocinio jurídico del Dr. P.
Asimismo, afirmó que la multa impuesta había sido aplicada teniendo en cuenta la calificación de la falta cometida, como así también se habían ponderado las circunstancias particulares del caso y las pautas fijadas por los artículos 26 inciso b) y 28 inciso b) del Código de Ética. En consecuencia, solicitó que se rechazara el recurso interpuesto y se confirmara la resolución sancionatoria, con costas.
IV.- Que en este estado de la causa, corresponde ingresar al análisis del recurso interpuesto por el accionante.
IV.1.- En primer lugar, conviene recordar el marco normativo aplicable al sub lite.Al respecto, la Ley Nº 23.187 dispone: “Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo siguiente: (.) e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional” (art. 6º). En cuanto al Código de Ética, el artículo 10º establece: “Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: a) Utilizar las reglas del derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe”. Además, el artículo 19 prescribe: “Deber de fidelidad: El abogado observará los siguientes deberes: a) Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación”.
Cabe destacar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del CPACF remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas. Esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización, como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado; interpretando un sistema ético que los envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es como principio resorte primario de quien está llamado, porque así lo ha querido la ley, a valorar los comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (conf. Sala I, in re: “Vitolo, Daniel, sentencia del 1-2-93; Sala V, in re:”Alvarez, Teodoro”, sentencia del 16-8-95).
IV.2.- En el presente caso, el Tribunal de Disciplina consideró que la conducta del Dra. P. vulneraba lo establecido en el artículo 6º inciso a) de la Ley Nº 23.187 y en los artículos 10 inciso a) y 19 inciso a) del Código de Ética.
La comisión de la infracción fue conocida por la institución en virtud de la denuncia presentada por el Sr. J.D.O. el 30 de agosto de 2010 (v. fs. 3). En dicha ocasión, el denunciante expresó que “[c]on fecha 02 de Diciembre de 2009 la empleadora decide poner fin sin causa alguna a la relación laboral mantenida con mi mandante, comunicación que realiza en forma verbal, convocándome a una audiencia espontánea en el SECLO el día 11 de diciembre de 2009, con la promesa de que me sería abonada la totalidad de los rubros indemnizatorios correspondientes”. Continuó diciendo que “[c]oncurrí al SECLO sin asistencia letrada, ignorando mis derechos, y allí la Dra. S.M.M., inscripta al .del CPACF, me hizo firmar un convenio en el que aparezco patrocinado por un letrado desconocido para mí, y presente en ese acto, el Dr. M.A.P., inscripto al . del CPACF, para simular ante el citado organismo que mis derechos como trabajadaor habían sido resguardados”. Finalmente, alegó que “.ha mediado una clara violación al orden público laboral, una vulneración de mis derechos y aprovechamiento de mi necesidad, al convocarme ante el SECLO para convenir mi desvinculación, sin asistencia letrada, imponiéndome un abogado contratado, que se prestó a dicha simulación y traído a ese fin por la propia empresa”.
A fojas 13 se encuentra agregada el acta en la cual el Sr. O. ratificó la denuncia efectuada y agregó que “.nunca contrató al encartado [en referencia al Dr. P., que este fue puesto por la empresa, que no lo conoció hasta el momento de la audiencia. A esa audiencia llegó la abogada M.y ya estaba el letrado denunciado, pero como este no lo conocía la abogada de la empleadora lo llamó y dijo, que el iba a ser como un intermediario y que me iba a representar”.
A fojas 29/48 lucen copias del Expediente SECLO Nº . Allí, obra el Convenio de Conciliación suscripto por el Sr. O., con el patrocinio letrado del Dr. P. y la representante de la firma “G.D.C. S.A” en el que “.la parte trabajadora, RECLAMA EN CONCEPTO INDEMNIZATORIO CONFORME ART. 245 LCT (INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, PREAVISO, SAC PROPORCIONAL, SA / PREAVISO INTEGRACIÓN MES DE DESPIDO, Y VACACIONES PROPORCIONALES, POR LA SUMA DE PESOS TRES MIL NOVENTA Y UNO”. También se convino que “La parte trabajadora, manifiesta que una vez percibido el mismo nada mas tendría que reclamar a la parte empleadora por ningún concepto. Manifestando expresamente que desiste de toda acción civil y/o laboral por enfermedad laboral denunciada y/o cualquier otra causa que pudiere reclamar contra la empleadora en el futuro” (v. fs. 35).
Luego, el Departamento de Asuntos Legales del SECLO dictaminó que “. de los elementos acreditados, no se evidencia, que se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes involucradas, por lo que se aconseja denegar la homologación del acuerdo de referencia, en la forma de estilo” (v. fs. 45/46). En consecuencia, el Director del SECLO dispuso: “Denegar la homologación del acuerdo espontáneo pactado directamente por las partes y ratificado ante un funcionario autorizado, celebrado entre J.D.O., por la parte trabajadora y G.D.C. s S.A, por la parte empleadora.” (v. Disp. SECLO Nº 14811 obrante a fs. 47).
Con posterioridad, en los autos “O.J.D. c/ G.D.C. S.A y otro s/ despido” se resolvió: “Atento que mediante el presente acuerdo se ha logrado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, HOMOLOGASE el mismo con al alcance del art. 15 L.C.T y 69 L.O.Téngase por imputada la suma de $ 10.000 a indemnización por despido y por desistido al actor de la acción y del derecho respecto de los restantes rubros” (v. fs. 82).
Los elementos precedentemente descriptos constituyeron la prueba de cargo que permitió al Tribunal de Disciplina tener por acreditada la infracción de que se trata. En este sentido, resultan improcedentes las manifestaciones del recurrente referidas a la falta de pruebas que acreditaran que hubiese existido connivencia con la Dra. M. para llevar a cabo el patrocinio letrado del Sr. O. ante el SECLO, ya que el tribunal a quo reprochó una conducta distinta, que consistía en que la actuación del profesional sancionado había dejado jurídicamente desprotegido a su cliente en la conciliación, la cual se encontraba comprendida en las normas reseñadas en el subconsiderando IV.1.
En efecto, el desempeño profesional del Dr. P. en la audiencia de conciliación lejos se encontró de cumplir con los deberes de lealtad, probidad y buena fe establecidos en la Ley Nº 23.187, al defender en forma deficiente los derechos de su cliente, lo cual es coincidente con la denegatoria de la homologación del acuerdo por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar que la manera en que el profesional se relaciona y actúa con el cliente no es algo que deba ser juzgado por este Tribunal si es que se cumple -de manera satisfactoria- con las disposiciones reglamentarias y éticas que se establecen al respecto. La determinación de tal cumplimiento depende de una valoración profesional acerca de qué es lo que requiere un correcto ejercicio de la abogacía. Para ello sin duda están calificados los miembros de la matrícula que integran el Tribunal de Disciplina (esta Sala, in re “O´Connor Eduardo Horacio c/ CPACF”, del 18/08/2010). Por ello, dicho tribunal, como intérprete del Código de Ética, puede sin duda fijar estándares de actuación profesional que prevengan conductas disvaliosas que afectan la abogacía en su conjunto.En el caso de autos, la valoración realizada por el Tribunal de Disciplina se encuentra dentro de su margen de apreciación, la cual no se vislumbra como arbitraria o irrazonable.
En tales condiciones, encontrándose acreditado el incumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de la profesión de abogado, corresponde tener por configurada la infracción, en los términos de artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 23.187 y de los artículos 10 inciso a) y 19 inciso a) del Código de Ética.
Tampoco son atendibles los agravios vertidos acerca de la falta de daño, en tanto que en esta materia -Derecho Administrativo Sancionador- predominan las infracciones formales, “constituidas por la simple omisión o comisión antijurídica que no precisa ir acompañada de un resultado lesivo” (Nieto Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, pág. 349). Ello es así, por cuanto esta rama del Derecho “es un Derecho preventivo en cuanto persigue las infracciones, dado que de éstas es de donde se deducen (o pueden deducirse) ordinariamente los resultados lesivos” (ibid., pág. 350).
IV.3.- Por último, es menester destacar que la determinación y graduación de las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27/05/1997). Al respecto, no resulta exigible una exacta correlación numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de las diferentes circunstancias tenidas en cuenta para justificar la sanción.
En el presente caso, el Tribunal de Disciplina consideró que la falta cometida por el letrado no podía ser considerada como leve, en tanto que había infringido deberes y obligaciones que eran de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía. Asimismo, graduó el monto de la sanción aplicada, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 26 inciso b) y 28 inciso b) del Código de Ética.Por consiguiente, en mérito de las pautas utilizadas por el Tribunal de Disciplina para la graduación de la sanción, corresponde confirmar la multa aplicada, en tanto que no se presenta manifiestamente arbitraria o irrazonable.
V.- Que por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. P. y confirmar la resolución apelada. Las costas se imponen al recurrente vencido, por no existir razones para apartarse del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
Por último, resta efectuar la regulación de los honorarios profesionales de la representación letrada del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En atención a la naturaleza y monto del proceso, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por el Dr. Darío Ángel Busso, corresponde fijar sus honorarios profesionales en la suma de ($.) (.), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se aclara que dicho importe no incluye suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que el profesional acredite su condición de responsable inscripto.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, adhiere en lo sustancial al voto que antecede.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. P. y confirmar la resolución apelada; 2) Imponer las costas al recurrente vencido (art. 68 del CPCCN); 3) Regular los honorarios profesionales del Dr. Darío Ángel Busso en la suma de ($.), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432, con la aclaración efectuada en el considerando V respecto del IVA.
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