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Timestamp: 2018-09-23 05:26:07
Document Index: 276587086

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'in fine', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1']

Publicado en BOE de 17 de Enero de 1997
Vigencia desde 18 de Enero de 1997. Revisión vigente desde 18 de Enero de 1997
Artículo 3 Reconocimiento y Registro de los Centros de Innovación y Tecnología
Artículo 4 Supervisión de actividades
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Asociaciones de investigación industrial
RD 2093/2008 de 19 Dic. (regulación de los Centros Tecnológicos y de los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y creación del Registro de tales Centros)
--> BOE 27 Marzo. Corrección de errores RD 89/1997, de 24 Ene. (se adapta la composición de los órganos rectores del Instituto Cervantes a la reestructuración y reorganización de los Departamentos ministeriales)
--> BOE 27 Marzo 1997. Corrección de errores RD 2609/1996, de 20 Dic. (se regulan los centros de innovación y tecnología)
R.D. 2609/1996, 20 diciembre, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros («B.O.E.» 23 enero 2009), el 23 de abril de 2009.
En sintonía con el IV Programa Marco de Investigación y Desarrollo (I + D) de la Unión Europea, el III Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico subraya el carácter aplicado de la actividad investigadora y realza el carácter receptor de las unidades de producción, señalándolas como uno de los principales destinatarios de los resultados de la investigación.
La aprobación del nuevo Programa Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria (PACTI) en el marco del III Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es una prueba concluyente de la relevancia que ha adquirido la proyección de la investigación hacia la empresa a través de la transferencia de tecnología.
Todo ello responde al objetivo esencial de desarrollar y fortalecer la capacidad competitiva de la industria, el comercio, la agricultura y la pesca, previsto en el párrafo d) del artículo 2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. Tal objetivo es, a su vez, uno de los encomendados al Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que, conforme se dispone en el apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley, «promoverá, en todo caso, la necesaria comunicación entre los centros públicos y privados de investigación y las empresas».
1. A los efectos del presente Real Decreto se consideran centros de innovación y tecnología aquellas personas jurídicas, legalmente constituidas sin fines lucrativos, que estatutariamente tengan por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la competitividad de las empresas y que, actuando en España, sean reconocidas y registradas como tales centros por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, tras acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma y en las disposiciones que la desarrollen.
2. Para obtener su reconocimiento e inscripción como centros de innovación y tecnología, las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Que tengan personalidad jurídica propia y estén legalmente constituidas sin fines de lucro.
b) Que realicen actividades de investigación y desarrollo (I + D) y que dispongan de la organización adecuada y de lo medios -personales y materiales- suficientes para garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los fines previstos en los párrafos a) al e), ambos inclusive, del artículo 2 del presente Real Decreto.
c) Que de sus actividades pueda beneficiarse cualquier entidad o empresa que realice actividades en España.
d) Que su actividad se realice en territorio español.
e) Que la entidad se mantenga constituida, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines, de manera ininterrumpida, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de reconocimiento e inscripción.
f) Que en las normas estatutarias de la entidad se establezca, para el caso de extinción o disolución, la previsión de que su patrimonio liquidado se aplique a la realización de actividades que respondan al cumplimiento de los fines que tenía asignados o, en su defecto, a finalidades análogas.
a) Atención a las necesidades tecnológicas de las entidades y empresas que lo requieran.
b) Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
c) Prestación de asistencia y servicios tecnológicos, tales como calidad, organización de la producción, formación, información, documentación, difusión, legislación, diseño o medio ambiente.
d) Colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre los centros públicos de investigación y las empresas.
e) Fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas.
f) Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnológico de las empresas radicadas en España y lograr una posición más favorable de las mismas en los mercados.
1. En la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología se creará y mantendrá un Registro de Centros de Innovación y Tecnología, a cargo de la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, cuyas funciones tiene a su cargo la Dirección General de Investigación y Desarrollo, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Cultura. En dicho Registro serán objeto de inscripción las resoluciones relativas a:
a) El reconocimiento de centros de innovación y tecnología.
b) La pérdida de efectos de dicho reconocimiento, cuando así se acuerde, conforme a lo previsto en el apartado 6 de este artículo.
2. Las entidades interesadas deberán dirigir a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología la correspondiente solicitud de reconocimiento e inscripción, que podrá ser presentada por cualquiera de los medios y en los lugares admitidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. A la solicitud se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el presente Real Decreto.
4. La Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico evaluará las solicitudes que se presenten, en función de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 1, y formulará propuesta a la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la cual decidirá mediante resolución motivada.
5. Una vez aceptada la inscripción, los centros de innovación y tecnología estarán facultados, en calidad de tales y cuando así se establezca, para acceder a las ayudas convocadas en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
6. La desaparición de alguno de los requisitos establecidos en el presente Real Decreto determinará la extinción del reconocimiento de la entidad afectada como centro de innovación y tecnología y su consiguiente baja en el citado Registro. Para ello habrá de seguirse el correspondiente procedimiento, con audiencia del interesado, que terminará por resolución motivada de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
7. Cualquier modificación de los estatutos o de las condiciones en que se materializan los requisitos reglamentarios de una entidad que haya obtenido el reconocimiento como centro de innovación y tecnología, deberá ser comunicada la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología a los efectos previstos en el punto anterior.
8. Las resoluciones a que se refieren los apartados 4 y 6 de este artículo deberán ser adoptadas en el plazo máximo de seis meses desde la iniciación del correspondiente procedimiento y agotarán la vía administrativa, estando sujetas a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.