Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2018/129/14/
Timestamp: 2019-08-20 07:11:01
Document Index: 76180337

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Diario de Sesiones 129/2018, de fecha 12/9/2018 - Punto 14 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 129/2018, de fecha 12/9/2018 - Punto 14
9L/PL-0011 INFORME DE PONENCIA. DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA EL PROYECTO DE LEY RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.
La señora PRESIDENTA: Vamos ahora, señorías, al siguiente punto del orden del día, que es el informe de ponencia.
Sí, un momento que busco... Ah, está aquí.
Comienzan, señorías, con la intervención por siete minutos de los grupos enmendantes. Perdón, intervención de los... que quedan siete enmiendas pendientes, por un turno de diez minutos, los grupos enmendantes. Lo dije al revés, señorías. Disculpen.
Comienza el Grupo Mixto, de menor a mayor, señor Ramos Chinea.
Abordamos hoy la aprobación de una ley que determinará el régimen jurídico de las inspecciones técnicas de vehículos de nuestra comunidad autónoma o las ITV, como las conoce todo el mundo.
He de reconocerles que en un primer momento, después de la primera lectura de la ley y de las primeras reuniones con los principales agentes del sector, nos quedamos bastante preocupados, principalmente porque lo que nos dijeron es que cuando terminara el régimen concesional, en 2025, los operadores de las ITV de las islas de La Gomera y El Hierro abandonarían el servicio en estas islas y, como solución, nos dirían a gomeros y herreños que fuéramos a La Palma a pasar las inspecciones. Eso, señorías, es un despropósito que no podíamos permitir, por lo que hemos trabajado, junto con el resto de grupos, siguiendo dos premisas esenciales: la primera es que se asegure la continuación del servicio y los empleos, y la segunda es que los usuarios estén seguros ante las posibles deficiencias del servicio que les puedan perjudicar.
Deben recordar que justo cuando empezamos a debatir esta ley en La Gomera vivíamos un periodo donde el único servicio de la ITV se estaba demorando más de un mes en dar cita y que, en opinión de los usuarios, se prestaba un mal servicio; una situación que denunciamos en este Parlamento y que hemos negociado con la concesionaria para que aporte mejoras, de las que le tenemos que dar las gracias.
Por eso cuando empezamos a trabajar en nuestras enmiendas lo que propusimos en primer lugar fue que se asegurara el servicio en las islas occidentales por cualquiera de las vías jurídicas posibles, para que después del 2025 no perdiéramos ese servicio en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma. Además, visto que se iba a establecer un régimen sancionador en la ley, propusimos que los dos grandes problemas que afectan a los usuarios -que son la tardanza en dar una cita y los posibles perjuicios derivados de un mal servicio- también se consideraran como parte de las sanciones; porque no parecía lógico que hubieran sido omitidos estos dos grandes problemas y porque creemos que, si se va a liberalizar el servicio, entonces los ciudadanos tienen que tener la mayor de las coberturas.
En este sentido presentamos nuestra enmienda número 13 al artículo 8, letra h), texto que hemos consensuado con el resto de grupos y que ya he hecho llegar al señor letrado y a la señora presidenta, y que quedaría como: sanción leve, cualquier perjuicio objetivo que hayan sufrido los usuarios como consecuencia de deficiencias del servicio de las inspecciones técnicas de vehículos, siempre que los órganos administrativos a los que corresponda la potestad sancionadora valoren motivadamente que debe ser objeto de sanción.
Después de varias reuniones hemos conseguido transar una solución mayoritaria que hoy les pido que hagamos unánime con su apoyo, porque los cientos de miles de usuarios de vehículos de nuestra comunidad autónoma tienen que tener la posibilidad de que, ante cualquier perjuicio real, la empresa rinda cuentas.
En este punto, cuando hablamos de marcar la responsabilidad ante las sanciones, es donde todos estuvimos de acuerdo en escuchar a los trabajadores y cambiar el texto original para establecer en el régimen sancionador que solo hiciera responsables a los directivos de cada ITV y a las empresas, ya que los trabajadores ya tienen su propio régimen disciplinario y no era posible hacerlos responsables de algo de lo que la empresa debe responder.
Como les dije antes, uno de los principales objetivos era asegurarnos de que los trabajadores de las concesionarias mantuvieran su puesto de trabajo si al final de las concesiones las empresas no quisieran continuar el servicio. Un hecho que hemos tenido todos presente y que esperamos que a través de las enmiendas se haya asegurado, y esto es de agradecer a todos los grupos, así como también les agradezco el haber llegado al resto de acuerdos y, en concreto, haber transado entre nacionalistas y la Agrupación Socialista Gomera una disposición adicional nueva que recoge el aseguramiento del servicio en las islas occidentales después del año 2025.
También debo decir que en algún aspecto no nos hemos puesto de acuerdo al cien por cien, y entre ellos decir que debemos rechazar la zonificación que en su momento nos lo proponían las empresas como un método para el aseguramiento del servicio. Sin embargo, esta zonificación para nosotros no es una buena solución, es cierto que tiene algunas ventajas como establecer la zona dónde deben implantarse las ITV -lo que incluiría municipios o comarcas donde aún no están-, pero luego chocamos con la realidad de su aplicación práctica, ya que si una zona no es del agrado de las empresas por considerarla no rentable, nada ni nadie -y menos esta ley- puede obligarles a invertir su capital en dicha zona. Además, la zonificación solo beneficia a las empresas ya establecidas porque las nuevas empresas deberían acreditar, entre otros aspectos, que su implantación no perjudicara a la rentabilidad de las ya instaladas previamente, lo que a todas luces nos parece imposible porque la competencia directa siempre perjudica a la rentabilidad de una empresa.
En nuestra modesta opinión, la liberalización del sector atraerá a nuevas empresas y, por tanto, generará nuevos puestos de trabajo; permitirá a las ya instaladas ampliar su radio de acción y, por tanto, no correrán peligro los puestos de trabajo ya consolidados en estas, de hecho, los trabajadores tendrán más empresas donde colocarse e, incluso, llegado el caso, asociarse y montar su propio servicio, y esto supone más oportunidades.
Otro de los aspectos de la ley en el que todos hemos incidido, en mayor o menor medida, es en establecer un incremento del personal de la comunidad autónoma que inspecciona el propio funcionamiento de las ITV, de forma que ahora, con la liberalización del servicio la Consejería de Industria, se asegure que tiene los recursos necesarios para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de las ITV en Canarias. La solución que se ha buscado es un incremento paulatino del personal en los siguientes años hasta tener una ratio adecuada entre quienes inspeccionan y las ITV instaladas. Si a esto le incluimos el decreto del Gobierno del Estado aprobado hace pocos meses, tenemos un marco inmejorable para garantizar la calidad en la prestación del servicio de las ITV.
He dicho que iba a ser breve, así que acabo ya aquí, así que termino pidiéndoles, una vez más, el apoyo a nuestra enmienda para dar coberturas a los usuarios de Canarias y esperando que la ley que aprobamos hoy sea de la mayor utilidad pública posible.
La señora PRESIDENTA: Señorías, turno ahora para el Grupo Nueva Canarias.
Antes de comenzar -señor Rodríguez, disculpe, que no lo había mencionado-, cuando se acepta una transaccional se entiende que las -escuchen, por favor-, que las enmiendas que están vivas a ese articulado que se presenta a la transaccional decaen, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, el portavoz del Grupo Mixto presentó la transaccional, ¿entiendo que esta es a unanimidad de todos los grupos, esta transaccional?
Sí, sí, dígame, señor Matos.
Disculpe, señor Rodríguez, tenía que haberlo hecho esto antes y no lo hice, discúlpeme.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Sí, señora presidenta, a efectos de aclaración.
Hemos presentado una transaccional tres grupos parlamentarios -Nueva Canarias, Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista-, por tanto, decaen nuestras respectivas enmiendas en relación con el mismo asunto, el letrado ya está informado de cuáles son en el texto, y hemos recabado la autorización del resto de portavoces de los grupos, que probablemente no la vayan a aprobar porque ya hemos tenido este debate en la ponencia, pero que nos dan su autorización para que pueda ser incluida y debatida en el pleno, ¿de acuerdo?
Vale, bueno, pues seguimos y después ya dicen lo que hacen con la transaccional para ver en el momento determinado si lo apoyan o no para proceder a su debate. Lo haremos, si les parece, a la hora de comenzar..., bien.
Pues, señor Rodríguez, tiene usted diez minutos.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta, intentaré no agotar todo mi tiempo.
Señorías, estamos tratando una ley que, aunque solo tiene trece artículos, es de gran relevancia para los ciudadanos, para la seguridad vial y para la economía canaria. La presente ley otorga una mayor seguridad jurídica a los operadores, a los trabajadores y a la seguridad vial. De ella depende, entre otros aspectos, que en el futuro se mantengan las estaciones de ITV en todas y cada una de las islas, mediante los diferentes tipos de gestión.
En definitiva, es un texto que, sin duda, ha salido mejorado tras el trámite de enmiendas. Desde nuestro Grupo Parlamentario Nueva Canarias presentamos diferentes enmiendas para enriquecer esta ley; enmiendas dirigidas a garantizar el servicio en todas y cada una de las islas, asegurando siempre unos estándares mínimos de rigor y calidad en el servicio, y, por supuesto, asegurando los puestos de trabajo.
En este sentido, consideramos de carácter prioritario que una vez que hemos conseguido disponer de estaciones de ITV en todas las islas -aunque nos queda una asignatura pendiente, por cierto: la isla de La Graciosa-, estas se mantengan. Esta ley, sin duda, refuerza el criterio de continuidad del servicio en las islas, al dejar claro que la comunidad autónoma gestionará las estaciones de ITV en aquellas islas que se queden sin servicio.
De las quince concesiones que persisten, diez se encuentran en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y finalizan su concesión el próximo año, y las otras cinco se encuentran en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera, y finalizan en el año 2025. De tal manera que la próxima extinción del régimen concesional en las islas capitalinas puede servir de experiencia para el resto. Y, además, se ha previsto la tramitación anticipada -dos años antes- que garantice la prestación de este servicio en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma.
Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter obligatorio de la Inspección Técnica de Vehículos, no era de recibo que un servicio de estas características comenzara su actividad sin la previa habilitación, dejando en el aire la posible problemática del cierre de una estación que ya había realizado inspecciones. En este sentido, se mejora la regulación de la actividad al exigir que las estaciones estén habilitadas con carácter previo al inicio de la actividad, una medida que aporta seguridad jurídica a los conductores canarios.
Hemos trabajado y, además, ha habido un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios para garantizar, sin ningún tipo de fisuras, los puestos de trabajo del sector. No se puede permitir que el mercado se regule creando nuevas estaciones en condiciones laborales precarias, y personal de treinta años de experiencia pierda sus puestos de trabajo por este motivo.
Por ello, el texto que traemos hoy a este plenario recoge varias enmiendas que otorgan un plus de garantía a los trabajadores, a la par que se recoge lo pactado en el pliego de condiciones original. Una importante incorporación, que ha sido posible con el rango de ley, es la tipificación de infracciones y sanciones, y, con ello, la responsabilidad de las estaciones, que se extiende a las entidades mercantiles que desarrollan la actividad, así como a aquellas personas físicas con funciones de dirección o gerencia. Un capítulo que mejora también la atención a los usuarios al clasificar como infracción la demora en las citas previas, pudiendo ser leves y graves en función del tiempo transcurrido.
Nosotros hemos mantenido, hasta este pleno, enmiendas vivas -la número 17-, referidas, pues, a plantear una planificación territorial, sabemos que hay dos posiciones en esta Cámara -y lo comprobaremos en las votaciones de las enmiendas-, y nuestro grupo parlamentario la ha querido mantener, y hemos hecho, como ya ha adelantado el portavoz del Partido Socialista, una enmienda transaccional. Y también, pues, hemos mantenido hasta este plenario, también, la enmienda número 19, que también, pues, hemos hecho una transaccional para, en donde se incorpora a la ley la posibilidad de que la propia consejería, en el proceso, en los procedimientos de la reversión de las estaciones, pues, pueda, si lo estima necesario, enajenar o arrendar de forma conjunta una estación, las estaciones deficitarias.
Por tanto, agradecerle al resto de grupos parlamentarios el trabajo que hemos realizado, creo que siempre desde el diálogo, a veces con diferentes posiciones, pero estoy seguro de que, bueno, que entre todos, pues, hoy vamos a lograr una mejor ley para la inspección técnica de vehículos de Canarias.
Agradezco la presencia de los representantes del comité de empresa de los trabajadores de las ITV de toda Canarias, con los que hemos estado trabajando estrechamente y esperamos seguir trabajando.
Bien, hoy discutimos, hoy se aprueba -o no se aprueba, depende- la ley que regula el funcionamiento de las estaciones de ITV. Probablemente, señorías, si hubiéramos discutido esto hace aproximadamente unos veinte años, quizás el debate hubiera estado en otros niveles, hasta, digamos, en lo de los parámetros, porque hace un poco más de dos décadas empezó el proceso de privatización de las ITV. Todo este servicio, que es un servicio público, y, bueno, se ha seguido caminando: hay gente que dice que el servicio ha mejorado porque se ha privatizado, yo lo que tengo claro, esto, objetivamente, si se ha mejorado en una parte, en el sentido de los usuarios, es porque hay más estaciones, porque también el Gobierno podía haber tenido más estaciones y también se hubiera mejorado desde el punto de vista de los usuarios.
Pero la seguridad, la seguridad viaria -este diputado ha traído aquí bastantes iniciativas y preguntas a la Consejería de Industria-, la seguridad vial no sabemos si se ha mejorado o no, nosotros tenemos indicios de que no, todo lo contrario, quizás la liberalización ha estudiado o permitido que se juegue con picarescas extrañas, que se presione a los trabajadores, que haya una disparidad de condiciones laborales de unas estaciones que están en régimen de concesión a otras privadas, si son multinacionales, si son pequeñas.
Entonces, precisamente este tipo de razones son las que a nosotros nos han llevado a traer aquí una serie de iniciativas y preguntas y demás, preocupados, básicamente, por la condición de este servicio, dejando de lado que, efectivamente, desde el punto de vista del usuario, la situación ha mejorado porque ya no estamos en aquellas colas de tres horas que nos pegábamos algunos en el polígono de La Campana, y eso, evidentemente, es un gran avance; las razones de por qué no se saben, pero es verdad, nosotros no vamos a negarlo. Ahora bien, las condiciones de seguridad, laborales no estamos nosotros tan seguros de que hayan mejorado, es más, no sabemos si con esta ley se garantizan del todo.
Yo les recuerdo a ustedes que el motivo de todo esto es la entrega esta mañana del preaviso de huelga de los trabajadores de las ITV. Esta mañana los sindicatos mayoritarios -Comisiones Obreras e Intersindical Canaria- entregaron en la consejería pertinente un preaviso de huelga para forzar la negociación de un convenio colectivo. Nosotros hemos planteado en reuniones varias que es necesario que exista un convenio colectivo que homogenice las condiciones de los trabajadores para, digamos, prestar un mejor servicio; estamos hablando de la seguridad vial y, por lo tanto, es necesario que haya unas condiciones para estos trabajadores, que son personal cualificado, egresados de nuestra Formación Profesional en la disciplina del metal y automoción.
Por lo tanto, señorías, estamos hablando de nuestra moderna clase obrera que necesita, evidentemente, como todas las personas, unas condiciones laborales dignas. Y por ahí, por ese motivo, está convocada esta huelga, por ejemplo, para aspectos que tienen que ver con la conciliación familiar, aspectos que tienen que ver con el cierre los domingos de algunas empresas -hay empresas que están trabajando los domingos- y otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, que quede claro en esta Cámara que estamos discutiendo esta ley cuando hoy, precisamente, se declara un preaviso de huelga, es decir, que algo no está bien.
Nosotros entendemos que algunas de las enmiendas nuestras fundamentales, y de otros grupos también, se han incorporado al texto y nos parece algo positivo; por ejemplo, que haya un aumento de los inspectores, de las personas que se dedican a esta tarea, es que estábamos en uno y medio, tres, digamos, en nómina, pero en realidad llevan muchos años trabajando con un inspector y medio para 30 estaciones de ITV que hay en toda Canarias. Entonces, ¿quién controla que esto se está haciendo efectivamente bien? Y ojo, que estamos hablando de nuestra seguridad.
Estamos hablando también de que se ha incorporado algo fundamental también para los trabajadores que era, digamos, que la responsabilidad por sanciones recayera en la entidad mercantil y no en los trabajadores, porque es que estábamos en el asunto de que si algún coche tiene un accidente el responsable era la persona, el inspector que le pasó, es decir, la entidad mercantil, la empresa se lavaba las manos; eso se ha recogido en el capítulo III, en el régimen sancionador, en el artículo 7, y, por ejemplo, en el punto 4 dice: "las entidades que realizan las inspecciones técnicas de vehículos son responsables subsidiarias respecto a las infracciones cometidas por el personal a su cargo". Y eso, es que estaba pesando, solo a los trabajadores multas hasta de quinientos mil euros, ciento y pico mil euros, en función de determinado tipo de accidentes. Eso se recoge en la ley y a nosotros nos parece tremendamente positivo. Y también los trabajadores han manifestado que están conformes con este asunto.
Bien, a nosotros nos parece que son importantes dos cuestiones, tres, pero bueno, básicamente dos, y que de eso también va a depender nuestro voto en esta Cámara, ¿no? Porque, además, estamos convencidos de que el Gobierno debe intervenir, esto es un servicio público, por lo tanto, el Gobierno debe intervenir en algunos aspectos; como decía anteriormente un compañero, el mercado no se regula solo. ¿Soy intervencionista? Sí, señorías, yo soy intervencionista, estoy convencido de que, además, el Estado del bienestar se sustenta en la necesidad que tiene el Estado de las instituciones de intervenir para regular los fallos del mercado en detrimento de la sociedad y de la comunidad. Por eso yo soy intervencionista, porque esa es una de las piedras angulares de eso que la gente a veces llama el Estado del bienestar; pues bien, yo se lo explico: intervenir las instituciones en algunos asuntos que no terminan de regularse solos y beneficiar al resto de la comunidad es fundamental. Por lo tanto, nosotros entendemos que el Gobierno canario debería decir algo a los empresarios para que este convenio colectivo se lleve a efecto. Con los empresarios nos reunimos y ellos también están de acuerdo, por si alguno tiene alguna duda de que yo, cuando tengo que defender a los empresarios, los defiendo y cuando no, no, lo mismo digo para otro tipo de colectivos. Y es la enmienda transaccional que presentamos tanto el Partido Socialista, como Nueva Canarias como el Grupo de Podemos.
Para nosotros es importante que haya un criterio de zonificación; no podemos nosotros permitir que haya zonas totalmente colapsadas de estaciones de ITV mientras que otras zonas están totalmente desprotegidas.
Ya se ha resuelto el problema de la isla de La Gomera y la isla de El Hierro, pero, ¿y si ahora resulta que las nuevas estaciones se concentran todas, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria o en la isla de Fuerteventura, en puerto, y dejamos todo el sur totalmente descubierto?, igual que obligamos a todos, todos los vehículos -pesados, además- del noroeste de Gran Canaria a desplazarse a Las Palmas. Es lo mismo que ha pasado en la Comunidad de Madrid; ¿las empresas de Castilla-La Mancha qué hicieron para estar en la cuota de mercado que a ellas les interesaba?, concentrarse todas en la periferia de Madrid y dejaron despoblado el resto de la comunidad. Nosotros no queremos que eso pase; no queremos que eso pase. Y, además, creo que está bastante bien fundamentada la enmienda en virtud del criterio de sostenibilidad y capacidad de carga de los territorios. Luego, por lo tanto, para nosotros esa enmienda es básica.
Y luego hay otra enmienda, señorías, que para nosotros también es fundamental, es la enmienda número 7; la enmienda número 7 a la disposición adicional única, que dice, tal cual está en la ley, dice: "En el supuesto de que, una vez culminados los procedimientos patrimoniales a los que se refiere el artículo 5 de esta ley, no haya sido posible adjudicar la titularidad o explotación de determinadas estaciones de ITV a ninguna entidad privada [...], la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante gestión directa a través de sociedad mercantil pública, asumirá la explotación de todas o algunas de las estaciones de ITV afectadas", las cuales son...
Bueno, es que... ¿dónde está lo de excepcional interés? Bueno, es verdad, es verdad.
Dice, bueno, todo esto... Es decir, que el Gobierno asuma tanto la subrogación de los trabajadores como ese tipo de estaciones está en función de lo que se considere que son razones de especial interés; entonces, para nosotros eso es un problema. ¿Quién define, quién decide qué son razones de especial interés? Eso para nosotros es un problema, porque si el Gobierno de turno dice "por razones de excepcional interés -que ellos las definirán- dejamos esta estación y no subrogamos a los trabajadores ni a la estación", entonces se van a la calle y nos quedamos nosotros sin estaciones.
A nosotros nos parece que es fundamental seguir manteniendo el servicio, es fundamental seguir manteniendo el servicio, que hasta ahora está funcionando bien. El mercado es el que es, no hay más coches de los que hay, o sea, por lo tanto, tampoco se crea la gente que aquí los empresarios van a estar montando ahora más estaciones sin necesidad ninguna, es decir, el mercado es un mercado continuo, ¿no?
Entonces, digamos que para nosotros lo que está claro es que es de interés el servicio tal cual está; es de interés mantener al personal cualificado que lleva años desarrollando este tipo de tarea y preocupándose por nuestra seguridad vial.
Por lo tanto, para nosotros, tanto la enmienda transaccional sobre la necesidad de zonificar para no dejar desprotegidas a otras zonas de las islas como la enmienda número 7 a la disposición adicional única para que se elimine esa coletilla que está ahí -salvo razones de "excepcional interés"-, para nosotros es fundamental evitar, para un voto afirmativo, que eso se apruebe hoy, que esas enmiendas se aprueben. No queremos nosotros que el año que viene, cuando se extinga el régimen de concesión, el Gobierno diga "esto no es de excepcional interés", por lo tanto, nosotros queremos que en esta ley, ya que estamos, tiene que quedar claramente esto, y quedar definido, definido. Por lo tanto, solicito a estos grupos de la Cámara, en virtud de la defensa de los trabajadores, de la calidad del servicio y de la calidad de vida, también, para los usuarios, que se aprueben nuestras enmiendas. La 7 es fundamental para nosotros.
El paraíso para un neoliberal es, fundamentalmente, la combinación de dos factores: un proceso de liberalización sin control y unas condiciones laborales precarias. En eso, si puede un neoliberal soñar con el paraíso de su modelo, probablemente sea la combinación de estos dos factores. Claro, que es muy fácil ser un neoliberal porque, cuando luego esto fracasa, siempre están las administraciones públicas para ir al rescate con el dinero de todos.
Y esto, aunque pueda parecer una ley, digamos, que afecta a un sector muy concreto, no deja de trasladar a este Parlamento este debate. Nadie -creo yo- está en contra de que se liberalice el sector -entre otras cosas porque nos viene en cierta medida impuesto por el marco de la normativa europea-, y probablemente la liberalización descarga de ciertas responsabilidades y, digamos, de cargas incluso económicas a la Administración, incluso puede, en algunos casos, servirle a los ciudadanos a la hora de recibir un servicio mejor; pero, desde luego, si eso se hace combinado con una reforma laboral que aún está en vigor, que ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, esto es un cóctel al que hay que ponerle algún tipo de limitación. Y esto ocurre con esta ley, en cierta medida.
Hemos discutido en la ponencia la posibilidad de introducir en el texto alguna cuestión que tenga que ver directamente con las condiciones laborales de los trabajadores y la necesidad de que la negociación colectiva del sector tenga... o algún tipo, que está muy debilitada en estos momentos, como consecuencia de la reforma laboral que aprobó el anterior Gobierno, pero, desgraciadamente, técnicamente no es posible en esta ley introducir cuestiones que son propias de la normativa laboral. Lo hemos intentado, lo hemos debatido, hemos buscado fórmulas técnicas para poderlo hacer, pero no ha sido posible. Pero sí hay cosas que se pueden, mientras por otras vías se puedan buscar soluciones a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, hay algunas cuestiones que esta ley sí tiene y puede hacer.
El portavoz de Podemos ha expresado con mucha claridad y con acierto una cuestión que es importante, y en esta alusión a esa expresión, que es un término jurídico indeterminado, sobre el interés que pueda, en un momento determinado, tener una estación a la hora de la Administración decidir si subroga o no a los trabajadores.
Yo le pido, en este caso le voy a hacer la petición al Grupo Mixto, porque estoy convencido de que el Partido Popular no la va a apoyar, y probablemente tampoco Coalición Canaria, porque ya hemos tenido debates sobre esto en la ponencia, pero los tres votos, en este caso dos, pues, quizás nos ayuden a sacar adelante esta parte. Hemos sido generosos en las propias negociaciones en la ponencia con el Grupo Mixto, aceptando buena parte de sus reivindicaciones, que eran justas, además. Yo le pido al Grupo Mixto que reflexione antes de la votación la posibilidad de votar con nosotros alguna de estas enmiendas, porque son de justicia.
Cuando hablaba antes de ese cóctel de la liberalización y de las precarias situaciones laborales de los trabajadores, significa que si las empresas van a competir, pues, en fin, con las reglas propias del mercado, por robarse clientes -que están limitados, porque vivimos en islas y, por tanto, el mercado de clientes está delimitado por nuestra propia geografía-, es muy probable que para competir esto se haga, una vez más, sobre las espaldas de las condiciones laborales de los trabajadores de las estaciones. Y esto no lo podemos permitir, tenemos que hacer algo por resolverlo.
Plantean algunas enmiendas, en este sentido, el Grupo de Podemos, que nosotros las vamos a apoyar. Hay otras enmiendas que también presenta el Grupo de Nueva Canarias en relación con el mantenimiento de ciertas estaciones, que también vamos a apoyar.
Y a nosotros nos parece también adecuado introducir unos criterios de zonificación en la ley. Lo voy a explicar lo más rápidamente posible.
Como decía el señor Déniz, en otras comunidades autónomas donde no se ha zonificado, las estaciones se han ido colocando cerca de donde están los clientes; es el caso de Castilla-La Mancha, las estaciones se han ido colocando cerca del límite con la Comunidad Autónoma de Madrid para intentar atraer clientes de una comunidad que está más poblada y donde, en fin, hay más clientes. ¿Esto trasladado a Canarias qué significa? Que si no zonificamos es muy probable que aquellas zonas donde no hay tantos clientes se queden sin estaciones y que los empresarios, legítimamente, ubiquen sus estaciones, básicamente, alrededor de las áreas metropolitanas y de las grandes poblaciones de las islas. El caso de Fuerteventura, por ejemplo: va a ser difícil que algún empresario decida colocar una estación, a lo mejor, en el sur de la isla.
¿Y qué consecuencias traerán? Una, que van a obligar a los ciudadanos a desplazarse a las estaciones que no están cerca de sus viviendas, y recordemos que someterse a la inspección técnica de vehículos no es un capricho, es una obligación que además acarrea una sanción; por lo tanto, hay que pasar la ITV, conviene pasarla por lo menos. Y esto puede ocurrir.
Pero, además, va a tener efectos sobre la movilidad y también efectos medioambientales: si todos los vehículos -industriales, vehículos de turismo, vehículos particulares, motos, etcétera, motocicletas, etcétera- tienen que ir a pasar las ITV a las áreas donde más población hay, obviamente se va a producir una situación de tráfico, de afluencia y de contaminación.
Se plantearon dudas en la ponencia sobre la viabilidad de zonificar, desde el punto de vista jurídico, y yo quise trasladar, modestamente, la experiencia de la territorialización en el sector del comercio. Cuando hicimos los grandes planes de infraestructuras turísticas, y acogiéndonos a criterios medioambientales que están aceptados por las normas de la Unión Europea, permite zonificar, y permite, por tanto, de alguna manera, limitar el número de licencias que se den por zonificación. Y los criterios de zonificación son básicamente ambientales -de concentración de vehículos, de tiempo de traslado de un ciudadano hacia las estaciones, de congestión de tráfico-, no por cuestiones económicas, porque no sería posible imponer limitaciones a la liberalización por cuestiones económicas porque va en contra de los propios derechos de la Unión Europea, pero sí permiten las mismas normas europeas, incluso la directiva de servicios -aunque no es aplicable a este sector, la famosa Directiva Bolkestein, pero que se inspira en el derecho comunitario-, introducir limitaciones que tengan que ver con criterios territoriales ambientales, que es lo que proponemos.
Por lo tanto, esta es, señora presidenta, digamos, lo que inspira nuestra enmienda transaccional que hemos pactado entre Nueva Canarias, el Grupo Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que tiene sentido, que es acertada, que le deja al Gobierno la libertad de hacer esa zonificación, pero, desde luego, creemos que es una demanda, primero, del sector, luego, garantiza mejor el acceso de los ciudadanos a las propias estaciones y, en cierta manera, va a contribuir a que no se precaricen las condiciones laborales de los trabajadores cuando una estación tenga enfrente otra; y al final, cuando empiecen unas y otras a competir y tengan que reducir costes para ser más competitivas, lamentablemente, la experiencia nos dice que normalmente de donde se tira es de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras.
Por ello, le pido a la Cámara el apoyo a la enmienda transaccional que hemos elaborado entre los tres grupos parlamentarios.
Turno ahora para los grupos no enmendantes, empezamos por el Grupo Popular, señor Hernández.
Afrontamos la recta final de este proyecto de ley desde el convencimiento de que, a pesar de su corto articulado y sus objetivos muy bien delimitados y claros en este proyecto, la norma que hoy aprobaremos marcará un hito en la regulación de una actividad o sector económico, al apostar claramente por la competencia empresarial en un régimen de autorización administrativa. Y lo hace porque no es habitual en una comunidad autónoma como la canaria, con un nivel de intervención pública importante, que seamos capaces de validar este régimen que se instauró, por otra parte, en el decreto del año 2007 y que ahora, con rango legal, le demos carta de naturaleza a un modelo de gestión de las ITV en las que tengan un papel protagonistas los operadores privados. Y ha sido fácil -es verdad que para unos más que para otros- admitir aceptar como algo positivo que la competencia se abra en este sector porque, desde que se reguló por decreto en el año 2007, hemos podido comprobar datos objetivos cómo se han multiplicado por dos las empresas ITV en Canarias pasando de 15 a 30; cómo ha aumentado el empleo en estas empresas; cómo se ha logrado mejorar sustancialmente el servicio acortando los tiempos de espera, reduciendo el número de reclamaciones; acercando, en definitiva, el servicio al usuario.
Señorías, permítanme, aquí no estamos hablando de intervencionismo ni de neoliberalismo: son datos objetivos que, en todo caso, vendrán siempre confrontados con unas propuestas de control, mecanismos de control, a los que luego me referiré.
El trabajo de ponencia (ininteligible), señorías, del buen ambiente que ha imperado también ha sido fácil, y lo ha sido porque, frente algunos que pretendían utilizar el momento para introducir modificaciones sustanciales sobre los objetivos que la norma, el proyecto, planteaba y que eran muy claros y muy concisos -quiero recordar: confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa, facilitar la continuación del servicio tras la finalización de las concesiones mediante un proceso de reversión riguroso y, finalmente, la necesidad de establecer por ley autonómica un régimen sancionador específico en la materia que nos incumbe, tipificando infracciones y sanciones-, lo cierto es que, teniendo claro nuestro grupo estos objetivos, quedaba solo, solo por perfilar algunas cuestiones sin ser meramente formales, que trataban de armonizar términos y conceptos de la reglamentación básica del Estado de muy reciente publicación -Real Decreto 920/2007- y que merecía su confrontación con la norma autonómica.
En este sentido, nuestro grupo presentó en el trámite de enmiendas, en el estudio de ponencia, ocho enmiendas de las cuales fueron aceptadas siete y transadas también algunas de ellas y solo una no fue aceptada quedando en principio viva para el debate que finalmente hemos desistido su presentación.
Nuestras enmiendas que finalmente se han incorporado al texto que hoy someteremos a votación tienen que ver con la habilitación previa por parte de las ITV, por parte de la consejería competente, antes del inicio de la actividad, la posibilidad de recurrir la comunidad autónoma a otros procedimientos complementarios de control, más allá de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020; el establecimiento del régimen tarifario de las ITV; la figura de los sujetos responsables en el ámbito del régimen sancionador, efectivamente, distinguiendo las entidades mercantiles y las personas físicas con funciones de dirección o gerencia de aquellas otras que realizan funciones de dirección técnico de inspección; los términos de la suspensión temporal y retirada de la habilitación; y el plazo de seis meses para su desarrollo reglamentario.
En relación con las enmiendas de los otros grupos conviene advertir algunas cuestiones. En primer lugar, hemos aceptado las enmiendas conducentes a garantizar la continuidad de los servicios de las ITV por parte de la Administración pública de la comunidad autónoma después de los procedimientos de reversión a la finalización del procedimiento del régimen concesional. Hemos igualmente apoyado la garantía de la prestación del servicio de las ITV en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.
No hemos aceptado, por el contrario, cualquier modificación e introducción de criterios restrictivos de la competencia en forma de delimitación geográfica o territorial -comúnmente llamada zonificación-, atendiendo a criterios diversos. Esta actividad, al contrario de lo que algunos ponentes han manifestado en el estudio de la ponencia, evidentemente no es asimilable a la normativa de equipamientos comerciales y no es asimilable, es decir, caben los planteamientos de excepciones de carácter medioambiental. Las instalaciones de ITV están actualmente instaladas en polígonos industriales y no son, desde luego, ni de lejos, empresas generadoras de residuos y, por tanto, de impacto ambiental relevante.
Señorías, el modelo de gestión de las ITV en manos de las comunidades autónomas fue en el caso modificado en el año 2007 y apostó por la autorización administrativa como modelo de gestión de las empresas ITV en régimen de libertad empresarial. Hay que reconocer que esa apuesta fue inédita y el tiempo ha puesto de manifiesto que esa apuesta fue exitosa y, por tanto, con la ley que hoy sancionaremos daremos el espaldarazo definitivo y nos convertiremos, junto con la Comunidad Autónoma de Madrid, en las dos únicas comunidades con el sector más liberalizado, de lo cual nos felicitamos. Y nos felicitamos no solo por convencimiento sino porque, incluso, las obligaciones legales, las obligaciones jurisprudenciales en el ámbito comunitario, vienen justamente avalando unos sistemas de gestión, unos modelos de gestión de las ITV cada vez más liberalizados, en unos entornos más flexibles y donde haya, lógicamente, un margen de flexibilidad que ofrece el marco normativo nacional para eliminar, en todo caso, requisitos desproporcionados y no necesarios.
La propia comisión nacional de mercados y de los, perdón, de la competencia y de los mercados, ya anticipaba que la entrada de nuevos operadores podía ser, en su caso, compatible con mecanismos necesarios y proporcionales para que ese servicio se pudiera prestar en niveles de eficacia y calidad al tiempo que asegurábamos la garantía de la seguridad vial y de la reducción de emisiones contaminantes.
Podríamos llegar a la conclusión de que los modelos de empresas públicas, concesión administrativa o de autorización administrativa limitativa de una buena parte de las comunidades autónomas actualmente no se adecuarían a la legalidad comunitaria vigente, pero eso es otra cuestión. Canarias, sin embargo, ha ido haciendo sus tareas y ha ido adecuando ese modelo.
Señorías, a Canarias le ha ido bien la liberalización del sistema y los datos ya han sido puestos de manifiesto. Otra cuestión, otra cuestión es que, para evitar que la dinámica de la competencia por nuevos usuarios vaya en detrimento de la calidad, resulte necesario un refuerzo en los mecanismos de supervisión, de revisión, de inspección y de sanción. Y en este sentido cobra toda su virtualidad la nueva disposición adicional de mejora de los medios técnicos y recursos humanos en las labores de inspección.
Igualmente, y en esa línea, para no condicionar la prestación de determinadas inspecciones en determinados lugares, se establece también la posibilidad de establecer mecanismos compatibles en un escenario de libertad y que conlleve la menor distorsión posible. Y es ahí, bajo estas premisas, donde encajaría la asunción de la explotación de las ITV por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Señorías, Canarias -iniciaba mi exposición- cuenta con un nivel de intervencionismo económico relevante; Canarias, en palabras de alguien tan poco sospecho como don Óscar Bergasa, habla de la existencia de un problema, de un aparato administrativo que pone frenos a la iniciativa, el emprendimiento y a las posibilidades de desarrollo de la actividad económica de Canarias, en donde hace falta, en un sistema de libre mercado, fundamentalmente transparencia, seguridad en las reglas de funcionamiento y competencia.
Señorías, finalizo, la aprobación de la ley de las empresas de ITV traerá también algunas obligaciones inherentes a la norma que vamos a aprobar, y me refiero al desarrollo reglamentario, en el plazo de seis meses que estipula el proyecto, para adecuarlo a la nueva reglamentación estatal 920/2017 y a la ley que hoy aprobaremos, por otro lado, y al refuerzo de los recursos humanos en el ámbito de la inspección y que deberá tener su correspondencia en los presupuestos del año 2019.
Turno ahora para finalizar las intervenciones, el Grupo Nacionalista, señora Beato.
Quiero, antes que nada, trasladar las disculpas del consejero de Economía e Industria, Pedro Ortega, que su voluntad era estar aquí esta tarde en el debate plenario, pero el pleno se ha dilatado y él tenía que estar en Madrid; tuvo que volar ahora, esta tarde, a Madrid por asuntos de la consejería. Me pide que les traslade el agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por el trabajo para enriquecer... y las aportaciones para enriquecer la ley, y que ha resultado mejorada en el trámite parlamentario; sirvan estas palabras trasladarles la voluntad del consejero y el agradecimiento del consejero.
Desde el Grupo Nacionalista saludamos a los representantes de los trabajadores que nos acompañan en la tribuna.
Esta ley es sencilla, de pocos artículos, pero muy importante para cientos de trabajadores de las ITV en las islas; también para la economía canaria, para la seguridad vial y, por tanto, para el conjunto de los ciudadanos.
Todos tenemos, tarde o temprano, que pasar la ITV, y con esta ley creo que hemos conseguido que se garantice que sea en las mejores condiciones de calidad y de seguridad. La ley confirma el régimen de autorización administrativa, que lleva operando años y que ha demostrado su utilidad para dar mayor cobertura y mejor prestación de servicios a los ciudadanos, y esperamos que con la consolidación en esta ley de la implantación del sistema de autorización administrativa se continúe avanzando en la generación de empleo y el impulso del sector de ITV en Canarias, además de los beneficios para los usuarios que supone que tengamos más posibilidades de elección y no padecer los largos tiempos de espera que, hasta el momento, pasábamos.
Desde nuestro grupo hemos sido fieles a las prioridades que anunciamos en el debate de primera lectura.
En primer lugar, el compromiso del Grupo Nacionalista con la garantía de la continuidad de servicio en condiciones de asegurar unos estándares mínimos de calidad y rigor en el servicio. Ha quedado muy buena base en el régimen de infracciones y sanciones, y además se han incorporado medidas para incrementar el personal de la administración y los recursos humanos en la administración para el control del servicio. Hay instrumentos para vigilar el índice, el seguimiento del índice de rechazo, y el Gobierno ya ha anunciado que está trabajando en el decreto, que está avanzado, para establecer criterios estrictos en el control de la Administración. Por encima de todo está la seguridad vial y la tranquilidad de los ciudadanos para los que el coche es, en muchísimos casos, un instrumento de trabajo y un medio de vida y que a tanta gente tanto sacrificios le cuesta mantener, y para los que pagar la ITV o pasar la ITV es un quebradero de cabeza.
La segunda prioridad de nuestro grupo ha sido la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo; hicimos hincapié en mantener los derechos laborales del personal que trabaja en las estaciones de ITV, que será objeto de reversión. Nuestras aportaciones han permitido que quede aún más claro y explícitamente algo que ya estaba implícito en el proyecto de ley y que ahora reforzamos: el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
Y la tercera prioridad del Grupo Nacionalista fue la garantía del mantenimiento del servicio en todas las islas por igual; garantizamos que no se produzca una sobreoferta en zonas más pobladas y una ausencia de oferta en otras zonas. Hemos incluido mecanismos para la garantía del servicio en todas las zonas de las islas, pero sobre todo en La Gomera, El Hierro y La Palma; hemos aportado criterios específicos y diferenciados para garantizar la prestación del servicio en condiciones de igualdad para todos los canarios; incluso, si fuera necesario, la declaración de servicio de interés económico general, es decir, como obligación de servicio público, en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma.
Y miren, hay que contarle la verdad a los ciudadanos, a los trabajadores y a los empresarios: la verdad está en el Boletín Oficial del Parlamento número 267, de 15 de julio, donde se reflejan las enmiendas, se publican las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, y que yo les invito a que las consulten.
Mi grupo ha sido consecuente: nos comprometimos con los trabajadores para eliminar la espada de Damocles que suponía que pudieran ser sancionados a título individual; ahora solo serán responsables los directores, los gerentes o los administradores o asimilados y no los trabajadores, cuyas remuneraciones no están vinculadas al número de vehículos inspeccionados o al veredicto de las inspecciones, y suprimimos que ningún trabajador tenga que soportar una sanción que podía llegar hasta los seiscientos mil euros. Nos comprometimos a la continuidad de los puestos de trabajo, y ha quedado incluido en la disposición adicional única, porque creemos que debe primar la experiencia de los trabajadores que llevan años, que conocen el servicio y que conocen el sector. Abrimos la opción a que los bienes puedan ser vendidos o enajenados, como nos pidieron los trabajadores, y cumplimos con los trabajadores y los empresarios en dejar abierta la posibilidad de una planificación en el futuro para que el Gobierno lo estudie y lo apruebe, en su caso, mediante decreto; para ello, suprimimos en el artículo 2 la coletilla "sin exclusividades territoriales".
Pero no creemos, señorías, en los brindis al sol, porque deben saber, sus señorías y los trabajadores, que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han frenado los intentos de otras comunidades autónomas de limitar la competencia de las ITV.
La enmienda transaccional no tiene fundamento, no tiene recorrido alguno; es papel mojado porque no cabe asimilar una ITV con un centro comercial, y mucho menos por criterios medioambientales, además que invade competencias municipales que es quien define dónde van los suelos industriales, que es donde van las ITV. Y nosotros no vamos a poner en peligro todo lo que hemos conseguido en esta ley incluyendo una enmienda que podría arriesgarnos, que podría tumbar la ley por un tribunal y declararla inconstitucional, como ocurrió, señorías, en Cataluña.
Quiero, en nombre de mi grupo, agradecer el trabajo de los técnicos de la casa, en especial a nuestro letrado Juan Manuel por su paciencia, y quiero agradecer la colaboración de todos los ponentes por el buen clima de la ponencia, que ha permitido acercar criterios y llegar a consensos. En definitiva, hemos compartido objetivos y aprovechado las enmiendas para, entre todos los grupos, enriquecer el texto, garantizando el servicio en todas las islas, la seguridad vial y la continuidad de los puestos de trabajo.
Hemos acabado todas las intervenciones. Voy a llamar, señorías, para comenzar la votación.
Señorías, vamos a votar primero, como es preceptivo... vamos a dejar el título del proyecto de ley y la exposición de motivos para el final, empezaremos capítulo I, la rúbrica del capítulo, el título I y el artículo 1, votando. Después iremos a las enmiendas del artículo correspondiente y el artículo. ¿De acuerdo? Y así iremos sucesivamente.
Bien. Señorías, comenzamos la votación de la rúbrica del capítulo I y el artículo 1. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
47 votos emitidos: 41 sí, ningún no y 6 abstenciones.
Señorías, ahora con respecto al artículo 2 hay una enmienda -y el 3 también-, hay una enmienda transaccional de Podemos, Nueva Canarias y Grupo Socialista. ¿Acepta la transaccional para el debate para poderla votar? ¿Sí?, no hay nada que se oponga. Bien. Entonces, votamos la transaccional de los Grupos Podemos, Nueva Canarias y Socialista. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, 47 votos emitidos: 21 sí, 26 no... Señorías, por favor. 47 votos emitidos: 21 sí, 26 no y ninguna abstención.
Votamos, a continuación, el artículo 2 y el artículo... artículo 2. Artículo 2, señorías, votación del artículo 2. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, 47 votos emitidos: 26 sí, 3 no y 18 abstenciones.
Votamos ahora el artículo 3, señorías. Artículo 3. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, 47 votos emitidos... Por favor, pido silencio. 38 sí, 3 no y 6 abstenciones.
Vamos ahora a la rúbrica del capítulo II y artículo 4, conjuntamente, que no tienen... Artículo 4 no tiene enmienda... El artículo 4, aquí no tengo enmienda, la tengo en el 5. Espere a ver si hay un error, perdón. ¿Hay una de Podemos?, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Disculpen.
Votamos rúbrica del capítulo II. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Señorías, 47 votos emitidos: 41 sí, ningún no y 6 abstenciones.
Votamos ahora la enmienda al artículo 4, la enmienda número 4, de Podemos, al artículo 4. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
47 votos emitidos: 21 sí, 26 no y ninguna abstención.
Votamos ahora el artículo 4. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Ahora, el artículo 5, señorías, tiene una enmienda transaccional en base a la 19 de Nueva Canarias, ¿aceptan esa transaccional, señorías? (Asentimiento). Sí.
Votación de la transaccional, señorías. Comienza la votación. (Pausa).
47 votos emitidos: 47 sí, ningún no, ninguna abstención. Por unanimidad.
Artículo 5. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Votamos ahora, señorías, el artículo 6, la rúbrica del capítulo III y el artículo 7, ¿de acuerdo? Votamos, señorías. Comienza la votación. (Pausa).
Iríamos ahora a la enmienda transaccional número 13 del Grupo Mixto...
Dígame, señor Ramos Chinea.
El señor RAMOS CHINEA (Desde su escaño): Señora presidenta, después de recomendaciones del señor letrado entendemos que nuestra enmienda no tipifica qué tipo de perjuicio y, por lo tanto, no queremos causar ningún perjuicio a esta ley y retiramos nuestra enmienda.
Por tanto, votamos ahora artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, hasta el artículo 13, ¿de acuerdo, señorías?, del artículo 9 al 13. Comienza la votación. (Pausa).
Vamos, señorías, a la enmienda número 7 de Podemos, a la disposición adicional única. Enmienda número 7 de Podemos, señorías. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, señorías, 47 votos emitidos: 18 sí, 29 no y ninguna abstención.
Vamos ahora a la disposición adicional única, señorías, votamos. Comienza la votación. (Pausa).
Señorías, 47 votos emitidos: 42 sí, ningún no y 5 abstenciones.
Votamos ahora, seguida, señorías, la única-bis y las disposiciones transitorias primera y segunda, y las finales primera, la anterior a la primera (nueva), la primera y la segunda. ¿De acuerdo, señorías? Votamos, señorías. Comienza la votación. (Pausa).
Votamos ahora, por último, señorías, el título del proyecto y la exposición de motivos. Comienza la votación. (Pausa).
Hemos concluido, señorías, las votaciones de este proyecto de ley que acabamos de votar.