Source: https://legis.pe/tc-prensa-especial-cuidado-no-mostrar-imagenes-menores-participen-mitines/
Timestamp: 2019-12-07 00:20:59
Document Index: 366476047

Matched Legal Cases: ['artículo 202', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1']

21. En este caso la Sala ha estimado que el periodista César Gonzales Tuanama debe abstenerse de “mostrar en todo tipo de programas que transmita las imágenes de los menores de edad de iniciales O.R.V.A. y R.A.V.A. sin contar con la autorización de los padres”. El ad quem ha llegado a tal conclusión fundamentando que se había emitido una noticia no deseada, y que se difundió la imagen de los menores “en una nota televisiva sin existir justificación social o pública”. Es decir la sala ha cumplido con delimitar, desde su perspectiva, el derecho a la imagen propia de los menores demandantes. Por consiguiente, no tendría sentido obligar al periodista a cumplir con no vulnerar el derecho a la imagen y de otro lado, permitir que ello pueda realizarse en otros casos.
Afirma que con fecha 2 de agosto de 2011, en un noticiero matutino del Canal América Noticias, edición Pucallpa, a horas 06:30 hrs. se propaló una noticia referida al demandante, Presidente Regional de Ucayali, difundiendo su imagen, pero también las imágenes de sus menores hijos. Dichas imágenes fueron nuevamente emitidas a las 19:00 hrs por el programa noticioso denominado “60 Minutos” conducido por el periodista César Gonzales Tuanama. Durante el desarrollo de tal noticia, y sin justificación ni autorización alguna, se publicaron las imágenes sus menores hijos, exponiéndolos sin adoptar las medidas de protección de distorsión des rostros, a que sean potenciales víctimas de la delincuencia, al presentarlos cuál a familia del Presidente Regional. Argumenta que a pesar de la veracidad de la información emitida, por tratarse de imágenes de menores de edad, se debe implementar una protección reforzada. Ejemplo de ello es la prohibición de emitir imágenes de menores que estén involucrados en casos judiciales. En tal sentido, alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la imagen y a la seguridad personal de sus menores hijos.
Con fecha 17 de noviembre de 2011, César Gonzales Tuanama contesta la demanda solicitando que esta sea rechazada. Refiere que conduce el programa “60 Minutos Noticia” emitido por UTV. Alega que las mencionadas agresiones y violaciones de derechos constitucionales no existen. Refiere que el actor está amparando su demanda en la constatación de un video realizado por la notaria Giovana Merino Reyna Campodónico, quien declaró que conoce e identifica a los menores demandantes. Sin embargo, afirma que tal constatación se realizó de forma subjetiva y sin constatar la fecha de realización de la supuesta agresión o violación de derecho de los demandantes. Así, las imágenes muestran que se trata de un mitin de elecciones regionales del 3 de octubre de 2010, “pudiendo ser imágenes transmitidas el año 2010”, por lo que la demanda sería extemporánea.
Marcel Erick de Smedt Pajuelo argumenta que no ejerce el cargo ni funciones en la Empresa televisora desde el 1 de abril de 2011, por lo que no le corresponde contestar la demanda ya que según el actor las imágenes habrían sido emitidas el 2 de agosto de 2011. UTV contesta la demanda solicitando que se rechace la demanda, aduciendo que las imputaciones no tienen sustento legal, y que estan fundamentadas en una constatación notarial que realiza la Notaria Pública, Giovanna Merino Reyna Campodónico, la que no tiene capacidad para suscribir ninguna acta de constatación en los términos referidos en el acta de fecha 26 de setiembre de 2011. Agrega que en dicha acta no se hace descripción de la grabación del programa “60 minutos” conducido por el periodista César Gonzales Tuanama, y tampoco detalla en dicha acta en qué circunstancias aparecería la fecha 2 de agosto de 2011. Afirma también que en el acta no se refleja de manera documentada agresión alguna a los derechos constitucionales de los demandantes, apreciándose que existe consentimiento de los padres para que los menores participen en dichas manifestaciones. Indica además que la empresa televisora no tiene responsabilidad sobre las acciones del comunicador social y el codemandado, ya que antes de cada programa se advierte que “El canal no se responsabiliza por opiniones vertidas en este programa”. Además, indica que en los contratos entre la televisora y los codemandados se establece una cláusula en las que se establece que la empresa no se responsabiliza por las opiniones, contenidos, etc., siendo ésta responsabilidad única de la productora.
Con fecha 17 de febrero del 2012, el Juzgado Especializado en lo Civil de Emergencia de la Corte Superior de Ucayali declara infundada la demanda de amparo. Estima que si bien es cierto que las personas públicas soportan un mayor riesgo que las personas anónimas o privadas, en lo que se refiere al derecho a la intimidad, ello solo debe considerarse para “aquellos aspectos de su vida que tiene que ver con su proyección pública, en cuyo caso, su derecho es igual al de cualquier persona anónima.” En tal sentido, tal como lo acredita el acta de constatación emitida por la notaria pública, las imágenes fueron captadas al momento en que varios otros medios de prensa cubrían el mitin político que venía realizando el padre de los menores, por lo que la exposición al público de los menores no fue propiciada por las partes demandadas, sino por el propio padre, que al momento de exponerlos a una actividad pública, sale de las esfera familiar y por ende de la vida privada del recurrente. Por consiguiente, los emplazados no han vulnerado los derechos constitucionales al honor, intimidad, identidad e imagen.
1. Tal como lo indica el artículo 202, inciso 3 de la Constitución, le corresponde al Tribunal Constitucional “Conocer en última instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.” De otro lado, el artículo 18° del Código Procesal Constitucional establece que el recurso de agravio constitucional procede contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. Se observa pues que la demanda ha sido declarada fundada, en parte, cuestionándose mediante el recurso de agravio constitucional únicamente lo referido a la no inclusión de Ucayalina de televisión EIRL y a Marcel Erick de Semedt Pajuelo como responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad y a la seguridad personal. En tal sentido, de acuerdo con la Constitución y el Código Procesal Constitucional (CPCo), este Tribunal se ve impedido de analizar aspectos diferentes a los cuestionados en el RAC. Por consiguiente, en virtud del principio procesal tantum devolutum quantum apellatum este Tribunal solo puede pronunciarse sobre los extremos peticionados por el recurrente.
3. La Constitución establece en su artículo 2°, inciso 4, que toda persona tiene el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento “mediante la palabra oral escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.” De otro lado, el primer párrafo del artículo 2°, inciso 7, establece que toda persona tiene derecho a la imagen propia. Se observa así que de un lado la Constitución reconoce que los medios de comunicación tienen el derecho de emitir y transmitir las imágenes que estimen convenientes, sin que sean censurados o que se les tenga que autorizar para ello. Pero, de otro lado, establece que toda persona tiene derecho a la imagen propia.
“(…) la imagen del ser humano, derivada de la dignidad de la que se encuentra investido (…)”,
es decir, es el “(…) ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos, como son la Imagen física, la voz o el nombre; cualidades definitorias, inherentes e irreductibles de toda persona”
“Un derecho autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que no afecte la esfera personal de su titular, no lesionen su buen nombre ni den a conocer su vida intima, salvaguardándolo de un ámbito propio y reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello su titular tiene la facultad para evitar su difusión de su aspecto físico, ya que es el elemento configurador de todo individuo, en cuanto a su identificación, que proyecta al exterior para su reconocimiento como persona.”
7. Establece además que tal derecho tiene una dimensión negativa y una dimensión positiva. La dimensión negativa del derecho a la propia imagen “implica la posibilidad que tiene el sujeto prima Ade de prohibir la captación, reproducción y/o publicación de su imagen, cuando no medie su consentimiento”. La dimensión positiva en cambio se refiere a “la facultad que tiene el sujeto de determinar el uso de su imagen, lo que lo faculta a “obtener su imagen, reproducirla o publicarla”(STC 01970-2008-PA/TC, fundamento 11).
8. Pero no siendo los derechos absolutos, en el sentido de que no tienen límites, el ejercicio de este derecho puede ser regulado por ley. Así, en virtud de las libertades informativas, no se requerirá el consentimiento cuando “la persona desempeñe un cargo público y el uso de su imagen se relacione con el cargo que desempeña, por hecho de interés público o por motivos de índole, científica, didáctica o cultural.” Así, por ejemplo, imágenes de funcionarios o empleados públicos realizando actividades delictivas no puede considerarse un mal uso de la imagen de tal funcionario.
El principio de protección especial y “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”
10. Este Tribunal ya ha establecido en la STC 02132-2008-PA/TC que el principio constitucional de protección del interés superior de los niños y adolescentes constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4° de la Norma Fundamental, al establecer que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, [y] al adolescente, (…)“. Se ha explicado en dicha sentencia que debido a la situación especial en las que se encuentran los niños y adolescentes, estos son sujetos de derecho de protección especial, requiriendo asistencia y cuidados adecuados, necesarios y especiales para su desarrollo y bienestar.
11. De igual forma en el artículo 3° de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (en adelante CNYD) de 1989, ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N.° 25278, se especifica que todas las medidas concernientes a los niños y adolescentes, todas las instituciones públicas o privadas, atenderán al interés superior del niño. De igual modo en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.° 27337), se establece que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado, así como en la acción de la sociedad, “se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.” Así, en la ya citada STC 02132-2008-PA/TC, el interés superior de los niños y adolescentes impone que la elaboración, interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad bienestar y dignidad (fundamento 11).
“Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación.”
20. Como ya se ha especificado, el actor pretende que se extienda la “responsabilidad” a los codemandados Marcel Erick de Semedt Pajuelo y Ucayalina de Televisión EIRL. De inicio debe indicarse que no se está ante un caso de responsabilidad civil, por lo tanto no se utilizarán conceptos propios de esta disciplina. En cambio, debe aplicarse la lógica de los derechos fundamentales y del derecho constitucional. El artículo 1° del CPCo preceptúa que la finalidad de los procesos constitucionales es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. En tal sentido, el representante de los demandados había solicitado que cesen las agresiones a los derechos de sus hijos y que en el futuro se abstengan de transmitir las imágenes de sus menores sin contar con la autorización de los padres.
21. En este caso la Sala ha estimado que el periodista César Gonzales Tuanama debe abstenerse de “mostrar en todo tipo de programas que transmita las imágenes de los menores de edad de iniciales O.R.V.A. y R.A.V.A. sin contar con la autorización de los padres”. El cid quem ha llegado a tal conclusión fundamentando que se había emitido una noticia no deseada, y que se difundió la imagen de los menores “en una nota televisiva sin existir justificación social o pública”. Es decir la sala ha cumplido con delimitar, desde su perspectiva, el derecho a la imagen propia de los menores demandantes. Por consiguiente, no tendría sentido obligar al periodista a cumplir con no vulnerar el derecho a la imagen y de otro lado, permitir que ello pueda realizarse en otros casos.
23. En lo que respecta a Ucayalina de Televisión EIRL, se ha presentado el contrato (fojas 18) entre el periodista demandando y la empresa televisora en donde se observa una cláusula que establece que la empresa “no se résponsabiliza por la opiniones, contenidos, comentarios, ni publicidad vertidos dentro del programa televisivo, siendo responsabilidad única y exclusiva La Productora.” La Sala superior ha considerado que en virtud de la cláusula de exclusión de responsabilidad los efectos de la sentencia no deben afectar a Ucayalina de Televisión EIRL. No obstante, de acuerdo lo ya establecido en el fundamento 21 supra, y en virtud a lo expuesto por propia Sala, los efectos de la sentencia deben recaer también sobre la empresa televisora. Y es que en virtud de un contrato JORGE VELÁSQUEZ PORTOCARRERO privado no es factible rehusarse a cumplir con los mandatos de la Constitución, los que ha sido materializados en el presente caso por la Sala.
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